Una bala calibre 22 tiene la fuerza suficiente para dejar a la Argentina paralizada. En una torre de Puerto Madero, es encontrado muerto Alberto Nisman, el fiscal del caso AMIA, horas antes de mostrarle al Congreso una denuncia contra la presidente de los argentinos por un delito gravísimo. Parece un thriller, pero es una historia demasiado real. ¿Qué había detrás de esa bala que dejó al país en un estado de desamparo exasperante?

En Código Stiuso se muestra, como nunca antes, el mundo subterráneo del poder que se ejerce a través de las cloacas. Es un mundo de reglas no escritas e inconfesables, que se ejecutan desde la Secretaría de Inteligencia, el aparato de espionaje de la Presidencia. Un organismo a espaldas de los argentinos, pero fundamental para entender el país de las últimas décadas.

La SIDE es el secreto mejor guardado de la Nación. Desde allí se controla a los jueces, se extorsiona a opositores, se pinchan teléfonos de a miles y se intenta dominar a las minorías. También se investigan delitos complejos y se asiste al Poder Judicial. Pero el trabajo formal es la cobertura de lo otro: la persecución de los enemigos de turno. Los «objetivos» de Inteligencia fueron cambiando, junto con el país, desde los años setenta hasta hoy. Hasta que Cristina le perdió confianza. Cuando descubrió que «La Casa», como le dicen, ya no podía cubrirle las espaldas. Entonces decidió que tenía al enemigo adentro.

Los principales protagonistas de esta historia son los agentes. El Gordo Miguel, Alejandro Brousson, Fernando Pocino. Y el mejor y el peor de todos, Antonio Stiuso, el invisible Jaime. Hombres armados, que usan nombres supuestos, documentos falsos, que se mueven entre nosotros como sombras en la noche, que saben cómo borrar sus huellas. Las deslealtades, los negocios sucios y las ambiciones cruzadas de muchos de ellos explican el final sórdido de una historia que no podía terminar de otra manera.

Tato Young, uno de los mayores especialistas en este tema, ha escrito Y finalmente, el enigma…

Gerardo Young

Código Stiuso

La SIDE, la política desde las cloacas y la muerte de Nisman

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Titivillus 22-12-2016

Título original: Código Stiuso

Gerardo Young, 2015

Diseño de cubierta: Retoque digital sobre fotografía de Fabián Marelli

Editor digital: Titivillus

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Las historias que aquí se narran verídicas. Muchas terminaron, otras se están desarrollando, pero todas, absolutamente todas, pueden volver a ocurrir.

Razonar hacia atrás

El impacto no llevó más que pequeñísimas partículas de un segundo. En ese instante inaccesible para el ojo humano, el proyectil penetró la piel a tres centímetros por encima de la oreja derecha, destruyó grasas, la delgada capa muscular que protege a los huesos, perforó el parietal, arrastró más tejidos y, casi en simultáneo, por su onda de choque, provocó la inflamación instantánea de todo el cerebro, que se preparó para recibir al proyectil y a los microscópicos fragmentos de huesos astillados, que avanzaron como una bola de fuego, haciendo trizas vasos sanguíneos y más tejidos hasta finalmente acabar por penetrar en el cuerpo cerebral, en la masa encefálica que aguardaba el impacto pero que no pudo más que deshacerse en una hemorragia absoluta, oceánica, la masa transformada en un globo de agua blanca y viscosa que se reventó al mínimo contacto de esa extraña invasión de poder y furia: la maldita bala.

Una maldita bala de siete gramos impulsada por una pistola Bersa calibre 22.

Una maldita bala ejecutada por una pistola sostenida por la mano de una persona.

Una maldita bala, en el mundo real. En la Argentina más auténtica y secreta. En una torre de supuesto lujo, en Puerto Madero. Una bala que quedó adentro de la cabeza de Alberto Nisman, fiscal especial de la Nación, de 51 años, padre de dos hijas, un hombre de poder que acababa de denunciar a la Presidenta de los argentinos y ahora estaba allí, en el baño de su torre, en calzoncillos, cubierto de sangre, con el cerebro hecho líquido. Fue la mañana del domingo 18 de enero de 2015. Cuando comprobamos que estábamos solos.

La conmoción que provocó esa bala durará mucho tiempo. Todos supimos de la maldita bala. Todos nos supimos involucrados en su trama demasiado oscura, una trama que no nos gusta y que habla mal de nosotros, como país y como sociedad. Entonces quisimos comprender. Queremos hacerlo. Necesitamos hacerlo. Y nos pusimos, cada uno de nosotros, en detectives. Que lo mataron, que se suicidó, que la bala fue ejecutada por él pero a pedido de otros. Se discutieron pruebas. Se razonó y se tiró la razón al demonio. Muchos pensaron: digan lo que digan, a Nisman lo mataron. La resolución del enigma pasó a ser un acto de fe. Creer o reventar, la Argentina se confirmó como una superstición. Porque ya no hay certezas. Ni en pericias, ni en escenas de la muerte, ni en la morgue, ni en la Justicia. Todo puede ser adulterado. La desazón es la que nos gobierna.

¿Qué hubiera hecho él, Alberto Nisman?

Los fiscales, como los científicos, buscan indicios o pruebas y las analizan. Aplican el método deductivo. Primero intuyen resultados y elaboran hipótesis. Luego van descartando sospechas hasta dar con la verdad o la mayor aproximación posible a la verdad.

En el camino, hay muchas trampas. La principal: los hechos obvios son engañosos. Más aún cuando en el medio hay espías. Los espías, ya lo veremos, no buscan arrimarse a la verdad y gustan moverse entre la confusión y el caos.

Pero al mismo tiempo, la mejor hipótesis es la más fácil de probar. La que tiene la mayor cantidad de indicios a su favor. El problema es que eso no significa que sea la hipótesis correcta. A veces hay que excluir hasta lo imposible. Recién allí, lo que queda debe ser lo apropiado.

Lo más importante del método deductivo es arrojar una hipótesis y pensar en los peldaños que llevaron a esa idea. O como le hizo decir Conan Doyle a Sherlock Holmes: «Hay que razonar hacia atrás».

Para hacerlo, necesitamos información. Para razonar hacia atrás hay que recorrer los días previos a la bala y hasta los años previos a la bala.

Alberto Nisman investigaba el atentado terrorista más grave de nuestra historia. Tenía cuarenta empleados, oficinas amplias y un presupuesto millonario. Era un hombre poderoso. Y el miércoles 14 de enero había denunciado nada menos que a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de cometer un delito gravísimo: encubrir el asesinato de 85 personas.

Razonar hacia atrás. ¿Cómo estaba Nisman? ¿Cuál era su estado emocional? ¿Era capaz de disparar la bala? ¿O acaso sabía que preparaban su muerte?

Primera pista: estaba extremadamente nervioso. Más nervioso que nunca. Sobreexcitado. Sobrepasado, tal vez. Hay un montón de indicios que lo demuestran y que ya iremos repasando. Por ahora alcanza con uno. La tarde después de su denuncia, Nisman se reunió con un grupo de diputados. Entre ellos estaba Patricia Bullrich. Ella le preguntó por la denuncia y lo escuchó un largo rato. Nisman solía ser un hombre acelerado, pero ese día parecía realmente sobregirado. Movía los párpados, movía la boca, parecía estar adentro de una licuadora mientras le daba detalles de la investigación y le contaba de las escuchas telefónicas y de las medidas que pensaba tomar. Parecía imparable. Bullrich observó que Nisman, además, no la miraba. O que no podía mirarla, porque que sus ojos iban y venían, por momentos hasta se cerraban. La diputada lo tomó del brazo, de la muñeca. Le presionó la muñeca durante largos segundos para que él supiera lo que ella estaba haciendo. Le estaba llamando la atención, le pedía que la mirara, que se detuviera de una buena vez. Cuando finalmente Nisman fijó su mirada en ella, Bullrich le dijo:

—Tenés que bajar un cambio.

Hay que razonar hacia atrás. No debe ser nada fácil denunciar a un Presidente por un delito tan grave. La reacción del gobierno después de su denuncia fue descomunal. Funcionarios, legisladores, medios. Lo acusaron de mentiroso, de infame, de payaso, de inútil o de delincuente. Y era sólo el principio. El lunes 19, Nisman iba a presentarse en el Congreso para mostrar su denuncia y allí iba a tener que verse cara a cara con los furiosos diputados que defendían a Cristina. La tensión debió ser infinita. Apabullante.

¿Pero estaba solo Nisman? No. No lo estaba. Hacía mucho tiempo que no lo estaba. Hacía muchos años que había dejado de ser un fiscal como cualquier otro, para sumergirse en un mundo que no era del todo suyo. Y en ese otro mundo tenía a su lado a un hombre que es fundamental para entender no sólo su muerte, sino también a la Argentina y lo que ha quedado de la Argentina. Un hombre que es el verdadero protagonista de este libro.

Antonio Horacio Stiuso.

Aldo Stiles.

Jaime. O Jaimito.

El Ingeniero.

Nombre real y apodos de un espía. Del mejor y el peor de todos los espías. Que trabajó de espía del Estado desde diciembre de 1972. Que lo hizo toda la vida. Que fue un factor fundamental, desde las cloacas de la Nación, de una herramienta de poder formidable y secreta, con códigos nunca escritos, códigos que fueron y que son su marca. El código Stiuso. Al servicio de los Presidentes. De presidentes de la dictadura y democráticos. De presidentes radicales, peronistas, de ideologías de las más variadas o sin ideologías. Ya lo iremos conociendo, de a poco. Ya iremos sabiendo de él.

Por ahora alcanza con saber que Jaime estaba al lado o adelante o detrás de Nisman. Al menos desde hacía diez años.

¿Hablaron en esas horas de vértigo y locura? Hay al menos dos llamados de Nisman hacia él.

Dos llamados desde el Nextel de Nisman hacia el Nextel de Jaime. Dos llamados que tal vez hubiesen cambiado la historia.

Pero ya está. Lo que pudo haber pasado no cuenta. El cuerpo de Nisman está bajo la tierra. Nos queda razonar hacia atrás.

Buscar allí, en la historia de Jaime y en la historia del organismo que lo convirtió en lo que es, la Secretaría de Inteligencia. O la SIDE, o como quieran llamarla. Porque las cloacas todavía mandan. Porque la Argentina todavía se gobierna desde allí, desde el poder de lo que no se muestra.

Razonar hacia atrás es, ahora, la única manera de acercarnos a la verdad. Las dos personas que conocen el secreto no van a ayudarnos. Uno porque ya no existe; el otro porque es invisible.

La Casa

Seguro que fueron los servicios. Y sí, siempre le echamos la culpa a ellos. A los agentes de inteligencia. Antes a los de las Fuerzas Armadas; desde hace treinta años a los de la SIDE.

Cada vez que en la Argentina ocurre algo para lo que no encontramos una explicación razonable, salvamos el problema con los servicios. Seguro que fueron ellos. El argumento perfecto para comprender todo lo que no podríamos explicar de otro modo. Como en la religión, aunque sin milagros. Creer o reventar.

Este libro es hijo de la duda. De la duda sobre los complots que recorren la historia reciente de los argentinos, sobre aquellas operaciones que parecen haber modificado el rumbo de las cosas. ¿Existieron realmente? ¿Pueden seguir ocurriendo? ¿Hay algún límite en el territorio de la confabulación?

Llevo casi veinte años hablando con agentes de la SIDE. Agentes de La Casa, como le dicen ellos. Primero por mi labor cotidiana como periodista, luego intentando contestar las preguntas que me hice antes y durante la escritura de este libro. Salvo pocas excepciones, a ninguno de ellos les compraría ni una postal. Parece tonto, pero no lo es si se considera el lugar de privilegio que ocupan estas personas dentro del Estado. Los agentes de inteligencia están acostumbrados a moverse en la desconfianza, a caminar sobre verdades que nunca lo son tanto y mentiras que siempre tienen algo de cierto. Los agentes de inteligencia piensan mal de todos, están convencidos de que nada es lo que parece y preguntan mucho más de lo que responden. Algunos son muy inteligentes. O quizá demasiado astutos. Todos son definitivamente amorales. Lo que hay que hacer, se hace. A la mierda con el resto.

Hay un lenguaje de los servicios. Un lenguaje por momentos críptico, casi siempre brutal y directo. A sus objetivos de inteligencia los llaman blancos. Así, blancos, como si fueran a dispararles a todos. ¿Qué es un blanco? El principal protagonista de este libro definió casi sin querer la naturaleza de esos objetivos cuando declaró, en el año 2003, durante el juicio oral por el atentado terrorista contra la AMIA. Los blancos, dijo, están en el ámbito de las minorías. Tan simple como eso: las minorías. Los opositores, los rebeldes, los que dicen que no, los que están en la otra vereda, los que preguntan demasiado. Los blancos son los que están en oposición al gobierno. Y como los gobiernos cambian, las minorías también. La gran paradoja es que esas minorías pueden, por momentos, ser mayoría. Fueron blanco los antiperonistas cuando los había en millones. Fueron blanco los peronistas cuando los había en millones. También fueron blanco la izquierda, la derecha, los radicales, los pobres, los musulmanes, los periodistas. Esa rueda permite que los blancos de ayer pueden ser los perseguidores de hoy, o que los blancos de hoy puedan ser, en un par de años, quienes definan los nuevos objetivos. Eso hace del trabajo del espionaje un ejercicio esquizofrénico, un contrasentido permanente que sólo puede perdurar por una ley fundamental de los servicios y, quizá, de todo el sistema en el que vivimos: el secreto. Ésa es la ley primera de los espías: los que saben, no hablan; y los que hablan, no saben. Así funciona. Así seguirá mientras el secreto siga siendo parte del sistema que se hace llamar democrático.

El secreto es obligatorio para los funcionarios y para los agentes de La Casa. Y lo es de por vida. Son muy pocas las ocasiones en las se rompió el secreto. Pero esas grietas son las que permitieron hacer este libro. Un libro que, necesariamente, va a ser incompleto. Lo fue hace nueve años, cuando publiqué la primera historia de la SIDE. Y lo será ahora, también. Si nunca se puede saber todo, es mucho menos factible en el mundo de los espías, donde la realidad se hace más flexible, se manipula, por momentos se vuelve indescifrable.

De la construcción del secreto no sólo participan los hombres de Inteligencia. También los políticos, diplomáticos, periodistas, con seguridad los jueces y fiscales que suelen encargarle a la Secretaría de Inteligencia tareas que están al borde de la ley o son francamente ilegales. Todos ellos colaboran con el secreto desde el respeto o el temor o la fascinación que La Casa les genera o les impone. Todos ellos quieren saber, pero nadie se atreve a preguntar. Parecen encantados con tener algún contacto en la SIDE, se dejan seducir y agradecen con el silencio, aunque cada tanto, para convencerse de su importancia, deben denunciar que alguien escucha sus teléfonos o interfiere sus correos electrónicos.

Parte de ese código pareció romperse, por primera vez, el domingo 25 de julio de 2004, a las diez de la noche. En Buenos Aires el invierno era crudo y los argentinos estaban encerrados en sus casas, listos para irse a la cama, con el lunes casi encima. Pero ese domingo, a las diez de la noche, en la televisión ocurrió algo que no estaba previsto. Un ministro de la Nación se presentó en público y mostró la imagen de un agente de inteligencia. No de cualquier agente. Mostró la foto del rey de La Casa. Del mejor y el peor de todos.

Gustavo Beliz acababa de ser echado del gobierno de Kirchner con un llamado telefónico del jefe de Gabinete. El lunes siguiente debía ir a su despacho del Ministerio de Justicia a retirar sus papeles y firmar su renuncia, pero esa noche todavía se movía como funcionario. Llegó a los estudios de Canal 9 en un coche oficial, acompañado por su custodia y su jefa de prensa. Beliz llevaba un sobre color madera. Apenas se prendieron las cámaras, empezó a hablar:

—A mí me han echado del gobierno. Y me han echado por nombrar la palabra maldita de la política argentina. La palabra SIDE.

La imagen de Beliz era la de los vencidos. Hablaba pausado, sin exasperarse, en un tono donde se podía sospechar cierta resignación, tristeza, quizá rencor. Seguía hablando:

—SIDE es la palabra maldita porque en ese ámbito se ocultan las cajas más negras, los manejos más sucios y las cuestiones más irregulares. No sólo de esta época sino en el transcurso de la democracia de los últimos años.

