La cárcel desempeñó un papel fundamental en la intensa y larga represión franquista, que alcanzó al conjunto de la población civil. Este libro analiza el impacto del sistema penitenciario en la sociedad de posguerra. Diseñado en plena guerra, no sufriría modificaciones hasta los años cincuenta.

La prisión lideró la paz de Franco y se convirtió, a pesar de la propaganda, en el símbolo de la política de mano dura del régimen. Nació y evolucionó con él, y se convirtió en una de sus piezas fundamentales para asegurar el control de la población. En las prisiones franquistas, cientos de miles de hombres y mujeres fueron tratados como delincuentes peligrosos e irrecuperables para la sociedad, y al salir en libertad tuvieron que enfrentarse a la pena más dura: la condena social.

La división entre vencedores y vencidos se hizo enorme para los considerados «desafectos al régimen», en su condición general de desterrados, vigilados y explotados. Sin bienes, trabajo, ni esperanza, muchos sucumbieron al hambre, el agotamiento y la enfermedad tras su paso por la cárcel. Otros muchos, en cambio, siguieron adelante, obligados a no volver nunca la vista atrás, a vivir exiliados en su propio país.

Gutmaro Gómez Bravo

El exilio interior

Cárcel y represión en la España Franquista (1939-1950)

ePub r1.0

jasopa1963 24.08.14

Título original: El exilio interior

Gutmaro Gómez Bravo, 2009

Editor digital: jasopa1963

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A Noelia

INTRODUCCIÓN

Tanto más puro y significativo es el heroísmo

cuanto mayor es el silencio, menor su público,

menos rentable para el héroe, menos decorativo.

VICTOR KEMPERER.

Se cumplen 70 años del fin de la Guerra Civil y existen más cuestiones sin resolver hoy que hace unas décadas. Los motivos son bien distintos, pero pueden englobarse dentro de otros tantos problemas de la reciente historia de España. El interés por comprender el pasado, por recobrar la memoria, se ha visto en ocasiones resuelto con una simple condena de carácter general. En el caso del franquismo una actitud semejante equivale prácticamente a su absolución por desconocimiento. Este tipo de miradas son aún más frecuentes cuando se trata de la Guerra Civil. Por otro lado se ha profundizado el fenómeno contrario, el de la especialización extrema. Éstos y otros aspectos han determinado un conocimiento tan sólo parcial de un hecho como el de la represión en España, que se pretende abordar aquí. Éste sigue viéndose casi exclusivamente como una prolongación de la guerra, que apenas trasciende unos pocos meses a su final, cuando en realidad es algo mucho más complejo, duradero y persistente ligado a la construcción de un nuevo Estado y una nueva sociedad. Abarca al menos desde la legitimación de la violencia inicial y se extiende hasta su consolidación como un aparato de control estable necesario para toda dictadura. Todo ello amplía enormemente la esfera de la represión hacia el campo de la exclusión y la marginación en una sociedad reconstruida sobre los rasgos de los vencedores, pero sobre todo, resulta en una cultura que reniega de todo lo que tenga que ver con los vencidos, que los aparta y los incapacita para la vida futura.

El objetivo fundamental será pues abarcar el proceso de represión, marginación, control y exclusión al que fue sometida una importante parte de la población española durante la década de 1940, cuyas consecuencias siguieron sintiéndose en décadas posteriores. Se trata de conocer las condiciones en que fueron encerradas miles de personas (oficialmente 300 000), muchas de las cuales murieron por efecto del hambre, la enfermedad o la venganza, pero se trata también de comprender los mecanismos y los efectos legales que condujeron al fracaso, a la muerte civil de los condenados muchos años después de la guerra. Esta terrible situación se conoce como exilio interior. Hombres y mujeres comunes, trabajadores, comerciantes, jornaleros, maestras, costureras, enfermeras… sin especial responsabilidad política en los actos por los que fueron juzgados, lo que hace más incomprensible a nuestros ojos la persistencia de ciertas medidas, aunque revisar aquel proceso con la mentalidad actual no sirva para comprender lo que vino después de la guerra.

Todo intento de racionalizar fenómenos como los campos de concentración o la violencia política es un intento de recrear su lógica interna. El siglo XX, desgraciadamente, ha dado ejemplos muy significativos de la perfecta fusión de ideología y terror. Por ello es sabido que los sistemas políticos asentados en fuertes métodos represivos y, en particular, en métodos de encarcelamiento masivo, pretenden en primer lugar reducir al individuo a la nada, pero lo hacen con ciertas diferencias[1]. En el caso español, con la mayor cifra de presos de su historia, no quedaron reducidos a un número como ocurrió en el lager nazi o el gulag soviético. Se mantuvieron sus nombres y apellidos esperando a que llegaran los informes de sus ciudades y pueblos natales. El caos burocrático, la desidia, el aprovechamiento o la venganza interfirieron en un particular y kafkiano proceso español presidido por la arbitrariedad y la total incertidumbre. Una ejecución legal podía promoverse en cuestión de horas y una simple hoja de filiación podía tardar años en tramitarse. Un sistema así produce una particular sensación de terror caótico que corroe por completo la personalidad del individuo, de ahí que el impacto de estos establecimientos sea tan importante a la hora de fijar el perfil de los excluidos en la sociedad de posguerra.

Prácticamente todos los gobiernos autoritarios de la Europa de entreguerras desarrollaron sistemas de control hacia los que consideraban sus enemigos políticos. Con distintos matices, en especial los raciales, en todos ellos fue palpable la equiparación de sus enemigos con criminales y delincuentes en la que se basaban las órdenes de actuación extrajudicial. A la vez se instituía otra escala de responsabilidad civil derivada de la criminal para aquéllos acusados de colaboración. El caso español plantea nuevas diferencias, sobre todo porque el franquismo no tuvo nunca una vocación de exterminio como la del nazismo o el estalinismo. Eso no significa que fuera más humanitario sino que hizo un uso distinto de la fuerza. La agresividad que supo reconducir el fascismo hacia el enemigo extranjero fue canalizada en España hacia el enemigo interior, lo que hizo particularmente dura la Guerra Civil y la posguerra prolongada en prisión[2]. La sombra de las medidas represivas fue mucho más alargada. No sólo porque la dictadura sobreviviera a la II Guerra Mundial, sino porque prescindió deliberadamente de la solución aplicada en el resto de Europa. La amnistía, que el propio Franco calificó de «fruto podrido del liberalismo», fue sustituida por un perdón concebido como una redención y expiación de los pecados que pasó a ser el único medio de reintegrar a la sociedad a los que venían del «campo apestado». El elemento de legitimación del poder que más sobresalió en España fue el religioso; el derecho a penar fue concebido como un derecho divino autorizado por la violación del orden sagrado que quedaba muy lejos del componente racial o estatal de la Alemania nazi o la Italia fascista. Su principal consecuencia fue la segregación social entre vencedores y vencidos, establecida desde dentro de la misma sociedad y no únicamente impuesta desde fuera de ella como a veces se piensa[3].

La pregunta que surge es el porqué de aquellas medidas tan amplias y prolongadas después de la guerra. La respuesta nos lleva a distintos campos de un fenómeno que no se detiene sino que aumenta y se modifica por su combinación de política represiva y preventiva. La documentación interna de las propias prisiones y del Ministerio de Justicia ha sido fundamental para acercarse a la mentalidad y al perfil de los que dirigieron aquella década. Cuáles eran sus antecedentes, sus experiencias previas, qué creían que estaban haciendo, cómo crearon un sistema de tales dimensiones, qué elementos utilizaron y cómo los proyectaron hacia una misión de defensa de la sociedad en la que creían ciegamente. El mundo de las prisiones está descrito prácticamente a través de su mirada y la de los cónsules británicos, que dan cuenta con una exactitud y un detalle increíbles, a veces incluso excesivos, de lo que allí estaba pasando. El volumen de causas, de informes, de valoraciones de este periodo es realmente gigantesco. Tan sólo la descripción de la documentación más reciente a la que se puede tener acceso ocuparía varias páginas, por lo que resulta preferible señalar su distribución a lo largo de la obra.

La primera parte está dedicada a la creación y consolidación de este sistema que emerge de las cenizas de la guerra. Desde sus comienzos existía un plan para ordenar la Justicia y realizar la «obra de pacificación espiritual» al término de la Cruzada. La represión directa decrece a medida que se va burocratizando y perfeccionando la maquinaria legal, pero es tan amplia y acoge tantas denuncias y detenciones que colapsa el sistema judicial y desborda el penitenciario. Tanto es así que a finales de 1941 se baraja la posibilidad de colonizar Tabarca y otras islas con presos políticos. La prometida excarcelación se produjo de una manera muy lenta, cuidadosamente desordenada, y no llegó realmente hasta 1945. Pero las medidas no se detuvieron en la cárcel, ya que se abrió la puerta a una política de vigilancia basada en el aislamiento de los sectores peligrosos. Indeseables y apestados quedaron fuera de todo espacio público, salvo para ser exhibidos en una sociedad fuertemente traumatizada por el recuerdo de la guerra.

La segunda parte gira íntegramente en torno a la que será la gran experiencia común del exilio interior: la cárcel. Pero ya no a su planteamiento ideológico o su función para la dictadura, sino a su evolución y su consolidación en el periodo de mayor hacinamiento y dureza. No hubo una clasificación de centros, sino de presos, anteriores y posteriores al 18 de julio. La situación de los presos comunes, los llamados especiales, los políticos y las cárceles de mujeres es analizada en un marco de fuerte degradación y conflicto. Se trata de ver el impacto de una ideología basada en la conversión y la colaboración, los métodos que se emplearon para ello y las respuestas que a su vez generaron las personas a las que iban dirigidas. Tras ese tránsito, imposible de reducir, de asimilar en un modelo único, ya que las experiencias fueron totalmente diversas, se pasa a una última parte dedicada a la vida en libertad. Tras el cumplimiento de su condena estas personas tienen que volver a un mundo que desconocen y en el que se sienten rechazadas. Pero la pesadilla no había terminado. Una amplia gama de sanciones laborales y económicas, además de otros efectos derivados de su criminalización legal, les estaban aguardando. Leyes que se aplican más de una década después de la guerra y cuyos efectos además de retroactivos son irreversibles, porque pueden dar lugar a una nueva investigación y, en su caso, a la actuación de tribunales especiales donde el individuo afectado es acusado de participar en una trama de la que le es muy difícil salir. Es la principal consecuencia de la equiparación que el mundo del franquismo viene haciendo desde la guerra entre enemigo y delito, borrando cualquier atisbo de presunción de inocencia para los condenados por «indeseables».

Es cierto que Franco no inventó la prisión, pero la generalizó de manera extraordinaria. La guerra provocó un éxodo hacia el extranjero, pero también generó el encarcelamiento más masivo en la historia contemporánea de España fruto de una culpabilidad sistematizada que exoneraba a los nuevos dirigentes de todos los crímenes. Las órdenes de alejamiento, de residir a 250 kilómetros de la localidad natal, la prohibición de vivir en determinadas zonas rurales o en grandes ciudades como Madrid y Barcelona motivaron una auténtica diáspora interior, de gente corriente, de familias enteras. Por sus características, por el tratamiento que recibieron durante años, por su resistencia y su condición de supervivientes de la corta experiencia democrática española, su ejemplo puede considerarse ciertamente heroico, aunque esté más cerca del héroe trágico condenado a vivir desterrado en su propio país que del héroe de ficción de los finales felices.

PRIMERA PARTE

LA PRISIÓN DE LA NUEVA ESPAÑA

Las cárceles se arrastran por la humedad del mundo,

Van por la tenebrosa vía de los juzgados,

Buscan a un hombre, buscan a un pueblo, lo persiguen,

Lo absorben, se lo tragan.

MIGUEL HERNÁNDEZ, El hombre acecha, 1939

CAPÍTULO 1

LA GUERRA Y LAS PRISIONES HABILITADAS

1. LA GUERRA

Sin paz, sin piedad y sin perdón. Ninguna de las peticiones que el presidente Azaña hiciera para poner fin a la violencia y a la guerra de exterminio se cumplió. Comenzaba una posguerra especialmente larga y dura marcada por un ambiente general de hambre y miseria, en el que, como el propio Franco anunció, «no habría perdón para los malvados, porque la salud de la Patria, como la del cuerpo, necesitaba de cuarentena para quienes procedían del campo apestado[4]». La cárcel de la Nueva España se asentó sobre las cenizas de una guerra librada contra un enemigo interior y serviría como medio principal para separar los buenos de los malos españoles. La represión y los efectos del hambre, la insalubridad y una enorme gama de enfermedades infecciosas favorecidas por el hacinamiento hicieron que la mortalidad alcanzase en estos establecimientos sus cifras más elevadas. Así, el médico de la prisión provincial de Huelva consideraba «nada elocuentes» las 52 muertes que se habían producido entre noviembre de 1940 y mayo de 1941, teniendo en cuenta que durante el mismo periodo habrían perdido la vida en la capital onubense 963 personas «y en la provincia en igual periodo de tiempo 5182». En Córdoba fueron 110 los reclusos fallecidos tan sólo entre diciembre de 1940 y enero de 1941 y más de la mitad murieron por avitaminosis y anemia[5].

Los efectos de las políticas de consolidación de este régimen se dejaron notar sobre la población de una manera extraordinaria entre 1939 y 1941. Con este telón de fondo y, especialmente durante toda la década de 1940, se fue configurando un verdadero sistema penitenciario por toda España cuyo impacto global está aún por desentrañar. Sobre todo porque la función de la cárcel no terminó en esa década sino que se prolongó durante toda la dictadura. Arrancó con mucha fuerza a través de la guerra, pero fue evolucionando hacia una forma de control y de condena social a la que tendría que hacer frente de por vida todo aquél que hubiera pasado por la cárcel.

El Gobierno republicano tenía previsto presentar el mismo 18 de julio de 1936 un proyecto integral para la reforma del sistema penitenciario español. Se había diseñado una profunda reordenación tras la campaña de los presos de la revolución de Asturias de 1934. Pero aquel día todo se detuvo. La remodelación quedó en suspenso y, a medida que la guerra se prolongaba, las cárceles entraban en una terrible situación de la que tardarían mucho tiempo en salir. Ciudades donde la sublevación militar había triunfado, como Burgos, Segovia, Zaragoza, Pamplona, Sevilla o El Puerto de Santa María, concentraban un número importante de presos comunes que muy pronto se vieron desplazados por los primeros detenidos políticos. En núcleos urbanos como Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao no triunfó el golpe, pero las prisiones empezaron a llenarse también de nuevos «presos preventivos y detenidos gubernativos», muchos de los cuales terminarían siendo el blanco predilecto de la «justicia revolucionaria».

La guerra lo iba a engullir todo y la cárcel iba a ser su testigo principal. Nacía una nueva forma de prisión que podría denominarse «habilitada», ya que la situación de absoluto desbordamiento se iba a prolongar mucho más allá de la guerra. Ligada desde el principio al fenómeno de la represión, desde las sacas y los fusilamientos iniciales, la cárcel terminará siendo uno de los elementos decisivos en la configuración de la dictadura. Pero toda la política y legislación criminal del régimen arrancan de la experiencia de la guerra, que definió los cauces de la prisión en la Nueva España. A medida que el ejército sublevado aceleraba su avance, extendía por toda la geografía una improvisada red de centros de detención para la que se utilizaron todo tipo de edificios. Si la desamortización del sigloXIX había convertido conventos y monasterios en presidios, la Guerra Civil iba a traer una nueva necesidad de espacio para albergar enormes contingentes de presos y detenidos acumulados desde 1936. Castillos, cuarteles, ayuntamientos, conventos y monasterios, pero también cines, fábricas, colegios, plazas de toros y campos de fútbol. Toda España era «una inmensa prisión» y pronto, prácticamente, no quedó edificio vacío ni lugar por ocupar[6].

Por otro lado, el sistema penitenciario moderno en España era el sueño de algunos ilustres penalistas, juristas y médicos antes que una realidad consolidada. Aunque recibió sus impulsos más poderosos durante la Restauración, la sustitución de los viejos presidios había dependido siempre de la penuria económica estatal, que ahogaba los avances en materia legal y en los estudios científicos. Se había llegado al primer tercio del sigloXX con un sistema sustentado en cárceles de partido, cárceles provinciales y prisiones centrales a las que había que añadir los depósitos municipales, los centros correccionales y otros de tratamiento especial para menores y mujeres impulsados antes de la guerra de forma pionera, pero francamente minoritarios. Esta estructura anquilosada y siempre pendiente de reforma se vio pronto desbordada. Es cierto que nunca antes se había necesitado espacio para albergar a tantos presos. En las guerras carlistas, por ejemplo, se habían hecho prisioneros, muchos de los cuales murieron en trabajos forzados como la conducción de agua a Madrid desde Lozoya, pero nunca antes se había dado un fenómeno de encarcelamiento tan masivo[7].

Este imponente volumen de presos inauguró una nueva etapa de la historia social de España que no puede entenderse sin volver la vista hacia el conflicto iniciado en 1936 y, sobre todo, sin entender la naturaleza del castigo que consideraron necesario aplicar los vencedores a los vencidos. Ya durante la guerra, Franco se había referido indirectamente al tema a través de sus discursos sobre la justicia y el perdón; pero desde comienzos de 1939 tocó varias veces el asunto de las cárceles, y el Día de la Victoria anunció el papel de éstas en la Nueva España. En realidad se trataba del mismo discurso que venía manteniendo toda la guerra, basado en que la población penal obligaba a una especial atención «en la disciplina de sus componentes, en su humano y justo trato y en su empleo adecuado en la reconstrucción nacional[8]».

Sus ideas sobre ésta y otras cuestiones nunca irían más allá de las nociones elementales sobre la autoridad, la religión o la sociedad de las que siempre haría gala. Pero en marzo de 1938 ya había dado el paso definitivo para encauzar la situación «cristianamente». Tras reunirse en Burgos con el cardenal Gomá, encargó a la Iglesia la regeneración moral y religiosa de los presos a consecuencia de la revolución. Según una carta que el cardenal primado envió a monseñor Antoniutti, agregado de negocios de la Santa Sede, el jefe del Estado estaba preocupado por «el problema de la copiosa población penitenciaria» (unos 70 000 según sus cifras) y había solicitado la ayuda de «unos hombres escogidos por sus especiales características para tamaña empresa[9]». De este encargo saldría la que sería la columna vertebral del sistema penitenciario franquista: la Redención de Penas por el Trabajo. Mientras tanto, Burgos, Valladolid y Vitoria despuntaron como sedes centrales del Servicio Nacional de Prisiones creado para «el miramiento de los servicios penitenciarios de la zona nacional». El conde de Rodezno primero y el general Máximo Cuervo después dirigieron un organismo emanado de la Junta de Defensa del Estado que se limitará inicialmente a frenar la reforma republicana, depurar el personal de prisiones y someter a los nuevos presos a la jurisdicción militar.

Mientras, el progresivo hundimiento de los frentes republicanos y la conquista de las grandes ciudades por los nacionales dejaban en manos de las autoridades militares una enorme cantidad de detenidos. Una semana después del golpe, la Junta de Burgos ya había iniciado la reorganización del territorio bajo su poder. La lectura del bando de guerra dejaba en suspenso las garantías, los plazos y las obligaciones de todo el orden jurídico republicano. Comienza entonces, a través de la Secretaría Técnica del Estado, a dictar disposiciones para ordenar este panorama, en el que quería imponer su legalidad desde el principio, esto es, la ley marcial, celebrando como ordinario cualquier consejo de guerra, «dada la necesidad de rapidez de la Justicia sumarísima[10]». Al mismo tiempo, los líderes del Alzamiento, como ellos mismos lo definen, tratan de insistir en que la España Nacional puede funcionar con normalidad frente al caos contra el que se han levantado. Ganar el campo del orden era un objetivo prioritario de su mensaje, por lo que dirigieron sus esfuerzos desde un comienzo a proyectar una imagen de unidad y estabilidad frente a la fragmentación del poder en el campo republicano.

Pero todo el esfuerzo jurídico por ordenar las prisiones de la Nueva España que muestra la propaganda de los sublevados en realidad sólo pasó por derogar las normas de la etapa republicana y restablecer el Reglamento de 1930[11]. Bajo esta apuntalada estructura quedó suspendida la inmensa mayoría de los «presos preventivos» que saturaron las cárceles y prisiones habilitadas desde entonces y hasta su paulatina desaparición, a partir de 1946. La norma fundamental fue el Decreto de Redención de Penas por el Trabajo, de 7 de noviembre de 1938, que tenía su precedente en la Circular de 28 de mayo de 1937 «sobre trabajo remunerado de los prisioneros de guerra y presos por delitos comunes». Su espíritu de «labor regenerativa» en torno al trabajo fue seguido por las colonias penales militarizadas, dependientes directamente de Presidencia de Gobierno (Ley de 8 de septiembre de 1939). Los batallones de soldados trabajadores, batallones disciplinarios, destacamentos penales y campos de trabajo ponían fin a una larga nómina de instituciones disciplinarias de posguerra que utilizaron prisioneros de guerra como mano de obra. La mayoría fueron, como ha descrito Fernando Mendiola, creados al margen del sistema penal para prisioneros que no habían sido condenados por delito alguno[12]. A medida que todos ellos fueron paulatinamente desapareciendo, la prisión se consolidó para la dictadura como destino principal para lo que quedaba de la base social republicana y para los elementos sociales indeseables. Dentro del ideal de Cruzada y de todos los atributos simbólicos de la victoria que diseñan la paz, ya aparece claramente definida la doble función que las cárceles tendrán al terminar la guerra: sede del castigo, por haber hecho daño a España destruyéndola, y del trabajo, para compensar el daño realizado trabajando en su reconstrucción.

2. LAS PRISIONES HABILITADAS

La derrota desilusionada y el claro desengaño de unas masas

excitadas a la rebeldía pretendiendo desterrar toda idea de Dios

y de Patria, empiezan a llenar y colmar la capacidad

de todos los establecimientos penitenciarios.

Reverendo MARTÍN TORRENT,

Qué me dice usted de los presos, 1939, p. 25

Las guerras del sigloXX trajeron consigo la proliferación de lugares para el encierro y el castigo nunca antes utilizados. En España, las prisiones existentes se habían quedado obsoletas prácticamente desde el comienzo de la sublevación. Amancio Tomé, director de la prisión madrileña de Porlier, dio las cifras de aquel impresionante desbordamiento humano. Los penales españoles estaban preparados para acoger a no más de 15 000 o 20 000 presos en 1936, y en poco menos de tres años fue preciso disponer de locales para unos 300 000[13]. El Ministerio de Justicia daría cifras algo más bajas para el número de presos de 1940: en torno a los 270 000. Sus datos hacían referencia únicamente a las penas de reclusión con condenas firmes, pero no mencionaban todas aquellas prisiones irregulares o habilitadas por las que desfilaron miles de personas. Si a ello se añade la confusión entre prisioneros de guerra, detenidos políticos, en traslado y presos comunes, las posibilidades reales de conocer con exactitud el número de encarcelados en los primeros años de gobierno de Franco son ciertamente escasas. Una de las primeras órdenes que recibieron los directores de prisiones habilitadas al hacerse cargo de estos grandes contingentes penales fue poner en marcha el expediente de cada preso, además de llevar un registro de contabilidad y mantener la disciplina. Pero, como repetían una y otra vez los mismos oficiales, aquello era imposible.

Hay varios ejemplos gráficos de estos momentos en los que la improvisación y la crueldad llegaron a competir descarnadamente por el control de las prisiones. Tras la conquista de Talavera de la Reina, que había opuesto una fuerte resistencia al avance del ejército sublevado desde el sur, se habilitó una antigua cuadra que se dedicaba a ganado vacuno para «guardar a los rojos». La ventaja, según el comandante, estaba en que las pesebreras podían utilizarse como locutorios de comunicación con los familiares[14]. La situación en las cárceles cercanas a las fronteras fue especialmente delicada desde un principio. En Irún se habilitó la Casa del Pueblo para 600 presos hasta que fueran trasladados a San Sebastián otros tantos. En Jaca se utilizó como cárcel un edificio del sigloXIII. Tenía cuatro plantas, pero sólo había agua corriente en la primera. En el invierno de 1938 la nieve amenazó con hundir el local atestado de presos, muchos de ellos extranjeros. Desde Vitoria, Cuervo autorizó el alquiler de una casa particular «hasta descongestionar la del partido», pero años más tarde, en 1943, la embajada británica manifestaba que la prisión de Jaca «es insuficiente para el número de detenidos, alimentación baja, suciedad grande, olor nauseabundo y todo género de insectos[15]».

En el verano de 1937 la situación general era ya caótica. Tras la caída de Bilbao en junio, más de 5000 presos esperaban pasar a disposición judicial, encerrados en el colegio de escolapios. Muy lejos de allí, en Málaga, el gobernador civil en persona había calificado el trato de la prisión de «severo e inhumano», pues en un local con capacidad para 800 hombres se hacinaban más de 3000[16]. Cifras escalofriantes que se repiten en muchos centros provinciales, como Albacete, que tenía capacidad para 200 personas y apiñó a 2000, por lo que forzosamente muchos tenían que dormir en el patio. Los meses que siguieron al fin de la guerra no fueron precisamente tranquilos y estuvieron acompañados de un crecimiento desmesurado del número de presos y detenidos de toda clase y condición. Significativamente, los últimos movimientos de tropas fueron seguidos por los primeros traslados importantes de reclusos, inaugurando una inquietante etapa en la que el destino final de éstos era una incógnita. Eran llevados de una prisión a otra, de norte a sur y de este a oeste de la geografía española, amontonados en trenes, sin comer, sin beber y sin saber qué sería de ellos.

Desde comienzos de 1939, las prisiones, muchas de ellas habilitadas ya durante la guerra por los republicanos, vivían en un caos delirante. Y lo peor estaba aún por llegar. Ciudades enteras seguían pendientes de pasar por las «habilitadas». El 4 de junio de 1939, en la prisión provincial de Jaén había encerrados 2038 hombres y mujeres. La Comandancia Militar solicitó habilitar una prisión «porque aquello podía estallar de un momento a otro». La Falange local se llevó a 500 presos a la Casa del Pueblo para que fueran pasando a disposición judicial, pero pronto el local también se quedó pequeño. Entonces se habilitó el convento de Santa Clara, más conocido como prisión de Santa Úrsula, que ya había sido utilizada por el Frente Popular. Desalojadas durante la guerra, las religiosas tuvieron que esperar para volver al convento hasta 1946, ya que hasta esa fecha el edificio siguió siendo utilizado como prisión. La superiora escribió al ministro de Justicia para quejarse de lo deteriorado que habían encontrado el convento a su regreso, «ya que cuando los presos fueron rojos como nada podían hacer en la calle, procuraron hacer todo el daño posible en el edificio[17]».

La Iglesia fue la principal suministradora de edificios habilitados en prisiones, seguida del ejército. Cuarteles pequeños como el de la Guardia Civil de Iznalloz, en Granada, soportaron una media diaria de más de 1000 presos entre marzo de 1939 y noviembre de 1940, cuando los internos fueron trasladados a Ceuta. La situación en Andalucía oriental pronto se asemejó a la de una olla a presión. En la provincia de Jaén, tan sólo para aliviar los centros de detención de Andújar se habilitaron dos prisiones, además del ayuntamiento y la prisión de partido de Úbeda.

Los puertos levantinos asistieron a la apoteosis final de este fenómeno. Sólo los presos que había desperdigados entre Valencia y Alicante triplicaban con creces la capacidad de todo el sistema penitenciario anterior a la guerra. Los primeros clasificados del campo de concentración de Albatera se distribuyeron entre las prisiones de San Miguel de los Reyes, Liria y El Puig en Valencia, Porta-Coeli y el Reformatorio de Adultos en Alicante. El seminario de Orihuela se habilitó para descongestionar el campo de Elche, saturado con más de 7000 presos a la intemperie. Los libros de la cárcel celular de Valencia muestran por esas fechas una espectacular subida del número de ingresos. El 27 de octubre de 1939 señalan la existencia de 7208 reclusos y a comienzos de diciembre ya han superado los 8000, todos ellos hacinados en una antigua cárcel que no tenía más de 500 celdas[18]. La situación llegó a tal extremo que la Dirección de Prisiones estudió la posibilidad de llevar presos a la isla de Tabarca, pero finalmente dio marcha atrás, sobre todo porque la consideraba mal comunicada (a dos horas en barco desde Alicante), y no quería correr el riesgo de convertir la isla en «un poblado de familiares[19]».

Barcelona y Madrid fueron las ciudades con mayor número de prisiones habilitadas. En Madrid funcionaron al menos 17 centros habilitados con más de 30 000 presos[20]. Inicialmente se coordinaron en torno a Porlier, convertida en provincial, lugares como Cisne, Santa Rita, Comendadoras, Santa Engracia, Torrijos, Claudio Coello y San Isidro, todas ellas prisiones habilitadas de primera hora a donde llegaban los detenidos, algunos agonizantes y «todavía pendientes de declarar». Posteriormente se añadieron campos de detención como el Miguel de Unamuno o el Chamartín, así como multitud de destacamentos penales que trabajaban en la zona de la sierra, sobre todo en torno al valle de los Caídos, y las obras del ferrocarril Madrid-Burgos. Las únicas prisiones en la capital que funcionaron como tales desde antes de la guerra fueron Yeserías y Ventas, prisión de mujeres inaugurada por Victoria Kent. Muchas de ellas fueron trasladadas a un convento de Aranjuez. Allí se juntaron, hacia diciembre de 1939, más de 600 presas que tenían que hacer sus necesidades en cuatro retretes. La directora pidió que las trasladaran como fuera a un lugar con patio «porque se van a volver locas[21]». Del panorama penitenciario del Madrid de posguerra también sobresaldría Alcalá de Henares, con un penal de hombres y otro de mujeres. Contó con una población penitenciaria superior a 5000 personas, albergadas dentro de la población, frente a un cuartel y en unos conventos utilizados como cárcel desde 1852.

En Barcelona, la prisión celular o Modelo fue la que más presos albergó en todo momento, sobre todo los considerados peligrosos. Se habilitaron varias prisiones más, entre ellas la de Les Corts, para mujeres, un antiguo colegio de oblatas para 300 niñas que albergaba a 5000 presas. Todo estaba saturado. Se dormía en el patio, en las escaleras, en los retretes… Para descongestionar la capital catalana se habilitó una prisión nueva en Manresa y se utilizaron las viejas cárceles de partido de Vich, Vilanova, Sabadell, Tarrasa y Mataró. Las escenas de Barcelona, como recordaba el cónsul británico, fueron realmente dantescas: «Las prisiones de la ciudad están abarrotadas, se están llevando a cabo numerosos arrestos, pero no hay noticias de juicios, de las sentencias o ejecuciones[22]». Sobre las cárceles de la ciudad condal añadía «que por lo general eran cárceles improvisadas, abarrotadas, con pocos servicios higiénicos, poca luz, con raciones mínimas» y donde se maltrataba a los prisioneros frecuentemente. Describe el Preventorio de la calle de Urgel como un antiguo garaje que ya fue usado para barracones para los guardias de asalto republicanos. «Consiste en una planta de 40 por 70. Ventilación, luz y estado sanitario malo, pero tiene una ducha. Tenía 230 prisioneros el 6 de agosto, aunque ahora tiene 400[23]».

En Valencia la situación fue ilustrada por María Tortajada, falangista de la Sección Femenina que no dudó en escribir a su camarada Pilar Primo de Rivera la siguiente carta, fechada el 5 de marzo de 1940.

Querida Pilar,

Me dirijo a ti para rogarte interpongas tu valiosa personalidad y tus buenos sentimientos en favor de las presas ya que eres Delegada Nacional de las Mujeres Españolas. Las mujeres que están en las cárceles de Valencia se están muriendo de hambre y llenas de sarna, durmiendo en el suelo, pues donde hay sitio para 100 son 800. Como hay un decreto de Redención de Penas por el Trabajo podía ser aplicado para estas infelices que la mayoría no tiene delito alguno, son denuncias falsas y venganzas particulares, estas mujeres podían pasar la condena en sus casas y trabajar en algo práctico para el Estado, con esto se revolvería el problema que tiene el CAUDILLO de mantener tantas mujeres en las cárceles y se mejoraría el ambiente que hay que es muy desfavorable para las que como tú y yo hemos luchado tanto por el resurgir de nuestra querida ESPAÑA, nuestros enemigos que no son pocos tienen con esto una poderosa arma para desacreditarnos.

También te ruego intercedas para que en la Dirección General de Seguridad no se peguen esas palizas, pues muchas de ellas las tienen que sacar con camillas a las cárceles, el otro día le dieron una paliza a una mujer que abortó en la Dirección y fue llevada a la cárcel. Dios nos manda toda esta situación y nosotras no podemos, no debemos tolerarlo, con esta forma de hacer las cosas vamos al CAOS, nuestro Régimen, por el que tanto hemos luchado y tanta sangre ha costado se mancha. Lo están haciendo tan mal. Yo sé que tú eres buena y puedes poner de tu parte bastante, puedes hablar con el CAUDILLO y si consigues mejorar la situación de las presas te harás dueña de todas, pues no falta quien se encarga de decirles lo buena que tú eres, pero hay que ganarlas haciendo algo bueno por ellas. Mira Pilar que hay mucho malestar con esto de TANTOS PRESOS pues da horror ver los que matan diariamente y eso no puede ser, nosotras que somos madres no debemos consentir eso y si con nuestra pasividad e indiferencia lo callamos llegará el día que tengamos el pago y entonces será tarde ya. No dejes de fijarte en lo que te digo y no dejes de hacer cuanto puedas. Con un abrazo de corazón se despide esta amiga y camarada de la FALANGE ESPAÑOLA[24].

La lista de prisiones habilitadas por todo el país es interminable. En 1942, en respuesta a un oficio del Ministerio de Trabajo sobre la necesidad de acometer obras en cárceles y edificios habilitados, la Dirección de Prisiones señaló que necesitaba brazos para 256 de ellas[25]. Probablemente, nunca será posible conocer el número de personas que llegaron a albergar. Desde comienzos de 1941 comenzó a subir notablemente la cantidad de presos comunes, coincidiendo con una nueva oleada de detenidos políticos. El hambre y la desesperación económica juntaron a nuevos presos comunes con presos de la guerra y multitud de nuevos detenidos a raíz de la legislación de seguridad de 1941, año determinante en el colapso del sistema penitenciario. El reforzamiento de la legislación represiva de ese año (Ley de Seguridad del Estado y Ley de Represión para la Masonería y el Comunismo) propició la entrada de una nueva hornada de «presos preventivos» por delitos posteriores al 18 de julio. A ellos se unían muchos otros procedentes de la guerra que aún no habían sido juzgados y todos aquellos cuyos expedientes judiciales seguían bloqueados o pendientes de avales e informes.

El aval se convirtió en el verdadero salvoconducto para salir de aquella locura o al menos mantener la esperanza. En abril de 1942, Luis Huertas, preso en Manresa, contaba por carta a su mujer que el sacerdote de Vergel (Alicante) le había mandado un «aval estupendo que se ha unido al expediente y es fácil que en la vista rebajen la pena». Su mujer le contestaba que ya debía 200 pesetas al abogado y no podía pagarle porque la niña estaba enferma y había que costear las medicinas. Su hija, «la criatura más dulce de este mundo», recibió finalmente el tratamiento, ya que, como terminó por confesarle en su última carta el mismo Huertas, «el abogado no iba a valer de nada». Dos meses más tarde era ejecutado a las siete menos diez de la mañana. El hambre y la insalubridad hicieron el resto. Las condiciones higiénicas en aquellos espacios improvisados, sobresaturados y sin ventilación llegaron a empeorar de tal manera que el riesgo de epidemias terminó por alertar a las autoridades civiles. En junio se daba la voz de alarma sobre un foco de infección en la prisión de mujeres de Almería a consecuencia de que el pozo negro «está completamente lleno, saliendo los excrementos al exterior». El techo de la prisión de mujeres de Alicante se lo llevó una tormenta y las presas pasaron varios días a la intemperie. La Compañía de Jesús, propietaria del edificio, solicitó que los presos de la cárcel contigua arreglasen el tejado, pero la Dirección de Prisiones se negó alegando «posibles inmoralidades». En julio, un funcionario declaraba «normal» la fuga de un recluso de la celular de Barcelona, ya que sólo se encontraban él y otro compañero para vigilar toda la cuarta galería, en la que vivían 1670 presos[26].

Esta situación, el aumento del gasto, la conflictividad y la incertidumbre del panorama internacional motivaron un cambio de rumbo en la política penitenciaria. Si atendemos exclusivamente a las memorias oficiales, el Estado se dedicó en cuerpo y alma a excarcelar presos. Según el Ministerio de Justicia, el 10 de abril de 1943, la «población reclusa oficial de España» era de 114 958 personas, 22 481 delincuentes comunes y 92 477 «reclusos como consecuencia de la revolución». Dos años más tarde, estas cifras se habían reducido casi a la mitad[27]. La salida de presos se hizo inicialmente de una manera muy lenta y desordenada. Durante 1940 se decretaron cuatro indultos para penas leves. Al año siguiente, otro indulto alcanzó a algunos condenados a 12 años, ampliado posteriormente a las penas de 14 años. A partir de entonces y motivados sobre todo por el desenlace inminente de la Guerra Mundial, se decretaron dos más amplios. Finalmente, el 9 de octubre de 1945, se anunció a bombo y platillo un indulto total con el que oficialmente se daba por terminado el problema de los presos de la guerra[28].

Ésta sería, en efecto, la versión oficial durante toda la dictadura. Pero lo cierto es que desde comienzos de la guerra existía un plan; un plan que dependía directamente del Cuartel del Generalísimo para normalizar la situación de los presos y detenidos. Al término de la guerra todos debían estar en las prisiones centrales, pero antes había que disolver las habilitadas, algo que no empieza a suceder hasta 1946. Tan sólo habían transcurrido 11 días desde el fin de la guerra cuando aparecieron las instrucciones generales para clasificar a la población detenida en campos y prisiones habilitadas. Entre estas cuatro letras quedaba decidido el destino de miles de personas.

Prisión. Aquéllos con antecedentes, denuncias o bajo investigación por delitos de sangre. El jefe del campo los pondrá aparte y a disposición de la Auditoría de Guerra.

Permanecer en el campo para formar batallones de trabajadores. Aquéllos con antecedentes desfavorables no constitutivos de delito.

Permiso Provisional. Mayores de 32 años sin antecedentes.

Libertad Provisional. Menores de 32 años sin antecedentes[29].

Este tipo de clasificaciones tendrían una utilidad trascendental, ya que se emplearían más tarde con los presos políticos. A comienzos de 1940, los grupos quedaron reducidos a tres: afectos, indiferentes y desafectos. En caso de pertenecer a esta última categoría «se expresará públicamente y en las tarjetas de depuración con una D[30]». Todo ello fue sistemáticamente incorporado a los informes policiales, de Falange y a todo certificado o aval de conducta que fuera expedido sobre la legión de evacuados y detenidos que, siguiendo la propaganda sobre la Justicia de Franco, se presentaban a las nuevas autoridades o se dirigían a los lugares en los que habían residido hasta el 18 de julio de 1936. Un lenguaje gráfico y clasificatorio que formó parte de la cultura represiva del Nuevo Estado, que volverá una y otra vez a la guerra (y a la amenaza de una nueva) como fuente de legitimación y primera y última razón de ser.

El campo de concentración de Castuera, en Badajoz, se formó con esa enorme masa heterogénea de presos que pasaron de los campos a las prisiones habilitadas y después a las cárceles provinciales y centrales: preventivos, también llamados detenidos gubernativos, prisioneros de guerra y otros que desconocían bajo qué autoridad se encontraban. Castuera ilustra la absoluta mezcla de situaciones, de jurisdicciones y de condiciones de casi 5000 presos. Su historia resulta bastante útil para entender cómo se dieron los primeros pasos de este sistema que se creó traspasando presos de unas regiones a otras. Entre el 3 y el 6 de diciembre de 1939 partieron 1563 presos a la prisión de Orduña, en Vizcaya, y lo hicieron, según declaración del oficial encargado, sin que pudieran completarse sus expedientes, pues oficialmente no existían más detalles y sólo por referencias de los mismos reclusos o por los que los conducían se conocía la petición fiscal. Era imposible conocer, como dijo el oficial, las condenas de aquellos infelices, ya que «no existían libros oficiales ni documentación de ninguna clase[31]».

El desplazamiento de grandes contingentes de presos resultaba mortal para muchos de ellos, ya que al acabar con la cercanía familiar se acababa también con su única fuente de alimentación y cuidados. Como se demuestra también en el caso de Valencia y en el proyecto de habilitar la isla de Tabarca como penal, el régimen temía que se instalasen campamentos de familiares cercanos a los presos, por seguridad, pero también por imagen. El tema de los presos siempre fue una cuestión espinosa para la «normalización» de las relaciones exteriores de España. Los traslados masivos retardaron el inicio de los procedimientos judiciales, muchos de ellos sin instruir hasta que llegaba la primera respuesta del lugar donde estaban empadronados. El agotamiento físico y mental, y, sobre todo, la muerte fueron el verdadero desenlace de estos grandes traslados iniciales de presos, aunque muchos otros no gozaron ni siquiera de esa «oportunidad».

3. LA PRIMERA REPRESIÓN

En octubre de 1940 un informe de los directores de prisiones cifraba en 8169 los reclusos para los que el fiscal había pedido la pena de muerte[32]. A estas alturas de la posguerra, el impacto directo de la represión sobre una población desmoralizada y desnutrida es ya imposible de medir. Las cárceles, especialmente los lugares habilitados y centros de detención gubernativa, fueron focos constantes de muerte y violencia, una situación prolongada varios años por la brutalidad y el hacinamiento total, ante la indiferencia y la lentitud en la política de excarcelación. El grado de intensidad de esta violencia no responde a ningún patrón claro, pero hay factores que parecen desatarla por igual en varias zonas; la resistencia al golpe y la represión contra personalidades de derechas fueron especialmente determinantes, así como algunos aspectos ideológicos, religiosos y hasta «etnográficos» de las operaciones que vendrían después[33]. En Málaga, que inicialmente se mantuvo en poder de los republicanos, el cónsul británico J. G. Clissold estimaba en febrero de 1938 que «más de 8000 personas han sido fusiladas en menos de un año, desde la caída de la población en manos del ejército nacional[34]». A comienzos de mayo de 1939, la misma diplomacia británica describía del siguiente modo la situación que se había alcanzado en Cataluña: «Las ejecuciones están teniendo lugar en un sitio de la costa cerca de Barcelona, a un ritmo estimado de 10 personas por día. Es posible que estén teniendo lugar más ejecuciones en el resto de la provincia[35]». Pero ¿qué ocurrió con los prisioneros de guerra, todos aquéllos que quedaron atrapados en los frentes? Castuera representaba para los nacionales un centro del terror rojo; había sido sede del Tribunal Popular de Extremadura, algo que no olvidarían ni la nueva Gestora Municipal ni el ejército del sur, que se vio imposibilitado para conquistar esta amplia zona de frente, que incluía áreas de Ciudad Real, Córdoba y Badajoz, hasta la ofensiva final de la guerra. Al producirse el avance militar se cerró una enorme bolsa plagada de miles de soldados. Sobre ellos recayó una primera descarga, fruto de la selección de la inteligencia militar, el SIM y de la bandera de Falange que acompañaba a la División. Ejecutaron a los mandos militares, a los responsables republicanos y a cualquiera que fuera considerado elemento destacado del Frente Popular en la zona. Al resto, que sobrevivía en espera de avales, se empezó a aplicar una segunda fase, la más prolongada y definitiva de la represión: la legal[36].

Esta primera limpieza se llevó a cabo con intensidad en las prisiones habilitadas. Al amparo de las funciones judiciales o de investigación, los presos vivieron su particular vía crucis durante los meses posteriores a la guerra. La violencia con los detenidos podía desatarse desde cualquier punto y lo realmente difícil era que alguien se decidiera a ponerle freno. Las denuncias de vecinos e incluso familiares promovieron un especial ajuste de cuentas a nivel local. Donato Gago Curienses murió, como muchos otros presos, en la cárcel de Málaga acusado de rebelión. Pero Donato estaba a disposición de uno de los juzgados militares de la ciudad, acusado por su suegra de no haber salvado a su marido y a su hijo durante la época roja[37]. El rencor, las posibilidades de aprovechamiento económico y el hostigamiento de los nuevos poderes municipales para que se produjeran delaciones y se presentaran denuncias favorecieron un clímax de ajusticiamiento que en las cárceles alcanzó la categoría de auténtico castigo colectivo. En Cuenca, por ejemplo, una denuncia señaló que en la cercana población de Huete los rojos habían escondido gran cantidad de armas. Acto seguido, en septiembre de 1939, se presentó una bandera de Falange en el monasterio de Uclés, que funcionaba como cárcel habilitada de la zona. Justo al lado ocuparon también un local como juzgado por el que debían pasar a diario todos los presos a declarar, hasta que, en palabras del director del centro, «se les fue la mano[38]».

Todos los días entraba el capitán y mandaba que salieran los presos, que eran apaleados por las gentes del pueblo hasta que conseguían llegar al local contiguo que hacía las veces de juzgado. Allí debían esperar de pie oyendo los gritos de los que los precedían incluso varias veces al día. Ésta era la tortura principal, pero en los interrogatorios en ocasiones las palizas se alternaban con corrientes eléctricas. Un día, uno de los detenidos perdió la vida. Era conocido como El andaluz y se trataba de uno de los presos de confianza del establecimiento, ya que hacía las veces de chófer. Ese trato de favor en la prisión y el que fuera «andaluz» lo hacían «más sospechoso» para los encargados de tomar declaración. Por la mañana fue llevado al juzgado y reingresó en la prisión por la tarde «en tal estado que aquella misma noche falleció». El responsable principal de los interrogatorios era el auxiliar del juzgado militar, el sargento Gutiérrez. En una ocasión, ante los gritos de una detenida belga que habían llevado a declarar, el director de la prisión se encaró con él y le exigió que pusieran fin al interrogatorio. El sargento contestó que no estaba autorizado para ello y «que en todo caso sería el capitán de bandera el que arreglaría el asunto».

Meses antes, el 10 de mayo de 1939, Luis Martín Pinillos, jefe de la Inspección Central de Campos, había prohibido que el Servicio de Información de Falange entrara en las prisiones y recintos habilitados para tomar declaración a los presos. El vicepresidente de la Delegación Nacional de Información e Investigación de FET y de las JONS, Juan Fanjul, le remitió una airada contestación desde Burgos en la que aportaba los datos prestados por su servicio hasta finales de 1938. Eran 33 088 informes dirigidos a las comisiones clasificadoras, 52 377 declaraciones y 11 600 avales[39]. Y aún quedaba por contabilizar su obra en lugares como Madrid, Barcelona y Valencia. Se inició así una larga relación entre los servicios de información y las prisiones, ya que durante mucho tiempo los primeros seguirían viendo en las segundas a sus víctimas predilectas. Era un mundo que conocían muy bien. No en vano el jefe del Servicio de Investigación Provincial de Madrid, Patrocinio Martín Gonzalo, había dejado su puesto de guardia de la cárcel de Burgos en noviembre de 1936 para dirigir una bandera de Falange reclutada en prisiones[40].

Se calcula que entre 1939 y 1944 unas 140 000 personas fueron ejecutadas o murieron en cárceles españolas[41]. La causa fundamental, como muestran Castuera o Uclés, fue la combinación de las ejecuciones legales, tras un consejo de guerra rápido, y las extralegales, fundamentalmente en las sacas y paseos. Pero resulta muy difícil separar las ejecuciones de las muertes de presos por «causas naturales», ya que el hambre, las enfermedades y las condiciones de trabajo hicieron verdaderos estragos entre la población penitenciaria. El propio jefe de la prisión de partido de Almadén, en Ciudad Real, se quejó a los mandos de la dureza de los trabajos, ya que los penados-trabajadores eran conducidos a la mina a las cinco de la mañana y no regresaban hasta las nueve de la noche, por lo que «existen momentos que humanamente no les es posible seguir de pie[42]».

La prisión de la Nueva España quedó marcada por una sed de venganza cuyo radio de acción se fue ampliando mucho más allá de los responsables políticos o de aquéllos con las manos manchadas de sangre que había mencionado Franco. El verano de 1939 fue la mejor prueba de dicha sed de venganza. La víspera de la celebración del Alzamiento, el director de prisiones Máximo Cuervo dirigía esta nota a los encargados de la asistencia religiosa a los que iban a ser ejecutados.

Siendo una de las principales obligaciones de los capellanes la asistencia a los reclusos que están en capilla y concurriendo en este servicio las circunstancias de grandísimo mérito delante de Dios pero también de grande dificultad y trabajo por el número de penados y frecuencia de las ejecuciones, es forzoso establecer un turno riguroso para que no quede desatendido[43].

Como señala esta nota, el turno de capellanes para las ejecuciones en prisión debió de arrancar con un ritmo verdaderamente intensivo. Lo más significativo es que la responsabilidad política o ideológica de muchos de los sentenciados no había sido ciertamente de primer orden, ya que la mayoría o ya estaban muertos o se habían ido al exilio. Un grado de responsabilidad diluida que contrasta con el volumen alcanzado por el grueso de la represión. Algunos autores han contabilizado unas 50 000 ejecuciones hasta 1950, mientras para otros estudios resulta ya imposible recoger el incesante goteo de asesinatos fuera de cualquier control[44]. El capuchino Gumersindo de Estella, que asistía a los condenados a muerte en la prisión de Torrero, en Zaragoza, dejó un desolador diario sobre cómo aquellos presos, muchos de ellos católicos convencidos, pasaban sus últimas horas: «Y todos gritaban ayes; y algunos pedían el tiro de gracia. Fui dando a todos la absolución uno por uno. Y un jefe iba dándoles el tiro de gracia que tuvo que repetir disparando hasta tres veces en diversos sitios en la cabeza de los infelices moribundos[45]».

El corolario de esta fase patibularia ,como la ha definido Pedro Oliver, fue el restablecimiento de la pena de muerte en el Código Penal, apenas para complementar algún resquicio de la omnipresente jurisdicción militar. Los fusilamientos, pero también los agarrotamientos, recuerda Oliver, se trasladaron al interior de las prisiones[46]. Interrumpían la vida cotidiana unos días, pero después se volvía a la normalidad. Desde la dirección se hizo especial énfasis en abortar cualquier tipo de protesta posterior a las ejecuciones, que a veces eran seguidas por motines o plantes de silencio que desconcertaban a los funcionarios. En la prisión de Huesca, el capellán lo consideraba algo normal, dado el estado psicológico de los reclusos, y pedía que no se tomaran represalias[47]. Hasta Amancio Tomé, director de Porlier, reconoció que uno de los problemas que tuvo que atender en aquel centro de aluvión fue «la atención de los funcionarios en aquellos momentos duros en que tenían que intervenir para que la Justicia se cumpliera con las penas de más rigor». Lo mencionó, eso sí, como la cuarta de sus prioridades al encargarse del centro, detrás del alojamiento, la sanidad y la alimentación de aquella marea humana[48]. Las preocupaciones del oficial que se había hecho cargo de la cárcel habilitada de Talavera eran de otra índole. Si los presos se intentaban fugar, como ocurrió en varias ocasiones que se lanzaron al Tajo, tenía que matarlos allí. Pero lo que más le desagradaba al joven oficial era que, al citar los nombres de los que iban a ser ejecutados, éstos no respondieran o que montaran escenas arrastrándose y llorando. Había que sacarlos a golpes hasta el momento de ser conducidos al camión que los trasladaría al patíbulo[49].

Este mismo silencio que se quería evitar en la prisión era el que se impuso a toda costa en la sociedad acerca de lo que ocurría en las prisiones. A las 7.30 del 21 de abril de 1942 la Guardia Civil se presentó en la prisión de Almería para hacerse cargo de la ejecución de Joaquín García Serbas. Cuando ya se disponían a arrancar se oyó un fuerte grito de una mujer. El preso sacó la cabeza del furgón y, mirando hacia un balcón, hizo una señal de despedida. El camión emprendió la marcha y, una vez llevada a cabo la ejecución, el sargento volvió a la cárcel para averiguar quién vivía en aquella casa. El guardia de la prisión le confirmó que se trataba de Josefa Serbas, hija del fallecido, que a la semana siguiente abandonó para siempre aquella ciudad[50]. Tampoco pudieron hacer otra cosa los familiares de José Pérez García, maestro fusilado «por error» el 7 de marzo de 1942 en la prisión de Torrelavega. Murió junto a Luis Fernández, un celador de arbitrios de Logroño. Según los funcionarios, ellos cumplieron la orden que recibieron de la autoridad, «no figurando en la prisión ninguna otra persona con identidad origen de posible confusión[51]».

A partir de 1942 empezó a decaer el número de veces que Franco estampó su «enterado» en las condenas de muerte, algo que hacía, al parecer, mientras desayunaba. También a partir de ese año la población penal comienza a descender notablemente. El cambio de rumbo en la II Guerra Mundial, los casos de corrupción y el colapso general del año anterior agilizaron la ampliación de las salidas de presos, que coincidieron con el cese de Máximo Cuervo en la Dirección General de Prisiones. Sin embargo, la vida de miles de personas seguía sepultada en la maraña burocrática de leyes y disposiciones, ante la inercia de muchos responsables que simplemente no las entendían o se negaban a cumplirlas. Así, muchas personas condenadas por delitos leves cumplieron íntegramente sus penas, mientras que muchas otras sentenciadas a muerte quedaron en libertad con cierta rapidez. La calidad del imputado, su posición y la de su familia en los anclajes del Nuevo Estado fueron la única garantía en aquel sistema penal. La libertad podía comprarse dentro de la cárcel como otro producto más. Con dinero se expedían avales, certificados, informes y recomendaciones. Nada difícil, por otra parte, en una sociedad forzada de nuevo a acreditar su limpieza de sangre. En marzo de 1940 fueron expedientados dos funcionarios de la prisión habilitada de Santa Rita, en Madrid, «que a cambio de dinero a las mujeres de los presos les ofrecían buenos destinos». Dos años después, en noviembre de 1942 uno de ellos fue expulsado «por cobrar propuestas de libertad condicional en metálico[52]». A pesar de la corrupción generalizada, los presos y sus familias no pudieron comprar con dinero u otro tipo de favores una libertad duradera. Todo el que había pasado por la cárcel quedaba marcado de por vida. Muchas veces las órdenes de libertad eran ignoradas por la policía o los servicios de información que los volvían a detener. A finales de 1940, el capitán general de la Primera Región escribió al ministro del Ejército para trasladarle «el caso frecuentísimo de personas que fueron puestas en libertad sean nuevamente detenidas por agentes de FET y de las JONS que actúan movidos por denuncias que en la mayoría de los casos comprenden los mismos hechos por los que fueron ya juzgadas[53]».

La comisión de examen de penas, la libertad condicional y la redención de condenas por el trabajo nacieron con la intención de atajar «la magnitud de la criminal revolución roja». De ser instrumentos excepcionales del periodo bélico se fueron «normalizando» y terminaron instalándose en el ordenamiento legal franquista junto a leyes ordinarias. De este modo, el discurso de la guerra siguió vivo en el mundo de la justicia durante mucho tiempo y no sólo por la naturaleza del delito. Era tal el caos burocrático que a veces se computaba la redención de penas o se concedía la libertad condicional a presos que ya habían sido ejecutados. Éste, como recuerda Hernández Holgado, fue el caso de las conocidas «trece rosas», en cuyo expediente se anotó la libertad atenuada bajo la orden de ejecución[54].

Mientras los expedientes se demoraban eternamente, los reclusos morían sobre todo de enfermedades crónicas, pulmonares, intestinales, nefritis o avitaminosis, agravadas por el hacinamiento, el hambre y la indiferencia absoluta. Los casos de Julián Besteiro o Miguel Hernández son los ejemplos más conocidos de dejar morir en prisión a personalidades incómodas para el régimen, que quería evitar así la condena y la posible repercusión internacional. Pero la mayor parte de los casos no salieron nunca a relucir. El día de Año Nuevo de 1941 moría de inanición en la prisión habilitada de Liria (Valencia) el recluso Silverio Giménez Belinchón. El certificado de defunción señalaba una «gastritis ulcerosa» como la causa de la muerte. El 7 de enero, el juez de instrucción de Liria pidió «que por humanidad, por la justicia de Franco y por Dios, se ponga claro el motivo que ocasionó la muerte de dicho desgraciado y por qué lo trasladaron al cementerio en el carro de las caballerías cuando hay una ambulancia para ello[55]».

Fueron miles los que murieron literalmente de asco, llevados a los límites de la supervivencia humana. Así, la memoria médica de 1940 de la prisión de Orduña, a la que habían sido trasladados parte de los presos de Castuera, llamaba la atención sobre el elevado número de defunciones. Consideraba viejos prematuros a más del 50% de los reclusos que procedían de zona roja, por su estado de desnutrición y fatiga extrema. Al menos 150 habían fallecido durante el traslado y casi un 70% tenía sarna y otras infecciones que «fueron creando un campo abonado para el desarrollo de las enfermedades[56]». La dependencia de un sistema judicial tan sobresaturado e imprevisible fue otro de los aspectos que más prolongaron aquella situación de agonía. El 8 de mayo de 1940, Máximo Cuervo escribió una nota a Franco informándole del «excesivo número de presos» que había en las prisiones. Según sus cifras habría 103 000 reclusos condenados después de haberse fallado unos 4000 casos de condena y sin tener en cuenta la absolución. Ante ese volumen, calculaba que se necesitarían unos tres años para dictar sentencias de todos los detenidos, siempre y cuando no hubiese más denuncias[57].

