La gran ilusión

Mito y realidad del proceso indepe

GUILLEM MARTÍNEZ

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A Joan

Fill meu: well my daddy told me

there’ll be days like this

PRÓLOGO

No está claro que todo lo que se mueva exista

Se han vertido ríos de tinta sobre el Procés catalán. Un río nunca es el mismo río. Un río, por eso mismo, es difícil de describir. Y el Procés se presenta a sí mismo como un torrente, como un río rápido, en el que no paran de pasar cosas importantes, si no históricas. Por todo ello, para describir el Procés, he intentado convertirlo en un lago, una forma más estable de lo líquido. Me han salido, de hecho, dos lagos. Es decir, dos tipos de Procés, simultáneos, complementarios y, a la vez y en ocasiones, opuestos. Al punto que a veces no tienen nada que ver. Uno sería un Procés ciudadano, que nace ante la experiencia cósmica que supuso el trinchado, mondado y triturado del Estatut de Maragall (2006). Creo que se va reformulando posteriormente con la crisis financiera, económica y social (2008), la austeridad, el fin del Estado del bienestar y —se dice poco— el fin del Régimen del 78, formalizado con la supresión del pacto social de los setenta (2010), y con la reivindicación social de la democracia como solución (2011) a esta crisis democrática, social y económica internacional, y de régimen local. Hay otro lago, que se llamaría Procés gubernamental. No tiene nada que ver con el primero, si bien se alimenta de sus aguas. Empieza a formarse de forma más tardía, en 2012, cuando un gobierno asume defender la idea de un proceso de autodeterminación, que nunca fue suya. En cierta manera, sin ganas y a regañadientes y con la secreta esperanza de encauzarlo, de manera que culmine con un intercambio de cromos con el Estado. También es una respuesta a todo lo anterior. Pero desde otra instancia: la política. Sobre todo parece ser una respuesta política a la crisis de Régimen. De hecho, es un elemento correctivo de todo lo anterior. Incluso de los efectos en Catalunya de una crisis de Régimen. Es, por tanto y también, el intento, serio pero desesperado y desorganizado, de seguir existiendo por parte de una clase política que estaba habituada, como todo el mundo, a existir, hasta que su mundo se vino abajo. El Procés ha prolongado su vida. Es posible, incluso, que la haya renovado.

En tanto que gran fenómeno social —los grandes fenómenos sociales, como el Procés, no sólo tienen un significado—, y en tanto que construcción de una parte de la clase política española —sumamente deshonesta, y que, por lo mismo, no acostumbra a verbalizarse a sí misma en voz alta—, el Procés es, lo dicho, un lago difícil de describir. Tal vez, incluso, sea un pantano. La descripción resulta más difícil aún si pensamos que, el lago o el pantano, está formado, en su tramo político, por tácticas de propaganda, cálculos políticos, azar e improvisación.

Para redactar este libro he utilizado mi punto de vista escéptico, el método periodístico y entrevistas con algunos de los protagonistas de este segmento temporal, que parece que se prolongará en el tiempo. Creo, en todo caso, haber hecho una descripción útil, en tanto se aleja de las descripciones producidas en los medios. Los medios gubernamentales catalanes —hay pocos que no lo sean— lo describen como un fenómeno de ruptura, imparable, desafiante, histórico. Los medios gubernamentales españoles —no hay otros— lo definen como un atentado a la democracia y a grandes pactos que, de hecho, jamás fueron pactados. No creo que el Procés gubernamental sea una cosa u otra. Es más, en su tramo político, que no social, el Procés no es nada. Es decir, no ha existido jamás. Al menos hasta esta mañana a primera hora, momento en el que escribo estas notas.

Pequeña historia de un país que fue un volcán, un
mar interior, neolítico, íberos, griegos, romanos,
visigodos, musulmanes, condados, reino,
confederación, provincia, república, Francia, España,
federación, anarquía, dictadura, autonomía y,
finalmente, Procés, es decir, nada de lo anterior

Esta historia empieza con volcanes, pantanos, un mar interior y dinosaurios.

En lo que hoy es Catalunya, antaño hubo volcanes, pantanos, un mar interior, dinosaurios, elefantes y Jordi, el primate más antiguo de Europa. Tras el Neandertal, vino el Sapiens; tras el Paleolítico, el Neolítico y diversas culturas prehistóricas. Y los íberos, la primera cultura autóctona que, con el tiempo, e imitando a los pueblos comerciales que llegaron a la Península, crearon una escritura propia, aún hoy incomprensible. Los íberos son un pueblo prácticamente desconocido hasta el siglo XIX. Fueron descritos por los griegos, que colaron algunos mitos de su religión en algún negociado del mito de Hércules. Hércules es, sin duda, el personaje que más ha afectado al paisaje catalán, hasta el punto de moldear, con sus manos, los Pirineos. El pueblo griego fue, por cierto, el primer pueblo alfabetizado que, a ciencia cierta, puso sus pies en Catalunya y decidió establecerse. Y los primeros que llamaron a lo que vieron con un topónimo hoy conocido. En un primer lugar, Ophioússa, o tierra de serpientes. Posteriormente, cuando se les pasó el susto, Iberia. Por lo visto por la manía de los nativos de traer a colación la palabra «iber» en sus diálogos, que no se sabe lo que significa. Tal vez, aludía al río Ebro —es muy posible que sea su raíz etimológica—, pero es más probable que aludiera a la palabra «río». En Empúries, en la comarca del Alt Empordà, cerca de la actual frontera con Francia, está ubicada la colonia griega más occidental jamás fundada. O encontrada. Fue determinante en el territorio. Por ahí entró el olivo y la vid, la moneda y, lo dicho, las primeras descripciones de los nativos locales, unos primos a los que —según se desprende de los sedimentos arqueológicos— primero se les vendió productos cerámicos de primera calidad y, paulatinamente, saldos, como sucede siempre en las relaciones comerciales con pobres nativos.

Empúries fue el punto en el que se produjo, por cierto, el hecho sin duda más determinante, aún hoy, en la historia de esa Catalunya que aún no existe. En el siglo III a.C. Escipión —es decir, el general Escipión y chorrocientos soldados romanos— desembarca allí, en una operación militar que pretende poner en jaque la campaña de Aníbal en Italia. Hasta ese momento, Hispania —así llamaban los romanos a esa península que los griegos llamaban Iberia— había sido una pieza de la guerra fría entre Roma y Cartago, una especie de, en tiempos, Finlandia. El pacto inicial, roto por Aníbal en su viaje a Italia, era que los cartagineses no podían superar el Ebro en sentido norte, ni los romanos podían cruzarlo en sentido sur. Es decir, que la Península estaba dividida en dos zonas de influencia. Tras ese capítulo de las guerras púnicas, los cartagineses son expulsados, y la península Ibérica inicia su romanización definitiva. Que aún persiste en la lengua y en el derecho locales.

Los romanos llaman a la península Hispania, como ha quedado dicho. Se desconoce a ciencia cierta el origen de ese topónimo. Es muy posible que tenga origen fenicio. Es decir, cartaginés. Al fin y al cabo, hasta que Escipión mandó parar, el grueso de la Península estaba bajo la órbita cartaginesa. Si eso es así, el nombre tendría origen en la palabra cartaginesa para denominar «norte». O, todo lo contrario, para denominar «conejo». Es posible que sea eso último. En algún escrito latino también se nombra a Hispania como Cuniculosa. Eso es, Conejera. Es posible que los romanos quedaran fascinados por el conejo, como los griegos por las serpientes, para denominar este territorio. En defensa de esa teoría ha de decirse que, en efecto, Hispania estaba repleta de conejos —fueron una parte importante de la alimentación de las primeras legiones—. Recientemente, a través de modernos estudios de ADN, se ha comprobado que todos los conejos del mundo tienen un origen peninsular. El conejo es, en fin, el animal autóctono de la Península. En alguna moneda romana, emitida en ceca hispana, aparece en el reverso una deidad, que se supone representa a Hispania. A sus pies, hay un conejo. No viene a cuento, o sí, pero, en la actualidad, la zona que consume más conejos en la Península es Catalunya. Más de 10 millones de conejos al año. El conejo es, en fin, un alimento habitual para los catalanes, como atestigua su amplio recetario.

Los romanos urbanizaron la Península. Construyeron vías de comunicación, que posibilitaron, por cierto, que varios siglos después los musulmanes invadieran y ocuparan en tiempo récord el territorio peninsular. Dividieron la Hispania. En un primer momento, la futura Catalunya estuvo englobada en la Hispania Citerior. Posteriormente, en la Tarraconensis, de la que no se desplazaría jamás. La capital era Tarraco, la actual Tarragona, una ciudad imperial. Barcino, la actual capital de Catalunya —hoy la ciudad, junto con su hinterland, forma el núcleo urbano más grande de Europa que no es capital de Estado—, es un misterio. Nació en el siglo I, en una segunda oleada de creación de ciudades romanas. Era una colonia, el grado más cutre de urbanización romana —tras la urbe y la ciudad—, y fue poblada por veteranos itálicos, que habían luchado en el norte de la Península. En su momento de creación, era una pequeña ciudad, dotada de la muralla que se merecía: de madera, pequeña, enclenque. En breve, los romanos derrumbaron esa muralla y construyeron un conjunto de murallas y torres de defensa impresionante e incomprensible. ¿Para qué servía? ¿Qué protegía? ¿Qué había tan valioso en esta pequeña ciudad sin importancia? Actualmente, aún se desconoce todo ello. Pero esa muralla cambió la historia de Barcelona, una ciudad romana de segunda, o de tercera; una más. La dota de un sistema defensivo fabuloso. Y, con el tiempo, del prestigio de tener arquitectura romana militar de entidad, noble, atractiva de conquistar y con todo un glamour antiguo llamativo, que la haría sensible a ser la capital de alguna entidad política. Los romanos que construyeron la muralla de esa ciudad pequeña, demasiado cerca de Tarraco como para tener un mundo propio, no lo sabían, pero construyeron también la futura capitalidad de Barcelona, la capital de Catalunya, y una entidad, en ocasiones, tan o más fuerte que Catalunya y, en todo caso, determinante en sus vicisitudes históricas, su cosmovisión y su economía.

Precisamente por sus murallas, Barcelona fue la capital del primer reino peninsular. O casi peninsular. El reino agrupaba territorio a ambos lados de los Pirineos. Los Pirineos nunca fueron una frontera en Catalunya, no hasta el nacimiento del Estado Nación y, con él, el esfuerzo francés para acceder a fronteras naturales, como podrían ser los Pirineos. Ese primer reino fue creado por los visigodos, bárbaros germánicos, sensiblemente romanizados cuando invaden el territorio, en el siglo VI. Eran, incluso, cristianos, de la secta arriana. Al parecer, para organizar el territorio conquistado utilizaron una institución ya existente: la diócesis y, posiblemente, antiguas demarcaciones o agrupaciones administrativas o tradicionales íberas. Posteriormente, los visigodos trasladaron la capital de reino a Toledo. Ese reino —esa novedad política— ahora más o menos agrupaba a la mayoría de provincias de Hispania, creando uno de los mitos fundacionales para el nacionalismo español.

Los visigodos eran una casta guerrera, que no se mezcló, al parecer, con la población hispanorromana. Dejó, incluso, poco sustrato lingüístico en las lenguas locales, y siempre vinculado a la guerra o a la geografía, esa disciplina auxiliar de la guerra. Su forma de Estado era curiosa, y se vertebraba a través de una monarquía electa. Cada vez que moría un rey, se elegía a otro. Esto explica su afición en matar reyes. Precisamente, en una de esas guerras civiles perpetuas visigodas, un pretendiente pide ayuda a una nueva potencia vecina. Los musulmanes del norte de África. En efecto, los musulmanes acudieron a participar en la guerra, pero la convirtieron en una guerra de conquista. En pocos años, del 711 al 718, conquistan la Península, y aún tienen tiempo de intentar dominar Europa. Fueron detenidos por los francos en Poitiers, muy en el corazón de Francia, de manera dramática.

La futura Catalunya quedó integrada, como el grueso del territorio peninsular, en el Califato de Damasco. Las fuerzas invasoras, por otra parte, eran un grupo humano cuyas élites eran árabes y yemenís. El resto, en número mucho más numeroso, eran bereberes, que hablaban, por tanto, lenguas de matriz indoeuropea. Por lo visto, el grueso de colonos musulmanes eran de ese grupo. En su parte norte, por encima de los Pirineos, la futura Catalunya dejó de ser musulmana en breve. En no más de ochenta años. O, incluso, menos. El Rosselló —la actual Catalunya Nord, la Catalunya en territorio francés— fue conquistado por Carlomagno en 759. Barcelona, la frontera con los musulmanes durante mucho tiempo, en 801. Generalmente, las ciudades eran entregadas, con poco o ningún combate, por las mismas élites cristianas —o, sería más correcto decir, sus descendientes— que las habían entregado a los musulmanes. En ocasiones, los francos eran invitados a conquistar una ciudad por un bando musulmán enfrascado en luchas de poder.

La invasión carolingia es un hecho importante. O, cuando menos, es una originalidad de Catalunya frente a otras entidades culturales y políticas de la Península. Supone la adscripción de la futura Catalunya, durante varios siglos, a una entidad política, no peninsular, sino europea. Sucederá, ya lo verán, un par de ocasiones más a lo largo de la historia. Catalunya es la entidad peninsular que más veces ha dejado de ser España. Incluso, a pesar de las apariencias, más veces que Portugal, un Estado que sólo en una ocasión fue formalmente español. Muchas menos, en fin, que Catalunya. Pero no nos precipitemos. Sea como sea, es posible afirmar que, en este momento, surge la primera originalidad política de esa cosa que aún no es Catalunya, sino una serie de condados, entregados a nobles francos, y que recibe el nombre de Marca Hispana, o Gotia —la zona, para los francos, era, en tanto que peninsular, formalmente gótica, es decir, alusiva a los visigodos, los dominadores de la Península antes de la invasión musulmana—. Era una tierra de frontera, con el relativo aislamiento de todas esas tierras y sociedades que, en algún momento, han supuesto una frontera extrema, defensiva y movible. La Gotia era, pues, un cojín que protegería el reino franco de los musulmanes. Se trataba de condados no hereditarios, que a la muerte del conde designado por el rey franco era sucedido por otro conde, asignado al título desde la corte Carolingia. Curiosamente, los condados solían coincidir, al parecer, con el territorio de antiguas tribus íberas. Carlomagno —y esto es otra cosa que también es importante— otorgó a esta región las leyes visigodas anteriores. Básicamente, un compendio de derecho romano, la génesis del derecho catalán diferenciado que, incluso en la actualidad, dispone Catalunya para algunas opciones de derecho privado y familiar.

Los condados se fueron fusionando, bajo la hegemonía del conde y el condado de Barcelona, esa ciudad con grandes murallas romanas y, por lo tanto, una capital efectiva posible. También fueron ganando soberanía frente a los francos. Hacia el siglo X, Guifré el Pilós, decimosegundo conde de Barcelona, consigue transmitir su título a su descendiente. Es decir, el título ya no depende de una decisión en la corte franca, sino que se convierte en una propiedad privada hereditaria. Borrell II, el decimosexto conde, rompe su vínculo de fidelidad con el rey franco y se autoproclama Dei hibereo duci atque marchiso: duque ibérico y marqués por la gracia de Dios. El nuevo Estado, que carece de rey, pero no de jefe de Estado —el conde de Barcelona—, será conocido paulatinamente con el nombre de Catalunya. En el siglo XII, ése es su nombre más común. Aparece, por primera vez, en el año 1110, en el Liber Maiochilinus de gestis Pisanorum illustribus, que narra un ataque del conde de Barcelona Ramón Berenguer III a las Baleares musulmanas. Se supone que la etimología de la palabra Catalunya proviene del término castlà, es decir, castellano, es decir, la persona responsable y al cargo de un castillo. Sería, en ese sentido, un nombre apropiado a una zona de frontera, en la que la convivencia y todo lo contrario, la guerra, la razzia, el ataque, el robo al enemigo musulmán, o por parte de él, eran parte de la cotidianidad. Es curioso, no obstante, que Catalunya sea un topónimo que provenga de una evolución similar al de Castilla, el reino cristiano rival y vecino.

El catalán, la lengua hablada, que no escrita —carecía del prestigio del latín— en Catalunya por ese siglo, es una lengua latina, evolucionada, como su nombre indica, del latín y friccionada con el sustrato íbero, godo, árabe, bereber. Es muy posible que, no obstante, no sea una lengua hispanorromana, sino galorromana, más concretamente una lengua emparentada, en algún punto inicial de su génesis, con el occitano, lengua con la que comparte grandes similitudes léxicas y fonéticas.

Ese Estado catalán fronterizo, en guerra y en paz con los musulmanes, obtiene grandes beneficios de esa vecindad, a través del comercio y, mucho más frecuentemente, del saqueo, el cobro por el rescate de rehenes, y por la captura y posterior venta como esclavos de musulmanes. En el siglo XII, no obstante, Catalunya vive una importante transformación nominal y política. El reino de Aragón, un reino peninsular vecino y pequeño, un reino pirenaico que intuía que su futuro sería caer bajo la influencia de Castilla, de Navarra o del Condado de Barcelona, decide acelerar y planificar ese proceso, al parecer irreversible, contra Castilla y en favor del condado catalán. A través de un matrimonio, Ramón Berenguer IV, el vigésimo tercer conde de Barcelona, accede al título de rey de Aragón. Y, con ello, a un título de mayor prestigio que el de conde. El Estado resultante es, desde su momento fundacional, un reino confederal y multilingüe —la lengua, las lenguas, nunca fueron un problema, por lo general, en ningún sitio durante la Edad Media—, un reino de reinos, dividido inicialmente en dos entidades políticas, con sus respectivas instituciones propias: Aragón y Catalunya. A lo largo de la existencia de este nuevo reino, que irá incorporando nuevos reinos, con sus lenguas y sus instituciones, y hasta el siglo XVIII, cuando desaparece, ésa será la estructura política, la costumbre y el uso lingüístico del nuevo Estado.

El rey de Aragón y sus herederos tienen el proyecto de expandirse hacia el norte. Mediante alianzas y matrimonios, se hacen con gran parte de la Provenza y el sur de la actual Francia. Un desastre militar contra Francia —Francia será el gran enemigo del Estado catalanoaragonés durante toda su existencia; se da el caso de que Francia, a su vez, fue la principal aliada de Castilla, el reino vecino—, en el siglo XIII acaba con la aventura occitana. Traumáticamente. Al Estado catalanoaragonés sólo le queda entonces una vía de expansión, si no quería ser un Estado peninsular pequeño, taponado, sin fuerza ni futuro, siempre a punto de desaparecer, como le había pasado a Aragón. La única expansión posible era a costa de los musulmanes peninsulares. E inicia esa vía con rapidez. El reino de Aragón se hace con Mallorca y, posteriormente, con Valencia. En lo que tal vez fueron las guerras peninsulares más duras entre cristianos y musulmanes —tanto en la expansión mallorquina, como en la valenciana, se practican matanzas indiscriminadas y exterminios de musulmanes, algo poco frecuente en Castilla—. Ambas incorporaciones se realizan bajo la forma de reinos confederados. Nacen los reinos de Mallorca y Valencia, dotados de instituciones propias y unidos por la figura del monarca. El reino de Mallorca, cuya conquista fue una iniciativa del rey, pero también de la aristocracia y de las instituciones catalanas, fue entregado a la nobleza catalana, que lo colonizó con campesinos catalanes, por lo que en Mallorca se pasa a hablar catalán. El reino de Valencia, en cuya conquista pesó también cierta iniciativa aragonesa, habla históricamente catalán y castellano —el romance de Aragón, sin duda por ausencia de un Estado propio y fuerte, fue asimilado con el castellano, su lengua vecina—. Finalizadas sus posibilidades de expansión en la Península, Aragón apuesta por la expansión mediterránea. Conquista Sicilia, Cerdeña, Nápoles —reinos integrados siempre bajo la fórmula confederal—. La lógica de esa expansión es comercial, y va acompañada de una intensificación del comercio con la orilla mediterránea musulmana, a través de delegaciones comerciales en toda la costa norteafricana. Se trata de un proyecto político e intelectual basado en Ramon Llull, que pretendía la hegemonía cultural y económica del reino de Aragón en el Mediterráneo y, con ella, del cristianismo. La idea era acceder a Tierra Santa a través de la asimilación y el poder hegemónico. Sin despreciar el uso de la guerra en momentos puntuales, la gran apuesta es por las relaciones comerciales. Ésa era la política exterior catalanoaragonesa hasta que la unificación española, en el siglo XV, asume como política exterior la castellana, centrada en la recién descubierta América, y no en el Mediterráneo, y con una mayor incomprensión, por falta de contacto comercial, de la realidad musulmana. Una vez asumida la política exterior castellana, por ejemplo, las relaciones con el islam fueron traumáticas, sustentadas más en la fuerza, y con graves repercusiones, durante siglos, en el territorio catalán, a través de la piratería turca —una respuesta a las campañas castellanas sobre África—, que se prolongó desde el siglo XV hasta el XVII, imposibilitando, o al menos dificultando, la vida en el litoral.

Son importantes algunas estructuras políticas catalanoaragonesas que han dejado, aún en la actualidad —ésa es mi teoría en ocasiones—, arrugas en el cerebro colectivo y mitos no confirmados, pero fluctuantes. Cada reino de Aragón disponía, como ha quedado dicho, de sus propias instituciones, asentadas en constituciones que delimitaban el poder real en cada reino. Esas instituciones estaban encaminadas, como las inglesas o las holandesas, a descubrir con el tiempo la democracia, la monarquía pactada, la monarquía parlamentaria. En ese sentido, cabe señalar que las cortes medievales aragonesas se reunían con más frecuencia que en otros reinos peninsulares. La razón de ello era, tal vez, la debilidad económica del rey de Aragón —carecía, por ejemplo, de los impuestos por exportación de lana, que hacían rico al rey de Castilla— que, para conseguir el dinero para sus aventuras expansionistas —y comerciales; el rey de Aragón era un mercader más, que quería especular con el comercio—, debía convocarlas con frecuencia y pactar, ceder derechos a cambio de dinero, es decir de impuestos. Las cortes se reúnen tanto que adoptan una forma institucional fija. En Catalunya es la Generalitat. Pero en Catalunya hay otra institución, previa e, incluso, más importante y determinante. Se trata del Consell de Cent, un pequeño Parlamento, el organismo municipal de Barcelona, que lentamente, desde su fundación, evoluciona hacia formas protodemocráticas, o remotamente representativas. En su ulterior forma, dibujada en el siglo XV, los cargos representativos y ejecutivos no se eligen por el voto, sino por sorteo. Participan en ese sorteo para acceder a esos cargos los ciudadanos inscritos en el censo de Ciutadans Honrats, registro en el que un ciudadano se inscribe o se borra a partir de sus ingresos, no a partir de razones aristocráticas o de nacimiento. El censo de Ciutadans Honrats es el listado de una élite. Aun así, es un exotismo participativo. Es, vamos, un régimen más burgués que aristocrático. Son muy pocos esos ciudadanos que pueden acceder al gobierno local, pero tienen muchos derechos y practican una suerte de democracia o, al menos, de contrapoder efectivo a la monarquía y a la aristocracia. Incluso tienen partidos. Los ciudadanos más ricos y poderosos son de la Biga —por una viga, un tronco fuerte de madera que puede soportar mucho peso—, los más débiles pertenecen a la Busca —literalmente un pequeño trozo de madera, una astilla—. La Generalitat y el Consell de Cent son organismos ciudadanos y, por ello mismo, en continua fricción con el rey. Esa fricción se materializa en el siglo XV, cuando el rey de Aragón abandona Barcelona, hasta entonces la sede de su palacio, por el desacuerdo ante unos impuestos por consumo de alimentos que la entidad municipal le exige. Nunca más, desde entonces, y salvo periodos puntuales de guerra y anormalidad, habrá un rey viviendo de manera fija en Barcelona. Barcelona carecerá de Corte desde muy pronto, quizás un hecho que, con el tiempo, converja en que, a partir del siglo XIX, Barcelona sea tal vez el núcleo más prorrepublicano y antimonárquico de todo el Estado, y vinculado a ideas políticas ciertamente avanzadas. Otro producto de esa fricción con la monarquía son las aludidas constituciones, compendio de derechos que el rey otorga a Catalunya, a través de la Generalitat, o a Barcelona, a través del Consell de Cent, y que las instituciones catalanas fijan por escrito y defienden con empecinamiento. En el siglo XVIII, de hecho, sólo tienen constituciones así Inglaterra y Holanda. A través de esas instituciones, de esa tensión con el rey, nace una percepción —o un mito, una fantasía, o una sensación, pues nunca será contrastada por la realidad o los hechos—, consistente en creer, en autopercibir, que la relación de Catalunya con el Estado —entonces, Aragón; hoy, España— es líquida, variable, negociable y pactada, diariamente, a través de las instituciones y el rey. Esta idea sorprendentemente está viva y es perceptible en la sociedad catalana de hoy. Explica, ya lo verán, parte del Procés catalán. Catalunya, por cierto, nunca jamás ha pactado nada, bilateralmente, con el Estado. En toda su historia y con todas las letras. Parece ser que tampoco lo hará ahora, si bien la sensación colectiva es que su anclaje en España obedece a un pacto que puede ser matizado o invalidado unilateralmente.

En el siglo XV Catalunya vive un hecho curioso: una guerra civil. La razón de ella era la consecución de un reino propio. A saber: Catalunya era Estado, un Estado confederado a Aragón. Su nombre oficial, emitido precisamente, en este siglo, era el de Principado de Catalunya. Un Estado efectivo, pero sin rey. Es decir, sin rey específico de Catalunya —el rey de Aragón era jefe de Estado catalán en tanto que conde de Barcelona—. Pero la nobleza catalana pretendía tener un rey propio. Ese rey sería, y así se propuso, el heredero del rey de Aragón. Bajo este tenso debate se escondía otro mayor. La pugna feudal entre aristocracia y monarquía, a través de la cual la aristocracia aspiraba a tener más poder, posiblemente en un Estado propio, modulado por ellos. Esta tensión culminó en una guerra civil, en la que se enfrentaron la monarquía y las clases populares, por un lado, y la aristocracia, por otro. El bando aristocrático fue derrotado. Y las consecuencias fueran importantes. Algunas, positivas: el rey, para asegurarse el favor popular, otorgó más derechos. El feudalismo, de hecho, fue tan reformado que, posiblemente, desaparece entonces del territorio catalán. La mayor consecuencia negativa fue la ruina económica que ocasionó la guerra. Sin duda ese factor fue un acelerador de la unificación española, en la que el rey de Aragón buscaba cierto relajamiento económico.

La unificación realizada por el hijo del rey de Aragón que luchó en esa guerra civil —Ferran, en catalán, Fernando, en castellano— no supuso un gran cambio administrativo o político. Todo ese entramado institucional y participativo aragonés no desaparece con la unificación española, realizada a través de un matrimonio entre el rey de Aragón y la reina de Castilla y, posteriormente, por la incorporación por las armas al nuevo reino unificado del reino de Navarra, cristiano, y del reino de Granada, el último reino musulmán. La unificación peninsular, temprana, precaria, forzada y por las armas en ocasiones, y carente de la autopercepción de nación —algo, por otra parte, obvio en esa época, desconocedora del concepto nación—, que posibilitó el proceso de unificación italiano o alemán, no será completa físicamente hasta el siglo XVI cuando, durante unos pocos años, y también gracias a un matrimonio, el reino de Portugal también se integre a la nueva entidad. La huida de Portugal del proyecto de unificación en el siglo XVII ilustra los límites, dificultades y, hasta cierto punto, el fracaso de ese proyecto de unidad. España, en fin, no fue, ni lo es hoy, la unificación peninsular. Es, simplemente, un Estado. Una parte de España, si nos ponemos etimológicos.

La nueva entidad no es, desde luego, una nación, concepto que no existe hasta la Revolución francesa. Es una unión de reinos, por matrimonio —caso de Aragón— o por la guerra —caso de Navarra o Granada—. Es decir, es un proyecto privado, dinástico. En su momento fundacional, la reina de Castilla conservaba el pleno dominio de su reino, y el rey de Aragón, el del suyo. No es casualidad, por otra parte, esa unificación política, para la que, conscientemente, se trabajó durante siglos a través de las políticas de matrimonio de las casas reales peninsulares. También era un interés monárquico privado. Sobre todo, en Aragón. El rey de Aragón, por ejemplo, era el mayor terrateniente de Castilla. Se decía que podía recorrer Castilla, desde el Cantábrico hasta el Atlántico, sin dejar de pisar su propiedad. Era lógico, apetitoso y cómodo disponer, por tanto, de acceso político y directo en Castilla. El hecho de que el interés de la unificación fuera, fundamentalmente, privado, pudo haber acabado con ese primer —y único— intento de unificación. De hecho, tras la muerte de Isabel de Castilla, Ferran d’Aragó se volvió a casar. No tuvo hijos. De haberlos tenido, es muy posible que hubieran heredado su reino —el de Aragón—, por lo que la unificación habría desaparecido. Se habría abierto un paréntesis, que quizás se hubiera cerrado en otra época y con criterios más modernos, como sucedió en Italia o en Alemania. La estructura resultante, esa España unificada que se ha convertido en otro mito del nacionalismo español —generalmente de matriz conservador—, seguía siendo un ente diverso y no uniforme, una confederación de reinos unidos por la figura del monarca. Catalunya, en ese sentido, siguió poseyendo, como el resto de reinos de Aragón, sus instituciones. Y su capacidad para seguir tocando las narices al rey continuamente, a través de sus constituciones escritas.

Y siguió disponiendo de ellas con el primer rey que asumió, sincrónicamente, la corona castellana y la aragonesa. El nieto de Isabel y Ferran, el emperador Carlos I, disponía, de hecho, de esa cultura confederal, ilustrada y multilingüe, la única de la que podía disponer, por otra parte, para dominar un imperio europeo desmesurado, contradictorio y diverso. Esta relación idílica de las instituciones catalanas, siempre alejadas físicamente del rey desde el siglo XV, con el emperador, el primer monarca de la dinastía de los Austria, se va deshilachando con sus descendientes. Por razones políticas y de mentalidad. A saber: la idea de un Estado uniforme y centralizado es inherente, al parecer, a la fundación del Estado español, un Estado que, recordemos, en cuando culminó, ya unificado, su victoria sobre los musulmanes, parece que entendió que su proyecto político pasaba por penalizar la diferencia.

La primera diferencia penalizada fue la religiosa. De hecho, la expulsión de los judíos, en 1492, el año de la victoria sobre Granada, es una declaración de principios. Lo no uniforme no cabe, o tendrá serias dificultades para caber. En el siglo XVII se amplía esa penalización. Ya no sólo están proscritas las otras religiones, sino otras etnias u orígenes. Eso es lo que se deduce de la expulsión de los moriscos, o segunda expulsión de naturales españoles. Se trata de descendientes de musulmanes, formalmente cristianizados —sinceramente o, por lo común, a la fuerza o bajo coacciones—. En esta ocasión, al contrario de lo que sucedió con la expulsión de judíos, el bautismo no supuso la posibilidad de evitar el exilio. Los expulsables poseían una calidad, una diferencia, adquirida en su nacimiento, y que no se solucionaba con su conversión religiosa. Esta expulsión fue aún más traumática que la anterior, en tanto los expulsados lo fueron en un número mayor, solían mantener relaciones no segregadas en muchas zonas de la geografía, y sus usos culturales eran, en muchas ocasiones, absolutamente europeos —o, al menos, tan europeos como los de sus vecinos cristianos; usos cristianos, profundamente musulmanes, como sentarse en un cojín en vez de en una silla, o que las mujeres llevaran embozado el rostro, estuvieron presentes en la vida cotidiana, hasta el siglo XVIII o, en algunas zonas concretas, hasta el XX—. La expulsión de moriscos, por cierto, condujo a la despoblación y, con ella, a la ruina, de algunas zonas de España.

¿Cuáles eran las asperezas entre los Austrias con Catalunya, esa sociedad cristiana pero percibida como diferente, como poseedora de una diferencia penalizable? ¿La lengua? Es muy posible que no. Si bien en el siglo XVI se registran testimonios de aristócratas catalanes en la Corte que aseguran vivir cierto anticatalanismo, el uso de una lengua romance u otra —otra cosa sería el hebreo, el árabe o sus dialectos romances— no suponía un problema. Además, el catalán, como lengua, carecía de prestigio en ese preciso momento, lo que rebajaba la crispación por su uso. Lengua de un país sin Corte desde el siglo XV —la Corte es el elemento motor, creador y difusor de la cultura en la Edad Media y en la primera Edad Moderna—, y tras un formidable canto del cisne durante ese siglo, a través de obras de envergadura universal, posteriormente declinó en su uso culto. Es decir, en su prestigio, en favor del castellano, lengua de Corte y poseedora de una literatura formidable. La literatura catalana, una literatura que, como la castellana, nació, curiosamente, en otra lengua —en Castilla se optó por la lengua gallega para la poesía culta; en Catalunya, por el occitano—, tuvo un gran vigor en el medievo, con autores personales, individuales, únicos, como Ramon Llull, ensayista, teólogo, filósofo, poeta y, tal vez, el primer novelista europeo. Las crónicas reales, y las crónicas militares, que abordan la expansión peninsular y mediterránea de Aragón, son, sencillamente, únicas. Bellas, ágiles, amenas, son ejercicios de narración precisa y contundente con pocos paralelos en su momento. Ausiàs March, valenciano, escribe en catalán una poesía italianizante que presagia lo que vendrá de Italia en breve y que tuvo gran difusión en la Península. El broche de oro de la literatura catalana se produce, precisamente, en el siglo XV a través de dos obras que son una metáfora de la proverbial mala suerte catalana. Se trata del libro Espill [Espejo], de Jaume Roig, una auténtica novela cuando no las había. Lamentablemente, el autor optó no sólo por el verso, sino por una métrica arcaica que dificultó su lectura e interpretación a generaciones posteriores. La otra obra es Tirant lo Blanc, una novela —con todas las letras— de Joanot Martorell. Explica, como cualquier novela del siglo XIX, la progresión de un personaje. A pesar de ser una novela de caballerías, es absolutamente realista, verosímil y centrada en la vida cotidiana y las relaciones amorosas y sexuales de sus personajes. Una joya. Lamentablemente, otra vez, la novela está sazonada de fragmentos arcaicos, en los que se alude a la ya en decadencia cultura caballeresca. Esta obra, y así lo asegura Cervantes en su Quijote, es la puerta a la novela moderna, una auténtica y agradable rareza.

Un pequeño y pertinente inciso. ¿Cómo sobrevive desde el siglo XV, cuando empieza su decadencia, hasta el siglo XIX, una lengua sin obra culta, sino con una literatura menor, fundamentada, mayormente durante esos siglos que son una travesía del desierto literario, en catecismos y obras populares y escatológicas? ¿Cómo, una lengua hablada en tres reinos, no se desintegra, no se dialectaliza en extremo, no desaparece, como en su día, pongamos, el aragonés? La respuesta está en una institución real: la Cancillería. Era la institución encargada de la comunicación real, algo importante en un Estado confederado y plurilingüe. Sus funcionarios, para acceder al cargo, deben atestiguar saber latín y griego y, cómo mínimo, las lenguas del reino: catalán, castellano, occitano, italiano. El resultado es la creación de un grupo de tipos altamente ilustrados, conocedores de las lenguas clásicas y modernas y formados en el establecimiento de un canon de la lengua culta que, en caso de duda, opte por neologismos ocurrentes y certeros. Depuran, en fin, una lengua, fabrican un estándar culto y funcional, de manera que esa lengua, paradójicamente, pudo sobrevivir varios siglos sin una literatura. Incluso, sin esa Cancillería.

Si la lengua no era un problema en aquella época —no, al menos, dramático—, ¿cuál fue el problema entre Catalunya y el rey de España? Fue un problema político. Fue, exactamente, el mismo problema que las instituciones tuvieron antes con el rey de Aragón. Fue, en fin, el roce entre el poder, ahora central y con tendencia al centralismo, y las instituciones catalanas. Un roce que llegó a explotar, por todo lo alto, en el siglo XVII.

Para entonces ya se había creado cierto canon centralista en la idea de España, que chirriaba especialmente en Catalunya, por sus instituciones, y en Portugal, una potencia imperial y el último reino en incorporarse a la unidad española que no recibió, en ese trance, un buen trato por parte de un Estado autosuficiente y centrado en su propia lengua. Seguramente se trataba de problemas entre una oligarquía y el Estado, pero se materializaban en sendas interpretaciones del derecho y de los derechos. La monarquía española, desde la unificación, había ido depurando cierta idea de la centralidad castellana, y cierta incomprensión hacia la estructura confederal del reino unido, percibida como una antigüedad medieval, y fue adoptando la forma de intentos, más o menos serios, de establecer una uniformidad política efectiva. Eso suponía un choque continuo con las instituciones catalanas y sus constituciones, incomprensibles en una Corte que no entendía que la autoridad del rey fuera cuestionada y limitada por leyes. Finalmente, la situación estalló, a la vez, en Portugal y en Catalunya. Ambos Estados proclamaron su independencia a la vez, si bien de manera no coordinada. Fueron, además, dos accesos a la independencia completamente diferentes.

Portugal recuperó su monarquía. Ayudada por Inglaterra, y creando con ella un vínculo que, hoy en día, es el tratado diplomático vigente más antiguo de Europa, se enzarza en una guerra con Castilla que, finalmente, gana. La dinámica en Catalunya fue más sorprendente. Tras un motín popular, en contra de la presencia de soldados castellanos en el territorio debido a una guerra contra Francia —las constituciones, por cierto, prohibían expresamente esa presencia militar, como el hecho de que los catalanes fueran a la guerra, salvo en el caso de defensa territorial de Catalunya—, se acaba linchando y asesinando al virrey —la figura que simboliza la monarquía, el poder del rey de Castilla en Catalunya y también rey de Aragón—. Ese asesinato equivale, por tanto, a un regicidio, sin duda el peor crimen de la época. Matar a un rey supone, en fin, un conflicto, incluso teológico. Se inicia entonces un proceso sorprendente. Las instituciones —la Generalitat y el Consell de Cent—, conscientes de que se ha dado un paso no previsto, que tendrá castigo y repercusiones incalculables y, muy posiblemente, trágicas, deciden dar otro y huir hacia delante. Declaran la independencia del rey castellano. La forma de Estado elegida, además, es novedosa: una República. Inopinadamente, y contra todo pronóstico, se gana una batalla decisiva frente a las tropas castellanas, con lo que esa joven e inesperada República, unos años anterior a la de Cromwell, gana tiempo de vida. Finalmente duraría lo que los ejércitos castellanos tardaron en pelear por Portugal, perder y reorganizarse.

En esos años, la República pasó —en muy breve tiempo— a ser un protectorado de su aliado, Francia, el enemigo tradicional de Catalunya. Dejó de ser una República para pasar a ser, también en muy breve plazo, una región bajo el dominio francés. En los pocos años de República e influencia francesa se vivió el terror interno por posicionamientos políticos, ajustes y asesinatos, pero también una democratización —si bien no es ésa la palabra histórica— en sus instituciones. Así, por ejemplo, el Consell de Cent ganó mayor representatividad popular. Mantendrá esa reformulación hasta su desaparición, en el siglo XVIII. También se produjo —y quizás con esto nos acercamos, por primera vez, al tema del libro— una sorprendente evolución de las élites catalanas. De ser los grandes animadores de la sociedad para dar un salto hacia delante, para evitar con ello un problema no previsto, finalmente pasaron a ser los grandes animadores del regreso a la soberanía del rey de Castilla. También, al final de ese proceso, sucedió algo extraño en la mentalidad del rey y del Estado en España. Algo no calculado ni previsto y que nunca jamás volverá a repetirse. No hubo represalia. No hubo castigo ejemplarizante, sino piedad y comprensión.

Mientras las tropas castellanas avanzaban, imparables, hacia Barcelona, la Corte presionó para que el castigo a Catalunya fuera ejemplar. Algunos cortesanos presionaron, por ejemplo, para que Barcelona, como en su día Cartago, fuera derruida, sembrada de sal y, en su centro, edificada una columna. El rey, no obstante, eligió la solución más exótica. No practicó la represión sino el perdón. Quizás animado por la experiencia portuguesa, se inició, en ese momento, un periodo de respeto a las instituciones catalanas que se prolongará hasta el fin de la dinastía de los Austrias, en el siglo XVIII. El episodio republicano, no obstante, se saldó con traumatismo. La parte norte de Catalunya, más allá de los Pirineos, fue entregada, definitivamente, a Francia, a cambio de una paz definitiva. Y, con toda esa zona, Perpinyà, la segunda ciudad catalana, después de Barcelona. Esa zona, denominada Catalunya Nord, sufrió un proceso de represión cultural y posteriormente, ya en el siglo XX, de obtención de derechos democráticos y de bienestar a cambio de perder identidad, que poco menos que aniquiló la lengua catalana, una lengua que aún era hablada en la zona mayoritariamente en el siglo XIX y a principios del XX.

Pero la historia idílica entre las instituciones catalanas y los Austrias finalizó de forma abrupta. El último Austria murió sin descendencia en el siglo XVIII. Tras diversas negociaciones europeas, se pactó que el heredero del Imperio español sería Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV. Un Borbón. No obstante, Inglaterra y Holanda quedan insatisfechas por ese pacto, que creen que puede acabar en un Estado francés que finalice en Gibraltar. Apuestan por Carlos Habsburgo, príncipe de la monarquía de Austria y hermano del emperador. Se inicia la guerra de Sucesión, una guerra europea, que transcurre en las posesiones europeas de la monarquía española. Pero también una guerra civil en la Península, que enfrenta dos dinastías —se trata, vamos, de una guerra privada— pero también dos visiones del Estado: el absolutismo francés, y el confederalismo y el constitucionalismo aragonés.

Catalunya, en un principio, aceptó al pretendiente Borbón. Si bien sus instituciones cambian de opinión en varias ocasiones, no es hasta que se firma un pacto secreto con Inglaterra —la valedora de la independencia de Portugal— cuando se decide una apuesta definitiva por el pretendiente Habsburgo. En síntesis, el pacto establecía que Inglaterra apoyaría a Catalunya en el conflicto, y que, en el caso hipotético y, en aquel momento improbable, de perder el conflicto, Inglaterra garantizaría la independencia de un Estado catalán, separado del reino absolutista de España. El pacto era, por tanto, un chollo. Un win/win. En el caso, claro, de haberse cumplido. Pero volvió a aparecer la mala suerte catalana.

Con la guerra en racha, y la posibilidad de hacer de España un Estado confederal —con el tiempo, posiblemente, plurinacional; una suerte de Suiza ibérica—, sustentado en constituciones escritas y, posiblemente, bajo el liderato catalán, en vez de bajo el liderato castellano, sucedió, otra vez, un fenómeno no calculado. Murió el emperador austriaco, por lo que el candidato a monarca de España, el segundo en la línea sucesoria imperial, accedió al trono de Viena. Las potencias aliadas, que habían iniciado el conflicto para evitar una gran Francia, tampoco querían crear una gran Austria. De manera que abandonaron la guerra y su apoyo a Catalunya, a cambio del compromiso de que Francia y España jamás podrían estar unidas bajo el mismo trono, y a cambio de compensaciones atractivas —entre ellas, la cesión de Menorca y de Gibraltar a Inglaterra—. Catalunya volvió a quedar sola. Lo obvio y lo natural es que hubiera empezado a negociar su rendición. Pero sucedió entonces algo inaudito, de lo que pocas personas se enteraron. Una de ellas fue Voltaire, que escribió positivamente sobre el tema.

Con la guerra perdida, con la posibilidad cercana de un cerco mortal del ejército francoespañol a Barcelona, con la aristocracia catalana votando la rendición, con el clero abandonando las instituciones, con las élites buscando una rendición lo más favorable posible, el Tercer Estado, inmerso, por cierto, en un momento de fe y exaltación religiosa singular, decide continuar la guerra hasta su fin, que previsiblemente es la derrota y, con ella, el exterminio de la lengua y las instituciones catalanas. Y lo sorprendente son las razones aducidas. Se practica esa resistencia radical y sin posibilidades halagüeñas por un compendio de razones que unen, en todo caso, las constituciones y la palabra libertad. Y el rechazo explícito a una monarquía absolutista. No se volverán a escuchar esos argumentos y sonidos hasta las revoluciones americana y francesa.

La derrota fue, en fin, inusitada. Tras un cruel cerco y ataques salvajes —el rey Borbón dio instrucciones para bombardear la población civil que, finalmente, fueron desobedecidas—, la ciudad fue conquistada, tras sangrientas batallas, y por la vía de la rendición incondicional y no negociada. En esta ocasión no hubo ni perdón ni comprensión. Se abolieron las instituciones catalanas, se prohibió la lengua, que fue relegada a la enseñanza religiosa. España, aquella unión confederal de reinos, desapareció, y dio lugar a otra España, un Estado uniforme, con una sola lengua oficial y respetada. El castellano. Tan sólo conservaron sus leyes, su lengua y su singularidad —sus fueros, lo llamaban; durarán, sin grandes modificaciones, hasta el siglo XIX— Navarra y las provincias vascas, que en esta guerra permanecieron fieles al pretendiente Borbón. Catalunya pasa a ser una parte administrativa de España, comparable a otras, sin ningún tipo de diferenciación institucional. Su Consell de Cent —la autoridad municipal de Barcelona y uno de los Parlamentos más antiguos de Europa— es sustituido por un ayuntamiento, nombrado por el rey, como en cualquier otra ciudad española.

A finales del siglo XIX, el incipiente nacionalismo catalán hizo de la fecha de la rendición de Barcelona ante el ejército Borbón la fiesta nacional de Catalunya, celebrada, desde entonces, cada 11 de septiembre. Es una suerte de interpretación romántica de aquel conflicto armado, en la que se recrean mitos no del todo reales —como sucede en todo el mundo con los mitos nacionales—. Así, parece ser que se percibe que en aquella fecha Catalunya dejó de ser un Estado independiente —no lo era; era un Estado de Aragón, que tenía el mismo rey que Castilla; no tenía soberanía plena ni la reclamaba; sus instituciones, en esa guerra, apostaron por otro modelo de España, contrario al que finalmente ganó; la población de Barcelona parece ser que intuyó en su bando, y en los últimos momentos de la guerra, la posibilidad de una mayor libertad y participación política—. Así se percibe también que, simbólicamente y en esa fecha, Catalunya fue invadida por un ejército español, o por los españoles, así a lo bruto —algo poco acertado; el ejército era fundamentalmente francés; sería más apropiado llamar, a la parte española, castellana; no hubo invasión, propiamente; hubo la victoria, abusiva y desproporcionada, de un bando dinástico frente a otro, que impuso su idea de España, ciertamente parcial y restrictiva, y que practicó una represión política y una persecución lingüística brutales, sin precedentes hasta aquel momento—. También en los últimos años, parece que desde medios e instituciones se ha querido presentar que, desde hace trescientos años, el único problema, el único conflicto en Catalunya ha sido un conflicto nacional que nace con esa fecha, eludiendo otros problemas sociales y políticos que configuran todo el siglo XIX y el XX. Estos reduccionismos han ido en aumento sensiblemente en los últimos años, con el Procés, en términos de percepción social del fenómeno. Durante el Procés, por cierto, cada 11 de septiembre se ha convocado una manifestación gigantesca, sin género de dudas las manifestaciones más nutridas en los últimos años en Europa. Todo un fenómeno social.

Ese gran cambio que supone la victoria de la dinastía Borbón viene a provocar otro, no previsto, como siempre son los cambios. La industrialización. En la guerra de Sucesión —realmente, una guerra mundial europea— la monarquía española se ve obligada a renunciar a sus territorios europeos, donde se ubicaba la producción industrial que abastecía al mercado interior. De una manera rápida, imparable, Catalunya —y, en primer lugar, Barcelona— asume ese rol industrial. En parte por la gran novedad económica que ha supuesto la victoria borbónica: la creación, precisamente, de un mercado interior, único, sin fronteras interiores y, para asegurar la competencia, abiertamente proteccionista. La defensa del proteccionismo, la incidencia sobre el gobierno central, radicado en Madrid, para asegurar y, en la medida de lo posible, aumentar ese proteccionismo, será la gran lógica política del empresariado catalán —y, por definición, de las derechas catalanas— en los siglos siguientes y hasta el siglo XX. Y, en cierta manera, la razón de su progresiva integración, incluso identificación, con los sucesivos regímenes políticos españoles posteriores. Hasta la integración europea.

La industrialización catalana es, cuando menos, otra explosión. En un tiempo récord nace una industria textil que abastece a la Península y a las colonias. Nace de los beneficios de la industria agraria. En lo que es otra reforma borbona, Catalunya tiene por primera vez acceso al mercado colonial —antes, estaba sólo reservado al mercado castellano, salvo excepciones e iniciativas individuales—. Se vende a América vino y alcohol, y los beneficios —descomunales— son invertidos en telares. Gracias al proteccionismo, las manufacturas textiles, sin ser especialmente competitivas, tienen el mercado asegurado. Ese capital reinvertido crea una industria mecanizada cuyo beneficio se fundamenta a través del proteccionismo y de los bajos salarios. La mano de obra es, en fin, abundante durante el siglo XVIII y gran parte del XIX. Proviene de inmigración interna, que acude a Barcelona y a los centros industriales desde el campo catalán. Posteriormente, a finales del siglo XIX, proviene de otros puntos del campo español. Barcelona, una ciudad represaliada también urbanísticamente tras la guerra de Sucesión —es una plaza militarizada que no puede derrumbar sus murallas; se construye una gran fortaleza cuyo único objeto es la represión, que limita su crecimiento extramuralla y que impone normas arquitectónicas para garantizar el acceso de la artillería sobre la ciudad, que es el blanco real de la fortaleza—, dejó de ser una ciudad amplia, y con una altura media de dos pisos, para pasar a ser una ciudad densa, apiñada, con edificios altos, habitáculos pequeños y en la que se mezclaba la industria con la vivienda, con resultados insalubres y malolientes.