El programa de Mariano Grondona era visto por casi un millón de personas y era uno de los pocos espacios que la televisión abierta destinaba a los debates y reportajes sobre actualidad política. Beliz sabía que su oportunidad de hablar se agotaba esa noche. La lógica del poder lo correría a un costado en cuestión de horas. Si bien su salida significaba la primera crisis política del gobierno kirchnerista, también era cierto que en la Argentina los escándalos se reemplazan por otros con la velocidad de una pieza de dominó que cae sobre la siguiente. Beliz tenía que decir todo lo quisiera esa noche o nunca:

—La SIDE es un agujero negro del Estado, que tiene señores que un día te dicen «Mucho gusto, soy González», y al otro día te dicen «Mucho gusto, soy Pérez». No tienen identidad. No hacen declaraciones de bienes. Manejan los fondos sin ningún tipo de rendición de cuentas…

Beliz había llegado al gobierno de Kirchner junto al presidente, en mayo de 2003, y durante catorce meses había sido uno de los funcionarios más visibles del Gabinete. En ese rol había lanzado una feroz cruzada contra los ministros de la Corte Suprema de Justicia; había encabezado otra batalla contra los poderosos jueces federales de la ciudad de Buenos Aires, y era, como encargado de las fuerzas de seguridad, el dueño de una de las áreas más dificultosas de la gestión, en tiempos donde los secuestros extorsivos y los índices delictivos parecían estar volviendo locos a los argentinos. Beliz era, también, el responsable de una de las políticas más polémicas de Kirchner: la no intervención en las protestas sociales, encaradas por grupos de desocupados, los piqueteros, que se manifestaban con cortes de rutas y calles en los accesos a la gran ciudad o en el microcentro. Diez días antes de su aparición en el programa de Grondona, el 16 de julio, una de esas protestas se le había ido de control cuando un pequeño grupo de manifestantes —cien, doscientos— acabó atacando con piedras y bombas caseras al Palacio Legislativo de la ciudad. La escena había sido patética. Adolescentes con las caras cubiertas por pañuelos arrojaban cascotes o derramaban nafta sobre las puertas de madera de la Legislatura, mientras las cámaras de televisión transmitían, en vivo, frente a la pasividad de los policías. Se decía que entre los encapuchados había tipos pagados por la SIDE. Otra vez la sospecha. Otra vez los servicios explicaban lo inexplicable. ¿Pero era cierto? ¿Por qué no? En la SIDE no querían a Beliz porque el ministro quería formar una policía especializada en investigaciones de delitos complejos. Una policía de elite que, seguramente, iba a competir con la SIDE. Con el ataque a la Legislatura su papel había quedado ridiculizado. Beliz no había hecho nada para evitarlo. Recién lo hacía ahora:

—La SIDE constituye un Estado paralelo en la Argentina. Una policía secreta sin control de ningún tipo. ¿Saben quién maneja la SIDE? La maneja un señor que debiera ser el hombre más público de la Argentina…

¿Iba a atreverse Beliz? ¿Iba a nombrarlo?

—Es un hombre al que todo el mundo le tiene miedo. Cuando se lo menciona en una reunión, todo el mundo dice «No, cuidado, no te metas con este tipo. No te metas porque es un tipo peligroso… Un tipo que te puede mandar a matar. Que te puede meter en situaciones muy complicadas. Te puede armar operaciones». Este hombre ha estado participando de todos los gobiernos… Y es bueno que todos conozcan su cara. Es este señor…

Beliz sacó del sobre papel madera la fotocopia en blanco y negro de una foto. La imagen era bastante clara. Se veía a un hombre de unos cincuenta años, aspecto fornido, cejas gruesas, el gesto adusto. Un hombre mirando de tres cuartos de perfil, con una camisa oscura, a cuadros, los dos botones superiores desabrochados. Una foto típica de esas que se toman para la confección de los documentos. Debajo llevaba un nombre impreso en letra de computadora: Stiuso, Antonio Horacio. Y la fecha de la imagen: 14/03/2003.

—Es este señor. Le dicen Jaime Stiuso. Éste es el encargado de manejar la SIDE —siguió Beliz.

La cámara era implacable. Iba hacia Beliz, se demoraba unos segundos en Grondona, pero siempre volvía a la foto.

Beliz iba a seguir hablando de la SIDE, iba a seguir diciendo que el presidente Kirchner había sido alertado sobre Jaime, que el presidente Kirchner no había hecho nada para cambiar la SIDE. Beliz iba a seguir hablando durante otros 15 minutos, y también lo haría para los diarios y las radios. Pero lo más importante ya lo había hecho. Había puesto a Jaime en un programa de televisión. Un millón de argentinos habían visto su cara.

Si alguno de nosotros sale por tele, lo peor que nos puede provocar es vergüenza. Pero para un agente de inteligencia es grave, es una humillación. Se supone que nadie debe saber a qué se dedica un espía. Ni sus vecinos ni los amigos de sus hijos ni sus compañeros del gimnasio. Que salga la foto de un agente de inteligencia por la tele es un signo de debilidad. Es el fin del secreto; el fin de la inteligencia. ¿Jaime Stiuso corría el riesgo de perderlo todo? ¿Iban a echarlo ahora que se había hecho una persona pública, ahora que había recuperado su identidad? No. Nada malo iba a ocurrirle a Jaime y ya veremos por qué. Por el contrario: esa noche Jaime juró vengarse de Beliz, cosa que haría sin apuro pero con mucha dedicación. A esa altura, Jaime ya era Jaime.

Llevaba 32 años en la SIDE, había accedido al mayor cargo al que jamás había aspirado un agente de carrera y ya tenía al gobierno de su lado. O en el bolsillo. Kirchner, en persona, le había dado su bendición.

Este libro es hijo de la duda. De la duda que se multiplica. ¿Quién era o quién es Jaime? ¿Quiénes son los González o los Pérez que cambian de nombre cuando te saludan? ¿Por qué no se los puede nombrar en las reuniones? ¿Cómo trabajan y dónde trabajan?

Yo había visto a Jaime cara a cara una sola vez. En agosto o septiembre de 1998, en un café de Barrio Norte, cerca de su casa, donde él solía encontrarse con algunas de sus fuentes de información. La cita había sido acordada la noche anterior durante una conversación telefónica, en la que él me había reprochado una nota que publiqué en el diario Clarín, donde yo contaba acerca de una compra que había hecho la SIDE de varios equipos de espionaje. A Jaime no le había gustado la nota y, según dijo, sus jefes lo habían autorizado a explicarme «algunas cosas». Durante la conversación telefónica me había olvidado de preguntarle si me conocía. Tampoco sabía de su aspecto, así que me acomodé cerca de la puerta y abrí un ejemplar del diario Clarín. Pensé que así me reconocería, pero no fue necesario. Me vio desde la vereda, caminó directo hacia mi mesa y se sentó. Ni hola ni buenas tardes ni nada. Corrió la silla, la alejó unos centímetros y así quedó: recostado hacia atrás, dejando ver sus pantalones de jean algo gastados, mocasines marrones, una camisa escocesa de las que se consiguen en oferta. En la mano sostenía una gorrita con visera. Tiempo después supe que las coleccionaba a montones. A Jaime lo recuerdo como un hombrecito de no más de sesenta kilos, de unos cuarenta y cinco años, calmo, demasiado calmo. Casi inexpresivo, en realidad. No podía saberse si estaba enojado o triste, furioso o relajado. Por su aspecto podía ser diariero, electricista, vendedor de flores, cualquier cosa. Era un tipo del montón, al que podemos encontrar en la reunión de padres del colegio, en la asamblea del consorcio, en la cola del supermercado. Ahí estaba el espía, disfrazado de hombre corriente, confundido entre muchos otros. Jaime no tenía ninguna semejanza con los estereotipos que tenemos de los espías, por culpa de las películas o la literatura de espionaje, donde nos muestran a tipos con cara de rudos, bien vestidos, con aspecto de estar planeando cosas difíciles y riesgosas.

Durante aquella cita, Jaime sólo inclinó el cuerpo hacia delante dos veces: la primera para servirse agua mineral; la otra para apoyar sobre la mesa un grabador de periodista y un cablecito de unos cuarenta centímetros de largo. Supongo que debió notar con satisfacción mi cara de sorpresa.

—¿Cuánto sale esto? —preguntó, sosteniendo el grabador.

—No sé, unos sesenta pesos —arriesgué. No lo sabía con precisión, pero suponía que no más que un par de zapatos.

—Bien. ¿Y esto? —Agarró el cable.

—Nada, centavos —seguí yo, cada vez más intrigado.

—Bueno, eso es lo que yo necesito para intervenir el teléfono de tu casa.

Jaime me dio una explicación rápida sobre lo fácil que era intervenir teléfonos, colgando una pinza en los cables tendidos sobre cualquier casa o edificio de departamentos. Sólo había que treparse a una terraza para instalar el sistema y otra vez para ir a retirar el grabador. Muy sencillo, muy económico. Sólo había que treparse. Según él, hasta un chico podía hacerlo.

En aquella reunión yo desconocía la dimensión de Jaime. Apenas sabía que estaba a cargo de parte de la investigación de los atentados terroristas que había sufrido la Argentina, primero en la embajada de Israel y luego en la mutual judía AMIA. Hablamos unos minutos de eso. O mejor dicho: pregunté durante unos minutos mientras él respondía con evasivas. Puede ser, decía. O tal vez. O habrá que esperar. Jaime había ido a la reunión para decir lo suyo y nada más. No tenía intención de mostrarme otra cosa. Lo que yo no sabía, aún, era el poder real que tenía Jaime. Ni siquiera imaginaba que ya era hombre de confianza de la CIA y del servicio secreto de Israel, el Mossad. Tampoco, que en esos momentos se estaba desatando en la SIDE una pelea crucial entre distintos agentes. Una batalla que iba a durar años (no sería la última, por cierto) y de la que Jaime saldría triunfador. Ese hombrecito de aspecto insignificante se estaba convirtiendo en el hombre más poderoso de La Casa. En gran medida gracias a ese grabador y a ese cablecito. A sesenta pesos y algunos centavos.

Aquella cita no duró más de media hora. Jaime distrajo su atención en las fotos que colgaban de las paredes del café, en dos señoras que tomaban té a metros de nosotros, en la moza veinteañera que, recién entrada la primavera, movía en su andar una minifalda más corta que el delantal. Pero para él la reunión ya había terminado. Su objetivo había sido impresionarme, mostrarme lo astuto que era y lo poco que necesitaba del dinero para hacer su trabajo. Al ratito se levantó, se puso la gorrita, agarró lo que había traído y se fue.

Volví a ver su cara, a la distancia, cinco años después. Primero durante el juicio oral por el atentado a la AMIA, cuando declaró como testigo durante dos jornadas de siete horas cada una. Finalmente por televisión, cuando Beliz mostró su foto a todos los argentinos y confirmó, sin desearlo, lo que muy pocos argentinos sabían: que un tal Jaime tenía más poder que un ministro.

Antes y después, alrededor de ese menudito espía argentino se fue construyendo una leyenda. Es una leyenda que, sospecho, él se ha encargado de construir. ¿Para dar miedo? ¿Para agigantar su poder? ¿Porque se le hizo imposible evitarlo? Una leyenda, al fin, que como tal es una historia difusa, parcial y por momentos casi inverosímil. Como es la historia que narra este libro. La historia de un secreto al que no fuimos invitados.

Jaime

La Central

Jaimito le dicen a los revoltosos, a los chiquitos traviesos. Jaimito o Jaime, le dicen desde hace años a Antonio Horacio Stiuso. ¿Pero quién es Jaime? ¿A quién le importa un tal Jaime? No se muestra en público, no hace declaraciones, en los diarios apenas se lo mencionó alguna vez. Sólo sus íntimos lo tratan por su nombre. El resto lo llama por su apodo, Jaime, que en inglés se dice James, el nombre de pila de Bond, James Bond. Jaime es también el nombre del mayordomo robot de Maxwell Smart en la serie del Superagente 86. Un mayordomo robot como puede serlo Jaime cuando aprovecha sus saberes de ingeniero. En los documentos de la Secretaría figura con su nombre de fantasía: Aldo Stiles. Ése es el nombre que le puso el Estado para moverse entre nosotros. Durante 42 años. Con ese nombre ha cobrado el sueldo. Con ese nombre ha rendido gastos que nadie controló jamás. Con ese nombre, Aldo Stiles, ha mentido y dicho verdades que escucharon muy pocos y nos afectaron a muchos.

Jaime se viene moviendo en el silencio, porque el silencio es su lugar para moverse. Pero está o ha estado en muchos lados al mismo tiempo. Su historia atraviesa la historia reciente de nuestro país. Puede esconderse detrás de una crisis diplomática. Detrás del final de un secuestro. En el escándalo sexual de un juez. En la renuncia de un funcionario, en el discurso del Presidente, en un balazo letal en una torre de Puerto Madero. El problema es que nunca lo sabemos. Jaime se convirtió en Jaime dentro de las paredes más celosas de la Argentina. Dentro de la Secretaría de Inteligencia. Dentro del servicio secreto del Presidente.

¿Hay que hablar de Jaime en pasado? No todavía.

Hasta diciembre de 2014, su oficina oficial se ubicaba en la esquina de 25 de Mayo y Rivadavia, a sesenta metros de la Casa Rosada, en el sexto piso de un edificio que alguna vez fue coqueto y por el que tantos argentinos pasamos sin detenernos, ni prestar atención a sus vidrios espejados, a sus cámaras de seguridad, a los autos que suelen estacionar en la puerta con patentes adulteradas. Ésa es la sede la Secretaría de Inteligencia, la SI, que todos conocimos y conocemos como SIDE, por las siglas que la reconocían hasta 2001, cuando todavía se llamaba Secretaría de Inteligencia del Estado. Ahora pasará a llamarse de otro modo. Más tarde tendrá otro. Pero no importa. Mientras sea un organismo secreto, será lo mismo. El secreto mejor guardado de la Nación.

¿Qué podemos saber de Jaime?

Ya sabemos que puede echar a un ministro. Que soportó la foto.

Que viste de jeans, usa mocasines, que le encantan las gorritas con visera…

Pero vayamos por el principio. Jaime se presentó en público por única vez el 1º de octubre de 2003, cuando tuvo que declarar como testigo ante el Tribunal que debía resolver si condenaba a los únicos acusados de participar en el atentado a la AMIA. Allí le preguntaron por sus datos personales. Allí se presentó:

—¿Nombre completo? —Antonio Horacio Stiuso.

—¿Fecha y lugar de nacimiento?

—21 de junio del 53, en Capital Federal.

—¿Estado civil?

—Divorciado y casado de hecho.

—¿Ocupación?

—Agente de la SIDE.

Agente de la SIDE, dijo Jaime. En realidad, para esa época era mucho más que un agente. Era el director general de Operaciones, un cargo que lo colocaba por encima de todos los agentes. Jaime era el tercero en la línea de mando dentro de un organismo que conserva su estructura verticalista desde que era manejada, en sus orígenes, por las Fuerzas Armadas. A la SIDE la administra directamente el Presidente (o la Presidenta), que designa al jefe de la SIDE y a su segundo, el subsecretario de Inteligencia. Debajo de ellos están los otros, los muchos otros.

Como todos los servicios de inteligencia del mundo, la SIDE hace del secreto la razón de su existencia. La Secretaría de Inteligencia está para hacer, en secreto, lo que el gobierno no podría hacer de otro modo. ¿Por qué hay cosas que no se pueden hacer a la vista de todos? ¿Por qué nos ocultan cosas? Jaime nunca se hizo esas preguntas, como tampoco los 2000 o hasta 2500 empleados que supo tener la SIDE. Son muchos empleados, demasiados. La misma cantidad que el servicio secreto español, la CNI (Central Nacional de Inteligencia), sólo que la CNI tiene problemas de seguridad bastante más graves que los nuestros, como lo fue el terrorismo de ETA o los seguidores de Bin Laden y, ahora, los temibles seguidores del yihadista Estado Islámico.

La SIDE se creó por una moda que, como tal, hizo creer a algunos que era necesaria e indispensable. Sobre el final de la Segunda Guerra Mundial, los países que habían ganado empezaron a formar aparatos de espionaje ajenos a las Fuerzas Armadas, para que ayudaran a los políticos a comprender el mundo que se venía después de semejante desastre. En aquellos años se los llamó servicios secretos. Con el tiempo, la palabra secreto empezó a tener mala fama y se empezó a hablar de Inteligencia, que no es otra cosa que la obtención de información a través de mecanismos secretos. Argentina no se iba a quedar atrás y en la posguerra también decidió tener su propia agencia civil de espionaje. A diferencia de las que ya funcionaban en las Fuerzas Armadas, que respondían cada una a su arma, la SIDE, aunque se llamaba de otra forma, nació para obedecer directamente al Presidente. Sólo a él. Al Presidente y a nadie más.