El 25 de julio de 1940 el general Varela había firmado la orden para que las penas de seis años se conmutasen por libertad condicional. En teoría se decidía así la excarcelación de los presos menos peligrosos, pero llevar la orden a cabo resultó mucho más complejo[58]. En parte porque muchos seguían sin sentencia, pero sobre todo porque las instituciones que gestionaban la orden no dependían de los juzgados militares y exigían nuevos informes o abrían otros procedimientos nuevos, hasta el punto de que llegó a ordenarse que las comisiones se limitasen estrictamente al estudio de los hechos que ya se consideraban probados «y nunca a valorar pruebas o avales» que seguían llegando sin cesar[59]. Desde el principio los problemas de descoordinación fueron evidentes. El 19 de julio de 1940, la Auditoría de Guerra de Bilbao comunicaba a la prisión de Larrinaga que había propuesto la conmutación de la pena al recluso Pedro San Martín. El director del centro preguntó si podía salir en prisión atenuada a su domicilio, ya que tenía además 276 días por redención de penas por el trabajo. Nunca recibió respuesta. Meses más tarde, cuando ya había fallecido por tuberculosis, llegó la conformación del Patronato[60]. En el caso de Miguel Reyes, la misma nota tardó cuatro años en llegar. Médico de profesión recluido en el Reformatorio de Adultos de Ocaña, llevaba prestando sus servicios en la enfermería desde el final de la guerra, pero no le fueron abonados los beneficios de redención hasta finales de 1944 «por estar en situación de preventivo o de condenado a muerte», ya que desconocían su situación al haber perdido la copia de su sentencia[61].

La prisión y su entorno judicial, policial y burocrático se convirtieron así en una variedad de la represión que duplicaba el laberinto de la administración de Justicia, civil y militar. En poco tiempo se creó una red de instituciones, patronatos y centros asistenciales que reproducían la estructura del Movimiento, pero que la completaban en algunos aspectos. Las élites locales adquirían un enorme poder al decidir sobre el destino del preso, desde la manutención de su familia a la fijación de su residencia. El 25 de enero de 1940 Franco dio la orden de que en cada provincia se organizase una Comisión de Examen de Penas militar. Si ésta decidía rebajar la pena inicial se lo comunicaba a la prisión. Entonces la Junta de Disciplina del centro emitía un informe sobre si debía acceder a la libertad condicional o no. Si se iniciaba por fin el expediente era necesario el visto bueno de la Junta Local de su pueblo natal, que podía denegarlo «para no avivar rencores». La denegación se repitió tantas veces que la Dirección de Prisiones tuvo que proponer que las negativas se permutaran por destierros a 250 kilómetros de la localidad natal[62].

El Patronato de Redención de Penas por el Trabajo emergió como la gran institución de los presos de posguerra. Con Carmen Polo como presidenta honorífica, mantuvo siempre una fachada de institución benéfica, pero sus funciones fueron mucho más allá. No en vano gestionaba los dos grandes atributos del perdón después de la guerra: la libertad condicional y la redención de penas. Su órgano de dirección estaba compuesto por vocales eclesiásticos, militares y técnicos de todas las familias del régimen. Como una muestra del enorme poder y autonomía que llegó a acumular puede citarse el acta de su sesión del 15 de julio de 1944, en la que llegó a aprobar 2002 libertades condicionales en un solo día[63]. Además decidía sobre los traslados, la asignación de presos para obras, los destinos y también sobre los castigos, normalmente autorizando los propuestos por la prisión misma, aunque no fuera siempre así. Por ejemplo, amplió a seis meses de sanción y traslado a la prisión de Burgos la condena de Paulino Pérez «por hacer propaganda revolucionaria y cantar himnos subversivos» cuando la prisión de Guadalajara había previsto sólo un mes de sanción. También hubo ocasiones en que suavizaba las penas, como en el caso de Isidoro Rodríguez y Gundemaro Salcedo, que se quedaron en «un mes de reclusión en celda» y se les suprimió el régimen alterno de pan y agua durante 15 días que tenía previsto la dirección de Carabanchel. Era el castigo dictado «por haber protestado por el rancho[64]».

Los efectos de este sistema se sintieron día a día en las cárceles, pero se prolongaron años para los presos sometidos a los beneficios de la redención de penas, prisión atenuada y libertad condicional. Una realidad que marcó toda la evolución posterior e influyó decisivamente en la política de excarcelación y de indultos. La avalancha inicial de presos marcó una vida cotidiana lastrada por todo tipo de penurias y humillaciones. El trato inhumano a los presos existía ya en la guerra, pero creció de forma desmedida al instalarse entre unos espacios habilitados como cuadras para animales más que para personas. Esa prolongación de la represión y de las circunstancias que rodearon la guerra llamó poderosamente la atención a los observadores extranjeros y marcó sin duda la evolución de las décadas siguientes. Un tiempo en el que se impusieron la miseria y la desolación, incluso por encima de los altos ideales que debían presidir la regeneración de los pecados. La idea del castigo predominante en la posguerra, que trato a continuación, contribuyó en gran medida a deshumanizar y a estigmatizar el mundo de los condenados. Todas las voces que solicitaron el fin de aquella situación fueron desatendidas y hasta llegaron a considerarse sospechosas.

CAPÍTULO 2

LOS CREADORES DEL SISTEMA PENITENCIARIO

1. LA LEGITIMACIÓN DEL CASTIGO

España no puede olvidar que, en definitiva, fue una espada

victoriosa la que le devolvió el honor y la vida rescatándola

de las manos ensangrentadas de los sofistas de la democracia.

ESTEBAN BILBAO, 10 de julio de 1940

Con el fin de la guerra, la represión se disfrazó de justicia y fue llamada «obra de pacificación espiritual». A pesar de los tan anunciados indultos, el perdón no tuvo cabida en una España forzada a impartir un castigo ejemplar. Las ejecuciones y las largas condenas impuestas no fueron suficientes. Los vencidos, únicos culpables junto a otros criminales y delincuentes que se habían beneficiado del desorden revolucionario, debían expiar sus pecados y purgar sus culpas; tenían la obligación de redimirse. Al lado de esta versión oficial se utilizó una concepción mucho más elaborada del castigo y de las penas, procedente de la intelectualidad del régimen y en particular de los propagandistas católicos, un «grupo de hombres selectos» que ocuparían gran parte de los puestos de poder de la posguerra. En muy poco tiempo, y utilizando como base el modelo de Acción Católica, lograron proyectar un sistema de apariencia legal que fuera capaz de poner en marcha «la recristianización de los separados, de los vencidos». Antes de terminar la guerra, la redención de penas por el trabajo se había asentado como epicentro de la Justicia de la Nueva España a través de dos soportes: la doctrina de la Iglesia y la exaltación nacionalista. Detrás de la noción de castigo que se impuso al término de la Guerra Civil se encuentra la visión tradicionalista centrada en la defensa del orden social y la religión. Pero lo realmente novedoso de todas las instituciones que surgieron dentro de este sistema —muchas de ellas con amplia experiencia en el campo penitenciario desde el siglo XIX— fue su firme eliminación de todos los objetivos correccionales y regeneradores, negando desde un principio la posibilidad de integración de los que consideraban delincuentes. No podía ser de otro modo, ya que la mayoría de los elementos ideológicos que procedían de la guerra se mantuvieron inalterables durante muchos años. A pesar de que en materia de política criminal se produjera una evolución evidente acorde con la situación política del régimen, sobre todo a partir de 1944 con la caída del poder alemán, las llamas de la guerra siguieron avivadas durante mucho tiempo para exigir el cumplimiento de unas penas severas contra un enemigo interior, caracterizado siempre como un criminal en potencia.

Sobre los condenados caían el peso del recuerdo y la omnipresente imagen de los mártires de la guerra; al rescatar una figura como la de la redención, el pasado revivía en la expiación de los pecados. El pasado era invocado para guiar un castigo que fuera capaz de restaurar el orden social, moral y jurídico tradicional. Entre éstos y otros aspectos teológicos, que el integrismo católico ofreció para dar cobertura ideológica a la dictadura, quedó legitimado el castigo. Gracias a la redención, unas penas que eran impuestas con extrema dureza por los consejos de guerra se integraban en el objetivo de cristianizar de nuevo España. La operación quirúrgica iniciada con la Cruzada debía ser guiada por una auténtica evangelización sobre lo que quedaba de la anti-España: la obra de pacificación espiritual.

Sus protagonistas y creadores intelectuales no eran muy diferentes de otros miembros del aparato de la Justicia franquista, aunque poseían algunos rasgos muy marcados y diferenciadores[65]. Muchos compartieron puestos de gobierno con Primo de Rivera y la República, Acción Española, Comunión Tradicionalista o ejercicios espirituales en Loyola, en particular los miembros eclesiásticos y los militares. Sólo había una organización en la España de entonces capaz de mantener unidos ambos mundos: la ACNP. La Asociación Católica Nacional de Propagandistas, fundada por el padre jesuita Ayala, aportó no sólo un cuerpo jurídico, legal y político sobresaliente al erial intelectual franquista, sino que además incorporó el modelo de empresa propagandística y de comunicación de masas que habían puesto en marcha años atrás Herrera Oria y la Acción Católica. Desde comienzos de la guerra aportaron el pensamiento y la doctrina pontificias y desde un principio se consagraron a frenar la deriva totalitaria del régimen por la excesiva influencia de Falange. Para ello poseían dos experiencias muy concretas, Dictadura y República, y de hecho mantenían activos parte de los equipos que habían protagonizado su existencia durante ambos periodos y que habían trabajado en los respectivos gobiernos. No cabe duda de que la Asociación consiguió ser lo que pretendía, «una élite al servicio del catolicismo español», como la definió Tusell, pero en este periodo carecía de la capacidad de movilización necesaria para encuadrar a una población dominada aún por «la mística de la guerra[66]».

El elemento fundamental para entender la posición política de los propagandistas y su reelaboración de la teoría penal fue la Divini Redemptoris, una encíclica de guerra con la que chocaron los sectores católicos más favorables al fin de la represión. A través de ella la redención se presentó como el elemento central para salvar España y luchar contra todo lo que pretendía derrumbar radicalmente el orden social y socavar los fundamentos mismos de la civilización cristiana. Pío XI había llamado a la movilización contra los horrores del comunismo en una España que «hoy vuelve, como hijo pródigo, con sed de amor y de Justicia […] para que sembremos en esas almas redimidas por la sangre de Cristo Redentor las semillas del Evangelio[67]». El atributo esencial del nuevo sistema penitenciario español sería por tanto un elemento de la doctrina tradicional de la Iglesia, con una vocación de combate contra el comunismo y el materialismo ateo, pero al mismo tiempo sería una «intuición genial del Caudillo». Las dos ciudades, los dos poderes se disputaron la ordenación de este mundo proyectado a su imagen y semejanza. Así lo había expresado nítidamente el obispo de Salamanca Pla y Deniel en su pastoral El triunfo de la ciudad de Dios y la resurrección de España de 25 de mayo de 1939[68]. La sociedad española entró de lleno en una etapa de plena autarquía donde conceptos como redención, salvación y arrepentimiento terminan por completar el esquema de autosuficiencia y de autocontrol impuesto sobre una fachada de hambre, pobreza y desolación.

2. EL MUNDO DE LA JUSTICIA

Al término de la Guerra Civil, la ACNP puso en marcha la elaboración de un proyecto ideológico que pudiera conducir al régimen hacia un modelo de Estado confesional. Actuando como el brazo seglar de la Iglesia, se dispuso a copar la dirección de los aparatos de la sociedad civil, a la vez que se introducía lentamente en importantes áreas de gestión del Nuevo Estado. Uno de los propagandistas más importantes en este primer periodo fue Domínguez Arévalo, ministro de Justicia durante la guerra y pieza clave de la unificación carlista. Pero la nómina de destacados propagandistas con importantes puestos de poder en los nuevos gobiernos de Franco fue muy extensa. Empezando por Mariano Puigdollers, encargado de asuntos religiosos del primer Gobierno y uno de los miembros de la Comisión de Cultura y Enseñanza que, junto con muchos otros integrantes de la «vanguardia tradicionalista» como José María Pemán, Enrique Suñer, Fernando Enríquez de Salamanca, Pedro Sainz Rodríguez e Ibáñez Martín, coparon las altas instancias académicas y los ministerios tras depurar todo el sistema de enseñanza republicano. A ellos se sumaría «la eminencia gris», Luis Carrero Blanco[69].

Domínguez Arévalo, conde de Rodezno, firmaría los primeros decretos para ordenar el mundo penal en la zona sublevada y las primeras instituciones «asistenciales», como las Juntas Locales, formadas por el alcalde, el párroco y otra vocal del sexo femenino escogido «entre los elementos más caritativos y celosos de la localidad», que debían velar para que se entregara el jornal a las familias de los presos[70]. Sin embargo, sería Esteban Bilbao el encargado de dirigir las «operaciones», una vez terminada la contienda, encaminadas a sistematizar la articulación total de la Justicia en la Nueva España. Procedente también de la familia carlista, Bilbao recuperó dos grandes puntales de la obra de pacificación. El primero fue la relación entre el trono y el altar. El 10 de julio de 1940, en la toma de posesión como presidente del Consejo de Estado de su amigo Jordana, Bilbao ensalzó la vuelta de la vieja institución que rodeó al trono; al ser restaurado por Franco se acababa de una vez por todas con la ruptura de ambos poderes iniciada por la Constitución de Cádiz, separación que habría ahondado la funesta República y todas las democracias liberales. La segunda gran influencia fue la Acción Católica de los propagandistas. No en vano Bilbao cerró el primer congreso de ejercicios espirituales celebrado en Barcelona, en mayo de 1941, bajo un impresionante aparato ceremonial al que asistieron más de 100 000 personas[71].

La base del pensamiento tradicionalista y su profundo antiigualitarismo se combinaron con el desprecio a las democracias europeas y el apoyo a Alemania; germanofilia que ya estaba presente en Vázquez de Mella y en su idea de un orden subvertido por las democracias, sistema donde menguaba el prestigio de las instituciones, «hasta que llega la hora, hora fatal, en que las muchedumbres invaden las cumbres de poder[72]». Pero esta etapa no puede entenderse sin su figura clave: el general Máximo Cuervo Radigales. Director general de Prisiones desde mediados de la guerra hasta 1942, fue el mejor exponente de la primera fase de reorganización de las prisiones habilitadas. Su peso intelectual también se dejó notar dentro de la ACNP, a la que pertenecía desde joven y a la que había realizado importantes aportaciones. A comienzos de la década de 1930 había comentado, junto a Alberto Martín Artajo, las encíclicas de León XIII en Doctrina Social Cristiana. Posteriormente ocupó las más altas instancias de la judicatura de posguerra, desde el Consejo Supremo de Justicia Militar hasta la Jurisdicción Especial de Menores. Siguió siendo director de Prisiones y del Patronato de Redención de Penas hasta su cese en 1942, cuando volvió al Consejo Supremo de Justicia Militar, tarea que compaginó hasta la década de 1950 con la de director de la BAC (Biblioteca de Autores Cristianos) y la vicepresidencia del Patronato de Protección a la Mujer[73].

En cuanto a sus colaboradores cercanos, mantuvo a hombres fuertes como Joaquín del Moral, procedente del Ministerio de Gobernación, para que agilizara la obra de pacificación como inspector delegado de Prisiones y, como tal, responsable directo de los establecimientos penitenciarios durante la guerra. También llamó a otros personajes con experiencia en el ramo, como Amancio Tomé, que debía hacerse cargo de la caída de Cataluña, aunque finalmente se ocupó Isidoro Castellón, ya que Tomé fue a la cárcel de Porlier en Madrid. La etapa de Cuervo fue también la de la entrada de militares en los puestos directivos y de máxima responsabilidad de las prisiones, además de un gran número de excombatientes en puestos de servicios. Su planteamiento sobre la ordenación de las penas es la pieza clave para comprender la noción del castigo que se impuso en los primeros años de la década de 1940. En un ambiente en el que ya se oían algunas voces contra la situación que se vivía en prisiones, se reunieron las máximas autoridades de Justicia, el 28 de octubre de 1940, en la facultad de Derecho de Madrid. Allí, en la sede del nuevo pensamiento jurídico, Cuervo pronunció un discurso que tituló expresamente Fundamentos del Nuevo Sistema Penitenciario Español[74].

Estaba dirigido a sus compañeros de armas que iban a ocupar la dirección de las cárceles, pero también a los sectores que pedían condenas más suaves y a los que tildó de «sensibleros». Anunció que los vencidos podían ser recuperados para la patria, pero a cambio debían cumplir un castigo digno y justo. Digno, como correspondía al Derecho Natural, y justo, porque emanaba directamente del Derecho Divino. Las encíclicas de León XIII, que conocía muy bien, constituían el verdadero marco de referencia de un discurso político sobre el castigo que no sufrió variaciones hasta la salida de Cuervo del cargo, en 1942.

El discurso de Cuervo fue una auténtica reafirmación de la línea dura. Para ello rememoró el pasado imperial y la reconquista (las Leyes de Indias, el Concilio de Trento…), dando paso a un modelo «genuino y español», forzado por el aislamiento internacional y la autarquía que marcaría toda la cultura penal posterior, por lo demás fuertemente impregnada de elementos del catolicismo tradicional y de exaltación patriótica, como correspondía a este periodo de arranque del nacionalcatolicismo. Pero, con independencia de la retórica, fueron estas «reminiscencias sagradas» las que dejaron sentadas las bases de las políticas represivas del régimen, ya que de ellas emanaba «el derecho a la punición». Ésa sería la respuesta ante cualquier acto de desafío o rebelión. Para reforzar la dureza del castigo y acallar las voces del exterior que clamaban contra los excesos había que desmontar la base correccional que hasta la guerra había sido la ideología dominante en la Justicia española. Era blanda y, como todo producto decimonónico, también era decadente, liberal y nefasta por su vinculación a la pedagogía ilustrada «materialista y sin fe». Se necesitaba un nuevo edificio construido sobre los viejos pilares de la teología española. Con ello se reorientaba la función del castigo, que monopolizaba el Nuevo Estado, hacia unos principios patrióticos «eternos», donde no cabía la suavización de la pena porque atentaba directamente contra el orden establecido[75].

El dolor y el sacrificio se tornan elementos omnipresentes en la ideología de la primera posguerra, donde el español queda redimido del pecado por la sangre del Hijo de Dios. Esta vinculación a lo sagrado bajo una apariencia de contrarreforma legal tuvo dos consecuencias más en la configuración de las penas y en las medidas de seguridad que las acompañaban: la prevención, como medio de defensa social, y la reparación, como medio de retribución o de «restablecer el equilibrio perdido». La represión, en definitiva, era justa porque defendía a la sociedad, como medio de prevención del desorden social y como medio de reparación del daño causado. La guerra siguió estando siempre muy presente en el discurso penal y se tradujo en la negación de cualquier posibilidad de mejora o suavización en la fijación de las condenas. No sólo porque los rojos fueran indeseables y una muestra de la peor calaña criminal, sino porque el pensamiento tradicionalista, con Balmes y Donoso Cortés a la cabeza, arrancaba de una profunda desconfianza hacia la posibilidad de enmienda de los hombres, sobre todo de aquéllos que se habían alejado de Dios. El correccionalismo dejaba impune el delito y «quedaba así monstruosamente subvertido el orden natural de las cosas», por eso el castigo era necesario para salvar la nueva sociedad que estaban sacando del caos.

El punto de unión de la teología con la política se concentra en una última idea esencial: la Iglesia, vicaria de Dios en la Tierra. La Iglesia debía guiar al gobernante en su auténtica labor de rescate. Cuervo introdujo aquí el elemento fundamental de los propagandistas católicos: lograr el arrepentimiento a través de la Acción Católica en prisiones. A través de un doble rescate, espiritual y físico, aparecerá como un derecho al trabajo en la guerra que se transformará en un deber en plena autarquía. De esta manera, la pena conservaría su fin aflictivo, ya que el trabajo se realiza en reclusión, y un fin social reparativo ,pues el preso trabaja para sí mismo y para la sociedad. Ésta sería la base de todo el sistema de redención de penas que alcanzó su auge en los primeros años de la década de 1940 para, acto seguido, incorporarse a la legislación ordinaria.

En agosto de 1942, tras el cese de Cuervo, fue nombrado director general de Prisiones José María Sentís, otro militar tradicionalista destacado en el Alzamiento que había sido gobernador civil en Guadalajara desde su «liberación». De impulsor de La Nueva Alcarria pasó a ser procurador a Cortes por Palencia, hasta que en 1963 alcanzó la Secretaría de la Junta Nacional de la Comunión Tradicionalista. Mucho más importante para el cambio de rumbo en la política de la represión fue el relevo ministerial. En marzo de 1943 Esteban Bilbao dejó la cartera de Justicia, que pasó a ser ocupada por Eduardo Aunós. Éste también había formado parte de la Asamblea Nacional de Primo de Rivera, en concreto al mando del Ministerio de Trabajo, donde puso en práctica algunos ensayos del modelo corporativo. El paralelismo entre ambas etapas fue evidente para el propio Aunós, destacado miembro de la burguesía catalana y una de las pocas voces autorizadas del pensamiento económico durante la posguerra. Según él mismo confesó, la empresa que le encomendó Franco era similar a la que en 1924 le hubiera encargado Primo de Rivera, cuando lo nombró ministro de Trabajo «para poner término, con una legislación social de vasto alcance, a las violentas agitaciones que en este orden se produjeron en España durante los años anteriores a su advenimiento». Desde comienzos de la guerra decidió dedicarse a la represión del movimiento revolucionario, represión que debía ser, a la vez, «justa» y «humanitaria[76]».

La idea de humanizar el castigo fue el cambio fundamental que se introdujo en el discurso oficial a partir de 1943. Eduardo Aunós desempeñó un papel fundamental en este proceso, al matizar la fórmula del dolor por el dolor de la represión inicial, y avanzó hacia un castigo que seguía siendo «un mal para el que lo sufre», pero sin llegar a constituir una «venganza». Con él se dieron los primeros pasos para dotar a la redención de la apariencia propia de un sistema penal y, lo más importante, de un verdadero régimen de reducción de penas. Para ello nombró director de Prisiones a Ángel Sanz, gobernador de Tarragona con amplia experiencia en el ramo tras la liberación de Cataluña. Sanz también insistió en que la represión era un castigo justo que había que humanizar. Bajo su dirección, la idea asociada al castigo sería la de «conversión», inspirada en las enseñanzas de José Antonio, pero sobre todo introdujo un cambio fundamental, basado en reconocer la condición humana de los presos «sin perder ni un ápice de la disciplina». Esta nueva y definitiva síntesis sería definida como «autoritarismo humanitario» y supuso un rotundo cambio de imagen en la aplicación de las penas. Abandonó la teología e introdujo las dos figuras del penitenciarismo español del siglo XIX que fueron reivindicadas en esta fase: Concepción Arenal y el coronel Montesinos. La idea de disciplina con humanidad del militar y la caridad justa de la visitadora de prisiones fueron reutilizadas a discreción por todos los publicistas del régimen. En realidad se estaba allanando el camino para la aprobación de un nuevo Código Penal, el de 1944, que ponía fin a la etapa anterior. Por entonces la doctrina oficial de Justicia optó por no adscribirse tan claramente a la filosofía del castigo que había definido en 1939. Tal vez por lo que pudiera pasar, Aunós había optado por el equilibrio centrándose más en la defensa de la sociedad futura que en el recuerdo de los mártires de guerra. El tiempo de los monjes y de los guerreros parecía agotarse tras la salida de personajes como Cuervo y Serrano Suñer de la primera fila. La derrota alemana y la necesidad de mostrar al mundo que no ocurría nada anormal en las cárceles de Franco perfilaron el discurso de la segunda mitad de la década de 1940[77].

El de 1944 fue el año que hizo de bisagra entre una fase y otra. Se aprobó el Código Penal, se inició la primera promoción del nuevo Cuerpo de Prisiones y se inauguró todo un símbolo de las prisiones franquistas: la cárcel de Carabanchel. Para la reforma del Código Penal se presentaron dos proyectos; uno de Falange heredado de 1938 y otro elaborado por el propio Ministerio de Justicia, el que definitivamente prosperaría impulsado por Aunós. La aprobación de un nuevo Código Penal suponía el principio del fin de las prisiones habilitadas y la desaparición de hospitales, depósitos municipales y viejos castillos que seguían haciendo de cárceles y campos de reclusión improvisados. En el preámbulo quedaba claro que se debían de respetar y defender las estructuras fundamentales del Estado recién nacido, e introducir aquellas instituciones que no discordaran con el espíritu del régimen, como la redención de penas. La progresiva influencia de los sectores católicos quedó patente en la petición de «congruencia penal» con los dictados de la Iglesia y de la Fe. Eso no modificó el hecho de que las conductas políticas que estaban tipificadas penalmente siguieran sometidas al Código de Justicia Militar, cuyo texto también se modificaba un año después, y así, finalmente, en España no había delitos políticos.

Ese mismo año se inaugura la que será la cárcel política del régimen por excelencia, aunque siempre tuvo un alto porcentaje de presos comunes e «invertidos». Se trataba de la nueva cárcel modelo de Madrid, más conocida como de Carabanchel. Las obras habían empezado en abril de 1940, con más de 1000 presos trabajando continuamente. Cuatro años después abrió sus puertas a los presos de Porlier, que por fin se cerraba. El régimen ponía término así al eje de las prisiones habilitadas desde la guerra en Madrid, pero abría significativamente una moderna y gigantesca cárcel modelo. Para que estos especialistas consigan un reglamento de prisiones que lleva pendiente desde la guerra hay que esperar hasta el 5 de marzo de 1948. Hasta entonces no se publica un texto legal que mencione la condición humana del delincuente ni mucho menos la posibilidad de su regeneración. La realidad de las prisiones había cambiado sustancialmente desde la guerra y, a pesar de que aún quedaba un importante número de presos políticos, la población penal era ya mayoritariamente de presos comunes. Sin embargo no se modificó ninguna de las estructuras penales creadas desde la guerra; al contrario, se introdujeron una serie de elementos en el trato del delincuente basados de nuevo en los preceptos de la redención de penas. El autoritarismo humanitario siguió siendo la base de esta doctrina oficial, haciendo el rigor del castigo compatible «con un sentido humano y cristiano». Se había alcanzado por primera vez una declaración hacia el «respeto de la persona humana», pero España seguía sin estar dentro de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos aprobadas por Naciones Unidas.

La década llegaba a su fin con Francisco Aylagas como director general de Prisiones, cargo que combinó con el de presidente del Real Madrid. Continuó el discurso de un régimen penal «humano, cristiano y científico», pero también fue la prueba más palpable de que la voluntad de cambio en Justicia era, en realidad, muy limitada. A pesar de que en la década de 1950 los presos comunes eran claramente mayoritarios, los principios penales surgidos de la guerra siguieron vigentes mucho tiempo aún. Para Aylagas, aquella masa de delincuentes estaba dividida en dos tipos: los contumaces, sin posible o difícil redención, y aquéllos de quienes podía esperarse arrepentimiento[78]. La novedad estaba en el reconocimiento del último grupo, para el que se abría la posibilidad de corregirse pero sin caer en ninguna «sensiblería» propia de los que sólo veían en el delincuente al enfermo, a la víctima de la sociedad. El dolor seguía siendo la fuente del castigo vigente en la España de mediados del siglo XX, reforzada por un ministro de Justicia falangista, Raimundo Fernández-Cuesta, que respondería a los enemigos de España rescatando el «fantasma de la checa», como se verá más adelante. La matización del rigor penal de los primeros años, concebida como un gesto de apertura hacia el exterior, no significó en ningún caso la eliminación de las causas por rebelión militar, donde seguían siendo juzgados enemigos del ideal social, político y religioso que la cárcel debía redimir. Parafraseando el discurso de Cuervo en 1940, podría decirse que ciertamente se llegaba a 1950 sin prácticamente «nada nuevo bajo el sol».

3. LA INFLUENCIA DE LA IGLESIA

Mucho más profunda es la herida del resentimiento.

Hablar de piedad, perdón y caridad cristiana era tomado

muchas veces por protección y defensa del enemigo.

Boletín ACNP 285, 1 de febrero de 1942, p. 5

El sistema para que los presos redimieran sus penas fue fijado por el más importante de los vocales de prisiones, el jesuita e ingeniero José Agustín Pérez del Pulgar, su verdadero creador intelectual. Editada en 1939, su obra La solución que España da al problema de los presos políticos marcará la estructura de un relato que el mundo de la Justicia franquista seguirá al pie de la letra. La guerra estaba en el origen de todo, era el verdadero mito fundacional. La guerra había supuesto una convulsión social y política que exigía medidas excepcionales. Ante el contexto revolucionario, anotaba Del Pulgar, «nada tiene, pues, de particular, que para componer orden en este caos, hayan sido necesarias medidas excepcionales que traen consigo, no sólo el aumento considerable del número, sino también un cambio en la psicología, estado moral y condición social de los reclusos[79]».

Al terminar la contienda había que organizar la paz y llegó el cambio fundamental. Al reconocer los derechos de los presos como trabajadores libres, el Nuevo Estado dejaba de reconocerlos como prisioneros de guerra. Uno de sus elementos fundamentales, la «virtud redentora del trabajo», partía de una consideración justa, a saber, «ni trabajo excesivo ni inacción física e intelectual». El derecho al trabajo de los presos se basaba en el punto 15 de las JONS y era un principio que emanaba de un «concepto altísimo de la autoridad y la Justicia». Como explicaba Del Pulgar, el preso (el preso común y el redimible) no había renunciado por delinquir a su dignidad, por tanto tenía derecho al trabajo y a la cultura. La influencia del Fuero del Trabajo ,texto redactado por él también padre jesuita Aspiazu, era evidente, pero también lo eran las propias reflexiones de Del Pulgar en torno a la llamada cuestión social[80]. Por un lado, el trabajo físico serviría a los presos «para nutrir su cuerpo con alimentos sanos»; por otro, el intelectual, «para nutrir el espíritu con la bondad y la verdad». Este reconocimiento «de los derechos del vencido» implicaba una obligación correlativa por parte del Estado, que debía garantizar el cumplimiento de las penas, la dura necesidad de mantener el orden y la justicia cuando no quedaba otro remedio que «operar lo dañado para salvar lo sano».

La función quirúrgica de la pena, llegado el momento, hacía compatible la caridad con la justicia. Ésta, según el jesuita, no se aplicaba por odio al castigado, «a quien puede amarse mientras se le castiga» y a quien se guardan todos los derechos y se prodigan todas las atenciones. La compatibilidad del amor con el castigo en la nueva Justicia procede de un concepto del dolor del que nace, en última instancia, la redención. Se podría exigir incluso la última pena, sin que ello se opusiera lo más mínimo al respeto y aún al amor a quien se castiga. Una autoridad que procede así, podría jactarse, según Del Pulgar, «de que no sólo es justa sino también y simultáneamente caritativa». A cambio, el preso tendría que trabajar, porque en primer lugar tenía la obligación de mantener su vida y la de su familia. Para ello estaba previsto un sistema de jornales en el que se pagaban dos pesetas por día trabajado (el jornal de un obrero libre del año 1940 oscilaba entre las siete y las nueve pesetas[81]). De éstas, una peseta y media se descontaba para la manutención del preso y 50 céntimos se daban en mano. El Estado daba otras dos pesetas por cada hijo menor de quince años que irían destinadas a la familia del preso siempre que estuviera formada cristianamente (también se descontaba un 10% por el giro que hacía la prisión al Ayuntamiento donde residía la esposa). Finalmente, la redención de penas quedaba vinculada a la libertad vigilada, ya que se comprende «que un recluso que se decide a observar buena conducta y a mostrarse sumiso y arrepentido puede reducir considerablemente el tiempo y mitigar el rigor de su condena».

Del Pulgar, fundador del ICAI (Instituto Católico de Artes e Industrias), cuyo sistema de escuela de oficios estaba inspirado en el centro de jesuitas de Lille pero fue perfeccionado durante su exilio en la Compañía en Bélgica, murió pronto, el 27 de enero de 1940. Su discurso sobre la compatibilidad del castigo y del amor quedó inacabado, pero la redención de penas siguió adelante. Tras su desaparición fue el padre Martín Torrent quien más pugnó por la fijación de una influencia clara del modelo de la Iglesia sobre las prisiones de la Nueva España. En 1939 expuso una versión más popular para presentar la redención de penas titulada Qué me dice usted de los presos, que entraba de lleno en el espíritu mostrado por la Divini Redemptoris de «recuperación de las masas extraviadas». Había que llevar a las almas de tantos desgraciados el consuelo de la religión. Para todos ellos, la redención albergaba una esperanza que sería la reducción de condena. A pesar de aquella triste hora del cumplimiento a rajatabla de las penas de muerte y las largas condenas, el castigo era adecuado al tamaño de la ofensa, sobre todo por la magnitud que había alcanzado la persecución religiosa. Y aun así, la magnanimidad del Caudillo habría ido reduciendo la masa penitenciaria, «haciendo gala de su perdón en la inmensa mayoría de los que ofendieron a España[82]».

Torrent fue otro testigo excepcional de la liberación de Cataluña, ya que antes de ser el superior de los capellanes de prisiones sirvió en la Modelo de Barcelona. Su primera y urgentísima misión era salvar almas, por eso «había que empezar por catequizar». Y a través de la catequesis realizó sus primeras clasificaciones, ya que con ser tantos, los presos eran a la vez muy distintos y dispares en su constitución espiritual y moral. Unos, «dispuestos» a recibir de buen grado y voluntad la semilla evangelizadora; otros, «remisos», de fe perdida o ignorada; otros, «incrédulos» por ignorancia o rencor, y otros en fin, «materialistas fundamentales» predispuestos a la oposición y a la negación terminante de la posibilidad espiritual. Lo más importante de esta disección que religiosos como Torrent hicieron del gran contingente de presos salidos de la Guerra Civil y de la represión de posguerra es que se lograba introducir por primera vez la posibilidad de salvación a través del arrepentimiento, esto es, a través de la buena conducta.

El de 1944 fue un año clave y la Iglesia también mostró su cambio de postura. El 5 de noviembre de 1944 fray León Villuendas, obispo de Teruel, dirigió una conferencia a las presas de Ventas titulada Los reclusos en España. Lección Paulina. En ella cuenta cómo se inició en la obra penal de la Nueva España, después de recordar un idílico paseo por la prisión de Yeserías. Allí encontró la esperanza en la cárcel como «purgatorio resignado y hasta amado» donde el recluso se redime, se ennoblece por ser un buen patriota y un excelente cristiano. Pero más allá del lenguaje medido, a través de sus pláticas es posible seguir el giro hacia la suavización de la represión desde el lado de la Iglesia. En la fiesta de la Merced de Zaragoza el obispo llegó a hablar de los derechos humanos inspirándose en la pauta dada por Pío XII: «tutelar el campo intangible de los derechos de la persona humana y hacerle llevadero el cumplimiento de sus deberes, debe ser oficio esencial de todo poder público[83]». Más adelante explicó el programa de regeneración social inspirado en el Evangelio directamente a los presos. La interpretación del obispo fue simple y directa: «San Pablo exhorta a los siervos a servir y a obedecer a sus amos y a éstos a tratar con caridad a sus siervos. Son libres en Cristo y siervos en el Señor». El punto de unión estaba en el libre albedrío como fundamento de la responsabilidad individual. Pero aunque los presos hubiesen escogido el mal camino, la Iglesia abría para ellos la puerta de la salvación a través de la redención.

Cuanto más se alejaba el fantasma de la guerra, más se consolidaba una salvación que no era posible sin librarse del pecado y la culpa. Pero los niveles de responsabilidad fijados al término de la guerra se mantuvieron siempre operativos, primero dirigidos a los presos políticos y posteriormente a los comunes. Existía una distinción entre el creador y el difusor del mal y el receptor de las enseñanzas. Estos últimos eran los más apreciados para la redención: los ignorantes. El argumento de la ignorancia pervertida por la maldad fue el más usado para aquellos sectores católicos que presionaron porque se suavizase la represión. Pero realmente fue una tarea compleja incluso para la propia jerarquía eclesiástica. Así el Patronato de Redención de Penas no dudó en aclarar al cardenal Segura que la redención no era un indulto, sino «un perdón parcial de las penas impuestas por los Tribunales de Justicia y concedido por el jefe del Estado[84]».

El cardenal Segura recogía el mensaje de la Navidad de 1945, en el que Pío XII había dejado clara la postura de la Iglesia católica ante la nueva situación internacional al referirse al hecho de que «una sana democracia fundada por los principios inmutables de la ley natural y de la verdad revelada será resueltamente contraria a aquella corrupción que atribuye a la legislación del Estado un poder sin frenos y sin límites»; pero el letrado del Estado que respondió al cardenal subrayó la última frase del mensaje papal «y que hace también del régimen democrático un puro y simple sistema de absolutismo[85]». Al año siguiente y en el transcurso del congreso de Pax Romana celebrado en España, aparecieron varias veces la sombra de los derechos humanos y el problema de las relaciones con el bloque comunista. La tensión del siguiente episodio quedó reflejada en las actas del congreso. El dominico Ricardo Fuentes de El Salvador propuso que se estudiara el problema de las relaciones entre católicos y comunistas. El italiano Ivo Murgia parecía no tener inconveniente en participar en un congreso de estudiantes organizado en Checoslovaquia. Llegados a este punto, monseñor Zacarías de Vizcarra, consiliario general de Acción Católica Española, sugirió a Joaquín Ruiz-Giménez, secretario del congreso, que leyera en voz alta un párrafo de la encíclica Divini Redemptoris «en la cual se condena al comunismo como algo intrínsecamente perverso y con el cual no cabe colaborar en ninguno de los campos[86]».

Las peticiones de un perdón amplio fueron desatendidas en la España de posguerra, y sólo se iniciaban gestiones individuales por recomendación o soborno. En contra de la visión evangélica por la que Dios hizo a todas las criaturas sanables mencionada por el obispo de Teruel, se volvió siempre a la idea del mal utilizada en los discursos de Franco desde comienzos de la guerra, cuando hablaba de contumaces y redimibles. La Iglesia recibió un poder y una influencia enormes en la gestión de las instituciones del Nuevo Estado. Si se tiene en cuenta que en todas las Juntas de Disciplina de las prisiones existían un religioso o una religiosa, no es de extrañar que ese «purgatorio inicial» fuese decisivo en la vida carcelaria. La certificación de los grados de instrucción y cultura religiosa podía reducir de dos a cuatro años la estancia en prisión y era obligatoria para obtener la libertad condicional.

Con estas características, el principal modelo en el que se pensó para organizar el interior de las prisiones fue el de las misiones. Ya desde antes de 1939 el Nuevo Estado había dado muestras de que venía ejerciendo un «imperio misional sobre los individuos». Para ello velaría el Patronato de Redención de Penas o de la Merced, pieza clave en la configuración de este sistema. El tratamiento encontró una salida a través de los elementos de la gigantesca tarea de apostolado que suponía llevar a la luz a semejante masa de presos. Las órdenes religiosas quedaban así vinculadas a la vida en prisión, desde la gestión de los economatos, el trabajo y la enseñanza a todo el sistema de libertad condicional y de tutela y asistencia. Los capellanes, las Hijas de la Caridad, las Oblatas, las Adoratrices, los Mercedarios, etcétera, culminarían la labor de apostolado dentro y fuera de prisiones. En el verano de 1940 ya trabajaban en prisión 178 monjas pertenecientes a 23 comunidades religiosas[87]. La labor apostólica de la Iglesia en prisiones fue un vehículo fundamental de la propaganda. De hecho sustituyó a toda la labor cultural. En primer lugar, la tarea fundamental sería la misa, la santificación del recluso. Un segundo ámbito de actuación iría también dirigido a la conquista espiritual de las almas reclusas a través de la predicación, la catequesis, las misiones y los ejercicios espirituales. Por último, un tercer espacio quedaba vinculado al ámbito benéfico. La Acción Católica de los propagandistas empezaba a tomar forma con dos fines claros: que ningún recluso saliera de la cárcel sin conocer la doctrina cristiana y que ninguno estuviera ocioso, sino «aplicando el trabajo que redime y dignifica». Del mismo modo que ocurrió en la sociedad, el pecado se tornó omnipresente en la vida cotidiana. La «sociedad perfecta redimía así a la imperfecta», a través de una mutua colaboración[88].

4. AISLAMIENTO Y CONDENA INTERNACIONAL

Aquí no se ejecuta ni se priva de la libertad sino al que se lo merece.

España, ¡no faltaría más!, detiene, procesa,

juzga y condena todos los delitos, comunes o políticos.

Cárceles españolas, 1948

No se puede obtener una visión de conjunto de la evolución de posguerra sin analizar el cambio de imagen emprendido por el régimen para responder a la alarma internacional sobre los excesos de la represión. El momento de repulsa de la opinión pública internacional al descubrirse los campos de concentración nazis marcaría el punto de inflexión en el comienzo de una carrera de propaganda a favor de los presos republicanos, que fue seguida en el interior de España con el aumento de la conflictividad en los penales, la reactivación de las campañas de protesta y el aumento de las fugas a medida que la intervención aliada parecía acercarse. La respuesta de la dictadura a este fenómeno tuvo de hecho dos vertientes, una más represiva, centrada en el aumento de los controles dentro de las prisiones, el empleo de presos en la fortificación de las fronteras y en el recrudecimiento de la dureza en la aplicación de las sentencias de los consejos de guerra; y otra, que consistió en la construcción de una imagen benévola de los centros de reclusión en España destinada al exterior a instancia de las embajadas.

A través de la política y la propaganda de estos años puede apreciarse la aparición de un Franco conocedor del lugar que puede ocupar si se consolida la Guerra Fría y que pasa a explotar decididamente el anticomunismo. El encargado de esa operación en el terreno de la Justicia fue Raimundo Fernández-Cuesta, uno de los fundadores de Falange junto a José Antonio. Franco lo consideró el más adecuado para ello ya que estuvo preso en el Madrid de la guerra durante casi dos años, tras los cuales finalmente fue canjeado. Con este perfil de mártir y perseguido emprendió una campaña contra las acusaciones del extranjero sobre lo que sucedía en las cárceles españolas, utilizando de nuevo el discurso de la guerra y agitando el fantasma de las checas. Para entenderlo previamente hay que situarse en el fin de la II Guerra Mundial y en la intensificación de las críticas de las organizaciones del exilio hacia la España franquista. Francia, Inglaterra, Argentina, México… la campaña contra el régimen se recrudecía esperando instigar así una invasión aliada sobre la Península. La batalla sobre las cárceles volvió a ser parte central de la propaganda, buscando calar en una opinión pública conmocionada por la Guerra Mundial.

Para contrarrestar la propaganda de los exiliados, Cuesta envió en 1945 a Tomás Boada, conde de Marsal, a Londres, donde se estaba desarrollando una importante parte de esta campaña. El presidente del Patronato de San Pablo para Presos y Penados dio varias entrevistas concertadas en la prensa inglesa desmintiendo las informaciones «heréticas» contra la administración de la Justicia en España. El diario The Times publicó un extracto de su comparecencia de la que subrayó las siguientes declaraciones: «El número actual de presos es inferior a 23 000. La población penal inmediatamente después de terminada la Guerra Civil fue de unos 250 000, y se componía de aquéllos que habían sido convictos de crímenes punibles por las leyes de toda nación civilizada. Personalmente, he examinado muchas sentencias, sin haber encontrado una únicamente basada en motivo político[89]». Días más tarde concedió una entrevista a otro periódico en la que afirmó su línea de humanización de las cárceles españolas. A través de la gestión benéfica de su patronato, afirmó que su institución atendía a un millón y medio de personas «entre presos, penados y familias»; negó la existencia de trabajos forzados, aseguró que a los presos se les pagaba el jornal ordinario a los obreros en libertad, que tenían seguros sociales y que podían redimir días de condena también por la enseñanza y los «trabajos de laboratorio[90]». A pesar de todo, la opinión internacional sobre el tema de los presos seguía siendo muy desfavorable y el mismo Franco tuvo que hacer una referencia al tema en el discurso del aniversario del Cuerpo de Prisiones de 1946: «Esta labor tan grande que desempeñáis cada día oscuramente, mientras nos calumnia un mundo incomprensivo, tiene un gran valor, y yo os lo agradezco enormemente[91]».

En el verano de 1947 el conde tuvo que personarse en Argentina para intentar acallar las críticas que se estaban vertiendo en la prensa de Buenos Aires. El diario de exiliados Pueblo Español lo recibió como «personero mayor de esta infame obra del sistema franquista de trabajo forzado con los presos políticos españoles[92]». Pero Marsal se había trasladado allí para preparar la defensa de España que haría la Argentina de Perón ante Naciones Unidas. Polonia había sacado a relucir la cuestión de los presos y de los campos de concentración, pero el delegado argentino aseguró que se trataba de colonias de trabajo al «aire libre». Era el mismo discurso que ya habían ensayado en Londres un año atrás[93]. Al año siguiente se inició la campaña internacional contra la condena a muerte de José Satué y otros sindicalistas. Se remitieron cientos de cartas como ésta al Ministerio de Justicia y a las distintas embajadas españolas:

United Office and Professional Workers of America.

Spanish Minister of Justice.

Sir,

We have received a communication informing us that the death sentence has been passed against José Satué and certain of his association. Our information is that these men have been sentenced to death for the crime of attempting to organize the Spanish General Union of Workers. If these facts are correct we wish to express to you our horror at such a monstrous sentence for such a «crime». We call upon you in the name of humanity and civilization to use your powers to prevent the execution of this sentence.

Yours very truly.

KC Woodsworth.

Canadian Director[94]

La prensa internacional siguió denunciando, sobre todo, el trato que se daba a los detenidos en las cárceles españolas, abarrotadas según ellos de presos inocentes, y haciendo alusión a este tipo de cartas. Por esta razón, las autoridades habían abierto las cárceles al «gran público», para que pudieran verlas por dentro, ya que la realidad de España y de los españoles que trabajaban por ella estaba muy lejos de las mentiras difundidas por los comunistas. De nuevo Rusia volvía a ser culpable. Además de recordar las atrocidades de la persecución roja, Cuesta también dio cifras elocuentes. Mientras que en España ya sólo quedaban 9850 presos procedentes de la rebelión marxista (cifra que negaban las memorias del patronato) en Rusia habían pasado de 10 a 15 millones de presos. Con este mensaje anticomunista se multiplicó la propaganda oficial sobre prisiones, insistiendo en la idea del enemigo interior .Cárceles españolas, una obra editada por la Oficina Informativa Española, un servicio de Falange, recorrió un buen número de establecimientos penitenciarios de todo el país. El volumen de población penitenciaria era inferior a otros países y el régimen de trabajo, se insistía una y otra vez, era al aire libre. El número de presos se consideraba normal en un país de cerca de 28 millones de habitantes. Lo único cierto es que había habido un gran número de presos, pero la culpa era de la guerra y de los rojos que aún mentían exaltando la cuestión. El viaje por la geografía penitenciaria española terminó en una defensa del derecho del régimen a decidir sobre sus propios asuntos frente a las injerencias internacionales.

Se muestra así el regreso oficial a una versión dura de las penas amparada en el resurgir de las amenazas potenciales contra España, que situará de nuevo al enemigo interior en el punto de mira del régimen. La Oficina de Información terminaba haciendo una invitación, más bien un desafío, al mundo extranjero para que acudiera a visitar los establecimientos penitenciarios españoles y observar de cerca a sus presos y a sus familias felices[95]. Pero cuando se produjo alguna visita diplomática el régimen lo tuvo todo perfectamente milimetrado. Clemente Sánchez, un veterano de los penales franquistas, recordaba una de ellas en su estancia por la prisión de Yeserías. La visita se produjo al comienzo de este esfuerzo por cambiar la imagen exterior del país en el intento de evitar que el régimen fuera arrastrado con la caída de los fascismos. En la Pascua de 1944 el embajador de Estados Unidos hizo una visita oficial a esta prisión madrileña escogida por su descongestión y el excelente estado de salud (ya que allí iban muchas personas con influencia que habían cometido algún delito) de su población, que contrastaba abiertamente con el estado de la mayoría de las prisiones. La memoria de Clemente Sánchez retuvo aquel día en que de repente todo cambió: «Se procedió a una limpieza a fondo de las dependencias, renovaron las prendas más deterioradas de la indumentaria, pusieron colchas nuevas en las camas, toallas limpias y hasta ceniceros en las mesillas. Incluso los reclusos de talleres recibieron monos a estrenar; aquello era el no va más[96]».

Las instrucciones eran que todos los enfermos se situaran en su cama y aquéllos que pudieran levantarse se pusieran firmes al paso del cortejo. Sonó la corneta y entró el embajador seguido del director de la cárcel y media docena de periodistas y fotógrafos. La comitiva avanzó hacia el centro de la estancia y allí el director del centro ofreció un discurso que repetía punto por punto los fijados por la Dirección General y el Ministerio. La consigna no sólo era desmentir la afirmación extranjera de que los presos políticos se morían de hambre y de infecciones, sino que no existían tales presos. «Lo que ven ustedes es fiel reflejo de la situación de las cárceles españolas. Todos los presos son delincuentes comunes[97]». La indignación ante tales palabras creció entre los presos de la sala, hasta el punto de que uno de ellos, el más joven según relata Clemente Sánchez, se acercó a uno de los periodistas extranjeros y le dijo: «Oiga, no es verdad lo que acaba de decir el director. Aquí la mayoría somos presos políticos y estamos encerrados por luchar contra el fascismo», poniendo énfasis en esta última palabra. El periodista miró al preso durante un instante y se sumó a la comitiva que avanzaba hacia otras estancias donde, al parecer, se repitió una y otra vez la misma imagen. Para desesperación de los presos, con la marcha de la comitiva norteamericana desaparecieron las colchas, las ropas y los uniformes nuevos, quizás para ser usados en otra cárcel.

Unos años después, en 1949, la visita de una abogada chilena que iba a hacer un reportaje con presas en la cárcel de mujeres de Segovia desencadenó una huelga de hambre que terminó con la entrada de la policía para desalojar a las internas de las celdas[98]. Pero en muy raras ocasiones trascendieron estas manifestaciones a nivel internacional. Por esas fechas, la Comisión Internacional contra el Régimen Concentracionario (CICRC), formada por supervivientes de los campos nazis y liderada por David Rousset, empezó las gestiones a través de la embajada española en Bélgica para visitar las cárceles españolas. Tardaron cuatro años en poder visitar 17 establecimientos penitenciarios escogidos por la Dirección de Prisiones a mediados de 1952[99]. Tras este largo periplo afirmaron que no existían lager en España. Era evidente que aquello no eran los campos en los que aquellos hombres y mujeres judíos habían estado confinados. La paradoja fue que el mundo supo de la magnitud del fenómeno de la represión republicana a través del Livre blanc sur le système pénitentiaire espagnol, publicado al año siguiente en París, pero Franco lo vendió realmente como un triunfo diplomático, ya que no habían podido encontrar nada, como quedó reflejado en el informe final[100].

Este acto fue muy sintomático de una política penitenciaria desarrollada durante toda la década y que cumplió a la perfección su objetivo de servir en los distintos frentes del régimen: dulcificar la imagen de España ante el exterior como un fuerte aliado anticomunista, mientras en el interior se resucitaba el fantasma de la anti-España para justificar la represión. La década de 1950 sería uno de los momentos de mayor desolación para el exilio interior, que perdería definitivamente parte del contacto vital con el exilio exterior, enfrascado en una serie de conflictos desgarradores y en un progresivo alejamiento de la situación que se vivía en España. El 23 de enero de 1948, Juan Rodríguez, un empleado del Banco Popular en Sevilla, escribía a Amaro del Rosal en París esta escueta nota: «Como todos esperamos la hora de la libertad aunque lo vemos bastante difícil pues al “bota” no hay quien lo eche por ahora. Por aquí no se puede hacer nada de organización y no sé cuánto tiempo va a durar esto, pues te digo que las esperanzas se pierden pues todo estaba confiado a los anglosajones y vaya alegría que nos han dado. Recuerdos a todos los buenos[101]».

CAPÍTULO 3

EL MODELO DE PRISIÓN

La Nueva España quiere mantener el carácter aflictivo de la pena frente a las falsas y sensibleras teorías de quienes sólo vieron

en el delincuente un enfermo o una víctima de la sociedad

desordenada. Y esto por tres razones: la primera, porque

a la Autoridad le incumbe inexcusablemente el deber de vindicar la justicia ultrajada; la segunda, porque el dolor es inherente

esencialmente a la naturaleza moral del castigo, y la tercera,

porque sólo un castigo de esta clase engendra ejemplaridad.

Memoria de la cárcel modelo de Valencia, 1942

1. LA DISCIPLINA DE UN CUARTEL, LA SERIEDAD DE UN BANCO, LA CARIDAD DE UN CONVENTO

El general Cuervo fue premiado varias veces como auditor general y como verdadero creador del sistema de redención de penas, pero se hizo popular por el siguiente lema reproducido en las paredes de las cárceles: «En nuestros establecimientos deberá presidir la disciplina de un cuartel, la seriedad de un banco y la caridad de un convento». La difusión de la doctrina oficial de Justicia no fue una mera idea retórica, sino que se llevó a la práctica con todo el rigor en unos penales saturados y diezmados por todo tipo de infecciones. Así lo señalan las directrices internas. Los funcionarios debían recordar que tenían a su alcance el uso personal y directo de la fuerza de las armas para imponerse. En segundo lugar, el trabajo era el gran fin que debía guiar la vida cotidiana de los centros de reclusión. El trabajo redentor llevaba implícito un fin moral «eliminando los graves peligros de vicios y aberraciones sexuales». La homosexualidad no sólo era un crimen, era vista como una condición proclive a la delincuencia y a la perversión, de forma análoga a la carencia de un oficio honrado y otras causas del delito. Los talleres y las escuelas, después de la disciplina, el trabajo y la religión, completaban este sanatorio de cuerpos y almas que sería la cárcel de la Nueva España[102].

La Modelo de Valencia fue la primera prisión en adoptar una serie de normas que armonizaban en la vida penitenciaria esta fisonomía de CUARTEL, ESCUELA, FÁBRICA, HOGAR[103]. En cuanto al régimen, se mantenía «un trato de disciplina severa, sin vejar la dignidad personal del preso», es decir, se imponía ya desde 1940 la fórmula de la disciplina humanitaria. Los fondos de cocina y economato o los servicios de enfermería estaban encomendados a una comunidad de religiosas desde el mes siguiente de la liberación. Además de los capellanes, el resto del personal eran funcionarios civiles. Pero lo realmente importante de este centro fue su voluntad de destacar en la aplicación de los nuevos principios penales del régimen. Fue la primera prisión en cumplimentar los criterios de clasificación y un centro pionero en la fusión de un modelo de defensa social y de defensa política. Para ello ajustó la división existente entre presos comunes y presos políticos a lo que denominó «clasificación transversal». La filosofía de recuperar las masas extraviadas se puso en práctica mediante el lema Los presos para la Patria. España necesitaba de todos sus hijos, aún los extraviados y no sólo de los que delinquieron políticamente dejándose arrastrar por «falsos ideales», sino también a los presos comunes que cometieron crímenes «por ignorancia, por pasión momentánea o por falta de formación adecuada[104]».

En cuanto a la defensa social, la diferencia fundamental se realizaba en la «inclinación punible» del delincuente. Ésta dependía de un informe construido con informaciones como las «ideas» de la familia, la instrucción, el paso por las tabernas, las relaciones sexuales, la edad mental, las taras físicas y el factor en el que en última instancia descansaba la posibilidad de reeducación: el estado afectivo por el que se obtiene la conciencia moral del preso, es decir, su respuesta a la redención. La adaptación se valoraba además de por la reacción ante el castigo y ante la propaganda directa, por la observación de la personalidad en el patio, la celda y el trabajo.

La separación de los presos políticos estuvo prevista en los dos reglamentos penitenciarios que conoció la década de 1940. En el de 1930, que se había vuelto a declarar vigente en 1936 por el Decreto 83 de la Junta Técnica del Estado, se ordenaba que los detenidos y procesados por motivos políticos ocuparan departamentos especiales, «separados en cuanto sea posible de los demás recluidos». Y en el de 1948 disponía que los detenidos y procesados políticos estuviesen en un departamento especial. Pero la distinción más aguda en cuanto al tratamiento entre presos comunes y políticos estuvo en la utilización de la alfabetización y de la propaganda, respectivamente. Las diferencias fueron sustanciales. Aunque el trabajo debía revestir los caracteres de obligatoriedad para todos los presos, en la mayor parte de los casos los políticos no necesitaban de una formación profesional propiamente dicha. Más que educarlos se pretendía que participasen en las actividades de la prisión y redimieran penas por ello. La explicación pasaba por definir la enseñanza en la escuela, los libros, la labor catequística y de formación moral, «así como el empleo de otros diversos recursos educadores han de tender a infundirles normas para su reintegración futura en armonía con los principios de orden social y patrióticos sustentados por el Estado[105]».

