Felipe González.
El Jugador de Billar

Gregorio Morán

FELIPE GONZÁLEZ. EL JUGADOR DE BILLAR

Gregorio Morán

UNA RIGUROSA Y DOCUMENTADA BIOGRAFÍA SOBRE UNA DE LAS FIGURAS MÁS TRASCENDENTALES DE LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA.

Desde que la idea de dedicar las páginas de un libro a la biografía de Felipe González tomó cuerpo, a finales de 2017, hasta hoy se puede decir que todo ha cambiado excepto el personaje principal. España ya no es la misma y el mundo aún menos, pero el que fuera presidente del Gobierno desde 1982 hasta 1996 se mantiene como un referente del pasado, en ocasiones inmutable, en otras contemplado con benevolencia. Es raro a estas distancias dar con quien revise y afronte su trayectoria. El tiempo y su manera de administrarlo le han convertido en un bien de Estado.

No sería tarea fácil encontrar precedentes. Lo más habitual en España consiste en esperar a las honras fúnebres para desgranar elogios, lo que a un político de esta época le llevó a decir sarcásticamente que «en España enterramos muy bien». En este caso habría que hacer una excepción para dedicársela a Felipe González Márquez. Retirado de la política práctica, del día a día, no abandona su legítimo derecho a opinar en ocasiones sonadas o en apariciones institucionales, que siempre van un paso más allá de los rituales y que le convierten en imagen de equilibrio y sensatez incluso para aquellos que le detestaron durante sus años de Gobierno. Un caso cuyas razones últimas bien merecerían un estudio tanto de él como de quienes fueron sus adversarios, porque lo curioso es que ni uno ni otros han dejado de tener las mismas convicciones.

«La historia de El Jugador de Billar empieza con la ilusión del cambio y termina en la poza de una España que funciona, al menos para algunos. Mantendrá un prestigio digno del veterano que supo callar como pocos lo hicieron y que tuvo el talento de saber hablar con el lenguaje corporal que a una gran parte de la ciudadanía española le gusta, por infrecuente. Desde lejos pero empático; con la sabiduría que muchos tildan de senequista, sin percibir que debe más a la invención de José María Pemán —el gaditano señorito que se inventó un Séneca para adictos al poder— que a cualquier otra trascendencia que no fuera asegurar que estuvo donde siempre quiso estar, pero las circunstancias electorales no consintieron que continuara».

ACERCA DEL AUTOR

Gregorio Morán (Oviedo, 1947) es autor de un puñado de libros fundamentales para interpretar la historia cultural y política de la España contemporánea, desde Adolfo Suárez: historia de una ambición (1979), pasando por El precio de la Transición (1991 y 2015), El maestro en el erial: Ortega y Gasset y la cultura del franquismo (1998), Los españoles que dejaron de serlo (2003), Adolfo Suárez. Ambición y destino (2009), hasta El cura y los mandarines (2014) y Miseria, grandeza y agonía del Partido Comunista de España, 1939-1985 (2017). Su pluma mordaz e incisiva constituye una referencia y un ejemplo de la labor crítica del periodismo. Gregorio Morán militó en la oposición antifranquista como miembro del Partido Comunista de España, exiliándose en París en 1968. En 1977 abandonó el Partido Comunista de España, poco antes de su legalización. Como periodista ha colaborado con diversos medios, entre los que cabe mencionar Opinión, Arreu, Diario 16 y La Gaceta del Norte, rotativa de la que fue director. Despedido tras cerca de tres décadas de Sabatinas Intempestivas en La Vanguardia, actualmente escribe sus célebres columnas semanales en Crónica Global de El Español.

Desazona hacerse a la idea de no tener
a nadie a quien dedicar un libro.

Introducción a modo de prólogo

Desde que la idea de dedicar las páginas de un libro a la biografía de Felipe González tomó cuerpo, a finales de 2017, hasta hoy se puede decir que todo ha cambiado excepto el personaje principal. España ya no es la misma y el mundo aún menos, pero el que fuera presidente del Gobierno desde 1982 a 1996 se mantiene como un referente del pasado, en ocasiones inmutable, en otras contemplado con benevolencia. Es raro a estas distancias encontrar quien revise y afronte su trayectoria. El tiempo y su manera de administrarlo lo ha convertido en un bien de Estado.

No sería tarea fácil encontrar precedentes. Lo más habitual en España consiste en esperar a las honras fúnebres para desgranar elogios; lo que a un político de esta época lo llevó a decir sarcásticamente que «en España enterramos muy bien». En este caso habría que hacer una excepción para dedicársela a Felipe González Márquez. Retirado de la política práctica, del día a día, no abandona su legítimo derecho a opinar en ocasiones sonadas o en apariciones institucionales, que siempre van un paso más allá de los rituales y que lo convierten en imagen de equilibrio y sensatez incluso para aquellos que lo detestaron durante sus años de gobierno. Un caso cuyas razones últimas bien merecerían un estudio tanto de él como de quienes fueron sus adversarios, porque lo curioso es que ni uno ni otros han dejado de tener las mismas convicciones.

Los políticos son el único gremio que carece de biógrafos mientras está vivo; si entendemos por biografía algo que se asemeje a la realidad y no solamente ejercicios militantes, a favor o contra; que de eso sí que abundan apenas despuntan en el cargo. Quizá se trate de una querencia autóctona a la que no están tan inclinados en otros países, pero que en el nuestro es la norma.

Felipe González fue el primer presidente de la democracia en sentido estricto; salido de las urnas y de manera esplendorosa, tanto que carece de precedentes en nuestra historia. La experiencia de la II República fue más complicada y exigiría matices. En este caso se trata de un hombre, un partido y una mayoría absolutísima. Sus predecesores llegaron al poder con plomo en las alas. Adolfo Suárez, cooptado entre el rey Juan Carlos y los flecos del viejo Régimen, alcanzó la presidencia en las dos formas que adoptó la Transición: la primera como promotor de la democracia y la segunda como usufructuario de ella. Leopoldo Calvo-Sotelo fue un efímero protagonista de un tiempo agotado que cabría llamar «la transición de la Transición», para lo que no necesitó ratificación en las urnas de ningún tipo. González no.

Las elecciones de octubre de 1982 que abrieron catorce años de poder socialista no pueden contemplarse ahora como una victoria del PSOE, como se podía creer a primera vista. Fue un triunfo de Felipe González, indiscutible líder del partido y del Gobierno. Tanto es así que, tras su derrota en 1996, ya nunca el PSOE ni su base electoral podrán compararse a lo que fueron.

Si cambió el panorama de España, incluso los anhelos de la mayoría de sus ciudadanos, deberíamos preguntarnos cuánto cambió la personalidad del líder, porque no tendría sentido decir que el hombre llamado a cambiarlo todo, al menos en el sentir de sus innúmeros adictos, apenas si varió en nada salvo el decorado. Ese inmutable Felipe González es el que nos ha ido legando tanto él como sus hagiógrafos de ocasión. El paso de la inmutabilidad de un icono a la actual beatería del intocable, añorado por amigos y exenemigos.

¿Los años ochenta fueron su gloria y el resto decadencia? Decir algo así sería tergiversar la verdad y desdeñar lo que vino luego, pero es cierto que las huellas que dejó esa larga década marcarían con un sello indeleble la actividad política y social hasta nuestros días. Bajo su égida, España se mantuvo en la OTAN tras un referéndum que fraccionó a la izquierda y dejó a la derecha sin discurso; luego la Comunidad Europea —el logro que ansiaban desde hacía muchos años las fuerzas del progreso—, un paso que derribó la frontera con Europa y que abriría el país a otra política exterior alejada de la autarquía atávica. El país se hizo posmoderno sin haber apenas pasado por la modernidad.

Un triple salto mortal y por decreto del PSOE. Con su secretario general a la cabeza, se reivindicó como la herencia de la Ilustración, tan humilde en la España de su tiempo, para considerarla algo parecido a un hito en la formación de una nueva clase dirigente que nadie representaba tan ejemplarmente como ellos. Tiene su lógica que se festejara a Carlos III y su época en noviembre de 1988, por más que las ambiciones del bicentenario de su muerte, que se celebró con pífanos y atambores y gran esfuerzo de las finanzas públicas, tratara de poner en sordina una práctica política inclinada a la corrupción, casi anegada por ella. España pasó a ser, en palabras del superministro para asuntos económicos, el país donde uno podía enriquecerse en menos tiempo. Entre una mina de oro y un espejismo financiero.

El presidente González no cabalgaba sobre un tigre, porque no había tigre, sino gato amaestrado. Como dijo el personaje balzaquiano de Papá Goriot, «la corrupción abunda y el talento escasea». Pero eso se aprecia con el tiempo, no cuando la ola lo sumerge todo. La corrupción sistémica es un producto de las formas de poder absoluto, y durante una década Felipe González no tuvo adversario serio con el que confrontarse. Su partido controlaba autonomías y ayuntamientos, y no sería hasta la huelga general en diciembre de 1988 que se manifestara una indignación social apabullante, pero sin instrumento político que la canalizara. Ese sería el diagnóstico social latente: malestar y rechazo a la forma en que el presidente y su partido iban abordando o desdeñando los problemas. Las prácticas corruptas durante la democracia, no siempre delictivas, tuvieron su asiento en la época de hegemonía socialista, y muy concretamente con Felipe González en el poder. No es que empezaran con él, sino que se institucionalizaron.

Se necesitan dos condiciones para que un líder político ejerza el papel de jugador de billar. El primero y capital es el de la seguridad de su poder. Que no se vea sujeto a las presiones de una alternativa que amenace tumbarlo permite contemplar la labor de un presidente del Gobierno como un juego de equilibrios que lo mantenga alejado de conflictos sociales sombríos. Es pertinente que el instrumento que ha de asumir la ejecución de las tareas de su Gobierno, el partido, sea lo suficientemente flexible para que su dependencia del líder se vaya haciendo cada vez más patente. Esa sería la segunda condición. Que luego se incline por el billar de bandas o el americano, o que conjugue ambos, ya pertenece a las maneras y las necesidades del dirigente.

Las tres mayorías absolutas concentrarán un largo período del Jugador de Billar. Todo lo que se presentaba ofrecía una oportunidad más o menos brillante sobre el tapete. Encantaba su arte, aunque no durará sino el tiempo entre dos carambolas. Su cuñado Francisco Palomino llegó a confesar una intimidad que adquiere el valor de una confesión: «Felipe es un jugador de unas veinte carambolas de promedio por tacada».

No deja de ser una verdad de Perogrullo: para ser un jugador avezado se necesita una mesa, un tapete. Algo tan simple explicaría el escaso interés que tiene la actividad política de Felipe González antes de alcanzar la presidencia. O presidente o nada. No llamó la atención ni como estudiante, ni como abogado laboralista, ni como orador en Cortes, y sin embargo llegó a ser un tribuno correoso, agudo siempre y en ocasiones brillante, pero siempre desde el banco azul.

Se podría decir sin exagerar que la biografía de Felipe González se limita a los catorce años de ejercicio del poder, lo que en sí no es ninguna nadería. Ni antes ni después tiene una trayectoria significativa fuera del ámbito de lo familiar o íntimo, que nunca fue sobresaliente. Esa es la razón por la que considerarlo un jugador de billar en el sentido más laxo de la palabra no es ningún demérito, sino un resumen. Él mismo en fechas recientes donó parte de su archivo a los fondos de la Fundación Pablo Iglesias y luego a la que creó para sí. Nada personal, sencillamente jalones de su actividad como presidente del Gobierno debidamente expurgados, como es lógico.

De su personalidad poco han podido extraer aquellos que le sirvieron como ayudas de cámara —Julio Feo, Eduardo Sotillos, Roberto Dorado…—, cuyo trabajo se limitó a ejecutar las iniciativas de su superior y a cubrirlo en momentos de apuro informativo. El billar es uno de los juegos que mejor se adaptan a los solitarios, no precisamente porque se enfrasquen en la soledad, sino más bien porque se limitan a hacer ejercicios; un entrenamiento hasta que llegue el momento de hacer carambolas.

Momentos de gloria y exaltación tuvo varios y supo aprovecharlos. Los negativos quedaron colgando como esa maldita bola que no quiere entrar en la tronera para desaparecer cuando uno cree tener la partida ganada. Primero fueron los GAL y luego la corrupción. En ambos casos jugó sobre tapete ya usado, al que se sumó sin ser consciente de sus consecuencias. A ambos dedica este libro un espacio. En los dos se dejó llevar e incluso se felicitó sin calibrar su importancia, porque González no es hombre de ideas, y menos aún de ocurrencias, pero tiene talento más que suficiente para aprovecharse de unas y otras.

¿Cómo se dejó embaucar por aquel bálsamo de fierabrás que eliminaba de un plumazo la sangría que provocaban los reiterados asesinatos de ETA? Si funciona, bien. Si no funciona, retirarse. No tenía ni idea del País Vasco y menos aún del terrorismo. Por si fuera poco, su desconocimiento de las cloacas del Estado era absoluto. Nunca se había visto confrontado con ellos, ni siquiera en su etapa de militante clandestino. Como presidente, se limitaba a estar atento a los inquietantes Servicios de Información, como fuente de conocimiento y de manipulación. Basta evaluar el gesto de nombrar ministro de Interior a una medianía, José Barrionuevo, recién llegado al PSOE, simple como el asa de un cubo y cuya experiencia en policías no había pasado de los municipales. Pero eso era una constante en el partido, no constituía ninguna excepción. De ahí que fuera tan cuidadoso el presidente en conservar todo lo que no oliera demasiado al viejo Régimen y ponerlo de garantía para no delatar su bisoñez y su endeble estructura de partido.

Hoy los GAL tienden a interpretarse desde el punto de vista ético o moral, y es lógico que así sea, pero entonces se limitaba a un asunto de eficacia, porque el Estado exige ser eficaz para poder ser respetado, y la principal tarea del advenimiento del PSOE al poder trataba de eso: conseguir gracias a la eficacia ir alimentando el respeto. Los GAL fueron todo lo contrario, una chapuza criminal de Estado.

La corrupción resulta más compleja de analizar. Felipe González estaba ayuno del más mínimo conocimiento de la economía y del mundo económico, lo suyo era la política y nada más que la política. Lo demás eran necesidades que se solventaban con el talento de escuchar, de valorar las consecuencias de lo que proponían los expertos, de entender los momentos para tomar decisiones. Pero a diferencia de las cloacas del Estado, que no exigen ingenieros sino avezados fontaneros, la economía aseguran que es una ciencia dominada por un entramado de expertos en muy diversas especialidades, con su jerga propia y sus escalafones garantizados por años de trabajar sobre el éxito. Desde Keynes, a nadie le puede caber ninguna duda de que un economista de prestigio empieza siempre labrándose una fortuna, o antes o al tiempo.

Eso sucedió con Boyer primero y con Solchaga después. Ellos tuvieron en sus manos la economía del país, y el presidente se limitaba a contemplarla sin posibilidad de aportar nada que no fuera marcar los tiempos. Sí es importante valorar la elección de los candidatos, y en eso como en casi todo valía la marca del seleccionador. Era él quien elegía, sin consulta alguna, la bola preferida para que la carambola resultase de mayor efecto. No tendía a corregir la elección; se mantenía en la disposición que había tomado para afrontar el curso de una tacada. Cuando se ve obligado a cambiar de juego, porque Miguel Boyer de un lado y Alfonso Guerra de otro se lo han puesto imposible, optará por un equilibrio. Ya que no puede ser Boyer, que sea su segundo, Carlos Solchaga.

Sin excedernos en la comparación, Solchaga ejerció a modo de Yegor Gaidar con Boris Yeltsin. Fue el hombre que diseñó la economía del Gobierno de Felipe González; si esa política tenía algo que ver con el PSOE y su programa, no era relevante, ni creo que provocara inquietud alguna en ninguno de los dos. La transformación del lema antiguo de la «España del cambio» por el más instrumental de una «España que funcione» podría dar lugar a numerosas exégesis y análisis, pero compendia los intereses a corto plazo de los protagonistas. La exigencia más obvia de un hombre de Estado se concentra en mantenerse en el poder, y para eso la principal tarea se limita a evitar conflictos y driblar toda crispación. Lo que venga después ya lo capeará quien haya de pechar con ello. Así es toda visión del mundo que se orienta por el principio, tantas veces denostado pero siempre vigente, de que las cosas, por mucho que parezca que cambien, al final deben quedar como si nada hubiera pasado.

Ni González era Yeltsin, ni Solchaga se parecía en formación y maneras a Gaidar, pero tampoco la España posfranquista tenía apenas que ver con la Rusia postsoviética, aunque en ambos casos sí se mantenían formas, modos, interacciones y restos de un poder de Estado sobre la economía que debía pasar por las privatizaciones; del rancio socialismo de Estado al neoliberalismo, entonces hegemónico de manera incontestable.

Ninguno de los protagonistas podía evitar la corrupción, pero sí limitarla; ni siquiera creyeron que merecía la pena intentarlo. Esa querencia, que hoy parece una obviedad, empapó el mundo económico hasta el punto de considerarla, a la vista de los hechos, algo consustancial al partido hegemónico. La corrupción fue gangrenando el cuerpo político como pálido reflejo de la economía emergente. En su despedida política, Felipe González recurrirá a ello con palabras rotundas: «Nos derrotó la corrupción».

Curiosa paradoja. Por primera vez en España la derecha denunciaba a la izquierda en el poder no por sectaria, ni por incompetente, ni por irrespetuosa con la democracia, sino por corrupta. El viejo lema de Indalecio Prieto, que acabó siendo una letanía mil veces repetida —«Podemos meter la pata, pero no la mano»—, desapareció hasta del discurso oficial. Ya se podía meter la pata y la mano.

Tiene valor que fuera uno de los asesores áulicos del presidente González, Javier Pradera, quien escribiera uno de los libros más elaborados sobre la corrupción del período socialista. Pero no es menos elocuente que ese texto —Corrupción y política: los costes de la democracia (2014)— se publicara póstumo por expresa voluntad del autor. Pese a tratarse de un libro capital para estimar las raíces de la corrupción económica, desde un punto de vista que se pretende más académico que histórico, no puede sustraerse a la evidencia. El opaco relato, en más de una ocasión exculpatorio, apareció editado en compañía de un prólogo farragoso y mendaz perpetrado por un blanqueador posfelipista, que pese a todo no consigue quitarle la espoleta a esa granada de fragmentación; basta con evitarlo, saltándoselo.

La historia de El Jugador de Billar empieza con la ilusión del cambio y termina en la poza de una España que funciona, al menos para algunos. Mantendrá un prestigio digno del veterano que supo callar como pocos lo hicieron y que tuvo el talento de saber hablar con el lenguaje corporal que a una gran parte de la ciudadanía española le gusta, por infrecuente. Desde lejos, pero empático; con la sabiduría que muchos tildan de senequista, sin percibir que debe más a la invención de José María Pemán —el gaditano señorito que se inventó un Séneca para adictos al poder— que a cualquier otra trascendencia que no fuera asegurar que estuvo donde siempre quiso estar, pero las circunstancias electorales no consintieron que continuara.

Ir envejeciendo lentamente, rodeado de cuidados y respetos, es la imagen que va quedando de él. Como si su pasado no fuera el nuestro, ni sus inclinaciones de veterano jugador no empaparan la realidad que dejó a su paso. El desquiciamiento de tantos sucesores en su partido no le despertó otra cosa que esa inclinación de todo jugador ya veterano de mirar el presente con un cierto mohín de desdén. Su tiempo, su vida, fueron catorce años azarosos que harían de él un curtido fajador. El resto, una consolidada decadencia.

I

Una generación sin pasado ni mochilas

La historia no es siquiera

un suspiro,

ni una lágrima pura o carcomida

o engañosa: quizá una carcajada.

CLAUDIO RODRÍGUEZ

La noche del 28 de octubre de 1982 los resultados electorales abrían una etapa histórica, por única, para la izquierda española. El Partido Socialista conseguía más de diez millones de votos y más de doscientos diputados. Era la primera victoria de la izquierda en su ajetreada trayectoria; la primera de la historia de España. El Frente Popular de febrero de 1936, durante la II República, lo conformó una coalición y ni siquiera llegó a tanto. Esta vez un solo partido, el PSOE, se aprestaba a gobernar porque así parecía quererlo una sociedad acongojada que no perdía la última esperanza, la de cerrar un ciclo de cuarenta años de dictadura. Y sin embargo, no hubo una gran fiesta. La transición a la democracia se daba por terminada.

Desde uno de los balcones del hotel Palace, frente al Congreso de los Diputados, los dos dirigentes que habían arrasado en las urnas se limitaron a mostrarse a los centenares de militantes apostados en la calle. Felipe González y Alfonso Guerra alzaban los brazos; Guerra iniciaba lo que podía interpretarse como el reconocimiento del liderazgo de su compañero de aventura; sostener la mano alzada del ganador, como quien le sostiene la corona de laurel. Apenas unos gestos en una ventana abalconada, detrás de los cristales primero y con la ventana abierta luego. Una rosa roja en la mano izquierda. Y la cara sonriente de los dos líderes jaleados desde la calle por un puñado de entusiastas. Nada que tuviera algo que ver con un mitin masivo y entusiasta, sólo gestos de contento y de reconocimiento ante aquel resultado apabullante. Ni un exceso; sólo aclamaciones exentas de gritos y cantos provocativos. Sosiego.

En el balcón del Palace sólo apareció el tándem que se había labrado la victoria. Felipe y Alfonso, Alfonso y Felipe, representantes de un partido casi centenario en el que ellos encarnaban a una nueva generación sin pasado que ocultar ni mochilas históricas que pesaran sobre sus espaldas. Ya es significativo que tuvieran casi la misma edad, cuarenta y cuarenta y dos años.

¿Cómo habían llegado hasta aquel balcón del gran hotel y cómo era que no celebraran la victoria a lo grande entre multitudes enfervorecidas? Cabría decir que por la fuerza de las cosas. Un abogado laboralista de Sevilla con bufete precario tras una beca en la Universidad de Lovaina de apenas un año. El otro, un estudiante de Filosofía y Letras aficionado al teatro entonces denominado «independiente» o «de cámara», y con una librería como fuente de ingresos más que modestos. Hasta la foto de familia del grupo fundacional se reducía a un grupo de jóvenes que tomaban tortilla en una tarde campestre a las afueras de Sevilla, con señoras. Una excursión donde se distingue a una docena de personas, unos echados en el césped, otros de pie mirando a cámara: González, Guerra, Yáñez, Chaves…, hasta doce; seis parejas exactamente. La foto ¡inmortal! la hizo Manuel del Valle, miembro fundador del grupo y futuro alcalde de Sevilla, y sería recordada como la del «clan de la tortilla». Una leyenda equívoca alimentada por los adversarios, porque en realidad comían naranjas. De las mujeres, sólo dos adquirirían cierta notoriedad pública: Carmen Romero, esposa de González, y Carmele Hermosín, mujer de Yáñez.

El que no tuvieran pasados ni mochilas no significaba que no fueran vivos presentes de la Transición, hasta el punto de que con ellos se daría por terminado el período que iba de la muerte de Franco hasta la definitiva decisión de la ciudadanía de otorgarles el poder, y formalmente lo hicieron de manera absoluta, tan absoluta como había sido su victoria. Ellos recogían la Transición, se abrían paso en las zozobras de los primeros años del posfranquismo y hasta recogían los temores que tanto habrían de durar ante la posibilidad de un golpe de Estado. El fantasma del 23-F (de 1981) aún habitaba en el castillo, apenas si había pasado año y medio de la intentona golpista de Milans, Tejero y Armada. Se vivía entonces en un ámbito de incertidumbre en el que sólo quedaban ellos para cerrar el ciclo. Lo importante se reducía, nada menos, que a acabar con la transitoriedad que provoca todo cambio histórico y estabilizar lo nuevo. En pocas palabras, dar por terminado el posfranquismo y asentar la democracia, o al menos lo más parecido a ella.

Al PSOE de Felipe González le iba a corresponder la tarea de ponerle la puntilla a la Transición hasta convertirla en un referente del pasado. Por poco ducho que estuviera entonces en el quehacer político, no podía ocultársele que tenía una oportunidad de responder a las expectativas o de seguir en los vericuetos de la Transición. No había pues razones para la exaltación, y las exigencias del momento tampoco consentían excesos. Fuera de excepciones contadas con los dedos de una mano, todos eran casi tan nuevos como él y todo estaba por explorar, incluso la vieja política.

Contaba también el orgullo teñido de vanidad y autocomplacencia. Había motivos. El adversario, anteayer enemigo, había quedado desarbolado tras el envite de octubre del 82. Habían intentado recuperarse en las elecciones anteriores de 1979, porque aún Adolfo Suárez tenía gancho y conservaba los mandos a duras penas, aunque no se notara. El cabreo de aquellos treintañeros ambiciosos dispuestos a asaltar el poder de los cielos se había traducido en una moción de censura en mayo del 80, pero no prosperó. Aunque González intervino durante dos horas, el resumen de su envite lo proclamó Guerra en su introducción: «Suárez ha llegado al tope de democracia que es capaz de administrar». Con el tiempo, la derecha suicida que llegaría a matar a su padrino se inventó la supuesta puntilla al presidente Suárez, y la verdad es que no tuvo consecuencias; una añagaza parlamentaria. Manuel Fraga, fiel a su estilo, resumió el intento de González ejerciendo de conservador con un toque british: «No se puede soportar un discurso de hora y tres cuartos sin ningún chiste».

En octubre de 1982 esa derecha, representada por Alianza Popular y que aglutinaba un plantel de veteranos del franquismo capitaneados por Manuel Fraga, se había quedado en poco más del centenar de diputados y algo más de un 25 por ciento de votos. A la izquierda, el Partido Comunista de Santiago Carrillo, único parlamentario por Madrid, veía reducidas sus fuerzas a cuatro escaños y a un porcentaje de votos en acelerado desfondamiento, el 4 por ciento. El viejo Partido Comunista vivía entre crisis y deserciones que perfilaban sucesivos abandonos, con unos dirigentes que veían en el PSOE el partido que ellos habían soñado tener y a los que la realidad se les acababa de mostrar esquiva.

El horizonte lo ocupaban los socialistas. El patrimonio de la desigual pelea en la clandestinidad contra la dictadura cada vez resultaba más una página del pasado que ni siquiera contaba en los currículos. Mientras que buena parte de los dirigentes comunistas habían sufrido años de cárcel, torturas y exilios, el nuevo PSOE de González-Guerra estaba virgen de heroísmos vivos, lo que en buena parte los situaba más cercanos a la sociedad que en 1982 acababa de darles el espaldarazo.

Felipe González contaba en su haber una detención preventiva de dos días en 1971, más por las compañías que por él mismo. Fue consecuencia de la visita a la casa de un veterano socialista, Ambrosio Gutiérrez, para tratar de la organización del PSOE del interior, con vistas a la preparación del XXV Congreso, que se celebraría en Toulouse en agosto del año siguiente y al que Rodolfo Llopis, secretario general, se negaría a asistir porque no se habían seguido «las normas estatutarias». A la salida, la Brigada Político-Social detuvo a los dos principales visitantes, Nicolás Redondo y Enrique Múgica, y al que los acompañaba, Felipe González. Los tres estarían luego en ese congreso de donde surgiría la perentoria necesidad de exigir a la Internacional Socialista el reconocimiento de este nuevo PSOE que mostraba una comisión ejecutiva formada por Pablo Castellano, Nicolás Redondo, Enrique Múgica, Felipe González y Alfonso Guerra, entre otros.

El socialismo andaluz que había amamantado el veterano abogado Alfonso Fernández Torres, al que el franquismo reconvirtió en «guarda de obras», empezaba su andadura: González, Guerra, Yáñez, Galeote, Chaves y Manuel del Valle. A mediados de los años sesenta, el que llegaría a ser próspero socialismo sevillano contaba con tres militantes activos, según confesó entonces Alfonso Guerra a su recién incorporado Luis Yáñez, estudiante de Medicina a la sazón. En ese núcleo inicial figuraba Alfonso Fernández Mallo Curro, hijo de Alfonso F. Torres, detenido en 1958, un histórico. La amistad entre los dos Alfonsos y el trío formado ya con Yáñez se fue ampliando con Guillermo Galeote, Manuel Chaves, Carmen Romero, Rafael Escuredo, Manuel del Valle y Ana María Ruiz-Tagle, después casada con Escuredo. Todos universitarios. Felipe González se incorporaría luego; la crisis del Partido Comunista y la expulsión de Fernando Claudín y Jorge Semprún y, sobre todo, las formas del estilo estalinista que estaba en sus raíces lo convencieron de que no había otra opción que reinventar un PSOE sin ancianos. La realidad socialista sevillana no debe considerarse algo insólito si tenemos en cuenta que Madrid alcanzaría la base militante de 115 afiliados en 1974, un año antes de la muerte de Franco.

El único represaliado con prisión del equipo directivo que ganó las elecciones del 82 era Enrique Múgica Herzog, que había sido juzgado, condenado y que pasó en la cárcel tres años por su trabajo clandestino, pero como militante comunista. Había tenido la audacia casi temeraria de ingresar en el PSOE cuando cumplía condena en el penal de Burgos por su actividad en el Partido Comunista.

Ni a derecha ni a izquierda había alternativa al PSOE de Felipe González en aquel otoño de 1982. Todo lo más, existían los peligros de un estamento militar, heredero protegido de la dictadura, que se mostraba inquieto por un futuro que empezaba por ellos mismos. ¿Qué iba a ser de su papel de columna vertebral y de guardador de esencias patrióticas con el que había sido imbuido y del que se beneficiaba? Se les denominaba los «poderes fácticos» porque ejercían a modo de termómetro del franquismo fallecido en la cama. Si la ciudadanía había hecho trizas el debate del tardofranquismo entre reforma o ruptura, para el estamento militar cualquier reforma tomaba el aspecto de una ruptura. Iban a remolque de la sociedad y, por eso mismo, se mostraban especialmente sensibles ante cualquier manifestación de desorden, de inseguridad, de cambio.

Si había un rasgo que podía traducirse en una brecha, no estaba tanto en las provocaciones de la extrema derecha y sus concomitancias con algunos mandos militares, sino en las esperanzas que millones de votantes habían depositado en aquel joven apenas cuarentón. Aún no había experiencia política de gobierno, y a la sazón se creía que todo lo que se prometía era no sólo factible, sino de obligado cumplimiento. El tiempo iría curtiendo la piel electoral, pero en 1982 no era el caso.

Dos promesas encandilaron al electorado y sirvieron como motor para alcanzar el poder. La primera, un clamor. El paro se había convertido en pandemia y no se sabe muy bien a quién se le ocurrió prometer 800.000 nuevos puestos de trabajo. Como estábamos en tiempo de ingenuidades e ilusiones, nadie se preguntó cómo responder con rigor a ese albur de los 800.000. ¿Y por qué no un millón, que viene a salir con números redondos? ¿O 600.000, en un plan más modesto? Como plan no había ninguno, sino sólo intenciones, el asunto se saldó con más de 800.000 nuevos parados y una frustración social que habría de reverdecer años más tarde.

El otro señuelo electoral que ayudó mucho, tanto a la victoria como al achique de cualquier opción a la izquierda, fue la OTAN. Entre las decisiones que había tomado Leopoldo Calvo-Sotelo, último presidente del Gobierno y albacea testamentario de la que había sido la UCD suarista, figuraba precipitar el ingreso de España en la Alianza Atlántica. La reacción del PSOE, escorado entonces hacia una especie de casa común de la izquierda, fue el rechazo inequívoco a la adhesión. Sobre esta base se hicieron manifestaciones multitudinarias en las que el PSOE se convertía en esa punta de lanza que laminaba al PCE y recogía en el socialismo de González a buena parte de los diversos grupos antifranquistas; pasarían en apenas unos meses del maoísmo, la lucha armada y el «clase contra clase» a depositar su confianza en el nuevo liderazgo de Felipe González. El mitin de la Ciudad Universitaria de Madrid es un instante para la historia, rotundo y efímero, pero que recogió España entera.

Fue el domingo 15 de noviembre de 1981, día que se festejaba San Leopoldo, un sarcasmo fortuito sobre el presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo. 400.000 personas, según la Policía Municipal, y en primera fila González y Guerra, junto al líder quebrado de la democracia cristiana, don Joaquín Ruiz-Giménez, los comunistas Santiago Carrillo y una desvaída Pasionaria. También se mostraban de cuerpo presente Marcelino Camacho y Julián Ariza, de CC. OO., los socialistas Barrionuevo, García Bloise, Yáñez, Ciriaco de Vicente, y los catalanes Joan Raventós y Salvador Clotas… En fin, toda, o casi, la clase política de la izquierda unida, por más que Alfonso Guerra y Santiago Carrillo se dieran ostentosamente la espalda.

Quedó para la historia la pregunta retórica de Felipe González a un año de la exaltación del 82: «¿Qué dirán los aliados de la OTAN ante medio millón de españoles que dicen en Madrid que no quieren ingresar en la OTAN?». El presentador del acto, un locutor influyente entonces, Carlos Tena, le había dado el pie refiriéndose a González: «Él será quien próximamente, y que sea muy pronto, nos saque de la OTAN». Tuvo su momento de emoción demagógica que dos de los conductores del acto, los popularísimos Luis del Olmo y Eduardo Sotillos, apuntaran que el costo de un solo misil intercontinental bastaría para plantar doscientos millones de árboles y quitarles el hambre a cincuenta millones de niños. Bastó para pronunciar la sentencia inapelable en boca del secretario general del PSOE: «Nuestro partido no asume la decisión de integrarse en la OTAN». Lo ovacionaron hasta el delirio.

Ese era el ambiente que respiraba el conjunto de la izquierda en aquellos momentos de transición. Se iba a doblar el brazo de la derecha capitidisminuida que gobernaba y de los poderes fácticos que conspiraban. La confianza en los socialistas, y más aún en sus líderes, se ofrecía como evidencia incontestable. No haría más que crecer de mes en mes hasta octubre de 1982.

Frente al trágala de Leopoldo Calvo-Sotelo, el lema de González tenía varias lecturas, inaugurando así los dobles, a veces triples, sentidos que habrían de ser una de las características de su trayectoria política. «De entrada, no»; en eso consistió el eslogan. Para muchos, entonces una mayoría, significaba que no se debía entrar en la Alianza Atlántica, pero como ya estábamos, se trataba de cómo salir. Para otros, más avispados, escondía un deseo bajo una preposición: de entrada en la OTAN, ahora no. Incluso cabía la posibilidad de interpretarlo desde la perspectiva del poder real y las esclavitudes de la geopolítica: entrar en la OTAN no estaba en nuestra intención pero, una vez que pertenecemos a ella y dado que nosotros no decidimos el ingreso, nos quedaremos, en la convicción de que si de nosotros hubiera dependido no habríamos ingresado, pero ya que estamos, nos mantenemos en la intención inicial «de no a la entrada». Este galimatías escolástico para gente de cándidas entendederas se consideraba una prueba de talento político. Ellos saben que no quieren, pero no pueden decirlo a las claras.

Es el momento de recordar que en 1981 el PSOE incluía adquisiciones de su XXVII Congreso (1976), como el marxismo, la república y la «socialización de los medios de producción», aprobados cuando el partido aún no estaba legalizado aunque sí consentido. Entonces nadie se extrañó ante aquella exhibición, en la que el nuevo PSOE salido de Suresnes se presentó junto a la crema de la socialdemocracia mundial, de Alemania a Portugal, de Suecia a Chile.

El ministro de Gobernación de Adolfo Suárez, Rodolfo Martín Villa, en un rasgo que creía aprendido de las habilidades de Giulio Andreotti, pero sin la conciencia de haber nacido en Santa María del Páramo, provincia de León, había legalizado al PSOE histórico, una especie de partido amical de antiguos combatientes afines al anciano Llopis, que habían sido barridos en el Congreso de Suresnes. Pensaba con eso restar fuerza al grupo de González-Guerra que se apoderó del partido en 1974 de tal modo que barrieron hasta la memoria de los escasos jóvenes que se constituyeron en Juventudes Socialistas en la clandestinidad. Entre las ensoñaciones de Rodolfo Llopis y las ambiciones del tándem González-Guerra, desapareció incluso de la historia la ASU (Agrupación Socialista Universitaria), donde hicieron sus primeras armas bajo el abrumador peso de la represión figuras que luego seguirían rumbos muy distintos: Miguel Sánchez Ferlosio, Gabriel Tortella, Miguel Boyer, Vicente Girbau, Juan Manuel Kindelán, entre otros. Eran jóvenes de familias asentadas que, en torno a 1956, habían roto con el franquismo y a quienes costó, amén de prisión, las desconfianzas de Llopis, siempre obsesionado por la infiltración de franquistas o comunistas en sus mermadas huestes, condenadas a la inanidad política.

En aquel Congreso del 76, el primero en España tras la Guerra Civil, se dieron cita en el salón Dos Castillas del hotel Meliá de Madrid el sueco Olof Palme, el portugués Mário Soares, el italiano Bettino Craxi, el británico Michael Foot y hasta la gran figura del momento, el chileno Rafael Altamirano, que emulaba al presidente Salvador Allende, liquidado en 1973 por el golpe militar de Augusto Pinochet. Todos, veteranos de la política a los que no llamaron la atención aquellas apelaciones al socialismo arcaico; ya aprenderían el saber socialdemócrata.

Las aportaciones de la socialdemocracia internacional, y de la alemana en particular, constituían la fuente nutricia principal del partido. Los fondos aportados por el empresario Friedrich Karl Flick y la ayuda de la Fundación Friedrich Ebert serán decisivos para la intendencia hasta la victoria de 1982. La posterior investigación del Bundestag alemán sobre el caso Flick desvela una inversión de tres millones de marcos en la «península ibérica» —habría su parte para Mário Soares y los socialistas portugueses—. Desde los primeros meses de la Transición, la Fundación Ebert contaba en España con un delegado virreinal, Dieter Koniecki. Este será no sólo munificente aportador a los fondos del partido desde la muerte de Franco, sino decisivo orientador de algunos giros tácticos y estratégicos de Felipe González.

El papel de Koniecki va a ser trascendental en la postura y las carambolas de su primera gran jugada de billar: abandonar la secretaría general si no se retiraba la adhesión al marxismo. Es Koniecki quien convence a Tierno Galván de la traducción en plata de su apuesta por ocupar ese puesto ante la renuncia de González; le explicó la importancia de las clases medias y pasó a lo concreto: los fondos alemanes se congelarían. El Viejo Profesor entendió, y limitó sus aspiraciones a ser alcalde de Madrid. Cuando González alcanza el poder, Koniecki mantiene su ayuda a través de la Fundación Pablo Iglesias. Los conocedores de los secretos de la botica siempre detectaron la incompatibilidad casi biológica de Koniecki y el entonces todopoderoso vicepresidente Guerra. Pero aún estamos en la creación del aura, o más exactamente probando bolas y tapete. Estamos en diciembre de 1976.

El Congreso consentido al PSOE no fue más que un certificado que otorgaba el presidente Adolfo Suárez en su dietario de consensos. El 10 de agosto de 1976, a los dos meses de su nombramiento en el apaño organizado por el rey Juan Carlos y Torcuato Fernández-Miranda, Suárez se veía las caras en la intimidad con Felipe González. Lo aprobó la Ejecutiva Socialista con la condición ineludible del máximo secreto, por lo que se escogió una casa particular semiabandonada. El presidente del Gobierno explicó sus planes y González se mostró escéptico, incluso con el tuteo que Suárez le prodigó desde el primer momento. Pero inmediatamente El Socialista apareció en los quioscos, y TVE, la única existente, lo recogió en sus tres telediarios. El editorial del número 1 del órgano socialista aún no legalizado, ni en el papel ni como organización, daba una pista: «Los últimos cuarenta años de España, que casi todos los españoles quieren olvidar y casi nadie olvida, sólo serán testigos en nuestras páginas cuando lo mal hecho pueda servir de advertencia para la difícil etapa democrática que nos toca vivir a todos, pero nada más, ya que lo único que nos interesa de la historia es su valor corrector». Se consagraba la reforma y se clausuraba, por evidente, la ruptura.