Los decretos que la fueron regulando a través de los años, entre 1946 y 2001, le atribuyeron un rol de esos que suenan maravilloso: tener informado al Presidente de todo aquello que pueda «atentar contra los intereses de la Nación». Parece genial, ¿pero cuáles son los intereses de la Nación? ¿Quiénes son los enemigos a los que hay que combatir? Los intérpretes han sido muchos y de lo más variados, pero en general han coincidido: los intereses de la Nación son, siempre, los del gobernante de turno. Con la sanción, en 2001, de la primera Ley de Inteligencia, aquellos viejos decretos que regulaban a la SIDE cobraron sustento y se definieron ciertas formas de control, muy limitadas, para que el Congreso no estuviera tan ajeno a lo que pasaba en la SIDE. Pero no cambió ni el objetivo ni la ambigüedad del objetivo. La SIDE sigue siendo el aparato de espionaje del Presidente. Para lo que guste mandar. Para lo que se le ocurra hacer en secreto.

Todos los empleados de la SIDE fueron rebautizados. Andan por la vida con sus nombres reales, pero dentro de la Secretaría tienen una segunda identidad, con la que deben cobrar sus sueldos y firmar lo que tengan que firman dentro de La Casa. Es una medida de seguridad, heredada de los años de la Guerra Fría, que pretende evitar que si alguien de afuera accede a documentación interna descubra quiénes son los agentes de inteligencia. Pero de los 2000 o 2500 empleados, sólo 500 o 600 se dedican a espiar. El resto está en la SIDE como podría estar trabajando en un ministerio o en un hospital público. Atienden los teléfonos, barren los pasillos, limpian el baño, arreglan, pintan, abren puertas o cierran puertas. Esos empleados no saben nada de lo que pasa en la SIDE. La información confidencial circula por muy pocas manos y oídos, y las órdenes se transmiten en persona o por telegramas reservados o encriptados, imposibles de leer sin las claves que traducen esos mensajes.

Los empleados que se dedican al espionaje, los agentes, sólo informan de sus tareas a sus jefes superiores y esos jefes a los suyos. Está prohibido compartir la información con otros agentes o con otros sectores. La información debe, por norma, ir en contra de la ley de la gravedad: siempre sube; nunca baja. Las razones también son de seguridad. Mientras menos conozcan un secreto, más secreto será.

La información se concentra en los jefes de las principales bases secretas. Y son tres: la base de Inteligencia Interior, conocida como base Billinghurst; la base de Contrainteligencia, en la calle Estados Unidos, y la base de Terrorismo Internacional, hoy reconvertida, en la avenida Coronel Díaz. No siempre funciona como debería, pero en teoría esas bases deben enviar sus datos a la Dirección de Reunión, que funciona en el edificio central de la calle 25 de Mayo. La Dirección de Reunión es la encargada de acumular la información, clasificarla y enviarla a la Dirección de Análisis, otra Dirección que también está en la central de 25 de Mayo. Allí están los analistas, encargados de estudiar la información, sacar sus conclusiones y enviar un informe final al director general de Operaciones. En el director general de Operaciones confluye todo. Es el director general de Operaciones quien decide qué información llegará a manos del jefe de la SIDE y, por fin, al Presidente o la Presidenta.

Visitantes

Jaime Stiuso o Aldo Stiles. Antonio para los íntimos. Ingresó en la SIDE en diciembre de 1972 y desde entonces vio pasar a más de diez jefes, todos de distinto color político e ideológico o con diferente manera de ver el mundo. Primero a los militares, después al peronismo, otra vez a los militares, más tarde a los radicales, a los peronistas, de vuelta a los radicales y a los peronistas, ahora kirchneristas. Jaime sacó provecho de todos los cambios o de casi todos. Gracias a esos cambios se hizo fuerte. Consiguió su ascenso durante la crisis de diciembre de 2001, cuando el país parecía tocar fondo y en la SIDE se producía un vacío de poder como nunca antes. Que ascendió es un decir, porque lo suyo fue casi un asalto. Se presentó en el despacho del jefe con su nombramiento ya redactado y la seguridad de que se lo firmarían. Y se lo firmaron. Jaime pasó a ser, así, el dueño de La Casa.

El 27 de mayo de 2003 fue el encargado de recibir a la conducción de la SIDE del nuevo tiempo político, el kirchnerista. El gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, llevaba dos días como Presidente y había designado al frente de la Secretaría de Inteligencia a Sergio Acevedo, un abogado de 49 años, barba canosa y cejas enormes, dueño de un andar cansino que lo mostraba como si siempre estuviera aburrido de todo. Acevedo había pasado buena parte de su vida en Santa Cruz ejerciendo como docente en una escuela pública y se había mudado a la Capital ocho años antes, cuando lo eligieron por primera vez diputado nacional. No sabía nada de los espías, pero se suponía que era un hombre ordenado y Kirchner confiaba en su lealtad. Acevedo llegó a la central de la SIDE la mañana de aquel 27 de mayo. Lo guiaron hasta el quinto piso, donde está la oficina del jefe, y lo hicieron atravesar no menos de diez puertas y transitar pasillos que simulaban un laberinto endiablado, hasta acceder finalmente al despacho principal. Acevedo pidió estar a solas un rato. Se tenía que habituar a ese lugar inmenso, ocupado por un escritorio de madera pesada, la biblioteca vacía, la pantalla gigante de un televisor de plasma que le daba un aire moderno al ambiente, a pesar del estilo barroco de dos sillones forrados en terciopelo bordó. En esos días la televisión transmitía una y otra vez las imágenes del Presidente durante el acto de la asunción. Los flashes de noticias anticipaban las primeras medidas del gobierno, aunque Acevedo no esperaba novedades sobre la SIDE. Sabía que el Presidente no pensaba hacer cambios profundos en esa área. Se lo había dicho semanas atrás, cuando le anunció su destino.

—Quedate en la SIDE hasta fin de año —le había pedido.

Acevedo iba a presentarse como candidato para suceder a Kirchner en la gobernación de Santa Cruz y todo indicaba que en diciembre se convertiría en gobernador. Su paso por la Secretaría era apenas una puesta a punto antes de volver a la Patagonia. Iba a estar tres, cuatro, a lo sumo seis meses. Poco tiempo para hacer cambios, pero mucho para cometer errores.

A media mañana le anunciaron la visita del director general de Operaciones. Acevedo lo estaba esperando. Sabía que era la persona con la que debía hablar. El hombre que entró era algo amargo e informal, con unas cejas grandes —como las suyas—, el paso de los años retratado apenas en una cabellera al ras y levemente canosa. Llevaba puestos una camisa y un pantalón de jean. Le tendió la mano:

—Stiles, para servirle.

Acevedo sabía quién era. Stiles era Jaime. Había escuchado hablar de él, aunque lo imaginaba todavía más menudito y más expresivo. El tipo que tenía adelante no le generaba nada. Ni miedo, ni respeto, ni nada. La cara parecía de piedra. Acevedo sabía que muchos le temían y se decía que tenía filmaciones de políticos y empresarios en situaciones inconfesables. Pero ahora lo veía y pensaba que parecía un modesto burócrata. Salvo un detalle: de su cinturón colgaban seis o siete teléfonos celulares. Eso sí que era raro.

—Quisiera darle la bienvenida en nombre de La Casa. Cuente con nosotros para lo que necesite.

Acevedo no prestó atención a la manera de hablar de Jaime. No advirtió, hasta horas después, que se presentaba en nombre de La Casa y le hablaba en plural. Ese Nosotros significaba algo más que un saludo de bienvenida. Ese Nosotros le estaba diciendo a quién respondía la SIDE. Intercambiaron algunas breves formalidades y Jaime le contó que estaban en marcha operativos importantes contra dos bandas de secuestradores. Era el tema del momento. Los secuestros extorsivos que volvían locos a los argentinos. Antes de marcharse, le dejó sobre el escritorio una carpeta de cartulina amarilla, con solapas, de esas que se consiguen por monedas en cualquier librería comercial.

—Éste es el asunto que tanto preocupaba al Presidente —explicó Jaime.

Acevedo lo dejó irse y después miró la carpeta. La portada indicaba el nombre: Kirchner, Néstor. Apenas la abrió supo de qué se trataba. Era el informe completo de una investigación que había hecho la SIDE sobre Kirchner un año y medio antes. Entre enero y marzo de 2002, un agente de segunda línea, Eduardo Climenti, había sido enviado a Santa Cruz para una típica misión de espionaje. Climenti debió seguir los movimientos de Kirchner, que en ese momento era el gobernador, y tomar nota de sus discursos y alianzas políticas. Una misión que requería cautela y discreción. Pero en la pequeña ciudad de Río Gallegos todo se sabía y a Climenti no le sobraba astucia. Se lo había visto rondando los bares, consultando y tomando nota de lo que le decían los parroquianos sobre el gobernador y su familia. Lo descubrieron enseguida y la senadora Cristina Fernández, esposa de Kirchner, acabó denunciando el espionaje por televisión. Terminó todo mal: al pobre Climenti no le quedó alternativa y tuvo que aceptar en la Justicia su triste papel de espía descubierto.

¿Jaime se sentía culpable de aquel espionaje contra el Presidente? Seguro que no. La culpa no formaba parte ni de su vocabulario ni de sus códigos. Antes de que Acevedo terminara de leer la carpeta, él ya estaba en su oficina con las cosas de todos los días, con su propia burocracia. En la SIDE nadie se movía con mayor comodidad que él. Las secretarias, los ascensoristas, los vigilantes, los empleados, todos lo saludaban y rápido le evitaban la mirada. Después de pasar más de treinta años recorriendo esos pasillos, Jaime era un hombre respetado o más bien temido, al que nada se le escapaba. Su oficina quedaba en un edificio vecino al principal de la SIDE, al de 25 de Mayo 11. Pero en realidad ya eran un edificio único. Años atrás, los arquitectos habían derribado medianeras para conectar por dentro dos edificios vecinos al principal y ahora eran tres que funcionaban como uno. La oficina de Jaime, de unos sesenta metros cuadrados, quedaba en el edificio del medio, en 25 de Mayo 33, y tenía una vista amplia y refrescante hacia el este. Por sus ventanas alcanzaban a verse dos avenidas de tránsito fluido, Paseo Colón y Madero, rodeadas de palmeras antiquísimas. También el estacionamiento de la Casa Rosada, el helipuerto por donde todos los días llegaba y salía el helicóptero presidencial, y más allá los edificios reciclados de Puerto Madero, a través de los cuales se asoma, siempre triste, el Río de la Plata. Era la misma vista que tenía Acevedo. La vista de los jefes.

En la oficina de Jaime, por supuesto, nunca hubo fotos familiares. Sólo dos computadoras, los teléfonos celulares, ningún cuadro. La consigna siempre fue la misma: una oficina impersonal, que nada dijera sobre su ocupante. Sobre el escritorio tenía un conmutador electrónico que le mostraba todos los movimientos de la Casa con lucecitas y carteles luminosos. Era una maravilla, de avanzada. Si estaba el jefe, se prendía una luz roja en el despacho del jefe. Si estaba Jaime, se encendía otra luz roja en el puntito que señalaba su oficina. El conmutador lo veía todo. Las puertas que estaban abiertas, los movimientos del ascensor, la lista de todos los que ingresaban en la central de 25 de Mayo, la puerta de acceso al sector más protegido de La Casa, el de la caja fuerte, en el piso nueve. Las luces, esa mañana, le mostraron que el flamante jefe de la SIDE seguía en su despacho. Era fácil adivinar qué hacía. Acevedo estaba leyendo.

Carpetas

Los servicios de inteligencia buscan información. La información que ayudará al Presidente a tomar sus decisiones, a saber quiénes son sus aliados y quiénes, sus enemigos; la información que le permitirá ver antes que el resto para poder adelantarse a los hechos.

¿Cómo se guarda la información de inteligencia? Se guarda en carpetas. En carpetas de papel o carpetas virtuales dentro de una computadora. Carpetas sobre personas, sobre empresas, países, instituciones, organismos, asociaciones, sobre amenazas o proyectos. Las carpetas lo son todo en la SIDE. Son su memoria y su futuro.

La entrega de carpetas era una tradición de La Casa. Desde la primera presidencia de Carlos Menem, en 1989, cada vez que asume un Presidente o un nuevo jefe en la SIDE, el funcionario tiene derecho a conocer lo que La Casa sabe de ellos. Y La Casa obedece. Es un gesto de lealtad, pero también una advertencia. Si fuiste observado una vez, podés volver a serlo. Es más: con seguridad vas a volver a serlo. Desde diciembre de 2001, Jaime era el encargado de custodiar y administrar esas carpetas. En 2002 había entregado la de Eduardo Duhalde, cuando el caudillo peronista tomó el gobierno de prestado. Poco después le tocó entregar la del último jefe de la SIDE de Duhalde, Miguel Ángel Toma. Por esa carpeta tuvo algún lío. Toma se negó a recibir la suya, porque intuía su significado, pero a espaldas de Jaime la mandó a pedir y descubrió que se habían metido en su vida privada, que habían seguido a su mujer y le habían sacado fotos en una parrilla de San Telmo. Toma se enojó mucho. Gritó, insultó, pidió explicaciones. Pero ¿qué iba a hacer Jaime? ¿O acaso no le pagaban para eso?

Cuando entregó la carpeta de Néstor Kirchner, Jaime sabía algo que Acevedo no podía saber. Jaime sabía que no todas las carpetas son iguales. Que las hay secretas y las hay también secretísimas. La mayor cantidad de carpetas se guarda en la Oficina de Antecedentes, en la planta baja de la central de 25 de Mayo, en un salón repleto de computadoras y, todavía, algunos archivos de papel. Son miles y miles, la mayoría guardada en un viejo sistema de computación, Red Bull, donde veinte máquinas acumulan historias públicas o más o menos privadas de políticos, empresarios, sindicalistas, estudiantes, religiosos o cualquiera que haya interesado alguna vez a La Casa. Los empleados del archivo reciben los informes de los agentes, de las bases secretas o de las delegaciones provinciales, y van agregando la información al final de la lista de datos. Los empleados del archivo son empleados del Estado, que llenan las carpetas como podrían estar llenando una planilla de cálculos. No chequean si los datos se contradicen o se desmienten entre sí. Las carpetas acumulan; no razonan. Empiezan con el nombre, siguen con sus datos personales, luego con su historia profesional y otros datos sueltos. Domicilios, en algunos casos la información impositiva, bancaria, si tiene prontuario policial, tal vez una foto. Los informes suelen alternar datos duros con observaciones de los agentes, que opinan como si fueran expertos catedráticos sobre la supuesta ideología de la persona investigada o señalan, con desdén, con sospecha, si asiste a cursos de yoga o es adicto a las películas pornográficas. Hay legajos desde 1946. Quien haya sido enemigo de la SIDE alguna vez, debe tener allí su legajo. Porque los gobiernos no borran carpetas. Engrosan las que existen y agregan otras. En 1983 eran once mil. Veinte años más tarde, eran más de treinta mil. ¿Cuántas serán hoy? ¿Cuántas dentro de diez años? Nadie las controla. Nadie las elimina. Nadie las exhibe ni reconoce que existan. Se acumulan, una sobre otra, hasta que el secreto deje de ser secreto o hasta que todos los argentinos tengamos una carpeta con nuestro nombre.

Hay otras carpetas todavía más secretas que se guardan en las principales bases de operaciones, los tentáculos por donde la SIDE observa a los argentinos. Esas carpetas incluyen seguimientos personales, filmaciones, escuchas telefónicas, correos electrónicos violados por los hackers de La Casa o informes secretos de algunos de los cientos de informantes que la SIDE mantiene dentro de otros organismos del gobierno. Hay informantes por todos lados. En el Congreso Nacional, donde asesores y hasta ordenanzas cobran un sueldo de La Casa para hacer sus reportes sobre los legisladores. En el Poder Judicial, donde hay empleados y hasta funcionarios (los hay jueces) que cobran un sueldo para delatar intrigas, anticipar fallos o pasar chismes insignificantes. En cada uno de los ministerios, en los sindicatos, en los medios de comunicación, hasta en la Iglesia. En todos lados hay empleados de La Casa o informantes ocasionales que aportan lo suyo para que la SIDE pueda mirarlo todo.

Cuando asumió Kirchner, las carpetas más completas eran las de la base de Contrainteligencia, el lugar donde Jaime había hecho casi toda su carrera y donde todavía mantenía su cueva personal. Su cueva, a la que él llamaba El Taller, por la cantidad de ferretería de espionaje que tenía, desde micrófonos, cables, viejos interceptores de teléfonos, cámaras ocultas. ¿Se guardaban allí otras carpetas sobre Kirchner y su esposa? El nuevo Presidente había sido gobernador de Santa Cruz por doce años y su esposa había sido diputada, senadora, pero sobre todo, hacia el final de los noventa, había sido una de las opositoras más molestas del peronismo para el gobierno de Carlos Menem. Es casi seguro que La Casa tenía más información sobre ellos, pero sólo podían saberlo Jaime y unos pocos más. Ésa era la diferencia entre los visitantes y los agentes de La Casa. Los visitantes preguntaban y los de La Casa sabían. Los visitantes estaban de paso; los de La Casa estaban siempre.