El trabajo, además de una mano de obra barata e inagotable en la más dura autarquía, fue el elemento penal más destacado de toda la dictadura. La unión de la Redención y de la Libertad Condicional por el Decreto de 9 de julio de 1939 pretendía garantizar así un régimen de reducción de la población reclusa inspirado en el trabajo y en la buena conducta. Ésta fue su expresión sintetizada que hizo las veces de reglamento de prisiones. La letra oficial decía que cada día de trabajo se conmutaría por dos de condena. Este beneficio se sumaba a la libertad condicional. La base para redimir la pena por el trabajo era la mejora sustancial de las condiciones penitenciarias, conectada, como se verá, al tratamiento para conseguir la conversión del recluso. Beneficios como la reducción de condena o la mejora de la comida frente a aquéllos que no trabajaban, el empleo en determinados destinos, mayor número de comunicaciones familiares, etcétera. Así el régimen de reclusión se iría suavizando a medida que el cumplimiento de la condena fuese avanzando. Para las denominadas «penas leves» se permitiría al recluso trabajar en convivencia con obreros libres dentro de determinadas condiciones de aislamiento y permaneciendo en la prisión las horas restantes. Para penas graves o equivalentes a 30 años, como correspondía a la mayoría por el delito de rebelión, estaba previsto un primer periodo de trabajo en talleres dentro del establecimiento penal, otro dentro de grandes obras penitenciarias y uno final «parecido a los reclusos que purguen delitos leves». El cuarto periodo y el más indeterminado de todos era el de la libertad condicional.

El camino al estado de perfección del recluso, con Dios y con la sociedad, tenía que pasar obligatoriamente por estas fases, que se hacían coincidir con su grado de aislamiento y comunicación y, finalmente, con la llegada de la libertad condicional, que constituía la última prueba de su adaptación. Pero había excepciones, ya que, como Franco advirtiera, había redimibles e irredimibles. Los segundos eran los condenados por el Tribunal de la Masonería y el Comunismo, los que se intentaban evadir (que entonces iban a trabajos forzados en destacamentos penales sin posibilidad de redención) y los estraperlistas. En cuanto a las presas, como se verá más adelante, la distinción en el trato y en la consideración delictiva de la mujer hacía que en ella el trabajo fuese obligatorio e inherente a la corrección femenina, mientras que en el caso de los hombres el trabajo acabó por considerarse un beneficio penitenciario.

El trabajo en el interior de las prisiones iba, pues, de la mano de la buena conducta y estaba asociado a beneficios penitenciarios. No así el trabajo exterior, que mantuvo siempre características utilitaristas, por medio de grandes obras públicas y multitud de empresas particulares que se beneficiaron de mano de obra muy abundante y barata[106]. La regulación del trabajo propiamente penitenciario no llegaría hasta el Decreto de 8 de febrero de 1946 de Reglamentación Orgánica del Trabajo Penal Intramuros, por el que se creó la Entidad Industrial y Agrícola de Trabajos Penitenciarios. Pero desde finales de la guerra la propaganda se centró en construir una imagen de prisiones hacendosas basada en los Talleres Penitenciarios. Los talleres, el más importante de los cuales estuvo en Alcalá de Henares y fue dirigido por un discípulo de Del Pulgar, Carlos Inza, fueron mostrados como la base de la futura organización penal de España. La capacidad redentora del trabajo se presentaba así a través de un mensaje directo y formulado claramente en positivo: el de la reconstrucción nacional, dedicando la mano de obra más experta que debía enseñar un oficio a los reclusos más jóvenes.

Este cambio introduciría la «reeducabilidad» y la valoración de la conducta como elementos para salir de la prisión. La vinculación entre los beneficios penitenciarios y el trabajo de los internos en la propia propaganda del régimen fue quizás su aspecto más destacado. Sobre todo porque se trataba del principal elemento organizador de un esquema previo de prisiones que sobresale desde los tiempos de improvisación de la guerra[107]. Por su organización y vinculación a los beneficios sobre la condena a cambio de hacer pública la colaboración y la conversión ideológica, se convertirá en uno de los elementos más humillantes del trato en las prisiones franquistas. Crucifijos, cuadros de Franco y José Antonio para las escuelas, imágenes religiosas, escudos y banderas de Falange… todo lo que los presos habían destruido lo iban a reconstruir, trabajando precisamente en la propaganda contra la que habían luchado. Para ello se utilizarían la voz y la firma de los llamados «intelectuales arrepentidos», pero antes de ver su papel en el nuevo escenario de reclusión es preciso comprender cúal fue el modelo de propaganda utilizado.

2. OBJETIVO: LA COLABORACIÓN DEL PRESO

La mejor propaganda consiste en la utilización de los reclusos arrepentidos ya que sirve, además, para romper la unanimidad entre los detenidos y posibilita una mayor disciplina interior.

Memoria Oficial sobre las prisiones

de la Nueva España, 1939-1940

A medida que se conocen más datos sobre el sistema penitenciario franquista, se disipan las dudas sobre la existencia de un plan elaborado para el mismo antes de terminar la guerra. El encargo a la Iglesia de esta tarea regeneradora chocó con algunos de los preceptos del Nuevo Estado, apartándose de la retórica revolucionaria de Falange y sus métodos de confrontación directa. Los propagandistas católicos volcaron en las prisiones, como en otras instituciones «educativas», su aprendizaje en las técnicas de publicidad y marketing en las que se habían iniciado desde los comienzos del proyecto de Acción Católica. Tras sus formulaciones claras y concisas aparecía un mensaje por encima de todos: la búsqueda del individuo aislado para romper la fuerte solidaridad de los presos políticos. Para ello había que formar grupos de colaboración alrededor de los beneficios de la redención de penas y en especial grupos de trabajo intelectual. En la primera de las memorias oficiales sobre prisiones de 1939 aparecen ya claramente fijados los instrumentos para realizar este viaje ideal de conversión a través de la moderna propaganda bajo el siguiente principio. «Es más eficaz la propaganda positiva de nuestras ideas que el ataque a las ideas rojas[108]».

La propaganda en prisiones no nacía por generación espontánea ni tampoco era un producto expresamente importado de Alemania o Italia: fue una creación de los propagandistas católicos. José María Sánchez de Muniain, que había sido secretario de Herrera Oria y era conocido como el sacristán de Dios, fue el personaje más importante en el ámbito de la propaganda escrita y visual de prisiones. Procedente del tradicionalismo navarro, pertenecía a la ACNP desde 1931, fecha en que ingresó en la Agrupación Centro de Madrid. Entre 1940 y 1945 trabajó en la Confederación Nacional de Padres de Familia, en la Escuela de Estudios Penitenciarios y en el Patronato de Protección a la Mujer[109].

Una de las primeras muestras de esa búsqueda de colaboración del preso a través de su trabajo directo en la propaganda fue presentada antes de terminar la guerra. A comienzos de 1939, Sánchez de Muniain convocó un concurso para formar un libro de poemas de presos titulado Musa redimida. Se hizo con una clara voluntad de reeducación política, denominando el arte en las prisiones «el cauce por donde deriva la amargura acumulada en cada individuo, pues todo preso lleva consigo un drama[110]». El libro encerraba, en efecto, gran parte del caudal simbólico y estético que los intelectuales propagandistas querían transmitir. No en vano se acabó de imprimir el día 31 de julio de 1940, fiesta de San Ignacio de Loyola. La utilización del pensamiento del creador de la Compañía de Jesús en la conquista del preso alejaba a las prisiones del modelo de control totalitario alemán que estudiaba aplicar Falange. Muniain no sólo creó el periódico Redención, el único permitido en prisión, sino que desde su puesto en la universidad y en la Escuela de Estudios Penitenciarios teorizó sobre la función y la utilidad de la propaganda en el tratamiento de los reclusos. Como era de esperar, en primer lugar la propaganda debía dirigirse a la conquista de la voluntad del individuo[111]. La propaganda de masas, tanto la comunista como la nazi, se olvidaba del hombre y de Cristo y funcionaba sin psicología alguna. El error de Hitler había sido hablar en el extranjero como si se tratara de Alemania, imponiendo una conquista superficial de la voluntad por las armas. La técnica más adecuada para aislar la resistencia del individuo en colectividades cerradas no era otra que la usada en los Ejercicios de san Ignacio y sobre todo en sus Constituciones, donde estaba prevista la esencia propagandística del «arte del apostolado cristiano».

La base ignaciana, muy utilizada en el panorama intelectual de la España de posguerra que escenificaba así su autoridad a través del control mental del cuerpo, cerraba el edificio de la propaganda nacional, que distaba mucho de acometer la propia realidad de las cárceles[112].

Las Normas generales de propaganda eficaz dictadas por Muniain tuvieron mucha importancia, al recaer sobre ellas toda la imagen oficial de los presos durante los años cuarenta y cincuenta. El mensaje era dirigir ideas claras y fundamentales, y reiterarlas. La utilización de los propios presos en la propaganda oficial del régimen fue la mejor muestra de la presión psicológica de un sistema que consideraba justo y necesario infringir dolor para lavar los pecados. Por eso, el género de propaganda que más intervino en el arrepentimiento de los presos siguió siendo forzosamente el religioso, pero a través de una versión cultural, esto es, propagandismo en estado puro. Las ideas sanas, la formación, la lectura y el trabajo útil no bastaron por sí solos para «convencer» a los presos. Por eso terminaron siendo obligatorios. A comienzos de 1940, con una población de reclusos enferma y hacinada, muchos de ellos en una situación angustiosa y en espera de la conmutación de la pena de muerte, esta versión del perdón, el indulto o la redención extraordinaria fue demoledora. El propio Cuervo tuvo que exigir la censura previa de las conferencias «para evitar que estos buenos propósitos puedan ser tal vez contraproducentes por falta de preparación de los oradores o porque esta Jefatura estime que no es del momento el tema[113]». Buscaban sin tapujos aislar al preso político y reducirlo mediante la ventaja de aminorar la condena a cambio de trabajar en el aparato mismo de propaganda de prisiones, de colaborar en la acción de comunicación, y encubrir, sólo si era necesario, la vigilancia y la delación.

La labor de alfabetización para el preso ignorante y la reeducación para el preso político se consolidaron tras la aplicación de la técnica de propaganda que unía la redención y el trabajo de los intelectuales. El 23 de noviembre de 1940 se concedía «el beneficio de la redención de penas a los condenados que durante su estancia en prisión lograsen instrucción religiosa o cultural». Según esta norma se reducían dos, cuatro o seis meses de condena a aquéllos que obtuvieran la aprobación del conocimiento de la religión en sus grados elemental, medio o superior respectivamente. Para ello el preso tenía que pasar un examen de materia religiosa, cultural y patriótica. Daba comienzo en prisión «la Cruzada de divulgación ético-moral sobre las masas», como la definió en la inauguración del curso escolar 1939-1940 otro gran propagandista, el ministro de Educación Ibáñez Martín[114]. El recluso que deseara realizar una producción artística, literaria o científica lo comunicaría al maestro del establecimiento, quien debía certificar que había sido realizada durante la reclusión. La Junta de Disciplina del centro pasaría al Patronato Central el trabajo, con un informe sobre la cuantía de redención que a su juicio merecía, «siendo requisito preciso para lograr redención de pena por estos trabajos que el autor tenga aprobado el grado superior de religión[115]». Finalmente, tras los habituales filtros del régimen de conducta, los títulos obtenidos en la cárcel quedaban homologados al sistema de educación nacional. La medida que se incorporaba al conjunto legal cumplía así la función de demostrar que acceder a la libertad condicional estaba en las manos del preso. El artículo 99 del Código Penal señalaba cuatro supuestos para la redención de penas por el esfuerzo intelectual:

a) por cursar y aprobar las enseñanzas

b) por tomar parte en actividades artísticas y culturales

c) por desempeñar destinos de carácter intelectual

d) por producciones originales de carácter científico, literario o artístico

No eran otros que los mismos grados de instrucción y conocimiento descritos en las líneas de propaganda diseñadas por Muniain. De este modo se garantizaba la formación religiosa, cultural y patriótica[116]. En la labor cultural confió su éxito publicitario el aparato de prisiones. Pronto se empezó a hablar del gran éxito de la «cruzada contra el analfabetismo en prisiones», que se redujo a menos de un 2%, según las cifras de 1943, en tan sólo cinco años. Según las memorias de la Obra de Redención, cerca del 99% de los presos que habían entrado en prisión durante o al finalizar la Guerra Civil no habían visto nunca las primeras letras. Para ello se puso en marcha la gran industria editorial de los propagandistas.

3. EL PAPEL DE LA PROPAGANDA

No se trataba allí de someter seres díscolos, tarados o envilecidos, sino de gobernar a seres rebeldes espiritualmente, pero educados e

instruidos en su mayoría, pero que aún vencidos continuaban

creyendo en lo que ellos consideraban la verdad

de sus convicciones.

AMANCIO TOMÉ, Pequeña historia de su vida profesional, 1960, p. 150

El 1 de abril de 1939 aparecía el periódico Redención con un enorme titular bajo la foto de Franco: «Yo aspiro a ser el Caudillo de todos». Se ponía en práctica por entonces este estilo de propaganda gráfica, destinado a cambiar la imagen de Franco con los presos como telón de fondo[117]. La información y la lectura «sanas» pasaban a ser los instrumentos principales de la tarea de alfabetización y educación moral dentro de los objetivos individualizadores ya señalados. Se crearon un periódico y una editorial con el nombre de Redención que serían el buque insignia del proyecto de los propagandistas católicos en prisión. Sin duda fue el producto que mejor sintetizaba los elementos de la labor cultural de la Acción Católica. El hecho de que los reclusos, principalmente los intelectuales, fueran «animados» a participar en el periódico, además de obligarlos a conseguir suscripciones, representaba igualmente la combinación de «castigo ejemplarizante y disciplina humanitaria» con la que se autodefinía el régimen penitenciario español.

El premio por suscribirse a las páginas de La bola, como era conocido el periódico entre los presos, era más visitas de los familiares, y de hecho la publicación se subtitulaba «Semanario de los reclusos y sus familias». Técnicamente el periódico incorporó otros reclamos: a partir de mediados de 1940 Redención publicaba una cartilla de lectura y otra de escritura para facilitar la redención de la pena a los reclusos analfabetos. Aparecía cada sábado con las materias que se consideraban abarcables durante la semana. La incorporación de nuevos medios gráficos aceleró la reproducción por fotograbado de la letra manuscrita, iniciando una rápida modificación al hilo de los cambios técnicos de aquellos años.

Redención se embarcó en un ambicioso plan editorial como era el de publicar libros baratos (a una peseta para el suscriptor del periódico) con el objeto de crear la biblioteca del preso. Se empezó publicando una obra al mes. Las primeras fueron Franco, de Arrarás; Musa redimida, coordinado por el propio Muniain, o José Antonio: su ideario. Junto a éstos se editaron títulos como el Catecismo del cardenal Gasparri, así como dos textos de la enciclopedia Solana, del grado elemental para la instrucción primaria[118]. Las obras de religión y política culminaron este panorama de reconversión intelectual: Necesidades de la religión y causas de la irreligión, La existencia de Dios, El origen del mundo y la vida, Jesús de Nazaret y Las credenciales de Jesucristo. En cuanto a las segundas, sus primeros títulos fueron La doctrina nacionalsindicalista y Por la Patria, el Pan y la Justicia, que fueron seguidas por obras de mensajes más prácticos como La Misión redentora del fuero del trabajo o El hombre y el trabajo, de Laín Entralgo.

El mundo de la lectura podía ser un camino especial hacia la conversión, pero había un gran número de analfabetos. La solución fue la lectura en común que Del Pulgar valoró «como medio utilísimo para multiplicar la eficacia de la biblioteca». El jesuita se refería así a la experiencia italiana de trabajo con presos en colonias para casas baratas de Littoria y Carbonia, donde la lectura en común había sido el principal vehículo de reeducación cultural[119]. Desde un principio se utilizó la propia voz de los intelectuales como lectores entre la población reclusa. En Porlier terminaron instalándose radios y altavoces para la difusión de la lectura «a viva voz». En la Modelo de Valencia existía inicialmente un equipo de lectores que leían a secciones de unos 1000 presos, durante 40 minutos al día, la obra de Tihamer Thot Castidad y juventud. Consejos a los jóvenes para que permanezcan puros[120].

El mundo de las lecturas a las que se podía acceder en las bibliotecas de los centros es una de las mejores representaciones de aquella pena impuesta para fomentar la conversión y el arrepentimiento. El sombrero de tres picos, el Nuevo Testamento, El siglo de las Misiones, La divina comedia, ¿Quo Vadis?, y la Colección de discursos de José Antonio figuraron entre los libros más solicitados. Pero por encima de todos siempre destacó un título: El Quijote. Fue el libro elegido por la Dirección de Prisiones para evidenciar el criterio que debía imperar a la hora de introducir lecturas. No podía haber dudas al respecto ya que, como recordó Aylagas, «hay libros buenos que elevan la mente y la existencia y libros malos que como veneno emponzoñan el alma de los individuos y de las multitudes. Los libros malos corrompen el espíritu, perturban la inteligencia, pervierten la libertad y apagan los buenos sentimientos[121]». Había que promocionar las conferencias, las «veladas literarias», la prensa, el cine, la radio como manifestaciones de «enseñanza y apostolado». Pero el libro, precisamente por la fuerza de las ideas que era capaz de transmitir, era el medio fundamental de todos estos instrumentos de arrepentimiento y conversión.

La necesidad de utilizar la propaganda para cambiar la imagen de las prisiones a medida que la guerra se alejaba en el tiempo dieron al esfuerzo intelectual (que englobaba también al coro y las representaciones teatrales) el mismo derecho a la redención de la pena que el trabajo físico. La religión, la escritura y la lectura fueron las materias evaluables para la abreviación de las condenas. La colaboración en cualquiera de las obras intelectuales para presos, los libros y la cartilla de Redención serían sin duda una buena señal de esa transformación que el régimen esperaba para devolver a «la buena España a los presos que así lo desearan».

4. LA SEDE CENTRAL: EL PATRONATO DE REDENCIÓN DE PENAS POR EL TRABAJO

Hoy, que España emprende la reconquista espiritual de aquellos españoles que nos fueron arrebatados de la propia

Patria por la violencia y el engaño de las fuerzas anticristianas y abre un cauce generoso para la Redención de la pena de aquellos otros que, desengañados, quieren sinceramente

incorporarse a la gran comunidad familiar de todos los españoles, vuelvan también los ojos a todos los principios de piedad y de fe y a su tradición mariana, para que la ayuda del cielo haga fecundos los esfuerzos de nuestra buena voluntad.

Decreto de 27 de abril de 1939

El verdadero nexo de este sistema institucional fue el Patronato de Redención de Penas por el Trabajo, también conocido como Patronato de la Merced. Una vez a la semana se reunía en su sede madrileña de la calle San Bernardo, sobre las 12.30, para tratar todos los temas relacionados con las peticiones de los presos. Los vocales tenían todavía tiempo de tomar el vermut, puesto que las sesiones no solían durar más de una hora. En ellas se trataban temas como la concesión de la libertad condicional, la fijación de los castigos, los traslados y los asuntos de la familia de los presos, a los que, hasta 1945, hacían llegar el salario entregado por las empresas[122]. Resulta muy significativo que para la fijación de todo este sistema el régimen recuperase el viejo modelo de sociedades benéficas e instituciones privadas. En cierto modo, llegó a ser considerada oficialmente, hasta casi entrada la década de 1970, la gran obra benéfica de la dictadura. Lo cierto es que llegó a englobar, directa o indirectamente, todo el sistema penitenciario, ya que su estructura misma era la síntesis de todo el aparato ideológico e institucional surgido de la guerra. Reutilizó un modelo antiguo, el de los viejos patronatos pro-presos del siglo XIX, al que se habían opuesto los sectores laicos de la reforma penal desde la Restauración hasta la II República, y que la dictadura impulsó extraordinariamente gracias a la capacidad de movilización de la Iglesia. Tal vez por eso el modelo organizativo fue muy distinto al del Auxilio Social de Falange y gozó de mayores simpatías entre las capas sociales altas tradicionales, incluida la burguesía urbana, que despreciaba el populismo falangista[123].

El Patronato era un destino político apetecible, ya que sus miembros recibían honores y honorarios de inspectores centrales. Su estructura orgánica era dependiente del Ministerio de Justicia; asumió plenos poderes y acogió a todas las familias del Movimiento, reproduciendo a su vez la propia estructura delegada en provincias. Sólo así pudo dirigir su política basada en un control efectivo de los centros y sus recursos, incluidas las colonias penitenciarias, que se extendía a todo el sistema de tutela de menores y mujeres refundidos a partir de 1945 en el Patronato de Presos y Penados de España, conocido como Patronato de San Pablo[124]. Jurídicamente, desde el 9 de julio de 1939, en que se fusiona con la Libertad Condicional, se convertiría en el principal instrumento para reducir la población reclusa. Sus funciones básicas se transmitían a los Servicios de Vigilancia y Tutela, conectados con la Dirección General de Seguridad pero también con las Juntas Locales, señalando los cauces de penetración social de la política represiva. Por eso se exigía del liberado condicional las mismas pruebas de sumisión y buena conducta prescritas anteriormente en la disciplina carcelaria. Al quedar fusionada con el expediente penal y la hoja de redención de penas, la situación de libertad condicional en que quedaba el preso era muy frágil y extremadamente dependiente de los informes penitenciarios o disquisiciones policiales posteriores. De este modo la institución nunca perdía ese carácter «de intermediario gratuito para cobrar las cantidades de las empresas, vigilar su cuantía y distribuirla entre la Hacienda, los reclusos y las familias de éstos[125]».

En el diseño de la política de excarcelación pesó de manera extraordinaria la imagen de la guerra. El liberado condicional seguía siendo un delincuente muy próximo al delito, por eso era necesario vigilarlo como medio defensivo. Con Esteban Bilbao al frente del Ministerio de Justicia se inició la excarcelación de los «menos peligrosos» (misión que tenía encomendada la Comisión de Examen de Penas desde 1940) para descongestionar unas prisiones absolutamente colapsadas. Para ello se creó el Servicio de Libertad Vigilada, cuyo objetivo principal era «procurar la aclimatación total del penado al orden que desconoce». Este régimen fue definido oficialmente como coeducación política y en él están presentes todos los rasgos distintivos de un sistema de justicia conmutativa o retributiva, en especial los criterios de peligrosidad social. El Estado tenía prisa por borrar las diferencias internas en la gran empresa de la unidad de España; por eso, en palabras del secretario técnico de la Subdirección General de Libertad Vigilada, José Antonio Torreblanca, se debía luchar contra las influencias regresivas del delincuente político. Se refería en concreto «al puesto en el desorden rojo, la prosperidad ocasional, la cazadora de cuero y la pistola al cinto[126]».

Éste es sólo un ejemplo de las muchas cautelas que se impusieron sobre los condicionales, porque en definitiva quien valoraba la condición de peligrosidad del delincuente era la Junta Local del lugar de residencia del individuo en cuestión. Fue en esta última fase, que será tratada más adelante, donde el entorno local obtendría un protagonismo enorme. La estructura jerárquica y centralizada del Patronato de Redención de Penas por el Trabajo se sustentaba en última instancia en las Comisiones Provinciales y en las Delegaciones Locales de Libertad Vigilada. Si alguna de ellas tenía inconveniente en que el penado regresase a su localidad natal podía oponerse a la concesión atenuada o proponer el destierro. En cualquier caso, si volvía, la comisión local era la encargada de informar sobre su conducta además de garantizarle un trabajo y el salario acumulado por la redención de penas por el trabajo. Los nuevos poderes obtenían así una gran capacidad de maniobra para rentabilizar su posición en distintos medios, haciendo gala de su patriotismo y cuidado de la economía nacional. Uno de los primeros acuerdos que tomó la Comisión Gestora de la Diputación Provincial de Madrid fue «autorizar al Sr. Director del Colegio de San Fernando para de acuerdo con las autoridades correspondientes trasladar a campos de concentración a los acogidos del mismo que, observando mala conducta, hayan servido en el Ejército Rojo, debiendo comunicar sus nombres a la Presidencia a los efectos correspondientes[127]».

5. MOSTRANDO AL ENEMIGO INVISIBLE

Con este tipo de medidas el régimen iba a consolidar la nueva estructura social salida de la guerra, pero nunca descuidaría el cultivo de la amenaza y del peligro constante. Como otros procesos nacionales de «integración negativa», la imagen criminal de la anti-España iba a ser utilizada hasta la saciedad e iba a servir para justificar la política represiva de Franco como verdadero ariete de su nueva posición anticomunista ante el mundo[128]. La trayectoria para forjar los rasgos del enemigo interior fue muy similar a las fases descritas anteriormente sobre normas que surgen en plena guerra y terminan alcanzando el ordenamiento legal común. El Día de la Victoria, Redención publicó el discurso sobre las condiciones del perdón que la España Nacional iba a poner en marcha: «No es posible sin tomar precauciones, devolver a la sociedad, o, como si dijéramos, a la circulación social, elementos dañados, pervertidos, envenenados, políticamente y moralmente, porque su reingreso en la comunidad libre y normal de los españoles, sin más ni más, representaría un peligro de corrupción y de contagio para todos, al par que el fracaso histórico de la victoria alcanzada a costa de tantos sacrificios».

Es un extracto bastante representativo del que sería uno de los aspectos más significativos de la dictadura: la no integración de los que perdieron la guerra. Reproduce además dos puntos fundamentales que el partido nazi había incluido en su programa de 1932 sobre la orientación que debía adquirir la prisión: «retribución» y «disuasión», que en España se incorporarían igualmente desde la libertad condicional a toda la legislación posterior sobre orden público[129]. El fantasma de la anti-España y la caracterización ideológica del enemigo político pesaron en la fijación de una imagen que transmitía todo el mensaje de entrega y sumisión que la propaganda franquista había canalizado desde el imaginario bélico. Una referencia constante al sacrificio, a los mártires que dieron su vida por salvar la de los presos en zona roja, estableciendo el predominio de la iconografía religiosa, y, sobre todo, de la virgen de la Merced, patrona de las prisiones. A través de las historias de los mártires y la vida de los santos se evoca la necesidad de recrear un purgatorio en la tierra. El punto de partida arranca de la exaltación de los mártires de la revolución de Asturias, justo hasta donde se remontaba la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939[130].

La aplicación de una legislación criminal de semejantes características sobre una población tan amplia generó múltiples respuestas desde todos los campos. La medicina y la psiquiatría también vieron un objetivo claro para aplicar sus nuevas teorías en aquella masa de presos, pero el discurso esencial siguió siendo el religioso. Aun así, hubo tentaciones, especialmente en los sectores más germanófilos, de asimilar las bases de la teoría racial a la Nueva España. Se trataba de aplicar una «terapia de hispanidad», como la definió Vallejo-Nágera en el Congreso de Psiquiatría de Bonn de 1938, a los desarrapados ideológicamente. A diferencia de Misael Bañuelos, quien llegó a afirmar que «el racismo es la concepción biológica más fructífera y más revolucionaria de los últimos tiempos[131]», las tesis de Vallejo-Nágera, a pesar de haber sido vinculadas con frecuencia al fascismo, desvelan un enorme peso del pensamiento tradicionalista y de elementos comunes en buena parte del conservadurismo intelectual de la época, aglutinados, como defendió Jordi Gracia, tras la entrega de los maestros liberales. Principios como aquéllos que mostró Cuervo: la defensa del pasado y la defensa del orden sagrado como fundamento del orden social, sintetizadas por Maeztu en Defensa de la Hispanidad.

Jefe de psiquiatría militar durante la guerra, Vallejo-Nágera se basó en los valores espirituales «que nos permitieron civilizar tierras inmensas», fundiendo el concepto de raza española con el de hispanidad, no con superioridad biológica alguna. Para ello propugna la reproducción de los selectos frente a las clases populares, pero no la eliminación de estas últimas[132]. La guerra y su experiencia en el Gabinete de Investigaciones Psicológicas de la Inspección de Campos de Concentración lo llevaron a intentar analizar patológicamente a los prisioneros de guerra, «laboratorios de la Nueva España», como los definió Rodrigo, y, más tarde, a las presas de la cárcel de Málaga. Con todos ellos quiso comprobar empíricamente que las ideologías de izquierdas prevalecían entre individuos psicóticos y con bajos niveles de inteligencia para determinar así su grado de «reeducabilidad». Dividió a los prisioneros en ciclotímicos, «propagandistas y vividores marxistas» y esquizotímicos, «fanáticos marxistas que han combatido con las armas en la mano[133]». Pero realmente no llegó a creer que ninguno de los individuos estudiados hubiera comprendido de verdad la doctrina que defendían, «pues se nutren de las personas menos inteligentes y más incultas de la sociedad». Por encima de todo, las tesis raciales de Vallejo-Nágera chocaron con la normativa doctrinal católica en la que se había formado, por lo que su planteamiento práctico terminó en la necesidad de segregación de los vencidos. Una influencia contra el positivismo científico extranjero que ya está presente en el freno de la reforma penal laica de la Restauración y que se reactiva al término de la Guerra Civil en toda la obra de los patronatos de beneficencia[134].

Vallejo-Nágera fue un soporte científico de la necesidad de unas penas duras que atajaran la alta criminalidad de la delincuencia marxista. Pero, como se ha visto, en la consolidación de esta visión dominante en el Ministerio de Justicia pesó mucho más que la moderna criminología la vieja distinción religiosa entre el Bien y el Mal. Un vínculo ideal que otro psiquiatra, López Ibor, refiriéndose a los males sociales de su tiempo o tal vez pensando en Vallejo-Nágera —que le había desplazado de su cátedra—, describió gráficamente sentenciando que «los pecados producen a veces enfermedades[135]». Aun siendo importante para los criterios de reeducación que se proyectarían mucho más adelante, el discurso sobre la inferioridad racial de los disidentes políticos no caló en la política criminal de posguerra, marcada por el peso de una tradición propia. Lo expresó Franco en persona el día de la unificación del Movimiento: «Nosotros somos católicos. En España se es católico o no se es nada. Incluso entre los rojos, aquél que reniega de su fe sigue siendo católico, aunque no sea más que por oposición al no católico[136]».

Los propagandistas católicos rechazaron públicamente el racismo basándose de nuevo en las encíclicas papales, con la clara intención de distanciarse del modelo totalitario y debilitar a Falange. A mediados de 1943 la ACNP hizo públicas las «afirmaciones erróneas del racismo germánico» a través de sus especialistas en medicina, psiquiatría y educación[137]. En primer lugar, Francisco Marco, director del Centro Psiquiátrico de Valencia, defendió la unidad de la especie humana en contra de la existencia de razas superiores e inferiores[138]. El catedrático de Patología General y propagandista de Madrid, Manuel Bermejillo, declaró ilícitos los medios por los que la Alemania nazi conservaba la higiene racial o eugenesia y señaló como únicos medios para mantener la pureza «la cultura, la moral y el robustecimiento espiritual[139]». Más adelante, el decano de la Facultad de Medicina y presidente de la Junta de Acción Católica en Valencia, José Barcia Goyanes, sostuvo que «los ejemplos podrían multiplicarse y todos ellos nos llevarían a la conclusión de que las diferencias raciales en el orden intelectual y moral si tienen un substrato innato dependen principalmente de factores culturales[140]».

El elemento sobresaliente en el universo mental de los vencedores, junto al catolicismo tradicional, fue la conciencia de clase superior. Y si en algún momento la doctrina de la desigualdad de los hombres alcanzó mayor relevancia en el campo penal fue en el Congreso Penal y Penitenciario de Berlín de 1935. El ponente español, José de las Heras, subinspector de Prisiones que poco después se convertiría en mártir de la Cruzada, expresó cuáles eran a su entender los males de las prisiones españolas. El problema era una oleada democratizadora causante de la falta de disciplina y de la proletarización de las masas:

Nosotros tenemos la experiencia de España, tan reciente como elocuente. Al advenimiento de la República, en abril de 1931, el poder público, saturado de las ideas llamadas democráticas, comenzó a ocuparse de la situación de presos y penados […] los resultados no tardaron en hacerse sentir, jamás se vio una época parecida a la que siguió a estas medidas: protestas contra la comida, plantes contra el régimen, revueltas, motines y evasiones colectivas[141].

La política oficial de la dictadura enlazó con ese criterio que consideraba necesaria una legislación penal que «no puede perder su carácter de represión, ya que los sistemas penitenciarios, con sus fines correccionales, deben conservar el tono de intimidación conveniente para los ciudadanos de poca cultura[142]». La literalidad con la que se seguían algunas de estas expresiones unos años después para frenar todo tipo de suavización de las penas prueba la extensión de esta filosofía del castigo anterior a la guerra defendida por los sectores profesionales más conservadores de la judicatura o las prisiones, cubierta con la retórica de exaltación patriótica y nacionalista. Lo más trascendente de esta visión fue la imagen del enemigo interior que se mantendría siempre viva a través del mundo de los presos. La guerra había engendrado el dolor que daba vida a la pena, y el sistema redentor del Caudillo defendía igualmente a la sociedad para que no se le causara más daño. La horda marxista había abierto las puertas de las cárceles a los delincuentes profesionales, a terribles criminales que se mezclaron con el furor revolucionario. Ese «gran delito» habría legitimado el Alzamiento para garantizar la defensa del orden y también para su castigo. Ésta fue la vertiente oficial que puso en pie el ideal integrista de la redención. Se trataba de la versión más fuerte, donde quedaban unidos los principios de defensa política y de defensa social que aglutinaban a la amalgama política del franquismo.

El miedo a la revolución y al desorden público, tan presente en el ideario conservador desde la Restauración, afloraba en esta década con una fuerza inusitada. Fue el argumento principal para sostener la represión una vez que la guerra había pasado, bajo una versión punitiva «preventiva». También sería un lugar común en los preámbulos de la legislación especial para la seguridad del Estado. Una clasificación especial que incorporaba una serie de mecanismos de censura social dentro y fuera de las prisiones. La mejor formulación práctica de estos principios fue la Ley de Seguridad del Estado, de 29 de marzo de 1941, sustituida en 1947 por el Decreto de Represión del Bandidaje y el Terrorismo. Como explicaba su exposición de motivos, «no es posible que el Estado pueda permanecer inerme a la carencia de aquellas previsiones penales que si, por un lado, tienden a salvaguardar su autoridad constituyen por otro un postulado esencial de orden en toda sociedad regularmente organizada».

A pesar de que, tal y como reflejaran las memorias de los fiscales del Tribunal Supremo, la delincuencia común empezó a estar considerada «fuera de límites soportables», la postura oficial fue la de seguir insistiendo en que los enemigos políticos de España eran aún muy poderosos[143]. El fuego del miedo se avivó con la herencia decimonónica de la peligrosidad de una masa desbordante, que se tradujo desde los primeros años de posguerra en una fiebre clasificatoria y en la construcción de tipologías diversas. El fiscal Antonio Ripollés clasificó en cuatro los grupos que había en prisión a comienzos de la década de 1950: delincuentes de constitución anormal, delincuentes de difícil corrección y enmienda, delincuentes fácilmente recuperables para la vida social y, por último, delincuentes políticos. Éstos eran caso de estudio particular[144].

Las características de marginalidad y las conductas antisociales con las que eran descritos los delincuentes pasaron a formar parte de la gran barrera sociológica levantada por la dictadura. La voluntad de no reconciliación, de no integrar a los vencidos, fue favorecida por esta tónica, que se prolongó toda la década. En un mundo de absoluta indefensión hacia la arbitrariedad, la enfermedad y la muerte en aquellos años de total reinado de la incertidumbre, el perdón (indulto) se extendió como la pólvora, pero fue precisamente en su negación donde quedó la tarea de la cárcel franquista. Del mismo modo, su propio ideal de conversión terminó abriendo y cerrando la válvula de las políticas de exclusión, ya que fuera de la cárcel, donde ya no funcionaba como beneficio, la conducta social y política era seguida al milímetro. Antes de entrar en ese laberinto en que se convirtió la sociedad de posguerra para muchos de los presos liberados, hay que hacer un recorrido por la experiencia vital más trascendental de muchos de ellos junto con la guerra: la cárcel. A la cárcel vista desde dentro, tal y como la vivieron, tal y como la sufrieron, se destina la segunda parte de este texto, recreado a través de la documentación de las prisiones mismas.

SEGUNDA PARTE

LA CÁRCEL COMO LUGAR COMÚN

¡Cuántas veces hubiera preferido que me hubieran fusilado,

pues así uno hubiera terminado de sufrir!

MIGUEL XAMBROT, carta a su esposa,

cárcel de San Miguel de los Reyes, Valencia, 8 de marzo de 1941

CAPÍTULO 4

LOS SALVADOS Y LOS HUNDIDOS

Durante la segunda mitad de la década de 1940, mientras en una gran parte del mundo se asistía a una serie de cambios sustanciales en el futuro, nada parecía moverse en una España dependiente por completo de la Guerra Civil. Para la mayor parte de la población, la vida cotidiana se endureció más si cabe en una posguerra recrudecida por la represión política y las malas condiciones económicas. Tanto el mundo urbano como el rural quedaron sometidos a los efectos de un retroceso general en los niveles de producción; hasta el final de la década la economía del país no pudo igualar los niveles de renta de 1936. Al empeoramiento de las condiciones de trabajo con salarios muy bajos se unió una subida de los productos de primera necesidad sin precedentes en la historia de España. En el campo, donde todo quedaba supeditado a una nueva política agraria denominada autarquía, las economías domésticas empobrecidas convivían con una nueva versión de las viejas familias que habían ostentado tradicionalmente el poder. En esas condiciones floreció el negocio sobre la necesidad y el hambre, conducido por un tráfico constante hacia las ciudades. El estraperlo se asentó en la sociedad como un fenómeno que crecía imparable a medida que las restricciones de energía eléctrica, de gasolina y de cualquier cosa que sirviera para calentarse se hacían más frecuentes y prolongadas[145].

El número de víctimas del hambre directa o indirectamente causadas por la guerra es todavía muy difícil de cifrar. A él habría que agregar las defunciones por epidemias que motivaron que subiera el índice de mortalidad infantil por encima de los datos de 1900. Las autoridades no se cansaban de repetir que era necesario buscar por todos los medios la solución del problema, especialmente de los menores de un año, pero los resultados seguían siendo muy escasos, como ellos mismos reconocían. El ministro de Trabajo no ocultó en su informe de 1941 que más de la mitad de los niños galardonados por familia numerosa en 1940 habían fallecido al año siguiente. Igualmente, el ministro de Gobernación reconocía en 1943 que a España le hacían falta los 130 000 niños menores de cinco años que morían anualmente[146].

Hasta 1943 no se celebró la primera reunión del remodelado Cuerpo Médico de Sanidad Nacional tras la guerra. La conclusión principal a la que se llegó en el congreso fue que el problema más grave entre todos los planteados en España era el paludismo, con cerca de 400 000 casos, casi un tercio de ellos localizados en Extremadura. El diagnóstico de la salud nacional era claro: había que despiojar, atacar también la poliomielitis, que había avanzado peligrosamente, y protegerse de la tuberculosis. La única buena noticia era que podía darse por terminada la epidemia de tifus que había empezado en 1941. Además de la especial mención a la mortalidad infantil y a los problemas de alimentación e higiene que facilitaban la difusión de epidemias, el Consejo hizo una referencia al estado de salud mental de la población. Más de un tercio sufría dolencias graves de tipo psiquiátrico y probablemente otro tercio padecía tendencias depresivas después de la guerra. Según sus datos, España contaba con 30 000 camas para enfermos de psiquiatría en hospitales (un 62% en públicos y el resto en centros religiosos). Se trataba mayoritariamente de mujeres, un 55% frente a un 31% de hombres, y sólo un 1,4 eran niños. El cuerpo médico alertó sobre esta situación, que podría afectar a diversos aspectos de la vida nacional, en especial al orden público. Pidió que se aumentara la capacidad real de los establecimientos psiquiátricos para acabar con el hacinamiento en determinados hospitales, y sobre todo el producido en los que calificaba de «escasísimos» establecimientos que contaban con un pabellón infantil[147].

En ese marcado contexto de empobrecimiento arrancó la paz de Franco, que coincidió con el mayor número de detenidos y presos en la historia contemporánea de España. Desde mediados de 1939 se había acelerado el traspaso de los campos de concentración a unas prisiones que llevaban ya tres años sobresaturadas. El hambre cayó sobre ellos y el Estado reconoció su incapacidad para garantizar su subsistencia, rebajando oficialmente el rancho a una comida al día. Los meses de febrero y marzo de 1941 fueron particularmente terribles. En el penal de El Puerto de Santa María, por ejemplo, la alimentación quedó cubierta durante meses con hierbas o vinagreras, porque el precio de las espinacas estaba entre cuatro y seis pesetas el kilo. La subida implacable de los precios incrementó la falta de alimentos básicos en una dieta ya muy pobre, pero también el estraperlo empeoró la situación. Las familias quedaron encargadas de sus familiares presos, pero el llamado «turismo penitenciario» lo impidió. La decisión de controlar a los reclusos mediante una continua movilidad resultó fatal para una población en progresiva descomposición física y mental. Una combinación fatal para unos espacios totalmente colapsados[148].

Un informe del 15 de abril de 1941 dirigido a Máximo Cuervo describía del siguiente modo la situación en Córdoba:

Existen dos establecimientos principales, la prisión provincial con 1700 hombres y la habilitada con 2500 aproximadamente, en la primera conjuntamente con un estado general de avitaminosis, una aglomeración y hacinamiento tales que el espacio a ocupar por individuo no sería superior a 30 cm². La suciedad y miseria proporcionales a la aglomeración expresada. La Prisión Habilitada amplia y con dos hermosos patios, edificio sin encalar y con todos los servicios deficientes para sus ocupantes que también se encuentran depauperados pero con suciedad menor por la amplitud y ventilación de que disfrutan. En el orden disciplinario puede señalarse que el recluso es obediente pero extraordinariamente sucio tanto por su propio ser como por la escasez de agua y limpieza de los edificios. El servicio de alimentación franco desastre sin aceite ni legumbres secas, no contando con más alimento que nabos forrajeros, siendo un azar el suministro diario[149].

La escasez y el racionamiento se convirtieron en uno de los puntos de unión más visibles entre la realidad de las prisiones y de la sociedad de posguerra. El trapicheo, la reventa de artículos de la cantina, la correspondencia sin pasar por la censura… Todo podía encontrarse por esta vía que, en no pocas ocasiones, era el fruto de una sociedad mercantil con los guardias y funcionarios para agilizar trámites, certificados y destinos. Pero otra cosa bien distinta fue la desviación sistemática de alimentos y fondos hacia el mercado negro. La entrada y salida de alimentos de los penales fue la muestra más gráfica de un auténtico tráfico, un fluido de dinero y reventa de artículos de primera necesidad entre la cárcel y la empobrecida sociedad que la rodeaba. Muchas familias practicaban la reventa entre sus vecinos para poder comprar a su vez alimentos y medicinas a los estraperlistas del ejército y de las prisiones y mandárselos a sus familiares presos. Pero el gran contrabando, el de administradores y directores, quedó, la mayoría de las veces, impune, protegido por la tela de araña del régimen. El director de la prisión de Córdoba, Enrique Díez Lamiere, el mismo que había achacado la suciedad de los presos a la escasez de agua pero también a «su propio ser», fue juzgado en un consejo de guerra por desviación de alimentos y dejación de funciones, junto con el jefe de servicios y el médico de la prisión, el 28 de junio de 1941. Los tres fueron expulsados del cuerpo al considerarse muy grave una sustitución de alimentos que llegó a tal extremo «que por chorizo se facilitaron embutidos compuestos de vegetales, pimentón y residuos de pellejos». Para que se iniciara la investigación tuvieron que morir 110 presos en un mes.

Los documentos y expedientes de asuntos internos (clasificados como «expedientes gubernativos») muestran una realidad de las cárceles que se aleja de la imagen idílica de reeducación, de escuela y de taller que se pretendió ofrecer durante todo el franquismo. Fue quedando sepultada por los casos generalizados de corrupción, dejadez y negligencia que llevaron a la muerte a miles de personas, la mayoría pendientes todavía de juicio. En estas condiciones, el cumplimiento de condenas tan largas equivalía a una muerte prematura casi segura. De hecho, antes de la Navidad de 1944, concretamente el 12 de diciembre, un régimen necesitado de lanzar gestos humanitarios al exterior amplió la libertad condicional a los que hubieran cumplido setenta años y a los que, sin tener esa edad, fisiológicamente pudieran equipararse a ella[150]. Por otro lado, la influencia del partido único crecía espectacularmente en la gestión cotidiana de las prisiones. Una hornada de nuevos oficiales procedentes del ejército y mayoritariamente pertenecientes a Falange ingresaron en unos establecimientos donde los presos políticos recibían desmoralizados las noticias del exterior sobre el avance del ejército alemán. Este cambio en las plantillas de personal se produjo a medida que la depuración política y la jubilación, forzosa en ocasiones, fue mermando el número de funcionarios con experiencia. En tan sólo dos años se había renovado totalmente la plantilla de oficiales de prisiones y guardias procedentes en su mayoría de la guerra. Este hecho, unido a la contundente respuesta ante cualquier protesta o señal de indisciplina, sería una de las claves para la configuración de un mundo como el de la cárcel de los años cuarenta, uno de los últimos lugares donde se prolongó la conflictividad característica del primer tercio del siglo XX.

La experiencia acumulada por muchos de los presos políticos se reprodujo en los lazos de solidaridad y de apoyo mutuo que la propaganda, el «tratamiento individualizador» y los beneficios de la redención pretendieron romper desde un principio. Ahí surgió la otra gran esfera de control de la vida en prisión, la educativo-religiosa, como el mejor reflejo de la cultura oficial que imperaba en la España de entonces y que era imprescindible pasar para certificar la buena conducta. La combinación del hambre, la violencia y la coacción, justo en medio de un ambiente de incertidumbre, arbitrariedad y caos burocrático, generó una atmósfera psicológica tan asfixiante que muchos prefirieron quitarse la vida a seguir así. El suicidio ante los malos tratos, los interrogatorios, el traslado, el consejo de guerra o la condena a muerte fue una opción barajada por muchos más de los cientos de casos que aparecen documentados. Lo mismo sucedió en la sociedad «libre», donde la incidencia de suicidios se ocultaba clamorosamente. Casi tantos como fugas e intentos de fuga, que fueron muy numerosos durante todos estos años, sobre todo en los destacamentos penales. Pero fue la concentración paulatina de trabajos en el interior de las prisiones, en los llamados talleres penitenciarios, la que favoreció un fenómeno que preocupó día y noche a las autoridades: la reconstrucción de los partidos políticos. Con un 85% de presos considerados izquierdistas, a los que había que sumar los que llegaban por delitos con posterioridad al 1 de abril de 1939, y una coyuntura internacional incierta, el régimen vivió con absoluto temor la posibilidad de que la cárcel se convirtiera en una quinta columna. Para evitarlo utilizó todos los medios a su alcance: espionaje, delación y, en última instancia, ejecución. Las cifras oficiales de 1944 estiman en 800 el número de penas de muerte cumplidas y en algo más de 300 las conmutadas en el último momento[151].

Ante esta situación, las direcciones generales de Seguridad y de Prisiones estrecharon todos los mecanismos de control sobre los presos considerados peligrosos. Cacheos, requisas minuciosas, escuchas en las comunicaciones, traslados de presos marcados y aumentos de confidentes infiltrados. Todo ello generaba un enorme incremento de los servicios de información mientras se seguía careciendo de comida o de enfermería en muchos casos, porque las cifras seguían revelando una aglomeración permanente. Un oficial de la cárcel de Sevilla cifraba en más de 2000 las cartas, de entrada y salida, que tenían que censurar mensualmente a finales de 1942. Otro de la celular de Vitoria se excusaba de un error, esgrimiendo que entre 1940 y 1942 había tramitado, él solo, más de 1000 expedientes de libertad condicional[152]. El Patronato Central de Redención de Penas llegó a estandarizar una serie de castigos para que se agilizaran los trámites administrativos. Y así, a golpe de traslado y castigo, se fueron «especializando» las distintas cárceles. A Burgos podían ir los políticos, pero también los «invertidos», mientras que los fugados que eran capturados eran destinados al penal de Chinchilla, en Albacete, famoso por su extrema dureza. Los indultos, las conmutaciones sucesivas y las excarcelaciones aceleradas a medida que se decantaba el final de la II Guerra Mundial habían dejado en prisión a los contumaces, a los irredimibles, tal y como había pronosticado Franco, aunque siguieron entrando muchos más y a un ritmo más elevado que con anterioridad a la guerra.

La cárcel fue el lugar común para todos ellos. Políticos y comunes, vagos y maleantes, perdidas y homosexuales, masones y rufianes de todo tipo. A pesar de las diversas consideraciones y el distinto trato que se les dispensaba, el mundo de la justicia de posguerra los igualaba por peligrosos, política, social y moralmente. Y así los exhibía impúdicamente. Los descarriados de la cárcel servían para que la sociedad tuviera presente y visualizara el recuerdo de la guerra, de la revolución, de los robos, las violaciones… A pesar de que el crecimiento de los delitos contra la propiedad fue desbordante, el aumento de la criminalidad sirvió para imprimir el carácter definitivo a una cultura del miedo que marcaría al país durante décadas. Más prolongado aún fue el ocultamiento de la existencia de presas políticas en las prisiones españolas, que llevó a una situación de total indefinición legal a miles de mujeres. Cumplían condenas por rebelión igual que los hombres, pero eran tratadas como presas comunes y sobre todo como prostitutas. A pesar de todo, fueron incluidas en el sistema de redención de penas con un mayor énfasis en las posibilidades de su reeducabilidad religiosa. A diferencia de lo que ocurrió con los hombres, la existencia de políticas o reincidentes sociales, como se llamaba a las reclusas internamente, sí fue explicada como una consecuencia del empeoramiento de las condiciones de vida en la posguerra. La solución fue volver la mirada al pasado, a modelos que veían la delincuencia y la sexualidad como trastornos graves. La influencia de la Iglesia, sin embargo, decantó el trato correccional a las presas y puso a su disposición sus centros y órdenes especializadas en el tratamiento de las perdidas desde siglos atrás. La mujer podía reformarse siempre que hiciera del hogar y de la maternidad el centro de su vida. El discurso correccional sirvió así de plataforma a la política natalista del Estado que aún tardaría muchos años en dar sus frutos previstos. A pesar de los esfuerzos por apartar a estas mujeres de la sociedad por ser consideradas un mal ejemplo moral, la conflictividad en las cárceles de mujeres fue siempre muy alta y de gran intensidad, lo que irritaba profundamente a los responsables de Justicia y Prisiones.

1. DEL ENRIQUECIMIENTO, LA MISERIA Y EL HAMBRE

Del caos y de la destrucción de la Guerra Civil también emergieron prósperos negocios y reputadas fortunas cimentadas sobre la miseria humana. A mediados de 1937, el administrador de la prisión de Pamplona se compró dos casas en Cádiz y un coche último modelo. Las fuertes sumas que desembolsó procedían de la diferencia en el suministro oficial del rancho. Rebajó el racionamiento del fuerte San Cristóbal y aumentó el precio del economato de la cárcel provincial. Mientras el administrador, como declaró otro funcionario, «iba fardando de billetes», los presos pagaban a peseta el litro de leche[153]. También durante la guerra proliferaron iniciativas como la del gobernador civil de Málaga, que cobraba a los familiares de los detenidos por las visitas a la prisión. Estos ingresos incrementaban los que por otros medios se destinaban «a la gran obra nacionalsindicalista pro-huérfanos de guerra». La cantidad recaudada por donativos y visitas efectuadas a la prisión por los familiares de los presos en Málaga, sólo entre marzo y junio de 1938, ascendía a 33 853 pesetas[154].

Pero el contrabando masivo con las mercancías de los penales llegaría tras el fin de la guerra. El desmantelamiento de los campos de prisioneros abrió un espacio enorme al mercado negro. Sobre las prisiones centrales se creó una nueva red de proveedores únicos que desviaban los fondos, a título particular o mediante terceras personas. En todas partes afloraron redes de contrabando encabezadas por la prisión provincial que ordenaba la distribución de alimentos a las de partido. Badajoz, por ejemplo, administró el traslado de prisioneros del campo de concentración de Castuera a las prisiones de Puebla de Alcocer, Herrera del Duque y la propia Castuera. Un sistema infalible mientras tuvieran semejante número de presos, pero en diciembre de 1940 el campo estaba próximo a desaparecer. De los 5000 presos que había un año antes sólo quedaban 430[155].

Ceferino Berrocal relevó entonces a Manuel Fernández, todopoderoso jefe del campo destinado a Dos Hermanas (Sevilla). Por entonces, el gasto aprobado oficialmente para cada preso era de 1,38 pesetas (100 gramos de conserva y 400 de pan). No se daba rancho caliente y se repartía una lata de atún de 5 kilos por cada 30 presos. Sin embargo, los libros de cuentas de Castuera señalaban, a 12 de diciembre de 1940, 158 000 pesetas de ingresos y un superávit de 28 000 pesetas. En Puebla de Alcocer el pan y el aceite lo tenían que comprar los presos en el economato y únicamente llegaban latas de conservas. La orden de Badajoz era que no se diera otra alimentación. El jefe de Herrera del Duque también recibió esa orden de no dar más de una lata por cada 30 individuos mientras durase el racionamiento. El superávit de Herrera del Duque alcanzó las 11 000 pesetas en un solo mes[156].

La Dirección General mandó al inspector Aurelio Valdeón para que iniciase una investigación. En poco más de un mes el escándalo llegó a tales dimensiones que el administrador de la cárcel de Badajoz se suicidó. Puede decirse que era el cerebro de la operación, pero no el único implicado. El director no operaba con el Banco de España sino que guardaba personalmente el dinero de las prisiones junto con el de los sobornos de los proveedores. Pero Valdeón fue más allá y acusó a las autoridades y a los nuevos jueces locales «de quebrantar la ley de manera escandalosa». Demostró que el juzgado cobraba 2076 pesetas de descuentos en suministros mensuales a la prisión. Y todo ello sabiendo que recibían una lata de atún para 30 personas. El balance de la mortalidad en esta localidad extremeña fue desolador. De los 5000 presos concentrados al terminar la guerra, 1300 partieron a Orduña (Vizcaya) donde casi el 40% murió entre el traslado y el primer invierno. Su director también fue acusado de desfalco por derivar al mercado negro los 2000 kilos de garbanzos destinados a la alimentación. El resto fue pasando a disposición de las auditorías de guerra que los reclamaban e ingresando en otras prisiones saturadas, hasta que en diciembre de 1940 sólo quedaban ya poco más de 400 presos.

Los ejemplos de enriquecimiento que implicaban dejar morir de hambre a miles de personas nunca fueron casos únicos o aislados. Hubo un momento en que hasta el Ministerio de Justicia no pudo encubrir más la situación e hizo pública su imposibilidad de aumentar el rancho y de subir la asignación de alimentos por recluso[157]. A pesar de mostrar ciertas disconformidades, las críticas internas no tuvieron trascendencia más allá de la depuración de las responsabilidades de algunos funcionarios corruptos. Tras limpiar la provincia de Badajoz de estraperlistas, el inspector Aurelio Valdeón fue destinado a ordenar la prisión de Almadén (Ciudad Real), donde se acababan de producir tres fallecimientos por «inanición y agotamiento físico». Según su informe de noviembre de 1941, había 365 presos, 120 de los denominados reclusos-trabajadores en las minas de mercurio y el resto presos políticos. Al menos un 30% padecía sarna y la asignación por alimentación no pasaba de los 0,35 céntimos por persona. Comían sólo una vez al día, pero aun así tenían que seguir trabajando. El 18 de diciembre murió otro recluso, Gerardo Santos, por inanición mientras el Patronato seguía sin enviar el importe de la sobrealimentación, unas 5000 pesetas mensuales para los forzados de las minas. Pasada la Navidad empezó a solucionarse la situación e incluso los presos pudieron desayunar. La clave, según el inspector, fue la creación del economato, «porque así los que no tienen familia pueden comprar los alimentos sin pagar intermediarios[158]».

Los viejos demandaderos, los intermediarios resurgían en las prisiones como en el tiempo en que las cárceles eran privilegios reales que se compraban y vendían. La lista de los administradores, funcionarios y empresarios que se enriquecieron desviando fondos de los penales contrasta ampliamente con los que sufrieron alguna consecuencia por ello. El 7 de septiembre de 1941 dio comienzo en la Audiencia de Segovia el juicio contra el director y el médico de la prisión de Cuéllar, acusados de obligar a los presos a comprar en el economato que habían establecido por medio de un testaferro. En la prisión de Mérida también se abrió un economato con precios desorbitados. El director del centro obtuvo además un cupo de aceite de la Delegación de Abastecimientos por medio de un industrial que a su vez fue autorizado para venderlo particularmente a los reclusos. La amplitud de la geografía penitenciaria española favorecía que cualquier persona relacionada con ese entorno impusiera su autoridad. En diciembre de 1942 se abrió causa en el Juzgado de Instrucción de Albacete sobre abusos del personal de prisiones a la población de Hellín, a la que se obligaba a comprar los productos que sacaban de contrabando del destacamento penal. El principal responsable fue el guardia Luis Navarrete, un excombatiente y caballero mutilado de guerra que formó un grupo para extorsionar a la población con la excusa precisamente de reprimir el estraperlo. La sentencia declaraba los siguientes hechos probados: «registró domicilios, detuvo personas, decomisó géneros, y maltrató a mujeres en la estación del ferrocarril donde acudía al paso de los trenes para registrar las maletas haciendo uso de una pistola[159]».

