¿Cloacas? Sí, claro

Gonzalo Boye

¿CLOACAS? SÍ, CLARO

Gonzalo Boye

POR EL AUTOR DE … Y AHÍ LO DEJO. CRÓNICA DE UN PROCESO Y ASÍ ESTÁN LAS COSAS

El tercer libro de Gonzalo Boye sobre la defensa de los políticos catalanes es el más personal de todos. Porque él mismo y su familia están sufriendo la venganza de algunos funcionarios públicos que, excediéndose de sus funciones y creyéndose inmunes, utilizan recursos públicos para destruirlos.

Mientras las causas se van ganando en Europa, los intentos por impedir que siga con su estrategia son, en muchos casos, ilegales o inmorales e impropios de un Estado democrático.

La lawfare, o el uso de la justicia indebido, aparece en diferentes momentos del libro; también el espionaje a través de la contratación de un sistema muy sofisticado y caro llamado Pegasus. Todo para evitar que Gonzalo Boye siga con su cometido, que es demostrar que la ley no se aplica igual en España que en Europa y pone en duda la justicia.

ACERCA DEL AUTOR

Gonzalo Boye nació en 1965 en Viña del Mar (Chile) y ha vivido en Alemania, Inglaterra y España; está casado y es padre de tres hijas. Pasó 7 años, 11 meses y 23 días en prisión, tiempo que aprovechó para realizar la carrera de Derecho, y desde 2003 ejerce como abogado especializado en Derecho penal y penal internacional. Ha sido miembro del Independent Fact Finding Committee de la Liga de Estados Árabes y del Comité de la FIFA para el conflicto entre Palestina e Israel; es director jurídico de la Federación Palestina de Fútbol y asesora, en materia de derecho internacional, a diversos gobiernos. Desde octubre de 2017 coordina la defensa internacional de los miembros del Gobierno del president Carles Puigdemont que se encuentran en el exilio. En abril de 2019 publicó ... Y ahí lo dejo. Crónica de un proceso, al que le siguió en mayo de 2020 Así están las cosas.

ACERCA DE LA OBRA

«El problema es que cuanto más tarde se actúe, más poderosas serán esas redes fascistas que controlan amplios sectores o núcleos de poder dentro del Estado, que nos van haciendo la vida imposible a muchos y restringiendo, de pasada, los derechos de todos. Ponerse de perfil no es la solución, el problema es que enfrentarles sí que tiene costos, y seguramente esa sea la razón por la cual se tiende a hacer la vista gorda.

Los síntomas de esta descomposición, que creo haber sido capaz de reflejar en las siguientes páginas, son cada día más claros, y cuanto más se tarde en actuar, más difícil será impedir que se sigan adueñando de las instituciones —del poder ya lo han hecho— y, a través de ellas, que sigan perpetrando graves atentados contra la democracia.»

GONZALO BOYE, EN EL PRÓLOGO

A mi familia, Isabel, Sandra, Kristiana y Elena, así como a todos aquellos que nos apoyan y confían en lo que hacemos

PRÓLOGO

Desde que comenzamos con la defensa de los políticos catalanes en el exilio fuimos conscientes de tres cosas: 1) que técnica y profesionalmente era el mayor desafío al que se podría enfrentar cualquier abogado, 2) que a medida que fuésemos ganando batallas, se me iría haciendo pagar un precio cada vez más caro, y 3) que todo lo que hiciéramos y estamos haciendo formará parte de la historia de Catalunya, también de la de España y Europa, y, por tanto, hay que guardar, ordenar y contar todo aquello que sea posible para que luego sirva a quienes tengan que estudiar lo sucedido en un momento tan importante de la historia reciente.

Este libro, que sigue a los dos anteriores en los que fui contando lo vivido en 2017 y 2018 (Y ahí lo dejo) y también en 2019 (Así están las cosas), tiene como cometido servir de continuación a esos relatos y es una forma de cumplir con esa obligación que todos tenemos frente a la historia cuando nos toca la suerte de estar en primera línea de su desarrollo.

Siempre he dicho, y ahora insisto, en que los abogados, los fiscales y los jueces no deberíamos tener ningún tipo de protagonismo en la política en general, ni en la catalana en particular; sin embargo, y eso fue por decisiones políticas, desde la nefasta judicialización del conflicto se nos ha puesto en una primera línea que ni nos corresponde ni es buena que ocupemos.

Este conflicto, como cualquier otro de estas características, estará en vías de solución en la medida en que los políticos sean capaces de asumir sus responsabilidades y nos aparten a los juristas, dando solución política a un problema que claramente es de esa naturaleza.

El año 2020, para mí y para todos, ha sido muy distinto; nos ha planteado grandes desafíos colectivos que veremos si somos capaces de resolver, y nos ha obligado a cambiar una serie de paradigmas que regían, hasta ahora, nuestras vidas y desarrollos profesionales, laborales, sociales y familiares.

Siendo absolutamente honesto, y a pesar de lo complejo que ha sido todo con esta pandemia, durante el tiempo de confinamiento mi familia y yo aprendimos a hacer las cosas de otra manera, así como a disfrutar juntos, hacer vida en común y dedicarnos los unos a los otros de una forma que llevábamos años sin poder hacer.

La pandemia también ha afectado al trabajo que teníamos que hacer, sobre todo a la forma en que lo hemos tenido que solventar para cumplir con las diversas medidas sanitarias que se nos han impuesto, muchas de las cuales no solo eran necesarias, sino quizá no lo suficientemente rigurosas.

Pero dejando de lado todo lo que es común al conjunto de la humanidad en esta lucha por la supervivencia frente al covid, lo cierto es que el año que aquí relataré ha sido de todo menos sencillo. Nada ha sido fácil y nada ha sido indoloro, pero, qué duda cabe, en lo profesional hemos conseguido grandes éxitos que vienen a demostrar lo acertada que fue la estrategia jurídica que diseñamos en los últimos dos días en octubre de 2017.

El esfuerzo por destruirnos ha traído consigo una serie de ataques personales, legales, mediáticos y de todo tipo que nos han generado dificultades increíbles. Pero si vamos superándolas es porque Isabel y yo nos mantenemos más firmes que nunca en nuestro compromiso con el derecho de defensa, porque hemos contado con el apoyo de muchos y buenos amigos y, especialmente, porque somos conscientes del inmenso cariño que muchos nos tienen en Catalunya justamente por hacer las cosas como las hacemos.

Siempre supimos que afrontaríamos dificultades, pero por mucho que lo previésemos nunca tuvimos una cabal conciencia de cuánto daño se nos pretendería hacer. Daño a nosotros, a la gente con la que trabajamos, a nuestros familiares e incluso a algunos de nuestros amigos… En el proceso de deshumanización del enemigo se han permitido todo tipo de abusos, excesos, ilegalidades y acciones que solo reflejan que nosotros sí hemos escogido el lado correcto de la historia, y que ahí es donde nos posicionamos y donde nos mantendremos hagan lo que hagan.

En la medida en que hemos ido consiguiendo éxitos en lo jurídico, quienes nos ven como enemigos han ido perdiendo más y más los papeles y se han adentrado en prácticas que no se corresponden, ni de lejos, con las propias de un Estado democrático y de derecho. Seguramente esto es así porque, en realidad, es justamente eso, democracia y derecho, lo que más les incomoda.

Junto a todos los ataques que estamos sufriendo, también este ha sido el año en que, por fin, la estrategia diseñada allá por los últimos días de octubre de 2017 se ha ido terminando de comprender y se va asumiendo como la vía que había que seguir para impedir que la represión dé por bueno el relato según el cual todo lo hecho por los independentistas catalanes no eran más que actos delictivos, cuando no lo han sido.

El trabajo que poco a poco va dando sus resultados está mostrando que todo lo sucedido, como digo, no solo no era delictivo, sino también que la forma en que judicial, policial y mediáticamente se ha combatido al independentismo excede con creces lo tolerable en el marco europeo.

Cada día es más evidente que estamos ante una suerte de confrontación entre una forma franquista de entender y abordar la discrepancia, y una forma democrática de exigir el respeto de los derechos básicos de cualquier minoría nacional, derechos entre los que se encuentra el de poder decidir.

A lo largo de este año, y fruto de la desesperación de quienes saben que van perdiendo las batallas del relato, la jurídica y la política, hemos podido comprobar cómo los sectores más reaccionarios de los aparatos del Estado han comenzado a actuar al margen de toda norma y, sobre todo, ya casi a cara descubierta.

Lo que antes era un trabajo soterrado, propio de unas cloacas, ha pasado a hacerse a la luz del día, con amplios y descontrolados recursos públicos y llegando a límites intolerables.

La utilización de métodos perversos de espionaje, sin respaldo legal alguno y mucho menos sin motivo para ello, ha quedado en evidencia a lo largo de este año.

Aparte de mi caso particular, estoy convencido de que los dos mejores ejemplos de lo que estoy diciendo, y que aquí trato de contar en detalle, son, por un lado, el uso del programa de espionaje Pegasus para vigilar masivamente a todos los que han considerado enemigos y, por otro, la Operación Volhov, un buen ejemplo de la judicialización de la persecución de la disidencia.

Cuando haya pasado el tiempo, se hayan calmado las aguas, se haya desinflamado el fervor patrio y se hayan conocido todos los datos que han rodeado a estos y otros casos, descubriremos cuán nauseabundas son las cloacas de las que estas acciones provienen, cuán peligrosas son, cuán extensos son sus tentáculos, cuántos delitos han cometido y cuánto dinero público nos ha costado todo esto.

Se descubrirá que muchos que se amparan en una apariencia de honorabilidad y honestidad y que actúan desde posiciones de poder no son más que auténticos delincuentes dispuestos a cualquier tipo de tropelía con tal de conseguir sus objetivos, que no son otros que destruir a sus enemigos —entre los cuales, claro está, me encuentro— e imponer una forma renovada de franquismo adaptada al siglo XXI, pero tan dictatorial como la ya vivida en España.

Las líneas rojas que marcan el momento en que un sistema deja de ser una auténtica democracia han saltado por los aires a causa de las diversas actuaciones de quienes se autodefinen como «constitucionalistas», y que son tan demócratas como la turba que asaltó el Capitolio en Washington.

No creo, y así lo he dicho muchas veces, que estemos ante una actuación coordinada del Estado, y mucho menos ante una actuación gubernamental; estoy convencido de que hay sectores, grupos o núcleos de poder, ajenos al Gobierno central, que desde sus respectivas posiciones van actuando en lo que ellos entienden que es la forma en que se ha de combatir a los enemigos.

Es evidente que el actual Gobierno central carece de un control efectivo sobre el Estado y sus aparatos y que, más temprano que tarde, todo o parte del Gobierno se puede ver en igual o parecida situación a la que nos enfrentamos muchos ahora; la diferencia radica en que ellos cuentan con instrumentos para al menos intentar cambiar la realidad y reconducir la situación… Otra cosa es que estén dispuestos a hacerlo por el costo que ello pueda tener.

El problema es que cuanto más tarde se actúe, más poderosas serán esas redes fascistas que controlan amplios sectores o núcleos de poder dentro del Estado, que nos van haciendo la vida imposible a muchos y restringiendo, de pasada, los derechos de todos. Ponerse de perfil no es la solución, el problema es que enfrentarles sí que tiene costos, y seguramente esa sea la razón por la cual se tiende a hacer la vista gorda.

Los síntomas de esta descomposición, que creo haber sido capaz de reflejar en las siguientes páginas, son cada día más claros, y cuanto más se tarde en actuar, más difícil será impedir que se sigan adueñando de las instituciones —del poder ya lo han hecho— y, a través de ellas, que sigan perpetrando graves atentados contra la democracia.

Estas páginas surgen de lo vivido este año, y en ellas he tratado de reflejar lo más fielmente posible todo aquello que he experimentado, percibido y sentido, teniendo presente que, como es obvio, lo hago desde mi particular visión de la realidad. Esta, claro está, no tiene por qué corresponderse con lo vivido, percibido y sentido por otros, pero en cuanto a los hechos he intentado que se correspondan lo más fielmente posible con la realidad.

También, y por contradictorio que parezca, el año que aquí relato ha sido de grandes dicotomías, porque mientras cada día me he sentido más querido y arropado en Catalunya, en el resto del Estado sucede justo lo contrario, llegando a situaciones que han superado el marco de lo tolerable y, por qué no decirlo, también de lo legalmente permitido.

En cualquier caso, las filias y las fobias no son lo que más me ha preocupado, ocupado ni dolido, sino los silencios de algunos que, creyéndoles muy cercanos, han preferido ponerse de perfil mientras los ataques han arreciado, llegando a límites también incompatibles con la amistad.

Nadie, mucho menos yo, puede pretender que se le apoye en cualquier situación; eso es algo que ni a los amigos se les pide, pero, sin duda, cuando se demuestra irrefutablemente cómo es la realidad, lo menos que se espera es que quienes se dicen amigos salgan abiertamente en defensa de uno… Este año me ha dado grandes palos en ese sentido, pero como prefiero mirar las cosas desde una perspectiva positiva creo que, finalmente, esos palos terminan siendo positivas lecciones que permiten saber cuáles son los amigos de verdad.

También he de decir, y sin distinción geográfica ni nacional, que he tenido grandes y positivas sorpresas de personas que no esperaba, que han buscado el momento y la ocasión para hacerme ver su apoyo y su cariño; son las cosas que valen la pena en la vida.

En cualquier caso, ha sido un año del que hemos aprendido mucho, nos hemos fortalecido más si cabe y nos hemos cargado de razones para seguir luchando sin desfallecer ante tanta miseria humana a la que nos tenemos que enfrentar.

ENERO DE 2020

El 9 de enero me trasladé a Bruselas en el primer vuelo de la mañana, donde teníamos previstas una serie de reuniones tanto con el equipo jurídico de Bélgica como con los defendidos por diversos temas: el inminente suplicatorio en contra del president Puigdemont y Toni Comín; la tercera OEDE en contra de todos, especialmente la de Lluís Puig; y la situación de Clara Ponsatí, que era transitoria pero generaba, también, diversos escenarios que debían atenderse.

Nada más llegar me trasladé hasta la casa de Christophe Marchand, donde desayunamos mientras revisábamos todo lo pendiente, y de ahí nos fuimos al despacho de Michelle para reunirnos con ella, Paul, Simon, Sophie, Creppine y el resto del equipo.

Teníamos claras las ideas, había algunas novedades y lo que nos quedaba por analizar eran los tiempos y cómo nos distribuimos el trabajo. Antes de esta reunión, Pep Costa, Cekpet y yo ya habíamos hecho nuestra parte de los deberes y veníamos muy cansados de unas fiestas que dedicamos, íntegramente, a los diversos recursos generados a partir de la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de privar, ilegalmente, al president Torra de su condición de diputado al Parlament de Catalunya.

Como suele ocurrir en estas reuniones, la mayor parte del tiempo la dedicamos a ponernos al día de las novedades tanto en España como en Bélgica, a informarnos mutuamente de detalles y visiones para, luego y rápidamente, ponernos de acuerdo en qué faltaba por hacer y en quién haría qué.

Terminada la reunión me trasladé a Waterloo, donde tenía que reunirme con el president Puigdemont y, como siempre, lo primero que hicimos nada más llegar fue tomarnos un buen café y comenzar a hablar de todo en la cocina. A la altura de mi segundo café apareció Toni y ya entramos en materia. (Seguro que él dirá que no llegó tarde, pero no es así, claro que se retrasó, y si no lo hubiese hecho, no sería Toni.)

Tuvimos unas cuantas horas para repasarlo todo, especialmente cómo serían las cosas a partir del 13 de enero, en que el president Puigdemont y Toni Comín ingresarían en el Parlamento Europeo por primera vez en una sesión que se celebraría en Estrasburgo, por lo que no solo había temas logísticos que superar, sino también algunos de índole jurídica, ya que el juez Llarena, a esas alturas, mantenía en vigor su tercera OEDE en todo el ámbito de la Unión Europea.

Toni ya tenía mucho avanzado, por lo que en temas de logística y gestiones fuimos bastante rápido, aun cuando los últimos detalles se terminaron de cerrar el 12 de enero por la noche.

Nada más acabar la reunión me fui de regreso a Bruselas, donde había quedado a cenar con Lluís Puig para ponernos al día de todo y comentar los acuerdos alcanzados y la dinámica de trabajo que seguiríamos en su proceso de OEDE; fue una cena grata que se alargó bastante, porque de una cosa fuimos pasando a la otra y así hasta cerca de la medianoche.

Una vez más me tocó madrugar para poder tomar el primer vuelo de regreso a Madrid, ya que tenía diversos compromisos laborales a lo largo de la mañana y la tarde de ese viernes 10 de enero. El día se me hizo eterno, llevaba cansancio acumulado desde unas navidades y unas fiestas en las que no paramos de trabajar.

El 13 de enero era el gran día, el día en que nuestra teoría se demostraría cierta y en que, sin yo pensarlo en esos momentos, me transformaría en objetivo prioritario de los sectores más recalcitrantes del Estado y sus catacumbas o cloacas.

Me levanté muy temprano, más temprano de lo habitual, hice casi una hora de deporte, me duché, saqué a pasear a Lili, me despedí de Isabel, que se acababa de levantar y me fui hacia el aeropuerto, donde aprovecharía para tomar un café y leer la prensa; cuando no llego con el tiempo justo para el embarque me gusta relajarme un poco antes de volar.

Al llegar a la puerta de embarque me di cuenta de algo que debería haber sabido de antemano: en el vuelo coincidiría con todos los eurodiputados que viajaban de Madrid a Estrasburgo esa mañana, por lo que me tocó hacer fila con los de Vox, PP, Cs y PSOE, siendo evidente que a los de los tres primeros partidos les producía una clara mezcla entre rabia y asco el verme embarcando en el mismo vuelo que ellos.

Todos eran conscientes de la razón por la cual yo estaba allí, y de que ese hecho representaba la derrota de sus tesis y un respaldo al trabajo que veníamos haciendo desde finales de octubre de 2017.

Por esas cosas de la vida me tocó un asiento en una de las primeras filas y junto a mí se instaló José Ramón Bauzá, eurodiputado por Cs, que se cuidó muy mucho de no dirigirme la palabra ni para pasar por delante de mí hacia su asiento.

Minutos antes de que se cerrasen las puertas subió al avión Sira Rego, eurodiputada de Izquierda Unida y antigua amiga que, nada más verme y percibir la situación, se acercó a darme un gran abrazo e intercambiar algunas palabras antes de que despegásemos.

Al llegar a Estrasburgo, como siempre viajo sin equipaje, bajé rápidamente del avión, busqué un taxi y en un francés de cafetería le indiqué al conductor la dirección del hotel al que debía llevarme. Durante el viaje hasta el hotel me fui coordinando con Toni, Miriam Santamaría, Pep Costa, Jami Matamala y el propio president Puigdemont para ver que todo estaba bajo control y comprobar que mientras yo volaba desde Madrid no había surgido ningún inconveniente.

El president me informó de que ya estaban en Francia, habían hecho el viaje por carretera, iba todo bien y nos veíamos a la entrada del Parlamento a la hora prevista.

Alojarse en Estrasburgo esos días era todo un desafío, así que cada cual se quedó donde logró conseguir habitación; en mi caso un pequeño y bonito hotel construido en lo que antiguamente fueron unas caballerizas en el casco antiguo.

Al llegar me registré, dejé mi mochila en la habitación y llamé un taxi para trasladarme al Parlamento, donde habíamos quedado todos.

Como siempre me pasa en estas cosas, seguramente yo era el único que no tenía claro qué y cómo se había organizado y qué debía hacer cada cual… No son pocas las ocasiones en que me voy enterando sobre la marcha, pero esto no solo me ocurre en este tipo de situaciones, sino incluso hasta en las más cotidianas. Debe de ser porque presto poca atención a estos temas o vivo en la luna pensando en otros.

Al llegar y bajarme del taxi, me di cuenta de que efectivamente había toda una organización y de que allí ya había llegado mucha gente desde Bélgica, Catalunya, Alemania, Francia y Suiza como mínimo.

Me salió al encuentro Josep (Pep) Costa, enfundado en una cazadora muy abrigada, y creo que lo primero que le dije fue: «Otra vez me he equivocado y voy a pasar mucho frío».

Me explicó sobre la marcha, seguramente por segunda o tercera vez, cuál era la organización y qué debíamos hacer; esta vez sí lo entendí y luego actué conforme se nos indicó.

Allí, poco a poco, llegaba toda la gente que nos había apoyado y que tenía algo que decir en el éxito que representaba la entrada del president Puigdemont y Toni Comín en el Parlamento… Era la constatación de un éxito que pocos asumíamos como posible y muchos creían quimérico.

Después de hacer los trámites de rigor, entramos en un patio circular para esperar al president Puigdemont y a Toni, que llegarían al poco rato acompañados de sus respectivas familias. Era un momento histórico, emocionante, del cual Pep y yo nos sentíamos muy partícipes y responsables.

Estaba lleno de periodistas, no solo catalanes sino también españoles y de toda Europa; era el triunfo sobre la adversidad, el éxito frente a las zancadillas y, sobre todo, la reivindicación del derecho frente a la brutalidad; esto último, en definitiva, era lo que realmente me importaba.

Mientras esperábamos la llegada de los dos flamantes y nuevos eurodiputados, fui viendo que estábamos rodeados de gente amiga, pero también de algunos personajes a los que había visto, seis meses antes y a escasos metros de allí, reírse de Pep y de mí cuando anunciamos que el president Puigdemont y Toni no cruzarían la frontera, un ya lejano 2 de julio de 2019… Son las cosas del transcurso del tiempo y de tener, aún, una buena memoria.

Minutos después llegaron Paul y Simon Bekaert, que venían en tren desde Gante y que sin duda merecían su lugar de privilegio en esos momentos, pues sin ellos muchas cosas no se habrían conseguido. Nos saludamos, intercambiamos algunas frases cómplices sobre el momento que estábamos viviendo y luego fuimos atendiendo a los medios y a la gente, que no paraba de hacernos preguntas sobre temas para los que ninguno de nosotros cuatro tenía aún respuesta.

Cerca de media hora después de nuestra llegada aparecieron el president Puigdemont, con su esposa Marcela, y Toni, que venía acompañado de Betona, su hermana.

Ambos cruzaron el patio y se acercaron al centro donde estábamos todos los demás. Fue un momento de gran intensidad emocional y recuerdo que el president Puigdemont se acercó a mí y nos fundimos en un abrazo que reflejaba todo lo vivido desde el 2 de julio en aquel mismo lugar.

Toni también se acercó, me abrazó y me dio un beso en la calva que lo representaba todo… Habíamos ganado una gran batalla, pero ahora quedaba el resto de la contienda; en cualquier caso, ese día había que disfrutarlo.

En el Parlamento Europeo las cosas son distintas que en muchos sitios, por tanto, nada mejor que ir bien guiado. Traté de no separarme de Aleix Sarri, que era quien mejor podía dirigir mis pasos y evitar que más temprano que tarde metiera la pata.

Fue un día intenso para Aleix, porque todos dependíamos de él y le íbamos exigiendo respuestas a cosas que sabía y otras que presumíamos debía saber.

Después de los saludos, las fotos, las declaraciones y las risas había que entrar, pues estaban previstos eventos de carácter protocolario: una copa de cava con diversos parlamentarios, una comida entre todos los presentes y después acudir a la entrada oficial de los flamantes parlamentarios en el hemiciclo europeo.

Finalizada la comida, que fue rápida, ligera y en un ambiente muy íntimo, nos dirigimos al punto que se nos había asignado para entrar en la zona destinada al público mientras Toni y Carles bajaban para ir a ocupar sus escaños una vez que el presidente Sassoli anunciase oficialmente su entrada en el Parlamento.

Me senté a un costado junto a Albert Batet y a Josep Rius, y las sonrisas y el buen ánimo fueron la tónica, pues a pesar de ser dos personas muy serias y profesionales, tienen algo que es común a la gente inteligente: sentido del humor. Así, no paramos de reírnos de todo, partiendo por nosotros mismos y pensando ya en cuánto daño le haríamos al día siguiente al president Puigdemont cuando cobrásemos lo que habíamos acordado seis meses antes en Kehl.

Terminada la sesión parlamentaria, el president Puigdemont y Toni atendieron a los medios de comunicación en una sala de prensa dentro del Parlamento mientras Costa, Miriam Santamaría y yo comentábamos los pormenores de un día que ya estaba siendo largo, intenso y muy emotivo.

Después de este último acto cada cual se fue a su hotel para descansar un rato y unos cuantos nos volvimos a reunir para cenar en el centro histórico de Estrasburgo; la idea era disfrutar de una cena privada a la que asistimos el president Puigdemont, Marcela, Toni, Betona, Jami, Dolors, Costa, Rius, Batet, otras personas que han de permanecer en el anonimato y yo.

Al salir el frío era el clásico de enero en Estrasburgo, y como siempre yo iba poco abrigado, así que decidí tomar un taxi y regresar directamente al hotel. Nada más llegar hablé con Isabel para comentarle los detalles del día, terminé un escrito que tenía pendiente y me fui a la cama porque el cansancio ya pasaba factura.

Esa noche me acosté pensando en dos cosas: lo bien que todo había salido y cómo me lo cobrarían desde las más oscuras entrañas del Estado y desde amplios sectores del galopante franquismo imperante en España… Tenía claro que esto no sería gratis, pero no tenía muy medido cuán caro me lo querrían hacer pagar.

A la mañana siguiente, después de desayunar terminé otro escrito pendiente, lo envié al despacho y me reuní con una periodista que quería hacer un off conmigo en relación con lo que vendría en los próximos meses.

Terminada la reunión me trasladé hasta el restaurante donde habíamos reservado para «cobrarle» al president Puigdemont lo pactado: una comida que, sin duda, le dolería. No escatimamos en el sitio ni en el menú, de eso se trataba, y para finalizar nos pedimos un muy antiguo whisky japonés del que solo dimos cuenta Toni, Batet, Rius y yo.

Después de esa larga y agradable comida, me despedí de todos y cogí un taxi para irme al aeropuerto, donde debía tomar el último vuelo de la tarde para regresar a Madrid. El miércoles 15 de enero tenía una reunión en Granada para preparar las declaraciones indagatorias de un caso que es un auténtico desafío jurídico y que se celebraría quince días después.

En el aeropuerto, que es a escala humana, me encontré con la sorpresa de que compartiría vuelo con la plana mayor de Vox, especialmente con Abascal y su equipo, que, como siempre, me miraron con cara de odio-asco. Ellos iban con la periodista María Claver, que en esos momentos les llevaba la comunicación, y a la que conozco desde hace años.

Como no podía ser de otro modo, María se acercó a saludarme y estuvimos intercambiando algunas impresiones de lo sucedido el día anterior, así como de lo que vendría en los meses siguientes. Ambos éramos conscientes de que el suplicatorio se cursaría de manera inmediata y de que sería la próxima batalla jurídica, en la que estaríamos en bandos enfrentados.

Fue una semana intensa. Lunes y martes en Estrasburgo, miércoles en Granada, jueves en Madrid y viernes de vuelta a Barcelona, donde tenía varias reuniones, especialmente una con Costa y Cekpet para revisar el estado de los distintos temas, definir tácticas y repartirnos el trabajo para las siguientes semanas.

Así como todos estaban con la mente puesta en el suplicatorio, para nosotros lo urgente, pero también relevante, era la OEDE de Lluís Puig.

Nada más aterrizar en Barcelona me sonó el móvil: me llamaban del despacho para informarme de que se había producido una entrada ilegal en el mismo, que había una serie de destrozos, y que en esos momentos se desconocía si se habían llevado algo y quiénes podrían haber sido.

Cuando terminaron de explicarme lo sucedido, les dije: «Me da lo mismo si se han llevado algo, lo importante es saber si no han puesto nada». A partir de ese momento, las labores internas del despacho se centraron en determinar si se había ido a colocar algún tipo de equipo de escucha o alguna cosa que pudiese servir para incriminarnos en cualquier tipo de actividad.

La guerra sucia estaba ya declarada, y por la reacción de la empresa de seguridad, así como por la incapacidad policial para determinar nada que pudiese conducir a los autores o al móvil que los había llevado a realizar dicha incursión, era evidente que estábamos ante lo que estábamos.

A pesar del impacto de este allanamiento, no me quedaba más remedio que continuar con la agenda prevista para ese día en Barcelona y regresar a Madrid lo más rápido posible. Así, Isabel y el resto de los compañeros del despacho se encargaron de la denuncia, de atender a la policía científica, ordenar los espacios, tirar aquellas cosas que rompieron y buscar denodadamente si se había colocado algo que pudiese ser el objetivo final de tan cobarde incursión.

Lunes y martes nos tocó bastante trabajo, además de preparar todo lo que el miércoles tenía que llevarme a Bruselas, que era mi próximo destino.

El miércoles 22 tenía a primera hora de la mañana una importante reunión en la embajada palestina con representantes de una empresa del País Vasco que participa en actividades que, tal y como las ha definido la ONU, son constitutivas de crímenes de guerra; la idea era explicarles la situación y hacerles ver que lo mejor sería que se retirasen de esos proyectos.

Ellos, que son una empresa grande, venían asesorados por un catedrático que nos dijo tres cosas: que la ONU no haría pública la lista de empresas que operaban en territorio palestino ocupado, que esa empresa no cometía ninguna irregularidad operando en esos territorios y que era impensable que se les exigiese responsabilidad penal por algo así.

Semanas después de esa reunión, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU hizo pública la lista de empresas, y días después determinó que aquellas que operaban en esa zona podrían estar incurriendo en crímenes de guerra… Solo tocaba exigirles responsabilidad penal por esas actividades. El catedrático se había confundido en todo lo que nos dijo.

Terminada la reunión, salí hacia el aeropuerto y de ahí a Bruselas. Nada más llegar me fui al Parlamento Europeo, donde me reuní con el president Puigdemont y con Toni Comín para preparar una serie de reuniones que tendríamos al día siguiente. Al poco de llegar se incorporó Pep Costa, que había venido en un vuelo un poco más tarde.

Por la noche cené con Christophe Marchand para revisar los temas relacionados con la OEDE de Lluís Puig y comentarle lo que teníamos previsto. También para practicar la amistad, que es algo que nunca descuidamos.

A la mañana siguiente nos juntamos Costa y yo con los eurodiputados en sus oficinas del Parlamento y subimos a reunirnos con la secretaría general del Parlamento, primero, y luego con los servicios jurídicos, a fin de comprobar el material que habían recibido con el suplicatorio que ya había cursado el juez Llarena.

Por la pertinaz divulgación a los medios de todas las resoluciones que afectan al procés ya conocíamos el contenido del suplicatorio, aunque aún no estábamos notificados oficialmente. Nos bastó una somera lectura para darnos cuenta de que existían errores de traducción y de que las resoluciones aportadas por el juez Llarena eran las que ya preveíamos que remitirían. Entre estas está la sentencia del 14 de octubre de 2019, de la que se sienten muy orgullosos sin darse cuenta de que es una de nuestras mejores armas… por el nulo encaje que tiene en un derecho democrático.

Terminadas ambas reuniones volvimos a bajar a las oficinas de los eurodiputados, donde esperamos la llegada de Wolfgang y Sören Schomburg para reunirnos, revisar todo y tomar una serie de decisiones sobre el curso a seguir desde ese momento en cuanto al suplicatorio.

Pasamos juntos todo el día hasta muy avanzada la tarde, y solo interrumpimos la reunión para acudir Costa, Sören y yo a la sede del JURI, el Comité de Asuntos Legales del Parlamento, donde nos darían, oficialmente, acceso a la documentación recibida desde el Tribunal Supremo español. Fue una visita interesante porque la persona que nos recibió en la entrada no paró de darnos antecedentes e información sobre cómo operarían, además de comentarnos lo extraño que era este procedimiento y la cantidad de documentación recibida («Casi mil páginas, imagínense lo que será eso para traducirlo», nos repetía). También fue curioso cómo se abordó nuestro acceso a dicha documentación.

Nos hicieron pasar a las oficinas de un funcionario que debía de ser de alto rango, y este, ceremoniosamente y puesto de pie, nos indicó que todo eso era confidencial, que no podíamos hacer copias, ni fotos ni grabar nada, solo leer los documentos. Una vez que nos comprometimos a ello, y sin decirle que todo eso había sido publicado por los medios españoles a instancias del Supremo, procedimos a revisar, ya por segunda vez en el día, el material con el que contaban.

Los documentos estaban en una caja de cartón con un precinto de tela que fue abierto en nuestra presencia y con mucha ceremonia. Revisamos todo, lo comentamos entre los tres, dimos las gracias, informamos de una serie de errores de traducción y advertimos sobre la necesidad de que todos los miembros de JURI tuviesen acceso a esa documentación en un idioma comprensible para ellos.

El funcionario nos indicó que no nos preocupásemos, que se encargarían de las traducciones, nos comentó que nunca habían recibido un suplicatorio con tantos documentos y se despidió de nosotros de forma muy protocolaria.

Justo antes de salir le dijimos: «Seguro que si hubiesen cometido algún delito, no se necesitarían mil páginas para un suplicatorio». Nos miró sin decir nada, pero su cara lo decía todo.

Volvimos al Parlamento y seguimos trabajando con el president Puigdemont y Toni hasta que los Schomburg tuvieron que irse al aeropuerto; Costa se había ido un poco antes porque su vuelo salía algo más temprano.

Toni marchó hacia Lovaina y el president y yo cruzamos la calle para ir a un restaurante oriental a cenar algo antes de separarnos; estábamos cansados y, como siempre, me tocaba madrugar para tomar el primer vuelo de regreso a Madrid a la mañana siguiente. Debía preparar un juicio técnicamente muy complejo que teníamos Isabel y yo a partir del siguiente martes.

El lunes volé por el día a Bilbao para asistir a una reunión. Desde el martes y hasta el viernes estuve encerrado en la Audiencia Provincial de Madrid, lo que me dejó poco margen para sentarme con tranquilidad y preparar la vista que el lunes 3 de febrero teníamos en Bruselas; al final no me quedó otra que dejarla lista durante el fin de semana. Después de pasarlo en casa, conectado permanentemente con Costa, Cekpet y el equipo de Bruselas, el lunes cogí el primer vuelo de la mañana para acudir a la primera de las vistas de la tercera OEDE contra Lluís Puig, a la que tenía que asistir también el president Puigdemont y Toni Comín, pues por entonces aún no se había suspendido oficialmente la tramitación de las reclamaciones en contra de los dos últimos, a pesar de ser eurodiputados desde el 20 de diciembre.

La vista estaba señalada para las 14.00 horas, pero acordamos reunirnos en la Sala de Abogados del Palacio de Justicia sobre las 12.00 para revisar los últimos detalles. Costa, que venía desde Barcelona, llegó poco tiempo después de que lo hiciesen Lluís y el president Puigdemont. Toni llegó algo más tarde, pero eso ya no sorprendía a nadie.

En paralelo a todo esto, una serie de medios de comunicación seguían insultándome, denostándome y poniéndome en la diana como si yo fuese una bestia negra capaz de los comportamientos más abyectos; esto no es otra cosa que la demonización del enemigo, que es la base sobre la cual luego se puede actuar para que todo parezca lógico y normal… Lo que siempre se ha conocido como la antesala de la Lawfare («guerra judicial», anglicismo que surge de la combinación de law —ley— y warfare —guerra—).

La vista comenzó a su hora y fuimos resolviendo los temas de manera ordenada en función de un guion que el juez propuso. La gran diferencia entre un sistema judicial europeo y al que estamos acostumbrado en España radica en el respeto mutuo, que implica que los jueces y tribunales, sin perder un ápice de su autoridad, respetan y tratan como iguales a fiscales y abogados y acuerdan con ellos una serie de cuestiones que hacen más efectivo, dinámico, útil y razonable el devenir procesal.

La confianza y el respeto mutuo, la auctoritas («autoridad») y no la potestas («poder») son la base sobre la que basculan los sistemas judiciales democráticos, y sin duda los resultados que se alcanzan son mucho más positivos que los obtenidos desde un desmedido uso de la potestas.

Dentro de la propuesta de trabajo realizada por el juez, lo primero que se hizo fue aclarar la situación de los dos eurodiputados —en realidad, a 3 de febrero ya eran tres, pero ahí solo contaban dos porque el caso de Clara se lleva en Escocia.

Todos, incluido el fiscal, estuvimos de acuerdo en que no se podía continuar con el procedimiento en contra de los eurodiputados hasta que no se contase con la autorización del Parlamento Europeo; en caso de denegarse, deberían archivarse definitivamente esas reclamaciones.

Como el juez Llarena no respetó la inmunidad del president Puigdemont, de Toni Comín y luego de Clara Ponsatí, cursó las cuatro euroórdenes como si algo así fuese posible sin saltarse el derecho interno y el europeo.

A partir de ahí nos centramos en la OEDE en contra de Lluís Puig y fuimos describiendo los distintos temas que serían objeto de defensa para, sobre esa base, estructurar una agenda adecuada que nos permitiese defenderlo en condiciones y al fiscal establecer su postura.

La línea de defensa de Lluís Puig la teníamos muy clara: de una parte, el Tribunal Supremo no es el competente para investigarle, enjuiciarle ni pedir su entrega; de otra, los hechos no son constitutivos de delito alguno y a ello hay que sumarle una serie de vulneraciones de derechos fundamentales que ponían, y ponen, en evidencia que estamos ante una persecución política, con un riesgo evidente de no tener un proceso justo.

Como acordamos a primeros de noviembre de 2017, los procedimientos se sustanciarían ante la jurisdicción de habla neerlandesa, por lo tanto, el caso del conseller Puig quedó radicado ante Jan Coopens, el mismo juez que en diciembre de 2017 se sintió burlado por la decisión del juez Llarena de retirar las OEDE cursadas por la jueza Lamela. Fue también el que se negó a tramitar, en mayo de 2016, la segunda OEDE por venir mal cursada al carecer de una orden nacional de detención válida.

Cuando ya estábamos terminando la última de las sesiones, el juez preguntó si alguien tenía algo más que decir. Costa y yo nos miramos, tomé la palabra e indiqué que en nuestra opinión el Tribunal Supremo no era competente para entender de este caso y aporté una serie de argumentos.

El juez Coopens, jurista fino y persona sagaz, me miró con sorpresa y me preguntó si en España estaban prohibidos los tribunales de excepción; mi respuesta fue clara, indicándole que así lo establecía la propia Constitución española. Mientras yo hablaba, él fue buscando algo que terminó siendo el artículo 117 de la Constitución, y procedió a leerlo justo donde dice que se prohíben los tribunales de excepción.

Acto seguido le dio la palabra al fiscal, quien se limitó a decir que necesitaba que le expusiésemos los argumentos de forma sistemática y por escrito para poderlos contestar… Todos fuimos conscientes de que le habíamos dado en la línea de flotación y de que estaba tratando de comprar tiempo.

Salimos de la Sala con la clara sensación de haber dado un paso de gigantes de cara a impedir la entrega de Lluís y, al mismo tiempo, habíamos comenzado a desplegar uno de los pilares de la defensa que seguiríamos de cara al suplicatorio: la falta de competencia de la autoridad reclamante.

Pero mientras todo esto sucedía y ya desde comienzos de enero, la jueza Tardón, la policía y el fiscal Ignacio de Lucas continuaban tratando de incriminarme en unos hechos que distan mucho de ser ciertos y que, en todo caso, serían ilícitos.

Mi teléfono era el objetivo y sobre él estaban trabajando para determinar qué parte de su contenido «guardaba relación con los hechos investigados». Naturalmente, todo el contenido de mi móvil forma parte, de un lado, de mi intimidad, y de otro, del secreto profesional que le debo a mis defendidos, a todos.

Por mi parte estaba tranquilo, en el sentido de que era perfectamente consciente de que, como sucedió en nuestra casa y en el despacho, no podrían encontrar nada incriminatorio porque ni había cometido delito alguno ni esto tenía relación con ningún hecho concreto, más allá de una persecución que en 2020 se transformó en una auténtica caza de brujas en mi contra.

Francisco Andújar, Paco, buen amigo y uno de mis abogados, se hizo cargo de acudir a todas las sesiones en las que se estaba intentando una suerte de clonado seguro de mi teléfono para, como argumentaba la jueza Tardón, proteger mi secreto profesional y que solo ella accediese al contenido del móvil para realizar un «expurgo» de aquello que sirviese a la investigación.

Insistimos mucho, también por escrito, en que ni la policía ni nadie debían acceder al contenido del móvil, jueza incluida, pero todos esos intentos fueron en vano porque estaba claro que las leyes, cuando se trata de perseguir a los enemigos, solo son una referencia y no un mandato.

Paco acudió una y otra vez durante semanas a la sede policial para supervisar ese «clonado seguro», como si no fuésemos conscientes de que a la hora de hacerlo ya se habían podido hacer otras muchas copias del contenido de un móvil al que trataban como un auténtico botín de guerra.

El acceso a mi teléfono representó una clara vulneración de la legalidad, de mi derecho al secreto de las comunicaciones y de muchos de mis defendidos a sus correspondientes derechos de defensa, así como al mío propio, pues se pretendía indagar en mis conversaciones con mis abogados. Era un hecho grave y sin precedentes en el cual una jueza se sintió con la capacidad de acceder a todo el contenido de mi móvil para determinar qué podía o no tener relación con los hechos por los que me investigaba.

En el proceso de intentar destruirme parecía, y parece, que no hay límites: la ley y el respeto a los derechos fundamentales no parece ser algo que se tenga en cuenta.

FEBRERO

El 6 de febrero viajé a Granada para la declaración indagatoria de un defendido que había preparado ya semanas antes. Por muy sorprendente que parezca, estamos defendiendo a una persona a la que en España se le acusa de un presunto delito contra la salud pública por vender productos que compró e importó legalmente desde Holanda. Básicamente se criminaliza un acto comercial que se ejecuta sobre los cimientos mismos de lo que es objetivo esencial de la Unión Europea: la libre circulación de mercancías.

Sin fechas fijas ni horarios de audiencia, mientras todo esto sucedía y desde finales de diciembre de 2019 tuvimos que ir trabajando en la casación del president Torra y en un escenario jurídico nuevo creado por la inefable JEC, que, en un obsceno deseo por ir más allá de sus competencias en materia electoral y convertirse en actor político, decidió declarar su «inelegibilidad sobrevenida» y, así, privarle de la condición de diputado al Parlament de Catalunya.

Todos esos temas, escenarios y desafíos no solo me tenían muy ocupado a mí, sino que generaron intensas, reiteradas y productivas reuniones con Pep Costa y Cekpet, las cuales, por razones de discreción, debían realizarse en persona, pues sabíamos que mi teléfono, y seguramente el de Costa, no eran seguros debido a la utilización de medios ilegales de escucha; esto me obligaba a estar en constante movimiento.

El ejercicio intelectual y jurídico al que nos hemos visto sometidos en estos meses es de una intensidad tan elevada que resulta difícil de describir. Nada tienen que ver un formato de casación con uno de OEDE o el de un suplicatorio; sin embargo, todos poseen una característica común: se trata de la defensa de los derechos de una minoría nacional que se ven pisoteados en distintos planos, situaciones y ámbitos.

La decisión de la JEC consiguió privar al president Torra de su condición de diputado al Parlament de Catalunya en una suerte de ejecución provisional falsamente amparada en una nueva construcción jurídica a la que, sin sonrojo, denominaron «inelegibilidad sobrevenida», como si eso fuese un término técnico-jurídico cuando no era más que una auténtica invención.

Nadie puede ser declarado, sobrevenidamente, inelegible… O al menos casi nadie, porque para la JEC y para el Tribunal Supremo eso era posible en el caso del president Torra.

Esta nueva creación jurídica nos llevó al plano contencioso-administrativo y, por cuestión de competencia, directamente a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, a la que se le presumía un elevado conocimiento técnico; tardamos poco en darnos cuenta de que entre la indisoluble unidad de la nación española y el derecho se decantarían por la primera.

En el fondo de todo subyacía una idea clara: querían deponer al president Torra y el precio a pagar no les importaba; desde la JEC hasta el Supremo todos tenían claro lo que iban a hacer y, por tanto, nuestros esfuerzos estaban encaminados más hacia Europa que a las instancias internas, donde éramos conscientes de que teníamos perdida la batalla.

Cada escrito nuevo implicaba largas horas de debates entre Costa, Cekpet y yo, discusiones constructivas de las que he aprendido mucho sobre derecho y de las que entre todos hemos sacado buenos escritos que no solo complicaban la implementación del plan represor, sino que, además, abrían nuevas vías para una discusión que terminará zanjándose fuera de las fronteras del reino.

A esas alturas mi realidad era triple, cuádruple, quíntuple o séxtuple, pues estaba con los temas del Parlamento Europeo, los relativos a la OEDE de Lluís Puig, los temas del president Torra, los demás temas del despacho y siendo sometido a un acoso y derribo sistemático por parte de los sectores más rancios del poder establecido; a pesar de ello, el tiempo me daba para eso y más porque siempre he tenido la sensación de que cuantas más cosas hago, más tiempo tengo.

El 13 de febrero no fue un buen día, pues la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) falló en el caso de N.D. y N.T. contra España; nosotros habíamos conseguido una sentencia histórica por parte del TEDH en relación con las devoluciones en caliente y España recurrió a la Gran Sala. Es un caso en el que trabajamos mucho y muy bien con el European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) de Berlín, que dirige mi buen amigo Wolfgang Kaleck. Ellos lideraron un equipo único en Europa en el que no solo teníamos cabida juristas, sino también cineastas, activistas como Stéphane M. Grueso, documentalistas y una serie de auténticos héroes, empezando por los propios migrantes, entre los que están N.D. y N.T., que nos aportaron los datos, sus relatos y confiaron en nosotros para luchar por demostrar que las devoluciones en caliente son una de las mayores vulneraciones de los derechos fundamentales que de forma sistemática cometen los gobiernos europeos.

El caso molestaba a muchos, eso lo sabíamos, pero seguíamos y seguimos teniendo claro que la razón ética, humana y jurídica nos asiste; sin embargo, el TEDH, en un giro inesperado a su jurisprudencia, dio la razón al Reino de España, estimó su recurso y revocó la sentencia por la que tanto habíamos luchado.

Esa tarde, con el jarrón de agua fría aún haciéndonos mella, Wolfgang Kaleck, Carsten Gericke y yo tuvimos que presentarnos en una rueda de prensa para explicar lo sucedido, hacer una primera evaluación y, como ocurre en estos casos, dejar claro que nuestro compromiso con el derecho, y especialmente con los derechos humanos, no se ve mermado por un revés como este.

La rueda de prensa la hicimos en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y a la misma acudimos todos los responsables del caso, así como mucha otra gente buena y comprometida que entendió, desde un primer momento, que los derechos humanos no se garantizan con una sentencia, sino con la consolidación de unos criterios jurisprudenciales, y que ese es un trabajo de largo recorrido.

Ahora bien, no puedo negar que fue un revés, un sinsabor y un golpe muy duro a todo un equipo que había trabajado como pocos saben hacerlo en estos temas; sabíamos que sería difícil que el TEDH mantuviese el criterio porque eso complicaba mucho a los gobiernos europeos, pero a pesar de tal decisión y cambio jurisprudencial seguimos creyendo en la necesidad de una instancia supranacional que revise las actuaciones de los Estados en materias tan serias como los derechos humanos.

Cuando salimos del Círculo, Wolfgang, Isabel y yo nos fuimos a casa, donde cenamos y seguimos hablando del caso y de todo lo que está pasando en España, en especial de las presiones y persecución que me afecta, que tanto y tan mal habla de un sistema incapaz de garantizar la integridad física y jurídica, así como la libertad, ni de los opositores ni de quienes los defienden.

El viernes 14 salí muy temprano de Madrid en avión, en un viaje relámpago de los muchos que me toca hacer para reuniones muy puntuales que requieren no solo de presencia física, sino también de la mayor de las discreciones. Regresé por la noche y bastante cansado, pero el viaje fue positivo.

El lunes 17 de febrero, en medio de toda esta vorágine, tuve que acudir a declarar, esta vez como perjudicado, ante un Juzgado de Instrucción de Madrid por uno de los diversos episodios de amenazas e intentos de agresión que he vivido en estos últimos meses. Soy muy consciente de que no existe ningún interés ni en defender mis derechos ni en proteger mi integridad física y moral, pero no quiero que el día de mañana, cuando consigan su objetivo, se diga que no sabían nada, que yo nunca avisé. Eso no será cierto y ahí están las denuncias, las demandas y todo lo que se ha hecho y sobre lo que nunca se ha actuado… Y lo entiendo: el sistema no está para defender ni proteger a quien llevan tiempo tratando como a un enemigo.

En esta ocasión no fue distinto: el juez escuchó, hizo dos preguntas y a los pocos días archivó las actuaciones.

Nada más salir del juzgado me dirigí al despacho, donde había no poco trabajo por terminar y diversas citas con defendidos por atender. Otro tanto sucedió el martes, que terminó con una conferencia en el Centre Cultural-Llibreria Blanquerna sobre el espacio judicial europeo.

El miércoles 19 volví a coger el primer vuelo de la mañana a Bruselas, en esta ocasión para una combinación de diversos temas que generaron una agenda muy compleja pero que, como casi siempre, logré atender íntegramente.

Partimos con una conferencia sobre Lawfare en el Parlamento Europeo, que contó con la participación de, entre otros, el president Puigdemont, el expresidente del Perú Ollanta Humala, el expresidente de Honduras Manuel Zeleya, Toni Comín, los compañeros Valeska Teixeira y Cristiano Zanin (ambos abogados del expresidente Lula da Silva y víctimas ellos mismos de Lawfare), así como otros juristas y políticos de relevancia internacional.

A mí se me encomendó una ponencia sobre aspectos jurídicos de la Lawfare y una breve exposición sobre mi propio caso, que en poco se diferencia de lo en su día vivido por Valeska y Cristiano.

Algunos de los participantes tuvieron que intervenir por videoconferencia —algo aún no tan habitual en esas fechas— por tener prohibiciones de salida de sus respectivos países, o como sucedía con el expresidente Humala, porque la fiscalía peruana amenazó con encarcelar a su esposa, Nadine Heredia, si él viajaba al extranjero y hablaba de su caso.

Fue una conferencia de muy alto nivel, interesante, dinámica y en la cual personas de diversa ideología, con diversos planteamientos políticos y procedentes de distintos países pusieron en común algo que venimos diciendo desde hace ya mucho tiempo: ahora los golpes de Estado no se dan con tanques, sino a golpe de resoluciones judiciales.

Como parte del folklore de la extrema derecha, no faltó el episodio de provocación, en esta ocasión a manos de un representante de Vox y de un pseudoperiodista a los que se les pagó para intentar no solo provocar, sino también boicotear el acto. Como todos somos gente curtida en la lucha contra los fascistas, no consiguieron ni lo uno ni lo otro.

Al finalizar bajamos a un comedor del Parlamento para almorzar con los asistentes, almuerzo que resultó de gran interés; el nivel de la conversación, los cúmulos de experiencias y la sintonía entre todos, víctimas de Lawfare.

En el plano anecdótico, justo antes de comenzar entró casi corriendo un eurodiputado del PSOE que una vez en medio del comedor se dio cuenta de que se había equivocado de salón. Sin perder ni las formas ni el sentido del humor dejó claro su error, nos deseó buen provecho y salió como si nada hubiese pasado… Seguramente si se hubiese quedado a comer se habría avanzado mucho en el plano de la comprensión de las posturas divergentes.

El resto del día lo usé para reuniones con Adrià Carrasco, Clara Ponsatí y Christophe Marchand, ya que el lunes siguiente teníamos una nueva vista de OEDE en el caso de Lluís Puig, y para la misma debíamos desarrollar muy bien el planteamiento de la falta de competencia por parte del Tribunal Supremo; la reunión con Christophe terminó muy tarde y, como siempre, a la mañana siguiente me tocaba madrugar para regresar a Madrid.

El viernes me encerré en el despacho a preparar la vista de Lluís y a contestar escritos que tenía pendientes, así como a otras muchas tareas internas que tanto tiempo requieren y tan poco lucen.

El domingo 23, ya avanzada la tarde, volé nuevamente a Bruselas para la vista de Lluís, señalada para el lunes 24 a las 9.00 horas, con lo que no cabía la posibilidad de volar en el mismo día. Nada más llegar a Bruselas me junté con Costa, que venía desde Barcelona, y nos fuimos al hotel con Lluís para cenar y adelantarle lo que haríamos al día siguiente.

A primerísima hora de la mañana del 24 de febrero, Costa y yo llegamos al Palacio de Justicia y nos dirigimos a la Sala de Togas, donde habíamos quedado con el resto de los compañeros, que llegaron poco a poco pero siempre puntuales. Ese rato nos sirvió para revisar los últimos flecos de una defensa que teníamos muy bien estructurada, o eso pensábamos.

En cuanto estuvimos todos, incluido Lluís, bajamos a la Sala de Vistas, a la que se llega a través del hall principal del Palacio; luego de unas interminables escaleras, pasamos un control de seguridad, giramos pasillos a izquierda y derecha y finalmente subimos una pequeña escalera que da acceso a una Sala que en su día, estoy seguro, tenía un uso menos confesable.

Una de las cosas que más me gusta de las jurisdicciones europeas es no solo el respeto que se tiene por todos los partícipes de los actos procesales, sino, también y especialmente, la puntualidad.

Fue una vista larga, bastante detallada, en la que comenzó interviniendo Paul, luego Simon, de ahí Sophie y para concluir Christophe; el tema de la competencia se quedó para el final, sobre ella nos tocaba hablar a Costa y a mí. Tratamos de ser muy didácticos y, visto en retrospectiva, creo que lo fuimos porque fue la vía por la cual el juez, meses después, se terminó decantando.

Al salir, y como ya era tradicional, nos estaban esperando los medios e hicimos una breve intervención en diversos idiomas para luego irnos a comer por la zona de los tribunales, aunque por la hora que era nos limitamos a algo rápido; todos teníamos que irnos y tanto Costa como yo debíamos llegar al aeropuerto.

La semana fue intensa y el viernes más aún; tenía que volar de Madrid a Bruselas y de Bruselas a Carcasona para acompañar al president Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín hasta Perpinyà; había previsto un gran acto político en la Catalunya Nord y como era la primera vez que se acercaban tanto a la frontera nos pareció conveniente que uno de los abogados fuese con ellos.

Salí en un vuelo sobre las seis de la mañana a Bruselas, donde teníamos previsto reunirnos, en el mismo aeropuerto, para coger un vuelo a las diez de la mañana. El primero en llegar fue el president Puigdemont con sus dos hijas, luego lo hizo Clara y casi al límite de la hora, Toni, que, por otros motivos, terminó teniendo que viajar por otra vía.

Nuestra preocupación no se centraba en la inmunidad que Francia y el resto de los Estados de la Unión ya habían reconocido, sino en la posibilidad de una actuación descontrolada, o no tan descontrolada, que se amparase en los convenios específicos existentes entre España y Francia, como son el Convenio de Málaga y aquel que permite la persecución en caliente más allá de la frontera.

Las autoridades francesas, así como las del Parlamento Europeo, habían garantizado que no habría problemas, pero también era claro para todos que lo incontrolable no dependía de ellos; toda precaución era poca y más después de lo vivido un año antes en Estrasburgo.

Nada más aterrizar en Carcasona bajamos del avión y comenzamos a caminar hacia el pequeño aeropuerto; segundos después el equipo de seguridad y yo detectamos un helicóptero que comenzaba a hacer una extraña maniobra a ras de suelo, por lo que todos nos dirigimos hacia el president de forma instintiva… Luego supimos que solo era un estado de sobrealerta, nada que conllevase peligro.

En el interior de la terminal nos esperaba un grupo de gendarmes que saludaron muy ceremoniosamente al president Puigdemont. Nada más salir nos aguardaban Josep Lluís Alay y Vicent Partal.

En paralelo a todo esto, Isabel había viajado desde Madrid con Elena para que pasásemos el fin de semana en Perpinyà, y que así nuestra hija viviese otras situaciones y emociones, que siempre ayudan a cargar las pilas en momentos como el que nos está tocando vivir.

Paramos a comer en un sitio entrañable, algo ligero porque la idea era ajustarnos al máximo al programa. Mi función iba a consistir en estar pendiente por si tenía que actuar, así que iba bastante relajado y muy atento a un momento histórico que, junto con otras connotaciones, era la demostración empírica de la falta de garantías del debido proceso.

Se les reconocía la inmunidad en todo el territorio de la Unión Europea menos en España, una suerte de cerrazón que implicaba e implica, entre otras cosas, dar la espalda a la Unión y a un derecho que es tan interno como el que surge de las Cortes Generales.

Para el president Puigdemont, Clara y Toni era algo más que un ejercicio jurídico, era un viaje con profundas connotaciones sentimentales y políticas, y también un encuentro masivo con una parte importante de aquellos ciudadanos catalanes que les votaron para representarles en el Parlamento Europeo.

Después de comer seguimos viaje a Perpinyà. Sobre los detalles de este recuerdo una gran crónica de Vicent Partal, que nos acompañó en todo ese trayecto.

Al llegar nos fuimos al hotel donde se alojaron los eurodiputados y sus familias, y que era el lugar que habíamos acordado con Costa y Miriam Santamaría para reunirnos; ellos traían a Isabel y a Elena desde Barcelona y tenían la dirección del sitio donde nos hospedamos nosotros, todo un acierto producto de los buenos oficios de una gran amiga, que ha de quedar en el anonimato, y de la propia Miriam.

