El libro negro de la justicia

El libro negro de la justicia
La lógica del dedo en el gatillo

Tato Young

Young, Gerardo

El libro negro de la justicia / Gerardo Young. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Planeta, 2017.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-950-49-6113-0

1. Investigación Periodística. I. Título.

CDD 070.4

© 2017, Gerardo Young

Diseño de cubierta: Departamento de Arte de Grupo Editorial Planeta S.A.I.C.

Todos los derechos reservados

© 2017, Grupo Editorial Planeta S.A.I.C.
Publicado bajo el sello Planeta®
Independencia 1682, (1100) C.A.B.A.
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Primera edición en formato digital: noviembre de 2017

Digitalización: Proyecto451

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ISBN edición digital (ePub): 978-950-49-6113-0

A mis viejos

Antes que nada

El concepto de «El dedo en el gatillo» se gestó en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Tras la caída del nazismo, el mundo quedó partido en dos grandes bloques encabezados por los Estados Unidos y la Unión Soviética, que nunca ocultaron su deconfianza recíproca y pronto comenzaron a prepararse para un eventual enfrentamiento armado. Los misiles de uno y otro lado del mundo se fueron acumulando. Misiles apuntaban hacia Washington; misiles apuntaban hacia Moscú. Misiles apuntaban contra Alemania Oriental; misiles apuntaban contra el otro lado del muro que había quebrado a la Alemania derrotada. Curiosamente, la estabilidad del mundo dependía del equilibrio entre la amenaza que se ejercía en los opuestos.

El dedo en el gatillo suponía un temible riesgo, pero al mismo tiempo garantizaba que ninguno de los dos lo apretara a fondo, porque matar al otro significaba también un suicidio. Durante años la paz mundial se sostuvo en ese sensible estado de alerta contenido. Cuando todo parecía moverse, nada lo hacía.

1.

María era, antes y después, una sobreviviente. ¿Acaso no era esa la primera de sus virtudes, la que explicaba sus tantos tropiezos y su pavorosa capacidad para reconstruirse? Pero los más de cuarenta años que llevaba ejerciendo como jueza de la nación, las décadas que arrastraba administrando los tejidos más misteriosos de la política, buscaban a su pesar una hora de clausura.

Era diciembre del año 2016. El país llevaba largos meses buscando un rumbo de aparente cambio. Y ella, según creían muchos, empezaba a ser parte del pasado. La cita había sido pautada dos días antes a través de un camarista que hacía de intermediario. El presidente de la Corte la esperaba a la hora precisa y María, que nunca lograba llegar a tiempo, por esta vez había sido puntual. El despacho de Ricardo Lorenzetti quedaba en el cuarto piso del Palacio de Justicia. María tenía el suyo en planta baja, así que solo tuvo que caminar unos metros hasta el ascensor especial para los cortesanos y dejarse llevar hasta una galería interna decorada por los retratos principescos de los viejos ministros de la Corte, todos hombres de trajes oscuros que miraban con la seriedad que imaginamos que no tenían. El despacho en sí era algo caótico. Un enorme espacio con las paredes recubiertas con una boiserie de roble oscuro, por el que había que moverse entre dos amplios escritorios, varios juegos de sillones y armarios dispuestos con cierto aire laberíntico. Lorenzetti habitaba ese territorio hacía tiempo y se movía con la comodidad de quien se sospecha su dueño absoluto. Tenía motivos para sentirse así. No solo conducía la Corte casi a su gusto desde hacía una década, sino que pulseaba con los otros poderes del Estado como nadie lo había hecho desde que la memoria dejaba rastros. El presidente; los ministros; los gobernadores; diputados y senadores oficialistas y de la oposición; miembros consejeros de la magistratura. Más temprano que tarde, todos acudían a su consejo o a su auxilio, como también lo hacían sus pares de la Corte y los jueces de las Cortes provinciales y los camaristas de todo el país. Las limitaciones de su poder se encontraban más lejos: en los juzgados inferiores, los de primera instancia, aquellos por donde se iniciaban los procesos en búsqueda de aparente Justicia y donde se lidiaba día a día con las realidades que, para la Corte, eran asuntos a analizar en un futuro que los convertía muchas veces en algo abstracto. Los que obsesionaba a Lorenzetti eran los Juzgados federales penales de primera instancia. Eran doce Juzgados, no más. Pero eran los más importantes del país y al mismo tiempo los más desprestigiados. Ahora estaban desbandados, sin dueño. Aunque también en pugna. Como la mismísima María.

¿Para qué quería hablarle el jefe de los cortesanos? Un mes antes se habían reunido en ese mismo despacho, una tarde similar, pero con un testigo de la cita, el hombre que solía hacer de nexo entre ellos. Aquella vez había sido todo muy diplomático. Lorenzetti sabía que María rumiaba insultos contra él porque lo imaginaba responsable de una serie de movimientos que estaban perturbando a su hijo mayor, Juan Carlos Cubría, a cargo de la administración del Consejo de la Magistratura. El hijo de María tenía un cargo muy importante en la logística del Poder Judicial y llevaba un largo período de conflicto con la Corte. Pero Lorenzetti se había declarado prescindente y le había jurado que de ninguna manera quería el puesto de Juan Carlos. María se preguntaba ahora qué había cambiado entre esa cita y la actual.

Se sentaron frente a frente en los sillones forrados en cuero. Los celulares, como era costumbre, habían sido apagados y dejados a resguardo de los encargados de seguridad de la Corte, en la puerta de acceso al despacho. El silencio, incómodo para ambos, apenas se ensuciaba por el leve zumbido de un viejo aire acondicionado y un lejano rumor a tránsito que llegaba desde los ventanales cerrados a la calle. Lorenzetti agradeció la visita, celebró la posibilidad de intercambiar ideas y de hacerlo con la franqueza que mejor le cabía a dos personas adultas. Vestía un impecable traje gris, con corbata en el mismo tono colgando de una camisa blanca. Llevaba ya varios años sin bigotes, pero sus interlocutores los seguían viendo allí, gruesos sobre los labios. Mantenía con singular éxito la sobriedad del que conoce cada palabra que va a decir y nunca perdía el tono altisonante de quien da un discurso ante un gran auditorio. A María, en cambio, se la notaba nerviosa. Algo raro en ella, pero no podía ocultarlo y casi no emitía palabra. El asunto de su hijo la inquietaba, le dolía en las tripas. ¿De eso quería hablarle Lorenzetti? ¿O del futuro de María?

Dijimos que no hubo testigos de la reunión. Que se quedaron a solas, una tarde de diciembre, en uno de los rincones más sensibles de la vida institucional del país. Falta agregar que no se querían nada. Que se desconfiaban. Y que esa reunión no podía acabar bien, jamás. Los dos dieron sus versiones, cada cual a su manera. Lorenzetti iba a describirlo como un encuentro normal, de dos funcionarios que administran su oficio y su temple, que pudieron expresarse libremente sobre el devenir del tiempo y de la vida, sin definiciones de ningún tipo. María, en cambio, recuerda la cita como un terremoto. Salió del despacho en silencio, aturdida, caminando con más dificultad que de costumbre, sin mirar hacia ningún lado. En su versión, Lorenzetti le pidió la renuncia de su hijo Juan Carlos del Consejo pero también le sugirió la suya. En su versión, Lorenzetti le recordó que ya había transgredido y por mucho el límite de edad de los jueces, la indómita barrera de los 75 años, y que la Corte se preparaba para emitir un fallo exigiendo la jubilación de aquellos «excedidos» en edad. Decirle eso o tirarle una granada era más o menos lo mismo. A ella, que se creía invencible y pensaba retirarse no antes de cumplir los cien años. En ese momento María tuvo la tentación de escupirle todo lo que pensaba en la cara. Y estuvo a punto de hacerlo. Pero si algo había aprendido en su larga carrera era sobre el poder de la pausa. Sobre la capacidad constructiva de la paciencia.

María usaba uno de sus trajes preferidos, hechos a su pedido por la modista de siempre, un elegante conjunto celeste que la hacía verse como una rica dama de beneficencia. Advirtió de pronto que no había soltado su cartera en toda la charla. Era una cartera pequeña y la llevaba colgada del hombro derecho. Traspasó absorta el umbral del despacho del presidente de la Corte, caminó hacia el ascensor, bajó hasta la planta baja y se retiró por la puerta principal del Palacio de Justicia. Ya caía el sol y la escalinata de acceso estaba vacía de abogados, ordenanzas y demás actores secundarios. Bajó los escalones sin mirarlos, porque después de tantos años tenía automatizados los movimientos de los pies, incluso ella, que ya sufría en sus caderas el peso del tiempo. La cartera seguía allí, colgando de su hombro. El peinado era rígido y dejaba traslucir algo del rubio intenso que supo tener. Sus enormes anteojos negros ocultaban la expresión de su cara, de por sí enrarecida por las muchas cirugías que le habían ocultado arrugas y sutilezas. Estaba aturdida de la rabia, como tantas veces.

Sobre la vereda la esperaba su custodio, un fortachón sin nombre que le abrió la puerta de atrás de un portentoso auto de color azul petróleo. María ingresó al asiento trasero en silencio. Bajó la ventanilla y dio una última mirada al espléndido Palacio mientras el auto arrancaba y se sumergía en el tránsito alocado de Buenos Aires. Treinta cuadras la separaban de su departamento de Coronel Díaz y Santa Fe. En una ciudad convulsionada por protestas callejeras y en el horario del cierre natural de la jornada, el trayecto era lo suficientemente lento para darle a María el tiempo necesario para repasar lo que acababa de ocurrir. Le gustaba ese espacio para pensar. Le gustaban los rincones silenciosos. Recostada sobre el cuero del asiento y levemente inclinada sobre la puerta, comenzó a reconstruir la charla y los meses que la habían precedido. Eran tiempos de cambio; turbulentos. Algo se estaba sacudiendo en la Justicia y ella estaba en el centro mismo de ese temblor. No era Lorenzetti, lo sabía. No era «solo» Lorenzetti. Lo que estaba ocurriendo es que había cambiado el Gobierno, la conducción política del país, y los resortes del poder debían reacomodarse. Después de doce años de un gobierno peronista, de una larga sociedad entre esa dirigencia y los tribunales federales, se había provocado un vacío que debía ser ocupado por nuevos actores. ¿Pero acaso no contaban con ella para la nueva etapa? ¿Acaso no respetaban sus servicios prestados durante tantos años?

El chofer debió rodear un piquete de Callao y Corrientes y esquivar una protesta de estatales frente al Ministerio de Educación. Los entuertos callejeros de cada día demoraron la marcha en la avenida Coronel Díaz. Finalmente llegó a casa.

¿Qué iba a hacer ahora?

¿Había llegado la hora de darse por vencida?

María subió hasta su departamento, donde la recibió Mónica, como cada vez. Mónica era su empleada y amiga y asistente desde hacía veinte años, una mujer servicial y silenciosa que la conocía mejor que todas las lechuzas que la rodeaban. Le recibió el saco, le retiró la cartera (por fin) y la acompañó hasta el living, donde María se sirvió whisky hasta la mitad precisa del vaso de cristal y se sentó en su sillón preferido, de cara a la ventana cubierta de las ramas viejas de los árboles de la avenida, a las que miró y observó como si fuera la primera vez, como si no viviera en ese mismo sitio de la ciudad desde hacía más de treinta años. Cuánto meditó lo que estaba por hacer no podemos saberlo. Cuánto tiempo hacía que lo venía planeando, tampoco. Luego de un largo silencio le pidió su celular a Mónica.

Y empezó a marcar.

Minga que se iba a rendir.

Ahora iban a conocer el poder de su fuerza.

2.

Por qué empezar por María.

Porque es la más antigua de las juezas federales.

Porque es la más temida.

Porque es la única mujer.

Porque fue la primera que llamó la atención de todos.

Porque tiene a los partidos políticos bajo sus pies.

Porque ama el poder.

Porque lo entiende.

Porque nos llevará, si es posible, a entenderlo.

María Romilda Servini, de ochenta años, viuda, madre de dos hijos varones, abuela por tres. Profesión: escribana, abogada y jueza nacional. Ya la iremos conociendo en detalle, pero por ahora alcanza con saber que es distinta a todos sus colegas.

Porque no es ladrona, como muchos otros.

Porque no es honesta, como muy pocos.

Pero en especial, porque los ha sobrevivido a todos y conoce mejor que nadie la pócima de la permanencia.

En el camino, la historia de un país. Dio el primer gran paso con Isabel Perón, convivió con los militares, hizo escuela con Alfonsín, se hizo mediática con Menem, usó a Duhalde, maldijo a De la Rúa, negoció con los Kirchner y empezó por seducir a Macri hasta que todo estalló por los aires. Los Presidentes fueron pasando; ella sigue. ¿Y ahora? ¿Por cuánto tiempo? Y lo más inquietante: ¿qué oscuridades nos mostrará el abismo al que se dirige su carrera?

Al momento de su reunión con Lorenzetti yo llevaba poco más de un año investigando y escribiendo sobre ella. En realidad, llevaba muchos años rondando un relato sobre el derrumbe moral de los tribunales federales, pero hacía un año que había decidido que ella debía ser el personaje central de la trama. Las razones eran muchas, pero la principal era que María contenía una complejidad que la hacía diferente a sus pares. A lo largo de su historia, en su amplísimo recorrido, no había sido una misma mujer sino muchas y había en ella una capacidad de adaptación y de resiliencia que no permitían una mirada inequívoca sobre lo que en realidad era. Cuando Lorenzetti le advirtió sobre su posible jubilación forzada, yo la había visto en varias ocasiones, me había entrevistado con decenas de sus amigos y de sus enemigos y había comenzado a sospechar la naturaleza de ese «algo» que le había permitido la supervivencia. Desconocía, sin embargo, la magnitud de esa capacidad y la dimensión de su voluntad, que por momentos la dejaba y la iba a dejar al borde de la mismísima locura. María estaba ingresando, en ese exacto momento, en una batalla que estaba resquebrajando a buena parte del Poder Judicial y que iba a llevarla a exponer todos sus recursos, incluso aquellos que no deben ser exhibidos. Pronto me tocaría verla en acción, en pleno movimiento, tanto a ella como a sus contrincantes, que veremos en cantidad. Y será en la batalla donde quedarán en evidencia las fórmulas secretas de un sistema de poder que trasciende a generaciones de políticos y los subleva y los somete, al mismo tiempo que se subordina a esas generaciones de políticos. La reacción de los actores de la confrontación iba a ser decisiva y prometía ofrecernos el espectáculo del poder en su totalidad. ¿Qué iba a hacer María ante la amenaza de su retiro? ¿Qué Lorenzetti? ¿Qué los muchos otros que iban a cruzarse en esta trama? Para empezar, es el juego de siempre, el juego de la selva. No es la mansedumbre lo que define a las bestias, sino su capacidad de atacar y de defenderse, dos acciones que no siempre hay que pensar por separado.

3.

Son doce. Doce jueces para controlarlo todo. Doce jueces y nada más que doce. En lo formal, jueces nacionales en lo criminal y correccional federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. Tienen la competencia y la obligación de investigar y perseguir los delitos federales, como el narcotráfico, la falsificación de documentos públicos, las estafas contra el Estado nacional y, por supuesto, lo más trascendente para ellos, los hechos de corrupción de los funcionarios públicos y de los privados que corrompen a los funcionarios públicos. Doce, dijimos. Solo doce. Ningún otro juez del país puede meter preso a un ministro o a un secretario de Estado que se haya robado la caja pública. Son casi mil los jueces nacionales, pero solo ellos, Los Doce, concentran la misión y la responsabilidad de indagar en la honestidad de los máximos dirigentes políticos del país. Si algún funcionario público se roba un expediente o un Ministerio entero, será uno de esos doce jueces el encargado de investigarlo y de intentar probar su delito y de meterlo preso. En el inmenso universo del Poder Judicial hay jueces civiles, comerciales, jueces para atender contravenciones menores, jueces para lidiar en los conflictos entre empresas, para resolver los entuertos laborales, hay jueces para todos los conflictos humanos posibles. Pero solo doce tienen la facultad de investigar al poder central. Solo ellos tienen la potestad de aplicar la vara moral dentro del Estado de un país que arrastra una inusitada crisis en su escala de valores y códigos. Rodolfo Canicoba Corral, Claudio Bonadío, Ariel Lijo, Daniel Rafecas… y por supuesto, María. Algunos son muy conocidos por la mayoría de los argentinos, otros no tanto. La influencia que ejercen es, casi con seguridad, excesiva.

Vamos ahora a iniciar un viaje.

Hacia el corazón de esa pedazo de la Justicia de la que se habla más de lo que se la conoce. Hacia ese rincón del país que no alcanza a ser iluminado, pese a que sus protagonistas se han ido acostumbrando a ser nombrados en las tapas de los diarios, en la tele, en las radios, en los medios digitales, en las redes sociales.

Vamos ahora a iniciar el viaje.

Hacia Los Doce.

Y en particular, hacia el misterio de esa mujer.

Debemos empezar por situarla en su lugar de privilegio. María Servini lleva mucho tiempo viviendo con un sueldo de lujo (unos 15 mil dólares por mes), en un puesto jerárquico que se prevé vitalicio, a cargo de no menos de 300 empleados, con choferes a disposición, custodios a sus órdenes, con treinta días de vacaciones en verano y dos semanas en invierno que suele usar para viajar hacia donde se le dé la gana de cualquier lugar del planeta. Sicilia, Tel Aviv, Barcelona, Roma, Nueva York, Río de Janeiro. A dónde le plazca, cuando se le da la gana. Es rica. Es poderosa hasta niveles que nos costará entender. Hablaremos de ella, hablaremos con ella. La llamaremos María, a secas.

Yo la vi por primera vez en sus años de conquista y consagración. Todavía no era periodista sino el empleado de más baja categoría de un juzgado federal vecino al suyo. Era pinche, como le dicen. Años 89, 90, 91. El jovencito que llegaba primero al juzgado, el que abría la puerta y atendía a los abogados tempraneros que golpeaban la tabla de madera de la mesa de entradas de los juzgados esperando una atención que pocas veces los dejaba satisfechos. En ese tiempo los juzgados federales de la Capital estaban distribuidos en el quinto piso del Palacio de Tribunales, un monumental edificio gris construido a principios del siglo XX y asentado en el centro de Buenos Aires, en una curiosa y sugerente conexión a través de una avenida diagonal con la Casa Rosada. Todavía eran solo seis juzgados federales, cada uno con tres Secretarías, cada una de ellas con unos veinte o treinta empleados. No existía Internet, los escritos se redactaban en máquinas de escribir, se numeraban las páginas con lapiceras azules y los expedientes se guardaban cosidos a mano, la tarea más zonza de todas y que se nos asignaba a nosotros, los pinches. Ya iremos conociendo de ese submundo, que poco ha cambiado a pesar de las tecnologías que revolucionaron el planeta menos a ese microclima donde María fue construyendo su reinado. Ella tenía cincuenta años y era todavía sensual e inquietante. Una belleza particular, sostenida en las líneas rectas de sus facciones, en su cabello lacio y rubio, en sus piernas largas, en una mirada profunda de ojos claros, pero, sobre todo, especialmente, una belleza que inspiraba sexualidad, acaso arrastrada por infinidad de rumores que le atribuían amantes bajo el escritorio o en los pasillos. Ella llegaba a Tribunales no antes de las 9, cuando los pasillos del Palacio ya estaban repletos de empleados rasos, de abogados y de reos que eran llevados esposados desde la alcaldía del subsuelo a los despachos donde iban a jugarse la vida. La entrada principal del Palacio de Justicia lleva a una gigantesca galería de techos elevados donde se destaca la clásica figura de la Justicia, una figura femenina con los ojos vendados porque se supone ciega a la hora de diferenciar entre distintas almas ya que, está escrito, todos debemos ser iguales ante la ley. Pero María siempre se quiso especial y no usaba esa puerta. Ya entonces, como hasta hoy, se dejaba llevar por su chofer personal hasta una entrada lateral del Palacio, sobre la calle Tucumán, desde donde subía una escalinata y otra más hasta su despacho principal, que todavía conserva, uno de los más grandes despachos del Palacio. Para los jóvenes que recién empezábamos a trabajar en Tribunales, María representaba una figura intimidante. Se la veía seria, elegante, se la sospechaba lejana, se la sabía demasiado ambiciosa, se la intuía letal. María ya cargaba con el estigma que con el correr de los años iba a marcar a todos los de su especie: la complicidad con el poder político. Porque María era eso, básicamente: una jueza de la política, si cabe, dedicada a lidiar con los políticos y tal vez protegerlos, como iba a ver todo el país cuando estalló el primer escándalo que la hizo visible. La clave de su fuerza residía especialmente en su doble juzgado. Porque además de estar encargada de perseguir el crimen federal (como sus colegas), María ya era jueza federal con competencia electoral, un cargo que le permitía mediar en los conflictos entre partidos políticos y ser la primera en revisar las contiendas electorales. Ya en ese tiempo, durante los primeros años del menemismo, desfilaban por su despacho electoral los apoderados de los partidos, los candidatos a diputados, a senadores y a presidentes. Todos los políticos, tarde o temprano, debían acudir a esa puerta de doble hoja, de madera antigua, que era la antesala al despacho más sensible del Palacio. Todos, tarde o temprano, debían golpear esa puerta y pedirle algo. Ya veremos la dimensión de lo que significa ser jueza electoral en un país como el nuestro. Por ahora alcanza con saber que era el cargo más codiciado por sus pares y uno de los motivos por los que, más acá en el tiempo, se iba a desatar la guerra con Lorenzetti.

4.

De María sabemos, también, que colecciona lechuzas.

Las primeras le llegaron de regalo a mediados de los años ochenta, cuando todavía ejercía como jueza de menores y jueza penal subrogante. Primero fue la lechuza de semillas que le trajo su hijo mayor de un viaje escolar a la Costa atlántica. Luego llegó una lechuza de cerámica, más tarde otra de porcelana. Una por aquí y otra por allá. Dos, tres, cuando se quiso dar cuenta, tenía decenas. Una vez que se instaló en su despacho del Palacio de Justicia y acomodó sus lechuzas en las vitrinas contra la pared, se dio cuenta de que ya las estaba coleccionando. Fue un descubrimiento, como quien advierte ciertas mañas inconscientes que lleva repitiendo por años. Las lechuzas iban a ser cien, doscientas, trescientas y más, hasta rondar las dos mil. De acrílico. De barro. De lata pintada. De vidrio. De papel. De peluche. De porcelana. De cristal de murano. De plata y hasta de Swarovski. Todavía están allí, a espaldas de su sillón barroco, observando a los visitantes desde lo alto de las bibliotecas, entre los libros de derecho o junto a la colección de jurisprudencia. Lechuzas, aquí y allá. Algunas compradas en el país, otras en sus viajes por el mundo. Lechuzas diminutas, de tamaño real, lechuzas inmensas. Lechuzas. Aves cazadoras. Protectoras de sus crías. Algunas pagadas, muchas otras como presentes y señales de afecto o agradecimientos, por favores pagados o por pagar. Lechuzas. Se dice que no hay misterio que les sea ajeno. Se dice que viven observándolo todo, con la amplitud total. Y como en la colección de María, hay especies de las más variadas. Lechuzas de cola larga. Lechuzas negras. Lechuzas estriadas. Lechuzas de cresta. Lechuzas de ojos de todos los colores. Pero todas las lechuzas aman la noche. Todas ocultan algo.

Están, además, las otras lechuzas. María también las colecciona. Algunas crecieron de pichones bajo su ala protectora, otras fueron adoptadas en pleno vuelo, las hay compradas o seducidas. Por todos lados están. Abogados, jueces federales, fiscales, comisarios, espías, prefectos, peritos, contadores, diputados, senadores, funcionarios públicos de la ciudad de Buenos Aires y del gobierno nacional. Y lobbystas, a montones. Algunos inventados por ella, otros conquistados. Abogados que llevan y traen mensajes. Políticos que tejen o destruyen a su pedido. Empresarios que arreglan o presionan. Estas lechuzas, a las que iremos viendo en acción, se cuentan de a decenas pero no son permanentes, sino que van mutando al ritmo de las relaciones humanas, siempre tan frágiles, y de los cambios políticos. En el momento de desatarse la guerra con Lorenzetti, muchas de esas lechuzas anidaban en el gobierno. Un viceministro, un secretario de Estado, un director de la agencia de Inteligencia, un consejero de la Magistratura, un asesor de la mesa chica del Presidente, varios diputados y especialmente una diputada muy pero muy particular. Con seguridad eran muchas más, no podemos precisarlo. Porque una de las claves del poder de María residió siempre en la fabricación de favores que, a su vez, acumulan deudas con nombre y apellido. Por supuesto, la convulsión del nido hizo que las lechuzas se agitaran. ¿Hasta dónde estaban dispuestas a ayudarla? En los meses siguientes María iba a poner a prueba todas sus relaciones y todas sus mañas. Para sobrevivir. Para seguir subsistiendo. Para no perder todo lo construido.

5.

El primer temblor fue la hecatombe electoral del gobierno anterior, el de Cristina Kirchner. Después de conducir al país durante doce años, el 30 de octubre del 2015 el gobierno sufrió una derrota electoral inesperada para los propios y los contrarios. El candidato de Cristina, Daniel Scioli, acabó con poco más de 600 mil votos menos que su rival, Mauricio Macri, hasta entonces jefe del gobierno de la ciudad y líder de la coalición Cambiemos, conformada por su partido de origen, el Pro, junto al radicalismo y la Coalición Cívica de Elisa Carrió. Para María en particular y para los doce jueces federales en general, el cambio de rumbo político significaba una redefinición de sus relaciones extramuros y de todas sus piezas de juego. En pocos lugares de la Argentina importaba tanto el cambio del poder central como en los juzgados federales, acostumbrados a una dinámica que ya iremos conociendo y que de pronto había que refundar. María, nuestra protagonista, el corazón a través del que late este relato, sabía que debía reconstruir sus vínculos con la política. Tenía con qué y gozaba de cierta ventaja, porque conocía a Macri desde hacía muchos años y no esperó ni un día para saludarlo. La mañana siguiente a la elección de octubre le escribió un mensaje por whatsapp.

«Felicidades, señor Presidente.»

Un saludo formal, acotado, cuya trascendencia era invisible.

Se habían conocido en el lluvioso otoño del 2003, cuando a María le tocó investigar el secuestro de una jovencita de 19 años que había sido levantada hacia el interior de una Traffic cuando salía de la universidad, en el bajo de San Telmo. Esa chica era Florencia Macri, hija del magnate Franco Macri y hermana menor de Mauricio, que en ese tiempo intentaba sin éxito convertirse en jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y ganaba popularidad desde la presidencia de Boca Juniors. María se había hecho cargo del caso, había dirigido la pesquisa de los servicios secretos, había participado de las negociaciones con los secuestradores desde el caserón de la familia Macri en Barrio Parque. El operativo resultó exitoso. Finalmente Florencia Macri volvió a su casa y su familia se sintió agradecida y en deuda con la jueza y las fuerzas de seguridad que habían ayudado a su rescate.

Se habían vuelto a encontrar dos años más tarde, cuando Macri decidió fundar su primer partido propio, Compromiso para el Cambio, que más tarde sería el PRO con el que llegaría a la Presidencia. Si alguien quiere crear un partido político con ambición nacional, debe acudir a la Justicia electoral, donde los partidos deben ser reconocidos como tales. Macri, como tantos otros, tuvo que ir a golpear la puerta de María. ¿Cuántas tardes habrán pasado juntos en su despacho del Palacio de Justicia, organizando la documentación necesaria para la creación del partido, revisando los pasos a seguir, rodeados de las lechuzas de porcelana o cerámica o cristal que se iban acumulando? Han sido muchas, según María. O las suficientes.

Felicidades, señor Presidente.

Hasta entonces y desde entonces, el principal puente de María y de la mayoría de Los Doce con Macri era Daniel Angelici, El Tano, íntimo amigo del ahora Presidente, un hombre que había hecho su fortuna administrando un par de bingos y casinos del conurbano bonaerense y que había heredado de Macri la conducción de Boca. El Tano Angelici era todo un caso. Además de fanático de su club, había militado en el radicalismo en la juventud y desde allí, y gracias a su generosa riqueza, había construido una red de lechuzas formidable que lo había convertido en uno de los hombres más influyentes del poder. Su principal territorio de dominio había sido siempre el de la Justicia. Desde uno de los palcos de Boca, rodeado de amigos del campeón, con el talante de saberse un volante central del equipo de Macri, llevaba no menos de diez años decidiendo puestos de jerarquía en el gobierno de la Ciudad y en la justicia porteña. Su influencia entre los Doce estaba también en claro ascenso. Varios de los jueces federales y fiscales federales rondaban su palco presidencial de La Bombonera, le pedían camisetas firmadas por Carlos Tevez o plateas para sus hijos, llevaban y traían firmas para expedientes de más o menos importancia. Mientras miles de hinchas celebraban o sufrían lo que ocurría en el campo de juego, Angelici llevaba años construyendo, con la cobertura de la pasión, un sistema de prebendas silencioso que lo hacía sentirse invencible. Pero María odiaba el fútbol; le parecía cosa de chicos que se negaban a crecer, gozaba de haberlo expulsado para siempre al quedar viuda y desprenderse de los gritos de su esposo, ese hombre que parecía transformarse en un animal salvaje cada vez que jugaba River. A María no podían llevarla a la bombonera. A María había que halagarla de otro modo, invitarla a cenar, acercarle una copa de buen Malbec en un rincón elegante y discreto. En eso llevaban años, María y El Tano Angelici. Cenando e intercambiando figuritas. Gracias al Tano, María había colocado a varias de sus lechuzas en lugares estratégicos. Gracias a María, El Tano había sabido de fallos a punto de salir de su firma. ¿Cómo no iba a seguir ese coqueteo ahora que Macri llegaba a lo más alto del poder?

Felicidades, señor Presidente.

6.

Mucho antes de ser la doble jueza de la nación, mucho antes de ser la dueña de los partidos políticos, mucho antes de enfrentarse al presidente de la Corte Suprema y de administrar algunas de las causas más peligrosas de todas, mucho antes de todo está su prehistoria. María nació el primero de diciembre de 1936 en San Nicolás de los Arroyos, una pujante ciudad del sur de Santa Fe que se recuesta sobre un brazo del río Paraná, en el límite nordeste de la provincia de Buenos Aires y muy cerca de Rosario. Una ciudad pequeña pero rica en historia, con un estratégico puerto sobre las aguas marrones que, junto a los beneficios de las tierras húmedas y fértiles de la zona, sirve como gran atractivo para hacer de puente comercial para la agroindustria y la industria pesada. María nació en una familia de prestigio y buen pasar. Los Servini eran influyentes desde los tiempos de su abuelo Crisanto, un abogado conservador que había llegado a ser camarista civil y comercial, profesión que heredó el mayor de sus hijos, Juan Carlos, quien se consagró juez del mismo fuero y más tarde saltó al ámbito privado para fundar uno de los estudios jurídicos más importantes de la zona. El padre y el abuelo frecuentaban también la pasión política y transitaron los ámbitos conservadores, radicales, peronistas, según cada tiempo y coyuntura. En ese murmullo circundante del poder se criaron los dos hijos de Juan Carlos. Al primero le pusieron Carlos, como correspondía. A ella le tocó ser María, igual que su mamá María Romilda Ferreti, lo que motivó a su círculo familiar a llamarla Chuchi, un apodo que la diferenciaba y que iba a acompañarla hasta el último de sus días. Juan y María (Chuchi) se criaron en una casa amplia y costosa del centro de San Nicolás, pero su espacio de exploración se extendía hasta el estudio de abogados que su papá tenía en la esquina de la casa. En ese estudio se veía corretear a María de chiquita. Entre expedientes y libros de Derecho, fue construyendo sus primeros sueños y afianzando un mandato al que no pensaba rebelarse. Luego estaban el colegio y los clubes. Juan y María cursaron sus estudios en el tradicional Colegio Nacional de San Nicolás y eran socios y activos usuarios del Club Regatas y del Club Social, primero como chicos con gusto por los deportes náuticos y más tarde como adolescentes con gusto por las fiestas. A María le fascina recordar esos años, el territorio eterno de la felicidad perdida, que cruzaba momentos de río y de calles adoquinadas, el olor de las aulas húmedas y antiquísimas del Nacional, el silencio reverencial del estudio jurídico, las fiestas tradicionales de fin de año y la fascinación por las peregrinaciones que llegaban desde todo el país cada 25 de mayo, miles y miles de creyentes que se rendían en cuerpo y alma a los pies de la Virgen del Rosario en su santuario de San Nicolás.

Entre sus compañeros del colegio se encontraban dos muchachos que iban a convertirse en dos de los más famosos guerrilleros de los años de sangre derramada. A la vuelta de su casa vivía Enrique Gorriarán Merlo, que a su vez era su compañero de banco y la cortejaba sin éxito, muchísimos años antes de convertirse en el feroz guerrillero que en los años setenta lideró parte del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y que, entre muchas acciones temerarias, en 1989 iba a encabezar el asalto contra el cuartel militar de La Tablada. Otro vecinito al que la historia le iba a guardar su sitio dramático era Roberto Quieto, que también vivía con su familia a metros de los Servini. Veinte años más tarde Roberto iba a convertirse en líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y luego de Montoneros, hasta morir asesinado por los militares. Para María, Quieto era simplemente un compañero de colegio y de aventuras, un amigo con el que compartían las tardes en la pileta del Club Belgrano, allí donde se enamoró de su hermano, El Vasco Quieto, menos intrépido que Roberto pero mucho más seductor. Con El Vasco conoció el amor adolescente y aprendió a reconocer su propia belleza, que la hizo ganar el concurso de Reina de la Primavera. Cuatro años duró ese noviazgo, hasta que María decidió viajar a Buenos Aires para estudiar abogacía y para cumplir con el sueño de sus padres. La mudanza, lógico, comenzó a disipar su amor adolescente y llenó de brumas a su ciudad y a su infancia.

7.

Vinieron, entonces, los tiempos de juventud y maduración. Y con ellos apareció El Brigadier. María fue, durante años, la jueza María Servini de Cubría, con el apellido de casada colgado a sus espaldas. Eso se debió a El Brigadier, al que conoció a los pocos meses de instalarse en Buenos Aires junto a su hermano en un departamento que les alquilaron sus padres. La gran ciudad había dejado atrás a Quieto para liberarle el camino al joven oficial Juan Tomás Cubría, que estaba construyendo una carrera ascendente en la Fuerza Aérea. Los hechos se sucedieron con velocidad. Se casaron apenas un año después de conocerse y pocos meses más tarde tuvieron a su primer hijo, un varón al que llamaron Juan Carlos y que, ya veremos, iba a convertirse en un personaje central de la vida de su madre y de la crisis sobre la que gira este relato. Al poco tiempo Cubría recibió el encargo de convertirse en agregado militar de la embajada argentina en Brasil, un cargo que lo obligaba a tareas de intercambio de información y espionaje diplomático. María debió verse allí en una encrucijada. ¿Tenía que seguir a su esposo hasta más allá de las fronteras, con el riesgo de interrumpir o tal vez cancelar sus proyectos personales? A la distancia cuesta imaginarla dedicada a las tareas de crianza y hogar, lejos de los espacios de decisiones, subordinada a la carrera de su marido. Pero sabemos que la vida no es una línea recta y que nadie es igual a lo que fue ni a lo que será. María no fue siempre la misma María sino una mujer que se fue construyendo mientras el mundo giraba bajo sus pies. Los hechos nos indican que María decidió acompañar a su marido a Río de Janeiro, en donde vivieron durante dos años. El viaje supuso un ascenso para Cubría y la postergación de los estudios de María, que recién pudo terminar su carrera al regreso, primero como escribana y más tarde como abogada. De ese tiempo sabemos que durante siete años trabajó en una escribanía de La Plata. Sabemos también que nació su segundo hijo, Eduardo, y que logró sus primeros ahorros para poder comprarse un departamento en la calle Arenales, en Barrio Norte.

María trabajaba mucho, viajaba a la ciudad de La Plata día por medio (de allí eran la mayoría de sus clientes) y su vida parecía encaminarse hacia un sacrificio de rutinas contenidas y bienestar económico. Pero algo se interpuso en su camino. En la primavera del año 1974 un contacto de su marido le acercó la oferta de ser Defensora de Menores en el fuero penal. No era un puesto de su interés, pero le permitía acomodarse mejor con los horarios, esquivar sus cansadores viajes a La Plata y pasar más tiempo en su casa. Es curiosa la ruta de la evolución de María. De chica quería ser abogada porque era el mundo que conocía, transitó por la escribanía porque fue lo primero que se presentó como una alternativa razonable y se metió en Tribunales porque surgió la oportunidad y le era cómoda. No hubo, al menos hasta ese momento, una persecución de destino. Casi todo se le iba dando de manera natural. Por lo menos hasta la escena del 19 de febrero de 1976, cuando la presidenta María Estela Martínez de Perón, a dos meses de ser el expulsada del poder por una dictadura militar, firmó el decreto que la consagró, ahora sí, como jueza penal de Menores, un puesto que había quedado vacante y que se le ofreció por ser funcionaria del fuero. María tenía 39 años. Se sentía una silueta rubia rodeada de hombres. Estaba envuelta en un país que a su alrededor se mataba a tiros.

8.

El pasado va a enseñarnos el presente. Pero requiere preguntas, genera inquietudes.

Al poco tiempo de empezar a indagar en su vida, María decidió comunicarse conmigo. Lo hizo a través de un abogado, conocido por ambos. Se puso al teléfono. Habló directo y breve.

—¿Qué buscás? —me preguntó.

—Quiero entender.

—Es fácil. Soy muy simple.

¿Será?

9.

El triunfo de Macri en el 2015 rompió el molde que venía organizando todos los estamentos del poder público. Tras doce años de dominio casi hegemónico del kirchnerismo, llegaba a la conducción política del país un líder desideologizado, de un partido político relativamente nuevo, fundado pocos años antes en uno de los despachos de María. El país entero debió «resetearse». Hubo que despedir a cientos de funcionarios y darle la bienvenida a los nuevos; hubo que reformular las relaciones dentro del Parlamento; se modificaron los objetivos de la mayoría de los organismos de gestión; se alejaron actores invisibles que habían sido importantes y llegaron otros. María iba a experimentar esos cambios desde el primer minuto.

Felicidades, señor Presidente.

Entre la elección de octubre y la asunción de Macri, recibió una noticia que la hizo sentirse la mujer más agraciada de la tierra. Su hijo, Juan Carlos Cubría, se convertía en el Administrador General del Consejo de la Magistratura, un cargo que lo hacía responsable del movimiento de una de las cajas más portentosas de la administración pública: mil seiscientos millones de pesos al mes, unos cien millones de dólares.

Fue obra, por supuesto, del Tano Angelici.

El Consejo de la Magistratura es un órgano vital para entender al Poder Judicial. Creado en la constitución nacional de 1994, es un ente autónomo que se ocupa de dos funciones básicas: la selección de los aspirantes a jueces de la nación y su juzgamiento y expulsión en caso de mal desempeño. Pero es además el que maneja toda la plata de la Justicia. Desde el Consejo se pagan los sueldos de todos los funcionarios y empleados, se ejecutan los gastos para el mantenimiento o ampliación de la infraestructura, se deciden los cambios edilicios, se ajustan o no las clavijas de cada puerta que se abre. Por eso quien controla el Consejo puede jactarse de controlar a buena parte de la Justicia. Y aunque durante años había estado bajo el dominio del kirchnerismo, el triunfo de Macri obligaba a hacer cambios. Hasta ese momento el administrador del Consejo era un hombre muy identificado con el kirchnerismo, Claudio Cholakián, quien entendió que debía dar un paso al costado. Eso dejó el espacio para designar a un nuevo administrador. Ahí apareció El Tano Angelici. ¿Por qué no darle ese lugar al hijo de María? Padre de dos hijas, amante de los deportes náuticos, Juan Carlos ya había cumplido los 56 años y llevaba una década trabajando dentro del Consejo como parte de la dirección administrativa. No era brillante ni estaba cerca de serlo, pero podía resultar de confianza para propios y extraños. El Tano lo habló con el ministro de Justicia de Cristina, Julián Álvarez, que tenía los días contados pero no era tonto y sabía que la garantía del hijo era la propia María. Si durante doce años María nunca los había lastimado ni siquiera un poquito, por qué iba a hacerlo ahora a través de su hijo. Así fue como, en el río revuelto de aquellas horas, se juntaron los votos de los consejeros y se decidió ascender a Juan Carlos a un lugar con el que nunca había soñado. Asumió su nuevo cargo el martes primero de diciembre. Su mamá, por supuesto, fue a acompañarlo y lo abrazó un largo rato, emocionada.

Ignoraba los líos que la esperaban.

10.

De las lechuzas se dice que son aves nocturnas. Y rapaces. Que se alimentan de roedores, de víboras, de todo lo que se arrastra en la oscuridad. En sus años como jueza penal de Menores aprendió a lidiar con lo sórdido. Las normas procesales de esos años la obligaban a intervenir casi en cualquier suceso penal donde apareciera algún menor de edad involucrado. Maltratos, abusos, pero también secuestros, asaltos, operativos contra el crimen donde algún hijo o sobrino se las haya visto cara a cara con el peligro. En ese tiempo empezó a enviar gente a la cárcel. Al hombre que abusaba de la hija de su segunda esposa. Al degenerado que perseguía adolescentes a la salida de los colegios. Como casi siempre, en aquellos años había muchos juzgados penales vacantes y María era invitada a ocuparlos provisoriamente. Así amplió su caudal de expedientes y de casos, empezó a ser invitada a los congresos de Derecho Penal, se fue convirtiendo en una referencia de su disciplina y comenzó a disfrutar del tránsito por las cloacas. Visitó los calabozos para indagar cara a cara a los reos más temidos. Hizo de mediadora con los presos más peligrosos para ponerle fin a un motín carcelario. Participó de allanamientos. Dirigió reconstrucciones de asaltos y de crímenes espantosos.

Las primeras menciones de María en los diarios datan de 1988. Todavía no sabía de narcos, ni era la socia en las sombras de los espías más impiadosos, pero ya era una robusta y bella mujer que provocaba respeto y subordinación tanto de los oficiales de la policía como de los reos. Durante los fines de semana se la podía ver navegando en el río junto al brigadier y sus dos pequeños hijos, pero entre semana salía caminando de los Tribunales del centro —tenía su despacho frente al Palacio—, se subía al auto oficial y se dejaba llevar hacia aguantaderos o escenas del crimen, gustosa del vértigo que le generaba la persecución del delito.

En el ocaso del gobierno de Raúl Alfonsín se sucedieron una cantidad inusitada de secuestros extorsivos, ejecutados por ex represores de la dictadura que habían trasladado su talento para el mal a emprendimientos privados. A María le tocó investigar la desaparición de una conocida empresaria, Nélida Bollini de Prado, que llevaba un mes borrada de la tierra conocida. Una tarde recibió el llamado del juez federal de San Isidro, Alberto Piotti. No se conocían, pero Piotti venía siguiendo los talones de un tal Arquímedes Puccio y necesitaba de su ayuda. Fue directo al grano:

—A tu secuestrada la tiene Puccio, acá en San Isidro. ¿Te animás a allanarlo? —le preguntó.

Así fue como una noche de esas que no se olvidan, encabezó uno de los operativos más conmocionantes en la historia de la crónica policial argentina. Con el aval de Piotti y unos treinta policías, María decidió el allanamiento a la casa particular de los Puccio, una familia conocida de San Isidro en cuyo sótano habían armado una mazmorra para sus secuestrados. Las prácticas de la Justicia Procesal y del sentido común no recomiendan la presencia de los jueces en las redadas peligrosas, pero ella insistió en participar de ese allanamiento, para ver de cerca los hechos y sentir la adrenalina del desenlace. La llevó el comisario Carlos Sablich, jefe de Operaciones de la Policía Federal y desde entonces su policía preferido. En el centro del asiento trasero del Falcon, María hizo sentarse de un lado a Sablich y del otro al comisario Mario Rodríguez, de la Policía Bonaerense, otro peso pesado de las fuerzas de seguridad. Entre esos dos hombres armados y poderosos, María se sintió protegida y al mismo tiempo en peligro. Les pidió detalles del operativo. Quiso saber los riesgos. Las posibilidades de éxito y de fracaso. Los puntos débiles del enemigo y los propios. Preguntó todo y hasta lo más incómodo: ¿Quién iba a entrar primero? ¿Quién iba a romper la puerta? Entonces los vio. Aquellos duros policías, hoscos y desconfiados, acostumbrados a lidiar con lo peor del hampa, esa noche de San Isidro tiraron una moneda al aire para que la suerte decidiera quién debía penetrar las sombras del infierno. No era una misión sencilla. Todos imaginaban que el canalla de Puccio, un hombre adicto a las armas y la violencia, reaccionaría con la furia desatada.

En esas ocasiones María pensaba en su marido, el brigadier, que la retaba por participar de los procedimientos y actuar «como si fuera una mujer policía». Pero a María le fascinaba estar ahí, sentir el miedo de los otros, percibir en ella y en los demás la ansiedad por actuar ya mismo y el frenesí ante lo desconocido. Sabía que esos policías que la rodeaban eran capaces de cualquier cosa para dar con la presa. Y ese cualquier cosa la excitaba. «Hay que entrar», los apuró, y los comisarios se miraron con la complicidad de la experiencia y uno de los dos (no importa cuál) se hizo cargo de la moneda y así salieron a la noche.

—Usted espera hasta que le avisemos —dijo uno de los comisarios, y María puso cara de nada y los dejó ir.

En silencio, en el asiento trasero del Falcon, en medio de la densa oscuridad, María aprendió a esperar. Diez, veinte, treinta minutos. ¿Se escucharon tiros? Tal vez un estruendo lejano o la sospecha de un estruendo lejano. Al rato un suboficial se acercó al auto y le anunció por la ventanilla que ya podía entrar, que el peligro había pasado. María salió del Falcon y se dirigió a la casa. Hacía frío, los plátanos de las veredas le regateaban las opacas luces de los faroles, el miedo latía en su pecho. Frente a la casa la esperaban dos policías. Se los veía jadeantes, pero orgullosos. Detrás de ellos se percibían movimientos y el flash de un fotógrafo, que ya registraba la escena del secuestro. María entró y se dirigió hacia el living, donde el hijo mayor de los Puccio ya estaba esposado con las manos en la espalda. Alejandro giró para mirarla, pero fue apenas un instante, solo una mirada lejana, como si nada de ese mundo le fuera propio. Sobre el sillón principal yacía, recostada en posición fetal, la mujer a la que debían recuperar. Nélida Bollini de Prado. Ella era su objetivo. Una mujer grande, harapienta, por la que sus secuestradores pretendían cobrar una fortuna. María le contó los brazos y las piernas. Observó que respiraba, que abría los ojos, que estaba viva. Se encaminó hacia ella para abrazarla, para decirle que ya todo había pasado, pero la mujer la frenó en seco con un gesto que no iba a olvidar.

—No se me acerque que hace un mes que no me baño.

11.

El tiempo puede ser un gran aliado.

El tiempo como recurso.

El tiempo como arma poderosa.

María comenzó a entenderlo a poco de asumir como jueza, cuando su marido, el brigadier Juan Tomás Cubría, fue sacado a las patadas de la Fuerza Aérea. Las razones no fueron morales o de resistencia a la masacre que se estaba gestando en las castas militares. Nada de eso, se trató más bien de un golpe de suerte. El brigadier Cubría trabajaba en el Estado Mayor Conjunto y en diciembre de 1975 le tocó dirigir un sumario en contra de Orlando Capellini, otro brigadier que, con el guiño del general Jorge Rafael Videla, había ensayado un primer intento golpista en la base aérea de Morón. Le tocó hacer el sumario, simplemente. Lo asignaron oficial sumariante y entonces hizo lo que tenía que hacer. Pero eso lo salvó. En cuanto el golpe se terminó consumando pocos meses más tarde, el 24 de marzo de 1976, el brigadier Capellini, ascendido y más poderoso que nunca, pidió la cabeza del brigadier Cubría. En principio el impacto fue durísimo para la familia. María ha contado que se pasó un mes entero llorando su aparente desgracia. Pero gracias a eso nada tuvo que declarar sobre el plan criminal que vino después. Durante la dictadura, los compañeros de armas de Cubría se lanzaron de lleno a una cacería humana contra la guerrilla y cuantos jóvenes y no tan jóvenes supusieran algún eventual peligro para los planes militares. Montaron grupos de tareas, organizaron centros clandestinos de tortura, ejecutaron a miles de personas en su plan de exterminio. Pero el brigadier Cubría, pasado a retiro, simplemente ya no estaba. Gracias al castigo que había recibido, pudo quedar al margen y no se manchó las manos con sangre. Así zafó él; así ella. Lo que pareció terrible acabó siendo una salvación.

Lección de hierro:

Hay que saber esperar.

El tiempo es un arma poderosa.

¿Pensó en eso, María, cuando le tendió una mano al Loco Antonio?

Después de la captura de los Puccio, María debió vérselas con las guardias interminables de los periodistas y hasta soportó una manifestación de familiares y amigos de Alejandro Puccio, el más famoso del clan familiar, que jugaba al rugby en la primera del CASI y en la selección de Los Pumas. A sus amigos y vecinos les parecía imposible que ese muchacho de aspecto amigable y talento evidente fuera un criminal de la peor clase. Pero así era y a María le tocó enfrentar la incómoda situación de ir en contra de la opinión pública, una experiencia para la que no estaba preparada. Se sintió inhibida, dudó, pero finalmente resistió y con el paso de las semanas y los meses comprobó, como lo haría muchas veces más, que el tiempo iba a acomodar las cosas.

Pocos después llegó a sus manos otro hecho policial mucho menos espectacular pero todavía más trascendente para su carrera. El del Loco Antonio.

12.

La crónica indica que a media mañana del 19 de abril de 1989, el médico Ángel Cristo Acoglanis, autoproclamado metafísico y profeta, fue reventado a balazos en su consultorio de Belgrano mientras varios de sus pacientes aguardaban en la sala de espera para ser atendidos. El asesino estaba más claro que el agua: Rubén Elías Antonio, de 53 años, paciente, amigo y compadre del muerto.

Arthur Conan Doyle solía decir que no hay lógica en el móvil, sino en el crimen. Nunca sabremos por qué Rubén Antonio hizo lo que hizo. Dicen que quería y adoraba a su víctima, pero algo le indicó que debía vaciar sobre él las balas de sus dos pistolas de colección. Esa mañana ingresó al consultorio y le descartó siete disparos al pecho. A una distancia de veinte centímetros.

La reconstrucción del hecho demostró que el asesino salió del consultorio con una pistola en cada mano y las manchas de la sangre sobre su ropa. Que luego caminó un par de cuadras hasta la comisaría 17 y se entregó.

