Los detalles del proceso contra el anarquista Salvador Puig Antich, último ejecutado por garrote vil en España hace cuarenta años, son aún hoy materia reservada. Solo gracias a la revisión del caso, que sigue abierto en Argentina, y a la documentación que se conserva en archivos de todo el mundo, ha sido posible desmentir una serie de tópicos de un episodio que marcó la hoja de ruta del final de una dictadura, incapaz ya de mantenerse sin el uso de la fuerza. La causa 106, dirigida por un juzgado militar de Barcelona entre octubre de 1973 y marzo de 1974, significó mucho más que una simple venganza por el atentado contra el presidente del Gobierno Carrero Blanco. Se cruzó con la primera crisis de su sucesor, Arias Navarro, abierta por la decisión de endurecer a toda costa la política represiva y terminar con cualquier experimento reformista. Tal y como revelan los informes de la embajada estadounidense, el principal interés del gobierno al retomar la pena de muerte era terminar con el malestar presente en los sectores más inmovilistas, especialmente entre el Ejército y la policía política. El caso se adentra así en un mundo que, a pesar de sufrir una serie de cambios, lógicos a lo largo de casi cuatro décadas de existencia, supuso la principal fuente de estabilidad de un régimen que comenzaba a resquebrajarse, seriamente, en ese mismo período. Puig Antich: la transición inacabada conduce, por último, al camino recorrido por una democracia que no ha invalidado las sentencias de los tribunales militares de la guerra y la dictadura. Y es una reflexión sobre cómo se ha ido fraguando una realidad de memorias enfrentadas, tan compleja como contradictoria, que muestra todavía hoy los efectos de la que fuese la dictadura más larga de Europa occidental.

Gutmaro Gómez Bravo

Puig Antich

La transición inacabada

ePub r1.0

Titivillus 17.04.16

Título original: Puig Antich. La transición inacabada

Gutmaro Gómez Bravo, 2014

Retoque de cubierta: Titivillus

Editor digital: Titivillus

ePub base r1.2

A Julio Aróstegui, in memoriam

El pasado, pensó Winston, no solo había sido alterado, sino que estaba siendo destruido.

GEORGE ORWELL, 1984

Agradecimientos

Este trabajo es inseparable de su principal base y soporte documental: el Sumario 106-IV-73, que consta de tres tomos y en el que se insertan todas las páginas y actuaciones del caso, desde su instrucción por el Juzgado de Instrucción n.º 21 de Barcelona, hasta su traslado a cierre en la IV Región Militar, Juzgado Militar Permanente n.º 3 de Barcelona. Acceder y poder reconstruir esta enorme masa documental y a buena parte de las imágenes ha sido posible solo gracias a la buena voluntad y al interés mostrados en todo este tiempo por el abogado de la familia Puig Antich, Sebastián Martínez Ramos. Del mismo modo, los magistrados Ángel Juanes y José Luis Calvo Cabello facilitaron abiertamente sus impresiones y los textos de sus votos particulares en el proceso de revisión de este caso.

No ha sido la única fuente escrita consultada en una larga investigación desarrollada en el marco del Proyecto Posguerras: Olvidados del siglo XX, que se realiza conjuntamente por el Grupo de Historia de la Guerra Civil y del Franquismo, y el Grupo de Historia del Madrid Contemporáneo, de la Universidad Complutense de Madrid. Debo mucho a la intuición y profesionalidad del personal de los archivos y las instituciones consultados, que conservan documentación relacionada con el proceso y permiten totalmente su consulta. No puedo olvidar al personal del Archivo de la Policía del Ministerio del Interior, que ha tenido la paciencia de tapar párrafos enteros de aquellos expedientes que han tenido la bondad de mostrar y, en especial, a todas aquellas personas que han leído el manuscrito, total o parcialmente y han hecho aportaciones: Gregorio García-Dotor, José Antonio Zamorano, Charo Baglietto, Régulo Alonso, Juan José Rubio, Pablo Gil Vico, Quico Serrano, Luis Enrique Otero, Alejandro Pérez-Olivares, Daniel Oviedo, Jorge Marco y Rubén Pallol. No puedo olvidarme de Trinity, y de Héctor e Iñaki, que, por fortuna, aún no saben nada de esta historia.

Archivos

Archivo General de la Administración (AGA), Alcalá de Henares. Sección Cultura, Ministerio de Información y Turismo, Servicio de Información, Gabinete de Enlace.

Archivo del Ministerio del Interior, Secretaría General Técnica. Gobiernos Civiles Madrid y Barcelona.

Archivo de Presidencia del Gobierno.

Archivo del Ministerio del Interior, Archivo General de la Policía (MI, AGP), Madrid.

Archivo Histórico Militar de Ávila, Cuartel del Generalísimo.

Archivo Histórico Militar de Segovia, expedientes profesionales.

Archivo Histórico Provincial de Toledo. Juzgado Especial de Espionaje y Comunismo.

Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH), Salamanca. Causa General.

Delegación Nacional de Recuperación de Documentos, Salamanca.

Centre d’Estudis Històrics Internacionals. Pavelló de la República, Universitat Autònoma de Barcelona.

National Archives and Records Administration (NARA), College Park, Maryland.

US Department of State, Electronic Reading Room, Madrid, Declassified/Released EO Systematic 2005.

The National Archives, Foreign Office (TNA, FO), Londres.

Introducción

Barcelona, 1 de marzo de 1974, 21.40 horas:

Constituido el juzgado en la prisión provincial de hombres de esta ciudad, teniendo en mi presencia a Salvador Puig Antich, asistido de su defensor, le notifiqué por lectura íntegra y entrega de testimonio literal la sentencia definitiva dictada por la sala de justicia del Consejo Supremo de Justicia Militar. Acto seguido fue trasladado el reo al lugar habilitado para la capilla, y le fueron facilitados los auxilios religiosos, haciéndole presente el sr. juez que podía pedir los otros necesarios para otorgar testamento y los demás compatibles con su situación, incluido las visitas de los miembros de su familia. Doce horas después, a las 9.40 del 2 de marzo, moría «por compromiso neurológico en anoxia con parada cardiorrespiratoria por garrote»[1].

Las autoridades que habían asistido a la ejecución salieron lentamente de la cárcel Modelo: el juez militar, Nemesio Alvárez; el delegado de la Dirección General de Seguridad, Miguel Cajén Almenara; el jefe de la Policía Municipal, Juan Lechón Brezo; el director de la prisión, Juan de Toca Becerril; el subdirector, Francisco Sánchez Vidal; el jefe de servicio, Daniel Muñoz Nonides; el sacerdote, Jesús Mula Hernández; el capellán castrense, Gaspar Cardona Quevedo, y el médico militar que certificó la defunción, el capitán Ignacio Miguel Delgado. El último en salir, con su pequeña maleta, fue el verdugo, Antonio López Guerra. El cadáver fue entregado al servicio de pompas fúnebres del Ayuntamiento de Barcelona. Unas semanas más tarde, el 28 de marzo de 1974, en las calderas del Gobierno Militar ardían «todas las pruebas, prendas, material propagandístico intervenido en la causa, por carecer de valor alguno»[2].

La prensa venía desarrollando una campaña favorable a la ejecución desde principios de enero. No se trataba de un asunto de política, sino de delincuencia común, repetían todos los diarios. La sentencia era justa, la que merecía todo «atracador asesino de policías», señalaba a dos columnas ABC[3]. De hecho, el mismo día, a la misma hora y del mismo modo, fue ejecutado Heinz Chez, un extranjero que había disparado a un guardia civil mientras desayunaba en un camping de Tarragona. A pesar de su crueldad, el joven Puig Antich se había arrepentido. Pasó su última noche en compañía de un sacerdote, su confesor del colegio, y murió en paz. Chez hizo lo propio y en la cárcel se convirtió al catolicismo. La noche del 1 de marzo, Televisión Española retransmitió un combate de Urtain, el boxeador español ídolo del momento, y a la mañana siguiente la prensa iniciaba una nueva serie de reportajes sobre la pena de muerte en Rusia y el terrorismo en Occidente[4].

Se cumplen cuarenta años de la que fuera la última de las ejecuciones a garrote vil en España y buena parte de la memoria colectiva sobre este suceso sigue construida sobre la secuencia anterior. La mayor parte de lo escrito hasta nuestros días sobre el tema está basado en el material periodístico censurado y controlado por la dictadura. El caso ha sido popularizado gracias a una película, que narra el drama humano del joven y su entorno más cercano pero que no aborda la naturaleza y dimensión de una ejecución política. Apenas un año antes de su muerte, Puig Antich había sido detenido por la Brigada Político-Social tras un forcejeo en el que moría un policía. Aunque la actividad del grupo anarquista en el que militaba (Movimiento Ibérico de Liberación, MIL) ya era seguida por un juzgado de Barcelona que instruía varios atracos a bancos, la justicia militar pasó a ocuparse entonces del caso. La autopsia tuvo lugar en una comisaría de Policía y los casquillos de bala desaparecieron junto con el resto de pruebas decisivas. Casi todas las que solicitó la defensa fueron denegadas. Apenas año y medio después de Puig Antich moría el general Franco. Aunque la presión mayoritaria de la población terminó desactivando las posibilidades de involución, el proceso de cambio político quedó marcado por una amenaza de desestabilización violenta que se adentró e instaló como una constante en los años ochenta.

En las cuatro décadas que han transcurrido desde aquella ejecución la sociedad ha experimentado fuertes cambios, y existe en ella una creciente demanda de conocimiento de su pasado reciente. La petición de nulidad de las sentencias de los tribunales militares dictadas en la Guerra Civil o en la posguerra, la exhumación de fosas comunes, la eliminación de los símbolos de la dictadura, así como otras medidas de reparación previstas en la llamada Ley de Memoria Histórica de 2007 han provocado una fuerte conmoción social y una importante controversia política y mediática. Miles de expedientes de revisión siguen a la espera de dictamen jurídico. Otros, como el del propio Puig Antich, han sido denegados. Una situación que Naciones Unidas ha denunciado ante los poderes públicos españoles, pero que apenas ha variado en las últimas décadas y que coloca a España a la cabeza mundial de desaparecidos por detrás de Camboya[5].

Agotadas las vías jurídicas en España, el caso sigue abierto en Argentina. Gracias a ello se ha podido tener acceso a la documentación inédita en la que está basada esta investigación. El Sumario 106-IV-73 contra varios jóvenes acusados de terrorismo, que contiene el desarrollo del proceso entre septiembre de 1973 y marzo de 1974, ha sido la principal fuente utilizada, aunque no la única. El objetivo no es trazar una biografía de Puig Antich o una semblanza de los movimientos políticos que surgieron al final de la década de los sesenta. Se trata de comprender el funcionamiento de los aparatos de seguridad del franquismo siguiendo una causa judicial. En definitiva, acceder al interior de un sistema represivo que, a pesar de sufrir una serie de cambios, lógicos a lo largo de casi cuatro décadas de existencia, supuso la principal fuente de estabilidad de una dictadura que comenzaba a resquebrajarse, seriamente, en ese mismo periodo.

II

«El régimen español —concluía un informe de la Dirección General de Seguridad de abril de 1966— se sustenta en tres estamentos: el Catolicismo, el Ejército y la Falange, pero solo el Ejército se muestra firme, unido, como realidad y esperanza de continuidad»[6]. Desde mediados de los años sesenta el Ejército destacó como el actor principal e indiscutible de la dictadura. Un tiempo en que el aparato de orden público, convertido por primera vez en su historia en objetivo del terrorismo, recobraba una fuerza que no había mostrado desde la Guerra Civil. Fueron años de una intensa violencia diaria, creciente y, finalmente, masiva, que dejaron un siniestro balance de más de setecientos muertos. Una dinámica que se internó en los primeros años de transición a la democracia y logró condicionar el propio diseño constitucional.

Este libro trata de explicar ese proceso a través de uno de sus pilares fundamentales: el orden público. Para ello se basa también en la documentación gubernativa, policial y diplomática generada en torno al caso de Puig Antich. Toda la información que rodea un sumario, iniciado en septiembre de 1973 y cerrado en marzo de 1974, que muestra la maquinaria represiva franquista y sus principales engranajes en un momento crítico para su propia supervivencia. El asesinato del presidente del Gobierno, el almirante Carrero Blanco, influyó, evidentemente, en el proceso, pero para cuando este se produjo, el 20 de diciembre de 1973, un fiscal militar ya había solicitado dos penas de muerte para Puig Antich y penas de treinta y veinte años de prisión para los otros dos acusados, ambos menores de edad.

Los informes sobre la situación interna de España que el embajador estadounidense, Horacio Rivero, enviaba periódicamente por cable al secretario de Estado Henry Kissinger describen la gravedad de la crisis a la que tuvo que hacer frente el Gobierno de Arias Navarro. Una masa documental recientemente desclasificada, compuesta de cables, telegramas, informes y notas consulares que explican los principales motivos para que la ejecución siguiera adelante, a pesar de la división interna, de la presión europea y de la opinión pública internacional. Un recurso, el de la pena de muerte, al que el Gobierno español no tardaría de nuevo en recurrir y que muestra las complejas redes de poder de una dictadura incapaz ya de mantenerse sin la utilización de la fuerza.

El libro se divide en siete capítulos o «causas» que han presidido a su vez dicho proceso, desde comienzos de los años setenta, hasta nuestros días. El primero está dedicado al contexto de la crisis final del franquismo y el papel que jugó la violencia en su particular reacción. El segundo discurre por la larga duración del modelo de orden público franquista. Por ello es preciso remontarse a sus orígenes en la inmediata posguerra y seguir su perfeccionamiento gradual durante los años cincuenta y sesenta, hasta desembocar en su particular endurecimiento en los años setenta. No se plantea, por tanto, una lectura política de los estertores del franquismo, fenómeno ya bien conocido por la historiografía, sino que se trata de comprender los mecanismos y las prácticas de orden público en la dictadura, siguiendo las fases de un consejo de guerra. El capítulo tercero trata de la coordinación de sus actores principales, especialmente policía y justicia civil, en la puesta en marcha de las causas judiciales de la época.

Toda la cadena de la justicia militar es descrita en los capítulos cuarto y quinto. Una maquinaria que se impone a las defensas, cuya estrategia de volver a la jurisdicción civil, donde los detenidos se enfrentaban a penas que no superaban los seis años, fue desestimada, denegando sistemáticamente las pruebas solicitadas. Este enfrentamiento entre ambas esferas, la civil y la militar, simboliza la tensión política del momento. El capítulo sexto interpreta el llamado «espíritu del 12 de febrero» desde los planos anteriores. Un tiempo marcado por el atentado a Carrero Blanco en el que el orden público, auténtica causa sagrada del franquismo, pasó a expresarse mediante la pena de muerte, cerrando el paso a cualquier forma de cambio o reforma desde dentro. No en vano, la ejecución de Puig Antich se cumplió unas horas antes de que el enfrentamiento entre el Estado y la Iglesia llegase a su punto álgido con la amenaza de expulsión del obispo de Bilbao, monseñor Añoveros, tras ser declarada su homilía El cristianismo, mensaje de salvación para los pueblos «atentado contra la unidad de España».

El séptimo y último capítulo describe el proceso de revisión del caso. En 2005 la familia Puig Antich presentó la solicitud de revisión de la sentencia del consejo de guerra de 1974 ante la Sala V del Tribunal Supremo, aportando numerosas pruebas que no se habían aceptado entonces: reconstrucción digital de los hechos, modificación del informe de autopsia y otros dictámenes periciales. El Tribunal Supremo llamó a declarar a los médicos de urgencia y a algunos de los testigos directos que no lo habían hecho nunca. Tras una batalla legal de más de seis años, la solicitud fue denegada. Un tortuoso proceso que ha sido posible reconstruir gracias a la información judicial facilitada por los abogados y por dos magistrados que se manifestaron favorables a la revisión. Oficialmente, la documentación del caso sigue siendo materia de acceso reservado a los investigadores.

La reflexión final conduce a un balance del camino recorrido al cumplirse los cuarenta años de esta ejecución, en el cierre del círculo de una dictadura que terminaba de la misma manera que había comenzado: matando. Pero no se trata de reivindicar la necesidad de memoria. Se aborda el fenómeno contrario a la memoria histórica, poco y mal conocido, pero que aglutina a buena parte de la sociedad española, no necesariamente de perfil conservador. No es el revisionismo histórico lo que ha calado a nivel social, sino una percepción negativa de la memoria y de quienes reivindican su necesidad, acusados de remover el pasado por razones oscuras. Una integración negativa, anclada en la evolución de la Transición a nuestros días, que ha terminado fraguando una realidad de memorias enfrentadas, compleja y contradictoria, que muestra todavía hoy los efectos de la que fuese la dictadura más larga de Europa occidental.

1

Causa general

El poder del Estado es un poder irresistible, porque frente al reconocimiento de los derechos individuales, existe el sagrado deber de defender los derechos de la sociedad. Y como quiera que hasta la fecha todas las estructuras político-sociales se han mostrado incapaces para evitar o prevenir el delito, a la sociedad organizada, que es en suma el Estado, no le queda otro remedio que neutralizarlo mediante una adecuada respuesta policial y jurídica. Esta es la razón de nuestra existencia.

Julián Gil Mesas, jefe superior de Policía de Bilbao, 1976[7]

EL PRIMER GOBIERNO POSFRANQUISTA DE ESPAÑA (RIVERO A KISSINGER)

El año 1973 fue especialmente duro, marcado por el clima de tensión y la escalada de violencia. A comienzos de abril, el área industrial de Barcelona quedaba paralizada por la muerte de un obrero de la construcción tras un enfrentamiento con la policía. Las protestas se generalizaron y llegaron a la Universidad, que estuvo prácticamente sitiada toda la semana. Para el día 6, los paros parciales se habían convertido en una huelga general en Barcelona. El nuevo obispo de la ciudad, el cardenal Jubany, terminaba su homilía rogando por el alma del fallecido, clamando «contra la injusticia social» y por la «necesidad de reformas»[8].

Apenas un mes más tarde, se producía en Madrid otra muerte violenta, seguida también de importantes protestas, pero de signo muy distinto. En los enfrentamientos para evitar las manifestaciones del Primero de Mayo, moría un subinspector de Policía y varios más resultaban heridos. Al día siguiente, al término del funeral, en el que el presidente del Gobierno, Carrero Blanco, condecoró al policía fallecido, se produjo una concentración insólita: un nutrido grupo de policías uniformados recorrió las calles de Madrid exigiendo un Gobierno más fuerte y la dimisión del ministro de la Gobernación, Tomás Garicano Goñi, al que acusaban de haber dado órdenes contrarias al uso de armas de fuego para la disolución de la manifestación. La marcha, que contaba con la presencia de las máximas figuras de la seguridad del Estado, el general Díez-Alegría, jefe del Estado Mayor; el coronel Blanco, director general de Seguridad, y su homólogo de la Guardia Civil, el general Iniesta-Cano, se detuvo en la Puerta del Sol, donde resonaron con fuerza los gritos de «Muerte a los rojos» y «Obispos rojos a Moscú». Tras una media hora se reanudó y terminó en Capitanía General, donde llegaron a concentrarse cerca de 8.000 personas, según fuentes diplomáticas[9].

El incidente más grave, sin duda, por su significación y repercusión inmediata tuvo lugar el 20 de diciembre: a primera hora de la mañana, un coche bomba colocado por ETA acababa con la vida del presidente Carrero Blanco en Madrid. El suceso abrió una gran incógnita sobre el futuro del Régimen. Contra todo pronóstico, un civil, Arias Navarro, se situaba al frente del nuevo Gobierno, que los observadores extranjeros calificaban ya de «posfranquista» por la ausencia de Franco en la toma de decisiones[10].

A lo largo de los meses siguientes, el embajador de Estados Unidos, Horacio Rivero, emitió varios informes sobre la situación política en España al secretario de Estado, Henry Kissinger. El 29 de marzo de 1974, terminaba el más extenso de todos ellos, que analizaba los primeros cien días del Gobierno Arias de forma pormenorizada:

a)El asesinato de Carrero Blanco y su relevo al frente del Gobierno en enero por Arias Navarro, exministro de Interior, a pesar de suponer grandes convulsiones políticas, han tenido poco impacto en el clima de orden público o en la estructura política del país. Esta relativa tranquilidad en un cambio tan profundo es una muestra de madurez política y de que España ha desarrollado instituciones sólidas capaces de garantizar la estabilidad después de la muerte de Franco. Que no se produzcan cambios traumáticos en el liderazgo del Gobierno es un buen augurio para una transición exitosa de Carrero Blanco a Juan Carlos como jefe del Estado. Que se presuma «madurez política» refleja en gran parte la apatía general de la población, que ha estado disfrutando de los beneficios materiales de la expansión económica y que aún tiene pocos incentivos para la participación política directa. La pregunta clave es si esta forma de estabilidad podrá persistir cuando la situación económica obligue a subir el coste de la vida y el nivel de desempleo.

b)La retórica del nuevo Gobierno, que culminó con el discurso del presidente Arias ante las Cortes del «12 de febrero», ha destacado el orden público, incluyendo mejoras en la policía, y la aceleración del programa de participación política contemplado por Carrero Blanco. La incongruencia de esta combinación, que refleja las persistentes divisiones ideológicas de España, se debe a los esfuerzos del Gobierno para responder de alguna manera a los anhelos de cambio político de determinados sectores, mientras se asegura a las fuerzas conservadoras y tradicionalistas que la autoridad fundamental del Régimen no disminuirá. La acción del Gobierno en esta etapa sugiere que la prioridad sigue siendo la afirmación de la autoridad para garantizar la seguridad sobre la liberalización. La excesiva reacción del Gobierno contra la defensa del obispo Añoveros de los derechos de la minoría vasca, y en cierta medida su decisión de ejecutar al anarquista catalán Puig Antich, disipó para muchos la euforia que acompañó al discurso del 12 de febrero sobre el compromiso del nuevo Gobierno con la liberalización y ha provocado serias divisiones por primera vez entre moderados y conservadores del equipo de Gobierno de Arias.

c)Arias y su gabinete, el primer Gobierno «posfranquista» de España, heredaron una parte considerable de asuntos pendientes del breve Gobierno de Carrero Blanco. Ahora se enfrentan a las exigencias del programa de reformas de instituciones clave, incluyendo las leyes orgánicas para la defensa, el poder judicial, el régimen local y la reestructuración de las normas sindicales, las asociaciones políticas, las universidades y las relaciones con la Iglesia. Con Franco prácticamente retirado del día a día y con el gabinete todavía en fase de desarrollo y confianza política, el Gobierno Arias tiene que enfrentarse al mismo tiempo con fuertes grupos de interés dentro y fuera del Gobierno sobre temas cada vez más importantes[11].

La embajada estadounidense no parecía mostrar excesiva preocupación por la posibilidad de que el asesinato de Carrero Blanco desestabilizara el país. El informe de finales de marzo de 1974 del jefe de su diplomacia en España señalaba la solidez de unas instituciones que aseguraban la continuidad en la jefatura del Estado. Sus dudas, sin embargo, iban encaminadas hacia la capacidad del nuevo Gobierno para enfrentarse a una conflictividad social en auge, dibujada más por la crisis económica que por las expectativas de participación política. Desde su formación, el Gobierno de Arias Navarro había sufrido un desgaste intensivo, sobre todo por la ejecución de Puig Antich, el caso Añoveros y la presión de la extrema derecha. Su respuesta fue el aumento de las detenciones políticas, mayor dureza contra las manifestaciones y protestas en la vía pública y, sobre todo, el recurso a una medida que dejó de ser excepcional: la pena de muerte, máxima expresión de la deriva autoritaria del final de la dictadura[12].

Los estadounidenses observaban de cerca la actuación de las autoridades franquistas, más aún desde sus reticencias públicas al uso de las bases militares con motivo de la guerra del Yom Kipur, en octubre de 1973. Sus analistas interpretaron la coyuntura como una «postura que Washington podía aprovechar en beneficio propio si sabía prestarle a España una atención prioritaria»[13]. El embajador resumió la situación a Kissinger en pocas palabras: «el nuevo Gobierno está poco preocupado sobre una posible reacción en Estados Unidos, ya que comparte su grave preocupación ante el terrorismo, y está cada vez más inclinado a reanudar la práctica de la pena de muerte para hacerle frente»[14].

Y, en efecto, así ocurrió. El 27 de septiembre de 1975, poco antes de la muerte de Franco, fueron ejecutados cinco jóvenes, dos pertenecientes a ETA y tres al FRAP, condenados por delitos de terrorismo en sendos consejos de guerra. El camino para la utilización de la pena de muerte, en realidad, se había despejado cuatro años atrás, con la aprobación de una reforma penal que endurecía las sanciones por delitos de orden público e incluía la modificación del Código de Justicia Militar[15]. El tribunal militar de Barcelona que juzgó a Puig Antich y a sus compañeros fue el primero en llevar hasta sus últimas consecuencias estas medidas. Se trataba de la primera petición de pena de muerte por un delito político desde el Proceso de Burgos, celebrado en diciembre de 1970. La ejecución más reciente había sido la del soldado Pedro Martínez Expósito, fusilado en Valencia, en enero de 1972, por cometer dos delitos de robo con homicidio. Las últimas penas de muerte por delitos políticos se habían cumplido una década atrás: la de Julián Grimau, del Partido Comunista, oficialmente condenado por delitos cometidos durante la Guerra Civil, y las de los jóvenes anarquistas Granados y Delgado, acusados de atentar contra una comisaría de Policía en Madrid[16].

El proceso al MIL (Movimiento Ibérico de Liberación), el pequeño pero activo grupo en el que militaba Puig Antich, tuvo lugar en un periodo, entre septiembre de 1973 y marzo de 1974, decisivo para un régimen que necesitaba con urgencia una serie de reformas que aseguraran su continuidad y ampliaran su apoyo social, vía abruptamente interrumpida con una ejecución como la de Puig Antich, que abrió la puerta al fenómeno contrario. Una regresión represiva presidida por una batería de leyes que terminaban con el experimento liberalizador. A principios de febrero, toda la cadena de la justicia militar había ratificado la sentencia, y el 1 de marzo, el Gobierno, a pesar de la oposición pública y notoria de varios de sus ministros, confirmaba la pena capital. La condena tuvo amplias repercusiones internacionales y el proceso de integración de España en el Mercado Común Europeo quedó detenido. El embajador británico en Madrid declaró que la ejecución representaba un «extremo irreparable» en las relaciones entre España y el entorno occidental, siendo «virtualmente imposible que cualquiera de las medidas que el Gobierno pueda introducir tengan algún contenido democrático»[17].

Los estadounidenses, más preocupados por las posibles repercusiones en la relación con la Iglesia de las medidas tomadas contra el obispo Añoveros que por la ejecución de Puig Antich, interpretaban la sentencia de forma distinta: «El interés del Gobierno en el orden público y su sensibilidad a las presiones de la extrema derecha explican la decisión de ejecutar al anarquista catalán Puig Antich. Para tomar esta decisión, el Gobierno se ha mostrado públicamente del lado de la ley y el orden antes que de la moderación de los países extranjeros y los grupos liberales españoles»[18].

La ejecución mostraba la verdadera hoja de ruta del Gobierno de Arias Navarro. La aparente controversia entre aquellos sectores necesitados de un cambio de imagen hacia el exterior y aquellos otros enrocados en la defensa a ultranza del régimen tradicional quedaba zanjada. El discurso sobre la necesidad de aplicar reformas que afectaban a planos básicos de las relaciones sociales, laborales, jurídicas o educativas, conocido como «espíritu del 12 de febrero», había durado menos de un mes. Los métodos y procedimientos usuales de la dictadura salían reforzados, sobre todo a través de la defensa de la jurisdicción castrense sobre cualquier otra garantía.

La preeminencia del derecho militar sobre el civil hacía imposible cualquier política de cambio o reforma, empezando por la propia libertad informativa. A mediados de abril de 1974 se produjo un ejemplo muy gráfico de esta situación. El director de la revista Mundo, Jesús Val, contestaba del siguiente modo al director de la revista que había publicado la carta del sacerdote catalán que había acompañado en su última noche a Heinz Chez: «Creemos que estas cosas están pasando ya de castaño oscuro y que va siendo hora de que el Gobierno tome serias medidas para poner en su sitio a todos cuantos locuelos andan sueltos hoy día abusando de una apertura informativa que, si ha de ser utilizada así, más vale que no exista»[19]. La crítica de un órgano de la prensa oficial franquista iba dirigida contra uno de los sectores que más venía defendiendo la necesidad de reformas desde finales de los años sesenta: la Iglesia. La institución clave en la legitimación inicial de la dictadura culminaba ese año su alejamiento de las posiciones iniciales del nacionalcatolicismo, plantando cara a la política de orden público del Gobierno mucho antes de su particular endurecimiento tras el asesinato de Carrero Blanco[20].

El conflicto entre un Estado confesional como el franquista, pero de muy difícil acoplamiento a los cambios propugnados en la iglesia por el Concilio Vaticano II, se agudizó por el aumento de las detenciones y la imposición de la jurisdicción militar, a lo que se opuso públicamente la jerarquía eclesiástica. Un aspecto que irritaba a las autoridades franquistas y que tuvo amplias repercusiones diplomáticas, como advirtió el embajador estadounidense. La tensión se manifestó en el mismo funeral de Carrero Blanco, cuando el ministro Julio Rodríguez Martínez se negó a saludar, en plena ceremonia al arzobispo de Madrid, el cardenal Enrique y Tarancón, que a la salida del acto fue recibido con gritos de «Tarancón al paredón». Entre el funeral de Carrero, en diciembre de 1973, y la ejecución de Puig Antich, el 2 de marzo de 1974, la crisis Iglesia-Estado llegó a su punto álgido. Con las conversaciones sobre el Concordato interrumpidas, el Gobierno de Arias consideró la homilía del obispo de Bilbao, monseñor Añoveros, como un «atentado contra la unidad de la Patria» y facilitó a la prensa todos los detalles para el seguimiento de la orden de expulsión del obispo[21].

En el otro platillo de la balanza se situaban los sectores implicados en el control del orden público. A finales de abril, la embajada estadounidense en Madrid, alarmada por las posibilidades de contagio de la Revolución de los Claveles portuguesa, señalaba a la policía y al Ejército como los sectores más favorables a la utilización de la pena de muerte. El Gobierno, que sintonizaba totalmente con ellos (el presidente Arias Navarro fue director general de Seguridad entre 1957 y 1965, y más tarde ministro de Gobernación), llevó siempre la iniciativa favorable a la ejecución. Así proseguía el informe estadounidense: «se carece de pruebas de que la decisión de ejecutar a Puig haya venido determinada por presión militar o policial directa. Dada la preocupación de las figuras claves del Gobierno por la seguridad pública y sus estrechos vínculos pasados con las fuerzas de seguridad, parece dudoso que esta presión fuese necesaria»[22].

Las ejecuciones del 2 de marzo de 1974 se utilizaron políticamente para resarcir a las fuerzas de orden público, aspecto que se hizo notar, sobre todo, en la forma en que fueron llevadas a cabo. El Consejo de Ministros del día anterior confirmó dos sentencias de muerte contra los culpables del asesinato de un guardia civil (Heinz Chez) y de un policía de la Brigada Político-Social (Puig Antich), e indultó a un guardia civil acusado de matar a un superior. Pero, al contrario que en la amenaza de expulsión del obispo de Bilbao, de la que se informó plenamente a los medios, los detalles sobre el cumplimiento de las sentencias quedaron sujetos al tratamiento restrictivo de «materia reservada». La decisión pasaba a la jurisdicción militar, donde adquirió otro matiz bien distinto. Según el Código de Justicia Militar, si el condenado era militar debía ser fusilado, y si era civil había que proceder de acuerdo con la ley común y a como estimara la autoridad judicial competente. Una vez aprobada por el Consejo Supremo de Justicia Militar, la sentencia volvía al juez instructor para su cumplimiento. Así, el teniente coronel Nemesio Alvárez, juez del Juzgado Militar Permanente n.º 3 de Barcelona, que había instruido la causa, ordenó que la sentencia se cumpliera dentro de prisión, lo que significaba el garrote vil.

Este método se había utilizado por última vez en 1959 para ejecutar a dos civiles condenados por delitos que, popular y tradicionalmente, exigían un castigo duro y cruel: Pilar Prades, la envenenadora de Valencia, y José María Jarabo, que asesinó a cuatro personas, una de ellas una mujer embarazada. Desde entonces, había sido desterrado por la justicia española. Su reaparición en los momentos finales del franquismo suponía un claro mensaje para la oposición al Régimen: el tiempo de las conmutaciones de penas había pasado[23].

Una decisión política que, por último, iba dirigida a frenar la influencia de la extrema derecha dentro de la policía y el propio Ejército. A través de una agresiva campaña en artículos de prensa y en actos públicos, sus principales líderes, Girón de Velasco y Blas Piñar, denunciaron la excesiva permisividad mostrada en la lucha contra la «subversión». Su voluntad quedó fijada claramente en el grito de las manifestaciones de ese año: «¡No queremos apertura! ¡Queremos mano dura!»[24]. El Gobierno respondió realizando, entre el 13 de enero y el 8 de febrero de 1974, 150 detenciones por actividades políticas. Era solo el comienzo de una escalada que culminaría en el primer semestre de 1975 con la cifra récord de 1.500 detenciones políticas[25]. Fue una de las respuestas al clima de «oposición generalizada y terrorismo», que Arias, al igual que Carrero, consideraban fruto de la subversión extranjera, la delincuencia común y la propia modernidad[26]. El Gobierno de Arias, de este modo, estrechaba sus vínculos con el Ejército y reforzaba su protagonismo político al mismo tiempo.

LA VIOLENCIA EN LA CRISIS FINAL DEL FRANQUISMO

A finales de agosto de 1974, la embajada estadounidense emitió un informe en el que consideraba «más que probable» que grupos extremistas intensificaran su campaña de violencia y desorden durante el periodo de sucesión del poder en España. Elaboraron una pequeña lista de organizaciones compuesta por «el FRAP, como principal grupo maoísta, anarquistas, trotskistas y los nacionalistas vascos radicales agrupados en ETA». Si bien reiteraban que se trataba de pequeños grupos de «capacidad limitada», ya no se atrevían a describir la situación política con el mismo nivel de seguridad de los informes anteriores. El panorama había cambiado por completo en menos de un año y solo un sector podría comportarse de forma previsible en ese escenario: «El Ejército español —seguía el informe— apoyará decididamente la transición ordenada a Juan Carlos y estará preparado para apoyar a las fuerzas de seguridad en el mantenimiento del orden si lo requiriera algún acontecimiento no deseado»[27].

La visión de un proceso de cambio político de la dictadura a la democracia consensuado, fácil y pacífico ha sido cuestionada en los últimos años. Una gran parte de las evidencias documentales, poco usadas o desconocidas hasta el momento, muestran las dificultades de un período inmerso en una elevada violencia cotidiana. Por la acumulación de una gran tensión y de la incertidumbre política, económica y social desde finales de los años sesenta, prolongada hasta finales de la década siguiente, España se convirtió en el país con mayor índice de violencia política después de Italia, con más de setecientos muertos en menos de siete años[28].

La violencia desatada en este periodo tuvo varias consecuencias inmediatas: reforzó el papel del aparato de orden público como principal vehículo de «acción preventiva» de la dictadura y prolongó las competencias de los tribunales militares en los delitos de terrorismo, llegando a condicionar el propio debate constitucional en la Transición[29]. Estrategia de la desestabilización, años de plomo, guerra sucia, represión…, se defina de una manera o de otra, el empleo de la violencia, un ritual en la historia política española contemporánea, fue un factor presente y continuo, pero rara vez homogéneo, en todo el proceso. Los atentados y actos violentos de parte de la extrema izquierda y del nacionalismo radical, ciertamente, fueron determinantes para que los más ultras apelasen de nuevo al Ejército a intervenir en la vida pública. Pero los atentados, los secuestros, las detenciones, la acumulación de muertes y actos violentos no se produjeron exclusivamente para frenar la reforma política. Su trayectoria era anterior y afectaba a sectores de muy distinto signo, que incluían a actores del propio franquismo. El caso más claro era la propia invocación a la Guerra Civil por una recién «inventada» extrema derecha que mostraba por sí sola la profundidad de la crisis del Régimen[30].

La medida principal de la dictadura para salir del atolladero, como trata de mostrar este libro, fue intensificar los mecanismos del sistema represivo como vía principal para garantizar la continuidad y evitar una solución militar extrema. Para ello, en su recta final, el franquismo trató de situar de nuevo la violencia dentro de su marco tradicional, a través de la jurisdicción militar y de otros mecanismos legales, sobre todo los policiales. Pero la violencia impregnó al amplio espectro de la llamada «oposición antifranquista» y atravesó todos los debates sobre las distintas vías, no solo las nacionales o nacionalistas, al cambio político. Condicionó las posturas y alimentó los traumas que se habían producido prácticamente desde la propia Guerra Civil y que las organizaciones del exilio se llevaron consigo. En el interior, alejada de aquellas lógicas, una nueva generación adoptaba una actitud distinta. Al hilo de la radicalización de la izquierda europea que siguió al fracaso del Mayo del 68 y al auge de los movimientos de liberación nacional en plena descolonización, una buena parte decidió embarcarse en la lucha armada, para atentar directamente contra la continuidad prevista por Franco y las personas que la simbolizaban[31].

En 1968, ETA cometió sus primeras acciones armadas con víctimas mortales. El 7 de junio moría un guardia civil en un control de tráfico tras un intercambio de disparos con militantes de la banda. El 2 de agosto de ese mismo año asesinó a tiros en el portal de su casa al jefe de la Brigada Político-Social de San Sebastián, el comisario Melitón Manzanas. Y el 20 de diciembre de 1973, uno de sus comandos en Madrid colocó un coche bomba que acabó con la vida de Carrero Blanco. A lo largo de los meses siguientes, su estrategia, tras una importante escisión, dio un salto radical, pasando del atentado selectivo a una violencia masiva. Este proceso culminó el 13 de septiembre de 1974 con el atentado de la cafetería Rolando en la calle del Correo de Madrid, muy cerca de la Dirección General de Seguridad, que provocó trece muertos y ochenta heridos[32]. El FRAP, procedente de los grupos del marxismo revolucionario, aglutinaba a buena parte del amplio espectro a la izquierda del Partido Comunista, alcanzando una fuerte presencia en la Universidad y en el movimiento juvenil de oposición al franquismo. Aunque estuvo involucrado en la muerte de un miembro de la Brigada Político-Social, en la ya mencionada manifestación del Primero de Mayo de 1973, no llegó a planificar y realizar sus primeros atentados mortales hasta 1975, fecha en la que la nueva dirección de ETA incrementó decididamente la escalada de atentados contra las fuerzas de orden público[33].

La aparición de un fenómeno como el terrorismo, con una serie de acciones muy violentas, espectaculares e imposibles de ocultar a la opinión pública, favoreció el endurecimiento final del Régimen. La respuesta fue mucho más allá de los grupos minoritarios que empleaban la lucha armada, y afectó de lleno a toda la oposición antifranquista. Especialmente a aquellos grupos pequeños como el MIL que empleaban una violencia de baja intensidad que definían como «agitación armada», con un fuerte carácter simbólico y anticapitalista. Sus referentes teóricos y prácticos se nutrían de aspectos de la tradición anarquista de acción directa, reinterpretados por la mirada juvenil que se veía reflejada en la experiencia «guerrillera» de la extrema izquierda europea y latinoamericana[34]. Estos y otros muchos componentes del «magma libertario» catalán hacían del MIL una clara excepción a la tónica dominante dentro de las organizaciones de la oposición antifranquista del momento[35].

Una peculiaridad que explicaría también la falta de apoyo y de movilización política que se produjo para evitar la ejecución de Salvador Puig Antich. Los grandes bloques de oposición política al franquismo, incluido el Partido Comunista, presente en el ámbito catalán a través del PSUC, trataban de distanciarse de estos grupúsculos violentos y de acción directa. La causa de Puig Antich, por estas y otras cuestiones, como se verá más adelante, no fue defendida por ningún grupo de una oposición emergente que ya había puesto en marcha la salida de la clandestinidad y que marcaba distancias con cualquier tipo de violencia, sobre todo tras el atentado a Carrero Blanco, para convertirse en oposición democrática.

Para las autoridades, todos ellos formaban parte del mismo problema de orden público, y como tal debía ser atajado. Desde ese momento, todo el aparato del Estado fue dirigido contra la protesta social que se había instalado en el centro de la realidad española. Una conflictividad generalizada que desafiaba directamente el marco de derechos y deberes instituido por la dictadura, y lo hacía a través de una dinámica reivindicativa que se situaba al margen de todos los repertorios de protesta violenta. El movimiento obrero y la Universidad fueron los focos de un enfrentamiento que las autoridades trataron de sofocar incrementando las detenciones y la contundencia de las fuerzas de orden público, Policía Armada, Guardia Civil y la propia Brigada Político-Social[36].

Sin embargo, como había señalado el embajador estadounidense, el problema iba mucho más allá de manifestaciones aisladas. La movilización tenía un amplio apoyo social porque estaba dirigida contra los primeros efectos de la crisis económica, el encarecimiento de la vida y su impacto drástico en los espacios urbanos más deprimidos. Una presión popular que tuvo en el redescubrimiento de la calle su primera e importante victoria, desbordando el marco del poder local y provincial franquista e instando al poder central a intervenir[37].

La principal fuerza opositora al franquismo, el Partido Comunista, había abandonado, tras un estrepitoso fracaso, la estrategia guerrillera a finales de los años cincuenta. Desde entonces apostó por la llamada «vía de reconciliación nacional» para el cambio político en España. La lucha de masas era el nuevo horizonte que abriría el final del franquismo, y eso pasaba fundamentalmente por la agitación en el mundo laboral, como se había demostrado en las huelgas mineras de Asturias en 1962. El control de las elecciones del sindicato vertical terminó dando forma específica a la organización de las comisiones de fábrica, antecedente inmediato de Comisiones Obreras. En este resurgir de la contestación obrera desempeñaron un papel esencial círculos cristianos de base organizados alrededor de la JOC, la HOAC y la USO[38]. El metal madrileño fue la punta de lanza, junto con la Cataluña industrial, el País Vasco y Asturias, de la oposición obrera contra la dictadura, rápidamente expandida al potente sector de la construcción en los años sesenta. La nueva clase obrera, en su inmensa mayoría procedente de la inmigración, se forjó en el extrarradio de las grandes ciudades, carente de todo tipo de infraestructuras. La lucha por el salario y la vivienda se convirtió así en el motor de una conflictividad social que se extendería al movimiento vecinal[39].

El otro gran polo de oposición al franquismo fue el estudiantil. Las protestas de febrero de 1956, que provocaron la explosión del SEU, convirtieron las aulas universitarias en un foco de contestación a la dictadura. De los círculos universitarios surgió en esos años el FLP, popularmente conocido como Felipe[40]. La respuesta oficial fue la ilegalización en 1967 de Comisiones Obreras y en 1969 del Sindicato Democrático de Estudiantes, que había dirigido hasta el momento la agitación universitaria. La continuidad y el mantenimiento de la protesta social de los años setenta favorecieron el crecimiento exponencial de la influencia de la oposición democrática. La conflictividad laboral siguió extendiéndose por sectores, especialmente en el ámbito de los servicios públicos, con huelgas como la del Metro de julio de 1970 que adquirieron gran protagonismo y apoyo popular. La réplica del Régimen, esta vez, fue la intervención de la jurisdicción militar por desórdenes públicos y delitos contra la seguridad del Estado. El desbordamiento era absoluto. Solo en 1971, año en que se aprobó la principal reforma penal del franquismo, fueron condenados 231 civiles por consejos de guerra[41].

Por otro lado, el proceso de modernización económica que vivía el país desde la década anterior favoreció la aparición de nuevos espacios de participación; una especie de «polis paralela» dentro del franquismo donde especialmente los grupos juveniles iban a tomar contacto con un amplio espectro de formas de socialización distintas a las de sus padres, desde el ocio o la sociedad de consumo a la contracultura[42]. No iba a ser una tarea fácil de mantener. El diario Madrid, símbolo de la apertura informativa, fue clausurado, y su edificio, significativamente volado. La revuelta estudiantil continuó e «importantes grupos de presión» comenzaron a incorporarse a las filas de la oposición a la dictadura, hasta el punto de provocar en 1972 la suspensión de la junta del Colegio de Abogados de Madrid. En junio de ese mismo año, fueron detenidos los dirigentes de Comisiones Obreras, dando lugar al Proceso 1001, que comenzó el 20 de diciembre de 1973, día en que se produjo el atentado contra Carrero Blanco. A pesar del miedo y la incertidumbre, la oposición sentía que el final del franquismo estaba cerca, ya no era una utopía. El impacto de la Revolución de los Claveles del 25 de abril de 1974, que terminaba con la dictadura en Portugal, fue la clave emocional para ello. En julio de ese año se constituyó en París la Junta Democrática, formada por el PCE, el PSP de Enrique Tierno Galván y el PCE(i), que había formulado la estrategia de la «ruptura democrática» para poner fin a la dictadura. En junio de 1975 se formó la Plataforma Democrática, integrada por el PSOE, Izquierda Democrática, PNV, ORT, UDC de Catalunya, MCE y Partit Socialista de Catalunya-Reagrupament[43].

¿Cómo afrontar esta nueva disidencia? Esta fue, sin duda, y así lo percibieron sus propios protagonistas, una cuestión trascendental para la supervivencia del Régimen. En juego estaba el desmantelamiento de la propia estructura que había levantado y sostenido durante décadas la dictadura militar. La respuesta fue aplicar el estado de excepción contra posibles actos violentos o terroristas, y restablecer el derecho militar contra manifestaciones, huelgas o protestas pacíficas, dejando un balance de diecisiete muertos en enfrentamientos con las fuerzas de orden público[44]. Reaparecía la jurisdicción militar como único marco de convivencia, su principal función desde la Guerra Civil. Sus orígenes y evolución, clave en el sostenimiento de la dictadura, y su utilización en aquellos momentos de crisis e incertidumbre, en especial desde finales de los años sesenta, resultan fundamentales para entender este proceso y su vertiente continuista, por lo que se explican con cierto detenimiento en el capítulo siguiente[45].

2

Causa sagrada

Los militares habían sido una fuerza decisiva, un poder muy significativo a lo largo del Régimen y no solo desde estructuras específicas de defensa. Dirigieron los ministerios correspondientes al Ejército de Tierra, Aire y a la Armada, y fueron responsables de buena parte del de la Gobernación, en particular del área relacionada con el orden público, a través de cargos que en unos casos ocuparon militares químicamente puros y en otros jurídicos de los Ejércitos.

Rodolfo Martín Villa, ministro de la Gobernación entre 1976-1979[46]

ORDEN PÚBLICO Y CONTINUISMO

El orden público, como tantas otras veces en la historia de España, provocaba de nuevo la entrada del Ejército en política: proyectaba el militarismo. Una cuestión que, muy rara vez, terminó con la presencia militar en la calle. La dictadura, que se definía a sí misma como «democracia orgánica» y «Estado de derecho», había perfeccionado una fórmula heredada del siglo XIX: el control militar de la Administración civil del Estado, el empleo de la jurisdicción militar y la utilización de cuerpos militares como fuerzas específicas de orden público. El poder castrense se había configurado como un poder más dentro del liberalismo español, favoreciendo el acceso de la oficialidad a los altos cargos públicos y a la más alta representación política[47].

Los cuerpos militares alcanzaron durante el franquismo su máximo apogeo e influencia, dirigiendo ministerios como Industria, Obras Públicas o Hacienda, además de los directamente implicados en el control del orden público. A medida que se hacía evidente el deterioro de Franco, su general en jefe, las cúpulas militares y policiales aumentaron su oposición a ceder un milímetro en la menor de sus competencias. Una postura opuesta al cambio, explicada normalmente por su lealtad al Régimen y al propio Franco, por su conservadurismo o estructura corporativa, que se manifestó mucho antes de la crisis final del franquismo[48].

La defensa del papel político del Ejército apareció siempre como un factor clave en la continuidad de la dictadura. La fórmula prevista era hacer compatible su protagonismo con la modernización de la Administración Pública. El mismo Carrero había planteado la necesidad de una reforma técnica que garantizara los principios fundamentales del Régimen. Este proyecto de desarrollar una Administración civil del Estado que no fuera en detrimento del poder militar, en realidad puesto en marcha a finales de los años cincuenta por López Rodó, catedrático de Derecho Administrativo, entró de lleno en el terreno del orden público a través de tres medidas: la Ley de Orden Público de 30 de julio de 1959, el Decreto sobre Bandidaje y Terrorismo de 1960, y la creación del Tribunal de Orden Público (TOP) en 1963. El edificio legal continuista quedó culminado en 1966 con la aprobación de la Ley Orgánica del Estado, que el propio Franco pidió que se refrendara públicamente.