Catalunya vivió con ambigüedad —o mejor, con ambivalencia y contradicción— el primer gran hecho histórico del siglo XIX: la invasión napoleónica de la Península. En el resto de Estado ese hecho suscitó, para resumirlo, el nacimiento de la identidad española moderna. Se formula una idea de identidad nacional, vinculada a la corona y a la religión antes que a los derechos. Aquella guerra de Independencia, en fin, fue también, no obstante, una guerra civil, que enfrentó a españoles progresistas y afrancesados, defensores de la Revolución francesa, y a otro bando compuesto por el futuro integrismo nacionalista español, agrario, confesional, ultramontano defensor de Antiguo Régimen y, a la vez, un liberalismo enfrentado a la invasión, pero radical y, en cierta manera, afrancesado, que creó y se identificó con la Constitución de Cádiz, aportación católica al liberalismo, tan determinante e importante que, de hecho, creó el término castellano liberal, exportado a otras lenguas. Con esos ingredientes y paradigmas en juego, sólo se puede imaginar el carácter brutal de aquella guerra. Y la brutalidad posterior con afrancesados y con liberales constitucionalistas —tal vez los más derrotados y perseguidos—, una vez finalizó la contienda y el rey Borbón suspendió la Constitución de 1812 y reinstauró el absolutismo y la Inquisición, en un clima de represión inaudito.

Pero este patrón, sin dejar de serlo, no fue tan efectivo en Catalunya. El campo y el medio rural catalán parece ser que vivieron y participaron plenamente en ese nacimiento de la identidad colectiva en torno al rey, y a la vindicación de la religión y el absolutismo frente al extranjerizante liberalismo. Se empleó a fondo contra las tropas francesas y en favor de una identidad nacional fundamentada en el rey y en la religión. De hecho, fue en el medio rural catalán donde se produjeron los, por llamarlo así, hechos patrióticos más sangrientos en la lucha contra los franceses, como la defensa de Girona, en la que una ciudad entera llevó su resistencia a los franceses al extremo suicida, incluso con episodios de canibalismo. No obstante, en la industrial Barcelona —y contrariamente a Madrid, esa ciudad en la que nació la actitud y el movimiento de independencia frente a Napoleón—, se vivieron esos años con tibieza y sin apenas resistencia, salvo algún hecho irrelevante protagonizado por algún cura integrista, duramente reprimido por el ejército ocupante.

La ciudad, la capital de Catalunya, no sólo vivió de espaldas al conflicto, sino que hay indicios de que participó en el orden francés. Napoleón, en pleno conflicto, separó a Catalunya de la corona española regida por su hermano José I, rey de España. Como en el siglo XVII, durante aquella corta aventura republicana Catalunya fue independiente durante un breve tiempo. Posteriormente, fue integrada, durante un par de años, al Imperio francés, con lo que Francia conseguía una antigua fantasía: hacer del Ebro la frontera natural con España. Durante esos breves años, Catalunya estuvo dividida en cuatro departamentos franceses: Montserrat (aproximadamente Barcelona), Ter (aproximadamente Girona), Segre (aproximadamente Lérida) y Bocas del Ebro (aproximadamente, Tarragona). Tanto durante el Estado independiente, como durante su anexión al Imperio, la lengua catalana subió de estatus hasta ser cooficial, junto al francés —una rareza no ya en el Imperio, sino en la trayectoria francesa—. Este hecho de la independencia primero y la anexión después, hoy olvidado u omitido por el nacionalismo español y el catalán —supongo que porque no cuadra con ninguna de las dos mitificaciones nacionales— es, en mi opinión, el gran indicio, tal vez el único, que señala que Catalunya algún día será independiente. Quizás en un futuro no muy lejano, cuando el Estado no sea un hecho determinante, que es hacia donde evoluciona, como se está viendo en esta crisis en la que Estados como Grecia, España, Portugal, Italia, han verificado que tienen una soberanía y una capacidad de movimientos limitadas. La decisión de Napoleón, vamos, es un precedente determinante y notorio, si bien olvidado. El hecho de que Napoleón hubiera apostado por el Estado catalán, ni que fuera como mero tránsito para una incorporación a Francia, es algo importante. Napoleón es, en fin, el gran codificador del Estado-nación en Europa, y sus apuestas de futuro —una entidad italiana, una entidad alemana, una entidad polaca— fueron confirmadas como estables tiempo después. Europa, de hecho, sólo ha sido un caos —mayor, quiero decir— en su Oriente, en las zonas en las que Napoleón no entró, en las zonas que Napoleón no ordenó, en las que no gestionó y oficializó identidades y entidades. Tenía olfato al respecto, aquel hombre.

En 1835, tras la muerte de Fernando VII, el rey absolutista que volvió al trono tras Napoleón, se produce un suceso que explicará la trama de la conflictividad en el siglo XIX. Hay una guerra civil en España. Se enfrentan el liberalismo —un liberalismo moderado y urbano, que apuesta por una monarquía constitucional— y el carlismo, un movimiento fundamentalmente rural, católico, que aboga por la monarquía absoluta. El pretendiente del carlismo —Carlos, de ahí el nombre del movimiento— es hermano del rey muerto. A pesar de ser un Borbón, y quizás por su lógica medievalizante, apuesta por el retorno de los fueros —en Catalunya, las constituciones—. Este movimiento es hegemónico en el campo del País Vasco, Navarra y Catalunya. Barcelona, obviamente, apuesta por el liberalismo. Por eso sorprenden los sucesos de 1835.

Las corridas de toros, que en esta guerra adquieren una simbología liberal, fueron introducidas en Catalunya en este momento. Fue, precisamente, tras una mala corrida de toros que el público, furioso por la calidad del ganado, estalla e inicia un motín. Quema, por primera vez, conventos en Barcelona. Asalta oficinas públicas y eclesiásticas, entra en la cárcel y lincha y mata a prisioneros carlistas. Hace lo mismo, sorprendentemente, con el gobernador militar, liberal. Todo ese caos parece no tener rumbo, hasta que, de repente, su rumbo se hace perceptible. Al final de la jornada se quema la fábrica Bonaplata, propiedad de un dirigente liberal. Es el primer vapor del Estado, el orgullo industrial de Barcelona. Es, vamos, la primera materialización del conflicto obrero. Un problema que no recibe canalización, o que ni siquiera es observado por el liberalismo moderado. Y un problema tan importante, tan candente y tan matizado en la sociedad que, incluso, la lengua catalana ofreció al movimiento obrero mundial palabras que, hoy, son utilizadas internacionalmente, como esquirol —persona que rompe una huelga; si bien significa ardilla, alude a l’Esquirol, un municipio cuyos habitantes optaron por el trabajo durante una huelga—, o barricada —al parecer, una de las primeras barricadas de la ciudad y, por lo tanto, del mundo, fue improvisada en Barcelona, con toneles, es decir, botas o barricas.

A este tipo de revuelta popular, violenta, dispersa, una suerte de explosión de protesta desorganizada, se la llama bullanga. Se producirán varias en los años siguientes. Siempre, violentamente reprimidas por el ejército, que incluso bombardea la ciudad y su población en dos ocasiones, desde las fortalezas militares. Algo inusitado en Europa. Hacia mediados de siglo ya existe el primer sindicato obrero de la Península. Y la primera huelga general en el Estado, saldada con el fusilamiento del líder sindical, deportación a Cuba de huelguistas y fusilamientos indiscriminados de obreros en las Ramblas de Barcelona, para dar ejemplo a la población. En todas esas revueltas empieza a ser común declarar el Estado catalán. No se trata de un movimiento independentista, sino de una propuesta de corte federalista y descentralizada del Estado, que se irá dibujando posteriormente.

Y que será dibujada, en parte, por un catalán, Francesc Pi i Margall. Obrero, accedió a la universidad por su propio trabajo. Su formulación del federalismo —un objeto sólo existente, en aquella época, en Estados Unidos y en Suiza— es, por muy poco, anterior a la que realizaría Proudhon. De hecho, Pi i Margall es un intelectual y un político libertario, que propone un acceso al Estado —por tanto, también a un Estado catalán—, entendido antes como federación de personas que acuerdan mutuamente su unión, pero también su soberanía, que como federación de entidades. Para Pi i Margall, el Estado se debe dividir en otras entidades, a su vez divisibles en otras entidades más pequeñas, a fin de que entre ellas ejerzan el control e impidan un Estado autoritario y fuerte. Propone dividir, incluso, la soberanía entre el Estado federal, el Estado federado y el municipio. La formulación de su republicanismo federal fue todo un fenómeno en amplias zonas de la Península, entre ellas la Catalunya urbana. Su republicanismo federal y libertario integraba también ideas sociales y económicas avanzadas, como una idea precoz del Estado del bienestar, la apuesta por la cooperativa como acceso a la propiedad colectiva de los medios de producción, la abolición de la esclavitud, y una solución razonada y pacífica al imperialismo español en América y Asia. El republicanismo de Pi i Margall apuesta plenamente por un objeto que no existe: la democracia. Sorprendentemente, esa primera formulación de la democracia en Catalunya y en España también integra la economía, materia a someter a democracia, como al parecer está sucediendo hoy en los movimientos de resistencia a la austeridad en el sur de Europa. La popularidad de todas esas ideas de Pi i Margall es también un indicio de la predisposición catalana, en el siglo XIX y parte del XX, para posicionamientos antiautoritarios y recelosos del Estado, si no directamente anarquistas. En todo caso, en esa época se forma en Catalunya un republicanismo vigoroso, comparable al de otras zonas del Estado. Quizás la originalidad catalana es que ese sentimiento republicano —no necesariamente relacionado con el republicanismo de Pi i Margall—, desaparecido o reducido en aquellas otras zonas, goza de una aceptación llamativa aún en la actualidad en Catalunya. Tal vez sustentado en cierta reivindicación nacional que siempre ha chocado con la monarquía.

Sobre el auge de las ideas libertarias y del anarquismo, se ha de decir que, en pleno ciclo revolucionario, iniciado en 1868, con la primera revolución democrática española, Bakunin envía a un interlocutor suyo, el diputado italiano Giuseppe Fanelli, a establecer contactos en España, a fin de vincular el incipiente movimiento obrero en la AIT, la Primera Internacional, vía la Alianza Internacional de la Democracia Socialista, su asociación secreta anarquista. El primer contacto es en Madrid. Consigue formar un primer grupo de la AIT. Será un grupo inestable, que desaparecerá con la escisión entre marxistas y anarquistas que en breve se producirá en la AIT, y que se materializará con la fundación del PSOE, el primer partido obrero y marxista en España. El contacto en Barcelona fue diferente. Literalmente, fue el pistoletazo de salida de una tradición política que llegará a ser hegemónica en Catalunya. Un pequeño grupo de obreros adscritos al Partido Republicano Federalista de Pi i Margall escuchó a Fanelli y, en un tiempo récord, apostó vehementemente por «La Idea», que era como eran conocidos los postulados del anarquismo. El grupo llegó a mantener contactos directos con Bakunin, en Suiza, y fue la génesis del potente movimiento anarquista catalán, asentando algunas características del anarquismo catalán futuro, como su rechazo al cooperativismo en tanto que forma de propiedad privada, la apuesta por la formación y la cultura como herramientas de transformación, y el rechazo del interclasismo, optando por formas de militancia y de cultura netamente obreras. En breve, hasta el fin de la Guerra Civil, en 1939, el anarquismo será una cultura determinante en las clases populares urbanas catalanas y, en ocasiones, en las rurales. Protagonizará motines, huelgas, será un importante referente en la formulación del anarquismo mundial, y creará la única revolución libertaria que haya triunfado y que haya sostenido un proyecto libertario durante cierto tiempo. Aquel primer grupo de anarquistas creado en 1869 a la sombra de Bakunin también supuso otra influencia importante: el marxismo, en Catalunya, tendrá menos vigor que en otras zonas de la Península. Tendrá una existencia limitada antes de la Guerra Civil, y sólo empezará a ganar influencia con la guerra y tras ella.

Tras la aludida primera revolución democrática en España se produce la expulsión de los Borbones, un intento fallido de adoptar una dinastía italiana en el trono de España, y la proclamación de la Primera República Española. Un periodo breve, pero intenso, en el que se formula otra idea de España, una agenda razonable y apetitosa de su futuro, que no llegó a verse plasmada por una interrupción golpista. La Primera República es una República Federal. Por primera vez en la historia —y última—, tanto el jefe de Estado como el presidente del Gobierno fueron catalanes. De hecho, se emite en un Consejo de Ministros la primera —y tal vez también la última; no hay constancia de que haya vuelto a repetirse— alocución en catalán. Ésta: «Tinc els collons plens de tots nosaltres». Se trabaja en una constitución federal, en la que Catalunya es un Estado. No llegará a aprobarse. Tras un golpe de Estado, la breve República desaparece y es sustituida otra vez por una monarquía, al frente de la cual vuelve a haber un Borbón. Se inicia la Restauración, un periodo que abarca desde 1874 a 1931, que comprende el reinado de dos reyes y una regente Borbones, y que finaliza con la proclamación de la Segunda República Española.

La Restauración es un sistema cuyo objeto era impedir cambios, una paralización absoluta de la breve y eléctrica dinámica anterior. La Restauración, por su duración, es un periodo culturalmente importante, en el que se depuran conceptos —unidad nacional, una idea de orden, una idea de lo que es español y antiespañol, una serie de mitos sobre lo que es estabilidad y buen gobierno— que quedarán fijados por largo tiempo. En cierta manera, el franquismo es una recreación de ellos. El Régimen democrático de 1978 también ha tendido a incorporar esos mitos. Algo, por otra parte, lógico en una tradición política con pocos referentes democráticos y muchos referentes y una gran tradición de orden autoritario. En la Restauración también se fija el canon de la identidad nacional española. En parte gracias a la obra de filólogos e historiadores como Menéndez Pelayo. ¿Qué es España? Es una lengua, el castellano, y un corpus, el catolicismo. Lo que no sea una cosa u otra, es lo heterodoxo, lo no canónico. Por tanto, lo no español. Lo heterodoxo es lo contrario de lo oficial. El socialismo, el anarquismo, el laicismo, culturas y lenguas no castellanas, son así lo antiespañol. El catalanismo católico, o el nacionalismo vasco, también católico, serán antiespañoles. Curiosamente, el integrismo religioso, en tanto que católico, no. Lo antiespañol es un peligro constante a la identidad y a la unidad nacional, un pujante concepto, casi religioso, que irá ganando importancia a lo largo del siglo XIX y que explotará violentamente y con aún más víctimas en el siglo XX.

El catalanismo nace también en la Restauración. Es un objeto contradictorio y diverso. Algunas lecturas del catalanismo chocan abiertamente contra la Restauración, otras, ni la rozan. El catalanismo es un corpus. Es posible que sea un corpus único en el mundo. Es un conglomerado de cultura, praxis y principios políticos que, si bien confirman un nacionalismo moderado —tanto que, en su origen y varios tramos posteriores, no se denomina nacionalismo a sí mismo, sino regionalismo—, no aspiran a la independencia política de ese nacionalismo. Es, más bien, un intento de garantizar la existencia de la cultura y la lengua catalanas sin Estado, en un Estado poco sensible a la diferenciación y atascado y sin movimientos en su tramo Restauración. Tal vez es, por eso mismo, una meditación sobre la brutalidad y la fuerza del ente llamado España, poco dado a la tolerancia de minorías. Políticamente supone la intención de participar en la gobernación de España, desde Catalunya o, mejor, teniendo en cuenta los intereses locales, culturales y económicos de Catalunya. En su vertiente izquierdista, el catalanismo aspira a gobernar España controlándola, compartiendo con el Estado la soberanía, vía mecanismos federales inspirados en Pi i Margall. En su vertiente derechista, aspira a gobernar España, literalmente, vía participación en el Gobierno. En tanto que corpus, en el catalanismo conviven de manera contradictoria diversas opciones, de derechas y de izquierdas, unidas por el hecho de que todas comparten la complicidad hacia una lengua y una entidad colectiva y, comúnmente, amenazada. La primera aportación, que fija incluso el nombre del concepto, es de Valentí Almirall, hombre de izquierdas, federalista distanciado de Pi i Margall. Si Pi i Margall hacía énfasis en el federalismo como control del Estado, antes que como protección, garantía o seña de identidad de otras naciones del Estado, Almirall parece potenciar esa opción identitaria. Una suerte de Estado catalán, federado a una España no necesariamente formada por más Estados, como garantía de existencia de lo catalán, una lengua, un derecho, unas costumbres, unos usos. La siguiente aportación es del obispo Torres i Bages, que une y practica el aggiornamento del carlismo y su reivindicación de los fueros y de la ortodoxia católica, adaptando todo ello a un catalanismo conservador, que interpreta Catalunya como una cultura católica.

En 1898 España pierde su Imperio colonial a favor de Estados Unidos. Se inicia una crisis cultural y de reformulación en todo el Estado, que en Catalunya supone un auge y una reformulación del catalanismo conservador, orientado a una clase media y empresarial del textil, que de repente había perdido el mercado americano y que, en este momento, necesitaba más que nunca del proteccionismo. En ese contexto se produce la tercera aportación histórica, de Enric Prat de la Riba, político conservador que realiza el dibujo definitivo del catalanismo conservador, el más codificado, el que tiene un programa más nítido y que, tal vez, más veces se ha plasmado en la política concreta. El catalanismo es, así, a) autogobierno, que no autodeterminación, al que se le nombra bajo la palabra «autonomía» y no «Estado»; b) una participación influyente en la política española, una cultura política y una sociedad que se percibe como arcaica, poco moderna y europea. Es también c) una defensa del proteccionismo, más necesario que nunca ahora que han desaparecido los grandes mercados coloniales. Su programa, que no tiene problema alguno con la monarquía, es la modernización de España —una cultura con problemas con Europa, ese conjunto de zonas, por lo general, poco industrializadas— y, en una última fase, «el imperialismo» —así lo define Prat de la Riba—, o la hegemonía política de Catalunya en España. Prat de la Riba es el president de la Mancomunitat, la primera forma de autonomía en Catalunya respecto de España desde el siglo XVIII, bajo el reinado de Alfonso XIII. Consiste en una vía suave y ocurrente a una escasa autonomía, pero importante y efectiva en el desarrollo de algunas políticas concretas —como la educación, la cultura, la lengua y la percepción social de un gobierno catalán—, a la que se accede no por la vía legal de un estatuto de autonomía —es decir, por la elaboración de un conjunto de leyes, aprobadas en el Parlamento y sancionadas por el rey, algo, por otra parte, poco realista o viable, que fijan la naturaleza y el límite de esa autonomía—, sino, simplemente, mancomunando las diputaciones provinciales de las cuatro provincias que forman Catalunya, bajo una sola presidencia. Es decir, sin que el Estado reconozca explícitamente la existencia de una entidad denominada Catalunya, sino cuatro entidades que se llaman Diputación. El gran logro político de la Lliga, el partido de Prat de la Riba, fue destrozar, romper el bipartidismo de la Restauración. Y la construcción, desde las instituciones, de una cultura conservadora poderosa y, en cierta manera, aún efectiva en Catalunya. Se trata del Noucentisme, la primera cultura de Estado oficial en España, pese a todo, no integrista. Y la más longeva. Es perceptible aún hoy. Es la cultura oficial de Catalunya, y la propia de su centroderecha, con pocas lecturas y actualizaciones desde entonces, por cierto. En ocasiones, se la confunde con la cultura o, incluso, la identidad catalanas.

Para describir esa aportación cultural de principios del siglo XX es preciso constatar grandes cambios culturales en la Catalunya de la segunda mitad del siglo XIX. El principal es que una lengua, el catalán, sin literatura razonable más allá de la religiosa y la popular —en la que prima, por cierto, la escatología, una original tendencia de la cultura popular catalana—, sin uso culto desde el siglo XV, sin prestigio, que ha visto abandonar parcelas enteras de la vida cotidiana, ha invertido esa dinámica, con cierta solidez y rapidez. Se trata de la recuperación de una lengua que, durante un tiempo, no tendrá comparaciones, salvo la recuperación del hebreo por el futuro Estado de Israel.

El primer movimiento o punto de partida es la Renaixença [el Renacimiento, el Renacer], un movimiento minoritario que revitaliza y reivindica el uso del catalán literario, que se traduce en la creación de literatura, historiografía, erudición, pero también de prensa popular. Esta dinámica, por otra parte y en ese momento, no es patrimonio ni originalidad de Catalunya ni del catalán. En Occitania se vivió un momento parecido con el occitano que, no obstante, no dio lugar a una segunda fase. Más radiante parece ser la siguiente aportación, el Modernisme, tal vez un movimiento sin precedentes europeos, más allá de los estéticos, con los que está conectado absolutamente. Una lengua sin Estado, sin pasado literario reciente, sin ni siquiera normativa ortográfica, en la que cada uno escribe como bien sabe, y se aplica a la creación de arte y de literatura, siguiendo, adoptando y adaptando las estéticas europeas del momento. Sin Estado, sin institución que lo patronice, crea una industria de la emisión y la recepción, se vincula a las corrientes europeas contemporáneas. Practica poesía, ensayo, teatro, y llega a escribir, publicar y leer, incluso, novelas —es decir, literatura de masas—. Practica también el arte total, un arte que recoge, o se interesa por todos los géneros, por la vida cotidiana, por la arquitectura, por el diseño. El Modernisme es el estilo arquitectónico con el que la burguesía construye su autopercepción y un nuevo paisaje urbano en Catalunya. El Modernisme, una pasión caótica, desmesurada, participa también de la gran cultura popular del momento, el anarquismo. Es un movimiento libre y rebelde, y provocador en su vertiente moral y política. El Noucentisme [el Novecentismo], el canon cultural emitido desde la Lliga, sería su respuesta conservadora. Y, hasta cierto punto, castradora.

El Noucentisme es la reacción conservadora, emitida por un catalanismo conservador, a la libertad ácrata del Modernisme. Consiste en crear las pautas —es decir, también los límites— de una cultura nacional, institucionalizada. Es un ejercicio de poder, que responde al poder. De la Lliga y de la Mancomunitat. Fija lo que es catalán y lo que no lo es. Es catalán el orden y la sobriedad. En todos sus aspectos: arquitectónico, artístico, político, social. Personal. Es una lectura neoclásica del helenismo aplicable a una Catalunya armónica, que nunca ha existido, sin pasión, enemiga de las estridencias, del ruido, del conflicto. Es, incluso, lo dicho, una conducta personal y artística no estridente y poco enfática. Del Norte, antes que del Sur. Desconfía de la naturaleza, ese desorden no urbanizado. La palabra clave es civismo. El carácter catalán es cívico, el proyecto catalán es cívico, la Lliga es cívica, mientras que España es incívica y carente de sustrato helénico. Por su ruido, por el desorden social que propugna, también es incívico, anticatalán, extranjero, el anarquismo, el socialismo, las izquierdas, los obreros, los pobres, una huelga, una protesta. El Noucentisme es el compendio del catalanismo conservador para la clase media. Lo formulan el político y el artista, que nunca sobrepasa en sus puntos de vista al político. Su obra literaria —fundamentada en el orden, es decir, mediocre— es difícilmente exportable, pues satisface, antes que a una estética, a unas necesidades políticas concretas y locales. En tanto que cultura conservadora y vinculada al poder, tanto sus artistas como sus políticos no tuvieron grandes problemas en participar explícitamente en los dos grandes momentos de reacción del nacionalismo español del siglo XX, que fueron interpretados como útiles para hacer frente al poderoso anarquismo catalán. El golpe de Estado de Primo de Rivera —que prohibió aquella primera autonomía— y el golpe de Estado y posterior Guerra Civil y dictadura de Franco —que prohibió la segunda autonomía, más amplia, y también la lengua catalana y los partidos de toda índole—. Esta participación en una dictadura fascista y en su prolegómeno dibuja la doble contradicción del catalanismo conservador. En tanto que una opción conservadora de participación y entendimiento con España, su interlocutor español es más la derecha española que su izquierda/el desorden. En caso de conflicto entre el ideario catalanista y el conservador, por otra parte, el catalanismo de derechas siempre se ha identificado más con su cromosoma conservador. Esta doble contradicción se hará patente también en el Procés. Ya lo verán más adelante en este libro. Es preciso señalar que, no obstante haber colaborado, hasta sus últimas consecuencias, con el fascismo español, el catalanismo conservador, si bien derechista, no es fatalmente fascista. No está fundamentado nítidamente en mitos raciales, o antidemocráticos, sino en una mitificación de una idiosincrasia catalana fundamenta en el orden y el civismo. En los años veinte y treinta del siglo XX, por ejemplo, hubo un incipiente y minoritario fascismo catalán —racial, netamente autoritario y no catalanista, es decir, no partidario de la colaboración con España, sino de la independencia—, que tuvo poca o nula relación con el fascismo español. El carácter no fascista del catalanismo conservador no le exime de su colaboración con el fascismo, en ocasiones muy íntima, durante el periodo más oscuro de España. Una cosa sorprendente: el nacionalismo conservador pagó cara su participación en el golpe de Primo de Rivera —prácticamente desapareció en 1931, con la República, cediendo el paso a un catalanismo de izquierdas y republicano—, pero la aventura de colaborar con Franco le salió gratis. En la primera Transición ya era el catalanismo hegemónico. Más adelante hablaremos de la razón de ello.

Paralelamente al auge político del catalanismo, el último tramo del siglo XIX y las tres primeras décadas del siglo XX suponen un auge social y cultural, sin parangón en el mundo, del anarquismo. El anarquismo, si bien rechaza el Estado, se vincula frecuentemente, en todo este tramo histórico, con el catalanismo, en su acepción lingüística y cultural. Una metáfora de ello: Els Segadors [Los Segadores], himno de Catalunya, que alude a la revuelta del siglo XVII que culminó en República, mediante un canto a la libertad y al poder popular, es una composición de un anarquista. El anarquismo mantiene una fricción, en ocasiones violenta, con el nacionalismo conservador, en tanto que autoridad estatal, pero acostumbra a diferenciar el hecho catalán de su formulación política. Una metáfora al respecto: el mayor techo de autogobierno catalán de la historia, incluso mayor al poseído hasta el siglo XVIII, con la Corona de Aragón, fue durante la revolución anarquista de 1936. En ese momento, Catalunya adquirió plenas competencias, incluso en materia internacional, sin recurrir al Estado propio y a través de una nueva institución, el Comitè de Milícies Antifeixistes [Comité de Milicias Antifascistas]. Sí, no cuadra. Pero ningún país y ninguna sociedad cuadran.

En las últimas décadas del siglo XIX, el anarquismo es una potente cultura, con emisores y receptores propios, libros, prensa, teatro en catalán y castellano, la lengua propia de la inmigración interna. Crea escuelas para niños y adultos. Es, en sí mismo, y además de un proyecto revolucionario y de vida, fundamentado en la ayuda mutua, una escuela de formación y de modos de vida, en los que se integran opciones tan diversas como el espiritismo, el sindicalismo, el cooperativismo, el naturalismo, el vegetarianismo, el anarquismo individual, el esperantismo, el pacifismo, la experimentación del cuerpo y del sexo, el uso puntual de la violencia en conflictos laborales, y las acciones de violencia y el terrorismo indiscriminado. Por supuesto, nunca sincrónicamente.

El terrorismo anarquista es un hecho oscuro y modulador de una época. Participan de él anarquistas catalanes, anarquistas extranjeros por libre y, en gran medida, la policía y elementos afines. Esta etapa de bombas y terrorismo se inició en la década de los noventa del siglo XIX y finalizó en la década de 1920. Su arranque obedece a una tendencia de anarquismo nihilista, que recorre Europa y que incluso llega a Estados Unidos y Argentina. El atentado de más calibre y que puede explicar la dinámica es el del Corpus. En Barcelona, durante la procesión del Corpus, en 1896, un anarquista francés —no fue detenido y consiguió volver tranquilamente a Francia— lanza una bomba a la comitiva. La policía reacciona con detecciones masivas de anarquistas, que colapsan la fortaleza militar de Montjuïc. Numerosos detenidos son torturados, lo que ocasiona protestas y corrientes de simpatía en toda Europa, que aumentaron tras un juicio a casi un centenar de personas, que finalizó con varias penas de muerte, todas ellas a inocentes. Todo esto ilustra el terror que suponía el anarquismo catalán a los gobiernos de la Restauración, y la brutalidad con la que éstos respondieron, que hizo ganar prestigio, respeto y comprensión al anarquismo dentro y fuera de las fronteras.

En la represión del anarquismo, además de la brutalidad gubernamental, fue importante su desconocimiento. La sensación es que, para el Estado, cualquier suceso o actividad no prevista, emitida desde Catalunya, entraba dentro del campo semántico de «separatismo». En 1909 se produce un motín en Barcelona contra el envío de tropas a la guerra de África. Las levas obligatorias son ya, entonces, un problema antiguo en Catalunya. Las constituciones las prohibían, salvo para la defensa del territorio en caso de invasión. Cuando se hace obligatorio el servicio militar, con la Restauración, coincidiendo con cada sorteo, se producen levantamientos civiles y muertes. En esta ocasión, el motín adquiere también la forma de huelga general, inicialmente republicana. La ausencia de líderes republicanos que controlen la situación —lo que es una ilustración del auge y la popularidad del anarquismo en una sociedad que carece de partidos y de políticos fiables— hace que el motín se desmadre y adopte direcciones no canalizadas. Se queman medio centenar de iglesias y conventos. Interviene el ejército, que perpetra matanzas. El Gobierno califica el hecho de levantamiento separatista. No lo era. Es más, esta revuelta supone una ruptura inaudita, y sin vuelta atrás, entre el anarquismo y el catalanismo conservador. Y culmina su represión con el fusilamiento de Ferrer i Guàrdia, pedagogo anarquista, creador de la Escuela Moderna.

Un año después se funda la CNT, sin duda el sindicato anarquista más influyente de la historia. Si bien es un sindicato determinante en todo el Estado, en cierta manera es también una organización netamente catalana. Es decir, responde a una trayectoria, a una dinámica, a unas necesidades y, hasta cierto punto, a una cosmovisión del anarquismo catalán. Barcelona, de hecho, será la capital de la CNT, el lugar en el que publica su influyente diario y en el que, por lo general, viven sus cuadros más determinantes. El idioma catalán, por lo visto, era una suerte de sello que fijaba quién era de mayor o menor confianza para los asuntos más discretos, si hemos de confiar en los textos memorialísticos de algún cenetista. La CNT lo cambió todo. Fue una suerte de IRA para la clase obrera. Un mecanismo de defensa cotidiano, más allá del ámbito laboral. E invirtió una dinámica de la Restauración: ser un sindicato que ganaba huelgas. Para ello practicaba una huelga diferenciada de la de la UGT, central sindical socialista y vinculada al PSOE, fundada en 1888 en Barcelona. Al poco de ser fundada, por cierto, se tuvo que desplazar a Madrid, ante la ausencia de afiliados, más sensibles en Catalunya al anarquismo que al marxismo. La originalidad de la CNT es que practicaba la huelga sin cajas de resistencia, lo que obligaba a huelgas breves y contundentes que, lo dicho, por primera vez se ganaban, algo importante en una industria cuyo mayor margen de beneficio empresarial era el salario. Rápidamente adoptó en su táctica la huelga general, esa idea del sindicalismo francés importada a Catalunya por la revista homónima, fundada por Ferrer i Guàrdia. También, rápidamente, pasó a ser algo más que un sindicato. Era el centro del trabajo, del ocio, de la vida en los barrios. Era, lo dicho, una herramienta capaz de utilizarse fuera del ámbito laboral. Por ejemplo, ante situaciones de acoso a mujeres, o en una huelga ciudadana contra el altísimo precio de los alquileres.

La carta de presentación, la constatación de que, con la CNT, ya nada sería igual, fue, precisamente, su primera huelga general, la huelga de 1919 de La Canadiense, la empresa eléctrica de Barcelona. El inicio consistió en una huelga localizada contra el despido de varios trabajadores, acusados de sindicarse a la CNT. La huelga fue dura y salvaje, ferozmente reprimida por el ejército, que no dudó en inventar y en aplicar la Ley de Fugas. El poder de la CNT era tal que, incluso, consiguió que las imprentas de los diarios practicaran la censura roja, consistente en no imprimir las noticias gubernamentales, sesgadas, sobre la huelga. Un indicativo del poder de la CNT en los talleres e imprentas. La huelga se ganó y, con ella, la jornada de ocho horas en todo el Estado. La más tardía de Europa. El resultado de esa victoria fue el look out empresarial y la formación de grupos terroristas empresariales, vinculados a su vez al Estado, dedicados al asesinato de líderes sindicales. De una forma u otra, este terrorismo empresarial y gubernamental se prolongó durante la dictadura de Primo de Rivera. Esa oleada de crímenes fue respondida, en menor escala, por el sindicato.

La inesperada llegada de la República, en 1931, supuso un cambio de marcos importantes en Catalunya y en España. El catalanismo conservador desapareció, a favor de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), un nuevo partido nacionalista y de izquierda no marxista, algo importante en una sociedad con un gran anarquismo popular. La proclamación de la República en Barcelona vino acompañada de la proclamación de la República Catalana, federada a la República Ibérica, siguiendo la lógica del republicanismo federal del XIX. El Gobierno provisional de la República, en Madrid, pugnó contra esa opción. Tras arduas negociaciones con el Govern de la República Catalana, se consiguió que diera un paso atrás. No habría Estado propio. Pero sí una autonomía, a través de un estatuto de autonomía, que debería ser refrendado en Catalunya y aprobado en el Congreso de los Diputados en Madrid. El texto original, redactado en Catalunya —el Estatut de Núria—, parte del objeto que el nacionalismo de izquierdas tiene más a mano: el aludido federalismo del XIX. En su preámbulo habla de autodeterminación, alude al hecho de que «los anhelos del pueblo catalán no están contemplados en todos los artículos de este estatuto» —es decir, que el anhelo es, se supone, un Estado propio, federado a un objeto que no se llamaría España, una marca desgastada, percibida como fracasada, cargada de malos recuerdos, sino República Ibérica, con el que se compartiría soberanía— y, en general, aspira más a ser un ejercicio que selle la soberanía compartida —no lo consigue—, que a ser una mera descentralización del Estado. Posiblemente, es el redactado intelectualmente más ambicioso y con mayores atribuciones —por ejemplo: el poder judicial— de entre los tres estatutos catalanes redactados en los siglos XX y XXI. A su vez, posee, como valor positivo, su mera existencia. Una República unitaria reconoce en su seno una rareza denominada Catalunya y le permite un estatuto de autonomía, algo imposible dos décadas antes, cuando el Parlamento monárquico negó una petición de estatuto de autonomía a la Lliga, aduciendo, según se deduce del debate, que era una amenaza incompatible con la idea de España. Es importante señalar que, pese a su contenido, pese a su preámbulo, pese a sus atribuciones, el Estatut republicano sólo contempla el autogobierno, la descentralización, no el reparto de soberanía. Ésta será la lógica no sólo de este estatuto, sino de los dos restantes que tendrá Catalunya en el siglo XX —con la Transición— y en el siglo XXI —con el Govern Tripartit; ya llegaremos—. Lo que puede dibujar el carácter rupturista, no confirmado, del Procés, un movimiento soberanista, que formalmente no se plantea más autogobierno sino participar en la parte de la soberanía que no está completamente acaparada por la UE y el Estado. Ya llegaremos.

El pacto con el Gobierno de la República tras la proclamación de la República Catalana da paso al nacimiento de una vieja institución, que literalmente nadie recordaba. La Generalitat de Catalunya. Será el nombre, incompresible, para nominar al Govern Català. La autoproclamada República Catalana da lugar a una denominada Generalitat Provisional, a la espera de una Constitución republicana que especifique la posibilidad de un estatuto de autonomía. La función de esa construcción tan rara, larga y arcaica —Generalitat— era, precisamente, ésa. No llamar a Catalunya Estado, sino cualquier otra cosa. Generalitat es cualquier cosa, menos un Estado.

El texto del Estatut, el primero que otorgaba autonomía a una zona del Estado —la República otorgó después la autonomía al País Vasco; Galicia, otra nación peninsular, no tuvo tiempo de ver promulgado su estatuto, pues la guerra empezó antes; no se contemplaba otorgar estatuto a otras zonas del Estado—, fue analizado en Madrid con recelo e incomprensión, materializado en una alocución del filósofo Ortega y Gasset, diputado en las Cortes Constituyentes republicanas, en la que indicaba que el problema catalán, desde la óptica española, no era comprensible, pero sí tolerable. Catalunya y España eran, así, dos objetos que se toleraban, o mejor, que se soportaban, mutuamente. Tras su paso por el hemiciclo, el texto original fue sensiblemente rebajado y desprovisto de su lógica federal y soberanista, que quedó, no obstante, presente parcialmente en su preámbulo. La vigencia del Estatut fue muy corta. Promulgado en 1932, es suspendido en 1934, cuando la Generalitat participa en una revuelta contra el primer Gobierno derechista de la República. Se trata de una revolución prorrepublicana, hecha, para su fracaso, sin la complicidad ni la ayuda de la CNT. Participa en los altercados armados en las calles el primer fascismo catalán, y el primer grupo marxista catalán organizado. En la revuelta se proclama otra vez el Estado, federado, como es habitual desde el XIX, a la República Ibérica. El Gobierno fue detenido. Sólo recuperó la libertad tras la victoria del Frente Popular, en 1936, poco antes de la guerra.

La etapa republicana, la Generalitat, supone también una escalada en el conflicto del catalanismo de izquierdas con el anarcosindicalismo, que antaño, durante la dictadura de Primo de Rivera, habían sido aliados, si no cómplices. En lo que pretende ser una aceleración de la fase republicana para acceder a la revolución, el anarcosindicalismo —su bandera rojinegra nace en Barcelona el 1.° de mayo de 1931— se emplea en acciones violentas o, incluso, en pequeños estallidos revolucionarios. Los anarcosindicalistas lo llaman «gimnasia revolucionaria». El anarquismo catalán no fue unánime ante esa táctica, de manera que vivió su primera escisión en el seno de la CNT. Las revueltas estuvieron sustentadas por la fabulosa crisis, que persiste desde 1929, un paro atroz, un bajo poder adquisitivo en los salarios, y en la ausencia de respuesta social de la Generalitat. Las izquierdas catalanas accedieron al poder, de hecho, con un triple programa: proclamación de la República, creación de una subvención a parados, e impago de la deuda de la Exposición de Barcelona de 1929, que había arruinado la ciudad. De esos tres puntos, sólo satisfizo el primero, e improvisó medidas no esperadas, como la expulsión de inmigrantes andaluces y murcianos en trenes especiales, la represión de la venta ambulante sin licencia —la practicaban los parados— y, en general, un endurecimiento del trato a la cultura anarquista, nuevamente represaliada. El catalanismo de izquierdas, como el de derechas, se aplica a defender el mito de que el anarquismo catalán es una barbarie importada, propia de inmigrantes incultos, foráneos. Responsabiliza a la FAI —una federación de anarquistas minoritaria, de no más de 3.000 personas, en ese momento, en todo el Estado— de multitud de atracos y extorsiones que es muy poco probable que fueran realizadas en tan alta proporción.

En 1936 se inicia la Guerra Civil. Y, en Catalunya, la revolución anarquista. Lo que iba a ser un golpe de Estado certero y rápido del ejército, sólo triunfó en África, en Canarias y en zonas del Estado que no integraban las grandes ciudades españolas. En Barcelona fue sofocado por las fuerzas leales a la República —Guardia de Asalto y Guardia Civil—, pero también con los obreros movilizados por la CNT. La Generalitat no entregó armas a los obreros, pese a las demandas encarecidas de la CNT. Pero la CNT contaba con algunas, y consiguió, asaltando comisarías y cuarteles, las suficientes como para armar las calles y detener el avance del ejército, en algún punto, en solitario. Al finalizar la intentona golpista, las calles eran de los obreros armados. Se iniciaba la única revolución anarquista con éxito acaecida en Europa. Inmediatamente después del alto el fuego, se inició una oleada de colectivizaciones. Las empresas empezaron a ser tomadas por sus trabajadores. En general fue una decisión espontánea, de resultados positivos. Se aumentó la productividad y se modernizó el parque industrial —como reconocieron muchos empresarios, cuando recuperaron sus fábricas en 1939—. Las nuevas empresas colectivizadas no eran del Estado, sino de sus trabajadores, que se dotaron de nuevos derechos, como la baja por enfermedad o por maternidad, el derecho a medicamentos gratuitos, el derecho a la jubilación y a una pensión de jubilación, el derecho a la escolarización gratuita de los hijos. La industria metalúrgica, textil y química fue consagrada a la guerra. Se produjo un radical cambio social. Cambiaron rápidamente muchos aspectos de la vida pública y privada. Y, con ello, en el trabajo, el ocio, la familia, el sexo, la prostitución, la indumentaria —desapareció el sombrero en los hombres, las medias, durante el verano, en las mujeres—. La contrapartida a todo este festival vital e igualitario fueron matanzas incontroladas y llamativas de sacerdotes, católicos, personas vinculadas, efectivamente o no, a la derecha española o catalana, agentes del terrorismo antianarquista de hacía dos décadas, terratenientes, empresarios o propietarios de viviendas de alquiler que habían cultivado la violencia social. En ocasiones, simplemente, rivales, o personas con agravios pendientes.

Inmediatamente después del alto el fuego, también y al mismo tiempo, la CNT realizaba una asamblea histórica en Barcelona, en la que se tenía que decidir qué hacer ahora que el anarcosindicalismo dominaba las calles. Las actas de la asamblea han desaparecido, pero por la reconstrucción de los hechos, a través de varios testimonios memorialísticos, en la asamblea se enfrentaron varios puntos de vista, que se podían ordenar en dos. La opción «ir a por todas», o proclamar el ideario anarquista en su totalidad, algo posible en Catalunya, pero improbable en otras zonas de la República, lo que conducía a una suerte de dictadura anarquista. Esta opción fue rechazada en beneficio de la segunda, una opción mixta. Conservar la Generalitat, utilizarla, y utilizar su Diario Oficial para legislar, en una línea libertaria, la revolución que se estaba desarrollando en la calle, oficializándola, haciéndola irreversible.

Se creó el Comitè de Milícies Antifeixistes. La institución se superpuso a la Generalitat, por la línea de los hechos, y llevó, como ha quedado dicho, el techo competencial de Catalunya a su máximo histórico.

En el comité hubo, por primera vez, además de anarquistas, marxistas en una institución. Se trata del POUM (Partit Obrer d’Unificació Marxista), un partido en la órbita trotskista y con algunos militantes independentistas. Era un partido con una cultura más cercana a la CNT. Y del PSUC (Partit Socialista Unificat de Catalunya), un partido comunista en la órbita soviética, nacido con la guerra, que unificaba socialistas y comunistas. Es un partido importante. Fue el modelo elegido por Stalin para sus partidos socialistas unificados de los países satélites del Este creados tras 1945. El PSUC asume el PCE en Catalunya, y es el responsable de que Catalunya sea una delegación territorial en la Tercera Internacional, que reconocía así el hecho nacional de Catalunya. Tras tres meses de hegemonía anarquista absoluta, el PSUC fue ganando terreno. Se enfrentó a las colectivizaciones y a las bolsas de violencia incontrolada, defendió al pequeño propietario y al pequeño comerciante frente a la colectivización, y a lo largo de la guerra pasó de ser un partido nuevo y pequeño, a ser el gran partido, el más influyente en la Generalitat. Las propuestas y actitudes anarquistas, por otra parte, se fueron debilitando tras la aceptación de la CNT de entrar en el Govern de Catalunya. Y, posteriormente, en el de la República, lo que significó el fin del Comitè de Milícies Antifeixistes, el gran contrapoder anarquista y revolucionario frente a la República y la Generalitat.

El fin de la guerra supuso el fin de muchas cosas. Una auténtica y dramática ruptura histórica, como tal vez no se vivió en ningún otro país europeo tras la Segunda Guerra Mundial. En ocasiones, la ruptura, la desaparición afectó a más de cien años de historia. El anarquismo, desdibujado, no volverá a tener la hegemonía que tuvo. El PSUC sale al exilio como un referente de la izquierda. Será el partido más poderoso del tardofranquismo. ERC, que nominalmente aún existe y es un partido fuerte, no tiene nada que ver, ni significa una herencia directa, con aquella ERC republicana. La represión fascista fue atroz. Como la revolución, afectó a todas las parcelas de la vida, pero en forma brutal y restrictiva. Imperó un catolicismo integrista, dogmático, que lo impregnó todo. Políticamente, República, Generalitat, partidos, sindicatos y todas las ideologías y actitudes que habían supuesto una evolución lenta, pero costosa, hacia la República y la revolución, fueron proscritos y perseguidos. Sobre la represión en Catalunya, una metáfora: el único presidente del Gobierno asesinado por el fascismo en esa Europa en guerra que se inicia con la Guerra Civil española, y que finaliza en 1945, fue Lluís Companys, president de la Generalitat.

El franquismo es la única dictadura fascista que se prolonga en el tiempo más allá de 1945, y que posteriormente no es depuesta por fuerzas internas o externas. Lo que no sólo habla de la brutalidad del franquismo, sino de sus repercusiones, profundidad y trascendencia. Una dictadura tan dilatada en el tiempo y que, por su anticomunismo, fue aceptada en el orden internacional con el inicio de la guerra fría, supone mucha presión, durante muchas décadas, sobre la sociedad. Lo que implica consecuencias, difíciles de calcular, sobre la sociedad, pero también sobre las mentalidades, sobre la cultura y la ética pública.

En esos años Catalunya experimenta cambios estructurales importantes. Tras una posguerra larguísima, durísima, represiva, se intensifica la industrialización, bajo la forma de desarrollismo. Es necesaria mano de obra, que viene de la inmigración del sur del Estado, fundamentalmente. Sin estructuras preparadas, sin planificación alguna, con un serio problema de vivienda, sin ningún cojín social, Catalunya dobla su población. Podría haberse producido un enfrentamiento social o lingüístico entre los nuevos ciudadanos y los viejos. No se produce, o se produce esporádicamente. La norma tácita, fruto de cierta conciencia política es, no obstante, proteger, no polemizar, incluso participar de la lengua catalana, debilitada y perseguida. Es la lengua del empresario que contrata al emigrante —en abstracto; muchos empresarios vinculados al catalanismo conservador cambian su lengua familiar por el castellano en esta época—, pero también es la lengua del vecino del emigrante, de su compañero de fábrica, de su esposa o esposo. Es, además, una lengua prohibida. Su utilización es un hecho reivindicativo.

El mapa político experimenta variaciones importantes. La principal es que también está prohibido. El anarquismo, potentísimo antaño, ha sufrido la muerte y el exilio, pero también el desgaste vital de haber protagonizado la primera, y sangrante, resistencia al franquismo, durante los primeros años, los más salvajes. Le sucede en la hegemonía el PSUC, un partido con prestigio. La Lliga ha desaparecido, tácitamente, en el Movimiento Nacional franquista. ERC es imperceptible en el interior, y el nacionalismo conservador no colaboracionista y fuera de la Lliga se dedica, fundamentalmente, a la nada, o al activismo cultural, más o menos legal o permitido, o al activismo católico en catalán.

El abanico opositor, al contrario de lo que sucede en el resto del Estado, se unifica en los setenta en la Assemblea de Catalunya, que agrupa a todos los partidos antifranquistas catalanes, conservadores o marxistas, catalanistas, independentistas, o nada de todo ello. Sólo queda fuera de la Assemblea de Catalunya el debilitado anarquismo explícito. Lo que, pese a ello, parece indicar cierta cohesión social y cierto sentido del consenso. Los partidos tienen un acuerdo tácito, como mínimo, en su modelo de futuro inmediato. Apuestan, al menos de puertas afuera, por la vuelta de la legalidad republicana y la autonomía, si bien sus reivindicaciones fundamentales —libertades democráticas, amnistía de presos políticos y estatuto de autonomía— omiten la palabra República. La Assemblea se pronunció contra la lucha armada y fue tibia ante el último fusilamiento de un anarquista catalán implicado en la resistencia armada contra el franquismo. La ejecución fue en una fecha tan tardía como 1974. Quizás, la actitud de la Assemblea al respecto era una suerte de mensaje al Estado, conforme en el futuro no se optaría por esas vías, sino por vías negociadas con el franquismo. Como, de hecho, así fue.

Tras la muerte de Franco, se intensifica la presión por las tres demandas de la Assemblea de Catalunya. Esta actividad política en ocasiones se entrelaza y aumenta con la lucha sindical, que en los primeros años de la Transición perfila una conflictividad laboral única en Europa.

Los resultados de las primeras elecciones tras la Guerra Civil, en 1977, dibujan una Catalunya de izquierdas, con una menor presencia de catalanismo conservador y de españolismo derechista, netamente franquista. Parece ser que, al contrario de lo que sucede en el grueso del Estado, la hegemonía de este punto de partida de la Transición será de las izquierdas —Catalunya resulta ser, además, la única zona con un PC fuerte, segunda fuerza tras los socialistas—, por lo que el proceso a la inevitable y demandada autonomía será, también, izquierdista. Justo en ese momento, volvió a aparecer la telúrica mala suerte catalana.