La tarde fue intensa, de reunión en reunión y de un sitio a otro; a medida que nos movíamos por Perpinyà yo iba siendo consciente de la gran avalancha de independentistas catalanes que coparían toda la ciudad para manifestarse y acompañar a sus indiscutidos líderes que, al menos hasta la frontera, regresaban del exilio.

Esa noche nos acostamos tarde, pero descansamos muy bien en un sitio genial en las afueras de la ciudad, rodeados de campo y ruidos de la naturaleza; por la mañana madrugamos, como de costumbre, y nos tomamos un desayuno que, visto en retrospectiva, fue un exceso, pero que nos vino bien a lo largo de un día que fue todo menos corto.

El programa de los eurodiputados era muy ajustado en tiempo, todo lo tenían muy bien organizado. Costa y nosotros decidimos encaminarnos poco a poco hacia la explanada donde tendría lugar el acto.

Nos costó mucho llegar, la gente ocupaba todas las calles y era muy difícil avanzar, pero no fueron pocos los que nos fueron abriendo paso para alcanzar el sitio y, una vez allí, entrar caminando a la zona posterior al escenario, que era donde nos habían dicho que teníamos que estar. Hasta el clima acompañó porque no solo era un día soleado, sino con una agradable temperatura, más teniendo en cuenta que era finales de febrero.

Nos vimos con mucha gente amiga y tratamos de disfrutar del acontecimiento. Tanto Isabel como yo éramos conscientes de lo mucho que había costado llegar hasta ese momento histórico y de que algunos sectores del más oscuro nacionalismo español no me lo perdonarían, que más temprano que tarde me lo terminarían haciendo pagar… Lo que entonces no sabíamos era cuán caro sería.

A mediodía la explanada ya no daba más de sí y había grandes retenciones en la frontera, producto de innecesarias medidas de control, que impedían un paso fluido de los autobuses y coches de las miles y miles de personas que se dirigían a ese sitio.

Elena disfrutaba de cada momento, como si estuviese en un concierto de rock, y no se perdía detalle.

Justo antes de subir al escenario, el president Puigdemont se acercó adonde estábamos Elena y yo y me dio un sentido abrazo; junto a mí estaba uno de sus hermanos y se produjo una escena que me pareció que refleja muy bien el apoyo familiar con el que también cuenta el president.

Una señora dijo: «Ha preferido abrazar a su abogado antes que a su hermano», a lo que este, con mucho sentido del humor, respondió: «Si yo estuviese en su lugar también lo preferiría». Todos rompimos a reír porque fue una situación no solo divertida, sino también muy clarificadora del buen ambiente que se respiraba.

Terminado el acto la odisea fue salir de allí; una tarea no solo ardua, sino muy larga.

Miriam, Costa, Isabel, Elena y yo nos agarramos unos a otros y en fila fuimos avanzando en la medida de nuestras posibilidades en dirección al centro de la ciudad para buscar algún sitio donde comer algo; a mí más que comer lo que me hacía falta era beberme un par de litros de agua con gas y hielo, pero eso tendría aún que esperar.

A medio camino hacia el centro nos encontramos con el hermano de Costa, a quien yo no conocía, y fue un gran descubrimiento, porque en cosa de segundos no solo nos orientó, sino que consiguió reservar una mesa en un restaurante donde nos darían de comer. El tema era llegar allí toda vez que la gente, con un cariño tremendo, nos iba parando para darnos las gracias y hacerse fotos con nosotros.

Después de comer nos enteramos de que aún quedaba un acto al que tenían que ir Miriam y Costa, pero, como todos andábamos juntos nos encaminamos, nuevamente, hacia donde habíamos dejado el coche para seguir cumpliendo con la agenda.

Terminados los actos nos fuimos a cenar en familia, en realidad un grupo de familias: el president Puigdemont y Marcela con las niñas; el president Torra y Carola; Jami y Dolors; Albert Batet; nosotros tres; Costa y Miriam, y algunas otras parejas y amigos que mejor permanecen en el anonimato.

Fue una cena divertida y agradable que reflejaba el relajo posterior a un macroevento que había salido muy bien. Terminamos muy tarde y antes de separarnos dimos una vuelta por el paseo marítimo para estirar las piernas, bajar la comida y que las tres niñas siguiesen disfrutando de una velada tan agradable, en la que ellas habían tenido un espacio propio.

A la mañana siguiente nos acercamos al hotel para despedirnos del president Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín, así como de sus respectivas familias, y de ahí pusimos rumbo a Figueres, donde comimos con una muy buena amiga antes de coger el AVE de regreso a Madrid.

Fue un fin de semana intenso, pero sobre todo muy reconfortante, pues desde una perspectiva estrictamente jurídica era un contraste brutal: plena libertad en Perpinyà y órdenes de detención e ingreso en prisión a escasos kilómetros.

Nuestra teoría, llevada a la práctica, se demostraba como cierta, y eso, insisto, no me lo perdonarían.

Desde un punto de vista político, a nadie parecía caberle duda alguna del liderazgo indiscutido del president Puigdemont ni de lo acertado de la estrategia del exilio. Unas doscientas mil personas lograron cruzar la frontera y se volcaron en apoyarle y en ratificarle un mandato que hacía casi un año habían depositado en las urnas europeas.

Aprovechamos el viaje de regreso con Isabel para intercambiar opiniones sobre lo vivido, y también sobre el mucho trabajo que teníamos por delante en marzo, así como valorar cuán duro sería el golpe que nos darían después de Perpinyà y por dónde lo darían; ambos éramos muy conscientes de que no dejarían pasar la ocasión para recordarnos que nada es gratis y que el trabajo realizado nos lo cobrarían.

MARZO-ABRIL-MAYO Tiempo de confinamiento

Llevábamos meses sufriendo diversas formas de acoso. No solo estaba la investigación judicial que infundadamente se seguía en mi contra, sino que, inventándose una jurisprudencia ad hoc, me habían reactivado una pieza de responsabilidad civil por el tema del señor Revilla1 que había prescrito hacía décadas.

El objetivo era claro: destruirme, y para ello no escatimarían medios y los ataques serían por tierra, mar y aire, y a vista y paciencia de todos… No hay nada más peligroso que el silencio cómplice.

Junto con la causa penal, la reactivación del tema Revilla y el allanamiento del despacho nos habían hecho ya cuatro inspecciones fiscales, tres de seguridad social y multitud de artículos en prensa denostándome, injuriándome y calumniándome.

La jueza Tardón, en octubre de 2019, ordenó el bloqueo de mi cuenta personal y el bloqueo parcial de la del despacho; lo sorprendente es que este no era objeto de investigación, pero a ella le pareció adecuado imponer un bloqueo que implicaba que cada movimiento que se realizase en y desde la cuenta de mi oficina debía pasar por su previa autorización y control.

Hace mucho tiempo que dejé de creer en las casualidades y sabía que nada de lo que estaba sucediendo tenía que ver con el azar; también era consciente de que no se trataba de una decisión gubernamental, sino más bien de grupos e individuos que usan y abusan de sus respectivas posiciones institucionales para atacar a quien consideran su enemigo. Al no estar presente el president Puigdemont, el enemigo público número uno, qué mejor que atacar a su abogado.

Uno de esos días, al salir del despacho, fui con mi compañera Rocío a celebrar su cumpleaños, tomándonos unas cañas en una terraza cercana; cuando ya nos íbamos me rodearon tres tipos insultándome, gritándome y tratando de agredirme. Hacían grandes aspavientos avisando a todo el mundo: «Este hijo de puta es el abogado de Puigdemont», «Eres un cabrón, un delincuente, hay que matarte». Dijeron todo tipo de improperios y tenían intenciones de atacarme, en una refriega que habría implicado también a Isabel y a Rocío.

Lo más sensato fue retirarnos, pero con el mal sabor de boca de lo que eso representaba: cada día era más difícil salir por Madrid sin verme enfrentado a este tipo de episodios y a situaciones en las que soy consciente de que si reacciono, el que terminará detenido seré yo.

Los días de marzo transcurrían a una velocidad de vértigo, y entre tanto habíamos tenido que contestar a una serie de temas que afectaban a los exiliados, así como a los distintos recursos en trámite del president Torra. La próxima vista de Lluís Puig estaba fijada para el 30 de marzo.

En paralelo a todo esto, el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona había elevado exposición razonada al Supremo en contra de Laura Borràs, a la que venían investigando desde hacía más de un año sin respetarle su aforamiento ni informarle de dicho procedimiento para que pudiera defenderse. Era otra típica causa de Lawfare, que se estructura sobre la base de presunciones mal habidas y delirantes.

Desde el punto de vista del derecho penal, la causa contra Laura no tiene ningún sustento, todo lo que se le imputa se basa en una manipulación de unos hechos que distan mucho de comportar un delito de malversación de caudales públicos.

Ni falta dinero ni se han destinado los recursos de la Institució de les Lletres Catalanes a ninguna finalidad distinta de la prevista; es decir, no se dan los elementos del tipo penal de la malversación, pero eso qué más da si sirve para enlodarla, arrastrarla a un procedimiento penal y, desde ese momento, intentar marcar la agenda política de Catalunya en el sentido que unos jueces consideren oportuno.

La semana del 9 de marzo comenzó con un viaje de día a Málaga para unas declaraciones y luego diversas reuniones con distintos defendidos. El martes viajé a Barcelona por otra serie de reuniones y regresé muy tarde por la noche.

El jueves 12 me fui a Barcelona con una agenda que alcanzaba hasta el día 14, por lo que estaría allí dos noches y regresaría el sábado por la tarde.

Antes de partir a Barcelona Isabel me estuvo hablando del covid-19, un tema que nuestra hija Elena ya había mencionado de forma insistente pero al que, como me ocurre en muchas ocasiones, no le había prestado mucha atención porque el disco duro mental lo tengo muy segmentado y casi al límite de su capacidad.

Justo antes de embarcar, Isabel me envió un mensaje diciéndome: «¿No sería mejor que volvieses hoy? Es que creo que igual terminamos todos confinados». Le contesté que lo hablábamos luego y a lo largo del vuelo a Barcelona fui pensando en ello y rebobinando sobre el tema covid.

Ese día tenía una reunión a primera hora de la mañana con Josep Lluís Alay y luego una cita con el médico, pues llevaba semanas muy cansado y quería hacerme un chequeo completo. Por razones obvias y por la situación de acoso en la que me encontraba, no me parecía buena idea ir a un médico en Madrid, así que fui a uno que me recomendaron dos buenos amigos.

Estuve tres horas en la revisión médica y al final el doctor me dijo: «Estás al límite, si no bajas el ritmo terminarás quemado, el cuerpo te jugará una mala pasada porque resiste lo que resiste». Me pautó una serie de cambios que debía asumir y me emplazó para una nueva visita a los quince días.

Al salir de allí me fui a comer con Laura Borràs, con la que tenía que revisar varios temas relacionados con el Supremo y la petición de suplicatorio que había hecho el fiscal y que era inminente que se cursase al Congreso.

Antes de que llegase Laura estuve hablando con Isabel y explicándole lo que me había dicho el médico; ella ya me lo había avisado, con lo que a cada frase mía recibía de respuesta un lacónico: «Ya te lo dije», uno tras otro, pero tenía razón.

Antes de colgar me hizo una suerte de resumen de prensa y me dijo que existía una seria posibilidad de que el Gobierno central decretase un confinamiento total en el Estado, y que si eso sucedía me quedaría en Barcelona, en un hotel y lejos de casa. Isabel no es alarmista, por lo que la escuché atentamente, y decidí que hablásemos después de la reunión con Laura.

Comimos cerca del consultorio de mi médico y fuimos revisando uno a uno los puntos esenciales de lo que planteaba el fiscal del Supremo; Laura tiene en la cabeza todos y cada uno de los actos, actividades y gestiones realizados durante su mandato en la Institució de les Lletres Catalanes, con lo que es muy sencillo hacer este tipo de revisiones y fuimos bastante rápidos.

Antes de separarnos le pregunté sobre el tema del posible confinamiento y me dijo que era algo de lo que se estaba hablando con mucha insistencia en el Congreso, y que seguramente en breve se debería adoptar alguna medida muy estricta.

Después de separarnos envié un mensaje a un buen amigo muy bien informado, al que le expliqué la situación y que tenía otros dos días de agenda fuera de Madrid. Su respuesta fue clara y rotunda: «No han tomado ninguna decisión aún, pero si yo fuese tú me regresaría ya».

Mientras leía y releía el mensaje fui acercándome a mi hotel y nada más entrar procedí a cancelar todas las reuniones que tenía previstas para ese jueves, el viernes y también el sábado. Hice mi equipaje, dejé el hotel y me fui al aeropuerto para intentar coger el primer vuelo de regreso a Madrid en el que hubiese plazas.

Una vez que tuve claro en qué vuelo regresaba, avisé a Isabel; para entonces ya habían cancelado las clases escolares, con lo que Elena tendría que estar en casa y hacerlas virtualmente, algo que me costaba imaginar en esos momentos.

Llegué a casa no muy tarde, comentamos todo y vimos cómo organizarnos ahora que Elena estaría en casa todo el día, compaginándolo con el despacho. Había que ir viéndolo poco a poco, ya que no sabíamos aún lo que se venía encima, pero sí que el cierre temporal de colegios nos obligaba a una logística nueva.

El viernes 13 fuimos temprano al despacho y comenzamos a hablar con los compañeros sobre qué podía pasar en los próximos días. Ya todos teníamos claro que se decretaría algún tipo de medida que nos obligaría a trabajar, al menos en parte, desde casa.

A media mañana nos llegaron dos cartas del banco diciéndonos que procedían a rescindir el contrato y a cerrar mi cuenta personal y la del despacho como política de empresa, ello basándose en la causa que se me seguía en la Audiencia Nacional… No sabíamos qué hacer en esos momentos, pero era evidente que una empresa sin cuenta bancaria no puede sobrevivir y, por tanto, nos dejaba del todo descolocados.

Sabíamos que era una nueva forma de presionarme y de destruirme, pero esta vez venía de una empresa privada que se sentía con la fuerza como para echarnos sin más. Evidentemente, el objetivo era abocar a nuestro despacho a la quiebra, y para ello todo estaba siendo muy sistemático.

Lo interesante, y que demuestra cómo se ha actuado, es que mientras me cerraban la cuenta personal y la del despacho nada decían de la de Isabel, lo que nos permitió, momentáneamente, poder seguir haciendo frente a los pagos propios de cualquier empresa en la que trabajamos nueve personas.

Los compañeras y compañeros del despacho, al igual que Isabel, tenían mucho más claro que yo el tema del confinamiento, pero ninguno de nosotros, imagino que nadie en general, sabíamos en qué consistiría, por lo que, deprisa y corriendo, y en medio del jarro de agua fría que significó quedarnos sin cuenta bancaria, nos organizamos para seguir operando en las circunstancias que fuese necesario.

A resultas del allanamiento sufrido en enero, decidimos cambiar el sistema de archivo para, utilizando una aplicación de gestión de despacho similar a la que ya teníamos, subir todo a una nube segura. El proceso tardó unas semanas y estuvo listo, justa y providencialmente, los primeros días de marzo. Ahora tocaba ver si funcionaba a pleno rendimiento.

Como a todos, la decisión del Gobierno central de decretar el estado de alarma y un confinamiento total no es que nos pillase por sorpresa, más bien era que no sabíamos en qué consistía, cuánto tiempo duraría y cómo se viviría en tales circunstancias.

Aun cuando en esos momentos yo no había prestado demasiada atención, el president Torra llevaba ya días solicitando una medida de esas características, pero se le contestaba que el covid no entendía de territorios. Meses más tarde, y muchos miles de muertos después, hemos visto que las medidas que proponían desde Catalunya no eran, para nada, desacertadas, sino las únicas atinadas.

En lo personal, el confinamiento nos pilló bastante bien preparados por algo que Isabel siempre me ha criticado: en casa acumulamos productos no perecederos, especialmente papel higiénico, café, detergente, gel de baño, pasta de dientes, arroz, pasta, latas variadas y productos congelados.

Por una vez podía pasearme por casa dando el parte de las existencias y dejando claro que no necesitábamos salir en semanas… Fue un momento de gran frivolidad que sirvió para relajarnos un poco, ya que nos confinaban al día siguiente de habernos quedado sin cuenta bancaria en la empresa, sin la mía personal, y sin saber cómo esto repercutiría en nuestro bufete, que, parecía evidente, estaba siendo arrastrado a la quiebra como forma de castigarme por el trabajo que realizo.

La experiencia carcelaria también me fue útil en esos momentos e inmediatamente establecí una rutina a la que Isabel se sumó con gusto: levantarnos a la misma hora de siempre, una hora de deporte, desayunar, ducharnos, vestirnos y ponernos a trabajar hasta las 14.00 horas; de ahí comida ligera y seguir trabajando hasta las 19.00 o 20.00 horas para luego cenar en familia y acostarnos temprano, no sin antes ver algún capítulo de alguna buena serie.

No sabíamos cuánto duraría esto, pero había que saber llevarlo y con disciplina todo va mejor, más aún teniendo presente que durara lo que durase teníamos que mantener una actividad intensa por nuestros compromisos profesionales y porque en el despacho somos nueve y no dos.

El mismo lunes convocamos una reunión por videoconferencia con el resto de la gente del despacho, organizamos las tareas y nos interesamos por saber cómo estaba cada cual y en qué condiciones pasarían el confinamiento; también impartimos instrucciones en materia de disciplina de trabajo para que nadie se relajase ni entrase en estados anímicos poco recomendables, algo que preveíamos en una situación como esa.

En esa primera reunión acordamos que yo iría una vez a la semana al despacho a recoger la correspondencia, la escanearía y la repartiría a sus destinatarios para que nadie tuviese que exponerse a salir de casa ni a coger transporte público. La salud era lo primero.

Como no éramos conscientes de lo que duraría la situación, ese mismo lunes nos reunimos Costa, Cekpet y yo para organizar lo que teníamos pendiente e ir preparando la vista de Lluís Puig, señalada en Bruselas para el 30 de marzo. Ninguno de los tres éramos conscientes de que esa vista tardaría meses en celebrarse, pero, en todo caso, lo de Lluís no era lo único que teníamos entre manos ni con fechas ya determinadas, aunque la suspensión de los plazos procesales no vino bien.

Los primeros días del confinamiento fueron bastante tensos en lo familiar, pues mi hija mediana se encontraba viajando por Sudamérica con otras tres compañeras de universidad sin ser conscientes de la situación generada por la pandemia y de cómo eso afectaría a nuestras respectivas formas de vida.

Mi mayor preocupación era que regresaran ya al Reino Unido; me angustiaba mucho pensar que estaban en Ecuador, donde en caso de enfermar no tendrían ningún tipo de asistencia médica al ser extranjeras.

Hablé una y mil veces con ella, pero no parecía muy conforme con mis ideas, y sus amigas mucho menos; en paralelo me dediqué a hablar con Nina, mi exmujer, con la que mantengo una excelente relación, quien tampoco estaba muy convencida de lo que yo le estaba diciendo… Fue muy educada y británica al decirme que esto era un problema de Italia y España que no afectaba al Reino Unido y, por tanto, era mejor que no tratase de condicionar a nuestra hija y a sus amigas.

Los días pasaban, yo iba viendo cómo se cancelaban vuelos y el mundo, tal cual lo conocíamos, se iba cerrando más y más. Mi hija mayor entendió perfectamente lo que yo decía y trató de insistir tanto a su madre como a su hermana, pero ambos íbamos de fracaso en fracaso. Mientras tanto, mi hija seguía en Salinas, Ecuador, disfrutando de la playa y el sol.

Por lo que supe después, el resto de las madres de las «expedicionarias» eran de la misma opinión que Nina, así que ni dios me hacía caso, pero seguí insistiendo y conseguí reservarles cuatro plazas en uno de los últimos vuelos de repatriación que habían previsto vía España. Pero no lo cogieron y a esas alturas no sabía qué más hacer; fue justo en esos días cuando el padre de una de las chicas comenzó a participar en el chat de padres y dejó muy clara su visión: «Este tema es serio, nuestras hijas han de volver y si no lo hacen ahora, no sabemos cuándo podrán hacerlo…». Él tuvo más suerte, seguramente le hicieron más caso gracias a la relevante posición que ocupa en el Reino Unido, y por tanto todos nos pusimos manos a la obra para sacarlas de allí. Se consiguió finalmente vía Miami en un viaje que duró más de dos días.

Para cuando llegaron a Londres el problema ya no era solo de Italia y España, sino de todo el mundo; en cualquier caso, los ocho padres respiramos aliviados y a mí se me reconoció, sin razón alguna, una suerte de capacidad «premonitoria», cuando en realidad solo estaba exponiendo un fundamentado miedo producto de estar ya confinados.

No creo que nuestro confinamiento haya sido distinto al de muchas personas, pero sí hubo algo a lo que le sacamos mucho provecho: compartir días y días sin salir de casa, mucho menos de viaje, haciendo deporte, trabajando mucho pero serenamente, y cocinando sano día a día… Tanto Isabel como Elena, y también yo mismo, usamos el tiempo y los condicionantes de una situación compleja de la mejor forma posible, más aún porque éramos conscientes de que una vez terminase el encierro volverían los ataques, sin tregua, en mi contra.

Lo que hasta ese momento me parecía impensable, o muy poco posible, se fue transformando día a día en algo habitual: pasarme horas en videoconferencias y en reuniones de todo tipo con defendidos, abogados, amigos, etc. Creo que eso es parte de lo que hemos aprendido todos, y también ha dejado al descubierto una serie de relatos que siempre fueron falsos, pero que terminaron por quedar plasmados, incluso, en relevantes decisiones judiciales.

Desde el 2 de noviembre de 2017 veníamos insistiendo en que a mis clientes exiliados se les podía tomar declaración por videoconferencia, así lo pedimos no una sino varias veces y siempre se nos negó tal posibilidad, argumentando que la legislación española no permitía tal medida. No era más que una mentira, que repetida unas cuantas veces desde instancias jurisdiccionales termina siendo aceptada como una suerte de verdad revelada y cacareada de forma sistemática por algunos medios de comunicación.

La verdad, siempre muy distinta a la versión oficial, es que desde el año 2014 está en vigor la Directiva 2014/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal, que prevé, expresamente, la posibilidad de tomar declaración a personas investigadas por videoconferencia de un Estado miembro a otro.

También el ordenamiento interno español lo prevé, pero se denegó esa posibilidad, la recurrimos en apelación y la respuesta fue siempre la misma: no existe previsión al respecto. Ahora, y tras una brutal pandemia, todo el mundo ha podido descubrir que era una mentira lanzada desde las más altas instancias jurisdiccionales.

La sistemática denegación de tal medida, así como la ocultación de su viabilidad, perseguía una finalidad concreta: no les vale tomar declaración, lo que quieren es encarcelar, y eso sí que no se puede hacer por videoconferencia.

Otro tanto ha sucedido con la decisión de no permitir la investidura telemática del president Puigdemont en enero de 2018, que llegó, incluso, hasta el Tribunal Constitucional. Se trata de decisiones jurisdiccionales que en escaso tiempo han envejecido muy mal y que, dicho más claramente, ponen en evidencia a sus autores de una forma incuestionable.

Al final todo, o casi todo, se podía y se puede hacer de manera telemática, pero en el despropósito en que se ha convertido la guerra contra el independentismo hasta lo grotesco ha adquirido carta de naturaleza.

A medida que transcurrían las semanas y se iban prorrogando no solo el estado de alarma, sino el confinamiento total la agenda se iba reconfigurando y la vida de todos nos iba cambiando, no sé si para mejor o para peor, pero cambiando.

Fue a finales de marzo cuando cruzaba desde el despacho hasta la tienda de animales para comprar pienso para Lili que desde un balcón comenzaron a gritarme: «Hijo de puta, a ver si ahora sigues defendiendo a los golpistas… que eres un hijo de puta…», y así hasta que me perdieron de vista por entrar en la tienda.

El balcón desde el que me insultaban estaba muy caracterizado con una bandera de España y un cartel que decía VIVA LA GUARDIA CIVIL.

No me lo podía creer, estábamos en plena pandemia con cientos de muertos cada día, con un futuro incierto, y aun con la mascarilla puesta no faltaban los que me reconocían para insultarme… Pensando en positivo, al menos esta vez no me intentaron agredir.

A comienzos de abril tuve mi primera «asistencia en comisaría» de forma telemática. Detuvieron a un cliente en Murcia y la guardia civil me contactó para asistirle indicándome, de entrada, que se podía hacer por vía telefónica la «entrevista privada» con el detenido.

Accedí a hacerlo porque sabía que con el acento que tiene sería imposible que entendiesen lo que me dijera; habla un escocés cerrado y poca gente sería capaz de entender nada. Para mi sorpresa, tal vez por una infundada desconfianza, el defendido me indicó que le habían dejado solo y le habían aconsejado no declarar, consejo que le ratifiqué.

Al día siguiente compareció ante el Juzgado de Guardia de Murcia y la audiencia, así como la comparecencia de ingreso en prisión, se hizo a través de una videollamada de WhatsApp desde el teléfono de la letrada de la Administración de Justicia. Todos estuvimos de acuerdo, incluida la traductora, que estaba en Málaga.

Existiendo norma habilitante, buena voluntad y ninguna razón oculta, en un caso sin mayor renombre quedaron en evidencia las falacias procesales que instalaron las altas instancias jurisdiccionales españolas desde noviembre de 2017.

Algún día, cuando la serenidad del paso del tiempo, el desapasionamiento y la cordura democrática retornen a la arena jurídica española, seguramente estos razonamientos se verán como lo que son: auténticas aberraciones carentes de cualquier fundamento.

Con el paso de los días y las semanas se iban suspendiendo los señalamientos y los eventos programados, e iban surgiendo más y más dudas sobre a qué mundo nos enfrentaríamos una vez que pasase esta pesadilla; aún ahora no lo tengo del todo claro, pero sí intuyo que algunas cosas no cambiarán.

Durante todo el confinamiento, de forma sistemática, acudí al despacho una vez por semana y hubo cosas que no dejaron de llamarme la atención por lo mucho que reflejan y por lo que a mi situación personal atañe.

Las semanas pasaban y seguíamos trabajando a un ritmo muy intenso para no desconcentrarnos, pero sin el desgaste de los viajes ni la tensión de ir de un sitio a otro.

En paralelo, no encontrábamos forma de solucionar el problema generado por el banco cuando nos cerró las cuentas y nos expulsó de su cartera de clientes, y éramos perfectamente conscientes de que ese era el final del despacho tal cual lo habíamos construido… Boye-Elbal estaba abocado a la quiebra producto de una persecución que, como más temprano que tarde acreditaremos, no es otra cosa que una maniobra de lo más recalcitrante de las catacumbas del Estado.

Costa, Cekpet, Isabel y yo seguíamos en clave de OEDE, Suplicatorio, casación del president Torra, suplicatorio de Laura Borràs y otros muchos temas que no podíamos, ni queríamos, dejar para el último momento, por lo que aparte de las reuniones internas de despacho hacíamos las de coordinación e íbamos avanzando de manera tal que cuando diesen el pistoletazo de salida lo tuviésemos todo listo… fuera cuando fuese.

Aún confinados teníamos claro que, en cuanto pudiesen, el Supremo fijaría vista para la casación del president Torra, que días después desestimarían nuestro recurso y que por tanto tendríamos que acudir al Constitucional a pedir medidas cautelares. Todo eso, que sabíamos, nos permitió ir avanzando y tener las cosas listas para cuando llegase el momento.

La represión no pararía y cada día se volvía más previsible, lo que en gran medida nos permitía tener escritos más o menos listos para hacerles las adaptaciones de última hora en función de aquellos detalles que se incluyesen en las resoluciones y que fuese necesario combatir.

Desconozco si algunos aparatos del Estado han entrado remotamente en nuestros equipos, es probable que sí, pero si lo han hecho, la mayor de sus sorpresas habrá sido el descubrir cuánto trabajo «precocinado» tenemos preparado a partir de lo previsibles que son.

Durante el periodo de confinamiento también mantuvimos reuniones regulares con mis abogados porque no nos parecía ni medio normal que se continuase manteniendo el secreto de las actuaciones cuando ya tenían lo que buscaban: mi teléfono y mi correo electrónico profesional.

Eduardo, Paco, Isabel y yo éramos de la opinión de que estaban preparándome lo que en nuestro argot profesional se denomina «un traje a la medida» basado en declaraciones de presos y en la manipulación del contenido de mi teléfono móvil. En lo primero no nos hemos equivocado, en lo segundo sí, porque no solo no lo han manipulado, sino que su contenido se les ha vuelto en contra… Pero esto no lo sabríamos sino hasta finales de año.

No por sabido el hecho de haberme convertido en objetivo me dejaba más tranquilo, pero la verdad es que desde mucho antes de la entrada y registro en mi casa ya sabía que era cuestión de tiempo que hiciesen cualquier montaje para tratar de encarcelarme y, si no lo podían hacer, al menos enlodarme y tratar de destruirme como persona y como profesional.

El confinamiento no impidió la continuación de una serie de ataques mediáticos que no venían a cuento, pero que se correspondían con una estrategia de señalamiento, posterior estigmatización y la actuación en contra del objetivo. En estas maniobras propias de sistemas totalitarios hay medios de comunicación, y concretos periodistas, que son auténticos especialistas, como han ido demostrando, al menos en mi caso, a lo largo de todo este tiempo.

A medida que se hacía evidente el final del confinamiento, tanto Isabel como yo nos íbamos preocupando de cómo sería ese proceso y cuán rápido comenzarían, nuevamente, los ataques en mi contra y las actuaciones judiciales tendentes no solo a criminalizar mi trabajo, sino a hundirme en la mayor de las miserias.

Junto con los aspectos personales, una de nuestras dudas —imagino que la de todos— era cómo se recomenzaría la actividad, cuánto trabajo habrían adelantado los jueces y cómo afectaría a la carga laboral que tendríamos en el despacho.

Pero no todo era eso: nuestra empresa ya había colapsado y se hacía necesario ver cómo continuar con nuestra actividad profesional, seguir atendiendo a nuestros defendidos y tratar de sobrevivir a lo que ha sido un proceso de destrucción total del profesional y de la persona.

También era necesario estudiar cómo se trabajaría desde ese momento en adelante para, de una parte, garantizar la salud de todos en el despacho y, de otra, continuar con una actividad profesional a la que tanto le debemos.

Una vez levantadas las medidas de confinamiento se establecieron en el despacho turnos rotativos para poder mantener las distancias de seguridad y garantizar la salud de todos. En paralelo, Isabel se volcó en crear su despacho y dar cabida en él a los que se pudiese que veníamos de Boye-Elbal… Otro precio a pagar por hacer nuestro trabajo.

JUNIO

En los primeros días de junio, el juez belga nos comunicó que la última sesión del procedimiento de Lluís Puig tendría lugar el 23 de junio a las 10.30 horas. Era un nuevo escenario y no tenía muy claro cómo haríamos para llegar… Llevaba, como todos, sin moverme de casa desde el 14 de marzo y solo había ido hasta el despacho en pleno centro de Madrid.

Costa y yo nos pusimos inmediatamente a conseguir vuelos a Bruselas, sobre todo de regreso una vez finalizada la vista. La información que teníamos de allá también nos indicaba la existencia de una serie de restricciones y limitaciones que complicaban aún más el viaje.

Finalmente, las combinaciones fueron claras: yo volaría directamente desde Madrid el día 22 y Costa lo haría desde Barcelona vía Múnich; ambos regresaríamos vía Fránkfurt a Madrid y Barcelona respectivamente el 24 de junio. Hotel no habíamos conseguido, así que hablamos con el president Puigdemont, que nos ofreció quedarnos en Waterloo.

Hasta ese viaje nos dedicamos a prepararlo todo, a múltiples reuniones por videoconferencia con los compañeros de Bruselas y a ir afinando los detalles más nimios de lo que pensábamos alegar en dicha vista… El problema era que primero tendría que pronunciarse el fiscal sobre el tema de la competencia y luego nosotros contestarle.

Intuíamos que saldría con algún tema técnicamente complejo, más bien para confundir al juez, y fuimos trabajando sobre la siguiente idea: ¿qué haríamos nosotros en su lugar? A partir de esa pregunta, y asumiendo que nosotros teníamos razón, solo sería posible plantear escenarios que generasen confusión.

Según nuestros análisis, su argumento sería que lo de la competencia era un tema interno de España y que no entraba dentro de las prerrogativas del juez belga pronunciarse sobre ello.

Mientras íbamos avanzando en ello, no dejaban de sucederse los diversos señalamientos a distintas actuaciones procesales; sorprendentemente, las más ágiles a la hora de ser establecidas fueron aquellas relacionadas con defendidos catalanes. Más claramente: no tuvimos muchos señalamientos en junio, pero sí todos los que pudieron respecto a casos relativos al procés, lo que implicó varios viajes a Barcelona que me sirvieron como ensayo general de cara al próximo viaje a Bruselas.

También el Tribunal Supremo pisó el acelerador respecto a Laura Borràs y a la casación del president Torra; en cuanto a múltiples recursos que afectan a la causa contra los exiliados parecían no tener prisa, entrando, incluso, en lo que bien podría denominarse una «dilación indebida» de temas que teníamos pendientes bien ante el instructor señor Llarena, bien en apelación ante la Sala.

Algunos dudarán de lo que digo, pero cuando se ponen las cosas en línea, en perspectiva, se va viendo cómo todo está íntimamente relacionado y cómo se corresponde con un plan represivo que dista mucho de ser el funcionamiento normal y propio de un Estado democrático y de derecho… Nada pasaba por casualidad y los momentos elegidos no eran ni mucho menos inocuos.

La historia así lo reconocerá, pero no era necesario esperar tanto para hacerlo; un poco de cultura democrática habría bastado para evitarnos tantas maniobras, tantos sufrimientos y tantos dislates que, en el fondo, terminan volviéndose en contra de quienes los cometen.

Después de tantos meses confinados, y con una falsa sensación de seguridad, intentamos retomar la agenda de la mejor forma posible, y para ello comencé con muchos viajes tanto a Barcelona como a Málaga, donde llevamos diversos casos. Los viajes no eran sencillos, tampoco tenía ni tengo gran sensación de seguridad a nivel sanitario, pero no quedaba más remedio que seguir trabajando, especialmente si tenía presente cómo nos estaban tratando de hundir en lo humano y en lo profesional.

Junio fue un mes intenso, también tenso, porque la angustia de no saber nada de la causa que se sigue en mi contra solo servía para alentar las especulaciones de propios y extraños; sabíamos que estaban buscando hasta debajo de las piedras y ya teníamos la experiencia del año anterior, cuando se había urdido un acuerdo para conseguir que un preso —contra el que existían claras evidencias de haber ordenado un asesinato según el juez, el fiscal y la policía— declarase en mi contra a cambio de obtener su libertad. Nada impedía que pensase que se estaba trabajando en esa línea… y tardé algunos meses en darme cuenta de que no iba desencaminado.

La semana del 15 de junio fue muy ajetreada, comencé con un viaje a Algeciras y visitas a prisiones tanto en esa ciudad como en Málaga, todo ello en un día, para pasarme el resto de la semana en Barcelona con diversas reuniones, comparecencias judiciales e intensas sesiones de trabajo con Costa y Cekpet… El tiempo, que había estado casi paralizado durante tres meses, se volvía escaso y nos apremiaba en todos los sentidos, por lo que cada momento libre que tenía me metía en el ordenador para ir avanzando en diversos escritos.

El lunes 22 cogí el primer vuelo de la mañana a Bruselas —en realidad el único del día— y en menos de dos horas aterricé en un desértico aeropuerto; no sé si fue viento de cola o que el espacio aéreo estaba casi vacío, pero tardamos menos que en cualquier ocasión anterior.

Llevaba desde primeros de marzo sin verme en persona con el president, Clara, Toni y Lluís; ahora tocaba concentrar mucha actividad en pocas horas y ponernos al día de todo aquello que no habíamos hablado a través de las videoconferencias para mantener la privacidad y confidencialidad abogado-cliente, que no se podía ni se puede garantizar por vía telemática como entonces intuíamos y hemos comprobado hace no mucho tiempo.

Siempre hemos sido prudentes con el uso de las tecnologías de comunicación y también muy conscientes de que determinados sectores del Estado no escatimarían esfuerzos en intentar acceder al contenido de nuestras conversaciones. Eso nos obligó a dejar muchos temas pendientes de explicación hasta esa primera reunión no virtual.

Debo aclarar que a diferencia de lo que creen algunos, especialmente quienes dividen el mundo entre malos y buenos, las conversaciones abogado-cliente no tienen un contenido delictivo, más bien uno democrático, que consiste en el sacrosanto derecho de defensa, radicalmente vulnerado si se accede a esas comunicaciones.

Si un defendido no le puede contar con seguridad y tranquilidad a su abogado lo que realmente ha sucedido, este jamás podrá desplegar una defensa material efectiva, y por tanto el derecho de defensa se verá mermado o violentado.

Por eso, solo por eso, cuando se llevaron mi teléfono y accedieron a su contenido, lo que realmente hicieron fue vulnerar el derecho de defensa de una serie de personas, y también el mío propio.

En mi teléfono no había, como se ha demostrado, ningún tipo de contenido incriminatorio para mí, pero sí mucha información confidencial de multitud de defendidos, entre ellos los exiliados, el president Torra, Laura Borràs y otros muchos más… Seguramente les interesaba acceder a estos datos, pero también a los de cualquier otro procedimiento, lo que es tanto como jugar con las cartas marcadas.

La jueza María Tardón, a pesar de las insistencias, por escrito, de mis abogados, decidió que tenía que acceder a mi teléfono, y como si eso sirviese de garantía, acordó que haría un «expurgo» de aquello que estuviese directamente relacionado con el caso en el que ella me tiene ya procesado.

Pues bien, la única forma de hacer dicho expurgo era revisar el contenido íntegro de mi teléfono, con lo que ella, supuestamente para buscar pruebas de cargo, se dedicó a revisarlo por completo, violando el secreto de mis comunicaciones y el derecho de defensa de muchas personas que no son objeto del procedimiento en mi contra, e indefectiblemente se verán afectadas por una medida sin precedentes.

Era evidente que no tenía ni tiene ningún respaldo legal para lo que hizo, pero lo sorprendente de todo es que a nadie parece preocuparle que una jueza actúe de esa forma y, peor aún, que tal actuación no tenga consecuencias jurídicas para ella.

Lo mismo ha ocurrido con todo mi correo profesional, más de veinte gigas de memoria de años de trabajo que han quedado expuestos ante vaya uno a saber cuántos policías y, sin lugar a duda, ante una jueza que se ha autoconcedido una dispensa para escudriñar todo ese material.

En cualquier caso, el tema es evidente y no necesito profundizar más en mi caso para que todo el mundo tenga claro por qué teníamos tantas cosas sobre las que ponernos al día y por qué no las podíamos hablar por teléfono o en videoconferencia.

Al poco rato de llegar a Waterloo aterrizó Costa, quien también se fue a la Casa de la República y se incorporó, nada más entrar, a la reunión que ya habíamos iniciado. Una parte de la misma versó sobre la vista del día siguiente, y otra muy larga sobre el suplicatorio; la idea era acostarnos temprano para estar frescos al día siguiente.

Por la mañana muy temprano nos trasladamos Costa y yo al Palacio de Justicia y desayunamos con Lluís Puig, que estaba, como siempre, muy tranquilo y de buen ánimo ante la vista a la que se enfrentaba.

Poco a poco llegaron los demás miembros del equipo jurídico, y después de los saludos y de ponernos al día de nuestras respectivas vidas en esos meses de confinamiento, pasamos a abordar los detalles de la vista.

A la hora prevista estábamos todos en la sala habitual, después de bajar y subir escaleras y recorrer pasillos a derecha e izquierda. Lo único diferente era la mampara de seguridad covid que habían instalado en el estrado donde se ubica el juez de la Cámara del Consejo, el juez de Garantías, la secretaria judicial y el fiscal.

Sorprendentemente, porque no era lo que esperábamos después de tres meses, el fiscal se limitó a decir que se oponía a nuestras alegaciones, a informar sobre el delito imputado y a tratar de desvirtuar las alegaciones referidas a la persecución política, asegurando que se trataba de un delito claro de malversación, si bien reconocía que los hechos, tal cual venían descritos, no se correspondían ni con un delito de corrupción ni con el tipo penal de la malversación prevista en el ordenamiento belga.

Nosotros esperábamos una dura defensa de la competencia del Tribunal Supremo español, no basada en criterios jurídicos, porque no los hay, sino en una estrategia de generar confusión, pero nada de eso sucedió y, por tanto, nos vimos con el terreno absolutamente despejado para establecer, ordenadamente, todos los puntos de nuestra línea de defensa.

Como habíamos hecho en febrero seguimos el mismo orden: Paul, Simon, Sophie, Christophe y luego nosotros, que nos centrábamos, exclusivamente, en la parte relativa a la falta de competencia y en dar un par de pinceladas sobre los últimos movimientos en el procedimiento y en materia de persecución del independentismo.

La vista fue bien, todos tuvimos esa sensación, y al finalizar el juez nos indicó que el 7 de agosto comunicaría su decisión porque iba a estar unas semanas fuera. Nos despedimos y salimos rumbo a la Sala de Abogados donde nos esperaban el president Puigdemont, Clara, Toni y Meritxell, que habían venido, como en anteriores ocasiones, a solidarizarse con Lluís.

Una vez les informamos de todo, salimos a atender a los medios y después cada cual se fue a su propia casa, a excepción de Costa y yo, que nos fuimos a Waterloo; esta vez no habría comida porque tampoco había sitios abiertos donde ir.

Esa tarde estuvimos trabajando con Costa desde Waterloo y por la noche se acercaron Clara y Toni a cenar, fue un momento muy grato, que sirvió para un relajamiento colectivo y disfrutar de la música con la que nos obsequiaron el president Puigdemont y Toni.

Nunca he tenido oído para la música, pero sí sé apreciar y envidiar a la gente que lo tiene; era evidente que estaban tocando de oído y eso no deja de asombrarme por mi incapacidad musical.

La velada terminó muy tarde para ellos, mucho más allá de la hora en la que me fui a acostar, pero tenía que dormir y madrugar porque me quedaba pendiente de terminar un recurso, de otro tema, que vencía a la mañana siguiente y quería enviarlo antes de irnos al aeropuerto con Costa.

Si a la llegada el aeropuerto de Bruselas me pareció desértico, a la salida la sensación fue aún peor; no había casi nadie, todas las tiendas estaban cerradas y se notaba que prácticamente todos los que por ahí andábamos lo hacíamos más bien por obligación.

De Bruselas volamos a Frankfurt y la sensación, una vez bajamos del avión, fue tremenda: se trata de uno de los mayores aeropuertos del mundo y prácticamente no había gente ni vuelos ni nada… Dimos una larga caminata por interminables pasillos vacíos hasta localizar las puertas de nuestros respectivos vuelos y luego buscamos dónde sentarnos para esperar sus correspondientes salidas.

No encontramos ningún sitio donde tomarnos un café, comprar agua o lo que fuese. Costa y yo tuvimos la clara sensación, y así lo comentamos, de estar ante una de las mayores evidencias del duro golpe que la pandemia significaba para las economías, así como para una forma de vida que seguramente no era la más sana ni compatible con el medioambiente, pero que entonces parecía haber colapsado.

Aprovechamos las horas en Frankfurt para comentar en detalle la vista y para revisar algunas cosas que teníamos pendientes en el caso del president Torra, más teniendo presente que ya se había instalado el relato según el cual el Supremo quería resolver todo antes del verano e inhabilitarlo cuanto antes mejor.

No deja de sorprenderme que tanta gente bien formada e informada asuma como natural que un Tribunal pueda inhabilitar a un presidente a partir de la exhibición de una pancarta sin que eso no sea visto como una suerte de golpe judicial a la política o, dicho de otra forma, una clara intromisión de un poder del Estado en las actividades de otro.

No existía, ni existe, base legal para lo que se hizo, pues la JEC no solo no era una autoridad superior al president Torra, sino que su actuación obedece a una clara politización de un órgano que, por definición, debe ser neutral.

A lo largo de estos meses se han conocido muchas irregularidades por parte de la JEC, una clara decantación partidista de la misma, vocales que no solo eran propuestos por los partidos políticos, sino que trabajaban para ellos al mismo tiempo que acordaban sobre denuncias interpuestas por esos mismos partidos políticos.

Recuerdo aún cuando el Tribunal Supremo, a través de su Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, se permitió recordarnos que la JEC era una institución con una intachable trayectoria de más de cuarenta años… como si eso fuese garantía de algo o tuviese que ver con todos los atropellos que llevan cometiendo en contra de los independentistas catalanes.

Solo una sociedad escasamente democrática y muy imbuida de un expansivo y destructivo nacionalismo es capaz de asumir como normal el derrocamiento de un presidente democráticamente elegido por colgar una pancarta reclamando LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS, sin embargo, no solo se asume como lógico y normal, sino que todo el mundo, especialmente el mundo bien informado, lo daba por hecho sin que antes se hubiesen escuchado nuestros argumentos.

Durante esos meses resultaba frustrante intentar explicar, como digo, a gente bien formada y mejor informada que esto no era lógico, no era normal, no era democrático y, sobre todo, no era legal; todos, o casi todos, contestaban con lo mismo: «ya, pero es lo que va a suceder», como si eso restase destructividad a una sentencia que pasará a los anales de la Lawfare por ser de los hechos más desproporcionados que jamás se han visto, mucho más en un país que presume de ser democrático y europeo.

También he de reconocer que, a diferencia de lo que opinan muchos, la crónica de una sentencia anunciada no puede servir para desanimar a quien ha de defender, sino muy al contrario, debe servir de estímulo para encontrar cada vez argumentos más sólidos y buscar la forma de exponerlos de manera jurídicamente ordenada y coherente.

El que muchos crean que voy a perder en algún tema no solo no me desanima, sino que siempre me ha servido de revulsivo, porque de lo que no se están dando cuenta esos pseudodemócratas es de que esta es una carrera de largo recorrido, y que cuando uno sabe estar en el lado correcto de la historia, al final siempre termina ganando.

La semana del 29 de junio también fue bastante intensa, tenía señalamiento en Algeciras el martes y en París el miércoles, pero pese a las restricciones y la escasez de vuelos logré encontrar una combinación que me permitió atender ambos compromisos.

JULIO

Ya había viajado varias veces a Andalucía después del desconfinamiento, por lo que, más o menos, tenía bastante controlado todo lo referente a tiempos de espera, tráfico entre una ciudad y otra, así como la dinámica propia del aeropuerto de Málaga, que es hasta donde tenía que volar para aprovechar el tiempo al máximo.

Lo que no había visto hasta ese momento era París y me costaba hacerme una idea sobre cómo estarían funcionando las cosas allí; en cualquier caso, como solo había un vuelo por día salí muy temprano para tener, fuera cual fuese el escenario con el que me encontrase, tiempo de sobra para llegar al centro y especialmente a la vista que estaba señalada para las 15.00 horas.

Mi primera sorpresa fue no ya que Orly, el aeropuerto de París en el que aterricé, estuviese casi vacío, sino que los pocos pasajeros que llegábamos tuviéramos dificultades para coger los más que escasos taxis que había allí disponibles; después de media hora de espera, logré subirme a uno.

Así como había perdido mucho tiempo esperando un taxi, llegar hasta la puerta del Tribunal de Apelación no me llevó ni veinte minutos porque no había casi ni tráfico; los franceses se estaban tomando muy en serio lo de no moverse más allá de lo imprescindible.

Primero llegó el hijo de mi defendido y después este, Josu Urruticoetxea (Josu Ternera), con un amigo, y a continuación Laurent Pasquet-Marinacce, compañero y abogado principal del caso; después de unos cafés decidimos ir a comer algo porque la vista comenzaba después de la comida y podía alargarse bastante, ya que era necesario realizar diversos planteamientos técnicos muy complejos. Siempre he sido de la idea que las cosas complejas es mejor explicarlas con calma y reducidas a su mínima expresión para no dar margen a las confusiones.

En este caso se trataba de una reclamación de extradición por un presunto delito de lesa humanidad, por tanto la defensa había que desplegarla en una suerte de abanico para ir abordando los distintos aspectos que afectaban a ese procedimiento.

En primer lugar no se daban los elementos del tipo penal, de modo que los hechos por los que se le reclamaba no se corresponden con un delito de lesa humanidad ni con ningún otro. La discrepancia entre los hechos y la configuración penal atribuida era evidente tanto en el derecho español como en el francés, sobre todo respecto a toda la jurisprudencia mundial existente sobre tan atroz delito.

En segundo lugar, la base fáctica sobre la cual se construyó la imputación no solo era débil, sino que era aberrante, porque se basaba en las declaraciones policiales obtenidas bajo tortura de una persona detenida cuarenta años antes. Soy muy consciente de las implicaciones que tiene utilizar la expresión «bajo torturas», pero es que en este caso no solo era evidente, sino que estaba probado. Uno de los detenidos murió en los interrogatorios a manos de la policía española; sobre el otro, el propio ministro del Interior de la época reconoció dichas torturas y Naciones Unidas condenó a España por las mismas; dicho más claramente: hubo torturas y las declaraciones obtenidas a partir de las mismas no valían ni el papel en que estaban escritas.

En tercer lugar, todo este procedimiento se construyó a partir de una tesis doctrinal judicializada, que en ningún momento contó con el apoyo ni de la Fiscalía ni de los dos jueces que primero entendieron del caso. Por esa causa han pasado varios jueces, ninguno vio el delito y los querellantes recurrieron hasta que la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional les estimó parcialmente el recurso diciendo que genocidio no era, pero que podía ser lesa humanidad… A partir de ahí, la jueza María Tardón se hizo cargo del tema y terminamos en una vista ante la Corte de Apelaciones de París.

La vista fue larga y hubo tiempo de desplegar todos los argumentos de forma pausada; el trabajo estaba hecho y había que esperar la decisión.

Al salir caminamos un poco e intercambiamos impresiones entre los abogados, Josu Urruticoetxea y su hijo. Después me fui caminando al hotel que había reservado en las inmediaciones del Palacio de Justicia, para evitar moverme demasiado y teniendo presente que muchos hoteles estaban cerrados.

Por la noche salí a caminar un poco, las calles estaban vacías y los comercios cerrados, y andando y andando encontré un sitio donde cenar; todo ello bajo un estricto protocolo covid muy similar al que me explicaron en el hotel y que, como es lógico, seguí estrictamente.

El mes siguió con múltiples viajes, todos dentro de la Península y especialmente a Barcelona, donde tenía que reunirme tanto con diversos defendidos como las habituales sesiones de trabajo con Costa y Cekpet; los temas se nos acumulaban, los desafíos que surgían de cada resolución que se nos iba notificando eran cada vez más aberrantes y, por ello, complejos de abordar.

En esos primeros días de julio comenzamos a tener información muy concreta y clara sobre un nuevo caso de guerra sucia que consistía, básicamente, en la utilización de un programa espía que instalado en los móviles adquiría un control absoluto sobre los aparatos, las comunicaciones y todos los datos que pasasen por esos equipos. Se llamaba Pegasus.

El escándalo saltó a los pocos días, sin duda de forma precipitada y por intereses políticos, pero nosotros preferimos guardar silencio y trabajar de forma sistemática para determinar el alcance de dicha guerra sucia, los métodos utilizados y las personas realmente afectadas.

En principio se informó, por algunos medios de comunicación, que la aplicación utilizó un fallo de seguridad de WhatsApp para introducirse en los móviles de los afectado. En realidad no solo fue por esa vía, sino por otras más que eran, incluso, mucho más peligrosas, como logramos determinar después.

Sorprendentemente, quien primero publicó sobre este acto de guerra sucia fue el diario El País, que entre otras cosas describió la actividad de dicho programa espía de la siguiente forma: «Pegasus permite escuchar conversaciones, leer mensajes, acceder al disco duro, hacer capturas de pantalla, revisar el historial de navegación y activar por control remoto la cámara y el micrófono de los dispositivos. Una posibilidad que abre la puerta a escuchar el sonido ambiente de una habitación si hay un móvil infectado. El sistema facilita, incluso, pinchar mensajes y llamadas de voz cifradas, según los expertos canadienses».

En esa ocasión no se equivocaba El País. Pegasus hacía todo eso y la noticia lo circunscribía a la vulnerabilidad momentánea de WhatsApp, que permitió acceder a unos 1400 móviles en esos días; el problema, como luego descubriríamos, no era ese sino que llevaban ya más de un año y medio usándolo e introduciéndolos en diversos teléfonos móviles de manera indiscriminada.

El Gobierno central se apresuró a desmentir cualquier implicación en los hechos, y a medida en que surgían los desmentidos aumentaban nuestras dudas respecto a la sinceridad de estos.

Si el presidente del Parlament de Catalunya había sido una de las víctimas de esta guerra sucia, teníamos sobradas razones para creer que el propio president Puigdemont y el president Torra también lo habían sido, y era racional pensar que el entorno de ambos tenía, necesariamente, que ser víctima de tan sucia guerra paraestatal.

Nos pusimos manos a la obra y comenzamos a estructurar una dinámica que nos permitiese, primero, determinar el grado de afectación o la dimensión de la acción; en segundo lugar ver cómo probarlo y, en tercero, establecer una vía jurídica para la exigencia de responsabilidades por estos actos que, sin duda, son delictivos.

Un programa como Pegasus solo puede ser adquirido por una agencia o repartición estatal, y esto es así por dos razones muy claras: su elevado costo y la política de ventas que practica la empresa NSO de Israel, creadora, dueña y comercializadora de ese programa.

Sabíamos que quienes más avanzados estaban en la investigación de este tema eran, como informaba El País, los miembros de «Citizen Lab, un grupo de ciberseguridad de la Munk School radicado en la Universidad de Toronto (Canadá) que investigó en exclusiva el fallo de la aplicación de mensajería de 2019». Así pues, fue a los primeros que contactamos.

Era evidente que el lenguaje y los conocimientos técnicos con los que se manejaban los expertos de Citizen Lab excedían con creces las capacidades y conocimientos tecnológicos tanto míos como de Josep Rius, por tanto, vimos la necesidad de involucrar en el equipo a alguien que no solo sirviese de enlace con los canadienses, sino, sobre todo, que estuviese en condiciones de «traducirnos» lo que ellos nos iban explicando y pudiese abordar el tema desde la perspectiva técnica.

La persona elegida fue E. y eso terminó siendo un gran acierto porque la tarea más compleja era la recogida de datos para determinar, a través de estos, las evidencias con las que contaríamos en una posterior etapa: la judicial que está por comenzar.

Para la recogida de datos seguimos los criterios y pautas que nos planteó E., que, en definitiva, consistían en ir recolectándolos en círculos concéntricos en torno a los dos presidentes. Esto en sí mismo era una tarea compleja, pero al disponer de unas pautas claras fuimos haciéndolo con bastante agilidad a pesar de las reticencias de muchos, que no parecían comprender la envergadura de la operación de la que acabábamos de ser víctimas.

Poco a poco se fue determinando cuántos teléfonos habían sido infectados y ya solo nos faltaba saber en qué momentos.

La mayoría de los afectados no lo habíamos sido a través de WhatsApp, sino de un sistema más sofisticado o discreto consistente en el envío de SMS que contenían un enlace que, al pincharlo, daba acceso al teléfono. Todos esos SMS parecían provenir de emisarios seguros como Correos, diversos bancos, compañías de telefonía, líneas aéreas y similares… En realidad nada de eso era cierto, sino el formato utilizado, maliciosamente, para atacar nuestros teléfonos.

Según el diario El País: «La NSO usa estas llaves según las necesidades de sus clientes y las tarifas serán a la fuerza elásticas: no es lo mismo utilizarlo por primera vez con un objetivo, que más tarde y con más víctimas. Una fuente conocedora de las tarifas de NSO que pide anonimato dice que un precio razonable para clientes de la empresa es 500 000 dólares (437 000 euros) para un exploit, más otros 500 000 para infectar diez dispositivos. Aunque las variables pueden modificar esas cifras».

El mismo periódico explicaba que «un exploit es la pieza de software que aprovecha la vulnerabilidad de una aplicación, navegador o sistema operativo para acceder al dispositivo. Es la llave que abre la puerta. NSO ofrece esa llave y también el software que luego controla el dispositivo».

Pero ahí no paran los gastos porque Joxean Koret, especialista en seguridad informática, dice: «Te dan una lista y te dicen que estos son los productos para los que tienen exploits: para estas versiones de Windows, para WhatsApp en tales sistemas operativos, Safari, Chrome en Windows, lo que sea. Luego el software que metes dentro lo compras aparte».

A partir de ahí es solo cuestión de matemáticas y podremos hacernos una idea aproximada de cuánto dinero se ha utilizado para satisfacer las ansias represivas, quiero creer, de un grupo de poder dentro del Estado que considera a los afectados como sus enemigos. Superan la centena los dispositivos que hemos comprobado que fueron efectivamente controlados con ese software y otros tantos los que, sin conseguirlo, también fueron atacados.

Solo para tener una idea de las dimensiones del tema, es bueno recordar que eldiario.es informaba de que: «En Panamá, la vigilancia ha tenido consecuencias legales en el peldaño más alto de la pirámide gubernamental. Ricardo Martinelli, presidente del país de 2009 a 2014, tuvo que exiliarse a Estados Unidos tras perder el poder para evitar ser arrestado cuando se destaparon sus prácticas de espionaje digital. En junio de este año las autoridades estadounidenses lo detuvieron y lo extraditaron a Panamá, donde está siendo juzgado. Desvió presuntamente 13,4 millones de dólares para comprar Pegasus y vigilar a empresarios rivales y periodistas».