Ocho años más tarde, Arias Navarro declaraba en su discurso del 12 de febrero ante las Cortes que ese era el único camino posible para acometer las reformas. Arias, el primer civil en ocupar la presidencia del Gobierno en España desde la Guerra Civil, era también un jurídico militar. Para la mentalidad dominante en un cuerpo que no solo había participado en la represión, sino que la había diseñado y supervisado ampliamente, cuyos miembros seguían copando los puestos clave en los aparatos de seguridad del Estado, el orden público era sinónimo de justicia militar. Era la causa sagrada por excelencia, la única capaz de garantizar el honor militar, la seguridad nacional y la defensa del Régimen al mismo tiempo. Y si algún aspecto había perfeccionado la dictadura a lo largo de su existencia, este había sido la integración de las funciones de orden público en el propio sistema represivo[49].

Nacido de la guerra, pero asentado y perfeccionado en la posguerra, siempre estuvo dirigido por el Ejército, hasta erigirse este en el elemento fundamental para el mantenimiento del Régimen. Tanto que llegó a marcar uno de los hechos diferenciales más significativos del propio franquismo. El totalitarismo italiano o alemán, «dictaduras civiles» de partido único, mantuvieron al Ejército separado del aparato de la represión. Por su parte, las dictaduras militares del Cono Sur habían pasado a militarizar directamente el orden público, aspecto que las alejaba de manera significativa del modelo franquista. El orden público español estaba basado en una estructura administrativa y territorial anterior a la guerra, centralizada a imagen y semejanza del propio Ejército, cuya gestión estuvo siempre reservada a cuerpos militares específicos como la Guardia Civil y la Policía Armada[50].

El instrumento clave en el sistema de orden público franquista fue la utilización de la jurisdicción militar. Desde la sublevación de julio de 1936, la justicia militar ocupó toda la esfera pública hasta clausurarla por el estado de guerra. Una operación de maquillaje legal a la que, desde un principio, fueron sumándose importantes órganos civiles con funciones penales: las denominadas jurisdicciones especiales. Dos fueron las más destacadas: la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939 y la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo de 1940. Acto seguido, se desplegó la extensa lista de normas de seguridad, especialmente la de 1941 y la de 1943, que creaba en cada región militar un juzgado especial para los llamados «delitos políticos». Finalmente, se aprobó el primer Código de Justicia Militar netamente franquista el 17 de julio de 1945. Estos fueron los instrumentos jurídicos fundamentales —Código de Justicia Militar, leyes de seguridad y jurisdicciones especiales— utilizados hasta el final de la dictadura. A pesar de que la Guerra Civil se alejaba en el tiempo, la justicia militar se mantuvo de manera inalterable como órgano de resolución de los conflictos de orden público.

Pasados los apuros internacionales tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y concluida la fase álgida de la represión, la jurisdicción militar siguió manteniendo atribuciones no solo sobre la seguridad, sino sobre cualquier acto «contra la armonía social». Se fue consolidando una división de competencias entre una Administración civil que sancionaba los delitos más numerosos y otra militar que castigaba los más graves. Su línea principal fue el Decreto sobre Bandidaje y Terrorismo de 1947, que sustituía a la Ley de Seguridad de 1943. Un modelo dual que se mantuvo en esencia durante toda la dictadura, modulando la intensidad en función de cada contexto. Y, es importante resaltarlo, fue controlado siempre por la justicia militar, ya que los capitanes generales de cada región militar conservaron intacta su capacidad de valorar la gravedad de los hechos y, por tanto, de decidir a qué instancia judicial pasaban[51].

Entre 1948 y 1968 se trató de dotar de mayor apariencia de legalidad a este sistema dual, introduciendo cambios normativos. En 1948 se levantó el estado de guerra, que había estado vigente durante doce años. A estas alturas, la mayor parte de los instrumentos del orden público estaban ya situados dentro de la esfera civil y en la densa red de poderes locales tradicionalmente implicados en el control social. Un proceso de «normalización» intensificado con sucesivas reducciones de la ley marcial en el control del orden público, que, para los llamados delitos políticos, se centralizaba cada vez más en determinadas figuras militares. Así, a comienzos de 1958, el coronel Eymar ocupaba el mando del Juzgado Especial, «con jurisdicción en todo el territorio nacional para la tramitación de los procedimientos judiciales derivados de las actuaciones extremistas». Al año siguiente se aprobaba una Ley de Orden Público que derogaba la de 1933, más de dos décadas en vigor. Desde entonces, los delitos menores contra «la unidad espiritual, nacional, política y social de España» pasaban a las jurisdicciones especiales, aunque, hay que insistir, seguían siendo los capitanes generales de cada región quienes valoraban a qué instancia pasaban.

Las duras medidas de orden público de los años sesenta volvieron su mirada a esta bifurcación marcada desde finales de los años cuarenta, como muestra sobre todo el Decreto sobre Bandidaje y Terrorismo de 1960[52]. La jurisdicción militar siguió aplicándose en los delitos graves, mientras que los de propaganda subversiva y asociación ilícita, que crecieron extraordinariamente, fueron asignados a una jurisdicción especial heredera del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo: el Tribunal de Orden Público. Desde su creación en 1963, persiguió mediante procedimientos civiles las actividades políticas que no fueran consideradas terrorismo, ampliando con creces la participación de la Administración civil en la represión[53]. A partir de 1967, y sobre todo en 1968, tras el asesinato del comisario Manzanas, jefe de la BPS de San Sebastián, se impuso la jurisdicción militar. El argumento no variaba: «recientes acontecimientos han puesto de manifiesto tendencias y acciones encaminadas a atacar la seguridad de la patria, por lo que resulta urgente la adopción de las medidas jurídicas más adecuadas al restablecimiento de la paz social perturbada»[54].

Veinte años después de haber levantado el estado de guerra, se decretaba otra vez el estado de excepción en todo el territorio nacional, con pleno restablecimiento de la jurisdicción militar plena. En los años siguientes se remodeló también el Código de Justicia Militar, introduciendo artículos como el 294 bis, «muerte de un funcionario público por razones políticas», y se aprobó una nueva Ley de Seguridad, la de noviembre de 1971, que ampliaba notablemente las funciones de la policía gubernativa: la Brigada Político-Social.

Estos fueron los instrumentos principales aplicados al final de la dictadura, que el Gobierno de Arias Navarro retomó y reforzó. El Decreto 10/1975, de 26 de agosto, sobre Prevención del Terrorismo, sin salirse en lo esencial del formato militar y las jurisdicciones especiales, compilaba todas estas medidas en su versión más dura; retomaba el procedimiento de urgencia para la jurisdicción ordinaria y el sumarísimo para los consejos de guerra, favoreciendo el endurecimiento de las penas[55]. Aunque se trataba de la respuesta oficial al terrorismo, en especial al atentado de ETA de la calle del Correo, estas medidas se extendieron contra toda la oposición política, desde ese momento declarada fuera de la ley. De hecho, tan solo unos meses después de presentarse las plataformas conjuntas de oposición democrática, el Gobierno de Arias Navarro decidió recuperar significativamente la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939, la misma que había declarado ilegales todas las asociaciones del Frente Popular. En la huelga de Madrid de diciembre de 1975, el Gobierno de Arias Navarro culminó este proceso de clausura y cierre, llegando a militarizar los transportes públicos y los sectores energéticos más importantes de la capital. El modelo de orden público utilizado desde la posguerra estaba, ya por entonces, desbordado por completo.

Aunque fueran consideradas medidas circunstanciales y al poco tiempo se restableciera la legislación ordinaria, su aplicación constante a lo largo de más de tres décadas hacía inviable cualquier medida liberalizadora o de apertura real. La jurisdicción militar, mucho más que el estado de excepción, constituyó la espina dorsal de una dictadura cuyos principios fundamentales nacían en el militarismo y se consagraban a él. El Fuero de los Españoles, aprobado en 1945, el mismo año que el nuevo Código de Justicia Militar, era su declaración programática más clara. El artículo 35, utilizado en numerosas ocasiones desde finales de los años sesenta, mostraba el procedimiento: por un decreto ley se permitía al Gobierno modificar las garantías básicas, entre ellas la que fijaba el tiempo de detención máxima en 72 horas. El decreto de agosto de 1975, por su parte, permitía la entrada en un domicilio sin necesidad de mandamiento judicial. Fueron solo algunas de las principales medidas destinadas a erradicar los nuevos grupos de oposición, con especial atención hacia los movimientos obrero y estudiantil, para los que se siguió utilizando la jurisdicción militar, en combinación, sobre todo, con los «procedimientos especiales» de la Dirección General de Seguridad, dependiente del Ministerio de la Gobernación o Ministerio del Interior.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD (DGS)

La dictadura no necesitaba, por lo tanto, recurrir a los estados de excepción para ejercer la represión. Las fuerzas encargadas del orden público poseían estructura militar y eran cuerpos militares: la Guardia Civil, la Policía Armada y la propia policía política y la Brigada de Investigación Social, más tarde conocida como Brigada Político-Social. Las dos últimas dependían de la Dirección General de Seguridad, que se extendía por toda la Administración periférica del Estado, situándose inmediatamente por encima de los gobernadores civiles. Su posición jerárquica e implantación por todo el territorio nacional eran rasgos propios de una policía militar en un conflicto bélico que se mantuvieron durante toda la dictadura. Concluida la guerra, su misión principal de policía política no varió sustancialmente, aunque sí cambió de apariencia y estructura interna, llegando a convertirse en el único organismo capaz de concentrar la dirección militar y política de la represión. Sus directores fueron siempre militares y su núcleo organizativo básico, las brigadas. La más activa en materia de orden público, la Brigada Político-Social, constituyó el instrumento principal, junto con los servicios de inteligencia militar de los que procedía, para la política «preventiva» del Estado, motivo por el que cobró una fuerza extraordinaria al final del franquismo[56].

La Dirección General de Seguridad ocupó, ya desde el mismo comienzo de la dictadura, un decisivo lugar de enlace entre la dirección militar de la represión, su entramado jurisdiccional y el propio aparato de orden público. La coordinación de estos tres elementos tuvo siempre un carácter reservado, motivo por el que todavía hoy su evolución sigue siendo poco conocida. El núcleo original de la policía política se formó entre los distintos grupos de servicios especiales creados durante la guerra, cuyos objetivos se mantuvieron en la posguerra. En 1937, tras la toma de Bilbao, se crearon dos de los más importantes, que ya señalaban las funciones judiciales que iba a tener la policía política: la Causa General y el Servicio de Recuperación de Documentos, creados por orden del ministro del Interior en el denominado primer gobierno nacional y cuñado de Franco, Ramón Serrano Súñer[57].

Con sede en Salamanca, pronto se convirtió en un impresionante depósito de documentos de la llamada «delincuencia política» o «criminalidad roja». Su funcionamiento fue regulado por un decreto reservado de 1938 destinado a coordinar las acciones tras la entrada en las ciudades ocupadas para, en particular, encontrar las pruebas que debían respaldar la acción de la justicia. Así, y sobre todo de cara al exterior, la represión podría seguir mostrando la faceta defensiva de un Estado de derecho. Sobre esta documentación se creó el fichero de antecedentes político-sociales más importante de la dictadura, que en 1944 ya superaba los tres millones de fichas personales[58].

Recuperación de Documentos siempre estuvo en estrecho contacto con las labores de la policía política. El coronel José Ungría organizó su transición desde el servicio de espionaje, manteniendo su carácter militar y su organización en brigadas. Una de ellas, la Brigada Especial de Información, formada por antiguos agentes de Inspección y Vigilancia, evolucionaría rápidamente hacia la Brigada Político-Social, dedicada en cuerpo y alma a la represión hasta el final de la dictadura. Los pasos para la evolución de la policía militar hacia la policía política estaban dados. El 5 de enero de 1939 se reunió el Consejo de Ministros en Burgos y aprobó la creación de la Dirección General de Seguridad (todavía llamada Servicio Nacional de Seguridad), bajo las órdenes de Ungría, hasta el momento director de los servicios de información de la policía militar, el SIPM.

Sin embargo, el 23 de septiembre, Ungría fue nombrado secretario general del Ministerio del Ejército y apartado del mando. Para encabezar la Dirección General de Seguridad fue escogido José Finat y Escrivá de Romaní, conde de Mayalde, primer «secretario político» del Ministerio de la Gobernación, primer gobernador civil del Madrid de posguerra, embajador en el Berlín nazi y, durante mucho tiempo, alcalde de la capital[59]. La DGS heredaba la estructura organizativa, el personal y las funciones de la policía secreta militar, pero se preparaba para despegar sobre todo como policía dentro del orden gubernativo. Pocos días antes del cese de Ungría, y, de nuevo mediante instrucción reservada, a mediados de septiembre de 1939, el Alto Estado Mayor ordenaba a todas sus segundas secciones que derivasen a su personal militar al Ministerio del Ejército; el civil pasaría a la DGS junto con los archivos documentales de interés judicial: «aquellos que implican materia delictiva denunciable o imputable a personas huidas o presentes en la España Nacional»[60].

El traspaso se hizo público ese mismo mes, quedando integrada definitivamente la policía de investigación política en el aparato de orden público, aunque ya nunca prescindiría de su carácter reservado o secreto ni de su organización y especialización militar. Una de las primeras medidas de la DGS fue crear un cuerpo de Policía Armada como «fuerza de contención». Sus 7.000 plazas iniciales fueron destinadas en su totalidad a «excautivos» y «excombatientes». Las pruebas de acceso, de hecho, constaban de tres ejercicios basados en la promoción interna de la escala militar: un dictado, la redacción de un atestado policial y una serie de preguntas sobre las «obligaciones del soldado»[61].

La planimetría militar de posguerra siguió extendiéndose sobre los organismos civiles que aún quedaban en pie; la Subdirección de Orden Público fue absorbida por la nueva Dirección General de Seguridad, que incrementó sus competencias hasta estructurarse definitivamente en cuatro grandes comisarías generales: Fronteras, Información, Orden Público e Identificación[62]. El diseño se cerraba en octubre de 1939 con las últimas medidas derivadas del fin de la guerra y la desmovilización del ejército de campaña. Una de las de mayor efecto fue el restablecimiento del Reglamento de Policía Gubernativa de 1930, en vigor durante toda la dictadura, pues no sería modificado, y solo parcialmente, hasta julio de 1975. Otra disposición de igual rango restituía las jefaturas superiores de Policía de las grandes ciudades, que, de momento, se limitaron a Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia y Zaragoza[63].

La demarcación que más caracterizó este despliegue inicial de la policía y su implicación en el entramado represivo de la posguerra fueron los propios juzgados especiales, con atribuciones para los delitos de «comunismo y espionaje», también creados con carácter reservado. El primero, entre 1940 y 1943, fue presidido por el general Jesualdo de la Iglesia, con jurisdicción en toda España. Su sucesor para la Región Centro, Enrique Eymar, trasladó sus oficinas a la cárcel de Ocaña, donde instruyó entre 1943 y 1958 más de 7.500 expedientes por actividades subversivas[64]. A finales de los años cuarenta, los juzgados especiales militares se descentralizaron, siguiendo la misma estructura de las segundas secciones del Estado Mayor prevista en la desmovilización del SIPM. El 30 de septiembre de 1944, por último, otro decreto reservado fusionaba los servicios especiales de Información y los de Recuperación de Documentos en un solo organismo subordinado a la Presidencia del Gobierno: la Delegación Nacional de Servicios Documentales. Su principal tarea sería proseguir en la labor de clasificación documental y «facilitar a cuantas dependencias oficiales lo soliciten los antecedentes de índole militar, política, social y secreta que sobre personas físicas y jurídicas posea». Nacía así la Oficina del Documento Nacional de Identidad[65].

Sobre esta base jurídica y administrativa se asentó la policía política del franquismo, en todo momento controlada por militares. Las jefaturas superiores de Policía solo alcanzaron cierta autonomía veinte años después. En 1958 volvió a crearse una Subdirección General de Seguridad, iniciando una «desconcentración» que terminó ampliando las comisarías generales de orden público. A las cuatro grandes secciones de investigación desde la guerra, Fronteras, Información, Orden Público e Identificación, se añadieron la Inspección General de Personal, el Gabinete Técnico de Estudios y la Oficialía Mayor. Los servicios especiales, como los de Estupefacientes, Banco de España (moneda), Identificación (DNI) o Estadística, salieron del Ministerio de la Gobernación para tener delegaciones propias en cada una de las comisarías generales anteriores[66]. El final de los juzgados especiales militares y la creación del Tribunal de Orden Público en 1963 no rompió este entramado jurisdiccional y la administración policial siguió, de hecho, militarizada. Solo en marzo de 1970 se dio luz verde a la ampliación de las jefaturas superiores de Policía[67].

La figura del director general de Seguridad, que recibía el trato de «excelencia», se mantuvo siempre por encima de los gobernadores civiles. El director general de Seguridad acumulaba tal poder y prerrogativas que, en la provincia de Madrid, por ejemplo, desplazaba al capitán general en materia de orden público, teniendo el mando pleno sobre la Guardia Civil. José Finat fue el primero en simultanear los cargos de director general de Seguridad y gobernador civil de Madrid. Gerardo Caballero Olabézar fue su sucesor desde mediados de 1941. Coronel de Infantería, fue figura clave para el triunfo del golpe militar en Oviedo, provincia en la que se mantuvo como gobernador civil hasta que se trasladó con idénticas funciones a Guipúzcoa. Allí se encargó de recibir a Himmler, ministro de Interior alemán y responsable de la Gestapo, en su visita a San Sebastián en 1940, avanzando los aspectos de desarrollo del acuerdo de cooperación hispano-alemán en materia policial, que fue definitivamente cerrado al año siguiente, ya con Finat como embajador en Berlín[68].

Caballero apenas estuvo un año al mando de la DGS, entre mayo de 1941 y junio de 1942. Fue sustituido por Francisco Rodríguez Martínez, ya por entonces coronel del Estado Mayor. Había participado en la dirección de la guerra desde el mismo Cuartel del Generalísimo y fue el primer fiscal superior de Tasas en plena autarquía. Estuvo al frente de la DGS una década, hasta el 3 de agosto de 1952, fecha en que se retiró, ya como general. Entre 1952 y 1957, la Dirección General fue ocupada por Rafael Hierro Martínez, el primer militar que tenía realmente experiencia policial, ya que era inspector de la Policía Armada y había desempeñado el cargo de gobernador civil de La Coruña. A finales de la década de los cincuenta, este perfil de carrera administrativa y política, siempre de procedencia militar, se fue imponiendo dentro de la Dirección General de Seguridad. Carlos Arias Navarro, notario, fiscal, miembro del Cuerpo Jurídico Militar y gobernador civil en varias provincias, sucedió a Hierro y estuvo al frente de la DGS hasta 1965, fecha en que fue nombrado alcalde de Madrid.

Era prácticamente el mismo cursus honorum que había marcado desde el principio José Finat. En los años setenta Arias culminaría la escalada política dentro de la Administración franquista, primero como ministro de la Gobernación con Carrero Blanco y más tarde como presidente de los últimos Gobiernos de la dictadura. Su experiencia y conocimiento del aparato de orden público fue, sin duda, una de sus grandes bazas para su ascenso a lo más alto. Una presencia que reforzó notablemente la posición del Ministerio de la Gobernación, y en particular de la policía política, en la fase final de la dictadura[69].

LA BRIGADA POLÍTICO-SOCIAL (BPS)

A ojos de los observadores extranjeros, la implantación del modelo policial nazi iniciada por la remodelada Dirección General de Seguridad se produjo con éxito. Un informe británico de 1949 describía así a la policía política española:

Sus archivos están basados en el modelo nazi, asegurando una vigilancia sistemática sobre todos los enemigos sospechosos del Estado. Todos los casos políticos caen dentro de la Brigada Político-Social, que actúa por orden del jefe superior de Policía. El interrogatorio de un prisionero puede incluir el uso de crueles artefactos, tendentes a forzar las declaraciones posteriormente llamadas «confesiones». Como reciben un extra, los mal pagados policías tienden a usar métodos cada vez más violentos y a prolongar cuanto sea posible el aislamiento de los prisioneros para obtener una confesión. Cuando se termina el dossier, al prisionero se le traslada a una de las prisiones del Estado y pasa a la jurisdicción militar[70].

En 1974, la Brigada Político-Social seguía estando dentro de una de las cuatro grandes comisarías generales, la de Orden Público, y dependía directamente del Ministerio de la Gobernación «con funciones de organización y gestión en todo lo relativo al control y vigilancia de las actividades que por sus especiales características deban ser objeto de atención permanente, a fin de disponer de la información adecuada para el mantenimiento del orden público y la prevención o represión de cualquier actuación tendente a alterarlo»[71].

Su estructura militar, su mando político y sus funciones no habían variado un ápice a lo largo de la dictadura. Tampoco sufrieron grandes modificaciones ni la procedencia ni el perfil profesional de sus componentes. El análisis de las hojas de servicio de algunos de sus miembros más importantes, al frente de las comisarías y jefaturas de la investigación político-social de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza o Bilbao, así lo señala. La mayor parte había accedido a la BPS al final de la guerra, con la desmovilización del SIPM. Aquellos, como Tomás Ramos O’Ryan, que ya eran policías antes de la guerra alcanzaron primero dichas jefaturas. Este había entrado en el Cuerpo de Investigación Social por oposición en 1931. Pasó la guerra en Madrid, donde trabajó para la quinta columna. Terminada la guerra se incorporó a la ingente tarea represiva en la capital, con mando intermedio en la coordinación de las labores policiales y judiciales de los dos grandes instrumentos creados para ello: la Causa General y la Auditoría de Guerra de Madrid. Se jubiló en 1955, con la Medalla al Mérito Policial[72].

Fue sucedido por Saturnino Yagüe, quien también había entrado en el Cuerpo de Investigación en el momento de su creación en 1931 y que llegó a ser comisario principal en 1969. Camisa vieja de Barcelona, fue trasladado a Madrid para la misma tarea que O’Ryan, por la que recibió la Medalla de Plata al Mérito Policial en 1961. Una vez terminada la lucha contra la subversión «derivada del 18 de julio», fue uno de los máximos encargados de desarticular la nueva oposición al Régimen. En 1963 detuvo a los jóvenes Delgado y Granados, los anarquistas acusados de atentar contra la comisaría de pasaportes, que fueron ejecutados por garrote. Recibió entonces la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo y su carrera despegó definitivamente. En 1965 fue nombrado comisario jefe de la Brigada Regional de Investigación Social de Madrid, en 1969 ascendió a comisario principal y en 1972 recibió la encomienda de la Orden del Mérito Civil. Especializado en la desarticulación de las organizaciones comunistas, contaba en su haber con la detención de la plana mayor de Comisiones Obreras en 1972, por la que recibió una recompensa de 4.000 pesetas; también logró la detención de la cúpula de la Liga Comunista Revolucionaria, el 5 de noviembre de 1973 (15.000 pesetas), y la desarticulación de la Joven Guardia Roja en Madrid el 31 de enero de 1975[73].

A sus órdenes estuvo Roberto Conesa Escudero, que llegó a comisario general de Información y a jefe superior de Policía de Valencia en 1977. Al terminar la guerra ingresó directamente en la Brigada Político-Social como agente auxiliar, dada su probada condición de falangista. Debutó en los servicios especiales trabajando en la organización del traslado de los restos de José Antonio Primo de Rivera al Valle de los Caídos. Pasó la década de los cuarenta en la comisaría del distrito de Palacio, en el centro de Madrid, mientras que en los años cincuenta estuvo destinado en distintas secciones provinciales: Las Palmas de Gran Canaria, Vigo y Palma de Mallorca. Su carrera empezó a despuntar con comisiones de servicio en embajadas y delegaciones diplomáticas (Irán, Argelia, jefe de seguridad del viaje del presidente de Portugal), por los que recibió las preceptivas medallas al Mérito Policial. En la segunda mitad de los sesenta se colocó al frente de la lucha antisubversiva a nivel nacional. En septiembre de 1968 detuvo a los miembros de ETA acusados de la muerte de su compañero Melitón Manzanas. Se mantuvo destacado hasta 1971 en el País Vasco, donde fue felicitado públicamente por los servicios prestados en todos los periodos de excepción. De vuelta a Madrid, alcanzó gran notoriedad al dirigir las operaciones policiales más importantes del final del franquismo: la desarticulación del FRAP, el 13 de septiembre de 1973, y, sobre todo, las detenciones tras el brutal atentado de la cafetería Rolando, el 13 de septiembre de 1974. Comisario principal, Medalla de Oro al Mérito Policial en 1976, Medalla de la Orden del Yugo y las Flechas… Por último, tras resolver los secuestros y atentados del GRAPO, fue nombrado comisario general de Información el 2 de junio de 1977[74].

Vicente Juan Creix fue la cabeza visible junto con su hermano Antonio de la BPS de Barcelona. Ingresó en el Cuerpo General de Policía en 1941 como agente de segunda clase destinado en Bilbao, pero al año siguiente ya estaba de vuelta en Barcelona, dedicado a exterminar a la guerrilla y a acabar con el paso de huidos por la frontera. En 1962 fue felicitado y recibió un premio de 5.000 pesetas por sofocar los disturbios y la huelga de solidaridad con los mineros de Asturias, y detener a sus instigadores. Azote del PSUC, rama del PCE en Cataluña, cuya ejecutiva desarticuló en 1955, 1962, 1967 y 1968, así como de Comisiones Obreras y los «separatistas» catalanes, fue nombrado jefe de la BPS de Barcelona en 1969. Al año siguiente recibió una felicitación pública con motivo de las negociaciones de los convenios colectivos, y a partir de 1970 se especializó en la Universidad; su carrera terminó en septiembre de 1972, tras ser acusado de apropiación de fondos y trasladado como jefe de la Brigada Regional de Pasaportes y Fronteras. El 5 de abril de 1975 fue nombrado comisario principal y se jubiló[75].

Melitón Manzanas González, inspector jefe de San Sebastián, también había ingresado en el cuerpo en 1939. Avalado por su pertenencia a las Juventudes de Acción Popular desde 1934, y por estar detenido «por los rojos» hasta la liberación de Irún, fue jefe de milicias hasta el final de la guerra. A su término ingresó en la BPS de San Sebastián, dedicándose sobre todo a la represión del contrabando y al aparato de fronteras. Pasó un tiempo dedicado a la información militar en la Comisaría General de Fronteras (Irún), pero pronto volvió a la acción política. En 1950 desarticuló el primer núcleo de UGT y del Partido Socialista en el País Vasco, lo que daría lugar a distintas caídas en Navarra y Asturias. En 1957 sufrió un breve destierro a Torrelavega, en Santander (simultaneaba las labores policiales con las de gerente de seguros Plus Ultra y fue sometido a una investigación interna por incompatibilidad), pero al año siguiente volvió a dirigir la Investigación Social de San Sebastián.

En 1960 obtuvo gran éxito en la lucha contra las «organizaciones separatistas vascas», con un total de veintiún detenidos. En 1962 recibió un premio de 5.000 pesetas por su actuación en «los conflictos laborales». Dos años más tarde recibió la Medalla al Mérito Policial con distintivo rojo y en 1966 fue felicitado por el ministro de la Gobernación «por el celo que viene desplegando en su específico cometido y singularmente en determinados dispositivos de observación para prevenir actividades subversivas». Para entonces ya había desarticulado prácticamente todo el movimiento obrero y todos los «comandos de la facción juvenil del PNV» en Bilbao y Pamplona. Ascendió a inspector jefe del Cuerpo General de Policía en 1967. La última acción que se menciona en su hoja de servicios fue su «satisfactoria actuación evitando el Primero de Mayo en San Sebastián de 1968». Su asesinato a tiros en la puerta de su casa, el 2 de agosto de ese año, fue el primer atentado mortal que sufrió un agente de la Brigada Político-Social en su historia.

Este fue el informe redactado en su propia jefatura, el día siguiente a su muerte:

Don Melitón Manzanas procedía de la Delegación de Fronteras en Irún, en la que tuvo sus primeras experiencias sobre asuntos sociales, llegando a compenetrarse plenamente con los mismos. Por esta razón, al incorporarse a San Sebastián poseía una serie estimable de conocimientos útiles en relación con los problemas del País Vasco y actividades de organizaciones y grupos más o menos activos ligados al separatismo regional. Con esta aportación de conocimientos se dio rápidamente cuenta de la situación y al hacerse cargo de la jefatura de la Brigada lo hizo ya con una valiosa experiencia para ejercer el mando con la firmeza propia y necesaria para tan difícil cometido. Así, sin vacilación profundizó en la lucha contra los enemigos de España, promotores de desórdenes y acciones subversivas.

Transcurrió algún tiempo antes de que el separatismo vasco se manifestara en forma virulenta y alimentase grupos de acción subversiva, así como el nacimiento de otros de distinta ideología, caracterizados por su espíritu de rebeldía, de lucha y de presión. Todo ello culminó con la aparición de ETA, EGI, Resistencia Vasca, etc., grupos de acción separatista; CC. OO., conglomerado filocomunista dentro del orden laboral; HOA y JOA, focos de refugio y contactos de agitadores, todas organizaciones conocidas del sr. Manzanas, quien en sus numerosas actuaciones puso de manifiesto su competencia desarticulando constantemente grupos y proyectos peligrosos para el orden y la tranquilidad social. Esta certera labor dio lugar a que tales organizaciones le señalaran como el obstáculo número uno, insuperable, para sus movimientos y acciones subversivas. Su nombre se extendió entre todos los elementos en contacto con organizaciones y grupos clandestinos. A esto se superponían amenazas que en los últimos días llegaron a ser verdaderamente graves. En el cumplimiento del deber el Sr. Manzanas fue hombre infatigable. Dedicado de pleno a su labor no conocía el cansancio ni el desmayo. Todas sus actuaciones se desenvolvían dentro del ambiente propio de la ocasión: suave, cuando así lo requería el asunto, y enérgico, pero correcto, cuando era necesario[76].

Tras la muerte de Franco, todos estos funcionarios de Policía fueron acusados de torturas en los interrogatorios, lo que era una práctica habitual, como habían señalado el servicio diplomático del Foreign Office y otros organismos internacionales. Pero apenas se conocen casos de denuncias tramitadas durante el propio franquismo. Manzanas recibió una de ellas en 1966, aunque la identidad del denunciante sigue estando protegida hoy en día. Solo se conoce que era natural de Pasajes y que tenía veinticinco años. La denuncia prosperó porque el caso pertenecía a la jurisdicción militar. El firmante era miembro del Regimiento Flandes n.º 30, con sede en Vitoria, y estaba infiltrado en el paso de fronteras y en las redes de los nuevos grupos de oposición. La noche del 3 de marzo fue detenido en Pasajes por Manzanas y tres agentes más que le esperaban en la puerta de su hostal. Le trasladaron a la comisaría de Irún, donde le quitaron la identificación, la carta del consulado de Hendaya para poder circular por Francia y 10.000 pesetas que portaba para el pago de la barca que hacía el viaje hasta San Juan de Luz[77].

Según la declaración ante el juez de guardia, allí fue apaleado brutalmente durante horas: «como no firmaba la declaración que me presentaron fui tirado desde un balcón de la primera planta, fracturándome en el acto las dos piernas, motivo por el que estuve cuatro meses hospitalizado». La versión de Manzanas, que contaba con el apoyo de los otros agentes y de la dueña del hostal, era muy distinta. El detenido, que no llevaba papeles ni dinero alguno, intentó fugarse de la comisaría y «al saltar se fracturó solo un tobillo». En su informe, Manzanas sostenía que el joven en realidad era «un socialista que introducía propaganda y fondos desde Francia para iniciar actividades organizativas inminentes»[78].

A mediados de los años setenta, numerosos organismos internacionales calificaban de «sistemática» la tortura en España. Denuncias a las que terminaron sumándose los servicios diplomáticos estadounidenses. Un informe sobre los derechos humanos en España, firmado el 12 de abril de 1975 por el nuevo embajador, Wells Stabler, confirmaba las sospechas de tortura. Por primera vez desde los acuerdos bilaterales de 1953, que incluían cooperación y asistencia policial, los estadounidenses reconocían la existencia de graves irregularidades en el sistema judicial español. Tras entrevistarse con varios civiles detenidos, sus agentes consulares habían seguido de cerca el protocolo de arresto, prisión y procesamiento en España. Había casos en los que los derechos humanos habían sido claramente violados y así se lo habían comunicado al Gobierno español. «No obstante —concluía el embajador—, carecemos de base documental sobre la jurisdicción militar, donde previsiblemente se encuentran las mayores áreas de abuso, ya que creemos que es usada como un estímulo jurídico adicional para mantener mayor dureza en las penas»[79].

La lucha antiterrorista favoreció la continuidad de la jurisdicción militar en materia de orden público y con ella los métodos policiales de la dictadura. Agentes como Conesa o Juan Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño, reclamado recientemente por la justicia argentina por torturador, siguieron ascendiendo en los primeros años de la Transición. José Sainz, jefe de Policía de Bilbao, fue el primer miembro de la BPS en ser director general de Seguridad, en junio de 1977, y más tarde director general de la Policía hasta 1980. Su máximo responsable, el ministro de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa, reconoció la dificultad para cambiar los métodos de los jefes y oficiales de la policía. El ministro lo achacaba a que la mayoría procedían del Ejército y estaban muy identificados con el régimen de Franco, en especial, los destinados en la Inspección General de Madrid: «Yo me daba cuenta de las lógicas insuficiencias y de los lógicos fallos de la Policía y la Guardia Civil, pero el Estado los necesitaba si quería sobrevivir, y era injusto, radicalmente injusto, política y moralmente, que un proceso político como el que nosotros conducíamos permitiera la más mínima depuración»[80].

El comisario Julián Gil Mesas, que sucedió a Creix al mando de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, lo expresó de otra forma. A finales de 1976, ascendido a comisario principal, asistió a una reunión en Madrid convocada por el director general de Seguridad, Emilio Rodríguez Román, para explicar a los máximos responsables policiales en qué consistía la reforma política. En sus anotaciones de la reunión puede leerse:

En una próxima sociedad pluralista hay que quitar la fachada de investigación político-social. No desaparece por ello la investigación social. La reestructuración no ha nacido para ir contra los muchachos de la Brigada Social. Ante la próxima pluralidad política habrá, sin duda, funcionarios que pensarán en falangistas, derechistas, socialistas, etc., pero hay que procurar que no entre la contaminación del marxismo comunismo y de la extrema izquierda. Lo ideal sería que no entrasen por ahora socialistas. Todavía no hay una Junta Democrática de la policía pero hay que vigilar. Hay que ir modificando con gran dosis de comprensión, la mentalidad de los hombres de la Social, con un nuevo estilo. Hay que ir evolucionando. Incluso cambiando de puestos a los más radicalizados e intransigentes, pero que nunca aparezca como castigo de aquellos que han mantenido relaciones con elementos extraños a la Policía incluso siguiendo órdenes superiores. Todo esto responde al proceso de «Reforma Política»[81].

Gil Mesas procedía de la promoción interna de la Brigada Político-Social y estuvo tres años al mando de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona. Su labor fue reconocida con la Medalla de Plata al Mérito Policial en septiembre de 1975. Posteriormente, siendo Manuel Fraga ministro de la Gobernación, fue trasladado a la Jefatura de Policía de Bilbao, que dirigió hasta abril de 1977, fecha en que pasó a ser gobernador civil de La Línea de la Concepción y de Algeciras. En la rueda de prensa de su despedida de la comisaría central de Bilbao, «destacó su procedencia de Falange y el hecho de que se le había destinado a un nuevo cargo por causas ajenas a su voluntad»[82].

El comisario Gil Mesas dirigió todas las actuaciones policiales del caso Puig Antich y supervisó personalmente el proceso de principio a fin, muestra del poder acumulado por la policía política a lo largo de toda la dictadura.

3

Causa policial

Soy un profesional que siente un enorme respeto por la dignidad humana. No me gustan los malos tratos, ni de palabra ni de obra.

Declaraciones del comisario Julián Gil Mesas a ABC, 11 de marzo de 1976, p. 6

Me golpearon prácticamente en todo el cuerpo y recuerdo que me sentaron en una silla tipo butacón dejándome en situación de tener cubierta la cabeza y no alcanzar a tocar el suelo con los pies, atado de pies y manos. Me amenazaron diciéndome que acabaría en prisión de por vida, y tuve el abdomen amoratado durante un mes.

Declaración de Xavier Garriga Paituví, Tribunal Supremo,

Sala V, Madrid, 2006

A finales de septiembre de 1973, cinco jóvenes fueron detenidos por la Brigada Político-Social de Barcelona. Acusados de formar parte de un grupo ilegal que perseguía la instauración del comunismo y realizaba graves acciones «contra la unidad de la patria, la integridad de sus territorios y el orden institucional»[83], estuvieron tres días en la comisaría de Vía Layetana, donde declararon sin presencia de ningún abogado. Todos menos Puig Antich, que lo hizo el 28 de septiembre, después de ser operado en el hospital en el que ingresó con conmoción cerebral a causa de los golpes y los disparos recibidos. Todos firmaron las declaraciones policiales y las ratificaron en presencia de un juez, que ordenó su ingreso automático en prisión. Tres de ellos pasaron a la jurisdicción militar y los otros dos, al Tribunal de Orden Público.

Las páginas siguientes están dedicadas a analizar los mecanismos de coordinación existentes entre la policía, la Administración de justicia civil y de la militar en la formación y desarrollo de los procesos por delitos políticos a finales del franquismo. Unas actuaciones que comprendían todas las fases por las que pasaba cualquier persona detenida, presididas por un único objetivo: entrar en un delito tipificado por la legislación de orden público y seguridad. La Brigada Político-Social, que simultaneaba funciones de policía política y judicial, realizaba las diligencias iniciales, a las que la justicia daba forma legal en primera instancia, iniciando el procesamiento. Revestidas de la máxima gravedad, llegaban a la justicia militar, que imponía sentencias ejemplares como castigo y como medio de mantener activa su presencia en un modelo de orden público que había sufrido muy pocas variaciones desde el término de la Guerra Civil, como ya se ha señalado.

La iniciativa de esta primera y decisiva fase del proceso la llevó siempre la Policía de Barcelona. Su comisario jefe, Julián Gil Mesas, incrementó el ritmo de detenciones desde que relevara en el puesto a Antonio Juan Creix. La más espectacular de todas fue la redada contra 113 miembros de la Asamblea de Cataluña el 28 de octubre de 1973, asestando un duro golpe a la estrategia de oposición conjunta que había lanzado el PSUC, el Partido Comunista en Cataluña, desde comienzos de los años setenta. Apenas un mes antes de cosechar este éxito, por el que fue felicitado públicamente, tuvo que enfrentarse a la muerte de uno de sus agentes en acto de servicio. La misma tarde en que se produjo el suceso, tomó una decisión que marcó el rumbo definitivo del caso. Una decisión que solo podía tomar él, que, como máxima autoridad del orden público de Barcelona, no tenía la obligación de comunicar a jueces o fiscales, y que tan solo debía notificar a «título informativo» al gobernador civil de Barcelona[84].

DILIGENCIAS PREVIAS

A pesar de la alarma en la prensa durante aquel último año por la oleada de atracos sufridos en Barcelona desde comienzos de 1972, el Juzgado de Instrucción n.º 21 no recibió ningún informe policial hasta el 16 de marzo de 1973. Ese día, la Brigada Político-Social informó a su titular, el juez José Luis Bermúdez de la Fuente, de que los asaltos poseían bastantes similitudes en la mecánica, las armas empleadas y las señas de los autores: «unas analogías que inducen a suponer con todo fundamento se tratan de hechos cuya motivación escapa a la consideración de delito común para entrar de lleno en el político-social»[85].

La Jefatura Superior de Policía de Barcelona asignó su seguimiento a la Sexta Brigada Político-Social, un grupo formado en su mayoría por policías jóvenes y dirigido por el inspector Santiago Bocigas Vallejo, de 34 años. El último atraco, en el Banco Hispano Americano del paseo de Fabra y Puig, el 2 de marzo de 1973, había sido el más violento de todos. Los asaltantes, tres, hirieron gravemente al jefe de contabilidad del banco, que quedaría ciego a causa de los disparos. A la salida los esperaba un Seat 127 para darse a la fuga, pero uno de los agentes logró apuntar la matrícula: B-2674-K. Esas letras conducían a Jordi Solé Sugranyes, que estaba fichado. Un inspector enseñó una foto de carné y otra de cuerpo entero al director de la sucursal, quien le reconoció al instante como el sujeto que le había encañonado y obligado a abrir la caja fuerte horas antes[86].

La policía atribuía la autoría al MIL (Movimiento Ibérico de Liberación), un grupo anarquista autónomo con apoyos en Francia que desde septiembre de 1972 había realizado nueve atracos. El 19 de junio de 1972 se habían llevado cerca de tres millones de pesetas del Banco Español de Crédito. El líder era el hermano de Jordi, Oriol Solé, que se encontraba preso en Toulouse por robo de coches, según Interpol. La Dirección General de Seguridad en Madrid pidió la extradición, pero las autoridades francesas informaron de que se había fugado de la cárcel. No se obtuvieron más pistas del grupo hasta el 21 de julio, cuando dos miembros de la Brigada de Investigación Criminal, José Chorda y José Manuel Viciana, de servicio en unos futbolines en la plaza de Gala Placidia, observaron algo extraño. Era casi de noche cuando dos hombres y una mujer se levantaron bruscamente y salieron de un bar dando gritos. Chorda y Viciana entraron en el local y, tras identificarse como policías, el dueño del bar les indicó que se habían dejado en la mesa un bolso de colgar de color negro.

El examen del bolso se realizó en comisaría y el propio Bocigas levantó acta. Aquello era lo que estaban buscando: una pistola y varios cargadores, dos juegos de llaves, un trozo de papel con un pequeño plano y una flecha seguida de un nombre, «Anna», de un número de teléfono y de dos direcciones en Francia; un telegrama puesto en Toulouse el 7 de julio de 1973 dirigido a Montserrat Plaza, que decía «Urgentissime viens avant divorce. Aurore»; cinco fotografías, un DNI y varios documentos de identidad españoles y franceses falsos a nombre de Salvador Puig Antich.

Esa misma noche la policía inició los registros utilizando el doble juego de llaves. Con el primero entraron en el piso de Montserrat, y encontraron anotado un número de teléfono que ella misma identificaría como el de Puig Antich. La compañía de teléfonos facilitó el domicilio: calle Sales y Ferrer. Se desplazaron al instante y entraron sin forzar la puerta. No había nadie, pero era evidente que al menos dos personas se acababan de marchar a toda prisa. El piso tenía cuatro dormitorios y estaba prácticamente desmantelado, solo había dos colchones, una mesa hecha con cajones de armarios y una tabla, alguna estantería desmontable y un tocadiscos completo. En los armarios encontraron una pistola, todo el material necesario para fabricar cócteles molotov, mochilas, pelucas, gafas, talonarios de bancos franceses y españoles, y diversa documentación falsa a nombre de José Luis Pons Llobet.

Entre el 21 y el 24 de julio el Juzgado de Instrucción n.º 21 de Barcelona autorizó catorce registros similares. Todos ellos realizados de madrugada y con un sereno o vecinos del inmueble actuando como testigos. Los policías encontraron folletos, propaganda y literatura contra el Régimen, pero nada que condujera al grupo que buscaban. El 24 de julio realizaron el registro del domicilio de los padres de Salvador Puig Antich, al que hasta el momento no tenían identificado, sin conseguir tampoco resultados:

ACTA DE ENTRADA Y REGISTRO

En Barcelona, siendo las 2.30 horas del día 24 de julio de 1973, los funcionarios del Cuerpo General de Policía, afectos la Sexta Brigada Regional de la Comisaría General de Investigación Social, de esta Jefatura Superior, d. Francisco Rodríguez, d. Francisco Blasco y d. Fernando García, este último habilitado como secretario para la práctica de esta diligencia, se personaron en cumplimiento de órdenes de la Superioridad y provistos del correspondiente Mandamiento Judicial de Entrada y Registro, en el domicilio de d. Salvador Puig Antich, sito en paseo de la Enseñanza, al objeto de practicar un REGISTRO por tenerse noticias y sospechas fundadas de la existencia en el mismo de propaganda ilegal de tipo subversiva.

Dados a conocer como agente de la autoridad, así como el motivo de la visita a d. Joaquín Puig Quer, de 67 años, estado viudo, profesión agente de ventas, hijo de Francisco y de Carmen, natural de Castellón de Ampurias, provincia de Gerona, que reside en la citada vivienda en calidad de inquilino, dio toda clase de facilidades y su autorización para entrar en el piso, procediéndose en el acto seguido, en su presencia y en la de los testigos d. Carlos Felius Añon, de 56 años, sereno municipal, habiendo dado el siguiente resultado: NEGATIVO.

Sin otras diligencias que practicar se da por terminada la presente a los 30 minutos de su iniciación, y una vez leída por todos los asistentes, lo encuentran conforme y lo firman[87].

Para paliar la falta de documentación incautada, habitual en los nuevos grupos clandestinos, la Brigada Político-Social aceleró los interrogatorios. La primera en declarar fue Montserrat Plaza, la noche del 21 de julio. Al ser preguntada sobre «sus actividades y medios de vida», declaró que estudiaba Magisterio, que trabajaba como funcionaria interina de la Universidad Politécnica, que vivía con sus padres y que el 11 de agosto se iba a casar con Antonio Urgell, estudiante de Químicas que daba clases en una academia particular. Se iban a vivir juntos a San Cugat, ya tenían el piso. Montse era compañera del Instituto Maragall y amiga de las hermanas de Salvador, Inmaculada y Montserrat. Salvador cursaba el preuniversitario en el mismo instituto y habían salido durante un tiempo. La cosa no funcionó, pero siguieron siendo amigos. Sabía que Salvador había abandonado la casa de sus padres y se había ido a vivir con una modista que se llamaba Montserrat Lloví o algo parecido. Después se fue a la mili, en Palma de Mallorca, desde donde le escribió algunas postales.

Al cabo de un tiempo, en torno a noviembre del año anterior, habían vuelto a verse. Salvador le dijo que había estado en Suiza y que seguía viajando con frecuencia. Al ser preguntada por el telegrama, dijo que sí, que lo conocía, que lo recibió y llamó a su amigo Salvador Puig Antich para que lo recogiera. Unos cuatro meses antes le había dicho que tenía que viajar con mucha frecuencia y le pidió que si recibía algún mensaje le avisara al número de teléfono que apuntó en un papel. En febrero la invitó a comer; la recogió en un Renault 8 de color azul, fueron a un restaurante de la calle Sagués y después la llevó a su casa. Más tarde empezó lo de los telegramas, sin que hubieran vuelto a verse ni a salir, hasta el sábado anterior, en el que fueron a tomar unas tapas con su novio. Ese día llevaba una camisa de color claro por fuera del pantalón, unos tejanos, unos mocasines marrones y «un bolso de colgar de color negro». Montserrat reconoció el bolso y fue trasladada a los calabozos de Vía Layetana, donde pasó dos días más. Al tercero ratificó la declaración delante del juez y la policía la desvinculó del caso[88].

El 17 de septiembre la Guardia Civil de Lérida detuvo a Oriol Solé y José Luis Pons en el atraco a la Caja de Ahorros de Bellver de la Cerdaña. Jorge Solé consiguió huir del cerco tras un intenso tiroteo. La madrugada del 19 de septiembre era detenida en Barcelona María Angustias Mateos Fernández, la novia de Pons. Fue trasladada a la comisaría de Vía Layetana e interrogada durante tres días. Tenía dieciséis años, estudiaba 6.º de Bachillerato, no había participado en ninguna manifestación estudiantil ni estaba afiliada a partido político alguno. Nunca había sido detenida, pero el año anterior había sido conducida por un inspector a casa de sus padres, que la habían denunciado por fugarse con su novio, José Luis Pons, al que había conocido en el instituto unos dos años antes. José Luis no terminó COU porque fue expulsado del instituto y se fugó de casa. Volvió al poco tiempo y empezó a trabajar en la tienda que sus padres tenían en Sardañola, pero en agosto de 1972, «en junio, quiso decir», decidieron marcharse juntos y viajar… Valencia, Bilbao, París. Volvieron a Barcelona en septiembre con la intención de reanudar los estudios, pero pronto se dio cuenta de que era imposible, porque José Luis había ingresado en una «organización militar». Iniciaron entonces una vida en la clandestinidad, entre Barcelona y Toulouse, que duraría más de año y medio. Tras volver a Barcelona, se fueron a vivir al piso de Jordi Solé, en Coll del Porter.