Para la historia oficial del nuevo partido, que había aupado a la dirección a Felipe González en el Congreso de Suresnes (1974), este de 1976 ejercía de año primero del camino hacia la gran victoria del 82. Si había alguna mochila que portara, algún reducto del pasado, en Suresnes había quedado abandonada. El viejo partido que dirigía un modesto profesor de escuela —masón por más señas, como si con eso quisiera emular un pasado radical y republicano— se mostraba como una caricatura del PSOE de los años treinta. Rodolfo Llopis representaba aquello que quedaba del naufragio del socialismo tras la Guerra Civil. ¿Qué podían decir los González y Guerra de las disputas de egos, levemente teñidas de políticas, en las que se habían dejado todos los recursos Largo Caballero, Indalecio Prieto, Julián Besteiro, Juan Negrín y sus cohortes de fieles partidarios? Con toda probabilidad, apenas habían oído hablar de Luis Araquistáin o de Jiménez de Asúa…, quizá algo de Julián Besteiro, porque había muerto en la cárcel de Carmona (Sevilla).

Las señas del nuevo partido podían deducirse por algunas coletillas que se consignaban en este Congreso del 76. El «primer secretario» —así se le denomina— Felipe González afirma en la jerga de la época, en la que Franco aún mantenía el monopolio de la palabra España: «Nuestra lucha nos exige aquí y ahora [subrayado en el original] un planteamiento socialista de los problemas que afectan a los pueblos del Estado español». El presidente de la comisión organizadora, Alfonso Guerra, lo confirma en el mismo estilo: «Miles de socialistas se congregan hoy para analizar la situación política, para interpretarla dialécticamente y, sobre todo, para construir la alternativa socialista [subrayado en el original] a la realidad política nacional».

Como están haciendo historia, hay que empezar por insuflar vida a los dos líderes. Los currículos oficiales de los dirigentes dicen mucho, porque son oficiales a partir de la fecha. Lo que no era manifiestamente falso aparecía exagerado:

Felipe González nació en Sevilla el 5 de marzo de 1942. Su padre era vaquero y trabajaba entonces para la familia de García Carranza, de la oligarquía sevillana. Durante la República fue presidente de la Casa del Pueblo de Puebla del Río (Sevilla). Segundo hijo de cuatro hermanos […]. Hizo sus estudios […], terminando en 1966. Desde esa fecha se dedicó al derecho del trabajo, abriendo […] la primera asesoría laboral de Sevilla, cuyo modelo se extendería luego a diversos lugares de España. Por ella pasan miles de trabajadores […]. En 1962 ingresó en las Juventudes Socialistas […]. Dos años más tarde ingresa en el PSOE […]. Ha sido detenido en varias ocasiones y está pendiente de juicio con petición fiscal de ocho años.

Ni una palabra de la beca ni de Lovaina, entre tantas exageraciones.

La biografía de Alfonso Guerra, por su concisión, podría inscribirse en piedra:

Nació el 30 de mayo de 1940 en Sevilla, hijo número once de trece hermanos de una familia de trabajadores […]. Es licenciado en Filosofía y Letras e ingeniero técnico industrial. Director de la librería Antonio Machado, de Sevilla, y director de teatro independiente. Reorganiza después de la guerra las Juventudes Socialistas y el Partido en Andalucía.

Cierra este lapidario currículo con algo insólito por innecesario: «No ha participado en ningún otro partido o grupo». Quizá una confirmación de su pureza de sangre socialista.

Si en el Congreso de Suresnes (1974) el PSOE se «pronuncia por la constitución de una República Federal de las Nacionalidades que integran el Estado español», en este del Meliá-Castilla (1976) se sigue con la letanía de la República Federal. Proclamaciones retóricas al margen, ya la intervención de González en Suresnes fue estelar. Tenía maneras y lo demostró. Le habían encargado el informe sobre la situación sociopolítica de España.

Nunca como hoy hemos presenciado la descomposición real, la descomposición interna de la dictadura nacida del triunfo de una clase social sobre otra clase social […]. Yo creo que en estos momentos, y siempre, es absolutamente necesario para una formación de clase como el PSOE mantener ese margen de ética y de pureza que para nosotros es la defensa de los intereses de la clase trabajadora.

Las reticencias de Pablo Castellano y Enrique Múgica a que González saliera elegido secretario general, las negoció y superó Nicolás Redondo, el auténtico líder del PSOE en el interior, en mayor medida que Ramón Rubial o el abogado alavés Antonio Amat. Redondo tuvo el gesto de no querer ocupar ese cargo y admitir que lo suyo no era la política, sino el sindicalismo, la UGT. Muchas torpezas históricas se hubieran evitado de haber alcanzado Largo Caballero en su tiempo tal sabiduría. Lo de Castellano duraría poco; carecía de carácter para el liderazgo, y bastante tenía con administrar su personalidad, entre el exhibicionismo y la frivolidad. La fidelidad de Múgica, por más que fuera avieso y destemplado en ocasiones, duraría toda la vida; ni él confió en González nunca y menos aún González en él.

El programa del partido mantuvo como una letanía la aspiración de «socializar los medios de producción», programa máximo, y «mejorar las condiciones de los trabajadores», programa mínimo. Había, eso sí, una preocupación esencial por distanciarse lo más posible del abrazo del oso del Partido Comunista. Marcar territorio al tiempo que lo erosionaba, si bien al principio tenían suficiente con driblar las tentativas del abrazo mortal. Cuando Santiago Carrillo, en una de sus salidas de pata de banco para romper el equilibrio mortecino de la oposición a la dictadura, se inventó la Junta Democrática, ellos no tardaron en contrarrestar con una Plataforma de Convergencia Democrática. Si la invención de Carrillo tenía visos de escenario teatral para tres actores —él, Antonio García-Trevijano y Rafael Calvo Serer—, no desentonaba con el de los socialistas, amalgamados con maoístas, democristianos y radicales varios, sin osar pasar de los papeles a la realidad; de la Larga Marcha del campo sobre la ciudad y la imprescindible violencia revolucionaria.

Aquellos dos engendros creados en el tardofranquismo no daban mucho de sí, tampoco se sustentaban más allá de los círculos de allegados, y aunque vivificaron algo la latente, por castigada, vida política de provincias, no representaron más que un gesto frente a la omnipotencia y asentamiento de un franquismo que vivía con un dictador en la morgue de cadáveres sin recoger en Unidades de Cuidados Intensivos. No acababa de desaparecer. Lo que fuera a pasar luego estaba al albur de los profetas, pero ya había pequeñas hogueras con ánimo de encender la pradera en el momento oportuno, que nadie sabía cuál era, salvo la certeza de que Franco moriría con casi absoluta seguridad en la cama. El lugar podía variar, pero sólo entre el palacio del Pardo o un quirófano altamente sofisticado.

Se preparaban todos para el día siguiente, de ahí que el hecho de formar sociedad de firmas y reuniones con la extremísima izquierda no inquietara al naciente poder del tándem González-Guerra. El futuro, que no la historia, demostraría que buena parte de los maoístas y trotskistas que formaban en las listas de la Plataforma patrocinada por los socialistas acabarían, muy pocos años después, como egregios diputados o funcionarios del PSOE. El caso más emblemático fue el de la ORT —Organización Revolucionaria de Trabajadores—, cuyos dirigentes darían el salto cuando descubrieron que sus opciones maoístas tenían menos futuro que sus clientelas y que lo único que les garantizaba una vida tranquila era la entonces detestada camada «social-traidora» devenida parlamentaria.

Quizá fuera una esclavitud impuesta por la represión y la clandestinidad, pero la diferencia entre los enunciados y la previsión real de los acontecimientos deparaba singularidades. A la vuelta de Suresnes y a su paso por Guipúzcoa, cinco de los líderes del Congreso —con Enrique Múgica de anfitrión, Redondo, Castellano, Guerra y González— pergeñarán un poco citado documento, la Declaración de Septiembre. En ella se reconocía la posibilidad de una «ruptura negociada» que partiría de un diálogo entre el Régimen, ya en los estertores —estaban a finales del verano de 1974, con Franco recién ingresado por primera vez en estado cataléptico—, y las fuerzas políticas democráticas. «Si el pueblo español escoge la vía de la monarquía, nosotros respetaremos esta decisión», dice Felipe González al periodista suizo que le pregunta.

El PCE de Carrillo, acompañado de dos personajes de biografías balzaquianas —más allá de Galdós, siempre comprensivo—, como era el caso de las de García-Trevijano y Calvo Serer, podía neutralizarse fácilmente con tan sólo una ojeada a sus currículos. El uno, Trevijano, turbio jurista de gran fortuna, con una egolatría que Carrillo alimentaba entre la adulación y el sarcasmo, llamándolo «primer presidente de la III República». Escucharlo era un ejercicio de sumisión; no hablaba, sentenciaba y además se lo creía; por eso Carrillo le echaba leña a un fuego que ni daba calor ni desprendía humo. No estaba hecho Trevijano para la política, aunque él se creyera una mezcla de Robespierre, Cromwell y Bismarck, que de cada cual se jactaba de tener algo. Respecto a Rafael Calvo Serer, poco se podría decir de él en cualquiera de los campos en los que trabajó. Lo que le hacía singular era su profunda creencia en el Opus Dei, del que era numerario. Soltero, ensayista privilegiado en los años del franquismo duro, jaleado como lumbrera en un remake de don Marcelino Menéndez Pelayo, la verdad es que no era muy profuso en luces, y lo curioso de este personaje pertenece más a la psicología, incluso a la psiquiatría, que al dominio de la cultura tout court. Lo que hacía un hombre como Calvo Serer al lado de Trevijano apenas llama la atención, porque ambos en diferentes niveles estuvieron al servicio de la Obra de monseñor Escrivá de Balaguer. Pero qué hacía él junto a Carrillo, y viceversa, resulta una de esas excentricidades que en ocasiones se dan en la política cuando uno se va haciendo mayor y no ha logrado nada que pueda distinguirlo del rebaño en el que ha vivido.

Ante esta pareja insólita de hombres de la derecha antifranquista, a los que la derecha racial despreciaba, y un comunista con pesada mochila, el efecto turbador provocaba cierto interés en los medios de comunicación, no españoles por supuesto, pero sí en los foráneos. Daría para mucho este triángulo escaleno que no había por donde tomarlo, pero en ausencia de algo de interés en el seno de una oposición desvaída y triturada por la dictadura sólo cabía pensar en el objetivo de acercarse a la figura del eterno pretendiente don Juan II, padre del que ya había sido designado sucesor de Francisco Franco, Juan Carlos de Borbón.

En esta línea, la Plataforma creada por el PSOE con democristianos, maoístas y trotskistas no tenía otro objetivo que neutralizar las excentricidades de Carrillo y el PCE, la fuerza hegemónica de la clandestinidad. Las convocatorias de acciones no tuvieron eco significativo y así acabaron por unirse las dos entelequias, Junta y Plataforma, formando la contracción Plata-Junta en marzo de 1976, que sobrevivirá entre declaraciones y rencillas domésticas hasta las vísperas de las primeras elecciones democráticas. La barrerían las habilidades del presidente Suárez y la campaña electoral democrática de 1977. Lo único que hacía el PSOE manteniendo aquellos proyectos efímeros era evitar el aislamiento entre la reducida militancia antifranquista. Y en verdad que lo consiguió.

La hora de la verdad llegó con las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977, la primera ocasión en cuarenta años en que la ciudadanía pudo ejercer el derecho al voto sin la losa aplastante de la dictadura. Los partidos se exhibieron ante el público, y la ciudadanía, con el miedo aún en el cuerpo, votó. El resultado dirimió el papel que iba a jugar el PSOE sin las obsesiones de ir de la mano o a pedradas con el PCE.

Fue taxativo e incontestable. Venció como era de esperar el voto conservador, pero no reaccionario, y menos aún franquista. España se asentaba en el posfranquismo y la Transición se consolidaba. Adolfo Suárez convenció a la audiencia que lo escuchaba, no sin embeleso, de que él era otra cosa sin dejar de ser un veterano, que venía de donde venía, como tantos después de casi cincuenta años de pensar y nunca expresarlo por miedo a las consecuencias. Suárez obtuvo 165 diputados, casi la mayoría absoluta, lo que suponía que más de seis millones de votantes habían confiado en él. Pero la pelea resolutoria estaba en otra parte. ¿Quién, en el momento primero de la libertad, ejercía el derecho a la hegemonía de la izquierda?

El PSOE salido de la nada —porque Suresnes entonces ni siquiera aparecía como jalón de un pasado inane— atrajo al 29,3 por ciento del electorado (118 escaños), lo que significaba más de cinco millones de votos. Había que afinar y cerrar el archivo. En el XXVIII Congreso de 1979, González hace firme su sugerente abandono del marxismo, tal y como osó filtrar en una charla con periodistas de Barcelona ya en mayo del año anterior.

O se aparca el marxismo o lo dejo. Y se fue durante cuatro meses, de mayo a septiembre, obligando a convocar otro congreso extraordinario para que volviera con la militancia enardecida —«¡Felipe!, ¡Felipe!»—. La misma que gritaba cuatro meses antes «¡PSOE!, ¡PSOE!». De ahí salió un apaño lingüístico, que no ideológico, según el cual el partido «asume el marxismo como un instrumento teórico, crítico y no dogmático […] recogiendo las distintas aportaciones marxistas y no marxistas». Estaba expedito el camino hacia la victoria que iluminaba aquel fértil 1979, que había empezado con unas elecciones en marzo donde alcanzaron los 121 diputados.

Yo no estoy en la política por la política. Estoy porque hay un discurso ético, que no suena demasiado revolucionario, que no suena demasiado demagógico, pero es el que mueve a Felipe González en la política.

Lo proclamó antes de su reelección en ese Congreso de mayo en el que sembró varias declaraciones de principios: «Hay que ser socialista antes que marxista». Fue el primer ensayo de lo que Robert Michels, un clásico de la sociología, había definido en 1911 como «chantaje plebiscitario»; lo repetiría en varias ocasiones y con diferentes grados de firmeza.

Se fecha por entonces la retirada del puñado de críticos, encabezados por el profesor de secundaria Luis Gómez Llorente. A él se debe la invención del palabro que devendrá histórico, «felipismo», que explicó como la «dependencia inadmisible de un partido respecto de un hombre». González, con un gesto de su picaresca en la intimidad de sus adictos, simplificó la jugada recién ganada: «Cuando los agricultores quieren que las brevas maduren más rápido, les ponen aceite en el culo».

Eso es lo que hizo: pasar del resistencialismo a la ambición de poder. El marxismo no era para ellos —salidos del 74, en el tardofranquismo— una mochila, sino una piedra gastada del camino. Un adoquín que había instrumentalizado el presidente Adolfo Suárez en su agobiante y desmelenada campaña electoral de 1979, para hurtarles la victoria que creían al alcance de la mano. Por eso la quitaron de su andadura, lo mismo que simularía el Partido Comunista, su pariente, su competidor, su enemigo, con el leninismo que estaba en su ADN.

Tras las elecciones, no había espacio para las jeremiadas, fuera de los intentos de Carrillo por achacar la responsabilidad a una población adulta que llegaba muy aferrada a lo que había conseguido hasta aquel día y que no estaba dispuesta a cuestionarlo del todo; sólo un poco. El PSOE de esos treintañeros prolongados no provocaba recuerdos, y si había alguno, no excedía de la añoranza. En las generaciones más jóvenes, una esperanza en mejorar e ir achicando las amenazas de la extrema derecha, capitaneadas por el Ejército, que aún vibraba en los sueños nada húmedos de gran parte de aquellas gentes que, en connivencia con la dictadura, gozaban con la ambición de creerse ya a las puertas de ser clases medias empoderadas.

En las primeras elecciones del 77, el PCE había tenido un digno 9,4 por ciento, que interpretaron como una humillación para sus pretensiones de partido comunista occidental, que se jactaba de su apertura y endogamia, pero al que se contemplaba con cierta pose de presunción y soberbia en su indiscutible condición de principal víctima de la represión dictatorial. En el fondo, desprendía un cierto tufo a viejas sangres derramadas antaño, en las que contaba mucho la amalgama de lo heroico, lo siniestro y lo inquietante. El PSOE se desmarcó con sus cinco millones sobrados de votos y un grupo parlamentario de 118 diputados, frente a los 20 del PCE, que a duras penas podía tener voz propia en la bancada del Congreso dada la particularidad de que el PSUC catalán ejercía de partido hermano, casi hermanastro.

Nacía Felipe González como la oposición de izquierda al centro-derecha gobernante. Las elecciones lo habían confirmado tras el refrendo exitoso de la Constitución. Los socialistas habían aumentado un poco, pero lejos de las ambiciones siempre excesivas del gran manipulador, Alfonso Guerra, y se quedaron lejos de superar el evidente «desmerengamiento» —vistosa expresión de Fidel Castro frente a las aperturas políticas— de la UCD suarista, que sin embargo aumentó en tres diputados, aunque con menos votos. En las urnas ganaron todos, si bien se desprendía una cierta frustración interior, y nadie pareció darle especial importancia a que el País Vasco pasaba a ser de manera perentoria Euskadi, donde el Partido Nacionalista Vasco y Herri Batasuna aceleraban su hegemonía, mientras que el Partido Socialista de Euskadi-PSOE debía acomodarse a su papel de segunda fuerza.

Celebradas las primeras elecciones municipales de la democracia, en abril de 1979, la victoria real de la izquierda debía relativizarse. El peso de las tradiciones locales fue tan importante que, en territorios como Cataluña, numerosos alcaldes del franquismo conservaron el bastón de ediles en ciudades, pueblos o villas con el sencillo gesto de pasar de depender del Movimiento Nacional de Franco al Movimiento Nacional Convergente de Jordi Pujol. Algunos se reciclaron de manera episódica en el Movimiento ucedeo del suarismo.

Los números no alcanzaban para el monopolio socialista y fue obligado sumar a los comunistas de Santiago Carrillo. En una capital tan simbólica como Madrid, el partido más votado fue la UCD, aunque gracias a esa entente a regañadientes —ni siquiera una coalición— del PSOE y el PCE pudo proclamarse en abril de 1979 Enrique Tierno Galván primer alcalde de la democracia. El Viejo Profesor se asentaría ya en forma de «coalición de izquierdas» hasta su fallecimiento y canonización a comienzos de 1986. Antes se vio obligado a sumar sus escasas fuerzas militantes al PSOE atrápalo-todo y disolver el PSP «del taxi». Las lenguas aviesas del socialismo dominante aseguraban que la militancia antifranquista del Partido Socialista Popular de Tierno cabía en un taxi, sin admitir la réplica de que bastaba una furgoneta para el PSOE de Suresnes.

La izquierda se hizo un bloque en las alcaldías, pero se distanciaba en todo lo demás. A Santiago Carrillo, en su condición de secretario general del PCE, le resultaba más tentador y fructífero el acercamiento a Adolfo Suárez, es decir, al poder institucional, que a la eventualidad de aquel joven González que tenía a gala jugar solo. La soberbia de viejo apóstol arruinado, que no lo abandonaría nunca, chocaba con la perplejidad no exenta de irritación con que soportaba González sus consejos de truhan.

La radiografía de este tramo tan poco estudiado de la Transición dejaba el futuro en dos combatientes.Uno, insaciable como es lógico: el PSOE de González, con cinco millones y medio de votos, podía afirmar que contaba con una base para alcanzar el poder a la siguiente oportunidad. El otro, la UCD, y muy en concreto su creador y enseña para las victorias, Adolfo Suárez, se vería acosado por el fuego amigo de una derecha que se arrepentía de ser centro y deseaba el enfrentamiento político sin equívocos con la izquierda de González, que le iba recortando el territorio. Se equivocaban como estrategas y gentes de mala entraña, porque matando la gallina de los huevos de oro, a la que detestaban y envidiaban a la par, se meterían en un callejón sin salida donde los esperaba Fraga Iribarne, el de los pasados irresolubles y los presentes aventurados; nadie nunca, ni Franco mismo, se fio de este hombre, pese a que se le veía venir desde lejos con las nubes de polvo en que cabalgaba y sus aires de Churchill galaico. Un mar de contradicciones que él llevaba con desenvoltura, pero que los demás contemplaban con inquietud. Su Alianza Popular, por más que se enmascaraba tras la nueva enseña de Coalición Popular, bajó de 16 a 9 diputados. Significativa derrota cuando incluso los comunistas alcanzaban los 23 escaños, una cota que tardarán en volver a alcanzar.

La moción de censura al presidente Suárez, en mayo de 1980, no fue el final de la Transición, como dijo Abril Martorell, pero sí marcó la ruptura del tácito consenso entre la UCD y el PCE. En el desespero de aquellos años de incertidumbre, el vicepresidente, ese mismo Abril Martorell, había tentado a Santiago Carrillo con un pacto de colaboración ya en junio de 1978. Todo, con tal de dificultar lo que se intuía y que el golpe militar del 23-F (de 1981) aceleraría. Visto en perspectiva, parecía inevitable que quedara un solo contendiente inmune, de ahí la exaltación del embuste sobre un inverosímil pacto entre el general Armada y el PSOE por intermediación de Múgica Herzog. Lo que tenía perpleja a aquella derecha alelada y zafia fue el volumen de la adhesión socialista.

Por eso la moción de censura al presidente Suárez tuvo mucho de ensayo y escalón. Lo curioso es que todos comentaran la larga intervención de González, que habría de pasar a la historia —El País dixit— como la defunción del consenso. Un editorial del 29 de mayo de 1980 se titulaba exactamente así: «El consenso ha muerto», y bien podía haberse añadido un «¡Larga vida a Felipe González!». Su discurso, aseguraban, había sido «espléndido en su forma y notable por su contenido». Ratificaba lo que en adelante se denominaría «Estado de las autonomías», que, en su afán por la atracción de todos los polos, estaba «más próximo al Estado federal que a otros modelos». El editorialista de El País, con toda probabilidad Javier Pradera, bajo el ilustrativo título de «Los abismos del consenso», sentenció la intervención de Felipe González: «No fue el discurso del líder de la oposición, sino del candidato a presidente».

El asesinato político de Adolfo Suárez tenía algo de cesariano, aunque sólo fuera porque había tantos Brutos y Casios que abarrotaban el escenario; si bien es verdad que Suárez no tenía nada de Julio César, los conspiradores del crimen sólo se parecían a la dramaturgia shakesperiana en el manejo de la daga. Hicieron una carnicería en la que acabaron matándose entre ellos. Cabe recordar a algunos: Herrero de Miñón, el descarado que creía saber algo de estrategia política porque se jactaba de haberlo leído todo; Landelino Lavilla, el fino que sólo se volvió plebeyo haciendo un amago de baile en la campaña electoral que perderían misérrimamente (cabeza de lista, salió elegido por los pelos); Carlos Ferrer Salat, el voraz, tan acostumbrado a comerse el mundo y a las damas que de dirigir la primera organización empresarial de España, la CEOE, acabó en pasto de conjuras, de frustraciones y de sábanas; Álvarez de Miranda, imitador de Cicerón al menos respecto a la fe en los dioses y las fortunas…

Cuando no hubo más remedio que convocar elecciones generales en octubre de 1982, el presidente en grado de interinidad, Leopoldo Calvo-Sotelo, podía observar que las ruinas que contemplaba no eran precisamente las de Palmira, sino un muladar cochambroso. Aquel panorama de egregios aspirantes se fue cayendo a pedazos y conformándose con las migajas de los perros. En definitiva, sólo quedaban dos contendientes. De una parte, el gran momento de Fraga Iribarne y su todavía Alianza Popular, disfrazada en ocasiones como Coalición Democrática. De otro, un PSOE joven y de buen ver, con Felipe González de máxima autoridad, indiscutida; porque si bien oía a los suyos, no los escuchaba, estaba en otra cosa elaborando su propia estrategia. Había instalado su mesa de billar político hacia la carambola perfecta, aquella que te dejan los contendientes sobre el tapete para que tú no necesites hacer filigranas.

Fraga y Carrillo eran el pasado de uno y otro signo. González, sin mochila de malas memorias que pesaran como piedras, podía llevar la bola sin excesiva elaboración ni efecto a la tronera de la victoria. Apenas rozar las de sus adversarios y entrar limpiamente en la gloria, que no otra cosa sería la campaña de octubre de 1982. Se había preparado para la escalada.

Así se cimentó el 28 de octubre de 1982. Mayoría absoluta y con sus enemigos mesándose los cabellos a la busca de qué fue lo que les faltó, sin necesidad de acogerse a su mal fario atávico. Ni siquiera podían achacarle al jugador novato, pero dotado, que hubiera usado la mala entraña, ni el juego sucio de moverles las bolas. Todo fue sencillo como un desposorio entre gente de aldea. Por sus particularidades biográficas, el billar entonces no formaba parte de sus inclinaciones favoritas. Felipe González, otra generación, de cuarenta años recién cumplidos, no conocía mayor calvario que el de haber sido ninguneado por los curtidos veteranos. Ahora entraba en la historia.

Curiosa trayectoria. De ser jugador por horas pasaba a hacerse con la mesa de billar y hasta con la sala. De no ser nada, a presidente del Gobierno. Algunas jugadas pirateadas cuando los grandes ocupaban la mesa, para hacer manos con el taco y ensayar las posturas. En la división clásica entre el billar francés y el americano, él jugaría políticamente en ambos; ora a bandas, ora a agujeros, siempre bajo el dominio de las carambolas. Ahora, octubre de 1982, iba a convertirse en el emblema de la Transición finiquitada. Con un palo y una bola, valga la metáfora, daba por acabada una época que se temía borrascosa y que no fue más que juegos de manos en la oscuridad.

Había ganado la partida. Felipe González y su PSOE alcanzaban la mayoría absoluta. 202 diputados y el 48,34 por ciento de los sufragios, que en números contantes y sonantes sumaban 10.128.000 votantes. El resto, un paisaje. Fraga, 107 diputados que hacían un macizo de la raza de algo más de cinco millones de votos. El Partido Comunista bajó al 4 por ciento y se quedó en cuatro escaños. El país entero se inclinaba por la democracia y cerraba la Transición. A partir de ahora, el voto útil se diría socialista o felipista, según las inclinaciones.

II

Ya estamos en el poder.
El primer Gobierno socialista

¿Hay que dejar que el paso, como el agua,

se desnude y se lave

algunas veces seco, ágil o mal templado;

otras veces, como ahora,

tan poco compañero, sin entrega ni audacia,

caminando sin rumbo y con desconfianza

entre un pueblo engañado, envilecido,

con vida sin tempero,

con libertad sin canto?

CLAUDIO RODRÍGUEZ

Si la victoria incontestable en las urnas de octubre marcaba el comienzo de una nueva época —se prometía «el cambio» y ese era el lema—, lo que sucedió en aquellos cuatro años de holgadísima legislatura tenía signos que obligaban a la reflexión y que la condicionarían.

Primero fue el aluvión de nuevos adscritos al PSOE, que abarcó a todas las clases sociales, con mayor preferencia entre el personal de la enseñanza en sus diferentes niveles, profesores de instituto o de universidad, aspirantes a una plaza fija y segura en la Administración. El sindicato UGT dio un salto de gigante y se convirtió en fraterno competidor con las mayoritarias CC. OO. Y luego, ese personal incalificable y de profesión indefinible que está a la búsqueda de una oportunidad para mostrar el mariscal que lleva dentro, a la espera de una oportunidad para medrar. El PSOE devino una agencia de colocación intensiva donde había hueco para todos porque tenía todo por hacer y muy poco personal para cumplirlo. Ya en septiembre de 1984 el semanario Cambio 16 informa que «más de la tercera parte de los 150.000 militantes cobran del erario público», y en marzo del año siguiente el dirigente José María Txiki Benegas reconoce que el partido ha colocado en la Administración a 40.000 militantes.

Adolfo Suárez introdujo en la Moncloa un mapamundi, exactamente una esfera terráquea de considerable tamaño. Sus adversarios lo achacaron al día que alguien bien situado de su entorno le explicó la importancia estratégica del estrecho de Ormuz. Su sucesor, Leopoldo Calvo-Sotelo, instaló un piano de cola para impresionar con sus modestas prácticas musicales. Felipe González hizo llevar una mesa reglamentaria de billar, con sus adminículos: bolas, palos, tizas y ábacos para contar. El único antecedente de tamaña inclinación por el tapete verde había sido Felipe V, el primer Borbón de la corona española; hombre rijoso y billarista, como su abuelo Luis XIV de Francia.

Los primeros años —el breve lapso que va de los albores del 82 al renovado éxito electoral que siguió (1986)— los vivió el PSOE con la ansiedad de que habían entrado en un momento en el que todo estaba por mostrar y casi nada por demostrar. No se ha hecho una evaluación de lo que esto significó para el partido, para la Administración y para la sociedad, apenas alguna cuña que dejaría entrever el cañamazo de algunos personajes en carrera por la notoriedad, casi nunca para bien, en los catorce años que durarían los Gobiernos socialistas. Vencieron en las municipales y autonómicas de mayo de 1983, con alguna excepción profética que los obligó a pactar con el Partido Comunista, donde la figura de Julio Anguita se haría con el PCE después de su aplastante victoria en la alcaldía de Córdoba.

Este fenómeno de absolutismo partidario lo abarcaba todo. Basta detenerse en el primer Gobierno de González-Guerra, indisolubles por entonces en sus papeles. Nunca habían gobernado, ni siquiera habían olido el aroma del poder, porque su partido podía estar muy preñado de autoestima y ambiciones, pero ayuno de lo que constituye el poder, es decir, la capacidad de mandar. Asuntos que tanto habían hecho para la victoria electoral —como la sencilla idea del cambio y otros más concretos como los prometidos 800.000 puestos de trabajo o el referéndum sobre la salida de la OTAN— quedaron pospuestos. Tenían cuatro años por delante, ya encontrarían el momento de abordarlos. Cierto que la legislatura terminaría con cerca de tres millones de parados, pero no tuvo demasiado eco gracias a las argucias semánticas: la batalla contra el desempleo pasó a llamarse «saneamiento de la economía», «reconversión industrial», «reducción del déficit público», «lucha contra la inflación» y, sobre todo, «contención salarial» y su correlato impepinable: subida de precios y aumento de la presión fiscal. Parecería que acababan de descubrir la precaria situación, y el partido se mostró omnipresente con un relato blindado a los reproches. En el discurso de investidura —1 de diciembre—, Felipe González añadió que el PIB aumentaría hasta el 2,5 —sería del 2,1— y la inflación se rebajaría en tres puntos —estaba en el 12 por ciento—, y eso en tan sólo un año. En definitiva, «programar hacia un horizonte claro mediante un programa realista».

Para limitar el alcance de las promesas sobre la OTAN, se tuvo buen cuidado en ratificar el «Acuerdo de Amistad y Cooperación» con Estados Unidos, y hasta se apoyó con vigor de neófitos y desde el primer momento el despliegue de los controvertidos euromisiles, la última invención letal de la Guerra Fría. A los seis meses de tomar posesión, González visita Washington para entrevistarse con Ronald Reagan, cuando se cumplía un año justo desde que Leopoldo Calvo-Sotelo formalizara el ingreso en la OTAN. En mayo de 1985 el presidente estadounidense visita Madrid, un mes antes del ingreso de España en la Comunidad Europea.

En marzo de 1985 ya tenían 40.000 militantes incrustados en la Administración, cifra notable para la época. Una Ley de Reforma Universitaria convirtió a los PNN (Profesores No Numerarios), que eran unos 5300, en personal fijo, ayudantes con aspiraciones legítimas a catedráticos. Una cantera socialista mientras hubiera piedra que arrancar.

Todo les hacía creer que cabalgaban sobre un tigre al que habían amaestrado. Por eso se sorprendieron tanto cuando en el verano de 1985 al presidente González se le ocurrió la humorada de pasar sus vacaciones en el yate de Franco. La perplejidad del personal periodístico y los sarcasmos de la frustrada oposición sorprendieron al protagonista. Usar el Azor, como había hecho el Caudillo, rompía ese equilibrio respecto al pasado que Adolfo Suárez procuró evitar siempre. Estos muchachos no. Si habían ganado, todo les pertenecía tratándose de bienes de Estado. Fue un aldabonazo que abrió los ojos a algunos, que indignó a otros y que no representaba un resbalón, sino algo que habían asumido: el Patrimonio del Estado tenía como principal misión servir a quienes lo dirigían. E incluso se añadía que ellos lo habían ganado en las urnas y no tras mucha guerra y no menos represión. No acabaron de entender que lo efímero de las voluntades en una democracia no consiente el manejo impune de los patrimonios. Lo aprenderían demasiado tarde, y no del todo.

Si uno se detiene en la configuración del primer Gobierno de Felipe González, inaugurado el 3 de diciembre, encontrará algunas singularidades del jugador de billar que hace sus primeras carambolas. No se le ha dado a este primer Gobierno, y a la personalidad de sus miembros, la importancia que tienen. Los analistas de entonces insistían en demasía en el mantra del ansioso e indiscutible vicepresidente, Alfonso Guerra: «A España no la va a conocer ni la madre que la parió». Una chusquería de autor y acreditada, que como tantas negaría luego haber pronunciado.

En primer lugar, hay que señalar del nuevo Gabinete la aparente obviedad por la que fue escogido, pero también por algunas particularidades de sus biografías. Dos ministerios claves, para la configuración de un Gobierno que se asienta sobre la evidencia de que va a durar una legislatura completa, son el de Gobernación-Interior y el deteriorado de Economía. Ambos marcan territorios que entran de lleno en lo que más importa a la ciudadanía: el orden público y el devenir económico. Pero sin olvidar al Ejército, que aún ofrecía un rostro hosco y con verrugas cuyo tratamiento se encomendó a un experto cirujano plástico, Narcís Serra, quien se trajo consigo a un ayudante excepcional, Lluís Reverter, droguero veterano con tienda en la zona alta de Barcelona, concejal del Ayuntamiento con Narcís de alcalde y ahora director general de Información y Relaciones Exteriores.

Narcís Serra, nada conocido en la capital del reino, pero curtido en la del principado, había pasado por casi todo: antifranquista del FLP (FOC en Cataluña), un grupo del que saldrían futuros dirigentes de todo el arco parlamentario —Roca Junyent, Pérez-Llorca, Maragall…—, ya lo había contratado el emblemático alcalde del franquismo en Barcelona, José María de Porcioles —veterano político de la Lliga de Cambó—, y posteriormente se iría incorporando a las diversas familias que acabaron formando el PSC, socio catalán del PSOE.

La elección de Serra iba reforzada por la búsqueda de un perfil discreto; el primer candidato para tan inquietante cartera fue el ferviente cristiano Gregorio Peces-Barba, un soltero que podía generar poca sintonía con un cuerpo tradicional de casados para toda la vida; lo desplazarían luego a la presidencia del Congreso de los Diputados. El Ejército era ese león que tienen, o tenían, en los circos, y que como sucede con esos animales, acostumbrados a la servidumbre y obediencia al mando, pueden enfurruñarse. El estado de inquietud que se vivía en los altos mandos no se calmaría hasta el ingreso en instituciones que los sacaran de ensoñaciones legionarias. La Comunidad Europea y la OTAN acabaron con las conspiraciones, y los militares asumieron que las claves de su futuro estaban en los méritos que concedía el Gobierno para un sosegado «corrimiento de escala».

Para Interior-Gobernación, con la perplejidad general, el tándem González-Guerra escogió a José Barrionuevo, un hombre que si se distinguía por algo era por no saber a ciencia cierta de nada. De raigambre carlista en Almería, hijo de un noble tronado que dejó en herencia el título, servicial, militante de la primera hornada de la democracia, inspector de Trabajo, se había ocupado de la Policía Municipal de Madrid en el gobierno coaligado que hizo a Tierno Galván alcalde de la capital. No tenía ni la más somera idea de qué era un ministerio como el de Interior, ni siquiera había sufrido lo que había sido el de Gobernación durante la dictadura. Todas las torpezas que se cometieron durante su largo período en el ministerio estuvieron basadas más en su ignorancia de las artes —malas— de un personal que tiene como tarea implícita, desde que se inventaron sus funciones, la de manejar, atenuar o acentuar a un funcionariado que de por sí constituye una especie de Estado dentro del Estado.

Según confesó él mismo, su «gran descubrimiento» fue la Guardia Civil, la misma que con el tiempo lo llevaría a la cárcel, y no por los efectos beneméritos del Cuerpo, sino por delitos criminales de uno de esos mandos, el coronel, teniente coronel y hasta general Rodríguez Galindo, ascendido a este máximo grado por el ministro Juan Alberto Belloch en otro apartado de esta historia. Tanto Barrionuevo como su sucesor, el inefable José Luis Corcuera, hicieron de Galindo una especie de piedra filosofal. Quizá por cierta querencia al pasado, la oposición conservadora bendijo a Barrionuevo exaltando su buen hacer, y la derecha mediática lo alababa haciéndole poseedor de un prestigio que no compartía nadie, fuera de la autosatisfacción de una grandilocuencia carente de sentido de la realidad. Su incompetencia, ligada a la inexperiencia, se haría de rogar, pero acabaría causando un terremoto.

Muy diferentes eran las funciones y la personalidad del ministro de Economía. Se inauguró, por obligación de unas cuentas sobresaturadas, con una devaluación, y se vio bien a las claras que, se equivocara o no, al nuevo ministro Miguel Boyer no le iba a temblar el pulso para tomar las decisiones que le petaran, siempre con su inveterada convicción de que no se equivocaría. La seguridad de Boyer lindaba con la soberbia y contaba además con una trayectoria política que lo convertía en un rara avis en aquel Gobierno de biografías cortas y monótonas. Había nacido en el exilio de San Juan de Luz, estudiante siempre brillante, funcionario de alto rango durante el franquismo, del que sufrió represión que pagó con cárcel de cinco meses y medio como miembro de la Asociación Socialista Universitaria (ASU), y luego con la Federación Socialista madrileña. Su capacidad y su cercanía a algunos de los cerebros de la economía durante el tardofranquismo, y muy en concreto a Francisco Fernández Ordóñez, lo llevaron al Instituto Nacional de Industria (INI).

Caso curioso. A la muerte de Franco, no siguió en el PSOE, sino que se vinculó al Partido Socialdemócrata de Fernández Ordóñez, al que lo unían muchas ideas y del que lo separaba sobre todo una diferencia de caracteres que en ocasiones alcanzaba el rechazo. De familia asentada, culta y en esa línea del liberalismo progresista que luego los noveles del franquismo denominaron «tercera España», y que para la dictadura no era más que el enemigo que humillar durante aquellos tiempos del cólera. Su bisabuelo Amós Salvador, ingeniero de minas y senador vitalicio, había ejercido varios ministerios, todos breves. Con Sagasta, dos; con Segismundo Moret, uno; con Canalejas, otro. Fue ministro incluso, de Fomento, con el conde de Romanones durante cuatro meses en 1916. Un ejemplar cumplido de la Restauración.

Miguel Boyer estaba casado con Elena Arnedo, ginecóloga de prestigio que pertenecía también a esa minoría burguesa madrileña que perdió la República y no ganó más que unos leves parabienes que ni siquiera alcanzaron a la democracia restaurada; sus méritos se desvanecieron en el valor de su trayectoria personal. Como coletilla cabría decir de Boyer que no compartía con el clan sevillano que dirigía el PSOE absolutamente nada, ni siquiera recuerdos, pero constituía para González un pararrayos perfecto que neutralizara la inquietud de una derecha que había salido del suarismo frustrada y humillada, pero con el riñón perfectamente acondicionado para defender sus intereses; unos intereses que venían de tan lejos que parecían consustanciales a ellos, o eso creían y seguirían creyendo.