—Acabo de matar a un brujo —se le escuchó decir.

A un brujo.

No sabemos si existen, pero todos sabemos que los hay. Brujos y brujas. Expertos en brujerías y gualichos.

A María le llegó el caso. Le llegaron las fotos del cadáver, el pecho abierto a balazos, el delantal hecho sangre, los testigos de la confesión. Fue a conocer el consultorio, para hacerse la idea de lo que había ocurrido. Leyó los testimonios clarísimos de cada uno de los pacientes que escucharon la muerte, estudió con detenimiento el informe forense y las pericias balísticas. No había ninguna duda posible. La verdad estaba a la vista de todos.

Pero atención, porque aquí, tal vez, empezaba su verdadera historia.

Aquí, en ese preciso momento, en el otoño de 1989. Porque siempre hay un comienzo. Siempre hay un «había una vez» que nos lleva al resto de la historia. Lo que hizo María Servini de Cubría, la jueza a cargo, fue declarar a Rubén Antonio inimputable. Lo decidió en apenas dos meses, con una celeridad inédita, después de leer un único informe psiquiátrico hecho a las apuradas. María declaró loco al asesino y con esa declaración lo sacó de la cárcel común y, en vez de internarlo en un neuropsiquiátrico del sistema penitenciario, lo mandó a una clínica psiquiátrica privada de Saavedra.

A nadie pareció importarle en ese momento, como tampoco importó demasiado cuatro años más tarde, cuando Antonio El Loco fue dado de alta y volvió caminando a su departamento de Palermo, desde donde años más tarde iba a tirarse desde la terraza hasta el fin de los tiempos. Pero si esta historia de apariencia ilusa es el origen de todo, se debe a que el Antonio Loco no era un hombre del montón. El Antonio Loco era el hermano menor de otro Antonio muchísimo más importante, nada menos que el famoso Jorge Antonio, el empresario que había financiado al ex presidente Juan Domingo Perón durante su exilio en España y de quien se sabía amigo personal y asesor político. Ese mismo Jorge Antonio, más millonario que nunca, ahora financiaba la campaña del candidato presidencial del peronismo, Carlos Menem, quien fue consagrado como nuevo gobernante de los argentinos tres semanas después de los siete balazos al pecho del pobre médico.

En un procedimiento de apenas dos meses, María logró salvarle la vida, al menos por un buen rato, nada menos que al hermano del financista del nuevo Presidente. No había mejor carta de presentación que esa. No era cosa de brujos.

Ahora sí, ella empezaba a escribir su destino.

13.

En la Argentina hay 978 jueces de carácter nacional, es decir que atienden asuntos de interés para la jurisdicción madre, la de la Nación. Jueces civiles, jueces laborales, jueces aduaneros, jueces penales y jueces electorales. Solo María tiene dos juzgados a cargo y dos despachos. En Comodoro Py funciona su juzgado federal penal. Desde su oficina sin ventanas del tercer piso, administra a unos treinta empleados, distribuidos en dos secretarías y en una superficie de ochenta metros cuadrados, que habitan los empleados junto a miles de expedientes de papel humedecido que se acumulan en los placares y en los pasillos y en un baño fuera de uso. Su despacho es pequeño, rodeado de lechuzas y ambientado con muebles que alguna vez ocuparon el living de su departamento. Huele a encierro. No hay ni cafetera. Carola, su secretaria de Comodoro Py, le lleva y le trae sus cosas desde hace casi veinte años.

El otro despacho es descomunal. Está en la planta baja del Palacio. Allí funciona su juzgado electoral. Más cuatrocientos metros cuadrados, unos doscientos sesenta empleados fijos y unos treinta ocasionales, una logística preparada para disponer padrones, organizar elecciones, controlar gastos de campaña electoral, verificar la legalidad y mediar entre los partidos políticos de todo el país. María es la reina de ese territorio. Dispone de francos, vacaciones, decide ascensos, atropella sus propias decisiones, da órdenes que solo ella puede deshacer, autoriza excepciones a las reglas. Su secretaria personal, Mónica, la acompaña desde hace 27 años. Es una mujer fuerte hacia afuera y dócil hacia María. Mónica es su compañera de viajes. Mónica es su ladera, invencible. Mónica lleva guardados en biblioratos primero y en discos rígidos después, cientos y miles de artículos periodísticos que la tienen a María de protagonista. María en sus tiempos del clan Puccio, María en San Nicolás, María en tiempos del escándalo que la hizo famosa, María en España, en Grecia, María junto a todos los Presidentes a los que dejó atrás, María junto al Papa Francisco, María entre lechuzas.

Por su doble trabajo, como jueza federal penal y jueza federal electoral, María recibe un plus a su sueldo del 30 por ciento. Debe ser uno de los funcionarios mejor pagos del país, si no, el mejor. Unos 15 o 16 mil dólares por mes, según el tipo de cambio. Casi el doble que el presidente de la República. Aunque no es la plata lo que mueve al mundo. No al suyo.

14.

Su puerta de ingreso a esos dos despachos fue El Loco Antonio. O más bien su hermano, Jorge Antonio.

Parecen hechos demasiado lejanos, pero es necesario recurrir a la memoria y al archivo (a los biblioratos, a los discos rígidos) para entender el presente e intentar aventurar lo que viene. Es en la fundación donde está la matriz de todo. Es allí, en esa declaración de locura y en el premio posterior. En la sucesión de hechos que se guardan en el bibliorato y en los discos rígidos, pero sobre todo en lo que no se cuenta ni en los biblioratos ni en los discos rígidos. Porque el poder no es para los ansiosos. El poder es para los que administran la paciencia. Saber administrar el tiempo, saber transcurrirlo, es una de las claves de ese algo que ha hecho de María una sobreviviente. ¿Cómo iba a imaginar María el tamaño del impacto que iba a adquirir su declaración de locura del asesino de los siete tiros? Sin embargo, el impacto llegó. Veinte meses más tarde, exactamente, ese impacto llegó. En noviembre de 1990 se convirtió en doble jueza, en jueza federal y electoral federal de un plumazo, gracias a un decreto del presidente Carlos Menem. Visto a la distancia, aquellos días parecen tan grotescos que vale preguntarse dónde estábamos todos que no vimos o no supimos ver lo que se estaba construyendo. A María la nombraron jueza federal y electoral por decreto, sin más. Antes de la reforma constitucional de 1994, los jueces debían ser nombrados con acuerdo de dos tercios del Senado de la Nación, para garantizar así la elección de funcionarios más o menos independientes del gobierno de turno. Pero para evitar discusiones que no quería dar, Menem la nombró eludiendo ese paso con el argumento de que ella «ya era jueza» y su pliego ya había sido aprobado en el pasado. ¿Acaso era lo mismo ser jueza penal subrogante que convertirse en la dueña del juzgado federal? O más grave, ¿era lo mismo que convertirse en jueza federal electoral? El decreto salió sin demasiado escándalo. El Presidente acababa de nombrar por decreto a la mujer que debía controlarlo a él y a los partidos políticos del país.

Cuando el país pudo ver lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. La hija predilecta de San Nicolás ingresó por primera vez al despacho donde construiría su proyecto de perpetuidad, en la planta baja del Palacio de Tribunales. Un puñado de fotos la recuerdan. Ingresó al Palacio de Tribunales con su pollera de cuero pegada a las caderas, las piernas cubiertas por medias que apenas oscurecían sus equilibrios, un saco liviano con hombreras a la moda y una camisa escotada. No sonreía. Irradiaba pura sensualidad.

15.

¿O no fue allí cuando se pudrió todo?

Más allá de todo recuerdo más o menos verificable, dejando a un lado las más altas traiciones de tiempos algo lejanos, por fuera de los episodios oscuros de un pasado inevitablemente repleto de imperfecciones y canalladas, el principio del derrumbe moral de la Justicia Federal porteña fue la década del noventa. Nadie que camine por Tribunales discute eso. Nadie. Los años noventa fueron letales. Y María fue la fundadora de ese tiempo.

Cuando Carlos Menem llegó a la presidencia, una de sus primeras obsesiones fue controlar al Poder Judicial. Con un peronismo hegemónico y el radicalismo en crisis, Menem sabía que solo los controles públicos de la Justicia (y en menor medida la prensa) podían interponerse en su intento por llevarse todo por delante. Asesorado por abogados de su confianza y con pequeños pero decisivos cambios institucionales, arremetió contra la Justicia de manera decisiva en distintos frentes elegidos con mirada estratégica, en especial sobre aquellos que deberían funcionar como contrapeso al Poder Ejecutivo: la Corte Suprema, encargada de validar la constitucionalidad de las normas, y la justicia federal porteña, encargada de indagar en los hechos de corrupción.

Logró su primera conquista comiendo una pieza regalada que le llegó de París. El 25 de julio 1989, la abogada Mirta Schvartzman se dejó caer en bombacha y corpiño desde una ventana de un hotel de la capital de Francia, segundos después de escribir una nota dirigida a su amante, el juez de la Corte Augusto Belluscio. «Augusto, me rebajaste», fue lo último que escribió antes de reventarse contra el asfalto. Belluscio era hasta entonces un prestigioso y conocedor profundo del Derecho de Familia, militante público de la tradición monogámica, autor de libros de tapa dura y brillo donde condenaba con euforia la bajeza del adulterio. Luego de una dura resistencia (su corazón radical lo empujaba a hacerle frente al embate peronista), al final debió renunciar y dejar una vacante perfecta para satisfacer el hambre lujuriosa del nuevo Presidente. Devorar a esa presa herida de muerte fue apenas uno de los muchos movimientos que, en pocos meses, le permitieron a Menem reorganizar el Poder Judicial a su antojo. Logró ampliar la composición de la Corte Suprema, llevándola de cinco jueces a nueve y ocupando las nuevas vacantes en una sesión secreta del Senado (el 19 de abril de 1990), que duró apenas siete minutos y consagró a un puñado de abogados cuyo único mérito era la cercanía y obediencia a los caprichos del Presidente. Entre ellos estaba Julio Nazareno, el dueño del estudio jurídico del que era socio el hermano de Menem en La Rioja.

Desde entonces y hasta el final de sus días en el gobierno, Menem contó con una mayoría de cortesanos a su gusto y encargo, que iban a avalar desde el indulto a los jerarcas de la dictadura y a la guerrilla, hasta las privatizaciones escandalosas de empresas públicas. Algo parecido iba a lograr en otros órganos clave del Poder Judicial, como la Procuración General de la Nación, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, las mayorías de las Cámaras de Apelaciones del país (incluyendo la Cámara Electoral) y en casi en todos los tribunales cercanos a la cúpula de la Justicia. Pero nada de todo eso le iba a ser suficiente para sostener la ilusión de impunidad. Para lograrlo del todo, debía tener dominio sobre los jueces federales porteños, los de primera instancia. En ese tiempo eran todavía menos, apenas seis. Solo seis jueces encargados de recibir las denuncias contra el poder político y de analizarlas y de observarlas y de cotejarlas y, de acuerdo a su calidad y a su voluntad, solo seis jueces eran los encargados de juzgar y meter presos a los corruptos. De juzgarlos o, en su opuesto, de encubrirlos y protegerlos.

¿Cuándo fue que se pudrió todo?

En los años noventa.

Los juzgados federales porteños, en vez de investigar al poder, poco a poco se dedicaron a protegerlo. Llegar a ese punto fue el resultado de un proceso que llevó años de conquista por parte de la dirigencia política. Pero se llegó a límites que ni el propio Menem debió haber soñado. Así como el gobierno generó nuevas vacantes para controlar a la Corte, hizo lo mismo en los juzgados de primera instancia a través de dos mecanismos: la duplicación de juzgados (se crearon seis juzgados nuevos) y el ascenso de aquellos jueces que podían molestar con su independencia, a quienes iban a «premiar» con sillones de camaristas u otros cargos superiores en la escala jerárquica. A esos, a los independientes, a los que se parecían a lo que un juez debía ser, a esos los aplaudieron, los homenajearon y los sacaron de la cancha. Fue el caso del juez a cargo del juzgado federal 1, Juan Fégoli, quien en los primeros meses del menemismo había empezado a investigar una compra con sobreprecios de guardapolvos por más de un millón de dólares, que comprometía al ministro de Bienestar Social, Eduardo Bauzá. Ese lugar era el que estaba reservado para María. Lo mismo le iba a pasar más tarde al juez federal Miguel Pons, donde yo ejercía de pinche y aprendía a tomar mis primeras declaraciones a los reos sin cordones. Pons era uno de los jueces federales honorables. No podían aguantarlo.

De esta ingeniería se ocupó especialmente el jefe del servicio secreto de la Presidencia. Hugo Anzorreguy había llegado a la conducción de la SIDE seis meses después de la llegada de Menem al poder. Era un abogado peronista de múltiples relaciones en los Tribunales. Su hermano Jorge, además, era y sería por años uno de los principales lobbystas del fuero federal. Afable y entrador, el simpático Hugo tardó cinco minutos en poner a su cuñado Eduardo Moliné O’Connor entre los ministros de la Corte y pronto comenzó a meter mano en el fuero federal, dando inicio a una relación intensa y promiscua entre el espionaje y la Justicia que iba a marcar por décadas el paso de unos y otros. ¿De la imaginación de Hugo salió el nombre de María Servini de Cubría para ocupar uno de los juzgados? No exactamente. Hugo Anzorreguy había conocido a María a través de su esposo, el brigader retirado, amigo de varios de los amigos de Hugo y que asesoraba a la SIDE para lidiar con los muchos militares que todavía amenazaban a la democracia. Es seguro que Anzorreguy dio el visto bueno a la elección de María. Pero quien llevó su nombre, el que jugó la carta, el que la puso a jugar en primera fue, por supuesto, Jorge Antonio. El empresario peronista. El difuso magnate que había bancado la campaña de Menem. El hermano del asesino de los siete tiros.

16.

La conquista política sobre el fuero federal coincidió con mi pequeñísimo aporte al servicio de justicia como pinche primero y como escribiente después. Un par de años, apenas, pero cargados de emociones que iban a formar parte de mis recuerdos más intensos. A los 18, 19 años, es fascinante y a la vez aterrador ingresar a ese submundo que funcionaba todavía en el monumental Palacio de Justicia. Ingresé como el último eslabón en la carrera judicial, el más bajo, un puesto sin sueldo para los estudiantes de abogacía que, gracias a un familiar o un amigo (ese fue mi caso) logran la oportunidad de ocupar un lugar en el engranaje de producción del servicio de justicia, a la espera de que se produzca una vacante en la planta formal de empleados. Lo primero que se descubre es que en Tribunales hay códigos de lenguaje únicos. Para empezar, hay dos tipos de secretarios. Por un lado, los secretarios (en general son mujeres) que atienden el teléfono del juez, le organizan la agenda, le renuevan el café, le recuerdan el cumpleaños de sus hijos y le organizan los archivos de recortes de diarios y revistas. Por otro lado están los secretarios «letrados», abogados de carrera y aspirantes a jueces, que son su mano derecha y los que hacen el trabajo sucio: conducen al personal del juzgado, dirigen los expedientes, redactan los fallos y muchas veces toman las decisiones, todo eso mientras los jueces se llevan los aplausos o los insultos. A las órdenes de los secretarios letrados están los empleados del juzgado. Prosecretarios, oficiales, escribientes y, debajo de todos, los pinches. Empecé organizando los papeles de otros, sellando la recepción de escritos en la mesa de entradas y cosiendo expedientes. La costura se hacía con una aguja de metal de quince centímetros, un arma letal que debía introducirse en los hojalillos de las hojas una vez que los expedientes estaban cerrados, cada uno con doscientas fojas. No cobraba más que los viáticos que recolectaban mis compañeros y jefes. Llegaba al Palacio de Tribunales a las 7.30, puntualísimo, y me retiraba también puntualísimo a las 13.30. Usaba traje, corbata, ingresaba minúsculo por la puerta de un edificio intimidante, subía las escaleras de piedra tipo mármol hasta el tercer piso, empezaba a husmear en un mundo que me era ajeno y lo seguiría siendo. El juez a cargo era Miguel Pons, uno de esos pocos honestos que, por supuesto, no iba a quedarse allí demasiado tiempo. Entre mis compañeros había abogados y estudiantes de abogacía, pero también empleados rasos de muchos años que ya no recordaban si alguna vez habían deseado lanzarse a la carrera judicial. De a poco fui conociendo ese submundo del código procesal, hecho de resmas de papel, máquinas de escribir (todavía no habían llegado las computadoras), declaraciones testimoniales o indagatorias, careos, oficios llevados por ordenanzas de andar cansino, y por supuesto, las poquísimas sentencias de un sistema que parecía hecho para dar vueltas sobre sí mismo. Pero nunca logré acostumbrarme a la altísima posibilidad de cruzarme con los presos. En los ascensores o en las escaleras de Tribunales era habitual encontrarse cara a cara frente a algún reo, mientras era llevado por su carcelero de un despacho a otro. Los presos parecían calcados, uno del otro, igualados en su desgracia: hombres o mujeres sin nombre, de mirada ausente, las manos esposadas a la espalda, las zapatillas sin cordones, el olor a encierro que traían del subsuelo donde se encontraba la alcaidía. En los tribunales penales, federales y ordinarios, entre abogados y empleados y funcionarios, circulaban día a día los habitantes de los bajos fondos, presos sin más pasado que un prontuario de salideras y atracos, averiados que cada hora saltaban al vacío de vidas arruinadas. Llevados de la alcaidía hasta los despachos y de los despachos otra vez al subsuelo. Guiados por sus verdugos. Recibidos por hombres y mujeres de traje que en general los trataban con el mismo desgano con el que se firmaban los expedientes. Los reos formaban parte del paisaje habitual de Tribunales. Eran su sordidez. La confirmación de su miseria. En la mayoría de los casos llegaban allí por ser los eslabones menores de organizaciones invisibles. De las bandas de dobladores de autos robados, caían los frágiles pungas que se ocupan de recoger la documentación falsificada. De las bandas de narcotraficantes, caían las mulas, los vendedores de minucias o, peor, los consumidores. Pocas veces llegaban a los juzgados los jefes de la organización criminal. Los malos eran demasiado astutos y tenían a los mejores abogados y en algunos casos eran los mentores de los jueces que debían someterlos a juicio. Por supuesto, poco ha cambiado de ese mundo.

Los recuerdos de aquella experiencia son difusos por el paso del tiempo. Pero tengo bien presentes algunas premisas que nos exigían a los novatos. No había que mirar a los imputados a la cara. No había que saludar con la mano a los indagados. Ellos estaban del otro lado. Eran parte del otro lado. Los jueces y los empleados de los jueces debían mantener una clara muralla para no contaminarse con los que estaban siendo juzgados. Había dos mundos y no debían cruzarse. De un lado debían estar los sostenes de la institucionalidad, los guardianes de las leyes. Del otro los provocadores, los rebeldes del sistema o los sospechosos de alterar al sistema. Eso me enseñaron cuando todavía se podía confiar en los que enseñaban. Eso enseñaban cuando las reglas eran claras y los argumentos marcaban la diferencia. Ignoraba que la Historia, que esta Historia, nos estaba pasando tan cerca.

17.

Después de aquella breve conversación telefónica, finalmente tuve un primer encuentro con María. Me citó en el restorán de un hotel cinco estrellas de Recoleta, uno de los más elegantes de la ciudad de Buenos Aires, donde ella solía comer y también tejer sus puentes. María se presentó seria, elegante, a tono con el salón amplio e impecable. Le faltaban unos meses para cumplir los ochenta años, pero antes que nada era una mujer coqueta y no quería que se le notase el natural deterioro hacia el que todos nos dirigimos. Subía las escaleras con dificultad, pero luego se movía con suficiencia y calma. Tenía la piel extremadamente estirada, sus labios parecían sacados de una revista de moda, las cejas estaban dibujadas con prolijidad. Nada en ella hacía pensar en su jubilación. Nada sugería que estaba por enfrentarse a su posible abismo.

Pedimos de comer y pedimos vino. Aunque ya habíamos hablado por teléfono, me sorprendió su voz algo aniñada. También un tono cordial, de entrecasa, que iba a mantener intacto durante horas y horas. Recordó sus años en San Nicolás con una sonrisa antigua. Repasó sus viajes y sus amistades más notorias. Observó y calló mucho más de lo que dijo. Explicó, al fin, que no usaba más el apellido del brigadier Cubría porque era una mujer sola y libre que podía hacer lo que tuviera ganas. Me impresionó su capacidad para mantener la mirada fija en mí, como si no quisiera soltarme. Me asombró, finalmente, su capacidad para tomar una copa de vino detrás de otra sin siquiera alterarse. Se hizo la madrugada y seguíamos allí. Yo tomaba notas, hasta que dejé de hacerlo.

18.

Los favores se pagan, más temprano que tarde.

Y si hay un pedazo de su historia que María quisiera borrar, un momento que pudiera recortar y tirar a la basura, sin duda es el Yomagate. Es su cruz, una marca por la que tantos la recuerdan y que será obligatoria en los obituarios el día que haya que despedirla de este mundo. Una historia en sepia, tal vez, pero que podría repetirse en cualquier momento. En los primeros meses de 1991, cuando todavía no terminaba de acomodarse en su doble juzgado, le llegó un exhorto de un juez español, el todavía ignoto Baltasar Garzón, pidiendo que se detenga e interrogue a un grupo de personas muy vinculadas al presidente Menem, entre ellos nada menos que a la secretaria de audiencias de Menem, Amira Yoma, que era además la cuñada del Presidente, la hermana de su esposa Zulema. La acusación era terrible. Gracias a la confesión en España de un contrabandista panameño llamado Andy García (así, de película) se había descubierto una red de lavado de dinero del narcotráfico, que ingresaba a la Argentina valijas cargadas de dólares para luego blanquear esa fortuna con la compra de propiedades y joyas. Las valijas entraban gracias a la influencia de Amira, de su ex esposo (que trabajaba en la Aduana) y de un tal Mario Caserta, que era vicepresidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires.

María se ha pasado años intentando convencer a sus conocidos y amigos de que fue víctima de una conspiración atroz que le reservó el lugar indecoroso de la protectora del poder. Pero la verdad es que hizo todo para ganarse el mote que en su momento le puso el periodismo: Servini de Encubría. Para empezar, habilitó su juzgado para que los sospechosos se «autodenunciaran», artilugio con el que pretendieron controlar el expediente. En los Tribunales, las causas llegan a manos de los jueces por dos vías. La primera es a través de la Cámara de Apelaciones, donde se reciben las denuncias y se elige por azar (ya veremos cuánto azar) cuál de los jueces se hará cargo. Este método está pensado para que nadie pueda elegir al juzgado que le resulte más conveniente. Pero hay otra puerta de acceso. Es a través de las denuncias que se hacen en las comisarías. Esas denuncias no se distribuyen por sorteo, sino que los juzgados atienden sus casos por turnos rotativos, que en el fuero federal son de quince días de duración. El sistema de turnos está pensado para los casos de delitos in fraganti, esos que estallan ante nosotros cuando nadie lo espera y que precisan de jueces que estén atentos y disponibles. Un ejemplo: si se detecta un secuestro extorsivo y hay que actuar de inmediato, no se puede andar tirando la moneda para ver qué juez actúa. Pero hecha la ley; hecha la trampa. En muchos casos, los abogados eligen a los jueces acudiendo a las comisarías en el momento adecuado con denuncias forzadas o que no cumplen con los requisitos de flagrancia. Por supuesto que para esa trampa precisan de la complicidad de la comisaría y especialmente de la complicidad del juez. Ese método, conocido en tribunales como forum shopping, es el que eligió María para hacerse dueña del «Yomagate», como pronto llamaron los diarios al escándalo que sacudió a la intimidad del Presidente.

María activó el forum shopping desde su despacho del Palacio de Justicia, acompañada de sus primeras lechuzas y delante del mismísimo sospechoso, Mario Caserta, a quien invitó a sentarse frente a ella cuando levantó el teléfono y llamó a un comisario amigo, Roberto Ruiz, para anunciarle que le iba a enviar a otro amigo a hacer una autodenuncia. Así de simple. Así de fácil. La jugada había sido planeada junto al presidente Menem y los muchos intermediarios del gobierno que la visitaban cada día. María se hizo cargo del exhorto que llegó desde España, pero lo escondió en la caja fuerte de su juzgado y empezó a actuar a su antojo. Por cierto que alguien debía pagar y ese fue Caserta. María ordenó su detención, pero hizo todo lo posible por demorar la investigación. Tomó declaraciones inútiles, destruyó pruebas, adulteró otras, ordenó medidas que solo servían para confundir o para ganar tiempo. Detuvo incluso a personas equivocadas.

En ese tiempo aprendió a desconfiar. La llevaron a eso sus propios empleados, porque fueron ellos los que fueron filtrando y dando a conocer desde el ocultamiento de pruebas hasta las reuniones que tenía con los enviados de la Casa Rosada. A algunos de ellos María llegó a denunciarlos y los persiguió por años. Pero eso no cambiaba el fondo de la historia. En cuestión de meses, su nombre ocupó cientos de tapas de diarios y fue apertura de todos los noticieros, logrando que el gran público supiera de la existencia de una casta silenciosa y vital, la de los jueces federales.

A nadie podía serle indiferente y menos a los que trabajábamos en Tribunales y nos tocaba tan de cerca. Fue Miguel Pons, el titular del juzgado donde yo trabajaba, quien se atrevió a indagar en las denuncias que circulaban en contra de María. Fue allí mismo, en el tercer piso del Palacio de Justicia, donde me tocaba llegar cada mañana a las 7.30, donde comenzó a crecer un expediente con denuncias y pruebas sobre el operativo de encubrimiento que se estaba gestando. Pons la culpó de haberle anticipado al gobierno cada medida procesal, de ocultar información a los fiscales (nada menos que el exhorto) y de emitir órdenes de allanamiento mal hechas a propósito. Detectó al menos dos reuniones concretas, descriptas en día y lugar, entre el presidente Menem y María. La primera había sido en la quinta de Olivos y la otra en la casa de Jorge Antonio, el hermano del Loco de los siete tiros. Pons la procesó por delitos gravísimos, como prevaricato (decidir de manera arbitraria), abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes del funcionario público. Podría haber terminado presa, María, pero nada de eso ocurrió.

Tengo un recuerdo algo difuso sobre esos días. Recuerdo a los periodistas apostados en la puerta del Palacio de Justicia o golpeando la puerta de la mesa de entradas para buscar información que, por supuesto, los empleados de las categorías más bajas del escalafón no teníamos autorización para dar. Recuerdo los bigotes del periodista Román Lejtman, quien seguía obsesivamente el caso. Recuerdo los artículos de Horacio Verbitsky, que anticipaban algunos de los libros de denuncia periodística más importantes de la época. En mi cabeza ya estaba la idea de irme de ese mundo de trajes y trampas para dedicarme a contarlo. Esa idea se estaba fortaleciendo, sin que yo lo supiera.

¿Qué pasó con la causa de Pons? María se declaró ofendida y apeló su procesamiento para que fuera revisado. Como el conflicto cruzaba a dos jueces de igual rango, debió intervenir la Corte Suprema. Por supuesto, ya era la Corte que Menem había diseñado a su gusto. Los jueces reconocieron la existencia de los delitos que había exhibido el juez Pons, pero argumentaron que se trataba de «faltas menores». Al final le aplicaron una sanción económica: se le descontaron apenas sesenta pesos de su sueldo. Era el equivalente a lo que se gastaba María en una cena en Cló Cló, su restorán predilecto de la Costanera Norte, donde empezaba a transitar la noche.

El Yomagate inició un formidable período de mediatización de los acontecimientos judiciales y puso en evidencia lo que estaba ocurriendo. Todos acudimos al espectáculo del caso y pudimos ver lo que estaba pasando. Si la Justicia hubiese buscado la verdad, si se hubiera intentado probar lo que había pasado, seguramente las condenas hubieran sido inmediatas y contundentes, Amira nunca hubiera sido sobreseída y con certeza se hubiera conocido mucho más del escándalo, que implicaba también a otros secretarios del Presidente y tal vez al mismo Menem.

Pero ocurrió que la Justicia decidió cuidar al poder. Todos lo vimos. Por primera vez de manera flagrante. El escándalo fue tapa de diarios durante meses, se escribieron libros que fueron récords de venta, los programas de televisión debatían el caso, María se hizo conocida como nunca antes ninguna jueza federal. Las cosas no solo continuaron así, sino que se iban a profundizar todavía más. Las irregularidades que había cometido María en la causa llevaron su caso al Senado, donde se debió analizar si debía ser sometida a juicio político por su mal desempeño. Pero el Senado entendió que la sanción de los sesenta pesos había sido más que suficiente y le perdonó la carrera. ¿Por qué lo hizo? Por supuesto, porque la mayoría peronista le devolvió a María la protección que ella le había dado a Menem y a su familia. La Justicia y la Política empezaban a abrazarse, en un proceso de intoxicación mutua que no iba a detenerse más.

Pero hubo algo que pasó desapercibido, algo que no fuimos capaces de ver los demás. María lo comprendió en silencio durante esos meses de intrigas e histeria. Y lo acunó para sí, por supuesto. Descubrió que su poder no solo se encontraba en haber ocultado un exhorto donde se pedía la detención de los implicados, ni en haberle anticipado al Presidente lo que iba a hacer, ni en haber simulado dureza con Amira para en realidad no avanzar en la investigación. En esos meses de escándalo y locura, María comprobó la angustia que generaba en Menem, en Amira y en todos sus enlaces con el gobierno la detención de Mario Caserta, ese personaje secundario que se había sacrificado con unos años de cárcel. Caserta era el enlace de los narcotraficantes con el gobierno de Menem y por lo tanto el hombre que podía describir en detalle toda la operación. Pero en vez de hablar, decidió ceder y aceptó la prisión en silencio. En absoluto silencio.

¿Se imaginan el daño que hubiese producido si hablaba? ¿De lo que era capaz de provocar? Caserta tenía en su voz la fuerza para señalar a quien quisiera y generar un temblor político descomunal. Y sin embargo no lo hizo. Nunca. No abrió la boca.

María observó la amenaza latente que significaba su silencio. La eventualidad de su daño. Empezó a descubrir la fuerza del dedo arrimándose peligrosamente al gatillo.

Era el temor y no la certeza lo que movía al mundo.

19.

Hemos dicho que María no es honesta, como lo fueron unos pocos en la justicia federal. Yo trabajé con uno de ellos, el juez Pons. Nombrado en los primeros años del alfonsinismo, de carrera judicial, era un hombre simple dedicado a buscar lo que los jueces debían: una verdad probable, una posibilidad de certeza judicial. No pueden aspirar más que a eso. En un escenario para la resolución de los conflictos humanos, el servicio de justicia no siempre puede reparar los daños producidos, pero puede acercar una aproximación a la verdad que sirve para calmar a las almas en pena. La verdad probable, la verdad más aproximada posible. Pons, en más de ocho años como juez federal, había indagado en hechos de corrupción, había investigado estafas, organizaciones dedicadas a la adulteración de documentos, había perseguido bandas de falsificadores de marcas y había indagado en hechos de corrupción. Lo había hecho sin ser cómplice de los otros poderes del Estado, sino su contralor. Un juez como muchos otros en otros fueros, pero que iban a ser una rareza en el fuero federal.

Por supuesto que no era fiable para el gobierno de Menem. Por eso le llegó la oferta del ascenso. Después de enfrentarse a María y de sentir el desplante de la Corte Suprema, Pons recibió el ofrecimiento para «ascender» a uno de los tribunales orales que se crearon en el año 1993 como parte de una serie de reformas formales en todo el fuero. Parecía una promoción, pero todos sabíamos que lo estaban corriendo de lugar. Los tribunales orales, que iban a ser cuatro y más tarde seis, recién se formaban e iban a tardar años en recibir causas importantes para dictar sentencia. Además, iban a ser el último eslabón del proceso de búsqueda de Justicia. A los tribunales orales iban a llegarles juicios ya dirigidos, ya investigados o no, ya encubiertos o no.

El ascenso de Pons y mi salida de Tribunales fueron más o menos coincidentes en el tiempo. Atrás, él dejaba una historia inconclusa, la de la justicia federal que no pudo ser; yo apenas mi puestito de escribiente. Porque el pinche había dejado su lugar a otros pinches y ya se había convertido en escribiente, la siguiente escala de la jerarquía judicial. Vaya orgullo. Para ese tiempo ya estaba a cargo de algunas causas (tenencia de drogas, falsificación de documentos, adulteración de patentes), y tomaba declaraciones testimoniales o indagatorias, tecleadas en una máquina de escribir ruidosa y torpe. Con el tiempo esas máquinas iban a ser reemplazadas por computadoras, pero veinticinco años más tarde todos los acontecimientos del proceso se iban a seguir imprimiendo y guardando en papel. La tecnología parecía causar estupor en Tribunales.

Cuando abandoné el juzgado para dedicarme al periodismo, me fui con la convicción de que algunos de mis compañeros llegarían a los puestos de jerarquía del Poder Judicial. Dicky, por ejemplo, de apenas más de veinte años, era un estudiante brillante, sobrino de un juez civil de prestigio, rabioso estudiante que se quedaba hasta la caída del sol analizando el expediente que le habían asignado. O Florencia, de treinta y pico, ya prosecretaria, siempre pulcra y ordenada, que caminaba con sus elegantes tacos entre los escritorios de sus subordinados y nos retaba si dejábamos algún expediente a la vista o si comíamos en horario de atención al público. O Fabricio, por supuesto, abogado, listo para dar el salto, que se había especializado en las investigaciones que nadie quería, las tortuosas causas sobre estafas contables al Estado o sobre malversación de fondos públicos. O Julio, el picante del grupo, de aspecto desordenado, solterón y mujeriego, al que todos los jóvenes admirábamos por su gracia y porque era, todos lo sabíamos, el que mejor redactaba y elaboraba resoluciones y sentencias. Donde yo trabajaba éramos entre quince y veinte personas. ¿Cuál de todos ellos, a los que yo sabía honestos, talentosos y apasionados, llegaría a ser fiscal o juez de la Nación?

20.

Nada de todo se puede explicar sin entender que el poder de los jueces federales late y respira al ritmo de la política y de los gobiernos de turno. No debería ser así, pero lo es desde hace años, ya veremos cómo y cuánto. María lo sabe mejor que nadie y puede contar de sus encuentros con todos los Presidentes. A Isabel Perón no la conoció cuando la viuda de Perón la erigió como jueza, pero la trató años más tarde, en los años ochenta, cuando Isabel viajó a Buenos Aires para declarar frente a María, durante una tarde interminable, para desligarse del robo de joyas que le atribuían los militares que la habían arrebatado el poder. A Raúl Alfonsín lo trató de a ratos, cuando el Presidente que gobernó la recuperación de la democracia lidiaba con ella para conseguir la aprobación de listas y contiendas electorales del radicalismo de los años noventa. Con Duhalde iban a idear y tejer, en el 2003, una de las decisiones políticas más trascendentes en la historia del peronismo. A De la Rúa lo sufriría por otras razones, tiempo más tarde, en una plaza cargada de furia y locura. Ya hablaremos de los Kirchner. Ya de Macri. Pero con ninguno se vio tanto y con tanto secreto como con Menem. La podemos imaginar junto al Presidente en la quinta de Olivos, acordando los detalles del Yomagate para parecer que pegaba donde no lo hacía, rondando la verdad pero sin querer alcanzarla. Alguien la describió (¿fue Lejtman, fue Verbitsky?) sentada en la cama de dos plazas de la habitación presidencial de Olivos, junto a Menem, Jorge Antonio y César Arias, uno de los arquitectos jurídicos del menemismo. ¿Habrá mirado a sus interlocutores con la misma intensidad que yo le conocí? ¿Habrán sentido ellos el peso de esos ojos que parecen sopesar cada pestañeo, cada movimiento de las pupilas, que parecen querer penetrar en el alma de su interlocutor?

María perdió la causa del escándalo pero logró dañar la investigación lo suficiente para que Amira Yoma solo pagara con unos días de cárcel. En el trance se hizo amiga de la acusada. Así es, se hizo amiga de Amira. Compartieron cenas, el teléfono del modista, el contacto del cirujano plástico, y al tiempo Amira pasó a ocupar un lugar en su círculo de confianza, un círculo donde la jueza es el centro exacto de un universo con claros límites territoriales: el living de su departamento. Aprovechando que los sábados el brigadier se iba a navegar al río con sus amigos (ya habían comprado su segundo velero), María comenzó a reunir en su nido a las amigas que elegía para sí: empleadas de su confianza, diputadas, colegas de la justicia, contadoras, abogadas, algunas mujeres de poder y otras sin nombre. Las tertulias, que iba a mantener por años, empezaban con té y macitas y acababan entrada la noche con whisky y sandwiches de miga. Como la gran lechuza, María observaba y controlaba todo lo que pasaba a su alrededor y hacía valer su decisiva opinión sobre el colegio de los hijos de las demás, organizando fiestas de casamiento, invitando pasajes para una escapada a Punta del Este o intercambiando el teléfono del modista amigo y del cirujano.

Pero como a un error le suelen seguir otros, volvió a meter la pata dos años después del Yomagate, cuando se enteró que el humorista más talentoso de la televisión, el genial Tato Bores, estaba por hacer una parodia en su contra. Tato tenía uno de los programas más vistos de la televisión y era uno de los hombres más queridos e influyentes del país. En su ciclo de ese año, tenía un sketch muy festejado donde interpretaba a Helmut Strasse, un arqueólogo del futuro que en el año 2492 llegaba a estas pampas para recoger los rastros de un país imposible que, según la leyenda, se había llamado Argentina. Alguien debió contarle a María que el arqueólogo Strasse iba a encontrar nada menos que un viejo recorte periodístico, del lejano 1992, donde se informaba de la sanción de los sesenta pesos a una tal Servini. Horas antes de la emisión del programa, un viernes de octubre, presentó un amparo pidiendo la suspensión del ciclo, alegando que se estaba por dañar su buen nombre y honor. Por supuesto que el planteo ignoraba que la Constitución argentina impide la censura previa, pero de todos modos logró lo que buscaba y el programa fue censurado. El tiro le salió en contra. A la hora del programa, en vez de ver al arqueólogo del futuro, los televidentes encontraron a Tato Bores acompañado por casi un centenar de artistas y deportistas y famosos aplaudiendo y cantando a la pantalla una canción que le iba a doler para siempre.

La jueza Barú Barú Budía,

la jueza Barú Barú Budía,

es lo más grande que hay…

Allí estaban El Flaco Spinetta, Susana Giménez, China Zorrilla, Gustavo Cerati, Jorge Guinzburg, Enrique Pinti, Fernando Bravo, Magdalena Ruiz Guiñazú, Alejandro Dolina, Mario Pergolini. Referentes de la cultura, del espectáculo, del periodismo, todos unidos para hacerle saber a todos los argentinos quién era esa jueza, la que no podía ser nombrada.

Pero el tiempo, ya sabemos, es un aliado si se lo sabe transitar con paciencia. La jueza Barubarubudía fue tal vez la primera en estar en boca de todos los argentinos, pero estaba a punto de ser eclipsada o al menos opacada por muchos otros jueces cuyos nombres iban a transitar otros escándalos y otros desvaríos. El gobierno de Menem siguió profundizando su plan de colonización de la Justicia y produjo la transformación final de la justicia federal. Se crearon tribunales para llevar a juicio oral la resolución de los casos y se multiplicaron los juzgados federales. Ya no iban a ser solo seis jueces; ahora serían doce. Los Doce.

21.

En nuestra primera cita, antes de la última botella, María me habló de Jaime Stiuso.

—Yo soy muy amiga de Jaime.

Por supuesto, yo ya lo sabía. ¿Hacía falta que me lo recordara? ¿Por qué lo hacía?

Mi primer libro sobre Jaime Stiuso, La SIDE, se había publicado hacía una década, en el 2006, y su ampliación, Código Stiuso, se había editado en el 2015. María aparecía mencionada en esos libros, porque era una de las jueces más cercanas a Jaime, el espía más poderoso de la Argentina en cuatro décadas. Se habían conocido en la década del noventa, durante una investigación contra los hermanos Rohm, dos banqueros a los que se acusaba de lavar dinero de la corrupción. Desde entonces María y Jaime habían trabajado en decenas de causas sobre los delitos complejos que son, junto a los casos de corrupción, exclusiva tarea de investigación de los juzgados federales: narcotráfico, lavado de dinero, falsificación de documentos, compraventa ilegal de armamentos o actos de terrorismo. La confianza construida entre ellos había ido creciendo a través de los años y, a pesar de varios tropiezos, seguían mucho más cerca que lejos.

«Yo soy muy amiga de Jaime.»

La definición de María inquietaba. Los amigos de Jaime no andaban por ahí confesándolo. Menos aún en los juzgados federales.

Por supuesto que ese no era el único nexo entre María y la SIDE. A medida que vayamos profundizando el relato, veremos que los puentes son variados y que irán mutando a medida que vayan cambiando los gobiernos. Distintas fuentes, en diferentes episodios, ubican a María atendiendo cuestiones laborales desde la mismísima sede de la SIDE, hoy llamada Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a pocos metros de la Casa Rosada. Distintas fuentes, en variadas circunstancias, conectan a ella y a otros jueces federales con el servicio secreto del Estado. ¿Por qué? ¿Qué hace una jueza en la sede del servicio secreto? ¿Por qué se hace amiga de sus más temibles agentes?

La conexión entre los jueces y el espionaje se generó de manera sistemática en la década del noventa. Hugo Anzorreguy era el jefe de la Inteligencia y, como dijimos, fue uno de los responsables de idear el sistema de contención que preparó el menemismo en la Justicia. Era un abogado de mucha trayectoria en el fuero penal, que participaba de la elección de los jueces y aspiraba a un poder de influencia cada vez mayor. Lo que hizo estaba por cambiar para siempre la historia de la Justicia federal.

Hasta ese momento, cuando los jueces encaraban una investigación podían recurrir a la policía o a los gendarmes o a la Prefectura, que eran los organismos de seguridad designados como auxiliares del sistema penal. Hasta que Anzorreguy les ofreció su servicio: por qué no valerse de los agentes de Inteligencia, dotados de fondos reservados, con capacidades y recursos únicos para hacer seguimientos, intervenir teléfonos o incluso infiltrarse en bandas delictivas. El argumento parecía simple y era difícil de rebatir. La SIDE ya no era la SIDE que había torturado y desaparecido personas durante la dictadura militar, así que había que aprovecharla en tiempos democráticos para sumarla a la persecución del delito. A nadie se le ocurrió que esa colaboración iba a enturbiar para siempre a la Justicia federal. A nadie le importó que se estaba gestando un sistema que, en vez de ayudar a los jueces, pretendía controlarlos.

El primero en recorrer los despachos en el nombre de la SIDE fue un abogado llamado José Pepe Allevato, director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría. Pepe era familiar y amigo de Anzorreguy. Era un hombre de pocas palabras, de una elegancia fina y cordial, que entraba a los juzgados con una sonrisa gigantesca y ofrecía los servicios del espionaje como quien regala billetes de la lotería con premio asegurado. Poco a poco fue conquistando a cada uno de los jueces, a María entre ellos. Pepe asistía a los brindis de fin de año, era invitado a los cumpleaños del personal, se enteraba de los procesos judiciales como si fuera un funcionario más. A cambio de eso ofrecía favores que fueron subiendo de precio, a medida que las barreras morales se iban diluyendo. Al principio ofrecía pasajes y estadías para congresos en Europa, donaba las primeras computadoras que se insertaban de a poco en las Secretarías, les conseguía empleo para las mujeres, los hijos o las amantes. Con el tiempo, la colaboración entre Pepe y los jueces se llegó a materializar en los sobres que dejaba cada vez en casi todos los juzgados. En esos sobre había «refuerzos» a los sueldos de los jueces. Sobresueldos. Coimas.

Entonces entraron en escena los espías. Jaime Stiuso, sobre todo. El amigo de María.

22.

La creación de nuevos juzgados obligó al gobierno de Menem a dotar a la Justicia federal de un nuevo edificio, casi exclusivo. A mediados de los noventa, los juzgados federales se mudaron del Palacio de Justicia a una mole de cemento de la zona del puerto que había pertenecido a la Dirección de Migraciones. La dirección es conocida por todos. En la avenida Comodoro Py al 2002. Una monumental caja de cemento, sin gracia, organizada en siete pisos y un sótano repleto de ratas que se empecinan en volver después de cada fumigación. Los sonidos del viento y del río, las sirenas de los barcos o el crujir de las grúas moviendo contenedores acompañan la leve sensación de que no se está dentro de la ciudad sino en un territorio mucho más alejado. Hacia allí fueron todos los jueces federales, los secretarios, escribientes, ordenanzas, también los agentes penitenciarios con sus reos sin cordones y las miles de toneladas de expedientes cosidos por esforzados pinches, junto a las viejas máquinas de escribir y las primeras computadoras. María ganó allí su segundo despacho, el del juzgado federal 1, en el tercer piso, ala Este, sin ventanas. Allí iba a concentrar las causas dedicadas a la investigación de delitos federales. En el Palacio de Justicia iban a quedar exclusivamente sus asuntos de la Justicia electoral.

La expansión del fuero le fue muy funcional, al menos al principio, ya que encontró la oportunidad de recluirse y dejar de recibir encargos oficiales. María había pagado los favores con el Yomagate; ahora que se ocuparan otros, que por algo habían sido elegidos a dedo, la mayoría de ellos recién salidos de la maquinaria menemista. Aparecieron de un día para el otro, como caídos del cielo (o del infierno). Con sus trajes elegantes, sus perfumes importados y sus secretarias salidas de concursos de belleza, esos jueces iban a generar una revolución en los tribunales federales. Claudio Bonadío, Adolfo Bagnasco, Jorge Urso, Gabriel Cavallo, Jorge Ballesteros, Carlos Liporaci, Norberto Oyarbide, Juan José Galeano, Gustavo Literas, Carlos Branca, Rodolfo Caniboca Corral. Usaban barbas cortadas en peluquería, se movían en autos de alta gama, tenían la mirada altanera de los que llegaban para quedarse. Parecía bastante coherente. La frivolidad de un gobierno afianzado en el champán y la pizza tenía su correlato perfecto en los tribunales que debían controlarlo. La mayoría de ellos no tenía antecedentes mínimos para los cargos que iban a ocupar; algunos ni siquiera habían trabajado en Tribunales. Pero todos tenían un padrino, un responsable político que iba a responder por ellos y a los que ellos iban a responderle. Eran conocidos, todos lo sabían. El responsable de Claudio Bonadío era el ministro del Interior, Carlos Corach, al que también le respondían Oyarbide y Liporaci. El de Urso era Miguel Ángel Toma, en ese tiempo diputado y más tarde jefe de la SIDE. El de Galeano era Anzorreguy y el de Literas era el senador oficialista Eduardo Bauzá. Cada cual tenía un dueño, un jefe político con el que hablaban y negociaban, al que debían anticiparle los fallos más delicados o con los que acordaban cerrar causas o enviarlas al fondo de los armarios. Jueces y padrinos. Padrinos y jueces. El tiempo iba a sacar algunos nombres y a poner otros. Lo que no iba a modificarse, ya no más, era la relación de cercanía de los jueces con el poder político, la promiscuidad de una relación demasiado íntima.

Y empezaba, así, el primer período de La Gran Simulación.

23.

¿Para qué sirve la Justicia?

Llevo años haciendo la misma pregunta a víctimas de distintos delitos aberrantes. A familiares de la represión criminal de la dictadura militar (1976), a los sobrevivientes del atentado a la AMIA (1994), a las madres de los chicos muertos en el incendio de Cromañón (2004), a los familiares del choque del tren en la Estación de Once (2012). Madres que perdieron a sus hijos bajo la picana sobre una cama elástica, devorados por los escombros, asfixiados con veneno en una discoteca o atrapados en los hierros torcidos de una máquina lanzada contra una estación de trenes. Los familiares de los muertos cargan con el dolor sobre la espalda e inician un tortuoso camino para buscar a los culpables y que la Justicia los condene. ¿Para qué lo hacen? ¿Qué buscan de la Justicia? La respuesta es más o menos la misma, siempre. La justicia, dicen los que le reclaman, trae calma. La justicia trae paz. No mitiga el dolor, no devuelve a los muertos. Pero permite que las heridas empiecen a cerrarse. Empuja el pasado a su sitio. Le pone un corte. No anula la historia, pero al menos organiza el caos. Pero no solo lo hace para las víctimas o para la sociedad a la que pertenecen esas víctimas. Lo hace, también, para los culpables. Lo decía Hannah Harendt, la gran intelectual alemana de la postguerra: la sentencia es el derecho del criminal. Porque también para él es la clausura de un ciclo. También para él es el agotamiento de algo que se venía rumiando en su interior.

Pero, ¿qué ocurre cuando la justicia no se define nunca?

24.

La Gran Simulación.

Desde que se pusieron en marcha los doce juzgados federales y durante todo el menemismo, no hubo un solo detenido importante por corrupción.

Ni uno.

Es curioso, o más bien paradójico. Nunca se había hablado tanto de corrupción como en la década del noventa. Y sin embargo, nunca se había hecho tanto para encubrirla. El gobierno de Menem decidió una profunda reforma del Estado, que supuso la privatización de muchas empresas públicas y la desregulación y apertura de la economía. Uno de los argumentos centrales para hacer esa transformación era, en palabras del Presidente, «enfrentar y desarmar la corrupción estructural heredada». Así fue como en los años noventa se privatizaron a bajísimo precio y altísimos retornos decenas de empresas públicas; se dirigieron a dedo licitaciones multimillonarias; se pagaron coimas para contratos escandalosos; se pagaron sobresueldos y hasta se vendieron ilegalmente armas del Ejército por todo el planeta. Fue uno de los procesos políticos más corruptos de la historia reciente y se calcula que en los juzgados federales de Comodoro Py se abrieron unas 700 causas por supuestos delitos contra el Estado.

Pero no hubo un solo detenido importante. Ni uno.

La justicia federal hacía como que investigaba. Pedía pruebas, ordenaba informes periciales, citaba testigos o incluso procesaba a sospechosos. Pero el resultado final era siempre el mismo.

La Gran Simulación.

Hubo crónicas que lo denunciaron, se escribieron libros que fueron best sellers retratando la promiscuidad de la relación entre los funcionarios públicos y los jueces, y hasta hubo un ministro, Domingo Cavallo, que describió a otro ministro, Carlos Corach, poniendo los nombres de los jueces a su mando en una servilleta de papel.

La Gran Simulación funcionó, porque en el fondo a nadie pareció importarle.

Los jueces y los funcionarios, acopiados como en un club, se juntaban en la quinta de Olivos, almorzaban en los lobbys de los hoteles cinco estrellas, mientras tanto se enriquecían.