Vivían del dinero que había en una maleta; ella no hacía preguntas, tampoco sobre las máquinas de escribir, las multicopistas… Era un piso seguro, por allí pasaban todos, Metge (Puig Antich), Sancho (Jean Marc Torres) y un francés, Sebas (Jean Marc Rouillant), quienes planeaban los atracos. Para el del Banco Hispano Americano le encargaron que diese una vuelta y viera si estaba vigilado por la policía. Cogió un taxi y sin bajarse vio a dos personas en las inmediaciones, una de ellas con gabardina, por lo que regresó y los advirtió de que podían ser policías. No le hicieron caso y, al poco rato, en menos de media hora, volvieron los cuatro histéricos y medio llorando, repitiendo que habían tenido un tiroteo con la policía, que se habían salvado de milagro y que no sabían si habían matado a una persona[89].

Recogieron todo, José Luis se afeitó la barba y se marcharon al piso de Ignacio Solé, Montes, en el que estuvieron escondidos cerca de un mes. Luego pasaron a Toulouse, donde conoció al resto del grupo; al Petit, otro catalán, muy bajo, de 1,30 m, «delgado y enfermizo», y al resto de los franceses. Se celebró una asamblea del MIL, donde fue expulsado Montes. Volvieron a Barcelona y se fueron a vivir al piso del Metge, hasta el mes de junio, en que se trasladaron a un piso que la madre de José Luis les había alquilado. En junio robaron dos bancos, y entraron en escena personajes a los que ella no conocía: el llamado Legionario, de unos cuarenta años, mucho más mayor que los demás, y el Secretario. Este último tuvo un incidente con Salvador y se dejaron olvidado un bolso «en un bar con futbolines». Cruzaron los Pirineos por un camino que había junto a La Molina donde no había control policial. En Toulouse se volvió a reunir el grupo, en el que empezaba a crecer con fuerza la idea de disolverse. «Únicamente sabe en cuanto ideología, pues no entiende de política, que en el primer congreso de Toulouse, Sebas se declaró anarco-sindicalista, si bien cree por conversaciones oídas que son anarquistas».

María Angustias Mateos firmó una declaración que describía un grupo perfectamente organizado y estable. Era el 21 de septiembre de 1973. Por la mañana pasó a disposición del juez Bermúdez de la Fuente, quien ordenó su ingreso en prisión por «un delito de encubrimiento de robo». En los dos días siguientes cayeron todos los miembros del MIL que se encontraban en Barcelona. El 23 de septiembre fue detenido Santiago Soler Amigó, el Petit. Tras ser interrogado, confesó que a las seis de la tarde del día 25 tenía que establecer un «contacto» en el cruce de las calles Gerona y Consejo de Ciento con otro militante de la organización conocido por el Secretario, cuyo verdadero nombre era Xavier Garriga Paituví. A las nueve, esperaba la llamada a su casa del Metge, como conocían en el grupo a Salvador Puig Antich[90].

UN PASEO POR MONTJUÏC

Desde primera hora de la mañana del 25 de septiembre la Sexta Brigada al completo se había movilizado para interceptar la cita. Acompañaron al Petit a su casa por si se producía alguna llamada que alterara el plan e instalaron vigilancia en la zona. Efectivamente, a las seis de la tarde hicieron acto de presencia dos individuos que se disponían a celebrar el encuentro previsto. La policía esperó a que estuvieran los tres juntos para detenerlos. Se abalanzaron sobre ellos, pero opusieron fuerte resistencia. Según el informe policial, para evitar el escándalo público, cinco de los agentes de paisano introdujeron a los dos jóvenes en un pequeño portal de la calle Gerona n.º 70, mientras el Petit quedó custodiado por otro policía en la acera de enfrente.

Horas más tarde, el inspector Santiago Bocigas informaba al jefe superior de Policía de lo que había ocurrido en aquella detención:

Una vez en el interior del portal continuó el forcejeo, consiguiendo los inspectores arrebatar a uno de ellos, que resultó ser Salvador Puig Antich, una pistola calibre 6,35 mm, que llevaba sujeta en la cintura, mas como quiera que seguía ofreciendo una dura resistencia, fue preciso golpearle con la culata de una pistola, cayendo al suelo, aunque no conmocionado, lo que le permitió, al tiempo que caía y ante la sorpresa de sus aprehensores, sacar una pistola ya montada, con la que disparó a bocajarro sobre los actuantes, alcanzando al subinspector Francisco Anguas Barragán, que resultó mortalmente herido, entablándose acto seguido un nutrido tiroteo entre los restantes funcionarios y el malhechor, que también resultó herido, mientras el otro individuo asistente a la cita, el llamado Francisco Javier Garriga Paituví, el Secretario, intentaba darse a la fuga, lo que no consiguió, siendo reducido finalmente[91].

En este preciso momento, el jefe de Policía de Barcelona, Julián Gil Mesas, tomó su primera y determinante decisión en el caso: unir las diligencias de los atracos anteriores con la muerte del agente de Policía. El ambiente en comisaría estaba muy caldeado tras la muerte de Anguas, hijo de un guardia civil en Sevilla, se pedía a gritos un escarmiento. Ya de noche, un numeroso grupo de policías se concentró a las puertas del hospital donde había sido trasladado el cadáver. El doctor Joaquín Latorre Martí, médico residente de guardia, tuvo que enfrentarse a varios de ellos, que, muy nerviosos, pretendieron entrar en la sala de curas donde estaba Puig Antich, llegando a pedirle que le diera el alta, «que el asunto lo arreglarían ellos dándole un paseo por Montjuïc»[92]. Pero aquellos tiempos, como bien sabía Gil Mesas, habían pasado ya. Tenía que dar una respuesta rápida para controlar la situación, y qué mejor para ello que conducir el caso hacia un delito de terrorismo, uniendo los atracos de una banda armada y organizada con la muerte deliberada de un policía. Era del todo seguro que así entraría en la jurisdicción militar, donde quedarían a salvo los detalles de la operación y, sobre todo, donde podría resarcirse con una condena a muerte. Había que actuar deprisa, solo contaba con 72 horas para obtener las confesiones y unir todas las pruebas del caso.

El Petit y el Secretario seguían declarando en comisaría. A las nueve de la mañana, Santiago Soler Amigó, el Petit, firmó su declaración ante el inspector Bocigas. Tenía treinta años, era licenciado en Filosofía y Letras y estaba soltero. De las actividades del grupo, solo conocía detalles de cuatro robos, en ninguno de los cuales había participado «materialmente». En cuanto a la muerte del policía ocurrida la tarde del 25 de septiembre, confirmó que había quedado con el Secretario a las seis, que fue acompañado por la policía cuando se acercaron «el Secretario y Metge, sin que a este último le esperase, cuando en ese momento los inspectores de Policía se abalanzaron sobre ellos. Como ofrecieron resistencia los metieron en el portal, él se quedó fuera custodiado por un policía. Vio como el Secretario intentó huir y fue reducido e introducido en otro portal. Después oyó disparos y vio como sacaban del portal al Metge herido y a un policía». La policía añadió a continuación: «Dice, rectificando, que no vio como salían ambos, pues estaba también sujeto y en un portal, hasta que llegó el coche de la policía y el Secretario y él fueron trasladados a esta Jefatura». Una hora más tarde el Secretario ponía fin a un interrogatorio que iba ya por el segundo día, y afirmaba que Puig Antich había disparado sobre el policía, que murió en el acto[93].

Treinta años después, Garriga Paituví narró en el Tribunal Supremo lo ocurrido en los calabozos de la comisaría de Vía Layetana aquella noche. Desde un principio, la policía le pidió que confesara que Puig Antich había tiroteado a sangre fría a Anguas. Inicialmente se negó, alegando que no pudo ver nada «ya que se encontraba en el suelo recibiendo golpes de otros dos agentes que se encontraban en la portería». Entonces le dijeron que Puig Antich estaba muerto, lo que le sumió en un profundo desánimo. Le dejaron solo. Pasado un tiempo, no podía precisar cuánto, volvieron para decirle que pasaría el resto de su vida en la cárcel. Y en ese momento comenzaron un largo interrogatorio en el que no solo le golpearon, sino que fue objeto de «verdaderas torturas». Recordó que «estaba verdaderamente aterrorizado», sensación que le acompañaría siempre y que recordó del siguiente modo: «Me golpearon prácticamente en todo el cuerpo y recuerdo que me sentaron en una silla tipo butacón dejándome en situación de tener cubierta la cabeza y no alcanzar a tocar el suelo con los pies, atado de pies y manos. Me amenazaron diciéndome que acabaría en prisión de por vida, y tuve el abdomen amoratado durante un mes»[94].

Extensas declaraciones de cinco o seis folios redactadas a máquina, como las anteriores, y en las que se incluían «rectificaciones» o expresiones como «el declarante quiso decir» fueron el elemento más utilizado para elaborar antecedentes policiales en esta época, sobre todo en las actuaciones contra los jóvenes que no estaban fichados. Testimonios incriminatorios extraordinariamente potenciados por una legislación que, como ya se ha explicado, permitía que los interrogatorios se prolongasen más de tres días, tras los cuales el detenido perdía la noción del tiempo, del día y de la noche, y entraba en un estado psíquico de miedo, ansiedad y estrés severo favorecido por la incomunicación y el aislamiento, hasta que aceptaba el hecho de que solo saldría de allí firmando los papeles que la policía le colocaba delante.

La operación policial anterior, por ejemplo, no estaba prevista en modo alguno, sino que venía marcada por una detención que se producía de manera sucesiva cada dos días, justamente al término de cada declaración. La mayor parte de este tipo de «caídas» no eran detenciones simultáneas fruto de la vigilancia o de la información confidencial, sino de la obtenida por la propia policía en dichos interrogatorios. Poco importaba que, en ocasiones, se incluyeran detalles absolutamente inverosímiles, como en la declaración de María Angustias Mateos, donde aparecía relacionada con un libro publicado en 1967, fecha en la que ella apenas tenía diez años. Los resultados, la desarticulación de grupos opositores y la detención del mayor número posible de militantes significaban automáticamente una distinción en la hoja de servicios y la correspondiente recompensa en metálico. La operación policial de desarticulación del MIL terminaba el 7 de noviembre de 1973, cuando el ministro de la Gobernación y futuro presidente del Gobierno Arias Navarro condecoraba a los inspectores Bocigas y Fernández Santórum, que habían dirigido estos interrogatorios, con la Medalla al Valor y al Mérito Policial[95].

SIN ANTECEDENTES, PERO DE MALA CONDUCTA

Ninguno de los detenidos tenía antecedentes penales. Sus informes de conducta se elaboraron con posterioridad a la muerte de un agente de Policía. Apenas aportaban datos nuevos sobre los hechos, pues abundaban, muy especialmente, en detalles sobre su conducta privada. El Servicio de Información de la Guardia Civil ofreció los primeros detalles un mes después de producirse la muerte de Anguas.

Dirección General de la Guardia Civil,

41 Tercio. Servicio de Información

N.º 1108, de 23 del 10 de 1973

jrm. n.º 8700

Salvador Puig Antich, de 25 años de edad, hijo de Joaquín e Inmaculada, soltero, estudiante, natural y vecino de Barcelona, paseo de la Enseñanza, individuo de mala conducta en todos los órdenes, parando muy poco en estos últimos años en el domicilio citado que es el de los padres, individuo peligrosísimo, al parecer militó en un grupo de Acción Comunista, para pasar más tarde a la organización MIL, en la que forma parte como militante activo en la comisión de los golpes económicos en bancos y cajas de ahorro, actuando con el nombre de guerra de Metge, siendo autor de la muerte de un subinspector de policía, en 27 de septiembre último.

María Angustias Mateos Fernández, nacida en Granada, hija de Ramón y de María del Carmen, estudiante, habiendo residido en el domicilio de los padres de esta capital, hasta la edad de 15 años, que se marchó de su casa con su novio José Luis Pons Llobet, regresando a casa de los padres posteriormente, más tarde y desde hace 18 meses vivió amancebada con el citado individuo, en la avenida Jordán, formando parte de la organización MIL siendo detenida en 21 de septiembre último, por actividades subversivas, cómplice de atracos y falsificación de pasaporte.

José Luis Pons Llobet, alias Queso, de 18 años, hijo de Juan y de M.ª Elena, soltero, natural y vecino de Barcelona, domicilio de los padres, hasta los últimos días del mes de diciembre de 1972, que pasa a residir amancebado con M.ª Angustias Mateos. Es persona de mala conducta en todos los órdenes, políticamente es de tendencia anarquista, pasando a primeros de año a formar parte del MIL, por lo que permaneció varias semanas en Francia, donde realizó cursos de terrorismo. El día 15 de septiembre, en unión de los hermanos Jorge y Oriol Solé Sugrañes, cometieron el atraco a una sucursal bancaria de Lérida, y es detenido el día 17 con el llamado Oriol, después de un tiroteo sostenido con la Guardia Civil en las proximidades de Alp[96].

Los informes de la Guardia Civil se limitaban a reproducir los mismos actos delictivos que describía la policía, y a citar las circunstancias familiares de cada uno de los tres jóvenes, resaltando que todos habían abandonado el domicilio familiar. El informe sobre Puig Antich, además de dar mal la fecha de la muerte del subinspector Anguas, prácticamente solo insistía en eso y en su peligrosidad. De María Angustias Mateos destacaban que vivía amancebada, pero omitían que era menor de edad. Sobre José Luis Pons, «beneficiario principal de este amancebamiento», daban el mayor número de detalles sobre actividades delictivas y hasta de su formación terrorista en Francia, pero era el único del que no facilitaban un domicilio distinto al familiar, posiblemente porque su padre era un conocido falangista que había estado en la División Azul.

La Jefatura Superior de Policía de Barcelona emitió el informe sobre los antecedentes que obraban en sus archivos a finales de noviembre.

Salvador Puig Antich,

Conceptuado como persona de pésima conducta moral, tanto pública como privada, no solo evidenciada por la falta de respeto y consideración a sus semejantes y familiares sino también por sus relaciones estudiantiles y por su temperamento rebelde y en extremo rencoroso. Hace aproximadamente dos años no sintió reparo en enrolarse política y criminalmente en las filas clandestinas de un denominado MIL, desde las que siempre actúa de forma activa y destacada, llegó a realizar, en unión de otros militantes del citado movimiento, un gran número de actividades subversivas y terroristas, que culminaron con el asesinato de un agente de la autoridad, perpetrado por el mismo de forma odiosa, a la par que por nadie sospechada, en la tarde del 25 de septiembre pasado.

María Angustias Mateos,

Pese a haber convivido en un ambiente familiar de buenas costumbres y de ejemplar formación cívica, está conceptuada como de pésima conducta moral, tanto pública como privada, no ya solo por militar en el citado MIL, sino también por haberse fugado del domicilio paterno para entregarse al vicio y unirse maritalmente con uno de los individuos que hoy se encuentran encarcelados por sus actividades terroristas en pro del citado movimiento, con lo que ha demostrado carecer de los más elementales sentimientos en razón de la familia y de la sociedad.

Ambos informados fueron formados dentro de familias de buenas costumbres y honradez ciudadana.

El secretario general regional[97].

El informe sobre antecedentes policiales de José Luis Pons Llobet fue fechado el 17 de diciembre de 1973.

Es persona que en cuanto a su conducta moral privada, no tiene nada en contra, sin embargo la pública es pésima, ya que por sus actividades terroristas abandonó el domicilio paterno en mayo de 1971 para evitar que lo detuviera la policía. Políticamente es un individuo muy peligroso por sus ideas y actuaciones anarquistas. Cuando en mayo de 1971 fue denunciado por su padre por abandono del domicilio paterno, militaba en el Partido Comunista de España (Internacional), empleando la violencia en todas sus actividades, estableciendo desde dicha fecha contacto con los hermanos Solé Sugrañes, dirigentes del MIL, donde entró el informado por mediación de aquellos, estando encuadrado en la rama militar encargada de cometer los atracos o golpes económicos, usando el nombre de guerra de Quesito. Esta intervención en los atracos ha sido ratificada por todos los miembros del MIL detenidos e interrogados por la Brigada de Investigación Social y en uno de estos robos a mano armada, llevado a cabo en la localidad de Bellver de la Cerdaña, fue detenido por la Guardia Civil[98].

Los informes de antecedentes que ofrecían tanto la BPS como la Guardia Civil eran, en realidad, informes de conducta personal que distinguían entre moralidad pública y privada. Puig Antich, joven de mal carácter, era el producto arquetípico de la rebeldía juvenil, sin respeto por la familia y ninguna institución. En el instituto ya apuntaba maneras, pues militaba en organizaciones clandestinas. En la Universidad ascendió en la carrera delictiva e ingresó en una organización militar de extrema violencia. El resultado era un individuo inestable, «en extremo resentido», capaz de asesinar a un policía a sangre fría. Perversidad y maldad compartidas con María Angustias Mateos, que tras abandonar el hogar de sus padres se había entregado al «vicio», haciendo vida marital con José Luis Pons. Su comportamiento antisocial procedía de su alejamiento de la institución familiar, ya que ambos habían sido formados en familias honradas. El caso de José Luis era diferente. El informe se limitaba a señalar que su conducta moral privada era intachable, dada la condición política de su familia, pero era sin duda al que peor conducta pública se le atribuía, con un amplio historial que incluía cursillos de terrorismo en Francia.

Ninguno tenía antecedentes penales, pero sí de mala conducta personal. Esta cuestión no puede tomarse en absoluto como secundaria o superficial. Entraba de lleno en el plano del orden social y de la propia moralidad pública, aspectos ligados al concepto de orden público y de seguridad desde la posguerra, como se vio en las primeras páginas. Todos estos datos, valoraciones e informaciones eran incorporados a la causa judicial. Si no existían antecedentes penales o delictivos propiamente dichos, como era el caso, se utilizaban los informes de conducta político-social, que se podían modificar y adecuar mejor a las circunstancias policiales para vincular al mayor número de individuos en una misma causa. También se podían modificar para alcanzar el objetivo contrario, uniendo varios delitos para atribuirlos a un mismo individuo, como se hizo finalmente con Salvador Puig Antich. La unión de diligencias del fichero policial era la clave para ello.

Sobre José Luis Pons, la policía tenía archivadas tres causas: una denuncia de su padre, el 15 de septiembre de 1971, «por abandono del domicilio paterno para dedicarse a actividades subversivas», una renovación de documentos, y la declaración de su novia, en la que se le implicaba en actividades terroristas. Todo acto administrativo, denuncia, trámite, atestado de cualquier persona era conservado y podía ser convertido en «antecedente». Este modelo de archivo policial, evolucionado desde el Servicio de Recuperación de Documentos, más tarde fusionado con el Registro de Penados y Rebeldes y perfeccionado con los distintos servicios de información, seguía siendo fundamental para determinar el grado de «peligrosidad» del delincuente en cuestión, aunque para ello era imprescindible el visto bueno judicial.

JUSTICIA CIVIL, JUSTICIA EXPRÉS

Tres días con la policía, diez minutos con el juez. Ese fue el tiempo que, según las actas judiciales que constan en el sumario, pasaron en sede judicial los detenidos. Trámite breve pero decisivo, porque en este acto, al que eran conducidos por la propia policía, todos se ratificaron en sus declaraciones. Las actuaciones policiales adquirieron así forma legal y sirvieron de base para su propio auto de procesamiento. Tenían, por tanto, un peso trascendental. La más importante de todas fue la de la autopsia. Los casquillos de bala y las armas de la policía desaparecieron, por lo que era una prueba absolutamente decisiva para confirmar la autoría de los disparos. A las 18.35 h del 25 de septiembre de 1973, el doctor Ramón Barjau Viñals, del Hospital Clínico, reconoció el cadáver del subinspector Francisco Anguas Barragán, de veinticuatro años, que «presenta varias heridas por armas de fuego al producirse un tiroteo entre el finado y Jean Pierre Balorme, uno de los nombres falsos de Puig Antich»[99].

El doctor Barjau escribió rápidamente a mano que el cadáver pasara al Instituto Anatómico Forense, que se encontraba solo tres plantas más abajo en el mismo hospital, pero esto no ocurrió, por la intervención del jefe superior de Policía de Barcelona. Minutos después, Gil Mesas solicitó al juez de guardia, Jaime Amigó de Bonet, que el cuerpo fuera trasladado a la comisaría para realizarle allí la autopsia. El juez firmó la orden y pidió al forense del juzgado, Gabriel Sánchez Maldonado, que se desplazara a las dependencias policiales para realizar la autopsia. A la misma hora, las 18.35, otro doctor del Hospital Clínico de Barcelona, Xavier Piulachs, reconocía a Salvador Puig Antich, «de 25 años, con pronóstico grave, con conmoción cerebral, dos heridas de bala, una en el hombro izquierdo y otra en la cara que le ha fracturado el maxilar, lesión inferida a consecuencia de un tiroteo entre el lesionado y Francisco Anguas Barragán»[100].

A la mañana siguiente, el día 26 de septiembre, el titular del Juzgado de Instrucción n.º 21, José Luis Bermúdez de la Fuente, que había instruido el sumario de los atracos a bancos, asumió de nuevo el caso. Después de diecisiete años en la carrera judicial, en la que había ingresado de la mano de su padre, magistrado en la Audiencia de Zaragoza, sabía de sobra que lo primero que debía hacer esa mañana era ratificar las diligencias del caso remitidas y firmadas personalmente por el jefe superior de Policía de Barcelona. Así lo hizo, designando además a otro forense de su juzgado, Rafael Espinosa Muñoz, para que interviniera en la autopsia.

El informe mecanografiado de la autopsia fue fechado el día 27 de septiembre, dos días después de los hechos. Los médicos forenses, Gabriel Sánchez Maldonado y Rafael Espinosa Muñoz, apreciaron al menos cinco orificios de entrada, «siendo la dirección de los proyectiles de abajo arriba y de delante atrás». Sin embargo, para referirse a «las lesiones de pared abdominal» modificaron la dirección de los disparos, escribiendo a mano la siguiente frase: «de arriba abajo y de delante atrás, o sea oblicuamente descendente, afirmando, en conclusión, que los tres disparos pueden corresponder al mismo tipo de proyectil»[101].

Ese mismo día, 27 de septiembre, otro médico forense del juzgado certificaba que no existía impedimento psíquico ni físico para que Puig Antich, al que acababan de extraerle dos balas, prestase declaración, «siendo su lucidez mental perfectamente normal». A las 17.30 h del 28 de septiembre se personaron en la habitación 22 de la planta quinta del Hospital Clínico de Barcelona el juez Bermúdez de la Fuente y su secretario, el fiscal Alejandro del Toro y Marzal; el jefe de Policía de Barcelona, Julián Gil Mesas, y el inspector Santiago Bocigas. No había ningún abogado en la habitación. En hora y media, un Puig Antich completamente solo y que acababa de ser operado y tenía la mandíbula fracturada firmó una declaración, escrita a máquina por la policía, de más de seis folios[102].

Nunca había sido detenido ni procesado y vivía con sus padres; había estudiado en el Instituto Maragall, donde empezó a contactar con activistas políticos, cursaba 2.º de Económicas y había trabajado como administrativo en tres empresas, hasta que fue al servicio militar en Palma de Mallorca; allí conoció a Jordi Solé y a Xavier Garriga. Terminada la mili fue a Toulouse, donde conoció a Jean Marc Rouillant. Volvió a Barcelona, se ganó la vida dando clases de latín y griego, «atravesó un periodo de unos veinte días en que no podía conciliar el sueño», debido, según creía, «a problemas personales y a cierta inestabilidad emocional y afectiva, motivo por el que consultó a un hermano suyo, médico de profesión, quien le aconsejó que visitase a los doctores Fernando Angulo y la doctora Pérez Simó». A mediados de octubre de 1972, a instancias de su amigo Ignacio Solé, ingresó en el MIL. Entró a formar parte

como militante del equipo militar, con la misión de realizar «golpes económicos»; reconoció y relató su participación en todos. El armamento lo traían de Francia, tenían contactos con ETA sexta asamblea a través de un tal Chus y recibían el apoyo de los benedictinos de la abadía de San Miguel de Cuza, en Francia. Tenían contactos teóricos en París con Jean Barrot, del grupo de la librería El Viejo Topo, y en Milán, con un tal Luigi, secretario de los sindicatos católicos italianos. En agosto, en Toulouse, habían acordado disolverse, después volvió a Barcelona, estaban buscando abogados para Oriol y otros miembros del grupo detenidos, cuando se dejó la bolsa en el bar en el que estaba tomando algo con el Secretario y su novia; se dio cuenta, discutió con el dueño del bar, seguro de que este avisaría a la policía, volvió al piso, lo vació y se fue al de José Luis Pons. Después se fue a otro piso, un sótano, en el paseo de Nuestra Señora de Coll.

El jefe de Policía, Gil Mesas, ordenó que se registrara ese piso inmediatamente y Puig Antich prosiguió la declaración. El día 25 de septiembre acudió a una cita que tenía concertada con el Petit y el Secretario:

cuando estaban los tres juntos se acerca la policía, nos dice que estemos quietos, se identifican e intenta escaparse, cae al suelo, le levantan, le echan contra la pared y le golpean la cabeza en la calle. Le introducen dentro de la portería de un inmueble, no recordando si entraron con el Secretario pero sí puede acordarse que el Petit estaba fuera. Le quitan la pistola, le intentan esposar con un cinturón porque no llevan manillas, intenta escaparse otra vez, antes de llegar a la puerta le cogen y queda sujeto entre dos policías, entonces saca la pistola que llevaba en el costado izquierdo metida en el pantalón con la culata hacia delante. Con el forcejeo quita el seguro y supone que disparó, quiere aclarar, sabe que disparó, aunque no recuerda hacia dónde, y aunque no quería. Que por último recuerda que le dispararon y perdió el sentido, despertándose luego en la sala de curas de este hospital.

Esta rectificación de la declaración, «supone, quiere decir, sabe que disparó», no se realizó en la oscuridad de los calabozos de la comisaría de Vía Layetana, como las de sus compañeros, sino en la habitación de un hospital en presencia de un juez, un secretario judicial y un fiscal. Aun así, como sabía el propio juez, esta declaración no bastaba para imputarle un delito de terrorismo, tal como deseaba el jefe de Policía. Un día más tarde, solo y en presencia únicamente de su secretario judicial, el juez Bermúdez de la Fuente volvió al hospital para realizar una ampliación de la declaración. Este documento, escrito a mano y que constaba apenas de dos folios, era muy diferente al anterior. Presentaba una serie de modificaciones sustanciales. En primer lugar la dirección del domicilio habitual de Puig Antich, la casa de sus padres, fue cambiada por la del sótano que la policía había registrado el día anterior y en el que había encontrado una maleta con 136 cartuchos de dinamita, diez detonadores, una pistola y dos cargadores[103].

En segundo lugar, el juez preguntó por el botín de los atracos y Puig Antich reconoció que el dinero que olvidaron en la plaza Gala Placidia procedía del atraco al Banesto, y que el dinero de otro atraco, el del Hispano Americano, «fue a parar a la caja común para todas las necesidades del grupo». El sótano quedó fijado desde este momento como lugar destinado íntegramente al mantenimiento de una banda organizada, armada y bien estructurada. Por último, en esta ampliación, se modificó la dirección de los disparos, haciéndola coincidir con la versión policial y el informe de autopsia. Puig Antich ratificó la declaración del día anterior y firmó también la ampliación, con la que el juez redactó un auto de procesamiento por delitos de mucha mayor gravedad. Ordenó el ingreso inmediato en prisión de todos los detenidos y se inhibió a favor del Tribunal de Orden Público en los casos del Secretario y el Petit, acusados de un delito de propaganda ilegal y de asociación ilícita[104].

El fiscal Alejandro del Toro y Marzal, presente en todas las declaraciones, escogió la de María Angustias Mateos para sostener que los hechos se encontraban dentro de un delito de terrorismo. El testimonio clave para presentar una organización subversiva armada, con apoyos económicos e infraestructura nacional e internacional, era el de una chica de dieciséis años, considerada en los informes como «una perdida» por vivir con su novio. Nada expresó el fiscal sobre su minoría de edad ni sobre una declaración que negó en cuanto pudo hablar con un abogado. Era demasiado tarde porque la conexión entre los delitos de atraco, banda armada y asesinato, que había unido el jefe de Policía y ratificado el juez en la misma noche de la muerte del policía, era irreversible y suponía, automáticamente, el paso a la jurisdicción militar. La fiscalía se mostró exultante, ya que «informes, diligencias policiales y declaraciones demostraban que se enfrentaban a un grupo terrorista armado y extremadamente peligroso»[105].

La prueba usada para demostrar que el grupo cumplía todas esas características previstas en la Ley de Seguridad de 15 de noviembre de 1971 era un informe que el inspector Bocigas presentó el mismo día que María Angustias Mateos firmó su declaración, el 21 de septiembre, es decir, cuatro días antes de la muerte de Anguas. El documento formaba parte, por tanto, de un procedimiento habitual en la Brigada Político-Social para derivar el mayor número de casos a la jurisdicción militar, donde las penas eran mayores. Aunque atribuyó la información a un confidente, el inspector Bocigas tenía las declaraciones que Oriol Solé y Pons Llobet prestaron ante la Guardia Civil de Lérida; con ellas dirigió el interrogatorio de María Angustias Mateos y, finalmente, elaboró el siguiente informe:

Según noticias confidenciales dignas del mayor crédito, coincidentes con escritos y documentaciones, el MIL cuenta con un Comité Central y varios equipos exteriores, para distintas regiones de España. Cada uno de estos equipos, a su vez, están organizados por un grupo militar, encargado de los actos revolucionarios y golpes económicos; una biblioteca, equivalente al aparato de propaganda, formada por militantes «teóricos», encargada de la elaboración de la propaganda y confección de la revista que actualmente edita la organización denominada CIA (Conspiración Internacional Anarquista), habiéndose publicado hasta la fecha dos números. Asimismo un «grupo legal», denominado así porque sus elementos son los únicos entre los militantes de la organización que no utilizan documentaciones falsas, careciendo de antecedentes policiales, con la misión de la tenencia de coches legalmente adquiridos y el traslado con los mismos de los activistas de un país a otro.

Dentro del equipo militar y al frente del grupo exterior están Salvador Puig Antich, un estudiante de 25 años, alias Metge. Oriol Solé, alias Víctor, también de 25 años, tipógrafo y recientemente detenido en Alp (Gerona) por la Guardia Civil tras cometer un atraco junto con José Luis Pons, Poncho. Jorge Solé, Sancho, de 21 años, Jean Claude Torres, Kri-kri, de la misma edad y nacionalidad francesa, Jean Marc Rouillant, Sebas, francés de 20 años. La biblioteca o el equipo de teóricos, apodados el Secretario y el Petit, ambos no identificados hasta el momento, si bien se sabe que son de la región catalana. El equipo legal, lo integra solo al parecer Emiliano Pardiñas Villadrich, Pedrals, un abogado de Lérida, del que se ignora su paradero[106].

Después de la muerte de Anguas, el 25 de septiembre, el informe policial demostraba de manera irrefutable que los hechos se adecuaban a una organización «que con carácter de permanencia viene atentando contra el orden jurídico establecido», como preveía la citada ley. De nada servía que ninguno de sus miembros tuviera antecedentes y solo existieran informes de mala conducta elaborados con posterioridad a las detenciones. Y el 4 de octubre de 1973, tras una serie de modificaciones policiales, judiciales y periciales, que serían definitivas, el caso pasaba definitivamente a la jurisdicción militar[107].

4

Causa militar

Los citados detenidos están reiteradamente calificados como terroristas activistas del llamado MIL, organización clandestina y subversiva que pretende atacar el orden institucional de nuestra Patria[108].

Causa 106-IV-73. Tomo I, fols. 220-4

La conexión del atraco al Banco Hispano, en el que quedó ciego el jefe de contabilidad del banco, con la muerte del subinspector Francisco Anguas, miembro de la Sexta Brigada Político-Social de Barcelona, situó el caso en una nueva dimensión. El 4 de octubre de 1973 pasó a tramitarse como un delito de terrorismo. El Juzgado Militar Permanente n.º 3 de Barcelona, situado en un segundo piso del número 31 de la Puerta de la Paz, inició la Causa 106-IV-73 «contra Salvador Puig Antich y otros por robo con violencia y muerte del subinspector Francisco Anguas Barragán»[109]. No era la primera causa política que tramitaba su titular, el juez Nemesio Alvárez Alvárez, teniente coronel de Artillería. Un año antes había instruido la causa contra miembros del FAC (Front d’Alliberament Català), uno de los grupos de oposición antifranquista más activos del entorno de Barcelona, aunque terminó derivando a la mayoría de sus miembros al Tribunal de Orden Público en Madrid[110].

A pesar de que el comisario Gil Mesas siguió supervisándolo de cerca, el juez militar tomó las riendas de un proceso cuya instrucción terminó en menos de un mes y cuyo objeto central giró en torno a la inadmisión de pruebas. Como muchos otros de su generación, entre ellos el fiscal militar José María Barona Arroyo o el mismo capitán general de Cataluña, Salvador Bañuls Navarro, Nemesio se había incorporado al alzamiento nacional en julio de 1936, iniciándose en las tareas judiciales en la propia Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación. Terminada la guerra, ingresó en el Ejército como oficial y al cumplir los veintiún años de servicio, en 1956, prosiguió su carrera ya como juez de instrucción militar[111].

El secretario judicial, el teniente de Infantería Manuel Holgado Marcos, pertenecía a la siguiente promoción de oficiales, la primera que no había hecho la guerra. Había nacido en Salamanca en 1928 e ingresó en el Ejército de Tierra en 1945, cumpliendo el servicio militar obligatorio. Pasó por numerosos destinos hasta que en 1969 fue trasladado a Barcelona, primero a la Policía Militar y más tarde, en 1972, a los servicios jurídicos de la IV Región Militar. En este proceso judicial, por último, intervino otra generación mucho más joven, la de aquellos nacidos en los años cincuenta, a la que pertenecían soldados como Manuel Carballo Álvarez, que estaba haciendo la mili y terminó la instrucción del sumario, o varios de los capitanes que intervinieron en el propio consejo de guerra[112].

El paso a la jurisdicción militar supuso un vuelco al proceso. Los detenidos pudieron solicitar abogados civiles. Una modificación introducida en el sistema judicial español en 1964 que hacía más importantes, si cabe, las actuaciones policiales en las 72 horas de detención preventiva. La justicia militar tenía sus propias reglas, limitaba mucho más las posibilidades de defensa y aumentaba la gravedad de las penas que se podían imponer en los delitos de orden público, sobre todo desde la ya mencionada reforma penal de 1971. El conflicto entre la jurisdicción civil y la militar, con la tensión social y política que vivía el país de fondo, estaba servido. Un contexto que sin duda marcó la estrategia de las defensas, que optaron por llevar líneas separadas y huir en todo momento de presentar cualquier similitud con un caso político. La justicia militar, paradójicamente, era la única que reconocía que se estaba juzgando un delito político, aunque fuese conceptuado como terrorismo. Una escenografía inicial que marcaría el desarrollo posterior de todo el proceso[113].

JUZGADO MILITAR PERMANENTE N.º 3

Lo primero que hicieron los detenidos al contar con asistencia letrada fue negar sus declaraciones anteriores, alegando que las habían realizado bajo presión policial. El 27 de octubre, el juez Nemesio Alvárez tomó declaración en la prisión de mujeres de Barcelona a María Angustias Mateos, que negó «todo lo existente en las declaraciones, las cuales fueron escritas por los señores que le tomaron declaración sin consultarle a ella nada». Tras preguntar si quería añadir algo más, dijo que sí. El secretario judicial transcribió:

quiere aclarar la declarante que debido al tiempo que la tuvieron detenida y al estado nervioso que se encontraba mareándose varias veces y de tantas preguntas como le hacían y papeles que le presentaban, escribiendo ellos lo que les parecía y cuando le leyeron la declaración, ella, a pesar de firmarla, ella no creyó nada en lo que la citada declaración decía y que si firmó fue debido a que haciéndolo así la dejarían tranquila y podría marcharse para su casa[114].

Desde la cárcel Modelo, Salvador Puig Antich hizo lo propio, denunciando que había incriminado a José Luis Pons en el atraco al Banco Hispano ante «la insistencia de la policía». Afirmó que en su detención los policías no se habían identificado en ningún momento y «que una vez rodeado de dichos policías y al oponer resistencia fue golpeado varias veces en la cabeza, cayéndole la sangre por la cara y a partir de este momento no puede aportar datos concretos». Solo José Luis Pons ratificó su declaración. Era el único de los tres que no había sido interrogado por la Brigada Político-Social de Barcelona. Ante la Guardia Civil de Lérida, asumió que pertenecía al MIL, pero negó tanto su participación como la de su novia en ninguno de los atracos[115].

A pesar de estas denuncias sobre presiones y malos tratos, el juez militar decidió no invalidar las declaraciones prestadas en sede policial, salvaguardando la «versión oficial de los hechos». Esta actitud de los detenidos de negar sus declaraciones anteriores y sembrar dudas sobre la actuación policial molestó al juez, que veía en ello una maniobra dilatoria de los abogados. Ordenó un careo entre ellos, pero mantuvieron sus versiones, por lo que decidió explotar las diferencias, y «no habiendo conseguido poner de acuerdo a los careados el sr. juez dio por terminada la diligencia, haciendo notar que consta de mayor verosimilitud la versión del detenido Puig Antich». De este modo, el juez Alvárez enfrentaba a las partes, que desde un principio parecían tener intereses distintos. Ordenó realizar, por último, una rueda de reconocimiento dentro de prisión. En ella, José Luis Pons fue identificado por los empleados del Banco Hispano, con lo que el juez daba por probada su participación en los atracos[116].

A juzgar por sus primeros escritos, los abogados defensores no parecían conceder excesiva gravedad al caso. El 29 de octubre, el abogado de Puig Antich, Oriol Arau, presentaba un recurso contra el auto del juez militar, que tachaba de «incompleto, inexacto y completamente ambiguo, lleno de suposiciones, de cosas no reales ni probadas, basado fundamentalmente en la versión policial de los hechos»[117].

Arau ridiculizaba el auto del juez a fin de cuestionar la existencia de una verdadera organización clandestina con objetivos precisos:

«El Estado actual» significa, pienso, cualquier Estado actual, y si la «implantación de un régimen comunista» quiere indicar, y sigo cavilando la hipótesis con la venia, que el Estado actual a que pueda hacerse referencia no tiene matiz comunista, se podrían enumerar tantos y tantos países con sus respectivos Estados que debieran ser destruidos, por la referida organización, en el auto, que no acabaríamos nunca. Incluso el auto habla de un «equipo legal», ¿de abogados quizás?, es tan falto de razonamiento que no cabe protesta alguna, con lo cual la indefensión de mi defendido es patente[118].

Por su parte, el abogado de María Angustias Mateos, Modesto García Fernández, se centró en restituir su condición moral, denostada en las declaraciones policiales y los informes de antecedentes.

A primera vista puede parecer baladí e impertinente hacer esta salvedad, pero no, es necesario ab initio que el juzgador no tenga una imagen moral y social desfavorable de la persona cuya conducta enjuicia. Tenemos que hacer constar, en honor a la reputación moral de la encausada, que esta era novia formal del citado Pons Llobet, manteniendo sus relaciones de noviazgo con la aquiescencia de sus padres y de los padres del novio[119].

Acto seguido, el abogado cuestionó abiertamente la existencia de un grupo organizado que pudiera caer dentro de las leyes marciales antiterroristas.

Este letrado se ha visto sorprendido por las afirmaciones del auto de que existe un partido político llamado MIL ya que nunca ha oído hablar de él. ¿Cuál es su ideología, cuál es? El auto no lo dice ni por la edad de los encausados parece verosímil que hayan podido asimilar la fundamentación de las doctrinas políticas existentes o hayan llegado a dar a luz a la Humanidad un sistema nuevo, si por una intervención sobrenatural, similar a las que se relatan en las mitologías, este grupo llegara a hacerse con el poder, esta parte está convencidísima de que no podrían ejercerlo por falta de personal.

Y concluyó negando rotundamente que su defendida tomara parte en el atraco del Banco Hispano o se hubiera lucrado nunca con el botín de algún atraco, atacando así algunos de los puntos de la ampliación de la declaración de Salvador Puig Antich que el juez Bermúdez de la Fuente tomara en el hospital[120]. La respuesta de la justicia militar a los escritos de los abogados fue rotunda. El 21 de noviembre de 1973, el juez Nemesio Alvárez daba por terminada la instrucción en apenas seis semanas. En su informe final describía al MIL como un grupo clandestino con sede en Toulouse que pertenecía al movimiento internacional «cuya finalidad era la destrucción del Estado actual y la implantación de un régimen comunista, como se demuestra en su propaganda, y sobre todo en la tenencia de armas y explosivos». Presentó una relación de publicaciones incautadas en el sótano donde la policía había encontrado los cartuchos de dinamita.

Revista CIA (Conspiración Internacional Anarquista) números uno y dos

Folletos, Violencia revolucionaria, de Camilo Berneri

Qué vendrá después del capitalismo, de Esteban Balazs

Octavillas, Hendaya 1941: turista francés, acuérdate

Octavillas Vos vacances et votre conscience firmada por Mouvement Libertaire

Poesía de Curros Enríquez editada en Toulouse por Editorial Galicia Libre

Buenaventura Durruti, de Ricardo Sanz

El pueblo, de Anselmo Lorenzo, editado en Toulouse

España social federada, de Felipe Alaiz

Colectivismo, de Ricardo Meyer

En torno a nuestros objetivos libertarios

Paginas selectas de Multatuli, Ediciones Tierra y Libertad

El municipio español desde la época de Roma, de Felipe Alaiz

El municipio mandatario de su asamblea abierta, de Felipe Alaiz

Interpretación libertaria del movimiento obrero catalán, de Joan del Pi

Excursión reclusiana por la España fluvial, Felipe Alaiz

Hacia una federación de autonomías ibéricas, Felipe Alaiz

Nuestro programa de adaptación, Ediciones Tierra y Libertad

Rusia y España, Ediciones Tierra y Libertad

Romancero libertario, Ediciones Ruedo Ibérico

Alambradas, novelas del destierro

Horizonte español, 1972, Ruedo Ibérico

La marginación social (folleto)[121].

Por último, añadió dos notas que el denominado MIL había dejado en sendos atracos a entidades bancarias, pegadas en una cuartilla con tiras de Dymo:

Esta expropiación junto con las anteriores tiene como objetivo apoyar la lucha del proletariado contra la burguesía y el Estado capitalista. Por ello los revolucionarios se apropian para su lucha del dinero robado por los capitalistas a la clase obrera. La lucha diaria del proletariado contra la explotación obliga a los grupos revolucionarios de combate a realizar las acciones necesarias para que dicha lucha alcance los objetivos revolucionarios. Mientras la represión de los capitalistas se abatirá sobre la clase obrera, el proletariado y todos los revolucionarios seguirán atacando al capital y a sus lacayos, allá donde se encuentren[122].

En la segunda, fechada el 19 de enero de 1973, sellada con el anagrama del MIL-CAG (Grupos Autónomos de Combate), podía leerse: «Sabemos por nuestras experiencias anteriores que este comunicado no llegará al conocimiento del proletariado. Por ello nos dirigimos al aparato represivo de la burguesía. Nuestra lucha revolucionaria continuará»[123].

Dos días después, el 23 de noviembre, el fiscal presentaba sus conclusiones. El teniente coronel José María Barona Arroyo definía el MIL como un grupo cuyos «objetivos y fines son atentar contra el orden institucional del Estado español», organizado en un equipo legal y otro militar. El primero, de matiz anarquista y de acción directa, tendía a la consecución de sus fines por medio de actos violentos contra la propiedad y las personas, mientras que el segundo se dedicaba exclusivamente a atracar bancos. En el asalto al Hispano, Puig Antich era el conductor del coche que sirvió para la huida de la banda, María Angustias Mateos vigilaba y daba información previa al atraco, ya que tenía relaciones con uno de los integrantes del grupo, precisamente con José Luis Pons Llobet, quien realizó los disparos que dejaron ciego al jefe de contabilidad[124].

Barona, que había terminado la Guerra Civil como oficial de complemento, pudo argumentar sus conclusiones con una documentación mucho más amplia y sólida que la que tenía la propia Brigada Político-Social. Una información que procedía, fundamentalmente, de la vigilancia del grupo en Francia, pero también del estudio detenido de su ideología y de los contactos que mantenía con movimientos afines allí:

Las primeras noticias que se tienen sobre esta organización arrancan de 1967 en el libro editado en Montevideo ¿Después de Franco qué? La segunda revolución española, de Abraham Guillén, si bien es descubierto en sus manifestaciones exteriores el 25 de marzo de 1971, a consecuencia de la detención en Prades (Francia) de tres militantes del mismo, Oriol Solé, Vicente Sánchez Bermejo y Jean Marc Rouillant, que demostraron pertenecer al MIL (Movimiento Ibérico de Liberación), definiéndose en un principio como una organización revolucionaria afiliada al movimiento internacional Insurrección y Libertad, siendo su lema «revolución permanente y acción directa» para conseguir o ayudar al fin propuesto de la «destrucción del actual régimen».

En su origen lo constituyen elementos que habían sido militantes del Partido Comunista de España (Internacional) y del Movimiento Nuestra Clase, recibiendo apoyo del Partido Socialista Unificado Francés, de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo y de la Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos. Tiene su base en Toulouse, disponiendo de un equipo democrático y otro militar y en su acción clandestina sus militantes utilizan nombres de guerra, armamento eficiente, entrenamientos, vehículos sustraídos o alquilados y documentación falsa, así como bases en nuestro país y en el vecino francés. Utiliza como emblema el número 1.000 y siete fusiles ametralladoras en posición vertical con la inscripción «Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra»[125].

Uno de sus principales objetivos fue el desmantelamiento de la industria automovilística, centrando su lucha en las fábricas de la industria auxiliar del automóvil, iniciando dicha acción en la factoría Harry Walker de Barcelona, para proseguir en Francia en las fábricas de Batignolles en Nantes y extenderla a la región de Lyon[126]. Desde su creación, el MIL ha sufrido diversas variaciones, tanto en su organización interna como en su ideología política, pues a juzgar por la propaganda arrojada por sus militantes con ocasión de los «golpes económicos» en la que se puede leer «por un comunismo libertario, viva la Anarquía», se identifican con los GRAC (Grupos Revolucionarios Autónomos de Combate), más anárquicos que comunistas, y aún en la actualidad se denominan «anarcosindicalistas»[127].

El informe anterior, fechado el 16 de marzo de 1973, sirvió de base para las conclusiones provisionales del fiscal togado militar, emitidas nueve meses después y que ya se ajustaban claramente a las diligencias policiales y judiciales vistas en el capítulo anterior, sobre todo a la autopsia del cadáver de Anguas:

considerando probada la existencia de un grupo armado subversivo dedicado a la destrucción de la sociedad y del Estado, y de su líder teórico y militar, Salvador Puig Antich, quien poniendo en práctica los postulados de extrema violencia de la organización a la que pertenece, sacó la otra pistola Astra que llevaba y disparó a muy escasa distancia contra el subinspector de 1.ª clase, d. Francisco Anguas, que frente a él se encontraba, siguiendo los proyectiles una dirección de abajo arriba por la posición en que se encontraba el agresor, alcanzando tres de ellos al citado subinspector.

Por todo ello, continuaba, «procede imponer al procesado Salvador Puig Antich dos penas de muerte, a José Luis Pons Llobet, treinta años de reclusión y a María Angustias Mateos, como cómplice, seis años de presidio menor»[128].

El fiscal solicitó estas penas el 23 de noviembre de 1973. Un mes antes de producirse el atentado a Carrero Blanco, por tanto, el proceso estaba definitivamente encauzado. Los servicios de información, tanto policiales como militares, que seguían al MIL mucho antes de la muerte de Anguas, en septiembre de 1973, no habían citado nunca a Puig Antich como su líder teórico o militar. Siempre habían apuntado a los hermanos Solé Sugranyes, y especialmente a Oriol Solé, como puede verse en el siguiente informe.

Jorge Solé Sugrañes,

Barcelona, 8-5-51. Había estudiado diseño industrial en la escuela Massana de Barcelona y trabajó durante una temporada en muebles La Fábrica, pero al cumplir los 21 se marchó del domicilio de los padres suponiéndose que con los mismos tiene muy poco contacto. Es delgado, moreno, de pelo oscuro, mide 1,70 aproximadamente y viste normalmente con indumentaria juvenil. Pertenece a una familia compuesta por el matrimonio y once hermanos, caracterizándose todos ellos por sus ideas que de tan avanzadas se pueden calificar de subversivas, obrando antecedentes de casi todos ellos por sus actividades en este sentido. Su hermano Oriol es el responsable en Toulouse de un Grupo del denominado MIL o Movimiento Ibérico de Liberación, de inspiración comunista, que mantiene contactos con ETA y que tiene como misión esencial los «golpes económicos» y la ejecución de actos de terrorismo conducentes a mantener un estado latente de inquietud[129].