Boyer venía a dar tranquilidad y, por qué no, también a poner un poco de orden en aquella fauna. Por eso la nacionalización de Rumasa no inquietó al macizo de la raza, aunque incitó a vociferar a los que tenían instalados sus chiringuitos. Su segundo acto tras la devaluación obligada fue la no menos obligada tarea de parar a Ruiz-Mateos y sus modos de capitalismo de trilero, que tenían mucho que ver con las denominadas estafas piramidales. En este caso rondaban el modelo piramidal egipcio, aunque sólo fuera porque había un solo faraón y muchos muchos subalternos que vivían del fastuoso emporio. El agujero bancario que dejó obligó a intervenir diecisiete entidades. El dinero público sirvió para aligerar aquella pandilla de facinerosos y arruinar a miles de cuentacorrentistas. Medio centenar de bancos y sociedades desaparecieron o fueron absorbidas en la jugada más sucia del mundo del dinero, que preludiaba otras que habrían de venir. Era «el cambio»; al menos el principio de «el cambio».

El presidente de unos de los siete emporios financieros manifestó a la prensa, al cumplirse el año del Gobierno del Cambio: «Hay que reconocerles a los miembros del Gobierno que saben su oficio, se están enterando, van al toro y son capaces de enfrentarse a los problemas». El jefe de la patronal madrileña le otorgaba un aprobado al Gobierno y un notable al presidente González. Rumasa se había convertido en un tumor que sajar y en una advertencia. Mensaje recibido.

La relación del Gobierno socialista con la gran patronal era casi entrañable, de entraña. La Asociación para el Progreso de la Dirección entronizó a González ante un millar de empresarios a los dos meses de llegar a la Moncloa. Lo promovieron Aguirre Gonzalo, presidente de Banesto, Rafael Termes, de la patronal bancaria, Ferrer Salat, Claudio Boada… Y quedaron afectados ante aquel prodigio del tapete. Comieron cóctel de langostinos, medallones de ternera a la crema y peras al vino. 2800 pesetas el menú; al tenor de los tiempos. Gobernar es el arte de hacer la carambola y meter la bola en el agujero preciso.

Del resto del primer gabinete socialista hay más ministros que llaman la atención, por más que entonces entre tantos pífanos y hosannas no llamara la atención otra cosa que no fuera el pasmo y la aprensión —¿adónde van estos chicos?—, pero hay que referirse a algunos que no merecieron especial estudio. El caso Maravall, por ejemplo, ministro de Educación. El de Exteriores, Fernando Morán, también, y cómo no, Javier Solana, el mayordomo por excelencia, que se prodigaría en esta tarea durante muchos años, pero que empezó en el ámbito siempre complaciente de la Cultura. Otros resaltarían luego, como Ernest Lluch (Sanidad), Joaquín Almunia (Trabajo). Los había que salieron del anonimato de manera efímera, como fue el caso de Carlos Romero (Agricultura), el rey del garbanzo, pues había nacido en Fuentesaúco, catedral de la legumbre; Julián Campo (Obras Públicas); Javier Moscoso (Administraciones Públicas), de la cantera de Fernández Ordóñez y exdiputado de UCD, más protagonista luego no tanto por introducir los moscosos, una ayuda vacacional al funcionariado, sino por su papel de fiscal general del reino; Fernando Ledesma (Justicia) y Tomás de la Quadra Salcedo (Administración Territorial). Todos recién incorporados al PSOE y todos desconocidos entre la clase política emergente, no digamos entre la ciudadanía atenta de la Transición.

José María Maravall, estudiante en Oxford, había empezado su militancia socialista en el laborismo británico, algo insólito y que decía mucho de su pedigrí familiar. Pertenecía a los selectos hijos de la primera inteligencia del franquismo. Su padre José Antonio, catedrático de Ideas Políticas en la Complutense, formó parte, junto a la generación que se autobautizaría como «falangistas liberales», del aspecto más elocuente de la dictadura, como en el caso de Pedro Laín Entralgo, Antonio Tovar y Dionisio Ridruejo el Aglutinador. A mediados de los cincuenta se distanciarían del Régimen, aunque cabe puntualizar que fue el franquismo ya asentado el que consideró innecesarios sus servicios. Varios de ellos, como Luis Díez del Corral o el arabista Emilio García Gómez, habían pasado antes por alevines de Ortega y Gasset, con Maravall entre ellos.

Para el socialismo andaluz que representaban González, Guerra y su puñado de amigos, esta incorporación de masa gris, de inteligencia viajada, profesores universitarios en su mayoría, suponía una fachada de respetabilidad hasta entonces limitada a Gómez Llorente, un veterano emulador de la cuestionada figura de Julián Besteiro, profesor de instituto y, por tanto, carente del halo de tradición académica ilustrada que impregnó la inteligencia liberal conservadora de la primera mitad del siglo XX.

Fernando Morán procedía de otra familia ideológica, la del profesor Tierno Galván. Fracasado su intento de dar vida a un partido paralelo al PSOE, el Partido Socialista Popular (PSP), no tuvo otra opción que sumarse al mayoritario socialismo, aunque sólo fuera para condonar las deudas cuantiosas que había acumulado en las elecciones de 1977. Fernando Morán López, veterano diplomático ya en tiempos de la dictadura, que sumaba su conocimiento geopolítico a una vanidad digna de Talleyrand, hombre culto sin imposturas, había escrito una novela interesante —Joe Giménez, promotor de ideas (1964)— y un libro bien documentado sobre literatura —Novela y semidesarrollo (1971)—; conocía la narrativa anglosajona desde fecha temprana. Fernando Morán no podía ocultar un cierto desdén intelectual ante los chicos de la tortilla sevillana, lo que a la larga, sumado a su inequívoca posición de izquierda y nada atlantista, acabaría provocando su cese. Hacía la figura de un animal insólito, casado con una Calvo-Sotelo, despreciativo con la derecha más ignorante que le hizo objeto de reiterados chistes, volviendo a producirse aquí una maldición inveterada, más vieja que el franquismo: los idiotas se ensañaban con el más listo de la cuadrilla, quien por cierto les pagaba con un desprecio más que merecido. «Este es un país de paletos y de horteras», le manifestó a la periodista Nativel Preciado, tras un par de años de actividad ministerial.1

Las campañas contra Fernando Morán disfrazaban su matriz reaccionaria bajo capa de chistes para zotes; el eminente muñidor histórico Ricardo de la Cierva producía entonces recopilaciones para la chusma levantisca. Fernando era hombre leído en un reino tendente a poner el listón en el catón de los infantes. A menudo olvidamos que para el generalísimo Franco el intelectual más respetado estaba personificado en el asturiano Jorge Vigón, hermano del ministro de Obras Públicas Juan Vigón, ingeniero militar y cortesano de don Juan de Borbón, aunque siempre unos escalones por debajo de su fidelidad al Caudillo. Jorge era hombre capaz de mirar con aprensión incluso algunas afirmaciones de Menéndez Pelayo y tenía más inclinación hacia la boroña, la caza, la pesca y la fabada que al mundo de las ideas. Ambos hermanos, antirrepublicanos activos en Renovación Española, estarían en la conspiración del 18 de julio desde la primera hora y gozaban entre los suyos de un incomprensible halo intelectual, casi modelos.

Javier Solana, para sorpresa de quienes lo conocieron en sus albores, iba a ser quien diera más juego a Felipe González. Ocupó los cargos más relevantes y pasó de ser el «Solanita pelotillero», de familia asentada y huidizo de cualquier conflicto que exigiera comprometerse sin garantía de victoria, a hombre providencial para la cultura socialista; nadie trabajará con tanto tino, y además instruiría a su sucesor, Pérez Rubalcaba. Su posterior período como portavoz del Gobierno y reiterado ministro le daría una pátina y dejaría una huella que se consumaría con el no va más de la secretaría general de la OTAN, años después. Parecía el paradigma del cambio, no tanto de la realidad cuanto de las aspiraciones del PSOE; había pasado de patrocinador por excelencia de la oposición a la OTAN a encabezar la Alianza.

Todo esto no le eximía, sino todo lo contrario, de servir de banderín de enganche y polo de atracción para una extrema izquierda que se había quedado desnortada y en muchos casos en paro político forzoso por los innumerables avatares: desde el fallido golpe del 23-F hasta los irrefrenables abrazos a la anteayer detestada Organización del Tratado del Atlántico Norte, pasando por el acercamiento a la Europa comunitaria consumado con la adhesión a la CEE en junio de 1985. Supo Javier Solana rodearse de un equipo cuyos ejes fundamentales los constituían dos veteranos exmilitantes del PCE, César Alonso de los Ríos e Ignacio Quintana.

El primer Gobierno de González, visto en perspectiva, iba a resultar el más multiforme y atractivo de cuantos formaría. Había hecho uso de una panoplia de talentos diversos cuya personalidad, por más que fuera inexperta por razones obvias, ofrecía un socialismo hacia todos los azimuts posibles. Habrían de pasar todos por la rígida norma del supuesto guardador de esencias, Alfonso Guerra, pero eso no impedía la personalidad de cada cual; se sobrentiende que algunos no la tenían, pero aquellos que sí la exhibieron. Del bienio 1983-1984 se puede decir que gobernaban a su albedrío, e incluso con el entusiasmo de ser pioneros en tierra ignota. Nada más alejado de los Gobiernos monocromos que siguieron, donde todo lo más surgía algún verso suelto, efímero.

El modo y manera de gobernar de Felipe González, si bien, y como era lógico, mantenía su condición de líder indiscutible, no achicaba a los demás. Los intentos, casi siempre exitosos, del comisariado que ejercía Guerra se volcaban más hacia el partido, donde él veía la continuidad y por tanto el futuro, que a la marcha de la maquinaria de la Administración. La actuación más llamativa del vicesecretario general consistió en forzar la retirada del presidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo, a la que contribuyó un dosier elaborado para El País sobre un chalé, a todas luces una interesada manipulación que ocultaba el fondo del asunto: la autonomía por la vía lenta —artículo 143—, defendida por Alfonso, contra la rápida —artículo 151—, que entonces privilegiaba Escuredo.

El presidente González dejó caer a Escuredo, y Alfonso Guerra ejecutó un corrimiento de escala; ascendió al número dos de Andalucía, Rodríguez de la Borbolla, más conocido por Pepote. Fue algo más que una depuración, porque Escuredo y su esposa Ana María Ruiz-Tagle pertenecían al núcleo primigenio del PSOE sevillano. Sin ir más lejos, Ruiz-Tagle, que proseguiría en cargos simbólicos de la Comunidad, formaba parte de la foto del pícnic inaugural de la tortilla, y su marido compartió el despacho del abogado laboralista González.

Andalucía, por ser manantial del nuevo PSOE, será hasta entrado el siglo XXI la niña de los ojos del socialismo salido en Suresnes. Una planta que cuidar, incluso que mimar en los presupuestos y las canonjías. No es baladí el tránsito de Escuredo a Rodríguez de la Borbolla, porque la autonomía andaluza ejercerá como equilibrado metrónomo, cuando no como bálsamo, frente a los vaivenes de otras regiones. Número uno en afiliación, reserva del funcionariado, base nutricia inquebrantable, pozo de subvenciones. La revalorización política, que no económica, de Andalucía va a ser una novedad que quizá no tendría mucho futuro, pero que sí dispuso de exorbitante presente, como mínimo hasta los fastos de la Exposición Universal de Sevilla en 1992. La política, cuando es poder, va dejando muebles antiguos en su inexorable tránsito. El PSOE era Alfonso, el Gobierno era Felipe; un tándem engrasado e imbatible, al menos en febrero de 1984.

La voluntad de González se notaba en la elección de personajes tan dispares como Boyer y Morán, Solana y Maravall, Julián Campo y Narcís Serra. Mariano José de Larra describía a los señoritos holgados de su tiempo no porque jugaran al billar, sino porque se limitaban a «pasar la noche empujando las bolas». En este primer Gobierno, González se tomó en serio la disposición de la mesa y se preocupó de elegir las bolas a tenor de las que estaban sobre el tapete.

La ruta, aunque improvisada, seguía una marcha sin zozobras especiales. Es verdad que la tentación de la corrupción no podía faltar en un partido sin experiencia, ni contenciones, ni vacunas que lo inmunizaran. La primera alarma la lanzó Alonso Puerta, segundo teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Madrid, que sería inmediatamente expulsado del partido y hasta del Ayuntamiento. El asunto afectaba a las contratas de limpieza en la capital y en provincias —Murcia, Lorca, Mérida, Burgos, Valencia, La Laguna— y se traducía en fraudes a la Hacienda pública. Aún se carecía de ley sobre la financiación de los partidos políticos, pero sí emergía un nombre, Emilio Alonso, primer responsable de finanzas del PSOE y miembro de su Ejecutiva. No tardaron en sumarse el de Manolo Rivas, secretario de la economía de los socialistas valencianos y vicepresidente de la Caja de Ahorros. Y más que dudosas operaciones empresariales que apuntaban al presidente de la Comunidad, Joan Lerma; a su jefe del gabinete de Prensa, el periodista Ximo Puig, luego presidente autonómico y entonces en plena pelea partidaria con el sector de Cipriano Císcar, porque la Comunidad Valenciana tenía la particularidad tradicional de numerosos ingredientes para la paella y no menos ruidos para las fallas. Entonces Ximo Puig no dejó de considerar que «la maraña de empresas paralelas» podía calificarse como «escándalo nacional». Como Cataluña, tan diferentes y tan similares, los socialistas valencianos siempre fueron una familia numerosa, muy numerosa, pero muy mal avenida.

La ayuda de la socialdemocracia alemana había pasado de la magnanimidad de la Fundación Friedrich Ebert —cuyo representante en España, el ubicuo Dieter Koniecki, recibió la merecida Cruz del Mérito Civil— a los fondos Flick. El asunto saltó tras las denuncias del Frankfurter Rundschau y Der Spiegel por financiación subterránea del consorcio alemán de Friedrich Karl Flick al conjunto de su clase política. Si el padre había ayudado a Hitler, por lo que fue condenado en Núremberg a siete años de prisión —de los que cumplió cinco—, su hijo había regado las cuatro fundaciones de la República Federal: la socialdemócrata Ebert, la democristiana Adenauer, la liberal Naumann y la socialcristiana Seidel. Total, diez millones de marcos de la época (unos 890 millones de pesetas, una nadería para lo que vendría después). Como el asunto llegó al Parlamento alemán, se constató que el PSOE había recibido cuatro millones de marcos para «ayuda a Felipe González», según testificó el gerente de Flick, Max Paefgen.

Quizá fuera inevitable, pero quien comparte el mundo del poder se acaba saltando las reglas que obligan a los comunes. Alfonso Guerra compartía amistad con Nerio Nesi, de la secretaría de finanzas del Partido Socialista Italiano, implicado hasta las cachas en las corruptelas de Bettino Craxi, pronto fugado de la Justicia italiana y residente en Túnez. A Nesi, amigo para siempre, el PSOE le concedió la Cruz de Alfonso X el Sabio, junto a Sciascia, Bobbio y Vittorio Gassman, quizá para disimular, pues eran los años de la descomposición del PSI ante los jueces de Mani Pulite, y Nerio Nesi ejercía de presidente de la Banca Nazionale del Lavoro, la gran tapadera.

Quizá fuera inevitable, o al menos así lo parecía. A mediados de 1984 el propio presidente González tuvo que echar mano de su amigo y compadre Enrique Sarasola, un pirata locuaz y simpático, disponible para todas las ocasiones —protegió a la familia de González durante el golpe del 23-F—, y que sobre todo se exhibía como su contacto preferido hacia el mundo de los negocios fulgurantes. Tras el Congreso Extraordinario de septiembre de 1979, que reintegró a González en la secretaría general, crearon Copex —sociedad dedicada a la exportación de frutas y verduras—, que acabó como el rosario de la aurora aunque ya estuvieran en el Gobierno y Sarasola les echara una mano. El balance de las finanzas del PSOE en 1983 y el proyecto para el año siguiente no podían ocultar la evidencia de la bancarrota, lo que no impedía que algunos dirigentes locales empezaran a descubrir cómo hacerse ricos.

La denuncia bautismal del militante Alonso Puerta terminaría con su expulsión y graves rifirrafes que, como ocurre casi siempre, acababan con sanciones a los que levantaban las alfombras recién colocadas, al tiempo que la autoridad partidaria daba la orden de hacer pasar los objetos, mal pisados y usados con provecho, por la lavandería. La realidad, preñada de satisfacciones, lo cubría todo.

El fracaso de las audaces medidas económicas del Gobierno de Mitterrand sirvió como espejo en el que reflejarse, si es que se dignaban a mirar hacia alguna parte. Pronto se vieron obligados a corregirlas, luego a achicarlas y por fin a mantenerse en el mismo statu quo que exaltaba el sistema económico entonces incontestable, representado por las Administraciones de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Tres discretos militantes del PSOE, los diputados Beviá, Martínez Sanjuán y Sanz Fernández, viajaron a Washington en octubre de 1984, como quien dice para ponerse al día y ofrecerse en lo que fuera menester. Aprovecharon para hacerle carantoñas a Reagan, del que señalaron que sus propuestas electorales eran más beneficiosas para España que las de su oponente electoral Mondale, el candidato demócrata.

No puede decirse que la política económica de Miguel Boyer fuera buena para la marcha de la economía española, pero confirmaba que, si bien la mayoría veía mermado su poder adquisitivo y contemplaba un aumento alarmante del paro, al menos algunos podían hacer buenos negocios. No sólo no se había achicado el desempleo —que se arrastraba tras años de dejadez y por la imposibilidad de que los frágiles Gobiernos de Adolfo Suárez pudieran atajar unas deficiencias que incluso venían de antes—, sino que Miguel Boyer manifestaba un desdén manifiesto por los sindicatos, las rentas bajas e incluso el partido, un PSOE que cada vez lo miraba con mayor perplejidad y hasta temor. Era un Gobierno de izquierdas que no tenía el más mínimo rubor en hacer una política económica ultraliberal cuando aún esta se hallaba en sus albores. La operación podía desarmar a la derecha clásica, que aún peleaba por los restos de su naufragio pero abría boquetes en la apreciación que los propios votantes de izquierda sentían por lo que muchos consideraban «su partido».

El cese fulminante de José Víctor Sevilla, secretario de Estado de Hacienda, en febrero de 1984 causó cierto asombro. Era sabido que Sevilla no compartía la política fiscal de Boyer, que se sustentaba en la convicción del talento estratégico de Mariano Rubio, subgobernador del Banco de España y amigo personal de longa data. Sevilla había llamado la atención sobre la desproporcionada alza de la inflación, trampeada por Boyer para mantener los topes salariales, y, por si esto fuera poco, puso el grito en el cielo de Felipe González sobre los pagarés del Tesoro, que colindaban con el «dinero negro». Más de tres billones —con «b» de billetes— de pagarés del Tesoro sin retención fiscal, opacos a la Hacienda pública y auténtica ducha para blanquear el dinero negro, donde entraría a saco la que luego se llamaría beautiful people y que entonces se acogía a la más chusca calificación de «amigos de Boyer». Incluso su secretaria ministerial, Petra Mateos, se convertiría en leyenda del mundo financiero.

Boyer echó a Sevilla y lo sustituyó por Josep Borrell, lo que hizo fruncir el ceño al presidente y a Alfonso Guerra. Víctor Sevilla había sido su colaborador desde los tiempos del franquismo y la Transición, y su nombramiento en Hacienda había seguido la indicación expresa del tándem, contra la opinión del ministro. Esa realidad definía a un Gobierno de izquierdas que no tenía el más mínimo rubor en hacer una política económica neoliberal aún indefinida. Verdaderamente desarmaba a la derecha clásica, pero abría boquetes en la apreciación de muchos votantes que aún tenían confianza en «su partido». La medida estrella rutilante, la única que se podía vislumbrar, consistió en la implantación de la jornada laboral de cuarenta horas semanales, pero al tiempo que se incrementaba el desempleo y la pérdida de poder adquisitivo.

Esto no podía hacerse impunemente sin un sustento absorbente de los medios de comunicación. Controlada TVE, la única existente, por la mano férrea del secretario para la manipulación descarada, que no era otro que José María Calviño —padre de la que llegaría a ser ministra de Economía con Pedro Sánchez—, colocado personalmente por el vicepresidente Alfonso Guerra para ejercer como depositario de las verdades reveladas por el Gran Comunicador. TVE, el medio oficial, oficioso y lo que fuera menester —y que daría paso luego al encaje de bolillos, o el chalaneo ferial de ganado, que constituiría la llegada de las televisiones privadas—, era inseparable del fuego graneado de un diario que llegaría a erigirse entonces en una especie de intelectual colectivo de intereses muy privados, el que urbi et orbi se proclamaba «El diario independiente de la mañana», El País.

El nombramiento de Calviño para domeñar al paquidermo RTVE tenía el sentido inequívoco de ponerlo bajo el control de Guerra, y por añadidura del jefe de la mesa de billar. Bastaba echar una mirada a la trayectoria vicaria del director general del ente público. José María Calviño era todo lo que se podía ser, incluso abogado, candidato «republicano» en las primeras elecciones, galleguista ejerciente, funcionario veterano del ente y de su Consejo. Fiel siempre, y así lo demostró en la primera ocasión que se le presentó. El exitoso programa de debate La clave, que dirigía José Luis Balbín, vieux routier del periodismo, invitó como uno más al recién expulsado del partido, Alonso Puerta, el primero en denunciar prácticas corruptas en el socialismo madrileño. Aquel día 14 de enero de 1983 se acabó La clave, Balbín y Alonso Puerta; todos «viraron a negro», como si se tratara de un corte de película. Calviño demostró su valía y lo que estaba dispuesto a hacer para «desgubernalizar la televisión», según había prometido Guerra el día de la toma de posesión de su designado. Una tarea ineludible que tiempo después se consumaría con la defenestración de Pilar Miró, directora general entre 1986 y 1989, a la que crucificaron entre los tirios del PP —con el corrupto Luis Ramallo a la cabeza— y los troyanos del PSOE, alentados por el vicepresidente: la Unión de Técnicos y Cuadros de RTVE llegó a exigir catorce años de cárcel a la directora general por un quítame allá esos vestidos. O tempora o mores, que traducido al lenguaje militante sería «Oh, tiempo de los moros».

El papel del diario El País es inseparable de la hegemonía del PSOE durante algo más de una década. Su director, su principal empresario, sus editorialistas hicieron de intelectual del partido cuando este apenas llegaba más allá de su funcionariado adicto y las atribuciones de las recompensas. Los editoriales de Javier Pradera, el anónimo al que todos conocían por nombre y apellidos, tenían el peso de lo oficial, de lo políticamente correcto, de lo necesario en aquellos frágiles momentos en que se establecían las claves del progresismo institucionalizado. Escribir en El País, publicar en El País, o más exactamente, ser publicado por El País llevaba implícito un rango que era desconocido desde hacía muchas décadas. No es extraño pues que el propio González habilitase unos sótanos del palacio de la Moncloa para institucionalizar una tertulia de intelectuales, artistas y asimilados, plumillas incluidos, denominada La Bodeguilla, donde invitaba a compartir con él el peso de la púrpura y la cercanía de unas carambolas. No existe relación oficial de asistentes, pero por allí pasaron desde el guardián de la ética José Luis López Aranguren, maestro de silencios y generaciones, y Rafael Sánchez Ferlosio —hasta que se hartó de hacer de palmero— hasta figuras del momento, ya fuera un columnista de alquiler como Francisco Umbral o un rockero recién aseado, Ramoncín de Vallecas.

En un silencio sospechoso de fraternidad cómplice, se produjo la privatización de los veintidós diarios de la antigua cadena del Movimiento (partido único del franquismo); muchos deficitarios, otros boyantes. Fue indolora, pero sobre todo insonora, y aún espera una meditación de aquel proceso de adscripción al Gobierno, que los hizo privados por decreto, aunque adscritos al poder público.

Coincidió con la aparición de un cierto malestar que no llegaba al rechazo y que vino en llamarse «el desencanto», secuela de un filme documental de Jaime Chávarri, unos años antes, que reflejaba la desazón de una familia anunciada de naufragio: los Panero. Tres hermanos descastados y multiusos hacían los bises a su dulce madre, ya viuda del poeta imperial Leopoldo Panero. Evocaciones y presentes tediosos entre nubes de glorias de antaño. El nuevo cerebro emergente de la práctica-teórica en el PSOE, Ludolfo Paramio, denominó al fenómeno del desencanto, con inquieto sarcasmo, tristitia post coitum. Consecuentemente fue en El País de mayo de 1982, en vísperas de la Gran Victoria, donde un encomiástico artículo firmado por José María Maravall, futuro ministro de Educación, dejaba constancia de que «la Transición no ha estado nada mal». La daba, pues, por concluida y alababa sin rubor a quien habría de ser su jefe en el funcionariado académico: «La inevitable dosis de aceite de ricino con la que nuestras abuelas purgaban nuestros atracones. Atracones de ideología y expectativas ilusorias», que ahora zanjaban el viejo y ya insulso dilema entre la reforma o la ruptura: «La literatura jeremíaca de la Gran Ocasión Perdida» [las mayúsculas son suyas].

El PSOE y su tándem dirigente, González y Guerra, habían marcado una huella que permanecería: la Transición había terminado, había llegado el momento de gobernar. Aquel primer Gobierno señalaba por acción u omisión las ambiciones de los líderes. Allí estaba lo más útil de que podían echar mano, y al tiempo trazaban la senda que seguirían en los años sucesivos. Cero audacias y derroche de simpatías al mundo económico que los había ninguneado cuando apenas sacaban la cabeza. La primera y única reunión de Felipe González con el gran empresariado había tenido lugar en un restaurante —El Escuadrón—, un día de marzo de 1981, y el futuro presidente se hizo acompañar de Boyer, Solchaga, Almunia, Javier Solana y Ernest Lluch, la plana mayor de los que iban a ser los futuros economistas de Estado.

Mantenían el espíritu de una gran familia, la Gran Familia Socialista, que recogía todo lo que había quedado disperso y acoquinado, avejentado o recién salido del radicalismo izquierdista, pero toda ella dispuesta a sumarse a aquella gran fiesta de un Estado arruinado que debía ser cuidadoso en los derroches, aunque tuviera siempre dispuesto eso que da en denominarse «el chocolate del loro»: lo que se va gastando y que sirve para alimentar al animalito que anima la fiesta y el paisaje. Nadie que tuviera intención de servir podría quejarse de no ser atendido, por poco que fuera.

Los socialistas de cátedra del PSP de Tierno Galván, arruinados tras los gastos electorales, llegaron a un acuerdo de integración que administró Alfonso Guerra, colocándolos de uno en uno y en ocasiones dándoles la oportunidad de merecer. Fue el caso del Viejo Profesor, que de aspirante a presidente de la III República asumió con ánimo castizo ser futuro alcalde madrileño que encandilaba a abuelos y nietos. Pero lo mismo ocurrió con la extremísima izquierda maoísta de Francisca Sauquillo o con los efluvios guerrilleros de García Cotarelo, que le venían del García paterno, soldado republicano en el XIV Cuerpo de Ejército Guerrillero del comandante Domingo Ungría —no confundir con José Ungría, que dirigió los Servicios de Información de Franco durante la Guerra Civil— y luego en Latinoamérica con la guerrilla promaoísta. Las fieras antirrevisionistas de la pureza bolchevique —Ludolfo Paramio, Soledad Puértolas, Joaquín Estefanía…— se incorporaron al partido del cambio. Llegó un momento en el que cabía preguntarse si había izquierda política fuera del PSOE de González-Guerra. Lo que quedaba, abrevaba en los páramos de la marginalidad funcionarial.

Constituido en el sólido bastión de la izquierda, el PSOE no tenía preocupación alguna salvo gobernar. A su derecha, aún costaba encontrar algo que no respirase el agobiante aliento del franquismo; Manuel Fraga intentaba con una mano que no se le desmandaran los Siete Magníficos —ministros de la dictadura fallecida por consunción— y con los que había marchado el primer trecho electoral de la democracia, y con la otra, ir dando cabida a una nueva generación de políticos conservadores que tardarían en descubrir el enigma del «centro». Él se inclinaba por los viejos modos y el aire, sólo el aire, de modernidad que entonces representaba una mujer al mando —no olvidar el atractivo de Margaret Thatcher para el conservadurismo europeo—. Quizá eso contaba para que se inclinara inequívocamente por la figura de Isabel Tocino, su candidata a sucederle. Una mujer cercana al Opus Dei, cercana al mundo empresarial, cercana a una sociedad que quería distanciarse del pasado. Cercana a todo, pero no adentrada en nada para unos aspirantes que no querían acercarse al poder, sino ejercerlo derrotando al PSOE.

Por la izquierda, el adversario histórico, el Partido Comunista, vivía en plena crisis permanente, también con un conflicto generacional que se revestía, como es muy frecuente en la historia, de pelea ideológica. Sin contar el factor decisivo, con el que no confrontaba la derecha, el de tener un polo de atracción tan luminoso y evidente como los socialistas, que no sólo ganaban en electores, sino que gobernaban con mayoría absolutísima, sin necesitarlos salvo en lo accesorio de las alcaldías. Santiago Carrillo venía a convertirse en una especie de venganza histórica, lo mismo que Fraga. Dos emblemas de pasados distantes, aunque paralelos, que acabarían encontrándose en la inanidad política; mejor resuelta en el caso de Fraga con su retirada a Galicia.

No menos importante, tratándose de instrumentos de reciente factura, el PSOE del tándem González-Guerra, entonces inquebrantable, daba los mejores resultados según el principio atribuido a Alfonso Guerra de que quien se moviera en el seno de la formación «no saldría en la foto». Pasados tres años, el presidente retiraba de su intimidad social y mediática al presentador Eduardo Sotillos y se quedaba con Julio Feo para todo; prefería la veteranía a la ligereza. Había empezado un proceso, por lo demás muy frecuente, en el que los mandatarios prefieren amigos y compadres que los protejan antes que empleados vistosos y frágiles.

El horizonte pues estaba despejado. Ni siquiera la economía, tambaleante y sin encauzar —pese a las ambiciones de canciller de hierro que escondía Miguel Boyer—, amenazaba la hegemonía política e ideológica. Sólo quedaba la mota engorrosa del prometido referéndum de la OTAN. No era fácil hacer girar a un electorado embelesado por la probidad y la previsión de sus dirigentes, lograr que dejaran de contemplar el «OTAN, de entrada no» para pasar al de la «OTAN, no cabe salir». Hoy es fácil y basta echar una ojeada geopolítica, pero entonces no existía la geopolítica, ni siquiera era materia académica; el país entero y su clase política se movían aún en la autarquía con una mirada ansiosa hacia Europa.

En septiembre de 1984 más de un tercio de los congresos provinciales del partido con vistas al XXX Congreso, que celebrar en diciembre, se pronunció por el abandono de la OTAN. Algunos, como Joaquín Leguina, presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, hacían malabares con tal de no definirse en ningún sentido…, salvo que el Ejército estadounidense debía abandonar la base de Torrejón. «Nuestra postura no es clara —dijo ante sus huestes—, porque incluso el Gobierno en este momento está jugando con un conjunto de variables y no considera oportuno definirse aún sobre eso. OTAN sí, OTAN no, es una decisión que no podemos tomar precipitadamente ni atando de pies y manos al Gobierno». El 68,2 por ciento de la militancia era partidaria de que España no perteneciera a ninguna alianza militar.

El XXX Congreso, el primero que se celebraba en el poder, sirvió como la consagración del líder. Días antes Alfonso Guerra había presentado el primer libro hagiográfico, Felipe González. De Suresnes a la Moncloa, que él rebautizó como «De Isidoro —olvidado nombre de guerra en la ilegalidad— a Felipe González». Pero Guerra no sería Guerra sin la desmesura, y de manera chulesca resumió la trayectoria del elegido con una vulgaridad que chirriaba incluso en tal festejo:

En el 77 se hizo una campaña a la que yo llamo «del amante». La del 79 la definí como «del marido», y en el 82 conseguimos conjugar la fogosidad del amante con la serenidad del marido.

Ahí queda eso para los anales ideológicos del PSOE. Por lo demás, el engendro del libro había sido obra de dos profesores, Bernardo Díaz Nosty y Justo Villafañe, tras largas conversaciones con el Santo.

Conviene tener presente que el 60 por ciento de los delegados en el Congreso ocupaba ya un puesto de la Administración. En el fondo y en la forma, consistió en una exhibición de poder de González, con el apaño seguidista de Guerra. La única decisión, que tendría alguna trascendencia al correr de los años, fue la sorprendente cooptación de Txiki Benegas a la secretaría de Organización. Un veterano nacido en Venezuela, con trece años de militancia. Nadie lo había previsto, ni él mismo, y causó sorpresa entre sus compañeros vascos porque su papel se consideraba capital en la formación de un Gobierno de coalición con el PNV en Euskadi. Unos nacionalistas que a todas luces no representaban mucho para el líder indiscutible y su escudero, que tenían mayoría de sobra para gobernar el país entero.

La única voz distante entre tanta autosatisfacción fue la de Nicolás Redondo, que empezaba a intuir hacia dónde iba a ir la política económica. Miguel Boyer seguía siendo el virrey de la economía. Aunque le quedara poco en ese papel, estaba tan ensoberbecido como para echar pulsos, sin entender que ese XXX Congreso venía a dar carta blanca no a su política, sino al líder que lo había entronizado. Tenían valor las palabras de Redondo en la sesión de clausura: en estos dos años había afrontado «más dificultades de las que yo esperaba». Un alfilerazo al que era inmune la irresistible conciencia de González: «El partido tiene que ser duro como una piedra». Y hubiera podido añadir evangélicamente: «Y sobre esa piedra edificaré mi iglesia».

La estrategia para quedarse en la OTAN con el mínimo destrozo interno se planificó desde la cúpula del PSOE como una gran batalla estratégica tras la visita de Felipe González a Estados Unidos cuando llevaba siete meses en el cargo. Fue para entrevistarse con Ronald Reagan.

¿Cómo se superó la confusión y el partido se hizo un solo hombre, el único, tras su presidente? El poder lo allana todo y con un buen trabajo de peluquería no son necesarias sofisticadas cirugías plásticas. Se logra hacer coincidir que el vicepresidente Guerra dijera en Valladolid, el 5 de enero de 1983, que el «próximo referéndum estaba cantado: no a la permanencia en la OTAN», al tiempo que el presidente preparaba su visita a Reagan en Washington para anunciarle lo contrario.

El partido se ponía a punto y eso requiere afinar los instrumentos. Esta falta de sintonía, esta improvisación, dominaba en la cúpula, ¿qué no sería en los escalones más bajos? «Lo dice Felipe y basta». El partido se sumía en la fe en su líder, el Moisés que los había traído a la tierra prometida, y además no había desaparecido como el bíblico, sino que seguía allí, cantando las victorias aún no realizadas, porque no tenía ni enemigos a los que temer, sino confidentes que se hacían mieles de sus éxitos. Como en el billar americano, en el que el primer golpe dispersa sobre la mesa el triángulo que forman las bolas, así fue. Una tacada y la mesa ya estaba preparada para hacer carambolas. Un mago del billar que oscurecía la leyenda de Fernando VII en el tapete verde. Son años de jugador de fortuna; un solo toque y todo parecía muy ensayado y premeditado. La OTAN arrastraba la bola de la Comunidad Económica Europea; Boyer facilitaba la segunda carambola de Solchaga; Morán ayudaba retirándose ante el afamado prestidigitador Fernández Ordóñez, el único profesional en aquella partida de amateurs. Alfonso Guerra, disfrazado de Robespierre, se ponía la peluca de Talleyrand.

La adhesión a la CEE hizo de escalón a la permanencia en la OTAN, era una obviedad. Además, rompía el frente crítico, y los nuevos ilustrados —sobre los que habrá que volver como concepto y ambición— conseguían entrar junto a Portugal en esa Europa occidental de la emergencia económica. El capitalismo español se hacía cosmopolita por algo que iba más allá de la evasión de capitales. El país entero entraba en el negocio, aunque fuera una economía subsidiaria. Solchaga se encargaría de darle vuelos.

En octubre de 1984 el presidente anunció que en la primavera del 86 se celebraría el referéndum de permanencia en la OTAN. Sería al borde del final de la legislatura. Tenían casi dos años para prepararlo. Hasta Leopoldo Calvo-Sotelo, su antecesor, lo felicitó por el gesto. Si hubiera que referirse al naciente espíritu de partido con relación a la OTAN, nadie mejor que Manuel Chaves para constatarlo:

La verdad es que yo creo que España no debe quedarse en la OTAN. Bueno, yo quiero decir que yo defiendo las resoluciones del partido en este asunto. Aunque, claro, si el partido cambia de parecer…2.

Más centrado en lo inminente, el alcalde de Barcelona Pasqual Maragall orientaba: «Creo que nos falta aún leer la cartilla, es decir, que el tema OTAN hay que estudiarlo bien».3

Cosa insólita, los presidentes de los siete grandes bancos firmaron una carta conjunta a favor del sí a la OTAN, pero todos los esfuerzos no fueron suficientes para evitar que casi doce millones de electores (40,26 por ciento) no votaran y que otro millón lo hiciera en blanco (6,5 por ciento), lo que daba un resultado de casi la mitad de la ciudadanía. En cuatro comunidades (Cataluña, País Vasco, Navarra y Canarias) se impuso un no rotundo. La desvergüenza analítica que entonces se prodigaba se la ganó Pilar Brabo, exdirigente del PCE y en situación de disponibilidad absoluta para los socialistas, que la nombrarían gobernadora civil entre otras cosas. «La modestia y la serenidad de las palabras pronunciadas por Felipe González al conocer los resultados del referéndum deben servir de modelo»4.

Tenía su lógica que el presidente reincorporara a Helga Soto-Diekhoff, su secretaria política desde la Transición, para que orientara a Guillermo Galeote, director de la campaña de adhesión a la OTAN. Además de contar con la confianza de González, la tenía como fuente de información en Exteriores con Fernando Morán, y luego la mantuvo con Fernández Ordóñez. El mundo exterior a la España provinciana era el suyo: veinticuatro años en la República Federal de Alemania en el seno de una familia socialdemócrata de Kiel.

La campaña a favor de la OTAN —que sus esforzados defensores reescribieron para dejar de llamarla por esa sigla y referirse a ella con el edulcorado sintagma Alianza Atlántica— tuvo sus padrinos al inicio para luego pasar a ser una obviedad aceptada por la militancia en pleno. Los precursores usaron como referente a Fernando Claudín, director ya de la partidaria Fundación Pablo Iglesias. Él y Ludolfo Paramio, su premioso discípulo, nos regalarían en El País —desde junio de 1984— una serie de artículos bajo el ilustrativo titular «OTAN: Razones para no salir». Claudín, de curtida formación estaliniana en la dirección del PCE hasta los años sesenta, iba a convertirse en el cruzado de la defensa de la OTAN hasta alcanzar la parodia. En diciembre de 1985 hizo alarde de sus dotes en un texto titulado «Ni la Unicef ni el lobo feroz»:

El referéndum —que en rigor no es el procedimiento más idóneo para un asunto tan complejo— podría convertirse en un ejemplo para Europa de la madurez política del pueblo español.

O lo que viene a ser lo mismo: no sería el procedimiento idóneo si lo perdiéramos, pero sería un ejemplo si lo ganamos.

González aprovechó la dimisión de Boyer e hizo la carambola de echar a Fernando Morán al hoyo de los Asuntos Exteriores. Si hubo dos alanceadores insistentes y poco elegantes del ministro Morán, fueron Claudín y Javier Pradera; este último llegó a firmar con sus iniciales —algo insólito para quien alardeaba de escribir siempre «en editorial»— un texto que preludiaba su cese ministerial.5 Unos adelantados de la nueva visión atlántica de Felipe González.

