Este libro no solo aporta información y datos nuevos. A través de la documentación consultada en cerca de veinte archivos nacionales e internacionales, reconstruye la temprana planificación y la progresiva sincronización geográfica del sistema represivo. Analiza y explica su prolongación más allá de los límites de la guerra civil y se adentra, por último, en su impacto, en su dimensión e interiorización humana a través de las evidencias de un tiempo plagado de miedo e incertidumbre. La información reservada, la correspondencia incautada, los planos, los dibujos, las fotografías o pequeños trozos de papel muestran la urgencia del momento. Un valioso conjunto de pruebas que las propias familias han conservado hasta hoy como única forma de conexión con sus seres queridos. Muchos siguen aún desaparecidos. Hombres y mujeres corrientes, gente común, del campo o la ciudad, que no tuvieron responsabilidad política o militar alguna pero que soportaron el grueso de la represión. Un libro de historia que indaga sobre cuestiones de un pasado irremediablemente vivo en nuestro presente.

Gutmaro Gómez Bravo

Geografía humana de la represión franquista

Del Golpe a la Guerra de ocupación (1936-1941)

ePub r1.1

Titivillus 05-08-2019

Título original: Geografía humana de la represión franquista

Gutmaro Gómez Bravo, 2017

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

A mis padres, Gloria y José Manuel,

y a la memoria de su generación

Un joven oficial me decía en el umbral de una puerta mientras caían las bombas: esta guerra me ha enseñado muchas cosas. Entre otras, que hay militares de profesión que jamás serán guerreros y civiles que por naturaleza son guerreros.

MARC BLOCH, La extraña derrota.

We’ll go walking out

while others shout of war’s disaster

oh, we won’t give in

let’s go living in the past

JETHRO TULL, Living in the Past.

Los oficiales de la Tercera Sección fueron enviados por primera vez a la frontera. Guardianes del Estado, especialistas en intentos de sedición, devotos de la verdad, doctores en interrogatorios.

J. M. COETZEE, Esperando a los bárbaros.

Archivos

Archivos

Archivos familiares:

Martín Illana.

Jara Hernández.

Herrero Cirujano.

Zamorano Zamorano.

ADPG, Archivo de Presidencia de Gobierno, Madrid.

AFPI, Archivo Fundación Pablo Iglesias (Alcalá de Henares).

AGA, Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares).

AGMAV, Archivo General Militar de Ávila.

AGMGU, Archivo General Militar de Guadalajara.

AGP, Archivo General de la Policía, Ministerio del Interior, Madrid.

AGUN, Archivo General Universidad de Navarra (Pamplona).

AHGD, Archivo Histórico General de Defensa (Madrid).

AHMS, Archivo Histórico Militar de Sevilla.

AHN, Archivo Histórico Nacional (Madrid).

AHPC, Archivo Histórico Partido Comunista (Madrid).

AHPT, Archivo Histórico Provincial de Toledo (Toledo).

AMASJ, Archivo Municipal de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

AMCAR, Archivo Militar de Cartagena (Murcia).

ATMA, núm. 21, Archivo Togado Militar (Almería).

CDMH, Centro Documental Memoria Histórica (Salamanca).

DGCSH, Dirección General de la Guardia Civil, Servicios Históricos (Madrid).

IISG, Instituto Internacional de Historia Social (Ámsterdam).

The National Archives, Foreign Office, Londres.

Agradecimientos

Agradecimientos

Una gran parte de los documentos utilizados en este trabajo han sido conservados, con no poco riesgo, por las propias familias como su patrimonio más valioso. Nuestro agradecimiento en primer lugar debe ir para ellos. Elisa Martín Escalonilla, biznieta de Licinio Ávila Illana, puso a nuestra disposición toda la correspondencia que conservaba la familia. José Antonio Zamorano Herrera no solo hizo lo propio con sus familiares, sino que se puso en contacto con varios de ellos y nos facilitó la documentación completa que poseían. Todas las fotos y material gráfico de los casos de El Romeral se los debemos a él. Las cartas que conservaba Ignacio Gadella Jara nos han abierto la puerta de la cárcel de Porlier para poner rostro al dolor y a la inocencia. Ha sido imposible localizar a la familia de Francisco Peral Serrano, cuyas últimas pertenencias siguen aún en el Archivo Histórico de Defensa de Madrid. Gracias, una vez más, a todos los profesionales de los archivos y centros documentales públicos y privados mencionados al comienzo.

Esta investigación no ha llevado tanto tiempo únicamente por la documentación manejada. Ha pasado por varios proyectos de libro y no se habría realizado en absoluto sin el apoyo y la ayuda de varias personas, empezando, claro, por Noelia. Luis Enrique Otero me animó a recopilar lo que podría ser un libro de cartas y se molestó en leerlo. Carmen Ortiz lo revisó pacientemente y me sugirió cambios importantes. Miguel Ángel del Arco, Jorge Marco o Rubén Pallol también sufrieron los ataques de aquel primer manuscrito, que fue dando paso a otro tipo de trabajo. Para su definición ha sido clave el impulso de una nueva generación de historiadores jóvenes que están renovando el estudio de la guerra civil y la dictadura y con los que tengo la suerte de compartir un proyecto de investigación más amplio: Ainhoa Campos, Alejandro Pérez-Olivares, Daniel Oviedo, Juan Carlos García Funes y Carlos Píriz han leído total o parcialmente este texto, algunos incluso varias veces, por lo que les pido además disculpas[1]. No puedo olvidarme de Jesús Espinosa, Alicia Quintero, Aurelio Martín Nájera, Aurelio Velázquez, Víctor Moraleda, Armand Balsebre, Rosario Fontova, Gregorio García-Dotor, Régulo Alonso y Juan José Rubio. Tengo que mencionar muy especialmente a Charo Baglietto, que leyó y anotó con sumo cuidado esta última versión, y desde luego al editor de Cátedra, Raúl García Bravo, que apostó siempre por el libro y no se desesperó ante tantas versiones. Un proyecto que continúa y que sigue abierto gracias a Héctor y a Iñaki, con su batería de preguntas y su imaginación histórica.

Introducción

Introducción

Los pueblos cercanos a la primera línea, especialmente los que han sido rojos y pasan a ser ocupados por nosotros, deben ser objeto de una vigilancia especial, lo mismo de hombres que mujeres y niños[2].

El Cuartel General de Franco en Salamanca emitió, entre finales de 1936 y comienzos de 1937, una serie de instrucciones reservadas, como la anterior, destinadas a coordinar la ocupación de localidades y el control de la población civil. Las unidades de policía secreta de cada división, compuestas con vecinos de la zona, remitían semanalmente los datos al Servicio de Información Militar en Burgos, que empezó a organizar un «fichero de criminalidad» por pueblos y provincias. Pocos días después, los ayuntamientos próximos al frente del norte recibían el siguiente oficio de la Delegación de Orden Público:

1) Conducta que han de seguir los elementos de izquierda en la jurisdicción de esta delegación.

1.º Cada ayuntamiento fijará un día y me lo participará con ocho de anticipación para concurrir al acto que ha de celebrarse y al mismo tiempo que el aviso me remitirá el total de los individuos de izquierda que hay en la localidad incluyendo los nacionalistas, con sus nombres, apellidos y número de familia que tiene, así como la edad de esta, en cuya relación se harían las indicaciones que estime pertinente el alcalde, para mayor ilustración por mi parte, de antecedentes políticos de izquierdistas de su localidad.

2) Labor que ha de desarrollarse en pro de la salvación de las almas de los izquierdistas y para su regeneración patriótica.

1.º El día en que se haga la apertura, que será aquel en que se refiere el apartado primero, serán avisados para que a determinada hora señalada estén en un local donde les dirigirá la palabra el Sr. Párroco, un representante del Ayuntamiento, un representante de las milicias en nombre de todos, y el resumen de todo lo expuesto será hecho por el Delegado que suscribe, el que a la vez señalará a todos la marcha que han de seguir para ingresar en la España que se está saturando por la sangre de nuestros mártires y el arrojo de nuestros héroes, pues sería inútil pretender pertenecer a nuestra España sin haber pasado por el crisol de purificación y conocer los sabios preceptos de nuestra Religión y nuestro patriotismo.

2.º Para este acto serán invitadas las personas que desempeñen cargos oficiales dentro de la localidad. Lo que participo a Vd a fin de que se dé el mayor cumplimiento y fijen en ese Ayuntamiento a ser posible el día (a mano 18) del actual y hora de lasCINCO de la tarde. Dios guarde a Ud. muchos años. Burgos 13 de enero de 1937. El Delegado Gubernativo.

El segundo punto detallaba el método y la elaboración de las listas:

La labor de formación de las listas de los izquierdistas ha de hacerse con toda claridad y nobleza que el acto para que es destinada requiere, a cuyo fin esta será confeccionada por una Junta que tendrá como presidente al alcalde, si es cabecera de ayuntamiento el Presidente y no ninguna otra persona y como Vocales: 1.º el Sr. Cura párroco, 2.º El Jefe de Milicias Ciudadanas, 3.º El jefe de Requetés, 4.º El jefe de Falange, 5.º El jefe femenino de Falange, 6.º Presidenta de las Margaritas de la localidad. En los puntos en que no sea cabecera de Ayuntamiento presidirá esta Junta el alcalde de Barrio[3].

En menos de un año estaba ultimado un despliegue conjunto, militar, policial y judicial, para la ocupación de los principales centros de población republicanos. Un plan que era del todo preciso desarrollar para concluir una guerra de desgaste y control de los flujos de información que giraba de nuevo sobre Madrid pero que ya se coordinaba desde dentro.

Llegado el momento han de ser las fuerzas militares de Madrid las que tomen Madrid y establezcan el orden en los primeros momentos, auxiliados por fuerzas de la Guardia Civil y las de Seguridad. Una vez restablecida la situación general para la labor de policía y la rebusca de elementos indeseables, será cuando los batallones de orden público y guarnición releven a las unidades de columnas. Para los servicios de auxilio de la operación de ocupación y con ello se coordine la posterior de orden público, pueden usarse paisanos militarizados. Los tribunales militares están ya constituidos para su rápida actuación, como ha sucedido ya en Bilbao, Santander, Málaga, Asturias etc.[4].

En diciembre de 1938 comenzaba la ofensiva final de Cataluña y con ella uno de los mayores planes de filiación e identificación de población contemporánea anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Aunque se diseñó conjuntamente para las tres grandes ciudades republicanas, se estrenó en Barcelona, una ciudad bombardeada «a baja altura y a placer», completamente desabastecida, sin agua, luz, ni medio alguno de transporte.

En aquellas poblaciones que por su importancia merezcan especial atención y muy particularmente Madrid, Barcelona y Valencia, se procurará dividirlas en tantos distritos como para efectos del censo estuvieran ya divididas con antelación, encargándose de cada Distrito un jefe de sector que realizará con anterioridad un trabajo preparatorio con planos, dividiendo las poblaciones de su Distrito respectivo y estas en Barrios o Zonas para que llegado el momento, cada jefe de sector pueda conocer la parte que le corresponde[5].

La ocupación de Cataluña no solo anticipó el fin de la guerra, sino que mostró la vocación y el carácter oficial, estatal y permanente que habían adquirido los aparatos de campaña franquistas. Al día siguiente de la entrada en Barcelona, el coronel Ungría, jefe del Servicio de Información y Policía Militar (SIPM) y del Servicio Nacional de Seguridad, señalaba el comienzo de «una orientación más amplia que mire al territorio y no solo al frente enemigo». Un cambio estratégico que marcó el camino ascendente de la represión al final de la guerra y la primera posguerra, aseguró la victoria «legalmente» a través de un modelo de orden público fuerte y, en definitiva, permitió instaurar una dictadura militar. La continuidad estaba garantizada: la policía política absorbió las redes de espionaje que el SIPM poseía en los centros oficiales, empresas, fábricas, cafés, casinos y principales lugares públicos, que se extendieron por todo el país «para que con sus informes ayuden a la defensa de los principios del orden establecido por el Caudillo»[6].

No habría que esperar mucho para comprobar sus efectos sobre la población civil una vez concluida la guerra. El 19 de abril de 1939, el jefe del SIPM de Levante, el teniente coronel León Sanz, exhortaba a los responsables de una zona geográfica que albergaba ya la mayor concentración de detenidos, presos y prisioneros del sur de Europa:

Terminada la contienda ha hecho cambiar los fines inmediatos que se persiguen, la organización del servicio subsiste íntegramente. Se hace imprescindible una verdadera labor de espionaje de la que están encargadas redes de agentes secretos, que solo en caso de extrema necesidad tomarán contacto con los jefes de las tropas colaboradoras. La importantísima labor de practicar detenciones, es tanto más numerosa y eficaz cuanto más oculta es la personalidad de los investigadores[7].

Su homólogo en Aragón no dejó dudas acerca de cuáles eran esos fines inmediatos en un mensaje emitido al día siguiente:

A todos los colaboradores, jefes y soldados: tengan presente que el hecho que las hostilidades hayan acabado no les exime de actuar con espíritu de combate, convenientemente disimulado, hasta lograr la total limpieza de todo el territorio y la liquidación por la Justicia de todos los crímenes, saqueos y delitos de la dominación roja. La guerra sigue y solo se ha modificado en el sentido que el arma de fuego ha sido sustituida por la habilidad, que es arma poderosísima también[8].

La guerra civil española sigue siendo uno de los conflictos con mayor número de víctimas de violencia política de la historia y no puede separarse, en modo alguno, de la dictadura franquista. Todas las órdenes anteriores fueron diseñadas, aprobadas y firmadas por militares profesionales. Desde febrero de 1938, la mayoría fueron cursadas por Ministerios, que actuaban dentro de una estructura jerarquizada y con unas normas muy claras. Seguían una lógica, una estrategia diseñada y concretada en abril de 1936 y que preveía usar la violencia, combinada con otros medios, para asegurar el triunfo de un golpe de Estado. Su evolución y su progresivo perfeccionamiento a lo largo de la guerra, proceso en el que terminó fraguándose el sistema represivo franquista, muestran la fijación de sus objetivos, de los que destacan particularmente dos por encima de todos: la implicación social y su apariencia de legalidad. El procedimiento para la formación de listas de izquierdistas y nacionalistas, por ejemplo, fue regularizado y pautado desde la Delegación de Orden Público y, por tanto, desde el Gobierno Civil. Poco después, los planes de ocupación, el seguimiento y los movimientos de población eran coordinados desde todo un Ministerio de Orden Público de un nuevo «Estado Nacional». La planificación y la cobertura institucional, algunas de sus señas de identidad más tempranas, se administraron de forma conjunta y coordinada gracias a la experiencia de una guerra de ocupación del territorio y del control de la población que, a su término, se había consagrado por igual a la defensa de la dictadura y de una sociedad a su medida. El paisaje de la represión quedó marcado, desde el principio, por esta capacidad de combinar y regular un alcance masivo y selectivo a la vez.

I

Este libro pretende mostrar las coordenadas explicativas de este proceso, no solo reconstruyendo su lógica interna sino también a través de las experiencias de aquellos y aquellas que la sufrieron. El problema no es solo explicar cómo se formaron y evolucionaron ambos mundos, sino cuáles fueron sus prácticas y cómo interactuaron en su etapa de mayor imposición y acatamiento. El problema, nuevamente, es cómo conjugar una historia de la guerra civil y la dictadura, una página principal de la violencia política del siglo XX, a través de una historia social del castigo y de la culpa, que sirva, además, para comprender los efectos de la mentalidad y cultura autoritarias tan presentes en nuestra sociedad actual. La interiorización y el impacto de estas y otras cuestiones traumáticas siguen siendo materia de conocimiento muy difuso, sobre todo en comparación con otros países. La imposibilidad de acceder, hasta fechas recientes, a la documentación militar, judicial y penitenciaria, los ejes fundamentales del sistema represivo franquista, ha sido uno de sus principales motivos. Pero también, paradójicamente, el predominio de una visión exclusivamente política tanto de la violencia como del control ha contribuido a ello. Una amplia gama de formas de persecución que institucionalizó la dictadura, como la depuración, la sanción y la exclusión social, que afectaron a millones de personas, ha sido estudiada y reconocida apenas en las dos últimas décadas.

A medida que se han ido abriendo los archivos y se ha ampliado el propio concepto de las víctimas del franquismo, se ha podido construir un campo científico que antes no existía. Campo que, en ningún caso, habría sido posible consolidar sin el interés y la creciente demanda social por comprender las páginas más oscuras de nuestro pasado reciente. El diseño, combinación y generalización de una violencia masiva y selectiva a la vez contra la población civil, desde la propia preparación del golpe de Estado de julio de 1936 hasta el final de la dictadura, constituyen hoy todavía un proceso que sigue pendiente de documentar, sobre todo en su vertiente policial. El grado de interiorización de esas políticas sobre un conjunto amplio de la sociedad española es todavía, por tanto, impreciso. Contribuir a llenar ese vacío es el objetivo fundamental de esta obra, una historia de los orígenes de la represión franquista. Cuenta con documentación policial y militar inédita hasta el momento, además de múltiples registros personales, un legado íntimo y colectivo de la persecución y la presión social que articuló el franquismo en su larga existencia. A diferencia de los testimonios orales o autobiográficos reproducidos muchos años después, son documentos coetáneos de primera mano y necesidad que muestran la urgencia ante situaciones concretas, a menudo desesperadas, como la muerte, el hambre, la enfermedad o el miedo, que también abren la puerta a la ilusión por el futuro y la lucha por la vida en un ambiente fuertemente degradado y hostil. Componen, por encima de todo, un itinerario generacional de hombres y mujeres que se enfrentaron a una situación inédita y desconocida para todos ellos y de la que dejaron constancia de múltiples formas; por ejemplo en un pequeño trozo de papel como este, en el que Valeriano Jara anotó todas sus «fechas inolvidables» por si le preguntaban en el juicio.

Fechas inolvidables:

28 de marzo, toman Madrid las fuerzas nacionales.

abril 4, mudanza de la calle de Fuencarral.

abril 18, traslado de muebles y familia a Móstoles.

abril 23, presentación en la comandancia.

mayo 4, detención mía.

mayo 17, traslado de Móstoles a Madrid.

mayo 18, entrada en la cárcel de Yeserías.

mayo 24, el juicio en el Juzgado de Las Salesas.

día 30 de mayo, entrada en la cárcel de Porlier.

día 30 de junio, fusilan a un inocente[9].

El tiempo quedó suspendido muchos meses después del final de la guerra. Pero al principio, en los días previos, los que siguieron al golpe, e incluso en los primeros meses del conflicto, muy pocos fueron conscientes de la dimensión y de la gravedad de lo que estaba sucediendo. Todos los flujos y formas de información fueron censurados, controlados y utilizados contra la población, antes (desde la propia planificación del golpe), durante y después de la guerra. Con el paso del tiempo y la militarización de la vida cotidiana, la gente comprendió que las cartas tardaban en llegar, se perdían o eran censuradas. Pero todavía muy pocos pudieron advertir que servían para vigilar sus movimientos y los de otras personas. Pronto se generalizó una modalidad de cartas de «matute» o estraperlo, entregadas a mano para burlar este cerco y poder fugarse de aquella realidad insoportable. La diferencia entre unas y otras se advierte a simple vista. En aquellas que pasaban la censura oficial, apenas se daba cuenta de lo necesario, sintetizando la información y los detalles mínimos. Resuenan en ellas el dolor y la incertidumbre, el eco dominante de un universo de derrotados, perseguidos, desaparecidos, deportados y humillados. Un paisaje de hombres y mujeres corrientes convertidos en criminales, en delincuentes comunes, que sintieron esa denigración como el peor castigo al que podían ser sometidos.

Y lo transmitieron, avergonzados, a sus seres queridos. Así se despidió Prisciliano García de su madre, en su Mieres natal, en una carta escrita para demostrar que seguía vivo y que no olvidaba su cumpleaños:

A voluntad de mi abuela me pusisteis este nombre

que hoy pasa por el mundo,

como si fuera un mal hombre[10].

Una gran mayoría se enfrentaron al peso de vivir con la amenaza de la condena a muerte, sobre todo jóvenes que deberían estar alcanzando su madurez biológica pero que no sabían si vivirían para contarlo al día siguiente. Otros no tuvieron tiempo, no pudieron o se vieron forzados a mentir, a denunciar y a incriminar a otras tantas personas para sobrevivir. Todos ellos, casos representativos de las diversas formas de coerción que se implantaron en la sociedad desde el comienzo de la guerra. Su impacto fue tan amplio y de tal calado que marcaron tanto la consolidación de la dictadura como el papel que cada individuo y su familia podían desempeñar en ella. Los documentos de aquella época, de aquellos que se sentían libres como de los que se sabían observados, revelan sus principales mecanismos de interiorización en varias direcciones, pasillos y vasos comunicantes. Muchos de ellos siguen activos en la memoria, están presentes aún y forman parte de nuestra sociedad actual a través de una transmisión generacional que quedó violentamente interrumpida e incompleta.

II

El objeto principal de esta Geografía humana pasa por analizar la formación y las particularidades (intensidad, dirección, normalización, persistencia y simultaneidad) de la represión franquista a lo largo de la guerra. Para ello es necesario superar algunas barreras de la cronología convencional, ya que comienza con la ultimación del golpe de Estado (abril de 1936) y se extiende hasta finales de 1941. Las razones son de marcada índole temporal, ya que en este período coexisten la fase álgida de la represión y la peor hambruna sufrida en el conjunto del territorio español desde finales del siglo XIX. El sistema judicial y penitenciario quedó colapsado por completo, debido al fuerte incremento de presos comunes (sobre todo por delitos contra la propiedad) y de aquellos detenidos en virtud de la nueva Ley de Seguridad del Estado, que se unían al enorme contingente de presos y detenidos procedentes de la guerra. Las prisiones habilitadas, conventos, cines, fábricas y colegios que hacían las veces de cárceles siguieron siendo los lugares predominantes de encierro y detención durante todo este período. Y, por último, hasta 1941 no se hizo efectiva la orden de desmovilización del Servicio de Información y Policía Militar (SIPM), organismo que sirvió de puente entre el contraespionaje militar y la policía política. A partir de ese momento las medidas represivas no se relajaron o desaparecieron, como a veces se sostiene, sino que discurrieron por los cauces del orden público militarizado, las jurisdicciones especiales y la legislación de seguridad en su conjunto. Su presencia, junto con otras cuestiones sobre la propia naturaleza de la violencia de guerra, ha propiciado una importante relectura del franquismo en las últimas décadas; de ahí que sus claves teóricas e historiográficas se aborden en un primer capítulo. El resto del texto trata de seguir el proceso de construcción del sistema represivo y de su interacción social a través de la percepción de gente corriente, de aquellos que no tuvieron especiales cargos o responsabilidades políticas, precisamente, aquellos que soportaron el grueso de la represión.

El primer capítulo vuelve la mirada hacia los orígenes de la dictadura y de los problemas que esa apariencia de legalidad aún provoca en nuestra historia y memoria recientes. Las nociones y prácticas del castigo anteriores al golpe fueron reutilizadas y desempeñaron un papel determinante. El segundo capítulo se centra en su desarrollo, difusión e impacto a través del control de los distintos tipos y flujos de información que circularon desde el propio triunfo electoral del Frente Popular en febrero de 1936 (rumores y cartas privadas), pasando por el golpe y la imposición del estado de guerra en julio (correspondencia reservada), hasta la puesta en marcha de la Auditoría de Guerra a comienzos de 1937 tras la toma de Málaga, etapa que culminaría en abril del mismo año con la unificación y concentración de todo el poder político y militar en torno a la figura del general Franco. El capítulo tercero analiza el giro hacia la guerra de ocupación a través de la unificación de los servicios de información, con la justicia militar y las delegaciones de orden público local. Los interrogatorios se extendieron y dirigieron hacia la población civil, centralizando una información que comenzó a ser elaborada y analizada con fines específicamente represivos; una experiencia atesorada en los pueblos y capitales en la ocupación del norte, prueba de fuego de los sublevados en el control y absorción de grandes contingentes de población. La coordinación de ese aparato permitió cohesionar su retaguardia, así como promover la deserción masiva en la del enemigo y garantizar, por último, la «exigencia de responsabilidades a la población civil».

El capítulo cuarto se centra en la reorientación que provocó en ese proceso de largo recorrido la creación del SIPM: pieza fundamental de las redes provinciales de información, base de la policía política y de la propia administración de gobernación de la dictadura. El quinto capítulo sigue el impacto social de estas medidas a través de los prisioneros de guerra y sus familias. Su utilización en la propia descomposición interna del frente y la retaguardia republicana culminaría con su incorporación al Ejército Nacional en tareas de clasificación y encuadramiento de sus propios compañeros. Un proceso que se extendió a la sociedad, al que se dedica el capítulo sexto, en el período de mayor generalización de los consejos de guerra y el auge de la pena de muerte. Las denuncias, clave de esta estrategia de desafección y confrontación interna de la población, estaban operativas mucho tiempo antes de terminada la contienda como parte de una sistema militar de obtención, seguimiento y clasificación de la información. Sin embargo, según la percepción mayoritaria de los que las sufrieron, transmitida generacionalmente, fueron el fruto de venganzas personales o cuestiones locales instigadas por Falange. Fueron interiorizadas desde un nivel personal, familiar y vecinal, mucho más que político o ideológico. Un gran número partieron de un sustrato cercano, no hay duda, pero fueron coordinadas y canalizadas, y en no pocas ocasiones efectuadas directamente, por el propio aparato de información militar ya terminada la guerra.

Su impacto fue devastador. En junio de 1939, Ricardo Herrero, prisionero en un batallón de trabajadores de Pozoblanco en Córdoba, definió lo que estaban sufriendo como un «régimen de opresión y de aprensión» (refiriéndose a su hermana, que había dejado de comer por los disgustos y el miedo). Una ruptura social que resulta muy importante constatar in situ, en el preciso momento en que la vivieron y sufrieron, a través de las formas de comunicación que usaban y tenían a mano aquellas personas. La represión aglutinó varias formas de violencia que se sincronizaron a distinto ritmo y no pasaron de un estadio a otro tan claramente como a veces se sostiene. Así, por ejemplo, al mismo tiempo que se llevaba a cabo la eliminación de muchos detenidos y prisioneros, se pensó y se puso en pie un sistema para castigar, reeducar y vigilar de forma permanente a sus familias. Segregación y voluntad de criminalización que no surgieron de la nada. Los capítulos séptimo y octavo describen sus principales proyectos de institucionalización desde febrero de 1938, completando la forma del Nuevo Estado. Por un lado la Iglesia, que no solo suministró la legitimación del castigo sino que a través de su red benéfica y propagandística gestionó el perdón. Un apostolado, el de la «recristianización» de la sociedad, que permitía exhibir públicamente el arrepentimiento y la conversión ideológica de un importante volumen de población forzada a colaborar. Por otro, la policía política, que existía previamente pero que tras adoptar la fisionomía del propio aparato de información militar se consagró a incriminar, forzar la colaboración y obtener la «calificación» total de la población con la creación de un servicio secreto unificado y de ámbito nacional. El golpe, la guerra y la dictadura se sirvieron y reprodujeron al mismo tiempo de un formato de control social que descansaba tanto en lo militar/policial como en los resortes del poder local. El diseño y la planificación de la ocupación, desde los pequeños pueblos hasta las grandes ciudades, fueron algunas de sus mejores expresiones pero no las únicas.

Frente a la escasez de documentos personales de los primeros momentos de la sublevación militar y los comienzos de la guerra, la mayoría de los que aquí se muestran están escritos en lugares de castigo y de encierro: batallones de trabajadores, campos de concentración y prisiones. Desde 1938, ya decidido el curso de la guerra, el internamiento era masivo, al igual que los movimientos y traslados de personas. En este contexto generalizado, escribir o recibir una comunicación podía resultar vital, a veces el único antídoto ante el miedo y la ansiedad, ante la «aprensión». Una noticia, una frase de aliento, un simple nombre en un trozo de papel eran capaces de rescatar a alguno de aquellos cientos de miles de condenados a una muerte segura, sobre todo por las condiciones generalizas del encierro hasta prácticamente finalizar los años cuarenta. Muchos de ellos, presos desde el comienzo de la guerra, sufrieron un sinfín de penalidades que quebrarían la resistencia física y moral del más distinguido héroe de nuestros días. Sin embargo, la mayoría han sido olvidados y han muerto sin recobrar la dignidad que su trato como criminales consiguió arrebatarles. El hecho de que muchas cartas fueran escritas pensando que iban a burlar cualquier vigilancia transmite una dimensión íntima y personal de las distintas vivencias, muy alejada del tono de aquellas otras que pasaban por la censura, básicamente militar y policial pero también religiosa, de este período.

Las notas a lápiz de uno de tantos jóvenes, como este oficial del Ejército del Sur, que sobrevivieron a duras penas al final de la guerra conducen a ese umbral del que ya sentían que no volverían:

23 de septiembre (1940). Recibo carta de mi madre que me afecta mucho. La pobrecilla sufre mucho, me manda un giro de 8 pesetas, esto me hace saltar las lágrimas, pues sé del esfuerzo que esto supone para ellos, ya que no tienen quien se lo gane. Algún día tal vez pueda devolverles algo de tanto sufrimiento.

14 octubre. Paso mucha hambre, tengo tal debilidad que a veces pierdo la razón.

2 de noviembre. Voy a consejo de guerra. Me hacen una serie de acusaciones que no comprendo, cómo es posible que las autoridades admitan tanta falsedad. El Fiscal no me hace siquiera petición. El defensor me hace una buena defensa. Hoy se ha decidido mi sentencia, me han condenado a muerte. Esta noche bájanme al sótano[11].

Por su parte, la familia, en un sentido extenso, sufrió e interiorizó las diversas cargas que intentaba disimular. La económica, quitándose de comer en ocasiones, pero también el estigma social y el riesgo constante de poder ser detenidos en cualquier momento por formar parte de una familia «marcada». Lejos de ser un diario o un compendio de reflexiones individuales o personales, es una escritura coral compuesta por múltiples voces de gente anónima: campesinos, jornaleros, amas de casa, maestras, mecánicos, padres, madres e hijos, amigos y amantes, que tenían la misión de conseguir no solo un buen aval o informe para su familiar, sino que además coincidiera con su interrogatorio inicial. La percepción de las posibilidades que tenían los unos choca bruscamente con la información, las fichas policiales, los datos elaborados y la documentación incautada que obraba en poder de los otros. Sobre la constatación de que esta marcada diferencia se fue ampliando con el tiempo, asentando la transformación del aparato de guerra en una dictadura, se han escrito las páginas que siguen, que deben mucho a mucha gente.

Capítulo primero. Una historia que no cesa

CAPÍTULO PRIMERO

Una historia que no cesa

Mapas

MAPAS

El punto de partida de este trabajo no es el de una monografía sobre la violencia franquista. Trata, sobre todo, de recobrar el sentido y el significado que tuvo para aquellas personas que la vivieron, que la sufrieron, a través de sus prácticas, de sus mismas voces, palabras, ideas, anhelos y angustias. Pero no basta, aún por ello, recuperar sus palabras o testimonios sin más. Es necesario comprender por qué, cómo y quiénes crearon y estructuraron los aparatos de represión y, sobre todo, cómo triunfó una determinada mentalidad favorable al castigo que marcaría la sociedad de posguerra. Una relación compleja y aún no resuelta, sobre todo por las características de una Transición tan cercana y marcada por el peso de la dictadura, de su enorme inversión en violencia, como también, y esto es más problemático, por el alto grado de colaboración y consentimiento al que se vio forzada la inmensa mayoría de la sociedad española para sobrevivir. Valorar el éxito de estas políticas supone acercarse a la culpabilidad y al dolor provocado en sucesivas generaciones. Gentes que vieron truncadas sus vidas por un golpe de Estado que derivó en una guerra civil larga y devastadora que abrió las puertas a la dictadura más larga y sangrienta del sur de Europa. Personas que fueron denunciadas, espiadas y expoliadas por sus propios vecinos, y no solo en la guerra, sino mucho tiempo después, por agentes, colaboradores y beneficiarios directos de la dictadura. Esta es una cuestión de fondo importante porque sin ella sería imposible abordar la violencia y sus dinámicas, o, lo que es lo mismo, comprender el fenómeno en su conjunto. Sería una historia mutilada de una parte importante de la sociedad que vinculó con sus acciones no solo su destino sino también el de muchos otros[12].

Hay varias particularidades a tener en cuenta, además de las geográficas, temporales o culturales, para abordar esta problemática. La primera de todas es que la represión franquista sigue necesitando de una comprensión más amplia que aquella que la reduce a un caso de genocidio. La intensidad, pero también la larga duración y simultaneidad del propio fenómeno, deben ser contempladas por igual si se quiere comprender sus efectos. Solo así podremos saber si tuvieron éxito estas políticas diseñadas antes de que acabase la guerra, para el castigo, sometimiento y conversión de la llamada «población desafecta». Penas, todas ellas, que convivieron indistintamente con el auge de la pena de muerte. Las cifras son escalofriantes y se elevan, en determinados aspectos, por encima del espectro europeo. Pero la principal diferencia del caso español respecto a fascismo, nazismo o estalinismo no estriba solo en la cantidad sino en la dirección de la violencia. La fuerza y la agresividad que allí se emplearon contra el exterior fueron canalizadas aquí hacia el interior. La guerra civil marcaría así los límites (principio y fin) de la dictadura, pero no solo en sus elementos simbólicos o propagandísticos. Todos los elementos y prácticas del sistema represivo que se fueron perfeccionando y «normalizando» posteriormente estaban presentes deliberadamente ya en ella[13].

Documentar este proceso no es tarea fácil, pero es necesario si se quiere ir más allá del lenguaje y la retórica paternalistas del franquismo y entrar en el modelo de relaciones sociales que sellaron las armas: la dependencia, la subordinación, la coacción, la exclusión y la presión social permanentes. La formación, dirección y control militares de la política represiva pueden observarse desde arriba, desde la justicia o desde las propias medidas intervencionistas y centralizadoras, embrionarias de la dictadura. Pero de la colaboración y participación directa en la violencia, sin embargo, no queda siempre rastro. Las recompensas y, en general, las formas de promoción o de ascenso social pueden ser un indicador, pero las redes de colaboración, los agentes locales y provinciales, mantuvieron un carácter secreto y nunca vistieron de uniforme. La mayoría adquirió sus méritos prestando servicios infiltrados en una guerra de ocupación y de movimientos masivos de población. Su rostro sigue siendo anónimo, amparado por la Ley de Protección de Datos y Secretos Oficiales, pero también por una operación de camuflaje, cinismo e impostura generalizada que atraviesa nuestro tiempo. A pesar de todo, su funcionamiento es cada vez más conocido gracias a la información de la que se incautaban o que generaban en las distintas labores de policía que llegaron a desempeñar y que permite llegar al ángulo opuesto, a aquellos que fueron designados como «el enemigo». Un enemigo interno, nada imaginario, ya que, en esta ocasión sí, sus nombres y apellidos fueron públicos y notorios a través de una amplia gama de instrumentos publicitarios que marcaron y estigmatizaron a familias enteras durante, al menos, tres generaciones[14].

A lo largo de toda su existencia, la dictadura ahondó públicamente en la clasificación y catalogación de lo que podríamos llamar «tipologías sociales»: vencedores y vencidos, desde luego, pero también incorregibles y redimibles, normales y asociales… hombres y mujeres, propietarios y jornaleros, civiles o militares, residentes o transeúntes… La realidad y la mentalidad social tradicional se perpetuaron a través de la fractura moral que abrió el «derecho a matar», ampliada después con un alto componente psicológico de miedo[15]. A pesar de todas las presiones, determinadas prohibiciones de convivencia no fueron nunca del todo aceptadas por gran parte de la población, pero sus señales fueron irreversibles. El impacto del largo silencio impuesto constituye la intrahistoria de una sociedad aislada, cerrada sobre sí misma, a causa y efecto del miedo o de la «aprensión», en lenguaje de la época. La revalorización de los testimonios, de la memoria y de la constancia de las víctimas, a través de sus memorias o biografías posteriores, es necesaria pero está marcada por el paso del tiempo y la reelaboración del recuerdo. Supervivientes y maestros de la literatura concentracionaria, como Primo Levi o Jorge Semprún, han insistido en que la memoria es necesaria pero no sirve para entrar de nuevo «allí». El problema español, una vez más, es que las víctimas siguen estando, oficial, jurídicamente, «allí»[16].

Tal vez esta sea la peculiaridad más importante, la de la reparación de las víctimas, ya que, tal y como recuerda anualmente Naciones Unidas, España sigue ocupando el segundo lugar con mayor número de desaparecidos después de Camboya. Pasadas más de cuatro décadas de la muerte del dictador, las figuras del criminal y de la víctima siguen siendo las mismas que fijara el propio Franco cuando hablaba de «la necesaria justicia histórica». Invertirlas jurídicamente no ha sido posible hasta ahora, por falta de voluntad política, desde luego, pero también por una cuestión más compleja: por la propia apariencia de legalidad de la represión franquista y por el grado de normalidad que esta terminó alcanzando a lo largo de su existencia. Al contrario de lo que ha ocurrido en la legislación de distintos países que han tenido procesos y experiencias muy traumáticos en su siglo XX, como Alemania, Rusia, Sudáfrica, Colombia, etc., los condenados por la dictadura en España siguen siendo oficialmente culpables de delitos, muchos de los cuales hoy en día son derechos políticos y sociales. Si algo humano puede mostrar este trabajo, son los efectos de aquella apariencia de legalidad que condenó a la muerte civil a miles y miles de personas. Contribuir a que esta situación termine y se revisen las sentencias de los tribunales militares de la dictadura forma parte del compromiso moral del historiador con su presente. El objetivo, por tanto, no puede ser únicamente el de rescatar del olvido a personas, explicar sus casos y reproducir sus escritos sin más. Se trata también de revelar las marcas de los actos criminales con los que fueron designados durante décadas. Solo así, devolviéndolos a su lugar y contexto, pueden salir de la vía muerta, del «proceso liquidado de su historia»[17].

Del pasado incómodo

DEL PASADO INCÓMODO

Contabilizar y explicar la mayoría de los actos violentos que se desarrollaron en España durante la guerra civil y la dictadura supone un objetivo estéril e insalvable por la fragmentación o desaparición de las fuentes, pero también por los problemas de escritura de la historia y transmisión de la memoria reciente. La complejidad y las implicaciones del conocimiento de este «pasado incómodo» exigen mostrar una serie de claves o coordenadas explicativas, así como la aproximación metodológica que se trata de desarrollar. La documentación de archivo sirve de hilo conductor, de nexo que permite intercalar narración y explicación de distintos procesos que se produjeron a la vez pero evolucionaron a diferente ritmo. Más que insertar relatos en contextos previos, en definitiva, se ha intentado seguir historias de vida atravesadas por una triple secuencia de guerra, posguerra y consolidación de la dictadura. Un marco único en la España del siglo XX, en el que las dimensiones pública y privada, tan normales para nosotros hoy, quedaron borradas y difuminadas por completo. Los compartimentos estancos tienden a asimilar la represión franquista solo con la violencia física y dentro de un acusado ritmo descendente, mientras que la propia secuencia de la guerra tiende a diluirla por defecto en su propia dinámica bélica. De ahí que fijar un mapa y una cronología que no rompan esta simultaneidad de planos, ni los reduzcan a una racionalidad única, sea una cuestión previa muy importante.

El 21 de julio de 1936, la situación que vivía España era ya técnicamente la de una guerra civil, que terminaría con su primera experiencia democrática de masas, la de la II República iniciada cinco años atrás. Esta violencia originaria marcó una serie de pautas que terminarían instalándose durante cuatro décadas y alcanzarían un importante grado de normalidad a través, sobre todo, del aparato de orden público y de la apariencia de legalidad que buscaría desde un principio la dictadura para legitimarse. Dos de ellas destacaron por encima de todo: el grado de intensidad y la dirección de la violencia empleadas. La agresividad, dirigida hacia dentro, contra un enemigo interno, generó un proceso de colaboracionismo que resultó básico para asegurar las grandes ciudades y la implicación directa de la sociedad. El control de los flujos de información, de los rumores a la correspondencia pública y privada resultó vital en este engranaje de participación en la violencia. La eficaz movilización de la retaguardia y la rentabilidad de sus apoyos sociales, base de la construcción de su edificio institucional ya en la propia en guerra, contaron desde el principio con la «colaboración» necesaria de la población civil en la propia represión. El grueso recayó, se organizó y se dirigió desde las capitales de provincia, en la mayoría de las cuales se sigue afirmando con orgullo que «aquí nunca pasó nada»[18].

Planificación del golpe, sistematización y grado de violencia empleados que fueron totalmente inesperados para la mayor parte de la población. No existía marco de referencia alguno; más allá de la represión de Asturias de 1934, no se había aplicado la jurisdicción militar sobre la población civil en territorio peninsular de semejante forma y durante un período tan prolongado. Existía cierta tradición de milicias armadas, tanto en el ámbito rural como en el urbano, pero nunca antes los vecinos se habían implicado de manera semejante en actos de violencia y persecución política como los que se vivieron a partir de entonces. La represión iniciada con el golpe de Estado, continuada en la guerra y prolongada en la posguerra, tuvo un carácter muy particular, de una extrema complejidad y, peor aún, de una extrema crueldad. En ello tuvo mucho que ver el triunfo de una mentalidad favorable al castigo duro y ejemplar contra todo lo que pudiera suponer un peligro para el orden social tradicional. La aplicación de castigos, de penas ejemplares, pero también la extensión, en ambas fases por igual aunque mucho más desarrollada en la posguerra, de las prácticas de conversión y reeducación no pudieron sino dejar un trágico balance de «crisis civilizatoria»[19]. No es una expresión vana, sobre todo si se tiene en cuenta que la extensión y generalización de este proceso recayeron fundamentalmente sobre la población civil. Nada de nuestro pasado reciente, de nuestra memoria, incluso la más selectiva, puede desligarse de este período. Sin embargo, ninguna de los cientos de miles de sentencias de las víctimas de aquellos procesos se ha visto anulada hasta la fecha. Todavía hoy se considera que aquellos consejos de guerra tuvieron validez y fueron legales, de modo que las figuras de perpetradores, criminales y víctimas siguen ancladas en el lugar que el régimen franquista les asignara mediante la conocida «justicia al revés»[20].

A lo largo de cuatro décadas, la dictadura pasó por fases diferentes. Pero en todas ellas estaba presente el intento de legitimar un poder dictatorial que ya no podría ser fascista, y que no basaba su poder en el estado de excepción, como el caso latinoamericano. Su vía de legitimación principal no descansó en su ideología, sino en ideas e imágenes del tradicionalismo, y en particular del modelo corporativo militar, en las que destacaba el orden social como valor supremo. Por ello, desde el principio, se fomentó la implicación social en una represión que, dirigida por el aparato militar, se proyectó hasta clausurar todo espacio público y conquistar el Estado. El problema es cómo asumir este pasado incómodo, ya que rara vez se tratan conjuntamente los elementos específicos del caso español, que sigue necesitado de una caracterización más amplia que aquella que lo reduce a un caso de genocidio. Y el régimen del general Franco se estableció y evolucionó sobre la base, históricamente demostrable, de un uso sistemático, permanente y con apariencia de legalidad de la coerción y la represión. Estos análisis han sido incorporados a la mayoría de leyes internacionales de reparación, especialmente desde el caso alemán al término de la Segunda Guerra Mundial. Pero eso no significa que se deba asimilar el franquismo con los regímenes fascistas. En primer lugar, el modelo de Estado que el régimen de Franco utilizó fue enteramente distinto del que emplearon los regímenes italiano y alemán. Pero, sobre todo, la utilización de la violencia fue enteramente diferente, con una obsesión hacia el «enemigo interior» que se mantuvo, simultaneando distintas lógicas, bajo la subordinación de la justicia civil a la militar durante toda la dictadura[21].

A pesar de estas apreciaciones, sigue sin ser suficiente definir la dictadura de Franco como un régimen represivo más. Un sistema que tuvo en la justicia militar su principal instrumento para intervenir en los asuntos públicos, mucho más que en los estados de excepción. Esa fue la base de la prolongación de un modelo institucional diseñado a largo plazo. De ahí que, aunque evolucionase, nunca perdiese de vista sus orígenes. Junto a la legitimación histórica, la pretensión del consenso fue otro de los factores principales del régimen y uno de sus objetivos principales. Dotó así de impronta legal a los mecanismos represivos que descansaban en el aparato de orden público militar, pero también en el control de la esfera pública y privada. El régimen no careció, por tanto, de apoyos sociales y colaboradores; de ahí que su caracterización no quede completa si no se tiene en cuenta que todo lo que quedara fuera de este reconocimiento, no necesariamente político, era declarado expresamente fuera de la ley. La visión del consenso, sobre todo en la primera parte de la dictadura, la que aquí nos ocupa, no ha terminado de asentarse por completo debido, sobre todo, al peso específico y autónomo que ha mantenido el estudio de la violencia en España, entendida como el empleo de la fuerza en el campo político. El poder simbólico del 18 de julio y el mito fundacional de la guerra siguen siendo sus principales condicionantes[22].

Violencia política y prácticas sociales

VIOLENCIA POLÍTICA Y PRÁCTICAS SOCIALES

Antes del final de la dictadura ya existía un amplio consenso en torno a la visión de un pasado español atrasado y violento, jalonado y culminado por sucesivas guerras civiles que conducían, inexorablemente, a la última y más importante de todas: la de 1936. El mayor reto de aquella mirada del pasado marcada por las circunstancias de la Transición que se avecinaba pasaba, todavía a comienzos de los años ochenta, por superar el debate o guerra de cifras de víctimas. En estas cuatro últimas décadas se ha producido un importante cambio de orientación. El clima, la pobreza, la lucha de clases, la bondad o la maldad intrínseca de los españoles no sirven ya como modelos únicos para explicar el traumático siglo XX. No han cesado de aparecer desde entonces trabajos capaces de incorporar formas y técnicas más complejas al estudio de la violencia, que han abierto nuevas puertas y muchos más interrogantes. Por eso, más que de corrientes o enfoques diferenciados claramente, sería mejor hablar de varias visiones o acercamientos que coexisten desde hace ya tiempo dentro de una tradición intelectual muy marcada por una serie de categorías aceptadas comúnmente como propias de la violencia política[23].

La mayoría han señalado con énfasis la Restauración como el período más trascendental en la mutación y cambio de la violencia contemporánea; un período que terminaría desembocando, de nuevo, en el estallido de la guerra civil de 1936. La guerra supone así una barrera infranqueable para los trabajos que han tratado de incorporar técnicas de análisis que fueran más allá de las estrictamente políticas, militares o diplomáticas. La historia cultural, último de los enfoques dominantes, ha terminado respetando la separación entre la guerra y la dictadura, por un lado, y la vieja división de bloques, por otro, siendo la historia política tradicional, la de la crónica o mero recuento de hechos, la gran beneficiaria en ambos casos. Los problemas de esta separación artificial son muchos y de variados efectos. La capacidad del sistema de la Restauración española como vehículo nacionalizador de masas ha sido cuestionada seriamente al hilo de la crisis del Estado-Nación que sufrió Europa tras la Primera Guerra Mundial. Y las consecuencias de este fracaso en España se han relacionado con distintos fenómenos sucedidos durante el período de entreguerras[24].

Desde comienzos del siglo XXI, aunque desde un ángulo muy distinto al de la Transición, se ha vuelto a reproducir una visión negativa del siglo XIX para explicar los orígenes nebulosos de la violencia política española. Se sigue buscando así una interpretación que justifique racionalmente la ruptura del 36. Algunas de las más recientes han tratado de documentar el proceso que llevó a considerar la enemistad política o de clase como una forma de delincuencia a exterminar. Las ideas del siglo XIX sirven así de antecedente genealógico de una espiral creciente que se inicia en la Semana Trágica (1909), pasa por la huelga general de 1917 y se sitúa en la revolución de Asturias de 1934 como antesala de la guerra civil. Una visión propiciada especialmente en los últimos años por un fenómeno como el revisionista, destinado a utilizar la historia con fines partidistas[25]. La reacción a este discurso, por su parte, ha pasado por interpretar de nuevo la guerra como consecuencia del impacto de la crisis económica mundial de los años treinta. De este modo, los efectos de una noción de la violencia política como reacción o respuesta vuelven a ser nocivos porque queda extendida a todos los conflictos sociales sin distinción ni caracterización alguna. Procesos que quedan mutilados o desvirtuados por conceptos como «brutalización de la política, cultura de guerra, de retaguardia, terror, exterminio o genocidio», por citar solo los más usados en un país que no vivió directamente la Primera Guerra Mundial. La retórica del lenguaje, extraída de la prensa o de la propaganda, las ideas o las culturas políticas, se ha utilizado para reconstruir los referentes del imaginario bélico, pero la historiografía aún sigue muy lejos de querer acercarse realmente a la implicación social de la violencia. Para ello sería preciso indagar en la generación y transmisión de las representaciones y las diferentes expresiones del conflicto, desde luego, pero también, en las prácticas, precisamente en los márgenes donde quedan plasmados los miedos y aspiraciones de todos los segmentos sociales que coincidieron el 18 de julio de 1936. Buena parte de los desafíos actuales pasan por dejar de omitir este proceso y no seguir asimilando los rasgos de un país atrasado y rural decimonónico a los de una moderna violencia política urbana que se extingue en las llamas de una guerra fratricida por igual.

A lo largo del primer tercio del siglo XX, fue mucho mayor la violencia vecinal, la producida entre hombres y mujeres que vivían en un mismo pueblo o entorno local, que la política. Un ámbito en el que se enmarca el mundo familiar y cotidiano, que se ve atravesado por una situación de excepcionalidad, la de la guerra, escenario en el que la colaboración sirvió de catalizador de las formas locales de identificación tradicional. La guerra constituyó un paisaje móvil para una población que se vería implicada e igualmente abatida por la violencia, donde el rol desempeñado por sus protagonistas cambió significativamente en función de sus acciones. No se mantuvo fijo en su posición social previa. Esa visión se construiría más tarde, fruto del conflicto y de sus consecuencias inmediatas. En este sentido, la historia de las últimas décadas ha significado un auténtico revulsivo para desterrar la legitimación del golpe de Estado como el fruto del desorden público y la criminalidad imperantes en la II República[26].

A lo largo de las distintas fases de la guerra, y fruto de la prolongación de sus mecanismos de colaboración más activos, la violencia fue canalizándose por distintas vías pero siguió orientada de nuevo —y esta fue una de las peculiaridades más claras del franquismo— hacia un enemigo interno, criminalizado, culpabilizado, castigado, convertido y eliminado de forma generalizada. A pesar de que las fuentes para el conocimiento de la represión siguen estando muy fragmentadas, ya que muchas siguen siendo de acceso reservado, su estudio ha permitido en las últimas décadas reconstruir sus lógicas internas. La perspectiva exclusivamente militar, hegemónica hasta los años noventa, ha dejado de aplicarse miméticamente a todo el conjunto de actores movilizados en un conflicto total[27]. En esa pugna colectiva, la violencia abrió un proceso que tuvo tanto de ritual como de político, entablada, sobre todo, en la restauración o superación de las relaciones sociales tradicionales. Una dinámica que entroncaba con la radicalización de la Europa de entreguerras pero que fue bien distinta[28]. La implicación y las actitudes sociales en el contexto de fractura que supuso la guerra civil han sido uno de los campos que más han renovado la comprensión reciente del significado de la violencia, que ya no se restringe exclusivamente al monopolio del Estado. Se habla, por tanto, de una cultura punitiva, de su extensión y de su modulación en tanto que los proyectos represivos, entendidos como eliminación o como proyecto de ingeniería o reeducación social, se hicieron sentir de manera inmediata sobre la población civil. La dictadura no trató de imponerse únicamente mediante la represión o la coerción sino también a través de la colaboración cotidiana, igualmente modulada por la violencia. Los análisis han llegado a un marco que podría definirse como una historia sociocultural «desde lo local», que demuestra el desplazamiento del interés conceptual por los debates sobre la naturaleza política de la dictadura, también desde sus parámetros sociales[29].

Quedan cada vez menos vacíos y aspectos de indefinición en el proyecto franquista, tanto en su aspiración al poder como en el empleo de la violencia sistemática y el miedo como verdadero aglutinador de sus apoyos sociales. Pero es preciso seguir distinguiendo entre discursos y prácticas. Es necesaria una mirada capaz de combinar la violencia física con la coerción y con otras manifestaciones fundacionales de la dictadura. En ese sentido, la represión cohesionó y reforzó aquello que Conxita Mir definió como «la sociedad intervenida»[30]. A través del estudio de un partido judicial de Girona, abrió un camino que vinculaba franquismo y control social y que no ha sido muy explorado, sobre todo por la imposibilidad de acceder a determinadas fuentes como las policiales. La utilización y circulación de los flujos de información, de los rumores, la correspondencia, la radio o la propaganda desempeñaron un papel esencial en una guerra de ocupación en la que se implantaron la mayor parte de los mecanismos procedentes de los servicios de información militar. Su impacto, como tratamos de sostener en las páginas siguientes, no puede entenderse sin esta utilización e implicación de la sociedad, marcada por la dinámica de un conflicto iniciado desde el fracaso de la entrada frontal en Madrid. La retaguardia sublevada se cohesionó a través de una comunicación en sentido tradicional, por medio de las redes vecinales que mantenían criterios y formas de conocimiento como la residencia fija, la autoridad local o el trabajo familiar. Pero toda significación o comparación se vuelve estéril sin entender el nuevo contexto que abrió una violencia masiva, planificada y administrada instrumental y racionalmente «a la manera moderna»[31].

Cifras y letras

CIFRAS Y LETRAS

El 28 de marzo de 1939, el general Varela recibió un telegrama del general en jefe del Estado Mayor. Debía construir campos de concentración al aire libre en la línea de Sagunto, con capacidad para 5000 prisioneros. El 1 de abril, el día oficial del final de la guerra, reconoció desde el aire la zona ocupada: la cifra sobrepasaba los 20 000. Dos semanas más tarde incluía en su diario la siguiente anotación: «se supervisa las tareas de clasificación de los 65 000 prisioneros que hay dispersos por la zona». La cifra inicial había quedado pulverizada y no dejaría de aumentar en los meses siguientes[32]. El Servicio de Información y Policía Militar (SIPM) de Levante solo necesitó seis días, entre el 3 y el 9 de abril, para completar su «misión» en un sector de más de 92 kilómetros cuadrados. El resultado: 360 civiles detenidos y 300 000 pesetas requisadas. Una acción rápida y contundente que pasaba desapercibida frente a la maquinaria militar pesada[33].

Esta capacidad para combinar violencia masiva y selectiva a la vez fue el aspecto que mejor definió la represión sistemática de la dictadura franquista. El régimen político más violento de la historia española surgió de las cenizas de una guerra civil en la que ya se habían puesto en marcha la mayor parte de los mecanismos de eliminación, física o civil, del enemigo, empezando por su clasificación, separación en grupos y traslado de sus lugares de origen. La victoria permitió perfeccionar y ampliar el aparato policial y de orden público necesario para continuar la tarea y asegurar la dictadura al mismo tiempo. Su nivel e intensidad siguen siendo imprecisos, sobre todo porque son muy difíciles de desligar de los alcanzados por los mecanismos iniciados en la contienda. El recuento no puede siempre separar la represión habida desde 1936 de la consumada a partir de 1939, sobre todo en aquellas zonas divididas y ocupadas paulatinamente. La historiografía ha fijado en torno a 140 000-150 000 el número de ejecuciones durante la guerra, de las cuales al menos 50 000 se habrían llevado a cabo una vez terminada la contienda[34]. Una cifra que no puede tomarse como definitiva, ya que está sometida a múltiples dificultades metodológicas, como el reconocimiento de las muertes por aplicación del bando de guerra o la represión reglada subsiguiente desde 1937, la confusión con las defunciones certificadas como naturales o las desapariciones, sin contar con el silencio y las lagunas de las fuentes policiales y de la Guardia Civil. A pesar de todas las limitaciones estadísticas, la dictadura española se sitúa como una de las más sangrientas entre las europeas, tan pronto como se la compara con las cifras equivalentes de la Alemania nazi e Italia hasta 1939. Solo la superó, aunque a considerable distancia, la soviética. A este panorama de muertes habría que añadir un millón de presos y detenidos en cárceles y campos de concentración a comienzos de 1940; medio millón de exiliados; 300 000 empleados públicos depurados; bienes expropiados; despidos, inhabilitaciones, multas, destierros y un largo etcétera de medidas punitivas que de nuevo superaron con mucho a las dictaduras de Italia o de Portugal, e incluso, en algunos aspectos como en el penitenciario, a la Alemania nazi[35].

La información estadística, aun siendo necesaria, nunca permitirá comprender la naturaleza de un fenómeno represivo como el que unió la guerra y la posguerra españolas. A mediados del conflicto es claro que ya no se trataba tan solo de eliminar a los que habían luchado en el campo enemigo, objetivo que también se mantuvo y se recrudeció según las circunstancias, sino de redimirlos y de convertirlos, a ellos y sus familias. La razón la expuso el propio Franco con meridiana claridad: «los criminales y sus víctimas no pueden vivir juntos»[36]. Una voluntad de criminalizar, segregar y excluir a una gran parte de la población que dio comienzo con los métodos de clasificación y vigilancia interna que utilizaba el Ejército; gracias a ellos consiguieron utilizar con mucho más éxito que sus contrarios un fenómeno psicológico clave en el desarrollo de una guerra como fue el miedo. Tan solo unos pocos meses después del golpe, se extendía un proceso de militarización y colaboración civil, decisivo para entender la implicación y socialización posterior de la violencia. Su impacto principal entre la población de las respectivas retaguardias durante la guerra y su prolongación en la posguerra desembocaron en el «holocausto español»[37]. La imagen se adentra en una secuencia más amplia hacia el tiempo de los fascismos y el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial, pero si la hacemos retroceder hasta el momento en que se fijan los mecanismos represivos del franquismo, se muestra esencialmente como una violencia reactiva, dirigida al mantenimiento del orden social tradicional[38].

Se mire hacia delante o hacia atrás, un elemento sobresale por encima de todos: el altísimo perfil represivo del franquismo, perfil que no aparece completo si se observa únicamente a través de la violencia física o de las tácticas exterministas de la guerra. Las nociones y prácticas del castigo que manejaban los sublevados, heredadas mayoritariamente de instrumentos legales anteriores, englobaban otras muchas características y funciones propias del control social que fueron canalizadas por las instituciones disciplinarias, especialmente las del trabajo forzado, desde el comienzo de la guerra[39]. Así, del mismo modo que el golpe fue dirigido plenamente por militares, aunque contara con colaboradores civiles, el edificio ideológico sobre el que se sustentó el castigo fue conducido por la Iglesia católica, por sus intelectuales, técnicos y expertos en la materia desde la dictadura de Primo de Rivera. Antes de que la guerra terminara, el uso del «castigo legítimo» se había integrado ya dentro de un proyecto más amplio de conversión de los «extraviados», concebido como un medio para la recristianización de España. Su aportación fundamental consistió en fomentar la doctrina social cristiana como aglutinante y base de captación de los principales apoyos sociales de la dictadura, revistiendo la represión con el mensaje cristiano del perdón y la justicia social. Una particular visión de la Acción Católica, que enlazaba con el ideario más conservador del catolicismo, el tradicionalismo, con un deseo de extender su influencia sobre los aparatos estatales para utilizarlos como nuevos vehículos de evangelización de masas[40]. Desde el propio verano de 1936, el castigo quedó así incorporado como un derecho divino que quedaba muy lejos de los componentes racial o estatal de la Alemania nazi o la Italia fascista, con los que, sin embargo, los sublevados compartían otros muchos elementos además del anticomunismo. La base común estaba en el profundo antiigualitarismo contrario al liberalismo y la democracia parlamentaria. Ya antes de la guerra, gran parte de la derecha política española veía con admiración la fuerza del fascismo, y muy especialmente los grupos juveniles desencantados con el catolicismo social como táctica de contener a las masas. El golpe aceleró el proceso de homologación de los enemigos políticos con delincuentes comunes, proceso que en todas las dictaduras europeas obedecía a dinámicas de sacralización política y de identificación religiosa, aunque solo en el caso español y portugués llegaran a coincidir plenamente los enemigos de Iglesia y Estado[41].

Al término de la batalla del Ebro estaba preparado un amplio programa de conversión y reeducación ordenado jerárquicamente en torno a las ideas de castigo, arrepentimiento y justicia social. Esta fue la secuencia que la intelectualidad católica imprimió para desarrollar una gigantesca tarea de apostolado encaminada a la recristianización de España, empezando por los que habían hecho el mal. Puede encontrarse en ciertos sectores después de la guerra la idea de aniquilación del enemigo político o de clase, pero se sigue luchando contra un enemigo interior. Toda esa agresividad que procede de la guerra se canaliza por distintas vías de «pacificación», que no excluyen el castigo. Al contrario, lo hacen perfectamente viable con la estructura legal que va tomando el Nuevo Estado desde su primer gobierno, constituido en febrero de 1938, acorde con la doctrina, sobre todo social, de la Iglesia. Durante todo el franquismo, aunque aquí solo se trate su constitución en la guerra de ocupación, esta dura realidad se combinó con una política como la de la redención de penas por el trabajo, capaz de utilizar la mano de obra, fomentar la colaboración y retomar métodos decimonónicos como el aislamiento y el castigo corporal; todos ellos procedimientos que, aunque existían con anterioridad, se adaptaron a los mecanismos de obtención de información y clasificación de la población que puso en marcha el Ejército sublevado desde el inicio del golpe de Estado.

Capítulo 2. Rumores que matan

CAPÍTULO 2

Rumores que matan

El relato del comienzo de la guerra civil es relativamente bien conocido. Mayoritaria y popularmente, la participación de la población en ella sigue siendo aceptada como una suerte de destino, o de cuestión aleatoria, nunca como el fruto de una movilización forzosa. La gente «hizo la guerra donde le tocó». Todavía hoy, ochenta años después del comienzo de la guerra, apenas se ha superado ese marco geográfico como factor explicativo de lo que sucedió. Muchas de las cuestiones sobre cómo se produjeron y cómo se sufrieron, a nivel individual y colectivo, todo tipo de violencias siguen siendo un tema poco conocido, y deliberadamente olvidado. Mítico lugar de consenso en torno a la supervivencia, barrera psicológica del miedo y del silencio transmitido generacionalmente, lo cierto es que la violencia provocada, dirigida e infligida por la propia población civil se extendió a lo largo y ancho de una geografía que aún no tenía ni frentes de batalla en los que alimentarse. En los dos días siguientes al golpe del 18 de julio de 1936, se consumó un verdadero «equilibrio de incapacidades», como lo definió Julio Aróstegui: fracaso del golpe, y fracaso del gobierno republicano para controlarlo y eliminarlo, que desembocó en el comienzo de una guerra civil[42].

La herida fracturó profundamente la sociedad. La vida cambió para siempre. Allí donde había triunfado el golpe, y esta fue una de las principales señas de identidad posteriores del propio franquismo, se desarrollaba una fuerte represión, que, desde un principio, estaba sometida al aparato de justicia militar y al control del orden público, para el que se pedía la «colaboración activa» de la sociedad. Esta relación de dependencia civil-militar, pero sobre todo la fuerza y la intensidad empleadas, fueron algo totalmente inesperado para la mayor parte de la población. Las cartas y escritos de estos primeros momentos del golpe y la guerra muestran una incredulidad y sorpresa casi totales y no revelan consciencia alguna de la gravedad de los hechos que se avecinaban[43]. Secuencia que comienza, conviene recordarlo de nuevo, tras un golpe de Estado, planificado y dirigido militarmente, pero con un importante apoyo civil. La represión llevada a cabo en este período, solo en territorio sublevado, dejó el mayor número de víctimas entre la población civil de toda la guerra y posguerra en el conjunto de ambas zonas. Fue, por tanto, masiva, pero coordinada y desplegada de forma selectiva, siguiendo «una lógica y un plan racional» que permitió su regulación según las circunstancias y necesidades de cada momento[44].

Voces y cartas envenenadas

VOCES Y CARTAS ENVENENADAS

Mis queridos padres,

Me alegro que al recibo de esta estéis bien, en compañía de mi hermano. Yo bien a Dios gracias. Recibí la vuestra y me alegró mucho. Por lo que dices del sello, como yo sabía que a vosotros os hace más falta 90 céntimos por ahora que a mí, por eso os mandé los sellos. El día 14 los soldados juran bandera. Pues aquí era un susto tanto soldado, gana daba de sentarse porque salimos a las 9 del cuartel y llegamos a las cuatro de la tarde. Os hagáis cuenta que soy en presencia, que la fotografía está muy bien y ya veis lo gordo que estoy. Hemos salido de Madrid, en cuanto salí me subí al Metro hasta la Puerta del Sol, y no es tanto como dicen. Lo que más me gusta es el metro y el tranvía.

Juan Pavón, un joven panadero granadino de 22 años, llegaba a Madrid a finales de febrero de 1936 para realizar el servicio militar. Nada más llegar, envió a su familia esta carta y una foto con su nuevo uniforme desde la propia estafeta de correos del cuartel. En ella describía su primer contacto con una gran ciudad moderna y dinámica, muy distinta en casi todo a su Granada natal. Los párrafos finales iban destinados a su hermano Pepe. Fueron los primeros en ser subrayados posteriormente por su contenido político.

Pepe, te acordarás que los domingos llamo a las diez como de costumbre. Te mando un sello para que compres lo que quedamos [subrayado en rojo en el original]. De lo que has escrito no está mal pero cuando escribas te fijas un poco más en lo que me pones, porque has puesto «cama» en lugar de «pobres camaradas»[45].

Juan llegaba a una ciudad marcada por las elecciones que darían el triunfo a una coalición de izquierdas agrupadas bajo las siglas de Frente Popular. El nuevo gobierno retomó con fuerza la política de reformas iniciadas casi cinco años atrás. En primer lugar, aprobó la amnistía para los represaliados tras la revolución de Asturias de octubre de 1934. Acto seguido, en un intento de frenar la ofensiva obrera y jornalera lanzada a la ocupación de tierras, impulsó de nuevo la reforma agraria a un ritmo muy superior al de sus comienzos. Y con la misma rapidez, restableció la legislación laboral, el Estatuto de Autonomía de Cataluña y las medidas de separación Iglesia-Estado. La derecha, incapaz de bloquear estas reformas en el parlamento con su número de diputados, acusó al gobierno frontalmente de promover la revolución social recordando de nuevo la revolución de Asturias. Invocación al fantasma de la revolución que llevaba ya aparejada la apelación abierta y pública a una intervención militar que «interrumpiera la democracia temporalmente en defensa del orden político y social», como ya había sucedido anteriormente con la dictadura de Miguel Primo de Rivera[46].