Pero el fiscal militar había decidido ascender a Puig Antich a jefe político y militar del MIL, sin que su abogado pudiera ni tan siquiera sospecharlo.

ESTRATEGIAS DE DEFENSA

Las defensas, mientras tanto, seguían intentando mantener la presunción de inocencia. Para ello era vital que el juez autorizara pruebas. Pruebas que mostraran las contradicciones de la versión policial de los hechos. El juez Nemesio Alvárez denegó prácticamente todas las solicitudes de las defensas e impuso su autoridad por encima de cualquier otra cuestión formal o jurídica. Era su tribunal, su jurisdicción y su honor lo que estaba en juego. Así, el abogado Oriol Arau solicitó que el doctor Juan Obiols y la doctora Pérez Simó reconocieran el estado mental de Puig Antich, lo que se desestimó en el acto. Se nombró para ello a dos médicos militares: el comandante Carlos Ruiz Ogara, director de la Clínica Psiquiátrica Militar de San Baudilio de Llobregat, y el capitán Manuel Ruiz, del Hospital Militar del Generalísimo de Barcelona. El 24 de noviembre entraron en la cárcel Modelo de Barcelona para realizar el siguiente informe psiquiátrico.

1)Antecedentes, sin enfermedades psíquicas o neurológicas de interés, salvo el corto episodio de insomnio y nerviosismo, del que fue tratado por la Dra. Pérez Simó, recuperando el sueño y su actividad sin más trascendencia.

2)Explorado psíquicamente resulta estar lúcido, orientado, con buena memoria, sin síntomas de enfermedad psíquica y con buen razonamiento. El test de Raven da 54 puntos, lo que significa una capacidad intelectual buena, superior al término medio. El test de Rorschach da también una buena capacidad intelectual, con buena percepción formal de la realidad y sin signos de enfermedad mental.

3)Por todo lo cual, consideramos que el reconocido no presenta síntomas de trastornos psíquicos que afecten a su imputabilidad o al conocimiento de la licitud de sus actos[130].

La familia de Pons Llobet contactó con un abogado en Madrid, José Luis Rodríguez Navarro, que procedía del Cuerpo Jurídico Militar. Este pidió que declarasen los empleados del Hispano, pues solo lo habían hecho ante la policía, con la clara intención de invalidar esa prueba, pero fue denegado en el acto. La familia de María Angustias Mateos reconsideró también su situación y buscó otro abogado con experiencia en causas militares: Federico de Valenciano Tejerina, que había sido fiscal militar en los años cincuenta y que siguió centrándose en mejorar la imagen de la joven: «su defendida, 16 años, una niña sin antecedentes penales y de buena conducta informada en autos, es ajena a las supuestas actividades políticas que menciona en la primera conclusión el fiscal militar». Pidió que testificasen de nuevo los empleados de banca, y que lo hicieran por primera vez sus padres. Al día siguiente, el juez lo denegó.

La defensa de Puig Antich también sufrió un cambio sustancial a comienzos de diciembre. Se incorporó Francisco de Asís Condomines Valls, una figura de gran prestigio en el mundo jurídico catalán. Había sido decano del Colegio de Abogados de Barcelona en 1951 y era miembro de la Academia de Legislación y Jurisprudencia de Cataluña. Su influencia política y profesional era por tanto mayor que la de ningún otro abogado defensor. Un recambio que parecía destinado a intentar alcanzar un acuerdo con el juez militar. Sin embargo, Condomines mantuvo desde el principio la negativa a reconocer la validez del proceso tras su paso a la jurisdicción militar, lo que le costó la enemistad manifiesta del juez y del fiscal militar, quienes no olvidaban, por otra parte, que tenían delante al decano del mismo colegio profesional que había impugnado el Decreto sobre Bandidaje y Terrorismo de 1960[131].

El 12 de diciembre de 1973, Condomines presentó un largo escrito alegando la inconexión de los delitos incluidos en la causa (los atracos y la muerte de Anguas, que había unido el jefe de Policía Julián Gil Mesas) y pidió «la vuelta a la jurisdicción ordinaria». Cambió el tono, pero siguió negando la existencia de un delito de terrorismo porque «no se desprende la existencia de un grupo estable, militarmente organizado, con miembros entrenados para el terrorismo que definitivamente implicaría la intervención del Ejército. Parece todo lo contrario. Actividad espontánea, esporádica, inconstante, desorganizada e inconcreta».

La petición de vuelta a la jurisdicción ordinaria y, en definitiva, el cambio en la defensa por un abogado más experimentado y de mucho mayor peso contrariaron especialmente al fiscal, el teniente coronel Barona, que respondió con rotundidad: «sí son manifestaciones de una misma actividad terrorista», y añadió que era el consejo de guerra quien debía decidir si era un delito de terrorismo o no. El 18 de diciembre, el capitán general de Barcelona apoyó al fiscal y acordó desestimar la vuelta a la jurisdicción ordinaria «con carácter inapelable». Dos días después, el 20 de diciembre, Condomines tenía que volver a Capitanía General para conocer la contestación a su escrito de alegaciones. Finalmente no se dirigió allí porque una noticia le dejó paralizado: hacia las nueve de la mañana el coche del jefe de Gobierno, el almirante Carrero Blanco, había saltado por los aires en Madrid. Olvidó el escrito, olvidó todo, solo veía la imagen de su defendido, al que estaba intentando librar, precisamente, de un delito de terrorismo. Consciente de la gravedad de la situación, volvió al bufete, en el que se encerró para redactar un nuevo escrito.

DENEGACIÓN DE PRUEBAS

El asesinato de Carrero Blanco aceleró el proceso. Al día siguiente, Condomines presentó un nuevo escrito de veinte folios en el Juzgado Militar n.º 3. Eran sus conclusiones provisionales. Negaba de nuevo la conexión entre el robo del Banco Hispano y la muerte de Anguas, fijando por vez primera un relato alternativo a la versión policial:

el procesado se vio sorprendido por unos individuos, que después resultaron ser policías, que le atacaron, obligándole a introducirse en el portal de la casa, le golpearon con la culata de una pistola en la cabeza, cayendo al suelo, y estando allí se produjo una reyerta, pelea o riña tumultuaria en el curso de la cual fue herido, y después falleció el que resultó ser el subinspector de policía don Francisco Anguas Barragán, sin que en ningún momento se haya demostrado que el disparo o los disparos efectuados por el procesado con una pistola que llevaba causaran la citada muerte.

A continuación insistió en que debía tenerse en cuenta la anormalidad psiquiátrica de su defendido, de la que había recibido tratamiento médico, que «se exacerbó con la conmoción sufrida por los golpes que recibió en la cabeza, dando lugar a un trastorno mental transitorio». Y concluyó pidiendo penas que correspondían al Código Penal ordinario por un delito como cómplice de robo y un homicidio en riña tumultuaria, con la atenuante de no haber intención de causar un mal de tanta gravedad. Su defendido, según el Código Penal ordinario, únicamente debía ser condenado a seis años por homicidio en riña tumultuaria.

Condomines pidió las siguientes pruebas documentales:

—Las actuaciones de un juicio de faltas tramitado por el Juzgado Municipal n.º 8 de Barcelona.

—Documentos que acreditasen la visita del comisario jefe, Gil Mesas, y del inspector Bocigas a Salvador Puig Antich en la cárcel.

—El recibo de las balas que la policía entregó al doctor Piulachs tras la operación del maxilar.

Solicitó también informes periciales:

—Médico psiquiátrico de la doctora Pérez Simó, para ver si su defendido padecía algún trastorno y si se vio agravado por los golpes en la cabeza.

—Balístico, posición de todos los posibles tiradores que intervinieron, trayectorias y distancias.

—Qué armas dejaron casquillo y cuáles no.

Por último, solicitó que testificasen dieciocho personas: todos los empleados de banca, todos los médicos que atendieron a Puig Antich y el jefe del Instituto Anatómico Forense de Barcelona. El juez aceptó que se aportara ese juicio de faltas, pero desestimó la prueba médica, al existir ya una practicada por médicos militares, y la prueba de balística «porque no resulta propuesta en forma». De los dieciocho testimonios solicitados, solo aceptó «aquellos que aparecen en los autos», es decir, los de los médicos de urgencias[132].

Pero ¿qué buscaba la defensa mostrando ese juicio de faltas? La noche de la muerte de Anguas, el mismo 25 de septiembre de 1973, la vigilancia policial se redobló en toda Barcelona. Dos agentes de paisano de la Tercera Brigada Político-Social localizaron a un sospechoso. Antes de detenerlo, enseñaron su placa, pero se produjo un forcejeo que terminó en lesiones leves. El caso terminó en un juicio por lesiones y una multa de cien pesetas. Con este ejemplo, Condomines quería demostrar que si otros policías de la Brigada PolíticoSocial habían procedido a una detención similar, pero con resultados claramente distintos, fue porque habían actuado de forma correcta: se identificaron como policías y no usaron la violencia. El caso de Puig Antich se agravó al no efectuar la detención de este modo: al sentirse rodeado por cinco personas vestidas de paisano, que le empujaban y golpeaban, y que le metieron después en un portal, su defendido había disparado para tratar de escapar, en un claro caso de riña tumultuaria.

En segundo lugar, el abogado se centró en demostrar que la policía había intimidado a su defendido en prisión, con la clara intención de invalidar la propia declaración de Puig Antich. El juez llamó al director de la cárcel Modelo, Juan de Toca Becerril, que certificó que no había registro alguno de visitas de ningún miembro de la policía a Salvador Puig Antich[133]. El abogado insistió, ya que su compañero de bufete, Francesc Caminal, que defendía a Salvador en prisión, así lo aseguraba. La tensión entre el juez y la defensa creció. En realidad lo hacía cada vez que un abogado dialogaba con alguien que no fuera militar. La única autoridad civil que pudo intervenir en esta fase, exceptuando a los médicos, cuyos informes fueron ignorados, fue de hecho Juan de Toca Becerril, que volvió a negar las denuncias de los abogados sobre coacciones y presiones de la policía en la propia cárcel.

Hijo del inspector de prisiones Jerónimo de Toca, que dirigió algunos de los penales más duros de la posguerra[134], De Toca Becerril alegó en dos ocasiones que en el libro de visitas no constaba nada al respecto. Sin embargo, en el Sumario 106-IV-73 quedó constancia de todo lo contrario. En un oficio fechado el 18 de octubre de 1973, el jefe de Policía, Julián Gil Mesas, solicitaba al juez Nemesio Alvárez visitar a Puig Antich en prisión. Petición que se produjo, precisamente, una semana antes de que este prestase declaración por primera vez ante un juez militar[135].

Con los testimonios de los médicos del hospital y, sobre todo, con el del director del Anatómico Forense, la defensa buscaba poner en entredicho la veracidad de un informe de autopsia realizado en comisaría. El doctor Barjau certificó «que no extrajo bala alguna al cadáver de Anguas, que a Puig Antich se le extrajeron dos, y que se las dieron a la policía» y adjuntó la fotocopia del recibo de entrega. Los casquillos habían desaparecido misteriosamente, pero el juez no permitió al abogado que siguiera preguntando por ese camino. El día 26 de diciembre, la defensa solicitó de nuevo pruebas psiquiátricas y de balística, las declaraciones de todos los médicos de urgencias y el personal sanitario de servicio la tarde de los hechos, añadiendo una queja formal por la denegación sistemática de las pruebas y solicitando la vuelta a la jurisdicción ordinaria.

Pero todo esfuerzo fue en vano. La Auditoría de Justicia de la IV Región, dirigida por el general Joaquín Lobón Valverde, contestó que no había duda alguna sobre la competencia de la jurisdicción militar, pues se estaban juzgando delitos de terrorismo y de seguridad del Estado. Sintiéndose de nuevo respaldado, el juez Nemesio Alvárez denegó la prueba de balística con un argumento muy particular: «debe eliminarse este medio de prueba, puesto que por la propia composición del tribunal sentenciador, sus miembros son profesionales de las armas y los términos en que se pide dicha pericia no exigen conocimientos especiales en una materia de carácter general y elemental».

Ahora era el juez el que parecía burlarse de los abogados. Acto seguido, invalidó la declaración del doctor Barjau, del Hospital Clínico de Barcelona, al no atenderla deliberadamente de manera formal. Nemesio Alvárez quería cerrar el caso, dar carpetazo. Denegó la declaración de más testigos, no más testimonios del personal sanitario que hubiera visto el cadáver de Anguas antes de su traslado a la comisaría. La última oportunidad para la defensa pasaba por interrogar a los psiquiatras militares que habían certificado que el estado mental de Puig Antich era normal.

En esta ocasión, el juez accedió, seguro de los médicos militares. El 29 de diciembre fueron citados para testificar. El fiscal preguntó al comandante Ruiz Ogara, que se había ratificado en su informe:

—¿Un sujeto afecto de un traumatismo craneal puede realizar las operaciones mentales necesarias para hacer puntería?

—Depende del tipo de intensidad del traumatismo —dijo Ruiz.

—Y ¿de un sujeto que dispara y da en el blanco puede decirse, desde el punto de vista médico, que tiene las facultades mentales suficientemente claras? —preguntó de nuevo.

El comandante Ruiz respondió:

—Depende del tipo de concentración mental que tuviera que hacer para hacer puntería en relación con la distancia, el tipo de blanco, puesto que un disparo automático a corta distancia no exige la concentración mental y la lucidez de un disparo sobre un banco difícil.

El abogado Condomines tomó la palabra y se dirigió al comandante Ruiz:

—Diga si dadas las características del procesado, este, después de ser golpeado en la cabeza, puede llegar a sufrir un trastorno mental que elimine o disminuya sus facultades volitivas o intelectuales.

El comandante Ruiz guardó silencio, se negó a contestar a un civil y únicamente dijo que se atenía «a lo declarado a preguntas del fiscal»[136].

La distancia entre aquellos dos mundos, agrandada por los recientes sucesos de Madrid, era ya insalvable. Finalizaba el año y la instrucción de la causa. El 31 de diciembre, el fiscal jurídico militar, el teniente coronel Barona, formulaba un escrito de acusación definitivo e idéntico al anterior: dos penas de muerte para Puig Antich, treinta años para José Luis Pons y seis años para María Angustias Mateos. Formalmente no había ninguna variación, aunque entre ambas fechas había sido asesinado el jefe de Gobierno y sucesor de Franco, el almirante Carrero Blanco.

Consciente de que había llegado el momento crucial para salvar la vida de Puig Antich, el abogado Francisco de Asís Condomines intentó desmontar de nuevo toda la causa, ampliando su estrategia a los otros dos procesados. Leyó un escrito en el que denunciaba la inconexión entre el atraco al Banco Hispano y la muerte del policía Anguas, sobre todo teniendo en cuenta que, al producirse los hechos del 25 de septiembre, José Luis Pons y María Angustias Mateos estaban en prisión y por tanto no pudieron tomar parte en ellos. Negó que existiera ningún grupo terrorista, todo eran «averiguaciones policiales» que no estaban probadas ni ratificadas, y, por último, reiteró su sospecha de que el sistemático rechazo de las pruebas que había solicitado podía producir «indefensión en su cliente»[137].

Recordando que se enfrentaba a un juez y a un fiscal que habían hecho la guerra y que habían desestimado la realización de una prueba de balística alegando que ellos eran profesionales de las armas, decidió emplearse en el razonamiento deductivo más que en el jurídico. Para ello desarrolló una secuencia de los hechos que desmontaba aquello que policía, jueces y fiscales habían unido desde el principio. Lo primero era negar la participación de Puig Antich en el atraco al Banco Hispano. Resultaba físicamente imposible que este fuera el autor de un robo con violencia si era el conductor que esperaba fuera del banco, como también reconocía el fiscal.

Se detuvo en reproducir los hechos del segundo delito: detención y muerte del policía Anguas. Lo que ocurrió en el portal de la calle Gerona, según Condomines, fue lo siguiente:

1)El 25 de septiembre la policía montó un servicio para detener a unas personas sin que esperasen la presencia de Puig Antich.

2)Los afectados se resistieron a los funcionarios, que de momento eran desconocidos, aunque más tarde declararon su condición de policías.

3)El procesado Salvador Puig Antich recibió varios puñetazos y golpes con la culata de la pistola en la cabeza por parte de uno de los policías, que le derribaron y provocaron conmoción y pérdida de conciencia.

4)El procesado disparó durante el forcejeo, al caerse o desde el suelo, estando sujeto por los hombros y casi inmovilizado. El número de disparos que se atribuyen al procesado son cuatro; los que resultan de la autopsia son tres. Los casquillos que se dicen recogidos son dos de calibre 38 y cuatro de 9 largo. Sin embargo, en la diligencia de terminación y remisión no aparecen como entregados al juzgado tales casquillos.

5)La prueba pericial de los médicos militares admite posible obnubilación.

6)En ninguna de las actuaciones se atribuye al procesado intención, propósito o deseo de matar a nadie, lo que incluso resulta imposible en las circunstancias en que se produjeron los hechos[138].

Llegado este momento, Condomines pasó a la argumentación jurídica. Primero apeló a la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de marzo de 1947, insertada en la edición del Código Penal de Cuello Calón, que señalaba como característico de toda riña «el mutuo acontecimiento en el que cada luchador procura esquivar los golpes ajenos, a la vez que asegurar el propio; situación que, de modo evidente, es lo que se produjo en el portal de la calle Gerona». A continuación, criticó la petición de la pena de muerte, ya que, tanto en el Código Penal ordinario como en el militar, debía ser siempre la última de una graduación y «no se impone jamás como pena única e incluso se procura no aplicarla». Y terminó con el siguiente alegato: «el acusado es un hombre joven, con una historia en la cual no pueden en modo alguno encontrarse antecedentes que conduzcan a un aumento de la severidad de las sanciones o que denote esa corrupción, que parece necesitar un largo tiempo de conducta, terrible, abominable, de suma maldad»[139].

El ataque a la fabricación de los antecedentes policiales fue una cuestión en la que las otras defensas, aunque desmarcándose de una crítica frontal al procedimiento militar, también decidieron emplearse a fondo. Para ello tenían que desmontar los antecedentes sociales que esgrimía la policía. El abogado de María Angustias Mateos, el más experimentado en causas militares, insistió en el contexto de crisis familiar que vivía su defendida, una menor de edad engañada y embaucada. Una imagen de víctima que nada tenía que ver con los excesos libertinos de una joven plenamente consciente e independiente que había dibujado el fiscal militar, al que reprochaba su acusación «de tildar de mala conducta a mi defendida la niña María Angustias, víctima de un ambiente social y familiar, que, no prestando la debida atención a una bondadosa persona y excelente estudiante, la proyecta hacia José Luis Pons Llobet, del que se enamora creyendo encontrar en él una acogida que no hallará donde debiera haberla hallado, en casa de sus padres».

El abogado de Pons Llobet, José Luis Rodríguez Navarro, del Colegio de Abogados de Madrid, insistió en que su defendido también era menor de edad, pero usó el argumento contrario, recordando que procedía de una familia de inmejorables antecedentes morales y políticos. Reconoció, sin embargo, que José Luis, «quizás por rebeldía», se enroló en el llamado MIL, pero no intervino nunca en ningún atraco. Eso no se había podido demostrar, por lo que le parecía inverosímil la petición del fiscal. «¿Cómo se puede condenar a un hombre a treinta años sin ni siquiera probar que estaba allí?», concluyó. Las pruebas que le incriminaban eran, cuando menos, irregulares: una rueda de reconocimiento en prisión y, sobre todo, una declaración que María Angustias, una niña de dieciséis años, firmó tras tres días de interrogatorio ante la policía y de la que se había retractado en presencia del juez militar.

Una batalla, la de desacreditar los antecedentes político-sociales de los tres jóvenes, que estaba perdida de antemano. El juez Nemesio Alvárez se había mostrado reacio en todo momento a reconocer a las defensas. Había pasado casi toda su vida profesional sin contar con abogados, en procesos en los que únicamente intervenían militares profesionales. Se limitó a denegar todas las pruebas, dando por válidas las actuaciones policiales, que proyectaban desde un principio hacia un consejo de guerra. De haberse realizado, tan solo, la prueba de balística, podría haber cuestionado que la muerte de Anguas fuera un homicidio. La autopsia habría puesto de manifiesto lo mismo. No fueron solo, por lo tanto, los interrogatorios policiales o las pruebas desaparecidas las que condujeron el proceso. Fueron también las que no se realizaron, las que el juez denegó sistemáticamente, las que resultaron determinantes.

La prueba de balística, la más crucial para fijar la procedencia de los disparos, fue rechazada; ni el parte de entrada de Puig Antich en el hospital ni su informe médico fueron tenidos en cuenta. El juez denegó la realización de otro informe de autopsia, ya que «las heridas del procesado no eran objeto de la causa», y rechazó el testimonio de la mayoría del personal médico que reconoció el cadáver del policía, incluido el del facultativo que firmó su certificado de defunción, el doctor Barjau, quien afirmó que el cadáver estaba «cosido a balazos». Bastó, por el contrario, la declaración del Secretario, firmada en comisaría, para validar la consigna oficial, la que dictara el jefe superior de Policía, Julián Gil Mesas, la misma tarde de los hechos: Puig Antich era el único autor de los disparos que habían acabado con la vida del policía Anguas Barragán.

Los agentes que participaron en la detención y en el tiroteo no fueron llamados a declarar hasta el 17 de noviembre. Para entonces, los acusados ya llevaban cerca de dos meses en prisión, y Puig Antich había sido elevado a la categoría de jefe teórico y militar de una banda terrorista, a pesar de que su nombre no aparecía en los papeles de los servicios de información anteriores a la muerte del policía. Ni siquiera estaba fichado.

El dictamen psiquiátrico, por su parte, fue realizado por dos médicos militares, que certificaron que el estado mental de Puig Antich era de «normalidad». Un informe externo difícilmente hubiera reconocido de esta manera el estado anímico de cualquier persona que hubiera sido golpeada hasta perder el conocimiento y operada de urgencia tras recibir dos disparos en hombro y mandíbula. El joven de veinticinco años que acababa de pasar por aquella experiencia prestó declaración en la habitación del hospital. Al día siguiente, todavía sedado y conmocionado, un juez y un secretario judicial se personaron otra vez en su habitación para tomarle de nuevo declaración. Y en esta ampliación ya no aparecía domiciliado en casa de sus padres, sino en un sótano donde la policía había encontrado libros prohibidos, propaganda subversiva y una importante cantidad de dinamita. En ninguna de las dos contó con presencia de un abogado.

Sin contrapeso documental ni pericial alguno, sin defensa en definitiva, los testimonios de los detenidos (obtenidos bajo torturas físicas y psíquicas, y con coacciones e intimidaciones que se prolongaron en prisión) y los informes de antecedentes personales elaborados con posterioridad a los hechos decantaron el desarrollo del proceso. La instrucción podía darse por terminada. El atentado contra Carrero Blanco, ocurrido el 20 de diciembre de 1973, aceleró el caso, pero no varió su rumbo: se declararon hábiles los días de las vacaciones de Navidad y el último día del año el fiscal militar, José María Barona Arroyo, pidió las mismas penas para los tres acusados: muerte, treinta, y seis años de prisión[140]. Tan solo unas horas después, un miembro del Cuerpo Jurídico Militar, Carlos Arias Navarro, ministro de la Gobernación y antiguo director general de Seguridad, era nombrado presidente del Gobierno.

5

Causa ejemplar

Un consejo de guerra está constituido por oficiales españoles que son hombres de honor y que han hecho un culto de cumplimiento de su deber en el servicio de la patria (aplausos). Una ofensa al Ejército es una ofensa a todo el pueblo español.

Discurso del almirante Carrero Blanco ante las Cortes, 21 de diciembre de 1970

Es conveniente la asistencia al consejo de diverso personal de probada rectitud patriótica con el objeto de restar puestos a posibles correligionarios de los procesados, así como tener previstas las reacciones del Colegio de Abogados y otras entidades. Está previsto un equipo de médicos militares para el caso de que algún abogado, con la finalidad de retrasar el consejo, alegue a última hora alguna enfermedad.

«Consejos de guerra contra activistas MIL e incidentes térmica de San Adrián», Segunda Sección, IV Región Militar, Barcelona, 2 de febrero de 1974

CONSEJO DE GUERRA

La consigna que recorrió todo el proceso fue la rapidez. Pasó a la jurisdicción militar tras la muerte de un policía. La instrucción se terminó en poco más de mes y medio, gracias a la denegación de las pruebas solicitadas por las defensas. Tan solo quedaban ya unos pocos pasos para el consejo de guerra. La figura clave en esta última fase del proceso, quien controlaba el tiempo y la composición del propio tribunal, era el capitán general de Cataluña. Se trataba de Salvador Bañuls Navarro, de 64 años, que había desarrollado una ascendente carrera en el Ejército que culminó como máxima autoridad de la IV Región Militar. Teniente general, héroe de la Cruzada y de la División Azul, varias veces condecorado por ello, Bañuls era una figura de referencia principal para el mundo castrense de comienzos de los años setenta. En sus manos estaba el resultado del caso[141].

Impresionado todavía por la muerte de Carrero Blanco, aceleró su tramitación el 31 de diciembre. Firmó la orden del fin de la instrucción y decretó el paso al consejo de guerra, que debía celebrarse el 8 de enero de 1974. Preocupado porque el caso pudiera coincidir con el juicio por un conflicto laboral con graves desórdenes en la central térmica de Sant Adrià del Besós, en los que resultó muerto un obrero (finalmente ese juicio no se celebraría hasta el 7 de febrero), Bañuls pidió un informe de medidas de seguridad para la celebración de ambos consejos de guerra.

El informe, elaborado el 2 de enero de 1974, proponía intervenir directamente ambos procesos de principio a fin. Aunque atribuía menor riesgo al proceso del MIL, recomendaba adoptar las mismas precauciones en los dos casos:

Probablemente por pertenecer los acusados a un grupo anarquista, despierta menor interés y simpatías; no obstante no dejará de ser explotado en contra de la represión y la jurisdicción militar. Debido precisamente a la tendencia de los procesados es posible que grupos similares intenten realizar alguna acción terrorista. En consecuencia de lo anterior, no obstante las características particulares de cada uno de los consejos de guerra, se propone tomar en ambos idénticas medidas de seguridad[142].

Se proponen a Vd. las siguientes medidas:

Composición del tribunal. Con amplia anticipación elegir y designar:

Presidente. Una vez elegido, aunque no haya sido designado aún, imponerle perfectamente en su misión para dialogar en igualdad de condiciones con los defensores.

Vocales. Elegir capitanes resolutivos.

Ponente. Entrevistas previstas con el presidente, para concretar y relacionar posibles actuaciones de la defensa que salgan del tema concreto, para cortarlos sin necesidad de consulta durante el consejo.

El resto de instrucciones se referían a medidas de seguridad del edificio, entradas, salidas, automóviles, acreditaciones, etcétera, todo lo relativo a la logística para unos juicios que se celebraban en audiencia pública y previsiblemente podrían llenarse de estudiantes universitarios y obreros, por lo que se prescribieron las siguientes medidas:

Es conveniente la asistencia al consejo de diverso personal de probada rectitud patriótica con el objeto de restar puestos a posibles correligionarios de los procesados, así como tener previstas las reacciones del Colegio de Abogados y otras entidades. Está previsto un equipo de médicos militares para el caso de que algún abogado, con la finalidad de retrasar el consejo, alegue a última hora alguna enfermedad.

El 5 de enero, el general en jefe del Estado Mayor, José Morillo Galcerán, firmó la orden para que se celebrara el consejo de guerra del MIL. Decretó la máxima seguridad ante la posibilidad de incidentes y pasó a designar formalmente a los miembros del tribunal, que habían sido elegidos con anterioridad siguiendo las instrucciones. Como presidente de la sala, el coronel de Ingenieros Carlos González de Pablos; como ponente jurídico, el joven capitán Carlos Rey González. Citó además a los tres vocales restantes, los jóvenes «capitanes resolutivos» Matías Zaragoza, Fernando Mota y José Ruiz Pando. Ordenó, por último, la presencia en el juicio de los capitanes suplentes, algo que no era habitual[143].

Composición del consejo de guerra, 8 de enero de 1974

Presidente

Carlos González de Pablos, coronel de Ingenieros

Vocales

Matías Zaragoza de Viala, capitán de Artillería

Fernando Mota Calderón, capitán de Artillería

José Ruiz Pando, capitán de Infantería

Suplentes

Manuel Miquel Servet, capitán de Infantería

Pedro Martí Robles, capitán de Artillería

Vocal ponente

Carlos Rey González, capitán auditor

Fiscal jurídico militar

José María Barona Arroyo

La prensa local se hizo eco del caso:

Por la mañana y tarde del día de ayer, se celebró en el salón de actos del Gobierno Militar, el consejo de guerra en la causa instruida por el Juzgado Militar Permanente número 3, contra Salvador Puig Antich, José Luis Pons Llobet y María Angustias Mateos Fernández, por los presuntos delitos de terrorismo por los dos primeros y de complicidad en el de robo, en cuanto a la última. A las nueve y cuarto de la mañana, acordose la audiencia pública y la sala quedó inmediatamente llena de público, en el que abundaban elementos jóvenes, al parecer estudiantes como los tres procesados. Había sitios en la sala reservados para los periodistas y para los abogados togados, que asistieron al acto[144].

Los rotativos describían el juicio con total normalidad, como si se tratara de un asunto legal cotidiano, casi anecdótico. No advertían, claro está, que aquel pudiera tener alguna consecuencia para los tres jóvenes de dieciséis, diecisiete y veinticinco años que se enfrentaban a un consejo de guerra, compuesto por siete hombres más mayores, militares profesionales, vestidos con su uniforme de gala, guantes blancos, sable y pistola. Siete oficiales de carrera que tenían todavía en la retina la imagen del coche destrozado del almirante Carrero Blanco, asesinado menos de tres semanas atrás.

Para la prensa extranjera el juicio no pasó desapercibido. Pero allí el proceso fue descrito como «un tribunal de excepción incomprensible en 1974 y absolutamente contrario a los derechos humanos»[145]. El representante de la Comisión Internacional de Juristas, auspiciada por la ONU, el abogado suizo Christian Grobet, lo describió como una «farsa» y señaló que arrastraba los siguientes defectos:

casi todo el sumario está construido con documentación policial, la intervención del juez instructor apenas se dejó notar, no se aceptaron los testigos de la defensa, no se realizó la autopsia del cadáver (o se hizo en una comisaría) y, sobre todo, no se tuvo en cuenta la falta de premeditación como atenuante, dadas las circunstancias en que se produjeron los hechos[146].

En el Sumario 106-IV-73 se conserva el acta completa del consejo de guerra, transcrita por el secretario judicial Manuel Carballo[147]. El fiscal, el teniente coronel José María Barona, inició el interrogatorio. Y lo primero que hizo fue seguir la ampliación de la declaración que el juez José Luis Bermúdez de la Fuente tomara a Puig Antich en el hospital. La misma en la que había cambiado su domicilio habitual por un sótano donde la policía había encontrado explosivos. Barona se dirigió a Puig Antich y le preguntó directamente:

—¿Sigue usted siendo inquilino del sótano de la calle de Nuestra Señora del Coll?

—No —respondió Puig Antich.

—¿Depositó usted los cartuchos y explosivos allí encontrados en el antes mencionado sótano?

—No.

—¿A qué atribuye que estuvieran allí?

—Podían haber sido depositados por otros compañeros.

—¿Con quién vivía allí?

—Con los franceses Jean Marc Rouillant y Jean Claude Torres.

—¿Quién pagaba el alquiler?

—Se pagaba a través de la caja de ahorros, no sé a nombre de quién iba la cuenta.

—¿Vio los explosivos allí depositados?

—No.

—¿Cuál fue el último día que estuvo allí?

—El 25 de septiembre a las once de la mañana.

—¿Sabía de la existencia de propaganda subversiva en el sótano?

—Sí.

—¿Cuánto tiempo hacía que guardaba la mencionada mercancía?

—Cuatro días.

—¿Cuál era la finalidad de la misma?

—Quería repartirla.

—¿Es militante de la organización clandestina MIL?

—Sí, desde finales de 1972.

—¿Conoce a los hermanos Solé Sugrañes?

—Sí.

—¿Ha estado en Francia?

—Sí.

—¿Quiénes tomaron parte en el atraco a la sucursal del Banco Hispano Americano?

—Jean Marc Rouillant, Jorge Solé y yo.

—¿No tomó parte José Luis Pons Llobet? —preguntó el fiscal rápidamente.

—No.

—¿Por qué declaró en el Juzgado 21 y ante el fiscal que en el mencionado atraco había tomado parte el procesado José Luis Pons Llobet?

—Debido a la insistencia de la policía.

El fiscal pidió que se leyera la declaración que Puig Antich prestó ante el juez militar, tras un careo y posterior rueda de reconocimiento, que incriminaba a Pons Llobet en el atraco al Banco Hispano.

Terminó la lectura y el fiscal prosiguió el interrogatorio.

—¿Qué armas utilizaron en el atraco?

—Una metralleta marca Stern, una pistola 9 especial y una Star 7,65.

—¿Disparó desde el interior del coche?

—No.

—¿Cuánto dinero sustrajeron?

—Un millón cien mil pesetas.

—¿Quién se llevó el dinero sustraído?

—Jorge Solé.

—¿El día 25 acudió a una cita en la calle Consejo de Ciento esquina Gerona?

—Sí, con el Petit, y el Secretario.

—¿Por qué iba armado?

—Por miedo a la policía.

—¿Llevaba el arma cargada y montada?

—Sí.

—¿Qué armas llevaba?

—Una pistola Rommer en el bolsillo de la chaqueta, cargada y sin montar, y una pistola Astra en la parte posterior del pantalón, cargada y montada.

—¿A fin de qué razones era la cita?

—Hablar sobre la organización de la biblioteca clandestina.

—¿Cómo se identificó la policía?

—Diciendo «Quietos, somos policías», pero no vi que enseñaran ninguna insignia.

—¿Cuántos disparos efectuó?

—Uno o dos.

—¿Disparó apuntando al subinspector Anguas?

—No.

—¿Perdió el conocimiento?

—Sí.

—¿Ha visto las balas que le extrajeron en el servicio de urgencias y las reconocería si las viera de nuevo?

—Sí.

Le enseñaron las balas que le habían extraído en el hospital. El fiscal se sentó; había llegado el turno de la defensa de Puig Antich.

El abogado Francisco de Asís Condomines siguió la misma táctica que había utilizado desde que se hiciera personalmente cargo del caso: negar que el MIL fuera un grupo organizado, y mucho menos terrorista, y negar la participación directa de Puig Antich en el atraco al Hispano. Por otra parte, era preciso demostrar que la muerte de Anguas se produjo en el proceso de una pelea multitudinaria en la que el policía pudo ser alcanzado también por el fuego cruzado de sus propios compañeros. Las pruebas de balística se habían denegado y la autopsia era del todo irregular. Salvador disparó, pero con la intención de huir, nunca de matar.

—¿Qué papel desempeñó en el atraco perpetrado en la sucursal del Banco Hispano? —preguntó Condomines.

—Conducía el vehículo para la fuga —respondió Salvador Puig Antich.

—¿Cuál es el domicilio del MIL?

—No tiene.

—¿Qué tipo de gobierno impera dentro de la organización?

—Ninguno.

—¿De qué eran los folletos?

—De propaganda.

—Los miembros de la referida organización ¿perciben algún sueldo fijo?

—No.

—Los atracos relatados en sus declaraciones ¿son reales o hay en ellos fantasías?

—Son reales.

—¿Ha sido anteriormente detenido por alguno de ellos?

—No.

—Cuando empezó la reyerta en la calle Gerona, ¿es cierto que dijo que los inspectores les dijeron «Quietos, somos policías» en la calle y los obligaron a entrar en el portal comenzando la reyerta?

—Sí.

—¿Le pegaron, perdió sangre y el conocimiento?

—Sí.

—¿Cuántos policías le pegaron?

—Tres o cuatro.

—¿Qué posición tenía al empezar a disparar?

—Me estaba cayendo.

—¿Apuntó intencionadamente?

—No tuve intención de herir a nadie, disparé sin apuntar.

—¿Desde cuándo conoce a María Angustias Mateos?

—Desde febrero de 1973.

—¿Quién planeó el atraco del Hispano?

—Jorge Solé.

—¿Tiene confianza en la procesada María Angustias Mateos?

—Sí, es la novia de un compañero.

—¿Conocía María Angustias Mateos el atraco al Banco Hispano?

—No.

—¿Por qué fue, pues, al referido banco?

—Para saber si había policías, pero no por eso conocía que se iba a realizar el atraco.

El segundo en ser interrogado por el fiscal fue José Luis Pons Llobet.

—¿Es usted militante del MIL? —preguntó el fiscal.

—Sí.

—¿Qué inspiración política tiene dicha organización?

—Comunista.

—¿A través de quién tomó contacto con ellos?

—Por Jorge Solé.

—¿En qué fecha?

—A primeros de 1973.

—¿Cuándo fue detenido?

—El 16 de septiembre de 1973.

—¿Dónde?

—En la Cerdaña.

—¿Quién más fue detenido?

—Oriol Solé.

—¿Por qué fueron detenidos?

—Por una expropiación de una caja de ahorros.

—¿Con anterioridad ha cometido alguna otra expropiación?

—No.

—¿Estuvo en Francia con la procesada María Angustias Mateos?

—Sí.

—¿Con quién se relacionaba en Francia?

—Con Salvador Puig Antich, Oriol Solé, Jorge Solé, Jean Marc Rouillant.

—¿Junto con quién intervino en el atraco del Hispano?

—Yo no intervine en dicho atraco.

—¿Qué tipo de relación tenía con la procesada María Angustias Mateos?

—Afectiva.

—¿Sabe con quién vive la procesada?

—Con sus padres.

—¿Cuándo se quitó usted la barba?

—En septiembre.

—¿Y hace mucho tiempo que la lleva?

—Desde el verano[148].

Los dos fiscales de la causa, primero el civil Del Toro para pedir el traslado a la jurisdicción militar, y ahora el fiscal militar en el propio consejo de guerra, utilizaban la declaración que firmó María Angustias Mateos, de dieciséis años, en su tercer día de estancia en comisaría, para volver a incriminar a José Luis Pons en los atracos y en la existencia de una banda armada. El detalle de la barba, que solo podían conocer a través de ella, era suficiente para incriminarle en los atracos. Preocupado por la presión que estaba recibiendo, el abogado José Luis Rodríguez Navarro solo hizo tres preguntas a su defendido:

—¿Ha reconocido alguna vez haber participado en el atraco del Banco Hispano?

—No —dijo José Luis.

—El 2 de marzo de 1973, ¿estaba usted integrado en la organización clandestina MIL?

—No.

—¿Cuándo se integró en dicha organización?

—No lo recuerdo.

El abogado defensor de María Angustias, por su parte, únicamente preguntó si ella pertenecía a la citada organización MIL. José Luis lo negó añadiendo que sus conversaciones eran solo personales «y nunca habían hablado sobre la citada organización». En ese momento intervino el ponente, el capitán Carlos Rey González, que asesoraba jurídicamente al tribunal militar, para preguntar la razón por la que María Angustias fue entonces al Banco Hispano.

—Para ver si había policías —dijo José Luis.

Había llegado el turno de hacer preguntas a María Angustias.

—¿Cuánto tiempo hace que conoce al procesado José Luis Pons? —dijo el fiscal.

—Hace cuatro o cinco años.

—¿Es usted natural de Granada?

—Sí.

—¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que vino de allí?

—Diez u once años.

—¿Ha estado en Francia?

—Sí.

—¿Con quién se relacionaba en Francia?

—Con José Luis Pons.

—¿Fue al Banco Hispano por iniciativa de Salvador Puig Antich por si había policías?

—No.

—¿Fue al Banco Hispano por iniciativa de José Luis Pons?

—No.

El fiscal terminó y cedió el turno al abogado de María Angustias, Federico de Valenciano Tejerina, quien volvió a insistir en que el resto de los procesados la habían utilizado y ella había sido una víctima, débil e ignorante, de todo lo que ocurría a su alrededor. Mantuvo el argumento de su minoría de edad, civil e intelectual, y reforzó la imagen de integridad moral que el fiscal se había empleado en rebajar. La relación que María Angustias mantenía con José Luis era conocida y consentida por los padres de ambos, volvía a repetir, algo perfectamente legal en el ordenamiento jurídico español.

—¿Han vivido José Luis Pons y usted fuera del domicilio de sus padres?

—Sí.

—¿Cuántas veces y cuánto tiempo?

—Desde junio de 1972.

—Las conversaciones que mantenía con José Luis Pons ¿eran de política?

—No.

—¿Le interesa a usted la política?

—No.

—¿A qué se dedica usted?

—Estudio 6.º de Bachillerato y cuido niños.

—¿Quién pagaba los gastos del piso?

—José Luis pagaba el piso y mis gastos particulares los pagaba yo con el dinero que ganaba de cuidar niños.

—¿Le ha hecho regalos José Luis Pons?

—No.

—¿Quién le pagaba la ropa?

—Yo.

—El 2 de marzo de 1973 ¿fue por indicación del procesado Salvador Puig Antich al Banco Hispano?

—No.

—¿A qué atribuye que ahora Salvador Puig Antich diga lo contrario?

—No lo sé.

El vocal ponente, Carlos Rey González, insistió en su participación, y preguntó:

—¿Por qué había declarado ante la policía y en el Juzgado 21 que había ido a las inmediaciones del Banco Hispano?

—Esas declaraciones no las hice yo, no vi lo que firmaba —contestó María Angustias.

A continuación fueron llamados dos empleados del Banco Hispano a declarar. Uno de ellos reconoció a José Luis Pons:

—Era el que llevaba la pistola pequeña y me apuntaba mientras el otro cogía el dinero, pero no lo puedo asegurar porque llevaba barba.

El fiscal preguntó por María Angustias, pero tampoco la reconoció. El otro testigo coincidió, dijo que José Luis era el más parecido, pero que el de entonces llevaba barba, por lo que no pudo ser el que se llevó el dinero. Ante la insistencia del fiscal, el testigo concluyó que «era el más parecido»[149].

Llegó el turno de los médicos militares, Carlos Ruiz Ogara y Manuel Ruiz Ruiz. Condomines se dirigió a ellos, recordando que hacía solo una semana el primero se había negado a contestarle.

—¿Tienen alguna aclaración que hacer al informe médico psiquiátrico que redactaron?

—No —respondieron los dos.

—¿Podía el procesado Salvador Puig Antich tener suficientes facultades volitivas después de los golpes recibidos de afinar la puntería?

—Depende de la intensidad de los golpes recibidos —aseguraron los dos.

—En relación con la conmoción cerebral que consta dos veces en el sumario, ¿puede afirmarse que existen distintos grados en la referida conmoción?

—Sí —respondieron con seguridad.

En su turno el fiscal solamente preguntó:

—¿Consideran que el golpe pudo producir trastornos mentales en el procesado?

—Depende de la intensidad del golpe —volvieron a responder.

Se hizo un silencio, un espacio de tiempo que el abogado de Puig Antich iba a utilizar para poner en duda este informe psiquiátrico, contrastándolo con los forenses. Condomines preguntó al forense Gabriel Sánchez Maldonado sobre el informe de autopsia del policía Anguas.

—¿Practicó usted la autopsia al difunto subinspector Anguas?

—Sí.

—¿Por qué se practicó dicha autopsia en la comisaría de Policía?

—Estaba debidamente autorizado por el señor juez y la comisaría reúne las condiciones necesarias para realizarla, e incluso al estar autorizado por el señor juez se puede realizar en el propio domicilio —respondió Sánchez Maldonado.

—Tras la autopsia, ¿se embalsamó inmediatamente el cadáver? —preguntó Condomines.

—Sí.

—¿Podrían ser del mismo tipo las tres heridas que se aprecian en el cadáver del difunto policía?

—Las heridas no difieren en medidas.

—¿Qué dirección tenían las perforaciones en el cuerpo?

—Dos heridas oblicuas, una de abajo arriba y otra del mismo sentido torácicas, y una tercera ligeramente horizontal[150].

Condomines había pedido que testificara todo el personal médico del Clínico que había estado de servicio la tarde del 25 de septiembre de 1973, pero el juez solo autorizó a dos testigos, los doctores Esquerra y Piulachs, y no dejó que declarara el doctor Barjau Viñals, quien precisamente había certificado la muerte de Anguas y ordenado su traslado al Anatómico Forense.

Condomines preguntó primero al cirujano Josep Esquerra:

—¿Cuántos orificios oyó decir que presentaba el citado inspector?

—Cinco —contestó.

—¿Atendió usted a Salvador Puig Antich? —preguntó al doctor Xavier Piulachs, que asintió.

Condomines pasó a ser más preciso:

—¿La conmoción afectaba o podía afectar la inteligencia del procesado?

—En aquel momento, sí —dijo el doctor Piulachs.

No hizo más preguntas; el fiscal se dispuso a neutralizar la afirmación:

—¿La conmoción podía ser debida a los impactos de bala?

—Sí, pero no lo puedo precisar —contestó Piulachs, dejando en tablas los testimonios de los médicos civiles y militares.

Llegó el turno de los policías de la Sexta Brigada Político-Social, Santiago Bocigas Vallejo y Timoteo Fernández Santórum. Condomines preguntó primero al inspector Bocigas.

—¿Qué destino tenía el día 25 de septiembre de 1973?

—Era jefe del grupo especial para la desarticulación del MIL.

—¿Cómo se montó el servicio ese día?

Bocigas explicó que, con motivo de conocer a través del Petit la cita que tenía con el Secretario, se montó un operativo a fin de detener al Secretario en el momento en que acudiera a la cita, cosa que no realizó solo, ya que apareció acompañado de Salvador Puig Antich. Después de identificarse como policías, intentaron su detención, pero ofrecieron gran resistencia, por lo que se vieron obligados a conducirlos dentro del portal.

Condomines interrumpió el relato, que ya conocía de sobra, y preguntó:

—¿El procesado Puig Antich estaba cogido por algún policía en el momento en que disparó?

—No —contestó el inspector.

—¿Cuántos disparos efectuó?

—No lo recuerdo.

—¿Cuánto personal componía el grupo especial?

—Seis personas.

—¿Y cuántos había dentro del portal?

—Cinco.

Condomines paró aquí el interrogatorio porque lo que ocurrió dentro del portal prefería discutirlo con el policía Timoteo Fernández Santórum.

—¿Cuál fue su intervención personal después de entrar en el portal?

—Como no pudimos reducir al procesado en ningún momento, metimos en el portal a Salvador Puig Antich, junto con el Secretario y cinco policías; tres nos ocupamos de Salvador Puig y tuve que golpearle en la cabeza —dijo Fernández Santórum.

—¿En qué posición estaba Puig Antich cuando sacó la pistola?

—Estaba inclinado cayendo hacia atrás —dijo Fernández Santórum recordando la dirección de los proyectiles que indicaba el informe de autopsia.

—¿Disparó usted contra Puig Antich?

—Sí.

Intervino entonces el fiscal, que solo se dirigió a Fernández Santórum:

—¿Qué número de disparos efectuó Salvador Puig Antich?

—No lo sé.

—¿Disparó usted a Puig Antich después de ver caer al policía?

—Sí.

El presidente del tribunal, González de Pablos, preguntó directamente a Fernández Santórum:

—¿Cuántos disparos efectuó usted?

—Dos —respondió.

Era lo que quería escuchar la defensa, que había sembrado dudas desde un principio sobre la cantidad y procedencia de los disparos, afirmando veladamente que el cadáver de Anguas había recibido cinco balazos. Esos dos disparos de Fernández Santórum, que después de este incidente fue retirado del servicio para gozar de unos meses de «vacaciones», podían haber alcanzado a Anguas, por eso habían hecho la autopsia en la propia comisaría, por eso se negaban a hacer pruebas de balística y por eso habían hecho desaparecer los casquillos de bala. Condomines, que estaba seguro de todo esto, renunció al resto de los testigos.