Con esta situación constante de abuso y desfalco, el hambre y la alimentación deficiente se convirtieron en las primeras dificultades que debían salvar los reclusos al entrar en prisión. La familia, el dinero y las organizaciones políticas eran la única manera de sortearlas, pero todo pasaba por el estraperlo, bien de mano en mano o legalmente, por el economato. A pesar de las tan anunciadas medidas contra los estraperlistas, no se erradicó un problema que crecía sobre la miseria y el aprovechamiento económico de los cuadros del régimen. En septiembre de 1945, un excombatiente de la División Azul envió al ministro del Ejército una nota en la que podía leerse: «Pese a la escasez que estamos pasando hoy tiramos la cena compuesta de agua caliente y harina de algarroba (2 kilos para 65 hombres); si tratamos de reclamar por la comida nos meten en celda un mes a pan y agua los días alternos, no ya como un delincuente vulgar sino peor que un perro leproso[160]». En la mayoría de penales se repitió la misma historia para fomentar la compra de artículos en los economatos. Comidas muy saladas, sin sustancia alguna, sin carne o verdura. La fruta era considerada un lujo, más cara que el alcohol o el tabaco. Los destacamentos de trabajo al aire libre recibían mayor cantidad de alimentos para paliar el déficit de calorías que imponía el ritmo físico, pero también favorecían la desviación de fondos bajo la incuestionable autoridad del director del centro. En 1947 se iniciaron las obras de una nueva prisión en San Sebastián con reclusos que redimían pena por el trabajo como «trabajadores manuales». El 9 de marzo del año siguiente, bajo el seudónimo de Fidel Arriaga, llegó este informe a la Dirección General:

Los presos de este destacamento desde su formación venimos aguantando con toda disciplina los horrores de un hambre feroz. A pesar de lo restringida que venía siendo la comida, el día 20 del pasado mes en una visita que hizo el señor director al parecer encontró que la comida era demasiado abundante y dio orden de que recortaran el cazo. Como se encontró con la imposibilidad de que eso se realizara, a la mañana siguiente mandó un cazo más pequeño[161].

Economatos, estraperlo, racionamiento… El Estado no garantizó una manutención superior a las dos pesetas por preso hasta bien entrada la década de 1950. Las familias, pues, fueron el soporte principal, no el único pero sí el más generalizado, de un importante volumen de población en situación extrema. De esta forma, el negocio no sólo desembocó en la avitaminosis y la deshidratación de los presos, acabó drenando los pocos recursos de las familias, de unas familias que tenían graves dificultades para seguir adelante tan marcadas políticamente como estaban. Los presos comunes, muchos de los cuales seguían en prisión desde la entrada en vigor de la Ley de Vagos y Maleantes de 1933, sufrieron más si cabe esta situación, al carecer frecuentemente del apoyo familiar de fuera de la cárcel y de las redes políticas de dentro. La política de traslados masivos acabó con la resistencia de muchos de ellos.

2. UN VAGO EN LA DGS

La noche del 10 de mayo de 1941 murió en la Dirección General de Seguridad Pedro Pastor. Causa de la muerte: agotamiento y avitaminosis. Su estado era lamentable, de sus ropas apenas quedaba un harapo, pero aún se distinguía la insignia de una bandera de Falange. El estado de desnutrición del cadáver y el de los 50 presos que acompañaban la expedición era tan alarmante que el forense decidió dar parte a la autoridad superior. Aquella noche se llevó a cabo un particular interrogatorio en el edificio de la Puerta del Sol; un inspector tomaba los nombres y apellidos que daban los reclusos acusando a los mandos de la prisión de Huelva de querer «matarles de hambre[162]».

Máximo Cuervo pidió un informe de todo lo sucedido. En él se detallan todos los pasos de un traslado de presos al campo de concentración de Nanclares de la Oca, en Álava. De Huelva salieron 27 presos el 1 de mayo de 1941. Esa noche durmieron en Sevilla y al día siguiente lo hicieron en la prisión de Córdoba, donde se les sumaron 23 presos más. La siguiente parada fue Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. Allí el comandante de la Guardia Civil decidió llevarlos a Madrid directamente, sin más escalas. Esa última etapa del viaje resultó fatal y algunos desfallecieron. En total fueron 10 días en los que según los presos «solamente se les había dado una lata de sardinas de las pequeñas, dos naranjas y un panecillo». La Dirección de Prisiones reconoció que no pudo facilitarles más alimentos pero que se les dieron 3,40 pesetas a cada uno para que se abastecieran en las cantinas de los establecimientos, lamentando que «por la carestía de la vida no les pudiera llegar a más». El problema, como advirtió el forense, era que muchos presentaban un avanzado cuadro de desnutrición, por lo que necesitaban la comida especial de la enfermería, no la del economato, que no era fresca y que no tenían dinero para pagar.

La noche fue larga y las declaraciones se prolongaron hasta el amanecer. El expediente muestra una cárcel en la que los presos comunes, especialmente aquéllos que seguían condenados por vagos y maleantes, vivían hacinados en condiciones insalubres y en permanente hambruna. Todos insistían en una cosa: el hambre, el hambre que habían pasado. Desde que terminó la guerra habían estado alimentándose a base de nabos cocidos con agua, lechugas (sin las hojas tiernas ni los cogollos, que eran arrancados previamente), cáscaras verdes y maíz. Y siempre la misma ausencia: el pan y las grasas. En estas condiciones habían fallecido en lo que iba de año, según sus cálculos, 25 presos, la mayoría delincuentes comunes. En realidad, según los datos del médico de la prisión, habían sido 152 las defunciones entre enero y mayo de 1941. Pero no lo consideraba nada anormal dado el estado en el que ingresaban de los depósitos municipales, donde estaban llenos de miseria, sarna y numerosas enfermedades, lo que unido a su deficiente alimentación continuada hacía que presentaran un cuadro desolador y que fuera necesario hervir sus ropas y trasladarlos a la enfermería nada más entrar.

Para el médico de la prisión el verdadero problema no se debía tanto a un déficit de alimentos o de espacio, sino a una cuestión moral. La norma de conducta de este tipo de vagos y rufianes era el vicio constante. Tanto era así que llegaban a vender el rancho por dinero o a prostituirse entre ellos para gastárselo en bebida y en otras drogas, a pesar de estar prácticamente desnutridos. En la enfermería, dirigida por las Hermanitas de la Caridad desde finales de la guerra, se les ponía aparte y una monja vigilaba que se comieran el rancho por completo y les desmigaba el pan y el huevo que recibían para que no lo vendieran. A pesar de todo, según la hermana, muchos vagaban completamente desnudos por el patio del penal «buscando saciarse con otros hombres». La situación llegó a tal extremo que el capellán tuvo que hacer una suscripción de 600 pesetas para comprarles ropa, pero muchos la volvieron a perder. El capellán se refirió a ellos en la misa dominical, acusándolos de faltar al quinto mandamiento y «de ser capaces de endurecer los corazones con su conducta[163]».

Pedro Pastor, cuyo cadáver estaba aún en la Dirección General de Seguridad de Madrid, se encontraba entre ellos. Al ser liberado Aracena, su pueblo natal de Sevilla, se encontraba en el depósito municipal recluido por vago y ratero. Al estallar la guerra fue reclutado por una bandera de Falange de primera línea y partió a liberar la provincia. Según su jefe, al terminar la campaña volvió a las andadas y aunque su conducta política era de orden, su vida «moral era muy deficiente». Era un borracho habitual y gastaba «un lenguaje desusado» que lo había llevado de nuevo con frecuencia a la cárcel. Por eso el alcalde lo envió a un batallón de trabajadores y de allí pasó a la cárcel de Huelva, en espera de ser trasladado a un campo de trabajo por ser reincidente en mala conducta. La espera duró casi un año, después llegó el traslado a Nanclares, a donde nunca llegó. Se puede pensar que este caso fue excepcional u ocasional. Y en cierto modo lo es. Lo más común es que no se abriera ningún tipo de investigación ni se exigiera responsabilidad alguna por la muerte de este tipo de presos «indeseables». La vida de los presos comunes, en especial la de los condenados por vagos y maleantes, considerados irrecuperables por su tendencia al vicio que los hacía reincidir constantemente, sigue siendo poco y mal conocida. Pero su grado de dependencia del Estado era mucho mayor que entre otros presos, al carecer de apoyos exteriores. La beneficencia municipal encargada de mantenerlos en los depósitos locales no entraba en unas prisiones centrales o provinciales que se regían por sus propias normas para sobrevivir.

3. EL SERVICIO DE REPRESIÓN DE LA HOMOSEXUALIDAD

La España de la década de 1940 no quería a los homosexuales ni en prisión y, aunque no se veían, era claro que existían. Como delincuentes eran juzgados por la Ley de Vagos y Maleantes de 1933, que estuvo vigente hasta la modificación de 1954. La Justicia de la Nueva España condenaba fuertemente sus excesos y su elevada peligrosidad social. También durante la República la policía utilizaba esta ley para detener a cualquier individuo peligroso dentro de unos supuestos muy amplios contra «rufianes y proxenetas». Pero el concepto de peligrosidad social utilizado por unos y por otros varió sustancialmente, sobre todo en su vinculación a la definición del enemigo político posterior a la guerra. Los marxistas y los librepensadores a los que se había acusado de «afeminados», empezando por el mismo Azaña, suponían un riesgo muy elevado para la corrupción de los jóvenes. Era un vicio aberrante, como había descrito el médico de la prisión de Huelva al referirse a aquellos «vagos» que paseaban desnudos por el patio[164].

Ante aquella masa ingente de hombres, el miedo a la perversión y la sodomía creció entre las autoridades. Las viejas fórmulas de separar a los presos más jóvenes ya no servían. Los llamados reformatorios de adultos estaban saturados y no eran precisamente centros de virtud. Todo ello se complicó con la entrada del discurso redentor vigilado por los capellanes, que exigían una limpieza total de cuerpo y alma. Pero para alejar la tentación de la masturbación y del «mariconeo», como había definido un inspector de Madrid la conducta de los presos rojos, no eran suficientes las lecturas de Tihamer Thot sobre la castidad, ni tan siquiera los castigos del Patronato. Era necesaria la fuerza. De hecho, el Patronato recomendaba dar de baja automáticamente en los destinos y aplicar hasta dos meses de celda de castigo «por actos deshonestos con otro penado[165]».

La Dirección de Prisiones abrió un expediente a la prisión de Cuéllar, en Segovia, el 7 de septiembre de 1940 para averiguar los hechos denunciados relativos al maltrato de dos reclusos. Un propagandista católico de Segovia había escrito a Máximo Cuervo pidiéndole que intercediera por dos buenos chicos, dos obreros católicos de veintitrés y veinticuatro años «que se habían encontrado» con el jefe de servicios. Según la declaración de otros dos presos, después de darles unos cuantos bofetones el jefe los metió en la leona ,como era conocida la celda de castigo. Edmundo Jiménez admitió haber castigado, en calidad de jefe de servicios, a los reclusos Pino y Martín, si bien «han sido varias veces sorprendidos y otras veces denunciados por los mismos reclusos por tratarse de invertidos ».A propuesta del capellán de la prisión se reunió la Junta de Disciplina y se acordó solicitar el traslado a otra prisión adecuada a sus inversiones homosexuales. La dirección aceptó y los mandó a Burgos y a Sevilla, con nota a sus respectivos directores de su condición de pervertidos[166].

El discurso sobre la utilización de la violencia destacaba la virilidad en la España de los años cuarenta y afirmaba que los que carecían de ella no eran más que afeminados. No estaban lejos las palabras del ministro de Justicia Esteban Bilbao, en las que había comparado la fuerza y hombría de las dictaduras y la blanda sensiblería de las democracias[167]. En ese ambiente, los malos tratos a los homosexuales nunca fueron censurados, ni siquiera ocultados. Muy al contrario, podían servir de excusa para encubrir un desfallecimiento tras una paliza o una caída. Al ser preguntado por el presidente del tribunal sobre los motivos por los que un recluso de la prisión de Larrinaga había sufrido un desvanecimiento antes de la causa, el jefe de servicios contestó que era «un invertido y que lo tenían aislado con otros reclusos dedicados a vicios solitarios[168]».

Oficialmente se alimentó la represión de la homosexualidad para prevenir la moral pública, pero cada vez tenían que hacer mayores esfuerzos para tapar los excesos de sus dirigentes y de los propios funcionarios de prisiones. El 9 de septiembre de 1941 se inició el expediente contra el director del campo de trabajo de Belchite porque «habitaba en compañía de mujer que canónicamente no es la propia[169]». Por las mismas fechas, el director de la prisión de Zamora fue sancionado y trasladado «por hacer vida marital con una de la criadas que tiene a su servicio[170]». Un guardia de la cárcel de Elche, conocida como la fábrica, fue sacado en febrero de 1942 de una casa de mala nota donde, visiblemente borracho, se gastó toda la paga y rompió su carné de Falange[171]. El director de la prisión de Guadalajara también visitaba las casas de lenocinio, pero gustaba de hacerlo vestido de uniforme[172]. Un sinfín de casos a los que tampoco fue ajeno el personal religioso. El capellán de la prisión de La Loma, en Hellín, fue acusado de «frecuentar las casas de bebidas y embriagarse habitualmente». La denuncia la cursó la reverenda superiora, que subrayó que además se rodeaba «de compañías poco gratas[173]».

La policía de Madrid había montado el llamado Servicio de Represión de la Homosexualidad, dedicado a vigilar muy de cerca los urinarios públicos y los cuartos de algunos salones y locales. El 25 de mayo de 1945 dos agentes detuvieron en los servicios públicos de la Puerta del Sol a un hombre sospechoso. Los policías comprobaron su comportamiento en el urinario, «donde permaneció mucho más tiempo que el necesario para evacuar sus necesidades fisiológicas, cambiándose dos veces de lugar para satisfacer su curiosidad». Cuando se iba a retirar la policía se identificó y lo llevó a comisaría. Allí confirmaron que se trataba de un funcionario de prisiones. Unos meses más tarde la DGS enviaba una nota al director de Yeserías sobre «sospechas de homosexualidad» del funcionario detenido. A pesar de las declaraciones de sus compañeros sobre «excesivo trato con uno de los internos bastante afeminado» (más tarde se probó que era un vecino de su pueblo) quedó absuelto, pero aconsejando su traslado a otra prisión, «debiendo dirigir oficio reservado donde se le destine de esta tendencia, encareciéndole que le vigile y comunique a este centro la menor anormalidad que pueda observar[174]». La naturaleza del delito que cometían los homosexuales obligaba a una constante vigilancia del sospechoso, a la suspensión de todos los beneficios y a entrar en una fase especial de rehabilitación de su castigo que el Patronato solía notificar de la siguiente manera: «que lo formule de nuevo después de seis meses si se hace acreedor de ello».

4. LA DISCIPLINA Y EL CASTIGO

Todo estriba en que el que manda se percate, por su

más alta ilustración, que el que obedece no puede

transformarse, si no es con la enseñanza del tiempo

y la experiencia, y que el que debe subordinación se perciba

de que no puede ni siquiera discutir al Jefe la exigencia

más absoluta del cumplimiento del deber, templado

con la dulzura de la comprensión.

Prisión de Oviedo, libro de entradas. Discurso

del inspector Marcelino Barrera, 11 de febrero de 1941[175]

Uno de los elementos que más destacaron en unas prisiones marcadas siempre por la Guerra Civil fue la entrada masiva de excombatientes como funcionarios. Sus hojas de servicios revelan datos de participación directa en la represión llevada a cabo en las cárceles. Como en otros empleos públicos, para el acceso al cuerpo de prisiones se puntuaba el haber sido víctima de persecución política, directa o a través de los familiares. Eso favoreció un tipo de declaraciones, auspiciadas aún más por la retórica falangista, de vocación de servicio contra el enemigo común. Junto a los días de combate y destinos militares era frecuente encontrar su éxito en la reducción de presos peligrosos. Como la comisión de servicios de Augusto de Vega, de la celular de Barcelona, que trabajó al comienzo de la guerra alojando en la vieja prisión de Burgos a dos centenares de comunistas y anarquistas procedentes de Zaragoza, por lo que recibió la medalla al mérito extraordinario[176]. Un oficial de la prisión de Mérida, Juan Ricardo Castaño, declaró como mérito que al día siguiente de la toma de Badajoz había cogido un fusil y se había dedicado a recorrer los pueblos como falangista con fuerzas del ejército. Después fue destinado al campo de concentración de Badajoz y, tras la desaparición de éste, a la cárcel de Mérida, donde se reencontró con muchos de sus compañeros. En Madrid, el encargado de la ventanilla y de recibir los paquetes de los familiares de los presos en la prisión habilitada de Santa Rita era funcionario de prisiones desde el 1 de mayo de 1939 y militante de Falange Española desde 1933. Hacía constar que «durante la guerra le fueron fusilados 4 hermanos por los rojos». Junto a ellos persistió durante mucho tiempo el personal del interior de prisiones que había accedido por las «necesidades» derivadas de la guerra. Muchos de los nuevos guardias habían estado recluidos en las mismas prisiones a las que fueron destinados al terminar la guerra, como José Antonio Moreno, que estuvo preso en el penal de Chinchilla desde el verano de 1936 hasta la liberación de Albacete. Después «como persona de confianza» lo pusieron a hacer servicio como guardia de seguridad del interior de la prisión, y así pasó a ser guardián de los que hasta entonces lo habían custodiado a él.

Por su parte, los funcionarios de la vieja escuela, la anterior a la guerra, también hacían gala de las dificultades pasadas para evitar la depuración, pero un buen número no tuvo que ocultar sus convicciones desde un principio. Amancio Tomé, director de Porlier y más tarde director de la Escuela de Estudios Penitenciarios, fue uno de los funcionarios más formados de todo el franquismo. Había sido alumno en la Escuela de Criminología de Rafael Salillas, proscrito como otros tantos penitenciaristas y juristas, y formado parte del remodelado cuerpo de prisiones republicano. Al estallar la guerra estaba en la prisión de Granada, donde dirigió un concurso poético con el lema El Caudillo y la salvación de España. En 1937 recibió una visita de la Cruz Roja, al tiempo que subía al frente a animar a los regulares con sus pláticas. Fue el encargado de ordenar los centros tras la liberación de Madrid y, de la prisión de Porlier, pasó a la de Conde de Peñalver. Después de un asunto de trato de favor con un marqués condenado por estafa fue trasladado a Sevilla en 1943. Allí pudo hacer gala de su experiencia profesional con el mayor mérito de haber bautizado a Paco Largo Caballero, el hijo del dirigente y ministro socialista muerto en París tras su paso por un campo de concentración alemán. Después fue de nuevo requerido por Madrid para ponerse al mando de la Escuela de Estudios Penitenciarios, que formaría las siguientes generaciones de los escalafones superiores de funcionarios y funcionarias de prisiones[177].

Éste fue el perfil general que durante mucho tiempo predominaría en prisiones. Una circunstancia básica para entender los métodos que se utilizaron a lo largo de los años cuarenta para «guardar la distancia entre el que manda y el que obedece» prevista en las funciones del buen director. El uso de la fuerza se convirtió en otro vaso comunicante entre el mundo de fuera y el de dentro de las prisiones. El reglamento autorizaba el uso de la fuerza sólo en defensa propia, ya que debían tener «el carácter de medidas de coacción o de reacción necesarias del funcionario contra ataques del recluso[178]». Pero el castigo seguía envuelto en el uso de la fuerza desmedida y la brutalidad aprendidas en la guerra. Por otro lado, el discurso oficial sobre las penas justificaba el castigo como una forma de penitencia por el tipo de delito que habían cometido. Una fuerte carga expiatoria, comentada ya en la primera parte de este libro, que convirtió a los presos en víctimas de todo tipo de malos tratos, castigos físicos y humillaciones públicas, concebidas como formas de mantener la disciplina y facilitar su conversión.

La cuestión de los malos tratos y del castigo posee una variante muy significativa de la realidad de las cárceles de aquellos años, mezcla de improvisación por un lado y de exhaustiva reglamentación por otro. Cualquier cosa podía desencadenar la reacción de los guardias o de cualquier mando o persona con influencia de la prisión. El 31 de marzo de 1941 Lorenzo García-Patrón, preso en Aranjuez, escribió a su familia pidiendo que no le enviaran más paquetes «porque había muchos cabrones que lo robaban todo». Al día siguiente tuvo que ser trasladado a Yeserías y operado de urgencia por lesiones en los genitales. Más directo si cabe fue el guardia que disparó a dos reclusos en Porlier porque estaban sentados en una ventana y pensó que podían fugarse. El que sobrevivió alegó que estaban fumando un pitillo, además de asegurar que cómo iban a querer fugarse «si estaban en calzoncillos para irse a dormir[179]». Junto a este recurso a la fuerza imprevisible se regularon oficialmente los castigos y la escala de sanciones internas. El Patronato Central de Redención de Penas dejaba al arbitrio de la Junta de Disciplina del centro, formada por los religiosos, el maestro y el director, las sanciones a imponer por contravenir el reglamento, pero fijó algunas medidas disciplinarias para aplicar en todas las cárceles por igual. Por ejemplo, por fingir enfermedad se estipuló dos meses de celda de castigo y suspensión de todos los beneficios. Por hablar mal del régimen se suspendía la redención durante tres meses y se destinaba al preso a «servicios mecánicos». Por ser «invertido», un mes en celda de aislamiento y traslado a Burgos; por intento de fuga era inminente el traslado al penal de Chinchilla y, si se probaban relaciones amorosas entre presos y presas, se aplicaba un mes de castigo, el mismo que por requisar algún elemento punzante. También estaba previsto un mes de castigo por pelearse o insultar[180].

El Patronato autorizó la vuelta al uso de grilletes para los que se intentaban fugar o los muy peligrosos, siempre en casos excepcionales, y así estuvo un brigadista italiano más de un año en Talavera hasta que fue ejecutado[181]. Igualmente retomó los procedimientos de castigo alterno, esto es, las penas a base de pan y agua, o de turnos de trabajo de noche y de día. Pero era la Junta de Disciplina de cada prisión la que debía considerar el grado y la conveniencia del momento para dar ejemplaridad. En las «prisiones al aire libre», como se definían las colonias y los destacamentos penales, los castigos por las infracciones consistían en devolverlos a prisiones cerradas. En el verano de 1944 seis presos de la brigada de trabajadores de Toledo fueron destinados a la cárcel de Badajoz por «resistencia pasiva al trabajo», y a Porlier fueron conducidos dos presos de Cuelgamuros que mantenían relaciones amorosas con vecinas de un caserío próximo. Otra situación frecuente, de la que se han mencionado algunos ejemplos en la primera parte, fue la entrada en prisión de falangistas o de los servicios de información para tomar declaración. La mayor parte de las veces para conseguir una confesión o implicar a alguien mediante la denuncia de un preso político. El 7 de diciembre de 1942 Miguel Herranz Domínguez recibió la visita en Yeserías de dos agentes de información de FET y de las JONS para que confesara haber sido miembro de una checa. Cuando cayó al suelo, el guardia del locutorio se interpuso y le dijo «que no siguiera declarando porque no eran jueces». El juzgado militar donde se estaba celebrando su consejo de guerra consideró muy grave lo ocurrido, porque los agentes tenían derecho de «reconocimiento» del preso, pero no de realizar indagaciones mientras el preso estaba a disposición judicial, pero consideró más grave aún que sus nombres no quedaran registrados en la prisión[182].

5. LOS SUICIDIOS

Para el estudio de los casos de suicidio en prisión documentados por el propio Ministerio de Justicia hay que hacer varias precisiones. Contrariamente a lo que se ha descrito sobre la psiquiatría de este periodo, sobre todo en torno a la figura de Vallejo-Nágera, en la mayor parte de los casos los médicos no reconocían ninguna anormalidad del carácter de los presos que se suicidaban. Tras la autopsia solían diagnosticar locura repentina y en ocasiones enfermedad incurable. La mayor parte de los suicidios terminaba encubriéndose con las declaraciones de testigos que aseguraban que la causa procedía de algún mal del exterior, fundamentalmente de alguna desgracia de la familia. Como en otros tantos aspectos de posguerra, la estadística oficial tampoco supone una herramienta fiable, porque la mayoría de los suicidios están mezclados con las muertes accidentales o naturales. Y, por último, del mismo modo que se camuflaban las causas en los expedientes de suicidios, se disfrazaban casos de malos tratos o de interrogatorios demasiado prolongados.

Todo apunta a que el suicidio fue una opción muy meditada en prisión y generalizada en la España de la década de 1940. La voluntad de sus actores y la falta de medios y de interés de las prisiones por evitarlos incrementaron su número. Las hojas penales de los suicidas señalan fundamentalmente a personas que llevan dos o tres años en prisión y que deciden acabar con su vida justo en un momento decisivo: el consejo de guerra. La noche anterior o inmediatamente posterior a la sentencia de muerte (entonces era cuando más vigilados estaban, precisamente para que no se suicidaran) o una larga condena eran los momentos más proclives, por lo que en torno a 1941 y 1943 aumentan los casos y la frecuencia de los mismos. El interrogatorio y la vuelta a prisión fueron también momentos proclives para quitarse la vida, normalmente colgándose de una cisterna. Aunque los suicidios se producían de cualquier manera posible, sin seguir un patrón claro, evidencian un rechazo a aquel panorama desolador y una clara intencionalidad. Reconstruir las causas y las motivaciones de cientos de casos individuales sólo en un año es una tarea gigantesca y de difícil éxito, ya que la administración de entonces se limitaba a determinar que la muerte había sido inevitable.

El 10 de abril de 1940 un preso común se tiró por la ventana de la prisión de Liria. El médico lo achacó a que era un habitual del delito que había sufrido reclusión en varios centros de España. Pero lo que le preocupaba era la posibilidad de un «contagio imitativo». Había otro preso con neurosis aguda y monomaniático que estaba así desde su ingreso en abril de 1939. Ya había solicitado a la autoridad judicial su traslado y recibido por toda respuesta un oficio del secretario judicial en el que se le pedía que se tranquilizara ya que «no tenían sitio ni para los cuerdos[183]». Las auditorías de guerra no consideraban la locura como eximente de la pena. En estas condiciones los trastornos psicológicos se manifestaron en un ámbito de depresión profunda que determinó el suicidio de muchos presos, silenciado y camuflado por las autoridades como una muerte más. El 22 de noviembre de 1940 José Antonio Fernández García se suicidó a las tres de la tarde. En su expediente histórico penal aparecen unas notas de julio de 1939 aconsejando su traslado a un centro psiquiátrico. Pero desde esa fecha hasta su ingreso en los talleres penitenciarios de Alcalá un año después, no sólo no se dice nada de tales trastornos, sino que desde el 13 de abril asiste a su consejo de guerra, en el que se le impone la pena de 20 años de reclusión menor por «auxilio a la rebelión». Fue encontrado en el retrete, suspendido de un cordel fino de pita que había sacado del taller donde trabajaba haciendo suelas de esparto[184].

Maximino Sánchez, preso en Yeserías, se cortó la yugular con una navaja de afeitar en un descuido del barbero. Eligió el día de Año Nuevo de 1941. La tarde del 22 de junio de ese año los reclusos de la enfermería de la prisión de Zaragoza se disponían a devolver su vaso de leche cuando se dieron cuenta de que el de Florencio Arroyo estaba intacto. Lo encontraron en el retrete, «colgado del cuello con una correa». El informe médico señaló las posibles causas del suicidio: días atrás se había celebrado su consejo de guerra en el que el fiscal había pedido la reclusión perpetua; a ello habría que añadir que Florencio padecía una dolencia de estómago (no aclara cuál) que era incurable[185]. También colgado del váter de la prisión de Porlier apareció el cadáver de Anastasio García, el 3 de febrero de 1943. Según su ficha penal había sido detenido por el SIMP el 24 de abril de 1939. A finales de 1941 había sido anotado en el grupo B, pendiente de fallo, por la comisión de clasificación. En noviembre de 1942 pasó la causa al juzgado militar. El 3 de febrero de 1943 se suicidó a las dos menos veinte de la mañana, colgándose también de la cisterna del retrete. A las siete de la mañana se personó la Guardia Civil para trasladarlo al consejo de guerra pero «no se pudo verificar la entrega[186]».

El 3 de febrero de 1944 se suicidó también en Porlier el preso Leonardo Cruz. Nada de anormal parecía tener el caso, muy común en una de las prisiones más duras de la dictadura y que desaparecería ese mismo año. Cumplía una condena de 30 años por rebelión y se ahorcó en el lavabo con una correa. El único hecho anormal por el cual se ordenó una investigación fue que los guardias dejaron expuesto su cadáver para que lo vieran sus compañeros al ir a las duchas. Alegaron que «ya no lo podían ayudar» y añadieron en sus declaraciones sobre la causa del suicidio que «algo tendría que ver que a los pocos días antes se presentase la mujer embarazada[187]». El hecho de que nadie declarase de forma incriminatoria en los casos de malos tratos por el temor a represalias dejaba casi siempre impunes este tipo de actos, que el régimen ocultaba sin dificultad entre los muros de las prisiones.

Especialmente duro fue el trato dispensado a los reincidentes y detenidos con posterioridad a la guerra, considerados los más peligrosos de todos. Julio Fernández Alonso intentó cortarse las venas con un mechero en su celda de aislamiento de la cárcel de Pamplona un 7 de septiembre de 1943. Había sido detenido por actividades clandestinas y estaba incomunicado por disposición de la DGS. Según el director, estaba previsto su traslado a Madrid, tal y como se hacía «con los comunistas de buena conducta». Según el parte médico, en las primeras horas del día había intentado poner fin a su vida «habiéndose producido con el encendedor varias heridas incisas en el lado derecho del cuello, cara anterior del antebrazo, así como erosiones lineales en el lado derecho del cuello y cara anterior de la muñeca izquierda, todo ello con abundante pérdida de sangre[188]». Tenía treinta y nueve años, estaba casado y era padre de un niño de diez años. Su oficio era el de pintor y moldeador y conocía la cárcel de cerca ya que había sido detenido dos veces, una por repartir propaganda clandestina en 1927 y otra en 1937, acusado de un cargo del que fue finalmente absuelto tras dos años en un batallón de trabajadores. El 23 de agosto de 1943 volvió de nuevo a la cárcel y la noche del 7 de septiembre intentó suicidarse. Según su declaración sobre los motivos que le habían llevado a tal extremo alegó que «en su alucinación veía a su mujer y a su hijo escuálidos los dos. Creía ver asimismo en las paredes sombras de hombres a quienes estaban martirizando. Ni regía ni mandaba en su voluntad. Era como un autómata, […], andaba por la celda a trompicones con la mesa, el petate… rompió el encendedor y empezó a darse tajos».

El parte médico concluía que este caso no era efecto de la debilidad física sino de una obcecación mental resultado de la incógnita de lo que pudiera sucederle y de las desgracias de su familia (su suegra acababa de morir y su hijo había perdido un ojo por una operación que no podían pagar). Tras casi dos semanas de incomunicación sólo interrumpidas por los interrogatorios de los agentes de la DGS, el diagnóstico de «obcecación mental» no parecía muy riguroso, pero los médicos no podían reconocer nunca los malos tratos y solían explicar el suicidio alegando motivos de salud o ajenos a la prisión. En cualquier caso, las expectativas para los que regresaban de nuevo a la prisión eran desoladoras, y muchos terminaron por ahorcarse antes que pasar de nuevo por aquel «purgatorio tranquilo» que había descrito el obispo de Teruel[189].

6. LAS FUGAS

De las cárceles franquistas se fugaron muchos más presos de los que reconocía la Dirección de Prisiones. El 12 de noviembre de 1940, Antonio Fernández Cendón y Manuel Fernández Novoa lograron salir de la prisión de Valladolid y lo hicieron además escoltados por un guardia. Se trataba de dos presos comunes, dos «vagos» que realizaban tareas de electricidad y fontanería fuera del recinto. El primero se llevó el maletín del director de la prisión y el segundo huyó tranquilamente en bicicleta cuando el guardia se marchó a tomarse un café. El inspector del caso concluyó el informe de esta manera: «Jamás se ha conocido que de una prisión se fuguen dos reclusos de forma tan escandalosa y sobre todo de las prisiones de la Nueva España[190]».

A lo largo de toda la década fueron muy numerosas las fugas de las prisiones, sobre todo de los destacamentos al aire libre. Son bien conocidas algunas de las más espectaculares y numerosas, como las de la isla de San Simón en Pontevedra o la del fuerte de San Cristóbal en Pamplona en 1938, que sirvió para aplicar la famosa ley de fugas[191]. Pero lejos de estas grandes escapadas colectivas hubo un goteo incesante de evasiones de cárceles, destacamentos penales y campos de trabajo, como los de Ocaña o Cuelgamuros, a lo largo de toda la década de 1940. La mayoría de los casos deja al descubierto el estado de las prisiones, así como la vigilancia, objetivo fundamental para un régimen siempre obsesionado con la posibilidad de que existieran funcionarios rojos en sus filas o de que los evadidos pudieran concentrarse y recibir apoyo de los maquis en determinadas poblaciones.

Pero si existió un momento especialmente proclive a la fuga de presos fue el consejo de guerra. La inminencia de una condena fatal ayudaba a vencer el miedo a ser capturado, sobre todo si el cumplimiento de la pena era inminente, como sucedía en plena guerra. El 27 de enero de 1938 siete condenados a pena de muerte se evadieron de la prisión de partido de Cangas de Narcea, saltando el muro con unos hierros que habían conseguido unir entre sí. Unos días antes, en el cine de Torrelavega, donde estaban concentrados parte de los presos que iban a ser ejecutados, la Guardia Civil mató a tres y dejó a seis heridos cuando, según el parte, intentaban fugarse arrollando a los agentes. Muy lejos de allí, en Toledo, tres presos sacados del campo de concentración de Tinajas y trasladados a la prisión provincial de Talavera para ser juzgados a la mañana siguiente en consejo de guerra rompieron el cerco de la ventana y se tiraron al río Tajo. Aunque los dispararon, los tres consiguieron escapar[192].

Terminada la guerra, un momento propicio para fugarse podía ser un traslado o un cambio de destino, en general de una cárcel con salida a trabajos en el exterior a una de interior, donde las condiciones, la comida y la disciplina eran más duras. Un 11 de septiembre de 1940 José Romero Moreno, un albañil de veintiocho años condenado a 15 por «auxilio a la rebelión», probó suerte. Iba a ser reintegrado a la prisión provincial de Sevilla por «incapacidad para desempeñar el trabajo» en la colonia penitenciaria de Dos Hermanas. Los compañeros lo vieron sobre las 8 de la mañana bien vestido y calzado y pensaron que ello se debía al traslado. Y así fue. Romero Moreno se fugó mientras lo trasladaban. También decidió fugarse antes de ser trasladado a Yeserías Sabino Díaz, que el 13 de diciembre terminó un agujero de 60 centímetros que había abierto tras la pila para lavar los platos de la prisión especial de Heliópolis, en Sevilla. El 31 de octubre de 1941 se fugaron de la colonia penal de San Leonardo de Yagüe (Soria) los presos Arturo Bote y Leopoldo Puig, que fueron capturados y enviados a la prisión de Barbastro, donde fueron interrogados. Los dos declararon que temían volver a prisión y que se dirigían a Barcelona a buscar trabajo. Al parecer la amenaza del traslado también fue aquí el motivo principal de la huida, en este caso dadas las condiciones de explotación a las que los sometían las empresas privadas. El encargado de obras les habría amenazado con mandarlos de nuevo a la prisión si no aceptaban los destajos, pero ellos se negaban porque sólo cobraban la hora extra a 6,6 pesetas y «no se les daba ropa ni calzado, como en otras donde estuvieron anteriormente[193]».

Las fugas se multiplicaron y en casi todos los casos, según los informes, por falta de vigilancia. En octubre de 1941 consiguieron huir cinco reclusos trabajadores del destacamento de San Lázaro, dentro de Regiones Devastadas de Oviedo. En noviembre, dos más en la prisión militar de Orense y en diciembre otros tantos de la colonia de San Leonardo, en Zaragoza. El informe del delegado especial de esta última, donde los presos trabajaban en un horno para tejas, concluía que evadirse o no dependía exclusivamente de ellos[194]. Por lo general las investigaciones sobre evasiones solían terminar recomendando la construcción de edificios nuevos o el reforzamiento de las medidas de custodia, además de pedir el sobreseimiento y el archivo de diligencias. Pero no siempre se repetían las condiciones de las colonias penitenciarias. La evasión de los condenados a muerte considerados peligrosos causaba un gran revuelo entre las autoridades civiles y militares de la zona y automáticamente se traducía en la rapidez del procedimiento y en el endurecimiento del castigo. El 7 de octubre de 1940 se fugaron de la prisión madrileña de Conde de Toreno tres reclusos en aislamiento: Alberto Castilla, Víctor Cañizares y Luis Fernández Bonilla, los tres con petición de pena de muerte. Desde su celda de la planta baja hicieron un agujero y descendieron hasta las alcantarillas ayudándose de unas mantas. El 30 de septiembre de 1941, Manuel Pasamontes y Nicolás Soto salieron de la Brigada 2 destinada a la última pena en la prisión de Almería y consiguieron fugarse. El instructor del expediente descartó cualquier complicidad con el exterior y se decantó por culpar al edificio, una antigua fábrica de azúcar conocida como El Ingenio que «no reúne las adecuadas condiciones de distribución y seguridad exigidas para los modernos establecimientos penitenciarios». El director fue apercibido por permitir que los guardianes sacasen al patio a los condenados a muerte al mismo tiempo que los demás[195].

A menudo este tipo de evasiones presentaba rasgos de gran preparación y conocimiento tanto del medio carcelario como de la población local. Tres condenados de la prisión de Elche eligieron para fugarse la noche del 13 de agosto de 1941, fecha en que se celebraban las fiestas locales. Aprovecharon que se cortaba la luz en toda la ciudad para ver los fuegos artificiales y pidieron ir al retrete; como no había en los dormitorios, salieron al patio. Una vez allí, escalaron un muro de cuatro metros de altura, saltaron a un refugio antiaéreo y de allí al tejado de las casas colindantes. Al parecer, entre estas viviendas «hacen vida mujeres de vida alegre», lo que facilitó enormemente el que pasaran desapercibidos entre la multitud[196]. En Yeserías, la sala destinada a los condenados a muerte estaba en la planta superior. El 23 de octubre de 1941, Eloy Sevillano y Basilio López fueron trasladados desde esta sala al consejo de guerra. Por la tarde, pensando que los habían condenado a muerte, decidieron huir. Lo primero era burlar el aislamiento; así consiguieron llegar al patio, mezclados con los que servían la cena. Luego aguardaron a que se hiciera el silencio de la noche y saltaron el muro, pero uno de los guardias disparó, alertando a la vigilancia exterior, que al cabo de unas horas ya los había detenido[197].

Las colonias penitenciarias de la provincia de Toledo recibieron fondos para reforzar la seguridad varias veces a lo largo de 1942, pero las condiciones del trabajo y el aumento del número de presos pronto hicieron ineficaces las nuevas medidas. En febrero, Regiones Devastadas ampliaba el destacamento penal de la Vega Baja para construir casas baratas. Había unos 498 penados a campo abierto que salían en grupos a trabajar y eran vigilados sólo por dos guardias civiles. En octubre se instalaron barrotes en las ventanas de los barracones, así como alambrada de espino en la valla, pero para entonces los presos eran más de 600[198]. Más difícil lo tenía para escapar del campamento de Penados de Talavera Aniceto López, pues esta colonia penitenciaria estaba dirigida por un teniente coronel de ingenieros y era vigilada día y noche por el ejército. El 3 de marzo de 1942 se negó a salir a trabajar, el medico le dijo que estaba en buenas condiciones y por vago lo mandaron a la provincial de Talavera. En el viaje se fugó. El 27 de enero de 1943 se fugó Ovidio Rodríguez del destacamento penal de El Fondón, en Sama de Langreo, uno de los tajos asturianos que controlaba la empresa Duro Felguera. El informe desvela cómo desde que el destacamento penal dejó de estar militarizado los presos nunca fueron acompañados al trabajo ni por la Guardia Civil ni por funcionarios de prisiones.

Entre 1944 y 1945 siguieron sucediéndose las evasiones, desde Lérida, como en el destacamento penal de Gardeny, a Logroño y con numerosos casos en las obras de Carabanchel y Belchite. Mientras varios destacamentos penales trabajaban íntegramente en paliar la «pertinaz sequía», muchos presos sortearon los pantanos y lograron fugarse. El problema era qué hacer tras la huida.

CAPÍTULO 5

LOS PRESOS POLÍTICOS

1. LA MUERTE DEL DIBUJANTE BLUFF

Siendo norma del Nuevo Estado inculcar a la población reclusa

la disciplina y con ella el amor a una España Grande y Libre,

es de gran trascendencia conocer y estar en antecedentes de aquéllos

individuos que pudieran calificarse de «peligro social»

por sus recalcitrantes ideas de odio a la España Nacional,

y con el fin de poderlos aislar del resto de los reclusos en

evitación de que puedan contaminar a sus compañeros

de encierro fomentando la indisciplina del

establecimiento y por ende de la sociedad misma.

Orden del Ministerio de Justicia de 11 de marzo de 1940

Uno de los aspectos más estudiados en la definición del franquismo como un régimen totalitario ha sido su utilización simultánea de violencia y propaganda. Se ha hablado de la represión como una forma de castigo colectivo llevada a cabo para atemorizar a la población mediante una «pedagogía del terror». Una visión que en raras ocasiones precisa el efecto de las medidas represivas sobre la población ni cómo se llevaron a cabo en el medio plazo. Al menos no recoge lo que durante un largo tiempo sucedió en prisión, ni la selección de objetivos ni el estrechamiento de las medidas de vigilancia que se seguían contra los individuos considerados peligrosos. La dirección de las prisiones establecía claramente las órdenes para ello, aunque muchas de las acciones contra las actividades clandestinas venían dirigidas por los servicios de información, que mantenían infiltrados desde la guerra y que más tarde serían utilizados por la Ley de Seguridad, los juzgados especiales de espionaje o el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo.

En prisión las reglas de funcionamiento venían marcadas desde la Dirección General, pero las normas internas tenían que adecuarse a la «psicología de cada prisión». Durante toda la década de 1940 estará en vigor la normativa de guerra, por la que podían quedar suspendidas las comunicaciones de los reclusos con el exterior y se debía extremar el cuidado con la entrada de paquetes, la ropa, la censura de la correspondencia, así como prohibir toda comunicación telegráfica. Todo aquél que ingresaba en prisión debía someterse al corte de pelo, el afeitado, la ducha, la fricción y el examen de parásitos, y permanecer aislado hasta que el médico autorizaba su ingreso en un departamento. Tras la descripción física vendría la política, hecha por las comisiones de clasificación y revisada posteriormente por las comisiones de examen de penas. Por último vendría la clasificación de conducta, la educativa, la religiosa y, finalmente, la nacional, que debía realizar el director mediante la observación estrecha del «grado de aclimatación» del recluso[199].

Las normas eran muy estrictas al respecto y reproducían los puntos estipulados por Cuervo en la inauguración del curso académico de 1940, que fueron prácticamente calcados en los libros de órdenes de cada prisión:

Del estudio y observación que sobre la conducta de cada uno de los reclusos se debe hacer nacerá la consecuencia de cuáles son los que merecen concesiones especiales que premien su adhesión al régimen y que autoriza el Reglamento, o de las medidas de restricción, privación o correctivos aplicables a aquellos otros que perturben con su carácter díscolo o inadaptable la buena marcha regimental de la vida penitenciaria[200].

Una vez identificados y clasificados los presos, las medidas podían ser muy amplias, pero iban por lo general dirigidas a evitar fundamentalmente tres aspectos: la correspondencia clandestina, las fugas y los suicidios. Para la primera, que se consideraba esencial para evitar el contacto con extremistas políticos del exterior, se había organizado desde la guerra un servicio de censura oficial de la entrada y salida de correspondencia. En los economatos se vendían unas tarjetas donde los presos podían mandar unas líneas a sus familiares, pero existía todo un tráfico de sellos y de correspondencia clandestina. La mayoría, amorosa o familiar, era permitida, ya que la que preocupaba era la dirigida a la información política. Para ello estaba previsto que no se entregaran a los presos los sobres de sus cartas recibidas, papeles en blanco, «ni permitiendo la salida de estos examinándolos al trasluz por si contuvieran escritura invisible (zumo de limón u otros ácidos)». También debían registrarse con atención las ropas y encargos venidos de fuera para prevenir la entrada «de esquelas o notas en las prendas de vestir y demás objetos». Incluso se prohibió la entrada de latas de conserva porque en ellas se introducían notas y mensajes. Cuando algún recluso infundiera sospechas o sus antecedentes así lo indicaran había que hacer registros sin avisar «así como retirarle durante la noche los vestidos u otros objetos con el fin de evitar que intente evadirse o suicidarse». Por último, el director debía impedir de cualquier forma «que los reclusos exterioricen en forma de silencio absoluto su disgusto o protesta por las ejecuciones».

La utilización de la propaganda activa fue también uno de los principales medios de conversión previstos para el nuevo sistema penal. Sin embargo, como advirtiera en varias ocasiones José Marín, bibliotecario jefe de la Delegación Nacional del Frente de Juventudes, esos medios de expresión, a pesar de estar férreamente censurados y controlados, dejaban escapar la imaginación de los presos invirtiendo el fin para el que se les había requerido por su experiencia técnica o artística antes de la guerra[201]. Pero por encima de las disputas entre falangistas y católicos sobre el alcance de la cultura para redimir a los presos, el espionaje franquista mantuvo con las cárceles una verdadera relación obsesiva sobre todo en los años finales de la II Guerra Mundial, cuando extendió la desconfianza de manera radical hacia todo lo que entraba y salía de prisión. Con la puesta en marcha de Redención ,un gran número de corresponsales tenían contacto entre sí y ello había obligado a estrechar la vigilancia. En mayo de 1940, los servicios secretos detectaron un incremento de la actividad en torno al semanario. Había crecido mucho el número de suscriptores, especialmente en la zona levantina, donde habían pasado de 500 a 1000 en un solo mes. Al principio lo habían achacado a que a los presos se les concedía una visita extraordinaria si se suscribían, pero más tarde llegó la confirmación de un infiltrado de que los reclusos se estaban enviando mensajes cifrados por medio de dibujos y viñetas. La investigación determinó que algunas de las caricaturas del diario «tenían sentido propagandístico rojo», por lo que se debía vigilar y depurar a aquellos colaboradores sospechosos de posible infiltración y utilización comunista. El 12 de mayo de 1940 le fue comunicado al director del Reformatorio de Adultos de Alicante que los dibujos que salían de allí tenían interpretaciones de doble sentido contrario al Nuevo Estado, ya que era mucha casualidad que apareciesen en un solo dibujo «todos los atributos y símbolos del Frente Popular perfectamente combinados[202]».

Bajo la historieta Don Canuto, ciudadano peso bruto ,firmada con el seudónimo de Bluff, se escondía en realidad propaganda roja destinada a subir la moral de los presos. La información del servicio secreto de Valencia daba además el significado de dos historietas. La del número 56 significaba «el vendaval de la revolución roja llevará a la guillotina a las derechas». Y la del número siguiente vendría a decir: «Requeté y Falange pescan a espalda con el triunfo del Frente Popular. En esta última se ven los símbolos de los partidos que compusieron aquel nefasto conglomerado». Al día siguiente comenzaron los interrogatorios de los reclusos para que aclarasen la interpretación de los signos utilizados en la viñeta. En primer lugar se eligió a presos de confianza destinados en puestos clave de la prisión. Según Santos González, destinado en el economato y condenado a 12 años, la caricatura del número 57 formada por dos tipos peleando en el agua quería decir en realidad que un falangista y un requeté trataban de sacar a flote a España, pero reñían y de la pelea salían los símbolos políticos más destacados del Frente Popular: la estrella de cinco puntas (una mano abierta), el brazo en alto (un puño) y Azaña (el pez). La viñeta del número anterior, la 56, fue interpretada por Rafael Richard, destinado en oficinas y también condenado a 12 años, quien en presencia del director declaró que el vendaval era en realidad un vendaval político que llevaría al Nuevo Estado a la guillotina, «donde han de caer muchos», simbolizado por los puntos suspensivos.

Y llegó el turno del interrogatorio al propio Bluff, identificado como Carlos Gómez Carrera, preso preventivo por haber colaborado en la Correspondencia de Valencia y La Traca y Adelante ,también bajo el seudónimo de Bluff. La información era bastante completa, muy probablemente, dada la cantidad de detalles, fue facilitada por otro dibujante o algunos de los cientos de artistas que fueron llevados a prisión por su colaboración en la propaganda republicana[203]. Según el informe, Carlos Gómez había empezado de dibujante en 1933 en Gracia y Justicia ,haciendo caricaturas en un periódico de derechas. Luego se hizo socialista y durante la guerra se dedicó a la elaboración de una caricatura completamente antifascista que personificó en Canuto y que ridiculizaba a todo el orden social del bando nacional. En su declaración dijo que a los pocos días de estar en prisión había empezado a colaborar en Redención ,«obligado por el corresponsal de dicho periódico», que le había dicho que todas las semanas tenía que publicar algo[204]. Sobre las caricaturas 56 y 57 alegó que no tenían intención política alguna y que eran reproducciones de otras de ocho o nueve años atrás. A continuación el director fue reinterpretando las viñetas y esclareciendo los símbolos que los presos interrogados y el informe del confidente le habían facilitado previamente. Ante aquellos detalles, Bluff se derrumbó y sólo dijo que era una «fatalidad» que apareciesen el puño en alto y la mano abierta hacia abajo, pero afirmó «que si hay una estrella de cinco puntas hay otra de seis y otra de ocho». Tal vez aquella contestación le costó la vida, aunque sin duda ayudaron mucho más las caricaturas de Franco que había dibujado durante la guerra en La Traca, en las que aparecía como una figura mofletuda y un tocado hecho con plátanos. También se aportó como prueba una carta que el director de Bellas Artes republicano, Josep Renau, le había dirigido para publicar una selección de sus dibujos a finales de 1938. La sentencia dictada por el consejo de guerra condenaba a muerte a Bluff por rebelión e incitación a la rebelión y calificaba literalmente al dibujante de portador de la «inteligencia satánica» que había engañado a España. Fue fusilado el 30 de junio de 1940 en el campo de tiro de Paterna[205].

No era la primera vez que la caricatura y las viñetas contra militares derivaban en una acción de castigo fulminante. En 1905, con la ley de jurisdicciones de fondo, un grupo de militares asaltó las oficinas de la revista satírica catalana Cu-Cu ,por la que se sentían ultrajados. La necesidad de repeler cualquier agresión contra el honor utilizando la violencia física siguió arraigada entre los africanistas, que la potenciaron durante la guerra colonial y finalmente en la Guerra Civil[206]. Tampoco fue la única vez que el diario Redención fue puesto bajo sospecha y utilizado para restringir la actividad de los presos políticos. La Dirección General de Seguridad comunicaba un aumento de la actividad comunista en la prisión de Almería coincidiendo con la guerra en el frente del este. El informe decía: «Hace unos días llegó a sus manos un número del periódico Redención en donde aparecía un dibujo con el título de “náufragos” y abajo la leyenda “con el agua al cuello”, que ellos comentan en el sentido de que los náufragos eran Hitler y Mussolini». Según la información, cuando se daba la vuelta al dibujo se veían los perfiles de los dos dictadores[207].

El desarrollo de la II Guerra Mundial y la esperanza de que los aliados invadieran la península Ibérica desembocarían en un progresivo aumento de la actividad política y de la conflictividad en el interior de las prisiones, y algunos penales, como el de Chinchilla, resultaron destruidos en un incendio provocado por los presos. Paralelamente a estas medidas de persecución y eliminación directa de los considerados elementos más peligrosos, se utilizó otra forma de impartir justicia que consistía expresamente en dejarlos morir en prisión, en lugar de ejecutarlos.

2. LAS PRISIONES ESPECIALES Y EL CASO BESTEIRO

El 27 de septiembre de 1940 moría en la prisión de partido de Carmona Julián Besteiro. Apenas un año y medio más tarde lo hacía el poeta Miguel Hernández, confinado en el mismo Reformatorio de Adultos de Alicante que el dibujante Bluff. Junto al cumplimiento inmediato de las sentencias de muerte como en el caso del caricaturista, existió este tipo de condena a muerte mucho más dilatada y calculada, que consistía en dejar que ciertos personajes languidecieran. Por distintas vías, el régimen esperaba poder certificar su muerte natural en prisión. Besteiro, cuyo consejo de guerra celebrado en julio de 1939 le conmutó la pena de reclusión perpetua por la de 30 años y al que el propio fiscal calificó de «mito[208]», podría morir de viejo, y en cuanto al estado de salud de Hernández era sólo cuestión de tiempo que se deteriorara hasta llevarlo a la muerte. El profesor y dirigente socialista, después de pasar por las prisiones madrileñas de Porlier y Cisne, fue encarcelado finalmente en la prisión de partido en Carmona (Sevilla) con parte del clero vasco nacionalista. Allí murió, y fue enterrado en el mismo Carmona en presencia de su mujer y de muy pocas personas más, porque la Dirección de Prisiones desautorizó el traslado del cadáver a Madrid. El poeta de Orihuela, que desde el fin de la guerra había sufrido un interminable periplo por distintas cárceles y que incluso había quedado en libertad condicional hasta que una denuncia volvió a encarcelarlo, murió el 28 de agosto de 1942 en la prisión de Alicante y su féretro fue sacado a hombros por sus compañeros en medio de un impresionante silencio[209]. Al día siguiente ,Redención informaba del imparable avance alemán en Rusia.

A pesar de que el Ministerio de Justicia había declarado oficialmente que no podía mejorar la alimentación de la población reclusa dados la carestía de víveres y el incremento continuo del volumen de presos entre 1940 y 1941, existían cárceles que parecían ajenas a la realidad. A ellas iban destinados presos «especiales» por sus características políticas o procedencia interna del régimen. Algunos militares republicanos y parte del clero que no se sumó al levantamiento, los llamados «curas rojos», pero también parte de los sacerdotes que militaron en el nacionalismo, además de personalidades de derechas que habían cometido algún delito. La mayoría de estos últimos fueron destinados al hospital de Yeserías, en Madrid, mientras que el resto fue diseminado por distintos centros, concentrados sobre todo en la provincia de Sevilla. En uno de ellos, la prisión de partido de Carmona, fue recluido Julián Besteiro junto con nueve sacerdotes afines al Partido Nacionalista Vasco. La Dirección General de Prisiones era responsable de todo lo que sucediera a los presos de aquella cárcel y ya había recibido quejas del Vaticano a través del cardenal Segura por el trato vejatorio a los sacerdotes, que entraron en la ciudad en un camión de ganado. Por todo ello Máximo Cuervo, que tampoco olvidaba que el lehendakari Aguirre seguía siendo propagandista, recibía informes periódicos de la situación de las prisiones especiales.

El encargado de elaborar estos informes con carácter reservado era el inspector central Miguel Pérez Blasco, que visitaba Carmona periódicamente. En el primero, con fecha de 4 de febrero de 1940, describe una prisión totalmente distinta a las demás, con espacios amplios, alimentación suficiente y un régimen disciplinario muy relajado. La situación descrita allí resulta casi una inversión, punto por punto, de la dura realidad que se estaba imponiendo desde las prisiones habilitadas. En primer lugar, la prisión de Carmona tenía espacio para 150 presos y sólo había 64. La alimentación era infinitamente superior en calidad y cantidad con relación a otras prisiones. La comida la adquirían los reclusos directamente y después la cocinaban «sin limitación». El inspector había visitado la prisión en distintos días y siempre había visto corderos desollados, conejos y cabritos dispuestos para ser guisados, además de pescado fresco, frutas y legumbres. Todo ello lo compraban los sacerdotes con las cinco pesetas diarias que recibían por dar misas. Su cuenta, a 2 de febrero de 1940, era de 20 000 pesetas (la de Besteiro ascendía a 100 pesetas). Había agua potable en todas las celdas, lavabos para el aseo personal y un pilar para los lavados comunes. La ropa, incluida la de Besteiro, la cosían y planchaban las Hermanitas de la Cruz de un convento cercano. Un médico visitaba diariamente a los enfermos y verificaba las buenas condiciones de salubridad del establecimiento. Por último el informe revela que, en tanto que prisión especial, en Carmona se aplicaba el Reglamento «dulcificado» y se hacían ciertas concesiones de libertad en el interior. Se permitían las prácticas religiosas con absoluta libertad y los ancianos y los enfermos estaban eximidos de formar y cantar los himnos nacionales brazo en alto[210].