Ese mismo 1977, tras las primeras elecciones, el president de la Generalitat en el exilio vuela, sorpresivamente, a Madrid, y se entrevista con el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez. Los partidos catalanes aplauden ese hecho. Si bien, en la intimidad, no lo comprenden. La Generalitat en el exilio es un ente personal, no democrático, un fósil sin relación con la sociedad catalana. Desde 1954 está presidida por Josep Tarradellas, que no responde ante ningún Parlamento. Aislado, sin contacto con el PSUC y con los socialistas, ese hombre es una anécdota, sólo frecuentada, y no mucho, por el catalanismo conservador. Es un personaje desconocido, lejano, aislado, sin ningún rol hasta su viaje relámpago a Madrid, que es interpretado también como algún signo de soborno, por parte de los servicios de inteligencia españoles. En todo caso, en breve el Gobierno del Estado deroga la ley franquista de 1938, que eliminaba la Generalitat —ojo; esto es importante para el Procés; y debería haberlo sido más; confirma que la Generalitat no emana de la Constitución de 1978, que aún no existe, sino que es anterior a la de 1932, pues la Generalitat provisional fue creada, recuerden, en 1931, sin constitución republicana, para evitar una República Catalana—. De la noche a la mañana, las izquierdas, hegemónicas, se encuentran en Barcelona con una Generalitat provisional, no prevista, y con un president de la Generalitat, al que no conocen y al que, por lealtad institucional, deben disciplina y respeto, reconocimiento que le conceden por sorpresa, por perplejidad, por no romper la cohesión política, o por falta de ideas.

El desconocido se revela como una persona autoritaria, que obliga a las mujeres a llevar falda y a los hombres a llevar corbata en su institución. Impone una disciplina desconocida en la generación de los políticos más jóvenes y de izquierdas. De hecho, mantiene unas relaciones tensas con las izquierdas. Empieza a modular un marco conservador de lo que es Catalunya. Forma, por otra parte, un Gobierno de concentración, en el que se integran PSC (socialistas), PSUC (comunistas), CDC (catalanismo conservador) y UCD (el posfranquismo). La gran labor de ese Gobierno será la redacción de un estatuto —Estatut de Sau; desglosado en el siguiente capítulo— y la convocatoria de unas elecciones autonómicas. En esas elecciones, en 1980, gana la opción más parecida a la cosmovisión del president que, al salir de una dictadura, marcó el canon de lo que es una democracia. El nacionalismo conservador, una tendencia a la que nadie esperaba tras la dictadura fascista que había contribuido a crear. Tras dimitir, aquel político republicano y exiliado, aceptó del rey el título de marqués, por la labor hecha. Testigos presenciales explican esta historia de Tarradellas que ilustra al personaje. Siendo president provisional, se le anunció la visita del conde de Barcelona, padre del rey Juan Carlos I, que pactó con Franco la adopción de la monarquía en la persona de su hijo. El conde de Barcelona no fue recibido en la escalinata o entrada del Palau de la Generalitat, como es habitual en las visitas de postín. Sintiéndose y ninguneado, optó por irse. No lo hizo por las reiteradas súplicas del secretario personal de Tarradellas. Al final, en fin, aceptó subir hasta su despacho, si bien indignado. Al abrir la puerta, se encontró con un president de la Generalitat arrodillado, que dijo en castellano: «Saludo a mi señor, el conde de Barcelona».

Con este chiste, por llamarlo de alguna manera, se inicia este libro sobre la última etapa de este país que fue un volcán, un mar interior, neolítico, íberos, griegos, romanos, visigodos, musulmanes, condados, reino, confederación, provincia, república, Francia, España, federación, anarquía, dictadura, autonomía, y un cúmulo de proyectos, contradicciones y traiciones. Y que en 2012 quiso, aparentemente, ser Estado.

1979-2010

Una democracia, dos estatuts, un fracaso de ambas cosas

El Estatut de 1979, o Estatut de Sau —la propuesta de Estatut fue redactada en el parador de Sau por un grupo de 20 personas pertenecientes a CDC, PSC, PSUC, UCD, AP y PSUC—, se promulga en diciembre de 1979. Es la tercera autonomía concedida a Catalunya, tras la Mancomunidad, tras un proyecto fallido de autonomía, rechazado por el Congreso en 1919, y tras el Estatut de 1932, o Estatut de Núria —fue redactado en esa estación de montaña.

En este estatuto se reconoce como nacionalidad a Catalunya. Nacionalidad es un término acuñado por Pi i Margall. En su origen, aludía a realidades nacionales propias dentro del Estado. Como Galicia, como Euskadi y Navarra —Euskadi y Navarra, por cierto, en el proyecto constitucional de Pi i Margall eran un solo Estado—, y como Catalunya. Ahora viene a emplearse con criterio restrictivo. Catalunya es nacionalidad, en tanto esa palabra impide y aplaza la utilización de la palabra nación, que en el texto de la Constitución española se reserva para la nación española. El uso de nacionalidad es, básicamente, una prevención para evitar el uso de plurinacionalidad, hecho negado en el artículo 2 de la Constitución, que viene a definir que en España sólo hay una nación y que es indivisible, según el criterio aquel de Unidad Nacional nacido con la Restauración, sellado a fuego en el franquismo y rescatado por la democracia.

El Estatut define las instituciones catalanas, las engloba dentro de la Generalitat y define sus competencias. La lógica del Estatut es, pues, la lógica del autogobierno. Elude hablar de soberanía, un concepto que, queda claro, el Estado no comparte con nadie. Elude hablar de un problema nacional con el Estado. Es posible que esa lógica o percepción restrictiva fuera la que compartían los redactores. De hecho, en la redacción se propuso por parte de un ponente —Macià Alavedra, de CDC— optar por otra lógica autonómica, que tampoco era federalista o soberanista. Se trata de la lógica foral —la empleada en el País Vasco y Navarra, comunidades en las que la autonomía respecto al Estado reposa, además de en un estatuto, en el reconocimiento de tradiciones anteriores, de fueros, que pervivieron tras el siglo XVIII y, en algunas zonas, incluso durante la dictadura franquista—. Esa lógica integraba la idea de un pacto fiscal, es decir, una financiación diferente a la de una autonomía normal y al uso. La autonomía foral recauda el dinero de los contribuyentes y entrega, del total, una parte pactada al Estado central. La lógica foral, no obstante, no existía en el catalanismo moderno, tanto de izquierdas como de derechas. Se percibía como una antigualla del carlismo, y un hecho insolidario y alejado de la modernidad, por parte de las izquierdas. Fue rechazada rápidamente, sin apenas discusión, en lo que es un indicio de que era una lógica, en efecto, extraña para los ponentes. Curiosamente, también era una lógica alejada del carlismo local. Tras la primera guerra carlista, por ejemplo, el carlismo vasco y navarro, en el momento de negociar su rendición, planteó, entre otros puntos, la vigencia de los fueros, que más o menos fueron respetados. El carlismo catalán, en el trance de rendirse, ni siquiera los revindicó. Se da la curiosidad de que la petición de la Generalitat de un pacto fiscal, similar al vasco o al navarro, es el punto de arranque formal del Procés gubernamental, del punto en el que la Generalitat, gobernada por CDC, plantea un posicionamiento que culminará con la reclamación de independencia. Ya lo veremos.

Esa autonomía planteada como autogobierno, como cesión de competencias a Catalunya por parte del Estado, se mantiene sobre el papel hasta 2006, momento en el que se elabora una reforma del Estatut, y se vuelve a abrir el debate. Esa etapa estable, que iría de 1976 a 2006, en la que transcurre el grueso de la autonomía catalana en democracia, dista de ser una balsa de aceite, a pesar de su apariencia. Está modulada por tres grandes jalones. A saber: la LOAPA, el caso Banca Catalana y los pactos de Gobierno central, que de una manera u otra determinan evoluciones internas y subterráneas que eclosionarán en el siglo XXI.

La Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) es una consecuencia directa del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Se interpreta como una concesión al estamento militar. Consiste en armonizar —eufemismo que vendría a significar ralentizar, aletargar, detener, congelar— el procesoautonómico.

El proceso autonómico es la gran apuesta de organización territorial de la Transición. Y algo más: posiblemente es un intento inteligente, por parte del Estado, de no singularizar y, por ello, desactivar, posteriores procesos en las nacionalidades históricas —Galicia, Euskadi-Navarra y Catalunya—, de no plantear un tema territorial y nacional abierto desde el XIX, sino, más bien, de trivializarlo, a través de la implantación de autonomías similares en todo el territorio. Como se verá con la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 contra el nuevo Estatut catalán, el sistema autonómico no es federal, ni tan siquiera federalizante —no es «el sistema más federalizante de Europa», como se ha venido repitiendo por parte del Estado desde 1978—, sino, más bien, el aplazamiento de lo federal y lo plurinacional. Es, básicamente, una descentralización administrativa del Estado y un monopolio, por parte del Estado, de los conceptos nación y soberanía.

La Constitución del 78, en todo caso, fijaba la posibilidad de autonomía para todos los territorios del Estado. Si bien el techo autonómico se prefiguraba igual para todas las autonomías, la autonomía era, así lo fijaba el texto constitucional, de acceso competencial más rápido en el caso de ser nacionalidad histórica —esto es, de haber disfrutado de estatuto de autonomía, o de proyecto de estatuto de autonomía antes de la Guerra Civil—. Y más lento en el caso de haber sido territorio desprovisto de autonomía en el pasado. En ese sentido, el único gol, la única cosa imprevista que se produjo en el genérico proceso autonómico fue el acceso de Andalucía a la vía autonómica de las nacionalidades históricas, tras protestas ciudadanas que venían a reproducir, en el siglo XX, lo que en el XIX ya quedó planteado: la democracia y la descentralización iban unidas en España. Plantear la democracia en España significaba plantear su reformulación y su descentralización. Quizás, el éxito gubernamental, en este momento, fue limitar la reimplantación de la democracia a cierta descentralización, y a ningún reparto de la soberanía.

La LOAPA, pese a ello, supuso un límite y freno a la descentralización. Consistió en la equiparación de todas las autonomías —desaparecía, en cierta manera, la diferenciación entre comunidades autónomas históricas y no históricas— y se «armonizaba» el traspaso de competencias, a fin de uniformar el territorio, algo que preocupaba a la ultraderecha y al estamento militar, que veía en una simple descentralización administrativa el fin de España.

Las consecuencias de la LOAPA, aprobada por el último Gobierno de UCD con los votos del PSOE, fueron dos. Por una parte, el nacimiento de un primer movimiento independentista vigoroso en Catalunya. Se trata de la Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes, más comúnmente, la Crida. Sí lo había habido antes. Pero siempre en ámbitos minoritarios.

La Crida fue una asociación de entidades y ciudadanos que promovió actos de protesta contra la LOAPA y, a través de ellos, ensanchó el marco nacionalista catalán. Por primera vez en la joven democracia, se criticaba la Transición y sus logros, y se reclamaba no sólo volver al marco y a la estética anterior a la LOAPA, sino la autodeterminación. Generacionalmente, fue un movimiento para los más jóvenes, personas que en el momento de inicio del Procés rondaban los cincuenta años, y que en su juventud dieron un paso importante hacia la cosmovisión independentista con la Crida. De hecho, a finales de los ochenta muchos de esos jóvenes, siguiendo una consigna interna de la Crida, entran masivamente en ERC, un partido taciturno desde las primeras elecciones en 1977, y que con esa incorporación, y a través del liderazgo de Àngel Colom, president de la Crida —será el nuevo líder de ERC—, configuran algo que hasta entonces no había existido nunca jamás: un partido netamente independentista, joven, contrario a la Constitución del 78, con representación parlamentaria y en progresión electoral y social.

La otra consecuencia de la LOAPA fue el fin de las transferencias. De una forma u otra, no se vuelven a producir, salvo excepciones y salvo otro trámite —lo veremos en breve—, que no era el exclusivamente legal y tabulado. El Estado, en fin, incumple su palabra escrita. No transfiere competencias o lo hace con cuentagotas. Algunos políticos catalanes (CDC) y vascos (PNV) consultados van más lejos y explican que, con la LOAPA, sencillamente, finalizó el proceso competencial que, en el mejor de los casos, había durado tres años. No volverá a haber transferencias salvo bajo la forma de pactos de estabilidad y gobernabilidad en el Gobierno de Madrid.

El caso Banca Catalana podría explicar cómo se ejerce la política en un Estado federalizante que no es federalizante, y en un proceso de transferencias autonómicas que tampoco existe. Es decir, en una cultura política extraña y en la que nada es lo que parece o lo que se comunica.

En 1982 explota el caso Banca Catalana. Sonoramente. Banca Catalana es, a su vez, un intento, serio pero desordenado, de crear una entidad financiera catalana, un lobby al servicio del emergente catalanismo conservador. Detrás de ese intento, iniciado en 1959 por Florenci Pujol i Brugat, está Jordi Pujol, hijo de Florenci Pujol y primer presidente elegido de la Generalitat restaurada en 1979. Quizás, para explicar este caso, esta época, que no es otra que aquella en la que se formula el autonomismo como cultura y dinámica, convenga hacer un semblante del personaje.

Jordi Pujol nace en 1930. Es hijo de un empleado de banca discreto y despierto, vinculado, al menos como votante, con el nacionalismo de izquierdas de ERC. Tras la guerra, inicia su despegue económico. Tiene una agencia de cambio en Tánger, que parece ser la tapadera para su actividad real. Algo tan prohibido como necesario en un Estado autárquico, bloqueado y aislado, como lo es el franquismo de aquel momento. Se trata del contrabando de divisas. El empresariado catalán —aún, mayormente, del sector textil— necesita divisas para sus importaciones de maquinaria o de materias. Divisas que no existen, que son ilegales y que Florenci Pujol facilita, previo pago. De ese negociado sale su fortuna, que luego amplía en bolsa y en otros negocios financieros. Sin llegar a mezclarse con la alta burguesía catalana —un ente muy cerrado—, y aun teniendo más dinero que ellos, Florenci Pujol lleva una vida discreta y siempre en segundo término. Colabora activamente en la educación de su hijo, al que matricula en el Colegio Alemán de Barcelona, posiblemente evitando con ello la enseñanza religiosa del franquismo. Jordi Pujol estudia Medicina, carrera que nunca ejerció. Sus primeros trabajos son en industrias farmacéuticas en las que su padre tenía accionariado. Comprometido con el catalanismo conservador y católico —incluso ése tenía problemas con el franquismo—, convence a su padre para adquirir un pequeño banco, la Banca Dorna, a la que cambia de nombre. Es la génesis de Banca Catalana. El proyecto es un banco familiar pero también industrial y comercial, que oriente el crédito hacia proyectos a los que, difícilmente, la banca franquista podía financiar, ni tan siquiera contemplar: enciclopedias en catalán, escuelas catalanas, empresas editoriales, librerías, asociaciones pedagógicas... En esta época, Jordi Pujol empieza con mayor vigor y densidad su activismo social y político, que culmina un año después con su detención en los hechos del Palau.

Los hechos del Palau consisten en una protesta en el Palau de la Música Catalana, durante un concierto al que asistían ministros franquistas. Una parte del público empezó a cantar el «Cant de la Senyera», un poema de Joan Maragall musicado por Lluís Millet, a la par que alguien lanzaba octavillas. Jordi Pujol no estaba en la sala. No obstante, también fue detenido. Por lo visto por un chivatazo, que le vinculaba a la redacción de las octavillas lanzadas. Juzgado en Consejo de Guerra, Pujol es condenado a siete años, de los que cumple más de dos. Durante su juicio y su condena, su nombre se hizo popular en la sociedad. El PSUC le defendió, se hicieron pintadas, octavillas. Es aquí, quizás, donde su nombre empieza a ser conocido y referencial del catalanismo.

Pujol salió demudado de la cárcel franquista. Posiblemente, con toda la razón del mundo. Vuelve a Banca Catalana. Abandona el activismo político, pero no el social. Los fines de semana viaja por toda Catalunya. La recorre en varias ocasiones. Conoce todos los pueblos y, en cada uno de ellos, a todas las personas opositoras al Régimen, activistas culturales o, simplemente, personas que, desde el silencio, deseaban un cambio político. Sabe quiénes, cuando llegue el momento, apoyarían un nacionalismo conservador, y quiénes no. En esta época, quizás, se forja el cargo de president. Es un hombre conocido y conocedor. Tiene mapas humanos en su cabeza que nadie más tiene.

Finaliza esa época en 1974, cuando ya ve al franquismo terminal. Vuelve a la política. Funda Convergència Democràtica de Catalunya, en Montserrat. Los asistentes a esa fundación fueron en autobús, vestidos de aficionados del Barça, aprovechando un encuentro de peñas de aficionados. Capitaliza todos sus conocimientos humanos para expandir el partido en una Catalunya que conoce al dedillo. Es más, es posible que sea el único político que la conozca. Sabe que, tras el franquismo, será un momento proclive a las izquierdas. Quizás por ello presenta su partido como socialdemócrata y catalanista. Nadie más, en fin, hará hincapié, de entre los nuevos y viejos partidos que en breve competirán electoralmente, en la vertiente catalanista, un aspecto que las izquierdas presuponen en sí mismas, por lo que la descuidan, en la confianza de que, como en la República, no habrá partidos de derechas catalanistas, mucho menos después del pacto entre catalanismo y franquismo que toda la sociedad había visualizado, y del que sólo se libraban individuos como Pujol, detenido y torturado por el franquismo. Para potenciar su proyecto, Pujol, con el dinero de su padre, o amparado por Banca Catalana, se hace con diversos medios de comunicación. Adquiere la prestigiosa revista Destino y consigue ser el director oculto de El Correo Catalán, diario en el que marca la línea y los editoriales. No obstante, todas estas aventuras, ruinosas, no presagian nada bueno en el futuro próximo de Pujol, un político por confirmar, procedente de una tradición que, en ese momento, también está por confirmar en democracia.

En las primeras elecciones democráticas, CDC gana en Girona y Lleida. En Tarragona gana UCD, y en Barcelona, CDC queda sepultada tras PSC y PSUC. En efecto, las izquierdas viven un gran momento. En todo el Estado, CDC es la quinta candidatura más votada, por detrás de UCD, PSOE, PCE y AP. No está mal para un pequeño partido conservador y catalanista y sin tradición, algo improbable sin la existencia de Pujol. Aun así, es difícil prever que Pujol tenga asegurada su carrera política.

Una vez aprobada la Constitución, Pujol abandona su cargo electo en el Congreso y empieza a preparar su asalto electoral a la Generalitat, por el que nadie da un duro. En efecto, lo tiene mal. El PSC es fuerte, y el PSUC es el único PC peninsular que está cumpliendo las expectativas electorales esbozadas en la dictadura. En 1980 se producen esas esperadas elecciones autonómicas. No hay que dudar que Pujol lo ha hecho bien. Gana las elecciones. En total, son 752.943 votos y 43 parlamentarios. Son más de 100.000 votos que el PSC y 10 diputados más. Pero mucho menos que los votos del PSC y del PSUC unidos —606.717 votos, 33 parlamentarios, y 507.753 votos, 25 parlamentarios—. Lo más natural y probable hubiera sido un Gobierno de las izquierdas. Pero no existe esa posibilidad cultural. PSC y PSUC no se tragan. Además, el hecho de que ninguno de los dos haya ganado las elecciones, sino una lista de centro-derecha, les deja KO, sin capacidad de respuesta. Además, en estas primeras elecciones no hay una cultura del poder, una cultura de la coalición clara. Posiblemente, en el resultado final pesa la idea de que gana quien haya tenido más votos. En todo caso, finalmente, un pacto con ERC —286.922 votos, 14 parlamentarios— posibilita que Pujol sea el primer president democrático de Catalunya.

La obra de Pujol sólo es valorable hoy. Gracias, en parte, al caso Banca Catalana, que impidió, parece ser, valorar a Pujol en tiempo real y directo. En la actualidad se sabe que la primera obra política de Pujol fue nombrar como secretari general de la Presidència —un cargo oscuro, más privado que público— a Lluís Prenafeta, una persona sin trayectoria política importante ni determinante, pero vinculado al mundo de los negocios. Prenafeta, finalmente, fue detenido, junto a Macià Alavedra, otro gran personaje del primer pujolismo, en 2009, al ser vinculados a un caso de corrupción estructural. Se supuso, y se supone, por tanto, que la función de Prenafeta en los primeros gobiernos de Pujol era colaborar y favorecer negocios privados a la sombra de la institución. De ser así, ese dato daría una fecha muy temprana para los inicios de la corrupción política de Pujol.

Otro punto candente de la obra de Pujol son sus hijos. Se sabe que los hijos de Pujol —Pujol, por lo visto, tiene la sensación y el complejo de no haber cuidado de sus hijos, debido a su actividad política, por lo que ha sido muy tolerante con sus derivas personales— se iniciaron pronto en negocios a la sombra de la Generalitat. Se sabe que Jordi Pujol hijo, por ejemplo, se inició en los negocios a través de la creación de empresas homologadas por la Generalitat, que se encargaban de inspecciones y servicios que la Generalitat había hecho obligatorios. Quizás todo esto encaja con la ingente cantidad de dinero, legalizada a través de la amnistía fiscal del primer Gobierno Rajoy, depositada en paraísos fiscales.

Esa cantidad de dinero es la causa de la defenestración social de Pujol, un político bien considerado por gran parte de la sociedad hasta ese momento. En pleno Procés, apareció esa información, sin duda filtrada por el Estado con una intencionalidad política. La cuenta bancaria en un paraíso fiscal, finalmente reconocida por Pujol a través de una carta en la que explicaba que, en efecto, había tenido dinero no declarado en paraísos, si bien ese dinero fue una donación de su padre —anterior a su acceso a la política—, quien no confiaba en la carrera política de su hijo, ni en la estabilización de la democracia. Puede ser, si bien lo más verosímil y posible es que ese dinero venga del expolio familiar, del cobro de comisiones o del cobro de servicios, oficializados por la Generalitat. Es muy posible, no obstante, que nunca se sepa. Cunde la opinión de que el caso nunca llegará a los tribunales, o no lo hará antes de haber prescrito.

En todo caso, ¿cómo no fue posible percibir esa dinámica de corrupción, todo apunta a ello, estructural? ¿Cómo no fue posible percibir esa actividad en una institución que, como ha quedado dicho, y gracias a la LOAPA, carecía de competencias más allá de las recibidas en un primer momento? La respuesta es: gracias al caso Banca Catalana. Es decir, gracias a su hábil utilización.

En 1982, como ha quedado dicho, explota la crisis de Banca Catalana, que finalmente, un año después, será intervenida, dividida y vendida por un consorcio, integrado por la gran banca española. Se inicia entonces un periodo en el que las investigaciones judiciales se mezclan con filtraciones en El País, convirtiéndose lo que tendría que ser un caso de estafa, en un caso político y con intereses políticos por parte del Estado y de la Generalitat. En 1984, poco antes de las elecciones autonómicas, Pujol fue interrogado por un magistrado y los fiscales en el Palau de la Generalitat. Con ello se inicia una guerra mediática absoluta, que convierte a las inminentes elecciones en una suerte de juicio —o peor, de condena o de absolución—. Pujol, con cierta maestría comunicativa, convierte todas las acusaciones, cada vez más fundadas, en una suerte de ataque contra Catalunya en su persona, que se vincula más y mejor con el marco de la catalanidad. Su imputación es una suerte de agresión a Catalunya. El resultado es exitoso, y CDC gana las elecciones. Por mayoría absoluta. Una ilustración de la crispación resultante: con motivo de la sesión de investidura, CDC convoca una manifestación, frente al Parlament. Algunos manifestantes, en lo que es un conato de linchamiento, golpean a varios diputados socialistas.

Dos años después, en 1986, se concluye la instrucción. Pujol y otros 17 exconsejeros del banco son imputados formalmente, acusados de apropiación indebida, falsedad de documento público y mercantil y maquinación para alterar el precio de las cosas. Lo que ocurre a continuación es hilarante. En la Audiencia de Barcelona, 33 magistrados, frente a 8, votan en contra de procesar a Pujol, no así al resto de imputados. En 1990 se decide sobreseer el caso, por no encontrar motivos de delito. En el mismo documento en el que se especifica eso, también se especifica que «la gestión fue imprudente, incluso desastrosa», y se viene a señalar que llevar una cuenta paralela no es delito. ¿Qué ha pasado desde 1984 hasta 1990, para que un delito inicial no tuviera culpables y que, incluso, dejara de ser un delito? El fiscal Carlos Jiménez Villarejo ha explicado que recibió presiones, si no la orden gubernamental, de acabar con el caso, de cerrarlo, de no investigar más. Es posible interpretar por qué. Por una parte, la democracia española empezaba a redefinir la corrupción en un sentido más amplio y laxo que en cualquier otra democracia. La posible corrupción de Pujol en Banca Catalana —la unión de corrupción, escándalo y banca— en breve dejaría de ser un exotismo. Por otra parte, se estaba reformulando el canon de honestidad del político demócrata. Y, en lo concerniente a su código deontológico ante los negocios, no era muy diferente del franquista. La trayectoria de Pujol era disculpable. O, en el caso de no serlo, prefiguraba un duro antecedente para el colectivo de políticos demócratas, que estaban descubriendo, con naturalidad, las posibilidades, legales o al filo de la legalidad, del poder para la creación de riqueza personal. También pudieron pesar otros argumentarios. Como que no era rentable políticamente un enfrentamiento con Pujol, que fácilmente se podía manipular en un enfrentamiento entre Catalunya y España, algo que beneficiaba electoralmente a Pujol, como había quedado claro. Otro factor que pudo animar a olvidarlo todo fue que Pujol era necesario. Era necesario para hacer política en el Estado. En 1982, cuando se abre el caso, el PSOE dispone de mayoría absoluta, que revalida en 1986. En 1989 ya la pierde, y en 1993 necesita un socio parlamentario. Sí, podría haber optado por que ese socio fueran las izquierdas. Pero la cultura más parecida a la del PSOE quizás era CDC, Pujol, ese hombre honesto que hacía negocios y los permitía hacer y con el que, hablando claro, era posible el entendimiento.

El caso Banca Catalana, un caso oscuro que no llegó a sentencia clara, es importante, vamos, porque desubicó a Pujol de la corrupción. Es más, le permitió dibujarse a sí mismo como una persona honesta, un político protorrepublicano y limpio, agredido por una cultura exterior, la española, corrupta, sin separación de poderes, poco nítida. Le permitió, se diría, ubicarse en el centro de la honestidad. O, como él mismo dijo, «rechazar lecciones de Madrid. A partir de ahora, cuando haya que hablar de honestidad, sólo podremos hablar nosotros [los catalanes, los militantes y cargos de CDC]». Funcionó. Evitó explicar cuál era la razón de ser de la actividad íntima de una autonomía sin procesos de transferencia de competencias, con poco que hacer, salvo ser honestos todo el día. Permite, además, crear un marco para Catalunya, defendible, asumible e, incluso, intercambiable, por el catalanismo conservador. Catalunya, y el catalanismo conservador, es un carácter, unos políticos y unas instituciones honestas, pero continuamente agredidas por un ente intolerante y deshonesto. Tal vez tiene alguna razón en lo segundo. Pero poca razón o nada en lo primero.

Con el canon que se fragua y se empieza a dibujar con el caso Banca Catalana, la inactividad institucional —y más aún las actividades paralelas en las instituciones— no sólo recibe un capote, sino una épica narrativa, una idea de progreso y dinamismo donde no la hay. Que se ve confirmada y aumentada con los traspasos competenciales, que se producen, puntualmente, de una forma inesperada. Con la participación de CDC en los pactos gubernamentales en Madrid.

En efecto, CDC, que se va dibujando a sí misma como una figura que aporta estabilidad en el Congreso una vez que PSOE pierde la mayoría absoluta, va dominando la disciplina. Colabora, más nítidamente en 1993, en la elección del presidente y en un continuado apoyo parlamentario. A cambio de ello, la Generalitat recibe competencias no esperadas, e improbables de recibir —ha quedado claro— por otro mecanismo. Se trata de concesiones en temas variados, como despliegue de la policía autonómica —la única policía autonómica del Estado, junto con la vasca—, y concesiones en temas como gestión de algún tramo de impuestos, construcción de obras públicas o de infraestructuras, o mejoras puntuales en la financiación. Evidentemente, estos acuerdos eran denunciados por el PP, en cuanto eran maniobras que daban alas al nacionalismo catalán o que, incluso, dañaban al concepto de unidad nacional. No obstante, el pacto de gobierno y de estabilidad parlamentaria más beneficioso para la Generalitat fue el Pacto del Majestic, el pacto que posibilitó, gracias a CDC, que Aznar fuera el primer presidente del Gobierno del PP. En ese pacto, cuyo nombre alude al hotel en el que fue firmado, además de un conjunto de competencias y mejoras financieras, CDC consiguió del PP, entre otras concesiones, el fin del servicio militar obligatorio, la compra, por parte del Estado, de algún negocio que no le había salido bien al hijo de Pujol y, lo más difícil y nunca visto, que Aznar dijera, frente a un micrófono, algunas palabras en catalán.

Sobre la seriedad, sino trascendentalidad de esos acuerdos. Suponen un secretismo tan estable y tan determinante del Régimen del 78 que, incluso, para discutir sobre el Pacto del Majestic, Pujol se reunió antes en un chalet del CSID con Felipe González para tratarlo —así lo explica Pujol en sus memorias—. Felipe González, por cierto, estuvo de acuerdo en dotar de estabilidad al PP, a cambio de lo que CDC reclamara. Esta sola reunión de transferencias de poderes, en la que el presidente saliente dispone el paso del entrante a través de Pujol, explica no sólo la importancia de CDC y de Pujol en la estabilidad y en la intimidad del Régimen, sino, tal vez también, por qué Pujol no pudo ser encausado en su día. Tal vez, por qué no lo será nunca. Era importante. Es decir, necesario.

El Pacto del Majestic es histórico. Supone, otra vez, la participación de la derecha catalana y catalanista en gobiernos de la derecha española. Lo había hecho durante la Restauración, y lo había hecho, tácitamente, durante el franquismo. Ahora lo volvía a hacer con una derecha formalmente democrática, pero vinculada al franquismo y a retóricas, cosmovisiones y políticas autoritarias. El desgaste que ese pacto ocasionó a CDC empezó a producirse inmediatamente tras su firma. Aumentó con la segunda legislatura Aznar, sin duda la más autoritaria, una legislatura crispada, en la que los esfuerzos se fueron en privatizaciones con beneficiarios cercanos al PP, en negocios en torno a la liberación del suelo, en formulaciones de negocios alrededor de Caja Madrid, entidad en cuyo entorno se estaba creando un grupo financiero afín al PP, y en una cruzada constitucionalista contra las partes no uniformes del Estado, fundamentalmente materializadas, en aquel momento, en el País Vasco. En el orden internacional, la legislatura se sobrecalentó con la entrada de España, como parte de trío animador del conflicto, en la guerra de Irak. Esta legislatura, en fin, es importante para el agotamiento del Régimen. En ella, se reduce y estrecha la lectura de la Constitución, que pasa a ser un objeto cuya interpretación se hace coincidir con el proyecto uniformador y centralista del PP. Y, bueno, como inventor de la bestia, como partido que aseguró la entrada al poder, en la anterior legislatura, del PP, CDC se desgasta. Es un desgaste, incluso, mayor de lo que parece. Es un desgaste biológico. La figura de Pujol, omnipresente desde finales de los setenta, está dejando de brillar. Unida a una época, parece no poder dar más de sí. Algo está cambiando. Posiblemente, la sensación de que nada está cambiando, de que se vive en una casilla política eterna, llamada Transición. Pujol recibirá un aviso cruel de todo ello en las elecciones autonómicas de 1999, las últimas a las que se presenta como candidato.

Por primera vez en democracia, y exceptuando las primeras elecciones autonómicas, CDC, que sigue ganando las elecciones en escaños, las pierde en votos. Gana el PSC. O mejor dicho, gana algo parecido al PSC, con las siglas PSC, pero dirigido y presidido por un hombre extraño, Pasqual Maragall. Las palabras clave de los próximos años son Pasqual Maragall. Las palabras clave que, de una forma u otra, conducirán a los inicios del Procés son las mismas. ¿Quién es Pasqual Maragall?

Pasqual Maragall es el antónimo de Jordi Pujol. Pertenece a un apellido ilustre de la alta burguesía, aquel grupo al que no pudo entrar Pujol, pese a su poderío económico. Pasqual es hijo de un burgués ilustrado, republicano, depurado tras la guerra, con grandes problemas económicos por ese hecho. A su vez es nieto del poeta Joan Maragall, que coqueteó con el anarquismo, y que se enfrentó a su clase social —y perdió— tras la revolución de 1909, por pedir piedad para los detenidos, a través de varios artículos en la prensa, que le supusieron el exilio interior posterior. Pasqual Maragall es, a su vez, hermano de Pau Malvido —pseudónimo de Pau Maragall—, escritor underground y militante libertario de la Barcelona de los setenta. Maragall es, vamos, un hombre conectado vital y familiarmente con la Barcelona de su tiempo. De cada tiempo. Mientras que Pujol es una persona, si bien de Barcelona, más vinculada al mundo rural, que ha sabido cultivar. Economista, Maragall militó en fuerzas de izquierda radical hasta 1974. De una forma u otra, mantuvo posicionamientos de ruptura, no favorables a la Transición, hasta muy tarde. Fue uno de los fundadores del PSC, un partido que nació tardíamente, en 1976, y que vivió su primer trauma un año después, cuando se federó —eufemismo que viene a significar integrarse— en el PSOE, del que viene a ejercer la delegación en Catalunya. Funcionario técnico municipal, que amplió estudios en Estados Unidos, compaginó esa labor con la de profesor universitario. Accedió como cargo electo al Ayuntamiento en las primeras municipales. Iba como número 2, tras Narcís Serra, un político vinculado a una gran familia relacionada, a su vez, con la Lliga y con el franquismo. Cuando Narcís Serra fue nombrado ministro de Defensa en el primer Gobierno socialista —la razón fue la organización, dicen, del día de las Fuerzas Armadas en Barcelona, de la que quedaron encantados los altos cargos militares posfranquistas desplazados a la ciudad—, Maragall fue elegido alcalde de Barcelona. Como alcalde, tal vez conforma el canon de lo que es un alcalde progresista en la ciudad. Tal vez, incluso, es de alguna manera el modelo, en ese sentido, de Ada Colau. Es, así, un alcalde personalista, vinculado a la izquierda claramente, pero con golpes puntuales conservadores o, al menos, con hábiles y puntuales aprovechamientos de las reglas del juego de la política española. Verbigracia: cuando finalizó su carrera política, después de su aventura en la Generalitat, se propuso a sí mismo para presidir una empresa mixta. Conocía la puerta giratoria que comunica la política local con el mundo de los negocios, y quería utilizarla. Por encima de todo, es un alcalde capaz de liderar a la clase media, de hacerla ir a puntos y accesos a los que no iría, en su preferencia de lugares más estables y conservadores. También es un tipo que emite «maragalladas», comentarios y actitudes sinceras y desenfadadas, no admitidas en muchos políticos. Diría que en casi ninguno. En general, las maragalladas suponían pequeñas crisis. Ejemplos. A los pocos meses de asumir el Gobierno de la Generalitat su conseller en cap protagonizó una crisis sin precedentes, al entrevistarse con ETA. Maragall no le desautorizó, ni le obligó a dimitir por violar esa regla de la estrecha política española. Semanas después, en un viaje oficial a Israel, espontáneamente cogió una corona de espinas de una tienda de souvenirs de Jerusalén, se la puso a su conseller en cap y, riendo, se dejaron fotografiar por la prensa catalana. El resultado fue otra crisis sin precedentes. En otra ocasión acusó, en un pleno parlamentario, a CDC de cobrar comisiones ilegales de un 3 por ciento. Eso supuso otra crisis sin precedentes y, hasta cierto punto, el fin de su legislatura. Con el tiempo se ha sabido que CDC cobraba comisiones de mayor importe, pero que el 3 por ciento de ellas iba, posiblemente, a la familia Pujol. Si fuera así, parte de la supuesta herencia que Pujol cobró de su padre procedería de esas comisiones. Las maragalladas, esas simpáticas salidas de tono, con consecuencias graves, en el fondo eran positivas. Imposibilitaban crisis mayores para un político, en verdad, gamberro y no tabulado.

Tipo políglota y culto, como Pujol, sabe leer su época, como Pujol. Contrariamente a Pujol, está especializado en la lectura de las izquierdas, del PSC, y del PSOE, tres objetos, se diría, de los que no está satisfecho. Vinculado y conocedor de la cultura americana, parece proponer una cultura política americana. Se verá esa fascinación en la redacción del nuevo Estatut. Intentó hacer un preámbulo del Estatut a la americana, un preámbulo bello, en el que se condensara la democracia y la catalanidad, en el que se especificara que todas las personas tenían derecho a la felicidad. Sería un texto capaz de ser aprendido y recitado por los escolares. No fue posible. También trasluce su americanismo en sus tensas relaciones con el PSC y el PSOE, partidos a los que puentea. En su horizonte hay la idea de crear un partido americano. Es decir, un partido con una estructura más abierta y débil, que sólo exista cada cuatro años, para las elecciones. En cierta manera crea ese partido. Es el Partido Demócrata Europeo, que se registra en Catalunya como Partit Català d’Europa. Su enfermedad, alzhéimer, no le dio tiempo a más. Su enfermedad, por otra parte, se camufló durante un tiempo como parte y región de su carácter extraño y repleto de golpes de genio. Ya lo veremos.

Bueno. Maragall abandona su cargo como alcalde en 1997. Se pira a Roma, desde donde se deja querer por el PSC para presidir una lista que se enfrentara a Pujol. Tanto él como el partido asumen el reto en 1998. Pero con condiciones. La lista no será sólo del PSC. Maragall se saca de la chistera una estructura nueva, diferenciada del PSC y no sometida a su disciplina. Se trata de un partido nuevo, Ciutadans pel Canvi, formado por personas que nunca jamás hubieran ingresado en el PSC, cerrado y entregado a tácticas de promoción personal, de favores y de negocios, en la estela de todos los grandes partidos de la Transición. Para formar ese partido, Maragall hace en cierta manera lo que hizo Pujol entre los sesenta y los setenta. Viaja por Catalunya, cena y come con infinidad de grupos. Descubre una izquierda rural, un mundo amplio y colorido en los feudos de CDC, que están hasta las narices de CDC. Los articula, los cautiva, consigue que le voten y, en ocasiones, que engrosen las filas de Ciutadans pel Canvi. En las elecciones, en 1999, PSC-Ciutadans pel Canvi da la sorpresa. Gana las elecciones en votos, pero no en escaños. Podría gobernar si las izquierdas se unieran. Pero no todas están por la labor. En la votación de investidura, Pujol consigue ser presidente gracias a los votos del PP. Y a la abstención de ERC. PSC-Ciutadans pel Canvi e ICV votan en contra. Pujol ha ganado. Pero Maragall le ha arrebatado votos en feudos importantes. Queda claro que los días de Pujol y de CDC están pasando a la historia. Sólo debe esperar. Muy poco. El apoyo recibido por el PP no deja de desgastar a CDC.

El momento llega en 2003. Se vuelven a repetir los resultados. Maragall gana en votos, pero no es escaños. Pero en esta ocasión la situación es diferente. La sociedad parece estar cansada de la crispación de la última legislatura Aznar, ese hombre que fue aupado al poder por CDC, y ese partido que, en la última legislatura catalana, posibilitó que CDC renovara la Presidencia de la Generalitat. Hay en el aire la posibilidad de que, en esta ocasión, las izquierdas catalanas se unan.

La confirmación de ese hecho por mi parte fue curiosa. Estaba en el Camp Nou, con un dirigente de ERC al que estaba entrevistando. Evidentemente, le pregunté por la posibilidad de un Gobierno tripartito —ICV ya se había pronunciado a favor reiteradamente; la duda era ERC, un partido más cercano, culturalmente, a los mitos de CDC—. En eso el Barça marcó un golazo imprevisto, que invertía un resultado dramático. Todo el estadio gritó y se abrazó. El dirigente contempló la escena. Dijo, mirando al vacío, en catalán: «Míralos, son buena gente, se merecen no perder». Luego, me miró a mí y, también en catalán, me dijo: «Claro que habrá tripartit. Cómo quieres que no lo haya. Nos matarían». Me pidió que no lo dijera. Y no lo dije, pero lo digo ahora.

Unas semanas después se firma el Pacto del Tinell, en el Saló del Tinell del Palau Reial. En él se especifica y detalla el pacto gubernamental. El pacto tiene dos puntos no previstos, no comunicados en campaña, o no con tanto énfasis. Son el motor del pacto, el pegamento que lo ha posibilitado. En primer lugar, se especifica el ostracismo del PP. Los tres partidos firman el compromiso de no contar con él para la elaboración de políticas. Se trata de una consecuencia, un sign of the time del ambiente político del momento. Era una medida propagandística contra el PP. El PP —un PP con mayoría parlamentaria en Madrid, un PP que dominaba los medios de comunicación, que no practicaba la política, sino una suerte de linchamiento mediático contra quienes el partido y sus profesionales de la comunicación señalaban como enemigos y, por tanto, como antidemócratas y anticonstitucionalistas, como personas y partidos, en fin, que, de una manera u otra, se alineaban con ETA significaba, en aquel momento, un poder y un lenguaje inapelables. Mostrar su oposición a ese partido y a sus modos era un acto autodefinitorio como Govern de izquierdas.

El otro punto llamativo del Pacto era lo que parecía el eje central de la política del Tripartit. La reforma del Estatut de 1979. Es decir, la creación de un nuevo Estatut. La idea es provocadora. Catalunya, desde 1979, desde el Estatut de Sau, ha quedado reducida a ser un marco CDC, un objeto que sólo puede ser interpretable y matizable por ese partido conservador, que se ha convertido en la esencia y el límite de la catalanidad. La propuesta consiste en liderar un cambio referencial, en solucionar, sin cambio constitucional, el anclaje de Catalunya en el Estado durante veinticinco o treinta años más y, por el mismo precio, dejar a CDC sin capacidad de liderar el proyecto, sin capacidad, en fin, de renovar su papel hegemónico en Catalunya. Solucionar el anclaje de Catalunya, aumentar, tabular y garantizar su autogobierno, equivalía a jubilar a CDC, ese partido especializado en hablar de autogobierno y en ampliarlo en reuniones secretas en Madrid, para apoyar la legislatura del PSOE o del PP. La idea era buena. Más si se piensa en el estado anímico de la CDC del momento. CDC estaba derrotada, alejada del poder, deprimida, sin reflejos. Duró muy poco esa situación, por cierto.

El candidato que perdió frente a Maragall no era Pujol. Fue Artur Mas, su protegido. Fue designado por Jordi Pujol como líder provisional, a la espera de que, en la oposición, aflorara el desgaste propio de la oposición, al que se le calculaba un deterioro extra, consistente en la aparición de nuevos casos de corrupción y de los entramados corruptos que el Govern Tripartit fuera encontrando en sus departamentos. La idea de Pujol era que Artur Mas asumiera en su persona todo ese desgaste, momento en el que sería sustituido por el sucesor real de Pujol. Su propio hijo, Oriol Pujol. Paradójicamente, las cosas fueron al revés. El Tripartit, que encontró irregularidades en la gestión de CDC —lo más llamativo, un gran agujero de varios cientos de millones en sanidad—, no hizo público ninguno de sus hallazgos. Ni siquiera pruebas tangibles, me dicen, del cobro de comisiones en obras públicas, que descubrió cuando las empresas constructoras les propusieron renovar y seguir con el sistema de comisiones, a lo que se negaron. ¿Por qué salvaron la vida a su enemigo? Por varias razones. Por fidelidad institucional, por infravaloración de CDC, a la que consideraban acabada o, simplemente, por estabilidad, por ausencia cultural de la posibilidad de denunciar a un gran partido como protagonista de corrupción estructural. Para que todo sea más gracioso, al poco de recuperar el poder, en la primera legislatura de Mas, iniciada en 2010, Oriol Pujol, el heredero tapado, quedó involucrado en un caso de cohecho —el caso ITV—, que finalizó con su carrera política. Mas, el líder provisional, acabaría siendo el líder definitivo de CDC mientras, literalmente, CDC existió. Es decir, hasta 2016.

Por lo demás, y esto es importante, la primera legislatura del Tripartit resultó absolutamente desestabilizadora. De hecho, supuso una erosión y una contradicción sobre el sistema —el Régimen del 78, como se le llamará después del 15M, en 2011— sin precedentes. El Tripartit, en fin, tuvo esa capacidad y esa consecuencia, a pesar de que su agenda no fue en absoluto rupturista. Quizás, la obra, demoledora, del Tripartit viene a ser un primer indicio del carácter encorsetado, inamovible y reacio a la reforma de la democracia española, un objeto joven y, a la vez, extraordinariamente viejo, codificado y estático.

¿Qué es lo que puso en contradicción el Tripartit? Casi nada. Puso en contradicción al aparato del PSC y, con él, al aparato del PSOE. En tal manera que, literalmente, Maragall fue expulsado del Govern por esos dos entes. Puso en contradicción al catalanismo conservador. Después de varias décadas de hegemonía, de dominio absoluto del marco del catalanismo y Catalunya, hizo que CDC realizara extrañas piruetas. Puso también en contradicción, y abandonado a su brutalidad, al nacionalismo español, representado en el PP, un partido que hizo lo imposible, hizo cosas más allá de la buena educación y del corpus democrático, para evitar el desarrollo del proceso de elaboración del nuevo Estatut. Pero también puso en contradicción particular al PSOE, un partido que evidenció que su lectura del nacionalismo español no difería en esencia, si bien sí en grado, de la versión conservadora. Y, por encima de todo, el Tripartit dejó tras de sí un objeto, un cacharro fabricado con ilusión, inteligente, pero inútil, sobreseído, combatido por la derecha catalana, la española y el PSC y el PSOE, denominado nuevo Estatut, que significó el hecho de que una etapa de estabilidad y ausencia de conflictos, denominada Transición, había finalizado. Nada será lo mismo después del nuevo Estatut, como demuestra su hijo no deseado, el Procés.

Vayamos por partes. El Tripartit tuvo como nombre oficial Govern Catalanista i d’Esquerres a la Generalitat de Catalunya. Es un nombre importante, pues integra a ERC, un partido formalmente independentista —es decir, no catalanista, no interesado en la gobernación de España— desde finales de los ochenta —recuerden: LOAPA, nacimiento de la Crida, primer auge del independentismo y entrada masiva de él en ERC—. Supuso, tal vez, la última colaboración formal del independentismo con el catalanismo. Ese hecho dibujaba que el Tripartit fue una originalidad, incluso una oportunidad histórica, o un último intento de algo histórico: un momento preciso, modulado por las ganas de poner fin a CDC, y por las ganas de defender el corpus del catalanismo de la apisonadora esencialista PP. No fue entendido así por nadie, nadie valoró que el Tripartit era un SOS, una última oportunidad dramática. Nadie valoró que su fracaso prefiguraría fracasos mayores y más amplios.

Si bien el Tripartit tuvo ejes originales —construcción de escuelas, una actividad aletargada por los gobiernos CDC; control del cada vez más inquietante cuerpo de policía autonómica, los Mossos d’Esquadra, a través de un código deontológico y la instalación de cámaras en las comisarías; medidas, tímidas, pero avanzadas a su tiempo, para lograr la participación ciudadana; giro social de los presupuestos generales, en un momento anterior a la crisis, en el que las autonomías tenían pasta y posibilidades de conseguir aún más—, la gran originalidad, el gran hecho fue la elaboración del nuevo Estatut.

El nuevo Estatut fue un intento inteligente, y desesperado —y, a partir de cierto momento, ya avanzado el proceso de su elaboración, desanimado y carente de fe—, de elaborar un anclaje definitivo —es decir, para una o dos generaciones— de Catalunya en España, una España que, desde la era Aznar, había ganado en sensación asfixiante. La inteligencia del proyecto era realizar esa operación, que dejaría fuera de juego a la derecha española y a la catalana, a sus combates de identidad, a una escalada infinita de desencuentro que consumía el grueso de la política, sin reformar la Constitución, sin realizar un improbable cambio federal, rechazado entonces por PSOE y PP. La propuesta de Estatut venía siendo similar a todos los estatutos anteriores. Es decir, era un Estatut que abogaba por el autogobierno, no por el reparto de soberanía. Sus originalidades eran tres. Se reconocía, por la puerta de atrás, a Catalunya como nación. Fuera del articulario, en el preámbulo. Y cuidándose muy mucho de sobrepasar el marco de la Constitución, en cuyo artículo 2 se expresa —siguiendo la tradición conservadora, nacida en el siglo XIX— «la indisoluble unidad de la Nación Española, patria común e indivisible de todos los españoles». La fórmula tímida, pero efectiva y, en aquel momento, provocadora e inasumible, fue la siguiente: «El Parlamento de Catalunya, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Catalunya, ha defendido Catalunya como nación de una forma ampliamente mayoritaria. La Constitución española, en su artículo 2, reconoce la realidad nacional de Catalunya como nacionalidad». Parece asumible. Parece poco. Pero fue rechazado, ya lo veremos, en el Congreso y en la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010. Con esa sentencia, y con este rechazo puntual a estas notas del preámbulo, se crea de forma instantánea, zas, el estado de ánimo que posibilitó el inicio del Procés dos años después.