Kirchner tardó pocas semanas en darse cuenta de la importancia de las carpetas. No lo descubrió él, sino el hombre al que había elegido para manejar la SIDE. Y atención, porque ese hombre no era el jefe. Sergio Acevedo, el Señor Cinco (como le decían a los jefes), en realidad había sido puesto en ese cargo para ocultar al verdadero mandamás. Acevedo era una figura respetada por el mundo de la política, un señor más bien aburrido y serio que parecía inofensivo. Pero Kirchner no quería que la SIDE fuese ni aburrida ni seria, menos que menos inofensiva. Ésa era su coartada. Para manejar la SIDE, el Presidente había designado como subsecretario de Inteligencia a su amigo personal Francisco «Paco» Larcher. Petiso, fortachón y de piel café con leche, Larcher tenía 45 años y llegaba a la SIDE con la confianza absoluta del Presidente. A la distancia parecía hosco y malhumorado, pero Kirchner sabía que podía ser extremadamente divertido. Allá en el sur, donde juntos se lanzaron a la política, Larcher había sido su compañero en las tertulias de whisky y madrugada en los bares de Río Gallegos, y había sido, también, su cómplice en las escapadas de distensión inconfesable. Pocos conocían a Kirchner como lo conocía Larcher. Pocos como él lo habían visto íntimo y vulnerable. Larcher, además, había ocupado varios cargos de segunda línea en el gobierno de Santa Cruz y había demostrado saber guardar secretos públicos. Del más sensible de ellos había sido incluso cómplice. Durante su paso por el banco provincial, en Río Gallegos, Larcher había diseñado una de las movidas más osadas y cuestionadas del gobernador: el destino de más de 500 millones de dólares de la provincia de Santa Cruz que Kirchner había sacado al exterior a fines de la década del noventa, con el pretexto de querer hacer un buen negocio financiero para sus gobernados. Habían pasado ya cinco años y Kirchner se negaba a repatriar esa fortuna. ¿Por qué esa demora? ¿Estaba toda la plata que decía Kirchner? Pocos lo sabían. Uno de ellos era Larcher.

El único inconveniente que tenía Larcher era la desconfianza que le tenía Cristina, la entonces senadora. Naturalmente, ella no estaba ajena a la usina de rumores que le achacaban a Paco la culpa de todos los pecados de su esposo. Atención. Esa desconfianza, por ahora silenciosa, iba a ser decisiva muchos años más tarde.

Durante sus primeras semanas en la Secretaría, Larcher se encargó de demostrar que él iba a tomar las decisiones. Lo primero que hizo fue pedirle a Jaime que le mostrara la central y las bases secretas. En el edificio de 25 de Mayo recorrieron el restorán de la planta baja, los archivos de antecedentes, la Dirección de Finanzas del octavo y noveno piso. Visitaron también la Dirección de Medios, donde una decena de videograbadores (todavía se usaban) copiaban todos los programas de aire y de televisión por cable donde se hablaba de política o economía. Larcher preguntaba y miraba todo. Larcher quería saber. Y enseguida se maravilló con las carpetas. Si el presidente Kirchner se tenía que reunir con un dirigente de la oposición, Larcher pedía y le enviaba al Presidente la carpeta de ese dirigente. Si Kirchner tenía que negociar con un empresario o un banquero, Larcher le enviaba la carpeta del empresario o del banquero. No había duda: las carpetas otorgaban un gran poder a su dueño, que podía anticipar movimientos, conocer las debilidades de sus rivales o incluso de sus aliados, permitían saber dónde presionar o cuándo.

Luego, Jaime llevó a Larcher a recorrer las bases secretas. Empezó por su base preferida. La más importante de La Casa. La de la calle Estados Unidos.

Bases secretas

Los vecinos del barrio San Cristóbal no lo saben, pero llevan años conviviendo con ellos. Con Garnica, las manos pesadas de El Gordo Miguel, las picardías de los callejeros, la curiosidad de los hackers. Muchachos grandes de apodos extraños, que manejan como si fueran sus dueños la base de la calle Estados Unidos al 3100, a diez cuadras de la estación de trenes del Once. Una base secreta, les encanta decir. Un inmenso edificio de tres plantas, de 1600 metros cuadrados, paredes celestes algo descascaradas, persianas de acero pintadas en blanco. La Dirección de Contrainteligencia es la base más poderosa de La Casa. La base de la ferretería de espionaje. La base donde Jaime, en un entrepiso de difícil acceso, guardó siempre sus equipos de espionaje. Ahí estuvo siempre su cueva. El Taller. El lugar físico donde siempre se guardó la ferretería, equipos capaces de captar una conversación a trescientos metros de distancia y a través de edificios, o capaces de interferir correos electrónicos, comunicaciones satelitales, de detectar claves bancarias o de redes sociales. Hay equipos grandes y pequeños; portátiles y estancos. Es la ferretería. El orgullo de Jaime.

Cuando Kirchner llegó al poder, al frente de la base Estados Unidos estaba Horacio Germán García. Usaba el seudónimo de Garnica y era, desde siempre, el hombre de Jaime, su sombra, su gran amigo. De Garnica se dice que es ingeniero mecánico, que es rudo, que no le sobran palabras y que sabe apretar el gatillo. Heredó la base cuando Jaime saltó a la Dirección General de Operaciones, en diciembre de 2001. Fue siempre un hombre de acción. Ya lo veremos a los tiros.

A la base de la calle Estados Unidos ingresan, todavía hoy, todas las mañanas, cerca de 400 empleados del Estado que no pueden decirle a nadie qué función cumplen en el Estado. Pasan su tarjeta personal por una ranura magnética, son observados por una cámara de seguridad y cumplen, casi todos, una rutina monótona. Hay muchos burócratas en las bases secretas. Ascensoristas, administrativos, mozos, ordenanzas, empleados de limpieza que se mezclan con carpinteros y pintores, pero también con señores que han aprendido a infiltrarse, a colocar cámaras ocultas, a hacer seguimientos personales o a conseguir información a cualquier precio. A la base de la calle Estados Unidos sólo pueden ingresar los empleados. No están permitidos ni familiares ni amigos.

En la planta baja hay oficinas, un comedor del personal, el taller mecánico, el garaje con su entrada independiente y, al fondo a la derecha, la carpintería. Ése es uno de los mejores secretos de la base: la carpintería, a la que acceden sólo los carpinteros y el personal jerárquico. En la carpintería, por supuesto, no se arreglan muebles. Lo que allí se hace es camuflaje. Camuflaje a demanda de la necesidad de turno. En la carpintería, por ejemplo, se preparan las camionetas para los operativos. Se las pinta, se les pegan calcomanías para que simulen ser de un servicio de limpieza o de una empresa de telefonía. Camionetas tipo Trafic o Fiorino se visten para hacer seguimientos personales o para detenerse en una esquina a filmar movilizaciones o actos o asambleas o lo que fuera. Los vecinos ven la camioneta de un auxilio mecánico; puede ser una camioneta de la SIDE con filmadoras ocultas detrás de un logo del Automóvil Club. Los vecinos ven la moto del delivery de una pizzería o de un sushi; puede ser un agente de La Casa tomando fotos. En la carpintería también se hacen carteles, pancartas para actos, banderas de agrupaciones políticas. Todo el material necesario para los callejeros, como llaman a los muchachos que se infiltran en los actos, a los que andan en la calle, a los que se convierten en piqueteros o en militantes de La Cámpora o en una patota sindical. Los callejeros tienen el pelo largo si es necesario, el pelo corto si es conveniente, usan traje o visten como visten los pobres, se afeitan o se dejan la barba según la ocasión. Los callejeros, les dicen. Se meten en una huelga y levantan la mano para votar a favor o en contra de la huelga; van a la City pero no invierten; van a la facultad pero no estudian; hacen pintadas o rompen vidrieras si hay que pintar o romper vidrieras. Lo hicieron antes, lo hacen ahora, lo seguirán haciendo. Porque son secretos. Y en secreto se hacen esas cosas. Y en secreto las leyes escritas se convierten en códigos invisibles.

La base de la calle Estados Unidos es un ejemplo formidable. En lo formal, es la base encargada de contrarrestar a los servicios de espionaje de otros países y de chequear la información que almacenan los otros sectores de La Casa. De eso se trata la contrainteligencia. Aquí y en el mundo. De poder pensar como tu enemigo para defender tus propios intereses. De pensar como tu enemigo para saber cuáles son tus puntos débiles. ¿Hace eso la base Estados Unidos? Sólo en parte. ¿Lo hizo alguna vez? Sólo en ocasiones. ¿Quiénes son los enemigos a los que controla? ¿Qué hacía la base Estados Unidos en aquellos meses de mayo y junio de 2003, cuando Kirchner empezaba a acomodarse en el poder?

Garnica andaba preocupado. Estaba alterado por lo de la chica Macri. Florencia, la hija menor del empresario Franco Macri y hermana de Mauricio, había sido secuestrada unas semanas antes y la SIDE no había podido dar con ella ni con los secuestradores. A Florencia la terminó liberando la Policía Federal y Jaime se lo reprochaba a Garnica todos los días. Ahora había otros secuestros en marcha y Garnica estaba asustado. Temía por su prestigio y por su futuro. Seguía de cerca los rastreos telefónicos y algunas inspecciones, pero sabía que si los secuestradores llegaban a escapar, la reacción de Jaime sería fatal. Era su amigo, pero con Jaime nunca podías estar seguro. Los secuestros eran el fuerte de Jaime. Si había algo que hacía bien, era resolver secuestros. O eso creían todos.

¿La SIDE investigando secuestros? ¿Atentaban los secuestros extorsivos contra los intereses y la seguridad de la Nación? Desde su fundación, la SIDE jamás había tenido atribuciones operativas en la persecución del delito y los agentes no podían ni detener, ni disparar, ni encabezar allanamientos, ni romper puertas, ni siquiera podían portar armas. Siempre estuvo claro eso. Un servicio de inteligencia no es una fuerza policial. Ni debería serlo. En principio, porque las fuerzas policiales deben poder dar la cara. Al policía lo tenemos que ver en la esquina, le podemos preguntar su nombre, tenemos derecho a ir a la comisaría a presentar una queja o ir a la Justicia y presentar una denuncia contra el sargento o contra el comisario. De los espías, en cambio, no sabemos nada. Usan nombres supuestos, si tienen armas no están registradas en ningún lado, hasta se mueven en autos truchos. Así es: todos los vehículos de la SIDE, o casi todos, usan patentes mellizas o adulteradas o directamente inventadas. En febrero de 2005 hice un ejercicio muy sencillo para comprobarlo. Me paré frente a la base Estados Unidos y tomé nota de los autos que salían del garaje. Al rato vi salir una camioneta Fiorino, blanca, con los vidrios espejados para impedir que se vea en su interior. La chapa patente de la Fiorino era DOQ375. Pero en el Registro Automotor, esa chapa correspondía a un VW Gol de tres puertas, modelo 2000, a nombre de María Milagros Alemandi, una vecina de la pequeña localidad de Selva, en la provincia de Santiago del Estero, que nada tiene que ver con la SIDE y que nunca soñó con llegar a comprarse una Fiorino. Hice el mismo ejercicio en la Central de 25 de Mayo. Una mañana encontré estacionados frente a su puerta a diez autos Megane, ocho de ellos con las chapas patente iniciadas con las letras DOQ, igual que la Fiorino. En el Registro Automotor, otra vez, ninguna de esas patentes se correspondía con los autos que las lucían. ¿Para qué falsear las chapas patentes de los autos? Si quieren ocultar que son autos de la SIDE, basta con ponerlos a nombre de la Presidencia o de cualquier otro organismo donde alguien cierto, real, pueda responder y hacerse cargo. Pero así es la SIDE. Todo es confidencial. Si no se oculta, no es la SIDE.

Sería injusto decir que es un invento argentino. Los servicios de inteligencia se mueven en la clandestinidad aquí y en cualquier parte del mundo. Está en la esencia de sus actos. Que nadie sepa. Que nadie pueda preguntar. Ni de sus atribuciones, ni de sus actos, ni de sus hombres, ni de sus autos, ni de sus propiedades. En la puerta de la central de 25 de Mayo hay un cartel de bronce que dice Secretaría de Inteligencia del Estado. Es una chapa pequeña, pero está visible para quien quiera verla. Una chapa como no tienen ninguna de las muchas otras propiedades que tiene la SIDE en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, en varias provincias y, también, en otros países. Está la base de la calle Estados Unidos, en San Cristóbal. Está la base de la calle Billinghurst, en Barrio Norte, a metros de la avenida Las Heras, un edificio gigantesco que alberga a 200 empleados y agentes que no pueden decir, tampoco ellos, qué función cumplen en el Estado. La base Billinghurst es la segunda base en importancia de La Casa. Es la base de la Inteligencia interior, encargada de observar los movimientos de los argentinos en la calle, de anticipar marchas piqueteras o gremiales, de espiar en las asambleas vecinales o estudiantiles. Esa base, en teoría, también recopila la información de las bases secretas de las principales capitales provinciales. Y la información de las delegaciones de Quilmes, Avellaneda, Vicente López, San Martín, y de las ciudades más importantes de la provincia de Buenos Aires, como Mar del Plata o Bahía Blanca. Pero hay más. En la calle Libertad al 1235, en Recoleta, hay una hermosa casona de finales del siglo XIX donde funciona la Escuela Nacional de Inteligencia, el ámbito donde se enseña a los aspirantes, donde se toman los exámenes de ingreso, donde se dan cursos de perfeccionamiento a los agentes que quieren conseguir un ascenso. En la avenida Coronel Díaz al 2075, frente al shopping de Alto Palermo, en un edificio de tres plantas funciona la Dirección de Inteligencia exterior, ahora diezmada, pero encargada de recibir la información de las delegaciones distribuidas en otros países, en general camufladas dentro de las embajadas o en bases secretas como las de Miami, Washington o, la más importante, la de Foz de Iguazú, en la Triple Frontera. La base de Coronel Díaz también se ocupa de atender a las agencias de inteligencia de otros países, de responder a sus pedidos o derivarlos a otras bases. En la base de Coronel Díaz no hay carteles ni banderas argentinas ni nada que diga que allí funciona un organismo público. Desde afuera se ven dos cámaras de seguridad, balcones a la calle recubiertos de rejas, un portón de hierro para el ingreso de los autos. La SIDE es dueña de la base de Coronel Díaz desde 1977. La compró con plata robada a un uruguayo torturado y desaparecido por una de las patotas de la SIDE. Plata manchada con sangre alimenta la historia de La Casa. Total, ¿quién va a preguntarle algo a la SIDE? Nadie preguntó en la dictadura, tampoco en el retorno democrático, tampoco en los noventa ni durante el kirchnerismo.

Hay más. Sobre la Avenida de los Incas al 3832, en Belgrano, un edificio de nueve pisos, recubierto de plantas, encierra a la Dirección de Observaciones Judiciales, el lugar donde se escuchan las conversaciones telefónicas de miles y miles de argentinos. Al subsuelo de la base de Los Incas llegan cables de fibra óptica por los que transitan las conversaciones de telefonía fija, que luego son capturadas en los pisos altos de la base, donde cientos de «escuchadores», casi todas mujeres, levantan las conversaciones, las desgraban en algunos casos, las guardan en archivos o las transcriben en papel. Esa tecnología va quedando obsoleta a cada paso. La telefonía fija va siendo reemplazada por la celular y entonces los espías deben dejar de usar la fibra óptica y escuchar las conversaciones que flotan entre nosotros. Para eso la SIDE cuenta con la «complicidad» de las empresas de telefonía celular, que por orden de la SIDE, a pedido de la Justicia, desvían las llamadas que se quieren escuchar. Pero hay más. Hay pequeñas bases secretas o cuevas en departamentos de uno, dos, tres ambientes, que usan los agentes para sus operaciones, como cobertura, para hacer pagos clandestinos, escuchas ilegales, para recibir visitas de agentes secretos de otros países. Las propiedades siguen y siguen: un inmenso depósito en La Boca en la calle Galdós, un estacionamiento en Constitución sobre la calle Salta, una imprenta en Pompeya, tantas otras que no conoceremos jamás. Las bases se suponen secretas. Nadie debe saber que están ahí.