El resto del informe del 4 de febrero, una hoja y media que se reproduce íntegramente, iba exclusivamente dedicado a Besteiro:

Su conducta es intachable. La lectura le ocupa todo el día, es tolerante y transigente con todos, manifestando que también lo eran con él. El médico le visita diariamente y durante el mes de diciembre que se acentuó su enfermedad crónica que padece le acompañaba largos ratos. En la confianza y afecto que profesaba a este señor, le expuso sus deseos de que si se le confinaba en un pueblecito donde pudiera vivir con su esposa sería para él una mejora de vida estimadísima. Independientemente del dictamen médico, el que suscribe aprecia en el penado entereza fisiológica y cree que una vez pasados estos días desapacibles hará una vida completamente normal ya que por comodidad y huyendo de la lluvia guarda cama bastantes horas del día. Tiene un penado asistente que le ejecuta los servicios domésticos, para hacer la cama, limpiar la ropa y platos, condimentar la comida, servicios excretores durante la enfermedad, duerme a su lado y en todo momento a disposición de servirle. Es todo cuanto tiene el honor de exponer a VI con la mejor fe y lealtad patriótica el Inspector que suscribe.

Sevilla, 4 de febrero de 1940

Miguel Pérez Blasco

Al Director General de Prisiones

El informe al que se refería el inspector lo había redactado unos días antes el médico de la prisión y reiteraba por dos veces que el estado de Besteiro era senil. Con este diagnóstico médico podía quedar en libertad condicional, pero la decisión política —puesto que de no precipitar la excarcelación o de no autorizar mayores cuidados médicos era claro que Besteiro moriría— estaba ya tomada. El director de la prisión envió a Madrid este informe médico:

30 de enero de 1940, Carmona

Miguel Acal Domínguez, médico de la prisión de partido de Carmona, hace constar que el recluso en este establecimiento Julián Besteiro padece una bronquitis crónica generalizada con algunos focos de dilatación bronquial, manifiesta que durante el mes de diciembre pasado ha padecido una infección gripal con complicidad cardiaca e infección intestinal, esta enfermedad se sostuvo casi durante todo el mes pasado, quizá sostenida por reacciones tórpidas de su estado senil en que este recluso se encuentra. Encontrándose en el día de la fecha completamente restablecido de su enfermedad ocasional, quedando actualmente reducidos sus males al estado senil que anteriormente se cita, siendo sus funciones como las tenía al ingresar en este establecimiento. Reconocido el local en vista de su estado actual delicado y siendo insuficiente en luz y aireación el lugar que ocupa en la parte baja del establecimiento, se ha elegido en la parte alta una habitación con las condiciones higiénicas más convenientes a su salud por estar orientada al lugar de la población donde los aires son más templados y con suficiente iluminación[211].

Unos días después, el 19 de febrero de 1940, el diario Euzko Deya publicaba en portada desde París la foto de los sacerdotes vascos en Carmona, con la imagen demacrada de Julián Besteiro en el centro y el titular «Besteiro n’est pas mort!». Aquello levantó un gran revuelo, sobre todo por las posibles repercusiones internacionales de la foto. El director general de Prensa envió una nota el 2 de abril de 1940 a Máximo Cuervo en la que le indicaba que «sería de gran interés averiguar quién tomó la citada fotografía y una vez averiguado esto obtener datos sobre los medios de que se valió su autor para que pasara a Francia y se pusiera al servicio de los rojos separatistas vascos emigrados en París. Por este medio indudablemente se obtendrían datos de un gran interés sobre el funcionamiento del espionaje rojo en nuestra Patria».

Prisiones encargó un informe para averiguar de qué manera se había sacado esa foto y depurar responsabilidades, empezando por el cese del director Ángel Sunico Pujol. Para ello rescató un expediente anterior motivado por una denuncia de los sacerdotes vascos contra el director, después de que éste y un grupo de falangistas se dieran un banquete a base de pollo, vino y gambas delante de sus celdas el Viernes Santo de 1939. La denuncia llegó a Cuervo por el prelado de Sevilla, vía las Damas de Acción Católica. Desde entonces, el director tenía la orden de no incordiar a los presos y aquello, según él mismo, fue lo que motivó el asunto de la fotografía. El director (que aparece en el centro de la fotografía y del que Besteiro únicamente declaró «que tenía la delicadeza de entregarle a diario la tisana que le enviaba su mujer») permitió la entrada de un fotógrafo particular para celebrar las bodas de oro del presbítero Ángel Aldama Guinea; pero días después y a petición de éste autorizó el envío de numerosas copias a los familiares, una de las cuales, era imposible saber cuál, pasó sin duda a Francia.

El director de Carmona fue sustituido por Marcos Villa Gómez, quien advirtió en su primer informe del «peligro que se corre, aun en la casuística de prisión especial, haciendo concesiones, prodigando atenciones y cortesías en grado de caer en adulación y adquirir el reo relieve de víctima desvirtuando la acción de la justicia al ampliar o disminuir los preceptos del cumplimiento de penas». Advertía además de la gran cantidad de dinero que los presos especiales ingresaban por distintas vías, lo que favorecía su capacidad de maniobra en el exterior y, sobre todo, permitía la conexión con las otras prisiones especiales de la provincia. En ellas no sólo había curas y viejos mitos políticos, sino militares activos y destacadas personalidades republicanas y, lo que era aún más peligroso, algunos de ellos eran masones. La Dirección General, amonestada por el asunto de la foto, que había dejado en mal lugar a la Dirección de Prensa y Propaganda, entre otros por el embajador en Francia en persona, decidió incrementar la vigilancia sobre los centros especiales de la provincia.

El último informe de actuaciones que recibió antes de la muerte de Besteiro estaba fechado el 30 de junio de 1940. Aunque no está rubricado, lleva el sello de la Falange de Sevilla, a la que pertenecía Sunico desde 1938 y en la que su hijo desempeñaba un papel activo desde Carmona. La nueva depuración de responsabilidades cayó sobre la prisión provincial de Sevilla, de la que dependía en definitiva la de Carmona, y así se pudo justificar el fin del trato especial a Besteiro, que equivalió directamente a su sentencia de muerte y a la de muchos otros a los que se les había conmutado dicha pena. El informe de Falange calificaba el lugar de «perfecto sanatorio y pensión de presos antiespañoles» y en algunos momentos arremete contra la orientación de la política del Estado, ya que resulta especialmente elocuente a la hora de describir todo lo que estaba en peligro si Franco seguía permitiendo que los rojos vivieran a sus anchas en prisión. Todo por lo que ellos habían combatido en la guerra quedaba relegado por una política favorable a una clase de individuos que «llevarían mientras vivieran el virus de la rebeldía marxista en la sangre».

El siguiente fragmento es muy representativo del tipo de razonamientos empleado: «Los comunistas, socialistas, izquierdistas o de Acción Republicana, UGT, rusófilos, controlan la prisión desempeñando destinos en las oficinas, economatos, enfermería, brigadas, etc. de entrada ellos realizan la clasificación de los presos y si se huelen que alguno pertenece a Falange o a nuestra Santa Cruzada lo meten con los chorizos, invertidos, carteristas, gente maleante, en fin, toda la chusma del hampa[212]». El trato de favor era evidente, insistía, porque frente a los presos comunes que estaban llenos de sarna y tracoma, muchas «personalidades rojas» vivían aisladas en áreas equipadas con todas las comodidades. Entre ellos denunciaba la situación de privilegio del alcalde de Aracena Pérez Tello o de Francisco Vega, antiguo director general de Prisiones, del comunista Benito Galán y del propio Francisco Largo Caballero, «hijo del tristemente célebre Largo Caballero y es un honor entre los reclusos tener amistad con él». El punto fundamental del informe trataba de demostrar que el socialista Besteiro era quien había conseguido estos privilegios para todos ellos, ya que eran evidentes el trato de favor y la protección que el director de la prisión de Sevilla le brindaba. Según la información, le tenía toda clase de consideraciones y cada vez que iba a Carmona «lo llama a su despacho, conferenciando con él, habiendo dado orden de que no se le moleste en bajar cuando se canta el Himno Nacional y los del Movimiento». El informe del inspector central ya se había hecho eco de esta denuncia previamente, y por eso justificó que no formara, junto con los sacerdotes más mayores, para cantar brazo en alto aludiendo a su estado de salud. Pero el informe de Sevilla fue mucho más allá, insinuando que había sido la propia jerarquía católica la que había sacado las fotos para precipitar una excarcelación, facilitando la excusa perfecta para endurecer las condiciones de Carmona y otras prisiones especiales.

Este tipo de denuncias, informaciones y notas reservadas que terminaban propiciando una nueva ola de depuración se utilizaron políticamente cada vez que el régimen determinaba endurecer las medidas represivas. Pero en el día a día de las cárceles las denuncias se sucedían y continuaron siendo un vehículo fundamental de promoción política y profesional, auspiciadas por unas medidas de excepción prolongadas que terminarían instalándose en el corazón de la dura posguerra. La persecución política parecía no tener fin. El 15 de diciembre de 1941, la DGS remitía un informe sobre el antiguo alcalde de Carmona, Francisco Rodríguez Ojeda, conocido como Curro el de Elías ,en cuya celda «se están sosteniendo tenidas masónicas con el consentimiento de los empleados de prisión». El informe llegó justo al inicio del consejo de guerra. El juez Sáenz Agüero solicitó informes a Salamanca sobre antecedentes masónicos de los seis presos de las celdas colindantes y pidió también explicaciones a Máximo Cuervo sobre un supuesto trato de favor. La Dirección lo negó y alegó que padecía asma, razón por la que dormía fuera de la celda[213].

En marzo de 1940 las prohibiciones para los masones se habían ampliado no sólo para los condenados, también para aquéllos acusados de serlo[214]. Este ambiente de alarma y denuncia constantes, favorecido por los sectores que querían profundizar la represión ante la posibilidad de un cambio en el rumbo internacional, convirtió las cárceles en un escenario clave de la conflictividad de la década de 1940. Con la II Guerra Mundial como telón de fondo, las denuncias falangistas y los informes de los confidentes e infiltrados apuntaban a la colaboración de los cónsules extranjeros en el incremento de la acción extremista en la cárcel. Las denuncias referidas a británicos, fundamentalmente, coincidieron con algunas provocaciones frente a sus embajadas, que, como demuestran los informes del Foreign Office, conocían a la perfección lo que sucedía en las cárceles españolas. Pero no eran los únicos. Terminada la Guerra Mundial, una información reservada francesa alertaba de nuevos miembros del servicio de espionaje y de sabotaje franquista, el denominado «2 Bis», que habían cruzado la frontera tras la liberación y se integraban en los grupos de exiliados gracias a que procedían de cárceles franquistas. «Tous ces éléments viennent d’Espagne et de la Falange à prison. Ils sont envoyés pour Franco pour entrever [sic ]les mouvements républicains espagnols en France[215]».

3. LA RECONSTRUCCIÓN

El ambiente de la prisión puede considerarse de izquierdas y es ni más ni menos el que se respira en todos los establecimientos de esta clase, cosa no sorprendente puesto que el 85% de la población reclusa procede de la rebelión marxista.

Informe sobre la prisión de Porlier. Madrid, 16 de marzo de 1942[216]

El 21 de enero de 1941, al practicar un cacheo a los reclusos que venían de trabajar en el campo de fútbol de la prisión provincial de Gerona, fue intervenida una nota en catalán a uno de ellos. El papel contenía noticias sobre la situación internacional e instrucciones sobre la cotización de sellos para financiar una organización política desde el interior de la prisión. Hasta el momento, las autoridades no habían dado demasiada importancia a la actividad clandestina allí desarrollada. En la Navidad de 1939 se habían encontrado notas en el pan de higo que mandaban los familiares en las que podía leerse: «Estamos con vosotros en todos los momentos. Sed fuertes. Socorro Rojo Internacional». Pero todo volvió a la normalidad hasta que, a mediados de noviembre de 1940, el gobernador comunicó al director de la prisión la actividad de dos organizaciones conocidas como Força y Sexta Bandera. Sólo le pidió que, de momento, no hiciera nada y se limitara a aumentar la vigilancia y a controlar la información procedente del exterior, sobre todo del parte de guerra inglés, en el que los presos fundamentaban su optimismo sobre un posible cambio de rumbo en la Guerra Mundial[217].

Las copias de los informes del servicio de información militar reproducen milimétricamente los pasos que daba la supuesta organización, como también sus preocupaciones, en especial la actividad diplomática con los presos extranjeros como telón de fondo y la conexión entre el interior y el exterior de la prisión, «ambos extremos muy peligrosos». A finales de enero de 1941 consideraron que tenían suficientes pruebas y pasaron a actuar tras remitir dos notas al gobernador. La primera, del 8 de enero, denunciaba que en el local donde estaban los reclusos extranjeros se leía diariamente la prensa francesa, inglesa, portuguesa y la nacional. Se había dado el caso de que varias veces habían dado noticias al personal de la prisión que no aparecían en la prensa de la mañana. Dos eran las posibles fuentes señaladas para la obtención de la información: que tuvieran una radio o bien —y era lo que apuntaba el informe— que el vicecónsul Jon Gardiner les pasase los periódicos y el parte de guerra. El informante consideraba que «a Gardiner se le tienen demasiadas consideraciones, se queda solo con ellos en la sala de abogados y no sólo con los súbditos ingleses, también con los franceses[218]».

La segunda información, dada una semana después, señalaba el lugar donde se producía el encuentro entre los presos y el enlace del exterior: era el campo de deportes, donde aprovechaban la confusión entre los reclusos que trabajaban y la gente que iba a verlos con la excusa de jugar al fútbol. El encargado de contactar era el preso Luis Puig, al que se acercaba siempre la misma muchacha vestida con un abrigo marrón. El 21 de enero ordenaron cachearlo y le requisaron dos cartas. Cuatro días más tarde presentaron al gobernador las siguientes conclusiones sobre la célula extremista que se estaba intentando reconstruir desde la cárcel. Por los sellos y los símbolos encontrados podía ser el comité ejecutivo de un llamado PSJ (Partido Socialista y Juventudes), que estaba intentando contactar a través de una joven llamada María, que acudía al campo de fútbol con el comité central del partido. Era muy posible, puesto que ya habían establecido contacto con los socialistas a través de los médicos reclusos Pedro Santguni y Manuel Bernal. La carta intervenida a Luis Puig decía así:

Barcelona, 5-12-40

Mi querido amigo,

Por la tuya veo que disfrutas de buena salud, como yo por ahora. Con tu nueva condena supongo que lo pasarás mejor pues en el estado que estabas debía ser espantoso. Ahora solo es cuestión de ir pasando días en espera de mejores vientos. No te apures que la cosa va bien, esto no se puede resistir la JAIMA es la dueña de nuestro ENRRIAT. Parece que la HELADE pega fuerte a su antigua rival, pero esto no es lo importante sino que hay un sinfín de cosas más. Yo por ahora trabajo en casa y vamos pasando la maroma que nos han tendido las rapaciñas, lo importante es llegar al fin, que supongo no muy remoto. Continúo sin noticias de Jorge y Nicolau. Respecto a Solo Simó y demás creo que no vale la pena hablar.

Muchos recuerdos para Bech y tú recibe un abrazo de tu amigo

R. Martín

La copia del documento traducido del catalán y encontrado también en las ropas de Luis Puig decía lo siguiente:

Luis, querido compañero «caga dudas»,

Ante todo te recomiendo que si no has escrito al amigo Mateu lo hagas con la mayor brevedad posible, y de paso escribe unas líneas a la Candela y devuélveme la carta, ¿entendido? La situación es cada día mejor, y tiende a ser más rápida de lo que os figuráis, pero remitiéndonos a la realidad veremos que por alguna razón, nuestro ejecutivo de acuerdo con el central, acordamos como medida oportuna hacer sellos para el P de S y J como cosa acreditativa y tiempo atrás no se había decidido con las mismas probabilidades, o quizás mejores que hoy. Por otra parte viendo cada día con más claridad que la situación política nacional (caso palpable «Los Balcanes» y la «Cuestión Danubiana») va abriendo los ojos a la masa trabajadora mundial y rueda alrededor de la URSS. Tan pronto como nos sea posible os iremos mandando material e iremos más orientados y al corriente de los últimos sucesos. Salud (sigue animando a tu tía, no sólo cuando viene a verte. Recuerdos de la Anita).

El interrogatorio de Luis Puig reveló las claves para leer las cartas y dio un vuelco a la situación. Candela era el sobrenombre de su novia Montserrat Costas, que a través de su tía Alberta contactaba con su hermano, preso en la compañía de oficiales del Batallón Disciplinario de Trabajadores de Manresa. Las noticias le llegaban a través de otra chica de su pueblo, María, con la que se encontraba en el campo de fútbol. Las siglas PSJ no eran de un partido, sino la representación de los tres núcleos políticos más importantes y todavía con algún miembro en la provincia. Significaban Partido Comunista (P), Partido Socialista (S) y Juventudes Libertarias (J). La clave era Mateu. Se trataba de Mateu Ribot, un liberado condicional al que venían siguiendo desde el campo de concentración de Albatera en Alicante, y que después de huir a Francia había vuelto a España con la orden de reagrupar las organizaciones clandestinas en prisión. No se dieron cuenta hasta recibir el telegrama, que confirmaba que lo habían detectado entre las visitas del campo de Manresa. No era el Partido Socialista sino el propio PSUC en toda Cataluña lo que estaban intentando reconstruir. Al día siguiente, 22 de enero de 1941, el director de la prisión recibió la lista de los presos que debía aislar y que serían trasladados a la Modelo de Barcelona, donde pasarían inmediatamente al consejo de guerra. Otros 10 más fueron aislados e incomunicados en sus celdas. La mayor parte eran oficiales del ejército republicano y comandantes de milicias. Luis Puig, al que se le había intervenido la nota, estaba condenado a 20 años y era albañil en su pueblo natal Caballera. Antonio Moñino, de las JSU (al que iba dirigida la nota de Mateu), era considerado el elemento más peligroso, pero estaba condenado a sólo 12 años. Por su parte, Camilo Castelló Pou era el enlace de correspondencia, aprovechando que trabajaba de ordenanza. José Saguer, preso común, había gestionado la libertad condicional de Francisco Masergas, un hojalatero que fabricaba fiambreras con doble fondo con las que pasaban la correspondencia en el campo. Por último, José Alsina, José Ballesteros, Manuel Ben y Joaquín Serra estaban clasificados como extremistas que hacían averiguaciones sobre las personas que les rodeaban para proteger la célula. Pero el confidente no fue descubierto. Se trataba de José María Maurici, un falangista preso a disposición de la fiscalía de tasas. El delegado de Orden Público en Gerona le había ordenado que no le pasara las notas al director, sino directamente a él a través de una tercera persona, que las recogería en las visitas. De hecho, el director y el jefe de servicios fueron suspendidos de empleo y sueldo acusados de pasividad en sus funciones.

El hambre de 1940 y de 1941, las ejecuciones y el endurecimiento de las medidas disciplinarias frenaron la actividad clandestina en los penales. Sin embargo, dos elementos iban a cambiar este panorama, intensificando la actividad política y la frecuencia de las medidas de protesta hasta prácticamente 1946. En primer lugar, el reforzamiento de la legislación de seguridad de 1941 facilitó los contactos entre el interior y el exterior, al enviar a un gran número de personas a la cárcel por delitos posteriores al 18 de julio, muchos de ellos relacionados con la guerrilla. En segundo lugar, desde abril de 1942 el freno del avance alemán en el frente ruso produjo un creciente estado de optimismo en los presos políticos. Los directores y los oficiales de prisiones enviaban por doquier informes y notas a Madrid, denunciando el incremento de su activismo y su actitud desafiante. El nerviosismo sobre la posibilidad de un cambio de régimen alertó a todas las autoridades. El 3 de mayo de 1942, un informe de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas de Gran Canaria señalaba algo que habría sido inconcebible en la población civil. Los reclusos se saludaban con el puño en alto y al terminar la misa daban el grito de ¡Viva el comunismo! «Y todo ello, lo hacen protegidos por los extranjeros[219]».

La cuestión internacional fue la baza decisiva durante los años siguientes. La orden de la Dirección de Prisiones fue aguantar y suavizar el discurso sobre el trato a los presos. Había que evitar cualquier escándalo que pudiera interpretarse como una provocación por los aliados. El relevo de Máximo Cuervo al frente de prisiones y el cambio en Justicia iniciado por Eduardo Aunós fueron las piezas que movió el régimen para adecuarse al plano internacional, mientras en el interior se ampliaba la capacidad represiva bajo el paraguas de las nuevas medidas de la seguridad del Estado. El ingreso de una nueva hornada de presos políticos tras las leyes de 1941 facilitó también la entrada de nuevos infiltrados y confidentes en prisión. El 24 de mayo de 1942, el director de la provincial de León ordenó el traslado de uno de ellos, que fue reconocido «inmediatamente después de ser levantada la incomunicación». La DGS había telegrafiado días atrás anunciando que mandaban a un policía procedente de Zamora con dos órdenes: primera, averiguar si alguien de dentro, un oficial o un guardia, actuaba como enlace «entre los elementos avanzados de la prisión y los del exterior». Segunda, comprobar si existía organización de Socorro Rojo en la prisión con enlaces en organizaciones de la calle[220].

Controlar las conexiones entre el interior y el exterior se convirtió en una prioridad para la dictadura. Se recordó a todas las direcciones generales que las órdenes sobre prohibición de las comunicaciones dadas en 1938 seguían vigentes y se ordenó controlar sobre todo las comunicaciones de diplomáticos británicos, especialmente activos a la hora de visitar a los presos. El 10 de agosto de 1942 la embajada británica formuló una queja ante la Dirección de Política Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre el estado de algunas prisiones, denunciado por varios cónsules y por el propio embajador, que había visitado la cárcel de Jaca. «Por el buen nombre de España todos tenemos la obligación ineludible de velar para que los agentes diplomáticos que visiten a los reclusos no reciban la penosa impresión que recibió el Sr. Embajador británico». En la carta no se dice que otras cárceles fueron el objeto de las quejas, pero la embajada británica recomendó el traslado de los presos británicos que había en Jaca a la cercana prisión de Barbastro[221].

La Nochebuena de ese año un oficial de la prisión de Conde de Peñalver en Madrid fue sorprendido con un parte de guerra inglés. Aunque alegó que el recluso Antonio Manfredi sólo le daba clases de inglés, no pudo ocultar a tiempo las notas sobre la ofensiva británica en el norte de África que éste le había traducido. El nerviosismo cundía por todas partes y algunos sectores exigían una actuación preventiva, como las emprendidas al final la guerra. En este sentido fue «dirigida» la información de la DGS de 9 de enero de 1943 sobre células comunistas en las cárceles de Porlier y de Alcalá de Henares:

Información DGS, secreto, n.º 2764 Asunto Organización de Células

Llegan a este servicio noticias de que existe en las cárceles una red de información bien combinada desde el interior, a cargo de los reclusos con destino, que se encargan de recoger y dar noticia en las horas de entrada y salida de paquetes, que ellos mismos registran y censuran y así se conoce al mismo tiempo que en la calle la noticia o «bulo» que circula. En la de Porlier los enlaces acusan relación de reclusos con organizaciones de células y troikas recientemente descubiertas. En la prisión de Alcalá hay una organización de estas células[222].

Según el jefe de servicios de Porlier, a pesar de las limitaciones de espacio (se trataba de un edificio con capacidad para 500 reclusos que albergaba todavía a más de 3500), existían dos locales de peligrosos o comunistas incomunicados y vigilados y no funcionaba ninguna organización. El maestro de talleres penitenciarios confirmó que se leía el parte inglés, «pero eso no significa que haya troikas». El informe de Alcalá no negaba que se introdujera información del exterior y en concreto de la guerra, pero eso tampoco significaba que funcionaran clandestinamente. En los trabajos forzados y las colonias militarizadas salía y entraba todos los días dos veces un grupo de más de 60 presos. Éstos eran los conductores de las noticias del exterior. El jefe de servicios descartó que hubiera troikas organizadas, pero sí creía que los comunistas y los socialistas tenían alguna relación «que les lleva a prestarse mutuo apoyo y ayuda económica, principalmente en cosas de comida».

El general Jesualdo de la Iglesia, juez especial para la Represión del Comunismo, envió una nota a la DGS respecto al tema. En ella decía: «No creo que dentro de Porlier tengan los comunistas ninguna organización, pero es evidente que fuera trabajan y tienen algún medio de comunicación o contacto con los presos». La culpa del ambiente izquierdista de las prisiones, según el general, era de la aglomeración que reinaba allí dentro. En Porlier, sin ir más lejos, «hay galerías que tienen más de 1000 individuos y en la puerta del exterior hay un funcionario que en ocasiones tiene a su cargo las dos galerías». El cambio de rumbo en la II Guerra Mundial disparó las esperanzas de los presos y su entorno. Las señales llegaban de todas partes. Tras la visita del 14 de diciembre de 1942 en Yeserías, el funcionario de los locutorios transcribía a su superior: «Por todas partes se cuenta lo mismo, que Stalingrado no lo habían tomado, que la gente trabajaba en la calle o que ya veremos cómo reacciona esta gente, refiriéndose a nuestro régimen[223]».

4. MOTINES Y CAMPAÑAS DE PROTESTA

Anoche fue convenida la rendición de Alemania.

La rendición se hará a las ocho de la mañana en La Haya.

Nota intervenida en la manga de un preso.

Penal de Alcalá de Henares,

12 de mayo de 1945[224]

El grado de violencia que se alcanzó en las prisiones contrasta abiertamente con la apariencia de normalidad que se pretendía garantizar a toda costa. El año clave en el tránsito de la apariencia de normalidad política y social de cara al exterior fue 1944. El Código Penal y el comienzo del desmantelamiento de las prisiones habilitadas, que se sustituyeron por otras, como Carabanchel, fueron simultáneamente boicoteados por los presos políticos, que aumentaron la conflictividad de forma organizada pero también espontánea. Muchos de los motines que se produjeron en las prisiones en la segunda mitad de la década de 1940 guardan una importante similitud con algunos de los protagonizados por los llamados presos sociales de la de 1930. Se recuperaron pero también se modificaron elementos de protesta muy anteriores que perdurarían mucho tiempo en la clandestinidad. La organización y la centralización de la protesta política tuvieron que adecuarse a las normas de vida de la prisión. Existía una tradición que hundía sus raíces en las luchas del movimiento obrero, pero éste había sido desmantelado por completo. Ésa fue la gran diferencia, por ejemplo, con los conflictos de 1934, y puede decirse que ese aislamiento resultó fatal para los objetivos que perseguían los presos políticos.

Las dos prisiones madrileñas que estaban en el ojo del huracán ante los posibles apoyos extranjeros seguían siendo Porlier y Alcalá de Henares. Porlier, el antiguo colegio de escolapios de la calle Padilla, seguía teniendo la galería de presos provisionales mayor de España. Desde que se habilitó como centro de las prisiones especiales del Madrid de la liberación, su fama de dureza no había dejado de crecer, como refleja su índice de suicidios. Cárcel de primera hora para miles de presos, Porlier también seguía siendo el primer destino de muchos funcionarios. Según la relación de personal de 1943, la mayoría (un abrumador 95%) eran oficiales provisionales procedentes del ejército y de Falange. Desde comienzos de 1944 las confrontaciones abiertas no habían hecho más que aumentar. El 12 de febrero de 1944 apareció muerto en el retrete el agente de policía secreto López Zúñiga. La Dirección General de Seguridad decidió entonces sacar de allí a un infiltrado llamado Andrés Velasco. Era un estudiante de veintiséis años, falangista desde 1934, que denunció al orfeón y al cuadro artístico por actividades comunistas. Según el director, Miguel Pérez Blasco, su último informe era del 8 de enero. Lo había titulado Estado de cosas que habían causado malestar entre la población reclusa. En él describe la siguiente escena:

Últimamente en un sermón que predicó el señor cura dijo que todo aquél que hablara mal de la Causa Nacional o de la política en contra del Generalísimo sería llevado al penal de Burgos. Los presos españoles procuran no hablar mal ya que si lo hacen además del traslado les espera una monumental paliza, pero los extranjeros no ponen cuidado. Después de comer toda la población reclusa forma en el patio, unos 2500 hombres formados y en posición firme con el brazo en alto cantan los himnos nacionales, todos menos los extranjeros, éstos no saludan ni contestan y reciben comida y tabaco de la embajada inglesa. Una vez sorprendieron a cuatro que no cantaban y les mandaron dar diez vueltas al patio y con el brazo extendido les metieron en una galería de castigo[225].

La situación de una prisión situada en el centro de Madrid aceleró la desaparición de Porlier. El 28 de enero de 1944 se iniciaba su desmantelamiento y el traslado gradual de los presos a Carabanchel, que también absorbía a los reclusos de Santa Rita. Ese mismo día salieron de madrugada 236 reclusos y tres de ellos se fugaron en plena calle. Aunque la policía detuvo el tráfico y acordonó la zona, consiguieron huir. Se decretó el estado de máxima alerta en toda la ciudad[226]. Por su parte, la situación en Alcalá, más alejada de la capital y de la prensa extranjera, se intentó reconvertir por otros caminos, sobre todo los de la policía secreta. El 9 de noviembre de 1944, el comisario de la Brigada Político-Social, Luis González, envió una queja por escrito a la Dirección de Prisiones porque con sus agentes y los de las autoridades locales «habían montado un servicio en prisión y el Director entorpecía la labor de los reclusos que se han prestado a servir de confidentes». Según la queja, actuaban a instancias de la policía gubernativa, que consideraba la proporción de presos comunistas muy elevada, ya que era superior al 85% del total de la prisión[227].

Fuera de Madrid, la política de trasladar y alejar a los peligrosos y reincidentes, aunque seguía alejando los posibles contactos con el exterior y facilitaba el seguimiento de las redes políticas del interior, produjo un efecto contrario al deseado. El 28 y el 29 de septiembre de 1944 los reclusos de Las Palmas de Gran Canaria se negaron a comer. La dirección se apresuró a afirmar que la causa no era el rancho, ya que entre las dos comidas «arrojan 1250 gramos por plaza», sino que los reclusos condenados por auxilio a la rebelión eran los verdaderos promotores. Según el director la situación en las islas estaba al límite, ya que la gran influencia extranjera se veía agravada por ser la mayor parte de los presos delincuentes políticos, castigados por su «contumancia y perseverancia», lo que suponía una fuente de problemas constante[228].

El director del penal de El Puerto de Santa María, Ramón Caballero, confesaba por carta al capitán general de la Segunda Región Militar que al asumir su cargo en la cárcel penal se había sentido desanimado, aunque juzgó normal todo lo que allí sucedía, habida cuenta del triunfo de Rusia en la guerra. Con el tiempo se aquietaron los ánimos, no sin antes provocar dos plantes «con el pretexto de la comida pero con idénticas finalidades subversivas, como los hubo en todas las prisiones importantes de España entre 1945 y 1946[229]». En opinión de Caballero al hacerse cargo del centro en 1946, aquella población penal era la peor de España, pues se componía sobre todo de fugistas, sancionados graves y de los rebeldes de Chinchilla que habían sido trasladados allí tras haber incendiado el penal. Durante su primer año, la junta de disciplina tuvo que imponer 230 sanciones de reclusión en celda. Con una media de 1000 presos al día y con esa conducta, el número no le parecía en absoluto excesivo, ya que sólo así pudo lograr reconducir la situación[230].

Junto a motines y plantes, se impuso otro tipo de protesta basada en el silencio absoluto; se trataba de una estrategia muy común en los conflictos finales del periodo republicano y basada en guardar un silencio total en el cortejo fúnebre de las víctimas de la violencia política derechista. En las prisiones franquistas de la década de 1940 se reprodujo de distintas maneras, tanto para protestar por una ejecución como para organizar una campaña demostrando la fuerza de la organización interna. Incluso los casos más espontáneos de silencio eran prohibidos para evitar el contagio, mientras que los actos organizados y más preparados eran duramente reprimidos. En Huesca, durante todo el primer trimestre de 1946 los guardias describieron la situación de la prisión de la siguiente manera: «Todos los presos guardan silencio durante el día y durante las noches cantan a la vez aunque estén aislados. Fue desmantelado el coro, pero la protesta sólo se disolvió con el traslado de 20 presos[231]».

El verano de 1946 fue especialmente intenso en prisiones. El 15 de julio una información de la DGS revelaba un recrudecimiento de la campaña internacional contra el régimen centrada en la situación de los presos. A las embajadas en Madrid llegaban de forma constante notas sobre la cárcel de Carabanchel, escritas supuestamente por los propios presos; denunciaban varios aspectos destinados a acabar con la imagen de moderna prisión transmitida en las visitas de las delegaciones diplomáticas. Sólo habría un cuarto de baño por cada 600 presos, la alimentación era absolutamente deficiente y a los familiares se les cobraba 2,25 pesetas por entregar un paquete y otras 1,25 por cada visita. La nota pedía que se enviasen copias del escrito a todas las embajadas acreditadas en Madrid[232]. La respuesta no tardó en llegar. Como señalara el ministro de Justicia Fernández-Cuesta, utilizarían cualquier método para evitar la injerencia extranjera agitada por los enemigos de España y mostrar al mundo la firmeza de su lucha contra el comunismo. Las medidas hacia el exterior iban dirigidas fundamentalmente a camuflar la existencia de los presos políticos. En el interior la cortina de humo se traducía en una presión y una vigilancia mayores de los sectores peligrosos. Para mostrar al mundo cómo eran las prisiones españolas se podían organizar más visitas con delegaciones extranjeras, pero primero había que asegurar que todos presentaban la misma apariencia de presos comunes.

El 26 de julio de 1946 el Patronato Central adquirió 2500 monos para los reclusos y procedió a repartirlos por algunas prisiones como uniforme reglamentario. El 6 de agosto los presos de Alcalá de Henares se negaron a vestir este nuevo uniforme. El día 7 por la tarde 80 de ellos se lo pusieron, pero a la mañana siguiente todos los presos formaron en el patio sin él. Se continuó repartiendo la ropa, pero entonces la negativa fue rotunda; sólo hubo unos pocos que no pusieron reparo y aceptaron vestirse el uniforme a cambio de una visita extraordinaria. El director consideró la situación de «rebeldía clara y definida postura imposible de tolerar en semejante masa de individuos» y tomó una serie de medidas. Ordenó que todos fueran encerrados y vigilados en sus celdas, para lo cual llamó a los funcionarios de permiso. Ya con la plantilla al completo, fueron sacando a los presos de sus celdas de 10 en 10 para hacerles vestir el uniforme. Al ser preguntado por qué se negaba a vestir la ropa, uno ellos manifestó que «ellos no pueden aceptar ni vestir un uniforme que les entrega un régimen político que no es el suyo, condenados como vulgares delincuentes, ya que ellos son sólo actos políticos los que realizan en la calle, no delitos comunes». A pesar de que fueron sancionados con dos meses de castigo en sus celdas, 198 de ellos siguieron sin ponerse el uniforme y sólo 21 terminaron vistiéndolo. La victoria fue total, pero duró muy poco[233].

La organización política y la difusión de la actividad clandestina que salía al exterior del penal alcanzaron su punto álgido. Los talleres penitenciarios de Alcalá, que representaba el centro modélico del trabajo técnico de los reclusos, terminaron siendo talleres de propaganda clandestina y falsificación acelerada. El 11 de octubre de 1946 dos presos, Santiago Cuesta y Asensio Bengoa, consiguieron salir del penal con órdenes de libertad falsas firmadas por el coronel Eymar, presidente del Juzgado Especial de Comunismo y Espionaje. A partir de entonces Eymar exigió que las órdenes de libertad le fueran entregadas personalmente en el juzgado. También exigió un informe sobre la situación política del penal, en el que se concluye de manera determinante que «los reclusos funcionan en sus partidos, tienen sus cuadros, sus enlaces y sus socorros. La masa penal funciona en todos los actos como un solo hombre[234]».

Había llegado el momento de actuar. Justo un mes después, tras una información reservada de la DGS que aseguraba que los presos de Alcalá se estaban reorganizando y preparaban una fuga masiva, se llevó a cabo la intervención. El director, Justo Herráiz, autorizó a todos los funcionarios a llevar pistola y éstos fueron entrando en las celdas para efectuar un registro exhaustivo y aislar a los dirigentes políticos, que fueron trasladados. Aquel día se desarticuló gran parte de la dirección política clandestina a nivel nacional, ya que fueron arrestados los comités del Partido Comunista, de Juventudes Socialistas Unificadas, de la CNT, del Partido Socialista y de los republicanos. El golpe resultó brutal y sólo fue el comienzo de un escarmiento generalizado que tuvo varias manifestaciones más en distintos presidios de la geografía española[235]. El 5 de septiembre de 1947 estalló un polvorín del ejército a las afueras de Alcalá. Se acusó de sabotaje a una célula reconstituida de las Juventudes Comunistas (JSU) con ayuda de los dirigentes políticos presos en el penal. El consejo de guerra dictó la pena de muerte para los ocho detenidos, que fueron ejecutados en el penal de Ocaña a comienzos de 1948. Pero la reacción había empezado, en realidad, el 17 de mayo de 1946 en el consejo de guerra número 132 638 contra Félix Villa Moreno, condenado a 13 años por actividades políticas. Tiempo atrás la Dirección de Prisiones había decidido ponerlo en circulación por distintas cárceles para ver hasta dónde los conducía. Y no los defraudó. De Alcalá pasó Villa Moreno a Ocaña, de allí a Guadalajara y, en diciembre de 1947, se decidió mandarlo a Burgos, siempre notificando que lo sometieran a estrecha vigilancia «garantizando así la no divulgación de la censura que el estado ejerce sobre la correspondencia de estos elementos». De esta manera, a través del control de la correspondencia que él creía secreta, fueron desarticulando buena parte de la dirección política de la oposición franquista que actuaba desde prisión y deteniendo uno tras otro a todos los integrantes de la reconstrucción política en libertad[236].

CAPÍTULO 6

Cárceles de mujeres

1. EL DILEMA INSTITUCIONAL

La peste deshonesta, que ha venido creciendo en proporciones pavorosas desde hace cincuenta años en España, que se agravó de modo gravísimo con la dominación de los rojos y que todavía

continúa como una triste secuela de nuestra guerra pasada

y de las dificultades presentes, va a ser atajada, cuando

menos en su parte más escandalosa y dañina, mediante la

colaboración establecida a estos efectos entres las

Direcciones Generales de Seguridad y Prisiones.

Memoria del Patronato de Redención de Penas, 1942, p. 160

El 29 de marzo de 1940 la prisión provincial de mujeres de Lérida amaneció con unas letras en la pared del patio principal que decían: «¡Muera Franco y Viva Azaña!». Esa misma semana habían empezado unas obras de ampliación de la prisión, que como tantas otras se encontraba totalmente sobresaturada. Por la tarde, sobre el yeso de la pared, dejaron las presas este mensaje que, según reconoció la investigación, pudo ser realizado con las uñas o «con cualquier material cortante del que acostumbran a introducir». Las sospechas recayeron desde un principio sobre dos reclusas consideradas particularmente extremistas, pero ninguna de ellas se confesó autora de los hechos. Las funcionarias decidieron interrogar una por una y por separado a todas las presas. Esto tampoco tuvo éxito, pues siguieron sin dar nombre alguno. La Junta de Disciplina de la prisión se reunió y decidió emprender dos medidas para averiguar quién había realizado aquel letrero, que no sólo era una ofensa contra el Caudillo sino un desafío directo a la autoridad del centro. La primera, a modo de castigo ejemplar, fue la prohibición de la entrada de comida de los familiares durante un mes. La segunda consistió en obligar a las presas a que escribieran sus nombres en un papel junto a la palabra Franco.

Pasadas dos semanas la maestra, la monja, el jefe de sección, el médico y el director de Lérida volvieron a reunirse. La situación era muy grave. Los informes de la policía sobre la escritura no revelaban nada concluyente y las reclusas seguían sin decir quién había sido la culpable. Se les había requerido incluso en la confesión, pero seguían sin «querer soltar prenda». La cuestión era que había que levantar el castigo porque, de seguir prohibiendo la entrada de comida de los familiares, las presas corrían grave peligro de desnutrición y de caer enfermas. La sesión terminó con el acuerdo de pedir instrucciones de Madrid «en espera de levantar el castigo esta semana porque dicen no poder casi vivir con la comida dada en dicha prisión». Pero la contestación no llegaba y aumentaba el riesgo de que alguna muriera de hambre, como ya había ocurrido a comienzos de enero cuando no había forma de hacer llegar el cupo del racionamiento. La víspera del Viernes Santo, las Damas Catequistas de la ciudad se personaron en la prisión y solicitaron que se levantara el castigo para que las culpables pudieran arrepentirse. Al día siguiente los familiares se agolpaban en las puertas de la prisión con paquetes de comida. El director de prisiones, Máximo Cuervo, se interesó sobre el motivo de haber levantado el castigo ya que aún no conocían el nombre del culpable y un «caso así no debe quedar sin sanción». La prisión contestó que habían accedido a petición de las Hermanitas de la Caridad y de la maestra, que no podían seguir viendo aquel sufrimiento. Cuervo exigió por escrito la renuncia de las monjas y de la maestra de que no volverían a oponerse a un castigo disciplinario ya que, por su acción, esa grave mancha que sólo habría realizado una individua o dos, constaría ahora en el expediente de todas las presas[237].

El hacinamiento, el hambre, el contrabando, los castigos, la propaganda… Todo en las prisiones de mujeres era igual que en las de los hombres. Pero aunque ambos formaban parte del mismo sistema penitenciario y judicial, a las mujeres siempre se las consideró fuera de él. Desde finales de la guerra los sucesivos encargados de Justicia habían insistido con vehemencia que en España no había presas políticas, sólo ladronas, infanticidas y prostitutas. Ésta fue la consecuencia más palpable de la llegada de los sectores más conservadores a la cúpula judicial y del diseño de la política penal de posguerra, que explicaron la existencia de presas políticas con los mismos parámetros con los que se había explicado el aumento de la delincuencia femenina desde finales del siglo XIX .La naturaleza de la mujer, irrefrenable en tiempos de desorden, había propiciado el incremento de su participación en el mundo del crimen, que en tiempos de la revolución había alcanzado su máxima expresión de libertinaje y delitos de sangre, pero que ya en la paz se había reconducido hacia el engaño y los delitos contra la propiedad. Ésta fue la versión dominante en el discurso legal sobre la mujer delincuente durante toda la década de 1940. Enlazaba con el problema de las presas políticas y con el de la inmediata posguerra, donde gracias sobre todo a la entrada masiva de presas comunes, los índices de mujeres reclusas llegaron a superar los promedios tradicionales y a suponer cerca del 10% del total de población penitenciaria en España. Las detenidas políticas y las prostitutas seguían quedando fuera de la estadística, pero los delitos femeninos que más aumentaron proporcionalmente en los años posteriores a la guerra fueron los hurtos, los robos y las estafas. De este modo los delitos comunes fueron desplazando a los políticos y así entraron en prisión muchas mujeres culpables de faltas menores, casi todas relacionadas con ataques contra la propiedad[238].

El aspecto que más propició la recuperación de la versión íntegra de la naturaleza pecaminosa de la mujer fue el hecho de que entre 1940 y 1942 se duplicaran los casos de enfermedades venéreas en toda España. Los gobernadores civiles pusieron énfasis en calificar este aumento de la prostitución de problema de salud pública que agravaba el incremento de la mortalidad. Para sus detractores más fervientes, la prostitución afectaba incluso al descenso de la natalidad, pero sobre todo equivalía al aumento de la criminalidad, porque el vicio de la lujuria no tenía límites. Desde estos sectores comenzó a reclamarse seriamente una «cruzada moral» contra el tráfico escandaloso que se estaba produciendo con las jóvenes españolas. Se proponían medidas que pasaban por terminar con la permisividad con las llamadas «quincenarias», al tiempo que se empezó a arrestar a las prostitutas y a acusarlas de un delito penal por el que pasarían de dos a tres años en la cárcel. La mayoría eran mujeres como Emiliana La Miradas ,fichada por ejercer la prostitución en la vía pública a altas horas de la madrugada. Según el miembro de la Policía Armada que la detuvo, tenía veinte años y era huérfana de padre y madre, ambos fusilados por su militancia marxista. Dos de sus hermanas estaban en un colegio en Logroño y otra en la Casa de Maternidad de Madrid. Ella había estado un mes en la capital sirviendo pero después se entregó a la prostitución, según sus propias palabras, porque «no tenía otro medio de vida[239]».

El plan de limpieza del Gobierno pasaba por una operación conjunta de la policía y de prisiones. En agosto de 1941 se tomaron las primeras medidas «para recoger a esa escoria de la sociedad» que inundaba desde las primeras horas de la tarde las principales calles de las ciudades para escándalo y agravio de los viandantes. En Madrid fueron detenidas unas 500 mujeres, que fueron conducidas a la prisión de Calzada de Oropesa, en Toledo. Pero la operación no sólo afectó a las grandes ciudades. En Soria, por ejemplo, se cerraron dos casas de citas, «que también eran un foco de infección por la bajísima condición de las meretrices y su gran falta de higiene[240]». Otras medidas de presión tuvieron una repercusión más duradera, al promover la inserción de las mujeres que delinquían en el modelo de redención de penas. En poco tiempo la absorción fue total, dada la enorme ramificación del Patronato. En el caso de las detenidas en Soria, el gobernador civil aportaba los fondos necesarios para enviar a las jóvenes a una casa de ejercicios espirituales en Tudela, mientras que la DGS acogía en sus dependencias a las más mayores, ya que «por su escandalosa conducta constituían un grave ejemplo». La fe política del éxito de la Obra de Mujeres Caídas se apoyaba una vez más en el dogma de la redención de los pecados, pero la naturaleza pecaminosa del delito femenino derivó en una consideración del tratamiento de las presas desde una perspectiva estrictamente religiosa, esto es, de mucho mayor calado que en la obra de pacificación espiritual entre los presos varones.

Mientras a los presos se les hablaba del bien común, razón por la cual merecían la condena que se les había impuesto en defensa de la sociedad, en el caso de la mujer seguía vivo el ideal correccionalista, que insistía en un alejamiento de la sociedad como condición necesaria para iniciar la regeneración. La necesidad de apagar el fuego interno que pervertía a la mujer degenerada impedía el premio de la redención para ésta. Y si en el preso era el trabajo el que distinguía la buena conducta, en la presa debía ser la confesión. Éstas constituyeron las dos señales que distinguían a presas y presos en la primera década de franquismo. Pero lo que realmente estaba en juego era la resolución de un conflicto sobre la naturaleza jurídica de la mujer, prolongado durante más de medio siglo y que terminaría afirmando la tendencia innata de la mujer a perderse y su minoría de edad legal. Desde finales del siglo XIX la criminología había puesto en duda la vieja noción de la mujer delincuente como «una caída», tal y como sostenía la Iglesia. Una joven buena arrastrada y engañada por el vicio podía muy bien ser una degenerada o una criminal nata, pero también había científicos que la consideraban una imbécil mental, una eterna menor de edad que quedaba exenta de cualquier responsabilidad.

En la España de la década de 1940 esta versión de la mujer delincuente fue tamizada por la de la redención cristiana de la pecadora, volviendo de lleno a la época «del aumento de la vigilancia y de la intervención institucionalizada dentro de la vida de las mujeres[241]». El marco de recepción en España de estas corrientes se prolongó hasta al menos el primer tercio del siglo XX, época en la que se construye una verdadera red, más correccional que penal, basada en el ideal femenino de mujer cuidadora, honrada, madre, esposa y hermana, tejida para impedir la «caída de la condición moral y espiritual de la mujer». Se suponía que la situación que llevaba a la mujer al delito o la perdición procedía de un descenso en su condición. Esa particularidad, traducida en la diferenciación en el tratamiento jurídico, había incrementado el carácter benéfico de la atención y el tratamiento a la «mujer perdida» en instituciones religiosas, que propugnaban su alejamiento absoluto de la sociedad. El modelo más claro era el de prisión conventual. Desde entonces, la relación fundamental que designaba este ámbito asegurado por la ambigüedad de la legislación fue la prostitución. Todo ello fue reproducido por el franquismo y sus sectores científicos, que en ningún momento se salieron de los dictados de la Iglesia. La Casa de Maternidad, por ejemplo, volvió a ser una institución concebida también como correccional especial de mujeres. Al igual que en ella, para limitar en cada caso el desarreglo moral que producían las madres solteras, el contagio venéreo o el infanticidio, se prevenía la ocupación, el trabajo y «las tareas propias de su sexo». Mientras tanto, la mezcla de situaciones, de traslados entre el hospicio municipal, el hospital y la cárcel, fue sufrida por multitud de mujeres que en la mayoría de los casos encontraban la atención médica o la pediátrica bajo una u otra forma de reclusión. El modelo basado en las sociedades de protección de las damas de la alta sociedad y en la reclusión conventual importado de Francia por las Adoratrices culminó en la España de los años cuarenta en la Obra de los Patronatos. Su evolución quedó plasmada en tres de sus sesiones, muestras de otros tantos proyectos que abarcaron toda la década.

La primera tuvo lugar a mediados de 1941, cuando la Obra de Pacificación Espiritual manifestó por primera vez su interés por la tarea moralizadora de la sociedad y de las costumbres. El panorama para atender a la mujer caída quedaría definitivamente así dentro de la labor del Patronato de Redención de Penas, a través de un nuevo marco para atender a la mujer. El Patronato de Protección a la Mujer, reorganizado por el Decreto de 6 de noviembre de 1941, creaba las prisiones especiales para mujeres caídas y tenía asignada como misión propia la dignificación moral de éstas, en especial las jóvenes, para impedir su explotación, apartarlas del vicio y educarlas en los valores cristianos. Favorecidos por la situación internacional, los propagandistas católicos pasaron a ser la mejor correa de transmisión con la doctrina oficial del Vaticano para el tratamiento de las mujeres caídas. En 1944 presidía el Patronato de la Mujer un propagandista, Alberto Martín Artajo, exministro de Exteriores, que fue el encargado de presentar un informe al ministro de Justicia fechado el 31 de marzo, sobre la necesidad de aumentar nuevas prisiones para mujeres y «recogidas». En él se aprecia que la mayoría de las mujeres que se prostituían en España eran menores de veinticinco años. Una vez superada esa edad lo hacían por necesidad o por flaqueza, pero concluía que «todas ellas son muy redimibles». El informe, siguiendo el dictamen del Vaticano, no aconsejaba reconocerlas como sujetos penales plenos ni tampoco prohibirlas, sino tolerarlas para evitar males mayores[242].

Superado el primer apuro internacional, llegó el turno de aplicar una política «menos tolerante» con las mujeres que delinquían. En febrero de 1946 se reunió de nuevo el Patronato de Protección a la Mujer, presidido por el entonces ministro de Justicia Raimundo Fernández-Cuesta y el pleno de la Junta Nacional, formada por el obispo de Madrid-Alcalá, Eijo y Garay; los vicepresidentes José Casado y Máximo Cuervo, el director general de Prisiones, Francisco Aylagas, y el resto de vocales. La presencia de mujeres quedó relegada a las dos vocales femeninas que acompañaban a Carmen de Castro: Elisa Barraquer, encargada de la Sección de Vigilancia Tutelar, y Carmen Úbeda, encargada de establecimientos del Patronato. La reunión tenía como objetivo hacer balance del año 1945. Se informó sobre los problemas más importantes de la institución relativos a la moral pública y a la represión de la trata de blancas. Para ello pidieron al ministro que tomase las medidas oportunas para impedir el acceso a la «mala vida» de las mujeres menores de edad y se mostrara rotundamente a favor de una política contra la prostitución.

Lo cierto es que ni los falangistas ni los propagandistas moderados consiguieron salir de su ambivalencia a la hora de definir el tratamiento que debía darse a las presas. Por un lado, habían recibido con los brazos abiertos el mensaje de la peligrosidad social que hablaba de la degenerada. Por otro, sin embargo, ninguno había podido ir más allá en la readaptación de un mensaje que sectores de la Iglesia consideraban darwinista y por tanto opuesto al creacionismo. Mientras tanto las prisiones de mujeres vivían una realidad muy alejada de estas disquisiciones. A los pocos días de esta reunión, la misma vocal del Patronato, Carmen Úbeda, denunció que un guardia civil que conducía a las presas de San Isidro al juzgado llevó a merendar a una reclusa y luego fue a hacerse unas fotografías con ella[243]. Pueden citarse muchos ejemplos similares únicamente a través de los expedientes abiertos a funcionarios de prisiones. El guardián Ramón Ripio fue relevado de su cargo en la prisión de Colmenar Viejo desde la liberación, acusado de violación y malversación. Abusaba sexualmente de las presas y de las mujeres de los presos, «vanagloriándose ante los reclusos de los favores obtenidos de estas mujeres». También fue apartado del servicio a finales de 1941 el guardia de la prisión de Pamplona, Tomás Ganuza, «por completa nulidad y no ofrecer ninguna garantía moral». Exigía dinero a los reclusos, al cachear a los que salían en libertad condicional se quedaba con el dinero y «a su salida del servicio se dedicaba a perseguir mujeres familiares de reclusos[244]».

La realidad cotidiana se edificó sobre este laberinto ideológico e institucional creado para proteger a la mujer descarriada, condición inherente de las condenadas por delitos políticos y a las que había que intentar corregir, pero corregir educando, protegiendo también a la sociedad, ya que los casos inmorales no podían divulgarse. Por eso es especialmente importante comprender la clasificación legal que recibieron ya que, como mencionaba el Decreto de 6 de noviembre de 1941 de creación del Patronato de Protección de la Mujer, era obligación estricta del gobernante la custodia del orden moral.

2. PERDIDAS, ROJAS E HISTÉRICAS

Cuando algunas de estas mujeres manifiestan una exagerada

pasión por los deleites carnales, suelen ser a la vez criminales

natas y prostitutas natas, mezclándose entonces la lujuria con la crueldad;

y este erotismo, que es precisamente lo que más las

distingue de la mujer normal, las aproxima sin embargo al hombre[245].

Con objeto de garantizar su regeneración en la Nueva España, la redención de penas incorporó algunas medidas técnicas, sobre todo para salvar el escollo de la prohibición del trabajo forzado a mujeres. Por lo demás, la tradición del tratamiento religioso siguió la norma de las prisiones de mujeres que acompañó siempre a la prisión femenina en España. La guerra supuso un factor decisivo en la reinstauración de la visión femenina más tradicional. La identificación de las milicianas o de las rojas en general con las prostitutas por un lado y con las histéricas por otro hizo mucho más por la condena social de las presas que una ciencia verdaderamente degenerativa en la posguerra, porque del mismo modo que ocurrió con la locura y el racismo, los estudios científicos de la década de 1940 chocaron con los límites de la doctrina eclesiástica. Las instituciones tutelares, la mayoría de carácter privado, se adecuaron sin dificultad a esa simbiosis entre el carácter sagrado y pseudocientífico de sus consideraciones. Pero en general no hubo contradicción, tal y como demuestran dos estudios basados en la observación directa de presas. El del psiquiatra Vallejo-Nágera con un grupo de 50 presas políticas de la cárcel de Málaga y el estudio de la Obra de Protección a la Mujer sobre la evolución de las vigiladas.

Vallejo-Nágera dedicó uno de sus estudios biomédicos a presas con la intención de medir el grado en que el ambiente caótico de la época roja había liberado sus tendencias psicopáticas. Para ello utilizó como muestra un grupo de 50 mujeres condenadas por rebelión en la cárcel de Málaga. La principal diferencia frente a su estudio de presos varones radica en que Vallejo-Nágera no se propuso estudiar su constitución y el tipo clínico al que pertenecían, sino que se dedicó exclusivamente a atender a la personalidad de las reclusas. Puede decirse que pesó más su consideración sobre la mujer que su tendencia germanófila. Como ejemplo, este breve párrafo:

Si la mujer es habitualmente de carácter apacible, dulce y bondadoso débese a los frenos que obran sobre ella; pero como el psiquismo femenino tiene muchos puntos de contacto con el infantil y el animal, cuando desaparecen los frenos que contienen socialmente a la mujer y se liberan las inhibiciones fregatrices de las impulsiones instintivas, despiértase en el sexo femenino el instinto de crueldad[246].

La condición de mujer desenfrenada era el fruto de la relación entre sexualidad y delincuencia que alcanza su mayor énfasis en las mujeres republicanas. El franquismo alimentó la imagen de la miliciana como un «monstruo sexual», con la clara intención de identificarlas con prostitutas. Ambas eran «mujeres públicas». Aunque el estudio de Vallejo considera que la moralidad de las presas malagueñas es escasa o casi inexistente, se extraña de la baja incidencia de las perversiones sexuales e incluso de la alta religiosidad que había entre ellas. Sin embargo, para su autor estaba claro que eran unas «inmorales natas», como lo demostraban los datos estadísticos sobre su edad de comienzo de las relaciones sexuales. Más del 20% declaró haber tenido relaciones antes de los dieciséis años, dato completamente anormal para quien había determinado que la aparición del instinto sexual en la mujer era más tardío que en el hombre «debido al papel pasivo de aquélla», por lo que se situaba en torno a los diecisiete años[247].