El clima de polarización política y social que se vivía en diferente escala en buena parte del país durante aquellos meses dio un importante salto cualitativo con la irrupción de la violencia política en la calle. Las organizaciones juveniles adquirieron un creciente protagonismo en ella, tanto las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), desde la izquierda, como las Juventudes de Acción Popular (JAP), desde la derecha. Se sumaban al espectro radicalizado de organizaciones ya plenamente paramilitares, especialmente Falange. Los hermanos Pavón no eran ajenos a este grado de politización juvenil. No en vano vivían en una ciudad como Granada, con una fuerte conflictividad política y social, en la que las elecciones de febrero de 1936 llegaron incluso a repetirse. En Madrid, Juan tenía acceso a información directa, ya que en su regimiento estaba el hospital militar al que iban buena parte de los heridos en altercados en las calles. Así se lo transmitía a su hermano, en el que generaba una gran expectativa de noticias y acontecimientos.

El 17 de marzo describía lo que estaba sucediendo en Madrid de la siguiente manera:

Salieron dos de asalto heridos, tres civiles y cinco paisanos para el Hospital militar, dos murieron al otro día y luego hubo muchos más heridos, que yo sepa por los guardas que hay, son dos muertos, dos civiles, y los heridos de asalto, cinco de la guardia civil, dos secretas, y 95 entre fascistas e izquierdas, que cuatro de estos murieron en la casa de socorro. Al día siguiente declararon la huelga en todo Madrid en protesta y hubo algunos alborotos y además todos los días hay palos, los fascistas con los socialistas.

Los hechos a los que hacía referencia Juan en la carta anterior fueron de especial gravedad. El 12 de marzo, el vicepresidente del Congreso de los Diputados, Luis Jiménez de Asúa, salió ileso de un atentado falangista, aunque su escolta perdió la vida. La izquierda reaccionó provocando múltiples incidentes en Madrid: ardieron dos iglesias y un guardia y un bombero murieron en ellas. El local del periódico derechista La Nación fue incendiado por completo. La sede del ABC tuvo que ser rodeada por la Guardia de Asalto para evitar que corriese el mismo destino. Dos días después se asestó un duro golpe a Falange con la desarticulación de prácticamente toda su infraestructura a nivel nacional. Fueron detenidos cerca de 2000 militantes, entre ellos el propio José Antonio Primo de Rivera, por tenencia ilícita de armas y delitos de imprenta. El 17 de marzo, fecha de la carta de Juan, el gobierno republicano ilegalizó finalmente a Falange, que a partir de ese momento actuaría con un único objetivo: acelerar un levantamiento militar de manera inmediata[47].

Los enfrentamientos continuaron durante todo el mes de abril, dejando múltiples heridos y varios fallecidos en las calles madrileñas. La gravedad de la situación se incrementaba tras multitudinarios funerales en los que se clamaba públicamente venganza, que finalmente se cumplía. Las cartas de Juan reflejaban esta situación, pero, al mismo tiempo, remitían a su universo local y familiar, a su propia infancia. Esos dos niveles pueden observarse en las siguientes notas, apenas separadas por seis días de diferencia.

3 abril de 1936

Querido hermano:

Me alegra que al recibo de esta te encuentres bueno, tu hermano está bueno.

Salud y bombas [subrayado en rojo en el original].

9 de abril

Pepe, estas cuatro líneas es para decirte que ahora en Semana Santa, te habrá hecho mamá arroz con leche, aunque yo no esté y es que a ti te gusta mucho. Cuando le has dicho a papá y a mamá que os hagáis una fotografía para que sus vea, aunque yo quisiera veros que es la mejor fotografía que se hace. Da recuerdo para todos los amigos y a todos los vecinos emparentados.

Un fuerte abrazo de tu querido hermano

Juan Pavón

Salud.

Los padres de Juan estaban ciertamente inquietos por los sucesos de Granada, donde habían ardido varias iglesias, la sede del periódico El Ideal y el local de Falange[48]. Escribieron inmediatamente pidiendo noticias a Juan, que por primera vez reaccionó de una manera distinta. Tras disculparse por no ir a ver a su prima Amalia, pues tardaba casi cinco horas en llegar a Aranjuez, anunció que estaba esperando el permiso para volver a casa. Y pasó a contar lo que sucedía en la capital.

De lo que dices que te diga lo que pasa, pues es que con motivo de las fiestas del 14 de abril, sabes que mataron a un alférez de la Guardia Civil, y el 15 fue el entierro y, como es natural, los guardias y los fascistas querían salir en una manifestación, pero los de la izquierda no querían, y al pasar el entierro por la calle de Alcalá pues salieron a tiros unos con otros[49].

La segunda parte de la carta, escrita en otro pliego, se dedicaba exclusivamente a relatar un rumor que circuló esos días por Madrid sobre caramelos envenenados.

Padre, os encargo una cosa, que si un hombre que no conoces te da un cigarro, o te encuentras en la calle tabaco o alguna cosa de comer, no lo cojáis, porque aquí en la calle se dedican los señoritos y los caballeros a darle a los chicos de los trabajadores y a sus padres cosas envenenadas. Aquí están muriendo muchos. Unos por probar cosas envenenadas, otros por fumarse un cigarro, otros de caramelos y pasteles, que se han encontrado en la calle. Por eso os digo se lo digáis al Pepe (el hermano) que no tome nada de nadie y que no coja nada de la calle. Y tú, papá, si alguna persona que no conoces entabla conversación contigo, saca tabaco y te da un cigarro, no lo tomes por si acaso y no os digo más cosas, porque ya comprenderéis lo que os quiero decir.

Os quiere de todo corazón,

vuestro hijo Juan.

Otras versiones que circularon por Madrid aquellos días situaban a «mujeres enlutadas» o a «frailes», en el lugar en que Juan colocaba a «caballeros» y «señoritos», entregando dulces y cigarros a los niños y a los trabajadores. Cuanto más impreciso y diverso era, mayor fuerza alcanzaría un rumor, utilizado ya en sus orígenes para destacar la violencia anticlerical y la incapacidad republicana para mantener el orden público. El ministro de Gobernación tuvo que dar una rueda de prensa y desmentir públicamente que hubiera ningún caso de envenenamiento[50]. Pero el asunto quedó en el imaginario colectivo, como si de un primer aldabonazo del miedo se tratara. A pesar del clima enrarecido, la vida en los cuarteles siguió su curso. Juan pareció recuperar la calma y acostumbrarse al ritmo de los acontecimientos de Madrid. El 5 de mayo contestaba brevemente a una carta de sus padres: «De lo que me dices del 1.º de mayo, pues aquí era una cosa aislada, porque abrió el comercio y no pasó nada. Recuerdos de mi parte a todos los vecinos, en particular a Pepe, Ana, Paco y su compañera»[51].

Esta fue la última carta que envió a su familia. Como él, la mayor parte de los soldados de reemplazo obtuvieron licencia a comienzos de verano y volvieron a su lugar de origen. Juan regresó a Granada, a casa de sus padres, donde le sorprendió la sublevación militar y quedó acuartelado. Pocos días después, cuatro vecinos del denominado Requeté Auxiliar o Milicia Ciudadana de Granada, «haciendo labores de policía local», registraron su casa y en una maleta encontraron estas cartas. Las llevaron a la sede de Investigación y Vigilancia, donde se realizaron las anotaciones en rojo. El 14 de agosto se informó de que Juan era «un joven de mala conducta que militaba en las Juventudes Libertarias, careciendo de antecedentes en los archivos de esta comisaría»[52]. Cosida a aquellos papeles con apariencia de sumario judicial, apareció una última nota, suelta, sin fechar, junto a las cartas mutiladas que los vecinos habían hecho del registro. Únicamente decía: «Hagan la retirada, avisando a la infantería». No era su letra y nada tenía que ver con las cartas anteriores, pero fue acusado de un delito de «espionaje y rebelión militar», castigado, según el Código de Justicia Militar, con la pena de muerte. Juan fue ejecutado el 25 de agosto. En poco más de un mes murieron en las inmediaciones de Granada por un procedimiento semejante, sin juicio, declaración o defensa alguna, cerca de 3000 personas[53].

Sobres lacrados

SOBRES LACRADOS

Mientras la tropa en los grandes acuartelamientos se hacía eco de los rumores de la calle, buena parte de la oficialidad estaba embarcada en una sublevación a gran escala. La mayor parte de sus comunicaciones se desarrollaron a través de encuentros personales, pero también, y esta fue una de las principales diferencias con los pronunciamientos anteriores, se transmitieron órdenes por correspondencia privada a fin de coordinar un golpe simultáneo que siguiera la estructura territorial militar. Una de aquellas órdenes era, precisamente, anticipar el permiso a los reclutas de reemplazo. Otra serie de indicaciones, las más importantes desde el punto de vista táctico, comprendían el movimiento de tropas y acuartelamientos a nivel provincial. El 18 de julio de 1936, el comandante del puesto de la Guardia Civil de Tembleque, un pequeño pueblo de la provincia de Toledo, abrió el sobre lacrado con unas instrucciones precisas sobre movilización y concentración, un sobre que había recibido meses atrás, el 30 de marzo. «La salida del cuartel y dirección a llevar será con arreglo a las instrucciones que existan dentro del sobre lacrado que acompaña a estas instrucciones y el cual no se abrirá hasta que llegue el momento de emprender la marcha»[54].

Las «Normas para emprender la marcha» preveían un movimiento a gran escala que suponía desplazar las guarniciones y los cuarteles de la Guardia Civil al completo, incluyendo las familias, las armas y toda la documentación reservada. Debían llevarse, además, los informes y los archivos de antecedentes de los vecinos de cada pueblo. Nada era espontáneo ni dejado al azar. Prácticamente ya desde su proclamación se sucedieron las conspiraciones e intentos de golpe de Estado para derrocar la II República. La más importante y definitiva se inició ese mismo mes, en marzo de 1936, cuando el general Mola logró coordinar una conspiración conjunta civil y militar. La mayoría de los generales que habían ascendido con el anterior gobierno de Gil Robles —Goded, Fanjul, Cabanellas, Queipo de Llano o Franco— participaban de ella. Por su parte, todas las fuerzas políticas conservadoras, desde la CEDA hasta los monárquicos, alfonsinos, los carlistas o Falange, terminaron por aceptar la dirección militar en la operación que precipitaría la caída del gobierno del Frente Popular. El 25 de abril, Mola hacía circular la primera de sus «Instrucciones Reservadas» para hacer efectivo el golpe. Comenzaba así:

Las circunstancias gravísimas por las que atraviesa la Nación, debido a un pacto electoral que ha tenido como consecuencia inmediata que el Gobierno sea hecho prisionero de las Organizaciones Revolucionarias, lleva fatalmente a España a una situación caótica, que no existe otro medio que evitar mediante la acción violenta. Para ello los elementos amantes de la Patria tienen forzosamente que organizarse para la rebeldía, con el objeto de conquistar el poder e imponer desde el orden la paz y la justicia. Esta organización es eminentemente ofensiva, se ha de efectuar en cuanto sea posible con arreglo a las siguientes bases[55].

Los planes de sublevación militar recibieron el decisivo apoyo de la Italia fascista. El 1 de julio, el monárquico Pedro Sainz Rodríguez, avalado por el banquero Juan March y asesorado técnicamente por parte de la cúpula militar golpista, firmaba en Roma varios contratos para la adquisición de importante material de guerra: más de 40 aviones, más de 10 000 bombas, ametralladoras, proyectiles y todo lo necesario para asegurar el éxito de la ofensiva militar a gran escala[56]. El clima de violencia política alcanzó su punto álgido la semana del 12 de julio. Esa noche era asesinado por falangistas el teniente Castillo, socialista al mando de la Guardia de Asalto del distrito centro de Madrid. Al día siguiente, miembros de su unidad detuvieron y asesinaron al diputado conservador José Calvo Sotelo. Este incidente de máxima gravedad evidenció lo lejos que estaba el gobierno republicano de controlar realmente el aparato de orden público y precipitó la sublevación militar, que, por otra parte, estaba ya del todo ultimada. La fecha pudo anticiparse, el 17 de julio de 1936, pero el lugar previsto era inamovible: el Protectorado Español de Marruecos. Al día siguiente, el general Francisco Franco volaba de incógnito de Canarias a Tetuán para dirigir los movimientos de la pieza clave del pronunciamiento: el Ejército de África. El plan diseñado por Mola se puso en marcha y la rebelión militar estalló simultáneamente en la Península con un solo objetivo: alcanzar Madrid[57].

Tres días más tarde, el 21 de julio de 1936, España se encontraba ya en plena situación de guerra civil. Los militares sublevados controlaban el Protectorado de Marruecos, las islas Canarias y Baleares (a excepción de Menorca), una gran parte del oeste y el centro peninsulares (Navarra, Álava, Castilla y León, Galicia, la mitad de Aragón y Cáceres) y una parte menor del territorio andaluz, en torno a las ciudades de Cádiz, Sevilla, Córdoba y Granada. El golpe no había triunfado en dos grandes zonas separadas entre sí: la zona centro-sur y este peninsular (Madrid, Badajoz, Castilla-La Mancha, Cataluña y todo el arco mediterráneo hasta Málaga) y la zona norte, una estrecha franja que iba del País Vasco a Asturias. El territorio que se mantuvo dentro del orden republicano era el más densamente poblado y urbanizado. Englobaba a unos catorce millones de habitantes y las principales ciudades del país. Era el más industrializado gracias al metal vasco, la minería asturiana y el textil catalán pero poseía menos zonas ricas en recursos agrarios y alimentarios. Bajo el control de los militares rebeldes quedó una población mayoritariamente rural, no superior a los diez millones de personas. Un espacio que apenas poseía materias primas y recursos industriales pero que, sin embargo, conservaba la mayor parte de los recursos agrarios y ganaderos, básicos para alimentar a sus tropas y a la población que había quedado bajo su control. La ventaja más importante con la que contaba la sublevación era el apoyo que le brindaban la mayor parte de las fuerzas armadas de la Península. Prácticamente todo el Ejército profesional apoyó el golpe de Estado: más de la mitad de sus generales y casi todos sus oficiales (cuatro de cada cinco). Del lado de la República solo quedó una parte de la escasa fuerza aérea y la Marina, que se amotinó contra los oficiales golpistas y consiguió bloquear el estrecho de Gibraltar, retrasando el trasvase de las tropas marroquíes a la Península. Los sublevados contaban con una superioridad militar aplastante en casi todos los aspectos. La diferencia la marcaba sobre todo el Ejército de África; estaba compuesto por las experimentadas tropas del Protectorado en Marruecos y dos importantes unidades de choque, la Legión, dirigida por Yagüe, y los Regulares, tropas marroquíes[58].

Una vez fracasado, al menos parcialmente, el plan de Mola de tomar Madrid, el Ejército rebelde se vio obligado a iniciar una guerra de conquista y ocupación del territorio. Daba comienzo otro tipo de guerra, una guerra larga y de desgaste. Ninguna de las dos zonas disponía de medios y equipo militar suficientes para mantener una guerra de esas características, por lo que ambas se dirigieron con rapidez a pedir ayuda a las potencias europeas. La guerra entraba en una dimensión europea e internacional, que sería fundamental para la evolución del conflicto. La primera batalla que se libró, cuando ni siquiera estaban claros ni definidos los frentes ni las retaguardias, fue la del dominio del último palmo de tierra. Para ello, tal y como prevenían las «Instrucciones Reservadas» de Mola, jefe ya del Ejército del Norte, era necesario llevar a cabo una operación de castigo que implicara y cohesionara a la población «amiga» al tiempo que fomentara la desafección de la «enemiga». A la semana del golpe, el 25 de julio, la Junta Militar que había fijado su sede en Burgos hizo públicas una serie de disposiciones «para mayor eficiencia del movimiento militar y ciudadano». La justicia civil quedaba militarizada. Los jueces, secretarios judiciales, abogados o funcionarios de los propios ayuntamientos e instituciones locales actuarían en lo sucesivo, y previa depuración, como «auxiliares de la justicia militar». Las milicias y el Requeté quedaron encargados de la censura postal y de las labores de vigilancia de la población bajo dirección militar. Los gobiernos civiles de Burgos, Vitoria y Pamplona respaldaron pronto la iniciativa con anuncios en la prensa local. Desde todos ellos se hacía un llamamiento a evitar

actos aislados en ofensa y menosprecio de este gran movimiento Nacional de Liberación. Es necesario que se tenga el valor de detener uno mismo al ofensor o denunciarlo al Agente de autoridad más próximo, inmediatamente a la comisión de la ofensa. No se tenga temor a las represalias. Rechácese toda idea que en este sentido pueda abrigarse en el cumplimiento de un deber de Patria y Orden[59].

El resultado fue un aluvión de denuncias particulares. El 9 de agosto, el general García Benítez nombró al teniente coronel Pedro Alonso Galdós jefe superior de Policía para que «ordenara la situación». Lo primero que hizo al frente de la Delegación de Orden Público de la zona fue regular el sistema de denuncias. Prohibió que se hicieran de manera anónima: se podían mandar por correo postal y dirigirlas a él mismo en persona, siempre que fueran firmadas y con todas las señas respectivas. La prensa local recogió el siguiente «aviso importante»:

A fin de conseguir la eficacia y rapidez de toda denuncia, se ruega a todo el que considere de su deber ciudadano informar de esta Jefatura de Orden Público que se atenga a las siguientes normas:

Primero: No presentar ninguna denuncia verbal. Es totalmente imposible retener de memoria denuncias en dicha forma, quedando así sin efecto frecuentemente la denuncia por esta forma defectuosa de presentarla.

Segundo: Deberá pues presentar siempre por escrito en forma concisa y concreta evitando comentarios y describiendo el hecho con el mayor detalle de señas y nombres. En la denuncia se pondrá fecha y hora de entrega, firmándola el denunciante, dando además las señas de su domicilio. Las denuncias irán dirigidas al señor Teniente Coronel d Pedro Alonso, Jefe Superior de Policía, en el Cuartel de Santa Teresa[60].

El grueso de la represión en la provincia de Álava se produjo tras su relevo, precisamente cuando se anuló este sistema y se volvió a incentivar la denuncia anónima, y se cifró en 100 asesinatos entre septiembre y noviembre de 1936[61].

Sacas en Viena

SACAS EN VIENA

En Ávila, ciudad que en las elecciones de febrero de 1936 había votado masivamente a la derecha, y que tampoco había sufrido especiales conflictos o desórdenes públicos, murieron ejecutadas durante el mismo período al menos 1000 personas. Apoyada desde Valladolid por el general Saliquet, la sublevación triunfó sin oposición en toda la región. A las siete de la mañana del 19 de julio, la Comandancia Militar de la ciudad declaraba el estado de excepción y colocaba el bando de guerra en los principales lugares de la ciudad. Licinio Ávila Illana fue uno los primeros en ser detenido. Odontólogo de 57 años, casado y con seis hijos, había sido uno de los fundadores de la Agrupación Socialista local en 1911, aunque una década después ya había abandonado plenamente la política para dedicarse a su profesión[62]. En poco más de un mes fue detenido hasta en tres ocasiones. La primera, el 20 de julio, fue él mismo quien se presentó en comisaría, aunque quedó en libertad a las pocas horas. La segunda le llevó a la cárcel provincial del 23 de julio al 9 de agosto. La última y definitiva apenas duró 15 horas y tuvo lugar el 31 de agosto. Desde el primer momento, consiguió comunicarse con su familia a través de unos pequeños trozos de papel que colocaba en la bolsa de la ropa. La primera de las breves notas era muy escueta y probablemente fue escrita la noche del 24 de julio de 1936[63]. «Pasamos la noche admirablemente, recibimos la mar de atenciones del personal de la prisión: mándame la muda y el cepillo de dientes (Licinio)»[64].

La segunda, fechada el 2 de agosto, muestra que el rigor de la cárcel (a la que Licinio llamaba irónicamente Viena) era todavía mínimo y estaba dentro de los usos comunes que se guardaban hasta el momento en las cárceles locales y provinciales para los detenidos políticos, también llamados «presos gubernativos especiales». Los detenidos por huelgas, delitos de imprenta o de alteración de orden público solían pasar tan solo unos días en prisión, y el contacto con el exterior era bastante fluido por una pequeña suma de dinero. Era algo bastante normal hasta aquel verano de 1936.

2 de agosto

Llego y me encuentro con la bolsa y camisa, café, guindas, claveles y carta. Contesto rápidamente, devolviendo los cuellos por innecesarios; los calzoncillos para que vean que no me he cagado de miedo, etc. lo mando ahora mismo por si llega antes; si no sale hasta mañana, lo reclamaré para mandar el termo y no quedarme todo el día sin café. Lo de El diario de Ávila me parece bien, pero como cosa vuestra […][65].

A partir de entonces consiguió mandar dos notas al día dentro de la ropa. A las seis de la tarde del 6 de agosto daba cuenta de la primera visita, el primer apoyo que recibió de fuera. Se trataba del capitán de artillería José Peloche. Pero, al mismo tiempo, dejaba ver su intranquilidad por el paradero de los trasladados a Valladolid:

Esta, como veis iba dirigida a Peloche (pero al empezar me avisaron que venía a visitarme): nada de particular me ha dicho; solamente ofrecerse, para lo que pueda hacer. Como sigo en el empacho, me ha dicho que mañana me mandará un purgante.

Por aquí, fuera de esta contrariedad, lo demás sigue igual, Zapata que la han llevado a Valladolid. Como os decía en la nota de ayer no mandéis nada de comer ni beber, porque tengo; si acaso pasado mañana; solo toalla y calcetines. Si tengo gana y algo que decir, mañana antes de las 9 que sale la bolsa, para la posdata.

A primera hora del día siguiente ya se refería, aunque sin nombrarlas, a las «sacas», grupos de presos que eran sacados de prisión y nunca volvían. Licinio admitía ya la posibilidad de que no los llevaran a ninguna parte… el miedo se dejaba sentir ya en sus escritos. Tampoco la información que recibía del exterior a través de la familia ocultaba la imagen negativa que circulaba por Ávila, que parecía justificar el destino de aquellos a los que trasladaban.

Amanece, esto muy animado: han traído a casi toda la aristocracia republicana y han sacado a otros tres o cuatro entre ellos Dorado: estas salidas de noche, que a lo primero intranquilizaban, ya parece que no se temen tanto, una vez que entran prisioneros que han tomado parte en el Movimiento. Me he tomado una limonada purgante que me mandó anoche Peloche y espero que con ella y después de 2 días de dieta, quedaré bien completamente. Lo de que los detenidos cantan la Internacional y demás escenas, es incierto: algunos canturrean himnos socialistas o comunistas, como otros canturrean jotas u otros cánticos; pero nada de alardes ni incorrecciones: como digo antes han sacado algunos, que no sabemos por qué ni para qué; puede que ni los lleven a Valladolid.

Y nada más hasta la vuestra.

¿No tendréis otra bolsa más a propósito que esta para mandar las cosas?

Al día siguiente se quejaba amargamente del trato de favor que recibían algunos. Aquellos que denominó con sorna la «aristocracia republicana», los últimos en entrar en la cárcel, fueron los primeros en abandonarla tras abonar cantidades de dinero muy importantes para la época. Su situación gástrica empeoró y fue trasladado a la enfermería, donde coincidió con algunos de sus vecinos.

La aristocracia republicana que entró anoche o esta mañana han salido después de abonar fuertes multas; solo queda aquí D. Teodoro y saldrá también por haber abonado 3000 pesetas. Por lo demás, sigue la cosa intranquila: sí me encuentro mejor; hoy al tercer día he tomado más galletas al medio día con un poco de gaseosa y bien y parece me ha sentado bien: esta noche me ha dado uno de los compañeros un poco de leche y he tomado otras galletas. Cosas para mañana por si comer algo, pero rancho no me atrevía, convendría me mandareis comida aunque no sé qué me apetecerá o qué me estaría bien, desde luego cosa caliente, sopa clara o caldo y alguna otra cosa: en fin, lo que os parezca[66].

La mañana del 8 de agosto escribió más angustiado de lo normal: «Convendría que con urgencia hicierais gestiones en mi favor por medio de Antonio Molinero (su yerno y conocido derechista de la ciudad), Peloche, etc.».

Siguió escribiendo todas las mañanas. Seguiría en la enfermería, tendría comunicación familiar, pero, sobre todo, parecía haber recuperado el optimismo tras escuchar los aviones de Madrid, que, cada vez con más frecuencia, se acercaban a Ávila.

Como os dije, al no salir ayer tarde esto, aunque la nota, el termo y botella: mandáis unos calcetines y un pañuelo: esta noche escribiré cumplidamente: aquí las noticias que nos llegan son cada vez más optimistas para nosotros. Decid al vecino Battle que tiene comunicación hoy, por si quiere venir su mujer a verle (o alguien otro) así tal vez, me toque comunicar mañana: no lo digo porque vengáis, ya que no tengo en ello gran interés, sabiendo que estáis todos bien. Ayer nos visitó otro. Vi otros dos aeroplanos y ni siquiera se dignaron saludarnos (ni a ellos les saludaron) quizá como fue a la hora de comer y no se acercaron mucho, no os dierais cuenta.

Fig. 1. Última nota de Licinio Ávila Illana a su mujer y sus hijos. Cárcel de Ávila, 31 de agosto de 1936. Archivo familiar.

Fig. 1 (reverso). Reverso de la nota de despedida de Licinio.

Pocas horas después fue puesto en libertad, pero solo para ser el blanco de todo tipo de rumores que se extendían por la ciudad. Atemorizado, decidió refugiarse en casa del capitán de Artillería José Peloche. Licinio fue acusado sucesivamente de hacer señales luminosas a los «rojos», que estaban tan solo a cinco kilómetros de la ciudad, de esconder armas o de haber ido a comprarlas anteriormente. La presión fue tal, que terminó presentando una declaración jurada en la Diputación en la que se reconocía afecto al Movimiento Nacional. Trataba así de encontrar de nuevo la ansiada protección de la comunidad local, sin ser consciente de que ya estaba fuera, definitivamente fuera de ella. La mañana del 31 de agosto la aviación republicana bombardeó Ávila. Las bombas destrozaron un circo de verano, mataron a tres personas y provocaron numerosos heridos. Se produjo una manifestación de repulsa que, tras recorrer las calles principales, se dirigió a la cárcel provincial exigiendo venganza[67]. Licinio y la mayor parte de los que habían salido de la cárcel fueron de nuevo detenidos y conducidos a prisión. Su ingreso, esta vez, no quedó registrado en ninguna parte. No fue el único cambio que debió de notar en su última y definitiva estancia allí, que apenas duró 15 horas. Sabedor de que se acercaba su muerte, tuvo tiempo de escribir una última y breve nota a su familia. Era la madrugada del 31 de agosto de 1936.

A Emilia Rodríguez, mis hijos presentes y ausentes de su marido y padre.

A mi mujer y mis hijos recomiendo en los últimos momentos de vida, que sean como yo he sido siempre y no guarden rencor a nadie: seguid siendo buenos como hasta la presente. Tened la satisfacción de que muero tranquilamente.

Adiós, Licinio.

Fig. 2. Carta de Licinio Ávila Illana a su hija Emilia del día siguiente; desconocía el final de su padre. Archivo familiar.

Fue conducido junto a 29 detenidos más hasta el cementerio municipal, donde fue ejecutado. Según el director de la cárcel, fue el jefe de la Comandancia Provincial de la Guardia Civil quien dio la orden del traslado a la prisión de Arévalo «a fin de reducir el número de los existentes en esta última, suponiendo que durante la conducción intentaron fugarse por lo que la fuerza encargada de su custodia tomaría una radical determinación para impedirlo»[68]. Apelación y recurso a la Ley de Fugas que contrastaba con la sorpresa de la familia. A las 8, como todas las mañanas, se disponían a llevar la bolsa de la ropa con los pequeños mensajes de papel dentro. Lo único que pudieron hacer —a diferencia de otras 17 familias que aún no han encontrado los cuerpos de sus familiares— fue recuperar su cadáver. Aquellas únicas notas que se conservan de su mujer y tres de sus seis hijos se aferraban a la normalidad, pero también revelaban un cambio importante en la percepción de lo que estaba sucediendo. Los rumores iniciales de desconcierto habían pasado, tan solo en dos meses, a justificar las detenciones y los castigos ejemplares. El bombardeo que sufrió la ciudad los dotó de mayor intensidad, pero no fueron su desencadenante último. No hay que olvidar que ya se habían producido sacas con anterioridad en la cárcel de Ávila, de modo que las ejecuciones no se podían entender solo como reacción a una agresión externa. En la breve nota de su hija Emilita, cuyo novio pertenecía a la Falange local, puede verse que se estaba actuando contra un enemigo interno categorizado ampliamente como «los espías». El resto de su familia, salvo acaso su mujer, no alcanzaron a advertir el giro trágico que este cambio iba a significar.

Querido papá como hasta ya tarde no me enteré de dónde estabas, aunque se hubiera podido mandar algo no podríamos haberlo hecho. Te mandamos todas esas cosas, hoy nada de comida pero dinos para lo sucesivo qué es lo que quieres o apeteces: anímate, sigue todo tranquilo y nosotros estamos bien. No dejes de sacar todos los días algo y sobre todo carta, creo que entró ayer otra vez la mar de gente, da recuerdos y creo como deseo tengas más paz y bienestar que en casa Peloche.

Abrazos de tu hija Eloísa.

Querido mío Licinio cuánto deseo estés más animado que la otra vez, piensa lo que yo pienso, que eres bueno y no has hecho mal a nadie.

Tu Emilia.

Queridísimo papá:

No puedo escribirte mucho porque me la han dado ahora y ya te van a llevar las cosas, anímate que estás mejor que en casa de Carmen, que has entrado porque estés más seguro (se lo han dicho hoy a Antonio)[69] que ya no sacan por la noche y que ayer entraron otra vez todos, los han metido porque dicen que hay espías y así metiendo a todos saben quién lo era. Como es probable que hoy venga Pepe hablará por ti[70]. Ayer nos asustamos mucho con las bombas se nos rompió un cristal del gabinete y nos encontramos en el balcón un poco de metralla, pero en fin. Maxi y Antonio no han escrito porque se han ido a la huerta. Anímate.

Se despide tu hija que te quiere.

Emilita.

P. D. Anímate vale.

Yo por no ser de menos también te diré que te tranquilices que pronto se pasará y podrás estar con nosotros, de lo que te dice Emilita de la bomba no te creas que ha sido solo el cristal del gabinete de atender de esos buenos, ha sido del de recibir y además solo está un poco rasgado nada más.

Sin más por hoy se despide tu hijo

Nilo.

No muy lejos de Ávila, en Hervás, al norte de Cáceres, una pareja de novios se comunicaba a través de pequeños papelitos escondidos en paquetes de tabaco. Félix Sánchez, «el lango», un joven carpintero de 26 años, había sido detenido tras los primeros días del golpe en la prisión de partido, junto con otros conocidos izquierdistas de la comarca. El 4 de agosto, envuelta entre cigarrillos, recibió esta nota de su novia Pepa Acera:

Félix te mando un paquete de tabaco para que te lo fumes en mi nombre pues ya sabes tú que yo no puedo hacer lo que quiero y ahora menos; pues tú lo has querido que si tú te hubieras hecho caso de los consejos que te dábamos pues no estarías ahí metido, pero en fin, las cosas después que suceden no tienen remedio. Félix, me dices que no pregunte por ti, pues no te lo mereces, pero el día que salió el abuelo fui a verle y me dijo que estabas como mohíno pero que estabais muy contentos pues no os daba miedo con tanta compañía.

Adiós Félix[71].

La nota de Pepa transmitía la sensación de que algo estaba cambiando y no precisamente para bien. Su condición de mujer empeoraba, «yo no puedo hacer lo que quiero y ahora menos», y se desdibujaba su horizonte con los primeros sonidos de una guerra que aún estaba lejos, más allá de los puertos de montaña. Aun así, la idea de la muerte de su novio no parecía muy probable, y tal vez por eso reprochaba su comportamiento con total normalidad. Félix y Pepa no se volvieron a ver, y solo se pudieron comunicar a través de pequeños trozos de papel como este en un paquete de tabaco o sacados de la cárcel en la ropa o en la comida. Esta nota fue interceptada por el director de la prisión y nunca llegó a su destinatario, pero señala que había habido, al menos, una comunicación previa. Félix también parecía enfadado con ella: «me dices que no pregunte por ti». Pero Pepa no le hizo caso. El día que salió el abuelo de la cárcel (se desconoce si el suyo o el de Félix), le informó de que su novio estaba triste, ensimismado («mohíno»), pero que «no os daba miedo con tanta compañía». Tal vez por eso se impuso el castigo ejemplar. Un día más tarde de los traslados de la cárcel de Ávila, el 1 de septiembre, fue ordenada la salida de Félix y otros nueve presos a la cárcel de Béjar, en Salamanca. Antes de llegar a Puerto de Béjar fueron ejecutados para evitar «su posible fuga». A día de hoy sus cuerpos siguen sin aparecer[72].

La coordinación de las operaciones y movimientos contra la resistencia civil que se había previsto en la planificación del golpe era muy elevada. Además del monopolio de la violencia, el Ejército rebelde ejerció con total precisión el control de la información. El 4 de septiembre de 1936, la Junta de Defensa Nacional de Burgos impuso la jurisdicción de guerra «a todos los territorios que fueran quedando bajo su dominio»[73]. Desde ese momento, quedaba terminantemente prohibido hacer manifestaciones sobre efectivos de las unidades, del lugar donde se encontraban, de los traslados, de los combates librados y, en definitiva, de todo cuanto pudiera relacionarse con la vida militar, «incluso los sueldos». Prohibición de los mensajes privados que regulaba, al mismo tiempo, el formato público de las denuncias: debían hacerse por escrito y con el denunciante claramente identificado, como ya se ha señalado, por lo que de momento solo eran válidas para vecinos del territorio que había quedado bajo su control, denominado ya «zona nacional»[74].

En la prisión de la capital burgalesa fue redactada esta tarjeta cuyo autor aún se desconoce pero que señalaba la generalización de estos procedimientos de eliminación y desaparición forzosa. No tuvieron tiempo de reaccionar.

8 de septiembre de 1936

Queridos padre, hermanas e hijitos:

En estos mis últimos momentos, que me quedan de vida solo unas palabras para mis hijitos, ser buenos, obedientes, sin descender en nada su dignidad. Procurar educaros como vuestro padre y quererle siempre porque aunque muere fusilado no ha cometido ningún delito, solo tener una idea de hombre libre. A vosotros Padre y hermana mirar en lo que podáis por mis hijitos, recoger todo lo que tengo en la botica, vender o hacer lejía, en fin lo que vosotros veáis[75].

En apenas seis líneas, aquel hombre concentró toda su energía en defender su inocencia y, en un momento tan terrible, trató de explicar que el castigo y la forma de llevarlo a cabo (en este caso fusilamiento) no implicaba que fuera un delincuente. No era miedo físico lo que transmitía esta nota, sino temor a las represalias y a que sus descendientes quedaran socialmente marcados por un hecho así. Nada separaría esta nota de otros escritos, de cientos, miles de despedidas similares, de no ser por su fecha tan temprana. El daño social de la represión empezaba a ser una realidad que percibían y transmitían sus víctimas. La mayoría de las personas que fueron el foco de esta violencia inicial, dirigida y calculada, no eran conscientes de lo que estaba ocurriendo ni de qué se las acusaba realmente. Vecinos de ciudades y pueblos alejados y distintos entre sí, donde no hubo guerra ni se libraron batallas, mantuvieron la sensación de provisionalidad hasta prácticamente el momento final de sus vidas. La mayoría no tuvo tiempo de hacer otra cosa frente a la extrema violencia del golpe y a la colaboración vecinal en ella. Pero ¿qué ocurrió entonces en los pueblos que fueron ocupados militarmente en los primeros meses de guerra[76]?

Listas ampliadas

LISTAS AMPLIADAS

A las 8,30 del 18 de agosto, el general Varela salió para Loja «ocupando dicho pueblo a las 11,30 sin resistencia alguna, nombrándose a la Comisión Gestora y demás autoridades»[77]. Pocos días después se personó el general Queipo de Llano, jefe del Ejército del Sur, para visitar la ciudad y destacar su importancia estratégica. Loja conectaba Granada con Sevilla y abría el camino para la toma de Málaga, hecho que, sin embargo, no se produjo hasta el 10 de febrero de 1937[78]. Antes del despliegue de la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación en una gran ciudad como Málaga, símbolo del «terror rojo», la represión ya había alcanzado un marcado carácter reaccionario, fortalecedor del poder local y de las redes caciquiles. Un conglomerado que se aceleró a medida que avanzaba la guerra. Falange, el Requeté y todos los cuerpos locales que actuaron como auxiliares del Ejército se implicaron en ese proceso desde la preparación misma del golpe, utilizando la justicia militar como el vehículo perfecto para poner fin a la gran conflictividad social anterior a la guerra y al mismo tiempo reforzar su poder o favorecer su ascenso en el entramado provincial. El propio Queipo de Llano, jefe del Ejército del Sur, resumió la mecánica con claridad: «las comisiones nombradas al efecto aplicaban los castigos necesarios, nombraban nuevas autoridades y organizaban la Falange, a la que entregaban los armamentos y quedaba encuadrada por la Guardia Civil que iba quedando en los pueblos»[79].

Casi dos meses después de su ocupación, este proceso todavía no se había dado por concluido en Loja. El 7 de octubre de 1936, la alcaldía emitió un oficio titulado «Informe de los sucesos revolucionarios últimamente acaecidos». Se trataba únicamente de una lista de once nombres de «nuevos individuos peligrosos» (los dos últimos, subrayados en rojo) que mandó «al Sr. juez», quien inmediatamente instruyó un nuevo sumario, el número 17 de su mandato. El juez no era otro que Francisco García Guerrero, quien hasta el 18 de julio era el encargado de las cuentas como funcionario del Ayuntamiento de Loja. La tarde del viernes 17 de julio salió para Granada y se integró en el Requeté y Milicia Ciudadana, actuando como secretario en los registros particulares. A los pocos días logró el ascenso a capitán de complemento. Pisó de nuevo Loja el 20 de agosto, con las tropas de Varela, que le habilitó como juez de Instrucción Militar[80].

Fig. 3. Informe de los sucesos revolucionarios últimamente acaecidos.

José Ropero, socialista, hizo guardias y requisas.

Ezequiel Bermúdez, lo mismo, pero según dos vecinos solventes siempre observó buena conducta.

Agustín Gámiz, parece que no es socialista, hizo guardias obligado, saqueó aceite pero parece que lo iba a pagar.

Juan José Guzmán Pacheco, rojo, escopeta, guardias y saqueos. Con los mismos estuvo en todas partes.

Miguel Guerrero, lo mismo.

Cristóbal Guerrero, lo mismo.

Juan Jiménez, José Moreno y Cándido Delgado, lo mismo.

José Muñoz, lo mismo y robó aceite.

José Castillo, él y cuatro más atacaron a Isidoro Otero, quitándole 17 500 ptas[81]

El secretario del ayuntamiento, también militarizado, pidió informes de cada uno de ellos sobre la «participación en los sucesos revolucionarios últimamente acaecidos». Dirigidos al alcalde, al comandante de la Guardia Civil, al delegado de Orden Público y al arcipreste, en ellos se pedía que detallaran «cuantos datos contribuyan a conocer la personalidad del individuo que al margen se expresa, así como su tendencia y peligrosidad para el orden social»[82]. Todos, sin excepción, aportaron antecedentes malos o muy malos sobre ellos, que empezaron a ser detenidos uno a uno hasta completar la lista. El primero en llegar al cuartel de Falange, antigua Casa del Pueblo, donde pasaron diez días y diez noches declarando, fue José Romero. Estaba podando en el campo cuando lo detuvo la Guardia Civil. A la mañana siguiente ingresó Agustín Gámiz. Llegó reventado por dentro, tras ser arrastrado por el centro del pueblo, y con las manos atadas a las riendas del caballo de Salvador Heredia, el falangista que tenía la misma lista de «nuevos individuos peligrosos» que había elaborado el nuevo ayuntamiento. «El abisinio», como era popularmente conocido, puso su huella dactilar en el siguiente interrogatorio:

Que ha intervenido en el movimiento revolucionario rojo como elemento armado prestando servicio de guardias en las carreteras armado de una escopeta. Además ha intervenido en el saqueo de aceite trayéndose del molino tres arrobas de aceite (pero dice que ha hecho convenio con el dueño del molino para abonar su importe)[83].

Falange terminó de ordenar las declaraciones de todos los demás, que remitió con el siguiente oficio al juez García Guerrero: «Quedan a disposición de su Autoridad para que por las Leyes que se les apliquen el castigo a que se ha hecho acreedor por su participación en el movimiento rojo revolucionario»[84]. De allí pasaron a la prisión del partido. Era la primera vez que estaban detenidos «legalmente», y pudieron verse y hablar. Tenían que ponerse de acuerdo, ya que a partir del día siguiente deberían declarar de nuevo, esta vez ante el juez militar, su antiguo vecino García Guerrero. Negaron sus declaraciones ante Falange y echaron la culpa de todo al anterior alcalde, «el cortezas», que se encontraba huido. La mejor prueba de su inocencia era esa. Ellos también podían haber huido, pero no lo habían hecho porque no habían cometido delito alguno. Ante su vecino y antiguo empleado del ayuntamiento, ahora juez de Instrucción Militar, no podían negar que eran socialistas o que habían estado afiliados a sociedades del campo, de la misma manera que resultaba inútil desmentir que tenían escopetas de caza. Todo el mundo lo sabía, tampoco a él lo podían engañar. Terminaron las declaraciones y volvieron a prisión. Todos eran jornaleros jóvenes que no sabían leer ni escribir y apenas eran capaces de firmar con su nombre. Todos menos Ezequiel Bermúdez, labrador y propietario, que vivía en un cortijo a las afueras, donde había sido detenido por la Guardia Civil.

La mañana del 28 de octubre de 1936, llegó un sobre urgente al juzgado municipal. Dentro había un anónimo, hecho con una máquina de escribir de tinta azul, en el que podía leerse a grandes letras:

Relativo a la causa seguida contra Ezequiel Bermúdez por incendio.

Sr. Juez: el verdadero culpable del incendio del camión de la Guardia Civil, no fue Ezequiel Bermúdez Comino, como por un lamentable error creyó la Guardia Civil, sino otro sujeto conocido como el aviador, el que, según noticias confidenciales, llegó aquí ayer día 27 conducido por falangistas. Ezequiel Bermúdez, que sin haber cometido delito alguno (según informes de personas fidedignas) se encuentra sometido a procedimiento, es completamente ajeno a los hechos registrados durante el terror rojo, y lo único que puede haber inducido a error a los denunciantes es el haber vivido cerca del arroyo Blanquillo donde los rojos le coaccionaron obligándole a estar de guardia allí pero sin armas. Es persona de buenos antecedentes. Nunca hizo política. Dada su condición de propietario y de labrador de tierras se robustece más aún la presunción favorable al mismo. Está casado con Ana Ramos, de cuyo matrimonio viven 6 hijas. La única circunstancia que puede perjudicarle es su cortedad de ánimo. Como persona apocada y absolutamente incapaz del bello gesto de un Moscardó o un Guzmán el Bueno (no olvidemos que su condición no es la de militar sino la de campesino inculto o la de «fellah»), nada tendría de particular que al hacer la guardia sin armas y de un modo ridículo lo hubiera hecho obligado por un miedo insuperable[85].

El 18 de noviembre, cuando ya llevaba un mes detenido, Ezequiel se colgó del retrete de la cárcel con su propio cinturón. Su nombre fue tachado a mano de un sumario «contra José Ropero y diez más», cuya única prueba documental era un resguardo firmado varias veces por la misma persona (Nicolás Guillén) y en el que podía leerse: «Vale por un cuartillo de garbanzos».

Llevaba fecha de 10 de agosto de 1936, a una semana escasa de que Loja fuera cercada por las tropas sublevadas. Seis meses después, a comienzos de enero de 1937, todos ellos se encontraban en Sevilla, la capital del Ejército del Sur, sentados delante de un tribunal militar que les juzgaba «por asesinato y robo en cuadrilla»[86]. Había llegado el momento de que entraran en escena los testigos propuestos por los acusados. Todos eran vecinos de Loja, personas de derechas, algunos incluso falangistas influyentes. Todos los defendieron, con mayor o menor intensidad, insistiendo en que no huyeron al llegar las tropas nacionales y en que eran hombres «honrados y trabajadores». Zacarías Martos contrató a uno de los acusados «porque se le fueron los obreros que tenía de costumbre». Pero fue Francisco Morales, un falangista que también estuvo en Granada ayudando a la Guardia Civil en los primeros días del Alzamiento, quien mencionó la denuncia que dio origen a todo el proceso. Habían sido denunciados «a instancias de Don José Lopera», uno de los mayores propietarios de la zona. De Loja los llevó a Zagra para que trabajaran para él; una vez allí, retiró la denuncia y fueron puestos en libertad, aunque fueron de nuevo acusados «otro día por el señor Lopera, a consecuencia de irse a trabajar para otros». Es posible que incluso se fueran a trabajar para Ezequiel Bermúdez, el único labrador y propietario que fue incriminado y terminó suicidándose ante el cariz que tomaba el proceso.

Todos fueron condenados a muerte por un delito de rebelión militar. La sentencia estaba dictada desde que sus nombres aparecieron en la ampliación de la lista de «individuos peligrosos» que había redactado la nueva corporación municipal. Los dos únicos que figuraban en ella como de «escasa perversidad» fueron condenados a largas condenas de prisión. El general Queipo de Llano la aprobó el 24 de febrero. Según consta en un telegrama, él mismo telefoneó el 6 de marzo a la Comandancia de Huelva para dar el enterado. Ninguno de ellos sabía todavía que habían sido condenados a muerte. El 12 de marzo, fue el propio juez de Instrucción Militar, su vecino y antiguo miembro del ayuntamiento, quien se personó en prisión para comunicárselo. No la firmaron, pero tampoco pusieron su huella en ella. Esta vez no fue por no saber escribir, sino «por no estar en condiciones de hacerlo». Tampoco pudieron los dos condenados a prisión «por no poder hacerlo según su estado». En seis meses de cautiverio, interrogatorios y traslados, su resistencia física y moral se había quebrado definitivamente. Fueron fusilados al amanecer del 13 de marzo de 1937, y sus nombres quedaron inscritos en el registro civil de El Campillo, por «disparos de arma de fuego»[87].

Fue su antiguo vecino, que hizo las veces de juez militar, quien firmó por ellos. No solo los acusó de hacer guardia con armas y de tener un economato; los incluyó en una causa sobre la quema del coche de la Guardia Civil y del asesinato y robo de un propietario de la localidad. Lo hizo ante todo el pueblo. Primero, pidiendo y exhibiendo su detención de aquella manera tan brutal, arrastrando a algunos de ellos por caballos. Después ordenó los papeles conduciéndoles hacia un delito de rebelión militar, castigado con la pena de muerte; más tarde en audiencia pública en Sevilla, donde llamó a testigos de todo el pueblo, les imputó actos claros de un delito de bandolerismo, castigado desde el siglo XIX con la pena de muerte por la justicia militar, que ahora se utilizaba para reprimir una rebelión colectiva. Este es un fragmento de su conclusión:

puesto que frente a estado de anarquía que reinaba en todo el territorio nacional con manifiesta infracción de todos los principios que han de informar todo régimen legal y civilizado, al asumir el Ejército el poder por el medio en este caso legítimo y justificado de la declaración del Estado de guerra que por su carácter especialísimo anula toda la autoridad civil, quedó ello constituido en el único Gobierno que podía y puede dirigir los destinos de la Patria afirmando su propia existencia y precisamente contra él procedían con su conducta los facciosos[88] de los que formaban parte los procesados en esta causa alzándose en armas en el pueblo de su residencia, interviniendo en saqueos y llegando a percibir cantidades producto de robo[89].

Aunque el discurso de legitimación fuera idéntico, las actuaciones no concuerdan con la consigna de rapidez y ejemplaridad que prevenía el golpe, y que fue aplicada estrictamente en otros casos señalados anteriormente como Granada, Ávila, Vitoria, Hervás o Burgos. Loja fue ocupada el 18 de agosto y, sin embargo, ninguno de los que figuraba en la lista fue detenido hasta el 17 de octubre. La razón no fue de orden público, sino de índole social, o, más concretamente, de saber «a quién pertenecían» los jornaleros tras la ocupación de la ciudad; una cuestión que iban a dirimir las nuevas autoridades locales bajo el paraguas de la justicia militar. Esta violencia generalizada y masiva, de ámbito local y de base vecinal y profesional, buscaba borrar todo rastro de conflictividad social y toda señal de protesta anterior, imponiendo un modelo de orden público que resultaría básico para fijar la estructura de colaboración de los sublevados, su triunfo en la guerra, así como su provechosa acomodación a las reglas de la posguerra. Su importancia simbólica, sobre todo en aquellas localidades estratégicas que cambiaban de manos, implicó para siempre a unos vecinos en la muerte de otros. Según los registros del cementerio de Loja, desde agosto de 1936 hasta finales de 1939 entre 250 y 275 personas fueron fusiladas, se suicidaron, murieron en circunstancias sin esclarecer o simplemente fueron inscritas como desaparecidas. Nada de lo que vino ni de lo que se escribió después puede entenderse sin el impacto de una violencia de semejante intensidad y procedencia, que a partir de este momento pasó a ser objetivo de los servicios de información militar[90].

Capítulo 3. Hielo y cenizas

CAPÍTULO 3

Hielo y cenizas

Mientras se ampliaba el cementerio de Málaga, lejos, en Salamanca, se fijaba el procedimiento para la ocupación ordenada de pueblos y ciudades. La guerra había entrado en una fase en que la población civil se convirtió en objetivo estratégico de primer orden, ampliando sustancialmente el alcance de la represión. La orden reservada de 9 de marzo de 1937 establecía cinco puntos, muy representativos del terreno que la logística, la planificación y la información habían alcanzado en la dirección de una violencia completamente distinta ya a la desplegada con el golpe (véase fig. 4).

La estrategia del golpe prevenía usar la violencia y la fuerza para la conquista del Estado, pero, conviene resaltarlo de nuevo, en combinación con otros medios. La orden anterior fue aprobada un día después de que comenzara la batalla de Guadalajara, último intento de los rebeldes por tomar Madrid. La guerra ya había entrado, meses atrás, en la órbita de ocupación completa del territorio y de su población, objetivo que exigía la creación de un aparato de información moderno. El desarrollo de este proceso resultó decisivo para la concentración del poder militar y político en torno a Franco y, al mismo tiempo, para conducir la represión hacia la vía «legal». La justicia militar no solo permitía consolidar el monopolio de la violencia: fue la principal forma de legitimación para una dictadura en ciernes, la fórmula de acceso a todas las atribuciones estatales, entre ellas las policiales y las administrativas, la identificación, la clasificación y filiación de todos los habitantes[91]. Pero ¿qué papel desempeñaron los civiles en este proceso? El general Mola, que había sido director general de Seguridad, tampoco conviene olvidarlo, había previsto los pasos precisos para el dominio territorial, así como la necesidad de la colaboración civil, pero sus Instrucciones Reservadas parecían extrañamente imprecisas a este último respecto. Las primeras medidas adoptadas desde Burgos, erigida en «capital de la Cruzada», buscaban definir y cohesionar socialmente ese «movimiento ciudadano» al que se había referido el propio Mola, pero que apenas compartía unos objetivos contrarrevolucionarios, la bandera monárquica y el nombre de «nacional». Esta situación de relativa indefinición, unida a las victorias militares, favoreció la rápida concentración de poder en torno a la figura de Franco, que el 1 de octubre de 1936 había sido nombrado «Generalísimo de los Ejércitos y Jefe del Estado Español». Un mes más tarde, sin tiempo que perder, firmaba otra orden reservada para la creación de unas unidades especiales que hicieran las veces de policía secreta e integraran a «paisanos armados»[92].

Fig. 4. Instrucciones de entrada en una plaza.

Para que los servicios de Información e Investigación funcionen con la mayor eficacia desde el primer momento que por nuestras tropas sea ocupada una plaza de la zona roja, tendrán en cuenta en lo sucesivo las instrucciones siguientes:

1.º Todo el servicio de información e investigación estará centralizado, desde la entrada de las tropas en un Jefe del Ejército, previamente designado por el General de la División a que pertenezcan las tropas que lleven a cabo la ocupación.

2.º Desde que nuestras tropas entren en la Plaza asumirá la dirección de todo el servicio de Información e Investigación y bajo sus órdenes actuará todo el personal que a estos servicios dedique tanto el Cuerpo de Policía como Falange Española y Requetés, al objeto de que sea posible la rápida resolución de consultas que sobre personas residentes en la Plaza ocupada sean hechas por intermedio de las autoridades militares de nuestra zona, así como la busca y detención de las personas que por su actuación o ideas deban ser detenidas a los fines de justicia.

3.º Evitar que en los primeros momentos entren personas, españolas o extranjeras, que sin pertenecer al Ejército o las milicias, no estén autorizadas por el General de División correspondiente.

4.ª El jefe radicará en la Comandancia Militar de la Plaza ocupada y cesará cuando el General de la División correspondiente lo estime oportuno, porque a su juicio, tanto los organismos civiles como militares puedan ya funcionar con sujeción a las normas que rigen en el resto de nuestros territorios.

5.º Queda exceptuada de todo lo anterior la plaza de Madrid para que han sido dictadas instrucciones especiales por el General Jefe del Ejército del Norte[93]

Hasta ese momento las milicias civiles solo se habían usado en la represión de la retaguardia, pero pronto quedaron adscritos a la estructura militar. El paso trascendental para ello se escenificó de nuevo en Salamanca, sede entonces del Cuartel General pero también de la Delegación de Orden Público de la zona nacional. El 19 de abril de 1937, se publicaba el Decreto de Unificación por el que todos los grupos políticos y civiles que habían apoyado la rebelión militar pasaban a formar parte de un partido único: Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET-JONS). Toda forma de colaboración en la represión quedaba así definitivamente subordinada a un mando militar unificado, e integrada en la propia justicia militar. A partir de ese momento, la fuerza, la legitimación y la organización social de la «España nacional» serían canalizadas a través del Ejército, que extendía sin oposición alguna el monopolio de la violencia en tres direcciones simultáneamente: frente, retaguardia y ocupación. El Ejército desplegaría su modelo disciplinario para levantar y sostener esa red triangular, militarizada pero gestionada y administrada por civiles desde sus respectivos núcleos locales y provinciales[94].

A lo largo de 1937, primer año completo de guerra, el diseño, la planificación y la militarización de la sociedad terminarían desplazando la mayor parte de las prácticas violentas previstas y usadas en torno al golpe de Estado. Estas, como se señaló en el capítulo anterior, habían asegurado el control de la retaguardia sublevada, eliminando cualquier forma potencial de oposición y dejando el mayor porcentaje de víctimas civiles de toda la guerra. El fracaso del golpe, la necesidad de un aparato de información y el deterioro de la imagen exterior por estos métodos extremadamente violentos provocaron un cambio de estrategia, que, por otra parte, ya se había aplicado en el orden público de las ciudades nacionales. Las listas negras fueron dejando paso a fichas, modelos, cuestionarios y archivos policiales. Hasta el momento, el Ejército rebelde solo se había servido de datos de población a través de su servicio de reclutamiento. Diseñado para evitar la deserción y basado en los archivos y en el «conocimiento» de las autoridades locales, se complementaría con otro sistema destinado específicamente al control de movimientos y la obtención de información en «zona enemiga». Interrogatorios, documentos, antecedentes: labores propias de información e investigación que fueron desarrolladas por civiles, confidentes, enlaces y, sobre todo, agentes de policía que vestidos de paisano y entre sus vecinos entablaron «una lucha constante con un enemigo cuya superioridad material no compensa la absoluta que en moral militar y espíritu de deber poseen nuestros elementos»[95].

Los informes militares no dejaron de elogiar los resultados de este cambio de orientación. El nuevo método afianzó la idea de exigir responsabilidades a la población civil, presente ya en las instrucciones del golpe pero de forma secundaria. A partir de este momento, la información operaría como una de las principales expresiones del orden social de la retaguardia sublevada. La necesidad de coordinación que exigía la ocupación, el frente y la retaguardia, pondría en marcha la mayoría de los mecanismos represivos vigentes durante todo el franquismo. La práctica totalidad de los militares y civiles que construyeron los aparatos de seguridad de la dictadura se iniciaron y entraron en ellos a través de la violencia de guerra, «a sangre y fuego», pero también entre «el hielo y las cenizas», pensando, calculando e inoculando el miedo en la población por medio de su estudio y conocimiento detallado, a través, entonces, de su propia red de información[96].

Informar, interrogar, filtrar

INFORMAR, INTERROGAR, FILTRAR

A pesar de contar con el apoyo de casi la mitad de los generales y de cuatro de cada cinco oficiales profesionales el 18 de julio, los sublevados no dieron prioridad a crear un verdadero sistema de inteligencia militar. Tal y como reconocieron más tarde, confiaron todo a tener un acceso rápido a la información de los archivos de Madrid. La imposibilidad de acceder a ellos mostró su dependencia inicial, sobre todo en el primer año de guerra, de las labores de vigilancia y espionaje que desarrollaban los civiles, Falange y Requeté fundamentalmente; dependencia parcial si se tiene en cuenta la cantidad de información policial y política con la que contaron desde el principio. Muchas de las capitales de provincia que quedaron en su poder poseían datos de organismos estatales, diputaciones y partidos judiciales fracturados en dos por la sublevación y la guerra. Pero, sobre todo, contaban con los archivos de las comandancias de la Guardia Civil, que debían llevarse consigo hacia las capitales y las denominadas «zonas de concentración» o puntos seguros, como ya se ha mencionado anteriormente[97].

Tanto tradicionalistas como falangistas tenían servicios de vigilancia y archivos propios que no compartían. Los primeros establecieron un importante centro en San Juan de Luz, un servicio postal y de mensajería directa con Pamplona. En octubre de 1936, la oficina conocida como Nacho Enea, que funcionaba como paso de fronteras, se trasladó a Biarritz y se convirtió en sede del SIFNE, Servicio de Información de Fronteras del Nordeste de España. Para entonces ya contaba con otra importante línea de acción en torno a Cataluña, dirigida también desde París[98]. El Servicio de Información e Investigación de Falange, por su parte, comunicó su disposición a integrarse desde el principio, pero hasta mayo de 1937 no comenzó a traspasar al Gobierno Civil de Burgos «una copiosa cantidad de fichas, expedientes y otros elementos informativos, juntamente con un personal perfectamente adiestrado y de confianza, no solo en lo que al servicio de Información se refiere, sino también en los de Vigilancia y Policía»[99].

Y fue allí mismo, en Burgos, donde se creó el primer servicio de información propiamente militar (SIM), a comienzos de septiembre de 1936, a instancias de la Junta de Defensa Nacional. Lastrado por la dispersión documental, la división y la hostilidad entre tradicionalistas católicos y falangistas, tuvo que centrarse casi exclusivamente en el frente y en la obtención de información directa. El 19 de octubre, su responsable, el coronel Múgica Buhigas, se dirigía a los jefes de operaciones y columnas reiterando la necesidad de obtener información a través de interrogatorios cruzados y de la documentación de la que pudieran incautarse.

Estos interrogatorios, hechos inmediatamente de coger prisioneros o presentarse fugados tienen un gran valor para el mando, pues comprobados por varios de los capturados o presentados, dan la seguridad de que las decisiones que se tomen, responden a la realidad. Tan pronto se hacen estos interrogatorios deben ser remitidos a esta oficina para los envíos a las autoridades interesadas en la seguridad de que cuanto más amplios sean y en mayor número se envíen, más seguras serán las resoluciones del mando[100].

Junto a la orden, remitió dos modelos, uno para evadidos y otro para prisioneros, recordando que lo primero que debían hacer era un registro minucioso, «reteniendo hasta los papeles que parezcan de poca importancia y enviándolos a mi oficina del SIM, así como los interrogatorios hechos». El primero iba dirigido a los evadidos y era muy breve. Tras los datos personales, simplemente se debía recoger una serie de detalles sobre la fuga. Todo lo demás quedaba comprendido entre asuntos militares y sociales (se limitaba a pedir información sobre la moral y la organización de la retaguardia, pero sin dedicarle apenas interés), recordando que el cuestionario era una «norma general para adaptar a la mentalidad y categoría del prisionero o evadido»[101].

Fig. 5. Modelo de interrogatorio de evadidos o fugados.

Fecha y sitio de la evasión.

¿Cómo lo hizo?

¿Desde cuándo está con los rojos?

¿Por qué estuvo con ellos?

¿Por qué no se evadió antes?

¿Quiénes, de oficiales, suboficiales, tropa, están con ellos?

¿Quiénes cree están obligados y quiénes a gusto?

Los interrogatorios siempre debían hacerlos oficiales, que a su término tenían que escribir una «amplia» memoria del evadido o desertor, así como dar su opinión en torno a dos grandes asuntos: militar (organización, mandos, instrucción, armamento, administración, sanidad, ayuda extranjera, disciplina, moral, fortificación, vestuario, alimentación, transportes, valor combativo, transmisiones, etc.) y lo que se definía como «social-espíritu», la organización y la moral del enemigo, que comprendía el detalle de las organizaciones, la confianza, la cohesión y, por último, la autoridad. Una información muy valiosa, a efectos militares en el frente y de control de la retaguardia, como lo demuestra la rapidez con que se realizaban los interrogatorios y los propios informes, que llegaban al Servicio de Información de Burgos en muy poco tiempo[102].

La noche del 6 de marzo de 1937, poco antes de que las tropas italianas comenzaran la ofensiva de Guadalajara, dos milicianos abandonaron su posición en el cerro de Hita. El día 8 sus informes ya salían hacia la capital burgalesa. El primero en ser interrogado por la mañana fue Luis Sánchez Hortal, «evadido con armamento y munición»:

Organización. Brigada 35 está formada por antiguos batallones, el Vendedor, por haberse formado con gente de la venta ambulante, la Edificación, por voluntarios de este gremio, Largo Caballero y Jaime Graels. Han cambiado los nombres por su actual numeración y los forzosos son ya una mayoría considerable. Actualmente los batallones están completos y tienen unos 620 hombres.

Mandos. La División 12 está mandada por un tal Esteban Rovira de quien ignora detalles. La Brigada la manda un tal Liberino, carpintero de Madrid. Mal encarado y no atiende a los milicianos. El Jefe del Batallón, comandante Mercader es tenido como hombre de posición acomodada, hace manifestaciones de izquierdismo, habla muy bien y es riguroso en exigir disciplina. Capitán de la compañía Méndez. Portugués, residente en Barcelona, jornalero, dispuesto, los ascensos los ha ido ganando uno a uno. Capitán Moreno Amador perteneció al tercio, no frecuentaba el trato con los milicianos. Capitán Leopoldo Ruiz, teniente, había sido cabo del ejército, conocía bien la instrucción y fue profesor de la escuela de sargentos, excesivamente rigorista. Comisario Político Peñarrolla, camarero en Barcelona, de tanta importancia como el Comandante pero poco considerado.

Moral. Desmoralización, tienen miedo al ataque de los nacionalistas que están esperando de un momento a otro; afirma que «en caso de ataque no pararían de correr hasta Guadalajara», es comentario corriente que el «lío» no vale para nada y añade que los que están con las ametralladoras son todos voluntarios catalanes.

Información particular. En su pueblo (Valverde de la Vera, Cáceres) no sabe detalles relacionados con el Movimiento por haber residido en Madrid[103].

Poco después fue interrogado José Lorenzo Portiño, que confirmó, prácticamente, todo lo dicho por su compañero:

Mandos. El Comandante de la Brigada se llama Liberino González. (Confirma lo dicho por el citado miliciano). El Jefe del batallón es un tal Hervás, carpintero, trata bien a la tropa, desconoce la táctica militar, bien considerado por los capitanes de la compañía. El capitán de su compañía apellidado Gallego, carpintero, mal encarado, bruto, tuvieron necesidad de enseñarle a firmar y apenas deletrea. Teniente: Manuel Hernández, sin profesión conocida, se decía que era carterista, ni inteligente ni valiente, le tenía alguna simpatía a la tropa porque se preocupaba algo de ella. Teniente Ayudante: José Domínguez, tejero, un mal sujeto, culpable de la muerte de algún soldado. Los sargentos Lorenzo Arranz y otro muy viejo eran malos. En resumen toda la tropa está disgustada con los mandos llegando a decir los voluntarios «que no caía ningún obús certero».

Orden de Batalla Enemiga. Nada de particular.

Moral. Confirma la afirmación general de la desmoralización de los rojos producida por las deficiencias de alimentación, dice que cree que es la mayoría la que en caso de ataque por las fuerzas nacionales se entregaría sin ofrecer resistencia, porque no debe olvidarse que los voluntarios son, en su mayor parte, los que obligados por las circunstancias se afiliaron a la UGT y esta organización les impuso marcharse al frente.

Información particular. En el pueblo del declarante Infantes (Ciudad Real) los socialistas se hicieron dueños del pueblo desde el primer momento. La Guardia Civil se entregó. Obligaron al Sacristán a que quemara las imágenes en la plaza, saquearon muchas casas, asesinaron al Duque de San Fernando, a su hermano y ocho personas más. De la muerte del primero es culpable el Gobernador. Del pueblo se distinguieron como izquierdistas, sin poder concretar contra ellos acusación, Braulio Martín, alcalde, Solera alias Matamoros, uno apellidado Castilla, Presidente del Comité, un tal Isaías y otro Torija de apellido. Dice que la vida del pueblo se normalizó con la organización de la CNT, pero el pueblo sigue cohibido. Falta efectiva de algunos artículos de primera necesidad, pero no falta de comer, aunque sea a costa de largas colas[104].

El oficial terminó los interrogatorios, rellenó los cuestionarios y separó esta última hoja, que mandó a la Sección de Información de la División. En el caso de que sus tropas lograran avanzar al día siguiente, disponían de todos los nombres y apodos de los mandos republicanos de esa brigada. Los otros dos cuestionarios los metió en un sobre naranja que ponía a grandes letras «identificación y clasificación», dirigido al SIM de Burgos. Allí quedó archivada la información, esperando a ser utilizada. Si el lector consulta en internet la Causa General de Villanueva de los Infantes, el pueblo del último de los fugados, comprobará que sigue vigente la misma versión que relatara este miliciano tras «pasarse» a los nacionales una fría noche en el frente de Guadalajara. Las primeras aplicaciones de la Causa General ya estaban consumadas en marzo de 1937. Para fijar su estructura definitiva se iba a utilizar el segundo de los modelos que recomendaba utilizar el Servicio de Información Militar de Burgos: el interrogatorio de prisioneros[105].