Si en un país de las dimensiones de Panamá el gasto en Pegasus para «vigilar a empresarios rivales y periodistas» alcanzó los 13,4 millones de dólares, ¿cuánto fue el gasto en España para vigilar al independentismo catalán y su entorno?

Llegados a este punto las preguntas se me amontonan, pero las más relevantes son: ¿de qué partida presupuestaria salió tanto dinero?, ¿quién lo autorizó?, ¿desde cuándo se autorizó?, ¿sobre qué base legal se hizo?, ¿cuál era la legitimación constitucional para algo así?

Seguramente pasarán muchos años antes de que podamos tener respuesta a estos y otros muchos interrogantes, que surgen de una operación tan impropia de un Estado democrático y de derecho.

Para comprender mejor cuán contrario a los principios democráticos es el uso de este tipo de sistemas de espionajes basta saber cuáles eran los principales clientes de NSO: Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Baréin, Turquía, Marruecos, México, Panamá y, claro está, España.

Con esto no digo que otros gobiernos no hayan podido usar o usen este tipo de aplicaciones, pero siempre se hace dentro de un marco legal y jamás de forma masiva, como ha sido, entre otros, el caso de España en contra del independentismo catalán y su entorno.

Si el uso y abuso de Pegasus, así como el costo que ello ha implicado, es, por sí mismo, un escándalo, más aún lo es el tupido velo que de golpe cubrió el tema en todos los medios relevantes de España.

Fue el diario El País el que comenzó dando la noticia, e inmediatamente le siguieron otra serie de medios, especialmente los grandes digitales. Pero no habían pasado 48 horas y la noticia, el tema Pegasus, desapareció no solo de las portadas, sino que lo hizo de forma absoluta.

Estos silencios cómplices dan mucho más miedo que la propia actuación de las cloacas de cualquier Estado, pero al mismo tiempo reflejan un mal endémico de este sector: la dependencia de las fuentes oficiales de información, así como de las publicidades institucionales, lo que unido a una suerte de periodismo de bandera termina por convertirse en cualquier cosa menos un sano ejercicio democrático como es el de informar.

El tema Pegasus nos ocuparía una parte esencial de la segunda mitad de 2020, y seguramente requerirá de grandes esfuerzos en los meses venideros porque algo que sus «usuarios» no lograron dimensionar es la vertiente penal del tema.

Una cosa es utilizar una aplicación de estas características dentro de las fronteras del Estado, con lo que la impunidad más o menos estaría garantizada, y otra muy distinta es el uso que se le dio a dicha aplicación respecto a personas que, cuando hemos sido atacadas, no nos encontrábamos en territorio español.

Los derechos afectados y los tipos penales vulnerados son más o menos uniformes, pero la jurisdicción competente para investigar estas prácticas delictivas no lo es y, por ejemplo, si un dispositivo es atacado cuando se encuentra en Alemania serán los tribunales de ese país los competentes para investigar los hechos.

Este tema dará aún mucho que hablar y quienes crean que nos hemos olvidado del asunto se equivocan: no nos olvidamos, solo nos hemos estado preparando para hacer de la investigación de estos delitos no un acto político, sino uno jurisdiccional.

La semana del 13 de julio tenía prevista una serie de reuniones en Barcelona y por las tardes, diversas presentaciones de mi anterior libro, Así están las cosas (Roca Editorial, 2020), lo que me hacía mucha ilusión, porque el contacto directo con la gente es algo que me gusta, me recarga de energías y me ayuda a percibir, sin intermediarios, los distintos estados de ánimo por los que va pasando la sociedad catalana en función de los escenarios político-judiciales que se van desarrollando.

La semana del 20 de julio la comencé con un viaje al sur, tenía que visitar a defendidos en prisiones de El Puerto de Santa María, Algeciras y Málaga. No sé cómo lo organizamos todo para un mismo día con lo que tuve que ir con bastante rapidez de un sitio a otro, pero, finalmente, conseguí visitar las tres prisiones y en ellas a los cinco defendidos, a los que necesitaba ver para preparar diversas diligencias judiciales señaladas para la semana siguiente.

El martes 22 de julio, a mediodía, cogí un vuelo a Barcelona, donde me quedé hasta el viernes para realizar presentaciones a partir del mismo martes; lamentablemente, y producto del rebrote de la pandemia, nos vimos obligados a suspender las presentaciones previstas desde el miércoles y hasta el viernes, con lo que el miércoles regresé a Madrid.

La semana del 27, Isabel, Elena y yo nos fuimos a Ibiza, a casa de mi editora. Habíamos previsto el viaje en medio del confinamiento y, cuando lo acordamos, parecía un auténtico ejercicio de voluntarismo más que uno de realismo.

Fue en abril cuando se planificó este viaje, y esos días en Ibiza los acordamos partiendo de una idea clara: estábamos cansados del encierro y queríamos pensar en positivo.

Como soy bastante germánico en algunas cosas, fue en abril, confinados en casa, cuando compré los billetes de avión y reservé el coche que alquilaríamos; tanto unos como el otro salieron a precio ridículo, nadie en abril compraba billetes ni reservaba coches… Me arriesgué y salió bien.

Ibiza nos encanta, el ambiente en casa de Blanca y José es muy agradable y en esta ocasión más aún porque todos teníamos ganas de mar, aire libre, buena comida, agradables charlas y mejor compañía.

Isabel y yo salimos a correr casi todos los días nada más levantarnos. Una vez habíamos hecho los kilómetros que nos habíamos propuesto, nos íbamos a una terraza cerca de la casa para desayunar: café, tostadas con aceite y zumo de naranja. Después volvíamos a casa con pan y cruasanes para el resto, y estirábamos un rato antes de ducharnos y comenzar la jornada.

La Ibiza de julio pasado no era la de otros años, estaba semivacía, poco tráfico, muchos sitios cerrados y en general todo el mundo respetando las normas de seguridad propias de los tiempos pandémicos que nos está tocando vivir. No salimos mucho, en realidad nadie lo quería ni lo necesitaba estando frente al mar, pero departimos bastante y eso sí era algo de lo que todos estábamos más que necesitados.

AGOSTO

Para muchos, agosto es un mes de vacaciones, y para los abogados solía serlo, pero hace algunos años que los juzgados han ido rompiendo la regla no escrita de no notificar resoluciones ni señalar diligencias durante ese mes; este año, además, solo se declaró inhábil, judicialmente hablando, del 1 al 11 de agosto, por lo que el mes fue bastante movidito.

La primera semana de agosto no paré de viajar. Fui a Murcia, Málaga, Algeciras y Huelva, tanto a visitar defendidos como a preparar futuras diligencias señaladas ya para la segunda y la tercera semanas de agosto.

Fue, también, un mes con una serie de reuniones encaminadas a preparar mi propia defensa; desconocíamos las razones por las cuales la jueza Tardón iba prorrogando y prorrogando el secreto de las actuaciones en la causa que sigue en mi contra, pero intuíamos que, ante la imposibilidad de conseguir ninguna prueba, se estarían dedicando a buscar testigos premiados para que declarasen cualquier cosa.

Saberse inocente, pero estar siendo investigado en secreto, no es una sensación agradable, mucho menos cuando uno tiene muy claro el motivo de la persecución: hacerme pagar por la defensa que he realizado, y estoy realizando, de los líderes políticos catalanes y, de paso, aniquilarme como profesional y como ser humano.

El viernes tuve que viajar a Málaga nuevamente para una absurda diligencia de reconstrucción de escena en un procedimiento que llevamos allí; digo absurda porque los hechos están grabados por las cámaras de seguridad del lugar en el que sucedieron y la diligencia, que llevó varias horas y costó mucho dinero a las arcas públicas. No solo no podía aportar nada, sino que servía para reflejar algo sobre lo que vengo hablando desde antiguo, como es la predeterminación de la sentencia a partir del atestado policial.

Básicamente me refiero a algo que se practica mucho en los procesos penales en España: la investigación se plantea sobre la base de una tesis policial y todo lo que se va haciendo es para, más o menos, respaldar y dar una suerte de cobertura probatoria a esa tesis.

Lo correcto es actuar de forma muy distinta: estudiar los hechos, revisar las evidencias e ir avanzando en una investigación para, una vez acumuladas las suficientes pruebas, establecer una hipótesis sobre cómo sucedieron los hechos y quién y en qué forma y estado los podría haber cometido.

Si todo gira en torno a la tesis policial inicial, es evidente que el resultado será cualquier cosa menos discrepante con esa tesis, y que seguramente distará mucho de la verdad material, es decir de lo que realmente sucedió.

En lo de Málaga, en realidad Marbella, lo sucedido es bastante claro, pero la tesis policial va por otro camino y, por tanto, todo el esfuerzo probatorio, incluida esa reconstrucción de escena, no va encaminado a aclarar lo sucedido sino a reforzar la ideación policial.

Nada más aterrizar en Málaga conecté mi teléfono móvil cuando aún estábamos en la pista, pero faltaban solo cinco minutos para que conociésemos el resultado del juicio de OEDE de Lluís Puig y teníamos una logística muy bien montada, teniendo presentes los protocolos covid y las necesidades comunicacionales, por lo que no me podía despistar.

Habíamos acordado que Sophie iría al Tribunal a buscar la resolución y nos la comunicaría por el chat que tenemos al respecto. Una vez conocida la misma, haríamos una sucinta valoración entre nosotros y luego conectaríamos con los distintos medios de comunicación a través de una plataforma digital en la que estaríamos Lluís, Paul y yo.

Como estaba previsto, a las nueve en punto Sophie nos pasó la resolución y en una mirada rápida quedaban claras dos cosas: se rechazaba la entrega y el motivo era la falta de competencia del Tribunal Supremo para investigar y enjuiciar los hechos, por lo que también lo era a los efectos de la entrega solicitada. Era todo un éxito con unas repercusiones mucho más allá de la propia OEDE de Lluís Puig.

Hicimos en el mismo chat una serie de comentarios entre los abogados, y mientras caminaba hacia la salida del aeropuerto fui informando a Isabel, Costa, Cekpet, el president Puigdemont, Toni, Clara, el president Torra y así uno tras otro… Solo a Lluís no le informé porque estábamos en el chat y ya lo sabía.

Bajé rápidamente a la zona de alquiler de coches para recoger el que había reservado, aparcado en una zona cercana al aeropuerto de Málaga, y poder salir de allí hacia la rueda de prensa, en la que yo entraría con mi móvil.

Mi teléfono echaba humo. Estábamos, por un lado, valorando el tema con Costa, Cekpet, Isabel y los exiliados y, al mismo tiempo, comenzando a contestar múltiples preguntas que diversos periodistas me hacían directamente a mi móvil.

Nada más salir del aeropuerto cogí la carretera rumbo a Cádiz para entrar en la primera gasolinera, aparcar y preparar todo para que en la rueda de prensa no se notase que estaba en un coche en medio de una autopista.

A muchos periodistas, especialmente de medios estatales, les sorprendía la resolución; no podían creer, o no querían creer, que un tribunal belga pudiese entrar a valorar la competencia de un tribunal español, y mucho menos determinar que el Tribunal Supremo de España no era competente para enjuiciar a los políticos catalanes por el procés. Estaban tan sorprendidos como contrariados, y recordé que nosotros lo veníamos sosteniendo desde noviembre de 2017, pero se nos trataba con condescendencia o, mejor dicho, como a auténticos iluminados.

Las consecuencias de esta sentencia eran muchas y muy profundas, especialmente de cara al cuestionamiento que más temprano que tarde habrá que hacer de la sentencia del Supremo de 14 de octubre de 2019 ante el TDEH; y más a corto plazo de cara al suplicatorio en contra de los eurodiputados catalanes cursado al Parlamento Europeo, que seguramente tendrá que resolverse, de forma definitiva, ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE).

Sí, finalmente teníamos un documento judicial que decía lo mismo que nosotros: el Supremo no era competente… La alegría era inmensa pero hablando con Isabel también fuimos conscientes de que este nuevo éxito me lo harían pagar muy caro.

Después de la rueda de prensa hablé con Lluís para comentarle lo que vendría, así como la situación en la cual él, de momento, quedaba. Le indiqué que, con toda seguridad, el fiscal anunciaría ese mismo día su intención de recurrir en apelación, que al subir la causa al Tribunal de Apelaciones se cambiaría de fiscal, le expliqué cuál sería el que nos tocaría y finalmente y conociendo el espíritu inquieto y aventurero de Lluís le recordé que, por ahora, nada cambiaba y no debía salir de Bélgica porque la OEDE seguía activada y en vigor en otros países.

Antes de mediodía nos conectamos Costa, Cekpet y yo para una evaluación más reposada y ver qué era lo que rescatábamos de esa sentencia para el suplicatorio, así como para los recursos que teníamos pendientes ante la Sala Segunda del Supremo. Estos básicamente eran en contra del auto por el que se acordaba cursar la OEDE del president, Toni y Clara, así como en contra del auto por el cual se acordaba remitir el suplicatorio al Parlamento Europeo.

Sabíamos que nada de lo que se dijese haría cambiar de criterio al Supremo, pero también conocemos la jurisprudencia del TEDH y del TJUE, por lo que era necesario plantear este nuevo hecho al Supremo en los recursos pendientes.

Nos pusimos rápidamente de acuerdo y pasamos a traducir la sentencia para poder aportarla a los recursos pendientes y citarla literalmente en puntos que eran esenciales por estar sustentados en serios argumentos jurídicos; concretamente en normas y jurisprudencia europea, que era lo que íbamos buscando.

Después de terminar con todas las llamadas, las aclaraciones y coordinarme con todos continué mi viaje hacia Marbella, donde tenía que hacer la primera parada de ese viaje.

Hacía mucho calor ese día, y como estábamos citados para las 17.00 horas, quedé antes para comer con algunos de los abogados de la causa; la idea principal era ver cómo podíamos trabajar los distintos aspectos que afectaban a nuestros defendidos de forma más o menos coordinada para evitar contradicciones, repeticiones y conflictos.

Llegamos a la hora prevista al lugar en que nos habían citado y a los pocos minutos ya tuvimos claro que esa diligencia no serviría para nada… Ni el coche era siquiera similar al de los hechos, ni la moto se parecía a la supuestamente usada para la comisión de estos ni los «actores» se parecían, en sus respectivas complexiones, a nuestros defendidos.

Lo peor no era nada de eso, sino que como eran dos hechos los que se reconstruyeron, después del primero fuimos a la reconstrucción del segundo, que se hizo sobre las 19.00 horas… cuando el hecho reconstruido, sin embargo, sucedió sobre las tres de la madrugada.

Cuando hicimos ver las discrepancias entre lo que se estaba «reconstruyendo» y lo sucedido, el jefe del grupo policial lo dejó muy claro: «Ustedes no se preocupen que luego nosotros lo editaremos». Ante tal planteamiento, los abogados nos miramos y sonreímos… Una reconstrucción editada no solo no tenía ningún valor probatorio, sino que, más bien, se transformaba en prueba de descargo.

Terminamos tarde, pero aún tuvimos tiempo de reunirnos los abogados y comentar lo mal que se habían montado esta historia y cuáles serían los pasos a seguir por parte de cada uno de nosotros; estaba claro que todos impugnaríamos la diligencia, pero también teníamos absoluta certeza de que tanto la jueza como el fiscal la darían por buena, con lo que tendríamos que trabajar el tema de cara al juicio.

Como ya no alcanzaba el vuelo de esa tarde, me quedé en Málaga esa noche, no sin antes verme con otros defendidos y ponerlos al día de las últimas novedades de su caso. Al llegar al hotel estaba agotado porque el día había sido muy intenso, pero aún llevaba el subidón de adrenalina que produce conseguir una resolución como la de Lluís Puig.

A la mañana siguiente cogí el primer vuelo de regreso a Madrid y nada más llegar a casa me encerré a trabajar, pues ese era el último día para presentar en Bélgica las alegaciones en la apelación de la demanda civil interpuesta, dos años atrás, en contra del juez Llarena.

Ese tema sigue avanzando y no tendremos resolución hasta avanzado el 2021, pero cada tanto, y en función de la agenda pactada con el Tribunal de Apelaciones y con la defensa del señor Llarena, hay que ir presentando alegaciones contra alegaciones y diversos escritos de trámite que no son cosa menor.

Cuando decidimos presentar este tema no fui consciente del costo que tendría para mí; pero pienso que de haberlo sabido igualmente habríamos presentado la demanda, pues es muy notorio que cuando nos enfrentamos a unas actuaciones tan aberrantes como las que afectan a los políticos catalanes no exista, en la jurisdicción española, posibilidad real de exigir responsabilidades a ninguno de los actores judiciales.

Después de la presentación de esa demanda me han llovido los problemas, más bien las venganzas, y sigo pagando por ello.

Primero se nos acusó, falsamente, de haber falsificado una traducción, y luego me presentaron una querella que recayó en el Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional. El 11 de enero de 2019, la jueza María Tardón —la misma que ahora me investiga por un presunto delito de blanqueo de capitales— muy a su pesar, como bien reflejó en el auto, se vio obligada a inadmitir la querella, pero en octubre de 2019, cuando comparecí ante ella como investigado, no se reprimió en hacerme ver lo buen jurista y hombre honesto que era el juez Llarena… Creo que nunca han entendido el sentido de la demanda ni la base jurídica sobre la que se sustenta. Ni se trataba ni se trata de cuestionar su profesionalidad ni su honradez, que ya habrá o no tiempo para ello, sino, simplemente, de exigirle una responsabilidad civil por vulnerar los derechos de nuestros defendidos… Es muy difícil que no aparezca el corporativismo y ese mensaje claro de que a ellos nadie les tose.

Ante la evidencia de que no tendríamos propiamente vacaciones este año, decidimos llevar a Elena donde vivía mi suegra, en Guardamar; así, al menos, ella cambiaría de aires, disfrutaría de la playa y podría salir de Madrid por unas cuantas semanas.

Isabel y yo estábamos solos, trabajando con jornada de verano, salíamos temprano al despacho y regresábamos sobre las seis de la tarde a casa para disfrutar de un poco de tiempo libre, del jardín y la dieta de la aceituna: sentarnos a tomar unas cervezas acompañadas de unas buenas aceitunas y conversar, leer y relajarnos hasta la hora de acostarnos.

La semana del 17 de agosto volamos a Barcelona y en el aeropuerto cogimos un coche para irnos a Figueres y de ahí a Vilanant, a casa de una querida amiga y de su familia. En realidad, más que una casa es una excepcional masía rodeada de amplias extensiones de campo y unas vistas espectaculares.

Estábamos invitados junto a Costa y Miriam y, la verdad, esos días fueron no solo unas auténticas vacaciones, sino también llenos de mimos. Nos trataron fenomenal y sirvieron para recargar las pilas y tener muy claro por qué estamos haciendo la defensa que estamos haciendo.

La primera noche cenamos allí, tal vez —o sin el tal vez— en exceso, pero acompañados de unas gratas conversaciones que usamos para planificar los siguientes días, que serían, como digo, de vacaciones, pero muy intensos y con una serie de compromisos que nos fueron muy gratos.

A la mañana siguiente, bastante temprano, Miriam e Isabel salieron a correr y yo hice lo mismo, pero siguiendo una ruta distinta. En un momento dado entré, creo que por confusión, en el pueblo y una agradable señora insistió en invitarme a desayunar cuando yo lo único que quería era seguir corriendo antes de que hiciese mucho calor.

Como al otro lado de la frontera estaba el president, Clara y Toni con sus respectivas familias, hicimos varios viajes para vernos con ellos, reunirnos, trabajar un poco y departir un mucho; también los acompañamos a distintos eventos entre los que destaco, por lo interesante, el acto en la maternidad de Elna, un sitio con el que luego me he vuelvo a topar en una novela de Isabel Allende.

Fuimos igualmente a una de las sesiones de la Universitat d’Estiu en Prada de Conflent el día que daba una conferencia el president, y luego nos quedamos a comer con ellos y con los organizadores, a quienes ya conocíamos del año anterior.

Dos días después fuimos a comer a la casa en la que se alojaba Toni y fue un día francamente inolvidable con gente muy cariñosa y momentos sensacionales; con la madre de Toni contándonos sus aventuras veraniegas, sobre las cuales, por obvias razones, no voy a dar más detalles, excepto decir que en algunas ocasiones un error de salida puede cambiar el curso de la historia.

Aprovechamos también para salir a navegar con nuestra querida amiga y anfitriona, su madre y su hijo, y pasar un día de mar, sol y muy gratos momentos, de cuyos recuerdos tiramos cuando las cosas se ponen tensas o el cansancio hace su aparición.

La verdad es que solo tengo buenos recuerdos de esos días en Vilanant, de lo bien que lo pasamos, de las muchas cosas que hicimos, de lo perfectamente que dormimos, de lo tranquilos que estuvimos y, sobre todo, del cariño que se nos dio, que es algo de lo que, día a día, estamos más y más necesitados, especialmente en un año en que no han parado de atacarnos e intentar destruirnos.

SEPTIEMBRE

La última semana de agosto la pasé en viajes y reuniones, especialmente en Barcelona, porque teníamos que preparar la vista del president Torra señalada para el 17 de septiembre, y porque seguíamos avanzando en el tema del suplicatorio y en la contestación a la apelación que presentó el fiscal belga en contra de la sentencia de Lluís Puig del 7 de agosto.

La vista, más bien el señalamiento de la vista del president Torra, fue fiel reflejo de cómo se ha manejado todo ese caso. En un momento dado, desde el departamento de prensa del Supremo se remitió un mensaje a los distintos medios de comunicación anunciando la fecha de la vista. Cuando muchos periodistas nos preguntaron por ello, simplemente dijimos que era imposible, porque cuando salió el anuncio aún no se había conformado la Sala que la celebraría.

De acuerdo con la ley, que es la gran olvidada en este y tantos procedimientos, la fecha de la vista debe señalarse con posterioridad a la conformación de la Sala y eso responde a una lógica: si no se sabe aún qué jueces la compondrán, no se puede saber en qué fecha pueden celebrar la vista o no.

Aquí, por ese desliz, quedó en evidencia que daba lo mismo quiénes conformasen la Sala y cuáles fuesen sus agendas, porque lo importante es que alguien, alguien con bastante poder, había determinado que esa vista se celebraría en una fecha concreta y que el resto se podía adaptar a la misma.

Mientras hacíamos todas estas cosas, mantuve varias reuniones de cara a seguir adelante con la investigación del tema Pegasus. Vi a algunos de los entonces posibles afectados, les expliqué lo que estábamos haciendo y les dejé claro qué necesitábamos de ellos.

Entre las múltiples reuniones que mantuve en esos días en Barcelona destaco una con una diputada al Parlament de Catalunya con la que quedé para verme a las diez de la mañana en una terraza del Born; durante la espera vi cómo a distancia ella atravesaba una plaza desde la calle de la Ribera hacia la calle de la Fusina mientras la seguía discretamente un personaje que, como siempre ocurre cuando se actúa desde la impunidad, no se dio cuenta de que yo le había detectado y fotografiado.

Si no son objetivos de potenciales atentados, seguir a parlamentarios electos no es más que el fiel reflejo de cómo ciertos sectores de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se sienten con el derecho, y también el respaldo, de dedicar su tiempo a controlar la vida de aquellos a los que consideran sus enemigos. Se están gastando ingentes recursos públicos en espiar a los opositores, a los enemigos, y todos esos gastos no parecen preocupar a nadie.

La semana del 7 de septiembre la dediqué, en parte, a ir preparando la vista del president Torra; el trabajo en esos momentos consistía en sintetizar al máximo los cientos de páginas que componían, primero, el recurso, y luego la impugnación de los escritos del Fiscal y de Vox, que, una vez más, iban de la mano, aunque he de decir que con importantes diferencias en lo técnico y en el rigor jurídico.

El recurso de casación, que no cumple con las exigencias de ser una auténtica segunda instancia —es decir una instancia donde se vuelven a revisar las pruebas y a cuestionar los hechos— es un recurso que, por definición, es muy técnico y eminentemente escrito, con lo que las vistas orales para defender los recursos son excepcionales y no han de consistir en una reproducción o lectura de lo que se haya dicho ya por escrito.

En definitiva, primero había que sintetizar, luego modular y, finalmente, agregar aquellos argumentos que expresamente reservamos para la oralidad de la vista.

No hay un tiempo legalmente tasado para los alegatos en vistas de casación; sin embargo, desde que Manuel Marchena preside la Sala Segunda, se ha instaurado la costumbre de, al inicio de las vistas, recordar que el recurso es eminentemente escrito y que como se hace en los tribunales internacionales se concederá un tiempo tasado de «aproximadamente veinte minutos». Con ser cierto que en los tribunales internacionales el tiempo suele estar tasado, también lo es que existen turnos de réplica y dúplica que enriquecen el debate jurídico y dan margen para graduar el orden de presentación de los argumentos.

En todo caso, el trabajo era intenso para poder llegar a una exposición que fuese ordenada, racional y ajustada en lo temporal. Mientras yo hacía eso —solo podía ser yo porque era el que tenía que alegar—, Isabel, Costa y Cekpet me iban dando ideas y las referencias de dónde estaban.

En algún momento llegó a ser confuso, pero, poco a poco y con gente con la que uno está acostumbrado a trabajar en equipo, terminó siendo fácil ir encajando aquellas cosas que me pasaban y que yo aún no había metido, e incluso se generó un debate, muy enriquecedor, sobre lo que había que decir o no.

El miércoles fui por el día a Zaragoza a un juicio; era importante y técnicamente muy interesante: otro caso en el cual el sistema se pone firme para sacar de él a quien resulta incómodo. Me tocaba defender a una médico forense injustamente acusada por falsear un informe de una autopsia, cuando lo único que había era una clara discrepancia de criterios en lo técnico, a la que se sumó una evidente animadversión, que fue en lo que se sustentó una sentencia condenatoria que nunca debió dictarse.

Ya nada más entrar en la Sala tuve la sensación de que mi defendida y yo estábamos en territorio hostil, porque tanto la fiscal como la jueza llevaban sendas mascarillas con la bandera de España y la acusada, aparte de ser médico forense, era catalana… Dirán que nada tiene que ver que alguien lleve la bandera de España en una mascarilla, y seguramente sería así si la misma no hubiese sido objeto de apropiación por el más rancio y retrógrado nacionalismo español. Además, no deja de ser paradójico que una autoridad pública, a la que se le presume imparcialidad, pueda exhibir una bandera española en una mascarilla pero que a un presidente autonómico se le haya condenado e inhabilitado por exhibir una pancarta reivindicativa de un sentir mayoritario allí donde él es presidente.

El juicio fue tenso, más bien muy tenso, porque era evidente que la jueza no estaba dispuesta a que se cuestionase a ninguno de los testigos de la acusación, a pesar de la evidente animadversión que acreditamos y que se hacía patente a cada frase que pronunciaban.

Salimos tarde, pero con el tiempo justo para coger el AVE de regreso a Madrid, donde nada más llegar tenía prevista una reunión y luego una cena de trabajo. Afortunadamente, sabiendo que Atocha era la última estación, me dormí todo el trayecto y eso me recuperó bastante.

El jueves a primera hora de la mañana, Isabel y yo salimos para Barcelona, donde teníamos una serie de reuniones. Nada más llegar nos fuimos al hotel, dejamos nuestro equipaje y nos separamos para acudir, cada uno, a distintas reuniones y así poder cubrir todos los temas que teníamos que resolver.

Uno importante era el de Lluís Escolà, exmosso d’esquadra que fue escolta del president Puigdemont, con quien se están cebando por el simple hecho de haber cumplido con su deber después de haber sido relevado de esas funciones, utilizando sus días libres y de vacaciones para proteger al president (cuya seguridad no parece importarles a muchos). Escolà fue contratado para un puesto de libre designación en el que no ganaba más que en su puesto como mosso, pero según la querella de Fiscalía y el juez Ramos esa designación fue un acto prevaricador por parte del conseller Buch, y el pago de su sueldo un acto de malversación de caudales públicos.

Escolà y Buch están siendo investigados por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en una causa que instruye el juez Ramos y que se ha tomado como algo muy personal. La imputación no solo es descabellada, sino que se trata de una clara investigación prospectiva que no pretende determinar unos hechos y luego ver si los mismos son o no delictivos: el auténtico objetivo no es otro que investigar a todo aquel que en algún momento haya podido ayudar o proteger al president Puigdemont.

El juez Ramos, de designación política, se ha dedicado a bendecir, digamos autorizar, una serie de diligencias que son intromisivas, vulneradoras de derechos fundamentales y, sobre todo, absolutamente innecesarias para los hechos que se dice son los investigados.

Con dicho propósito se han cursado un sinnúmero de diligencias, dando manga ancha a los investigadores y realizado peticiones de todo tipo, tanto a nivel nacional como internacional… Los gastos suman y siguen, pero a nadie parece importarle porque las arcas públicas, cuando de reprimir se trata, parecen no tener fondo.

Por definición, y así lo ha establecido toda la jurisprudencia existente, los cargos de libre designación son puestos de confianza en los cuales el único criterio para la elección de quien lo ha de ocupar es, justamente, la confianza que se le tenga por parte de la autoridad que le designa. A partir de tal premisa, es evidente que no puede existir la alegada prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas), y sin el concurso de prevaricación pagar un sueldo a una persona contratada de ese modo no puede ser malversación sino una obligación.

Es importante insistir en algo esencial: el sueldo que esos meses recibió Lluís es exactamente el mismo que cobraba como sargento de Mossos y, por tanto, ni tan siquiera puede argumentarse que se pretendió beneficiarle ni nada.

Llevamos meses con este caso y quienes lo dirigen han abierto tantas líneas de investigación como se les ha antojado, con el único fin de ir construyendo, de cara a otro procedimiento, una imputación falsa en contra de todos aquellos que, como he dicho, han estado protegiendo al president Puigdemont.

¿A qué obedecen estas actuaciones? Sinceramente lo desconozco, pero bien parecen tener una clara intencionalidad política y tratan de dejar muy claro que quien ayude a los exiliados deberá asumir las consecuencias.

Las reuniones se sucedieron a lo largo de todo el día y sobre las 17.30 horas Isabel y yo nos volvimos a juntar en el hotel para salir en coche hacia Arbúcies, donde tenía prevista una presentación de mi anterior libro y luego una cena.

El evento lo había organizado un amigo de la infancia de Isabel que vivía en Arbúcies desde hacía más de treinta años y llevaba hablándonos de hacer algo en su pueblo en cuanto se pudiese.

Junto al ayuntamiento se había montado un escenario y ubicado sillas, en semicírculo y respetando la distancia social, que se ocuparon por estricto orden; fue un evento muy grato y con una ronda de preguntas y respuestas muy interesantes.

Nada más finalizar fuimos caminando hasta un restaurante donde habían reservado una zona privada para que cenásemos en una mesa de amplias proporciones, montada específicamente para la ocasión con la finalidad de mantener, todos, la distancia social también durante la cena.

La cena, por lo agradable que fue, se alargó bastante por lo que regresamos a Barcelona bastante tarde. A la mañana siguiente teníamos que madrugar para una reunión y luego salir al aeropuerto y regresar a Madrid.

El fin de semana lo usamos para seguir preparando la vista del president Torra. Una vez más, quien terminaba pagando las consecuencias del trabajo de sus padres era nuestra hija Elena, que veía que no había más planes que estar en casa, así que llamamos a unos amigos para ver si traían a su hija y que las niñas tuviesen algo de vida, de normalidad y de entretenimiento en un año que estaba siendo de todo menos normal.

Como si no fuese suficiente con tener que trabajar todo el fin de semana, la noche del 12 al 13 de septiembre sonó el teléfono de Isabel y la oí decir: «Sí, sí, sí, pues ahora iré para allá». Nada más colgar le pregunté qué pasaba, y su respuesta fue clara, concisa y rotunda: «Han vuelto a entrar en el despacho».

Era el segundo allanamiento que sufríamos en nueve meses y, al igual que el anterior, seguramente habría sido orquestado, ejecutado y encubierto por los mismos.

Como no podíamos dejar a Elena sola, que además ya dormía, y no era necesario que fuésemos ambos, me vestí y partí al despacho sin aún saber con qué me encontraría.

Al llegar vi una dotación policial en la puerta y les indiqué que iba a aparcar y regresaba; al acceder al despacho me informaron de que quien lo hubiese cometido habría entrado por la ventana del semisótano, que estaba forzada al igual que la reja que la protege.

Entramos con mi llave, di las luces e inmediatamente los agentes y yo pudimos hacernos una idea de lo sucedido: todos los sensores del sistema de alarma estaban perfectamente desmontados y colocados justo frente al lugar que les correspondía.

Dimos una vuelta por todo el despacho para ver si en principio faltaba algo, pero era evidente que no: lo de mayor valor —ordenadores, teléfonos y otros equipos informáticos— estaba todo en su sitio. Me preguntaron si había algo más de valor o dinero y les expliqué que lo de más valor eran los expedientes de nuestros defendidos, que estaban digitalizados y a buen resguardo.

A los pocos minutos llegó el comisario de la zona, quien ordenó que se llamase a la policía científica para la toma de huellas, y les indicó a los agentes presentes que antes de venir había revisado la situación y que era la segunda vez que pasaba lo mismo. Dijo que no estaba dispuesto a que esto sucediese «en mi distrito y en mi turno por segunda vez».

Tuvimos que esperar una hora hasta que llegaron los de la policía científica, que en general son gente muy profesional. La oficial al mando me preguntó qué tipo de casos llevábamos en el despacho y le expliqué que, entre otros, las defensas del president Puigdemont y el president Torra. No me dejó continuar diciéndome: «Vale, me queda claro el móvil».

Estuvieron otras dos horas realizando tomas de muestras y una completa revisión del despacho, pero todos los presentes éramos conscientes de que, primero, no se encontrarían huellas y, segundo, el que ninguno de los equipos de seguridad hubiese funcionado era un claro síntoma de que contaban con amparo en algún lugar de esa cadena… Posteriormente hemos comprobado que la empresa Securitas fue incapaz de darnos ninguna explicación razonable de lo sucedido, ni tan siquiera imágenes de los intrusos… según ellos porque «si bien se cogieron imágenes las mismas no han podido ser recuperadas».

Las cloacas estaban a pleno funcionamiento y esto sucedió, como había pasado en enero, a escasos días de la vista de casación del president Torra en el Supremo… Hace tiempo que dejé de creer en las casualidades.

Al terminar cerré todo, agradecí el trabajo a los agentes allí presentes —que sin duda eran tan inocentes de lo sucedido como nosotros— y me marché a casa cerca de las cinco de la madrugada.

El lunes 14 Isabel y yo cogimos el primer vuelo de la mañana a Barcelona. Teníamos que reunirnos con el president Torra y su equipo para preparar todo lo que se tenía que hacer el día de la vista en el Supremo, y explicarle por dónde llevaríamos la vista, cómo la plantearíamos y qué cosas era bueno que se reforzasen en la comparecencia que el propio president tenía prevista para después de la vista.

Llegamos muy temprano al Palau y me fui directamente a las Cases dels Canonges, la zona privada donde nos habían indicado que nos reuniríamos, y ahí ya estaban Pere Cardús, Anna Figueres y el propio president, que es una persona tremendamente puntual. Nos reunimos en una sala amplia de la primera planta para conservar las distancias de seguridad. El president Torra mantenía, desde antes del confinamiento, una sólida e inteligente postura respecto a cómo debía abordarse el tema del covid y se enfrentó a propios y extraños para intentar que se siguiesen unos criterios concretos, todos ellos médicos, que permitiesen superar una crisis sanitaria sin precedentes; lo que predicaba se lo aplicaba, y por tanto esa reunión sería presencial pero en «formato covid». Tenía que ser presencial porque a esas alturas teníamos ya muy claro cómo habían operado, desde las catacumbas del Estado, aquellos que se han apropiado de la «patria» y de sus resortes de poder; Pegasus era una realidad y desconocíamos si era la única vía por la que se habían colado en nuestras conversaciones e intimidad, por lo que toda precaución era poca.

Desayunamos juntos y comenzamos a hacer una exposición de lo que teníamos preparado, para luego entrar en una suerte de turno de preguntas tanto sobre los aspectos sustantivos de la vista como los formales, que, en un caso como este, son tan relevantes que no se pueden dejar a la suerte.

Isabel llevó la voz cantante en la explicación sobre el sentido de la vista y el contenido de la exposición, y yo me limité a ir apuntando aquellos aspectos que me parecía que podían ser de interés del president Torra; este, no lo olvidemos, es abogado también y, por tanto, sus preguntas no solo son las propias de un defendido, sino las de uno con fina formación jurídica.

Luego tomaron la palabra Pere y Anna, que tenían importantes preguntas de cuyas respuestas dependerían aspectos organizacionales. Fuimos dando respuesta a todas y buscando, entre todos, la mejor aproximación a cada asunto, teniendo presente que estábamos ante una mezcla entre lo jurídico y lo político. Es el problema de la Lawfare: arrastran lo político al ámbito de lo jurídico y llega un momento en que son dos áreas inescindibles.

El president, desde hacía ya meses, nos había indicado su deseo de acudir a la vista, absolutamente comprensible y necesario; el único debate que teníamos, a nivel técnico, era si íbamos a solicitar o no que hiciese uso de la palabra, y ello por razones estrictamente jurídicas que tenían relación con lo que se denomina la «doble instancia», es decir con una nueva valoración de prueba, en vía de recurso, sobre temas en los que el TSCJ ni tan siquiera se había pronunciado a pesar de ser materia objeto de debate.

La decisión final, que se basó exclusivamente en criterios técnico-jurídicos, fue que haríamos una vista de casación sin intentar entrar en lo que debería haber sido el sentido de la vista: cumplir con el requisito de la doble instancia. Consideramos, y creo que fue un acierto, que al saber cuál sería el resultado del recurso no valía la pena darles la oportunidad de restarnos ni un solo argumento de cara al TEDH.

La reunión fue larga y productiva, y como el president Torra siempre nos ha manifestado su absoluta confianza en nuestro desempeño profesional, aquellas cosas que se plantearon que podían generar dudas a nivel jurídico las dejó zanjadas de manera rotunda: «Estoy en vuestras manos y sois los mejores, se hará lo que digáis porque el resultado aquí está claro y tenemos que reforzar la vía europea».

Nada más salir de ahí nos fuimos caminando hasta el Born, donde habíamos quedado con Costa y Cekpet; la idea fue reunirnos en una tranquila terraza de esa zona y allí trabajar los temas que teníamos pendientes de cara a la vista y distribuirnos el trabajo de los próximos días.

Cekpet no quería ir al Parlament, y tampoco teníamos claro que pudiésemos hablar tranquilamente dentro de un edificio que sabíamos podía ser objeto de intromisiones electrónicas e ilegales por parte de los de siempre. La reunión fue larga y, como siempre nos ocurre, partimos por lo concreto pero nos fuimos desviando del objetivo y hablando de múltiples temas que teníamos pendientes; serían importantes en las semanas y meses que quedaban del año y además estaban directamente relacionados con la vista que teníamos esa semana.

Al despedirnos todos teníamos las cosas claras y los deberes repartidos, pero no habíamos tomado ni media nota sobre nada de lo hablado, no era necesario ya que en un buen equipo cada jugador sabe cuál es su posición en el campo y qué debe hacer en cada momento.

Desde el Born nos fuimos caminando de regreso a la plaza de Sant Jaume, donde teníamos otra reunión prevista, esta vez con Josep Rius y con E. para revisar el tema de Pegasus. Cada día avanzábamos más sobre ello y nos íbamos dando cuenta de la dimensión de este caso de guerra sucia que los medios seguían silenciando, como si ellos mismos no hubiesen sido víctimas de tan delictiva intromisión.

Casi al llegar nos dimos cuenta de que Josep estaba comiendo algo rápido en un sitio cercano, entramos y le acompañamos mientras terminaba, un tiempo que usamos para ponernos al día de todo tipo de cosas, entre ellas algo que a todos nos preocupaba: la agenda que el Supremo tendría para deponer al president Torra.

Cuando terminamos nos acercamos a la oficina de Josep y se nos acercó E., como siempre con su inseparable mochila negra, de la que saca grandes sorpresas.

La conversación fue muy dinámica, nos puso al día de todos los avances que se habían conseguido, en esa ocasión solo fue necesario pedirle que nos «tradujese» lo que estaba diciendo sobre dos puntos concretos. Éramos tres abogados y un informático, por lo que era evidente que no hablábamos el mismo idioma, aunque en algunos aspectos sí podíamos entenderle. El tema era más grave de lo que inicialmente habíamos pensado, pues el ataque había sido más amplio, masivo y prolongado en el tiempo de lo que se había dicho en los medios, cuando se vinculó el Pegasus exclusivamente al presidente del Parlament, Roger Torrent. Estaba claro que el objetivo no eran políticos de segundo orden, sino el propio president Puigdemont y quienes, en una u otra función, estábamos más cerca de él.

Para conseguir vulnerar el secreto de las comunicaciones del president Puigdemont, que además tenía inmunidad, fue necesario realizar ataques masivos a todo su entorno con el propósito de ir acercándose al objetivo. Se trataba de una auténtica guerra fría e íbamos comprendiendo el cómo, el cuándo y el cuántos, pero aún no teníamos claro quiénes eran los responsables.

Aproveché la ocasión para comentar una información que me había dado una persona en Madrid y que hacía referencia al origen de dicha operación y el uso masivo de Pegasus. Todo apuntaba, y apunta, a un grupo muy concreto de funcionarios públicos que, excediéndose en sus funciones, malbaratando recursos públicos y creyéndose impunes habían desplegado el operativo que estábamos desentrañando… La información era buena y tenía mucho sentido.

Como todos éramos conscientes de que una investigación de este tipo requiere tiempo y paciencia, tratamos de esbozar una agenda para ir valorando los avances y, sobre todo, quisimos dejar claro que era muy importante tener evidencias para su posterior uso a nivel jurídico en distintas jurisdicciones. Se trataba de obtener el material probatorio en un formato que fuese utilizable, comprensible y jurídicamente válido para su uso, y el tiempo que se tardase no era una variable que nos preocupara demasiado.

Cuando terminamos llamé a Josep Lluís Alay para decirle que ya estábamos listos y quedé con él para nuestra última reunión; era importante verle porque estábamos a la espera de que se señalase, nuevamente, su declaración como investigado, además quería tener clara su visión del tema Pegasus e informarle de los resultados relativos a su propio teléfono.

Nos reunimos brevemente en la misma zona y, al terminar, Isabel y yo nos fuimos al aeropuerto para regresar esa misma noche a Madrid.

Desde el martes 15, y hasta que superásemos la vista, mi idea era no moverme ya de Madrid, pues necesitaba cada día, hora y minuto para algo que era único: una vista de casación de un presidente de la Generalitat de Catalunya condenado por colgar una pancarta; no se trataba solo de las consecuencias que esa condena tenía y tiene para nuestro defendido, sino para los millones de catalanes que participaron en el proceso electoral que llevó a la elección, por parte del Parlament de Catalunya, de Quim Torra como president.

Cuesta que la gente entienda algo que es elemental en democracia: el de participación política es un derecho de amplio espectro, y si se ataca a quien ha salido elegido, también se está atacando y privando de derechos a quienes les votaron, y más aún a todos los que participaron en ese proceso electoral, cuyo resultado se modifica por la acción de una serie de personas que no solo no fueron elegidas para tomar esas decisiones, sino que carecen de cualquier legitimación democrática para hacerlo.

En definitiva, estábamos ante la defensa de los derechos individuales del president Torra, los derechos individuales y colectivos de sus votantes y también, y aunque no lo asuman así, de los derechos individuales y colectivos de todos los catalanes que participaron en las elecciones del 21 de diciembre de 2017. La presión, seguramente autoimpuesta, era mucha.

Isabel, Costa y Cekpet no paraban de pasarme notas, comentarme temas y ayudarme, en todo momento, a perfilar cómo se irían exponiendo para que tuviese una coherencia intrínseca y extrínseca desde un punto de vista jurídico; también discutimos qué argumentos dejaríamos para el final.

Tanto el martes como el miércoles casi no salí de mi despacho, no tuve citas con nadie y me limité a ir revisando todo lo que teníamos de la vista, cambiando anotaciones, modificando cosas y discutiendo con Isabel, Costa y Cekpet, hasta que tuve claro cuál sería el formato final, qué diría, cómo lo diría y cuánto tiempo necesitaría.

A la vista acudiríamos Isabel y yo, por lo que acordamos cómo ella me iría haciendo ver el tiempo que me quedaba, pues no era cuestión de quedarnos a medias; nos basamos en el sistema que se usa en los tribunales internacionales, e Isabel me pasaría unas tarjetas en que se indicase el tiempo. En principio parecía una buena idea.

La mañana del jueves 17 me desperté más temprano que lo habitual, y sobre las cinco de la madrugada estaba en la cocina de casa leyendo la prensa y tomando los primeros cafés de ese día… No serían los únicos.

La prensa era rotunda: la vista era presentada como un mero trámite para el dictado de una sentencia con la cual se inhabilitaría al president Torra. Ni un solo medio estatal daba margen alguno para un resultado diferente, y no se daban cuenta de que eso no hablaba mal del president, sino de quienes componían la Sala que procedería a ejecutar lo que ya todos daban por hecho.

Un tema como el de la condena del president Torra es jurídicamente complejo y tiene muchas aristas, pero todas las respuestas legalmente aceptables en democracia pasaban por la estimación del recurso; sin embargo, los cronistas de la Villa y Corte estaban no solo convencidos de lo contrario, sino que no daban margen a ninguna solución jurídica diferente. Era la crónica de un derrocamiento anunciado.

Después de solventar todos los temas domésticos y de que Elena se fuese al colegio, Isabel y yo nos fuimos al despacho para dejar allí el coche y recoger lo que teníamos que llevarnos al Supremo; la vista estaba señalada para las 12.00 horas, por lo que disponíamos de tiempo.

La costumbre dice que al Supremo los hombres debemos acudir de traje negro, camisa blanca y corbata negra, y las mujeres, sin corbata, en similares atuendos; nunca he entendido qué aporta tal indumentaria cuando todos intervenimos en Sala cubiertos por la preceptiva toga. En cualquier caso, no tenía ganas de abrir una discusión sobre mi vestimenta, que suele ser mucho más informal, así es que iba vestido para la ocasión.

Llegamos pronto al Supremo, sobre las once de la mañana, y nos dirigimos directamente a la Sala de Togas para de ahí subir a la Sala de Plenos, donde se celebraría la vista. Al lado de la puerta de entrada hay unos bancos y allí nos sentamos Isabel y yo, aunque debo reconocer que me dediqué más bien a caminar de un lado a otro porque soy hiperactivo y porque necesitaba despejarme para concentrarme en lo que tenía que hacer esa mañana.

Poco a poco iban subiendo los periodistas, casi todos ellos conocidos nuestros, que pasaban a saludarnos antes de entrar en la Sala habilitada para que pudiesen seguir la vista oral.

Minutos antes de las 12.00 horas llegó el president Torra, acompañado del vicepresidente Aragonès y de la consellera de la presidència y portavoz del Govern Meritxell Budó.

Isabel y yo nos acercamos al rellano de la escalera para recibirles y saludarles. El president Torra, como suele ser habitual, venía con una sonrisa y de muy buen humor, y luego de los saludos bromeamos un poco sobre lo que iba a suceder en unos minutos. No transcurrieron ni tres cuando se acercó un oficial de la Sala para indicarnos que debíamos pasar; Isabel y yo fuimos los primeros porque teníamos que ocupar nuestros sitios en los estrados y luego entró el president, el vicepresidente y la consellera, así como el escaso público autorizado, básicamente el círculo más cercano al president y su equipo.

La Sala de Plenos del Supremo es un sitio imponente y que se ha hecho tristemente famoso por el juicio del procés; sin embargo, debo decir que es francamente incómoda, al menos para los abogados, porque los asientos son poco confortables y existe muy poco espacio para poner lo que uno pueda llevar de material para trabajar. Sin duda, es un sitio que nunca estuvo diseñado para el uso de la informática ni pensado para colocar un ordenador; como lo sabíamos solo fuimos con aquellas notas que fuesen imprescindibles para el alegato previsto.

Al entrar estaban ya todos los magistrados sentados en sus respectivos sitios y cubiertos con las preceptivas mascarillas. Mirando de frente hacia ellos, a la derecha estaba la fiscal y la representante de Vox. Nada más sentarnos, se acercó el oficial de la Sala para indicarnos a Isabel y a mí que debíamos guardar la distancia de seguridad. Ella reaccionó más rápido y le dijo: «Los magistrados no la están guardando, y además nosotros hemos dormido juntos». El hombre tardó unos segundos en caer en la cuenta y contestó: «Ah, claro, no hay problema».

La Sala estaba presidida por el magistrado Andrés Martínez Arrieta, quien procedió a pautarnos cómo quería que se desarrollase la vista en cuanto al reparto de tiempo. Tratándose de un recurso eminentemente escrito nos consultaba si con veinte minutos tendríamos suficiente y le dije que sí, pero uno no puede ser esclavo de algo así en una vista tan relevante.

Cuando me dieron el turno de palabra pedí que se me excusase de mantener la mascarilla, necesitaba estar cómodo y, sobre todo, que se me escuchase bien. Solo queríamos eso, que se nos escuchase, porque sabíamos que caso no nos harían.

La vista era retransmitida, cosa de lo que no estuvimos seguros hasta minutos antes de entrar, y eso es un plus añadido de presión, aunque en general no me suele afectar. No obstante, implicaba hablar de forma técnicamente correcta en un lenguaje que fuese también comprensible por los no juristas. En definitiva los espectadores que estarían viendo la vista.

Comencé siguiendo el orden de nuestros motivos de casación, pero contestando, en primer lugar, a la impugnación que había hecho el Ministerio Fiscal; no desperdicié ni medio minuto con la impugnación de Vox porque ni estaba al nivel de la discusión ni me parecía que tuviesen legitimidad para ser parte en el proceso.

Siempre he sido partidario de la necesidad y bondad de la existencia de las acusaciones populares, pero no que las mismas sean utilizadas por los partidos políticos, sean del signo que sean, porque entiendo que tienen otros cauces de expresión y participación distintos del reconocido en la Constitución a los ciudadanos en materia de ejercicio de la acción penal y participación en los asuntos de la Justicia.

Iba a un buen ritmo, o eso pensaba yo, hasta que en la mitad de los argumentos que pensaba utilizar Isabel me enseñó la tarjeta amarilla, indicándome que llevaba quince minutos… No me lo podía creer y en fracciones de segundo decidí que era imposible acabar en los veinte minutos pactados, así que me relajé y seguí con mi exposición.

Habíamos acordado que utilizaríamos una serie de ejemplos para visibilizar, más si cabe, el absurdo de la situación en la que nos encontrábamos, y sobre todo la diferencia de criterios que se usaban en todos los casos respecto a los seguidos en el del president Torra.

La única explicación razonable de tan dispar tratamiento residía en que la interpretación que de la ley se hace desde las altas instancias jurisdiccionales está llevando a una clara discriminación de una minoría nacional, la catalana. Esto está en contra de lo establecido en el Tratado de Lisboa, una suerte de Constitución europea, si se me permite el término.

Después de mi intervención comenzó la de la fiscal, que se ciñó, casi literalmente, al contenido de su escrito de impugnación; acto seguido intervino la representante de Vox y después de escuchar su primera fase desconecté, mentalmente hablando, del resto de su alegato.

Una vez concluyeron ambos pedí intervenir nuevamente, al amparo de lo previsto expresamente en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para aclarar conceptos, sin embargo, el magistrado Andrés Martínez Arrieta cortó rápidamente, indicándome que eso no era posible ni estaba previsto. Mientras me dejaba sin posibilidad de aclarar nada el magistrado Antonio Del Moral, fino jurista, sentado a su izquierda, trataba de enseñarle la Ley de Enjuiciamiento Criminal para hacerle ver su error… No hizo caso, estaba claro que quería que la vista se acabase cuanto antes, a costa del derecho a un proceso debido que tiene el president Torra.

A todos los que siguieron la vista por televisión les quedó claro que teníamos razón y que se trataba, una vez más, de un error basado en la potestas en lugar de la auctoritas… Para nosotros, que no nos planteamos la vista como una competición sino como una necesaria etapa de cara al TEDH, era una nueva baza que sumábamos a las muchas acumuladas durante la instrucción, el juicio ante el TSJC y ahora también en el Supremo. La próxima nos la daría el Constitucional, como no podía ser menos.

Finalizada la vista nos reunimos con el president Torra y su equipo. Nos vino a decir que todos éramos conscientes de que el resultado estaba ya predeterminado, pero eso no implicaba no hacer bien nuestro trabajo.

Cuando llegamos al despacho hablamos con Costa y Cekpet, ambos satisfechos de cómo se había desarrollado la vista. Cada cual destacó lo que más le llamó la atención, pero todos coincidimos en lo grave que era el error del magistrado Andrés Martínez Arrieta y en lo previsibles que habían sido, pues una semana antes ya habíamos previsto que tal cosa pudiese suceder.

La sensación posterior a este tipo de actos procesales suele ser muy diversa, pero en esta ocasión era una mezcla de todo. También tenía un buen subidón de adrenalina propio de momentos muy intensos como los vividos esa mañana… y el día aún sería largo por el trabajo acumulado y la insistencia de muchos periodistas, que querían saber una serie de detalles tanto de la vista como de lo que vendría a partir de ahí.

La semana del 21 de septiembre sería todo menos calmada, ya que el lunes tenía una vista en Madrid, por la tarde un viaje a Málaga, a la mañana siguiente una comparecencia en Algeciras, luego una reunión en Marbella con un defendido y finalmente una visita a otro defendido en la prisión de Málaga para intentar luego coger el último vuelo de la noche a Madrid.

Tenía que volver esa noche porque el miércoles por la mañana debía viajar a Barcelona, pues estábamos citados, una vez más, ante el TSJC con el president Torra para que declarase en un segundo procedimiento por desobediencia, abierto a resultas, una vez más, de una pancarta.

Ya la semana anterior habíamos preparado lo que haríamos, así es que llegué directamente al TSJC, a los pocos minutos apareció el president y subimos juntos donde nos estaban esperando para la declaración.

En esta ocasión la instructora era la magistrada Mercedes Armas, que había formado parte del tribunal que ya le había condenado en diciembre de 2019. Una vez en su despacho preguntó en catalán y con toda solemnidad si iba a declarar; la respuesta fue escueta y se basó en la falta de legitimación de ese tribunal para hacer lo que por segunda vez estaba haciendo.

Tardamos cinco breves minutos en todo el trámite y luego abandonamos el TSJC rápidamente, ya que el president Torra ese día también tenía una agenda institucional compleja.

Al salir me dirigí al Born para reunirme con Costa y Cekpet en una terraza. Como muchas de nuestras reuniones esta también fue bastante ejecutiva: expuse lo que había sucedido en el TSJC y revisamos un tema de la apelación pendiente en el caso de Lluís Puig en Bélgica; el resto de la reunión lo dedicamos a repasar cómo teníamos el amparo del president Torra.

Sí, aún no había sentencia del Supremo y nosotros ya teníamos casi listo el recurso de amparo para presentarlo ante el Tribunal Constitucional, así como otra serie de escritos que deberíamos presentar ante el TSJC nada más se conociese la sentencia… La previsibilidad de los comportamientos permite adelantarse a los mismos y estar listos para cualquier eventualidad.

De esa reunión me fui a otra con Jordi Matas para comentar detalles del que iba a ser su inminente juicio por haber sido elegido síndic electoral del referéndum del 1 de octubre. No le llevo la defensa, pero me preocupa su situación como amigo y quería saber en qué podía ayudarle.

Terminada la reunión se unió a Jordi y a mí Josep Lluís Alay y comimos los tres juntos; se trataba de practicar la amistad, pero también de comentarles por dónde quiero llevar mi tesis doctoral y pedirles consejos en materia de metodología, para algo ambos no solo son doctores, sino que Jordi es, además, mi director de tesis.

Tras la comida tenía aún otras dos reuniones antes de regresar a Madrid; fui corriendo de una a otra y logré hacer todo lo que había previsto para ese viaje a Barcelona; cada vez paso más tiempo en Barcelona y cada vez se me hace más escaso por las múltiples cosas que tengo que hacer y resolver.

El jueves volví a Málaga por el día para poder hablar tranquilamente con un defendido y que me aclarase una serie de cosas de su caso. Tras varias horas de conversación no por menos que llegar a la conclusión de que, efectivamente, le estaban metiendo en un tema en el que nada tenía que ver… No conocía los hechos ni a las personas, y como si eso no fuese bastante tampoco había estado en España en el momento del caso.

No, los abogados no somos ingenuos ni hacemos pasar a todos por inocentes. Siempre es necesario contrastar todo, absolutamente todo lo que hay en un procedimiento con el afectado, porque no son pocas las ocasiones en que las apariencias engañan, en un sentido o en otro, y lamentablemente no son pocas las ocasiones en que se pretende determinar el resultado del procedimiento a partir del contenido del atestado policial.

El ejercicio a realizar es complejo porque implica, de una parte, conocer muy bien las actuaciones, las imputaciones concretas, los detalles y las evidencias en las que se sustenta todo y, de otra, largas conversaciones con el o los defendidos para ir contrastando lo que hay con lo que haya podido suceder; sorprendentemente, muchas veces ni tan siquiera coincide una cosa con la otra. Es verdad que los defendidos, por las razones que sea, pueden engañar, y en algunos casos engañan, a sus abogados, pero si se transmite la suficiente confianza y se demuestra el necesario conocimiento del procedimiento, el defendido termina siendo absolutamente honesto con el abogado, lo que permite una mejor defensa. Esta es una de las razones por las que el secreto profesional es de obligado cumplimiento y el violentarlo un delito.