Con independencia de esta anormalidad sexual, basada en un año de diferencia en la iniciación sexual, el dictamen de Vallejo sobre las presas fue favorable. Puede decirse que fue el único grupo de presos y prisioneros de guerra que estudió al que concedió la condición de reeducables. Para ello fueron trascendentales los datos recogidos a las presas tras una serie de preguntas en las que, además de la edad de iniciación sexual, se incluyeron otras como éstas: «¿Qué opina usted de la España Nacional?», o «¿Cuál ha sido su impresión de la época roja?». Según el psiquiatra militar, ninguna de las encuestadas se pronunció a favor del comunismo (caso que sí era común entre los presos y brigadistas y que le parecía inexplicable), y en cambio las reclusas tenían una opinión casi unánime favorable de la España Nacional[248]. Este tipo de encuestas que no invalidaban los resultados sino que los «glorificaban» fueron muy frecuentes entre este tipo de colectivos como demuestran, año tras año, las memorias oficiales del Patronato de Redención de Penas.

La influencia del correccionalismo católico sobre este tipo de clasificaciones comunes en la época fue más patente en el estudio realizado por el reverendo Demetrio González Aguilar entre mujeres vigiladas que habían estado en prisión. El estudio psicológico pretendía conocer cuáles eran los factores más influyentes en la desviación de mujeres que habían pasado por la cárcel y volvían a cometer delitos. Se realizó a instancias de la Junta Provincial de Protección a la Mujer de Soria que, entre 1942 y 1947, facilitó los expedientes penales, el historial, el examen médico y los informes de conducta de 204 mujeres. De ellas, 164 podían considerarse «normales», esto es, presentaban un nivel mental similar al de las mujeres de su edad. Otras 32 fueron diagnosticadas «subnormales» (con déficit mental congénito, constitucional, caracterizadas por la lentitud y pesadez de los procesos mentales) y 8 «anormales» (débiles mentales ligeras y mentales profundas), sin que se registraran casos de imbecilidad e idiocia. Según este censo la mayoría de las mujeres eran totalmente recuperables. Cabe destacar que, a pesar de los criterios psicológicos de la época, el estudio minimizó la disposición hereditaria en las presas hacia el mundo del delito y destacó en cambio factores como el retraso escolar, la falta de instrucción e incluso, entre las denominadas «difíciles», la influencia de un medio familiar nocivo[249].

Totalmente distinto era el tono usado por la Justicia, la policía y las instituciones penitenciarias. Allí no operaba la clasificación médico-psiquiátrica sino la de la presa común y si su conducta se adecuaba o no. Las clasificaciones y hasta las sentencias revelaban la condición de la presa mucho antes de que pasara por la junta disciplinaria del centro. Los hechos que aparecen probados en las condenas de mujeres reproducen prácticamente los mismos estereotipos que se vienen utilizando desde la guerra: la miliciana extremista, sangrienta perseguidora, cabaretera, torbellino de la pasión, amiga de la mala vida y enemiga de la patria. Todo ello es esencialmente fruto de su alejamiento de su papel como madre, con el que, desafiando al orden natural de las cosas, pretende equipararse al hombre. En ese punto, en la consideración del delito de rebeldía para la mujer recibe la sociedad la mayor parte de los elementos que asimilan a la presa política con las degeneradas sexuales, las rufianas y las prostitutas.

Milagros Sánchez, presa de Ventas, denunció en su consejo de guerra que la patrulla que la detuvo el 18 de abril de 1939 la había obligado a beber anís y aceite de ricino, después la desnudaron, la violaron y golpearon hasta que perdió el sentido[250]. Fue condenada a 12 años por auxilio a la rebelión en una sentencia que destaca su «mala conducta moral y sus ideas izquierdistas, ya que con anterioridad al Glorioso Movimiento Nacional trabajaba en un cabaré y había ingresado en el Quinto Regimiento como visitadora de hospitales, alternando con frecuencia con oficiales rojos». En una ocasión, cuando se encontraba en el bar Modelo, fue a buscar a unos milicianos para que detuvieran a un individuo que había dado el grito de «¡Viva el fascio!». En su hoja penal, junto a su grado de instrucción y certificación positiva de buena conducta, siempre figuró la frase «presa peligrosa, por miliciana roja del 5.º Regimiento y haberse jactado de dar paseos[251]».

Esta consideración equivalía automáticamente a una vigilancia permanente por cada instancia por la que pasaban las reclusas. Pero, por otro lado, la cárcel de posguerra no hizo sino castigar duramente lo que una sociedad en fuerte proceso de afirmación consideraba asimilable a la anti-España. En ese sentido, las mujeres que ingresaron en prisión con posterioridad al 18 de julio recibieron un trato más agresivo y la consideración global de peligrosas. El 1 de diciembre de 1942 ingresó en Yeserías Luisa Díaz por una denuncia de los vecinos de la casa en la que era portera. La acusaban de «hablar más de la cuenta y amenazar con tomar represalias en el momento que llegue Negrín». La dirección de la prisión negó en todo momento que recibiese un trato desfavorable, ya que sólo fue incomunicada durante 20 días, el tiempo del periodo de observación, despioje y vacunación previsto para las prostitutas y mendigas[252].

En prisión se mezclaron con pericia ambas consideraciones, lo que auxilió en no pocas ocasiones a los responsables de malos tratos, diagnosticando locura transitoria e histerismo en las presas, sobre todo en las comunes. Los informes médicos valoraban en las habituales del delito una pérdida de los sentidos y las facultades, así como una importante tendencia a fingir. Este caso se dio en la prisión de partido de Vigo, donde Teresa Martínez Corbillán, una vendedora de veinticinco años, ingresó por primera vez el 28 de marzo de 1938 por hurto frustrado. El 27 de mayo debía salir en libertad, pero continuó en prisión únicamente porque su marido estaba a disposición de la Auditoría de Guerra de la 8.ª Región Militar. Según el libro de la Junta de Disciplina de la cárcel, Teresa se rebeló contra esa situación y el 10 de julio fue castigada en «celda clara» a siete días de incomunicación por desobediencia y desacato. Dos días más tarde fue de nuevo castigada, pero esta vez una semana «en celda oscura». El 20 de julio de 1938 fue puesta en libertad. Tres años después, el 2 de agosto de 1941, volvió a la cárcel acusada de robo y de vender la cartilla de racionamiento. El 4 de octubre fue castigada seis días sin salir al patio y sin comunicación por promover un escándalo. Al tercer día de no poder salir de su celda, Teresa sufrió un ataque de nervios y se desmayó. Fue trasladada al hospital de Vigo donde denunció malos tratos. El médico forense de la prisión emitió un informe en el que la calificaba de «presa muy revoltosa, de muy mala lengua, que padece ataques histéricos típicos con la propensión consiguiente a la fabulación y el engaño[253]».

3. ACTIVISMO Y VIDA COTIDIANA

Para la identificación de las presas políticas con las enfermedades de transmisión sexual, era vital regresar a la política de tolerancia hacia la prostitución, siempre que ésta no alterara el orden público. Sin embargo, la «especial sensibilidad» de ciertos núcleos hacia el problema de las «descarriadas» propició la creación de siete centros especiales de reeducación femenina. En ellos la propaganda imprimió sus principales recursos modernos sobre la vieja «imagen de la mujer perdida». Sin embargo, la mayor parte de los centros ya llevaban tiempo funcionando y algunos habían centralizado la política penitenciaria anterior, denominada de reforma de mujeres. La naturaleza hacendosa de la mujer propia de la visión tradicional de la sociedad reproducía perfectamente los roles familiares que correspondían a hombre y mujer dentro y fuera de las cárceles. La Obra de Amparo de la Mujer Caída actuaba en prisiones especiales de mujeres como la de Calzada de Oropesa, en Toledo, la cárcel especial de Gerona o la galera de Alcalá de Henares, que eran en gran medida herederas de los correccionales del siglo XIX, a pesar de que casi todas ellas atendían el fuerte incremento de la prostitución en la inmediata posguerra.

Las mujeres no eran consideradas sujetos aptos para la redención de penas por el trabajo. Era impensable que accedieran a la condición de obreras libres; su trabajo no era mostrado en la propaganda ni en la imagen oficial. No se han encontrado menciones a otras enseñanzas femeninas fuera de las «escuelas del hogar». Simplemente no existían. Lavar, coser y planchar la ropa fueron las ocupaciones básicas de las mujeres presas, aquéllas con las que redimieron pena y adquirieron algo de dinero, aunque no se contabilizaban como trabajo propiamente dicho. «Sus labores» eran el principal vehículo reeducador que devolvía a la mujer hacia su espacio natural y la apartaba de la política, el vicio o la delincuencia. La realidad cotidiana se impuso por múltiples vías al discurso correccional, que la propia cárcel terminó por reconducir hacia el estraperlo y la corrupción generalizadas. El 21 de marzo de 1942 la inspectora María Luisa Blanco comunicaba al director de la prisión de mujeres de Alcalá, Venancio Martínez, una serie de irregularidades en el taller dedicado al recosido de ropas. Éste reconoció que el trabajo no lo hacían las penadas que redimían pena y recibían un jornal, «sino también preventivas que voluntariamente se prestaban a trabajar y sin que por ello se les asignara cantidad alguna[254]».

La vida cotidiana de las presas, después de haber pasado por las prisiones habilitadas, los campos de internamiento y las largas declaraciones e interrogatorios, estuvo siempre marcada por la presencia de la religión, que se convirtió en la mejor prueba de su conversión. El papel de las religiosas en las prisiones seguía estando formalizado a través de los convenios con el Estado, pero una serie de cambios habían modificado sustancialmente su papel. Ya no tenían la misma libertad de la que habían gozado durante la Restauración, cuando se reactivó fuertemente su puesto en la dirección de los establecimientos femeninos. La creación de un Cuerpo de Prisiones desde finales del siglo XIX y la incorporación al mismo de mujeres, así como las medidas tomadas en época republicana por Victoria Kent, habían cambiado el perfil de las prisiones de mujeres desde el punto de vista del personal. La guerra y la depuración afectaron por igual a este cuerpo. Las religiosas volvieron a las prisiones intentando recuperar el grueso de sus funciones.

Uno de los personajes clave a la hora de favorecer su rápida adaptación fue Carmen de Castro, alumna de la ILE y vocal femenina de la Junta del Patronato de Redención de Penas por el Trabajo, que estaba encargada de supervisar la educación y la redención por el esfuerzo intelectual. A mediados de 1940 acudió a la Escuela de Estudios Penitenciarios para hablar del papel de las religiosas en las prisiones. Destacó por encima de todo un aspecto trascendental en el tratamiento y la imagen de la mujer como parte de una reeducación de carácter especial: la imagen de madre, la asimilación de las hermanas a la Virgen y a su tarea redentora con las reclusas, auténticas «almas caídas». Frente al régimen de tratamiento masculino, llamaba la atención la ausencia total de las referencias propiamente culturales o propagandísticas en el campo de las prisiones de mujeres. A diferencia de las prisiones de hombres, donde el papel de la instrucción cultural y religiosa era el principal vehículo de redención, en las cárceles de mujeres ni la alfabetización ni el esfuerzo intelectual aparecieron destacados como elementos centrales. El aspecto de recogimiento, de alejamiento del mundo, seguía presidiendo la regeneración de las caídas. De ese modo, se esperaba su inserción en la nueva vida patriótica por vías distintas a las de los hombres.

El hecho de que socialmente fuese más aceptada la condición de caída en la mujer delincuente que la visión de degeneración racial o criminal entronca de nuevo con la doctrina social de la Iglesia. Sobre ella se sientan las nuevas bases del pensamiento correccional tradicional bajo la tutela del Estado. Por eso, a pesar de todo, en España prevaleció una visión positiva de la naturaleza de la mujer delincuente, sobre todo porque su misión en la sociedad resultaba incomparable a la del hombre. Su papel en la familia es insustituible: es el lazo de unión entre el padre y el hijo. Su ministerio en la sociedad doméstica es de amor y sacrificio. La paz y la felicidad familiar están en sus manos. El bienestar social también pende de la mujer. Ejemplos históricos de grandes mujeres de orientación católica, de grandes madres de la patria y de la religión tampoco faltaban en España: Teresa de Jesús, la santa de la raza, o Isabel la Católica, la madre de la patria. Frente a ellas, imperios de virtud, emerge el otro gran ejemplo, María Magdalena, la pecadora regenerada. El papel de la funcionaria de prisiones (y las de todas las instituciones tutelares como, por ejemplo, la «celadora» de la libertad vigilada) en este juego de imágenes femeninas era el de hermana, amiga y compañera, una especie de ángel tutelar[255]. Desde el punto de vista jurídico, durante la década de 1940 la cárcel femenina se configura definitivamente como un espacio para la redención moral de la mujer caída. Una galera, una casa de socorro para el alma antes que un castigo, que se reabre para dejar entrar a la presa política en tanto degenerada, y, más concretamente, como degenerada moral a la que hay que apartar de la sociedad hasta que pueda tutelarse su reingreso como pecadora arrepentida.

Muchos son los indicios, pruebas y testimonios que señalan que las funcionarias no llegaron a interiorizar nunca este mensaje. La presencia de las religiosas garantizaba la continuidad de los sistemas tradicionales de corrección, mientras que las nuevas funcionarias incorporadas al término de la guerra aplicaban el énfasis expiatorio que envolvió la concepción de las penas durante toda la década y, en especial, en su primera mitad. La más conocida de todas ellas tal vez sea María Topete, por su dureza y perseverancia en los castigos, pero en general se reprodujo el mismo proceso en todas las cárceles y la entrada masiva de personal procedente de la guerra agudizó la conflictividad y el maltrato de manera extraordinaria. Al mismo tiempo, el modelo de los patronatos donde podían encontrarse los altos mandos femeninos favoreció más el desprecio por cuestiones de clase y pertenencia social que la imposición del discurso espiritual. De esa creencia en la superioridad heredada de forma natural por la posición social surgía el poder de muchas jefas de prisiones, que a menudo utilizaban castigos sin necesidad de recurrir a la fuerza física.

María Luisa Contesti McDonald era una de las pocas funcionarias con experiencia antes de la guerra. Oficial de la primera promoción de funcionarias de prisiones de la República, llegaría a ser jefa de la Sección Femenina de Prisiones en la segunda mitad de la década de 1940. En 1942, cuando era directora de la prisión de Santa Cruz de Tenerife, denunció a la guardiana Gregoria Román «por un matrimonio anormal con un marroquí y una vida privada poco moral». El argumento se remontaba a la guerra, cuando Gregoria regentaba una cantina en el Tercio conocida como la casa de la Mary. No era este pasado dudoso lo que hacía a esta mujer inapropiada para el cargo, sino el hecho de que estuviera «casada con un individuo de otra raza, lo que la hacía descender de categoría social[256]».

Contesti fue destinada pronto a la Península, donde sería nombrada directora de la prisión de mujeres de Barcelona. En septiembre de 1944 se le abrió un expediente por negarse a poner en libertad condicional a cuatro presas que habían recibido el mandato judicial[257]. Gracias a este expediente es posible intentar reconstruir cómo funcionaban determinados aspectos de la vida en las prisiones de mujeres. El telegrama que ordenaba la puesta en libertad de las cuatro presas llegó a la prisión el 7 de julio de 1944. Ese día la directora escribió al padre Martín Torrent, vocal eclesiástico del Patronato, interesándose por los expedientes de las referidas presas y diciéndole que estaban retenidos en la Dirección de Seguridad, «cosa que no entendía». Ante el nuevo requerimiento del Ministerio de Justicia, puso en libertad a todas menos a las hermanas Gurí Virgili, que siguieron en prisión otros dos meses más. La directora no dejó constancia por escrito de las razones de su más que posible animadversión hacia las hermanas y se limitó a cumplir lo reglamentariamente previsto para una falta grave: la suspensión de un mes de sueldo[258].

Este tipo de castigos, olvidos y dilaciones hay que sumarlos a los malos tratos, abusos y violaciones sistemáticas que sufrieron las reclusas desde comienzos de la guerra. Pilar Martínez Blanco cumplía condena por auxilio a la rebelión en la prisión de Astorga. El 17 de abril de 1937 estaba confinada en la celda de aislamiento aguardando a ser interrogada, cuando entraron dos hombres y la violaron. Según los libros de registro de la prisión, el interrogatorio se repitió «de igual forma los días 18, 22 y 23 del mismo mes». La denuncia se cursó cuando el estado de embarazo de la mujer era evidente. El juez llamó a declarar a los falangistas Ignacio Fariñas y Constantino Menallo, pero éstos no se personaron al estar en el frente[259]. Los efectos de las violaciones fueron innumerables y algunos de ellos muy previsibles para las autoridades de prisión. La mayor parte de los estudios sobre las prisiones de mujeres de esta época destacan la dureza de la situación para los hijos de las presas. Los testimonios y memorias muestran un verdadero drama en el interior de cada prisión donde la enfermedad y la desnutrición acabaron con la vida de muchos niños. Oficialmente, las llamadas prisiones de madres lactantes acogían a los niños hasta los tres años. Después, el Patronato se hacía cargo de ellos y muchos no volvieron a saber nada de sus madres biológicas[260].

Éstas y otras situaciones cotidianas no dejaron de provocar paradojas entre el incremento de las medidas «humanitarias» del régimen hacia las madres presas y la realidad de muerte y desolación que perseguía a los pequeños. La lactancia fue considerada como periodo de redención de pena equivalente a tres meses, cuando muchos niños no superaban el año de vida. Legalmente, el Nuevo Estado garantizaba la patria potestad de sus hijos a unas madres que habían sido condenadas a muerte y muchas dieron a luz pendientes de ejecución. Muchas otras mujeres decidieron abortar. Éste es otro elemento que coincide con la situación de la sociedad de posguerra, cuando se produjo un fuerte incremento del número de abortos considerados por la legislación vigente como infanticidios. En el medio rural, sobre todo, volvieron a funcionar con mayor regularidad las prácticas abortivas tradicionales, que fueron perseguidas por las autoridades y duramente censuradas por la Iglesia. Pero en prisión los métodos eran si cabe más rudimentarios y peligrosos para la madre. En junio de 1943, en la cárcel de Pontevedra, una reclusa abortó y tiró el feto por el retrete asistida por otra presa conocida como La Chariza. A los dos días la madre murió de la fiebre y la hemorragia, pero el niño sobrevivió[261].

La información interna de las propias prisiones muestra un mundo muy distinto a la celda de reclusión y al alejamiento conventual que la propaganda distribuía como imagen oficial de las cárceles de mujeres. Este aislamiento no pudo romper una fuerte solidaridad colectiva, escenificada en múltiples acciones como las de Gerona, Alcalá, Vic, Segovia o Ventas y en otros muchos actos que señalaban una fuerte determinación por escapar de aquel mundo. Las fugas de las prisiones de mujeres fueron igualmente numerosas y silenciadas. El 2 de mayo de 1939, mientras se preparaban para la misa diaria, la reclusa Milagros Roig se escondió en las duchas de la cárcel de Gerona. Ya se dirigía a la ventana cuando la encontró una monja, que avisó a la guardia del exterior de la prisión. Pilar Ortega estaba en la prisión habilitada de Claudio Coello en Madrid esperando el traslado a Calzada de Oropesa. Intentó huir descendiendo por la pared pero el cordón del albornoz se rompió, y al caer al patio del convento se fracturó el fémur[262]. A partir de 1943 algunas prisiones suspendieron el servicio de guardia exterior por falta de medios. Luisa Tolosa y Asunción Valle aprovecharon la situación y, tras subirse a un haz de leña, lograron saltar el muro de cinco metros de altura de la prisión de Ventas. Lo hicieron por la mañana, cuando unas 30 presas se juntaban para tirar la basura de cada departamento. Mientras las otras presas distraían a la funcionaria, se encaramaron a la leña y saltaron la tapia. Pero por la calle pasaba una niña que iba al colegio y que al verlas saltar se asustó y volvió a casa. El padre avisó a la policía y horas después las fugitivas fueron detenidas y puestas a disposición de la Dirección General de Seguridad[263].

Tampoco el suicidio fue nada extraño ni ocasional en las prisiones de mujeres. David Ginard ha descrito minuciosamente la presión psicológica para la conversión ideológica de Matilde Landa. Aquella mujer que había organizado la oficina de conmutación de penas en Ventas y había mostrado una fortaleza mental extrema, finalmente se tiró por la ventana de la cárcel de Palma de Mallorca, y en las dos horas que le restaban de vida su alma fue bautizada mientras su cuerpo agonizaba[264]. Las condiciones y las circunstancias materiales y psicológicas del encierro dispararon los casos de suicidio durante toda la década. La misma presa que había visto frustrada su huida de Gerona por una religiosa que la sorprendió escondida en las duchas, Milagros Roig, fue trasladada como castigo a la cárcel de Valencia. En su consejo de guerra está adjunta la copia literal de su certificado de defunción. Murió a los treinta y cuatro años por un derrame cerebral. Había ingresado a finales de junio en Valencia y un mes después, sobre la una de la madrugada, se tiró por la barandilla que daba al patio interior. Según la dirección, el médico que la había examinado al ingresar afirmó ver indicios de idea obsesiva con tendencia al suicidio, pero no pudieron ponerle vigilancia por falta de medios. Para dar por terminado el expediente, la prisión tomó declaración a dos presas, Consuelo Barber y María Requena, condenadas a 30 y 12 años por rebelión, respectivamente. Ambas coincidieron en que Milagros se hallaba muy excitada y que el hecho había sido «inevitable[265]». La oscuridad que rodea a este tipo de investigaciones arroja muchas veces más luz sobre las muertes o malos tratos en prisión que los reconocidos abiertamente como suicidios. También hubo varios casos en los que muchas mujeres decidieron suicidarse antes de volver de nuevo a prisión. Fue el caso de Pilar Martínez Sánchez, que el 3 de marzo de 1945 se cortó el cuello con un trozo del botijo que había en su celda de aislamiento de la prisión de Predicadoras de Zaragoza. Estaba incomunicada por orden del jefe de Policía desde el mismo día de su ingreso, el 2 de marzo, y se suicidó la noche siguiente. Según los datos del informe, la fallecida había conocido la prisión con anterioridad, ya que estuvo detenida desde los primeros días del Movimiento y durante 8 meses. El documento no señalaba más detalles de la muerte y la autopsia tampoco[266].

A pesar de la amenaza de la cárcel, las mujeres no renunciaron a un papel activo en la arriesgada clandestinidad de la década de 1940. Dentro de las cárceles las presas políticas retomaron el papel de madres, pero no el que les deparaba el discurso regenerador del Caudillo invicto, sino el de jefas de secciones políticas organizadas en torno al control de los destinos y del trabajo interno. Su alto grado de actividad quedó evidenciado en numerosas ocasiones donde la protesta colectiva consiguió el cumplimiento de una demanda concreta sobre la mejora de la comida, el reparto del trabajo o de las horas de visita, pero, sobre todo, dejaba en evidencia toda la parafernalia reformadora que envolvía a las prisiones femeninas. Especialmente activas se mostraron las presas en la campaña de denuncia internacional de la situación de los penales franquistas, en la que desempeñaron mucho más que una labor de enlace. En plena operación de viraje anticomunista de la diplomacia de Franco, la edición madrileña de Mundo Obrero de 18 de julio de 1946 señalaba a las presas de Ventas a la cabeza de la suscripción de ayuda al periódico con 1700 pesetas. El ministro ordenó una investigación para averiguar si el dinero lo habían mandado sus familiares, pero el informe demostró que no era así. Lo habían enviado poco a poco de sus cartillas las presas ante los propios ojos de la Dirección de Prisiones, que había autorizado todos los giros postales[267].

Durante esos años aumentó la vigilancia de las consideradas peligrosas. En ocasiones, la policía secreta seguía la correspondencia durante meses para intentar desarticular una red completa. Fue el caso de la maestra madrileña Obdulia Guerrero Bueno, vigilada estrechamente desde una comunicación reservada de enero de 1943. Se ordenó un registro y se le intervinieron tres tarjetas para escribir cartas en blanco. Al despegarlas encontraron unas letras mayúsculas separadas por unos puntos y las remitieron a la DGS «sospechando que pudiera ser una clave secreta para entenderse con alguna persona del exterior». Obdulia era maestra en Melilla, donde fue detenida el 18 de julio de 1936. Tenía un hermano condenado por masón y estaba clasificada como «persona muy peligrosa, miembro del Socorro Rojo, de izquierda avanzadísima que asistía a los mítines con la bandera y el gorro frigio[268]». Aunque los libros de registro de correspondencia sólo muestren que Obdulia se escribía con sus padres, las pruebas de conducta determinaban que se trataba de un elemento irredimible y que no estaba preparada para salir a la calle. Dirección inversa, de la calle a la cárcel, tomó la vida de Rosa Sánchez, detenida en San Sebastián el 2 de marzo de 1945. La casera donde vivía contó a la policía que viajaba con dos cintas con la bandera tricolor y una estrella de cinco puntas en el doble fondo de su maleta[269].

En las cárceles de los años cuarenta eran frecuentes varios métodos de delación. Reducción de condena, mejora en el trato y otros privilegios asimilables a los que gozaban los confidentes del exterior eran los reclamos más usados. Lucrativo medio de vida para unos o de exigua supervivencia para otros, el aval, el certificado de conducta, se convirtió en un artículo más de contrabando, prolongado por la exigencia continua de certificados para cualquier acto civil. A aquella España que afrontó el resurgir de viejos procedimientos judiciales está dedicado el siguiente y último capítulo.

Capítulo 7

HABITAR LA DERROTA

Le temps a passé. La guerre rapprochant les pays d’abord, les

continents ensuite, a rétréci le planisphère terrestre. L’Espagne n’y paraît plus qu’à la manière d’une petite province,

négligeable parente de l’antique Europe, lieu quelconque où il ne s’est rien passé.

Charles D’Ydewalle, Geôles et bagnes de Franco, Bruselas,

Les Éditions Libres, 1946, p. 187

Negarle el pan y la sal fue la frase que escribió el propio Franco en la solapa de la revisión del expediente del general Rojo, unos años después de que hubiera regresado del exilio para morir en España[270]. Muchos otros aún seguían pendientes de la revisión de sus sentencias, de sus inhabilitaciones profesionales o de poder cobrar una mínima pensión. A comienzos de la década de 1960 toda una generación —en especial los que habían pasado por la cárcel— llegó a la vejez sufriendo las consecuencias de la política iniciada en la de 1940: la pérdida de sus empleos y de sus bienes, además del aislamiento social más absoluto. La guerra los perseguirá de forma inevitable durante toda su vida. No sólo quedaron excluidos de todo espacio público tras el conflicto, sino que en buena medida éste sería construido en su contra, dado el elevado perfil de peligrosidad con el que siguieron marcados.

La intención de criminalizar por completo el orden republicano se manifestó especialmente en dos momentos, al comienzo (la llamada comisión Bellón) y al fin de la guerra (la instrucción de la Causa General). En la primera se acordó y en la segunda se presentó públicamente el tratamiento moral que debía recibir todo el espectro político antinacional. Utilizando los criterios de defensa y de peligrosidad social que los sectores más conservadores defendían desde décadas atrás, los culpables quedaban definitivamente separados de la sociedad y privados de sus derechos «por sus graves conductas perniciosas[271]». El acto de declarar ilegal cualquier manifestación fuera de la órbita política controlada (que posteriormente también afectaría a las familias mismas del régimen en su lucha por la hegemonía) constituía un gesto muy claro de autoritarismo utilizado desde los gobiernos moderados para defender su modelo de orden público desde mediados del siglo XIX hasta la Restauración y la fórmula más clara del Directorio de Primo de Rivera. Durante el primer cuarto del siglo XX no habían dejado de crecer en España las aportaciones al pensamiento político conservador que, además del factor religioso, incorporaban conceptos como el del estado peligroso. Se trataba de una idea basada en las medidas contra «individuos potencialmente delincuentes», utilizada inicialmente para afrontar el anarquismo y la nueva violencia política[272]. Esta corriente jurídica fue calando en determinados sectores, incluido el regeneracionismo católico, pero en raras ocasiones, como se ha sostenido anteriormente, derivó en planteamientos racistas o exterministas. Su incorporación al Nuevo Estado franquista bajo los ejercicios espirituales y los espectáculos de masas consiguió el efecto deseado, eso sí, de fijar un nuevo marco de relaciones sociales de acuerdo con el rumbo que había tomado la política nacional. Todo lo que quedaba fuera de los principios fundacionales de la Nueva España era delito. Franco lo sintetizó públicamente en la apertura de las Cortes en 1943 al declarar: «Queremos libertad pero con orden, y consideramos delictuoso cuanto vaya contra Dios o la moral cristiana[273]».

Dada la gran cantidad de población que podía considerarse dentro de esos márgenes, esta situación encumbró el certificado y el aval como documentos más preciados de la posguerra. Y, como todo, el aval se podía conseguir pagando. El 20 de septiembre de 1942 el Ministerio de Justicia destapó una red de compraventa de certificados a la que se dedicaban varias agencias privadas y funcionarios públicos. Uno de ellos reconoció haber facilitado a la agencia Jofre más de 2000 certificados que no habían pasado por el Registro Central de Penados y Rebeldes[274]. Para asuntos más graves se podía intentar el soborno directo, pero el riesgo era muy elevado. Aquilino Cuesta fue condenado el 25 de junio de 1941 a 12 años y 1 día por un delito de auxilio a la rebelión por «tratar de evitar por todos los medios la acción de la Justicia Nacional contra su hermano Gabriel ejecutado por su actuación en zona roja». Se había reunido con un funcionario en el bar Marley de Madrid y le había entregado 4000 pesetas. Pero éste lo denunció y Aquilino Cuesta quedó detenido en la prisión de Santa Rita[275] También en esa cárcel madrileña fueron arrestados un funcionario y un agente de información de Falange que «se dedicaban a sacar dinero a los familiares de los presos por la obtención de informes necesarios para la libertad condicional»[276].

Renació entonces un mundo de corrupción generalizada alimentado por la recompensa que comportaba denunciar a posibles «colaboradores» y que en absoluto pudo sostenerse sin la intermediación del poder local. Las nuevas gestoras municipales vieron con buenos ojos la reactivación de las funciones de control e información que habían desempeñado tradicionalmente a través de la Diputación y del Gobernador, a las que el Movimiento sumaba nuevos aspectos que afianzaban más su privilegio y su posición. De este modo, las formas de represión de la posguerra adquirieron una dimensión social que favoreció un colonialismo inverso por el que los vencidos quedaban fuera de la nueva sociedad[277]. Esta debilidad se traduciría en una década de restricciones y penurias, lo que hace a su vez más inexplicable a los ojos contemporáneos la dureza y prolongación de ciertas medidas. La obra de pacificación o la «política de reajuste nacional», como también fue llamada, evolucionó con el tiempo hacia un sistema ya no sólo sustentado en el aparato militar, sino básicamente en la policía y en la propia red de la administración civil, que era requerida constantemente para que proporcionara información. La creación en 1943 de las Juntas Locales de Libertad Vigilada coincidió con la sustitución de un aparato muy costoso que exigía una vigilancia constante por otro de seguridad. Al amparo del marco legal de excepción se constituyó un importante mecanismo de censura de cualquier conducta social o política desviada, eminentemente policial pero también local, laboral, asistencial y religioso. El destierro agravó la situación de miles de familias que llevaban penosamente su condición de señalados.

Después de muchos años, su integración seguía siendo considerada prematura para muchos ayuntamientos. Las órdenes de destierro se justificaron para evitar la vuelta de rencores o posibles desórdenes, pero los poderes locales las utilizaron tanto y tan sistemáticamente que hasta los órganos que los supervisaban desde arriba tuvieron que recortar sus prerrogativas ante el inminente colapso burocrático y judicial al que se enfrentaban. A pesar de todo, durante toda la década persistió esta política, orientada por distintas «razones de Estado», de fuerte vigilancia sobre una población que salía de prisión. En otoño de 1944, coincidiendo con el avance de la guerrilla antifranquista y la invasión del valle de Arán, el Ministerio de Justicia prohibió mandar liberados condicionales a determinadas zonas de las provincias de Córdoba y Ciudad Real, «lugar de refugio de rojos huidos». Ya se han señalado los ejemplos de utilización más claros de la idea de peligrosidad en la Ley de Seguridad y posteriormente en la ley de Bandidaje y Terrorismo, castigada con pena de muerte.

Tal y como han demostrado otros trabajos, el fenómeno de la guerrilla permitió ampliar la jurisdicción especial[278]. En algunos lugares, la situación de hacinamiento y maltrato generalizada al término de la guerra volvió a repetirse. El 12 de abril de 1947 falleció en la cárcel provincial de León un interno de sesenta años condenado a seis meses de arresto por «apoyo a los huidos». El médico no dispuso ningún tratamiento especial para el enfermo, a pesar de que el director le había recordado la existencia de una Orden de 1944 según la cual debía ser trasladado a la enfermería. Los departamentos contiguos a aquél en el que murió Esteban Holgado Melón se negaron a bajar al patio hasta que el director los recibiera. Éste finalmente remitió las quejas de los reclusos a Madrid, advirtiendo de la inexactitud de muchos datos y de que se trataba de una maniobra política «debida al gran contingente que en la actualidad existe en esta prisión de individuos sujetos a procedimiento por atraco y auxilio a los huidos del monte». Había 89 reclusos por celda[279].

Además de explicar la creación de un aparato de control, la intención de este último capítulo es mostrar algunos aspectos comunes en muchas familias que sufrieron años de procesos abiertos y un sinfín de medidas que aumentaron la presión y el aislamiento ejercidos sobre ellas. Un amplio espectro de sanciones civiles derivadas de condenas irreversibles que fueron especialmente dirigidas contra los sectores sociales y profesionales más culpabilizados tras la guerra. A grandes rasgos puede decirse que la depuración profesional se dirigió contra las capas medias y los trabajadores cualificados, mientras que el destierro y la obligación de trabajar en peores condiciones que las que se tenía antes de entrar en la cárcel fueron medidas ejemplarizantes contra los trabajadores manuales y los jornaleros. El reajuste afectó por igual a todas las mujeres que habían estado presas, fueran intelectuales o no, solteras o casadas. Ahora tenían que ocuparse en servir, coser y bordar para las gentes de orden, lo que añadía un factor de humillación a su libertad condicional. Los intelectuales y las profesiones liberales fueron objeto de una fuerte carga de condena moral por haberse rebelado contra personas que los consideraban de su misma posición social. Tal vez por ello, junto a la élite política republicana —en su mayoría exiliada— y los militares profesionales que no se sumaron al golpe, recibieron el trato más duro en el repertorio de las sanciones civiles. Todos fueron sometidos a distintos procesos de responsabilidad que contemplaban la expropiación y la incautación de sus bienes así como la degradación de su condición fuera cual fuera, aunque el impacto de las sanciones varió en función de su posición económica y social.

El informe anual de 1947 de la embajada británica señalaba que ése había sido el año de consolidación del régimen, pero aun así afirmaba que «Franco no se ha relajado en la administración de justicia, en los métodos arbitrarios por los que sigue atrayendo la atención del extranjero[280]». Una situación que Luis Díaz, que acababa de recibir la libertad condicional, había descrito a los exiliados en Francia dos años antes en una carta que había hecho llegar a través de la jefatura de prensa de la embajada británica: «Tened la seguridad que los grillos no solamente los hemos tenido en las prisiones y en las conducciones en vagones de ganado a través de toda España, seguimos con ellos en nuestra “libertad vigilada”. Los tenemos en la mirada paternal de la policía, en el ofrecimiento de nuestros brazos para el trabajo, en “la selección por razones especiales”, en la depuración permanente y perpetua de nuestra profesión, hasta el desplazamiento de localidad. ¡No se nos permite nada!»[281].

El efecto inmediato de estas medidas y otras similares o complementarias, desde la instrucción de la Causa General, a la Redención de Penas por el Trabajo o la Libertad Vigilada, no aseguraba únicamente la limpieza laboral de desafectos, equivalía también a la condena civil y social de los afectados, garantizada por la multiplicidad de instancias y tribunales de distinta jurisdicción más allá de la militar. La simultaneidad, la duplicidad y la arbitrariedad de los procesos produjeron un aluvión de nuevas detenciones que fue advertido hasta por el Ministerio de Justicia y el director de Prisiones, que preveían un rápido colapso si el ritmo de expedientes no descendía. La Orden de 26 de julio de 1940 tuvo que reiterar «el deseo de alejar desigualdades en la sanción de hechos idénticos», pero hasta que la presión del panorama internacional de 1945 no se volviera insostenible para el Gobierno, todas estas medidas adicionales se mantuvieron abiertas. Ciudades como Valencia, Barcelona o Madrid, y en general las zonas que fueron liberadas en último lugar, sufrieron con especial intensidad los efectos de la depuración laboral y de las incautaciones que siguieron la vía expeditiva iniciada en la guerra con este tipo de notificaciones, por las cuales una familia tenía seis horas para desalojar su casa y su medio de vida. La Comisión Gestora Municipal de Requena, en Valencia, entregó el 18 de abril de 1939 a Gregorio Martínez la siguiente nota, que todavía conservan sus familiares:

Cumpliendo lo ordenado por la superioridad, esta Alcaldía se ve en la necesidad de habilitar el local donde Ud sirve el café y casa-habitación para instalar en el mismo dos comedores del Auxilio Social y siendo éste un servicio de primordial importancia, por la presente notifico a Ud la necesidad de que ponga el café a disposición de esta Alcaldía en el término de seis horas. Sírvase firmar el duplicado en prueba de haber quedado notificado.

Dios guarde a Ud muchos años.

Año de la Victoria.

El nuevo alcalde, Nemesio Armero, podía por fin disfrutar de su condición de dueño del único café que quedaba en la céntrica plaza de la localidad valenciana una vez eliminada toda competencia y fijar su atención en el cine local. Los afectados rara vez vieron reconocidos sus bienes, salvo en casos muy excepcionales; la mayoría siguió siempre pendiente del levantamiento oficial de sus embargos, pero los cambios de propiedad, las requisas y las incautaciones ya eran irreparables. La denuncia y la delación se convirtieron en prácticas habituales. Ritual de iniciación, medio de colaboración y de entrada en el nuevo poder, de adquirir una vacante, de subir en la escala, de ocupar una casa, unas tierras, un local o de acabar con la competencia, la función de la denuncia que devolvía a mucha gente a la cárcel o permitía abrir una nueva investigación que afectaba a sus familiares fue muy compleja y diversa[282]. Coincidió, eso sí, con la permisividad y la tolerancia desde arriba y degeneró en un bloqueo burocrático permanente en el que se amparaba el Estado para imponer el silencio sobre miles de asuntos. Un silencio asegurado, porque la solicitud de revisión de estas situaciones daba lugar a otra investigación en la que se podían aportar nuevas pruebas que no sólo negaran la readmisión o la devolución de una propiedad, sino la actuación de organismos como la Libertad Vigilada, los juzgados civiles y penales, el Tribunal de Responsabilidades Políticas, las comisiones de depuración laboral y el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo, que actuaban de forma independiente pero estaban conectados entre sí por el llamado Servicio de Recuperación de Documentos desde la guerra. Estos aspectos y sus principales consecuencias son tratados a continuación.

1. LA EXCLUSIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

Ya están sin tapujos, frente a frente, la España y la anti-España,

el Espíritu y la Materia. El Bien y el Mal, la Verdad y la Mentira.

JOSÉ MARÍA PEMÁN ,La historia de España contada con sencillez,

Madrid-Cádiz, Escolicer, 1940, vol. II, pp. 218-219

El 25 de agosto de 1949 salía de Carabanchel Mariano Sevilla Chico. Era natural de Herencia (Ciudad Real) pero no podía dirigirse allí, sino a Talavera de la Reina, donde se había fijado su residencia. Se le había concedido la libertad condicional con destierro. A su llegada debía presentarse a la Junta de Libertad Vigilada, que le haría entrega de la cartilla de ahorros de sus 12 años de penado: un total de ocho pesetas[283] Dicha Junta se había constituido casi seis años atrás siguiendo la orden de Madrid de confeccionar un censo de liberados con todos los antecedentes que obraran en sus archivos[284]. En realidad se trataba de tres censos, uno de liberados condicionales, otro de indultados y otro de presos comunes. El director de la prisión se ocupaba de proporcionar la lista de los liberados con residencia en la ciudad, mientras que la Guardia Civil y la policía completaban la relación «en cuanto a circunstancias personales y domicilios de los liberados». Los primeros seguían a los que salían de la Colonia Penitenciaria Militarizada, una de las más grandes de España, y los segundos tenían la obligación de fichar a todos los demás. Una vez hecha la lista, el alcalde tenía 10 días para citarlos el primer domingo de cada mes, entre las 10 y las 11.30 de la mañana. Además tenían que presentarse en comisaría cada dos semanas. Las instrucciones sobre los liberados y las normas para cursar traslados y permisos de residencia eran transmitidas por la Junta Provincial, que a su vez las recibía del Patronato Central de Redención de Penas, pero las propuestas de libertad las tenían que informar favorablemente los miembros de la Junta[285].

Éstos se reunían semanalmente en el juzgado para analizar la documentación que habían recibido e informar de las solicitudes de los condicionales a su cargo. Por ejemplo, en una sesión intercambiaron datos sobre Galo Fernández, que observaba buena conducta, o de Luis Patón, que tuvo que trasladar su residencia a Berrocalejo (Cáceres) por orden de la superioridad; de Julio Fernández Sanguino, para «que en caso de que se le conceda la libertad condicional sea con destierro de esta ciudad». De Vicente Castro y Adolfo Bustos, «que no producirían alarma en esta ciudad» y del liberado Pedro Luengo, que seguía en paradero desconocido. Además, el jefe de policía leyó una nota de su homólogo de Córdoba en la que justificaba que el liberado Amador Gutiérrez no se incorporase, porque cuando se le concedió el traslado estaba ya curado del paludismo. Quedaba pendiente para la próxima sesión informar de la conducta pública, política y social de los liberados Higinio Martín de la Sierra, Sinforoso Sánchez, Paulina y Justa Casto Bermejo, Luis de la Cruz, Melchor López y Petra García, todos con propuesta de sanción. Algo realmente grave, puesto que los informes negativos significaban automáticamente la suspensión de la libertad condicional y la vuelta a prisión. Así, el 18 de diciembre de 1944 la Comisión Central del Servicio de Libertad Vigilada acordó adoptar la suspensión de siete casos «en atención a la mala conducta observada durante su permanencia en libertad condicional[286]».

La implicación del poder municipal en el Nuevo Estado fue total y se extendió pueblo a pueblo, aplicando los procesos de purificación a las familias de los rojos considerados más significativos. Pero la burocracia, la duplicidad de funciones y los intereses creados fueron sus peores enemigos, a la postre mucho más peligrosos para su supervivencia que los «malhechores» a los que perseguían. Este criterio de peligrosidad era asumido igualmente por los jueces titulares que presidían las Juntas Provinciales. En noviembre de 1944, la de Ávila denegó la residencia de Francisco Reina porque los días que había estado en su pueblo para la matanza había comentado «que tenía apuntados a varios de derechas que se habían escapado pero que de ésta no se escapaban[287]». Como demuestra este caso, el propio entorno vecinal y en ocasiones hasta el familiar suministraban información sobre lo que hacían y decían los liberados. Los agentes tenían que certificar los lugares que frecuentaban, su actitud política en el trabajo y sus conversaciones. Según un informe posterior, Reina ya no frecuentaba la estación ni los coches de línea que llegaban de su pueblo. Había trabajado en la Comarcal del Trigo y no hacía alarde de sus ideas entre los compañeros. Tampoco en el tajo de la carretera de Madrid «regresando a su casa en cuanto acababa la labor y no relacionándose con nadie[288]». En una palabra, ya era un individuo completamente aislado. La mayoría de las veces, la razón por la que se denegaba la libertad condicional era haber causado la muerte violenta a personas de derechas durante la guerra. Los detalles eran relatados vivamente 12 o incluso 20 años después. La Jefatura de Policía pidió que no se concediera la libertad condicional a Manuel Higuera, al que consideró «policialmente como maleante»; su padre y su hermano fueron fusilados tras ser acusados de asesinar al guardia del pueblo y de haberle colocado un cencerro al cuello[289].

Toda esta actividad a nivel provincial y municipal y, en general, la intermediación de los poderes locales en la política judicial y penitenciaria puesta en marcha en la primera década del franquismo forman parte de un modelo de orden público que se prolongará durante toda la dictadura. Estaba sujeto a una fuerte centralización y militarización, pero a la vez se sustentaba en unos criterios de seguridad que pasaban por las formas tradicionales de conocimiento en el medio local como la vecindad, la familia y los grupos de edad. Estas facultades de información, utilizadas a discreción por las instituciones locales y provinciales, fueron vitales para la construcción de un aparato de dominación que fuese capaz de controlar la vida diaria de sus individuos. En el caso de la libertad condicional prolongó los efectos de la dispersión geográfica, que diezmaba aún más las ya maltrechas economías familiares de los presos, si es que éstos no habían agotado ya todos los recursos durante el tiempo de estancia en la cárcel. Por lo demás, seguía la vieja costumbre municipal de pedir la expulsión de los que no eran de allí, especialmente en los momentos de mayor escasez, bajo la amenaza de declararlos vagos. Así, unos ayuntamientos pedían a otros que requirieran a sus presos, sumando otro reguero de peticiones a las ya amontonadas sobre sus expedientes personales.

Para salir del destierro era preciso presentar un contrato de trabajo o de una persona que avalara su situación, siempre que la empresa o persona enviara periódicos informes sobre la conducta del vigilado. El 30 de diciembre de 1943 el alcalde de Villaconejos elevó una petición a la Junta Provincial de Madrid sobre la situación de dos vecinos que cumplían la libertad condicional en Alcira. Sus esposas, Rosario y Vicenta, aseguraban que carecían de medios de vida lejos de sus maridos y el Ayuntamiento se comprometió a darles trabajo[290]. La situación de Madrid y Barcelona era muy complicada, ya que los liberados condicionales tenían prohibido residir en cualquiera de las dos ciudades salvo que presentaran un aval de una empresa o de un particular especial[291]. El 27 de marzo de 1944 la Dirección de Prisiones recordó a las Juntas Locales que sólo podían autorizar cambios de residencia dentro de la misma provincia, suspender los destierros o autorizar viajes a presos con penas inferiores a 20 años y en ningún caso a condenados por delitos políticos, lo que reducía bastante el campo de acción. Las instrucciones del Ministerio de Justicia fueron más severas en la línea de las responsabilidades políticas. En una instrucción fechada el 25 de febrero de 1944 recordaba que sería expresamente denegada la petición de libertad condicional de todos aquéllos que ocultaran estar a disposición de Responsabilidades Políticas o de los Tribunales de Represión de la Masonería y el Comunismo. Pero seguía siendo la Junta Local la que debía acceder finalmente a la petición y sellar el volante azul que hacía de salvoconducto durante los destierros.

Cartas como ésta eran recibidas a diario en los juzgados y en los ayuntamientos, junto con telegramas en los que se anunciaba el regreso de un desterrado y se solicitaba a la policía del puesto más próximo que confirmara los datos que se daban[292].

8 de septiembre de 1944

Muy Señor mío:

Respetando siempre la orden que usía me tiene dada de entregarle una carta donde pueda acreditarle mi residencia. Le comunico me encuentro en La Granja trabajando con D José Hernández Mateos, mi jornal diario es de 5 pesetas. Sin más que comunicarle Dios Guarde muchos años y guardando siempre su respeto

BSM

Celedonia García

Pasado un tiempo, algunos solicitaban el levantamiento del destierro. Luciano Peraleda pidió en junio de 1945 su vuelta al domicilio familiar, dado que no gozaba de buena salud «y que estando reunidos con su jornal es más eficaz la ayuda que puede ejercer a su familia». Natural de Villena (Alicante), había sido condenado a 30 años y destinado a la prisión de Belchite a trabajar en Regiones Devastadas. El 20 de junio de 1944 fue puesto en libertad condicional con destierro a Talavera y la prohibición de viajar a la provincia de Cáceres. La Junta acordó informar positivamente con arreglo a unas particularidades que no ocultaban el mal momento por el que atravesaba la región:

Que dicho liberado condicional observa buena conducta, tanto privada como política y social.

La situación de trabajo es relativa y los medios de vida muy malos por la escasez de vivienda que hay sobre todo para familias humildes.

3 Deben ser ciertos los motivos que aduce por cuanto no se le conoce en esta ciudad que tenga ningún familiar.

A falta de bandos municipales, las órdenes de destierro recuperaban los requerimientos para expulsar a los individuos o familias pobres que no llevaban tiempo empadronados en las ciudades donde residían. Vuelve a producirse un mismo tratamiento para presos políticos, comunes y vagos y maleantes. Sobre todos ellos informaba la policía y las Juntas Locales a la Subsecretaría de Libertad Vigilada de Madrid. Por otro lado, el modelo de control establecido durante toda la década contó con una importante colaboración de empresas y patrocinadores privados que «acogían» a estos liberados. Los salarios eran significativamente más bajos y los trabajadores no solían poner pegas, porque podían denunciarlos por mala conducta. Aunque no todos fueran mano de obra barata (la empresa de Nicolás Gómez, un contratista de obras públicas, utilizaba a muchos peones liberados condicionales en las carreteras, pero toda su plantilla de oficina estaba formada por expresos además del capataz y del contable), muchas de las tareas agrícolas en que se emplearon estas personas estaban más cerca de las antiguas prestaciones personales (trabajo a cambio de casa y comida) que de una relación laboral propiamente dicha, ya que el pago de un salario equiparable a las condiciones de un trabajador libre no era requisito indispensable, según insistía la oficina de colocación.

Este panorama afectó de lleno a las mujeres, a las del servicio doméstico o aquéllas que pasaron a vivir en granjas y casas de labor. El 16 de julio de 1950 la liberada condicional Dolores Molinero solicitó permiso para viajar a Madrid «con objeto de acompañar a la hija de su amo que tenía que ser operada». En el censo de liberados de la Junta aparecía como encargada de hogar y señora de compañía en casa de Francisco Hernández, un industrial óptico que le pagaba 75 pesetas mensuales más la manutención[293]. A Pedro Colina, un jornalero sevillano liberado en Zamora en 1948, seguía sin conocérsele «actividad política alguna». Trabajaba en las faenas del campo como eventual y había sido contratado en la finca Albuela, cuyo capataz informaba puntualmente de su conducta al jefe de policía. De no ser considerados personas solventes, los patrocinadores también eran investigados. Levantó sospechas que Julia Gil estuviera dispuesta a avalar el tiempo que durase la libertad condicional a Rafael Carbonell, que salía del penal de El Puerto de Santa María el 12 de octubre de 1950. Tres días después, la policía informaba de que en esa casa vivía Hilaria García, «de conducta moral relajada, que hacía vida marital con un individuo que había sido expulsado del Ejército del Aire siendo oficial y que en la actualidad carecía de medios para patrocinar a nadie[294]». A Carbonell se le denegó la libertad condicional.

Por último, otro aspecto muy destacable en la fijación de estas pautas fue la red de instituciones, asilos, hospitales y centros benéficos en torno al Patronato de Redención de Penas. La práctica del socorro en metálico utilizada desde la guerra para mejorar la imagen del bando nacional devolvía a un primer plano todos los valores de la beneficencia religiosa, a pesar de su apariencia revolucionaria de justicia social[295]. Las fórmulas de patrocinio potenciadas por el Estado y distribuidas por el caciquismo local, como el socorro con dinero en metálico o la asistencia domiciliaria, pretendían oficialmente sustituir la conflictividad social por el «pragmatismo paternal», tal y como había definido Eduardo Aunós su labor al frente de Trabajo con Primo de Rivera. Aunós, gran conocedor de la legislación de Mussolini, declaró que con la organización corporativa esperaban revivir las asociaciones de oficios para que el espíritu colectivo sustituyera al de clase, el arbitraje a la huelga y el diálogo inteligente a la lucha[296].

Apenas 10 años más tarde ese diálogo inteligente ya permitía guardar las formas de armonía social que promulgaba el Fuero del Trabajo con las de distinción de las élites dirigentes. Pero ¿cómo garantizar la acción moralizante que debía llevar el subsidio entre aquella gente? A través de las hermandades y los patronatos. Tanto el salario que correspondía a la familia de los presos como las solicitudes de ayuda a familias con problemas eran seguidas de una investigación. Constituían, por así decirlo, la puerta de entrada a las familias de los presos, de las descarriadas y de los maleantes. El 26 de septiembre de 1940 el Patronato de Redención de Penas envió 243,35 pesetas al Ayuntamiento de Torrelaguna (Madrid) para pagar el salario de los reclusos trabajadores a familiares que acreditaran serlo. Un año después eran ya cerca de 800 pesetas mensuales. Cada recluso podía percibir unas 50 pesetas según los vales mensuales, una vez respetados los descuentos y después de que el Ayuntamiento hubiera certificado que la conducta de la familia no era inmoral. El 5 de octubre de 1948 el patronato de San Pablo pidió a la Junta de Madrid información sobre la esposa de Patrocinio Álvarez, preso en El Dueso: «Ruego a Ud nos informe sobre la conducta pública y privada de la mencionada señora, medios de vida de que dispone, nombre y edad de los hijos que tenga a su cargo y cuantos datos estime oportunos». No se aprobaron las 50 pesetas hasta que el párroco de Atocha no confirmó que asistía a misa y cumplía con la Pascua[297].

En ningún caso debe menospreciarse el papel de la beneficencia en la creación de esta atmósfera que refleja fielmente la concepción del orden social de las nuevas autoridades. Las Juntas Locales de Libertad Vigilada fueron suprimidas por Orden del 29 de noviembre de 1954, cuando el número de presos en libertad condicional había disminuido significativamente. Ni los socorros, ni la beneficencia ni el auxilio social podían salvar a los segmentos de población más expuestos a la muerte. Tampoco era su función. El 2 de octubre de 1951 moría el preso en libertad condicional Florentino Sánchez Mayoral. Su certificado de defunción describía a un hombre de setenta y dos años, fallecido en su propio domicilio por «agotamiento e inanición». Su delito, haber participado en la profanación de la iglesia de su pueblo, nunca prescribió[298].

2. FUERZA MAYOR

El 3 de julio de 1948 Miguel Lor presentó una denuncia en un juzgado civil de Madrid por incumplimiento de obligación de arrendamiento y usurpación de bienes. En 1927 había abierto una tienda y taller de relojería en un local alquilado en la calle del Arco número 6, próxima a la plaza de Olavide. Al morir el propietario del local, Lor renegoció la renta con su viuda y amplió el negocio a joyería. Todo iba bien hasta que llegó la guerra. La madrugada del 27 de marzo de 1939, ante la inminencia de la entrada de las tropas nacionales, Lor abandonó la ciudad junto a su familia y se dirigió a Valencia, donde poco después fue detenido. Su mujer, sola y a cargo de los niños, logró sobrevivir en una habitación de huéspedes cerca de la plaza del mercado valenciano cosiendo para particulares. Pasado un año y medio volvió a Madrid con los niños y descubrió que la relojería había desaparecido. Ahora era una expendeduría de tabaco. Acudió entonces a la propietaria para recuperar sus enseres, aunque ya sólo fueran los muebles y las herramientas del taller, porque del escaparate no quedaba nada. La dueña del local le dijo que nada tenía que ver con los bienes, «que ahora estaban a disposición de la gestora». Lor salió de la cárcel a los dos años sin cargos. Su expediente fue también sobreseído de responsabilidades políticas. Entonces se enteró de todo y fue a hablar con la dueña, que lo recibió fríamente con un «no piense jamás en ocupar nuevamente este local». Cuando Lor le ofreció venderle los muebles, pues necesitaba dinero con urgencia, la propietaria le anunció que se quedaría con ellos «por el tiempo que no me ha satisfecho las rentas». Aquello era injusto, pero sabía que Lor no haría ninguna reclamación, dada su situación. Por la tarde se dirigió a su antiguo local, pero las mujeres que regentaban el estanco, las hermanas Villasante, lo echaron a patadas diciendo «que era una persona odiosa» y aludiendo de manera amenazante a su estancia en prisión.

A pesar de no tener embargos ni causas pendientes, Lor desistió de poner una demanda «por temor de sufrir una persecución que le trajera males mayores». Había estado preso mientras se demostraba su inocencia, y aunque su expediente fue sobreseído no quería volver a la cárcel. Únicamente les quedaba su casa. Con el tiempo consiguió abrir un pequeño taller de reparación de piezas y relojes en una habitación. La clientela fue en aumento porque fiaba y seguía siendo un relojero conocido, pero hasta finales de 1947 no hubo reunido la suma necesaria para iniciar un pleito.