Otra originalidad del Estatut era el blindaje de competencias. Se blindaban competencias para que siguieran existiendo, para que no dependieran de pactos de gobierno en Madrid, o de posibles reformas/LOAPAS futuras. Otra originalidad fue el tema lingüístico, a través de pequeños e importantes matices. El catalán, que en el anterior Estatut era cooficial, junto al castellano, pasó a ser denominado oficial, como el castellano. Se exponía el deber de conocerlo y la posibilidad de dirigirse en catalán a todas las instituciones del Estado, como el Tribunal Supremo, el Constitucional, o las Cortes. Y otra originalidad fue la ampliación de competencias en el ámbito judicial, formulando una estructura de la justicia federal, y con la creación, incluso, de un Consejo General del Poder Judicial catalán, desgajado del CGPJ central.

Pero tras la incorporación del término nación, y el blindaje de competencias, para el Tripartit el tercer gran hecho del Estatut era otro, también irrenunciable. La financiación. Era evidente que el sistema de financiación no era justo. Catalunya, una comunidad rica, dejaba de serlo y perdía posiciones de riqueza tras haber pagado su solidaridad con el Estado. Debería haber un sistema que posibilitara la solidaridad federal con un sistema también más justo para Catalunya. La propuesta del Tripartit no fue el pacto fiscal, el sistema foral practicado en Euskadi y Navarra, sino un sistema parecido al de Alemania.

El proceso de redacción vivió varias fases, en parte moduladas por la realidad política española, y por los esfuerzos de CDC para no perder protagonismo. En un primer momento, y es preciso recordarlo, el Govern Tripartit es la primera victoria socialista nítida en plena época de rodillo político y propagandístico del PP. El PSOE hace un uso propagandístico, a su vez, del Tripartit. Lo expone como gobierno progresista, a confrontar con el gobierno reaccionario del PP. Rodríguez Zapatero, líder del PSOE, apoya al Tripartit, habla de realidad plurinacional del Estado y muestra hacia el Tripartit una complicidad que va más allá de los réditos electorales que puede suponer esa simpatía. En plena campaña electoral para las elecciones generales, Zapatero es la estrella del gran mitin de campaña del PSC. Antes de salir a escena, arropado por Maragall, en bambalinas se discute qué frase puede decir para mostrar su apoyo al Estatut que se ha empezado a redactar en febrero de 2004. Tras mucho discutir, y a propuesta de Maragall, se elige esta frase: «Apoyaré el Estatut de Catalunya que me envíe el Parlament de Catalunya». Es una frase poco comprometida. De hecho, parte de la idea, altamente improbable en ese momento, de que cuando el Estatut esté redactado él será el presidente del Gobierno. Algo, en ese momento, difícil. Las encuestas fijan al PP como nuevo ganador de las elecciones. Algunas, incluso, le sitúan revalidando la mayoría absoluta. A pesar de ser, por tanto, una frase con poco riesgo escenográfico, el candidato y su entorno directo ponen reparos, si bien finalmente es aceptada, tal vez, por la animosidad y la luminosidad de Maragall.

Las elecciones, por cierto, las acabó ganando el PSOE. De manera imprevisible. Unos días antes de las elecciones Al Qaeda atenta en Madrid. El Gobierno Aznar, pese a las evidencias, y pese a los medios internacionales, defiende que el atentado ha sido de ETA. Le conviene. Ha centrado su propaganda en una lucha constante entre la democracia, que sólo sabe defender el PP, y la barbarie representada por ETA, hasta tal punto que cualquier partido o persona que se separe de ese discurso es tachado de cómplice de ETA. Para mantener ese discurso propagandístico es necesario un poder inaudito sobre los medios, poder que queda probado y materializado durante los tres días siguientes, cuando todos los medios, sin excepción, cumplen lo que el PP espera de ellos y defienden la opción de ETA frente a informaciones contrastadas que llegan del exterior. El día anterior a las elecciones, y movilizada a través de SMS —no había aún redes sociales—, gran parte de la sociedad se manifestó en todo el Estado frente a las sedes del PP, denunciando el engaño y pidiendo información. El dominio total del PP para elaborar marcos infalibles había finalizado. Al menos, por un periodo. Y, en efecto, al día siguiente, ganaba las elecciones el PSOE.

La derrota del PP tuvo consecuencias para el Tripartit y su Estatut. En principio, positivas. Hasta su derrota, y en un momento álgido, que fueron los artículos publicados por intelectuales afines al PP, horas después del atentado islamista, la poética consistió en unir el Tripartit y su propuesta de Estatut a referentes cercanos a la lógica de ETA. Es decir, contrarios a la democracia y a la unidad nacional, el sello, al parecer, de la democracia española. Lo sorprendente es que, tras la derrota, el punto de vista del PP ante el Estatut, a pesar de ser menos determinante, pues ya no estaba en el poder, ganó en beligerancia. El PP y organizaciones paralelas, bajo forma de asociaciones o de medios de comunicación, convocaron un boicot a productos catalanes. Aquel Estatut que hablaba de autogobierno, es decir, de competencias, no de soberanía, supuso, por ejemplo, un descenso notorio en la venta de cava en el Estado español. Posteriormente, líderes del PP llegaron a pedir en la calle firmas contra el Estatut. El celo frente al Estatut llegó a tal nivel que el PP llevó al Tribunal Constitucional el texto estatutario el mismo día que llegó al Congreso. El Tribunal les devolvió la denuncia, pues al no haber sido aprobado aún, la denuncia no era válida. Finalmente, sí, envió el texto del Estatut, una vez aprobado —y recortado en, aproximadamente, un 50 por ciento—, al Tribunal Constitucional, que esta vez sí aceptó la denuncia. Hizo pública su sentencia en 2010, dando con ello el pistoletazo de salida al Procés.

El PSOE, a su vez, cambió radicalmente su visión del Tripartit conforme llegó al poder en Madrid y el proceso de redacción del Estatut fue avanzando. Su desconfianza, su punta de infidelidad a Pasqual Maragall, se produjo en enero de 2006, tres meses después de que el Estatut se hubiera presentado a trámite en Cortes, y cuatro meses antes de que fuera aprobado tras su descomunal recorte. Consistió en una reunión sorpresa, en la Moncloa, entre el presidente del Gobierno, Zapatero, y el líder de la oposición catalana, Artur Mas. En esa reunión, que ocupa gran parte de un sábado, se acordó retocar ampliamente la propuesta de financiación que presentaba el Estatut, a espaldas del Parlament y del Govern. Aquella propuesta federal quedó irreconocible. Se volvió a realizar una propuesta líquida, con el conflicto permanente por la financiación que, se suponía, se iría ampliando en cada negociación para establecer y apoyar un gobierno en Madrid. Todo aquello que quería eliminar el Estatut —eliminar la hegemonía de CDC, ese partido que gestionaba y solucionaba un conflicto permanente con España— quedó en buena parte revocado. A modo de metáfora, a modo de explicación de lo que PSOE y CDC consiguieron reeditar ese sábado, aquí van estas descripciones. Mas llegó en coche desde Barcelona, para asegurar el secretismo de la cita. Fue acompañado por un pequeño número de asesores. Su asesor principal se quedó en Barcelona y fue al teatro, con su familia, del que tuvo que salir en varias ocasiones para contestar las llamadas telefónicas de Mas. Zapatero, a su vez, disponía, en la habitación de al lado, del asesoramiento de un número de abogados de Estado que superaba la decena. Estos datos prefiguran que aquél fue un pacto improvisado y negativo para Catalunya, pero positivo e importante para CDC y PSOE, que recuperaban su tradición de reuniones secretas y, pasara lo que pasara, vendidas a la prensa como un éxito histórico para Catalunya. Y en verdad fue histórico. El PSOE recuperó un interlocutor y una dinámica del pacto, en detrimento de Maragall, ese personaje que iba por libre y que era poco fiable, incluso, para el PSOE.

Ah. Sobre la participación de CDC en el texto. Aparte de este gran paso hacia atrás en la financiación, elaborado a espaldas del Parlament, CDC participó activamente en la redacción del artículo 5 del Estatut, que venía a exponer los derechos históricos de Catalunya, en la línea de los estatutos de las comunidades forales vasca y navarra.

La reunión con Mas ¿fue una traición de Zapatero? Todo apunta a que sí, y así lo reconoce el entorno de Maragall. No obstante, los partidos aportan matices. Fuentes cercanas a Zapatero explican que se pactó con Maragall algún tipo de ceremonia que diera honor y participación a CDC. Zapatero, aseguran esas fuentes, simplemente eligió, unilateralmente, esa ceremonia y ese día para realizar lo pactado con Maragall. Según CDC, estaba previsto que también asistiera Maragall, pero a éste se le olvidó. Es preciso señalar aquí que hacía meses que, entre la clase política afín al Tripartit, se hablaba con mucha confidencialidad de que Maragall sufría algún tipo de problema psiquiátrico —se utilizaba esa alocución—. Algún conseller, incluso, me había explicado, en estricta confidencialidad, que Maragall, en algún Consell de Govern, había perdido el hilo de su propia conversación, y que, posteriormente, se había quedado en silencio, mirando al vacío, durante un buen rato. Por protocolo o, incluso, por estupor, nadie había tomado la palabra durante el silencio del president. Hacia el final de la legislatura, en todo caso, esos rumores están en alza. El delegado del Govern de la Generalitat en Madrid, un miembro del aparato del PSC, hace público que Maragall sufre una enfermedad psiquiátrica, con lo que subraya que ese hecho quita credibilidad y rigor al Estatut. Finalmente, antes de que acabe la legislatura, Maragall anuncia que no se presentará a la reelección. Se presentará —y ganará— José Montilla, un tipo gris, en ese momento, ministro de Industria con Zapatero, y un exponente del aparato del PSC más frío y efectivo en la gestión de recursos humanos y riqueza. Un año después, Maragall anunciaba que desde el verano anterior, es decir, una vez fuera de la Presidencia de la Generalitat, padecía el mal de Alzheimer. Si eso no era verdad, si lo cierto es que ya tenía síntomas durante su Presidencia, sería otro rasgo que vendría a confirmar la telúrica mala suerte catalana. El único hombre que en aquel momento era capaz de hilvanar un tripartito, de acometer un ambicioso Estatut de Autonomía, de cambiar con él las lógicas en Catalunya y en España, no pudo hacer más, porque estaba seriamente enfermo.

El Estatut, finalmente, fue defendido en el Congreso de los Diputados por Artur Mas (CDC), Manuela de Madre (PSC) y Josep-Lluís Carod-Rovira (ERC). En el Parlamento, el texto sufrió cambios en la mayoría de su articulario. El argumento del PSOE para los cambios era garantizar que el Estatut no fuera retirado por el Tribunal Constitucional. El del PP era evitar que el Estatut fuera «una reforma constitucional encubierta». Fue votado afirmativamente por el PSOE, CiU, PNV, IU-ICV, BNG y Coalición Canaria. Se abstuvieron Chunta Aragonesista y Nafarroa Bai. Votaron en contra PP y ERC, que en aquellas alturas del partido dejó de creer en un proyecto desfigurado y demasiado lejos del original.

En el referéndum de ratificación posterior, todas las fuerzas catalanas apuestan por el sí salvo PP y ERC. El referéndum obtuvo baja participación. Menos del 50 por ciento del censo. Un dato que dibujaba el fracaso y la baja aceptación social de una propuesta radical, dentro del orden constitucional, saboteada por PSOE, PP y CDC.

Ratificado por el rey, el Estatut, troceado en el Congreso y en la Moncloa, entra en vigor en agosto de 2006. En 2010 será modificado, más aún, por el Tribunal Constitucional, hasta el punto de que es un texto que no tiene nada que ver con el original y, mucho menos, con sus objetivos.

El 28 de junio de 2010 es cuando se hace pública la sentencia. Ese día será histórico. Pasan cosas no previstas, que muestran fenómenos no previstos. Para esa fecha el Procés, un Procés ciudadano, aún no adoptado ni ralentizado por ningún partido político, ya ha nacido en su vertiente social y ciudadana, y hace su primera aparición pública. Sorprendente y vigorosa. Algo ha cambiado, y mucho, con este gran fracaso político y colectivo que es el Nou Estatut. Las consecuencias durarán hasta hoy y, previsiblemente, hasta dentro de muchos años más.

2010

El año en que empezó todo. O, tal vez, el año en que acabó todo

En 2006 se aprueba y se vota en referéndum lo que queda del Estatut. En 2010 se publica la sentencia del Tribunal Constitucional. Son muchos años. Demasiados, entre una fecha y otra. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la razón para que el Tribunal Constitucional haya tardado tanto? Y aquí se debe apuntar que, si bien la rapidez es una de las garantías y características de la justicia, y que si bien esa prueba del algodón de la justicia no es una seña de identidad de la justicia española, cuatro años es, incluso aquí, y en este negociado, mucho tiempo. Tanto que resultó determinante para que la sociedad catalana emitiera una respuesta planificada, espectacular y no prevista, como ya veremos. Entre 2006 y 2010, en Catalunya, básicamente y de hecho, se planificó la respuesta a la sentencia del Tribunal Constitucional. Razón de más para preguntarse, otra vez, el porqué del retraso de la sentencia. Quizás la explicación más plausible es que el Tribunal Constitucional no elaboró antes su sentencia porque, sencillamente, se estaba muriendo.

El Tribunal Constitucional se reveló, tras ser plasmado en el texto constitucional de 1978, como un gran invento. Era una figura planteada en la Constitución española de 1932, incorporada del novedoso y fresco constitucionalismo austriaco de la época, y que se recuperó en la Transición. En los primeros años de la democracia posfranquista, funcionó. Bien o muy bien. Es decir, aparte de otras valoraciones, cumplió su cometido con cierta rapidez y efectividad, y con un grado de polémica muy templado. Quizás su funcionamiento positivo supuso el principio de su fin. El Tribunal Constitucional fue asumiendo querellas y soluciones de conflictos en un número cada vez más llamativo. Que, con el paso del tiempo, pasaron a ser querellas y conflictos que, en otras democracias, respondían a problemas que tal vez no hubieran llegado a existir, pues hubieran sido opiniones contrapuestas que se habrían negociado y solucionado en el Parlamento. El Tribunal Constitucional llegó a ser, así, un trámite más del desacuerdo, la última instancia o táctica para la solución de un problema político, antes que constitucional. Esto, a su vez, supuso una patología en el trance de nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional. En tanto que la institución se volvió una prolongación de la política, por otros medios, y dejó de ser un ente autónomo, independiente y libre de presiones, la selección de sus miembros se fue haciendo cada vez más por motivos políticos y de fidelidad, antes que por motivos académicos o profesionales. De hecho, los magistrados del Tribunal Constitucional eran fruto de un pacto entre los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE. En caso de mayoría de uno de esos partidos, su representación podía llegar a ser mayor. Y dado que el mandato de los magistrados no coincide necesariamente con una legislatura, eso provocaba situaciones y sentencias sorprendentes y fuera de la lógica política del momento.

Todo ese funcionamiento, toda esa serie de «patías» políticas y democráticas, quedaron reflejadas y acompañaron todo el proceso de sentencia del Estatut.

En el periodo 2006-2010 el partido gobernante era el PSOE, sin mayoría absoluta. El Tribunal Constitucional estaba formado, en el momento de la recepción del Estatut, por seis miembros (llamémosles) cercanos al PP, y seis miembros (llamémosles) cercanos al PSOE. En tanto que emisor de sentencias políticas, eso dificultaba y ralentizaba la sentencia. Si bien los posicionamientos de las dos escuelas de pensamiento representadas en el Tribunal Constitucional no diferían mucho en su opinión sobre el Estatut. El periodista político Pep Campabadal matiza así las diferencias: «Unos, el PP, estaban por la amputación. Otros, los del PSOE, por la castración química». Una mayor castración química, o una mayor amputación, pues el Estatut, recuerden, había sido sometido a tratamiento químico y tijeretazo en el Congreso. Para hacer amigos, asegurarse una sentencia beligerante en su dirección, sacar beneficio político y acabar de liarla, el PP recusó a uno de los jueces, Pablo Pérez Tremp, llamémosle cercano al PSOE, por considerarlo incompatible para establecer sentencia, alegando que, en el pasado, había realizado algún informe jurídico para la Generalitat. Para orientar sobre la honestidad de fondo y el celo republicano y legalista del PP se debe considerar que el actual magistrado presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, llamémosle cercano al PP, era, en el momento de su nombramiento y hasta que se descubrió, militante del PP, algo absolutamente prohibido para acceder al cargo y que, en otra democracia, hubiera supuesto su expulsión inmediata de la institución. Tras ese ejercicio de democracia, la mayoría PP cortaba el bacalao en el Tribunal Constitucional. Es decir, en la sentencia sobre el Estatut. Era previsible, por tanto, una sentencia sangrante. En eso, la Divina Providencia intervino. Un magistrado, llamémosle cercano al PP, falleció, con lo que se volvió al empate técnico eterno, con prevalencia del PSOE, al ser la presidenta, llamémosle cercana al PSOE, poseedora de voto cualificado, quien podría decantar el posicionamiento. Siempre sería castración, pero, recuerden, podía ser química o violenta. La violenta duele mucho y hace mucho ruido.

Si bien la sentencia fue la esperada, finalmente resultó más alejada de la química de lo previsible. A aquel Estatut invalidado, fracasado, recortado, no le quedó ni el honor, ni la sombra de satisfacción de alguno de los aspectos que se había propuesto solucionar. Fue troceado de una forma divertida y creativa. No sólo en lo obvio —el concepto nación, que aparecía por los pelos en el preámbulo, la equiparación del catalán, o la asunción de mayores competencias en justicia—, sino también en detalle y más allá del deber. Por ejemplo, se declararon inconstitucionales lógicas y artículos copiados, casi literalmente, en los estatutos, recientemente reformados, del País Valenciano y de Andalucía. Catalunya, la sensación era ésa, había sido castigada. La sensación es que se castigaba una conducta, un atrevimiento, un punto de vista, por lo que se le privaba de artículos que en otras comunidades eran absolutamente válidos.

Más detalladamente, se castigaba la esencia del Estatut. El Estatut partía de la lógica de que la Transición era un periodo finalizado en el que la democracia, tras una dictadura fascista, y con los militares vigilantes, no jugaba en casa. Aquellas leyes e instituciones creadas bajo presión militar debían liberarse de esa presión, de esa ideología, y actualizarse y normalizarse. No se proponía, en ese sentido, una ruptura, sino una interpretación constitucional posible, y no necesariamente arriesgada. Una interpretación de la época, cercana a varias generaciones de personas que habían nacido tras la Transición. Esa interpretación, no obstante, no llegó a producirse en el PSOE. El Estatut no era un objeto inconsciente ni suicida. Sus redactores sabían que ese aggiornamento propuesto era difícil, si no imposible, en el Estado. Sabían que —y esta frase me la han repetido diversos políticos del Tripartit, pero también de CDC—, en aquel momento histórico, el Estado ni siquiera hubiera concedido un Estatut como el de 1979, sino que más bien lo hubiera negado. Por eso mismo, el Tripartit se limitaba a reformar un Estatut, con mucho cuidado de no superar la Constitución. La obra intelectual del Estatut, de hecho, descansaba en una interpretación de la Constitución. Como sucedió también con la propuesta fundamental del Procés inicial —ya llegaremos—, una consulta que descansaba también en una interpretación constitucional —la posibilidad de que el Gobierno delegara en una autonomía una competencia exclusiva: la posibilidad de convocar un referéndum—. Algo que, por otra parte, ya se había hecho en alguna ocasión anterior. No fue posible el Estatut, como dos años después no fue posible esa consulta, porque la Constitución era un monopolio interpretativo, y porque el Tribunal Constitucional, víctima de sus dinámicas internas y externas, era incapaz de interpretar el texto. Tan sólo podía, y sabía muy bien hacerlo, matizar una sola interpretación. Con dos variantes, química o física. En ese sentido, el Tribunal Constitucional era una institución más abocada al integrismo constitucionalista, nacido en la época Aznar, cuando todo lo que se consideraba políticamente nocivo pasaba a considerarse inconstitucional.

Un voto particular, de un magistrado, llamémosle, cercano al PSOE, se encargó de recordar a Maragall el sentido imposible de su intento. España, pese a ser un Estado federalizante, la entidad más descentralizada de Europa, como se venía diciendo desde 1979 ante cualquier queja emitida desde la periferia, era, básicamente, todo lo contrario: «El Estado de las Autonomías es un Estado compuesto con rasgos federales, especialmente en lo relativo a las competencias autonómicas, pero no es un Estado federal en sentido genuino, ya que no reúne algunas de las notas clásicas que lo caracterizan, como la garantía de la coparticipación decisoria en las reformas. Ni las comunidades autónomas pueden calificarse de “estados” en el sentido en el que este concepto se aplica a los miembros de la federación, ni pueden considerarse “soberanas” [...]. Autonomía no es Soberanía. Por otro lado, a diferencia de los estados federales clásicos, las comunidades autónomas nacen a partir del reconocimiento del derecho a la autonomía por parte de un constituyente unitario, y el mismo carácter unitario sigue ostentando el titular del poder de reforma, dado que las comunidades autónomas sólo tienen reconocida una facultad de iniciativa [...]. De otro lado, mientras existe una relación de primacía entre la Constitución federal, y la de los miembros federados, sin que esto signifique su ordenación jerárquica de las segundas, en nuestro Derecho el estatuto de autonomía ha de conceptuarse como norma infraconstitucional jerárquicamente subordinada a la única Constitución española, con arreglo a la interpretación que ésta haya recibido del Tribunal Constitucional».

Autonomía no es soberanía. Básicamente, el único objeto sensible de ser reformado en España es España. Cualquier intento de reforma desde la autonomía es inviable, pues éste es un Estado unitario, y la periferia carece, incluso, de la capacidad de interpretación del todo o de sí misma, que se emite sólo desde el centro. No es tan importante, en esa imposibilidad de reforma, la Constitución, como su interpretación. Y, en ese sentido, existe una diferencia interpretativa grande, contradictoria, insolucionable, entre el centro y la periferia. En esencia, frente al debate planteado en el siglo XIX, que unía democracia a reparto de la soberanía, aplazado por la Restauración, aplazado por la República —que, sin ofrecer soberanía, ofrece descentralización—, aplazado por el franquismo y reabierto, sólo en forma de descentralización, con la Transición/la Restauración 2.0, la sentencia equivale a plantear que ese debate no existe, ni existirá. Que la esencia de España es la inexistencia de ese debate. Si lo había, fue solucionado en la Transición a través de la Constitución. Y, sobre todo y más aún, posteriormente, a través del cierre de su interpretación como objeto inamovible y relacionado con el concepto de nación española, codificado en la Restauración.

O, lo que es lo mismo, el PP y el PSOE comparten una cosmovisión sobre España y sobre la Constitución. Con variantes químicas o traumáticas.

El PSOE, un partido cuya estructura es nominalmente federal, que se autodefine como republicano, es, en esencia, un partido monárquico, es decir, que comparte la gran aportación histórica de la monarquía desde su restauración en el XIX: una idea de nación española, proveniente del catolicismo y el centralismo, que penaliza lo heterodoxo. No hay interlocutores de la periferia en el centro. Zapatero, aquel hombre que aceptaría el Estatut que le enviara el Parlament de Catalunya, no ha aceptado el Estatut que le ha enviado el Parlament de Catalunya. No lo ha hecho ni un solo instante. No puede. Pertenece a otra cultura, en la que cualquier avance en la descentralización/el autogobierno, cualquier avance hacia una situación federal y plurinacional, se sobreentiende como amenaza a la única e indivisible soberanía posible.

CDC, a su vez, parece compartir esa cultura parcialmente. A través de su negociación directa con Zapatero, a través de la desarticulación de la propuesta de financiación federal que tiene lugar en esa reunión, es otro gran partido —el tercer gran partido del Estado, por detrás de PSOE y PP— que también ha hecho todo lo posible para desarticular esta propuesta de Estatut, que no es otra cosa que una propuesta de cambio cultural, que por primera vez visualiza, políticamente, las ganas de una parte de la sociedad por superar la Transición, y las ganas, también inauditas, de otra parte de la sociedad y de sus grandes partidos por nunca salir de esa etapa. Temen y desconocen cualquier otra.

Quizás, simplemente, esto es lo que ha pasado con el Estatut. Por primera vez desde 1978, una parte de la sociedad carece de partidos para sus demandas. Es decir, por primera vez desde 1978 han cambiado, perceptiblemente, las demandas. Ningún gran partido parece dar respuestas a todo este estado de ánimo, aún latente.

El rechazo de un Estatut que no propone compartir soberanía, que vuelve a proponer descentralización, y de otros objetos posibles, como blindaje de competencias, un sistema de financiación alemán —o mejor, mucho menos; alemanoide—, y que presenta a Catalunya como un objeto autodefinido como nación, concepto al que relaciona con el de nacionalidad, establecido en la Constitución, el rechazo, en fin, de un Estatut que se había esforzado en caber en la Constitución y que podía haber cabido en la Constitución —chocaba más con los mitos del nacionalismo español no escritos que con el texto constitucional, a pesar del manifiesto carácter nacionalista del texto constitucional—, no fue valorado por el Estado, en fin, como el inicio de la crisis política, tal vez irreversible, que se inició entonces. Bueno. No se inició entonces. La sentencia del Estatut fue su segundo acto. El primer acto empezó unos meses antes de la sentencia, si bien, en aquel momento, al Estado le faltó la capacidad de análisis para saber dónde se estaba metiendo. O, mejor, de donde se estaba saliendo. En tan sólo unos meses, a lo largo de 2010, el Estado abandona el pacto genérico de la Transición. ¿Cuál fue el primer acto?

El primer acto fue una crisis financiera, que se empezó a plantear en 2007, a través de la crisis de las Subprime, en Estados Unidos. Recordemos: hace años que en Estados Unidos se ha creado un mercado financiero, consistente en la reventa de hipotecas basura, hipotecas con condiciones ventajosas y bajos precios iniciales, que se hacen imposibles de pagar en cuando las personas que las han firmado —personas en los límites de la precarización— superan el margen de tiempo de esas condiciones iniciales formidables. Las Subprime son una pelota que se van pasando los bancos, hasta que a uno le explota en las manos. Se trata de la firma Lehman Brothers, que en 2008 se declara en quiebra. Con esta crisis se provoca un efecto dominó bancario y financiero, una crisis de crédito norteamericana que no tarda en ser planetaria.

En España, el presidente Zapatero niega la crisis en sus primeros años. De hecho, sólo la empieza a reconocer por todo lo alto en 2010. En ese momento, la desviación presupuestaria superaba los 100.000 millones de euros, la crisis económica era palpable, el paro alcanzaba el 20 por ciento, el crédito había desaparecido. Y, por encima de todo, había explotado la burbuja inmobiliaria. Esta explosión, a su vez, es la explosión de todo un sistema económico frágil, el español, pero que ha llegado a alcanzar, en sus tiempos gloriosos, momentos de riqueza inaudita. La naturaleza inestable de la economía española se remonta a los Pactos de la Moncloa, en 1977, el primer pacto entre el franquismo y la oposición. En él, en la vertiente económica, se pacta con los sindicatos la prevalencia de la lucha contra la inflación por encima de la lucha contra el paro. Es decir, y por el mismo precio, la desactivación de las centrales sindicales frente al paro, al desempleo, a la pérdida de empleo. Empieza el carrerón español en la disciplina del paro, en la que brillará con luz propia. En la década posterior, y como consecuencia de acuerdos para la futura convergencia de España en la UE, se realiza una violenta y dolorosa desindustrialización. España renuncia, alegremente, a su industria pesada, para evitar competir económicamente con el Norte. El paro sube a cuotas estratosféricas. De una forma u otra, y grosso modo, sólo se saldrá de esa fosa de paro, planteada en los setenta, con un invento de Aznar. La liberalización del suelo, que provocó un boom de la construcción sin precedentes. Y, luego se vio, un boom de la corrupción política, susceptible de crearse a través de la recalificación de terrenos, la participación en negocios, el cobro de comisiones. En las épocas Aznar e, incluso, Zapatero, España, gracias a ese boom inmobiliario, que absorbió la bolsa perenne de paro y creó una tendencia al gasto y a la rotación de dinero, y gracias a los fondos de cohesión europeos, destinados a crear infraestructuras y a invertir en un nuevo modelo económico que, con el boom inmobiliario, ni se consideró necesario ni se buscó, España accede a una engañosa y momentánea primera división económica mundial.

Bueno. Todo eso acabó con la crisis mundial de 2007, reconocida en su crudeza en España, de sopetón, en 2010. El 10 de mayo de 2010, Zapatero comparece en el Congreso y anuncia un cambio radical, no tanto en su política económica y social, que también, como en el mismísimo Régimen creado en 1978. De pronto, y tras una llamada de Obama, algún contacto con Alemania y, sobre todo —o, al menos, así lo explica Zapatero en sus memorias—, tras una carta amenazadora enviada por el Banco Central Europeo, España gira hacia la austeridad, recortando sus políticas sociales. Es un país del Sur más que lo hace. La cosa supone un giro absoluto del modelo de democracia y bienestar europeo, creado en 1945 —en España, en 1978—. Pero, por el mismo precio, supone más cosas.

Por su giro radical, supone una ruptura respecto del pacto social firmado en 1978. Su versión más cruel podría ser ésta: os damos bienestar, y nos quedamos con el resto. Para entender el calado violento de este cambio, se debe comprender que España fue el único Estado del Sur que, en las mismas condiciones, no sólo hizo eso, sino que fue más allá. Llevó la austeridad —es decir, la retirada del bienestar a cambio del pago de deuda— a su Constitución. En efecto, el 23 de agosto de 2011, un año después, el Congreso, a través de los votos de PSOE, PP y Unión del Pueblo Navarro, realiza, con nocturnidad y rapidito, una reforma constitucional, que afecta al artículo 135, en el que se recoge desde ese momento la prioridad del Estado en el pago de la deuda por encima de cualquier otro gasto. La Constitución más perfecta del mundo, aquel objeto defendido como perfecto e inamovible por el integrismo constitucionalista español, que englobaba a los grandes partidos, no sólo era de fácil reforma, sino de reforma rápida y facilísima si se la sugería el BCE.

No se comprendió en su día, y es posible que los grandes partidos no lo hayan comprendido aún, pero el discurso de Zapatero en el Congreso y las medidas que proponía y, más aún, la reforma constitucional posterior, suponen el fin del Régimen del 78. Su Constitución, por ejemplo, no existe en su título autonómico, desmembrado a través de la interpretación realizada en el Tribunal Constitucional, como opina el constitucionalista Pérez Royo. Tampoco existe —es decir, no es aplicable, a la luz de la reforma del artículo 135— su articulario social. Sí, la reforma constitucional es aplicable a partir de 2020. Pero parece ser que, hasta esa fecha, no va a haber una reforma en la línea contraria.

A esa fractura del pacto social, anunciada por Zapatero, se une, precisamente, otra percepción. La ausencia de soberanía. España, como Grecia, Italia, Portugal o Irlanda, de pronto es percibida como un Estado sin soberanía. No ha podido enfrentarse, negociar, adaptar, rebajar o rechazar las exigencias de esa nueva esfera de soberanía, compuesta por la UE, el BCE, el FMI y Alemania, instituciones no democráticas, o no votadas por ciudadanos españoles. España, esa entidad que se negaba a compartir su soberanía con partes de su territorio, la había repartido sobradamente con otras instituciones, de manera que carecía de ella. Salvo para negarla a las partes de su territorio que quisieran compartirla.

Como resultado de esa renuncia al Estado del bienestar —lo repito, la forma de democracia en Europa—, impuesto desde una soberanía exterior, como resultado de un proceso de rescates bancarios, que aún ganará vigor en la siguiente legislatura, con Rajoy, la sociedad queda abandonada a sí misma. Se suceden episodios de pobreza social como nunca jamás se habían visto en varias generaciones. La clase media entra en caída ya oficial y perceptible, y se suceden situaciones de crueldad y rigurosidad social no corregida por ninguno de los grandes partidos. A modo de ejemplo: la ministra de vivienda del Gobierno Zapatero, Carme Chacón, ante la ola de desahucios que se veían en el horizonte, planteó una medida de emergencia. Y no fue de emergencia social. Se limitó a luchar para que hubiera más juzgados dedicados a esa labor, de manera que los desahucios fueran más rápidos. Sin duda, medidas como ésta ayudaban a plantear ese motín social, esa revolución con todas las letras que se iniciaría el año siguiente, en 2011. El 15M.

Otra consecuencia de la crisis, la ausencia de respuesta de las instituciones a las presiones exteriores, y la austeridad y la penuria social, fue la percepción de la corrupción. En estos primeros años de la crisis se sucede el descubrimiento y la percepción, en toda su magnitud, de casos de corrupción inauditos. El caso Nóos afecta, en su línea de flotación, a la monarquía, el caso Gürtel y el caso Bárcenas afectan en su línea de flotación al PP, como el caso ERE afecta en su línea de flotación al PSOE, o el caso Palau de la Música, familia Pujol u Oriol Pujol afectan a la línea de flotación de CDC. También hay otros casos que afectan a otras instituciones, como el caso Caja Madrid, o los casos de corrupción en el Tribunal Supremo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores o, incluso, el Tribunal de Cuentas. Muchos casos y una sola repercusión —como ya veremos—: la abdicación de un rey, antes de que se le coman otros casos de corrupción y hunda a la institución.

En fin. Ése es el paisaje, creado por el primer acto de la crisis española, que uno ve por la ventana cuando, en ese momento, el Tribunal Constitucional, con su sentencia, crea el segundo acto. Sí, esos cuatro años, de 2006 a 2010, en los que el Tribunal Constitucional aplazó la emisión de su sentencia, salieron caros. Lo que permitió que a una crisis política, económica, social y de Régimen, se le uniera su mejor amiga, una crisis territorial. Como quedó claro al sábado siguiente después de haberse hecho pública la sentencia.

En efecto, ese sábado en Barcelona se formaba una manifestación, originariamente contra la sentencia del Constitucional pero que, desde un primer momento —no se lo pierdan, lo veremos en breve— fue por otra cosa no prevista. La independencia de Catalunya. Fue, además, una manifestación colosal. Que se sitúa, según quién la evalúe, entre 600.000 o 1.200.000 personas. Una manifestación jamás vista en Barcelona, durante la legislatura Aznar, contra la guerra de Irak, una manifestación nutrida que hizo exclamar al presidente Bush: «La guerra continuará, por más que se manifieste Barcelona».

Evidentemente, una manifestación así no se organiza en unos días. La manifestación era consecuencia de lo que había pasado en Catalunya desde 2006. ¿Qué había pasado en Catalunya desde 2006? Varias cosas. Desafección catalana del proyecto de España, incapacidad política, la crisis, una primera asociación por el derecho a decidir, aún incipiente, un proceso de consultas ciudadanas, presiones para decantar a CDC hacia posturas independentistas —algo, en ese momento, altamente improbable—, una iniciativa ciudadana, sin precedentes, para hacer un referéndum por la independencia y, aunque pocas personas lo sepan, un intento serio, factible y que no se realizó por los pelos, de referéndum de autodeterminación, negado, finalmente, por el grueso de partidos catalanes, entre ellos la altamente poco probablemente independentista CDC. Sí, son muchas cosas. Pero son cuatro años. Si les sirve de consuelo, pasarán más cosas aún en los dos años siguientes, de 2010 a 2012. Pero vayamos por partes.

Maragall fue, como quedó dicho, defenestrado por el PSOE y el PSC. En un programa de sátira política de TV3, sin paralelo en España, llamado Polònia, se explicó así la situación: el grueso de los protagonistas políticos españoles y catalanes se reunían para ver qué hacían con Maragall. Se valoraban diferentes opciones —el accidente, el francotirador...—. Finalmente, se optaba por la canonización. Y, en efecto, cogían a Maragall, lo llevaban en volandas hasta un cañón, se metía al hombre dentro, y Maragall salía a la estratosfera a través del cañón. Era canonizado —canonitzat, en catalán, lengua en la que un cañón es un canó; el chiste era muy bueno.

Tras la canonización de Maragall, se hace cargo de la cosa el PSC. Es decir, José Montilla, primer presidente catalán de origen andaluz. Quizás, esa fue su única originalidad. Desprovisto de glamour, de pasión, de trazos ideológicos —o, incluso, de los otros— eléctricos, Montilla reeditó el Tripartit. Un Tripartit sin un gran discurso o programa interno, y desprovisto de su épica, que era cambiarlo todo cambiando un Estatut, que pocos al final —desde luego, no el PSC— quisieron cambiar. Con el inicio de la crisis, el Tripartit aumentó la deuda, hasta que empezó sus primeros giros hacia la austeridad, que fueron notorios después del discurso de Zapatero en el Congreso. Discurso, por cierto y por si no había quedado claro, que imposibilitó una futura victoria del PSOE en España. O del PSC en Catalunya. De hecho, es muy improbable que tanto PSOE como PSC puedan volver al poder. Al menos, por sí solos. La crisis política española está suponiendo también una crisis de partidos. Es posible que acabe con todos los partidos de esta segunda Restauración. Les hago un spoiler: los PS están tocados, el PP jamás volverá a tener los votos que tuvo con Aznar, UDC y CDC —los partidos que integraban CiU— han desaparecido.

Y en efecto, el PSC perdió las elecciones autonómicas de 2010. Las ganó un partido sin una gran lectura de la realidad, y con una lectura muy precaria de la crisis, dirigido por Artur Mas, líder suplente —recuerden: tenía que calentar el asiento del líder, Oriol Pujol, hasta que fuera políticamente mayor de edad— que tampoco se caracterizaba por su brillantez. Su brillantez, quedaba claro y quedará más claro a partir de 2012, se centraba en el dominio del marco Catalunya y catalanismo. Un marco que, por otra parte y en ese preciso momento, estaba cambiando con rapidez. A modo de ejemplo sobre la inteligencia política de Mas —y, en general, de las élites que durante varias décadas dominaron políticamente España, y protagonizaron las primeras respuestas a la crisis económica—, ahí va esta anécdota de Mas y de Fainé, presidente de la Caixa en aquel momento, explicada por un político convergente con sentido del humor y del rubor.

En la conversación Mas, un hombre que se jacta de no leer la prensa, local e internacional —«no quiero ser influenciado», ha llegado a decir; lo que tiene guasa en un político, ese oficio que consiste, básicamente, en estar informado—, le pregunta a Fainé: «Oye, lo de estos americanos, los Lehman Brothers, ¿acabará llegando aquí?». A lo que Fainé le contestó: «Puedes estar tranquilo, Artur. Eso no llegará a Europa». Bueno, ahora que lo leo, esta anécdota no aporta nada, salvo saber en qué manos están las instituciones políticas y financieras españolas. Socorro.

En 2007, Artur Mas presenta, por todo lo alto, su ideario catalanista en una conferencia en el Palau de Congressos de Catalunya. No se cabe. Hay expectativas. O no. Es el mismo público de siempre cuando un líder de CDC inventa la sopa de ajo. Por lo general, esas conferencias y libros que periódicamente emiten los líderes de CDC no suelen aportar nada, ninguna idea estructural y de fuerza, salvo el léxico de la próxima temporada. Dos años antes, en 2005, Mas también había dado una conferencia al uso. En aquel momento, la renovación del catalanismo moderado pasaba por una inyección de liberalismo, una palabra que, siempre que se utiliza en la Península, no suele aludir al liberalismo. En 2006, perdió las elecciones. Nadie quiso liberalismo. En la conferencia va a hablar de su forma para los próximos años y las próximas elecciones. En esta ocasión, la palabra clave es la alocución «La casa gran del catalanisme» [La gran casa del catalanismo], con la que postula a CDC como el punto de encuentro de todas las tendencias catalanistas. Es decir, el único punto necesario. No es mucho, y no es verosímil. Se sobreentiende que es un intento de tirar la caña a ERC, ahora en el Tripartit, para un futuro gobierno de coalición. A su vez, plantea la catalanidad como un hecho romántico, una suerte de alma, una identidad. Y, esto es importante —o no, ya verán—, planteó el derecho a decidir. Creo que es la primera vez que se utiliza esa fórmula. ¿Qué es el derecho a decidir? Es «el derecho a decidir por nosotros mismos sobre aquello que nos es propio». ¿Qué nos es propio? ¿Nuestro sexo? ¿Nuestro clima? ¿La independencia? ¿Una República? No. El derecho a decidir queda planteado en tres cuestiones. Las infraestructuras, el concierto económico —es decir, el pacto fiscal, esa naturaleza foralista— y la respuesta ante un hipotético rechazo del Estatut por parte del Constitucional.

El entorno convergente sitúa en esta conferencia, propagandística, poco precisa, nada especial, la evolución posterior de CDC. Un intelectual de CDC me dijo en 2015 que toda la evolución posterior de CDC, un partido que en unos años se autocalificará como independentista, parte de esa conferencia, que me fue definida como «programa». Agustí Colomines, presidente de la Fundació CatDem —fundación de CDC, implicada, por cierto, en el cobro de comisiones ilegales en diversos casos de corrupción—, y uno de los ideólogos del concepto «La casa gran del catalanisme», el objeto que se quería vender en aquella conferencia, años después declaró que lo de «dret a decidir» [derecho a decidir] venía a ser una chorrada «que se nos había ocurrido».

No creo que esta conferencia, un acto protocolario de partido, sometido a la gracia del líder, sea un programa. De hecho, el derecho a decidir aparece poco acotado. Son demasiadas cosas para ser una cosa importante, para ser un eufemismo del derecho a la autodeterminación, como lo será en unos años, al menos para gran parte de la población. No está claro que para CDC también. Supongo, en todo caso, que es, lo dicho, la primera aparición de un concepto. La primera en boca de Mas, quiero decir. Había aparecido —lo veremos en breve— un par de años antes, dando nombre a una asociación. Y esa asociación, por cierto, lo captaba directamente de otra sociedad y contexto: Euskadi. Tal vez, lo que hizo Mas al incorporar ese concepto —menos importante en su conferencia que otros conceptos, como por ejemplo «La casa gran del catalanisme», o «pacte fiscal», de los que nadie se acuerda— fue apropiarse, llevar a su marco catalanista —no independentista— una alocución —que empezaba a tener significación independentista— y que ya estaba en el mercado, y en progresión, aún subterránea. Su trayectoria, desde este momento en el que no significa nada, hasta que signifique «consulta-sobre-autodeterminación», explica un periplo accidentado y no previsto. Es decir, un ejercicio de improvisación, cuyo objetivo no es tanto el independentismo, como luchar por la existencia en un mercado político que, en plena crisis de Régimen, se hunde.

Bueno. Artur Mas gana las elecciones de 2010. Con un programa no independentista. Sustentado en el concepto business friendly —lo decía, así, todo el rato; se trata de un Govern que facilite los negocios; sí, básicamente es un guiño a la corrupción— y en un pacto fiscal, altamente improbable. La cosa dret a decidir ni está ni se la espera. Lo que indica que, en este momento, ni Mas, ni CDC, ni sus votantes, son independentistas. O sí. O, al menos, no todos. No obstante, también han pasado cosas en Catalunya que han transcurrido fuera de CDC en estos cuatro años de espera de sentencia sobre el Estatut. Muchas.

Una de ellas es la creación de la Plataforma pel Dret a Decidir, en diciembre de 2005. Es decir, antes incluso del periplo parlamentario y posterior entrada del Estatut en el Tribunal Constitucional, lo que puede indicar el ambiente de rechazo y crispación percibido en Catalunya. Se trata de un grupo de personas y asociaciones del campo independentista, que se iría progresivamente ensanchando y ampliando hasta 2010 y, después, mucho más aún. Quizás corresponde a esta entidad el triunfo del concepto derecho a decidir que, por cierto, no es suyo. Es una cita. Del plan Ibarretxe.

El plan Ibarretxe fue una propuesta de someter a consulta —a consulta, no a referéndum; las consultas, al contrario que los referéndums, no existen; Ibarretxe utilizó ese vocablo para evitar la inconstitucionalidad del uso de la palabra referéndum— un proceso de soberanía, o de reparto de la soberanía, en Euskadi. El eslogan o lema de aquella propuesta era «Ser para decidir», del que parece ser adaptación la frase «Dret a decidir». Si uno lo piensa fríamente, la gran ambigüedad genérica del Procés, una vez se formule en 2012, a través de la frase «Dret a decidir», y el concepto «consulta», son un invento vasco-catalán. En el mejor de los casos, son soluciones lingüísticas para burlar al Estado. En el peor de los casos, soluciones lingüísticas para burlar. Es decir, para no hablar claro. Para poder manejar un Procés ambiguo.

La Plataforma pel Dret a Decidir, sea como sea, realizó tres grandes actividades. En febrero de 2006 organiza una manifestación bajo el lema «Som una nació i tenim el dret de decidir», a la que se sumó un partido, ERC. Por primera vez un partido —es más, un partido que había participado en la propuesta del Estatut— se alejaba del concepto Estatut. La mani, sin ser gigantesca, no fue anecdótica. Integró de 82.000 a 700.000 personas, según las fuentes. Posteriormente, la entidad entró en cierta bajuna, si bien, tal vez, se le debe el hecho de haber roto la unidad del Tripartit frente al Estatut. Es posible que sea una asociación que ayudara, o presionara, a ERC para optar por el no en el referéndum por el Estatut de ese año. En 2007 convocó otra mani. «Tenim dret a decidir les nostres estructures.» Nombre poco comercial, que agrupó de 200.000 a 700.000 personas. En esta ocasión fueron más los partidos que dieron su apoyo: CiU, ERC, ICV, EUiA y la CUP. Que un partido apoye un movimiento, más que su ideología o su agenda, tiene que ver con la popularidad de la agenda que el movimiento maneje. Lo que indica que la agenda independentista —o no, o tan sólo por el derecho a decidir, es decir, por un referéndum de autodeterminación— iba ganando terreno, había dejado de ser una fantasía o un tema friki. En un manifiesto de convocatoria, la entidad exigía la publicación de las balanzas fiscales de Catalunya respecto de España. La entidad se fue al garete por desacuerdos personales internos. Una parte de sus grandes ideólogos —personas tendentes a un perfil joven y no político— acabó en ERC, y otra en CDC. Esta entidad, en todo caso, es importante porque marca roles que, en poco tiempo, desarrollará la ANC, la Assemblea Nacional Catalana.

El aumento del favor social hacia el dret a decidir, esa cosa que Mas había raptado en su conferencia, y que en cierta manera había desactivado y rebajado, ganó popularidad y centralidad en estos años de espera de sentencia del Tribunal Constitucional. Y la seguiría aumentando. Tanto por la desafección ante la clase política que había rechazado el Estatut, como por el renacimiento de aquella arruga en el cerebro colectivo catalán, ya aludida, que le hace creer que las relaciones entre Catalunya y el Estado son fruto de un pacto, que son negociables, que se pueden cambiar cuando una de las partes no lo encuentra satisfactorio, como era el caso tras todo lo que se había vivido con el Estatut. Quizás, el gran jalón sucedió en 2009, en Arenys de Munt, un municipio cercano a Barcelona.

El grupo de la CUP, formado por un concejal, pidió en el pleno municipal la posibilidad de celebrar una consulta de autodeterminación. Se trataba de una consulta no oficial ni vinculante. Por ejemplo, podían votar, siempre que vivieran en el municipio, inmigrantes y jóvenes mayores de dieciséis años. La idea fue apoyada por los cuatro concejales de la lista independiente más votada, por los tres de ERC, los tres de CiU y la CUP. Sólo se opuso el PSC, con dos concejales. El conflicto empezó cuando Ciutadans —un partido nacido hacía poco, a partir de la idea de que el PP no era un partido que pudiera solucionar el problema de los nacionalismos en España, pues cuando los había necesitado, había pactado con ellos; se situaba, en ese terreno, a la derecha del PP— denunció la propuesta en la Delegación del Gobierno de España en Catalunya. En principio, y vía judicial, se anula la posibilidad de la consulta. Todo se anima más cuando Falange Española convoca una manifestación en Arenys, y cuando se descubre que el abogado del Estado que había defendido la opción contraria a la consulta en los juzgados, había sido candidato electoral de Falange. Finalmente, se realizó la consulta, desvinculándola del Ayuntamiento en todos sus tramos, única solución posible para hacer una consulta, que, no obstante, era sólo simbólica. Se acabó celebrando, ante las protestas de, cosas de la vida, Falange, Ciutadans, PP, PSOE y PSC.

Para percibir el lento proceso de los partidos hacia la opción autodeterminación, es preciso señalar que CiU y ERC apoyaron la consulta, pero de perfil, con desconfianza y sin grandes nombres adornando el evento. CiU y ERC, por así decirlo, «hicieron el bien queda». No parecía serles muy simpática la democracia directa y sus posibilidades futuras. Respecto de la CUP, el grupo que propuso la idea, se ha de decir que tampoco participó de pleno en ella. Un sector de la CUP, más intensificador del anticapitalismo que del independentismo, veía con recelo esa votación, en tanto podía dibujar una opción política, una aproximación de sectores catalanistas e independentistas dispares, próximo al concepto Frente Nacional.

La consulta de Arenys, simbólica, demostró el carácter cívico de este tipo de acciones —de protesta ante un marco legal, el español, tan reacio a la democracia directa—. Pero también su poco alcance —únicamente simbólico— y su escaso recorrido, más allá del reivindicativo. Durante la campaña en Arenys, así, no hubo ningún acto público por el no, y en la votación participó el 41 por ciento de los votantes posibles, de los cuales más del 96 por ciento optó por el sí. En una consulta, al contrario que en un referéndum o plebiscito, sólo participan los partidarios de la consulta. Puede ser una herramienta propagandística, puede ser una propuesta democrática y cívica. Pero no es una herramienta política, decisiva y vinculante.