Al contrario que el de evadidos, el interrogatorio de prisioneros era mucho más largo. Empezaba justamente donde terminaba el anterior, en los denominados «aspectos sociales», pero la disección y el nivel de detalle al que se descendía eran mucho mayores, señal de que la información obtenida iba a ser utilizada con fines distintos a los anteriores.

Fig. 6. Modelo de interrogatorio de prisioneros.

Fecha y sitio donde fue capturado.

Personal

Nombre completo, edad, oficio, lugar en el que trabaja últimamente.

Estado, número de hijos, dónde están o dónde trabajan.

Social

Organización a la que pertenece.

¿Quién le hizo entrar?

¿Qué pagaba?

Ventajas que obtenía.

¿Por qué es V. rojo?

¿Quiénes son sus directores o jefes?

Lo mismo respecto a su mujer e hijos.

¿Se trabaja normalmente en su población? ¿En qué fábricas o industrias?

¿Extranjero?, debe llegarse a conocer quién o quiénes lo trajeron o invitaron a venir, indagando en esta parte hasta la participación que hayan tenido autoridades y organizaciones extranjeras y los fundamentos de su participación en estos sucesos[106]

El cuestionario de prisioneros se apartaba de los interrogatorios utilizados antes de la guerra por el Ejército. Se asemejaba más a un atestado policial. Iba mucho más allá de las características de un cuestionario de información de soldados para centrarse básicamente en los datos familiares, políticos y sociales del individuo. Estas tres figuras fueron la base para la obtención de la información oral, y su estructura estuvo intacta durante mucho tiempo no solo en los servicios de información, sino en comisarías, cuarteles, juzgados militares, oficinas y todas las administraciones con funciones represivas. Los cuestionarios se mantuvieron hasta el final de la guerra, afectaron a cientos de miles de prisioneros y fueron utilizados todavía mucho tiempo después contra los guerrilleros o maquis. Por último, y por efecto de la militarización, prácticamente todas las diligencias utilizadas por parte de alguna «autoridad», civil o militar, mantuvieron este modelo, usado en multitud de procesos administrativos para controlar los movimientos de población, la depuración o «limpieza política» de todo el territorio que iba pasando a ser retaguardia nacional. Pero aún sufrieron importantes modificaciones.

La segunda parte del interrogatorio correspondía a los aspectos militares, pero, como puede apreciarse, estos eran muy amplios. Combinaban preguntas sobre aspectos psicológicos, sobre la moral, la autoridad y la cohesión de grupo, tratando de averiguar las condiciones materiales, la composición y la disciplina interna. En un momento tan importante para la guerra, y dentro de un acto tantas veces repetido, el orden y la mezcla de elementos sobre los que versaba la información no eran en modo alguno aleatorios. Era solo el comienzo de una labor de análisis y de sistematización de la información que de momento no parecía pasar de unos objetivos militares genéricos e inmediatos (véase fig. 7).

Los dos tipos de interrogatorios, en especial el de evadidos, eran formularios de obtención y transmisión rápida de información del enemigo. Estaban fechados en octubre de 1936, para ser utilizados, por tanto, en una marcha rápida de columnas sobre Madrid. A partir de diciembre, abandonado este objetivo, la recogida pero sobre todo la elaboración de la información se realizaron con fines y métodos muy distintos. Estos fueron adquiriendo tantas divisiones y clasificaciones como ramificaciones desarrolló el Ejército de Ocupación. De este modo, las secciones de información e investigación terminaron encasillando a la población civil a través de su propio sistema de información y clasificación militar. Así lo advertía el Cuartel General en Salamanca el 12 de marzo de 1937:

Fig. 7. Modelo de interrogatorio de prisioneros (cont.).

¿Cuál es su unidad y cómo se llama?

¿Quiénes la mandan? ¿Españoles o extranjeros, de dónde?

¿Quiénes son los jefes superiores? Militares ¿de antes de o de ahora[107]?

¿Cómo están de víveres, cómo comen?

Ídem de ropa individual, mantas, camastros.

¿Cuánto cobran? ¿Les pagan?

¿Quién los vigila? ¿Se duermen cuando se descuidan?

¿Qué permisos tienen?

¿Vuelven puntualmente?

¿Qué conversaciones tienen?

¿Qué piensan del fin de la guerra? ¿Quién ganará?

¿Visitan sus posiciones sus jefes políticos?

¿Hay disecciones (sic) entre ellos?

¿Quién los cura? ¿Médicos militares o civiles?

¿Cómo se conducen los superiores?

¿Les obedecen? ¿Lo hacen con gusto? ¿Hay muchas faltas de obediencia?

¿Hay castigos? ¿Cómo son? ¿Los cumplen?

¿Quiénes ordenan los asesinatos, torturas, incendios, etc.?

¿Quién los comete? ¿Señores que dicen que los hagan o ya saben que tienen que hacerlos?

¿Ha visto cometer asesinatos, violaciones, martirios, etcetc?

¿A quién y contra quién?

¿De dónde es el armamento?

¿Qué nación les envía más armas y municiones?

¿Qué hacen las mujeres en el combate?

¿Combaten con ellos?

¿Las enfermeras atienden su oficio?

¿El dinero y objetos que cogen quién lo lleva[108]?

Los interrogatorios a los evadidos pueden proporcionar noticias interesantes de la retaguardia enemiga. Han de llegar también a este Cuartel General, pero con separación de asuntos militares y asuntos de orden político, social etc. y dentro de los primeros una rigurosa ordenación por materias[109].

La administración militar se proyectaba poderosamente sobre un espacio civil cada vez más reducido. Un día antes de elaborar esta nota, el Cuartel General había hecho pública la orden de 11 de marzo, que mantenía los interrogatorios como primera instrucción y catalogación inicial de los prisioneros. Se creaban las Comisiones de Clasificación de Prisioneros y Presentados, eliminado el término «evadido», a las que debían remitirse la primera parte de los interrogatorios creados en octubre. A continuación definía con claridad qué asuntos correspondían a cada una de ellas.

La Segunda Sección del Estado Mayor tiene principalmente carácter informativo militar y como el evadido o prisionero hay que someterlo también a una información judicial, se ha dividido la declaración en primera y segunda parte que deben ser enviadas formando dos conjuntos separados[110].

La primera parte del interrogatorio, la que se debía mandar a la Comisión de Clasificación, repetía los aspectos de los formularios anteriores pero poniendo más énfasis en los sociales. El resto de cuestiones apenas se modificó. De este modo, el aparato de información mantuvo siempre la línea divisoria entre evadidos, que serían bien recibidos, y prisioneros, a los que se trataba de forma mucho más dura y que pasaban a la justicia militar. Además de fomentar la deserción en las filas enemigas, esta distinción se convertiría en un pilar fundamental en la construcción de la represión: la criminalización de los civiles. El proceso se remonta a los preparativos del golpe, en una operación destinada a alcanzar y sustituir el poder legítimo, por el que se niega la legalidad republicana y el estatus militar de sus combatientes. La diferencia puede apreciarse entre los milicianos de Guadalajara, interrogados como evadidos, y por ejemplo alguno de los heridos y capturados tan solo unos meses después.

Fig. 8. Gobierno Militar de Granada.

El 25 de agosto de 1937 llegaba al Gobierno Militar de Granada el sobre naranja con el interrogatorio de Evelio Picazo, herido y capturado «con un fusil ruso» cerca de Sierra Nevada. Molinero, 27 años, casado y sin hijos, no tenía antecedentes y dijo que había sido reclutado por los marxistas de su pueblo, Moratalla, que estaba en zona roja (Murcia). El capitán jurídico que realizó el interrogatorio en el hospital militar pidió información sobre el prisionero. La jefatura de Falange de Murcia, que desde el golpe se había trasladado a Granada, contestó que los habitantes de esa pedanía eran «buena gente», pero precisaban fotografías para poder dar más detalles. Las recibieron en septiembre, tras lo cual mandaron este telegrama: «informes personales de Evelio Picazo: hasta la fecha Movimiento, buenos». El Gobierno Militar de Granada pidió que les devolvieran las fotos por el mismo conducto y ordenó al capitán jurídico que interrogara de nuevo a Picazo, pero esta vez como procesado. Fue acusado de hacer fuego contra las tropas nacionales y su versión de intento de evasión fue desestimada. El capitán alegó «que podría haberlo hecho (cruzar las líneas) con anterioridad». A pesar de pertenecer al reemplazo de 1932, que le acreditaba como soldado forzoso, fue clasificado como «desafecto». Pasó a prisión militar hasta el 2 de noviembre, fecha en la que fue juzgado. Volvió a declarar por escrito, insistiendo en que había sido reclutado forzosamente en Cartagena, y repitió los nombres de los vecinos de su pueblo que habían cometido asesinatos. Fue condenado a seis años de prisión por un delito de rebelión militar que cumplió en la prisión provincial como un preso común más[111].

Los interrogatorios, al igual que otras prácticas de obtención de información, mostraban la progresiva coordinación del aparato de inteligencia con el de la justicia militar. Su perfeccionamiento, avanzado ya a mediados de 1937, interconectaba funciones militares, policiales y sociales, mantenía unido el flujo de información del frente con la retaguardia y en las zonas en poder del enemigo y permitía, por último, planificar la ocupación de todos los territorios; para lograrlo era necesario todavía integrar a los civiles en ello.

Unidades de policía secreta

UNIDADES DE POLICÍA SECRETA

La experiencia de unos meses de funcionamiento de las redes de policía secreta de Grandes Unidades y Territoriales de Provincia, es ya suficiente para ir concretando sucesivamente su organización y funcionamiento, con tendencia en este primer ensayo, no a establecer un sistema perfecto, que para ello es corto el tiempo transcurrido, sino a unificar los métodos y facilitar así las relaciones mutuas, la investigación y el aprovechamiento del Servicio Secreto[112].

Aunque estaban formadas con anterioridad al fracaso de los planes del golpe, el Cuartel General no comunicó su intención de centralizar las tareas de inteligencia hasta comienzos de diciembre de 1936. El día 6 pidió a las Segundas Secciones, las responsables de información en cada cuerpo de Ejército, que remitieran sus datos de campaña. El objetivo era potenciar la investigación a través de las dos grandes redes de policía secreta que ya existían: las de las Grandes Unidades en el frente y las de los gobiernos militares en la retaguardia. El Ejército del Centro, sobre el que recayó el mayor esfuerzo organizativo, fue el elegido para la transformación y creación del servicio secreto militar. La orden reservada del mismo día desdobló los dos cuerpos camuflados de paisano que existían hasta ese momento para vigilar vías de comunicación y centrales de transmisión (correspondencia, telégrafos y radios), creando cuatro secciones:

1.ª Espionaje y contraespionaje.

2.ª Social, política y relaciones con la censura.

3.ª Económica, industrial, prensa.

4.ª Antiextremismo.

Desde finales de los años veinte existía un servicio destinado a frenar la «infiltración comunista» en el Ejército: la llamada Oficina de Investigación Comunista del Ejército, dependiente del Estado Mayor Central[113]. Posteriormente, el Ministerio de la Guerra creó, dentro de la Dirección General de Seguridad, un servicio de «antiextremismo» para obtener detalles sobre la ideología de aquellos oficiales y soldados de tropa considerados «más extremistas de izquierdas». Y aunque hubo seguimiento y espionaje sobre militares monárquicos o fascistas durante la II República, la principal preocupación de los servicios de información continuó siendo la infiltración izquierdista en el Ejército[114]. Esta era en esencia la estructura del SIM, que seguía las prácticas anteriores de control ideológico y vigilancia interna propias del «antiextremismo» pero adaptadas a una estrategia de ocupación que precisaba, más que nunca, a los civiles. La orden del Cuartel General que creaba estas unidades de policía secreta requería grupos pequeños, no superiores a diez miembros, distribuidos por las cuatro secciones anteriores. Definía tres categorías de agentes, siempre bajo supervisión militar: los A, o «agentes principales», que no podían ser militares profesionales y «debían poseer medios de vida propios»; los agentes B, «de segunda», nombrados a propuesta de los anteriores para la «ramificación servicio», y, por último, los agentes C, o «auxiliares», propuestos por los anteriores y que debían situarse «en todos los lugares de especial vigilancia, hospitales, enfermerías, talleres, parques (de vehículos militares), estaciones y centros de comunicaciones»[115].

Las unidades de policía secreta debían ocuparse del seguimiento de personas sospechosas, sus comunicaciones y sus contactos y, sobre todo, de vigilar la correspondencia. «El jefe de la policía secreta dará cuenta de aquella correspondencia sospechosa que necesite ser observada, la que debe entregarse, sin señal de censura, a los destinatarios, para evitar que deje de contener algún dato interesante». Con todo ello, cada grupo debía hacer una relación o resumen semanal, con los nombres y el número de fichados, al escalón superior. Los jefes de grupo enviaban un informe mensual elaborado a Burgos, donde se analizaba y archivaba la información, ordenada por nombres de personas, entidades y empresas. Para los nuevos agentes se redactaron unas instrucciones que los jefes tenían que leer, pero bajo ningún concepto entregar por escrito. Precisaban y definían claramente sus misiones y sus objetivos, además de mostrar una guía de comportamiento.

Los dos tipos de instrucción, de espionaje y de contraespionaje, constaban de ocho puntos (véase fig. 9).

Los datos comenzaron a llegar muy pronto a Burgos, siguiendo el conducto jerárquico y la estructura piramidal de las propias redes. Los primeros procedían del Cuerpo de Ejército de Madrid. El 21 de diciembre, el coronel jefe de la Columna de Sigüenza, un área que había cambiado de manos, mandó a su general de División la composición de su policía secreta. Había designado como jefe del servicio al alférez del Regimiento de Infantería, Luciano Trincado Mendoza, ya que «por su media edad, inteligencia, valor y discreción parece reunir condiciones para tan difícil y delicada misión». Para auxiliarle tenía ocho hombres más (cuatro soldados, dos falangistas y dos requetés), que actuarían de paisano, aunque recomendaba, por completo, que no se usaran en la penetración en territorio enemigo[116].

Una semana más tarde, el jefe del Estado Mayor de Segovia escribió al SIM.

Fig. 9. Instrucciones para la policía secreta, diciembre de 1936-enero de 1937.

A) Espionaje.

—Guardar silencio absoluto sobre sus misiones y sobre la pertenencia al servicio.

—No se le permitirá tener relaciones íntimas continuadas con mujeres.

—No beberá bebidas alcohólicas.

—No llevará nada escrito, todo memoria.

—Si fuese cogido tendrá pensado lo que ha de decir, que jamás será la verdad.

—Nunca se acercará a sus jefes en público.

—Solo en último término detendrá a alguien, en ese momento desaparece su incógnito[117]

B) Contraespionaje.

—La misión de los agentes es observar y vigilar a extranjeros y españoles que puedan comunicar noticias a los rojos, sobre movimientos de tropas (sin excluir a alemanes, italianos, portugueses y fuerzas armadas en general).

—Toda persona que ronda los barcos de guerra, los cuarteles, los trenes, es sospechosa, debe ser vigilada, puede ser agente de los marxistas.

—Toda persona que pregunta mucho sobre las operaciones, número de soldados que tenemos, bajas, cañones y aviones, qué objetivo vamos a ocupar etc. debe ser vigilada, puede ser agente de los rojos.

—Toda persona que exprese que van mal las operaciones, que desanima con sus pronósticos, dice a menudo que las radios de Madrid, Barcelona etc. dicen tales noticias, siempre malas, es también sospechosa, debe ser vigilada.

—Toda noticia transmitida a sitio lejano con gran rapidez (aviones, trenes etc.) requiere fijar la atención sobre telégrafos o radios de emisoras ocultas.

—Un sospechoso de espionaje, como regla general, no debe ser detenido. Se redoblará la vigilancia, se cambiarán los agentes que le siguen con mucha frecuencia en el día para no descubrir la observación que se le hace. Se le facilitarán ocasiones y personas que creerá casuales para ayudarle en su misión; probada su culpabilidad y ya entonces detenido, se descubrirá a quién vendía, quiénes le auxiliaban, cómo se relacionaba, qué le encomendaron, en una palabra, la red del espionaje.

—Los pueblos cercanos a la primera línea, especialmente los que han sido rojos y pasan a ser ocupados por nosotros, deben ser objeto de una vigilancia especial, lo mismo de hombres que mujeres y niños.

—Los evadidos de la zona roja deben ser muy observados pensando siempre que, así como nosotros enviamos agentes al campo enemigo, ellos lo hacen al nuestro[118]

La organización que se piensa establecer es a base de individuos que se desconozcan entre sí, conociendo únicamente a aquel de quien dependan. La organización del conjunto se dividirá en tres ramas, en los distintos cuerpos para la vigilancia de los mismos, tratando de descubrir las células comunistas, propagandistas disolventes etc. Otra de intercambio con el enemigo, en la que abundarán los naturales del país y que pienso establecer en los dos flancos del frente, Montejo y Braojos, y otro de contraespionaje, que vigilará la carretera Madrid-Aranda, Boceguillas-Segovia, Riaza, y las líneas telefónicas, así como los lugares donde se reúnen los conductores de automóviles de la Brigada. Se ha preparado también una clave y cada agente se designa con una letra y un número[119].

Por último, el general de la División de Soria remitió, también por conducto reservado, este escueto escrito:

He designado Jefe de la Policía Secreta de esta División, al Capitán de la Guardia Civil D. Ildefonso Martínez Gómez, a cuyas inmediatas órdenes funciona una Brigada compuesta por ocho guardias civiles y un paisano. Cinco dedicados a vigilancia y cuatro a contraespionaje. Las secciones de servicio secreto en el frente han proporcionado valiosas informaciones acerca del enemigo, y la de la retaguardia ha sido empleada en operaciones diversas, especialmente de policía practicando varias detenciones de elementos indeseables que estaban ocultos y vigilando estrechamente las actividades de aquellas personas que por las ideas políticas que profesaron pudieran ser sospechosas[120].

Todos los mandos mencionaban la utilización de estas unidades secretas en las llamadas «misiones derivadas», expresión bajo la que se escondían operaciones de «limpieza y allanamiento del terreno», según sus propios términos. Tácticamente las misiones derivadas comprendían el

control de la población civil que vive en zona de avanzada y la depuración de la retaguardia, ambiente social, no como móviles del Servicio sino como consecuencias traducidas en datos e informes de indudable valor, que no pueden silenciarse, siquiera como cooperación a las autoridades militares, civiles, e incluso a la Jefatura Superior de Policía.

Fig. 10. Red de policía secreta del frente sector Segovia. AGMAV, C., 1488, 17/3.

Eran misiones autónomas, ya que solo en último lugar se preveía la coordinación con la policía, la Guardia Civil o la propia Jefatura de Orden Público. Las ejecuciones, o los procedimientos extrajudiciales, por lo tanto, persistían lejos del frente a través de estas «misiones derivadas»[121].

El caso siguiente expresa claramente la utilización de estas unidades en ciudades controladas por los sublevados desde el comienzo del golpe. Muestra, también, el paulatino desplazamiento de los vecinos en la violencia directa e introduce una última figura fundamental en el proceso de clasificación de la población civil: los «presentados». El 10 de enero de 1937, José López Sal se «presentó» ante la Guardia Civil de Granada. Natural de Madrid, peluquero, 24 años, declaró que el Movimiento le sorprendió en Granada, adonde había llegado

para conocer el ambiente de los elementos de izquierdas a cambio de un puesto de ordenanza en el ayuntamiento. Por miedo a ser detenido se ocultó y ahora se presentaba a la autoridad para servir a la Causa Nacional, manifestando dónde ha estado oculto y todas las incidencias que le han ocurrido en este período[122].

Esas «incidencias» llevaron a la detención de un numeroso grupo de jóvenes, que pasaron a prisión militar. El jefe de Policía de la ciudad trató de interceder por ellos, señalando que eran muy jóvenes (tenían entre 15 y 24 años) y que «por referencias obtenidas de sus vecinos parecían buenas personas siempre alejadas de las luchas políticas». Sin embargo, para Rafael Sánchez, el oficial del Servicio de Información que interrogó a Sal, se trataba de un «claro intento de reconstrucción de célula comunista»:

Carmen Carrascosa, dependienta, perteneció a la CNT.

Virtudes Ruiz, maestra, peligrosísima por sus actividades comunistas.

Félix Novoa, de Falange de 2.ª línea, si bien simpatizó con las izquierdas.

José Ramírez, propagandista de izquierdas.

José Arcas, significado extremista, ideas del padre.

Manuel Heras, facilitó la huida a un sobrino suyo peligrosísimo y acompañó en la huida a varios de los detenidos.

Adoración Gámez, maestra izquierdista.

No figura en su expediente durante cuánto tiempo interrogó a José López Sal, cuyo informe dejó para el final, pero su conclusión fue la siguiente:

no hay antecedentes pero por sus propias manifestaciones parece izquierdista, que siga detenido por la Guardia Civil por si pudiera esta ser informada por dicho individuo de nuevos servicios y luego pasará a prisión toda vez que a dicha fuerza no le sea necesario y hasta que pueda esclarecerse su conducta y antecedentes[123].

El gobernador militar ordenó que siguieran detenidos y fijó el 4 de febrero para que pasaran a disposición de un consejo de guerra sumarísimo, formado únicamente por tres oficiales jurídicos: Manuel Rojas, Antonio Serrano y Enrique Amat Casado, quien años más tarde llegaría a presidir el Tribunal de Orden Público. El 10 de febrero, todos los hombres, incluido el propio López Sal, fueron fusilados en el cementerio municipal de Granada. Adoración Gámez y Virtudes Ruiz aparecieron muertas un día antes en una cuneta, después de quedar en libertad por orden del general jefe del III Cuerpo de Ejército. El general y jefe de la sección de información de la zona había dado la orden de que se aplicara la tristemente famosa Ley de Fugas. El gobernador militar, por su parte, había conducido un proceso sumarísimo de urgencia. Granada, como zona sublevada desde el principio, mantuvo esa diferencia de atribuciones, que en las zonas ocupadas ya estaban unificadas, potenciando extraordinariamente la represión sobre el cálculo de la información.

El Cuartel General de Salamanca siguió insistiendo en la necesidad de obtener y de sistematizar la tan preciada información: tanto en el frente capturando prisioneros o evadidos como en retaguardia realizando labores de investigación y vigilancia. Y, finalmente, a comienzos de 1937, extendió los interrogatorios a la población civil.

Estas noticias pueden ser adquiridas en los sectores en que no se lleven a cabo operaciones activas por medio de puestos de observación, y por las tropas que operan, por el examen de documentos cogidos sobre cadáveres enemigos o en pueblos ocupados y por medio de interrogatorios a habitantes y prisioneros[124].

Desde diciembre de 1936 habían apostado claramente por crear un servicio de información en cada cuerpo de ejército y una red de policía secreta por cada división, conectando dos grandes áreas hasta el momento separadas: la vigilancia y el contraespionaje. En febrero, el Cuartel General dio un paso más allá, y pidió un dato nuevo a las secciones de información, toda vez que los interrogatorios incluían ya a los habitantes de los pueblos que se iban a ocupar: delimitar la profundidad de la zona de acción de sus policías; en otras palabras, que fijaran el límite de la retaguardia en caso de que el frente se moviera. Y era evidente que esto iba a suceder. A finales de marzo se inició la ofensiva de Vizcaya tras el bombardeo masivo de Durango. Los servicios de información estaban preparados para su ocupación, como indicaba la circular reservada del 9 de marzo reproducida al comienzo de este capítulo y que establecía ya la fijación del mando único por cada localidad. Estaban preparados no solo para avanzar sino para ocupar y controlar la zona más industrializada y con mayor densidad de población de toda la Península Ibérica[125].

Capítulo 4. Viento norte

CAPÍTULO 4

Viento norte

Corresponde al SIPM la misión preventiva de las actividades clandestinas del enemigo en todo el territorio del Estado, en cuanto pueda afectar a la defensa nacional, se hace indispensable el establecimiento por provincias de una extensa y completa red de agentes que lleven a cabo los cometidos que a continuación se expresan.

En la primavera de 1937 la guerra llegó al norte, a Vizcaya, Santander y Asturias. La dificultad de un terreno montañoso hacía más fácil la defensa republicana, pero las tropas franquistas salvaron la situación desplegando el moderno armamento, alemán e italiano, que poseían. La entrada en escena de la aviación hizo incuestionable su superioridad militar, aunque el objetivo que perseguían alcanzar era otro: la población civil. La Legión Cóndor, sin apenas respuesta, bombardeó de nuevo Durango y arrasó Guernica el 26 de abril. El 20 de junio, Bilbao, abandonado por el gobierno vasco, que se negó a destruir la infraestructura siderúrgica, era ocupado por las tropas franquistas. A finales de agosto hacían lo propio en Santander, con ayuda de los italianos. Por último, el 20 de octubre de 1937 ocupaban Gijón, la última ciudad republicana del Cantábrico, tras una fuerte resistencia. El viento del norte anticipó muchos aspectos de la guerra y buena parte de la fisionomía de la posguerra. El gobierno republicano perdió la región más rica y la más poblada de su territorio, el 25 por 100 de sus efectivos militares, parte de la aviación y la mitad de sus recursos industriales. Pero la forma de perder ese frente resultó aún más decisiva. El Ejército Popular se desmoronó y, a pesar de promulgar uno de los primeros decretos que condenaban a muerte a los desertores, se entregaron o se fugaron cerca de 230 000 soldados, que fueron capturados y reutilizados por el Ejército Nacional en muy corto espacio de tiempo. La ocupación del norte no solo mostró la superioridad militar y logística de los sublevados, sino la cohesión de su retaguardia, capaz de fomentar la desafección y absorber esta deserción masiva en «el más débil de los frentes leales»[126].

Su movilización, pero sobre todo su sistema de reclutamiento, fueron más efectivos, y estuvieron asegurados y pegados al terreno, entre otras cosas por la vigilancia vecinal, las multas, los castigos, el seguimiento y la censura de la correspondencia. El 8 de julio de 1937, Isabel Pajuelo firmó una carta que había transcrito a máquina directamente en la estafeta militar del valle de la Serena (Badajoz). Dirigida al jefe del Regimiento de Infantería 23, de Santoña (Santander), preguntaba por su hijo:

Como madre del soldado Fernando Godoy Pajuelo, que está a sus órdenes, deseo saber de mi hijo, que hace cuatro meses no se nada de él. Mucho le agradecería a Vd me escribiera enseguida para saber su paradero. Dándole las gracias anticipadas queda de V y de la Causa[127].

El sistema de respuesta era idéntico: se hacían dos copias a máquina, una se quedaba en el archivo de la División y otra salía para la estafeta militar de Badajoz. Desde allí se enviaba al remitente, comprobando si las señas eran correctas. De haber desertado Fernando, o de haber cambiado de zona Isabel, el Ejército y las autoridades locales tardarían muy poco en saberlo[128]. Una circunstancia que sufrió Telmo, que ingresó en la cárcel de Pamplona pocos días después. Allí recibió esta nota que su novia Carmina dobló y cosió en la muda de su ropa.

Mi querido e inolvidable Telmo,

Veo la mala suerte que has tenido, ahora estamos separados por algún tiempo, pero después estaremos juntos siempre, ¿cuándo? Que es lo que tú siempre preguntas, no lo sé, pero creo firmemente que será pronto, claro que hasta que llegue hay que tener un poquito de paciencia y tú la tendrás, no cabe duda, eres muy bueno, y yo pediré mucho al Señor por ti y al crucifijo que me regalaste, que siempre lo llevaré puesto, y tú, como católico que eres haz lo propio, no te olvides de rezar todos los días, verás que Dios es buenísimo y ni a ti ni a mí nos dejará de su mano.

Te quiere mucho, mucho,

Carmina[129].

Vecino de Lopidana, un pequeño pueblo cerca de Vitoria, Telmo González Durana de Landa era jugador del Deportivo Alavés. Tenía 20 años y trabajaba en el comercio. Nacionalista y simpatizante del PNV, el 18 de julio de 1936 huyó a Vizcaya como voluntario al frente. Fue hecho prisionero y devuelto a la zona nacional como «soldado desafecto». Consiguió desertar nuevamente y llegar hasta su pueblo. Allí se escondió hasta que fue detenido por la Guardia Civil[130].

El control de movimientos se completaba con la búsqueda intensiva de antecedentes ideológicos, morales y sociales de los soldados y sus entornos familiares, recabando la información militar con ayuda local. En agosto de 1937, el SIM envió una circular a todos los ayuntamientos y puestos de la Guardia Civil para que recabasen «cuantos antecedentes extremistas conozcan de individuos sospechosos llamados a filas». Era la cuarta que emitía ese año[131]. Los flujos de información fijaron la retaguardia rebelde y consiguieron el efecto contrario en la republicana. La idea de que era mejor pasarse o entregarse antes que ser hecho prisionero, muy marcada ya en el empleo de los interrogatorios a prisioneros, se fue extendiendo a través de las redes vecinales y familiares, realizando una labor que la propaganda militar o política jamás podía haber llevado a cabo. La movilización de la información vecinal para favorecer la cohesión social fue potenciada al máximo en la guerra de ocupación. No en vano se trataba de dos de los resortes principales de conocimiento y promoción de la sociedad tradicional que todavía predominaba en la mayor parte del país antes del golpe[132].

Asegurada la retaguardia, debilitado el frente, bombardeadas e infiltradas las ciudades enemigas, se dio un paso más en la conformación del aparato represivo franquista: la utilización de la documentación. La experiencia en este ámbito la aportaban, sobre todo, los colaboradores civiles, vecinos y voluntarios que llevaban casi un año prestando servicios en sus propias comunidades locales. Conviene retornar por un momento a noviembre de 1936, cuando la entrada en Madrid parecía inminente y grupos de requetés fueron destinados a la capital para recuperar el mayor volumen posible de documentación oficial «con fines judiciales»[133]. Tras el fracaso del golpe, no todos volvieron a sus localidades de origen; muchos se integraron, como se ha visto, en los servicios de información y en la estructura militar de orden público. Al día siguiente del Decreto de Unificación de Milicias, el 19 abril de 1937, el Cuartel del Generalísimo hizo pública la existencia de una oficina «para contrarrestar la propaganda y la influencia comunista en España». Se trataba de la Oficina de Información y Propaganda Antimarxista (OIPA), incrustada literalmente en las secciones de información de las Grandes Unidades de tierra desplegadas en la franja cantábrica. Franco la presentó del siguiente modo a sus generales:

Son frecuentes las ocasiones en que nuestro Ejército por sus continuos y victoriosos avances ha de actuar en plan de ocupación militar de territorios conquistados durante cuyo período entre las múltiples misiones que se presentan es una importante la de procurar salvar toda clase de documentación de centros oficiales (militares y civiles) políticos y sociales, que han de proporcionar una interesantísima información, en primer lugar para el inmediato desarrollo de las operaciones, en otro aspecto para el descubrimiento de responsabilidades por el movimiento disolvente que puso a la Nación al borde de su ruina y siempre como material precioso para facilitar el juicio de la Historia[134].

La correspondencia oficial entre este organismo y el Cuartel General revelaba una experiencia muy positiva en el norte, fruto de la coordinación de todos los sectores implicados en la ocupación. Únicamente recomendaba evitar dos casos anteriores: el de Gijón, donde se habían producido una caída «vertical» y una desbandada caótica del enemigo que habían impedido realizar prisioneros, y el de Santander, donde los servicios secretos italianos se habían adelantado llevándose buena parte de la documentación que buscaban. Para Marcelino Ulibarri, jefe de la OIPA, el modelo a seguir, la ocupación perfecta para la que había estado trabajando con el SIM desde meses atrás, era Bilbao. Plaza emblemática para los carlistas, la entrega pactada, ordenada y medida de la ciudad, conquistada a finales de junio de 1937, permanecería en el imaginario nacional como modelo de entrada triunfal en una población hostil. Una fórmula que hacía posible el objetivo político y propagandístico de arrebatar una ciudad al enemigo, garantizaba la rapidez en la obtención de información de interés militar para seguir avanzando, al tiempo que permitía «obtener documentación para la exigencia de responsabilidades a la población civil». Objetivo que, en lo sucesivo, no dejaría de ampliarse[135].

Información retrospectiva

INFORMACIÓN RETROSPECTIVA

Las principales formas de utilización e implicación de la población en la represión surgieron a lo largo de un proceso, el de la guerra de ocupación, con un importante desarrollo de largo alcance. Sus perfiles ideológicos se ajustaron, posteriormente, sobre la propaganda de guerra, bajo imágenes y representaciones de liberación, reconquista o cruzada, pero su arranque, ya se ha insistido, venía de tiempo atrás. El grado de planificación que se había alcanzado en tan solo unos meses, en especial en el campo de la información, resultó ser uno de sus principales motores internos. Todo lo relativo a la obtención, transmisión y elaboración de datos del norte estaba terminado en las dos primeras semanas de marzo de 1937. Se trataba de un cambio importante, ya que, por vez primera, los servicios de información se anticipaban tácticamente al avance de las tropas. Bilbao fue de nuevo el ensayo. La primera Brigada de Investigación y Vigilancia Nacional «fue creada con voluntarios, mayores de 18 y menores de 29 años, antes de la liberación de Bilbao, para primeros y urgentes servicios de policía y orden público al ocupar nuestras fuerzas la referida plaza». Con anterioridad, el Cuartel General había centralizado el mando en las comandancias, aprobado y difundido las normas de clasificación de prisioneros, además de ordenar los interrogatorios a civiles, oportunamente modificados[136].

La principal novedad de la campaña del norte fue la incorporación de la denominada «información retrospectiva», el 15 de marzo de 1937, que introducía una cuestión central para la justicia militar y la construcción posterior del orden jurídico franquista: enjuiciar la conducta del individuo y la de su entorno. Tal y como recordaba el propio director del SIM, los cuestionarios solo eran un modelo orientativo. El oficial que los dirigía debía adecuar el interrogatorio al nivel cultural y la mentalidad del prisionero, y era evidente que estos iban destinados a las autoridades republicanas y a personas que ostentaban posiciones sociales que no encajaban con los que se usaban con los milicianos y desertores del frente. Nueve eran los puntos a tratar dentro de esta denominada «información retrospectiva», que se estrenaría poco después en Vizcaya, ya no como antecedente sino como pieza propia de la Causa General, cuyos primeros resultados aparecerían en enero de 1939:

Al ser liberada la provincia de Vizcaya, el Auditor de Guerra del Ejército de Ocupación, ordenó la formación de una causa general en averiguación de los hechos delictivos de importancia cometidos en ella bajo la dominación rojo-separatista. Después de varios meses de actuación, el Juez que la instruyó redactó un informe en el que se resumen los resultados que aparecen a continuación[137].

Fig. 11. Información retrospectiva.

1.º ¿Cómo se desarrolló el Movimiento al principio y cuál fue su actuación?

2.º Actuación de las fuerzas del Ejército, Guardia Civil, Guardia de Asalto, etc.

3.º Actuación de los jefes, oficiales, suboficiales y tropa, indicando por sus nombres lo que se hayan distinguido por sus actuaciones en pro o en contra.

4.º Asesinatos, incendios, saqueos y violaciones que ha presentado o conoce indicando los autores. Trato que se da a los prisioneros.

5.º ¿Qué ha hecho desde que se inició el Movimiento hasta que cayó prisionero o se presentó?

6.º Autoridades Rojas: su intervención y la de los partidos u organizaciones sociales.

7.º Contrabando de armas, municiones, aviones y ayuda extranjera en personal y material que reciben los rojos.

8.º Impresión general y personal sobre el porvenir, noticias que tienen del ambiente en el frente y en la retaguardia, radios que oyen.

9.º Observaciones particulares (parecer del jefe u oficial que hace el interrogatorio sobre la veracidad y condiciones del prisionero o presentado).

15 de marzo de 1937. AGMAV, 1748/19, leg. 13.

Pero, si carecían de interés militar, ¿qué se buscaba realmente con extender estos interrogatorios a los civiles de las poblaciones ocupadas? A diferencia de las informaciones con prisioneros, la mayor parte hacían referencia a lo que había ocurrido en sus localidades hasta su «liberación». Tenían una finalidad política esencial, conquistar la legitimidad a través del orden público, la fórmula tradicional de proyección del militarismo en la política y la vida pública españolas[138]. La fórmula de identificación del adversario político con la delincuencia común ni era nueva ni exclusiva del caso español, pero hasta el momento se había mantenido en el campo del lenguaje político y de las propagandas. Los interrogatorios a prisioneros, redactados en octubre de 1936, ya mostraban claramente unas connotaciones negativas hacia el mundo civil y los partidos políticos. La guerra de ocupación, sin embargo, puso en marcha un proceso de equiparación jurídica del enemigo «político» con el «social» que ampliaría enormemente el campo de acción de la represión «legal» con la depuración pública y la privada. Las miles de informaciones que se empezaron a recoger en Bilbao no tenían otro fin que levantar un gigantesco proceso colectivo, ideado sobre la base del imaginario antiliberal y anticomunista del tradicionalismo, que había tenido su punto álgido tras la revolución de Asturias. Sin embargo, como en tantos otros aspectos, las prácticas de la justicia militar llevaban ya la delantera a los discursos[139].

Mucho antes de iniciar la ocupación del norte —recuérdense Loja, Granada o Ávila, por mencionar solo algunos casos destacados en los capítulos anteriores—, los tribunales militares habían encartado a miles de personas en sumarios y delitos colectivos de rebelión, sedición, bandolerismo o asalto a la propiedad privada… a un ritmo pasmoso y sin importar la cercanía o lejanía del frente. Ahora era el turno de una maquinaria más pesada y burocratizada, la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación, estrenada oficialmente en Málaga en febrero de 1937, pero que en el norte mostraría su capacidad y versatilidad para hacer las veces de justicia ordinaria. El modelo de interrogatorio a la población civil, de hecho, se asemejaba a una declaración jurada y se separaba bastante de los cuestionarios anteriores, pensados en el avance a Madrid. Era una ventana administrativa a la delación, a la denuncia, a la colaboración activa, organizada por primera vez en grandes núcleos de población industrial. Con anterioridad ya se habían separado las figuras de evadidos o fugados de las otras dos, prisioneros o presentados, tratando de fomentar la deserción del frente a través de la presión sobre sus familiares en la retaguardia, en las ciudades y pueblos que se ocupaban estratégica y escalonadamente. Los datos que podían obtenerse en una ciudad ocupada, en resumen, tenían, sobre todo, una dimensión política, administrativa y judicial, canalizada a través de la Auditoría de Guerra. La represión directa en las «zonas de vanguardia» la siguieron realizando, fundamentalmente, las unidades de policía y vigilancia a través de las «misiones derivadas», que ya habían iniciado mucho antes la filiación y «calificación» de todos los habitantes de los sectores por los que se iba a avanzar, hasta crear y unificar un fichero más propio de una policía política que militar. Había nacido el Servicio de Información y Policía Militar, el SIPM.

Fig. 12. Coronel Ungría.

Servicio de información y policía militar (SIPM)

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y POLICÍA MILITAR (SIPM)

La necesidad de ejercer una severa a la vez que eficaz, fiscalización sobre el personal tanto español como extranjero que preste sus servicios informativos en favor de nuestra Causa destacado fuera del territorio nacional e incluso en la zona roja; y el no menos ineludible de dar carácter homogéneo y coordinado a la función de contraespionaje, tanto en las primeras líneas como en el interior de la Nación, exigen la confirmación en forma concreta de unidad que sirvió desde su creación al SIM, estableciendo ya de modo definitivo la separación de sus funciones de investigación de las privativas de orientación y explotación de las Segundas Secciones de EM de las Grandes Unidades[140].

Los sistemas de información de la inteligencia militar fueron la pieza fundamental para la utilización de las grandes poblaciones como arma de guerra en el siglo XX. Sus tácticas, extendidas desde la Primera Guerra Mundial por toda Europa, se desarrollaron en una guerra civil como la española, especialmente en el denominado servicio de contraespionaje[141]. El personaje clave en su creación fue el coronel Ungría. Aunque estuvo varios años destinado a Marruecos, José Ungría Jiménez no era un militar africanista. Nacido en Barcelona en 1890, desarrolló una carrera militar fulgurante. Con 25 años ya era capitán de Estado Mayor, aunque pronto se separaría de la carrera convencional que seguían el resto de oficiales. En 1922 ingresó en la Escuela Superior de Guerra de París para realizar un curso de dos años. A su término volvió a Marruecos como enlace del Cuartel General Español con el francés. Tras una década como agregado militar en distintas embajadas (Bélgica, Holanda, Suiza y finalmente Francia), realizó, entre 1932 y 1934, varios viajes a París con el fin de «mantener relación y contacto con el 2.º Bureau del EM francés, para cambiar información que convenga a la acción anticomunista en el Ejército»[142]. Los encuentros continuaron en Madrid y, en una comunicación del 2 de octubre de 1935, Ungría concluía que realmente los franceses estaban usando el pretexto del anticomunismo para acercar posiciones con España ante un hipotético conflicto europeo, una postura que les permitiría obtener algo a cambio. Su recomendación a la Sección de Servicios Especiales del Estado Mayor Central de Madrid era

ir estrechando esta relación y repitiendo las visitas hay que esperar por su parte alguna gestión en el sentido de la información mutua se haga más amplia, extendiéndola a otros asuntos que a ellos pueda interesarles a cambio, por ejemplo, de obtener por su propio servicio de agentes y confidentes en Rusia, la información sobre comunismo relativa a España[143].

Su manejo de los sistemas de información y de comunicación modernos era notorio dentro y fuera del Ejército, tanto como su compromiso político conservador o el fichero de oficiales izquierdistas que había empezado a elaborar nada más llegar al Ministerio de la Guerra con la información de los franceses[144]. En julio de 1935, en pleno estado de excepción en Barcelona, fue nombrado por el gobierno Lerroux consejero delegado de la Compañía Telefónica[145]. Tras el fracaso del golpe de Estado del 18 de julio en Madrid, Ungría y su familia recibirían la protección de la embajada francesa. El agregado militar, el teniente coronel Henri Morel, al que también conocía de su etapa en París, lo escondió con su familia en el Liceo Francés, más tarde les concedería asilo diplomático en la embajada y, por último, en abril de 1937, consiguió subirlos en un barco en Alicante rumbo a Marsella[146]. En mayo, Ungría ya estaba en Burgos, donde fue nombrado por Franco jefe de los Servicios de Información, que reorganizaría por completo. Su llegada supuso la militarización definitiva y la superación de las técnicas de información coloniales. Incorporó los principales cambios tecnológicos en protección y difusión de información. Unificó los sistemas de comunicación por radio que, con apoyo italiano y alemán, funcionaban desde Marsella, Mallorca, Zaragoza y Azalquivir. En poco tiempo, Burgos canalizaba el encriptado y cifrado de los mensajes, así como la escucha radiofónica, que era transmitida al frente y a las Segundas Secciones del Estado Mayor para su utilización en la llamada «zona de vanguardia» por la que sería su principal aportación: la policía militar[147].

En noviembre el SIM ya estaba transformado en el Servicio de Información y Policía Militar, dando un giro total en la orientación de los servicios de información creados en septiembre de 1936. Ungría mantuvo las tres áreas que ya existían pero las descentralizó y separó de las operaciones militares: investigación en territorio enemigo y extranjero, seguridad y orden público en vanguardia y contraespionaje en retaguardia. En cuanto a la primera, limitó la injerencia de alemanes e italianos, a los que dejó de reconocer como agentes propios. Para ello tuvo que hacer efectiva también la supeditación de los civiles, que, a pesar del Decreto de Unificación, mantenían sus servicios de información separados. El SIFNE, por ejemplo, que controlaba la importante frontera vasco-francesa, mantenía correspondencia propia con la Secretaría General del Estado en Salamanca, sin pasar por control militar, de lo que se quejaba la propia Comandancia Militar de Irún. Y por último, y más decisivo desde el punto de vista de la represión, el coronel Ungría reorientó los servicios de información hacia una guerra de ocupación del territorio y de la población a través del empleo coordinado de dos instrumentos que nutrirían la policía militar: las Grandes Unidades (cuyo reglamento de empleo táctico había redactado él mismo en 1925) y las redes provinciales de agentes de información[148].

Las antiguas unidades de policía secreta fueron sustituidas por las jefaturas de policía militar de sector, «el elemento primario de los servicios de Información, contraespionaje y orden público de la zona de vanguardia»; cada uno de estos sectores tendría una comandancia que se coordinaría directamente con el SIPM de Burgos[149]. Estas últimas se seguían asignando desde allí pero respetando lindes geográficas fijas con independencia de los movimientos de tropas (30 km de profundidad). Ya no buscaban solo asegurar el territorio ocupado, sino obtener previamente información política y familiar de la población que se iba a ocupar. Por ello las nuevas comandancias absorbieron las unidades de policía secreta del frente, que se renovaron con tropas del reemplazo de 1929 y voluntarios civiles menores de 45 años, «reclutados a ser posible en la región donde van a actuar». La orden reservada que creaba el SIPM, de la que solo se hicieron 15 copias numeradas, fue aprobada el 30 de noviembre de 1937, concluida la experiencia de ocupación del norte. Aún tendrían que pasar varios meses para que se hiciera efectiva y se aplicaran los cambios en los distintos ejércitos, pero los pasos para la ocupación progresiva de todo el territorio y la población peninsular estaban dados[150].

Frentes pacíficos

FRENTES PACÍFICOS

Mientras tanto, la población asistía ajena a esta operación logística de ocupación y progresiva militarización pero sufría los bombardeos, el hambre y un enorme grado de confrontación y violencia internas. La ocupación del norte también provocó el cambio del paisaje y del vecindario, con continuos traslados de desplazados y la llegada masiva de prisioneros. A pesar de que la mayoría se levantaron en antiguas instalaciones, edificios o caseríos ya poblados, muy pocos sabían qué eran realmente y para qué servían aquellos batallones de trabajadores y campos de prisioneros que venían con un Ejército que, a diferencia de los anteriores, no se marchaba: la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación. Destinados a utilizar y a distribuir grandes contingentes en trabajos forzados y labores de intendencia, estos espacios de castigo fueron claves para absorber la deserción del frente enemigo y fijar el control de la propia retaguardia sublevada. Ya se habían utilizado en las guerras carlistas y en la guerra de Cuba a menor escala, pero, a comienzos del siglo XX, estaban reducidos al Protectorado marroquí y al régimen disciplinario interno del propio Ejército. Desde aquí, como tantas otras cosas, saltaron a la guerra civil. En agosto de 1936 ya había soldados realizando las tareas más peligrosas de los frentes de batalla (trincheras, explosivos, fortificaciones, etc.) y todas aquellas consideradas urgentes para transporte y comunicaciones (carreteras, caminos, puentes, etc.). Su función inicial era, nuevamente, controlar la movilización y el reclutamiento, que se empleaban contra todos aquellos que, por sus actos, manifestaciones orales o escritas, eran calificados como «soldados desafectos»[151].

Fig. 13. Organigrama del Servicio de Información y Policía Militar (SIPM), s. f. AGMAV, 2976/9.

En primer lugar debían ser separados del resto, ya que

no se puede permitir que estén mezclados en las filas combatientes gérmenes de indudable descomposición, e integrarlos en compañías disciplinarias de trabajadores destinadas a trabajos de todas clases en los puntos de mayor riesgo y fatiga, cuidándose de que su personal viva en condiciones de evidente desventaja del resto de las fuerzas[152].

A partir del giro hacia la guerra de ocupación, su funcionalidad cambió, y pasaron a emplear fundamentalmente a prisioneros de guerra y evadidos de zona enemiga. En la primavera de 1937 aparecieron sus primeras normas, fijando su localización principalmente en líneas de fortificaciones y minas; en julio fue creada la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros (ICCP) para regular su cada vez más compleja administración, principalmente la clasificación de todo este contingente y su encuadramiento en distintos batallones de trabajadores. En agosto, su responsable, el teniente José Luis Pinillos, advertía que no admitían «individuo alguno que no esté considerado en concepto de prisionero de guerra»[153].

Uno de ellos era Prisciliano García Gaitero, un joven minero de Mieres, capturado en octubre tras la caída de Gijón y destinado a un batallón de trabajadores cercano a Jaca. Entre el 31 de diciembre de 1937 y el 12 de enero de 1938 escribió seis cartas, a su madre y a su novia, y recibió otras tantas que no se conservan pero de las que sí dio cuenta. Prisciliano sabía perfectamente que sus cartas eran revisadas; el encabezamiento era familiar, como una carta privada, pero todas, salvo una, terminaban con el saludo nacional. A pesar de todo, algunos detalles denotan cierta relajación de la censura, especialmente el hecho de que las cartas fueran enviadas a su novia Vicentina, quien a su vez se las hacía llegar y probablemente leía a la madre de Prisciliano. Las dos primeras fueron escritas la Nochevieja de 1937, en contestación a las dos anteriores que había recibido de los días 19 y 20 de diciembre. Apenas once días había tardado el correo, entre Asturias y el Pirineo, una línea que siguió siendo fortificada mucho tiempo después de la guerra[154].

Prisciliano agradecía las noticias y una importante cantidad de dinero que le habían enviado. Parecía lleno de optimismo, y así relataba a su familia su situación:

31 de diciembre de 1937

Abena, Jaca

[…] No se pueden figurar cuál no sería mi alegría al tener noticias de Vds. después de no saber nada; me dicen en las suyas que me mandaron 100 pesetas, todavía no las he recibido sé que están en Jaca y que una vez se restablezca el servicio de correo en nuestro batallón llegarán a mis manos, desde luego tengo mucha falta de él, para tabaco y otras cosas de suma necesidad. De otra manera nos encontramos muy bien y tenemos unos oficiales muy buenos, estamos haciendo unas fortificaciones en el frente, no tengan miedo porque me encuentro trabajando en el frente pues por aquí son muy tranquilos y no suena ni un tiro al cabo del día; también les digo que el trabajo es llevadero pues no hacemos casi que nada, lo que sí pasamos es mucho frío pues esto es de lo más alto de Aragón; me dice que si tengo falta de ropa, sí que me hace falta pero no quiero que me lo mande porque tarda mucho y estoy esperando a que estemos más cerca de esa y haya una línea directa para que me lo venga a traer Vicenta. Así que Vds ya saben cuando yo les avise le dan dinero que me lo venga a traer. Cuando vaya a ver a Alejandro le dan recuerdos, y Vds reciban un abrazo de este hijo y hermano que verles desea por momentos.

Feliz entrada de año nuevo

Viva España, Arriba España[155].

En el mismo sobre envió la contestación a su novia Vicenta:

Querida Vicentina no te puedes figurar cuánto me alegra tu carta y la de tus padres, y sobre todo el saber te encuentras ya restablecida de tu enfermedad, pues eso es lo que más me preocupaba. Vicentina, estoy esperando a que esté en un sitio que haya mejor línea directa para que vengas a traerme ropa, cuando esto sea me traes el traje que tú me lavaste, las botas (que no tengo calzado) y una muda completa. Por muy lejos que sea no te preocupes que habiendo dinero y ferrocarril se va donde sea. Sería fácil que te lo comunique mejor por telegrama por si acaso estamos un día o dos y nos trasladan para otro sitio. Si así fuera, tú te presentas en la comandancia de plaza y preguntas por donde fuimos trasladados. Vicentina ya me dirás si tuviste más noticias de Paulino, y si te pidió mi dirección tú le das recuerdos y le dices que me encuentro bien. También les das recuerdos a todos los de tu casa y tú recibe el cariño de este que no te olvida.

Prisciliano García

Arriba España, viva España.

La siguiente la escribió una semana más tarde, el 8 de enero; en ella informaba de que fue a Jaca a sacarse una muela:

Fig. 14. Carta de Prisciliano García Gaitero, del batallón de trabajadores cercano a Jaca. CDMH INC 1448/1.

la saqué y quedé muy bien, me había dolido mucho pero hoy ya no me duelen nada y aprovechando el viaje fui a las oficinas del batallón a cobrar el giro y me lo pagaron. Por ahora quedé remediado para cuando me haga falta yo lo pediré, una vez lo sepa me lo manda por giro telegráfico por si nos trasladaran recibirlo en el mismo pueblo que lo pida pues si no después tardamos en recibirlo.

Madre ya me dirá algo de Alejandro y cómo se encuentra. Por aquí se comenta que ya se ha empezado a trabajar por las minas y que van a reclamar a muchos. Si es cierto esto hagan todo lo posible porque me reclamen a mí, pues ya sabe que en mi oficio como minero seré uno de los que más necesiten, así que si ustedes saben algo de esto espero estén con alguien que tenga influencia para que me reclamen[156].

Cuando les pida ropa me mandan un par de mudas y muchos pañuelos y calcetines, esto desde luego, hasta que yo no les pida no me lo manden. Sin más reciban el cariño de este hijo y hermano que verles desea

Prisciliano

Recuerdos para Vicenta

(Arriba España).

Las dos siguientes fueron enviadas cuatro días más tarde, el 12 de enero de 1938. En primer lugar, se dirigió personalmente a su madre, a quien volvía a transmitir la información importante que daba en la carta anterior: se había sacado la muela y, sobre todo, había recibido el dinero del giro. Prisciliano no confiaba, por tanto, en que la información llegara, así que repetía lo esencial sin pararse en mayores detalles.

Madre sabrá que me encuentro muy contento pues la digo recibí el giro que me mandó. También la digo que por mí no se preocupe, pues aquí estamos muy bien y tenemos una oficialidad muy buena, vamos a trabajar al frente pero en el trabajo no nos apuran para nada, más bien, cuando a ellos les parece nos mandan descansar.

Por encima de todo quería demostrar a su madre que se encontraba bien, en un lugar de «frentes pacíficos» en el que no había «tiros», rodeado de compañeros del pueblo y de «buenos oficiales». Sin más, se despidió como hijo y hermano, y luego, como era preceptivo, como prisionero. Ese mismo día escribió a su novia, por vez primera, en un sobre distinto y en un tono mucho más íntimo:

Srta. Vicentina Fernández,

Mieres

Apreciable Vicentina, le dices a la Aragonesa y a Maurín que ya escribí a sus hermanos y les dices que si les era fácil me vinieran a hacer una visita. Vicentina sabrás que yo me encuentro muy bien por lo que digo a mi madre ya observarás que mejor no puedo estar, tengo muchas ganas de saber cómo te encuentras tú, ahora que tengo más ganas de estar a tu lado, hace mes y medio que salí de casa y parece que hace un año que no te veo, ya me dirás si a ti te ocurre lo mismo.

Vicentina a ti te digo como a mi madre que no me contestes hasta que yo te avise porque tenemos mala comunicación, cuando sea mejor ya te avisaré pues tengo muchas ganas de saber cómo te encuentras. Me dice Piedra y Argentino que digas en sus casas hagan lo mismo pues hay cartas que tardan un mes, así que si lo hicieras sería fácil que no la recibiéramos pues creemos que con el trabajo que aquí se ve no lo estemos nosotros. Cuando te mande que me escribas ya me dirás algo de tus hermanos y te digo les des recuerdos, también los doy en tu casa.

Sin más recibe el cariño de este tu Prisciliano que no te olvida

Viva España y Arriba España.

Según la información de la Comandancia de Ingenieros del Ejército del Norte, Prisciliano estaba en el batallón núm. 11 con el Cuerpo de Ejército Marroquí. Trabajando como él, en la fortificación de segunda línea defensiva sobre Zaragoza, había más de 2000 prisioneros[157]. Era muy poco probable, por tanto, que volviera pronto a Asturias a trabajar en las minas. En ese momento las cartas con Mieres se interrumpieron de golpe. No reaparecerían hasta un año más tarde. Iban de nuevo dirigidas a su madre y a su novia, pero venían del otro lado de los Pirineos, del campo francés de Bram (enero de 1939), donde Prisciliano cumpliría otro tipo de castigo[158].

Aunque también era asturiano, Antonio Rodríguez Díaz se encontraba en una situación muy distinta de la de Prisciliano. Metalúrgico de 30 años y natural de Avilés, estaba en un campo de prisioneros de guerra, en Camposancos (Pontevedra), donde se había agrupado y clasificado buena parte del enorme contingente de detenidos tras el derrumbe del frente en octubre. A mediados de mayo, el Tribunal Militar número 1 se trasladó allí mismo para celebrar los consejos de guerra, utilizando para ello un antiguo colegio jesuita contiguo al campo. Si bien la propia información militar reconocía que la mayoría de ellos procedían de alta mar y no habían participado en hechos bélicos ni violentos, a finales de 1938 ya se había distribuido a más de 3000 en las cárceles próximas de Figueirido, Pontevedra, Gijón u Oviedo en espera de sentencia. El 23 de junio de 1938, Antonio escribió a su madre Cándida y a su novia la siguiente carta:

Camposancos

¡Arriba España!

Querida madre y hermanos

Enterado por mi amigo Ramón Martín[159], que está aquí conmigo cumpliendo la misma pena que yo, que seguramente venga su madre a verle, es por lo que escribo estas cuatro letras, pues podrías tener algún interés en estar con ella, y por lo tanto ahí va su dirección: Teresa Hernández, C/Fray Valentín Morán (antes Cabrahumana), núm. 28.

Mari lo de las… [ilegible] comprendo que va a ser difícil cuestión económica, pero debes procurar colocarlas con algún conocido que tenga máquina y te saldrán más baratas. Nada más, recuerdos, besos a los peques y vosotras recibir un fuerte abrazo de este.

Antonio.

La carta iba dirigida a la familia y a la novia, María García, en Avilés. Esta, desesperada por la falta de noticias, terminó escribiendo a la estafeta militar de La Guardia. El 9 de agosto de 1938 recibió una breve nota mecanografiada, que seguía rigurosamente las normas de la censura militar.

Campo de Concentración de Prisioneros de Camposancos

III año triunfal

Sra. María García

Avilés

En contestación a su carta del seis del actual, he de manifestarle que el prisionero Antonio Rodríguez Díaz salió de este campo para la cárcel de Pontevedra, el día 1 de julio último, no habiendo dejado ningún efecto de su propiedad. Por lo que respecta al giro, debe Vd dirigirse a la Administración de Correos o Telégrafos, según proceda, de La Guardia.

Queda a VD su ss[160].

Antonio, en realidad, nunca salió de Camposancos. Había sido juzgado por un consejo de guerra sumarísimo junto con doce prisioneros más que fueron condenados a muerte y ejecutados el 2 de julio de 1938, apenas nueve días después de su última carta[161]. No es posible determinar si conocía la sentencia o se lo ocultó deliberadamente a la familia, como también hizo la administración del campo. Lo cierto es que el correo de campaña funcionaba tan bien como la propia Auditoría de Guerra, ya que de hecho estaba sincronizado con ella. Desde marzo todo el movimiento postal y telegráfico nacional, de retaguardia a vanguardia, estaba dividido en tres zonas, cabeceras de los respectivos Ejércitos: Sur, Norte y Centro, por lo que todas las cartas, envíos, telegramas, giros postales y giros telegráficos de cualquier zona de la Península pasaban a la distribuidora correspondiente, «que se quedará con todo lo destinado a sus colectoras y estafetas de Campaña». La carta de despedida de Antonio difícilmente pudo escapar a las normas de censura militar, que ocultaban a la población, con la misma precisión que la ejercían, la represión lejos del frente[162].

Sincronizar la ocupación

SINCRONIZAR LA OCUPACIÓN

En el propio frente, la organización del correo ya estaba adecuada a las dimensiones y movilidad de las Grandes Unidades. Su ubicación debía permanecer oculta, por lo que, para contactar con sus familiares, se facilitaron unas tarjetas postales a los soldados en las que únicamente figuraba su nombre y el número de estafeta como remitente[163]. Desde febrero de 1938, tras la victoria de Teruel, se preparaba una gran ofensiva que acelerara el desgaste definitivo del Ejército Popular. El 6 de abril, las tropas franquistas llegaban al Mediterráneo en Vinaroz, dividiendo en dos el territorio republicano. Un día después, desde Zaragoza, el Estado Mayor del Ejército del Norte mandó ejecutar la orden de reestructuración de los servicios de información por la que se había creado el SIPM. Para ello ordenaba que «se fijará la línea límite de la zona de vanguardia a partir del día 15 del actual. A retaguardia de dicha línea, todo el territorio pasará a depender automáticamente de las Delegaciones de Orden Público de las provincias correspondientes»[164]. El SIPM, que ya había logrado su autonomía orgánica y se había situado jerárquicamente a la cabeza de los aparatos de información militar, se colocaba ahora a la vanguardia de estos. La instrucción establecía que «la policía militar deberá prolongarse hacia el interior de las zonas no liberadas, haciéndose cargo de las zonas de vanguardia correspondientes al compás de las tropas combatientes»; sin embargo, los servicios de información ya habían alertado de que no estaban preparados para ello. Poco antes, el 17 de febrero de 1938, el SIFNE había comunicado que no conseguían contactar con sus agentes en zona roja, ni en Cataluña ni en Levante. La situación más problemática se daba en Barcelona, donde

llegan noticias ratificando el desorden existente, cada grupo (Requeté, Falange, Lliga, Renovación…) tiene sus jefes y la lucha entre ellos es terrible, está ocasionando la destrucción casi total de los núcleos informativos que se habían establecido, su labor de unificación habrá de ser muy laboriosa[165].

El informe llegó al SIPM de Burgos una semana más tarde, el 25 de febrero, por conducto del jefe de la Segunda Sección del Estado Mayor, el coronel Luis Gonzalo. A través de la coordinación de estos tres elementos, SIFNE, SIPM y Segunda Sección, se empezó a trabajar para que se cumplieran las órdenes generales de ocupación del Cuartel General sobre Cataluña. En poco más de un mes, Ungría redactó y consiguió que se aprobara un documento, el Reglamento Operativo del SIPM, para lograr unificar y situar definitivamente bajo control militar a todos los grupos clandestinos que operaban a su favor: la Quinta Columna no solo de Cataluña, sino también de Valencia, Murcia, Madrid, La Mancha, la mayor parte de Andalucía oriental y áreas de Extremadura. En definitiva, de la totalidad del territorio republicano englobado ya en sus respectivos sectores de vanguardia y redes provinciales que dirigirían la ocupación final[166].

Aprobado el 18 de mayo de 1938, el reglamento del SIPM era un extenso documento, nuevamente, de carácter reservado. Disponía toda la logística necesaria para desarrollar las áreas previstas a finales de noviembre de 1937. Recogía la experiencia acumulada desde la ocupación del norte pero potenciando un aspecto nuevo: la Policía Militar de Zona, una red conjunta de información, vigilancia y control de la población de las «zonas de vanguardia de los ejércitos», organizada a través de enlaces y sectores de 30 kilómetros. Cada sector estaba dirigido por un comandante del Ejército o un capitán de la Guardia Civil, a cargo de varios grupos de agentes especiales, en su mayoría civiles. Según el propio Ungría, debía tratarse de «una red tupida de personas seguras escogidas entre los naturales del país, en las que recaerá el servicio de vigilancia, seguridad y de orden público»[167].

Su primer objetivo no era obtener información de interés militar (ya lo hacían las Segundas Secciones de cada Ejército), sino elaborar y facilitar datos de la población que iban a ocupar. Por ello, el primer cometido de las comandancias de cada sector era hacer un detallado estudio de todo el personal de la localidad, «incluso del reconocidamente afecto», confeccionando tres relaciones o listas de población civil:

Fig. 15. Listas de población civil por localidades.

1.ª Afectos, que por condiciones y discreción puedan ser utilizados de manera absoluta.

2.ª Afectos, pero de poca discreción o escasa moralidad, aficionados a la bebida, no merecedores de absoluta confianza, pero que puedan ser utilizados en servicios como transportes, trabajos de allanamiento de terreno o de índole similar.

3.ª Dudosos, que por su poca afección a la Causa Nacional, deban ser alejados del sector[168]

Una vez clasificado el vecindario, con ayuda del primer grupo se debería confeccionar una «ficha de urgencia» por cada vecino (véase fig. 16).

Simplemente bastaba con que colocaran, al lado del nombre, la edad, el apodo y las circunstancias personales del fichado, la letra o letras del cuadro, confeccionando un fichero completo del vecindario de las zonas de vanguardia ocupadas o que estaban próximas a serlo. En estas últimas, y para asegurar el conjunto de la denominada «área de estabilización», los comandantes del SIPM tenían atribuciones especiales como jefes de Orden Público, sobre todo el control de las comunicaciones y la imposición de multas y de castigos como el destierro y la prisión:

— Organización de la censura postal y telegráfica en los pueblos de su demarcación.

— Aplicación de sanciones no superiores a 500 pesetas (5 pesetas por carecer de salvoconducto, 20 a los vehículos por circular sin las luces señaladas y 250 por venta abusiva de artículos)[169].

— Propuesta a su sección de ejército del confinamiento fuera de la zona de vanguardia de las personas cuya presencia en ella pueda ser peligrosa.

Fig. 16. Ficha de urgencia.

A. Antiguo Izquierdista.

B. Antiguo izquierdista que después del Movimiento

se ha afiliado a la Milicia Nacional.

C. Moralidad dudosa, susceptible de venderse

por dinero.

D. Tiene familia al servicio activo de los

rojos.

E. Va y viene a los frentes sin motivo justificado.

H. Ronda los centros militares y se esfuerza

por hacerse amigo de Jefes y Oficiales.

I. Es derrotista.

J. Perteneció al Frente Popular.

K. Simpatizante con el mismo.

M. Desempeñó cargos públicos.

O. Pregunta mucho sobre operaciones, número

de bajas, objetivos.

P. Desanima con sus propósitos.

R. Conocedor hechos realizados en zona enemiga

o da noticias de evadidos.

S. Vive en la localidad sin ser natural del

país y sin causa que lo justifique.

T. Tiene abundantes medios económicos cuyo

origen se desconoce.

W. Es evadido de la zona roja.

X. Ha estado detenido.

Z. Es peligroso.

Fichas de población, 18 de mayo de 1938. AGMAV, 1666, 78 y ss.