La Gran Simulación.

Repleta de ejemplos.

A Gerardo Sofovich, una figura legendaria de la tele que en 1992 había hecho desaparecer cinco millones de dólares del canal público, se lo «investigó» durante 9 años hasta que el juez Norberto Oyarbide cerró el caso sin condenarlo porque consideró que había prescripto la causa por exceso de tiempo de proceso, es decir, por su propia incapacidad para investigarlo a tiempo.

A Víctor Alderete, titular del PAMI y amigo del presidente Menem, se le abrieron 17 expedientes por distintas irregularidades en el organismo que dirigía. Tanto tardaron en llegar a juicio oral que las causas acabaron en la nada, también por ser declaradas prescriptas.

Uno de los casos de corrupción más escandaloso fue la contratación con sobreprecios de parte de la ANSES de un sistema informático de la empresa IBM. El hecho ocurrió en 1996. La investigación incluyó 36 indagatorias, 150 testimonios, dos peritajes contables, uno informático. En el camino hubo procesamientos, a los que le siguieron apelaciones, recursos de queja ante las Cámaras de Apelaciones y recursos extraordinarios ante la Corte Suprema. Al final, otra vez, se declaró prescripto.

El propio Menem fue investigado en decenas de causas y no pasó nada. Al menos hasta que dejó el poder. Meses más tarde, presionado por el nuevo gobierno y desbordado por pruebas incriminatorias, el juez Jorge Urso, que lo había encubierto durante años, aceptó ordenar su arresto domiciliario. Parecía un golpe, pero era solo un amago. Menem se iba a convertir en senador e iba a protegerse en los fueros parlamentarios para seguir como si nada.

Para ver una condena real hubo que esperar hasta el 2004. Cuando la ex secretaria de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray, fue condenada por enriquecimiento ilícito. Demasiado poco y demasiado tarde. Cientos de causas, para un puñado de respuestas tardías.

La Gran Simulación.

A la vista de todos.

El país se hundía en un proceso que garantizaba impunidad.

25.

Las lechuzas de María, mientras tanto, seguían creciendo.

Sus hijos Juan Carlos y Eduardo terminaron el secundario y luego se recibieron de abogados, como estaba escrito.

Sus amigas nunca faltaban a las tertulias de cada sábado en su departamento de Coronel Díaz, mientras El Brigadier, como de costumbre, se iba a navegar al río.

A María se le conocieron amantes, los primeros de muchos. El más comentado era un juez de instrucción que tenía su despacho cerca del suyo en el Palacio de Justicia. Era un hombre introvertido y serio, de trayectoria y con un respeto ganado en todo Tribunales, al que María llevaba a reuniones sociales, invitaba a los cumpleaños de sus amigas, casi que lo mostraba como su novio de cama afuera, sin importarle demasiado si al Brigadier le llegaban o no los comentarios.

Y durante años se recostó en la simulación, más silenciosa que nunca.

Y comenzó a lidiar con Jaime.

En ese tiempo Stiuso era el jefe de Operaciones de la Dirección de Contrainteligencia de la SIDE. Era el segundo del área más poderosa de la SIDE y el encargado de los operativos de seguimiento e Inteligencia. Cuando Anzorreguy ofreció los servicios del espionaje a los jueces, fue Jaime quien comenzó a golpear las puertas de los despachos. Si debían investigar a una banda de narcotraficantes, era él quien explicaba cómo se harían los operativos, qué teléfonos interferir, era el responsable de infiltrar agentes si era necesario. Jaime era un hombre pequeño de aspecto sencillo, se presentaba en Comodoro Py de jean y remera sin cuello, mostraba sus recursos dentro de un sencillo portafolio, acercaba carpetas con información calificada y secreta sobre los sospechosos.

Los primeros casos que compartieron fueron en contra de narcos. Eran tiempos donde la presión de la DEA y la Embajada de Estados Unidos ofrecían recursos económicos para demostrar que la lucha contra el mal se expandía por estas tierras. María era una mimada de la Embajada, solía ser invitada a sus cócteles y a sus congresos en Washington. Jaime era un enlace. Era El enlace.

Pero si hubo un caso que los asoció, que los hizo conocerse en jornadas interminables, ese fue el de los hermanos Carlos y José Puchi Rohm. Dos banqueros, dueños del Banco General de Negocios, acusados de esquivar los controles del Banco Central para sacar del país cientos de millones de dólares. María comenzó a investigar el caso en 1997 y lo administró durante años. Ordenó pericias contables, revisó en sus nexos visibles y secretos, revisó sus cuentas más y menos públicas. Jaime recibía los encargos y ella los analizaba. Pasaban horas hablando por teléfono. Encontrándose en el tercer piso de Comodoro Py. Hablando de sus hijos y de conocidos en común. Como para María no hay relaciones si no son personales, pronto lo invitó a su cumpleaños, le presentó al Brigadier, lo acercó a sus amigas de los sábados y le pidió teléfonos de la Secretaría de Inteligencia para hablar sin ser escuchada (o para sentir que no era escuchada). La intensidad de María se trasladaba a todos los escenarios. Era siempre a todo o nada. Así que se sintió amiga de Jaime. Y cuándo él le contó que andaba buscando un trabajo para Silvia, su hija mayor, María no dudó un instante y la nombró en su planta de personal permanente. Silvia Stiuso también iba a empezar de pinche. Gracias a María y a Jaime. Una relación que nos llevará a lugares que no quisiéramos.

26.

La frase es famosa en Tribunales y, como tantas otras, se le atribuye al general Perón. «Con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes».

En 1999 Menem dejó el gobierno y los jueces que durante todo su mandato habían simulado investigar, de pronto parecieron hacerlo en serio. Un poco, no demasiado, pero lo suficiente para generar esa sensación de Justicia que se les reclamaba.

Dijimos que Urso mandó detener a Menem. Justo él, que había sido el más pusilánime de todos, ordenó su arresto domiciliario el 8 de junio del 2000, situación que el ahora ex Presidente debió soportar durante varios meses alojado en la quinta de Don Torcuato de su amigo Armando Gostanián. La acusación era gravísima: organizar la venta ilegal de armas de guerra de fabricación argentina a países en conflicto como Ecuador y Croacia.

Con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes.

Apenas se fue Menem comenzaron a prosperar los viejos expedientes dormidos en los armarios de los juzgados. María avanzó sobre los hermanos Rohm, de fuertes lazos con el menemismo. Y en los juzgados vecinos se activaron las causas contra María Julia Alsogaray y parecieron cobrar vida las denuncias contra Alderete y contra Sofovich y se reflotaron las investigaciones sobre cuentas secretas y millonarias que la familia de Menem tenía ocultas en Suiza. Uno tras otro, los expedientes parecieron salir de su estado de inconsciencia para decirle al país que la Justicia es lenta pero llega, finalmente.

Con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes.

Ya volveremos a usar la frase, cada vez que haya un cambio de gobierno. Porque las mañas se aprenden y se contagian. Porque las reglas que no se rompen están destinadas a perpetuarse.

El gobierno que heredó a Menem no dio demasiado tiempo para demostrar una ruptura de época. La crisis económica primero y la política después, hicieron de la gestión de la Alianza una experiencia espasmódica. Que terminó mal. A los tiros en la Plaza. Con María en el momento y en el lugar menos indicados.

27.

Además de ella, están los otros. Que se las traen. En la década del noventa hubo una manera de llamarlos. Eran Los jueces de la servilleta. El nombre salió del ingenio del ministro de Economía, Domingo Cavallo, cabeza visible de una de las dos posiciones que se habían lanzado a la guerra de guerrillas dentro del propio gobierno. Cavallo se enfrentaba con furia al ministro del Interior, Carlos Corach, y denunció que su archienemigo le había anotado en una servilleta los nombres de los jueces federales que le respondían. Eran casi todos, por supuesto. Uno de los nombres más obvios era el de Claudio Bonadío. Fortachón y de pelo largo, con campera de cuero y aspecto motoquero, Bonadío había llegado a Comodoro Py directamente desde la Casa Rosada. Su trabajo anterior había sido el de secretario de Legal y Técnica de la Casa Rosada, a las órdenes del mismísimo Corach, de quien nunca llegó a desligarse. De pasado peronista, ligado a las huestes de la derecha más salvaje, Bonadío era un hombre de armas tomar y pronto haría gala de sus mañas y de su temperamento. Su historia intenta ocultar ese episodio del que se habla en voz baja por si las dudas. El 28 de septiembre de 2001 viajaba en su Audi negro junto a un amigo por la zona de Villa Martelli. Iban a comerse un asado a la quinta de un conocido, estacionaron el auto y cuando se bajaban fueron sorprendidos por dos muchachos que tenían la mala idea de robarles. El juez Bonadío no dudó un segundo. Metió la mano derecha dentro de su campera, sacó de su cinturón su vieja y querida Glock calibre 40 y los reventó a balazos. Un disparo le partió el cuello a uno de los ladrones y lo mató al instante. El otro intentaba girar para escapar cuando recibió seis disparos, cuatro de ellos en la espalda. No había que ser experto en criminalística para saber que esos disparos en la espalda podían generarle muchos problemas al juez. Eran la prueba de que el infeliz estaba intentando escaparse. La leyenda de esa noche improbable cuenta que Bonadío debió llamar a un comisario amigo, Jorge El Fino Palacios, para que enmendara cualquier dato peligroso del sumario policial. Así pudo eludir cualquier inconveniente.

Bonadío fue uno de los jueces más leales del menemismo. Pagó con impunidad a los gobernantes que lo apadrinaron. También le iba a hacer muchos favores al kirchnerismo, hasta que la relación se rompió y entonces fue por todo. Pero para eso falta todavía un largo recorrido.

Otro afortunado fue Adolfo Bagnasco, acaso el más emblemático de los jueces nombrados en la década de la frivolidad y el desparpajo. Con barba al ras y mirada de suficiencia, Bagnasco tejió y deshizo en algunas de las causas más famosas de la época, como la investigación por la escandalosa contratación desde el Banco Nación de un sistema informático de la empresa IBM. Bagnasco iba a saber cuándo saltar del barco, allá por el año 1999, y lo hizo con la ley de la servilleta: se compró campos, departamentos, desapareció de Comodoro Py convertido en un verdadero magnate.

¿Si hay más? Claro que hay. Pero a no apurarse, que falta lo mejor. Los círculos del infierno se deben transitar con cuidado.

28.

Al juez Urso se le atribuye la anécdota de la corbata, una de las más repetidas en la historia negra de Comodoro Py.

Dice así.

Urso tenía a un amigo abogado que se ocupaba de venderle los favores. Ese hombre negociaba los acuerdos en un restorán de la zona de Retiro, a pasos de la Plaza San Martín. Después de almorzar, el interesado en el acuerdo le pedía el favor y ofrecía un monto a pagar. Podía estar en juego una absolución o la postergación de un procesamiento o la aceptación de una eximición de prisión o cualquier otro recurso que le sirviera al poderoso y desesperado cliente. ¿Cómo se sellaba el acuerdo? El amigo de Urso le pedía al interesado que le dejara su corbata (la que llevara puesta) y le pedía que al otro día fuera a la oficina de la secretaria privada del juez para hacer alguna consulta tonta, trivial, sin importancia. El juez, advertido de la situación, debía aprovechar esa consulta para asomarse de su despacho a saludar y mostrarse cordial y educado. La clave estaba en el pecho. Si aparecía con la corbata del cliente, significaba que habían llegado a un acuerdo.

Por supuesto, nunca tendremos la certeza sobre esa anécdota. Urso fue denunciado por cobrar coimas a una empresa de casinos a la que investigaba por posibles estafas al Estado, pero esa denuncia, como todas, tampoco prosperó. Y lo que no se puede probar, se sabe, no existe en Tribunales.

¿Pero realmente significa que no existe?

¿Significa que no ocurrió?

29.

No tenemos la certeza, pero sabemos que la anécdota de la corbata es verosímil. Es indudable que en la década del noventa los jueces federales comenzaron a hacerse ricos o millonarios, en parte gracias a los abogados que gestionaban sus favores pero sobre todo gracias a lo que se pagaba, desde la Secretaría de Inteligencia, en concepto de «sobresueldos». La historia no comprobable sostuvo siempre que esos fondos se pagaban en sobres, pero no siempre parece haber sido así. Alevatto, el delegado de la SIDE, muchas veces dejaba caer un fajo de dólares sobre el escritorio del juez. Era un gesto simple, que ocurría con la naturalidad de un saludo al paso. En los años noventa esos fajos eran de 5 mil dólares, cada mes, y crecerían hasta triplicarse en pocos años más. Nadie hablaba de eso. Ni los jueces ni sus pagadores. Simplemente ocurría. Y generaba ahorros. Y conflictos inesperados, como le pasó años más tarde al juez Galeano, cuando en pleno trámite de divorcio fue intimado por su ex mujer a dividir también la parte de sus sobres extra.

Fueron tiempos de mucha prosperidad para casi todos los jueces. Carlos Liporaci compró una mansión fastuosa y ridícula en Vicente López, por la que luego iba a ser filmado en un programa de televisión y lo expuso de tal manera que decidió renunciar. Jorge Urso se aseguró una jubilación temprana para no trabajar nunca más. Luego nos detendremos en la mansión que Canicoba Corral se compró en Vicente López.

Pero hemos dicho que María no es corrupta.

¿No lo es, realmente?

¿No recibió, ella, nunca, esos fajos que dejan caerse sobre la madera de los viejos escritorios de Comodoro Py?

Hay que husmear un poco, hay que mirar. Empezaremos con una barrida por sus declaraciones juradas y por los registros de propiedad, para saber qué tiene a su nombre y qué tienen sus hijos y sus nueras, el primer cordón de sus relaciones personales. También hay que buscar en los registros de barcos. No hay que olvidarse que María fue criada junto al río, en San Nicolás, y que su marido se iba a navegar todos los sábados por la tarde. Y ver qué autos tienen. Y ver qué cuentas y qué declaraciones juradas.

María es dueña de tres departamentos en la ciudad de Buenos Aires. A medias con su esposo tienen un departamento de 92 metros cuadrados en la calle Gallo y otro en la calle Arenales, de dos ambientes. En la calle Lavalle hay un tercer departamento, también pequeño, que lo comparte con su hijo Eduardo. Tiene un cuarto departamento más en Mar del Plata, a medias con su hijo Juan Carlos. Es curioso, pero el departamento de Coronel Díaz donde vive no figura a su nombre ni a nombre de nadie de su familia cercana. ¿Será un error? María sostiene que no, que simplemente ha quedado a nombre de su madre. Es otro departamento, entonces, de poco más de 90 metros.

¿Qué más? En el registro de embarcaciones surge que sus hijos tienen un yate de casi diez metros de largo. No es gran cosa. Su valor de mercado ronda los 50 mil dólares. Hay otra embarcación: una lancha de 4,70 metros de eslora, de un valor cercano a los 25 mil dólares. Se llama «Too much». ¿Pero es realmente mucho? No lo parece. Salvo que esté ocultando algo, no parece tener bienes desproporcionados con la carrera de una mujer que lleva cuarenta años cobrando un sueldo de lujo, que no paga impuesto a las ganancias (ningún juez lo hace, todavía) y que no vive más que en un departamento de clase media o clase media alta de Palermo.

¿Desmiente todo esto que María sea corrupta?

Desmiente en parte una de las formas posibles de la corrupción, la del dinero.

O descalifica nuestra capacidad de ver.

O expone nuestra impotencia.

30.

Los jueces federales no intentan sopesar al poder, no pretenden ni controlarlo ni observarlo. Ellos se sienten parte del poder. Lo ha declarado Bonadío, sin culpa, hace algunos años: «Estamos para garantizar la gobernabilidad». En ningún lado de la Constitución dice eso, pero a los jueces federales les encanta afirmarlo, porque definiciones como esa justifican su inacción. María no solo lo dice sino que disfruta ocupando su lugar o avanzando sobre los otros poderes del Estado, especialmente cuando los otros poderes del Estado se muestran huidizos o ausentes. Pero nunca se sintió el epicentro del mundo como en la semana trágica de finales de diciembre del 2001, cuando en un puñado de días renunció De la Rúa y se turnaron en su cargo otros tres Presidentes, hasta que finalmente un quinto se hizo cargo del Poder Ejecutivo. María estaba de turno, lo que significa que era la jueza federal de oficio, la que debía intervenir ante la evidencia de conflictos de su competencia. Vaya si los hubo en esas horas cruciales.

El 19 de diciembre, un día antes de abandonar la Casa Rosada en un helicóptero, el presidente Fernando de la Rúa había intentado un último recurso para salvarse: decretó el Estado de Sitio por temor a saqueos y oleadas de protesta, pero generó justamente eso, una movilización callejera inédita contra todos los poderes públicos. Miles y miles de vecinos salieron a la calle golpeando cacerolas y gritando «¡Que se vayan todos!» contra De la Rúa y los dirigentes en general. El Presidente, recluido en su despacho, ajeno a lo que de verdad pasaba, a horas de volar del poder, dejó las riendas sueltas a las fuerzas de choque de la Policía Federal para que hicieran y deshicieran como sabían hacerlo, a palo limpio y balas de plomo.

La mañana del 20 María llegó temprano a su despacho de Comodoro Py y se sorprendió al ver a sus empleados encendidos frente al televisor. La pantalla mostraba a la Policía montada sacando a pechazos de yegua a las Madres de Plaza de Mayo. María le hizo un gesto a Carola, su secretaria, y mandó llamar al chofer:

—Vamos para allá.

Miles y miles de manifestantes rondaban la Plaza, desafiando los gases lacrimógenos, arrojando piedras contra la policía, enfrentando con cánticos y rabia a las fuerzas de seguridad, que a esa hora eran la última prueba de un poder obstinado que se resistía a tirar la toalla.

El chofer de María salió de Tribunales por el puerto y enfiló por las avenidas del bajo hacia el centro mismo de la acción. La patente oficial del Poder Judicial alcanzó para abrirles el paso frente a los primeros retenes policiales. Pero al llegar a la Plaza debieron detenerse y María siguió a pie. Entró a la Plaza por Diagonal Norte y se detuvo frente a la Catedral de Buenos Aires. En ese momento la Policía volvía a chocar contra los manifestantes. Lo que tenía ante sí era un espectáculo apocalíptico: carros hidrantes circulaban arrojando chorros de agua, policías a caballo sacudían sus palos al viento, se escuchaban sirenas, bombas de estruendo, disparos de escopeta, gritos asolados y cientos de jóvenes corrían de aquí para allá como guerreros desenfrenados, arrojando piedras o simplemente corriendo, muchos de ellos en cuero y con la cara tapada por pañuelos para evitar aspirar los gases lacrimógenos.

María se vio envuelta en esa escena y sintió que debía hacer algo. Para qué había ido hasta allí si no era para intervenir. La historia estaba transcurriendo delante de sus narices y tenía que dejar su huella. Acompañada de su chofer, avanzó hacia el centro exacto de la Plaza. Las imágenes de la televisión, que transmitían el caos, pronto detectaron su figura y comenzaron a seguirla. Vestía un traje impecable color gris oscuro, el peinado de peluquería mantenía todavía su rigidez, llevaba puestos los anteojos que usaba solo para leer y que no había llegado a quitarse. Los registros visuales la mostraban rodeada de humo y detectaron el momento en el que se le acercó un hombre alto, de traje gris. Era el comisario mayor Jorge Palacios, viejo conocido de María, el mismo que había ayudado a Bonadío en su defensa alocada de esa noche criminal del conurbano. Palacios conocía y trataba a todos los jueces federales. Ahora se ponía al lado de María, que lo saludó con un leve movimiento de la cabeza y agradeció su compañía.

El estruendo alrededor era ensordecedor. Los gases y el humo teñían el mediodía de una bruma seca y sucia. María empezó a dar órdenes o a querer dar órdenes. Levantó el dedo y señaló a los policías que montaban a caballo. Ante su presencia algunos parecieron moderar la persecución sobre los manifestantes. Pero la infantería, con sus palos y escudos, seguía combatiendo cuerpo a cuerpo con los muchachos que se les atrevían sobre Diagonal Norte y Avenida de Mayo. ¿Qué hacía María en medio del caos? ¿Daba órdenes para frenar la represión, como iba a decir después? ¿Y qué demonios estaba haciendo el comisario Palacios antes de su llegada?

La aparición de María había llamado la atención de los periodistas, que acercaron sus cámaras y sus grabadores y sus micrófonos para preguntarle qué hacía. «Voy a hablar con los jefes», se le escuchó decir.

María comenzó a caminar rumbo a la comisaría más cercana, la comisaría segunda. El zócalo del canal de noticias Crónica titulaba la escena: «La Jueza Servini de Cubría ordenó frenar la represión». Pero, ¿era eso lo que estaba ocurriendo? El reloj de la pantalla de la tele marcaba las 11.58. La temperatura era de 25,7 grados.

Al llegar a la comisaría, María ingresó al viejo edificio y las cámaras ya no pudieron seguirla. Todos la perdimos de vista. Desapareció frente a nosotros. Ingresó al territorio de lo incomprobable.

Mucho más tarde, cuando las secuencias de represión y muerte del 20 de diciembre comenzaron a ser analizadas, íbamos a saber que María se metió en la comisaría y pidió ver a los muchos jóvenes que estaban detenidos y que se preocupó por la salud de todos ellos y que se interesó por los que estaban alojados en otras comisarías. María era madre también. A María no le eran indiferentes esos muchachos que habían arrojado piedras de impotencia y habían recibido balas de goma como respuesta.

Pero hubo más, algo más, que no podremos conocer con absoluta certeza. Según varios policías, a las 14:08 de ese día, luego de estudiar el cuadro general de la Plaza y sus alrededores, de escuchar de parte de los jefes policiales un panorama de la situación, a las 14:08, ni antes ni después, María dio la orden de desalojar la Plaza. Así quedó asentado en los libros policiales que registraron lo que ocurrió esa jornada trágica y en la frecuencia de radio policial, donde se escuchó al comisario mayor René Derecho, a cargo del operativo, decir que María había ordenado desalojar la Plaza.

«Ya tenemos orden judicial para desalojar», dijo el comisario, y volvió a repetirlo. «Ya tenemos orden judicial para desalojar.»

Tras eso, lo ya conocido. Los caballos policiales arremetieron como nunca antes y las balas empezaron a sacudir los rincones del centro de la ciudad y las manchas de sangre cubrieron el asfalto y las veredas.

«Ya tenemos la orden judicial para desalojar», había dicho el comisario, y los sonidos de la represión duraron dos horas, hasta que el silencio se apoderó de las calles.

Al terminar el día se contaron 13 muertos. Ni uno era policía.

31.

¿Fue culpa de María la feroz matanza del 19 de diciembre? ¿Dio ella la orden de desalojar la plaza de la protesta?

Ella dirá que no.

Ella jurará que no.

Es probable que haya ocurrido como ella dice y jura.

En la versión de María, dio una orden para frenar la represión y esa orden no fue cumplida. Pero ya no podremos saber qué ocurrió con exactitud. Si tuvo culpas o no, es imposible saberlo. Porque quien se ocupó de investigar las trece muertes del 20 de diciembre, la cacería humana en la que se transformó esa represión callejera, fue la mismísima María. Ella, que había llegado ese mediodía a la Plaza, que se había metido en el corazón del caos, fue la encargada de indagar en las responsabilidades de cada una de las muertes. Si hubo alguna posibilidad de culparla, alguna mínima opción de responsabilizarla a ella por la sangre derramada, esa alternativa quedó eliminada desde el minuto cero.

Por supuesto, no iba a indagar en la orden que habilitó la represión.

Por supuesto, no iba a investigarse a sí misma.

María dirigió su investigación en contra de los policías y de los jefes políticos de los policías, pero se sacó literalmente de la escena. Como si no hubiera estado nunca. Como si ignorara la sensación de ahogo y el ardor en la garganta que le produjeron los gases lacrimógenos, como si nada supiera sobre la tensión y los miedos y la sutileza de cada gesto escondidas detrás del caos de esa jornada sangrienta. Durante años analizó pericias, indagó a los acusados, tomó cientos de declaraciones, direccionó la causa hacia donde quiso. El caso finalmente fue llevado a juicio oral, donde otros jueces analizaron la actuación de María y entonces sí, levemente, pusieron en duda su rol. ¿Había dado la orden de reprimir? ¿Era cierto que había dicho la palabra «repriman»? El encargado de resolver el enigma fue el comisario René Derecho, uno de los presentes aquella jornada trágica. Derecho desmintió la versión que había dado él mismo y que había quedado registrada en los audios del radio policial. La jueza, dijo, no había pedido la represión, sino que había sido algo más ambigua. «La doctora me dijo, hacé lo que consideres necesario, pero tratá de evitar que se reprima», declaró.

La diferencia entre una versión y la otra era sutil, imperceptible para lo difuso que deja el paso del tiempo. Pero era decisiva. Era la diferencia entre ordenar reprimir o permitir hacerlo con precauciones. La diferencia entre ser protagonista o ser testigo. La diferencia, en definitiva, entre ser culpable o inocente.

Muchos años más tarde, en el 2016, María vio por televisión la sentencia contra los responsables de la represión del 20 de diciembre. Fueron condenados todos los jefes policiales, incluido el comisario Palacios, ese hombre de traje gris que la había acompañado en la Plaza. Pero María quedó afuera, liberada de toda culpa.

¿Qué pasó con el comisario René Derecho? El policía que le tendió una mano ya había sido absuelto por ella misma durante el proceso e iba a tener, también con su ayuda, una exitosa carrera en la Policía Federal.

Los favores se pagan, siempre.

32.

El poder de los jueces federales puede ser, como vemos, inconmensurable. Con sus argumentos se escribe la historia. Con sus fallos se asientan los hechos comprobables. María no dio la orden de reprimir. Está escrito en una sentencia judicial, aunque tal vez haya ocurrido todo lo contrario.

Es cierto que los jueces tienen controles, de parte de los fiscales del proceso y de los camaristas que revisan sus decisiones, además de los abogados de las partes y eventualmente de las querellas. Pero en el fuero federal esos controles se sienten demasiado poco o demasiado tarde. Los fiscales, casi todos, pocas veces protestan frente a las decisiones judiciales. Ellos también habitan el edificio de Comodoro Py, son vecinos de los jueces, conviven con ellos y con sus reglas no escritas. A veces apelan sus decisiones, pero casi siempre en coordinación con los jueces. Lo mismo ocurre con los camaristas. Son raras las ocasiones en que cuestionan los argumentos de los jueces. Mucho más raras las ocasiones en las que llegan a quitarles los expedientes. Y muy excepcionales los casos en los que llegan a pedir sanciones contra alguno de Los Doce. Por eso María pudo seguir siendo la jueza de la represión en la que estuvo metida hasta la médula. Recién le quitaron la causa años más tarde, cuando la Cámara Federal decidió que el disparate era demasiado y le pasó el expediente a uno de sus colegas, al juez Bonadío. Pero para ese entonces el proceso ya estaba avanzado y tenía su destino escrito. Así se cerró la historia de los hechos comprobables. La que escriben ellos, Los Doce. A su manera. Para la prosperidad.

Por eso estaba loco el asesino de los siete tiros.

Por eso María no ordenó reprimir en Plaza de Mayo.

Veremos cuántos hechos más o menos comprobables se pondrán en juego cuando ella se encuentre acorralada y tema por su lugar en el mundo.

33.

Debido a sus hábitos nocturnos, la lechuza ha sido asociada con la brujería y el espiritismo. La tradición le atribuye desde irradiar mala suerte a la capacidad de recoger las almas de los muertos recientes. En ciertas regiones de África, se cree incluso que es el demonio representado en forma de animal. El enigma, como debe ser, se esconde en su mirada.

¿Qué hay detrás de los ojos de María?

¿Qué hay detrás de su mirada?

Tras nuestra primera reunión, le siguieron muchas otras. Las citas siguieron siendo en el lobby de un magnífico hotel. Se entiende: los lobbys son territorios neutrales, sin anfitriones ni visitantes, donde los mozos hacen como que no escuchan y a nadie parece importarle si el señor de la mesa vecina es un profesor de Harvard o un terrorista a la espera de hacer volar todo el hotel por los aires. Lo que hay allí es un decorado, un artificio, no más.

A María, por supuesto, le gustaba reflejarse luminosa. Disfrutaba hablando de su infancia en San Nicolás, de sus padres, de sus hijos y sus nietos, algunos de ellos futuros estudiantes de abogacía. Y de sus viajes, por supuesto. Acababa de volver de un viaje por Europa, a donde había ido a pasear junto a una de sus lechuzas. Y ahora planeaba volver a Roma y de paso saludar al Papa Francisco, porque se venía acercando al Vaticano, como muchos jueces federales que desde mediados del 2015 empezaron a ser recibidos por el Papa argentino. ¿Por qué demonios los recibía el Papa? ¿De qué hablaba Jorge Bergoglio con Los Doce, sino era para exorcizarlos? ¿Es cierto que el Papa le dijo al oído, para que nadie escuchara, que era la jueza más importante del país?

«Nos da su apoyo, nos da su respaldo», decía María.

Había sido creyente desde chica, porque todos lo eran en su entorno, incluso los muchachitos que acabarían a los tiros en la guerrilla socialista. San Nicolás vivía atravesada por la fe de los peregrinos que visitaban año tras año al espléndido santuario de la Virgen del Rosario, sobre todo a partir del invierno de 1984, cuando la virgen se hizo presente en la fe de una devota de la ciudad. Pero con los años, como le ocurre a tantos, María había corrido su fe hacia una zona de rutinas vacías de emoción. Guardaba imágenes de la virgen en una de sus vitrinas, tenía alguna cruz colgada por allí, pero no rezaba ni iba a misa salvo para despedir a los muertos. Su relación con aquello que llamaba lo espiritual era más bien una aventura andante, una permanente mutación entre experiencias a las que se subía de a ratos por recomendación de sus amigas o porque lo había aprendido en uno de sus viajes o porque le había caído en sus manos un libro con fórmulas de felicidad exprés. En el verano del 2002 estaba metida hasta la médula con la teoría del Péndulo. Eso: el péndulo. Como en María es siempre a todo o nada, el péndulo ascendió a posiciones impensadas y a decidir casi todo en su vida privada y pública. Lo comprobaron sus colaboradores el día que ordenó detener a Carlos Rohm, uno de los hermanos banqueros a los que investigaba junto a Jaime Stiuso por lavado de dinero. Fue un jueves, 24 de enero, del año 2002. María llegó a primera hora a su despacho de Comodoro Py y se encontró con la noticia: uno de los hermanos investigados, José Puchi Rohm, se había tomado un avión rumbo a San Pablo y ya no se sabía nada de él. Se había fugado sin dejar rastros. ¿Acaso iba a permitir que se escapara también el otro?

Atención ahora, porque entrará en escena un personaje crucial, una mujer que será central en los momentos definitivos de esta historia. Con la noticia de la fuga de Puchi Rohm en todos los noticieros, se presentó en el juzgado, golpeando la mesa de entradas y con la determinación de siempre, nada menos que la diputada Elisa Carrió. Exuberante, ruidosa y decidida, Lilita pidió hablar con la jueza para exigirle la detención inmediata de Carlos, el hermano Rohm que todavía seguía en el país.

Lilita seguía el caso de cerca porque lideraba una Comisión que se había creado en el Congreso para seguir las investigaciones por lavado de dinero. La Comisión, como tantas otras, había sido creada sin demasiado entusiasmo ni expectativas, pero en manos de Carrió se había convertido en una caja con resonancia de alto impacto político, de donde salían informes y denuncias para todos lados. Carrió llevaba meses aportando información a la causa y ahora, enterada de la fuga de Puchi Rohm, iba a reclamar la inmediata detención de su hermano.

María la recibió en la puerta de atención al público y la escuchó hablar y hablar durante un largo rato. En su cara no se reflejaba nada. Era imposible saber si estaba atendiendo o no al pedido. Pero cuando se produjo un silencio, giró sobre su eje, hizo un gesto para que la siguieran y se metió en su despacho sin ventanas. Una vez allí, lo hizo: abrió uno de los cajones de su escritorio y sacó un brillante péndulo de cuarzo, en forma de punta de lanza, sostenido por una cadena de plata o de símil plata de unos veinte centímetros de largo. María había leído y estudiado su nueva fe con la fascinación de los iluminados. Había aprendido que el péndulo era un puente, un canal de comunicación espiritual que podía traer a este mundo terrenal las respuestas adecuadas para las preguntas correctas. Somos energía, decía la jueza más poderosa del país, que llevaba meses estudiando y practicando a la espera de una oportunidad para poner a prueba, no al péndulo, sino a su propia fe. Lo sostuvo quieto en el aire, a la altura de sus ojos, y por un instante se hizo silencio. Entonces María hizo la pregunta. La hizo moviendo los labios, pero sin emitir sonido. Y la volvió a hacer.

Imaginemos la escena. Los televisores de todo el país transmitían la noticia de la fuga menos pensada de un banquero canallesco. Los periodistas de toda la Argentina se preguntaban si la jueza iba a detener o no a su hermano. Decenas de camarógrafos y movileros aguardaban noticias en las escalinatas de acceso a Comodoro Py. Los móviles de los noticieros encendían las baterías portátiles para transmitir en vivo cualquier novedad. Y allí adentro, en el tercer piso, en una oficina minúscula y oscura, un puñado de empleados y una diputada de la Nación aguardaban en silencio absoluto para saber qué demonios le contestaba el péndulo a la señora jueza.

María cerró los ojos y esperó. Hasta que el péndulo comenzó a moverse, primero lentamente, de un lado a otro; luego a más velocidad, generando un arco más y más extendido. Así hasta que María abrió los ojos y lo observó, y lo vio ir y venir, envuelta en el silencio absoluto. Pasaron los segundos, pasaron los minutos. Nadie parecía respirar. La tensión no cedía. Hasta que María, por fin, sintió la respuesta que estaba buscando. Detuvo el péndulo con su otra mano y miró a Carrió.

Iba a hacerlo. Ya mismo.

Minutos más tarde, Carlos Rohm era detenido en el aeropuerto de Ezeiza, a bordo del avión de Lufthansa que estaba a punto de llevarlo a Europa.

34.

Se dicen tantas cosas de María.

Que no cobra plata porque lo suyo es levantar el teléfono y disponer.

Que eso la hace más peligrosa.

Que solo tiene corazón para sus hijos.

Que le gustan los jovencitos.

Que a cada lechuza un amante.

Que se abraza a la fe de la conveniencia.

Mucho de todo lo que se dice es seguramente incomprobable. Mucho será cierto y mucho será falso. Y habrá medias verdades, a montones.

¿Es lícito mencionar lo que no puede comprobarse? ¿Es justo hacerlo en este libro?

Los jueces dirán que no se puede dar por cierto aquello que no puede probarse. Solo cuenta la verdad jurídica. Para ellos y para todos.

¿O es tan solo una patraña diseñada por el poder, para que no podamos aproximarnos a la verdad sino a través de los recursos de la ficción o, como aquí, de la narración a secas de una historia posible?

Vamos a preguntarle, a ella.

¿Qué es la verdad, María?

¿Qué es?

35.

Mi experiencia como empleado de Tribunales se esfumó en pocos años. Al cabo de dos o tres inviernos, ya en mi lugar de escribiente, con una veintena de causas a mi cargo, después de haber redactado un puñado de sentencias y de haber chocado en los ascensores con decenas de reos sin cordones, finalmente renuncié al juzgado federal. Me fui decidido a dedicarme a contar historias. Eso de la verdad de los hechos comprobables definitivamente no era lo mío. Yo quería entender; no juzgar. Para eso debía acercarme a los hechos sin depender de huellas indelebles. Así que junté mis cosas y me fui. Detrás quedaron Dicky, Fabricio y todos mis compañeros, a los que por un tiempo seguí imaginando como futuros fiscales, futuros jueces, los próximos protagonistas del sistema de Justicia.

Pasaron los años. Uno, dos, tres, y al cabo de cuatro o cinco temporadas ya estaba de vuelta por los pasillos del fuero federal, pero ahora reconvertido en periodista, golpeando las puertas de los despachos para conseguir información y a esos malditos hechos plasmados en los expedientes, fueran ciertos o no tanto. Porque al final, el periodismo no es ficción pero muchas veces se parece bastante.

Durante muchos años, como periodista, seguí de cerca la investigación judicial del atentado al edificio de la AMIA. ¿Se acuerdan, no? Una mañana de 1994, el 18 de julio, una bomba hizo trizas un edificio entero de siete pisos, en el barrio del Once, aplastando para siempre a 85 personas. La investigación quedó en manos del juez Juan José Galeano y, por supuesto, de los espías de la SIDE, con Jaime Stiuso a la cabeza. Para mí ese caso fue la puerta de entrada al fascinante y temible mundo de los espías. Y el descubrimiento de los hombres sin paz.

36.

Los servicios contaminan. Los servicios manchan. Los servicios habitan lo sórdido y viven de eso: de los hombres sin paz. ¿Cuándo lo descubrió María?

Ya tenía más de sesenta años y era la jueza más experimentada de Los Doce, pero María todavía se animaba a los colores llamativos, se atrevía a los vestidos encajados, asistía a las reuniones sociales de la mano de un juez, siempre el mismo, al que todos sentían su amante aunque nadie lo dijera.

Era intensa María. Siempre lo había sido y lo seguiría siendo. En Tribunales lo hacía sentir. Desde su despacho de Comodoro Py, al final de un largo pasillo, solía asomarse a la mesa de entradas vestida de rojo y con el escote amplio para atender a los abogados grises que preguntaban por sus miserables procesados. Lo de atender es un decir, porque María los interrogaba con dureza. Qué busca, qué pretende, a dónde quiere llegar. Los abogados, sorprendidos de tratar directamente con la jueza, pocas veces replicaban con argumentos. Porque, vamos, a quién le importan los argumentos. No a María, que siempre encontraba la manera de zanjar los caminos para resolver de acuerdo a su conveniencia.

Su presencia en la mesa de entradas no pretendía más que mostrar su soltura, y de paso marcar la zona a sus empleados. María tenía sobre ellos una necesidad de dominio absoluto. Los cuidaba, les conseguía ascensos, los dejaba tomarse el día cuando se sentían hastiados, pero al mismo tiempo les exigía lealtad y los sospechaba. Varios de sus secretarios de confianza habían acabado como enemigos y otros más esperaban el mismo camino. Todos recordaban que uno de sus secretarios del Yomagate terminó eyectado para siempre de los Tribunales. Más tarde le iba a declarar el exilio a Felicitas, otra de sus empleadas de confianza.

Ella decía que los años la habían hecho desconfiada. Cuando quería hablar de algo más o menos sensible, encerraba a su interlocutor en el despacho sin ventanas, subía el volumen de la radio y le hablaba al oído. María se creía escuchada. Se suponía vigilada. Cuánto le importaba es difícil saberlo, porque no dejaba ver sus temores, todavía. Era una mujer dura y le gustaba mostrarse así. Al fin y al cabo, sabía vincularse con lo sórdido. Había llegado al fuero federal con la aprobación del jefe de la SIDE de Menem y había sido la primera en recibir al delegado de la SIDE en Tribunales, Pepe Allevato. La relación con Stiuso había sido menos calculada, pero con los años sería más trascendente. Jaime, dijimos, comenzó a caminar los juzgados federales para asistirlos en las investigaciones contra el narcotráfico y el delito organizado. Pronto se convirtió en el jefe de operaciones del servicio secreto y como tal era el que dirigía a los grupos operativos y el que ideaba las redadas. Todos los jueces querían dar con él. Todos querían codearse con su fuerza. Jaime manejaba recursos directos y era la estrella de ese mundo misterioso y cautivador. Su especialidad eran las escuchas telefónicas, lo que le permitía conocer todo sobre quien quisiera. La relación de María con Jaime, dijimos, traspasó las paredes del juzgado y se hicieron compinches y aliados. Jaime le prestaba un auto de la SIDE para moverse. Jaime la abastecía de teléfonos celulares sin costo para ella y para sus lechuzas. Jaime le conseguía lo que quisiera. De él, seguramente, habrá aprendido la teoría de los hombres sin paz.

Conocí la historia en el año 2002, cuando el caso AMIA fue llevado a juicio oral. Como nunca antes y nunca después, durante ese juicio se pudo observar el interior del servicio de Inteligencia y descubrir muchos de sus secretos. A cargo de la investigación del atentado desde el primer día, la SIDE había tejido pistas buenas y malas, había indagado en la verdad y al mismo tiempo fabricado mentiras. Los muchos agentes involucrados fueron citados a declarar al juicio oral y fueron interrogados durante largas jornadas en una sala de audiencias especialmente preparada para la ocasión, en un subsuelo de Comodoro Py. Uno de los jueces del tribunal era, casualmente, Miguel Pons. Yo estaba entre los periodistas que cubrían el juicio y tomaba nota de lo que pasaba desde una bandeja superior de la misma sala de audiencias.

Por supuesto, aquello fue una mina de oro. Los principales agentes de la SIDE dedicaron horas y días a contar cómo habían hecho su investigación del atentado. Para eso debieron explicar cómo eran sus trabajos. Hablaron de las cuevas secretas, de la selección de los objetivos de Inteligencia, revelaron las herramientas con las que perseguían a sus blancos y cómo financiaban las operaciones para que pasaran desapercibidas. Las tácticas y las estrategias de los servicios quedaron expuestas, al fin. Los jueces, los abogados, las víctimas del atentado y los periodistas que seguíamos el juicio comprobamos que los agentes de la SIDE vivían en un mundo de paranoia y amoralidad donde nada resultaba ser exactamente como parecía; y observamos que la verdad no era un objetivo de Inteligencia; sino apenas una contingencia detrás del resultado que se perseguía. Todos vimos además el enorme poder que tenía Jaime Stiuso. Ya entonces era jefe de Operaciones de la Dirección de Contrainteligencia, a cargo de una base secreta del barrio de Boedo, con más de cuatrocientos hombres a cargo y un arsenal de tecnología de espionaje a su disposición. Fue Jaime quien habló de los hombres sin paz. Lo hizo en uno de los tres días que duró su testimonio, el más largo de todos.

A pocos días del atentado, la SIDE había dado con un hombre clave del caso, un ladrón del conurbano que se había hecho de la camioneta que, una vez en manos de los terroristas, se había convertido en el cochebomba que destruyó el edificio de la AMIA. Carlos Telleldín, de él se trataba, vivía en un cómodo chalet de Villa Ballester al que Jaime y un grupo de agentes llegaron una noche con la intención de detenerlo. Al llegar a la casa se encontraron con la mujer de Telleldín (una mujer bella y misteriosa) acompañada de dos hombres silenciosos y serios. La mujer fue interrogada. Negó cualquier implicancia en el caso y dijo que su marido estaba de viaje. Pero ¿quiénes eran esos dos tipos que la acompañaban, sentados como estatuas de cera en el living del chalet? Jaime relató este episodio con mucho detalle. Después de conversar un rato largo con esos dos extraños hombres, le terminaron admitiendo que eran policías bonaerenses. Nada menos. Se hacían pasar por amigos de la familia, por acompañantes ocasionales de la mujer de Telleldín, pero eran mucho más que eso. Jaime comprendió que esos dos policías eran los que protegían los negocios sucios de Telleldín. Eran sus socios en el hampa, los que le daban la cobertura para el robo de autos y para el doblaje de patentes y la destrucción de los rastros del delito. Los policías estaban sucios. Estaban hasta el cuello. Dijo Jaime a los jueces:

«Esos hombres no tenían paz. Y yo podía darles tranquilidad».

Ahí, en esas pocas palabras, estaba el corazón del trabajo de Jaime Stiuso. Ahí se concentraba la naturaleza de su fuerza. Jaime precisaba de gente sin paz para poder dominarlos y tenerlos a su servicio. Porque la tranquilidad que él podía darles era un viaje hacia su dependencia. Lo que ocurrió esa noche de Villa Ballester es que los dos policías pasaron a ser informantes de la SIDE. Lo fueron desde esa noche y durante muchos años. No tenían paz, pero a partir de esa noche iban a sentir la supuesta tranquilidad que les otorgaba el poder coactivo de la SIDE. Eso mismo iba a lograr Jaime a lo largo de su carrera con muchos otros, no solo informantes sino dirigentes políticos, jueces o fiscales. Jaime conquistaba la voluntad de otros otorgando cierta calma en un mundo caótico.

Ya veremos cómo María iba a valerse muchas veces de ese recurso. Los hombres sin paz son vulnerables. Los hombres sin paz serían, para ella, cada vez, una oportunidad.

37.

El año 2002 fue un tiempo de cambios y crisis. El gobierno de Fernando de la Rúa había terminado de manera traumática y fue continuado por una serie insólita de tres presidencias fugaces hasta que el poder público se asentó en la figura del peronista Eduardo Duhalde, quien tras una gestión de equilibrista convocó a elecciones anticipadas para el mes de mayo del 2003.

La política veía desafiada su capacidad de representación. El país desconfiaba de sus líderes y de las instituciones. Las jerarquías se habían esfumado. Nadie parecía dar las órdenes. María tuvo más trabajo que nunca, especialmente en su juzgado electoral, en su despacho del Palacio de Justicia, adonde comenzaron a tocar su puerta los apoderados de los partidos políticos.

María se decía peronista. Por tradición, por las amistades que la arrimaron al poder, por evocación de la última versión de su padre. Pero antes y después era la jueza electoral nacional, la mujer que podía disponer el nacimiento o la muerte de los partidos políticos. Su capacidad de incidir en la materia era bien concreta. Cualquier argentino o habitante del suelo argentino que pretendiera ser candidato a algún cargo público nacional con asiento en la ciudad de Buenos Aires, debía presentarse en el juzgado electoral de María y pedirle permiso. Candidatos a presidente de la Nación, candidatos a jefe de gobierno de la Ciudad, candidatos a senadores o diputados por la Ciudad, todos debían conseguir el aval de la Justicia electoral. Para ello se enfrentaban a una burocracia que les exigía avales y requisitos múltiples, desde firmas de respaldo, fondos transparentes para la campaña, un nombre del partido político, hasta un logo identificatorio y colores para la impresión de las boletas de la elección. Desde su despacho del Palacio de Justicia, María gobernaba a más de 250 empleados dedicados a procesar todos esos pedidos y a revisarlos y a darles o no el consentimiento necesario. El trabajo estaba organizado en tres secretarías. Una para analizar a los partidos nuevos; otra encargada de coordinar los padrones y toda la logística de las elecciones; y una más para verificar los gastos de las campañas. Para todos esos trámites los partidos políticos debían designar representantes legales. Los apoderados. Ellos eran los que debían hablar con María y en lo posible llevarse bien con ella, porque su firma podía cerrarles las puertas a la carrera de cualquier aspirante. O bien lo contrario: su firma podía abrirles las puertas que parecían cerradas. Imaginemos por un instante el poder que suponía ese juzgado. María tenía en sus manos cientos de expedientes donde podía autorizar o rechazar las candidaturas o las elecciones de casi toda la dirigencia argentina. Fue ella la que habilitó la candidatura de Menem en 1989, fue ella quien autorizó la Alianza que conformaron luego los radicales con el Frente Grande para la presidencial de 1999. También iba a ser ella la encargada de autorizar a Mauricio Macri a formar su primer partido político.

Veamos lo que ocurrió en las elecciones presidenciales del 2003. El presidente Duhalde apostaba todo a que su heredero fuera el todavía desconocido gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, con el que pensaba garantizarse la continuidad de cierta cuota de poder y de paso vencer a su viejo archirrival dentro del partido, el interminable Carlos Menem, que otra vez era candidato. Había un tercer aspirante peronista, el gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, que había sido uno de los Presidentes fugaces del verano anterior. De acuerdo a la ley electoral, la disputa entre los tres candidatos peronistas debía resolverse en elecciones internas, para que de allí saliera un solo candidato oficial del partido. Eso era lo que la ley tenía previsto, con el objetivo claro de evitar la digresión dentro de los partidos. Pero no era lo que quería Duhalde, el Presidente en ejercicio, quien una tarde de ese verano se le apareció a María en su despacho del Palacio. Solo las lechuzas fueron testigos de lo que hablaron, pero sabemos que aquella larguísima conversación acabó bien entrada la noche, en medio del silencio absoluto que se apodera del Palacio cuando se vacía de sus visitantes de cada día. De allí salió un plan que iba a cambiar la historia del peronismo, acaso para terminar de aniquilarlo como partido.

María estaba dispuesta a autorizar a los tres candidatos a presentarse directamente a la elección, salteándose la interna, utilizando el argumento más trillado de la tierra: la falta de tiempo, la excepcionalidad. Como Duhalde había adelantado las elecciones, ella podía aducir que se debían ajustar los plazos y sortear algunos trámites. Para qué estaban las excepciones, sino era para usarlas.

Por supuesto que el argumento violentaba la ley. La contradecía directamente. Sin rodeos. De frente. Pero había una manera de que funcionara. Esa manera era evitando que alguien protestara. Si alguna de las partes apelaba su resolución, el caso iba a ser revisado por los jueces de la Cámara Electoral, donde seguramente iban a frenar semejante disparate y ordenar la inmediata realización de internas. Pero si lograban que nadie apelara, el fallo se ejecutaría y las elecciones serían un hecho. María quedó en ocuparse del fiscal electoral, que en esos días era Eduardo Miragaya, una de sus lechuzas preferidas, uno de sus niños mimados del que ya volveremos a hablar cuando el relato avance. Miragaya aceptó sin problemas el pedido de ayuda. No pensaba apelar ni moverse de su escritorio.

A Duhalde le tocó la tarea más difícil. Lograr que los apoderados de sus rivales apoyaran el proyecto. Todos debían estar de acuerdo. Esa era la única condición que había puesto María.

Lo que parecía simple no era sencillo y dio lugar a largas negociaciones que duraron días y noches. Pero finalmente Duhalde le anunció que contaba con el respaldo de los tres candidatos. Así fue como el 10 de febrero del 2003 María autorizó al Partido Justicialista a desdoblarse en tres listas distintas. Les impidió usar los símbolos partidarios (la marchita, la foto de Perón y todo eso), y aceptó sortear las internas con el argumento de «la falta material de tiempo», ya que las elecciones debían consagrarse el 27 de abril. La ley había sido eludida de forma flagrante, pero a nadie pareció importarle. El país estaba envuelto en un profundo caos.

La resolución tuvo varios efectos de importancia histórica. El más inmediato fue que le permitió a Néstor Kirchner llegar a un ballotage al que nunca hubiera accedido de otra manera, porque Menem tenía mayor respaldo dentro del partido y en una interna seguramente lo hubiera barrido. Es decir que la resolución de María, de manera indirecta, acabó consagrando a Kirchner como el nuevo presidente de los argentinos. El otro efecto era todavía más trascendente en el tiempo. Esa elección a tres puntas permitió la gestación oficial de frentes internos dentro del partido y acabó marcando un acta de defunción para el Partido Justicialista, desde entonces fragmentado en más y más sectores. Ya nada volvería a ser igual para el Pejota. Ya no volvería a ser uno solo. Nunca más.