SENTENCIA Y CONFIRMACIÓN

Era la una y media. El presidente dio por terminadas las pruebas y suspendió la sesión para comer. Se reanudó a las tres con la lectura de las conclusiones definitivas. El fiscal, José María Barona, mantuvo la petición de dos penas de muerte para Puig Antich, treinta años de reclusión para José Luis Pons (a los que añadía fuertes indemnizaciones al contable del Hispano y a los familiares del policía muerto) y seis para María Angustias Mateos como cómplice. No había dudas ya de que «cuando Salvador Puig Antich disparó sabía que lo hacía contra un policía con premeditación. Cuando José Luis Pons entró en el Banco Hispano, entró armado»[151].

Condomines alegó de nuevo inconexión entre los dos casos, ya que los hechos del Banco Hispano ocurrieron el 2 de febrero y los de la calle Gerona, el 25 de septiembre. «Salvador Puig Antich nunca entró en el banco, si solo estaba para tocar la bocina, ¿cómo es que no se le aplica el artículo 233 del Código Penal común?». En cuanto a la muerte de Anguas, insistió en que la detención fue irregular, lo que sin duda precipitó el fatal desenlace:

lo que piensa en aquel momento el acusado es escapar y la huida no la facilita el apuntar sino el disparar, y así lo hace al azar, con la intención de poder huir. Puig Antich disparó cuando se vio golpeado por los agentes. ¿Esto es un delito de terrorismo, de asesinato? Intención no hay, luego no es asesinato, luego no se pasa a pena de muerte, sin agravantes, sino que queda en reclusión.

El abogado de Pons, Rodríguez Navarro, se empleó con más firmeza de lo habitual para negar la presencia de su defendido en el Banco Hispano, sobre todo por las dudas que habían mostrado los testigos: «el reconocimiento que por los testigos se hizo en su momento, se realizó por un parecido, parecido que solamente puede llevar a errores de tipo judicial y que en efecto en el consejo de guerra ha quedado aclarado cuando ninguno de los testigos mantiene que José Luis Pons sea uno de los individuos que entró en el banco». La primera declaración de María Angustias tomada por la policía no podía ser válida porque ella misma la había invalidado diciendo que fue presionada por los agentes. Su defendido había negado siempre haber estado en dicho lugar, por lo que pedía la absolución.

El defensor de María Angustias, De Valenciano Tejerina, también apuntó a esa línea de flotación para invalidar las declaraciones en comisaría. Fue más explícito que nunca en mostrar su principal argumento: la minoría de edad de su defendida. «No se recibieron las declaraciones a M.ª Angustias con unidad de acto, algunos de los folios no aparecen firmados por la interesada y en fin, basta con conocer cómo se expresa la interesada para concluir que es imposible atribuir a la misma los términos gramaticales de los repetidos atestados». No era cierto que hubiera ido a vigilar si el banco tenía presencia policial; no estuvo, pero, incluso siendo válida la tesis del fiscal, María Angustias no resultaba cómplice porque nada sabía de los propósitos de los autores. Su relato final apelaba igualmente al sentido jurídico de los miembros del tribunal: «confía la defensa de María Angustias, en que tal fórmula híbrida de acusación, lleve consigo el estigma común a todos los híbridos, la infecundidad. Nada más, señores del consejo»[152].

El presidente se dirigió a los tres jóvenes, a los que preguntó si querían hacer alguna manifestación. Ninguno contestó. Se cerró la sesión y el tribunal pasó a sesión secreta para deliberar y dictar sentencia. Eran poco más de las seis de la tarde y sus miembros se retiraron a un salón interior del edificio. Cansados por el tenso y largo juicio, los jóvenes capitanes se desplomaron en las sillas. El presidente y el ponente, coronel y capitán respectivamente, repasaban los términos de la sentencia en una mesa. Al fondo de la sala seguían amontonadas las pruebas que habían visto por la mañana. En un primer plano sobresalían las pistolas, las pelucas y las bolsas de dinero de los bancos… Detrás se amontonaban las revistas, los libros y los folletos incautados. En una de las revistas podía leerse la palabra CIA (Conspiración Internacional Anarquista) y dentro se veía a dos jóvenes haciendo el amor. Sobre la misma mesa donde terminaron de redactarse los términos de la sentencia estaban alineados los cartuchos de dinamita francesa que la policía encontró en el sótano del paseo de Nuestra Señora de Coll, convertido desde aquel día en domicilio habitual de Puig Antich. Literatura política, pornografía y dinamita. Mala conducta, delincuencia y peligrosidad social. Estas eran las señas de identidad del terrorismo juvenil que azotaba el país y que, a tenor de la sentencia, marcaron profundamente al tribunal.

Reunido el consejo de guerra para ver y fallar la causa ordinaria n.º 106-IV-73, instruida por el Juzgado Militar Permanente n.º 3 de esta plaza, por dos supuestos delitos de terrorismo contra los procesados, los paisanos Salvador Puig Antich, alias Metge, de 25 años de edad, soltero, estudiante, hijo de Joaquín y de Inmaculada, natural y vecino de Barcelona, de mala conducta y sin antecedentes penales; José Luis Pons Llobet, alias Queso, de 17 años de edad, soltero, estudiante, natural y vecino de Barcelona, hijo de Juan y de Elena, de mala conducta y sin antecedentes penales; y M.ª Angustias Mateos Fernández, de 16 años de edad, soltera, estudiante, natural de Granada y vecina de Barcelona, hija de Ramón y de M.ª del Carmen, de mala conducta y sin antecedentes penales, todos ellos en situación de prisión preventiva en razón de los hechos perseguidos en esta causa…[153]

La sentencia, de tres folios, consideraba como hechos probados que Salvador Puig Antich y José Luis Pons eran miembros activos del MIL, «organización clandestina de carácter anarquista que tiene como finalidad el llevar a cabo acciones armadas en el territorio español contra el orden institucional establecido, provocando la revolución por medio de la violencia, para lograr como objetivo final la instauración del denominado “comunismo libertario”». La definición de anarquista era lo único nuevo, porque el resto seguía a pie juntillas la versión policial desde el principio del proceso: tanto en lo referente al atraco al Banco Hispano Americano en el que quedó ciego el jefe de contabilidad como, muy especialmente, en el relato en torno a la muerte de Anguas, copia literal de las diligencias policiales que hiciera el comisario Gil Mesas la noche de autos.

Ambos discursos, como puede verse a continuación, eran prácticamente idénticos:

Poniendo en práctica los postulados de extrema violencia de la organización a la que pertenecía y de ataque cuando fuera preciso a las fuerzas del servicio del orden institucional, el procesado, se arrojó de espaldas, cayendo al suelo sobre el inspector sr. Bocigas, que le sujetaba, al tiempo que sacando una segunda pistola Astra de 9 mm que llevaba oculta en la cintura, cargada y montada igual que la anterior, hizo 4 disparos contra el subinspector d. Francisco Anguas, alcanzando tres de ellos su destino. Ante este hecho el inspector Fernández Santórum hizo dos disparos sobre Salvador Puig Antich, habiendo curado de sus heridas sin defecto ni deformidad. Posteriormente se comprobó que Puig Antich llevaba además de las dos pistolas dichas, dos cargadores con balas del 9 largo y una navaja.

Los hechos constituían un delito de terrorismo y se imponían las penas solicitadas con ligeras rebajas. Salvador Puig Antich fue condenado a treinta años por un delito de terrorismo (el atraco al Banco Hispano, en el que había sido conductor del 127 amarillo) y a la pena de muerte por el homicidio del inspector Francisco Anguas. José Luis Pons fue condenado a treinta años de reclusión mayor por un delito de terrorismo y María Angustias Mateos, a cinco años de cárcel por cómplice. Puig Antich y Pons Llobet debían indemnizar con 800.000 pesetas al jefe de contabilidad que perdió la vista y con un millón a la familia de Anguas Barragán[154].

Al día siguiente, el 9 de enero de 1974, los tres jóvenes conocieron esta sentencia en la cárcel y en presencia de sus abogados. No sería firme hasta que no la aprobase el capitán general de Cataluña, pero apenas quedaba tiempo para recurrir. El día 10 se insertaron en la causa, folios 503-526, los recursos de apelación. El primero en presentarlo fue el abogado de María Angustias Mateos, negando que fuera cómplice y añadiendo que su defendida había sido víctima de una condena ejemplar, que era lo que realmente buscaba la sala. Rodríguez Navarro, el abogado de Pons Llobet, atacaba también una condena tan excesiva, ya que por el mismo delito condenaban al otro acusado a la misma pena, sin que se reconociera que su defendido era menor de edad ni circunstancia atenuante alguna. Y todo ello sin que hubiera ninguna prueba de autoría, volvía a insistir.

El abogado de Puig Antich, Francisco de Asís Condomines, fue el último en presentar el recurso de apelación, el 12 de enero. En su escrito, de veinte hojas, rearmaba su argumentación: inconexión de los dos delitos conocidos en la misma causa, incompetencia jurisdiccional, desestimación de la mayoría de las pruebas solicitadas, error de la sentencia en la apreciación de las pruebas y omisión de hechos fundamentales acaecidos que «desvirtuaban la calificación jurídica de los mismos».

Sintiendo que era la última oportunidad que tenía antes del indulto, se empleó con más firmeza de lo habitual: «No está demostrado que la muerte del policía sr. Anguas se produjera a causa de los disparos efectuados por Puig Antich, lo que incluso pone en duda la relación de la autopsia». Y no olvidó alguno de los roces del juicio, resaltando «la incongruencia del fiscal, que establece que cuando mi defendido efectuó los disparos ya estaba detenido, lo que aparte de la incongruencia, resulta imposible, ya que un detenido no puede disparar». Salvador no intentaba matar, intentaba fugarse.

El capitán general de Cataluña, Bañuls Navarro, se pronunció sobre la sentencia una semana después del consejo de guerra, el 15 de enero, ratificándola por completo. Se basaba en el informe favorable del capitán auditor, Carlos Rey González, que consideraba que las actuaciones de Puig Antich y Pons Llobet constituían un delito claro de terrorismo, en un alegato a favor de las competencias militares en materia de orden público donde resonaban los ecos políticos del caso:

al concretar su participación en los dos delitos que se recogen y sancionan, atentatorios el primero contra la propiedad y el segundo contra las personas, con resultado de lesiones graves el primero y con causa de muerte el segundo, sin que por tanto pueda permitirse el encuadramiento en el Código Penal como habían solicitado los abogados defensores[155].

Una condena a muerte por ese delito debía ser necesariamente conocida por el Consejo Supremo de Justicia Militar, el más alto órgano de la justicia castrense, creado después de la Guerra Civil. La última fase del proceso estaba reservada a un órgano jurídico cuyo presidente era miembro de las Cortes por derecho propio, muestra de la importancia política del Ejército en el seno del franquismo y en particular del Cuerpo Jurídico Militar.

La sentencia se elevaba al Consejo Supremo de Justicia Militar en trámite de aprobación, lo que implica que no llegó nunca como un disentimiento y que toda la cadena de la justicia militar había estado de acuerdo con la pena impuesta por el consejo de guerra. La sala estaba integrada por siete miembros: tres de ellos militares de alta graduación con una carrera muy similar a la del propio Bañuls Navarro, y otros cuatro procedentes del Cuerpo Jurídico Militar.

CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR, 1974

Presidente

Antonio García Navarro (militar)

Secretario relator

Emilio Velo García (militar)

Consejeros

Bartolomé Chacón Molina (militar)

Mariano Uriarte Martín (militar del Aire)

Manuel Uriarte Rejo (togado del Aire)

Alfonso de los Santos Lasurtegui (togado de la Armada)

José Albert Rodríguez (togado)

Rufo Baena Martínez (togado)

El 11 de febrero de 1974, el Consejo consideró que la sentencia era «acertada y justa». Se basaba en el informe del fiscal togado militar Alfonso de los Santos Lasurtegui[156], en el que aparecían por primera vez los términos «atentado» y «disparos a quemarropa»[157]. Según este, Puig Antich era el único autor de los disparos que acabaron con la vida del agente de Policía, como mostraba la autopsia y «según su propia declaración, corroborada por los funcionarios de policía». Las actuaciones policiales seguían siendo la clave de todo el proceso. De nada sirvió que Puig Antich, al igual que María Angustias Mateos, se retractara de su declaración policial en la primera ocasión que tuvo. Lasurtegui no tuvo en cuenta ninguna circunstancia similar en el proceso. Se trataba, sin duda alguna, de un delito de terrorismo, ya que los fines del MIL eran permanentes y su actuación era propia de sus medios de extrema violencia en su ataque a los miembros del orden institucional. Por último consideraba adecuada la pena dada «la perversidad respectiva de cada uno de los delincuentes, trascendencia de los hechos y de los resultados lesivos en las personas»[158].

La legislación de la época señalaba que antes de exigir la pena de muerte un tribunal militar debía considerar varios factores: el grado de perversidad, los antecedentes, la trascendencia del hecho y las clases de pena fijada. El abogado defensor de Puig Antich ya se había referido a la imposibilidad de que alguien tan joven pudiera haber desarrollado semejante grado de perversidad. Antecedentes penales no tenía, como se ha señalado, tan solo los de conducta elaborados por la Brigada Político-Social y por la Guardia Civil con posterioridad a los hechos. Pero si se tiene en cuenta que en 1970, el Diccionario de la Academia definía perversidad como «suma maldad o corrupción de las costumbres», se entiende por qué los antecedentes policiales señalaban a Puig Antich como un joven «en extremo rencoroso» y, sobre todo, por qué el informe psiquiátrico destacaba su inteligencia por encima de la media.

La importancia de los informes de conducta nunca será del todo ponderada. Testigos mudos de los viejos tiempos de posguerra, la policía política los reutilizó desde mediados de los años sesenta para criminalizar a la nueva oposición y las formas de rebeldía juvenil. Su mejor ejemplo en esta etapa final fue la Ley de Peligrosidad Social de 1970, que fijó en los dieciséis años la responsabilidad penal y recuperó todas las características antisociales previstas en la legislación de los años treinta, sobre todo en la Ley de Vagos y Maleantes de 1933. La ley de 1970, dirigida contra «homosexuales y pervertidos», revestida en todo momento de apariencia científica, giraba en torno a un elemento tan poco objetivo como el propio concepto de peligrosidad social, que el franquismo recuperó en su recta final[159].

Hoy resulta del todo inverosímil que este tipo de valoraciones sobre el carácter personal o la inmoralidad de los jóvenes acusados se incorporaran al caso con carácter de pruebas irrefutables. Pero en aquella época era un procedimiento frecuente. Unas valoraciones que se sumaban al juicio paralelo que Puig Antich sufría en la prensa, tratando por todos los medios de despolitizar el proceso. Llegado a su punto culminante, la sentencia, el proceso terminó por revelarse como una causa meramente política, a pesar de la negativa de las propias defensas a asumir esta estrategia de oposición. El 11 de febrero de 1974 las tres penas del consejo de guerra eran firmes y tenían que cumplirse, debiendo informar en el caso de la de Puig Antich al Consejo de Ministros. Su vida quedaba pendiente de que en esa reunión se pronunciaran las palabras «indulto» o «enterado», pero toda la cadena de la justicia militar, de principio a fin, se había mostrado favorable a la condena.

Puig Antich, Pons Llobet y María Angustias Mateos fueron condenados por la trascendencia del hecho, por el deseo de venganza. La policía se había implicado hasta el final, supervisando todo el proceso, desde las diligencias previas a las visitas en la cárcel, la última el día 22 de diciembre, fecha en que el propio Gobierno reconocía que ETA había perpetrado el atentado contra Carrero Blanco. El 2 de marzo de 1974 un representante de la DGS se personó en la cárcel Modelo para presenciar la ejecución de Puig Antich. Casi después, ardían en las calderas del Gobierno Militar de Barcelona «todas las pruebas, prendas, material propagandístico intervenido en la causa, por carecer de valor alguno». El proceso concluía de la misma manera que había comenzado en sede policial, con la desaparición de pruebas. Las páginas que siguen están destinadas a explicar por qué no fue conmutada la pena de muerte y cómo fue instrumentalizada políticamente[160].

6

Causa política

Sabemos que la invocación a la violencia revolucionaria hunde sus raíces en la marginalidad de algunas minorías que, ante la solidez de las sociedades establecidas, recurren a la intolerable dialéctica del crimen. Sabemos que el incremento de los índices de delincuencia se presenta en evidente correlación con el crecimiento y complejidad de una sociedad moderna. Sabemos que el telón de fondo de estos episodios es, muchas veces, la excitación de una sociedad materializada que parece haber optado por degradar voluntariamente sus ideales y hacer del lucro el motor básico de las conductas.

Discurso del presidente del Gobierno

Carlos Arias Navarro a las Cortes Españolas,

12 de febrero de 1974

DE CARRERO A ARIAS NAVARRO: VIGILIA PERMANENTE

Martes, 20 de diciembre de 1973, 20.08 horas. La embajada estadounidense confirmaba a las delegaciones europeas el asesinato de Carrero Blanco, ocurrido en Madrid a primera hora de la mañana. Se limitaba a reproducir el escueto comunicado del Gobierno español, que reconocía el alcance mortal del atentado, ignorando por completo cualquier detalle de su posible autoría. Dos minutos más tarde, la embajada emitió su propio análisis de la situación. Pasado el desconcierto inicial, la calma había vuelto a las calles de Madrid. Las tiendas y los comercios habían abierto sus puertas en plena campaña de Navidad. Se trataba de una normalidad solo aparente, por lo que pedían que se extremaran las medidas de seguridad en toda Europa. Era el primer atentado contra un alto mandatario político en España en los últimos treinta años y sus consecuencias eran imprevisibles. Todos los miembros de la oposición con los que habían hablado a lo largo del día temían detenciones masivas y un fuerte incremento de la represión policial y judicial, coincidiendo, sobre todo, con el comienzo del juicio a los sindicalistas de Comisiones Obreras, conocido como el Proceso 1001[161].

El Gobierno de Carrero Blanco había supuesto un hito en la historia del franquismo, al separar por primera vez desde la Guerra Civil la jefatura del Estado y la presidencia del Gobierno. El proyecto de sucesión del príncipe Juan Carlos como jefe de Estado tutelado por Carrero Blanco, continuador directo de un Franco ya visiblemente enfermo y envejecido, saltaba por los aires aquel 20 de diciembre de 1973. Torcuato Fernández-Miranda, el vicepresidente, asumió la presidencia interina del Gobierno. Su mayor urgencia, según las primeras declaraciones, era mantener el orden, capturar a los responsables y mostrar firmeza ante la opinión pública. El 22 de diciembre, dos días después del atentado, la Dirección General de Seguridad anunciaba tener «pruebas incontrovertibles» que apuntaban a seis militantes de ETA como responsables del atentado, pero ya se habían refugiado en Francia. Según los estadounidenses, preocupados por el previsible empeoramiento de las relaciones hispano-francesas, la policía española trabajaba bajo presión y se había precipitado en la identificación. El Gobierno español no hizo pública, sin embargo, la identidad de los militantes de ETA hasta el 26 de diciembre, en respuesta a la rueda de prensa que los responsables del comando dieron en Burdeos y que apareció recogida en primera plana en todos los diarios europeos[162].

Las misas y funerales por Carrero Blanco terminaban en una incesante lluvia de rumores sobre su sucesor. Todos los pronósticos erraron el tiro, porque Franco nombró, dos semanas después, al ministro de la Gobernación, Carlos Arias Navarro, nuevo presidente del Gobierno. El nombramiento sorprendió a propios y extraños. Se trataba del primer civil en dirigir el Gobierno desde 1936, un cambio de imagen muy significativo, sobre todo para algunos sectores, que lo consideraban un cadáver político por no haber evitado el atentado a Carrero. Pero Arias, aparentemente un personaje secundario, se guardaba varios ases en la manga. No estaba adscrito a ninguna de las familias políticas del Régimen y tenía una larga experiencia en la Administración del Estado; había sido gobernador civil de León, Navarra, Tenerife y Madrid, ciudad de la que había sido también alcalde y a la que debía su popularidad. Pero, por encima de todo, Arias conocía profundamente el funcionamiento de los aparatos de seguridad y de los servicios de información, donde conservaba, tras ocho años como director general de Seguridad y, después, ministro de la Gobernación, una posición inmejorable[163].

Al igual que Carrero, personificaba a la perfección la fidelidad a Franco y al Movimiento Nacional. A pesar de las diferencias formativas de juventud, poseían un perfil profesional muy similar. Ambos fueron piezas claves (sobre todo Carrero, que desde 1941 presidía el Tribunal de Responsabilidades Políticas) en el diseño del sistema represivo sobre el que se consolidó institucionalmente la dictadura. Ellos, junto a otras muchas figuras de la emergente posguerra, levantaron el edificio de una Administración civil supeditada a la estructura militar creada durante la guerra, a imagen y semejanza de los servicios de información militar y policial, que llegaron a dirigir en etapas diferentes[164]. Arias pertenecía a una generación posterior a la de Franco. Nacido en 1908, se licenció y doctoró en Derecho en la Universidad Central, e ingresó en 1929 en el Cuerpo Técnico de Justicia, que dirigía entonces Manuel Azaña. Siguió después preparando y ganando oposiciones, como las de fiscal, notario y, por último, las de fiscal del Cuerpo Jurídico Militar, quizás las más decisivas para su carrera posterior. En 1933, fue destinado a Málaga como fiscal, donde le sorprendería el golpe de Estado. Permaneció escondido hasta la entrada de las tropas franquistas en la ciudad, en abril de 1937, sumándose a la organización y sistematización de la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación, que precisamente se estrenó en Málaga. Pronto fue el instrumento principal utilizado en la «limpieza política» de otros centros urbanos de primer orden, como Bilbao o Madrid, en los que el propio Arias intervino en persona[165].

La mayor parte de su equipo de colaboradores directos procedía también de la abogacía o del mundo jurídico, y habían desempeñado puestos de responsabilidad en la Administración del Estado después de la guerra hasta coincidir con Arias en el Ministerio de la Gobernación. Su mano derecha, José García Hernández, ministro de la Gobernación y vicepresidente, era abogado del Estado, fue presidente de la Diputación de Guadalajara y gobernador civil de Lugo y Las Palmas. Antonio Carro, ministro de la Presidencia, era letrado del Consejo de Estado y profesor de Derecho Político; había sido secretario general técnico del Ministerio de la Gobernación y director general de Administración Local. Luis Rodríguez de Miguel, ministro de Vivienda, también era fiscal de carrera, y había sido gobernador civil de Baleares y Guipúzcoa antes de llegar a la Subsecretaría de la Gobernación. Otras figuras importantes, como Juan Valverde, jefe de los servicios de información militar, fueron incorporadas por Arias tras su paso por la alcaldía de Madrid[166].

Constituido el nuevo Gobierno, el epicentro de la vida pública española iba a estar en la cuestión de la reforma política. Desde sus primeras declaraciones, Arias reafirmó la voluntad de continuar el proceso de apertura política que había anunciado Carrero, centrado en modificar algunas leyes fundamentales para mostrar, de cara a Europa, una mayor apariencia democrática. Se trataba también de un giro estratégico para intentar calmar la creciente oposición al Régimen. Un camino de «franquismo sin Franco» que había que emprender forzosamente, dado el deterioro físico del propio Caudillo, pero que determinados sectores veían con preocupación, sobre todo tras la muerte de Carrero Blanco. Había que tener cuidado, muy en especial, con la Ley de Asociaciones, que para muchos procuradores abría la puerta a los partidos políticos y a la destrucción del Movimiento.

La dimensión que alcanzó este programa de reformas, que Arias presentó en su discurso ante las Cortes el 12 de febrero, es mucho más conocida que la dada al reforzamiento de la política de seguridad interior, aspecto que, desde luego, Arias conocía a la perfección y en el que tenía mucha más experiencia, como ya se ha señalado. Pero, incluso siendo menos conocido y citado, el orden público tuvo un lugar destacado en el discurso del 12 de febrero ante las Cortes:

Quien atentare contra este sagrado bien público debe saber que la justicia hará recaer sobre él, con más rigor que benevolencia, todo el peso de las leyes. Quienes ante las nuevas formas de vida alcanzadas por el trabajo de los españoles traten de alterar el pulso del país; quienes propicien en nuestro suelo modos de delincuencia ensayados más allá de nuestras fronteras; quienes pretendan quebrantar la unidad o el paso firme hacia el futuro; quienes con intención igualmente criminal, atenten contra la paz de España, sepan que el Gobierno está en vigilia permanente y mantendrá a ultranza el compromiso que tiene con el pueblo de asegurar, sin vacilación, la tranquilidad y el orden social.

Al contrario que buena parte de los Gobiernos europeos, los estadounidenses limitaron desde un principio este posible alcance aperturista, e interpretaron el nombramiento de Arias como una decisión del propio Franco para mostrar firmeza y determinación en materia de seguridad y orden público. El mismo 31 de diciembre de 1973, fecha en la que Arias juró el cargo, el embajador estadounidense mostraba abiertamente sus dudas sobre las intenciones reformistas del nuevo Gobierno. Horacio Rivero consideraba «poco probable» que Arias se aventurara en nuevas empresas, «al menos en el futuro inmediato». Su prioridad, de momento, pasaba por consolidar el Gobierno y reforzar la seguridad interior. Estos dos polos, la apertura política necesaria para la integración económica española en el Mercado Común Europeo y el reforzamiento del orden público, reservado mayoritariamente al Ejército, marcaron la agenda política de un tiempo crispado, sobre todo, por el atentado contra Carrero[167].

PREPARAR CONTESTACIÓN EVASIVA

Las dos últimas semanas de 1973 habían sido frenéticas. El vendaval de relevos políticos parecía haberse trasladado al Juzgado Militar n.º 3 de Barcelona. El 31 de diciembre, el fiscal militar de Barcelona reiteraba la solicitud de dos penas de muerte para Puig Antich, y treinta, y seis años para los otros dos acusados. La reacción no se hizo esperar y llegó del ámbito civil. Un día después de confirmarse el consejo de guerra, el 9 de enero de 1974, el gobernador civil de Barcelona, Tomás Pelayo Ros, dirigía una carta urgente al nuevo ministro de la Gobernación, el vicepresidente José García Hernández. En ella hacía un diagnóstico de la solicitud del fiscal y de las posibles consecuencias del cumplimiento de unas penas tan duras. Pelayo Ros, fiscal de carrera, hacía dos observaciones sobre las circunstancias del proceso que la defensa de Puig Antich había reiterado hasta la saciedad:

La primera es la duda existente sobre si Puig Antich tiene un perfecto conocimiento de los hechos realizados o se encuentra afectado por algún trastorno mental. La segunda es si los disparos que recibió el cuerpo del policía señor Anguas procedían todos ellos del arma empuñada por Puig Antich, puesto que no está suficientemente demostrado cuántas veces disparó[168].

Estas dudas, expresadas por el propio gobernador civil de Barcelona, dejaban en muy mal lugar a la justicia militar y cuestionaban la propia praxis policial. Por otro lado, proseguía Pelayo Ros, la forma en que se debía aplicar la sentencia implicaba también un grave problema, ya que «la ejecución de la pena de muerte es de imposible cumplimiento pues no existe un modo legalmente establecido y garantizado de privar la vida al reo por parte de la autoridad civil».

Pelayo Ros, que a la vez era jefe provincial del Movimiento en Barcelona, terminaba la carta sugiriendo al ministro que hiciera lo posible para que el Gobierno favoreciese el indulto. La mayor parte de las personas a las que había consultado (aunque no citó expresamente a ninguna, se reunió con el cardenal Jubany y con varios miembros del Colegio de Abogados de Barcelona) pensaban que, además de injusta, la ejecución podía ser interpretada como una venganza por el atentado a Carrero Blanco, extremo que aumentaría la mala imagen del Régimen y el descontento en Cataluña. «En compulsadas opiniones (aunque nadie supone que sean para informarte) late la opinión de que Puig Antich, tanto por su actuación en los interrogatorios como en el acto del juicio, no es persona que estuviese centrada y que quizá una decisión final puede ser tomada recordando hechos ocurridos que no se relacionan con lo actual».

La contestación a la carta del gobernador civil de Barcelona sigue sin aparecer. Pero, en una copia de la misiva enviada a Arias Navarro, conservada entre sus oficios de archivo, puede leerse la siguiente anotación manuscrita: «Al subsecretario de despacho para que me hable y prepare contestación evasiva». El presidente pasaba el asunto al subsecretario, León Herrera Esteban, para ganar tiempo. Teniendo en cuenta que no hacía ni una semana que se había constituido el nuevo Gobierno, era posible entender que no quisiera pronunciarse sobre el tema por el momento. Pero cualquier opción dilatoria, dada la trascendencia y velocidad que había alcanzado el caso, tenía una significación clara: el Gobierno daba luz verde a la sentencia del tribunal militar.

Ya en la ceremonia de traspaso de poderes con Fernández-Miranda, el 4 de enero de 1974, el propio Arias Navarro, tras mencionar el atentado a Carrero Blanco, parecía aludir al caso:

al recoger el dolor de España, el Gobierno manifiesta inequívocamente su repulsa contra las actitudes de grupos notoriamente minoritarios que intentan alterar la paz y el orden. Desde esta perspectiva, el Gobierno español anuncia que hará uso de toda su autoridad, con rigor y serenidad, para defender el bien común y mantener un orden en cuyo marco los españoles puedan ejercitar y desarrollar sus derechos y libertades[169].

Cuatro días más tarde tenía lugar en Barcelona el consejo de guerra que condenaba a muerte a Salvador Puig Antich. Ante la previsión de incidentes, se reforzaron las medidas de seguridad, hasta el punto de llamar poderosamente la atención del consulado estadounidense en Barcelona[170]. La noche del 11 de enero fueron lanzados tres cócteles molotov contra el Monumento a los Caídos en plena avenida Diagonal. Las mismas fuentes estadounidenses informaron de que el MIL había reivindicado la acción, dato que la prensa española omitió en todo momento. Tres días después, el 14 de enero, el capitán general de Cataluña, Bañuls Navarro, ratificaba la sentencia: «correspondiendo dicha aprobación al Consejo Supremo de Justicia Militar»[171].

Las dos figuras clave en la recta final del proceso y máximos representantes de la jurisdicción militar y de la civil, el capitán general de Cataluña y el gobernador civil de Barcelona, coincidieron en un acto público. Se trataba de la conmemoración del 35 aniversario de la liberación de Barcelona, celebración que se convirtió en un acto de desagravio al Monumento a los Caídos, al que acudieron masivamente las hermandades de excombatientes, alféreces y sargentos provisionales, la Vieja Guardia y todo el amplio espectro falangista catalán. Asistieron, según la prensa, más de veinte mil personas. Bañuls, que había confirmado la pena de muerte de Puig Antich, inauguró el acto depositando la ofrenda floral a los caídos, y Tomás Pelayo Ros, que había escrito al ministro de la Gobernación intentando evitar una condena a muerte, lo clausuraba pronunciando estas palabras: «Tened la seguridad que como dijo el presidente del Gobierno, se hará uso de toda la autoridad con rigor y serenidad para defender el bien común, mantener un orden, en cuyo marco los españoles puedan ejercitar y desarrollar sus derechos y libertades»[172].

En un acto semejante y ante aquella audiencia, parece lógico que Pelayo Ros parafraseara el discurso duro de Arias Navarro sobre la imposición de la autoridad y el orden como valor supremo del Régimen. Sin embargo, por encima de la retórica y del uso del lenguaje oficial en este tipo de ceremonias, cabe preguntarse si el gobernador civil de Barcelona, a la vista de estas declaraciones, había recibido ya la «respuesta evasiva» del Gobierno y conocía por tanto el futuro inmediato de Puig Antich.

EL ESPÍRITU DEL 12 DE FEBRERO

La ejecución fue ratificada por el Consejo Supremo de Justicia Militar un día antes del discurso de toma de posesión de Arias Navarro ante las Cortes, su conocida llamada al aperturismo o «Espíritu del 12 de febrero». La más alta institución de la justicia militar no iba a dejar impune la muerte de un compañero de armas que representaba fielmente todo lo que el Ejército y el Movimiento significaban: el almirante Carrero Blanco. En aquellas circunstancias, sin embargo, el dictamen del Consejo Supremo de Justicia Militar iba mucho más allá de un simple castigo ejemplar: se trataba de ampliar y reforzar los límites de los tribunales militares en materia de orden público, justo cuando más arreciaban las críticas sobre sus competencias.

Franco no había vuelto a aparecer públicamente desde el discurso de fin de año, por lo que si el Ejecutivo de Arias Navarro decretaba el indulto, el Ejército lo interpretaría como una desautorización y un desaire en toda regla. El Gobierno declaró «materia reservada» la cuestión, por lo que es imposible rastrear nada en la prensa española sobre el caso desde el final del consejo de guerra. Hay que fijar de nuevo la atención en la información estadounidense. El martes 28 de febrero de 1974, a las 16.40 h, la Embajada de los Estados Unidos en Madrid emitía un cable a la Secretaría del Departamento de Estado que llamaba la atención sobre la cautela del Gobierno en torno a hacer pública la confirmación de la sentencia, de la que, por otra parte, ya no dudaban: «Según algunas fuentes, el Gobierno habría confirmado la sentencia de muerte en el último Consejo de Ministros, pero no lo anunciaría hasta su próxima reunión del 1 de marzo, muy probablemente en sábado o domingo»[173].

El embajador Rivero señalaba en su informe un incidente en las Cortes muy revelador de la división que la aplicación de la pena de muerte generaba en determinados sectores políticos. En las Cortes del 27 de febrero, el senador Esperabé[174] pidió clemencia para Puig Antich y apeló a la conciencia del resto de procuradores. Antes de que bajara de la tribuna sonaron fuertes gritos de «Traidor, traidor». Para Rivero no había duda de que en la clase política española prevalecía el sentimiento favorable a la ejecución, pero era un asunto delicado que podía irse de las manos al Gobierno. Aventuraba que, además de empeorar la mala imagen de España en Europa, quedaría desacreditado por completo el discurso reformista del 12 de febrero, produciendo una división interna con los sectores más aperturistas del nuevo Ejecutivo, incluida parte de la Iglesia[175].

El embajador estadounidense no se equivocaba. La oposición a la pena de muerte mostrada por varios ministros fue la primera división clara del gabinete de Arias Navarro. Estuvo encabezada por el propio ministro de Justicia, Ruiz-Jarabo, un peso pesado del reformismo como el ministro de Información, Pío Cabanillas, el de Vivienda, Rodríguez de Miguel, colaborador íntimo de Arias, y el ministro de Economía, Barrera de Irimo, la figura del Gobierno con más prestigio en el extranjero. La división se transformó en crisis al cruzarse con la evolución de un problema de calado más hondo: las relaciones Iglesia-Estado, que alcanzaron su punto de máxima tensión los días 24 y 25 de febrero con la lectura de la homilía del obispo de Bilbao, monseñor Añoveros, El cristianismo, mensaje de salvación para los pueblos. El Consejo de Ministros del 1 de marzo se alargó varias horas más de lo normal. Antes de que terminara, el embajador estadounidense informaba por cable sobre un encuentro del 28 de febrero con el secretario general de Iberia, Carlos Viniegra, quien le habría transmitido que «ante la inminente ejecución de Puig Antich habían activado el plan de emergencias, ya que se esperaban atentados contra Iberia y los intereses españoles en el extranjero»[176]. Desde mediados de enero se habían multiplicado los altercados en varias sedes de la compañía aérea (París, Bruselas, Buenos Aires…), que habían sido ocupadas por grupos de jóvenes en protesta por la sentencia de muerte. Según Viniegra, la decisión del Gobierno de ejecutarlo se habría tomado «hace semanas, pero no se haría pública hasta el regreso del viaje de los príncipes», que se encontraban de gira oficial por Filipinas, India y Arabia Saudí[177].

Ya por la tarde, el Consejo de Ministros ratificaba las sentencias a muerte de Puig Antich y de Heinz Chez, e indultaba al guardia civil Antonio Franco Martín, condenado por el asesinato de un capitán del mismo cuerpo armado. En la rueda de prensa posterior, el portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, intentó acallar cualquier suposición sobre la división a la hora de abordar las ejecuciones. La decisión había sido tomada de forma colegiada por el conjunto del Consejo de Ministros y no había habido desacuerdo alguno. «Un acto de justicia es siempre un acto de justicia», dijo Cabanillas a los periodistas lacónicamente. El Gobierno tomaba sus medidas sin injerencia exterior, en respuesta a la presión diplomática y a los ataques contra las embajadas españolas en el extranjero. Y, en un último intento por mantener despolitizada la imagen de la ejecución a toda costa, pasó lista a las medidas económicas aprobadas en el mismo Consejo de Ministros. Se trataba de medidas especiales de seguridad para bancos y de la actualización de las tarifas eléctricas, el butano y los carburantes, disparados en plena crisis del petróleo[178].

Terminado el Consejo de Ministros, el Gobierno comunicó al Ministerio del Ejército el correspondiente enterado para que procediera.

José Manuel Escrivá de Romaní, consejero togado, jefe de la Asesoría Jurídica del Ministerio del Ejército,

Certifico:

que el Gobierno, al que ha sido noticiada la parte dispositiva de la sentencia dictada por el Consejo Supremo de Justicia Militar el 11 de febrero de 1974, en la causa ordinaria 106-IV-1973 contra el paisano Salvador Puig Antich, se da por ENTERADO de la pena capital impuesta a dicho condenado.

Y para que conste, a sus efectos, expide el presente en Madrid a 1 de marzo de 1974.

José Manuel Escrivá de Romaní

Ministerio del Ejército

Subsecretaría. Secretaría General

Confidencial

Remisión de enterados

Excmo. Sr.:

Tengo el honor de remitir a V. E. relación y certificación del “E” Salvador Puig Antich, perteneciente a esa Región Militar de su digno mando y correspondiente al despacho del Consejo de sres. ministros de fecha 1 de marzo de 1974, rogándole, de orden del sr. ministro tenga a bien disponer sea acusado recibo del mismo a esta Subsecretaría.

Dios guarde a V. E. muchos años

Madrid, 1 de marzo de 1974

El general subsecretario

Emilio Monje Rodríguez[179]

El problema del tiempo de la ejecución de la sentencia, por el que se había retrasado deliberadamente el Consejo de Ministros, estaba solucionado. A las 9.40 h del 2 de marzo un médico militar certificaba la muerte de Puig Antich. No hubo declaraciones oficiales, pero sí gestos de aprobación. A las doce de la mañana se celebró un funeral por el inspector de Policía muerto en el atentado de Carrero Blanco, presidido por el ministro de la Gobernación, el director general de Seguridad y el director de la Guardia Civil. La cita de los máximos responsables de las fuerzas de seguridad del Estado en aquel acto no era ninguna coincidencia. Al finalizar el funeral, el ministro de la Gobernación y vicepresidente del Gobierno, José García Hernández, apelaba al ejemplo de los mártires en defensa de la paz y el orden, y anunciaba que el Gobierno de España seguiría velando por ellos, «cueste lo que cueste»[180].

ENTERADO: PRESIONES Y PREVISIONES

El cálculo del Gobierno para que la ejecución se llevara a cabo durante el fin de semana y coincidiera con la expulsión del obispo de Bilbao no amortiguó las temidas reacciones nacionales e internacionales. El lunes 4 de marzo, la Universidad quedó paralizada y en los campus de Madrid, Barcelona y Zaragoza se vivieron auténticas batallas campales. La imagen de España en el exterior alcanzó su cota más baja en décadas, con la opinión pública internacional en contra de un Gobierno que había desatendido todas las peticiones de clemencia y que ahora reprimía las protestas de sus estudiantes de forma brutal. La semana del 4 al 11 de marzo fue la de mayor intensidad. La Universidad vivió «los peores disturbios en los últimos siete años, respondidos por la policía con helicópteros, carros de agua e incluso armas de fuego»[181].

El escritor Camilo José Cela, el fichaje del director general de Cultura, Ricardo de la Cierva, para presidir el Ateneo de Madrid, presentó su dimisión e hizo pública su opinión contraria a la pena de muerte. Las relaciones con los intelectuales volvían a enfriarse y se rompía un puente más con los sectores reformistas. Los ataques contra embajadas e intereses españoles en Europa se recrudecieron. Los más intensos se produjeron en Roma, con cinco bombas incendiarias. En París y Bruselas fueron destrozadas las sedes del Banco Español de Crédito y en Luxemburgo el personal de la embajada llegó a ser agredido. Las sedes diplomáticas españolas en Berlín y en París adoptaron medidas excepcionales, que incluían evacuaciones de emergencia. La protección contra los secuestros se duplicó y el Talgo Madrid-París llegó a ser escoltado militarmente.

El 8 de marzo los estadounidenses repasaban las peticiones a favor del indulto que había recibido el Gobierno español y destacaban las gestiones de holandeses, belgas, italianos y el Mercado Común (el vicepresidente de la Comisión Europea comunicó a Alberto Ullastres que si no se producía el indulto la cuestión del ingreso español quedaría «congelada»), además de la solicitud de los socialistas españoles en Alemania para que interviniera Willy Brandt y del abad de Montserrat, el padre Just, para que intercediera el papa Pablo VI. Por último, confirmaban que la Armada italiana había suspendido unas maniobras conjuntas en Baleares, alegando problemas en el suministro de gasolina, ante el aumento de las reacciones negativas en suelo italiano por la ejecución. Hubo también muestras de apoyo más o menos expresas al Gobierno español. La más destacada fue la del presidente francés Georges Pompidou, que mantuvo inalteradas las relaciones diplomáticas con España a pesar de la gran notoriedad que alcanzó una carta de intelectuales franceses en contra de la ejecución[182].

Lo peor parecía haber pasado para el Gobierno, pero lo ocurrido iba a ser objeto de un análisis detallado por los estadounidenses, que temían un agravamiento de la situación. En un extenso informe fechado el 29 de marzo, casi un mes después de la ejecución, el embajador Rivero hablaba ya de «profunda crisis». Consideraba que la clave de la crispación estaba en la imagen que había mostrado el Gobierno, «poco humana, fría y calculadora, de seguir adelante con dos de las tres penas de muerte». Los sectores más moderados y liberales vieron la decisión de mantener la ejecución como un acto brutal de venganza incompatible con las líneas de moderación y tolerancia sugeridas por Arias en el discurso del 12 de febrero[183].

El malestar general, señalaba Rivero, era fruto de un resentimiento más profundo que resumía en cuatro puntos:

1)El sentimiento generalizado de que la pena de muerte en sí misma y el método de imponerla (garrote) suponen un paso atrás al periodo menos humano que muchos españoles quieren creer que ha sido dejado atrás en la progresiva asimilación de los valores de Europa occidental.

2)El malestar entre grupos de la abogacía políticamente influyentes, ante el persistente intervencionismo de los militares en el sistema judicial.

3)La sospecha, por irracional que parezca, entre muchos catalanes de que la ejecución de Puig fue una salvajada política dirigida contra su región y sus pretensiones separatistas.

4)La ejecución coincidió con un conflicto entre el Gobierno y la Iglesia católica con una fuerte carga emocional sobre la libertad religiosa, la libertad de expresión y el honor étnico de los vascos. El manejo por parte del Gobierno del asunto religioso ha aumentado las críticas moderadas y las impresiones negativas acerca de la rigidez del Gobierno Arias, su falta de compasión e incluso ceguera política[184].

Resulta obligado detenerse en estos cuatro puntos cardinales, entre los que se encuentran las razones profundas y el contexto último de la ejecución. Apenas existen datos directos o concluyentes sobre la postura de la opinión pública española ante la pena de muerte en 1974. El informe Foessa de 1970 mostraba la entrada de la sociedad española en la sociedad de consumo, en consonancia con la mayoría de valores propios en toda Europa occidental. A mediados de la década de los setenta, España había profundizado en esa línea, sobre todo en el plano de la libertad de costumbres y los hábitos sexuales, mientras que en el plano político «el orden, la paz y la justicia» se imponían como valores preferentes, muy por encima de la libertad o la democracia[185].

Sin entrar a discutir la fiabilidad de encuestas realizadas entre 1966 y marzo de 1975, es indudable que el desarrollo económico de los años sesenta había ampliado los apoyos sociales de un franquismo que había trabajado intensamente la propaganda de los Veinticinco Años de Paz. Por otro lado, la crisis del petróleo de 1973 tuvo unos efectos similares en buena parte de la opinión pública europea, que mostraba indicios de preferencia por la estabilidad social y el orden público antes que por la libertad o la mejora del sistema de partidos[186].

No es de extrañar que la utilización del garrote, por tanto, fuese un factor determinante —como también el hecho de indultar a uno de los tres condenados— en la oposición a la ejecución de Puig Antich. La forma que se escogió, un método reservado para criminales de especial maldad, fue considerada desproporcionada para un chico de veinticinco años, por mucho que los periódicos hubiesen repetido hasta la saciedad que robaba bancos y había matado a un policía de la misma edad que pronto iba a casarse. A pesar del control de la prensa y de declarar el caso «materia reservada», no se había podido ocultar el carácter político de la ejecución. De sus posibles consecuencias negativas ya había advertido el gobernador civil de Barcelona. Un método semejante, tan brutal y medieval, negaba por completo el ideal de bienestar económico y modelo social que aparecía reflejado en las encuestas. Alejaba más al país de Europa y mostraba la realidad de una dictadura implacable, rígida y obsoleta, enrocada en el reverso de las aspiraciones mayoritarias, en especial para las generaciones más jóvenes. Para muchos de los que habían vivido la guerra y la posguerra, la ejecución significaba volver al mismo punto del pasado que el atentado a Carrero Blanco les había hecho revivir.

El Gobierno, del mismo modo que indultó a un guardia civil, podía haber evitado que se cumpliese la pena por garrote, pero no quiso interferir en la justicia militar ni contrariar a la policía política, muy activa durante todo el proceso. Abiertamente opuesta a esta injerencia constante de la policía en la justicia ordinaria y, sobre todo, al enorme peso que mantenía la justicia militar en los asuntos judiciales se mostraba buena parte de la abogacía, y no solo la oficialmente antifranquista sino toda la «políticamente influyente» a la que se refería la embajada estadounidense. El Colegio de Abogados de Barcelona, ya se ha señalado, abanderaba desde hacía tiempo las críticas contra el peso de la jurisdicción militar, pero no fue el único colegio profesional que hizo gestiones por el indulto. Todos los colegios profesionales de arquitectos, abogados, licenciados y doctores de Cataluña, enviaron a Franco conjuntamente el siguiente telegrama: «preocupados posible aplicación pena capital a Salvador Puig Antich, solicitamos jefe Estado conmutación dicha pena»[187].

Las críticas al proceso, de este modo, se convirtieron en auténticas denuncias contra la intromisión de la justicia militar en la ordinaria y las jurisdicciones especiales, sobre todo en contra del Tribunal de Orden Público. El jurista Rafael Pérez Escolar abordó el tema en el Club Siglo XXI, afirmando con claridad que «los ciudadanos conscientes de la independencia del principio del poder judicial han de proclamar, por ella, su derecho permanente a ser juzgados con carácter exclusivo por los órganos normales que componen la jurisdicción ordinaria»[188]. El presidente del Consejo General de la Abogacía y decano del Colegio de Abogados de Madrid, Pedrol Ríus, fue más lejos y llegó a denunciar que las jurisdicciones especiales seguían vivas, refiriéndose a los Tribunales Centrales de lo Penal como un «“disfraz” del TOP»[189].

Desde otros ámbitos ideológicos, como Justicia Democrática, una asociación ilegal de jueces y fiscales surgida en 1970, creció la oposición jurídica al franquismo. Sus voces ya eran importantes no solo en la judicatura, sino también en el hasta entonces rancio mundo de la enseñanza universitaria del Derecho[190]. La reivindicación de la justicia ordinaria frente a la militar no era un mero enfrentamiento político, hay que recordar que si Puig Antich hubiera sido juzgado por un tribunal civil únicamente podría haber sido condenado a un máximo de seis años de prisión con la legislación de la época. El mundo jurídico internacional, especialmente el europeo, encontraba insostenible la situación que vivía España ya mucho antes de las ejecuciones. La Comisión Internacional de Juristas, observadores de Naciones Unidas, y otras del ámbito de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, reiteraron año tras año la ilegitimidad y el carácter represivo que suponía la hegemonía de la justicia militar en España. Y fue esta materia hasta tal punto determinante que el Consejo de Europa retrasó el ingreso de España en el Mercado Común por considerar que no cumplía con las mínimas garantías en el trato a personas detenidas o presas, y por el permanente estado de excepción que vivía el país. La Comisión Internacional de Juristas venía repitiendo desde hacía más de una década la misma denuncia: «la utilización constante en España de la jurisdicción militar para reprimir muchos delitos que normalmente serían juzgados por los tribunales ordinarios es una inquietante violación de los principios del imperio de la ley»[191].