Pero, en todo caso, sí de éxito. De la consulta de Arenys salen dos consecuencias importantes. Una, colateral, es el encuentro en Arenys, el día de la consulta, de varios independentistas históricos, que detectan algo nuevo en el aire y que deciden fundar un grupo que, en 2012, empezará a ser —para bien y para mal— determinante. Se trata de la Assemblea Nacional Catalana. Ya hablaremos de ella.

La otra consecuencia es la expansión del fenómeno consulta. En los siguientes meses, y hasta la última consulta, en Barcelona, 2011, se producen centenares de consultas ciudadanas en municipios catalanes. Están organizadas por muchas entidades, a menudo locales, algunas de ellas agrupadas en la Coordinadora per la Consulta sobre la Independència. Ese nombre es sintomático. El dret a decidir, apropiado por Mas y por la política en 2007, pierde lucidez cuando se aleja de la política y se acerca a la ciudadanía. De hecho, en las consultas no se utiliza esa alocución. Lo más corriente es utilizar, como eslogan, el nombre del pueblo en el que se celebrará la consulta, seguido de la palabra «decideix» [decide]. Ejemplo: «Barcelona Decideix».

Las consultas se celebran en sucesivas oleadas. En diciembre de 2009, un mes después de la de Arenys, se celebran consultas en 167 municipios. En febrero de 2010, en 80. En abril de 2010, en 211. En junio de 2010, en 48 municipios. En abril de 2011, en Barcelona. En total, votan de cerca del millón de ciudadanos, organizados por 60.000 voluntarios. Algo nada desdeñable.

Las consultas visualizaron —a quien lo quiso ver— una constante del Procés en cuanto se empezó a formular por parte de los partidos políticos, en 2012. La tensión inusitada de los partidos con la iniciativa popular. Los intentos de reconducir toda esa energía popular hacia posicionamientos de partidos, no necesariamente independentistas. El intento de beneficiarse de ese estado de ánimo popular sin necesidad de que todo ello se traduzca en políticas efectivas. La manipulación partidista.

Perlas al respecto. Hasta 2010, a lo largo del cual ERC y CDC parecen asumir su segundo plano en todo este proceso de consultas, hay esfuerzos por parte de estos partidos por introducir el concepto dret a decidir en la pregunta a realizar. La pregunta era, y siguió siendo: «¿Está de acuerdo con que Catalunya sea un Estado independiente, democrático y social, integrado en la UE?», pero desde esos dos partidos se intentó que la pregunta girara en torno al dret a decidir. Supongo que a través de preguntas retóricas como: «¿Cree que Catalunya tiene derecho a decidir si tiene derecho a decidir?». Detrás de esa pugna, es posible interpretar que había la intención de sustituir el concepto independencia por el de derecho a decidir, un concepto difuso, que significaba lo que los partidos querían que significara.

Dentro de los partidos —ERC y CDC— se estaba más cerca y se vivía con más simpatía el hecho de las consultas conforme la militancia carecía de cargo público, me dicen algunos organizadores. Desde la jefatura de los partidos, se llamaba a los militantes de los municipios en los que se iba a organizar consultas para comunicarles un «no t’hi fiquis» [no te metas]. Me dicen que, al menos hasta 2010, ése fue el posicionamiento en CDC de futuros adalides del independentismo, como Oriol Pujol o Francesc Homs. Me comentan que David Madí —en aquel momento la mano de derecha de Artur Mas; una autoridad fuerte en CDC; independentista cuando nadie lo era en CDC y una persona decisiva en todo este periodo, si bien, a partir de 2010, cuando tras ganar las elecciones frente al PSC, dimite oficialmente de todos sus cargos, de forma discreta y, me temo, de manera poco efectiva; Madí, en fin, siempre aparece en todos los ajos— fue determinante en muchos municipios. Cuando un alcalde de CDC se ponía chulo con la consulta —es decir, mandaba retirar las pancartas, negaba locales para reuniones o actos, dificultaba, en fin, la consulta— Madí presionaba —en ocasiones directamente, a través de una visita al municipio— para que el alcalde cambiara de actitud. En ocasiones, ese cambio de actitud respondía a una compraventa. El alcalde caía de la mula y se volvía independentista a cambio de un giro en su trayectoria política. Y el sueldo correspondiente.

Sobre el independentismo de Mas en este momento —inexistente—, y sobre su evolución posterior, aquí les reproduzco una conversación entre él y Alfons López Tena. Alfons López Tena, militante veterano de CDC hasta que la abandonó, una semana después de la sentencia del Tribunal Constitucional, para formar un partido netamente independentista —Solidaridad per a la Independència—, era uno de los pocos miembros del Consell Nacional de CDC que se autodeclaraban independentistas —junto con David Madí i Germà Gordó—. Se reunió con Mas en febrero de 2010, cuando ya estaba claro que, en las elecciones de ese año, con la que caía ya antes de que Zapatero tirara la toalla del bienestar, CDC podía volver al poder. El objetivo de la reunión, parece ser que era proponerle una cartera en su futuro Gobierno. «¿Tú qué querías?», le dijo Mas. «Interior o Exteriores», contestó López Tena. Luego siguió una conversación en la que Mas explicó la idea recurrente de que, en la actualidad, sería imposible que el Estado concediera la autonomía de 1979. «¿Qué podemos hacer como política? Sólo reivindicaciones concretas.» Y propuso dos: el pacto fiscal y aeropuertos. López Tena propuso acciones de mayor sentimentalidad, como la reivindicación de selecciones de partidos —un caballo de batalla del Tripartit, hasta que el Estado se puso por medio y las prohibió. La selección catalana de hockey, por ejemplo, se vio obligada a disolverse tras ganar un campeonato del mundo—. «Debemos reivindicar algo que visualice que ésta es la última oportunidad. Que no pase como con el Estatut. Si no se consigue, no nos podemos quedar igual. Tenemos que ir hacia la independencia.» Mas no está de acuerdo. «¿Conseguiremos algo si lo planteamos como última oportunidad?» López Tena le responde: «No, y si amenazamos con la independencia, tampoco». Mas: «Yo esto, amenazar con la independencia, no lo haré, pero ¿cómo lo gestionarías tú?». López Tena: «Si lo hacemos, si amenazamos, debemos cumplir con la amenaza». Mas realiza entonces esta pregunta, básica: «¿Y qué haríamos con La Caixa, Abertis, La Vanguardia, el Cercle d’Economia?». Es decir, con los que le daban la pasta a CDC, aparte de la que ella pillaba, solita, a través de comisiones. Respuesta: «Son empresas reguladas. Sólo estarán contigo si tienes un BOE».

La conversación se prolongó en otra reunión, en la que Mas abordó el tema de crear una Conselleria d’Afers Exteriors [Consejería de Asuntos Exteriores]. Es decir, una conselleria de un área que desafiaba la Constitución, una reclamación, por tanto, de soberanía y proyecto independentista. Sólo que ya no era una conselleria. Era un comisionado. Algo varias tallas menos. Además, no tendría competencias económicas, ni un duro para gastar. Consistiría en viajar para nada, siendo el símbolo del símbolo del símbolo del símbolo de un Ministerio de Exteriores. No era, por tanto, nada. La respuesta que López Tena le facilitó no carece de gracia: «Mira, para organizar viajes, El Corte Inglés. Para buscar putas...». Y aquí citó un célebre político de la federación CiU en activo en aquel momento. No se volvió a hablar de una Conselleria d’Afers Exteriors hasta 2015. Cuando, por fin, se creó una. También, parece ser, simbólica.

Bueno. En 2010, después de haberse admitido a trámite el Estatut en 2006, aparece la sentencia del Tribunal Constitucional. Han pasado muchas cosas en cuatro años. Una crisis económica que va adquiriendo la forma de una crisis social, política y de Régimen. El fin del Estado del bienestar. Una amenaza vital a la clase media. La percepción de la corrupción. Y, en Catalunya, todo eso, más un desapego llamativo hacia el Estado, hacia España, y una tensión entre partidos y algunos sectores de la sociedad, amplios al parecer, algo que aún no se sabe si es un contacto, o una divergencia, entre el concepto independencia —diáfano— y el concepto dret a decidir —líquido, y siempre sensible de ser raptado por unos partidos que, sea lo que sea, creen y apuestan antes por el dret a decidir que por la independencia.

Quizás, la sorpresa, la primera solución a ese conflicto latente, se produjo el sábado siguiente de haberse hecho pública la sentencia, en la manifestación más multitudinaria celebrada en Barcelona, esa ciudad sensible a las manifestaciones multitudinarias. Una manifestación con truco, y en la que el truco funcionó.

El truco, a su vez, son varios trucos. La manifestación se empezó a preparar un año antes. En principio, era una mani institucional, que vertebraba la protesta institucional y ciudadana por el desmenuzamiento del Estatut. Pero aún había otro truco, también preparado desde hacía un año: convertir esa manifestación descomunal en la primera manifestación independentista. Pero, a su vez, también había un truco dentro del truco: canalizar esa manifestación independentista hacia el derecho a decidir, esa cosa que sólo sabían lo que significaba los partidos. Me explico.

La manifestación la empieza a explorar, por lo visto, David Madí, de CDC, con ERC. Ambos partidos deciden que ni en tu casa ni en la mía, así que buscan la complicidad de Òmnium Cultural, entidad cultural cercana a CDC, que sería la entidad que, finalmente, la convocaría. En reuniones secretas se fija el lema de la manifestación. Será, y esto es importante, «Som una nació. Nosaltres decidim». Es decir, no se alude al Estatut trinchado, o al Tribunal Constitucional, sino que cuela ya la palabra «decidir», cercana semántica y estéticamente al concepto dret a decidir. También se va ampliando el círculo de las entidades que van entrando en la cosa. CDC se encarga de vincular a Unió. ERC al Tripartit —es decir, al PSC, a ICV y al entonces Govern de la Generalitat—. Que no se apuntan. De hecho, en esas primeras rondas sólo se apunta, sorpresivamente, UGT. CC.OO., y esto es divertido, no se apuntó porque el presi de Òmnium habló tan en clave con el representante del sindicato que ni siquiera se enteró de lo que hablaban.

En el otoño de 2009, la cosa ya ha tomado cuerpo. Si no es que ya estaba totalmente organizada. Por esa fecha aparece, por cierto, en todos los diarios catalanes un editorial conjunto, titulado «La dignitat de Catalunya», en el que se denuncia que un tribunal en el que algunos de sus miembros ya habían agotado su mandato, en el que un magistrado había muerto y otro había sido recusado, dictara sentencia sobre un Estatut aprobado en referéndum por la sociedad catalana. Y que, por el mismo precio, tardara tanto en emitir una sentencia.

Para esa fecha, todos los partidos catalanes habían confirmado su asistencia —menos el PP y Ciutadans—. Posiblemente, ningún partido asistía con el mismo objetivo. El PSC asistía con un perfil institucional, intentando dar perfil presidencial a su presidente. ICV asistía para protestar por el proceso que había acompañado al Estatut hasta su disolución. ERC, a esas alturas del partido, quería desmarcarse —limpiarse, se diría— de su presencia en dos Tripartits. CDC quería proyectar a Mas para las próximas e inminentes elecciones autonómicas. Por lo demás, ya estaba decidido que la forma de la protesta sería una manifestación, y no, por ejemplo, un acto en el Camp Nou, opción que fue descartada. Estaba decidido el recorrido, y que, en todo momento, los manifestantes dispondrían de servicio de wifi. Todo el mundo podría retransmitir la manifestación, que ya se perfilaba como un fenómeno. Estaba decidida la distribución de los partidos, y el hecho de que la manifestación estaría presidida por una cabecera cívica. Y estaba decidido que la manifestación se celebraría al sábado siguiente de hacerse pública la sentencia.

Cuando se hizo pública la convocatoria, estalló la polémica. El president Montilla se negó a ir a una manifestación presidida por el lema propuesto. Propuso, a su vez, que estuviera presidida por la bandera catalana. Finalmente, se decidió que la manifestación estaría presidida por una bandera gigantesca, transportada por niños y, a los lados, el lema de la manifestación. Detrás de la bandera estarían todos los presidents vivos de la Generalitat —no eran muchos: Pujol, Maragall y Montilla—, y del Parlament —Barrera, Rigol y Benach.

La manifestación fue anunciada en la televisión por un spot de Òmnium. CDC se volcó absolutamente, y movilizó todos sus medios y militancia. Lo que implica una logística de autobuses y transportes. Un total de 1.600 entidades se adhirieron. Al final, asistieron a la manifestación una cantidad de personas que iría, según las fuentes, entre 1,1 millones y 1,6 millones. Tras la manifestación, hubo un intento de agresión al president Montilla, que abandonó la zona. Por lo que percibí, el agresor era de la escuela de agresores que ya experimentó pegando a diputados socialistas cuando el caso Banca Catalana.

Pero lo más importante es que nadie, pero es que nadie, en la manifestación, gritó consignas a favor del Estatut. Lo importante, lo novedoso, es que aquel millón de personas gritaban a favor de la independencia. En la manifestación no había banderas catalanas, sino independentistas. Es más, esteladas azules, vinculadas a la derecha, antes que amarillas, vinculadas a la izquierda. Y, si se me permite una apreciación, la manifestación estaba nutrida de un grupo humano nuevo. O nuevo con esa bandera y esos gritos. Eran personas de clase media, clase media alta, votantes de CDC, familias enteras de ellos, profiriendo gritos independentistas, tal vez por primera vez. Y pasándoselo bien. Algo había cambiado. De pronto, un grupo inesperado en la tradición independentista —no muy larga, no muy exitosa, no muy nutrida—, era independentista, o se sentía independentista, o estaba por el derecho a decidir. O vinculaba independencia, derecho a decidir y CDC de una manera nítida.

Una anécdota posterior, que puede dar sentido a lo ocurrido en esa manifestación. Años después, en 2012, cuando el segundo Govern Mas empieza a dibujar el Procés, a partir del dret a decidir, La Vanguardia inició su edición en catalán. Un guionista escribió el guión del vídeo con el que se presentaría la edición en catalán del diario. Se trataba de una presentación histórica del diario, en el que se le vinculaba al catalanismo —algo, por otra parte no sólo curioso, sino difícil—. El vídeo finalizaba con imágenes de la manifestación contra la sentencia del Estatut, en las que se vinculaba el proyecto del diario con, al parecer, un proyecto histórico catalán, que estaba a punto de realizarse. En esas imágenes, por posproducción, se eliminaron las esteladas, que quedaron convertidas en banderas catalanas convencionales. Posiblemente, el derecho a decidir, en efecto, no era independentismo. Era la posibilidad de reconducirlo, de interpretarlo, de dirigirlo, de narrarlo.

Otra curiosidad y algo que no saben muchas personas, o que no se ha puesto lo suficientemente en relación. Una semana después de aquella gran manifestación independentista, en la que CDC y Artur Mas asumieron el nuevo marco independentista y, tal vez, empezaron a acotarlo y a intentar reconducirlo, fue posible hacer no una consulta, sino un referéndum sobre la independencia. No se consiguió hacer, por la negativa de ERC y CDC.

La historia la narra Alfons López Tena. La resumo. Por esas fechas, el Tripartit aprobó su Ley de Referéndums. Ojo, no de consultas. Por cierto, con la abstención de CDC. Decidió no votarla porque no regulaba consultas, si bien en sus enmiendas no aludió a nada de eso. Ese mismo día hay una reunión del staff CDC para valorar la ley. El estado de ánimo parece materializarse en una frase de Felip Puig: «¿Qué podemos hacer para que esta ley no entre en vigor?». La idea de López Tena es aprovechar la ley y buscar, como especificaba la ley, tres personas de la Mesa que verificaran las firmas para una petición popular en esa dirección. Se montó la comisión para la recogida de firmas, y tres miembros de la Mesa estuvieron dispuestos a asumir la labor. Se llegó a establecer la pregunta: «¿Quiere que la Generalitat adopte las medidas necesarias para que Catalunya sea Estado independiente?». PP y PSC llevan la propuesta al Comité de Garantías Estatutarias, que opina que el referéndum es posible, si bien no por iniciativa popular. Se vuelve a votar el asunto y ERC y CDC, en esta ocasión, votan no. Esa votación se produjo una semana después de la sentencia del Tribunal Constitucional, y media hora antes de que López Tena, en rueda de prensa, anunciara la propuesta de referéndum. López Tena abandonó CDC ese día.

Según él, los intereses que empujaron a ERC y a CDC a deshacerse de ese posible referéndum eran electorales. Esa posibilidad hubiera impedido a CDC volver al poder, apoyado por PP, y a ERC volver al poder bajo otro tripartito. Hay que agregar, digo yo, también cierta desconfianza hacia la participación popular. Después de la manifestación contra la sentencia del Tribunal Constitucional, después de que CDC empezara a reconstruir su centralidad en torno a la independencia o, todo lo contrario, en torno de algo que se llamaría derecho a decidir, el proceso de consultas municipales ciudadanas empieza, de alguna manera, a paralizarse.

La siguiente fase empezará en breve. CDC recuperará el poder a finales de 2010, ese mismo año, en las elecciones de noviembre. Arrinconará los conceptos dret a decidir e independencia, e intentará adornar su política, de austeridad, con el concepto pacto fiscal. Mientras tanto, el independentismo y el dret a decidir —esas dos cosas que en ocasiones se mezclan, y en ocasiones se separan— irán ganando terreno social hasta que, en 2012, empiezan a ser conceptos que un partido que aspira a no abandonar el poder no puede omitir.

2010-2012

La austeridad catalana

En las elecciones autonómicas de 2010, que transcurren tras el gran acto de protesta multitudinario en la historia de Catalunya y, por el mismo precio, tras la mayor manifestación independentista jamás habida, se produce la victoria de Mas. En estas elecciones —las últimas antes del nacimiento del 15M, un elemento con ciclo electoral, que desde 2011 ha afectado, de una manera u otra, a todas las elecciones celebradas—, suben las derechas.

El resultado de CDC —aún se llama CiU— es espectacular. De 48 diputados pasa a 62. También crece, por última vez, el PP —de 14 pasa a 18—. Ciutadans, con 3 diputados, repite resultado. Las izquierdas —los partidos del Tripartit, que ya han iniciado, con moderación, los recortes— bajan notoriamente en su conjunto. El PSC empieza un descenso del que no se ha recuperado hasta la fecha —de 37 pasa a 28, en esta ocasión—. ICV baja de 12 a 10. Y ERC, partido nominalmente independentista, pasa de 21 a 10. Es importante saber que en estas elecciones, por primera vez, se presentan dos partidos independentistas más. Reagrupament Independentista —un partido independentista de derechas, escindido de ERC; su líder, Joan Carretero, emite perlas como las siguientes: «Si yo fuera español, votaría PP»; cabe suponer que su partido es un PP no español—. No consigue representación. Se queda en unos 40.000 votos. El otro partido independentista consigue cuatro representantes. Es la sorpresa. Suma 100.000 votos. Vamos, que después del aparente giro independentista de la sociedad, los partidos netamente independentistas, sin ambigüedades y con un programa por el Estado propio, suman 140.000 votos. Muy poco. Éste es uno de los grandes misterios del Procés. En el trance de votar partidos independentistas, o de votar a partidos no independentistas, esperando que asuman la agenda independentista, la sociedad ha optado por lo segundo. Una opción tan extraña y retorcida que, supongo, debe asumir también planteamientos extraños y retorcidos, que dibujan esta pregunta sin respuesta: ¿la sociedad catalana quería, en verdad, la independencia?

Mas gana con dos propuestas básicas. Aquello del business friendly —un concepto ciertamente inquietante, que indica que CDC no ha empezado aún a visualizar el peso político de su corrupción—. Y aquello del pacto fiscal. Nada de independencia. Incluso, nada de dret a decidir. A lo largo de la legislatura irá apareciendo el concepto, si bien como amenaza al Estado central, conforme el Estado central vaya pasando de las propuestas de pacto fiscal. Ya lo veremos.

Bueno. Sinopsis. Ha ganado Mas. Literalmente. Han perdido las izquierdas y el independentismo. Literalmente. Es todo un éxito de Mas. Lo que nos lleva a la pregunta: ¿quién diablos es Mas? En este momento preciso es la proyección y continuación del pujolismo. El pujolismo, una meditación fría y poco romántica sobre Catalunya, España y el funcionamiento político de todo ello, ¿puede acceder al independentismo? Mas, un hombre formado políticamente en un negociado que plantea, escenifica y saca provecho del conflicto entre España y Catalunya, ¿puede romper con esa tradición? ¿Quién y qué es Artur Mas? Ahí va un perfil, que puede comunicar qué es lo que ha ganado en estas elecciones.

¿Quién es Mas? ¿De dónde viene? Se sabe poco del padre de Mas. Tenía una fábrica de ascensores, en activo en la Barcelona de los setenta, una ciudad desaparecida, con una conflictividad laboral alta y politizada, cuya polémica social central era el reparto de la riqueza. El padre de Mas colaboró en ese debate chapando la fábrica y, al parecer, llevándose el monto correspondiente a una cuenta en un paraíso fiscal que, posteriormente, cuando constató que la FAI no viviría una segunda edad de oro, regularizaría y clausuraría. Esa cuenta, clausurada y legalizada, aparecerá recurrentemente en la prensa madrileña a lo largo de la carrera política de Mas, para intentar desprestigiarle. La relación de Mas con su padre era, al parecer, íntima. Desde la infancia vivió un clima familiar positivo, centrado —en lo que es un gran remedio contrastado por la OMS contra la desestructuración familiar— en unas vacaciones veraniegas en Menorca, siempre en el mismo hotel y en los mismos días, tradición que aún se mantiene entre los Mas. En la actualidad, Mas posee también dos segundas residencias. Una en la montaña, otra en la playa, en la que pasa mucho tiempo con su familia. Es, vamos, un hombre familiar, y cuya idea de familia entraña tres casas, por tanto.

Cuando por fin, después de varios intentos, accede a presi de la Gene, el padre de Mas le regala un símbolo familiar, un timón de barco —algo importante, supongo: los padres y los hijos se hablan a través de objetos; el fútbol, por ejemplo, es un objeto— en el que, en vez de los vientos o de una frase de Paulo Coelho, estaban grabados diferentes cualidades para conducirse como president. Firmeza, templanza, honradez, valor, etcétera. Todo el pack, vamos, de valores protestantes de la clase media catalana, que, por otra parte, nunca suele tener en cuenta la clase media catalana cuando los necesita/le entra el siroco.

El padre de Mas murió al poco de que su hijo llegase a president. En lo que quizás puede tener que ver con su relación, Mas se pasó su primera legislatura, hasta que en 2012 cayó de la mula —ya lo verán—, explicando sus políticas —intento infructuoso de establecer un pacto fiscal con el Estado, austeridad, facilidad de negocios con/en la Administración—, soltando imágenes marineras, relacionadas con timones, del tipo «la mar está incierta, pero tenemos que asir con fuerza el timón», superando el récord de imágenes náuticas por minuto, anteriormente en posesión de Popeye. Esa buena relación paterno-filial contrasta con un hecho anticatalán, extraño entre padre y primogénito, y que puede dibujar una desconfianza que, no obstante, no causó mella. Mas, el mayor de la familia, no era el hereu [heredero]. O, al menos, no era el conductor y líder de los negocios familiares, guiados por un hermano menor. Pero le estoy renovando las células a Mas muy rápidamente. Vuelvo atrás.

Mas estudió en el Liceo Francés y en la Escola Aula, colegio catalán-espartano en el que coincidió el grueso del futuro centro-derecha catalán. Cursó estudios de Economía, en una época en la que en Barcelona «se puso de moda que una empresa que se preciara tenía que tener un economista, no un contable», como me explica un economista cercano. Mas hizo sus pinitos en el mundo de la empresa. Al parecer, no muy lucidos. En eso, tal vez, hay un rasgo familiar. Y determinante en su carrera.

La dificultad para crear negocios boyantes se suele esgrimir como la razón de su entrada en el sector público y en la política. La militancia de Mas es poco romántica, por otra parte: su afiliación a CDC, y su primer trabajillo, como empleado montonero en una institución, a la que accedió por un amigo de su padre, y en la que llegó a ser director general, coinciden en el tiempo. Fue en 1982. Fuentes cercanas a CDC defienden otro itinerario: Mas fue independiente y no adscrito a CDC hasta después de su primer cargo político, en los noventa. No obstante, se habla de una posterior vuelta de Mas a los negocios, ya en su etapa de político. Concretamente, a los negocios de Prenafeta —recuerden: el secretari general de la Presidència durante el primer Pujolato, diez añitos eternos; sus funciones nunca estuvieron muy claras, y se llegó a comentar que se centraban en la cosa business friendly; está encausado, junto con Macià Alavedra, otro peso duro de las primeras décadas del pujolismo, por el caso Pretoria.

Esa relación mercantil Prenafeta-Mas acabó mal. Es decir, se comenta que Prenafeta perdió dinero, que no lo quería ver ni en pintura, y que Mas no perdió, sorprendentemente, su carrera política. Tal vez, incluso, la intensificó. Según otras fuentes próximas a CDC, la relación empresarial con Prenafeta acabó en ruina total, pero con una amistad fortalecida. Esas fuentes informan que el trabajo de Mas con Prenafeta consistía en disolver una compañía fallida. Es decir, que las pérdidas y la ruina se le suponían. De hecho, es en este periplo con Prenafeta cuando conoce, gracias a él, a otro miembro del staff de la empresa, Jordi Pujol Ferrusola, hijo de Jordi Pujol, un hecho determinante en su vida.

La llegada de Mas a la política se produce en el ámbito municipal de la Barcelona del Maragallato. Una época dura para practicar la oposición. Mas, no obstante, la practicó. Con un estilo propio. Si bien gris, sin nervio, funcionarial, era efectivo, aunque discreto y sin electricidad ni repercusión. Era el tipo que se leía las cuentas y encontraba el fallo de cinco céntimos. Maragall, una juerga, lo opuesto a esa manera de ser y de hacer, le denominaba, en la intimidad —Maragall era un político que creaba intimidad muy rápidamente— la «mosca collonera» —mosca, en catalán, significa mosca—. La ausencia de carisma y sus trabajos certeros, pero no brillantes, de alicatado político, le auguraban a Mas un futuro razonable, pero no esplendoroso. Era un político gris, en la parte más oscura y discreta de ese conglomerado de intereses que era CiU: el municipalismo barcelonés, una sucursal del negocio sin futuro mientras Maragall existiera.

Mas debía de conocerse esa naturaleza y saber su recorrido como político cuando, sin rechistar, se traga los sapos que le caen desde arriba. El más llamativo fue no encabezar la lista municipal por Barcelona cuando, tras los Juegos Olímpicos, CiU decide apostar por Miquel Roca para disputar la alcaldía a Maragall. Mas no dijo ni mu. Recientemente, ha hablado en alguna entrevista del resquemor que le provocó todo eso. Lo que indica que es un hombre con un carácter sensible al resquemor, como todo el mundo, pero con cierta capacidad para que no se note. Y para no olvidarlo. Verbigracia, en 2006 no sólo negoció —como recordarán— en secreto con Zapatero el recorte del Nou Estatut. Por el mismo precio, también negoció que sería el próximo president —sí, la democracia española es lo que es—, y que el PSC renunciaría a la opción presidencial —es decir, jubilaría a Maragall, esa rareza biológica— si sacaba menos votos que CiU. Y, en efecto, CiU sacó más votos que el PSC, pero el aparato del PSC decidió pasar de los acuerdos de sus superiores y reeditar el Tripartit. Mas se lo comió con patatas. Con esa cara que nunca cambia en el trance de modular tristeza, alegría, hambre o sueño.

La recompensa de Mas por su trabajo de picapedrero municipal fue su entrada en la política autonómica. El primer paso fue discreto: entra como figurante en el Parlament de Catalunya. Es decir, es una recompensa, antes que en honor o en proyección de futuro político, en metálico —a estas alturas no se sabe cuánto cobra un parlamentario catalán; tampoco, por cierto, se sabe lo que cobra un diputado; sólo se sabe que una parte no está sujeta a IRPF—. Era, en fin, una suerte de recompensa tipo PCUS.

En breve, tan sólo unos meses después, en 1995, todo cambia. Le hacen, zas, conseller. Primero de Política Territorial y Obras Públicas, una conselleria muy agitada. Sus dos anteriores predecesores habían dimitido, en breve ínterin, por sendos casos de corrupción —uno, para situarnos, por tener en su segunda residencia la grifería de oro macizo, regalada por un constructor—. Quizás fue determinante en ese ascenso su mala relación con Prenafeta. Es decir, el hecho empírico de que fuera un tipo difícil de untar, o de relacionarse íntimamente con las cañerías de los ingresos de un partido y sus líderes. En breve, en 1997 es el conseller d’Economia. En estas dos conselleries es donde, tal vez, se produce el producto Mas, que posteriormente tendrá éxito y progresión en CiU, ese partido vertical liderado por una sola persona, Pujol.

Ese producto consiste en una dualidad imposible en otra cultura. A saber: Mas es a) un tipo con cierta fama de sobrio y honesto. Me comentan compañeros que el paso de Mas por esas conselleries coincide con un giro amish en los gastos. Las comilonas con la prensa, por ejemplo, pasaron a comiditas o, incluso, menús. A su vez, b) en esas conselleries —ojo: Obras Públicas y Economía— es en las que se tuvo que tener conocimiento, absoluto o parcial, de la corrupción estructural de CiU. El producto Mas, tan valorado por su jefe en breve, consistía, pues, en no sacar tajada, como sus antecesores, de actividades fraudulentas, pero permitirlas, o mirar para otro lado cuando las tuviera cerca. En francés, mucho más gamberro, sería laissez-faire, laissez-passer.

Algunas células del Mas de aquella época sobreviven en las del Mas actual, un tipo que permite fraudes, privatizaciones extrañas y beneficios a empresas vinculadas, pero que no parece participar directamente de todo ello. A modo de ejemplo de esa esquizofrenia —o de ese conocimiento certero de la naturaleza interna de un partido de la Restauración 2.0—, una fuente de CiU me comentó que, en su primera legislatura, Mas hizo una pequeña cruzada contra la corrupción, pidiendo atajar los casos de cobros de comisiones. La lucha estaba centrada en los usos de un personaje del partido, que parecía centralizar ese negociado. No obstante, en la siguiente legislatura, ese cuadro, que hipotéticamente realizaba su trabajo a pelo, fue aforado, algo que no puede suceder, en un partido vertical, sin conocimiento y decisión del líder. Pero Mas, por cierto, no siempre fue líder. De hecho, fue todo lo contrario. En 2001, Mas fue aupado a heredero del partido, de manera sorpresiva. Sorpresiva por dos razones. Se esperaba que el heredero fuera Duran i Lleida. Y se ignoraba, en general, quién era ese Artur Mas, un tipo que aburría a las ovejas, sin magnetismo, sin capacidades de líder. El acceso al liderato fue divertido. Es decir, ilustra el funcionamiento de un partido unipersonal, como lo era/es CiU. Mas entra en relación con el hijo mayor de Pujol, el homónimo Jordi Pujol, o Júnior, como le conocen en su casa. En ese momento, eran un secreto a voces las actividades económicas del hijo de Pujol.

Como conseller en conselleries de alto riesgo, Mas debía de conocer esas actividades, de las que jamás, por otra parte —me dicen chicos de CiU—, se hablaba en un Consell Executiu de Govern, o en un Consell Nacional del partido. En un partido peninsular, en general, las grandes decisiones, en A o en B, no suelen pasar por sus instituciones internas. Bueno. De esa relación surgió una aproximación al clan Pujol. En una crisis familiar de tipo doméstico, me dicen, la actitud de Mas por lo visto impresionó a Marta Ferrusola, esposa de Pujol y, aparentemente, otra empresaria paranormal. Para entender lo que significaba que Ferrusola se impresionara, para entender el poder y el ascendiente de esa mujer sobre la política catalana, bastan estos dos ejemplos: a) no permitía, y no permitió, que ningún político de CiU que se separara de su esposa tuviera carrera política, y b) no permitió que ningún político de CiU fuera homosexual, hasta tal punto que sólo tras la desaparición de Pujol ha habido convergentes homosexuales. Antes, eran solteros de oro con mucho autocontrol. Se dice rápido.

Mas, cuidadín, había entrado en el pinyol —en castellano, el hueso de los frutos; el hueso de una aceituna o de un melocotón—, el mínimo común divisor de CiU: el matrimonio Pujol, sus hijos y algún escaso amigo íntimo. Pujol, que veía cercano el fin de su ciclo, y el de CiU, apostó por él. Moderadamente. Al parecer, lideraría el partido durante una previsible larga travesía del desierto. Y poco más. La idea, como les he explicado, era que ese tipo limpio, que permanecía limpio mientras veía sucederse la suciedad del partido y del Govern ante sus ojos, calentara el asiento de líder hasta que el cargo fuera ocupado por su sucesor natural, Oriol Pujol, hijo de Jordi Pujol, un tipo aún joven y que no debería quemarse en los futuros tiempos duros. Nadie sospechaba que se quemaría del todo por el caso ITV, que apunta a ser un caso flagrante de venta de políticas. Su desaparición dejó a Mas como líder solitario y eterno de un partido que jamás esperó a un tipo como Mas.

Tipo como Mas, sinopsis: Mas ocupó el puesto asignado por Pujol —conseller en cap, una suerte de jefe de Gobierno o de primer ministro; existió ese cargo durante la Segunda República; es, tal vez, la única iniciativa o cita republicana adoptada por Pujol— sin frío ni calor, ni genio, ni aportaciones retóricas. En aquel tiempo lo entrevisté en un par de ocasiones. Era un tipo fatigado. Tenía la pinta de pasarse horas y horas sentado, leyendo o escribiendo informes. Hablaba sin giros, sin imágenes, con fórmulas aburridas y espesas, sin alma. Las entrevistas eran difíciles de transcribir. Hablaba en periodos largos, repletos de subjuntivas inacabables. En ocasiones, desaparecía el sujeto o, después de fórmulas retóricas, el predicado. Zzzzzz. Era, en fin, un fruto del pujolismo —importante: el pujolismo consistió también en ofrecer cargos a personas que no tenían la capacidad para desarrollarlos; políticos, funcionarios, periodistas, escritores mediocres, fáciles de controlar por su terror a ser cuestionados. ¿Qué vio la esposa de Pujol en él? Seguramente, eso. Era el hombre que convenía. La esposa de Mas, por cierto, es lo opuesto a la esposa de Pujol. La conoció varios millones de células antes.

Antes, claro, tuvo otras novias. La más sonada, y si bien el amor es ciego, puede dibujar las afinidades electivas de un hijo de un fabricante acomodado en pleno franquismo pop, que en dos décadas acabará en el catalanismo conservador, un producto que no tenía mucha salida en la dictadura. Se trata de Margarita García-Valdecasas, hija de Francisco García-Valdecasas, rector de la Universitat de Barcelona en los sesenta, hombre del Régimen que pasó a la historia por la expulsión de 266 estudiantes afiliados al Sindicato Democrático de Estudiantes —entre ellos, Manuel Vázquez Montalbán—. Margarita, para situarnos, era hermana de Julia García-Valdecasas, diputada por el PP, delegada del Gobierno en Catalunya bajo el Aznarato —su nombre artístico, Julia García-Vaytecasca—, y ministra.

Sea como sea, Mas conoció a su esposa, Helena Rakòsnik, en una boda. La acompañó a su casa en su seiscientos. Tres años después, se casaron. Era maestra. Pero unos pocos años después, o unos años antes —desde el planeta CDC me ofrecen ambas posibilidades—, del primer trabajo de Mas en el sector público, también empezó a trabajar como funcionaria en una institución pública, subsector marketing, esa cosa que no se estudia en magisterio. Rakòsnik no modula accesos, políticas y mandangas sobre Mas, como su antecesora. Pero es un ser importante. La actitud de ellos en público es importante, e informa sobre lo que puede pensar y sentir este hombre que verbaliza poco y que tiene un núcleo íntimo-político muy reducido, de no más de cinco personas, me dicen, de las cuales una es su esposa. Yo, siempre que me toca cubrir algo, la observo. Esa mujer, se diría, odia a CiU. No da su mano con cariño a los dirigentes, pasa de demostraciones de afecto, fulmina con la mirada a dirigentes que hablan en público o que se dirigen a ella. No exhibe poder, sino desprecio. Quizás por los sapos tragados. O quizás por los sapos que le quedan por tragar, es decir, por cosas que sabe y que le inquietan. Ni idea.

Mas, a su vez, suele hablar con ella en público, de manera imperceptible para el público. Recuerdo un mitin de esta campaña que acabaría con la victoria de Mas. En un momento dado, Mas habló de la «travesía del desierto», ese periodo en el que CiU, por primera vez en su historia, no tuvo acceso al poder autonómico. Habló de los sufrimientos padecidos. En eso, vi que ambos se miraban. Su mirada establecía un puente sólido entre ellos. Hablaban en clave, o aludían a un registro íntimo. Estaban llorando, emocionados. ¿De qué sufrimientos hablaban? ¿Dinero? ¿Humillación? ¿Sapos? ¿Qué sufrimientos comparte un matrimonio cuando él no gana unas elecciones en dos ocasiones? Ni idea. Pero no mola, supongo. Quizás es un indicio de que la fidelidad de Mas es familiar. A su familia, ese colectivo que necesita tres casas.

Un Mas que había ganado varios enteros en retórica parlamentaria, pero que seguía siendo un ceporro en retórica periodística, o coloquial, decide adoptar el Procés como política en 2012. Aún faltan dos años en este hilo narrativo, pero ya que estoy dibujando a Mas, permítanme hacer trampa y utilizar su futuro inmediato para dibujarles el personaje. Lo de adoptar el Procés —una idea que no es suya, que le vino de la calle, o de algo parecido a la calle, ya lo veremos— es ciertamente una pirueta. Una pirueta más retórica que política, pues el Procés, en su tramo gubernamental, no se traducirá en nada, salvo en una mayor facilidad para adoptar la austeridad, y en una desvinculación de CiU respecto de su pasado e, incluso, de su presente. Ahora que lo pienso, tampoco se traducirá en nada en su vertiente popular, en su vertiente de calle, salvo en confiar y ser sumiso ante Mas, el hombre de la pirueta, al que nunca se le retiró la confianza por parte de los ciudadanos que, en efecto, querían un Procés hacia la independencia. Dejando a un lado la sinceridad o no de la pirueta de Mas, ¿tenía ese hombre las herramientas suficientes para realizar esa pirueta en su tramo discursivo y lingüístico? Todo apuntaba a que no. Sí, conocía al dedillo la cultura del poder en España. Posiblemente, su conocimiento de ella era su único patrimonio. En eso, Mas no se diferencia de los líderes españoles 2.0 y 3.0 —Rajoy, Sánchez, Rivera...—, que acceden al poder interno, y se mantienen en él, con el único conocimiento de los mecanismos culturales del poder en España desde 1978, de los que deben ser virtuosos.

Ejemplo de virtuosismo: la ya aludida anécdota del 3 por ciento. Cuando el president Maragall denuncia el cobro de comisiones del 3 por ciento por parte de CiU, Mas responde defendiendo no sólo a CiU, sino a todo un sistema de usos y reglas que implican también al PSC o al gato. «Supongo que es consciente de que ha enviado al traste la legislatura. Le exijo que retire su comentario», contestó, escuetamente Mas, diciéndolo todo sin decir nada. Maragall, en efecto, hizo las dos cosas. Es decir, enviar la legislatura al traste, y retirar su comentario en su siguiente turno de palabra. Mas, conocedor del sistema, sabía que la sangre no llegaría al río, que ningún partido de la Transición acosaría por el tema corrupción a otro, más allá del deber. La respuesta de Mas a Maragall, por otra parte, no difiere en nada, salvo en su menor brutalidad, de la ofrecida por Pujol en la comisión parlamentaria que, en la siguiente legislatura, investigará al expresident y a su familia millonetis: «Si vas podando la rama de un árbol, al final cae toda la rama, y todos los nidos que hay en ella». Ah, un chismorreo. Aquel día, el día del 3 por ciento, el Tripartit había accedido al conocimiento —o había accedido a una información puntal que lo confirmaba— sobre el cobro de comisiones por parte de CiU, y sobre el desvío de un monto, al parecer —o eso me dice un conseller del Tripartit— en cada una de ellas para la familia Pujol. Decidieron no calentarse al respecto. Es más, decidieron un sistema de contraseñas para que, si alguien se calentaba, se le hiciera saber que debía enfriarse. Y callar. Ese sistema de contraseñas consistía en tirar de la manga de la americana al president. Carod-Rovira estaba sentado al lado de Joan Saura, y Saura al lado de Maragall. Cuando empezó la cosa 3 por ciento Carod-Rovira tiró de la manga de Saura, y Saura de la de Maragall. Reiteradamente. No pudo callarse. Maragall era un político raro. Sensible al calentón, no podía parar cuando entraba en él.

Mas, vamos, se sabe en una tradición —más amplia que CiU, luego CDC; podría denominarse Régimen del 78— que debe defender. Y que ha defendido a lo largo de su mandato. La otra tradición que domina es la del catalanismo, un corpus que se puede dominar aparentemente sin un gran conocimiento. A su vez, el catalanismo conservador es, también, otra escuela retórica. Pero su dominio de esa escuela era sensiblemente menos afinado. Recuerden que había perdido dos elecciones: una contra Maragall, un catalán con abuelo, pero poco vinculado al catalanismo espiritual e identitario de CiU, y otra contra Montilla, su paralelo en el PSC —un tipo gris, sin retórica ni sueños; otro picapedrero—. Esos fracasos, por cierto, hubieran supuesto sendas dimisiones en otra cultura democrática, salvo la española —recuerden a Rajoy, otra vida paralela, en ese sentido—. Desde 2011, con el 15M rampante, su dominio de los recursos retóricos del Régimen ya no le es suficiente para sobrevivir. Como los de su catalanismo. Es entonces cuando realiza su ulterior renovación celular, imprevista. Mas elabora, oralmente, la centralidad del discurso catalanista, independentista a ratos. Decide cuál es el juego y cuál es el campo de juego. No es cuestionado por nadie. Y supera pruebas que nunca había superado. Las entrevistas con periodistas no acólitos no son, por primera vez, un problema. En breve, podrá torear a periodistas como Ana Pastor. Sabe lo que le van a preguntar, y sabe lo que va a responder. Sabe cómo neutralizar. Domina los marcos, vamos, y la cultura de sus entrevistadores, que es la suya. Sólo tendrá problemas con Mònica Terribas, periodista de TV3. Sí, sorprendentemente, Terribas ya no le toreará con la facilidad de antes, pero aún podrá ponerle en aprietos. Como en una entrevista de 2014, en la que Terribas le preguntó si se sentía limpio de corrupción —es curioso, pero ningún otro periodista le ha preguntado eso, tan sencillo—, y él no respondió, guardó un silencio eterno —demasiado— y luego dijo: «Yo creo que sí [silencio]. Bueno, a lo mejor me he equivocado en alguna cosa [silencio]. ... Pero yo creo que sí».

¿De dónde ha nacido su dominio lingüístico y de ideas, que se hará patente al final de esta legislatura y durante la siguiente? Ni idea. Pero ha sido de manera rápida. Sí, se comenta que ha sido asesorado por David Madí, una de las personas de su reducido círculo íntimo. Pero contrariamente a lo que señalan sus palmeros, Madí no es un genio. Es más, fue el responsable de las dos elecciones fallidas de Mas. La última, un despropósito de campaña, calcada del PP coetáneo, en el que se hablaba del Tripartit como anticatalán, como el PP tildaba de antiespañol a todos sus contrincantes. Madí, por cierto, abandonó oficialmente la política después de la victoria de Mas. Está en el Consejo de Endesa. Hay, pues, contacto Mas-IBEX. Como lo hay, por otra parte, con el PP. El mito de la falta de comunicación durante el Procés —que aún no ha empezado— es, eso, un mito. Los medios, desde luego, han ayudado en su personal revolución lingüística. Los medios de empresas anti-Procés, publicitando un Procés que no existía. Es decir, cediendo la retórica a Mas. Y los medios del Procés buscando y encontrando significados donde no los había. Es decir, creando la retórica de Mas.

También ha habido construcciones propagandísticas imposibles en otra cultura europea. Ni siquiera en la española, que tanto ha renovado la disciplina propagandística desde 1978. Coincidiendo con momentos históricos, que lo cambiaban todo —no ha cambiado nada en Catalunya, salvo la austeridad—, Mas aparecía en la plaça de Sant Jaume, separado de cientos de manifestantes por una valla —Mas, durante su presidencia, no tuvo libertad de movimientos; hubo amplias zonas del territorio en las que su impopularidad le impedía un desplazamiento tranquilo—, rodeado por su núcleo y por intelectuales oficiales. La pregunta del millón es si Mas participa con la fe en su explosión retórica. ¿Cree en lo que dice? En la campaña de las elecciones de 2015, en la que se declara abiertamente, y por primera vez, independentista, adoptando, también por primera vez en su vida, una retórica electrizante, ¿creía lo que decía? Ésa es la pregunta del millón. Según personas que han estado al lado de él en todo el periplo iniciado desde que llega al poder, en 2010, hasta que lo abandona, en 2015, ha realizado una transición efectiva al independentismo. Una opinión a tener en cuenta, en tanto algunas de esas personas consultadas provienen de la CUP, un partido netamente independentista. No obstante, no hay ninguna prueba. Mas no ha protagonizado ninguna ruptura política. Más bien las ha evitado.

¿Miente entonces? Es imposible verificar su cinismo. No lo emitía en el Consell Executiu ni en los órganos del partido. Por lo visto, ahí sólo se ha choteado de una cosa: la facilidad con la que se llevó a Junqueras/ERC al huerto para hacer una lista única, en 2015 —ya llegaremos—. Tras prorrumpir en una carcajada, dijo que creía que le habría costado más tiempo. De emitir cinismo, lo hará en su núcleo íntimo. Un militante me ha hablado de golpes de cinismo humorístico —es decir, de ausencia de fe— con Francesc Homs —conseller de Presidència, y miembro de su pinyol; actualmente, diputado en Madrid—. Pero si no te dicen el chiste entero, no te lo puedes creer del todo. En todo caso, la sensación es que cuando habla en un mitin, ese hombre no miente. Eso no significa que no diga mentiras. Estoy convencido de que, por ejemplo, Acebes, a media mañana del 11M, no mentía, se lo creía, se lo tenía que creer. Eso pasa mucho en políticos y, he leído también, en maridos que vuelven tarde a casa, pues había trabajo en la oficina.

Disculpen este perfil, pero creo que sin conocimiento de Mas no se pueden evaluar las posibilidades de lo ocurrido y de lo posible. Les decía, antes de este inciso, que Mas había ganado las elecciones. Por un amplio margen. Un margen de la sociedad dispuesto a creer sus promesas. Y él había prometido business friendly, y pacto fiscal. La primera promesa era fácil de cumplir. Bastaba con seguir la deriva de CDC. La segunda era imposible. Cuando Mas llega al poder, el PSOE, que gobierna en el Estado, ha declarado la austeridad. Queda fuera de discusión un nuevo sistema de financiación, no sólo por esa razón, sino porque está fuera de financiación, además. Será descartado oficialmente en breve, con peores modales, cuando en 2011 el PP recupere el poder. El PP no sólo intensifica la austeridad, sino que parece unirla a sus fantasías de recentralización del Estado, neoliberalismo y restricción de libertades. No quiere saber nada de un territorio que reclama para sí una financiación que ya tiene el enemigo. Es decir, los vascos. Posiblemente, Mas podría haber tirado del CDC style. Es decir, escenificando un desencuentro sangrante con el Estado, que algún día sería relativamente mitigado por algún tipo de pacto histórico, de mejora, después de un viaje a Madrid en el que, tras una negociación ardua, habría obtenido algún tipo de concesión. Por supuesto, no un pacto fiscal. Pero no lo hizo. La razón: no pudo hacerlo. En eso pasó algo no previsto en el tablero político y su imaginario y mitología. El tablero político, su imaginario y su mitología saltaron por los aires. En apenas unas horas, un día del mes de mayo.

Desde febrero, un grupo de jóvenes viene hablando en la red sobre la situación social, política, económica y democrática. Lo que hacen y dicen adquiere la forma de un grupo que, tras algún otro nombre, en marzo ya se llama a sí mismo Democracia Real Ya. Hay un grupo de DRY en cada ciudad. Los más determinantes para lo que se avecina parecen ser los grupos andaluces, los de Madrid y, quizás aún más, el de Barcelona. En efecto, desde marzo de 2011 se está reuniendo un grupo de jóvenes en el Viena —un local de comida rápida de cierta calidad— de la calle Pelai. El grupo es cada vez más numeroso. Tanto que deja de ser discreto. Una chica bajita —aún no lo sabe, pero en 2014 será concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, a través de una nueva formación, Barcelona En Comú, impensable antes de 2011— propone abandonar el Viena y acudir a la Sala Conservas, un local barcelonés de cierta solera, dedicado a la cultura vanguardista y alternativa. Empiezan las nutridas reuniones en Conservas.