En la reestructuración del SIPM ya se había previsto la absorción de las unidades de policía secreta del frente, que, como se señaló en el apartado anterior, ejecutaban la represión directa o extralegal bajo las denominadas «misiones derivadas». Se ampliaban ahora a todas «las zonas de estabilización», pero se combinaron con estos otros métodos de control de la información, detenciones, sanciones e «incentivos represivos» sobre la población civil. Aunque el tamaño de los grupos era muy similar al de las anteriores unidades del frente, su dinámica era totalmente distinta. Un ejemplo de este funcionamiento puede verse en el Grupo España-Castillo, llamado así porque su jefe era Alejandro Fernández del Castillo. Estaba formado por nueve personas que actuaron, entre septiembre de 1938 y marzo de 1939, «en zona roja». Como agentes de sección destacada del Ejército del Centro, informaron y realizaron las fichas de los vecinos de los pueblos del Sector C-4 de la sierra de Madrid. Semanalmente se las entregaban al comandante Justo Jiménez Ortoneda, jefe del SIPM del mismo sector pero en Cebreros, ya en la zona nacional[170].

Tras recoger los informes de tres de ellos, c-1, c-2, c-3, en vanguardia, el 5 de diciembre de 1938 el comandante Ortoneda envió a Burgos dos recomendaciones a tener en cuenta sobre la población de la zona vigilada.

Estímulos: «se considera muy conveniente el estar autorizado para ofrecer a los que cooperan con avisos y delaciones a la acción de la policía militar, la rebaja de condenas que sufren sus familias, sintiéndose también la necesidad de apelar por el contrario a imponer castigo por la resistencia pasiva».

Confinamientos: «Sin crear una situación de escándalo, llegar a la certeza de que no se queda ninguna persona peligrosa por su acción, simplemente por sus compromisos, parentesco o relaciones puedan proporcionar informe al enemigo»[171].

Dos medidas de distinto calado pero igualmente contundentes, basadas en la seguridad que daba poseer la totalidad de los datos de los habitantes del sector. En caso de que la comandancia se desplazara, este fichero pasaba al delegado de Orden Público de la provincia, que debía utilizarlo en dos niveles: uno más político y dirigido desde las jefaturas de interior, y otro a cargo de la justicia militar, que se desplegaría junto a la Auditoría de Guerra. Hasta que el cambio se produjera y se estabilizara esta nueva zona, que pasaba a incorporarse a la retaguardia, el poder absoluto lo ejercieron las redes provinciales de Policía Militar, que establecieron unos procedimientos claros de distinción dentro de las poblaciones a las que ellos mismos pertenecían o que conocían. La mayoría de los que se han descrito o mencionado anteriormente, detenciones, control de los movimientos de soldados y sus familiares, vigilancia de fronteras, áreas militares, multas y, en definitiva, intervención y control de la información, partían de la propia retaguardia franquista. El SIPM centralizó todas ellas, y pasaron a tener un carácter fijo, estable y localizado en las sedes del Gobierno Militar de cada provincia. Su objetivo principal era detectar el espionaje enemigo y la desviación ideológica dentro del propio ejército (antiextremismo) y, sobre todo, evitar sabotajes y daños en industrias de guerra, comunicaciones, etc.; este sería el terreno predilecto del contraespionaje y la lucha contra las guerrillas, la denominada contrainsurgencia[172]. A diferencia de las de vanguardia, las redes provinciales debían organizarse con personal «totalmente civil», distribuidas a lo largo de la provincia a modo de enlaces. En las capitales y pueblos importantes tendrían agentes en todos aquellos lugares donde pudiera haber espías enemigos: «en todas las oficinas del Estado, centros de comunicación y transmisión, industrias, hoteles, parques de automóviles, cafés, bares, cabarets…»[173].

Sus funciones «preventivas», al igual que ocurriera con las unidades de policía secreta de los frentes, estaban mucho mejor definidas sobre el espacio que sobre las personas. El reglamento llamaba vigilancias especiales a órdenes tan amplias y ambiguas como las siguientes:

vigilar constantemente a los españoles y extranjeros sin distinción de nacionalidades que por sus antecedentes, situación y proceder se hagan sospechosos de comunicación con el enemigo, teniendo presente que todo aquel que pregunte mucho sobre operaciones, cuarteles, número de bajas, objetivos que vamos a ocupar etc. debe ser observado cuidadosamente, así como quienes causan desánimo con sus conversaciones o difunden malas noticias[174].

Fig. 17. Modelo de distribución de agentes (capital de provincia o pueblo importante). AGMAV, C., 1666, 78/82.

Fig. 18. Modelo de funcionamiento de una red provincial. AGMAV, C., 1666, 78/84.

Los colectivos sospechosos los componían fundamentalmente tres grupos: las mujeres de la localidad, «sobre todo cuando estas sean agraciadas y tengan familiares desafectos, detenidos, ejecutados o huidos a la zona roja», los evadidos y, por último, los que tuvieran movilidad, «todas aquellas personas, por muy afectas que parezcan, que viajen constantemente sin motivo justificado». Aunque el reglamento prevenía que se evitaran en la medida de lo posible las venganzas personales o las rivalidades entre pueblos, cualquier persona que se encontrara dentro de estos grupos podía ser detenida o desterrada sin previo aviso. La orden era clara, y «aunque no se confirmen las sospechas, si existe la convicción moral de peligrosidad del vigilado, deberá proponerse su confinamiento, o al menos su alejamiento». En el otro extremo, es decir, entre aquellos que vigilaban a la gente, estaba en primer lugar el jefe de la red provincial. Podía ser un militar o un oficial del Cuerpo Jurídico Militar, «a ser posible natural de la comarca en la que por su posición social, cargo, negocios etc. ejerza positiva influencia». Además de proponer estas detenciones y destierros, el jefe nombraba a los agentes de todo el sector, que podían ser de dos clases:

—Agentes de policía: con facultades para efectuar registros, detenciones y requisas.

—Agentes de información: que a su vez se dividían en agentes de primera o segunda. «Los primeros siempre voluntarios y reconocidos por su adhesión a la causa». Los segundos, además de cumplir con los requisitos generales de los colaboradores (estar calificados como afectos y ser naturales de la zona), se escogían entre aquellos «en cierto modo subordinados a los primeros o dependan de ellos económicamente». Agentes también podían ser todos aquellos que tuvieran «el temor de sufrir daños en sus personas o sus intereses si el enemigo alcanzase a ocupar el país». Y por último, pero «con exquisito cuidado», podían ser utilizadas personas «no afectas que, por temor o deseo de congraciarse, se decidan a hacer confidencias, siendo este género de individuos uno de los más valiosos elementos de información»[175].

Su misión principal, y en la que primeramente debían ocuparse todos ellos, era fichar a todas las personas «peligrosas» y «no afectas» del sector. Para ello empleaban otra ficha, llamada ya «definitiva» por estar «encasillada en todo el territorio nacional» y que custodiaría la Jefatura del SIPM provincial hasta que fuera depositada en cada Gobierno Militar[176].

Fig. 19. Ficha definitiva.

ANVERSO

Filiación personal

Filiación política

Antes del Movimiento: Ideas…………… Afiliado a…………

Con el cargo de………… ¿Intervino…… activamente en propaganda u otros actos?……… ¿Después del Movimiento?……… ¿Qué actitud ha adoptado ante este?………

Está afiliado a algún Partido……

Filiación profesional…………………

Trabajó en casa…………………… conducta profesional…………

Categoría o calificación……………… Aptitud para el trabajo

Filiación económica………………………

Productos del trabajo o profesión…………

……… fincabilidad

Otros ingresos……………………

¿Con qué atiende a su subsistencia y a la de sus familiares?

¿A cuántos sostiene y qué parentesco les une…?

REVERSO

¿Ha estado detenido?……… ¿Por qué causas?

¿Tiene familia en la zona roja?……… Detalles de ella

Otros informes…………………………[177]

Ficha definitiva de población, 18 de mayo de 1938. AGMAV, 1666, 78.

Tanto estas dos fichas como los anteriores modelos de interrogatorios, incluidos los denominados de información retrospectiva, destacan a simple vista por la total ausencia de cuestiones militares. Tanto la de urgencia, de las zonas de vanguardia ocupadas o próximas a serlo, como las de la retaguardia, mucho más alejadas de cualquier zona de guerra, eran fichas policiales que buscaban fijar dos parámetros de información por cada individuo: la política y la social. Nada más ocupar una localidad, las comandancias de sector debían garantizar el orden público, custodiar los edificios oficiales y conservar todos los documentos hasta la llegada de los Servicios de Recuperación de Documentos y de material. Una vez que se movían, el fichero de urgencia se lo entregaban a la Delegación Provincial de Orden Público, de donde pasaba a la policía política (en ese momento a la Jefatura de Interior). El fichero definitivo quedaba en el Gobierno Militar, custodiado por sus jefes, la mayoría oficiales del Cuerpo Jurídico Militar, a la espera de que la Auditoría de Guerra iniciase sus actuaciones o de cualquier otro servicio militar que reclamase un nombre. Un procedimiento administrativo aparentemente sencillo que marcaría el destino de una parte significativa de la sociedad española.

En menos de un año, y antes de que empezara la batalla del Ebro en verano de 1938, que abriría las puertas de Cataluña y del propio final de la guerra, la maquinaria de ocupación se había perfeccionado en todas las direcciones (militar, judicial y política), activadas a comienzos de diciembre de 1936. Y con ella los métodos de identificación, clasificación, «calificación» e implicación de la población en la represión, dirigida ya por completo por organismos con carácter oficial y de ámbito estatal. En mayo de 1938, la OIPA ya estaba integrada en Gobernación bajo el nombre de Servicio de Recuperación de Documentos, y el SIM, como se ha visto, sufrió una importante reorganización, pasando a denominarse Servicio de Información y Policía Militar (SIPM). Separando definitivamente lo militar y lo policial, la información y la investigación, el SIPM absorbió todo el aparato de colaboración anterior, que dirigiría hacia una ocupación lenta y efectiva, basada en el contraespionaje y la guerra de desgaste. En menos de un año logró conectar toda la red triangular de frente, retaguardia y ocupación, con un cada vez más extenso y vigilado territorio nacional. Una red que solo existía en los mapas militares pero que estaba, en su mayoría, compuesta por civiles que elaboraron fichas de todos y cada uno de sus vecinos. Eran agentes reclutados tanto por su trabajo o presencia en los lugares públicos como por sus conexiones e influencias personales o familiares. En buena medida reproducían las redes de patronazgo que constituían la base de los apoyos sociales de los sublevados. Estas eran efectivas en las zonas rurales, pero no tanto en las grandes ciudades, para las que se diseñaron y pusieron en práctica métodos policiales más intensivos.

Capítulo 5. Libro de cargos

CAPÍTULO 5

Libro de Cargos

Hambre y ficheros

HAMBRE Y FICHEROS

Barcelona, 4 de enero de 1939

Apreciable amigo:

Hoy recibo tu carta de 24 de noviembre, me extraña mucho que venga con tanto retraso, por más que ahora nada pueda extrañarme debido a la forma que van las cosas. De Maximino por ahora sigue lo mismo, han tenido que operarlo de la mano, costándole los cuatro dedos, ahora, lo mejor. De mí, ¿si estoy bien?, qué podré decirte, sí, bien de salud, pero sufriendo las consecuencias de la guerra maldita, dos primos hermanos muertos y una amiga muy íntima en los crueles bombardeos de estos días. Pero en fin hay que sufrir con paciencia esperando el día de paz para España querida. Yo me alegro mucho que estés bien y no quiero cansarte más por hoy. Recuerdos de la chica de Pascual. Recibe el más cordial saludo de tu A. F. M. amiga.

Emilia Porta[178].

No fue difícil para el SIPM difundir todo tipo de informaciones favorables al final de la guerra entre una población hambrienta y exhausta tras treinta meses de guerra. El territorio republicano sufrió, en su conjunto y desde un principio, una escasez generalizada de víveres y de otros productos básicos que dificultó el mantenimiento del orden público, fomentó la deserción en el frente y erosionó profundamente la retaguardia. El racionamiento establecido en la mayor parte de las ciudades, algunas como Madrid bombardeadas intensivamente desde noviembre de 1936, no fue suficiente para mantener a una población que tuvo que recurrir a todo tipo de estrategias para sobrevivir. El hambre, la desnutrición infantil, las enfermedades infecciosas y la mortalidad se extendieron por una población civil indefensa ante un circuito de abastecimiento controlado por multitud de intermediarios del Ejército, las distintas administraciones, los partidos y los sindicatos, incapaces de frenar un mercado negro que crecía al ritmo al que lo hacía la desafección hacia la causa republicana[179].

Una situación que habían fomentado y que aprovecharon las redes provinciales del SIPM, que pasaron de ofrecer comida y medicinas puntualmente en entornos seguros (el llamado Socorro Blanco) a garantizar los primeros servicios públicos de las grandes ciudades ocupadas. En Barcelona, ya desde marzo de 1938, el grupo «Luis Ocharán» informaba diariamente a Zaragoza sobre el abastecimiento de toda Cataluña, mientras otro llamado «Todos» interceptaba y desviaba cuanto podía hacía Mataró, al tiempo que señalaba los objetivos para los bombardeos[180]. En Madrid, desde agosto de 1936, funcionaba el «Grupo Moll», llamado así por los hermanos Sebastián y Bernardo Moll, dos capitanes de intendencia encargados de los pagos del vestuario de la Caja de Reclutas de Milicias que se limitaban a desviar fondos hacia familias de militares sublevados. A partir de abril de 1937 ya estaban asimilados al SIPM a través del «Grupo Antonio». Su jefe de sector, el teniente coronel Bonell, organizaba los sabotajes y el desvío de alimentos desde la línea del Tajo hasta la de Ávila, que a su vez estaba a cargo del comandante Jiménez Ortoneda, cuya política sobre las poblaciones de la sierra madrileña, detallada anteriormente, también contemplaba las requisas de alimentos[181].

Fig. 20. Mapa de Barcelona: selección de objetivos para los bombardeos por el Grupo Todos. AGMAV, C., 2871, 7/76.

Los efectos inmediatos del hambre, la diarrea, la pelagra y otros problemas nerviosos o de la piel se convirtieron en estado permanente de fatiga, pérdida de sueño, desmotivación y enfermedades mentales graves, que dispararon las deserciones. En el frente de Madrid, solo durante los diez primeros días de agosto de 1937, desertaron «27 milicianos con 15 fusiles» (mantener el fusil, como recordaban los interrogatorios militares, era señal inequívoca de que se habían pasado de bando). Su lentitud para reagruparse tras la batalla de Brunete no fue tanto logística o de material como humana, ya que sufrían una colitis generalizada «debido a los alimentos que toman»[182]. La movilización era cada vez más difícil. En abril del 38, un albañil que trabajaba de capataz en Tarancón fue condenado a dos años de trabajos forzados por decir que no tenía intención de presentarse al reemplazo y «que si le obligaban se pasaría, pues estaba cantao quiénes ganarían»[183]. A pesar de estas y otras medidas, en verano la descomposición del Ejército Popular era ya reconocida públicamente por los propios mandos republicanos. Según el SIPM del norte de Huesca:

su moral sigue siendo muy baja. Las charlas de los comisarios y oficiales se limitan a recomendar «paciencia ya que nuestra retaguardia se hunde en lucha de partidos y contra la tiranía de los invasores» (en referencia a los asesores soviéticos del gobierno Negrín). Las deserciones que obligaron a doblar los centinelas, aconsejó después cuadriplicarlas, dándose el caso de desertar juntos los cuatro centinelas del mismo puesto[184].

En las grandes ciudades la situación empeoraba por la combinación del hambre y los bombardeos. En noviembre de 1938, los servicios médicos de Madrid alertaron de que estaban llegando al nivel más bajo en la ingesta de calorías por habitante: entre 500 y 700 diarias[185]. El Cuartel General de Franco conocía el dato y ordenó a la aviación que lanzara pan blanco sobre las calles del centro de Madrid; iba acompañado de unos panfletos en los que se animaba a la rendición, anunciando que «nada tendrían que temer los que no tuvieran las manos manchadas de sangre». El Gobierno Civil, por su parte, contestó por radio diciendo que esos panes estaban hechos con harina italiana y alemana «manchada de sangre», y ordenó quemar en grandes hogueras los folletos y los panes que aún quedaban. La mayoría ya habían sido devorados por multitudes en las calles y plazas públicas[186]. En diciembre se produjeron repetidas manifestaciones de mujeres que pedían «pan o la paz». El propio ministro de Gobernación pidió información sobre estos sucesos al gobernador civil de Madrid, quien respondió que habían sido protestas aisladas que ya habían sido sofocadas, pero el ministro volvió a contestar que «no parecían en ningún modo aisladas y que el problema era grave»[187].

Barcelona esperaba encarecidamente este pan. Bombardeada por la aviación italiana con extrema dureza, especialmente a finales de enero, estaba sumida en una creciente atmósfera de terror, hastío y desesperanza. El abastecimiento de la ciudad se vio agravado con la batalla del Ebro, que había arrasado las cosechas y toda capacidad de resistencia civil[188].

Una vez las potencias europeas firmaron los Acuerdos de Múnich, disipada la esperanza de Negrín de que estallara la guerra en Europa, el presidente del gobierno pidió a Vicente Rojo un informe sobre las posibilidades que existían de sostener el esfuerzo militar. El informe remitido por el general Rojo afirmaba que era posible continuar la guerra si se sostenían «los abastecimientos de boca y guerra, se mantenía alta la moral y se mejoraba la organización y el control de la campaña bélica». Algo que era difícilmente realizable pero que el gobierno sin embargo intentó, lanzando un plan global de intervención que centralizara la gestión del abastecimiento en noviembre de 1938[189]. Pero ya era muy tarde. El 23 de diciembre de 1938, las Grandes Unidades franquistas iniciaron un avance imparable desde el Ebro hasta la frontera francesa. El 15 de enero ocuparon Tarragona, obligando a los republicanos a retroceder casi hasta la línea de Barcelona, abandonada por el gobierno una semana más tarde. El día 26 ocupaban una ciudad completamente desabastecida, sin agua, transporte ni luz eléctrica. La carta anterior de Emilia Porta estaba escrita el 4 de enero, sin temor a represalias y segura de que pronto todo cambiaría. Apenas dos días antes, el 2 de enero de 1939, el jefe del servicio de censura de Cataluña expresaba su desconsuelo ante las

innumerables cartas intervenidas, tanto del frente como de la retaguardia, donde se afirma con toda certidumbre el próximo final de la guerra. El buen deseo de unos y los manejos de la quinta columna en otros casos, han dado una enorme expansión a esta noticia, que reviste en la actualidad los caracteres de bulo peligroso[190].

Una vez más, tras esta expresión de «bulo peligroso», que la justicia republicana perseguía como delito de derrotismo, se escondía un silencioso clamor de cartas intervenidas que se quejaban de la falta de todo tipo de bienes de primera necesidad, de agua corriente, electricidad, carbón o cualquier tipo de combustible, que, unida a los problemas de realojo e infravivienda, provocaron el colapso y hundimiento definitivo de la retaguardia republicana. Los servicios de información franquistas llevaban más de dos años trabajando para ello, pero, mucho antes de que lograran aislarla y desabastecerla por completo a comienzos de 1939, habían topografiado, cartografiado y fotografiado todas las áreas que aún faltaba ocupar. Solo quedaba «calificar», siguiendo su propia terminología, a todos sus habitantes, aunque para ello era preciso desplegar la maquinaria de ocupación al completo y coordinar sus distintos aparatos de información: el militar de las Segundas Secciones en cada división y cuerpo de ejército (sobre lo que quedaba del frente enemigo), el Servicio de Información y Policía Militar (en la llamada zona de vanguardia y en la retaguardia a través de toda su red provincial), el orden público (policía, delegaciones de orden público, columnas de orden y policía de ocupación) y, la más importante, ya que recibía toda la información de las anteriores: la Auditoría de Guerra, que en diciembre de 1938 había completado su «fichero de criminalidad». Apenas mes y medio antes, en octubre, habían censado y fichado ya a 110 000 prisioneros de guerra repartidos en campos de concentración y batallones de trabajadores. Junto a esta información, el Cuerpo Jurídico Militar, formado por miembros honorarios del SIPM, elaboró un Libro de Cargos, un manual de instrucciones para homologar las categorías de delitos en todo el territorio, así como de actualización de las pautas para seguir procesando en causas colectivas a las poblaciones ocupadas[191].

La extraña derrota

LA EXTRAÑA DERROTA

El correo llegó antes que las tropas de Franco a Barcelona. Antonia Villalta arrancó dos hojas de una libreta escolar y escribió a su hermano Ricardo, que estaba en un campo de prisioneros en Galicia.

Barcelona,

23 de enero de 1939

¡Arriba España!

Apreciado hermano, te deseamos mucha salud como es la nuestra Dios Gracias

Hemos recibido tu postal del día 9 en la que vemos que estás bien y creo que también lo estarás ahora. Juan se encuentra en León, hace muchos días que le mandaron los papeles y veo que de momento no viene. Del que no se sabe nada es de nuestro primo Salvador, en casa de los tíos están muy inquietos por tanto silencio; cada día van llegando muchos prisioneros y a lo mejor cualquier día se presenta. El marido de Enriqueta está en Sevilla, también se le han mandado los papeles, a ver si vendrá o se lo llevarán a otra parte. El canario está muy bien, ha podido resistir, pero si dura un poco más entonces ni él ni nosotros resistimos, suerte de las tropas de Franco que nos han venido a liberar. El huerto está bastante perdido, ahora como ya hace buen tiempo, papá lo cuidará un poco y al mismo tiempo como él se encontrará con más fuerzas, se cuidará más, esperando a que vengas. Mamá me dice que te diga que el pollo te está esperando y que si tardas mucho se hará viejo, y es mucha lástima porque es muy hermoso. Los pequeños todos están muy bien, cuando los veas los encontrarás muy crecidos, principalmente M.ª del Carmen, muy gordita con una fuerza que tiene enorme, Ricardito es el diablillo de la casa pero al mismo tiempo muy bueno. Esperando a tener noticias tuyas que nos da mucha alegría el recibirlas pero también nos hacemos cargo de que tienes pocos dineros, que no sé de dónde los habrás sacado.

Recibe muchos recuerdos de todos

tu hermana, Antonia Villalta[192].

Escrita para ser abierta y leída por varias personas, la carta anterior describía los efectos cotidianos de la guerra larga: el interés por el paradero de familiares, amigos, vecinos; resumía, en dos cuartillas, la descomposición y el éxodo interno del final de la guerra. Un mundo de presentados, retornados y huidos, de hombres sobre cuyo destino no sabían nada pero que, como la mayoría de ellos intuía, necesitaban algo más que papeles para volver a casa. La ocupación de Cataluña puso en marcha todos los mecanismos de filiación e identificación que los sublevados habían desarrollado desde el fracaso del golpe. Todos tenían una ficha individual de cargos, pero si se evadían, si se entregaban y colaboraban activamente, serían bien tratados y podrían volver a su vida sin dificultad. El mensaje caló en la población civil. Una estrategia iniciada años atrás para fomentar la deserción que culminaría con la masiva infiltración en la retaguardia enemiga, y en la que el tránsito y control de los flujos de información se mostrarían en su máxima expresión. De hecho, lo primero que hizo Ricardo Villalta al cruzar la frontera francesa de nuevo fue mandar una de aquellas tarjetas postales del Ejército Nacional en las que apenas tenía espacio para saludar y confirmar que estaba bien. Dos meses tuvo que esperar para poder mandar una carta, pero no una carta cualquiera. La ocasión se presentó justo antes de terminar la guerra, el 21 de marzo de 1939, cuando por vez primera pudo burlar la censura. A toda prisa improvisó unas líneas para transmitir lo esencial a su mujer, prescindiendo de las fórmulas retóricas de la victoria y de las referencias religiosas obligatorias del momento.

Betanzos, 21 de marzo de 1939

Querida Tina y demás

En mi poder la tuya del 16, en que veo que todos vais continuando bien, también he recibido el dinero así que conforme, pero el aval aún no ha llegado, pues lo aguardo de un día a otro que será pronto; he mandado esta carta por mediación de un muchacho que viene de Barcelona directamente y así poder recibir más noticias que no lo puedo escribir nada más que las postales, por eso no te extrañe que no te haga cartas.

Como puedes ver estoy muy bien de salud que es lo principal de todo, apetito no me falta, dinero tampoco, no me mandes nada hasta que te lo comunique pero de cartas sí por lo mucho que espero de ti y de todos vosotros. Espero recibir el aval tan pronto para ver el contenido que supongo habrá dicho la verdad al hacerlo, en el caso de que fui voluntario para enchufarme en el Ejército Rojo, tal como yo declaré que con la verdad se va a todas partes. El día de San José fue el día que salió una expedición de 100 individuos, los que estamos comprendidos en quintas tenemos que incorporarnos a la caja de reclutas de La Coruña y que desde allí nos destinarán; muy mal me sabrá no poder veros o abrazar a todos y poder estar tan solo unos pocos días, y volver a incorporarme a mi destino, pero si Dios quiere pronto nos reuniremos para siempre. Son muchas las cosas que tengo que contarte pero el muchacho se tiene que marchar para mandártela que espero la recibas pronto. Los pequeños supongo que cada día más hermosos y más grandes, haciendo más diabluras y esperando el día que llegue para volver a nuestra felicidad, que no era poca. Cuéntame algo del Despacho, si has ido, y qué pasa con él y quién está. Veo que gracias a Dios volveré a tener la tienda abierta y que será por bien de todos y por todos que así será. Saluda a la Sra Ramona, le darás muchas gracias por todo lo que está haciendo por nosotros, como también los darás a mis padres. Sin más por hoy recibirás muchos besos y recuerdos para todos que les darás a los pequeños tantos como quieran, tú los recibes de tu esposo que no te olvida.

Ricardo Villalta[193].

Siguiendo la retirada del Ejército Republicano llegaron a Francia 440 000 refugiados españoles. Tan solo entre el 1 y el 19 de febrero de 1939 cruzaron la frontera de Irún cerca de 68 000 combatientes que, al igual que Villalta, deseaban volver a «la España de Franco». Su carta, al no estar censurada, reflejaba este itinerario común de ida (batalla del Ebro, retirada a Francia, los campos franceses, aunque no los nombraba directamente), así como las etapas de su regreso a España como prisionero de guerra y soldado nacional[194]. Alejados de su entorno, todas las gestiones, contactos e informaciones para su libertad dependían de la familia extensa, y así lo percibían ellos mismos («no dejéis de escribir por lo mucho que de vosotros espero»). A lo largo de 30 meses de guerra, la familia, y los vecinos, se habían convertido en algo más que en un soporte económico: eran parte de sus vidas, del conjunto de interacciones y prestaciones que sustentaron los contactos entre el frente, la retaguardia y las zonas ocupadas. Un paisaje por el que se deslizaría el final de una guerra en la que el espacio privado y el público hacía tiempo que se habían diluido. Lo esencial, como mostraba angustiado Villalta, y como lo habían hecho otros prisioneros desde que se habían ampliado las normas de los interrogatorios militares a los civiles en diciembre de 1936, era señalar que habían ido forzosos al Ejército Rojo, para lo que confiaban en «su declaración». Su carta, una de las pocas del momento que estaba sin censurar, aún resaltaba un aspecto más: la importancia de que coincidieran su versión y la de los avales, lo que deparaba a la familia algo más que una simple labor de intermediación.

Al igual que la inmensa mayoría de la gente, Ricardo tan solo deseaba volver a la vida anterior a la guerra; un deseo que quedaba suspendido un tiempo indeterminado y que variaba notablemente según las circunstancias geográficas. En el caso del Ejército de Cataluña, aquellos que volvieron por Irún debían ser destinados a campos de concentración alejados de sus ciudades de origen a la espera de ser identificados, clasificados y reintegrados a la vida civil. Esa era la teoría, porque, como se pudo apreciar en la planificación de la ocupación del norte, en marzo de 1937, en la práctica se valoraban varios aspectos más: a qué reemplazo pertenecían (voluntario o forzoso), que no hubieran desempeñado cargo político o militar en el «campo rojo» y que no hubieran cometido delito alguno, algo que debía comprobarse en los ficheros de las auditorías correspondientes y en las fichas de población que el SIPM pasaba a los gobiernos militares. Solo así podían ser considerados aptos para incorporarse al Ejército Nacional. La guerra no había terminado y la lógica de fomentar y absorber la deserción en el frente y la desafección en la retaguardia seguía vigente, completando, en definitiva, el programa de utilización de la población civil en una guerra de ocupación. Una vez ingresaban en el Ejército y en su red de instituciones civiles militarizadas, se aplicaban de nuevo todos los filtros y medidas de control que desarrollaba el SIPM. Su reingreso permitió, de hecho, recabar los antecedentes ideológicos y familiares de una importante parte de la población que aún no estaba fichada.

El proceso era muy complejo, ya que se trataba en la mayoría de excombatientes, por lo que no se hacía a través de la Caja de Reclutamiento tradicional, sino a través de las redes provinciales del SIPM y de su cabecera, el Gobierno Militar. El modelo, como tantos otros aspectos de los servicios de información, se desarrolló con los prisioneros de la ocupación del norte. Más de un año después de ser capturado en Santoña con la entrega total del Ejército Vasco, Justo Almazán ponía su huella dactilar en la siguiente petición, cursada desde el batallón de trabajadores de un pequeño pueblo toledano:

En Bargas (Toledo), a 22 de septiembre de 1938

Justo Almazán del Olmo, de 44 años, natural de Gumiel de Izán (Burgos) residente en Bilbao, carretera de Castrojana núm. 1. No ha sido procesado, no sabe leer ni escribir, fue hecho prisionero en Santoña, el 26 de agosto de 1937. Fue destinado el 10 de abril de 1937 al Batallón de Ingenieros núm. 2 como soldado zapador, afecto a la UGT desde el mes de enero de 1937.

La carta, dirigida a «las autoridades de Bilbao», pasó primero por Talavera de la Reina, donde estaba la Comisión de Clasificación de Prisioneros y Presentados. De allí se mandó un telegrama oficial al Gobierno Militar del Norte. Su respuesta llegó en menos de un mes, mucho antes que cualquier posible aval personal:

Sección Información. Gobierno Militar de Vizcaya

Dicho individuo es de buena conducta moral, durante el dominio rojo separatista en esta capital trabajaba en la mina Primitiva hasta que fue llevado forzoso a fortificaciones; no se le conoce filiación política, estando sindicado a la UGT, y se le desconocen hechos contrarios a la Causa Nacional[195].

La ocupación de Cataluña y el inminente fin de la guerra aceleraron la extensión y centralización de miles de informaciones similares que gestionaría el SIPM sobre todas las zonas pendientes de ocupación. Las fichas de los prisioneros debían pasar finalmente a la Auditoría de Guerra, con su correspondiente extracto de antecedentes. El 9 de febrero de 1939 se emitió la siguiente circular a todos los ayuntamientos, solicitando informes de los soldados y sus familias:

Fig. 21. Nota informativa para la red provincial del SIPM de la región militar.

Nombre……… natural de………… vecino de………… soldado del reemplazo……

Por el Ayuntamiento de…………

Que pertenece al Regimiento……

Hizo propaganda a favor de……

Trabajó la candidatura de………

Tomó parte en los actos de……………

Se destacó por………………

Desempeñó el cargo de…………………

Su conducta religiosa fue……………

Sus padres y sus hermanos son de ideología………………

Y se hallan en………………………

Observaciones……………………

9 de febrero de 1939. AGMAV, 1212/18.

Se trataba de un modelo de información muy parecido a los usados anteriormente pero su impronta vino marcada al publicarse un día antes que la Ley de Responsabilidades Políticas. El 10 de febrero de 1939 se declaraban ilegales todas las organizaciones políticas, sindicales y sociales fuera del partido único. No era nada nuevo, pues en la práctica ya se estaban castigando, con carácter retroactivo, los supuestos de delito político sobre la conducta de cualquier persona desde 1931. No cabe duda de que fue uno de los aspectos que más había perfeccionado la justicia militar desde la ocupación de Bilbao. La persecución legal de cualquier forma de disidencia culminaba así, de manera significativa, justo antes de que terminara la guerra. A partir de este momento, las familias de los condenados eran consideradas también responsables civiles subsidiarias de todos los delitos que se les imputaran a estos; delitos que, al menos desde octubre de 1936, estaba recopilando ya la administración de justicia militar. La población civil quedó sometida a los mismos procesos depuradores que la militar, un aspecto que incrementó sustancialmente la presión a la que estaban sometidas las economías familiares hacia el final de la guerra y que marcaría para siempre el carácter «legal», judicial y estatal de la represión franquista[196].

Mientras tanto, los prisioneros de guerra trataban de obtener la calificación positiva, para lo que eran fundamentales la colaboración y buena actitud de su familia. Una vez conseguida esta, debían obtener la clasificación militar, de acuerdo con su propio reemplazo; después les esperaban 18 meses de servicio militar obligatorio (popularmente conocidos como la «mili de Franco»), que solían pasar en unidades disciplinarias del Ejército. Esta era la mejor de las suertes que podía esperar la mayoría de los prisioneros, aunque para poder acceder a ello debían ser reconocidos como evadidos o movilizados forzosos, además de no tener ninguna causa pendiente con la justicia ni antecedentes político-sociales desde la proclamación de la República. Exigencias que forzaron a la gente a reescribir su propio pasado.

Un amor noble y cristiano

UN AMOR NOBLE Y CRISTIANO

A ninguna de esas dos figuras, evadido o forzoso, podía aspirar Vicente Rovira. Tras 18 meses como prisionero, había aprendido que para sobrevivir no bastaba con colaborar con los nacionales. Debían «convertirse» tanto él como su familia. A finales de julio de 1937, los republicanos iniciaron una ofensiva hacia Zaragoza que, en realidad, trataba de aliviar el frente del norte. En una de aquellas brigadas que salieron de Sabadell iba aquel joven que cada dos días escribía cartas a su novia Montserrat. A diferencia de la censura militar de los sublevados, el sistema de correspondencia republicano permitía escribir, incluso en los remites, el emplazamiento exacto de las tropas. Sus cartas señalaban además las casas de los paisanos en las que el comandante Rovira dormía junto con otros oficiales[197]. Desde el 5 de agosto, en un catalán culto y pausado, describió cómo eran las gentes y los pueblos de Huesca por los que avanzaban; quería empezar un diario para no olvidar todas las cosas que estaba viendo, «la mayoría importantes, el trato amable de la gente, las costumbres de cada pueblo que no todas son iguales, en resumen, todo por lo que me enrolé en el Ejército Popular, pero mira ahora volvemos a cambiar». La marcha diaria les había llevado por Fraga, Tamarite de Litera y Velilla del Cinca, donde se detuvieron varios días. Cuando paraban se desesperaba: «un pueblo sin nada de particular, vida monótona y con ganas de volver. Mucho calor. Cada día me levanto a las cinco de la mañana y lo primero después de desayunar es contemplar tu retrato». A pesar de no recibir contestación, siguió escribiendo; tras dos semanas, volvieron a moverse.

Agarro otra vez la pluma. He escrito muchas veces para explicarte las cosas que he visto, esperando una contestación y así todos los días. Estoy en otro pueblo de Aragón en constante movimiento no solo de tropas sino de gente del pueblo. Perdona la letra pero escribo en el suelo[198].

Esta fue la última carta que recibió Montserrat de Vicens, el 21 de septiembre de 1937. Poco después tuvo noticias a través de una amiga, que se había enterado «por las familias de otros jóvenes soldados» de que había sido hecho prisionero tras el combate de Zuera[199].

La siguiente vez que vio la letra de su novio fue en el reverso de esta tarjeta postal, fechada el 30 de enero de 1939, cuatro días después de la ocupación de Barcelona. Aunque habían sabido el uno del otro, la correspondencia mutua no se reanudó hasta este momento, tras 18 meses de interrupción. El escenario ya no era el mismo: habían cambiado los pueblos del Pirineo por el campo de concentración de Haro, en La Rioja. El lenguaje tampoco era igual, y no solo por el uso obligatorio del castellano, sino porque los dos se sabían y se sentían observados. Ambos conocían ya unas estrictas normas de censura que ninguno podía saltarse si querían continuar escribiéndose[200].

Fig. 22. Sobre de tarjeta postal de Vicente Rovira Moragas y Montserrat Fuguet Blanch. CDMH, Salamanca, 1760/3-48.

30/1/39

Apreciada Montserrat

Con mucha emoción y alegría te escribo estas líneas que rompan el silencio que los criminales moscovitas nos han sometido y que gracias a la espada victoriosa de Franco, hemos vuelto a la verdadera libertad. ¿Habéis padecido tanto como me figuro? ¿Estáis todos bien de salud? La mía bien Gracias a Dios. Estoy muy contento por tus amables cartas que por mediación de nuestros amigos Comas y Peig han llegado a mi poder, causándome unos momentos de verdadera emoción, lo que te agradezco muchísimo tanto a ti como a mi madre y hermana.

Las tarjetas postales, que habían nacido tras la reordenación de las estafetas de campaña de las tropas nacionales, se extendieron a todos los prisioneros de guerra con independencia de su ubicación y condición. Su primera y más determinante limitación era su precio (50 céntimos el sello y otros 10 el sobre), y esto significaba básicamente tener contacto familiar. Además de adquirir la tarjeta y el sello, solo se permitía mandar una por semana, y exclusivamente a la propia familia, razón por la que Rovira se hacía pasar por «primo» de Montserrat. En segundo lugar, pero no menos importante, circulaban a través del propio sistema de estafetas de campaña, por lo que eran supervisadas tanto en origen como en destino. En la primera tarjeta que logró enviar, además de un notable cambio de registro y del ostentoso lenguaje anticomunista, Rovira agradecía y confirmaba los contactos entre ambas zonas durante el largo tiempo en que se había interrumpido la comunicación directa entre los dos. Recibió las cartas que las mujeres de su familia le escribían y le hacían llegar a través de varios intermediarios, «nuestros amigos Comas y Peig», tal vez los mismos que le facilitaran los «buenos informes» que necesitó para seguir vivo.

Tras ser herido en el combate de Zuera, Rovira había sido trasladado a Zaragoza, donde estuvo seis meses hospitalizado. Tras ser interrogado y clasificado negativamente como «oficial rojo», comenzó un año de periplo por varios campos de concentración y batallones de trabajadores dependientes del Ejército del Norte: Zaragoza, Bilbao, Burgos y Logroño. La ocupación de Cataluña le había permitido escribir a su casa en Sabadell, e incluso pensar en su regreso, pero también era un hecho que le inquietaba. Era seguro que le investigarían, hurgarían en su vida, en su pasado y en el de su familia. Y es en ese momento en el que debe situarse esta correspondencia, que pasó por distintas fases y lugares y que no se realizó mediante Cruz Roja, como habría correspondido a un prisionero de guerra, sino a través de conductos particulares, muestra de nuevo de la permeabilidad de la retaguardia republicana a los contactos del área sublevada.

Ya en febrero de 1939, transcurrida una semana de su primera comunicación, envió una nueva tarjeta postal en la que podía leerse escrito con mayúsculas y a lápiz: «Arriba España, Viva Franco». Sabadell había sido «liberada» y seguía sin recibir noticia alguna de ellos. El mensaje que quería transmitir era básicamente el mismo: estaba intranquilo, por no saber de ellos, y los imaginaba perseguidos o represaliados por los rojos. Era importante que desde un principio consiguiera situarse en la estela de los familiares de víctimas.

Apreciada Montserrat, sirvan estas letras llenas de cariño para desearte junto con tus padres un perfecto estado de salud como el mío G a D, habéis recibido mi última 30 del pasado? te comunicaba que estaba sano y salvo en esta España gloriosa de nuestro Generalísimo Franco, preguntándote al mismo tiempo si habías salido del infierno ruso con vida sin que la bestia marxista os haya tocado? Estoy impaciente por saber de vosotros, vivo intranquilo y hasta letra tuya no se me calmará esta intranquilidad.

Poco después, el 17 de febrero, rebajó el tono tras recibir carta de sus padres. No podía ocultarlo porque el correo evidentemente estaba controlado, pero la comunicación seguía marcada por su delicada situación. Tras reiterar su inmensa alegría al saberlos libres «de la tragedia moscovita que tanto tiempo habéis padecido», inició un diálogo con su «prima» Montserrat, siempre pendiente de la censura:

espero letra tuya para que me expliques todo lo vivido en este tiempo, pues hace 18 meses estoy dentro de los campos de concentración y me parece que ya es bastante, y que como Cristiano y buen español me pertenece estar al lado de los soldados de Franco, para cooperar con todo mi corazón por el bien y grandeza de esta Santa Cruzada.

Rovira sabía que estaba conceptuado como prisionero herido en combate, lo que equivalía a un delito de rebelión militar y a una condena a muerte segura. Su única posibilidad era tratar de mostrar que no había disparado, que habría intentado evadirse y que había sido alistado forzosamente. La realidad, sin embargo, es que había sido voluntario y había ascendido a comandante de brigada. Por los interrogatorios de los evadidos, de otros prisioneros o heridos en el mismo combate que él, habrían averiguado su identidad hacía más de un año y solo era cuestión de tiempo que encontrasen documentos sobre su adscripción política y militar al ocupar Sabadell; incluso era posible que tuvieran ya las cartas que había escrito a Montserrat en catalán, donde contaba su entusiasmo por combatir contra el fascismo. Tal vez por eso se atrevió a sobornar al correo y salvar la censura semanal, ya que la única opción que le quedaba era ingresar en el Ejército Nacional antes de que terminara la guerra, o estaría perdido para siempre. Dos días después, el 19 de febrero, dedicó su tarjeta semanal reglamentaria a elogiar la liberación de su ciudad natal.

Apreciada prima

Con alegría desbordante recibí tu amable carta que me proporcionó unos instantes de verdadera emoción, al ver que ya erais de España para siempre, de esta España noble cristiana justa que por medio de esta Santa Cruzada, se está forjando para todos los españoles honrados. Qué alegría más grande poder gritar con toda el alma Arriba España en el momento glorioso de vuestra liberación! qué emoción más profunda poder asistir a una misa de Campaña y dar GD por haberos salvado de las garras venenosas del comunismo maldito. Estoy triste por no haber podido compartir con vosotros esas horas en que Sabadell ganaba para siempre la batalla al marxismo internacional, pero estoy muy contento que haya sido mi amigo Vila Casas quien os haya dado noticias concretas de mi persona, pues es una de las personas buenas que he encontrado en estos campos de concentración.

Además de incorporar el discurso de la justicia franquista, Rovira lanzaba dos señales: una para el censor del campo, marcada por la distinción entre «los buenos y los malos españoles», y otra dirigida a Montserrat (que también seguiría la censura de Sabadell), a la que ofrecía un nombre: Vila Casas; este era el enlace que llevaba las noticias en persona y transmitía lo que había que seguir haciendo para conseguir su libertad. Lo importante, como había indicado Villalta en una carta entregada a mano a su mujer más o menos por las mismas fechas, no era tener un buen aval, sino que coincidieran las versiones. Poco después fue trasladado a Miranda de Ebro, uno de los campos de concentración mejor organizados y más grandes de toda la Península, pero también uno de los más vigilados por albergar a multitud de prisioneros de las Brigadas Internacionales. A partir de este momento, pasaría a referirse a Montserrat como su «hermana»[201].

14/3/39 Campo de Miranda de Ebro, Burgos

Queridísima hermana

He recibido carta tuya del 26 de enero, en la cual veo que tienes mucho trabajo debido a tus obligaciones patrióticas sirviendo en esta obra tan benéfica de Auxilio Social. No puedes imaginarte con qué impaciencia estoy esperando el día de poder servir a España incorporándome al Ejército Salvador por medio de la libertad, esta libertad que tanto tiempo estoy esperando y que si Dios quiere me parece que dentro de poco tendré, lo que os recomiendo es que no dejéis ni un solo momento de gestionar aquellas indicaciones que os hacía por medio de aquella carta que os mandé por avión, pues me parece será el modo más rápido de obtener mi libertad.

Montserrat se había hecho del Auxilio Social solo dos días después de la toma de Sabadell y el mismo día de la ocupación de Barcelona. Una rapidez que Rovira destacaría como señal indiscutible de que su familia colaboraba con el Movimiento. En su tarjeta reiteraba sus intenciones de incorporarse al Ejército, y es muy posible que en Miranda, un campo al que llegaban multitud de prisioneros y presos de distintas procedencias y recorridos, se enterara de que necesitaba este informe que el SIPM pedía a los ayuntamientos sobre su conducta y la de su familia. Miranda de Ebro fue solo un punto de tránsito, pues las gestiones aligeradas del correo por avión comenzaron a dar su fruto y de allí pasaría finalmente a un batallón de soldados trabajadores, como «soldado desafecto». Durante un tiempo la familia no supo que estaba en Pueblonuevo, Córdoba, ya que no tenían la dirección, sino solamente su nombre y el número de la estafeta y del batallón. Era evidente que algo estaba cambiando. El 25 de marzo, Montserrat recibió no ya una tarjeta, sino una carta, la primera en casi dos años. En el sobre ya no se refería a ella como su prima o hermana, sino abiertamente como «Srta. Montserrat Fuguet»[202].

Mi más apreciada Montserrat

Ha pasado mucho tiempo sin que los dos nos hayamos podido decir ni una sola palabra ni tan solo poder por medio de una carta decir que ahora en la España de Franco, calmándote así aquellas lágrimas de dolor que salía del corazón por haber perdido quizás para siempre aquel Vicente querido que tanto tiempo habían compartido los dos aquellas dulces de un amor noble y cristiano, pero no, no las han perdido porque la virgen de las Nieves lo han salvado y gracias a ella podrás tenerlo a tu lado y esta vez para siempre.

El lenguaje también había cambiado: ahora estaba mucho más centrado en la religión que en lo militar. La salvación de su cuerpo y de su alma habría comenzado con su cautiverio en el hospital de Zaragoza, donde pasó rezando «seis meses solo en la cama de hospital y gracias a estas oraciones me veía con ánimo de resistirlo». A finales de abril, sus cartas mostraban tres partes muy marcadas y reiteradas en lo sucesivo: la redención o la invocación al perdón, dirigida al capellán del centro que revisaba la cartas, las gestiones sobre su libertad y, por último, la vuelta a casa y la relación con Montserrat, de la que por primera vez en mucho tiempo se despedía como «tu novio». A pesar de estar trabajando a pleno sol y en condiciones muy duras, la vida parecía sonreír a Rovira.

Apreciadísima Montserrat,

Veo que habéis disfrutado también de las fiestas religiosas de semana santa, lloro por no estar con vosotros en la procesión ni llevar a hombros a Cristo Crucificado, este año que tanto me habría gustado, después de tanta barbarie y de tanta persecución cristiana, para perdonar en este día tan señalado (jueves santo) a aquellos que le habían ultrajado no solo a él sino que también a la virgen y a la iglesia nuestra Madre, perdonándoles así como lo hizo aquel desde la cumbre del Calvario en aquellas palabras de perdónales padre que no han sabido lo que han hecho. Espero de un momento a otro poder mandar a nuestros primos de Gracia la solicitud que mi hermano Jaime me pide para adjuntarla con los avales y esperar así con impaciencia el día de mi libertad… cuando tenga la suerte de verte no me vas a conocer me acaricia tanto el sol que estoy tan tostado como aquellos gitanos que en tiempos pasados se paseaban por las calles de nuestra ciudad. Nada más por hoy, se despide, abrazos y los besos más nobles de tu novio.

Tras describir Pueblonuevo brevemente, señaló un último cambio trascendental, muy significativo de su nueva condición. Su decidida apuesta por colaborar, la suya y la de su familia, le valieron el traslado a las oficinas del batallón, hecho que el propio Rovira relacionaba directamente como su única posibilidad de ser puesto en libertad.

28/4/39 Pueblo Nuevo (Córdoba)

Me encuentro trabajando en unas oficinas de nuestro batallón, estoy bien y me gusta mucho este trabajo, ahora podría ser que sí, que las gestiones que estáis haciendo sean satisfactorias y pueda venir pronto, pues así lo confío (ya he mandado la solicitud) podría ser que me conocieras de seguida pues ya no me toca tanto el sol como te dije en una de mis anteriores. El pueblo es bonito, buenas calles, jardines, mucha gente, muchos que regresan a sus hogares de nuevo, que cuando los veo pienso a ver qué día será aquel que me encontraré en las mismas condiciones de coger el tren, pero ellos marchan y yo me quedo compartiendo la misma pena… pero vaya, siempre lo mismo, al fin y al cabo estoy solo como siempre, tanto tiempo sin verte[203]…

El 6 de mayo contestó a una carta de su novia del 10 de abril. No se había podido enterar, por tanto, de ninguno de sus cambios recientes, el más importante el de su traslado a las oficinas, por lo que volvió a explicar su caso de manera pormenorizada.

De lo que me dices que quieres venir a traerme los avales, te tengo que decir que no serviría para nada, porque el caso es muy distinto al de mi hermano pues él declaró en Miranda con los avales en la mano, y claro enseguida lo pusieron en libertad, pero yo, con los mismos avales y aunque fueran mejores, tenerlos en mis manos no haría nada, pues tiene que pasar por Zaragoza para renovarme mi clasificación y ponerme en libertad. La pega que he tenido yo es que cuando me encontraba herido en San Gregorio no encontrase ninguna persona que hubiera podido responder por mí, que entonces también habría salido como mi hermano, así es que paciencia y a esperar lo que Dios quiera[204].

«Renovarme mi clasificación y ponerme en libertad». Para entonces Rovira conocía muy bien los trámites que debía seguir y lo que tenía que hacer si quería salir de allí. De su trabajo en las oficinas no solo dependía su libertad, sino su propia vida y la de muchos otros. Consciente de que era un tema espinoso y que había tenido que reafirmarse varias veces diciendo que lo hacía «a gusto», se decidió a contar por carta a Montserrat cómo era su día a día. El 16 de mayo escribió una carta en la que eludió mencionar lo que realmente hacía. La censura militar prohibía que hablara de sus tareas clasificando compañeros de cautiverio y le obligaba a decir que lo hacía voluntariamente:

Veo que el correo ya está más normalizado lo único que me tiene un poco intranquilo es que de casa no recibo nada. Voy a contarte todo lo que hago por aquí desde la mañana que me levanto hasta la noche que me voy a dormir. Mira me levanto a las ocho y acto seguido después de lavarme y sin pérdida de tiempo a tomar el rico café moreno, y a trabajar se ha dicho. El trabajo como puedes suponer es como el de todas las oficinas, la pluma en la mano dispuesta a escribir lo que sea conveniente hasta la una del mediodía. Y entonces a comer y a dormir un poco la siesta que ahora ya convida pues el calor se hace sentir de verdad por aquí y a trabajar de nuevo hasta la hora de cenar y después a dar un paseo junto con los demás compañeros por unos jardines muy bonitos y concurridos discutiendo lo mismo todos los días ¿qué trae el periódico? ¿Sabes algo de nuevo? ¿qué día nos vamos a nuestros queridos hogares? Esto es lo que nuestros labios desgranan durante el transcurso del paseo regresando a la oficina donde se remata la tertulia y a dormir […]. No encuentro nada que me haga pasar tan solo un momento divertido pensando que todo esto lo podría disfrutar al lado de los míos teniéndote a ti a mi lado, paseándonos por ese Sabadell que tanto recuerdos guardo y que no sé por qué me tengo que ver privado de todo ello. Y lo peor es que Dios sabe hasta cuándo durará el cierre de esta frontera.

Su estado de ánimo, finalmente, lo delataba, pero su suerte, como el correo, mejoraba día a día. El 20 de mayo, tras desgranar el programa de fiestas religiosas que le había llegado de Sabadell, repetía exultante el nombre que Montserrat mencionaba para solucionar su libertad: ni más ni menos que el comandante militar de la ciudad, «el Sr. Jesús Ortego Gralsit, agradeciéndole muchísimo el interés»[205]. Si el jefe militar de la ocupación de Sabadell informaba positivamente sobre su conducta, parecía que no habían encontrado nada comprometedor sobre él o, si lo habían hecho, no lo iban a utilizar por ahora. A partir de este momento, la correspondencia se alejaba totalmente de los lugares comunes anteriores. El 30 de mayo recibió tres cartas retenidas de Montserrat. Una de ellas contenía un retrato grande que Rovira aprovechó para retomar el noviazgo, seguro ya de que pronto volverían verse:

puedes imaginarte con qué satisfacción te he contemplado durante largo rato y qué pensamientos me han venido a mi mente durante el transcurso de ello hasta que al fin han empezado a brotar de mis ojos unas lágrimas tan limpias que resbalando lentamente sobre la silueta de tu rostro reflejaban claramente un amor y una estimación. ¡Qué bonita estaba la fotografía encima del papel rosa pálido de la carta! ¿sabes por qué? pues mira porque me recordaba aquella noche de verano que por ver primera te contemplaba de verdad en aquellos exámenes… ¿Te acuerdas? pues yo nunca lo olvidaré. De lo que me dices si me gusta más este peinado o el otro la verdad es que los dos me gustan, casi es preferible este porque de esta manera te evitarás las molestias que aquellos granitos te producían y en realidad este te está muy bien.

Habían recuperado la correspondencia de enamorados, las fotografías, los temas, los colores, la vida, en definitiva, ganaban terreno. Vicente daba una última indicación: «cuando pongas mi dirección, lo mismo que siempre, menos la estafeta que ahora ya no existe». La campaña se había acabado, al menos para los servicios del correo del Ejército, aunque la censura militar, que dependía de las secciones de información, seguiría totalmente activa y en plena reorganización.

El 12 y el 13 de junio mandó dos cartas seguidas en las que anunciaba, casi sin reservas, su inminente liberación. «Inolvidable Montserrat, de comandancia aún no ha llegado nada por ahora pues ya lo decía en el telegrama que contesté pero me parece que dentro de muy pocos días tendré la satisfacción de poderte escribir aquellas palabras que te comunicarán mi llegada lo que confío y espero locamente»[206]. No se pudo contener y terminó revelando lo aún no era oficial pero ya sabía por las oficinas: «siento que esto de escribir me parece que ya se termina pues tengo la convicción y confianza que dentro de muy pocos días estaré ya en vuestra inolvidable compañía cosa que hace mucho tiempo espero y me parece lo tengo bien recibido». Casi dos años después, Rovira volvía a Sabadell, vivo y con el uniforme de los vencedores, pero vencido por dentro y por fuera[207].

La instrucción núm. 15

LA INSTRUCCIÓN NÚM. 15

La necesidad de una rápida y acertada clasificación de quienes integrando las unidades rojas pasan a la condición de prisioneros, obliga a unas modificaciones de la Instrucción dada en 11 de marzo de 1937, I Año triunfal, con el fin de que se activen las operaciones inherentes a una perfecta clasificación sin la demora que implica el volumen de los objetos de ella[208].

El 27 de marzo, apenas unos días antes de que fuera pronunciado el conocido parte final de la guerra de 1 de abril de 1939, el Cuartel General daba esta nueva Instrucción sobre información y clasificación de prisioneros y presentados: la número 15, que negaba definitivamente su reconocimiento y condición como prisioneros de guerra. Los supuestos y características no variaron sustancialmente de las anteriores de 1937, fueron los procedimientos de implicación y segregación de los soldados y sus familias los que se modificaron. Divididos en dos grandes grupos de edad, mayores y menores de 32 años, para cada uno de ellos debía elegirse a los que «por antecedentes de conducta, profesión o cualquier otro concepto se estimen susceptibles de emplear en labores de Información y de Mando»[209].

Los aceptados para el servicio de información eran advertidos de la grave responsabilidad que contraían si trataban de engañar al Tribunal de Clasificación o si silenciaban antecedentes u otros datos de sus compañeros. La recogida de esos datos sobre cada soldado iniciaba lo que la instrucción denominaba «clasificación previa», comenzando por quienes habían desempeñado los siguientes cargos: comisarios políticos, jefes y oficiales del Ejército Rojo y responsables de delitos comunes, es decir, los mismos supuestos deliberadamente mezclados que se utilizaban en los interrogatorios de prisioneros y evadidos desde comienzos de la guerra. Junto a los militares profesionales, que eran separados del resto, eran conducidos a prisión y puestos «automáticamente» a disposición de la Auditoría de Guerra. Los demás, el mayor contingente de la tropa, permanecerían en el campo hasta que el Tribunal procediera a agruparlos según los antecedentes de conducta que figuraran en el fichero de la Auditoría del Ejército de Ocupación. El objetivo seguía siendo identificarlos combinando la información de las nuevas fichas clasificatorias con la del Libro de Cargos de la Auditoría de Guerra, cuyos datos también pasaban a engrosar. La principal diferencia respecto a los procedimientos anteriores de clasificación radicaba en que los datos se obtenían a través de los propios compañeros de regimiento[210].

Fig. 23. Modelo de ficha clasificadora de la Instrucción núm. 15 de 27 de marzo de 1939.

FICHA CLASIFICADORA

Apellidos | Nombre | Edad
Estado | Profesión | vecino de
Hijo de | y de | vecinos de
Prisionero         | Lugar y circunstancias   

Presentado

Localidades en las que residió desde el 6 de octubre de 1934

Sirvió en el Ejército con carácter Voluntario/

forzoso desde…… hasta………

Ostentando los empleos de……………

Y servido en las unidades siguientes……

y teniendo él intervención en los mismos

Le sorprendió el Alzamiento Nacional en…

Señalándose como dirigentes y autores de

delitos…………………

Cometiéndose los siguientes hechos criminales……… en los que……… tomó parte.

Manifiesta poseer bienes en………así como sus familiares en………

Personas que le conocen y pueden responder de su actuación y sus residencias………

Documentos que presenta

tras manifestaciones de interés que hace

A… de……… de 1939

III Año Triunfal

Firma

AGMAV, C., 1636, 13/4.

José Nogué fue uno de aquellos informadores de campo. Elaborado a los pocos días de que terminara la guerra, su expediente militar era el de un joven más del reemplazo del 37, como Villalta o Rovira, pero tenía un aire distinto, como de fabricación reciente. Hijo del pintor y profesor catalán José Nogué Massó, vivió con su familia en Madrid hasta diciembre de ese año, en que fue enviado a Tarragona. Debido a sus «conocimientos de mecanografía», fue destinado a las oficinas de un batallón de retaguardia. Allí estuvo prácticamente un año. Solo pisó el frente una vez empezada la ocupación de Cataluña, a finales del 38, y en «labores culturales». El 23 de enero de 1939, un día antes de que cruzaran el Llobregat, «logró pasarse a las filas nacionales cerca de Manresa», de donde fue trasladado al campo de concentración de Avilés. De allí pasó a Oviedo, a una Comisión Calificadora de Prisioneros, y volvió posteriormente a Avilés para cumplir «el servicio militar obligatorio»[211].

Entre el 11 de abril y el 14 de julio escribió varias cartas, nunca tarjetas postales como los demás, a su familia en Madrid. En ellas pueden apreciarse algunos rasgos del final de la guerra en los que la colaboración se confundía ya directamente con el funcionamiento «normal» del sistema represivo. La guerra había terminado, había salido del campo de concentración y su condición de prisionero de guerra se había diluido muy rápidamente. Sabía perfectamente lo que tenía que decir en cada instante. Pero la seguridad de sus palabras no solo descansaba en su conocimiento de la burocracia militar. Tampoco procedía de un buen aval, como en los casos anteriores, sino de un certificado del jefe de Información en Investigación de Reus que reconocía que había trabajado para ellos desde el batallón de retaguardia de Manresa. Esto marcó la inclinación falangista de sus escritos, pero sobre todo explicaba por qué se especializó en la clasificación de prisioneros, primero en el campo de concentración y posteriormente en la Caja de Reclutas, cuyo control realizaban los propios agentes del SIPM. Gracias a ello Nogué gozaba de privilegios, entre ellos el de escribir o mandar a mano cuantas cartas quisiera. El 11 de abril envió dos de ellas que tenían en realidad tres interlocutores: la censura militar, la Compañía Adriática de Seguros, donde ganaba un sobresueldo antes de la guerra, y su familia en Madrid. Las dos versiones eran similares y fijaban la pauta sobre su actuación en zona nacional, señalando de nuevo la importancia de los contactos personales para la propia circulación de la información «oficial».

Oviedo a 11 de abril de 1939

Año de la Victoria

Mi querido amigo Molina:

Aprovecho de la amabilidad del Sr. González para enviarle estas cuatro líneas y felicitarle efusivamente por la liberación, tan ansiada y que por fin llegó. En pocas palabras le diré que yo me pasé a la zona Nacional con un fusil que no hube de disparar, en fecha 23 de enero por cerca de Manresa. He conseguido aclarar mi situación de adicto al Movimiento Nacional y salir del Campo de Concentración de Avilés donde he estado recluido. Me permito rogarle se interese por el estado de mi familia y les diga que hagan el favor de escribirme o telegrafiarme mejor, pues hasta la fecha no he tenido contestación a mis comunicaciones e ignoro su situación. Si ellos por alguna causa no pudieran hacerlo le ruego lo haga Vd. por ellos. Con mis mejores recuerdos para su familia y besos a la niña, le envío un fuerte abrazo

Saludos Pepe[212].

La destinada a su familia decía así:

¡¡ARRIBA ESPAÑA!! ¡¡VIVA FRANCO!!

Oviedo 11 de Abril de 1939 – Año de la Victoria

Querida Familia:

Estoy algo extrañado de no haber recibido noticias vuestras hasta la fecha pese a haber intentado por todos los medios que conocierais mi situación. Primero, al pasarme a la España Nacional, logrando así todas mis mayores ilusiones, envié una comunicación por la Cruz Roja Internacional haciéndoos saber que me encontraba perfectamente. Más tarde, al liberarse Madrid, por medio de DIDREM[213] os envié noticias y esto cierto debéis haberlas recibido. De momento solo puedo deciros que D. César Stecher se ha portado muy bien conmigo, aunque no consiguió sacarme del Campo ya que no podía responder de mi actuación en la zona roja. Sin embargo, los buenos amigos de Tarragona han podido de manera cierta hacer patente mi entusiasmo al Movimiento Nacional y certificado el hecho de haber pertenecido a una organización clandestina en el Batallón de Retaguardia y que preparábamos al rendir Tarragona cuando se aproximaran las fuerzas de nuestro Invicto Caudillo. Uno de los que certifica esto es el antiguo conocido vuestro de quien os hablaba mucho José Arriols y que ahora es Jefe del Servicio de Información e Investigación de Reus, cargo que tiene bien merecido por las persecuciones de que fue objeto y ser militante de derechas.

Os voy a decir que de momento tengo el honor de pertenecer al Glorioso Ejército Nacional, aunque haya tenido la gran desgracia de no poder empuñar las armas para combatir a la canalla roja, en esta guerra no he disparado un solo tiro pero ahora tengo unas ganas tan grandes de hacerlo que siento incluso el estar en la oficina en que estoy, aunque sé que la labor que aquí realizo es muy interesante y de gran importancia para la futura España. De momento tengo un destino provisional en Oviedo y acudo a la Comisión Clasificadora de Prisioneros a prestar mis servicios de manera voluntaria y sin ningún derecho ni reconocimiento oficial por mis aportaciones al trabajo. Aquí me conocen por haber sido durante más de un mes el encargado de la Oficina de la Comisión en el Campo de Avilés y saben mis antecedentes y el gran entusiasmo por el trabajo que tengo. En los días que he pasado de Semana Santa en casa de mi discípulo de Perspectiva, Alfredo Miranda en Gijón, debo de haber engordado una barbaridad ya que volví el otro día al Campo de Avilés a un servicio y no querían creer que era el mismo. Claro está que de ir vestido de beduino a ir como voy con ropa completamente buena y en magnífico estado que me ha dejado Miranda, va mucha diferencia, pero de todos modos las hambres pasadas durante tres años las estoy compensando ahora. Si por fin os decidís a escribirme hacerlo a D. Paulino González c/ Altamirano núm. 6 —Oviedo— que es el representante de la Compañía y se encargará de entregármelas. A este mismo señor le he pagado ya un sablazo de 200 beatas y como están tocando a su fin dentro de unos días le tendré que dar otro. De momento no me preocupo más que de comer como un bárbaro y como además he tenido que comprarme de todo resulta que el déficit que llevé a Madrid cuando por fin regrese será algo terrible.

El hecho de que la correspondencia con su familia en Madrid no se hiciera directamente con el campo de concentración, sino a través de la compañía de seguros, le permitía ligeras licencias, como hacer coincidir la fecha de la última carta que recibió de ellos con el momento de su deserción, fase culminante del relato, que, una vez más, tenía como destinataria a la censura militar. El 21 de abril repetía los aspectos anteriores, que enumeraba y puntualizaba:

Todos los días de mi estancia en los diversos puntos de la España Nacional y todas las emociones al descubrir cosas olvidadas en lo remoto de los años —chocolate, pan blanco, sardinas en aceite, iluminaciones, guardias civiles, etc. me hacían recordar que aún estabais en ese Madrid que tanto ha sufrido. Últimamente, con los disturbios de los malditos comunistas —que paz no encuentren en la tierra— mi temor a que os ocurriera algo o que pudiesen hacer alguna de las grandes barbaridades a que estaban acostumbrados, me hacía sentir más aún la gran diferencia que había entre lo bien que estaba yo en el Campo de Concentración y lo mal que estaríais vosotros, en libertad pero careciendo de todo aquello que yo tenía. Ya os explicaré también cómo conseguí aclarar mi situación y cómo debo a D. César gratitud por su interés aunque con solo su informe no me hubieran considerado adicto al régimen y haya sido más fuerte el recibido de Tarragona y Reus. El Jefe de FET de este último sitio —José Arriols certifica que pertenecía a una organización clandestina en el Bon de Retaguardia y cómo preparábamos la entrada de los Nacionales.

De momento mi situación militar no está solucionada y espero que me destinen aquí a Oviedo para poder seguir prestando mis servicios en la Comisión a la que vengo a trabajar durante todo el día voluntariamente, ya que hay falta de personal y mucho trabajo y me da lástima de los que, siendo personas adictas al Glorioso Movimiento Nacional, están aún pendientes de Clasificación y sin disfrutar de libertad. Nada me decís de Felipe, que supongo se habrá presentado a la Comisión Clasificadora Correspondiente y habrá obtenido el certificado de buena persona y estará ya haciendo gestiones para hacerse requeté. Me parece que ha llegado tarde porque ahora no hay más que españoles y de FET. Los que no sean de esta organización y piensen de otra manera no se dan cuenta de la realidad que viven. En otras cartas os diré otras cosas y las demás las dejaré para mejor ocasión. Me despido con muchos besos y abrazos y con los más fuertes ¡¡VIVA FRANCO!! Y ¡¡ARRIBA ESPAÑA!! que pueden salir de mi garganta.