Es lógico que, tras el referéndum del 12 de febrero de 1986, al presidente no se le ofreciera otra opción que convocar elecciones; porque ya tocaban y porque la campaña pro-OTAN las había puesto en el punto de mira. Las generales fueron el 22 de junio, con el tiempo imprescindible para curar heridas si es que había quedado alguna, para distanciarse de aliados no recomendables y para revalidar en las urnas lo que hubiera podido cuestionar el ciclo arrollador del líder indiscutible. Así quedó para la historia. «He perdido mi libertad para que los demás la tengan», había manifestado al director de El País, Juan Luis Cebrián, mi socio, mi semejante, en una entrevista que ocupó cuatro páginas.6

Las segundas elecciones socialistas del 86, nunca mejor dicho, aunque retrataron un significativo abandono electoral, ratificaban a Felipe González en el liderazgo que los había salvado de la orfandad de la OTAN, los incorporaba a las instituciones europeas y, por si fuera poco, les quitaba de un plumazo la arrogancia económica del ministro Boyer. Su pulso para alcanzar la vicepresidencia y el control económico del Gobierno se había saldado con un rechazo y su dimisión el año anterior. A la manera de ese jugador gregario pero pertinaz, que era su gentil manera de gobernar, Felipe González podía seguir el camino trazado por Boyer sin aguantar su soberbia y sus modales fríos, ni siquiera corteses, que quizá le venían de mucho antes y que caracterizaron a varios grandes del mundo económico; al propio Keynes, sin ir más lejos.

A Boyer le debía el rotundo golpe de efecto de la intervención de Rumasa, que desnudó al que ejercía de rey Midas de la economía, José María Ruiz-Mateos. Salieron a la luz rasgos determinantes de felonía, estafa, fraudes a la Hacienda pública, falsificación de documentos mercantiles y, sobre todo, un desprecio omnímodo por las laxas normas que venían de la dictadura. Lo compraba todo y no pagaba nada, y aunque parezca un chiste lúgubre, con el tiempo alcanzaría a trastocar las acciones de sus empresas tronadas en botellas de coñac añejo. Con un déficit patrimonial de 270.000 millones de pesetas, pero regando de millones en letras de cambio —1500 millones como mínimo— y amparado por su religiosidad desvergonzada, como miembro del Opus Dei, acabará en aventuras que pasaron por el exilio, el Parlamento europeo y más de trescientas empresas en liquidación de lo que se definía como holding. Había sido el primer gran gesto del Gobierno, y el último, que puso firmes e inquietos a sus colegas del gran mundo, muchos de los cuales se quedarían con las mortajas del Gran Emprendedor convertido en un pirata disfrazado de arlequín y voz aflautada.

En uno de sus alardes literarios, escribe Alfonso Guerra en sus memorias —Dejando atrás los vientos— una caricatura de Boyer remitiéndose al encargado de la Hacienda del Imperio romano, extraído de la novela de Gore Vidal Juliano, el Apóstata. Una maldad implícita, porque pocos conocen la novela y menos aún serían capaces de hacer unas risas sobre el símil.

A nadie se le ocultaba que Boyer, al igual que su discípulo y luego sucesor, Carlos Solchaga, sentían un desdén hacia Guerra que llegaba a la inquina, recíproca. La apuesta que llevaría a la dimisión-cese de Boyer el 4 de julio de 1985, tras poco más de dos años en el Gobierno, no fue otra cosa que la descabellada apuesta por sustituir a Guerra en la vicepresidencia. En la política siempre le había caracterizado la torpeza y una notoria falta de reflejos; no así en los negocios. No obstante, la ambición de Boyer por asentarse con González en la silla de al lado, la vicepresidencia, no tuvo visos de un chantaje sino que alcanzó la categoría de alta política, a su pesar. Lo propuso en el momento que González se aprestaba a afilar su Gobierno aprovechando la ineludible retirada de Fernando Morán. Con salero contaba Morán esta su última entrevista con el presidente y cómo Felipe le había explicado la necesidad de retirarlo ahora que se iba a abrir otra política exterior. La única duda del Jugador de Billar es que no acababa de encontrar quien lo sustituyera. «Es como lo del marido que le dice a su mujer que le va a poner los cuernos pero aún no sabe con quién».

No era el caso de Miguel Boyer. González quería mantenerlo, pero debía convencer a Guerra de que tener al lado a un vicepresidente como Boyer no cambiaría su estatus. Incluso devaluando el cargo, porque no quería la explosiva bicefalia Guerra-Boyer, sino que se sacaba de la manga otra bola: una tercera vicepresidencia para Narcís Serra y su Defensa. Algo demasiado complicado para que lo abordara quien no estuviera ejercitado en el billar profesional. Una jugada de uno a tres, que quizá podía explicarse por su embelesamiento con Narcís, un resolvedor de entuertos, especialista en evitar charcos, y que no sólo se mantenía incólume en el avispero militar sino que hacía de tonto en un mundo castrense sobrado de listos que se lo creían. Lo que años después representaría Carlos Solchaga, el resoluto sin complejos, lo iría hilando Narcís Serra, su favorito del momento, discreto siempre, complaciente y atento a la menor insinuación de González para decirle a su inquebrantable secretario político, Lluís Reverter, que la acometiera. Algo similar quería exhibir ante Alfonso.

Pero Guerra no se dejó seducir por la celada y se negó a participar en la carambola poniéndole las cosas muy claras: «Si Boyer asciende, yo me voy». En sus ya citadas memorias hay un poso de tristeza. Su hasta entonces matrimonio político, que se jactó de indisoluble, se quebraba a los veinte años de relación absoluta y aparecía algo más que la sombra de una traición. Un malquerer de vivir solo y para sí; las compañías vendrían con los azares que concede el poder. Mientras hay poder, florece el amor, o como se lo quiera llamar. No era el momento para cambiar de pareja, pero se le escapó una disculpa más contundente que una confesión. Ante el envite de Boyer y la perspectiva de perder a Guerra, las palabras de González se hicieron transparentes: «No me compensa». Las transcribió Alfonso en sus memorias airadas.

La frase tenía el efecto de una bola sobre el tapete. Dejar a Boyer y perder a Guerra no le compensaba ahora; si algún día le compensara, volvería a jugar. Mensaje recibido que se visibilizará unos años más tarde, en enero de 1990. Se entienden entonces las preguntas nada retóricas que Alfonso se hizo a sí mismo.

¿Estaríamos moviéndonos los socialistas hacia posiciones de dependencia personal? […]. La inquietud no me abandonaría nunca […]. ¿Era consciente el presidente del inicio del culto a la personalidad que algunos amigos y colaboradores ponían entonces en marcha?

Los líderes tienen barberos y por eso no miran al espejo cuando los afeitan. De otra manera no sería comprensible este Alfonso Guerra, sensible al «culto a la personalidad» que inventó Jruschov en 1956 para aplicárselo al difunto Stalin. Son palabras mayores para la edificación de un liderazgo en ascenso, en cuya irresistible escalada el mismo Guerra ejerció de promotor privilegiado. De tener espejo en el que mirarse, habría detectado que había sido él quien primero puso en tierra el «culto a la personalidad», a escala española de provincias, y lo regó y lo exhibió para disfrute de barones y cuadros del partido.

Con ese «No me compensa», es posible que Alfonso entendiera por primera vez y de manera diáfana que la vieja amistad, el compadreo de antaño, había pasado a otra categoría; esta ya compatible con la política y el ejercicio del poder. Vicepresidente o no, había tomado conciencia de la bola de billar que le correspondía y que rodaba hacia la tronera. Si siempre fue así o no, se trata de una pesquisa nueva y pertenece al ámbito de la intimidad. Lo que sí era incontestable había sido la advertencia.

No había razón alguna para que en las elecciones de junio de 1986 Felipe González no saliera confirmado como un notable jugador del billar político. En el Gobierno poselectoral apenas se excedió; se limitó a alisar el tapete. Comprobada la eficacia de Javier Solana, ya nunca más Solanita, lo convirtió en portavoz e incorporó a un amigo veterano para administrar el granero de Andalucía, Manuel Chaves, nuevo ministro de Trabajo y Seguridad Social; el cuerno de la fortuna.

III

Una ligera decadencia entre las flores

Esto es cosa de bobos. Un delito

común este de andar entre pellizcos

de brujas. Porque ellas

no estudian sino bailan

y mean, son amigas

de bodegas. Y ahora,

a mediodía,

si ellas nos besan desde tantas cosas,

¿dónde estará su noche,

dónde sus labios, dónde nuestra boca

para aceptar tanta mentira y tanto

amor?

CLAUDIO RODRÍGUEZ

Parecían cerradas las vías que provocaban inquietud. Las elecciones de 1986 les otorgaron una holgada mayoría absoluta de 184 diputados; 18 menos que en el 82, con el estrambote de que la Izquierda Unida de Gerardo Iglesias no alcanzó el 5 por ciento (7 diputados) que les consintiera formar grupo parlamentario propio y debía integrarse en el cajón del Grupo Mixto, con extraños compañeros de cama como Unió Valenciana, Agrupación Canaria, Esquerra Republicana y el PDP de Óscar Alzaga. Así hasta sumar treinta personas en busca de destino y conscientes de lo efímero de su sillón y su futuro. La abstención subió 9 puntos y el PSOE perdió en el camino al 7 por ciento de sus votantes. Una señal, salvo en el País Vasco, donde desbancó al dividido PNV como primera fuerza.

Lo más divertido, si es que en política hay cosas divertidas y no estrafalarias, fue la aparición de un monstruito, producto del laboratorio financiero, que se llamó Operación Roca. El nombre del partidete no es fácil que alguien lo recuerde: Partido Reformista, casi como Sagasta. Los muñidores se inventaron un partido de centro porque el PSOE era lo absoluto de la izquierda y Coalición Popular la nada de la derecha hirsuta.

Se trataba de convertir al avispado Miquel Roca Junyent en un líder. No lo era ni en Cataluña, pero trataron de lanzarlo al estrellato peninsular. El fracaso fue sonado, pero el ruido apenas duró lo que el vacío en las urnas. Los promotores, que tenían dinero de sobra, siguieron a lo suyo, ganando más dinero para compensar las pérdidas. Volvieron a las bambalinas de su floreciente patrimonio nombres que todos, hasta entonces, consideraban «con mucho futuro», y ahí se quedaron: Antonio Garrigues Walker, Florentino Pérez…, entre un puñado de prebostes que no habían entendido que el presidente del centro-izquierda español tenía nombre desde 1982 y que le quedaba una década para seguir manejando el embeleco.

La economía había pasado de Miguel Boyer y su infranqueable soberbia a la tranquila avidez del alumno de Tudela, Carlos Solchaga, cuyos antecedentes como asesor de la UGT de Vizcaya podían ser interpretados por las buenas gentes con mayor benevolencia y menos agresividad hacia los sindicatos y el mundo laboral, cada vez más inquieto por la manifiesta incomprensión del Gobierno y su adhesión casi incondicional al mundo empresarial. Estaba en la lógica de las cosas con las que había construido su figura; más pendiente de servir a Pedro de Toledo —presidente del Banco de Vizcaya— que a un poco dicharachero Nicolás Redondo. Los años que van a llegar abrirán un frente de consecuencias letales para González. El archicitado Pacto del Betis (1974) —invención malévola de Pablo Castellano, que se había quedado marginado de aquella operación— daba nombre a la cesión de Redondo al irresistible vendaval sevillano González-Guerra, y se quedaba obsoleto. Muchos creyeron que era un pacto de familia que unía en desigual matrimonio al partido y a su correa de trasmisión, el sindicato UGT.

Esta pareja empezó a descubrir que sus intereses no eran los mismos y empezaron los reproches, hasta que la crisis matrimonial fue a más y llegaron al enfrentamiento, que poco antes del fin de esta legislatura se traducirá en divorcio. Y en verdad que fue sonado, porque tendrá una ruptura escenificada: la gran huelga general de 1988. Se puede decir que, desde el nombramiento del Gobierno que sale de las elecciones de junio de 1986, se comienza a sentir el clima de fractura brutal de la pareja indisoluble, que acaeció el 14 de diciembre de 1988. El presidente no sólo no hizo nada por evitarlo, sino que lo fue alimentando. Literalmente no quiso jugar la partida y dejó que las bolas rodaran a su suerte. En el fondo descubrió que sus intereses y los de su sindicato eran diferentes; eso al principio. Luego entendió que no sólo debían contemplarse como diferentes, sino como contrapuestos.

Le había salido tan fácil su carambola, al aprovechar la minicrisis provocada por Boyer para deshacerse de su ministro de Exteriores, que tenía razones para pensar en su magisterio sobre el tapete verde. El pobre Fernando Morán, aprobado el sí en el referéndum de la OTAN y practicándose una política muy sujeta a la Casa Blanca de Ronald Reagan —quien se deshacía en elogios al muchacho español que tan bien se portaba en circunstancias nada fáciles—, podía considerarse amortizado, o más exactamente, sólo le quedaba retirarse del escenario. Para el ministro desahuciado —buen conocedor de los difíciles equilibrios de Oriente Próximo y del conflicto palestino-israelí—, el reconocimiento del Estado de Israel, conformado con las anexiones de 1967, fue un trago, el último quizá, y no le quedaba más que esperar la orden de retirada e ir abandonando cualquier veleidad de combate. El presidente lo sustituyó por su contrafigura, humana y políticamente, Francisco Fernández Ordóñez.

Fernández Ordóñez anunció en enero de 1986 el inminente establecimiento de relaciones diplomáticas entre Madrid y Tel Aviv, al tiempo que González enviaba una carta a los líderes de los países árabes, incluido Yasir Arafat, secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). En ella apuntaba el ingreso en la Comunidad Europea como argumento para este giro de su política: «España mantendrá su rechazo de la ocupación de territorios por la fuerza y su defensa de las legítimas aspiraciones del pueblo palestino». El estilo del jugador de billar cuando la bola, tras hacer carambolas, cae en la tronera.

El nuevo ministro estaba en las antípodas de los modos y maneras de Fernando Morán; quizá sólo coincidían en disponer de culturas amplias y aireadas. Francisco Fernández Ordóñez, hombre empático por excelencia, un hacedor de amigos, más crédulos que reales, porque había en él un fondo insondable. Se asegura que Napoleón, en el momento de nombrar a los altos mandos de su Ejército, solía preguntar: «¿Tiene suerte?». Napoleón hubiera ascendido a general a Fernández Ordóñez. Había nacido con una flor en el culo, según el clásico popular. Hasta las decisiones más peregrinas le salían bien. Nada que ver con la vulgaridad de un oportunista, simplemente sabía lo que era la oportunidad; siempre dispuesto a ocupar el lugar que le venía bien a él y a quienes lo nombraban. Entre tanta medianía prosopopéyica, Fernández Ordóñez es uno de los personajes de la política española dignos de estudio. Con Adolfo Suárez había abierto el camino de una Hacienda pública y apadrinado el divorcio; dos añagazas que jalearon al macizo de la raza hacia el insulto y el despropósito.

Las líneas de incorporación de España a la Comunidad Europea estaban trazadas desde el mismo ingreso en la OTAN por Leopoldo Calvo-Sotelo. Ahora Fernández Ordóñez le daría la vuelta: como ya pertenecemos a la OTAN y esto nos costó la batalla de un referéndum, llegó la hora de Europa. González pudo ostentar durante seis meses la presidencia de la Comunidad, con Fernández Ordóñez de ministro. El Jugador de Billar le regaló dos medallas, y el ministro pudo pasar a la siempre voluble categoría de hombre indiscutible, capaz incluso de anunciar su retirada. Será, dijo, en 1990; aguantó en el cargo hasta que el cáncer se lo llevó.

Quizá fuera una premonición o un símbolo que unos meses antes de las elecciones del 86 y del giro definitivo del nuevo equipo de gobierno —el más felipegonzalista que cabría suponer— falleciera Enrique Tierno Galván, respetado primer alcalde del Madrid postransición y más estimado por la población que lo votaba que por sus comilitones, que lo miraron siempre por el rabillo del ojo. Ganó la alcaldía de Madrid con el apoyo del Partido Comunista. Después de la quiebra económica que supusieron para su PSP las primeras elecciones en 1977, logró un intercambio de acciones con Alfonso Guerra: este pagaba las deudas y todos se iban a la casa común del PSOE. Quedaría en el recuerdo como el gran alcalde de Madrid y un símbolo para quienes sólo conocieron de él aquellos años intensos de abuelo político que precedieron a su muerte. Se fue a los sesenta y siete años y había ganado en coalición durante dos mandatos. El segundo no llegó a terminarlo, no por la inquina que le manifestaban sus jefes políticos en el partido —recíproca, por cierto—, sino por un cáncer de colon.

Fernando Morán había sido un fiel militante del exclusivo club antifranquista del PSP de Tierno Galván, como lo fueron Raúl Morodo, José Bono, Pérez Mariño, Pedro de Silva… y tantos como ahora estaban aupados en el liderazgo socialista. Desaparecidos Morán y Tierno, ya no quedaba ni el recuerdo, y todos ya formaban parte de las granadas huestes de veteranos del socialismo desde la primera hora de la Transición, sin diferencias de familias.

Había dos conflictos que degenerarían hasta convertirse en tumores de difícil tratamiento. Uno, el distanciamiento progresivo entre Gobierno y sindicatos; el otro, el terrorismo de ETA, que se había vuelto pandémico en el País Vasco. Para el primero sirvieron durante varios años los paliativos de Alfonso Guerra, que conservaba una relación óptima aún con Nicolás Redondo, figura indiscutible y factual de la UGT, y un cierto halo de ser la representación de la izquierda, que mantenía gracias más a sus declaraciones, siempre aviesas y escoradas hacia el público que quería oír lo que ya no se decía en el Gobierno.

La animadversión que prodigaba la derecha tradicional al propio Guerra le servía como escudo, y en ocasiones ariete, de un Gobierno que se jactaba de lo que no podía ejercer fuera de las palabras: ser la representación de la izquierda real en un país que había sido tan reaccionario en sus poderes que cualquier gesto tomaba carta de naturaleza de declaración de un descamisado frente a los poderes fácticos. Hasta que la tozuda realidad de los hechos no lo desmintiera, Alfonso Guerra parecía una garantía para los sindicatos de que contaban en la política nacional y no sólo cuando una vez al año, desde 1979, se reunían en las campas de Rodiezmo (León-Asturias), para el mitin homenaje de la UGT a los mineros asesinados por la represión franquista. Recordatorio de antiguos tiempos negros, donde la UGT representaba toda la clase obrera, y la minería, su vanguardia más aguerrida.

Un espejismo. Nadie mejor que Carlos Solchaga para explicar la deriva que tomaba el PSOE gobernante, puesto que era el protagonista principal del desencuentro y separación respecto a su sindicato, una evidencia para todo socialdemócrata que deseara gobernar con soltura y sin mediaciones. El Jugador de Billar observaba, mitad con benevolencia mitad con distanciada soberbia, como si las carambolas y los rebotes fueran de otros y no le afectaran.

Escribe Solchaga en una especie de memorial reivindicativo, al que llamó El final de la edad dorada (1997), como Midas que fue del período más turbio del poder omnímodo: «No me pareció sorprendente que después de las elecciones de junio [de 1986] fracasara la iniciativa de prorrogar el pacto social». Y añade, no sin desvergüenza financiera: «Tampoco hice mucho para impulsarlo». Tratándose del todopoderoso arquitecto de la economía, cabe traducirlo como «Hice todo por impedirlo», y eleva el tono de aparejador de la obra haciendo de estadista con vuelos: «Lo que estaba en juego era una visión del papel de la izquierda anclada en la tradición y en la historia frente a una visión mucho más moderna». No duda en poner nombres: «Nicolás Redondo en el sindicato y Alfonso Guerra (con mayores matices) en el partido eran los representantes de aquella tradición». Él tenía muy claro el vértice de la cuestión, que «no era de derechas ni de izquierdas, sino de quien mandaba». Y quien mandaba era Felipe González, al que tenía que rendir cuentas de la marcha de la economía porque era el que se había hecho con ella.

En la rueda de prensa que siguió a la remodelación de 1985, donde salieron Boyer dimitido y Morán cesado, Felipe expresó categóricamente su sentido sobre quién tenía la autoridad: «Alfonso Guerra siempre ha estado dispuesto a hacer lo que yo le diga, aunque no estuviese de acuerdo». Solchaga, a su modo, confirmaba el aserto con una adenda según la cual de economía debían hablar sólo los que sabían y no también los que la padecían; una variante al estilo de Tafalla del apotegma de Wittgenstein, tan alabado por Miguel Boyer, que ahora adaptaba él como sucesor, y durante varios años. Se daba la paradoja de que los políticos no sabían de economía y los economistas creían saber de política. Pero la primacía estaba ahí, en la política, donde ejercía el Supremo Jugador, el presidente.

La reconversión industrial, planificada sin demasiadas precisiones ya en 1983 por Boyer-Solchaga, ahora llegaba a su punto álgido. Once sectores en reconversión y cien mil parados más. Los efectos más obvios saltaban a la primera ojeada.

Un contraste llamativo con la actitud, no sólo benévola, sino entusiasta, de los poderes financieros; España seguía siendo una modesta economía industrial y un apabullante entramado bancario. Hombre tan templado como José Luis Leal, ministro de Economía con la UCD, manifestaba cierta irónica perplejidad: «En sólo tres o cuatro años, coincidiendo con el Gobierno socialista, se han producido fortunas espectaculares. Hay patrimonios que han pasado de los 1000 millones a los 10.000 millones prácticamente de la noche a la mañana».7 Daba comienzo lo que el italiano Salvatore Settis denominó «el Partido del Cemento», una institución nada formal enraizada en la industria de la construcción que arraigó en el partido, en sus agradecidos merodeadores y en las finanzas privadas. Aquí en España se la bautizaría con la castiza expresión de «cultura del pelotazo».

La economía no arrancaba —apenas el 1,9 por ciento en 1984—, con la inversión en caída del 3,5 por ciento (oficialmente se había fijado un aumento del 4,5), y lo más chocante del último tramo de Miguel Boyer fue la recomendación de que los datos se tomasen del Banco de España, donde se enseñoreaba su amigo Mariano Rubio, y no de la Contabilidad Nacional, como se había hecho hasta entonces.

De los hermanos Solana, a Javier es inevitable seguirlo porque fue y seguiría siendo el hábil mayordomo del presidente, inasequible al desaliento y capaz de pasar en un soplo de crítico con la OTAN a secretario general de la propia organización atlántica. Pero de su hermano, el lenguaraz Luis, militante socialista y miembro del Comité Regional de Madrid, compatible con la presidencia de Telefónica, se comentó menos, fuera de sus salidas de pata de banco y las audacias empresariales de su esposa, Cuca Solana. La charlatanería de Luis tenía momentos sembrados. Nos regaló un chiste que retrata la gracia de los nuevos emprendedores: «En fin, señor mío, tenga usted un poco de paciencia… España puede ser el país con más futuro de Europa».8

Conforme se socavaba esa entente básica de la socialdemocracia —entendimiento y tensión, pero objetivos comunes en el partido y el sindicato—, empezaron a aparecer en el seno del PSOE iniciativas curiosas: la invención de un «nuevo» sindicalismo para el siglo XXI o un Programa de Socialismo para el 2000. Aún estábamos en el mediodía de los ochenta, pero los cerebrinos del partido se aventuraban en el siglo aún distante. No era ninguna campaña de distracción, sino más bien una querencia por saltar sobre una realidad demasiado pedestre como para desentrañarla en su verdadera magnitud. ¡En el 2000 sí que haremos cosas! O, por utilizar la expresión de Guerra: «A España no la va a reconocer ni la madre que la parió».

Llama la atención cómo en los debates políticos partidarios se soslaya el tumor que afecta al mundo laboral: el paro no disminuye, sino que se incrementa. Debates como el del «Sindicalismo del siglo XXI», celebrado en Sevilla en noviembre de 1986, convocan a lo más granado del laborismo socialista: Zufiaur, Tezanos, Manu Escudero y el propio Nicolás Redondo, sin faltar el entonces ubicuo portavoz del sindicalismo del futuro, Álvaro Espina, secretario general de Empleo, un forzado habitual de los debates y marido de quien pronto alcanzaría un ministerio y la portavocía del Gobierno, Rosa Conde. A la pluma desbordante de Álvaro Espina deberemos la plasmación más rotunda de la concepción que se había gestado en la cúpula socialista meses después de la Gran Huelga del 88: «La derrota del Partido Socialista es contemplada probablemente [por la UGT] como una fase inevitable, e incluso deseable, de su estrategia […]. En esta política los ugetistas vienen a coincidir con la estrategia de la derecha».9 Ahí estaban y ahí se quedaron.

El hoy tan olvidado embeleco del Programa 2000, por ejemplo, tenía un modo singular de abordar el tumor sindicalista. Su parte económica la confeccionaron 87 expertos (sic) dirigidos por Manu Escudero, experto a su vez en el Movimiento Comunista de Euskadi (EMK) hasta hacía bien poco. De los 87 o 300 expertos —anónimos la mayoría, aunque menos anónimamente ocupaban cargos en la Administración—, sólo un tercio no militaba en el partido por más que se beneficiara de él. En las conclusiones no faltó el hálito de Manuel Castells, el multifacético del libro «indexado» y de quien el comentarista de El País señala que «está muy vinculado a Alfonso Guerra».

La especial particularidad de la invención del Programa 2000 es que surgió para cumplir el milenio —¿quién osaba dudarlo entonces?—, pero su aparición fue un destello, de tan fugaz. Apareció en el cielo durante el verano de 1988 y apenas duró dos años. Desapareció del universo socialista. Eso sí, concitó un flujo de materia cerebral, académico por más señas y también crematístico, donde cada cual fue soltando sus ocurrencias. Doscientos expertos —siempre, y todos, eran expertos— que elaborarían quince volúmenes, quince, con la ayuda de un superferolítico ordenador «obsequio de la firma Wang». Pongámonos en situación: aún no habíamos entrado en la era digital.

No era sólo Manu Escudero, que encontraría en este marco un hueco de por vida, fue un pool de nuevos talentos a la espera de una oportunidad. «Al fin y al cabo —decía Escudero en la presentación del Programa—, hablar de sociedad socialista o de capitalismo muy transformado es cuestión de gustos». Eran posmodernos sin saberlo y para la cuestión de gustos había profusión de candidatos: Ludolfo Paramio, físico, sociólogo y casado con la secretaria de Estado para la Mujer, Carmen Martínez Ten; Ramón Vargas-Machuca, Miguel Ángel Quintanilla, García Cotarelo, Salvador Giner, Manuel Castells…, profesores todos con plaza asegurada por el Estado. Como cabe suponer, esas eran áreas donde se entretenía Alfonso Guerra. Con toda seguridad, al presidente González le traía sin cuidado mientras no se pasaran en los fondos de tanto asesor cerebral.

El Programa 2000, que mejor sería llamarlo Festival, es incomprensible sin añadir a la teoría política unas dosis de Berlanga-Azcona con un toque de los hermanos Ozores. Desapareció de las efemérides del PSOE al tiempo que se apagaban los fastos de Barcelona y Sevilla del 92. Uno se desvanecería con la década de los ochenta y los otros animarían la moral de la siguiente. Y sin embargo, son fetiches de la época; símbolos que ayudan a describir y valorar personajes y momentos. Es poco probable que algún cucañero les dedique una tesis doctoral y, sin embargo, variadas figuras académicas se apegaron a su influjo, aunque sólo fuera crematístico u honorario.

Parecía un foco de atracción irresistible. Desde el Club 2000, que dirigía el conocido abogado excomunista José María Mohedano, a «las aportaciones» de firmas de la cultura popular, contando a toreros (Santiago Martín El Viti formó parte de la comisión de apoyo en Salamanca) y actrices de tronío (Sara Montiel, de la de Baleares). Pero no se limitó a lo folclórico, porque lo mismo hicieron Gonzalo Torrente Ballester, Rosa Chacel, el historiador Julio Valdeón, el pintor Antonio Saura o el ensayista canario Domingo Pérez Minik, también el ilustre magistrado de larga trayectoria Cándido Conde-Pumpido. Posiblemente bastaba con no rechazar la invitación, pero eso ya tenía una cierta tradición desde los XXV Años de Paz de otra época y otro régimen. Es muy compleja la diferencia entre el benévolo sí, comprometedor, y el no, que siempre exige explicaciones. Lo cierto es que sus nombres fueron jaleados como colaboradores del Programa 2000 del PSOE gobernante, para pasmo de propios y extraños. El País, en su edición del 2 de noviembre de aquel 1988 infausto, dio cuenta minuciosa del listado.

En el fondo estas argucias, semánticas más que políticas, pretendían cubrir las grietas de una UGT y una sociedad ya más adversaria que distante, y en verdad que era el Gobierno de un Felipe González displicente y un Solchaga desbocado el que había convertido al aliado en enemigo. Incluso el palimpsesto autodenominado Programa 2000, el comedero intelectual más concurrido de la época, advertía: «A los sindicatos se les plantea el reto de asumir políticas sociales globalizadoras en el marco de un proyecto histórico».

Se había perdido el modelo y se recompensaría a quien lo encontrara. Un trampantojo dedicado a obnubilar a los incautos que aún pensaban que los sindicatos, y muy en concreto el suyo, el de los militantes funcionarios del partido, querían ponerle palos en las ruedas a la política del presidente. Si hubo alguien que se distinguió en esta tarea de reproche y que alcanzó el estatus de miembro de la Ejecutiva, ese fue Ludolfo Paramio. Columnista a la sazón de El País, a él se deberán las más chuscas elucubraciones hasta ganarse el apodo sarcástico de «el Gramsci de nuestro partido», más debido a ciertas desgraciadas similitudes físicas que a ninguna otra referida a la ética o al valor. No había pisado ninguna celda que no fuera académica, porque había pasado del izquierdismo más intransigente a la no menos intransigente adulación al mando. Será un ariete canino de los sindicatos y de la UGT, ayer traidores a la causa de la revolución, ahora agentes de la subversión. «Los sindicatos se han apuntado a la denuncia populista en vez de optar por una combinación de reivindicación y concertación que les diera voz y responsabilidad en el diseño y puesta en práctica de la política económica del Gobierno socialista».10

Apenas dos meses antes de la ruptura sindical y social con el Gobierno socialista que provocaría la huelga general del 14-D de 1988, el presidente del Banco Hipotecario y militante socialista, Julio Rodríguez, explicaba en las reuniones en torno al Programa 2000:

España está a punto de conseguir el Cuadrado Mágico: crecimiento económico, superación de la balanza de pagos y estabilidad de precios. La excepción es la fuerte tasa de desempleo […]. Pese a esto —reconocía el banquero socialista— el PIB español es todavía un 60 por ciento de la media de la CEE, lo que significa niveles de bienestar bajos.11

Hemos agotado definitivamente el modelo del estado de bienestar, exclamaban a dúo los dos Manolos del Programa 2000, Castells y Escudero.

Tomaba carta de naturaleza el elemento utópico de la política, del que se puede asegurar que a menudo hace las veces de la alfalfa con la que los ansiosos alimentan a los simples. «En la República Federal de Alemania, en Suecia, en Austria, en Holanda el socialismo ha invertido esfuerzos teóricos y organizativos para adaptar los viejos ideales a las nuevas realidades. Entre estos procesos de renovación se inscribe el Programa 2000, que está tocando a su fin; ya se puede realizar un balance de lo conseguido», escribirá en febrero de 1990 Manu Escudero en un artículo memorable, aunque olvidado, cuyo comienzo marca el compás: «Es cierto, como dice un editorial de El País, que el socialismo necesita actualizar su discurso». Como el artículo se publicaba en el mismo diario y el editorialista era con toda seguridad Javier Pradera, cabe imaginar cierta sonrisa sardónica ante esta loa servil.

Cuando después de tanto lucimiento, el Programa 2000 empezaba a criar malvas, Ludolfo Paramio situaría el verdadero estado de las cosas: «Se diría que el ensimismamiento de nuestra sociedad refleja las neurosis de los pacientes de un cómodo balneario precariamente situado al borde del abismo».12

La legislatura 1986-1989 mantenía el tándem González-Guerra por más que algunas políticas los separaran, pero en esto al menos recordaban viejas historias del PSOE, con sus inveterados conflictos, en ocasiones violentos, entre Indalecio Prieto, Largo Caballero y Julián Besteiro, sin contar las de sus fieles seguidores. En este caso no duraría siempre; ya tenía fecha de caducidad.

El Gobierno respondía por entero al presidente y secretario general. Los debutantes ministeriales eran ya veteranos empleados del partido: Chaves, Virgilio Zapatero, García Vargas y Croissier. Otro cambiaba de cartera, Joaquín Almunia, siempre asequible. El presidente mantenía gran parte de lo que tenía. Estaba en su estilo: si se le daba bien una postura en la mesa, para qué iba a ensayar otra. En el verano de 1988 volvió al tapete con su cuarto gabinete y mantuvo las figuras principales —Solchaga, Serra y Fernández Ordóñez ya eran carambolas seguras—, pero incorporó a personajes contrapuestos en los lados más visibles: Semprún y Corcuera, Múgica y Aranzadi, Rosa Conde y Matilde Fernández, ¡dos mujeres, la gran novedad! Seguía la misma tónica, incluso con el azorado Barrionuevo y el edecán Javier Solana; los cambió de sitio, pero en el Gobierno. Tres no eran militantes, sólo felipistas: Semprún, Conde y Aranzadi. Nadie se dio por aludido porque se exhibía un fenómeno curioso: una franca hermandad entre el partido de González y el PSOE. De momento, con el viento a favor, apenas si se distinguían.

Ese largo 1988 se abre con un Congreso, el XXXI, y pasaría en latencia todo el verano, porque bajo la apariencia de normalidad la exhibición de poder ocultaba cierta inquietud. El año lo iba a clausurar la huelga general del 14 de diciembre. Para enmarcar ese Congreso, es obligado señalar que casi el 80 por ciento de los delegados ostentaban cargos públicos, lo que es tanto como decir que el presente era suyo, y por eso el lema congresual no podía ser otro que una ambición, la de «Ganar el futuro». Las posiciones más críticas las formuló Ricardo García Damborenea, con el apoyo ferviente de las delegaciones del partido y del sindicato de Vizcaya. Intervino con la seguridad que concede ser guardador de secretos y hombre capital en la fundación de los GAL, el otro lunar que afeaba la aparente lozanía; una batalla siniestra que se daba por finiquitada desde hacía un año pero cuyos rastros pronto se convertirían en foco de infección general. Junto a la corrupción, iban a suponer la quiebra del felipismo.

La deseada ruptura con la UGT aún no se había visibilizado; faltaban unos meses. Nicolás Redondo intervino en la sesión de clausura, pero nada impidió ese carácter de trámite ante la inquietud por el porvenir que González trataría de diluir unos meses después bajo la forma del nuevo Gobierno. Las intervenciones, las anécdotas, los guiños apenas si tienen trascendencia, salvo la confirmación del Mando Único. Alfonso Guerra seguía con sus batallas burocráticas, cada vez más batallitas, con las que embelesaba a los suyos, como la liquidación sin piedad política alguna de Rodríguez de la Borbolla en Andalucía, siguiendo el mismo estilo chumacero y un punto sádico que ya había ejercitado con Rafael Escuredo en 1984. El baile de cargos dejaba en segundo término que el paro en Andalucía alcanzaba oficialmente el 30 por ciento y que Sevilla podía ser considerada capital europea del desempleo.

Todo eso eran menudencias mientras el presidente consumaba en la primavera una carambola a tres bandas. Es verdad que mantenía a seis ministros de la primera tacada del 82, pero introducía algunas claves que él creía que iban a dar suculentos beneficios. Un sindicalista influyente en la UGT y además vasco, José Luis Corcuera, se iba a ocupar de Interior, y un intelectual prestigioso y cosmopolita, Jorge Semprún, orientaría a las mesnadas culturales. Lo de Enrique Múgica en Justicia era de justicia compensatoria después de tan larga espera. El presidente del INI, Claudio Aranzadi, en Industria, y Rosa Conde, de portavoz. («No es militante», decía el siempre desvergonzado Solana para no explicar que, teniendo por marido a Álvaro Espina, se trataba de un matrimonio socialista y a los hechos habría que remitirse). Ninguna de estas tres muletas difuminaba el único hecho indiscutible: el presidente tomaba el mando absoluto y no tenía razón para ocultarlo, sino para exhibirlo.

La cooptación de Corcuera se saldaría en catástrofe, tanto en la pelea con UGT como ante el descomunal pandemónium en que vivía Interior. Se trataba de un sindicalista curtido, exelectricista en Altos Hornos de Vizcaya. Un modo directo de mostrarle a Nicolás Redondo, quien lo había ungido como su mano derecha tras el XXIII Congreso del sindicato, que cualquier dirigente de UGT estaba, por principio, a su disposición. Por si fuera pequeña esa advertencia para la innata desconfianza de Redondo, añadía entre los nuevos ministros a Matilde Fernández inventándose una cartera a su medida, Asuntos Sociales, que nadie sabía bien qué quería decir en concreto, salvo el genérico de que tomaría competencias de Trabajo, Cultura y hasta de Justicia. La letra pequeña no precisaba el dato de la clave: Matilde Fernández ejercía hasta aquel momento como secretaria general de la Federación de Industrias Químicas de la UGT. Al día siguiente Redondo proclamó indignado que «no parece en principio compatible».

González abría una brecha de calado en su sindicato, en la creencia de que la operación podía atenuar la beligerancia sindical, pero quizá lo que no alcanzaba a medir es que no se trataba de una cuestión de aparatos obreros, sino de un descontento social que él creía yugular —si es que en su estado de exaltación podía rondarle tal inquietud— con la fórmula que tan bien le iba resultando hasta entonces: una vistosa carambola. Además, contaba con Chaves, que no pesaba pese a su densidad física ni en el Gobierno ni en el sindicato, aunque fuera miembro de uno (ministro de Trabajo) y dirigente de otro (la Ejecutiva de la UGT).

La elección de Corcuera pretendía ir más allá de una añagaza política. Ganarle el pulso al sindicato, o al menos dividirlo, que era una forma de debilitarlo. El nuevo ministro ya había dimitido de muchas de sus responsabilidades en UGT unos meses antes con ocasión de la crisis de las pensiones; el sindicato rechazó la reforma del Gobierno, y Corcuera se posicionó donde quería el presidente, con un argumento digno de su talento para el disimulo en apariencia inocuo: «Mi padre ha echado cuentas y le sale mejor la reforma de las pensiones». Quedó la duda de si había contado con los dedos de la mano o con los dedos que lo empujaban. Sin embargo, pelillos a la mar, siguió siendo un peso pesado en la báscula sindical, y nadie mejor medidor que González, ayudado por el apuntador Guerra, cada vez menos consciente de que se estaba quedando sin margen de maniobra; empezaba a hacer las veces de subalterno fiel que compartía con Solchaga un juego nada sutil, al que bastaría poco tiempo para desequilibrarse. Aún estaban en los prolegómenos y la vanidad ocupaba más espacio político que la astucia. No había llegado el momento en que se pronunciara la frase fatal y suicida con la que el presidente se absolvería a sí mismo. Pasó un año hasta que lo dijo: «También se puede morir de éxito». ¿Quién dijo morir? Ahora toca gozar y sufrir, porque aún estamos en 1988.

Redondo lo anunció en julio: «Seguiremos defendiendo un giro en la política social, y si el Gobierno no lo hace por convencimiento, lo hará por las presiones sociales». Pero el presidente estaba seguro de que iba de farol. Aún eran el partido de la mayoría social frente a una derecha desnortada y un empresariado entregado.