La SIDE no le dice a nadie sobre sus bases secretas. Tampoco le dice a nadie sobre sus fondos. ¿En qué se gasta el presupuesto de Inteligencia? Nadie lo sabe, salvo unos pocos dentro de La Casa. En 2003, cuando llegaron Acevedo y Larcher, el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia era de 238 millones de pesos. Más de 650 mil por día. Pero atención, porque las cuentas no podían explicar esos montos. La SIDE gastaba 79 millones anuales en sueldos, a un promedio de 2530 pesos mensuales por empleado. Esa información no podía ser adulterada: los fondos que se derivaban en sueldos no podían trampearse, porque los sueldos se pagaban en blanco, en su mayoría. De los 159 millones restantes, en cambio, no había noticias. Con ese resto se pagaba la luz, la nafta de los autos, los teléfonos, el funcionamiento integral de La Casa. Pero 159 millones eran muchos millones. Sobraban, a montones. La única rendición que se hacía para el mundo exterior era un modesto listado de una carilla que se le enviaba al Congreso de la Nación. Un listado donde se definían objetivos demasiado ambiguos para servir de garantía: que se invertía en escuchas telefónicas, en investigaciones vinculadas al contrabando y el narcotráfico, en el mantenimiento de sus bases secretas y sus autos y sus gastos de todos los días. Números gruesos, sin detalle, imposibles de controlar, seguramente falsos. El secreto encubría la trampa y la siguió encubriendo hasta hoy. El secreto sobre todo. El secreto antes que nada.

Ésa es la SIDE que encontró Kirchner cuando llegó al poder. Un organismo superpoblado, repleto de propiedades secretas, tan clandestino como siempre, con una capacidad para espiar a los argentinos que nadie imagina en su real dimensión. Y con Jaime. Con Jaime por encima de todos los agentes, para cumplir con una misión definida y confirmada a través de los años. Porque nadie se atrevía a confesarlo, pero la SIDE es la policía secreta del Presidente. Para lo que guste mandar. Investigar secuestros extorsivos o crímenes resonantes. Preparar carpetas sobre rivales políticos o sobre empresarios, monitorear a los medios de comunicación, infiltrarse en marchas de protesta, colocar micrófonos, intervenir correos electrónicos o controlar a su propio gabinete y dominar, sobre todo dominar, a los jueces con causas que puedan molestar al poder gobernante. Cuando Kirchner llegó al poder, la SIDE era lo que el Presidente quisiera. Y lo siguió siendo. Quizá más que nunca. Por mucho tiempo.

El capricho del General

Servicios no ofrecen ninguno, y de inteligencia carecen totalmente.

JUAN DOMINGO PERÓN

La historia es escueta y carece de héroes. Empieza así: sobre el final de la Segunda Guerra Mundial, un militar de ambiciones celestiales ideó, con la sospecha de que era indispensable para el imperio que dormía bajo su almohada, un equipo de informantes y alcahuetes que lo tuviera al tanto de los planes enemigos y lo advirtiera de sus traidores más íntimos. Ese militar era Juan Domingo Perón, presidente de la República.

La CIA, creada un año antes, y el servicio de inteligencia inglés, el MI-5, habían sido los inspiradores del proyecto pero no el espejo en el que pretendía mirarse Perón. Esos servicios secretos estaban pensados para mirar hacia el mundo que proyectaba el final de la Segunda Guerra Mundial. Perón, en cambio, aspiraba a tener una policía secreta capaz de detectar con rapidez y determinación a sus enemigos internos. Enemigos que eran muchos, por cierto, sobre todo entre sus camaradas de armas. El 17 de julio de 1946, Perón firmó el decreto 337/46, que creaba lo que se llamó la Secretaría de Coordinación de Informaciones del Estado, con las siglas CIDE, primer antecedente de la futura SIDE. Dependía directamente del Presidente y debía ocuparse de «la centralización y coordinación de un conocimiento integral del Estado a los efectos de aprovechar racionalmente todo el material informativo». Al principio funcionó dentro de la División de Informaciones del Consejo de Guerra, que dirigía Rodolfo Freude, uno de sus secretarios de mayor confianza, hijo de un criminal nazi que le buscaba asilo a su padre y los amigos de su padre por estos lados del mundo. Freude ocupaba un despacho vecino al del Presidente en la Casa Rosada y se ocupaba de controlar rivales políticos y, a través de las embajadas, de monitorear las actividades comunistas en el continente. El proyecto de Perón no debía tener poder represivo y luego recaló en su secretario de Informaciones, Raúl Alejandro Apold, en otra oficina dentro de la Casa Rosada. Las lecturas de los diarios, el reporte de informes que acercaban generales amigos y, sobre todo, sus aliados sindicales, conformaron las primeras carpetas de objetivos, a la caza de opositores, periodistas o intelectuales que se atrevieran a criticar al General. Durante la segunda presidencia de Perón, a partir de 1951, la CIDE fue creciendo tanto que debió mudarse a un edificio de la Policía Federal sobre la Avenida de Mayo, cerca del Congreso, con los mismos objetivos y semejante precariedad.

En 1955 los enemigos internos de Perón derrotaron a Perón. La «Revolución Libertadora», así se proclamó, convirtió a la CIDE de Perón en la perseguidora de Perón y en algo más parecido a un servicio de inteligencia occidental, lo que en aquellos años implicaba el combate contra el comunismo, cuyo fantasma agitaba con fuerza el Departamento de Estado norteamericano. El presidente golpista, Pedro Aramburu, sacó el invento de Perón del ámbito de la Policía Federal y lo mudó al edificio de 25 de Mayo y Rivadavia, que había sido construido en 1929 por la aristocrática familia Martínez de Hoz. Lo hizo a través de un decreto (el 776/56) y la llamó Secretaría de Informaciones del Estado. Su objetivo formal era ahora el de «proporcionar al Gobierno Nacional las informaciones necesarias para la mejor conducción de los asuntos del Estado». Es decir, una ambigüedad absoluta. Dispuso además que todos sus fondos fueran reservados, lo que eximía a la SIDE de cualquier tipo de rendición de gastos. El único requisito de la Secretaría era informar, una vez al año, si había gastado todo lo que le habían dado. Allí empezó a ser La Casa, como se la fue conociendo entre los espías domésticos. Y el primer jefe fue un teniente coronel, Juan Constantino Quaranta. Que haya sido un teniente coronel prueba dos cosas. Que era un destino militar ya preciado, pero que todavía no era el mejor de los destinos. Quaranta estuvo a la altura de la historia de la SIDE. A poco de su llegada, el periodista Rodolfo Walsh denunció su participación y la de sus hombres, entre ellos su guardaespaldas José Américo Pérez Griz, en el asesinato de un conocido abogado, Marcos Satanowsky. «Quaranta cubrió los cargos de la SIDE con militares gorilas (antiperonistas) y delincuentes comunes», escribió Walsh en 1957, acaso sin imaginar que la novedad se haría uso y costumbre durante décadas. En aquellos años y a raíz del Caso Satanowsky, el Congreso ocupó varias sesiones en debatir la conveniencia de tener un servicio secreto presidencial que, además de espiar, participaba de las intrigas y traiciones que caracterizaban a la política. Algunos legisladores opinaban que había que cerrarlo para siempre. Por supuesto, eso nunca estuvo ni cerca de ocurrir. Perón fue el primer enemigo de la inteligencia de Estado de esos años. Quaranta y sus hombres intentaron matarlo al menos dos veces. Primero quisieron envenenarlo durante su exilio en Paraguay. Luego en Venezuela, cuando el 25 de mayo de 1957 hicieron volar con dinamita al auto con el que se movía el General. El operativo fue encargado por el embajador argentino en Caracas, el general Carlos Toranzo Montero. «Mi chofer se salvó milagrosamente…», escribía Perón horas después de la explosión. Nadie se preocupó en investigar el atentado.

En los siguientes diez años la SIDE se fue adecuando a lo que pretendían de un servicio marginal los más poderosos aparatos de inteligencia de Occidente. Los agentes, reclutados de las Fuerzas Armadas o elegidos entre estudiantes universitarios, eran premiados con viajes a Estados Unidos o al servicio secreto de Israel, el Mossad, o al MI-5 de Londres, donde les enseñaban lo malos que eran los países soviéticos, los entrenaban en seguimientos personales y, sobre todo en Israel, en un concepto que aquí era todavía desconocido: las «penetraciones técnicas». Con ese curioso nombre llamaban —y todavía lo hacen— al ejercicio de meterse en una casa ajena sin autorización, revisar todo, llevarse lo necesario y salir sin dejar rastro alguno de la extraña visita.

La SIDE trabajaba para el Presidente pero también recibía reclamos de las agencias amigas. Esos pedidos apuntaban a los funcionarios de las embajadas de los países comunistas, pero también a ciertos blancos algo más sutiles, como el elenco del Circo de Moscú que se presentaba en Buenos Aires. Los agentes se ocupaban de controlar los pasos de los actores, de tomarles fotos y, en alguna ocasión, hasta les arruinaron el show. La travesura se contaría durante años en La Casa: en pleno espectáculo cerraron con llave la puerta que conducía a los camarines, mientras un grupo de revoltosos —ya los había— lanzaba sobre el escenario bombas de humo y de olor nauseabundo. Los reportes sobre estas aventuras, las fotos de los acróbatas, los informes sobre sus movimientos, eran enviados a la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, donde la CIA tenía, como hoy, a su delegado. Es de suponer que el sabotaje al circo de Moscú fue celebrado como un triunfo absoluto de la Inteligencia criolla. Más rutinario era el seguimiento sobre los argentinos afiliados al Partido Comunista, a quienes les robaban las cartas en la temible sección de Control Postal que funcionaba en el décimo piso del edificio del Correo Central, o les «infiltraban» agentes disfrazados de choferes o telefonistas y les tomaban fotos mientras tomaban café en la avenida Corrientes. Esos seguimientos tuvieron «sustento» formal en agosto de 1967, cuando el presidente de facto Juan Carlos Onganía dictó la Ley de Defensa contra el Comunismo (la ley 17 401), que facultó a la SIDE a calificar a personas de «motivación comunista», pecado ideológico que era castigado con penas de uno a ocho años de cárcel. Durante el primer año de la ley anticomunista, la SIDE llegó a calificar de infractores a cuarenta argentinos, quienes pagaron por sus ideales en el encierro de la cárcel de Caseros. En aquellos tiempos, mientras perseguidores y perseguidos iban perdiendo la inocencia, se crearon las oficinas de escuchas telefónicas y las carpetas de antecedentes se multiplicaron a un ritmo vertiginoso. Los legajos de los blancos ocupaban el tercer piso de la central de 25 de Mayo, pero en menos de dos años debieron apilarse también en el piso cuarto. Pasó a ser propiedad de La Casa el edificio de la calle Billinghurst, una mole donde había funcionado la Corporación Argentina de Transportes y que, según un rumor de la época, había sido donado por la embajada de Estados Unidos como colaboración en la lucha local contra los malvados comunistas. La primera tarea de la base Billinghurst fue una especie de consultoría de personal de los organismos del Estado. Cada vez que un funcionario quería incorporar a un empleado, la base Billinghurst debía opinar si el aspirante era apto o no. Lo que hacían era comprobar que no estuviera afiliado al PC o a alguna organización que oliera mal en el olfato todavía poco entrenado de los espías. Con los primeros equipos de comunicaciones de radio VHF —antecesores de los handys—, los primeros autos con patente falsa y los primeros documentos adulterados, los agentes empezaron a escribir la historia más secreta del Estado. La SIDE contaba ya con 700 hombres. En la central de 25 de Mayo intentaban convencerse de que eran pilares fundamentales de la Nación.

El jefe de La Casa durante el gobierno de Onganía fue el general Eduardo Argentino Señorans, un señor de modales estrictos que militaba en una secta católica de ultraderecha, Cité Catholique. Señorans no podía ocultar su fascinación por el nazismo. Tampoco su debilidad por las polleras. Una de las medidas más recordadas de Señorans fue su decisión de echar a todas las mujeres, a las que culpaba de distraer al personal o quizás a él mismo. Las mujeres eran una minoría, casi una rareza, pero cuando Señorans cumplió su primer mes al frente de La Casa sólo sobrevivieron unas pocas que lograron esconderse en las áreas de Análisis, las más desprestigiadas del organismo. Ni siquiera las telefonistas soportaron la embestida de Señorans, hombre rudo que había asumido como propia la ambición de Onganía de gobernar a la Argentina por cuarenta años.

Para permanecer cuatro décadas había que pensar como piensan las naciones imperiales. Y Señorans creyó que era una tarea sencilla. Lo que había que hacer, razonó, era copiarse de los que sabían. En 1967 ordenó imitar del servicio de inteligencia de la Alemania occidental (la buena, diría él) una sala de situación con cámaras de televisión, pizarrones, mapas de la ciudad y el país, con puntos rojos sobre los objetivos de la Secretaría. Fue la primera de muchas otras salas de situación. Se armó en el séptimo piso, donde todos los viernes Señorans encabezaba una exposición para todo el personal jerárquico. La temática era de lo más amplia: la historia de Rusia, los principios fundamentales del leninismo, pero también agendas de «interés general» como la vida y obra de Quinquela Martín y otros artistas representativos de la cultura general. Señorans aspiraba a ilustrar a sus toscos hombres. No faltaban las charlas sobre teología, dictadas por algunos de sus hermanos de espíritu, aquellos militares que practicaban su misma fe en la extraña secta. Las reuniones solían extenderse hasta la noche y no siempre eran formales. En esos días se descubrió que la SIDE había intentado pasar por la Aduana un cargamento de 34 botellas de whisky, marca Ballantine’s y Vat 69. El intento chocó con los controles aduaneros y desató un pequeño escándalo. Pequeño, por cierto, porque apenas ocupó algunos artículos en los diarios. Debió haber servido de alerta. Los espías estaban mirando para cualquier lado o bebiendo demasiado, cuando les estalló en la cara uno de los primeros movimientos guerrilleros más o menos en serio, que iba a ser el precedente más notable de la década por venir. En 1968, en un monte cercano a Taco Ralo, Tucumán, la Gendarmería descubrió el campamento de un grupo de guerrilleros que se autoproclamaba como las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP). Trece hombres —entre ellos militantes peronistas y sacerdotes— habían sido detenidos mientras entrenaban una lucha armada que, decían, pretendía crear un ambiente propicio para el retorno de Perón, que estaba anclado en Madrid. Los modestos guerrilleros, inspirados en la mística foquista del Che Guevara, quien había sido fusilado un año antes en Bolivia, pretendían ganar la zona montañosa y desde allí iniciar una acción de guerrillas a lo largo del macizo del Aconquija, desde Catamarca hasta Salta. Pero las FAP acabaron alertando a las fuerzas represivas. Y a la SIDE le abrió un nuevo rumbo, inimaginable hasta entonces, letal para muchos.

Señorans ni siquiera había escuchado hablar de las FAP y tuvo que renunciar, como se renuncia en la Argentina, por «motivos personales». Para alegría de las mujeres, por supuesto. Pocos meses después ocupó su lugar un general que hasta entonces era el segundo jefe de Inteligencia del Ejército. El general Hugo Miatello iba a cambiar la historia de La Casa. Su llegada coincidió con años de tremenda efervescencia. Los movimientos obreros y estudiantiles ya no sólo se oponían al régimen desde el discurso; ahora salían a las calles y chocaban con el aparato represivo que Onganía reforzaba con carros hidrantes y tecnología militar importada. En 1969 esos movimientos populares ganaron las calles en Córdoba y Santa Fe, lo que obligó a Miatello a abrir delegaciones de la Secretaría en esas provincias y con el correr de los meses en todo el país. En la nueva SIDE, las fichas de antecedentes sobrepasaron todas las previsiones y hubo que pasar los archivos del tercer y cuarto piso a un gran salón de la planta baja de 25 de Mayo, donde se pusieron vidrios espejados hacia la calle, para que los argentinos no tuvieran la mala idea de asomar la cabeza.

En la empresa nacional de Telecomunicaciones, la estatal ENTel, se incorporaron casi cien agentes para que empezaran a escuchar sistemáticamente los teléfonos de los argentinos, escuchas que se hacían con orden judicial o sin ella. El traslado de los empleados se decidió con una ley secreta para no llamar la atención. La ley secreta número 19 083, del 16 de junio de 1971. También se triplicó el personal de la Dirección de Control Postal, con sede en el histórico edificio del Correo, donde los agentes pasaban las cartas sospechosas sobre máquinas de vapor para poder abrirlas, leerlas y volverlas a sus sobres sin dejar rastro. Se abrían cien, doscientas, hasta quinientas cartas por día. Era la principal fuente de información de La Casa. El mundo parecía respirar, todavía, sobre el papel y la tinta.