En una carta posterior mostraba a la censura militar sus credenciales y sus apoyos dentro y fuera del campo. El primero era el propio capellán que llevaba la carta en mano a su familia en Madrid. Más determinante fue la mención a Antonio Ferrer Sama, al que calificó como «camisa vieja y compañero de campo». Se trataba de un joven profesor ayudante de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, que como otros muchos del reemplazo del 37 había ingresado en el SIPM justo antes de ser llamado a filas en el Ejército Republicano. Una vez dentro, realizó una importante tarea de información y selección de objetivos, primero en Madrid y más tarde en el Ebro. La mención de un agente de una organización que había dirigido la ocupación de Cataluña, unida a la anterior del jefe de investigación de Reus, no solo blindaba la posición de Nogué, sino que reforzaba su perfil de colaborador que quería convertirse en «agente». El currículum de Ferrer Sama, un civil que poco después de terminada la guerra recibiría la medalla de campaña de vanguardia por su actuación en zona enemiga, marcaba el camino que debía seguir[214].

La mencionada carta que el capellán llevó en mano a Madrid pasó debidamente por la estafeta del campo el 24 de abril:

Queridos todos:

Hoy recibo vuestra carta del día 17 y por ella me entero de algunas cosas más y sobre todo que me mandéis dinero. Nada me es pedir de más ya que mi espíritu fascista, educado en Italia y como camisa Negra, está hecho al sacrificio de los bienes particulares en beneficio del bien colectivo y de la Patria. Aprovecho la amabilidad del Capellán del Campo de Avilés —el que me dio la primera comunión después de tantos años— y que marcha mañana a Madrid, ofreciéndose a llevarme esta carta. Abuso quizás de esta amabilidad y con ello no hago más que darle una nueva molestia ya que también me ayudó mucho para facilitarme el que salieran más rápidamente mis cartas del Campo en las que pedía avales que me pusieran en libertad y que en todo momento atiende y se preocupa por «sus» prisioneros. Vosotros por vuestra parte podríais ver la posibilidad de mandarme alguna muda, a ser posible un traje o algo con que sustituir esta ropa que estoy destrozando, aprovechando también la oportunidad de alguien, quien sabe si Molina mismo, que se traslade a esta o por medio de algún conocido. Por ferrocarril desde luego no lo hagáis, ni por cualquier otro procedimiento de envío. Si acaso podéis acercaros a saludar a un camisa vieja y compañero mío de Campo, muy buen muchacho que está en esa con permiso y no sé si regresará, para que en caso de que vuelva me lo traiga. Se llama Antonio Ferrer Sama y vive en María de Molina 6[215]. Os atenderá muy bien y caso de que tenga la suerte de quedarse en Madrid le dais muchos recuerdos de mi parte y le decís que tengo unas ganas terribles de abrazarle. Si hay algo que siento de veras es no poder estar en esa para el desfile y rendir homenaje a los que supieron librar a España de la barbarie ya que yo no puedo contarme entre ellos por la mala suerte de haberse terminado la guerra cuando yo estaba a punto de empuñar las armas. Me conformaré a verlo en el cine y con lo que me contéis será algo que siempre recordaré. Ayer precisamente en Gijón vi en el cine el desfile de Barcelona y es algo formidable. Sobre todo ver los trimotores volando a poca altura y verlos con la confianza de que son nuestros hermanos y que ya no estamos mezclados entre los rojos que merecían toda la carga de estos magníficos pájaros de hierro.

Al día siguiente, Nogué escribió a su padre de una forma más sincera. Ya en la primera parte resumió cuál era su situación: era un soldado del Ejército Nacional en expectativa de destino que trabajaba voluntario en la Comisión de Clasificación de Prisioneros del campo de concentración de Oviedo. Volvería a Madrid, decía a su padre, donde residía antes de que empezara la guerra, pero, en realidad, no parecía estar muy seguro de ello.

Querido padre:

Hoy recibo tu carta con la del Sr. Martínez y creo que lo que me preguntas en ella mandé ayer por medio del Capellán de Campo de Avilés. En la actualidad soy soldado y dependo de la caja de recluta de Oviedo. Vengo prestando servicios voluntarios en la comisión de prisioneros de Oviedo que ha sido disuelta y estamos preparando su entrega a los jefes de campo. He sido objeto de reclamación por el jefe de Avilés y espero el resultado de la misma. Mi ida a Madrid no puede ser por ahora por ser mi servicio militar quien manda en las actuales circunstancias. El que hayan ido de Valencia no tiene nada que ver ya que ahora los que salgan del campo también irán a Madrid obligatoriamente, si tenían la residencia el 18 de Julio allí.

Como bien dices, yo mejor que nadie sé lo que tengo que hacer y ya ves que sigo como siempre, mereciendo tal aprecio de todos los jefes que me tratan o me ven actuar que se preocupan por mí y se interesan. Donde quiera que voy me hago enseguida el amo por mi conducta y mi laboriosidad, cosa que si me enorgullece no dejo por otra parte de reconocer que es lo único que podría hacer y que es lo que tuve la suerte de aprender y de llegar a considerar como única cosa buena, en esa Italia hermana nuestra a la que quiero con cariño de segunda Patria. Solo deseo que todos lleguen a comprender esto y que se esfuercen en sentirlo para poder hacer la España Grande que queremos. No os digo más por el momento, solo que estoy muy contento y que el sacrificio que supone el estar lejos lo compensa el saber que estoy sirviendo a la Patria y ojalá me eligieran para algún cometido difícil o en el que arriesgara incluso la vida en contra de esos malditos rojos a los que ya nunca más daré paz ni cuartel.

Poco después comentaba a su familia que seguía en Oviedo pero que su traslado a Avilés «para prestar mis servicios en el Tribunal que se crea en el Campo» era inminente. Al igual que Rovira, no llega a especificar sus funciones, pero sí su gran carga de trabajo[216]. El 2 de mayo envió otra carta en la que prácticamente reescribía su interrogatorio de evadido y la información militar que había ofrecido en él sobre su batallón republicano.

Habéis de saber que tal División 27 era denominada la Bruja por el hecho que siempre había «fregado gordo» allí estaba ella y era mandada por socialistas de confianza del Gobierno —mal llamado así— de ese… (no encuentro adjetivo) Negrín de tan infausta memoria. Así sucedió en la ofensiva sobre Cataluña al primer día y como consecuencia lógica vio la reorganización que hicieron a base de nosotros —inútiles totales, enchufados, prisioneros del Ebro, falangistas de la cárcel y moros, en total ni un rojo— y así estuvimos durante cinco días, marchando en retirada y sin entrar en fuego ni aproximarnos a la línea de combate, cosa que todos estábamos deseando. Yo tuve muy mala suerte y el día anterior a mi entrada a la España Nacional, me cambiaron de compañía y nos alejaron a todos unos de otros mezclándonos con otros milicianos ya viejos en el frente y de más confianza para ellos, por lo que me encontré solo y sin poder hacer causa común para pasarme con nadie. Así resultó después que me tuve que pasar solo y el trabajo que me costó el sacudirme de encima a un sinvergüenza que se había pasado de la España Nacional y que no me dejaba ni a sol ni a sombra. Cuatro horas terribles de marcha me costó el quedarme solo y cuando ya lo había conseguido no sabía si detrás de un matorral estaba el tío esperándome para sacudirme pero yo ya había visto a los Nacionales, había visto sus boinas rojas y ya nada me detenía para pasarme ya abrazarlos poder gritar ¡ARRIBA ESPAÑA! y ¡VIVA FRANCO!

Como rojo no podía dejar de ser imbécil y al fin conseguí convencerlo cuando llegamos al alto de una loma y vimos que la Compañía en retirada se había perdido de vista. Me preguntó si tenía miedo de quedarme solo, me dijo que él se llevaba el fusil para que no me cogieran los nacionales con él y me costó otra media hora convencerle que no me quería quedar sin fusil. Desandé lo andado poco antes y así fui percibiendo poco a poco los tiros más cerca. Entonces fue el momento en que he estado más cerca de la muerte y con la desesperación en el alma al ver que iba a perder la vida de una caída cuando había conseguido mi mayor ilusión. Salí como pude y sin tirar ni el fusil ni la munición completa y por fin, al poco rato abrazaba a los requetés y les regalaba unos librillos de papel de fumar que me quedaban de lo que mandasteis. Esto ocurría el día 23 de Enero de 1939 a las diez de la mañana. Os lo cuento para que vayáis enterándoos y no es ni la mitad.

El 3 de julio escribió de nuevo a su padre para dar cuenta de su traslado a Avilés. Nogué sabía que el primero en leer la carta sería el capellán, que formaba parte, junto con dos oficiales, del Tribunal clasificador del campo; por eso su carta prácticamente iba destinada a demostrar su participación en una procesión. El discurso religioso, como en el caso de Rovira, volvía a servir de entrada a la distinción entre «los buenos y los malos españoles»:

Querido Padre:

Llegó la Santina y siguió su marcha triunfal a través de tierras astures, rodeada del cariño y la devoción de los que siendo asturianos no son rojos. El mundo ha de sentirse emocionado y sobrecogido ante la inmensa demostración de fervor dada por esta Asturias tan calumniada tan envilecida por los malos españoles. Avilés se trasformó el sábado en un jardín exuberante de flores y ramajes, con sus calles semejando prados y sus casas trasformadas en macizos, en árboles gigantes llenos de las flores rojo-gualdas de la gloriosa Bandera. A las ocho de la tarde el sol esplendoroso bajando hacia su nido, empiezan los cohetes a sonar más cerca y al otro lado de la ría la gran masa humana del pueblo que acude a recibirla, bulle y se agita en la expectación. El gran arco triunfal a la entrada de la carretera recibe bajo su sombra a la Virgen de las batallas, graves y trágicos, los cañones retumban los quince cañonazos de ordenanza. El puente sobre la ría y la carretera que conduce al parque están abarrotados de gente; se elevan los vivas y gritos de los fieles que son apagados y se pierden en el ruido de las sirenas de los pesqueros que celebran también la llegada de la Sagrada Imagen. Todos los niños de las escuelas empiezan a agitar las banderitas con los colores Nacionales y los de la Virgen; nada puede verse más bello de color, de emoción y de alegría. Ya llega la imagen al puente de hierro y empieza a pasar a nuestro lado la procesión: Falangistas con banderas Nacionales y del Movimiento, niños y niñas con falda roja o amarilla, con sus cestos de flores que vienen a ofrendar a la Virgen, otras con la clásica mantilla española y ofreciendo todo el encanto de la belleza de sus rostros enmarcados en este énfasis negro, niñas con sus trajes de primera comunión, mujeres, hombres, soldados, el pueblo entero desfila por las calles de la población ante su imagen que escoltada por los bravos del Requeté de Covadonga y seguida por las Autoridades y tropa, discurre entre una lluvia de flores y los vivas cada vez más potentes de las gentes entusiasmadas. Pasa por el arco triunfal delante del Ayuntamiento y sus leyendas son la síntesis del sentir de esta muchedumbre entusiasmada: Virgen de las Batallas protege a nuestro Caudillo.

El 14 de julio envió su última carta, en la que anunciaba su salida de Asturias de forma inminente. El padre le preguntó si había recibido un giro de 100 pesetas que le había mandado y contestó que no, que lo habría cobrado un prisionero que se habría hecho pasar por él. Al día siguiente iría a ver al comandante a explicarle todo y «probar que ha sido el cartero para ponerlo en la calle y mandarlo a la cárcel porque es un individuo sobre el que recaen ya sospechas de ciertas irregularidades además es un aficionado a la sidra imponente». Los casos de suplantación de identidad fueron muy frecuentes en lugares masificados como aquellos donde apenas existía documentación personal, pero resulta muy poco probable que ningún prisionero se atreviera a hacerse pasar por Nogué, que precisamente en su propia correspondencia ya se situaba a sí mismo como miembro de un tribunal militar. Los rumores, las sospechas y, por último, las denuncias eran la muestra más clara del poder que pasaron a ejercer los colaboradores, en sus diversos niveles, del sistema represivo. La fuerza de la conversión, y de ahí que se extendiera como la pólvora, residía en su capacidad para borrar el pasado. Al ocupar Madrid, los Servicios de Recuperación de Documentos revelaron que Nogué figuraba como «miembro de las asociaciones que integran la FUE de Madrid (febrero de 1934)». Por eso no quería volver allí, temeroso de que encontraran más pruebas sobre su actividad política entre la izquierda universitaria. Un temor que no se disiparía del todo hasta finales de 1942, cuando había superado todo proceso depurador y ya estaba admitido en las oposiciones de enseñanzas medias como profesor de italiano. La utilización de los arrepentidos y conversos en la represión no había hecho más que comenzar[217].

Capítulo 6. La edad de la inocencia

CAPÍTULO 6

La edad de la inocencia

Aprensión

APRENSIÓN

El trabajo no era tan grato como aseguraban las cartas anteriores. Las limpias y tranquilas oficinas de Pueblonuevo que describió Rovira a su novia tampoco eran de un batallón, sino de un campo de concentración. En ellas, además de fichas, preparaban la documentación de los consejos de guerra y pasaban a máquina los interrogatorios de los prisioneros. Una cosa al menos era cierta: el volumen de trabajo diario que tenía. Una marea humana de detenidos procedentes de los restos de los Ejércitos de Extremadura y Andalucía inundó cada milímetro de un campo que tuvo que ser desdoblado con el de la cercana localidad de Peñarroya. Se crearon, además, seis juzgados militares, cuya tarea prioritaria, como ordenaba el Libro de Cargos de la Auditoría de Guerra, era identificar comisarios políticos, cargos del Frente Popular, «criminales peligrosos» y desertores. La estafeta del campo recibía diariamente cientos de informes, papeles y nombres. Las Segundas Secciones de Información de todas las regiones militares estaban a pleno rendimiento y hacía tiempo que los interrogatorios también los hacían policías de la Dirección General de Seguridad y oficiales de la Guardia Civil. Ya no importaban tanto las cuestiones tácticas como la información «político-social» que había que obtener de los detenidos. Por lo demás, los interrogatorios no variaban mucho de los del comienzo de la guerra: se anotaban los nombres que daban los prisioneros, se desglosaban por localidades y reemplazos y se procedía a cruzarlos con los antecedentes y los trámites pendientes de los distintos ficheros de «criminalidad» que ya existían.

Los campos pequeños terminaban antes el trabajo. El 24 de abril, en el de Valsequillo (Toledo), un prisionero facilitó los nombres del comité de su pueblo, El Romeral. El tercero que señaló, Ricardo Herrero, estaba en un batallón de trabajadores cercano al campo de Pueblonuevo. El papel pasó al juzgado número 2, presidido por Juan de Torres Aguilar, teniente jurídico honorario y jefe de la sección del SIPM, y cuyo secretario habilitado era el falangista Luis Agredano Fernández. Muy pronto, el 3 de mayo, llegaron los informes de la Auditoría de Guerra de Córdoba, ya que apenas hacía un mes que lo acababan de clasificar: no tenía antecedentes y no estaba pendiente de tramitación alguna. Ricardo, de 27 años, no entendía por qué lo llamaban de nuevo, pero volvía a entrar en una de aquellas salas que Rovira o Nogué habían descrito como «oficinas». Delante tenía un jurídico militar ya jubilado y un falangista más o menos de su edad. En la sala había otro prisionero pero no llevaba el uniforme de preso ni estaba quemado por el sol como él, ya que trabajaba en oficinas por sus «conocimientos de mecanografía»[218].

Fig. 24. Carta de Ricardo Herrero. Campo de trabajo de La Granjuela (Córdoba), 9 de junio de 1939. Archivo familiar.

Fig. 24 (cont.).

Ricardo recordaba cómo era aquello. Comenzaban pidiendo los datos de su familia, su dedicación y su pertenencia política: afiliado a UGT desde 1935 y al Partido Comunista desde marzo de 1936. Después, su actuación en el Alzamiento: le sorprendió en el campo como jornalero que era. Luego, y sabía que esto era lo más delicado, venía el apartado de crímenes: en el pueblo se produjeron 16 o 17 asesinatos en las mismas fechas en que él era presidente del comité. El prisionero a cargo de la máquina de escribir transcribió: «el comité no autorizaba estos crímenes y en virtud de no poder sujetarlos, cesaron y pasaron al de abastos, en cuyo comité desempeñó el mismo cargo de presidente». Y, por último, vida militar: movilizado en su reemplazo, con la 105 Brigada Mixta, recorrió los frentes del Centro, Levante y Extremadura sin ocupar cargos ni destinos militares[219]. El juez no necesitaba más. Dio por terminado el interrogatorio y firmó la providencia que confirmaba la denuncia y su culpabilidad, como prevenía el procedimiento sumarísimo de urgencia[220].

Volvió al campo confiado en que los cuatro vecinos que había indicado, sobre todo el médico del pueblo, le ayudarían, pero había que esperar. Un mes más tarde escribió una carta a su familia que consiguió mandar en mano.

La Granjuela,

9 de junio de 1939

Queridos hermanas y cuñado

Me alegrará que al ser esta en vuestro poder os halléis con la más completa salud que yo para mí deseo que sigáis bien. Bueno os mando estas cuatro letras para deciros que estoy bien y que por lo único que estoy peor es por la comida, como ya le digo a la Tomasa [la novia], así que es por lo único que estoy mal que por lo demás estoy muy bien, así que por mí no preocuparse para nada que yo estoy bien y a madre le decís que no tenga pena por nada, que ella como nada debe, nada tiene que temer. Lo que hace falta es que dé buena declaración y que diga la verdad siempre, que por lo demás no tiene que tener cuidado, y a ver si me decís algo de Norberto y de Gervasio y la Manuela la diga que no tenga pena y que ella coma todo lo que pueda y que no piense en nada que ya se irá arreglando esto poco a poco, porque ellos lo que quieren es que el que no muera a palos que se muera de aprensión, así que por eso te digo que no pienses en nada y que lo que tienes que hacer es parar la cabeza para no darles su logro. A la Carmen la digo que haga lo que pueda por la Manuela y por madre, porque lo que no hagas tú por tu madre y por tus hermanas no va a haber quien lo haga, así que yo que no puedo hacer nada por ellas te encargo que lo hagas tú y a Imo [cuñado] le digo que esté a la mira de todo lo del campo y de las caballerías y de todo, y a Manolo [sobrino] le digo que él que es joven que vaya sacando una copia y aprenderá para siempre lo que es estar en un régimen de opresión. Sin más, para que sigáis bien todos, y muchos besos para Manolo, para Celestino y para la Carmencita [sobrinos], y vosotros los recibís de vuestro hermano que mucho os quiere y no os olvida ni un solo momento.

Ricardo Herrero[221].

La carta llegó a su destino, a su familia en El Romeral, que la ha conservado hasta hoy. Estaba dirigida a sus hermanas (Carmen y Manuela) y a su cuñado (Imo) para que se ocuparan de todo hasta que «las cosas se arreglaran». No sabía cuánto podría tardar en volver pero tenía confianza, la misma que intentaba transmitir a su familia. No mencionaba a su madre (Vicenta) en el saludo inicial porque sabía que en ese momento estaba presa en la cárcel de Lillo. Preguntó por sus dos hermanos (Norberto y Gervasio), que también estaban en prisión (el primero fue condenado a 30 años y el segundo fue ejecutado poco después). Tampoco mencionó a su hermana Dorotea, presa en la cárcel de Alcázar de San Juan. Un panorama al que se unía la constancia de que había recibido palizas en la entrega de su batallón, en el campo o en alguno de los dos interrogatorios que había pasado: el de la clasificación y el de la incriminación. Por eso decía a su madre que diera «buena declaración». No especificó los malos tratos ni ahondó más en sus penas porque su carta era un escrito para infundir ánimos a la familia: decir la verdad, no pensar, comer… aguantar y vivir por los pequeños.

Fig. 25. Gervasio, Vicenta y Ricardo Herrero.

En dos palabras condensó lo que estaban sufriendo: aprensión y opresión. Percibió claramente que ambos mundos, prisioneros y familiares, estaban conectados y que los dos eran un objetivo para ellos, los «otros», a los que nunca mencionaría directamente: «porque ellos lo que quieren es que el que no muera a palos muera de aprensión», miedo, angustia, pena del que se quita de comer por los disgustos. Su referencia al «régimen de opresión» iba dirigida a uno de sus sobrinos jóvenes, por lo que era una advertencia sobre el futuro basada en su propia experiencia. Proteger su mundo, sus referentes, pasaba por atender a lo que unos sentían y explicar a los suyos lo que estaba pasando antes de que lo hicieran los que les estaban causando el daño. Este fue un tema generalizado al término de la guerra, especialmente presente en las cartas hacia los niños o los que estaban a su cargo. Ricardo no había pisado su pueblo desde que se marchó al frente y sus únicas fuentes de información eran las cartas familiares (y las que mantenía con su novia Tomasa), además de otras noticias que tuvieran los compañeros de campo de trabajo. Como muchos de ellos, trató de mostrar esperanza y transmitir entereza, pero su destino estaba sellado por una maquinaria de justicia militar que apenas había empezado a actuar en las zonas ocupadas al final de la guerra.

El 6 de julio de 1939, el juzgado militar núm. 2 envió un telegrama al cura de su pueblo. En él se facilitaban los nombres de las personas que Ricardo había señalado para que le avalaran. Dos días después el párroco contestó a este y a cuatro telegramas de la misma estafeta del campo de Pueblonuevo, todos referidos a asuntos de prisioneros de su pueblo:

Al Juzgado Militar núm. 2

En contestación a su telegrama fecha 6 de los corrientes, manifiesto que interrogados vecinos de esta designados en él, contestan no avalan Ricardo Herrero Cirujano, por haber ocupado este cargo de responsabilidades durante dominación roja.

El Romeral, 8 de julio de 1939

Casto Chacón[222].

El 10 de agosto, Ricardo salió de nuevo del campo, pero esta vez no iría a las oficinas sino que comparecería ante un consejo de guerra. El fiscal pidió pena de muerte, y el defensor, 30 años de cárcel por un delito de adhesión a la rebelión. Según el acta, el acusado no alegó nada. Esta fue la última vez que estampó su firma en un papel militar. El 14 de septiembre, la sentencia era confirmada. Fue ejecutado con cinco personas más en las inmediaciones del cementerio de Pueblonuevo el 28 de noviembre de 1939, fosa 22, manzana 5.ª, esquina 3.ª. El juez municipal, familiar de Agredano, el falangista que hacía de secretario del tribunal militar, los inscribió en el registro de defunciones, sin certificado médico ni cédula de defunción alguna[223].

Fig. 26. Tarjeta de Vicenta Cirujano a su hija Manuela desde la cárcel de Lillo. Archivo Familia Herrero Cirujano.

Poco después de conocer la muerte de Ricardo, su madre, que estaba encerrada en la cárcel de Lillo por orden del Gobierno Militar de Toledo, donde ya estaban reunidas todas las fichas del SIPM provincial, mandó esta composición a su hija Manuela, enferma y con muletas.

Vicenta murió en la cárcel de Ocaña en febrero de 1941 a causa de un derrame cerebral. Tenía 64 años. Su hijo Norberto, que también estaba en Ocaña, fue autorizado, «previo registro de sus ropas», a sacar el féretro del penal y conducirlo hasta el cementerio de dicha localidad con otros reclusos. En menos de dos años, la familia había sido destrozada por completo. No puede decirse que fueran las denuncias de los vecinos del pueblo sus causantes, sino que fueron los archivos de los servicios de información, ahora centralizados en el Gobierno Militar, los que condujeron su proceso. La «aprensión» familiar, la parálisis de los vecinos y la intervención del párroco no influyeron en un consejo de guerra sumarísimo que se tramitó en menos de un mes y que no admitió pruebas. Miles de fichas de calificación eran sacadas ahora a la luz por agentes que mantuvieron el anonimato y pasaron a actuar recurriendo a la denuncia. Gracias a ellas, la represión adoptaba una de sus formas más conocidas y generalmente atribuidas a las autoridades locales y especialmente a Falange, pero las redes provinciales del SIPM seguían activas y con ellas persistían las dinámicas de información y limpieza de la guerra, que comprendían la familia extensa. La ficha de Norberto Herrero como «miembro de la Junta Calificadora de Expropiación de Fincas Rústicas» de su pueblo resultó ser definitiva a este respecto. A pesar de que la guerra había terminado, soplaba de nuevo con fuerza el viento del norte[224].

Fig. 27. Norberto Herrero Cirujano. Ficha registro del penal de Ocaña. AHPT, leg. 66754.

Los del orden

LOS DEL ORDEN

En el mismo pueblo de El Romeral firmó su petición Purificación como «viuda de Benito Rodríguez Vitoria, asesinado en agosto de 1936 por la horda roja». Siguiendo la orden, la depositó en un sobre abierto y en el buzón de la estafeta dirigida al «Sr. juez de Guerra del Ejército de Ocupación». Aunque solo le acusaba de insultos, Bernabé de la Cruz fue detenido tres semanas después, el 22 de julio, en su propia casa y por orden de la Auditoría de Guerra de Aranjuez. Esa misma tarde dormiría en la madrileña prisión de Conde de Toreno. Allí fue a buscarle un delegado de la Comisión de Justicia de la Falange local para tomarle declaración según este modelo que llevaba adjunto:

Al iniciarse el Movimiento           | se puso órdenes autoridades rojas
Prestó servicios de vigilancia. | 1 días

A su regreso, elaboraron los primeros informes:

22 de agosto. Alcaldía: «tuvo intervención en la tercera saca que los rojos llevaron a cabo en este pueblo de personas de derechas, cementerio de Tembleque».

22 de agosto. Falange: «tuvo intervención en la tercera saca que los rojos llevaron a cabo en este pueblo de personas de derechas, cementerio de Tembleque, hizo guardia en los locales donde estaban los detenidos».

23 de agosto. Guardia Civil, Tembleque: «ha sido siempre de izquierdas, servicio a las autoridades marxistas, ignorándose haya tomado parte en hechos punibles»[225].

En octubre estaba ya en la cárcel de Lillo. Sin embargo, hasta principios de 1940 la Auditoría de Guerra de Aranjuez no intervino. No tenían nada contra él. Había sido movilizado forzoso con su reemplazo y no había hecho nada destacable en el Ejército Rojo. Tras ser clasificado con las primeras guarniciones que rindieron Madrid, fue evacuado a su pueblo, donde se presentó ante el comandante del sector. Finalmente, el 2 de febrero, el juez mandó al secretario judicial que supervisara el caso directamente. Terminada la contienda, eran ellos los que tenían que ponerse en contacto con los informantes. Gregorio Martín Limón, propietario, José Díaz Sánchez, labrador, y Pedro Pastrana Roldán, industrial, confeccionaron la ficha definitiva de Bernabé:

UGT, con anterioridad al Glorioso Movimiento Nacional.

Vigilancia armada.

Ir a casa de Benito para obligarlo a entregar arma de fuego.

Detención de Gregorio Martín.

Intervención en 9 asesinatos de El Romeral[226].

Purificación Martín Cirujano ratificó la denuncia que incorporaba estos nuevos datos. Bernabé fue trasladado al penal de Ocaña. Allí, el 25 de septiembre, se celebró su consejo de guerra, durante el cual negó todos los hechos que se le imputaban. La sentencia a muerte fue ratificada a finales de octubre y el 21 de diciembre se hizo entrega de la orden a la Guardia Civil para que la cumpliera. No lo hicieron hasta el amanecer del 23 de diciembre. Bernabé pasó un día entero en capilla cuando el tiempo reglamentario era de 12 horas. Tal vez por eso pudo escribir esta carta de seis cuartillas a su novia Gregoria, sabiendo que iba a morir.

Gregoria, no vivas impaciente por mí que yo no te olvidaré pero ten en cuenta que ha muerto el hombre que te quería como a su propio corazón y su propia mujer. Nueve años tras de ti impaciente por no llegar a ser feliz, porque tras de mis padres buenos y honrados no pensaba más que en ti. Gregoria no te deseo que vivas con la suerte que yo, que me olvides y que no me olvides, y que te cases con un hombre que te aprecie como yo, no te pido más que si te casas te cases con un hombre que no haya apoyado para que matasen al que mucho tiempo te aprecia y en el otro mundo no te olvida.

Gregoria estoy en los últimos momentos de mi vida. Yo nunca te olvidaré, como un hombre que quiere a una mujer. Voy a morir sin delito, inocente de todo cuanto ha pasado en el pueblo pero muero conforme, porque voy con mis compañeros y me voy en que disfrutaréis de la libertad del mundo entero y no tardando tiempo, eso que yo me llevo, que sabiendo que la libertad viene pronto me voy antes al otro mundo pero vosotros disfrutaréis lo nuestro y no viváis tristes, podéis decir que muero por mi buena situación en este mundo.

Gregoria como me decías varias veces, no vamos a llegar a casarnos y puedo decirte que no encontrarás otro hombre que te quiera como el que te matan los del orden, pero si matan a uno que tenía más orden que todos ellos, pero Gregoria te voy a decir lo que el corazón siente porque me ha llegado la hora, me voy con la tranquilidad y el disgusto que me dejó una mujer que me quería y me aprecia, y tú quédate lo mismo, yo no he vivido no estando contigo, a tu vera, así que el tiempo que has estado hablando conmigo sé que me has querido, me voy con ese gusto y tú quédate con el mío, y no me olvides. No por este querer sino por el crimen que han hecho contra un inocente, así que me voy sin poder gozar lo que teníamos ofrecido, qué suerte tan puta no tener en este mundo nada más que ese gusto y no poder disfrutar, disfrutar de ese amor tan dulce que teníamos entre los dos, pero no quiero que me olvides, que eso que sepas que han matado al hombre que más te ha querido.

Gregoria no me olvides pero quiero que vivas bien y a gusto y que tengas suerte para casarte bien que sería mi mayor deseo que aunque esté en el otro mundo que no te olvidaré, que después de 9 años va a disfrutar otro la mujer que me ha querido. Gregoria te lo voy a advertir muchas veces si me has querido con eso me voy, no aprecies a ningún hombre que haya apoyado para matar a tu segundo corazón, que por cuatro granujas sinvergüenzas no hemos podido disfrutar de nuestro amor. Gregoria no me llevo ninguna queja tuya ni de tu familia ni de tu casa. Me voy tranquilo, me han querido el tiempo que he ido a esa felicidad de casa, pero me matan a los 28, otros morirán más jóvenes, que en lo que invertía tu querer y mi pensamiento que no podía vivir sin estar contigo en este mundo, todo el tiempo perdido, pero alguno lo aprovechará porque yo y mis compañeros morimos para que vosotros y todos los que nos quieren gocen de la libertad, me voy con esa queja que no tardará en venir la libertad[227].

Fig. 28. Dibujo que hizo Bernabé de la Cruz de su novia Gregoria, Ocaña, 20 o 21 de diciembre de 1940. Archivo familiar[228].

Fig. 29. Fotografía de Bernabé de la Cruz. Archivo familiar.

El 9 de julio de 1939, el alcalde de El Romeral había enviado al juez instructor de la Causa General de Madrid una nota diciendo que aún no había recibido «los estados de los hechos delictivos cometidos durante la dominación roja». Su deseo de participar se concretó en la solicitud de «justicia» por las «15 personas asesinadas a manos de los rojos y haber sufrido todo tipo de vejaciones»[229]. Se mantenía activo el patrón de información y sistematización de la represión iniciado en la ocupación del norte, al que se adaptarían posteriormente las fichas de la Causa General. A principios de junio de 1939 prácticamente toda la familia Herrero estaba ya en la cárcel «bajo detención gubernativa». No era coincidencia que la carta del alcalde pidiendo participar en la Causa General y la del cura filtrando los avales de los vecinos fueran del mismo día; los informes locales se solapaban, se copiaban y hasta se duplicaban, como se ha visto, pero el ritmo lo imprimían las fichas de clasificación del Gobierno Militar. Presentes, como siempre, la dirección militar de la represión y la participación vecinal, y en medio, de nuevo, la cuestión de las tierras. Podía tratarse, en esencia, del mismo esquema previsto en la preparación del golpe de no ser porque el papel de la información se había perfeccionado policialmente.

Una vez terminada la guerra, la diferencia fundamental se establecía entre quien sabía que iba a morir y quien luchaba por volver a casa. La carta de Bernabé era fundamentalmente distinta de la de Ricardo, ambos, vecinos del mismo pueblo, con un recorrido social y político muy similar. El primero no insistió ni en su inocencia ni en su venganza: no tenía que convencer a su novia de ello, se sentía correspondido y apoyado en prisión. A pesar de todo, no pudo ocultar en su despedida un tono de resignación, amargura y de queja por ver interrumpida la vida que tenía por delante. En cambio, Bernabé tenía 27 años y había pasado los últimos 18 meses encarcelado. Sobrevivió a la guerra y volvió a su pueblo; creyó que no había peligro y que podría casarse por fin con su novia, con la que llevaba nueve años de noviazgo. Cuando escribió, estaba en Ocaña, un penal frío, en el que moriría tres días antes de la Navidad de 1940. No acertaba a decir a su novia todo lo que le quería expresar: sus sentimientos se contradecían (que me olvides y que no me olvides, que te cases y que no te cases), y se iba con el pesar de no poder vivir con ella, sintiéndose querido y correspondido.

Fig. 30. Relación de fichas cerradas familia Herrero Cirujano. Causa General, 1949.

El punto de vuelta a la historia colectiva radica en que Bernabé sabía que no moría por la guerra, sino por las «cosas del pueblo». No dijo nada contra la denunciante —puede que supiera que ella, en realidad, había tenido poco que ver—, sino contra un grupo que definía sarcásticamente como «los del orden». Tenía identificadas por tanto las causas últimas pero también más lejanas de su muerte. Su despedida personal adoptó una forma habitual en muchos jóvenes que en la cárcel terminaron su proceso de politización iniciado en la guerra. Frente a la construcción más política del porvenir («la libertad, mis compañeros») por el que se sacrificaban, elevaba su queja en un mensaje íntimo a Gregoria, a la que solo pedía que no se casara con ninguno de los que hubieran tenido que ver con su muerte. Murió sin saber que todo aquello se había fraguado, por los mismos procedimientos de elaboración de sus dos fichas de calificación, mucho antes de que la guerra terminara y de que pudiera volver sin problemas a su pueblo[230].

Fechas inolvidables

FECHAS INOLVIDABLES

Lo primero por lo que el sargento de la Guardia Civil de Móstoles le preguntó fue por su intento de suicidio. En el atestado puede leerse que «no ha querido quitarse la vida para que fuese traído a esta a responder de todo lo que ha hecho y para que le viesen todos los que tienen que lamentar hechos irreparables»[231]. Es imposible saber si Gerardo Muñoz contestó realmente de esta forma o si lo hizo de otra manera. Ni siquiera si llegó a contestar, ni cuánto tiempo tardó en hacerlo. Lo más probable es que escribieran esta frase por él, lo que nos lleva de nuevo a los que crearon y envolvieron deliberadamente la información en un lenguaje de apariencia, legalidad, retribución y perdón cuando la realidad, implacable, era otra. Desde el 22 de marzo en que salió de Madrid había tratado de mezclarse entre la gente y abandonar cualquier rasgo que le identificara como comisario político. Pasó desapercibido en la aglomeración del puerto de Alicante hasta que lo registraron y encontraron su título de maestro. Lo llevaba para emprender una nueva vida, lejos, en otro país. Fue una mala idea, llegó a pensar cuando empezaba a desangrarse. El 20 de abril, el SIPM ya había confirmado que se trataba del comandante de milicias Gerardo Muñoz, de la 4.ª Brigada Mixta. Tras interrogarle, dieron con Modesto Montero, su compañero de fatigas. Juntos habían fundado la Casa del Pueblo de Móstoles, luego lideraron la candidatura del Frente Popular y terminaron dirigiendo el consistorio municipal antes de ser militarizados y trasladados a Madrid[232].

Fig. 31. Nota de Valeriano Jara López en Porlier. Archivo Familia Jara Hernández.

Trataron de asumir todos los cargos, pero era inútil: tenían la lista de los otros cinco miembros del comité del pueblo y les imputaban 33 asesinatos de gente de derechas que había registrado la Auditoría de Navalcarnero. El 12 de mayo cruzaron el pueblo con la Guardia Civil, esposados, con las manos en la espalda. Entraron en el pequeño cuarto del depósito municipal. Allí estaban los otros cinco, que llevaban ya una semana detenidos. Tras ser interrogados de nuevo, el alcalde remitió los informes al juez militar de Getafe indicando que «todas estas personas son indignas de vivir en la España nacional». El juez ordenó su traslado a dos cárceles habilitadas de Madrid: los que venían de Alicante a Comendadoras y el resto a Yeserías. No volverían a verse nunca más. Valeriano prefirió quedarse en Madrid. No había tenido cargo alguno en las milicias, ni tampoco había sido dirigente político. Así lo habían asegurado días antes de que su batallón fuera entregado a las tropas nacionales. El 4 de abril tuvo que abandonar el piso en el que vivía con su mujer y salir con los muebles de la calle Fuencarral. La orden de evacuación decía expresamente que todos los que no tuvieran causas pendientes con la justicia debían volver a los lugares en que residían antes del 18 de julio de 1936. En dos semanas recibió el visado firmado por el jefe de policía militar del distrito centro. Podía salir de Madrid, pero debía presentarse ante la comandancia militar de su pueblo. Así lo hizo, y estuvo viviendo allí sin mayores problemas hasta que el 4 de mayo el sargento de la Guardia Civil «procedió a su detención al considerarle autor moral de todos los desmanes cometidos durante la horda roja»[233].

Valeriano Jara López tenía 39 años y era panadero. Nunca había estado en la cárcel, y menos en una como aquella. Empezó a anotar los días en un pequeño trozo de papel que llevaba siempre encima. El día que entró en aquel edificio que hacía las veces de cárcel le habían dicho que estaba prohibido escribir cartas y que podía recibir también una visita a la semana. Solo podía mandar una tarjeta de prisionero que costaba 50 céntimos, más 20 del sello. Llevaba la cuenta cuidadosamente en una esquina del único de sus papeles personales que aún se conserva y en el que puede leerse «tarjetas que he escrito»; los números correspondían a los días y al dinero que le quedaba para seguir escribiendo. Su situación empeoraba y muy pronto tuvo que mandar las tarjetas sin sobre. Además de fechas y números, el papel tenía una lista de nombres del servicio de limpieza de Yeserías en el que figuraba, como recién llegado, en último lugar. Detrás anotó todas las fechas y los lugares por los que había pasado desde el fin de la guerra. Lo llamó «fechas inolvidables». Se acercaba el juicio en Las Salesas y le preguntarían por lo que había hecho en cada momento.

El 22 de mayo fueron conducidos a la vista previa del consejo de guerra. La Fiscalía del Ejército de Ocupación de Madrid leyó un escrito en el que se pedía la pena de muerte para todos como autores e inductores de asesinato, excepto para Francisco Reyes, conserje y cobrador del ayuntamiento, y para él mismo, como «secretario accidental», para los que pidieron 30 años. Dos días más tarde se reunió de nuevo el consejo de guerra permanente núm. 8. A petición del vocal ponente, el capitán jurídico Jaime Guasp Delgado, se amplió la pena de muerte por concurrir «en todos ellos los agravantes de perversidad y trascendencia». Francisco y Valeriano alegaron que desempeñaron aquellos cargos «en contra de su voluntad», pero el defensor ni siquiera insistió. Nadie le preguntó tampoco por las fechas que cuidadosamente había estado apuntando en el papel. La sentencia quedaba pendiente del enterado del jefe del Estado[234].

Anotó en su pequeño trozo de papel: «30 de mayo, traslado a la cárcel de Porlier», donde ingresó con sus cuatro compañeros en la tercera galería, la de los condenados a muerte. Desesperado, gastó todo lo que tenía para poder escribir más. Mandó las tarjetas sin sobre porque no tenía dinero y de todos modos las iban a leer. Presionó de nuevo a sus familiares para que hicieran las gestiones convenidas en las visitas y trataran de evitar que la condena a muerte se cumpliera. El 11 de junio, su hermano Pedro contestó a una de ellas.

Querido hermano

Acabo de recibir tu tarjeta del 8 del corriente en la que te quejas que no te hemos escrito desde que por desgracia estás en esa. Yo he pensado escribirte varias veces pero esperaba que te escribiera Ignacio, pero este está en Madrid hace una semana y para en casa de tía Eulalia. Creo que estará buscando trabajo pero no sabemos si trabaja o no. Yo sigo escardando pero parece que queda para pocos días. El día que termine si no hay trabajo por aquí lo iré a buscar donde sea pues demasiado comprendes en la situación en que nos encontramos. También comprendo en la crítica situación en que te hallas pero no podemos hacer nada por evitarla. Y confío en tu inocencia porque sé que los que te han acusado son gentes envidiosas y ruines que te quieren mal. Pero confía que pase el tiempo que pase la verdad ha de abrirse paso. Sin más confío en que la Justicia de Franco no haga un hecho tan inhumano como el que quieren cometer contigo, recibe un fuerte abrazo de tu hermano.

Pedro

Año de la Victoria[235].

Era evidente que su hermano estaba vigilado, pero aquello era un mazazo. La confianza y el paso del tiempo que le aconsejaba eran imposibles de conciliar en un lugar con más de 5000 detenidos y en el que los juicios y las ejecuciones se sucedían como el día y la noche. El 22 de junio escribió otra tarjeta, la tercera que mandaba a su primo Mariano de Cabo. Vivía cerca, en la Corredera Alta. La dirección era la de una carnicería, un local de lujo en el Madrid de aquellos momentos. No solo su posición era mejor que la de su hermano, sino que fue a visitarlo a la cárcel y le prometió ayuda. Valeriano y sus compañeros se habían aferrado a él como su última posibilidad.

Madrid, 22 de junio de 1939, Año de la Victoria

Querido primo, quizás peque de molesto al dirigirme a ti por tercera vez, pero la impaciencia es tan grande en estos sitios que no puedo por menos que requerir tu ayuda. Hace ocho días que tuve el honor de hablar contigo, lo cual me llenaste de esperanza, pero en vista de que no has contestado con nada, hoy te digo: harás el favor de comunicarme lo que sepas, bueno o malo, y en cosa de que sea cosa que no esté a tu alcance, busques un abogado el cual se interese por nuestros expedientes, y para tales trámites no regatearemos en intereses materiales los cinco que estamos aquí juntos por la misma causa que son: Valeriano Jara, Francisco Reyes, Segundo Arribas, Enrique López y Andrés Piñeiro. No dudando que me atenderás te doy las gracias.

Valeriano[236].

Poco después escribió otra tarjeta, la última. La escribió horas después para que saliera en el primer turno de la mañana. Ya no tenía la pluma azul con la que había escrito a su primo, sino el pequeño lápiz con el que llevaba la cuenta de sus días. Ordenó su vida, sus ideas, y resumió en siete puntos todo lo que había sentido desde el fin de la guerra. Dio la vuelta a la tarjeta y la inclinó para escribir en posición vertical. En Porlier no había mesas, así que tuvo que hacerlo en el suelo o en la espalda de un compañero. Se despidió de su mujer Margarita con un profundo y seco dolor.

A Margarita Hernández Manrique

Móstoles (Madrid)

Querida Margarita

Por si son estas las últimas palabras que te dirijo quiero que se te queden bien presentes.

1.º Soy inocente de todo cuanto se ha cometido.

2.º Si me han condenado a muerte ha sido por pertenecer a la Sociedad.

3.º Tú mejor que nadie sabes que no soy capaz de matar una mosca.

4.º He notado algo de abandono en ti durante mi encarcelamiento.

5.º Que yo siempre te he querido como te merecías y si algún disgusto te he dado ha sido por causa de mi familia.

6.º También sé que te ha atacado mucho tu familia, pero tú con quien has tenido que vivir hasta la muerte es con tu marido.

7.º Que seas más feliz en el porvenir que has sido conmigo pero que con ninguno te vaya peor que te ha ido conmigo hasta el día que me encerraron.

¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós para siempre tu Valeriano!

Porlier 22 de junio de 1939.

Fig. 32. Tarjeta de Valeriano Jara a Margarita Hernández. Archivo Familia Jara Hernández.

La tarjeta llegó a su destino pero no se sabe exactamente qué día. Puede que entrara en la estafeta de la mañana como su autor pretendía. Su cuerpo y el de sus otros cuatro compañeros estaban ya en el cementerio del Este. Pero también cabe la posibilidad de que se retrasara y saliera en el turno de tarde. Para entonces su defunción ya estaba inscrita en el registro civil de Madrid. El capitán de la sanidad militar de la Auditoría de Guerra certificó las muertes, por «disparos de arma de fuego», que fueron incluidas en la estadística de campaña. No es una cuestión menor porque la familia supo que todo había terminado para Valeriano por esta tarjeta. No recibieron certificación oficial de su muerte hasta 1942. Valeriano era consciente de que los registros se hacían a diario, que mirarían lo que había escrito en su papel y que leerían varias veces sus tarjetas. A pesar de la desesperación y la degradación en las que vivía, mantuvo la esperanza hasta el final y trató de hacer todo lo posible para salir de aquella situación, apoyándose, sobre todo, en la familia. No olvidó a sus compañeros. Sabía que el expediente, la causa contra el comité de Móstoles, era conjunta, pero siguió pensando que los consejos de guerra se parecían a un juicio ordinario. Anotó las fechas desde la entrada de los nacionales en Madrid hasta el que fuera su último día, el 24 de junio, con la determinación de que podría probar su inocencia. No pidió avales sino un abogado. Pero en Las Salesas no se juzgaban delitos individuales, se probaba la pertenencia o no a una institución que se enfrentó al Ejército, y la acreditaban los servicios de información, por alguno de los medios que se han tratado de describir anteriormente. Tal y como resumía la sentencia: «una vez acreditado que habían formado parte del comité revolucionario, debe atribuírsele el asesinato de 33 personas». Al contrario que su hermano, Valeriano no culpó a nadie por denunciarlo y estaba en lo cierto. Aunque consiguió salir de Madrid sin problemas, su detención había empezado en el campo de Albatera, con la identificación por la policía militar de Gerardo Muñoz. Después solo había que preguntar en qué ficheros aparecía su nombre para averiguar la sentencia:

Fig. 33. Tarjeta de Valeriano Jara a Margarita Hernández en Porlier. Archivo familiar.

Fig. 34. Valeriano Jara López. Archivo familiar.

Primera ficha, Clasificación militar: Jara López, Valeriano, Sargento de la 53 Brigada Mixta, Batallón 212.

Segunda ficha, Auditoría de Guerra de Navalcarnero: Jara López, Valeriano, natural de Móstoles, Madrid, afiliado al Sindicato de Obreros de las Artes Blancas Alimenticias[237].

Tenía claro que moría por pertenecer a la Sociedad del Campo de UGT de Madrid («Si me han condenado a muerte ha sido por pertenecer a la Sociedad»). Y no deja de ser relevante que Valeriano se refiriera a la «Sociedad» para definir la Sociedad del Campo, a la que la información militar llamaba claramente «Sindicato de Obreros». Fue condenado a muerte por su actividad sindical anterior a la guerra, ya que estaba afiliado desde 1932; sabía que ese era realmente el motivo, puesto que no había hecho nada a nadie, como pretendían imputarle desde el nuevo ayuntamiento. Era inocente, pero en ese momento ya no le importaba nada del juicio, necesitaba despedirse de su mujer. Aunque habían tenido problemas por las respectivas familias, habían conseguido mantenerse juntos toda la vida hasta el día «en que me encerraron». Ahí todo empezó a cambiar y la desconfianza y la amargura terminaron haciendo mella en Valeriano: «he notado algo de abandono en ti durante mi encarcelamiento». A pesar de no guardar rencor a su mujer y de desearle un futuro feliz, quiso hacerle llegar un mensaje: se había sentido solo y abandonado.

Pero, realmente, ¿qué podía hacer Margarita en aquellas circunstancias? Entrar y salir de Madrid, y más para ver a un preso, era muy difícil. Tardaba varias horas en llegar y necesitaba un salvoconducto que tenía que pedir a la misma Guardia Civil que había detenido a su marido. En el ayuntamiento no se habían portado mejor. No tenía dinero, ni forma de ganarse la vida, ni siquiera el campo era un refugio; su cuñado mismo estaba escardando, recogiendo lo poco que daba una tierra exhausta y abandonada. Pronto tendrían que irse. Y todo aquello para llegar a un locutorio rodeado de gente donde era imposible hablar ni escuchar nada. Poco importaban todas aquellas dificultades a Valeriano, que veía cómo se le escapaba la vida y no entendía que no pudieran hacer nada por evitarlo. Esperaba algo que era imposible de cumplir en aquellos momentos. Miembro del sindicato, de la Sociedad de Panaderos, exigía el apoyo, la solidaridad que habían mostrado siempre con los compañeros encarcelados por huelgas en el trabajo o disturbios públicos. Recordaba especialmente la movilización y la campaña por la amnistía de los presos de Asturias, y aunque sabía que muchos habían muerto o estaban como él en la cárcel, se negaba a reconocer que la destrucción del movimiento obrero era ya un hecho.

Odisea

ODISEA

Una cartera marrón del Ejército de la República, con dos fotografías pequeñas y unas cuartillas, una camisa, dos alpargatas y un pantalón. Fue todo lo que dejó antes de despedirse en el convento de Dominicos de Mérida Francisco Peral Serrano. En el primero de los papeles, cuidadosamente doblado, podía leerse «Memorias de mi odisea»[238]. Se reproducen a continuación tal y como él los dejó, como parte de un relato personal interrumpido, ahogado en una tragedia generacional y colectiva.

Fui hecho prisionero el 26 de marzo de 1939, a las 11 de la mañana, nos condujeron a Espiel. Salí por la mañana a un campo de prisioneros a Antequera, hicimos el viaje sin comer y el 27 llegamos al campo de concentración. El 17 de abril me denunciaron unos soldados, uno de ellos de mi compañía. La Guardia Civil me apaleó para que lo confirmara y como me negara, hicieron comparecer a los denunciantes. Uno de ellos ni me sonaba; como la denuncia era falsa, en el careo, uno lloraba y temblaba, pero el que no me conocía acabó diciéndole que «ahora no se volvía atrás». La Guardia Civil les amenazó diciéndoles que incriminar era una gran responsabilidad. A mí me dijeron que de todas formas me matarían que por haber sido oficial ya es bastante. Me esposaron para llevarme a la cárcel y como pedí el equipo para llevármelo, me contestaron que ya no necesito el equipo. Solo para no sé dónde, miré hacia la claridad del día que se iba y me dije, la última vez que lo veo, mañana ya estaré muerto. No tenía miedo. Hoy tal vez me asuste más la idea de morir. Llego a la cárcel siendo muy bien acogido por los malagueños, no olvidaré nunca lo que han hecho por mí.

10 de septiembre. Salgo para Badajoz. La cárcel me causa mala impresión. Hay ejecuciones, la gente muy antipática, poco amiga de hacer favores. Presto declaración ante el juez y me parece un buen hombre. Dice que si es verdad lo que yo digo saldré en libertad y si no iré a las malvas. Esto ya me da que pensar.

30 de octubre me trasladan a la prisión picadero militar. Muy mala, el piso de tierra y hacemos nuestras necesidades donde comemos y dormimos. No es ni más ni menos que un picadero. Los oficiales no son malos nos tratan bien.

Noviembre. Muy intranquilo. Hay muchos consejos y penas de muerte. Empezamos a creer que para enero no estaremos aquí ninguno según la marcha que lleva esto.

Año 1940

1 enero. La situación es la misma. Han salido algunos decretos pero los días vienen a demostrar que no hay nada que hacer.

4 de abril. Nos trasladan a todos a Mérida e ingresamos en la prisión de Santo Domingo.

27 de junio, llevo 10 meses procesado. La situación es muy inquietante. Muchas veces me pregunto ¿viviré el 26 de junio de 1941? Creo que no.

1 de agosto. Ha habido más de 40 ejecuciones.

3 agosto. Hoy tres también, se han paseado 10. Estamos horrorizados no nos quedan más que pensar que hagan con nosotros lo que quieran.

[A partir de este momento pasó a escribir a lápiz].

23 de septiembre. Recibo carta de mi madre que me afecta mucho. La pobrecilla sufre mucho, me manda un giro de 8 pesetas, esto me hace saltar las lágrimas, pues sé del esfuerzo que esto supone para ellos, ya que no tienen quien se lo gane. Algún día tal vez pueda devolverles algo de tanto sufrimiento.

14 octubre. Paso mucha hambre, tengo tal debilidad que a veces pierdo la razón.

2 de noviembre. Voy a consejo de guerra. Me hacen una serie de acusaciones que no comprendo, cómo es posible que las autoridades admitan tanta falsedad. El Fiscal no me hace siquiera petición. El defensor me hace una buena defensa. Hoy se ha decidido mi sentencia, me han condenado a muerte. Esta noche bájanme al sótano.

28 de noviembre. Solicito revisión del expediente. No sé si servirá de algo.

1941

22 de enero. Hay una saca en la que van los de este consejo creo que me va a tocar y descuelgo el pantalón y la camisa, me he tragao un buen paquete, en otra será[239].

Fig. 35. Fotografía de la cartera de Francisco Peral Serrano. AHGD, 105 783/3515.

Fig. 36. Fotografía de la cartera de Francisco Peral de su hermano Antonio. AHGD, 105 783/3515.

Capítulo 7. Las dos mitades del aire

CAPÍTULO 7

Las dos mitades del aire

El suicidio de Francisco Peral Serrano se produjo en circunstancias similares a las de otros miles que nunca han sido reconocidos como tales: justo después del consejo de guerra y antes de que se cumpliera la condena a muerte por un delito de rebelión militar. En sus pequeñas cuartillas, donde dejó constancia de todos los detalles para escribir unas memorias al volver a casa, quedan aún las huellas que le llevaron a tomar esta decisión. En primer lugar, nunca fue reconocido como oficial del Ejército (en cambio él seguía fijándose en el trato que recibía de los oficiales franquistas). Pasó en su lugar por un sistema de identificación y clasificación que realizaban los propios prisioneros, diseñado para que se incriminaran mutuamente, fue apaleado, sufrió hambre y sed y pensó que iba a morir en varias ocasiones. Empezó un calvario de 18 meses pasando por distintos tipos de cárcel, una de ellas un picadero de caballos, rodeado de pobreza, muerte y enfermedad. La confirmación de la condena terminaría con lo que le quedaba de personalidad. Su muerte no se debía al caos y la venganza del final de una guerra fratricida: era el fruto maduro de una guerra de ocupación, administrada y regulada a través de la información y del castigo[240].

Desde comienzos del golpe proliferaron una larga serie de lugares como los que describió el propio Francisco que se tragaron por completo el sistema judicial. Las cárceles ofrecieron la apariencia de legalidad y la cobertura institucional, sobre todo local, que precisaba la represión franquista para consolidarse. Su norma fundamental fue el Decreto de Redención de Penas por el Trabajo, de 7 de noviembre de 1938, seguido por la creación de las Colonias Penales Militarizadas, que dependían directamente de Presidencia de Gobierno. Los batallones de soldados trabajadores, batallones disciplinarios, destacamentos penales y campos de trabajo ponían fin a la larga nómina de espacios disciplinarios para prisioneros que no habían sido condenados por delito alguno, sino simplemente castigados y utilizados como mano de obra abundante y barata[241]. La distinción de los detenidos en «condenados», «juzgados a la espera de sentencia» y «presos preventivos», que se fraguó a lo largo de la guerra, terminó simplificándose del lado de un escueto tratamiento en «redimibles» e «irredimibles». Todo había empezado con la distinción entre prisioneros, presentados y evadidos, usada ya en la ocupación del norte y que se extendería paulatinamente al resto de territorio. A pesar de sus diferencias, entrar en un grupo u otro seguía marcando la frontera entre la vida y la muerte en la primera posguerra. Este capítulo está destinado a comprender el desarrollo y progresivo impacto social de una política penal que se extendía deliberadamente de los detenidos a toda la familia a través del denominado «perdón parcial», o perdón con condiciones, y que terminó de fijar las dos Españas, las dos mitades del aire.

La redención de las masas

LA REDENCIÓN DE LAS MASAS

A la semana del golpe, la Junta de Defensa Nacional de Burgos declaró nulos todos los plazos de los trámites jurídicos y legales[242]. La consigna era la rapidez. A partir del 4 de septiembre podía celebrarse como ordinario cualquier consejo de guerra. Los generales jefes de los Ejércitos de Ocupación podían delegar su jurisdicción, siguiendo la escala de mando, «en los territorios que vayan quedando bajo su dominio». Y fundamentalmente es lo que ocurrió con las prisiones, que pasaron a estar bajo la autoridad del comandante o jefe de sector, según el tamaño o importancia de la localidad ocupada. En espera de pasar a disposición del juez militar o de la instrucción de la Auditoría de Guerra, las cárceles se fueron saturando de detenidos gubernativos, presos preventivos y todos aquellos civiles cuya «calificación» no estaba lo bastante clara. Muchas de las personas que protagonizan los casos e historias aparecidos en las páginas anteriores no pasaron nunca de ser oficialmente «detenidos gubernativos», y fueron víctimas de ejecuciones rápidas, sacas o sumarios colectivos[243]. Pero al mismo tiempo que este tipo de violencia alcanzaba un grado inusitado, se creó una estructura burocrática dirigida a apoyar el proceso de unificación jurídica y la centralización que dirigiría la guerra de ocupación hasta la conquista del «Estado». El edificio se levantó en muy poco tiempo, siguiendo la división de funciones previstas en el golpe. El 28 de septiembre de 1936, la Junta de Burgos asume todas las atribuciones de justicia e inicia una política de vuelta al modelo anterior a la República, que tuvo su colofón el 22 de julio de 1937 con la creación de la Dirección General de Prisiones[244].

Por lo demás, el sistema inicial se organizaba por igual sobre los métodos de disciplina interna del Ejército y sobre la «necesidad del trabajo de los reclusos». El mundo del trabajo con los prisioneros iría más allá de su utilización para ganar la contienda; fue su principal vía de acceso a la política de colaboración, de la deserción a la incriminación de los otros. La mayor parte de la redención de penas por el trabajo estaba ya definida a mediados de 1937. Su primera norma era una instrucción «sobre trabajo remunerado de los prisioneros de guerra y presos por delitos comunes», una unión deliberada que se hizo pública días después con un cambio sustancial en su enunciado: el trabajo pasaba de ser una obligación a convertirse en un «derecho» que se concedía como medida de gracia[245]. Se recordaba a los presos que estaban militarizados pero se les facilitaba «a aquellos que no supongan un peligro» la posibilidad de trabajar como peones libres. Con ello pagarían su manutención y podrían llegar a ahorrar para mandárselo a la familia. Además, si mostraban buena disposición, sus jefes se lo certificarían para facilitar su causa ante la justicia. Se trataba de la antesala del Decreto de Redención de Penas por el Trabajo, que aparecía publicado el 11 de octubre de 1938, prácticamente decidida ya la batalla del Ebro. Elaboración y planificación, que, de nuevo, contrastaban con la caótica realidad que se vivió en la mayor parte de estos lugares de encierro, los más generalizados de toda la guerra y comienzos de la dictadura. Finalmente, el proyecto de redención se presentó públicamente el 1 de abril de 1939, con el parte final de la guerra, cuando se anuncian una serie de medidas «para liquidar con sentido cristiano y patriótico, las consecuencias trágicas de la subversión marxista que han colocado como obligado corolario de las mismas, a un gran número de personas en prisión». La libertad condicional quedaría legalmente supeditada así al cumplimiento de la redención de penas, garantizando el único camino oficial para salir vivo de prisión: la colaboración, la obediencia y el trabajo[246].

Al menos desde junio de 1937 los responsables del aparato de prisiones no disimulaban su preocupación ante el aumento del número de presos y prisioneros que había creado la ocupación del norte. Pero lo que ocurrió en los meses finales de la guerra superó con creces todo lo que tenían previsto. A medida que eran clasificados, a los prisioneros se les evacuaba a campos de concentración de retaguardia y posteriormente eran trasladados a prisiones, en un proceso que duraría varios años. La estructura embrionaria de julio y septiembre de 1936 se había transformado a mediados de 1939 en una inmensa red modelada por una Dirección General y un Patronato Central. El problema es que tenía entre sus manos al mayor número de presos de la historia de España: medio millón de prisioneros de guerra en campos de concentración al acabar la guerra, 100 000 en batallones de trabajadores y al menos 47 000 en batallones disciplinarios de soldados trabajadores para esa misma fecha[247]. Amancio Tomé, director de la prisión de Porlier, cifró en 300 000 los presos en abril de 1939[248]. El Ministerio de Justicia daría cifras algo más bajas para el número de presos a comienzos de 1940: en torno a los 270 000. Sus datos hacían referencia únicamente a las penas de reclusión con condenas firmes, pero no mencionaban todas aquellas prisiones irregulares o habilitadas por las que desfilaron miles de personas, ni tampoco tenían en cuenta a todos los detenidos a disposición de la policía gubernativa. Las cifras de la Dirección General de Seguridad siguen siendo desconocidas. Así pues, disparidad de fechas y de sujetos dependientes de autoridades y organismos distintos. La cifra exacta nunca se podrá saber, pero se acerca al millón y es, con mucho, la más elevada en la historia de nuestro país, y hasta que avance la Segunda Guerra Mundial destacaría igualmente en el ámbito europeo[249].

La particularidad del caso español se manifiesta inicialmente en que los prisioneros pasaran de los campos de concentración a las prisiones, convirtiéndolos de facto en presos comunes, situación que ya había empezado con la negación de su reconocimiento como soldados o combatientes. De ahí que el número de internos en prisión (cumpliendo una pena o en espera de hacerlo) mostrase una clara ventaja comparativa con el panorama europeo. Los detenidos y presos gubernativos en Francia pasaron de 34 000 en 1940 a 59 000 en 1944. En Alemania el máximo número de presos (no de internos en campos) se alcanzó entre diciembre de 1944 y enero de 1945, con 189 940 registros[250]. La estructura creada desde la guerra se mostró totalmente insuficiente para recibir semejante marea humana, ya que la situación alcanzó un volumen que desbordaría por completo todas sus previsiones. Solo los detenidos en los campos de concentración de Valencia, Alicante y Murcia duplicaban la capacidad del sistema antes de iniciarse la guerra. Tan solo en Alicante estaban esparcidos más de 65 000 prisioneros sin clasificar. Albatera, Los Almendros o el mismo palmeral de Elche eran descongestionados periódicamente hacia lugares como el seminario de Orihuela, el Reformatorio de Adultos, Liria o El Puig. En la capital valenciana, San Miguel de los Reyes llegó a albergar a cerca de 10 000 presos[251]. Para entonces en la provincia de Murcia, sin contar las cárceles de Cartagena y Cehegín, estaban encerrados 7771 «hombres y mujeres»[252]. Ante el peligro de una revuelta o de una epidemia más que segura, los responsables de prisiones de la zona solicitaron «colonizar» la isla de Tabarca con presos, pero la Dirección lo desaconsejó «porque el viaje cuesta más de dos horas y muchos no lo aguantan dado el deplorable estado en el que llegaban», pero sobre todo porque no quería correr con el riesgo de convertir la isla en «un poblado de familiares»[253].

A esas alturas muchas ciudades españolas reproducían la situación del Levante. A mediados de 1940, la población del Puerto de Santa María era de 22 264 personas, de las cuales 5479 eran presos del penal, casi el 19 por 100 de la ciudad[254]. En Madrid y en Barcelona también proliferaron improvisados recintos para acoger a miles de detenidos. En Madrid se crearon al menos 17 centros provisionales con más de 30 000 presos, con Porlier a la cabeza[255]. Desde un principio, comenzaron a trasladar parte a Aranjuez, Colmenar y sobre todo Alcalá de Henares, sede de un reformatorio y dos penales desde el siglo XIX. Además, mantenía Alcalá uno de los pocos psiquiátricos penitenciarios activos durante la guerra. La Modelo de Barcelona superó los 7000 reclusos al finalizar la guerra. Se habilitaron garajes, como el preventorio de la calle de Urgell, o la cárcel de Pueblo Nuevo. Para descongestionar el centro de la ciudad, se recurrió a Manresa, Vich, Villanova, Sabadell, Tarrasa y Mataró. Por su parte, la mayoría de las mujeres detenidas pasaron por Les Corts, Lérida y Gerona[256].

Fig. 37. Red de cárceles por provincias, 1941.

Albacete | 6 | Alicante | 10 | Almería | 5
Ávila | 4 | Badajoz | 6 | Barcelona | 10
Vizcaya | 8 | Burgos | 4 | Cáceres | 5
Cádiz | 3 | Castellón | 3 | Ciudad Real | 11
Córdoba | 6 | Coruña | 2 | Cuenca | 3
Gerona | 2 | Granada | 10 | Guadalajara | 7
Huelva | 2 | Huesca | 5 | Jaén | 15
Las Palmas | 2 | León | 5 | Lérida | 3
Logroño | 2 | Lugo | 1 | Madrid | 12
Málaga | 6 | Murcia | 16 | Orense | 1
Oviedo | 2 | Palencia | 3 | Baleares | 4
Navarra | 2 | Pontevedra | 5 | Salamanca | 2
San Sebastián | 1 | Santander | 4 | Segovia | 3
Sevilla | 4 | Soria | 2 | Tarragona | 4
Tenerife | 3 | Teruel | 6 | Toledo | 5
Valencia | 8 | Valladolid | 6 | Vitoria | 3
Zamora | 1 | Zaragoza | 5 |  |

Dirección General de Prisiones. AGA 41/11955.

A pesar de esta situación, el organigrama central creado en la guerra no se modificó. La respuesta fundamental para atender este desbordamiento (no hay que olvidar que el número de presos oficiales en 1936 no llegaba a los 30 000) fueron las prisiones habilitadas. El Ejército y, sobre todo, la Iglesia aportaron la mayor parte de los edificios (cuarteles, colegios, conventos, aunque también fábricas, frontones y casas alquiladas a particulares) que fueron utilizados para estos fines. Los centros habilitados o provisionales fueron mayoritarios hasta la primera mitad de la década, cuando muchos pasaron a ser prisiones centrales.