Jorge Semprún, para Felipe González y los emergentes cuadros del PSOE, no era un intelectual, sino una vedete cultural, una pieza de caza mayor que sólo la capacidad cinegética del Gran Cazador era capaz de cobrar; alguien por encima, o así lo creían, de la cultura local, de las disquisiciones sobre novedades y tradiciones, sobre los modernos y los «putrefactos» —palabra imaginada por los chicos bien de la antigua Residencia de Estudiantes, algo así como ellos ahora—. Jugaba en otra liga. Políglota con obra escrita sobre todo en francés. De familia de la más alta prosapia política: Semprún-Gurrea y los Maura. Resistente antifascista con galones consolidados por su prisión en Buchenwald. Estudiante en La Sorbona; activo dirigente clandestino del Partido Comunista en los años más duros del franquismo hasta su expulsión del Partido por diferencias con la dirección que encabezaba Santiago Carrillo. Por supuesto, desapareció del currículo oficial del nuevo ministro toda referencia a su etapa fecunda en el PCE. Se resaltó su prestigio como guionista de filmes de éxito internacional con Alain Resnais y Costa-Gavras; bastante menos sus novelas, algunas notables como El largo viaje y La segunda muerte de Ramón Mercader.

La incorporación de Semprún fue al Gobierno de Felipe González, no del PSOE. Una misión personal del presidente. González lo necesitaba y Jorge estaba en ese punto de la edad y del prestigio que sólo necesita, para cerrar un currículo más que brillante, una parcela en el arte de gobernar. Específicamente, en el ámbito de la cultura, como su siempre admirado André Malraux. Él y González estaban llamados a entenderse desde hacía años y se necesitaban a la manera que una pareja ya mayor que lleva tanto tiempo sabiendo el uno del otro, paseando y charlando juntos, pero nunca hasta ese punto de convertirse en pareja de hecho. Una forma excelsa de matrimonio de conveniencia.

Felipe González, cuando ni siquiera había entrado en el PSOE y se aburría en Bélgica, había seguido el sórdido culebrón de la expulsión de Semprún y Claudín del PCE. Su relación con Fernando Claudín, entonces considerado un teórico marxista alternativo, se mantuvo durante mucho tiempo. Se le alimentaba como asesor áulico de González a propósito de crisis internacionales, y exhibía su apoyo sin fisuras a la permanencia en la OTAN con una ansiedad de converso. Pero Claudín, a la altura de 1988, sólo podía ser considerado una vieja gloria; más vieja que gloria. Jorge significaba otra cosa: incorporar una figura descollante y ubicua de la cultura de izquierda europea, los restos de la mítica rive gauche parisina, al mismo Gobierno donde se codearía con un electricista. Una jugada limpia, sin necesidad de taquear las bolas para que cayeran en el lugar donde debían entrar.

Walter Benjamin dejó escrita la más cruel de las paradojas para que los demás la manoseáramos sin moderación. Si toda manifestación de civilización lleva aparejada una dosis de barbarie, en las proporciones del PSOE de la década de los ochenta existía un conflicto entre civilización y barbarie, o lo que es lo mismo entre el crimen y el respeto a una ley demasiado laxa, desempeñada por un personal que no conocía ninguna, ni vaga ni estricta. Esta demoníaca situación causará una situación sangrientamente enloquecida y dejará secuelas de víctimas con carácter político, público y notorio, a partir del asesinato; un cáncer social.

ETA había incrementado su escalada de terror y el objetivo incluía entre sus víctimas a policías, guardias civiles, militares y destacados militantes políticos del PP, del PSOE o del que se les enfrentara. En el País Vasco y fuera de él. Sobre esta excrecencia criminal nacerían los GAL, un grupo parapolicial y político cuyas vinculaciones con el partido socialista y los poderes públicos habrían de constituir un foco infeccioso que serviría para convertir al indiscutible PSOE que ganaba las elecciones en un grupo infectado de mal de Estado. Lo que no había conseguido la derecha con invenciones tan vistosas y suculentas como el Partido Reformista y la Operación Roca, lo acabaría consumando la torpe y descabalada «banda de los GAL»; la asunción por un partido de Gobierno de un contrataque basado en el crimen de Estado.

Los GAL, se puede decir sin exageración, transformaron al PSOE, y la apreciación que se tenía de él, en una sociedad donde no se conocía otra actividad criminal que el terrorismo de ETA. Ya se habían ensayado fórmulas similares en anteriores gobiernos, pero los GAL fueron otra cosa; disfrutaban del amparo político del Gobierno y del Estado desde su creación.

El nacimiento, desarrollo y hasta el espíritu que albergó a los GAL es inseparable de una figura que fungió en el PSOE como otra estrella fugaz, pero de una influencia que el tiempo ha ido ocultando. En su momento alcanzó la categoría de auténtico animador, líder y hasta virrey del PSOE en el País Vasco: Ricardo García Damborenea.

Conforme se asentaba la democracia, ETA incrementaba sus atentados. La alicaída militancia socialista vasca, acosada por el terror y los asesinatos, al igual que los líderes nacionales, todos prácticamente cayeron rendidos ante la argumentación y el empuje de García Damborenea, Dambo para los suyos. Había nacido en Madrid, ingresó en el socialismo con vocación tardía, pero durante años lo fue todo, es decir, el líder indiscutible tanto para la huérfana militancia vizcaína como para la dirección nacional, desde Felipe González y Alfonso Guerra hasta sus adláteres. Todos, prácticamente sin excepción, digan hoy lo que digan, se sintieron abducidos por la argumentación y la arrogancia de García Damborenea.

Tenía una fuerte personalidad y rapidez de reflejos, como corresponde a un reputado cirujano —nefrólogo— formado en una escuela única para el mando: el hospital de Cruces en Barakaldo, el más importante del País Vasco. Los cirujanos quizá constituyen el último vestigio del generalato de antaño; gente que sabe dar órdenes y tiene un plan, y cuyos aciertos o fracasos se resuelven con unos auxiliares que han de acatar sus instrucciones con fidelidad y premura. Los cirujanos son, o eran, un espécimen profesional que corresponde a otra época, en la que las decisiones —por más que las consultaran con sus estados mayores, sus equipos— debían asumirlas solos y sin miramientos. Una vez tomadas, apenas admiten correcciones, por más implacables que sean.

De esta pasta estaba hecho Damborenea, y de esa guisa era contemplado por los socialistas vascos en aquellas horas en las que el único lunar sanguinolento que les entorpecía el camino no era otro que ETA. Damborenea trastocó las reglas del juego. Odiado y amado, respetado siempre por cumplidor de sus decisiones. Él orillará al PSOE, a los poderes del Estado cercanos y a la militancia en la más sucia de las batallas: el terrorismo de Estado. Todos sin excepción aceptaron la operación y en un principio encontraron las más variadas fórmulas para animarlo en la tarea. Su equipo contaba con el veterano mando de la Guardia Civil, comandante Rodríguez Galindo, un especialista de la represión en todas sus formas, al que años más tarde el ministro del Interior y presuntamente exquisito jurista, Juan Alberto Belloch, ascendería a general del benemérito cuerpo. También altos cargos de la Administración, como los gobernadores civiles de Vizcaya y Guipúzcoa.

La deriva política de Damborenea, su ciclo político, se circunscribe a los años ochenta y la posterior creación de una corriente, Democracia Socialista. Con el protagonista ya arrinconado, pasaría a constituirse en efímero partido político. Su final se escenifica como telonero en un mitin del nuevo líder de la derecha, José María Aznar, y en Zaragoza. Pero ya estaríamos en otra década.

La inicial creencia de que era posible una negociación con ETA se descartó en el verano de 1984, tras una breve y contundente reacción de la organización terrorista. Domingo Iturbe Abasolo Txomin se lo dejó bien claro al oficial de la Guardia Civil que hizo de mediador. El máximo líder de ETA-militar expresó que no había otra base para las conversaciones que los cinco puntos de la alternativa KAS (Koordinadora Abertzale Sozialista). O lo que era lo mismo: negociar la independencia, y a cambio dejarían de matar en los siguientes seis meses.

El asesinato del senador socialista por el País Vasco, Enrique Casas, en febrero de 1984, ya había roto cualquier posibilidad de entendimiento; una vía que portavoz tan autorizado como el editorialista de El País creía ver en un horizonte de final de etapa:

Hemos repetido que la erradicación del terrorismo no era una cuestión de simple eficiencia policial, sino que se requiere articular conjuntamente medidas políticas que vacíen las bases sociales de las bandas armadas y permitir también la reinserción social de quienes abandonen definitivamente esa siniestra actividad […]. Esta iniciativa del presidente González y el ministro Barrionuevo se inscribe verdaderamente en la que se llamó la política de cambio. Es decir, decisiones políticas nuevas, capaces de dar soluciones a los problemas enquistados de la convivencia española.13

Con toda probabilidad, el editorial podría atribuirse a quien entonces escribía los dedicados al País Vasco, Patxo Unzueta, antiguo dirigente de ETA-VI Asamblea (1970) en los borrascosos años en torno al Proceso de Burgos (1971).

El asesinato del socialista Enrique Casas ya había demostrado que esa vía estaba cegada. La puesta en marcha de los GAL en 1983 plasmaba la evidencia de que había siempre dos políticas: la pública, para consumo del personal, y la real. No se juega a la guerra cuando ya se tiene al Ejército preparado supuestamente para hacerla.

¿Qué fueron los GAL? Después de años de «guerra sucia» propiciada por distintos departamentos de la parte oscura del Estado, que habían dejado muertos, heridos y atentados en el entorno de ETA y que tuvieron un nombre para cada época —Batallón Vasco Español, ATE (Anti Terrorismo ETA), AAA (Alianza Apostólica Anticomunista)…—, los GAL aspiraban a algo similar a la OAS de los franceses exiliados de Argelia; incluso en su primera fase contrataron a varios sicarios de esa procedencia: a los hermanos Perret, al exlegionario Georges Mendaille, a Jean Philippe Labade… Solo que en este caso, con la incontestable cobertura de los aparatos del Estado; no para subvertirlo, al menos en apariencia, como había sucedido en Francia, sino para blanquear una sociedad que sufría una lacra cada vez más prepotente y temeraria, que no otra cosa era ETA en los años ochenta, los más duros del terrorismo.

Los GAL se gestaron en 1983, después de que el primer ministro del Interior, José Barrionuevo, ganara la batalla frente a los sectores de su propio partido que estaban a favor de renovar los mandos policiales con funcionarios comprometidos con la democracia. La victoria de Barrionuevo consolidó en las responsabilidades policiales a Manuel Ballesteros e incorporó a Jesús Martínez Torres.

Esto escribiría en 1992 quien fue durante años responsable de El País en Euskadi, Victorino Ruiz de Azúa, pero exige algunas notas a pie de página.

La primera es que no se tiene conocimiento de ningún dirigente del PSOE, ni siquiera de un cuadro medio, que pusiera alguna objeción a Barrionuevo hasta pasados muchos años y mucha basura. La segunda se reduce a que Barrionuevo no tenía ni idea de «funcionarios comprometidos con la democracia». A poco perspicaz que fuera, y no es el caso, hubiera descubierto que en los años ochenta no los había; una policía democrática podía interpretarse entonces entre la paradoja y el oxímoron. Y la tercera: Ballesteros y Martínez Torres no iban mucho más allá de ser considerados dos expertos en torturas y malos tratos, con larga trayectoria y no precisamente contra ETA, sino contra todos quienes estaban frente a la dictadura. En resumen, como añade muy bien Ruiz de Azúa: «El Gobierno socialista opta por heredar una cúpula policial manifiestamente comprometida con el pasado más sombrío, con el argumento de que debe aprovechar la experiencia acumulada».

Este era el aspecto funcionarial, la maquinaria de la llamada «guerra sucia»; obviando que no existen guerras limpias. Faltaba la decisión política. El secuestro y asesinato del capitán del Ejército Martín Barrios en octubre de 1983 desempeñó el papel de regalo envenenado con el que ETA agradeció al primer Gobierno de Felipe González su llegada al poder. Tenía dos caras. Una, el desprecio a la opinión pública, puesto que el electorado vasco había sido concluyente en 1982. El PSE-PSOE ascendió hasta acercarse al omnímodo PNV, incluso ganándolo en Álava y sobresaliendo como el primer partido en localidades emblemáticas de Guipúzcoa: Éibar, Irún, Pasajes y Rentería. También en Vizcaya: Barakaldo, Basauri, Portugalete, Santurtzi y Sestao, dominando la tradicional Margen Izquierda del Nervión, el nervio obrero.

Herri Batasuna, el brazo político de ETA, se mantenía con sus 200.000 votos. Ellos estaban en otra guerra. Los líderes del PSOE que pensaban en vasco, también. En la primavera de 1983 se reunieron en una finca del ICONA de la sierra madrileña a propuesta de Damborenea y Julián Sancristóbal —gobernador civil de Vizcaya—. Asistieron el ministro Barrionuevo, Rafael Vera, Julen Elgorriaga —gobernador civil de Guipúzcoa—, Txiki Benegas, Ramón Jáuregui y Enrique Casas, senador por Guipúzcoa, asesinado al año siguiente. «Al final de una sesión agotadora —duró veinticuatro horas seguidas— y después de no pocas divergencias entre los asistentes, se acordó por mayoría tirar adelante e ir a ver a Felipe». Así lo manifiesta el abogado Manuel Murillo, cuyo testimonio está recogido en el libro de Jesús Cacho El negocio de la libertad (1999). En todo este asunto, soy deudor del trabajo de Antonio Rubio y Manuel Cerdán, El origen de los GAL. Guerra sucia y crimen de Estado (1997).

En la madrugada del 16 de octubre de 1983 la Guardia Civil secuestra en Bayona (Francia) a dos simpatizantes de ETA, José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, que serían torturados y asesinados con toda probabilidad en el cuartel de Intxaurrondo, que comandaba el entonces coronel Rodríguez Galindo. De Lasa y Zabala no se volvería a saber nada hasta que aparecieron sus restos calcinados, años después, en Alicante.

La dinámica estaba iniciada. Pasados tres días de este secuestro se encontró el cadáver del capitán farmacéutico Martín Barrios con un tiro en la nuca —había sido secuestrado por ETA el día 5 de ese mismo mes—. El elemento más buscado por ETA, la provocación al Ejército que había pasado del 23-F de 1981 a la fallida asonada de octubre de 1982, acababa de consumarse.

Situémonos en aquel 19 de octubre de 1983, tras el reto a un Gobierno recién estrenado y a un estamento militar formado y deformado por el Caudillo y el caudillaje. Un coronel del Estado Mayor resumía al periodista José Luis Gutiérrez su estado de ánimo, al tiempo que exponía su radiografía mental respecto a los terroristas al enterarse del asesinato del capitán Martín Barrios: «Hay que matarlos a hachazos. Había que degollarlos porque a los chulos y a los asesinos hay que tratarlos con mano dura. Es la única vía».14

Los dos brazos de los GAL se movían entre la Guardia Civil del cuartel donostiarra de Intxaurrondo, dirigido por su coronel Rodríguez Galindo, y la Jefatura Superior de Bilbao, cuyo jefe, Francisco Álvarez, acumulaba una siniestra trayectoria desde la Brigada Antiatracos de Barcelona, donde contaba entre sus haberes oscuros asuntos que lo vinculaban a la BPS, la Policía política del franquismo. Pero como ocurre a menudo, quedaba un fleco, al que nadie da importancia mientras se ejecuta el delito, pero que el tiempo va sacando a la luz. En este caso era la supervisión general de este ejército de sombras criminales con cargo a la Seguridad del Estado, un papel que correspondía al CESID (servicio de inteligencia), cuyo jefe de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales tenía un nombre que saldrá del anonimato para convertirse en el flagelo del Gobierno socialista, Juan Alberto Perote. Devendría una pesadilla para el PSOE y el eslabón que encadenará la implicación del presidente González en la trama, ya fuera por complicidad ya por asentimiento.

En un primer período, la necesidad de un grupo antiterrorista de Estado que practicara asesinatos selectivos para castigar la impunidad etarra fue bien recibida por buena parte de la población, incluidos egregios portavoces de los medios de comunicación. En octubre de 1983, el director de El País Juan Luis Cebrián dejaba caer esta sibilina y explícita reflexión: «Cualquier forma de guerra sucia, y hay indicios de que el Gobierno la practica, es una tentación demasiado obvia». Incluso cuando ya se había dado por clausurado el terrorismo de Estado, en julio de 1988, el encargado por el diario oficialista de seguir el asunto, Javier García, hacía un entusiasta balance: «La actividad de los GAL, que iniciaron su camino terrorista pocas semanas después de que el PSOE llegara al Gobierno, contribuyó también, según distintas opiniones [pero no dice las de quién], al debilitamiento de ETA. La inseguridad de los terroristas en el santuario francés, las dificultades de la cúpula para reunirse y reorganizarse y la tensión en el País Vasco del país vecino provocaron una disminución de la capacidad operativa de ETA». La intencionalidad de esta manipulación de la verdad es evidente al contrastarla con los hechos. Hasta la caída de la dirección de ETA en Bidart (1992), ya con otra orientación policial y otros métodos de investigación, el terrorismo continuó, incluso con mayor virulencia.

La puesta de largo de los GAL —si es que puede llamarse así a la astracanada criminal que exhibieron el 4 de diciembre de 1983— podría haber dado pie a que alguna cabeza sensata, por más perversa que fuera, se preguntara a dónde iban y con quiénes. Un ciudadano fuera de toda sospecha, Segundo Marey, representante de material de oficina, residente en Hendaya, era secuestrado por un par de mercenarios franceses a cuenta de los GAL. Para cualquier profano, se hizo palpable que aquellos comandos antiterroristas de factura Barrionuevo-Galindo-Damborenea constituían más un peligro que una alternativa. Más si sumamos como superagente al comisario José Amedo, un huérfano criado en una comisaría, autoridad taurina en las fiestas de Bilbao, desecho de tienta engominado, al que se deberá la más extravagante aportación española al espionaje mundial: pagar con su tarjeta de crédito una operación clandestina.

El caso Marey, además de la irrisión, provocaría una serie de causas judiciales que llevarían con el tiempo al propio presidente a declarar en los tribunales. El lado estrambótico es que no se trataba de la primera operación de los recién nacidos GAL, sino de la segunda. La primera, más que elocuente, fue el intento de secuestrar al dirigente de ETA político-militar Larretxea Goñi, pero fracasaron por dos causas altamente sofisticadas: el secuestrado era más fuerte que los secuestradores y su voluminoso cuerpo no entraba en el coche. Lo sabríamos muchos años más tarde. A la altura de aquellos años que servirían de baldón de tantas cosas, los GAL habían competido con ETA y dejado su reguero de sangre: 27 muertos desde 1982 a 1987. La organización terrorista en el mismo período había asesinado a 197.

La benevolencia social fue disminuyendo, tanto por la notoria incompetencia delictiva como por la maduración de una sociedad democrática que chocaba con esos métodos. A esto se suma el descubrimiento, por parte de la oposición conservadora del ya denominado Partido Popular (desde enero de 1989) de José María Aznar, de que había aparecido un tumor que amenazaba con un cáncer terminal al hasta entonces inmune socialismo en el poder. Todo eso, sumado y mezclado, acabó en el mayor trauma político por el que tendría que pasar el Gobierno socialista: verse en los tribunales de Justicia por apoyo, colusión y organización de otra banda criminal que aspiraba a eliminar a ETA mediante la fuerza del miedo, la intimidación y el asesinato.

Lo llamativo del caso no fue que el PP de Aznar-Cascos-Rato hubiera organizado una operación de acoso y derribo contra Felipe González, sino que se montaron manipulaciones en defensa del presidente por parte del entorno del grupo Prisa, cuya hegemonía mediática y sobre todo económica se sustentaba gracias al apoyo explícito del Gobierno. Al PP cualquier asunto relacionado con ETA le provocaba sudores fríos; ellos sí llevaban una mochila de pasado que más valía no escarbar. Pero se dio el caso inabordable de la incompetencia de un Gobierno que exhibía a un inepto tras otro en la jefatura de Interior, a los que cabía sumar unos adláteres que les hacían la competencia en torpeza. Nadie se acordaba ya del vendedor de material de oficina llamado Segundo Marey, secuestrado, vejado y abandonado. Una víctima colateral, sin la más mínima idea de lo que se ventilaba, porque se la traía al pairo de su vida de probo viajante de comercio, pero que había padecido un secuestro de diez días en un chabolo cántabro no lejos de los Picos de Europa.

El juicio por el secuestro de Marey en junio de 1998, con Felipe González fuera de la Moncloa, echaría luz y mucha basura sobre la cúpula institucional del PSOE en el poder, por más que hubieran pasado quince años de los hechos. Pero en 1988 lo evidente era que el PP acababa de recibir un regalo inesperado: el crimen de Estado programado por sus adversarios. La ética del poder, que tanta tinta y saliva provocó con el Programa 2000 y demás zarandajas del funcionariado intelectual, quedaba arrinconada ante aquella sentina que amenazaba desbordarse. Como así sucedió. «Sí, éramos ejecutores de crímenes de Estado. Pero ¡nos quedan las bases militantes, genuina representación de la clase trabajadora!». Esa sería la última embestida del 88.

Sin que pueda achacarse solamente a aquello, pero teniéndolo como telón de fondo, el partido en el poder empezó a debilitarse y las carambolas del presidente no alcanzaban a entrar en las troneras. La rebelión obrera se desató; algo inédito en muchas décadas. Al primer Gobierno socialista de la historia, los sindicatos y la clase trabajadora en su conjunto, con el activo apoyo de las clases medias, cada vez más ninguneadas después de haberlos llevado al poder, le convocaban una huelga general. Ocurrió un 14 de diciembre de 1988, cuando ya se acercaba el final de la segunda legislatura socialista.

El Gobierno y el partido salieron más que tocados, y lo curioso no es que se debiera a una campaña derechista por retomar el poder, sino del propio seno de la hasta entonces denominada «gran familia socialista». La UGT rompía con el partido al tiempo que este consideraba que la política estaba más allá del sindicato, al que tanto debía y tan mal había compensado.

La huelga general del 14 de diciembre del 88 —hoy tan preventivamente olvidada— constituyó un hito, aunque sólo fuera porque no tuvo precedente ni continuación durante toda la segunda mitad del siglo XX. Y, por si faltara algo para resaltar su carácter históricamente insólito, se dio con el primer y único Gobierno íntegramente socialista de la historia de España. Es imposible encontrar mayor momento de solemnidad más allá de la retórica. Como una paradoja socialmente construida. El 14-D está preñado de elementos que inclinan a convertir esa paradoja en una radiografía política; desde el motivo inicial de la convocatoria hasta el fraccionamiento social, cultural y mediático que genera.

La idea de una huelga general la provoca el Gobierno, el partido y su secretario general, Felipe González, promoviendo el PEJ, y el PEJ va a ser la causa primera del terremoto. ¿Y qué era el PEJ? Pues un Plan de Empleo Juvenil. Una obviedad imprescindible para un país descoyuntado en las bases de su futuro. El paro entre los jóvenes alcanzaba proporciones de escándalo, y al Gobierno no se le había ocurrido mejor idea que promover puestos laborales con una oferta que ningún empresario sería capaz de rechazar. En palabras del ministro y supuesto sindicalista, y lo que González le pidiera, Manuel Chaves: «Había dejado caer que el empresario podía desgravar 900.000 pesetas y el salario a pagarle [al joven] sería de 600.000», según contó el periodista Mariano Guindal, que asistió a la presentación y bautismo del recién nacido, un viernes 28 de octubre. El infante no vería la luz, pero fue exhibido a la parroquia, actuando como madrina la ministra-portavoz Rosa Conde, esposa del principal ariete contra los sindicatos, el incontinente Álvaro Espina.

Se comprobó que el PEJ, tras pasar por todas las bocas, todos lo vomitaban, desde el ministro Solchaga hasta los sindicatos, pero el estado de indignación social fue creciendo hasta hacerse imparable. Los prolegómenos, las declaraciones, las manipulaciones en torno al 14-D han sido exhaustivamente narrados por Sergio Gálvez Biesca en un libro imprescindible para quien se adentre en aquel terremoto, La gran huelga general (2017).

El proceso que lleva a la huelga general es otro retrato de época. Un presidente manipulador tratando de engañar a su compadre Nicolás Redondo, al que tanto debía y no quería pagar. Reuniones a dos; unas oficiales, a bombo y platillo del «dialogante» presidente; otras de tapadillo, donde se abandonaba a un juego sutil el González billarista, amagando y prometiendo. Reseñar las entrevistas que le otorgó El País y su entonces director, Joaquín Estefanía, sería ingrato para el lector porque van más allá de la manipulación descarada sin cortapisa alguna. Luego cabe atender a los coros: los dirigentes, beligerantes con la antigua esposa sindical harta de sus mezquindades y que amenazaba con divorciarse. La reaparición, trece años después de la dictadura, del fantasma del comunismo como argumento del poder. La obligada coincidencia de la UGT y de CC. OO. por razones de supervivencia, volvía a escena como «la mano de Moscú», por más que el sistema del llamado «socialismo real» estuviera en vísperas del «desmerengamiento», según plástica definición de Fidel Castro.

Conforme se iba acercando el día señalado —14 de diciembre— el ambiente se crispaba y exhibía su faz cainita. Los líderes del partido, en el tiempo que les dejaban los fastos eróticos del Programa 2000, un ejercicio de onanismo político, aprovechaban para banderillear a la UGT, esos aventados que ahora coqueteaban con el comunismo. En ese nivel estaban el 4 de diciembre cuando el ministro Solchaga, en el diario El País —en cuyo Consejo de Administración llegaría a entrar años más tarde— declaró para el bronce y sin equívocos que «favorecería la armonía con el Gobierno» cambiar la dirección de la UGT.

Ni siquiera ante el referéndum sobre la OTAN se había producido tal línea divisoria entre Gobierno y sindicatos. En ocasiones se parecía a «un duelo a primera sangre» entre González y Redondo; nada que ver con una partida de billar, práctica en la que el sindicalista con toda seguridad estaba ayuno.

La ruptura se hizo con desgarros. Ya en la reunión del Comité Federal del partido el 2 de octubre de 1987, un año antes, Felipe González se había descolgado con una intervención que ocultaría durante mucho tiempo. En aquella ocasión se refirió a Nicolás Redondo y la UGT como Seisdedos, porque el sindicato exigía una subida salarial para los funcionarios, entre otras cosas. Indignado y hablando fuerte, el presidente se negó a echar mano de estadísticas y demás embelecos: «No vamos a entrar en guerra de cifras, que son bastante falsas en su inmensa mayoría, y entre los socialistas, como lo sabemos, digamos la verdad. Ya que hemos perdido la capacidad de decírselo a la gente, digámonos la verdad por lo menos entre nosotros, porque sabemos que no es verdad ni siquiera la cifra del paro, y eso lo sabemos todos […]. Tampoco somos capaces de decirle a la gente que perdemos cada año 40.000 o 50.000 millones de pesetas en Hunosa y no nos tiembla el párpado, pero tampoco somos capaces de decir que tenemos un plan serio para Hunosa». Una sinceridad brutal y descarnada que los alcanzaba a todos. «Los presupuestos no son buenos. Ni ahora ni hace cinco años, porque no son lo suficientemente solidarios, por muchas razones de arrastre del pasado que no hemos sido capaces de torcer».

De ser el entronizador de Felipe González en Suresnes, Redondo había pasado al desdeñoso Seisdedos, que pedía más de lo que daba la mano. Tanto habían cambiado las cosas en apenas veinte años. El 20 de octubre de 1988, Nicolás Redondo y Antón Saracíbar, líderes incontestables de UGT, dimitían como diputados en el Congreso. La ruptura anunciaba batalla y no guerrillas burocráticas, como hasta entonces. Esta vez en campo abierto.

El sindicato fue el primero en desangrarse. Frente al poder que representaba el Gobierno, no había color. García Damborenea, el mismo que jaleó a los GAL, uno de los pocos dirigentes socialistas que no se confrontaron con UGT, afirmó sarcásticamente en las vísperas del terremoto: «No hay un solo ugetista descolgado de la huelga sin cargo público». Otra familia con fondos propios la constituía el SOMA-UGT, el sindicato minero asturiano dirigido con mano de hierro y dedos de papel moneda por Fernández Villa, el chico del brazo de oro y la niña de los ojos de Alfonso Guerra, un líder corrupto que amasaba una fortuna y controlaba casi todo lo que se movía en Asturias, un caladero de votos subsidiados.

La apariencia de la huelga general convocada para el 14-D es que se ofrecía como una batalla en la que sólo se enfrentaran dos tropas: la UGT y el presidente González, erigido en representante de todo el Gobierno y de todo el partido. Los demás se sumaban a la pelea en uno u otro bando, con evidente desproporción entre las fuerzas sindicales y las mesnadas institucionales. Alianza Popular —aún faltaban dos meses para que se rebautizara como Partido Popular—, dirigida entonces por el fugaz y prescindible Hernández Mancha, se oponía como era lógico a la huelga, pero no parecía dispuesta a hurgar en la herida. La patronal arremetía contra los sindicatos, en la conciencia de que aquella guerra no iba con ellos; estaban, eso sí, inquietos por sus efectos. Como siempre en casos similares se echó mano de «la intelectualidad mediática», la única relevante en momentos de crisis. Carlos Álvarez Cándido y Rosa Montero pusieron sus columnas salomónicas, según costumbre, a la voluntad del mando. En el apoyo sindical llamaron la atención López Aranguren, ya superados los efectos de la Bodeguilla, y Antonio Gala, entre otros.

El 14 de diciembre se paró toda España, incluida RTVE, la única —estaban por llegar las televisiones privadas favorecidas por el presidente, que no olvidaría el ostentoso desplante—, también los transportes, y hasta se sumaron los nuevos dioses: los futbolistas de Primera y Segunda División. Ni los propios sindicatos convocantes —UGT y CC. OO.— esperaban un éxito tan incontestable. Sólo González levantó la cabeza para decir a la manera del general De Gaulle en 1962: «He oído el mensaje», para luego seguir como si no lo hubiera escuchado, que no es lo mismo oír que escuchar. Ni los sindicatos podían ir más allá, ni el presidente tenía intenciones de cambiar nada. Unidos, pues, en el pozo de la gloria de una economía sustentada en la especulación inmobiliaria y burocrática.

La procesión iba por dentro. La noche de aquel miércoles 14 de diciembre de 1988 González se sintió tocado en lo más íntimo. No había conseguido frenar la avalancha, algo que no le había ocurrido hasta entonces, y en caliente hizo público un comunicado breve y contundente, infrecuente en él, que solía mirar mucho la disposición de las bolas antes de agarrar el taco: «El presidente reconoce el éxito político de la huelga general, así como el duro golpe que ello supone para el Gobierno». Una evidencia, pero entre los modos y maneras de los políticos en el poder está el de saber disimular y no darse por enterado. En este caso acusó la herida y por eso presidió el Consejo de Ministros del viernes siguiente sin demasiadas ganas de escuchar pero atento. La herida le dolía, y lo que sus elegidos fueron desgranando, desde Guerra el Implacable hasta el insustancial Chaves, le confirmó su decisión sin aliviar su resquemor. Ni siquiera Jorge Semprún, con su elaborada disquisición histórica y su amplio registro retórico, atenuó lo que llevaba pensado. Dimitir.

Desde ese Consejo del viernes 16 de diciembre hasta el miércoles 21 —¡cinco días!—, González espera para informar al partido de que se va. La amenaza, para hacerse eficaz, empieza comunicándosela en la intimidad de la Bodeguilla a su amigo fiel y millonario Enrique Sarasola. Quiere que le busque con toda celeridad un piso en Madrid; precisa hasta el monto: ¡150 millones de pesetas!

Primer toque al que sigue una carambola: le pide a Narcís Serra que se quede a almorzar después del Consejo y allí le espeta: «Yo dimito y tú te quedas». No es difícil imaginar la estupefacción de su ministro del Ejército. Lo de menos debió de ser el registrado «No te vayas. Resiste». Como una letanía, «¡Felipe, resiste!». A partir de aquí la vorágine de los implicados. La voz que corre en el secreto de los iguales. Un clamor de visitas emocionadas. Pero él se mantiene, al menos con su silencio, quizá descargado de la culpa, que no de la responsabilidad.

Esa misma tarde de los ministros en Consejo, Madrid se conmueve y se asusta de la gran manifestación unitaria de los sindicatos. No se registran apenas incidentes y el despliegue policial no tiene tampoco precedentes. Cinco detenidos en una concentración de cientos de miles; como siempre, no hay consenso sobre la cantidad y cada parte pone la cifra voluntariamente. Al presidente debió llamarle la atención un ninot traído de Valencia, un gigante de cartón con su efigie, que queman como una falla.

¿Alguien podría imaginarse a Narcís Serra presidente? Ni él mismo, y menos aún un Felipe González lúcido y airado. Lo de menos está en saber si se trató de un chantaje, ¿a quién?, ni si la oposición interna o externa estaba en condiciones de asumirlo. ¿Repetía acaso con variantes la añagaza de 1979 a propósito del marxismo? ¿De nuevo el «chantaje plebiscitario» del que escribió Robert Michels? Las circunstancias eran muy diferentes. Pero el amago de aquella semana de diciembre quedó en el secreto de los jefes de las familias. Las mismas que pedirían a su superior que no los abandonara en aquellas horas de decaimiento, que el tiempo les daría la razón y que ese mismo tiempo serviría para sosegarlos a todos. Porque alterados estaban todos y llevaban días de turbio en turbio. Carlos Solchaga, cuyo desdén por lo que consideraba accesorio le soliviantaba, se había acercado al portavoz de la derecha, Juan Ramón Calero, para espetarle «¡Hijo de puta!», amenazándolo luego: «Que sepas que tengo cosas sobre ti». Pronunciado en sede parlamentaria, aunque fuera sotto voce, no dejaba de ser alarmante en un ministro de Economía y Hacienda, al que exigían explicaciones por las supuestas informaciones privilegiadas en la bolsa por parte de su esposa, Gloria Barba, reconocida bróker.

La presión sindical —mejor sería decir «social»— podía zarandear al Gobierno, pero el presidente salió reforzado gracias al incondicional apoyo de los suyos. Se hubiera podido señalar que la reacción del jefe y de sus empoderados dependientes tenía visos de gran familia siciliana. El poder supremo había dudado, o había hecho como que dudaba, para que todos se sumaran en una adhesión más potente que antes del mal trago. Si los sindicatos entonces habían popularizado el lema de «Juntos podemos», el Gobierno lo hizo suyo en torno al presidente de todas las victorias. Volveremos a ganar en el 89 y de calle. Y ganaron, aunque sin calle, a falta de uno para revalidar la mayoría absoluta.

En esos inquietantes días de diciembre y en vísperas de esas elecciones, a González no se le podía quitar la satisfacción de ser consagrado como presidente del Consejo de Ministros de la Comunidad Europea. El día primero de enero de 1989, tomadas las ácidas uvas del fin de año, España y su presidente alcanzaban un objetivo secular y ya podía enseñorearse. España era Europa, y Europa iba a ser él durante seis meses. Nada en el siglo XX podía compararse con el éxito de esta feliz fortuna, por más que 1988 acabara con los peores augurios. La magia del cambio en España había desaparecido, el nuevo mantra tenía menos enganche, incluso mayor vulgaridad, se reducía a que España funcionase. Reverdecía el Larra de hacía siglo y medio, ante un futuro de ir tirando que ni la buena pluma del ministro Semprún podía relatar con brillantez: se limitó a consideraciones de viejo temple estalinista, como llamar «imbécil» a Antonio Gala, y poco más que alimentar su inquina soterrada hacia Alfonso Guerra, en la que se cruzaban dos culturas distantes y un cierto velo de clase.

El embrujo de Felipe había perdido algo de su encanto, pero ni mucho menos todo, apenas unos restos. «Está mal aconsejado», aseguraban los mismos que le habían hecho la huelga. La fe en González, su carisma, decían, se mantenía incólume; el desamor se desplazaba hacia su partido. No se salvaba nadie, ni siquiera el ungido Alfonso, su compinche, amigo y cómplice; de haber tenido mayor sentido de lo que significa el binomio en política, se habría tentado la ropa. Seguían siendo dos por el precio de uno, pero la frase ocultaba freudianamente una evidencia del erotismo del poder: cuando uno detecta que puede estar en peligro, se adentra en lo insondable del yo. Y el yo lo tenía muy presente Felipe González. Él era el presidente del Gobierno, el líder.

Por muy altos que se pongan los mitos, cuando se desmoronan se quedan en escombros. A las cero horas de ese recurrente miércoles de la huelga general, las que el común evoca siempre como «campanadas de las doce», en ese instante se había apagado la televisión en toda España, ante la perplejidad de todos, y especialmente de la directora del ente RTVE, Pilar Miró, para quien no existían empleados, sino extras sin frase. El vicepresidente Guerra, inspirador y controlador de los medios de comunicación desde octubre de 1982, no había dispuesto ese nombramiento. Lo había impuesto González en un gesto insólito de asunción de funciones que, en general, siempre había delegado en su vicepresidente. En las ínclitas cabezas de los líderes no podía caber que RTVE declarara la hora del comienzo de la huelga general y se mantuviera en esa actitud durante toda la jornada. La soberbia ciega a los grandes que se adentran en la magnificencia. Es posible que aquellos líderes no fueran conscientes de que esa gran derrota del 14-D, que su propia televisión les había anunciado, exigía algo más que el funcionamiento de un aparato partidario que empezaba a griparse.

La Comunidad Europea abrió la oportunidad de desquitarse. Por dignidad y en honor a la verdad, el hombre que les había preparado el podio se llamaba Francisco Fernández Ordóñez, ministro de Asuntos Exteriores, muy lejano al nido de grullas en que se había convertido el PSOE, donde ni militaba ni había militado nunca. Otros, en la dirección socialista de entonces, como Vargas-Machuca, miembro del Comité Federal y secretario en el Congreso de los Diputados, estaban inquietos ante «el éxito político de los sindicatos para articular como contestación al Gobierno un descontento social difuso y generalizado».15

Lo sobresaliente está en que la huelga general no permitía su utilización por la derecha; los ataques de ABC y afines alcanzaban la desmesura, mientras Alianza Popular observaba cómo el oso no podía quitarse la cadena. Había sido una huelga ciudadana, no sólo obrera, que se dirimía en el marco de la izquierda. No se trataba de elegir otro presidente, sino otra política. Era lo que demandaban, sin ser conscientes de que González no discurría otra política económica que la de Solchaga, y este tenía las cosas muy claras, como ya se ha visto en las citas de su libro de 1997. «No me pareció sorprendente que después de las elecciones de junio [de 1986] fracasara la iniciativa de prorrogar el pacto social». Una meditación que hacía con desparpajo: «Lo que estaba en juego era una visión del papel de la izquierda anclada en la tradición y en la historia frente a una visión más moderna». Los sindicatos estaban de más en su proyecto.

Miguel Boyer, como es obvio, apoyaba a su discípulo y sucesor remachando su virulento desdén por los sindicatos. Aunque reconocía el éxito de la huelga «para sus promotores», los descalificaba: «El llamado giro social sería más inflación, menos inversión, menos empleo y pérdida de competitividad exterior».16 Boyer iba más lejos en sus augurios sarcásticos:

En España no nos hemos partido la cara todavía, como en Francia con el Gobierno Mauroy y en Grecia con los de Papandréu. A lo peor es irremediable que lo intentemos con aplicación, que apuremos ese cáliz y que luego queden clarificadas experimentalmente [obsérvese el guiño a Popper] las alternativas para los siguientes veinte años.

Él no esperaría tanto. Días más tarde dejaba la dirección del Banco Exterior y se incorporaba al grupo financiero de los Albertos y las Koplowitz.