El progreso tecnológico y de organización de la Secretaría de Inteligencia —como empezó a llamarse— fue acompañado por su mayor participación en el sistema represivo, desde siempre un terreno gobernado por las Fuerzas Armadas. Entre 1969 y 1971, empezaron a trascender las primeras denuncias sistemáticas contra la SIDE por su colaboración en torturas y desapariciones. El papel de los espías, se decía, consistía en preparar interrogatorios, pero también en torturar si se consideraba necesario. La primera víctima que se hizo pública fue una maestra del Chaco, Norma Morello. Activista rural, la maestra fue secuestrada en un pueblito de la selva chaqueña y llevada hasta un destacamento militar de Buenos Aires al que jamás pudo identificar. Pasó todo el mes de diciembre de 1971 bajo la picana y las preguntas de los señores de La Casa. Recuperó su libertad horas antes del nuevo año, una concesión que probaba más capricho que piedad.

El mundo se estaba haciendo más complejo y Miatello puso en marcha los departamentos temáticos para intentar comprenderlo. Se inventaron el Departamento Económico, el Gremial, el Estudiantil, el de Asuntos Políticos, el de Inteligencia Religiosa. Los responsables de cada departamento, una vez por semana, intercambiaban información en la sala de situación del séptimo piso. Había comunicaciones internas permanentes, lo que empujó a Miatello a disponer la utilización obligatoria de telegramas cifrados, con máquinas de escribir que tecleaban códigos en lugar de letras. Para entenderlos, había que conocer de memoria el significado de los códigos. Los telegramas servían para entablar los contactos entre departamentos, bases o delegaciones. Eso obligó a asignarle un número secreto a cada una de las direcciones y los departamentos. Al jefe de la SIDE lo llamaron Señor Cinco porque su despacho estaba en el quinto piso de 25 de Mayo, de donde nunca más se movió, y en homenaje al MI-5 inglés, que tenía fama de ser el mejor servicio de espionaje del mundo. Debajo del jefe, el organigrama delegaba el mando en dos subsecretarios. Al encargado de hacer la tareas de inteligencia dentro del país le asignaron el número Ocho. Al de inteligencia exterior, el número Tres. En esos años se incorporaron cientos de agentes, muchos de ellos personal retirado por las disputas dentro de las Fuerzas Armadas, y se creó el estatuto de los agentes secretos, donde quedó escrito por primera vez y para siempre que no podían ser comunistas ni estar afiliados a partidos políticos, que no podían casarse sin que sus señoras, por las dudas, fueran sometidas al riguroso estudio de sus antecedentes.

El decreto secreto 373 del 17 de diciembre de 1971 estableció además que los agentes debían guardar secreto sobre todas sus actividades. Secreto absoluto. Nadie debía saber que eran empleados de La Casa. Ni sus vecinos, ni sus amigos, ni los padres de los amigos de sus hijos. A la familia se recomendaba informarla de apenas lo indispensable. El secreto tenía una justificación grandilocuente: en nombre de la seguridad del Estado, se decía.

En ese estatuto también se oficializaron los seudónimos. Los viejos agentes y los nuevos debieron pasar por el departamento de personal, donde dos empleados decidían los alias de fantasía que los acompañarían durante toda su carrera. El bautismo era un trámite que no duraba más de un minuto y del que muchos salían furiosos, pero sin posibilidad de protestar. Los bautizadores elegían, en lo posible, un nombre y un apellido que conservaran sus iniciales reales. A partir de ese momento dentro de la SIDE nadie podía volver a ser llamado con su nombre de nacimiento y a los documentos personales había que dejarlos en casa. Para andar por la calle nada mejor que las credenciales, con el nombre falso y un sello que decía mucho y poco a la vez: Presidencia de la Nación.

Ésa era la SIDE cuando el peronismo volvió a gobernar la Argentina, en 1973. El general Perón seguía estando proscripto, pero acordó que un delegado suyo se pudiera presentar en las elecciones presidenciales. Cuando Héctor Cámpora, El Tío, llegó al gobierno, la Secretaría comenzó otro cambio, menos profundo pero más ruidoso. A los militares de la conducción se le sumaron militantes de un peronismo que se debatía entre sus múltiples caras, muchas veces antagónicas e irreconciliables. Aparecieron en masa los agentes inorgánicos para emputecer actos, desactivar grupos opositores, infiltrarse en sindicatos o en los movimientos de estudiantes que ganaban las universidades. Eran grupos de choque que no rendían cuentas a nadie y moraban en oficinas alquiladas por empresas fantasma. A los muchachos se los conocía apenas por apodos cortos, ridículos y por eso temibles: El Lombriz, Cucurucho, El Cabeza.

Pero la SIDE seguía siendo, a pesar de Cámpora, un reducto básicamente militar. Un destino que se dividían por igual las tres Fuerzas Armadas. La Marina se ocupaba de la Subsecretaría de Inteligencia Exterior, el Ejército de la Subsecretaría de Inteligencia Interior y la Fuerza Aérea de la Dirección de Logística, donde se manejaba la administración central, los fondos, los autos, donde se pagaban los sueldos. Para mitigar ese poder de borceguíes, Cámpora creó la Central Nacional de Inteligencia, un organismo con el que intentaba coordinar la información de la SIDE y la Inteligencia de las Fuerzas Armadas. La CNI fue un fracaso. Cada fuerza tenía su propio ejército de espías, mucho más preparado que el de la SIDE, y los militares no tenían la menor intención de compartir con La Casa más que un café de apuro. La SIDE, es cierto, era demasiado caótica. A los militares, policías, delincuentes comunes, se les habían sumado sindicalistas, peronistas de izquierda y de derecha. Tantas facciones bajo un mismo techo la convirtieron en un lugar perfecto para conseguir manos pesadas que no dejaran rastro. Bandas de matones como los que se iban a sumar a la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), un grupo de pistoleros dirigido desde la quinta presidencial de Olivos por el secretario privado de Perón, José López Rega, y que servía para matar a enemigos políticos. Eran bandas de matones, como los que en 1973 iniciaron la masacre de Ezeiza, cuando el general Perón intentaba volver finalmente al país y un millón de personas o más fue a esperarlo al aeropuerto. Desde el palco oficial, donde Perón pensaba dar un discurso a sus seguidores, los matones empezaron a disparar contra los manifestantes, para arruinarle la fiesta a los movimientos de izquierda que seguían al General. La Argentina ya debatía a los tiros. La SIDE, agradecida.

Por si quedaba alguna duda de la postura ideológica que mandaba en La Casa, en apenas un año se terminó de definir su perfil. El 1º de mayo de 1974, el general Perón, otra vez Presidente, ahora cansado y menos ambiguo, expulsó de Plaza de Mayo a los miles de jóvenes Montoneros que, creyendo ser sus herederos naturales, despotricaban contra López Rega y su entorno. Estaba claro quiénes habían perdido, sólo faltaba saber quiénes habían ganado. Sobre el final de ese año, con Perón ya muerto y su poder licuado alrededor de la viuda María Estela Martínez, llegó a la SIDE por primera y única vez en su historia un marino. El contraalmirante Aldo Peyronel solía ir a la oficina del quinto piso con su sobrino, Michel, un chico que se pasaba el día jugueteando con revistas de historietas. Resulta paradójico que ese pequeño con el tiempo terminara tocando la batería en Riff, la banda de rock pesado de Norberto Pappo Napolitano. La rebeldía no era justamente un mérito a los ojos del contraalmirante. Peyronel había sido elegido para su cargo por el jefe de la Marina, Emilio Eduardo Massera, confidente y futuro Judas de la viuda de Perón. Y Peyronel conocía muy bien su misión en este mundo de pecadores: llegó a la SIDE anunciando que no descansaría hasta liberar al país de los subversivos.

Los años del cóndor

De Jaime ya sabemos que tiene más poder que un ministro. Sabemos que tiene cinco o seis celulares y que los lleva a todos lados enganchados en su cinturón.

De Jaime ya sabemos que no usa ni sobretodo, ni anteojos negros, que tampoco tiene bigotes ni fuma pipa ni usa el cabello engominado. Sabemos que no tiene el más mínimo parecido con los espías de las películas. Anda de jean, mocasines, y le encantan las gorritas con visera.

¿Pero qué hacía Jaime en aquellos años de sangre y furia?

En la primavera de 1972 era todavía Antonio. Un muchacho menudito y humilde, hijo único de un matrimonio de sicilianos asentados en el pobre San Justo, al oeste del conurbano bonaerense. Tenía 20 años, el título secundario del colegio Don Bosco de Ramos Mejía, y daba sus primeros pasos en la gran ciudad con la sorpresa de un chico del interior, más ajeno a los latidos del mundo que la mayoría de los jóvenes de su edad. Con los años, a Jaime le encantaría contar que su mamá lo acompañaba todas las mañanas a tomarse el colectivo que lo llevaba de San Justo a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, en Paseo Colón al 800, pleno centro. Dicen que en la facultad miraba con simpatía pero sin entusiasmo a los movimientos estudiantiles, en su mayoría peronistas. En realidad, él sabía que estaba para otra cosa. Y el destino lo fue ayudando. El sorteo que se hacía todos los años entre los varones de su edad lo convocó a hacer el servicio militar obligatorio, una suerte que la mayoría odiaba y que él, en cambio, debió tomarse sin desesperar. El sorteo lo había mandado a ser uno de los miles y miles que haría la colimba en alguno de los destinos del Ejército. Pudo haber terminado en una base de la Patagonia o en un puesto fronterizo en la selva misionera y su historia hubiera sido otra. Pero no. Apareció su amigo del alma, Horacio Germán García, cómplice de travesuras en las calles polvorientas de San Justo, compañero de banco en el colegio Don Bosco y ahora en la facultad. Eran más que amigos; se habían criado casi como hermanos. La familia García tenía relación con algunos militares y consiguieron que su hijo hiciera la colimba en un destino tranquilo en el centro. Tranquilo, le dijeron. La SIDE. Hacia allí fue Horacio, al que rebautizaron a medias, apenas por el apellido. A partir de ese momento pasó a ser Horacio Garnica. Pero esta historia no sería tal sino hubiera pasado lo que pasó. La familia García hizo un doble esfuerzo y logró conseguir el mismo destino «tranquilo» para el amigo de su hijo. Para Antonio. Para Stiuso. A él sí lo bautizaron por completo. A partir del 20 de diciembre de 1972, día de su ingreso, se convirtió en Aldo Stiles.

En ese momento el país era gobernado por un militar, Alejandro Agustín Lanusse, pero la agenda política era dominada por el esperado retorno del general Perón, quien llevaba dieciocho años en el exilio. Se hablaba de Perón. Se respiraba Perón. Se odiaba o se amaba a Perón.

Al joven Aldo Stiles lo asignaron a la lista de empleados categoría A, los administrativos, la puerta de entrada para casi todos. Así quedó registrado para siempre en su legajo personal. No tenía padrinos. No tenía nada. Al principio pasó inadvertido, uno más entre el Personal Temporario, como se llamaba a los recién llegados. Pocos meses después lo pusieron en la Sala de Situación, ese cónclave que funcionaba en el séptimo piso de 25 de Mayo, donde todos los viernes se reunían con el secretario de Inteligencia los directores y jefes de departamento. Al jovencito Stiles se lo recuerda como el petisito que usaba los pantalones de jean que empezaban a popularizarse, las típicas camisas de cuello amplio y zapatos marrones con hebillas plateadas. Un estilo informal que no iba a abandonar jamás.

Aquel muchacho de aspecto insignificante escuchaba desde el fondo de la sala las conclusiones semanales del departamento gremial, donde se pasaba lista de los aliados y enemigos, donde se anticipaban huelgas o se planeaban contrahuelgas organizadas por La Casa. Stiles tomaba nota de lo que decía el departamento de cultos sobre los curas tercermundistas o las festividades judías. Stiles escuchaba sin comprender los informes del departamento económico, que recopilaba opiniones de empresarios tomadas de los recortes de diarios o capturadas en las precarias escuchas telefónicas. De los jefes de Inteligencia Interior escuchaba informes seguramente más audaces: ésos hablaban de los grupos guerrilleros, donde se jactaban de estar infiltrados hasta la médula. Buena parte de la información era rescatada de las cartas que se interceptaban en el edificio del Correo. Las cartas seguían siendo la vía de comunicación más íntima, pero también la más vulnerable.

El agente Stiles aprendía el oficio sin abrir la boca. Juntaba papeles, hacía resúmenes de las reuniones, pasaba a máquina los informes de algunos de los muchos jefes que tenía. En un país que sólo dejaba dos opciones —estabas con ellos o eras el enemigo—, él todavía se movía cómodo pero en silencio. Como al margen. Como si todavía no quisiera que lo miraran. Su casamiento con la novia del barrio, una sencilla chica de San Justo, reunió a otros doce empleados de bajo rango convocados por Garnica. La despedida de soltero se hizo en un club de pelota paleta de la avenida Díaz Vélez al 5000, cerca del Parque Centenario. Una madrugada de primavera, se vio a ese jovencito escuálido llevado a la rastra por la avenida 9 de Julio, con las manos atadas sobre la espalda, desnudo y cubierto con espuma de carnaval. El agente Stiles cantaba y se quejaba al mismo tiempo, mientras sus compañeros competían por sacarle la mejor foto con una cámara Instamatic, furor de la época, que habían tomado prestada de La Casa. Dicen que era la primera vez que tomaba demasiado.

La banda de Gordon

Dos años después empezaron a llegar los pistoleros. Los cowboys, les decían adentro. Grupos sin mando aparente que ostentaban sus armas y caminaban por la SIDE como si fueran sus dueños, que se atrevían a subir hasta la sala de situación de la central de 25 de Mayo, en el séptimo piso, portando ametralladoras y sonrisas sobradoras. En 1974, con el contraalmirante Peyronel al frente, la SIDE se aceptó subordinada a las Fuerzas Armadas y se lanzó a la práctica de poner en caja a los enemigos internos. Esos enemigos podían ser los cientos de miles de Montoneros que habían clamado por el retorno de Perón al país y ahora lo idolatraban sobre su tumba. Enemigos también eran aquellos que se atrevían a llamarse comunistas o marxistas o anarquistas o revolucionarios o lo que fuera ajeno a la lógica de las Fuerzas Armadas que, con la espada y la cruz como símbolos, se decían guardianas de los valores de Occidente, orientados por las enseñanzas recibidas en la Escuela de las Américas, en Estados Unidos, donde los cuadros de oficiales habían aprendido que el comunismo era el cáncer del mundo y que cualquier pensamiento de izquierda podía ser el germen de una revuelta a la que había que destruir antes de que fuera demasiado tarde. El golpe más ruidoso de aquellos años fue el 30 de septiembre de 1974, cuando agentes de la SIDE colaboraron con la policía secreta de Chile en el asesinato del general chileno Carlos Prats y su esposa, que habían venido a buscar algo de tranquilidad en un barrio modesto de Buenos Aires. Pero era sólo el principio.

Los cowboys se movían por toda La Casa y tenían su base de operaciones en el edificio de la calle Billinghurst. En esa base todavía confluían las áreas de Inteligencia Interior y Contrainteligencia, las dos áreas principales de la SIDE. Allí nació una de las patotas más temidas de la época. Con los años, se la conoció como «la banda de Gordon».

Aníbal Gordon había empezado su camino dentro del hampa como traficante de cigarrillos, luego se había reciclado como agente de inteligencia del Ejército y ahora como empleado jerárquico de la SIDE. Esas transformaciones no eran extrañas a la época. Ladrón, militar, espía oficial, asesino, daba todo igual. El tango de Discépolo. Eso era Gordon y en eso se iban a convertir muchos otros a los que Gordon fue eligiendo de a uno, como buen jefe de banda confiado en su olfato. El primero en el que se fijó fue Eduardo Ruffo, un joven de bigotes gigantes que había entrado a la SIDE en 1968 y se destacaba en la base Billinghurst por sus penetraciones técnicas, la práctica de meterse en casas ajenas, revolver, robar y volver a ordenar todo para no dejar una sola huella de su paso. Comenzaron a actuar juntos en 1974, en plena democracia, aunque la democracia todavía no era un valor muy preciado por muchos, menos aún por los pesados de la Secretaría. Los operativos fueron espasmódicos al principio y se fueron incrementando. Lo que hacían era secuestrar personas. Así, sin vueltas. Levantaban al «objetivo», lo llevaban a alguna cueva, le sacaban lo que precisaban o lo asustaban y luego, a veces, los soltaban con vida. Los blancos eran elegidos por la conducción de la Secretaría, pero no siempre; a veces Gordon decidía por su cuenta. Con el tiempo, lo ocasional se hizo norma. Y cuando en marzo de 1976 el golpe militar derrocó a Isabel Perón, la banda de Gordon no sólo amplió sus facultades sino que consiguió un presupuesto propio y la misión de crear una nueva cueva, dedicada al crimen.