Las provincias que mantuvieron mayor número de prisiones a comienzos de 1942 (Murcia, Jaén, Madrid, Barcelona, Granada y Alicante) reproducían la tendencia iniciada con la ocupación de Levante y la zona centro, con Madrid como colofón final. Las cárceles centrales de antes de la guerra no llegaban ni al 5 por 100, y fueron las prisiones habilitadas y las provinciales las que recibieron directamente al grueso de la población reclusa. En tercer lugar hay que mencionar las cárceles de partido, que en muchas provincias terminaron por ser mayoritarias. Las diferencias son importantes. En la primera podía existir un jefe habitualmente político o militar. En las segundas había siempre un director que pertenecía o había pertenecido al cuerpo de prisiones. Al igual que en las cárceles de partido, existía ya un funcionamiento previo, alimentación, sanidad, etc., que, a pesar de las circunstancias y de todas las medidas excepcionales, pudo amortiguar mejor los años que siguieron al final de la guerra. Aunque no puede considerarse un marcador exacto, en las prisiones habilitadas predominaron condiciones mucho más inhumanas y sus habitantes fueron víctimas de una violencia aún más extrema. Una realidad que sigue siendo muy difícil de demostrar, sobre todo porque no solía quedar constancia ni registro alguno de entrada o de salida. A comienzos de 1942 el Estado franquista no controlaba directamente ni la mitad de las prisiones que poblaban toda la geografía peninsular e insular. Una gran mayoría descansaba bajo el control de su estructura periférica, empezando por el gobernador civil, que en la primera etapa de la guerra podría conceder la «libertad condicional», ordenar el régimen de aislamiento o decretar los traslados sin ningún problema. Las cárceles de partido y las cárceles locales, por otra parte, las mayoritarias y más comunes, fueron controladas por los nuevos ayuntamientos o por gestoras provisionales hasta que estos se formaron y se instalaron de nuevo. En marzo de 1942, la Dirección de Prisiones cifraba en 256 los edificios y fincas que alquilaban y habilitaban como prisiones[257].

Fig. 38. Edificios de propiedad particular habilitados para prisiones por los que se paga alquiler, marzo de 1942.

CIUDAD | CENTRO
Albacete | San Vicente
Alcañiz | Iglesia Santo Domingo
Alcoy | Abastecedora
Alfaro | Cuerpo de Guardia
Alicante | Habilitada mujeres
Almendralejo | Casa Colonia
Aranjuez | Convento franciscanas
Ávila | Rubi (mujeres)
Barbastro | Capuchinas (hombres)
Barbastro | Claras (mujeres)
Barcelona | San Elías
Baza | Palacio obispo
Baza | Colegio Plaza Caudillo
Calzada de Oropesa | Convento agustinas
Ciudad Real | Fábrica abonos
Ciudad Real | Colegio calle La Cierva
Cuevas Almanzora | Habilitada mujeres
Elche | Fábrica núm. 1
Elche | Fábrica núm. 2
Formentera | Oficinas
Gandía | Escolapios
Gerona | Adoratrices
Granada | La Campana
Guadalajara | El Carmen
La Roda | Prisión mujeres
Lebanza | Sanatorio
Lérida | Seminario viejo
Madrid | San Isidro
Madrid | Santa Rita
Madrid | Comendadoras
Madrid | Porlier
Madrid | Yeserías
Mula | Habilitada
Murcia | Isabelas
Murcia | Agustinas
Novelda | Habilitada
Palma de Mallorca | Hermanas de los pobres
Palencia | Antiguo manicomio
Sta. María del Puig (Valencia) | Guardia militar
Salt (Gerona) | Convento
Tenerife | Costa sur
Santander | Oblatas
Santander | Tabacalera
Santander | Tabacalera local
Tarragona | Terrenos cultivo
Santurrarán | Terrenos cultivo
Tarragona | Convento La Puncha
Tarragona | Oblatas
Tortosa | Purísima
Totana | Capuchinos
Uclés | Monasterio
Valdenoceda | Fábrica sedas
Valencia | Convento Santa Clara
Vitoria | Carmelitas
Zaragoza | Habilitada hombres

Prisiones habilitadas. AGA, leg. 41/11955 (total alquiler 611 605 pesetas).

Todos los edificios se quedaban pequeños para albergar semejante masa de presos y detenidos. Ya el 8 de mayo de 1940 la Dirección General había informado a Presidencia del Gobierno del «excesivo número de presos». Según sus cifras, habría 103 000 reclusos ya condenados, por lo que oficialmente seguían sin sentencia al menos 100 000 más. Ante ese volumen, calculaba que se necesitarían unos tres años para dictar sentencias de todos los detenidos, «siempre y cuando no hubiese más denuncias»[258]. A comienzos de 1941 estaban completamente colapsados. Los presos ya existentes tuvieron que hacer sitio a un incremento de presos comunes (sobre todo por delitos contra la propiedad) y a nuevos detenidos por delitos posteriores al 18 de julio. La mayor parte de las prisiones y lugares que se habilitaron para detenidos quedaron al mando del jefe militar de la ocupación. Las prisiones de partido, las provinciales y algunas centrales, como la de Burgos, establecidas en zonas donde triunfó el golpe, mantuvieron normalmente a sus directores. Las órdenes de ejecutar a varios individuos, las conocidas «sacas», se produjeron por igual en ambos tipos de prisión, pero tuvieron más incidencia en las primeras. El propio Francisco Peral, que se suicidó en un convento convertido en prisión en Mérida, definía todavía a comienzos de 1941 como «sacas y paseos» lo que veía a su alrededor.

Al menos hay que reconocer tres instancias o poderes que podían detener y encarcelar a personas automáticamente desde comienzos de la guerra. En primer lugar, la Auditoría de Guerra, los servicios de información y los gobiernos militares, que mantenían las competencias de seguridad. Este fue el caso de Vicenta Cirujano, por ejemplo, detenida en la cárcel de Lillo y que más tarde fue trasladada a un «Reformatorio de Adultos», como seguía siendo oficialmente definido el penal de Ocaña. En segundo lugar, los gobernadores civiles y los alcaldes. Un importante volumen de represaliados a comienzos del golpe o presentados que volvieron a sus pueblos al final de la guerra acabaron detenidos por orden de las nuevas gestoras municipales, que informaban a la Guardia Civil o a las fuerzas militares sobre individuos peligrosos. Estos pasaban de inmediato al depósito municipal o a la cárcel del partido, como los detenidos de Móstoles o El Romeral. Los colaboradores civiles encuadrados en Falange y Requeté, que custodiaban los centros y formaban las patrullas, muchas veces eran los encargados de ejecutar las sentencias de los procedimientos sumarísimos de urgencia. Y, por último, no hay que olvidar aquellas operaciones denominadas por el Ejército «misiones derivadas», expresión que, como se ha visto, escondía la orden de desaparición directa de personas.

Esta jerarquización no excluía la intervención de elementos incontrolados o de castigos ejemplares ordenados o llevados a cabo por cualquiera de las tres instancias anteriores. Lo que ocurría en la guerra repercutía indudablemente en las prisiones. La plaza de toros de Badajoz, convertida en improvisado lugar de detención, ya mostró la escasa voluntad de dejar prisioneros en el avance hacia Madrid desde el sur. Otro importante «hito» en la represión fue la toma de Málaga, que se produjo en febrero de 1937, inspiradora de un castigo «severo y ejemplar», como la definió el propio Queipo de Llano[259]. Poco más de año después de la toma de Málaga se produjo el hundimiento del crucero Baleares y la Auditoría de Guerra volvió sus ojos de nuevo hacia la cárcel provincial de la ciudad. El cónsul británico informaba al Foreign Office del siguiente modo: «se ha sabido de una fuente fiable que desde el hundimiento de tal crucero un gran número de hombres y mujeres han sido fusilados, o muertos de otra forma, en la prisión de Málaga»[260]. Otro de los procedimientos usados en estos momentos fue la Ley de Fugas. El caso más famoso pudo ser el del Fuerte San Cristóbal, donde estuvo Telmo González Durana, cuyo caso fue mencionado en el capítulo cuarto. El 22 de mayo de 1938 se fugaron casi 800 presos de los más de 2000 que albergaba. De ellos, 211 fueron abatidos a tiros por distintos lugares del monte que rodea el fuerte cercano a Pamplona y 16 más fueron ejecutados el 8 de septiembre[261]. Fueron mucho más que casos aislados. La instrucción sobre libertad condicional emitida por la Junta de Defensa Nacional a una escasa semana del golpe fue un paso muy firme en esa dirección. Muchas de estas órdenes de excarcelación firmadas por los gobernadores civiles y los directores de las prisiones equivalían directamente a la sentencia de muerte, como se ha visto en los casos anteriores, mediante la aplicación de la Ley de Fugas[262].

Al término de la guerra volvieron a producirse estas ejecuciones sumarias, que ya no podrían atribuirse a ninguna venganza o respuesta a hecho bélico alguno, sino a la propia maquinaria de la guerra de ocupación. Alcázar de San Juan, un centro ferroviario y nudo de comunicación excepcional entre prisiones y campos de concentración del este y del oeste peninsulares, se convirtió en un consejo de guerra permanente. El 8 de octubre de 1939, su tribunal militar número 3 ordenaba la ejecución de 32 detenidos en su cárcel de partido. En lo sucesivo siguieron llegando órdenes de actuación de otras regiones militares. El 6 de mayo de 1940, la Auditoría de Guerra de Mérida ordenaba la ejecución de 37 procesados que, oficialmente, se encontraban todavía «en tránsito y a la espera de sentencia» en la cárcel de Alcázar[263].

Las ejecuciones diarias convivían con otros muchos actos de violencia cotidiana. Los interrogatorios militares no se llevaban a cabo en prisión. Era habitual que falangistas fueran a las prisiones para tomar declaración a detenidos de su pueblo, como también se ha mencionado. También en los depósitos municipales o en sus propios «cuarteles» (sobre todo al principio de la guerra). Bajo el amparo de las funciones judiciales o de investigación, se desató una importante persecución que se focalizó sobre todo en las prisiones habilitadas. Pero al término de la guerra nada sucedía ya hasta que no lo decidiera la Auditoría de Guerra o el Gobierno Militar. La relación entre los servicios de información y las cárceles sería muy larga y especialmente intensa, pero no se puede considerar la prisión como una simple prolongación del aparato policial franquista. Aunque estaban conectados, en muchos aspectos el mundo penitenciario ofrecería precisamente la versión contraria a la del policial. La llegada a la cárcel significaba en muchos casos el fin de un interminable período de detención y tortura. La cárcel no cumplía principalmente esa función, aunque eso no significa que estuviera desterrado el uso de la violencia en ella. El propio reglamento autorizaba su uso en defensa propia, y fue el mecanismo más usado para restituir la «normalidad»[264]. La sanción empezaba por suspender cualquier ventaja o situación privilegiada de que se pudiera disponer. La base de un sistema que buscaba la entrega, la sumisión y finalmente la conversión no podía ser otra que la alternancia del premio y del castigo. Se vigilaron y se suspendieron las comunicaciones. Se impidió el acceso de comida, la entrada o salida de ropa; hasta fueron prohibidas las latas de conserva y las fiambreras para limitar las comunicaciones familiares; se censuró toda la correspondencia y, finalmente, se podía ordenar el traslado o la deportación a penales especialmente alejados, como los de Canarias, o duros, como el de Chinchilla, o incluso forzar la deportación masiva a Guinea[265].

En estas condiciones, y en un período más amplio que el que aquí nos ocupa, entre 1939 y 1944, cerca de 140 000 personas murieron en prisión[266]. La causa fundamental fue la combinación de las ejecuciones legales, tras un consejo de guerra rápido, y las extralegales, fundamentalmente en las sacas y paseos. Pero resulta muy difícil separar las ejecuciones (se cifran en 50 000)[267] de las muertes por «causas naturales» dentro de prisión. Fue un foco masivo de muerte por la combinación del hambre, la enfermedad y la desmoralización generalizada, que llevó a muchas personas al suicidio. La violencia más letal fue la propia inercia de aquel sistema, y especialmente el hambre, que causó numerosas enfermedades en una población que ya sufría una falta de alimentos prolongada.

Una vez más, las cartas sacadas en mano fuera de los conductos de la censura devuelven la palabra a sus protagonistas. El 20 de enero de 1940, desde la prisión de Celanova, en Orense, escribió Marcelino Villarino a su familia en Santander.

Querida madre y hermanos:

Mi deseo es que al llegar esta a sus manos disfruten de la más completa salud, yo sin novedad. Madre esta carta va a salir en mano y por esta razón voy a relatarte algo de lo que aquí pasa. Llevamos cinco días sin pan y sin esperanzas a volverlo a ver, el rancho además de ser poco, la grasa brilla por su ausencia. De la calle no entra nada, nada más que para los enfermos y solo entran huevos a 30 (pesetas), tocino de tiempo en tiempo, 16 pesetas el kilo y malo, algunos días entran algunas manzanas que no se pueden comer de malas, a peseta la docena. Estoy en la celda de los practicantes y enfermeros y por mediación de estos me suelo hacer con alguna docena de huevos. Lo único que entra para todos son patatas a 0,45, pero para qué se quieren si no hay con qué freírlas. Por estas razones espero me mande usted si tiene facilidad para ello, 4 o 5 kg de harina, sebo si puede mándeme dos litros derretido mejor que uno, esto lo quiero para freír patatas ya que tengo esa facilidad que no tienen todos. Moisés y Félix que miren a ver si pueden mandarme pelo de caballo de la cola, si pueden hacerse con lo de 10 mejor que 5.

Les pido estas cosillas porque otras será muy difícil conseguir, esto se lo pido porque no tengo más remedio, ya saben que siempre he procurado de molestarles lo menos posible, pero cuando uno carece de lo más necesario no hay más remedio a quien va a ser mas que a una madre? Madre estas palabras me están causando algo que no me explico. Aunque no me crea, desde la última vez que la vi, esta es la segunda vez que se me caen las lágrimas. La primera fue el día que me despedí de Manola al decirle que le diera un abrazo de mi parte. Estoy un poco más delgado que antes, pero estoy sano y fuerte, no todos pueden decir lo mismo de 1937 que aquí estamos hay más de 200 tuberculosos. La revisión de los que como yo se encuentran aún no ha empezado, pero créame que el día que empiece saldré en libertad. Qué ganas tengo de verla ¡madre! cada día que pasa tengo más, no se puede hacer nadie más pretensiones que son esas que quererla es lo más sagrado que para uno existe. Sin más reciban un fuerte abrazo de este que mucho les quiere y verles desea, no creo que se hará esperar mucho.

Hasta la suya,

Marcelín Villarico

No se olvide la cola de caballo[268].

La combinación de todos estos elementos, hambre, muerte, enfermedad, revisión de condena…, alcanzó su punto álgido entre finales de 1940 y comienzos de 1941. Entre diciembre y enero de esos años murieron en la enfermería de la prisión de Córdoba 110 presos, al menos 47 de ellos por anemia y avitaminosis[269]. La movilidad, los traslados y el estraperlo fomentaron de manera determinante la sobremortalidad. La dejadez y el colapso burocrático hicieron el resto. Los jueces militares reprendieron más de una vez a la propia Dirección de Prisiones por lo que estaba sucediendo con los presos, «que se estaban muriendo literalmente a cientos todos los días»[270].

El siguiente informe, fechado en septiembre de 1941 tras una inspección médica a la prisión central de mujeres de Alcalá de Henares, no dejaba lugar a dudas de la situación que estaba provocando el hambre, pero nunca vio la luz:

Las internas que son 1871 lo forman en su mayoría mujeres caídas y solo una veintena de políticas. En su mayoría son sifilíticas, dadas las características de estas mujeres son frecuentes las que se hallan en estado de gestación y por ello también existen niños recién nacidos que con escasa vitalidad con frecuencia mueren, en el momento de nuestra inspección existía uno que se encontraba muy deshidratado y con un pronóstico quadvitam muy muy malo. El estado nutritivo de esta prisión es francamente malo. La dieta no alcanza el mínimo indispensable y si se tiene en cuenta el estado de enfermedad de la mayoría de las reclusas se comprenderá que repercuta en mayor intensidad este déficit. Nada puede extrañar que las embarazadas en su mayoría enfermas y con una dieta tan precaria den a luz fetos más que niños en donde la mortalidad sea prácticamente del 100 por 100. Actualmente es un hecho fuera de toda discusión que la alimentación de nuestro país ha mejorado y por ello no hay razón alguna que justifique que en nuestras prisiones se mantenga estas condiciones tan deplorables[271].

En prácticamente todos los casos documentados de sobremortalidad (Castuera, Orduña, Córdoba, Cáceres, Fuerte de San Cristóbal, Albacete, Almadén y muchos otros) existía un desvío masivo de alimentos al mercado negro en el que participaron al menos proveedores, bancos y autoridades locales (incluidos los jueces que debían supervisar los libros de cuentas)[272]. El hambre y las epidemias causaron verdaderos estragos en centros que duplicaban y hasta triplicaban su capacidad. El estraperlo y el «turismo carcelario» (los traslados constantes de presos) tuvieron mucho que ver con este fenómeno, del que los gobernadores civiles informaban preocupados. Al separar a los presos de sus localidades de origen quedaba roto su único vínculo con la familia, lo que equivalía a una condena a muerte segura de inanición para muchos de ellos. Hasta el año 43 no se destinó oficialmente más de una peseta y media para el rancho del preso, lo que provocó la muerte a miles de ellos, especialmente a los que no podían comprar los artículos de las cantinas o de reventa del exterior, o simplemente las tarjetas y los sellos para escribir, como se recordará.

Un último fenómeno que marcó la situación vivida en las cárceles durante este período fue la entrada masiva de excombatientes como funcionarios de prisiones. La violencia de la guerra era aplicada por aquellos que sentían su enfrentamiento con los reclusos como una prolongación de aquella y fue utilizada por los servicios de espionaje y de información, que periódicamente desataban campañas contra «el enemigo interior». El propio coronel Eymar, juez especial del Tribunal de Espionaje y Comunismo, trasladó sus oficinas a la cárcel de Ocaña. Igualmente, la mayor parte de los capellanes de prisiones fueron capellanes castrenses durante la guerra, cuando no habían sido víctimas de la persecución religiosa. De este modo se allanó el camino para la delación, el hostigamiento constante y los malos tratos. El elevado número de suicidios señala que la presión y el aislamiento fueron solo la punta visible de un castigo sustentado en la combinación de varios elementos simultáneos de presión. Las preguntas sobre la formación y desarrollo de este proceso deben recorrer distintas etapas unidas por las necesidades del Nuevo Estado en aras de su consolidación, pero también pasaban por la identificación entre «la subversión y la delincuencia», que apartaba definitivamente las penas de cualquier ideal de corrección o de reforma de presos y presas. Solo quedaba sitio para la entrega, la retractación y la conversión ideológica. La exhibición de los conversos y sus familias, sobre todo en los pueblos y ciudades de provincias, fue una de las prácticas más humillantes de toda la posguerra y marcó durante mucho tiempo la mentalidad del franquismo.

Fisiotécnico de almas

FISIOTÉCNICO DE ALMAS

Los capellanes recibieron su poder fundamental al final de la guerra, cuando pasaron a formar parte de los tribunales de clasificación de prisioneros. Con anterioridad ya estaban encargados de valorar el comportamiento y la aptitud de «sus presos». Para ello elaboraron fichas, hojas de observación y modelos de informes muy similares a los que utilizaba el Ejército «según su disposición al nuevo ambiente social». La ficha que se reproduce a continuación fue la primera que diseñó el Patronato de Redención de Penas por el Trabajo para crear un fichero con los datos de los presos: el llamado fichero fisiotécnico (véase fig. 39).

Seguían los métodos de clasificación militar, pero imprimiendo en ellos sus propias características de conversión religiosa. Su contribución al «colaboracionismo activo» del Nuevo Estado Nacional fue el programa de Redención de Penas por el Trabajo que buscaba encontrar «la principal aptitud» del preso. Una acción que se pretendía quedara integrada en una serie de actos semanales, donde el ritual litúrgico y el patriótico terminaban marcando el ritmo de la vida diaria. La protección, la mejora de la comida, el acceso a la enfermería, las visitas, los informes favorables, la reducción de condena y la libertad condicional no se entienden sin esta labor definida claramente a lo largo de 1938 como «acción prioritaria de apostolado de la Iglesia»[273].

La doctrina pontificia sirvió para legitimar este programa, especialmente la encíclica Divinis Redemptoris, de 19 de marzo de 1936, «sobre el comunismo ateo». Era necesario recristianizar, abolir la labor secularizadora y devolver a la Iglesia al centro de la «política social». La redención, u «Obra de pacificación espiritual», permitía al mismo tiempo, en el plano político, frenar la influencia de Falange tras el Decreto de Unificación del Movimiento. Las dos ciudades, los dos poderes, como expresó nítidamente el obispo de Salamanca Pla i Deniel en su pastoral El triunfo de la ciudad de Dios y la resurrección de España, de 25 de mayo de 1939, donde la sociedad perfecta (la Iglesia) redimía a la imperfecta. La Iglesia interpretó la guerra desde este prisma e igualmente concibió su misión en la paz. El creador del plan de redención de penas, el jesuita Pérez del Pulgar, lo presentaba tras la batalla del Ebro como la piedra angular de un castigo de masas. Llegada la paz, era preciso introducir en las penas elementos de retribución del delincuente hacia sus principales víctimas: Dios y España. Para resarcir a la patria, el elemento clave era el trabajo. En cuanto a la ofensa a Dios, solo se podía restablecer el daño producido a través de la penitencia[274].

Fig. 39. Modelo ficha de trabajo que debe remitirse al Patronato de Redención de Penas (20 de agosto de 1939).

Debe ser confeccionada por el médico, el capellán y el maestro, valiéndose de sus cooperadores que pueden ser reclusos de confianza pero siempre bajo la responsabilidad y vigilancia de aquellos.

El capellán podrá valerse de esta ocasión (y de otras parecidas cuando surjan) para hablar a los presos y enterarse de sus necesidades familiares haciendo una discreta propaganda religiosa.

Advertir al penado de las graves consecuencias de dar datos falsos.

Domicilio familiar (nombre de la persona a quien la junta local debe entregar el subsidio).

Condena. Años, procesado, detenido, expresando si se le concedió permiso para trabajar.

Estudios que ha cursado.

Casa última (de trabajo).

Confianza profesional. Hombre útil para el trabajo (director).

Moralidad (capellán).

Deformidad o defecto físico (médico).

Enfermedad.

Diagnóstico especial necesario.

AGA, DGP, 36/13980.

El programa buscaba un conocimiento individual del reo y de sus condiciones familiares. Con esa información, y la ayuda de los «presos colaboradores», se construiría el fichero fisiotécnico (Del Pulgar era ingeniero electrodinámico y fue fundador del ICAI, Instituto Católico de Artes e Industrias), un instrumento que debía centralizar toda la información. La idea y el método de conversión se concretaban, pues, a través de la especialización y el aislamiento. Se trataba de «conocerlos, separarlos y clasificarlos en grupos», como resumió el capellán de la cárcel Modelo de Barcelona, el reverendo Martín Torrent. Todas las disposiciones que regularon el mundo penitenciario a partir de ese momento mantuvieron estas técnicas de modificación de la conducta basadas en categorías de conversión religiosa, que intentaban romper la solidaridad de «colectivos hostiles», combinando la fuerza «con mesura» con la colaboración y vinculando, en definitiva, el destino del preso al de su familia. Su principal órgano de propaganda fue llamado Redención. El periódico de los presos y sus familias[275].

En enero de 1939, la libertad condicional ya estaba supeditada a la redención de penas y el destino del preso dependía de «su disposición para colaborar y a la de los miembros de su familia». En esencia, el que obedecía recibía la reducción de condena: dos días por cada uno trabajado. La mejora de la suerte en esta primera fase era automática: más comida, más visitas familiares y más correspondencia. Se pasaba del aislamiento total al progresivo contacto con la vida al aire libre en función de la sentencia que se le hubiera impuesto. Así lo señalaba la primera hoja de filiación diseñada para crear un fichero con los datos de los presos que querían «colaborar». En aquel momento había oficialmente 300 000 presos en las cárceles españolas. Su primer punto ya indica un objetivo claro: ejercer el control directo sobre las familias a través de las juntas locales. Estas se encargaban de entregar 15 pesetas mensuales por hijo (menos los descuentos) a la familia del preso, siempre que la junta de disciplina (director, médico, maestro o religioso) de la prisión certificara su buena conducta. Por su parte, si algún miembro de la familia «cometía un delito o daba señales de mal comportamiento en el exterior», no solo tenía que devolver el dinero sino que el preso perdía automáticamente todos los beneficios que hubiera acumulado hasta la fecha. La fórmula alcanzó su grado máximo en la tutela de los niños.

Control familiar

CONTROL FAMILIAR

Sobrevivir era cumplir una serie de normas que marcaban las diferencias entre los que mandaban y los que obedecían a través de una serie de rutinas diarias: vestir el uniforme de preso común, cantar los himnos nacionales en formación, asistir a misa, confesar, trabajar… Solo así «el buen preso» obtendría el derecho de recibir señales del exterior, de recibir visitas y cartas, un canal que controlaba en todo momento la prisión. El preso recobraba así la esperanza en la vida futura, pero cargaba con la culpa de situar a su familia en una situación extrema. Los diseñadores del sistema penitenciario franquista, los técnicos e intelectuales católicos de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP), potenciaron al máximo este sentimiento de culpabilidad. Una forma perfecta para acceder al otro extremo de la cuerda: las familias. La correspondencia se convirtió en el canal de comunicación de una población criminalizada y perseguida de modo implacable, que no tenía otra vía de expresión ni de escape. Las condiciones de censura eran las mismas que las que seguían las estafetas militares, con la importante diferencia de que en las prisiones eran los religiosos y religiosas quienes controlaban y certificaban todo. Desde 1938 solo podían tener visitas y correspondencia los matrimonios católicos. Las cartas con los hijos solo se permitían siempre que estuvieran bautizados, lo que forzaba a esconder, mentir o a bautizar, en la mayoría de los casos, a los propios hijos.

De nuevo la correspondencia que escapaba al correo ordinario muestra una realidad muy distinta a la de la propaganda oficial, para la que todo era perfecto, como correspondía a un régimen penal «genuinamente cristiano y español»[276]. Las dos cartas siguientes salieron de la cárcel de partido de Celanova (Orense) el 21 de enero de 1940 para ser entregadas a mano en Bilbao. Nunca llegaron a su destino porque fueron interceptadas por la policía. En un tono íntimo y cercano, la primera explicaba las malas condiciones y los malos tratos que había sufrido «otro compañero», ya que muy rara vez reconocían que ellos también los estaban sufriendo.

Marcelino Villarino a María Arreche

Queridísima Mari,

Tú dime cómo estás, si te conservas tan hermosa como siempre. Te he estrechado entre mis brazos ¡qué felicidad besarte y ser besado por labios tan rojitos!, cómo se te ponían cuando te los mordía un poquito y cuando te tiraba de la chuletita, lo que es el querer con toda la fuerza del corazón, morderte los labios aspirarte la saliva como si fuera miel, ¡qué felicidad todo eso!, ¡qué ganas tengo de repetirlo!, cada vez que me acuerdo, espero pronto vuelva esa dicha en mayores proporciones sería capaz de romperme la cabeza contra una pared, me paso horas enteras barrenando contigo, otras con madre, sois los dos seres por los cuales quiero vivir, por los cuales estaría dispuesto a dar la vida y la madre porque es madre y es muy buena, pero el ser que más me ha hecho feliz eres tú y nadie más que tú tendrá derecho a gozar de todo mi ser en cuerpo y alma como tú me lo concedes a mí. ¡Qué paciencia hay que tener! pero como tú me dices todo llega, pero van siendo tantas las vicisitudes pasadas por estos escabrosos caminos.

Mari, aquí habíamos quedado 800 pero han venido los otros de Burgos entre los cuales ha llegado el vecino Antonio Santelices[277] que está medio reventado de las palizas que le dieron en Castro durante 21 días, le propinaban cuando menos una y algunos días hasta cuatro. Ha tenido peor suerte que yo, también está indultado, además le destrozaron tres casas que tenían ganado, muebles, en fin, todo, la mujer la tiene sirviendo en Ledesma 6 3.º derecha a la cual irás o mandarás a un chaval a llevarle esta carta que le envía su esposo. Se llama Genoveva Cariacedo, ya lo pone él. Dime qué tal andáis de artículos de primera necesidad y tus hermanos a ver qué tal andan y si te toman el pelo algo conmigo. Estoy escribiendo en la cama si así se puede llamar, con muy poca luz, cuando me he enterado que comunicaba mañana ¿no dejarás de entenderlo querida mía? Sin más muchos recuerdos a todos, besos a los peques y chiquilín y tú un sinfín de besos y abrazos y un mordisquito en donde más quieras que yo te lo daré donde prometí[278].

Marcelino.

Máximo Bragado no solo ocultó a su mujer estos detalles sino que se sentía culpable de que ella tuviera que estar sirviendo en casa de su «señorita». Hasta en dos ocasiones le pidió perdón por ser el causante de todos estos males al tiempo que no ocultaba su temor a que ella pudiera «expansionarse».

Querida esposa Gene,

Yo sin novedad, deseándote salud, alegría y satisfacción. Claro que dirás ¿cómo voy a tener todo esto si me faltas tú? Parece que te estoy oyendo, lo comprendo mujercita pero mi deseo es que trates de pasarlo lo mejor que puedas dentro del ámbito que te pertenece como esposa, pues hay muchas formas de divertirse y expansionarse honradamente, lo cual espero que trates de salir a divertirte lo que puedas y al comunicármelo me consideraré totalmente feliz. Lo soy así también a pesar de hallarme entre estas rejas malditas[279] que tanto sufro solo en pensar en todas las vicisitudes que atraviesas en la actualidad. El culpable directo soy yo, reconozco Gene que tú no tenías necesidad de pasar estos trances.

Hoy domingo día 20 en que te escribo sentado en el petate, oyendo el griterío de la calle y viendo a las parejas y alegres matrimonios pasear por las aceras por lo que siente mi corazón una gran tristeza, y por más vueltas que doy te hallo a ti triste, pensativa y aburrida y hasta un poco desesperada por mi culpa. Espero sabrás perdonarme esposa mía que te dedique este pequeño pliego algo dramático, pues solo conducirte que al asomarme y ver pasear las parejas, estoy con los nervios excitados que mi sensibilidad hacia ti mi amor se ha escondido entre varios suspiros profundos no puedo dominarme y sollozando me retiro balbuceante. A través de la escritura vuelvo a rehacerme y me parece estar hablando contigo. Cuando me escribas ten cuidado, no me hables de las ventanas pues está prohibido mirar. Asuntos[280] particulares aquí tengo más gastos que en Burgos, la ropa nos cuesta 0,30 por pieza, barbería y algunas cosillas que tengo que comprar para comer y tarjetas. Lo cual mucho siento sacrificarte. También me dirás qué tal te llevas con tu señorita, le das muchos recuerdos de mi parte, y tú trata de expansionarte dentro de lo que te sea factible. Necesito un peine pues ahora tengo el pelo largo, jabón, toallas, pañuelos, tarjetas. Bueno hasta otra vida mía qué sé yo cómo expresarme adiós vida.

Maxi[281].

Las cartas cumplían una función comunicativa con el mundo exterior que el encierro, bajo todos los regímenes y formas, intenta quebrar. En un sistema como el español, basado en la conversión religiosa, en la interiorización de la culpa, los presos terminaron ocultando su situación a sus propias familias. Pero por encima de todo mostraban una preocupación constante: los hijos. En las cartas a los niños, la voz personal conseguía elevarse sobre cualquier censura, también sobre las propias organizaciones políticas que trataban de controlar los escritos. Preferían las consignas breves del tipo «educaos como hombres libres», que escribía José Rodríguez desde la cárcel de Sevilla en 1941 a sus pequeños poco antes de morir, a los largos testamentos biográficos, en los que solían intervenir los capellanes[282]. Un ejemplo fue la carta que escribió el 23 de diciembre de 1939 Narciso González Cervera, alcalde socialista de Motril, desde la cárcel de Granada «a sus cuatro diablillos rubios»[283].

Mis adorados amiguillos:

Como vuestra santa y queridísima mamaíta está muy ocupada y yo desgraciadamente tampoco puedo pasar la Noche Buena a vuestro lado, os mando el único regalo que me es posible desde esta fría y triste cárcel, mi cariño infinito y el recuerdo constante de todos mis pensamientos. Supongo no olvidaréis nunca mis lecciones, el mejor recuerdo y regalo que podéis hacerme nunca es ese, no olvidarlas nunca.

Recordemos algunas: el primer deber, tener contenta siempre a la buena mamaíta, ayudarla, obedecerla y quererla por encima de todas las cosas. El segundo: no odiar nunca a nadie y perdonar a los enemigos cuando con toda seguridad, la fea realidad de la calle os lo haga tener, y sobre todo, perdonar y compadecer por inconscientes, a los enemigos de vuestro viejo amigo y camarada papá.

Los partidos políticos son un mal menor, inevitable y necesario dada la debilidad y estupidez humana. Los políticos sin distinciones de ninguna clase, viven todos en medio del fango del que gustan emborracharse. Las águilas viven en todas las alturas… solo se emborrachan de luz y de horizontes infinitos… sed águilas, nunca políticos. Los débiles se reúnen políticamente y deben reunirse para tener más fuerza. Solo las águilas pueden permitirse el lujo de vivir aisladamente. Solo los fuertes pueden sonreírse comprensivos e irónicos. La disciplina en el partido político, sea el que fuere, matará tu espontaneidad, tu sencillez, te hará hipócrita, desconfiado, cobarde, anulará tu verdadero talento, tu iniciativa, atrofiará tu sensibilidad, impedirá los más nobles y bellos impulsos de tu corazón…

No os afiliéis nunca a ningún partido político. Sed fuertes, sed aguilas. No olvidéis nunca que toda la suprema sabiduría de Jesús de Nazaret se resume en una palabra, en un sentimiento «amor», pero tampoco olvidéis nunca que los mercaderes, los malvados, lo crucificaron por envidia de su saber y su virtud, por falta de fe y comprensión, de su infinito amor platónico. Sed cristianos, pero si no es absolutamente preciso, no os dejéis crucificar por mercaderes, ambiciosos y cobardes. Sed lo bastante estoicos, humanos y comprensivos para no odiar nunca y amar siempre, por encima de ocasiones y debilidades. Al amor unir la energía, la inteligencia sola es frialdad, infelicidad y concepción inhumana de la vida. El corazón solo, locura sublime. Aunque otra cosa puedan decir los Médicos, los dictadores de feria y los supermarxistas, farsantes, el corazón y la cabeza o inteligencia son dos órganos que por su unión se completan y adquieren nueva normal y perpetua vida. Amor y energía, corazón y cabeza, perfectamente unidos y hábilmente armonizados en sabio ritmo… es la conclusión política, social y cristiana a la que ha llegado vuestro viejo amigo y camarada y que deja escrita como lección aprendida en larga y dolorosa experiencia sobre la que debéis meditar siempre, de pequeños y de mayores, no olvidéis nunca esa lección ni al viejo amigo, al que costó la vida no aprenderlo. En otra carta continuaremos recordando mis lecciones, con el alma entera os abraza vuestro padre.

Narciso González[284].

El mensaje de despolitización y perdón cristiano tenía muchas similitudes con el lenguaje de la redención, pero Narciso estaba fuera del alcance de dicho programa. No solo fue comisario político durante la guerra sino que ocupó cargos en la Junta de Armamento del presidente Negrín. Tras la ocupación de Barcelona, pasó a Francia, donde su mujer y sus cuatro hijos fueron internados en un campo de concentración en Grenoble. Finalmente consiguió reagruparse con ellos y decidió regresar a España, para lo cual escogió la vía de Irún. El 15 de abril de 1939 ya estaba en la prisión de Ondarreta en San Sebastián. El 27 de noviembre fue juzgado en consejo de guerra en Granada y condenado a muerte. Aunque era un objetivo importante para la conversión que buscaba la Iglesia, como intelectual y miembro de una familia destacada de la zona, al estar condenado a muerte quedaba dentro del grupo de los intrínsecamente malos y por tanto «no redimibles». Fue fusilado cuatro meses después de escribir esta carta a sus hijos, el 27 de abril de 1940, en las inmediaciones del cementerio de Granada.

Ese mismo mes, Antonia Díaz, presa en la cárcel de Amorebieta, escribió a su hija una carta intervenida y remitida por el centro a la Dirección de Prisiones en Madrid. Alejada del tipo anterior de testamentos biográficos y políticos, escribió unas líneas duras y recriminatorias hacia sus propios hijos. La frustración y la rabia por ver que eran aleccionados por los «otros», los mismos que la tenían presa, se disparaban sin reparar en que vigilaban todo lo que hacía. La censura y las propias notas explicativas las realizó sobre la misma carta la madre superiora Simona Azpiroz. En su informe aseguraba que Antonia trabajaba bien enseñando a leer y escribir a las reclusas (era maestra) hasta que empezó «su nerviosismo». Entonces la retiraron del destino y «para evitarle males mayores» rompieron sus cartas. Las monjas no solo realizaban la censura diaria de la correspondencia de las presas sino que llevaban el control absoluto de todos los detalles familiares: datos, nombres, fechas, cumpleaños, lugares… todo lo que prevenía el programa y el fichero fisiotécnico. Según la madre superiora de Amorebieta, la correspondencia que recibía Antonia de sus familiares era normal pero breve, y le mandaban «muy poco dinero». Su informe concluía de forma rotunda: «Esta Superiora no cree necesaria sanción en cuanto a la deficiencia mental de la reclusa, típicamente izquierdista»[285].

La religiosa no mencionó las razones del «nerviosismo» de Antonia, que estuvo detenida en la cárcel de Ventas desde el día siguiente a la entrada de las tropas nacionales en Madrid y hasta que fue condenada a 30 años en septiembre de 1939. El mismo mes en que fue ejecutado su marido, el Patronato de Prisiones se hizo cargo de la tutela legal de sus dos hijos, que fueron entregados, por recomendación de un cuñado sacerdote, a sus dos hermanas, de la junta de damas de Acción Católica de Corral de Almaguer (Toledo). La hija mayor le mandó una carta con varias fotos. Una de ellas de su hermano pequeño haciendo la comunión provocó la reacción de enfado y de ira en Antonia. Tanto en la propia carta como en las anotaciones que hizo en mayúscula la madre superiora puede verse la fuerte confrontación y el odio que se profesaban ambos mundos. Está fechada el 30 de abril de 1940 e iba dirigida a su hija mayor Ana.

Prisión de mujeres Amorebieta (Vizcaya)

Para echarme la condena se tuvo en cuenta que era de familia pudiente, pero esa familia me tiene en condiciones vergonzosas. Aquí tengo muchas conocidas de Madrid y de los pueblos de cerca de Corral. Como somos muchas, nos damos los ánimos que necesitamos las unas a las otras (TODAS ERAN COMO ELLAS). En vista de que nadie quiere mandarme nada pides a quien tenga sentimientos humanos dinero para comprarme una caja de pinturas acuarelas etc. (REFIRIÉNDOSE A LOS ESTUDIOS DE SU HIJA). Repasa tú solita que pronto el amigo Cabezas te dará lección (CABEZAS ES UN ROJO QUE HUYÓ AL EXTRANJERO).

Todo lo que tengas lo vendes, tus pendientes y los míos, lo que sea para mandarme dinero. Prohíbo terminantemente ir al colegio, y menos tan lejos, si no os quiere nadie os marcháis a Madrid y pedís limosna. El niño y tú podíais pedir mi indulto, están saliendo de los años que yo (ESTÁ CONDENADA A TREINTA AÑOS).

Todo se guarda para mejor ocasión y se corresponde de igual forma ¿quién te regala esa tela? Me figuro que no admitirás, aunque vayas con una hoja de parra, obsequios de quien no debes ni mirar (SE REFIERE A SU MADRE Y HERMANAS). Estoy mala y como continúe así te habrán resuelto el problema: dejarte sin padre ni madre por el procedimiento que sea, eso no altera las conciencias. Sé que te dará igual y te dará vergüenza ir por unas medicinas, aunque creo debía caérsete la cara de vergüenza pensando en tu padre y en lo que haces (ESTO ES PORQUE SU HIJA NO SE HACE ECO DEL ODIO QUE LE PREDICA). Vergüenza y asco de ti misma. Me parece a mí que tú mereces heredar una celda de las que vamos a dejar vacías. Ni hay medicinas ni alimentación adecuadas. No quiero decirte lo que pasa. Contesta a todo lo que te digo porque la mitad de las veces te haces la sorda no sé si por cobardía (que no hay por que tenerla) ya te pasó lo peor, te quitaron a tu padre, y seguramente el día 6 de este te acordarás que era su cumpleaños (49 todo lo más… una comunión… y… ¡Qué buena es la niña! cumple perfectamente y se ocupa mucho de su madre, bastante más le agradaría siendo como debes con tu madre; no me enseñes esas gracias a mi Abelardín, con el Cristo en la mano y en nombre de Cristo se están haciendo millones de injusticias.

El dinero que sobre de los pendientes me lo mandas en sobres de 50 ptas., según te vaya pidiendo yo, pero sin gastar para ti ni cinco, soy yo antes. Estoy mucho más delgada que en Madrid, menos mal que a poco, porque si no, no haría falta plomo para exterminarnos. Anita y María las que tanto iban a casa en Sestao están donde papá (FUSILADAS) y otros muchos de los que conocíamos. Tu amigo Carrillo está donde Papá (FUSILADO), Cabezas en el extranjero. Recoge todos los libros y la cartera pues en cuanto salga (ELLA) empezarás a estudiar y yo me colocaré para salir adelante (¿QUIÉN PIENSA QUE LA COLOQUEN?).

Abelardín para tu cumple (AGOSTO) estará mamá contigo y viviremos en tu pueblo (MADRID) y tendrás muchos amiguitos y tendrás una carrera y tu hermana otra. Los pendientes los llevas al Monte de Piedad, mejor dicho de la inclemencia (que tantas veces visitamos el año 32), pero tendría que ser. Ya vendrán tiempos mejores [subrayado en la transcripción]. Me parece que vas muy larga. No me peines tan a lo canijo a mi Abelardín. Estoy como un esqueleto, si la suerte nos favoreciese ya te diría lo que tenías que hacer. Según te portes así lo haré yo y luego te morirás de envidia. De la escritura estás peor que yo, ya que tus carceleras (SE REFIERE A SU MADRE Y HERMANAS) solo te permiten escribir dos veces en el mes. Paciencia. Todo tiene fin en este mundo y esto se terminará pronto ¡en fin! cuidaros lo mejor que podáis, dentro de esta crítica situación, sin pan, ni comida. Para que pronto nos veamos aunque sea como esqueletos mecánicos, hay que vivir, somos precisos para levantar España. Mándame de comer tengo hambre[286].

Antes de su traslado, Antonia coincidió con Matilde Landa en la cárcel de Ventas. También tenía una hija, Carmen, que se encontraba en México. Más o menos por las mismas fechas consiguió mandarle dos cartas y un dibujo, en el que hablaba básicamente de cosas infantiles. Protegía en la distancia a su hija, a la que evitaba los detalles de lo que ella estaba sufriendo. Tampoco estaba segura de que la correspondencia llegara a tiempo.

Carmencilla de mi alma:

Hoy te escribo más contenta. No es que el médico me haya dado el alta, ni mucho menos, pero por las caras que veo a mi alrededor, ya más sonrientes, comprendo que el peligro tan grande en que estaba ha aminorado. Ojalá que cuando te escriba la próxima vez pueda darte ya noticias más positivas sobre mi salud. Tu último retrato, el que te hizo Anselmo, me gusta cada día más. Lo miro, lo remiro y me hago la ilusión de que estoy contigo de verdad. Te encuentro más alta y más gorda y me pongo tan contenta con esto. Oye, lo que quiero que me digas es si comes bien. Y si terminas al mismo tiempo que los demás. Estoy casi segura que ya no serás tan picarona como antes, pero quiero que me lo digas. ¿Has vuelto a la «bombi» a tomar chocolate con churros? Te envío mi retrato que aunque no está demasiado parecido, podrá darte una idea de cómo estoy ahora. Como verás, es un dibujo hecho con la mejor voluntad. Me acuerdo mucho de ti. Cuando nos veamos no te voy a conocer de rande, rande [sic] que estarás y de las cosas que habrás aprendido. Dime si sabes algo de Pacorro. No dejes tú de escribirme. Dile a Maruja que una amiga mía hizo ayer una muñeca muy graciosa, que era una bruja montada en una escoba y que, claro, enseguida me acordé de ella. No dejes de escribirme y contarme todo lo que estudias. Muchos recuerdos a todos y para ti un abrazo con muchos besos de

TU MADRE[287].

Matilde fue trasladada al año siguiente a la prisión de Palma de Mallorca, donde, en septiembre de 1942, terminó suicidándose saltando desde la escalera al patio. Aún tuvo tiempo el capellán de bautizarla mientras agonizaba, ganando así un alma más para la estadística del fichero[288].

Los hijos fueron, en muchos casos, la causa principal para aceptar la redención. Ni el tiempo ni la distancia consiguieron borrar la fuerza de ese vínculo, el mayor de todos. La presencia de los hijos fue vital, y no solo de manera simbólica, en el apoyo familiar a los presos. Muchos de ellos se trasladaron a la ciudad donde cumplía condena el padre o la madre, convirtiéndose en el núcleo fundamental de la apuesta por la vida. Aquellos que carecieron de esta presencia o notaron que se debilitaba, acuciados por los gastos, la enfermedad y otros tantos problemas, podían caer durante días en un pesimismo feroz. Un estado de ánimo que los presos denominaban «entrar en barrena o estar barrenando». El recuerdo, la frustración o la culpa convertían la tristeza en un ensimismamiento profundo que les llevaba a no poder reprimir las lágrimas. El tono más dramático se adoptaba en esos momentos, cuando la rutina carcelaria y la certeza de una larga condena habían desmontado la ilusión de dejar pronto aquellas cuatro paredes, en el caso de que el lugar en el que estaban las tuviera. Los vínculos entre los presos y sus familias se estrechaban en todas estas circunstancias, unos sintiéndose culpables y otros víctimas de una persecución que les unía en la desgracia por igual. Lo demás lo hicieron el hambre, las privaciones de todo tipo y el duelo diferido por la muerte que les rodeaba por doquier y que rara vez llegaban a expresar en las cartas, ni siquiera en las que creían seguras. Las familias, por su parte, no solo ocultaban a los presos las penurias materiales que pasaban sino todas las humillaciones y presiones que sufrían para salir adelante.

Desde el presidio de San Miguel de los Reyes, en Valencia, escribía Miguel Xambrot a su «esposa, madre y hermanas», fórmula dirigida a la censura, porque en realidad escribía a Josefa Puig, en Vich. Aún era joven, tenía 27 años, y un futuro como sastre, pero los dos ya sabían lo que significaba estar condenado a 30 años.

Al coger la pluma lo hago con la intención de sacarte de dudas sobre si estoy enfermo o paso alguna pena, porque según tú, mis líneas no son como antes. En primer lugar voy a manifestarte de nuevo que me encuentro bien de salud, como hace tiempo no estaba, pues del estómago no sufro ni de la cabeza como antes y no tengo otra enfermedad, por lo cual vida mía puedes estar tranquila por lo que se refiere a mi salud. En segundo lugar debo decirte que no paso ninguna pena, no miento, sí que paso pena al ver que hace 25 meses que estoy separado de ti, y esto hace que a veces mis cartas no sean lo amorosas que yo quiera, pero esto tú debes comprenderlo pues nadie sabe lo que es estar privado de la libertad, cuántas veces hubiera preferido que me hubieran fusilado, pues así uno hubiera terminado de sufrir. Tu esposo que no te olvida en sus horas de sueño[289].

Muy cerca, en la celular de Valencia, José Manuel Benítez escribía en un tono más resignado a su mujer e hija en Madrid. La carta, intervenida y remitida con anotaciones de la censura «para la posible sanción del recluso», advertía precisamente de las dificultades y los riesgos de mantener este tipo de correspondencia:

Queridas Luisa y Luisina:

Obra en mi poder la vuestra del 11 del actual [había tardado 12 días en recibirla, ya que la suya estaba fechada el 24 de enero de 1941], viendo por la misma que gozáis de completa salud, así lo deseo siempre. Yo por el momento ando perfectamente, pasando el tiempo como más agradable me parece. Veo que sigues tan lista como siempre y has sabido dar el sentido a tu carta interpretando las instrucciones de Simón en forma magistral, pues de no haberlo hecho así no hubiera llegado a mi poder. Bien, monina, bien. En la próxima lo haces como en esta pero tú firmas Herminia y el remite lo pones H Ángeles Jiménez (ES SU MADRE)[290]. Recibí el paquete todo venía en perfecto estado. Veo en los calzoncillos que vienen con diferente hilo en la marca, supongo que será alguna cosilla intencionada tuya y que me reservo hasta que nos veamos. Ten mucho cuidado en la redacción de las cartas pues a veces se nota que no eres mi madre. La anterior no ha llegado a mi poder creyéndose que venía como hermanos y posiblemente a que se han mosqueado y la han roto. Supongo que no será cosa de que os quedéis sin comer para mandarme, pues me sabría muy mal. No dudo que es una gran alegría moral recibir algo, pues supone el saber que existen amigos o familiares que recuerdan a uno con cariño, pero pienso yo si habréis comido vosotros para mandarme el paquete. Lamento que no recordaras el tabaco, no puedes hacerte una idea cómo precisas esta materia cuando se tiene una vida tan monótona como la mía, en todo momento hace falta el pitillo, es el mejor amigo que se tiene. Mi vida sigue como siempre, ya te diría Simón, con unas cosas y otras vamos tirando hasta que llegue la hora de reunirnos, lo que espero sea pronto. De mi asunto ya no quiero hablar más nada ¿para qué? Es tiempo perdido. Nada más, saludos a Justo y a Carmen, besos a las chicas y te abraza.

Pepe[291].

A finales de diciembre de 1941, Agustín Remiro escribía a su compañera desde la cárcel de Porlier, el colegio de escolapios en que se centralizó la represión de presos y detenidos políticos en Madrid hasta la apertura de Carabanchel en 1944. Militante destacado de CNT, pasó al término de la guerra a Francia. Tras la ocupación alemana colaboró con los aliados haciendo de enlace en diversas misiones contra los alemanes en España. En enero de 1941 fue detenido en Portugal y entregado a la policía franquista. Agustín sabía perfectamente por qué no llegaban sus cartas.

Queridos todos,

No sé qué hacer ni qué decir para que mis cartas lleguen a ti, pues alguien está interesado en enterarse de nuestras cosas y no se puede achacar a otra cosa; pero mientras ocurre esto, nosotros practicamos el verbo de sufrir, qué vamos a hacerle; son cuatro cartas y dos tarjetas de felicitación las perdidas, en ellas os mandaba una carta para Usted y otras notas para el vaquero y unos cuantos sres de Barcelona indicándoles la necesidad de conseguir unos avales y a la vez fueras a preguntar por el sr Perelló a casa del sr de las pieles, pues me hace pensar que le haya ocurrido algo al faltarle mi ayuda y el hombre es bueno como ya conoces.

De nuestra vida en esta, no es mala, pero menos es buena. Las Pascuas se pasan bien cuando se está con los tuyos, como nos falta eso se pueden considerar malas. En el sentido egoísta las hemos pasado bien, pero no somos hombres de estómago y sí de corazón. No tengas pena por mí, pero es conveniente no descuides el tiempo. En espera de vuestras noticias y el acuse de recibo de esta para saber si es más afortunada que las otras. Besos y abrazos para todos, el más fuerte para los tres

Agustín Remiro

Recibí 25 pesetas y vuestro paquete, en nombre de los dos os lo agradecemos[292].

Cuatro meses más tarde se celebró su consejo de guerra. Fue condenado a muerte. Trató de huir de la prisión, y logró saltar los muros, pero finalmente fue abatido a tiros en un patio de viviendas cercano. Esta carta tampoco llegó a su destino. No fueron el capellán ni el preso que hacía el turno de censura quienes la retuvieron, sino la Dirección General de Seguridad, avisada por los servicios de información en el extranjero. Dos años después de concluida la guerra, su estructura no solo seguía intacta sino que había crecido y disponía de todos los resortes del Estado. Sus oficinas ya no estaban en Burgos, sino en el madrileño Paseo de Recoletos 4, junto al Cuartel General del Ejército. Habían alcanzado la capital y la gloria.

Capítulo 8. Capital de la gloria

CAPÍTULO 8

Capital de la gloria

Tan solo el archivo y el fichero ocupaban cuatro de las ocho habitaciones del viejo edificio de la calle Almirante Bonifaz de Burgos. En la planta de arriba estaba el despacho del coronel Ungría y de tres comandantes, uno por cada sección. Una pequeña sala de espera escondía el cuarto de interrogatorios, franqueado por dos soldados mecanógrafos al fondo. Un tabique de aislamiento acústico partía en dos el servicio de escucha y transmisión: uno para descifrar y otro para encriptar mensajes. La planta de abajo estaba ocupada por completo por las secciones de Viajeros y la de Fotografía y el Laboratorio químico. En noviembre de 1937, Ungría informó al Cuartel General de que si no se trasladaban pronto a un nuevo edificio, los archivos del SIPM corrían el riesgo de hacerse ineficaces «por el amontonamiento y confusión que la falta de espacio acarrea»[293]. La Escuela de Trabajo fue el lugar escogido para ubicar el centro neurálgico de la información político-militar franquista, cuya plantilla de personal se incrementó muy deprisa desde entonces. En poco más de un año estaban instalados en el Paseo de la Castellana esquina con Alcalá, en el Cuartel General del Ejército en Madrid. Muchos de ellos volvían a su puesto de trabajo antes del golpe, recompensados por «su servicio óptimo en la guerra así como en la consolidación de la victoria»[294].

Desde la profunda reordenación de su estructura y funcionamiento interno, señalada en capítulos anteriores y simbólicamente marcada con este cambio de edificio, el Servicio de Información Militar estaba llamado a desempeñar un destacado lugar en la guerra y en la consolidación de la dictadura. A comienzos de 1938 ya centralizaba y distribuía toda la información que solicitaban los distintos Ejércitos y sus principales organismos depuradores. El 26 de febrero, por ejemplo, el general Queipo de Llano pidió por telegrama informes de tres oficiales evadidos la noche anterior de la posición Mano de Hierro, al norte de Peñarroya. Era una zona estratégica para el control de la retaguardia de Córdoba y Sevilla, vital para el acceso a las minas de Almadén (Ciudad Real). En menos de una semana, Burgos emitió los tres informes con copia al juzgado militar número 6 «para que procediera»[295]. Pero, como especialistas en contraespionaje, la misión principal del SIPM era lograr que las grandes ciudades y el enemigo se rindieran «ordenadamente y desde dentro», para lo que contaban con una potente infraestructura, interior y exterior. Un año antes, y con el fin de establecer contacto con los militares «pronacionales» de Lérida a través de Biarritz, emitieron por Radio Nacional el siguiente mensaje del propio Queipo de Llano: «María de la O, rumba», nombre que correspondería a uno de sus grupos más activos en el interior de Cataluña[296].

Próximo a cumplirse su objetivo, fueron llamados por el Cuartel General para extenderse en la totalidad del territorio ocupado. Reunido el Consejo de Ministros, Franco nombró al coronel Ungría jefe de la Dirección General de Seguridad (todavía llamado Servicio Nacional de Seguridad) para dirigir un proceso que comenzó en Barcelona, su ciudad natal. Ese mismo día, el 5 de enero de 1939, el gobierno republicano declaraba finalmente el Estado de guerra. Alcanzados los objetivos seleccionados y asegurados los edificios y centros neurálgicos de las localidades principales, tanto la policía militar como los Servicios de Recuperación de Documentos debían ser relevados por las columnas de Orden y Policía de Ocupación, dependientes del Ministerio de Orden Público. La Auditoría de Guerra podría empezar su despliegue, nombrar las comisiones gestoras y a las nuevas autoridades «para el resurgimiento de la vida civil».

Una foto fija que se repitió en todos los lugares que aún quedaban en poder republicano sin importar su emplazamiento, tamaño o densidad de población. Sus dos principales impulsores dentro del Cuartel General han permanecido en un deliberado papel secundario hasta la actualidad: el coronel Ungría y el teniente coronel Luis Gonzalo, de la Segunda Sección del Estado Mayor. En febrero de 1938 se reunieron en Burgos para planificar la ocupación de Cataluña; un año más tarde lo hicieron cerca del mismo lugar, en el aeródromo de Gamonal, para acelerar la entrega de Madrid con el coronel Casado. A lo largo de casi un año intercambiaron correspondencia «oficial» y propuestas para que el servicio de información militar se estableciera con carácter estatal. No era el único proyecto que se presentaba por entonces, ya con la vista puesta en el final de la guerra. En abril de 1938, sin ir más lejos, se planteó la necesidad de crear un servicio secreto al estilo de las grandes agencias europeas, «destacándose entre los citados la Gestapo, servicio secreto de información conceptuado superior a todos los restantes servicios del Reich»[297]. Afianzadas sus bases sociales a medida que avanzaba favorablemente el curso de la guerra, la «España nacional» había pasado de un simple conglomerado militar a un Estado reconocido internacionalmente por su orientación política fascista. En febrero se había formado su primer gobierno, presidido por el general Franco y compuesto por once ministros, muchos de ellos con experiencia en la política y la administración bajo la dictadura de Primo de Rivera. La figura del Caudillo se situó por encima de cualquier ley, control o supervisión formal. Para ello se había modificado la Ley de Administración Central del Estado, por la que correspondía a Franco, como jefe de Estado, la potestad de dictar leyes generales. En marzo se aprobó el Fuero del Trabajo, copia de la Carta dil Lavoro del fascismo italiano, como eje de las «nuevas» relaciones sociales. El gobierno dispuso también una serie de medidas que intervenían la economía, desde el control de los precios hasta la sustitución del dinero republicano[298].

Durante los meses que se prolongó la batalla del Ebro se aprobaron algunas de las principales medidas y proyectos para coordinar la represión y anclar en el Nuevo Estado los cuerpos que la dirigían. Los procedimientos fijados desde el comienzo de la guerra alcanzaron así plena fuerza de ley, incorporándose a una legislación punitiva que se sucedería en cascada desde enero de 1939, aunque estaba planificada y ensayada, como se ha visto en anteriores capítulos, mucho antes. Legalidad y carácter estatal que no significaban en modo alguno su publicidad. Así, mientras la Iglesia, la justicia militar y los nuevos ministerios se mantuvieron en primer plano del orden público, el SIPM y los Servicios de Recuperación de Documentos funcionaron como primeras agencias de seguridad del Estado franquista, reguladas por órdenes y decretos reservados. Delante tenían las zonas de mayor entidad demográfica y las principales ciudades «rojas», Barcelona, Valencia, Madrid y sus áreas de influencia, que estaban prácticamente intactas desde el punto de vista represivo. A medida que fueron ocupadas, entre enero y abril de 1939, se produjo un nuevo éxodo transfronterizo superior al medio millón de personas. Incluso para aquellos que se mantuvieron en sus lugares de origen o que consiguieron reagruparse al final de la guerra, volver a la normalidad o a cualquier aspecto de la vida cotidiana anterior a la guerra pasaba por una administración militar que ejercía la plenitud de su poder y que aún tardaría varios años en dar por terminada la contienda y desmovilizarse.

Este último capítulo analiza la continuidad y transformación de aquellos de sus mecanismos que se mostraron particularmente activos después de la guerra: la política del «perdón con condiciones», la redención de penas que había disipado cualquier posibilidad de amnistía, la maquinaria judicial de la Auditoría de Guerra que actuaba de oficio en «las zonas liberadas» y, sobre todo, el trasvase del aparato de información militar hacia la policía política, que marcaría el camino hacia la consolidación de la dictadura. La simultaneidad de estos y otros elementos intensificó la represión, toda vez que la guerra se había dado por terminada el 1 de abril de 1939. El cambio de ritmo se imprimió en las ciudades pero alcanzó cualquier punto por remoto o incomunicado que estuviera. A finales de abril de 1939, los cuáqueros del Hospital de Murcia informaban alarmados sobre la situación que vivían a su representante en Estados Unidos: «llevamos tres semanas observando grupos de unos 15 hombres por las calles, seguidos de soldados con fusiles al hombro, cuya misión aparentemente es localizar y detener a personas que buscan en casas particulares. Muchos se suicidan antes de que los capturen vivos»[299]. El 23 de septiembre, tras peinar prácticamente la provincia entera, llegaban a La Alberca, una pequeña pedanía, portando la ficha de «Ángel Ros, el chico de la gorda»[300].

A diferencia de los momentos que siguieron al golpe o de los primeros meses de la guerra, apenas quedaba ya capacidad de sorpresa para una población hambrienta y paralizada por el miedo. La violencia física que sucedió al golpe se había transformado y era capaz de combinar un acusado carácter masivo con procedimientos mucho más expeditivos y selectivos, propios de la policía más especializada. La liturgia de la ocupación seguía marcada por los acordes de la música militar que ya identificaban la mayoría de los civiles: declaración del estado de guerra a toque de marcha granadera, presentar armas, izado de la bandera nacional y lectura de las normas de requisa en el Ayuntamiento «a toque de bando si dispone de tambor». Y, por último, canjear el dinero anterior al 18 de julio, anotando la relación de billetes no válidos en que conste la persona que lo entrega, serie y numeración, «en absoluto silencio»[301].

Del frente al territorio

DEL FRENTE AL TERRITORIO

El papel desempeñado por el SIPM durante la guerra ha sido destacado sobre todo por su capacidad para extender el derrotismo, infiltrarse en el Estado Mayor republicano y forzar la rendición de Madrid a través de la «solución Casado»[302]. Siendo sin duda importante todo ello, no puede quedarse relegado solo a un ámbito exclusivamente militar. Sus redes provinciales se extendieron por todo el territorio siguiendo una lógica y operatividad muy alejadas tanto del espionaje tradicional, solo centrado en objetivos militares, como del fracasado avance por columnas sobre Madrid. En septiembre de 1938 ya tenía homologados a todos sus agentes en zona enemiga[303], un hecho trascendental que reconocía los servicios de sus agentes civiles como militares profesionales y ascendía a estos últimos en el renovado escalafón castrense. Y aunque al SIPM se ha llegado a atribuirle un contingente de 30 000 hombres, en realidad no era una fuerza de choque[304]. A pesar de alcanzar carácter permanente y estatal, el SIPM siguió trabajando por lo que, en esencia, venía haciendo desde su creación: tejer una red que conectara el frente, la retaguardia y la zona de ocupación para forzar la rendición del enemigo desde dentro.

La cuestión que no conviene perder de vista no es otra que recordar que ya a comienzos de diciembre de 1936 ese objetivo se mostraba inseparable de la eliminación de las bases sociales republicanas. De ahí que los procedimientos de obtención de la información, su clasificación y su distribución, junto con las Segundas Secciones de los Estados Mayores en asuntos militares, políticos y judiciales, constituyeran la base, el núcleo central, sobre el que se estructuró el sistema represivo franquista. El 20 de diciembre de 1938, su máximo responsable, el coronel José Ungría, informaba al general Franco de que estaban próximos a la consecución de ambos objetivos en sendos oficios. El primero estaba destinado al Servicio Exterior y necesitaba su autorización para que desde la Comandancia de Irún se transmitiera a las embajadas: «La población civil desea unánimemente la rendición, especialmente la catalana, que espera con impaciencia. Se están llevando a cabo gestiones para derribar gobierno Negrín, único obstáculo que se opone a la rendición»[305].

El segundo daba cuenta de los problemas logísticos que tenían para mantenerse en un extenso frente que iba de Motril a los Pirineos y de Alicante a Madrid.

A tal efecto me creo en el deber de señalar a VE que si la carencia de disponibilidad de tropas y material de transporte impidieran dotar al SIPM del mínimo de elementos que aseguran su regular eficacia, estimo que sería procedente restar a sus deberes y responsabilidades el de vigilancia armada de la zona de vanguardia, reduciéndolo a las misiones de información del enemigo y constraespionaje, para la que es más factible la recluta del personal apto[306].

Dos semanas más tarde Ungría era nombrado jefe del Servicio Nacional de Seguridad (Dirección General de Seguridad), manteniéndose al frente de un SIPM relegado del frente para culminar la ocupación definitiva del territorio. En los meses siguientes Ungría mantendría una actividad frenética en todas las áreas que habían puesto en marcha dos años atrás: primero se trasladó a Zaragoza, y más tarde a Lérida, a fin de supervisar la conexión y el despliegue de las secciones en Cataluña. La guerra estaba ganada y el segundo objetivo, «la justicia», pasaba a primer plano, aunque para ello era del todo preciso que se cumpliera su plan para la rendición y entrada ordenada en los pueblos y ciudades. A la altura de diciembre de 1938 esa realidad pasaba ya solo por la conexión de los sectores que aseguraban la retaguardia y la llamada zona de vanguardia, para lo que resultaban fundamentales las redes provinciales. Como pudo verse en el capítulo quinto, estas últimas estaban formadas por civiles, militares y guardias civiles de las distintas provincias y tenían sus sedes en los respectivos gobiernos militares. El SIPM del Centro, por ejemplo, estaba dividido en diez sectores que se distribuían por cinco redes provinciales: Valladolid, Cáceres, Ávila, Segovia y Toledo.

Fig. 40. SIPM Sectores Centro.

C-1 Sigüenza

C-2 Sepúlveda

C-3 Segovia

C-4 Cebreros

C-5 Villa del Prado

C-6 Villaviciosa de Odón

C-7 Griñón

C-8 Toledo

C-9 Talavera

C-10 Trujillo (límite sur)

Jefatura Valladolid, 20 de marzo de 1938. AGMAV, 2917/23.

La documentación del Cuartel General revela la precisión simétrica que mediaba entre la creación de una red de «agentes propios» en las principales ciudades y centros neurálgicos republicanos, su ocupación y, lo más importante, la creación de una nueva red provincial de información. Entre junio y julio de 1938 el SIPM ya tenía agentes militares trabajando en Barcelona, en diciembre en Valencia y en enero no solo estaban destacados en Madrid sino que habían neutralizado por completo el servicio de información del Ejército del Centro republicano[307]. Su jefe de Servicio afirmaba que conocían su método de trabajo y que les habían impedido contar con cualquier apoyo vecinal:

La situación actual del Servicio en este Ejército no es nada halagüeña. Unidas a la detención de una cantidad considerable de agentes, el enemigo ha llegado a conocer nuestro método de trabajo, habiendo tomado toda clase de medidas para obstaculizarnos, inclusive la de redoblar vigilancia y evacuar la población que tuviera significación antifascista en aquellas zonas que por la guarnición de sus líneas se hacía más factible la realización de nuestros proyectos[308].