Las últimas cuestiones señaladas en el informe estadounidense de 29 de marzo estaban relacionadas con la necesidad de cambios —que la crisis del petróleo agudizó— en la estructura política, administrativa y económica del franquismo, y sin duda influyeron en el ambiente contrario a la ejecución: el nacionalismo y las relaciones Iglesia-Estado. Ambas realidades aparecían entrelazadas en pastorales y homilías que suscribía la mayor parte del clero, especialmente en el País Vasco y Cataluña. Una de las declaraciones que más impacto produjo, tras levantarse el estado de excepción de 1969, fue la del abad de Montserrat, el Padre Just, en el semanario alemán Publik, donde aseguraba que España vivía «en un estado totalitario»[192]. No en vano, el elemento de colisión más importante y creciente entre el Gobierno y la Iglesia se deslizaba por la pendiente del orden público. Acogiéndose al derecho de reunión, muchos párrocos permitían que en sus iglesias celebraran encuentros diversos grupos de oposición, trabajadores y estudiantes sobre todo, cuestión que irritaba profundamente a las autoridades franquistas.

La tensión, con la renegociación del Concordato de fondo, había aumentado desde comienzos de 1973, a medida que la jerarquía eclesiástica española se separaba del franquismo y auspiciaba el cambio político y social cumpliendo con el espíritu del Concilio Vaticano II y el mandato de Pablo VI[193]. En junio de ese año, la policía presentó un informe en el que identificaba a 35 de los 78 obispos españoles como «progresistas», y que concluía explícitamente del siguiente modo: «las características de progresismo religioso y oposición al régimen español coinciden»[194]. Tras la muerte de Carrero Blanco, los informes elevaron la presencia de elementos progresistas en la jerarquía eclesiástica, llegando a considerar probado incluso que «daban apoyo a la subversión».

A comienzos de 1974, todas las alarmas estaban encendidas, hasta el punto de que el Gobierno consideró que el obispo de Bilbao, monseñor Añoveros, alentaba el separatismo y, por tanto, apoyaba las aspiraciones de ETA al hablar en sus homilías del 24 y 25 de febrero de 1974 de «singularidades propias». El Ministerio de la Presidencia, en una nota redactada por el de Justicia, afirmaba que dichos textos suponían un delito contra la unidad de España e instaba a Añoveros a que abandonara el país. Arias Navarro pidió al secretario de Exteriores que convocara al nuncio apostólico el 1 de marzo, el mismo día señalado para aprobar la ejecución de Puig Antich, y le trasladara la gravedad de la situación. La amenaza se cumplió presentando un avión en el aeropuerto al día siguiente, fecha prevista para la ejecución de Puig Antich, para que el obispo abandonara el país. La orden fue notificada por el jefe de Policía de Bilbao al propio obispo[195].

Por su parte, el jefe de la Iglesia española, el cardenal Tarancón, informó al Gobierno de que la Santa Sede tenía conocimiento de esas amenazas, que estaban sancionadas con la excomunión[196]. El cardenal-arzobispo de Barcelona, Narciso Jubany, que había pedido, conjuntamente con el obispo de Tarragona, el indulto para Puig Antich, entró en la polémica a favor de Añoveros. En su pastoral del 3 de marzo, al día siguiente de cumplirse la ejecución, se refirió a la homilía de Añoveros y, sin entrar a juzgar su contenido, expresó su convicción de que el obispo de Bilbao había actuado según su conciencia, siguiendo sus obligaciones espirituales, «en las que no tenía que interferir nadie más»[197]. La pastoral fue leída en todas las iglesias de las diócesis de Barcelona y Tarragona.

Narciso Jubany, además, no solo era el cardenal de Barcelona. Dirigía el Secretariado de Justicia y Paz del papa, desde donde se había difundido la nota, más tarde reproducida en multitud de telegramas colectivos dirigidos a Franco, que pedía el indulto para Puig Antich y que aludía a «la consigna vaticana de la reconciliación como preparación del Año Santo». De este modo, cumpliendo el mandato del papa, Jubany consiguió conectar la condena a la ejecución de Puig Antich con la injerencia gubernamental en los asuntos religiosos, mostrando, en definitiva, que formaban parte de la misma política autoritaria y represiva.

La crisis abierta era de enorme magnitud en un Estado confesional como el franquista, cuya legitimidad de origen descansaba en una guerra bendecida por la Iglesia. El mejor ejemplo era el propio Añoveros, que había acompañado a las tropas franquistas en la guerra como capellán castrense y ahora se enfrentaba a la expulsión del país. El asunto no se solucionó hasta que el propio Franco desautorizó la expulsión. El Gobierno convocó un Consejo de Ministros el 6 de marzo para relajar públicamente su postura, dejando en suspenso todas las posibles sanciones contra miembros destacados de la jerarquía eclesiástica del momento[198].

DERRIBOS ARIAS

El 29 de abril de 1974, los estadounidenses pasaron revista a los últimos cuatro meses del Gobierno Arias. Lo hicieron en un informe marcado por dos acontecimientos de última hora: la Revolución de los Claveles en Portugal y el llamado «gironazo», una vuelta de tuerca en la campaña de la extrema derecha contra los aperturistas: contra todos aquellos que pretendían «que los españoles pierdan la fe en Franco y en su Revolución Nacional» y a favor de medidas excepcionales que evitaran el contagio de la revolución de Portugal. A favor, en definitiva, de que el Ejército asumiera el poder. Sin embargo, para los analistas estadounidenses resultaba poco probable que la revolución portuguesa se extendiera a España, y esto se debía, en buena medida, a las ejecuciones del 2 de marzo. Su gestión había sido pues muy positiva desde el punto de vista de la cohesión interna y el control del orden público que buscaba el Gobierno. Para ello había sido esencial que el Ejecutivo mostrara su interés por fijar una imagen de firmeza y dureza, priorizando las relaciones con las fuerzas de seguridad antes que con Europa. La operación había dado resultado. De este modo, acercándose a los sectores más duros, a la extrema derecha, al Ejército y a la propia Dirección General de Seguridad, había desactivado sus movimientos. El Gobierno recibió presiones por las ejecuciones, sí, pero del lado contrario, de los aperturistas, cuya posición y credibilidad exterior quedaban muy debilitadas con aquellas ejecuciones por garrote vil[199].

A finales de abril de 1974, estaba meridianamente clara la intencionalidad política que había tenido la ejecución. El cumplimiento de la sentencia venía a restituir la confianza en las relaciones entre Gobierno, policía y Ejército, muy dañadas en el año previo. El origen del malestar en los cuerpos de seguridad, sin embargo, no estaba en la muerte de Carrero Blanco. No era este el detonante último de la ejecución de Puig Antich. Según la información estadounidense, se situaba más atrás, en el Proceso de Burgos: «Todo indica que al optar por una ejecución rápida, el Gobierno quería evitar a toda costa la lección del Proceso de Burgos de 1970, donde las dudas y las vacilaciones finales que llevaron al indulto final preocuparon muy seriamente a los militares, la policía y a sus aliados más conservadores, que lo vieron como una prueba de debilidad convertida en una victoria por los agitadores de dentro y fuera de España»[200].

El Proceso de Burgos había desembocado en un conflicto abierto que muchos creían que podía repetirse en el caso de Puig Antich y que terminó dañando profundamente la imagen exterior del Régimen. En diciembre de 1970, tuvo lugar en esta ciudad un proceso militar contra dieciocho miembros de ETA, acusados de tres asesinatos (uno de ellos el del jefe de Policía de San Sebastián ya señalado), numerosos actos de terrorismo y diversas actividades ilegales. Tres sacerdotes se sentaban en el banquillo de los acusados. Tras el apoyo masivo del movimiento obrero, que se lanzó a una huelga general sin precedentes, la estrategia de los abogados defensores se centró en mostrar al mundo que aquello era una farsa, un verdadero juicio político donde la dictadura sojuzgaba a la democracia. Burgos provocó la primera protesta masiva en Europa contra Franco, contestada con manifestaciones de apoyo al Caudillo de las que salieron reforzados los inmovilistas[201].

El tribunal militar dictó seis penas de muerte contra militantes de ETA y condenó al resto a penas de prisión muy duras. Las cúpulas militar y policial respaldaron las penas de muerte, que finalmente fueron conmutadas por el propio Franco. Las vacilaciones y divisiones mostradas en el seno del Gobierno, y su inclinación final por el indulto, priorizando en este caso la imagen exterior frente al orden público interior, fueron interpretadas por parte del Ejército y de la policía como una deshonra, un gesto de desprecio de políticos reformistas y tecnócratas que habían claudicado, abriendo una vía que traería fatales consecuencias. Malestar al que había contribuido un incidente protagonizado en el propio consejo de guerra, cuando uno de los jóvenes procesados, Mario Onaindia, interpeló al tribunal violentamente con gritos en euskera a favor de la banda; ofendidos, los militares respondieron desenvainando sus sables, en señal de que no iban a tolerar ninguna actitud semejante y cortarían de raíz las protestas que inundaban el país. El efecto fue el contrario, ya que la prensa extranjera convirtió el incidente en una prueba gráfica de la represión que vivía España, mientras que los procesados fueron elevados a iconos de la libertad[202].

Esta situación enfureció aún más a los ultras, que nunca dejaron de repetir que aquellas muestras de debilidad solo harían más fuertes a la oposición y al terrorismo, denunciando que si el Régimen cedía ante sus enemigos, estos se unirían y acabarían destruyéndolo. El atentado a Carrero Blanco, producido tres años más tarde, reforzó profundamente la posición e influencia de un sector que exigía retomar la pena de muerte. Y, de hecho, ambas crisis, la de diciembre de 1970 y la de marzo de 1974, se desataron con esta misma cuestión como telón de fondo. Por lo tanto, la gestión que el Gobierno Arias hizo de las ejecuciones de 1974 no puede entenderse sin el conflicto abierto a finales de 1970 con el Proceso de Burgos.

Un juicio que hizo insalvable la brecha entre reformistas e inmovilistas, alcanzando por primera vez la polémica entre familias del Régimen; una difícil vuelta atrás. Así se referían los ultras a los tecnócratas en 1970: «los artífices del desarrollo (desarrollo de una renta per cápita de 800 dólares) para quienes las condenas a muerte vendrían a enturbiar el progreso del país»[203]. Desde el otro extremo, se marcaron también las posiciones de no retorno, siendo muy significativo el posicionamiento de la Iglesia en un proceso en el que se vieron envueltos directamente varios sacerdotes. Ambas corrientes quedaron emplazadas en Burgos, escenario de un proceso colectivo diseñado para que la justicia militar resolviera con un castigo público y ejemplarizante que terminara de raíz con el problema separatista, incluyendo el espinoso tema del apoyo que recibían del clero progresista.

El fiscal militar solicitó inicialmente penas para los sacerdotes que iban de dos a dieciocho años de prisión, por graves delitos como encubrimiento de asesinato, auxilio y colaboración en la huida de etarras. El capitán general de la VI Región Militar, García Rebull, se mostró favorable a que el proceso se celebrara en audiencia pública, pero José María Cirarda, obispo de Bilbao, presionó para que tuviera lugar a puerta cerrada, amparándose en la jurisdicción eclesiástica. La movilización de la importante opinión pública católica de las diócesis vascas fue paralela a la movilización laboral generalizada. Homilías, pastorales y otros documentos eclesiásticos entraban directamente en las cuestiones sociales con un lenguaje que el propio Gobierno llegó a tildar de «marxista». Uno de los textos que más polémica desató fue la carta conjunta de los obispos de Bilbao y San Sebastián, en la que «condenaban todo tipo de violencias, las estructurales, las subversivas y las represivas, identificados con el magisterio de Pablo VI»[204].

El mismo día que se hizo pública esta carta, el 22 de noviembre de 1970, el Ministerio de Justicia difundió una nota lamentando la «grave equiparación» de los obispos vascos[205]. La denuncia de esta «coincidencia estratégica» alcanzó también un grado inusitado: «terrorismo y clericalismo aparecen juntos en asombroso maridaje que en otro tiempo se hubiera denominado contra natura»[206]. La situación, calificada por las propias fuentes gubernamentales como «la de mayor desasosiego político desde el final de la Guerra Civil», llegó al Consejo de Ministros del 15 de diciembre de 1970, que acordó la suspensión del Fuero de los Españoles. Quedaba sin efecto el límite máximo de detención de 72 horas y se dejaba vía libre a las actuaciones policiales[207].

Además del endurecimiento penal, la crisis abierta a finales de 1970 tuvo amplias repercusiones en el plano del orden público, lectura que, sin duda, era la que más interesaba a determinados sectores en 1974. La crisis de Burgos se saldó con una reordenación de altos mandos militares en la que ganaron visibilidad los llamados «generales azules»[208]. Cuatro años después, asociaciones como Fuerza Nueva, creada en 1966 por Blas Piñar, y sobre todo las hermandades de excombatientes, representadas por consejeros como Girón de Velasco o Utrera Molina, lideraban una agresiva campaña en la prensa contra el propio Arias, reivindicando ese mismo giro de 1970: que el Ejército asumiera más competencias en materia de orden público; en definitiva, que asumiera competencias políticas para recuperar la iniciativa frente a los reformistas. Y la mayor parte de la policía se hacía eco de ellas, a medida que la lista de agentes asesinados, como el propio Anguas, se nutría con rapidez.

De ahí la importancia del gesto de Franco al elegir como sucesor de Carrero al que fuera, entre 1957 y 1965, el director general de Seguridad más popular: Arias Navarro. A él no le temblaría el pulso, como ya había demostrado con la detención y ejecución de Grimau, o de Delgado y Granados. Arias no solo había llevado a la policía a su punto más álgido en la lucha antisubversiva, sino que la había dotado de un reconocimiento público. Primero, como alcalde de Madrid, presidió las manifestaciones más numerosas en la plaza de Oriente en apoyo a Franco y a favor del cumplimiento de las penas de muerte del Proceso de Burgos. Más tarde, ya como ministro de la Gobernación, sucedió a Garicano Goñi, acusado de «blando», reordenó el cuerpo de Policía y desarrolló el teléfono de atención 091 y otra serie de medidas de colaboración ciudadana del gusto de los mandos policiales[209].

Su ministro del Interior, García Hernández, ya había dado los primeros pasos en ese sentido reorganizando la estructura del Ministerio de la Gobernación y en particular de la DGS, además de adoptando cambios para el reforzamiento de la policía, tanto en el crecimiento de su plantilla como en la mejora de sus salarios. Tanto él como el propio Arias habían declarado públicamente que el fortalecimiento de la seguridad no era incompatible con la reforma política. Y así lo habían demostrado, reactivando la pena de muerte, aumentando las detenciones políticas y ampliando la esfera de la jurisdicción militar en materia de orden público.

La reordenación de la policía llegó finalmente y afectó a algunos de los implicados en la causa contra Puig Antich. José Vega Rodríguez, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, fue nombrado nuevo director de la Guardia Civil. José Sainz, jefe superior de Policía de Bilbao, asumió el cargo de comisario general de Investigación Social. Tomás Pelayo Ros, el gobernador civil de Barcelona que había informado en contra de la ejecución, fue sustituido por Rodolfo Martín Villa. Al mando de la DGS fue relevado el coronel Eduardo Blanco por el también coronel Francisco Dueñas, diplomado en guerra antisubversiva en Estados Unidos y director de la Academia de Policía Armada[210]. En octubre, dos de los puntales del reformismo fueron destituidos, Manuel Díez-Alegría al frente del Alto Estado Mayor y Pío Cabanillas, que caía por el escándalo Matesa, agitado en los medios de la extrema derecha. Su sustituto en el Ministerio de Información fue el subsecretario de la Gobernación, León Herrera, al que había ido dirigida la nota manuscrita de «prepare contestación evasiva». No había pasado un año de la ejecución de Puig Antich y Arias Navarro aparcaba definitivamente el llamado «aperturismo». La pena de muerte había llegado para quedarse[211].

7

Causa cerrada

No se ha señalado, ni se desprende del análisis de esta sala, que no se siguiesen en el proceso cuantas exigencias preveía la regulación del procedimiento establecido en el Código de Justicia Militar de 1945, tanto en la fase de instancia como en la de recurso ante el Consejo Supremo de Justicia Militar, aplicable a los delitos de terrorismo que habían sido previstos en la Ley 42/1971, de 15 de noviembre.

Auto de la Sala V del Tribunal Supremo,

de 5 de julio de 2007

En 1994, veinte años después de que ardieran las pruebas del caso, la familia de Puig Antich presentó un recurso de revisión de la sentencia. Fue denegado, en junio de ese mismo año, por la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional también fue desestimado antes de que acabara el año. En 2005, la familia volvió a solicitar autorización ante la misma sala, la Sala V del Tribunal Supremo. Durante los dos años que duró la tramitación de dicha solicitud, se asistió a un intenso debate en torno a otro proceso de revisión: el del pasado reciente. Fruto de este clima se produjo una fuerte conmoción social, especialmente en torno a septiembre de 2006, cuando se inició el proyecto de la Ley 52/2007, popularmente conocida como Ley de Memoria Histórica, que tras una larga y dura tramitación parlamentaria fue aprobada el 31 de octubre de 2007 con 185 votos a favor y 137 en contra. Tan solo unos pocos meses antes, en medio de una fuerte polémica política y mediática por la aprobación de esta ley, se emitió el auto de la Sala V sobre el caso Puig Antich, objeto central de este último apartado[212].

Los abogados Sebastián Martínez Ramos y Olga de la Cruz, en representación de la familia Puig Antich, confiaban en que esta vez la petición prosperara. El tiempo había permitido a los investigadores avanzar en la reconstrucción de los hechos y a los testigos expresarse libremente, más allá del clima de represión política y de presión ambiental en el que se habían desarrollado los acontecimientos. Y así lo hicieron saber los letrados en su solicitud: «el paso del tiempo ha permitido descubrir hasta qué punto el proceso contra Salvador Puig Antich estuvo plagado de irregularidades y cómo las flagrantes vulneraciones a su derecho de defensa fueron determinantes en la condena finalmente impuesta»[213].

Según la legislación española, para que se pudiera autorizar la revisión las pruebas debían ser consideradas nuevas. Eso era lo único que debía determinar la sala. No se trataba, por tanto, de considerar si Puig Antich era o no inocente, sino de permitir que se iniciara el trámite para valorar, posteriormente y en otra instancia, si el juicio se había desarrollado con garantías o no. Los abogados presentaron una serie de pruebas que no se habían tenido en cuenta en el consejo de guerra de 1974. La primera de ellas, la infografía, una novedosa técnica de reconstrucción digital con la que se intentaba paliar la falta de un estudio de balística, que no se había realizado en 1973. Un programa informático facilitaba en imágenes la posición de los tiradores y determinaba la trayectoria de los disparos que se realizaron en el pequeño portal de la calle Gerona aquel 25 de septiembre de 1973. La otra prueba presentada era un informe dactilográfico que podía probar la manipulación del informe de autopsia hecho en comisaría. Por último, aportaban los testimonios de varios testigos directos de los hechos que fueron ignorados en el proceso inicial: el del doctor Ramón Barjau Viñals, el médico de urgencias que certificó la muerte del subinspector Anguas; el del doctor Latorre, que también reconoció el cadáver, y, por último, el de Xavier Garriga Paituví, el joven, conocido entonces como el Secretario, que fue detenido junto a Puig Antich la misma tarde de los hechos.

LA REVISIÓN DEL CASO

El proceso de revisión estuvo lleno de obstáculos desde el principio. La tramitación estuvo detenida prácticamente un año tras la abstención de uno de los magistrados, y hasta finales de marzo de 2006 no comenzaron las actuaciones. El 27 de abril se visionó la prueba digital. El vídeo realizado por la empresa Reges de Barcelona, que apenas duraba cinco minutos, recreaba un espacio de tres metros en el que entraban inicialmente siete personas, al menos seis de ellas armadas. El problema fundamental era determinar su posición con las pruebas que se conservaban. Las armas y los casquillos de bala de los policías habían desaparecido, por lo que resultaba difícil realizar algo parecido a un estudio balístico. A pesar de todo, el informe concluía que «el origen de tales disparos estuvo en muy distintos puntos del reducido espacio donde se produjo el forcejeo entre las personas armadas»[214].

José Luis Pedragosa y Jordi Maurel, los peritos que realizaron el informe, sostuvieron que lo más probable era que Anguas hubiera recibido un primer disparo descendente en el abdomen que le hiciera doblarse hacia delante, «lo que facilitó que los otros dos disparos tuvieran trayectoria ascendente, incluso uno de ellos muy cerca, a quemarropa». Los peritos ratificaron sus conclusiones y respondieron a varias preguntas de los magistrados. Maurel explicó que en el lugar de los hechos todavía había impactos de bala, algo que le había impresionado. Al ser preguntado si consideraba que Puig Antich apuntó y disparó contra el subinspector de Policía, contestó que eso era imposible aseverarlo, ya que lo que se produjo fue un caos. «Lo que hubo fue un desorden, el intento de reducirlo y los disparos», aclaró. El fiscal togado militar, Fernando Herrero-Tejedor, solicitó ver de nuevo el vídeo. Cuando terminó, preguntó al otro perito en qué se basaba para sostener la dirección de los disparos[215]. Pedragosa respondió que «los disparos podían haber salido de los dos», refiriéndose a Fernández Santórum y a Puig Antich. Jordi Maurel, por su parte, tampoco pudo concluir quién había sido el autor: «el primer disparo tiene más posibilidades de ser de Puig Antich. Los disparos del inspector Bocigas, de existir, fueron accidentales, mientras intentaba sujetar por detrás al detenido». La sala dio por terminada la presentación de la primera prueba.

La segunda, la declaración de los testigos presenciales ignorados en el consejo de guerra, no comenzó hasta mayo de 2006. El primero en prestarla fue Garriga Paituví, que en 1973 tenía veinticuatro años y trabajaba como corrector de imprenta. Había firmado su declaración en los locales de la Sexta Brigada Político-Social el 27 de septiembre de 1973, dos días después de ser detenido. Declaración que ratificó ante el juez de primera instancia Bermúdez de la Fuente, quien ordenó su ingreso en prisión y derivó su caso al Tribunal de Orden Público. Treinta años después volvía a Madrid, ahora al Tribunal Supremo, donde manifestó claramente que la declaración que había prestado en la comisaría de Vía Layetana era totalmente falsa. Desde el principio le obligaron a decir que vio a Salvador empuñar un arma y disparar a bocajarro contra un agente de Policía. Al principio se negó, pero antes de que expiraran las 72 horas de las que disponía la policía terminó firmando la declaración. En realidad, aquel mes de mayo de 2006 era la primera vez que declaraba en una sede judicial sobre tales hechos, ya que ante el juez de instrucción de Barcelona había estado apenas un rato de pie, lo imprescindible para firmar de nuevo el interrogatorio policial, y el juez militar nunca le había tomado declaración, a pesar de ser testigo directo de los hechos.

Garriga explicó al tribunal lo que sucedió la tarde de aquel 25 de septiembre de 1973. Todo ocurrió en un máximo de dos o tres minutos. No pudo ver a Salvador Puig Antich efectuar ningún disparo ni las circunstancias en que se produjo el tiroteo, ya que se encontraba en el suelo recibiendo golpes de otros dos agentes en la portería y estaba protegiéndose la cabeza con las manos.

Mientras trataban de reducirlos forcejeaban intentando escapar sin conseguirlo ninguno de los dos. No era cierto que viera al sr. Puig Antich empuñar la pistola y hacer uso de la misma contra el subinspector sr. Anguas. Ni él ni el Petit, con quien estaba citado para decidir si se iban a Francia, portaban armas, su actividad era la de crear una editorial de libros destinados al movimiento obrero que entonces estaban prohibidos en España. En aquella época él y sus compañeros de militancia tenían enemigos en la extrema derecha. No vio armas, ni sangre, solo golpes. No vio que la policía golpeara con las pistolas en la cabeza a Puig Antich y tampoco recordaba que los policías portaran armas.

A continuación narró las torturas y malos tratos que sufrió en comisaría, detalladas en el capítulo segundo[216].

Una semana más tarde, se personó en el Tribunal Supremo el doctor Barjau Viñals. Este, que ya había declarado en diversas ocasiones ante los medios de comunicación que el cadáver de Anguas estaba «cosido a balazos», se dirigió al tribunal y manifestó, «sin error alguno», que presentaba más de cuatro disparos y concretamente dos orificios de bala en el muslo. Recordó que, a pesar de haber sido él mismo quien firmó el certificado de defunción, no fue llamado a declarar en el juzgado entonces, ni tuvo acceso al informe de autopsia que hicieron los forenses. Se le entregó una copia de la autopsia y, tras leerla durante unos minutos, afirmó que no estaba de acuerdo con su contenido, pues faltaban al menos dos disparos, los de la pierna y la ingle. Además, insistió, los disparos se encontraban en la parte derecha del cuerpo y no en la izquierda, como decía la autopsia. Recordó a los magistrados lo ocurrido la tarde del 25 de septiembre de 1973 una vez más. Tras examinar el cuerpo del policía muerto se trasladó a la Sala C, donde se encontraba el herido Salvador Puig Antich, al que conocía porque era hermano de un amigo y discípulo suyo. Tras escuchar esto los policías le apartaron del lugar y le impidieron visitar al paciente el resto de los días que estuvo ingresado. En realidad, desde entonces fue apartado del caso. Nunca, en todo este tiempo, había sido citado a declarar por ningún juez, por lo que no podía añadir nada más[217].

Las declaraciones tardaron más de medio año en reanudarse. El 31 de enero de 2007 fue el turno de Joaquín Latorre Martí, médico residente del servicio de Traumatología del doctor Barjau. Recordó que entró con este último y otro personal de urgencias a la Sala A, donde se encontraba una persona ya cadáver, muerta por heridas causadas por armas de fuego. Desnudaron el cuerpo y lo estuvieron observando durante unos diez minutos o un cuarto de hora: «presentaba al menos cinco orificios por impacto de bala, dispuestos en alineación y a modo de ráfaga en sentido ascendente a partir del muslo derecho hacia abdomen y hemitórax izquierdo». Latorre recordó que las heridas más graves estaban en el abdomen y en la zona torácica. Las del muslo no revestían gravedad, pero ignoraba la razón por la que no fueron recogidas en la autopsia. Días después, los periódicos decían que el cadáver presentaba solo tres heridas o impactos de bala, y que la autopsia se había practicado en una comisaría de Policía, lo que llegó a calificar entonces de «alcaldada». Al igual que el resto del personal médico y sanitario del hospital que tuvo contacto con el cadáver de Anguas, fue apartado del caso.

Los abogados solicitaron entonces la declaración del letrado Francesc de Paula Caminal i Badia. Caminal se había encargado, junto a Oriol Arau, de la defensa inicial de Puig Antich, especialmente de su asistencia jurídica en prisión. La Sala V, tras la firme oposición del fiscal, rechazó su testimonio al considerar que no podía aportar nada relevante[218]. A partir de ese momento, los abogados se centraron en desacreditar la autopsia realizada en comisaría. Había sido manipulada, como señalaba claramente el informe dactilográfico: se había añadido la frase «los tres disparos pueden corresponder al mismo tipo de proyectil». Pero ¿quién lo hizo y por qué? Solo los forenses Gabriel Sánchez Maldonado y Rafael Espinosa Muñoz, autores de la autopsia, tenían las respuestas. El Supremo solicitó su presencia. Sánchez Maldonado había muerto en 1993; el doctor Espinosa tenía 87 años y vivía en una residencia de la tercera edad en Granada. El Juzgado n.º 4 de Granada se apresuró a certificar que presentaba un «cuadro de trastorno de la memoria y desorientación temporal y espacial», y que no se encontraba capacitado para prestar declaración. No se admitieron más pruebas.

DENEGACIÓN Y VOTOS PARTICULARES

A las once de la mañana del 13 de junio de 2007, la Sala V se reunió para tomar una decisión. Dos de los magistrados se mostraron favorables a la autorización del recurso, pero los tres restantes no. Los argumentos para denegar dicha solicitud fueron recogidos en un auto de treinta hojas que cuestionaba, una por una, la novedad de todas las pruebas aportadas. En primer lugar, ponía en duda la validez de la prueba infográfica, la reconstrucción en tres dimensiones. En 1974 ya se había realizado un croquis y una reconstrucción de los hechos, en papel, claro está, «siendo nuevo únicamente, por consiguiente, el soporte informático y la factible actual proyección en pantalla de forma visualizada de dichos hipotéticos movimientos»[219].

La primera prueba que presentaban los abogados de la familia de Puig Antich era tirada por tierra. Según el auto, en ningún momento hacía alguna afirmación o aseveración rotunda, «partía de hipótesis, reflejaba meras posibilidades y no se pronunciaba taxativamente». La versión oficial de los hechos, por lo tanto, seguía siendo la policial:

la identificación desde el primer momento como policías de los inspectores y subinspectores, el conocimiento de la condición de tales por Puig Antich, el enfrentamiento de este último contra aquellos absolutamente violento y sin concesiones, sin que denotara en absoluto falta de fuerzas o de capacidades físicas o psíquicas hasta el punto de no poder ser reducido por tres personas especialmente preparadas para la detención de «delincuentes de todo tipo».

Tan solo el relato del doctor Barjau presentaba un detalle que podía ser considerado nuevo para la sala. Al reflejar en su declaración la existencia en el cadáver del subinspector Anguas de cinco disparos y no de tres, sembraba «dudas razonables» sobre si Puig Antich pudo ser el único autor de los disparos. El problema es que esta versión contradecía el informe de autopsia y las actuaciones de los forenses de 1973, que no podían declarar, ya que uno había fallecido y el otro presentaba un cuadro clínico de pérdida de memoria. El criterio mayoritario en la Sala V del Tribunal Supremo se decantó a favor de la versión de los forenses, sin mencionar en ningún momento la circunstancia de que realizaron su trabajo en una comisaría de Policía. Según el auto, «ambos facultativos, en el ejercicio de su función, actuaron conforme a lo dispuesto por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 21 de Barcelona».

Respecto a la procedencia de los disparos, el auto ignoraba plenamente la declaración de los peritos y consideraba probado que todos los disparos procedían de la misma arma. Frente a la confusión y el caos reproducidos a través de una técnica infográfica utilizada por la propia policía del siglo XXI en la reconstrucción de accidentes, prevaleció la secuencia de disparos ordenada por los forenses de 1973, los mismos que modificaron su propio informe de autopsia mecanografiado con un bolígrafo. El auto prescindió totalmente de la reconstrucción de los hechos mostrada en el vídeo, donde quedaba claro que todo se produjo en un espacio de ocho metros en el que había seis personas armadas. Se apoyaba, por el contrario, en el informe del fiscal, que, siguiendo la autopsia de nuevo, argumentaba que uno de los disparos se efectuó a bocajarro, desde una distancia muy cercana al cuerpo del policía, por lo que «resultaba difícilmente verosímil que el mismo procediese de uno de sus propios compañeros por error»[220].

La Sala V no apreció irregularidad de ningún tipo, ni formal ni procesal, en el caso y consideró que ninguna de las pruebas o testimonios presentados por los abogados de la familia Puig Antich podían demostrar lo contrario. Los policías, los forenses, los jueces, los fiscales, todos, habían actuado correctamente, de acuerdo con los procedimientos vigentes en la época: «no se apreció ninguna irregularidad formal ni procesal ni en la designación de los sres. forenses, ni en la práctica de la diligencia de autopsia, ni en la coherencia y congruencia de su resultado con los distintos testimonios sobre los hechos, especialmente con los de los policías sres. Bocigas Vallejo y Fernández Santórum, ambos testigos directos de los mismos».

En aquella fase de la revisión no se exigía entrar en la naturaleza del proceso, pero la disposición favorable de tres de los cinco miembros de la sala obligó a hacerlo. El objetivo era invertir el sentido de las pruebas y los testimonios aportados como nuevos por la familia de Puig Antich. Si Garriga Paituví hablaba, por ejemplo, de la brutalidad policial sufrida en la detención y de las torturas en comisaría, la mayoría de la sala lo encontraba justificable, dada la peligrosidad de los delincuentes y los postulados de extrema violencia de la organización a la que pertenecían. Los policías no habían exhibido la placa en la detención, en efecto, pero el auto lo consideraba normal: dadas «las referencias y peligro de las personas abordadas, no era factible ese tipo de fórmula de identificación»[221].

La declaración de dos médicos de guardia la tarde de los hechos, uno de los cuales había certificado personalmente la defunción del policía, fue de nuevo ignorada. En su lugar prevaleció la del personal que había actuado a instancias del jefe de la Brigada Político-Social de Barcelona. La protección de un error policial seguía pasando, muchos años después, por una cuestión de buena o mala imagen. Los abogados presentaron una serie de recortes de periódicos para mostrar el impacto social que produjo en la época la muerte de Puig Antich. La Sala V les concedió valor como documentos significativos de alarma y conmoción social, en efecto, pero tan solo las provocadas por la muerte del subinspector de Policía Anguas[222].

La condición de víctima se denegaba así a Puig Antich, y con él a todo lo que representaba su figura en la lucha por la revisión de las sentencias del franquismo. Se le arrebataba también a la familia, inmersa en un laberinto legal desde hacía años, lo único a lo que podía aspirar: el reconocimiento expreso, desde las más altas instituciones del Estado, de que el proceso contra Salvador Puig Antich había sido irregular. El auto de la Sala V, por el contrario, suponía un serio aviso a navegantes, una señal disuasoria para todos aquellos que tuvieran aspiraciones similares. Tal vez por eso el texto remarcaba el criterio de una sala por la que tenía que pasar obligatoriamente cualquier revisión de las sentencias de los tribunales militares: fijar los roles de criminal y de víctima a partir de la afirmación incuestionable, sin fisuras ni críticas, de que aquellos procesos se desarrollaron con plenas garantías, cumplían con todos los aspectos formales previstos en la legislación de la época y, por tanto, aquellas sentencias eran justas.

La causa contra Puig Antich era una prueba de ello. En su primera declaración ante la policía, había estado presente un fiscal de la Audiencia de Barcelona. Posteriormente, dos jueces dictaron sendos autos de procesamiento: el primero, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción n.º 21 de Barcelona, que tomó declaración personalmente a Puig Antich, quien reconoció los hechos; el segundo, el juez militar, ante el que ratificó su declaración anterior, «no pareciendo razonable, a la vista del contenido de esta declaración, considerar que durante la misma fuera objeto de ningún tipo de intimidación o coacción», señaló el auto. Consecuentemente, seguía la Sala V, la sentencia era la correcta: el tribunal militar que juzgó la causa en 1974 no se equivocó en calificar lo allí acontecido como un delito de terrorismo. La sala daba de nuevo los siguientes hechos como probados:

— La pertenencia de Puig Antich al equipo militar del MIL (Movimiento Ibérico de Liberación).

— El hecho de que en el día de autos llevaba dos pistolas cargadas y montadas y dos cargadores más, lo que demostraba su disposición para la utilización de las mismas en el marco de las actuaciones de dicho movimiento. En este punto, cabe observar que, en la misma sentencia, el sr. Puig Antich fue juzgado y condenado por otro delito de terrorismo —cuya revisión no se solicita en el presente procedimiento— por su participación en el atraco a la sucursal del Banco Hispano Americano sita en el paseo Fabra y Puig n.º 313 de Barcelona.

— La dinámica de los hechos que se desarrollan con un enfrentamiento violento y extremo con utilización [por parte de Puig Antich] de todos los medios a su alcance, disparando una de las armas —única que no se le había ocupado de las que disponía— ocasionando la muerte del subinspector Anguas.

— La circunstancia de que en la diligencia de entrada y registro en el domicilio del condenado se ocuparon en su interior 36 cartuchos de dinamita, 10 detonadores eléctricos, una pistola de gas, dos cargadores de pistola calibre 7,65 mm, una funda sobaquera para pistola de gran calibre y abundante propaganda de la que entonces era considerada ilícita.

— El hecho de haber utilizado el arma, según la sentencia del consejo de guerra con la disposición de poner en práctica «los postulados de ataque violento y armado al orden institucional», al disparar intencionadamente sobre el subinspector Anguas causándole la muerte.

El fiscal Herrero-Tejedor tampoco mostró duda alguna sobre la exactitud de la condena a muerte, destacando prácticamente los mismos elementos:

el elemento intencional de ataque al orden institucional exigido por la legislación de la época es recogido expresamente en la sentencia, tanto por el hecho de su pertenencia a la organización anarquista MIL, que intentaba liberar al pueblo español del régimen político que en su opinión lo sojuzgaba, como por las armas y municiones que portaba y que utilizó contra la policía en el momento de su detención.

Finalmente, el 13 de junio de 2007, la Sala V del Tribunal Supremo acordó la denegación del recurso[223].

A pesar de las similitudes más que aparentes, había una diferencia de matiz e importante calado entre el discurso de la sala y el de la propia fiscalía. El auto no se limitaba a denegar el recurso porque no se cumplieran los requisitos formales, como había manifestado ya el fiscal en 2005. Insistía en afirmar que el proceso a Puig Antich se había desarrollado con todas las garantías legales y reiteraba, extremo al que no llegó la fiscalía, que la sentencia del consejo de guerra era la correcta. El tono, las formas de argumentación y, sobre todo, de expresar la denegación, en definitiva, fueron muy distintos. En febrero de 2005, el fiscal se había limitado a señalar que «no se cumplen los supuestos taxativamente previstos por la ley ni se cumplen los requisitos para su formulación»[224]. En junio de 2007, la Sala V rechazaba de nuevo la revisión, pero lo hacía a través de un auto mucho más duro y valorativo, claramente ideológico. Aquel 13 de junio de 2007, se cerraba por segunda vez las puertas a la revisión del caso y se mostraba una clara voluntad de cerrarlas a las revisiones de todas las sentencias de la dictadura, periodo que se seguía reconociendo como «el orden institucional vigente».

La batalla legal por el recurso de revisión se prolongó durante cinco años más. Los abogados recurrieron al Tribunal Constitucional, pero aquí tampoco prosperó. Agotadas las vías judiciales en España, en 2011 decidieron llevar el caso al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que finalmente tampoco admitió la demanda. Al año siguiente, la jueza argentina María Servini de Cubría sí lo hizo, tras recibir la querella de las víctimas del franquismo abierta por el juez Baltasar Garzón. Allí, en la justicia argentina, sigue su curso un caso que guarda una serie de paralelismos claros con muchos de los episodios de violencia ocurridos durante el periodo de la dictadura militar reciente en el país latinoamericano.

En España, autorizar o denegar la revisión de este caso suponía mucho más que la decisión de un simple tribunal. Este tipo de recursos abrían públicamente el debate sobre el pasado a la sociedad española, en un momento clave en la influencia de la memoria histórica y en plena controversia política sobre dicha ley. En el plano profesional, desde el punto de vista de los jueces, autorizar la revisión significaba también aceptar la participación de la judicatura en una represión como la franquista, dirigida, básicamente, desde la justicia militar, pero en estrecha colaboración con la Administración de la justicia civil. Las implicaciones eran numerosas y de distinta índole. No en vano, la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo se enfrentaba al examen de una sentencia aprobada por el Consejo Supremo de Justicia Militar, su órgano inmediatamente anterior. No es de extrañar, por tanto, que mostrara una especial resistencia a cualquier cambio de política sobre estos temas, apoyándose en el peso de la inercia institucional y corporativa. Una dinámica que fue predominante pero no absoluta. La división en el seno de la Sala V ante este recurso mostró la fractura existente en la magistratura al encarar el significado y la responsabilidad de su papel en el pasado reciente. División que se puso de manifiesto cuando el magistrado encargado de redactar el acta declinó hacerlo, «por discrepar del parecer mayoritario de la sala».

A pesar de esa discrepancia, el auto, en aquel preciso momento, representaba la postura oficial del poder judicial ante la demanda de conocimiento y memoria histórica que exigía buena parte de la sociedad, fundamentalmente la llamada «tercera generación», la de los nietos de la represión de la guerra y la dictadura. El contraste sociológico no pudo ser mayor. Desde este ángulo, el componente conservador de la Sala V era nítidamente mayoritario, como mostraba la propia adscripción profesional de los jueces. El presidente, Ángel Calderón Cerezo, pertenecía a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, de la que mucho tiempo fue su portavoz. Su primer destino como juez se produjo precisamente en 1973, en la ciudad de Baena, pero pronto pasó a la Audiencia Nacional y, posteriormente, al Tribunal Supremo, donde se ha manifestado siempre en contra de todos los procesos de revisión de sentencias del franquismo. En abril de 2012 fue condecorado por el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, con la Gran Cruz al Mérito Naval.

El primer vocal, el general Agustín Corrales Elizondo, miembro del Opus Dei, desarrolló su carrera plenamente en el Cuerpo Jurídico Militar. Comenzó en 1970, como teniente auditor de la Fiscalía de la Zona Marítima del Estrecho de Gibraltar, y en 1974 ya dirigía un juzgado de instrucción militar en Valencia. El segundo vocal, el general y asesor del Ministerio de Defensa Javier Juliani Hernán, procedía también del Cuerpo Jurídico Militar y era hijo del general Antonio Juliani, varias veces condecorado por el Caudillo «por su servicio a España». El fiscal togado militar, Fernando Herrero-Tejedor y Algar, era hijo de uno de los últimos ministros de la dictadura, el secretario general del Movimiento Fernando Herrero Tejedor, quien había sido también fiscal en el Tribunal Supremo, miembro del Consejo de Estado y fiscal de la sala V desde 2003. En 2012 fue nombrado fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Hermano del periodista y eurodiputado del Partido Popular, Luis Herrero. De perfil ideológico muy distinto eran los dos magistrados que emitieron los votos particulares favorables al recurso: Ángel Juanes, presidente de la Audiencia Nacional desde 2009 y actual vicepresidente del Tribunal Supremo, miembro de Jueces para la Democracia, y José Luis Calvo Cabello, uno de los primeros portavoces del Consejo General del Poder Judicial y miembro también de la asociación progresista Jueces para la Democracia.

Este somero análisis sobre la composición socioprofesional del tribunal sirve únicamente para explicar los posicionamientos políticos y entender las distintas presiones a las que tuvieron que hacer frente los magistrados entre 2005 y 2007, periodo durante el que se demoró la decisión sobre el recurso. Un tiempo marcado por el debate sobre la Ley de Memoria Histórica y la negativa frontal a aceptar la vía de los recursos de revisión sobre las sentencias de la Guerra Civil y del franquismo que se promovieron dentro de la dinámica política del momento, que tuvieron su punto álgido en las actuaciones contra el juez Baltasar Garzón en 2011 y 2012, en algunas de las cuales tuvo un protagonismo destacado el presidente de la Sala V, Ángel Calderón Cerezo.

Las experiencias, las motivaciones profundas a la hora de tomar la que fue la decisión mayoritaria en los magistrados, sin embargo, se encontraban más atrás en el tiempo; partían de su propio pasado, el mismo del que emergían sus propias trayectorias vitales. Los tres magistrados que votaron en contra de la revisión compartían hitos similares en la carrera militar, jurídica y política que habían iniciado al final de la dictadura. Sus primeros destinos, se ha señalado ya, coincidieron con el desarrollo del proceso en 1973 y 1974, un proceso que veinte o treinta años después tenían que volver a revisar ellos mismos, cuando ya se encontraban en la cúspide del propio sistema judicial. El caso más claro se produjo en la primera denegación del recurso en 1994, con la presencia como magistrado de la Sala V del juez José Luis Bermúdez de la Fuente. El que fuera titular del Juzgado de Instrucción n.º 21 de Barcelona durante la detención de Puig Antich estaba, veinte años después, en otro tribunal de mucho mayor rango que debía decidir sobre la revisión o no de sus propias actuaciones anteriores. Una situación análoga a la de la mayoría de los miembros del Cuerpo Jurídico Militar que participaron en los cientos de consejos de guerra de finales del franquismo, y que más tarde ascendieron en la carrera jurídica militar, política, o en otras actividades profesionales de carácter particular.

A lo largo de todos esos años, la división sociológica, profesional e ideológica de la judicatura, como quedó patente en los miembros de la Sala V, alimentó una gran barrera psicológica que se manifestaba en actitudes viscerales de apropiación o de rechazo, impuestas según la correlación de fuerzas y la composición de cada sala. De este modo, la negativa a autorizar el proceso de revisión terminó desembocando en un reconocimiento automático de los procedimientos judiciales del franquismo. Al afirmar categóricamente que no había irregularidad procesal ni formal alguna, se daba valor legal a todas las actuaciones en que se sustentaban los consejos de guerra, especialmente las de la policía política, que hacía las veces de policía judicial, controlaba las declaraciones y encarrilaba los procesos desde el principio, como se ha tenido oportunidad de documentar en este libro.

Este fue el punto clave en la controversia suscitada por los dos magistrados que argumentaron lo contrario, que Puig Antich no tuvo un juicio justo, y que se mostraron favorables a autorizar el recurso. Al día siguiente de que la sala emitiera el auto, redactaron sendos votos particulares, donde quedaba patente su disconformidad absoluta con la decisión y el razonamiento de sus compañeros de sala. El primero de ellos, Ángel Juanes, se centró en las razones de procedimiento que había expuesto el fiscal y a las que se había acogido la sala para denegar la autorización[225]. Calvo Cabello, por su parte, se ocupó de la naturaleza y finalidad del proceso de revisión que se había denegado como «una exigencia de la justicia, estrechamente vinculada a la dignidad humana y a la presunción de inocencia»[226].

Ángel Juanes consideraba que había base suficiente para otorgar la autorización del recurso y enumeraba las razones siguientes:

a)La naturaleza del proceso seguido (consejo de guerra sumarísimo).

b)La limitación de garantías que esta clase de procesos conllevó en un momento de nuestra historia.

c)La negación de pruebas básicas solicitadas por la defensa en su momento: la de balística hubiera podido determinar sin margen de dudas quién o quiénes fueron los autores de los disparos que causaron fatalmente la muerte de un subinspector de Policía.

d)La negación de pruebas médicas solicitadas en orden a acreditar que d. Salvador Puig Antich tenía disminuidas sus facultades intelectivas y volitivas a consecuencia de los golpes que sufrió en la cabeza, que le causaron conmoción cerebral (hecho este probado en el juicio donde se le impuso la pena de muerte).

e)La aparición de un hecho nuevo admitido implícitamente por la sala mayoritariamente como es que en el cuerpo del subinspector Anguas se localizaron no tres disparos sino cinco, lo cual plantea una duda razonable a resolver en el trámite de resolución del recurso pero no ahora, pues se trata de un hecho objetivo, sin que ello implique o conlleve dudar de la objetividad del informe de la autopsia en la cual se apreciaron correcciones hechas a mano. Se trata simplemente en este momento procesal de verificar si hay dudas.

f)De las propias circunstancias en que se produjo el forcejeo que no permiten excluir un supuesto de homicidio preterintencional o la apreciación de una atenuante que a buen seguro hubiera evitado la muerte del procesado aunque finalmente hubiera sido el causante de los disparos que dieron muerte al subinspector Anguas.

a)La existencia de malos tratos, tal y como reconoció el testigo (sr. Garriga Paituví) ante esta sala el 11 de mayo de 2006, manifestando que fue objeto de malos tratos y verdaderas torturas en las dependencias policiales.

h)El propio contexto político y social imperante en el momento en que se impuso la pena de muerte, poco proclive a la existencia de un proceso ajeno a la presión ambiental del momento.

En definitiva porque d. Salvador Puig Antich no tuvo un proceso justo, lo cual no prejuzga la licitud de su conducta tanto en el plano jurídico e incluso en el ético. Se trata simplemente de constatar que con independencia de su actuación lo cierto es que no tuvo UN PROCESO JUSTO[227].

El magistrado José Luis Calvo Cabello, por su parte, manifestó sus dudas sobre la justicia del proceso desarrollando las siguientes razones:

1)La primera declaración de don Salvador Puig Antich, extendida en casi siete folios por las dos caras a un solo espacio, fue prestada sin intervención de defensor y tan solo 72 horas después de haber recibido dos disparos.

2)No fue practicada una prueba tan esencial como la pericial de balística, destinada a establecer cuál o cuáles fueron las armas de las que procedieron los disparos que causaron la muerte del subinspector.

3)Otra actuación irregular se refiere al derecho de don Salvador Puig Antich a proponer las pruebas pertinentes para su defensa. En mi opinión, coincidiendo totalmente con las promoventes del recurso, ese derecho fue sistemáticamente vulnerado.

4)La autopsia fue realizada en la comisaría en que estaba destinado el subinspector fallecido. Manipulación del informe de autopsia. La mayoría de la sala entendió que no era necesaria la práctica de la prueba pericial y la rechazó.