Se trata de un grupo de una generación que no existe. No está en la política. No está en partidos. Vive con cierta precariedad. Han vivido el Estado del bienestar, que ya no existe. Gracias a él, han accedido a la universidad, han utilizado el programa Erasmus. Algunos siguen en la universidad, intentando una difícil carrera docente o investigadora que, definitivamente, se está haciendo imposible con los recortes. Son científicos y científicos sociales, mayormente. Hablan varias lenguas. Quizás el hecho generacional que les une, en ese momento, es el movimiento antiglobalización —los movimientos, en general— y la cumbre de Génova del G8, en 2001, en la que —todos, por lo que veo, quedaron impresionados por ello— murió un manifestante italiano por la brutalidad arbitraria de la policía italiana. Han protagonizado o vivido campañas políticas anteriores. Como los movimientos contra la guerra en Irak, o V de Vivienda, o No Tendrás Una Casa en tu Puta Vida. No son marxistas, no son anarquistas. Son algo nuevo. Un algo nuevo un tanto libertario, quizás, pero alejado de la escolástica anarquista. Suponen un nuevo funcionamiento. Trabajan en grupo, se reparten las tareas con espontaneidad. Quien trabaja más, quien obtiene más resultados, modula más la discusión y ejerce mayor influencia en la agenda y sus contenidos. No tiene por qué ser el mismo siempre. No les gustan las discusiones políticas eternas. Tienen herramientas para romperlas y desactivarlas. Sus reuniones, en ese sentido, son muy ejecutivas.

Tienen un proyecto. Por eso han hablado en la red. Por eso se han reunido en el Viena. Por eso están en Conservas, hablando, escribiendo en ordenadores, o tuiteando contenidos a través de su teléfono. Sea cual sea ese proyecto, su primer jalón es una gran manifestación. Es una manifestación sin partidos, que se moviliza y convoca a través de la red. Y, más que eso, a través de estados de ánimo en la red. En la red, el grupo de Barcelona crea un estado de ánimo nuevo, eléctrico, generacional, pero que trasciende su propia generación, que habla de sentimientos y agendas que no existen en la política. Hablan de una generación que no va a tener su sitio. Que no tiene casa, que no tiene trabajo, que le costará tener hijos. Hablan del sistema político español, hablan de lo que está pasando en ese momento en Grecia, de la corrupción, de la austeridad. Hablan de conceptos como cultura de la Transición, un juego de espejos que modula la cultura política española, y que impide hablar de temas y agendas no propuestos por los partidos, unos partidos que no están presentando la austeridad en su brutalidad real. Hablan de que los políticos no nos representan. Hablan de bipartidismo como algo negativo. Hablan de los medios de comunicación, que sólo atienden a cosmovisiones de los partidos. Hablan de una crisis democrática europea sin precedentes, en la que el poder financiero ha accedido a la cúspide de la pirámide trófica, de Estados sin soberanía, modulados por el poder financiero a través de instituciones no democráticas, como la Comisión Europea, el BCE, el FMI. En tanto que todo esto, conceptos como independencia, dret a decidir, pacto fiscal, unidad nacional —los conceptos, en fin, que salen en la prensa— les son ajenos. La manifestación está prevista para el 15 de mayo. Se realizará en el grueso de capitales españolas, a la vez. Unas semanas antes de la mani, en internet se ha debatido sobre la posibilidad de que la protesta acabe en una acampada. Por lo visto, la idea no cuaja o se descarta.

La manifestación del día 15 es extraña. Su lema es «No somos mercancías en manos de políticos y banqueros». Es decir, se equipara, en sus funciones, el político con el banquero. La mani carece de pancartas. Es decir, hay miles. Cada persona lleva una, pequeña, hecha con un trozo de papel o cartón. Un indicativo de que no está centralizada, de que no hay una sola consigna, o un partido detrás. Es numerosa, sin ser histórica. Es, en ese sentido, una mani apañada, pero que no tira de espaldas. Lo llamativo sucede después. Al acabar la manifestación, una cuarentena de personas decide quedarse a dormir en plaza de Catalunya. Lo mismo sucede en Madrid.

A los dos días, ya se trata de una acampada multitudinaria. Miles de personas durmiendo pero, también, hablando. Hablan de lo que ganan, de los recortes, de los desahucios. Los médicos explican cosas inauditas. Por ejemplo, que contraer cáncer, en estos momentos, en una suerte de pena de muerte, pues los tratamientos se dilatan. También explican la degeneración de su trabajo los maestros, o los bomberos. Hablan de política, de una clase política corrupta, que está empezando a rescatar a la banca, pero que ha abandonado a su suerte a la sociedad. No se habla de ninguna de las agendas de los partidos. No se habla, por tanto, de pacto fiscal, de dret a decidir. La gente se abraza. Llora. Es un momento de fraternidad inaudito. Se suceden las asambleas. Son asambleas muy silenciosas. Los acampados han depurado sistemas de mímica para protestar, para aplaudir. Las asambleas son ágiles, ejecutivas. En ellas se plantea una nueva agenda, que no contempla ningún partido. Básicamente, un ensanchamiento de la democracia. Se habla, incluso, de democracia económica. Se habla de ensanchar los derechos, de tal manera que derechos fundamentales, como la alimentación, la vivienda, el trabajo, queden garantizados, como la salud o la enseñanza, que se han empezado a recortar.

Se suceden unas veintiuna acampadas como ésta en todo el Estado. Las más importantes, sin duda, son las de Madrid y Barcelona. En ellas no hay banderas, ni españolas, ni republicanas, ni catalanas. El conflicto territorial, que ha significado el único gran conflicto verbalizado y discutible desde 1978, y el único que se desarrollaba a través de los partidos y medios, desaparecía en beneficio del conflicto económico, político, social y democrático. Los políticos y los medios no saben cómo tratar la cosa. En Madrid, se reacciona enviando a la policía, a las pocas horas de producirse la acampada. Los echan. Vuelven más personas, y con más fuerza, a las pocas horas. Es imparable.

Desde los medios, se ensayan diversos nombres para calificar a ese nuevo grupo humano. Primero se utiliza «violentos», el calificativo que se ha usado, en las últimas décadas, para aludir al entorno de ETA. No funciona. En la plaza también hay padres, madres, jubilados, parados. No, no es ETA. Se ensaya con «radicales». Con «antisistema». Finalmente, un medio utiliza la voz «indignados», en alusión a un libro de Stéphane Hessel. Que, por cierto, nadie se ha leído en esas plazas. Parece que ése es el nombre que se queda. El movimiento, a su vez, no ofrece ningún otro nombre para nombrarse a sí mismo. Salvo 15M, la fecha de la manifestación fundacional de todo este movimiento.

Esas plazas ocupadas son la génesis del 15M. Un movimiento que, en semanas, acaba con la cultura, con el sentido común, fabricados desde 1978, y que imponía los márgenes de lo posible. Esa cultura vertical, que facilitaba al político descender, a través de los medios, su discurso, la imposición de su agenda y sus puntos de vista, desaparece con rapidez. Ejemplo: el 27 de mayo, el Gobierno de Mas envía a la policía a desalojar la plaza. Los acampados practican la resistencia no violenta. Las televisiones generalistas retransmiten las cargas policiales y los locutores se identifican con los acampados. Es la primera vez en democracia que un gobierno en España carece de legitimidad y discurso para ejercer la violencia. Es más, las imágenes retransmitidas en directo le deslegitiman en el uso de la violencia, excesiva, por otra parte. Verbigracia: un solo agente de la policía catalana causó un centenar de lesiones. Finalmente, el Gobierno catalán da marcha atrás. Califica la operación, no de desalojo, sino de operación de limpieza. Algo extraño, pues los acampados tenían, entre otros servicios —como un servicio de comedor y cocina; la ciudadanía anónima les llevaba comida; una empresa, por cierto, facilitó, gratuitamente, por simpatía, sanitarios químicos para los acampados—, un servicio de limpieza. Abortado el desalojo, los acampados vuelven. Permanecerán en la plaza hasta su retirada pactada, el 30 de junio.

El movimiento 15M, inesperado, supone un jalón que lo cambia todo. Cambia incluso a sus creadores. Los movimientos sociales no volverán a ser lo mismo. Pasan a ser algo nutrido, horizontal, participativo. De buenas a primeras, el 15M cambia también los resultados de las elecciones municipales, que se desarrollan durante las acampadas. El 15M, sin dar instrucciones precisas, no vota. El PSC pierde la alcaldía de Barcelona, en beneficio de CiU. A finales de año sucederá lo mismo, por cierto, en las elecciones generales. Con una gran abstención, el PP las gana por mayoría absoluta, con el menor número de votos jamás habido en una mayoría absoluta española. El 15M también cambiará, completamente, las políticas de Mas. Es decir, las hará perceptibles. Las desnudará de su discurso y adorno nacionalista, que impedía ver la severidad de la austeridad. Por lo que, sin poder impedir que sean efectivas, las hará fracasar. Es decir, consigue que supongan un desgaste y una impopularidad inauditos para Mas.

Mas ha iniciado un proceso de austeridad superior, incluso, al español y que hasta le precede en el tiempo. Es un adelantado. El argumentario de los recortes es, hasta cierto punto, racista. Responden a esta lógica, que Mas explica reiteradamente. Somos [Catalunya] un país serio, no como España. Saldremos de la crisis porque sabemos hacer recortes serios, no como España. Europa tomará nota de nuestro esfuerzo, y de la incompetencia española. De igual forma, también se tendió a menospreciar al 15M a partir de ideas identitarias, emanadas del marco noucentista. El 15M es desorden, es griterío. Carod-Rovira, un político de ERC, lo plasmó claramente en una frase: «Que los españoles se vayan a mear a España», en alusión a los últimos momentos de la acampada, cuando ésta se nutrió de algunos elementos marginales —algunos de ellos fueron fotografiados por la prensa en el trance de hacer sus necesidades en el césped de la plaza.

Los acampados, en fin, en tanto que no vinculados al ideal catalán de silencio y orden, eran no-catalanes, es más, eran españoles. En ocasiones fueron, incluso, fascistas. Así fueron definidos, por otra parte, por importantes columnistas y tertulianos catalanes. Se estrenaba algo que, hasta entonces, había estado latente. Un grupo de medios, intelectuales y profesionales, vinculados al Govern. Será determinante en breve. Defenderán el pacto fiscal, el derecho a decidir, el procés y, en general, cualquier línea que adopte el Govern. Y atacarán cualquier oposición gubernamental, en tanto que española y anticatalana, lo sea o no.

El hecho de que el 15M lo había cambiado todo quedó claro el 19 de junio, con una potente manifestación que atravesó Barcelona. Sin partidos, sin grandes pancartas, nutrida de personas que no solían manifestarse. Personas alejadas del nacionalismo español y de Mas. Y quedó mucho más claro el 21 de junio, día en el que Mas descubrió que carecía de un discurso potente para acometer sus políticas. Que estaba, vamos, en el vacío.

El 21 de junio se votó en el Parlament la denominada Llei Òmnibus. Una ley de leyes, un proyecto, de dudosa legalidad técnica —implicaba muchas leyes, que debían ser estudiadas por el Parlament en menos tiempo del establecido legalmente—, que se proponía acometer la austeridad en Catalunya a través de un gran paso atrás en el Estado del bienestar, modificando la sanidad, la educación, los servicios. El recorte resultante afectaba a un 60 por ciento del presupuesto de la Generalitat, que se iría en pagar una deuda asombrosa, creada por el último Tripartit y por los primeros meses del Govern Mas. Con este paquete de recortes, y los subsiguientes que se fueron produciendo en los gobiernos Mas, Catalunya llegó a sufrir unos recortes superiores, en proporción a la población, a los soportados por Grecia en aquel momento.

El 15M convocó un acto: «Encerclem el Parlament!». Es decir, rodeemos el Parlamento. Y, en efecto, el Parlament quedó rodeado por un nutrido grupo de manifestantes. La intención era evitar la entrada de los diputados, a fin de impedir la votación de la muerte del Estado del bienestar. Era, pues, un delito. Como tal vez también lo era ese cambio constitucional que se proponía desde una autonomía y que, en esta ocasión, fue aceptado, sin ninguna demanda al Tribunal Constitucional, por el poder central.

Fruto de la mala planificación, de la incompetencia, o de la voluntad de crear violencia y de utilizarla en su favor la Conselleria d’Interior presidida por Felip Puig —el hombre que dio la orden para desalojar la acampada de plaza de Catalunya—, los accesos al Parlament quedaron convertidos en una ratonera para parlamentarios. Algunos de los que se vieron obligados a entrar por la única puerta de acceso que quedó abierta en el parque que rodea el Parlament, fueron increpados —los más—. Pero también escupidos, golpeados —no se llegó a una violencia sangrante y excesiva, en todo caso; ni a los conatos de chusma producidos durante la manifestación, años atrás, por lo de Banca Catalana—, o se les pintó la ropa con un spray de pintura. Algunos, como Mas, llegaron al Parlament en helicóptero, algo inusual en un país pequeño, que ilustraba la impopularidad y la inseguridad de Mas en la calle. Y que, de paso, dio al día una estética de retirada de Saigón.

Fueron identificados muchos policías entre los manifestantes más activos. Hubo detenciones. La ley, finalmente, se votó. El Parlament no quedó legitimado por la violencia, como se pretendía desde Interior. Es posible que, incluso, accediera a la sima de su deslegitimización y contradicción. De hecho, el Govern y el Parlament se presentaron como acusación privada contra los detenidos de aquel día. Es el único modelo de Govern independentista —cuando se celebró el juicio, el Govern ya había iniciado el Procés—, que impidió que el juicio fuera en su capital, y pidió que fuera en Madrid. Es decir, en la Audiencia, con lo que las acusaciones, vinculadas por tanto a la figura de terrorismo, ganaban en dureza. Fueron condenadas ocho personas. Algunas, según Fiscalía, culpables de delitos como increpar a un diputado con las manos levantadas, para demostrar que no ejercía la violencia. Los disputados de izquierdas, por cierto, declararon en el juicio que no había habido violencia ese día. De hecho, había habido menos, como se ha dicho y según aseguran periodistas que vivieron ambas manifestaciones, que cuando la manifestación de Banca Catalana.

Bueno. Mas recortaba. Privatizaba algunos tramos de lo recortado, como la sanidad —business friendly—. El 15M impidió camuflar esa política tras la zanahoria del pacto fiscal, un hecho altamente improbable, presentado como una cruzada nacional.

La impopularidad de Mas, su contradicción, la literalidad de sus políticas, desprovistas de la épica nacional que siempre habían amparado las políticas de CiU, abocaban a Mas al fracaso, mucho antes de llegar al primer aniversario de su Gobierno. La calle le condenaba por sus políticas austeras —inauguraron el tramo grueso de la austeridad mucho antes que el PP, que, de hecho, aún no estaba en el poder; accedería al Gobierno tras las generales de noviembre de 2011—. Curiosamente, la calle —otras calles, otros barrios— le salvarán unos meses después, en septiembre, de la mano de la ANC, la Assemblea Nacional Catalana.

La ANC es una organización determinante en el Procés desde su nacimiento, unos meses antes del inicio formal del Procés. Salvará a Mas en esta fase, le ayudará políticamente en todos los momentos, salvo en uno. Colaborará en evitar que Mas abandone el poder en 2015. Una vez que eso se vuelve imposible, colaborará para que no lo abandone CDC. La ANC ha sido, hasta la fecha, una bicoca gubernamental, una organización civil sólo comprable, en sus funciones y capotes a un gobierno, a la distinta y distante Asociación de Víctimas del Terrorismo. A la vez, es una organización sumamente diversa. En sus bases rurales, tal vez agrupa a personas que, en ámbitos urbanos, se vincularían al 15M y a las luchas contra los recortes. En su cúpula, es una organización muy sensible de ser cooptada por los partidos, y al servicio de ellos en gran manera. El argumento intelectual es que no se puede acceder a la independencia con una CDC en contra, por lo que hay que cortejarla, mimarla, acompañarla en este tránsito ideológico. Es posible, no obstante, que el vínculo de las élites de la ANC con CDC sea cultural, de cosmovisión. Por lo que sea —es decir, por cultura— están más próximos a la idea, extraña, improbable y no verificada, de una revolución democrática amparada por CDC, que de una idea de revuelta democrática horizontal y radical, como la propuesta por el 15M. También es notorio el dominio, por parte de la CDC, sobre la ANC. En esa fase, siendo importante, lo será menos que posteriormente.

La génesis de la ANC es, recuerden, la consulta de Arenys de Munt. Allá, el día de la consulta se encuentran espontáneamente diversas personalidades históricas del independentismo. Se trata de usuarios veteranos de los distintos grupúsculos que se han ido formando y desapareciendo desde los setenta, y que no alcanzaron la forma de estabilidad de la CUP, organización de extrema izquierda, con contactos históricos, por cierto, en algunos de sus tramos, con la tradición del anarquismo catalán. Esos veteranos, enfrascados, desde la noche de los tiempos del independentismo, en polémicas sobre la pureza y la traición a los ideales, que suponen su continua atomización, no son, en fin, de extrema izquierda ni, mucho menos, anarquistas. Ven el ambiente que hay en Arenys. Ven como todo el mundo independentista, sin diferencias de sector e ideología, colabora y se anima mutuamente, creando un ambiente de unidad y optimismo, nunca antes visto en el independentismo. Deciden montar algo para aprovechar o, incluso, organizar ese estado de ánimo. Empiezan a elaborar un manifiesto y a tener discusiones sobre él en la red. Menos familiarizados que los chicos del 15M con la informática, para mantener la confidencialidad, en vez de confiar en la encriptación de mensajes, contratan un servidor en el Extremo Oriente. Lo que puede dar una idea del vínculo del grupo inicial con el siglo XXI.

En abril de 2011 organizan una Conferència Nacional per l’Estat Propi, en Barcelona. Son 1.500 personas. Es la génesis de la ANC. En mayo se constituye legalmente la organización, que no participa como tal en el 15M. Más bien, se diría, lo observará como algo extranjero, algo sin identidad nacional, por lo que puede ser un ataque a la identidad nacional catalana. Algo, en fin, español, esa idiosincrasia diferenciada del carácter silencioso y cívico catalán, según reza el mantra. En marzo de 2012, se produce la asamblea constituyente. Todo un fenómeno, en un Palau Sant Jordi repleto. Es elegida presidenta Carme Forcadell —funcionaria dedicada a la normalización lingüística del catalán; recuerden ese nombre—, y vicepresidente, Carles Castellanos, un hombre honesto y prestigioso, reiteradamente detenido por la policía, incluso, en democracia. Tan sólo un año después, en 2013, la ANC contaba con 13.000 adheridos, que pagan una cuota. Hoy son más de 40.000.

En 2012 ya poseen un concepto importante. El concepto «full de ruta» [hoja de ruta], del que será valedor hasta esta mañana a primera hora, si bien negociándolo, a partir de 2012, con las fuerzas políticas, cediéndoselo sólo completamente, y aportando, con ello, líneas políticas a unos partidos viejos y gastados, que carecían de la capacidad para crearlas. Esa hoja de ruta en 2012 es complicada. Es decir, es un texto retorcido y un tanto desestructurado —una metáfora de que las discusiones, en esta cultura, son menos ejecutivas y consensuadas que en el pack 15M; los textos que las recogen son un pastiche, se diría, que intenta satisfacer, con fragmentos contrapuestos, a todos los grupos o sensibilidades participantes—, en tanto que se mezclan objetivos privados como entidad, tendentes a hacerla hegemónica en el territorio —se consiguió con suma efectividad, por cierto—, y fines programáticos para acceder a la independencia. De hecho, el documento es una constatación de que es el momento de construir una mayoría social independentista, latente desde la sentencia del Estatut, de que sólo se puede acceder a la independencia a través de esa mayoría, y de que esa mayoría se debe vertebrar como movimiento civil, en relación con las instituciones. Una gran diferencia, por ejemplo, con el 15M en ese momento, que visualiza en las instituciones el problema.

Sobre el programa. En este momento es muy básico: «Comenzar a vertebrar la acción del movimiento civil con la acción política de nuestras instituciones municipales, con el objetivo de celebrar, a mediados de 2012, y todos en el mismo día, consultas “oficiales” en el máximo número posible de ayuntamientos catalanes, sobre la constitución de Estado propio en 2014». Como se ve, no se cuenta —supongo que por realismo— con la participación de la Generalitat, pero sí con la CDC municipalista. Se sobreentiende que «oficializar» las consultas es un acto de desobediencia, y que será combatido y reprimido por el Estado.

La difusión de la ANC por el territorio y, con ella, de esta propuesta, fue un hecho eléctrico, que cristalizó, como ya veremos, con la propuesta de manifestación de la ANC para el 11 de septiembre, fiesta nacional de Catalunya. Las simpatías, o la abierta adhesión a la causa independentista, fueron llamativas. Por varias razones. Por su cantidad y por su éxito. Por su carácter horizontal —participaron de la propuesta de la ANC, que era la independencia, personas de derecha y de izquierda, catalanohablantes y castellanohablantes, si bien aquí es preciso matizar que en Catalunya no ha existido nunca una gran separación entre comunidades lingüísticas; el castellano o el catalán son lenguas que, por lo general, y salvo casos excepcionales, conviven en el ocio, en el trabajo, en la familia o, incluso, en la pareja; Catalunya es el único topos del mundo en el que he visto mezclar, cotidianamente, dos lenguas, no sólo en una conversación, sino incluso en una frase—. Y, también fue llamativo el tema aglutinante de toda esa conversión o formulación social del independentismo. No eran motivos identitarios, o una formulación de libertad aplazada. Eran motivos económicos. La pasta.

Y aquí empiezan las bromas pesadas que, posteriormente, a partir de 2012, siguió por su cuenta Mas. Se consideraban los recortes y la pobreza actual como una consecuencia de no tener Estado. Con Estado propio, el entrante de líquido sería fabuloso, garantizaría el bienestar y dibujaría un Estado rico. Del Norte, cívico y silencioso, que es lo que corresponde a Catalunya, y no de ese Sur al que queda anclada por su pertenencia a España. Esa argumentación no explicaba por qué Grecia, Italia, Portugal, Irlanda, España, todos ellos Estados independientes y con soberanía, con capacidad para fijar sus impuestos, carecían de ella y se acercaban peligrosamente al rescate de la UE. Quizás, daba igual. El tema era crear hegemonía en torno de un proyecto. Se hizo. Muy rudimentariamente, y no en torno a conceptos como derechos o libertad. Fue determinante, creo yo, la emisión de un documental de producción propia en TV3, en el que se explicaba que Catalunya sería la monda sólo con la gestión de su IVA. El IVA es lo contrario del IRPF, esa cosa que antaño repartía la riqueza. Esa vinculación de riqueza social, independencia e impuesto indirecto, tan liberal, quizás era un indicio de que la horizontalidad del independentismo resultante, sin perderse, estaba siendo modulada hacia cierta derecha estilística.

Otra entidad importante, formada este 2011, es la Associació de Municipis per la Independència. Explica también, por sí sola, el ying y el yang de todo este movimiento civil, en ocasiones o tramos, honesto, sincero, y en otros tramos y ocasiones, pura partida de póquer. Fue creada por un político de UDC —partido demócrata-cristiano federado a CDC y, estadísticamente, no independentista—, cuando, a cambio de un cargo autonómico, cayó de la mula y se hizo independentista. La AMI agrupa, en la actualidad, a 948 municipios catalanes —casi el 84 por ciento de los municipios—, es decir, más de 3.000.000 de ciudadanos, casi el 44 por ciento de la población. La AMI era importante en este momento, cuando la hoja de ruta propuesta consistía en consultas municipales. Fue igualmente importante por otros motivos. Aportó ingredientes y matizó el éxito de la ANC. Junto a Òmnium (asociación cultural fundada por el catalanismo conservador y católico, durante el franquismo) y la ANC, la AMI formó un triunvirato, un paisaje humano integrado, a su vez, por los tres líderes de, respectivamente, cada organización, que ejerció el liderazgo.

Rayos. ¿Y qué había hecho CiU mientras tanto? Mas mantuvo relaciones discretas, discretos encuentros en el Palau de la Generalitat con algunos de esos tres líderes, según me dicen. Y poco más. Siguió con la cosa business friendly y la cosa pacto fiscal. Sin éxito alguno en lo segundo. Algo esperado, que se intentó rentabilizar. Realizó un viaje a Madrid, para vender la moto del pacto fiscal a Rajoy, que fue despachada con rapidez por Rajoy. Volvió como un president mártir. Una parte de la sociedad sintió como propio ese rechazo. Otra parte, más vinculada con el 15M, ni se enteró. El mensaje propagandístico de ese fracaso, así como su rentabilidad, fue escaso. Mas era un president aislado, a la deriva, sin comunicación con la sociedad, y que ni siquiera podía pasear a pie por las calles. Eran momentos, por otra parte, muy conflictivos. De manifestación diaria y de duros enfrentamientos cotidianos de la policía con manifestantes, que pedían el fin de la austeridad, democracia y derechos. ¿Quién iba a pensar que una manifestación, otra, una más, le salvaría la vida?

Bueno. No fue una manifestación más. Fue un acto de fuerza de la ANC. Se empezó a preparar en junio de 2012, bajo el nombre artístico de «Marxa cap a la Independència». La campaña supuso una presentación de la ANC y de su hoja de ruta en todo el territorio, una campaña que culminaría con una gran manifestación, el 11 de septiembre, en Barcelona. Unos días antes de esa fecha, recorrí, de norte a sur, Catalunya. Todos los pueblos de Catalunya estaban repletos de banderas impresas sobre cartón plástico, que había impreso la ANC. La gente las colgaba en sus balcones. Había banderas con el triángulo azul, históricamente cercanas a las opciones derechistas, y con el triángulo amarillo, utilizadas por las opciones izquierdistas. Se utilizaban indistintamente. Hablé con una mujer, de unos cuarenta años, asociada a la ANC de un pequeño pueblo de interior, que desconocía el origen y significado de ambas banderas. Para ella, ambas eran indistintas e independentistas. En muy poco tiempo, en fin, se había logrado un vuelco social hacia el independentismo, y ese vuelco no sólo carecía de ideología concreta, sino que veía en el independentismo una ideología que agrupaba a todos los catalanes sin distinción, y que los diferenciaba de los españoles y de España, con un carácter fanático y ruidoso, y una democracia precaria, degradada y consagrada a los recortes —curiosamente, como Catalunya, único topo del mundo que había recurrido a los recortes al carecer de Estado—. La conversación con esa mujer materializaba el sueño de un político independentista que, por cierto, no existía. Si bien las bases de ERC y de CDC estaban metidas hasta las cejas en ese nuevo movimiento, no estaban así sus cuadros. Y, menos, los de CDC. Ejemplo: en un pequeño municipio, asociado a la AMI, el alcalde colgó una placa, a la entrada del pueblo, especificando que ese ayuntamiento estaba por la independencia. La Generalitat ordenó retirar la placa. El alcalde, de CDC, se negó y se enfrentó a la orden. Ganó, por la presión ciudadana.

La manifestación fue, sencillamente, la más nutrida de la historia de Catalunya hasta ese momento. Asistieron 1.600.000 ciudadanos, o 2.000.000, según las fuentes. Vinieron a la ciudad perfectamente organizados por la ANC de cada pueblo, en cientos de autobuses o, incluso, en trenes especiales. Eran familias enteras, grupos de amigos, de matrimonios, de adolescentes. Diría que, en su mayoría, provenientes del mundo rural, o de la Catalunya del interior. El lema de la manifestación era programático: «Catalunya, nou Estat d’Europa» [Catalunya, nuevo Estado de Europa]. Era una manifestación neta, absolutamente independentista. Y fue un éxito total.

Casi a tiempo real, los medios extranjeros daban la noticia e inauguraban y proclamaban una novedad: España tenía un problema territorial no previsto. Contrariamente a lo dicho durante décadas, no se trataba de Euskadi. Era Catalunya. Debía de ser un problema tan llamativo como esa manifestación. En España, a su vez, el PP minimizaba el conflicto. En parte porque era conocedor de que ese conflicto político no tenía líderes políticos. CDC jamás se metería en ese berenjenal, suponían. Ni siquiera en ese instante, por ejemplo, valoraron haber llevado el Estatut al Tribunal Constitucional como un error histórico. Ni siquiera en ese instante, a Rajoy se le ocurrió pararlo todo con una vaga promesa de negociaciones, sin compromiso de futuro, para un pacto fiscal. Sólo con esa oferta, hubiera tenido a Mas fuera del campo semántico verbalizado en la manifestación. Y, posiblemente, a gran parte de los manifestantes.

De todas las manifestaciones que empezaron a proliferar desde 2011, manifestaciones verdaderamente populares, amplias, contra los recortes, Mas decidió, por fin, recibir en el Palau a los organizadores de sólo una. No era contra los recortes, era por «un nou Estat d’Europa». La única manifestación con banderas desde 2011, y cuyos promotores y usuarios tenían una cultura común con el president. Incluso, una retórica parecida, cursi en general. Fue a los dos días de la manifestación. En el Palau de la Generalitat, la ANC expuso su hoja de ruta al president. Teatralmente, pues, se supone, Mas ya la conocía. Ahora, la hoja de ruta consistía en unas elecciones plebiscitarias y, después, en 2014, un referéndum por el dret a decidir. Importante: elecciones plebiscitarias es algo que no existe en ningún lugar del mundo. Es una construcción de la ANC, que recogerá CDC y que, de una manera u otra —ya lo verán— utilizará hasta 2015. El uso de esa construcción es una metáfora de uno de los roles que tendrá la ANC: facilitar a Mas un discurso programático y propagandístico sobre la independencia que, por otra parte, le favorece a él y a su partido. Es un discurso diseñado para que Mas y CDC lo capitalicen. Mas, en fin, carece en ese momento, tal vez ahora también, de un discurso independentista.

En la reunión, solemne, dramatúrgica, Mas aceptó asumir y defender el Procés —otra palabra de la ANC— que se le proponía. Por fin Mas tenía algo que hacer y por lo que recibiría cierto prestigio social desde una parte de la sociedad. Un Govern asumía el movimiento ciudadano independentista. Finalizaba ese proceso popular iniciado con el fracaso del Estatut. Empezaba el Procés gubernamental. Otro negociado con otras funciones.

El primer movimiento de Mas fue ir a Madrid, a los pocos días, a entrevistarse con Rajoy. Fue también una puesta en escena muy teatralizada. Le volvió a presentar la petición de pacto fiscal. Le informó de que, si se lo denegaban, haría una consulta para la independencia. Era una suerte de ultimátum. Y, en cierta manera, una negociación, o póquer mal planteado. Se evidenciaba que el objetivo era un pacto fiscal, no la independencia. La independencia quedaba planteada como una amenaza desmesurada. O, como me dijo un líder de CDC: «No puedes utilizar una navaja para amenazar por una plaza de parking». La amenaza independentista de Mas no gozó de credibilidad ninguna en el Gobierno español. Por dos razones. Sabían que era, simplemente, una partida de un juego nuevo. Por otra parte, para el PP era inadmisible —es decir, también incomprensible— la propuesta de Mas, ese juego nuevo.

La vuelta de Mas fue escenificada por los medios públicos y concertados como un desencuentro definitivo, como un choque entre una petición democrática, que partía de una sociedad democrática, con líderes democráticos, y una negativa que partía, a su vez, de una escasa cultura democrática. ¿Fue así?

¿Mas y Rajoy suponen dos culturas democráticas opuestas? El comportamiento de CDC en el Congreso en ese momento ayuda a entender que no. A excepción de la Reforma Constitucional Exprés, elaborada en la legislatura Zapatero —en la votación, CDC se abstuvo—, CDC votó a favor de todas las leyes de austeridad de Rajoy. La Reforma Laboral, que supuso una disminución de derechos laborales considerable, la Ley de Estabilidad, que obligaría posteriormente a Mas a perder soberanía en la elaboración de los presupuestos, la Ley Montoro, que también supondría la austeridad en los municipios. Hasta la fecha, en fin, CDC ha sido más determinante en la creación de un nuevo Estado español posdemocrático, para el que ha colaborado desde una cultura democrática y de derechos cercana a la del PP, que en la de un nou Estat d’Europa. De hecho, hasta esa fecha, CDC gobierna y emite presupuestos en Catalunya con el apoyo incondicional del PP catalán.

Ese mismo septiembre, Mas convoca elecciones anticipadas. La cosa business friendly y la cosa pacto fiscal se jubilan oficialmente. CDC se presenta a las elecciones como garante del dret a decidir. La idea es ganar y organizar una consulta —se cuida mucho de no calificarla de referéndum— para 2014.

El año 2014 es, por otra parte, mágico. Es el tercer centenario de la derrota de Barcelona en la guerra de Sucesión, aquella guerra que finalizó con un Borbón en el trono y la prohibición de las instituciones, constituciones y lengua catalanas.

Empezaba el Procés gubernamental. O, mejor, su primera formulación. Habrá otra. Ésta, la primera, abarca desde 2012 hasta 2014. El año en el que Catalunya votaría una consulta de autodeterminación. No lo hizo. Ya lo verán.

Ah, una anécdota, que puede ayudar a comprender el carácter desenfadado e inocuo del giro de Mas. Unos meses antes, en primavera, Mas recibe en el Palau a una enviada de la Secretaría de Estado norteamericana. Se trata de un encuentro confidencial y discreto. La enviada pregunta, abiertamente, por las reclamaciones de Catalunya. Mas no le contesta nada, a través de imprecisiones e imágenes marineras. Todo aquello del timonel, del puerto, la tormenta, el esfuerzo. Al final de la reunión, la enviada declaró que jamás había tenido una reunión tan inútil en un sitio tan bello. Mas, vamos, no tenía nada que explicar a Estados Unidos, sobre ningún problema o proyecto de Catalunya, tan sólo unos meses antes de anunciar el inicio del Procés.

2012-2015

El primer Procés. La segunda austeridad

Después de la recepción a la ANC, Artur Mas convierte el dret a decidir —es decir, ese concepto líquido negociable, e interpretable, no tan claro como el derecho a la autodeterminación— en eje central de su política. Que convive con sus dos grandes políticas reales: las reprivatizaciones y la austeridad.

En este momento, Europa —y con más intensidad, el Sur de Europa— vive una crisis democrática absoluta, sustentada en una crisis de soberanía del Estado. Grecia puede ser el ejemplo más sangrante, pero Irlanda, Portugal, Italia y España le van, sin mucha distancia, a la zaga. El Estado, la única instancia en la que fue posible la democracia, ha visto su soberanía y su capacidad para elaborar políticas, deslocalizada en la UE, pero también en el BCE, el FMI y Alemania. Se visualiza, tal vez por primera la vez, la cesión de soberanía a otro Estado, a un Supraestado y a varias instituciones que, bajo el nombre artístico de Troika, imponen sus políticas a los países intervenidos, o que corren la seria posibilidad de serlo en el sentido más estricto. Jamás, la sensación es ésa, en fin, fue tan irrelevante el voto, y jamás tuvo tan escaso margen la política. A esa crisis política se suma una crisis económica aún más rigurosa que la del 29. En España, a todo ello, además, se le suma una crisis de Régimen absoluta, visualizada por la agenda del 15M, y por el problema catalán, que parte de la sociedad ha sacado a la calle desde 2006, vertebrando el nacimiento —así se percibe en la sociedad— de una posibilidad independentista real en Catalunya, sino la hegemonía misma del proyecto independentista en la sociedad catalana.

Las protestas de la calle por una consulta, por un nou Estat d’Europa, sin duda se relacionan con todas esas crisis simultáneas. Suponen la percepción por parte de la sociedad de que la democracia está deslocalizada, de que se vive una crisis sin que el Estado pueda hacer algo con recorrido frente a ella, de que está creciendo la desigualdad, de que el Estado del bienestar —la forma de democracia en Europa— está dejando de serlo, y de que el Régimen del 78 está agotado y responde más a mitos, en ocasiones, previos al 78, que a leyes. En cierta manera, las protestas por un nou Estat, si bien no significan una agenda política similar al 15M, sí conforman un estado de ánimo parecido. La diferencia es que ese movimiento ciudadano apuesta por los viejos partidos para vertebrar su protesta, para hacer de ella un itinerario político. Ése puede ser el gran misterio del Procés. Cómo, o por qué, la sociedad, en el trance de hacer esa apuesta política, rupturista de necesidad, confía —absolutamente, más allá de lo razonable— en partidos y políticos que se relacionan antes con lo que se quiere combatir, que con lo que se quiere crear. Quizás, el movimiento que consigue que el Procés sea asumido como política por parte del Govern es, por tanto, antes un quejido, una forma de mostrar malestar ante todas esas crisis generalizadas, que pretende mantener su inocencia, no ser partícipe de las políticas reales, a partir de esa confianza ciega en algo —la independencia— que, sin lugar a dudas, está fuera de la cosmovisión de la mayoría de los políticos. En una ocasión, durante un viaje a Estados Unidos, Alfons López Tena —me dice— habló con un senador norteamericano, que le formuló esta pregunta directa, americana, que tal vez sea el gran interrogante a plantearse: «¿El pueblo catalán quiere la independencia, o quiere manifestarse por ella?». Quizás, y hasta la fecha, la sociedad catalana ha querido querer lo segundo. Lo primero hubiera significado y conllevado desconfianza ante los políticos, su jubilación y el abandono de los viejos y corruptos partidos, desobediencia frente al Estado y otro itinerario de Procés. Cosas que no se producirán en ningún tramo del Procés.

Artur Mas, al recoger el testigo entregado por parte de la sociedad, no recogía tanto un proyecto independentista, como una legitimidad. La posibilidad de ser querido, y de tener un discurso sexy cuando su partido, acosado por la corrupción, por las privatizaciones y por las políticas de austeridad rigurosas, carecía de ello. Su gestión del encargo, por otra parte y visto con perspectiva, no ha aumentado y radicalizado la crisis de Régimen en el Estado sino que, en cierta medida, ha conseguido que partidos destinados a desaparecer con la crisis de Régimen, como el suyo, se hayan prolongado en el tiempo y accedido incluso —ya lo veremos— a su refundación, a una suerte de segunda oportunidad. Ha conseguido, vamos, proseguir con políticas impopulares, con una erosión menor a la padecida por los grandes partidos que han ejercido la austeridad en Grecia, Italia o Portugal. Mínima o, incluso, imperceptible.

En cierta manera, no obstante y en un principio, Artur Mas no mintió a su afición. O no del todo. En el momento en que hace público su abrazo a la propuesta de la ANC, realiza unas polémicas declaraciones, en las que asegura que la monarquía está destinada a ser la solución al problema catalán. Si bien no da más explicaciones, se sobreentiende que está proponiendo que Catalunya sea Estado, o algo parecido, vinculado al Estado español a través de la Corona. A través, vamos, del rey de España, que en Catalunya ejercería de conde de Barcelona, en una suerte de Austria-Hungría revisitada, o en la tradición española anterior al siglo XVIII. Se trata de una propuesta con tradición en el País Vasco, pero absolutamente surrealista en Catalunya, una sociedad más republicana o, al menos, absolutamente no monárquica. Las declaraciones de Mas fueron criticadas por el entorno ANC, y fueron retiradas. Es decir, no se volvió a hablar más del tema. Algo me dice que, de alguna manera, esa propuesta volverá en un futuro próximo, cuando el Estado asuma su crisis de Régimen y convoque unas Cortes Constituyentes, que reformaran la Constitución. Es decir, que adaptarán el texto constitucional a los cambios sufridos con la austeridad, y que acometerán el tema territorial con alguna originalidad que, en ningún caso, contemplaría el reparto de soberanía. No puede hacerlo culturalmente —ya lo han visto—. España consiste en un proyecto que, desde la Restauración, pasa por no repartir la soberanía nacional. El Procés, me temo, no ha cambiado esa perspectiva en las élites españolas.

Al emitir esas declaraciones, en las que ofrece a la monarquía un rol importante —algo de lo que carece en esta crisis de Régimen—, Mas no hace otra cosa que verbalizar su apuesta monárquica, que previamente ya ha exhibido. Unos meses antes de caer de la mula y defender el Procés de la ANC, Mas fue más allá del deber en la defensa de la monarquía. En su etapa business friendly y pacto fiscal, por ejemplo, empezaron los grandes problemas para la monarquía, esa otra institución business friendly. El punto de partida fue el estallido del caso Nóos, una empresa que utiliza el yo mayestático —Nos— como marca o nombre artístico, creada por una hija del rey y su esposo, que había abultado facturas y cobrado comisiones, de acuerdo con instituciones gobernadas por el PP, con una necesaria participación —según señaló el juez instructor del caso— del entonces rey en persona. En otra cultura el caso Nóos se hubiera traducido en el fin del rey o, incluso, de la dinastía, o de la institución. No sucedió eso, debido al comportamiento amable de los medios, que despenalizaron conductas reales. Pero sí supuso la verbalización de una gran crisis monárquica, que afectó a su legitimidad y popularidad. A modo de ejemplo, desde que el caso Nóos empezó a existir, la Casa Real abandonó los actos públicos en espacios abiertos, donde era más probable que los miembros de la familia real fueran increpados y silbados.

En ese contexto de protestas antimonárquicas cotidianas, el Artur Mas de su primera legislatura le hizo, lo dicho, un favor impagable a la monarquía. Cuando la institución vivía cierto vacío, asistió, junto con el grueso de su Gobierno, a un acto organizado por la Fundación Príncipe de Girona en, como su nombre indica, Girona, donde el príncipe Felipe, el futuro rey, fue arropado por CDC. El título de príncipe de Girona no es popular en Catalunya. El día en que se nombró a Felipe príncipe de Girona —en los ochenta— se produjo una manifestación asombrosa en Girona. En los medios, apareció el príncipe saludando a la población desde un balcón, alegre y agradecido por su nuevo título, pero no apareció la imagen de lo que contemplaba desde ese balcón: una ciudad silbándole y protestando por el uso monárquico de su topónimo. Príncipe de Girona era el título del heredero del rey de Aragón. Como el de príncipe de Asturias lo era del rey de Castilla y, posteriormente, del de España. Desde el siglo XVIII, el Ayuntamiento de Girona pidió a todos los reyes que se iban nombrado, la utilización del título para sus herederos. Nunca fue aceptada. El primero en utilizarlo fue el príncipe Juan Carlos, en lo que era una idea de su padre, el heredero de Alfonso XIII, que pactó con Franco la restauración de la monarquía. La idea es que el título de príncipe de Girona era menos conocido, y por ello, menos problemático, que el de príncipe de Asturias, por lo que se podría utilizar con menos problemas protocolarios durante el franquismo, en un momento en el que Franco aún no había decidido su heredero. Vamos, no suponía, en ningún momento, una idea federal de la monarquía, sino un intento de evitar roces con Franco.

En el momento en que Mas hizo lo que ningún político había hecho aún —mostrar su apoyo a una institución corrupta y percibida como tal por la sociedad, sobre todo en Catalunya, diría—, diversos municipios catalanes, cuyo topónimo coincidía con algún título del rey o del príncipe, empezaban a exigir la devolución del título. Una pretensión republicana que, claro, no tiene nada que ver con la heráldica, esa tradición que posibilita que el rey de España, por ejemplo, también lo sea de Roma o de Jerusalén, quieran o no los romanos o los israelíes y palestinos. Los posicionamientos antimonárquicos, para situarnos y ver el carácter extraño del apoyo que otorgó Mas, fueron en aumento en los siguientes meses. Quizás el más llamativo fue un poco después, en pleno Procés gubernamental, cuando se viviría una protesta antimonárquica en un lugar emblemático de todo lo contrario: el teatro del Liceo. El público, puesto en pie, abucheó durante varios minutos a los entonces príncipes. Lo nunca visto en aquel sitio. Un indicio del estado de ánimo que estaba imperando en Catalunya, pero no necesariamente en su clase política.

Aparte de estos gajes del oficio, que el rey, la reina y los príncipes vivían cotidianamente, el Procés, por cierto, no ha supuesto una mayor erosión de la institución monárquica. La abdicación del rey Juan Carlos I, en 2014, por ejemplo, no se debió a ninguna crisis política catalana. Se debió a la corrupción. En previsión de la entrada del caso Nóos en su fase judicial, y en previsión de nuevos casos de corrupción, comisionismo y tráfico de influencias protagonizados por el rey, se le presionó para que abdicara. Por lo visto, el tramo último de la presión lo realizó Felipe González. La abdicación del rey y la entronización del siguiente, por cierto, fueron percibidas por el Estado como la gran apuesta que cerraría la crisis de Régimen. Y que la aliviaría del único elemento desestabilizador que el Estado percibió desde la crisis. No fue el 15M, ni el problema catalán, por cierto; fue la formación de Podemos para las elecciones europeas de 2014, su éxito electoral y las encuestas posteriores, en las que Podemos llegó a ser primer partido en intención de voto directo. Antes o después de la abdicación, el Estado no ha vuelto a mover ficha, en todo caso. El nuevo rey, en sus discursos, por otra parte, no ha presentado otra fórmula para el reparto de la soberanía nacional que la depurada en el siglo XIX, bajo la Restauración. Ese discurso inalterable puede orientar sobre el escaso recorrido democrático de la institución monárquica española, que parece concebir la democracia como lo formulado y reformulado en 1978. Pero también puede orientar sobre el carácter desestabilizante del Procés desde que lo asume Mas este 2012. Poco, o nulo.

Desde el momento en que Mas abraza el Procés, hasta que Mas convoca elecciones para ese mismo 2012, se produce una suerte de limbo, de desapego de Mas y CDC a su obra y a su pasado. La primera medida no es convocar las elecciones, sino reformular y apropiarse del Procés, de manera que el Procés sea la nueva identidad, la gran marca, el gran hecho diferencial, dentro del arco parlamentario, de CDC. El primer acto en ese sentido fue la aprobación de una resolución en el Parlament, en la que se empieza a vertebrar políticamente la demanda social canalizada por la ANC. Es el primer ensayo, la primera vez que CDC se inmiscuye en ese discurso de pleno. En la resolución, programática, se abogaba por lo siguiente:

«El Parlament de Catalunya constata la necesidad de que el pueblo de Catalunya pueda determinar, libremente y democráticamente, su futuro colectivo, e insta al Govern a hacer una consulta, prioritariamente dentro de la próxima legislatura».

Esta resolución —y, más aún, este fragmento seleccionado— quizás integra la naturaleza propia de este Procés gubernamental, su esencia, su recorrido posterior. A saber:

1. CDC adopta un discurso radicalmente, o efectivamente, democrático. Ceder la palabra a la sociedad. Paradójicamente, se habla de ello en un momento en que sucede lo contrario. Se vive un momento de reacción democrática en el Estado, en el que CDC participa votando el recorte de la democracia en el Congreso, junto a un PP que no necesita esos votos, pues dispone de mayoría absoluta. Participa, vamos, gratis.

2. Se reivindica una consulta. El énfasis, el momento mágico, el éxtasis democrático del Procés es, pues, una consulta. Es decir, no es un referéndum. ¿Qué diferencia hay entre una consulta y un referéndum? Se la recuerdo. No existe en ningún lugar del mundo la fórmula consulta. Es decir, una consulta no es referéndum, sino su aplazamiento. Es algo que no tiene por qué atenerse a sus métodos y resultados. Es, básicamente, lo que decida el organizador de la consulta. Es, vamos, una herramienta gubernamental, al servicio de lo que desee un gobierno, antes que al servicio de la democracia. Datos que pueden orientar hacia esa dirección: en este momento, CDC ya se ha cargado la Ley de Referéndums del Tripartit. Por una razón: la teme. Teme las posibilidades que la Ley otorga a la iniciativa popular, y teme la palabra referéndum, más vinculante y nítida que consulta. En la próxima legislatura, a la vez que va depurando su concepto de consulta, redactará una Ley de Consultas, con menos sorpresas, menos iniciativa popular y menor recorrido que la del Tripartit.

3. El Parlament «insta al Gobierno» a que la consulta sea «prioritariamente» en la próxima legislatura. Es decir, «insta», no «exige», «establece», «ordena» o «fija». Otorga al Govern la capacidad para decidir, para interpretar lo que se le insta. Y para marcar los tiempos. Puede dilatarlos a otra legislatura, si quiere. Básicamente, se le regala al Govern un Procés, para que haga con él lo que quiera y en los tiempos que quiera.

4. En el texto, como pueden apreciar, no aparecen las partículas «Estado», «independencia», «autodeterminación». Ni la sombra de su sombra. La ANC y los medios, no obstante, se encargarán de demostrar que el texto aboga por un Estado, por la independencia, por la autodeterminación.

El Procés, en este momento genérico, consiste en la delegación de la sociedad y de un Parlamento en un gobierno. Consiste, vamos, en entregar un encargo democrático —tan democrático como que puede ser un elemento de ruptura democrática en esta crisis de Régimen— a un gobierno, para que lo gestione como quiera y sin mucho control. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo se renuncia al control por parte de la sociedad y del Parlamento? Sin duda gracias a una patología española. El funcionamiento y el rol de los medios.

En todo el Procés, los medios no han informado sobre el Procés sino que lo han defendido —caso de los medios públicos y concertados catalanes— o lo han atacado —caso de los medios públicos y concertados españoles—. Es decir, los medios han defendido a sus respectivos gobiernos, sin ejercer en ello control sobre sus gobiernos. Se confirma en este tramo informativo una tendencia de la cultura democrática española, que es su verticalismo, el carácter marcadamente gubernamental o/y partidario de los medios locales españoles y catalanes, que han supuesto que, en el último informe de la Fundación Reuters, los medios del Estado español fueran valorados como los peores de Europa.

Matizaciones. Existe en la cultura española una preponderancia de las opiniones gubernamentales. Poseen autoridad, no son contrastadas y son puntos de vista difundidos y respetados. Existe la convención social de que el periodista —el intelectual, vamos— debe colaborar activamente en el punto de vista democrático, punto de vista que viene determinado por los gobiernos, que desde la Transición van comunicando qué es democrático, qué antidemocrático, qué opiniones van en contra de la cohesión y de la democracia, por lo que deben ser condenadas, y cuáles van a favor de la cohesión, por lo que deben ser comunicadas y difundidas. Sobre la capacidad de un gobierno para gestionar y modificar la agenda informativa española, basta recordar que en 2004, durante los tres días posteriores al atentado integrista de Atocha, los medios españoles tuvieron portadas e informaciones diferentes a las del resto del mundo. Mientras que en otros medios se informaba de la autoría integrista y real del atentado, en España se insistía sobre la autoría etarra, irreal, debido a la presión gubernamental.