Su abogado señaló ante el juez que después de la promulgación del Fuero de los Españoles la confianza de su cliente en la política del Gobierno se había visto redoblada. Por eso le había animado a plantear una reclamación oficial, por medio de un acto de conciliación al que la otra parte se había negado. En su contestación, la propietaria dijo que estaba de acuerdo en que los muebles no eran suyos pero alegó que el local estaba destrozado «por la avalancha de los moros». Añadió además que intentó ponerlo en conocimiento de Lor, pero éste estaba desaparecido. El abogado agradeció el interés por localizar a su cliente, pero señaló que la cuestión ahora era recuperar el arrendamiento y los relojes y joyas que todavía existían. «¿Qué queda de estos artículos?», preguntó directamente a los demandados, que guardaban un silencio absoluto. El abogado prosiguió. Es cierto que mi cliente no se encontraba en la ciudad, pero la propietaria incumplió la orden de comunicar a las nuevas autoridades que liberaron Madrid la existencia de dichos artículos. «Pensamos que de esta forma querrían dárselos a su dueño y reanudar las relaciones pacíficas que mantenían antes de la guerra[299]». Su argumentación jurídica se centró en defender que el abandono de Madrid por su cliente fue por «causa de fuerza mayor», la guerra, y no a una huida de la España Nacional: «Si hubiera querido huir, ¿por qué no lo hizo antes, y por qué no se llevó las joyas y los relojes entonces?». Después fueron la detención y la prisión lo que le impidieron estar al frente del negocio. Por tanto, el arrendamiento debía seguir en vigor y los propietarios habían incumplido el contrato[300].

Por su parte, el abogado de los dueños del local presentó una versión totalmente distinta y centrada en los antecedentes personales de Lor. Según su relato, a las primeras horas de la liberación de Madrid el relojero abandonó de manera apresurada su domicilio. Si hubiera esperado podía haber salvado lo que ahora reclamaba, pero «¿de qué huía entonces?». De la justicia nacional, como lo demuestra el hecho de que fuese detenido al terminar la Cruzada. El argumento central de esta parte se basaba en que Lor seguía siendo un personaje turbio que tenía algo que esconder. Una vez en libertad y si se creía con razón, «¿por qué no demandó antes?». Tenía temores, él sabría por qué. Si, como decía su abogado, su confianza renació al promulgarse el Fuero de los Españoles, ¿por qué siguió sin demandar tres años más? ¿Por qué no ejercitó sus derechos? ¿Por temor? ¿Temor a qué? Y sentenció: «El señor Lor dejó abandonados sus bienes, no teniendo mis clientes ninguna obligación de convertirse en custodios de los mismos, máxime si se tiene en cuenta lo que supone la toma de una ciudad por un Ejército combatiente». En términos jurídicos sustituyó el argumento de la demanda por el de huida y abandono, ya que con el fin de la guerra el 1 de abril de 1939 había desaparecido también la fuerza mayor alegada por la defensa. Frente a la sentencia del Tribunal Supremo apeló a la ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939, «hecha precisamente para este problema de los huidos».

Una tercera parte implicada en la demanda complicó mucho los intereses del relojero. Las hermanas Villasante, que eran las nuevas arrendatarias del local, ahora convertido en estanco, eran hermanas del párroco Clemente Villasante, asesinado por los rojos. Al ser éste reconocido mártir de la Cruzada, les fue concedida la licencia de expendeduría de tabacos. Declararon que la dueña del local no les había dicho nada de los enseres y no negaron que cuando Lor se presentó en la tienda lo echaron con frases como «que era odioso y que ellos habían matado a su hermano».

Un año después el abogado de Miguel Lor lo convenció para que ampliara su declaración, explicando a qué tenía miedo y por qué no había denunciado antes. Ésta fue la declaración presentada ante el juez:

Había estado en la cárcel dos años y había salido libre sin saber qué causa había motivado mi prisión. Había vuelto a Madrid, y me encontré arruinado, mi familia hambrienta, mis vecinos no me saludaban y algunos no eran cordiales en su manera de mirarme o en las palabras que me dirigían. Temor real sentía y esto no se puede dudar ni ironizar con él.

El juez pidió un informe a la policía y citó a los testigos de las partes, que se limitaron a defender y refutar los argumentos que los abogados les presentaban. Según la información de la policía de 25 de febrero de 1949, no constaban antecedentes negativos de Miguel Lor:

Abandonó Madrid poco antes de ser liberado y su tienda fue saqueada por las fuerzas nacionales como botín de guerra, ya que las referidas fuerzas poseían listas de los individuos contrarios al Régimen Nacional, entre los que se encontraba el señor Lor, quedando en ella nada más que algo en las estanterías, pues todo el género fue tirado a la calle, llevado por dichas fuerzas y por los paisanos. Al cabo de un año abandonado, las dueñas del local referido solicitaron a la Comandancia Militar el hacerse cargo del mismo, así como autorización para utilizarlo de nuevo, realizando un nuevo contrato de alquiler, desconociendo si el local estuvo o no incautado por la Autoridad Militar[301].

Aunque el informe reconoce que las dueñas realizaron un nuevo contrato de alquiler, la sentencia absuelve a los dueños y a los nuevos ocupantes y las costas del juicio quedan a cargo de Lor. El juez consideró como «hecho correlativo su abandono de Madrid y su detención al término de la Cruzada». Por tanto el abandono rompía el contrato por lo que, según el juez, no se podía expresar «temeridad ni mala fe» por las partes demandadas. A pesar de la recomendación del abogado, ya que existían otros precedentes favorables, Lor desistió de recurrir.

3. ¿DÓNDE ESTABA USTED AL ESTALLAR EL GLORIOSO MOVIMIENTO NACIONAL Y QUÉ HIZO PARA APOYARLO?

El juicio anterior resulta muy ilustrativo de algunas de las presiones más comunes a las que se enfrentaron aquellos pocos que intentaron recuperar parte de lo perdido tras la guerra. Pero la mayoría se vio inmersa en una constante acusación sobre su pasado y su posición frente al nuevo orden prácticamente imposible de refutar si además habían pasado por la cárcel. Como ya se ha dicho, los años finales de la década de 1940 fueron decisivos en el cambio en el discurso de la justicia, destinado a crear una sensación de normalidad total de cara a la comunidad internacional. Bajo esta consigna, la depuración ocasionada por la Guerra Civil habría ido desapareciendo por las leyes de perdón dictadas por el Gobierno. El punto final de esta «política de reajuste nacional» llegó con el Fuero de los Españoles en julio de 1945, que reconocía formalmente la igualdad de derecho ante la ley de todos los españoles sin distinción. En él se basó el caso de Lor, por ejemplo, pero los juzgados especiales y las cárceles siguieron funcionando con los plazos y la lógica prevista en 1939, lo que les llevó prácticamente al colapso dadas las diligencias, informaciones y requisitorias que tenían que tramitar para cada expediente.

Al final de la guerra, Teodoro Gómez Serranillos fue condenado a 12 años y 1 día por auxilio a la rebelión, que cumplió primero en Porlier y luego en Carabanchel. Era miembro de la sección de dependientes de la UGT de Madrid desde 1930 y durante la guerra fue destinado a la presidencia de abastos del distrito norte. El Tribunal de Responsabilidades Políticas de Madrid lo condenó a pagar 6000 pesetas. El juzgado inició el procedimiento sancionador. El secretario del Ayuntamiento certificó que no tenía propiedades. No tenía hijos, ni bienes, ni deudas, como aseguraban todos los informes del párroco, Falange y comisaría. No era un expediente técnicamente muy complejo, pero tardaron 20 años en notificarle el levantamiento del embargo y el archivo de su causa. Hasta el 23 de junio de 1960 no recibió notificación alguna de la expiración de su expediente por responsabilidades políticas[302]. Éstas y otras medidas, que podrían englobarse dentro de una línea de represión económica, han sido tratadas hasta el momento de una manera poco exhaustiva. Se han analizado las leyes, los embargos y las incautaciones, pero aún no se conoce el impacto real que la guerra tuvo sobre la estructura de la propiedad y la riqueza de España. También sigue siendo poco conocido el efecto de las medidas civiles a medio y largo plazo. Todavía se consideran penas individuales, cuando tuvieron un carácter preciso que alcanzaba a todos los miembros de la familia. La inhabilitación de cargos, la separación, el embargo, las multas y hasta la pérdida de la nacionalidad en los casos más extremos afectaban a toda la familia. Hermanos, hijos, primos, sobrinos… sufrían una persecución paralela a la de sus familiares presos, como una consecuencia más del carácter ejemplarizante, infamante, atribuido al castigo tras la Guerra Civil.

La incautación de bienes con posterioridad a la entrada de las tropas nacionales, además de las requisas y las listas negras, estaba prevista en la LRP como fruto de la responsabilidad civil que emanaba de toda responsabilidad criminal[303]. En Madrid, donde los republicanos tenían las cabezas políticas más visibles, la Junta de Requisas, que recibía las órdenes del Tribunal Regional presidido por Manuel Jiménez Ruiz, tuvo una incesante actividad. El caso de Luis Recasens, que había sido director general de Administraciones Públicas y subsecretario de Comercio en distintos gobiernos, fue sencillo. Era soltero, vivía con su madre, no tenía hijos y según el informe de la policía «se había ido a México con la Pasionaria». Vivía en un piso de la calle Modesto Lafuente, 5, que fue ocupado por el teniente de artillería Mariano Madrueño a los pocos días de la liberación. Los muebles y enseres del piso debían ser entregados en compensación a la viuda de un guardia civil, pero cuando ésta llegó con la policía para hacerse cargo de ellos, la portera señaló que se los habían repartido entre algunos vecinos[304].

El 20 de septiembre de 1939 se abrió el expediente número 65 contra Juan Negrín. Para evitar una interminable lectura de cargos, se le acusó de «sojuzgar a la España insumisa». Tenía dos hijos y no se le conocían bienes a su nombre. Fue sancionado con 100 millones de pesetas para asegurar que la totalidad de sus propiedades fueran confiscadas, a 15 años de extrañamiento y la propuesta al Gobierno de que le retirara la nacionalidad española[305]. Pero la Junta de Requisa había actuado antes. El 25 de abril había ordenado que fueran dos agentes a su domicilio en la calle Serrano, 85, para hacer inventario y que sellaran la casa. El embargo de bienes se produjo un año después. Los muebles fueron para una «sierva de Dios» y el dinero y las propiedades se los quedó el Estado. La familia de otro miembro del Gobierno republicano en el exilio, Domingo Barnés Salinas, tuvo más suerte con sus propiedades. El 24 de julio de 1939, la Junta de Requisa se personó en su casa de la calle San Bernardo, 113. El teniente de aviación Luis Arizmendi, que estaba casado con la única hija de Barnés, quedó como depositario de los muebles de la casa. A la muerte de sus padres, su marido, que además era arquitecto jefe de la Diputación de Guipúzcoa, presentó una reclamación al Tribunal de Responsabilidades Políticas, que consideró aplicable la excepcionalidad y reconocibles los derechos como heredera universal hacia la hija de Barnés[306].

El mayor castigo económico por la aplicación de la responsabilidad civil estuvo dirigido contra los sectores pudientes de la causa republicana. Pero, excluyendo a la minoritaria élite política, la exigencia de responsabilidad civil tuvo un importante impacto en la desarticulación de ese sector de las clases medias urbanas que podía considerarse de izquierdas. Y uno de los sectores profesionales que cargaron con la mayor acusación de responsabilidad colectiva fue el de los docentes. Todo el sistema de enseñanza, desde las escuelas primarias de niños y niñas, a la universitaria, pasando por las escuelas laborales o profesionales, fue concienzudamente depurado a instancias del nuevo Ministerio de Educación Nacional. El 8 de noviembre de 1936 la enseñanza fue considerada oficialmente uno de los «principales factores de la trágica situación a que fue llevada nuestra Patria». Desde este momento los profesores pasaron a engrosar la nómina de los «apóstoles de falsas doctrinas». Un mes más tarde se hicieron públicas las que serían las tres posibles propuestas de resolución de los expedientes de depuración: la libre absolución para aquéllos sin cargos «de haber cooperado directa o indirectamente a la formación del ambiente revolucionario»; el traslado para los que «siendo profesional y moralmente intachables, hayan simpatizado con los titulados nacionalistas, pero sin participación activa» y la separación definitiva para los considerados izquierdistas, militantes del Frente Popular o masones —especialmente después de octubre de 1934— y de todos aquéllos que «hayan simpatizado con ellas y orientado su enseñanza o actuación profesional en el mismo sentido disolvente que las informa».

Así quedó configurada la columna vertebral del procedimiento sancionador de la enseñanza. Toda colaboración con el periodo republicano, en especial la de aquéllos que hubiesen desempeñado cargos y hubieran obtenido ascensos pero también la que pudiera ser considerada «pasiva» hacia el Movimiento, pasaba a ser severamente juzgada. Las penas más usuales serían las de expulsión definitiva, traslado o prohibición de desempeñar cargos directivos y de confianza. Pero también —y esto fue trascendental para poner fin a las futuras carreras de los depurados— la incapacitación para acceder a becas, funciones de estudio o a cargos anejos a la enseñanza en un plazo de cuatro años[307]. Los motivos alegados en estos primeros tiempos de la depuración son fundamentales para entender el proceso en su conjunto, ya que a los docentes no sólo se les expulsa por su desafección al Movimiento, sino por su actuación política «antinacional» y «antiespañola» antes del mismo. Toda causa de expulsión era justificada porque suponía un peligro para la tarea de educar a la nueva juventud española, lo que ampliaba enormemente el marco temporal en el que ser juzgado y convertía en infinitas las posibilidades para sustentar una expulsión. Junto al hecho de juzgar conductas muy anteriores, retroactividad común en todos los procesos especiales, una de las peculiaridades de los procesos de depuración profesional era el tiempo de condena, el cual se estiraba de forma considerable. «La expulsión definitiva» es una pena que no está sujeta a revisión, ya que se trataba de «la formación de los nuevos jóvenes» y toda precaución era poca. Por eso podía prescindirse de toda cautela si en el juzgado depurador no existía duda alguna, pero también cabía, dado el peso de las declaraciones y avales personales, mostrar una interpretación positiva de un sector profesional determinado[308].

El miedo y la angustia de los sujetos a depuración (muchos de ellos vivieron años con causas y procesos abiertos por un tribunal militar, de responsabilidades políticas, de primera instancia, de incautación de bienes, además del tribunal del Ministerio de Educación y de sus respectivos colegios profesionales) fueron sin duda otra experiencia común en el exilio interior. Algunos eludieron la cárcel, pero muy pocos salieron ilesos de la limpieza ideológica aplicada a sus tareas y medios de vida. La inmensa mayoría hubo de pasar por expedientes de carácter secreto, muchos de ellos prolongados durante años, pendientes de ejecución o de la disposición ministerial para resolver cada caso.

El cuestionario al que se adjuntaba la solicitud de readmisión consistía en un interrogatorio estandarizado, con los siguientes requerimientos:

Nombre y apellido, cuerpo o servicio a que pertenecía, categoría administrativa, situación en que se encontraba y destino que desempeñaba el 18 de julio de 1936.

¿Dónde se encontraba al iniciarse el Alzamiento Nacional del Ejército?

¿Qué acto ejerció o intentó ejecutar para sumarse a él?

Si prestó adhesión y en qué forma la efectuó, al Gobierno marxista, con posterioridad al 18 de julio, especificando también si lo hizo de forma espontánea o en virtud de alguna coacción.

Si prestó algún servicio bajo el mando de jefes marxistas o que suponga acatamiento de los mismos.

Si ha cobrado sus haberes.

Si fue destituido, declarado cesante o jubilado a partir de la indicada fecha de 18 de julio de 1936.

Partidos políticos a que ha pertenecido, fecha de ingreso y en su caso la de su baja, así como si ha ocupado cargo directivo.

Cotizaciones voluntarias o forzosas a favor de partidos, entidades políticas sindicales o del Gobierno incluyendo entre ellas las hechas a favor del Socorro Rojo, Amigos de Rusia o entidades análogas aunque no tuvieran carácter de partido.

Si ha pertenecido o pertenece a la Masonería.

Si ha formado parte y con qué cargo en los Comités constituidos con posterioridad al 18 de julio de 1936, en el antiguo Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.

Si ha formado parte de algún otro Comité ajeno al Ministerio.

Si trabajó siempre en Madrid durante el periodo rojo.

Si perteneció a las Milicias del Frente Popular que han combatido contra la España Nacional y en su caso con qué graduación.

Si ha residido en el extranjero o en población dominada por el enemigo. Qué tentativa hizo para salir, en qué fecha y por qué medios lo consiguió, así como si recibió auxilio de alguien, especificando de quién.

¿En qué día y lugar hizo su presentación y ante qué Autoridad?

Nombre de las personas que conforman sus manifestaciones (por lo menos dos) o aval de los mismos.

Prueba documental que obre en su poder.

Indicación de cuánto sabe del periodo revolucionario, principalmente lo relacionado con el desenvolvimiento público y administrativo del Ministerio, así como la actuación que conozca de sus compañeros.

En contraste con las órdenes de separación fulminante de los primeros momentos y la rapidez en completar la instrucción del proceso, otra de las particularidades de la depuración de la enseñanza fue la falta de criterio uniforme para ejecutar las sanciones dispuestas. La aparente gravedad de determinados cargos se viene abajo ante ciertas circunstancias políticas y personales; otras alegaciones no sólo no son tenidas en cuenta, sino que son advertidas por el juez instructor como causantes de nuevos delitos. La dilación en la ejecución de las propuestas de sanción y la no resolución de los expedientes por vía ministerial, la última instancia que ratifica o dispone un cambio de sanción, hacen interminable el proceso y suponen, prácticamente en todos los casos de separación, el fin de las carreras profesionales de los sancionados. El 5 de marzo de 1946 el Juzgado Especial de Revisiones propuso concluir el expediente de depuración de Pedro Antonio Trobo, iniciado unos meses más tarde que el resto de los de Medicina, en julio de 1939, ya que entonces se encontraba preso en la prisión de Porlier. Queda desde entonces sin imposición de sanción pero con pérdida de los sueldos no percibidos. Seis años después, el 1 de diciembre de 1952, el juez que revisa su caso escribe al ministro «por si tiene a bien resolver el expediente de D. Pedro Antonio Trobo que lleva separado del servicio universitario más de 13 años, sin que haya hasta ahora recaído sobre aquél resolución definitiva». Adjuntó además un escrito del propio Trobo en el que describe la situación que padece:

Graves e irreparables perjuicios tanto de índole moral como material: de orden moral porque, apartado de mi cátedra, han sido inevitables los comentarios de mis compañeros y alumnos con merma de mi buen nombre y prestigio, y de orden material porque, siendo el sueldo y percepciones anejas mi principal fuente de ingresos su falta está ocasionando grave quebranto a mi modesta economía[309].

Los huidos perdieron para siempre cualquier posibilidad de revisión de sus expulsiones. Ya se ha visto en el caso de Lor que era muy difícil que un juez admitiera el criterio de fuerza mayor para explicar las circunstancias personales durante la guerra. En la enseñanza se llegó a utilizar una orden del siglo XIX para expulsar a los que no se presentaban y, llegado el caso, se rellenaron las declaraciones por ellos. El caso del director de la Escuela Nacional Graduada de Santa Isabel, en Toledo, puede servir de ejemplo de lo que sucederá más adelante con los maestros declarados huidos y en paradero desconocido. Aunque el párroco de la iglesia de Santo Domingo declaró que «no conocía a ese señor», fue declarado ateo por el sargento de la Guardia Civil Emiliano Monleón, que a comienzos de abril de 1937 estaba destinado en el Servicio de Investigación. Ésta es la ficha que el sargento rellenó por el acusado.

Gobierno del Estado

Comisión D. Decreto n.º 66

Edad: 58

Estado: Casado

Naturaleza: Alamillo

Provincia: Ciudad Real

Número hijos: 5

Ídem legítimos: 5

Bautizados: 5

Religión: Ateo

¿Asistía a misa?: No

Ídem su familia su esposa: Sí

Tiempo de residencia: 11 años

Ocupaciones fuera de la Escuela: Ninguna

¿Hacía ostentación y propaganda de ideas izquierdistas?: Sí

¿Asistía a reuniones?: Sí

¿De qué clase o índole eran?: Izquierdistas

Horas que dedicaba a la escuela diariamente: 5

Inculcaba ideas perturbadoras: Sí

Conducta en las clases de adultos: Regular

¿Se ha cantado la Internacional en su Escuela?: No

¿Saludaba con el puño en alto?: No

Juicio que merecía su labor en la escuela: Regular

¿Estuvo afiliado a algún partido?: Unión Republicana

¿Desde qué fecha?: Desde su fundación

¿Se dio de baja?: No

Cotizaba:———

¿Era rotario?: No

¿Masón?: No

¿De otra sociedad?: Magisterio Nacional

¿Ha sufrido alguna detención?: No

¿Ha sido suspendido de empleo y sueldo?: Sí

El informe que acabó con la vida profesional de Antonio Bravo Arcayos lo firmó su compañero de profesión, Salvador López Martín, el 5 de abril de 1937. Tenía una estructura muy similar al del Servicio de Información de Falange, distribuido en tres apartados. En primer lugar destacaba su condición política:

Era un militante, en un principio, solapado, y más tarde francamente manifiesto del perverso «Frente Popular». Ostentaba, retador y altanero, el carnet de semejante entidad política: carnet que le facilitó, según él manifestaba, el acceso a las primeras dependencias del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en los días de más atroz persecución marxista en Toledo y en la que él se hallaba en Madrid. Se dirigió a Madrid después del día 22 de septiembre último y sin duda alguna aterrorizado porque se acercaba a nuestra población nuestro bendito y salvador Ejército Español.

En segundo lugar hablaba de sus creencias religiosas:

Era prácticamente ateo. En una dependencia que existe en la Escuela Graduada que él dirigió se hallaba una magnífica estampa del «Cristo de Velázquez» que yo rebusqué al reanudar nuestras clases en Octubre pasado y no encontré. Asimismo, entre él y Liberto Menga destruyeron unos 29 libros, entre otros, por tratar de asuntos impregnados de santo catolicismo. Le oí con su satisfacción habitual y aviesa ponderar cómo un día en unión del Sr. Fuster, y en el salón escolar forzaron a levantar el puño a los niños que allí se hallaban.

Después de denunciar a otros maestros, terminaba facilitando el dictamen a la Comisión.

Le creo fatalmente nefasto para la sagrada misión que se nos está encomendada. Por Dios Nuestro Señor y por Nuestra España Católica manifiesto cuanto procede, sin animosidad alguna y rindiendo culto a la verdad y a la justicia que a nuestra Patria hacen falta para su purificación.

¡Viva Cristo Rey y la Católica España[310]!

4. COMO TODA SU FAMILIA

Las dificultades que tuvieron que sortear las personas que sufrieron las primeras represalias tras la guerra parecían no terminar nunca. Ya se había anunciado que el periodo de vuelta a la patria para aquéllos que la habían ofendido debía ser necesariamente largo, y lo fue, sobre todo para los que habían pasado por la cárcel. Ésta los había marcado de forma indeleble y los había colocado en una situación muy fácil de aprovechar para quienes aún los consideraban enemigos. Si solicitaban una revisión de su caso o aspiraban a algún beneficio social tenían que pasar por otra investigación y ésta podía aportar nuevos aspectos delictivos que no se hubieran tenido en cuenta anteriormente. Un proceso de persecución al que se refirió Lor sin nombrarlo y que difuminó la estructura de los distintos sectores profesionales anterior a la guerra. Del siguiente modo describía la situación de su oficina Juan Rodríguez a Amaro del Rosal en 1948:

Amaya ha vuelto a ingresar en el Banco Hispano. El amigo Joaquín se busca la vida llevando 2 o 3 contabilidades y me parece que le va mejor que en la banca. El amigo Casamayor se encuentra de apoderado en el Banco Popular pues después de salir de la cárcel visitó al Director de dicho banco y lo colocó y más tarde le dio poderes. Sancho tiene una buena colocación pero huye al hablar con él y se le ve a menudo en la Iglesia y con su señora[311].

Una de las características que hicieron particularmente dura la represión franquista fue su enorme capacidad para alcanzar a familiares o a personas relacionadas con un encausado principal. El impacto de esta política no se limitó a una pena impuesta al cabeza de familia con mayor o menor repercusión económica según los casos. La ambigüedad de los criterios de sanción, multiplicados por la voracidad de los intermediarios locales y la inercia de los aparatos oficiales, permitieron que las responsabilidades se extendieran a otros miembros de la familia y a parientes lejanos. La maquinaria burocrática de los distintos tribunales, y en especial del Servicio de Recuperación de Documentos para el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo, con sede en Salamanca, desempeñó un papel esencial en esta ordenación conjunta de los «malos antecedentes familiares». Una coletilla que se aplicaba por igual a delincuentes políticos, ladrones, prostitutas y enajenados mentales, incluso a los que la DGS consideraba «de buena conducta moral», para referirse a algún católico reconocido pero con alguna mancha en el historial familiar. En cualquier caso, a estas alturas la mala conducta política anulaba la más intachable de las vidas privadas. La Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo mantendría siempre abierta la vía de los procedimientos especiales y serviría de argumento para los sectores que seguían pidiendo mano dura. De ser un instrumento lanzado en 1940 y particularmente incisivo —utilizaba recursos de la jurisdicción militar y de la ordinaria con una amplísima escala de penas—, evolucionó de forma paralela a los cambios en la política de seguridad del Estado: pasó de perseguir enemigos ocultos en sus casas tras el fin de la contienda a aquellos «libres» de responsabilidad civil o bien a aquéllos cuya puesta en libertad seguía siendo considerada prematura. Tras sucesivas reformas para intentar convertirla en un instrumento más útil, finalmente fue sustituido en la década de 1960 por el Tribunal de Orden Público[312].

De este modo, aquéllos que habían pasado prácticamente por todos los juzgados y causas distintas podían verse envueltos en un nuevo procesamiento muchos años después. Tal fue el caso de los hijos de Antonio, él ya mencionado director de la Escuela Graduada de Toledo, encausados en 1942 y en 1951. Pasaron la guerra en Madrid y fueron condenados a penas de 12 años, más tarde conmutadas a seis, por lo que en 1943 ambos estaban en libertad condicional. A pesar de que su responsabilidad criminal había quedado diluida parcialmente, el grado de responsabilidad civil determinó finalmente sus destinos. El Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo intervino cuando los hermanos obtuvieron beneficios como la libertad condicional o solicitaron que se revisaran sus depuraciones. Éste, como muchos otros casos, se solapaba con una inmensa investigación sobre la actuación de las logias masónicas en España que nunca se daba por cerrada y que producía resultados asombrosos a partir de la información recabada sobre un mismo nombre[313].

Al estallar la guerra Antonio tenía treinta y dos años, estaba soltero, vivía solo y era empleado del Banco Español de Crédito en la Bolsa de Madrid. Su consejo de guerra, celebrado el 26 de febrero de 1942, consideró «que antes del Movimiento ya pertenecía a la UGT sección banca, y que durante la guerra se afilió al Partido Comunista y a las JSU. No tenía antecedentes e ingresó voluntario en el Ejército Rojo en 1937, siendo destinado al cuerpo de Tren donde fue Delegado Político de Compañía, prestando en diferentes frentes servicios burocráticos sin que constase interviniera en ningún hecho de armas[314]». Los 12 años por auxilio a la rebelión se quedaron en seis, por estimar el caso de responsabilidad menor y apto para la conmutación de penas. Con los días que llevaba redimidos ya cumplía las tres cuartas partes de la condena y al año siguiente ya podría acogerse al indulto parcial. Y todo parecía indicar que así sería cuando el 20 de abril de 1942 se envió su testimonio al presidente de la Audiencia de Madrid para que recabara informes acerca de sus propiedades y cuentas. Ese mismo día el general Saliquet, presidente del Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo, ordenaba iniciar diligencias contra Antonio Bravo. La asesoría jurídica de la Inspección de Prisioneros de Guerra había informado que pertenecía al Partido Comunista, que era un gran propagandista y un agitador muy peligroso para la Causa Nacional, «tanto él como toda su familia[315]».

No se trataba de una información nueva remitida por la DGS o alguna autoridad en concreto, sino de una declaración que el jefe del batallón de trabajadores número 125 de Manresa había recabado en los interrogatorios a los oficiales prisioneros de guerra, fechada el 20 de octubre de 1939 y rescatada con la intención de evitar que Antonio saliera de la cárcel. Las pruebas presentadas para procesarlo fueron esta declaración firmada por un prisionero de guerra en un campo de concentración tres años atrás y una nota del juez especial para la Represión del Comunismo de Porlier, que lo consideraba «inductor» de ideas en prisión. El motivo alegado fue que no había presentado la declaración de retractación y que por tanto seguía haciendo gala de su ideología. El Juzgado de Instrucción número 3 del TRMC, dirigido por el juez Tomás Marco Garmendía, pidió informes a la Delegación de Estado para la Recuperación de Documentos para que certificara los antecedentes masónicos y a la DGS para los de la conducta política y moral. Igualmente, a comienzos de junio ordenó a estos últimos que lo detuvieran y lo condujeran a prisión[316].

La libertad condicional había durado poco; en apenas dos meses Antonio volvía a Porlier, donde el director Isidro Castrillón lo había puesto esta vez aislado, con los masones. Hay que recordar que los masones eran considerados sujetos irredimibles y que desde comienzos de 1940 una orden de la Dirección de Prisiones permitía tomar medidas especiales contra los acusados de serlo, sin esperar a que fuera probada su responsabilidad. Desde Salamanca se confirmó por dos veces, el 25 de mayo por escrito y el 27 de mayo por telegrama, que Antonio no tenía antecedentes masónicos, pero no salió de prisión hasta el 28 de julio, a pesar de la certificación de la DGS de que «en la actualidad guardaba buena conducta pública y privada». Los informes de Falange y Guardia Civil eran muy negativos pero ninguno demostraba nada más allá de su mala conducta anterior. El juez instructor propuso el sobreseimiento al reconocer que la actuación de Antonio no podía ser considerada de «inductor, dirigente o activo colaborador». No podía presentar otra cosa a Saliquet, ya que por el resto de cargos (que era socialista, que había ido voluntario con los rojos y que había trabajado en la organización de campaña como sargento) había sido condenado anteriormente por el consejo de guerra[317].

No sería la última vez que este tribunal se cruzaría en la vida de Antonio. Casi ocho años después, el 2 de febrero de 1951, iniciaba las mismas actuaciones contra su hermano Arsenio. En esta ocasión estaba presidido por el general Cánovas y tan sólo se mantenía uno de los vocales del tribunal anterior, González Oliveros. La instrucción recayó en el juzgado número 2, dirigido por el juez Pereda, que volvió a centrar sus alegaciones en el pasado del acusado, un joven de veintitrés años que había abandonado Toledo al dar un giro inesperado la guerra, que tuvo que abandonar su trabajo —en el que sólo había estado un día— y viajar hasta Madrid, donde finalmente pudo contactar con su hermano. El 1 de enero de 1937 Arsenio fue reclutado y destinado al frente de la sierra de Madrid. Ya no abandonó la capital hasta su caída. Fue hecho prisionero en Las Rozas y de allí pasó a la cárcel habilitada de Santa Engracia. El 17 de julio de 1940 fue condenado a 12 años y 1 día por auxilio a la rebelión. El consejo de guerra propuso igualmente reducir la condena a seis años, y por ello quedó en situación de libertad condicional a comienzos del año siguiente. La cárcel de Vitoria, a donde fue trasladado, tardó un poco más en iniciar los trámites, pero el 27 de noviembre de 1942 la Junta de Disciplina acordaba proponer su salida de prisión, según el expediente que sigue:

Durante su permanencia en este establecimiento viene observando buena conducta.

No se halla sujeto a otra responsabilidad.

Examinado que fue por los señores Capellán y Maestro resultó que sí posee la instrucción mínima religiosa y la preparación cultural.

Informes Falange, Guardia Civil y Ayuntamiento, puede concedérsele a este penado los beneficios de libertad condicional SIN destierro.

Redención de Penas 211 días, figurando en las relaciones que mensualmente se remiten al Patronato Central.

Condena (extinguiría el 22 de octubre de 1952)

Liquidación.

Fija su residencia en Madrid, calle Hilarión Eslava 14.

El Patronato Central confirmó que Arsenio no tenía antecedente desfavorable alguno y ese mismo día requirió su conformidad por telegrama a la Guardia Civil y a Falange. La primera respondió que podía fijar su residencia en Madrid, pero «en barriada distinta a la que tenía», mientras que Falange no puso inconveniente alguno[318].

A comienzos de 1943 Arsenio pudo salir a la calle, a un Madrid muy distinto a aquél en el que había vivido la guerra. Al igual que su hermano y su padre, habían concluido sus casos de responsabilidad criminal por su actuación en la guerra en contra del Ejército Nacional, pero otra cosa bien distinta fueron sus responsabilidades civiles y laborales. Mientras estaba en la cárcel había recibido, escrita a mano en un pequeño trozo de papel, su propuesta de separación definitiva de la enseñanza[319]. Tanto el alcalde como el comandante de la Guarda Civil y el párroco alegaron lo mismo: «Ignoramos lo referente a este señor por no ser nada más que horas lo que estuvo en esta villa, sabiendo que marchó voluntario a las filas rojas». Pero la Comisión no se basó en estas declaraciones sino en el informe de la Comisaría de Investigación y Vigilancia de Toledo, de 28 de enero de 1940.

Tengo el honor de manifestarle que de los antecedentes que obran en el Archivo de esta Dependencia y de los facilitados por funcionarios afectos a la misma, resulta que el citado Maestro durante su estancia en ésta, era uno de los dirigentes de la FUE y bastante izquierdista. Siendo estudiante de la Normal en esta capital, era de los más destacados en cuantas huelgas se formaban, en las cuales intervino por su carácter izquierdista. Bastante antes de entrar el Ejército Nacional en Toledo marchó con su familia, ignorándose por tal motivo su actuación en zona roja.

El papelito en el que se había escrito a mano la resolución que había que adoptar lo dejaba todo claro: Arsenio no fue juzgado por su conducta perniciosa en la escuela, puesto que sólo había estado un día, sino por su actividad política anterior en su periodo de estudiante universitario y sobre todo por la figura de su padre[320]. Con el paso del tiempo, y al igual que Miguel Lor y tantos otros, creyó que algunos signos de cambio facilitarían la revisión de su causa a finales de la década. Pero su intento de reingresar en el cuerpo docente iniciado en 1949 originó una nueva investigación que condujo a la intervención del Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo en febrero de 1951. El Ministerio de Educación se había servido para denegar su reingreso de una solicitud que había hecho al comisario de guerra, remitida por Servicios Documentales. En ella se hacía, según certificaba el jefe de sección, una petición al comisario de su Brigada para que realizara una información sobre el paradero de su familia «en zona rebelde». A través de este documento se especificaban todos sus datos de filiación política: Federación de Estudiantes y Trabajadores de la Enseñanza, Partido Socialista y Juventudes Socialistas Unificadas desde su creación. En cuanto a su actuación en la guerra, el informe señalaba que fue ascendido a capitán por «conocimientos especiales» y destinado desde el comienzo a la zona del Guadarrama[321].

Este documento —que no había sido aportado años atrás en su consejo de guerra— no sólo sirvió para alejar a Arsenio de la enseñanza de por vida. También sirvió para que el Tribunal de la Masonería ordenara diligencias sobre su actuación en libertad condicional. El instructor consideró que su currículo político anterior a la guerra ya no bastaba para procesarlo de nuevo, por lo que decidió centrarse en la expresión de los mencionados «conocimientos especiales». Según el razonamiento del juez, esos conocimientos en manos de un maestro derivaban inequívocamente en la clandestinidad, por lo que resultaba enormemente peligroso que estuviera en libertad. Pero no consiguió más pruebas incriminatorias. Finalmente, el 14 de abril de 1951, la causa contra Arsenio fue sobreseída por el Tribunal que, en contra de lo propuesto por el juez instructor Pereda, consideró que no podía probarse su participación o implicación directa en grado de «inductor», por lo que ordenaba el sobreseimiento de la causa[322].

Dos hermanas que también eran maestras sufrieron igualmente la dureza de las sanciones civiles, a pesar de no participar en la guerra ni pertenecer a partido político o sindicato alguno. La mayor, Ana, fue expulsada y dada de baja de forma permanente. Unos días antes de que acabara la guerra consiguió salir de España hacia Inglaterra, donde pasaría el resto de su vida. María Dolores fue relevada del servicio y dada de baja. Su expediente no fue admitido a revisión hasta el 24 de marzo de 1952, cuando reingresó como profesora de francés[323]. Antonio fue readmitido en el Banco Español de Crédito pero con la categoría de escribiente. Arsenio nunca pudo volver a trabajar en la enseñanza. En 1972, próxima ya su jubilación, solicitó de nuevo su reingreso, que una vez más le fue denegado. Esta vez la petición no generó una nueva investigación sino que la Administración se limitó a presentar el formulario tipo utilizado para las clases pasivas con un No procede.

EPÍLOGO

Había algo que ya no era una visión, una proyección

espectral de la idea que me hacía del mundo y de mi soledad ante el mundo,

la soledad de alguien que se siente excluido de él.

JUAN GIL-ALBERT, Valentín, 1974, p. 114

La condición y el número de los desterrados aumentaban a medida que la Guerra Civil se alejaba en el tiempo. El 31 de mayo de 1945 se aprobó una orden extraordinaria sobre repatriación para los exiliados que quisieran volver a España. De nuevo se hablaba de la generosidad para quienes no habían cometido delitos, ya que para regresar sólo había que probar que estaban exentos de responsabilidad criminal. Las normas dictadas por la Dirección General de Seguridad insistían en que nada debían temer aquéllos que no tuvieran las manos manchadas de sangre y prometían dejar sin cargo a aquéllos que sólo hubieran combatido en las filas republicanas. Todo aquél que quisiera volver debía entregar una declaración jurada, presentarse ante la autoridad competente en un plazo de cinco días y comunicar cualquier movimiento que hiciera. Las instrucciones dadas por Lequerica en la circular 80, que ese año envió el Ministerio de Asuntos Exteriores a las embajadas y consulados, especificaban algo más los requisitos. No estaban exentos de responsabilidades, aunque pudieran acogerse a beneficios concedidos, «los que formaron parte de checas o tribunales ilegales en los que se perpetraron martirios o crueldades».

La repatriación masiva de españoles prevista tras el fin de la II Guerra Mundial nunca llegó, tal vez por el miedo de los exiliados a ser detenidos y tener que responder a una montaña de cargos. Pero resulta muy significativo el hecho de que el reconocimiento de los exiliados saliera de la misma política penal puesta en práctica desde el comienzo de la guerra. La misma vuelta atrás para juzgar hechos de 1931, los mismos controles, los mismos filtros… En la España de la restricción, el racionamiento y la redención no quedaba sitio para ellos. Un año antes de esta esperada repatriación se publicó un libro de poemas titulado Hijos de la ira. Dámaso Alonso había dado los primeros pasos para alejarse del triunfalismo victorioso de la literatura de posguerra. Un cansancio de la verdad oficial de niños sanos, campesinos alegres y trabajadores eficientes protegidos por la divinidad y el Caudillo, que en la novela fue ya anunciado por Carmen Laforet en Nada y por Cela en La colmena (publicada en 1951 pero escrita en la década de 1940). La sustitución de un estilo literario complaciente con el entorno, con el paisaje y la belleza natural por un tono más crudo, con el que retratar aquella realidad que mostraba algo profundamente indigno, gris y podrido fue sólo el comienzo de un cambio, muy lento, casi subterráneo, de actitud hacia lo que estaba ocurriendo.

Aunque la cárcel haya sido el hilo conductor de este relato de la violencia y la represión que azotó la España de la década de 1940 y condenó a los otros al fracaso y al aislamiento durante varias décadas más, no puedo concluirlo sin hacer referencia al mundo de la cultura de este periodo para el que se acuñó el término exilio interior. Un concepto que hay que abrir y ampliar para que deje de designar exclusivamente a una minoría intelectual condenada al ostracismo. La cultura también fue encarcelada, experimentó la derrota e intentó escapar de ella por distintas vías. En Historia de una escalera, Buero Vallejo mostraba la frustración de unas familias ante el mundo que las rodeaba tras el reiterado fracaso de todas sus expectativas de cambio. Durante su estancia en el penal de El Dueso coincidió con otro gran dramaturgo, Cipriano de Rivas Cherif, cuñado de Azaña. Sus trayectorias fueron totalmente divergentes: Buero permaneció en España mientras Rivas se marchó a México tras cumplir su condena. Ambos afrontaron su cautiverio de maneras diferentes. Uno se acogió a la redención por el esfuerzo intelectual y organizó un taller de teatro con presos, mientras el otro se negó a participar en él, recriminándole el placer que obtenían las autoridades franquistas cuando se representaban obras para ellas. Rivas Cherif explicaría años más tarde que mediante aquella tarea recuperaba algo de la humanidad que había perdido y Buero Vallejo siguió escribiendo e insistiendo en que esa condición se la habían arrebatado para siempre.

De un modo muy similar, todas las luchas de dentro y fuera de las cárceles habían terminado en derrota. Cuando se publicó Historia de una escalera ,en 1949, ya no quedaba prácticamente esperanza alguna de cambio. La República y su mundo desaparecían definitivamente y la prisión había desempeñado un papel determinante en ese proceso de disolución y cierre de todo proyecto de futuro para los hombres y mujeres que habían formado parte de su base social. Toda ella sufrió especialmente la represión física, criminal y civilmente, además de constatar la asfixia económica, el control y la exclusión permanentes. Una realidad demasiado palpable para una gran parte de la población que se encontraba presa por su conducta política, pero también por «indeseables» morales y antisociales, como para no ser tenida en cuenta. Un mundo de encerrados en su propia casa, de apartados y seres condenados a una diáspora permanente para poder sobrevivir. Además de una dura realidad, la cárcel fue quizás una de las mejores metáforas del modo de vida dominante en la España de los años cuarenta. Fue la sede del castigo principal, el purgatorio en la tierra. No fue una fuga del mundo, sino una inmersión en él. Una ventana al hambre, la desolación y la muerte. Una vía más para el estraperlo, la corrupción y los sobornos en una sociedad donde también aumentaban la mortalidad, el suicidio o el aborto, silenciados por los generosos indultos y el perdón de los pecados.

Esta institución diseñada específicamente para albergar a lo peor de la sociedad no tenía por qué preocuparse por las condiciones de vida, sobre todo porque no creía en las posibilidades de la corrección, enmienda o regeneración de los que por ella pasaban. Lo más cerca que estuvo una España presionada por el aislamiento de reconocer las reglas mínimas estipuladas por las Naciones Unidas sobre los derechos humanos fue definir su régimen como una forma de «autoritarismo humanitario». Se cerró Porlier, es cierto, pero se abrió Carabanchel. La elevada mortalidad y los efectos traumáticos para las personas que pasaron por las cárceles —tanto las prisiones habilitadas como los centros de detención permanentes— no fue sólo el fruto de las malas condiciones sanitarias. La deshumanización previa que sufrieron desde una ideología penal importada a la cúpula de la Justicia por los sectores tradicionalistas y más integristas contribuyó a ello de manera extraordinaria. La mejor prueba fue la revitalización de un pensamiento como el de la redención, el nuevo feudalismo, como lo definió Juan Ramón Jiménez. La visión teológica fue la máxima aspiración de los propagandistas y los sectores católicos, cuya contribución ideológica y preparación técnica llevaba implícita una lucha con Falange, quien impuso de otro modo su presencia a través de los nuevos oficiales y de los servicios de información en prisión. Su hostigamiento fue constante, promoviendo las delaciones, los infiltrados y las campañas de intervención policial, alertando de la reorganización de los separatistas y de sus apoyos exteriores. De este modo se mantuvo siempre vivo el fantasma de la anti-España, sobre todo en el periodo de mayor conflictividad y actividad política en los penales, que alcanzó su punto álgido entre 1944 y 1946. Pero la baza del anticomunismo consolidó el autoritarismo de Franco y a la postre se volvió contra la misma Falange.

Donde el triunfo del sistema penitenciario y judicial franquista se hizo más patente fue en la calle. Al salir en libertad, las opciones de los que habían pasado por la cárcel eran ciertamente muy reducidas. Muchos salían años después de la guerra y se enfrentaban a la prueba más dura, al aislamiento social fomentado por los métodos de cuarentena del régimen. Después de años a la sombra, se encontraban ante una sociedad muda, en la que no podían hablar porque inspiraban miedo a sus acompañantes, miedo a que se les identificara como activistas políticos. Ellos representaban el castigo por las ideas, y ahora no podían ni siquiera hablar de política, no tenían con quién. La libertad fue la prueba más dura; la de sentirse parte de un mundo que no los aceptaba por su pasado y la de conocer el alcance verdadero de su condena, que no era otro que servir de aleccionamiento a la sociedad de posguerra.

El franquismo ostentó el monopolio de la violencia de distintas maneras a lo largo de varios periodos y empresas (la Cruzada, la obra de pacificación espiritual, la Ley de Seguridad del Estado) hasta la creación de un aparato estable de defensa y control. Éste pasaba por los medios tradicionales de orden público de los poderes locales, que emitían los informes y los certificados de conducta. En definitiva, respondían de sus vecinos y sus familias, lo que permitió reproducir y extender a las zonas más recónditas las políticas depuradoras dictadas desde arriba, pero también facilitaron una ocasión excepcional para la venganza y el ajuste de cuentas desde abajo. Las cárceles habilitadas asistieron con frecuencia a estos ajusticiamientos, permitidos como respuesta a los llevados a cabo por los rojos. En las paredes de estos edificios, algunos de los cuales siguen siendo hoy colegios, cines o conventos, quedaron escritas las páginas de un constante trasiego de muerte y desolación. Las cifras finales son inciertas, puesto que la definición de peligrosidad fue cambiando y ampliando su radio de acción. Ésa fue una de las consecuencias más palpables de criminalizar a la izquierda, a los rebeldes o a los colaboracionistas, junto a todo lo que se consideraba dentro del desorden y del mundo del delito.

A esa fusión de elementos de defensa política y social se sumó otro aspecto que muestra la complejidad de las instituciones represivas en la posguerra. La supremacía de la justicia militar no lo explica todo. En muy poco tiempo se creó un aparato civil a partir de la estructura administrativa y territorial del Estado, que fue suplantada por la del Movimiento. El Patronato de Redención de Penas centralizaba toda la política penitenciaria y tenía capacidad jurídica propia. Dirigía los traslados, las normas de los centros, las relaciones con las empresas que empleaban a los reclusos, entregaba los subsidios a los familiares de los presos y los conectaba con los centros benéficos y tutelares de la Iglesia. En torno a la redención de penas se concentró el mayor número de funciones dirigidas hacia los sectores considerados fuera del nuevo proyecto de refundación de España. La presión mayor y más efectiva fue ejercida desde sus delegaciones provinciales y municipales, ya que la concesión de la libertad condicional, la oficina de colocación o el Auxilio Social eran atribuciones de las Juntas Locales. Éstas acabaron poniendo en práctica una excarcelación lenta y mal organizada, que la mayor parte de las veces intentaban quitarse de encima forzando un nuevo destierro de presos hacia sus localidades natales, a lo que nuevamente solían oponerse los ayuntamientos de origen por «razones de orden».

La España peregrina fue alcanzando así nuevas cotas y andando nuevos caminos que la alejan de algunos mitos. La represión entra dentro de un proceso que evoluciona, no es un punto estático ligado exclusivamente a la guerra y a su fin inmediato. Hay que atender a la diversidad institucional que, por ejemplo, muestra la Justicia mucho más allá de la presencia militar, efectivamente omnipresente en un primer momento pero que queda mucho más diluida a medida que el régimen pasa a juzgar la colaboración civil y cambia la política de seguridad. Un mundo de gran movilidad entre la pobreza y la desviación de recursos oficiales y la influencia de un fenómeno como el de la exclusión social. Ahí es donde hay que entrever el papel del miedo en el desplazamiento de los viejos antagonismos y en la lenta maceración de otros nuevos. La dimensión de las medidas de represión civil, la depuración laboral, los embargos y la suspensión de cualquier bien con el que pudieran contar los desafectos son sólo muestras de las dificultades de todo tipo por las que tuvieron que pasar aquellos hombres y mujeres acusados de una peligrosidad social que los hacía asimilables a lo peor de la sociedad. Por eso hubo quien se aprovechó económicamente de ellos, volviendo a las fórmulas de manutención como pago por el trabajo, que durante años les valieron ser reconocidos como «grandes patrocinadores», particulares y grandes empresas que crecieron gracias a esta mano de obra abundante y barata.

Algo considerado normal por gran parte de la población que había vivido la guerra. El consenso en torno a Franco se aseguró mediante la utilización del recuerdo de los crímenes de la izquierda y el miedo a otra guerra. Así, los criterios de peligrosidad política tuvieron éxito al fundirse con los de peligrosidad social, por lo que se asentarían el resto de la dictadura sin grandes variaciones. De hecho, hasta 1969, en la celebración de los 30 años del triunfo del Alzamiento, no se da por cumplido su objetivo. Mucho antes, el Fuero de los Españoles reconocía la igualdad ante la ley de todos los españoles, pero la determinación de separación era irreversible. La depuración profesional de los casos comentados, sellados por la intervención del Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo, duran toda la vida, y se niega la pensión de jubilación mucho después de haber cumplido la condena. Los jornaleros de Talavera, de Ávila, de Zamora o de Sevilla debían seguir notificando dónde estaban y cuánto cobraban casi 20 años después de haber sido condenados. Igualmente, las criadas tenían que seguir ratificando su domicilio y demostrar si viajaban con sus amos y por qué. Incluso aquéllos que pudieron costearse un abogado e interpusieron recursos contra su situación terminaron por desistir, por temor a una nueva persecución. Las suyas son historias que cimentaron el subsuelo de la sociedad de posguerra. Miembros de la canalla roja, inductores del mal o simplemente «pasivos» durante el 18 de julio de 1936 padecieron este proceso, que empezó el día en que se tomó la decisión de identificarlos plenamente con criminales y delincuentes incorregibles.

Pero la vida siguió para los que pudieron salir adelante. En 1947 regresó del exilio Juan Gil-Albert, quien describió como nadie la soledad de los que se sentían excluidos de aquel mundo. Casi 30 años después no se le permitía desempeñar ninguna actividad. Ese mismo año se produjo también una tímida celebración del Primero de Mayo en los altos hornos de Bilbao. Los pocos que la secundaron fueron suspendidos de empleo y sueldo durante 15 días y perdieron toda la antigüedad que tuvieran en la empresa. Fue el primer germen de reconstrucción de una de las zonas históricas del movimiento obrero por excelencia. Sólo dos hechos, dos síntomas, de lo que el exilio interior pudo mostrar con posterioridad durante esos largos años. Su rostro humano, su única presencia sirvió de referente para la primera generación que no había luchado en la guerra y que mostró su disconformidad con aquel estado de cosas en 1956. Aún habría que esperar mucho más para que la losa que pesaba sobre ellos desapareciera y para que la sociedad dejara de verlos como un peligro. La siguiente generación ya mostró una actitud algo menos complaciente con la segregación impuesta tras la guerra, algo que marcaría un importante cambio de rumbo, a pesar de la indiferencia de la mayoría, fundamental para entender la transición y la recuperación de la idea del fin de la guerra como una «transacción pacífica», con la que se había iniciado el relato.

ANEXOS

FUENTE: Archivo General de la Administración. Fondo: Justicia. Leg. 41/ 11955

CUADERNILLO DE IMÁGENES

Prisión de hombres de Gerona durante una salida a trabajos de redención de penas en un campo de fútbol, en 1940.AGA, Alfonso, 001361 (VEGAP. Madrid, 2009).

Comunión de reclusos en la prisión de Porlier, Madrid, 1940. Archivo Regional Madrid (ARM). Fondo Santos Yubero, DI 1005

Comunión de reclusos en la prisión de Porlier, Madrid, 1940. AGA, Alfonso, 001248 (VEGAP. Madrid, 2009).

Ofrenda a la Virgen en la prisión de Porlier, en 1940.Archivo Regional Madrid, Fondo Santos Yubero, DI 1029

Ofrenda a la Virgen en la prisión de Carabanchel, en 1946. Archivo Regional Madrid, Fondo Santos Yubero, DI 1000

La hora de los himnos nacionales, en la prisión de Porlier, en 1940.AGA, Alfonso 001249 (VEGAP. Madrid, 2009).

La hora de los himnos nacionales, en la prisión de Porlier, en 1940.AGA, Alfonso 001250 (VEGAP. Madrid, 2009).

Los creadores del sistema de redención de penas por el trabajo, el general Máximo Cuervo y el padre jesuita Pérez del Pulgar, se dirigen a los presos. Prisión de Alcalá de Henares, agosto de 1939.Archivo Regional Madrid, Fondo Santos Yubero, DI 1012

Fernández Feijoo, vocal del Patronato de Redención de Penas, recibe la medalla al mérito penitenciario en Madrid, en 1943.Archivo Regional Madrid, Fondo Santos Yubero, DI 1023

Vocales eclesiásticos del Patronato de Redención de Penas. AGA, Alfonso 2016-0015 (VEGAP. Madrid, 2009).

Presentación del Sindicato Español Universitario (SEU) en la Escuela de Estudios Penitenciarios. Madrid, 1940.AGA, Alfonso 2016-0010 (VEGAP. Madrid, 2009).

Enrique Súñer toma posesión de la presidencia del Tribunal de Responsabilidades Políticas, en 1940.AGA, Alfonso 2016-0021 (VEGAP. Madrid, 2009).

Francisco Aylagas, director general de Prisiones. Archivo Regional Madrid, Fondo Santos Yubero, DI 1021

El director general de Prisiones Ángel Sanz recibe honores en el Ministerio de Justicia, 1944.Archivo Regional Madrid, Fondo Santos Yubero, DI 1020

Expediente de depuración universitaria del doctor Outeriño Núñez, en 1940.AGA, Justicia, 32/16203-13

El general Máximo Cuervo imparte la conferencia titulada Fundamentos del nuevo sistema penitenciario español en la Facultad de Derecho de Madrid, el 29 de octubre de 1940.Archivo Regional Madrid, Fondo Santos Yubero, DI 1015

Homenaje al ministro de Justicia Eduardo Aunós. Archivo Regional Madrid, Fondo Santos Yubero, DI 1018

Archivo Regional Madrid, Fondo Santos Yubero, DI 1009

El padre jesuita Pérez del Pulgar hace entrega a los reclusos de las primeras ediciones de la Cartilla del Trabajo. Talleres Penitenciarios de Alcalá de Henares, agosto de 1940.Archivo Regional Madrid, Fondo Santos Yubero, DI 1003

Redención, Biblioteca Dirección General de Instituciones Penitenciarias

Primeros ejemplares, de 1941, de la Biblioteca del Preso, de la revista Redención. Redención, Biblioteca Dirección General de Instituciones Penitenciarias

Un recluso se examina de cultura general ante la Junta de Disciplina de la prisión de Porlier en 1940. En la pizarra puede leerse «Vive l’Espagne! Nous voulons être de bons Espagnols» [¡Viva España! Queremos ser buenos españoles]. Archivo Regional Madrid, Fondo Santos Yubero, DI 1007

Archivo Fundación Pablo Iglesias

Cartilla de Redención de Penas por el Trabajo de Ramón Alonso Guijarro, prisión de Comendadoras, marzo de 1940.Archivo Fundación Pablo Iglesias

Folleto de propaganda sobre la Justicia de Franco destinado al extranjero. Archivo Fundación Pablo Iglesias

El obispo de Gerona visita la prisión de mujeres en 1941. Biblioteca Dirección General de Instituciones Penitenciarias

Acto de Falange en 1939, en Toledo. Archivo Histórico Provincial de Toledo

Presos durante la conferencia del general Cuervo. Talleres Penitenciarios de Alcalá de Henares, 1940. 29.Archivo Regional Madrid, Fondo Santos Yubero, DI 1013

Público asistente a otra conferencia pronunciada por éste en la Facultad de Derecho de Madrid, 1940.Archivo Regional Madrid, Fondo Santos Yubero, DI 1016

Inauguración de la cárcel provincial de Madrid en 1944.Archivo Regional de Madrid, D-I025

Archivo Regional Madrid, Fondo Santos Yubero, DI 1031 - AGA, Alfonso, 1262 (VEGAP. Madrid, 2009).

El capellán Rafael Hernández (en el centro) en la prisión de Porlier, en 1941.AGA, Alfonso, 1261 (VEGAP. Madrid, 2009).

El director de Porlier, Amancio Tomé (a la izquierda), y los jefes de servicios, el mismo día. Redención n.º 56 , Biblioteca Dirección General de Instituciones Penitenciarias

Historias de Don Canuto, ciudadano peso bruto. Viñetas del dibujante Bluff (Carlos Gómez) por las que éste fue acusado de hacer «propaganda roja». Bluff fue ejecutado por ser «portador de una inteligencia satánica». Reformatorio de Adultos de Alicante, mayo de 1940.Redención n.º 57, Biblioteca Dirección General de Instituciones Penitenciarias

Sacerdotes vascos y otros reclusos posan en la prisión especial de Carmona (Sevilla) en enero de 1940. En el centro, junto al director de la prisión, un demacrado Julián Besteiro posa por última vez antes de morir. La foto fue publicada en París, en el diario Euzko Deia, bajo el títular «¡Besteiro n’est pas mort!». AGA, 41/119523

Plano del monasterio y seminario de Uclés en Cuenca, convertido en prisión habilitada, de 1940.AGA, 41/11971

Detalle de un plano de la prisión provincial de Teruel. AGA Justicia Leg 41/1198939

Listado de la enfermería de la prisión provincial de Cádiz, 1941.AGA, 41/12021

Comida ofrecida por el Patronato de la Merced en la Prisión de Porlier, en 1941.Archivo Regional Madrid, Fondo Santos Yubero, DI 1005

Reencuentro en la cárcel de Colmenar Viejo, en 1942.Archivo Regional Madrid, Fondo Santos Yubero, DI 1006

Visita de una autoridad eclesiástica a la prisión de mujeres de Sevilla. Biblioteca Dirección General de Instituciones Penitenciarias

Carmen de Castro, directora de la prisión de mujeres de Ventas y vocal femenina del Patronato de Redención de Penas. Archivo Regional Madrid, Fondo Santos Yubero, DI 1014

Presas en el taller de costura de la prisión de Alcalá de Henares, en 1945.AGA, Alfonso, 1314 (VEGAP. Madrid, 2009).