38.

La llegada de Kirchner a la presidencia, el 25 de mayo del 2003, solo fue posible gracias a la intervención de María Servini de Cubría. Ese favor de origen le valió por muchos años la gracia del nuevo gobierno, que en poco tiempo mostraría su peligrosa obsesión por controlar a los jueces federales.

En una primera etapa, Kirchner pareció decidido a limarles el poder. Su ministro de Justicia, Gustavo Beliz, acompañado por un puñado de funcionarios honestos y corajudos como Norberto Quantín y el fiscal José María Campagnoli, preparó un ambicioso proyecto que, de haberse aprobado, hubiera licuado para siempre la influencia de Los Doce. El plan consistía en repartir la competencia exclusiva de los jueces federales entre todos los jueces penales de la Capital, de modo que no fueran Los Doce los encargados de investigar la corrupción sino cualquiera de los más de setenta jueces penales de la ciudad. La lógica era muy simple: si se repartía el poder de doce personas en más de setenta, el poder relativo de cada uno de ellos automáticamente se reducía.

Por supuesto, María y sus colegas se enfurecieron con el proyecto y contraatacaron limando el poder del ministro. Los Doce se movieron como un bloque. Se quejaron antes todos sus contactos de la política, acudieron al Congreso a oponerse al proyecto de ley, hicieron lobby a través de la prensa. Finalmente contaron con la ayuda de la Secretaría de Inteligencia, a esa altura una aliada estratégica del fuero, que se ocupó de boicotear las acciones de la Policía Federal dependiente de Beliz. De pronto se filtraron antecedentes ocultos de los jefes de la fuerza. De pronto empezaron a fracasar los operativos policiales más simples. De pronto Beliz quedaba en ridículo por cada decisión que tomaba y su autoridad entraba en trance. Los planes del ministro comenzaron a tropezar de manera extraña e intimidante. Hasta que, hastiado, saturado, Beliz fue a un programa de televisión y acusó a Jaime Stiuso (siempre aparece él, omnipresente) de estar al frente de las conspiraciones en su contra. Beliz incluso mostró una foto de Jaime, boicoteando su hasta entonces poder invisible.

Ante eso Kirchner se vio en una encrucijada. Debía decidir. Debía resolver de qué lado de la grieta se quedaba. Debía resolver, en definitiva, quién tenía más poder. Si el servicio secreto y jueces federales o sus ministros y su propia voluntad. Era un encrucijada crucial, acaso la más importante de cara al tiempo que se iniciaba. ¿Quién tenía más fuerza? ¿La SIDE, Los Doce o el Presidente?

Kirchner lo resolvió: echó a Beliz.

Lo echó con un mensaje de texto. Breve, frío, letal. «Tenés que renunciar», le puso. Así se terminó la disyuntiva. Desde entonces, su ex ministro de Justicia debió soportar juicios en su contra por haber mostrado la foto de Jaime, se fue a vivir a Estados Unidos, luego migró hacia Uruguay y ya nunca más volvió a trabajar en el país, donde la dirigencia política le dio la espalda para siempre. Al enfrentar a Los Doce, al acusar a la SIDE, se había convertido en un paria de la política.

Kirchner, en cambio, modificó sus planes. A partir de ese momento comenzó a construir una red de complicidades nunca antes vista con los jueces federales, en la que la SIDE y el propio Jaime Stiuso iban a tener un rol fundamental.

Empezaba la segunda etapa de La Gran Simulación.

39.

Qué hubiera pasado si…

Qué hubiera sido de todo esto si Kirchner hubiese elegido otra cosa.

En la Argentina son muy pocos los historiadores que se ocupan de la historia contrafáctica. De aquello que hubiera ocurrido si las cosas se hubiesen desarrollado de manera diferente. Es como si no quisiéramos revisar lo que pudimos haber sido, las oportunidades perdidas. Pero en la historia contrafáctica de Comodoro Py hay que detenerse en la decisión de Kirchner. Es muy posible que de haber avanzado en el proyecto de Beliz la Justicia de hoy sería otra. Es muy posible que Los Doce, a pesar de su resistencia, a pesar de sus lamentos, con el tiempo se hubieran ido extinguiendo como raza privilegiada. Dividir su poder entre muchos otros era una buena idea para quitárselos. Pero eso no ocurrió. Kirchner tomó la decisión que ya está escrita en la historia. Eligió la continuidad. Eligió usar lo conocido. Empezaba ahora la segunda etapa de La Gran Simulación.

Durante años, otra vez, los jueces federales volvieron a hacer como que hacían. Iniciaban expedientes a medida que llegaban las denuncias por hechos de corrupción, pero se paraban encima de los expedientes para introducirlos en el limbo eterno de los sueños. Las denuncias eran de lo más variadas. Enriquecimiento ilícito, compras de vagones de trenes con sobreprecios, abusos de autoridad de varios ministros. Las carátulas se iniciaban, los casos se abrían, pero apenas avanzaban. A mediados del 2005 se contaban más de cien expedientes en contra de funcionarios del kirchnerismo. El Presidente, los ministros, los secretarios de Estado, casi todos encabezaban la carátula de algún expediente. A la distancia, algún distraído podía creer que la Justicia estaba controlando al poder político, cuando en realidad lo encubría. Los Doce, simplemente, estaban simulando. ¿Cómo? Administrando el tiempo. Con una máxima, insuperable:

Cuando no hay opción, el tiempo es la mejor opción.

Antes situaciones incómodas, frente a denuncias de apariencia peligrosa, la simulación se ejercía ganando tiempo. Los recursos para estirar los plazos eran infinitos. Se ordenaban pericias interminables, se enviaban exhortos al fin del mundo pero se los redactaba repletos de errores para que regresaran rechazados meses después. La Justicia de Suiza, por ejemplo, se cansó de rechazar pedidos de los jueces argentinos que reclamaban la titularidad de cuentas bancarias «olvidando» especificar el delito que se estaba investigando.

Hubo un sondeo, años más tarde, que demostró que los procesos que se gestaban en aquellos años tardaban unos catorce años de promedio. Para terminar, por supuesto, en la nada misma o, en el mejor de los casos, con una condena insignificante. En ese tiempo nacieron muchos de los expedientes que iban a generar conmoción recién una década después. Las primeras investigaciones contra el superministro Julio De Vido se iniciaron en el 2004. También las que apuntaban contra el secretario de Transporte, Ricardo Jaime.

Cuando no hay opción, el tiempo es la mejor opción.

María, como sus colegas, llegó a pararse sobre expedientes por más de veinte años. Todavía investiga hechos ocurridos durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Todavía tiene causas abiertas sobre el primer menemismo. Todavía conserva un expediente que debe indagar en las implicancias criminales y políticas de la Triple A, una banda de matones que operó dentro del gobierno de Isabel Perón, allá lejos y hace tanto tiempo. Y hay tantas otras. Y en tantos juzgados.

Muchos de Los Doce que gobernaron Comodoro Py durante el menemismo y los años posteriores fueron dejando sus despachos para que los ocuparan otros. Se fueron Bagnasco, Liporaci, más tarde iba a ser expulsado Galeano. Los nombres mutaron, pero las mañas no demasiado. En sus lugares iban a llegar Ariel Lijo, Daniel Rafecas, Julián Ercolini, Guillermo Montenegro, poco después Martínez de Giorgi. Cada uno con sus padrinos y sus historias y sus flaquezas. Pero los nuevos nombres no iban a modificar la lógica de siempre. El saber se transmitía de despacho en despacho o en las cenas que se organizaban en el lujoso departamento de Urso en Barrio Norte. Si la cultura es la transferencia de conocimientos a través de generaciones, la cultura de Comodoro Py era la transferencia entre jueces viejos y nuevos de todas las piruetas de La Gran Simulación.

Cuando no hay opción, el tiempo es la mejor opción.

Las causas acumulaban decenas de expedientes, se terminaban ubicando en lo alto de las bibliotecas de los despachos o en el bajo escalera junto al baño. Las causas contenían pericias inconclusas, testimonios a cotejar, exhortos mal redactados, cantidades descomunales de prueba generada solo para que los jueces, en algún momento de sus vidas, decidieran hacer andar el engranaje o no hacerlo. Mientras tanto, había que esperar, tomárselo con calma.

Cuando no hay opción, el tiempo es la mejor opción.

Porque investigar y encubrir no es lo mismo, pero se parecen bastante. Solo que la diferencia es invisible para la mayoría o para el gran público, que observa desde lejos las noticias y los supuestos avances de los procesos. Recuerdo un caso, uno de tantos, que me tocó ver de cerca, ya no como empleado raso de Tribunales sino como periodista, años después de abandonar mi puesto en la justicia federal. El protagonista fue el juez Galeano, al que le tocó investigar el atentado terrorista contra la mutual judía AMIA, que en 1994 había provocado 85 muertes y nos hizo saber a los argentinos que estar cerca del fin del mundo no nos eximía de los flagelos más atroces.

En el otoño del 2004 yo trabajaba como redactor dedicado a investigaciones en el diario Clarín y publicamos un extenso artículo contra el jefe de la Policía Federal, Roberto Giacomino, al que habíamos descubierto, gracias a una fuente muy bien informada, beneficiando con un contrato millonario a su cuñado. El caso era muy simple: la Policía Federal había comprado por varios millones de dólares un nuevo sistema informático para el Hospital Churruca, donde se atendía a toda la familia policial, y el beneficiario del contrato había sido el hermano de la mujer del jefe de Policía. Su cuñado, nada menos. Para probar la maniobra alcanzaba con verificar la propiedad de la empresa proveedora y verificar que se la había contratado a través de una operación directa, sin licitaciones ni cotejo de precios. En el diario lo habíamos comprobado fácilmente, de manera artesanal, accediendo a datos del Boletín Oficial y otras bases de información oficial. Más aún: era sencillo comprobar que la empresa del cuñado del jefe de Policía no tenía antecedentes en la provisión de sistemas informáticos y que había sido creada exclusivamente para esa operación. En definitiva, el jefe de la Policía estaba hasta las manos.

La publicación del caso Giacomino originó una denuncia penal en su contra, que cayó en manos de Galeano. El juez arrancó mostrando los dientes y llamó a indagatoria al jefe de Policía. Los títulos de los diarios nos hacían creer que Galeano iba por todo. Pero era pura simulación. Después de despedir con un apretón de manos al jefe de Policía, el juez ordenó una monumental e interminable pericia contable sobre todos los libros contables y balances financieros del Hospital Churruca. Una tarea tan gigantesca como compleja que, por supuesto, le llevó a los peritos casi tres años de trabajo y de salarios públicos. Conclusión: la causa se fue perdiendo entre balances y pericias y contrapericias, los abogados del acusado y los fiscales aportaron más y más contramarchas, y al cabo de cinco años la causa caducó por prescripción de la acción penal. Se había tardado demasiado en perseguir un hecho cuyo castigo ya había superado en el tiempo al mismísimo proceso.

Los jueces federales aprendieron esos trucos. Descubrieron que la clave de su poder no estaba en lo que hacían, sino en lo que evitaban hacer. Para eso había que saber pararse sobre los expedientes, mantenerlos estáticos como se detiene una pelota en mitad de la cancha, con el cuerpo en la postura exacta que garantiza el dominio de la pelota y a la vez el control del entorno, de la cancha entera.

40.

Los puentes de María con el nuevo gobierno siguieron estando en la SIDE, pero también a través del jefe de Gabinete de ministros, Alberto Fernández, uno de los inventores del kirchnerismo. A él iba a hacerle un favor extraordinario pocos meses después, cuando decidió la intervención del Partido Justicialista en la ciudad de Buenos Aires. El traje de jueza electoral le permitía a María esas facultades formidables. De ella dependía la institucionalidad de los partidos, los pilares del sistema democrático. Lo único que precisaba era encontrar un argumento, que el propio jefe de Gabinete le acercó con gusto.

Hasta entonces el PJ estaba liderado por Miguel Ángel Toma, un dirigente peronista que había conducido la SIDE durante la presidencia de Eduardo Duhalde y ahora estaba enfrentado al gobierno. Lo que hicieron fue vaciarle el partido. Alberto Fernández hizo renunciar a los 38 consejeros que formaban la conducción y se presentó ante la Justicia Electoral (ante María) pidiendo la intervención del partido por considerarlo acéfalo. María aceptó el juego y ordenó la intervención «por la falta absoluta de gobierno» del partido. Pero no lo hizo gratuitamente. María hacía favores para poder recibirlos y también jugó su carta. Para poner en marcha a la nueva conducción y arbitrar en los conflictos por venir, María designó a un interventor del partido. Lo nombró a Ramón Ruiz, un peronista desconocido para la mayoría de los porteños pero arquitecto de muchos de los engranajes del peronismo. Ramón Ruiz era El Pelado, a secas, un personaje del círculo más cerrado de María, una de sus lechuzas de mayor confianza y de mayor intimidad.

Se habían conocido hacía muchos años, cuando El Pelado Ruiz era funcionario de segunda línea en el gobierno de Menem y se dedicaba, entre otras tareas de barrio, a organizar campañas de difusión subterráneas en contra de los rivales de turno. El Pelado era el típico operador político de las sombras, esos a los que la Historia no les reserva más que unas líneas y un montón de sugerentes silencios, injusto espacio para los que son mentores de mucho de lo que vemos en la superficie. Menem lo había usado como interventor de un sindicato del puerto, luego le había encargado empapelar la ciudad con afiches en contra de diputados radicales o incluso en contra de su ex mujer, Zulema Yoma. Más tarde lo habían premiado como delegado de la SIDE en España y había sido, cuando María organizó la elección a tres puntas del peronismo en el 2003, el encargado de formalizar cada una de las listas y el garante para que nadie traicionara a los otros. Como jueza electoral, cada vez que María se enfrentaba a un conflicto entre peronistas levantaba el teléfono y pedía que lo llamaran a él.

—Comunicame con El Pelado.

Y El Pelado siempre estaba. A cualquier hora. Con sus trajes desprolijos, con esa cara de hombre asustado que se expandía hasta la nuca. El Pelado llevaba y traía. Era el enlace de María con ese territorio de la política que nadie debe saber que existe, donde se tejen y destruyen alianzas, donde se acuerda lo prohibido, donde nada debe quedar grabado. Desde ese día, El Pelado Ruiz iba a ser el encargado de armar las listas de candidatos del peronismo porteño y, más que nunca, el puente de María con el presidente Kirchner y con la política. Pero había más, como con otras lechuzas. El Pelado Ruiz iba a presentarse en su vida para reemplazar a aquel juez con el que se encontraba en los pasillos y exhibía como premio en las reuniones sociales. El Pelado también iba a servirle a María de puente hacia noches de esas que no se cuentan, a veces a escondidas en donde la ciudad los sorprendía y otras tantas allí mismo, en la soledad del Palacio, en el despacho de las vitrinas, cuando ya todos se han ido y no se escucha más que lo que se desea.

41.

De las lechuzas se dice que tienen una visión especial. Se debe a la rotación de su cuello y a sus ojos, naturalmente. Son ojos grandes y permiten un arco de visión mucho más amplio que el humano. Ven de frente, ven a los costados, ven más que nosotros. Esto les ha valido la errónea creencia de que son inteligentes y sabias. Por supuesto, esto no es así. Las lechuzas son solo hermosas aves rapaces con mucha habilidad para desplazarse en la oscuridad. Lo que tienen es un gran dominio territorial. Para cazar y para proteger a sus crías.

Las lechuzas de María siguieron creciendo y expandiéndose durante la década del 2000. El interventor del PJ era suyo. El fiscal Miragaya. Otros fiscales y otros jueces. La hija de Jaime Stiuso. Los hijos de otros. En esos años conoció y comenzó a reunirse en los lobbys de hoteles cinco estrellas con Daniel Angelici, ese joven empresario del juego (tenía dos casinos) de militancia radical que oficiaba de lobbysta político en el territorio de la Justicia. Angelici era a su vez dirigente de Boca Juniors y ya usaba los palcos de la Bombonera para hacer negocios o pedir o dar favores políticos. El escenario de los palcos era ideal para influir en el fuero federal, donde estaba repleto de fanáticos de Boca. Algunos nombres: el juez Ariel Lijo, su antecesor Gabriel Cavallo, los fiscales Raúl Pleé, Carlos Stornelli, Gerardo Pollicita y Miguel Ángel Osorio. En los casos de Pleé y Stornelli los lazos eran tan intensos que a través de uno de los dirigentes del club, Pedro Orgambide, se habían hecho amigos y acaso protectores de los jefes de la barra brava del club. En el nombre de la pasión, por supuesto. O eso decían. Jueces, fiscales, barrabravas se juntaban a tomar champán y a gritar su pasión boquense, pero de paso abrían sus corazones y tal vez sus billeteras al simpático Angelici, al simpático Orgambide, y le contaban de sus causas y negociaban favores.

María despreciaba el fútbol y a los hombres capaces de llorar de pasión por algo tan estúpido como una pelota pateada por veintidós muchachos de pantalones cortos. Sus encuentros con Angelici se hacían en los restoranes de los lobbys de los hoteles cinco estrellas. Angelici tejía en varias direcciones. Lo hacía para su amigo Mauricio Macri y lo hacía para el radicalismo, de donde venía y de donde eran la mayoría de sus amigos y socios, como Enrique El Coti Nosiglia. Pero también tejía para él mismo y eso suponía dar y recibir favores que lo ayudaran a permanecer. Al igual que María, Angelici entendía al poder como un sistema de acumulación de relaciones e influencia. Eso era el poder. Desde hacía años había ido acumulando sus propias lechuzas, muchas de ellas compartidas con María, porque los círculos de confianza muchas veces se cruzaban, como si fueran esferas diferenciadas pero también superpuestas. Amigos, influyentes, conocidos, a los que había ido colocando en distintos espacios de la burocracia estatal y que a su vez hacían lo propio con los nuevos miembros de un engranaje invisible donde se dan y se reciben favores como parte de una comunidad sin nombre y sin contrato más que el de la autoprotección. Eso era el poder. Funcionarios, legisladores, fiscales, jueces, empresarios, sindicalistas. Influyentes que comparten su influencia y la potencian. Núcleos más o menos cerrados. Círculos más o menos impenetrables.

Gracias a esos engranajes, de los que participaba, María consiguió favorecer a su familia. Su hijo menor, Eduardo, comenzó a escalar en la burocracia judicial hasta convertirse en fiscal de la nación, mientras su esposa, Stella García Vigo, era ascendida a defensora de Menores de la Ciudad de Buenos Aires. Su otra nuera, Nora Dorado, alcanzó a ser elegida jueza en la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social. Nora era todavía la mujer de Juan Carlos, su hijo mayor, que hacía tiempo trabajaba en la planta permanente del Consejo de la Magistratura, primero como empleado raso, luego como letrado y mucho más tarde como subdirector de administración, en una carrera ascendente y definitivamente peligrosa.

42.

¿Qué demonios es el Consejo de la Magistratura? ¿Qué tipo de mentes lo gobiernan? ¿Por qué sigue allí, a espaldas de una sociedad que ignora de su importancia capital?

El Consejo es una creación de la reforma constitucional de 1994, pensado para reemplazar al viejo y manipulable sistema de selección de jueces que estaba en manos del Senado. Como vimos en la selección de la Corte menemista y en la selección de Los Doce federales, hasta entonces los jueces eran elegidos casi a dedo, como resultado de las múltiples roscas y operaciones e intercambios de favores que la clase política resolvía entre sus senadores, haciendo valer, casi siempre, la supremacía política del gobierno de turno. Eso no podía seguir así. Había que cambiar, así que se fundó un organismo dedicado exclusivamente a los siguientes quehaceres trascendentales: decidir las ternas de candidatos a ocupar los cargos judiciales nacionales, disponer de las eventuales sanciones disciplinarias sobre esos jueces, y administrar los recursos del Poder Judicial. El Consejo tenía, en teoría, dos ventajas sustanciales sobre el viejo sistema. El primero era que los cargos de la Justicia iban a empezar a ser definidos por concursos públicos. El segundo, que al Consejo no solo lo formaban políticos, sino también representantes de los actores del sistema de Justicia: abogados, académicos del Derecho y representantes de los jueces. Por supuesto, las buenas intenciones de la reforma tropezaron con las malas intenciones de sus protagonistas y el Consejo pasó a ser igual de arbitrario y sucio que el viejo sistema de selección de jueces, acompañado de un circo romano donde se batallan intereses políticos y económicos de toda calaña. Cambiaron las formas; pero no las mañas. Para lograr un cargo en la justicia federal antes se precisaba de alguna mano amiga del partido gobernante en el Senado. Ahora, en cambio, se necesitaba eso mismo y además el favor de algunos de los consejeros. Se complejizó, pero en muchos sentidos para peor. ¿Se podría acceder a los lugares de poder sin tener un guiño de alguien del Consejo? Casi imposible, al menos si se aspiraba a algunos de los despachos federales o de los juzgados que interesaban al poder político. No hay manera de explicar la mayoría de los doce jueces federales sino es a través de sus contactos y amistades. Bonadío venía de un cargo en la Casa Rosada, Canicoba Corral de recorrer los tribunales del conurbano junto a sus amigos del peronismo bonaerense. Oyarbide venía de dar clases de abogacía en la facultad de oficiales de la Policía Federal.

La manipulación del Consejo iba a llegar a niveles grotescos. Hubo aspirantes que compraron exámenes o los consiguieron de manera anticipada para poder alcanzar posiciones de privilegio en los procesos de selección. María lo entendió rápido y siempre tuvo lazos firmes en el Consejo. Por eso pudo conseguirle un escritorio a su hijo mayor y gracias a eso nunca tuvo inconvenientes en las comisiones disciplinarias. En más de 40 años acumuló ante el Consejo unas 30 denuncias en su contra y ninguna prosperó. Algunas son tan tontas que no vale ni citarlas, pero hubo otras más delicadas, como la supuesta detención arbitraria de unos joyeros sobre los que ya nos detendremos. En todos los procesos iba a ser absuelta, siempre, rápidamente.

A medida que avance este relato veremos que el Consejo de la Magistratura ocupará un lugar central en la crisis final o de aparente final de María. Por ahora alcanza con apuntar su influencia en el proceso de selección de jueces. No solo en la selección positiva de muchos candidatos que de ninguna manera lo merecen. También porque es allí donde se mueren las aspiraciones de muchos otros que podrían ayudar a mejorar el sistema de Justicia y que penan por su falta de contactos. Son las víctimas de la ausencia de meritocracia. Abogados o funcionarios de la segunda línea jerárquica que intentan llegar a lugares que les son clausurados. He conocido decenas de casos. Para empezar, muchos de mis compañeros de mi breve paso por Tribunales. Dicky, Fabricio, los que heredaron mi cargo de pinche, jóvenes recibidos de abogados en tiempo récord y con magníficas notas, correctísimos empleados en ascenso que podían pasarse días analizando pruebas hasta encontrar argumentos y contraargumentos para una acusación o una absolución, dispuestos a razonar y a intentar ser justos sin perder la sensibilidad para saber que frente a sus escritorios los acusados son personas que sufren y que mienten y que muchas veces pueden ser victimarios que ocultan a una víctima o todo lo contrario. Pero ni Dicky ni Fabricio iban a recorrer el camino ascendente del Poder Judicial, porque siempre hubo otros que se interpusieron. Los lugares de privilegio y poder no se consiguen por la escala de valores que quisiéramos sino por intereses y relaciones.

Hay, entre tantos, un caso emblemático. Es el de Ignacio Rodríguez Varela. Ingresó a trabajar en Tribunales a los 18 años, mientras daba sus primeros finales en la facultad y se lucía como un aplicado ayudante de cátedra en la materia de Derecho Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires. Desde entonces hizo todo lo que creía que debía que hacer. Fue pinche; cosió expedientes; atendió la mesa de entradas; llegó primero y se fue último; aprendió a tomar declaraciones testimoniales y luego indagatorias; redactó procesamientos y sentencias; y en todo el camino leyó y estudió mucho. Era evidente que prometía. Una vez que se recibió de abogado, se casó con su novia María del Pilar y empezó a tener un hijo tras otro, hasta contar siete. Solo le faltaba alcanzar la meta profesional que se había propuesto el primer día que pisó Tribunales: ser juez de la nación. En 1993, con apenas veinticuatro años, fue designado por mérito propio secretario letrado de una fiscalía de instrucción penal. Si alguien hubiera observado su caso desde la distancia, diría que estábamos frente a una futura estrella del sistema de Justicia. Pero eso no ocurrió, nunca. Desde entonces, la carrera de Rodríguez Varela se paralizó. Como si se hubiera chocado de frente contra una tapia de cemento. Lo que parecía su piso, el punto de largada para una formidable carrera, era en realidad su techo. Contra su voluntad. Contra su empeño. Contra su obstinada intención. Contra la lógica y la sensatez. Rodríguez Varela se presentó ante el Consejo de la Magistratura en nada menos que veintisiete concursos. Veintisiete. Se candidateó para ser juez de instrucción, fiscal de instrucción, juez de tribunal oral, fiscal general y más y más cargos. Veintisiete veces. En la mayoría de los concursos ocupó los lugares de privilegio. Sus exámenes, siempre precisos y bien redactados, calificaban con las mejores notas y eran evaluados como los mejores entre los mejores. Integró la mayoría de las veintisiete ternas de candidatos del Consejo. Fue preseleccionado, casi sistemáticamente, hasta entrar en la recta final que define todo. Pero nunca pudo cruzar la última línea del proceso. Las pocas veces que el Consejo accedió a ponerlo en el primer lugar de la terna prevista por la ley, el Presidente de turno obvió su nombre y lo saltó como si no existiera, para elegir en cambio a otro candidato menos preparado pero con mejores avales políticos. Con Rodríguez Varela siempre había un pero que lo frenaba, el pero de los círculos invisibles del poder. Tan simple como eso. Pasaba todos los filtros administrativos, aprobaba los exámenes, quedaba en la terna. Pero los Presidentes que tuvieron que decidir nunca lo quisieron. Ni Menem, ni De la Rúa, ni Duhalde, ni los Kirchner. Jamás lo eligieron, ni siquiera cuando logró ser el primero en el orden de mérito. ¿Por qué? Hay quienes lo han atribuido a que su papá, Alberto Rodríguez Varela, había sido ministro de Justicia durante la dictadura militar entre 1979 y 1981. Puede que eso haya pesado, la maldita herencia. Pero lo más factible es que no lo hayan querido porque no era de nadie. Porque era un hombre solitario, un idealista, un hombre de valores y compromiso, incapaz de levantar el teléfono para pedir un favor por temor a que ese favor se convirtiera en un compromiso. ¿Se le debe reprochar algo? ¿Acaso falta de astucia, de carencia táctica para avanzar hacia su objetivo? En su derrotero se cruzó con el fiscal José María Campagnoli, otro que quedó al margen de los círculos invisibles. Campagnoli lo tuvo a su lado desde entonces y por muchos años. Pero Rodríguez Varela ya ha pasado los cuarenta años…

La historia contrafáctica encuentra múltiples momentos o escenarios decisivos. Este era otro de ellos. ¿Qué hubiera pasado si la selección de jueces hubiera premiado a los Rodríguez Varela? ¿Qué hubiera pasado si en vez de elegir a Canicoba Corral, a Urso, a la propia María, se hubiera inclinado por funcionarios decididos a controlar a los otros poderes? ¿Se hubieran concretado tantos hechos de corrupción?

La consagración de la impunidad tenía sedes en varios domicilios. Y una infinidad de responsables.

43.

Aunque su poder iba en ascenso, el lobby de Angelici en Comodoro Py era todavía de escasas calorías. Al menos si se lo comparaba con la impresionante red de influencias que empezó a desplegar el kirchnerismo para garantizarse impunidad. La figura de Alberto Fernández se fue opacando tras los primeros años de gobierno, porque, la verdad, a nadie le parecía demasiado decoroso ver al jefe de Gabinete negociando con Los Doce. Ese era un trabajo para hacer en las sombras, digno del territorio de lo sórdido, y lo sórdido es monopolio de los servicios secretos. Kirchner, pese a las dudas iniciales, al final hizo lo mismo que Menem: le encargó a la SIDE el control de la justicia federal.

Al principio se hizo con torpeza. Con notoria y peligrosa torpeza. Un caso vale de muestra. El formidable crecimiento patrimonial del matrimonio de Néstor y Cristina Kirchner originó una primera denuncia contra ellos por enriquecimiento ilícito, que pretendía indagar en la evolución de sus bienes entre 1994 y 2004. Los Kirchner habían pasado de ricos a multimillonarios siendo funcionarios públicos y eso merecía una explicación. El caso había llegado a manos de unos de los jueces nombrados con la llegada de Kirchner, luego de la salida de varios de los emblemáticos de la década del noventa, como Bagnasco, Urso o Liporaci. El juez a cargo era Julián Ercolini, quien no tenía ganas de cargar con problemas y decidió descartar la denuncia y sacársela de encima. El argumento que usó fue un informe del Cuerpo de Contadores de la Corte Suprema, que avalaba el escandaloso enriquecimiento con una creatividad contable insostenible a una mirada objetiva. El caso pendía de un hilo pero podía ser revisado si el fiscal del caso, Eduardo Taiano, decidía apelar el sobreseimiento y recurrir a la Cámara Federal para su revisión. Para eso había un plazo, que iba a vencerse el lunes siguiente a la Semana Santa del 2005. Ese lunes los empleados de Taiano lo esperaban como cada mañana en su despacho del quinto piso de Comodoro Py. Taiano, un hombre delgado y de bigotes antiguos, era un hombre riguroso en sus horarios y solía llegar antes de las 9 de la mañana. Pero ese lunes no llegó ni a las 9, ni a las 10 ni en todo el día. ¿Por qué? Cuando se estaba acercando a la zona de Tribunales, recibió un llamado a su celular. Atendió pensando en algún inconveniente doméstico o en la ansiedad de alguno de sus empleados. Pero lo llamaban para avisarle que su hijo estaba siendo víctima de un secuestro. Esa mañana, al llegar a su escuela de Barrio Norte, el jovencito había sido interceptado por desconocidos que lo subieron a un auto y se lo llevaron a dar vueltas por la ciudad. Dos horas después del llamado al fiscal, su hijo fue liberado en Barracas. No le habían robado nada. Simplemente lo habían secuestrado para darle un gran susto y conseguir lo que lograron. El fiscal Taiano no fue a trabajar ese día. Y la apelación que se esperaba de él no ocurrió nunca. La causa contra los Kirchner había muerto.

Quien recibió el encargo de controlar a Los Doce fue el subsecretario de Inteligencia, Francisco Larcher, puesto allí por su complicidad y amistad con Kirchner. Patagónico por adopción, igual que los Kirchner, Larcher venía trabajando con el ahora Presidente desde hacía décadas y había diseñado para él muchas de las maniobras más oscuras de su paso por la provincia de Santa Cruz, como el desvío de cientos de millones de dólares de las cuentas públicas hacia la banca suiza, una maniobra que nunca jamás llegó a develarse. Pero además era su compañero de travesuras. Larcher era el que llegaba hasta la última parada de la noche, el que encubría sus deslices de amor, el que protegía a la secretaria íntima del Presidente, el que sabía de los acuerdos con los que se decían testaferros del Presidente. Larcher ahora fue llamado a proteger las espaldas del Presidente desde la peligrosa SIDE y encomendó la misión, cuándo no, al mejor y al peor de los agentes: a Jaime Stiuso.

Para ese tiempo Jaime ya era el director general de Operaciones y en los hechos era la mayor autoridad entre los funcionarios de carrera de la SIDE. Hablaba cuando quería con casi todos los jueces y con casi todos los fiscales, dirigía las operaciones que se le encargaban a los espías, ya fuera para perseguir bandas de delincuentes como para preparar operaciones políticas. A los jueces los cuidaba especialmente. Les daba celulares para toda la familia, les facilitaba autos de la SIDE para moverse, les conseguía un empleo en la SIDE para sus hijos o para sus esposas. Otros apuraban gracias a su influencia el nombramiento de un familiar en la Justicia. Otros lo llamaban porque viajaban al exterior y de regreso al país querían evitarse el engorroso trámite de la Aduana, asunto que Jaime también controlaba y descontrolaba a su antojo. Jaime no estaba solo en su misión. La operación se completaba con un puñado de hombres de trajes grises que convirtieron a Comodoro Py, durante muchos años, en una maquinaria perfecta de producción de impunidad. Eran abogados, vestían seriedad y garantizaban que nada malo les pasara a los funcionarios y amigos del Presidente. Uno de ellos era Darío Richarte, que había sido subjefe de la SIDE en los tiempos del presidente De la Rúa. Richarte tenía origen radical, era uno de los habitués de los palcos de la Bombonera (pronto iba a convertirse en dirigente del club de la mano de Angelici) y dirigía un estudio jurídico que empezó a recibir y a defender a todos los funcionarios del kirchnerismo con denuncias en su contra. Uno detrás del otro, durante años.

Así empezó, otra vez, La Gran Simulación.

Para principios del año 2005 ya había 150 denuncias contra los funcionarios del kirchnerismo. Enriquecimientos injustificados, contrataciones impresentables, obras que se pagaban y no se hacían. Los jueces iban a abrir las causas, iban a poner los nombres de los funcionarios en sus carátulas, pero luego iban a ejercer el arte de la simulación. Durante años, muchos años, iban a hacer como que hacían, cuando en realidad no hacían nada. Lo que vino fue un proceso inaudito de encubrimiento. Poco a poco dejaron de ser importantes los indicios o incluso las pruebas. Poco a poco dejaron de valer los argumentos, poco a poco dejaron de pesar las certezas. Los jueces cumplieron a la perfección con lo que le pedían. Aceptaron pericias dibujadas para beneficiar al matrimonio Kirchner. Declararon inválidas pruebas sustanciales sobre coimas cobradas por el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, en la compra de vagones de trenes con sobreprecios a España.

Al igual que en la década del noventa, la Gran Simulación ocurrió sin despertar la indignación ni la preocupación de casi nadie. En todo caso, otros ruidos iban a acallar a los disconformes. Para compensar el daño y sopesar el desvarío, los jueces olfatearon el humor de los tiempos y se plegaron a la revisión y rescate del pasado más lejano y ahora inofensivo. Bonadío y María fueron de los primeros en dictar la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que habían perdonado a los militares que en la dictadura de la década del setenta habían matado a miles de personas en los campos de exterminio. María además dedicó gran parte de su esfuerzo en la búsqueda de hijos de desaparecidos que habían nacido en el cautiverio. La cárcel de Marcos Paz, a poco más de una hora de Comodoro Py, comenzó a recibir a cientos de los militares que habían provocado aquel desastre. Eran ahora hombres viejos y decadentes, sin poder más que el del peso de sus cuerpos decrépitos, invitados estelares a una comedia trágica.

De la Gran Simulación participaban todos. Los funcionarios, los jueces, los muchos abogados, los lobbystas. El más importante de todos ellos, acaso el más importante que haya caminado los tribunales federales, era Javier Fernández, amigo desde hacía décadas de Richarte y de Jaime Stiuso, porque el mundo, para él y para los otros, se construía de relaciones. O de vínculos. O de lechuzas. O de círculos invisibles.

A Javier ni siquiera lo preocupaba que su rol institucional estuviera lejos de allí. Era lo que todavía es: auditor general de la Nación, un puesto importante de un organismo de control que depende del Congreso, pero que de ninguna manera justificaba su habitual presencia en Comodoro Py, un andar que había iniciado en los tiempos de Menem como asistente y mano derecha más tarde de César Arias, uno de los arquitectos de la conquista judicial del menemismo. Ya en los noventa se había visto a Javier por los pasillos de Comodo Py, llevando y trayendo encargos por los despachos de los jueces y fiscales. Ya en los noventa se sentaba en el sillón frente al escritorio de María, desplegaba todo su desparpajo, abría la boca y dejaba salir mil y una historias para encandilarla a ella y a sus interlocutores, que se agolpaban para escuchar a esa extraña figura de la opacidad, un engranaje vital del poder de la permanencia, que se supone invisible pero que María, sus secretarias y sus empleados, sabían decisivo.

Javier adoraba a María. Mamita, la llamaba. Ella le respondía y le decía Hijito, y podían pasar horas y horas conversando, hasta la noche más cerrada, hasta que la oscuridad los hiciera olvidarse del tiempo y de sus lugares en el mundo.

Jaime Stiuso, Darío Richarte, Javier Fernández.

Eran tres.

Tres nombres.

Tres amigos y cómplices.

Tres nombres para gobernarlo todo.

44.

El juzgado electoral le auguró siempre larga vida. Después de cada una de elecciones, María tenía que analizar los gastos de campaña de cada partido, someter esos gastos al escrutinio de los contadores expertos y decidir si hubo o no una financiación ilegal de las campañas. Rumbo a las elecciones legislativas del 2005 se desató una pelea feroz entre el gobierno kirchnerista y su antecesor, el de Duhalde, que acabó en una campaña cruzada de buena parte del peronismo. Terminó ganando el que sostenía el cetro del poder. La primera dama Cristina Kirchner se consagró senadora nacional y de paso envió a la mujer de Duhalde, Chiche, a la categoría funesta de ser parte del pasado. ¿Quiénes pagaban los avisos publicitarios de la tele, los avisos de los diarios y las radios, los afiches callejeros, las infinitas cartografías que saturaban las autopistas de todo el país? ¿Estaban esos aportes informados debidamente? ¿Provenían de aportantes lícitos?

María aprendió que la mejor respuesta a las preguntas incómodas era la No Respuesta. Los expedientes de revisión de campañas empezaron a morir en la interminable agonía de la procastinación, el arte refinado de la postergación. Cada tanto, los jueces superiores de la Cámara Electoral le exigían que definiera las dudas, que tomara una decisión, pero María respondía sin responder, argumentando divergencias entre contadores, citando pericias incompletas, en definitiva, haciendo lo que siempre, ganando tiempo. Lo había hecho en el 2003. Volvió a hacerlo en el 2005. Como lo pensaba seguir haciendo, cada vez. Los apoderados de cada partido se presentaban en su despacho clamando piedad y tiempo. María los dejaba satisfechos y acumulaba favores.

El juzgado electoral le daba, además, la facultad de trastrocar los territorios y pasar por alto las fronteras. Trucos mágicos a los que se iba acostumbrando gracias a su facultad de definir si los aspirantes a cargos públicos cumplían con los requisitos que pedía la Constitución. Porque no se podía hacer cualquier cosa, o al menos eso era lo que establecía la madre de todas las normas. Por ejemplo: si un señor quería ser candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires, debía demostrar que era bonaerense o que llevaba al menos dos años viviendo en Buenos Aires y no en Jujuy o Tierra del Fuego. Era un requisito bastante simple, establecido por la Constitución, pero poco adecuado para ciertas aspiraciones. La única manera de subsanar ese inconveniente era la bondad de la gran lechuza. Lo comprobó Daniel Scioli en el lluvioso otoño del 2006.

Scioli era vicepresidente de la Nación y se estaba hundiendo en el desprecio del presidente Kirchner, que por desconfianza y por temor lo había convertido en una figura decorativa, sin poder de gestión ni de nada. Scioli se había criado en Villa Crespo, había vivido en Barrio Norte y desde hacía años se había instalado en un caserón del Abasto, a metros de Corrientes y Pueyrredón, en una callecita de faroles antiguos y bancos de plaza, una típica postal para turistas en donde se podían imaginar los rastros y las siluetas de arteros cuchilleros y varones del tango. Nadie dudaba de la naturaleza porteña de Scioli. Era capitalino de acá a La Quiaca. Pero la necesidad es hereje y Kirchner detectó que su inocuo vicepresidente venía conquistando una buena imagen pública en la provincia de Buenos Aires. Lo mandó a medir, se entusiasmó y ordenó que se presentara de candidato a gobernador. De la Provincia. Del otro lado de la avenida General Paz. En donde no podía. ¿O sí?

En esas horas de incertidumbre María se lo encontró. Fue en la clase ejecutiva de un avión que los llevaba a Estados Unidos. Cosas de ricos, por cierto. María estaba recostada, tomando una copa de champán, acomodándose para afrontar una semana de placer en las playas de Miami, cuando lo vio venir por el pasillo con un bolso al hombro. Se conocían, por supuesto. Pero Scioli, al verla, se quedó literalmente sin aliento, sorprendido de encontrarla justo allí y en ese momento, cuando estaba pensando en cómo salir del entuerto en el que lo habían metido. Pocos testigos lo vieron. El vicepresidente de la Nación se dejó caer sobre el piso del pasillo y se arrodilló frente al asiento de María en posición de rezo.

—María, tenés que ayudarme.

Ella no mostró ni asombro ni nada. Era una situación sumamente beneficiosa para ella, pero sabía desde hacía tiempo que era de mal gusto ostentar en la ventaja. Scioli le contó del plan del Presidente y del inconveniente de su domicilio. Era porteño, pero quería ser bonaerense. Le rogó una solución. La encontró de inmediato.

—Conseguite un domicilio en provincia y yo te lo arreglo, Daniel.

Y así se hizo, sin más. Semanas más tarde Scioli iba a comprarse una parcela de tierra junto al río Luján en Villa La Ñata, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, donde iba a transformar una casa semiabandonada en una de las mecas del peronismo bonaerense, con un quincho descomunal frente al río, estatuas de colección, muelle propio y hasta una cancha de fútbol que sería el centro delas tertulias del poder provincial durante largos años. La ley electoral le hubiera exigido habitar dos años ese refugio antes de ser candidato, pero la ley electoral podía ser flexible si el humor de María lo autorizaba. Como cada vez, la clave era evitar que interviniera la Cámara Electoral, el tribunal superior a su juzgado. María lo resolvió. Acordó concederle a Scioli la candidatura en la Provincia con el argumento del no argumento, aludiendo a «razones excepcionales» que no explicó ni tuvo que explicar, porque acordó con el fiscal electoral, Jorge Di Lello, que no apelara su fallo para que quedara firme de inmediato y nadie pudiera revistarlo. «Razones excepcionales», dijo María. Nada más que eso. Tan simple como disparatado. Pero Di Lello era peronista, era una de sus lechuzas, y también gustaba de acumular crédito. Así se resolvió, sin más. Daniel Scioli logró ser candidato y unos meses más tarde se consagró como lo que fue durante ocho años: el peor gobernador de la historia de la provincia más poderosa del país.

45.

Estamos llegando, ahora sí, al corazón del relato.

O al comienzo del entramado que nos llevará a su desenlace.

Pero para hacerlo, hay que aprender a mirar hacia atrás y hacia adelante.

Hay que aprender a mirar como lo hace ella: a través del tiempo.

46.

La denuncia llegó a sus manos en el invierno del 2008. María estaba a punto de cumplir setenta años, pero su vitalidad era absoluta. Venía de un viaje por Europa, otro de tantos, acompañada de dos de sus amigas. Siempre se la veía rodeada. O de sus amigas o de sus amigos, a los que todos imaginaban o creían sus amantes. María todavía firmaba sus fallos con el apellido de su esposo, pero el brigadier Cubría casi no se mostraba en público y había dejado de ir a navegar porque la enfermedad empezaba a rondarlo muy de cerca.

La relación de María con el gobierno era buena, pero pasaba por un período de cierta y fría distancia. En ese tiempo hablaba casi a diario con Javier Fernández, su hijito postizo, pero eso no necesariamente suponía recibir pedidos y encargos a cada rato. Básicamente porque no había, todavía, demasiadas denuncias que preocuparan a un gobierno que se mostraba más atento todavía a sacarle provecho a la Justicia para forjar algunas de sus conquistas, como la recuperación de los juicios y condenas contra los ex represores de la última dictadura. En los tribunales de todo el país, fiscales y jueces habían retomado las causas que habían sido enterradas con las leyes del perdón del alfonsinismo y comenzaron a desandar la Historia para llevar a la cárcel primero a jefes militares y luego a sus subalternos. María, ya lo dijimos, se subió al tren. Cómo no hacerlo, si no le significaba un solo costo y le generaba mucho rédito. Decretó la nulidad de las leyes del perdón. Envió militares a la cárcel. Y recibió en su despacho a las Abuelas de Plaza de Mayo, aliadas fundamentales del discurso kirchnerista, a las que les prometió todo su esfuerzo para encontrar, lo que finalmente hizo, a los nietos desaparecidos.

En eso estaba cuando le llegó la causa de la efedrina. De la maldita efedrina.

Todavía no lo sabíamos, pero Argentina llevaba varios años convirtiéndose en un puente internacional del narcotráfico. Una serie de laboratorios argentinos importaba ese químico desde países como la India, China o Pakistán, con la intención secreta de exportarlo luego hacia México, donde iba a ser usado para la confección de las temibles metanfetaminas.

Todavía no lo sabíamos nosotros, el común de los mortales. Pero sí debían saberlo algunos otros. La efedrina era un producto de comercio legal pero controlado, que se usaba en pequeñas cantidades para la elaboración de medicamentos. Hasta el año 2005, toda la industria farmacéutica utilizaba en promedio unos 800 kilos de efedrina al año. La línea estadística, por siempre estable, se quebró de golpe. Comenzaron a importarse diez, veinte y hasta cuarenta toneladas de efedrina, lo que ponía en evidencia que se estaba usando para nuevos fines. Las razones eran de geopolítica. El gobierno de México, el principal exportador mundial de droga, había decidido prohibir el ingreso de la efedrina a su país, justamente para intentar ponerle un freno a las mafias de la metanfetaminas. Pero eso solo había hecho que los narcos buscaran otros lugares donde comercializar su basura. Argentina era una de las nuevas rutas elegidas. La efedrina ingresaba al país en inmensos barriles a través del puerto de Buenos Aires, sorteaba los controles de la Aduana, y más tarde era reenviada a México a través del mismo puerto, nuevamente sin la mirada de los aduaneros o si no, por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. De toda la maniobra participaban distintos actores: los laboratorios que ingresaban la efedrina, los que se ocupaban de sacarla del país, los que protegían toda la operación, los que la financiaban, los que la custodiaban contra los que debían controlar. Mafias aceitadas y peligrosas que vivían entre nosotros a la sombra del poder o como parte de las estructuras subterráneas del poder.

Quien descubrió esta maniobra, quien la denunció primero, fue Gabriel Yousef Abboud, a quien, por sus rasgos árabes y pese a su origen sirio, lo llamaban El Turco. María lo conocía bien, porque El Turco Abboud había sido secretario letrado de una fiscalía federal de Comodoro Py hasta el año 2000, cuando el gobierno de la Alianza lo invitó a sumarse a la Secretaría de Lucha contra las Adicciones y el Narcotráfico (Sedronar), un organismo vetusto que se había creado a pedido de la DEA, la agencia antinarcóticos de Estados Unidos. El Turco se había especializado en asuntos de drogas por su trabajo como fiscal y por su fascinación por las armas y el peligro. Experto y coleccionista de pistolas de alto calibre, era habitué de los polígonos de tiro de Buenos Aires y había forjado, entre disparos y sobremesas, una relación intensa y provechosa con los oficiales de la DEA en Buenos Aires. Habían sido ellos, naturalmente, quienes lo empujaron a su nuevo cargo como subdirector de la Sedronar, un puesto de prestigio para las tarjetas de presentación pero de poca influencia, todavía, en el mundo real. La Sedronar tenía dos misiones específicas. La primera era generar políticas para combatir el consumo de tóxicos legales e ilegales, asunto de poquísimo interés para los jefes de Abboud y tal vez para él mismo. La otra tarea era de Inteligencia. La Sedronar llevaba el registro del comercio de todas las sustancias que pudieran usarse como precursores químicos de la droga. El comercio de cloro, de ciertos ácidos, pero también de la efedrina que, como ya sabemos, se usaba en cantidades diminutas para la producción de fármacos.

Al gobierno de los Kirchner parecía preocuparle muy poco todo este asunto, tanto que al frente de la Sedronar designaron a José Ramón Granero, cuya profesión eludía en todo a la tarea que le tocó: Granero era odontólogo, experto en caries y blanqueo dental. Su único mérito residía en haber sido el odontólogo que le había quitado las muelas y limpiado los dientes, durante años, al ahora presidente Néstor Kirchner. El Turco Abboud era otra cosa. Obsesivo, inquieto, irritante por momentos, era él quien recibía a diario los informes de ingresos y egresos al país de las sustancias bajo observación. En agosto del 2007 le sonó la alarma: la importación de efedrina estaba dando saltos a una escala asombrosa. De pronto, sin nada que pudiera preverlo, una serie de laboratorios poco conocidos estaban mostrando un súbito interés en comprar toneladas de efedrina. Algo olía mal.

Lo primero que hizo fue consultar a la Aduana, encargada de controlar las salidas y egresos de todas las mercaderías a través del puerto de Buenos Aires y las diferentes fronteras. La respuesta fue de lo más asombrosa. La Aduana tenía registro de los ingresos de la efedrina, pero no tenía registro de salidas por ninguna de las fronteras terrestres, aéreas o fluviales. Ni siquiera de cien gramos de efedrina. La droga, en los papeles, no estaba saliendo del país. Eso podía significar dos cosas: la efedrina se estaba consumiendo en el país (lo que era muy poco probable) o alguien la estaba exportando de manera clandestina, de contrabando. El Turco Abboud marcó en amarillo sus planillas, compartió la información con sus amigos de la DEA y formalizó la primera denuncia contra las mafias de la efedrina, sin saber, por cierto, que estaba firmando su propia ruina.

El primero de Los Doce jueces federales en intervenir fue Marcelo Martínez de Giorgi, cuyo despacho estaba a unos cincuenta metros del de María en Comodoro Py. Era un juez de bajo perfil, de esos que pretenden pasar desapercibidos, con la esperanza de que esa invisibilidad los protegiera de las críticas. En este caso no hizo nada extraño, es decir, hizo bastante poco. Movió la causa, como se decía en la jerga, pero la movió lentamente. Pidió informes sobre importaciones, indagó al dueño de un laboratorio que había entrado al país 1.200 kilos de efedrina y se preguntó, con razón, por qué nadie había advertido la extraña importación en el mismísimo momento en que ocurría.

Lo que todavía ignorábamos casi todos los mortales era que las mafias de los medicamentos venían traficando efedrina desde hacía más de tres años y que había por lo menos tres o cuatro traficantes que ya tenían muy bien aceitados todos los pasos del negocio, desde el ingreso hasta su partida rumbo a México. Uno de ellos era un extrañísimo sujeto llamado Ibar Pérez Corradi, de quien iremos conociendo más a medida que avance el relato. Otro era Roberto Segovia. De él iba a saberse el 17 de julio del 2008, cuando la Policía bonaerense y agentes de la Secretaría de Inteligencia irrumpieron en una quinta de Ingeniero Maschwitz donde el misterioso Segovia, bautizado por la prensa como El Rey de la Efedrina, dirigía un laboratorio clandestino para producir drogas sintéticas, meterlas en botellas de vino y mandarlas camufladas a México. El Turco Abboud llegó al lugar horas después del allanamiento y fue directo hacia los barriles que se acuñaban al fondo de un galpón, donde todavía quedaban 25 kilos de efedrina importados de la India. La habían pagado a mil dólares el kilo, pero su valor de reventa, una vez colocada en México, era de casi diez veces más.