Pues ¡a partirse la cara! Algo muy alejado de las pretensiones de Nicolás Redondo (UGT) y Antonio Gutiérrez (CC. OO.), pero a lo que animaba no sin cierta irresponsabilidad el ministro Solchaga. La irresistible ascensión de Miguel Boyer, de la dirección de la política económica que quería el presidente a gran iluminado de las finanzas de las hermanas Koplowitz, y la exhibición de personajes como Javier de la Rosa, el mago de los enjuagues, se convirtieron en una admiración que atrapó a significativos altos cargos socialistas. En octubre de 1988, vísperas de la Gran Huelga, se contabilizaban más de una treintena de ellos dedicados a los negocios. Hacían lo que habían aprendido. Con la sal gruesa que le era habitual, el presidente a la sazón del empresariado, José María Cuevas, había definido la política del PSOE ante la Asociación de Empresarios de Hong Kong: «El problema que tiene el Gobierno español es cómo explicar que siguen siendo socialistas cuando son más liberales que la señora Thatcher, por poner un ejemplo».17 Un modo de simplificar el corolario del ministro Solchaga: «España es el país donde se puede ganar más dinero a corto plazo de Europa, y quizá del mundo».

El poso que dejaba la huelga general no era ni «un giro social» ni otra política económica, sino la cultura del pelotazo, que llevaba lo de «cultura» como un disfraz social. Dentro de ese espíritu demediado entre la imagen de una corrupción galopante que tocaba al corazón del sistema y una sociedad que mostraba un descontento general con la forma de gobernar, bajo esas condiciones, el presidente se sintió obligado a adelantar nueve meses las elecciones. Se celebraron a finales de octubre de 1989.

Ludolfo Paramio, doctor en Física y sociólogo académico, nuevo teórico converso de la cúpula socialista, haría el más preciso de los análisis poselectorales y con el valor añadido de publicarlo en el órgano oficial, El Socialista: «Justo en el límite, pero por tercera vez; mayoría absoluta». Se revelaría falso. Las marrullerías que generaron denuncias e impugnaciones acabaron rebajando la victoria socialista al punto límite de 175 escaños. Sólo conservarían la mayoría absoluta gracias a la negativa de los diputados de Herri Batasuna a participar en el Parlamento español.

Habían perdido no sólo el honor, que hasta entonces mal que bien se les atribuía, sino un puñado de provincias y el florero de Madrid, que se lo llevaba el PP de José María Aznar, que debutaba como líder de la derecha. Los socialistas se habían dejado 800.000 votos respecto a las anteriores, y la Izquierda Unida de Julio Anguita daba el salto de 7 a 17 escaños. Para un PSOE inaccesible a la realidad, la nueva situación se resumía en «el precio de los duros siete años en los que se ha tratado de enderezar el país».

Por más que citara Paramio «el daño que han hecho los años del arribismo y la especulación», que consideraba «inevitables», las tareas —impasible el ademán— estaban nada menos que en «crear la España del año 2000». Lo suyo eran los milenios cuando ya habían agotado los centenarios ilustrados de Carlos III y la Puerta de Alcalá. A la altura electoral de 1989, el horizonte tenía más de nuboso que de despejado. «A las cosas», hubiera dicho Ortega y Gasset, y esta vez con acierto. El Jugador de Billar debía encontrar fórmulas más vistosas para mantenerse como dueño indiscutible del tapete.

IV

El adiós a los dorados ochenta

Sólo se pierde lo que no se ama.

CLAUDIO RODRÍGUEZ

A la tercera legislatura (1989-1993) le corresponderá la no siempre gratificante mirada en el espejo. Siete años de gobierno sin oposición, incontestable después de la pifia insólita de la Operación Roca y su Partido Reformista, que venía a confirmar una verdad política: donde no hay más que dinero, sólo se puede conseguir más dinero o perderlo todo, pero transformar un banco o una sociedad de inversiones en partido político no hay sociedad que lo sustente impunemente. Con el PSOE en el Gobierno les iba bien a muchos; no había razón para una aventura de veteranos marrulleros a la búsqueda del espacio de centro, ese que hasta el momento ocupaba Felipe González. Después de todo, esa década para algunos prodigiosa empezaría a quebrarse al filo de los noventa.

Pero así y todo, el espejo no acababa de dar una imagen cabal de hacia dónde iban aquellos chicos que habían dejado de ser jóvenes para convertirse en sagaces comerciantes. No es que se dedicaran a los negocios —sólo algunos y distinguidos—, sino que el manejo del poder, casi absoluto, favorecía las prácticas fraudulentas, ya se llamaran Filesa, que saltaría a la opinión pública en mayo de 1991, como los efectos letales que había dejado el caso de Mariano Rubio, que acabaría salpicando la sapiencia de Miguel Boyer y facilitando su descrédito. También la aviesa utilización de las maniobras económicas de Juan Guerra habrían de dejar al correoso hermano y vicepresidente descompuesto en su papel de Robespierre, obligándolo a asumir con argumentos pedestres todos los muertos que había ido dejando por el camino; muchos y muy enconados.

El melanoma se había extendido por el partido y se vislumbraba en los puestos más agazapados. Pedro Sancho, que ejercía canonjías en Astilleros Españoles, de donde salió malparado en la reconversión salvaje, y presidente de una filial de Telefónica, hubo de ser cesado tras un pelotazo en Puerta de Hierro (Madrid) que manejó desde su «suntuoso despacho en el paseo de la Castellana», según describió la prensa de la época. Menudeaban tanto los escándalos que la travesía se hacía tormentosa.

Pese al jubileo de los conversos como Ludolfo Paramio, que se jactaba de la tercera mayoría absoluta, el embeleco ocultaba la precariedad de ese absoluto que debían a la negativa parlamentaria de Herri Batasuna, filial política de ETA, cuyos cuatro escaños no contarían en la que habría de ser una agitada legislatura.

El imborrable caso Juan Guerra estalló a punto de terminar 1989, ¡el Día de los Inocentes!; una ironía del destino. La primera alerta la provocó la intermediación del hermano del vicepresidente al desbloquear un gran pelotazo urbanístico en Barbate (Cádiz), con una inversión inicial de 8000 millones de pesetas que iban a dedicarse al proyecto Puerto de la Plata. A partir de aquí, y de la inquina acumulada por una esposa desairada, fueron deshilándose los ovillos. Ella puso variada documentación incriminatoria en manos de Manuel Fraga; incluso se la llevó a casa, y fue evidente que se trataba de dinamita que no sólo haría saltar por los aires al truhan, que compaginaba su papel de intermediario para todo lo que oliera a dinero, sino también la función del Leporello mozartiano, en este caso de zarzuela folklórica, para su hermano Alfonso. Una voladura de gran monumento de cartón piedra, hasta entonces blindado.

Causó pasmo la impunidad de este virrey andaluz que nunca se había visto en otra para hacerse rico, muy rico, amparado en el silencio siciliano de su hermano Alfonso. Pero no sucedió en Palermo, sino en Sevilla. Hay que ver al tipo —barba hirsuta, entrado en kilos, gafas negras, calvo— para hacerse una idea del nuevo chalán de los negocios inmobiliarios, o de lo que se tercie. Llevaba seis años ocupando un despacho oficial en la Delegación del Gobierno en Andalucía. Ejercía de hermano del vicepresidente y estaba particularmente inclinado al comisionado del urbanismo salvaje, luego llamado «pelotazo», que caracterizó la época. No fue Manuel Fraga, que se sacudió el asunto, sino la Izquierda Unida de Julio Anguita y el Partido Andalucista de Rojas-Marcos los primeros que denunciaron. El PP se sumaría más tarde.

Las acusaciones eran palmarias y conocidas por muchos: fraude fiscal, falsedad en documento mercantil, prevaricación y cohecho. Cuando el asunto llegó al Congreso de Diputados en febrero de 1990, Alfonso ya sabía que estaba no tocado sino hundido, y su defensa parlamentaria cayó en la arrogancia del adolescente ególatra. Se había convertido en un lastre y no advertía que su falta de conciencia sobre la medida del destrozo causado amenazaba al conjunto del Gobierno, y muy especialmente a su presidente. De ahí que ya en enero de 1990 solicitara una separación amistosa, que González le concedió, aunque retirándolo de la supuesta intimidad del poder. El presidente quería seguir siendo el administrador de los tiempos y esa es la única explicación de esa frase que parecía un jamás o un nunca, al estilo de Romanones, y que algunos interpretaron como apotegma:

Parece como si algunos quisieran imponer la dimisión del vicepresidente. Pues que quede claro: si el vicepresidente se ve obligado a dimitir, yo dimitiré con él; habrá dos dimisiones por el precio de una.

Lo que no captaron ni los analistas ni los periodistas es que el único capaz de «imponer» era él y bastaba. La retirada de Alfonso Guerra ya estaba pactada y decidida. Alfonso dejó de ser convocado al Gabinete de Crisis que provocó la invasión de Kuwait por Sadam Huseín y las secuelas que llevaron al aislamiento del régimen iraquí y al cerco. El Gobierno del PSOE envió el portaviones Príncipe de Asturias, dos fragatas y dos corbetas. Había que esperar, y así lo hicieron los dos viejos compadres durante aquel año; uno en la convicción de que, como creía que iba a suceder con Sadam, también lo suyo tendría algo de tránsito y cambios en las relaciones de fuerza, mientras que para González, como ocurriría con Irak, sería una crisis definitiva.

Fueron casi sucesivas. Primero, Juan Guerra y la cacería del virrey, que acabaría cobrándose al tigre de la selva, su hermano. Alfonso Guerra dimitió en enero de 1991 y los efectos se dejarían sentir, como es lógico, en la práctica del Jugador de Billar, pero también y de manera contundente en el partido. Ya nada sería igual; ni el Jugador de Billar podría hacer carambolas como las de antes, ni el fiel y disciplinado instrumento que servía de mesa con agujeros, para mayor gloria del artista sobre el tapete verde, consentiría repetir las jugadas con la naturalidad y sencillez de quien domina sin límites la sala de juego, que no era poco.

Para pulsar la inquieta querencia de la cúpula socialista, a la que para ser más exactos deberíamos denominar «cúpulas», bastarían los dos congresos sucesivos, el XXXII (en 1990) y el XXXIII (en 1994). Si el primero había escenificado una victoria atronadora del in pectore dimitido vicepresidente —cosa que los congresistas estaban muy lejos de saber—, el siguiente entronizó a Felipe González, único e insustituible. El historiador canónico Santos Juliá, adaptadizo a la línea dominante, alcanzaría a escribir:

El PSOE llegó a su último congreso, el XXXII, cerrando filas en torno al vicesecretario general […]. Los dos últimos años han presenciado el hundimiento del centro y el fortalecimiento de los dirigentes regionales. Han sido ellos quienes han liderado la rebelión contra el núcleo duro del aparato central. Esa derrota anuncia un fin de época.18

Los años que separan ambos congresos no tienen otro recorrido que el proceso de asunción del poder cesarista del presidente González. El Congreso de 1990 decepcionó a los que creían que iba a alisar el tapete. Incluso hombres que aseguraban ver crecer la hierba, como Jorge Semprún, se mostraron decepcionados; no estaban en el secreto. «Me equivoqué por haber sobrestimado la decisión íntima de Felipe González de proceder a la renovación del PSOE, de abrir con su intervención este proceso, al menos».

Quizá pasados dos años alcanzaría a entender algo y por eso añadirá el vehemente elogio: «Felipe González es excepcional en todos los aspectos imaginables: lo es como hombre de Estado y de poder, pero también como tribuno popular». Estos excesos semprunianos que evocaban viejas militancias los dicta a El País el domingo 29 de julio de 1992 y los ratifica en sus poco felices memorias —Federico Sánchez se despide de ustedes—, ya cesado como ministro. Su vanidad no le consintió percibir que tras la grandilocuente victoria de Alfonso Guerra en ese congreso del 90 se escondía la aquiescencia general de los cuadros dirigentes en su retirada inminente, que el protagonista entendía que iba a ser sólo del Gobierno y que habría de ampliarse también al poder visible y subterráneo del partido.

En definitiva, el XXXII Congreso, que algunos considerarían el triunfo del guerrismo, escondía su final ya rumiado por González desde que decidió asumir la retirada de Alfonso en los meses que median entre enero y noviembre de 1990. El Jugador de Billar se limitó a dejar dos bolas bien colocadas y nadie vio la trascendencia que tendrían en la siguiente mano. La primera bola, «También se puede morir de éxito»; si había alguien poco dispuesto a morir y menos a dejarse matar era él. La segunda bola sobre el tapete consistió, más que en una advertencia, en casi una amenaza: «Se gobierna en Moncloa, no en Ferraz». No es de extrañar que, en su recordatorio del momento, la fina pituitaria de Guerra detectara «un olor cesarista».

Con toda seguridad, algunas de las frivolidades de Alfonso también habían ido creando un pozo de resquemor en la cada vez mayor egolatría del presidente. Si se hacía evidente para Guerra el cesarismo de su compadre, dado su carácter de narciso impotente se permitía comentarios vulgares hasta para un hombre como él; una nadería intelectual con ínfulas. A González debían parecerle de mal gusto, y con razón, los delirios guerristas ante los intimidados chicos de la prensa: «Yo soy como el cocinero que prepara los platos y Felipe el maître que los vende». Además de una boutade, no se acercaba ni poco ni mucho a la realidad, pero por encima de todo obligaba a una interpretación que iba en desdoro del césar. Los días del cónsul estaban contados porque los años, sean de césares, emperadores o secretarios generales, van acumulando una memoria blindada por el rencor ante las impertinencias. El chef ya estaba convencido de que su restaurante debía retirar al cocinero porque sus platos ya no gustaban a su clientela; dos décadas entre fogones acaban por enranciar el menú.

Desde la tribuna, González sabía a quién hablaba y que debía hacerlo con tino. El partido contaba a la sazón con 270.000 afiliados mal contados, de los que unos 50.000 tenían cargo público, lo que trasladado al XXXII cónclave se traducía en 871 delegados, siendo un 67,2 por ciento de ellos cargos remunerados. Abundaban los profesores de los tres estamentos —básica, media y universidad—, también abogados y funcionarios a secas. Doce trabajadores, cuatro pensionistas y tres amas de casa. Asistieron tantos periodistas como congresistas. A uno de los ministros ya veteranos —¿Solana?, ¿Serra?, ¿Yáñez?— se le escapó un comentario para el bronce: «Entre Alfonso y Felipe no hay fisuras, ni las ha habido nunca, y el que ha intentado meter la mano entre ellos la ha sacado con los dedos cortados. Así le pasó a Boyer y así le puede pasar a Solchaga si se empeña en seguir el mismo camino».19 Seguro que a este incontinente no le cortaron la lengua un año después; sencillamente se disolvió en el graderío.

Ese canto de cisne que fue el XXXII Congreso para Alfonso Guerra y su aparato llevó a punto muerto el cacareado y embelesante Programa 2000, que desaparecería en la inanidad como si se hubiera tratado de un monumento proyectado y pagado, y del que ni siquiera llegaron a poner las primeras piedras. Se esfumó conforme se producía el terremoto de la salida de Guerra del Gobierno. Fue entonces cuando emergió la figura de Carlos Solchaga, no sólo en su papel de rector económico, lo que ya era mucho, sino también con ambiciones de liderazgo político. González lo ayudaba en la operación, costase lo que costase. Aunque abriera las heridas que su tozudo y arrogante navarrismo de Tafalla iba a acarrear, forzó hasta convertirlo en el portavoz del partido en el Parlamento.

El Programa 2000, como señaló con lucidez el historiador Antonio Elorza, «elude desde principio a fin todo contacto con la política efectiva llevada a cabo por el PSOE […]. Por eso el aparato insiste tanto sobre la conveniencia de centrar el debate en las ideas […], bajo cuyo manto se podrá seguir haciendo cualquier política. Adquieren así el sentido de una perfecta coartada».20 Esa coartada de las promesas milenarias permitía al césar —según denominación del propio Guerra ya defenestrado— una casi absoluta inmunidad ante cualquiera de sus decisiones, desdeñosas de la ideología y muy centradas en lo fáctico, en un momento en el que la tarea más obvia del Jugador de Billar consistía en seguir haciendo carambolas, es decir, seguir gobernando. Tras la crisis del guerrismo desarmado, todo se reducía a sobrevivir, consciente de que el caladero de votos se iba reduciendo.

Apenas terminado el Congreso de 1990, Solchaga hizo un balance; más que reconocer su derrota, momentánea, lanzaba una declaración de hostilidades sin paliativos a la opinión pública: «Alfonso Guerra y el aparato han ganado el Congreso. Aquellos que […] hemos mantenido tesis aperturistas no estamos en la Ejecutiva, por lo que desde este punto de vista no hemos ganado el Congreso». Cuando le preguntaron al reelegido secretario general por esa intemperancia, expresó «su respeto a la disconformidad expresada por Solchaga». La siempre fiel cronista Rosa Montero escribió en El País de Cebrián-Pradera su elogio de González y su desdén por Guerra. En esta pugna, la mayoría de la inteligencia asentada mostraba esa sentencia tan hispana de «A moro muerto, gran lanzada». La mera terminología que impuso ese intelectual colectivo brut nature en el que se autoconstituyó El País describía la batalla como la del aparato frente a los aperturistas. Había caído el muro de Berlín y se derrumbaba la antigua Unión Soviética; el lenguaje importado evitaba mayores esfuerzos mentales. Quizá todo se les había ido con el embeleco del Programa 2000.

Entre la militancia, la división se escenografió de una forma más incisiva, porque los autodenominados «aperturistas» se apodaron «el clan de Chamartín», en referencia a la reunión convocada por Joaquín Leguina, presidente de la Comunidad de Madrid, a la que asistieron parte de los opositores a Guerra y al guerrismo. Una denominación más precisa que «los partidarios de Solchaga». El cuerpo socialista estaba demediado, desde el Consejo de Ministros hasta las agrupaciones locales. Mientras, César esperaba. No por nada el lema del Congreso había sido «En una nueva sociedad», y él estaba para servirse de ella y garantizarla. Curioso que fuera en esta etapa cuando sintió una manifiesta inclinación por los bonsáis, una jardinería para solitarios.

Los dos protagonistas jugaban solos. Ya en enero de 1990 Alfonso Guerra había anunciado a González su irrevocable decisión de dimitir. Lo cuenta minuciosamente en sus cuidadas memorias Dejando atrás los vientos (2006). Lo hizo ante su compadre, y en ocasiones amigo, que la interpretó entre aliviado e inquieto. Dedicarse al partido en exclusiva abría una perspectiva de futuro perturbadora, pero de todos modos quedaba para González la facultad de controlar los tiempos; de ahí que no se haga pública hasta un año más tarde, cuando Alfonso decidió aprovechar el Congreso regional del PSOE en Extremadura, el domingo 13 de enero de 1991, para ser él mismo quien anunciara a una militancia que, viviendo en la ensoñación, de pronto se encontró con una verdad desconcertante. «¡No te vayas!», gritaron. En Cáceres se dieron cuenta de que la supuesta pareja feliz había decidido separarse de mutuo acuerdo. El divorcio vendría luego.

Es obvio que cuando Alfonso Guerra intervino en el Congreso de los Diputados para defenderse de lo que se le había venido encima ya estaba dimitido in pectore. Lo había pactado con su otro hermano putativo. Su torpe alegato ante la Cámara, el 1 de febrero de 1990, pretendió ser agresivo, pero tenía un fondo teatral de patetismo. Lo remató con un discurso en Sevilla, entre los suyos más suyos. Ricardo García Damborenea, que tan importante había sido en la creación de los GAL desde su dirección de los socialistas vizcaínos, fue demoledor en su análisis de la actitud de su antiguo colega. «El mitin de Alfonso Guerra me ha producido una impresión de bochorno […]. La situación de la dirección del PSOE no tiene remedio». Él había creado una corriente interna en el partido bajo la enseña Democracia Socialista y no tendría rubor por asumir su pasado, quizá por eso llegaría más lejos que nadie entre la militancia al describir el pozo en el que estaban metidos. «Se da un exceso de intervención gubernamental en todos los ámbitos […]. El Gobierno controla e interviene en el poder legislativo, judicial, en la televisión y las empresas privadas de comunicación», le dijo a El País ese mismo mes de febrero, al tiempo que ellos exhibían el colgajo del Programa 2000 y al día siguiente de que Guerra, con su dimisión en el bolsillo pactada con el césar, tratara no tanto de seguir, sino al menos de salir con la cabeza alta.

La derecha, es decir, el PP se ensañó con él y no tenía razón alguna para introducir ni un resquicio de piedad. Guerra los había insultado a todos y con reiteración y dosis de alevosía; como para rogar, ahora que le tocaba a él, que fueran respetuosos. González hacía de mirón esperando el final del degüello porque llevaba tiempo rumiando un plan alternativo, un mundo sin Alfonso, donde los pelillos a la mar se fueran echando poco a poco, sin alharacas. Pero no le iba a ser fácil. No sólo duraron un año los avatares del hermano Juan, sino que siguieron royendo el hueso hasta dejarlo mondo. Aún en noviembre de 1991, con un nuevo Gobierno ya en ejercicio, y muy lejano a cualquier veleidad guerrista, la siempre siniestra voz de Federico Trillo, melifluo y perverso, aprovecharía un debate parlamentario sobre la ley de seguridad ciudadana para provocar al ya exvicepresidente. Este hubo de pasar por la doble humillación de encajar los denuestos y de pedir al Congreso una norma parlamentaria que impidiera insultar a un diputado en la Cámara.

El mismo que había calificado, jaleado por los suyos, a Adolfo Suárez —general Pavía a caballo, regentador de una whiskería, tahúr del Misisipi—, a Josep Meliá —consumidor de piensos Sanders—, a Gerardo Iglesias —borracho a partir de las seis de la tarde—, a Abril Martorell —toro que dice mu antes de hablar—, y a un largo y garrulo etcétera, el mismo pedía ahora al presidente de la Cámara, Félix Pons, uno de los suyos, que impidiera hacer lo mismo a Federico Trillo, fiel cofrade del Opus Dei y dirigente del PP, atesorador de un cinismo más potente que su fe. Había proclamado algo imbatible: «Creía que la beligerancia, la maledicencia y la difamación del Gobierno habían terminado con la salida de Alfonso Guerra». Ninguna de esas tres armas dejaría de usarlas ni el Gobierno ni tampoco el beato Trillo. Pero querían creer que iba a surgir un aire más respirable. Imposible. Se vivía un momento en la oposición de exhibición de una ambiciosa fortaleza que mostraba cara, ojos y posibilidades. Aznar había aparecido, pequeño pero arrogante.

El año 1991 había empezado con el destape de Ibercorp, un chiringuito delicuencial, tan opaco entonces como para que no aparecieran sus beneficiarios, situados en la cúpula del poder económico socialista: Mariano Rubio, gobernador del Banco de España, Miguel Boyer, Manuel de la Concha, síndico-presidente de la Bolsa de Madrid, el exministro García Díez…, personas y personajes enredados en el entramado. Carlos Solchaga siguió con su tarantela en modo Tafalla y no dejó caer a su amigo Mariano Rubio hasta que fue inevitable. Las sociedades del Grupo Ibercorp tocaban de lleno a la que entonces se denominaba beautiful people.

Si Ibercorp saltó en enero, días después tenía que dimitir el ministro de Sanidad, Julián García Valverde, no por responsabilidades ministeriales, sino en su anterior etapa de presidente de Renfe; una irregularidad millonaria en un pelotazo urbanístico. En febrero llegó a los tribunales el caso Juan Guerra y en mayo el boquete de Filesa, ese maravilloso cuento chino de seis empleados con los que habían sido capaces, en 1989, de obtener 618 millones por supuestos «estudios» para las empresas asignadas por el partido.

Filesa desveló las entrañas económicas de un partido ansioso de fondos y atiborrado de militantes que salían de la nada para asentarse en el patrimonio. Ellos abrirían la espita de un gran bocoy que enseñaría los modos de enriquecerse todos: el partido y el aparato recién estrenado. Casi se puede decir que fueron ellos los que enseñaron los modos y maneras que los demás practicaban de tapadillo, hasta el punto de que, no sin cierto sarcasmo, se podría apuntar que por primera vez la izquierda histórica enseñaba a la derecha no menos histórica, casi tradicional, la manera de consolidar al tiempo partido, finanzas y patrimonios.

Filesa y Time Export se crearon como base de recaudación de comisiones millonarias. Tenían sólo seis personas en plantilla, pero lograron «asesorar» a grandes empresas trasladando al partido mordidas que alcanzaban centenares de millones. BBV, Banco Central, brókeres que aprovecharon la cercanía del poder para enriquecerse y defraudar a la Hacienda pública. Las cabezas del emporio partidario arrastraron, desde hombres del primer PSOE de González-Guerra, como Galeote, secretario de las finanzas del partido, hasta arribistas más recientes como Carlos Navarro.

A efectos de la trayectoria personal de Felipe González, la crisis de Alfonso Guerra y lo que trajo consigo tuvieron mayor envergadura. El distanciamiento con la UGT, el sindicato hermano, se convirtió en despecho —y hasta en enemigo furibundo— que fraccionó aún más al partido mientras en el Gobierno, dirigido ahora por Solchaga en todo lo que se refería a la economía y algo más, se creaba otro tumor maligno, que el navarro despreciaba de tal modo que lo convirtió en purulento.

A la huelga general del 88 la había seguido la definitiva reconversión industrial de 1990, un modo de abordar el futuro que caracterizaría ya las formas de la batalla política dentro del partido. Una manera de paliar los síntomas de decadencia del presente que la arrogancia de Solchaga sublimaba echando sal en las heridas. Fue el momento de las grandes provocaciones al estilo navarro de hacer política, como en Tafalla, por la cara y adelante.

La privatización de Mercasa se hizo símbolo. Se trataba de un grupo de empresas públicas del sector alimentario con una cifra de negocios de 35.000 millones de pesetas que reportaban unos beneficios de 3650. La dirigía Jesús Prieto, veterano del PSOE y la UGT, asistente a Suresnes, exalcalde de Getafe. En marzo de 1990, según expresión propia, «lo dejaron con el culo al aire» y en la calle. El secretario de Estado de Comercio, Miguel Ángel Ordóñez, se lo explicó a su manera: «No veo a un Estado de tendero». Otra cosa era hacer del Estado un negocio. Es lo que había entendido Pedro Sancho, presidente de Comet, una filial de Telefónica, que fue despedido por una operación inmobiliaria fraudulenta; otro militante egregio que había llegado desde la presidencia de Astilleros Españoles. Auténticos referentes se consideraba a los hermanos Recio, Pablo y José Aureliano, consejeros del Gobierno andaluz al servicio de empresas privadas; a uno de ellos le había tocado el gordo de la lotería en dos ocasiones simultáneas y decía que era suerte.

El hombre para todo de la reconversión se llamó Eduardo Santos. Había tratado con Miguel Boyer y con Solchaga y aseguraba tener experiencia en todo, incluso había militado en el PCE. Lo nombraron director general de Siderometalurgia y luego subsecretario. De ahí lo fichó Emilio Botín para que lo salvara del naufragio en Nueva Montaña Quijano. ¿Quién mejor que él para que el Gobierno le resarciera al banquero del agujero de una empresa de Aceros Especiales? Se hizo experto en bolsa y en las cotizaciones por las nubes; de las comisiones, otro tanto. Formaba parte de la agrupación de brókeres socialistas y, como en una película de Coppola, se reunieron todos en la primera comunión de los dos hijos varones de José Aureliano Recio, en Sevilla: Solchaga, el ministro Aranzadi, el banquero Pedro Toledo, el alto cargo Luis Carlos Croissier. No podía faltar il consigliere Eduardo Santos. El magno oficio religioso se había celebrado en 1987, pero unos años más tarde estallaría el caso Macosa, de la que el Banco Central de Alfonso Escámez era principal accionista. Gracias a la buena mano del ministro Aranzadi, trasladaron el embolado a otro grande europeo, Alstom, y convirtieron a Santos en el chico de oro del PSOE en el poder y las finanzas. Acabó en la cárcel.

Entre tanto tiburón, se apañaban los peces pequeños. Como los dos exalcaldes de Ciempozuelos —20.000 habitantes en las cercanías de Madrid—: a Joaquín Tejeiro y Pedro Antonio Torrejón los pillaron tratando de abrir una cuenta en Andorra de 900.000 euros. Eran restos de los dorados ochenta.

El sistema parecía fabricado para eso. Un total de 31 altos cargos, según confesión del Ministerio de Hacienda, recibían, además de sus holgados sueldos, retribuciones suplementarias, como si revivieran la Restauración canovista. Al director general del Patrimonio le colocaban tres millones como miembro de los consejos de administración de Telefónica y Tabacalera; así, todo seguido. Un comedero de alta cocina. La clase política gobernante, tan inclinada a los comparativos, no se sintió aludida cuando Bettino Craxi, exjefe de Gobierno y aún secretario general del Partido Socialista Italiano, fue acusado de corrupción por la magistratura de Milán. Con razón el presidente de la patronal CEOE, José María Cuevas, había confesado a sus homólogos de Hong Kong que el problema del Gobierno español se reducía a «explicar que siguen siendo socialistas cuando son más liberales que la señora Thatcher». Lo confirmaba el propio ministro Solchaga al enorgullecerse de que «España es el país donde uno se puede hacer rico en menos tiempo».

España, que apenas salía de una medianía congénita desde la autarquía al desarrollismo, aspiraba ahora a ser el país donde más rápidamente se podían fabricar millonarios. Y es sabido que para hacerse rico se necesita alguien que lo facilite, que apueste por ti alimentándote de ayudas, y eso hizo Carlos Solchaga.

Por lo demás, el Jugador de Billar, abrumado, se enrocaba y descubría que nada daba mayor satisfacción interior que cuidar y coleccionar bonsáis. Felipe González adquirió un aire de joven maestro japonés en el arte de podar un tronco que ya no podía cambiar de raíz, al que sólo podía recortar ramas, aportando engarces y abonos. Las elecciones del 89 lo habían puesto ante el espejo de una nueva realidad. La precariedad amenazaba el horizonte. Ya no se trataba de cambiar España, había que contentarse con un objetivo acorde con la evidencia. Que España funcionara era más que suficiente. Bastaba echar una ojeada a la Cámara de diputados. Gobernaban gracias a la ausencia de Herri Batasuna, y la mayoría parlamentaria la habían conseguido con la anuencia a precio de oro de un diputado canario que cambió su abstención por el apoyo a los socialistas. Así fue investido presidente y así debía afrontar la ola que amenazaba con tambalear más a la opinión pública que al Congreso. El PP de Aznar sacaba la cabeza por primera vez como una oposición real y la Izquierda Unida de Anguita lo erosionaba desde la izquierda tras la conmoción de la huelga general del 88.

Las elecciones municipales del 26 de mayo de 1991 fueron catastróficas para los socialistas. El PP ganó 600.000 votos, Izquierda Unida 300.000. El PSOE perdió bastantes capitales: Madrid, Sevilla, Valencia, Granada, Jaén, Oviedo, Salamanca. Valladolid, Castellón y Logroño. Fue entonces cuando saltó ante la opinión pública el caso Filesa.

El «intelectual orgánico» del partido, el diario El País, el más leído de España, se mantuvo taciturno cuando no desbordado: una campaña de la derecha. No tendría más remedio que desdibujarse. La defensa del mirlo blanco de sus negocios osó deslizarse en uno de los mayores hitos de la erosión de la ética periodística de la democracia. La primera, que luego se convertiría en modo de actuación de todos. Una mañana de abril de 1991 se hacían públicas en la Cadena SER y El País, ambas propiedad de la misma empresa, unas conversaciones privadas entre Txiki Benegas, Fernando Múgica y el periodista Germán Álvarez Blanco en las que se pronunciaban palabras definitivas sobre la guerra interna del PSOE.

La procedencia y las justificaciones para autentificar cómo se había logrado la cinta magnetofónica rozaban el esperpento. Alguien la había dejado como regalo diabólico en el asiento trasero del coche de un director de informativos de la cadena SER. En un ejercicio de desfachatez mafiosa, la transcripción de la casete ilegal incorporaba un recuadro: «Un especialista dice que es fácil escuchar las llamadas desde teléfonos móviles». Eso está escrito en 1991, un viernes 26 de abril, y luego añade una sedicente información tras el Consejo de Ministros que se celebró el mismo día del escándalo de Estado. «Algunos miembros del Gabinete se mostraron partidarios de que Txiki Benegas presente la dimisión para dejarle las manos libres [al presidente]».

El ya más que deteriorado valor deontológico del icono de la verdad informativa se convertía en una secta de cómplices gubernamentales. La frase definitiva que pronunciaba Txiki Benegas sería letal para quienes la repetían. «Aquí el problema es González, no Solchaga». Toda la miseria acumulada y silenciada quedaba al descubierto: los medios de comunicación más adictos al presidente jugaban a hacer de Nixon en el Watergate, no de Washington Post, y dejaban al PSOE abierto en canal desde la cabeza.

Filesa y sus fondos, producto de la complicidad y las finanzas, ni siquiera cubrían el caudal de sus afluentes. Por si fueran poco, los GAL con sus flecos, y de guinda la retirada de Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno. Se hacía imprescindible aparentar cambios, encontrar a los traidores y exhibir que lo fundamental seguía igual. Entonces el Jugador de Billar decidió asear el Gobierno. Lo hizo en marzo, cuando la ola estaba a punto de romper ante la opinión pública, pero después de haber anegado la sala de máquinas.

Por eso el Gobierno de marzo de 1991 mantenía gran parte de lo que ya tenía: once ministros seguían y sólo retiraba a seis. Se quitaba de en medio a Jorge Semprún, que de gran esperanza europeísta, en sus dos años y siete meses, pasó a ejercer de cortesano. Sin rubor alguno lo plasmó en su patético relato de la etapa ministerial —Federico Sánchez se despide de ustedes—. Su fiasco político y personal hizo preguntarse a más de uno, quizá hasta al mismo presidente que lo cooptó, de dónde había salido aquella estrella fugaz tanto tiempo apagada. Una especie de senador por méritos de guerra al que costaba volver a escucharle sus batallas de antaño. Impasible en su pluma, escribió entonces:

El 9 de marzo de 1989, medio siglo después de la caída de Madrid en manos de Franco, medio siglo después de que Stalin tomara la decisión de cambiar las alianzas de la URSS, Felipe González y yo habíamos hablado sobre todo de la construcción de Europa.21

El resto de los elegidos para jugar la Gran Partida podían ser tan ambiciosos como Semprún, pero menos presuntuosos. Narcís Serra, el descubrimiento del presidente para todo lo que fuera menester ejecutar con discreción y sinuosamente, ya fuera en el Ejército, en los servicios de información, en Cataluña o donde sugiriera, sustituyó a Guerra en la vicepresidencia; era su antítesis, pero tendría que dimitir por su responsabilidad en las escuchas ilegales. Quizá por casualidad, o por destino, la Cultura pasó a otro excomunista expulsado también del PCE en 1964, Jordi Solé Tura. Ese incidente del pasado era la única coincidencia. Mientras uno era un Maura y conforme se hacía mayor se volvía más Maura, el otro era hijo de un modesto panadero. Por lo demás, nada destacable en devociones.

La inclinación a las formas cesaristas, en este caso teñidas de las actitudes del avezado Jugador de Billar, se acentuaban. La idea la sugirieron un periodista, José Luis Gutiérrez, gran amigo del presidente hasta que dejó de serlo, y un sociólogo, Amando de Miguel. Estos precursores publicaron un libro profético y desolador en 1989, La ambición del César. El editorialista Javier Pradera, casi siempre anónimo, les dedicó un artículo cuyo título y subtítulo precisaban la intención: «La política del callejón del Gato. La trayectoria vital de Felipe González».22 Ni este esfuerzo añadido ni los silencios cómplices evitaron que la figura del presidente apareciera desde entonces como un césar por las mañanas, un cuidador de bonsáis por las tardes y un adicto al billar por las noches.

V

Las últimas carambolas

Como quien lee en un renglón tachado

el arrepentimiento de una vida,

con tesón, con piedad, con fe, aun con odio,

ahora, a mediodía, cuando hace

calor y está apagado

el sabor, contemplamos

el hondo estrago y el tenaz progreso

de las cosas, su eterno

delirio, mientras chillan

las golondrinas de la huida.

CLAUDIO RODRÍGUEZ

El billar nació como juego del poder supremo. El Rey Sol lo instituyó para su uso y hubo quien alcanzó muy altas metas gracias a dejarse ganar por el incontestable Luis XIV. Pasó más tarde a la aristocracia y de ahí, como casi todo, lo hizo suyo la irresistible burguesía de entonces. No conozco ningún texto que trate de la singular hermandad del billar con el poder; el tema está ausente de nuestros libros de historia. De lo único que no caben dudas es de que el largo camino de la mesa de mármol que se hizo fabricar Luis XIV a los buscavidas de los garitos del tapete verde nos ayudaría a entender muchas de las sutilezas del juego político. Basta decir que en España lo introdujo Felipe V, nieto del Gran Rey y el primer Borbón de la saga hispana.

¿Qué es una carambola? Ahí es nada. ¿Qué es un picado y su máxima temeridad, un massé? ¿Y dar «efecto» a la bola? ¿Qué consecuencias puede tener si es más que un juego?, y para alcanzar esta evidencia no es menester ningún psicoanalista. Felipe González es el único gobernante español del que tenemos noticia por su afición al billar. Jugar al billar con el presidente era un timbre de cercanía que concedía al habilitado un prestigio de guardador de secretos, y eso en la confirmación de que los jugadores de billar son poco dados a la palabra mientras juegan. Nada que ver con el sofisticado ajedrez, del que la literatura ha hecho uso y abuso. Pocos instantes pueden sustraerse al encanto de ver las bolas rodar hasta que llegan al punto presumido; sólo se las oye a ellas mientras van rodando.

Aseguran los expertos que un buen jugador de billar requiere sobre todo una visión de conjunto, y es curioso, porque lo que se llama «conjunto» se refiere a una mesa. No es poco territorio una mesa. Pocas cosas pueden abarcar lo mismo que una mesa. Además de la mirada, es preciso temple, o lo que es lo mismo, una tensión arterial tendente a mínimos que permita al mismo tiempo ajustar el taco con una mano y fijar la otra, que aparentemente no hace nada pero que es la viga maestra que sustenta lo demás.

¿Cómo era Felipe González en su categoría de jugador de billar? Bueno, sin excesos, asegura alguno. Perfecto, para el que no hay mejor definición del jugador de billar sin malabarismo ni virguerías. Pero ¿y el azar? Cabe imaginar que, como a todo aficionado al juego, tuviera días buenos y días peores; otros regulares, los más. Cumplir correctamente con las bolas que te han dejado en suerte, porque no hay que olvidar que es juego de dos, como mínimo, y que tú tienes que ganar la partida con las bolas que otros han abandonado sobre el tapete. «¡La mesa es tuya, presidente!».

El 6 de junio de 1993 el PSOE de Felipe González, más suyo que nunca, gana las elecciones pero pierde la mayoría absoluta por primera vez. Siempre había gobernado en solitario y esta vez la partida le había quedado trunca. Se ha puesto a jugar sobre un tapete y con unas bolas que estaban fuera de su control, incluso que no acababan de detenerse porque seguían rodando. Se había visto obligado, él, que disfrutaba de una mayoría absoluta, a adelantar las elecciones cuando aún le quedaban varios meses. Se diluyeron los valores que había logrado reivindicar en mayo de 1989 apurando una victoria, casi se podría decir a los puntos, porque consiguió 175 escaños, la mitad de la Cámara, pero se benefició del rechazo parlamentario de Herri Batasuna y sus cuatro diputados simbólicos. Gracias a la anomalía vasca de una organización que estaba más imbuida de la influencia de ETA y la escalada terrorista que de su ficción parlamentaria de portavoces del abertzalismo, se le concedía seguir como gran jugador de billar.

Es curioso que, entre esa victoria por la mínima de 1989 y el relativo fracaso que significaba perder cuatro años más tarde la mayoría absoluta, está el milagro y la ficción del PSOE de Felipe González. En primer lugar, porque el PSOE desconocía los pactos, parlamentarios o no, ellos eran los reyes del juego desde que vencieron arrolladoramente en 1982. Perder la mayoría absoluta se interpretaba como una derrota, aunque fuera el primer partido político de España con indiscutible diferencia sobre el resto. El Partido Popular de José María Aznar fungía de aspirante, por supuesto, pero hacía el sonido del abejorro que al final había de retirarse en la desigual tarea. No podía ir más lejos, aunque tratara de hacer daño. La pata del elefante socialista lo sumía en la irritación y el desconcierto, todavía.