A continuación analizó el resultado de las diligencias de prueba practicadas ante la sala. La prueba infográfica potenciaba lo que los doctores Barjau y Latorre habían declarado, demostrando que el origen de los disparos estuvo en distintos puntos en el reducidísimo espacio donde se produjo el forcejeo entre varias personas armadas. Resultaban acreditados dos hechos nuevos: primero, que el subinspector de Policía recibió al menos cinco disparos, y no solo los tres que describe la autopsia; y segundo, que ese total de disparos fue efectuado por dos pistolas, al menos. Estos dos hechos nuevos «permiten concluir que la condena fue injusta porque el consejo de guerra que juzgó a don Salvador Puig Antich no los conoció (rechazó los medios de prueba destinados a verificarlos) y tienen la entidad suficiente para fundamentar —es lo lógico y razonable— una sentencia distinta».

En contra de la mayoría de la sala, Calvo Cabello entendía que se habían demostrado dos hechos que fueron ocultados en 1974, por lo que Puig Antich «ni tuvo un proceso justo ni la sentencia podía ser correcta. El valor justicia y una interpretación del recurso de revisión acorde con los valores constitucionales y el derecho a la presunción de inocencia del condenado así lo demandaban»[228].

La división quedó patente en la Sala V de un Tribunal Supremo donde se enfrentaban distintas concepciones de la justicia, pero también de la historia. El debate discurrió por la naturaleza del recurso de revisión en la legislación española, para el fiscal necesariamente restrictiva y extraordinaria, para los magistrados que emitieron los votos particulares, mucho más amplia. El problema era, pues, de diseño legal, del angosto camino del proceso de revisión en España, limitado, como se ha visto, por la exigencia de mostrar nuevos elementos de prueba. El fiscal concluía de este modo reconociendo el fondo de la cuestión: «es al legislador a quien corresponde en un Estado de derecho como el nuestro, modificar las normas por las que se rigen estos procesos». Todo terminaba donde había empezado, en un problema del legislador, y era, por tanto, un problema político[229].

LA MEMORIA JUDICIALIZADA

La controversia judicial se trasladó a sede parlamentaria, donde se trataba directamente la anulación de las sentencias de los tribunales militares y la aprobación, por vez primera, de medidas de reparación para las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo. De ahí la relevancia de la posición fijada por el Tribunal Supremo en este caso. Ya se ha señalado la división socioprofesional de los magistrados y el factor de la presión política del momento. Pero, para comprender el rechazo a reconocer la nulidad de las sentencias de los consejos de guerra, resulta esencial entender qué representaba ese periodo para la Sala V. La lectura del auto, como todo texto jurídico, posee, al menos, dos dimensiones: una interna, basada en la articulación de su propio razonamiento, seguida de otra externa, que actúa de cara a la opinión pública y canaliza el mensaje que la más alta instancia judicial del Estado quiere transmitir. En la redacción del texto final del auto, en el que se denegaba la autorización de la revisión de la sentencia, se completaba la transferencia de la primera a la segunda mediante la superposición de los valores personales e ideológicos a los criterios metodológicos y técnicos propios de la resolución de una cuestión de esta índole.

El mejor ejemplo se encuentra en la propia definición de la dictadura del general Franco. El auto de la Sala V se refiere unívocamente a ella como «el orden institucional vigente». No existe ningún otro elemento ni alusión distinta en todo el auto, cuando los propios escritos del fiscal, sin ir más lejos, designan el mismo periodo, en repetidas ocasiones, como «el orden preconstitucional». La mayor diferencia a la hora de hacer referencia al pasado se produjo en los votos particulares que se mostraron favorables a autorizar el recurso. Los dos magistrados, aunque de manera distinta, vincularon el carácter excepcional del proceso (consejo de guerra sumarísimo) con la temporalidad y sus circunstancias (dictadura, contexto político y social, muerte de Carrero Blanco). Y fue precisamente al remarcar esa excepcionalidad cuando realizaron su propia transferencia de valores personales e ideológicos hacia el caso. También tuvieron motivaciones subjetivas, al igual que los otros tres magistrados, pero, a diferencia de estos, las dirigieron hacia la defensa del tiempo presente, amparándose en su propia responsabilidad como jueces (interpretación del recurso acorde con los valores constitucionales), y no hacia la del pasado inmediato, como los tres restantes. Resulta muy significativo a este respecto anotar cómo operaron las diferencias de mentalidad en este preciso momento. Los votos particulares, por ejemplo, utilizaron referencias a nociones abstractas y categorías universales, nada extrañas, por otra parte, en la fundamentación jurídica (valor de justicia, presunción de inocencia), que partían de un plano presentista, también ideológico, claro está, donde no pesaba la exigencia de reconocimiento de la dictadura como «el orden institucional vigente», ni tampoco la necesidad de exonerar de forma legal ni moral las acciones del propio Puig Antich.

Los elementos referenciales del auto, por su parte, eran básicamente negativos. La composición del texto, con un marcado interés en invertir tanto el sentido de las pruebas presentadas por los abogados como los argumentos de los votos particulares, evitaba pronunciarse sobre si Puig Antich tuvo o no un juicio justo, como sí hicieron los votos particulares, limitándose a determinar que en la Causa 106-IV-1973 no había habido irregularidad «formal o procesal alguna». Se trataba, en definitiva, de sostener que el juicio había sido justo. Pero no lo hacía de una forma neutra, ya que afirmaba negando que no se hubiese seguido todo lo previsto en la legislación y los procedimientos vigentes en la época. Para ello era importante atribuir a los procedimientos que habían regulado el consejo de guerra dos características básicas: normalidad y continuidad.

El auto establecía así una forma de empatía con «el orden institucional vigente», que descansaba también sobre nociones abstractas pero completamente atemporales. Así, suprimiendo toda referencia al contexto histórico, las leyes franquistas alcanzaban el imaginario de la legitimidad. El Código de Justicia Militar de 1945, el Consejo Supremo Militar o la Ley 42/1971, por citar solo algunos de los instrumentos que guiaron los consejos de guerra del franquismo, constituían, en definitiva, el «orden natural de las cosas»[230].

Del mismo modo que el auto evitaba mencionar todas aquellas circunstancias que obrasen en sentido contrario a la denegación del recurso, omitía todo aquello que pudiera poner en duda el sistema judicial franquista, y en particular su propia legitimidad. Tres de los magistrados de la Sala V, que habían iniciado sus carreras justo cuando tuvieron lugar los hechos, no encontraron nada irregular en un proceso dirigido desde el principio por la Brigada Político-Social. Como jueces de instrucción, militares o civiles, entonces, conocían a la perfección las funciones y procedimientos de este cuerpo, algunos de los cuales, como establecía su propia normativa orgánica en 1974 y como se ha documentado en las páginas anteriores, se apartaban claramente de cualquier plano institucional. En julio de 2007, 32 años después de la muerte de Franco, redactaron un auto, ya en el Tribunal Supremo, en el que la describían como una policía de élite, habituada a tratar «con todo tipo de delincuencia». De forma implícita, se reconocía así la actuación privilegiada de la policía política en todo el proceso.

El auto, de hecho, sostenía que el acusado había gozado de todas las garantías judiciales, gracias a la presencia de jueces y fiscales. Sin embargo, nunca mencionó que en las declaraciones que sirvieron para el procesamiento Puig Antich no estuvo acompañado de abogado defensor alguno. También olvidó mencionar el auto de la Sala V que la declaración tuvo lugar en la habitación de un hospital donde acababa de ser intervenido de urgencia tras recibir dos disparos (que le habían fracturado la mandíbula y, por tanto, le dificultaban el habla) y múltiples golpes que le hicieron perder el conocimiento, como quedó demostrado en el propio consejo de guerra. Según el sumario militar que cita continuamente el auto, acompañaban en la habitación del hospital a Puig Antich un juez, un secretario judicial y un fiscal, el jefe superior de Policía de Barcelona y el inspector jefe de la Sexta Brigada Político-Social. Pero no estuvo presente nunca ningún abogado. La cuestión, entonces, pasa por explicar cómo es posible determinar que se cumplieron las garantías si no hubo defensa alguna.

En el propio Sumario 106-IV-1973 quedó recogido, como efectivamente mencionó el auto, que fue un juez de guardia, Jaime Amigó de Bonet, quien, a petición del jefe superior de Policía de Barcelona, autorizó la autopsia en la comisaría cuando el cadáver del policía Anguas se encontraba ya en el Hospital Clínico de Barcelona. El juez Bermúdez de la Fuente, titular del Juzgado de Instrucción n.º 21, tomó declaración al día siguiente a Puig Antich en el hospital, pero no se limitó a ratificar la anterior, sino que realizó una serie de modificaciones sustanciales: cambió su domicilio habitual por un sótano donde la policía había encontrado cartuchos de dinamita, asegurándose así que pasara a la jurisdicción militar por un delito de terrorismo, como ya había previsto el propio jefe de Policía, Gil Mesas, la misma tarde de los hechos. Cambios que el propio fiscal aplaudió desde el principio. Cabe preguntarse, de nuevo, si esta era una forma habitual de proceder en los juzgados de instrucción de la época o solo lo era cuando intervenía la policía política.

Hay otro aspecto, por último, que el auto tampoco esclarece: Puig Antich no confirmó su declaración policial ante el juez militar. En el propio Sumario 106-IV-73 se conservan los folios originales de su segunda declaración, en la que asegura que implicó a Pons Llobet en los robos «ante la insistencia de la policía». Los magistrados del Supremo suponían que bajo esa jurisdicción el acusado no pudo sufrir presiones, pero los policías de la Social siguieron haciéndole visitas en la cárcel, como lo demuestran las autorizaciones del propio juez militar que obran en la causa original, tal y como denunció en el proceso el abogado defensor Francisco de Asís Condomines. Otro abogado, Caminal i Badia, que defendía a Puig Antich en prisión, podía confirmarlo. Pero el fiscal se opuso con dureza a que testificara y su declaración no fue admitida por la Sala V.

Todas las actuaciones, en definitiva, que podían probar la sistemática vulneración del derecho de defensa en el proceso, por otra parte bastante consolidado a la altura de 1973, fueron omitidas o ignoradas por la Sala V en el auto de junio de 2007. Apenas se hizo referencia alguna a la actuación de un juez militar que desestimó prácticamente todas las pruebas que pidieron los abogados con distintos argumentos. Respecto al calibre de las balas, manifestó que «las heridas del procesado no eran objeto de la causa». No estimó oportuna la prueba de balística, alegando que ya se había hecho un examen del lugar de los hechos y una reconstrucción de estos, y, en última instancia, «porque los miembros del tribunal eran profesionales de las armas». Un juez, Nemesio Alvárez, que solo autorizó que los informes sobre el estado mental de Puig Antich los realizasen dos psiquiatras militares. Treinta años después, nuevos testigos declararon por fin en sede judicial, pero su testimonio, que contradecía la sentencia y cuestionaba las garantías de legalidad del proceso de 1974, no fue tenido en cuenta por la Sala V. Los testimonios de la mayoría del personal médico que había reconocido el cadáver fueron de nuevo ignorados. También lo fue la declaración de Garriga Paituví, el Secretario, testigo presencial de los hechos, que además narró las torturas sufridas en comisaría.

El auto, que cerraba el paso al recurso de revisión, defendía sin fisuras la legalidad del consejo de guerra celebrado el 8 de enero de 1974. No cuestionaba en ningún momento el desarrollo de un proceso marcado por la muerte de un policía que pudo ser alcanzado por varias armas de fuego, dadas las características de la detención, y que fue visto para sentencia apenas tres semanas después del atentado que costó la vida a Carrero Blanco. Un auto en el que nada ni nadie, en definitiva, podían demostrar que Puig Antich no hubiese tenido un juicio justo, a pesar de que las pistolas y los casquillos de bala hubiesen desaparecido, la autopsia se hubiese realizado en una comisaría y el informe se hubiera modificado a mano, como la propia Sala V, por otro lado, reconocía.

EL PASADO ELIMINADO

Nunca ha prosperado en España un recurso de revisión de una sentencia procedente de un consejo de guerra por un delito político. Ni los miles de juicios sumarísimos de personas anónimas en la guerra y la inmediata posguerra ni aquellos casos más recientes, como el de Julián Grimau, Delgado y Granados…, se han anulado ya en plena democracia. Con esta denegación total no solo no se repara el daño moral a las familias de las víctimas, sino que, como se señala claramente en este caso, se considera que aquellos juicios tuvieron validez y fueron legales. Setenta y cinco años después del fin de la Guerra Civil, y casi cuarenta del final de la dictadura, las figuras de perpetradores, criminales y víctimas siguen ancladas en el lugar que el régimen franquista les asignara mediante la conocida «justicia al revés». Esta vez el castigo recae sobre la causa de una memoria y de un pasado aún no resueltos, que alejan cada vez más el caso español de la justicia universal[231].

No son estas, en este punto el lector lo tendrá meridianamente claro, tan solo cuestiones del pasado. El proceso de revisión y la división escenificada en la Sala V del Tribunal Supremo en torno a este recurso señalan otro aspecto que es preciso tener en cuenta para tomar el pulso a esta cuestión. La memoria de la Guerra Civil, del franquismo y de la Transición ha sido interiorizada, sobre todo a raíz de la Ley de Memoria Histórica, como un ataque por distintos sectores sociales no necesariamente conservadores. Una visión negativa que, como muestra el auto de la Sala V, ha afectado, sin duda, a la propia judicatura. La razón primordial, se ha dicho muchas veces, ha sido proteger la impunidad que marcaron las leyes de amnistía, algo que pasa, aunque no se diga tan a menudo, por mantener la apariencia de legalidad de la dictadura, como también se demuestra en este caso.

El poder judicial tiene la llave para iniciar el desmontaje de esa legalidad ficticia o apariencia pseudojurídica en que se amparaba la dictadura, algo que aún no parece haberse dispuesto a asumir de manera corporativa, debido, sobre todo, a la presencia en la cúspide del sistema judicial de profesionales a los que promocionaron en los últimos años del franquismo y en la transición a la democracia. Un aspecto que suele pasar inadvertido en mayor o menor medida en otros procesos de la llamada «justicia transicional», como muestra el caso de América Latina, pero que en el caso español adquiere tintes particularmente graves, dada la falta de condena generalizada hacia el sistema jurídico franquista, sustanciada también en la negativa a considerar las desapariciones crímenes de lesa humanidad porque en el momento de producirse esos delitos no estaban tipificados como tales en la legislación nacional.

No se trata tampoco de una cuestión terminológica más. No es gratuito, como se ha señalado, que se omitan las referencias históricas, ni tan siquiera temporales, de los textos jurídicos; para mantener la apariencia de legalidad de la dictadura resulta fundamental eliminar cualquier referencia al pasado reciente. Del mismo modo, aunque con intención contraria, buena parte de los discursos sobre el pasado reciente permanecen ajenos a las reglas de la investigación histórica y siguen anclados en la defensa del relato de una memoria autorreferencial y política que termina definiendo a la dictadura como el mismo orden institucional vigente contra el que luchaban, sin mover un ápice su conceptualización sobre un régimen político que duró cuatro décadas, y que queda concentrado solo en los años de la Guerra Civil y la primera posguerra, como si el resto del tiempo no existiera.

Lo primero que no puede ignorarse al abordar el asunto es que en modo alguno el sistema político de la España de Franco permaneció inmutable. El Régimen pasó, como se ha señalado muchas veces, por sucesivas fases. Pero en todas ellas estaba presente el intento de legitimar un poder dictatorial que ya no podría ser fascista, especialmente después de 1945, y que no era tampoco un populismo, como la mayor parte de las dictaduras en el caso latinoamericano. Su vía de legitimación principal no descansó en su ideología, sino en ideas e imágenes del mundo tradicionalista en las que destacaba el orden social como valor supremo. Por ello, desde el principio, la coerción y la represión se impusieron como elementos constitutivos de los aparatos ideológicos y de los instrumentos políticos, que, en un amplio sentido, integraron el Estado franquista. El estudio de los resultados de la aplicación de ambas herramientas es buena muestra del cambio de enfoque sobre el significado y amplitud de la represión franquista. A partir de las cifras de víctimas (estamos hablando de 150.000 ejecutados durante la guerra, 50.000 después, y cerca de un millón de presos y prisioneros políticos en 1940) de la legislación que desmontaba la legalidad republicana, los estudios sobre la represión franquista han pasado a destacar sobre todo su faceta legal, judicial, penal y penitenciaria[232].

Se podrá argumentar que estos elementos son teóricos y no cuestionan tampoco la validez de la definición jurídica del franquismo como «el orden institucional vigente». El problema que radica en los debates entre historiadores, juristas y demás científicos sociales es que rara vez se tratan en conjunto los elementos específicos del caso español, que sigue necesitado de una caracterización más amplia que aquella que lo reduce a un caso de genocidio. La opresión y la represión políticas se practican en muchos regímenes, también en nuestros días, pero el alcance de ambos fenómenos ha de ser estrechamente definido y delimitado en cada caso si queremos distinguir unos de otros. Los problemas de definición del ejercicio del poder político en relación con el uso que en él se haga de la violencia presentan la mayor carga interpretativa, por lo que hay que ser todavía más precisos. Y el régimen del general Franco se estableció y evolucionó sobre la base, con evidencias demostrables, de un uso sistemático, permanente y con apariencia de legalidad de la coerción y la represión.

Estos análisis han sido incorporados a la mayoría de leyes internacionales de reparación, sobre todo desde el caso alemán al término de la Segunda Guerra Mundial. Pero eso no significa que se deba asimilar el franquismo con los regímenes fascistas. En primer lugar, el modelo de legitimación que el régimen de Franco utilizó fue distinto del que emplearon los regímenes italiano y alemán. Pero, sobre todo, la utilización de la violencia fue diferente, con una direccionalidad hacia el «enemigo interior» que se mantuvo, simultaneando distintas lógicas, con la subordinación de la justicia civil a la militar durante toda la dictadura.

Por último, el franquismo se definió jurídica y políticamente a sí mismo como un sistema represivo y legal. Un modelo que pretendía distinguir entre un Estado represivo o Estado de derecho, y el Estado preventivo o «policial». El resultado fue la coexistencia de ambas formas durante toda la dictadura militar. Una coexistencia que solo se pudo conseguir a través del modelo de un orden público integrado, en el marco institucional, en la propia Administración Pública. Estas fueron las principales diferencias frente a otros regímenes que presentaban aspectos similares.

A pesar de estas apreciaciones, sigue sin ser suficiente definir la dictadura de Franco como un régimen represivo más. Ese sistema, que al principio del libro definíamos como dual, hundía sus raíces en el militarismo, proyección política del Ejército en la Administración del Estado liberal desde el siglo XIX, que tuvo en la justicia militar su principal instrumento para intervenir en los asuntos públicos, mucho más que en los estados de excepción. Esa fue la base de la prolongación de un modelo institucional diseñado a largo plazo. De ahí que, aunque evolucionase, nunca perdió de vista sus orígenes, como demostró en su recta final el propio Arias Navarro, miembro del Cuerpo Jurídico Militar. Su reforma penal y su legislación antiterrorista desbordaron el propio marco tradicional del orden público, instalándose definitivamente en la excepcionalidad. Las nuevas formas de oposición crecientes desde mediados de los años sesenta, y el terrorismo especialmente, fueron respondidas con la instauración de la llamada «función preventiva o policial», que, como los propios juristas del Régimen reconocían, debía imponerse sobre las libertades públicas.

Todo este proceso resulta sustancial para poder caracterizar la condición de víctima que aquellos autos que deniegan la revisión de las sentencias de los consejos de guerra se niegan a reconocer. El régimen de Franco representó en sus orígenes un aparato de represión poco selectiva, aunque nunca descontrolada. A partir de los años cincuenta, con el paso a un modelo de crecimiento socioeconómico dirigido, la violencia descendió gradualmente y, sobre todo, se hizo menos aparente, a pesar de que sus aparatos procedían de la etapa anterior. Los textos legales de nuestros días, al referirse al franquismo como «orden institucional vigente», eliminan la primera etapa y se fijan sobre todo en esa segunda, que coincide, por lo demás, con el comienzo profesional de buena parte del personal que ocupa hoy la magistratura en España. Reproducen, de este modo, una idea de continuidad y normalidad histórica que nunca existió, construida sobre la propia imagen de legitimidad que quiso proyectar el franquismo. Esta, lejos de la pretensión fascista de crear un mundo nuevo, y ayudada entre otras cosas por la propia derrota del Eje, se construyó sobre un pasado imaginario, imperial y casticista. Una operación que permitió, importa destacarlo aquí, concentrar todos los poderes del Estado y atribuir al general Franco, como Caudillo, Generalísimo y jefe del Estado, la potestad de administrar una justicia única: «justicia histórica», contra la legalidad anterior, y «justicia integral», base de la democracia orgánica[233].

Junto a la legitimación histórica, la pretensión del consenso fue otro de los factores básicos de la pseudojuridicidad del Régimen, y uno de sus objetivos principales. La dictadura trató siempre de implicar, fomentar apoyos sociales y conseguir un amplio consenso a través del marco institucional. Dotó así de impronta legal a los mecanismos represivos, que descansaban en el aparato de orden público militar, pero también en el control de la esfera pública y privada. El Régimen no careció, por tanto, de apoyos amplios, de ahí que su caracterización no quede completa si no se tiene en cuenta que todo lo que quedara fuera de este reconocimiento, no necesariamente político, era declarado fuera de la ley. El propio Franco lo sintetizó en la apertura de las Cortes en 1943 al declarar: «queremos libertad pero con orden, y consideramos delictuoso cuanto vaya contra Dios o la moral cristiana»[234].

La importante contestación que sufrió la dictadura, especialmente en su etapa final, terminó rompiendo esa imagen ficticia de democracia orgánica y legalidad, sobre todo de cara al exterior, a través de los juicios militares y la recuperación de la pena de muerte. Aspectos que aparecen documentados en el proceso a Puig Antich y que hay que eludir de manera deliberada para seguir reconociendo ese periodo histórico dentro de la expresión «el orden institucional vigente». A pesar de los problemas de interpretación y de las diferencias entre la legislación internacional, existentes en Europa sin ir más lejos, resulta un ejercicio casi imposible en nuestros días encontrar textos jurídicos que sitúen las actuaciones de los aparatos administrativos, civiles, militares o policiales de aquellos regímenes dentro de un marco de legalidad y normalidad institucional.

El fenómeno conocido como «revisionismo» tiene una importante trayectoria en el siglo XX, además de una nueva y potente proyección mediática en el XXI. En España su objeto ha sido en particular banalizar los aspectos represivos del franquismo y potenciar los positivos, especialmente en torno al crecimiento económico de los años sesenta; anclar, en definitiva, el origen de la democracia en la Transición, afirmando que la República fue un régimen excluyente y violento que desembocó forzosamente en una guerra civil. Lo importante del revisionismo histórico, sin embargo, no son sus argumentos, plagados de mitificaciones y tergiversaciones de los hechos, sino las inquietantes funciones que cumplen en la sociedad actual, como han recordado un buen número de ensayistas, prácticamente sin cesar, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Una de ellas, quizás la más importante, sea la de seguir manteniendo determinados episodios del pasado reciente en una constante ceremonia de la confusión[235].

Epílogo

Salvador Puig Antich murió el 2 de marzo de 1974, «habiendo manifestado que no posee bienes de fortuna de ninguna clase ni dinero para abonar responsabilidad alguna». Tenía veinticinco años. Está enterrado en el cementerio de Montjuïc. María Angustias Mateos y José Luis Pons conocieron en prisión la noticia de su ejecución. El 1 de diciembre de 1975, María Angustias pidió que se la incluyera en el indulto promulgado por el recién proclamado rey Juan Carlos I. El 11 de diciembre, salió en libertad. José Luis Pons, condenado en otro consejo de guerra a veintiún años por el atraco a una caja de ahorros, preparó los exámenes de COU en la cárcel Modelo de Barcelona. Fue trasladado a la Central de Observación en Madrid (Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Carabanchel) «para mejor estudio de su personalidad». Desde el penal de Cartagena pidió acogerse al Decreto de Amnistía del 30 de julio de 1976. El fiscal informó negativamente, pero accedió a que se le rebajara la condena a doce años. Salió en libertad un año después, por orden de la recién creada Audiencia Nacional. Fue en las listas electorales de 1977 como candidato por Barcelona de la coalición independentista Unitat Popular pel Socialisme.

Oriol Solé Sugranyes, condenado a 46 años, murió abatido por la Guardia Civil tras una fuga colectiva de la cárcel de Segovia la noche del 5 de abril de 1976. Su hermano Jordi fue amnistiado el 5 de junio de 1984. Santiago Soler Amigó, el Petit, salió de prisión en septiembre de 1975. Colaboró en revistas como Ajoblanco o Solidaridad Obrera, y escribió varios libros sobre el movimiento libertario catalán. Murió en 1999. Francesc Xavier Garriga Paituví, el Secretario, fue amnistiado en 1976. Ha sido colaborador de revistas como Solidaridad Obrera e Interviú.

El abogado Oriol Arau Hernández fue detenido en junio de 1974 acusado de actividades subversivas. La Brigada Político-Social impidió su entrada al entierro de Puig Antich. Falleció en 1981, a los 45 años, víctima de un tumor cerebral.

Francisco de Asís Condomines Valls siguió practicando la abogacía, pero no volvió nunca más a aceptar un caso penal. Murió siendo miembro de la Academia de Legislación y Jurisprudencia de Cataluña y de la Comisión de Codificación de la Generalitat de Catalunya.

Francesc de Paula Caminal i Badia siguió ejerciendo la abogacía. Fue vicedecano del Colegio de Abogados de Barcelona y, junto con su hermano Josep, uno de los miembros fundadores de Convergència Democràtica de Catalunya. Llegó a ser vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de CiU en 1996.

José Luis Rodríguez Navarro, abogado de José Luis Pons, defendió a varios miembros de la extrema derecha en la Transición, entre ellos a dos de los ultras acusados del asesinato de los abogados laboralistas de Atocha. Se suicidó el 1 de octubre de 1980. Por su parte, el abogado de María Angustias, Federico de Valenciano Tejerina, creó un bufete con su nombre en Barcelona desde el que dirigió las defensas de varios casos célebres, como el de Lidia Falcón, acusada de participar en el atentado de la calle del Correo, o el de los secuestradores del futbolista Enrique Castro, Quini.

El comisario Julián Gil Mesas fue condecorado en septiembre de 1975 con la Medalla de Plata al Mérito Policial. Manuel Fraga Iribarne, ministro de la Gobernación, lo nombró jefe superior de Policía de Bilbao. En abril de 1977 fue trasladado como gobernador civil a La Línea de la Concepción y Algeciras.

Santiago Bocigas Vallejo, ya fallecido, se jubiló en el cuerpo de Policía.

Timoteo Fernández Santórum, de 63 años, sigue en el cuerpo de Policía, y ha simultaneado ese trabajo con una empresa de asesoramiento y peritaje judicial en Madrid.

El juez y el fiscal militar del caso, el teniente coronel Nemesio Alvárez Alvárez y el teniente coronel José María Barona Arroyo, siguieron en activo y fallecieron tras jubilarse con honores.

El capitán general de Cataluña, el teniente general Salvador Bañuls Navarro, falleció en Barcelona el 5 de marzo de 1976 a los 65 años de edad. Según la prensa, dada la gran cantidad de personas que quisieron rendirle su último homenaje, entre ellos amigos, paisanos, militares, Vieja Guardia, División Azul y Legión, la misa tuvo que celebrarse en el campo de fútbol de Bigastro, su pueblo natal.

El psiquiatra militar Carlos Ruiz Ogara terminó su doctorado en Medicina en la Universidad de Barcelona. En 1977 fue elegido presidente de la Asociación Española de Psiquiatría. Fue nombrado catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Granada y académico de número de la Real Academia de Medicina de Granada. Murió en 2003.

Carlos Rey González, vocal ponente en el consejo de guerra, siguió ejerciendo como auditor de la IV Región Militar. A mediados de los años noventa abandonó el Cuerpo Jurídico Militar y pasó a ejercer la abogacía privada. En 2013 fue contratado por la dirigente del Partido Popular de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, para representarla en un caso de escuchas ilegales. Está imputado en la querella presentada por una de las hermanas de Puig Antich ante la justicia argentina.

El juez Jaime Amigó de Bonet continuó en la carrera judicial y llegó a presidir la Audiencia Territorial de Barcelona en 1986. Por su parte, José Luis Bermúdez de la Fuente, titular del Juzgado de Instrucción n.º 21 de Barcelona, fue destinado a Madrid en mayo de 1975 para presidir el Juzgado Central de Instrucción n.º 2. Entre 1977 y 1979 formó parte de la Sala Penal de la Audiencia Nacional. Fue magistrado de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, Sala V, desde 1988 hasta su jubilación, en el año 2000.

Alejandro del Toro y Marzal ascendió a teniente fiscal de la Audiencia de Barcelona, actividad que compatibilizó con la de profesor de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona. Fiscal del caso Scala a comienzos de los años ochenta, accedió finalmente a la Fiscalía del Tribunal Supremo, que desempeñó hasta 2006, cuando se retiró como fiscal de sala emérito. Falleció en 2007 a los 75 años de edad.

Tomás Pelayo Ros, gobernador civil de Barcelona, que informó negativamente sobre la ejecución y pidió el indulto, fue sustituido por Rodolfo Martín Villa.

León Herrera Esteban, subsecretario de la Gobernación y redactor de la «nota evasiva» anterior al indulto, sustituyó a Pío Cabanillas como ministro de Información y Turismo.

Carlos Arias Navarro fue presidente del Gobierno hasta 1976, fecha en que dimitió debido, entre otras cosas, al desgaste sufrido tras los sucesos de Montejurra. Murió en 1989, a los 81 años. Está enterrado en el cementerio de El Pardo.

Álbum fotográfico

Los hermanos Joaquim y Salvador Puig Antich de niños.

Salvador con unos amigos en Palautordera.

Estudiante de segundo curso de Económicas.

Servicio militar en Palma de Mallorca, en octubre de 1972.

Funeral por un policía asesinado por el FRAP en 1973.

Manifestación de policías contra el FRAP en Madrid el 7 de mayo de 1973.

Toma de posesión como ministro de Gobernación por Arias Navarro.

Portal de la calle Gerona, 70 de Barcelona, donde murió el subinspector de la BPS, Francisco Anguas Barragán.

Socavón en el centro de la calle Claudio Coello provocado por la explosión en el atentado a Carrero Blanco.

Imagen del atentado perpetrado en Madrid el 20 de diciembre de 1973.

Foto de la toma de posesión de Arias Navarro como presidente del Gobierno en El Pardo.

Hemiciclo de las Cortes durante la pronunciación del discurso del 12 de febrero.

El cardenal Tarancón junto al jesuita José María Martín Patino, durante los funerales de Carrero Blanco.

Monseñor Añoveros, obispo de Bilbao.

La ejecución de Puig Antich estaba prevista al regreso del viaje por Asia de los príncipes de Asturias.

Consejo de ministros celebrado en El Pardo el 21 de febrero de 1973, presidido por un Franco.

Pintada en contra de la ejecución de Salvador Puig Antich en Barcelona.

Galería de la cárcel Modelo de Barcelona donde fue ejecutado a garrote vil Salvador Puig Antich.

Sepultura de Salvador Puig Antich.

Tras la muerte de Salvador Puig Antich la policía controló durante días los accesos al cementerio.

Pintada en Barcelona.

Portada del semanario Arreu, n.º 19, del 28 de febrero al 6 de marzo de 1977.

Las hermanas de Salvador: Inmaculada, Montserrat y Carme Puig Antich.

Los hermanos Joaquim y Salvador Puig Antich de niños. Joaquim desarrolló toda su carrera de médico en Estados Unidos. © Cortesía de la familia de Salvador Puig Antich.

Salvador con unos amigos en Palautordera. © Cortesía de la familia de Salvador Puig Antich.

Estudiante de segundo curso de Económicas, Salvador trabajó de oficinista en varias empresas. © Cortesía de la familia de Salvador Puig Antich.

Al término del servicio militar en Palma de Mallorca, en octubre de 1972, Puig Antich entró a formar parte del MIL. © Cortesía de la familia de Salvador Puig Antich.

1973 fue un año marcado por la violencia. En la imagen, funeral por un policía asesinado por el FRAP que se celebró en la iglesia de San Francisco el Grande de Madrid el 7 de mayo de 1973. En primer término, el director general de Seguridad, coronel Eduardo Blanco. © Agencia EFE.

La tensión se trasladó a las fuerzas de seguridad, que llegaron a manifestar su descontento públicamente. Manifestación contra el FRAP en Madrid el 7 de mayo de 1973. © Agencia EFE.

Carlos Arias Navarro sucedió en abril de 1973 a Tomás Garicano Goñi, acusado de «blando», al frente del Ministerio de Gobernación. En la imagen, toma de posesión del cargo por Arias Navarro. © Agencia EFE.

Entrada del pequeño portal de la calle Gerona, n.º 70 de Barcelona donde se produjo el tiroteo en el que falleció el subinspector de policía y miembro de la Brigada Político-Social, Francisco Anguas Barragán. © Agencia EFE.

Socavón en el centro de la calle Claudio Coello provocado por la explosión en el atentado a Carrero Blanco el 20 de diciembre de 1973.

El asesinato de Carrero Blanco supuso un duro golpe para el proyecto continuista del franquismo. Imagen del atentado perpetrado en Madrid el 20 de diciembre de 1973. © Agencia EFE.

A comienzos de 1974, tras la muerte de Carrero Blanco y, contra todo pronóstico, Arias Navarro fue elegido nuevo presidente del Gobierno. Foto de su toma de posesión en El Pardo, estrechando la mano al jefe del Estado, Francisco Franco. © Agencia EFE.

El discurso ante las cortes del 12 de febrero de 1974, pronto conocido como «Espíritu del 12 de febrero», fue recibido con expectación por los sectores más aperturistas del régimen. En la imagen, el hemiciclo durante la pronunciación de dicho discurso. © Agencia EFE.

El cardenal Tarancón, en la imagen junto al jesuita José María Martín Patino durante los funerales de Carrero Blanco, dirigió las críticas de la Iglesia contra el endurecimiento final de la dictadura. © Agencia EFE.

Monseñor Añoveros, obispo de Bilbao, fue amenazado de expulsión tras ser considerada su homilía un «atentado contra la unidad de España». © Agencia EFE.

La ejecución de Puig Antich estaba prevista al regreso del viaje por Asia de los príncipes de Asturias. Barajas, 26 de febrero de 1973. © Agencia EFE.

Consejo de ministros celebrado en El Pardo el 21 de febrero de 1973, presidido por un Franco ya visiblemente deteriorado. © Agencia EFE.

Pintada en contra de la ejecución de Salvador Puig Antich en Barcelona. La movilización de la oposición antifranquista fue muy escasa. © Cortesía de la familia de Salvador Puig Antich.

Galería de la cárcel Modelo de Barcelona donde fue ejecutado a garrote vil Salvador Puig Antich. © Agencia EFE.

Foto de la sepultura de Salvador Puig Antich. © Cortesía de la familia de Salvador Puig Antich.

Tras la muerte de Salvador Puig Antich, la policía controló durante días los accesos al cementerio para evitar concentraciones y protestas. © Cortesía de la familia de Salvador Puig Antich.

Durante las semanas posteriores a la ejecución, España vivió, en palabras de la embajada estadounidense, los peores disturbios en años. Pintada en Barcelona. © Agencia EFE.

Portada del semanario Arreu, n.º 19, del 28 de febrero al 6 de marzo de 1977. Comienza el mito Puig Antich. © Cortesía de la familia de Salvador Puig Antich.

Las hermanas Inmaculada, Montserrat y Carme Puig Antich han visto dos veces denegada su solicitud de revisión de la sentencia contra su hermano, proceso que sigue abierto actualmente en Argentina. © Cortesía de la familia de Salvador Puig Antich.

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Índice onomástico

Alaiz, Felipe

Albert Rodríguez, José

Alvárez Alvárez, Nemesio

Amigó de Bonet, Jaime

Anguas Barragán, Francisco

Angulo, Fernando

Añoveros, Antonio

Arau Hernández, Oriol

Arias Navarro, Carlos

Azaña, Manuel

Baena Martínez, Rufo

Balazs, Esteban

Balorme, Jean Pierre (nombre falso de Puig Antich, Salvador)

Bañuls Navarro, Salvador

Barjau Viñals, Ramón

Barona Arroyo, José María

Barrera de Irimo, Antonio

Barrot, Jean

Bermúdez de la Fuente, José Luis

Berneri, Camilo

Blanco, Eduardo

Blasco, Francisco

Bocigas Vallejo, Santiago

Brandt, Willy

Caballero Olabézar, Gerardo

Cabanillas, Pío

Cajén Almenara, Miguel

Calderón Cerezo, Ángel

Calvo Cabello, José Luis

Caminal i Badia, Francesc de Paula

Caminal i Badia, Josep

Carballo Álvarez, Manuel

Cardona Quevedo, Gaspar

Carrero Blanco, Luis

Carro, Antonio

Castro, Enrique, Quini

Cela, Camilo José

Chacón Molina, Bartolomé

Chez, Heinz

Chorda, José

Cierva, Ricardo de la

Cirarda, José María

Condomines Valls, Francisco de Asís

Conesa Escudero, Roberto

Corrales Elizondo, Agustín

Creix, Antonio Juan

Creix, Vicente Juan

Cruz, Olga de la

Cuello Calón, Eugenio

Curros Enríquez, Manuel

Delgado, Ignacio Miguel

Delgado, Joaquín

Díez-Alegría, Manuel

Dueñas, Francisco

Enrique y Tarancón, Vicente

Escrivá de Romaní, José Manuel

Esperabé Arteaga, Jesús de

Espinosa Muñoz, Rafael

Esquerra, Josep

Eymar, Enrique

Falcón, Lidia

Felius Añon, Carlos

Fernández-Miranda, Torcuato

Fernández Santórum, Timoteo

Finat y Escrivá de Romaní, José

Fraga Iribarne, Manuel

Franco Bahamonde, Francisco

Franco Martín, Antonio

García, Fernando

García Fernández, Modesto

García Hernández, José

García Navarro, Antonio

García Rebull, Tomás

Garicano Goñi, Tomás

Garriga Paituví, Francesc Xavier, el Secretario

Garzón, Baltasar

Gil Mesas, Julián

Girón de Velasco, José Antonio

González de Pablos, Carlos

González Pacheco, Juan Antonio, Billy el Niño

Granados, Francisco

Grimau, Julián

Grobet, Christian

Guillén, Abraham

Herrera Esteban, León

Herrero, Luis

Herrero Tejedor, Fernando (padre)

Herrero-Tejedor y Algar, Fernando (hijo)

Hierro Martínez, Rafael

Himmler, Heinrich

Holgado Marcos, Manuel

Iglesia, Jesualdo de la

Iniesta-Cano, Carlos

Jarabo, José María

Juan Carlos I

Juanes, Ángel

Jubany, Narciso

Juliani, Antonio

Juliani Hernán, Javier

Just, Cassià Maria

Kissinger, Henry

Latorre Martí, Joaquín

Lechón Brezo, Juan

Lloví, Montserrat

Lobón Valverde, Joaquín

López Guerra, Antonio

López Rodó, Laureano

Lorenzo, Anselmo

Manzanas González, Melitón

Martí Robles, Pedro

Martín Villa, Rodolfo

Martínez Expósito, Pedro

Martínez Ramos, Sebastián

Mateos Fernández, María Angustias

Maurel, Jordi

Metge (apodo de Puig Antich, Salvador)

Meyer, Ricardo

Miquel Servet, Manuel

Monje Rodríguez, Emilio

Morillo Galcerán, José

Mota Calderón, Fernando

Mula Hernández, Jesús

Multatuli

Muñoz Nonides, Daniel

Obiols, Juan

Onaindia, Mario

Pablo VI

Pardiñas Villadrich, Emiliano, Pedrals

Pedragosa, José Luis

Pelayo Ros, Tomás

Pérez Escolar, Rafael

Pérez Simó, Anna María

Pi, Joan del

Piñar, Blas

Piulachs, Xavier

Plaza, Montserrat

Pompidou, Georges

Pons Llobet, José Luis, Queso o Poncho

Prades, Pilar

Primo de Rivera, José Antonio

Puig Antich, familia

Puig Antich, Inmaculada

Puig Antich, Montserrat

Puig Quer, Joaquín

Rajoy, Mariano

Ramos O’Ryan, Tomás

Rey González, Carlos

Ríus, Pedrol

Rivero, Horacio

Rodríguez, Francisco

Rodríguez de Miguel, Luis

Rodríguez Martínez, Francisco

Rodríguez Martínez, Julio

Rodríguez Navarro, José Luis

Rodríguez Román, Emilio

Rouillant, Jean Marc, Sebas

Ruiz-Jarabo, Francisco

Ruiz Ogara, Carlos

Ruiz Pando, José

Ruiz Ruiz, Manuel

Sainz, José

Sánchez Bermejo, Vicente

Sánchez-Camacho, Alicia

Sánchez Maldonado, Gabriel

Sánchez Vidal, Francisco

Santos Lasurtegui, Alfonso de los

Sanz, Ricardo

Servini de Cubría, María

Serrano Súñer, Ramón

Solé, Ignacio, Montes

Solé Sugranyes, Jordi

Solé Sugranyes, Oriol, Víctor

Soler Amigó, Santiago, el Petit

Stabler, Wells

Tierno Galván, Enrique

Toca, Jerónimo de

Toca Becerril, Juan de

Toro y Marzal, Alejandro del

Torres, Jean Claude, Kri-kri

Torres, Jean Marc, Sancho

Ullastres, Alberto

Ungría, José

Urgell, Antonio

Uriarte Martín, Mariano

Uriarte Rejo, Manuel

Urtain, José Manuel

Utrera Molina, José

Val, Jesús

Valenciano Tejerina, Federico de

Valverde, Juan

Vega Rodríguez, José

Velo García, Emilio

Viciana, José Manuel

Viniegra, Carlos

Yagüe, Saturnino

Zaragoza de Viala, Matías

GUTMARO GÓMEZ BRAVO es profesor en el Departamento de Historia Contemporánea de la UCM, especialista en historia penal y penitenciaria española de los siglos XIX.

Sus principales obras son: Crimen y Castigo: cárceles, delito y violencia en la España del siglo XIX (2005), La redención de penas. La formación del sistema penitenciario franquista (2007), El exilio interior. Cárcel y represión en la España franquista (2009) o La obra del miedo. Violencia y sociedad en la España franquista 1936-1948 (con Jorge Marco, 2011).

Ha participado en obras colectivas como La depuración del profesorado universitario; Franco: la represión como sistema o En el combate por la historia. También ha publicado en numerosas revistas. En 2005 recibió el premio a la investigación histórica de la Ciudad de Alcalá.