A nadie le llamó la atención, todavía, que a cargo de la investigación contra Segovia habían estados los muchachos de la SIDE. El jefe de Contrainteligencia de la Secretaría, Horacio Germán García, había dirigido el operativo desde el principio y cuando llegó Abboud todavía se paseaba entre los mexicanos, que ya estaban esposados y aguardando para ir a pudrirse en alguna cárcel de mala muerte. Horacio García era la mano derecha de Jaime Stiuso, el mismísimo Jaime, consagrado desde hacía tiempo como el espía más poderoso del país. Así es: Jaime parecía estar en todos lados.

El golpe resultó letal contra la banda de El rey de la efedrina, al que lo esperaban unos cuantos años tras las rejas. Pero las otras mafias del negocio, en esos días, se estaban implosionando, desde adentro mismo de las organizaciones. Los narcos y sus aliados, literalmente, se estaban matando.

La tarde del 13 de agosto del 2008, días después del allanamiento en la quinta de Maschwitz, fueron encontrados en un descampado de General Rodríguez los cadáveres de tres hombres que habían sido secuestrados seis días antes. Eran Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, tres jóvenes emprendedores vinculados a los laboratorios farmacéuticos que habían tenido la mala de idea de meterse en el negocio narco, importando efedrina y lidiando con los mexicanos, tarea que suponía un riesgo que no supieron dimensionar. Nunca estuvo claro si quisieron pasarse de astutos o si simplemente no había otro destino para ellos, pero alguien decidió eliminarlos. Forza, Ferrón y Bina quedaron asociados para siempre en la historia criminal del país. Forza, Ferrón y Bina fueron torturados, puestos de rodillas y ejecutados a tiros de a uno por vez, para finalmente acabar tendidos en la tierra de un zanjón bonaerense, destino final del ganado enfermo o de los hombres despreciados de la tierra.

Estaba claro que la efedrina quemaba. Meterse en ese mundo equivalía a ganarse muchos problemas y no todos los jueces tienen ni el carácter ni el deseo de bailar en la tormenta. Martínez de Giorgi se las ingenió para sacarse la causa de encima. Argumentó que su objetivo inicial, el de indagar en los laboratorios, se había desviado hacia un hecho nuevo, el de la posible protección de los funcionarios públicos hacia los narcos. Así mandó la causa a la Cámara Federal para un nuevo sorteo, donde la fortuna o el destino o lo que haya sido le dio la nueva conducción de la investigación a una jueza con el temple suficiente y la ambición desmesurada que se precisaba. Una mujer con la capacidad de saber del poder descomunal de lo que iba a recibir. Con la sensibilidad de interpretar su valor, no ahora, sino en un futuro incierto.

A diferencia de los otros, María sabía leer a través del tiempo.

47.

La relación entre Los Doce nunca fue fácil. Se entiende. Son hombres de poder, desconfiados, celosos de su territorio, repletos de lados vulnerables y peligrosos al mismo tiempo. María era, además, la única mujer. Siempre lo fue. Eso la dejaba afuera de los palcos de la Bombonera y de los partidos de once que organizaba el camarista Pati Ballesteros en la cancha de Argentinos Juniors o de los picados que inventaba Ariel Lijo para mostrar sus dotes de arquero. Pero también quedaba afuera de las interminables noches de truco y whisky que dirigía El Rodi Canicoba Corral en hoteles cinco estrellas o, más tarde, en su mansión en Vicente López. Esas noches se jugaba por plata y por la gloria. El ganador se llevaba la «Rodi Cup», una pieza de cuarenta centímetros de alto que certificaba el talento para la mentira, pero sobre todo la pertenencia al grupo selecto de los influyentes en Comodoro Py.

El Rodi era uno de los caciques. Si no, el mayor de todos. Combinaba su experiencia de Comodoro Py con su pasado de abogado sacapresos del conurbano, una mezcla que ofrecía dosis igualmente valiosas de Palacio y calle. Su liderazgo había sido heredado. En los años noventa, los encargados de conducir el humor de Los Doce habían sido los jueces Gabriel Cavallo y Adolfo Bagnasco, ahora ya alejados de la Justicia. Cavallo y Bagnasco organizaban las reuniones sociales, asesoraban a los novatos o a los que no sabían cómo lidiar con el poder político. Hablaban por ellos, si era necesario. Esa tarea recayó luego en Canicoba, quien más tarde iba a compartirla con Ariel Lijo. A Bonadío no le faltaba ascendencia sobre los demás, pero su carácter irritable le jugaba en contra. Lo que hacía El Rodi Canicoba era visitar a los colegas y hablarles. Les contaba anécdotas, les relataba situaciones graciosas, poco a poco los llevaba hacia donde quería. Les recordaba que se tenían que cuidar entre todos, amplificaba la idea de que no estaban allí para andar cazando políticos sino para garantizar la continuidad de un sistema. El Rodi tenía además la virtud de la simpatía. Conocía mejor que nadie el oficio de quedar bien con el poder sin caer en el desprecio de la prensa y al mismo tiempo ganar amigos y dinero. Organizaba los brindis de fin de año, hacía de anfitrión en las tertulias donde se invitaba a cenar a los enlaces más o menos permanentes, como Javier Fernández o Angelici. Y atendía a los periodistas, siempre.

Todo un caso Canicoba. A las Rodi Cup llegaba con su última moto de alta cilindrada, envuelto en una campera de cuero que escondía el paso de los años, con un elegante pañuelo en el cuello. Apenas se sentaba en la mesa de juego comenzaba a irradiar todo su encanto: repartía habanos, sonreía y fascinaba a todos con sus relatos de noches eternas que lo convertían a él, siempre, en un héroe incansable, cargado de suerte y furiosa bonanza. Antes y después de la «Rodi Cup» era y seguiría siendo el guía espiritual de la mayoría de Los Doce. Cuando uno de sus colegas se sentía muy presionado, se aparecía en su despacho para que él le recordara cada una de las máximas que guiaban a la supervivencia: que el tiempo es el mejor aliado de la duda; que las decisiones en caliente solo llevan al tropiezo; que una derrota leve conviene más que una tragedia rotunda. Eran las reglas del poder, de las que se jactaba. El Rodi guiaba, conducía, ampliaba su propio dominio y buscaba aliados y cómplices.

Con María, en cambio, se desconfiaban. Ella era la decana de Los Doce pero no conducía desde el carisma sino desde la acumulación de fuerzas. Eran de estilos casi opuestos. Pero además, María despreciaba a los exhibicionistas de riqueza. Y sabía que El Rodi, de haber podido, le hubiera sacado con gusto el juzgado electoral. ¿Ella también le celaba el afecto que lograba El Rodi entre sus pares? Tal vez. María nunca había logrado ser la anfitriona de reuniones similares y su círculo invisible era más cerrado y menos lujurioso. María no tenía una ascendencia basada ni en el histrionismo ni en el encanto, sino más bien en su capacidad de construir poder. María no tenía ninguna vocación de compartir su clan con ese hombre al que sabía deseoso de ampliar el suyo.

Poco faltaba para que ambos universos entraran en serio peligro.

48.

Se dice siempre la siguiente estupidez: «los jueces hablan a través de los fallos». En realidad, los jueces federales hablan antes de fallar. Como sabía Kafka, lo importante es el proceso, mucho antes que la sentencia. Cada uno de Los Doce recibe cada año unas tres mil causas nuevas, que se suman a miles de causas que van arrastrándose de años anteriores y no alcanzan a cerrarse. Los números de los expedientes delatan el formidable caudal de causas. Son miles y miles. ¿Dónde poner el ojo? ¿Cómo sumergirnos en el intrépido mundo de la justicia federal frente a la inmensidad de su historia? Tenemos ante nosotros, solo con María, más de cuarenta años de carrera judicial y unos ochenta mil expedientes, que no son más que ochenta mil conflictos entre personas más o menos como nosotros, repletas de complejidades y misterios que muchas veces los sobrepasan, y sobre cada uno de esos miles y miles de conflictos hay algo para decir, porque hay derechos que colisionan, verdades que se escurren entre crímenes, estafas, adulteraciones de marcas, asaltos a mano armada, robos de bebés nacidos en cautiverio, asesinatos por encargo, conspiraciones y más. Pero a no confundirse. Hay expedientes y expedientes. Hay causas y causas. Los juzgados están repletos de casos sin valor más que el de su peso físico, el del papel que se acumula como montañas en los armarios, en los pasillos, en los baños en desuso o debajo de las escaleras.

En el fuero de Los Doce, el fuero al que miramos, el cuarenta por ciento de las causas indagan en la nada misma, que en la mayoría de las veces tiene la forma de la tenencia de estupefacientes. Son causas podridas, condenadas a la basura. Son aquellas que indagan en jóvenes atrapados por la Policía mientras consumen un cigarrillo de marihuana o cuando intentan arrojar a la alcantarilla, ante el apresto policial, un sobre metalizado con dos gramos de cocaína. Basura doble: la droga y la causa. Los consumidores son llevados a una comisaría, pasan una o dos noches en la oscuridad de un calabozo frío, más tarde son indagados en Tribunales por un delito dudoso, los obligan a dejar sus huellas dactilares, los asustan y les hacen creen que la Justicia existe, cuando en realidad es puro artificio. Al final la causa queda en la nada, como mucho en un sobreseimiento tristón y piadoso que se suma a la fábrica boba de estadísticas. Se sabe en Tribunales. Todos lo conocen y lo siguen aceptando. Son cientos y miles de expedientes que se apilan unos sobre otros para nada, con el destino seguro de un depósito de archivos de papeles que constituyen, en silencio, en cuestión de tiempo, alimento para insectos y ratas. Pero la maquinaria debe seguir. Nadie la cuestiona demasiado. Esa nada avanza hacia su no lugar, impuesto por un sistema que jamás se revisa a sí mismo y que goza de aplastar o apabullar a los que no participan de la contienda del poder sino que la miran con la ñata contra el vidrio.

Otros expedientes, en cambio, contienen el todo.

Son los que definen a los jueces federales. Aquellos que revelan su fortaleza, los que pagan favores o podrán generar favores para el futuro. Esos expedientes explican la permanencia de los jueces y pueden darles autoridad o fortuna o las dos cosas al mismo tiempo. María es una especialista en atrapar ese tipo de causas. ¿Cómo olvidar al loco de los siete tiros? ¿Cómo no reconocer su mano en la elección que llevó a Kirchner al poder? ¿Cómo explicar la supervivencia de María sin el manejo de la causa de la represión de diciembre del 2001? A los expedientes que de verdad valen, ella los ve venir a la distancia, los anticipa y los atrapa en el aire como un ave cazadora que se lanza a la captura de su presa con la certeza de que no va a equivocarse. Todos los que conocen a María le reconocen ese radar especial. No es otra cosa que un talento estratégico, agudizado con los años. La capacidad de advertir el provecho que podrá sacarle a cada causa antes de que los demás lo vean. La virtud de reconocer algo que todavía no está, que aún no existe.

Apenas recibió la causa de la efedrina, comenzó por alimentarla. Como quien pone a un cachorro o a un ternero en un proceso de engorde. Le pidió a la Sedronar todos los antecedentes del caso, le volvió a pedir información a la Aduana, se comunicó con sus amigos policías y sus contactos de la Embajada de Estados Unidos. Empezó, a su vez, a abrir expedientes paralelos. Eran su especialidad. Ordenaba investigar algo que podía o no tener relación directa con el caso y lo unía «por cuerda» al expediente principal para justificar su existencia. Eso chocaba con las normas básicas del código procesal, porque extralimitaba su competencia, pero era justamente por eso que lo hacía. Los expedientes anexos le permitían meter las narices en territorios no exactamente ligados al hecho principal y de paso hacerlo en sigilo, porque de esos expedientes por cuerda no se interesaba nadie. Así empezó a investigar no a una, sino a todas las empresas de laboratorios que importaban efedrina y otras sustancias bajo sospecha. Así empezó a ampliar sus dominios. Al poco tiempo eso iba a permitirle pedir y apropiarse de las causas de otros juzgados donde también se investigaban hechos vinculados a la efedrina o importaciones de sustancias peligrosas. María quería todo para ella; e iba a tenerlo todo. ¿Por qué tanto interés? ¿Qué o quién guiaba sus extraños pasos?

En el expediente principal se enfocó en indagar en los funcionarios que debían controlar el ingreso de la efedrina. Se limitó a ellos, en realidad. Lo que generó una increíble paradoja: la investigación acabó responsabilizando a los que la habían denunciado. El Turco Abboud y su jefe odontólogo fueron procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y luego como partícipes de la operación de contrabando. Pero vamos muy rápido y para eso falta. Por ahora alcanza con decir que María empezó a engordar el expediente y se enfocó en la importación de la efedrina al país. ¿Por qué no miraba hacia el resto de la ruta o hacia la salida de la efedrina hacia México? El expediente comenzó a juntar cuerpos y más cuerpos. Fojas y fojas de informes de Inteligencia, pericias aduaneras, testimonios y datos a veces útiles y muchas veces sin sentido aparente. Despacito, María nos estaba llevando hacia zonas a las que no quisiéramos llegar.

49.

John le Carré fue un agente de Inteligencia británico que acabó escribiendo algunas de las mejores novelas del género de espionaje. En su autobiografía contó que suele trabajar en el escritorio de su casa inglesa de Cornualles, frente a un paisaje bello y amenazante, un prado que se extiende hasta un acantilado que divide su finca con el Atlántico azul. Junto a su casa y refugio vive una familia de lechuzas que acompañan su silencio de cada mañana. Le Carré convive con esas lechuzas, las observa y es observado por ellas. Al cabo del tiempo las conoce, las define. Las lechuzas no tienen depredadores. Ni los cuervos ni los halcones peregrinos parecen dispuestos a enfrentarlas. Pero contra lo que se cree, no solo observan a los otros sino que viven pendientes de los ojos que las observan a ellas. «Hasta un extremo que los espías considerarían paranormal», dice Le Carré. La jefa de la familia es La Gran Lechuza. Acostumbra planear sobre el prado a unos cincuenta centímetros de las hierbas, lista para precipitarse sobre algún ratón de campo. Pero no lo hace si Le Carré la está mirando. No ataca cuando Le Carré la mira. La Gran Lechuza no quiere ser vista mientras ejerce su cacería. Observa, pero no quiere ser observada. Mira todo, pero pretende ser invisible.

50.

En el territorio de lo incomprobable se esconde aquello que no quieren mostrarnos.

En el territorio de lo incomprobable, la anécdota de la corbata, la compra y venta de sentencias, las visitas de los delegados de la SIDE, la compra y venta de pericias o de dilaciones o de apelaciones o de tiempos muertos y de tiempos que se extienden hasta casi el infinito.

En el territorio de lo incomprobable está aquello que intuimos, que creemos saber, pero nos faltan sentidos para darlo por hecho. No vemos la fortuna de los jueces. No tocamos los millones que han cobrado. No escuchamos los arreglos. Hay indicios, solo eso.

Allí está la mansión que se compró Liporaci en Vicente López.

Y el departamento de lujo de Urso en Barrio Norte.

Y los campos (eso, campos) que se iba a comprar Adolfo Bagnasco poco después de alejarse de los Tribunales.

Y la mansión que se iba a comprar Canicoba Corral en Vicente López.

Y los autos de lujo que cada mañana aterrizan en los playones del estacionamiento de Comodoro Py.

Y las cuentas que ocultan todos ellos aquí y allá.

Y los testaferros.

Y los abogados.

Y cuántas cosas más.

Somos limitados ante los hechos verificables.

La verdad está custodiada.

51.

Hablemos ahora de los abogados. Son los que protegen lo incomprobable. Los guardianes de los secretos.

En Tribunales se sabe que el abogado defensor delata la naturaleza del delito. Dicho de otro modo: dime quién te defiende y te diré quién eres.

Hay abogados que están puestos para batallar en las causas con la discusión de los argumentos, analizando y debatiendo las pruebas, husmeando en la jurisprudencia, cotejando el avance de los procesos hacia atrás, hacia los costados y hacia adelante. Pero hay abogados que están solo para embarrar la cancha. Son expertos en ensuciar los expedientes hasta la saturación, capaces de reclamar nulidades por la falta de una coma en una resolución, que se han especializado en dilatar o de apurar jugadas según la conveniencia del cliente de turno. También hay abogados que están solo para ganar pleitos mediáticos y transformar un proceso en una guerra televisiva. Los mediáticos son punzantes, saben dónde declarar y cómo hacerlo, acostumbran a victimizar a sus clientes aunque sean los mismísimos herederos del demonio. También hay abogados para confesar, muchas veces pagados por alguien a quien no vemos y que juega una partida que se nos esconde, porque en Tribunales está repleto de causas que tienen la forma de las causas pero en realidad son otra cosa. Pero también, y aquí vamos, también hay abogados que están para lo inconfesable: para comprar sentencias o arreglar procesos. Esos abogados son conocidos por todos en Comodoro Py. Se los ve venir, a la distancia. Cuando llegan a una mesa de entradas, con sus trajes impecables, con sus costosas camisas, con sus sonrisas modeladas, ya se sabe lo que buscan. Arreglos. Arreglos millonarios. A veces para ganar tiempo, otras para conseguir una eximición de prisión, otras directamente para lograr la firma de un juez detrás de una absolución. Muchos de esos abogados son socios de los jueces. O hermanos y socios, como en la década del noventa lo fue Julio Coco Ballesteros, el hermano de Jorge Pati Ballesteros. Coco nunca se recibió de abogado pero durante años hizo como si lo fuera, cargando expedientes y escritos de aquí para allá, entrando a los despachos de casi cualquiera e irradiando la simpatía que se espera de los encargados de traspasar las fronteras éticas, porque si hay algo que había aprendido Coco y que luego aprenderían otros, es que sin importar la naturaleza de la trampa nunca se debe perder la elegancia. Hay que vestir bien, hay que ser prolijos, hay que sonreír y nunca hay que pedir nada de manera directa, sino esperar que lo que se busca llegue como el resultado natural de un proceso de buen entendimiento. Coco Ballesteros, el hermano del juez Pati Ballesteros, conseguía así todo lo que buscaba.

Con el tiempo su lugar fue ocupado por otros. A mediados del kirchnerismo irrumpió otro abogado facilitador y fue justamente otro hermano: Alfredo Lijo, hermano del juez Ariel Lijo. Freddy también consiguió acceso directo a cualquiera de los doce despachos federales. Entraba y salía cuando se le daba la gana. Llevaba y traía soluciones. En ese llevar y traer se hizo millonario, tanto que años más tarde, en el 2012, iba a montar nada menos que una financiera en Puerto Madero, Minning Pride S.A., a nombre de su esposa Carla Lago y en sociedad con el camarista federal Eduardo Freiller. De Freddy Lijo se decía que además de socio de su hermano era uno de los operadores del gobernador Daniel Scioli en Comodoro Py y especialmente el encargado de proteger las espaldas del ministro de Planificación, Julio De Vido.

Pero hay más. Canicoba Corral prefiere a otro abogado. A Guillermo El Gordo Scarcella, al que muchos consideraban testaferro de Canicoba y su enlace permanente con la política peronista, a tal punto que Scarcella iba a terminar en un cargo importante en la provincia de Buenos Aires gobernada por Scioli, otro de los protectores o socios en la sombra de Canicoba. En cada una de las causas calientes que llegan al juzgado de Canicoba aparecía Scarcella como abogado de alguno de los malos. Todos lo sabían en Comodoro Py. Scarcella era además la pareja de Canicoba en las noches de truco y whisky, mientras que de día abría puertas y cerraba las heridas tocadas por su amigo. Se hizo millonario gracias a eso. Compró campos en Tandil, formó cuatro sociedades comerciales, adquirió acciones en casas de juego, una colección de autos de lujo, cuentas en Panamá. En el nombre de su amigo. En el nombre del rey del truco.

María, por supuesto, también tenía «sus» abogados. Esos que los acusados en sus causas elegían cuando la querían mansa y amigable. Durante años, hizo ese trabajo Roberto El Flaco Ribas, un hombre altísimo y delgado que caminaba los pasillos del Palacio de Justicia con la jactancia de quienes han vivido bajo esos techos hasta el infinito y han caminado cada uno de sus pasillos y han abierto cada una de sus miles de puertas. El Flaco Ribas la defendió en los tiempos del Yomagate, cuando pocos se atrevían a hacerlo, y eso le valió la fidelidad de María hasta que el mundo le dijo basta a su languidez. Hubo otros más. Antes y después hubo otros más, siempre silenciosos, que se presentaban en su nombre a los clientes más necesitados. ¿Negociaban esos abogados en su nombre? ¿Sacaban tajada de algo? Es probable e incomprobable. Los abogados de María llevaban y traían, comercializaban información, ofrecían la ayuda de la jueza más poderosa del país. Alguno habrá cobrado un peaje, como el amigo del juez de la corbata. Otros simplemente habrán cobrado para quedarse con el pago completo. Otros lo habrán hecho para pertenecer a su entorno.

Uno de esos abogados fue quien me acercó a María en pleno desarrollo de este libro. El que me llevó hasta ella.

—Nunca pide nada —me dijo—. Ni pregunta. Solo quiere que sepas que te hizo un favor.

Total, ya iba a tener tiempo para cobrárselo.

Los abogados. Poco de lo que ocurre en Tribunales se puede explicar sin ellos. Son actores clave del sistema de justicia, como auxiliares en algunas ocasiones, como obstructores en otras, como cómplices tantas veces más.

52.

¿María ha metido a mucha gente presa?

Lo hizo en sus tiempos de jueza penal ordinaria, allá lejos y hace tiempo.

Violadores, abusadores, estafadores. Esos iban adentro. A pudrirse en las miserable cárceles argentinas.

Los Puccio también, por supuesto. Adentro.

Pero como jueza federal, solo ha enviado a la cárcel a un puñado y de a ratos. No hace falta ser un genio para verlo. Las cárceles del país están repletas de procesados sin condena y de hombres y mujeres sin capacidad de rebelarse o de burlar a la Justicia o de pagar favores. Son pobres y apenas pueden con sus miserias de cada día. No tienen los abogados a los que contratan los poderosos. No tienen los lobbystas a los que contratan los políticos y los empresarios. Ni siquiera saben dónde se encuentran las lechuzas, apenas pueden intuir su existencia. Lo decía el Martín Fierro:

La ley es tela de araña,

en mi inorancia lo esplico,

no la tema el hombre rico,

nunca la tema el que mande,

pues la ruempe el vicho grande

y solo enrieda a los chicos.

Los políticos y los empresarios casi siempre zafaban. Por las maniobras de simulación y porque los delitos que pueden endilgarles tienen penas bajas, como si la corrupción fuera un problema de baja importancia moral. La consagración de esa impunidad llegó en el 2008 con una resolución que pasó desapercibida para casi todos, firmada por la Cámara de Casación Penal, que es la máxima autoridad en materia penal, por encima de los tribunales federales. Atendiendo a los planteos de diversos abogados poderosos de clientes igualmente poderosos, la Cámara de Casación entendió que debía ponerle un corte a la discreción con la que los jueces podían decidir las excarcelaciones de sus procesados. Lo que hizo fue terminar de garantizar que casi nadie vaya preso. Estableció que el estado natural en el que un procesado debía esperar su juicio final era en libertad. Y que salvo en delitos extremadamente graves (asesinatos, violaciones, secuestros o torturas) solo debía mandarse a la cárcel a los condenados con una sentencia firme, o en todo caso a los procesados que cumplieran con alguno de estos dos supuestos: que intentaran entorpecer a la Justicia vulnerando u ocultando pruebas; o que intentaran escaparse.

El concepto de juicio con sentencia firme era una autopista totalmente vacía por la que los poderosos podrían circular a su gusto y a cualquier velocidad. La sentencia firme significaba, en manos de un abogado astuto o de una lechuza bien conectada, el último de los recursos presentado no ante una Cámara de Apelaciones, ni siquiera ante la Cámara de Casación, sino ante la Corte Suprema de Justicia. Esto permitía que una condena tardara años en ejecutarse. En el caso de los procesados por corrupción, solo el argumento de una posible fuga parecía factible para explicar una prisión efectiva. De lo contrario, los políticos podían robar tranquilos seguros de que un buen abogado les podía estirar los tiempos del proceso hasta el infinito, llevándolos a un estado de indefinición perpetuo, a un estado de En Tránsito, como si estuvieran de por vida en un aeropuerto, sin viaje hacia ningún lado.

Por todo eso casi nadie iba preso. Y casi nadie va, todavía, salvo que se presenten en la noche cargando bolsos repletos de dólares. Pero eso no iba a ocurrir nunca. ¿O sí?

53.

El 30 de abril del 2004 María acompañó a la Policía Federal en una serie de allanamientos y detenciones de lo que se bautizó como el Operativo Viñas Blancas, una investigación cruzada entre varios países que detectó e intervino una operación de tráfico de drogas ilegales desde Argentina hacia Europa. El golpe letal ocurrió en un galpón de Munro, en el conurbano bonaerense, donde la Policía detectó un cargamento de 171 kilos de cocaína y 10 mil botellas de vino blanco con droga disuelta en su interior, que servían de camuflaje para la exportación que se pensaba realizar. El valor de la mercadería fue valuado en 30 millones de dólares. En el lugar fueron detenidos dos ingleses llamados Nicholas Brewer y Philip Dragic, encargados del contrabando y dueños de la empresa exportadora. ¿Cómo se financiaba el tráfico de cocaína disuelta en vino? Según la investigación de la Policía, los que ponían la plata eran un grupo de empresarios formado por dos serbios, llamados Dejan Trsic y Dragoslav Ilic, y el argentino Jorge Luis Motok. Los serbios, al parecer, eran resaca de una célula mafiosa de la ex Yugoslavia y habían decidido instalarse en Argentina para invertir su fortuna y multiplicarla. Pero no solo ellos cayeron presos. La investigación detectó que los serbios invertían mucha de su riqueza en joyería de máximo nivel, en especial en los comercios de una de las familias más poderosas del rubro, la familia Orentrajch.

Los serbios llevaban meses comprando desde relojes Cartier con diamantes a collares de alta gama. Joyas que no bajaban de los 4 o 5 mil dólares cada una y que compraban rabiosamente cada semana. En una decisión de la que se iba a hablar mucho en los pasillos de tribunales, María decidió encarcelar, junto a los narcos, a los dueños de la joyería. A todos: a los padres de la familia, Pedro (de 68 años) y Neria (59), y a sus dos hijos varones, Andrés (32) y Uri (25). ¿De qué se los acusaba? María los proceso por blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico. En su teoría, vendían joyas sabiendo que el origen de la plata era narco y facilitaban su transformación en mercadería legal.

María convocó a una conferencia de prensa (no iba a ser la primera ni la última) y anunció que, por fin, se había logrado probar la cadena completa de una red narco. Los ingleses eran los proveedores de la droga; los serbios los financistas; los joyeros argentinos, los encargados de convertir las ganancias en plata limpia.

Para encarcelar a los joyeros, María se valió de la ley de lavado de dinero, sancionada en el 2001. Esa ley exigía a distintos sujetos económicos a denunciar operaciones sospechosas ante la Unidad de Investigaciones Financieras, la UIF, dirigida entonces por su amiga Alicia López. Pero atención, porque la ley estaba reglamentada solo en parte. Hasta ese momento, solo eran sujetos obligados los bancos y las financieras. No así las joyerías, que recién iban a ser obligadas en el 2010, cinco años más tarde. Los Orentrajch se habían valido de los serbios, seguramente sabían que era plata sucia, pero legalmente no estaban obligados a denunciar nada. Había un vacío legal del que se habían aprovechado. Y en todo caso, ¿era justo que esperaran una eventual condena en la cárcel, cuando la regla del fuero pedía esperar el juicio final en libertad salvo en delitos de sangre? ¿Cómo explicar que estuvieran presos? Pero María se encaprichó. Quiso salirse con la suya y encontró el argumento (siempre se trata de eso, del argumento): consideró que el delito del blanqueo debía considerarse probado por la reiteración. Efectivamente, les habían vendido un montón de joyas a los serbios. Pero era un argumento insólito, que resistió hasta el martes 6 de noviembre del 2007, cuando el Tribunal Oral Federal número 4 condenó a 9 y 11 años de prisión a los empresarios ingleses que habían aportado la droga del operativo Viñas Blancas y desvincularon a los serbios, a quienes no pudieron probarles una conexión que parecía bastante evidente. Sobre los joyeros fue todo más expeditivo. El tribunal los absolvió rápidamente, considerando que no habían cometido ningún delito y que se los había acusado de la nada misma. Habían vendido joyas y se habían hecho ricos, pero no tenían por qué declarar sus sospechas, no todavía. La familia debía ser liberada. De inmediato. Tres años y medio después de pasar por el infierno de la cárcel.

¿Formaba parte del margen de error de la Justicia? ¿Podía María equivocarse y punto? ¿No tenía que rendirle cuentas a nadie?

¿Cuántos de esos errores de puño y letra llenaban las cárceles? O su revés: cuánto las vaciaban.

El poder de los jueces no era chiste.

El poder de María era absolutamente concreto. Se medía entre barrotes o se jactaba en la negación de los barrotes. Hay nombres de víctimas. Y hay víctimas que ignoran serlo. ¿O no somos nosotros esas víctimas?

54.

El episodio de los joyeros hizo que María se peleara con su amiga Alicia López. Se habían conocido mucho tiempo atrás, durante la investigación de los banqueros Rohm, porque Alicia era una de las peritos contables más prestigiosas del país y había sido invitada a husmear en la operación de lavado de dinero que se investigaba. A María le gustó que Alicia fuera discreta y eficiente al mismo tiempo. Le agradó que trabajara tantas horas sin quejarse. Le fascinó que la acompañara a una de sus tardes de whisky con amigas en el departamento de Coronel Díaz. Pronto la incluyó en su colección de lechuzas y ayudó para sumarla al directorio de la Unidad de Investigación Financiera, la UIF, un organismo autónomo creado para generar denuncias y apuntalar los procesos en contra de los nuevos delitos económicos. Pero justamente por todo eso María pensó que Alicia le debía lealtad absoluta. Sin importar por qué ni para qué. Para siempre.

Cuando Alicia López tuvo que opinar sobre el caso de los joyeros, sostuvo que la familia Orentrajch no había cometido delito alguno, a pesar de que seguramente sabían o sospechaban del origen sucio de las inversiones. Pero una cosa era sospecharlo y otra poder sostenerlo con la ley en la mano. Alicia pensaba que los Orentrajch no debían estar presos. Y su posición provocó la furia de María. Pocos sabían lo que eso significaba. Desde entonces y durante años, Alicia pasó de ser una de sus lechuzas preferidas a ser su enemiga más acérrima. Le cortó las invitaciones, le retiró el saludo, habló mal de ella con sus otras amigas y hasta intentó correrla de su cargo y cortarle su carrera. Así fue durante años hasta que la pasión empezó a ceder y las cosas se acomodaron.

A esa furia la habían comprobado muchos de sus funcionarios y empleados. María podía premiarte con cargos que ni siquiera merecías, pero también podía hacer lo imposible por hundirte. Varios de sus secretarios de máxima confianza pasaron a ser sus enemigos eternos. Sus delatores en los tiempos del Yomagate quedaron confinados para siempre a lugares intermedios del Poder Judicial, simplemente porque ella se ocupó de bloquear sus ascensos. Hubo una de sus secretarias, más de diez años a su lado, que había llegado a cortarse el pelo y a teñirse de su color para parecérsele y poder burlar a la prensa durante las guardias periodísticas. Esa secretaria, Felicitas, intentó vender información sobre alguna causa o eso creyó María o eso le contaron a María. Felicitas se quedó sin trabajo y pasó de inmediato al destierro. Pero el enojo irradió incluso a su hijo, un muchacho que años más tarde iba a tratar de escalar posiciones en la carrera judicial sin entender del todo por qué María iba a hacer lo imposible por frenarlo.

La contracara era su generosidad. María podía ser extremadamente generosa con sus amigos. De pagarles un viaje, de invitarlos a otro, o incluso de financiar parte o toda la fiesta de quince de sus hijos.

Intensas y absolutas, las relaciones con María eran siempre personales. Estabas de su lado o estabas del otro. Eras de ella o no eras nada. Para bien o para mal. Ya veremos cuánto.

55.

Sabemos que nada es para siempre, pero hay quienes sienten al presente como algo perpetuo. Eso también es el poder. La sensación de que el hoy quedará intacto. La sensación de eternidad.

Para no ser arrastrada por las nuevas generaciones, María debía crear sus lechuzas por debajo de ella. No para preparar a sus posibles herederos, sino para evitar que realmente aparecieran. Es por eso que puso en su mira a Ariel Lijo, juez que había llegado a su cargo después de pasar por la Cámara Federal como secretario letrado. Lijo se había formado redactando sentencias a pedido de la camarista Luisa Riva Aramayo y luego de Gabriel Cavallo, uno de Los Doce de la década del noventa. Así se había ganado la fama de ser uno de los jóvenes brillantes del fuero. Así lo había visto María, que sabía de su capacidad de expansión y desde el mismísimo día en el que juró como juez, en el 2004, decidió que sería su delfín. María lo mimó, lo aconsejó, le marcó los errores y lo adoctrinó, al punto de elegirlo su juez subrogante cada vez que debía tomarse unos días por algún problema de salud (dolores en la cadera, principalmente) o por sus famosas vacaciones a algún destino lejano del planeta.

Con el correr los años Lijo fue creciendo. Se movió con ductilidad, practicó todas las reglas del poder del fuero federal como un experto, llamó la atención de sus colegas. Hasta ser codiciado por otros, como Canicoba Corral, que lo tentaba para sus dominios, o el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, que lo mandaba llamar cada tanto para intercambiar opiniones. Lo que nadie parecía ver era que Lijo tenía un techo natural: su hermano Freddy. El señor de la financiera. Que era y representaba su propia ambición. Su hermano iba de aquí para allá, recorriendo juzgados y estudios jurídicos, llevando y trayendo proyectos de fallos, sentencias a punto de redactar, demoras infinitas o lo que hiciera falta. Por supuesto que Freddy era encantador, porque ya vimos que la simpatía es decisiva en este rubro, pero al mismo tiempo tenía un costado demasiado vulnerable. ¿Cuánto tiempo iba a pasar hasta que se supiera lo de Freddy?

En Comodoro Py se dice que a los jueces se los elige vulnerables. Que en el proceso de selección los padrinos que van a empujar sus nombres se inclinan, siempre, por hombres con mucho para perder o lo que Jaime Stiuso ha llamado hombres sin paz, necesitados para siempre de la ayuda de la SIDE, del Consejo de la Magistratura, de los políticos o de cualquiera del sistema que los haya llevado hasta allí. También por eso se protege a ciertos discípulos. También por eso María había elegido a Lijo y elegiría a otros.

56.

En el 2009 hubo un nuevo recambio de jueces. Que volvió a mostrarnos que gran parte del problema de la Justicia se encontraba en el Consejo de la Magistratura. Se habían generado varias vacantes y el Consejo comenzó a preparar los exámenes para decidir a los aspirantes. Faltando doce días para la prueba, una empleada del juez de instrucción número 12, Luis Rodríguez, llamó al teléfono fijo del despacho del juez federal Daniel Rafecas y le pidió copia de un expediente donde se investigaba a una banda que falsificaba monedas de oro antiguas. No era algo muy habitual, pero existía desde siempre un código de camaradería en los Tribunales que autorizaba a prestar información entre los colegas, sobre todo cuando no se trataba de casos sensibles. El problema se desató semanas más tarde, cuando Rafecas se enteró de que en el examen para definir a los nuevos jueces se había preguntado por una banda de falsificadores de monedas de oro antiguas. Exacto. Los evaluadores del Consejo habían tomado su causa como un caso testigo para evaluar las reacciones de un juez cualquiera frente a los dilemas que ofrecía esa investigación. En definitiva, era obvio que a Luis Rodríguez le habían soplado el examen antes de tiempo. De hecho, se sacó un excelente felicitado y se convirtió en el candidato número uno para conseguir el cargo entre Los Doce. Solo que Rafecas se sintió el tipo más usado del mundo y decidió hacer la denuncia penal. El sistema de sorteos determinó que fuera a parar a las manos de María.

Como ya vimos, ella podía ser muy generosa cuando quería y con quien quería. Luis Rodríguez era amigo de la infancia y compadre de su querido Javier Fernández, el auditor que cosía y descosía a su gusto en Comodoro Py. Era Javier el que lo había llevado hasta el Consejo y lo quería convertir en juez federal.

Hablaron mucho esos días. Mami, dijo Javier. Hijito, le contestó ella. Javier Fernández conocía los códigos de comunicación como ningún otro operador del fuero. Sabía que los favores no se piden, sino que se generan las condiciones para que fluyan, naturalmente, como quien abre una compuerta para ver transcurrir un río hasta entonces contenido. Nunca jamás pedía algo concreto. Simplemente se mostraba interesado.

El resultado de aquello dejó a casi todos contentos. María se paró sobre la denuncia de Rafecas y administró la crisis. Seguramente fue idea suya la de convertir esa crisis en una oportunidad. Uno de los que aspiraba a un ascenso era nada menos que el secretario letrado de Rafecas, el bueno de Sebastián Ramos, uno de los tantos jóvenes a los que María observaba con ojos de lechuza. Ramos era un empleado histórico del fuero, había empezado como pinche cosiendo expedientes muchos años atrás y había ascendido hasta donde se podía ascender sin padrinos notorios. A pedido de María aceptó declarar como testigo en la causa y matizó muchísimo la denuncia original, diciendo que la secretaria de Rodríguez no había pedido una copia del caso de las monedas —no precisamente eso— sino que buscaba casos de esa complejidad, pero que esa búsqueda, según había entendido él, no era dirigida específicamente a ese caso sino a una temática en general. Sarasa. Puro cuento. Pero su testimonio resultó convincente para lo que casi todos necesitaban. María dio por terminado el entuerto y cerró la causa, considerando que no había pruebas de un examen anticipado. Poco después Luis Rodríguez fue nombrado como uno de Los Doce y se sumó a la saga de La Simulación. Pero no solo él: también su salvador, Sebastián Ramos, convertido finalmente en juez federal, un cargo que por supuesto deseaba y que tal vez merecía.

Otros nombres se sumaban a Los Doce. Con los mismos recursos de siempre. Igualmente vulnerables. Y María seguía protegiendo su permanencia. Antes con Lijo; ahora con Fernández; ahora con Ramos.

57.

2010 fue un año para olvidar. Para empezar, la muerte de Ramón Ruiz. Una de sus lechuzas preferidas, un puente indispensable entre su mundo privado y el del peronismo. El hombre con el que se pasaba horas y horas encerrada en su despacho antes y después de cada elección, negociando desde el tono y la sigla del partido para la impresión de las boletas electorales, hasta la distribución de los fondos para la campaña y la liquidación siempre frágil de los fondos usados en campañas anteriores. Ramón era mucho más que el interventor del peronismo; para ella, era su muro de contención y su enlace. La protegía del lado oscuro de la política y al mismo tiempo la invitaba a formar parte, cuando quisiera. La representaba en las reuniones con los distintos actores del peronismo, negociaba y resolvía las internas y siempre lo hacía en su beneficio o así le hacía sentir. Pero a todos nos llega el final y el bueno de Ramón se despidió de este mundo en el otoño de ese 2010. ¿Y ahora? María llevaba un tiempo cultivando nuevas amistades. Una de ellas era Alessandra Minnicelli, una robusta mujer que integraba la cúpula de la Sindicatura General de la Nación y estaba casada con uno de los señores más poderosos de la Argentina, el todavía intocable superministro de Planificación de los Kirchner, Julio De Vido. Alessandra atendía en su estudio jurídico, en el microcentro, y los viernes acostumbraba esperar a María, con quien se daba el gusto de abrir una botella de champán y pasarse horas hablando sobre conocidos y extraños por conocer, intercambiando anécdotas y prometiéndose aventuras. Fue a ella a quien María le explicó que la muerte de Ramón la había dejado rota, como desarmada, partida al medio.

—No sé qué hacer. No sé con quién hablar del Partido —le avisó.

Aunque todavía era muy prematuro para saberlo, aquella pérdida era la primera de muchas señales de que algo estaba empezando a cambiar en la relación entre la Justicia Federal y el gobierno.

Pero nada de ese vacío se podía comparar con las ausencias que se estaban por desatar. Primero, la mamá. María Romilda Ferreti. Ya tenía 102 años cuando dio su último suspiro. Había vivido más que suficiente para comprobar las conquistas de su hija y vivía en el departamento vecino al suyo, en Coronel Díaz. Pero ni siquiera ella era eterna y María debió ocuparse de su entierro y de vaciar su placard y ordenar sus herencias y empezar a hacer el duelo para convertir su ausencia en un recuerdo tierno e inevitable con el que reconfortarse en los tiempos de zozobra. Por si algo faltaba, pocos meses después de enterrar a su mamá, María tuvo que hacer lo mismo con su Brigadier. El viejo Brigadier, al que muchos veían como un accesorio más en su universo de lechuzas, finalmente también cedió a las enfermedades que lo aquejaban y nos dejó una de esas escenas inolvidables. La de su adiós. La de su entierro.

58.

Era una mañana de invierno, con un frío apremiante. La parroquia Nuestra Señora de Loreto, sobre la avenida Coronel Díaz, a pocas cuadras del departamento familiar, estaba atiborrada de invitados y de muchos que sintieron que no podían no estar. Los autos oficiales hacían doble fila para dejar bajar a sus pasajeros, lo que provocó una convulsión en el tránsito a la hora de inicio de un día laboral en pleno corazón de Palermo. Los hombres llegaron con sobretodo; las mujeres, cubiertas por tapados grises. A los «culatas» se los distinguía fácilmente porque el protocolo los obligaba a vestirse de traje, sin nada más que los protegiera del frío, lo que dejaba expuestas sus armas atadas a la cintura. Parecían disfrutar mostrando sus armas y hablaban entre sí procurando riesgos que no existían.

Los invitados llegaron con paso apurado y entraron a la parroquia en pequeños grupos que se iban improvisando en la puerta. Mientras se acomodaban en los bancos de la galería, observaban el ataúd colocado justo frente al altar. Estaba descubierto, sin tapa, y aquellos que levantaban la cabeza lo suficiente alcanzaban a ver levemente el perfil del muerto. Pronto la parroquia quedó repleta y el obispo Rubén Di Monte, amigo de la familia en duelo, empezó a dirigir una ceremonia lenta y repleta de pequeños rituales que eran seguidos con atención por los hombres con traje de etiqueta de la Fuerza Aérea que se habían posicionado en los primeros bancos. Justo detrás de los aeronáuticos se acomodaron los jueces federales. Se los veía preocupados, pero era el gesto que solían poner en público. Por dentro, la situación les resbalaba. Canicoba Corral, Bonadío, Lijo, Ercolini, Oyarbide, Sergio Torres. También los fiscales Ricardo Sáenz y Germán Moldes, los camaristas Pati Ballesteros y Martín Irurzum.

Del otro lado del pasillo central se juntaron los políticos. También eran muchos y de todos los partidos y perfiles. El peronista Carlos Corach, el radical Enrique Nosiglia, el intendente Hugo Curto, el sindicalista Víctor Santamarina, que desde la muerte de Ramón Ruiz dominaba al peronismo de Capital y se había acercado a María. Elisa Carrió se pasó toda la ceremonia con las manos en su cruz, rezando por dentro, acaso para evitar mirar a la clase de gente que la rodeaba. Detrás de ella, de elegantes trajes de gala, mostraban sus gestos adustos los jefes de la Policía Federal, Néstor Valleca y Jorge Oriolo, tal vez ignorantes de que cerca de ellos guardaban silencio varios de los principales agentes de la Secretaría de Inteligencia, a las órdenes de un hombre de cara ancha y mueca ruda que observaba todo: era Jaime Stiuso, que llegó acompañado de su amigo de siempre, Horacio Germán García. Entre ellos había empresarios, bancarios, abogados de los estudios más grandes del país y, abogados solitarios y abogados sacapresos. Había hombres y mujeres de la casta más encumbrada de la Argentina. Los había dignos y honorables. Pero los había, en su mayoría, embusteros de la peor calaña.

Al final, cuando el obispo dio la última señal de la cruz, todos miraron a la primera fila, hacia donde estaba sentada ella. De negro, por supuesto. No se había movido en toda la ceremonia. Escoltada a un lado y al otro del banco por sus dos hijos, la viuda no había vuelto la cabeza ni una sola vez. Se mantuvo rígida, observando al cura, evitando mirar al muerto, sabiendo que todos los allí presentes estaban atentos a lo que dejaba ver de ella: la retaguardia de su melena que había sido rubia y ahora, con los años, se apetecía de un tono gris apenas amarillento.

María se levantó y provocó una inmediata estampida. Todos se apuraron en salir a la vereda, para poder saludarla a su paso. Políticos, jueces, empresarios, militares, sindicalistas, dirigentes de todas las formas y lugares que llevaban años luchando entre sí por espacios de un poder que siempre es escurridizo, en una batalla sigilosa y permanente donde ella había hecho de árbitro o de guerrera tantas veces. Lechuzas, muchas de ellas. Lechuzas de un tiempo que se había ido. Lechuzas que todavía no sabían que iban a serlo. Lechuzas en ascenso. Lechuzas a punto de caer muertas.

Cuando María salió a la calle, algunos alcanzaron a besarla en la mejilla y a darle el pésame. Pero ella no estaba allí para dar pena. No pensaba hacerlo. No tardó nada en meterse en el auto fúnebre y partió de inmediato rumbo al cementerio de la Chacarita, donde se iba a despedirse para siempre de Tomás Cubría, El Brigadier, su compañero de tantos años, el hombre de su vida a pesar de todo.

Lo sabía: el tamaño de su soledad había visto la consagración de su fuerza.

59.

De a poco comenzaron a acumularse las causas contra el gobierno. Los Kirchner volvieron a ser denunciados por enriquecimiento ilícito. Elisa Carrió denunció que el superministro Julio De Vido era el cajero clandestino de los gobernantes. El juez Lijo comenzó a investigar (o a decir que investigaba) por qué uno de los tres asesinados de General Rodríguez (Sebastián Forza) había puesto 200 mil pesos para la campaña de Cristina Kirchner de 2007. El secretario de Obras Públicas, José López, también empezó a estar en la mira judicial por su notoria evolución patrimonial. El ministro de Economía fue denunciado por falsificar los datos de la documentación de un auto por el que peleaba con su ex mujer.

El más complicado de todos era el secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Entre 2010 y 2011 acumuló una decena de causas por distintas irregularidades y contrataciones más o menos escandalosas en la compra de trenes y maquinaria ferroviaria. Pero todos sabían el juego en Comodoro Py. Se caratulaba a los funcionarios, se les pedía información, se los imputaba, pero nunca pasaba de eso, al menos por ahora.

Jaime Stiuso.

Darío Richarte.

Javier Fernández.

Tres hombres y más.

Para eso estaban. Para que nada pasara.

El engranaje montado para la Nueva Simulación parecía infalible. Los Doce ordenaban pericias, pedían documentación para su análisis, inquietaban a los periodistas con sus cuentos fuera de micrófono, pero no mucho más. Pasó 2009. Pasó 2010. Llegó 2011. Los años y las causas vagaban sobre la nada.

La misma lógica alcanzó a la causa de la efedrina. María sumaba fojas, engordaba expedientes, pero en realidad apenas los movía y si lo hacía era direccionando la investigación hacia donde menos molestaba, a la ausencia de controles de la Sedronar, cuyo titular, el odontólogo de Kirchner, padecía un enfrentamiento con el jefe de Gabinete del gobierno, Aníbal Fernández.

Porque lo importante, en todo caso, no era hacia donde avanzaba María, sino hacia donde evitaba hacerlo. Ahí una de las sutiles armas de la impunidad. Direccionar hacia donde menos duela. Apuntar hacia el cuadrante menos importante del objetivo. María preguntaba por los laboratorios que habían importado la efedrina, pero no preguntaba ni pensaba preguntar sobre la salida de la efedrina hacia México. Sus pasos tenían una explicación más o menos oficial. María explicaba que si avanzaba en esa dirección corría el riesgo de perder la causa, ya que estaría indagando en el delito de contrabando, que correspondía a otro fuero, el Penal Económico. Pero, ¿por qué tanto deseo por retener la causa? ¿No hubiera sido preferible, en todo caso, enviarle la causa a un colega del fuero más adecuado? ¿O había razones más profundas e inconfesables?

De haber profundizado la investigación hacia la Aduana y el aeropuerto de Ezeiza —los lugares de la fuga de la efedrina—, tal vez hubiera chocado con los verdaderos dueños de esos territorios, que no eran los aduaneros sino los agentes de la Secretaría de Inteligencia, la SIDE, que llevaban años administrando y regulando sus carriles clandestinos. Era su amigo Jaime Stiuso quien tenía montada una Aduana paralela en esos territorios. A través de infiltrados y empresas fantasma en el puerto. A través de un canal seguro en Ezeiza, administrado por Alejandro Patrizio, delegado de la SIDE en el aeropuerto internacional y mandamás de la puerta vip que eludía todo. A eso lo íbamos a conocer tiempo después, demasiado después, cuando el sistema de Inteligencia entró en crisis hacia finales de 2015. Pero María no pensaba avanzar sobre esos dominios. En cambio se paró sobre la causa y la gobernó como quiso. Hacia donde quiso. Por mucho tiempo.

Lejos de su despacho, sin embargo, el caso seguía sumando escenas dignas de un thriller de matones. El triple crimen de General Rodríguez estaba siendo investigado por el fiscal de Mercedes, Juan Ignacio Bidone, quien había logrado dar con los sicarios que habían hecho el trabajo sucio. Los pistoleros eran mano de obra pesada del conurbano. Se trataba de Martín Lanatta y los hermanos Víctor y Marcelo Schilacci, quienes habían ejecutado al trío de Forza, Ferrón y Bina por orden de uno de los narcos que financiaba las operaciones de la efedrina. Según el fiscal, ese financista, el autor intelectual del crimen, era un hombre tan enigmático como extraño su nombre: Ibar Pérez Corradi.