De ahí nacería un día de abril de 1994 el «Váyase, señor González», un mantra ridiculizado pero simbólico y que no acababa de cuajar en la ciudadanía. La oposición ya tenía cara y ojos después del interregno de Hernández Mancha. El Jugador de Billar sentía que las bolas ya no respondían a sus impulsos cansinos, los desgarrones en el tapete verde no dejaban rodar las bolas y esta vez había aparecido un adversario, poco vistoso pero dispuesto a disputar todas las carambolas.

El rechazo a González era más social que partidario, y cuando se hizo extensible fue porque el propio González aguantaba a duras penas el semblante. El entorno, más que él mismo, fue asimilando que el Titanic podía hundirse, pero aún quedaba tiempo; ese tiempo chicle que existe en la política y que apenas sirve para nada que no sea masticarlo e inflar globos.

Atrás se quedan los tiempos de las virguerías, porque Filesa no sólo destaparía la provisión de fondos del partido a base de suculentas comisiones opacas al fisco y a la legalidad. Filesa estrenaría el modo que González iría adoptando para abordar aquellas operaciones delictivas que consentía o animaba: encontrar un chivo expiatorio que cargara con las tormentas en los tribunales y frente a la opinión pública. Ante las consecuencias del destape de Filesa y luego, hasta que los GAL pusieran al descubierto las interioridades del Gobierno y del Estado, González siempre encontró un protagonista de altura que voluntariamente —todo lo voluntariamente que permite la presión de un presidente y del Estado— asumiera el marrón, justo en el escalón preciso, que no alcanzara su blindado sillón.

El primero en importancia y en orden cronológico fue el caso Filesa; el vocablo «caso» habría de convertirse en los años noventa en algo tan común como la vida política misma; estaban rodeados de «casos». Entonces, la elección de la víctima propiciatoria recayó en Guillermo Galeote, un médico internista en excedencia, compadre de Felipe González desde los años de Sevilla y el Congreso de Suresnes. Nombrado personalmente por él como su hombre de confianza, el más cercano por su discreción, lo puso de responsable de finanzas del PSOE en 1981 y ahí hizo lo que debía hacer hasta su caída en manos de la Justicia en 1991. Su intervención al año siguiente ante una comisión parlamentaria marchó en paralelo a los avatares judiciales que acabaron en nada, pero sus palabras en sede parlamentaria fueron un ejemplo premonitorio de lo que se convertiría en modo de conducta, con su barniz de arrogancia y desdén por los presentes. Alcanzó, como era obligado, a pronunciar un «quizá» y un vago reconocimiento a «alguna equivocación»; sin embargo, el plato fuerte lo reservó a sus sentires:

Yo soy un socialista clásico […], asumo las gestiones anteriores y, si ustedes quieren, todo lo relacionado con la administración y finanzas del PSOE es responsabilidad mía desde el año 1939, por poner una fecha.

La emoción debió correr por las venas de los adictos, hasta tal punto que la periodista de El País Anabel Díez, cronista emocionada ante aquel despliegue de grandeza, se refiere al incriminado Galeote como depositario de «características propias del espíritu de la izquierda, hoy en revisión, cuando no denostadas».23 La delicuescencia del comentario alcanzaba hasta el propio subtítulo de la información, donde llamaba al delito —presunto, por más que evidente— «irregularidades contables». Al fin y al cabo, nadie que no fuera su abogado defensor hubiera dado en decir que las andanzas del financiero Mario Conde, que vendrían después pero que ya estaban en ebullición, no habían sido sino «irregularidades contables».

Al hilo del momento, el presidente González se reinventó un lema de campaña, un trabalenguas o trabaentendederas: «El cambio del cambio». Llevaba implícito el virus de la perplejidad. La improvisación aparente de este parabólico eslogan, que quedaría como lema de la amarga victoria de 1993, lo pronuncia el mismo protagonista en el hotel Palace de Madrid al conocer los resultados del 6 de junio: «Esta noche quiero deciros que he entendido el mensaje de los ciudadanos y este triunfo es para hacer el cambio del cambio». Había perdido la mayoría absoluta cuando aún no se habían acabado los elogios de la Grandeza Socialista.

Entre 1991 y ese 1993 habían tenido lugar los fastos del 92, el espectáculo más sonado de la posmodernidad. Juegos Olímpicos en una Barcelona tan exultante como pagada de sí misma; el espíritu del alcalde Pascual Maragall. Y la Feria de Muestras de Sevilla, símbolo del PSOE en su ciudad emblema. El mundo podía contemplar las dos ciudades por encima de Dickens y los Parises de Haussmann: Barcelona y Sevilla. Madrid quedaba achatada por los polos y debía conformarse con una vacua capitalidad cultural, una perrita de compañía que permitía al alcalde Ruiz-Gallardón, del PP —cuya relación con la cultura se mantenía en la de un voyeur—, conspirar haciendo gracias ora a El País de Jesús Polanco ora a su jefe natural, José María Aznar; un juego del que saldría quemado. Poca leña en territorio de incendiarios.

Los fastos del 92, como forma de espectáculo político, se administraron con gran éxito. Constituyeron para el PSOE y su secretario general, amén de presidente del Gobierno y suministrador principal de los fondos, una manifestación de poder incontestable. Nada podía eclipsar la luminosidad de los eventos y tampoco nadie podía quitarles la luz a los responsables directos del gran circo. En Barcelona, el alcalde Pascual Maragall, con la sombra protectora de Narcís Serra, ministro y amigo veterano de guerras y funciones en la alcaldía, y mucho antes, compadres políticos desde los años 60 en el Front Obrer de Catalunya (FOC) —una rama del Frente de Liberación Popular (FLP)—, daba el salto a la gloria y prometía incluso mayores empeños.

La Barcelona del 92 aspiraba a convertirse en el centro cosmopolita que Jordi Pujol desde la Generalitat trató sin éxito de cercenar. Aunque en esa guerra de desgaste el pujolismo acabaría saliendo vencedor ideológico y económico, el socialismo high class sabría apoderarse de suculentas migajas. Los Juegos Olímpicos dieron el gran acelerón a las ambiciones de un Partido Socialista de Cataluña que aspiraba a emular a su referente y adversario: el espíritu «convergente», que no se limitaba a la personalidad y la complicidad que generaba en Cataluña Jordi Pujol, sino sobre todo a su manera digamos que «siciliana» de manejar el poder. El PSC se fue deslizando entre los emblemas de Convergencia y PSOE, unos gobernando a su lado y otros en Madrid, pero adaptándose, diríamos no sin sarcasmo, a la idiosincrasia de las estructuras de dominio y corrupción «a la catalana».

El Gran Circo Mundial inherente a los Juegos Olímpicos del 92 descubriría en los años siguientes que las bambalinas siempre se parecen, aunque no se perciban al estar fuera de los focos. Con la ayuda generosa del Estado y la benevolencia de González, demasiado preocupado en otros frentes, la Barcelona de los socialistas del PSC consiguió el no va más de sus aspiraciones, la profecía autocumplida: somos diferentes porque somos mejores.

Pasados los fastos olímpicos, los socialistas catalanes no pudieron evitar que salieran a flote sus rencores identitarios, fraternales de puertas a fuera, sañudos en la intimidad. El 92 no dio más que una tregua que consintió la exhibición de la Barcelona ciudad, pero estaba latente la tendencia a desplazar a los barceloneses capitalinos del Ensanche y Sarriá-San Gervasi en favor de los barrios emblemáticos del extrarradio que conformaban otras poblaciones populosas, auténticas ciudades heterogéneas: Cornellá, Sabadell, Tarrasa, Badalona, Santa Coloma…

El VII Congreso del PSC, más conocido como el Congreso de Sitges, en febrero de 1994, dejó al partido, en expresión vulgar, a la altura del betún. El frágil entramado de familias y sectas saltó por los aires, y lo más llamativo consistió en que el más votado y jaleado por los congresistas fuera un tal José María Sala, un apparátchik profesional, responsable de Organización, soltero con mamá del Ensanche que lo cuidaba, y algo que entonces no llamó la atención de los observadores, por lo demás perplejos, «el hombre de las finanzas». Será procesado y encarcelado por sus maneras de conseguir fondos y repartirlos. Pero en 1994 y en Sitges se le proclamó jefe con mando en plaza.

El secretario del partido catalán, el opaco Raimon Obiols, saltó de su cargo ante el insólito rechazo de los congresistas. Su informe de gestión y perspectivas cosechó un misérrimo 47 por ciento de votos. Hasta el superministro en Madrid, Narcís Serra, sufrió un revolcón. Un cronista de esta Armata Brancaleone concentrada en Sitges, Luis Mauri, escribió del momento:

Más allá de sus líderes, el socialismo catalán […] no sale bien parado. Después del baile de Sitges, ¿qué idea tiene el ciudadano sobre la renovación del PSC? Muy probablemente, que pese al enésimo propósito de enmienda de unas élites políticas, en buena parte desconectadas de la sociedad e incluso de sus propias bases, las broncas por el poder han primado de nuevo sobre los debates ideológicos.24

La cosa acabó como el rosario de la aurora, y la conclusión obligada de Felipe González habría de reducirse a añadir un problema más en el acerico de agujas que lo castigaban. El PSC se desplazaba del nebuloso nacionalismo de izquierdas que representaba Raimon Obiols hacia un horizonte ignoto. Desde 1982, aquel año feliz de tan buena cosecha, el «obiolismo» —así se lo denominaba— se había hecho con la dirección del partido desde su segundo Congreso, en detrimento de las corrientes más conectadas con su caladero de bases militantes del entorno de Barcelona, trabajadores de prosapia emigrante. El hombre fuerte hasta entonces del socialismo catalán se apellidaba Martín Toval, natural de Málaga y acendrado guerrista, que ejercía de portavoz del conjunto de los parlamentarios del PSOE…, pero en Madrid.

A partir de 1982 el obiolismo había sido la presunta seña de identidad ideológica y política del PSC, un partido que gustaba marcar sus distancias con Felipe González y el aparato central. Pero, sobre todo, muy deudor de las clases medias profesionales de la Barcelona urbana y bienestante. Obiols era lector ávido e incapacitado para la comunicación, verbal o escrita. Si se distinguía en algo, era por estar un grado por encima de la promoción de talentos ágrafos y modernos, por lo demás inanes, de los que él era muestra y ejemplo. Cierto que Narcís Serra sustituía, o lo intentaba, a Alfonso Guerra en la vicepresidencia, pero mientras que Guerra podía jactarse de su intimidad veterana con el líder, Narcís apenas pasaba de egregio colaborador, discreto y sinuoso, conformista siempre. Ni siquiera él, más cercano a Obiols, podía enfrentarse o reconducir la situación en Cataluña.

El PSC se desayunó en Sitges como un espejismo más guerrista que felipista, con Narcís detrás de la cortina. Eligieron por consenso a uno de los alzados, el más mediocre quizá, pero susceptible de no frustrar a ninguno: José Montilla, cordobés de Iznájar y alcalde de Cornellá. No fue una aparición estelar, porque si hay algo nada cósmico era este discreto y tímido militante al que los azares de la política acabarían un día alzándole a la presidencia de la Generalitat. No se trataba de una cuestión de procedencias ni identidades entre los herederos de la emigración y los catalanes de prosapia menestral, aunque eso contara, sino más bien de maneras de entender la política en Cataluña: con el nacionalismo o frente al nacionalismo, por más que los campos de juego fueran muy laxos, incluso transitables dependiendo del lugar en que se producía la pugna por el poder, siempre delegado a instancias muy superiores.

Los buenos oficios para la pastelería fina que era marca de la casa Serra se saldaron con un fracaso. Sólo consiguió poner guindas y demorar la ya imposible cura. Conclusión: el Jugador de Billar que iba a exhibir sus dotes de mago ante aquella mesa tan concurrida entendió que el remendado tapete no era plaza para hacer carambolas. Decidió, contra lo previsto, no asistir a la clausura del Congreso de Sitges.

Dos años antes, en Sevilla se trató de otra historia. No había propiamente circo, todo fue espectáculo de ilusionismo al modo y manera de cuantas Ferias Internacionales se venían celebrando desde el siglo XIX. El socialismo gobernante en Andalucía llegó al año 92 en una pelea que, como los vestidos de faralaes, parecía tradicional y arrebatadora pero no impedía el baile. El guerrismo incontestable consideraba Sevilla —en ocasiones casquivana en quereres pero al final amante fiel— su fortaleza doméstica. Alfonso Guerra se había retirado a sus cuarteles de invierno, aunque seguía con los instrumentos del mando. En unas declaraciones al periodista César Alonso de los Ríos, entonces guerrista entusiasta —como antes había sido carrillista y luego solanista de Solana, aznarista y hasta pasional patriota en la derecha más extremada, pero entonces navegaba en el embeleso por Alfonso—, el líder desposeído afirmó: «Hay departamentos de la Administración donde los socialistas son el 2 por ciento, y eso es un producto de la tecnificación del discurso que termina por tecnificar a los responsables políticos».

Esa inclinación se había corregido en Andalucía de manera arrebatada, y tanto más en la provincia de Sevilla. En las elecciones autonómicas de 1990 habían repetido la mayoría absoluta, aunque la abstención se disparó y perdieron miles de votos en las ciudades; en la capital, 46.000. Pero la cúpula de la pirámide parecía tener una sola preocupación: la defenestración de Rodríguez de la Borbolla de la presidencia de la Comunidad y la consolidación de su sustituto, el veterano incandescente Manuel Chaves, un hombre del pasado, del presente y del futuro. En este contexto de los liderazgos hay que entender la Gran Feria Internacional de Sevilla. Se volcaron fondos, muchos, y ahí quedó todo.

Habría de ser Pascual Maragall, a la sazón alcalde de Barcelona, el que retrataría la resaca de los fastos del 92, todos ellos, con cierto tono lastimero. «Para entender en toda su magnitud el tour de force de Felipe González, Narcís Serra y el partido socialista hay que retrotraerse al clima de hace sólo dos meses. Clima irrespirable en que a los socialistas se les insultaba no sólo ya en las emisoras de la derecha, sino en las calles de Madrid». Si tenemos en cuenta que estas frases forman parte de un artículo publicado en julio de 1993, se está refiriendo a los primeros meses del año y apuntando con el dedo a la capital política de España, y así paga la mordida a su protector Narcís Serra. Elogio implícito a su Ciudad de los Milagros, y de paso a las demás capitales de provincia, como Sevilla.

Parece a las claras un exultante llamamiento a las ciudades con alcalde socialista frente a un entorno retardatario, aldeano, que no ha entendido el tour de force del progreso y la modernidad encarnados por Felipe González y Narcís Serra, confrontados al «clima político de la ciudad de Madrid en relación al del resto del país». Lo que queda por hacer, para Maragall, consiste en el mantra ya oído, «el cambio del cambio», en poner «la atención en los problemas cotidianos de los ciudadanos más que en los trascendentales ya resueltos».25 El hecho de que los medios de comunicación catalanes cumplieran con su proverbial silencio no empeció para que el dirigente barcelonés Carles Navarro entrara en la cárcel, con condena de once años por servir en la financiación irregular, dada su condición de coordinador de las finanzas del partido, primero del PSC y luego del PSOE desde 1986.

Después de escuchar la cara A del disco, ahora tocaba aguantar las estridencias de la cara B. El partido no era el PSOE incierto y ambicioso de 1982, y no porque se hubiera hecho mayor, sino porque estaba tumorado como un enfermo. Había aprendido mucho, pero sobre todo mañas.

El XXXIII Congreso, en marzo de 1994, acogía a un partido de 350.000 militantes y se había desplazado al sur. Bajo la línea de Despeñaperros estaba el granero de votos: Andalucía, el 26,2 por ciento de la militancia. También Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha… En los cargos públicos predominaban los docentes. La edad media estaba entre los cuarenta y los sesenta años. Dos rasgos que tener en cuenta. Es la edad de los líderes; González cincuenta y dos, Guerra un poco más.

El presidente y secretario general reivindicó lo más notable: «Hemos hecho el esfuerzo de meter a España en Europa y en el mundo», pero el ambiente partidario de los 900 delegados se palpaba enrarecido. Su discurso de clausura, aplaudido en ocasiones, no se cerró con la ovación acostumbrada. «No me atrevería a asegurar que el Congreso cierre la crisis». Entendía que el Congreso se resumía en la victoria pírrica de Alfonso Guerra; la nueva ejecutiva estaba escorada al guerrismo. Él se encargaría de que fuera la última, su canto de cisne. Se habían reunido en cuatro ocasiones, cuatro, a cara de perro, los dos solos, y a cada cual le constaba de manera irreversible que su complicidad había terminado. Eran ya adversarios disputándose el barco que no hacía agua todavía, pero que tenía tantos destrozos en su casco y en la sala de mandos que amenazaba naufragio.

De momento mantenía a su tapado Joaquín Almunia, al aspirante a ideólogo Ludolfo Paramio, a Manuel Chaves y Carmele Hermosín, a falta de su marido Luis Yáñez, a la que el secretario general pretendía convertir en jefa de Organización, pero no le salió. Estaban reseñados los que quedaban de su cuerda en la cantera sevillana de la merienda campera. No podía faltar en el estrellato del presidente Javier Solana, el imprescindible alisador del tapete. El resto, por más numeroso que fuera, era susceptible de cambiar de bando o al menos de consentir su influjo; bastaba con advertir que su Gobierno contaba con cinco miembros en la cúpula del partido.

Nada aligeraba lo que era obvio y es que ese Congreso fue un mal trago para quien como él se había acostumbrado a torcer los brazos que se levantaran. Había perdido en su propia casa. Lo más curioso y que pasó desapercibido entre las peleas cainitas fue la definición que figura en el entramado teórico del acto y del programa partidario, quizá porque la teoría siempre ejerció un papel decorativo en el partido desde su fundación: «El socialismo es una apuesta por la autonomía y la libertad personales, y en este sentido somos herederos de los principios y valores del liberalismo político».

Los reunidos en cónclave estaban a otra cosa. Incluso el secretario general y presidente abandona el brillante juego de billar en tapete verde por el marrullero mus de la mesa tabernaria. Forzó el nombramiento de Solchaga haciéndole portavoz de la bancada socialista en junio de 1993, para lo que fue menester quebrar sin miramientos el esqueleto del partido. Al juez del veo-veo, Baltasar Garzón, le quita los amarracos que le regaló al designarlo número 2 de la lista por Madrid y luego enseñarle las cartas, en la creencia de que la partida había terminado. Fue una de las torpezas que mostraban la disminución paulatina de su psicología de jugador postinero. Se aprestó a negociar con el avezado buscavidas Mario Conde un pacto imposible. Aspira a afrontarlo todo montado en un tren fantasma que conduce a los negocios de Jesús Polanco, el concluyente grupo Prisa —El País, la SER y aledaños—. Como en una escena entre adolescentes, resulta una mascarada, porque eran tiempos en los que aún existía la mili y toda fatuidad guardaba visos de exclamación, «¡Dejadme solo!».

A la designación de Carlos Solchaga como portavoz en el Congreso de los Diputados hay que darle una trascendencia especial. El partido dejaba el guerrismo oficialmente, pero debía convivir con un aparato y una mayoría militante más inclinada a Alfonso Guerra que al distante Solchaga; para muchos, no otra cosa que un ejecutivo financiero. De algún modo, un hombre de negocios se convertía en su representante. Sólo la fe en «Dios» —ese era el apodo con el que se referían al antaño «compañero Felipe»— podía dar tal vuelco a la vieja entelequia del cuerpo místico representado por dos esencias distintas que confluían en un solo dios verdadero. González pasaba página y demostraba que sólo él escribía en el libro sagrado del partido.

En junio de 1993 se enfrentaron por primera vez en público González y Guerra. La brigada de bomberos mediáticos allanó el terreno presentando un campo de batalla entre juguetón y falaz. Querían edulcorar la batalla entre dos bandos: los renovadores, que como su nombre indica, eran los buenos, que abarcaban incluso a los «renovadores puros», donde abrevaba como figura estelar Narcís Serra, pero a la sombra del puro por excelencia, Felipe González. Frente a ellos, la manada, casi una chusma de depredadores, los guerristas. Se podía leer tal que así en largas crónicas «informativas» de El País perpetradas por Luis R. Aizpeolea y Anabel Díez, con titulares ambientales como este sobre Guerra: «El vicesecretario general del PSOE se prepara para aprender a vivir en minoría».26

En sus comienzos, esa taxonomía de renovadores y guerristas se traducía en otro léxico: el de la gente guapa y moderna frente a los incorruptibles de Robespierre. Pero mediados los años noventa ya los guapos aparecían en su faz de defraudadores y empoderados de Estado, y en frente, los incorruptibles estaban tan agusanados que se retorcían entre los beneficios del poder absoluto. El dilema ético que había soplado en los ochenta devino en las dificultades del cocinero: cómo seguir presentado platos estrella. La antañona primacía de la política sobre la economía se había invertido, y la palabra de Solchaga emulaba a Wittgenstein en variante de Tafalla: se debe hablar de lo que se sabe. Por supuesto, él sabía de lo que hablaba e incluso podía pedir asesoramiento a su mujer, Gloria Barba, que gracias a la empresa Focoex estaba en condiciones de servir como modelo ejemplarizante.

¿Quién iba a intuir que una guerra lejana, la invasión de Kuwait por el Irak de Sadam Huseín el 2 de agosto de 1990, revelara a los ojos de los legos la cultura del pelotazo? Una expresión que sumía a las finanzas en uno de los submundos de la economía, de donde ya no volvería a salir con tanto alarde. Si el Boyer ministro de todas las economías había despejado la ruta para legalizar las malas prácticas, tras la operación de asentamiento político que fue la privatización de Rumasa, cuya intervención estatal iba a abrigar fórmulas que se consideraban periclitadas —colusiones, comisiones, chalaneos sobre fondos públicos—, la continuación de Solchaga convirtió lo que parecía una excelencia cultural en algo tan fluido como las operaciones financieras. La economía pasó de la ambición por asentarse en el tejido industrial a bascular en las finanzas, de las que sabía mucho el ministro; se había formado y crecido al amparo del Banco de Vizcaya.

De un modo incontestable, la España rica, es decir, «los ricos» a los que además se les tildaba de «guapos» —beautiful people— se convirtieron en modelos. Los brókeres devinieron en las vedetes de los dorados ochenta. Como si se tratara de un emblema, la jefa del gabinete del ministro Boyer, Petra Mateos, se deslizó de su despacho ministerial a gran ejecutiva de Afisa y Urbanizaciones Somosaguas, y no precisamente para arrepentirse del salto, por más que su jefe, García Cereceda, bordeara la cárcel tras ser sancionado por varias operaciones de compras ficticias con beneficios suculentos. El tiempo era propicio para las secretarias de los líderes. Pilar Navarro, la secretaria por antonomasia, es decir, la del jefe de todos, habría de admitir años más tarde, en junio de 1995, que había cobrado 28 millones de pesetas de los fondos reservados del Estado.

Los años noventa de Felipe González marcaron el deterioro de lo que se vino en denominar «cultura del pelotazo», porque ya estaba España metida en ese llamar «cultura» a todo lo que tuviera que ver con la aventura y el ingenio, ya fuera referido a la estafa, la extorsión, las mordidas o el fastuoso arte de trepar y acaparar poder. Lo personificó un tipo de físico salido de una novela balzaquiana con toques de Galdós y ambiciones de Gran Gatsby, Mario Conde. Al fin y al cabo, una simplificación, porque sin la cultura del pelotazo se haría difícil captar los fastos del 92. No es casual que el descenso de Conde a los infiernos se situara en los años posteriores. En 1986 y 1987 la bolsa española había vivido los mejores números de su historia.

Mario Conde, en su ansiosa acumulación de poder, dinamitó la cultura del pelotazo tan jaleada por el ministro Solchaga; iba demasiado lejos y demasiado rápido. Le cortaron la escalada, aunque acabaría arrastrándolos consigo; desde el caballero impasible Mariano Rubio, defraudador de la Hacienda pública que decía proteger, al ministro Solchaga, que le dio amparo. Salieron como cerezas del cesto; tirabas de una y salía un puñado. El fin de la cultura del pelotazo se acabó convirtiendo en querencia, pero dejó de llamarse así para reducirse a la vulgar «corrupción». Del rey —luego emérito— abajo, ninguno, que escribió el clásico.

Pelotazo tras pelotazo, financieros casi todos. Comprar con ayuda del Gobierno y vender a extranjeros; auténticos caimanes que no tardaron en entender las particularidades hispanas en el manejo de los balances. La bolsa se parecía a las listas de hits musicales, hasta el desplome de octubre de 1989. Nombres señeros que dejaron huella, aunque no se estudien en las escuelas de negocios. Javier de la Rosa, Manuel Prado y Colón de Carvajal, el gran bróker suicida Baltasar Egea, De la Concha, Rubio, Nadales, Rein, Soto, los hermanos S. Goyría, Peyró, Sarasola, los Recio, por citar los sonoros, capitaneados por el emperador del pelotazo, Mario Conde, cuya andadura pretendió ir más allá de hacerse muy rico y muy famoso para también implicarse en la política de manera espectacular.

Nada surge del Congreso de los Diputados. Los 175 diputados socialistas que disfrutaban de la mayoría absoluta gracias al regalo del abstencionismo armado de Herri Batasuna convierten a la oposición de Izquierda Unida y el Partido Popular en pared de frontón. El caso que abriría la caja de los truenos había salido del diario conservador ABC el 3 de enero de 1990. Inauguraba la década anunciando que Juan Guerra, hermano de la Furia Ética, había saldado pelotazos por valor de 80.000 millones de pesetas. De no ser por la fraternidad, hubiera pasado desapercibido, pero Alfonso ya no es el de antaño, su entorno de ayer no se parece al de ahora y el Congreso de los Diputados se despierta con un hueso en la boca.

La mayoría absoluta no puede impedir la reaparición de Filesa y, por si fuera poco, salió al proscenio el perillán gallego, Mario Conde, que lo compra todo aunque luego no tenga para pagarlo. Bancos, periodistas, el rey y toda la vajilla. La Universidad Complutense lo nombra honoris causa y cuando descubre la mina de oro del coronel Perote, exjefe de los Servicios Especiales del CESID, tiene tantas cartas en la mano que puede jugar a pares o a nones. El tándem Conde-Perote pondrá al sistema contra las cuerdas; llegará hasta que el biministro del oxímoron, Juan Alberto Belloch —Justicia e Interior—, le ofrezca lo que quiera y bajo palio, que no por nada ese producto de época ha tenido audiencia hasta con el papa Wojtyla. Y eso tras haberse declarado masón.

Mario Conde será el Dorian Gray del «felipismo», expresión que acabará convirtiéndose en referente, así como la denominación «guerrista» lleva el cuño de los modernos felipistas; ambas despectivas hacia sus protagonistas. Una caricatura del personaje de Oscar Wilde. Mario Conde es un guaperas encanallado, comprador compulsivo, al que no es posible detectar ni una arruga hasta que, descubierto el secreto, se vuelve leproso. Su fulgurante ascensión se quebró en diciembre de 1993, cuando el Banco de España interviene su barco pirata, Banesto, quizá por ser el único con bandera de conveniencia y por tanto una amenaza para los controladores del puerto. Años más tarde los tribunales evaluarán su delito en 7 000 millones de euros. La peseta ya no servía para medir agujeros.

Hay unos meses trascendentales en que el Jugador de Billar contempla la mesa y agarra el taco con desgana. Es demasiado incluso para él, que lleva casi doce años gobernando absolutamente. Había cambiado el Gabinete y apenas unas semanas más tarde el trampantojo se había venido abajo. Contra la opinión mayoritaria del PSOE, había colocado al mayor adversario del partido, Carlos Solchaga, como portavoz. Toda una provocación, o al menos un gesto de desdén y una manifestación arrogante de autoridad. Aún sangraba la herida, y apenas un año después de ese alumbramiento con fórceps, el Tribunal Constitucional echa abajo en 1993 la ley de seguridad ciudadana, más conocida como de «la patada en la puerta». José Luis Corcuera, que por mor del «compañero Felipe» había ejercido de traidor a la UGT, dimitió de manera irrevocable de la cartera de Interior. Con el olfato político que lo incapacitaba, él mismo había propuesto para sucederle dos candidatos: Luis Roldán, director general de la Guardia Civil, o en su defecto, Rafael Vera, secretario de Estado para la Seguridad. Un año después ambos pasarían a la condición de reos de la Justicia y luego serían encarcelados por fraude y crímenes de Estado. González dedicó veinticuatro horas a pensárselo y se sacó de la manga a Antonio Asunción, encargado de Prisiones con Enrique Múgica en Justicia; un valenciano eficaz y discreto.

Antes de que se cumpliera el año, se destapa el exclusivo tendedero de Mariano Rubio, símbolo del socialismo financiero. El amigo veterano de sus avalistas Boyer y Solchaga entraba en la cárcel. Luis Roldán había pasado de aspirante a ministro con cartera a huido de la Justicia con el botín a cuestas; logró amasar una fortuna valorada en 400 millones de pesetas. Es el primer director general de la Guardia Civil en su historia buscado por la propia Benemérita como delincuente.

Las grandes figuras del Gobierno que el presidente dibujó con tanto mimo —Corcuera, la oveja negra del antiguo sindicato hermano, y Solchaga, el látigo del guerrismo— se vieron obligados a dimitir. Por si fuera poco, el ministro de Agricultura, Vicente Albero, se añade a los dimitidos acusado de fraude fiscal. El monumental entuerto político que hubiera llevado a la dimisión del presidente, y que él insinuaba a sus asustados colaboradores, casi coincidía con la retirada de su vicepresidente, Narcís Serra, omnímodo oyente de escuchas ilegales y responsable también del fulgurante ascenso de Roldán. El asunto no llegó a plantearse ni siquiera en el partido. Adelantó las elecciones generales seis meses y ahí perdió la mayoría absoluta.

Desde junio de 1993 estaba gobernando gracias al pacto de hierro y silencios de chantajes compartidos con Jordi Pujol. Pero había ganado tiempo y la frustración de José María Aznar hubo de seguir limitándose al «¡Váyase, señor González¡». El jugador se resistía a dejar la mesa. Siguió con las carambolas, pero nada de brillanteces; usar el taco y ver cómo chocaban las bolas sin alcanzar las troneras, aunque tratando siempre de no perder la mano.

Apaños y a seguir. La ciudadanía, agobiada por la brutalidad del espectáculo. ¡Ponerme a ese chico en Agricultura, Luis Atienza, que ya conoce el paño desde la secretaría general de Estructuras Agrarias! Para tapar los agujeros que se van abriendo con la justicia, dadle la oportunidad a ese insaciable trepador que nació con el Código Penal en los pañales, Juan Alberto Belloch. ¿No es hijo de un juez que ejerció de gobernador civil? Pues que cubra también Interior. De esa manera la Justicia ministerial velará a los de Interior, siempre tan sueltos y necesitados de fondos y tapaderas legales. ¡Justicia e Interior! Un oxímoron en modo carambola.

A todas luces y en período de penumbras, González no le prestó ninguna importancia a que un juez torvo, megalómano y mediocre, Baltasar Garzón, aprovechara la tormenta y abandonara el barco; le habían insinuado que llegaría a capitán y lo había olvidado entre la marinería. El presidente lo había convencido sin demasiado esfuerzo con lo que cabría denominar «un soborno de poder»; iría de número 2 por Madrid. Detrás de él. Un zoquete político adicto a la notoriedad, al que debió sugerir que su ascenso sería irresistible, lo que en términos de arrieros él debió entender como «hacerle ministro». Le concedió una secretaría. Felipe González acababa de firmar la revancha del resentido humillado y había olvidado que se trataba de un juez.

Era una obviedad a la vista de todos que lo había invitado a la partida de billar para congelar las investigaciones sobre los GAL y el presidente lo embelesó con su arte y las bolas a tres bandas. No hay enemigo pequeño ni ambicioso sin saña. Garzón, con el desparpajo del avieso sin vergüenza, retomó la judicatura y lo hizo con mayor ahínco, presto a desenmascarar la trama de Estado que creó, pagó y decidió los GAL. Un divieso en el dedo gordo que devendrá gangrena.

La simple instrucción del caso Segundo Marey destapó los agujeros negros de los que estaba plagado el territorio de los GAL, los actos criminales y los fondos reservados. Resulta algo más que simbólico que la primera acción notoria que llevaran a cabo los GAL y sus jerarquías fuera el secuestro de un viajante de material de oficina, Segundo Marey, cuando el objetivo de la misión consistía en secuestrar al etarra Mikel Lujua, que vivía a ¡dos kilómetros! de la casa del secuestrado y con el que no tenía ni la más mínima relación.

Todo esto salió a flote en aquellos años 90 con el juicio sobre el caso Marey y el descubrimiento casual de los cadáveres cubiertos de cal de Lasa y Zabala. De resultas merodearían por el banquillo de los acusados todos, por acción o complicidad, incluido el presidente González. El auto de la Audiencia Nacional firmado por Baltasar Garzón en abril de 1995 procesaba a catorce antiguos altos cargos de Interior y al exsecretario general del PSOE en Vizcaya, Ricardo García Damborenea. En puridad, habían sido tres años —1983-1986— la etapa de los GAL. Luego, a partir de octubre de 1986, se sumieron en las cloacas del Estado hasta que la basura salió a flote durante el último período del Gobierno socialista (1993-1996).

En septiembre de 1995 una periodista hasta anteayer felipista escribió:

Desde la Moncloa se ha puesto en marcha una vez más la estrategia descalificadora del juez Baltasar Garzón para desvirtuar las oleadas de informes que arrancan desde la Audiencia y llegan hasta las orillas del Tribunal Supremo. Desesperado, Felipe González tacha cada día que pasa. Su máximo éxito es ya sólo sobrevivir.27

No es cierto que sea la intelligentsia la primera en detectar los cambios. Al contrario. Suele inclinarse casi siempre ante los funerales y los responsos. Eso en general, pero cuando se trata de la inteligencia vicaria el resultado es aún más patético. Figuritas de belén como Manu Escudero, que había pasado del maoísmo a pergeñar el cuento de la cenicienta del Programa 2000, ahora se descolgaba con una última novedad discográfica: «Hay que ser modernos». A él debemos la demostración más evidente del tránsito del PSOE hacia nuevos horizontes. Nuevos para un partido socialista, añejos para el mundo exterior de este mutante del izquierdismo a la ilustración conservadora:

La convergencia de las clases sociales hacia el centro supone necesariamente un replanteamiento de algunas coordenadas básicas de una socialdemocracia renovada; el socialismo democrático ya no es el instrumento político de la lucha de clases, sencillamente porque los conflictos de clase en los países desarrollados, aunque permanecen, están básicamente controlados […] Lo que realmente se está produciendo es una convergencia de las clases sociales hacia el centro social.28

Una convergencia que, por supuesto, borra el significado mismo del concepto de clase.

El PSOE se había rebautizado como partido de centro y, por tanto, decretaba que las clases trabajadoras pasaran a engrosar las filas de los empleados de clase media, o bastaba con hacer lo mismo que la militancia, querenciosa de asumir el papel de clases medias empoderadas. En once años el presidente había conseguido en la teoría canalizar la sociología del país.

La evolución o involución de Manu Escudero retrata el fenotipo del giro estratégico del socialismo español. Su procedencia y la vacuidad aplastante del oportunismo mostraban la orfandad teórica, argumental, de un partido que se alimentaba de gestos y consignas, con el «guerrismo» como doctrina. «Al hilo de los escándalos públicos hay que desarrollar una nueva ética democrática», escribía este funcionario de las ideas apenas pasado el terremoto del año 94. El pequeño detalle que se le escapaba estaba en que no era menester ninguna nueva ética democrática; bastaba con la antigua. Sólo que esta no casaba con la realidad indomeñable.

Algunas voces críticas resbalaban en ese instrumento impenetrablemente blindado a la crítica que fuera más allá de los liderazgos.

El PSOE se ha manifestado en el momento más delicado de su historia reciente como un partido sin pulso patrimonialista, cuando Felipe González quiso echar mano de él se encontró con los fueros del aparato y con una suicida predisposición a identificar lo que es bueno para él con lo que a aquel convenía.29

Por su parte, el catedrático de Derecho Político Javier Pérez Royo, dispuesto a ser de por vida perejil de todas las salsas, introducía otro elemento salvífico, el Estado, y además en su versión más contundente, el Estado hobbesiano, porque «Hobbes extrajo de manera ejemplar las consecuencias decisivas del principio de igualdad para la vida en sociedad».30

En este marco de la ética y del Estado creían que estaba el modo de salir del cuadro deslavazado en el que estaba encerrado el partido y su presidente-secretario general. A Felipe González estos embelecos teóricos le importaban un comino, pero estaba bien que sus adherentes, tan bisoños como animosos, se dedicaran a aventurarse en el terreno de la voluntad. Llegó pues la ética en quintales de papel impreso y el Estado se bunkerizó en la defensa del patrimonio del partido. Habían alcanzado una década de poder absoluto y no pensaban tomarse ni un respiro. Estaban ya acostumbrados a hacerse a todo, y los anunciadores del porvenir, como Manu Escudero, inasequibles, habían dado las claves para que los demás se lo fueran pensando:

El debate entre izquierdas y derechas se debería centrar en el tamaño del Estado, en la universalidad de los derechos ciudadanos y en la ingeniería social que se realiza desde el poder.31

Era la conclusión de lo que les parecía una evidencia:

La conveniencia de que la izquierda se retire ya de todas las posiciones que tarde o temprano ha de abandonar; que rompa definitivamente con dogmas inservibles, que establezca en la disputa entre izquierdas y derechas un terreno de juego más sólido, nítido y solvente.

En otras palabras, había que inventarse, y como es sabido los inventos exigen tiempo, lo que traducido a los términos del Jugador de Billar consistía en hacer cambios en el Gobierno.

En mayo de 1994, Luis Roldán, director general de la Guardia Civil, no sólo se había fugado con una fortuna en dineros públicos, negocietes y secretos de Estado, después de ser cesado, sino que está en paradero desconocido y se convierte en la «garganta profunda» del diario El Mundo, donde levanta la sucia alfombra que cubre los fondos reservados. Afecta a todos, desde el ministro Corcuera a los altos mandos de la lucha antiterrorista. Casi al tiempo, Mariano Rubio, el emblema de la nueva vía socialista, entra en prisión, y el barómetro de la ambición y juez de quita y pon, Baltasar Garzón, tras dimitir cuando descubre, a buenas horas mangas verdes, que el presidente se ha burlado de él tentándole con un ministerio que jamás pensó concederle, asume el papel de dueño de la lavandería.

Es la vergüenza torera ante una opinión pública atónita por lo que Corcuera, Asunción y Solchaga dejan sus ministerios, cada uno pechando con su mochila, aunque por motivos diferentes. Antonio Asunción, el menos implicado, mantendrá su renuncia irrevocable: con aquella gente no quiere seguir y los pasados tenebrosos de sus antecesores, ya fueran Barrionuevo o Corcuera, no está dispuesto a asumirlos. Y descubre, no sin pasmo, que hasta el liderazgo de Felipe González le importa una higa.

La respuesta del presidente ante el irreductible Asunción siguió el estilo Romanones: que el ministro de Justicia se hiciera cargo de Interior. Así logró algo tan insólito como aunar al legislador con el represor. Eso era restablecer lo imprescindible. Lo que viniera después, aguantarlo, porque el tiempo no estaba para gollerías. Resistir es vencer, había escrito Rilke durante la Gran Guerra, aunque él no alcanzara a saberlo, ni falta que le hacía.