Un día antes de su comunicación con Franco, el 19 de diciembre de 1938, Ungría había dado luz verde al despliegue de las redes de información en Valencia y Cuenca, permitiendo el avance en Cataluña con una orden contundente: «mantenga servicio espionaje en profundidad de Levante; que para tal fin se tienda a normalizar los enlaces por radio y valija»[309]. Al día siguiente de la ocupación de Barcelona mandó las primeras órdenes particulares con objetivos políticos claros, dirigidos a la creación de nuevas redes y al control del territorio a largo plazo. Se trataba de tres instrucciones para los jefes militares del SIPM en Cataluña, además de las «misiones específicas» que cada uno tenía ya encomendadas:

Fig. 41. Misiones específicas. Subcentral de Cataluña, enero de 1939.

1.º Los sectores deben multiplicar dentro de su demarcación las redes de confidentes encaminadas a obtener información de:

—Delincuentes producidos por la revolución.

—Conducta y antecedentes de sospechosos, huidos, nuevos en la comarca o encajados en los puestos directivos de los organismos locales.

—Reminiscencias o manejos de los antiguos partidos políticos.

—Indicios separatistas o demostraciones insanas de regionalismo.

—Vida agrícola, industrial, economía comunitaria.

—Sabotajes encubiertos.

2.ª Las redes de confidentes deben extenderse por los pueblos situadas en fábricas, cafés, casinos… con elementos de probada adhesión a la Causa (fichas).

3.º Los enlaces no deben establecerse todavía por correo sino por contacto personal[310].

Poco después, el 14 de febrero, volvió a especificar las misiones de Barcelona (ciudad y provincia), remarcando las dos tareas esenciales que tenían encomendadas: las de policía militar en un territorio ocupado correspondían a la vigilancia y detención de objetivos habituales. Sin embargo, las del contraespionaje contenían un importante salto cualitativo en la represión contra la población civil: se ordenaba la reconstrucción de las redes del SIM rojo dentro y fuera de Cataluña.

Misiones. Todas las privativas de la sección SIPM como organismo de vanguardia, con los cometidos propios de un territorio considerado como tal a efectos de orden público. Con carácter eventual cooperarán en la busca y captura de los elementos del SIM rojo cuya reconstitución tiene encomendada el servicio SIPM de Cataluña. Asimismo cooperarán con sus redes de confidentes en vigilancia y recogida de armas[311].

Para esa labor de «reconstrucción» los agentes de información mantuvieron intacta su autoridad para poner multas, hacer controles, ordenar requisas, así como deportar, detener y encarcelar a un número considerable de personas, sobre todo en las poblaciones rurales. Además de delatar a los que se habían escondido, esa presión era necesaria para aislar a las familias y seguir el rastro de los que habían pasado al otro lado de la frontera francesa. Para entonces, los informes de los agentes infiltrados en el Ejército del Ebro en la retirada a Francia llegaban regularmente a Burgos a través de valija diplomática. El 5 de febrero de 1939, por ejemplo, el SIPM de Bruselas remitía al Ministerio de Asuntos Exteriores un telegrama del campo de Bram sobre «un maestro escuela comunista alcalde de Gerona internado, ha salido para Marsella desde donde se traslada con su mujer, lleva 150 000 francos». El Ministerio acusó recibo e informó a Ungría de la necesidad de mantener la colaboración con los agentes franceses, ya que, «de momento», era imposible que los pudiesen detener y deportar a España: «convendría tratar de insistir cerca del Gobierno francés para evitar que esos asesinos se escapen con la complicidad de la policía, y con objeto de cogerles con ese dinero por lo menos hacerles explicar el origen»[312].

La ocupación de Cataluña, y prácticamente la guerra, habían terminado desde el punto de vista militar, pero desde la óptica de seguridad del Nuevo Estado acababan de empezar. El 9 de marzo, el coronel Ungría mandaba las instrucciones de avance a seis de los siete sectores que componía el SIPM de Levante (Torrente, Paterna, Altera, Cuenca, Priego, Guadalajara). Al igual que había ocurrido en Barcelona, una vez conectados, podría dar comienzo la ocupación de Valencia. Los objetivos que tenían asignados apenas sufrieron cambios respecto a los anteriores, aunque se puso más énfasis en la planificación, el estudio previo y la necesidad de que los detenidos pasaran a disposición de la Auditoría de Guerra:

Fig. 42. SIPM, Instrucciones Avances de Sectores, Orden particular núm. 4.

Misiones: Detención de indeseables, huidos y ocultos mediante la información que reciban de los grupos B, del servicio y denuncias debidamente comprobadas, así como por los datos que por sus ficheros posean, poniéndoles a disposición autoridad judicial del Ejército.

Teniendo en cuenta los avances probables, deberán tener presentes:

1.º Los servicios a montar según número de pueblos, su ideología y densidad de población.

2.º Controles.

3.º Topografía del terreno.

4.º Para los datos de sus fichas preparen estudio real de los pueblos y lugares habitados para efectuar las primeras detenciones[313]

Era el tiempo de la acción. Los meses y años que habían pasado elaborando las fichas de habitantes y sus respectivos mapas dieron su fruto. Solo en la zona de Torrent, un sector de 92 kilómetros cuadrados, detuvieron a 360 civiles en sus casas y requisaron más de 500 000 pesetas. Todo en apenas seis días. En poco más de un mes, las misiones de Cuenca, Murcia y Cartagena estaban completadas[314]. En ese momento llegaron a Valencia el capitán Arellano, con amplia experiencia en la ocupación del norte, y el teniente coronel León Sanz, que dejaba una finca requisada en Calatayud para instalarse en un pequeño edificio de la calle del Sorni, «la sede del SIM rojo». Desde allí notificaba a Ungría, el 19 de abril, que la operación estaba prácticamente concluida y pasaba a organizar las nuevas redes provinciales en los centros oficiales, fábricas y principales lugares públicos de la capital valenciana. Para ello propuso desmovilizar los batallones de orden público utilizados en la ocupación de la ciudad y que sus oficiales pasaran a ser jefes de grupo de las nuevas redes de información[315].

El radio de acción del SIPM seguía creciendo gracias a su condición de policía militar, a su implantación en todo el territorio y, sobre todo, a la orden de crear nuevas redes que utilizaran y suplantaran la logística del espionaje republicano. Su sede central en Madrid se situó en la calle Almagro 38, centro de detención o «checa» de la CNT primero y más tarde cuartel de las Milicias de Vigilancia de la Retaguardia. Toda la documentación incautada, más la propia generada por el SIPM, pronto dejaron pequeño el lugar, destinado desde entonces a «interrogatorios y declaraciones». No lejos de allí, en la calle Jorge Juan 65, establecieron el «negociado de información a jueces», antecedente del Juzgado de Contraespionaje que centralizaría toda la información sobre personal militar que acumulaban desde comienzos de la guerra y que había terminado por colapsar su central de Burgos. Además del control de las Cajas de Reclutamiento, la información judicial era una de las tareas originales de antiextremismo que aún mantenía el SIPM. El 5 de mayo ya estaban a pleno rendimiento. Ese día fue el turno de Juan Muñoz Pruñeda, teniente de Ingenieros retirado en el momento del golpe, que había sido fichado por dos agentes distintos en Barcelona, en junio y julio de 1938 respectivamente[316].

Examinado los archivos de este servicio aparecen las fichas al respaldo.

Capitán de Ingenieros: se presentó en Barcelona a las autoridades militares rojas.

Teniente Coronel Ingenieros Asimilado. Concedida por Gobierno Rojo Medalla al deber[317].

Muñoz fue condenado a seis años de prisión por su edad, pero el Juzgado de Contraespionaje no se caracterizó en absoluto por su benevolencia. Conocían y manejaban todas las técnicas de interrogatorios y se emplearon a fondo para conseguir la máxima pena en la mayoría de los casos. Solo un día antes habían sido ejecutados a garrote vil en la madrileña cárcel de Conde de Toreno Tomás Durán González y Luis Arias, «Felisín». Pagaron a regañadientes las 230 pesetas de la minuta del verdugo, alegando que correspondía hacerlo al Ministerio de Justicia[318]. La base «legal» de las sentencias del Juzgado de Contraespionaje no descansaba únicamente en las pruebas de información militar que tenían acumuladas, sino en los testimonios presenciales de los mismos agentes que siguieron durante mucho tiempo infiltrados después de la guerra. Algunos de ellos llegaron a cumplir varios años de condena en distintas cárceles, donde siguieron trabajando en «la reconstrucción» de las organizaciones políticas. Benjamín Serrano Larruda, estudiante de Medicina y vicepresidente de las juventudes de Izquierda Republicana, no recibió el indulto definitivo hasta 1946. Pasó toda la guerra en Madrid, primero en el gabinete de censura de telégrafos de la Dirección General de Seguridad y más tarde en el SIM. Identificado en Alicante, pasó unos días en el campo de Albatera y fue mandado de vuelta a Madrid, a la cárcel de Conde de Toreno. De allí salía con frecuencia a declarar al Juzgado de Contraespionaje en Jorge Juan, donde se guardaba su informe personal: «Agente B. Asimilado a Teniente con un sueldo de 1500 pesetas mensuales». Era lo estipulado para un jefe de grupo, el precio por su vida y la de su familia[319].

Mantener la primera de las normas del contraespionaje (no hacer detenciones hasta el final para llegar a desarticular la red completa) no fue siempre fácil para un servicio de información militar que tenía encomendada la reconstrucción de las redes de seguridad del gobierno republicano, partidos y organizaciones de izquierda. Muchos ya habían trabajado para ellos y continuaban haciéndolo. Según sus propios datos, durante la guerra habían dispuesto de 960 agentes militares destacados en Madrid, Barcelona y Valencia, sin contar colaboradores, confidentes e informadores[320]. A pesar de dar por terminada la guerra, los mantuvieron a todos activos para que controlaran las nuevas redes y encuadraran en sus respectivos sectores el aluvión de voluntarios que sucedió a la ocupación de las grandes ciudades; jóvenes como Fernando García, que el mismo día de la «liberación» de Madrid fue nombrado «agente honorario» del SIPM por el teniente coronel Bonell, jefe ya de toda la ocupación de la zona centro. Asignado al distrito sur, García se instaló en el local del Partido Comunista de la calle de Atocha 94. Tras hacerse cargo de todos los ficheros y documentación que había en el edificio, comenzó a realizar las primeras detenciones e interrogatorios. En los meses siguientes cualquier prisionero de guerra, preso o detenido conocía el significado de las siglas del Servicio de Información y Policía Militar[321].

Sus métodos se extendieron tanto en el campo como en la ciudad. En agosto de 1939, el cónsul británico de Barcelona alertaba de los excesos continuados desde la ocupación de la ciudad:

la mayoría de los detenidos son maltratados. Esto siempre parece tener lugar durante el interrogatorio cuando se sospecha que han cometido crímenes de sangre durante la Revolución. Ha habido muchos suicidios; algunos hombres saltan por las ventanas en la comisaría de policía y otros en la propia prisión[322].

En diciembre, Marcos Agustín González, un jornalero de Vega del Codorno (Alto Tajo, Cuenca), envió una breve nota a su mujer desde la cárcel de Cuenca a través de su cuñado. En ella trataba de explicar lo que le había sucedido desde su detención el 19 de abril.

Para el 20, 21 y 22 de mayo hicimos las declaraciones pasando mucho miedo porque veíamos que todos los que bajaban al SIPM subían molidos de palos que era una lástima de ver a aquellas criminalidades que hacían con los hombres. De nosotros no baja por desgracia nada más que Patrocinio y cuando vino serían las nueve de la noche y vino como un muerto, todo ensangrentado. Estuvo en el saco tres o cuatro días sin poder moverse. Yo no creía nunca que los hombres resistiéramos tanto como se ha resistido, lo mismo en palizas que en comida, todo ha sido pésimo de malo. También recuerdo y nunca se me olvidará que cuando íbamos a declarar nos encontramos con unas denuncias completamente falsas y de venganzas, solo para que llegara a pasarnos lo que nos ha pasado[323].

El final de la guerra extendió sobre el conjunto del territorio estos procedimientos de obtención de la información, especialmente los interrogatorios y las denuncias sobre la población civil. No era nada nuevo ni atribuible al clima de venganza en las últimas zonas en ser ocupadas. Fijados por el Cuartel General a comienzos de la guerra, fueron usados inicialmente para la identificación y clasificación de «prisioneros, presentados y huidos», cumpliendo un importante papel tanto en el aumento de la deserción del enemigo como en la fijación de la propia retaguardia. La masificación del final de la guerra no hizo más que acelerar sus trámites burocráticos. Entre el 29 de abril y el 22 de mayo de 1939 el destacamento de Olmedo (Valladolid) emitió «866 denuncias personales de actuación de individuos en zona roja»; personales porque todas iban firmadas por Alfredo del Hierro, oficial del SIPM que realizaba los interrogatorios en el lugar donde la Falange local custodiaba a los detenidos. Algunas tenían datos completos, como la realizada contra Alfredo Hervías, de Calzada de Calatrava (Ciudad Real), «interventor civil de guerra, capitán del ejército rojo, elemento de gran información y presunto asesino»; otras, en cambio, ni siquiera llevaban nombres, tan solo los datos más aproximados que el «declarante» podía aportar. A veces era suficiente con dar una dirección o señalar un colectivo: el portero de la calle Alcalá 162 de Madrid, «completamente rojo, delator y elemento de gran información», la portera de Boca del Ángel 10, «delatora de un guardia civil que fue asesinado»[324].

Este ritmo de denuncias y detenciones creó una situación que pronto se volvió insostenible y de la que se culparon mutuamente todos los sectores implicados. El 20 de enero de 1939, el capitán general de la Primera Región Militar escribió al ministro del Ejército para trasladarle «el caso frecuentísimo de personas puestas en libertad sean nuevamente detenidas por agentes de FET y de las Jons que actúan movidos por denuncias que en la mayoría de los casos comprenden los mismos hechos por los que fueron ya juzgadas»[325]. El propio Cuartel General se quejaba ante el coronel inspector de los campos de concentración, el coronel Pinillos, de que en sus oficinas no se guardaba «la elemental reserva dando con ello lugar a que surjan incidentes desagradables entre estos individuos (prisioneros) y sus familiares con nuestros Delegados y agentes, especialmente en los pueblos poco numerosos»[326]… Por su parte, el gobernador civil de Murcia, en telegrama cifrado, pidió «el cese de los agentes del SIPM, elementos no informados por este Gobierno». Ungría mandó al comandante Jiménez Ortoneda para que informara sobre lo que estaba ocurriendo en una provincia que ya por entonces tenía el índice más elevado de detenidos y presos de toda la posguerra[327].

Servicios especiales

SERVICIOS ESPECIALES

Grupo Especial Secreto (GES)

Grupo Especial Secreto (GES)

En cierto modo, era lógico que un servicio de información militar como el SIPM, que no se limitaba a tener una oficina en Madrid sino que basaba su funcionamiento en redes provinciales, chocara con los gobernadores civiles. No se trataba de un conflicto de competencias entre la esfera civil y la militar, ya que desde el principio de la guerra la primera había desaparecido casi por completo, sino del interés del Ministerio de Gobernación (Interior) en la orientación y dirección de la represión. Su titular y cuñado de Franco, Ramón Serrano Súñer, ya había intervenido en la creación de dos instrumentos de primer orden en el primer trimestre de 1937: la Causa General y la Oficina de Información y Propaganda Antimarxista (OIPA)[328]. Un año más tarde el panorama había cambiado significativamente, y no solo por la positiva marcha de la guerra. En el primer gobierno nacional se habían dibujado y parcelado todas las áreas de influencia de la represión. Mediante el programa de Redención de Penas por el Trabajo, la Iglesia gestionaba un parte importante del Ministerio de Justicia y la práctica totalidad del sistema penitenciario. El Ministerio de Orden Público, por su parte, quedaba encargado de la administración de las grandes ciudades ocupadas. El Ejército seguía dirigiendo prácticamente todo lo demás, desde la Auditoría hasta las fronteras, y especialmente a través del SIPM, que centralizaba todo el servicio de información y estaba a punto de convertirse en organismo de ámbito «estatal».

En este contexto, Gobernación defendió ante el Cuartel General la necesidad de crear un nuevo organismo de seguridad del Estado: el Grupo Especial Secreto (GES). Usando el lenguaje antisectario y conspirativo propio de la OIPA, que pudo apreciarse en el capítulo tercero, relativo a la ocupación del norte, y con un marcado tono antijudío que revelaba el acercamiento a Alemania de los falangistas y de la mayoría de la cúpula militar, plantearon la creación de un servicio secreto siguiendo la estela de la Gestapo, con todos los resortes del poder público a su disposición, especialmente tras la anexión de Austria. Este es un fragmento de su exposición de motivos:

Si existe alguien en la España nacional que cree que con el triunfo glorioso de nuestras armas en los frentes de combate habrá terminado la titánica lucha que sostenemos para librar a Europa, y aun al propio Mundo, de la invasión de las hordas disolventes de Comunismo y Masonería, hábilmente dirigidas por el Judaísmo, incurre en un exceso de optimismo que, de ser compartido y generalizado, no tardará de nuevo a conducirnos a una verdadera e irremediable catástrofe. Hay que prever la existencia de otro ejército silencioso, mucho más terrible que el anterior, cuya existencia adivinamos o sospechamos pero del que no conocemos ni los jefes ni sus elementos, que opera en nuestro propio terreno, combatiéndonos en la sombra por todos los medios que están a su alcance y que si bien ahora se reduce a intentar aplazar nuestra victoria final mañana empleará sus actividades en intentar sembrar la descomposición, enemistad, odio y discordia en todos aquellos que hoy les combatimos, para procurarse de esa manera instrumentos para destrozarnos y aniquilarnos[329].

AGMAV, 2913/12, 2.

Ideológicamente se relevaba la matriz contrarrevolucionaria del tradicionalismo que lograba identificarse con muchos lugares comunes en el lenguaje de la extrema derecha del momento, sobre todo a través de la unión de anticomunismo y antisemitismo, consagrada en España bajo la fórmula de «la conspiración judeomasónica». El documento de 1938 seguía a pie juntillas el mito por el que los judíos habían creado la masonería y el marxismo para servir a su propia religión. Apoyados por Rusia, pero también por los Derechos del Hombre, la Sociedad de Naciones y otras «patrañas liberales», apoyaban decididamente la infiltración y la destrucción de los estados y las naciones cristianas. De este modo, era necesario crear un verdadero servicio secreto que no debía estar a cargo de ningún partido, sino del «Estado autoritario, que tiene que proceder a la creación de un organismo que siendo la antítesis de sus adversarios, adopte idénticos medios de lucha, colocando personas de su confianza, agentes, colaboradores, confidentes… estratégicamente en las más diferentes y variadas esferas»[330].

No era un servicio concebido para la guerra sino para la paz, y más concretamente para un Estado fuerte que continuara y profundizara la represión, sobre todo a través del contraespionaje. En el terreno orgánico —tal vez lo que más interesaba en este momento a sus promotores—, planteaba situarse en el mismo plano y a modo de enlace entre el SIPM y el Ministerio de Orden Público.

Aunque evidenciaba la falta de sintonía entre ambos sectores, al que achacaban improvisación, falta de medios y, sobre todo, falta de carácter secreto, la estructura que planteaba era muy similar a la del SIPM. De hecho copiaba las dependencias y servicios del núcleo original de Burgos, por lo que es muy probable que hubiesen trabajado allí. El GES, sin embargo, daba mucha más importancia a un aspecto que el Ejército parecía haber dejado en un segundo lugar: la cultura. Esta iba a ser, con toda probabilidad, la puerta de entrada a las ideas disolventes, «del marxismo a la pornografía», por lo que había que establecer las bases de un moderno aparato de censura, no solo del mundo de la edición y la traducción, sino de la industria cultural, el cine, la música, la información y la comunicación en general. Y todo ello había que empezar a manejarlo y estudiarlo a través de la documentación incautada a los rojos. Más allá de su retórica, los impulsores del GES eran conscientes de que, una vez terminada la guerra, el espacio institucional de la represión se iba a situar dentro del aparato de orden público, por lo que se volcaron en integrar los servicios documentales y de propaganda que controlaban en la estrategia de la guerra de ocupación.

El 27 de mayo de 1938 se hizo pública la transformación de la Oficina de Información y Propaganda Antimarxista (OIPA) en el Servicio de Recuperación de Documentos.

El carácter especial de esta contienda, las intervenciones extranjeras en la misma, el desarrollo de la criminalidad en el campo enemigo y las actuaciones más o menos secretas de ciertos partidos y sectas, han hecho pensar en la necesidad de intensificar, tanto en la retaguardia como en las zonas que se vayan ocupando, la recogida, custodia y clasificación de todos aquellos documentos aptos para obtener antecedentes sobre las actuaciones de los enemigos del Estado, y suministrar datos útiles a todos los organismos encargados de su defensa. El organismo ha sido y es necesario para la administración de Justicia[331].

En este momento reconocieron su capacidad para actuar en los pueblos ocupados en el frente de Madrid y en el de Aragón, pero no en Cataluña ni en Levante, donde el SIPM ya hacía tiempo que estaba trabajando. Tanto en este último como en otros puntos, sus críticas evidenciaban una clara desconfianza. Ambos se disputaban el control de buena parte de los objetivos urbanos, aunque sus métodos eran netamente diferentes. Para Recuperación de Documentos, la primera norma, la más importante de todas, era entrar en las ciudades junto con las tropas y realizar todos los registros en los cuatro primeros días. Después, como había mostrado la campaña del norte, el registro dejaba de tener eficacia. La primera misión era precintar todos los locales y domicilios que se iban a registrar, dejando a un hombre armado haciendo guardia. Este era el que debía empezar a recoger toda la documentación en una habitación, a la espera de que llegara el resto del equipo para su estudio y clasificación. Entonces podían comenzar los registros con el orden que se indica (véase fig. 44).

Una vez recogido todo el material, debían precintarlo y enviarlo a la sede en Salamanca, donde se iniciaba una lenta tarea de transformación en fichas y archivos que dependía de la complejidad del núcleo ocupado. Por ejemplo, la ordenación y la clasificación documentales de Alicante, una de las últimas ciudades en ser ocupadas, y con un importante número de desplazados y una gran zona de puerto internacional, no se dieron por terminadas hasta mayo de 1942[332]. El éxito de la operación dependía del nivel de coordinación que mostraran sobre el terreno todos los servicios especiales desplegados en los territorios ocupados[333].

Fig. 44. Registros. Ministerio de Orden Público. Jefe de Servicios Especiales, julio de 1938. Presidencia de Gobierno, 87.

Locales oficiales del Gobierno Rojo, Ministerios, Consejerías, Ayuntamientos, Juzgados, Cárceles, Comités, Aduanas, Correos y Telégrafos, etc.

Locales de las Organizaciones Políticas, Partidos, Sindicatos, y demás lugares afines, centros culturales, amigos de la URSS, etc.

Locales ocupados por el Ejército Rojo, Estados Mayores, Oficinas de los distintos cuerpos, hospitales, etc.

Locales ocupados por los rusos, Embajada, Consulado, Estado Mayor, residencia particular… abastos para los suministros de los rusos.

Cines (para las películas rojas) y casa de fotografía (en estas se encuentran fotos de pasaporte de los milicianos y afiliados, fotos de manifestaciones, desfiles, de personas asesinadas, etc.

Librerías, editoriales, redacciones de periódicos.

Domicilios particulares de los jefes y dirigentes.

Demás domicilios que por los informes que en la plaza se reciban sean de interés registrar[334]

Distritos, barrios y casas

Distritos, barrios y casas

Así mismo se realizarán de antemano cuantos trabajos puedan redundar en beneficio de la mejor reorganización y más fácil conocimiento de los respectivos Distritos y de las personas que en ellos hubieran residido, tomándose los antecedentes precisos relacionados con los Servicios de Orden y Policía (detenciones, protección etc.) a fin de que inmediatamente de tomar una población se pueda comenzar a actuar eficazmente y sin pérdida de tiempo[335].

Entre julio de 1938 y marzo de 1939 se emitieron las instrucciones de los Servicios Especiales del Ministerio de Orden Público para la ocupación de las grandes ciudades de Cataluña, Madrid y Valencia.

La Columna de Orden y Policía de Ocupación se organiza para proyectar y preparar todos los trabajos de restablecimiento de la normalidad y funcionamiento de los servicios públicos y de investigación y vigilancia en todas las localidades de la Península, a medida que se vayan liberando de la dominación rojo-marxista, e intervenir directamente con sus fuerzas, elementos y servicios, para relevar a las unidades activas, evitar abusos y saqueos y llevar la tranquilidad y auxilio de todas clases a las poblaciones, hasta tanto que estén en condiciones de aplicarles el régimen común que rige en la zona liberada[336].

La novedad más importante respecto a la ocupación del norte fue el estudio previo y la división de los grandes cascos urbanos en un número de sectores que fuera proporcional al volumen de habitantes de cada ciudad. En cada uno de ellos debía desplegarse, «como mínimo», una compañía de la Guardia Civil, otra de Asalto, un batallón de milicias (colaboradores civiles), un batallón de orden público y un jefe de Investigación y Vigilancia para cada sector. Una vez aprobada esta distribución, podía iniciarse la entrada de las columnas, siempre que pudiera garantizarse que todos los edificios, material y «centros vitales» estuviesen ya controlados por la policía militar. La adopción de esta última medida se consideraba «importantísima», al igual que la prohibición de las requisas que no autorizasen los jefes de sector, para evitar situaciones que se habían dado anteriormente[337]. Los jefes de sector no solo debían evitar esos abusos, sino que —se insistía— debían controlar todo el flujo de información y de personas: requisar las radios, sellar la entrada y salida de las poblaciones y dirigir la expedición de todos los salvoconductos. Para ello podían nombrar por cada barrio un jefe, una persona de reconocida solvencia a la cual quedaban subordinados los jefes de casa (uno por cada edificio) y cuya única misión era «la de suministrar datos para confeccionar con toda rapidez el fichero policial de la Capital».

Y quiénes mejor para elaborar ese fichero y controlar los barrios que los policías de las comisarías de distrito. Desde la segunda mitad de 1937, el SIPM comenzó a asimilar agentes de policía republicanos con esta clara intención, agentes como Tomás Ramos O’Ryan que pertenecían al cuerpo de Investigación y Vigilancia desde su creación en 1931. Tras un viaje a Valencia en febrero de 1937, estableció contacto en Madrid con los sublevados a través de la embajada de Chile. Su misión era permanecer en la DGS, primero en los servicios centrales y más tarde en las comisarías de Chamberí y de Buenavista, de las que se hizo cargo hasta la entrada de la columna de ocupación[338]. Saturnino Yagüe también había entrado en el Cuerpo de Investigación en 1931, con apenas 25 años. En torno al mismo período que su compañero anterior, abril de 1937, inició sus contactos con las redes de información franquistas en Madrid. En marzo denunció la pérdida de su pistola, y más tarde la de su tarjeta de identificación como policía de la Brigada Social. Bajo sospecha de los mandos republicanos, fue mandado al frente en noviembre de 1938, pero la orden se paralizó y fue anulada telefónicamente el 14 de enero de 1939. El 16 de marzo ascendió a la comisaría de Hospicio y cuatro días más tarde pasaba a encargarse de la Secretaría de Investigación Social de la DGS de Madrid. En unión de otros miembros del SIPM, como el agente Sierra Agüero, se hizo cargo de la comisaría del distrito centro y detuvo a sus responsables y antiguos compañeros hasta la llegada de la columna de ocupación. Resulta importante constatar que en enero de 1938 el SIPM ya tenía capacidad de mando operativo en Madrid, puesto que desde su sede en Burgos había dispuesto que Yagüe permaneciera «en su actual destino pero considerándolo movilizado»[339].

Una labor de conexión e infiltración que se había iniciado aun antes en Barcelona. Vicente Juan Creix había aprobado las oposiciones para entrar en la DGS en junio de 1936, y aunque su nombramiento quedó paralizado como tantos otros por la guerra, comenzó a trabajar como policía para la Generalitat. Desde esa posición, pasaba información al grupo denominado LJRC, que a finales de 1937 ya estaba a las órdenes militares del SIPM[340]. Continuó su labor dentro del Ejército Republicano en el Cuartel de Caballería de Santiago, siempre en retaguardia «y a las órdenes directas del Coronel Ungría». En agosto de 1938, el grupo fue desarticulado, y la mayoría de sus miembros, fusilados. Creix fue detenido en noviembre. Tras un largo periplo de torturas por las checas de Cardona y Vallmayor, fue condenado a 15 años de trabajos forzados. Evacuado hacia Gerona, consiguió huir y alcanzar a las tropas franquistas. Según su hoja de servicios, el mismo día que pisó de nuevo Barcelona, ingresó directamente en la Jefatura Superior de Policía[341].

Las últimas medidas de ocupación, emitidas entre finales de febrero y comienzos de marzo de 1939, destilaban los finales detalles de la ocupación de Barcelona. La política de control de movimientos en la entrada y salida de las ciudades se hizo más estricta. La prohibición de entrada absoluta en Madrid y Valencia se mantuvo activa durante dos meses, pero al mismo tiempo se inició «la evacuación a sus respectivas provincias de todas las personas de derechas con residencia accidental en ellas»[342]. La militarización del espacio urbano, por lo demás, era absoluta; se exigía salvoconducto para circular con cualquier vehículo y hasta para cambiar de barrio y sector si se iba caminando. Pero si algo se trató de perfeccionar en las ocupaciones finales fueron los aspectos policiales, pues se intentaba coordinar «legalmente» la operación a través de la información que poseían y la que iban a adquirir en los nuevos registros, detenciones y denuncias. La jefatura del sector era, una vez más, la pieza clave. Todas las denuncias debían estar autorizadas y visadas desde allí. Igualmente, las jefaturas daban forma de denuncia a las informaciones que procedían de confidentes o de los propios interrogatorios, que quedaban registrados a efectos estadísticos como «confidencia y jefatura». Llevaban, por último, su propio registro y fichas del vecindario, de modo que únicamente cuando se demostraba que no existía responsabilidad criminal sobre los detenidos, pedían informes a la Guardia Civil o a las alcaldías de sus pueblos de origen. No admitían nunca informes previos de detenidos. Los interrogatorios, se insistía de nuevo, debían hacerlos siempre policías y agentes de la Guardia Civil, en los lugares de detención autorizados por el jefe de sector, pero en la práctica, y dado el volumen de prisioneros que generó la ocupación de ciudades como Madrid o Valencia, la mayoría terminó efectuándose en las juntas de clasificación de los campos de concentración.

Junto a estas medidas de persecución política, la mayoría fruto de una evolución documentada a lo largo de las páginas anteriores, se dispusieron las primeras medidas de orden público que buscaban la «normalización» de la vida de las ciudades. Así, por ejemplo, los «delincuentes habituales contra la propiedad» podían ser detenidos por cualquier policía o miembro de la columna de ocupación. Serían enviados a campos de trabajo hasta que se dispusiera qué hacer con ellos, pero lo más urgente era sacarlos de la ciudad. Serían fichados como «detenidos y evacuados» con el tratamiento propio de vagos y maleantes. Podrían inscribirse en fuerzas de choque del Ejército o ser utilizados en la desinfección y retirada de cadáveres[343]. Estos y otros métodos expeditivos en el mantenimiento del orden público tradicional, que habían desempeñado un papel central en la conflictividad social de los años veinte y treinta, reaparecieron con fuerza al final de la guerra. Venían para quedarse como práctica que homologaba definitivamente la delincuencia social y la política. Como declaraba el propio jefe nacional de Seguridad a la prensa en plena ocupación de Madrid, se actuaba «contra aquellos que con máscara de ideales sociales y políticos no fueron otra cosa que vulgares salteadores de bienes o cobardes asesinos de ciudadanos inermes». Para combatir a este enemigo interno, proseguía Ungría, se hacía preciso mantener no solo las tácticas sino el Servicio de Información y Policía Militar, aunque fuese bajo otras siglas[344].

El traspaso a la Dirección General de Seguridad

EL TRASPASO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

Aunque desde su reaparición a comienzos de enero de 1939 dependía administrativamente del Ministerio de Gobernación, la Jefatura Nacional de Seguridad era un servicio plenamente militarizado. A medida que la guerra civil se alejaba y la dictadura se implicaba en la Segunda Guerra Mundial del lado del Eje, se afirmaba su carácter político frente al militar. Gobernación no tardaría en ejercer un control ejecutivo total sobre el organismo. El 23 de septiembre retomaría su denominación y su papel como policía política, aunque su estructura, el personal y buena parte de sus funciones siguieron siendo los propios del SIPM. Al día siguiente de aprobarse esta ley, su jefe, el coronel Ungría, era nombrado secretario general del Ministerio del Ejército. Volvía al Estado Mayor Central, Paseo de la Castellana esquina Alcalá, donde había desarrollado la mayor parte de su carrera y donde pronto sería el encargado de la Escuela de Guerra. El nuevo director general de Seguridad fue José Finat, conde de Mayalde, número dos de Gobernación y gobernador de Madrid[345]. El traspaso se hizo público ese mismo mes, y definitivamente la policía política quedaba integrada en el aparato de orden público, aunque ya nunca prescindiría de su carácter reservado o secreto ni de su organización y especialización militares. Una de sus primeras medidas fue crear un cuerpo de policía armada directamente como «fuerza de contención»[346]. Más importante aún, desde el punto de vista organizativo, fue el traspaso de la Subdirección de Orden Público a la DGS, que incrementó sus competencias hasta estructurarse definitivamente en cuatro grandes comisarías generales que correspondían con las tres grandes secciones originarias del Servicio de Información Militar: Fronteras, Información, Orden Público e Identificación[347].

Finat fue nombrado embajador en Berlín para profundizar las relaciones con la Alemania nazi. El coronel Gerardo Caballero fue su sucesor al frente de la DGS hasta junio de 1942. Una de sus primeras tareas fue recibir a Himmler, ministro de Interior alemán y responsable de la Gestapo, para avanzar en el acuerdo de cooperación hispano-alemán en materia policial que fue definitivamente cerrado al año siguiente[348]. Caballero fue sustituido por Francisco Rodríguez Martínez, coronel del Estado Mayor del Cuartel General durante la guerra (el responsable, entre otras cosas, de aprobar el reglamento reservado del SIPM) y primer fiscal general de Tasas en plena autarquía. Su nombramiento apenas despertó interés en el consulado británico, que seguía de cerca el acuerdo de cooperación policial hispano-alemán y que informó escuetamente sobre las oficinas de la DGS en Madrid: «sus archivos están basados en el modelo nazi, asegurando una vigilancia sistemática sobre todos los enemigos sospechosos del Estado»[349].

Pero acto seguido, el propio informe británico reconocía que en el caso español, a diferencia del Reich, todos los detenidos pasaban a la jurisdicción militar. Allí se seguía administrando y dirigiendo la «persecución de enemigos» a través del control del orden público. En ese plano, el final de la guerra no hizo sino sancionar la división en asuntos y materias represivos que se decidió a lo largo de la batalla del Ebro, pero que, como correspondía a la naturaleza de la propia dictadura, siempre se mantuvo dentro de la esfera militar. De nuevo mediante instrucción reservada de mediados de septiembre de 1939, el Alto Estado Mayor ordenaba a todas sus Segundas Secciones que derivasen su personal militar al Ministerio del Ejército; el civil pasaría a la DGS, junto con los archivos documentales de interés judicial: «aquellos que implican materia delictiva denunciable o imputable a personas huidas o presentes en la España Nacional»[350].

Toda la información y el personal del SIPM militar pasaba a las Segundas Secciones de Información de los Estados Mayores ya con Francisco Rodríguez como director general de Seguridad. La desmovilización devolvía, por tanto, al Servicio de Información del Ejército a la estructura anterior a la guerra. Su director hasta la llegada de Ungría, el teniente coronel del Estado Mayor Múgica Buhigas, fue el encargado de dirigir toda la operación de desmovilización. Aquel comandante que en diciembre de 1936 pedía que le enviasen a él mismo por correo los informes y los mensajes intervenidos al enemigo habría necesitado más de otra vida para supervisar todo el material acumulado a la altura de 1939. En abril de 1940, solo en la Primera Región Militar, la del centro, se habían clasificado cinco toneladas de papel de los 141 584 expedientes revisados. Con ellos se habían confeccionado medio millón de fichas[351].

La desmovilización no fue fácil, y no solo por este volumen de documentación. La orden de septiembre fue reiterada por la Instrucción B-5 del Alto Estado Mayor de 11 de octubre 1939, que instaba a la desmilitarización de todo el personal civil del SIPM, así como a la entrega y anulación de todos sus documentos de identidad correspondientes. Los organismos implicados y los propios agentes siguieron mostrando resistencia a ello. El 27 de febrero de 1940 se emitió de nuevo la orden de desmilitarización, que añadía que todo el que se exhibiera o se presentase como miembro del SIPM sería inmediatamente detenido, ya fuese militar o civil, extremo reiterado por la siguiente orden reservada de 6 de marzo.

La desmovilización del SIPM ordenada por Instrucción B-5 de este Estado Mayor, implicó el cese automático de todo el personal civil, militar o militarizado que de él formaba parte, sin otra excepción que los designados expresamente por V. E. para realizar la revisión de documentos aún pendientes. En consecuencia, y no pudiendo existir ya en poder de aquellos documentos de identidad alguno, de orden del Sr. Ministro ruego a V. E. tome las medidas necesarias para que cualquier individuo que invocando el nombre del SIPM o exhiba dicha documentación de identidad, sea objeto de detención por la Policía Gubernativa, si se trata de paisanos, y por las Autoridades Militares si se trata de personas de esta condición. De estas medidas deberá tener conocimiento la Subcomisión de desmovilización, para que los interesados no puedan alegar ignorancia[352].

Muchos de los gobiernos militares alegaron que habían recibido la orden escrita sin especificación, por lo que no podían telegrafiar a sus jefaturas de sector, las que se oponían realmente a desprenderse de sus agentes y confidentes. Finalmente, el Estado Mayor facilitó la división del personal dando la posibilidad de que los agentes civiles pudieran pasar «voluntariamente» a la Dirección General de Seguridad y las jefaturas de sector se encuadraran obligatoriamente en sus respectivas Segundas Secciones Militares. El mismo criterio se mantuvo con la actividad y la documentación que tenía el SIPM hasta el momento. Los servicios de información judicial que auxiliaban a los organismos depuradores, como el Juzgado de Contraespionaje o la propia Auditoría de Guerra, pasaron con sus archivos en pleno a la DGS, garantizando así su trabajo al frente de la policía judicial. Por su parte, las «misiones derivadas» y la petición de información que demandaba durante la guerra el Cuartel General y que continuó haciendo Presidencia de Gobierno pasaron a las Segundas Secciones a través del Ministerio del Ejército[353]. Los civiles que no quisieron o no pudieron pasar a la DGS por distintos motivos tuvieron que esperar más de un año para ver reconocidos sus servicios a efectos laborales. El 23 de junio de 1941 se aprobaba la ley por la que el personal del SIPM, «de todas las clases», tenía garantizada una pensión. La asimilación a las categorías militares mostraba la compleja organización que habían alcanzado sus redes, que siguieron activas en la represión mucho tiempo después del final de la guerra:

Fig. 45. «Asimilación definitiva agentes SIPM».

Enlaces, confidentes y colaboradores: | a Cabos.
Enlaces a través de líneas y agentes en zona enemiga:   | a Sargentos.
Jefes de Grupo en zona enemiga: | a Brigada.
Jefe de Organización: | a Alférez o Teniente.

El grueso de los agentes civiles pasó a la DGS y mantuvo el mismo puesto que ostentaba en el SIPM. Su estructura militar, sus delegaciones y sus funciones no habían variado un ápice desde la guerra. Tampoco sufrieron grandes modificaciones ni la procedencia ni el perfil profesional de sus componentes, muchos agentes propios o asimilados a lo largo de 1937 y 1938. Al frente de las comisarías y jefaturas de la investigación político-social de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza o Bilbao se colocaron aquellos que como Tomás Ramos O’Ryan, Vicente Juan Creix o Saturnino Yagüe, por mencionar tan solo algunos de los casos comentados en este volumen, ya eran policías con anterioridad a la guerra y pasaron a trabajar para el SIPM desde su posición en el engranaje de la seguridad republicana.

El trasvase y la continuidad de los aparatos represivos durante la guerra y la posguerra no solo muestran la complejidad y el grado de planificación y coordinación existente, sino que ponen de relevancia el hecho de que las distintas fases de la guerra, la ocupación del territorio y el control de la población, fueron requisitos previos e indispensables en la consolidación de la dictadura. La DGS se extendía por toda la administración periférica del Estado, y se situaba inmediatamente por encima de los gobernadores civiles. Posición jerárquica y extensión por todo el territorio nacional, rasgos propios de una policía militar que se mantuvieron durante toda la dictadura. Concluida la guerra, su misión principal de policía política no varió sustancialmente, aunque sí cambió de apariencia y estructura interna, hasta llegar a convertirse en el único organismo capaz de aunar la dirección política de la represión con la propiamente militar. Sus directores fueron siempre militares, y su núcleo organizativo básico, las brigadas. La más activa en materia de orden público, la Brigada Político-Social, constituyó el instrumento principal, junto con los servicios de inteligencia militar de los que procedía, para la política «preventiva» del Estado, motivo por el que cobró una fuerza extraordinaria durante todo el franquismo.

Epílogo

Epílogo

Esta aproximación a los cimientos de la dictadura franquista ha tratado de mostrar cómo y por qué la represión se estructuró de manera fija y permanente mucho antes de que terminara la guerra civil. No se ha centrado tanto en su definición, naturaleza o su razón de ser, sino más bien en cuestiones sobre cómo, cuándo y quiénes la dirigieron. No repasa una foto fija sino un proceso dinámico que parte de la propia experiencia del golpe y la violencia de guerra. A comienzos de diciembre de 1936, el Estado Mayor rebelde había dejado atrás las fórmulas coloniales, incorporado las técnicas vigentes tras la Primera Guerra Mundial y ampliado su radio de acción al conjunto de la población civil. Un aspecto selectivo y calculado que coexistió con otro masivo gestionado por la maquinaria de la administración y la justicia militar. Ambas ramas se adaptaron excepcionalmente bien, aunque a ritmo desigual, sobre el territorio ocupado y terminaron proyectándose en la consolidación de la dictadura.

La guerra vendría a restaurar así el control social tradicional, pero su triple combinación de golpe, guerra total y ocupación abrió la puerta a un conflicto sostenido, regular y cruento, en el que la población se convirtió en un objetivo estratégico y prioritario de primer orden. Fue utilizada como arma, como instrumento policial y como aparato de información. La implicación, la participación y la colaboración de los civiles en el aparato de la violencia, previstas ya en la planificación del golpe de Estado pero intensificadas tras el fracaso de la conquista de Madrid, resultarían decisivas para la cohesión social y el triunfo sublevado. Siguiendo la estela de unificación del mando político y militar en torno a Franco, su Cuartel General reorganizó los servicios de información antes de que terminara 1937. Su descentralización en redes provinciales se mostró clave en la deserción del frente y en la infiltración y rendición de las grandes ciudades republicanas. Alcanzada la victoria, su papel fue, aun si cabe, más importante. La oportunidad era ideal, sin apenas competidores y dentro de un Nuevo Estado que necesitaba dotarse de apariencia de legalidad. El trasvase de una parte sustancial de los servicios de información militar a la Dirección General de Seguridad, como de sus agentes y confidentes a los ayuntamientos, diputaciones y gobiernos civiles, garantizó la continuidad de su personal y aseguró su propia estabilidad.

Ninguna guerra civil termina sin la conquista de la capital, pero antes de que este hecho se produjera ya se había logrado el objetivo del golpe: la conquista del Estado permitió agrandar todavía más el espacio institucional abierto para la represión, acopiar más recursos y generar nuevas formas de implicación social. Además de crecer, la red de información y colaboración se fue dotando de mayor apariencia legal y burocrática hasta alcanzar la normalidad, la vida cotidiana. Esta ha sido durante mucho tiempo, y en buena medida lo sigue siendo, la batalla más difícil de entablar contra el franquismo sociológico. La capacidad del Cuartel General franquista para dirigir la violencia y convertir su uso en «legítimo» sigue siendo un factor menospreciado por la historiografía. Es cierto que muchas de las órdenes reservadas con las que se ha documentado este trabajo no se conocían, o solo algunas parcialmente, hasta la fecha pero no lo es menos que existe una fuerte resistencia a entender la guerra y la posguerra desde otros parámetros que no sean las motivaciones ideológicas. Y si de algo sirve aún la guerra civil española como ejemplo histórico, es para demostrar que estas no siempre coinciden ni con las percepciones ni con las prácticas de sus protagonistas.

Tampoco eran muchos los que a la altura de 1937 se aventuraban a declarar, como Azaña, que el régimen que se avecinaba no podía ser fascista sino «una dictadura militar y eclesiástica de carácter tradicional». Una de sus máximas expresiones estuvo en las formas de filiación de la población: la documentación, las fichas y los informes, que dotaron de apariencia legal, funcionamiento policial y estructura militar al aparato represivo y que al término de la guerra alcanzaron su máximo nivel de desarrollo y coordinación entre distintas instancias y administraciones de un Estado nuevo. El trasvase de propiedad, riqueza familiar y ocupación de la población activa, fomentado ya no por un sector del Ejército sublevado sino por una política estatal, fue de tal magnitud que el PIB nacional tardaría 20 años en recuperar sus índices anteriores a 1936. La voluntad de volver a empezar chocó con un marco jurídico de excepción, un modelo de orden público y una policía militar de ocupación que aún tardarían más de dos años en desmovilizarse y dar por terminada la guerra. Las redes de información de agentes y colaboradores civiles se mantuvieron particularmente activas y operativas en el nivel local y provincial en la posguerra, articuladas ya por una Brigada Político-Social que se dedicaba específicamente a ello. El resultado fue un tráfico de documentos que pedían, que suplicaban, que compraban avales, permisos, visados, cartas de recomendación… cualquier papel que permitiera salir o sortear la depuración laboral, la libertad condicional, el destierro, las multas, las sanciones y el verdadero expolio al que fueron sometidas miles de personas sin responsabilidad política o militar alguna. La criminalización fue el proceso más intenso y continuado al que tuvieron que hacer frente durante toda su vida. El triunfo de una personalidad, de una mentalidad autoritaria favorable a un castigo que restaurara el orden y la estructura social fue el mecanismo decisivo para ello. Nunca será posible calibrar el impacto de la represión sin entender cómo personas absolutamente reconocidas e integradas social y culturalmente en los parámetros de su época se sintieron legitimadas para exigir multas a familiares de personas que habían sido asesinadas años atrás, exhibir públicamente a sus vecinos cuando volvían a sus casas y pueblos, educar a sus hijos y, en definitiva, disfrutar de vidas ajenas. Tratar a todos ellos como delincuentes, como criminales, permitió sistematizar y legalizar estas acciones e incluso revestirlas de «obra social» hasta hoy. Un proceso de normalización consumado en las dos décadas siguientes sobre el que hay que seguir investigando.

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Notas

[1] Madrid 1936-1948: capital, frente, retaguardia y ciudad en guerra, I+D HAR 2014-52065-P del Ministerio de Economía y Competitividad, Grupo de Investigación Complutense Espacio, Cultura y Sociedad en la Edad Contemporánea. <<

[2] «Instrucciones para la Policía Secreta», Cuerpo de Ejército de Madrid, diciembre de 1936-enero de 1937. AGMAV, carp. 14480, leg. 30/5. <<

[3] A máquina según la tipografía original. AHN, Fondos Contemporáneos, Gobernación, 808. <<

[4] El General en jefe del EM del Cuartel General del Generalísimo al Excmo. Ministro de Orden Público, 10 de abril de 1938. AGMAV, 2551/3. <<

[5] Columnas de Orden y Policía de Ocupación, enero-febrero de 1939. AGMAV, 2551/4. <<

[6] SIPM, Subcentral de Cataluña, 27 de enero de 1939. AGMAV, 2917/28. <<

[7] Al Jefe de Sección, SIPM, Ejército de Levante, Calatayud. AGMAV, 2917/12. <<

[8] Jefatura del SIPM, Ejército del Norte, Cuerpo de Ejército de Aragón, 20 de abril de 1939. AGMAV, 2917/25. <<

[9] Nota de Valeriano Jara López, Archivo Familia Jara Hernández (fotografía en capítulo 6, págs. 211). <<

[10] Campo de Bram, 15 de noviembre de 1939. Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Incorporados, 1140/8.1. <<

[11] Prisión convento de Dominicos, Mérida, Francisco Peral Serrano, AHGD, 1940, 105 783/3515. <<

[12] D. Oviedo Silva y A. Pérez-Olivares (coords.), Madrid 1936-1948: una ciudad en guerra, Madrid, Catarata, 2016; A. González-Ruibal, Arqueología de la Guerra Civil, Madrid, Alianza, 2016; M.ª T. Ortega López, «Sobre historia y postmodernidad. La historiografía en los últimos tiempos», en Por una historia global. El debate historiográfico en los últimos tiempos, Prensas Universitarias de Zaragoza-Universidad de Granada, 2007, págs. 13-40; R. Chickering, «The Spanish Civil War in the age of total war», en M. Baumeister y S. Schuler-Springorum, «If you tolerate this»: the Spanish Civil War in the age of total war, Nueva York, Campus Verlag, 2008; S. Sieburth, Coplas para sobrevivir. Conchita Piquer, los vencidos y la represión franquista, Madrid, Cátedra, 2016; P. Anderson, Friend or foe. Occupation, collaboration & selective violence in the Spanish Civil War, Cañada Blanch, Sussex Academic Press, 2016. <<

[13] P. Preston, El holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después, Barcelona, Debate, 2012; J. Aróstegui, J. Marco y G. Gómez Bravo (coords.), «De genocidios, holocaustos, exterminios. Sobre los procesos represivos en España durante la Guerra Civil y la dictadura», Hispania Nova, 10 (2012); J. Casanova, República y Guerra Civil, Barcelona / Madrid, Crítica / Marcial Pons, 2007; A. Viñas (ed.), En el combate por la historia, Barcelona, Flor del Viento, 2012; J. Marco, «El concepto jurídico de genocidio: poder, civilización y otros monstruos ideológicos», Hispanística, XX, 33 (2015); F. Espinosa (ed.), Violencia azul y roja. España, 1936-1945, Barcelona, Crítica, 2010; G. Gómez Bravo y R. Pallol Trigueros (eds.), Actas del Congreso Posguerras. 75 aniversario del fin de la guerra civil española, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 2015; J. Rodrigo, Hasta la raíz. La violencia durante la guerra civil y la dictadura franquista, Madrid, Alianza, 2008; J. Bourke, An intimate history of killing: face to face killing in twentieth century warfare, Londres, Granta, 1999; S. Straus, «Second generation comparative research on Genocide», World Politics, 59 (2007), págs. 476-501; S. Kalyvas, La lógica de la violencia en la guerra civil, Madrid, Akal, 2013; A. Míguez Macho, «Práctica genocida en España: discursos, lógicas y memoria», Historia Contemporánea, 45 (2012), 545-573; A. Míguez Macho, The genocidal genealogy of francoism: violence, memory and impunity, Cañada Blanch, Sussex Academic Press, 2016. <<

[14] J. A. Carratalá, Nos vemos en Chicote. Imágenes del cinismo y silencio de la cultura franquista, Valencia, Renacimiento, 2016; J. Cercas, El impostor, Barcelona, Random House, 2014; A. Calvo Maturana, Impostores. Sombras en la España de las Luces, Madrid, Cátedra, 2016; G. Gómez Bravo, «El poder del 8 de julio», El País, 18 de julio de 2015; M. Ollé, «El síndrome de la impostura», L’Avenç, 402 (2014), 52-53. <<

[15] G. Gómez Bravo y J. Marco Carretero, La obra del miedo. Violencia y sociedad en la España franquista, Barcelona, Península, 2012. <<

[16] A. Rivera y C. Carnicero (eds.), Violencia y política. Historia, memoria y víctimas, Madrid, Mais Ediciones, 2010; F. Coetzee y M. Shevin, Authority, identity and the social history of the Great War, Nueva York, Berghahn Books, 1995. <<

[17] Informe del Comité contra la Desaparición Forzada, Naciones Unidas, htpp/ohchr.org/spanish/law/disappearance-convention-htm. <<

[18] A. Downes, Targeting civilians in war, Nueva York, Cornell University Press, 2008. <<

[19] «Guerra civil 1936-1939. El vaivén de la memoria», Revista de Occidente, núms. 302-303 (julio-agosto de 2006), 5-100. <<

[20] M. Capellá y D. Ginard (coords.), Represión política, justicia y reparación. La memoria histórica en perspectiva jurídica (1936-2008), Palma de Mallorca, Documenta, 2008; A. Gil Gil, La justicia de transición en España. De la amnistía a la memoria histórica, Barcelona, Atelier, 2009; J. Cuesta Bustillo, La odisea de la memoria. Historia de la memoria en la España del siglo XX, Madrid, Alianza, 2009; P. Aguilar, Justicia, política y memoria. Los legados del franquismo en la transición española, Madrid, Instituto Juan March, 2011. <<

[21] J. Aróstegui, «Opresión y pseudo-juridicidad. De nuevo sobre la naturaleza del franquismo», Bolletin d’Historie Contemporaine d’Espagne, núm. 24 (1996), 31-46. Del mismo autor, más recientemente, Franco: la represión como sistema, Barcelona, Flor del Viento, 2012. Para las cifras de la represión y bases de la violencia en el franquismo, A. Segura, A. Mayayo y T. Abelló (dirs.), La dictadura franquista. La institucionalització d’un règim, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2010; E. González Calleja, «La represión estatal como proceso de represión política», Hispania Nova, 10 (2012); G. Gómez Bravo, «Venganza tras la victoria. La política represiva del franquismo», en A. Viñas (ed.), En el combate por la historia, op. cit., págs. 572-592; G. Gómez Bravo, «La política penitenciaria en la consolidación del Nuevo Estado», Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 61 (2008), 165-198. Para una aproximación al debate sobre la naturaleza y definición de la violencia en el franquismo, J. Aróstegui, G. Gómez Bravo y J. Marco (coords.), «De genocidios, holocaustos y exterminios. Sobre los procesos represivos en España durante la guerra civil y la dictadura», art. cit.; A. Míguez Macho, The genocidal genealogy of francoism, op. cit. <<

[22] A. Canales Serrano, «Las lógicas de la victoria. Modelos de funcionamiento político local bajo el primer franquismo», Historia Social, 56 (2006), 111-130; J. Sanz Hoya, La construcción de la dictadura franquista en Cantabria. Instituciones, personal político y apoyos sociales (1937-1951), Santander, Universidad de Cantabria, 2009; O. Rodríguez Barreira, Miserias del poder. Los poderes locales y el nuevo Estado franquista, Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2013; C. Hernández Burgos, Franquismo a ras de suelo. Zonas grises, apoyos sociales y actitudes durante la dictadura (1936-1976), Granada, Universidad de Granada, 2013. <<

[23] R. Salas Larrazábal, Los datos exactos de la guerra civil, Madrid, Rioduero, 1980. <<

[24] G. Gómez Bravo, «La violencia y sus dinámicas en el siglo XIX español», Historia Social, 51 (2005), 93-110, y «Loving the punished. The prison system and the Church in the postwar Spain», en P. Anderson y M. Á. del Arco, Mass killings and violence in Spain (1936-1962). Grappling with the past, Londres, Routledge, 2013, págs. 137-166; R. Cleminson, Anarquismo y sexualidad (España 1900-1939), Cádiz, Universidad de Cádiz, 1999. <<

[25] S. Payne, España, una historia única, Barcelona, Booket, 2012; J. Ruiz, El Terror Rojo, Barcelona, Planeta, 2013; P. Moa, Los orígenes de la guerra civil española, Barcelona, Encuentro, 1999; C. Vidal, Paracuellos-Katyn. Un ensayo sobre el genocidio de la izquierda, Madrid, Libros Libres, 1996; G. Ranzato, El eclipse de la democracia. La guerra civil española y sus orígenes, Madrid, Siglo XXI, 2006. <<

[26] E. González Calleja, Cifras cruentas. Violencia en la II República, Granada, Comares, 2015; G. Gómez Bravo (ed.), «Violencia y espacio público en la sociedad contemporánea», Cuadernos de Historia Contemporánea, 33 (2011), 11-74. <<

[27] J. Canal y E. Gónzalez Calleja (eds.), Guerras civiles. Una clave para entender la Europa de los siglos XIX y XX, Madrid, Casa de Velázquez, 2012. <<

[28] J. Rodrigo, «Presentación. Retaguardia: un espacio de transformación», Ayer, núm. 76 (2009), 13-36; F. del Rey (dir.), Palabras como puños. La intransigencia política en la Segunda República española, Madrid, Tecnos, 2011; E. Gónzalez Calleja, «La cultura de guerra como propuesta historiográfica: una reflexión desde el contemporaneísmo español», Historia Social, núm. 6 (2008), 69-87. <<

[29] A. Canales Serrano, «Las lógicas de la victoria. Modelos de funcionamiento político local bajo el primer franquismo», art. cit., págs. 111-130; J. Sanz Hoya, La construcción de la dictadura franquista en Cantabria, op. cit.; F. Cobo Romero, «Los apoyos sociales a los regímenes fascistas y totalitarios en la Europa de entreguerras. Un estudio comparado», Historia Social, núm. 71 (2011), 61-88; P. Anderson y M. Á. del Arco, «Construyendo la dictadura y castigando a sus enemigos. Represión y apoyos sociales del franquismo (1936-1951)», Historia Social, núm. 71 (2011), 125-141; C. Molinero, «El reclamo de la “justicia social” en las políticas de consenso del régimen franquista», Historia Social, núm. 56 (2006), 93-110; O. Rodríguez Barriera, Miserias del poder, op. cit.; C. Hernández Burgos, Franquismo a ras de suelo, op. cit.; M. Á. del Arco, C. Fuertes, C. Hernández y J. Marco (eds.), No solo miedo. Actitudes políticas y opinión popular bajo la dictadura franquista (1936-1977), Granada, Comares, 2013; J. Prada (dir.), No solo represión. La construcción del franquismo en Galicia, Madrid, Biblioteca Nueva, 2014; A. Míguez Macho, Ni verdugos ni víctimas. Actitudes sociales ante la violencia: del franquismo a la dictadura argentina, Granada, Comares, 2016. <<

[30] C. Mir Curcó, Vivir es sobrevivir. Justicia, orden y marginación en la Cataluña rural de postguerra, Lleida, Milenio, 2000, págs. 267. <<

[31] P. Fussell, La Gran Guerra y la memoria moderna, Madrid, Turner, 2016. <<

[32] J. Núñez Calvo, General Varela. Diario de Operaciones, Madrid, Almena, 2004, págs. 627-633. <<

[33] AGMAV, 2917/14. <<

[34] J. Casanova, República y Guerra Civil, op. cit., págs. 18; S. Juliá (coord.), Víctimas de la guerra civil, Madrid, Temas de Hoy, 1999; F. Espinosa (ed.), Violencia roja y azul. España, 1936-1950, Barcelona, Crítica, 2010, págs. 77-78 y 247; P. Preston, El holocausto español, op. cit. <<

[35] F. Espinosa (ed.), Violencia roja y azul, op. cit.; G. Gómez Bravo y J. Marco Carretero, La obra del miedo, op. cit.; G. Gómez Bravo, «Venganza tras la victoria: la política represiva del franquismo», art. cit., págs. 575-591. <<

[36] Redención, 1 de enero de 1939. <<

[37] P. Preston, El holocausto español, op. cit. <<

[38] J. Aróstegui (coord.), Franco: la represión como sistema, op. cit. <<

[39] C. Ortiz (coord.), Lugares de represión, paisajes de la memoria. La cárcel de Carabanchel, Madrid, Catarata, 2013; P. Oliver Olmo (coord.), El siglo de los castigos. Prisión y formas carcelarias en la España del siglo XX, Barcelona, Antrophos, 2013; A. Álvarez Bolado, Para ganar la guerra, para ganar la paz, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 1995; G. Gómez Bravo, El exilio interior. Cárcel y represión en la España franquista, Madrid, Taurus, 2009. <<

[40] G. Portilla Contreras, «La ideología del Derecho Penal durante el nacionalcatolicismo», en F. Fernández-Crehuet y A. Hespanha (dirs.), Franquismus und salazarismus: legitimation durch Diktur?, Frankfurt, Klostermann, 2008, págs. 101-121; F. Montero (coord.), La Acción Católica en la II República, Universidad de Alcalá de Henares, 2008; Á. Egido, El perdón de Franco, Madrid, Catarata, 2011; G. Gómez Bravo, La redención de penas. La formación del sistema penitenciario franquista, Madrid, Catarata, 2007. <<

[41] E. González Calleja, Contrarrevolucionarios. Radicalización violenta de las derechas durante la Segunda República 1931-1936, Madrid, Alianza, 2011, páginas 173-184; J. Sánchez Cervelló, «El Estado Novo salazarista: una dictadura autoritaria y corporativa», en J. Antón (coord.), Orden, jerarquía y comunidad. Fascismos, dictaduras y postfascismos en la Europa Contemporánea, Madrid, Tecnos, 2002, págs. 197-242; F. Gallego y F. Morente (eds.), Fascismo en España, Madrid, El Viejo Topo, 2005. <<

[42] J. Aróstegui, Por qué el 18 de julio… y después, Barcelona, Flor del Viento, 2006. <<

[43] V. Sierras Blas, Cartas presas. La correspondencia carcelaria en la Guerra Civil y el franquismo, Madrid, Marcial Pons, 2016; J. C. García Funes, A recoger bombas: batallones de trabajo forzado en Castilla y León (1937-1942), Sevilla, Foro por la Memoria de Segovia / Atrapasueños, 2016; A. Pérez-Olivares, Los del Europa: una historia del control en la construcción del franquismo, Madrid, Traficantes de Sueños, 2017. <<

[44] P. Anderson y M. Á. del Arco, Mass killings and violence in Spain (1936-1962), op. cit.; C. Molinero, M. Sala y J. Sobrequés (dirs.), Una inmensa prisión. Los campos de concentración y las prisiones durante la guerra civil y el franquismo, Barcelona, Crítica, 2003; D. Rodríguez Teijeira, Las cárceles de Franco, Madrid, Catarata, 2011; Á. Egido (dir.), «Cárceles de mujeres», Studia Storica, 29 (2011), 19-378; J. Rodrigo Sánchez (coord.), «Barbarie: los presupuestos del exterminio», Historia Social, Valencia, UNED, 2010, págs. 81-98; J. Gómez Bravo y J. Marco Carretero, La obra del miedo, op. cit.; A. Monfort Coll, «Los campos de concentración franquistas y su funcionamiento en Cataluña», Hispania. Revista Española de Historia, vol. LXIX, núm. 231 (2009), 147-178; J. Clara, Esclaus i peons de la Nueva España. Els Batallons de Treballadors a Catalunya (1939-1942), Girona, Cercle d’Estudis Històrics i Socials, 2007; O. Dueñas, Els esclaus de Franco, Badalona, Ara Llibres, 2007; J. Barajas y E. Díaz, Batallones disciplinarios (esclavos del franquismo), Barcelona, Associació per la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat, 2007; A. D. López Rodríguez, G. León Cáceres y J. R. González Cortés, El sistema de campos de concentración franquistas. El Campo de concentración de Castuera (catálogo), Mérida, Amecadec, 2010; S. Vega Sombría, Las políticas del miedo, Barcelona, Crítica, 2012; J. Prada, La España masacrada, Madrid, Alianza, 2012. <<

[45] Juan Pavón a su familia, 29 de febrero de 1936. ATMA, núm. 21, causa 12543. <<

[46] F. Cobo, F. Sánchez, A. Martínez Rus y E. González Calleja, La II República Española, Barcelona, Pasado y Presente, 2015; E. González Calleja, Contrarrevolucionarios, op. cit., págs. 173-184. <<

[47] F. Alía Miranda, Julio de 1936: conspiración y alzamiento contra la II República, Barcelona, Crítica, 2011. <<

[48] C. Hernández Burgos, Granada Azul. La construcción de la cultura de la victoria en el primer franquismo, Granada, Comares, 2011, págs. 33. <<

[49] Carta de 28 de abril de 1936. Se refiere al alférez de la Guardia Civil Anastasio de los Reyes, muerto en un tiroteo en el Paseo de la Castellana durante el desfile militar conmemorativo de la proclamación de la II República. <<

[50] ABC, martes 5 de mayo de 1936, edición Madrid. <<

[51] Subrayados del original. <<

[52] ATMA, 21, causas 12543 y 1009. <<

[53] C. Hernández Burgos, Granada Azul, op. cit., págs. 33. <<

[54] Va firmado por el primer jefe, «Instrucciones en caso de concentración en grandes grupos», Dirección General de la Guardia Civil, Servicio de Estudios Históricos, Colección Díaz Guerra AM 143. <<

[55] Instrucción reservada, núm. 1, 25/4/1936. En F. Sánchez Pérez (coord.), Los mitos del 18 de julio, Barcelona, Crítica, 2013. <<

[56] A. Viñas, en F. Sánchez Pérez (coord.), Los mitos del 18 de julio, op. cit., págs. 26 y 118. <<

[57] A. Pérez-Olivares, «Objetivo Madrid: planes de ocupación y concepción del orden público durante la guerra civil española», Culture & History, vol. 2 (2015). <<

[58] Las dos habían sido empleadas ya contra población civil en la Península, en la represión de la revolución de Asturias de octubre de 1934. <<

[59] «Alterada la normalidad jurídica y económica del país por las ineludibles operaciones militares que se realizan, que imposibilitan el ejercicio de derechos y el cumplimiento de obligaciones dentro de los plazos y trámites legales reglamentarios a excepción de los que regulan la detención y prisión de los presuntos encartados». Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, núm. 1, Burgos, 25 de julio de 1936; Pensamiento Alavés, 27 de julio de 1936; Diario de Navarra, 27 de julio; Diario de Burgos, 25 y 29 de julio de 1936. <<

[60] Pensamiento Alavés, 27 de julio de 1936. <<

[61] J. Gómez Calvo, Matar, purgar, sanar. La represión franquista en Álava, Madrid, Tecnos, 2014, págs. 81-90; G. Álava Ruiz Llano, El voluntariado alavés en la Guerra Civil española, Bilbao, Beta, 2016. Las denuncias en Guipúzcoa motivaron el 33 por 100 de los consejos de guerra. P. Barruso, Violencia política y represión en Guipúzcoa durante la guerra civil y el primer franquismo (1936-1945), San Sebastián, Hiria, 2005, págs. 130-133. <<