No nos detendremos demasiado en los detalles, porque eso nos llevaría demasiado lejos. Por ahora alcanza con saber que Pérez Corradi había caído preso unos años antes en Estados Unidos, cuando intentó ingresar droga a ese país, asunto que lo hacía sospechoso de estar colaborando con la DEA como informante o directamente como infiltrado. Pérez Corradi, al mismo tiempo, se movía como si tuviera una cobertura poderosa y por demás eficiente. Detenido un tiempo, liberado luego, aprovechó las dudas de la Justicia para escapar. En marzo de 2012 cruzó la frontera de Iguazú con documentación falsa, rumbo a un exilio semiclandestino en Paraguay.

¿Qué tenía que ver su fuga con María?

Nada, solo por ahora.

Pero apuntemos su nombre: Pérez Corradi.

60.

Salvo Lijo y algún otro, a María nunca la incluían en las fiestas ni la invitaban a los brindis. Era mujer, por supuesto, y los hombres rudos no andaban con mujeres sino era para revolcarse con ellas. Pero, además, la celaban. Le reprochaban su ascendencia entre los políticos gracias al Juzgado Electoral y alimentaban los rumores sobre sus amantes ciertos o imaginarios. Otro que solía moverse aislado y solitario era Norberto Oyarbide, ese insólito hombrecito que se movía como si fuera un gángster, lo que en parte era cierto. Tenía tres o cuatro custodios, se dejaba llevar en un auto negro blindado, y él mismo se vestía todo de negro, con un traje impoluto y un moño ridículo haciendo juego, por lo ridículo, con sus anteojos negros y su peinado a la gomina y sus anillos de diamantes.

Para el resto de Los Doce, sin embargo, Oyarbide era un verdadero alivio. Porque funcionaba como una barrera de contención. Era por lejos el más impresentable de todos y si él sobrevivía en su puesto significaba que todos los demás también podían hacerlo. Durante años había sido marginado y era objeto de las burlas de sus colegas, que se relamían frente a los intentos de Oyarbide por negar lo que todos sabían: su gusto por los hombres. Oyarbide explicaba a sus íntimos que no quería blanquearlo para no hacerle pasar un mal momento a su mamá, y recién lo hizo público cuando ella se murió, muchos años más tarde. Pero en el camino, todo Comodoro Py parecía conocer de sus novios, lo habían visto entrar mil veces al sauna del microcentro donde tenía sus aventuras y el país entero se había enterado del escándalo Spartacus, allá por los años noventa, cuando fue filmado dentro de un prostíbulo envuelto en una tarde loca con un musculoso disfrazado de vikingo.

Lo colorido de Oyarbide no alcanzaba a opacar la verdadera naturaleza de su problema: era increíblemente alcahuete del poder. Lo había sido durante el menemismo, lo había sido durante la Alianza y por supuesto lo era ahora, cuando el kirchnerismo necesitó de un juez que no tuviera pruritos en hacer lo que se les ocurriera. A diferencia de los otros, Oyarbide hacía lo que le pedían sin medir las formas ni los riesgos. Era un juez temerario. Sin vergüenza. Que entraba a la quinta de Olivos a buscar órdenes como si fuera un ministro más. O un lacayo.

Hacia finales de 2011 todas las causas en contra del gobierno comenzaron a concentrarse en su Juzgado. Y no fue la suerte, salvo que se entienda como parte del azar a las manos que guían los destinos del país desde las sombras.

Ya vimos que las denuncias contra funcionarios públicos llegan a los tribunales federales a través de la Cámara Federal, donde se sortea al juez que se hará cargo de investigar o de dirigir y administrar la investigación. Hasta 2011, ese sorteo se hacía a mano, con un bolillero de esos que se compran en las jugueterías para las loterías familiares, o a veces con un sistema de computadora muy simple y precario. Fue el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, quien decidió modernizarlo. Vivíamos en el siglo XXI y había que evolucionar. Los expedientes se seguían imprimiendo, los pinches seguían numerando las fojas con biromes, pero ya no era sostenible un sorteo tan fácil de manipular. Se decidió entonces contratar un sistema informático que pudiera decidir de manera electrónica, con resultados aleatorios, de manera transparente, qué juez de cada fuero debía ser el dueño del proceso recién ingresado al sistema. No solo para el fuero federal, sino para todos los fueros de la Justicia nacional.

La idea original de Lorenzetti se fue profundizando a medida que pasaban las semanas y acabó en un ambicioso proyecto informático, capaz de reunir toda la información de los procesos judiciales, no solo para sortear denuncias sino también para almacenar las resoluciones judiciales, los escritos de las partes, las apelaciones, las pericias, el recorrido de cada uno de los pasos judiciales. La informatización total de la Justicia pareció de pronto un proyecto palpable y cierto. Desde el Consejo de la Magistratura se llamó a una contratación pública y resultó ganadora la empresa Atos Origi. Por fin la Justicia parecía entrar en la modernidad. Pero ojo con ese «parecía».

La computadora central del nuevo sistema informático se instaló en una oficina de la calle Lavalle 1240, a metros del Palacio de Justicia. Allí empezaron a acumularse los datos sobre todas las causas de los casi mil jueces nacionales. Inicio del expediente, escritos más importantes, fallos, apelaciones, documentación adjunta y más. La base de datos fue creciendo y en pocos meses se convirtió en una de las más importantes del país, solo superada por la base de la AFIP. No solo eso. El Data Center hacía los sorteos de las 19 Cámaras de Apelaciones de la justicia nacional. De la Cámara del Crimen, de la Cámara Civil y Comercial, también de la Cámara Federal porteña. En cada una de esas Salas se instaló una computadora terminal, en donde se cargaba la información de cada denuncia que ingresaba al sistema. El sorteo era automático y podía verse en simultáneo en dos pantallas, una en la Sala en de la Cámara y otra en la central de la calle Lavalle. Lo que todavía no se sabía era que el nuevo sistema podía ser manipulado. Con terrible facilidad. Acaso porque así se quiso. Sin dejar rastros. Por muchas personas.

Ocurre que el sistema debía prever excepciones. Era lógico porque al momento de decidirse un sorteo, en la Cámara debían poder eliminar algunas de las opciones. De Los Doce jueces federales, no necesariamente todos podían estar disponibles. Es posible que alguno de ellos esté colapsado, como ocurrió durante años con el juzgado de Juan José Galeano, al que se exceptuó de causas nuevas cuando se hizo cargo de investigar el atentado a la AMIA. O puede que alguno de los jueces haya sido recusado por alguna de las partes de un nuevo proceso. O puede que un juez sea el denunciado o el denunciante. Por esas u otras razones, la Cámara debía poder despojarse de alguna o de varias de las opciones del sorteo. Con ese fin, en cada una de las 19 Salas de Sorteos se designaron administradores con autorización para marcar con una cruz y separar del sorteo a alguno de los juzgados. Pero hecha la excepción, hecha la trampa. ¿Qué pasaba si se marcaba con una cruz a once de los doce juzgados federales? Obviamente, si se exceptuaba a todos menos a uno, se permitía direccionar la causa a un juez en particular. Al juez que se quisiera elegir. A Oyarbide, por ejemplo.

Pero eso no es todo, sino el principio. ¿Quiénes podían tener acceso a esta información o a estas teclas tan delicadas, capaces de elegir jueces a dedo? Años más tarde, cuando María comenzó a investigar el sistema informático (ya veremos por qué), se supo que se asignaron 27 claves de acceso directo al delicadísimo sistema de sorteos. Con esas 27 claves se podía entrar al sistema para «retocarlo». Ahora hagamos cuentas. Del total, 19 de esas claves fueron distribuidas entre los funcionarios de cada una de las 19 salas encargadas de realizar los sorteos. De vuelta: 27 claves para 19 funcionarios. Sobraban ocho. Sobraron ocho. Había ocho claves de acceso al sistema de sorteos, con capacidad para editar el sorteo, para poner y sacar cruces, pero no podíamos saber quién las tenía ni cómo las usaban. ¿Las tenían los muchachos de la SIDE, como se sospecha? Otra vez aparecía la mano invisible del espionaje. ¿Y en la Corte Suprema, donde había nacido la idea madre del sistema, no se habían guardado una clave extra? ¿Y en el Consejo de la Magistratura? ¿Acaso el gobierno no tenía la suya?

Lo incomprobable aparecía otra vez. No podíamos ni podemos tener la certeza de quiénes eran los dueños de esas claves, pero podemos sospecharlo y los hechos nos confirman que alguien del poder comenzó a manipular el sistema de sorteos. A partir de 2011, a partir de la implementación del sistema informático de sorteos, cada una de las causas de corrupción que podían complicar al gobierno de Cristina Kirchner salían sorteadas para el mismo juez, el más grotesco de todos, el único capaz de hacer lo que nadie se atrevía. Oyarbide recibió una nueva denuncia contra los Kirchner por enriquecimiento ilícito y la clausuró en tiempo récord. Oyarbide recibió y admnistró a su gusto la denuncia por la estafa millonaria que Hebe de Bonafini y Sergio Schoklender habían cometido con fondos públicos desde la constructora Sueños Compartidos. También Oyarbide recibió una nueva denuncia contra Ricardo Jaime. Y también recibió, pero ahora para darle impulso, una denuncia sobre espionaje que implicaba al jefe del gobierno porteño, Mauricio Macri, quien ya se veía como un rival destacado del kirchnerismo.

Parecía cosas de brujas, aunque no lo era. En el sorteo siempre salía designado Oyarbide. El juez Oyarbide para esto. El juez Oyarbide para aquello. Todo para él, siempre.

—Pregúntenle a Dios por qué me tocan todas a mí —decía Oyarbide.

Pero no era a Dios a quien había que preguntarle.

61.

María sospechaba del fraude informático pero, como la mayoría de sus colegas, agradecía no recibir demasiados encargos ni presiones. Oyarbide se llevaba todas las luces y parecía gustarle, si hasta se mostraba cantando cuartetazos con la Mona Giménez o asistiendo a fiestas de la farándula. A María le alcanzaba con tener una buena relación con todos los actores políticos, oficialistas y opositores, para ir sosteniéndose y seguir alimentando a sus lechuzas. A tres de ellas se las llevó a pasear por Medio Oriente durante el invierno de 2011. Todo pagado por ella, naturalmente.

Imaginemos la escena. María, una mujer intacta pero de más de setenta años, rodeada de tres hombres de mediana edad, arrastrando sus valijas por los aeropuertos del mundo mientras planeaban futuros de grandeza y complicidad. Sus compañeros de aventura eran hombres influyentes, cada día más, en gran medida gracias a ella. Marcelo D’Alessandro tenía cerca de cuarenta años, estaba a un paso de convertirse en director de Multas de la Ciudad de Buenos Aires y más tarde sería secretario de Seguridad, a cargo de la Policía porteña.El fiscal Diego Luciani, joven y apuesto, estaba a minutos de ascender a fiscal federal de un tribunal oral y era uno de los proyectos preferidos de María. El tercer acompañante era Eduardo Miragaya, todavía fiscal del fuero de la Seguridad Social (atentos a este dato) pero que pronto ocuparía un cargo clave en la SIDE y un rol táctico decisivo para toda esta historia. María había conocido a Miragaya en los años noventa, cuando él era un funcionario disciplinado de la Procuración General y se ocupaba de arbitrar y pagar los viáticos de los fiscales federales, favor que se cobraba caminando por Comodoro Py con pedidos y encargos de sus jefes, mientras sacaba su tajada personal, que fue a parar a una pequeña fortuna difícil de justificar, como la compra de dos casas en la Capital y un caserón en Punta del Este.

María no prestaba atención a esos detalles. Así como nunca se mostró ansiosa ni interesada en cosechar una fortuna propia, apenas atendía a la que pudieran tener los demás, incluso cuando podía inferir que sus amigos se valieran de ella para hacer negocios. Desde siempre, actuaba con cierta suficiencia frente al dinero, como si supiera que las fortunas solo ataban a quienes se creían sus dueños y le transferían además, un alto grado de vulnerabilidad. Mucho mejor que tener plata, mucho más útil e igualmente satisfactorio, era tener poder.

Hicieron la primera parada en Dubai. Los cuatro quedaron fascinados con la millonaria isla de la fantasía petrolera, pasearon en camello por el desierto y jugaron al futuro entre autopistas casi espaciales y rascacielos interminables. De allí saltaron en tiempo y espacio a Damasco, una de las ciudades más viejas del mundo. Qué horror. A María la capital de Siria le pareció deprimente, así que se quedó encerrada en la habitación del hotel mientras sus compañeros recorrían la ciudad antigua. Eso le dio tiempo para pensar y dejarse llevar por sus ideas. Tenían pasajes para conocer Alepo, la otra gran ciudad siria, pero algo la detuvo (solo la intuición, sin péndulos ni nada extraño a sí misma) y convenció a los demás y decidieron abandonar Oriente Medio para tomarse un avión hacia Roma, un cambio de ruta atropellado y fuera de toda lógica. Tuvieron suerte y acaso salvaron sus vidas: justo en esos días llovieron las primeras bombas sobre las callecitas de piedra de Alepo, las primeras de una primavera árabe que sería en pocos meses más una nueva y sangrienta guerra civil de catástrofe.

Durante el viaje María se mostró como lo que ya era: una experimentada jefa de tribu, guiando a sus discípulos por museos, compartiendo experiencias en largas sobremesas, transfiriendo saberes y anécdotas, porque si algo había aprendido era que el poder real debe expandirse, siempre, es algo que debe estar en movimiento constante.

¿Fue allí cuando acordó seguir trabajando hasta el fin de sus días, no jubilarse jamás, ser la doble jueza de la Nación hasta que la muerte se la lleve a otro mundo o la devuelva al polvo?

María ya tenía 75 años.

La Constitución argentina, reformada por última vez en 1994, estableció que los jueces debían jubilarse a esa edad. A los 75, ni un año más. Fue una decisión de corte, para asegurar la movilidad generacional e impedir la eternidad de algunos jueces. Pero María no pensaba seguir los pasos de sus colegas. Tenía 75 años, pero todavía tenía mucho por hacer. ¿O pensaban que se iba a convertir en una jubilada más, ajena a todo lo que había construido? Ni siquiera podía pensar en la idea de dejar de ser lo que era.

Su amigo Miragaya le había dado la solución. Por algo era fiscal del fuero de la Seguridad Social, donde se debaten los conflictos jubilatorios. Sin llamar la atención de nadie, sin provocar titulares de diarios ni rumores de pasillo, María acudió a su lechuza y le pidió una «declaración de certeza» para saber si podía sortear el destino de la jubilación forzada. Miragaya era astuto y la conocía como pocos. Sabía del poder de María para anticiparse a los problemas, esa capacidad de leer a través del tiempo. Lo que hizo fue exactamente lo que ella precisaba. Declaró que María era jueza desde mucho antes de la reforma del 94 y que por lo tanto no estaba alcanzada por la nueva norma. Tenía derechos adquiridos que no debían ser vulnerados. Podía seguir siendo jueza. Por muchos años más. Al menos hasta que alguien dijese lo contrario.

62.

Mientras avanzaba con la escritura de este libro, se sucedían más reuniones con María. Cenamos en un par de ocasiones, tomamos vino, alguna vez me retiré aturdido por historias eternas de hombres y mujeres que ya no existen o que tal vez no hayan existido nunca. Su historia era grande, demasiado intensa, inabarcable. Cuando era jueza penal le tocó mediar en un motín carcelario y acabó negociando la rendición de los presos en una charla mano a mano con el temible Aníbal Gordon. Una vez casi la matan durante un allanamiento a un aguantadero de mala muerte que terminó en un tiroteo cruzado entre los narcos y la Policía. Otra tarde helada de julio encaró con su trajecito celeste a la cúpula de un sindicato que había tomado los Tribunales por la fuerza y les pegó una apretada que en cinco minutos puso fin a la protesta. Las anécdotas eran infinitas. María los había conocido a todos y los había tratado a todos. Y cuando hablaba de todos se refería a todos los hombres y mujeres del poder. Supo de la debilidad de Isabel Perón por las joyas una interminable jornada en la que tuvo que tomarle declaración como testigo en un juicio infame que le habían iniciado los militares que la derrocaron. Escuchó de cerca y en la quinta de Olivos los piropos salvajes de Carlos Menem. Abrazó en llanto a las Abuelas de Plaza de Mayo y consiguió dar con muchos hijos de desaparecidos que habían sido robados en el cautiverio de los centros de exterminio de la dictadura por crápulas que vestían los mismos uniformes que su querido brigadier. María, en sus propias palabras, era el centro mismo de la Historia y se mostraba eterna y era cautivante. Altanera a veces; popular otras. Bebió champán en los mejores salones del mundo. Comió pizza fría en comisarías de madrugada. Insultó con todas las letras del abecedario a los que quisieron cercenarle algo de su construcción.

Pero, ¿dónde estaba lo importante? ¿Qué era lo que yo buscaba en ella? María nunca tropezaba. Siempre se mostraba controlada. Era evidente que quería incidir en este relato. Yo le mostraba algunas cartas; no todas. Ella indagaba, pretendía saber. Aportaba algunos datos y retrucaba otros. Recordaba. Decía. Callaba. Negaba. Y cada tanto, solo cada tanto, me miraba a los ojos.

De pronto lo advertí:

Sus ojos no miraban; sus ojos buscaban.

63.

No podemos no volver sobre Canicoba.

Debemos volver sobre Canicoba.

¿Será que me fijo en él más que en otros? ¿Será que lo hago porque ocupó el lugar de Pons?

Así es: Canicoba Corral ocupó el juzgado federal donde yo había trabajado de pinche y escribiente hace tantos años. Cuando a Miguel Pons lo ascendieron a un tribunal oral para sacárselo de encima, en su lugar nombraron a este hombre de trajes blancos y acento de varón de tango con aires de nuevo rico. Sus antecedentes eran penosos. Se sabía que era abogado, pero su experiencia en Tribunales se limitaba a haber asistido a un centenar de reos de medio pelo del conurbano en la zona de San Martín. Era poco menos que un abogado sacapresos, ayudado en su ascenso por el simple motivo de ser peronista de cepa, amigo de un puñado de intendentes que lo arrimaron a los despachos adecuados en los momentos oportunos.

Mis compañeros de aquellos días, Dicky, Fabricio y los demás, siguieron trabajando con él como yo lo hubiera hecho. Tomando declaraciones, llevándole expedientes a su firma, redactando resoluciones orientadas a su gusto. ¿Absolución o condena? ¿Avanzamos en la causa o la planchamos? ¿Pedimos nuevas pericias o la elevamos a juicio? Así se organiza un juzgado. El juez dispone una absolución o un procesamiento o una elevación a juicio oral y son sus empleados los que le dan forma a esa idea. O muchas veces al revés. Los empleados llevan los expedientes y le acercan al juez las opciones para que él solo baje o levante el pulgar como si fuera el mandamás de un circo romano. Así era con Canicoba. Esperaba con su sonrisa inmensa en el sillón forrado en cuero de su despacho y asentía o rechazaba, guiado por las razones del derecho o, mejor, por las de su conveniencia personal. En ese espacio era un rey absoluto, como lo era un cirujano en el quirófano. Decidía construyendo poder, que es lo mismo que construir trascendencia. Canicoba llegó a su puesto criticando a su antecesor. Escuché que decía esto:

—Pons era un hombre duro; yo soy más político.

Ser más político significaba que con El Rodi se podía hablar. Podían hablar con él los fiscales, los querellantes, pero también los bandidos. Y si no estaba él disponible, entonces estaba su abogado amigo, El Gordo Scarcella. Una de las explicaciones del derrumbe moral de los juzgados federales fue la eliminación de las barreras que dividían los dos lados del mostrador. De pronto desapareció la división entre el ellos y nosotros. Se esfumó la distancia entre los juzgadores y los enjuiciados. Todo se volvió conversable. Todo.

Durante el kirchnerismo, Canicoba consiguió apañarse detrás del caso más importante de la historia judicial argentina. Cuando el juez Galeano debió abandonar la investigación del atentado a la AMIA (por las irregularidades graves que había consumado), Canicoba heredó la causa y se paró gustoso sobre ella. Era un expediente infinito, sobre un caso imposible pero magnánimo que le aseguraba puentes de relaciones con el gobierno y con los servicios secretos y con los dirigentes de la comunidad judía y con las embajadas de Occidente y de Medio Oriente. Canicoba delegó el trabajo del día a día en el fiscal especial Alberto Nisman (que trabajaba con Jaime Stiuso, cuándo no) y se reservó para sí las decisiones cruciales, como cuando dispuso el pedido de captura internacional de las autoridades de Irán acusadas de ordenar la voladura de la AMIA.

—Yo soy más político. No se puede meter preso a cualquiera, porque acá está en juego la seguridad del Estado.

Lo primero que aprendió fue eso: que la clave para trascender en su lugar en el mundo consistía en ser parte del poder y no su contralor. Luego, lo de siempre: a pararse con todo su peso sobre los expedientes sensibles.

La verdad probable lo protegió hasta hoy, pero la lista de sospechas en su contra ha sido tan exuberante como su riqueza. La escena que más lo describe es la del campo de Bahía Blanca. Un grupo de empresarios a los que se vinculó con el peligroso Cartel de Juárez había adquirido una extensión de mil hectáreas de la tierra más rica del país. Canicoba sospechó que se trataba de una operación de lavado de dinero, por lo que decidió embargar el campo, que incluía una estancia maravillosa que solita valía unos cinco millones de dólares. Hasta allí la lógica de un proceso judicial correcto. Pero Canicoba decidió designar a un administrador del campo, con el argumento de que no le convenía a nadie que no se explotara semejante capital. Lo que hizo fue nombrar a un amigo suyo. No al mejor agrimensor de la zona, ni a uno designado por concurso, sino a un amigo personal, que se encargó de plantar soja para sacarle mejor provecho a la tierra. Increíble pero real, el amigo de Canicoba aprovechó el campo de los narcos para cosechar soja y ganar plata como cualquier otro productor de soja. Total, ¿quién iba a decirle algo? Los superiores de Canicoba en la Cámara Federal tardaron cinco años en sacarle la causa por «irregularidades en la administración» de los fondos decomisados. Para ese entonces su amigo y tal vez él mismo ya se habían hecho millonarios.

A los ojos del poder, Canicoba era un ejemplar casi intocable. Era el juez del caso AMIA y nadie quería ponerse en contra del juez del caso más sensible, pero además la dirigencia política lo creía conveniente porque era un hombre con el que se podía hablar. Todos sabían de su sociedad con El Gordo Scarcella, pero nadie levantaba la mano para quejarse, como tampoco nadie se quejó cuando comenzó a comprarse más y más motos de alta gama o, mientras promediaba el kirchnerismo, cuando se mudó a una mansión de 1.234 metros cuadrados, sobre la calle Monasterio de Vicente López, que había sido propiedad de la poderosa y riquísima familia Werthein. La tasación oficial decía que esa mansión valía poco más de 249 mil dólares, pero no hacía falta más que mirarla desde lejos para saber que había pagado varios millones de dólares. ¿Cómo explicar el descomunal ascenso social de Canicoba?

Tampoco nadie levantó la mano cuando comenzó a investigar a la mafia del gremio de los portuarios (el SOMU) y nombró como interventor del sindicato nada menos que a su cuñado, habilitado para acordar con el gremio intervenido y su jefe, Omar El Caballo Suárez.

Amigos, cuñados, Canicoba ponía a sus propias lechuzas a administrar fortunas con la impunidad de los que no le deben explicaciones a nadie. Tejía y descosía a su gusto.

«Yo soy más político», repetía él.

Hacía tiempo que lo llamaban Canicoima Cobrás.

A su lado, María parecía Heidi.

64.

En 2013 se empezó a romper la relación del kirchnerismo con sus aliados de Comodoro Py. No fue una ruptura automática ni absoluta, pero se empezó a sentir a cada paso y, como es costumbre cuando se derrumba algo que estaba sostenido en el artificio, el desplome adquirió la forma del caos.

Ya hablamos de Jaime, de Darío, de Javier, de los encargados de mantener la paz entre Los Doce y el poder político. Pero tras la muerte de Néstor Kirchner en 2010, el poder central comenzó lentamente a reconfigurar sus alianzas y complicidades, y los delegados de la SIDE en Comodoro Py comenzaron a ser corridos por otros actores menos eficientes para la cobertura de impunidad. El año de la eclosión fue 2012. Jaime Stiuso dejó de recibir encargos de la Presidencia y comenzó un enfrentamiento definitivo con Cristina. Darío Richarte debió volver a su lugar de abogado a secas y sus municiones para defender a sus clientes, entre los que estaban los principales funcionarios públicos sospechados, se limitaron a los argumentos jurídicos, de baja incidencia en los tribunales federales. Incluso Javier Fernández, el simpático hijito de María, habitante permanente de los pasillos de Comodoro Py, dejó su lugar a nuevos funcionarios de la SIDE y a un puñado de influyentes de bajas calorías del Ministerio de Justicia. No importan los detalles, en todo caso. No aquí y ahora. Lo que verdaderamente interesa es que los jueces se empezaron a sentir liberados de las presiones con las que venían conviviendo por años y en cambio percibieron que en el país empezaba a emerger una voz, cada vez más persistente, en la opinión pública, que reclamaba el fin de la era de la simulación.

El juez Rafecas fue el primero en romper el cerco. A pedido del fiscal Carlos Rívolo, decidió indagar en las miserias del vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, al que todos los indicios mostraban comprando a través de testaferros la empresa que imprimía los billetes y cheques oficiales, Ciccone Calcográfica. Rafecas llegó a mandar a las fuerzas de seguridad a la torre de cristal donde vivía Boudou en Puerto Madero. El sacudón, el primero de varios, provocó la ira de Cristina Kirchner y todos sabemos lo que esa ira era capaz de hacer. Cristina decidió expulsar al procurador general de la Nación, Esteban Righi, al que tenía apuntado como padrino responsable del juez Rafecas. Pero en vez de solucionar su problema, Cristina lo profundizó. Con el correr de los meses Righi fue reemplazado por Alejandra Gils Carbó, fiscal general que pretendió defender al gobierno con la quirúrgica e inútil tarea de asignar fiscales amigos en los lugares adecuados. Gils Carbó solo logró terminar de sacar del juego a los que habían garantizado la impunidad durante tantos años.

El segundo en quebrar la Era de la Simulación fue Bonadío, quien poco a poco iba a ganarse el odio de Cristina Kirchner y en los años por venir iba a presionarla hasta más no poder con llamados a indagatoria para ella y sus hijos. Cristina llegó a recordar el pasado «pistolero» de Bonadío durante una cadena nacional. Nada dijo sobre el acuerdo con el que había llegado Fredy Lijo, el simpático hermano del juez, para que Bonadío salvara al superministro Julio De Vido de las acusaciones que hizo durante el juicio por la tragedia ferroviaria de Once, que en 2012 mató a 52 personas.

Entre los pocos que siguieron amarrados al Gobierno quedaron Oyarbide y Canicoba. Oyarbide porque ya estaba jugado, se movía como quien no tiene nada que perder y había salido hacía rato de su armario personal. Canicoba porque se había prometido conseguirle un juzgado para su hijo Emiliano, lo que finalmente logró en la justicia federal de San Martín luego de una negociación más abierta que secreta con el nuevo secretario de Justicia, Julián Álvarez. Emiliano Canicoba Corral, aunque tenía sus años de experiencia en Tribunales, consiguió así su puesto de juez federal de la Nación. Como moneda de cambio, su papá archivó una investigación de años contra el empresario del juego Cristóbal López, uno de los mimados de Cristina que administraba las máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo. Todo se podía hablar en Comodoro Py. Todo.

65.

¿Qué fue de María en esos meses y años de «reseteo» y caos?

Al principio la situación la enfrentó al desconcierto. Mantenía su relación con la mujer de De Vido y con muchos amigos que tenía en el gobierno, pero debió sopesar esas relaciones con la lealtad de años que la ataba a Jaime Stiuso y a Javier Fernández. María debió decidir. Y eligió a los que quedaron del otro lado de la grieta. Fue otro de sus cálculos perfectos, aunque todavía nadie podía saberlo. Su intuición política le estaba anticipando futuro. En los dos años que siguieron se encargó de romper una y otra vez la relación de cordialidad mutua que había construido con el poder político al que intuía saliente. O mejor dicho: entendió que el poder estaba mutando y decidió cambiar ella también.

Empezó a marcar el nuevo rumbo en junio de 2013. En esos meses Cristina se había embarcado en una aventura disparatada para que todos los jueces del país fueran elegidos por voto popular, parte de una reforma con la que intentaba otra vez tomar el control de la Justicia. María fue una de las primeras en declarar esa reforma como anticonstitucional.

Su segunda jugada fue a través de una pelota. En agosto de 2014 aprovechó que se acababa de morir el presidente histórico de la AFA, Julio Grondona, para meterse de lleno en el negocio del fútbol. Rescató de sus archivos una denuncia de hacía dos años y ordenó allanar el edificio principal de la AFA, en Viamonte 1366. El objetivo: obtener los contratos entre la AFA y el Gobierno, que a través del Programa Fútbol para Todos le giraba cientos de millones de pesos a los dirigentes del fútbol a cambio de los derechos de transmisión de los partidos. Grondona había construido un poder difícil de equiparar, pero llevaba menos de una semana enterrado en el cementerio de la Chacarita.

El caso le abrió juego en diferentes direcciones. Por un lado, le permitió investigar a los responsables políticos de la maniobra, que eran los últimos tres jefes de Gabinete de Cristina, Jorge Capitanich, Juan Manuel Abal Medina y Aníbal Fernández, a los que pronto iba a procesar y dejar, por años, al borde de una eventual elevación a juicio oral y posible condena, ese estado de expectativa latente que ya era una marca registrada de María y de todo el fuero. Pero además, le permitió designar a dos interventores de la AFA. ¿A quiénes sino a dos de sus lechuzas? María, lo dijimos, podía ser muy generosa con sus amigos. Designó como interventores a la buena de Alicia López, a quien ya le había perdonado sus deslealtades, y a su viejo socio en la captura del clan Puccio, el juez ya jubilado Alberto Piotti. A los dos, por supuesto, les asignó unos suculentos sueldos que iban a pagarse con la interminable caja del fútbol argentino.

Finalmente María sacó del freezer la causa más delicada de todas: la causa de la peligrosa efedrina. La tenía en su despacho de Comodoro Py desde hacía seis años. La causa se había mantenido con vida pero en suspenso, como si fuera en un estado de coma farmacológico, bajo control pero artificialmente. María sintió que había llegado el momento de reactivarla. Con los mismos elementos que tenía acumulados desde hacía años, sin más pruebas que las que ya guardaba, sintió y supo que era el momento de sacarla a escena. Primero le dictó el procesamiento al titular de la Sedronar, José Granero, y al Turco Abboud, el denunciante del caso, a los que acusó de permitir el ingreso de la efedrina al país o al menos de no evitarlo a tiempo. A ambos les dictó un embargo de 20 millones de pesos.También dejó abierta la puerta para lo que se podía venir. En una breve entrevista en la puerta de Comodoro Py, les dijo a los periodistas: «Por lo que me cuentan los amigos de Granero, no lo veo capacitado para hacer todo esto solo. Era una maniobra muy bien orquestada».

En otras palabras, lo que decía María era que Granero era poco menos que un imbécil incapaz de montar una operación de contrabando de semejante escala. Sus ojos estaban dirigiéndose hacia arriba. ¿Acaso estaba decidida a escalar en la cadena de responsabilidades? ¿Hasta dónde pensaba llegar?

María empezaba a apuntar con su arma más poderosa.

La amenaza.

El dedo arrimando peligrosamente el gatillo.

66.

A diferencia de otras aves, las lechuzas no construyen nido, sino que utilizan los de otras aves o se aprovechan de cavidades naturales formadas en las ramas de los árboles. Las más arriesgadas, incluso, anidan en madrigueras subterráneas hechas por otros mamíferos. Es por eso que las lechuzas se reproducen en el territorio ajeno. Por eso se las considera «okupas». Avanzan donde los demás retroceden. Conquistan donde se hace lugar. Toman lo que nadie retiene.

67.

Las posibilidades de un triunfo oficialista en las elecciones presidenciales de 2015 eran realmente altas, pero de todos modos estaba claro que las cosas ya no podían seguir igual. El candidato a suceder a Cristina en la presidencia era Daniel Scioli, ese viejo conocido al que María le había tendido un puente en su carrera hacia la gobernación bonaerense, un hombre de carácter hasta entonces sumiso pero que, como suele ocurrir, resultaba impredecible con el poder en la mano.

Cristina no solo había intentado cambiar a los actores que la protegían en Tribunales, sino que pretendía una reforma legal integral que pusiera a los jueces bajo sus pies. El proyecto establecía que los jueces debían ser elegidos por voto directo, como si fueran concejales o diputados, y un sistema de control político sobre ellos que los iba a convertir en excesivamente vulnerables. Tan evidente como brutal. Como Cristina sentía que el sistema ya no le garantizaba la tranquilidad de otros tiempos, había decidido ir por todo y conquistarlo. Pero esa avanzada era demasiado osada y había empezado a sufrir muchos reveses, empezando por la declaración de inconstitucionalidad que había firmado la mismísima María. Además, había desgastado a los interlocutores que le quedaban al kirchnerismo en el fuero federal, como el viceministro de Justicia Julián Álvarez, o el nuevo subjefe de la SIDE, Juan Carlos Mena. Entre los fiscales todavía existían altos grados de lealtad hacia la Procuración General, conducida por Alejandra Gils Carbó, pero la muerte del fiscal Alberto Nisman (oh, qué misterio) en el verano de 2015, había terminado de quebrar la sociedad del poder político con buena parte del Poder Judicial.

Algo estaba cambiando y muchos de Los Doce ya habían apostado por ese cambio.

Donde también se debatían los nuevos tiempos era en el Consejo de la Magistratura. Algunos de los consejeros se habían ido alejando del kirchnerismo y se había producido una extraña paridad de fuerzas que virtualmente lo había paralizado. El Consejo no podía nombrar jueces ni sancionarlos, porque sus consejeros no eran capaces de construir mayorías para casi ninguna decisión. A fines de octubre de 2015 estaba virtualmente frenado. Era como si no existiera. Hasta que el administrador general del Consejo, Claudio Cholakián, de clara afición kirchnerista, renunció a su puesto.

¿Quién iba a reemplazarlo? De pronto los planetas se cruzaron en el espectro del misterioso cosmos. De pronto las coordenadas encontraron un punto preciso que iba a modificar la historia.

En la búsqueda de un nuevo encargado de administrar la formidable caja del Consejo, estaba claro que debía elegirse a alguien de suficiente neutralidad que no generara ruidos a ninguno de los actores en pugna. No había muchos nombres, realmente. El gobierno sabía que no podía imponer candidatos, los opositores tampoco, la Corte Suprema insinuó alguno pero sin demasiada fuerza. Fue entonces cuando alguien soltó el nombre del hijo de María. De Juan Carlos. Por algo estaba allí, formaba parte de la estructura del Consejo, ocupaba una silla en la administración. No era un ser brillante, pero tampoco era un inútil y no dejaba asomar ninguna inclinación política. Hay quien dice haber escuchado su nombre de parte del Tano Angelici, otros atribuyen su candidatura a la sugerencia de Julián Álvarez y hay quienes se la asignan a la gestión directa de María. Lo concreto es que apareció su nombre y a nadie la pareció una mala idea. El primero de diciembre de 2015, a diez días del cambio de gobierno, la lechuza más preciada del círculo invisible que aglutina esta historia se convirtió en el nuevo administrador general del poderoso Consejo de la Magistratura, con el poder de firma sobre una montaña de plata. Fue cosa de mandinga o resultado de la crisis o del talento estratégico de María. Nadie estará seguro y no importa. Juan Carlos llevaba años acumulando horas y rutinas en ese organismo tan desconocido para la opinión pública como vital para el ejercicio del poder. Y no apareció una opción mejor. De su elección participaron casi todos los consejeros. Los peronistas pero también los radicales, los abogados y los jueces.

María lo sintió como un gesto de cortesía hacia ella. Algunos alcanzaron a decirle que era un nombramiento temporario, hasta que el gobierno que estaba por asumir pudiera designar a un administrador a su gusto, pero ni ella ni su hijo estaban para comprender de excepciones. Si lo nombraban, debía ser para siempre. O por muchos años en caso de que la eternidad no fuera viable. A partir de ese día, Juan Carlos Cubría, con cincuenta años cumplidos, pasó a decidir sobre el destino de uno de los presupuestos más grandes y menos observados del Estado, un fondo anual de poco más de 1.600 millones de pesos. Si bien gran parte de ese dinero se iba de manera casi automática en los miles y miles de empleados del Poder Judicial, siempre había una porción millonaria que iba dirigida hacia contrataciones y compras cuya dirección suponían un poder administrativo colosal. Tomemos nota de esto porque será un nudo a desatar en el futuro inmediato.

68.

Un último capricho de Cristina (los hubo a montones en su gobierno) le dio a María la oportunidad de despedirla y de darle la bienvenida al nuevo gobierno. Mauricio Macri ganó las elecciones de octubre de 2015 y Daniel Scioli se mandó a llorar al ostracismo, al menos por un buen rato. Cristina debió soportar la derrota, pero decidió hacerlo a su manera. La Presidenta se quería ir a lo grande, con una gran ceremonia de despedida, a la que imaginaba con una plaza atiborrada de seguidores fanatizados, con banderas en su homenaje y cánticos eufóricos. Pensaba que el clamor y la épica debían marcar su adiós de la Casa Rosada. Deseaba que su despedida fuera mucho más importante que la bienvenida a su reemplazante.

Para eso Cristina encontró lo que creía un camino factible. Rechazó la ceremonia del traspaso de mando en la Casa Rosada, donde el Presidente saliente entregaría los atributos del poder al recién llegado, con el argumento de que esa ceremonia no estaba impuesta por ninguna norma obligatoria. Cristina declaró que su gobierno terminaba el mismísimo 10 de diciembre, pero a la hora en la que Macri debía jurar ante la Asamblea Legislativa del Congreso. Por la mañana, sus seguidores iban a poder despedirla. Tras eso, ella ya no estaría en Buenos Aires.

Lo simbólico es crucial para el mundo de la política. Macri no podía permitir que la despedida de Cristina coincidiera con el día mismo de la asunción. Se imaginaba una Plaza de Mayo repleta de kirchneristas, una jornada marcada por la resistencia de lo saliente en vez de una celebración por el porvenir. Macri decidió que su asunción no podía ser opacada por la despedida de su antecesora. El corto circuito se convirtió en un acontecimiento político en sí, un espectáculo penoso de puja de vanidades.

¿Quién podía resolverlo? Por supuesto, para eso estaba María. El primero en mover las piezas fue Julián Álvarez, el ministro de Justicia, que se estaba yendo. Álvarez había sido uno de los impulsores de la designación de Juan Carlos en el Consejo y se sentía en condiciones de pedirle un favor, así que lo llamó a Juan Carlos por teléfono.

—Decile a tu mamá que lo solucione —le rogó.

Los llamados empezaron a cruzarse, muchos de ellos usando a Juan Carlos Cubría de interlocutor. Llamaba Álvarez, llamaba Eduardo Wado de Pedro, también por parte de Cristina. A ella la llamaban el diputado Federico Pinedo y el Tano Angelici, los dos de parte de Macri.Todos buscaban la vuelta para zanjar un conflicto que sabían descabellado. Pero era difícil. Se evaluó la posibilidad de dejar que Cristina se retirara del poder la noche del 9 de diciembre y que fuera el presidente de la Corte quien le entregara el mando a Macri. Pero María mostró allí una primera parte de la batalla que empezaba a gestarse. Fue implacable.

—Lorenzetti no puede entregar la banda. Se va a creer que es el rey.

¿Cómo hacer para generar un vacío temporal que no estuviera cubierto por ninguno de los dos Presidentes, ni el entrante ni el saliente, y al mismo tiempo no darle un lugar de privilegio al presidente de la Corte? Fue a ella a quien se le ocurrió la solución. Demostrando otra vez que las normas pueden vulnerarse cuando la necesidad lo impone, inventó la Presidencia Provisional de Federico Pinedo, recién electo como vicepresidente del Senado. La «Presidencia» de Pinedo iba a durar entre las Cero horas del 10 de diciembre hasta la jura de Macri en el Congreso, unas doce horas más tarde. Para concretarlo, decidió que el mandato de Cristina terminaba a las 23.59 horas del día 9.

La Presidencia espasmódica de Pinedo no estaba prevista ni en la Constitución ni en las leyes electorales ni en ningún antecedente histórico. Era un verdadero disparate para solucionar un conflicto a su vez disparatado. Pero, ¿quién iba a cuestionarle una cuestión tan poco trascendente? Solo la Corte Suprema tenía autoridad para frenar la licencia creativa de María, pero Lorenzetti no se iba a atrever a pedir la corona por un rato.

Hubo algunas declaraciones públicas de fastidio de parte de los seguidores más fanáticos de Cristina, pero incluso los negociadores del acuerdo (Álvarez, De Pedro) sabían que María había buscado la mejor de las opciones posibles. Entre las 0 horas del día 10 y el momento de la jura (pocos después del mediodía), quien gobernó a los argentinos, quien fue Presidente de los argentinos, fue un hombre elegido por ella. Por María. La que le puso fin a una época. La que inició el tiempo que nacía.

69.

Fue una de esas tardes, en medio de los cambios de gobierno y de clima político y de humor social, cuando María decidió que ya no iba a usar el apellido del brigadier. Era viuda, al fin. No se debía a nadie. No era de nadie. Así que abandonó para siempre el apellido De Cubría.

Chau, brigadier.

Gracias por tanto.

Perdón por tantísimo.

Ahora sería María Servini. Y punto.

70.

Durante los primeros meses del gobierno de Cambiemos, los juzgados federales vivieron lo que nunca: un vacío inquietante de operadores políticos.

Jaime Stiuso, Javier Fernández y Darío Richarte andaban ocultos nadie sabía dónde.

Julián Álvarez y Juan Carlos Mena y los otros delegados del tiempo final de Cristina ya no tenían nada para ofrecer.

El gobierno de Macri, por lo menos al principio, decidió no mandar a nadie para visitar los despachos de Comodoro Py. Le pudo haber tocado al Tano Angelici, que por algo seguía manejando los destinos y los palcos de Boca, pero una dirigente central de la alianza de gobierno, Elisa Carrió, se ocupó de pedir en público que Angelici se alejara para siempre de esos pasillos.«O es Angelici o soy yo», declaró Lilita, terminante.

Lo que en principio era una grata noticia, no lo era del todo.

Los Doce jueces y los fiscales federales llevaban años administrando su poder en permanente intercambio y mediación con los políticos. Es cierto que era una relación promiscua, que no todos los jueces la disfrutaban ni le sacaban provecho, pero era la única relación que conocían. Los Doce estaban acostumbrados a hablar con algún enlace con la Casa Rosada que les marcara el rumbo o al menos que los escuchara en sus dudas y dilemas. De eso se había tratado durante tantos años. ¿Y ahora?

Para empezar, los juzgados estaban recargados con cientos y cientos de expedientes que se habían abierto contra los funcionarios de los Kirchner. Denuncias de 2008 contra Cristina y Amado Boudou. Denuncias de 2008 y de 2009 contra Julio De Vido, Lázaro Báez, Amado Boudou, Ricardo Jaime y tantos otros. Denuncias de 2010, de 2011. Contra ministros, secretarios de Estado, legisladores. Todos estaban caratulados en algún expediente. Con los procesos en plena tarea de construcción, a los que se podía acelerar de un momento a otro. Aún sin letristas de otra parte, Los Doce sabían o intuían que el cambio de gobierno suponía también una reformulación de la época. Sabían que el humor social, antes desinteresado por los hechos de corrupción, ahora reclamaba soluciones concretas de parte de la Justicia.

Varios de los jueces se decidieron a reactivar los expedientes que parecían hundidos en la Historia. Hubo llamados a indagatoria, procesamientos, allanamientos y más medidas que generaron al menos la sensación de que algo fuerte estaba ocurriendo. El sábado 2 de abril de 2016, el juez Julián Ercolini mandó detener a Ricardo Jaime, quien había sido el secretario de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner y acumulaba el récord de procesamientos por cobrar coimas, comprar trenes con sobreprecios y hasta una condena en Córdoba, su provincia, por intentar borrar pruebas de sus tropelías. Tres días más tarde, Sebastián Casanello mandó detener a Lázaro Báez, el testaferro, socio, amigo y cómplice de los Kirchner. A Lázaro lo habían empezado a investigar cinco años antes, pero su suerte se acabó, no por pericia de la Justicia, sino cuando trascendieron imágenes de una financiera, La Rosadita, donde se veía a sus hijos y a sus socios contando fajos y fajos de dólares que iban a ser sacados del país. ¿Lázaro hubiera terminado preso si no trascendían esas imágenes? Claudio Bonadío, el más temperamental de todos, ya se había puesto definitivamente enfrente del kirchnerismo y decidió ser el primero en avanzar contra Cristina. Empezó con una causa dudosa sobre una operación financiera llamada «Dólar a futuro» y la llamó a prestar declaración indagatoria. La citación generó una movilización de militantes entre rabiosos y confundidos frente al edificio de Comodoro Py. Parecía mentira. Esa mole de cemento acostumbrada a la soledad de la zona portuaria, se convertía ahora en un punto neurálgico de la vida política argentina.

Los procesamientos se acumularon. Los periodistas íbamos contando uno tras otro los avances judiciales con el entusiasmo de quienes observan el renacimiento de un cadáver prodigioso. ¿Pero era real lo que veíamos? Procesaron a Cristina, a De Vido, otra vez a Cristina. Pero, en su mayoría, eran procesamientos sobre hechos ocurridos hacía siete, ocho o más años, que solo revelaban el polvo que se había acumulado. El caso más disparatado fue una acusación contra Boudou por adulterar los datos de los papeles de un auto, que Bonadío había guardado durante años y que finalmente fue llevada a juicio oral. Cuando llegó el momento de la sentencia, en agosto de 2017, Boudou fue absuelto por haber prescripto la acción penal. La Justicia federal se había tomado ocho años en probar, sin éxito, la simple falsificación de un documento público.

Lo que pasaba, en realidad, era que los jueces parecían correr detrás de las presas, cuando en realidad recuperaban solo una pequeña parte del tranco perdido. Muchos lo hacían ante evidencias imposibles de soslayar, como el llamado a la comisaría de un vecino de General Rodríguez, que la madrugada del 14 de junio observó con preocupación a un hombre entrando de manera sospechosa en un dudoso convento de monjas. Lo increíble, lo extraordinario, finalmente quedó a la vista de todos con la misma crudeza que la pornografía. La policía llegó al lugar poco después de las tres de la madrugada y comprobó que ese hombre era José López, el mismísimo secretario de Obras Públicas durante el kirchnerismo. Lo sorprendieron con una escopeta en la mano, intentando ocultar en el convento bolsos con poco más de 9 millones de dólares. Nunca antes un funcionario de tanta importancia había sido descubierto así, con las manos en la masa, descargando plata robada en una escena que parecía plagiada de un grotesco italiano. ¿Qué hacia allí en esa noche desopilante? Probablemente López ya rozaba la locura, como mostró dos días después cuando se lo escuchó, esposado y con chaleco antibalas, pidiendo cocaína a los gritos en los pasillos de Tribunales. Pero atención, porque López no era un ser anónimo ni ajeno a la usina de la Justicia: llevaba en la supuesta mira de Comodoro Py desde hacía ocho años. Lo habían denunciado por enriquecimiento ilícito en 2008 y desde entonces había sido sometido a la mirada de supuestos peritos contables y a la atención de funcionarios con supuesta capacidad para detectar delitos donde se intenta ocultarlos. ¿O la Justicia no había hecho más que evitar encontrarle algo?

El juez Rafecas terminó dictando un procesamiento contra López en un escrito de 349 páginas, más destinado a justificar la ceguera de Comodoro Py que a demostrar la obvia culpabilidad de López. Lejos de ser un éxito de la Justicia, la caída del ex secretario de Obras Públicas confirmaba su fracaso. Para que los funcionarios fueran a la cárcel, debían poco menos que entregarse.

María también jugó sus cartas. Por un lado, aceleró la investigación sobre el desmadre del Fútbol para Todos, llamó a indagatoria a los ministros de Cristina involucrados en el caso y profundizó su virtual intervención de la AFA. Al mismo tiempo, aceptó aproximarse peligrosamente a un posible desenlace del caso de la efedrina. A diferencia de muchas otras veces, no fue una idea de María la que preparó la increíble escena que estaba por desatarse. Por esta vez, fue su invitada selecta y definitiva.

71.

La llegada de Macri fue para ella otra oportunidad. Lo conocía perfectamente. Había investigado con éxito el secuestro de su hermana menor. Le había dado el visto bueno a su incursión en la política. En el momento justo le envió un mensaje por «watsapp».

«Felicidades, señor Presidente.»

Varias de las lechuzas de María se acomodaron en el nuevo gobierno. De su hijo Juan Carlos ya sabemos que pasó a manejar los fondos del Consejo de la Magistratura. Marcelo D’Alessandro, uno de sus preferidos, fue designado secretario de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires y pronto pasaría a conducir a la Policía porteña. Seguía hablando seguido con El Tano Angelici, que además de consejero de Macri y de presidente de Boca, sumaba ahora el cargo de vicepresidente del Colegio Público de Abogados de la ciudad. Uno de sus mimados de Tribunales, Juan Bautista Mahiques, había sido elegido secretario de Políticas Penitenciarias y representante del Poder Ejecutivo en el decisivo Consejo de la Magistratura. Mahiques no era exactamente una de sus lechuzas, porque tenía vuelo propio, pero ella lo contaba entre los suyos.

El que se ubicó en un lugar estratégico fue Eduardo Miragaya, uno de sus acompañantes en el viaje por Medio Oriente y el fiscal que le había firmado su continuidad como jueza cuando cumplió los 75 años. Miragaya pasó a ocupar un puesto clave como director de Investigaciones de la SIDE, ahora rebautizada como Agencia Federal de Inteligencia (AFI), donde María se había quedado sin enlaces desde que Cristina expulsó a Jaime Stiuso sobre el final de su mandato.

No sabremos nunca si la idea fue de Miragaya o del propio jefe de la AFI, Gustavo Arribas. Tampoco importa, en todo caso. Pero fueron ellos los que invitaron a María a sumarse a la aventura de alto riesgo que guiará los últimos tramos de esta historia. Se reunieron los tres, varias veces. Una de las reuniones ocurrió en la sede de la AFI. Otras en el despacho de Comodoro Py, a las que también se sumó la vicejefa de la AFI, Silvia La Turca Majdalani —con quien María mantenía una relación de años—, quien había sido amiga de aquel juez de instrucción con el que María poco menos que noviaba en los años noventa.