Por todo ello, es hasta cierto punto normal la actitud de los medios y de la mayoría de los periodistas catalanes, cuando han defendido a ultranza el gran punto de vista del Govern: que el Procés existía, que suponía un valor democrático y que finalizaría en un Estado propio. Por todo ello, es hasta cierto punto normal la actitud de los medios y de la mayoría de los periodistas españoles, cuando han defendido a ultranza el gran punto de vista del Gobierno: que el Procés existía, que suponía una ofensa democrática y que finalizaría con la imposición de la democracia —tal y como se concibe en España—. Todo ello es, lo dicho, hasta cierto punto normal. Pero sólo es normal en España y en su cultura.

En todo caso, y por fidelidades gubernamentales, un periodismo ha descrito —empezó a describirlo en ese momento— la épica y el valor de un Govern democrático, en lucha por la democracia, y otro ha descrito la épica democrática y legalista de un Gobierno. Ninguno, en fin, ha verificado el Procés, sus mecanismos, sus posibilidades, su intencionalidad. Su honestidad. Si era o no un fraude, vamos. En el momento de escribir este libro, de hecho, sólo dos periodistas catalanes han ido informando sobre el Procés con otro lenguaje y otro punto de vista diferente a los propuestos por el Govern. Lo que nos ha conducido a ese par de periodistas a informar sobre el hecho de que el Procés era puro humo, y que la oposición del Gobierno al Procés no era emitida desde una cultura netamente democrática.

También hay otras razones, no culturales, que pueden empujar al periodismo a adoptar puntos de vista gubernamentales. Se trata del dinero. En ese sentido, la política informativa y comunicativa de la Generalitat ha sido, literalmente, una apuesta económica sobre los medios. Una apuesta, por otra parte, bien calculada y realizada.

Ejemplos. Desde el inicio de la crisis, con Gobierno del Tripartit, hasta 2014, con gobiernos CDC desde 2010, la inyección de dinero público en los medios ha sido llamativa.

Para aportar dinero a los medios se ha apostado por dos mecanismos. Uno, la subvención. En ese sentido, en el periodo señalado, el Gobierno catalán ha inyectado 181 millones de euros en los medios de comunicación catalanes: 82 millones de euros proceden de las subvenciones (más del 60 por ciento del monto destinado a subvenciones ha sido otorgado arbitrariamente), y otros 99 millones de euros corresponden a la publicidad institucional repartida de forma opaca. La punta de la política de donativos es 2010, con el Tripartit. Es decir, dos años antes del inicio del Procés gubernamental. En aquel año, la Conselleria de Cultura de la Generalitat, detentada por ERC, otorga hasta 21,5 millones de euros a los medios. Artur Mas, al año siguiente, en efecto, reduce esas subvenciones. Drásticamente, hasta los 11 millones, y dentro de sus políticas de austeridad. Las reduce, sí, de manera que llegan a menos medios. Concretamente, no llegan a los más pequeños, más sociales o más anecdóticos. El Grupo Godó, editor de La Vanguardia, o el grupo Hermes Comunicacions, editor de El Punt-Avui, no obstante, reciben el mismo monto que antes de los recortes, algo determinante en tiempos de crisis, y en épocas en que el Govern necesita cohesión en su entorno. Lo que es un indicativo de que la subvención se depura, se reduce y se orienta políticamente de manera certera durante los años de austeridad y Procés. Que se sepa. La publicidad en los medios —el sistema de inyección de dinero más importante y determinante— se ha venido ejerciendo de manera más secreta y sin necesidad de contratos o concursos, por lo que, literalmente, ha carecido y carece de control.

Ya sea por una percepción de su función cultural, ya sea por mecanismos de cooptación —la pasta, vamos—, los medios y los profesionales tendieron, desde este momento de génesis de proceso gubernamental, a darle la razón al Govern. Se construye en este momento un marco informativo fabuloso, que será el gubernamental y que, de una forma u otra, fue tan bien formulado que dura hasta ahora.

El marco comunicativo del Procés sería éste: el Govern defiende la independencia —algo dudoso y no verificable—, la independencia supone bienestar —algo dudoso también—, por lo que el Procés es la defensa de la democracia. Estar contra el Govern es estar contra la democracia y el bienestar. Es decir, contra el Procés. Este marco fue —es— inapelable en grandes sectores y regiones de Catalunya. Informar sobre el Procés en términos no épicos, en términos de crítica y verificación, era percibido como ataque a Catalunya. Como espanyolisme, como algo propio de butiflers —un sinónimo de «españolistas»—. Era percibido, en fin, como un ataque desde otro nacionalismo, en este caso, con Estado. Es un marco exitoso en cuanto es positivo. Sitúa el no —no al Procés, a la democracia, al bienestar— fuera de él. Supone una lectura crítica de la democracia española, pero una lectura bucólica y épica de la democracia catalana, fabricada con los mismos materiales que la española. De hecho, ambas emanan de una misma cultura democrática, reformulada en 1978.

En estos momentos, en los medios —es decir, también en la televisión y la radio, los medios más determinantes en la vertebración de opinión en España— van a toda castaña, identificando Procés con democracia y democracia con CDC. Algo importante, y la gran originalidad del Procés gubernamental. Desde 2011 —desde el 15M—, ningún gobierno ni ninguno de los grandes partidos ha vuelto a utilizar la palabra democracia en sus discursos, que ha sido captada por el 15M. Salvo en Catalunya. En Catalunya se produce el único gobierno de España, si no del Sur, que consigue apropiarse y utilizar, con la que está cayendo, el marco y la palabra democracia. Es la democracia compitiendo con una idea gastada y decadente de democracia, la española. Que, por otra parte, no se diferencia en nada de la catalana.

Con todas estas dinámicas ya creadas y formuladas, Mas convoca elecciones. Su programa es el formulado por la resolución del Parlament. Una consulta, si puede ser en la próxima legislatura. Es decir, la gestión —una gestión, incluso laxa— de algo tan laxo y ambiguo como una consulta.

En la campaña colaboran los medios. De hecho, es en los medios donde se produce un Procés épico —a través de la opinión de profesionales o declaraciones de políticos; en España, el periodismo de declaraciones, no contrastadas o sometidas a contexto, supone el grueso del periodismo—, mucho más y mejor dibujado que en los programas políticos. Se crea entonces el canon del Procés. Es algo parecido a esto: el Procés será algo rápido. Es una ruptura. No tiene vuelta atrás. En este momento consiste en una consulta que se realizaría en 2014, en el tercer centenario de la victoria de los Borbones sobre Barcelona. El Estado se negará a esa consulta, pero tendrá que aceptarla por su carácter inmaculadamente democrático. Para ello se tendrá que dar un ejemplo internacional. No ser conflictivos, ser disciplinados en torno de un gobierno legítimo, no crear estridencias. Si aun así el Estado sigue negando la evidencia, se producirá una ruptura. Catalunya votará igualmente y se pirará. Independizarse supondrá la vuelta al bienestar. Catalunya, de hecho, está en la austeridad no por sus políticos, sino por imposición del Estado. Sobre el tema UE. La consulta rápida y, eso se daba por descontado, victoriosa, no supondría la salida de Catalunya de la UE. La razón: la UE no podrá rechazar el cheque de un país rico. Curiosamente, esa contribución llamativa, que la UE no podrá rechazar, no contradice el discurso sobre expolio fiscal, sobre la conducta económica del Estado respecto de Catalunya. De hecho, la financiación de Catalunya sigue siendo la fórmula pactada entre Mas y Zapatero, a espaldas del Parlament. Una fórmula que distaba de ser justa y eficaz. Que, por otra parte, era sistemáticamente incumplida por parte del Estado desde la proclamación de la austeridad.

La campaña supone la percepción de un fenómeno, de un cambio social. El nacimiento de un electorado decididamente independentista, al menos en su léxico, que apuesta y ve gestos independentistas en una formación que ni lo es, ni dice serlo. Se trata de CDC. El partido es percibido, por sus votantes y por sus bases sin cargo electo profesional, como independentista. Incluso, de toda la vida. Los cuadros y su presidente sin duda no lo son. O, en el mejor de los casos y en una lectura más benigna, aún no lo son. No utilizan el mismo lenguaje. A modo de ejemplo, Mas jamás utilizará en estas elecciones el vocablo independencia. Tras ganarlas, no lo utilizará tampoco. Es posible colegir que no lo utiliza porque no existe en su cultura. Es más, su cultura política se basa en combatir el independentismo, en reivindicar el catalanismo como un negociado que posibilita su trabajo: ser el nexo entre Catalunya y el Estado. El hombre que consigue pactos, logros y beneficios, de España hacia Catalunya. Y esas cosas no cambian de la noche a la mañana. Mas, por cierto, sólo utilizó los términos «independentismo» e «independencia» en 2015, durante una campaña electoral, ese periodo dado a los excesos lingüísticos. En 2012, tal vez por todo ello, nace un lenguaje de eufemismos, impreciso, que viene a ser el lenguaje de nexo entre una parte de la sociedad, al parecer independentista, y sus representantes políticos, que no lo son. Es un lenguaje cursi, por otra parte, sustentado en guiños moderados.

¿Son independentistas los políticos de CDC? ¿Son sinceros los políticos de CiU cuando hablan de su apuesta de facilitar el acceso democrático a un nuevo Estado? Todo apunta a que no. Pero diseccionemos la federación CiU en CDC y UDC. UDC, y más concretamente, su sector madrileño, vinculado al Congreso y representado en Josep Antoni Duran i Lleida, permanecerá fiel, en todo momento, al catalanismo reformulado en 1978, y que tantos beneficios le dio. Compartirá el viaje hacia una consulta, la presentará en el Congreso. Pero se negará al siguiente paso, el iniciado formalmente en la legislatura de 2015. De hecho, UDC se separará de CDC, desapareciendo con ello CiU, el gran partido del nacionalismo conservador del Régimen del 78. UDC no obtendrá representación en las autonómicas y en las generales de 2015. En la actualidad, en el momento de escribir estas líneas, UDC ha vivido una escisión, entre los partidarios de seguir con el proyecto —y la estabilidad económica— que ofrece CDC, y los partidarios de ir por libre y no ser un partido independentista. Esa UDC estricta hace meses que no puede pagar los salarios de sus trabajadores. Pinta que, de una forma u otra, UDC desaparecerá como partido. Si eso es así, UDC, un partido fundado en 1932, originariamente un partido de católicos catalanistas y partidarios de la República —no hubo tantos en España—, sería el primer partido desaparecido en esta crisis de Régimen.

Respecto de CDC, un partido vertical, se debe decir que sus cuadros siguen al líder. Para ello no es necesario el uso de fe, conocimiento o convencimiento. Sí, hay un reducido sector independentista de CDC —o, menos, un hombre, David Madí, inequívocamente independentista que, no obstante, parece ser que sabe en qué partido está, y cómo ejercer la influencia en él, sin romperlo—. En petit comité, los cuadros marcan distancias con el giro independentista o rupturista. No es que no crean en él, es que, como ha quedado dicho, carecen de esa cultura. No carecen, en todo caso, de disciplina. Saben obedecer. Saben lo que es un partido español. No lo desafiarán con dudas, o muestras de indisciplina. El grueso de esos cuadros entiende la apuesta por el Procés como una táctica. A modo de ejemplo: de los líderes de CDC con los que he hablado, todos han expresado sus dudas sobre dos hechos obviados en este momento y en posteriores. Que el Estado autorizara una consulta, y que, en caso de victoria y de acceso al Estado, la UE no expulsaría a Catalunya, una zona que ya no quedaría incluida en el Tratado de Adhesión de España. Ningún cuadro me ha informado de voluntad de ruptura y de desobediencia. El límite del Procés para ellos es la Ley. Es decir, que el Procés no existe.

Sobre el carácter independentista de ERC, otro partido importante en el Procés. Lo tiene, en efecto. Se define como independentista desde finales de los ochenta. Pero su independentismo carece de itinerario. Consiste en decirlo. De hecho, ERC ha sido un partido que, de una forma u otra, rechazó y puso problemas a las consultas ciudadanas que recorrieron la geografía catalana. Su rol en este Procés consistirá en asumir la propuesta de la ANC, y en velar, con mayor o menor rigurosidad, para que CDC, un partido no independentista, no se desdiga. O no ponga en evidencia su proyección electoral. El Procés —ya lo veremos— también es una lucha de CDC por no desaparecer, y de ERC para asumir la hegemonía de algo que ya no es el catalanismo, pero que tampoco es el independentismo. Tal vez sea un independentismo de largo recorrido, sin una agenda clara. Una suerte de autonomismo con final feliz. La novedad, la paradoja, la rareza, es que ambos partidos, CDC y ERC, saldrán ganando en esa batalla.

Sobre la capacidad de ERC de liderar un Procés desafiante y desobediente —única forma, me temo, de que obtenga resultados—. En la anterior legislatura, ERC se metió de lleno en una campaña nacida también del asociacionismo civil, anterior a las grandes campañas independentistas de la ANC. Tal vez, incluso —y aunque nadie lo sepa aún—, un ensayo de la movilización social que, en breve, se avecina. La campaña era una protesta contra los peajes de autopista. Catalunya, en fin, es la zona del Estado en la que hay más y más frecuentados segmentos de autovía sometidos a peaje. Los peajes, por cierto, están gestionados por Abertis, una empresa vinculada a La Caixa. La cosa era sencilla: consistía en acceder a los peajes en masa, tocar el claxon, y exigir el pase del vehículo sin pagar. De manera espontánea, se repetía la escena en todos los peajes del territorio, sin necesidad de convocatoria. En eso Abertis convocó una comisión en el Parlament. ¿Puede una empresa convocar una comisión en un Parlamento? No, no puede. Pero se hizo, creando con ello una imagen de lo que es la democracia en un Estado en el que el IBEX-35 ha empezado a practicar la política en voz alta. En esa reunión en sede parlamentaria convocada por La Caixa, se habló de la campaña contra los peajes. Al finalizar, ERC desapareció de la campaña. La campaña languideció, posteriormente, a gran velocidad. Hasta desaparecer. Quizás ésta es la gran amenaza que gravita sobre el Procés desde su formulación política e institucional. Un Procés formulado, en fin, por cierto tipo de políticos, no programados para transitar determinados terrenos, por lo que aún no se han transitado desde el inicio del Procés.

Las elecciones son, finalmente, en noviembre. Unas horas antes, sucede un hecho que inaugurará una nueva deriva del Estado. El Estado filtra a medios de Madrid información, que sólo puede pertenecer a Hacienda, sobre los líderes del Procés. Se trata de información no contrastada, únicamente publicable, por tanto, en España, esa cultura que no evalúa la información facilitada por el Estado. En esa filtración, se acusa a los Pujol de tener cuentas ilegales en el extranjero. Algo que no es del todo cierto. Las cuentas ya habían sido legalizadas y el delito fiscal amnistiado por el Gobierno PP. Supondrán, en el tiempo, no obstante, la salida del panteón de ilustres catalanes de Jordi Pujol. También se acusa a Artur Mas de lo mismo. Tampoco es exacta esa información. La cuenta, que se sepa, era de su padre, y desapareció hace tiempo. Ambas noticias son, tal vez, un aviso del Estado a CDC. La conocen, han hecho negocios juntos, pueden aportar información no deseada sobre ella o sus líderes en cualquier momento. El Estado irá ejerciendo esa práctica. En 2016, y gracias a una filtración policial —una suerte de protesta por la gestión del ministro de Interior—, se conoce que existe una denominada Operación Cataluña, consistente en utilizar información en poder del Estado —es decir, utilizar las instituciones y el poder del Estado— para desprestigiar a políticos catalanes.

Los resultados de las elecciones de 2012 aportan datos de lo que está pasando realmente en la sociedad. Algo difícil de percibir entre tanta propaganda.

CiU gana las elecciones. Pero baja un 7,75 en porcentaje de votos. Pasa de 62 diputados a 50. ERC sube un 6,68 por ciento. Pasa de 10 diputados a 21. PSC baja casi un 4 por ciento. Pasa de 20 a 12 diputados. ICV sube un 2,52 por ciento. Pasa de 10 a 13 diputados. PP sube menos de un punto. Pasa de 18 a 19 diputados. Ciutadans sube un 4,19 por ciento. Pasa de 3 a 9 diputados.

CiU, que esperaba aumentar la mayoría o, incluso, acceder a la mayoría absoluta gracias a su giro independentista, y que ha disfrutado de la complicidad de los medios públicos y subvencionados, ha descendido en votos y en escaños sensiblemente. Ha perdido, a pesar de la propaganda continuada, 12 escaños. CDC vive esa pérdida con incomprensión y desánimo, hasta que cae en la cuenta de que, hasta esa fecha, es el único partido europeo que, tras decretar la austeridad, ha revalidado unas elecciones. No son malos resultados. Los partidos partidarios del dret a decidir —CDC, ERC, ICV, CUP— han crecido en general. Por otra parte, los partidos que son o se presentan como independentistas —CDC, ERC y CUP—, también suponen un crecimiento. El crecimiento de los partidos españolistas, es decir, partidarios del actual Régimen, sino de una reformulación centralista de la autonomía —C’s y PP—, es menor.

La CUP, la recién llegada al Parlament, merece una presentación. Es un partido municipalista, formulado en los setenta, a través de la asociación de diversas candidaturas municipales. Ésta es la primera vez que se presenta a unas elecciones no municipales. La decisión ha costado superar muchas desconfianzas y negativas en diversas asambleas. Es un partido asambleario, situado fuera y lejos del Régimen del 78. Sus militantes no se ven sometidos a la Constitución del 78. Anticapitalistas, en su seno conviven muchas tendencias y temperamentos. Si bien es un grupo netamente independentista, se puede percibir una corriente que prioriza el independentismo, y otra que prioriza la ruptura política y social. La CUP gasta una importante agresividad interna. Es decir, están acostumbrados a discutir y a discutirlo todo, por lo que esas dos tendencias, pese a sus diferencias, pueden convivir eternamente. Importante: en estas elecciones, uno de los tres diputados es David Fernández, un hombre de trayectoria rupturista y anticapitalista fuera de cuestión. Percibido como honesto, sus posicionamientos sobre el Procés serán en breve determinantes. La CUP, en los siguientes meses, fiscalizará el Procés. No confiará en él, ni en Mas. Pero apostará por él —e indirectamente, por Mas—, como posibilidad de someter a CDC, y al orden catalán del 78, a contradicción. En mi opinión, tanto Mas como todo lo que quería someterse a contradicción, salió de la prueba de forma bastante airosa. De hecho, a lo largo del Procés, la CUP se ha sometido más a contradicción que CDC.

Tras las elecciones, ahora sí, se inicia el Procés gubernamental con aval electoral, la gestión de una iniciativa ciudadana multitudinaria, vertebrada por la ANC y entregada a un gobierno. Se presenta el proyecto gubernamental como la consecución de una consulta histórica, en la que se decidirá el futuro de Catalunya. El Proceso será legal. Es decir, necesitará del diálogo y el reconocimiento del Estado. Es decir, no sucederá en ningún momento. En contrapartida, será un proceso muy dinámico. El Govern no dejará de practicar movimientos y de crear léxico. Esos movimientos serán calificados como logros históricos por los medios y la ANC, ampliamente difundidos. La sensación será la de un proceso imparable y veloz. Y —éste será el gran logro comunicativo— sin progresión ni resultados verificables en ningún momento. El Procés, en fin, como tantas zonas de la política española, no hubiera existido en otro sistema informativo, con otra prensa, con otros medios.

El primer logro histórico fue la firma —solemne, televisada, explicada como histórica— del Pacte per la Llibertat entre CDC y ERC. El nombre de ese pacto suena bien. Suena peligroso. Suena travieso. Suena a que es un pacto para conseguir una consulta y la libertad posterior. De hecho, en el pacto se especifica que, tanto CDC como ERC, «en la voluntad de dar voz a los ciudadanos por medio de una consulta, y en la voluntad de situar a Catalunya como un nuevo Estado de Europa», firman y establecen ese documento. Pero el nombre real y oficial del pacto era, concretamente, «Acord per a la transició nacional i per garantir l’estabilitat parlamentària del Govern de Catalunya». Es decir, era un pacto de legislatura adhoc. Quizás, fundamentalmente, era sólo eso. Sus principales logros, de hecho, no fueron tanto en la línea del Procés, sino en la línea de las políticas de austeridad. ERC sustituyó al PP como partido que daba la estabilidad a CDC. Y CDC siguió, gracias a ese pacto, las políticas iniciadas con el PP, centradas en el pago de deuda, en los recortes para asegurarla, y en la privatización de servicios y de inmuebles. De hecho, los siguientes presupuestos supusieron una renovación de los presupuestos pactados con el PP. Y la intensificación del pago de deuda, hasta tal punto que farmacias y servicios sociales dejaron de cobrar, respectivamente, los medicamentos y los sueldos de sus funcionarios y contratados, en al menos un par de ocasiones. Una medida antipática y antipopular, que hubiera erosionado absolutamente al Gobierno, de no disponer de un Procés ampliamente aceptado, y gracias al que todo esto acabaría.

En 2013 se produce la primera medida política del Procés. No es una ley. No es nada que vincule legalmente un Parlamento con un Procés de independencia. Se trata de una declaración de soberanía, con la que el Parlament inicia «el proceso para hacer efectivo el ejercicio del derecho a decidir, para que los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya puedan decidir su futuro político colectivo, de acuerdo con los principios siguientes: soberanía, legitimidad democrática, transparencia, diálogo, cohesión social, europeísmo, legalidad, papel principal del Parlament de Catalunya y participación». Básicamente, y a pesar de presentarse como una declaración de soberanía, lo que se declara es que se inicia un proceso hacia una consulta. Es decir, es una mecánica barroca —presentar una presentación—, carente de sentido y sin precedentes en otros países que accedieron al Estado propio. Por lo demás, sí, es importante el título. Es una declaración de soberanía. Ojo, no de independencia. ¿Es histórico, es un hecho de ruptura una declaración de soberanía? No. O, al menos, no en el Parlament de Catalunya, que desde 1979, ha emitido declaraciones de soberanía en, al menos, cinco ocasiones, sin haber nunca exigido o conseguido el reparto de la soberanía que detenta, en monopolio, el Estado. Son un hecho —político, abstracto; nunca se han traducido en nada— común en Catalunya. Bien, ésta era otra declaración al uso. Aportaba la novedad de asegurar la intención de convocar una consulta. Una consulta, en principio, no es ilegal. Si bien los referéndums —que no las consultas— son una competencia del Estado, el Estado puede ceder momentáneamente alguna de sus competencias a una autonomía —por ejemplo, la capacidad de convocar referéndums—, algo que ya había sucedido en alguna otra ocasión anterior con alguna competencia puntual.

Quizás la única novedad la aportó el Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional esta declaración, por otra parte sin valor legal y efectivo alguno. Lo hizo, además, en tiempo récord. Se reunió el mismo día en que se votaba la resolución, inaugurando una dinámica de rapidez, omitida durante la valoración del Estatut de 2006 —recuerden: cuatro años para emitir sentencia—, que se hará efectiva y recurrente a lo largo del Procés. El Tribunal Constitucional, en fin, va perdiendo el decoro democrático y su carácter neutral, con cierta intensificación y rapidez.

Importante: la declaración fue votada por CDC, ERC e ICV, un partido no independentista que, no obstante, apoyaba un referéndum para Catalunya. En estos momentos, se calcula, más del 80 por ciento de la población apoya ese referéndum, si bien menos del 50 por ciento votaría por la independencia. El referéndum, confundido con una consulta, era un sello democrático reivindicado por la sociedad. Se podría haber hecho. Si no se hizo no fue por miedo a perderlo, sino por miedo a establecer, como posibilidad política en España, los referéndums.

Aquí se podía haber quedado la cosa, a la espera de que el Govern Mas acometiera o no esa consulta. Pero se siguió con la construcción de nuevas entidades, sin apenas función, salvo la propagandística, la de crear la sensación de que los movimientos hacia la consulta eran sobrios, astutos, planificados. No lo fueron. Cada creación de cada entidad era calificada de momento histórico por los medios.

En primer lugar se crea el Consell Assessor per a la Transició Nacional. Se trata de un organismo formado por personas provenientes del mundo académico e institucional, pero también empresarios y tertulianos de medios de comunicación. Su labor era aportar asesoramiento y consejo al Govern, en el trance de elaborar una consulta. Para ello elaborará 18 informes, publicados posteriormente en el Libro Blanco de la Transición Nacional de Catalunya. El primer informe es sobre la viabilidad de una consulta. Los informes posteriores son, mayormente, sobre otro negociado. Es decir, sobre la viabilidad de un Estado catalán, sino sobre la descripción del futuro Estado catalán. Es decir, la sensación es que, más que aportar asesoramiento fiable sobre una consulta —su razón de ser—, la entidad aporta fiabilidad, propaganda, sobre el Procés. La idea de que no sólo existía, sino de que conduciría fatalmente a un Estado. Esto, a pesar de las apariencias, va en serio, señores. Va tan en serio que hemos empezado a diseñar el futuro Estado, un indicativo de que lo de preparar la consulta está más avanzado de lo que se cree. No lo estaba. Nunca lo estuvo.

La mayoría de informes, según he consultado, adolecen de rigurosidad, y son cercanos a la ciencia ficción. Es interesante uno, no obstante, en el que se vuelve a fijar la entidad política de Catalunya —la Generalitat— como anterior a la monarquía y a la República, como así fue. El último informe del Consell Assessor per a la Transició Nacional, entidad presentada en sociedad en junio de 2012 —en otro de los grandes días históricos que Catalunya vivió desde que empezó el Procés—, es de 2014. Por lo visto, desde entonces, la Generalitat vive sin asesoramiento sobre el tema. Tan ricamente.

El segundo organismo fue el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, un organismo integrado por entidades catalanas. Quizás tenía un marcado rol propagandístico, como contribuir a la visualización de la consulta, y a la hegemonía política del partido que la estaba creando. No obstante, con el tiempo, tuvo una función no prevista. Y, por el mismo precio, sospechosa. Según reveló El Periódico de Catalunya, horas antes de la celebración de la consulta —al final se celebró, bajo un perfil aún más gaseoso que el de una consulta; no se lo pierdan—, su presidente, Joan Rigol —exsacerdote, miembro de UDC, expresidente del Parlament durante uno de sus ciclos más aburridos—, se reunió con el Gobierno para pactar la consulta. Es decir, para que no hubiera repercusiones legales por algo que no era legal ni vinculante, según me informan. Es decir, para comunicar al Estado que esto no iba en serio. Se consiguió, como verán, a medias. En todo caso, esa reunión ilustra que durante el Procés, durante la escenificación de una beligerancia española-catalana, o catalana-española, hubo contactos. Al más alto nivel. Por ejemplo, la aludida reunión fue gestionada por parte del Gobierno, por Soraya Sáenz de Santamaría. En todo caso, durante todo el Procés, el Gobierno fue plenamente consciente de que todo esto era una extorsión, una amenaza política para lograr un objetivo mucho más pequeño. El pacto fiscal. O incluso, la sombra de un pacto fiscal. Cualquier cosa que pudiera ser tramitada como un éxito de CDC. Ese conocimiento del póquer pretendido es, sin duda, un fracaso del Govern catalán, que no pudo en ningún momento asustar o convencer al Gobierno de la verosimilitud de su propuesta.

El itinerario hacia una consulta, es decir, hacia una consulta pactada y autorizada por el Gobierno, estaba ya agotado en el verano de 2013, según me dicen. Otros me dicen que nació agotado, que fue imposible el pacto desde el minuto cero. En todo caso, ese verano Mas empieza a perfilar la siguiente casilla del Procés, la opción por la que se apostaría en cuanto este tramo finalizara por agotamiento. En el caso de que el Gobierno negara la consulta —esa figura sin existencia internacional—, la apuesta empezada a explicar ahora eran unas elecciones plebiscitarias —otra figura sin existencia ni precedente internacional—. La cosa es que se presentarían a elecciones los partidos, sin programa, únicamente diferenciados entre sí por su Sí o por su No a la independencia. La opción ganadora supliría con su victoria un referéndum, que nunca jamás sería autorizado por el Estado. Curiosamente, ésa fue, con modificaciones, la salida que se le daría al Procés en 2015, tras su primer fracaso. En el Procés, en fin, todas las vías son anunciadas y ensayadas mucho antes de aplicarlas. Van rotando. En cierta medida, eso explica en parte su carácter de improvisación.

A toda esta campaña institucional, que suplía los pasos reales hacia una consulta —inexistentes; jamás sería apoyada por el Estado—, se agregaba la participación de la ANC, en la misma dirección. En junio de 2013, la ANC llena el Camp Nou —el estadio más grande de Europa— con un megaconcierto reivindicativo de la consulta. El concierto es retransmitido por televisión. Son varias horas de programa en directo, comentado por los locutores de TV3 con aproximaciones cercanas al patriotismo. Todos los cantantes, antes de actuar hacían algún tipo de discurso, alusivo a Catalunya, a sus sueños, a la independencia. Sólo una cantante —Lídia Pujol— aludió en su discurso a los recortes practicados por el Govern Mas. Su discurso fue recibido con aplausos, si bien sentó como un tiro en los organizadores. El jefe de seguridad del acto llegó a decir por escrito que declaraciones como ésas iban en contra del espíritu de unidad del acto. El espíritu de unidad era, por si nadie lo sabía, en torno al Govern, garante de una consulta que no llegaba.

El concierto fue un hecho generacional, observo, para miles de ciudadanos, que ven en aquel día un día histórico. Otro. Aquel día se volvió a ver que esto era imparable, que era un movimiento continuo hacia la independencia. Ningún medio informó, no obstante, que el día anterior al concierto expiraba el límite pactado y anunciado para que Mas presentara la pregunta de la consulta, una consulta que aún no se sabía si Mas convocaría. De hecho, el sentido de actos como el de este concierto era presionar a un Estado para que accediera a una consulta que no permitía. Y para desviar la atención de la afición —todo apuntaba a ello— sobre el fracaso político que estaba suponiendo el Procés, esa carrera sin movimientos.

Lo de la pregunta era llamativo, casi una metáfora. Si bien tenía que ser una pregunta sencilla, hasta la obviedad, estaba tardando demasiado, tanto que se podría empezar a intuir que no sería ni sencilla, ni clara, ni breve, sino más bien que sería un producto muy en la tradición española. Curiosamente, las diversas campañas de propaganda que se vivían en la sociedad impedían interrogarse por ello. Es más, impedían criticar al Govern por cualquier cosa. Carme Forcadell, presidenta de la ANC, en un acto, llegó a expresar que no se tenía que molestar a Mas con preguntas. Es decir, con control. «No le molestéis. Está trabajando por Catalunya.»

Este 2013 fue el pico de protestas del 15M, pero también el de protestas y acciones por el pack Procés, un indicio de que para bien —respondían a un mismo estado de ánimo, de fin de época o fin de Régimen— o para mal —unas nacieron, es decir, fueron instrumentalizadas, para neutralizar a las otras— estaban relacionadas. Se viven situaciones extrañas. Propagandísticas, a la vez que absurdas, casi surrealistas. Por toda Catalunya se desplaza, por ejemplo, una feria cuya originalidad consiste en vender alimentos, productos textiles, sanitarios, decorativos, elaborados con la estelada, la bandera independentista catalana. Se baten récords, por otra parte, de disciplinas vinculadas al nacionalismo infantil y pueril. Un pueblo elabora la estelada más grande del mundo con personas vestidas de colores. Otro, la estelada más grande del mundo fabricada con velas. El ambiente propagandístico, por ende y como siempre, resulta asfixiante para los que no comparten esa propaganda.

El cenit fue la manifestación el 11 de septiembre organizada por la ANC. Se trataba de una gran cadena humana, que iba desde la frontera francesa hasta la frontera con la Comunidad Autónoma del País Valencià. Bajo el nombre de Via Catalana per la Independència, la acción convoca a casi dos millones de ciudadanos. Otro triunfo de la ANC, que aparecería en todas las portadas de los grandes diarios planetarios, verbalizando que, en efecto, había un problema en Catalunya.

En diciembre de ese año, Mas presenta la pregunta. La ha escrito de su puño y letra en un papel. La guarda en su bolsillo. La ha ido enseñando a todos los grupos partidarios de la consulta. CUP, ERC e ICV. El PSC, que se mostró partidario, en algún momento, de la consulta, ha retirado su apoyo, conforme el Estado se ha ido reafirmando en su negativa. Todos los partidos dispuestos a la consulta le han mostrado su valoración positiva. Es una pregunta sexy. Tiene todas las ventajas, de hecho, de una pregunta que nunca será emitida, y cuyo sentido es, simplemente, formularse. Me explico.

El texto de la pregunta es, finalmente —e inicialmente; no hubo, según he sabido, contraofertas o discusiones— una doble pregunta. Una incomodidad absoluta, una distorsión en un referéndum. «¿Quiere que Catalunya sea un Estado? En caso afirmativo: ¿Quiere que este Estado sea independiente?»

Parece una pregunta sencilla. No lo es. Resulta difícil, por ejemplo, contabilizar el resultado de una doble pregunta. Según informaron varios matemáticos, incluso, puede ganar una opción minoritaria. No es una pregunta sencilla, no. Refleja desconfianza hacia lo sencillo, hacia la participación ciudadana. En ese sentido, una diputada de ICV me explicó que era una pregunta buena y válida, en tanto integraba la posibilidad federal en la primera pregunta. Es decir, se daba más importancia a la pregunta, a su delimitación, que a su respuesta. Es una pregunta, en fin, emitida por un emisor con miedo a ceder la palabra en un referéndum. Por eso lo llama consulta, y por eso le endosa una doble pregunta. Lo honesto, lo nítido, hubiera sido una pregunta simple: «¿Quiere que Catalunya sea Estado?». Y, si vence esa posibilidad, organizar otra votación sobre si ese Estado debe ser independiente o federado. Otra opción podría haber sido, directamente: «¿Quiere que Catalunya sea un Estado Independiente?». No se optó por ninguna de esas opciones, sino por la doble pregunta. Tenía la ventaja de que, ganara cualquiera de las opciones, el Govern podría apropiarse de la victoria. La sospecha, incluso, es que el Govern apostaba por la victoria de la primera parte de la pregunta, lo que supondría empezar a dialogar y negociar con el Estado una solución federal en Catalunya. Posiblemente, como ha quedado señalado, con la participación de la Corona. Pero ni el Estado ni la Corona querían saber nada de eso.

El día en el que se presentó la pregunta, también se presentó la fecha de la consulta. Sería el 9 de noviembre. El 9N, vamos. Fue otro día histórico, otro día en el que los medios públicos y concertados lo dieron todo. Recuerdo un comentarista de la tele exigiendo que el papelito en el que Mas había escrito la pregunta, de su puño y letra, fuera donado a un museo. La pluma con la que Mas firmó, tiempo después, el decreto de convocatoria de la consulta, de hecho, sería donada al Museu d’Història de Catalunya, donde estará en un cajón, muriéndose de risa, supongo. En fin. Junto con la pregunta y con la fecha se facilitó el siguiente paso, la siguiente casilla. Sería explicar el Procés en el Congreso de Diputados, y reclamar allí la cesión momentánea de la capacidad de organizar consultas —no existe; el Estado, como ha quedado dicho, organiza referéndums, cuando lo hace—, o algo parecido.

Esa siguiente casilla fue en abril de 2014. Ya estamos en 2014, el año del tercer centenario borbónico, el año previsto, estéticamente, para la consulta, como ha defendido la ANC, y como el Govern no le ha contradicho. En enero, no obstante, el Parlament vota someter su propuesta al proceso parlamentario de Madrid. Votan afirmativamente CiU, ERC, ICV y CUP. En lo que es un indicio de su futuro, algunos diputados del PSC también votan sí. El PSC se adentra en su ruptura interna. El Procés, de hecho, sólo ha facilitado la contradicción de los partidos del Régimen situados en su izquierda. Tradicionalmente, en fin, el derecho a la autodeterminación era defendido por todas las izquierdas españolas, y por ninguna derecha, española o catalana.

En abril de 2014, la delegación del Parlament de Catalunya, compuesta por Jordi Turull (CDC), Marta Rovira (ERC) y Joan Herrera (ICV), defiende en el Congreso «la competencia para autorizar, convocar y celebrar un referéndum —como consulta, no les salía nada— consultivo, para que los catalanes y catalanas se pronuncien sobre el futuro político colectivo de Catalunya», una posibilidad contemplada en el artículo 150.2 de la Constitución Española.

La sesión fue televisada, y seguida ampliamente. Los diputados catalanes optaron por la épica democrática o nacional, según se acercaran más a la izquierda o a la derecha. Lo llamativo es que, por primera vez desde 2012, verbalizaron el Procés en su desnudez. Contrariamente a lo defendido en las declaraciones gubernamentales, en los titulares de la prensa, y por los tertulianos, lo que se pedía no sólo era asumible, sino que era muy poco. Excesivamente poco respecto de lo anunciado y comunicado, diariamente, en Catalunya. Era, básicamente, pedir que se le cediera a la Generalitat la competencia para organizar una consulta —no se utilizó mucho la palabra referéndum—. Se trataría de una consulta no vinculante. ¿Cuál sería su utilidad? ¿Informativa? ¿Crear las bases y la tradición para una consulta futura y lejana, de tipo vinculante? No. El objetivo era que sirviera de base para entablar —reanudar, sería la palabra— una relación entre el Govern y el Gobierno. Serviría, vamos, para proseguir una tradición de pactos con final feliz, sea cual fuere el resultado. Incluso si el resultado —como la última vez/pacto— era un sistema de financiación a la baja y a todas luces perjudicial.

Mi impresión en ese instante fue que toda esta movida, iniciada en 2012, era para reconstruir el rol de CiU, desaparecido con la crisis y con la mayoría absoluta del PP, cuando no había nada que negociar con CDC, cuando se cerró la tradición de pacto, acuerdo y celebración de todo lo pactado. El portavoz del grupo CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, lo dijo de forma dramática en el turno de los portavoces de grupo: «Digan que sí para que sigamos hablando, para que nunca paremos de negociar». Duran i Lleida resumía en esa frase lo que quería CiU. Quería lo que había perdido. Su capacidad para ser interlocutor. Para canalizar. Para ser necesaria. El Procés gubernamental quedaba verbalizado como algo diferenciado del Procés ciudadano, formado y verbalizado desde 2006. Era, es más, todo lo contrario. Un intento de subsistir con pocos cambios, ahora que todo —la democracia, la economía— estaba cambiando de manera imparable.

El Parlamento no comprendió eso. Es más, no lo vio. Vio sólo una agresión al concepto de soberanía nacional. O, lo que es lo mismo, el Régimen del 78 español no reconoció al Régimen del 78 catalán, ni a su petición de ayuda. Sin duda es otro caso de ceguera, comparable al exhibido con el Nou Estatut.

La previsión del Estado era que Mas diera un paso atrás en ese momento y el tema quedara zanjado. Entendían, vamos, que era un tema político, institucional. No entendía que Mas no podía dar un paso atrás, porque no tenía ningún sitio donde darlo. El paso atrás era, de hecho, la propuesta presentada en el Congreso, inofensiva, nada rupturista, sin parecido alguno con la propuesta que pedía un sector de la sociedad en 2012. Sin relación, incluso, con lo presentado, diariamente, por los medios de comunicación. Si se hubiera aprobado, cabe suponer, la pregunta hubiera sido, incluso, como así se ofreció explícitamente, cualquier otra, como dijo alguno de los delegados del Parlament en el Congreso. Mas, vamos, necesitaba un punto de apoyo sobre el que aplicar la palanca de la propaganda. Por lo visto, la ANC también estaba de acuerdo en que todo acabara en un símil de referéndum, en una consulta con cualquier pregunta no vinculante. Por cultura, Mas no podía desafiar al Estado, desobedecer, convocar una consulta ilegal, apostar por la ruptura y, por todo ello, no sólo perder el timón del Procés, sino, posiblemente, el poder, o su función en el poder. Mas necesitaba un fenómeno para someterlo a propaganda y, con ello, a éxito. Sabía cómo hacerlo. Y sabía que la ANC tampoco podría reconocer un fracaso como fin de esta historia. El problema es que no tenía nada de lo que apropiarse, nada que poder utilizar para salir de ésta.

Empieza aquí otro periodo en el limbo, que se prolongará hasta septiembre, cuando el Parlament apruebe su Ley de Consultas —puede sonar divertido, pero en ese momento aún no la tiene aprobada—. Ha redactado otra, diferenciada de la promulgada por el Tripartit, con menos posibilidades de participación popular, no sea que alguien entienda que este repentino culto a las consultas se pueda traducir en un ejercicio frecuente de los referéndums. En el aire está la posibilidad de que Mas dé un paso adelante, que desobedezca, que tire adelante con la consulta —tiene fecha, pero no ha sido convocada aún—. En ese sentido gira la información oficial y de medios vinculados al Govern, así como la de la ANC. Es poco probable que haga eso. Si bien, y esto hay que valorarlo, Mas está, literalmente, en un callejón sin salida. Es previsible lo que un individuo puede hacer presionado, pero nunca se sabe, en fin, si acabará haciendo lo contrario.

En este momento, posterior al fracaso cantado en el Congreso, algunas élites tienen un plan. Convocar elecciones y, como es previsible, perderlas, en beneficio de ERC, de manera que el marrón, el problema de convocar o no esa consulta prohibida por el Estado, se lo coma Junqueras. Se llegó, me dicen, a hablar de esa solución fríamente, en presencia de Mas. No se optó por ella, me aseguran, porque Mas consideró que era preferible mantenerse en el poder, cosa que hizo.

En el ínterin hasta septiembre, el Estado prosigue su crisis de Régimen, sin participación catalana. En febrero, el drama viene de las elecciones europeas. Sorprendentemente, un nuevo partido, Podemos, es el discreto triunfador. Ha ganado cinco eurodiputados. Los sondeos les otorgaban uno o ninguno. El partido se ha formado hace poco. Sus animadores son profesores universitarios, que tienen un programa de TV en internet, con cierta popularidad. Su primera intención, parece ser, era formar un grupo generacional compacto, y conseguir el liderazgo de IU o, al menos, una posición preeminente en ese partido. Rechazados por la vieja guardia comunista, se presentan en solitario a las elecciones europeas. Apuestan por la televisión como medio y, dentro de ella, por el hispánico género de la tertulia. No son el 15M. No han participado en él o, al menos, no lo han hecho en primera fila y de manera determinante. Es más, uno de los líderes del nuevo partido, cuando visitó por primera vez la Acampada de Sol, en Madrid, exclamó: «Vaya potencial». Vamos, que no veía en el 15M un hecho, sino un potencial, sensible de ser canalizado. Mayoritariamente, los líderes de esa formación nueva provienen de IU, de las Juventudes Comunistas. Aun así, su tono y sus propuestas —renta básica, proceso constituyente, ampliación de derechos, impago de deuda y derecho a la autodeterminación en Catalunya— suponen un contacto fuerte con las expectativas del 15M, «ese potencial». Se da la paradoja de que en esas elecciones se presenta otro grupo, más próximo al 15M, fundado por alguno de sus protagonistas. No apuesta por la televisión, sino por la red. No apuesta por el partido convencional, sino por un partido distribuido en nodos, con la metodología fundacional del 15M. Podemos arrasa entre el electorado del 15M. A partir de ese momento, vertebrará —o lo intentará— ese nuevo elector, que quiere un cambio, una ruptura y que comparte los presupuestos iniciales del 15M. Este año, en las encuestas, Podemos recibirá, posteriormente, un aumento inaudito en la intención de voto. La consecuencia de esa nueva posibilidad, de este nuevo futurible político es, al parecer y como ha quedado dicho, la abdicación del rey en su hijo.

En Catalunya —si bien Catalunya no es circunscripción en las elecciones europeas— sucede también un hecho inaudito. CiU deja de ser el partido hegemónico del catalanismo. Por primera vez en unas elecciones, le gana otro partido catalanista. ERC. La gestión del Procés no le ha sentado mal a CDC. De hecho, contra todo pronóstico, sigue existiendo. Pero empieza a pasarle factura. El electorado independentista empieza a dejar de confiar en Artur Mas, ese hombre que aún no se sabe si convocará o no la consulta que el Estado no ha aprobado.

En septiembre, empero, todo se anima. Recordemos aquí que el 11 de septiembre, desde 2012, se suceden las manifestaciones multitudinarias de la ANC y, posteriormente a ellas, y en un clima de cordialidad y sintonía con la ANC, las grandes decisiones del Govern, respecto al Procés, para la siguiente temporada. Esto, de hecho, es un indicativo del carácter propagandístico del Procés. La manifestación de este año consiste en formar una V humana —de victoria— en las calles de Barcelona. La manifestación vuelve a ser un éxito. Convoca a cerca de dos millones de manifestantes. Entre ellos, policías afectados por casos de exceso de autoridad, como tuve ocasión de ver. Una metáfora del otro objetivo —explícito o implícito— de estas manifestaciones, sino de la ANC: camuflar, detrás de una bandera, las políticas cotidianas de CDC, con el apoyo de ERC, que ha impedido ya comisiones de investigación de abusos policiales y de corrupción en la sanidad, dos disciplinas en las que está destacando el Govern. Sea como sea, después de esas manifestaciones, Catalunya vuelve a estar en la agenda de la información internacional. Y, me temo, en ninguna otra.

Posteriormente a esa manifestación, Mas, como cada año, anuncia una decisión histórica, o que es calificada como tal por los medios afines. Después de que el Parlament apruebe la nueva ley de consultas —la única ley planetaria en la que aparece el concepto consulta—, Mas convoca la consulta. Es el 27 de septiembre. ¿Es un desafío al Estado? No. Es poner el Estado a prueba. O ni eso, pues ya se sabe cómo reaccionará el Estado. Dos días después de la convocatoria de la consulta, el Consejo de Ministros remite la Ley de Consultas y la convocatoria de la consulta al Tribunal Constitucional, junto a un informe del Consejo de Estado —presidido, por cierto, por un jurista que ocupó diversos cargos en el franquismo—. Ese mismo día, sin ningún precedente histórico anterior, el Tribunal Constitucional admite a trámite la propuesta del Gobierno. Lo que supone dejar en suspensión la Ley y la convocatoria por cinco meses. Es previsible que, incluso antes, el Tribunal Constitucional declare ambos objetos como inconstitucionales.

Mas confiesa, en la intimidad, que el Procés ha llegado a su fin. Él no hará el salto a la desobediencia. Así se lo transmite a los partidos que participaron en el Procés, que abandonan las reuniones sobre el tema. Tardan en hacerlo. Tienen miedo de ser los primeros en abandonar el proyecto, de ser visualizados por sus votantes como unos traidores.

El Procés ha muerto. Era una idea inocente, modulada por el Govern para que no fuera rupturista. Descansaba en un hecho que no se produjo. La complicidad del Estado, su participación en una fiesta que nunca sería peligrosa. Pero incluso eso fue rechazado por el Estado.

Se especula sobre el siguiente paso o casilla. Se supone que consistirá en el fin de CDC, un partido implicado en la corrupción y la austeridad, que había ido tirando, más allá de su tiempo, gracias a un juguete, el Procés. Se supone que el testigo será recogido por parte de ERC, presumible ganador de las próximas elecciones —que no podían tardar—. Se suponía que explotaría las ventajas dramáticas de otro Procés, de su entorno propagandístico, para ir tirando millas, como CDC, en esta etapa de austeridad e impopularidad gubernamental. Nadie en el entorno de CDC valoraba en petit comité otra opción, u otro futurible. De hecho, en CDC ya existía un recambio para Artur Mas. Se trataba de Santi Vila, conseller de su Govern y homosexual declarado —se había casado en esta legislatura, por todo lo alto—. Su propuesta, según me dicen, era abandonar el independentismo, una vía ya experimentada. Y volver a la casilla anterior, que no se llamaría autonomismo, pero sí soberanismo, otra vez. En esta época empieza a postularse en los medios con puntos de vista originales. Verbigracia: en una ocasión habló del Procés como algo que había aportado cohesión en momentos de austeridad. Es decir, de algo provisto de una función diferente a la presentada por el Govern.

Son, en fin, días que presagian la muerte trágica del Procés. Y, con ello, una implosión de CDC, ante el hecho de que quede escenificado que todo era una dramatización. Que a pesar de tanta propaganda, detrás del Procés no había ninguna táctica seria, ni ningunas ganas de que la hubiera. En eso, volvió a haber otro cambio de ritmo, inesperado.

En la mesa de partidos favorables a una consulta ya sólo quedaban CDC y, todo lo contrario, la CUP. Ambas formaciones acuerdan la celebración de la consulta. Hacen pública esa decisión en octubre, en otro día histórico para los medios catalanes. ¿Se trata, por fin, de un acto de desobediencia? ¿Mas ha cruzado el Rubicón, ha desafiado al Estado, de manera que el Estado intervendrá, tendrá que utilizar la represión, o bien suspender la autonomía? ¿Se creará una situación en la que tendrá que intervenir o, incluso, arbitrar Europa? No. Nada de eso. En la cultura de Mas no entra ninguna de esas posibilidades.

La idea, hasta cierto punto genial, consiste en rebajar aún más la consulta. Lo que no era un referéndum, pasa a ser un «proceso de participación ciudadana». La Generalitat no participará en la consulta, que por otra parte no será ni siquiera consultiva. Será «simbólica». Una suerte de consulta de Arenys de Munt, organizada por voluntarios, y cuyo único valor será el reivindicativo. Mas, en fin, accede a la fantasía húmeda de cualquier político. Capitalizar un acto inocuo, sin repercusiones políticas, salvo la apropiación de interpretaciones, disciplina en la que Mas está destacando desde hace un par de años.