Desde diciembre de 1975, al frente de la SIDE había quedado el general René Otto Paladino, uno de los fundadores de la Triple A. Fue él quien creyó necesario preparar una cueva para que Gordon pudiera torturar sin llamar la atención del resto de los agentes y empleados. El jefe de la base Billinghurst, el coronel Rubén Víctor Visuara, le encargó a Ruffo la tarea de buscar y adecuar algún escondite. Después de visitar decenas de locales y galpones en alquiler, Ruffo se inclinó por un viejo galpón que funcionaba como taller mecánico, en Floresta, lindante con las vías del tren. «Automotores Orletti», decía un cartel sobre la cortina metálica de Venancio Flores 3519. Ruffo supo que era el lugar adecuado apenas lo vio. La planta baja tenía mucho espacio, casi 400 metros cuadrados, y en el primer piso había dos oficinas, más un galpón con cinco dormitorios. La SIDE pagó 240 mil pesos por los primeros dos meses de alquiler. Era poquísima plata. Lo mismo que se pagaba por el alquiler de un departamento de dos ambientes en el centro. El contrato que firmaron Ruffo y el dueño del taller, Santiago Cortell, decía que los locatarios no podían usar el local para «ningún acto que atente contra la moral y las buenas costumbres». Es de imaginar que el dueño del taller quería evitar que se usara su propiedad para alguna estafa o algún negocio ilícito más o menos corriente. Era impensable el destino que tendría. Los locatarios, también por contrato, se comprometieron a ocupar el taller con oficinas para «importación y exportación». Esto último en algún sentido era cierto. Aunque lo que se importaba y exportaba eran personas en vías de desaparecer.

Orletti fue uno de los pocos centros clandestinos de detención que los militares dejaron en manos de civiles. Gordon y Ruffo eran allí los que daban las órdenes, secundados por Miguel Ángel Furci, «El Pájaro» Honorio Martínez Ruiz y otros agentes cuyos nombres borraron los agujeros de la historia. De la jefatura recibían la lista de los blancos y ellos hacían el resto. Los levantaban, los llevaban a la rastra, los torturaban y los entregaban muertos o casi a las patotas de las Fuerzas Armadas argentinas o, según el caso, de los servicios de espionaje de otros países. Por Orletti pasaron no menos de trescientas personas, de las que, en su gran mayoría, jamás se volvió a saber. Otros fueron víctimas de secuestros rápidos y fugaces, como el actor radical Luis Brandoni y su esposa Martha Bianchi, que soportaron durante algunas horas la sordidez de Orletti y sus torturadores. La tarde del domingo 8 de agosto de 1976, dos de los muchachos de Gordon abordaron al periodista Mariano Grondona y a su esposa Elena justo cuando estaban por entrar en el Tenis Club Argentino, un coqueto y exclusivo club de Palermo. A la fuerza los pasaron a un auto y los llevaron hasta la calle Venancio Flores. Una vez adentro, el matrimonio Grondona fue conducido a las oficinas del primer piso. Los atendió Gordon, peinado a la gomina y vestido, como tantas otras veces, con el traje de un coronel de Ejército. La intención de Gordon no era torturar ni matar a un periodista que reconocía su admiración por Videla y dirigía un mensuario, Carta Política, donde clamaba por una Argentina «católica y militar». La intención de Gordon era convencerlo de que el general más adecuado para conducir al país era Leopoldo Galtieri, quien, al parecer, era su mentor y protector. Gordon le anticipó que se venía «una campaña contra los enemigos del país» por la que iba a correr mucha sangre y luego lo dejó ir. Grondona abandonó Orletti con una serie de instrucciones precisas. La más importante: debía reunirse con sus amigos obispos para pedirles que se deshagan de los curas tercermundistas:

—Si no, nos vamos a ocupar nosotros —le advirtió Gordon.

El secuestro de Grondona pasó casi inadvertido a pesar de que ya era un periodista famoso. Y él siguió siendo defensor del proceso militar. Tal vez no se haya enterado de lo que ocurría dentro de aquel taller al que había sido llevado por la fuerza. En la planta baja de Orletti, había decenas de secuestrados que estaban siendo torturados mientras él tomaba la mano de su mujer y escuchaba a Gordon en la oficina del primer piso. El sonido del tren que escuchó Grondona desde esa oficina, era el mismo que recordarían por siempre los pocos que sobrevivieron a las torturas.

La SIDE no actuaba sola. Dentro del esquema represivo se le había asignado la relación y el intercambio de blancos con los otros servicios de espionajes del cono sur, en especial los de Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Ese taller mecánico roñoso, de piso de cemento, paredes sin revoque y chapas oxidadas, era una de las cabeceras del que más tarde se conoció como Plan Cóndor, un plan que pretendía la persecución coordinada de guerrilleros, enemigos políticos y otros objetivos de los países del cono sur, todos gobernados por dictaduras. La CIA estaba a cargo de un tal George H. Bush, más tarde presidente de Estados Unidos, y era la cabecera de la organización. Las órdenes bajaban a Orletti muchas veces sin intermediarios. El propio Gordon solía visitar la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires.

Por Orletti pasaron argentinos, chilenos, paraguayos y hasta cubanos. Pero los que más interesaban a Gordon eran los uruguayos. Por dos razones. La primera, es que del otro lado del Río de la Plata los hombres y mujeres de los movimientos guerrilleros daban una muestra de rigor y fortaleza como pocos en el continente. En la SIDE los odiaban y admiraban, dos sentimientos extrañamente ligados. Cada vez que llegaba un pedido para «hacer un blanco» uruguayo, los muchachos de Gordon se peleaban por llevarlo a cabo. Cargarse un uruguayo daba chapa; matarlo, todavía más. El otro motivo era la plata. Uno de esos movimientos armados, el OPR 33, dos años antes había llevado a cabo un secuestro extorsivo contra un empresario holandés al que le habían sacado 10 millones de dólares. Los servicios de inteligencia uruguayos aseguraban, con acierto, que buena parte de ese botín estaba siendo colocado en Buenos Aires. Gordon estaba ansioso por recuperar la plata. Y empezó la cacería. No menos de treinta uruguayos fueron detenidos y llevados a Orletti entre junio y julio de 1976. Todos eran militantes del Partido por la Victoria del Pueblo, una organización adonde se habían reciclado los del OPR 33, es decir, quienes tenían la plata. A esa primera «camada» de capturados se les había quitado parte del botín, dividido por igual entre los muchachos de la SIDE y los del servicio uruguayo. Esa primera tanda de uruguayos fue enviada a Uruguay en un vuelo organizado por la fuerza aérea uruguaya a mediados de julio. Para sorpresa de Gordon, en la otra orilla no los mataron sino que los soltaron en un monte y los detuvieron formalmente, bajo la acusación de estar intentando invadir el país. Los habían soltado para montar un falso operativo antiguerrillero. A entender de Gordon, habían dejado con vida a demasiados testigos.

Las detenciones de uruguayos continuaron. En la segunda etapa dieron con León Duarte, uno de los líderes del PVP, al que llegaron a sacarle al menos 500 mil dólares, lo que en aquellos años era una fortuna descomunal, tanto que Gordon decidió blanquearla con sus jefes para que se decida qué hacer.[1] La respuesta llegó en pocas horas y, según se informó, por propia decisión del presidente de facto, Jorge Rafael Videla. El 30 por ciento fue repartido entre todos los agentes que participaban de las cacerías; con el otro porcentaje, se adquirió una nueva base de operaciones para la SIDE. La base de Coronel Díaz. Un edificio de tres plantas en una de las mejores zonas de la ciudad, en Palermo, a pocas cuadras de la base Billinghurst. Una cueva que, con los años y en democracia, sería sede de la investigación sobre el atentado contra la AMIA y de todas las investigaciones sobre terrorismo internacional.

La cacería continental llevó a la banda de Gordon a viajar de un país a otro. Lo hacían con pasaportes emitidos por La Casa y con nombres falsos. Ruffo viajó hasta París para asesinar a dos argentinos montoneros y dos uruguayos del movimiento Tupamaros que habían sido marcados en Francia. El operativo pretendía demostrar que el brazo de la dictadura no reconocía fronteras. Pero las fronteras existían y en el aeropuerto de París le confiscaron los cuchillos que había llevado para concretar los asesinatos. Sólo por esa vez debieron suspender la operación. Los blancos humanos también eran trasladados. El 2 de abril de 1976, la policía boliviana detuvo en Oruro a una maestra argentina que se había plegado a una protesta de mineros bolivianos. Cuando cayó presa, Graciela Rutila tenía en brazos a su hijita Carla, una beba de nueve meses. Como era argentina, los bolivianos decidieron enviarla a Buenos Aires. El traslado se hizo a través del paso fronterizo de La Quiaca, en Jujuy. Madre e hija fueron recibidas por suboficiales de la Gendarmería, quienes se ocuparon de llevarlas hasta Orletti o, como le decían en La Casa, «el taller de la vía». Las recibió Ruffo. El hombre de bigotes no podía creer en su fortuna. Su mujer Amanda Cordero vivía una profunda depresión porque no podía tener hijos y cuando Ruffo vio a la pequeña Carla sintió que las cosas ocurrían siempre por alguna razón. Se la llevó a su casa y la empezó a llamar Gina Amanda. Sí, Gina Amanda Ruffo. De la mamá no se supo nunca más.[2]

La banda de Gordon encontró un límite en su propia torpeza. Apenas cinco meses después de su fundación, el taller de la vía tuvo que cerrar por «una falla del sistema», como intentó explicar Gordon a sus superiores. Una madrugada, dos de los detenidos, José Morales y Graciela Vidaillac, lograron robarle los fusiles a los guardias y escaparon corriendo. Salieron desnudos, disparando con las armas de la SIDE, mientras esquivaban como podían la reacción tardía de sus torturadores. De la fuga todos guardaron recuerdos. Graciela arrastró durante años una bala que se le quedó incrustada en la espalda. José Morales una punzada en el corazón, porque a sus espaldas quedaba su hermano Luis Alberto, que había sido detenido junto a su pareja, Nidia Saens, embarazada de dos meses. Nunca más volvió a verlos.[3]

Para los carceleros tampoco fue gratuito: Orletti se cerró al día siguiente y la banda de Gordon empezó un camino lento pero inexorable hacia su desintegración. De los detenidos que quedaban en el taller de la vía se supo poco. El único rastro que dejaron fue el 5 de octubre, a las cinco de la madrugada, cuando unos 20 uruguayos y algunos argentinos fueron trasladados a Uruguay en otro vuelo organizado por la fuerza aérea uruguaya. Salieron de aeroparque en el avión 511 del Transporte Aéreo Militar Uruguayo y fueron recibidos por el ejército uruguayo. Esta vez nadie se iba a salvar. En aquel vuelo fue llevada María Claudia García Iruretagoyena, nuera del poeta argentino Juan Gelman. A María Claudia la habían detenido el 24 de agosto junto a su pareja, Marcelo Gelman. Ella, con apenas 19 años y una beba creciendo en el vientre, fue reservada hasta que pudo dar a luz, en la otra orilla. Su vida sólo valía para generar otra.[4]

El jefe de la SIDE, Otto Paladino, tuvo que pagar el costo de la fuga de Orletti y anticipó su pase a retiro. Gordon le organizó una cena de despedida en Los Años Locos, un parrillón de la Costanera que estaba de moda. Fue la noche del 27 de diciembre de 1976. Asistieron todos los muchachos de la banda, además de oficiales de inteligencia de Uruguay, Brasil y Chile. Gordon había calculado que los invitados serían ochenta. Pero se quedó corto. Después del champán, llegó la resaca. La falla del sistema había sido demasiado grave y se abrió un sumario interno para deslindar responsabilidades. Ese sumario pasaría a ser, con los años, uno de los secretos más preciados de La Casa. Y todavía lo es. Allí quedaron registrados los nombres de todos los represores. Gordon, Ruffo, Honorio Martínez Ruiz, Miguel Ángel Furci, también los jovencitos que habían estado de paso, los que habían hecho guardia alguna vez. Entre los guardias ocasionales había un muchacho alto y apuesto, de cabellos grises y piel rosada, siempre predispuesto para los mandados aunque su misión, más rutinaria, consistía en pararse en la puerta de Orletti con un fusil oculto en su espalda. Un muchacho que parecía ideal para esa cueva porque conocía como pocos el espíritu de los enemigos. Había ingresado en la SIDE en 1974, cuando todavía militaba en las FAP, aquella organización que había nacido en Taco Ralo unos años antes con sueños de guerrilla y revolución. Al muchacho del fusil le decían Pady, usaba el seudónimo de Patricio Fonseca y todavía no lucía bigotes. En democracia sería uno de los agentes de mayor prestigio e influencia. Presidentes, empresarios, legisladores y jueces lo conocerían y tratarían por su nombre real: Patricio Pfinnen.

El testaferro

Con el botín robado por la banda de Gordon a uno de sus blancos uruguayos, la SIDE compró el edificio de tres plantas en Coronel Díaz 2079. En 1977, allí empezó a funcionar la Dirección de Reclutamiento, el lugar donde tomaban los exámenes a los aspirantes para ingresar en La Casa. La única forma de acceder al examen era, como siempre, por recomendación. Pero los recomendados de todos modos debían demostrar que eran dignos de la SIDE. Sobre el final de ese año se presentó un flaquito con cara de nene y el pelo echado hacia un costado, como lo usaban los galanes de las películas. Su carta de recomendación estaba firmada por el director de Finanzas. Los empleados que lo atendieron y completaron el formulario de ingreso con sus datos personales, jamás imaginaron que, con los años, ese muchacho iba a convertirse en el dueño de La Casa.

José Daniel Salinardi era hijo de un modesto suboficial del Ejército de corazón peronista, en tiempos en que a los modestos suboficiales de corazón peronista los enviaban a los peores destinos posibles. Desde hacía nueve, diez años, el suboficial Salinardi era el señor bajito que abría y cerraba la puerta de un garaje de la SIDE en la calle Salta 1289, en el barrio de Constitución. De ese garaje salían los Ford Falcon de las bandas operativas y los Ford Falcon que llevaban a los jefes de sus casas al trabajo y del trabajo a sus casas. En ese garaje nadie tenía derecho a preguntar nada, pero el suboficial Salinardi había aprovechado su tiempo de ocio para conseguirle un empleo a su hijo, que a los 19 años le prometía que iba a darle el gusto de recibirse en la Universidad de Buenos Aires. Daniel había completado el secundario en un colegio de curas, el Don Bosco de Congreso, y ya daba sus primeras materias en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, donde aspiraba a recibirse de contador público. Estudiaba en la facultad de la avenida Córdoba, en pleno centro, donde jamás pudo decirles a sus compañeros, ni a sus profesores, ni a sus novias, que por fin había conseguido un empleo. La Facultad de Ciencias Económicas, como tantas otras, en aquellos años parecía tomada por jóvenes idealistas que alimentaban primero a los movimientos revolucionarios de izquierda y ahora a las listas de desaparecidos. Daniel estudiaba con ellos, almorzaba con ellos, jugaba al fútbol con ellos, iba a sus fiestas. Pero era diferente.

Después de aprobar su examen de ingreso, Salinardi hijo fue destinado a la Dirección de Finanzas, que ocupaba los pisos ocho y nueve de la central de 25 de Mayo. Eran pisos inaccesibles para cualquiera que fuera ajeno a la dirección, donde sus cincuenta o sesenta empleados tenían la obligación de acudir con saco y corbata, toda una rareza para La Casa. Las oficinas de Finanzas eran las más prolijas de todas. Las máquinas de escribir dormían con su funda, en las paredes no había más que calendarios, las ventanas tenían cortinas de tela que se enviaban a la tintorería cada quince días y las bibliotecas estaban repletas de biblioratos ordenados alfabéticamente. A Salinardi, el recién llegado, le encomendaron la tarea más sencilla de todas: pagar los sueldos. La primera semana de cada mes se convertía en el flaquito con cara de nene que estaba sentado detrás de la ventanilla del noveno piso. Les entregaba un sobre cerrado con dinero en efectivo a cada uno de los más de mil agentes y empleados de La Casa. Menos los jefes y las patotas, todos los demás pasaban por la ventanilla y firmaban la planilla con su nombre supuesto.

—Aldo Stiles —decía Jaime. Y Salinardi le pasaba el sobre con los billetes.

—Horacio Garnica —decía García. Y Salinardi le pasaba el sobre.