Que un cliente sea inocente o culpable no debe condicionar la defensa; un abogado siempre tiene que defenderle como inocente, pero saber si lo es o no me resulta esencial para poder establecer cuál es la mejor línea de defensa a seguir y, sobre todo, cuánta leña se puede poner en ese asador… Es decir, saber cuán lejos se puede ir en el cuestionamiento de la investigación realizada y de la imputación pretendida.

El viernes era un día de despacho en el que teníamos que resolver una serie de cosas y terminar rápido, pues a la mañana siguiente salíamos muy pronto para Barcelona y de ahí a Amer, donde teníamos prevista una presentación conjunta de mi anterior libro y el de Pep Costa. Fuimos Isabel, Elena y yo; por otra parte Pep y Miriam, con quienes pasaríamos el fin de semana.

Al aterrizar en Barcelona cogimos un coche y salimos rumbo a Amer, donde había estado por última vez un año antes. Al llegar nos fuimos directamente al restaurante en el que habíamos quedado para comer, todo con mucho respeto a las normas covid, algo que me parece muy sensato.

Nada más terminar fuimos caminando hacia la Plaza de la Vila, donde estaba previsto el acto, y mi sorpresa fue mayúscula cuando vi lo bien organizado que estaba todo: se habían puesto unas cuatrocientas sillas a dos metros de distancia una de otra y el recinto estaba acotado para tener pleno control de que todos cumpliesen las normas de sanidad.

No hacía frío y fue un evento muy agradable, cosa sencilla porque el presentador, Pere Martí, conoce bien su oficio y la temática sobre la que versaría el acto. Además Costa y yo llevamos ya mucho tiempo trabajando a varias manos en los mismos escritos, con lo que es muy sencilla la coordinación y, sobre todo, el complementar lo que se está diciendo.

Hubo un turno amplio de preguntas y respuestas, y luego nos instalamos en dos mesas distantes con unas filas muy bien organizadas para firmar libros.

Al acabar la firma nos fuimos a tomar algo y, como solo nos podíamos sentar de seis en seis, Elena quedó en otra mesa con gente de Amer; primero pensé que era una mala idea, pero al poco rato me di cuenta de que ella estaba hablando con todos, que se encontraba a gusto y de que, en realidad, se lo estaba pasando fenomenal.

Luego nos fuimos a otro pueblo a cenar con una buena amiga, cuya identidad quedará mejor en reserva y, al terminar, después de habernos perdido y pasado por alguna aventura, regresamos a Amer, donde dormimos en una casa que nos habían dejado.

A la mañana siguiente fuimos a desayunar a una cafetería cercana y descubrimos una gran costumbre: los desayunos que allí se servían daban para ser considerados una gran comida. No sé cuánto rato estuvimos en ese sitio, pero sí lo mucho que comimos y lo bien que nos lo pasamos. Después fuimos a dar una vuelta por la villa, nos encontramos con mucha gente y de ahí salimos de camino a Barcelona para coger el vuelo de regreso a Madrid; había sido un fin de semana corto pero intenso.

A pesar de haber regresado el domingo, el lunes 28 partí nuevamente en el primer vuelo de la mañana a Barcelona porque tenía una serie de reuniones organizadas de tal manera que irían teniendo lugar una tras otra casi sin solución de continuidad. Lo que no sabía era que ese día pasaría a formar parte de la historia negra de la represión hacia los deseos independentistas de una mayoría de los catalanes.

A primera hora tenía una reunión con una autoridad para ver temas de vulneraciones de derechos fundamentales; casi toda versó sobre la próxima sentencia del Supremo y la inhabilitación más que segura del president Torra.

Al salir me llamó una periodista amiga y me dijo que le informaban sus fuentes de que esa mañana habría sentencia por parte del Supremo. Inmediatamente llamé al propio president Torra y se lo comenté, por lo que acordamos que me trasladase al Palau inmediatamente.

De camino informé a Isabel, al president Puigdemont y a Costa, así como a Albert Batet, que, como jefe del grupo parlamentario, tenía que conocer esta novedad por lo que pudiesen tener que resolver.

Al llegar al Palau me estaban esperando el propio president, Pere Cardús, Anna Figueres y la consellera Meritxell Budó; a los pocos minutos se unió a la reunión el director jurídico de la Generalitat y algunas personas más para evaluar qué sucedería a partir del momento en que se emitiese la sentencia.

Teníamos discrepancias sobre cuál era la virtualidad, a efectos prácticos e inmediatos, de la sentencia del Supremo; yo sostenía que la misma debía ser ejecutada por el TSJC, el tribunal sentenciador, sin embargo, otros consideraban que bastaba con la notificación de la propia sentencia del Supremo.

El ambiente era tenso, todos éramos conscientes de la trascendencia histórica de ese momento, pero el president Torra estaba muy tranquilo y eso me ayudaba mucho a la hora de ir exponiendo mis ideas sobre cómo se debería actuar.

En un momento dado, el president salió de la sala y regresó con una bandeja con botellas de agua y vasos, ambos nos miramos y comenzamos a sonreír, muy conscientes de que todo lo que estábamos discutiendo era redundante porque él tenía claro cómo iba a salir del Palau y cuán ilegítima y antidemocrática era su condena.

Al poco de comenzar la reunión me llegó la sentencia del Supremo; me la envió un amigo periodista porque a nosotros no nos la notificaron hasta un día después. Inmediatamente se la pasé a Pere Cardús, que se encargó de que imprimiesen copias para todos los allí presentes y comenzamos una lectura en diagonal, la única posible en esos momentos.

Le pasé copia a Isabel, a Costa y a Cekpet, que pensaron, inicialmente, que venía notificada vía procurador… Pero no; venía por la que se ha convertido la vía tradicional de notificación: los medios de comunicación.

Desde que las altas instancias jurisdiccionales se dedican a la política, todas las resoluciones relevantes las recibimos primero por los medios y después por conducto oficial.

Una vez que tuvimos clara cuál sería la postura, y justo antes de irme, fuimos avisados de que el TSJC quería enviar al secretario judicial a practicar una notificación personal al president Torra esa misma tarde; ahí ya teníamos claro que sería para notificar no ya la sentencia del Supremo sino para la ejecución de la sentencia; la sentencia aún no estaba notificada a las partes y desconocíamos, y seguimos desconociendo, cómo la tenía el TSJC para practicar esa ejecución de la misma a esa velocidad.

Tiempo después, una vez vimos la resolución del TSJC descubrimos que las prisas y las ganas de hacer política les habían jugado una mala pasada, pues en el auto que notificaron al president Torra lo que estaban haciendo era ejecutar la sentencia del Supremo. En realidad tenían que haber ejecutado su propia sentencia, que había adquirido firmeza en función de la del Supremo.

A los que el derecho les importa poco, y que tantas ganas tenían de ver al president Torra derrocado, les daba lo mismo, pero a los juristas, a los que seguimos creyendo en el derecho y en el respeto a las normas establecidas, nos parecía una aberración. Me explico:

La sentencia por la cual se condenó al president Torra fue la dictada el 19 de diciembre de 2019 por el TSJC; contra ella interpusimos un recurso de casación que fue, finalmente, desestimado por sentencia del Tribunal Supremo del 28 de septiembre de 2020.

La sentencia del Supremo se limita a determinar que desestiman el recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia del TSJC y no dice nada más.

En función de la sentencia del Supremo la del TSJC devino firme y, por tanto, debía ser ejecutada; dicho más claramente: el TSJC, en función de la sentencia del Supremo, tenía que ejecutar su propia sentencia, pero por las prisas o el desconocimiento o los nervios represivos lo que dictaron fue una resolución mandando ejecutar la sentencia del Supremo.

En derecho estas cosas tienen mucha importancia y así se demostrará cuando lleguemos al TEDH. Aquí, una vez más, la falta de imparcialidad del magistrado Barrientos quedó en evidencia, como quedaría, luego, a la hora de establecer el tiempo y los efectos de la inhabilitación impuestos en su propia sentencia.

Después de salir del Palau me trasladé al Parlament para reunirme con Albert Batet, quien necesitaba tener todos los datos sobre el escenario jurídico para poder actuar en la forma en que su grupo lo considerase más adecuado.

Batet, persona clara y ejecutiva donde las haya, fue al grano con preguntas precisas y claras, y mis respuestas también lo fueron, por lo que la reunión duró lo imprescindible.

Después tenía una comida con Pep Costa y otra autoridad que habíamos programado desde hacía ya unas semanas. Como miembro del Govern, lo primero que hizo fue preguntarme cómo debería solventarse la situación y expuse mi visión, plenamente coincidente con la de Costa.

Nada más terminar la comida volví al Palau, pues existían una serie de dudas que era necesario aclarar de cara a los próximos pasos a seguir por parte del president Torra; la dinámica era frenética, pero son esos los momentos en los que hay que mantener la calma y ser capaz de dar lo mejor de uno.

Terminada la reunión, que fue bastante breve pero intensa, me fui a un sitio cercano, donde había quedado con Josep Lluís Alay y otro abogado por un tema distinto; no quise cancelar el encuentro porque tenía aún tiempo y así ya dejaba el tema resuelto.

Esa misma tarde el president Torra abandonó el Palau de la Generalitat rodeado de una multitud de ciudadanos que acudieron a apoyarle y a reivindicar sus propios derechos como votantes, atropellados por una decisión que, como he dicho en más de una ocasión, pasará a los anales del derecho como una auténtica aberración.

Al terminar la reunión en la que estábamos, Alay y yo nos encaminamos hacia donde había dejado su coche porque me acercaría al aeropuerto; teníamos que pasar por la plaza de Sant Jaume, que a esas horas estaba ya abarrotada.

Nada más aproximarnos a la plaza, y a pesar de la mascarilla, la gente nos reconoció y comenzaron a corear mi nombre y a aplaudirme… no paraban e iba a más. La gente reconocía el trabajo realizado y sabían que no habíamos perdido: nos habían robado el partido, y por eso nos lo agradecían. Fue un gran gesto. Una vez abandonamos la plaza siguieron los gritos. Minutos después salió el president Torra acompañado de su esposa Carola y su gente más cercana, cargado de dignidad y legitimidad democrática.

Llegué justo de tiempo al aeropuerto, pero el viaje lo usamos para valorar la situación generada y predecir lo que podría pasar en las próximas horas, días, semanas y meses… Volviendo la vista atrás es evidente que no nos equivocamos en nuestras conclusiones.

A la mañana siguiente nos fuimos temprano al despacho, donde había que recoger una serie de documentos para el juicio que estuvimos preparando el viernes anterior, y de ahí teníamos que irnos a la sede de los Juzgados de lo Penal. En Madrid, producto de la corrupción, la falta de planificación y ahora de la escasez de recursos y voluntad política, no tenemos una Ciudad de la Justicia como existen en otros sitios, por ello las distintas sedes de juzgados y tribunales están esparcidas por diversos sitios y no siempre con vocación de permanencia.

Llegamos con bastante antelación, pero nos tuvimos que quedar en la calle porque por protocolo covid solo se permite la entrada de las personas que van a intervenir en un juicio y no se les da acceso hasta que han salido las del juicio anterior; no se trata de una sede construida con la finalidad de albergar juzgados, sino de un edificio de oficinas alquilado para ese fin.

Se nos alargó mucho el juicio, hasta entrada la tarde, pero en un receso avisamos de esa incidencia al despacho. Teníamos una reunión prevista a las 16.00 horas con quien nos iba a dar la seguridad informática que estábamos necesitando en función de los múltiples allanamientos que ha sufrido nuestro despacho y lo aprendido de la operación Pegasus.

Somos conscientes de que hace ya tiempo nos convertimos en objetivo de cuanto loco ande suelto, y también de un sector del Estado que se sentía más cómodo en el régimen anterior y que se ha camuflado de demócrata hasta que no ha sido capaz de aguantarse más. Esta situación nos obliga a un sobreesfuerzo en materia de seguridad que no es ni lógico ni compatible con lo que ha de ser un Estado democrático y de derecho.

El miércoles a primera hora de la mañana cogí un vuelo a París, era mi segundo viaje a dicha ciudad desde el desconfinamiento, en esta ocasión para otra de las vistas de extradición de Josu Urruticoetxea, al que se le persigue no por lo que haya o no hecho, sino por haber sido quien jugó un papel esencial en el fin de ETA; hay muchos que no le perdonan eso y a pesar de que saben de su no participación en ninguno de los hechos que se le imputan le hacen responsable de los mismos.

Tiene cuatro reclamaciones y las cuatro se centran en lo mismo: hechos muy antiguos de los que se le hace responsable de haber tenido un papel dirigente en ETA. Cualquiera que entienda cómo se estructura una organización de ese tipo sabe que es imposible que él tuviese no ya el conocimiento, sino la más mínima capacidad de decisión sobre los diversos actos imputados.

Los casos son antiguos, basados exclusivamente en informes de «inteligencia policial», a excepción del de lesa humanidad y otro, que se sustentan en, como ya he explicado, unas declaraciones obtenidas bajo tortura.

En cualquier caso, la antigüedad de los hechos hace que en cada uno de esos procedimientos sea de aplicación la prescripción, y si esta no se ha aplicado directamente es única y exclusivamente porque se ha tratado de confundir a las autoridades francesas con supuestos actos interruptivos de la prescripción. Confiamos en que, poco a poco, iremos aclarando los hechos y ganando la mayor parte de esas reclamaciones.

Como algunos son de la teoría de que «contra ETA se vivía mejor» seguirán persiguiendo a mi defendido a costa de hacerle mucho daño al sistema judicial español y a la credibilidad de este a nivel europeo. En derecho no todo es válido ni mucho menos aceptable.

Cuando digo eso de «contra ETA se vivía mejor» me refiero a que la actuación de la banda terrorista durante más de cuarenta años sirvió a muchos de excusa para la utilización de métodos incompatibles con la democracia; ante actuaciones de gran violencia y generadoras de tanto dolor y repulsa hacían pasar por justificable lo que en democracia no lo es.

El abuso de derecho, el abuso de los instrumentos del Estado, la utilización espuria del derecho para criminalizar a todos y el uso, incluso, de la guerra sucia que tantas muertes costó se vio justificada o validada en la propia violencia que ejercía ETA.

Los GAL, la excepcionalidad de la Audiencia Nacional, los juicios sin garantías, las condenas inacabables, y la represión desbocada son claros ejemplos de lo que muchos justificaban y otros callaban, porque así se entendía que era la única forma de combatir a ETA. De esas tierras estos lodos.

Josu Urruticoetxea es, sin duda, uno de los artífices del fin de ETA, junto con otras muchas personas; a modo de venganza no son pocos los que quieren verle pudrirse en prisión cuando saben que no existe ninguna prueba para vincularle con ninguno de los crímenes por los que se le persigue.

En todo caso, si es finalmente entregado estaremos ante un juicio que será incómodo para más de uno, y eso es algo que parecen no medir quienes, imbuidos en un revanchismo antidemocrático, pretenden sentarle en el banquillo al precio que sea.

Su suerte procesal, en cierta medida, también es la mía, porque no se le podrá juzgar por ese inexistente delito de lesa humanidad por el que le persigue la jueza María Tardón. Ante ella yo tengo la doble condición de ser el abogado que ha impedido que siente en el banquillo a Josu Urruticoetxea y la de verme procesado por ella misma… No tengo muy claro si eso afecta o no a su imparcialidad, pero, sin duda afecta a la sensación que yo tengo sobre su supuesta imparcialidad, que en definitiva es el criterio que según el TEDH es el que ha de primar a la hora de entender garantizado el derecho al juez imparcial.

La vista, prevista a las 14.00 horas, se fue retrasando bastante y poco a poco se hizo evidente que no podría quedarme: perdería el vuelo de regreso y ya no había otro hasta dos días después.

Menos mal que Laurent y yo habíamos revisado todo bien y aprovechamos la espera, fuera de la sala de vistas, para concretar algunos aspectos que podían estar más en el aire y al límite de la hora, tuve que salir de allí disparado al aeropuerto, no sin antes despedirme de Josu, su hijo y del propio Laurent.

Esa misma mañana, desde París y antes de entrar en el Palacio de Justicia dimos por cerrado el recurso de amparo del president Torra y lo enviamos a presentar al Tribunal Constitucional; no habíamos necesitado ni 24 horas desde que nos notificaron la sentencia para presentar un escrito de más de cuatrocientas páginas, en el que desgranábamos una a una las vulneraciones de derechos fundamentales cometidas en contra del president desde que se abrió dicha causa penal y hasta su condena y derrocamiento.

A muchos les sorprendió la rapidez con la que habíamos reaccionado, pero en realidad todo era tan previsible que la parte más relevante del recurso la teníamos lista y solo nos faltó afinar algunos detalles en función de lo razonado por el Tribunal Supremo, que, en definitiva, se limitó a dar carta de naturaleza a unas infracciones cometidas mucho antes por el juez instructor (Ramos) y por el tribunal sentenciador (el TSJC).

La parte más relevante del recurso, y que teníamos lista desde hacía semanas, era aquella que hace relación a las medidas, primero cautelarísimas y luego cautelares que estábamos solicitando.

Los recursos de amparo suelen tardar mucho tiempo en resolverse, más aquellos que afectan a vascos y catalanes, por lo que ante una pena de inhabilitación de dieciocho meses si no se solicitaba ni se concedía una suspensión cautelar de la condena mientras se tramita el recurso, este se convierte en declarativo más que efectivo.

El Constitucional, hasta el caso del president Torra, siempre lo había entendido así y siempre lo había resuelto de esa forma, como nosotros solicitábamos. Si no se concedía la suspensión cautelar, ya se nos despejaba la vía a Estrasburgo, porque, como digo, no estábamos ante un recurso efectivo, que es lo que pide agotar, en vía interna, el TEDH.

No fueron pocos los periodistas que se sorprendieron por nuestra velocidad de reacción, no paré de recibir llamadas y a todos les decía lo mismo: era evidente lo que iban a resolver por lo que pudimos hacer el trabajo por adelantado.

Por nuestra parte sabíamos, además, que el Constitucional admitiría a trámite el recurso, como ha hecho en la totalidad de los recursos presentados en relación con el denominado por ellos como «caso catalán».

El filtro de admisibilidad del Constitucional no solo se ha vuelto con los años cada vez más estricto, sino que desde la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ha derrapado por la ladera de la arbitrariedad, ya que solo admite aquellos recursos en los se considera que existe una «relevancia constitucional» que han ido definiendo y redefiniendo a conveniencia y, sorprendentemente, todas las demandas de amparo que se presentan en los casos catalanes son admitidas a trámite, duermen el sueño de los justos y, de esa forma, se retrasa sine die la posibilidad de acudir a instancias internacionales.

En cualquier caso, a partir de la presentación del recurso de amparo el nuevo relato que se estaba tratando de establecer era el de que el Constitucional no siempre concedía la suspensión cautelar una vez admitido a trámite el recurso; a nosotros nos admitieron a trámite el recurso pero nos denegaron las medidas cautelares con lo que, en la práctica, privaron de cualquier efectividad a nuestro recurso y, de pasada, se saltaron todos sus precedentes anteriores como bien reconoció el único Magistrado que hizo un voto particular.

Este, como todos los relatos a los que nos hemos enfrentado antes, no dejaba de ser eso y carecía de cualquier base real; el Constitucional siempre ha admitido la suspensión cautelar en casos como el del president Torra.

Tanta razón teníamos sobre ese punto, y tan desacreditados quedaron los «portavoces» del relato, que cuando nos denegaron la suspensión cautelar se emitió un voto particular por parte de uno de los magistrados del propio Tribunal Constitucional. Este, entre otras cosas, expuso que:

3. La opinión mayoritaria se aparta de los precedentes.

De acuerdo con la doctrina reiterada del Tribunal, para apreciar si la ejecución de las sentencias que imponen una condena que por su naturaleza afecta a bienes o derechos de imposible o difícil restitución ha de atenderse a la duración de la pena. En lo relativo a las penas privativas de libertad esa jurisprudencia es reiterada [así, por ejemplo, ATC 94/2020, de 10 de septiembre, FJ 4.a) y las resoluciones allí citadas], como también lo es respecto de penas limitativas de otros derechos y, singularmente, la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público electivo. En ese sentido, el recurrente citaba como precedentes jurisprudenciales los AATC 167/1995, de 5 de junio, y 247/2004, de 12 de julio.

La razón de fondo por la que la jurisprudencia constitucional viene tomando como elemento referencial la duración de la pena en el juicio sobre la eventual pérdida de finalidad del amparo —tanto en relación con la pena privativa de libertad como en relación con la pena de inhabilitación— es que, atendiendo a la duración probable de la tramitación de un recurso de amparo, su resolución final se produciría cuando la pena o la mayor parte de ella ya hubiera sido cumplida. De ese modo ha sido tradicionalmente fijada en la duración de cinco años al ponerse también en relación con su consideración legal como penas menos graves [así, el ya citado ATC 94/2020, FJ 4.a)].

La aplicación de esta doctrina, en particular la establecida en los AATC 167/1995 y 247/2004, determinaría que, como la pena de inhabilitación impuesta al recurrente es de corta duración (un año y medio), hubiera debido otorgarse la suspensión solicitada.

La opinión mayoritaria en la que se sustenta el auto entiende, sin embargo, que en el presente caso no resulta de aplicación la jurisprudencia constitucional establecida en los citados AATC 167/1995 y 247/2004. Considera que este supuesto no es igual al resuelto por el ATC 167/1995 porque en ese caso la pena de inhabilitación no había iniciado su ejecución y la suspensión se refería a la pérdida del cargo de senador que ostentaba el recurrente, cuando los hechos delictivos que habían dado lugar a la imposición de la pena estaban vinculados al cargo previamente ostentado de alcalde; y, en el segundo caso, esto es, en el que recayó el ATC 247/2004, porque aunque la pena de inhabilitación había comenzado a ejecutarse, se trataba de la condena por un delito de desobediencia pero cometido por un alcalde y la pena de inhabilitación impuesta era de seis meses y no de dieciocho.

Ninguno de estos argumentos justifica, a mi juicio, no aplicar en este caso la consolidada jurisprudencia constitucional en la que se sostiene que la denegación de la suspensión en estos casos conllevaría una pérdida, al menos parcial, de la finalidad del amparo. En este contexto argumental, el hecho de que se hubiera dado comienzo o no a la ejecución de la pena sería, en su caso, un elemento irrelevante para la consideración de la pérdida de finalidad del amparo porque, cuando menos, cabe la suspensión de los efectos futuros de la pena. Puede citarse la circunstancia de que, respecto de las penas privativas de libertad, en el cómputo de la duración de la pena para establecer la pérdida de finalidad del amparo se viene tomando en consideración tanto el tiempo de cumplimiento computable de prisión provisional (AATC 126/1998, de 1 de junio; o 305/2001, de 12 de diciembre) como el de ejecución (AATC 312/1995, de 20 de noviembre; 235/1999, de 11 de octubre).

Igualmente, tampoco se alcanza a dilucidar ni se hacen explícitas por la opinión mayoritaria en la que se sustenta el auto las razones por las que resulta relevante a los efectos de un apartamiento de la jurisprudencia constitucional la circunstancia de que las condenas hubieran sido impuestas por conductas desarrolladas por alcaldes y no por presidentes de ejecutivos autonómicos o de que su ejecución supusiera la pérdida de la condición de un cargo electo diferente del que se ostentaba cuando se cometieron los hechos que dieron lugar a la condena. En cualquiera de los casos, los prejuicios generados por la ejecución de una sanción que implica la pérdida de un cargo electo, que por su propia naturaleza no es susceptible de restitución una vez que se articulan los procedimientos legales de la elección de un nuevo titular, y la posibilidad de ejercer otros empleos públicos son susceptibles de provocar una pérdida de la finalidad del amparo en caso de no acceder a su suspensión.

Por último, la misma conclusión cabe alcanzar en relación con la irrelevancia del hecho de que la pena suspendida en el ATC 247/2004 fuera de inhabilitación especial para cargo público electivo por seis meses y no de dieciocho, como es el presente caso. Los dieciocho meses de duración de la pena de inhabilitación ha de considerarse, a estos efectos, una pena de corta de duración que justifica el otorgamiento de la suspensión solicitada. Como se ha indicado, el límite general establecido por la jurisprudencia constitucional para no otorgar la suspensión en este tipo de condenas es el de que la pena sea superior a cinco años, aunque hay precedentes que han otorgado esta medida cautelar en casos en los que la pena de inhabilitación para cargo electivo tenía una duración de seis años (ATC 312/1995), o la de inhabilitación para el ejercicio de la profesión tenía una duración de siete años (ATC 105/1993, de 29 de marzo).

Por todo ello, discrepo de la opinión mayoritaria en que se sustenta el auto, pues considero que, (i) aunque se haya dado comienzo a la ejecución de la pena, es posible acordar su suspensión en relación con los efectos no agotados; y (ii) en este caso no existen elementos diferenciales que justifiquen apartarse de los precedentes, por lo que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, hubiera debido otorgarse la medida cautelar solicitada.

He decidido incluir aquí, literalmente, este razonamiento del magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos por dos razones: la primera, porque es uno de los mejores juristas que conozco en España, y la segunda, porque sus honestas reflexiones vienen a darnos plenamente la razón sobre lo que debió hacerse y no se hizo respecto a nuestro planteamiento de medidas cautelares.

Lo que no dice el voto particular, pero todos sabemos, es que el plan era derrocar al president Torra, y que la ley y los precedentes no iban a transformarse en un obstáculo para la ejecución de un plan que poco tiene de jurídico y mucho de político.

Ahora nos toca ir al TEDH, que será un camino complejo, y cuando ese tribunal resuelva y condene al Reino de España por vulnerar no solo los derechos del president Torra, sino los de todos los catalanes que participaron en el proceso electoral del 21 de diciembre de 2017, los auténticos responsables de dicha situación o ya no estarán en sus puestos o, peor aún, no existirá mecanismo alguno para exigirles responsabilidades directas y personales.

Básicamente estamos ante un nuevo caso en que unos pocos interfieren en la actividad política y privan de derechos a millones de ciudadanos catalanes sin que nadie parezca interesado en exigirles responsabilidades.

De esto somos culpables todos los ciudadanos, por dejar hacer, pero también lo son muchos medios de comunicación que se limitan a reproducir el discurso o relato emitido desde los centros de poder en lugar de cumplir con su función: informar veraz y libremente de las cosas tal cual suceden.

Este es solo uno de los ejemplos de cómo se ha ido perdiendo el sentido de la realidad y, también, del deber de informar; es lamentable y a mí, en lo personal, me causa mucha pena porque soy hijo de periodista, de uno que trabajó en dictadura y se jugó su vida y su libertad por informar verazmente… Así es como mi padre me enseñó que debía ser el periodismo y no como el que estamos viendo, de bandera y que va de relato en relato.

OCTUBRE

Octubre comenzó como había terminado septiembre, corriendo de un sitio a otro y sin perder de vista que días antes se había vuelto a prorrogar el secreto de las actuaciones en la pieza separada que se seguía en mi contra en la Audiencia Nacional; el tema me preocupaba no por lo que pudiesen encontrar, pues sabía que no encontrarían nada, sino más bien por lo que estuviesen construyendo a partir de testimonios premiados a cambio de incriminarme en hechos en los que no he participado.

La idea con mis abogados era que no recurriríamos las prórrogas del secreto, porque era perder el tiempo y comenzar a darle a las mismas una importancia que no queríamos.

El lunes 5 estuve trabajando con mis abogados, que son Isabel, Eduardo y Paco; la idea era ver escenarios posibles y establecer cuál sería el cauce de actuación más correcto a partir de ese momento, o si mantendríamos la estrategia seguida desde octubre de 2019… En realidad desde finales de julio de 2019, cuando Manuel Puentes Saavedra, un presunto asesino y narcotraficante, declaró en mi contra a cambio de obtener su libertad.

Acordamos que seguiríamos el guion previamente establecido y que no haríamos nada por el momento; no niego que eso me preocupaba, pero también reconozco que era lo más sensato y, en este caso, debían primar los criterios de mis abogados más que el mío propio, porque el abogado que se defiende a sí mismo tiene un idiota por cliente y, además, termina siendo mal abogado.

El martes 6 partí muy temprano a Barcelona con una agenda muy cargada de reuniones, así como de eventos de presentación de mi anterior libro. Finalmente, debido a las restricciones sanitarias, tuvimos que suspenderlos, y esto me generó una gran frustración que, estoy seguro, era compartida por mi editora.

Me quedé esa noche en Barcelona porque a la mañana siguiente tenía una importante reunión y no quería ni podía retrasarla; una vez terminada volví a Madrid y me encerré en el despacho a reconfigurar la agenda, ordenar temas y terminar algunos escritos que tenía pendientes.

A la mañana siguiente volví a viajar a Málaga, quería ver a un defendido cuyo caso me preocupaba y aproveché el cambio de agenda para hacerlo. A diferencia de lo que sucedía antes del confinamiento, ahora las frecuencias de vuelos y trenes son muy distintas, muchas menos, y eso obliga a viajes más planificados y a intentar aprovechar mejor el tiempo, pues no cabe irse a la estación o al aeropuerto y pillar el siguiente tren o vuelo como hacía antes.

El fin de semana del puente de octubre lo pasamos en casa, necesitábamos descansar y estar con Elena; sin embargo, el lunes 12 tuve que volar a Barcelona y desde allí ir en coche a Perpinyà para reunirme con el president Puigdemont y revisar en persona una serie de temas que eran relevantes, delicados y urgentes. Como he dicho, por lo que habíamos aprendido desde la operación Pegasus lo mejor era vernos en persona.

Llegué muy temprano al lugar acordado y nos pusimos a trabajar inmediatamente para, sobre mediodía, irnos a comer a Colliure con Marcela (Mars), sus hijas, Jami y Dolors, en plan relajado y con independencia de la compleja agenda que el president tenía prevista para esa tarde y el día siguiente.

Nada más terminar de comer cogí el coche y me fui a Mataró, donde tenía una presentación de mi libro y había quedado para cenar con Miriam Noguera y su familia; finalmente, y ya cuando iba de camino, se me indicó que se suspendía la presentación por las restricciones del covid, con lo que quité el pie del acelerador, ya no iba con el tiempo justo, y llegué a buena hora para cenar en casa de la madre de Miriam, que había preparado de todo. Fue una cena entrañable con gente amiga.

A la mañana siguiente volé de Barcelona a Málaga y de ahí fui en coche a Algeciras, donde tenía un señalamiento que no se iba a posponer porque era causa con preso. Por la noche, después de visitar las prisiones de Algeciras y Málaga regresé a Madrid.

El 14 de octubre, a primera hora de la mañana, volví a coger un vuelo a Barcelona donde tenía previstas reuniones todo el día pero, sobre todo, tenía que acudir a una vista señalada en el TSJC donde se resolvería sobre la ejecutoria del president Torra; sí, la misma ejecutoria que había comenzado por ejecutar la sentencia del Supremo en lugar de la propia ahora sería revisada en cuanto a dos temas fundamentales: el tiempo de inhabilitación que quedaba por cumplir y si dicha pena alcanzaba también a la situación, derechos y obligaciones como expresidente.

La Sala, en esta ocasión, estaba compuesta por dos magistrados que no participaron en el juicio y presidida por el magistrado Barrientos. Las razones por las cuales se había incorporado a dos nuevos magistrados eran muy sencillas: a la jueza Armas no se le había renovado la plaza en el TSJC y el juez Gadea había sido ascendido, si es así como debe llamársele, a la Audiencia Nacional, donde ya estaba como juez de apoyo del Juzgado Central 6 pero sin funciones jurisdiccionales.

Nuestros planteamientos eran muy claros: de una parte, la condición de expresidente no se veía afectada por la inhabilitación y, de otra, al tiempo pendiente de inhabilitación había que descontarle el ya sufrido en la condición de diputado al Parlament de Catalunya, que se hizo efectiva en enero de 2020 como resultado de una maniobra de la JEC que le aplicó lo que ellos denominaron «inelegibilidad sobrevenida».

Básicamente, lo que se pretendía era quitarle todas sus prerrogativas como expresidente extendiendo la inhabilitación más allá del cargo público y alcanzando, incluso, al periodo posterior a su defenestración. Los expresidentes tienen unas prerrogativas que van en directa relación con las incompatibilidades que tienen una vez dejan el cargo, y aquí se pretendía que el president Torra perdiese esas prerrogativas pero siguiesen en vigor sus incompatibilidades… querían condenarle a no tener trabajo ni de qué vivir.

En cuanto a la condición de expresidente teníamos el precedente del president Mas, que contó en su día con el informe favorable de la fiscalía y sobre el cual el TSJC ya se había pronunciado dejando claro que no se veía afectada por la inhabilitación. El president Mas, que fue inhabilitado, mantuvo sus prerrogativas como expresidente de la Generalitat, es decir un sueldo, una oficina y una serie de atribuciones que, como digo, se les otorgan en función de las incompatibilidades que tienen al dejar el cargo.

En lo del tiempo cumplido, Cekpet era de la idea que debíamos reclamar que se computasen como cumplidos tres días por cada día de «inelegibilidad sobrevenida» al ser una situación no prevista legalmente y que se aplicó de forma arbitraria; por otra parte, Costa, Isabel y yo considerábamos que debería ser de aplicación un día de descuento por cada dos ya cumplidos en su condición de diputado, al ser uno de los dos cargos para el que quedaba inhabilitado.

La vista comenzó tarde, no habían llegado todos los magistrados, pero eso es algo habitual así es que a nadie le extrañó.

Vox, que fue acusación popular, ya había sido apartado de la causa por no tener legitimación en la ejecutoria; este es el criterio correcto y no el que ha venido sosteniendo el Supremo en los casos de los condenados del procés.

Comenzó el fiscal indicando las razones por las cuales la inhabilitación no afectaba a la condición de expresidente y, palabras más palabras menos, fue desgranando los mismos argumentos que usaron en el caso del president Mas; luego entró en lo del tiempo ya sufrido y privado de la condición de diputado, planteando que eso no tenía nada que ver con la situación actual.

Tras esto se me dio el turno de palabra y, en primer lugar, dije que, sin que sirviese de precedente, me adhería a lo dicho por el fiscal en cuanto a la condición de expresidente, por lo que debía mantener sus derechos y obligaciones como tal.

En lo del tiempo, defendí lo que habíamos acordado pero intenté la tesis de Cekpet: por cada día privado ilegalmente de su cargo de diputado debían ser tres de inhabilitación y, subsidiariamente, por cada dos días privado de la condición de diputado debía ser computado uno de inhabilitación al ser uno de los dos cargos que ostentaba.

Al salir informé a Isabel, Costa y Cekpet del tema, así como al propio president Torra, indicándoles a todos que no quedaba claro cuántos días tardarían en resolver.

No alcancé a llegar a la calle cuando me enteré de que en los medios ya aparecía publicado el contenido de la vista celebrada a puerta cerrada; no me extrañó porque, nada más salir, vi cómo el fiscal se reunía con una serie de periodistas.

Días después la Sala emitiría una resolución según la cual se computaba un descuento del tiempo de inhabilitación de un día por cada tres días que Torra había estado suspendido como diputado; el criterio seguido por la Sala fue la relación existente entre los sueldos de diputado y de president y, sobre esa base, entendía que debía ser esa la fórmula. Así pues, nos llevaba a tener que descontar algo más de tres meses de los dieciocho a los que había sido condenado y eso nos daba aún más fuerza ante el Constitucional respecto de las cautelares ya solicitadas y pendientes de resolver.

Sobre sus derechos como expresidente, daban la razón a la fiscalía y a nosotros indicando que la inhabilitación no afectaba a esa condición ni a sus prerrogativas… Pero, sorpresa, existía un voto particular discrepante del magistrado señor Barrientos.

Sí, Barrientos no estaba de acuerdo con sus compañeros porque creía que la inhabilitación se extendía a los derechos y prerrogativas que tenía como expresidente y, por tanto, así lo expuso en un voto particular que viene a reforzar nuestra tesis sobre su falta de imparcialidad y su fijación con el president Torra.

En realidad, Barrientos no estaba de acuerdo con sus compañeros de Sala, pero tampoco con lo resuelto en el caso del president Mas… Era, en definitiva, la mejor constatación de cómo se había aproximado al caso del president Torra.

Para finales de semana tenía previstas una serie de presentaciones de mi anterior libro, pero, una vez más y producto de las medidas sanitarias adoptadas en Catalunya, tuvimos que suspenderlas. Volví a Madrid, reconfiguré mi agenda y estuve todos esos días adelantando trabajo.

Muchos creen que tenemos demasiados temas y que se nos acumulan, pero eso no sucede porque llevamos una buena planificación y vamos adelantando trabajo, que es la mejor técnica para ir desahogados y no vernos abrumados por el calendario; esta práctica choca frontalmente con la forma de trabajar de Cekpet, que en algunos momentos hace que me suba la tensión hasta límites médicamente no recomendables, pero, como ya estoy acostumbrado, con tener mi parte lista sé que él siempre llegará a tiempo con la suya… en el último minuto, pero dentro del margen previsto.

La semana del 19 de octubre estaba organizada de tal forma que pude estar en Madrid cada día y así seguir avanzando sobre varios asuntos que me tenían muy ocupado: el suplicatorio que comenzaba a moverse, la apelación de Lluís Puig planteada por la fiscalía belga —en la cual teníamos ya una completa agenda de presentación de alegaciones y recepción de contraalegaciones— y un tema relacionado con una sanción a una empresa catalana por fabricar equipos para paliar las consecuencias de la pandemia.

La empresa había usado su propio capital y conocimientos para crear, en medio de la pandemia, unos equipos que ayudaban a suplir la falta de respiradores existentes en el mercado. Transcurridos los meses y rebajada la tensión generada por el covid, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) pretendía sancionarlos con una multa no solo injusta, sino absolutamente desproporcionada que conllevaba un daño a dicha empresa de imposible reparación… la arrastraba a la quiebra y eso no se podía permitir.

A la vista de ese expediente tengo serias dudas sobre los criterios que usó la AEMPS a la hora de evaluar la actuación de dicha empresa, porque era todo muy absurdo, pero solo se me ocurre que haya sido por ser una empresa catalana; de otra forma es difícil de entender tan abyecta postura.

Aún quedaba mucho margen para los tres temas, pero preferí adelantar el trabajo y así estar despejado para una reunión que habíamos previsto dos semanas atrás con todos mis abogados respecto al levantamiento inminente del secreto de la causa en mi contra en la Audiencia Nacional.

El miércoles 21 teníamos señalada vista ante la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo, se trataba de unos recursos interpuestos en febrero y marzo que llevaban meses «atrapados» en el limbo de la agenda del Tribunal; eran las apelaciones en contra de las OEDE cursadas en su día, que afectaban a los cuatro exiliados, y también en contra del auto por el cual se solicitó el suplicatorio del president y Toni Comín.

La vista estaba señalada para las diez de la mañana, pero se retrasó cerca de dos horas porque los fiscales, que estaban teletrabajando, no se acordaron de que tenían este señalamiento. En la antesala, llamada de los pasos perdidos, esperábamos la abogada del Estado, la abogada de Vox y yo, y cada tanto salía la oficial para indicarnos que estábamos esperando al fiscal y que dentro ya estaban los jueces.

Sobre las 11.30 horas salió el magistrado Miguel Colmenero, que presidiría la Sala, para pedirnos disculpas a todos por el retraso; fue un buen gesto, aunque todos sabíamos que no era culpa suya porque habíamos visto que los magistrados habían llegado a la hora prevista.

Una vez aparecieron los fiscales, entramos y se dio comienzo a la vista, no sin antes dejar constancia en acta, por parte del presidente, del retraso y las disculpas de la Sala… era un claro mensaje a los fiscales allí presentes.

Me tocaba abrir a mí y comencé, como habíamos previsto, por indicar que esta vista se producía con meses de retraso y que eso afectaba, también, a derechos fundamentales; luego entré en materia y traté de esbozar cada uno de los puntos esenciales de las alegaciones contenidas en el recurso, que no eran pocas… Ahí habíamos volcado un tema esencial incluido en la defensa de Lluís Puig y en la del suplicatorio: la falta de competencia del Tribunal Supremo para entender este procedimiento.

Hablé mucho de derecho europeo y muy poco del patrio, sabíamos que ahí estaba la clave; además, las acusaciones se perdían y, por qué no decirlo, la Sala también. Toda la exposición duró cerca de media hora, o más.

Después, impugnaron nuestro recurso, primero, la abogada de Vox, luego la abogada del Estado que se adhirió a todo lo dicho por Vox y, finalmente, el fiscal, que intentó desmontar nuestros argumentos. Su principal problema era que nuestro cuestionamiento sobre la falta de competencia del Tribunal Supremo lo basamos en un informe de esa misma fiscalía, de noviembre de 2017, cuando intentaba mantener separada la instrucción de la Audiencia Nacional de la que ya había iniciado el propio Supremo.

El tema era muy sencillo: nadie tenía ningún tipo de aforamiento que permitiese atribuirle la competencia al Supremo y, al no existir norma atributiva de la competencia, no se cumplía con el requisito esencial de todo proceso: el del juez natural predeterminado por ley.

Ya en Bélgica habíamos ganado el 7 agosto con este planteamiento, que no era menor; obviamente, y mucho antes de entrar a esta vista, éramos conscientes de que el Supremo jamás admitiría su propia falta de competencia porque las consecuencias de hacerlo serían devastadoras, no solo para la suerte procesal de los exiliados, sino también la de los ya condenados.

Tanta razón teníamos que, a pesar de desestimarnos las apelaciones en el auto en que lo hacen, el propio Supremo reconoce lo siguiente:

Es cierto, como razonan, que inmunidad no es exactamente lo mismo que aforamiento, ya que este último lo único que determina es la competencia de un determinado Tribunal para conocer de determinados asuntos concernientes a determinadas personas. También lo es que ninguna norma, ni europea ni interna, atribuye expresamente al Tribunal Supremo el conocimiento de las causas contra europarlamentarios…

Esta frase era la que buscábamos y finalmente conseguimos.

La razón en que sustenta el Supremo su competencia no emana de la ley, sino de sus propias y previas resoluciones, que, además, nada tienen que ver con este caso… es una competencia a voluntad, no legalmente establecida.

En definitiva, conociendo como conocen que no existe norma que les atribuya la competencia, la mantienen por cuestiones de difícil encaje más allá de los Pirineos y en contra de lo que establece la Carta Europea de Derechos Fundamentales y la propia Constitución española.

Creo que el voluntarismo que reflejan las distintas resoluciones que ha ido dictando el Tribunal Supremo en el caso catalán es, precisamente, lo que más ha beneficiado nuestra línea de defensa internacional, pues se fuerza tanto el derecho y su interpretación que, puesto en contraste fuera de España, termina siendo grosero. Esto, se mire por donde se mire, ha sido básico para los éxitos alcanzados hasta ahora.

El jueves 22 habíamos acordado reunirnos a partir de las 09.30 horas hasta que terminásemos de dejar todo estructurado, organizado y el trabajo repartido entre los miembros del equipo que lleva mi defensa.

La reunión terminó siendo muy larga y productiva, también muy intensa porque, sin tener aún datos muy concretos, lo primero que tratamos de hacer fue un análisis sobre por dónde vendrían los tiros, y luego una suerte de reconstrucción de los hechos para ver qué pruebas teníamos y cuáles necesitaríamos conseguir.

Sí teníamos algo muy claro: la acusación se basaba en que en Barajas se incautó en 2017 un dinero que la policía, sin base alguna, atribuía a José Ramón Prado Bugallo (conocido como Sito Miñanco); a mí se me acusaba de crear —falsificar— la documentación presentada en nombre de Manuel González Rubio para recuperar dicho dinero.

A partir de estas premisas había que construir, a la espera de que, una vez levantado el secreto, supiésemos cómo se había realizado todo el montaje sobre el que construían una abyecta imputación.

Fui interrogado una y otra vez por todos mis abogados, preguntado por todos los detalles que recordase, así como por el quién es quién en este caso, en el que además mi despacho actuaba como defensor de varios de los investigados.

No es sencillo recordar detalles de cosas sucedidas tres años antes y que en su día no eran relevantes, pero tirando de agenda, de memoria propia y del resto de miembros del despacho fuimos viendo cómo la versión que de los hechos teníamos no encajaba con la realidad.

A mí, por definición, no me gusta dar nada por supuesto, mucho menos en un caso que me afecta directamente y en el que me juego mi libertad por muchos años, mi prestigio profesional, mi reputación personal y, en definitiva, mi vida.

Lo primero que cuestionaba al menos yo en esos momentos era el origen del dinero, puesto que no tenía ningún indicio ni elemento que me hiciese pensar que ese dinero intervenido en Barajas era de origen ilícito ni que fuese propiedad de Prado Bugallo (Sito Miñanco). Eso no me encajaba por diversas cuestiones, pero, en cualquier caso, no estaba dispuesto a asumirlo como una suerte de verdad revelada por el solo hecho de que así lo sostuviese la policía, el fiscal y la jueza de instrucción.

El tema es muy sencillo: nadie puede sacar del país más de 10 000 euros sin declararlo previamente, y en este caso, mi defendido Manuel González Rubio fue interceptado en Barajas cuando pretendía salir de España con más de 844 000 euros en efectivo, de los cuales solo había declarado 20 000.

Los hechos, así de claros, eran sin duda constitutivos de una infracción prevista en el artículo 52.3.a) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, calificada como de grave sancionable de acuerdo con lo previsto en el artículo 57.1.a) de la misma Ley y que podía conllevar una elevada multa.

La cosa podría haber sido peor. Si el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España (SEPBLAC) hubiese considerado que existían indicios de delito de blanqueo de capitales habría estado obligado a suspender el procedimiento sancionador e informar a la Fiscalía para que investigasen los hechos; también cabía la sanción muy grave o la deducción de testimonio. No obstante, no hizo ni lo uno ni lo otro porque nunca vieron indicio de delito alguno, y eso que ellos son la autoridad experta y competente en materia de blanqueo de capitales.

En mi contra sabíamos que existía la declaración prestada a finales de julio de 2019 por Manuel Puentes Saavedra, una persona que llevaba entonces ya casi dos años en prisión y contra la que pesaban evidencias sólidas respecto a dos delitos: uno contra la salud pública (tráfico de drogas) y otro de asesinato. A los pocos días de declarar contra mí fue puesto en libertad.

También sabíamos, en esos momentos y sin que se hubiese tenido acceso a la causa, que a Manuel González Rubio, en prisión desde hacía más de dos años por estos hechos y por tres homicidios en grado de tentativa (al ir a detenerle vació el cargador de su arma contra tres de los policías que entraron en su casa para arrestarle), lo habían llevado a declarar y había dicho que me conoció el día que fue a mi despacho a firmar los contratos supuestamente falsos y que a esa firma lo llevó Manuel Puentes Saavedra.

Con estos antecedentes teníamos razones suficientes para estar tranquilos, si bien en la Audiencia Nacional en general, y en mi caso en particular, nunca se puede estar tranquilo. Ni lo que decía Puentes Saavedra era cierto ni mucho menos lo que afirmaba González Rubio.

El problema de los testimonios de coimputados, y eso lo sabían el fiscal y la jueza, es que necesitan de una mínima corroboración periférica, es decir, que deben venir apoyados por datos externos que avalen lo que han dicho y no hayan sido prestados ni con ánimo autoexculpatorio ni con ningún otro tipo de ánimo espurio.

En este caso nada de eso se cumplía, sino todo lo contrario. Fue así como construimos las grandes líneas de defensa a la espera de que en algún momento se levantase el secreto. En realidad, mientras estábamos reunidos nos enteramos de que la jueza había ordenado el levantamiento del secreto pero tardamos más de quince días en que se nos diese acceso a las actuaciones… De nuevo nos enteramos antes por los medios que por vía oficial, pero esto ya era parte de lo que se estaba y está sufriendo en este procedimiento, entre otros.

La reunión, como digo, fue larga, agotadora pero muy productiva, porque cada cual ya sabía lo que tenía que hacer. En cuanto a mi postura, fui muy claro: nada se podía dar por supuesto y nos teníamos que cuestionar todo, absolutamente todo, porque estábamos ante un gran montaje que solo pretendía acabar conmigo en todos los aspectos y, de pasada, enviarme a prisión por muchos, muchos años por algo que no había hecho.

Mi caso es de manual de Lawfare y en nada se diferencia de lo vivido en su día por los abogados del expresidente Lula Da Silva.

Allí, en medio de la persecución al exmandatario, también se abrió una investigación paralela en contra de, entre otros, los compañeros Valeska y Roberto Teixeira y Cristiano Zanin Martins, que se vieron investigados por presunto delito de blanqueo de capitales y a los cuales se les registraron sus domicilios y despachos profesionales, emitiéndose sendas órdenes de detención.

En el caso de Valeska, Roberto y Cristiano la actuación concertada entre el juez Sergio Moro, luego ministro de Bolsonaro, y el fiscal del caso Lava Jato fue esencial; ellos, que inventaron testigos, pactaron testimonios y manipularon pruebas, no contentos con encarcelar al presidente Lula Da Silva también lo intentaron con sus abogados… por blanqueo de capitales.

El tiempo y el trabajo bien hecho demostraron que esos dos personajes, en lugar de perseguir a los corruptores de la multinacional brasileña Odebrecht, se dedicaron a generar pruebas contra el expresidente Lula y «prestaron» las mismas pruebas para perseguir en otros países a políticos igual de incómodos que el exmandatario brasileño, como sucede en el caso de Perú y el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia.

Ni Lula se había corrompido ni sus abogados habían blanqueado dinero… sin embargo, el daño causado por el juez Sergio Moro y los fiscales del caso, coordinados por el fiscal Deltan Dallagnol, sí que es un hecho digno de un proceso penal y representa el mayor grado de corrupción que puede existir en un sistema judicial: la que se ejecuta usando los resortes del poder judicial.

Las pruebas de esa corrupción han tardado en salir a la luz pero han terminado siendo públicas, y eso, sin reparar el daño causado, ha sido, en gran medida, gracias a un periodismo independiente y a la fortaleza anímica de mis compañeros brasileños, que supieron aguantar todo lo vertido sobre ellos. Luego acreditaron no solo sus respectivas inocencias, sino la trama urdida para enlodarles, hundirles y encarcelarles por hacer su trabajo y hacerlo muy bien.

Me permití recordarles el caso a todos los presentes en la reunión, aunque no hacía falta, y explicarles que mis colegas brasileños estuvieron sometidos a esa investigación por espacio de años. «Si no puedes ganar en los tribunales, al menos destrúyeles», parece ser que es la idea detrás de todo esto.

Siendo perfecto conocedor de que no habían podido encontrar nada delictivo en toda la investigación que me hicieron —porque ningún delito se ha cometido—, también era perfectamente consciente de que el levantamiento del secreto traería dos dinámicas paralelas que me ocuparían mucho tiempo: verme atacado o difamado en los medios de comunicación sobre la base de los dichos policiales y que el procedimiento se aceleraría, con lo que tendría que dedicarle tiempo a mi defensa, tiempo que no tenía.

Como expuse al final de esa reunión, mucho antes de que las partes tuviésemos acceso a los tomos de la pieza separada que había permanecido secreta por espacio de dos años, algunos medios de comunicación comenzaron a difundir su contenido con múltiples detalles; hoy, meses después, sabemos muy bien quién, cuándo y con qué finalidad se les dio copia de esos tomos que, como digo, las defensas no teníamos aún.

La reunión terminó avanzada la tarde y conmigo agotado, no solo era trabajo, sino que me dolía profundamente porque eran mi defensa, mi prestigio, mi vida y mi libertad los que estaban y siguen estando en juego.

Lo positivo fue que todos tuvimos claro qué haríamos, cómo lo haríamos y, sobre todo, cuándo lo iríamos haciendo, ya que los tiempos eran importantes.

A la mañana siguiente partí a Málaga, una vez más, para unas reuniones y para visitar a un defendido en la prisión. Sin embargo, todo el día me rondaba en la cabeza el levantamiento del secreto y las preguntas que más me repetía eran: «¿cómo habrán hecho el montaje?, ¿cuándo lo filtrarán todo a los medios?». El daño estaba hecho, pero la consumación me preocupaba, no tanto por mí sino por mi entorno, especialmente por mis hijas y mi familia.

Isabel estaba más firme que nunca, siempre apoyándome, pero no se le puede pedir que no le afecten estos ataques que han llegado a extremos intolerables en cualquier sociedad mínimamente democrática.

El sábado lo pasamos en casa con Elena y dos amigas suyas del colegio, lo que sirvió para que estuviese ajena a todo lo que estaba pasando; con eso de las «burbujas» sanitarias en los colegios los contactos sociales de los niños se han visto necesariamente reducidos, y con algunos padres hemos prolongado la «burbuja» del colegio a los fines de semana para que puedan tener algo de vida más allá de las aulas, algo de vida normal.

El domingo por la tarde salí rumbo a Málaga y de ahí a Algeciras, donde debía hacer noche ya que, a la mañana siguiente, a las 09.00 horas, tenía una comparecencia para la prórroga de prisión de un defendido. Llovía como pocas veces he visto en la zona y el viaje fue complejo y sin posibilidad de parar en ningún sitio para cenar; lo dejé para cuando llegase a Algeciras sin ser consciente del toque de queda imperante allá, mucho más restrictivo, y también eficaz, que el que vivimos en Madrid.

Me levanté muy temprano y me fui a desayunar cerca de la Audiencia Provincial de Algeciras, en una cafetería con terraza cubierta que tiene, en diagonal, una impresionante vista al puerto. Mientras desayunaba fui repasando las notas que me había hecho para la comparecencia a la espera de que llegase Juan José, un compañero de allí que ejerce la defensa conmigo.

En el despacho no somos nada partidarios de las codefensas con compañeros de otros despachos, pero con Juanjo se hace muy fácil porque no solo es buen abogado sino también buen compañero, y coincidimos en los criterios técnicos en la mayoría de las ocasiones.

Tardamos menos de quince minutos en ponernos de acuerdo sobre cómo haríamos la vista y cuáles tenían que ser los puntos esenciales de la defensa.

Una persona no debería estar jamás dos años en prisión provisional a la espera de juicio, y mucho menos que dicha situación se prolongue más allá de ese plazo.

Lo lógico es que el Estado haga su trabajo antes de detener a nadie y que, por tanto, cuando la detención se produzca lo sea sobre una base sólida que permita llevarle a juicio; en España ocurre todo lo contrario, se detiene sobre una base indiciaria y se usa la prisión provisional para intentar consolidar dichos indicios y, en algunos casos, no pocos, también para ir quebrando voluntades.

Lo que sucede en la lucha contra el narcotráfico en la zona de La Línea de la Concepción es tremendo, ahí se están vulnerando de manera sistemática los derechos de muchos cientos de personas que, hayan o no cometido algún delito, siguen siendo ciudadanos con derechos.

Entiendo que es una cuestión de política criminal la persecución del tráfico de drogas, también la del hachís, pero lo que ni entiendo ni ampararé jamás es que se utilicen métodos que exceden con creces el marco de lo constitucionalmente aceptable y a los sospechosos, que no son más que eso, se les aplique una suerte de excepcionalidad que, como me dijo una relevante fiscal de la zona, se sustenta en la «jurisprudencia de La Línea». En definitiva, un estado de excepcionalidad legal no permitido ni por la Constitución ni por los convenios internacionales.

La lucha del Estado contra el tráfico de hachís en esa zona se ha convertido en una guerra sin cuartel, sin límites y sin tonalidades, en las cuales o se está a un lado o al otro del tema, como si la realidad no fuese mucho más cromática y el problema no tuviese una etiología que nadie quiere abordar.

No lo tuvimos fácil en esa vista porque si bien en los muchos tomos de las actuaciones no hay un solo dato incriminador en contra de nuestro defendido, sí que hay cientos de especulaciones y contraespeculaciones policiales que permiten arrojar una sombra de duda que en su día pudo ser motivo suficiente para el ingreso en prisión, pero que dos años después no es bastante para su mantenimiento.

Comenzó la fiscal remitiéndose a lo que ya había dicho meses y años antes sobre nuestro defendido, haciendo ver lo malo malísimo que era; sabía que estaba sembrando en terreno abonado o eso creía ella.

Al terminar se nos dio el turno de palabra y comencé haciendo un «desmontaje» de todos y cada uno de los dichos de la fiscal, con número de folio y aportando datos muy concretos; fuimos desgranando cada uno de los supuestos indicios y aportando el contraindicio que, sorprendentemente, también constaba en las actuaciones. Los jueces iban abriendo los ojos y tomando algunas notas.

Seguimos la exposición en esos mismos términos para, llegado un momento, entrar en algo que nos parecía esencial: la vulneración sistemática de los derechos fundamentales de nuestro defendido por parte de las autoridades, incluida la propia fiscal del caso, en relación, entre otros, con el derecho a la presunción de inocencia en los términos en que viene recogido en la Directiva de la Unión Europea 2016/343.

Tuve, por momentos, la sensación de estar hablándoles en chino o que eso les pareciese, pero fui dando ejemplos de cómo se venía presentando a nuestro defendido como culpable desde el día uno, incluso desde antes de su detención, y cómo quienes así lo hacían eran todos autoridades, entre las que destaqué al propio alcalde de la localidad, a los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad y a la fiscal.