Notas

[1] Capitanía General de la IV Región Militar, Juzgado Militar Permanente n.º 3, Causa Ordinaria 106-IV-73, tercer rollo, fol. 566. <<

[2] Causa 106-IV-73, tomo III, fol. 570. <<

[3] ABC, 11 de enero de 1974. <<

[4] La Vanguardia, 3 de marzo de 1974; ABC, 12 de marzo de 1974. <<

[5] Naciones Unidas, informe del Comité contra la Desaparición Forzada, A/68/56, cuarto periodo de sesiones, 8-19 de abril de 2013. <www2.ohchr.org/spanish/law/disappearance-convention.htm> <<

[6] AGA, Cultura, Ministerio de Información y Turismo, Dirección General de Seguridad, Servicio de Información, 1966, caja 557. <<

[7] Acto de toma de posesión como jefe superior de Policía de Bilbao, ABC, 11 de marzo de 1976, p. 6. <<

[8] La Vanguardia, 6 de abril de 1973. <<

[9] Rivero a Kissinger, 4 de mayo de 1974, 15.31 h, US Embassy Madrid, Confidential, ref. doc. MADRID 1582. Declassified/Released US Department of State EO Systematic Review, 30 de junio de 2005. <<

[10] Rivero a Kissinger, lunes 31 de diciembre de 1973, 14.00 h, Madrid, ref. doc. 07714-b. <<

[11] Rivero a Kissinger, 29 de marzo de 1974, US Embassy Madrid, Confidential, Madrid, ref. doc. 1582. Sobre la lectura positiva del cambio del Gobierno Arias, véase también el informe del 15 de febrero de 1974, NARA National Security Study Memorandum 193, «Us Policy Toward Spain», en <https://fas.org/irp/offdocs/nssm-nixon/nssm_193.pdf>. <<

[12] Braud, P., «Violence symbolique, violence physique. Éléments de problématisations», en J. Hannover (dir.), Guerres civiles. Économies de la violence, dimensions de la civilité, París, Karthala, 1999, pp. 33-45; O’Donnell, G., P. Schmitter y L. Whitehead (dirs.), Transitions from Authoritarian Rule, vol. IV, Baltimore, J. Hopkins Press, 1986; Casanellas, P., Morir matando. El franquismo ante la práctica armada, 1968-1977, Madrid, Catarata, 2014. <<

[13] Powell, C., El amigo americano. España y Estados Unidos: de la dictadura a la democracia, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2011, p. 172. <<

[14] Rivero a Kissinger, 29 de marzo de 1974, Madrid, ref. doc. 1582. <<

[15] Ley 42/1971 y Ley 44/1971, respectivamente, de 15 de noviembre de 1971. <<

[16] Carvajal, P., Julián Grimau. El último muerto de la Guerra Civil, Madrid, Aguilar, 2008. Granados y Delgado: un crimen legal, Barcelona, CGT, 2010. <<

[17] The National Archives, Internal Situation of Spain, 1974, Foreign Office 9/2086. Las medidas de presión de las democracias occidentales, sin embargo, nunca fueron más allá de mantener el veto de ingreso en la CEE. «The EC record in effectively defending human-rights and democratic values in Spain under Franco was nil, and more inclined to passively support the then existing authoritarian regime than to actively erode it»: Guirao, F., «The European Community’s Role in Promoting Democracy in Franco’s Spain, 1970-1975», en J. van der Harst (ed.), Beyond the Customs Union: The European Community’s Quest for Deepening, Widening and Completion, 1969-1975, Baden-Baden/Bruselas/París, Nomos Verlag/Bruylant, 2007, p. 163. <<

[18] Rivero a Kissinger, lunes 29 de abril, 15.31 h, ref. doc. 02664-b. <<

[19] La Prensa, 16 de abril de 1974, p. 22. <<

[20] Montero, F., La Iglesia. De la colaboración al desenganche (1956-1975), Madrid, Encuentro, 2009. En marzo de 1973 la Iglesia tramitó una queja por las amenazas de muerte de la Guardia Civil sobre un seglar que realizaba un cursillo apostólico para hombres en Ponferrada. «Uno de los asistentes, Gerardo Lobor, fue solicitado por la Guardia Civil de Ponferrada. En los interrogatorios se le preguntó por el cursillo, personas, temas, horarios… indicándole el número de la Guardia Civil que anduviera con cuidado, que dejara eso, que bastaban cuatro tiros para matarle». Archivo personal de F. Beltrán, «Informe que se viene observando en la Comarca». Berzal, E, Sotanas rebeldes. Contribución cristiana a la transición democrática, Valladolid, Diputación Provincial de Valladolid, 2007, pp. 135-136. <<

[21] Enrique y Tarancón, V., Confesiones, Madrid, Promoción Popular Cristiana, 1996, pp. 625-640. <<

[22] Rivero a Kissinger, lunes 29 de marzo de 1974, Madrid, ref. doc. 02664-b. <<

[23] Todavía en 1977, un año antes de ser abolida la pena de muerte en España, fue condenado a morir por garrote José Luis Cerveto, conocido como el asesino de Pedralbes, que finalmente sería indultado. <<

[24] Rodríguez Jiménez, J. L., Reaccionarios y golpistas. La extrema derecha en España: del tardofranquismo a la consolidación de la democracia (1967-1982), Madrid, CSIC, 1994. <<

[25] Archivo General del Ministerio del Interior, Secretaría General Técnica, 11048, Datos Estadísticos Generales. <<

[26] Carrero Blanco, L., Discursos y escritos. 1943-1973, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1974. <<

[27] Rivero a Kissinger, 4 de agosto de 1974, Madrid, ref. doc. 02664-b. <<

[28] Georgel, J., L’Italie au XXe siècle (1919-1995), París, La Documentation Française, 1996, pp. 103-112; Pons Prades, E., Crónica negra de la transición española (1976-1985), Barcelona, Plaza & Janés, 1987; Della Porta, D. y S. Tarrow, «Unwanted Children: Political Violence and the Cycle of Protest in Italy, 1966-1973», European Journal of Political Research, 14, 1986, pp. 607-632; González Calleja, E., La violencia política en Europa, Madrid, Historia 16, 1995; Wieviorka, M., El terrorismo. La violencia política en el mundo, Barcelona, Plaza & Janés, 1991; Rivera, A. y C. Carnicero (eds.), Violencia política. Historia, memoria y víctimas, Madrid, Maia Ediciones, 2010; Casanellas, P., Morir matando. El franquismo ante la práctica armada (1968-1977), Madrid, Catarata, 2014. <<

[29] Dulphy, A., e Y. Léonard (dirs.), De la dictadure à la démocratie: voies ibériques, Bruselas, Peter Lang, 2003, pp. 85-103; André-Bazzana, B., Mitos y mentiras de la transición, Madrid, El Viejo Topo, 2006; Gallego, F., El mito de la transición. La crisis del franquismo y los orígenes de la democracia (1973-1977), Barcelona, Crítica, 2008; Demange, C., «La Transition espagnole: grands récits et état de la question historiographique», ILCEA, 13, 2010, en <ilcea.revues.org>; Sánchez Soler, M., La transición sangrienta. Una historia violenta del proceso democrático en España (1975-1983), Barcelona, Península, 2008. <<

[30] Preston, P., La política de la venganza. El fascismo y el militarismo en la España del siglo XX, Barcelona, Península, 1997, p. 258. <<

[31] Treglia, E., «Las izquierdas radicales más allá de 1968», Ayer, vol. 92, 2013 (4), pp. 13-169; Castro Moral, L., «La izquierda radical y la tentación de las armas», en J. M. Roca (dir.), El proyecto radical. Auge y declive de la izquierda revolucionaria en España (1964-1992), Madrid, Catarata, 1994, pp. 133-154; Laiz Castro, C., La lucha final. Los partidos de la izquierda radical durante la transición española, Madrid, Catarata, 1995; Piñuel, J. L, El terrorismo en la transición española (1972-1982), Madrid, Fundamentos, 1986; Martínez i Muntada, R., «A la izquierda de lo posible. Las organizaciones revolucionarias durante el tardofranquismo y más allá», en J. Tébar (coord.), Resistencia ordinaria. La militancia y el antifranquismo catalán ante el Tribunal de Orden Público (1963-1977), Valencia, PUV, 2013, pp. 147-157. <<

[32] Jáuregui Bereciartu, G., Ideología y estrategia política de ETA. Análisis de su evolución entre 1959-1968, Madrid, Siglo XXI, 1981; Casanellas, P., Morir matando. El franquismo ante la práctica armada, Madrid, Catarata, 2014, pp. 120-160. <<

[33] Entre enero de 1975 y mayo de 1976 se produjeron 48 atentados terroristas. El País, 28 de mayo de 1976; Castro Moral, L., Terrorismo y afirmación revolucionaria: el caso PCE(r)-GRAPO, tesis doctoral, UNED, Madrid, 2000; Diz, A., La sombra del FRAP, Barcelona, Ediciones Actuales, 1977; García Martín, J., Historia del PCE(r) y de los GRAPO, Madrid, Contracanto, 1984; Gómez Parra, R., GRAPO. Los hijos de Mao, Madrid, Fundamentos, 1991. <<

[34] A pesar de su acento sesentayochista, la Guerra Civil española ocupaba un lugar destacado en el imaginario del grupo, sobre todo la experiencia del anarquismo. De hecho, miembros del MIL crearon una editorial que introducía libros clandestinos desde Francia a la que llamaron, significativamente, Ediciones Mayo 1937, momento culminante del conflicto interno entre anarquistas y comunistas en la dirección de la guerra. Los dos textos que la policía intervino con más frecuencia en los registros de sus pisos fueron Entre la revolución y las trincheras, de Camilo Berneri, teórico y anarquista italiano asesinado en Barcelona durante aquel periodo, y Violencia revolucionaria, atribuido a Emile Marenssin, de las Baader Meinhof. Para seguir la evolución entre debates teóricos y prácticas violentas, El MIL y la OLLA. Agitación armada, formación teórica y movimiento obrero en la España salvaje. Barcelona/Ulzama, Klinamen, 2014. <<

[35] Para entender el contexto libertario catalán de mediados de los años setenta: Hernández Holgado, F., «Cenetistas, anarquistas y libertarios varios, 1963-1977», en J. Tébar (coord.), Resistencia ordinaria. La militancia y el antifranquismo catalán ante el Tribunal de Orden Público (1963-1977), Valencia, PUV, 2013, pp. 159-168. Para las cuestiones teóricas e ideológicas sobre el MIL sigue siendo fundamental el trabajo de T. Tajuelo, El MIL, Puig Antich y los GARI, París, Ruedo Ibérico, 1977, y, sobre todo, fruto de la consulta sistemática de la documentación del momento, la obra de S. Rosés, El MIL: una historia política, Barcelona, Alikornio, 2002. Para la evolución política y un enfoque centrado en la personalidad de algunos miembros del grupo se debe consultar el trabajo de A. Téllez Solá, El MIL i Puig Antich, Barcelona, Virus Editorial, 2010. La investigación sobre el proceso a Puig Antich debe mucho al periodismo de investigación. Pionero y monumental fue el trabajo colectivo coordinado por el periodista y profesor Ramón Barnils, aparecido en 1985 y reeditado catorce años después bajo el seudónimo de Carlota Tolosa, La torna de la torna. Salvador Puig Antich i el MIL, Barcelona, Empúries, 1999. El trabajo del periodista F. Escribano, Cuenta atrás. La historia de Salvador Puig Antich, Barcelona, Península, 2001, sirvió parcialmente para el guion de la película Salvador, de Manuel Huerga. Mención destacada merece el trabajo del periodista Jordi Panyella, quien no solo ha accedido a documentación primaria del caso, sino que ha podido entrevistar a buena parte de los testigos principales. Es el único, además, que se adentra en la complicada historia de la revisión del proceso: Salvador Puig Antich, cas obert, Barcelona, Angle Editorial, 2013. <<

[36] Álvarez Cobelas, J., Envenenados de cuerpo y alma. La oposición universitaria al franquismo (1939-1970), Madrid, Siglo XXI, 2005; Maravall, J. M.ª, Dictadura y disentimiento político: obreros y estudiantes bajo el franquismo, Madrid, Alfaguara, 1978; Valdelvira González, G., El movimiento estudiantil en la crisis del franquismo, tesis doctoral, UCM, Madrid, 2001. <<

[37] El gobernador civil en la política y en la administración de la España contemporánea, Madrid, Ministerio del Interior, 1997. <<

[38] Ferrando, E., Cristians i rebels: història de l’HOAC a Catalunya durant el franquisme (1946-1975), Barcelona, Mediterrània, 2000. <<

[39] Balfour, S., La dictadura, los trabajadores y la ciudad: el movimiento obrero en el área metropolitana de Barcelona, Valencia, Alfons el Magnànim, 1994; Babiano, J., Emigrantes, cronómetros y huelgas. Un estudio sobre el trabajo y los trabajadores durante el franquismo, Madrid, Siglo XXI, 1995. <<

[40] García Alcalá, J., Historia del FELIPE (FLP, FOC y ESBA), Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001. <<

[41] Anuario Derecho Militar de 1972, citado en Ballbé, M., Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983), Madrid, Alianza, 1985, p. 202. <<

[42] Martín García, Ó. J., «La polis paralela. Espacios de participación política en el franquismo final», en M. Á. del Arco, C. Fuentes, C. Hernández y J. Marco (eds.), No solo miedo. Actitudes políticas y opinión popular bajo la dictadura franquista, Granada, Comares, 2013, pp. 195-208. <<

[43] Durán Martínez, R., Contención y transgresión. Las movilizaciones sociales y el Estado en las transiciones española y portuguesa, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000; Sánchez Cervelló, J., La revolución portuguesa y su influencia en la Transición española (1961-1976), Madrid, Nerea, 1995. <<

[44] Delgado Aguado, J., «Las Fuerzas Armadas y el terrorismo en la Transición», en Gómez Bravo, G. (coord.), Conflicto y consenso en la Transición española, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 2009, pp. 79-111. <<

[45] De Bartolomé Cenzano, J. C., El orden público como límite al ejercicio de los derechos y libertades, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002. <<

[46] Discurso de recepción real en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, 26 de noviembre de 2013, p. 60. <<

[47] Ballbé, M., Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983), Madrid, Alianza, 1985, p. 432; Lleixá, J., Cien años de militarismo en España, Barcelona, Anagrama, 1996, pp. 11-12; Seco Serrano, C., Militarismo y civismo en la España contemporánea, Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1984; Boyd, C., La política pretoriana en el reinado de Alfonso XIII, Madrid, Alianza, 1990; Preston, P., La política de la venganza. Militarismo y fascismo en la España del siglo XX, Barcelona, Península, 1997. <<

[48] Busquets, J., El militar de carrera en España, Barcelona, Ariel, 1984; Agüero, F., Militares, civiles y democracia. La España posfranquista en perspectiva comparada, Madrid, Alianza, 1995; Bañón i Martínez, R., «Fuerzas Armadas», en S. del Campo (dir.), Tendencias sociales en España (1960-1990), vol. 2, Bilbao, Fundación BBV, 1993, pp. 293-307; Fernández López, J., El Rey y otros militares. Los militares en el cambio de régimen político en España (1969-1982), Madrid, Trotta, 1998; Campuzano Carvajal, F., L’élite franquiste et le sortie de la dictature, París, L’Harmattan, 1997; Cardona, G., Los militares y la política, Madrid, Historia 16, 1993. <<

[49] Aróstegui, J. (coord.), Franco: la represión como sistema, Barcelona, Flor del Viento, 2011; Gómez Bravo, G., «Venganza tras la victoria: la política represiva del franquismo», en Á. Viñas (coord.), En el combate por la historia. La República, la Guerra Civil, el franquismo, Barcelona, Pasado & Presente, 2012, pp. 575-593. <<

[50] Águila, G., y L. Alonso (coords.), Procesos represivos y actitudes sociales. Entre la España franquista y las dictaduras del Cono Sur, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2013; Casali, L., Fascismi. Partito, societè e stato nei documenti del fascismo, del nacionalsocialismo e del franchismo, Bolonia, Lexus, 1995; Evans, R. J., The Third Reich in Power, 1933-1939, Londres, Penguin, 2006; Burleigh, M., El Tercer Reich. Una nueva historia, Madrid, Taurus, 2008; Saz, I., Fascismo y franquismo, Universidad de Valencia, 2004. <<

[51] Cardona, G., Franco y sus generales: la manicura del tigre, Barcelona, Planeta, 2003. Del mismo, El poder militar en España hasta la Guerra Civil, Madrid, Siglo XXI, 1983. <<

[52] El Decreto sobre Bandidaje y Terrorismo, de 21 de septiembre de 1960, refundía la Ley de Seguridad de 1943, que seguía considerando delito de rebelión los llamados «actos de subversión social», con la Ley de 18 de abril de 1947, copia literal de la anterior, de Bandidaje y Terrorismo. Se consideraban dentro del delito de rebelión militar, por tanto penados con el Código de Justicia Militar, los «que por cualquier medio se unan, conspiren o tomen parte en reuniones, conferencias o manifestaciones con los mismos fines expresados en el número anterior. Podrán tener también tal carácter los plantes, huelgas, sabotajes y demás actos análogos cuando persigan un fin político o causen graves trastornos al orden público». <<

[53] Entre marzo de 1963 y diciembre de 1976 fueron encausadas al menos 50.000 personas. Del Águila, J. J., El TOP. La represión de la libertad (1963-1977), Barcelona, Planeta, 2001, pp. 260-364. <<

[54] «La Jurisdicción Militar será la competente para conocer de todos los delitos comprendidos en dicho Decreto, que serán juzgados por procedimiento sumarísimo, sin perjuicio de las facultades de inhibición a favor de la Jurisdicción Ordinaria a que se refiere el artículo octavo del propio Decreto», Decreto Ley 9/1968, de 16 de agosto, sobre Represión del Bandidaje y Terrorismo. <<

[55] Aplicación del artículo 294 bis, que contemplaba la pena de muerte para todos los culpables de asesinar a miembros de los cuerpos de seguridad. <<

[56] Heiberg, M., y M. Ros Agudo, La trama oculta de la guerra civil. Los servicios secretos de Franco, 1936-1945, Barcelona, Crítica, 2006; De Antón, J., Historia de la policía, vol. I, Madrid, Viña Grande, 2000; Delgado, J., Los grises: víctimas y verdugos del franquismo, Madrid, Temas de Hoy, 2005; López Garrido, D., El aparato policial en España. Historia, sociología e ideología, Barcelona, Ariel, 1987; Morales Villanueva, A., Administración policial española. Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, policías autónomas, policías locales, Madrid, San Martín, 1988; Rico, J. M.ª (dir.), Policía y sociedad democrática, Madrid, Alianza, 1983; Díaz Fernández, A. M., Los servicios de inteligencia españoles. Desde la guerra civil hasta el 11-M. Historia de una transición, Alianza, 2005. <<

[57] Orden reservada de 7 de mayo de 1937 creando el Servicio de Recuperación de Documentos, que se hizo público un año después. BOE n.º 553 de 27 de mayo de 1938, CDMH, DNSP, Secretaría General, exp. 330. <<

[58] Gómez Bravo, G., y J. Marco Carretero, La obra del miedo. Violencia y sociedad en la España franquista, Barcelona, Península, 2012. <<

[59] CDMH 1.8.5.2//DNSD-Secretaría, exp. 35. <<

[60] Archivo Histórico Militar de Ávila, Cuartel General Generalísimo 118131. <<

[61] BOE n.º 259 de 27 de septiembre de 1939. En línea con los cambios en la Ley de Seguridad, se produjeron modificaciones en la estructura policial. La Ley de 8 de marzo de 1941, conocida como Ley de la Policía, incorporaba el antiguo Cuerpo de Investigación y Vigilancia al Cuerpo General de Policía, manteniendo el carácter militar del Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico, donde quedaban unificados definitivamente los de Seguridad y Asalto. <<

[62] Ley de 23 de septiembre de 1939, BOE n.º 269, p. 5334. <<

[63] BOE de 8 de octubre de 1939, p. 5646. <<

[64] Archivo Histórico Provincial de Toledo, Juzgado Especial de Comunismo, Centro Penitenciario de Ocaña I, caja 423. <<

[65] Orden reservada Estado español. Reservado, n.º 52, Presidencia de Gobierno, Madrid, 30 de septiembre de 1944. CDMH, Secretaría General, exp. 65. <<

[66] BOE n.º 269 de 10 de noviembre de 1958. <<

[67] BOE n.º 70 de 23 de marzo de 1971. Se establecieron jefaturas superiores en Madrid, Sevilla, Valencia, Barcelona, Zaragoza, Bilbao, Valladolid, Oviedo, La Coruña, Granada, Baleares y Canarias. <<

[68] Smyth, D., Diplomacy and Strategy of Survival. British Policy and Franco’s Spain 1940-41, Cambridge, Cambridge University Press, 1986, pp. 27-28. <<

[69] Los nombramientos se pueden seguir en el BOE hasta 1959, fecha en que desaparece del boletín el personal de la Dirección General de Seguridad. <<

[70] TNA, Foreign Office, 371/79687. <<

[71] BOE n.º 91 de 16 de abril de 1974, p. 7775. <<

[72] Ministerio del Interior, Archivo General de la Policía, sig. 51313. <<

[73] Tras 44 años de servicio, y jefe de la BPS de Madrid desde 1965, en el momento de su jubilación, en 1974, Saturnino Yagüe contaba con 94 felicitaciones públicas, 74 premios en metálico y 7 felicitaciones públicas colectivas. MI, AGP, sig. 51313. <<

[74] MI, AGP, sig. 4250. <<

[75] MI, AGP, sig. 9267. Para su expediente disciplinario y expulsión, aunque no cita las fuentes consultadas, véase Batista, A., La carta. Historia de un comisario franquista, Barcelona, Debate, 2010. Para los comienzos puede verse Risques Corbella, M., «La tortura y la Brigada Político-Social. Barcelona 1947», Historia Social, 44, 2002, p. 89. <<

[76] MI, AGP, sig. 6098. <<

[77] MI, AGP, sig. 5097, registro de salida n.º 4649. <<

[78] MI, AGP, sig. 5097, registro de salida n.º 4649. Son testimonios directos de tortura de estos comisarios los de Alejandro Diz (en La sombra del FRAP, pp. 76-77), miembro del FRAP detenido en Madrid en agosto de 1973 que fue interrogado por Conesa y Billy el Niño, y Miguel Núñez (en sus memorias La revolución y el deseo), varias veces interrogado por el comisario Creix. Nótense, sobre todo, las similitudes con el caso del estudiante Enrique Ruano, fallecido tras «lanzarse» por una ventana de la DGS en Madrid, o el propio Grimau, que sobrevivió inicialmente a la caída. Domínguez Rama, A. (ed.), Enrique Ruano: memoria viva de la impunidad del franquismo, Madrid, Universidad Complutense, 2011. Para estudios comparados, Palacios Cerezales, D., «Repressive Legacies and the Democratisation of Iberian Police Systems», en South European Society and Politics, 15, 2010, pp. 429-448; Baby, S., «Estado y violencia en la transición española. Las violencias policiales», en S. Baby, O. Campagnon y E. González Calleja (coords.), Violencia y transiciones políticas a finales del siglo XX. Europa del Sur-América Latina, Madrid, Casa de Velázquez, 2009, pp. 179-198; Ruiz de Azúa, V., «Las manos sucias», en S. Juliá, J. Pradera y J. Prieto (dirs.), Memoria de la Transición, Madrid, Taurus, 1996, pp. 579-587; Chamorro, J., «La tortura, aspectos legales», en J. Corominas y J. M.ª Farré (dirs.), Contra la tortura, Barcelona, Fontanella, 1978, pp. 229-241; Gómez Roda, A., «La tortura en España bajo el franquismo», Pasajes, 17, 2005, pp. 49-67; Savater, F., y G. Martínez Fresneda, Teoría y presencia de la tortura en España, Barcelona, Anagrama, 1982. <<

[79] US Embassy, 12 abril de 1975, 16.51 h, Madrid, ref doc. 07714-b. <<

[80] Martín Villa, R., Al servicio del Estado, Barcelona, Planeta, 1984. <<

[81] Notas transcritas por Tomás Gil Márquez, inspector jefe de la Policía Local de Sant Adrià del Besós y profesor asociado de Derecho Constitucional de la UAB. Gil Márquez, T., Modelo policial y forma de Estado en España, Barcelona, Atelier Constitucional, 1999. Al año siguiente, en octubre de 1977, fueron suscritos los Pactos de la Moncloa, cuyo punto noveno disponía la reorganización de los cuerpos y fuerzas de orden público, y se aprobaba el Acuerdo sobre Actuación Jurídica y Política, firmado por todas las fuerzas con representación parlamentaria. En ninguno de sus diez apartados se hacía referencia a la necesidad de depuración de mandos policiales ni a la creación de tribunales especiales que pudieran determinar responsabilidades por hechos pasados ni a otros mecanismos de separación del servicio que se habían utilizado abiertamente tras el fin de la Guerra Civil. Los Pactos de la Moncloa, Madrid, Servicio Central de Publicaciones/Secretaría General Técnica, Presidencia del Gobierno, 1977, p. 89. <<

[82] El País, 6 de mayo de 1977. <<

[83] Artículo segundo de la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939, comprendido en el artículo 294 bis del Código de Justicia Militar, expresamente declarado vigente en la disposición derogatoria segunda de la Ley de 15 de noviembre de 1971 y en la de 17 de mayo de 1958. <<

[84] Pala, G., «La Assemblea de Catalunya ante la represión franquista (1970-1976)», en J. Tébar (coord.), Resistencia ordinaria. La militancia y el antifranquismo catalán ante el Tribunal de Orden Público (1963-1977), Valencia, PUV, 2013, p. 191; Batista, A., y J. Playà, La gran conspiració. Crónica de l’Assemblea de Catalunya, Barcelona, Empúries, 1991. Según otros autores, la detención se produjo el 10 de noviembre: Cebrián, C., Estimat PSUC, Barcelona, Empúries, 1997, p. 124. <<

[85] Todas las referencias siguientes pertenecen a la diligencia de informe. Juzgado de Instrucción n.º 21 de Barcelona, sumario 21, 16 de marzo de 1973, fol. 6b. Hasta fol. 22 para las referencias siguientes. <<

[86] Todas las referencias en castellano, según el original. <<

[87] Diligencias indeterminadas sobre entradas y registros domiciliarios decretados por el Juzgado de Instrucción n.º 12. Causa vol. I, fol. 115. <<

[88] Declaración de Montserrat Plaza. «Del interrogatorio a que ha sido sometida tampoco se desprende que haya tenido ninguna otra participación que la que se menciona, sospechándose que el llamado Salvador Puig se ha servido de ella para la recepción de telegramas en su domicilio, abusando de la amistad o confianza que la misma había depositado en él y su familia». Jefatura Superior de Policía, Brigada de Investigación Criminal n.º 4103. Causa Tomo I, fols. 111-112. <<

[89] Declaración de María Angustias Mateos, tomo I, fol. 142. <<

[90] Declaración de Santiago Soler, tomo I, fols. 172-174. <<

[91] Tomo I, fols. 174-178. <<

[92] Declaración del doctor Joaquín Latorre, auto n.º 2, Tribunal Supremo, Sala V, Sala de lo Militar. Recurso n.º 102-12/2006. <<

[93] Declaración de Santiago Soler, tomo I, fols. 172-174. Declaración de Francesc Xavier Garriga Paituví, tomo I, fols. 175-200. <<

[94] Declaración de Francesc Xavier Garriga Paituví, auto n.º 2, Tribunal Supremo, Sala V, Sala de lo Militar. Recurso n.º 102-12/2006, Tribunal Supremo, Madrid, Causa Revisión, fol. 30. <<

[95] ABC, 7 de noviembre de 1973, p. 39. <<

[96] Tomo II, fol. 310. Firmado por Q. <<

[97] 30 de noviembre de 1973. Tomo II, fol. 383. <<

[98] Tomo II, fol. 329. <<

[99] Certificado de Urgencias Traumatología, vol. I, fol. 167. <<

[100] Vol. I, fols. 172-174. <<

[101] Tomo I, fol. 189. <<

[102] Acta de declaración de Salvador Puig Antich, vol. I, fols. 204-208, 28 de septiembre de 1973. En adelante en todas las referencias. <<

[103] Tomo I, fol. 260. <<

[104] Sumario 773/73, Juzgado de Orden Público n.º 2 de Madrid, juez Joaquín García Lavernia. <<

[105] «Demuestran la organización de un grupo, estimulado por ideología indudablemente dirigida a la modificación violenta del conjunto de instituciones legales y sociales». <<

[106] Jefatura Superior de Policía de Barcelona, Sexta Brigada de Investigación Social, n.º 5531, 21 de septiembre de 1973, informe de Santiago Bocigas al comisario jefe de Policía, tomo I, fols. 118-120. <<

[107] «… que ha empleado de acuerdo con las normas que sus componentes se propusieron, aceptaron y mantuvieron, las siguientes actividades: reuniones y conferencias, ataques e intimidación con armas de fuego, esgrima de armas de guerra, vida subrepticia dentro de núcleo urbano de partidas armadas, entrega de vehículos bajo amenazas de armas, atentados contra personas con resultado de muerte y expolio de propiedades con el fin de allegar fondos para la organización». Tomo I, fols. 118-120. <<

[108] Causa 106-IV-73, «supuesto delito de robo con violencia en las personas y muerte del subinspector de Policía Francisco Anguas Barragán, contra Salvador Puig Antich, José Luis Pons, María Angustias Mateos, Jorge Solé, huido y Jean Marc Rouillant, huido». Tomo I, fols. 220-224. <<

[109] Causa 106-IV-73, tomo II, fol. 220. <<

[110] Informaciones, 19 de agosto de 1972. <<

[111] Diario Oficial del Ministerio del Ejército, n.º 237, 23 de octubre de 1957, tomo IV, p. 241. <<

[112] Archivo Histórico Militar de Segovia, caja 106, tomo III, fol. 628. La causa la terminó de instruir, finalmente, el soldado Alejandro Martín Rodríguez. <<

[113] Vergès, J., Estrategia judicial en los procesos políticos, Barcelona, Anagrama, 2009. <<

[114] Tomo II, fol. 286. <<

[115] Tomo II, fol. 281. <<

[116] Causa 106-IV-73, fol. 224. <<

[117] «Se dan por probados hechos sin pruebas, solo a la luz de unas declaraciones unilaterales de una de las partes implicadas en el suceso». Tomo I, fol. 227. <<

[118] Tomo I, fols. 280-283. <<

[119] Tomo I, fols. 236 y ss. <<

[120] Tomo I, fols. 332-333. <<

[121] Causa 106-IV-73, tomo II, fols. 226-227. <<

[122] Tomo I, fol. 6b. <<

[123] Tomo I, fol. 6b. <<

[124] BOE n.º 72 de 13 de marzo de 1939, p. 1455. Tomo II, fol. 227. <<

[125] Fragmento de un poema que versionaría el grupo Quilapayún, y también Chicho Sánchez Ferlosio en el disco editado en 1972 en Suiza: Canciones de la resistencia española. <<

[126] Huelga salvaje de Barcelona que duró 62 días, y en la que el MIL preparó un frustrado atraco para dar las nóminas a los trabajadores. Citado en Rosés, S., El MIL: una historia política, Barcelona, Alikornio, 2002. <<

[127] Diligencia de informe, Servicio de Información Exterior, 16 de marzo de 1973. Tomo II, fol. 6b. <<

[128] Tomo II, fol. 361. Los dos primeros debían abonar 700.000 pesetas a los familiares del policía fallecido. <<

[129] Informe de actuación política de Jorge Soler. Tomo I, fol. 56. <<

[130] Tomo II, fol. 393. <<

[131] Ballbé, M., op. cit., p. 324. <<

[132] Tomo II, fols. 430-432. <<

[133] Tomo II, fol. 437. <<

[134] Gómez Bravo, G., La redención de penas. La formación del sistema penitenciario franquista, Madrid, Catarata, 2007, pp. 57-95. <<

[135] Providencia judicial, 18 de octubre de 1973. Tomo I, fol. 254. <<

[136] Tomo II, fols. 461-465. <<

[137] Tomo II, fols. 461-464. <<

[138] Tomo II, fol. 429. <<

[139] Tomo III, fol. 484. <<

[140] Conclusiones provisionales del fiscal jurídico militar, 26 de noviembre de 1973. Tomo II, fol. 360. <<

[141] Salvador Bañuls Navarro, 1910-1976. Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana, suplemento 1975-1976, Madrid, Espasa-Calpe, p. 1581; Arrarás, J. (dir.), Historia de la Cruzada española, vol. V, El alzamiento, Madrid, Datafilms, 1984, p. 565. <<

[142] «Consejos de guerra contra activistas MIL e incidentes térmica de San Adrián», Segunda Sección, IV Región Militar, Barcelona, 2 de enero de 1974, Arxiu Biblioteca del Pavelló de la República, Barcelona, ABPR, MIL, caja 14, carpeta 2.ª. Idem en referencias siguientes. <<

[143] Oficio del jefe de Estado Mayor, General José Morillo Galcerán, Capitanía General IV Región, Secretaría de Justicia, Causa 106-IV-73. Tomo II, fol. 470, 30 de diciembre de 1973. <<

[144] La Vanguardia Española, miércoles 9 de enero de 1974, p. 29. <<

[145] La Dépêche du Midi, 10 de enero de 1974; Le Monde, 3 de marzo de 1974. <<

[146] Citado en Sabio Alcutén, A., Peligrosos demócratas. Antifranquistas vistos por la policía política, Madrid, Cátedra, 2011, p. 227. <<

[147] Todas las referencias del consejo de guerra en dicha acta, tomo II, fols. 490-500. <<

[148] Tomo II, fols. 494 y ss. <<

[149] Tomo II, fol. 495. <<

[150] Tomo II, fol. 496. <<

[151] Tomo III, fols. 497 y ss. <<

[152] Tomo III, fol. 498. <<

[153] Sentencia, tomo III, fols. 500-525. <<

[154] Arts. 294c y 294b, respectivamente, del Código de Justicia Militar. Tomo III, fols. 500-503. <<

[155] Tomo IV, fol. 524. <<

[156] Alfonso de los Santos Lasurtegui era especialista en los problemas jurídicos de la energía nuclear, autor de La legislación nuclear española (1966). <<

[157] Tomo III, fols. 535-540. <<

[158] «Así, cuando estaba sin posibilidad de fuga, Puig Antich sacó otra pistola y efectuó cuatro disparos, lo que suponía un atentado contra un agente de la autoridad, que el Consejo de Guerra había transformado acertadamente en un delito militar de terrorismo, que “no exige ánimo específico ni intención de causar los resultados que tipifican, bastando que estos se produzcan”». Fol. 550. <<

[159] Monferrer Tomàs, J., «La construcción de la protesta en el movimiento gay español: la Ley de Peligrosidad Social (1970) como factor precipitante de la acción colectiva», REIS, 12, 2013, pp. 117-204; Arnalte, A., Redada de violetas. La represión de los homosexuales durante el franquismo, Madrid, La Esfera de los Libros, 2003. <<

[160] Tomo III, fol. 570. <<

[161] Rivero a Kissinger, martes 20 de diciembre de 1973, 20.10 horas, Madrid, ref. doc. 2653. Se redobló la seguridad ante la previsión de incidentes con la extrema derecha y la presencia de los guerrilleros de Cristo Rey, que pedían la ejecución de los procesados, aunque antes del atentado todo apuntaba a que los fiscales pedirían penas entre los diez y los veinte años. Castro, R., Juan María Bandrés: memorias para la paz, Madrid, Hijos de Muley Rubio, 1998. <<

[162] Forest, E., Operación Ogro: cómo y por qué ejecutamos a Carrero Blanco, París, Ruedo Ibérico, 1974. <<

[163] Así, por ejemplo, cuando fue elegido presidente del Gobierno, su cuñado Antonio del Valle era ya director general de Política Interior. <<

[164] Gómez Bravo, G., «Venganza tras la victoria: la política represiva del franquismo», en Á. Viñas (coord.), En el combate por la historia. La República, la Guerra Civil, el franquismo, Barcelona, Pasado & Presente, 2012, pp. 575-593. <<

[165] Según Ricardo de la Cierva, «en Málaga se estrenó la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación que respondió a la terrible represión republicana con otra represión igualmente terrible, bajo la ley del talión: las cifras de los ejecutados son de orden semejante». De la Cierva, R., Nueva y definitiva historia de la Guerra Civil, Madrid, Difusora de Información Periódica, 1986, p. 440; Gamazo Rico, R., «El alcalde Arias», ciclo de conferencias Madrileños del siglo XX, Madrid, Centro Mesonero Romanos, Instituto de Estudios Madrileños, CSIC, 2001, p. 7. <<

[166] Tusell, J., y G. Queipo de Llano, Tiempo de incertidumbre. Carlos Arias Navarro entre el franquismo y la Transición (1973-1976), Barcelona, Crítica, 2003, pp. 61-62. <<

[167] Rivero a Kissinger, lunes 31 de diciembre de 1973, 14.00 h, Madrid, ref. doc. 07714-b. <<

[168] AGA, Archivo de Presidencia del Gobierno, Secretaría de Presidencia, leg. 3.43. Todas las referencias siguientes. <<

[169] Discursos pronunciados en la toma de posesión colectiva del nuevo Gabinete Ministerial, Madrid, Ediciones del Movimiento, 1974, p. 23. <<

[170] Viernes 11 de enero de 1974, Barcelona-Madrid, doc. 0035-b. <<

[171] Tomo III, fol. 524. <<

[172] Nuevo Diario, 27 de enero de 1974, pp. 4-5. Asistentes: capitán general de la IV Región Militar, teniente general don Salvador Bañuls Navarro; gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, don Tomás Pelayo Ros; alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona, don Enrique Masó Vázquez, acompañado por el primer teniente de alcalde, don Félix Gallardo Carrera; presidente de la Diputación Provincial, don Juan Antonio Samaranch Torelló; gobernador militar, general Fullana; presidente de la Audiencia, don Carlos Obiols; subjefe provincial del Movimiento, don Antonio Casas; delegada de la Sección Femenina y consejero nacional del Movimiento, Montserrat Tey; consejeros nacionales Mariano Calvino y el laureado Jaime Bofill; general jefe de la zona de la Guardia Civil, señor Bajada; rector de la Universidad, doctor Carreras Llansana; delegados provinciales, consejeros provinciales y locales, Organización Sindical, presidida por el delegado provincial, señor Socias Humbert, y todos los presidentes de sindicatos, autoridades y representaciones locales y de la provincia, con sus respectivas corporaciones municipales y delegaciones del Movimiento al frente; delegaciones de la Vieja Guardia, hermandades de alféreces y sargentos provisionales. <<

[173] Rivero a Kissinger, martes 28 de febrero de 1974, Madrid, ref. doc. 01369-b. <<

[174] Jesús Esperabé de Arteaga. Hijo y nieto de rectores de la Universidad de Salamanca, su carrera universitaria se vio truncada al término de la guerra cuando fue inhabilitado durante un año como profesor adjunto de Derecho Político por su militancia en Izquierda Republicana. Procurador familiar por Salamanca en las Cortes franquistas, fue diputado de UCD entre 1977 y 1979. Otero Carvajal, L. (dir.), La universidad nacionalcatólica. La reacción antimoderna, Madrid, Dykinson, 2014, p. 827. <<

[175] Rivero a Kissinger, lunes 27 de febrero de 1974, Madrid, ref. doc. 01369-b. <<

[176] Rivero a Kissinger, martes 28 de febrero de 1974, Madrid, ref. doc. 01369-c. El nombre correcto del director general de Iberia era Juan Viniegra, en Pérez San Emeterio, C., «Viniegra, una saga en la aviación comercial española», Aeroplano, 1, 1990, pp. 26-38, dato facilitado por Quico Serrano. <<

[177] El viaje oficial de los príncipes por Filipinas, India y Arabia duró del 20 al 26 de febrero. El día 27 ya estaban de vuelta en Madrid. El 28, por tanto, los estadounidenses ya sabían que la ejecución se produciría el 2 de marzo. <<

[178] ABC, 2 de marzo de 1974. <<

[179] Tomo III, fols. 556-557. <<

[180] ABC, 3 de marzo de 1974. <<

[181] Rivero a Kissinger, miércoles 6 de marzo, 17.10 h, Madrid, ref. doc. 01369-b. Mismo documento en las referencias siguientes. <<

[182] Lleda, C., «El caso Puig Antich en la prensa francesa», HAOL, 25 (primavera 2011), pp. 159-162. <<

[183] Rivero a Kissinger, 29 de marzo de 1974, Madrid, ref. doc. 01369-b. <<

[184] Rivero a Kissinger, 29 de marzo de 1974, Madrid, ref. doc. 02664-b. <<

[185] Informe sociológico sobre la situación social en España, Madrid, Euramérica, 1970. <<

[186] López Pintos, R., La opinión pública española: del franquismo a la democracia, Madrid, CIS, 1982, p. 85; Sastre García, C., «La transición política en España: una sociedad desmovilizada», Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 80, 1997, pp. 33-68. <<

[187] De las Heras, J., y J. Villarín, El año Arias. Diario político español. 1974, Madrid, Sedmay, 1975, p. 42. <<

[188] ABC, 5 de junio de 1974, p. 38. <<

[189] De las Heras, J., y J. Villarín, op. cit., p. 123. <<

[190] Justicia Democrática, Los jueces contra la dictadura. Justicia y política en el franquismo, Madrid, Tucar, 1978, pp. 20 y ss. <<

[191] Comisión Internacional de Juristas, El imperio de la ley en España, Ginebra, 1962, p. 36, donde sigue: «Los tribunales militares constituyen uno de los pilares del régimen actual, instituido en primer lugar por un levantamiento armado. Su jurisdicción es muy amplia en causas penales ordinarias y todavía lo es más en relación con causas penales de carácter político». <<

[192] Piñol, J. M.ª, La transición democrática en la Iglesia española, Madrid, Trotta, 1999, pp. 458-459. <<

[193] Raguer, H., «La oposición cristiana al franquismo en Cataluña», en M. Ortiz Heras y D. González (coords.), De la Cruzada al desenganche: la Iglesia española entre el franquismo y la transición, Madrid, Sílex, 2011, pp. 161-184. <<

[194] AGA, Cultura, Ministerio de Información y Turismo, Radiografía urgente del episcopado español actual, junio de 1973, caja 560. <<

[195] Di Carli, R., La revisión concordataria en el ocaso de la dictadura militar, Madrid, Dehoniane, 2008, pp. 126-133, quien plantea que Arias temía tanto una reacción del Ejército como una posible ofensiva de ETA. <<

[196] Enrique y Tarancón, V., Confesiones, Madrid, Promoción Popular Cristiana, 1996, pp. 627-687. <<

[197] La Vanguardia Española, 3 de marzo de 1974. <<

[198] AGA, Cultura, Ministerio de Información y Turismo, 10 de mayo de 1974, caja 564. <<

[199] Rivero a Kissinger, 29 de abril de 1974. 115,31, Madrid, ref. doc. 2664-b. <<

[200] Rivero a Kissinger, 29 de abril de 1974. Madrid, ref. doc. 2664-b. <<

[201] Molinero, C., y P. Ysàs, La anatomía del franquismo, Barcelona, Crítica, 2008, pp. 141 y ss. <<

[202] Onaindia, M., El precio de la libertad. Memorias (1948-1977), Madrid, Espasa, 2001, pp. 427-495. <<

[203] De Arteaga, F., ETA y el Proceso de Burgos. La quimera separatista, Madrid, Editorial E. Aguado, 1971, p. 353. <<

[204] Ya, 22 de noviembre de 1970. <<

[205] ABC, 22 de noviembre de 1970. <<

[206] Ruiz Ayúcar, Á., Crónica agitada de ocho años tranquilos, Madrid, Editorial San Martín, 1974, p. 196. <<

[207] ABC, 16 de diciembre de 1970. <<

[208] Tomás García Rebull, capitán general de la VI Región Militar, con sede en Burgos, que había ratificado las sentencias de muerte y fue nombrado capitán general de Madrid (su lugar fue ocupado por Ángel Campano, que dejaba el mando de la División Acorazada Brunete de Madrid); Alfonso Pérez-Viñeta, que se mantuvo como teniente general en Cataluña hasta 1971, cuando pasó a la reserva; Manuel Chamorro, capitán general de Sevilla, líder de la lucha antisubversiva, o el propio Carlos Iniesta, director de la Academia Militar de Zaragoza, que fue nombrado director de la Guardia Civil. <<

[209] Gamazo Rico, R., «El alcalde Arias», ciclo de conferencias Madrileños del siglo XX, Madrid, Centro Mesonero Romanos, Instituto de Estudios Madrileños, CSIC, 2001. <<

[210] El subdirector de la DGS, Jiménez Asenjo, fue sustituido por el delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, el teniente coronel Fanlo. En el Servicio de Documentación de Presidencia, el coronel San Martín fue sustituido por Juan Valverde, quien procedía también de los servicios de seguridad del Ayuntamiento madrileño. <<

[211] El nuevo jefe del Alto Estado Mayor, el teniente general Carlos Fernández Vallespín, en su toma de posesión como miembro del Consejo de Estado, declaró de forma inquietante: «es peligroso mostrarle demasiado al hombre cuánto se asemeja a los animales, sin hacerle ver al mismo tiempo su grandeza», ABC, 11 de julio de 1974, p. 21. <<

[212] Presidente, Ángel Calderón Cerezo; secretario, Antonio Auseré; ponente, Agustín Corrales Elizondo, Javier Juliani Hernán, Ángel Juanes y José Luis Calvo Cabello. <<

[213] Auto n.º 2, Tribunal Supremo, Sala V, Sala de lo Militar, recurso n.º 102-12/2005. Registro del Tribunal Supremo n.º 13/9, de 3 de febrero de 2005. <<

[214] Auto recurso de revisión penal n.º 12/2005, Tribunal Supremo, Sala V, 5 de julio de 2007. Todas las referencias siguientes al mismo documento. <<

[215] El fiscal ya había planteado ese argumento mucho antes. Tribunal Supremo, Sala V, Fiscalía Togada, 3 de diciembre de 2006, registro de salida 650, p. 7. <<

[216] Auto n.º 2, Tribunal Supremo, Sala V, Sala de lo Militar, recurso n.º 102-12/2005. Registro del Tribunal Supremo n.º 13/9, de 3 de febrero de 2005, fol. 30. <<

[217] Describió un disparo en la pierna derecha, otro en la ingle y luego otros en el abdomen y el tórax «en caudal», alineados hacia arriba, todos en la parte derecha del cuerpo. <<

[218] «No resulta un tema pacífico en qué momento termina el secreto profesional del Letrado respecto a las manifestaciones efectuadas confidencialmente por su defendido. En cualquier caso no resultaría ético efectuarle ahora alguna interpretación acerca de los extremos que hipotéticamente pudieran perjudicar los intereses de sus hermanas, promotoras del presente proceso». Tribunal Supremo, Sala V, Fiscalía Togada, 12 de abril de 2007, registro de salida n.º 286. <<

[219] Tribunal Supremo, Sala V, auto recurso de revisión penal n.º 12/2005, de 5 de julio de 2007, pp. 16-17. En adelante todas las referencias remiten a este documento. <<

[220] «Aunque desde luego la discrepancia de versiones resulte patente, nada impide que las balas que impactaron en el cuerpo del subinspector Anguas procediesen de la misma arma». Tribunal Supremo, Sala V, Fiscalía Togada, 3 de diciembre de 2006, registro de salida n.º 650, p. 7. <<

[221] Garriga Paituví declaró ante el Tribunal Supremo que «tampoco observó armas o sangre, solo golpes, ni apreció que la policía golpeara con sus pistolas en la cabeza de Puig. No puede afirmar asimismo que viera a Puig efectuar disparos contra un policía, ni siquiera que los policías portaran armas, aunque sí que ni él ni “Petit” las llevaban». <<

[222] «Respecto de la prueba documental, consiste en la aportación de copias de distintos periódicos de la época, comentando los hechos (El Correo Catalán, El Caso, Diario de Barcelona, La Vanguardia, El País y ABC). Su contenido, al margen del interés histórico periodístico, no puede constituir sin ningún género de dudas fundamento de nueva prueba determinante de hechos no conocidos en la época y de otros que hacen referencia al actual procedimiento. Acaso sea significativo, a través de su lectura, apreciar el evidente impacto social y la conmoción ocasionada por la noticia de la muerte del subinspector Anguas en el momento en que se produjo». Auto 2007, p. 26. <<

[223] «Denegar la autorización para interponer recurso de revisión de la Sentencia dictada por el Consejo de Guerra de fecha 8 de enero de 1974 en la Causa n.º 106-IV-73, y la del Consejo Supremo de Justicia Militar de fecha 11 de febrero de 1974 que confirmó la anterior». Auto, p. 32. <<

[224] Las pruebas testificales no se consideraban nuevas, pues ya obraron a disposición del tribunal sentenciador, y tampoco resultaban nuevas para la sala, que ya tuvo ocasión de pronunciarse sobre ellas en el recurso de revisión intentado en 1994. Auto de 24 de febrero de 2005, p. 5. <<

[225] «Para la Sala, en definitiva, el objeto de la pretensión revisora radica en que se efectúe un nuevo enjuiciamiento de un caso ya cerrado lo que excedería del ámbito del recurso de revisión. Para llegar a esta conclusión, indebidamente, según nuestro criterio, se efectúa un análisis exhaustivo de las diligencias de prueba practicadas al solo efecto de conceder o denegar la autorización, no para ningún otro, olvidando dicho sea con todos los respetos que tal y como hemos dicho anteriormente, en la fase procesal en la que nos encontramos (la de autorización) el análisis según establece el Tribunal Constitucional ha de limitarse a constatar si existen indicios en orden a la evidencia del error del fallo condenatorio y no al carácter indubitado o no de las pruebas, pues este examen corresponde a otro momento procesal como es el de la sustanciación del recurso de revisión, por lo que, al hacerse este análisis exhaustivo de orden probatorio en este momento procesal, en contra de las previsiones legales, se ha suprimido de facto el siguiente trámite marcado por la Ley, como es el de la formalización sin dar oportunidad a los promovientes del recurso de formular las alegaciones precisas en orden no a la autorización, sino a la estimación del recurso». <<

[226] Revisión, voto particular del magistrado señor Calvo Cabello, fols. 5-9. <<

[227] Con mayúsculas en el original. «Todas estas razones debidamente conectadas que afectan a los hechos y consecuentemente a su calificación jurídica son las que a mi juicio debieron haber llevado a otorgar la pertinente autorización para formular el recurso de revisión. Una valoración aproximativa propia del momento en que la Sala debió pronunciarse solo podía conducir a la autorización». <<

[228] «Se podrá argumentar en contra que estos hechos no evidencian la inocencia del condenado. Pero, aun dejando al margen que el análisis de esa consecuencia corresponde a la fase de sustanciación del recurso, entiendo que la evidencia de la inocencia pueda ser exigida rigurosamente cuando la condena ha sido pronunciada en un juicio justo. Es en esas condiciones cuando adquiere sentido la demostración de la evidencia de la inocencia. Pero cuando, como aquí ocurrió, existen datos que permiten inferir que el proceso estaba dirigido a un fin prefijado, la exigencia ha de ser interpretada con menor intensidad. Basta, a mi juicio, con demostrar —y las promoventes lo han hecho y lo hubieran asentado y razonado definitivamente en la fase de sustanciación del recurso— la existencia de hechos nuevos que, como los dos expuestos, no solo corroboran que el proceso seguido no fue un proceso justo, sino también que la sentencia debió ser otra». <<

[229] Escritos de la Fiscalía Togada, 3 de octubre de 2006, registro de salida n.º 650. <<

[230] «No se ha señalado, ni se desprende del análisis de esta Sala, que no se siguiesen en el proceso cuantas exigencias preveía la regulación del procedimiento establecido en el Código de Justicia Militar de 1945, tanto en la fase de instancia como en la de recurso ante el Consejo Supremo de Justicia Militar, aplicable a los delitos de terrorismo que habían sido previstos en la Ley 42/71, de 15 de noviembre». Auto, fol. 15. <<

[231] El 27 de febrero de 2014, el Parlamento español aprobó introducir una modificación en la Ley Orgánica del Poder Judicial limitando los casos de justicia universal en los que pueden intervenir jueces españoles. La propuesta fue aprobada con 180 votos a favor y 137 en contra. <<

[232] Para los aspectos de la relación entre el derecho, la historia y la memoria recientes: Capellà, M., y D. Ginard (coords.), Represión política, justicia y reparación. La memoria histórica en perspectiva jurídica (1936-2008), Palma de Mallorca, Documenta Balear, 2008; Gil Gil, A., La justicia de transición en España. De la amnistía a la memoria histórica, Barcelona, Atelier, 2009; Cuesta Bustillo, J., La odisea de la memoria. Historia de la memoria en España. Siglo xx, Madrid, Alianza, 2009; Aguilar, P., Justicia, política y memoria: los legados del franquismo en la transición española, Madrid, Instituto Juan March, 2011. Para la definición de pseudolegalidad del franquismo: Aróstegui, J., «Opresión y pseudo-juridicidad. De nuevo sobre la naturaleza del franquismo», Bulletin d’Histoire Contemporaine d’Espagne, 24, 1996, pp. 31-46. Del mismo autor, más recientemente, Franco: la represión como sistema, op. cit. Para las cifras de la represión y bases de la violencia en el franquismo, Segura, A., A. Mayayo y T. Abelló (dirs.), La dictadura franquista. La institucionalització d’un règim, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2010; González Calleja, E., «La represión estatal como proceso de violencia política», Hispania Nova, 10, 2012; Gómez Bravo, G., «Venganza tras la victoria: la política represiva del franquismo», en Á. Viñas (coord.), En el combate por la historia, Barcelona, Pasado & Presente, 2012, pp. 575-593; Gómez Bravo, G., «La política penitenciaria en la consolidación del Nuevo Estado», Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, tomo 61, 1, 2008, pp. 165-198. Para el debate sobre la naturaleza y definición de la violencia en el franquismo: Aróstegui, J., G. Gómez Bravo y J. Marco (coords.), «De genocidios, holocaustos, exterminios… Sobre los procesos represivos en España durante la Guerra Civil y la dictadura», Hispania Nova, 10, 2012. <<

[233] Elías de Tejada, F., La figura del Caudillo. Contribución al Derecho Público Nacionalsindicalista, Sevilla, Tipografía Andaluza, 1939, pp. 98 y ss. <<

[234] Discurso de apertura de las Cortes Españolas, 17 de enero de 1943. <<

[235] Todorov, T., Memoria del mal, tentación del bien, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2012. <<