Los funcionarios de la nueva Inteligencia nacional le pidieron que le inyectara vida a la causa de la efedrina. Nada menos. Por favor. Por el bien de todos. Para eso María debía aceptar indagar a Ibar Pérez Corradi, el hombre clave del caso, al que se le atribuía ser uno de los cerebros del contrabando de la droga y mandar a matar a los tres malparidos cuyos cadáveres habían sido encontrados en el descampado de General Rodríguez.

¿Pero acaso Pérez Corradi no estaba prófugo? ¿No había desaparecido del planeta?

Pérez Corradi había caído preso en 2009, pocos meses después de que estallara el negocio de la efedrina, y pasó un par de años detenido en la cárcel de Ezeiza mientras se lo investigaba por otro delito, el envío ilegal de oxicodona a Estados Unidos. Pero como Argentina es un país de oportunidades, luego había sido liberado mientras se resolvía su proceso, beneficio que aprovechó para fugarse. Hay una fecha precisa: el 18 de marzo de 2012 viajó hasta Puerto Iguazú, donde un contacto de la Gendarmería lo hizo cruzar la frontera hacia Brasil y luego hacia Paraguay. Cinco días después de la fuga, el fiscal Juan Ignacio Bidone, que investigaba el triple crimen, pidió su captura internacional. Estaba indignado, pero ya era tarde. Nadie volvería a saber de Pérez Corradi por mucho tiempo.

Sin embargo, nada es del todo como parece. No entre los hombres sin paz. ¿Quién era Pérez Corradi? ¿Por qué había logrado primero la libertad y luego la fuga?

—Los hechos son si pueden comprobarse —diría María.

Pero tal vez no sea necesariamente así. Pérez Corradi estaba siendo protegido. Por alguien de mucho poder. ¿De la SIDE? ¿De la DEA? ¿Acaso de todos? Pronto íbamos a saber que su escape no había sido exactamente eso, sino una salida asistida.

Cuando las nuevas autoridades de la AFI se hicieron cargo del organismo, se encontraron con que la vieja SIDE tenía información bastante precisa sobre el paradero de Pérez Corradi. Había carpetas de Inteligencia sobre el prófugo que ocultaban información clave que permitían dar con él o al menos aproximarse. Sabían cuándo había salido del país, por dónde, conocían la identidad falsa que usaba y si bien no se tenía el domicilio exacto, se sabía que habitaba en Paraguay y en una zona determinada. También, por supuesto, conocían sus contactos en la Argentina y sus líneas de comunicación.

¿Por qué esos datos, producidos por los propios agentes de Inteligencia, no habían sido usados? Hay al menos dos hipótesis.

La más cercana a las tramas de película asegura que Pérez Corradi llevaba años operando como informante de la DEA y que el espionaje argentino le estaba pagando los favores por haber ayudado a desbaratar el contrabando de la efedrina, incluso con su propia caída, a su propio costo.

La otra hipótesis es de cabotaje y menos épica: dice que el kirchnerismo lo escondía porque podía delatar la red de complicidades oficiales que habían protegido los negocios narcos.

¿Los hechos son solo si pueden probarse?

En este caso, ninguna de las dos hipótesis era cotejable. Pero algo había ocurrido. Por algo los datos que arrimaban a su guarida no habían sido usados. Pero si había motivos que habían llevado al kirchnerismo a proteger a Pérez Corradi, esos motivos habían desaparecido con el cambio de gobierno. En las oficinas de la Agencia Federal de Inteligencia había suficiente información para dar con el prófugo en poco tiempo. Arribas y Miragaya decidieron montar una operación para capturarlo. Querían que soltara todo. Querían los nombres que habían protegido a los narcos durante tantos años. Querían la identidad que se escondía detrás de ese enigma llamado La Morsa.

72.

¿Se acuerdan de La Morsa?

El triple crimen de General Rodríguez, ese que nos desenredó los ojos para saber que estábamos metidos hasta los huesos con el narcotráfico, acabó en un juicio oral donde se condenó a tres matones del lumpenaje delictivo. Los asesinos habían sido tres hombres, los hermanos Martín y Christian Lanatta, y Víctor Schillaci. Así se comprobó en la ceremonia judicial que se realizó en la ciudad de Mercedes, bajo la mirada acusatoria del fiscal Juan Ignacio Bidone, gran protagonista de todo ese proceso.

Durante ese juicio se intentó indagar, sin éxito, en quién había dado la orden de matar. Todos los indicios apuntaron a Pérez Corradi y a un misterioso hombre, de mucho poder, que aparecía como el protector de la red de la efedrina. A ese misterioso hombre se lo conocía solo por su apodo, La Morsa, y varios testigos indirectos se referían a él como un hombre de gran contextura física y amplísimos bigotes, caracterización que, tamizada por la imaginación zoológica de los hombres, había derivado en su natural seudónimo. Se suponía que La Morsa era dios de ese mundillo de transas. Era el tipo que habilitaba los nexos entre los que traían la efedrina y los narcos mexicanos que la compraban. Era el tipo que garantizaba las zonas liberadas de controles para los movimientos de los barriles de droga y sus depósitos. Se suponía que La Morsa, con su enigmático apodo a cuestas, era el que tocaba las puertas adecuadas para eludir miradas inoportunas tanto en la Aduana como en Ezeiza, las rutas de ingreso y egreso de la droga.

Pero, ¿quién demonios era La Morsa? Por lo que habían escuchado o alcanzado a inferir algunos de los testigos que declararon en el juicio, La Morsa podía ser algún comisario de peso en la Policía Bonaerense o alguien de importancia en alguna otra fuerza de seguridad o acaso de los servicios de Inteligencia. Pero nadie pudo acercarse al corazón del enigma. Nadie dio certezas, mucho menos se insinuaron nombres. Quedó la duda y todos sabemos que las dudas de ese tipo acaban por volverse una obsesión. Quién demonios era La Morsa. Quién demonios era.

Una de las primeras en intentar vincular a La Morsa con Aníbal Fernández fue la diputada Graciela Ocaña. «Hay versiones que indican que es él», dijo en marzo de 2013. Efectivamente había, sino versiones, rumores insistentes. De inmensos bigotes, durante el kirchnerismo Aníbal había sido ministro de Seguridad, senador, jefe del Gabinete de ministros, y su historia estaba repleta de manchas que lo arrimaban peligrosamente al mundo del hampa. Todos recordamos o creemos haber visto la imagen de Aníbal escapando en el baúl de un auto de la intendencia de Quilmes, cuando la Policía fue a buscarlo, hace ya muchos años, por un hecho de corrupción. Desde entonces se lo solía vincular con asuntos más que menos espinosos. En este caso en particular, se sabía que uno de los asesinos del triple crimen, Martín Lanatta, había militado políticamente en Quilmes, justamente donde Aníbal había construido su fortaleza política. Varios testigos declararon, además, que Lanatta se jactaba de trabajar para Aníbal o bajo su ala protectora. La influencia y el poder y las debilidades morales de Aníbal terminaban por convertirlo en el candidato perfecto para ser La Morsa. Por si algo faltaba, habló el mismísimo Lanatta y lo hundió hasta el fondo del pantano. Eso ocurrió cuando Aníbal menos lo esperaba: en plena campaña electoral de 2015, cuando Aníbal intentaba convertirse en gobernador de la provincia de Buenos Aires. Lanatta le dio una larga entrevista por televisión al periodista Jorge Lanata (increíble la coincidencia fonética) y dijo abiertamente lo que muchos querían escuchar: que La Morsa era Aníbal. Lo declaró sin pestañear. Frente a las cámaras del programa de televisión más visto de la Argentina, de cara al periodista más creíble del país, el asesino del triple crimen declaró que La Morsa era Aníbal. La Morsa. Aníbal Fernández. Y andá a desmentirlo.

Es discutible la incidencia de esa «confesión» sobre las elecciones de 2015, que Aníbal acabó perdiendo frente a la sorprendente candidatura de María Eugenia Vidal. Pero sin duda fue un hecho de altísimo impacto. Jorge Lanata (con una T) conducía y dirigía uno de los programas más vistos e influyentes del fin del kirchnerismo. Lo que había contado su entrevistado no podía ser más que una copia de la realidad. Para la enorme mayoría de los argentinos, Aníbal debía ser La Morsa. Un jefe narco. Un asesino triple.

Solo faltaba la confesión final de Pérez Corradi. Y para eso había que activar la información que ya se tenía.

El domingo 19 de junio de 2016 se anunció al país que Ibar Pérez Corradi había sido «descubierto» en Paraguay. Finalmente había caído. Lo esposaron, lo subieron a un avión repleto de agentes de la AFI, lo bajaron en el Aeropuerto de Ezeiza y desde allí lo trasladaron, custodiado por grupos de elite de seguridad, hasta una unidad de Gendarmería cercana a Comodoro Py.

El operativo iba tal como se lo había planeado.

Ahora le tocaba jugar a María.

73.

Las causas contra el kirchnerismo siguieron avanzando.Al 30 de junio de 2016 los ex funcionarios procesados eran quince, incluyendo a Cristina y a seis de sus ministros. Los presos eran cuatro, entre ellos dos ex secretarios de Estado, como Ricardo Jaime y el delirante hombre de los bolsos, José López. También había caído el principal testaferro de la familia Kirchner, Lázaro Báez. Pero las detenciones eran solo para los casos grotescos y por lo tanto extremos. Al igual que lo ocurrido cuando cayó el menemismo, la «cacería» de Comodoro Py consistía básicamente en «procesar», esto es, en considerar que existía «semiplena prueba» de culpabilidad para avanzar en el proceso hacia un eventual juicio oral. Era un ejercicio similar al del perro que muestra los dientes, sin llegar a morder. Los jueces tocaban a los ex funcionarios, los hacían dejar sus huellas dactilares en el registro de antecedentes, les embargaban los bienes y hasta les prohibían salir del país.

El 11 de julio Torres citó a indagatoria a Julio De Vido por la creación fantasma de una aerolínea de bandera que nunca llegó a operar. El 12 de julio Martínez de Georgi citó a De Vido y a Hebe de Bonafini, icono de las Madres de Plaza de Mayo, por el desvío de fondos de un plan de viviendas para pobres. Los periodistas corríamos excitados detrás de los títulos que ofrecían Los Doce. Ellos firmaban sus resoluciones y las pasaban a la sala de prensa o las filtraban a través de alguno de los muchos periodistas que se acercaban a las puertas de sus despachos. Pero, ¿era cierto lo que veíamos y leíamos? ¿Estaba la Justicia, finalmente, haciendo su trabajo? Procesar parecía suficiente para saciar la sed de Justicia de gran parte de una sociedad convulsionada por escenas que parecían salidas de un grotesco mafioso: empresarios amigos del poder contando dólares en una financiera; un ex secretario de Estado escondiendo en un convento bolsos con millones de dólares. El puñado de detenciones, junto a la puesta en aparente marcha de causas que arrastraban años de modorra, generó la sensación de que finalmente el fuero federal había decidido actuar como debía. ¿O acaso la justicia federal no era, simplemente, el resultado de lo que la calle pedía? ¿Los jueces no eran, tan solo, lo que la sociedad les exigía? ¿No eran el resultado de lo que todos éramos? Por supuesto que no. Los jueces solo simulaban.

Los jueces, otra vez, ganaban tiempo.

Ya lo sabemos:

Cuando no hay solución, el tiempo es la mejor opción.

74.

Lo que esperaban muchos de Los Doce era que los conductos de favores volvieran a su cauce natural. ¿Cuánto tiempo iba a tardar el nuevo gobierno en enviar a sus delegados y retomar la lógica de siempre? En el gobierno daban mensajes ambiguos. Por un lado daba la sensación de que Macri quería terminar con la histórica y promiscua relación con los jueces; al mismo tiempo daba señales de querer negociar con ellos.

En los primeros meses del gobierno de Cambiemos llegó a analizarse la posibilidad de cerrar la AFI para, entre otras miserias, cortar desde el vamos con las cadenas de favores y coimas a la Justicia. Pero esa idea duró un suspiro y en la AFI asumió un amigo de Macri, Gustavo Arribas, con la promesa de democratizar un organismo imposible de democratizar. El ministro de Justicia, Germán Garavano, presentó un proyecto de ley ambicioso para producir reformas estructurales en el Poder Judicial. El proyecto pretendía quitarles a Los Doce la exclusividad de investigar los delitos federales y de corrupción, amplificando la Justicia Federal a otros fueros. Era algo muy parecido a lo que había intentado Gustavo Beliz en 2004, pretensión que, como ya sabemos, le costó poco menos que el exilio. Pero la AFI no se cerró nunca y el proyecto de Garavano tuvo la misma resistencia que el de Beliz, fue muy resistido en el Congreso y naturalmente entre los jueces. En apenas un puñado de meses, el gobierno de Macri pareció reconocer que no iba a ser tan simple cambiar las cosas en Comodoro Py. Al menos no tan rápido. Y empezó a dialogar. Y empezó a sopesar fuerzas. Y empezó a disputar poder.

Lo primero que se decidió fue achicar el problema. Si el gobierno no podía aniquilar a todo Comodoro Py, al menos podía sacarse de encima a los jueces más impresentables, que en su análisis eran tres y en este orden: Oyarbide, Canicoba y Rafecas.

El ministro Garavano decidió ir al grano con Oyarbide. Era el juez del sorteo milagroso, el más visible protector del gobierno pasado y de tantos gobiernos pasados. En el Consejo de la Magistratura había decenas de denuncias contra Oyarbide y daba la sensación de que podían activarse algunas de ellas, pero Garavano fue más práctico, lo citó a su despacho del Ministerio de Justicia y lo invitó a renunciar para evitar un proceso que seguramente iba a ser costoso para todos. Oyarbide tampoco se anduvo con vueltas y esta vez decidió aceptar. Ya era un hombre definitivamente libre.

Con Rafecas las cosas se iban a acomodar en pocos meses. El juez no quería irse y empezó a tender puentes con el gobierno, a través de Garavano y de Mahiques en el Consejo de la Magistratura. En parte los convenció de que no sería un obstáculo para el nuevo poder, cosa que confirmó tiempo después, cuando sobreseyó con rapidez al mismísimo presidente Macri en dos causas que le habían iniciado denunciantes kirchneristas, una por la emisión de letras del Tesoro y una más por la firma de unos extraños acuerdos comerciales con Qatar para la creación de fondos de inversión en los que iba a participar la ANSES. Rafecas había llegado a la Justicia como un hombre de prestigio, se había cuidado mucho de no ensuciarse con los entuertos de los servicios, pero había quedado en la mira sobre el final del kirchnerismo, cuando rechazó el pedido de investigación sobre Cristina que había presentado el fiscal Nisman antes de aparecer con un tiro en la cabeza. Recordemos: en enero de 2015 Nisman había acusado a la Presidenta de intentar encubrir el atentado a la AMIA y horas después fue encontrado solo en su baño con la cabeza reventada por una bala.

La situación con Canicoba fue la que exhibió con mayor claridad que el gobierno había empezado a negociar. El encargado de lidiar con él fue el jefe de la AFI, Arribas, puesto en un lugar que, ya sabemos, es de por sí peligroso. Arribas dirigía un organismo acostumbrado a la fabricación de carpetas de Inteligencia, esto es, a acumular información y chismes sobre todos los personajes del poder real, como políticos, empresarios, líderes sociales o sindicalistas. Ahora quería asignarle a la casa de los espías un sentido de eficacia que nunca se había usado. Quería demostrar que la producción de información podía servir no para apretar y dominar a los hombres sin paz (al menos no solo para eso), sino para algo mucho más difícil: conseguir resultados concretos. Para eso se decidió poner a prueba a Canicoba Corral. Y de paso sacarse de encima a un sindicalista temible: el sindicalista Omar Caballo Suárez, titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y dueño de una organización mafiosa de altísimo poder en los puertos del país, particularmente en el de Buenos Aires, donde cobraban peajes ilegales a los barcos que llegaban al puerto bajo amenaza de impedir su anclaje. Canicoba había procesado al Caballo en 2014, pero recién en febrero de 2016 decidió la intervención del SOMU, algo que parecía cantado desde el principio. Muchos lo entendieron como un gesto de buena voluntad para el gobierno, pero en realidad era contradictorio. Como interventor del gremio, Canicoba designó nada menos que a su cuñado, Ramiro Tejada, el hermano mayor de su nueva esposa. Increíble pero real, había hecho algo parecido a lo que tiempo atrás con el campo de los narcos, sacando provecho personal de una delicada situación procesal. Canicoba le había dado un sueldo y la posibilidad de negociar con la mafia del gremio portuario nada menos que a un familiar directo.

Cuando Arribas supo de esa maniobra explotó. Había que sacarse de encima a Canicoba o, tal vez mejor, usarlo. Fue entonces cuando empezaron a llevarle información sobre la aduana paralela que había armado el SOMU en los puertos y sobre la increíble fortuna que había juntado Suárez en un par de décadas. Canicoba decidió entonces dos cosas: mandar detener a Suárez y, por si fuera poco, ceder la intervención del gremio a una figura ascendente del PRO, Gladys González, quien desde allí iba a empezar a afianzar su carrera. Por supuesto que las cosas son más complejas de lo que parecen cuando pasan por las manos de Canicoba. Pero lo importante para nuestro relato es que el gobierno descubrió, ya en su primer año de gobierno, algo sumamente peligroso: que podía aprovechar la AFI para dominar a los jueces. O para creer que los dominaba.

75.

Volví a cenar con María. Una conversación secreta, naturalmente. Pero haré una infidencia. Sobre el final de la noche, cuando ya habíamos acabado dos botellas de vino, le hice la pregunta.

—Qué es la verdad, María.

—Qué es la verdad.

Ella levantó los hombros. Expandió el labio inferior. Elevó las cejas dibujadas. Arrugó la frente. Y dijo:

—Depende.

—¿Depende de qué?

—Depende. Hoy puede ser una cosa. Mañana puede ser otra. Depende de lo que haya en el expediente.

76.

El miércoles 6 de julio María comenzó a tomarle declaración indagatoria al recién capturado Ibar Pérez Corradi. Para ese entonces ya había reclamado el expediente del triple crimen de la efedrina. Argumentando una conectividad insólita, había absorbido la causa que había tramitado con tanto rigor y pasión el fiscal Bidone en Mercedes.¿Se acuerdan del inicio de todo? María se involucró en la efedrina con un pequeño expediente, aquel que le envió la Cámara Federal cuando la efedrina apenas era un nombre conocido, y en pocos años logró acumular más y más hasta quedarse con todo. Lo sabía ella mejor que nadie. El poder es la capacidad de generar acontecimientos que modifiquen el curso de las cosas. El poder es, principalmente, la capacidad de provocar daño o de evitarlo. Eso estaba por hacer, otra vez.

La indagatoria le insumió seis largas jornadas de trabajo. Pero ya sabemos que María es incansable y que no le teme a los canallas, menos a los canallas que no tienen paz. Pérez Corradi era un hombre sin gestos, que le hablaba mirándola a los ojos, justo a ella, que sabía mejor que nadie aguantar las miradas. Pero Pérez Corradi tampoco se iba a quebrar. Iba a decir exactamente lo que quería.

No sabremos por qué ni a cambio de qué, pero durante esas larguísimas indagatorias Ibar Pérez Corradi confesó haber comercializado 13 mil kilos de efedrina, relató detalles hasta entonces desconocidos de la operación y confesó que por cada kilo de efedrina que vendía cobraba 1.500 dólares y debía pagar otros 500 dólares para la protección del negocio. ¿A qué tipo de protección? ¿Acaso a La Morsa? ¿Quién era La Morsa?

—Qué es la verdad, María.

—Depende. De lo que haya en el expediente.

María fue especialmente cuidadosa, por lo menos en un principio, para evitar que se conocieran los detalles de la indagatoria. Trascendió primero que Pérez Corradi había contado sobre la gestación del negocio de la efedrina, que había dado los nombres de los laboratorios que importaban la droga y quehabía negado cualquier relación con el triple asesinato de General Rodríguez, descartando buena parte de lo que se había dicho sobre él en su ausencia.

Semanas más tarde trascendió que también había detalles sobre sus redes de protección y que dio algunos nombres, concretos. Según su relato, había dos empleados de la Secretaría de Inteligencia (SIDE, AFI o como quieran llamarla) que operaban en la Aduana y le habían garantizado el ingreso de los contenedores que llegaban con la droga. Dio los nombres, concretos. Pero atención, porque en el expediente esos dos hombres quedaron identificados, no como llegaron al mundo, sino por dos simples siglas: «Un tal X» y «Un tal Z».

—¿Qué es la verdad?

Un tal X y Un tal Z. Con el argumento de que eran agentes de Inteligencia, de que sus vidas podían correr peligro si se conocían sus verdaderas identidades, con la explicación de que iban a ser investigados en el futuro, María decidió no dejar asentados los nombres reales de los dos espías que colaboraban con las redes de la efedrina. ¿Lo hizo para proteger la investigación o para protegerlos a ellos?

Es imposible imaginar que esos dos agentes, Un tal X y Un tal Z, hubiesen podido trabajar con independencia de Jaime Stiuso, el amigo de María, el hombre que había sido durante décadas la máxima autoridad operativa del espionaje oficial y había tejido desde hacía años redes de espías en las puertas de ingreso y egreso del país. María debía saber perfectamente que Jaime era quien administraba esos dominios. Hasta eran conocidos los nombres de los encargados de cuidar los intereses de Jaime. En Ezeiza, el delegado de «La Casa de los Espías» era Alejandro Patrizio, despedido de la SIDE junto a Jaime en diciembre de 2014, quien durante años tuvo el poder de habilitar ingresos de mercadería sin ningún tipo de inspección. En la Aduana, ese mismo rol había sido ocupado por Damián Serra, empleado formal de la AFIP pero enlace extraoficial de Jaime Stiuso y su amigo personal.

¿No serían ellos Un tal X y Un tal Z? Y si no lo eran, ¿acaso podían operar de manera autónoma sin la autorización de los espías más poderosos de la SIDE?

La verdad es lo que está en el expediente.

El asesino de los siete tiros estaba loco.

La orden de reprimir en la Plaza no fue de María.

La protección a los narcos de la efedrina la daban dos sombras, Un tal X y Un tal Z.

Estaba en María resolver si los iba a investigar o a proteger, porque ya sabemos que indagar o encubrir son acciones contrarias pero se parecen demasiado.

77.

Las sorpresas de la confesión de Pérez Corradi no terminaron ahí. En medio del fragor de las palabras, en la interminable catarata de datos que fue soltando, Pérez Corradi dejó caer un nombre que nadie esperaba y nadie comprendió todavía. Metió en el expediente a un hombre importantísimo del poder del nuevo gobierno, nada menos que al ex senador Ernesto Sanz, uno de los líderes más importantes del radicalismo y un aliado decisivo del presidente Mauricio Macri.

Ernesto Sanz. Mendocino, abogado, padre de dos hijos, dos veces senador nacional, de aspecto bonachón.

Su nombre quedó asentado en la causa de la efedrina.

Su nombre ingresó al territorio de la verdad de los expedientes.

Además de asesor permanente de Macri, Sanz era el hombre fuerte del radicalismo en el Consejo de la Magistratura, en donde articulaba las decisiones del partido con los dos consejeros que tenía el partido (dos sobre trece, en ese mismísimo instante) en el organismo capaz de regular la permanencia de los jueces. ¿Qué demonios hacía en medio de la tortuosa causa de la efedrina?

Pérez Corradi declaró que Sanz, años atrás, había cobrado 200 mil dólares de coima para impulsar el juicio político contra uno de los jueces que había intervenido en los procesos contra la mafia de la efedrina, el ex juez (ya expulsado) Federico Faggionato Márquez. La denuncia era poco creíble, realmente. Sanz había impulsado el juicio contra Faggionato con muchísimo gusto porque se trataba de un juez adicto a los caprichos del gobierno kirchnerista y se había prestado a varias operaciones políticas. Pero Pérez Corradi lo había declarado y había que dejarlo asentado en el expediente. Por qué lo hacía era un enigma, todavía. Acaso era otra operación, acaso estaba a la pesca de alguien que pudiera tenderle una mano. Algo olía mal y ya veremos cuánto.

María se guardó para el final de la indagatoria la pregunta del millón. Como estaba previsto, le preguntó a Pérez Corradi por la famosa Morsa.

¿Quién era La Morsa?

¿Quién demonios era?

La indagatoria se realizó en una pieza de un regimiento de la Gendarmería en la zona del puerto, a pocas cuadras de la mole de Comodoro Py. Hacía años que se había transformado en lugar de detención provisoria para presos especiales. Contaba con una decena de habitaciones que habían sido convertidas en celdas y un patio cerrado donde los reos podían estirar las piernas y mirar el cielo por un rato. Las declaraciones se tomaban en la oficina del oficial de Gendarmería a cargo del lugar. Una sala de pisos fríos, con persianas americanas siempre cerradas, las paredes repletas de banderines y gorritos de la Gendarmería y una imagen enmarcada del jefe de la fuerza vestido de gala. No estuvimos allí, así que sabemos solo lo que han contado María y los abogados de Pérez Corradi. Podemos imaginar la cara de nada del detenido, su ausencia absoluta de gestualidad, su cinismo naturalizado. Pérez Corradi era delgado, usaba barba cortada al estilo candado, sus ojos eran grandes y negros.

¿Quién era La Morsa?

Lo que dijo fue muy distinto a lo que esperaban en el gobierno.

Lo que dijo Pérez Corradi fue que no sabía nada de La Morsa. Que no tenía ni la menor idea de quién era. Ni una miserable sospecha.

¿Aníbal Fernández?

No, eso seguro que no. Aníbal Fernández no era La Morsa.

78.

En el territorio de lo sórdido perdemos noción de certeza. ¿Cuánto de lo que dijo Pérez Corradi era cierto? ¿Cuánto era guionado y por quién? Sus abogados no ayudaban a dar luz. Carlos Broitman y Juan José Ribelli eran de esos tipos que transitaban en proporciones parecidas los despachos judiciales, las cuevas de espías y las guaridas de los hampones de la peor calaña. Broitman se había especializado en defender a narcos y a lavadores de dinero, y tenía experiencia en hacer arreglos extrajudiciales con la DEA y la Aduana de Estados Unidos. Ribelli había sido comisario de la Policía Bonaerense, había estado preso más de diez años acusado de participar del atentado a la AMIA y se había alejado del negocio del doblaje ilegal de autos robados para trabajar junto a los muchachos de la SIDE, la mayoría de las veces a las órdenes del hombre que entra una y otra vez en esta historia como un actor secundario pero esencial: Jaime, por supuesto. Jaime Stiuso.

Broitman y Ribelli, por un montón de razones, no eran de fiar. Duchos en el arte del engaño, se habían hecho ricos nadie sabía cómo y eran capaces de dibujar cualquier declaración a la que pudieran sacarle provecho. Tampoco se podía confiar en Pérez Corradi, un hombre sin paz e imposible de descifrar, porque los hombres sin paz buscan solo tranquilidad o sensación de tranquilidad.

La duda estaba en si se podía confiar en María o si ella era parte de un entramado que nadie parecía captar del todo. De qué lado estaba María. Esa era la gran duda.

Para el gobierno, la indagatoria resultó un fiasco absoluto. Se había desbaratado la clandestinidad de Pérez Corradi, se lo había traído desde Paraguay, se había generado una gran expectativa en los medios, pero al final no se había logrado que señalara a Aníbal Fernández como La Morsa. Al costo de esa decepción lo pagó el primer puente de María con el gobierno, Eduardo Miragaya, quien había hecho de nexo para el operativo. Miragaya salió eyectado de la AFI sin demasiadas explicaciones. Lo echaron de un momento a otro. María tuvo que levantar el teléfono y gestionar y cobrarse varios favores para conseguirle a su amigo un nuevo puesto, ahora a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones sobre Delitos Ambientales, un refugio para esperar a que el tiempo acomodara las cosas. Una de sus lechuzas había caído. ¿Le seguirían otras? Lo que nadie alcanzaba a entender era si María había hecho lo correcto o si participaba de algún juego que se cocinaba a escondidas. En esas horas la llamaron sus otros enlaces. El Tano Angelici. Mahigues. También la fue a ver José Torello, jefe de asesores de Macri y apoderado del PRO, que empezaba lentamente a interesarse por los asuntos judiciales. Todos preguntaban, todos querían saber; nadie encontraba respuestas.

Lo que ocurría es que nadie conocía a María.

Nadie entendía la naturaleza de su poder.

Nadie entendía que miraba a través del tiempo.

79.

Ricardo Lorenzetti llegó a la cabeza del Poder Judicial en octubre de 2004, como parte de la transformación que propuso el gobierno de Néstor Kirchner para limpiar a la Corte de jueces adictos al menemismo. Nacido y criado en la ciudad santafesina de Rafaela, había forjado su temple jugando al rugby y afianzado su carrera como abogado exitoso atendiendo empresas e indagando en el Derecho Ambiental. Al llegar a la Corte tenía apenas 49 años. Mostraba un perfil moderno y democrático, y pronto comenzó a irradiar una imagen de independiente y templado, lo que le permitió ir ganando influencia entre los otros jueces de la Corte hasta ser votado por ellos como presidente del cuerpo. Eso lo autorizaba a decidir la agenda y el orden de prioridades de la Corte, incluyendo las decisiones más delicadas en términos de inversión, aun cuando se ejecutaran a través del Consejo de la Magistratura.

En muchos sentidos, Lorenzetti era la cara opuesta de María. De aparente transparencia, cuidadoso de las formas, su tono pausado y pensante había seducido a propios y a extraños. Como todos en la misteriosa arquitectura del poder, tenía padrinos y amigos que lo habían acercado hasta allí y a quienes les debía, de mínima, agradecimiento y contemplación. Pero nadie parecía dudar de su buena fe y talento. Nadie todavía. Lorenzetti era y fue durante años uno de los señores más aplaudidos, casi la excepción en un país que se hundía en el lodazal de valores burlados o ausentes.

Pero siempre hay un pero. Lorenzetti era codicioso. Lorenzetti quería ir por más. Durante el kirchnerismo había mejorado en mucho a la Corte, pero había hecho poco por transparentar las instancias inferiores de la Justicia, en particular a la Justicia Federal porteña. Los Doce no habían sido tocados por Lorenzetti. Nada hizo para mejorar esa cuña clave. ¿Por qué iba a querer hacerlo ahora? El poder es una maquinaria que no admite vacíos. Cuando nadie ejerce el poder, alguien aparece para ocupar ese lugar. El vacío de lobbystas políticos en Comodoro Py durante los primeros meses del gobierno de Cambiemos, fue una gran oportunidad para Lorenzetti, que empezó a tomar decisiones sutiles pero de mucho impacto puertas adentro. Con el argumento de mejorar la imagen de una Justicia humillada y percibida por la sociedad como una cueva de gatos (lo que en gran parte era cierto), comenzó a organizar reuniones para empujar a los jueces a mostrar solvencia en los procesos judiciales pendientes. Para seducirlos dispuso fondos extra para nombramientos de empleados, dio apoyo administrativo a las Secretarías, aceleró plus salariales que cobraban algunos por ocupar espacios vacantes, y poco a poco se fue convirtiendo en el líder político que muchos le venían reclamando. Para eso contó con algunos jueces más leales que otros. Julián Ercolini, para empezar, pero también Ariel Lijo, a quien María identificaba como una de sus lechuzas, ignorando que Lijo quería salir de su ala protectora y mostrarse ya como su heredero. Otro de los aliados fundamentales de Lorenzetti en Comodoro Py fue el camarista Martín Irurzun, a quien le asignó el control de una herramienta fundamental, la Dirección de Escuchas Telefónicas e Intervenciones Digitales, que hasta el final del kirchnerismo había estado en manos dela Secretaría de Inteligencia y que luego pasó a depender de la Corte Suprema. Ercolini, Lijo, Irurzun. Los tres mosqueteros de un tiempo que se sospechaba de renovación y cambio, aunque ya veremos que las transformaciones no son tan simples, menos aún en la Justicia Federal.

Pero si se quería ser el líder de esa manada, Lorenzetti debía empezar por enderezarla y, en todo caso, eliminar aquello que ya no tenía arreglo. Decidió citar a su despacho a los jueces más alejados de la pulcritud que se buscaba. Citó a Oyarbide para hablar de su salida, pero la renuncia anticipada del juez más bochornoso le ahorró cualquier forcejeo. También citó a Canicoba, al que invitó a sumarse a una «etapa de renovación» que El Rodi aceptó en dos minutos prometiendo lealtad y empeño. Finalmente citó a María, como ya sabemos, aunque para eso falta.

En el intento de Lorenzetti por ganar influencia alguien metió la pata. Fue durante el sorteo de una causa sumamente sensible para el fuero: la investigación para determinar la causa de muerte del fiscal Nisman, cuyo enigma llevaba un año enterrado en el cementerio judío de La Tablada. Nisman no había sido un fiscal cualquiera. Había sido muy poderoso porque investigaba el atentado a la AMIA, lo que le había dado recursos, personal e influencia como pocos dentro de la Justicia. Ya sabemos lo que ocurrió. En el verano anterior, después de haber denunciado a Cristina de intentar encubrir el atentado, fue encontrado con un tiro en la cabeza dentro del baño de una fastuosa torre donde alquilaba un departamento. El misterio sobre su trágico final fue un shock calamitoso para todos, especialmente en Tribunales. Después de intentarlo durante más de un año, la familia de Nisman logró que la investigación sobre su muerte pasara al fuero federal, donde creía tener más influencia y donde pensaba que se iba a profundizar la teoría del crimen por sobre la del hipotético suicidio. El propio Lorenzetti había hablado del tema con Sandra Arroyo Salgado, ex esposa de Nisman y jueza puesta por la vieja SIDE en el juzgado federal de San Isidro. A mediados de 2016 la causa Nisman saltó del fuero penal ordinario a Comodoro Py. Solo faltaba asignarle un nuevo juez. Para eso entró a la sala de sorteos de la Cámara Federal. Para eso entró a la computadora.

Ahí se pudrió todo.

Como ya vimos, el sistema de selección de juzgados había sido adquirido a pedido de Lorenzetti y contenía en sí mismo una serie de licencias que permitían su manipulación remota. Por supuesto, era un secreto que pocos conocían y del que pocos debían beneficiarse. Durante años se supuso que el trío de Javier Fernández, Darío Richarte y Jaime Stiuso era el que se metía y torcía la suerte del sistema de sorteos para que todas las causas cayeran en manos de Oyarbide. Pero ellos ya no estaban, al menos no en funciones y no con la influencia de antes.

Pocos minutos después de las once y media de la mañana del 11 de abril de 2016, un empleado de la oficina de Sorteos de la Cámara cargó la información de la causa Nisman en la computadora. El sistema rápidamente le asignó un juzgado, el del juez federal Sebastián Casanello, el mismo que investigaba, por ejemplo, a Lázaro Báez y a muchos de los episodios de corrupción del kirchnerismo. Pero en ese mismísimo instante el sistema colapsó.

Va de vuelta: en ese mismísimo instante el sistema se colapsó.

La pantalla de la computadora de la sala de sorteos mostró un cartel electrónico que anunció una «falla en la transmisión» de la información. Y automáticamente se colgó. La empleada hizo lo que hacemos todos cuando no podemos hacer nada frente a la tecnología: intentó dar Enter, tocó el teclado, movió la computadora, golpeó suavemente la pantalla y luego la golpeó con dureza. Pero nada se movía. La computadora estaba colgada y el cartel señalaba una falla.

¿Qué hacer ahora? Imaginemos el revuelo en la sala de sorteos, las consultas entre los empleados y a los jefes. Al final, la secretaria letrada de la Sala, Susana Echevarría, llamó por teléfono al director general de Tecnología del Consejo de la Magistratura, el responsable logístico de todo el sistema informático de la Justicia. Ese hombre, Gabriel Mehlman, debió entrar a la matriz del sistema de manera manual para poder reiniciarlo. Se «reseteó» todo. Se puso en blanco el sorteo.

Lo que se decidió entonces terminó de complicarlo todo. Fue una decisión de Martín Irurzun, el camarista que estaba presente y el camarista que, como ya sabemos, hacía de enlace de la Corte Suprema con la Justicia Federal. Irurzun ordenó hacer de vuelta el sorteo. Empezar de cero. ¿Pero no había salido sorteado Casanello? Irurzun argumentó que el sorteo anterior no se había completado y dispuso hacerlo una vez más. Como si nada hubiera pasado.

A las 14.48 de ese mismo día el sistema funcionó normalmente otra vez y sorteó con éxito la causa Nisman. Esta vez no cayó en lo de Casanello. Esta vez eligió al juzgado de Julián Ercolini, un juez mucho más a gusto de Lorenzetti y del gobierno.

80.

Me enseña la escritora Norma Morandini, que aprendió de Hannah Arendt, que comprendió del horror: «No hay que hablar de los malos; sino de los males».

Porque los malos pasan, los malos desaparecen, a los malos se los traga el tiempo.

Los males, en cambio, forman parte de nuestra manera de organizarnos. Forman parte de nuestros códigos de convivencia. Forman parte de lo que finalmente somos.

No hay que hablar de los malos sino de los males.

81.

El sorteo de la causa Nisman expuso la vulnerabilidad del sistema de sorteos y dejó a Lorenzetti al descubierto.

Dijimos de María que sabía leer a través del tiempo. Apenas supo del episodio en la sala de sorteos, mandó rescatar del olvido un expediente que tenía más o menos enterrado en algunas de sus montañas de causas. Tal vez estaba debajo de una escalera, o en el viejo bañito de Comodoro Py, que había convertido en archivo de causas viejas. Era una denuncia de la Cámara de Martilleros Públicos, donde pedían que se investigara el sistema de selección de peritos que hacía la Cámara, también a través del famoso sistema informático. La causa se había activado a medias. Se habían ordenado unas pericias, se habían ordenado unas citaciones, pero poca cosa más. Como tantas otras causas, su estado era latente, en suspenso. Lo que hizo María fue ampliar su foco de investigación. Ya no solo iba a indagar en el sorteo de los peritos públicos sino en la totalidad del sistema de sorteos. Decidió pedir nuevas y más profundas pericias. Decidió avanzar sobre todo el sistema que dirigía la Corte. Por ahora en silencio.

No hay que hablar de los malos sino de los males.

María no fue la única. Casi en simultáneo, otros dos jueces federales comenzaron a hacer lo mismo que ella. El primero fue Claudio Bonadío, quien se puso a investigar el episodio puntual del sorteo Nisman para saber quién había sido el responsable de la caída del sistema. El otro fue Ariel Lijo, que al igual que María, acaso aprendiendo de ella, acudió a su archivo y rescató una investigación sobre la licitación con la que se había adquirido todo el sistema informático.

María, Bonadío y Lijo. Los tres empezaron, lentamente, a investigar el sistema de sorteos. Desde distintos lugares, con causas autónomas y silenciosas, empezaron a indagar en uno de los territorios más sensibles. Sabían lo que hacían. Sabían que si avanzaban lo suficiente tenían la posibilidad de dañar nada menos que al presidente de la Corte Suprema.

Por ahora era solo eso. La posibilidad. Apuntar acercando el dedo al gatillo. Acariciarlo, suavemente.

¿O no era ese el poder de Los Doce?

82.

La historia contrafáctica, dijimos, es irreal pero nos ayuda a ver con perspectiva. Qué hubiera sido de todos nosotros si Los Doce hubieran sido otros. Qué hubiera sido si Dicky, Fabricio y tantos otros de mis compañeritos de Tribunales, capaces y honestos, hubieran ascendido lo suficiente para ocupar los cargos que ahora ejercían los Canicoba, Bonadío o, incluso, las Marías. Qué hubiera ocurrido si el poder hubiese nombrado como juez federal a Ignacio Rodríguez Varela, ese aspirante eterno construido en base al sacrificio, las buenas notas y la pericia.

Conocí a muchos a los que la historia contrafáctica hubiera celebrado. Recuerdo especialmente a la secretaria letrada de Pons durante mi breve paso por Tribunales. María Silvia Galíndez. Era delgada, de pelo largo rubio, vestía con sencillez. María Silvia era inteligente, sutil, estudiosa y se tomaba cada una de los casos como si fuera el más importante del mundo. Una estafa descomunal con billetes falsos valía para ella lo mismo que un veinteañero detenido con dos gramos de cocaína. Lo que la movilizaba era la historia humana detrás del acertijo jurídico. Su motor vital era la pasión.

Los principiantes, por supuesto, estábamos más o menos fascinados con esa mujer a la que veíamos adulta y debía tener no más de treinta y pico de años. Pero María Silvia acabó siendo «ascendida», como tantos otros. La enviaron a la Corte Suprema para hacer Derecho Comparado y ayudar a la elaboración de sentencias sobre las que no iba a decidir. Qué hubiera sido de todos nosotros si ella hubiese ocupado el lugar de María. Qué hubiera sido si Los Doce, en vez de mediar con el poder político y empresario, lo hubiesen controlado con la definitiva corrección de las leyes.

Pero por algo nada de eso había ocurrido. Por algo no ocurrió.

Me pregunto si la culpa es solo de los que ganaron.

83.

Algo olía mal en Tribunales.

María y los otros abrieron o impulsaron causas que podían dañar al presidente de la Corte.

El gobierno era ambiguo y no definía una política clara sobre Los Doce.

Los jueces pedían una contención que nadie les daba.

Y el Consejo de la Magistratura era un caos.

Allí estaba, claro, el hijo mayor de María.

Juan Carlos.

Su lechuza más preciada.

De cincuenta y seis años, padre de dos nenas a las que María custodiaba como tesoros propios y les pagaba las cuotas del colegio privado que ella misma había elegido.

Juan Carlos se acababa de divorciar y se mudó al departamento de su abuela, pegado al de María, en Coronel Díaz. Era su hijo pero también su compañero, su enlace con el mundo privado.

De lunes a viernes Juan Carlos estaba en el centro del huracán. En el Consejo de la Magistratura había desde hacía tiempo un equilibrio de fuerzas que virtualmente lo tenía paralizado. Los trece consejeros que tomaban las decisiones estaban enfrentados entre sí, divididos en distintos bandos, pero ni el Gobierno ni la oposición lograban imponer sus posiciones. Casi no se nombraban jueces nuevos; tampoco funcionaba el sistema de disciplina y sanciones. Puertas adentro, la administración era caótica. Nadie podía tomar iniciativas. Nadie se atrevía a asomar la cabeza para firmar una compra o para anular una contratación en marcha. Tampoco Juan Carlos, por supuesto. El hijo de María había llegado a ser jefe de administración, pero en los hechos se ocupaba de liquidar sueldos y poca cosa más. Estaba parado sobre una caja millonaria, pero apenas podía hacer funcionar la burocracia.

Esto generaba corto circuitos con la Corte. Lorenzetti estaba acostumbrado a digitar todos los movimientos financieros del Consejo, pero de pronto no podía incidir casi en nada. En esos días empujaba la creación de nuevos juzgados y nuevas obras edilicias, pero todos sus pedidos chocaban con la inacción del Consejo y en particular con la negativa de Juan Carlos Cubría a firmar cualquier cosa. Lorenzetti empezó a sentir que le estaban tendiendo una trampa. Tenía a tres jueces federales rondando alrededor suyo y el hijo de María le daba la espalda a su ambición. No podía ser casualidad. Su primera reacción fue contra Juan Carlos. Desde la Corte se firmaron una, dos, tres y cuatro resoluciones reclamándole a la administración del Consejo mayor celeridad para compras y contrataciones que se necesitaban. Los reclamos se hacían públicos a través de la página web de difusión de la Corte. Lorenzetti estaba exponiendo la crisis. Pero Juan Carlos respondió. Contra todos los pronósticos, dio una entrevista a un diario (Perfil) y se quejó de los avances de la Corte. «Lorenzetti se cree un emperador», llegó a decir.

El conflicto ya se había convertido en algo personal. Fue entonces cuando Lorenzetti convocó a María a su despacho del Palacio de Justicia. Hubo una primera reunión en octubre, de relativa cordialidad, de la que también participó el camarista Irurzun. Allí se habló de los «corto circuitos» con su hijo Juan Carlos. Lorenzetti llegó a mencionar la necesidad de nombrar como administrador del Consejo a alguien de la confianza de la Corte para coordinar políticas judiciales. María se hizo la distraída y no dijo nada, pero empezaba a enojarse ella también.

Así hasta la reunión de los primeros días de diciembre.

84.

Esta vez estuvieron a solas.

Lorenzetti y María.

Nadie más.

En diciembre de 2016.

Una tarde noche fuera del horario de Tribunales, cuando el Palacio de Justicia se llena de silencios y cuando ellos, que eran los dueños de uno de los poderes más silenciosos y vitales del Estado, se podían ver por fin cara a cara y medirse y batirse a duelo.

Se sentaron frente a frente en los sillones forrados en cuero. María había dejado su celular afuera, como era costumbre. El despacho del presidente de la Corte era caótico, repleto de papeles, distintos escritorios dispuestos localmente en un espacio inmenso, las ventanas a la calle cerradas.

Lorenzetti fue muy educado, o cordial en las formas, pero esta vez le pidió la cabeza de su hijo.

Según le explicó, Juan Carlos Cubría había sido nombrado administrador del Consejo solo de manera provisoria y era necesario reemplazarlo por alguien de buena relación con la Corte para poder profundizar los proyectos de modernización del Poder Judicial. Le pidió que lo hablara con su hijo. Y le dio tiempo hasta marzo.

María no podía creer lo que escuchaba. En más de cuarenta años nunca la habían desafiado así. ¿Acaso pensaba que iba a entregar a su hijo, sin más? Pero eso no era todo. Sobre el final de la reunión, Lorenzetti le recordó que ella había sobrepasado los 75 años, el límite constitucional previsto para el ejercicio de la magistratura. Le anticipó que la Corte estaba por sacar una resolución sobre el tema. No podía adelantarle nada, pero cumplía con advertirle para que estuviera alerta.

Ya sabemos lo que pasó inmediatamente después. María salió aturdida de la reunión. Caminó sin saber que caminaba, con su cartera colgada del hombro, guiada hacia la calle por la inercia de tantos años por esos pasillos y esas escaleras. Así bajó las escalinatas del Palacio de Justicia. Así se subió al auto con chofer. Luego se recostó en el asiento trasero. Se dejó llevar hasta su departamento de Coronel Díaz mientras le bajaban las pulsaciones y meditaba su reacción. Ya en el sillón de su departamento, mirando los árboles por la ventana mientras caía la noche, se sirvió un whisky. Y se dijo, para sí y para el resto del mundo.

Minga que iba a rendirse.

85.

Durante el período de incubación, la lechuza macho sale a buscar alimentos mientras la lechuza hembra protege a sus crías. En caso de recibir el ataque de un depredador, la hembra está dispuesta a todo. Es capaz de enfrentarse a depredadores hasta cuatro veces mayores que ella. Y está preparada para dar la vida, si es necesario.

86.

Minga que iba a rendirse.

Recontra Minga.

Lo que siguió a la advertencia de Lorenzetti fue una secreta hecatombe.

Sentada en el sillón de su departamento, María decidió aprovechar su poder de fuego: sus causas, los expedientes.

Para empezar, tomó su teléfono y anunció que iba a citar a declaración indagatoria a Ernesto Sanz. Nada menos que en la causa de la efedrina. Para los primeros días de la semana siguiente, iba a indagar a una de las caras más honestas del nuevo gobierno en una de las causas más sucias que tenía. No solo no les había entregado el nombre de La Morsa, sino que iba a tirarse contra uno de los mejores jugadores del poder naciente. Lo anunció por teléfono a todas sus lechuzas. Lo dijo sin rodeos. Sanz iba a ser citado a indagatoria.

María se preguntaba, por esas horas, si Lorenzetti actuaba solo o con la complicidad del gobierno. Era una duda razonable. El presidente de la Corte solía hablar con Macri y, a la vista de todos ambos se mostraban muy amigables. Pero también se sabía que Lorenzetti había tomado decisiones que habían irritado al Presidente, como un fallo que obligaba al gobierno a devolver fondos millonarios de coparticipación a las provincias. Pero algo tenía claro María. Ella debía actuar como si todos se hubieran complotado en su contra. Estaba herida y debía defenderse con todas las garras como si todos fueran el enemigo. Si el gobierno no quería su cabeza, entonces debían demostrarlo. Nunca había que subestimar al contrario.

Seguía sentada en su sillón cuando empezaron a llegarle las primeras reacciones a su amenaza. La llamaron ministros, consejeros, senadores, diputados, amigos y los intermediarios de siempre. Hubo una cadena de ruegos y oraciones. Angelici, Mahiques, Arribas, Torello. Le pedían que se detuviera, que no hiciera lo que estaba por hacer. ¿Realmente estaba en sus cabales o se había vuelto loca? Sanz era un ministro sin cargo, había sido unos de los creadores de Cambiemos, era uno de los responsables de la llegada de Macri al poder y uno de sus más influyentes asesores. No se lo podía indagar simplemente por la cita perdida de un pistolero como Pérez Corradi, en una declaración de seis largos días. ¿O sí?

María decidió dejar el anuncio flotando en el ambiente. Después de escuchar muchísimos ruegos, dejó en suspenso la idea de la indagatoria. Quedó flotando, como algo que podía ocurrir o no. Así sería por días y semanas, hasta ver cómo decantaban los hechos y cómo se sucedía la avanzada de Lorenzetti para cortarle las alas. Mientras tanto, lo importarte era la advertencia. Que todos supieran que estaba dispuesta a llamar a indagatoria a Sanz o a quien se le diera la gana.

Lo que estaba exhibiendo en esas horas era su verdadera naturaleza. María estaba mostrando que su poder residía en su capacidad de daño. Eso: en su capacidad de daño. Eso era ella. Un animal de caza que exhibía sus garras en el momento de atacar, pero que debía su éxito a la planificación previa de su ataque, al vuelo de observación y a su mirada en perspectiva. María se había anticipado. María lo había previsto antes que nadie: la posibilidad de tener que jugar una pieza ofensiva en algún momento de la partida.

¿Había puesto ella a Sanz en el partido? ¿Le había pedido a Pérez Corradi que soltara su nombre? No podremos saberlo. Pero lo que sabía María, lo que la hacía diferente al resto, es que el poder se ejercía a través del tiempo y que ese nombre, puesto allí, más tarde o más temprano podía serle útil. No hay dominio de ninguna situación sino a través del tiempo. Quien domina el tiempo domina al mundo. Ella lo adivinó desde el principio, cuando recibió la derivación de esa denuncia de la Sedronar, allá lejos y hace años, avisando de cargamentos extravagantes de efedrina. Ella supo que esa denuncia se iba a convertir en algo poderoso. Supo que iba a sacarle provecho, porque había aprendido que el precio de las cosas no es el de hoy sino el de mañana. Que el verdadero valor de las cosas no es más que el de su proyección.