Todos, absolutamente todos, le habían tratado como narcotraficante, sin que jamás existiese condena al respecto y sin que aún hubiera sido enjuiciado por los hechos por los que estaba en prisión.

Les recordé que todas estas autoridades habían, incluso, participado en un documental que había sido lo más visto en Andalucía durante el pasado mes de agosto; en la misma se le daba por culpable y quienes así lo hacían eran todas esas autoridades, también la fiscal del caso.

El daño ya estaba hecho y ahora había que valorar algunos elementos que nos parecían esenciales antes de acordar prorrogar su situación de prisión: el tiempo que se tardaría en celebrar el juicio, la inexistencia de indicios de criminalidad en su contra, las vulneraciones de derechos fundamentales y la inexistencia de riesgo de fuga, pues se trata de una persona enferma que requiere un tratamiento casi diario, con lo que difícilmente podrá ocultarse.

Mientras yo hablaba, y en perfecta coordinación, Juanjo me pasaba notas con detalles de otros procedimientos, y así fuimos haciendo una defensa con la que el defendido se mostró muy satisfecho al finalizar la vista.

Nada más terminar nos reunimos con él en los calabozos de la Audiencia y le explicamos cada elemento de lo dicho, aunque era evidente que no hacía falta porque es una persona inteligente que no se había perdido detalle.

El problema de La Línea no es el tráfico de hachís como nos han hecho creer, sino la falta de inversiones públicas que permitan a su población labrarse un futuro profesional y laboral fuera de esa actividad, que, por ahora, sigue siendo delictiva.

Estoy seguro de que si una mínima parte del dinero que se gastan en reprimir el tráfico de hachís se invirtiese en infraestructuras, en ayudas al emprendimiento, en educación, en sanidad e incluso en asfaltado de muchas calles la situación sería totalmente diferente. No conozco a nadie que delinca por gusto, más bien lo hacen por necesidad.

Cualquiera que visite La Línea y lo haga con los ojos abiertos y suficiente neutralidad, comprobará que ese es el auténtico problema: no se le han dejado opciones a la gente y eso ha llevado a la situación actual.

Tampoco digo que no deban controlar y sancionar las actividades ilegales que se cometan, pero la solución no pasa por el uso exclusivo de la represión sino el de la educación e inversión.

Viendo cómo se manejan las cosas por allá, me gustaría saber cuántos desmanes se cometen realmente en la supuesta represión del tráfico de hachís y cuánto dinero público se desvía a bolsillos privados a costa de esa supuesta «guerra al narcotráfico»… Y eso sin contar con la vulneración sistemática de derechos con base en la «jurisprudencia de La Línea».

Por la noche regresé a Madrid, ya que el martes 27 tenía una vista de extradición en la Audiencia Nacional, un ciudadano turco al que el régimen de Erdogan reclamaba por ser, supuestamente, miembro de una organización terrorista y por enaltecimiento del terrorismo durante una charla que habría dado en Madrid unos años antes.

No era la primera extradición que defendíamos en contra de Erdogan, seguramente no será la última, pero lo interesante en este caso es que, por una parte, los supuestos hechos habían sucedido en Madrid y, por otra, los mismos no tenían encaje en ningún tipo penal conocido, por lo que no se daba la necesaria doble incriminación.

Desde un comienzo la fiscalía se había opuesto a la devolución, pero el régimen de Erdogan se personó en el procedimiento y exigía la entrega del reclamado. No es habitual que los Estados reclamantes tengan entrada directa en los procedimientos de extradición, pero el convenio aplicable al caso de Turquía sí que lo permite.

Eneko, compañero del despacho, y yo habíamos preparado la vista meses antes, básicamente durante el confinamiento, porque sabíamos que más temprano que tarde llegaría el día de celebrarla. Por eso solo nos bastó un repaso a todo lo que habíamos dejado listo para darnos por suficientemente instruidos para una defensa de estas características.

La ventaja de avanzar trabajo es que luego el tiempo no apremia y las cosas se pueden hacer de forma más ágil, serena y con visos de éxito.

Celebraríamos la vista ante la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por Alfonso Guevara, a quien luego muchos conocerían en Catalunya por el juicio de los atentados de Las Ramblas.

Hace años que conozco al juez Guevara y, a pesar de lo que mucha gente diga por su carácter y sus formas, a mí me gusta celebrar con él porque se estudia los temas, los tiene en la cabeza y suele resolverlos en derecho y aplicando mucho sentido común. No es hombre de halagos ni al que le guste que las partes, sean abogados o fiscales, lleguen sin conocerse la causa íntegra ni que se vayan por las ramas… con él sobran las florituras, bastan los datos y unos razonamientos muy concretos.

La vista comenzó con el informe del fiscal oponiéndose a la entrega y luego con el de la representación de Turquía, que sí la solicitaba y que aprovechó para quejarse del contenido del escrito de defensa que en su día presentamos. En este acusábamos a Turquía de no respetar los derechos humanos y afirmábamos que esto no era más que una persecución política.

Tras ellos nos tocó nuestro turno y dije que me limitaría a adherirme a lo dicho por el fiscal, a insistir en que no solo los hechos no eran delictivos, sino que, además, de serlo habrían sucedido en España. Para finalizar quise recordar que, en Turquía, a fecha actual, hay cientos de jueces, fiscales y abogados encarcelados por hacer lo que estábamos haciendo allí: cuestionar el régimen de Erdogan.

Aunque no era necesario decir nada más, sí me permití recordar a la Sala el caso del escritor turco-alemán Dogan Akhanli, que fue detenido en agosto de 2017 en Granada y trasladado a la Audiencia Nacional con una imputación por terrorismo remitida por Erdogan.

A Dogan le acusaban de terrorismo, pero su auténtico delito era escribir buenos libros sobre el genocidio del pueblo armenio, entre otros temas. En principio, en España se le trató como terrorista hasta que el gobierno alemán puso las cosas en su sitio a través de no pocas gestiones.

Dogan, a quien no solo defendimos sino con el que hemos trabado una bonita amistad, fue, posteriormente, galardonado con la medalla Goethe 2019 en reconocimiento a su trayectoria, profesionalidad y lucha por los derechos de diversas minorías nacionales.

En su caso fue el gobierno de Rajoy el que se negó a continuar con el procedimiento, por absurdo, pero no sin que antes se trabajase muy duro para acreditar la realidad de estar frente a una persecución política.

A los pocos días de la vista nos llegó la resolución denegando la entrega por todos esos motivos.

El miércoles 28 de octubre tomé, una vez más, el primer vuelo a Barcelona, donde tenía dos reuniones importantes y otra prevista con Costa para firmar unas demandas al TEDH que tenían que salir en original esa mañana; luego iría a Girona para una comida de trabajo.

Me tocó viajar en compañía de un buen amigo, comandante de vuelo, que venía saliente de su rotación y por tanto se sentó a mi lado. El viaje lo usamos para ponernos al día de muchas cosas y para echar unas risas sobre determinadas situaciones.

Nada más aterrizar conecté el teléfono y me aparecieron unas cuarenta llamadas de diversas personas, entre ellas el president Puigdemont y el president Torra, Costa, Albert Batet, Josep Rius, Elsa Artadi, Miriam Santamaría y más gente… No necesitaba más datos para saber que estaba ocurriendo algo importante o, más bien, grave.

Acto seguido comenzaron a caerme los mensajes, entre ellos uno del president Puigdemont que me informaba de la detención de Josep Lluís Alay, defendido y amigo.

Sin siquiera bajarme del avión comencé a hacer llamadas y a pedir cuanta información tuviesen, pero nadie sabía mucho más de lo que ya estaba saliendo en las noticias: estaba en marcha una macrooperación de la guardia civil en contra del independentismo y entre los detenidos estaba Alay.

Mi amigo piloto y yo nos bajamos del avión y sin poder llegar a la terminal nos encontramos de golpe con un nutrido grupo de policías con chalecos, de esos tan vistosos que usan cuando van a registrar los despacho de los abogados y visiblemente armados.

Nos miramos y el piloto me preguntó: «¿Vendrán a por nosotros?». «Puede que a por mí», le contesté. Pasamos junto a ellos con la sensación de que en cualquier momento me dirían algo, pero no fue así.

Rápidamente nos encaminamos hacia la salida y, tras despedirnos fui en busca de un taxi. En ese momento recibí una llamada de la guardia civil que me indicaba que Alay estaba detenido y que me designaba como su abogado; en estos casos lo profesional es preguntar el motivo de la detención, el lugar al que lo llevarán y el día y hora aproximados en que querrán que uno le asista como abogado.

De forma muy amable me dijeron que irían al cuartel de Travessera de Gràcia y que ya me avisarían porque no tenían muy claro cuándo sería. Corté con ellos y llamé a Isabel para explicarle lo que estaba sucediendo.

Después de hablar con Isabel me puse en contacto con ambos presidentes para informarles y con Miriam, que tenía que saberlo. Inmediatamente después llamé a Costa y a Batet para informarles de que no sabía cómo iba a ir la mañana, así que lo mejor sería que nos viésemos lo antes posible.

Como no podía cambiar mi primera reunión, le indiqué al taxista adónde me tenía que llevar y rumbo a Paseo de Gràcia recibí una nueva llamada de la guardia civil. Querían que fuese ya a Travessera de Gràcia porque se iba a legalizar la situación de Alay y sería puesto en libertad tan pronto como yo llegase allí.

Finalmente sí tuve que cambiar mi primera reunión, pero la persona con la que había quedado obviamente lo entendió y le cambié el rumbo al taxista, indicándole que me llevase al cuartel de la guardia civil de Travessera de Gràcia… No era necesario darle más datos porque llevaba puesta la radio y se estaba enterando de todo.

Nada más llegar vi que en la acera frente al cuartel ya había algunas cámaras instaladas, lo que no era buen síntoma. Me identifiqué en la puerta y el guardia que estaba allí me informó de que no había visto entrar a nadie, pero que iría a averiguar. Mientras lo hacía, llamé al número desde el que habían contactado conmigo e informé que estaba ya en la puerta.

A los pocos minutos atravesamos el control de acceso, subimos por una escalera a una suerte de patio interior y entramos en una especie de salón de actos, no solo por la forma, sino también por su decoración.

En el interior estaba todo muy ordenado y habían construido, con mamparas móviles, una especie de espacios reservados. Conté hasta diez, con lo que ya me podía imaginar la envergadura de la operación.

En el segundo de los cubículos estaba Josep Lluís Alay, elegante como siempre y con una sonrisa en la cara. No era la primera vez que la represión se le echaba encima y, además de saberse inocente, conocía el protocolo.

Dejé mi mochila junto a un guardia, me acerqué a saludarle y le indiqué que, por lo que me habían dicho, quedaría en libertad una vez se formalizase su situación. En todo momento estuvimos acompañados de otro guardia civil que nos contó que le habían traído del aeropuerto porque con tantos detenidos no había gente suficiente para «cuidarlos» a todos.

Fue cuestión de minutos hasta que llegó un oficial con una serie de papeles en la mano y me indicó que sería puesto en libertad, que lo mejor era que no declarase —eso ya se lo había dicho yo a Alay— y que firmásemos los documentos, a no ser que quisiéramos previamente leer la parte del atestado que le afectaba. Le dije que claro que quería leerla y nos pasó unas veinticinco páginas a doble espacio que nos pusimos a leer entre Alay y yo; ambos somos lectores empedernidos, por lo que la velocidad de lectura fue muy alta, y mientras leíamos íbamos alucinando con lo que allí se decía.

En la primera detención a Alay se le acusaba de encubrimiento por estar con el president Puigdemont en el momento de su detención en Alemania en marzo de 2018. Finalmente, dicha imputación fue sobreseída, aunque no sucedió lo mismo con la de dos mossos que también iban en el vehículo que los llevaba a Bruselas para presentarse ante las autoridades judiciales una vez que se supo de la existencia de la segunda euroorden.

En esta ocasión, sin base ni sentido alguno, se le investigaba por un presunto delito de malversación de caudales públicos a partir de una factura por servicios prestados para la organización en Barcelona del Foro Crans Montana. Cualquiera con acceso a internet sabe no solo que el evento se celebró, sino también que el trabajo de Alay en el mismo fue evidente, por lo que no entendíamos a cuento de qué venía esta nueva imputación.

Dentro de las actuaciones estaba una copia de la factura en cuestión, por lo que poco quedaba por investigar. Sin embargo el juez Aguirre, del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona, había ordenado también la incautación de los teléfonos móviles personal y profesional de Alay en la llamada Operación Volhov. Esa era la clave: no estaban investigando un delito de malversación de caudales públicos, sino que querían acceder a su teléfono móvil, lo que me recordaba mucho a mi propio caso.

Después de leer todo, procedimos a firmar el acta de lectura de derechos según la cual, tal como se había informado al oficial al mando, se negaba a declarar. Seguidamente firmamos el oficio por el cual se acordaba su puesta en libertad y minutos después nos marchamos.

Al salir, los periodistas apostados al otro lado de la calle no daban crédito a lo que estaba sucediendo: una macrooperación que comenzaba a desgranarse con la puesta en libertad del primero de los detenidos.

Caminamos unos metros y cogimos un taxi para, primero, acercarme al lugar en que había quedado con Batet y Costa, y luego llevar a Alay a su casa para que recogiese su coche y pudiéramos irnos a Girona, donde teníamos una comida de trabajo horas más tarde.

Nada más subirnos al taxi le pasé mi móvil para que llamase a su mujer y a quien quisiese; al separarnos informé de la situación a ambos presidentes y me fui a la reunión prevista que tuvimos que celebrar cerca de la plaza Sant Jaume, donde me esperaban Batet y Costa.

Sobre las 13.00 horas, y ya casi sin batería en el móvil, nos fuimos rumbo a Girona a la reunión que teníamos prevista. Durante el trayecto, y mientras lo recargaba, fui explicándole a Batet cómo veía lo que estaba sucediendo y la extraña forma de actuar del juez Aguirre. Aproveché para recordarle que desde hacía meses sabíamos que en su juzgado se estaba preparando algo en contra del independentismo, y que ese algo estaba siendo construido no solo por el teniente coronel Baena, sino en conjunción con una serie de personas ajenas a la administración pública.

Sí, por extraño que parezca, desde mediados de junio conocíamos no solo la existencia del procedimiento sino quiénes lo habían construido; lo que no sabíamos era contra quién en concreto se dirigiría ni cuándo lo materializarían, pero la existencia de esta macrocausa nos fue informada y se valoró como uno de los riesgos inminentes.

Las cloacas son mucho más profundas de lo que la gente cree y la conjunción de intereses políticos y de voluntades hace que, en cada tramo del camino, distintas personas interactúen para ejecutar, al amparo de los resortes del Estado, ataques selectivos o indiscriminados en contra de aquellas personas a las que consideran sus enemigos o enemigos de la indisoluble unidad de la nación española.

En este caso nada es accidental, y poco a poco se va viendo cómo todo estaba previsto, aunque muchos sigan sin querer verlo.

Poco a poco fueron quedando en libertad muchos de los detenidos y, al final, solo un grupo reducido de la veintena de afectados fue puesto a disposición judicial, momento en el que todos quedaron libres porque la fiscalía no solicitó medida cautelar alguna, y en esos casos el juez no puede acordarla.

El hecho de que la fiscalía no solicitase ninguna medida cautelar era un claro mensaje que venía a decir «ni estamos ni se nos espere que estemos». El juez Aguirre estaba solo en esta aventura o eso parecía en los primeros momentos.

Al mismo tiempo en que quedaban en libertad los últimos afectados por la macrooperación, el juez acordó levantar el secreto de las actuaciones, pero a ninguna de las partes personadas se nos dio acceso a las mismas sino hasta casi diez días más tarde.

A pesar de que ninguna de las defensas tenía acceso a la causa, todos los medios comenzaron a publicar abundantes detalles de esta con datos muy concretos, lo que evidenciaba el origen de la información que estaba filtrándose.

Con cada nueva publicación todo parecía más alucinante, alcanzando niveles de delirio como el hecho que el juez Aguirre diese carta de naturaleza a un supuesto apoyo militar ruso en caso de que prosperase la declaración de independencia; se habló del envío de unos diez mil soldados rusos, lo que, además de ser un disparate, y más allá de lo mucho que nos hemos reído, bien podía generar un conflicto diplomático con Rusia.

Tan disparatado era ese «indicio» de criminalidad recogido en más de un auto del juez Aguirre que fue la propia embajada rusa en Madrid la que, a través de su cuenta de Twitter, ironizó al respecto: no eran diez mil sino un millón de soldados los que enviarían a defender la independencia de Catalunya.

Bromas aparte, la gravedad de lo que transmite ese procedimiento no debe pasar desapercibida, por las consecuencias que puede llegar a tener para muchas personas. Me explico:

La fiscalía, desde un comienzo, ha dejado claro que no va a avalar lo que se está haciendo. El mensaje fue claro al no pedir ningún tipo de medida cautelar contra nadie. Dicho más claramente: con lo que hay en la causa nadie puede ser privado de ningún derecho fundamental.

Ante ese panorama, a las pocas semanas comenzarían a personarse, como acusaciones populares, una serie de grupos y organizaciones de extrema derecha —los ahora llamados constitucionalistas—. El juez Aguirre, ante la ausencia y falta de respaldo por parte de la fiscalía, necesita que alguien defienda su causa y vaya solicitando medidas que él no puede acordar sin una previa petición de parte; este y no otro es el sentido de esas personaciones.

Esta estrategia, junto con la existencia de esta causa, la sabíamos desde mediados de junio porque todos los actores relevantes se dieron cita, por esas fechas, en un restaurante y dejaron un innegable rastro de información a la hora de las copas… Este es uno de los peligros del alcohol mezclado con el exceso de testosterona y el patrioterismo barato.

Volhov es mucho más que un sumario, es una suerte de conspiración de una serie de personas que, usando de forma incorrecta recursos públicos, están dispuestas a todo con tal no ya de defender la patria, que no es lo que hacen, sino de imponer su visión de cómo han de ser las cosas y cómo se ha de tratar a sus «enemigos».

Algún día, cuando la bandera deje de nublar la vista de muchos, seguramente se tendrá que investigar cómo han surgido esta y otras operaciones jurídico-policiales que nada tienen que ver con la persecución de hechos delictivos.

Investigar estas tramas sí que sería un gran ejercicio democrático y un auténtico acto de amor a la patria, porque esclarecer estos entramados es saludable para cualquier país que pretenda presentarse como un Estado democrático y de derecho; el problema es que no hay interés ni valor para enfrentarse a tan diabólicas actuaciones.

La semana, una vez regresé a Madrid, terminó con una serie de reuniones que logré encajar a lo largo de ese viernes; acababa el mes y no había parado, pero aun así tenía temas pendientes de resolver y los concentré en ese día, que terminó siendo agotador.

NOVIEMBRE

Noviembre no sería menos intenso, y además partió con un viaje que no tenía previsto, en esta ocasión a Huelva porque uno de los defendidos que estaba en la prisión de Málaga fue trasladado, tras unos días en régimen de aislamiento, a la prisión de Huelva, lo que me obligaba a estudiar una nueva logística para mis visitas con él.

Tenía prevista una serie de presentaciones de mi anterior libro, pero, una vez más y en función de las distintas restricciones sanitarias que se fueron adoptando, tuvimos que cancelarlas; no es que me pareciese mal, todos tenemos que respetar las restricciones necesarias para garantizar la salud pública, pero sí que resultaba frustrante que no termináramos de arrancar con algo que me gusta mucho: el contacto directo con la gente.

Las limitaciones que hemos sufrido producto de la pandemia son frustrantes para todos; en mi caso lo son en lo anímico, pero mucha gente las sufre con consecuencias en lo laboral y lo económico, por lo que ni me quejaba ni me quejo, simplemente constato un hecho que se fue produciendo a lo largo del año y que me generaba desánimo.

Mientras todo esto sucedía seguíamos sin tener acceso a la causa que se sigue en mi contra; el secreto se había levantado, pero por «razones técnicas» no se nos permitía consultar más allá de lo que podíamos leer en determinados medios de comunicación, para los que no existió ese impedimento «técnico» de acceso a las actuaciones. El tema comenzaba a molestarme, pero creo que era una mezcla de ansiedad, preocupación y cabreo.

Fue durante la semana del 9 de noviembre cuando, finalmente, pudimos acceder a la causa, y ahí nos volcamos todos los del despacho en leer a marchas forzadas; otro tanto estaban haciendo, por su lado, Eduardo, Paco y Beatriz.

Fijamos para la tarde del jueves 12 una nueva reunión en relación con mi defensa, para la que era necesario que todos tuviésemos hecha una primera, y de ser posible una segunda, lectura de los once tomos que tenía la pieza separada en la que llevaban más de dos años investigándome.

Por la mañana fui a Huelva, nuevamente, y a las 16.00 horas estaba ya en el despacho para la reunión en la que todos venían con notas, comentarios, páginas impresas y cuantas ideas hubiesen surgido de la rápida lectura del procedimiento.

Lo primero en que todos coincidimos fue en que once tomos eran muy pocos para dos años de secreto de las actuaciones; lo segundo, que todo se sustentaba, como ya intuíamos, en las declaraciones de Manuel Puentes Saavedra y Manuel González Rubio y, finalmente, que se trataba un auténtico montaje carente de cualquier lógica y que podríamos desmontar, pero que había que hacerlo con metodología, frialdad y profesionalismo.

Basándose en lo que se decía en esas actuaciones, todos volvieron a hacerme un sinfín de preguntas para intentar aclarar los hechos; no era que yo pudiese aportar mucho, no había llevado personalmente ese procedimiento, pero sí era necesario que aclarase temas de fechas, de datos y de responsables de cada actuación para, de esa forma, tener claro cómo se había trabajado ese expediente y, sobre todo, cómo se podía acreditar… Es el mundo al revés: tener que demostrar mi inocencia en lugar de que el fiscal Ignacio de Lucas acredite mi culpabilidad, que es algo que no puede hacer.

La tesis policial era delirante, eso ya lo teníamos claro, pero no podíamos olvidar algo esencial: tanto el fiscal Ignacio de Lucas como la jueza María Tardón habían creído, o eso parecía, a Manuel Puentes Saavedra, y a partir de su testimonio, y dándole carta de naturaleza al delirio policial, se había acordado, hacía ya más de un año, la entrada y registro en casa y en el despacho.

La tesis inicial era que yo había falsificado una serie de contratos para intentar recuperar un dinero incautado a Manuel González Rubio, quien viajaba junto con Adriana Moreno Correa, Efrén Moreno Collazos, Beatriz Correa de Moreno y José Luis Correa Hincapié; según la policía, yo quería recuperar ese dinero, porque era de José Ramón Prado Bugallo (Sito Miñanco), también defendido mío.

Para sostener esta tesis policial necesitaban que alguien la ratificase, y por eso ofrecieron a Manuel Puentes Saavedra su libertad, y hacer la vista gorda con sus presuntos delitos a cambio de incriminarme. Incluso hacer la vista gorda con una sentencia condenatoria de la que luego tuvimos conocimiento de su existencia. Regalarle la libertad no era un tema menor, porque Puentes Saavedra no solo estaba en prisión por esta causa, sino que, además, tenía un procedimiento en el Juzgado de Instrucción 50 de Madrid por tráfico de drogas, y por si eso no fuese bastante, en la causa constaban serios indicios de que había ordenado un asesinato en Colombia y cometido diversos delitos de maltrato en el ámbito doméstico.

Básicamente, gracias a diversas conversaciones telefónicas no quedaba duda alguna de que, según su propia mujer, Puentes Saavedra había ordenado y pagado el asesinato de Santiago Quintero Marín en Pereira, Colombia.

Una vez practicadas las entradas y registro, y cuando no encontraron ni rastro de que yo hubiese falsificado esos contratos, que además no son falsos, comenzaron a modificar la tesis para presentar los hechos de una forma diferente, pero siempre incriminatoria, porque el montaje no podían dejarlo decaer ni atribuirlo a un simple error.

La nueva tesis consistía en que yo no era quien había fabricado esos contratos, sino que eso lo habían hecho abogados de otro despacho, pero que yo sabía que eran falsos, cuando no lo son.

Para sostener esta nueva versión necesitaron convencer a Manuel González Rubio para que declarase, estando la causa secreta, en mi contra, diciendo que él no sabía nada del tema pero que Manuel Puentes Saavedra le había traído a mi despacho el 14 de febrero de 2017, y que yo le había hecho firmar esos contratos en presencia de los abogados del otro despacho.

Seguramente González Rubio pretendía salir en libertad, como Puentes Saavedra, a cambio de incriminarme, pero lo que no midió bien es que él está en prisión provisional por tres homicidios en grado de tentativa, ya que en el momento de su detención descerrajó todo el cargador de su pistola sobre tres de los agentes de policía que le fueron a detener… Con una situación así nadie le iba a poner en libertad, pero el «efecto llamada» de la salida de prisión de Puentes Saavedra estaba dando buenos frutos a la acusación.

En resumen, esto fue lo que nos encontramos tras el levantamiento del secreto de las actuaciones y es la base sobre la cual se ha estado trabajando en mi defensa.

La reunión del 12 de noviembre giró en torno a ello y a las múltiples pruebas, que ya teníamos, sobre la verdad de lo sucedido, que distan mucho de corresponder, ni de lejos, con la tesis policial sustentada por el fiscal Ignacio de Lucas y aceptada por la jueza María Tardón.

Todos coincidían en que no había causa, pero una cosa es tener claro que desde el punto de vista jurídico no hay causa, y otra muy distinta el resultado que se pueda prever en un procedimiento de estas características en la Audiencia Nacional conmigo como investigado.

Es evidente que no son pocos los jueces, especialmente en las altas instancias jurisdiccionales españolas, que tienen una visión muy crítica, si no dolida, del trabajo que hemos realizado en defensa de los políticos catalanes. Por todo ello algunos están dispuestos a pasarme la factura más cara posible.

Como dijeron Eduardo y Paco ese día: «Si no fuese yo el afectado, en estos momentos estaríamos pidiendo el sobreseimiento libre». Pero al ser yo y mis circunstancias parecía necesario acopiar todo el material de descargo, tener claro cómo se había urdido el montaje y luego poner toda la carne en el asador para solicitarlo… y no había garantías de éxito.

La semana del 16 de noviembre fue, una vez más, bastante ajetreada: comenzó con un viaje por el día a la prisión de Huelva ese mismo lunes, y luego miércoles y jueves en Barcelona con múltiples reuniones de trabajo.

Los intereses políticos detrás del suplicatorio en contra de los eurodiputados catalanes hicieron que dicho procedimiento se reactivase ya en septiembre, y en el mismo algunos eurodiputados españolistas estaban poniendo mucho empeño y perdiendo también las formas, lo que nos generaba más y más trabajo. Era imprescindible una nueva reunión con Costa y Cekpet.

Estuvimos casi dos horas revisando todo y estableciendo el orden en que iríamos presentando los diversos temas a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo (JURI), que es la primera encargada de examinar los suplicatorios.

Las irregularidades en el mismo venían ya de origen: el Supremo no era el tribunal competente para investigar ni enjuiciar los hechos, además tampoco era el competente para remitir la solicitud de suplicatorio al Parlamento. Este tema estaba ya claro desde hacía décadas, cuando se determinó, por parte del Consejo de Estado, que en estos casos el órgano que los cursase debía ser el Ministerio de Justicia.

Como si lo anterior no fuese suficiente, JURI también estaba incurriendo en serias vulneraciones de procedimiento, y todo ello por una sencilla razón: la Comisión estaba presidida por Adrián Vázquez, de Ciudadanos, y en ella existía un inusual e injustificado número de miembros españoles, principalmente de Vox, Partido Popular y Ciudadanos, con lo que se estaba utilizando dicha Comisión para fines de política interna.

Entre las irregularidades más destacables estaba el hecho de haber asignado un único ponente para los tres suplicatorios; el reglamento obliga a un ponente por procedimiento.

Pero la cosa no quedaba ahí: tampoco se había traducido ninguna de la documentación que presentamos a las lenguas de los miembros de la Comisión, con lo que se les estaba impidiendo acceder u ocultando información muy relevante en relación con algo esencial en todo suplicatorio: el fumus persecutionis, que es causa de denegación de una petición de levantamiento de la inmunidad.

Tampoco era menor la falta de imparcialidad del propio presidente de la Comisión, quien se prodigaba en entrevistas y en la divulgación de datos del procedimiento, que, por mandato legal, han de ser reservados. Sus intenciones eran claras y estaba dirigiendo el procedimiento hacia dicho objetivo.

Tantas eran las ansias de Adrián Vázquez por avanzar y apuntarse el «éxito» de conseguir el levantamiento de la inmunidad de los eurodiputados catalanes que con prisas y corriendo convocó a una primera audiencia de los afectados para el 4 de diciembre; le daba tan igual todo lo que pudiésemos alegar, tanto en temas de forma como de fondo, que ni siquiera se fijó en que la documentación aportada no estaba traducida ni tan solo al idioma del ponente que él mismo había designado… La parcialidad de su comportamiento ya estaba quedando en evidencia y nos servirá, sin duda, para cuando este tema llegue al TGUE.

Esas semanas presentamos una serie de escritos con alegaciones sobre cuestiones procedimentales de mucho peso que Adrián Vázquez iba ignorando de manera sistemática; su objetivo era finalizar cuanto antes aún a riesgo de que lo que finalmente decida el Parlamento termine siendo revocado por el TGUE.

Finalmente, y dentro del plazo que se nos concedió, presentamos un escrito indicando que entendíamos que la JURI no estaba en condiciones de realizar la audiencia de los eurodiputados afectados, por lo que la misma se suspendió y rápidamente fue señalada para el 14 de enero.

A nivel comunicacional Adrián Vázquez hizo ver que nosotros habíamos pedido la suspensión, cuando, en realidad, solo les recordamos que ellos eran los que no estaban listos.

Por ahora no podemos dar muchos datos de lo que ha sucedido y de lo que va a suceder con el suplicatorio, porque no seremos nosotros quienes rompamos la regla de la confidencialidad; todo lo expuesto hasta aquí es material publicado y que no ha sido filtrado por nosotros.

Cosa bien distinta es cómo hemos ido preparando este suplicatorio, sus consecuencias y los posteriores recursos que se presentarán llegado el caso. También, todo lo expuesto hasta aquí, son hechos conocidos a través de los medios de comunicación y no, precisamente, por divulgación de nuestra parte.

Entre todos, incluidos los eurodiputados afectados, estábamos haciendo valoraciones permanentes sobre la situación, el curso del procedimiento y la forma en que se resolvería. Existían, si se puede ser reduccionista, dos posturas: la de los que pensamos que el tema, si bien es político, tendría una solución jurídica, y la de los que piensan que hay margen para una solución política pero que la misma ha de revestirse jurídicamente.

No es una gran diferencia, sino más bien una de matices, de acentos y de dónde ponerlos, pero en gran medida condicionan el cómo se va actuando en cada momento.

Mientras íbamos avanzando en todo lo relativo al suplicatorio también teníamos que ir contestando a diversos temas relacionados con la OEDE de Lluís Puig; la fecha señalada para la vista oral de apelación se iba acercando y la agenda pactada con el tribunal y la fiscalía nos obligaba a cumplir los plazos de entrega de alegaciones.

El sistema belga, muy similar al de otros estados miembros de la Unión Europea, se basa en la confianza mutua entre las partes y en un sano debate jurídico que se va realizando, por escrito, a lo largo del procedimiento. Su finalidad es perfilar aquellos temas en los que auténticamente existe discrepancia y motivos de debate, que son los que, finalmente, entran a cuestionarse en la correspondiente vista oral.

Algo así es impensable en España, donde una parte importante de la judicatura y de la fiscalía considera a los abogados como los representantes de los «malos» y gente de «poco fiar» por defenderles.

No son conscientes de que un sistema judicial democrático respeta, garantiza y fomenta el derecho de defensa como parte de las garantías de todo justiciable. Los abogados, fuera de España, somos vistos como cooperadores de la administración de justicia que cumplimos con una función constitucional, tal cual hacen jueces y fiscales.

Pero a los fines de lo que a mí me preocupaba en esos momentos era importante tener claro que la gran ventaja, a nivel técnico o incluso mental, es que tanto el procedimiento de OEDE como el del suplicatorio, si bien son distintos, no conllevan un cambio rotundo de registros en el plano jurídico; es decir, estábamos hablando, más o menos y en términos generales, de los mismos temas solo que desde diferentes perspectivas.

La semana del 23 de noviembre también sería movida, pues teníamos señalada una diligencia de declaración de una testigo en el procedimiento que se sigue en contra de Laura Borràs. Desde que ella anunció en una entrevista que se presentaría como candidata a las elecciones catalanas ya señaladas para el 14 de febrero de 2021, el procedimiento en su contra, extrañamente, se reactivó y cogió ritmo, por lo que nos notificaron y señalaron una serie de diligencias que se irían practicando a lo largo de varios meses.

Su procedimiento es otro más de esos que surgen con el objetivo claro de criminalizar, enlodar y complicar a quienes se consideran enemigos… Eso va quedando en evidencia a cada paso que se da en su persecución.

Finalmente, la diligencia se suspendió porque no fue localizada la testigo, lo que aligeró, pero no mucho, la compleja semana que teníamos por delante.

Pasé dos días en Barcelona de reunión en reunión y así pude ir adelantando trabajo en previsión de lo que tocaría durante las semanas siguientes, cuando tenía previstos varios viajes, algunos de largo recorrido y con importantes diferencias horarias.

Las reuniones se sucedían esos días, también alguna presentación de mi anterior libro, así como las constantes conversaciones con Isabel y mis abogados producto de lo que íbamos detectando en el sumario; no era sencillo saltar de un tema a otro, pero con los años he aprendido a hacer una suerte de compartimentación mental que me permite pasar rápidamente de un registro a otro o de un tema a otro. En esos momentos, fue de gran ayuda.

Lo que no voy a negar es que mi estado de ánimo iba pasando de la preocupación a la rabia conforme íbamos dándole vueltas al sumario y encontrábamos más y más muestras de cómo se había construido todo y por parte de quiénes.

Han sido demasiados meses muy duros y el carácter se va agriando en la medida en que la situación se prolonga, pero, sobre todo, por el trato que algunos medios de comunicación me estaban dando, con absoluto desprecio a cualquier mínimo rigor periodístico, ensañándose conmigo y regodeándose en las falacias policiales.

Nosotros no habíamos aún alcanzado a revisar los once tomos en su integridad cuando algún miserable, amparado en su condición de periodista, se permitía afirmar con total rotundidad que había tenido «acceso al sumario de la causa en la que se encuentra imputado: en un informe del 10 de enero de 2020, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sitúa al abogado como cerebro de una maniobra para intentar blanquear el origen de 889 000 euros que incautaron a la banda en febrero de 2017 en el aeropuerto de Barajas».

No era la primera vez que el mismo «plumilla» escribía sobre mí: era evidente su odio, hacia el trabajo que yo representaba y que estaba escribiendo al dictado de sus fuentes. Seguramente, y con el transcurso del paso del tiempo y verse él mismo en el disparadero, comprenderá que el periodismo es algo mucho más importante y necesario que el escribir al dictado de una o algunas de sus fuentes, que es como ha ido subiendo en su profesión… que aún no tengo claro cuál es.

Siempre he pensado que los periodistas han de ser fieles a sus fuentes y las han de proteger, pero escribir al dictado no entra en los deberes de nadie que se precie de ser periodista, y sí tiene mucho que ver con el papel que a determinados individuos se les ha asignado en este gran ejercicio de Lawfare en que se ha convertido la represión del independentismo, y de todo aquel al que se haya etiquetado como enemigo.

No me molestaba que se escribiese sobre mí, lo que me asqueaba es que se hiciese con tan poco rigor, saltándose todas las normas éticas del periodismo, y que no pudiese siquiera rebatirle porque, estratégicamente, no era el momento de hacerlo. El problema, y lo que resulta más lamentable, es que una vez que se demuestra que todo es mentira y se corresponde con un montaje, este tipo de miserables miran para otro lado como si la cosa no fuese con ellos.

El 28 de noviembre cogí un vuelo a Panamá, era mi primer vuelo de largo recorrido desde que comenzó la pandemia; tenía que ir a Panamá y a México por un complejo caso de extradición que surge a raíz de la expropiación ilegal de la Banca Privada de Andorra.

El caso, íntimamente relacionado con la denominada Operación Catalunya había ya traspasado las fronteras del principado de Andorra y estaba generando una serie de problemas legales a un importante empresario que nos solicitó que le ayudásemos en su defensa.

Hacía muchos años que no estaba en Panamá, pero esa no era mi principal preocupación, sino saber cómo sería viajar más de nueve horas con la mascarilla puesta y si alcanzaría a hacer todo en los escasos días en que iría de un país a otro, puesto que el 3 de diciembre tenía, necesariamente, que estar de regreso en Madrid.

Fue un viaje incómodo, no es sencillo pasar tantas horas con mascarilla ni con tantas restricciones en un avión, pero no quedaba más remedio. Al llegar me encontré con la realidad del covid en Latinoamérica, especialmente en un país que sí se estaba tomando muy en serio la lucha contra la pandemia.

Si bien el aeropuerto de Panamá es grande y suele estar muy concurrido, en este caso parecía un sitio fantasma en que todos los caminos conducían hacia una única escalera mecánica que bajaba hasta un control sanitario.

Antes de bajar encontré unas instalaciones para realizar pruebas PCR, pero solo me fijé por curiosidad, ya que yo llevaba la mía recién hecha antes de salir de Madrid.

El control sanitario era individual, se comprobaba toda la documentación y, si estaba en orden, se permitía el acceso a la zona de control de pasaportes.

Al salir me encontré con que todas las casas de cambio y oficinas bancarias del aeropuerto estaban cerradas, por lo que tuve que caminar en diversas direcciones hasta encontrar un cajero en el que sacar dólares para pagar el taxi al hotel.

Fui uno de los últimos en coger un taxi, había perdido mucho tiempo en encontrar un cajero que funcionase, y ya de camino al hotel me enteré de que estaba en vigor un estricto toque de queda a partir de las 22.00 horas, por lo que ya no había casi nadie en las calles de una ciudad siempre en movimiento.

Nada más llegar al hotel comprendí que me había equivocado en la elección del sitio; era evidente que en su día fue un buen hotel, pero sus tiempos de gloria ya habían pasado y estaba más bien en franca decadencia.

Subí a la habitación y comprobé que no me equivocaba, no había nada en la nevera, ni siquiera agua. Bajé a recepción y pregunté dónde podía cenar y la respuesta fue que ya no podía y que lo único abierto era una tienda de ultramarinos frente al hotel… Crucé, compré agua mineral con gas y regresé antes de que se hiciese efectivo el toque de queda.

Dormí poco, el cambio de hora es muy fuerte (siete horas de diferencia) con lo cual ya casi se me había pasado el sueño. Además tenía prevista a las tres de la mañana, hora de Panamá, una videoconferencia con Batet y Costa; luego, a las 4.30 horas otra con los exiliados de cara a revisar aspectos del suplicatorio.

No había cafetera, no había café, estaba mal dormido y con hambre, pero no quedaba más remedio que esperar hasta las seis de la mañana, hora local, para bajar a desayunar… Lo que no sabía era que ese desayuno sería cuasi «lunar» por la forma y cantidades de las raciones.

Llegadas las seis de la mañana bajé ansioso al restaurante para desayunar y me encontré con que era, seguramente, el único huésped del hotel. Al pedir el desayuno me consultaron si quería café y zumo, dije que sí, y el camarero regresó instantes después con un vaso de papel con café, otro igual con zumo y una pequeña cajita que contenía una ración mínima de algo que asumí como mi desayuno.

Ya era domingo, pero tenía mucho trabajo por delante; a las 14.00 horas una reunión con los abogados panameños del defendido, con quienes tenía que coordinar el conjunto de escenarios judiciales abiertos, así como explicarles cuál sería la estrategia global. Fue una reunión interesante, intensa, larga y muy productiva, de la cual todos salimos con deberes que debíamos intentar tener preparados antes del martes, cuando se celebraría una importante audiencia ante los tribunales de Panamá.

Sobre las 19.00 horas había quedado para cenar con un buen amigo de la universidad, Juan David, al que no veía desde el torneo de rugby de Burdeos del año anterior, así que teníamos mucho de lo que ponernos al día. Fuimos a cenar cerca de sus oficinas, a un sitio muy agradable que, en todo caso, reflejaba la situación generada por la pandemia: mesas al aire libre a una distancia considerable unas de otras y servicio hasta las 21.30 horas por el toque de queda. El tiempo se nos pasó volando y quedamos para vernos el lunes por la mañana en su despacho, seguramente el más importante de Panamá, que cuenta, entre otras cosas, con grandes penalistas.

Nada más llegar al hotel me fui a dormir, tenía pocas horas porque a partir de las tres de la madrugada, hora de Panamá, debía volver a conectarme a diversas videoconferencias previstas para la mañana del lunes.

Después de varias horas, bajé al «laboratorio espacial» para tomar lo que llamaban «desayuno»; a partir de ahí no habría pausa, pues tenía cita con los abogados a las 7.30 horas de la mañana, luego iría al despacho de Juan David y, si alcanzaba, al aeropuerto para volar a México, a entrevistarme con el defendido… La agenda estaba encajada al minuto y su éxito dependía de que nada fallase.

A las diez en punto Juan David vino a buscarme y nos fuimos a su despacho, donde nos esperaba el jefe de litigios para comentar el caso y ver cómo nos podían ayudar; jurídicamente hablando, el tema es sencillo, bastante claro, pero el problema es el contexto. Nos estamos enfrentando a una auténtica dinámica de Lawfare transfronteriza liderada por una serie de fiscales, muy determinados, que se creen en posesión de la verdad pero que, en realidad, están haciendo política, al precio que sea, desde sus respectivas posiciones en distintos países.

Después de una extensa exposición de la situación, de los actores involucrados y de cuáles podrían ser las soluciones aceptables, acordamos que estudiarían toda la documentación que les pudiese aportar y que nos harían un informe.

Con el tiempo justo regresé al hotel para coger mi equipaje y salir rumbo al aeropuerto; necesitaba tiempo allí porque tenía que hacerme una prueba PCR para poder viajar a México y no tenía nada claro cuánto tiempo tardaría.

Una vez más me encontraba ante un aeropuerto escasamente visitado, con casi todos los comercios y restaurantes cerrados, pero en el que estaba muy bien indicado cómo acudir al centro donde se hacían las pruebas. Fue fácil encontrarlo y muy sencillo realizarse la prueba, todo estaba bien organizado, a un precio más que razonable: la prueba costaba una tercera parte de lo que valdría en España.

Realizada la prueba, y a la espera de que me la remitiesen por mail, fui en busca de mi vuelo, cuyo embarque se realizó, como es ya costumbre desde la pandemia, por riguroso orden. En todo caso tampoco tardé mucho, porque éramos muy pocos los pasajeros.

Al aterrizar en Cancún comprobé que un aeropuerto acostumbrado a grandes masas de turistas estaba, al igual que todos los demás por los que pasé antes y después, casi vacío; un claro indicador de cómo estaría la cosa en esa zona que, esencialmente, vive del turismo. Fuera me esperaba un coche enviado por mi defendido y aún teníamos casi una hora hasta llegar a su casa, que quedaba en Playa del Carmen.

Nada más llegar me estaba esperando el defendido y su socio, con quienes estuve hasta cerca de las dos de la madrugada revisando toda la situación y organizándonos para la audiencia del día siguiente, que sería, en su caso y en el mío, por videoconferencia con el tribunal panameño. Esa noche la pasé en un hotel mucho más confortable, mejor equipado y en el cual al día siguiente desayunaría con normalidad, pero en casi absoluta soledad… estaba vacío.

DICIEMBRE

A eso de las 7.30 horas de la mañana del 1 de diciembre ya iba de camino a la casa de mi defendido, desde donde entraríamos a la audiencia panameña; un día soleado, con temperatura agradable.

Como el día anterior había llegado por la noche no pude hacerme una clara idea de cuán cerrado estaba todo y de cuál era la realidad pospandemia allí, pero esa mañana me quedó muy claro que el daño era brutal: la mayor parte del comercio esaba cerrado, las calles, vacías y, sobre todo, faltaba algo que había visto en anteriores visitas: turistas deambulando de un sitio a otro, incluso a esas horas.

Al llegar me estaban esperando con una buena cantidad de café, justo lo que necesitaba porque los cambios de hora, lo poco que estaba durmiendo y las muchas horas acumuladas de viaje me estaban pasando factura.

La audiencia comenzó puntualmente y, a pesar de ser toda por videoconferencia, estaba perfectamente organizada, con lo que se pudo ir avanzando de forma muy ordenada y profesional; en cada país el lenguaje jurídico cambia, pero si uno se centra en lo que se está haciendo es muy sencillo encajar los términos en los conceptos que se estaban manejando.

La maniobra de la que estaba siendo víctima mi defendido era sencilla: se argumentaba que una vez expropiada la Banca Privada de Andorra las cuentas de este en dicha entidad habían sido consideradas sospechosas de servir como canal para blanquear dinero.

Como suele ocurrir en estos casos, cuesta mucho trabajo desmontar una simple maniobra, y eso es lo que agentes sin escrúpulos conocen y aprovechan.

La realidad es que mi defendido posee una empresa informática que desarrolla programas de juego, y todos, absolutamente todos los ingresos que recibe provienen de otras cuentas bancarias y se corresponden exclusivamente con pagos procedentes de reputadas y conocidas empresas tecnológicas, que son sus principales clientes.

Como por esa vía no podían entrar, se basaban en que, supuestamente, la identidad de mi defendido no era cierta y que él era otra persona. No tenían ni tienen ninguna base para ello, pero llevamos meses tratando de acreditarlo. En la Lawfare la carga de la prueba siempre se invierte y eso es una perversión.

¿Cuál era el objetivo de todo esto? Muy sencillo, aunque tardamos aún tiempo en descubrirlo: de una parte, justificar la expropiación de BPA a partir de criminalizar a sus clientes y, de otra, incautar ingentes cantidades de dinero en todo el mundo a costa de la criminalización de cientos de empresarios atrapados en dicho proceso contra BPA.

Cuando terminó la audiencia, nos quedamos conversando y revisando todo lo sucedido con el defendido. También tomamos decisiones sobre la estrategia jurídica y comunicacional que se debería seguir a partir de ese momento. Las jurisdicciones involucradas eran tres, por entonces, por lo que era necesario que todo encajase adecuadamente. Nada más terminar salí rumbo al aeropuerto, en Cancún, donde llegaría con el tiempo justo para hacer los trámites migratorios y de embarque antes de partir a Panamá.

A la llegada, en el mismo aeropuerto me hice una nueva prueba PCR porque, como estaría una noche más en esa ciudad, la anterior ya no me valdría a mi regreso a Madrid, donde era preceptivo traerla.

Ese martes noche salí a cenar con Juan David nuevamente. Me llevó a dar una vuelta por el casco antiguo de la ciudad, que en los últimos años ha sufrido un inteligente y bien cuidado proceso de renovación; se ha transformado, pasando de ser una zona decadente y casi en ruinas a uno de los centros antiguos mejor cuidados de Latinoamérica, que me recordó mucho al de Cartagena de Indias, especialmente por cómo habían rescatado los inmuebles más emblemáticos y el uso que se les había dado.

Por la mañana nueva reunión con los abogados panameños, larga, clara, muy profesional y que sirvió para evaluar la audiencia del día anterior, hacer una reasignación de funciones y trasladarles cuál era la visión que tenía el defendido de cómo debía abordarse el tema; el día anterior, en Playa del Carmen, se tomaron importantes decisiones estratégicas que ellos necesitaban conocer para funcionar de mejor forma.

Luego mantuve otra reunión más en el hotel y de allí salí rumbo al aeropuerto para embarcar hacia Madrid. Se me hacía cuesta arriba el vuelo, más de nueve horas nuevamente con la mascarilla, pero tenía que regresar y, además, sabía que me esperaban días intensos en los que cada minuto contaba.

La semana del 7 de diciembre comenzó, en realidad, el viernes 4, cuando me encerré a preparar lo que tenía señalado para el 10 de diciembre en Luxemburgo y Bruselas casi simultáneamente: una vista ante el Tribunal General en Luxemburgo y otra ante la Cámara de Apelaciones en Bruselas.

No hubo forma de que los dos señalamientos se pudiesen hacer medianamente compatibles, pero había que centrarse en ambos por lo relevantes que son.

Llegué en el primer vuelo de la mañana a Bruselas y la intención era alquilar un coche para desplazarme luego a Luxemburgo, pero resultó imposible, así que me fui directamente a Waterloo para reunirme con el president Puigdemont y revisar diversos temas. Desde allí valoraría de qué forma podía irme a Luxemburgo esa noche, ya que la vista estaba señalada a las nueve de la mañana.

Nada más llegar él mismo solucionó el tema del viaje: me llevaría una persona del Consell que se quedaría en Luxemburgo para traerme. El resto del día lo usamos para trabajar y dejar una serie de temas listos.

Costa llegó por la tarde, para la vista de Bruselas de Lluís Puig; al menos uno de los dos debíamos estar presente por los temas de derecho español que surgiesen.

De camino a Luxemburgo fui comentando con mi acompañante que una vez allí iríamos a cenar raclette a un sitio que conozco; lo mejor era dejar el equipaje en el hotel y bajar en transporte público al restaurante en el centro de la ciudad, donde es complejo aparcar.

Nuestro hotel estaba situado justo detrás de las instalaciones del TJUE y del TGUE, que ocupan un imponente espacio dedicado a la justicia europea. Lo escogí porque así por la mañana era más sencillo llegar a la hora, que es algo en lo que no hay que fallar.

Nada más entrar en el hotel comprendimos que mi plan de invitarle a cenar raclette tendría que esperar a mejor ocasión, porque en Luxemburgo el tema del covid se lo toman muy en serio y no había un solo lugar abierto, ni tan siquiera el restaurante del hotel.

La cena teníamos que encargarla por teléfono a un sitio que nos indicó la recepcionista y comérnosla en nuestras respectivas habitaciones… Digamos que fue una suerte de cena de necesidad más que de placer.

A la mañana siguiente desayuné temprano y quedé con mi acompañante en que le avisaría cuando terminase la vista porque, por razones sanitarias, sería a puerta cerrada. Mi cálculo fue que tardaría algo así como una hora.

El Tratado de la Unión Europea establece la posibilidad de que los ciudadanos participen en la vida política de la Unión a través de lo que se llama una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), que han de ser planteadas ante la Comisión Europea en función del papel casi ejecutivo que juega en el organigrama europeo.

Bajo ese paraguas se había presentado la Iniciativa Ciudadana denominada «Derecho de la UE, derechos de las minorías y democratización de las instituciones españolas», rechazada por la Comisión Europea en resolución de 3 de julio de 2019.

Esa Iniciativa, que como establecen los requisitos de presentación era promovida por seis ciudadanos de seis Estados miembros más un sustituto, tenía por objeto:

… que tanto la Comisión como el Parlamento tengan un acabado conocimiento de la situación actual en España, sus riesgos sistémicos, la falta de cumplimiento de normas y principios rectores del Derecho de la Unión, la necesidad de activar mecanismos que permitan ayudar a la mejora de la calidad democrática en España y, de esa forma, garantizar los derechos y libertades de las minorías y del conjunto de los ciudadanos españoles a través del derecho y los instrumentos de la Unión.

El Consell per la República jugó un decisivo papel en esta Iniciativa y tanto Toni Comín como Elisenda Paluzie fueron claves en que finalmente se presentase.

La Comisión la rechazó argumentando que quedaba fuera de sus competencias y que, por tanto, no podía tramitarla; en realidad no era más que una excusa de mal pagador, como las que siempre han usado en casos anteriores, y una típica decisión de las que el TGUE luego ha terminado revocando.

Cuando se nos comunicó la denegación procedimos a plantear una demanda, cuya vista ahora se iba a celebrar, pero nada más presentada el Reino de España solicitó intervenir como coadyuvante de la Comisión cuando esta respondiese. Afirmaba: «Si el Reino de España es admitido a intervenir en este procedimiento, solicitará del Tribunal General que desestime el recurso de anulación».

La petición no podía ser más sorprendente, porque hasta esa fecha la Comisión aún no se había pronunciado sobre nuestra propia demanda. Es decir, cuando España pide intervenir en apoyo de la Comisión lo hace o bien sin saber si esta accedería a nuestras pretensiones o, peor aún, con conocimiento sobre la futura posición de la Comisión, lo cual era francamente preocupante y contrario a Derecho.

Finalmente la Comisión —como parece que ya sabía España— se opuso a nuestra demanda. Esto dio lugar a la fase escrita del procedimiento, que duró casi un año hasta que el TGUE, admitiendo a trámite nuestra demanda, planteó si las partes solicitaban o no una vista, cosa que hicimos.

Las razones para solicitar una vista, en este caso, eran claras: primero, hay temas que en un alegato oral se explican mejor; segundo, era la primera vez que el TGUE iba a escuchar sobre las vulneraciones sistemáticas de los derechos de las minorías por parte del Estado español; y, tercero, del debate jurídico sacaríamos muchas ideas sobre cómo podían irse perfilando otros temas pendientes ante el TGUE y el TJUE, así como varios más aún por venir.

La vista, finalmente, se celebró a las nueve de la mañana del jueves 10 de diciembre de 2020. Las instrucciones eran muy claras: quince minutos para cada una de las partes y diez minutos para la parte coadyuvante (España). El idioma de la vista sería el español.

Llegué mucho antes, me registré en seguridad y me instalé en la Sala en la que se celebraría. Todo estaba en su sitio y todo el mundo llegó a su hora, también el Tribunal, que hizo su solemne entrada a las nueve en punto de esa fría mañana luxemburguesa.

Mi exposición estaba bien calculada en los tiempos y cubría todos los aspectos de nuestra demanda, así como los argumentos que tanto la Comisión como España habían usado en sus diversos escritos; otra cosa sería ver cómo nuestros argumentos serían entendidos y/o asumidos por el Tribunal.

La Comisión usó gran parte de su tiempo en justificar por qué entendía que la Iniciativa no cumplía con los requisitos formales, era su único eje discursivo.

España, por su parte, se adhirió a los argumentos de la Comisión y agregó que no existía ningún maltrato a las minorías, ni riesgo sistémico, ni necesidad de ayuda a la democratización.

Al finalizar el primer turno de intervención la presidenta del Tribunal, una jueza portuguesa, dio la palabra a la jueza ponente, croata, que comenzó un largo interrogatorio primero a mí y luego a la representante de la Comisión. No formuló preguntas a España en esa ronda. El tercer juez era griego.

Las preguntas giraban sobre lo que realmente se pretendía con la Iniciativa. Expliqué que iba por fases y que la Comisión se había negado incluso a iniciar el proceso de estudio de los datos que aportábamos, por lo que resultaba imposible incumplir ningún deber formal en su presentación.

También creo que fui claro sobre algo que era esencial en la Iniciativa: no era una actuación en contra de nadie, mucho menos en contra de España, sino claramente a favor de un marco político y jurídico de mayor calidad democrática y de la búsqueda de soluciones para superar un conflicto político, y, sobre todo, un periodo histórico en el que España se ha quedado anclada y que la convierte en un inconveniente para el desarrollo de los principales principios fundamentales de la Unión Europea.

No era una iniciativa en contra de España, sino a favor de los ciudadanos españoles y catalanes. El mayor reflejo de la falta de empatía democrática de España se evidencia en el maltrato que da a las minorías nacionales incrustadas dentro de sus fronteras estatales.

Después de interrogarme, la jueza ponente se dirigió a la representante de la Comisión y fue inquiriéndole sobre diversos aspectos de sus escritos hasta llegar a una pregunta que, al menos desde mi perspectiva, era clave: «Si todo se presenta como la Comisión dice que debe presentarse, ¿qué hará la Comisión?».

La Comisión no tramitó la Iniciativa no por fallos en su formulación, sino por lo que la misma planteaba y lo que eso supondría para los problemas sistémicos de España en caso de aceptarse tal cual venía formulada.

La representante de la Comisión fue muy evasiva con la respuesta y su postura se puede resumir en que ella no podía responder por lo que la Comisión decidiese en ese supuesto… El tema estaba claro.

A España, por el papel que representaba en la vista, no se le hicieron preguntas al respecto, pero aun así pidió intervenir insistiendo en lo de siempre: aquí no hay ningún problema y esta Iniciativa es política. Desde luego que lo es, en eso consisten las ICE, pero lo planteaba como si eso fuese negativo cuando es el reflejo de la participación ciudadana en el proyecto de la Unión Europea.

La ronda de preguntas se alargó más de lo que pensaba, y una vez que la jueza ponente agotó las suyas la presidenta le dio el turno de intervención al otro juez, el griego, que a pesar formar parte de la Sala pocos días antes de la vista parecía muy instruido en el procedimiento y caso concreto.

Como había sucedido en el interrogatorio previo, comenzó preguntándome a mí y luego a la representante de la Comisión, que en este caso era una española. Sus preguntas fueron muy incisivas y dio la sensación de que buscaba una respuesta concreta que, al menos en lo que percibí allí, no obtuvo por parte de la Comisión ni mucho menos por la representante de España, a quien yo conocía de anteriores vistas como la de Valtònyc, donde sufrió mucho para defender lo indefendible.

Terminadas las preguntas se nos dio un tiempo de cinco minutos para resumir a las partes y otros tres minutos a España como coadyuvante de la Comisión.