[62] Vinculado ideológica y afectivamente a Julián Besteiro y a Domingo Barnés, con el que impulsó la Liga Laica Nacional, Licinio aparece precisamente por esta actividad más que por su condición de socialista en el fichero de antecedentes político-sociales de Salamanca. Ficha: «Odontólogo. Figura en correspondencia de la LNL y anuncia formar una filial en Ávila de dicha liga siendo propagandista de la misma», Ávila, 18 de julio de 1930 (leg. 4388, fols. 194-195, PS-Madrid, CDMH PS Madrid, leg. 3380, fol. 52). Sin embargo, su actividad profesional era: Vocal del Colegio Oficial de Odontólogos de la Región y Dentista de los Establecimientos Provinciales de la Beneficencia (Diccionario Biográfico del Socialismo Español, Fundación Pablo Iglesias, Biografía Ávila Illana, Licinio. Disponible en: www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/2012_avila-illana-licinio). <<

[63] M.ª González de la Peña, «Voces olvidadas. Guerra y represión en Ávila (1936-1939)», en E. Berzal de la Rosa (coord.), Testimonio de Voces Olvidadas, Madrid, Fundación Veintisiete de Marzo, 2007, págs. 21-96. <<

[64] Archivo Familia Martín Illana. <<

[65] Carta inacabada, la parte final está rota. <<

[66] «Había pensado decir, que mientras me tengáis que traer comida os podíais poner al habla con Marta, cuando trajeran la comida a Jesús, que también le trajeron y será o es de los que han salido: como yo estoy en la enfermería, no bajo al patio y por eso no he visto a Julián nada más que de lejos; cuando bajó a verme vi a Jesús y a los demás. El refresco me ha gustado, no venía nada más que lo de la botella y esta noche eché uno al termo para tomar un poco café y me encuentro con unos refrescos: el café; como necesito más alimento convendría que tuviera más leche y más dulce». <<

[67] AHGD, 12, 1175112, leg. 150. <<

[68] AHGD, 12, 1175112, leg. 150. <<

[69] Su novio, falangista. <<

[70] El capitán de artillería José Peloche. <<

[71] AGA, 41/11959. <<

[72] AGA, 41/11959. <<

[73] Decreto 91, Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, núm. 16, Burgos, 5 de septiembre de 1936. <<

[74] AGMAV, 1348 bis. Orden de 11 de septiembre de 1936, Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, núm. 22, de 16 de septiembre de 1936, págs. 87. <<

[75] AHPC, 44/42. <<

[76] Un estudio en C. Píriz González, «De la propaganda al dominio espacial en retaguardia rebelde: un acercamiento desde el mundo rural salmantino (1936-1939)», en E. Peral Vega y F. Sáez Raposo (eds.), Métodos de propaganda activa en la Guerra Civil Española, Madrid, Iberoamericana Vervuert, 2015, págs. 453-457. <<

[77] «La columna regresó a las 16,30 quedando de guarnición una compañía de la Legión, otra de Granada y otra de Lepanto», en J. Núñez Calvo, General Varela, op. cit., págs. 35. <<

[78] J. Fernández-Coppel, Queipo de Llano. Memorias de Guerra Civil, Madrid, La Esfera de los Libros, 2008. <<

[79] Ibídem, págs. 148. <<

[80] J. Aróstegui, Combatientes requetés en la Guerra Civil, Madrid, La Esfera de los Libros, 2013, págs. 134. <<

[81] (Los dos últimos nombres señalados en rojo en el original). Gestora Municipal Loja, octubre de 1936. Loja, sumario 17. ATMA, núm. 21. <<

[82] Loja, sumario 17. ATMA, 21. <<

[83] 22 de octubre de 1936, Loja, sumario 17. ATMA, 21. <<

[84] 27 de octubre de 1936, Loja, sumario 17. ATMA, 21. <<

[85] La nota termina indicando que «los verdaderos autores del incendio, fueron, según informes de segunda mano, el hijo de un tal Ezequiel, que ha muerto, así como los hijos de el zurdo de la Viña». Y daba los nombres de los testigos que podían avalar la versión de descargo de Bermúdez, todos falangistas de varias localidades cercanas. <<

[86] El tribunal estaba presidido por el coronel Emilio Mayoral, el propio instructor del caso, Francisco García Guerrero, designado como juez letrado habilitado, dos vocales suplentes de Falange y el único jurídico en realidad, el fiscal militar Luis Angulo Montes. Causa núm. 544 de la Auditoría de Guerra de la 2.ª División Orgánica del Ejército del Sur. <<

[87] Para Juan Jiménez «el Leva» y Francisco Moreno comenzaba otro calvario. En primer lugar fueron inscritos en el registro de inhabilitados de su pueblo por ser condenados políticamente. Los dos fueron trasladados al penal del Puerto de Santa María, en Cádiz. La Comisión de Examen de Penas le rebaja a seis años la condena a Moreno en marzo de 1938, y más tarde a tres años. El Leva fue mandado al Dueso y el 8 de agosto de 1940 fue puesto en libertad atenuada por orden del auditor de Granada (de haberse producido la conmutación, le tenían que haber soltado el 29 de agosto de 1937; de hecho esa es la fecha que aparece en su certificado de liberación, pero del Dueso no salió hasta el verano del 40). A Moreno le ocurrió lo mismo: cumplió más pena de la debida. Fue mandado a Vitoria y puesto en libertad y liquidación definitiva por haber cumplido con exceso la condena de tres años; remite el certificado al capitán general de la 2.ª región. Le comunica que salió el 25 de agosto de 1941 y que volvía a Zagra, Granada, pero no a Loja; su ayuntamiento y juzgado también recibieron esta información. <<

[88] El término dejó de ser usado pronto, pero denota el uso de los supuestos que desde el siglo XIX se aplicaban, especialmente en Andalucía, para la represión militar de fenómenos como el bandolerismo, facción, robo en gavilla y bandidos. <<

[89] ATMA, núm. 21. Loja, sumario 17. <<

[90] ATMA, núm. 21, Estadísticas, caja 544/558. <<

[91] J. Aróstegui, Por qué el 18 de julio… y después, op. cit.; J. Aróstegui (coord.), Franco: la represión como sistema, op. cit.; P. Oliver Olmo (coord.), El siglo de los castigos, op. cit.; J. Cifuentes Checa y P. Maluenda Pons, El asalto a la República: los orígenes del franquismo en Zaragoza (1936-1939), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1995; J. Ortiz Villalba, Sevilla, 1936: del golpe militar a la guerra civil, Córdoba, Vistalegre, 1998; A. Hernández García, La represión en la Rioja durante la guerra civil, Logroño, Ingrabel, 1984, 3 vols.; I. Martín Jiménez, La guerra civil en Valladolid (1936-1939), Valladolid, Ámbito, 2000. <<

[92] El concepto de «coalición civil», en J. Gil Pecharromán, El Movimiento Nacional (1937-1977), Barcelona, Planeta, 2013; L. Castro, Capital de la Cruzada. Burgos durante la Guerra Civil, Barcelona, Crítica, 2006. <<

[93] Orden reservada de 9 de marzo de 1937, Cuartel General del Generalísimo, Segunda Sección del Estado Mayor. AGMAV, 1448, 37/2. <<

[94] Desde este momento, Franco no tuvo rival entre los líderes políticos que habían apoyado el golpe. José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange, había sido fusilado por los republicanos en la cárcel de Alicante el 20 de noviembre de 1936. A pesar de sus peticiones, Franco no permitió que ni Gil Robles, líder de la CEDA, ni Fal Conde, de los carlistas, entrasen en la zona sublevada y ordenó que permanecieran en Portugal. También intentaron capitalizar políticamente el golpe y la marcha de la guerra, por último, los monárquicos. Don Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII, se había presentado en Burgos a finales de julio de 1936 para ponerse al servicio de los sublevados. Pero Mola ordenó su regreso a Francia. Posteriormente, Franco evitó de nuevo que ingresara en un barco de su armada, el acorazado Baleares. La muerte de Mola en un accidente aéreo cuando regresaba a Vitoria, el 3 de junio de 1937, despejaba su camino definitivamente de cualquier posible rival. <<

[95] Coronel EM Jefe, núm. 0887. AGMAV, C., 2917/8. <<

[96] Dos referencias al título que trata de recoger la idea central de este apartado: M. Chaves Nogales, A sangre y fuego. Héroes, bestias y mártires de España, Madrid, Espasa, 2009 [1937], y E. Traverso, A sangre y fuego. De la guerra civil europea (1914-1945), Valencia, Universitat de València, 2010. <<

[97] Servicios de información en orden reservada de reorganización del SIM, de 30 de noviembre de 1937. G. Cardona, El poder militar en el franquismo, Barcelona, Flor del Viento, 2008. <<

[98] Al frente estaba el abogado de la Lliga Catalana de Cambó, Bertrán de Musitu, que puso en marcha un servicio de agentes y colaboradores transfronterizos, con importantes nombres como Josep Pla, Carlos Sentís o Eugenio d’Ors. Tras la conquista de Irún por las tropas sublevadas, la Comandancia Militar del Bidasoa asumiría parte de sus labores, y el SIFNE se integraría definitivamente en la dirección militar a comienzos de 1938, con el foco ya sobre Cataluña. S. Núñez de Prado y Clavell, Servicios de Información y Propaganda en la Guerra Civil Española, Madrid, Universidad Complutense, 1992; M. Casanova, La diplomacia española durante la Guerra Civil española, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1996; P. Barruso, El frente silencioso. La guerra civil española en el sudeste de Francia, San Sebastián, Heria, 2001; J. Guixé, L’Europa de Franco. L’Esquerra antifranquista i la caça de bruixes, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2002. <<

[99] Jefatura Provincial de FE de las JONS, 3 de mayo de 1937, Servicio de Información, Burgos. AGMAV, C., 2917/30. <<

[100] Orden de 19 de octubre de 1936. AGMAV, 1488-15/7. <<

[101] Orden de 19 de octubre de 1936. AGMAV, 1488-15/7. <<

[102] AGMAV, 2917/5. <<

[103] AGMAV, 1488, 52/2. <<

[104] AGMAV, 1488-53/2. <<

[105] AHN, Fondos Contemporáneos, Causa General 1029, carp. 16/60, 10 de julio de 1939. Para una evolución inicial en torno a Madrid, P. Gil Vico, «Ideología y represión: la Causa General. Evolución histórica de un mecanismo jurídico-político del régimen franquista», Revista de Estudios Políticos, 108 (1998), 159-189; M. Carrillo, «La legislació repressiva de la dictadura franquista en el período de 1939-1959», en P. Pagés i Blanch (dir.), Franquisme i repressió (la repressió franquista als Països Catalans, 1939-1975), Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2004, págs. 79 y ss.; M. Lanero, Una milicia de la Justicia. La política judicial del franquismo (1936-1945), Madrid, CEC, 1996; P. Gil Vico, La jurisdicción militar contra la sociedad civil. Proyección de una imagen de orden judicial en España (1940-1950), tesis doctoral, Madrid, Universidad Autónoma, 2002. <<

[106] AGMAV, 1488-15/7. <<

[107] Donde sigue: «¿Cuántos hombres componen la unidad. La posición, la columna, y extranjeros que hay. / Unidades de la posición por armas / Descripción de la posición / Armamento y municiones, artillería / Hay restricción en el consumo de unos y otras / Fábricas de armas, municiones, pólvoras, caretas… qué sabe o conoce (se refiere a guerra química)». <<

[108] Orden de 19 de octubre de 1936. AGMAV, 1488-15/7. <<

[109] El general 2.º jefe de EM, 12 de marzo de 1937. Instrucciones para el Servicio de Información, Cuartel General del Generalísimo. AGMAV, 1488, 36/4. <<

[110] AGMAV, 1748/13. <<

[111] ATMA, núm. 21, causa 467 1035. <<

[112] Circular reservada Cuartel General Generalísimo, «Instrucciones creación policía secreta divisiones», EM, 6 de diciembre de 1936. AGMAV, 1636, 15/2. <<

[113] AGMAV, 2175-6-7. <<

[114] M. Ros Agudo y M. Heiberg, La trama oculta de la Guerra Civil. Los servicios secretos de Franco, Barcelona, Crítica, 2006, págs. 2-7 y 222-223; E. González Calleja, En nombre de la autoridad, Granada, Comares, 2016, págs. 667; P. Ruiz Torres (coord.), Volver a pensar la Gran Guerra, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2016; M. Hastings, La guerra secreta. Los servicios de inteligencia británicos y alemanes en la II Guerra Mundial, Barcelona, Crítica, 2016. <<

[115] AGMAV, 1636, 15/2. <<

[116] AGMAV, 14480, 30/10. <<

[117] «Instrucciones para la Policía Secreta», Cuerpo de Ejército de Madrid, diciembre de 1936-enero de 1937. AGMAV, 14480, 30/5. <<

[118] Finalmente designaba como jefe a «Alfredo Bellod, capitán de Ingenieros, Antonio Portillo Mohíno, Alférez de la Guardia Civil, Bienvenido Molina, Guardia Civil, y el cabo de ingenieros Pedro Escobar Zabala, esperando poder contar pronto con seis más, entre ellos algún chófer». AGMAV, 1448, 17/3. <<

[119] También eran ocho las instrucciones para el servicio de contraespionaje que debían memorizar los agentes. AGMAV, 14480, 30/6. Esta era la razón, por tanto, del aparente trato de favor a los evadidos en los interrogatorios. <<

[120] AGMAV, 1448, 30/1. <<

[121] «Instrucciones Policía Secreta», Normas a cumplimentar por División, 6 de diciembre de 1936. AGMAV, 1636, 15/5. <<

[122] ATMA, núm. 21, caja 467, leg. 1035. <<

[123] Ibídem. <<

[124] AGMAV, Cuerpo Ejército de Madrid, 1488, 15/10. <<

[125] AGMAV, 1448, 30/1. <<

[126] Pieza separada de la causa instruida por el Juzgado Especial de la Sala Sexta del Tribunal Supremo por la pérdida de Vizcaya, Santander y Asturias. AHN, leg. 1544, exp. 4. La lectura tradicional de la campaña del norte en G. Jackson, La República Española y la Guerra Civil, Barcelona, Crítica, 1986; J. M. Martínez Bande, Nueve meses de guerra en el Norte, Madrid, San Martín, 1981; R. Salas Larrazábal, Historia del Ejército Popular de la República, Madrid, Rialp, 1973, pág. 975; M. Seidman, A ras de suelo. Historia Social de la República durante la Guerra Civil, Madrid, Alianza, 2003, pág. 231. <<

[127] CDMH, PS Santander, 693/8. <<

[128] El capitán Rey, desde Santander, se limitaba a firmar una breve nota telegráfica escrita a máquina: en marzo, Fernando Pajuelo había pasado al batallón 144 «ignorando la unidad donde presta servicio en la actualidad». CDMH, PS Santander, 693/8. <<

[129] Archivo General de la Administración de Justicia, Prisiones, 41/11959. <<

[130] Fue mandado de nuevo a Estella, donde sería interrogado como evadido del batallón Arapiles, núm. 7, ingresó en la cárcel de partido y de allí pasó a la cárcel provincial de Pamplona, donde recibía las visitas de su novia Carmina. Pero la pareja aún tardó en reunirse más de dos años, un tiempo largo, duro y muy penoso. Telmo estuvo en la provincial de Pamplona seis meses, entre julio y noviembre de 1938, a la espera de un consejo de guerra, que no se celebró. De allí pasó al fuerte de San Cristóbal, donde, finalmente, fue condenado a cadena perpetua por rebelión militar. La pena fue conmutada a 30 años, y en agosto de 1940, «por buenos informes de su pueblo», salió en libertad condicional. AGMGU, UCOS, 6, caja 8544. <<

[131] AHN, Fondos Contemporáneos, Gobernación, 808. <<

[132] Sobre la movilización forzosa y las diferencias en el Ejército de la República y en el Ejército rebelde, J. Matthews, Soldados a la fuerza. Reclutamiento obligatorio durante la Guerra Civil 1936-1939, Madrid, Alianza, 2013. Para los flujos de información en guerras y conflictos civiles, S. Kalyvas, La lógica de la violencia en la guerra civil, op. cit. <<

[133] «Se concentran en esta [Madrid] todos los informes que sobre el enemigo y la política relacionada con la guerra pueden reunirse, para con los depurados y comprobados hacer notas que tengan al mando con conocimiento al día de cuanto parezca interesante. Dirigirá la forma en que las tropas han de adquirir su información propia y tendrá a su cargo la orientación de confidentes e informadores». AGUN, Teniente Coronel Balsega, sig. 133/257, carpeta 2/36. <<

[134] Marcelino de Ulibarri fue el creador y director de la Oficina de Investigación y Propaganda Anticomunista (Secretaría General de SE el Jefe del Estado, núm 2089. DNSD SG, 330. Presidencia Gobierno 65. CDMH, Salamanca). Sus orígenes en G. Gómez Bravo y J. Marco Carretero, La obra del miedo, op. cit.; A. Villanueva, El carlismo navarro durante el primer franquismo, 1937-1951, San Sebastián de los Reyes (Madrid), Actas, 1988. <<

[135] Cuartel General del Generalísimo, Estado Mayor, A Marcelino Ulibarri, Secretaría Particular de SE, Reservado, DNSD SG, 330. <<

[136] Gobernador militar de Bilbao al coronel jefe EM, 24 de noviembre de 1937. AGMAV, 2551, 25. <<

[137] AHN, Causa General, 1566, 1-4, 13 de enero de 1939. <<

[138] M. Ballbé, Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983), Madrid, Alianza, 1985; P. Preston, La política de la venganza. El fascismo y el militarismo en la España del siglo XX, Barcelona, Península, 1997; J. Lleixá, Cien años de militarismo en España, Barcelona, Anagrama, 1996, págs. 11-12; C. Seco Serrano, Militarismo y civismo en la España contemporánea, Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1984; C. Boyd, La política pretoriana en el reinado de Alfonso XIII, Madrid, Alianza, 1990. <<

[139] La Causa General definitiva solo tendría dos puntos más, y seguía los anteriores. P. Gil Vico, «Ideología y represión: la Causa General. Evolución histórica de un mecanismo jurídico-político del régimen franquista», art. cit., págs. 159-189. Para la formación del imaginario contrarrevolucionario anterior al golpe de Estado: B. D. Bunk, Ghosts of passion. Martyrdom, gender and the origins of the Spanish Civil War, Durham, Duke University Press, 2007; P. Braud, «Violence symbolique, violence physique. Éléments de problématisations», en J. Hannover (dir.), Guerres Civiles. Économies de la violence, dimensions de la civilité, París, Karthala, 1999, págs. 33-45. <<

[140] Orden Reservada a los Ejércitos de Operaciones modificando y ampliando los cometidos del SIM, dictada por la Segunda Sección del EM del Cuartel General del Generalísimo, 30 de noviembre de 1937. AGMAV, 1666, 78. <<

[141] M. Hastings, La guerra secreta. Los servicios de inteligencia británicos y alemanes en la II Guerra Mundial, op. cit. <<

[142] Entre ellos estaban algunos de sus antiguos compañeros de la Academia de París, como el teniente coronel Ricard, jefe de gabinete del Estado Mayor francés, o el capitán Ertefaniani, segundo en la Jefatura del Servicio de Información Militar francés. AGMAV, 2175, 2, 1/49. <<

[143] AGMAV, 2175, 2, 1/53. <<

[144] El fichero quedó en manos del Estado Mayor republicano y figurar en él era prueba de solvencia ideológica. A comienzos de 1937, el jefe de la 25 Brigada Mixta del Ejército de Andalucía, el comandante Julio Dueso, respondía así al informe del Comisariado de Guerra que cuestionaba su compromiso ideológico: «en cuanto a afección o desafección a la causa, es asunto que según el Diario Oficial núm. 7, compete al Gabinete de Información, pero, que sin embargo y por lo que respecta al Jefe de Brigada que suscribe, cree oportuno hacer constar: que como militar profesional, estaba fichado como antifascista en el fichero del ex-Teniente Coronel Ungría, del Ministerio de la Guerra». AGMAV, C., 223, 7, 3 / 31, 32. <<

[145] BOE, 27 de julio de 1935. <<

[146] Hoja de servicios de D. José Ungría Jiménez, Archivo General Militar de Segovia. La información sobre las reuniones con el Estado Mayor francés en Informes al Estado Mayor, AGMAV, 2175, 2, 1/53. Para la salida y tránsito por Francia, P. Barruso Barés, Información, diplomacia y espionaje. La Guerra Civil Española en el Sur de Francia (1936-1940), San Sebastián, Hiria, 1999, pág. 31. <<

[147] En la labor de encriptado y descifrado tuvo un papel esencial el catedrático y decano de la Facultad de Ciencias de Zaragoza José María Íñiguez. J. Martínez Parrilla, Las fuerzas armadas francesas ante la Guerra Civil Española 1936-1939, Madrid, Ministerio del Ejército, 1987. <<

[148] «Orden Reservada a los Ejércitos de Operaciones modificando y ampliando los cometidos del SIM», dictada por la Segunda Sección del EM del Cuartel General del Generalísimo, 30 de noviembre de 1937. AGMAV, 1666, 78. 1) «Empleo de agentes especiales de investigación militar en territorio enemigo o en el extranjero con separación absoluta de las Segundas Secciones de EM, a las cuales compete la información total de carácter militar». Pasó a dirigir la propia ocupación, situándose antes que el propio Ejército, en un sector de avance, ya unificado para todas las regiones, de 30 kilómetros. 2) «Servicio de vigilancia, seguridad y Orden Público en la zona de vanguardia de los ejércitos, la cual estará constituida por una faja de 30 km aproximadamente de profundidad». Y, por último, organizó un sistema de contraespionaje en todos ellos. 3) «Servicio de Contraespionaje con agentes propios en la zona de vanguardia, en las regiones fronterizas y en los centros o lugares de interés militar que oportunamente se determinen». <<

[149] AGMAV, 1666, 78. <<

[150] «Orden Reservada a los Ejércitos de Operaciones». AGMAV, 1666, 78, art. XXII. <<

[151] F. Mendiola, «Reeducation through work? Mountain roads in the Spanish concentration universe (Western Pyrenees, 1939-1942)», Labour History, 55, 1 (2014), 97-116 y 98. <<

[152] AGMAV, 1212 cp. 18. Orden sin fechar, septiembre de 1936. <<

[153] «Decreto del Nuevo Estado concediendo el derecho al trabajo a los prisioneros y presos políticos y fijando la justa remuneración a ese trabajo y su adecuada distribución», de 28 de mayo de 1937. BOE, núm. 224, 1 de junio de 1937. AGMAV, C., 2324, L. Escrito de Pinillos en AGMAV, 2379, 155/32. En diciembre de 1938 ya eran más de 58 000 prisioneros de guerra destinados en varios batallones. La tendencia parecía imparable, ya que en marzo del año siguiente, poco antes del fin de la guerra, la cifra ascendía ya a 90 000. «Representación gráfica de distribución del personal en los trabajos realizados. Diciembre de 1938». AGMAV, C., 2330, leg. 58, carp. 10/13. <<

[154] J. Rodrigo, Cautivos. Campos de concentración en la España franquista, Barcelona, Crítica, 2005; J. A. Fernández López, Historia del campo de concentración de Miranda de Ebro, Miranda de Ebro, Autor, 2004; A. D. López Rodríguez, Cruz, bandera y Caudillo. El campo de concentración de Castuera, Badajoz, Ceder-La Serena, 2007; Á. Egido León y M. Eiroa San Francisco, «Los campos de concentración franquistas: del olvido a la memoria», en J. Cuesta (dir.), Memorias históricas de España (siglo XX), Madrid, Fundación F. Largo Caballero, 2008; A. Monfort i Coll, Barcelona 1939. El camp de concentració d’Horta, Barcelona, L’Avenç, 2008, y «Los campos de concentración franquistas y su funcionamiento en Cataluña», Hispania. Revista Española de Historia, vol. LXIX, 231, 147-178; J. Clara, Esclaus i peons de la Nueva España, op. cit.; J. Barajas y E. Díaz, Batallones disciplinarios (esclavos del franquismo), op. cit. <<

[155] CDMH INC 1448/1. <<

[156] Las unidades militarizadas dependientes de la estructura burocrática de los campos de concentración durante el período de guerra fueron los batallones de trabajadores y los batallones de trabajadores especializados, que trabajaban en las industrias militarizadas, y, específicamente, los batallones mineros. En posguerra se formaron los batallones disciplinarios de soldados trabajadores (BDST), activos entre 1940 y 1942, y los BDSP —penados—, entre 1941-1942. <<

[157] AGMAV, 1212, 18/22. <<

[158] Prisciliano pasó a Francia, y aún cruzaría los Pirineos al menos dos veces en sentido distinto; primero en 1938, nada más fugarse, y consiguió llegar a Barcelona e integrarse en un batallón comunista. Después, en la retirada del Ejército de Cataluña en enero de 1939, fue internado en el campo de Bram. Un año más tarde sería detenido por la Gestapo y destinado a Mauthausen. Murió en Francia en 1952. Su diario en el campo ha sido editado en facsímil, pero extrañamente no hace referencia alguna a la guerra civil española. P. García Gaitero, Mi vida en los campos nazis, León, Edilesa, 2003. <<

[159] Carta de Antonio Rodríguez Díaz. CDMH, Incorporados, 3/2-2. Se refiere a Ramón Martín Hernández, natural de Oviedo. CDMH, leg. 1338, caja 2, exp. 3, folio 125. <<

[160] CDMH, Incorporados, 3/2-2. <<

[161] CDMH, leg. 1338, caja 2, exp. 3, folio 125. <<

[162] Está fechada en 3 de marzo de 1938. AGMAV, C., 1769, 17, 1. <<

[163] Estafetas, normas de correspondencia, 3 de marzo de 1938. AGMAV, C., 1769, 17, 1. «Cada Gran Unidad dispondrá y cuidará que todo el personal de la misma omita en su correspondencia el sitio de residencia y no deje de poner “Estafeta número X” para la contestación. Toda la organización que se adopta tiene como base que la correspondencia, envíos, giros telegráficos y postales se dirijan desde la retaguardia no a una Gran Unidad ni a un pueblo sino a la Estafeta X, de esa Gran Unidad. Un medio de conseguir que se implante esta costumbre será la distribución a las tropas de la tarjeta postal militar donde se consigna el número de la estafeta de Campaña para recibir la contestación». <<

[164] Instrucción General 35. AGMAV, 1356, 42/4. <<

[165] Carta de Bertrán de Musitu a Ungría en referencia a las detenciones producidas en Barcelona tras la incautación del fichero de Falange por el SIM republicano. AGMAV, 2917/22. En enero de 1938, tanto la Generalitat como el consulado francés en Barcelona se quejaron al gobierno republicano de la detención ilegal por el SIM de 44 personas relacionadas con estos sucesos. AHN, 1634/6. <<

[166] Aprobado y rubricado el 18 de mayo de 1938. El coronel jefe de Estado Mayor, José Ungría Jiménez. El general jefe de Estado Mayor, Francisco Moreno Martín. Sig. AGMAV, 1666, 78 y ss. <<

[167] Tanto para la información del campo enemigo como para la confección de fichas, «atendiendo a su mayor conocimiento del terreno y de los habitantes, cada Comandancia formará grupos pequeños de voluntarios de las unidades de combate, de su propio personal o de la población civil». <<

[168] AGMAV, 1666, 78 y ss. <<

[169] SIPM Jadraque, Guadalajara-Sector C-9. <<

[170] Alejandro Fernández del Castillo (jefe), Ricardo Sanjuán Llosa, Mariano Jacquoto Uzuriaga, Lucía Valderrama Moreno, Pascual Espert Arcos, Antonio García Dalmau, Clemente González, Jacinto Contreras Arribas. AGMAV, 2962, 1/2. <<

[171] AGMAV, 2917, 1/2. Para las guerrillas en la sierra de Madrid, M. Seidman, A ras de suelo, op. cit., págs. 321-322. <<

[172] «En cada pueblo se confeccionará una lista de mozos que encontrándose prestado el servicio en el Ejército o en la milicia, deban ser por sus antecedentes políticos, anteriores al Movimiento, objeto de vigilancia especial, remitiendo dichos datos, con carácter secreto, al Jefe del Cuerpo en que se hallen destinados, por conducto del Gobierno Militar. Mensualmente a la jefatura del SIPM se enviará una relación de dicho personal con indicación de sus destinos». AGMAV, 1666, 78. <<

[173] «En la provincia se nombrarán agentes en todos los pueblos, especialmente en los que por ser zonas industriales, mineras o puntos de unión de vías de comunicación puedan ser objeto de interés para la información del enemigo o para la realización de sabotajes en todos aquellos lugares donde se construya, transporte o relación material de guerra o efectivos militares, y también en los puntos donde haya concurrencia de elementos civiles con militares». AGMAV, 1666, 78. <<

[174] Art. 59. <<

[175] AGMAV, 1666, 78. <<

[176] La ficha definitiva debía revisarla el jefe de red. De ese fichero se remitirá copia a Jefatura del SIPM en Burgos, y la totalidad del fichero, a la Jefatura Nacional de Seguridad Interior, cuando siguiendo avance de los ejércitos ocupe nuevo sector y quede el anterior en la retaguardia (págs. 61). <<

[177] Nota: «estas fichas son independientes del documento personal de identidad estatuido por el Ministerio del Interior». AGMAV, 1666, 78 y ss. <<

[178] Carta de Emilia Porta, Barcelona, a Ángel Esteban, prisionero de guerra, Cadaqués (Girona). CDMH, Salamanca, 670/10. <<

[179] J. Serrallonga, M. Santirso y J. Casas, Vivir en guerra. La zona leal a la República (1936-1939), Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, 2013; M. Seidman, A ras de suelo, op. cit.; A. Beevor, La guerra civil española, Barcelona, Crítica, 2010, págs. 589-605. <<

[180] El funcionamiento de la red, enteramente compuesta por agentes civiles, era el siguiente: Eduardo Unzueta informaba a Alfonso Martínez Sánchez, que servía de enlace a José Martí Farrel, quien, a su vez, contactaba con Carlos Clavero, en Mataró, que ya comunicaba con el jefe del sector militar. AGMAV, 2917-1/2. <<

[181] Informes del capitán Jiménez de Anta de las actividades de la organización «Antonio Rodríguez Aguado». AGMAV, 2924/13. <<

[182] «Instrucción tienen poca, la asistencia facultativa escasa ya que algunos médicos lo son por cursillos de tres meses y esto se presta a comentarios entre la tropa», Ávila, 10 de agosto de 1937, División 71, Segunda Sección. AGMAV, C., 1326, 12/3. <<

[183] Maximino Sánchez. AHN, 1537/9. <<

[184] AGMAV, C., 1758/12. Información sobre la Brigada Roja 133, 17 de junio de 1938. <<

[185] Comité de Ayuda de Campsa. AHN, Hacienda, leg. 9766. <<

[186] A. Campos Posada, El abastecimiento en Madrid durante la guerra civil, Madrid, Universidad Complutense, 2014. <<

[187] Telegramas interceptados por el SIPM entre el Ministerio de Gobernación y el gobernador civil de Madrid. AGMAV, 1816, 4. <<

[188] P. Pagès i Blanch, Cataluña en guerra y en revolución (1936-1939), Sevilla, Espuela de Plata, 2007, págs. 284-294; C. Rojas, La guerra en Catalunya, Barcelona, Plaza & Janés, 1979, págs. 273-298; V. Rojo, ¡Alerta los pueblos!, Barcelona, Ariel, 1974, págs. 109-110; J. M. Contel i Ruiz, Gràcia, temps de bombes, temps de refugis, Barcelona, Taller d’Història de Gràcia, 2009; J. Villarroya i Font, Els bombardeigs de Barcelona durante la guerre civil (1936-1939), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1981; A. Monfort, Barcelona 1939, op. cit. <<

[189] P. Preston, El final de la guerra. La última puñalada a la República, Madrid, Debate, 2014, págs. 27-29. <<

[190] «La posible utilización de este, en momento determinado, por parte de elementos desafectos y la decepción que habría de ocasionar al combatiente su no confirmación, son datos demostrativos de la peligrosidad, que envuelve, deprimiendo la moral combativa de nuestro Ejército en los instantes que la lucha entra en una fase crítica, y cuando el porvenir puede reservarnos mayores sacrificios en defensa de la independencia e integridad de nuestra Patria». AGMAV, ZR. 66 1 803 3/3. <<

[191] «El coronel Inspector de los Campos de Concentración de Prisioneros, Luis de M. Pinillos a su Excelencia», Burgos, 8 de octubre de 1938. AGMAV, C., 2379/155, 10, 8. <<

[192] CDMH, Salamanca, Incorporados, 1760/31. <<

[193] Ricardo Villalta. CDMH, Salamanca, Incorporados, 1760/31. <<

[194] Datos oficiales de la Asamblea Nacional francesa. G. Dreyfus-Armand, L’ exil des républicains espagnols en France. De la Guerre civile à la mort de Franco, París, Albain Michel, 1999, pág. 53. La visión diplomática francesa en F. Alía Miranda, «Negrín ante un enemigo “invisible”. La quinta columna y su lucha contra la República durante la guerra civil española (1937-1939)», Historia y Política, 33 (2005), 183-210; J. Rubio, «La población española en Francia de 1936 a 1946: flujos permanentes», en J. Cuesta y B. Bermejo (coords.), Emigración y exilio. Españoles en Francia 1936-1946, Madrid, Eudema, 1996, págs. 32-60. <<

[195] AHN, CG., 1525, exp. 20, págs. 431. <<

[196] J. Prada, Marcharon con todo. La represión económica en Galicia durante el primer franquismo, Madrid, Biblioteca Nueva, 2016; M. Gómez Oliver, A. Martínez López y A. Barragán Moriana, El botín de guerra en Andalucía: cultura represiva y víctimas de la Ley de Responsabilidades Políticas, 1936-1945, Madrid, Biblioteca Nueva, 2015; M. Álvaro Dueñas, Por Ministerio de la Ley y voluntad del Caudillo. La Jurisdicción Especial de Responsabilidades Políticas, 1939-1945, Madrid, CECP, 1999. <<

[197] «27 División, 124 Brigada Mixta, Tercer Batallón 4.ª Compañía, Velilla de Cinca (Huesca), casa, nueva dirección: Pascual Gil Gil, calle del Río, Zaidín». Correspondencia Vicente Rovira Moragas y Montserrat Fuguet Blanch. CDMH, Salamanca, 1760/3-48. <<

[198] Vicente Rovira Moragas y Montserrat Fuguet Blanch. CDMH, Salamanca, 1760/3-48. <<

[199] Carta de Rosa Casas. La ofensiva de Zaragoza había comenzado el 24 de agosto con objeto de aliviar la presión militar a las tropas republicanas en el norte; fue un intento desesperado de evitar la caída de Santander, pero también fue una operación del gobierno Negrín para someter el poder anarquista del Consejo de Aragón. G. Lorén Garay, «La batalla de Quinto de Ebro en la ofensiva sobre Zaragoza», Revista de Historia Militar, 115 (2014), págs. 89-135; H. Thomas, La guerra civil española, Revolución y Contrarrevolución, Madrid, Océano, 2003; J. M. Martínez Bande, La gran ofensiva sobre Zaragoza, Madrid, Servicio Histórico Militar, 1973. <<

[200] Todas y cada una de estas tarjetas y cartas llevaban el sello visado de la censura militar y se entregaban en sobres abiertos. CDMH, Salamanca, 1760/3-48. <<

[201] Fue de hecho el último campo en desaparecer en 1947. J. A. Fernández López, Historia del campo de concentración de Miranda de Ebro, op. cit. <<

[202] «Batallón de Trabajadores núm. 2, 3.ª Compañía, 60 División, Estafeta 65», Vicente Rovira Moragas y Montserrat Fuguet Blanch. CDMH, Salamanca, 1760/3-48. <<

[203] Nota: «la dirección la pondréis así: Batallón de Trabajadores 102, 60 División, Estafeta 65. Oficinas del Campo de Concentración de Pueblonuevo, y lo comunicarás a mis padres, pues no me ha cabido en la carta». Vicente Rovira Moragas y Montserrat Fuguet Blanch. CDMH, Salamanca, 1760/3-48. <<

[204] «El día dos de mayo por la tarde salió de la parroquia de esta ciudad una manifestación religioso-patriótica de acción de Gracias a la Reina de España por la paz que ha concedido a nuestra patria. La patrona de infantería paseó por las calles acompañada de representantes del Ejército, milicias y organizaciones del Nuevo Estado, así como una enorme cantidad de fieles, al paso lento de la manifestación solemne». Vicente Rovira Moragas y Montserrat Fuguet Blanch. CDMH, Salamanca, 1760/3-48. <<

[205] Se trataba en realidad del teniente Jesús Ortego Grahit. <<

[206] Apenas destina ya un párrafo a los asuntos religiosos: «¿Cómo han transcurrido las fiestas del Corpus por aquel Sabadell?, supongo que con la máxima solemnidad. Pues mira aquí fue un día de fiesta de aquellas más solemnes. Todas las calles completamente adornadas de flores y colgaduras magníficas que junto con los colores rojo y gualda que en ellos se señalaban daba el aspecto de gran solemnidad, esperando el momento de rendir homenaje a Jesús Sacramentado durante el paso de la procesión». <<

[207] Vicente Rovira Moragas y Montserrat Fuguet Blanch se casaron y tuvieron hijas, como puede constatarse en la correspondencia familiar posterior. Vicente falleció en agosto de 1951. CDMH, Salamanca, 1760/3-48. <<

[208] Segunda Sección, Estado Mayor, «Instrucciones del Cuartel General del Generalísimo, complementarias a las 11 de marzo de 1937 sobre clasificación de prisioneros y presentados», 27 de marzo de 1939. AGMAV, 1636, 13. <<

[209] Hay que hacer mención, además de a la legislación, a las normas de cada ejército. Así, desde febrero de 1938, el Ejército del Norte ya utilizaba prisioneros de los batallones en las siguientes tareas: vigilar los trabajos, proponer los traslados, contabilizar altas y bajas, velar por la disciplina interna «enviando a los campos de concentración a los individuos dañinos en vista de sus antecedentes y cargos», entenderse con las comisiones clasificadoras, el coronel jefe de prisioneros y las autoridades para los asuntos oficiales y la intendencia (vestuario, armamento y alimentación) y complementar los cuadros y escoltas. AGMAV, 1212/18. <<

[210] AGMAV, 1636/13. <<

[211] Nota expediente José Nogué Vallejo. CDMH, Salamanca, Incorporados, 37274/19. <<

[212] CDMH, Salamanca, en papel oficial de la Compañía Adriática de Seguros. <<

[213] Agencia creada al comienzo del golpe y dirigida desde Burgos por Nicolás Franco para los contactos de evadidos de Madrid. <<

[214] Antonio Ferrer Sama, catedrático de Derecho, medalla de campaña de vanguardia y agente de espionaje militar en zona enemiga. Organización Antonio. «Una vez en la organización se incorporó como soldado por orden de la organización cobrando solo el haber de soldado. Intervino en las expediciones a Zona Nacional de jefes y oficiales y en la adquisición de avales de la UGT. Repartió y recaudó fondos para el socorro blanco». AGMAV, 2964, 2/47. <<

[215] Antonio Ferrer Sama ocupó una de las cuatro primeras cátedras de Derecho Penal creadas tras la guerra; en L. E. Otero Carvajal (dir.), La Universidad Nacionalcatólica, Madrid, Dykinson, 2014. <<

[216] «El trabajo que tenemos es para ocupar a doce individuos y da la casualidad que no somos más que tres por lo que no tenemos ni un minuto de descanso ni podremos disfrutar de permisos». <<

[217] Aunque no había sido fascista antes de la guerra, hablaba perfectamente italiano, ya que de hecho había nacido y había pasado su infancia en Roma con su familia. En los años sesenta fue directivo de la casa italiana Vespa en Barcelona. CDMH, PS, Madrid, leg. 4001, fols. 425-426. <<

[218] Procedimiento Sumarísimo de Urgencia núm. 11677/39. Ricardo Herrero Cirujano. AHMS, leg. 85/3420. <<

[219] AHMS, leg. 85/3420. <<

[220] «Prescindir de la ratificación del denunciante, por considerarla que no es diligencia necesaria para el esclarecimiento de los hechos y la culpabilidad del encartado». <<

[221] Archivo Familia Herrero Cirujano. <<

[222] AHMS, 85/3420. Subrayado en rojo en el original. <<

[223] Hasta hace unos años su familia pensó que había sido ejecutado en el traslado a su pueblo, «a causa de que había ido algún falangista del pueblo a por él». <<

[224] CDMH, Salamanca, PS, Madrid, leg. 4574, fol. 385. <<

[225] AHGD, Sum. 407/2763. <<

[226] Ibídem. <<

[227] Archivo Familia Zamorano Zamorano. <<

[228] La carta iba dirigida a Gregoria Zamorano, la novia de Bernabé. Su historia, y también la de esta carta, están ligadas a su sobrino José Antonio Zamorano, que no vivió los hechos pero que ha recibido el relato de lo ocurrido: «cuentan que lloró lo que no está escrito por la muerte de su novio, el que iba a ser su marido, y algún falangista vecino que la oía llorar hizo saber a la familia, a través de intermediarios, que como siguiera así, la iban a meter presa y la iban a cortar el pelo o hacerle otras perrerías. La familia decidió que se marchara un tiempo del pueblo, hasta que se le pasara, y se fue con un familiar a Cáceres, donde las miserias no eran pocas. Luego regresó al Romeral y se casó con otro hombre (mi tío Felipe). La carta me la han facilitado los dos hijos de Gregoria, mis primos Paqui y Jerónimo Zamorano, que han tratado de conservar lo que su madre guardó durante tanto tiempo; según ellos, hablaba mucho de él, pero nunca sacó la carta, que encontraron cuando ella falleció al revisar las cosas que tenía en el pueblo». <<

[229] AHN, 1047/5. <<

[230] Bernabé de la Cruz Romero, natural de El Romeral (Toledo), de 25 años, campesino afiliado a UGT. CDMH, Salamanca, PS-SM, carp. 1829, fol. 644.

Cruz Romero Bernabé de la, Perteneciente a la 43 Brigada, de 25 años, jornalero, afiliado al Socorro Rojo Internacional y a UGT. CDMH, Salamanca, PS-SM, leg. 5741, fol. 38. <<

[231] AHGD, Sum. 15125/273. <<

[232] Procedimiento Sumarísimo de Urgencia. Diligencias Información. AHGD, Sum. 23118/5625. <<

[233] Según su primer interrogatorio, realizado ese mismo día, «trató de oponerse a lo dictado por la directiva del comité y la gestora del ayuntamiento, de quienes no consiguió nada. Ejerció el cargo de secretario de forma interina, pero solo durante dos semanas, después no formó parte ni estuvo de acuerdo con el comité revolucionario en los asesinatos que llevó a cabo». El cuestionario sobre información militar quedó en blanco. AHGD, Sum. 23118/5625. <<

[234] Procedimiento Sumarísimo de Urgencia. Sumario 23118/5625. Jaime Guasp, letrado del Consejo de Estado en 1936, siguió compaginando su labor en Las Salesas con sus estudios de doctorado. Presentó la tesis en junio de 1940 (Juez y hechos en el proceso civil. Una crítica del derecho de disposición de las partes sobre el material de hecho del proceso), y ese mismo mes ocupaba la cátedra vacante de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona; en L. E. Otero Carvajal (dir.), La Universidad Nacionalcatólica, op. cit. <<

[235] Archivo Familia Jara Hernández. <<

[236] Ibídem. <<

[237] CDMH, Salamanca, SM, leg. 1347, carp. 1.ª, fol. 79, y PS, Madrid, leg. 1613, fol. 200. <<

[238] AHGD, 105 783/3515. <<

[239] La familia de Francisco en Andújar (Jaén) nunca recibió sus objetos personales. AHGD, 105 783/3515. <<

[240] Francisco Peral Serrano, «Fusilero rojo del grupo núm. 20, recibe lote de prenda de vestir del comité de Guerra CNT en Alicante». CDMH, PS-Alicante, leg. 39, exp. 13, fol. 4. <<

[241] J. M. Gastón y F. Mendiola (coords.), Los trabajos forzados en la dictadura franquista, Pamplona, Instituto Gerónimo de Uztáriz, 2007; D. Rodríguez Teijeiro, «Configuración y evolución del sistema penitenciario franquista», Hispania Nova, 7 (2007). <<

[242] Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, núm. 1, Burgos, 25 de julio de 1936. <<

[243] «… sin necesidad de que el reo sea sorprendido in fraganti ni que la pena a imponerse sea la de muerte o perpetua», Decreto 79, Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, núm. 15, Burgos, 4 de septiembre de 1936. <<

[244] Decreto 327, Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, Burgos, 22 de julio de 1937, y Decreto 134, Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, núm. 30, Burgos, 28 de septiembre de 1936. <<

[245] Circular de 28 de mayo y Decreto 281 de 1 de junio de 1937. <<

[246] Redención, núm. 1, 1 de abril de 1939. Veáse J. C. García Funes, «El semanario Redención, un estilo de coacción y propaganda», en A. Barrio, J. de Hoyos y R. Saavedra, Nuevos horizontes del pasado. Culturas políticas, identidades y formas de representación, Santander, Universidad de Cantabria, 2010, págs. 124-140. <<

[247] Cifra de internos en campos de concentración recogida por Javier Rodrigo, Hasta la raíz. Violencia durante la guerra civil y la dictadura franquista, op. cit., pág. 25. La de batallones de trabajadores y soldados trabajadores es aportada por Fernando Mendiola y Edurne Beaumont en «Prisioneros de guerra, esclavos de posguerra: los límites de la propaganda política y la explotación económica en los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores», en Congreso Internacional La Guerra Civil Española 1936-1939, Madrid, SECC, 2006, pág. 4. Para otros aspectos comparativos, Á. Egido y M. Eiroa (eds.), «Los campos de concentración franquistas en el contexto europeo», Ayer, núm. 57 (2005), 81-112. <<

[248] A. Tomé Ruiz, Un testimonio que dice la verdad y unas lecciones que pueden ser aprovechadas para los funcionarios de prisiones, Madrid, CIM, 1963, pág. 15. <<

[249] G. Gómez Bravo, «Cuestiones penitenciarias para el final de una guerra», Revista de Estudios Penitenciarios, núm. 252 (2006), 117-133. <<

[250] C. Jaladieu, La prison politique sous Vichy. L’exemple des centrales d’Eysses et de Rennes, París, L’Harmattan, 2007, págs. 34; N. Wachsmann, Hitler’s prisons. Legal Terror in Nazy Germany, New Haven, Yale University Press, 2004, págs. 373. La cifra española es el dato oficial que el Ministerio de Justicia ofreció en 1946. <<

[251] AGA, 41/11952. <<

[252] Cifra de 1 de marzo de 1940. F. Escudero Andújar, Dictadura y oposición al franquismo en Murcia, Murcia, Editum, 2007, págs. 41-42. <<

[253] AGA, 41/11945. <<

[254] D. Gatica, «Una cárcel de postguerra. La prisión celular del Puerto de Santa María», en J. Sobrequés, C. Molinero y J. Salas (eds.), Los campos de concentración y el mundo penitenciario en España durante la guerra civil y el franquismo, Barcelona, Museu d’Història de Catalunya, 2003, págs. 616-635. <<

[255] A. Tomé, Pequeña historia de su vida profesional, Madrid, Artes Gráficas Cio, 1960, págs. 148. <<

[256] A. Monfort, Barcelona 1939, op. cit. <<

[257] AGA, leg. 41/11995. <<

[258] Documentos inéditos para la Historia del Generalísimo Franco, Madrid, Fundación Nacional Francisco Franco, 1983, tomo II-1, págs. 176-177. <<

[259] F. Espinosa, La Justicia de Queipo, Barcelona, Crítica, 2005; J. Fernández-Coppel, Queipo de Llano. Memorias de Guerra Civil, op. cit. En palabras de Ricardo de la Cierva, «en Málaga se estrenó la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación que respondió a la terrible represión republicana con otra represión igualmente terrible, bajo la ley del talión: las cifras de los ejecutados son de orden semejante». Ricardo de la Cierva, Nueva y definitiva historia de la Guerra Civil, Madrid, Época, 1986, págs. 440. <<

[260] The National Archives. Public Record Office, FO 927/15, Report de 23 de marzo de 1938. <<

[261] I. Alforja, Fuerte de San Cristóbal, 1938: la gran fuga de las cárceles franquistas (testimonios y documentos), Pamplona, Pamiela, 2006. <<

[262] Decreto de 24 de julio de 1936, Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, 25 de julio de 1936. En las prisiones gallegas llevan tiempo documentadas varias órdenes de puesta en libertad de personas que ese mismo día aparecían asesinadas. D. Rodríguez Teijeiro y J. Prada, «El orden del miedo. Muerte, hambre y supervivencia en la prisión de Celanova», en J. Sobrequés, C. Molinero y J. Salas (eds.), Los campos de concentración y el mundo penitenciario en España durante la guerra civil y el franquismo, op. cit., págs. 840-848. <<

[263] AMASJ, 76/6138 y 363/4799. <<

[264] El uso de la fuerza debía tener «el carácter de medidas de coacción o de reacción necesarias del funcionario contra ataques del recluso». Más tarde se prohibía «toda clase de malos tratos, con excepción de la fuerza estrictamente necesaria para hacer entrar en el orden a los que se muestren rebeldes». Reglamento Penitenciario de 1948, art. 170. <<

[265] «La posibilidad de prohibir colectivamente visitas y comunicaciones ordinarias y extraordinarias y toda entrada de comida, la de proponer la prohibición del derecho a redimir pena de todo o parte de una población penal, así como la de privación del derecho a gozar de los beneficios de la libertad condicional y la propuesta de traslado a la Guinea Española de aquellos presos que estimen peligrosos o perturbadores dentro del régimen de la Prisión». DGP, Circular de 10 de octubre de 1939. <<

[266] P. Preston, «Las víctimas del franquismo y los historiadores», en E. Silva, P. Salvador, P. A. Esteban y J. Castán (eds.), La memoria de los olvidados: un debate sobre el silencio de la represión franquista, Valladolid, Ámbito, 2004, págs. 13-24. <<

[267] La cifra es de Julián Casanova en J. Casanova, F. Espinosa, C. Mir y F. Moreno, Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco, Barcelona, Crítica, 2002. Para un debate sobre las cifras, Joan Villarroya y Josep Maria Solé i Sabaté, «La Nueva España: eliminación de los vencidos», en Manuel Tuñón de Lara (coord.), La guerra civil española, vol. 24, Barcelona, Labor, 1997, págs. 52-65; Julián Chaves Palacios, «Franquismo: prisiones y prisioneros», Pasado y Memoria, núm. 4 (2005), 27-42; Manuel Ortiz Heras (coord.), La guerra civil en Castilla-La Mancha. 70 años después, Albacete, Universidad de Castilla-La Mancha, 2007, y la síntesis de Francisco Moreno en su capítulo «La represión en la postguerra», en Santos Juliá (coord.), Víctimas de la guerra civil, Madrid, Temas de Hoy, 1999, págs. 277-406. <<

[268] AGA, 41/11966. La cola de caballo era una planta digestiva muy usada en la época. <<

[269] AGA, leg. 41/12039. <<

[270] Carta de María Tortajada, de la Sección Femenina de Valencia, a la camarada Pilar Primo de Rivera, 5 de enero de 1940. AGA, leg. 41/11953. <<

[271] Informe de la Inspección Central de Sanidad, 15 de septiembre de 1941. AGA, 41/11951. <<

[272] C. Ortiz (coord.), Lugares de represión, paisajes de la memoria, op. cit.; P. Oliver Olmo (coord.), El siglo de los castigos, op. cit.; G. Gómez Bravo, La redención de penas, op. cit.; del mismo autor, El exilio interior, op. cit. <<

[273] «Circular del Cardenal Gomá a los Obispos españoles informando del trabajo del P. Pérez del Pulgar SJ», 7 de enero de 1939, en J. A. Andrés-Gallego y A. M. Pazos, Archivo Gomá. Documentos de la Guerra Civil, Madrid, CSIC, 2012, pág. 4. <<

[274] Crónica del Patronato Nacional de San Pablo (1943-1951), Madrid, Ministerio de Justicia, 1951, pág. 23. <<

[275] G. Gómez Bravo, «La redención por las letras», en J. A. Martínez Martín (dir.), Historia de la edición en España 1939-1975, Madrid, Marcial Pons, 2015, págs. 156-180. <<

[276] Memoria Patronato Nuestra Sra. de la Merced, Alcalá de Henares, Madrid, Talleres Penitenciarios, 1941. <<

[277] Subrayado por la censura. <<

[278] AGA, 41/11966. <<

[279] Subrayado en el original por la censura. <<

[280] Subrayado en el original por la censura. <<

[281] Minero, 25 años, casado, condenado a muerte, indultado a 30 años. AGA, 41/11955. <<

[282] AGA, 44/12234. <<

[283] Diccionario Biográfico del Socialismo, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 2012, http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/9187_gonzalez-cervera-narciso. <<

[284] Nuestro agradecimiento a Miguel Ángel del Arco por esta carta (archivo familiar). <<

[285] Un cuñado de Antonia era sacerdote. AGA, 41/11432. <<

[286] Carrillo es Wenceslao Carrillo, y Cabezas es Felipe Andrés Cabezas, el director de El Socialista. AGA, 41/11951. <<

[287] AHPC, 44/42. <<

[288] D. Ginard, Matilde Landa. De la Institución Libre de Enseñanza a las prisiones franquistas, Barcelona, Flor del Viento, 2012. <<

[289] AGA, Justicia, DGP, 41/11936. <<

[290] Original de la censura. <<

[291] AGA, 41/11967. <<

[292] Instituto Internacional de Historia Social (IISG)-Antonio Téllez Papers, carp. 653. <<

[293] SIPM Burgos, Necesidades alojamiento, 14 de noviembre de 1937. AGMAV, C., 2917/11. <<

[294] Orden de Desmovilización. AGMAV, 2962, 3. <<

[295] «Luis Jiménez Rodríguez no es profesional, tiene 22 años. José Núñez Castro, Capitán de Seguridad, 95 Compañía. Victorio Cano Santos, Cabo de Seguridad, 96 compañía». AGMAV, 2917/12. <<

[296] SIFNE, Biarritz-15/3/1937. AGMAV, 2977/11. <<

[297] «Por ser de interés vital, teniendo sus disposiciones poder de obligar a toda clase de autoridades y siendo las atribuciones de sus miembros más modestos casi omnímodas, en atención a la índole de servicios que tienen encomendandos», Grupo Especial Secreto. AGMAV, 2913, 2/7. <<

[298] Se concretaría en la Ley de 20 de enero de 1939 de Retirada de Moneda de Plata y papel moneda enemigo. <<

[299] «Confidential memorandum on religius and political conditions in Spain. American Friends Service Committee in both republican and fascist Spain from August 1938 to May 15», 1939. AHN, Fondo Marcelino Pascua, leg. 6 BI 59. <<

[300] «Calle Barranquete, Afiliado a CNT desde 1931», Comandancia de Sector A-1, Estado Español, SIPM, Destacamento Especial, Murcia, Ejército de Levante. AMCAR, Sum. Z-11078. <<

[301] «Evitando que el vecindario tenga que desplazarse a retaguardia los primeros días de la ocupación, con dificultades de transporte y el conveniente trasiego de personal civil por carretera que dificulte su identificación y obliga la expedición de numerosos salvoconductos». «Recopilación de Preceptos cuyos conocimientos interesan a los Comandantes Militares de Plaza». ATMA, núm. 21, acuse de recibo de la Comandancia Militar de Serbas, febrero-marzo de 1939. <<

[302] Á. Bahamonde, Madrid, 1939: la conjura del coronel Casado, Madrid, Cátedra, 2014, págs. 68-69, 76 y 86-94. Una visión militar ya presente en obras como la de Martínez Bande, El final de la guerra civil, Madrid, San Martín, 1985, o de Julián Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes de los españoles, Barcelona, Tusquets, 2001. Una visión distinta, fruto del contexto global de los planes de ocupación y su adecuación a los distintos distritos y centros neurálgicos de Madrid, en A. Pérez-Olivares, «Objetivo Madrid: planes de ocupación y concepción del orden público durante la Guerra Civil Española», art. cit. <<

[303] «Agentes del servicio en campo enemigo: S. E. el Generalísimo, siempre atento a compensar el heroico sacrificio de las personas que formando parte de organizaciones clandestinas colaboran en zona roja en pro de Nuestra Gloriosa Causa, corriendo los grandes riesgos que suponen las sangrientas persecuciones de que son objeto, se ha dignado disponer lo siguiente; 1.º Agentes pertenecientes a organizaciones en zona roja controladas por el SIPM Nacional con categoría militar profesional, se les considerará en activo a todos los efectos de su carrera. A los paisanos que actúen en tan peligrosas misiones y a propuesta en su día por la Jefatura del SIPM, se les concederá la compensación que proceda, teniendo en cuenta sus circunstancias de dependencia del Estado, Provincia o Municipio, como funcionarios, si así lo fueren, o si pertenecieran a profesión libre. 2.º En el caso de fallecimiento como consecuencia de condena o acción violenta ejercida contra nuestros Agentes en los ejercicios del Servicio, se otorgará a sus muertos en campaña con arreglo a su empleo en el Ejército si pertenecieran a él, o según su categoría con arreglo a su empleo, de acuerdo con los servicios prestados, si son paisanos. 3.º Se gestionará con toda rapidez propuesta de canje de aquel que se tenga noticia se encuentra pendiente de grave condena, ofreciendo los rehenes precisos y de calidad que en paridad corresponda». Orden reservada dictada el 21 de septiembre de 1938, Cuartel General del Generalísimo, 2.ª Sección. AGMAV, 2962/1-10. <<

[304] V. Palacio Atard, «La quinta columna, la movilización popular y la retaguardia», en V. Palacio Atard, R. Salas Larrazábal y R. de la Cierva, Aproximación histórica a la guerra española (1936-1939), Madrid, Universidad de Madrid, 1970, págs. 241-274; también en J. Cervera, Madrid en guerra. La ciudad clandestina, 1936-1939, Madrid, Alianza, 1998, págs. 222-223. Idea también seguida en J. Ruiz, El Terror Rojo. Madrid, 1936, Barcelona, Espasa-Calpe, 2012. <<

[305] «Rapport sobre la situación zona roja». SIPM, Irún. AGMAV, 2977/16. <<

[306] «Cuartel General, Correspondencia del SIPM». AGMAV, 2917/8. <<

[307] «Correspondencia de necesidades de personal y material del SIPM en los 3 Ejércitos», AGMAV, 2917/14. <<

[308] Servicio de Información Especial Periférico, Ejército del Centro, 28 de enero de 1939. AHN, 1520/8. <<

[309] SIPM, Levante, Zaragoza, Ejército del Norte. AGMAV, 2917/14. <<

[310] SIPM, Subcentral de Cataluña, 27 de enero de 1939. AGMAV, 2917/28. <<

[311] 14 de febrero de 1939. AGMAV, 2917/15. <<

[312] 28 de febrero de 1939. AGMAV, 2977/21. En realidad se trataba de Expédit Durán i Fernández, que no era comunista ni maestro, sino anarquista y profesor de la Escuela Racionalista. <<

[313] Levante, EM, SIPM, Instrucciones Avances de Sectores, Orden particular núm. 4. AGMAV, 2917/14. <<

[314] AGMAV, 2917/14. <<

[315] AGMAV, 2917/25. <<

[316] J. Cervera, Contra el enemigo de la República… desde la ley. Detener, juzgar y encarcelar en guerra, Madrid, Biblioteca Nueva, 2015; J. Valero y M. Vázquez, La Guerra Civil en Madrid, Madrid, Tebas, 1998, pág. 159. <<

[317] AHN, 1525/14, Informes de Barcelona de 14 de julio de 1938, págs. 61. E-3818 y de C-26 de 6/38, Informe negativo de E-3771. AGMAV, 2917/14. <<

[318] AGA, 43/50706. <<

[319] AHGD, leg. 32494. <<

[320] AGMAV, C., 2962, 11/15. <<

[321] Informe de Fernando García, agente de la Brigada Especial de Información de la Dirección General de Seguridad, 27 de noviembre de 1939, Presidencia del Gobierno, Secretaría General, 65 (CDMH). <<

[322] 24/8/1939-FO 371/24160/12312/2921/41 (NA). <<

[323] 9 de diciembre de 1939, Cárcel de Cuenca. Pasaría seis años más en prisión. AHGD, leg. 17651/1. <<

[324] El oficial jefe del SIPM Francisco del Hierro al Sr. coronel subjefe director de Milicias Fet y Jons de Segovia: «Tengo el honor de remitir a UD el parte relacionado con este servicio constando de 866 denuncias personales, rogándole se acuse recibo para mi gobierno y debido control. Dios Salve a España y guarde a Vd muchos años», Olmedo, 22 de mayo de 1939. AGMAV, 5701/2. <<

[325] Archivo Presidencia Gobierno, Ministerio del Ejército, Asesoría y Justicia, JTE, leg. 15/1. <<

[326] 6 de agosto de 1939. AGMAV, 2379, 155/63/1. <<

[327] 28 de agosto de 1939. AGMAV, 2552/46. <<

[328] Orden reservada de 7 de mayo de 1937 que crea el Servicio de Recuperación de Documentos que hizo público un año después el BOE, núm. 553, 27 de mayo de 1938. Centro Documental de la Memoria Histórica, DNSP Secretaría General, exp. 330. <<

[329] AGMAV, 2913/12, 2. GES. <<

[330] AGMAV, 2913/12, 5. <<

[331] Decreto de creación del Servicio de Recuperación de Documentos, BOE, núm. 553, 27 de mayo de 1938. <<

[332] «La influencia de Recuperación de Documentos pudo notarse sobre todo en lo relativo a los grandes puertos de Barcelona y Valencia. Cada puerto era un sector específico en el que se debía efectuarUN CONTROL POLICIACO LO MÁS RÍGIDO POSIBLE para evitar particularmente la evasión de personas indeseables o que tengan que responder de su actuación antes y durante el Movimiento. Para ello debían cuidar del mismo modo que no se pierda o destruya cualquier documento, en especial los que afecten de cualquier manera al desarrollo o preparación de las actividades rojo-separatistas, o a organizaciones secretas, políticas o sociales». Ministerio de Orden Público. Jefe de Servicios Especiales, julio de 1938, Presidencia de Gobierno, 87, Secretaría General (CDMH). <<

[333] J. Espinosa Montero, «La oficina de la DERD de Madrid y sus fuentes documentales», en D. Oviedo Silva y A. Pérez-Olivares (coords.), Madrid 1936-1948: una ciudad en guerra, op. cit. <<

[334] Ministerio de Orden Público. Jefe de Servicios Especiales, julio de 1938, Presidencia de Gobierno, 87, Secretaría General (CDMH). <<

[335] «Columnas de Orden y Policía de Ocupación», enero-febrero de 1939. AGMAV, 2551/4. <<

[336] Instrucciones para el funcionamiento de la Columna de Orden y Policía de Ocupación, misión y fraccionamiento de la Columna, Ministerio de Orden Público, jefe de Servicios Especiales, julio de 1938: «Dependerá directamente de la Jefatura de Servicios Especiales del Ministerio de Orden Público y será su Jefe un Coronel designado expresamente por su Excelencia para este mando, para la Agrupación Centro, y otro para la de Levante, que ejercerá sobre todo el conjunto de tropas y servicios. Su intervención y entrada en las urbes y pueblos ocupados, empezará tan pronto como sean tomadas militarmente y el mando conceptúe oportuna su actuación. Se nombra Jefe de la Agrupación Centro al Coronel de Infantería Emilio Mayoral Fernández, y Jefe de la Agrupación de Levante al Coronel de Infantería Carlos Silva Rivera». <<

[337] «Es una experiencia adquirida en la ocupación de las Ciudades del Norte, debiendo desterrarse el vergonzoso espectáculo a que puedan dar lugar la ejecución de las requisas por toda clase de Organismos, y aun por particulares». Ministerio de Orden Público, jefe de Servicios Especiales, julio de 1938, Presidencia de Gobierno, 87, Secretaría General (CDMH). <<

[338] Archivo General de la Policía, Ministerio del Interior, Sig. 1674. <<

[339] Archivo General de la Policía, Ministerio del Interior, Sig. 51913. <<

[340] Uno de sus enlaces era el teniente de Infantería Vicente Costa Blanco, que transmitía información a otros grupos de Barcelona «directamente al SIPM de Burgos por mediación de su hijo afecto a la oficina 108 de Montpellier». AGMAV, C., 2872, 5/32. <<

[341] El 31 de enero de 1941 recibió, como otros miembros del SIPM, la medalla de campaña, con distintivo de retaguardia, de manos del propio Franco. <<

[342] AGMAV, 2551, /1. Archivo General de la Policía, Ministerio del Interior, Sig. 1049. <<

[343] AGMAV, 2551, /3. <<

[344] Declaraciones de José Ungría, jefe del Servicio Nacional de Seguridad. ABC, 5 de abril de 1939, págs. 23. <<

[345] CDMH, 1.8.5.2//DNSD-SECRETARÍA, exp. 35. <<

[346] Sus 7000 plazas iniciales fueron destinadas íntegramente a «excautivos» y «excombatientes». BOE, núm. 259, 27 de septiembre de 1939. En línea con los cambios en la Ley de Seguridad, se produjeron modificaciones en la estructura policial. La Ley de 8 de marzo de 1941, conocida como Ley de la Policía, incorporaba el antiguo cuerpo de Investigación y Vigilancia en el Cuerpo General de Policía, manteniendo el carácter militar del Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico, donde quedaban unificados definitivamente los de Seguridad y Asalto, Ley 8/3/1941. <<

[347] Ley de 23 de septiembre de 1939; BOE, núm. 269, pág. 5334. <<

[348] D. Smith, Diplomacy and strategy of survival. British foreign policy and Franco’s Spain 1940-1941, Cambridge, Cambridge University Press, 1986, págs. 27-28. <<

[349] TNA, Foreign Office, 371/79687. <<

[350] AGMAV, Cuartel General Generalísimo C. 118131. <<

[351] AGMAV, C., 2962, 20/11. <<

[352] AGMAV, C., 2962, 2. <<

[353] Orden particular núm. 1 de desmovilización, 9 de enero de 1940. <<