La de Sanz era apenas una de sus cartas. También habló con Lilita Carrió, a esas horas una aliada decisiva para su resistencia, y le compartió mucha de la información que venía acumulando en contra de Ricardo Lorenzetti, al que Carrió consideraba un escollo para el nuevo gobierno. En principio la información de María giraba sobre dos ejes: las pericias que le estaban llegando con los resultados de los estudios sobre el vulnerable sistema informático de la justicia (por fin le iba a ser útil esa vieja causa de los martilleros) y una derivación insólita de la causa donde investigaba el desvío de fondos públicos para el programa Fútbol para Todos. María había detectado una cooperativa de Rafaela, de donde era Lorenzetti, donde se cobraban con descuentos cheques endosados para los clubes de fútbol, una maniobra fraudulenta en la que se había descubierto la complicidad de una red de asociaciones civiles de todo el país. En la cooperativa de Rafaela había poco más de mil socios y uno de ellos era Lorenzetti. No era gran cosa, pero servía para intentar un posible daño o para asustar.

Sobre finales de diciembre, Carrió anunció públicamente que estaba preparando un pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema.

Minga que se iba a rendir.

87.

Tras el estallido de María le siguió un sorpresivo silencio. Lorenzetti se contuvo de reaccionar y el gobierno evitaba hablar del conflicto. Por un momento ella pensó que todo había pasado. Que Juan Carlos iba a seguir en el Consejo, que ya nadie le recordaría su edad. En el verano se fue de vacaciones a Europa y las hizo coincidir con una visita al Vaticano, donde otra vez se vio con el Papa Francisco. Lejos había quedado su fascinación por el péndulo; ahora era una creyente devota de la cruz y la Iglesia. El Papa recibía a los jueces federales y los invitaba a trabajar con coraje frente a la corrupción y el narcotráfico. Se lo decía a Casanello, a Lijo, también a María. ¿Realmente creía que iban a hacerle caso?

Pero lo que parecía un período de paz resultó ser el principio de una nueva tormenta. Juan Carlos se fue de vacaciones a Boston con sus dos hijas. Caminaron entre ardillas por el Common Park, comieron ostras frescas en el Mercado Quincy, pasearon en barco por la bahía de Boston. De regreso a Buenos Aires, el 9 de febrero de 2017, se enteró de la peor noticia: ya no era el administrador del Consejo. En su ausencia, la mayoría de los 13 consejeros se había reunido y había decidido terminar con su cargo provisorio. No lo habían echado, sino que volvía a su puesto anterior, como coordinador de trabajos dentro de la Administración. La única concesión que le habían hecho a María fue designar en su lugar a un dirigente vinculado al gobierno, Agustín Cinto, y no al candidato que pretendía su archienemigo Lorenzetti. Pero el dato era claro. María había perdido una batalla crucial. Su lechuza más cercana había caído a sus pies, desplumada y agonizante.

Su primera reacción fue encerrarse a llorar. En su departamento, en sus despachos, durante días, María no podía salir de su estupor. Se preguntaba en qué había fallado. Se lamentaba por haber exhibido un punto frágil, como lo era su debilidad frente a sus hijos. A su alrededor todo le parecía hostil. Sus empleados la evitaban. Los demás jueces federales parecían disfrutar en silencio. Ninguno de Los Doce se le acercó ni la llamó para mostrarle afecto o para simularlo. Ni siquiera los que le debían el cargo le habían escrito ni un miserable mensaje de texto. Por el contrario, María sabía que varios de ellos esperaban su caída para heredar el juzgado electoral. ¿Acaso ella no había ayudado a empoderar a Ariel Lijo? ¿Dónde demonios estaban el juez Ramos, al que había guiado hasta su despacho? María se sentía aislada. Se sabía con menos fuerzas que de costumbre.

Pero siguió peleando.

En marzo la periodista Natalia Aguiar publicó un libro sobre Ricardo Lorenzetti, El Señor de la Corte, con mucha de la información que habían acumulado María y su hijo, denunciando malversación de fondos en la contratación del sistema informático y la manipulación lisa y llana de los sorteos de causas. Carrió finalmente efectivizó su pedido de juicio político contra Lorenzetti, que, si bien no iba a prosperar, quedaba como un antecedente que podía activarse en cualquier otro momento.

Luego María convocó a su despacho del Palacio de Justicia a José Torello, el asesor de Macri que circulaba cada vez más seguido por los pasillos de la Justicia. María lo esperó con una lista de encargos para su hijo: un nuevo despacho, cantidad de empleados a cargo, tareas administrativas específicas y total autonomía de movimientos. María exigió para su hijo, si no el cargo, al menos una importante cuota de poder. Esperaba que Torello hiciera las gestiones en el Consejo de la Magistratura. Quería que se cumplieran todos sus requisitos. O volvería a ir por Sanz. O seguiría cargando contra Lorenzetti. O saldría con algún movimiento imprevisto del que se hablaría en el mundo entero.

Algo de todo eso consiguió. Juan Carlos dejó la administración del Consejo pero conservó muchos privilegios. Sin embargo, María seguía dolida y nada parecía conformarla. Desconocía además que su propio cargo estaba en serio peligro.

88.

La última travesura que intentó Canicoba Corral fue a fines de 2016, en la causa que llevaba contra El Caballo Suárez. El nuevo gobierno y particularmente la AFI lo habían presionado para que dictara la prisión preventiva de Suárez, y Canicoba había accedido. Pero en esos días empezaron a correr rumores que decían que El Caballo le había pagado una fortuna para facilitarle impunidad. Se hablaba de un millón y medio de dólares. No sabremos nunca si eso realmente ocurrió (la verdad probable protege a los poderosos) pero sí sabemos que pocas semanas después Canicoba hizo algo insólito: alegando problemas de salud de su detenido, autorizó al Servicio Penitenciario a sacar al sindicalista de su sucia celda de la cárcel de Marcos Paz, para internarlo en uno de los más elegantes sanatorios de Buenos Aires, el sanatorio Otamendi, más parecido a un hotel de lujo que a un centro de salud. El caso trascendió gracias al enojo del fiscal Gerardo Pollicita, al que nadie había invitado al entuerto. Canicoba debió devolver al reo a la cárcel y volvió a poner su propia cabeza en la guillotina. ¿Cuánto iba a resistir?

Pero atención, porque Los Doce estaban adaptándose a los nuevos tiempos y habían sacado provecho de la ambigüedad del gobierno. Las causas contra el kirchnerismo seguían avanzando, pero con una lentitud sospechosa. Los Doce por ahora profundizaban los procesamientos, acumulaban medidas de prueba, generaban noticias para los periodistas, pero los casos seguían sin cerrarse y lo que antes parecía un despertar volvía a tener las formas de las etapas de La Gran Simulación.

Al mismo tiempo empezaban a acumularse causas en contra de los funcionarios del nuevo gobierno. En poco más de un año, Macri y los suyos recibieron decenas de denuncias sobre supuestos hechos de corrupción, defraudaciones y delitos varios vinculados a la administración del gobierno. Eran denuncias livianas en general, por ahora sin demasiado sostén. A Macri se lo empezó a investigar por una sociedad que había abierto su padre en la década del ochenta en el paraíso fiscal de Panamá y otras por supuestas incompatibilidades de su gestión con sus negocios privados. Ninguna de ellas iba a prosperar, pero las causas obligaban a Macri a presentar abogados, a dar información sobre sus asuntos familiares, a exponer sus costados más vulnerables. Lo mismo ocurría con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y con casi todos los ministros. Abusos de autoridad, negocios incompatibles con la función pública, mal desempeño en la función pública. Entre ministros y secretarios de Estado, a febrero de 2017 ya eran 62 los funcionarios con alguna causa abierta y una imputación en marcha o en camino.

En el gobierno empezaron a preocuparse. Los Doce estaban abriendo expedientes con sus nombres en la solapa principal. Los estaban «caratulando», los ingresaban al sistema. ¿Para qué?

Para armarse.

Para sacar provecho, como hizo el propio Canicoba.

El fiscal Federico Delgado, uno de los más honestos de Comodoro Py, había iniciado una investigación contra el titular de la AFI, Gustavo Arribas, por un giro que se había hecho desde la cuenta de uno de los pagadores de coimas de un escándalo de corrupción internacional, el Caso Odebrecht. Delgado pretendía saber si ese giro (de 74 mil dólares) era una coima para el propio Arribas. Pero a quien le tocó decidir sobre el caso fue a Canicoba, el juez de la causa. Al Rodi. Al campeón de truco que venía siendo presionado por el mismísimo Arribas en la causa contra El Caballo Suárez. De pronto Canicoba sintió que sobre la mesa de juego le habían tocado las mejores cartas en el momento más indicado. ¿Cómo iban a presionarlo ahora que él podía accionar el gatillo? Canicoba puso todo lo que tenía sobre el tablero. Antes de completar la investigación que pedía el fiscal, en marzo de 2017 firmó el sobreseimiento total de Arribas. Lo liberó de todo. Faltaban llegar unos exhortos pedidos a Brasil y a Suiza, pero Canicoba decidió anticiparse para mostrar y poner en evidencia su buena voluntad de cooperación. Lo hizo de manera evidente, abriendo el juego a los jugadores y al público. Cantó un vale cuatro para ponerse a resguardo.

89.

La batalla entre María y Lorenzetti ya era pública. Primero por la caída de Juan Carlos. Luego por la embestida de Carrió contra Lorenzetti y la publicación del libro y sus repercusiones. Detrás de esas respuestas se podían ver los ojos de la gran lechuza. Era claro que ella alimentaba buena parte de la información con la que se golpeaba al presidente de la Corte.

El gobierno, mientras tanto, observaba con prudente distancia. Si bien Lilita era una pieza fundamental del nuevo poder, no tenía un rol específico en la gestión y Macri podía permitirle sus enfrentamientos, primero con su amigo Angelici y ahora con Lorenzetti. El propio Lorenzetti sospechaba que Macri jugaba a dos puntas. En público Macri respaldaba el «valor institucional de la presidencia de la Corte» y el bloque de diputados de Cambiemos no apoyaba el pedido de juicio político presentado por Lilita. Pero también era cierto que la ofensiva contra Lorenzetti era una oportunidad para ponerlo en caja y contener en parte su inmenso poder. El gobierno además había logrado el nombramiento de dos nuevos jueces para la Corte, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, jaqueando así las aspiraciones de Lorenzetti de estirar aún más su conducción del cuerpo.

Pero no había que subestimar a Lorenzetti. No a él.

El martes 28 de marzo, la Corte Suprema firmó un fallo donde confirmaba que todos los jueces debían jubilarse a los 75 años. Lo decía la Constitución y lo ratificaba la máxima autoridad judicial del país. Cumplidos los 75 años, los jueces debían irse a su casa.

Lorenzetti se lo había advertido a María, en aquella cita secreta y a solas, a la hora de las brujas. La Corte tenía desde hacía años que resolver un recurso presentado por el camarista Leopoldo Schiffrin, de la ciudad de La Plata, quien ya había cumplido 81 años y pretendía seguir siendo juez. El argumento de Schiffrin era el mismo que había usado María en su planteo ante la Cámara de Seguridad Social: ambos habían sido nombrados jueces antes de la reforma constitucional que impuso el límite de los 75, por lo que no debían ser violentados sus derechos previamente adquiridos. Pero el fallo de la Corte había sido terminante. Los 75 eran siempre 75. Ese era el límite y punto.

María, por supuesto, ya tenía 80, que había celebrado en un fiestón en el Jockey Club de San Isidro con la compañía de sus hijos, sus nietas y un montón de sus amigos. Horas después de conocerse el fallo de la Corte, habló con los periodistas de Comodoro Py.

—Ese fallo está dirigido a mí —se quejó.

Realmente estaba convencida de que había sido en su contra. Realmente creía que estaban a punto de jubilarla. Nunca se había sentido tan cerca de tener que abandonar su lugar en el mundo. Por eso no pensaba rendirse. Minga otra vez. Iba a ir por más, como cada vez que se veía acorralada:

—A esto lo hacen para que no avance en la investigación de Fútbol para Todos —declaró.

De manera abierta, María estaba exponiendo su crisis como un ataque personal del presidente de la Corte para protegerse de su investigación sobre la cooperativa de Rafaela que había cambiado cheques del negocio del fútbol. Sus amigos y enemigos no podían creer al punto al que había llegado. La guerra era abierta. Parecía ser hasta el final. María estaba decidida a perder todo (su cargo, su vida) pero de ninguna manera iba a quedarse quieta. Ahora amenazaba abiertamente.

90.

Los alerta sonaron otra vez, por todos lados.

Las lechuzas se agitaron.

Los hombres sin paz se sacudieron.

Nada bueno podía salir del choque entre los dos seres más poderosos de la Justicia.

Las primeras señales fueron de caos total. Lorenzetti mandó a sus abogados a recusar a María en la causa de Fútbol para Todos y logró que la Cámara Federal le sacara la causa para analizar lo evidente: si el conflicto se estaba convirtiendo en algo personal. María consiguió otra vez el respaldo de Lilita Carrió, quien acusó a Lorenzetti de querer manejar la Justicia a su antojo y de hacerlo con las armas del delito. Otra vez Lilita habló del adulterable sistema de sorteos de causas, de contrataciones poco claras de la Corte, de la cooperativa de Rafaela. Pero nada parecía detener a Lorenzetti y la Corte decidió enviar el fallo de los 75 años al Consejo de la Magistratura para que ejecutara de inmediato la jubilación de todos los jueces que habían superado el límite de edad permitido.

No eran muchos. Sobre casi mil jueces nacionales, había poco más de veinte. Entre ellos Schiffrin, que aceptó la derrota, y la inclaudicable María.

91.

En esos días me encontré con Miguel Pons, mi juez federal, el de antes del derrumbe.

Ya se había jubilado, mucho antes de cumplir los 75. Ahora se dedicaba a su familia y a sus amigos.

Me contó que no podía ni acercarse a Comodoro Py. Su paso por la justicia federal era, para él, una historia dolorosa.

92.

Las decisiones del poder se desatan con menos palabras que hechos. No se anda por ahí pidiendo favores, sino que se producen las condiciones para que esos favores ocurran. Los lobbystas de Tribunales ejercían desde siempre esa norma:

Los favores no se piden; se generan.

¿A dónde hacerlo ahora?

Las lechuzas debieron mudar sus alas a un viejo edificio de la calle Paraná al 300, en el microcentro porteño. Allí funciona el Consejo de la Magistratura, encargado de ejecutar la jubilación de 27 jueces extralimitados, es decir, de aquellos que estaban ejerciendo su cargo con más de 75 años de edad. Las decisiones que allí se tomaban eran por mayoría, como mínimo la mitad más uno del Consejo, integrado por trece miembros. Trece, dijimos. Un colectivo formado por tres representantes del Poder Judicial, tres del Senado, tres de la Cámara de Diputados, dos designados por los colegios de abogados y dos delegados del Poder Ejecutivo. Como ya hemos visto, los consejeros eran básicamente influenciables y obedecían a razones políticas más que a los argumentos técnicos o jurídicos. Como los consejeros iban rotando cada dos años, la coyuntura política incidía en mucho sobre sus mayorías volátiles. Y nadie por sí mismo parecía capaz de incidir sobre la totalidad del cuerpo. En esos días y meses existía todavía un equilibrio de fuerzas entre los consejeros cercanos o enfrentados al gobierno. Los había kirchneristas, macristas, radicales, independientes con simpatías por unos y otros.

La tarea que tenían por delante era, en realidad, bastante burocrática. Simplemente debían ejecutar el fallo de la Corte. Pero estas cosas no siempre funcionan de manera lineal, ya que nadie resigna la posibilidad de ejercer autoridad. Si cabía la posibilidad de interpretar la orden de la Corte, eso pensaban hacer los trece consejeros. Apenas recibieron el fallo, decidieron enviar notas a los extralimitados para que hicieran sus descargos.

María estaba indignada. Conocía a la mayoría de los consejeros, a muchos de ellos les había hecho favores, y ninguno se atrevió a avisarle por teléfono o a enviarle un miserable mensajito por whatsapp. Estaba en su despacho de Comodoro Py cuando le acercaron la carta documento del Consejo. Tenía 24 horas para responder. Un día, nada más.

Después de tantos años, María no podía entender cómo podía enterarse de esa manera de que estaban por echarla. La verdad es que no tenía demasiado de qué agarrarse. Su único argumento de defensa era aquel amparo presentado ante la Cámara de la Seguridad Social, pero ella y todos sabían que ese aval había sido una resolución difusa, firmada por uno de sus amigos, en una jurisdicción poco vinculante, ya que las excepciones a una norma de la Constitución solo podía otorgarlas un tribunal del fuero Contencioso Administrativo. María sabía que estaba floja de papeles. Solo podía salvarla la voluntad de otros.

Las lechuzas acudieron en su auxilio. Generando favores con las tácticas que ella les había enseñado.

A los consejeros radicales se les recordó que Ernesto Sanz podía ser indagado de un momento a otro en la causa de la efedrina. Pero, además, se les trajo a la memoria que María todavía era la jueza nacional electoral y que tenía a su cargo no menos de cinco expedientes que revisaban las acciones del partido radical: desde alianzas electorales, internas del partido, hasta rendiciones de gastos de elecciones del pasado. Las causas estaban en su Juzgado del Palacio. Ella todavía tenía capacidad suficiente para activarlas y sancionar al partido radical o incluso para suspenderlo. Si los radicales estaban dispuestos a votar en su contra, debían prever que las consecuencias podían ser letales. María, además, parecía desatada. Todos en su entorno señalaban que era capaz de cualquier cosa porque se había vuelto imprevisible. Su estado de aparente locura generaba temor e incertidumbre.

Los enlaces con el kirchnerismo se habían resquebrajado, pero no del todo. María también debía resolver si aprobaba los gastos de campaña del frente para la Victoria de la campaña de 2015 y especialmente los de la campaña de 2007. En esa última rendición se había detectado que uno de los asesinados en el triple crimen de General Rodríguez, Sebastián Forza, había aportado 50 mil pesos para financiar gastos de la fórmula Cristina Kirchner y Julio Cobos. ¿Era capaz de sacar a la luz esa rendición, de volver a husmear en las listas de aportantes del pasado inmediato?

Los consejeros kirchneristas dudaban. Sentían deudas con María, le tenían miedo, pero al mismo tiempo el fallo de la Corte parecía no dejarles demasiada opción.

¿Qué iban a hacer los aliados o los delegados del gobierno? Allí residían las mayores dudas. Los asesores de Macri en materia judicial eran cada vez más y se dividían entre los que creían que era el momento propicio para sacársela de encima y los que evaluaban que era inoportuno hacerlo justo en un año electoral, a meses de las elecciones primarias de agosto. María hablaba casi a diario con José Torello y se mostraba muy colaboradora con el armado de las elecciones. Hacía tiempo que evitaba al ministro de Justicia, Germán Garavano, pero todavía conversaba con Mahiques en el Consejo de la Magistratura y con un abogado muy amigo de Macri y cada vez más influyente, Fabián «Pepín» Rodríguez Simón.

Los favores no se piden; se generan.

Los consejeros hablaban entre ellos y con los emisarios y con los lobbystas. En principio, la decisión era acatar el fallo de la Corte y empezar a jubilar a los extralimitados, de a uno por vez. Se aceptaron algunas excepciones, para aquellos jueces que tenían un juicio ganado de antemano en el fuero Contencioso Administrativo, que era el adecuado. Pero no era ese el caso de María. Ella tenía una resolución de dudoso valor.

Hasta el mediodía del martes 4 de abril los mensajes que le llegaban eran desalentadores. Su final parecía inexorable.

93.

No hay que hablar de los malos; sino de los males.

Lo que existe es un entramado.

Un entramado de armas que se cruzan y apuntan entre sí a sus portadores.

Todos acarician el gatillo, suavemente.

Todos contra todos.

Todos saben que si uno aprieta demasiado, el desenlace será el peor para cada uno.

La supervivencia está en la amenaza latente.

En el Casi.

En el Apunto.

En el A un paso de.

De eso se trata el entramado. Es un tejido repleto de hilos que se entrecruzan hasta convertirse en un todo que se sostiene gracias a esa multiplicidad de hilos. Decenas, cientos, miles de situaciones latentes con la forma de expedientes judiciales inconclusos, abiertos hasta el infinito, que operan en los hechos como armas a punto de ser gatilladas. María tiene causas capaces de meter en serios aprietos al ministro de la Corte. Al igual que Lijo y Bonadío. Pero el ministro de la Corte tiene herramientas de sobra para meterlos en problemas a ellos. Eso mismo se repite con otros nombres y otras situaciones. En el territorio que nos ocupa, el poder es equivalente al peligro que representa cada uno.

El poder equivale a eso: a la capacidad de daño.

María lo había comprendido hacía muchos años, cuando nuestra capacidad de asombro se posó en su decisión de absolver a Amira Yoma. Pero no era eso lo que había empoderado a María, sino su decisión de mantener detenido al cómplice de Amira, a Mario Caserta. Lo que la había hecho fuerte era la amenaza de una posible confesión de Caserta. Ocurrió lo mismo cuando aceptó traer a Pérez Corradi desde la clandestinidad de Paraguay. Lo que dijese o dejase de decir Pérez Corradi no era tan importante como la posibilidad de hacerlo. ¿Iba a nombrar a La Morsa? ¿A quiénes iba a manchar con su lengua venenosa?

En ese entramado, lo único que María no podía permitirse era estarse quieta. La amenaza se debía reajustar a cada instante. Había que renovar lo latente, por siempre.

Ahora María podía complicarle la vida al radicalismo, al presidente de la Corte, ya le había complicado la vida al jefe de la AFI con el cuento de La Morsa y podría volver a hacerlo cuando quisiera. Lo mismo cualquiera de Los Doce. Ya tenían decenas de expedientes apuntando al presidente Macri, a sus ministros, como antes habían apuntado a otros presidentes y a otros ministros. Esos expedientes les permitían preguntar, pinchar teléfonos, cruzar información sobre los secretos de la dirigencia política, empresaria, sindical. Nadie parecía consciente de lo que significaba estar sentado en sus sillones. Y esos expedientes les aseguraban lo que más codiciaban: la permanencia.

Pero a su vez también ellos estaban apuntados. Bonadío, Lijo, Canicoba Corral. Todos habían sido denunciados ante el Consejo de la Magistratura. Por supuestas coimas, por la manipulación de expedientes, por usar campos de narcos para beneficio de su familia, por ser socios de una financiera, por nombrar interventores o síndicos a dedo y por conveniencia. El Consejo y la política que dominaba al Consejo se guardaba la posibilidad de aniquilarlos. Los expedientes en contra de los jueces también eran armas de posible uso.

En definitiva, nadie hacía lo que debía hacer, sino lo que convenía para subsistir.

Al equilibrio, en el mientras tanto, lo hacía el miedo.

Al equilibrio lo sigue haciendo el miedo.

94.

El martes 4 de abril los consejeros se reunieron para definir el futuro de los jueces de más de 75 años. Se juntaron alrededor de una mesa gigantesca de la sala de reuniones de un edificio gris del microcentro porteño. Analizaron los descargos que habían hecho los jueces que deseaban quedarse. Había una decena que tenían amparos presentados y ganados a tiempo. Pero los papeles de María eran papel pintado.

A las tres de la tarde alguien la llamó al celular. María estaba almorzando en uno de los hoteles cinco estrellas adonde gustaba ser invitada.

—Estás afuera —le dijeron.

Tuvieron que repetirlo.

—Estás afuera.

De los trece, había siete consejeros que votaban en su contra. Que opinaban que debía jubilarse. Eran la mitad más uno.

María estaba terminando de almorzar y pidió otra copa de vino. Pensó en no volver a ninguno de sus despachos. En irse directo al departamento. Quería no pensar en nada. Quería sentarse en su sillón y mirar los árboles de la avenida por la ventana.

Sin embargo se quedó allí, esperando. Sentada en la galería del hotel, de cara a un jardín interno prolijo y espléndido, con el pasto cortado a dos dedos del suelo, flores blancas en los canteros, dos inmensos gomeros acompañando las medianeras y cubriendo de sombras leves un día de sol de principios de otoño. El final había llegado. Lo sintió, lo creyó cierto. La acompañaba una de sus lechuzas, pero se sentía profundamente sola. Abandonada. Arrojada a la banquina por vieja. Pensó en sus hijos, sobre todo en Juan Carlos. Se creía culpable de su derrotero. Se le humedecían los ojos cuando lo mencionaba.

Hasta que llamó el Tano Angelici.

Dos horas pasaron entre un llamado y el otro.

Dos horas para recordar sus múltiples batallas por la supervivencia. Para verse otra vez entrando por primera vez al Palacio de Justicia, para verse en los procedimientos policiales o frente a sus primeros interlocutores del gobierno de Menem o de los muchos, muchísimos que siguieron. No había robado, o al menos no lo había hecho como la mayoría de sus colegas. Su mayor pecado había sido permanecer a costa de todo. Nunca había leído a Faulkner, pero de haberlo hecho se hubiera visto reflejada en la idea de que ciertos hombres y ciertas mujeres no hacen más que perseguir su perpetua necesidad de prevalecer. ¿O no era para eso que estábamos en este mundo? Era esa perpetua necesidad de prevalecer. Prevalecer para vencer al tiempo. Prevalecer estando donde se debía estar y haciendo lo que se debía hacer.

Hasta que llamó el Tano Angelici.

Eran ya cerca de las cinco de la tarde. El Tano seguía tejiendo relaciones y haciendo valer su influencia. Era amigo del Presidente, tenía más lechuzas que nadie sobre todo en la justicia de la Ciudad y también en el Consejo.

—Te conseguí tiempo —le dijo.

Tiempo, nada menos. Tiempo. A ella, que sabía lo que significaba.

El Consejo había decidido hacer un cuarto intermedio hasta el 20 de abril. Hasta dentro de dos semanas. Era una eternidad.

95.

El período histórico de «El dedo en el gatillo» acabó de hecho en noviembre de 1989, cuando cayó el Muro de Berlín y comenzó el principio del fin del bloque soviético. El equilibrio marcado por el miedo terminó por romperse porque una de las dos fuerzas opuestas retrocedió ante la presión de la otra. Pero sobre todo, ante el peso mismo de la Historia.

¿Había llegado la hora de ponerle fin a la historia de María?

96.

No todavía.

El tiempo que le había conseguido Angelici en el Consejo fue definitivo para su salvación, al menos para su salvación momentánea. 2017 era un año electoral y en el gobierno comenzó a dominar la opinión de que los plazos se habían agotado y que ya no podían deshacerse de María, no tan cerca de las elecciones. En pocas semanas debían ponerse en marcha muchas acciones vinculadas al proceso electoral. Había que preparar los padrones electorales. Había que discutir entre los partidos desde los colores de cada agrupación a su numeración. Los partidos políticos ya estaban presentando sus documentos de respaldo para poder participar en la contienda y María debía empezar a lidiar con los apoderados y a analizar a los eventuales candidatos.

Tras el cuarto intermedio, el 20 de abril, el Consejo de la Magistratura decidió trasladarle los expedientes de los extralimitados al Ministerio de Justicia. Fue una decisión inusual, pero consensuada con el gobierno. En el Consejo parecían no ponerse de acuerdo sobre qué hacer con María y los otros casos dudosos, así que decidieron transferir el problema al ministro Garavano, que aceptó quedarse con los expedientes, pero con la decisión más o menos secreta de no hacer nada.

El argumento del traspaso fue administrativo. Según el Consejo, la jubilación de los extralimitados era al fin y al cabo una decisión del Poder Ejecutivo, por ser el encargado formal de pasar a retiro a los funcionarios del Estado. Todos sabían que era un argumento pobre. El Consejo claramente estaba eludiendo la disposición de la Corte, solo que nadie iba a quejarse, al menos por ahora. Tampoco Lorenzetti, por cierto.

Diez de los veintisiete jueces excedidos se fueron a su casa sin quejas, otros ocho presentaron recursos bien formulados en la Cámara en lo Contencioso Administrativo, un puñado más esperó la decisión final de Garavano. Que no hizo nada. Justo él. El ministro que había iniciado su gestión convencido de que había que desmembrar la omnipotencia de Comodoro Py, ahora cedía a la continuidad de la más antigua y cabal representante de Los Doce. Garavano se lo comunicó en persona, en su despacho. Le dijo a María que se quedara tranquila, que podía seguir siendo jueza, que el gobierno no tenía nada en su contra.

Tan cerca estuvo de quedarse afuera que parecía mentira. Ni María podía salir de su asombro. Después de un año y medio de ambigüedad, finalmente el gobierno parecía aceptar las reglas de juego de Los Doce, o al menos asumía que los cambios, de producirse, iban a hacerse de manera gradual. Eran tiempos de eso: de gradualismo. En economía los cambios eran tan de a poco que muchos acusaban al gobierno de darle continuidad al anterior; lo mismo ocurría en política; de igual manera en la Justicia. El gradualismo era una marca de época.

97.

El silencio de Lorenzetti fue entendido como un llamado a la paz. María siguió avanzando en la causa sobre el sistema de sorteos y recibió el resultado de pericias que confirmaron muchas de sus sospechas, pero dejó de presionar y no volvió a mencionar la investigación. Al mismo tiempo resignó la posibilidad de involucrar al presidente de la Corte con los negociados del Fútbol para Todos y la cooperativa de Rafaela. Lorenzetti era uno entre dos mil socios de esa cooperativa, así que era un disparate hacerlo responsable a él de una operación que lo excedía y sobre la que no tenía poder de decisión. La tensión con Lorenzetti entró, así, en un estado de conveniente distancia. Faltaba saber por cuánto tiempo.

Los meses que siguieron fueron casi un veraneo, esos períodos en los que el tiempo se detiene en otro tiempo y desplaza lo cotidiano hacia un espacio aislado de todo lo demás. María se hizo cargo del proceso electoral, que se dividió entre las primarias abiertas de agosto y las legislativas definitivas de octubre. Durante ese tiempo se sabía intocable. Ningún político sensato se atrevería a cuestionar a un juez capaz de borrarle una lista de candidatos o de bloquearle los fondos que aporta el Estado para las campañas de difusión.

En julio pareció mostrarse mordaz cuando decidió rechazar las rendiciones de gastos de los principales jugadores políticos de la elección de 2015. Ni Cambiemos, ni el Frente para la Victoria de Cristina ni el Frente Renovador de Sergio Massa podían explicar en qué habían gastado los fondos públicos de las elecciones pasadas y eso podía bloquear los recursos previstos para las de 2017. Pero fue apenas un poco de ruido, nada más. Los apoderados pudieron apelar su fallo y todo siguió igual, el Estado volvió a financiar a los partidos políticos con decenas de millones de pesos para las principales agrupaciones.

Del resto de los expedientes pareció ocuparse lo mínimo indispensable. Incluso de la causa de la efedrina. María le dictó la falta de mérito a Pérez Corradi por el triple crimen (una medida que en principio lo liberaba de culpas) pero lo dejó preso acusado del tráfico de la efedrina. Anunció a su vez que iba a investigar las cadenas de protección que había tenido la mafia de la efedrina. Pero la verdad es que no dio un solo paso en esa dirección. Su investigación iba a seguir profundizando en los laboratorios que importaron la droga y en sus fortunas voraces y en operaciones de lavado de dinero de parte de sus dueños. Pero todo hacía prever que los protectores de Pérez Corradi seguirían siendo sombras sin identificar. Los nombres tachados de los agentes de la SIDE que le habían cuidado las espaldas seguían siendo nombres tachados. Un tal X y un tal Z.

El resto de Los Doce se sostuvo en esa misma línea de flotación. Avanzaron en múltiples procesamientos sobre los funcionarios del gobierno kirchnerista, e incluso se llamó a indagatoria a Cristina por la corrupción con la obra pública asignada a su socio Lázaro Báez. Pero nadie importante iba a ir preso, al menos por un buen período. La cárcel parecía no estar hecha para los hombres del poder, salvo contadas excepciones. A pesar de que se había violado la ley con frecuencia inaudita, en los últimos veinte años solo se podían contar siete condenas contra funcionarios públicos por enriquecimiento ilícito. La mayoría de los expedientes parecían tener el destino entre los archivos de polvo o en declaraciones de prescripción, que no era otra cosa que la resignación al fracaso del sistema de Justicia.

En esos meses fue condenado un ex ministro de Menem, Raúl Granillo Ocampo, por un enriquecimiento que había iniciado 25 años atrás. Iba a pagar solo con su arresto domiciliario y en un estado casi senil. Curioso lo de Granillo Ocampo, porque se convirtió así en uno de los pocos dirigentes políticos con doble condena. Dos años antes había recibido una pena de tres años de prisión en suspenso por haberse ocupado del pago de sobresueldos a ministros y otros funcionarios del gobierno de Menem. En ese juicio me había tocado declarar como testigo. La fiscalía del caso pretendía que ratificara un artículo vinculado a los sobresueldos que había escrito en el diario Clarín hacía veinte años. El juicio se desarrolló en una sala de audiencias de Comodoro Py. Me hicieron pasar por una puerta lateral y me sentaron frente a los tres jueces. La escena era de una película sin tiempo. Jueces, abogados, acusados y curiosos ocupaban una sala elegante, con muebles de madera de roble haciendo juego con la boiserie que decoraba las paredes. La ceremonia era extremadamente formal y cautelosa. A mi derecha estaba sentado Granillo Ocampo, el acusado. Había sido un hombre astuto e influyente, de los más temidos durante el menemismo. Ahora era un viejito arrugado, con apenas unas líneas de pelo sobre su cabeza, y tal vez ni siquiera entendía de qué se lo estaba acusando. Me pregunté si ese sería el destino de la Justicia federal: condenar algunos episodios aislados de un pasado lejano, cuando ya no le importa ni a las víctimas ni a los acusados, cuando su función de dar certeza y paz y orden ya no tiene sentido. Por supuesto que yo no recordaba ni una línea del artículo que había escrito hacía tanto tiempo. Se lo dije a los jueces. «No me acuerdo absolutamente de nada». Enfaticé el absolutamente. Para hacer notar lo que ya todos sabíamos. Aquello era una farsa.

98.

A casi dos años del cambio de gobierno, los operadores judiciales parecían haberse acomodado lentamente al nuevo esquema de relaciones.

Angelici siguió sin presentarse en Comodoro Py, pero sabemos que mantenía su influencia desde el palco de Boca, donde también rondaba un recuperado Darío Richarte, el viejo operador del fuero, y muchos de Los Doce y sus compinches.

Desde la AFI, Arribas incidía en causas puntuales, aquellas que interesan al mundo del espionaje, pero todavía no había comprobado que en el territorio de lo sórdido nadie gobierna a nadie.

Fabián Pepín Rodríguez Simón, el amigo de Macri que lo asesoraba en temas jurídicos, hablaba cada vez más seguido con los jueces federales y corría el riesgo de terminar por creerles.

El apoderado de Cambiemos, José Torello, se comunicaba seguido pero solo con María y los demás jueces electorales del país. Se suponía que sus conversaciones eran acotadas a los procesos de las elecciones, pero todos sabemos cómo se inicia una relación y nunca cómo termina.

Angelici. Arribas. Rodríguez Simón. Torello. Es cierto que los operadores de ahora no eran lo mismo que antes. No estaba allí ni Jaime Stiuso con su dominio sobre los hombres sin paz, ni Javier Fernández con su simpatía, ni los abogados que operaban para el kirchnerismo con fondos de la vieja SIDE. Pero el gobierno de Macri comenzaba a sentir que podía dominar lo indomable. O que podía demorar la decisión de modificar aquello que se resistía al cambio. El conflicto con María había sido, tal vez, un punto de inflexión y se había dejado pasar la oportunidad de producir el terremoto que el fuero precisaba.

Al mismo tiempo, los funcionarios del gobierno seguían acumulando carátulas. Los ministros y secretarios de Estado seguían siendo denunciados y sus nombres quedaban escritos en el frente de los nuevos expedientes.

María hizo lo suyo en medio de la confusión del proceso electoral. El abogado de Pérez Corradi le acercó una denuncia de otro de sus clientes, El Caballo Suárez, el sindicalista que seguía despotricando contra Canicoba Corral por favores pagados pero no recibidos. El Caballo era poco menos que un capo del hampa, pero su abogado logró que una mañana de agosto fuese trasladado desde su celda miserable hasta el tercer piso de Comodoro Py, donde durante más de una hora acusó de estafadora a Gladys González, la mujer que había sido interventora de su gremio, el SOMU, y que pronto se iba a convertir en senadora nacional.

Gladys González era una de las dirigentes preferidas de Macri y su paso por el SOMU había sido aplaudido por la prensa, pero El Caballo la acusaba de haber inventado pruebas y de haberse enriquecido a su costa. Aunque la denuncia era poco creíble, a María le podía servir en un futuro incierto. Cuando lo creyera conveniente, le iba a permitir indagar y rondar durante el tiempo que quisiera sobre una de las niñas mimadas del nuevo esquema del poder. Otra vez estaba leyendo a través del tiempo.

La pregunta era ¿por qué lo hacía? ¿Por qué le daba tanto lugar a El Caballo Suárez y se preocupaba en seguir alimentándose de causas que podían contener algún valor hipotético en el futuro?

La respuesta existía. Porque María había tomado nota de algo que casi se nos pasa a todos por alto. A todos, pero no a ella.

Hemos contado ya que el Consejo de la Magistratura le había dado un tiempo. Hemos contado que finalmente decidió delegar en el Ministerio de Justicia la decisión final sobre los jueces extralimitados.

Falta detenernos en lo que hizo el ministro de Justicia, Germán Garavano, con ese expediente. Con el expediente de María. Con su pedido para seguir siendo jueza más allá de los 75 años y hasta que se le diera la gana.

Lo que hizo Garavano fue exactamente lo que hacían los jueces federales: nada. Aunque ese no hacer nada significaba mucho.

Podría haber sacado una resolución, podría haber apurado un decreto ratificando la continuidad de María, podría haberle enviado una carta al Consejo de la Magistratura habilitando a María hasta la eternidad. Pero Garavano no hizo nada de todo eso. El ministro simplemente le dijo a María que podía seguir siendo jueza y se quedó con su expediente.

No pensaba resolverlo.

El expediente de María iba a quedarse allí, en un despacho del Ministerio de Justicia, en un edificio sin gracia de la calle Sarmiento, en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires. Allí iba a quedarse, todo el tiempo que hiciera falta.

Porque más que salvarla, el gobierno había dejado a María en un limbo, en ese estado de suspenso que tan bien conocían los jueces. Era el estado del riesgo latente.

El dedo en el gatillo ahora le apuntaba a ella.

99.

Las elecciones de agosto abrieron un nuevo horizonte. O al menos una nueva oportunidad. El gobierno de Macri logró un buen triunfo electoral. Poco más del 36 por ciento de los votos en el todo el país, una gran elección en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, e incluso un buen resultado en la provincia de Buenos Aires, donde perdió por casi nada con Cristina Kirchner, candidata a senadora y convertida ya en un problema para la oposición, que no lograba reconvertirse con su figura allí, molestando.

El resultado era por todos lados muy propicio para Macri. ¿Y si lo aprovechaba para apurar los cambios y terminar con la política del gradualismo, también en Tribunales?

Días después de las PASO pareció que algo de eso iba a ocurrir. A través de sus delegados y aliados en el Consejo de la Magistratura, el gobierno logró suspender de su cargo al camarista federal Eduardo Freiler. Socio y amigo de Ariel Lijo, aliado estratégico del tridente de operadores que dominó al fuero durante el kirchnerismo, Freiler se había hecho millonario como la mayoría de sus colegas pero había sido desprolijo y su fortuna había quedado en evidencia. Vivía en un caserón millonario de Olivos, coleccionaba autos de lujo, mostraba un nivel de vida que no podía explicar, todo eso detrás de decenas de fallos que habían encubierto la corrupción durante años.

Freiler fue, finalmente, suspendido. ¿Era el primero de muchos? ¿Comenzaba la limpieza del fuero?

Las elecciones de octubre volvieron a mostrar al gobierno ganador y eso consolidó la oportunidad. Pero solo el tiempo nos dirá si se aprovecha y cómo. Ya sabemos del expediente de María y hay decenas de denuncias en el Consejo que podrían apurar la salida de muchos de los jueces que han guiado este relato. Pero no hay que hablar de los malos; sino de los males.

Comodoro Py es mucho más que una mole de cemento.

Comodoro Py es mucho más que Los Doce.

100.

Me encuentro con ella por una última vez en su despacho de la planta baja del Palacio de Justicia. El mismo lugar que ocupa desde las primeras horas del menemismo, cuando todo esto era inimaginable. En la antesala del despacho me recibe su secretaria más cercana, Mónica, con la que trabaja desde hace 27 años. Mónica es una mujer robusta y simpática, con cara amigable. Es quien la acompaña en la mayoría de sus viajes. Más que su secretaria, Mónica es su amiga. Me ofrece un café y me invita a esperar sentado en una silla de madera.

Eso me da tiempo para recorrer la antesala. En una de las paredes veo colgadas, detrás de un vidrio encuadrado, las tapas de las revistas de la época del Yomagate. Allí se la ve a María dibujada en la revista Humor por los ilustradores más sarcásticos de la época. O fotografiada por la revista Noticias, mirando al foco de una cámara que la expone dura y acaso cruel. Me da cierto alivio saber que tiene sentido del humor y que no parece temerle a las críticas.

«Tal vez no me odie después de leer mi libro», pienso.

Al menos no pienso describirla como una ladrona. Y quién sabe, realmente. Tal vez me haya engañado y oculte desde hace años una decena de cuentas multimillonarias en un banco suizo o en una cueva de Panamá.

Al final, María seguirá siendo un enigma. Ni siquiera es María a la que estoy retratando, sino a la idea que me estoy haciendo de ella. Porque seamos francos: todo retrato es ficción. Apenas podemos sospechar la profundidad de una vida y lo que se nos oculta es infinitamente más de lo que vemos. Por eso la verdad es solo para los fanáticos. O para los jueces, si alguien está dispuesto a creerles.

Sobre una de las paredes de la antesala del despacho se acumulan decenas de biblioratos. Están numerados por tiempos históricos. Los primeros son de los años ochenta. Los hay hasta 2017. María guarda desde hace décadas todos los recortes de diarios y revistas donde se la ha mencionado alguna vez. Es fácil imaginar el recorrido: los casos Puccio y Yoma; los entuertos electorales; la búsqueda de hijos de desaparecidos; la causa de la efedrina; su pelea con Lorenzetti. ¿Cuánto de todo aquello la atormenta y cuánto la llena de orgullo? ¿Cuánto de todo aquello habla realmente de lo que es?

Al rato Mónica me hace pasar al despacho. Es un ambiente sin ventanas, como el de Comodoro Py, pero enorme. De unos diez metros por lado, tal vez sea más grande que el departamento de Coronel Díaz. Está recargado de muebles, bibliotecas y las vitrinas donde se exhiben sus famosas lechuzas. Las observo, ahora con atención. Las hay de todas las formas y colores. Lechuzas de porcelana, cubiertas de arroz, pintadas al óleo, lechuzas de cristal y de materiales que no alcanzo a descifrar. Son cientos de lechuzas. Miles. Las hay pequeñas, las hay de tamaño natural. Con sus ojos atentos. Con sus miradas inquisitivas.

María viste juvenil, como siempre. Jeans rojos, una camisa clara suelta, zapatos cómodos tipo suecos. Se sienta sin cruzar las piernas, con las manos en los codos del sillón, como una reina en su trono. Conversamos durante horas. Ella habla de lo que quiere. De sus buenos momentos. De sus anécdotas más felices. Yo intento llevarla hacia el caso de la efedrina, hacia Lorenzetti, pero María contesta rápido y sale de los temas incómodos con gran habilidad. Pasan las seis de la tarde, las siete. Me gusta que diga lo que tenga ganas. Se la ve contenta hablando de sus hijos o de algunos buenos momentos en su Juzgado. Cada tanto entra alguno de sus colaboradores. Cada tanto ella llama a su secretaria para que la ayude a recordar.

De pronto advierto algo. Un detalle, simple, pero al que no le había prestado atención cuando conocí su otro despacho en Comodoro Py. En la sala hay tres escritorios cubiertos de expedientes, carpetas, resmas sin abrir, lapiceras y portarretratos. Pero no hay ni una sola computadora. En ningún lado. Ni grande, ni pequeña, ni nada. Recién entonces me doy cuenta: María no escribe. Ni una sola línea. Nada. Ella dirige sus juzgados, administra las decisiones y a su personal, pero no escribe una sola línea. Da las directivas, tal vez idea los argumentos y por supuesto que se hace cargo del peso de sus decisiones, pero no las ejecuta. Para eso están sus colaboradores. Esos muchachos que entran e interrumpen la charla para preguntarle por un expediente, para saber si mandan a la fiscalía una pericia contable o simplemente para anunciar que se van porque ya es tarde. Y claro, ya es tarde. Las nueve, las diez de la noche. Solo que allí adentro, sin ventanas a la calle, el tiempo exterior no existe. Para María ese es su único tiempo.

—Tengo una máquina de escribir, en casa —explica.

Vuelvo a recorrer el despacho con la mirada. Supongo que de haberlo visto treinta años atrás hubiera observado más o menos lo mismo. Menos lechuzas y menos expedientes acumulados, pero el resto debe seguir casi intacto. Las lámparas, los sillones, los escritorios, la ausencia absoluta de tecnología. Como si muy poco hubiera pasado, como si el mundo no hubiera dado mil vueltas sobre su eje. Aquí, en su despacho, todo está más o menos igual a mis tiempos de pinche, cuando cosía expedientes con esas agujas gigantes, cuando todo parecía viable y ella era, en mi imaginación, en lo que proyectaba, una mujer temible e insondable.

Hay más recuerdos. Los casos más aberrantes de sus tiempos de jueza de menores. Una amenaza de bomba que recibió El Brigadier cuando todavía era joven. Algo más de sus viajes por el mundo.

Me despido pasadas las diez de la noche. Busco la salida durante un largo rato y me pierdo en los pasillos oscuros. El Palacio de Justicia está mudo y quieto. Los pisos son fríos, las paredes sucias. En pocas horas más será el día después y con las primeras luces del día el Palacio se llenará otra vez de empleados más o menos comprometidos con un servicio tosco y lejano; los pasillos serán recorridos por los abogados de siempre, algunos buscando auxilio y otros una tajada. En pocas horas más todo volverá a empezar. El ruido de los viejos ascensores al subir y bajar; el polvo flotando en un ambiente todavía de papel; los ordenanzas acostumbrándose a un tedio interminable. Y cada tanto llegará un pinche nuevo, pequeño e insignificante, que se cruzará con un reo sin cordones y olor a encierro mientras es trasladado con las manos atrás por un agente penitenciario sin rostro. Ese pinche aprenderá lo que pueda aprender, pero antes de eso creerá que el mundo es justo y el futuro, una gran oportunidad. Tendrá razón, por supuesto. El futuro siempre es una gran oportunidad.

Después de todo

Este libro es el resultado de muchos años y de muchas personas. De aquellos compañeros que me recibieron con paciencia y afecto en el Palacio de Justicia cuando yo era un pinche más curioso que útil. De los periodistas con los que compartí una vida de trabajo en el seguimiento de juicios orales o de procesos escritos inconmensurables, en particular de las coberturas del asesinato de José Luis Cabezas y del atentado a la sede de la AMIA, los dos acontecimientos que me formaron como periodista y que me empezaron a mostrar que el maravilloso oficio de contar verdades probables tiene tantos aciertos como limitaciones. Algunos de esos colegas colaboraron con este relato, pero los libero de culpas.

Este libro es también hijo de mis fuentes de información. Más de veinticinco años de conversar con jueces, fiscales, peritos, empleados rasos de tribunales, abogados inmorales, abogados soñadores, espías soberbios, ordenanzas embobados, choferes que fuman un cigarrillo mientras aguardan la llegada de un funcionario al que desprecian. Y los presos; los reos sin cordones. Los he visto, los he visitado en las cárceles de Marcos Paz, de Ezeiza, de Sierra Chica o de Batán; he bajado y caminado entre las rejas de la alcaidía de Tribunales. Nunca me pude acostumbrar a la idea de la prisión. Es un territorio inhumano y en general nos cuesta ver que forma parte esencial de nuestro obsoleto sistema de Justicia. Basta con asomarse a él para confirmar lo que ya sabemos: el infierno es zona de pobres, no de poderosos.

Este libro nació hace muchos años, pero empezó a tomar forma en los últimos dos. En particular, a partir de una tarde de Palermo con Paula Pérez Alonso, novelista y editora, siempre allí cuando la necesito. Ya vamos por cinco libros juntos.

Algunas de mis fuentes son, por supuesto, especiales. Este libro es el resultado de miles de veces con ellos. En un café de Las Cañitas, detrás de una puerta blindada en un edificio de Colegiales, en los despachos sombríos del Palacio de Justicia o en los soleados de Comodoro Py. Por supuesto, también, en el lobby de ese hotel cinco estrellas donde una de las lechuzas de María me recibió tantas veces con la intención franca de intentar ayudarla. Ojalá esa lechuza sepa entender que lo hizo. Ojalá María lo comprenda también.

Este libro es también hijo de Federico Rodríguez, amigo y colega que me ayudó otra vez en mi búsqueda alocada, especialmente en la peor parte: los primeros meses de un proyecto como este son caóticos, se camina sin mirar por donde se pisa, se está detrás de algo que no se sabe si existe.

Este libro es también gracias a Lorena Maciel, mi mujer, maravillosa periodista, que ha caminado los Tribunales tanto o más que yo y fue piadosa a la hora de criticarme. Espero que mi crudeza, a la que no puedo evitar, no la afecte a ella.

Este libro es también el resultado de mis libros anteriores, que son a su vez el intento por comprender algunos hilos del poder en un país atropellado por su historia y por sus protagonistas. Como lo fue antes Jaime Stiuso, María es el emergente de un sistema que la excede.

Y este libro es, por supuesto, un recorte de una realidad amplia y compleja. Muchísimo ha quedado fuera de estas páginas. Quiero señalar a los buenos funcionarios y empleados que trabajan en la Justicia Federal y que conviven con una realidad que no desean. Los hay a montones, por supuesto. Deben lidiar con escasos recursos en un ámbito donde no se premia el esfuerzo sino la habilidad en el arte de la preservación. Son ellos quienes más desean que se generen las condiciones para producir los cambios profundos que el sistema precisa.

Se lo dediqué, finalmente, a mis viejos. Gerardo José Young ya no está, pero me hizo el puente para entrar a Tribunales y hubiera estado contento con su resultado; Laura Burundarena leyó los borradores de El libro negro de la justicia justo antes de partir hacia la imprenta. Los dos, muchos antes que eso, me enseñaron que intentar ser justos es un compromiso moral al que nos debemos. Hoy intento transmitirles eso mismo a mis hijos.

Hasta la próxima vez.

TATO

Buenos Aires, septiembre de 2017.

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