Mi planteamiento fue muy simple: «Si hemos cometido un error formal pónganlo por escrito que lo corregiremos, pero, ya les adelanto que dentro de un año volveremos a estar aquí porque el problema no es de formas, sino de fondo, y está claro que es a ese fondo donde la Comisión no quiere entrar». Indiqué que nosotros estaríamos encantados de volver a vernos, pero que eso reflejaría un fracaso de la Comisión, del concepto de lo que es una ICE y del propio papel de este Tribunal… No hay problema de formas, el problema es de fondo y consiste en el maltrato a las minorías nacionales por parte del Estado español.

Nada más salir me encontré con mi acompañante en las puertas del Tribunal, cogimos el coche y nos fuimos raudos hacia Bruselas, al Palacio de Justicia, donde aún no había comenzado la vista de apelación de Lluís Puig. Intentaríamos llegar antes de que finalizase para ver si participaba o no en la misma.

Costa me iba informando en detalle de cómo iban las cosas (por ejemplo de que aún no había empezado), y Christophe Marchand hacía otro tanto.

El viaje fue de todo menos relajado, tenía un subidón de «letradolina» después de la vista en el TGUE, pero la mente ya estaba puesta en la vista de Lluís. Al mismo tiempo iba informando al president Puigdemont, a Toni Comín, a Elisenda Paluzie, a Isabel y a cuanto periodista me contactaba de cómo había ido la cosa en Luxemburgo.

Mi acompañante, que conducía impertérrito y con gran profesionalidad, debió de pensar que iba sentado junto a un disco rayado que repetía y repetía lo mismo, pero es que todos preguntaban por cómo había ido, qué impresiones tenía y para cuándo preveía el resultado.

Visto en retrospectiva, pienso que fue una buena vista, si bien sigo sin saber el resultado. Si nos desestiman la demanda tendremos que corregir lo que el TGUE establezca como error procesal y volver a presentar la Iniciativa, y si la estiman comenzará un trabajo muy importante que, en gran medida, tendrá que efectuar el Consell per la República.

Lo auténticamente relevante es que el TGUE estaba ya involucrado en resolver un caso que afecta directamente a la minoría nacional catalana, que afecta claramente a la calidad democrática de España y, sobre todo, que asume como materia propia el respeto de lo previsto en el Tratado de la Unión Europea en materia de respeto de los derechos de las minorías.

La cuestión se puede plantear desde múltiples perspectivas, pero es evidente que en el derecho de la Unión, que es el que se aplica en Europa, el concepto jurídico y la construcción sobre la que hay que trabajar es la de los derechos de las minorías; esto además explica muy bien el porqué de la represión al independentismo catalán.

Son muchos los expertos que sostienen que la «cuestión catalana» —expresión que no me gusta— pasa por el reconocimiento de su derecho de autodeterminación; seguramente tienen razón, pero el problema es que es inviable conseguir el reconocimiento de este, como tal y con todas sus consecuencias, dentro del marco de la Unión Europea y del derecho de la Unión.

El auténtico reconocimiento del derecho de los catalanes a decidir sobre su futuro, dentro del marco jurídico de la Unión Europea, pasa por el pleno desarrollo de los derechos de las minorías. Entre ellos está, qué duda cabe, el de decidir si quieren o no formar parte de un determinado Estado o, por el contrario, crear el suyo propio.

No estoy hablando de cosas distintas sino de construcciones jurídicas diferentes que llevan al mismo resultado. El problema de quienes se han encerrado en lo que conocen, el derecho de autodeterminación, es que no entienden que dentro del marco jurídico europeo esa construcción jurídica o concepto jurídico tiene poco recorrido, mientras que la de los «derechos de las minorías» forma parte del ADN de la Unión Europea.

La clave de todo está en, de una parte, comprender que la Unión Europea es una suerte de «confederación» en la que los diversos estados han pactado una serie de cosas que apuntan a la creación de un espacio común integrado y sin fronteras internas que se «fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres».

De otra, que los mecanismos propios del Derecho Internacional no son aplicables, al menos no directamente, entre los estados miembros y, por tanto, el derecho de autodeterminación, en los términos en que viene establecido en la Resolución 1514 de Naciones Unidas no es exigible dentro de los cauces del derecho de la Unión.

No se trata aquí de entrar en un análisis dogmático de la materia, pero sí establecer que, al menos desde mi perspectiva, mientras se utilicen los mecanismos propios del Derecho de la Unión lo que habrá que reclamar, y hacia donde hay que orientar el trabajo, es hacia el respeto irrestricto de los derechos de las minorías nacionales que sí está claramente reconocido en el Derecho de la Unión, y manteniéndose el concepto y la construcción propia del derecho de autodeterminación para ámbitos donde el derecho internacional sea directamente aplicable.

En el caso catalán, a diferencia del de Kosovo, el punto de partida es otro porque la matriz del problema sí se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, cosa que no sucedía con Kosovo en el momento de alcanzar su independencia. Dicho más claramente, España forma parte de la Unión Europea y Catalunya, en su proceso de independencia, ha de jugar con y dentro de esa realidad.

Como contrapunto tenemos los casos de Feroe y Groenlandia o de Nueva Caledonia, pero ninguno de esos territorios forman parte de la Unión Europea y, por tanto, no les es de aplicación el Derecho de la Unión. En cualquier caso, esto sí será materia de discusión pero en otro ámbito y momento.

Cuando aún nos quedaban unos 45 kilómetros para llegar a Bruselas, Costa me avisó de que entraban a la vista; era evidente que ya no llegaría a tiempo, pero nos fuimos, igualmente, hacia el Palacio de Justicia por si había algún receso y podíamos entrar a lo que faltase de vista. En todo caso, debía estar allí para cuando saliesen todos.

Encontramos poco tráfico tanto en la carretera como a la entrada en Bruselas, así que llegamos mucho antes de lo previsto. Mi acompañante me dejó a las puertas del Palacio de Justicia mientras iba a aparcar, por lo que contacté con Costa, me dijo que seguían dentro y me informó en detalle de por dónde iban en las discusiones.

Decidí que no podía entrar, eso sería una falta de respeto al Tribunal y a los compañeros que estaban celebrando la vista, y traté de encontrar algún sitio en el que tomarme algo caliente; la Sala de Abogados estaba abierta, pero su cafetería cerrada, en las inmediaciones todo se encontraba cerrado. Cuando iba de regreso al Palacio fui abordado por periodistas, a los que conocía de anteriores ocasiones, que me fueron haciendo preguntas sobre lo de Luxemburgo y sobre la vista que se estaba celebrando.

Todos, periodistas, yo mismo y mi acompañante, decidimos entrar al Palacio porque ese día el frío era muy severo. Nos instalamos en la zona central, un imponente corredor con múltiples sitios para mantener discretas conversaciones. Allí sí había una suerte de quiosco en el que vendían algunas cosas y, afortunadamente, café.

Minutos después de acomodarnos en esa zona, Costa me avisó de que ya habían terminado y yo le informé de que en el vestíbulo se encontrarían con muchos periodistas. Christophe me envió un mensaje diciendo: «Much better than expected, tell you know» («Mejor de lo esperado, luego te cuento»).

A lo lejos vi a Paul entrando en el amplio corredor, también a Simon, Lluís, Sophie, Christophe y Costa; todos venían muy sonrientes y, después de saludarlos, me aparté para cotillear sobre los detalles de la vista con Costa y Christophe. Ambos coincidían en lo importante que habían sido las preguntas finales del presidente del Tribunal al fiscal; a partir de las mismas todos coincidimos en cuál sería el resultado, pero ni podíamos ni debíamos hacer públicas esas impresiones.

Lluís, en primer lugar, se dirigió a los periodistas para hacer una declaración y luego lo hizo Paul en neerlandés, Simon en francés y Costa en catalán. Cuando aclaramos todas las dudas a los medios, salimos de allí para dirigirnos a la Sala de Abogados, donde podríamos conversar con más intimidad sobre los pormenores de la vista.

Sophie tuvo que salir corriendo, pues debía conciliar, que es algo que siempre recae en las mujeres y que tanto se ve entre los abogados; siempre son ellas quienes asumen la sobrecarga del cuidado de los niños. Esta es una de las tareas pendientes de esta sociedad, y especialmente en lo que respecta a nuestra profesión, que día a día es más femenina pero en la que la desigualdad sigue vigente.

Todos los compañeros presentes en la vista coincidían en el análisis; Paul, seguramente por ser el más experimentado, era mucho más cauto, pero era imposible no estar optimistas cuando era evidente que el Tribunal no había comprado los argumentos del fiscal, que nosotros, durante los últimos tres meses, habíamos ido desmontando uno a uno de forma no solo certera, sino muy didáctica y documentada.

Eran buenas sensaciones, pero eso, como la experiencia nos ha demostrado, no es suficiente: necesitábamos verlo negro sobre blanco y para ello tuvimos que esperar hasta el 7 de enero de 2021, fecha que nos dieron para recoger la sentencia. Ese dato era muy significativo: «El 7 de enero tendréis a disposición nuestra sentencia, basta con que uno de ustedes pase a recogerla»… No nos convocaban a una audiencia ni pedían que Lluís fuese, bastaba con que uno de nosotros la recogiese.

Teniendo presente que cuando se inició este tercer procedimiento de OEDE el juez de garantías acordó la libertad de Lluís, indicando que en caso de acordarse la entrega se revisaría su situación personal, el hecho de no requerirle para comparecer e ir a buscar la sentencia de apelación era un buen síntoma, aunque nada más que eso, de momento.

Cuando terminamos de revisar todo lo sucedido y de ver otros temas pendientes, especialmente de cara al suplicatorio, nos despedimos deseándonos buenas fiestas, aunque todos éramos conscientes de que hablaríamos muchas veces antes de las vacaciones de fin de año.

Christophe, Costa y yo salimos juntos del Palacio y allí nos despedimos; Christophe marchó en su bicicleta y nosotros, con mi acompañante y Costa, nos fuimos a Waterloo, donde teníamos reunión con el president Puigdemont, Clara y Toni. El día aún no había acabado.

De camino a Waterloo tuvimos una larga conversación con Cekpet; quería hasta los más mínimos detalles y a medida que le íbamos informando nos iba dando sus impresiones, que, desde la distancia, sorprendentemente coincidían en todo con las nuestras.

Terminamos tarde, luego cenamos los cinco juntos en un ambiente muy agradable que, como siempre, también sirvió para ir afinando detalles estratégicos y materiales relacionados con el suplicatorio, que ya tenía nueva fecha: el 14 de enero de 2021.

Los preparativos pendientes para esa vista ya no eran tantos, teníamos todo muy avanzado y era evidente que podríamos terminar con ello antes de la fecha señalada, aunque siempre con la incógnita de si se llegaría a celebrar o no. Esa duda no provenía tanto de lo político —teníamos claro que querían celebrarla—, sino de muchos factores jurídicos y de tipo técnico, relacionados con las restricciones impuestas debido a la pandemia.

A la mañana siguiente Costa y yo nos fuimos temprano al aeropuerto, nuestros vuelos salían a distintas horas, pero así hacíamos solo un viaje y yo podría trabajar mientras esperaba el mío, que salía más tarde. Hasta el último momento estuvimos revisando cosas que no queríamos tener que hablar por los móviles, puesto que éramos y somos conscientes de que los mismos son vulnerables. Es la lección aprendida de todo lo que íbamos sabiendo sobre cómo había operado Pegasus y sobre cómo podría estar funcionando esa u otra nueva aplicación en la guerra sucia que algunos sectores del Estado nos había declarado.

La semana del 14 de diciembre no sería menos intensa que la anterior, tenía previstas una serie de presentaciones de mi anterior libro, así como muchas reuniones en Barcelona, pero, una vez más, no fue posible realizarlas todas porque se volvieron a imponer medidas sanitarias restrictivas que obligaron a suspender varias cosas. Así, el mismo jueves regresé a Madrid.

Ese día nos reunimos Isabel y yo con Gonzalo, la persona encargada de la comunicación del despacho, para revisar una serie de temas, entre los que destacaba el caso que la jueza Tardón tiene abierto en mi contra; se aproximaban las fiestas y por eso yo era de la opinión de que nos daría alguna desagradable sorpresa.

A pesar de lo que nos indicaba Gonzalo, con mucho criterio y rigor en materia de comunicación, para mí era evidente, que la jueza nos golpearía en esas fechas e incluso les dije: «Dictará auto de procesamiento en estos días y nos joderá las fiestas». No me equivocaba.

El viernes 18 nos enteramos, una vez más por los medios de comunicación, de que la jueza había dictado dos resoluciones: un auto transformando las diligencias previas en procedimiento sumario ordinario y otro decretando el procesamiento de una serie de personas entre las que me incluía; en mi caso era por un presunto delito de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico.

Desde un punto de vista legal, el dictado al unísono de esas dos resoluciones era una aberración; primero se tiene que transformar el procedimiento en sumario ordinario, luego ha de esperarse a que dicha resolución sea firme y, finalmente, se podrá dictar el auto de procesamiento. Sus prisas e intención eran evidentes.

Nadie daba crédito a lo que estaba sucediendo excepto yo, que ya lo había anunciado porque veía, claramente, las intenciones detrás de tal proceder.

Ese mismo día se nos notificó el auto de transformación en sumario y el lunes siguiente mis abogados, Eduardo y Paco, procedieron a interponer el correspondiente recurso de reforma.

A través de diversos periodistas nos habíamos hecho con una copia del auto de procesamiento que había sido divulgado a los medios de comunicación, por parte del Juzgado, ese mismo viernes 18, y comenzamos a trabajar en el mismo.

El auto era todo un dislate y una ideación construida sobre la base exclusiva de los testimonios premiados de dos personas: Manuel Puentes Saavedra y Manuel González Rubio; ambos habían sido clientes del despacho, a ambos se les había compensado para que hiciesen esas declaraciones.

Se me citó para comparecer ante la Audiencia Nacional el 23 de diciembre a los efectos de notificarme dicha resolución, pero ese día tenía una vista oral en el Tribunal Supremo, señalada con antelación y de carácter preferente, en relación con la OEDE de Clara Ponsatí; el resultado era previsible porque ya se habían pronunciado sobre lo mismo en los casos del president Puigdemont y de Toni Comín, pero la vista era inaplazable, de modo que la jueza Tardón acordó modificar la fecha de notificación al 28 de diciembre… Sus prisas eran evidentes porque nadie, no tengo ningún caso similar en toda mi carrera, hace ese tipo de diligencias en plenas fiestas de Navidad.

Las indagatorias, que son las declaraciones que se han de prestar una vez dictado el auto de procesamiento, comenzarían el 4 de enero, fecha muy poco habitual para algo que, además, llevaba secreto dos años; se había investigado y creado una causa a mis espaldas durante dos años para, ahora, pisar el acelerador y tratar de ir lo más rápido posible.

No puedo negar que todos en el despacho estábamos consternados, inquietos, preocupados y muy molestos por las formas, pero sobre todo por el fondo, ya que era evidente que se trataba de una ideación impropia de cualquier Estado democrático y de derecho.

La campaña mediática fue brutal, todos los medios estatales salieron con el tema y muchos fueron bastante honestos en los titulares: PROCESAN AL ABOGADO DE PUIGDEMONT. Esa era la realidad, no me estaban procesando por lo que hubiese hecho, que no había hecho nada ilegal, sino por ser el abogado del president Puigdemont, lo que, a la vista está, resulta haberse convertido en un auténtico delito.

Las fiestas no serían ya lo mismo, la preocupación era evidente, y tanto mis abogados como la gente del despacho e Isabel y yo nos volcamos en el estudio sistemático del auto, en ver la forma en la que debía recurrirse y en cómo contestar a todos y cada uno de los puntos que este daba como ciertos cuando todos, incluidos el fiscal y la jueza, sabían que no lo eran.

Cuando se acordó la entrada y registro en casa y en el despacho, el 21 de octubre de 2019, se me acusaba de haber creado unos contratos simulados para intentar recuperar más de 844 000 euros que le habían sido intervenidos a Manuel González Rubio y la familia de su exmujer en Barajas.

Al no haberse encontrado evidencia alguna de falsificación de ningún tipo en los registros la acusación, se modificó para llevarla, ahora y dentro del auto de procesamiento, a la idea de que yo habría tenido pleno conocimiento de la falsedad de esos contratos cuando los presenté ante el SEPBLAC para intentar recuperar el dinero de González Rubio.

Como González Rubio no tenía antecedentes ni vinculación de ningún tipo con el narcotráfico, simplemente era un empresario, lo que se sostenía y sostiene ahora en el auto de procesamiento es que el dinero que portaba este excliente era propiedad de José Ramón Prado Bugallo (Sito Miñanco); de esa forma se estaba construyendo el delito de blanqueo de capitales y agravándolo al vinculársele con el narcotráfico.

Mientras repasábamos el auto para la elaboración del recurso, Isabel y yo nos dimos cuenta de algo que refleja cómo se ha ido construyendo todo: el auto comunicado a los medios de comunicación el 18 de diciembre no era igual que el que nos notificaron a los procesados… Había algunos cambios, lo que implicaba que la jueza había hecho dos resoluciones: una para divulgar mediáticamente y otra para notificar a los afectados. Esto es, por sí mismo, algo inaudito.

Nos dimos cuenta por dos detalles iniciales: el notificado a los medios tenía un número de procedimiento y el notificado a nosotros otro distinto; además, al final del auto notificado a nosotros ponía lo siguiente:

DILIGENCIA.- para hacer constar que por problemas informáticos no se ha podido transformar informáticamente el procedimiento en Sumario 5/2020, debiendo dirigir las partes los escritos o alegaciones a las DPA 19/2016.

La razón de esa diligencia era muy simple: se dictó el procesamiento antes de la firmeza del auto de transformación en sumario ordinario, por lo que, conforme establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el propio sistema informático impide el cambio de procedimiento sin la adquisición de la firmeza. Así, por un tema informático, hemos podido probar el cómo se ha ido actuando.

En otras palabras, las prisas habían llevado a la jueza a dictar al mismo tiempo dos resoluciones que la Ley obliga a que sean consecutivas, la primera, transformación del procedimiento en sumario ordinario, y la segunda, auto de procesamiento, que no debe ser dictada hasta que la primera no haya alcanzado su firmeza… en derecho las formas son el fondo.

La ley lo prohíbe y la informática lo delataba.

Nosotros teníamos razón cuando recurrimos la transformación e indicamos que eso era una irregularidad, pero ni al fiscal Ignacio de Lucas, que debe defender la legalidad, ni a la jueza María Tardón, que ha de velar por la corrección procesal, les ha importado, y ahora seguimos en un procedimiento de Diligencias Previas, pero con gente procesada y actuando según las normas propias del Sumario Ordinario.

Todo esto iba sucediendo en los días previos a las fiestas, que para nosotros dejaron de serlo. Por el contrario, fueron días de mucha preocupación, mucho trabajo y mucha sensación de que estábamos al borde de un precipicio al que me estaban empujando día a día, no por lo que hubiese hecho sino por lo que estaba defendiendo.

Las navidades, entre las restricciones propias del covid, la preocupación y el trabajo, pasaron sin pena ni gloria, y sí muy en familia.

Días antes había ido a Murcia a visitar a un defendido que está allí en prisión y aproveché para pasar a buscar a mi suegra por Guardamar, para que pasase las fiestas con nosotros. Ella me esperaba con fruta y verdura como para un regimiento, por lo que cargué el coche y salimos rumbo a Madrid… Creo que nunca había hecho ese trayecto en tan poco tiempo, pero en realidad tenía prisa.

Después de Navidad me tocó realizar un viaje relámpago a Andorra por un caso que estamos llevando allí, por lo que tampoco hubo mucho tiempo para descansar entre Nochebuena y Nochevieja, aunque de todos modos los ánimos no estaban para eso.

Mantuve varias reuniones con mis abogados y teníamos pendiente una para el 30 de diciembre de cara a preparar la declaración indagatoria que se me tomaría el 4 de enero, razón por la cual tenía que regresar rápidamente desde Andorra.

Sin embargo, la noche del 29 Eduardo nos informó de que después de Navidad Paco había dado positivo por covid, al igual que su hermana y su padre, que era con quienes había celebrado la Nochebuena. Eduardo se sentía bien y no tenía síntomas, por lo que nos planteó que podíamos reunirnos en nuestro despacho con mascarillas, pero le indicamos que era mejor hacerlo por videoconferencia al día siguiente y a la misma hora prevista.

La mañana del 30 la usamos para ir preparando la indagatoria, pero todos éramos conscientes que para el 4 no se podría practicar porque, con independencia del resultado que diese Eduardo en la PCR que tenía previsto para esa tarde, debería guardar la cuarentena preceptiva, así que nos pusimos con los escritos para solicitar la suspensión.

El jueves 31 nos informó de que había dado negativo, pero eso no hacía variar lo ya dicho porque debía mantenerse confinado; sin embargo, el sábado 2 de enero de 2021 nos envió un mensaje que decía: «Como me comencé a sentir mal he ido al médico, me han vuelto a hacer una PCR y he dado positivo».

La preocupación de todos en ese momento no era tanto Eduardo o Paco o su padre, sino Carola, la esposa de Eduardo, que es persona de alto riesgo. Él se fue inmediatamente a casa de Paco a confinarse para pasar el covid.

A fin de no causar ningún tipo de perjuicio al resto de procesados, Isabel sustituyó a ambos en mi defensa durante las indagatorias, pero no así en mi caso concreto, que inicialmente fue suspendido y trasladado al 18 de enero por la situación médica de mis abogados.

No faltaron los medios, siempre los mismos, que daban a entender que la enfermedad que afectó a mis abogados era una suerte de argucia para retrasar mi indagatoria… Miserables siempre ha habido y últimamente veo muchos; la verdad es que Eduardo terminó hospitalizado y mientras escribo estas líneas sigue estándolo.

ENERO DE 2021

Este mes no iba a ser sencillo, pues vendría marcado por diversos temas como la sentencia de Lluís Puig prevista para el 7 ante la Corte de Apelaciones de Bruselas, la audiencia del suplicatorio señalada para el 14 en el Parlamento Europeo y las indagatorias del proceso que con tanto interés personal estaban siguiendo la jueza Tardón y el fiscal De Lucas en mi contra.

Debido al estado de salud de Eduardo y Paco quedaban dos opciones: o las indagatorias se suspendían o ellos eran sustituidos por Isabel. Era evidente que Isabel, excelente abogada, podía sustituirlos en las demás indagatorias, pero no en la mía porque era aberrante que mi propia esposa me tuviese que interrogar como procesado.

Una tras otra, en maratonianas sesiones se fueron practicando las declaraciones de los procesados; en buena técnica, la mayoría declaró no estar de acuerdo con el auto de procesamiento y no hicieron más declaraciones.

Como el relato de hechos tuvo que cambiarse, al no haberse encontrado ni un solo rastro de falsificación ni en el despacho ni en casa, se procesó también a otro abogado y a una serie de personas de una empresa financiera para justificar que los contratos eran falsos… Se argüía que los habrían falsificado y yo, a sabiendas, los había presentado. Ni lo uno ni lo otro era cierto.

Entre las anécdotas sobre cómo se ha manejado todo este procedimiento destaco las indagatorias de los miembros de la tripulación de un barco, el Thoran, a los que se les atribuye el transporte de una importante cantidad de droga y, como no hay más droga intervenida que esa en el procedimiento, se la vincula con Sito Miñanco sin que exista prueba alguna de ello.

El auto de procesamiento no les fue traducido a un idioma que conociesen, pero se les practicó la declaración indagatoria porque, siempre según la jueza, los hechos ya los tenían que conocer y cuando tuviesen una traducción de aquellos extremos que les afectasen, podrían recurrirlo.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal, la jurisprudencia del TEDH e incluso la propia del Tribunal Constitucional reconocen el derecho de todo procesado, y la obligación de todo juez, a disponer de una traducción de todas aquellas resoluciones relevantes en un idioma que conozcan. La razón es muy sencilla: si no comprenden de qué se les acusa, difícilmente podrán defenderse de manera efectiva; a la jueza Tardón eso no le interesaba porque retrasaría sus planes.

El fiscal Ignacio de Lucas, encargado de defender la legalidad, se ausentó de las indagatorias pero ni antes ni después se ha pronunciado sobre el tema de las traducciones, lo que refleja cuál es su entendimiento de la legalidad y de los derechos fundamentales de toda persona.

A nosotros las únicas indagatorias que nos interesaban eran las referentes a las personas de la empresa financiera, la del otro abogado procesado y especialmente las de Puentes Saavedra y González Rubio. Isabel, que además defiende a otros dos procesados de esa causa, tenía muy en cuenta lo que les afectaba a esos dos defendidos y, por tanto, estaba a mil cosas.

Es imposible negar que este procedimiento me estaba afectando, y me afecta, en lo emocional; a nadie le gusta verse acusado de algo que no ha hecho, mucho menos cuando se es absolutamente consciente de las razones por las cuales se le persigue y se conoce ya el cómo se ha montado toda esta persecución.

En todo caso, el problema no es tanto cómo esto afecta en lo anímico, que en definitiva es algo íntimo, sino en el trabajo a desarrollar, porque además de ocuparme de mi problema tenía, en paralelo, que ir trabajando y solventando múltiples cuestiones que afectan a la defensa de los exiliados y de otros políticos catalanes como el president Torra o Laura Borràs, así como de otras víctimas de la represión como Josep Lluís Alay y Lluís Escola.

Una a una se iban practicando las indagatorias sin sorpresa alguna; Isabel estaba ahí y en los recesos nos informaba de los detalles; se estaba dando una auténtica paliza también bajo una tremenda presión en lo emocional.

Sí debo decir, porque no le conocía ni sabía quién era ni a qué se dedicaba, que nos sorprendió la declaración de uno de los directivos de la empresa financiera por su contundencia: indicó claramente que los supuestos contratos falsos no solo eran reales, sino que, además, los mismos habían sido cumplidos y otros ejecutados en vía judicial. Se trataba de contratos de créditos documentados con garantía hipotecaria y aquellos que no fueron pagados se ejecutaron judicialmente. También indicó que su empresa se encontraba perfectamente registrada y autorizada en el sector de los créditos privados por el Banco de España y que le parecía sorprendente verse procesado por algo tan descabellado… Básicamente vino a decir lo mismo que nosotros, solo que de forma más contundente, porque él conocía esos contratos y todos tenían lógica mercantil, respaldo legal y eran reales…, justo lo contrario de lo que sostenía la policía y habían hecho propio la jueza Tardón y el fiscal Ignacio de Lucas.

Parecía evidente que las apreciaciones policiales se basaban en la ignorancia o en la maledicencia, pero habían sido suficientes para que el fiscal y la jueza asumiesen como propios criterios tan absurdos sin hacer la más mínima comprobación… en realidad, no les interesaba hacerla.

Las declaraciones estrella, desde mi perspectiva, fueron las de Puentes Saavedra y González Rubio, que se practicaron en distintos días.

Puentes Saavedra no solo se ratificó en lo que había dicho el 29 de julio de 2019, con el fin de ser puesto en libertad y que se hiciese la vista gorda, de un lado, con un presunto asesinato que tenía pendiente en Colombia; de otro, con otra causa por narcotráfico pendiente en el Juzgado de Instrucción 50 de Madrid; y, como luego descubriríamos, con un tercer tema: una sentencia condenatoria, ya en firme, de la Audiencia Provincial de Madrid por un caso de narcotráfico del Juzgado de Instrucción 3 de Madrid.

Sí, por muy duro que parezca, después de que él hiciese su declaración contra mí en julio de 2019, que fue la base para acordar la entrada y registro en casa y en el despacho, fue puesto en libertad porque el fiscal Ignacio de Lucas estuvo de acuerdo… Lo que no sabíamos en ese momento es qué más se incluía en el premio por tan abyecta y falsa declaración, que era mucho… bastante más de lo tolerable en cualquier Estado democrático y de derecho.

En su indagatoria, Puentes Saavedra no solo se ratificó, sino que precisó que había estado en cuatro ocasiones en mi despacho y que en dos de ellas estuvo junto a Sito Miñanco y en las otras dos con González Rubio; todas ellas para intentar recuperar el dinero intervenido a González Rubio en Barajas el 6 de febrero de 2017.

Isabel le preguntó por el asesinato de Colombia y la jueza Tardón intentó impedirlo; al final no tuvo más remedio que permitir esas preguntas y de ahí, junto con otros datos que habíamos conseguido, sacamos en claro que la Audiencia Nacional jamás había informado a Colombia de las pruebas que, en este mismo procedimiento, tenía en contra de Puentes Saavedra. Ese silencio era parte del premio.

En realidad, sabíamos desde hacía ya mucho tiempo que el Juzgado Central 3 no había informado a las autoridades colombianas de nada de lo que tenían; hicieron el amago de hacerlo —es decir lo acordaron para que todos, especialmente Puentes Saavedra, nos enterásemos—, pero nunca se llegó a remitir, y eso lo sabíamos porque no son pocos los amigos que a estas alturas de la vida uno tiene, y una de esas amistades habló directamente con la Fiscalía de Colombia, que se sorprendió por el dato ya que nada sabían.

También ahí supimos que la condena impuesta meses antes por la Audiencia Provincial de Madrid le había sido suspendida por una falsa condición de toxicómano. Puentes Saavedra ni de lejos es toxicómano, pero la pena le fue suspendida basándose en tal causa… otro premio más.

Lo interesante de su declaración era que teníamos, y tenemos, pruebas objetivas de sus mentiras: Puentes Saavedra jamás coincidió con Sito Miñanco ni con González Rubio en el despacho.

Lo sabemos por los posicionamientos BTS de los respectivos teléfonos, que son absolutamente objetivos y no manipulables. Todo teléfono móvil deja un rastro incuestionable que afecta, entre otras cosas, al posicionamiento del mismo en todo momento, y de esos datos sabíamos, objetivamente, que Puentes Saavedra mentía. No sería el único al que hemos pillado por esa vía.

Mentía como en el resto de los aspectos de su declaración, pero esto es tan objetivo como cierto: no coincidió con ninguno de los dos, por lo que su relato no era más que fruto de una bien pagada invención.

Cuando él sostenía que había coincidido en el despacho con Sito Miñanco resulta que este estaba a más de 530 kilómetros de distancia, en Algeciras, y además el propio Puentes Saavedra no estaba en el despacho.

Cuando él sostenía que había coincidido en el despacho con González Rubio resulta que este estaba fuera de España, y además el propio Puentes Saavedra no estaba allí.

Las pruebas de los posicionamientos BTS de los móviles de los tres daban resultados increíbles: Puentes Saavedra acudió al despacho en dos ocasiones en el mes de febrero de 2017, mes que es clave para este caso y montaje, y en ambas ocasiones solo estuvo unos escasos cinco minutos; no estuvo en ninguna reunión ni en nada, simplemente se acercó a dejar algún documento o pretendió reunirse conmigo sin conseguirlo.

Esto era demoledor, pero ni él, ni la jueza ni el fiscal Ignacio de Lucas sabían que nosotros teníamos esas pruebas, por lo que seguimos manteniendo absoluto silencio al respecto. Los posicionamientos BTS de los móviles son, si se me permite el símil, como las pruebas de ADN, por lo que no eran un dato menor.

González Rubio, a quien se había llevado a declarar para incriminarme en julio de 2020, aún con la causa secreta, volvió a modificar su relato, esta vez a preguntas de su abogado, para acomodar sus declaraciones a lo que decía el auto de procesamiento; eso era evidente porque cada vez que ha declarado ha cambiado su versión y la acerca más y más a lo que se pretende establecer como verdad oficial por parte del fiscal Ignacio de Lucas.

En julio de 2020, cuando declaró siendo aún secretas las actuaciones, hizo lo que se llama una declaración «autoexculpatoria» diciendo que él no sabía nada, que el dinero no era suyo sino de Puentes Saavedra, que este le llevó una vez a mi despacho, donde yo le hice firmar un papel que él creyó de los juzgados, y que en esa reunión estaban otras dos personas. Es decir, además, se ponía en el papel de «mula» que solo transportaba dinero ajeno y era víctima de todos, también mía.

Ahora, adaptándose al auto de procesamiento, seguía con la versión autoexculpatoria pero agregaba que en esa reunión, en la que yo le habría hecho firmar un papel, estaban presentes un tal Alejandro y un tal Jesús, y que mientras él firmaba nosotros estábamos contando dinero… Así de descabellado era todo. El problema es que se le estaba haciendo caso tanto por parte de la jueza como del fiscal Ignacio de Lucas.

Nosotros estábamos tranquilos a este respecto; de hecho, pensamos que era muy bueno que hiciese estas estrambóticas declaraciones porque teníamos pruebas de todo: de que él estaba en el extranjero el día que yo me reuní con los representantes de sus prestamistas, que nunca estuvo en mi despacho ni con el tal Alejandro ni con el tal Jesús, que los contratos los trajo él antes de irse de viaje fuera de España y, sobre todo, de que el dinero era, sin lugar a duda, suyo.

Para conseguir esa declaración de González Rubio se había omitido cualquier referencia a sus empresas, a su patrimonio, a su ingente actividad económica, a sus relaciones con la policía, a que existían pruebas objetivas de que él era el dueño del dinero intervenido y, sobre todo, a que no nos fue presentado como cliente del despacho por Puentes Saavedra, sino que ya lo era desde el año 2010… Sí, esta «pobre mula» engañada por todos, también por mí, había sido cliente del despacho en los años 2010 y 2011 por diversos temas; entonces, su patrimonio superaba con creces los varios millones de euros.

Sí, González Rubio, que decía que le habían llevado a mi despacho en febrero de 2017 y que nunca antes me había conocido era cliente y me había otorgado poder notarial para representarle, como abogado, en agosto de 2010. Las mentiras tienen los pies cortos y, en este caso, por lo visto la memoria también.

Como su teléfono estaba intervenido desde febrero de 2017, en la propia causa constaban una serie de conversaciones suyas con su gestor, con su secretaria, con su exmujer y socia, y con otras muchas personas en las cuales no solo hablaba de que le habían intervenido un dinero que era suyo, sino también de que tenía perfectamente acreditado su origen, que lo recuperaría y que con ese dinero pagaría a Hacienda y al banco y zanjaría una serie de deudas.

Entre las más significativas estaba una del 1 de julio de 2017 en la que le explicaba a una de sus secretarias lo siguiente:

A mí lo que me interesa ahora, de momento, hasta que me devuelvan un dinero que me requisó Hacienda, pues quiero hacer cursos, pero cursos que son hechos por una universidad española, que son hechos aquí con titulación allí, y eso es lo que quiero de momento, mientras se libera el otro capital que yo llevaba a Colombia… Como ya he demostrado, y está todo arreglado, estoy esperando a que me hagan la devolución. Yo llevaba un millón de euros para allá, entonces… bueno, pues desafortunadamente cometí el error de llevarlos encima, y no tenía que haberlo hecho, pero bueno, ya he demostrado de dónde venía el dinero y todo, y ya estoy esperando que de un momento a otro me lo devuelvan, pero mientras tanto sí podemos hacer eso, y generar muchos recursos para los cursos que se hagan aquí.

Estas palabras de González Rubio, dichas cuando no sabía que le detendrían ni que le estaban escuchando, cobraban un valor muy importante y demostraban, por sí solas, lo que yo venía diciendo: que el dinero era suyo y no de Sito Miñanco y que había mentido para obtener una serie de beneficios por parte del fiscal y de la jueza.

Como estas había otras muchas conversaciones que eran, sin duda, conocidas por la policía, por el fiscal Ignacio de Lucas y por la jueza María Tardón, solo que las habían omitido a efectos de poder sostener la versión que ellos querían y que era incriminatoria para mí.

La versión del auto de procesamiento y estas conversaciones eran incompatibles, así de simple… y también lo eran con los datos de posicionamiento de su propio teléfono.

Cuando se autorizan intervenciones telefónicas, el juez encargado está obligado a llevar un control jurisdiccional de la medida: si no lo hace, dichas escuchas devienen nulas como prueba. Dicho control implica el escucharlas, por lo que o bien las escuchó y las omitió o, peor aún, no las escuchó, pero las fue autorizando una tras otra.

Sabíamos que eran pruebas de descargo muy brutales, básicamente irrefutables, y también que eran la evidencia de cómo se había construido esta causa en mi contra. Desde un comienzo conocíamos el motivo de esta persecución: ser el abogado de Puigdemont y del resto de exiliados, y serlo con éxito.

La cuestión era manejar los tiempos para impedir que una vez expuestas las evidencias pudiesen volver a cambiar la imputación; de hecho, esto ya había sucedido después de la entrada y registro en casa y en el despacho.

Insisto: como no encontraron rastro alguno de esa supuesta falsificación, se cambió la imputación por la de presentar, a sabiendas de su falsedad, esos documentos para intentar recuperar parte del dinero de González Rubio que falsamente atribuían a Sito Miñanco.

La razón de atribuirle el dinero a Sito Miñanco en lugar de a su auténtico propietario es muy sencilla: si era de Sito Miñanco se podía estar hablando de un delito de blanqueo de capitales, pero si era de González Rubio no pasaba de una sanción administrativa, cara o muy cara, pero simplemente una sanción por salir del país sin declarar los medios de pago que portaba.

De hecho, desde la incautación del dinero nosotros defendimos a González Rubio ante el SEPBLAC y luego en la jurisdicción contencioso-administrativa, consiguiendo que se estimasen nuestros recursos y se le impusiese una sanción por falta grave —no muy grave— y una multa equivalente al 50 por ciento del dinero intervenido, y no del cien por cien como inicialmente se le había impuesto.

En esos recursos contencioso-administrativos la propia Abogacía del Estado se había adherido a nuestros planteamientos y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dictó sentencia, que ya en esos momentos era firme, acordando la devolución de ese 50 por ciento del dinero intervenido.

La aberración era de proporciones increíbles porque mientras para los cinco magistrados del TSJM los hechos eran una mera sanción administrativa para imponer a González Rubio, la jueza Tardón y el discal De Lucas veían un delito de blanqueo de capitales y nos habían procesado a una serie de personas. Un hecho no puede ser y dejar de ser a la vez, y para saber eso no se necesita ser jurista, basta con usar la cabeza y no perseguir otros fines.

Durante los más de dos años en que secretamente se me ha estado investigando, nadie, absolutamente nadie se puso en contacto con el TSJM. Cuando se lo hicimos ver a la jueza, ella se negó a que se pidiese a dicho Tribunal copia íntegra de todo el expediente… Era evidente que esa sentencia firme le complicaba los planes y el relato porque, como digo, un hecho no puede ser y dejar de ser al mismo tiempo, no sin vulnerar derechos fundamentales muy concretos.

Por lo tanto, de una parte el SEPBLAC, que es la máxima autoridad española en materia de blanqueo de capitales, no había detectado blanqueo alguno, y de otra tampoco lo habían hecho los cinco jueces del TSJM que se pronunciaron en el recurso que habíamos interpuesto. Ni al fiscal Ignacio de Lucas ni a la jueza parecía importarles nada… El objetivo era yo y el resto era secundario.

Hasta que se dictó el auto de procesamiento no teníamos claro cuál era el momento adecuado para aportar todo lo que teníamos, pero una vez que estuvimos notificados lo estudiamos y decidimos que el mejor momento para presentar toda la batería de pruebas con las que contábamos, pruebas de descargo, sería después de mi declaración indagatoria, que, finalmente y como resultado del covid de Eduardo y Paco, se pospuso hasta el 18 de enero.

En medio de todo esto, y mientras González Rubio montaba su numerito en la Audiencia Nacional presentándose como una pobre víctima, una simple «mula» al que pillaron trasladando dinero de un narco (al que también se acusa de dos homicidios en grado de tentativa), el Tribunal de Apelaciones de Bruselas desestimaba la apelación que el fiscal belga interpuso en contra de la sentencia de 7 de agosto de 2020 por la cual se denegó la entrega de Lluís Puig, basándose en una de nuestras alegaciones: la falta de competencia del Supremo para entender de este procedimiento y, por tanto, también para reclamarle a él y a todos los demás exiliados.

El Tribunal de Apelaciones de Bruselas iba mucho más allá de lo que fue el juez Coopens el 7 de agosto. Ahora no solo se reforzaba el tema de la falta de competencia, sino que, además, entraba a sustentar su decisión en algo que venimos alegando desde noviembre de 2017: la vulneración del derecho a la presunción de inocencia en los términos en que viene establecido en la Directiva de la Unión Europea 2016/343 de presunción de inocencia.

Este punto para nosotros era y es clave por diversas razones, pero, sobre todo, porque es lo que mejor refleja la persecución política a la que se ha sometido a los exiliados y a los condenados. En dicha persecución la primera víctima fue la presunción de inocencia y la segunda la verdad.

Con ese pronunciamiento el Tribunal de Apelaciones de Bruselas cerró la puerta a cualquier recurso de casación, porque tal apreciación se hizo en función de la prueba practicada a lo largo de la tramitación del recurso y luego en la propia vista del 10 de diciembre. Se trataba de una valoración de prueba que no es revisable en casación. El fiscal lo supo inmediatamente, pero tardó 24 horas en anunciar que no recurriría porque, imagino, quería meditar y reposar una decisión de tales características, que, además, tiene una serie de implicaciones de futuro.

El tema de la presunción de inocencia, en términos de las normas europeas, es bastante claro, y están prohibidas, por entender que las vulneran, ciertas prácticas que en España son el pan nuestro de cada día, y que deben ser erradicadas si queremos que la Justicia actúe conforme a parámetros europeo.

La Directiva en cuestión establece pautas claras, especialmente en una serie de considerandos, y tiene su origen en diversas sentencias del TEDH; entre lo más destacable estaría:

(12) La presente Directiva debe aplicarse a las personas físicas sospechosas o acusadas en un proceso penal. Debe aplicarse desde el momento en que una persona sea sospechosa o esté acusada de haber cometido una infracción penal, o una presunta infracción penal, y, por lo tanto, incluso antes de que las autoridades competentes de un Estado miembro hayan comunicado a dicha persona, mediante notificación oficial u otra vía, su condición de sospechosa o acusada. La presente Directiva debe aplicarse en cualquier fase del proceso penal hasta que adquiera firmeza la resolución final sobre si el sospechoso o acusado ha cometido la infracción penal. El ámbito de aplicación de la presente Directiva no debe incluir las acciones ni los recursos judiciales que solo puedan ejercitarse o interponerse una vez que la resolución de que se trate sea firme, incluidos los recursos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Para luego establecer que:

(16) Se vulneraría la presunción de inocencia si las declaraciones públicas de las autoridades públicas, o las resoluciones judiciales que no fuesen de condena se refiriesen a un sospechoso o acusado como culpable mientras no se haya probado su culpabilidad con arreglo a la ley. Dichas declaraciones y resoluciones judiciales no deben reflejar la opinión de que esa persona es culpable. Todo ello sin perjuicio de los actos procesales encaminados a demostrar la culpabilidad del sospechoso o acusado, como por ejemplo el escrito de acusación, y sin perjuicio de las resoluciones judiciales como resultado de las cuales adquiere eficacia una condena suspendida, siempre y cuando se respete el derecho de defensa. Se entiende, asimismo, sin perjuicio de las resoluciones preliminares de carácter procesal, adoptadas por las autoridades judiciales u otras autoridades competentes y que se basen en sospechas o pruebas de cargo, como las resoluciones relativas a la prisión preventiva, siempre y cuando no se refieran al sospechoso o acusado como culpable. Antes de adoptar una resolución preliminar de carácter procesal, la autoridad competente debe comprobar previamente que existen suficientes pruebas de cargo contra el sospechoso o acusado que justifiquen la resolución de que se trate, y la resolución podría contener una referencia a dichas pruebas.

(17) Por «declaraciones públicas efectuadas por las autoridades públicas» debe entenderse cualquier declaración que se refiera a una infracción penal y que emane de una autoridad que participa en el proceso penal relativo a esa infracción penal, como por ejemplo las autoridades judiciales, la policía y otras autoridades con funciones policiales u otra autoridad pública, como ministros y otros cargos públicos, bien que sin perjuicio del Derecho nacional en materia de inmunidad.

Una rápida lectura de dichos considerandos deja claro que todo lo que se va diciendo y publicitando en muchas causas penales en España vulnera dicha Directiva y, por tanto, la presunción de inocencia de los afectados.

En el caso del independentismo esta práctica, a todas luces ilegal, es mucho mayor. De hecho si quienes la practican pensasen, seguramente se darían cuenta que son ellos quienes nos han hecho parte importante de la defensa.

Sí, son los Borrell, los Sáenz de Santamaría, Casado, Arrimadas, Abascal y tantos otros los que han ido sembrando la prensa de declaraciones que si bien les pueden generar réditos electorales en España, lo que realmente hacen es saltarse la Ley y ayudarnos en la defensa.

Este tema lo pusimos de manifiesto en el primer escrito presentado en noviembre de 2017 en defensa de los exiliados, y el primero de los ejemplos utilizados fue el de «Más dura será la caída», nombre que contenían las propiedades del documento en que el entonces fiscal general presentó la querella en contra del Govern del president Puigdemont.

Conocimos de esas propiedades por algo que, a su vez, fue una vulneración de la Directiva: hacer pública la querella antes incluso de que la tuviesen los afectados.

De ahí seguimos con declaraciones públicas de la entonces vicepresidenta del Gobierno de Mariano Rajoy y de cuanto político se consideraba con derecho a vulnerar derechos fundamentales de nuestros defendidos, con tuits de diversas asociaciones de jueces y fiscales e, insisto, de altos cargos públicos como el señor Borrell y tantos otros, que han hecho de esta práctica una costumbre.

En realidad, ha sido un proceso acumulativo en el cual hemos ido incrementando los ejemplos a medida en que se iban produciendo. Hasta este 7 de enero no se había entrado en este asunto por parte de ningún Tribunal, aun cuando varios lo intuían y lo tenían en mente.

Establecer, como se hace en la sentencia de Lluís Puig, que existe un riesgo claro de vulneración del derecho de la Unión en materia de presunción de inocencia era tan importante como acreditar que el Supremo carecía de competencia para estos hechos, cosa que ya habían dicho Naciones Unidas, diversas ONG internacionales y también el juez Coopens en agosto, de cuya sentencia traía causa la actual.

Eran momentos muy tensos porque todos los medios estaban tratando de conocer la resolución y por obligación legal no podíamos divulgarla; además, estaba escrita en neerlandés.

Simon fue el encargado de ir a buscar la sentencia y Lluís le acompañó, pero por cuestiones de agenda del Tribunal se fue retrasando la notificación. Los nervios iban en aumento y yo tenía la mente compartimentada entre la indagatoria de González Rubio y el Tribunal de Apelaciones de Bruselas.

En cuanto Simon nos subió la sentencia al chat de abogados comencé su lectura, tal cual se hace en estos casos, por el final. Denegaban la entrega y ahora había que saber los motivos.

No hablo neerlandés, pero lo puedo leer a una velocidad más o menos razonable y me fui enterando del tema al mismo tiempo que hablaba con Costa, Cekpet, el president Puigdemont, Lluís, Toni, Clara y todos los que iban llamando en esos momentos. Además iba escribiendo en el chat del despacho para que Isabel y el resto de compañeras y compañeros se enterasen de un éxito sin precedentes, que ponía punto y final a la persecución de Lluís y vaciaba de sentido al propio suplicatorio.

Cuando terminé de leer los fundamentos jurídicos de la sentencia, tuve claras dos cosas: que daba lo mismo el resultado del suplicatorio y que ninguno de ellos sería nunca entregado… Era jaque mate y ahora dependería del Supremo establecer en cuántas jugadas se terminaría la partida.

La alegría era inmensa, difícilmente expresable. Minutos después tenía que entrar en una rueda de prensa telemática que se había organizado desde Bruselas. Mi teléfono echaba humo y, al mismo tiempo, la otra parte de mi cerebro estaba en la Audiencia Nacional, en la declaración de González Rubio… No podía quitarme eso de la cabeza y me estaba amargando uno de los mejores momentos de mi carrera profesional.

Christophe no paraba de enviarme mensajes. Él, que forma parte del equipo de defensa de Assange, llevaba dos triunfos monumentales en una semana y me espoleaba con eso… La verdad es que nos reímos mucho y era inevitable, pues después de años de tensión por fin cerrábamos un importante capítulo: el de la entrega de Lluís, que ya nunca se produciría.

Después de la rueda de prensa pude hablar con el president Puigdemont, que era muy consciente de lo relevante de la sentencia y de lo que realmente habíamos ganado… Después de unos segundos me dijo: «Este era tu efecto dominó, es brutal».

El resto del día estuve dedicado a atender medios y a seguir coordinándome con Costa y Cekpet porque teníamos una serie de temas que no dejaban margen para la celebración. Por otra parte, solo quería que llegase Isabel y me contase los detalles de la declaración de González Rubio; era muy importante para mí y en días como ese cobraba más sentido, si cabe, el hecho de estar siendo perseguido por hacer cosas como las conseguidas: demostrar que existe otra forma de hacer buen derecho y que, además, es conforme con los principios básicos de la Unión Europea.

Isabel llegó por la tarde, agotada de tantas horas en la Audiencia Nacional, pero, sobre todo, por la tensión de estar viendo cómo un tipo se descuelga con una y otra mentira en contra de tu pareja; para ella esto es muy duro, pero ha sabido siempre estar a la altura y mantener la cabeza fría e implementar la estrategia de defensa que habíamos diseñado.

Los detalles que me contaba Isabel no dejaban de llamarme la atención, pero su resumen fue muy lapidario: «Ha metido más y más la pata… ahora toca desmontarle todo».

Lo que a Isabel más le llamaba la atención es que todo lo que había dicho González Rubio lo hizo a preguntas de su abogado, es decir un «compañero» estaba siguiendo una estrategia de «defensa» que pretendía hundirme y, de paso, cargarse el derecho de defensa en términos generales… lo que él no sabía era que me estaba haciendo un favor al mentir y mentir, y también que su estrategia de defensa solo serviría para perjudicar a su defendido.

Este tipo de estrategias se basan siempre en la búsqueda de un beneficio a cambio de decir lo que sea; no es este el primero ni será el último de los procedimientos en que se usen estas «técnicas» a cambio de beneficios de todo tipo… En el caso de González Rubio se trataba de conservarle el patrimonio, que hasta ahora no ha sido tocado a pesar de constar suficientemente acreditada en la causa la existencia de ese patrimonio y de toda la ingente actividad económica que mantenía y mantiene esta persona, a quien jueza y fiscal presentaban como una simple «mula» portadora de dinero ajeno.

El día 8 seguían las declaraciones y mientras Isabel iba a la Audiencia Nacional, teníamos puesto un ojo en Eduardo, abogado y amigo, que estaba hospitalizado con covid, otro en los múltiples y variados casos que se llevan en el despacho y otro, muy importante, en la comparecencia prevista para el 14 de enero ante el Parlamento Europeo con los eurodiputados para el suplicatorio.

Esa mañana fui al despacho para recoger una serie de cosas que necesitaba y sacar un volante para poder visitar a un cliente en la prisión de Huelva; desde allí me fui al aeropuerto y volé a Sevilla para dirigirme por carretera hasta Huelva. En Madrid había caído ya algo de nieve, pero nada me hizo augurar lo que vendría y, por lo visto, tampoco a las autoridades competentes… si este es el término más adecuado.

Regresé al aeropuerto de Sevilla en medio de una lluvia muy intensa, pero con tiempo de sobra para coger mi vuelo a Madrid, donde pensaba pasar un fin de semana relativamente tranquilo en casa.

Mientras esperaba la hora del embarque me di cuenta de que la cosa en Madrid estaba tomando otras proporciones. Sobre las 20.00 horas vi la noticia de que habían cerrado el aeropuerto de Barajas, lo que implicaba que mi vuelo no llegaría y, por tanto, me quedaría tirado en Sevilla. Intenté hablar con el personal de Iberia, pero todos los de ese aeropuerto habían desaparecido, dejándonos tirados a los pasajeros que teníamos que volar a las 21.35 horas a Madrid.

Había gente muy afectada porque estaban perdiendo conexiones a vuelos internacionales, e incluso alguna mujer con varios niños que no sabía muy bien qué hacer; en mi caso la decisión fue sencilla: salí del aeropuerto en taxi y le dije que me llevase a un hotel próximo, ya que mi intención era tomar el primer vuelo de la mañana.

Hacía tiempo que no pasaba tanto frío, pero era evidente que ni un buen hotel de Sevilla estaba preparado para esas temperaturas; dormí mal y desde las seis de la madrugada comencé a hacer gestiones para volver a Madrid, porque intuía que si no lo hacía rápido, no podría volver a tiempo para irme a Bélgica… Aún no me había hecho ni la preceptiva PCR para volar.

No habría vuelos, por lo que me metí en la web de Renfe y a las 07.10 horas compré un billete para el AVE de las 07.45 horas; con eso me bastaba y podría aprovechar el día en Madrid. Al llegar a la estación comprobé que Renfe me había vendido un billete para un AVE que ellos mismos habían cancelado la noche anterior…, en mi trabajo este tipo de prácticas tienen un nombre muy claro.

Ya en la estación, la única solución que me quedaba era alquilar un coche e intentarlo por carretera; serían más de quinientos kilómetros, pero sabía que en cuatro o cinco horas podría estar en casa… bueno, eso era lo que pensé en esos momentos.

Una vez en la carretera informé a Isabel del cambio de planes y le dije que llegaría a comer. Ella se preocupó mucho pensando en que hiciese el viaje por carretera, pero le recordé que habiendo vivido en Alemania y en Inglaterra, y siendo esquiador, yo sabía muy bien cómo conducir cuando había nieve.

A medida que iba avanzando fui siendo consciente de la magnitud de la tormenta y de sus consecuencias, por lo que fui parando en distintas gasolineras para intentar comprar cadenas por si fuesen necesarias. Finalmente, y kilómetros antes de cruzar Despeñaperros, fue cuando las conseguí y ya me sentí más tranquilo. Las noticias no eran buenas, pero de momento no había ni rastro de la nieve.

A la altura de Ciudad Real una buena amiga periodista, de esas que no solo conoce sino respeta su oficio, me informó que a partir de Seseña la carretera estaba cortada y, por tanto, no podría pasar. Hice un alto en el camino, me metí en internet para estudiar la red de carreteras, especialmente las secundarias, y encontré vías alternativas, bastante más largas pero que me permitirían pasar si las cosas iban bien.

Después de pasar Ocaña abandoné la A-4 y comencé mi peregrinaje por carreteras secundarias, que se iban cubriendo de nieve a medida que avanzaba pero que al menos no tenían tráfico. Esto era lo que me preocupaba, porque el auténtico problema en estas situaciones son aquellos que no saben conducir con nieve, se ponen nerviosos y cometen errores que generan graves situaciones.

Pasé por detrás de Aranjuez, pero la situación no mejoraba, por lo que me fui alejando de Madrid para dar un rodeo importante. En una subida me quedé atascado porque un coche que iba delante de mí frenó sin motivo alguno, y nos hundimos él y yo en la nieve, que no paraba de caer. Tardé más de hora y media en ayudarle a salir para poder salir yo y seguir mi camino.

Ya llevaba unos trescientos kilómetros adicionales hechos cuando logré entrar en una de las radiales de Madrid, que estaba aún abierta y, por ella, acceder al carril que habían dejado despejado en la M-50, que circunvala una parte importante de Madrid y por donde me iría a casa.

A esas alturas ya era muy consciente de la magnitud de las consecuencias de una tormenta de nieve para la cual ni las autoridades ni los ciudadanos de Madrid estábamos preparados.

Los últimos trece kilómetros hasta casa fueron un infierno y tardé casi hora y media en realizarlos, pero solo pude llegar hasta la entrada de la urbanización donde vivimos, que es en subida y fue el final de mi viaje.

Intenté subir por la calle de acceso en diversas ocasiones, pero la realidad era más tozuda que yo, por lo que decidí buscar un sitio donde dejar aparcado el coche de forma que no entorpeciese el trabajo de las máquinas quitanieves, en caso de aparecer, y poco más. Caminé hasta casa unos cinco kilómetros en medio de la tormenta y con la nieve llegándome casi hasta las rodillas… Un viaje de algo más de quinientos kilómetros se había transformado en una odisea y me había llevado cerca de doce horas.

El domingo, que iba a ser un día de cierto relajo, se transformó en uno de plena actividad. Esta vez dejé el ordenador y tuve que sustituirlo por la pala, como creo que hicieron muchas personas en Madrid ante la incapacidad de las autoridades locales por solucionar una incidencia climática que, si bien era inusual y grave, no llegó sin serias y oportunas advertencias de los profesionales de la meteorología.

Mi idea era llevar el coche de alquiler a Barajas, devolverlo y recoger el mío, que había dejado el viernes antes de salir a Sevilla. No se pudo, así que Isabel y yo dedicamos parte del día a quitar nieve de la entrada de casa y a revisar diversos temas.

El lunes a primera hora salí a buscar el coche de alquiler, aparcado a unos cinco kilómetros de casa, y me fui a Barajas; esta vez lo conseguí y aproveché para recoger el mío e intentar hacerme una PCR y así poder volar el martes a Bruselas. El billete lo había sacado ya en diciembre ante la actual realidad de que existen muy pocos vuelos.

Fue imposible encontrar un solo laboratorio que me hiciese la prueba ese día, por lo que decidí reservar hora para hacérmela en el aeropuerto de Bruselas nada más aterrizar al día siguiente… Aún no sabía que eso tampoco sucedería.