La consulta, vamos, no es nada. Se trata, políticamente, de un cero a la izquierda. La CUP apoya la idea. Ve en ella todo lo contrario a esa descripción. Entiende que es, o puede ser, un acto de resistencia, la génesis de una desobediencia. Cree que la consulta, celebrada así, cambiará el relato del Procés. Que dejará de ser un proceso gubernamental para pasar a ser un proceso popular. Cree, en fin, que esta consulta supondrá la contradicción definitiva de CDC. No valora, en absoluto, la capacidad de Mas para dominar el marco Catalunya, para apropiarse, en fin, de cualquier giro del Procés. Que es lo que pasaría al final, y por todo lo alto.

Los medios presentan la decisión, otra vez, como épica e histórica. El único punto de desacuerdo, exótico e importante, pues nunca se había producido, consiste en que la ANC, en un principio, no se suma a la fiesta. Apuesta, a estas alturas, por las elecciones plebiscitarias, concepto que creó y pulió, y que ya ha sido utilizado oralmente, en momentos de zozobra, por Mas. Es más, ese mismo octubre, a los pocos días de la convocatoria, por parte de la Generalitat, de esa consulta que no organizará la Generalitat, es cuando Carme Forcadell, la presidenta de la ANC, hace algo que nunca había hecho. Cuestiona al president. En un acto público, le pide que convoque elecciones plebiscitarias. Vamos, la fiesta ha terminado. Se debe pasar a otra etapa. Posiblemente, también propagandística. Pero para ello se ha de matar la etapa consulta, capitaneada por Mas. La frase exacta es «President, queremos votar en unas elecciones antes de tres meses». La ANC amenazó con no participar en el símil de consulta si, antes del 9N —día de la consulta—, no estaban convocadas esas elecciones plebiscitarias. Mas, a su vez, pasó del envite. Por primera vez desde 2012, hizo oídos sordos a una propuesta estructural de la ANC. La ANC, a su vez, apoyó la consulta, al final. Quedaba claro que, en estos momentos, para el entorno y votante del Procés, Mas era una pieza propagandística clave, incluso superior a la ANC, que fue la que cambió de opinión. Carme Forcadell, por otra parte, lo pagó caro. Según me explica un miembro del entorno de CDC, ésa es la causa, no tanto de que en las próximas elecciones internas de la ANC Forcadell no fuera confirmada en su cargo, sino de que CDC apostara por un dominio más íntimo de la ANC. De hecho, tras esas elecciones, y amparado por un rocambolesco sistema de estatutos, la ANC pasó a presidirla la persona que había quedado en cuarto lugar en votos. Se trata de Jordi Sánchez, una persona determinante dentro de un año, en las negociaciones para votar un president de la Generalitat de CDC. Ya lo veremos.

El día de la consulta, el 9N fue, no obstante, una gran manifestación ciudadana. Sorprendentemente, a pesar de su tradición, o gracias a las ya aludidas conversaciones de Joan Rigol, president del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, con el Gobierno, el Gobierno no intervino. No suspendió una consulta que, si bien no era legal, tampoco estaba organizada por la Generalitat y no tendría ningún tipo de repercusión. Los colegios electorales se llenaron de personas que votaban en urnas de cartón. Proliferaron las colas, y las manifestaciones de emoción, en ocasiones cursis o sobreactuadas. En los medios proliferaron muchos ancianos llorando al poder acceder a un referéndum con el que habían soñado toda la vida, decían. Algo, por otra parte, dudoso, pues los ancianos, precisamente, desde 1977, nunca habían votado mucho independentismo. Ni siquiera lo hacían ahora, si entendemos que CDC no es un partido independentista.

Los resultados no tienen mucho valor, pues los recuentos no fueron contrastados, al no ser una consulta oficial. Los facilitados pueden orientar sobre el resultado aproximado. Por otra parte, como en Arenys, tenían derecho al voto ciudadanos que, en condiciones normales, no lo tienen. Los mayores de dieciséis años, nacionales, europeos y de terceros países. Votó, así, una cantidad alta para el tipo de consulta que era, si bien no alcanzó el 50 por ciento del censo. Como es habitual en un referéndum simbólico, sólo participaron los partidarios de la posibilidad que implicaba el referéndum. El 80,91 por ciento votó a favor del Estado independiente, el 10,02 por ciento por el Estado federado. Por él no votó un 4,49 por ciento. En total, los partidarios de la independencia sumaban, se dijo, la cantidad de 1.897.274 ciudadanos. La mala noticia es que, en un referéndum real, sumaban menos del 50 por ciento del censo real de mayores de dieciocho años y con derecho a voto. Se supone, claro. El independentismo, al menos el vertebrado en un referéndum inútil, tenía techo. Y no era lo suficientemente alto. Este hecho será determinante para la nueva formulación del Procés, en la que ya trabajaban la ANC y Mas. Se tenía que aumentar la hegemonía del independentismo. Y aumentarla hacia la izquierda, tal vez la gran ausente de todo este Proceso capitalizado por CDC. Se empieza a modular un discurso social del independentismo desde ese momento.

Inmediatamente después de la consulta, el Gobierno pidió a los fiscales catalanes que investigaran un posible delito de desobediencia por parte de la Generalitat. Lo hicieron. Lo descartaron. No había habido desobediencia, en tanto no había habido consulta oficial. Ante esa respuesta, el Gobierno insiste ante el fiscal general del Estado. Opina lo mismo que los fiscales catalanes pero, ante la insistencia, abre diligencias. Finalmente, es imputado el president Mas y otros cargos institucionales, todos de dudosa trayectoria independentista. El president, que nunca desobedeció, gana un nuevo valor entre la sociedad catalana, regalado por el Gobierno. Es un imputado, un mártir por el hecho de poner urnas de cartón en la calle. Curiosidad y metáfora y fin de esta historia épica de imputación: en 2016, durante las negociaciones para establecer un gobierno en España, posteriores a la repetición de elecciones, tras producirse un primer pacto parlamentario entre el PP y CDC —el primero en años—, Fiscalía desestimó los cargos que implicaban condena penal y que afectaban al president. Los medios públicos catalanes tardaron varias horas en comunicar que el president no se exponía a condena penal, quizás para prolongar, unas horas, lo dicho, su condición de mártir.

Finaliza, ahora sí, este primer Procés gubernamental. Sólo ha obtenido un éxito. La capitalización de Mas. Una capitalización, un producto resplandeciente que, nadie lo diría, tenía las horas contadas. Por lo demás, el Govern no ha conseguido nada. No ha conseguido contactos diplomáticos, ni contactos en la UE. Mas ha viajado, incluso a Bruselas, para explicar su proyecto, un proyecto nebuloso que ha explicado a través de algún artículo en Le Monde, que no ofrece claridad ni itinerarios claros. Los únicos éxitos del Procés los ha conseguido la sociedad. Por ejemplo, el Col·lectiu Emma, una iniciativa de un grupo de ciudadanos que, desde el inicio del Procés, se ha dedicado a contactar con cualquier periodista extranjero que escriba sobre Catalunya en cualquier medio. Ven que las fuentes utilizadas siempre son gubernamentales españolas, por lo que, amablemente, se les ofrece otras fuentes y otros puntos de vista. Este trabajo resulta ser determinante, y consigue éxitos que el Govern ni siquiera ha olido, como cambios de puntos de vista y de opinión en determinantes medios extranjeros, en el trance de informar sobre Catalunya. Todo un indicio de que el Govern no sólo carecía de ideas, sino de intencionalidad. El Procés, vamos, desde que lo cogió el Govern, fue un producto para consumo interno. Funcionó, pero sólo para consumo interno. Sólo para paliar los efectos de la austeridad.

Estamos ya en 2015. Gracias a la consulta, Mas es el amo del marco Catalunya. Es un símbolo. Por primera vez, ese hombre que recurrió al independentismo porque era la única causa en la calle que podía abrazar, está plenamente capitalizado de independentismo. Su dominio sobre la ANC es ya notorio. La ANC le hace, por otra parte, otro favor.

La ANC diseña una nueva hoja de ruta, en la que se rechaza una consulta, que ya es una pantalla superada. Básicamente, la cosa consiste en una DUI —la ANC es buena creando léxico—, o Declaración Unilateral de Independencia. La cosa se iniciará con los famosos comicios-plebiscitarios, que existen en el aire como posibilidad desde hace años. Una vez ganado ese plebiscito electoral, se iniciará un proceso constituyente, que finalizará dieciocho meses después, con un referéndum en el que se aprobaría la Constitución de la República Catalana.

Curiosidades: el material humano que fue incapaz de realizar un acto de desobediencia, ahora iba a declarar una República. Se hace hincapié en la «recuperación del Estado social» y en la «regeneración democrática», dos puntos que presagian el ya aludido giro social de un Procés al que le faltan votantes. El proyecto pasa por una lista única. Es decir, porque ERC no se presente en solitario. De hacerlo, es muy posible que supere en votos —ya lo ha hecho en las últimas elecciones europeas— a CDC. La ANC presionará en esa dirección. Finalmente, una última curiosidad: la hoja de ruta de este año se parece, demasiado, al modelo de la Transición española, a la génesis del Régimen, vamos. Se acaba votando una constitución, un producto finalizado, acotándose en todo ese proceso la participación ciudadana.

Sobre el giro social del Procés. Es necesario electoralmente, pues están pasando cosas. Desde principios de año se está reuniendo un grupo de personas, cada fin de semana, en la sede de una banca ética en Barcelona. Son una decena, al final serán casi un centenar. El grupo genérico parte de DESC, una fundación vinculada, de alguna manera, a ICV. Son profesores universitarios, jóvenes doctorados o doctorandos, estudiantes, profesionales —abogados, arquitectos, periodistas—, personas vinculadas a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), a los movimientos sociales, al 15M, en ocasiones —muy pocas— a Podemos. Su proyecto es elaborar una candidatura municipalista rupturista, amplia, novedosa, capaz de arrebatarle el gobierno de la ciudad a CDC. La lista es un fenómeno, consigue la mayoría de los votos en los barrios más pobres de la ciudad, que son los que, tradicionalmente, menos votan. Se asegura con ello la alcaldía de Barcelona, que será detentada, por primera vez, por una mujer, Ada Colau. Un discurso próximo al 15M gana la capital catalana, la segunda ciudad del Estado, a través de una formación creada con rapidez, casi improvisada. No sólo supone una amenaza para CDC, que pierde una de las joyas de su corona, sino para el Procés, para el próximo Procés que se va creando y perfilando. Es una amenaza para su pretendida hegemonía, que empezará a paliar, también, con un discurso social, progresista, si no de izquierdas. Mas, que protagonizó una rápida e inverosímil transformación desde el catalanismo conservador hasta el independentismo, ahora lo iba a hacer hacia la socialdemocracia, esa cosa que había dejado de emitir en toda Europa con el inicio de la crisis.

En julio, apenas dos meses después de la victoria de Colau en Barcelona, se formaliza que CDC, ERC, ANC y Òmnium crearán una lista única para las próximas elecciones autonómicas, que se celebrarán en septiembre. La pregunta es: ¿por qué un partido que, todo apunta a ello, las iba a ganar, renuncia a ganarlas y le ofrece la victoria y el puesto de cabeza de lista efectivo a su contrincante político, Artur Mas? La respuesta es: gracias a la extorsión.

En una reunión en el Palau de la Generalitat, Mas planteó por última vez la lista única a Oriol Junqueras, líder de ERC. Junqueras tuvo que explicar que, con esa lista, ganaba poco y perdía mucho. Mas le explicó que, en caso de negarse, sería señalado como un traidor al Procés. La persona que había roto su unidad y su futuro éxito seguro. Disponía, para esa función, del pleno dominio de la ANC. Y de los medios, públicos y concertados. Puede sorprender, pero Junqueras tragó. Su único acto de rebeldía ante un Mas que dominaba todos los recursos de la propaganda, incluso la capacidad de señalar traidores, fue ir al lavabo, donde empezó a llorar, me dicen. Esa noche, por cierto, el Consell Nacional de ERC se reunió para validar la alianza electoral. Nadie habló a favor de ella, nadie parecía dispuesto a votarla. En ese momento tomó la palabra, me dicen, Joan Tardá, diputado de ERC en Madrid. Emitió una perorata patriótica y, al final, pidió que el acuerdo no fuera votado —única forma de ser aprobado—, sino aclamado. Empezó a aplaudir. Todos aplaudieron. La propuesta fue aprobada, por aclamación. De este material democrático y humano nace el Procés reformulado.

Una acotación importante. Oriol Junqueras, católico practicante y, por lo visto, muy vinculado a su grupo parroquial tiene, desde entonces, un problema con Mas que algún día deberá resolver. Se siente traicionado por él. De hecho, en este u otro tramo del Procés, Mas recurrió, para limar asperezas con Junqueras, a la mediación de un sacerdote, conocido de ambos, me dicen. Llegaron a un acuerdo, que Mas no cumplió. Junqueras se siente traicionado. Más aún por la utilización, con ese fin, de un venerable sacerdote. Le debe un ajuste de cuentas a Mas. Y, en ausencia de Mas, a CDC. Algún día se lo cobrará. Esta deuda, en algún punto del futuro, puede ser determinante.

De esa entente forzada entre CDC y ERC, junto a Òmnium y a ANC, nace Junts pel Sí [Juntos por el Sí]. En un primer momento se intenta que la CUP también entre en el negociado. Se niega. No se valora ese hecho como determinante. Al fin y al cabo, la CUP dispone sólo de tres diputados. Esa infravaloración de la CUP será, como se verá, absolutamente determinante. La lista recibe el capital propagandístico de Mas y la capacidad propagandística de la ANC. Son, vamos, dos artistas en lo suyo, por fin literalmente unidos. De hecho, Mas hace coincidir el inicio de la campaña con el 11 de septiembre, Día Nacional de Catalunya y fecha en la que la ANC organiza su multitudinaria manifestación, que se convierte, este año, en un acto electoral.

El eje de la campaña consiste en defender un Procés que, en esta edición, es social y también será infalible y exitoso. Como siempre. La idea a potenciar es que son las últimas elecciones autonómicas. Las próximas serán ya elecciones en una República. El eslogan es, por tanto, «El vot de la teva vida» [El voto de tu vida]. El último voto en el Estado español, el voto que facilitará la independencia. Mas participa activamente. Aquel hombre que en 2010 dormía a las ovejas, ahora disponía de un amplio y eléctrico registro. Y utilizaba, por primera vez, la palabra independencia. Por otra parte, se insistía en el carácter plebiscitario de las elecciones. Un carácter, por otra parte, no refrendado o desarrollado por ninguna ley al uso, de manera que no se sabía en qué consistiría el pack plebiscito de estas elecciones. ¿Quién ganaría el plebiscito? ¿La opción, independentista o españolista, que ganara en votos? ¿La que ganara en diputados? A lo largo de la campaña, y a través de declaraciones, se fue puliendo la cosa. Fue la CUP, por cierto, quien impuso que ganar suponía ganar en diputados y en votos. Ganar era ganarlo todo.

La campaña, a pesar de su espectacular planificación y resultados palpables, tuvo también grandes errores comunicativos. En las redes sociales, responsables de campaña faltaron al respeto a ciudadanos contrarios al proyecto. En ocasiones, con tonos y giros tradicionalmente usados por el PP y cercanos al enfrentamiento social. Por otra parte, el fichaje estrella de Junts pel Sí —Raül Romeva, ex eurodiputado por ICV; su militancia en la izquierda aportó, por cierto, muchos votos de ICV y del PSC— fue entrevistado por la BBC. Explicó al público británico la teoría de CDC sobre la UE —ya saben: la UE no expulsaría a una República Catalana—, siendo desmontado su argumentario, en directo y a tiempo real, por el entrevistador. No, las formas de comunicación catalanas y los grandes ejes del independentismo reciente no funcionaban fuera del topos. Eran, lo apuntado, un objeto para consumo interno. Un objeto para hablar de él, pero no para ser realizado.

Se suponía que Junts pel Sí ganaría las elecciones. Y por mayoría absoluta, máxime si se tiene en cuenta que no había ningún partido próximo a Ada Colau, la lista ganadora en las últimas municipales barcelonesas. Colau, simplemente, apoyó de manera fría, la lista Catalunya Sí Que Es Pot, la conjunción de ICV-EUiA con Podem, la variante catalana de Podemos.

Finalmente, Junts pel Sí ganó las elecciones. Pero, contra pronóstico, no por mayoría absoluta. Sí, le faltaba poco. Pero no lo consiguió. Además, por otra parte, los votos de Junts pel Sí y los de la CUP —los votos independentistas, según la teoría de que esto era también un plebiscito— no llegaron al 50 por ciento del total. Sí, fueron espectacularmente altos. Pero lejos, por muy poco, del 51 por ciento. Los partidos no partidarios de la independencia esa misma noche hicieron algo que habían negado durante toda la campaña: aceptar los resultados de las elecciones como un plebiscito. Que habían ganado ellos.

Los resultados, por otra parte, planteaban un futuro inmediato problemático. Junts pel Sí obtenía 62 escaños. Es decir, pese a la propaganda, pese a la gestión del Procés, los escaños de CDC y de ERC sumaban ahora menos que los obtenidos en la pasada legislatura por separado. La segunda sorpresa fue que Ciutadans, un partido de derechas y creado durante el proceso de elaboración del Nou Estatut, al considerar que los posicionamientos del PP ante Catalunya eran tibios, accedía a ser la segunda fuerza catalana. Obtenía 25 escaños. El PSC accedía a su mínimo histórico, con 16 diputados, seguido por Catalunya Sí Que Es Pot, con unos discretos 11 diputados, que presagiaban que Podemos no acabaría de funcionar en Catalunya. El PP era un partido residual, con 11 diputados. La gran sorpresa fue el último partido, el que menos votos y escaños consiguió, pero el que se confirmaba como más determinante a corto plazo: la CUP. Obtenía 10 diputados. Junts pel Sí y CUP, juntos, suponían la mayoría absoluta en el Parlament, un Govern presidido por Mas y el inicio del segundo Procés.

La mala noticia es que, durante la campaña, tras unos primeros días de ambigüedad, la CUP había jurado y perjurado que jamás votaría a Mas. Todo el plan de esta edición del Procés quedaba en suspenso. Quedará en suspenso durante tres meses. Tres largos meses en los que, aparentemente, y para seducir a la CUP para que apostara por Mas, el Procés, por primera vez, aparentemente se radicalizó, quemó las naves y optó por la desobediencia. Sólo aparentemente.

COLOFÓN

2015-2016

El segundo Procés. La lucha por la vida y refundación de CDC

Artur Mas se presentó a las elecciones como número cuatro de su lista. Era una manera simbólica de visualizar, decía, que todos sus integrantes eran igualmente importantes. En los momentos genéricos de la lista, cuando ERC aún no había confirmado su voluntad de integrarse a ella, incluso se ofreció, humildemente, para cerrar la lista en último lugar. A pesar de esos trazos franciscanos exhibidos por Mas, no sorprendió lo que sucedió a continuación, después de las elecciones. Una lucha, literalmente a muerte, por presidir la Generalitat.

La CUP, dividida en dos sectores —un sector, llamémosle independentista, y otro, llamémosle social, acostumbrados a convivir, a discutir, al mal rollo; la CUP tiene aspecto de cuerpo frágil, siempre a punto de llegar a la escisión; parece ser que no lo es tanto—, se negó a la investidura de Mas. Las negociaciones se prolongaron tres largos meses, en los que la CUP recibió todo tipo de presiones. Las más leves, a pesar de su beligerancia, quizás fueron las mediáticas. La táctica de CDC, inteligente, fue la utilizada con otros cuerpos molestos, como UDC, su antigua aliada. CDC trabajó para la escisión interna de los dos sectores internos de la CUP. Opción que, en ese trimestre, fue ganando cuerpo y posibilidades. Mas y CDC ejercitaron su dominio sobre el marco Catalunya, de manera que la CUP se situaba como un cuerpo ajeno a ese concepto, extranjero, falto de mesura y equilibrio, que podía ser dañino para el Procés, ahora que un nuevo Govern, presidido por Mas, lo iba a reformular y a llevar al éxito. Un líder de la CUP plasmó esos momentos de presión en esta frase: «Si se pone a la CUP entre la espada y la pared, se partirá en dos». La espada era el independentismo, la pared, lo social.

La CUP no podía votar a Mas. Lo había prometido en campaña. Además, le responsabilizaba de la austeridad y de la corrupción. Por otra parte, un sector de la CUP, el social, desconfiaba —a estas alturas del partido, lo que es un indicio del carácter nebuloso del Procés— de la sinceridad de Mas, de que el Procés no fuera otra cosa que una pantalla para cubrir las políticas conservadoras y para obtener, en algún momento de este juego de tensión con el Estado, el pacto fiscal.

El otro sector —el líder natural, o el portavoz, o el rostro más conocido podría ser Antonio Baños, periodista y cabeza de lista por la circunscripción de Barcelona— creía abiertamente en la conversión de Mas, y en la sinceridad del Procés. Apostaban por el carácter desestabilizador de nombrar a Mas, un político pendiente, en esos momentos, de condena penal por organizar la consulta del 9N, como president. La apuesta por la desestabilización, en fin, era lo que unía a ambos sectores. Confiaban en que un Procés efectivo desestabilizara el Régimen del 78 en Catalunya y en España. Y en que eso condujera a una situación revolucionaria o, al menos, proclive a grandes cambios sociales. Confiaban en que ese momento de desobediencia vendría por sí solo, si conseguían radicalizar y someter a contradicción a CDC.

Las negociaciones con Junts pel Sí fueron sorprendentes. A cambio de su voto a Mas, se ofrecieron grandes concesiones. Un monto de unos 400 millones de euros para un rescate social, la incorporación de la CUP al Govern, sin cartera, y con la función de controlar y fiscalizar todas las acciones gubernamentales. Se ofreció, también, información privilegiada a la CUP. Como el estado de cuentas de la Generalitat. Desastroso, en bancarrota, sin ninguna posibilidad de emitir políticas propias. La Generalitat, en fin, hacía poco que había sido intervenida por el Ministerio de Hacienda. No era una institución soberana. Es posible que nunca lo vuelva a ser. No podía decidir sus gastos. En un gesto de entrega, Junts pel Sí aceptó la promulgación de una resolución independentista en el Parlament. Estaba prevista en el programa de Junts pel Sí. Era la típica declaración procesista, un objeto sin función salvo la propagandística. En ella se anunciaría que algún día se anunciaría la consecución de un Estado propio. Nada. Carne para la prensa afín. No obstante, se ofreció a la CUP participar en la redacción. El resultado fue una resolución sumamente radical. O sumamente anecdótica, según se mire, pues no tenía ningún valor efectivo. Se votó en el Parlament el día 9 de noviembre, 9N, aniversario de la consulta, también anecdótica, sin recorrido y sumamente propagandística.

El texto, no obstante, tenía algún punto de posible interés y originalidad, por primera vez en toda la historia del Procés. Declara que el objetivo de la legislatura es la independencia —nada nuevo; como la anterior—, declara el inicio de las actividades en esa dirección —el anuncio habitual de cada otoño; nada—, se especifica que la forma del futuro Estado es una República —novedad, pero tan gaseosa como todas las autodefiniciones habidas desde 2012—, se especifica que el Parlament no obedecerá al Tribunal Constitucional —novedad grande, en el caso de ser cierta—, se habla de tomar medidas para un «proceso de desconexión con España» —novedad léxica, dentro de la escuela habitual del Procés; es decir, rutina; desconexión no es una figura universal, no es independencia, es lo que el Govern y los medios afines señalen que es en cada momento. Pero lo verdaderamente nuevo, lo verdaderamente innovador, y lo que confiere a este documento, si bien inocuo, un carácter diferenciado de todos los documentos que el Procés ha ido emitiendo en los cientos de días históricos creados, es lo siguiente. Se establece que el Parlament debe tramitar, en el margen de treinta días —un margen corto, fácil de verificar, que posibilitará comprobar si esta vez van en serio o siguen creando léxico— un total de tres leyes rupturistas. Una Ley de Hacienda propia, una Ley para una Seguridad Social propia, y una Ley de Proceso Constituyente. Se trata de, por primera vez, una apuesta por la unilateralidad y la ruptura. Comprobable en treinta días, además. Un ejercicio de transparencia inaudito en los últimos tres años de Procés.

O no tanto. De hecho, cuando el Tribunal Constitucional recurrió la resolución, Junts pel Sí y el Govern provisional informaron al mundo que todo ese texto no era un programa político, sino un anhelo. Un soneto, vamos. Evidentemente, en treinta días no se tramitó ninguna ley. Estábamos donde siempre, pero con un vocabulario que compaginaba las chorradas inexportables de siempre —desconexión era la novedad más divertida— con novedades radicales —tres leyes de ruptura—. Al año siguiente, por cierto, se presentó la primera de las leyes de ruptura. La de Hacienda. No era de ruptura. La Ley asumía competencias que ya estaban contempladas en el Estatut, aquel Estatut troceado por el Congreso y el Tribunal Constitucional. No era, vamos, nada. Desde el entorno Junts pel Sí se informaba, en petit comité, que daba igual, que la ley importante, la que sellaría la ruptura, sería la Ley de Proceso Constituyente. Se presentó en sociedad, por cierto, en julio de 2016. Muy en el estilo del Procés. Es decir, en forma de resolución, ese texto inofensivo.

El Parlament decidió votar una resolución apoyando el trabajo de la Comisión Parlamentaria que elaboró el texto. Eso fue precedido por la polémica. El Tribunal Constitucional envió, unos días antes, un requerimiento al Parlament, conforme la Mesa incurriría en delito si esa votación se introducía en el orden del día. Tras mucho meditarlo, en una sesión tensa, se optó por introducir el punto en el orden del día. De una manera que podría cubrir las espaldas a la Mesa del Parlament. Un diputado de Junts pel Sí se levantó de su escaño y propuso introducir el punto. Una diputada de la CUP, también lo pidió. Con el quórum de dos grupos parlamentarios, el punto entró en el orden del día, después de que la presidenta del Parlament advirtiera a los diputados solicitantes del riesgo al que se exponían, y después de dejar claro que la incorporación del punto no era una idea o iniciativa de la Mesa. Varios miembros de la Mesa —Ciutadans, PP, PSC— se desvincularon de la decisión. Finalmente, el cantante Lluís Llach, presidente de la Comisión, presentó la cosa, en términos épicos e históricos, como siempre. También presentó a una política profesional, Marta Rovira, de ERC, que fue quien hizo la exposición. Que también fue épica, si bien, a pesar de ese tono, lo esbozado no dejó de acusar premura, improvisación e, incluso, desconocimiento de conceptos legales y académicos necesarios para esbozar un proceso hacia un Estado. El sello de todo ello fue que se explicó y se exhibió por escrito que el futuro Estado catalán, en su transición, no obedecería a ningún tribunal o instancia superior. Se supone que español, pero por lo que sea, no lo especificaron, con lo que el resultado es que esa maravilla democrática y planificada al detalle, que estaba creando el Parlament, no reconocía, pongamos a la ONU, o al Tribunal de Derechos Humanos. Un desastre legal que, afortunadamente, no fue reseñado por la prensa pública y concertada, no fue leído por la prensa imperial, y no llamó la atención, como nada en ese día histórico, de los medios internacionales. En el momento de la votación, Ciutadans y PP abandonaron teatralmente la sala. PSC permaneció, si bien se abstuvo de votar y participar. Catalunya Sí Que Es Pot votó que no, y Junts pel Sí y CUP votaron afirmativamente otra resolución. Es decir, otra vez nada. El Tribunal Constitucional, no obstante, decidió abrir diligencias. Es muy posible que la presidenta del Parlament se vea multada, inhabilitada y procesada por lo penal. De ser así, sería un revulsivo para el Procés. Si bien, es posible que el trámite legal que finalizaría con un juicio y condena a la presidenta se prevé largo, de manera que puede acaecer después de la legislatura. O, incluso, puede durar más que este Procés, que se está alargando, de forma agónica y sin resultados, más de lo esperado.

Pero volvamos al día histórico del que les hablaba anteriormente. Ni que decir tiene que la resolución del 9N, sin efectos legales, y que ofrecía la posibilidad de saber si señalaba un itinerario en treinta días, fue recibida, por los medios catalanes afines, y los medios madrileños opuestos, como una declaración de independencia, como un nuevo y desafiante paso hacia delante. No lo era. Desde 2012, no se había producido ningún paso hacia delante.

Otro dato que indica que la resolución no es nada es que, coincidiendo con su aprobación, La Vanguardia publicó una grabación de un Consell de Govern, presidido por Mas. Se trata de una información inaudita sobre la intimidad política de Mas, y un indicativo de que Mas y el Procés empezaban a perder aliados importantes en la comunicación. En la transcripción se visualiza un Govern no independentista, que se escandaliza por la propuesta. Por cierto, y en lo que es un indicativo de la formación y los hábitos de este Govern en funciones, sus miembros tienen que leer la resolución en fotocopias pues, al parecer, ninguno dispone de smartphone u ordenador. Ante las quejas de los consellers por la resolución, Mas contesta: «¿Qué queréis? ¿Qué convoque elecciones?». No quieren. Saben que sería un fracaso electoral. Deciden seguir con la ficción, que tras este momento de triunfo de la CUP, en algún momento se cerrará en beneficio de ellos.

A pesar de ese gesto nuevo, o viejo, que es la resolución del 9N, prosiguen las negociaciones entre Junts pel Sí. Duras. Los dos sectores de la CUP se hacen trampas. En varias asambleas, finalmente, se consigue un posicionamiento definitivo. Se aceptará como president a cualquier candidato que proponga CDC. Salvo Mas. Nadie en Junts pel Sí —una formación, recordemos, formada por CDC, ERC e independientes vinculados a ambos partidos— rompe la disciplina. No se propone otro candidato. La CUP sabe que eso significa volver a ir a elecciones. CDC también lo sabe. En eso, se produce una novedad.

Jordi Sánchez, presidente de la ANC, un hombre vinculado a CDC y, especialmente, a Mas, prosigue las negociaciones por su cuenta. Sabe que ni la CUP ni CDC quieren repetir unas elecciones que, lo más probable, supongan un descalabro electoral conjunto. Consigue que la CUP acepte, en verdad, a otro candidato de CDC. Y consigue que Mas renuncie al cargo. Las condiciones de Mas son dos. Elegir él al president, y que haya una suerte de «castigo», sic, para la CUP. Esta demanda exótica en la política europea es otro indicio de que la escasa cultura democrática española es un fenómeno también catalán. El pacto de legislatura se cierra en pocas horas. Mas será el encargado de comunicarlo en rueda de prensa. En la que también comunica, enojado, crispado, el castigo a la CUP. Poco menos que la CUP desaparece como grupo parlamentario, en lo que Mas denomina un «reajuste electoral» —un eufemismo, por otra parte, muy poco democrático—. De alguna manera, también se exige a varios líderes de la CUP, que se han significado en las negociaciones —es decir, en el sacrificio de Mas—, que abandonen el Parlament. La CUP queda obligada a votar con Junts pel Sí cualquier medida que se relacione con el Procés. Es decir, cualquier medida que el Govern considere. A cambio de todo ello, Mas abandona la Presidencia. Anuncia que se dedicará a la refundación del partido. Acosado por la corrupción, urge ese punto. La refundación se realizará a lo largo de 2016. El objetivo es hacer —se sabe ya en ese momento— un partido socialdemócrata y soberanista. Es decir, no independentista. A pesar de la radicalización del discurso del Procés, Mas está buscando ya una pista de aterrizaje a la que descender, abandonar los cielos independentistas y lograr la gestión de un nuevo autonomismo con objetivo independentista lejano, que pueda durar otros cuarenta años. En este momento en el que apenas ha empezado a funcionar el Govern de Junts pel Sí, ERC ya lo considera muerto. Algún líder me explica que el objetivo es llegar hasta las elecciones generales españolas y, tras un previsible triunfo de las izquierdas, gracias a lo que se prevé como una eléctrica irrupción de Podemos, romper con el Gobierno y con Junts pel Sí, e intentar formar un Govern catalán de izquierdas también. Como ven, los momentos de calentón del Procés suelen coincidir con todo lo contrario detrás de él.

En los meses previos al desenlace de todas estas negociaciones, cuando Mas aún era la opción, asistí por cierto a un acto en el Parlament que revela el material humano y ético con el que está construido el Procés. Se trataba de una reunión de dos juristas, Juan Moreno Yagüe y Francisco Jurado, respectivamente un cargo electo y otro técnico en el Parlamento andaluz, con todos los grupos catalanes, a excepción de Ciutadans. Los dos juristas eran de Podemos, más concretamente, de su región más cyber, descarada, democrática y vinculada a los postulados vitales del 15M. Fue, sin duda, el acto en el Parlament relacionado con el Procés más importante al que he asistido. El objeto de la reunión era ofrecer al Parlament —si bien no se dijo explícitamente— una solución para realizar, de manera legal, un referéndum. La idea es que un Parlamento es soberano de su reglamento, que puede modificar sin intromisión de ninguna instancia, como el Tribunal Constitucional, por ejemplo. Puede cambiar, así, el número de sus integrantes. Y puede, por lo mismo, disponer —se ha hecho ya en algún Parlamento, como el español o el valenciano— que un diputado, bajo alguna circunstancia, pueda ejercer su voto lejos de la sede parlamentaria. La idea consistía en modificar el reglamento del Parlament de Catalunya, de manera que, para determinados temas o rangos de ley, pudiera votar la sociedad censada. Es decir, mediante un algoritmo, el voto de cada uno de los diputados, se dividiría también con el de una cantidad de ciudadanos, de manera que también contarían. La idea, por desarrollar aún, es atractiva, y supone un futurible de democracia avanzada. No fue entendida por nadie —a excepción de un diputado de Catalunya Sí Que Es Pot, familiarizado ya con ella—. La diputada del PP la observó como un exotismo divertido. El de CDC, condescendiente, dijo que la sociedad no estaba preparada, y que la posibilidad despreciaba la territorialidad. El de la CUP no vio que era un referéndum en toda la regla. La reunión acabó como el rosario de la aurora, y sin captar ningún interés para acceder a una siguiente casilla. Los diputados se fueron como vinieron. Los de Junts pel Sí y CUP se fueron, por cierto, a pactar un gobierno. Asistí, en fin, a la segunda propuesta de referéndum realizable desde 2012 descartada.

Volvamos al hilo. El nuevo president, finalmente y a propuesta de Artur Mas, fue Carles Puigdemont, alcalde de Girona. Se trata de un periodista vinculado al business friendly de CDC. La diferencia con Mas es que es independentista declarado —es decir, que su independentismo consiste en declararlo— desde hace años. Parece un hombre poco original. Su cuenta de twitter es una reproducción, sin personalidad, de las consignas habituales en el entorno CDC y ANC. Un rasgo personal: será el primer president que no resida en Barcelona. Va cada noche a dormir a Girona, con su familia. No parece, por tanto, un hombre de mundo que se sienta cómodo en esa Babilonia que es, para el nacionalismo rural, Barcelona.

Puigdemont asume la nueva hoja de ruta —tres leyes de ruptura, un plazo de dieciocho meses; parece que ya no la redacción de una Constitución; parece que ya no el rescate social pactado, en algún momento de las negociaciones con la CUP—, pero, oh, sorpresa, la rebaja y difumina. Por las incidencias y dilaciones en su nombramiento, que han supuesto un retraso de tres meses, en esta ocasión el Procés parece que no acabará en Estado, sino en —otra nueva construcción léxica— «las puertas de un Estado». Nadie sabe lo que son las puertas de un Estado. No será, en fin, la última legislatura autonómica, pero sí será la penúltima. Éste no habrá sido «el vot de la teva vida», pero casi, al parecer. De hecho, resulta difícil comprender que una opción que no aglutine a más del 50 por ciento de la población pueda elaborar unilateralmente un Estado. Carece de legitimización. Y, posiblemente, de interés. En ese sentido, las tres leyes de ruptura anunciadas, que se tenían que tramitar en treinta días, no se han tramitado. Sí, dos han dado señales de vida, pero no de ruptura y de planificación. No se sabe, por tanto, si la resolución del 9N tiene algún valor, aunque sea poético. Es decir, si hay alguna hoja de ruta efectiva. De hecho, los actos dramáticos de esta legislatura —votación de president, rechazo de presupuestos, moción de confianza, prevista para finales de septiembre de 2016—, que se han comido mucho tiempo y energías, nada tienen que ver con el Procés, pero sí con el interés de CDC de mantenerse en el poder y con el trámite parlamentario para ello.

El pacto draconiano de la CUP con Junts pel Sí, con el paso de los meses, no resulta ser tan draconiano. Fue un exceso verbal de Mas o, simplemente, la CUP no lo ha respetado. No ha perdido su grupo, sí que ha sufrido dimisiones, no participa del grupo de Junts pel Sí y no siempre vota con el Govern. Es más, ha votado en contra del Govern en tramos de votaciones importantes, como los presupuestos.

La obra del Govern, en sus primeros meses, ha sido mínima. Ha seguido legislando austeridad, con pequeñas aperturas en sanidad. También ha seguido legislando medidas polémicas en época de crisis, como la entrega de 40 millones a las escuelas del Opus. Sobre el Procés: poco o nada hasta la fecha. De las tres leyes rupturistas, lo que se sabe de ellas, en la fecha en la que se redacta este libro, ha quedado visto, no es muy alentador. Se espera, por tradición, un aprovechamiento propagandístico, que no programático o legislativo, del nuevo conflicto entre el Tribunal Constitucional y Carme Forcadell. Y se espera algún tipo de efecto, o de emisión de léxico, durante el próximo 11 de septiembre. De hecho, la ANC, la gran emisora de léxico, lleva meses emitiendo un nuevo concepto, RUI [Referèndum Unilateral d’Independència], de alguna forma, una vuelta a la anterior pantalla, en la que el eje era una consulta. Este hecho visualiza que la actual pantalla o tramo ya ha quedado amortizado o, al menos, que ya se percibe como concluido en sus posibilidades por parte de la ANC. Lo que supondría un desgaste, un desprestigio y una mella en la credibilidad de los partidos integrantes de Junts pel Sí, sino del Procés gubernamental en sí. Tras cuatro años sin resultados, por otra parte, empieza a haber desconfianza, desánimo y crispación en la sociedad.

El Govern, por otra parte, ha tenido problemas con el Gobierno y con el Tribunal Constitucional. Además de la resolución del 9N, el Tribunal Constitucional ha recurrido una ley contra la pobreza energética —una iniciativa popular de la PAH, aprobada la pasada legislatura; CDC la apoyó porque esperaba que fuera recurrida—. Ha recurrido también contra el hecho de que el Govern disponga de una Conselleria d’Afers Exteriors [de Asuntos Exteriores]. Se solucionó la crisis cambiándole el nombre por el de Conselleria d’Acció Exterior [de Acción Exterior], que es el fijado en el Estatut. No problem. Por otra parte, se desconoce la actividad de esa conselleria, dirigida por Raül Romeva. Es posible que no la haya. Su presupuesto es mucho más inferior que la instancia de Acción Exterior del gobierno vasco. Algo hasta cierto punto normal, si pensamos que la autonomía vasca está saneada y cuenta con mayor presupuesto. Lo llamativo es que también es inferior al mismo organismo andaluz, y comparable al extremeño. En todo caso, no constan contactos de la conselleria con la UE o con otras entidades estatales, a fin de informarles de que, en efecto, Catalunya se independiza. Se comenta que la Generalitat, en la pasada legislatura, hizo algo que no ha trascendido, por lo que no se sabe su profundidad, ni su intención verdadera: iniciar contactos informales con países sudamericanos, a fin de hacer una prospección de futuros reconocimientos, y empezar a buscar financiación para pasar una travesía del desierto de varios meses, en los que una Catalunya independiente estaría, en efecto y contra lo defendido oficialmente, fuera de la UE y del euro. No creo que hayan sido unas investigaciones importantes, en tanto no parece ser apremiante el paso de Catalunya a Estado. Quizás es una simple valoración de opciones o futuribles.

La ANC ha empezado a elaborar ya la futura hoja de ruta. Al parecer, se recupera, lo dicho, la consulta. Respondería a esta lógica. En esta legislatura se llega «a las puertas del Estado». En la siguiente, se hace el RUI, y se pasan o no esas puertas. La idea de un referéndum, por otra parte, está calando. Hay sectores del PSC y del PSOE que lo defienden, y ven en Quebec el modelo. Podemos también lo defiende. En Comú Podem, el partido del entorno de Colau, que tiene representación en Madrid pero no en Barcelona —no existía en las últimas elecciones catalanas—, también está por un referéndum. Sólo se niegan explícitamente y activamente el PP, Ciudadanos y parte del PSOE. Cabe suponer que tarde o temprano se hará. La evolución de la crisis de Régimen española puede ayudar en esa dirección.

Conforme se dibuja más la aceptación a ese referéndum, no obstante, parece ser que CDC y ANC buscan opciones que lo dificulten, o que les diferencie de esa opción apoyada por partidos no independentistas. El Procés, en fin, no es sólo un proceso de autodeterminación. También es, mucho más aún, un proceso en el que una parte de catalanismo —o lo que antes era catalanismo, o un independentismo que no se desprende de su componente catalanista, es decir, no independentista— busca su supervivencia en el siglo XXI.

En ese sentido, el Procés ha significado la segunda gran oportunidad para CDC, el único partido del Sur que, mientras vivía la crisis democrática, social, económica y de Régimen, ha tenido tiempo de gestionar la austeridad y, al mismo tiempo, de refundarse. Sin duda, todo un triunfo biológico, que hubiera sido improbable sin la existencia y gestión del Procés.

En efecto, la refundación era la dedicación de Mas una vez que abandonó la Presidencia. A pesar de ello, no ha podido ejercer un poder absoluto sobre ella. La refundación ha consistido en dos congresos fundacionales, realizados en el mismo mes de julio. En uno, se decidieron el nombre, las estructuras y la autoformulación del partido. Hubo un motín de las bases, de manera que todo lo que había asegurado Mas que saldría elegido, fue rechazado. Se rechazó el nombre del partido propuesto por Mas. Propuso dos: Més Catalunya y Catalans Convergents. Ninguno de ellos apareció en la terna final: Partit Nacionalista Català, Partit Demòcrata Català y Junts per Catalunya. La dirección apoyó el primero. Salió elegido el segundo. Es posible que, no obstante y por problemas legales, tampoco acabe llamándose así. Mas quería que el partido se definiera como soberanista y socialdemócrata. Finalmente se decidió que fuera republicano e independentista y, si bien indefinido políticamente, más anclado hacia la derecha. Frente a una estructura más vertical, se acabó aprobando una más horizontal, con una asamblea de militantes como órgano de decisión, y con una presidencia no ejecutiva. El partido será nuevamente dirigido por un Mas, en principio, con menores atribuciones. Han desaparecido nombres —no todos— vinculados con la corrupción y el pasado. Se han jubilado dos generaciones de cuadros —la de Mas y la posterior—, se han establecido criterios de incompatibilidad —no se puede simultanear más de un cargo de partido e institucional—, que sin duda se tendrán que relajar en breve. Cunde, por otra parte, la opinión de que el partido, recientemente refundado, volverá a refundarse o, mejor, a reajustarse, con la incorporación de nombres desaparecidos y de tendencias que han asistido a la refundación de manera pasiva.

¿Las consecuencias del Procés?

Efectivamente, ninguna. Políticamente, se ha controlado la crisis de Régimen en Catalunya, se la ha ordenado, se la ha recompuesto. De alguna manera, CDC sigue existiendo. A pesar de su autodefinición como formación republicana e independentista, es no obstante difícil que se desprenda de su legado intelectual de más de un siglo de catalanismo conservador. Y de su estilo, poco claro. Y de su preocupación, en momentos de crisis, por aspectos más de clase que nacionales. Es posible que la actual CDC refundada desaparezca, o se refunde nuevamente o en otro sitio. La sensación es que su momento ya ha pasado, que será relevada por una ERC más moderada. Si bien, históricamente, CDC nunca ha desaparecido cuando así se preveía que pasara. En ese sentido, es una caja de sorpresas.

Se ha producido una ruptura en el catalanismo. Una reformulación. Que parece traducirse en un independentismo de aspecto beligerante, pero de recorrido lento, que tal vez no está tan preocupado por conseguir un Estado como por gestionar el periplo durante décadas, como antaño el autonomismo.

Se ha vivido una sustitución de roles. Al menos, momentánea. CDC, el partido del IBEX en Catalunya, ha dejado de serlo. El gran sector de la empresa regulada en Catalunya ha roto su contacto con Mas. Por el Procés. No ha comprendido que era, antes que una búsqueda de un Estado, una búsqueda de estabilidad política a partir de varios trucos y efectos. La beligerancia de La Caixa, incluso personal con Mas, es llamativa. Y nunca antes había sido vista o detectada. El IBEX parece haber elegido como interlocutor en Catalunya a la segunda fuerza, Ciutadans, perteneciente a una tradición alejada, opuesta, al catalanismo. Eso es un cambio significativo. Los sectores de CDC más vinculados con La Caixa y el IBEX han sido derrotados, al menos momentáneamente, durante la refundación.

También han surgido nuevas fuerzas, que disputan la hegemonía al independentismo de ERC, que se perfila como partido de futuro. Se trata de En Comú Podem, vinculado al 15M. Ese partido, que en los próximos meses será formulado y que supondrá la confluencia de toda la izquierda catalana, salvo el PSC, a su derecha, y algunos sectores de la CUP, a su izquierda, es beligerante con la austeridad, pero por cultura democrática, o tal vez gracias a la presión ciudadana en torno al Procés, es partidario de un referéndum.

Y, por encima de todo, el Procés ha despenalizado una posibilidad que hasta hacía poco no existía de forma plausible y palpable. El independentismo. Que ya no supone un exotismo, una frontera lejana. Si bien la sospecho, ignoro la voluntad verdadera de los políticos que gestionan el Procés —es decir, su límite, la posibilidad de que, en efecto, algún día, sometidos a determinada presión y temperatura, accedan a políticas, en efecto, de ruptura—, como ignoro la voluntad verdadera de los ciudadanos que les votan. ¿Quieren la independencia? ¿Por qué no votan opciones nítidamente independentistas? ¿Por qué no las construyen?

El independentismo ha dejado de ser algo improbable, en todo caso. Es posible que sea una opción real, quizás no tanto por él mismo —el independentismo catalán parece más preocupado por autodemostrarse que por llegar a resultados efectivos—, sino por los avatares, incalculables, que aún le quedan por recorrer a la crisis de Régimen española y a la crisis democrática europea. En España aún deben cambiar cosas. En una dirección o en otra. La dinámica de esos cambios puede acarrear la posibilidad de una independencia, o más probablemente, la posibilidad de un referéndum cada veinticinco años, es decir, de la renegociación del Estado y el sometimiento a democracia periódica de la territorialidad. La crisis española es, en fin, un conflicto entre una idea restrictiva de democracia y una idea participativa y avanzada. De imponerse, como solución, la segunda opción, supondrá el reparto de la soberanía del Estado en el territorio, aplazada desde el siglo XIX. Y, por ello y para ello, la alianza del independentismo y la nuevas izquierdas peninsulares, rupturistas y partidarias de un Estado de inclusión voluntaria, al menos en este momento. De perder la batalla, la cosa adquirirá tintes de conflicto territorial eterno y crispado o, incluso, de recentralización.

Quizás esto es lo que ha dado de sí, hasta ahora, el Procés, esa consecuencia de la crisis democrática europea, de la financiera mundial, de una crisis social, de una crisis de Régimen. Poco, en la dirección que pretendía el Procés. La despenalización de una posibilidad, pero también una ayuda vigorosa para que una idea de democracia enclenque y envejecida, una corrupción estructural, el Régimen del 78 en Catalunya, hayan subsistido con cierta comodidad más años de los que, en principio, le hubieran resultado confortables en una crisis generalizada.

El Procés Català es un tema tratado por la prensa madrileña y catalana de manera tendenciosa y poco clara, donde han primado más los puntos de vista de ambos gobiernos que un control exhaustivo de lo que estaba pasando: en realidad, desde 2012, no ha pasado, legalmente o jurídicamente, nada importante o desestabilizador.

La gran ilusión arranca años antes de 2012 —cuando el Gobierno de la Generalitat abrazó el Procès como prioridad política o, mejor, propagandística—, y explica lo que ocurrió en realidad en cada momento, cómo se gestó y lo que no pasó. A partir de múltiples testimonios esclarecedores de los protagonistas y varias exclusivas notables se ve cómo todo este aparente proceso de masas fue emitido y modulado, en todas y cada una de sus etapas, por grupos reducidos de personas. Algunas han desaparecido del Procés y otras siguen ahí.

El libro relaciona además lo que ha acaecido en Catalunya con otros elementos que coinciden en el tiempo y a los cuales responde en parte: la crisis económica de la UE, la crisis democrática europea, la crisis de Régimen española y el 15M. La conclusión es tan clara como alucinante: no ha habido ningún Procés gubernamental hacía la independencia, y que todos hemos sido víctimas de una gran ilusión fomentada por todos los partidos que han participado en la animación o condena del proyecto.

Guillem Martínez (Cerdanyola, 1965), es periodista y guionista televisivo. Actualmente publica en El País Catalunya. Ha escrito diversos libros, algunos sobre cultura española democrática, entre otros Barcelona rebelde (Debate, 2009). También coordinó el volumen CT, o Cultura de la Transición (2012).

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