De todos los desgarrones en el tapete de juego el más llamativo fue el de Roldán; no había remendón posible que consintiera reivindicarse con la brillantez del jugador de antaño. Roldán no sólo era el más notorio, sino casi el emblemático, de lo que podía consentir el partido casi virginal surgido de la victoria del 82.

Luis Roldán Ibáñez se había enseñoreado y con razón de ser el primer civil a la cabeza de un cuerpo militarizado que desde el duque de Ahumada y en su siglo y medio de existencia siempre había tenido jefes militares. Roldán había ingresado en el PSOE en 1976, muerto el Caudillo, y fue ascendiendo vertiginosamente en cargos políticos de menor cuantía desde la alcaldía de Zaragoza, su ciudad natal. Se hizo pasar por ingeniero, pero apenas había empezado un peritaje. Hijo de un modesto taxista, estaba ayuno de todo salvo de ambición económica; la política le servía para acumular un patrimonio y un estatus, fundamentales para asentarse en las instituciones del Estado.

Su trampolín lo ubicó en Navarra en su etapa como delegado del Gobierno. Se convirtió en el as de la negociación con ETA y es sabido que entregaba a su brazo político, Herri Batasuna, los nombres de confidentes de la Guardia Civil en la organización, como prueba de su voluntad negociadora, algo que en sociedades más rigurosamente democráticas hubiera podido reportarle la máxima pena, por traición. En noviembre del 86, con el asentimiento inexplicable tanto de Barrionuevo en Interior como de Serra en Defensa, se hizo cargo de la Guardia Civil. Mandaba sobre 75.000 hombres y mujeres del cuerpo más disciplinado del Estado, y se convirtió en comisionista del mismo, gracias a la contratación fraudulenta de las casas cuartel, entre otras regalías. Los avisos de la Intervención de Hacienda a sus superiores los ministros ni siquiera llamaron su atención.

Para mayor recochineo, mientras abría una cuenta en Suiza, el impuesto sobre la renta le daba a devolver; es decir, que le pagábamos nuestro óbolo toda la ciudadanía por partida doble. En sólo dos meses de 1990 ingresó en un banco suizo 2062 millones de pesetas; entre 1992 y 1993, 355 millones más. Pero no todo iba al país alpino. De manera sorprendente, consiguió que la Hacienda pública le devolviera en siete años 14 millones y medio de las retenciones del IRPF, y su cuenta corriente en España le reportó 5 millones en intereses, que por supuesto no declaró a Hacienda.

Los informes remitidos a los ministros Solchaga y Corcuera no tuvieron reacción alguna. No se trataba de una trama oculta, sino de una evidencia que en el espeso bosque de la época no concitaba alarma ni sorpresa. En noviembre de 1993 el nuevo ministro Antonio Asunción, perplejo, le hace dimitir, y meses después, ya al año siguiente, se crea una comisión parlamentaria. Saltaba el caso Roldán mientras el ya exministro Corcuera seguía avalando su honorabilidad y buen hacer. Su fuga de España en 1994 no era sino el modo de dar respuesta a lo que sólo tenía una atribución: el director general de la Guardia Civil era un delincuente con largo historial delictivo. El ministro Asunción, al enterarse de su huida, asume la responsabilidad y dimite de manera irrevocable de Interior el último día de abril de 1994. Era demasiado para ser digerido por un estómago normal.

El caso Roldán exhibía algo que, ni entonces ni después, mereció especial estudio: la oleada que inundaría el partido de personajes que sólo cabría definir como arribistas, sin otra cortapisa que el escalafón que los obligaba a ser modestos en la esquilmación y el beneficio hasta que alcanzaban mayores cotas de poder, donde manifestarían su querencia por el fraude, el cohecho o la delincuencia en su sentido más estricto. Roldán era un ejemplo que, por más llamativo que fuera, no podía ocultar casos no menos elocuentes, como el del navarro Gabriel Urralburu, presidente de su Comunidad, y otros varios a todos los niveles de la Administración pública.

El PSOE encarnó la primera ola de gobernantes venales a la que se sumaría el PP, que partía de mejores economías personales y no exigían la velocidad por enriquecerse que caracterizó a esa generación, buena parte de la cual partía de la nada. Los apaños de la UCD en la época de Adolfo Suárez no exhibieron ningún cariz de importancia y apenas fueron denunciados por la oposición; los del PSOE, por el contrario, pasaron de lo inaudito a lo común, en perjuicio del conjunto de la clase política y de su valoración entre el conjunto de la ciudadanía. Los medios de comunicación afines y cómplices en la yincana del negocio hicieron como que no querían ver hasta que la supuración de la herida lo hizo insoslayable. Pero siguieron sin darse por aludidos.

Ni el Congreso del partido ni los enjuagues ministeriales pudieron evitar el meollo del asunto. Ya a finales de 1985 se había hecho público un documento firmado por diecinueve dirigentes del PSOE, sin cargos de notoriedad en la Administración, en el que se hacía pública la exigencia de cambiar la cúpula, y del modo más preciso: «La recuperación de la credibilidad del PSOE pasa por la elección de un nuevo liderazgo». En el texto se cuestionaba la política económica «en la que se han seguido los dictados de una élite técnica muy relacionada con el establishment económico y financiero de nuestro país». Se hacía mención, puesto que ya resultaba obvio, «tanto a los escándalos de presunta corrupción como a los que se refieren a presuntas actuaciones al margen de la legalidad democrática». En resumen, apelaban a «un nuevo liderazgo que sea capaz de distanciarse y clarificar el pasado».

La dirección del partido acusó recibo, no podía menos, pero lo silenció. Entre los diecinueve firmantes figuraban Gregorio Peces-Barba, expresidente del Congreso de los Diputados, Vargas-Machuca, Victoria Camps, Reyes Mate, todos funcionarios de la universidad, como lo era Elías Díaz, Andrés de Blas, el exministro Fernando Morán y el ubicuo Manu Escudero, el ingeniero de la modernidad y del enterrado Programa 2000.

Los años noventa vivieron en el PSOE una inflación de ética que hacía pequeño al Max Weber más grande. Victoria Camps, experta en la materia según la Universidad Autónoma de Barcelona, donde impartía doctrina, hizo una defensa apasionada del PSOE, un partido en el que ni siquiera militaba, pero al que deberá responsabilidades varias hasta alcanzar la sinecura de miembro permanente del Consejo de Estado (en 2018), la más grande vicaría de la democracia consolidada. Su marido, el profesor Francisco Rico, había entrado en la Real Academia de la Lengua rodeado de un ceremonial más cortesano que académico y con Alfonso Guerra de cuerpo presente.

No eran aquellos tiempos los de ahora. La coraza cultural que convirtió al PSOE de González y Guerra en referente intelectual tras la campaña de las puertas giratorias de la OTAN —se sale, pero se sigue— y la Bodeguilla de los elegidos se cuartea. Los GAL son un trago demasiado espeso para tragarlo con prosa-sonajero. Aún en febrero de 1995 la catedrática Camps no ve la razón para dejar su puesto en el barco del Senado, donde ocupa un asiento de la bancada partidaria. En un artículo de entonces y tras muchas triquiñuelas semánticas, propias del estilo académico, para no apoyar «el desplante de Pérez Mariño», otro profesor y juez independiente seducido por el presidente, quien acababa de anunciar su dimisión sin paliativos, ella concluyó: «No veo razones suficientes para no seguir comprometida con el partido socialista como independiente». Continuará en su condición de garante de la ética universitaria en cargos de libre designación, dependientes del secretario general del PSOE y sus promiscuas listas electorales.

El 24 de abril de 1995 se hace pública la primera disidencia llamativa del antaño férreo blindaje intelectual, y es significativo que haya de exhibirse completa en el diario conservador ABC, según hace constar el historiador Santos Juliá en su Nosotros, los abajo firmantes (2014): «Las fundadas sospechas y evidencias de las que disponemos nos llevan a creer que entre los años 1983-1987 los máximos responsables del Ministerio del Interior, a través de pago de mercenarios, organizaron el crimen para combatir el terrorismo de ETA utilizando métodos semejantes».

No es el Yo acuso de Zola, empezando por una redacción tortuosa que desmerece a los firmantes, pero alcanza a sostener una sentencia final inequívoca, rotunda: «El bien y la defensa de la democracia exigen que el presidente del Gobierno, máximo responsable político de todo lo sucedido, presente su dimisión». Y añaden un colofón sujeto a variadas interpretaciones susceptibles de atenuar la mayor: «Lo que, en su caso, también podría requerir el anticipo de las elecciones, en las que los ciudadanos puedan expresar su juicio político con el medio de que disponen para intentar contener la degradación acelerada de la vida pública». Entre la cincuentena larga de firmas, llaman la atención por su valor simbólico en la época las de Miguel Delibes, Jorge de Esteban, Javier Muguerza, Antonio Gala, Ignacio Sotelo, Eugenio Trías, José María Valverde, Andrés Rábago El Roto… No figura el historiador Santos Juliá.

Tras los resultados de las elecciones de junio de 1993, González estaba obligado a pactar y no tenía otra opción que la derecha que más se asemejaba a sus modos y maneras, la catalana. Un acercamiento a Julio Anguita y su Izquierda Unida resultaría una operación de alto riesgo que rompería las bases sobre las que se habían edificado los gobiernos y los haceres del PSOE de Felipe González; algo que entendía como un pacto contra natura que ni siquiera se llegó a considerar por ninguna de las dos partes. Sin embargo, se entiende perfectamente con Jordi Pujol, aún incólume de todo lo que se asemeje a denunciarlo porque controla su territorio como un viejo sátrapa. Si lo sabría él, que había guardado en su cajón el informe sobre la quiebra de Banca Catalana, que ya se debían haber comido los ratones del archivo; porque nunca se llegó a ver, ni a citar siquiera.

Cuando Felipe se ve acogotado, echa mano de Pujol. Le manda a Serra, su vicepresidente, a que consolide su entente con la Generalitat, y luego llama al President para confirmar las promesas, nunca conocidas, de su emisario. Lo divertido, si es que el poder da para reírse, consiste en escuchar al Jordi Pujol de entonces, jefe de una modélica familia delictiva, advirtiendo a González de que la tarea primordial consiste en la lucha contra la corrupción. Los dos al parecer estuvieron de acuerdo, según los cronistas de la época, y así la entente, que no coalición, entre padrinos habrá de durar hasta junio de 1995, fecha en la que el diario El Mundo aporta la gota que desborda el vaso y que saca a la luz el secreto mejor guardado: el CESID —centro de información del Gobierno más que del Estado— llevaba más de diez años espiando a todo lo que se movía a su alrededor, desde el rey y los partidos políticos hasta los periodistas malquistos con el PSOE de Felipe González. La bomba, cuyos efectos traspasarían el fin de siglo, dejaría al Jugador de Billar sumido en el desespero y la defensa humillante y numantina.

En el verano de 1993, tan amargo para la sed de poder, había creído oportuno hacer una jugada que consideró maestra, a varias bandas. Cambió «el Gobierno del cambio del cambio» y acumularon poderes los edecanes de antaño, los desdeñados de Alfonso Guerra. Nada que oliera a guerrismo. Había que ser modernos, y la modernidad no la representaban los tonos destemplados del navarro Solchaga, auténtico virrey de la economía al que González impuso como portavoz parlamentario en una jugada de picado, un massé, que a punto estuvo de rajar el tapete verde. Pero ya había más de 500.000 nuevos funcionarios incrustados en las instituciones más variopintas del Estado —contabilizados entre 1982 y 1994—, y nadie va a poner el grito en el cielo por un rasgón en la tela del establecimiento.

Es el momento de Narcís Serra, que consolida su presente y cree garantizado su futuro, y de Javier Solana, antaño Solanita, que alcanzará hasta dirigir la OTAN. También el del «cerebrino mandri» de los nuevos apaños, Alfredo Pérez Rubalcaba. El Gobierno no está en crisis, está en González. El partido empieza a preguntarse por la identidad, eso que ya nadie hace después de que le entregan un carné. A Pérez Rubalcaba lo nombra ministro de la Presidencia y, por tanto, responsable de la sala de máquinas del cuarteado trasatlántico de la empresa socialista. El titular con el que El País consagra el nombramiento lo dice todo, aunque mejor sería confirmar que lo oculta todo: «González se rodea en la Moncloa de un equipo formado totalmente por socialistas renovadores».32 Cabe añadir la coda: Rubalcaba se incorporará a la dirección ejecutiva de El País apenas pase al ostracismo institucional.

Oficialmente, Pérez Rubalcaba «será quien prepare los proyectos de ley que el Gobierno envíe al Parlamento y quien coordine las relaciones con las Cámaras y con el Grupo Parlamentario Socialista, que ahora preside Carlos Solchaga». En definitiva, Felipe González había nombrado a su número dos para atenuar el golpe con la realidad que se le venía encima. Al fin había encontrado a un hombre capaz de entender cómo han de ponerse las bolas sobre el tapete verde. Era el momento, tras la dura evidencia de las elecciones generales (junio del 93), con la pérdida de la mayoría absoluta y cuando los tribunales y la opinión pública no dejaban de revolver entre las dudas y las evidencias de un terremoto continuado: los GAL, Filesa, Luis Roldán, Mariano Rubio. Para rematarlo, las escuchas del CESID, en las que por acción u omisión estaba metido hasta las cejas su vicepresidente, Narcís Serra, cual buitre cándido.

Las campanadas de final de partida llegan en vísperas del verano de 1994. Las elecciones al Parlamento europeo dan al PP de Aznar una victoria aplastante del 40,2 por ciento sobre un PSOE en caída libre que alcanza el 30,7. Durará desde ese mes de junio hasta las elecciones del 3 de marzo de 1996 y la llamada «amarga derrota», que por esos artificios de la manipulación de «los mejores» —dueños de la palabra definitoria— se transformará en «amarga victoria» para los conservadores. Quizá porque a González, en el relato construido post gloriam, no lo echaron las urnas, parcas para una derrota prevista como contundente, sino la opinión pública. Sin menospreciar el hecho de que mantuviera ciertas ínfulas de soberbia que lo predisponían a pensar que ese trago había que pasarlo, para volver con mayor fuerza.

Esa misma opinión pública que olía al PSOE como una sentina pero al mismo tiempo sentía una profunda desconfianza hacia José María Aznar, alimentada por una campaña tejida de golpes bajos, en el mejor estilo ya inveterado de la casa, probado desde 1986, cuando el gol de Butragueño no reprodujo el nombre de este futbolista que simbolizaba la victoria de la selección española en el Mundial de México, sino un insólito rótulo donde se leía «PSOE». La presentadora de la única televisión entonces existente, Rosa María Mateo, pidió disculpas por el equívoco; años después el partido se lo agradecería nombrándola presidenta de RTVE. Ahora, vísperas de las elecciones, se trataba de sacar a un perro agresivo cuyo gesto lo decía todo sin necesidad de precisar nada; se hizo famoso el dóberman televisivo que simulaba Aznar y su Partido Popular.

En las elecciones de la derrota del 96, el PSOE obtuvo más votos que en su victoria a los puntos de 1993. Esas paradojas provocan las urnas. El PSOE conseguiría 9.300.000 y el PP otros 9.600.000; apenas 300.000 votos de diferencia. Pero las victorias son siempre más fértiles de administrar y las derrotas dejan muy malas hierbas sobre el campo de batalla. Hacen las veces de una gran mesa con un tapete verde tan destrozado que no es posible ni pensar en coger el taco para hacer las carambolas de siempre. «El mayor hándicap del PSOE ha sido la corrupción —dice Felipe González el día que saltan los resultados—. Si no hubiera sido por la corrupción, habríamos ganado las elecciones». Para él no había otro elemento que su misma criatura para explicar el final.

Hasta llegar ahí se necesitaron los años de purgatorio. Desde el verano de 1993 —aquella sí hizo las veces de una «amarga victoria» electoral—, la situación había derivado en insostenible. Logró dar la impresión de que seguía manteniendo el control sobre las cosas y a esa imagen de seguridad contribuía una tropa mitad convicta mitad mercenaria donde resistía inquieto el grupo Prisa, renuente como es lógico al fin del negocio.

La parte convicta comprendía al vago sector progresista y las siempre tan adaptables como taciturnas clases medias ilustradas. El lado mercenario lo abarcaba, sobre todo y todos, el empresario Jesús Polanco, cuyas relaciones directas con los poderes fácticos, y muy en concreto con Felipe González, habían hecho de él una encarnación hispana del Ciudadano Kane. Sin sarcasmo alguno, se le conocía entonces como Jesús del Gran Poder, y en verdad que hubiera podido escribir, de no ser ágrafo, otro libro que añadir a los Evangelios apócrifos, que se limitara a su irresistible ascensión a los cielos.

Los años de González en el poder son indisociables del papel que jugó Prisa como instrumento mediático a su servicio. Como estrambote de tan canónico soneto, basta su uso como puertas giratorias de los líderes del partido y del Gobierno que abrevarían bajo su sombra. Además, tenía a su favor que El País era el diario mejor hecho de España, algo incontestable. Su carácter de lectura obligada no empecía que a su vez fuera el más instrumental, quizá como muestra de nuestra mendicidad periodística. Para Felipe González no dejó nunca de ser el ariete más firme, y se mantuvo fiel a quien le había concedido las gabelas.

El destino los unió en la gloria y los acompañó en la decadencia. Seguir El País tiene mucho de reconstruir la historia del PSOE, de ahí las reiteradas referencias a sus páginas. El órgano oficial El Socialista no ofrece ni una centésima parte del sentir y de la ambición no sólo de sus dirigentes, sino muy especialmente de su secretario general; con el aditamento de ese sesgo mórbido, tan útil en política, de resaltar lo que interesa y difuminar lo que perjudica.

Como si fuera el cierre de un destino, el caso Filesa, el primer escándalo que venía serpenteando entre letrados, jueces y fiscales, ahora había llegado a su hora judicial y no había modo de variar la dirección del torpedo, como se había logrado en sonadas explosiones anteriores, unas demoradas, otras desactivadas. La espoleta llevaba grabado un nombre italiano, Mario Caprile, residente en España desde hacía muchos años, mientras su padre ejercía de patrono en Femsa (Fábrica Española de Magnetos). Amigo del rey Juan Carlos, amante de la vela —su lugar preferido para vivir estaba en Laredo (Cantabria)—, compadre de Felipe González ya en su época de directivo del Círculo de Empresarios. Asistió como tal al famoso encuentro en el restaurante El Escuadrón allá en marzo de 1981, pocos días después del golpe del 23-F, para almorzar con los tiburones del dinero. Acompañado de Boyer, Solchaga y Solana, los convenció de que habría mar para todos. Fue uno de los beneficiarios de la reprivatización de Rumasa, pero lo suyo estaba en la construcción y muy en concreto en la adjudicación de grandes contratos de obra pública.

Lo pillaron por los cuarteles de la Guardia Civil que le regaló Roldán —5 por ciento de comisión; total: 481 millones de las antiguas pesetas—; el cohecho se sobreseyó, pero cuando años después su Filesa suspendió pagos dejó un agujero de 120.000 millones. Nueve mil acreedores hicieron prosperar una querella criminal y dio comienzo el que sería conocido como «caso Filesa», una pasta pegadiza que no podía borrar ni enjuagar, y que obligó a convocar elecciones anticipadas.

El adelanto electoral de 1996 no era el primero al que se veía forzado González, sino el segundo; en ambos habían notado la presencia fantasmal de Filesa. Un informe pericial dejó de manera incontestable que el PSOE se había financiado ilegalmente. Como a la altura de 1993 aún estaba caliente el cuerpo del delito y de los delincuentes, el secretario general echó la culpa al aparato del partido, que era guerrista por esencia, y en una declaración de guerra auténtica, valga el juego de palabras, exigió explicaciones. El secretario de Organización, Txiki Benegas, que no estaba para cargar él solo el muerto del desmán, presentó su dimisión.

Felipe González llegó a la conclusión de que la doble crisis, la económica y la política, se mostraba imparable. Los empresarios, temerosos de que cualquier cambio no garantizara que les siguiera yendo tan bien como con el tándem González-Solchaga, lo animan a asegurarse unos años más, y por eso adelantó las elecciones del 93. Así se lo hacen saber a Solchaga, porque el caso Filesa no va con ellos, es un incidente interno de los socialistas. Reproduce El País, como casi siempre, unas agudas y suicidas palabras de Alfonso Guerra: «¡Este debe ser el único caso en el que el líder se cansa del partido y no el partido del líder!».33

También el partido sentía agotamiento por el líder. Tuvo ocasión de comprobarlo cuando la prensa se hizo eco, a primeros de noviembre de 1994, de las denuncias a su cuñado Francisco Palomino por un pelotazo urbanístico. Se iba quedando solo en su propia defensa. Para asegurar su posición, echó mano de Miguel Gil, su secretario portavoz del Gobierno, que sugirió a un periodista que le hiciera una pregunta «que el presidente quería contestar». Sucedió durante la rueda de prensa convocada en Casablanca al final de su viaje a Marruecos para visitar a Hasán II. Allí aprovechó para hablar de sí mismo como víctima de una campaña «política de deterioro institucional».

Todo líder en apuros pone las instituciones como salvavidas en la hora del naufragio. Insistió en lo mismo cuando le preguntaron, a sugerencia también del apuntador Miguel Gil, por sus relaciones con Ferdinando Mach, tesorero del exprimer ministro italiano Bettino Craxi. «La misma campaña de mentira y difamación». El cronista adicto de El País añade: «Justo en ese momento el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, daba en otro hotel de la ciudad la razón al jefe del Gobierno: “Hay que contrarrestar esas campañas”». Si lo sabrían ambos, que pasados unos años viajarían en la misma nave, aunque con destino diverso.

La lista había devenido interminable desde que en mayo de 1991 aparecieran los rasgos de lo que luego se llamaría caso Filesa. La cabeza del partido se veía afectada por unos supuestos informes a las entidades bancarias que con toda probabilidad estaban en el secreto. Filesa, Time Export y Malesa nutrían de fondos a las arcas del entonces neonato felipismo. Pero como las cerezas, salían del cesto otras golosinas: el AVE, con la Siemens de surtidor; la directora del BOE, Carmen Salanueva y sus compras milmillonarias de papel prensa; Carmen Mestre, presidenta de la Cruz Roja, más experta en donaciones y tráfico de influencias que en pacientes; la casta excelsa e intocable de Mariano Rubio e Ibercorp; el habilidoso Eduardo Santos y su Macosa, acusado por una estafa que superaba los mil millones. Seguía una larga lista que llegaba a la Guardia Civil dirigida por un delincuente llamado Luis Roldán, al que trataban de emular los más altos líderes del Ministerio de Interior, desde Barrionuevo y Corcuera pasando por los Vera, Sancristóbal y la tropa de los GAL, donde se mezclaban los delitos con los fondos reservados.

El jefe de la partida, el teniente coronel Rodríguez Galindo, sumía a la Benemérita en una función espantosa para los «números», denominación ya de por sí humillante. Más aún por su práctica, que evocaba tenebrosas remembranzas en la ciudadanía. El foco estaba puesto en él: Enrique Rodríguez Galindo, hijo, nieto y hasta padre de guardia civil, virrey de la zona con mando en plaza absoluto desde el cuartel de Intxaurrondo (Guipúzcoa). Poseedor de todas las medallas del cuerpo —más de una docena—, incluso la más alta distinción, la Cruz de Oro. Llegó a territorio vasco en 1980 procedente de Cádiz. Responsable de la 513 Comandancia hasta su ascenso al generalato, con banda y honores, gracias al biministro del oxímoron Juan Alberto Belloch. Inequívocamente, un delincuente de Estado.

Una asociación de facinerosos y un Ministerio del Interior inclinado al delito tenían un costo que no bastaba con un breve interregno entre ceses y prisiones. Se hizo palpable un cierto desdén del electorado, abrumado pero deseoso de pasar página ante tanta desmesura. Y en verdad que no se ensañó con aquel mantra primigenio aprendido en China: la metáfora de los gatos blancos o negros que cazaban ratones y ya no se distinguían por el color, sino porque habían engordado demasiado para hacerse acreedores de la responsabilidad de gobernar. La familiaridad perversa entre el partido y la corrupción quedaría como signo identitario, hasta que fuera desbancado años más tarde por sus adversarios conservadores. Más una competencia en el fraude que un rasgo identitario.

Lo suyo quedaría como la imagen de marca de la postransición y consentía sobrevivir adjunta a las glorias del 92, las incorporaciones a la Comunidad Europea y a la OTAN, y la deslumbrante exhibición de modernidad. Ahí estaban las vigas maestras sobre las que se iría construyendo la democracia española. Casi catorce años de poder absoluto, concedido por una sociedad pasmada que nunca acabó de dar crédito a la evidencia. Era quizá demasiado para tantas ganas de disfrutar de una estabilidad sin sobresaltos.

En el fondo y en la forma, al común le quedaba muy lejos la rapiña de los fondos reservados como para creérselo en su descorazonadora evidencia. Quizá volvía una remembranza de las servidumbres del viejo régimen: sí, todo puede ser cierto, pero Franco no lo sabía. Por eso tampoco González lo sabía, y cuando vaya a las puertas de la cárcel de Guadalajara, ya desposeído, se interpreta como un gesto de solidaridad con dos militantes equivocados, Barrionuevo y Vera. No para taparles la boca, que amenaza abrirse y devorarlo al fin. Lo hace por amistad militante, aseguran los suyos. No para evitar que lo delaten. Sin embargo, se hermana con los que no están blindados como él.

Las adelantadas elecciones de 1996 no fueron otra cosa que el último intento de resistirse a la marea. El balance era estremecedor. Doce altos cargos de sus Gobiernos estaban, salían o iban a entrar en prisión: un gobernador del Banco de España (Mariano Rubio), un director de la Guardia Civil (Luis Roldán), un presidente autonómico (Gabriel Urralburu, por Navarra), un secretario de Estado de Interior (Rafael Vera), su secretario (Juan de Justo), un director general de la Seguridad del Estado (Julián Sancristóbal), una directora del Boletín Oficial (Carmen Salanueva), dos comisarios de Policía con amplios poderes (Francisco Álvarez y Miguel Planchuelo), un coronel del CESID (Juan Alberto Perote), un consejero de Obras Públicas autonómico (Antonio Aragón) y el último, y no menos importante, un teniente coronel de la Guardia Civil (Enrique Rodríguez Galindo). Y eso sin contar a los Amedo y compañía, ni a los que entrarían después, como el ministro Barrionuevo y el encargado de Finanzas del socialismo catalán, José María Sala.

Quizá en su fuero interno creyó que las urnas del 96 podían detener la marea, y además aspiraba a seguir siendo el dueño del puerto. Acabaron ahí catorce años de poder absoluto de Felipe González. Lo que vendría luego ya sería otra cosa. El Jugador de Billar pasaba a convertirse en jarrón chino.

VI

El jarrón chino

Ahora es el comienzo del acoso,

del asedio en silencio,

del rincón de la mano con su curva

y su techumbre de codicia. Ahora

es el momento de esta luz tan tenue,

alta en la intimidad del frío seco,

de este marzo tan solo.

CLAUDIO RODRÍGUEZ

Tardó un año en dimitir de cargos y responsabilidades. Lo que va de la derrota en las urnas, el 3 de marzo de 1996, al XXXIV Congreso del partido que se celebró de réquiem en junio de 1997. Como muchos de los suyos, quizá pensara que la cosa no iba para largo y que la victoria del Partido Popular de José María Aznar no tenía visos de durar.

Se preparó para un tránsito dulce que consistía en dejar los mandos al cuidado de un nuevo secretario general, Joaquín Almunia, y de un cómplice haciendo las veces que antaño habían requerido a Alfonso Guerra y que ahora iba a imitar Alfredo Pérez Rubalcaba, más fiel pero tan astuto como aquel y con mayor densidad intelectual. Era consciente de que había llegado el momento de los interinos para alcanzar la recuperación de un poder inigualable en democracia, que había durado catorce años. ¿Cuándo se dio cuenta de que tal ambición rozaba lo imposible?

Los tiempos se aceleraron y, como si parecería irreversible, el PSOE veía reducir su hegemonía de manera más que significativa. Si con el gran asalto del 82 habían logrado el 48,34 por ciento de los sufragios, la curva se había ido inclinando paulatinamente. De cualquier forma, había partido para la remontada, por más que el descenso fuera trascendental y preocupante: 44,33 en 1986; 39,87 en 1989; 39,10 en 1993; y 38,00 en 1996. Había que invertir la curva. Hacer una pausa que interrumpiera la amenaza de convertirse en una herramienta cada vez más obsoleta. Necesitaba tiempo cuando todo se aceleraba. La idea de enseñorear el propio partido para que asumiera nuevas realidades sociales no encontró la respuesta que el ya curtido Jugador de Billar esperaba.

Si querían unas primarias, que las hicieran, que él se encargaría de echar las bolas a rodar para que fuera más fácil la exhibición de carambolas. Pero se mezclaban muchas manos y la militancia funcionarial tenía una prioridad, que era mantener la red sin importarle el resultado. Ellos querían tener presente y él apostaba a futuro, aunque fuera a corto plazo. Las primarias socialistas de abril de 1998 estaban cantadas, o eso creía. Para su sorpresa, plasmarían cómo el impostado tándem de Almunia y Rubalcaba saltaba por los aires.

O ya no conocía a las inquietas bases del PSOE, envejecidas por el uso, o había perdido la sensibilidad y el halo de vencedor irresistible. Las novedosas elecciones primarias para elegir a un candidato en la próxima cita de las urnas, la que cerraría el siglo XX y abriría el incierto XXI, fueron un choque con la realidad y un reflejo de que su dominio era ya todo lo contrario que indiscutible. No sólo no salió Joaquín Almunia, sino que los militantes optaron por Josep Borrell.

El personaje Borrell parecía la contrafigura de lo que él había tejido durante años. Hombre hirsuto, irascible de carácter, catalán asumido, chusquero de la política, economista engreído, orgulloso hasta la vanidad. Ni olía a pana ni había hecho pícnics en la huerta sevillana; había viajado por su cuenta, hablaba idiomas sin trabucarse y jamás en sus años mozos se le hubiera ocurrido visitar Suresnes. Ni les gustaba a los guerristas, que desconfiaban de él, ni ellos le agradaban a él, porque no tenían nada que compartiesen. Fuera de la militancia arrugada, a la que concedía al menos seguridad en sí misma, nadie estaba en disposición de apoyarlo de manera inequívoca. Menos aún los que jaleaban las bondades de un sistema que les había hecho ricos en el carrusel de cargos y regalías.

Al Borrell arrogante y autónomo se propusieron liquidarlo políticamente dándole en el sitio donde más podía dolerle. Dos amigos de colegio y adolescencia, expertos fiscales a cargo del Estado, se desvelaron comisionistas en Barcelona. Truncaron su ascenso a candidato del PSOE. Por primera vez El País hacía primicia de una noticia sobre corrupción política socialista; no era su candidato. Dado que Borrell aparecía como su avalador en la Hacienda pública, hubo de asumir que no había detectado el tumor en casa propia. Dimitió.

Creyeron que eso les concedería un respiro para volver a relanzar el tíquet de la fortuna. Otro intento del tándem Almunia-Rubalcaba bajo la sombra del expresidente y exsecretario general. Cuando se celebren las elecciones el 12 de marzo del 2000, José María Aznar logrará algo inédito en democracia: la mayoría absoluta de la derecha —183 diputados y el 45,24 por ciento—. El candidato socialista no llegará al 35 por ciento y se quedará en 125 escaños tras una campaña que parecía diseñada por un marciano; baste decir que el lema resultaba tan excéntrico como «Lo próximo».

Próximo ¿a qué?, si todo les quedaba lejos. La abstención sobrepasó el 31 por ciento, y el partido se había metido en un hoyo tan profundo que ya nunca volvería a salir del todo, ni con Zapatero (2004), ni con Rubalcaba (2011), y menos aún con Sánchez (2017), los sucesores.

La idea de un retorno a la primera línea y por tanto al mando se fue debilitando. La personalidad de Felipe González va adquiriendo contornos muy diferentes. La salida, sin vuelta posible a la Moncloa, introdujo variantes en su conducta que alumbraban otro modo de mirar las cosas. Su matrimonio con Carmen Romero ya llevaba tiempo saldado y amortizado, los hijos se habían hecho mayores e independientes; fue perdiendo el gusto de Jugador de Billar para inclinarse más hacia la de jubilado bien asentado. Aunque la política sea una profesión abrasiva que no se consume nunca, él supo encontrar al menos las metáforas con las que ir aseando una vida que empezaba a desvanecerse.

Nada que ver con el cambio de ideas o las renuncias o las disculpas, sino con un modo más distante de contemplar la vida que se desarrollaba sin él y donde el partido, al que había dotado de una potencia y un poder único en su historia, ya no le necesitaba, por no decir que estaba de más. Siempre audaz para las analogías —quién podía olvidar la del arriesgado metro de Nueva York frente a la monotonía soviética, o los gatos de colores, entre otras muchas—, ahora adaptó un cuento oriental de su cosecha, el jarrón chino.

Un expresidente ahíto de gloria y presunción se trastocaba en esas artesanías de lujo que encandilan a los poderosos y reverencian los filisteos: un jarrón chino. En su exégesis sobre el hallazgo expresivo, González se refería a su tamaño y a la dificultad de ubicarlo, pero nadie mejor que él para entender que la naturaleza del objeto consiste en el valor de conservarlo después de haber presidido salones prohibidos a los simples mortales, a la gente común. Es el poder que emana de haber sido y ya no ser. Un respeto.

Casó con señora de sociedad bien asentada en la galaxia económica, una García Vaquero, como correspondía al personaje dispuesto a exhibir su presencia en eventos valorados como idóneos para las buenas amistades. El tránsito de gran funcionario de Estado, que ya le pertenecía por su pasado presidencial, al papel de Estadista Vitalicio, que habla poco pero hondo y que se ajusta como un guante al sujeto que dota de voz al jarrón chino para pronunciar la sentencia que va más allá de una opinión.

Quizá se arrepintiera de algunos comentarios baladís que redujeron mucho sus salidas a campo abierto, telonero de lujo en algún mitin en el que hacía de vieja gloria del mundo de los tenores para contentar o animar a los ansiosos aspirantes. Tal y como estaba el patio, con una derecha ensoberbecida que no desaprovechaba ocasión para zaherirlo, vio con buenos ojos la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero, un chico de León con ojos desorbitados.

Sin darle apoyo expreso, no hizo nada para evitar el desaire a José Bono —alumno ferviente del Viejo Profesor, Tierno Galván—, cuyas maneras abaciales le provocaban arcadas. Alfonso Guerra, con el que no trataba ni poco ni mucho, preparó una celada para desbancarlo de la secretaría general que Bono ya tenía apalabrada y volcó el puñado de votos que el siempre conspirativo exvicepresidente había designado para la humilde Matilde Fernández. Como en los juegos de manos, se los pasó a Zapatero, dejando a la sindicalista perpleja y abandonada. Venció la joven alternativa gracias a nueve votos que regalaron las huestes de Guerra a Zapatero, «el Maquiavelo de León», según tituló su primer biógrafo, José García Abad; un oxímoron sarcástico, porque en tierras leonesas los maquiavelismos son cultivos de secano. Martín Villa, por ejemplo.

De cómo Alfonso Guerra desestabilizó la cantada victoria de José Bono a la secretaría general, y por tanto a una eventual victoria futura a la presidencia del Gobierno, fue la penúltima operación de un partido cada vez más inclinado a los modos chuscos de trileros. Sucedió el evento durante el XXXV Congreso del PSOE, en el verano del 2000. Otro siglo, otros modos. No pasarían ni tres años para que los diputados socialistas de Madrid, Eduardo Tamayo y Teresa Sáez, se dejaran alquilar para impedir la victoria de Rafael Simancas y abrirle la puerta como presidenta de la Comunidad madrileña a la conservadora Esperanza Aguirre.

González apoyó a Zapatero de un modo nada sutil cuando los socialistas en pleno le dieron un homenaje al cumplirse los veinte años de la Gran Victoria del 82. Un mitin en Vista Alegre, en Madrid. Recomendó al nuevo secretario general algo que habría de ser letal: «Que sea idéntico a sí mismo, que no se traicione, que sea como es […], que siga con su estilo [propio]». En el fondo no sabía nada de él; otro buscavidas de la política revestido de adanismo y con una base teórica que no abrevaba en la socialdemocracia sino en un mediocre teórico académico irlandés, Philip Pettit, del que le habían recomendado su libro Republicanismo (1999). Nada más alejado del sentir y pensar de un Felipe González curtido en cien batallas de Estado.

Ya no lo llamarán más que para ejercer de jarrón chino, o en su detrimento para servir de contrapunto a la deriva de otra generación de socialistas que carecía de sus referentes. Él había llegado y asumido con todas sus consecuencias «la lucha de clases», incluso para negarla cuando era menester, pero las luchas de géneros, de identidades, de presuntas culturas de la inmediatez social, todo eso le cogía no viejo sino descreído. Sus conspiraciones se limitaban al teléfono y los almuerzos con antiguos colaboradores. De vez en cuando, si la olla a presión lo obligaba, dejaba sentencias que daban para ser utilizadas por los adversarios.

Era la forma de mantener su patrimonio político, muy debilitado por la evidencia de una corrupción que había devenido endémica y que no dejaba de salir en papeles y tribunales. Se vio forzado a presentarse en la puerta de la cárcel donde su ministro Barrionuevo y su sicario Vera exhibieron sus vergüenzas, condenados por unos jueces complacientes. No podía dejarlos solos porque tenían las pruebas que afectaban a todos. De paso, mostraba a los suyos que era hombre tenaz y compañero solidario. Esas ambigüedades que habían caracterizado su labor política y que mostraban a todos la doble faz de un veterano en la política y en la vida. Para unos, un cómplice; para otros, un hombre de honor. Para unos, una muerte de éxito; para otros, la evocación de los mejores tiempos de la democracia inaugurada en 1977. En definitiva, pasto para la historia.

1. Tiempo, 17 de septiembre de 1984.

2. Declaraciones a los periodistas, recogidas el 10 de septiembre de 1984.

3. Cambio16, septiembre de 1984.

4. El País, 14 de marzo de 1986.

5. El País, «Los vaivenes de un intelectual antiatlantista», 30 de septiembre de 1984.

6. El País, 17 de noviembre de 1985.

7. El País, 27 de mayo de 1988.

8. El País, 29 de junio de 1985.

9. La Vanguardia, 12 de febrero de 1989.

10. El País, 1 de febrero de 1989.

11. El País, 20 de septiembre de 1987.

12. El País, 26 de octubre de 1991.

13. El País, 24 de agosto de 1984.

14. Diario16, 24 de octubre de 1983.

15. Ramón Vargas-Machuca, «Un nuevo pacto del partido con UGT», El País, 5 abril de 1989.

16. ABC, 19 de diciembre de 1988.

17. ABC, 23 de marzo de 1991.

18. El País, 17 de marzo de 1994.

19. Mariano Guindal y Mar Díaz-Varela, La Vanguardia, 8 de noviembre de 1990.

20. El País, 31 de octubre de 1990.

21. Página 237 de aquel misal para conversos.

22. El País, 14 de mayo de 1989.

23 El País, 4 de diciembre de 1994.

24. El País, 13 de febrero de 1994.

25 El País, 27 de julio de 1993.

26. El País Domingo, 6 de febrero de 1994.

27. El Mundo, 10 de septiembre de 1995.

28. El País, 4 de marzo de 1993.

29. Reyes Mate, «De la renovación socialista», El País, 25 de octubre de 1993.

30. El País, 21 de febrero de 1993.

31. El País, 22 de agosto de 1992.

32. El País, 30 de agosto de 1993.

33. El País, 18 de abril de 1993.

Título original en inglés: The Devil’s Playground

© 2023, Craig Russsell

Primera edición en este formato: septiembre de 2023

© de la traducción: 2023, Enrique Alda Delgado
© de esta edición: 2023, Roca Editorial de Libros, S. L.
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