Como la zona en la que vivimos no había sido limpiada, y a la mañana siguiente tenía que salir muy temprano, dejé mi coche aparcado a una cierta distancia de casa y limpié lo suficiente con una pala para poder sacarlo por la mañana a la hora de mayor frío, al tener que salir sobre las cuatro y media.

Por la tarde fui con Isabel a dejar mi maleta, así evitar tener que caminar por la nieve y el hielo con ella en mitad de la noche; fue un acierto porque al salir de casa y subirme al coche, el termómetro marcaba -14,5 grados, una temperatura que no había experimentado en los más de treinta años que llevo en Madrid.

A pesar del estado de las carreteras, del hielo y del frío, llegué muy bien a Barajas y me puse a trabajar hasta la hora del embarque; tenía más de una hora y muchas cosas por hacer.

En el momento del embarque las dos personas de Iberia que estaban en la puerta me indicaron que sin PCR no podía embarcar, y por mucho que les enseñé toda la documentación belga que me autorizaba a viajar, fueron rotundas y se negaron. Me dejaban en tierra sin una razón real y todo porque o no entendían el francés o les daba lo mismo.

Rápidamente me fui a las oficinas de Iberia para encontrar una solución; ese día o como mucho a la mañana siguiente tenía que estar en Bruselas porque habíamos previsto que trabajaríamos en los últimos detalles durante toda la tarde del miércoles 13 de enero. En paralelo a mi viaje, Costa y otra persona más del equipo volarían a Bruselas para revisar entre todos hasta el más mínimo detalle.

La solución fue un vuelo a París a la mañana siguiente, la del 13, lo que me daba margen de llegar desde ahí y por carretera a Waterloo antes del mediodía. Se hizo el cambio y me dieron, incluso, la tarjeta de embarque, con lo que salí del aeropuerto molesto, pero con una solución que me venía bien.

Avisé a todos del cambio y coordinamos mi traslado desde París a Bruselas para la mañana siguiente. Entre tanto, conseguimos una cita en una clínica privada para hacerme, por lo que fuese, una PCR antes de volar.

Nada más hacerme la prueba me fui a casa, aún era imposible llegar al despacho, y me instalé a trabajar allí hasta que sobre las 17.30 horas Iberia me informó, de rondón, de que mi vuelo del 13 se cancelaba y se pasaba al 14… Era inadmisible porque ese vuelo ni me permitía estar en la preparación de la audiencia en el Parlamento Europeo ni me garantizaba, siquiera, llegar a la misma.

Comenzamos a ver todas las alternativas y ya sobre las 18.30 horas Isabel y yo llegamos a la conclusión de que ninguna era viable, a excepción de irme en coche. Así pues, cogí varias botellas de agua con gas de la nevera, una barra de chocolate y caminé hasta donde había aparcado para iniciar un viaje de 1683 kilómetros durante la noche y parte de la mañana siguiente.

Una vez sentado en el coche avisé al president Puigdemont del cambio de planes y de que no era necesario que nadie fuese a buscarme a París; el president se preocupó por el viaje, sabía lo duro que sería y también que llevaba levantado desde las 4.30 horas de la madrugada… Para mí estaba claro que no había otra alternativa.

El viaje fue cansado, demoledor, pero lo hice sin mayores inconvenientes con dos paradas para descansar un poco; la primera fue a la altura de Burdeos y la segunda a unos cien kilómetros de París, porque era consciente de que circunvalar esa ciudad no sería sencillo, nunca lo es, y necesitaría estar despejado.

Cada una de estas paradas duró una hora y puse, en ambas ocasiones, el despertador para no pasarme de largo. Ya ni recordaba cuán duros pueden ser este tipo de viajes, y más aún cuando uno viaja solo y de noche.

Muy cansado, llegué a Waterloo a las once y media de la mañana. Allí me esperaban el president Puigdemont, Costa y otra persona que había viajado con él. Nada más entrar el president me preguntó qué necesitaba, a lo que le contesté: «Dos cosas, un café y una ducha». Sonriendo me dijo: «Lo primero ya está en marcha y lo segundo creo que lo puedes hacer solo»… Todos nos reímos y ese era un buen termómetro del buen ambiente con el que íbamos a enfrentar la vista del suplicatorio.

Me duché y llegaron Clara, Toni, Laura Mont y Aleix Sarri, con quienes íbamos a tener una larga reunión que terminaría muy tarde. Antes de comenzar, comimos para centrarnos en lo que teníamos por delante.

La tarde fue productiva y todos estaban preocupados por mi posible cansancio; la verdad es que estaba agotado, pero la adrenalina es una potente droga y en esos momentos el subidón era muy importante.

Fuimos revisando las intervenciones de cada uno, cambiando cosas, afinando detalles y terminando las carpetas que llevaríamos para los turnos de preguntas y respuestas.

Éramos conscientes de que habría mucha hostilidad por parte de los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos pertenecientes a Vox, PP y Ciudadanos, que llevaban meses preparándose para realizar una performance destinada más a sus respectivas parroquias que a sus compañeros del Parlamento… No nos preocupaba y estábamos convencidos de que eso iría en nuestro favor.

Terminamos tarde y cuando Toni, Clara, Laura y Aleix se marcharon, nos quedamos los cuatro hablando un rato más hasta que Costa y la otra persona se fueron también al hotel que habían conseguido; por mi parte subí a acostarme y el siguiente recuerdo que tengo es cuando sonó mi despertador a las cinco y media de la madrugada.

Ya era 14 de enero, un día muy importante y para el cual nos veníamos preparando desde primeros de 2019, cuando el president Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí decidieron presentarse a las elecciones europeas que se celebraron el 26 de mayo de ese año.

A primera hora tenía que ir a Bruselas, había quedado con Christophe para una reunión en la que revisaríamos las consecuencias de la sentencia de Lluís Puig de la semana anterior y dejaríamos planificado el curso de acción para los siguientes meses.

Bruselas estaba vacía y así lo pude comprobar durante el trayecto que caminé con Christophe entre la estación Central y su despacho. Como suele suceder entre quienes nos conocemos desde hace tantos años y nos une una buena amistad, la primera parte estuvo dedicada a cuestiones personales para, una vez sentados en su despacho, entrar en materia.

Christophe estaba también muy preocupado por la cacería a la que yo estaba siendo sometido, especialmente por mi procesamiento. Revisamos una serie de documentos que le llevé, de los cuales se desprendía, claramente, que estábamos ante un montaje, le expliqué cómo intentaríamos desmontarlo y, sobre todo, los tiempos en los que iríamos dando cada paso para implementar una estrategia de defensa que sigo confiando sea la acertada.

Nada más salir de su despacho deshice el camino hasta la estación Central y cogí el siguiente tren a Waterloo, donde me esperaban Costa, la persona que le acompañaba y el president Puigdemont. La idea era comer algo ligero y a las 15.30 horas salir ya rumbo al Parlamento.

Durante la comida ya no hablamos de la audiencia, ese tema estaba zanjado, y nos dedicamos a comentar anécdotas de otras situaciones ya vividas y a pensar en los escenarios futuros, que es algo que siempre ayuda de cara a hacer lo que toca en el momento adecuado. Sin planificación y estrategia nada de lo conseguido hasta el momento hubiera sido posible.

A las 15.30 horas en punto salimos de Waterloo, en coche, el president Puigdemont y yo rumbo al Parlamento; por los protocolos implementados a raíz del covid solo podían entrar los diputados, un asistente por diputado y, en este caso, yo como abogado de ellos tres. Costa y la otra persona que le acompañaba se quedaron en Waterloo y no paraban de enviarme mensajes con cosas que podían ser útiles.

Al llegar al Parlamento fuimos hacia la entrada principal y, a pesar de la inusual laxitud de los guardias de seguridad, esperamos fuera a que viniese Valeria, la responsable del caso en la Secretaría de la Comisión; la persona que había gestionado mi acreditación y con la que coordinamos todo lo referente a la audiencia.

Nada más pasar el control, ya con mi acreditación, subimos a las oficinas que ocupan los eurodiputados y sus respectivos equipos y nos reunimos con Clara, Toni, Aleix y Laura; estos dos últimos me soltaron una serie de carpetas con impresiones de lo que habíamos decidido el día anterior, todo perfectamente ordenado, indexado, marcado con rotulador y con cuantos detalles fuesen relevantes para encontrarlos y usarlos en el momento en que se necesitase… Así da gusto trabajar.

Aleix y Laura, cada uno en su estilo, son piezas fundamentales porque están atentos a todo, saben cómo funciona el Parlamento y son capaces de solucionar cualquier cosa a una gran velocidad.

A las 16.30 horas el president dijo: «Vamos ya, no podemos llegar tarde» y todos nos pusimos en marcha… Bueno, casi todos porque Toni Comín estaba al teléfono y una vez más hacía ademán de llegar tarde. Le hicimos gestos para que nos fuésemos ya, pero Toni, que siempre llega tarde, estaba en esta ocasión gestionando bien el tiempo porque nos encontrábamos a menos de cuatro minutos de la Sala donde se celebrarían las audiencias.

A pesar de que el Parlamento Europeo parece un laberinto, no es demasiado difícil encontrar los sitios porque todo está bien señalizado, así que rápidamente caminamos hasta la Sala de Audiencia designada y justo al girar para acercarnos a su puerta nos encontramos de frente con un grupo importante de periodistas, no solo catalanes y españoles sino también de otros países… Comenzaba a cumplirse la peor pesadilla de la extrema derecha: el Parlamento Europeo se estaba llenando del «caso catalán».

Valeria nos indicó cómo serían las audiencias, el turno de estas y que ella saldría a buscarnos cuando llegase el momento; la hora señalada eran las 16.45 horas, pero teniendo presente que parte importante de los miembros de la Comisión entrarían por conexión remota, no nos extrañó que se retrasase unos veinte minutos.

Por normativa legal no puedo contar nada de lo sucedido dentro ni de lo que hace referencia a datos concretos del procedimiento, pues prima la regla de la confidencialidad; es una regla cuyo sentido no es otro que el de garantizar la presunción de inocencia y la honorabilidad de cualquier eurodiputado que se vea sometido a un suplicatorio. En este caso, no obstante, sería mucho más adecuado atender al planteamiento de los afectados, que no quieren ampararse en dicha regla sino poner luces y taquígrafos a todo el procedimiento que, en definitiva, acredita que estamos ante una persecución política.

Las comparecencias, una tras otra, se alargaron bastante más de lo previsto y mucho más de lo que algunos hubiesen deseado, pero el tema merecía dicha extensión.

Al salir, los periodistas seguían allí, cumpliendo con su deber, pero lamentablemente tuvimos que explicarles que no podíamos decir nada y seguimos nuestro camino hasta el despacho de Toni, donde nos volvimos a reunir para una primera evaluación.

Fue una media hora durante la que, entre comentario y comentario, lo que estaba claro es que salíamos muy contentos. Aleix y Laura querían todos los detalles y Costa tampoco paraba de hacerme preguntas… Mi teléfono echaba humo porque Isabel, Batet, Rius, Alay y todos no paraban de enviar mensajes para saber qué tal había salido todo.

Todos estábamos cansados y el viernes no sería menos ajetreado ni menos intenso. El president Puigdemont y yo nos marchamos hacia Waterloo y el resto se fueron a sus casas, era tarde y allí ya no teníamos nada más que hacer.

Al llegar a Waterloo, Costa y la persona que le acompañaba me sometieron a un duro y desordenado interrogatorio, por lo que me puse firme y pedí poder hacer el relato en orden; todos nos reímos y así fue como comencé a explicar los detalles, a la vez que íbamos viendo de qué modo los encajaríamos en el trabajo que estábamos terminando para presentar en los próximos días.

Cuando me dieron una tregua nos fuimos a la cocina y entre los cuatro preparamos algo para cenar. El cansancio ya estaba pasando factura, y al día siguiente todos teníamos agendas complicadas: a Costa le habían cancelado el vuelo de regreso, así que él y su acompañante tendrían que ir en tren hasta París, el president tenía que estar en la televisión belga a las 7.10 horas y yo quería salir de Waterloo a Madrid a las 6.30 horas.

La noche se me hizo muy corta porque me levanté sobre las 5.30 horas para terminar un artículo que tenía que entregar ese día. Una vez duchado y con mi equipaje listo, bajé a la cocina y me preparé un café, momento en que apareció el president Puigdemont, que ya se había puesto en marcha para su comparecencia en la televisión belga.

Intercambiamos algunas impresiones y antes de marcharse me recordó que no había prisa, que regresase con calma a Madrid. También me deseó mucha suerte para mi declaración indagatoria prevista para el lunes siguiente, el 18 de enero a las diez de la mañana.

Como el día anterior había nevado mucho mi coche estaba cubierto de nieve y hielo, así que tardé casi veinte minutos en conseguir despejar todo para poder iniciar mi viaje de regreso; aproveché ese lapso para contactar con Costa y saber cómo iban y me indicó que ya estaban sentados en el tren que los llevaría al aeropuerto de París. Haríamos esa parte del viaje en la misma dirección, pero por rutas y en condiciones diferentes.

El viaje era largo, aunque de día se hacía menos pesado, pero no dejé de trabajar mientras conducía y atendía, siempre con el manos libres, una tras otra muchas llamadas. Usé el resto de las horas para repasar, mentalmente, todo lo que sería mi indagatoria del lunes siguiente, y también hacer una suerte de repaso de las muchas e incuestionables pruebas que habíamos recuperado y recopilado para mi defensa.

También durante el viaje me llegó un nuevo informe sobre el espionaje ilegal realizado a través de Pegasus; en este caso era el informe del teléfono del president Torra que, solo durante el año 2020, fue intervenido ilegalmente en siete ocasiones y en fechas muy significativas.

No se trataba de intentos de ataque a su teléfono, sino de auténticas incursiones en sus comunicaciones, que se habían producido, hasta ahora, con total impunidad. El gasto de dinero público, malversado sin duda, era ingente, pero esta nueva información venía a ratificar la tesis sobre la que hemos estado trabajando una parte importante de este año.

Mientras conducía y pensaba en los datos que me habían dado, encajándolos con otros muchos que ya teníamos acumulados, comencé a estructurar, mentalmente, cómo habría que darle formato final de causa penal; este tipo de cosas no solo no se pueden permitir, sino que cuando suceden han de ser investigadas, exigidas las correspondientes responsabilidades y sancionados quienes hayan cometido tales delitos.

Era evidente que un ataque de estas características, que no podía tener ningún tipo de respaldo legal, es obra de quienes creen que el Estado les pertenece o, al menos, hacen uso y abuso de sus resortes para el establecimiento de una forma de Estado que dista mucho de ser la propia de una democracia; se han apropiado del Estado mientras otros, que alegremente se autodenominan demócratas, miran hacia otro lado como si este tipo de delitos no les afectasen.

A estas alturas estaba claro que tenemos un caso, que el caso es más grande de lo que muchos se imaginan y que además afectará a diversas jurisdicciones, con lo que ello implicará tanto en el plano legal como en el político… Cuando se pierde el control de los aparatos represivos, luego pasa lo que pasa y todas son quejas.

Sobre las 21.00 horas llegué a casa muy agotado. Después de comer algo caliente, me fui a la cama porque ese sábado Isabel, Paco y yo habíamos quedado para preparar al detalle lo del lunes. Eduardo seguía hospitalizado y conectado a una máquina de oxígeno, pero no paraba de enviarnos mensajes sobre diversos puntos que había que tener en consideración.

Todos éramos conscientes de lo mucho que había en juego, y como resaltó Paco en varias ocasiones a lo largo de esa tarde de sábado: «Si no fueses tú, ni defendieses a quienes defiendes, este caso no existiría». Todos lo teníamos claro, y justamente por eso no nos quedaba otra que salir a pelear con la cabeza muy fría, que es algo que cuesta mucho cuando la situación le afecta a uno.

Por segunda vez en dos años la jueza Tardón trataba de llevarme al banquillo de los acusados, y esta vez la situación era muy compleja porque, a diferencia de la querella que se me presentó después de la demanda civil contra Llarena en Bélgica, en esta ocasión habían conseguido testimonios, muy bien compensados, que daban, al menos en apariencia, un cierto sentido al dislate que este proceso representa.

El domingo estuve terminando tareas con Isabel, pero, además de trabajar, también tuvimos tiempo para hacer un muñeco de nieve con Elena y jugar un poco en la nieve, que aún estaba cuajada alrededor de nuestra casa. La idea fue descansar, departir y disfrutar de lo mejor de la vida, como es una hija.

El lunes 18 me levanté muy temprano, como siempre, pero teniendo claro que no era un día más, pues debía comparecer ante la Audiencia Nacional y prestar declaración como procesado por unos hechos que no eran ciertos y que formaban parte de un claro montaje cuyo fin era destruirme como profesional, como persona y sacarme de circulación durante muchos años. No me perdonaban el trabajo bien hecho, en una nueva demostración de cómo funcionan las cloacas que tanto marcan el rumbo de España.

Producto de la tormenta de nieve, mi hija Elena estaba esos días en casa, haciendo las clases por videoconferencia, así que la despertamos a la hora de siempre y después de que desayunara, Isabel y yo nos fuimos a la Audiencia Nacional. Nuestra hija era ajena a lo que estaba pasando, pero no a la presión a la que hemos estado sometidos todo este año. Intuitivamente, me dio un gran abrazo y me dijo: «Que te vaya bien hoy en la oficina, papá». Eso bastó para enfrentar un día amargo y triste, si bien sirvió para intentar comenzar a revertir una situación que ya se arrastra por espacio de dos años.

En la Audiencia Nacional nos esperaba Paco, con quien nos tomamos un café y repasamos los últimos detalles. La noche anterior Costa y Rius me habían anunciado que venían para acompañarnos a la comparecencia, lo que fue un gran gesto y un reflejo de lo que muchos desde Catalunya, Bélgica, el Reino Unido, Suiza, Alemania y tantos otros sitios habrían querido hacer: estar con nosotros.

A la hora prevista entramos en el edificio anejo a la Audiencia, donde están las salas de vista —que antes eran un aparcamiento subterráneo—, y nos dirigimos a la planta -2, donde se celebraría la misma.

Los golpes empezaron desde la propia puerta de entrada, donde el policía encargado del acceso me hizo una pregunta muy inusual para un abogado que se estaba identificando como tal: «¿Hoy en qué condición viene?». Era evidente que sabía muy bien quién era yo y a qué iba ese día a la Audiencia Nacional. Simplemente le contesté: «Como procesado», con lo que procedió a darme otra credencial distinta mientras Paco resoplaba y me decía: «Uf, qué mal».

A los pocos minutos llegó Isabel, que se había quedado esperando a Costa y a Rius. Una vez dentro nos saludamos todos y les agradecí la paliza del viaje y su presencia.

Estaba citado a las 10.00 horas, pero no fue hasta las 10.30 horas cuando salió una oficial a pedirnos las identificaciones y aproveché para indicarle que Rius y Costa, abogados en ejercicio, entrarían como parte de mi equipo de defensa. Esto le sorprendió y me dijo que tendría que consultarlo con la secretaria judicial, así que entré y expliqué que eran parte de mi defensa y que si quería le hacía, en el acto, una designación de ambos, pero no fue necesario.

A eso de las 11.00 horas salió la jueza a explicarnos que había un problema informático y que por eso el acto estaba retrasado. Nos pidió disculpas y yo pensé que estas no tendrían que ser por el retraso, sino por su trato personal desde que defiendo a los políticos catalanes, por haber intentado imputarme por distintos hechos dos veces y por haberme procesado en esta ocasión por unos hechos absolutamente falsos. Fueron muchos los motivos por los que pensé, y pienso, que debió disculparse, y sin duda el retraso no era el que me importaba.

A pesar de la experiencia acumulada en los muchos años que llevo ejerciendo como abogado, esta no sirve para volver a asumir la condición de procesado. No es un trago fácil, y menos cuando se tiene la absoluta convicción de ser inocente y víctima de una auténtica caza de brujas a la que se ha ido apuntando todo aquel que ve que puede sacar algún partido de esta situación.

Sobre las 11.30 horas nos hicieron pasar y de manera muy formal la jueza procedió a explicarme los «hechos» por los que me había procesado, a preguntarme si estaba de acuerdo con los mismos y si quería decir algo. Era sorprendente no ya el desapego a la verdad, sino, sobre todo, a los más básicos derechos de toda persona contra la que se sigue un procedimiento penal.

Los hechos, sus hechos, los presentaba como ciertos, con un carácter de cuasi definitivos y sin siquiera acudir a la fórmula clásica, en esa fase procesal, de «presuntamente», «indiciariamente», etcétera.

A su pregunta de si estaba de acuerdo con el auto de procesamiento le contesté con otra pregunta: «¿Con cuál de ellos? ¿El notificado a los medios de comunicación el 18 de diciembre o el notificado a mí el 28 de diciembre?». No se trataba de un juego de palabras, sino de una realidad en la cual primero existió una resolución notificada a los medios, y luego otra distinta finalmente notificada a mí y al resto de procesados.

Aclarado el tema, y dejada constancia de que eso vulnera el derecho a la presunción de inocencia —lo mismo que pasó con Lluís Puig en Bélgica—, procedí a indicarle que por supuesto no estaba de acuerdo con dicho auto de procesamiento y que iba a contestar a las preguntas de mis abogados, entre los que estaban Francisco Andújar, Isabel Elbal, Josep Costa y Josep Rius.

Estoy convencido de que ni la jueza ni el ausente fiscal De Lucas, que no se dignó a presenciar ni esta ni ninguna de las demás indagatorias, esperaban que declarase, razón por la cual habían hecho señalamientos cada quince minutos; pero declaré porque estoy ya cansado de aguantar mentiras, insultos, insidias y cuanta falacia se han ido inventando para criminalizar mi trabajo y destruirme profesional, humana y económicamente.

La acusación se sostiene, única y exclusivamente, a partir del testimonio de dos coprocesados: Manuel Puentes Saavedra y Manuel González Rubio; cada uno con sus respectivos premios por mentir e incriminarme.

Nada más comenzar dejé claro que González Rubio no solo no era la «mula» o «correo humano» que la jueza describe en el auto de procesamiento y que se permitió recordarme esa mañana, sino que se trata de un acaudalado empresario que continúa gestionando sus empresas desde la prisión; por tanto, que González Rubio mentía cuando hizo creer a la jueza que era un pobre desgraciado de la vida… No sé si la engañaba o si ella se dejaba engañar, porque las evidencias que tenemos son tan brutales que cuesta entender que no las conociera antes de procesarme.

También expliqué y acredité con pruebas incuestionables que González Rubio era cliente de mi despacho desde hacía diez años. Por tanto, que mentía cuando, entre otras cosas, le dijo días antes a la jueza que me conoció en 2017.

Luego le expliqué que era falso, y acredité con pruebas irrefutables y que ya constaban en el sumario, que González Rubio no había estado en las reuniones que le contó a la jueza, pues en esos días se encontraba en Latinoamérica. Por lo tanto, mentía al respecto. La jueza ya sabía esto, o por obligación legal debía saberlo, puesto que esos datos se encuentran en el sumario, si bien sepultados en más de 1,5 terabytes de memoria de escuchas telefónicas.

Como los ataques venían por dos lados, también expliqué y acredité con pruebas incuestionables que jamás se habían producido las reuniones entre Puentes Saavedra y Sito Miñanco que tan alegremente trasladó la jueza al auto de procesamiento y consignó como una suerte de hechos probados en su resolución. Puentes Saavedra, como González Rubio, mentía, y ahí estaba yo dándole un argumento tras otro con todas las pruebas objetivas e incuestionables que ella debió analizar antes de ir a por mí.

Pero ahí no se quedó la cosa porque me permití acreditar, una vez más con pruebas irrebatibles, que tampoco se habían producido las reuniones entre Puentes Saavedra y González Rubio, en mi despacho, que ambos describían… vaya uno a saber a instancias de quién. Por tanto, y conociendo el premio recibido por ellos, estaba claro que una vez más mentían.

Finalmente demostré, de forma irrefutable y en base a pruebas que constan en el sumario desde el año 2017, que el dinero que le intervinieron a González Rubio era suyo y no de Sito Miñanco, como sostiene la policía y luego ratifican, previo premio, Puentes Saavedra y González Rubio. Por tanto, ambos mienten, y la tesis policial no es que haga aguas, es que no vale ni el papel en el que viene plasmada, ni mucho menos un procesamiento.

La jueza estaba nerviosa, le temblaban las manos e iba frunciendo el ceño a medida que desgranaba una a una las imputaciones que ella y el fiscal De Lucas construyeron sobre la base de los testimonios de dos coprocesados.

Paco me iba haciendo preguntas, cada vez más precisas, y yo las aprovechaba para hacer lo que habíamos acordado: contar la verdad, desmontar las falacias del auto de procesamiento y decir todo aquello que me viniese en gana… Tanto Paco como Isabel, y Eduardo desde el hospital, me habían dado «libertad de discurso» para decir lo que se me antojase, y así lo hice.

Dejé muy claro el motivo por el cual estaba allí: defender a los políticos catalanes y hacerlo con éxito.

Dejé muy claro que teníamos todas las pruebas para acreditar lo que estaba diciendo, y que muchas constaban ya en la causa y otras se aportarían ese mismo día.

Hablé de los exiliados, de los presos políticos y del trabajo que exitosamente estábamos haciendo en Europa; sabía que eso no ayudaba en mi defensa, pero sí en mi coherencia. No fui procesado por ningún delito, porque no lo he cometido, sino por defender, hacerlo bien y hacerlo desde el compromiso con aquello que defiendo.

Llegado un momento, Paco indicó que no tenía más preguntas, pero me abrió la vía a decir lo que quisiese con la clásica fórmula de: «¿Tiene usted algo más que decir?». Respondí mirando fijamente a la jueza: «Me voy a defender hasta el final, que no les quepa duda alguna».

Salimos de allí con la cabeza muy alta y sobre todo con la sensación de haber hecho y dicho no solo la verdad sino lo que correspondía. Cosa distinta es saber, en estos momentos, cómo terminará todo esto, pero no cabe duda de que ha sido un año intenso, un año extraño y, sobre todo, un año marcado por la pandemia y la actuación incuestionable de unos aparatos paraestatales que, sí, son cloacas.

EPÍLOGO

La declaración indagatoria que presté el pasado 18 de enero me dejó exhausto, pues llevaba meses esperando a explicar las cosas y poner en entredicho una versión falaz de aquello con lo que se pretende meterme en prisión por muchos años.

Al día siguiente de dicha declaración, Eduardo y Paco —más Paco que Eduardo, que seguía convaleciente en el hospital— presentaron un escrito al juzgado en el que se aportaban treinta y cinco documentos que, sin género de dudas, desmentían todo lo dicho por Puentes Saavedra, González Rubio, la policía y, por qué no decirlo, el fiscal De Lucas y la jueza Tardón.

Literalmente nuestro planteamiento consistió en lo siguiente:

Se aportan documentos relacionados con los siguientes apartados:

Documentación extraída de datos obrantes en el despacho de abogados donde ejerce su actividad profesional el letrado D. Gonzalo Boye Tuset, procedentes de un expediente de 2010, relacionado con varios encargos profesionales del coprocesado Manuel Pedro González Rubio. Documentos nº 1 a 25.

Documentación basada íntegramente en datos objetivos obrantes en las actuaciones, en relación con la geolocalización de los teléfonos móviles intervenidos a los procesados José Ramón Prado Bugallo, Manuel A. Puentes Saavedra y Manuel P. González Rubio. Estos metadatos, además, se hallan sólidamente complementados por numerosos oficios de la fuerza actuante, que conforman el atestado policial. Documentos nº 26 y 27.

Documentación relacionada con la actividad empresarial y económica de Manuel González Rubio que acreditan que no es esa suerte de «correo humano» que se describe en el auto de procesamiento. Documentos nº 28 a 34.

Documentación basada íntegramente en datos objetivos obrantes en las actuaciones y que acreditan que es González Rubio el dueño del dinero intervenido en Barajas el 6.2.2017, y

Documentación acreditativa de la incorporación en las actuaciones de una supuesta evidencia corroboradora de las falsarias declaraciones de Puentes Saavedra y González Rubio, con intento de quebranto de la fe pública judicial propia de la Letrada de la Administración de Justicia. Documento nº 35.

Como se expondrá a continuación, dicha documentación es ilustrativa no solo de la veracidad de lo declarado por mi mandante en este 18 de enero de 2021 y de su absoluta falta de participación en un delito de blanqueo de capital procedente del narcotráfico en concurso ideal con un delito de falsificación sino, también, de:

La inexistencia de delito alguno de blanqueo de capital por los hechos atribuidos a él y a otros,

la inexistencia de su participación en ningún hecho delictivo atribuido en el auto de procesamiento y

la mendacidad de las declaraciones incriminatorias de los dos coprocesados: Manuel Andrés Puentes Saavedra y Manuel Pedro González Rubio.

Todo ello, sin perjuicio de la voluminosa documentación exculpatoria que obra en estas actuaciones desde su inicio y que, por imperativo legal, ha tenido que ser conocida por este Juzgado y por el representante del Ministerio Fiscal adscrito a este asunto.

Asimismo, conviene señalar que es a partir de las declaraciones de dichos investigados que se ha construido un relato atributivo de graves responsabilidades penales contra el letrado D. Gonzalo Boye Tuset, de tal manera que, como se advierte fácilmente, sin dichas manifestaciones no se habría podido asignar la situación de investigado ni posteriormente habría podido dictarse auto de procesamiento contra su persona.

A mayor abundamiento, según consta en las actuaciones —pieza separada de blanqueo de capital—, cuyo secreto fue levantado en octubre de 2020 y a la que esta parte tuvo acceso en noviembre—, sin la declaración incriminatoria del coprocesado Manuel A. Puentes Saavedra de 24 de julio de 2019, no se habría autorizado diligencia de entrada y registro en los domicilios personal y profesional de mi mandante.

A ello se suma la declaración incriminatoria del también coprocesado Manuel P. González Rubio de 8 de julio de 2020, en la pieza separada secreta, que es clave para atribuir en el auto de procesamiento conductas punibles al letrado D. Gonzalo Boye y que ha sido ratificada y ampliada por el mismo González Rubio en su declaración indagatoria de 7 de enero presente.

La relación de documentos es la siguiente:

PRIMERA.- DOCUMENTACIÓN SOBRE ENCARGOS PROFESIONALES REALIZADOS POR EL COPROCESADO MANUEL P. GONZÁLEZ RUBIO DESDE EL AÑO 2010.

Manuel P. González Rubio incriminó, por primera vez, al letrado D. Gonzalo Boye Tuset el 8 de julio de 2020, en la pieza separada de blanqueo de capitales 19/2016/004, cuando aquella se hallaba aún bajo secreto de actuaciones.

Sobre quién le puso en contacto con el letrado D. Gonzalo Boye, responde:

Fiscal: ¿Quién le puso a usted en contacto con este señor, con este abogado?

GR: Manuel Puentes Saavedra, el novio de mi mujer.

Asimismo, en su declaración indagatoria de fecha 7 de enero de 2021 insiste en que conoció al letrado D. Gonzalo Boye a través de Manuel A. Puentes Saavedra en el mes de febrero de 2017, tras la intervención del dinero en el aeropuerto de Barajas el día 6 de febrero de 2017.

Por su parte, el auto de procesamiento describe este hecho de la siguiente forma:

«Siguiendo las instrucciones de BOYE TUSET, unos días después PUENTES SAAVEDRA y GARCÍA ARANGO volvieron a encontrarse en el despacho de BOYE TUSET, en esta ocasión en compañía de GONZALEZ RUBIO, para que éste firmara los contratos de adquisición y venta de las letras de cambio que habían sido confeccionadas al efecto por MORAN CASTRO y GUERRA MEDINA, a partir de la documentación que les había facilitado el investigado Fernando LARA BOLARÍN.»

Pues bien, lo afirmado tanto el día 8 de julio de 2020 como el 7 de enero de 2021 sobre la fecha y las circunstancias en que conoció al letrado D. Gonzalo Boye es ABSOLUTAMENTE FALSO.

El procesado Manuel P. González Rubio ya era cliente del despacho Boye-Elbal S.L.P. desde el año 2010, en que otorgó poder general para pleitos a favor, entre otros, del letrado D. Gonzalo Boye Tuset ante notario el día 11 de agosto de 2010, según obra en Documento nº 1. Esta parte ha solicitado a la notaría copia simple de dicha escritura de poder, no obstante no nos la han facilitado puesto que, según nos informan, el apoderado D. Gonzalo Boye no tiene facultad para obtener copias, tal y como se desprende de e-mail que se aporta como Documento nº 2.

El encargo profesional, entre otras cosas, consistió en tratar de recuperar el control sobre la empresa Formación y Reciclaje en Seguridad S.A. (de ahora en adelante FYRSA), cuyos socios trataban de arrebatárselo, no obstante haber aportado Manuel P. González Rubio 721.218, 85 euros a dicha sociedad. Asimismo, la sociedad le debía la cantidad de 801.675, 57 euros (Documento nº 3) por trabajos realizados por la sociedad TECNOFORCE INGENIEROS S.L., también propiedad del procesado Manuel P. González Rubio.

Una vez perdido el control de la mercantil FYRSA S.A., sus entonces socios pusieron en conocimiento de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil que ya no desempeñaba ninguna función como consejero de dicha sociedad. Esta información era relevante, por cuanto, la mercantil era propietaria del campo de tiro sito en la Ctra. de Madrid a Navacerrada KM 5 (paraje La Canaleja) de la localidad de Alpedrete (Madrid)2, donde el empresario Manuel P. González Rubio desempeñaba, entre otras, la función de armero. Así, la Dirección General de Policía y de Guardia Civil, procedió a incoar expediente administrativo de revocación de licencia de armero.

Como quiera que su licencia como armero era personal e intransferible, no sujeta ni dependiente a ningún cargo societario ni a la propiedad donde se desenvolviera dicha labor, finalmente, se archivó el expediente administrativo.

Sin embargo, meses más tarde, el órgano administrativo competente, volvió a incoar expediente de revocación de licencia de armero, sobre la premisa de haber sido denunciado por uno de sus socios por proferir amenazas.

Se alegó que no había sido condenado, pero el expediente prosiguió a partir de la sentencia condenatoria por una falta de amenazas dictada por el Juzgado de Instrucción nº 23 de Madrid. D. Gonzalo Boye Tuset se hizo cargo de la elaboración del recurso de apelación, que fue estimado y eso conllevó que, finalmente, no se revocara la licencia de armero de Manuel P. González Rubio (Documento nº 24).

Por otra parte, se habían incoado varios procedimientos penales en los que se hallaban como denunciados y denunciantes Manuel P. González Rubio y sus socios, por diversos hechos, lo que motivó que el cliente quisiera zanjar todas estas disputas mediante la presentación de una querella que encargó también al letrado D. Gonzalo Boye. Dicha querella fue efectivamente elaborada, como puede verse en las propiedades del documento (Documento nº 25), y fue utilizada por el cliente Manuel P. González Rubio a fin de recuperar el control de la mercantil FYRSS S.A.

Sin ir más lejos, fue el trabajo de mi representado el que permitió a Manuel P. González Rubio recuperar el control sobre FYRSA, con lo que eso ha significado a nivel patrimonial para González Rubio, así como ganar la apelación del juicio de faltas lo que conllevó la estimación, también, de los recursos en materia de licencia de armas.

Por tanto, de la documentación adjunta (Documentos nº 1 a 25) se desprende clara y meridianamente que el procesado Manuel P. González Rubio MIENTE ABSOLUTAMENTE sobre la fecha y las circunstancias en que entró en contacto con el letrado D. Gonzalo Boye Tuset, pues le conocía desde agosto de 2010.

SEGUNDA. - Documentación basada íntegramente en datos objetivos obrantes en las actuaciones, en relación con la geolocalización de los teléfonos móviles intervenidos a los procesados José Ramón Prado Bugallo, Manuel A. Puentes Saavedra y Manuel P. González Rubio. Estos metadatos, además, se hallan sólidamente complementados por numerosos oficios de la fuerza actuante, que conforman el atestado policial

2ª.1.- SOBRE LAS REUNIONES DE JOSÉ RAMÓN PRADO BUGALLO EN EL DESPACHO DE D. GONZALO BOYE.

Según la declaración prestada el 24 de julio de 2019 por Manuel A. Puentes Saavedra, hubo una primera reunión en el despacho del letrado D. Gonzalo Boye Tuset, con posterioridad a la incautación del dinero intervenido en el aeropuerto de Barajas y en esa reunión estaban las siguientes personas: José Ramón Prado Bugallo, al que hasta entonces conocía como Mario, Jesús Morán, Gonzalo Boye y Luis Enrique García Arango.

Asimismo, añadió que en dicha reunión se dio cuenta de que Mario en realidad era José Ramón Prado Bugallo, siendo el propietario del dinero intervenido. Allí mismo, según esta declaración, se acordó pagar un dinero por confeccionar unos contratos con el fin de recuperar dicho dinero intervenido. Así, según esta declaración de Manuel A. Puentes Saavedra, se acordó pagar 30.000 euros a Jesús Morán, que es quien aporta los pagarés —según esta declaración— y 10.000 euros a D. Gonzalo Boye.

De tal forma que el auto de procesamiento sobre la presencia de José Ramón Prado Bugallo en el despacho de abogados relata lo siguiente:

«Para encontrar la forma de recuperar el dinero, tuvo lugar un encuentro en el que participaron PUENTES SAAVEDRA, PRADO BUGALLO y GARCÍA ARANGO con los investigados Gonzalo BOYE TUSET y Jesús MORÁN CASTRO, los dos abogados, en el que estos les informaron que elaborarían unos documentos y presentarían unos contratos de compraventa de letras de cambio en garantía de unos préstamos hipotecarios en el expediente sancionador que permitirían así justificar ante la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera el origen legal del dinero intervenido. En ese momento llegaron al acuerdo de que PRADO BUGALLO pagaría a MORÁN CASTRO 90.000€ por estas letras y por confeccionar los contratos, 30.000 cuando se presentaran los documentos, de los cuales BOYÉ TUSET recibió 10.000€ en ese momento.»

En la declaración indagatoria prestada por el procesado Manuel Andrés Puentes Saavedra el día 7 de enero concretó que:

— él mismo había estado unas 4 o 5 veces en el despacho del letrado D. Gonzalo Boye, en relación con la gestión de la recuperación del dinero intervenido en Barajas.

— de estas 4 o 5 visitas al despacho de abogados, estuvo 1 o 2 veces, en el despacho del Letrado Sr. Boye, con José Ramón Prado Bugallo.

— de estas 4 o 5 visitas al despacho de abogados estuvo 2 veces con Manuel P. González Rubio en el despacho de abogados del letrado D. Gonzalo Boye.

Pues bien, según los datos de geolocalización del teléfono intervenido al investigado José Ramón Prado Bugallo, que obra en las actuaciones y cuyo análisis se aporta en informe pericial como Documento nº 26 y anexos al mismo (Documento nº 27), se desprende que RESULTA ABSOLUTAMENTE FALSO QUE JOSÉ RAMÓN PRADO BUGALLO ACUDIERA AL DESPACHO DEL LETRADO D. GONZALO BOYE TUSET EN FEBRERO de 2017.

A mayor abundamiento, se ha realizado el análisis de estos metadatos sobre la geolocalización del teléfono intervenido en los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2017 y da como resultado que JOSÉ RAMÓN PRADO BUGALLO NO ACUDIÓ EN NINGUNO DE ESTOS MESES AL DESPACHO DEL LETRADO D. GONZALO BOYE TUSET.

Se debe añadir a todo esto que José Ramón Prado Bugallo se encontraba cumpliendo una pena de prisión, en tercer grado penitenciario, con derecho a acudir a trabajar en una empresa propietaria de diversos parkings. Además, disfrutaba mensualmente de permisos penitenciarios de 6 días, que le permitía viajar a Galicia, pero en ninguno de ellos acudió al despacho del letrado D. Gonzalo Boye ni, mucho menos, estuvo en ninguna de las reuniones descritas por Puentes Saavedra, González Rubio o por el propio auto de procesamiento.

De ahí que el procesado José Ramón Prado Bugallo siempre estuvo a, al menos, 600 km de distancia del domicilio profesional del letrado D. Gonzalo Boye.

La geolocalización de los dispositivos móviles demuestra que las afirmaciones de Manuel Puentes Saavedra son falsas, tratándose de una prueba irrefutable.

2ª.2.- SOBRE LAS REUNIONES DE MANUEL P. GONZÁLEZ RUBIO EN EL DESPACHO DEL LETRADO D. GONZALO BOYE TUSET PARA CONTRATAR LA RECUPERACIÓN DEL DINERO PREVIAMENTE INTERVENIDO EN EL AEROPUERTO DE BARAJAS.

Manuel P. González Rubio manifestó el día 8 de julio de 2020, en el seno de la pieza separada secreta de blanqueo de capitales 19/2016/004, que había acudido en dos ocasiones al despacho del letrado D. Gonzalo Boye:

Fiscal: Bien. Usted, en el expediente que se presentó para recuperar el dinero en el Tesoro… ¿usted habló con los abogados que presentaron las alegaciones?

GR: Yo solamente fui al despacho del señor Boye y firmé. Nada más. Dos ocasiones.

En la reciente declaración indagatoria celebrada el 7 de enero de 2021, manifestó que estuvo dos veces en el despacho del letrado D. Gonzalo Boye: la primera para tratar sobre la recuperación del dinero intervenido en el aeropuerto de Barajas y la segunda acudió a una reunión en la que se hallaba el letrado D. Gonzalo Boye, «un tal Alejandro y un tal Jesús». Acudió solo y cuando llegó estaban «contando un dinero» y le hicieron firmar unos papeles que él pensaba que se trataba de documentos judiciales, dado que él no era consciente de firmar ningún contrato ni ninguna letra de cambio ni nada de nada.

Cabe añadir las manifestaciones de Manuel A. Puentes Saavedra el mismo día 7 de enero de 2021, en que manifiesta que se reunió en 2 ocasiones en el despacho de D. Gonzalo Boye y en compañía de Manuel P. González Rubio.

Recordemos lo recogido en el auto de procesamiento al respecto:

«Posteriormente, el 13 de febrero, el mismo día en que se notificaba a través de Beatriz CORREA la incoación del expediente sancionador contra GONZALEZ RUBIO, GARCÍA ARANGO puso en contacto al investigado, el también abogado Alejandro GUERRA MEDINA, con Gonzalo BOYE TUSET y, al día siguiente, el 14 de febrero se celebró otra reunión en la que participaron BOYE TUSET, GARCÍA ARANGO, PEREZ LAGO y los abogados Alejandro GUERRA MEDINA y Jesús MORÁN CASTRO, con quien PEREZ LAGO tenía una relación comercial anterior.

El investigado GONZALEZ RUBIO, quien, conforme se ha referido, había manifestado en el acta de intervención del dinero que toda la suma intervenida procedía de la empresa COMPLUTUN SEGURIDAD INTERNACIONAL tampoco estuvo presente en esta reunión.

Siguiendo las instrucciones de BOYE TUSET, unos días después PUENTES SAAVEDRA y GARCÍA ARANGO volvieron a encontrarse en el despacho de BOYE TUSET, en esta ocasión en compañía de GONZALEZ RUBIO, para que éste firmara los contratos de adquisición y venta de las letras de cambio que habían sido confeccionadas al efecto por MORAN CASTRO y GUERRA MEDINA, a partir de la documentación que les había facilitado el investigado Fernando LARA BOLARÍN.»

Si bien es cierto que Manuel P. González Rubio acudió a una primera reunión para tratar por primera vez la manera en que se podía recuperar el dinero intervenido en Barajas, ES ABSOLUTAMENTE FALSO QUE ACUDIERA A NINGUNA REUNIÓN EN LA QUE ESTUVIERAN PRESENTES EL LETRADO DON GONZALO BOYE, EL LETRADO DON ALEJANDRO GUERRA Y EL FINANCIERO DON JESÚS MORÁN, como falsariamente ha declarado el día 7 de enero de 2021.

Según consta en las actuaciones, D. Gonzalo Boye se reunió el día 14 de febrero de 2017, a las 16 horas, con D. Alejandro Guerra y con D. Jesús Morán, personas a quienes no conocía con anterioridad. De hecho, tal cual consta en las actuaciones, D. Alejandro Guerra se puso en contacto por primera vez con D. Gonzalo Boye el día 13 de febrero de forma telefónica para pedirle una cita, cita que se materializó el día siguiente, 14 de febrero a las 16:00 horas.

Pues bien, según obra en los metadatos del teléfono intervenido a Manuel P. González Rubio, éste se hallaba en el extranjero —concretamente en Latinoamérica—, desde el día 14 de febrero en que recibe en su teléfono mensaje de la compañía Movistar con el prefijo 55 y consta fehacientemente que permaneció fuera de España hasta, al menos, el día 23 de febrero y constando de forma incuestionable que no se reunió nuevamente con el Letrado Sr. Boye.

Se conectan estos datos indubitados e incuestionables con el hecho acreditado de la presentación del escrito de alegaciones incorporando los contratos de cesión de créditos ante el SEPBLAC el día 24 de febrero de 2017.

Por lo tanto, ES ABSOLUTAMENTE FALSO QUE MANUEL P. GONZÁLEZ RUBIO ACUDIERA AL DESPACHO DEL LETRADO D. GONZALO BOYE TUSET ENTRE LOS DÍAS 14 DE FEBRERO Y 24 DE FEBRERO DE 2017. Es rotundamente falso que Manuel P. González Rubio hubiera acudido solo o acompañado a una reunión en el despacho del letrado D. Gonzalo Boye, en presencia de Alejandro Guerra y de Jesús Morán o días más tarde de celebrarse esta reunión con los letrados y el financiero y mucho menos que firmara ninguna documentación y que los sorprendiera «contando un dinero».

Es materialmente imposible que se celebrara una reunión por la que se hiciera firmar ninguna documentación al procesado Manuel P. González Rubio porque se hallaba fuera de España.

La geolocalización de los dispositivos móviles demuestra que las afirmaciones de Manuel P. González Rubio son falsas y en este caso, las geolocalizaciones, son pruebas irrefutables. Documentos nº 26 y 27 (prueba pericial y anexos).

2ª.3.- SOBRE LAS REUNIONES DE MANUEL A. PUENTES SAAVEDRA EN EL DESPACHO DEL LETRADO D. GONZALO BOYE TUSET EN RELACIÓN A LA GESTIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL DINERO PREVIAMENTE INTERVENIDO EN EL AEROPUERTO DE BARAJAS.

Manuel A. Puentes Saavedra declaró recientemente durante la declaración indagatoria celebrada el día 7 de enero de 2021, que había acudido al despacho del letrado D. Gonzalo Boye unas 4 o 5 ocasiones con relación a la gestión de la recuperación del dinero intervenido en el aeropuerto de Barajas.

El auto de procesamiento refiere dos encuentros en los que participa Manuel A. Puentes Saavedra:

«Para encontrar la forma de recuperar el dinero, tuvo lugar un encuentro en el que participaron PUENTES SAAVEDRA, PRADO BUGALLO y GARCÍA ARANGO con los investigados Gonzalo BOYE TUSET y Jesús MORÁN CASTRO, los dos abogados, en el que éstos les informaron que elaborarían unos documentos y presentarían unos contratos de compraventa de letras de cambio en garantía de unos préstamos hipotecarios en el expediente sancionador que permitirían así justificar ante la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera el origen legal del dinero intervenido. En ese momento llegaron al acuerdo de que PRADO BUGALLO pagaría a MORÁN CASTRO 90.000€ por estas letras y por confeccionar los contratos, 30.000 cuando se presentaran los documentos, de los cuales BOYÉ TUSET recibió 10.000€ en ese momento.

El investigado GONZALEZ RUBIO, quien, conforme se ha referido, había manifestado en el acta de intervención del dinero que toda la suma intervenida procedía de la empresa COMPLUTUN SEGURIDAD INTERNACIONAL tampoco estuvo presente en esta reunión.

Siguiendo las instrucciones de BOYE TUSET, unos días después PUENTES SAAVEDRA y GARCÍA ARANGO volvieron a encontrarse en el despacho de BOYE TUSET, en esta ocasión en compañía de GONZALEZ RUBIO, para que éste firmara los contratos de adquisición y venta de las letras de cambio que habían sido confeccionadas al efecto por MORAN CASTRO y GUERRA MEDINA, a partir de la documentación que les había facilitado el investigado Fernando LARA BOLARÍN.»

Los dos encuentros se producen, según el auto de procesamiento: días antes del 14 de febrero (primera reunión) y días después del 14 de febrero (segunda reunión).

Si bien no lo recoge el auto de procesamiento, consta indubitada e incuestionablemente en las actuaciones que la primera reunión para contratar al letrado D. Gonzalo Boye a fin de recuperar el dinero intervenido, se produjo el día 8 de febrero de 2017.

Consta de forma irrefutable en las actuaciones, según los metadatos de geolocalización de los dispositivos móviles intervenidos, cuyo análisis se aporta a través de los Documentos nº 26 y 27, que el procesado Manuel P. Saavedra permaneció por escasos minutos bajo la antena de repetición que da cobertura al despacho de D. Gonzalo Boye, los días 14 y 16 de febrero de 2017, sin que se pueda afirmar que se reuniera con el letrado, habida cuenta de la brevedad del espacio de tiempo bajo la cobertura de la antena de repetición.

Asimismo, entre los días 14 y 23 de febrero de 2017 Manuel P. González Rubio no pudo estar en el despacho del letrado D. Gonzalo Boye porque se hallaba en el extranjero (prefijo 55), concretamente a miles de kilómetros de Madrid.

Se añade que el procesado José Ramón Prado Bugallo no pudo estar en el despacho del letrado D. Gonzalo Boye Tuset, dado que siempre se halló a una distancia de, mínimo, 600 km de distancia del despacho.

Así, ES ROTUNDAMENTE FALSO QUE MANUEL A. PUENTES SAAVEDRA ACUDIERA A REUNIRSE EN EL DESPACHO DE D. GONZALO BOYE TUSET EL DÍA 8 DE FEBRERO NI EN DÍAS SIGUIENTES JUNTO CON JOSÉ RAMÓN PRADO BUGALLO NI QUE ACOMPAÑARA A MANUEL P. GONZÁLEZ RUBIO A FIRMAR NINGÚN DOCUMENTO EN EL DESPACHO DEL LETRADO.

La geolocalización de los dispositivos móviles demuestra que las afirmaciones de Manuel A. Puentes Saavedra son falsas, debiéndose tener presente que se trata de pruebas irrefutables, tal cual se recoge en los documentos 26 y 27 (informe pericial y anexos).

Conclusiones a la alegación segunda: De los datos obrantes en las actuaciones, así como de su contraste técnico, se puede determinar con absoluta certeza y carácter incuestionable que las reuniones descritas por los coprocesados Puentes Saavedra y González Rubio no se produjeron. Las declaraciones de estos dos procesados son fruto de la invención y ello se debe, en el primero de los casos, a un ánimo espurio motivado por la existencia de otras responsabilidades penales3 y, en el segundo de los casos, por un evidente ánimo auto exculpatorio.

TERCERA.- Documentación relacionada con la actividad empresarial y económica de Manuel González Rubio que acreditan que no es esa suerte de «correo humano» que se describe en el auto de procesamiento.

Gracias a los trabajos profesionales realizados, entre otros, por el Letrado Sr. Boye y descritos en la alegación primera del presente escrito, Manuel González Rubio recuperó, ya en el año 2011 el control sobre la empresa FYRSA a través de la cual mantiene la titularidad del terreno y nave industrial ubicada en la carretera de Madrid a Navacerrada, Km 4,5 (Paraje de La Canaleja), en Alpedrete (Madrid), y que fue el lugar donde González Rubio intentó matar a dos agentes de Policía Nacional e hirió a un tercer agente disparándole a la altura de la clavícula, donde se practicó la entrada y registro ordenada por este Juzgado.

Es importante resaltar que esos terrenos, nave industrial, galería de tiro y vivienda allí existentes tienen un valor de mercado que ha de superar, pendiente de tasación final, los 4,5-5 millones de euros toda vez que mantiene vigente una línea de crédito con Banco Espirito Santo por hasta 3,5 millones de euros.

La titularidad de esta propiedad y la existencia de la línea de crédito constan en el Registro de la Propiedad correspondiente y a los efectos probatorios oportunos aquí se aporta certificación de ello4. (Documento nº 28).

Igualmente, y a pesar de no constar publicadas las cuentas anuales de los últimos años en el Registro Mercantil5, sí consta que el Sr. González Rubio sigue siendo la persona responsable y con poder de gestión de dicha mercantil, así como de disposición; es, en realidad, el administrador de la misma y principal accionista (Documento nº 29) desconociéndose las razones por las cuales ninguno de estos datos ha sido investigado hasta la fecha6.

Igualmente, y durante el periodo posterior a la incautación de su dinero en Barajas el 6 de febrero de 2017, González Rubio continuó realizando importantes inversiones en Colombia, en el sector de la seguridad y, más concretamente, en la «Sociedad Latinoamericana De Investigación En Ciencias De La Seguridad Inlaseg Ltda» (de ahora en adelante Inlaseg).

Fue nombrado, primero, gerente general de Inlaseg y, luego, presidente de la empresa tal cual consta en Documento nº 30. Todo esto consta tanto en el Registro Mercantil de Colombia como en el de la Cámara de Comercio de Colombia, entidad mencionada en muchas de las conversaciones intervenidas a González Rubio en este procedimiento y que, por razones que desconocemos, no aparecen transcritas en las presentes actuaciones.

Las inversiones de González Rubio en esta empresa le llevaron a poder tomar el control de la mercantil y, justamente, para eso era para lo que llevaba el dinero intervenido el 6 de febrero de 2017 a Colombia, tal cual en su día ha reconocido el propio González Rubio y tal cual consta en certificado bancario emitido en el Modelo S-1 —documento nº 34—, declaración de movimientos de pago, de fecha 3 de febrero de 2017 y que obra en las actuaciones así como en la documentación que el coprocesado González Rubio entregó a mi mandante y fue aportada, por este, al SEPBLAC y luego incorporada al expediente contencioso-administrativo que concluyó con sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ya firme, que ordena la devolución a González Rubio de la mitad del dinero intervenido el 6 de febrero de 2017 en Barajas.

Insistimos: cuando González Rubio acude el 8 de febrero de 2017 al despacho Boye-Elbal no solo menciona esta empresa sino que, en días sucesivos, aportó abundante documentación sobre la misma que, a su vez, fue presentada por el despacho Boye-Elbal ante el SEPBLAC, como no podía ser de otra forma y toda esa documentación obra también en el expediente de referencia y se adjunta aquí, nuevamente, como Documentos nº 31 y 32.

Aparte de lo anterior, y tal cual consta en el Registro Mercantil (Documento nº 33), González Rubio sigue manteniendo en activo la empresa COMPLUTUN SEGURIDAD INTERNACIONAL SL (de ahora en adelante Complutum).

Después de la intervención en Barajas, del 6 de febrero de 2017, González Rubio continuó inyectando dinero en la empresa Complutum de la cual es Administrador Único desde el 24 de julio de 2013.

Como si nada de esto fuese suficiente, en relación con Complutum, consta también en el Registro Mercantil que estando en prisión, concretamente el pasado 3 de diciembre de 2020, es decir hace algo más de un mes, procedió a nombrar apoderados de dicha mercantil a EUGENIO SANTIAGO JORDAN CASADO y a ADRIANA MORENO CORREA, coprocesada en esta causa.

Es decir, desde prisión y a vista y paciencia de este Juzgado, Manuel P. González Rubio continúa gestionando sus empresas, su patrimonio y el conjunto de actividades económicas que refleja la documentación aquí aportada.

Debe recordarse que, unido a todo esto y como se ha indicado en nuestra alegación Primera del presente escrito, cuando mi mandante conoció a González Rubio este tenía un litigio con sus entonces socios de FYRSA por monto de 721.218,85 euros invertido por él en dicha sociedad, así como un crédito pendiente de cobrar la sociedad por la cantidad de 801.675,57 euros (Documento nº 3) por trabajos realizados por la sociedad TECNOFORCE INGENIEROS S.L., también de propiedad del procesado Manuel P. González Rubio.

Seguramente, una auténtica investigación patrimonial del Sr. González Rubio y de sus diversas empresas hará surgir un patrimonio y solvencia económica muy superior al descrito en esta alegación, pero, como desde un comienzo la investigación se focalizó en criminalizar el trabajo como abogado de mi mandante y atribuir el dinero intervenido en Barajas al Sr. Prado Bugallo, nada de eso se ha investigado a pesar de constar los indicios en estas mismas actuaciones.

Conclusión a la tercera alegación: De lo declarado por mi mandante este pasado 18 de enero de 2021 y, sobre todo, de la documentación aquí aportada más la obrante en autos se desprende, claramente, que:

Manuel P. González Rubio es un empresario de larga trayectoria vinculada, entre otras cosas, al lucrativo sector de la seguridad,

esta actividad empresarial le ha generado, a lo largo de muchos años, un ingente patrimonio y una abundante disponibilidad de dinero y recursos financieros de todo tipo y en diversos formatos,

Manuel P. González Rubio posee propiedades y empresas que siguen operativas y que no se han visto afectadas por este procedimiento a pesar de constar la existencia de muchas de ellas en esta causa y de existir, igualmente, una clara responsabilidad civil ex delito a resultas de los intentos de homicidio de algunos de los policías que participaron en su detención,

la abundancia de recursos y patrimonio de Manuel P. González Rubio era conocida por mi representado, quien entre los años 2010 y 2011 le ayudó a retomar el control de la mercantil FYRSA, así como de las cantidades adeudadas por dicha mercantil al propio González Rubio, que superaban los 1,5 millones de euros —ello sin perjuicio del resto de activos de dicha mercantil que eleva el patrimonio de González Rubio, solo en este concepto, por encima de los 4,5/5 millones de euros—,

Manuel P. González Rubio sigue manteniendo el control de sus empresas y patrimonio desde prisión, habiendo otorgado diversos poderes notariales en estos meses y habiendo nombrado, entre otros, a Adriana Moreno como apoderada de la mercantil Complutum el pasado 3 de diciembre de 2020, y

dada esta solvencia empresarial y económica, Manuel P. González Rubio no es un «correo humano» (o «mula») como se le quiere hacer parecer en el auto de procesamiento y, mucho menos, es una persona a la que se le pueda hacer firmar nada sin que se entere de lo que está firmando, como ha afirmado en sus declaraciones.