Día de Reyes en la prisión celular de Valencia, en 1952. Archivo Regional Madrid, Fondo Santos Yubero, DI 1017

Visita al comedor infantil del Auxilio Social en Toledo, en 1944.Archivo Histórico Provincial de Toledo

Homenaje al Caudillo en Toledo, en 1949.Archivo Histórico Provincial de Toledo

Día de la Merced. Prisión celular de Valencia, 1947.AGA, Alfonso, 1255

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

FUENTES

Archivos (Abreviaturas).

—ARCHIVO FUNDACIÓN ANSELMO LORENZO, MADRID (AFAL).

Prensa del exilio

—ARCHIVO FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS, ALCALÁ DE HENARES(AFPI).

Fondo Amaro del Rosal

—ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN, ALCALÁ DE HENARES(AGA).

Justicia

Dirección General de Prisiones

Gobernación

Dirección General de Sanidad

Centro de Investigación y Documentación

Educativa (CIDE).

—ARCHIVO GENERAL DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA, SALAMANCA(AGGCE).

Delegación Nacional de Servicios Documentales

de la Presidencia de Gobierno

TSE-Masonería

—ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL, MADRID(AHN).

Causa General. Cárceles y checas de Madrid

—ARCHIVO HISTÓRICO PCE, MADRID(AHPCE).

Presos, situación

—ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE TOLEDO(AHPT).

Partes de policía

Junta Provincial Libertad Vigilada

—ARCHIVO PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, MADRID(APG).

Junta Técnica del Estado

—ARCHIVO REGIONAL DE MADRID(ARM).

Fondo Municipios, Juzgados de Paz

—THE NATIONAL ARCHIVES, LONDRES(TNA/FO).

Spanish Civil War (1936-1939).

British Prisoners

Bibliotecas

—DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS, MADRID

—BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID

—BIBLIOTECAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

—BIBLIOTECA DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS DE MADRID

—LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE LIBRARY

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GUTMARO GÓMEZ BRAVO es profesor en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, vicedecano de la Facultad de Geografia e Historia y director de la revista Cuadernos Iberoamericanos de Estudios Históricos y Libertades Civiles (Universia). Especializado en el estudio de la violencia y el control social, y en el franquismo y la Transición, entre sus publicaciones destacan Crimen y Castigo. Cárceles, justicia y violencia en la España del siglo XIX, La violencia en Castilla-La Mancha durante la Restauración, La redención de penas. La formación del sistema penitenciario franquista, El exilio interior: cárcel y represión en la España franquista (Taurus, 2009), La obra del miedo: violencia y sociedad en la España franquista (en colaboración con Jorge Marco), y estudios colectivos como «La depuración universitaria en el franquismo, Franco: la represión como sistema», En el combate por la historia, «El siglo de los castigos. Prisión y formas carcelarias en la España del siglo XX», Lugares de represión, paisajes de memoria. «Aspectos materiales y simbólicos de la cárcel de Carabanchel» o «La Universidad Nacionalcatólica: la reacción antimoderna». Ha coordinado Conflicto y consenso en la Transición española y Posguerras: 75 años del final de la guerra civil española

[1] Hannah Arendt, Eichman en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal, Barcelona, De Bolsillo, 2006. Robert Laffont, Memoria del mal, tentación del bien, Barcelona, Península, 2002. Rafael del Águila, Crítica de las ideologías. El peligro de los ideales, Madrid, Taurus, 2008. Richard Overy, Dictadores: la Alemania de Hitler y la Unión Soviética de Stalin, Barcelona, Tusquets, 2006. <<

[2] Corinne Jaladieu, La prison politique sous Vichy. L’exemple des centrales d’Eysses et de Rennes, París, L’Harmattan, 2007. Nikolaus Wichsmann, Hitler’s Prison. Legal Terror in Nazy Germany, Yale University Press, 2004. <<

[3] Robert Gellately, No sólo Hitler. La Alemania Nazi entre la coacción y el consenso, Barcelona, Crítica, 2003. Zigmunt Baumant, Modernidad y Holocausto, Madrid, Sequitur, 1997. Este trabajo forma parte de dos proyectos de investigación histórica financiados por el Ministerio de Educación MEC HUM 2007-64847/HIST (La destrucción de la ciencia en España, coord. por Luis Enrique Otero) y MEC HUM 2006-01967/HIST (El régimen de Franco como sistema represivo, coord. por Julio Aróstegui). <<

[4] Francisco Franco ,Palabras del Caudillo ,Madrid, Vicesecretaría de Educación Popular, 1943, p. 257. <<

[5] Jefatura Provincial de Sanidad de Huelva. Archivo General de la Administración. Justicia. Dirección General de Prisiones, leg. 41/11934. <<

[6] Carme Molinero, M. Sala y J. Sobrequés (eds .),Una inmensa prisión. Los campos de concentración y las prisiones durante la guerra civil y el franquismo ,Barcelona, Crítica, 2003. <<

[7] Gutmaro Gómez Bravo ,Crimen y castigo. Cárceles, delito y violencia en la España del siglo XIX, Madrid, La Catarata, 2005. <<

[8] Decreto 327 de 22 de julio de 1937. <<

[9] En José Andrés Gallego y Antón Pazos (eds .),Archivo Gomá. Documentos de la guerra civil ,vol. 10 (abril-junio 1938), p. 450, Madrid, CSIC, 2007. Doc-9-293. <<

[10] Burgos, 24 de julio de 1936. La Junta pasaba a «asumir todos los poderes del Estado». Decreto 79 ,Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional ,n.º 15, Burgos, 4 de septiembre de 1936. <<

[11] Decreto 85, de 22 de noviembre de 1936. <<

[12] Para una síntesis reciente véase José María Gastón y Fernando Mendiola (coords .),Los trabajos forzados en la dictadura franquista ,Instituto Gerónimo de Uztáriz, 2007. <<

[13] Amancio Tomé Ruiz ,Un testimonio que dice la verdad y unas lecciones que pueden ser aprovechadas para los funcionarios de prisiones ,Madrid, CIM, 1963, p. 15. <<

[14] AGA 41/11961. <<

[15] Ministerio de Exteriores a Dirección General de Prisiones. 10 de agosto de 1943. AGA 41/11955. <<

[16] AGA 41/11329. <<

[17] AGA 41/11354. <<

[18] AGA 41/11952. <<

[19] AGA 41/11945. <<

[20] Amancio Tomé ,Pequeña historia de su vida profesional ,Madrid, Artes Gráficas Cio, 1960, p. 148. <<

[21] AGA 41/11333. <<

[22] Public Record Office, Foreign Office 371/24160, pp. 156-160. Report, 6-6-1939. <<

[23] «Prisoners allowed to have bedding and to receive food three times daily, though were never allowed to see visitors. Many prisoners had been there over 70 days and some up to 120: all of them pending interrogation or trial. No direct sunlight or opportunity for exercise. No routine, only rations were about 11b bread daily. Guarded by a detachment of about 10 guardias de asalto under one sergeant, who was in sole control of this prison and changes daily». FO 371/24160. <<

[24] AGA leg. 41/11953. <<

[25] AGA leg. 41/11955. <<

[26] AGA leg. 41/11937. <<

[27] Memorias y Boletín de la Dirección General de Prisiones de enero de 1940, julio de 1943 y diciembre de 1945 .Breve resumen de la obra del Ministerio de Justicia para la pacificación espiritual de España ,Madrid, Ministerio de Justicia, 1946. <<

[28] Orden de 9 de junio de 1940 ,concediendo a los condenados en Jurisdicción Castrense a penas inferiores a 12 años y un día. Indulto total delitos de rebelión militar contra la seguridad del Estado y el orden público cometidos hasta el 1-4-1939. Decreto de 9 de octubre de 1945. <<

[29]Instrucciones Asesoría Jurídica del Cuartel del Generalísimo de 12 de abril de 1939 sobre clasificación de prisioneros. Archivo Presidencia del Gobierno. Junta Técnica del Estado, leg. 13, n.º 2.<<

[30] El coronel inspector Luis de M. Pinillos. El director general de servicios Fernando Moreno .Normas para clasificación dadas por la Inspección Central de Campos de Concentración de 15 de enero de 1940 ,APG. JTE, leg. 13 n.º 2. <<

[31] AGA Justicia 41/11931. <<

[32] APG, Junta Técnica del Estado, leg. 20, n.º 22. <<

[33] «Casi todos los intelectuales mueren arrepentidos y sólo los más incultos son los más obcecados, salvo los andaluces, los cuales a pesar de su incultura, mueren arrepentidos una gran mayoría. Por regiones los reos más obstinados son los naturales de Murcia, Valencia, Asturias y Barcelona y por partidos políticos el orden de arrepentimiento era el siguiente: nacionalistas vascos, republicanos, anarquistas, comunistas y socialistas (de la vieja escuela de Pablo Iglesias )»,Breve resumen de la obra del Ministerio de Justicia por la pacificación espiritual de España ,Madrid, Ministerio de Justicia, 1946, pp. 28-29. <<

[34] Public Record Office, Foreign Office 927/15. Report 28-2-1938. <<

[35] PRO, FO 371/24160, pp. 156-160. Report, 6-6-1939. <<

[36] Ver el imprescindible trabajo de Antonio López Rodríguez ,Cruz, bandera y Caudillo. El campo de concentración de Castuera ,Badajoz, CEDER, La Serena, 2006. <<

[37] AGA 41/11951. <<

[38] AGA 41/14306. <<

[39] AGA Gobernación, Caja 14 017. <<

[40] AGA 41/11955. <<

[41] Paul Preston, «Las víctimas del franquismo y los historiadores», en E. Silva, P. Salvador, P. A. Esteban y J. Castán (eds .),La memoria de los olvidados: un debate sobre el silencio de la represión franquista ,Valladolid, Ámbito, 2004, pp. 13-24. <<

[42] AGA 41/11933. <<

[43] AGA 41/14306. <<

[44] La cifra es de Julián Casanova en J. Casanova, F. Espinosa, C. Mir y F. Moreno ,Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco ,Barcelona, Crítica, 2002. Para un debate sobre las cifras, Joan Villarroya, Josep Maria Solé i Sabaté, «La Nueva España: eliminación de los vencidos», en Manuel Tuñón de Lara (coord .),La guerra civil española ,vol. 24, 1997, pp. 52-65. Julián Chaves Palacios, «Franquismo: prisiones y prisioneros »,Pasado y Memoria 4, 2005, pp. 27-42. Manuel Ortiz Heras (coord .),La guerra civil en Castilla-La Mancha. 70 años después ,Albacete, UCLM, 2007, y la síntesis de Francisco Moreno en su capítulo de Víctimas de la guerra civil, «La represión en la posguerra», coordinado por Santos Juliá, Madrid, Temas de Hoy, 1999, pp.277-406. <<

[45] Gumersindo de Estella ,Tres años de asistencia espiritual a los reos ,Zaragoza, Mira Editores, 2003, p. 121. <<

[46] Pedro Oliver ,La pena de muerte en la España contemporánea ,Madrid, Síntesis, 2008. <<

[47] AGA 41/11306. <<

[48] Amancio Tomé ,Un testimonio que dice la verdad ,op. cit., p. 15. El párrafo continúa: «En no pocas veces, los consejos, las reflexiones y hasta las lágrimas de algún funcionario que procuraba ocultarlas tapándose la cara, fueron la causa de que no pocos reclusos pudieran morir arrepentidos». <<

[49] AGA 41/11933. <<

[50] El guardia fue detenido y acusado de «imprudencia reglamentaria». AGA, leg. 41/11937. <<

[51] AGA 41/11940. <<

[52] AGA, leg. 41/11955. <<

[53] APG, Ministerio del Ejército, Asesoría y Justicia, 2/1/1941. JTE, leg. 15, n.º 1. <<

[54] Fernando Hernández Holgado, «Las trece rosas, agosto de 1939: un diálogo entre el documento y la fuente oral». http://www.cefid. uab. es/files/comunicIII-3.pdf. <<

[55] AGA 41/11953. <<

[56] AGA 41/11931. <<

[57]Documentos inéditos para la Historia del Generalísimo Franco ,Madrid, Fundación Nacional Francisco Franco, 1983. Tomo II-1, pp. 176-177.

[58] AGA 36/13980 .Informes del Ministerio del Ejército. También se aprueba. 1) «que los beneficios del examen de penas serán aplicables a los hechos que guarden relación con la rebelión marxista aunque los tribunales al calificarlos los hayan considerado delitos de negligencia. 2) La conmutación de la pena capital no será extensiva a las accesorias». <<

[59] Circular de Presidencia de Gobierno de 26 de enero de 1940. <<

[60] Auditoría de Guerra de Bilbao. Mandamiento 3883 de 19 de julio de 1940. AGA 36/14016. <<

[61] AGA 36/13980. <<

[62] Orden de 16 de diciembre de 1940. <<

[63] AGA, leg. 36/13980. <<

[64] Sesiones del Patronato de Redención de Penas de 1 de septiembre de 1944 y 31 de agosto de 1945 respectivamente. AGA, leg. 36/13980. <<

[65] Mercedes Montero, La Asociación Católica Nacional de Propagandistas a través de su Boletín (1936-1945 ),tesis doctoral, Universidad de Navarra, 1991. Pedro González Cuevas, Acción Española. Teología, política y nacionalismo autoritario en España (1918-1936 ),Madrid, Tecnos, 1998.<<

[66] Javier Tusell, Historia de la Democracia Cristiana en España ,Madrid, Sarpe, 1986, vol. I, p. 52. José Sánchez Jiménez, El cardenal Herrera Oria. Pensamiento y acción social ,Madrid, Ediciones Encuentro, 1986. Francisco Rodríguez del Coro, Colonización política del catolicismo. La experiencia española de post-guerra (1941-1945 ),San Sebastián, Caja de Ahorros de Guipúzcoa, 1979, p. 484. <<

[67] Padre Cantero, La hora católica en España ,Madrid, Ruta, 1942, pp. 82-84. <<

[68] «Las masas extraviadas necesitan una rigurosa asepsia de doctrinas corruptoras y la disciplina del orden; que les haga partícipes de los beneficios de una justicia social; que se les reconquiste con efusiones de amor, de amor a los ministros de Cristo», Enrique Pla y Deniel, El triunfo de la ciudad de Dios y la resurrección de España ,Bilbao, El mensajero del Corazón de Jesús, 1939. <<

[69] José Ramón Montero, «El Boletín de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas», en Manuel Ramírez Jiménez, Las fuentes ideológicas de un régimen. 1939-1945 ,Zaragoza, Libros Pórtico, 1978, pp. 91-92. <<

[70] Decreto de 7 de octubre de 1938 que complementa el 263 sobre Redención de Penas por el Trabajo. <<

[71] Fernando Urbina, «Formas de vida de la Iglesia», Ecclesia ,10 de mayo de 1941, p. 24. <<

[72] Esteban Bilbao y Eguía, «Toma de Posesión de la Presidencia del Consejo de Estado por el Excmo. Sr. Teniente General Don Francisco Gómez Jordana», 10 de julio de 1940, discurso taquigrafiado no numerado. <<

[73] Máximo Cuervo mantuvo siempre su afición por las grandes empresas. En la década de 1960, ya en su retiro, creó una de las primeras promotoras inmobiliarias en Aguadulce (Almería). Para una visión más positiva ver Manuel Francisco Gutiérrez Navas, Biografía de Máximo Cuervo Radigales. Aproximación a una vida jurídico militar y católica social ,tesis doctoral, Madrid, Uned, 2004. <<

[74] Máximo Cuervo Radigales, Fundamentos del Nuevo Sistema Penitenciario Español ,Universidad Central, conferencia pronunciada el 28 de octubre de 1940. <<

[75] «El imperio universal de Cristo nos muestra que, en los seres privados de libertad, el orden se realiza y mantiene por leyes necesarias. Para el mantenimiento del orden moral en la vida social se nos presentan como absolutamente necesarios el premio y el castigo, y cuando el ser libre infringe el orden social, la pena impuesta al culpable es una compensación al desorden »,ibídem, p. 3. <<

[76] Eduardo Aunós, «La evolución de la penalidad», Revista de Estudios Penitenciarios ,n.º 1 (abril 1945), pp. 7-11. <<

[77] Ángel Sanz, De re penitenciaria ,Talleres Penitenciarios de Alcalá de Henares, 1945. <<

[78] Francisco Aylagas, El régimen penitenciario español ,Madrid, Talleres Penitenciarios de Alcalá de Henares, 1951, p. 17. <<

[79] José Agustín Pérez del Pulgar, La solución que España da al problema de los presos políticos ,Valladolid, Librería Santarén, 1939, p. 13. <<

[80] José Agustín Pérez del Pulgar, «El concepto cristiano de autarquía», en Anales de mecánica y electricidad de los ingenieros del ICAI ,Madrid, 1941. <<

[81] Jornal pagado a los obreros libres en las obras de la prisión de partido de Almadén, AGA 36/14016, 7 de enero de 1940. <<

[82] Reverendo Martín Torrent, «La religión en las prisiones», Revista de Estudios Penitenciarios ,n.º 3 (1946), pp. 23-34. <<

[83] Fray León Villuendas Polo, Conferencias ,Teruel, Hijo de Bernardo Villanueva, 1945, p. 6. <<

[84] Asesoría Jurídica. Presidencia del Gobierno. 1 de julio de 1939. AGA leg. 36/14016. <<

[85] En Teoría y Hechos. Revista de Economía y Ética ,n.º 14 (1945), p. 80. <<

[86] XIX Congreso Mundial de Pax Romana. Actas y Conclusiones ,Madrid, Gráficas Reunidas, 1946, pp. 61-62.<<

[87]La Justicia de Franco. La Redención de Penas por el Trabajo ,México, Editora Reconstrucción, agosto de 1940, p. 25.<<

[88] Eduardo Regatillo, El privilegio del fuero de los clérigos en el Concordato español: lección inaugural del curso académico 1955-1956 ,Comillas, Universidad Pontificia, 1955. <<

[89] The Times ,5 de octubre de 1945.<<

[90] Evening Standard ,8 de octubre de 1945.<<

[91] Revista de Estudios Penitenciarios ,n.º 11 (abril 1946), p. 100.<<

[92] Pueblo Español ,17 de julio de 1947.<<

[93] U. N. Security Council, Official Records, Report of the Sub-Committee on the Spanish Question, Nueva York, 1946, citado en Raanan Rein, La salvación de una dictadura. Alianza Franco-Perón, 1946-1955, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1995, pp. 20-21. <<

[94] Archivo Fundación Pablo Iglesias, AADR 265/01 de 12 de noviembre de 1948. <<

[95] «Antes de hablar vengan a España. Y no se tapen los ojos ante esos blancos cuadros que cada mañana yerguen a pleno sol, en los alegres patios de nuestras penitenciarías, los torsos sanos, firmes, disciplinados y airosos, mientras en grupos clasificados por especialistas, a las órdenes de mando de profesores diplomados de gimnasia, realizan sus ejercicios rítmicos», Cárceles españolas, Oficina Informativa Española, Madrid, 1948, p. 16. <<

[96] Clemente Sánchez, En las cárceles de Franco ,Madrid, Oberón, p. 128. <<

[97]Ibídem, p. 129. <<

[98] Consuelo García, Las cárceles de Soledad Real. Una vida ,Madrid, Alfaguara, 1982, pp. 161-175. <<

[99] Eutimio Martín, «El libro blanco de Rousset», La aventura de la Historia ,n.º 111 (2007), pp. 26-35. <<

[100] Livre blanc sur le système pénitentiaire espagnol ,París, Le Pavois, 1953.<<

[101] Archivo Fundación Pablo Iglesias. Fondo Amaro del Rosal AARD 265/01. <<

[102] Dirección General de Prisiones. Circular de 10 de octubre de 1939.<<

[103] Memoria de la cárcel modelo de Valencia ,1942, p. 43.<<

[104] Bases del concurso-oposición para gerente del Boletín Oficial de la Dirección General de Prisiones, de 15 de agosto de 1945. AGA 36/13980. <<

[105] VV. AA., El trabajo en las prisiones ,Madrid, Ministerio de Justicia, 1952, p. 121. <<

[106] Para una síntesis bibliográfica de los trabajos forzados, Isaías Lafuente, Esclavos por la patria ,Madrid, Temas de Hoy, 2002. <<

[107] Directivas circunstanciales de normas y preceptos reglamentarios adaptados a las exigencias de la actual campaña, relativos a los mandos de batallón, que han de servir como orientación en los cursos correspondientes ,Burgos, Jefatura de Movilización, Recuperación e Instrucción, 1939.<<

[108] Memoria Oficial sobre las prisiones de la Nueva España ,Talleres Penitenciarios de Alcalá de Henares, 1940, p. 14.<<

[109] Muniain empezó su ascenso como secretario del cardenal Herrera Oria, cargo que compatibilizó con el de miembro del consejo de administración de La Editorial Católica y presidente de su Junta de Gobierno. Importante accionista de El Correo ,fue director de la BAC (Biblioteca de Autores Cristianos), donde publicó su Antología de Menéndez Pelayo en 1956 y poco más tarde la Antología de textos de Herrera Oria .En 1946 fue director de la revista Arbo ,del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Como consultor pontificio fue encargado de presentar la encíclica Humanae Vita en España, lo que hizo por televisión argumentando en contra de la píldora anticonceptiva a razón de «los tronos que quedarían vacíos en el cielo» si las mujeres la utilizaban. También fue presidente del Consejo Académico de la Escuela de Periodismo de la Iglesia y director general de Enseñanzas Medias con Ruiz-Giménez. A. Sáez Alba, La Asociación Católica de Propagandista ,París, Ruedo Ibérico, p. 319. Véase además Jesús Ynfante, La prodigiosa aventura del Opus Dei ,París, Ruedo Ibérico, 1970. <<

[110] José María Sánchez de Muniain, prólogo a Musa redimida. Poesía de los presos de la Nueva España ,Talleres Penitenciarios de Alcalá de Henares, 1940. <<

[111] José María Sánchez de Muniain, «Concepto y teoría de la propaganda», Arbor ,n.º 17 (septiembre-octubre 1946), pp. 205-246. <<

[112] Roland Barthes, Sade, Fourier, Loyola ,Madrid, Cátedra, 1997. <<

[113] Jefatura Servicio Nacional de Prisiones. Orden de 23 de enero de 1939. AGA leg. 36/14016. <<

[114] Redención ,n.º 5, (29 de abril de 1939), p. 5.<<

[115] Dirección General de Prisiones, Circular de 5 de enero de 1941. <<

[116] Orden de 23/11/1940 y Circular de 5/1/1941. <<

[117] Vicente Sánchez Biosca (dir.), «Materiales para una iconografía de Francisco Franco», Archivos de la Filmoteca, 42-43 (2002-2003). <<

[118] «Edición autorizada por la Editorial Escuela Española, Hijos de Ezequiel Solana, para la venta exclusiva en establecimientos penitenciarios», Obra Patronato Redención Penas por el Trabajo. Memoria Año 1942 ,Talleres Penitenciarios de Alcalá de Henares, 1943, p. 15. <<

[119] José Agustín Pérez del Pulgar, La solución que España da al problema de los presos políticos ,Valladolid, Librería Santarén, 1939, p. 48. <<

[120] El destino de lector común suponía la redención de cuatro horas diarias. <<

[121] Francisco Aylagas, El régimen penitenciario español ,Talleres Penitenciarios de Alcalá de Henares, 1951, pp. 132-135. <<

[122] A partir del 6 de agosto de 1945 se aprueba que la acción benéfica con los familiares pase al Patronato Nacional de Presos y Penados. AGA, leg. 36/13980. <<

[123] Albert Mechthild, Vanguardistas de camisa azul ,Madrid, Visor, 2003. <<

[124] La Comisión Permanente del Patronato de 1943 estaba formada por un auditor general del ejército, Ramiro Fernández de la Mora, un vocal eclesiástico, el padre Martín Torrent; dos vocales femeninos, Pilar Primo de Rivera y María Luisa Blanco; un inspector de prisiones, Anastasio Martín, un ingeniero del Ministerio de Trabajo, Justino Bernard; un representante del Ministerio de Educación, José García Cernuda; y otro de la Dirección General de Seguridad, Federico López de Sagredo. AGA leg. 36/14016. <<

[125] La Justicia de Franco. La Redención de Penas por el Trabajo ,México, Editora Reconstrucción, agosto de 1940, p. 25.<<

[126] José Antonio Torreblanca, «La libertad vigilada y sus circunstancias», Revista de Estudios Penitenciarios ,n.º 1 (abril 1945), pp. 49-52. <<

[127] Diputación Provincial de Madrid. Libro de Órdenes del Día. Sesión de 12 de enero de 1940. <<

[128] El concepto de negative integration en Hans Wehler, The German Empire (1871-1918 ),Dover, Berg, 1985. El uso de la anti-Francia en la legislación antiterrorista y de extranjería del régimen de Vichy en Corinne Jaladieu, La prison politique sous Vichy. L’exemple des centrales d’Eysses et de Rennes ,París, L’Harmattan, 2007. <<

[129] Nikolaus Wachsmann, Hitler’s prisons. Legal Terror in Nazy Germany, Yale University Press, 2004, p. 59. <<

[130] Bryand D. Bunk, Ghosts of passion. Martyrdom, Gender and the Origins of the Spanish Civil War ,Duke University Press, 2007. <<

[131] Misael Bañuelos, Cuestiones de mi tiempo y de mi patria, vol. I., Valladolid, Librería Santarén, 1936, p. 69. <<

[132] Antonio Vallejo-Nágera, Eugenesia de la Hispanidad y regeneración de la raza ,San Sebastián, Editorial Española, 1938, p. 108. <<

[133] Antonio Vallejo-Nágera, «Biopsiquismo del fanatismo marxista», Revista Española de Medicina y Cirugía de Guerra ,1938, I, vol. 3, pp. 189-190. <<

[134] Carlos García Valdés, La ideología correccional de la reforma penitenciaria española del siglo XIX ,Madrid, Edisofer, 2006, Iñaki Rivera (coord.), Política criminal y sistema penal ,Barcelona, Anthropos, 2005. <<

[135] Nicolás Sartorius y Javier Alfaya, La memoria insumisa ,Madrid, Temas de Hoy, 1999, p. 351. <<

[136] Francisco Franco, Palabras del Caudillo ,Madrid, Editora Nacional, 1943, pp. 251-252. <<

[137] Fidel García Martínez, Instrucción pastoral. Sobre algunos errores modernos ,Logroño, Diocesana, 1942, p. 43. <<

[138] Boletín ACN de P, 307, 1 de abril de 1943, p. 6. <<

[139] Boletín ACN de P, 308, 15 de abril de 1943, p. 5. Fue fundador de las Hermandades de San Cosme y San Damián, catedrático de Patología General, miembro del Patronato de Protección a la Mujer, de la Real Academia de Medicina, del Instituto España y del CSIC. <<

[140] Boletín ACN de P, 309, 1 de mayo de 1945, p. 6. <<

[141] Jerónimo de Toca, «In Memoriam. Don José de las Heras». Revista de Estudios Penitenciarios ,n.º 11 (enero 1946), pp. 85-90. <<

[142]Ibídem, p. 87. <<

[143] Manuel de la Plaza Navarro, Memoria elevada al Gobierno nacional ante la solemne apertura de los tribunales de 16 de septiembre de 1946. <<

[144] En Amancio Tomé Ruiz, Un testimonio que dice la verdad y otras lecciones que pueden ser aprovechables para los funcionarios de prisiones ,Madrid, CIM, 1963, p. 141. <<

[145] Miguel Ángel del Arco Blanco, Hambre de siglos. Mundo rural y apoyos sociales del franquismo en Andalucía Oriental (1936-1951 ),Granada, Comares, 2007. Luciano Casali, Sobreviure. La dictadura franquista l’any 1943 ,Barcelona, Fundació Carles Pi i Sunyer, 2007. Óscar Rodríguez Barreira, Migas con miedo. Prácticas de resistencia del primer franquismo. Almería 1939-1953 ,Universidad de Almería, 2008. <<

[146] Memoria de la Dirección General de Sanidad correspondiente al año de 1943 ,Madrid, Ministerio de la Gobernación, 1944, pp. 10-19.<<

[147]Ibídem, p. 70. <<

[148] AGA 41/11942. <<

[149] AGA Justicia 41/12039. <<

[150] AGA 41/11937. <<

[151] Memoria Oficial del Patronato de Redención de Penas por el Trabajo de 1944. <<

[152] AGA 41/11937. <<

[153] El 17 de junio de 1937, Manuel Carlos Muñoz compró una casa en El Puerto de Santa María por valor de 28 500 pesetas y al día siguiente su esposa, doña Ramona López, compró otro inmueble en la misma localidad por valor de 23 900 pesetas. El 21 de enero había comprado un automóvil de importación. AGA 41/11990. <<

[154] Libro de cuentas de la prisión provincial de Málaga, 8 de agosto de 1938. AGA 41/11935. <<

[155] Situado a tres kilómetros del pueblo, formado por 65 barracones de madera, con dos guardias en el interior y ocho en el exterior. AGA 41/11932. <<

[156] AGA 41/11932. <<

[157] AGA 41/11332. No fue ampliada a las 1,70 pesetas hasta el 25 de febrero de 1941. <<

[158] AGA 41/11933. <<

[159] AGA 41/11933. <<

[160] AGA 41/11990. Pedro Martínez, Regimiento Artillería de Costa de Cartagena, detenido por deserción en la cárcel de Málaga. <<

[161] AGA 43/50405. La asignación oficial en este momento para reclusos trabajadores era de 5,70 pesetas diarias por el Patronato de Redención de Penas por el Trabajo y 3,75 pesetas por la Dirección General de Prisiones. Con ello se debía confeccionar un rancho diario de 2565 calorías. <<

[162] AGA 41/11934. <<

[163] AGA 41/11934. <<

[164] Gaceta de Madrid de 5 de agosto de 1933 y Boletín Oficial del Estado de 17 de julio de 1954. Para la evolución, vigencia y modificaciones de la Ley de Vagos: José Luis Terradillos, Peligrosidad social y Estado de Derecho ,Madrid, Akal, 1981, pp. 53-61. Cris Ealham, «In search of the Spanish Republic», The Historical Journal, 33 (1995), pp. 215-220. Arturo Arnalte, Redada de violetas. La represión de los homosexuales durante el franquismo ,Madrid, La Esfera de los Libros, 2003.<<

[165] AGA 41/11332. <<

[166] AGA 41/11935. <<

[167] Esteban Bilbao y Eguía, Discursos ,Madrid, Editora Nacional, 1970, pp. 27-48. <<

[168] AGA 41/14638. <<

[169] AGA leg. 41/11936. <<

[170] Como muchos otros, al finalizar la contienda había sido recompensado con un cargo por su valor en el campo de batalla. Fue voluntario en Somosierra desde el 21 de julio de 1936. Por tomar parte en los combates del Ebro, Segre, Teruel, Cataluña y Peñarroya, obtuvo la medalla militar colectiva, dos cruces rojas al mérito militar y medalla de campaña. <<

[171] AGA 41/11937. <<

[172] AGA. 41/11937. «No obstante su calidad de hombre casado y con hijos se le veía constantemente por calles, cafés y bares acompañado de meretrices, cuya conducta le habían desprestigiado por completo en la capital». Según su expediente, al poco ingresó en prisión por desfalco. <<

[173] 28/11/1942. AGA leg. 41/11937. <<

[174] AGA 41/11988. <<

[175] AGA 41/11931. <<

[176] AGA leg. 41/17335. <<

[177] AGA 41/11955. <<

[178] Más tarde se prohibía «toda clase de malos tratos, con excepción de la fuerza estrictamente necesaria para hacer entrar en el orden a los que se muestren rebeldes». Reglamento Penitenciario de 1948. Art. 170. <<

[179] AGA 41/11934. <<

[180] AGA 41/11333. El castigo por sacar correspondencia clandestina se dejaba al arbitrio de la Junta de Disciplina del centro. También estaba previsto que fueran a prisiones de castigo los que mintieran en los datos personales y en las fichas de trabajo. <<

[181] AGA 44/11961. <<

[182] AGA 41/11950. <<

[183] AGA 41/11936. <<

[184] AGA 41/11950. <<

[185] AGA 41/11937. <<

[186] AGA 41/11950. <<

[187] AGA 41/11970. <<

[188] AGA 41/11990. <<

[189] AGA 41/11990. Joaquín Cortés Utrera se ahorcó con su cinturón en la prisión de partido de Antequera, antes de ser trasladado a la de Málaga el 3 de octubre de 1945. Según la autopsia forense, padecía reblandecimiento cerebral que justificaba su estado de anormalidad. <<

[190] AGA 41/11936. <<

[191] Gonzalo Amoedo y Roberto Gil, Episodios de terror durante a Guerra Civil na provincia de Pontevedra: a illa de San Simón ,Vigo, Ediciones Xerais, 2007. Iñaki Alforja y Félix Sierra, Fuerte San Cristóbal 1938. La gran fuga de las cárceles franquistas ,Pamplona, Pamiela, 2006. <<

[192] AGA 41/11960. <<

[193] AGA 41/11943. Según los expedientes penales habían estado redimiendo pena en el Hospital Militar de Carabanchel Bajo y en Valdemoro. <<

[194] «La estancia de los penados está desprovista de toda garantía de seguridad; no existe más que uno o dos funcionarios para la vigilancia durante el tiempo que están en la población; permanecen para dormir en varios locales del pueblo y no es posible vigilarlos con eficacia y en los tajos y en los trayectos no son vigilados porque no existen fuerzas de custodia». AGA 41/11931. <<

[195] AGA 41/11931. <<

[196] AGA 41/11934. <<

[197] AGA 44/11933. <<

[198] AGA 41/11492. <<

[199] Orden de 6 de agosto de 1938. Dirección General de Prisiones. <<

[200] Libro de órdenes de la prisión provincial de Huesca. Orden de 27 de julio de 1940. AGA 41/11995. <<

[201] Principios que deben informar una orientación patriótica y religiosa destinada a la población penal, 15 de agosto de 1940. AGA 36/13980.<<

[202] AGA 41/11953. <<

[203] Franciso Agramunt, Arte y represión en la guerra civil española. Artistas en checas, cárceles y campos de concentración ,Valencia y Valladolid, Generalitat Valenciana y Consejería de Cultura de Castilla y León, 2005. <<

[204] Poco más adelante la Dirección de Prisiones emitiría una orden según la cual «los corresponsales de Redención sólo redimirán pena si el promedio de la suscripción corresponde como mínimo al 15% de la población reclusa». Circular de 18/9/1941. <<

[205] Archivo General de la Guerra Civil Española, Salamanca, PS-Madrid, 2451/45. <<

[206] Sebastian Balfour, The End of the Spanish Empire 1898-1923 ,Oxford University Press, 2005, pp. 178-183. <<

[207] 2 de marzo de 1943. AGA 41/11954. <<

[208] Andrés Saborit, El pensamiento político de Julián Besteiro ,Barcelona, Arce, 1974, pp. 360-363. <<

[209] Juan Guerrero Zamora, Proceso a Miguel Hernández. El sumario 21 001 ,Madrid, 1990. Miguel Gutiérrez Carbonell, Proceso y expediente contra Miguel Hernández: ensayo jurídico sobre el Derecho Represor Franquista. 1936-1945 ,Alicante, Compás-Asociación de Estudios de Miguel Hernández, 1992. <<

[210] AGA 41/11987. <<

[211] AGA 41/11952. Según Dolores Cebrián, la mujer de Besteiro, cuando su estado de salud empeoró notablemente en septiembre, el médico se opuso a que entraran otros doctores de Carmona para reconocer a un Besteiro prácticamente ya moribundo. Su testimonio no deja lugar a dudas de que nadie quería impedir su muerte. Notas de Dolores Cebrián en Julián Besteiro. Cartas desde la prisión. 110 cartas a su esposa Dolores Cebrián ,Madrid, Biblioteca Nueva y Escuela Julián Besteiro, 2004, pp. 260-287. <<

[212] AGA 41/11952. <<

[213] AGA 41/11940. El alcalde de Carmona no quedaría absuelto definitivamente del delito de masonería hasta noviembre de 1947. AGGCE, Salamanca, sumario 226-246. Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, exp. 17651. Logia Isis y Osiris. <<

[214] DGP. Circular de 26/3/1940. <<

[215] FPI AARD 265/01 3/12/1945. <<

[216] AGA 41/11950. <<

[217] AGA 41/11933. <<

[218]Ibídem. <<

[219] AGA 41/11938. <<

[220] AGA 41/11940. <<

[221] AGA 41/11955. <<

[222] AGA 41/11950. <<

[223] AGA 44/11938. <<

[224] AGA 41/11989. <<

[225] AGA 41/11971. El capellán de la prisión de Porlier en esa fecha era Rafael Hernández Marín. <<

[226] AGA 41/11960. <<

[227] AGA 41/11989. El director del presidio de hombres de Alcalá en ese momento era José Larruga Calvo, Medalla de Plata por sus servicios en la revolución de octubre de 1934. <<

[228] AGA 41/11966. <<

[229] AGA 41/148635. <<

[230] AGA 41/148635. <<

[231] AGA 41/11950. <<

[232] AGA 44/11953. <<

[233] AGA 36/14016. De éstos, 10 estaban condenados a menos de 12 años por un delito posterior a 1936, 5 a 30 por rebelión y 7 de ellos se hallaban a disposición del consejo de guerra. <<

[234] AGA 41/11989. <<

[235] Los presos aislados y trasladados fueron: Pedro García Ferreño, José Izquierdo Pascual, Toral y José Baena (Comité del Partido Comunista), Luis Lucia Lobato, Antonio Pérez, Fernando Macario, Enrique González (Comité Ejecutivo Juventudes Socialistas Unificadas), Crescencio López, Cecilio Rodríguez, Gregorio Gallego (Comité Ejecutivo CNT), José García Cabrerizo, Luis Fernández Barreiro, José Díaz Méndez (Comité Partido Socialista), Mariano Manso Molina (Izquierda Republicana). AGA 41/11989. <<

[236] Según el informe de la DGS, Félix Ramón Villa Moreno tenía veintisiete años, era soltero, y natural de Lanciego, Álava, donde era maestro nacional. Fue condenado a 12 años de prisión por deserción, no tenía antecedentes por haber pertenecido a algún partido político antes del Alzamiento, el cual le sorprendió en Logroño, aunque pronto se pasó a las filas rojas. En 1941 salió en libertad condicional, después de cumplir el tiempo de su servicio militar en un batallón de trabajadores. «Regresó a Logroño donde al poco tiempo comenzó a trabajar para organizar clandestinamente el Partido Comunista en dicha localidad, lo que consigue, asumiendo uno de los principales cargos de los tres que componían el comité de Logroño, que hacen enlaces con los de Huesca, Zaragoza y Madrid». Llevó la dirección política a partir de noviembre de 1944, hasta que en primero de junio de 1945 fue trasladado a Madrid por haber cambiado de residencia la empresa en la que trabajaba, y donde se le encomienda la misión de captar a los representantes de los partidos que componían el antiguo Frente Popular, «labor que lleva a cabo con gran diligencia, según la gran cantidad de propaganda que se le incauta». Madrid, 28 de enero de 1948. AGA 43/50405. <<

[237] Libro de acuerdos prisión de Lérida. Anulación de todos los beneficios de redención y suspensión de los destinos. AGA 41/11950. <<

[238] La estadística oficial ya reconocía que la población femenina en prisión era el 9,4 del total .Anuario Estadístico de España de 1943 ,INE, p. 1099. <<

[239] Archivo Histórico Provincial de Toledo, Caja 15024. <<

[240]Patronato de Protección a la Mujer. Junta Provincial de Soria. Memoria de su labor durante los años 1943 a 1947 ,Soria, Imprenta Casa de Observación, 1948, p. 12.<<

[241] Clara Smart, «La mujer en el discurso jurídico», en Elena Larrauri (comp .),Mujer, Derecho Penal y criminología ,Madrid, Siglo XXI, 1994, pp. 167-187. Mirta Núñez ,Mujeres caídas ,Madrid, Oberón, 2003. <<

[242] «De acuerdo con la opinión universal de todos los teólogos y juristas cristianos el ejercicio profesional de la prostitución pública no puede conceptuarse como facultad personal acaparada por la ley, sino como un hecho meramente tolerado, en evitación de males mayores para la autoridad pública, la cual procede en la forma que aconseja en cada tiempo y lugar la prudencia política». Informe del Patronato de Protección a la Mujer. AGA 41/1638. <<

[243] AGA 41/11955. <<

[244] AGA 41/11934. <<

[245] Juan Lorca Casanova, «La prostitución y la delincuencia en la mujer», en Revista de Estudios Penitenciarios n.º 37 (1947), p. 54. <<

[246] Antonio Vallejo-Nágera y E. M. Martínez, «Biopsiquismo del fanatismo marxista. Investigaciones psicológicas en marxistas femeninas delincuentes »,Revista Española de Medicina y Cirugía de Guerra, 1939, año II, n º 9, p. 399. <<

[247] Antonio Vallejo-Nágera ,Eugenesia de la Hispanidad y regeneración de la raza ,San Sebastián, Editorial Española, 1938, pp. 130-131. <<

[248] Antonio Vallejo-Nágera y E. M. Martínez, «Biopsiquismo del fanatismo marxista. Investigaciones psicológicas en marxistas femeninas delincuentes »,Revista Española de Medicina y Cirugía de Guerra ,1939, año II, n º 9, pp. 410-412. <<

[249] Dentro de las normales, casi la mitad eran retrasadas escolares y educativas (40). Dentro de estas normales-retrasadas (64) existe un crecido número de «difíciles» entendiendo por tales aquéllas que viven en un medio familiar nocivo (20 ).Patronato de Protección a la Mujer. Junta Provincial de Soria. Memoria de su labor durante los años 1943 a 1947 ,Soria, Imprenta Casa de Observación, 1948, pp. 24-25. <<

[250] 11 de marzo de 1942. AGA 41/11940. <<

[251] Madrid, Auditoría Permanente Ejército de Ocupación 10234. 20 de junio de 1940. AGA 41/11970. <<

[252] AGA 41/11934. <<

[253] AGA 41/14638. <<

[254] AGA 41/11990. <<

[255] Andrés Trillo Martín, «La formación de la funcionaria de Prisiones »,Revista de Estudios Penitenciarios n.º 11 (1946), pp. 44-60. El paralelismo con el ángel del hogar es evidente, véase Mary Nash ,Rojas ,Madrid, Taurus, 1996. Helen Graham, «Gender and the State: Women in the 1940s», en Helen Graham y Jo Labanyi (eds .),Spanish Cultural Studies ,Oxford University Press, 1995, pp. 182-195. <<

[256] AGA 41/11938. <<

[257] Se trataba de Teresa Gurí Virgili, Magdalena Gurí Virgili, Paula Pérez Vela y Juana Martín Fernández. AGA 41/11976. <<

[258] Para la trayectoria profesional de María Luisa Contesti, véase Fernando Hernández Holgado, «Carceleras encarceladas. La depuración franquista de las funcionarias de prisiones de la época republicana», en Cuadernos de Historia Contemporánea ,vol. 27, 2005, p. 283. <<

[259] AGA 41/11960. <<

[260] En 1943, 12 042 niños con padres en la cárcel estaban en instituciones del Patronato. Ricard Vinyes ,Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles de Franco ,Madrid, Temas de Hoy, 2002, p. 58. <<

[261] AGA 41/11980. <<

[262] 21 de julio de 1941. AGA 41/11934. <<

[263] AGA 41/11971. <<

[264] David Ginard i Féron ,Matilde Landa. De la ILE a las prisiones franquistas ,Barcelona, Flor del Viento, 2005. <<

[265] AGA 41/11953. <<

[266] AGA 41/ 11989. <<

[267] AGA 41/11986. <<

[268] AGA 41/11971. <<

[269] AGA 41/11989. <<

[270] José Andrés Rojo ,Vicente Rojo. Retrato de un general republicano ,Barcelona, Tusquets, 2006, p. 405. <<

[271] Dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuales en 18 de julio de 1936 ,BOE de 4 de mayo de 1940. <<

[272] La idea del estado peligroso es originaria de Rafael Garófalo, quien la formula por primera vez en su libro de 1880 Criterio positivo de la criminalidad. En Ignacio de Miguel, «El delincuente y la sanción». En «Estudios de Derecho Penal en homenaje al profesor Luis Jiménez de Asúa »,Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense n.º 11 (junio de 1986), pp. 99-115. <<

[273]Discurso de apertura de las Cortes Españolas ,17 de enero de 1943.<<

[274] Entre ellas Jucar, Jofre, Cintra, la de don José Ortega García, Santa María, Plaza, Gestorum, Triunfo, SA y Guzmán Pisón. Junto a las agencias fue detenida una red de particulares que también se dedicaban a agilizar estos trámites, entre ellos los conocidos como Ramón Vidal, Castillo, Recaredo, Luisito, Blanco, don Eutropio Rodríguez, don Nicolás Ruiz Bustos, Carmen Ballesteros y Silvestre García Miñato. AGA 41/11987. <<

[275] Consejo de Guerra Permanente de Madrid n.º 2, causa 105301. AGA 41/11937. <<

[276] 8 de noviembre de 1942. AGA 41/11955. <<

[277] Este concepto en James R. Rayan ,Picturing Empire. Photography and the visualization of the British Empire ,Londres, Reaktion Books, 1999. Julius Ruiz lo utiliza en otro sentido para explicar la «justicia al revés». Julius Ruiz ,Franco’s Justice repression in Madrid after the Spanish Civil War, Oxford University Press, 2005. <<

[278] Véase Julio Aróstegui y Jorge Marco (eds .),El último frente. La resistencia armada antifranquista. 1939-1952 ,Madrid, Los libros de la Catarata, 2008. <<

[279] AGA Justicia, leg. 43/50 406. <<

[280] Mr. Howard to Mr. Bevin, recibido el 20 de febrero de 1947. FO 498/2. <<

[281] FPI AARD 265/1. Carta de Luis Díaz a Amaro del Rosal, 12 de noviembre de 1945. A continuación le pide un préstamo personal de 3000 pesetas para operarse de una pierna tras una infección que se agravó en la cárcel y tuvo que serle amputada. <<

[282] Conxita Mir lo definió como «lealtades concertadas» en «El sino de los vencidos: la represión franquista en la Cataluña rural de posguerra», en J. Casanova (coord .),Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco ,Barcelona, Crítica, 2002, pp. 123-193. <<

[283] Archivo Histórico Provincial de Toledo, en adelante AHPT. Caja 423. Las Juntas quedan solapadas a la estructura de los tribunales regionales de Responsabilidades Políticas. El de Madrid afectaba además a Toledo, Ávila, Segovia y Guadalajara, reproduciendo la vieja Audiencia Territorial a excepción de Murcia. <<

[284] Decreto de 22 de mayo de 1943 creación Servicio Libertad Vigilada. El 15 de septiembre de 1943, se reunieron el juez municipal, el alcalde, Santiago Gómez Lozano, el comandante del puesto de la Guardia Civil, Pedro Orgaz, el inspector jefe de la policía, Juan de las Heras, el director de la prisión, Justo Herráiz, el jefe local de FET y de las JONS, José Bengoechea, y el jefe de la oficina de colocación, Alberto de la Cruz. <<

[285] Ley de 13 de marzo de 1943 y Orden de 31 de julio para su cumplimiento. Orden de 4 de abril de 1944 en la que se ordena pase la presidencia de la Junta Local del Servicio de Libertad Vigilada al Juzgado de Instrucción, cesando el del Municipal. BOE de 26 de marzo de 1944 aprobando normas para el servicio de libertad vigilada y colaboración de los organismos oficiales. Circular de 26 de julio de 1944 sobre el parte mensual de la conducta observada por los liberados. <<

[286] Se trataba de Joaquín Contreras y Antonio Garai, de la Junta provincial de Murcia; Pascual Arán, de la de Castellón; Antonio Roldán, de la de Almería; Gregorio Anta y García, de la de Vizcaya; Julián Pérez, de la de Cuenca; y Magdalena Freixenet, de la Junta de Lérida. AGA 36/14016. <<

[287] AHPT AC 423. <<

[288] AHPT Caja 423. 8 de enero de 1945. La Guardia Civil lo seguía considerando elemento peligroso. <<

[289] AHPT Caja 423. 9 de diciembre de 1948. El liberado tenía entonces catorce años. <<

[290] Archivo Regional Comunidad de Madrid, ref. 17867. <<

[291] Dirección General de Prisiones. Orden de 9 de noviembre de 1942. <<

[292] AHPT Caja 423. <<

[293] AHPT Caja 425. <<

[294] AHPT Caja 425. 12-15 de octubre de 1950. <<

[295] Ley de Bases creando el régimen obligatorio de subsidios familiares de 18 de agosto de 1938, BOE de 19 de agosto de 1938.<<

[296] Eduardo Aunós, «Conferencia en la Unión de Empleados de Escritorio de Sevilla pronunciada el 7 de marzo de 1927», Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria .Organización Corporativa Nacional ,Madrid, 1927, pp. 10-11. <<

[297] AHPT Caja 425. <<

[298] Juzgado de Paz de Mejorada del Campo (Madrid). Todavía antes de extinguirse, el 14 de junio de 1954, la Junta Provincial de Madrid denegó 21 libertades condicionales, 3 con condenas inferiores a 6 años, 7 de 12 años, 4 de 20 y el resto a 30 por rebelión. AHPT Caja 427. <<

[299] El valor de los bienes ascendía a 122 000 pesetas. AHPT Caja 427. <<

[300] Citó la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de abril de 1941 que consideraba que «la fuerza mayor se caracteriza por un suceso que no haya podido preverse o que aún previsto sea inevitable, y tal circunstancia concurre en la guerra». <<

[301] AHPT Caja 427. <<

[302] Un ejemplo de duplicidad de funciones de los tribunales. A este expediente se unían además la sentencia de otro tribunal regional de responsabilidades políticas de Alicante y el dictamen de la Jurisdicción Militar Exenta de Alicante, Murcia y Albacete. La Sección de Justicia de Alicante expidió el siguiente certificado para el de Madrid. «Certifico que en el procedimiento Sumarísimo de Urgencia número 26523 aparece la resolución definitiva que copiada literalmente dice así: “Las presentes actuaciones han sido elevadas en consulta de aprobación de la sentencia dictada por el Consejo de Guerra el 9 de marzo de 1942, condenando a Teodoro Gómez Serranillos como autor de un delito de auxilio a la rebelión con atenuantes, a la pena de tres años y un día de prisión menor, y accesorias de suspensión de todo cargo durante el tiempo de la condena, responsabilidad civil sin determinación de cuantía y siéndole de abono el total del tiempo de prisión preventiva sufrida por esta causa”. La relación de los hechos que la sentencia declara aprobados responde a un criterio racional en la apreciación de la prueba practicada siendo adecuado su calificación jurídica y junto al fallo pronunciado en uso de libre arbitrio reconocidos los consejos de guerra en los artículos 172 y 173 del CJM, sin que se observen omisiones ni defectos formados que pudieran viciar de nulidad las actuaciones por cuanto no hay nada que oponer a la sentencia que se examina. Vistos los artículos 28, 597 y 662 del CJM el auditor estima pertinente: aprobar la sentencia consultada y pasar los Autos al Juzgado de Ejecuciones de Murcia para notificaciones, cumplimiento, liquidaciones de condena, envío de testimonios al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas a los efectos de la Ley de 9 de febrero de 1939 y curso al Consejo Supremo de Justicia Militar de los particulares prevenidos en el número 12 del artículo 28 del tan repetido Cuerpo Legal. Si VE decreta de conformidad el fallo será firme y ejecutorio. VE no obstante resolverá. Alicante 10 de abril de 1942. El Auditor Vicente Navarro Flores». AGA 42/30493. <<

[303] Con anterioridad a la Ley de Responsabilidades Políticas estaba prevista la responsabilidad civil de los procesados por rebelión en el Decreto de 10 de enero de 1937. También se incorporó a la del 9 de febrero de 1939 la Ley de Prensa de 1938 «para prevenir de las ideas perniciosas a los intelectualmente débiles». <<

[304] Los muebles fueron tasados en 8000 pesetas, mientras que la Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas lo condenó a tres años de inhabilitación total y al pago de 5000 pesetas. Expediente 221 de 1940. Sentencia 310 de 22 de febrero de 1945. Centro de Investigación y Documentación Educativa. CIDE 92060. <<

[305] Como explicó Julián Paredes, secretario de Ejecutorias del Tribunal de Responsabilidades de Madrid en noviembre de 1941, la sentencia no daba lugar a equívocos. Aunque no llegara a esa cantidad, el Estado exigía la pérdida total de sus bienes. CIDE 92059. <<

[306] Sentencia 329 de 11 de abril de 1945. CIDE 92060. <<

[307] CIDE 93968. Orden Ministerial de 4 de febrero de 1940. <<

[308] Según los datos de la depuración de la Universidad Central, la mayor parte habría abrazado la causa nacional desde el principio, ya que el 65,65% de los catedráticos fueron readmitidos sin sanción. Luis Enrique Otero Carvajal (dir .),La destrucción de la ciencia en España. Depuración universitaria en el franquismo ,Madrid, UCM, 2006, p. 318. <<

[309] CIDE 20317, exp. 124. <<

[310] AGA 32/12990, leg. 393 n.º 27. <<

[311] FPI AADR 265/01. Carta de Juan Rodríguez a Amaro del Rosal, Sevilla, 23 de enero de 1948. Tánger-París. <<

[312] Miguel Ángel Jaramillo, «Documentación masónica para la represión de la masonería »,Symposium Internacional de Historia de la Masonería, Zaragoza, Gobierno de Aragón, Consejería de Educación y Cultura, 1994, vol. II, pp. 815-838. <<

[313] En el expediente llamado Alonso sólo consta esta palabra, pero no se sabe si se corresponde con el nombre propio o con uno de los apellidos del titular. En uno de los documentos hay una nota del Servicio de Documentos donde se hacen constar los nombres de otras personas que se apellidan Alonso pertenecientes a diferentes logias: Manuel Alonso Ayustante (Jaca, Huesca), Triángulo Lombroso Xauen; Manuel Alonso García Domínguez, Logias Atlántida n.º 448 y Oriente n.º 451 de Tetuán; Vicente Alonso, Gran Logia Regional del Centro Madrid; José Alonso Lorente, Logia El Progreso n.º 88 de Cartagena; Fernando Alonso de Medina, Logia Plus Ultra de Barcelona; Eugenio Alonso de la Riva, Logia Fénix n.º 381 de Barcelona; Enrique Alonso Allustante, Triángulo Lombroso de Xauen. Archivo General Guerra Civil Española, Salamanca, Delegación Nacional de Servicios Documentales de la Presidencia de Gobierno. TSE-Masonería B 1098-124. <<

[314] Auditoría de Guerra de la XII División. Juzgado Militar Eventual Ejecutorias. Cáceres. Secretaría X. Causa n.º 300/1941. AGA 75/970. <<

[315] AGGCE S Militar, carpeta 472. <<

[316] Sumario 726/42 Juzgado Especial Número 3. Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo. AGGCE S Militar, carpeta 472. El expediente a Antonio Morales Santander, abierto de septiembre de 1948 a julio de 1953, también se basó en que no había firmado el documento de retractación de sus ideales. AGGCE Masonería B-1099, 114. <<

[317] El 19 de septiembre de 1942 se propuso el sobreseimiento, que el Tribunal no aprobaría hasta el 16 de abril de 1943. Sumario 726/42 Juzgado Especial Número Tres. TRMC. AGGCE S Militar, carpeta 472. <<

[318] Consejo de Guerra Permanente de Madrid n.º 2, Causa 105301. AGA 41/11937. <<

[319] Propuesta de 10 de mayo de 1941 y conformidad de 25 de junio. AGA Educación 32/13004. Este expediente hacía el número 54 485 desde que se había creado la comisión. <<

[320] Los cargos presentados contra él de izquierdista no debían de pesar especialmente, puesto que ese mismo día fue readmitido otro maestro a pesar de estar acusado de pertenecer a Izquierda Republicana, de hacer propaganda izquierdista antes de las elecciones de 1936, de recoger firmas entre los niños de las escuelas a favor de los presos por los sucesos de Asturias de 1934, de arrancar las hojas de los libros en que se trataba y exponía la doctrina cristiana y, por último, de proferir frases injuriosas contra la fuerza pública. AGA 32/13004. <<

[321] AGGCE, carpeta 795, leg. 7344 folio 115 S Militar. <<

[322] AGGCE, carpeta 1124, sumario 38094-C S Militar. <<

[323] AGA 32/12990, leg. 393 n.º 26. <<