CUARTA.- Documentación basada íntegramente en datos objetivos obrantes en las actuaciones y que acreditan que Manuel P. González Rubio es el dueño del dinero intervenido en Barajas el 6.2.2017

En este apartado, más que aportarse documentación, lo que se hará es señalar en qué lugar exacto del presente procedimiento se encuentra dicha documentación porque se trata de conversaciones telefónicas no transcritas por la fuerza actuante, todas ellas obrantes en las actuaciones, mantenidas, entre otros, por Manuel P. González Rubio en las cuales, sin género de duda ni error posible, se evidencia que es el propio Manuel González Rubio el propietario del dinero intervenido en Barajas el día 6 de febrero de 2017.

A tal conclusión se llega por una doble vía valorativa absolutamente objetiva. Primero porque así lo reconoce de forma expresa —en clara contradicción con lo declarado después—el propio Sr. González Rubio. Segundo, porque tan importante como lo que afirma es precisamente lo que jamás llega afirmar:

—Que el dinero pertenezca a otra persona que no sea él.

—Ni González Rubio ni ninguno de sus interlocutores.

Esa espontaneidad en conversaciones entre comunicantes que desconocen que en ese momento su teléfono está intervenido, desde luego corrobora lo que afirmamos.

No compartimos lo afirmado en el Auto de procesamiento cuando concluye, en diversas ocasiones, que: «… el dinero intervenido era realmente propiedad de PRADO BUGALLO».

Como se deduce de las conversaciones, tanto en sentido afirmativo como negativo, eso no es cierto, siendo la verdad que todo el dinero intervenido en Barajas era y es de Manuel González Rubio.

Sorprende a esta parte que ninguna de las conversaciones que vamos a citar aquí, y que constan todas en las actuaciones, haya sido transcrita ni incorporada a ninguno de los múltiples atestados de los que se compone el presente procedimiento.

De hecho, esta parte ha tenido que revisar la integridad de las conversaciones obrantes en las actuaciones (archivos que ocupan más de un terabite de memoria) para encontrar las que aquí resaltaremos, y otras muchas más que inciden sobre lo mismo y que, sin duda, ratifican lo que ha declarado mi representado este pasado 18 de enero de 2021.

Teniéndose presente que por la claridad de lo conversado no existe margen alguno de interpretación respecto de estas escuchas y, además, que no son las únicas, ya que son muchas o demasiadas las que inciden sobre lo mismo, las más significativas son:

1.- Aquí, Manuel González Rubio habla con su gestor para ver cómo solucionar contablemente hablando del «tema» una vez que le devuelvan su dinero, con el cual tuvo «problemas en la aduana»:

Conversación entre MGR y Eugenio (gestor).

Fecha: 1 de abril de 2017

Nombre archivo: c71b71d0-d827-0013-b733-a9e9507f9993

Teléfono intervenido: 608.396.232

–MGR: (ininteligible) el martes a primera hora esté aquí y ya está, ¿vale?

–Eugenio: Venga

–MGR: O el lunes por la tarde, escúchame otra cosa, cuando yo venga nos tenemos que reunir porque (ininteligible) cosas de Hacienda y eso de una cosa que TUVE PROBLEMAS EN LA ADUANA QUE ME VAN A DEVOLVER, y a ver como lo organizamos eso, porque hay que cogerlo con palillos, tú me tienes que explicar, ¿vale?

–Eugenio: Vale, pues cuando quieras, cuando vuelvas me llamas y te vienes una tarde, y nos sentamos un rato.

–MGR: Eso venga

2.- Aquí, Manuel González Rubio habla con una empleada (Paloma), de una de sus múltiples empresas en España, dándole instrucciones para realizar ingresos en efectivo para una ampliación de capital. Por las fechas ha tenido que ser en Complutum:

Conversación entre MGR y Paloma (empleada campo de tiro).

Fecha: 2 de abril de 2017

Nombre archivo: 88f18683-b627-0013-b7af-7d33e7bc05e2

Teléfono intervenido: 608.396.232

–MGR: Vale, no obstante, ya le he dicho a Ángel que le llame para que le prepare todas las cosas. ¿Vale?

–Paloma: Vale, muy bien.

–MGR: Ah Paloma, dejaré dinero ahí para que se pague la nómina. He dejado talones firmados a Ángel para la nómina. Y luego esta semana te van a traer dinero para que ingreses una ampliación de capital. Ya te lo digo ¿vale?

–Paloma: Vale.

3.- Aquí, Manuel González Rubio habla con un empleado no identificado, al que le explica diversas actividades con otra de sus empresas: Inlaseg y sobre lo que está haciendo en Colombia con la misma.

Conversación entre MGR y un empleado.

Fecha: 2 de abril de 2017

Nombre archivo: 6c632f87-c827-0013-a111-afa737a54bb4

Teléfono intervenido: 608.396.232

–Empleado: ¿Cómo está Manuel, ¿qué tal? Me dijo (ininteligible) que me has llamado, bueno vi una llamada perdida tuya, que no tenía teléfono ayer

–Manuel: No, es que tenía que entregar algunas cosas aquí para el banco y quería haber dado algo de publicidad, bueno de publicidad, la carpeta esa que tenemos de Inlaseg para que miren lo que estamos haciendo en Colombia. ¿Tú tienes algo?

–Empleado: Espera un momento que te llamo por el otro lado. Se escucha fatal. Espera un momento que te llamo otra vez.

4.- Aquí, Manuel González Rubio habla con un empleado, también sin identificar y de una de sus múltiples empresas, explicándole sobre su intención de liquidar la hipoteca; seguramente se refiere a la línea de crédito que mantiene abierta con Banco Espíritu Santo por hasta 3,5 millones de euros a través de la mercantil FYRSA pero también menciona, una vez más, a Inlaseg.

Conversación entre MGR y un empleado.

Fecha: 2 de abril de 2017

Nombre archivo: 10dc8d0b-2527-0013-914e-436d7e9eaca7

Teléfono intervenido: 608.396.232

–Empleado: A ver si te escucho ahora mejor. Entonces qué me estabas diciendo.

–Manuel: Que el banco que tiene la hipoteca del Centro…

–Empleado: Sí…

–Manuel: (ininteligible) LE HE HECHO UNA OFERTA PARA LIQUIDAR LA HIPOTECA Y ENTONCES LES EXPLICO CÓMO LE VOY A PAGAR, que estoy haciendo el proyecto de Colombia y quería acompañarle en el mail que le voy a mandar la documentación, algo que (ininteligible) como las carpetas de INLASEG. ¿Tú no has visto las carpetas de (ininteligible)?

–Empleado: Sí, sí, vi algo de eso.

5.- En esta conversación Manuel González Rubio habla con Nina, empleada en otra de sus empresas (la que regenta la cafetería del Campo de Tiro) y a la que le indica dónde hay HAY DOS PAQUETES DE DINERO, dato que refleja la amplia capacidad económica de González Rubio así como su elevada disponibilidad de efectivo, lo que se corresponde con sus actividades empresariales y el rubro al que se dedica.

Conversación entre MGR y Nina (empleada del bar del campo de tiro).

Fecha: 3 de abril de 2017

Nombre archivo: 4d3fe98f-7827-0013-97ef-e35928a23a5b

Teléfono intervenido: 608.396.232

–Manuel: Buenos días, oye, ahí dentro te he dejado huevos y unas cosas porque el otro llegará más tarde, le he dejado solamente 25… de monedas 25, más los billetes que hay.

–Nina: Sí, sí, he visto ahora, acabo de hacer la caja.

–Manuel: Sí, mira, en el… atrás, en la cocina, donde hay una caja con cuchillos, donde la estantería hay una caja con cuchillos, que debajo hay unas magdalenas.

–Nina: Sí, sí

–Manuel: Ahí hay dinero, ¿me oyes?

–Nina: Vale, vale, sí, sí, sí.

–Manuel: Debajo de los cuchillos, en la caja de magdalenas, AHÍ HAY DOS PAQUETES DE DINERO, cuando vengan estos se lo das, que eso es para que prepare para pagar, ¿vale?

–Nina: Ah, vale, vale, vale Manuel.

–Manuel: Pero que sepas que está ahí, que lo guardes ¿vale?

–Nina: Vale, muy bien.

6.- Manuel González Rubio habla con Johanna, una de sus secretarias en las empresas en Colombia, a la que le explica, claramente, que mientras no recupere el dinero intervenido en Barajas, el 6 de febrero de 2017, no podrá arreglar una serie de temas económicos que afectan a la empresa. Está, en definitiva, hablando de la disposición del dinero intervenido lo que demuestra, sin género de dudas ni error posible, que el dinero es suyo. Nadie puede disponer, como lo hace González Rubio, de un dinero que no sea efectivamente suyo y esto no es interpretable.

Conversación entre MGR y Johanna (secretaria Colombia).

Fecha: 26 de abril de 2017

Nombre archivo: ede30095-ce27-0013-bcf5-fcce837a102f

Teléfono intervenido: 608.396.232

–Johanna: No, si yo estaba esperando que viniera el mayor mañana, para mirar si él sabe bien del tema, y de pronto él si nos puede ayudar, señor Manuel.

–Manuel: No, si él sabe bien del tema y tú ves que se puede hacer y vamos a firmar algo, bueno, pues ya es un aliciente, pero hombre, yo lo primero que le he dicho, que no sé si te lo he reenviado, yo lo primero que tengo que hacer es pagar la nómina, y no voy a dar dinero a nada cuando estoy tan justo, HASTA QUE NO ARREGLE LOS PROBLEMAS QUE HAY CON LOS BANCOS Y CON EL DINERO REQUISADO, no puedo meter el dinero nada más que para las nóminas y para los gastos, no para camionetas ni para nada.

–Johanna: No, sí, sí, porque yo precisamente no le he hablado ni nada, me ha dicho que a mi (ininteligible) mire, otra nómina, y esto sin generar nada.

7.- Nuevamente, González Rubio habla con Johanna, secretaria de una de sus empresas en Colombia, a la que le vuelve a explicar que cuando recupere su dinero, el intervenido en Barajas el 6 de febrero de 2017, pondrá al día una serie de asuntos, pero, también, habla en tono amenazante hacia terceros lo que demuestra el nivel de violencia al que puede llegar quien meses después intentó matar a dos policías cuando le iban a detener. El «correo humano» llega a decir: DESAPARECE DE LA FAZ DE LA TIERRA EN NADA, en relación con una persona con la que está teniendo problemas; esta manifestación desmiente, una vez más, la victimización que pretende hacer de su persona González Rubio cuando se trata de un solvente empresario que no dudará de acudir a cualquier actuación para preservar su patrimonio.

Conversación entre MGR y Johanna (secretaria Colombia).

Fecha: 22 de junio de 2017

Nombre archivo: 5dc82826-5f27-0013-bd51-9bfafefb61c4

Teléfono intervenido: 608.396.232

–MGR: He tenido una bronca con este hijo de puta, de mucho cuidado. Me quiere extorsionar y que me va a denunciar a la Cámara de Comercio para quitarme la empresa, que tal y que cual… Será sinvergüenza.

–Johanna: ¡Uy! ¿En serio? Lo que yo le dije ayer es que él insiste en que usted le debe esa plata de la empresa…

–MGR: No le debo nada, no le debo nada, (ininteligible) y si hay un acuerdo, CUANDO YO RECUPERE UNA COSA AHORA, UNA COSA QUE TIENEN AQUÍ LE IBA A DAR OTRA CANTIDAD, pero la cantidad que habíamos dicho ya se la ha llevado. Se la ha llevado. Dice que (ininteligible) el sinvergüenza. Sinvergüenza.

–Johanna: ¿Y así le dijo, así no más?

–MGR: Sí, así me dijo el sinvergüenza. Ahora le mando a alguien, le mando a buscar, que yo tengo muchos amigos ahí. Le mando a buscar y ese hijoputa como me haga una putada se va a acordar de mí, vamos. Será sinvergüenza.

(…)

–Johanna: Don Manuel ¿entonces ahora qué hacemos?

–MGR: No, usted siga ahí, no hay ningún problema. Ahora, como vaya a la Cámara de Comercio, en primer lugar, no va a poder demostrar nada, no puede demostrar nada.

–Johanna: No, porque usted también tiene sus extractos y todo.

–MGR: Claro. Pero tengo todo y él no…

–Johanna: Si alguna cosa nos pregunta a nosotros, usted es el que nos ha pagado todo el tiempo, usted paga el arriendo…

–MGR: Claro, y pago el arriendo y le pago el (ininteligible)… Será sinvergüenza, el sinvergüenza. Pues como sea capaz de denunciarme te lo juro que lo va a pagar muy caro.

(...)

–Johanna: (Ininteligible) me quedé más preocupada.

–MGR: No, no, no. Vosotros seguid ahí. Tú si quieres habla con él y le preguntas que qué ha pasado. Y si te dice que va a ir a la Cámara de Comercio, le dices que yo tengo muchos amigos allí. Y DESAPARECE DE LA FAZ DE LA TIERRA EN NADA. El cabreo que me ha hecho coger encima que le estoy manteniendo todo el tiempo. El sinvergüenza.

8.- Aquí, González Rubio habla con una persona no identificada a la que le indica que llegado el caso esa persona tendrá que ir a coger dinero, lo que refleja la disponibilidad de dinero por parte de quien pretende hacerse pasar por un «correo humano».

Conversación entre MGR y varón desconocido.

Fecha: 23 de junio de 2017

Nombre archivo: e309b411-2427-0013-91e9-aebc48080f7f

Teléfono intervenido: 608.396.232

–Desconocido: ¿Quieres que vaya yo por ti? ¿Quieres que vaya por ti?

–MGR: A lo mejor tienes que ir, pero el problema es que no conocer a los militares y todo eso, no sé, si se complica la cosa tendrás que ir tú.

–Desconocido: Que a mí no me importa, que a mí no me importa ir por ti.

–MGR: Escúchame, si se complica la cosa tendrás que ir porque, tienes que ir para cerrar unas cosas Y PARA COGER DINERO Y…DEL QUE ESTÁ ALLÍ, pues no me fio mucho de él.

–Desconocido: Pues por eso te digo…

9.- Conversación entre González Rubio y una empleada de La Caixa (África) quien le requiere documentación para acreditar el dinero que ha estado ingresando en su cuenta. Como excusa le indica que la documentación la tiene el gestor y que procede de un tema que están reclamando, en clara alusión al dinero intervenido en Barajas el 6 de febrero de 2017.

Conversación entre MGR y África (empleada de la Caixa).

Fecha: 23 de junio de 2017

Nombre archivo: 828666ea-a727-0013-9910-f47eac8a5026

Teléfono intervenido: 608.396.232

–África: Manuel, hola buenos días, mira te llamo por lo del otro día que te comenté, que necesito la documentación, los justificantes de dónde ha salido pues todos esos ingresos de efectivo así tan altos para la ampliación de capital, es que me los están pidiendo ¿sabes?

–MGR: Mira, los tiene el gestor, es que ESTAMOS HACIENDO UNA RECLAMACIÓN A HACIENDA DE UNA COSA QUE… ESO, y los tiene el gestor, pero ya le he dicho que me los busque, a ver si hoy te los puedo llevar.

10.- Nueva conversación de González Rubio con una de sus secretarias, Johanna, de una de sus empresas en Colombia, en la que, una vez más, habla del dinero que se le requisó y de lo que hará una vez le sea devuelto. El contenido de esta conversación es, si cabe, más claro que cualquier otra porque dice, literalmente, que: «YO LLEVABA UN MILLÓN DE EUROS PARA ALLÁ, ENTONCES… BUENO PUES, DESAFORTUNADAMENTE COMETÍ EL ERROR DE LLEVARLOS ENCIMA, Y NO TENÍA QUE HABERLO HECHO, PERO BUENO, YA HE DEMOSTRADO DE DÓNDE VENÍA EL DINERO Y TODO, y ya estoy esperando que de un momento a otro me lo devuelvan».

Conversación entre MGR y Johanna (secretaria de Colombia).

Fecha: 11 de julio de 2017

Nombre archivo: 5638fdfd-3427-0013-ae1d-c5be67e6a6e9

Teléfono intervenido: 608.396.232

–MGR: No, si es que es la verdad, Johanna te lo juro por mis hijos, yo prefiero estar pagando tu sueldo, y una oficina o lo que sea, e ir haciendo contactos con Joaquín, con toda la gente que yo quiero, y yo llego y empezamos a hacer cursos sin tener que hacer nada allí, a mí lo que me interesa ahora, de momento, HASTA QUE ME DEVUELVAN UN DINERO QUE ME REQUISÓ HACIENDA, pues quiero hacer cursos, pero cursos que son hechos por una Universidad española, que son hechos aquí con titulación allí, y eso es lo que quiero de momento, mientras se libera el otro capital que yo llevaba a Colombia… como ya he demostrado, y está todo arreglado, estoy esperando a que me hagan la devolución. YO LLEVABA UN MILLÓN DE EUROS PARA ALLÁ, ENTONCES… BUENO PUES, DESAFORTUNADAMENTE COMETÍ EL ERROR DE LLEVARLOS ENCIMA, Y NO TENÍA QUE HABERLO HECHO, PERO BUENO, YA HE DEMOSTRADO DE DÓNDE VENÍA EL DINERO Y TODO, y ya estoy esperando que de un momento a otro me lo devuelvan, y entonces… pero mientras tanto sí podemos hacer eso, y generar muchos recursos para los cursos que se hagan aquí, y si hay que hacer algunos allí, pues nos ponemos de acuerdo con Joaquín o con quien sea mientras hacemos nuestro centro, nosotros vamos a hacer un centro de formación como el de aquí. Te voy a invitar a que vengas a España para conocer lo que hay aquí, porque es que es así, ¿te ha llegado este o qué?

11.- Esta interesante conversación del 29 de junio de 2017 es entre Adriana Moreno y González Rubio y en ella Adriana le informa de la reunión mantenida en el despacho de D. Jesús Moran; le informa a González Rubio por dos motivos: a) González Rubio está convaleciente y, por ello, no pudo acudir a esa reunión, y b) porque es González Rubio el dueño del dinero intervenido en Barajas el 6 de febrero de 2017.

El detalle de las explicaciones de Adriana son las propias de quien informa al afectado, González Rubio, y en ella se ve cómo todo se corresponde con la realidad.

En esta conversación Adriana deja claro que una vez recuperado el dinero ellos podrán disponer del mismo y ese poder de disposición del mismo proviene de que es González Rubio el auténtico propietario de ese dinero.

Tan es así que la propia Adriana le dice a González Rubio que: «Entonces de ahí podemos hacer lo tuyo, lo del banco». Y lo del banco no es otra cosa que liquidar la hipoteca que mantiene abierta en nombre de FYRSA con Banco Espíritu Santo. Lo puede hacer porque el dinero es suyo.

Conversación entra Adriana Moreno y MGR

Fecha: 29 de junio de 2017

Nombre archivo: 4c21c3be-319c-0019-968f-9b2945724e4a

Teléfono intervenido: 671 373 302

–Hija: Hola.

–Manuel González Rubio (MGR): Hola. ¿Está tu madre?

–Hija: Hola papi.

–MGR: Hola preciosa, bonita. ¿Qué haces?

–Hija: Nada, estoy en el coche.

–MGR: Ayer me dijiste que me ibas a llamar y al final (ininteligible) no me llamaste.

–Hija: ¡Ah! Es que al final (ininteligible) con Joaquín.

–MGR: Bueno. ¿Está tu mamá? ¿Puedo hablar?

–Hija: Sí, te la paso.

–MGR: ¿Pero está en el coche?

–Adriana: ¿Hola?

–MGR: Hola ¿Vas conduciendo?

–Adriana: No. Va conduciendo Erwin.

–MGR: ¡Ah! Dime.

–Adriana: ¿Eh, que te iba a decir? ¡Ah no! Es que ayer estuve con el abogado este, que lleva lo de, lo del tema del aeropuerto…

–MGR: Sí, sí…

–Adriana: Y nada. Bien. Sí parece que lo van a devolver ¿eh?

–MGR: Pero… ¿Pero cuándo?

–Adriana: No lo sabemos, porque lo que pasa es que como…Te acuerdas que lo que han metido ellos es como unas letras de un préstamo que te han hecho. Entonces resulta que dos letras, llegaron el este de que dos letras ya habían sido usadas en otro caso. Entonces ayer estuvimos con los abogados que dieron las letras. Entonces ellos dijeron no, es que es imposible, porque los originales los tengo yo, y si lo han hecho, es alguien, antes él dijo que el año pasado había unas personas que necesitaban algo similar y que él les había dado una fotocopia de las letras y que se ve que han utilizado las fotocopias. Entonces claro, pero los que han incurrido en un delito son los otros, porque han presentado documentación falsa.

–MGR: Ya, ya.

–Adriana: Entonces él dijo, eso no hay ningún problema, yo soy amigo de no sé quién del Banco de España. Yo ya ayer hablé con él, y yo le dije que por favor le pidiera a esa gente los originales, que nosotros con ellos no habíamos hecho ninguna negociación de préstamos porque ellos han dicho que no, que al final no, que habían desaparecido, que no habían vuelto y que habían hecho el negocio contigo y que nada, que los originales estaban allí, que a ver, que eso era una cosa que no se podía falsificar, que él los tiene super guardados y que él está seguro que él los tiene. Entonces iban a hacer un escrito de no sé qué ante notario, de no sé qué cosa, para presentarlo y ya está. Porque es que encima, la semana pasada llegó una carta dirigida a mi mamá, a mi papá, a José Luis, a no sé qué, cobrándonos a cada uno lo que cada uno tenía. Entonces dice el abogado, el tuyo, diciendo… Lo que pasa es que encima es una mujer lo que está llevando el tema este. Dice, pero es que es tonta, tan tonta que se le va a caer el pelo. Porque mira lo que ha hecho. Entonces sacó los documentos porque yo le había mandado fotocopiar esas cartas. Y dice, ha abierto otros cuatro expedientes más, cobrando el mismo dinero. Yo quisiera, yo le entrego documentación de todo y me tiene que devolver (ininteligible) el doble.

–MGR: Ya.

–Adriana: Y no lo tiene. ¿Me entiendes?

–MGR: Sí, sí, sí.

–Adriana: Entonces…

–MGR: La ha falsificado, la ha falsificado claro.

–Adriana: No, no, no. O sea que la señora esa está como si dice porque claro si yo me pongo a sumar lo que está cobrando con esos cuatro expedientes, más lo que le hizo a Manuel, está cobrando, está diciendo que (ininteligible) Y diciendo que eran, o sea como si fueran mil quinientos. Entonces dice, es que es imposible, cómo van a cobrar eso si lo que… Además (ininteligible) ella lo está haciendo fatal, pero bueno, yo la voy a dejar hasta lo último. Porque a mí lo que me interesa es que me resuelva eso de estas letras. Entonces ya lo tiene apañado o sea que, o sea fijo que nos lo van a tener que devolver.

–MGR: Pero no se sabe cuándo ni nada.

–Adriana: Claro, pero el tema es ese porque lo que yo pensaba referente a lo de aquí, era que de allí pues ese dinero ya estando de vuelta y justificado, pues en teoría nosotros podríamos utilizar ese dinero como quisiéramos.

–MGR: Claro, claro.

–Adriana: Entonces de ahí podemos hacer lo tuyo, lo del banco.

–MGR: Claro, sí, pero eso yo necesitaba para justificar lo de las ampliaciones, necesitaba alguna de esas…

–Adriana: Claro, entonces déjate porque es que ayer estaban todos. Ayer estaban la hija, el hombre y todo. Y entonces hoy se ve con el señor solo y ya hoy ya él le pensaba decir, que, si por favor le daba una copia de todo, pues de todo el expediente para tú tenerla y entonces ahí se utiliza lo que haga falta.

–MGR: Es que yo tengo que tenerlo para saber primero y luego…

–Adriana: Eso fue lo que yo le dije, dile que lo necesita para eso, para enterarse bien de todas las cosas.

–MGR: Claro. Bueno pues a ver si lo aclaran de verdad. Porque ya estoy que no sé ni dónde estoy. Entre una cosa y otra. No sé.

–Adriana: Claro. No si entonces esta tarde que se vea con él. Yo ya te digo lo que sea ¿Vale?

–MGR: Vale. A ver si por favor porque estoy para pegarme un tiro con tantas historias. Y jodido como estoy, pues es que no… Estoy muy mal.

–Adriana: No me extraña. Entonces hablamos. Chao.

–MGR: Chao.

12.- Nueva conversación entre Adriana y González Rubio en la que, entre otras cosas, Manuel González Rubio, ante la necesidad de hacer frente a diversos compromisos financieros mientras recupera su dinero resuelve que: «Entonces yo cuando me den el alta me voy para allá y ya traigo dinero» lo que, una vez más, refleja no solo su titularidad sobre el dinero intervenido en Barajas el 6 de febrero de 2017 sino, también, su disponibilidad sobre ingentes cantidades de dinero producto de sus múltiples actividades empresariales tanto en España como en Colombia e, incluso, Brasil.

En esta ocasión está hablando de traer dinero de Colombia a España, dinero suyo, claro está.

Conversación entre Adriana Moreno y MGR

Fecha: 18 de septiembre de 2017

Nombre archivo: e346dc61-7e25-0013-8104-11d0d2a0a835

Teléfono intervenido: 690 981 192

–Adriana: Hola.

–Manuel González Rubio: Oye, quería comentarte que a este Pablo me parece que (ininteligible).

–A: ¿Qué?

–MGR: A Pablo.

–A: ¿Que lo qué?

–MGR: Que lo voy a echar.

–A: Ay no jodas. ¿Y por qué?

–MGR: No sé. Porque hace lo que le sale de la polla. Está con la Nina esta. Y le ha comido el tarro de una manera que estaba todo el día metido en el bar. La Nina se fue el otro día. Me dijo a las cinco de la tarde que al día siguiente no venía. Y él detrás, que está encoñado con ella, que él no limpia, que él no hace, que no sé qué, que no sé cuánto.

–A: No, pero escúchame. Pero antes de hacer eso vuelve y háblalo y dile que si no quiere hacer las cosas, entonces que no vuelva. Primero háblalo.

–MGR: No, si se lo dije el otro día. Y por eso quería hablarlo contigo porque…De verdad me tiene muy cansado. No le he echado por ti, sino ya le hubiera echado… Bueno…

–A: No, es una puñeta, es una puñeta. Tú intenta. Háblalo y dile, mira Pablo pasa esto, esto y esto. Y dile, y no te he echado por Adriana, pero si tú vas a seguir en ese plan, es que te tengo que sacar, porque a mí gente aquí que no sirve pues tampoco se puede mantener. Así de sencillo. Pero hablar vosotros dos. Ya como no está la Nina a lo mejor está de otra manera.

–MGR: No. Es que en vez de estar donde tenía que estar, en el tiro, todo el día allí en el bar. Y los dos sentados, de cháchara y venga…Menos mal que se ha ido la otra, pero bueno.

–A: Claro, por eso te digo. Tú intenta, conversadlo vosotros dos, porque es también (ininteligible) el uno, el otro, se mete este y no… Háblalo con él.

–MGR: No, lo voy a hablar con él (ininteligible) fregar y tienes que hacer lo que todo el mundo.

–A: Claro.

–MGR: Y si no, puerta.

–A: Sí, eso, así.

–MGR: El martes voy a hablar muy clarito con él.

–A: Claro, díselo, es mejor hablarlo y así él por lo que sea dice, así yo no trabajo, pues ya es otra cosa.

–MGR: Sí. ¿Pero dónde va a ir? Si ese no (ininteligible) en ningún sitio.

–A: Y encima sin papeles…

–MGR: Pero este no pone interés, joder.

–A: Pero mira que él, dentro de lo que yo he escuchado, él estaba contento con el cambio, que porque tú estabas otra vez ahí, todo. Lo que pasa es que la gente le lava la cabeza. Es cuestión de que tú mismo hables con él y no dejes que hable nadie más.

–MGR: Mira, mira, tú sabes cómo es la situación. Tú has puesto dinero y tal. Y yo hasta que no vaya a Colombia no voy a tener dinero. Y estamos colgados. Entonces yo cuando me den el alta me voy para allá y ya traigo dinero. Pero les dije, oye mira esto está así, si queréis, cerramos y si no, hay que apechugar todos. Y así. Pero es que este dice hoy blanco y mañana es verde.

–A: Ya, pero dile que la situación no puede seguir así, que o lo hace o que desafortunadamente, que eso, que encima que se está intentando mantener la gente mientras las cosas funcionan, pues que necesitamos que todo el mundo eche la mano, porque si no, pues se tendrán que ir los que no sirvan.

–MGR: Bueno, bueno.

–A: Pues es mejor tú y él, que lo habléis. Porque seguro que algo te va a decir de algún otro. Pues porque allí habla el uno, habla el otro (ininteligible) que ahí se ha formado mientras tú no has estado. Una cosa ahí que…

–MGR: Hablamos. A ver si tengo tiempo y hablamos. Hasta luego.

–A: Bueno, venga, chao, hablamos.

13.- Nuevamente González Rubio habla con Adriana y, en este caso, hablan de la escrituración de una propiedad lo que, una vez más, refleja la agilidad empresarial y solvencia económica de González Rubio a quien se nos quiere presentar como un simple «correo humano» o «mula».

Conversación entre Adriana y MGR

Fecha: 19 de octubre de 2017

Nombre archivo: 0d380ff5-c225-0013-a1ba-8ddb77519423

Teléfono intervenido: 690 981 192

–Adriana: Hola.

–Manuel González Rubio: Hola, se ha cortado.

–A: Sí, no y te iba a llamar y ya saltaba el buzón.

–MGR: Dime.

–A: ¿Cómo vas?

–MGR: Bien. Un poco dolorido (ininteligible) la cabrita esta de (ininteligible) una paliza.

–A: ¿La fisio?

–MGR: Sí. Claro, la viejita esta, Olga.

–A: ¡Ay! ¿Es que ya es fisio? ¿O a qué hablas de paliza que te hace?

–MGR: (ininteligible) reventarme.

–A: ¿Pero te soba?

–MGR: No. Me hace hacer ejercicios. Es que ella era, es preparadora física.

–A: ¡Ah! Es que no me enteraba que cuando dices que te ha reventado, que era lo que tanto te hacía la vieja.

–MGR: Claro. Es que no. Me hace hacer ejercicios (ininteligible) me tiene muerto la cabrona.

–A: ¡Ah! Bueno, mejor, así (ininteligible). Te tengo, a ver, un chisme.

–MGR: ¿Quién?

–A: El capullo del Gordo vendió el piso.

–MGR: Sí.

–A: Y nada. Pues no, pues no sé. Ahí está viendo a ver… Fue a averiguar si podía hacer el poder o qué o si tengo que viajar o qué. Todavía no sé.

–MGR: Ah.

–A: Pero la putada fue que lo vendió él y no pude hacer nada de lo que tenía planeado hacer. Me salió adelante el puñetero.

–MGR: Pero estaba tranquilo, ¿no?

–A: No, pues sí, no. Él, como se le tuercen los cables así no, pero igual lo que hablamos hay que hacerlo. Eso ya no quiere darle más tiempo… O sea, lo que hablamos hay que hacerlo. No hay que darle más largas a él.

–MGR: No, no hay que darle más largas porque… O sea hay que… Bueno, hablé con él (ininteligible).

–A: ¿Ah sí? (ininteligible) porque él a mí no me dijo nada.

–MGR: No. Con él no. Con el otro.

–A: ¡Ah! Vale, sí, sí, no.

–MGR: Nada. Y ahora tengo que mandarle seiscientos cincuenta mil.

–A: ¡Ah! ¿Con él, con el de Colombia?

–MGR: Sí.

–A: Ah ya. ¿Y está tranquilo ya?

–MGR: Sí, no. Ya se ha puesto suave como un guante. Claro.

–A: Ah bueno. ¿Ves? Mejor tenerlo así. Una cosa que te iba a decir Manu, y al final el banco qué. ¿Fuiste a la escritura esa?

–MGR: Viene ahora. Viene ahora.

–A: Ah bueno. ¿A qué hora (ininteligible) la comida?

–MGR: A mí me ha dicho que a la una y media o así.

–A: Ah claro, cuando termine el (ininteligible)

–MGR: Tenía que haber venido ayer pero me llamó para decir que no podía, que le disculpara, que venía hoy.

–A: Ay, dios quiera que me diera el…

–MGR: Pero por eso le dije delante de tuyo lo del…

–A: Sí, sí.

–MGR: Claro, para que dijera que sí. Para hacerlo.

–A: Sí porque más capullo, porque llego y le digo yo, bueno pues, le digo, claro que lo del poder… Ah porque le digo yo, le digo, bueno, pues sí, lo del poder se puede hacer, pero el tema es que entonces cómo traemos lo que necesitamos acá. Y me dice ¿y para qué? Y le digo ¿cómo que para qué? Y le digo yo, porque ya es primero de mes. Lo que hay que pagar (ininteligible) este mes no se le ha pagado el alquiler a Santiago y el mes que viene, ya para la semana que viene juntan dos meses. Y aparte de eso el abogado dijo que en cualquier momento daban respuesta a lo de la fianza y hay que tener ese dinero porque no dejarás dejar a ese chico allá; ya, no, no, pero yo ese dinero no lo voy a hacer traer porque a mí me van a entregar unas cosas aquí y yo lo pienso hacer con eso. Pero yo no creo. ¿Qué le van a dar? El hijo de madre quiere la plata para gastársela en sus cosas y entonces queda sin un duro y qué, ese pobre allá encerrado.

–MGR: Perdona que parece que le he puesto aguardiente a este hombre (ininteligible) No, no. Espérate. Bueno.

–A: Bueno, pues estás ocupado ¿no?, en el centro. De eso hablamos cuando estés libre entonces.

–MGR: Venga ya te llamo cuando termine.

–A: Venga, chao.

Insistimos, hemos rescatado solo estas pocas conversaciones porque sirven para reflejar la auténtica titularidad del dinero intervenido a González Rubio y a sus acompañantes el 6 de febrero de 2017 y, también, para no reiterarnos sobre el mismo tema ya que, como hemos dicho: estas conversaciones no son interpretables, por ser absolutamente claras.

Existen otras muchas, muchas más conversaciones que sirven a igual propósito y lo sorprendente es que conociendo la fuerza investigadora la existencia de las mismas, se haya ocultado el dato a este Juzgado omitiendo la realización de cualquier transcripción al respecto y, mucho menos, las han incluido en ningún atestado.

Por otro lado, NO HAY NINGUNA CONVERSACIÓN EN LA QUE EL SR. GONZÁLEZ RUBIO O CUALQUIERA DE SUS INTERLOCUTORES AFIRMEN QUE EL DINERO ES DE UNA TERCERA PERSONA. ESE SILENCIO ES SIGNIFICATIVO.

La conclusión probatoria de las conversaciones es tan apabullante en el sentido indicado que sinceramente sorprende la predeterminación del fallo a partir del deseo policial de, primero, atribuir la titularidad de ese dinero al Sr. Prado Bugallo y, luego, criminalizar el trabajo de mi mandante como abogado.

Teniendo presente como ya hemos dicho que estas conversaciones eran entre personas de su absoluta confianza y que desconocía que las mismas estaban intervenidas, es más que lógico y razonable deducir que se trata de afirmaciones ciertas que, por lo demás, viene corroboradas por:

Sus propias manifestaciones al momento de la intervención del dinero el 6 de febrero de 2017,

por la propia declaración de Manuel P. González Rubio ante su banco en el Modelo S-1, declaración de movimientos de pago, de fecha 3 de febrero de 2017 que obra unido a estas actuaciones y se vuelve a aportar como Documento nº 34,

las inversiones que llevaba haciendo y continuó haciendo en Colombia a través de diversas empresas entre las que destaca Inlaseg, y

tal cual se ha expuesto en la alegación tercera de este escrito, su capacidad económica clara que le permitía disponer de esta cantidad de dinero, cosa distinta es que no acudiese a los cauces legalmente permitidos para el traslado de esos fondos a Colombia.

Conclusiones a la alegación cuarta: La más elemental regla de la lógica y la experiencia hace deducir de todo lo anterior, sin duda ni error posible, que:

El dinero intervenido a Manuel González Rubio, y el resto de sus acompañantes, el 6 de febrero de 2017 era de su propiedad y no del Sr. Prado Bugallo como alegremente se ha indicado por parte de la fuerza investigadora y trasladado al propio auto de procesamiento,

No cabe duda alguna sobre la titularidad del dinero y, tampoco, sobre su origen que radica en las múltiples actividades empresariales de González Rubio,

Cualquier otra hipótesis se encuentra carente de cualquier tipo de indicio en el que sustentarlo, y

Todo esto hay que ponerlo en relación con la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde cinco jueces, sin discrepancia alguna, determinaron que se debía devolver la mitad del dinero que se le intervino a González Rubio el día 6 de febrero de 2017 en el aeropuerto de Barajas.

QUINTA.- Documentación acreditativa de la implantación en las actuaciones de una supuesta evidencia corroboradora de las falsarias declaraciones de Puentes Saavedra y González Rubio, con intento de quebranto de la fe pública judicial propia de la Letrada de la Administración de Justicia.

Manuel A. Puentes Saavedra declaró el 24 de julio de 2019 que en la primera reunión en el despacho del letrado D. Gonzalo Boye para tratar sobre la recuperación del dinero intervenido en el aeropuerto de Barajas, estando presente el investigado José Ramón Prado Bugallo, se habría acordado entregar 30.000 euros a Jesús Morán y a Gonzalo Boye 10.000 euros, como pago por su gestión.

Como posible elemento corroborador de estas manifestaciones, se ha incluido un documento, al parecer, hallado en el domicilio del investigado Luis Enrique García Arango.

Con independencia de las diversas interpretaciones alternativas que este documento podría tener, la mayoría de ellas favorables a mi mandante, trataremos aquí sobre el mismo.

En el Antecedente de Hecho Segundo, apartado 8, del Auto de procesamiento, sobre efectos ocupados en la diligencia de entrada y registro en el domicilio del investigado Luis Enrique García Arango, se incluyen los siguientes efectos:

Estas «anotaciones» a que se hace referencia en el Auto de Procesamiento, al parecer, halladas en el domicilio del investigado Luis Enrique García Arango, en concreto, las que hacen referencia a D. Gonzalo Boye Tuset, tendrían que ver con unos apuntes «contables» que aparecen por primera vez en el tomo 6 de la Pieza Separada de Blanqueo de Capital, oficio R°SaN° 2019002400800001061 UDEF-BBCA de 23 de septiembre de 2019:

Además, se indica, que al pie del documento figura lo siguiente:

Estas anotaciones, concretamente a los folios 1.652 y 1.653 de la Pieza Separada de Blanqueo de capitales, según indica este oficio policial, procederían de la entrada y registro del domicilio del investigado Luis Enrique García Arango, en la calle Hontaria del Pinar nº 5, Bajo de Collado-Mediano, en Madrid.

Asimismo, se añade en dicho oficio policial, que estas anotaciones se hallan como «R-50, documento 11, folios 9 a 14, concretamente en el folio 9».

Debajo de esta reseña, se halla un pantallazo de un documento en el que se observa que la referencia «correcta» sería R-15, no R-50.

La referencia R-15 hace referencia al acta de entrada y registro del domicilio de Luis Enrique García Arango y el pantallazo incluye esta referencia.

Pues bien, si acudimos a los folios 5.673 a 5.677, Tomo 14 de la Pieza Principal, encontramos el acta de entrada y registro en el domicilio del investigado Luis Enrique García Arango, sito en la calle Hontoria del Pinar nº 5, Bajo D, Collado-Mediano, en Madrid.

Las referencias a las evidencias halladas se realizan como R-15 y la evidencia R-15, Documento 11 contiene 7 folios con datos alfanuméricos:

Es decir, la misma referencia, según la fe pública judicial, contiene 7 folios y según la fuerza actuante, contiene 14 folios.

La misma referencia, según la fe pública judicial contiene «anotaciones manuscritas alfanuméricas» y, según la fuerza actuante, contiene, además, unas anotaciones sobre posibles pagos realizados al «abogado Gonzalo –10» y a «Jesús –30».

Por tanto, tenemos que la misma referencia R-15, Documento nº 11, procedente de la entrada y registro del día 5 de febrero de 2018, en el domicilio sito en la calle Hontaria nº 5, Bajo D, de Collado-Mediano, en Madrid, en presencia del investigado Luis Enrique García Arango:

Según la fe pública judicial, cuyo ejercicio es facultad de la Letrada de la Administración de Justicia adscrita al Juzgado Central nº 3, contiene siete folios con datos alfanuméricos.

Según la fuerza actuante, contiene catorce folios, de los que el folio 9 recoge unas anotaciones manuscritas sobre los pagos efectuados al letrado D. Gonzalo Boye en pago de la gestión realizada para tratar de recuperar el dinero intervenido en el aeropuerto de Barajas.

Se adjunta, como Documento nº 35, el acta de entrada y registro, que se extrae de estas actuaciones (folios 5.673 a 5.677, del tomo 14 de la pieza principal).

Por si cupiera alguna duda de la discordancia entre la fe pública judicial y el oficio policial reseñado, ninguna de las evidencias recogidas en el acta de entrada y registro (documento nº 35) se refiere a estas «anotaciones» sobre supuestos pagos al Letrado D. Gonzalo Boye y a un tal «Jesús».

Entiende esta parte que, como poco, el hecho de que la misma referencia, según la fe pública judicial contenga 7 folios y según la fuerza actuante sean 14 folios refiriéndose ambas a la misma prueba compromete desde luego la autenticidad de la misma, su contenido y su origen y por ende su eficacia probatoria.

LO QUE NO ADMITIMOS ES LA CONCLUSIÓN PROBATORIA DEL DOCUMENTO. COMO EXPLICÓ MI DEFENDIDO, ÉSTE NUNCA COBRÓ POR EL ENCARGO PROFESIONAL REALIZADO, AL HABERSE PACTADO UNA CUOTA LITIS DE LA CANTIDAD QUE SE LOGRARA RECUPERAR.

TAMPOCO ES CIERTO QUE MI DEFENDIDO DON GONZALO BOYE TUSET HUBIERA RECIBIDO 10.000 EUROS EN EFECTIVO COMO PAGO POR LA GESTIÓN DE RECUPERACIÓN DE 889.470 EUROS INTERVENIDOS EL DÍA 6 DE FEBRERO DE 2017 EN BARAJAS.

Lo cierto es que aun aceptando a mero efectos dialécticos la integridad de tal conjunto documental, no podemos por menos que negar cualquier eficacia corroborativa de nada más y nada menos que de la declaración de un coinvestigado o coinvestigados plagadas de falsedades y contradicciones ya valoradas. Es imposible que un elemento sirva para corroborar una mentira o una serie de mentiras.

Y desde luego, si el único elemento que, según afirma la propia instructora colateralmente (en Auto de 25 de junio de 2019, acordando busca, captura e ingreso en prisión del investigado LANRJI LAHCINOU, al Tomo IX, folio 2860 de la Pieza de Blanqueo de Capitales) puede corroborar las declaraciones de PUENTES SAAVEDRA y GONZALEZ RUBIO son las supuestas anotaciones obrantes en un documento manuscrito y anónimo, desde luego no alcanza los mínimos jurisprudenciales necesarios para darle tal valor.

Como sosteníamos en nuestro recurso de reforma contra el Auto de Procesamiento, las citadas anotaciones figuran reseñadas y analizadas, desde la más absoluta, arbitraria e inquisitiva presunción de culpabilidad, en Informe nº 2705/19 de la UDEF BBCA en el Tomo único de la Pieza Separada 7 – Tfno Gonzalo Boye - al folio 76 y siguientes.

Las reiteradas anotaciones figuran reseñadas en las actuaciones como R15 Doc 06 y R15 Doc 11 y contendrían las palabras «abogado Gonzalo» seguido del número «10» y «Jesús por doc» seguido del número «30», lo que sencillamente confirmaría las cantidades de dinero pagadas, siempre según PUENTES SAAVEDRA, a mi defendido y al también procesado JESUS MORAN, por la fraudulenta confección y presentación de unos contratos ante el SEPBLAC a fin de recuperar las cantidades intervenidas el 6 de febrero de 2017 en el aeropuerto de Madrid Barajas a GONZALEZ RUBIO y su familia. Idéntica conclusión se plasma (siguiendo la técnica de copia/pegado) en el Oficio Informe 1061 de la UDEF BBCA obrante al Tomo VI, folio 1649 de la Pieza de Blanqueo de Capitales.

Que tales anotaciones permiten inferir que el abogado BOYE TUSET cobró del procesado PRADO BUGALLO la cantidad de 10.000 euros, tal y como sostiene el Auto de Procesamiento, en sí mismo es ya una absoluta arbitrariedad, pero pasar de ahí a sostener —sin más— que lo anterior corrobora las afirmaciones de los dos coimputados en el sentido de que BOYE TUSET, en su condición de abogado de GONZÁLEZ RUBIO y su familia, nada menos que falsificó unos contratos alterando la fecha ad hoc para su posterior utilización, a sabiendas, ante el SEPBLAC y la jurisdicción contencioso administrativa, ocultando el origen ilícito procedente del narcotráfico, resulta, un silogismo delirante. El triple salto dialéctico que lleva a cabo la Instructora es ilógico, irracional, arbitrario y no permite descartar un sinfín de distintas alternativas, todas ellas atípicas. A este respecto no hay que olvidar que la doctrina constitucional establece, ya de forma pacífica, que no resulta suficiente con la corroboración objetiva de cualquier aspecto de la declaración del coimputado (en este caso las pretendidas anotaciones respecto de unas cantidades de dinero), sino que dicha corroboración deberá estar relacionada directamente con la concreta implicación del acusado en los hechos (en este caso, manipulación de contratos) que se le imputan. Damos aquí por reproducidas cuantas referencias jurisprudenciales recogíamos en nuestro escrito de recurso contra el Auto de procesamiento en tal sentido.

* * *

A partir de ahí, la pelota pasaba al tejado de la jueza y del fiscal, eran ellos quienes debían posicionarse sobre qué hacer y cómo querían continuar jugando esta partida en la que se habían empeñado personal y profesionalmente.

Por nuestra parte, y en uso de nuestro derecho, remitimos este escrito con todas sus pruebas a un centenar de medios de comunicación, algunos de los cuales me habían atacado duramente. Era una forma de derecho de rectificación, o eso entendíamos nosotros.

El silencio fue la respuesta de la mayoría a excepción de una serie de medios de Catalunya y del extranjero, que comenzaron a hacerse eco de lo que estábamos diciendo y probando. Que todo era mentira y formaba parte de un montaje propio de la peor versión de las cloacas de un sector del Estado que ve cómo se les desmorona el sistema cuya perpetuación buscan y que, en una medida no menor, me hacen responsable de ello… solo por haber hecho y seguir haciendo mi trabajo.

Las principales razones de tan ominoso silencio eran dos: no estaban dispuestos a rectificar y había un trabajo soterrado para pretender instalar un nuevo relato.

Por distintos lados sabíamos que durante las navidades y después de la emisión del auto de procesamiento, el fiscal De Lucas se había dedicado a esparcir la especie de que «tenía pillado a Boye». No fueron pocas las vías por las que esta «información» nos llegó y, como dijo Eduardo, era un relato que comenzó a diseminar en lo que podríamos llamar la prehistoria del caso, es decir antes de mi declaración y de que aportásemos toda la documentación que entregamos en el juzgado y la que señalamos como ya obrante en las actuaciones.

Una vez más estábamos ante un relato que iba cobrando cuerpo gracias a un mal endémico del periodismo patrio: confiar siempre si la fuente es oficial en lugar de contrastar la información, pero así funcionan las cloacas.

Lo que no habían medido es que no solo tenemos esa documentación a buen recaudo y fuera de España, sino otra mucha más que iremos aportando a medida que los tiempos así lo vayan indicando… El problema de los relatos es que son efímeros, pero sirven para lo que sirven y cuando son desmontados dan pie al siguiente, pues lo único que no se admitirá es la verdad.

Los días posteriores Isabel y yo valoramos cómo podría la jueza salir de esta situación, y mientras escribo estas líneas sigo sin saber qué margen tiene para alterar la realidad tozuda de unas pruebas que son incontrarrestables, incuestionables y claramente objetivas. Todo era mentira.

Obviamente, no todo consiste en mi defensa, y en paralelo Costa y Cekpet y yo hemos trabajado en un escrito para el Parlamento Europeo, las observaciones de fondo que se aportan en el tema del suplicatorio. Como suele sucedernos, comenzamos con una idea y hemos acabado con otra totalmente diferente.

En principio dijimos a los eurodiputados que haríamos una suerte de resumen de unas veinte o veinticinco páginas de todo lo ya presentado, pero ha terminado siendo un sólido, documentado, trabajado y muy serio documento de más de doscientas que complicará mucho la postura de quienes ven en el suplicatorio un mero trámite y pretenden transformarlo en la primera victoria fuera de España que consigue el nacionalismo español.

Nosotros trabajamos ese escrito pensando en el día después, es decir, en que si a nivel político se pierde la votación, que es lo más probable, tengamos asegurado el triunfo judicial una vez que la decisión del Parlamento se haga pública dentro de algunos meses.

Ahora bien, y como vengo insistiendo, nuestra tranquilidad no radica en eso, sino en algo que tuvimos claro a partir del 7 de enero pasado: nunca serán entregados, de modo que esta guerra la hemos ganado aun cuando puedan quedar algunas batallas, simples escaramuzas.

Pero no se trata solo de ganar o de ganar por ganar, sino de haber conseguido algo de lo que todos dudaban, por lo que muchos me han hecho la vida imposible y que, en el fondo, va en beneficio de todos, catalanes y españoles, ya que ha sido un gran esfuerzo de contraste para intentar democratizar la administración de justicia, y llevarla de las catacumbas del franquismo a su plena integración en Europa.

El miércoles 27 de enero partí rumbo a Madeira para reunirme con mi buen amigo Wolfgang Kaleck, que está allí pasando unos meses y teletrabajando desde un lugar privilegiado. Necesitaba hablar con Wolfgang tanto de lo profesional como de lo humano, desconectar de Madrid y, sobre todo, hablar reposadamente de lo que se me viene encima y cómo abordarlo, así como explicarle en detalle la situación.

La ventaja con Wolfgang es que se puede hablar de todo, sabe escuchar, piensa con claridad y, además, es una gran compañía, por lo que fueron unos pocos, pero intensos, días en una isla que siempre me ha traído buenos recuerdos.

Pasé por Lisboa, un aeropuerto casi fantasma, y aterricé muy tarde en Funchal, donde Wolfgang me estaba esperando junto a una agradable chimenea en la terraza del hotel donde se había instalado. Allí estaba rodeado por un grupo interesante de alemanas que habían hecho lo mismo que él: teletrabajar desde un entorno grato.

Me acosté muy tarde y a la mañana siguiente me desperté, como siempre, a primera hora para seguir trabajando hasta que Wolfgang se levantase. La noche anterior la dediqué a explicarle cómo funcionan las cloacas que me persiguen y cómo estas mismas están haciendo un mal infinito a la propia democracia, que cada vez se ve más debilitada.

La ventaja es que no se lo estoy explicando a un simple alemán, sino a uno que ha recorrido medio mundo defendiendo a víctimas de situaciones mucho más graves, a uno que sabe lo que son las smear campaigns («campañas de desprestigio») y cómo funcionan los regímenes dictatoriales y las democracias tuteladas.

El problema con el «caso español» es que no estamos ante una gran cloaca estatal, sino ante una suerte de minicloacas que, amparadas en sus cargos y funciones, pero con uso de fondos públicos y de todo el poder del Estado, van generando situaciones como la que se está viviendo en Catalunya o la que estamos viviendo nosotros a nivel personal y profesional.

Explicar cómo se procedió a derrocar al president Torra, cómo se ha orquestado la persecución europea de los exiliados, cómo se ha tratado de manipular al Parlamento Europeo, cómo se han comportado muchos medios de comunicación, cómo se ha hecho uso y abuso del Pegasus, cómo se ha gestado la operación Volhov, cómo se ha premiado a Puentes Saavedra y a González Rubio, cómo se han usado las instituciones y los recursos del Estado para una y mil tropelías no es tarea sencilla… y solo son algunas de las cloacas que operan a vista y paciencia de todos.

Los nombres, los datos, las estructuras de poder y los detalles son infinitos, complejos de exponer y más aún de retener, pero Wolfgang no solo no tuvo problemas en hacerse una idea general, sino que le entregué un detalle de todo ello con el who is who («quién es quién») y las órbitas de poder que representan.

El jueves y viernes los aprovechamos para hacer largas caminatas por las cumbres de Madeira y usar esas excursiones para ir hablando de lo humano y de lo divino, revisar nuestros momentos vitales, practicar la amistad y comentar los próximos desafíos que como juristas abordaremos en los meses venideros.

Wolfgang tiene una planificación a largo plazo que no solo es un acierto estratégico, sino que refleja muy bien su visión de futuro y su entendimiento del derecho como instrumento de cambio.

En mi caso, la verdad sea dicha, no quiero hacer planes a largo plazo porque mi futuro depende de la capacidad que tenga de revertir los ataques de las cloacas y salir airoso de todo ello… Aquí solo hay dos salidas: o salgo airoso o termino preso; lamentablemente eso no depende de la verdad, que sí que está de mi parte.

Caminamos, caminamos y caminamos para hacernos merecedores de unas buenas comidas típicas de Madeira en sitios que, debido a la pandemia, estaban prácticamente vacíos. Ello nos nos permitía escoger y hacer largas sobremesas en las que íbamos repasando nuestras conversaciones.

Los días en Madeira, que se me pasaron volando, me sirvieron, entre otras cosas, para recargar las baterías en lo anímico, y también para pensar mucho y salir de ahí con dos ideas claras: ante las cloacas, firmeza, y ante el futuro, determinación. Les debo demasiado a Isabel, Sandra, Kristiana y Elena, así como a todos los que han confiado en mí como para dar ni un solo paso atrás.

Ponta do Sol, Madeira, 31 de enero de 2021

NOTAS

1.

Emiliano Revilla fue secuestrado por ETA en 1988, y en 1992 fui detenido y acusado de haber participado en su secuestro. Pasé trece meses en prisión provisional y a partir de 1996 seis años más de una condena de 14 años, 8 meses y 1 día por unos hechos en los que no tuve ninguna participación… Me encontraba en Chile cuando fue secuestrado.

2.

Es importante destacar que dicha mercantil, FYRSA, sigue siendo propietaria de esas instalaciones y, como se verá ut infra, las mismas tienen un elevado valor que supera con creces los cinco millones de euros y que la misma es propiedad, mayoritariamente, y está bajo el control de González Rubio

3.

Nos referimos a las responsabilidades penales derivadas no solo de este procedimiento sino, también y como consta claramente en estas actuaciones, de las derivadas del procedimiento que se le sigue en el Juzgado de Instrucción Número 50 de Madrid y las derivadas de la Sentencia 400/2020 dictada el pasado 21 de octubre de 2020 por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Madrid en el Procedimiento Abreviado 1423/2019 en la que fue condenado Puentes Saavedra –desconociéndose los motivos por los que sigue en libertad–, y, más grave aún, las derivadas del asesinato en Pereira (Colombia) de Santiago Quintero y cuyas pruebas incriminatorias obran en las presentes actuaciones.

4.

Hemos de recordar que se trata de un registro público, por lo que la fuerza investigadora bien pudo realizar las comprobaciones oportunas, lo que habría permitido establecer una verdad muy distinta a la planteada en los diversos atestados y arrastrada hasta el auto de procesamiento.

5.

Lo que no es más que una irregularidad administrativa de la cual es responsable González Rubio por su posición como Administrador de dicha mercantil.

6.

Interesa recordar que en el registro de la nave-vivienda de González Rubio, tal cual consta en el acta de entrada y registro elaborada ante la fe de la Sra. Letrada de la Administración de Justicia, se encontró un elevado número de escrituras notariales que no constan ni incorporadas a las actuaciones ni analizadas por la fuerza investigadora que, desde un comienzo, intentó reducir el papel de González Rubio al de «correo humano» a fin de poder incriminar, primero, a Prado Bugallo y, ahora, a mi representado.

© 2021, Gonzalo Boye

Primera edición: marzo de 2021

© de esta edición: 2021, Roca Editorial de Libros, S. L.

Av. Marquès de l’Argentera 17, pral.

08003 Barcelona

actualidad@rocaeditorial.com

www.rocalibros.com

Composición digital: Pablo Barrio

ISBN: 9788418417825

Todos los derechos reservados. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamos públicos.

ÍNDICE

PRÓLOGO

ENERO DE 2020

FEBRERO

MARZO-ABRIL-MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO DE 2021

EPÍLOGO