El jefe de Salinardi era Luis Ernesto Osores, un contador muy tímido y bonachón al que sus empleados le podían robar las galletitas o pedirle días de franco con bastante éxito. Salinardi no tardó demasiado en ser uno de los preferidos del jefe. Salinardi era sencillo, simpático, charlatán y uno de los pocos empleados que estudiaba en la universidad. Osores comenzó por explicarle los movimientos financieros de La Casa. Aunque la SIDE no daba explicaciones fuera de las paredes de 25 de Mayo, había reglas internas que debían cumplirse para que los jefes tuvieran cierto control. Los gastos se dividían en tres. Por un lado los gastos de mantenimiento. El pago de la luz, el teléfono, los alquileres, la nafta, la reparación de los autos y las resmas de papel. Esos gastos se pagaban a través de la cuenta que tenía la SIDE en el Banco de la Nación y debían guardarse los recibos de los proveedores por si el jefe decidía ordenar una auditoría. También estaban los gastos en sueldos, que se pagaban en efectivo porque los agentes y empleados no podían tener una cuenta bancaria con su nombre de fantasía, al menos no en ese tiempo. Los aportes jubilatorios se liquidaban en la caja de seguridad social de la Policía Federal, con un código secreto que sólo era revelado una vez que llegaban a la edad de jubilarse. Salinardi y el resto de los empleados de baja categoría eran los encargados de preparar los sobres de los sueldos, con los fajos que les entregaba Osores. Por último estaban las Operaciones Especiales. Ahí entraba de todo; ahí se escabullían los secretos. En esa cuenta se liquidaba desde la compra de tecnología hasta el mantenimiento de las empresas encubiertas, los gastos de las patotas o los de propaganda o algunos inventados para justificar movimientos inexplicables de la caja. Osores le enseñó a Salinardi que para cada movimiento extraño había que inventar una Operación Especial. Y que había que bautizar las operaciones. Siempre.

En otoño de 1978 el jefe de Salinardi lo invitó a sumarse a la sociedad fantasma que, con el tiempo, acabaría aglutinando casi todas las propiedades de La Casa. La SIDE estaba comprando departamentos y edificios por toda la ciudad, pero no querían ponerlos a nombre de la Secretaría, ya que los fondos de origen estaban, en muchos casos, manchados con sangre. El ejemplo más claro era la base de Coronel Díaz. Ese edificio no podía figurar a nombre de la banda de Gordon, esa patota de torturadores y asesinos que seguía pateando puertas en nombre de la seguridad de la Nación. Para la sociedad, Osores necesitaba de tipos que estuvieran limpios y al mismo tiempo fueran de su confianza. Ya se había anotado él, pero precisaba a otros empleados. El riesgo parecía mínimo y los beneficios muchos. Salinardi lo comprobó enseguida. Se sumó a la Sociedad Osgra y empezó a recibir todos los meses un 20 por ciento de su sueldo como extra. Le decían «el plus de la confianza». A los 21 años, el flaquito de pecas, con cara de nene, se estaba convirtiendo en «dueño» formal de propiedades de la Secretaría, un poder cuya dimensión todavía ni él ni nadie podían imaginar.

El mimado del jefe

Jaime también crecía y se asentaba. Con sus primeros ahorros se hizo construir una habitación y un baño sobre la losa del techo de su casa familiar de San Justo. Allí se instaló con su flamante esposa, bien cerca de su mamá Lucía, que lo seguía acompañando todas las mañanas a la parada del colectivo. En la SIDE ya todos lo llamaban por su apodo, Aldo, aunque en la Facultad de Ingeniería seguía siendo Antonio. ¿Cuándo empezó a ser el agente Stiles? ¿O cuándo se dio cuenta de que podía ser algo más que el silencioso muchacho del fondo en la sala de situación? ¿Habrá sido en la primavera de 1978, cuando el jefe de la SIDE lo eligió para que le acomodara sus papeles?

El general de brigada Carlos Alberto Martínez reemplazó a Otto Paladino y le quiso imprimir un estilo propio a la gestión. Para diferenciarse de su antecesor decidió reivindicar las reuniones de la sala de situación, que en el fragor de la represión habían perdido rumbo. A Martínez le decían Pelusa, un extraño apodo cuyo origen nadie se atrevió a preguntarle. Martínez dispuso que las reuniones de la sala de situación fueran obligatorias para todo el personal jerárquico. Allí empezó a replantearse el sentido de la Secretaría, a discutirse sus leyes internas, a buscarle a la SIDE un lugar en el mundo al margen de las Fuerzas Armadas, que parecían dominarlo todo. Durante las reuniones el jefe veía a ese muchacho del fondo, siempre ahí sentado, calladito y atento a todo. Un día le pidió que le llevara unos papeles. Y otro que le pasara un informe a máquina. Y otro que le resumiera una de las reuniones. Así, de a poco, Pelusa Martínez empezó a encariñarse con el agente Stiles. No estuvimos allí, pero es fácil imaginarlo. Le habrá preguntado por sus estudios de ingeniería, por su flamante esposa, por la hija que estaba esperando. O habrá visto en él algo que los demás no veían todavía. Lo cierto es que sin que nadie se diera cuenta, el agente Stiles pasó a organizarle la agenda al jefe. Después de tanto llevar y traer papeles, Jaime pasó a ser su muchacho de confianza, a marcarle en rojo las fechas importantes, finalmente a redactarle a su pedido las reformas que imponía en la Secretaría. Reglamentos de personal, mecanismos para el archivo de documentos, sistemas de entrada y salida de los empleados a las distintas bases. Todo era redactado en la máquina de escribir del agente Stiles, a metros del despacho del Señor Cinco. Mientras la dictadura militar se relamía con la cacería humana más sangrienta de la historia, Jaime se podía jactar de ser uno de los niños mimados del jefe de la Secretaría de Inteligencia.

En esos meses, Jaime conoció a Roberto Saller. Morochón, corpulento, algo tosco en la forma de hablar y de moverse, Saller era el chofer del Pelusa Martínez. Con los años, en La Casa todos lo conocerían por su apodo: El Gordo Miguel. Lo de Gordo se entendía, porque ya en esos años pesaba más de cien kilos. Lo de Miguel ni él podía explicarlo. Era producto de las múltiples alteraciones que recibían sus nombres, sus seudónimos, sus apodos. Alguien lo llamó Miguel y así quedó, para siempre. El Gordo Miguel había empezado a trabajar en la SIDE en la misma época que Jaime y Garnica, sólo que lo habían asignado al plantel de choferes. Manejaba bien El Gordo. Veloz, pero cuidadoso, de esos conductores que no hacen rebajes de más pero que saben acelerar y desacelerar a tiempo. En el verano de 1976, con apenas 22 años, El Gordo Miguel fue elegido chofer de Otto Paladino, el jefe, que se movía de un lado al otro y lo obligaba a recorrer la ciudad varias veces al día. Otto Paladino iba de su casa a la central, luego se daba una vuelta por Billinghurst, viajaba hasta la quinta presidencial de Olivos, visitaba también la cueva de Orletti. ¿Ingresaba El Gordo Miguel en el taller usado como centro de torturas del Plan Cóndor?

Con el general Martínez, en cambio, todo era más tranquilo. Pelusa casi no salía de la central de 25 de Mayo y sus únicas escapadas eran hasta la Casa Rosada, los sesenta metros que recorría todas las mañanas a pie. El Gordo Miguel tenía ahora mucho tiempo libre. Se pasaba el día esperándolo, dentro del Falcon sobre la angosta calle 25 de Mayo, frente a la central de la SIDE, o en el estacionamiento de la vuelta, al que se ingresaba por la avenida Alem. Con el tiempo fue ganando confianza y empezó a quedarse todo el día en el restorán del personal de La Casa, en el subsuelo de la central. Allí se lo veía, leyendo un diario, juntando bromas y repitiendo historias que nunca había protagonizado pero donde se colocaba siempre en el rol principal y heroico. En el restorán se cruzaba con los agentes Stiles y Garnica. Ellos dos hacían tareas administrativas y El Gordo Miguel los veía medio sosos, todo el día adentro cuando la acción estaba afuera. El Gordo Miguel sabía de lo que hablaba. Había estado en la base Billinghurst, había visitado Orletti, había escuchado y visto y tal vez algo más. Con los años, en plena democracia, durante la investigación más importante que tendría La Casa en su historia, él se ocuparía de demostrar, al calor de una picana, de qué madera estaba hecho.

Fin de época

La dictadura militar había asumido el 24 de marzo de 1976 con el apoyo de buena parte de los argentinos. Seis años después, sobre los cadáveres de miles y miles de desaparecidos, se mostraba debilitada y los partidos políticos empezaban a asomarse a la superficie. La Junta decidió entonces ir a la guerra. Nada menos que contra el Reino Unido, una de las grandes potencias de Europa, a quien se le reclamaba la soberanía de las Islas Malvinas, al sur del continente. Las tropas argentinas desembarcaron en las islas el 2 de abril de 1982. Lo que se presentó como una gesta histórica se convirtió rápidamente en un suicidio. En apenas 74 días la guerra acabó en una previsible derrota, que sirvió al menos para acelerar los tiempos del proceso militar y abrir la puerta hacia el retorno de la democracia.

En la SIDE siguieron como si nada ocurriera. Jaime, recién recibido de ingeniero informático, fue enviado a la Dirección de Contraterrorismo, donde funcionaba la Dirección de Escuchas Telefónicas. Gracias a su diploma y al respaldo del jefe, el general Martínez, fue nombrado agente de inteligencia, una categoría que le significaba un importante aumento de sueldo y de prestigio interno. Aunque la mayoría de las conversaciones se tomaban en la central telefónica de la empresa estatal ENTel, la Dirección de Escuchas, en la base Billinghurst, aportaba la mano de obra para resolver situaciones de urgencia, esas que obligaban a colgarse de los cables telefónicos para enganchar un grabador o colarse en alguna ventana para colocar una filmadora. Jaime sabía cómo hacerlo y se acomodó rápidamente.

Después de la guerra de Malvinas, en la primavera de 1982, Salinardi recibió su título universitario. Ahora era el contador Salinardi y en La Casa lo recibieron con un premio. Fue nombrado en la administración de la Agencia de Noticias Saporiti, una empresa que había sido inventada en 1970 y que pretendía producir información para manipular a los medios de prensa, una pretensión histórica de la Secretaría. Pero en la SIDE nada era ni es lo que parece. Saporiti ni siquiera servía para manipular noticias. Contaba con unos pocos periodistas y los corresponsales que decía tener alrededor del mundo eran en su mayoría falsos. Era, en realidad, una empresa casi fantasma que los jefes usaban para disponer de los últimos fondos secretos que les ofrecía el Estado. Saporiti servía para emitir facturas triplicadas y liquidar gastos inventados. Se inventaban coberturas especiales, misiones, pagos a periodistas inventados. Era la usina del último despilfarro.

Quien lo sabía bien era Salinardi. Los gastos de Saporiti se liquidaban en la Dirección de Finanzas, dentro de una de las famosas cuentas de Operaciones Especiales, a la que habían bautizado, para este caso, como Operativo Yacimiento. A nombre de Saporiti figuraban todas las propiedades de la SIDE en el Pasaje Barolo, que servía de depósito de los agentes más inútiles, quienes aprovechaban los televisores de la agencia y los cables de noticias para pasar el rato, los días o los años. Aunque Salinardi seguía teniendo su escritorio en la central de 25 de Mayo, una o dos veces por semana debía viajar hasta el Pasaje Barolo para revisar los movimientos de la caja. Era la misión que le había encomendado su jefe. Pero le fue mal. Los viejos empleados de Saporiti empezaron a complicarle la vida. Le escondían los balances, lo hacían quedarse hasta la madrugada triturando papeles o abrochando facturas, lo obligaban a enumerar cientos de hojas inservibles como si fuera un novato.

Las quejas de Salinardi acabaron por decretar su destierro. Su nuevo destino fue un gigantesco depósito de la SIDE en La Boca, sobre la calle Benito Pérez Galdós al 140. Un gigantesco galpón repleto de porquerías. Autos destruidos, ruedas de auxilio, cajas con resmas de papel amarillentas, muebles derruidos, bolsas de café, paquetes repletos de papel higiénico húmedo. La nueva misión de Salinardi consistía en contar toda la mercadería y hacer un inventario. Un trabajo que le podía llevar años. Eso hizo entre 1982 y 1983, a metros no más de la cancha de Boca, donde acababa de dejar su marca imborrable Diego Armando Maradona. Pero a no desesperar, el camino de Salinardi por La Casa recién empezaba.

A mediados de 1983 se casó con su histórica novia de Ramos Mejía y comprobó que su vida privada estaría siempre ligada a la de La Casa. La SIDE obligaba a sus agentes a presentar una solicitud de matrimonio. Casarse, se decía, no era una decisión privada sino un interés de todos. Jaime había sufrido esa misma política asfixiante y de patrón militar unos años antes, cuando la Dirección de Personal interrogó a su novia, a sus suegros y cuñados. Ahora le tocaba el turno a Salinardi. Entrevistaron a la novia y a toda su familia política, visitaron su barrio, tomaron fotos de la casa adonde pensaban mudarse. Si los empleados de Personal hubieran sabido las consecuencias que años después tendría el casamiento de Salinardi con Mónica Rodríguez, le hubieran prohibido acercarse a esa mujer a menos de un kilómetro de distancia. Pero claro, no podían saberlo. Nadie podía saberlo. Sólo le pusieron una condición: si Salinardi quería casarse, al menos debía asistir a uno de los cursos que se dictaban en la Escuela Nacional de Inteligencia. Era una provocación, por supuesto. Justo a él, que nunca había agarrado una pistola, que se sofocaba ante la idea de un tiroteo, y de pronto se encontró simulando ser un valiente comando de seguridad, armado con un fusil y cubierto por un chaleco antibalas, en un juego de guerra donde tenía que ayudar a rescatar a un embajador capturado por la guerrilla en una mansión. Salinardi no podía creer su desgracia, pero hizo de valiente y pudo casarse. Ni se imaginaba que los flagelos de ese tiempo lo iban a salvar a la vuelta de la esquina.

La SIDE radical

Primera limpieza

El proceso hacia el retorno de la democracia consumió demasiado tiempo, pero finalmente el 10 de diciembre de 1983 asumió un Presidente elegido por el voto popular. Y la Argentina empezó a ser otra. En un país que sabía tanto de excesos y que parecía gustar de las contradicciones y vueltas de hoja, la violencia oficial dejó lugar a una fiebre por los valores más promocionados de la democracia —libertad, participación— que sirvió para recuperar espacios públicos, con manifestaciones que convocaban a cientos de miles de personas frente a cada acto político. En esa efervescencia se destacó un líder radical carismático y reformador, hombre de Chascomús, un pueblo cercano a Buenos Aires en distancia y afectos. A Raúl Alfonsín lo votó más de la mitad de los argentinos, acaso porque entendió mejor que nadie que la construcción de su fuerza estaba en la reivindicación de aquello que parecía haberse perdido para siempre: paz social, sobre todas las cosas.

El nuevo clima social y político entusiasmaba en el Poder Judicial, en el Congreso, en los centros de estudiantes, en las universidades, en los círculos intelectuales. Y la Secretaría de Inteligencia tampoco iba a quedar ajena a los cambios, aunque los nuevos tiempos, allí, debían llegar por la fuerza. Luego de mucho meditarlo, Alfonsín decidió separar a la SIDE de los ámbitos militares y poner al frente a un civil, para remarcar en una sola señal que no sería nunca más un organismo de cepa militar y que dependería directamente de la Presidencia. El nuevo jefe, naturalmente, debía ser alguien de su confianza, pero además, o lo más importante, tenía que ser alguien sin demasiadas aspiraciones políticas personales. Alfonsín creía que alguien con ambiciones propias iba a dejarse seducir por el poder de los espías. Así que su elegido fue Roberto Pena, un abogado laboralista de 65 años que militaba en el radicalismo desde hacía cuarenta años y había pasado por el Congreso como diputado nacional. A Pena también le gustaban los símbolos y lo primero que hizo fue colocar una chapa de bronce en el frente del misterioso edificio de la calle 25 de Mayo. «Secretaría de Inteligencia, Presidencia de la Nación», dice la chapa, todavía en su sitio, lustrada todas las mañanas. Un gesto formal, anecdótico, pero que no dejaba de ser desafiante para los señores de La Casa. A partir de ahora, quería decir Pena, la SIDE dejará der ser una cueva clandestina del Estado.

Empezó a gobernar con mano dura. Durante los dos primeros meses expulsó a casi todos los militares que ostentaban cargo y poder en las bases secretas. También ordenó regresar al país, para luego darlos de baja, a todos los delegados de la SIDE en el exterior, en su mayoría amigos de los jefes de la dictadura que buscaban una jubilación placentera. Tuvo un serio tropiezo con el delegado de Ginebra, Pablo Valle, quien en vez de hacer caso al llamado, desapareció para siempre con las claves secretas de las cuentas bancarias que tenía la SIDE en Suiza. Nunca se supo qué pasó con esas claves ni si el delegado perdido había sacado provecho de ellas. Pero hubo que cerrar las cuentas y abrir otras dos en el Banco de la Nación Argentina, sucursal Nueva York, una a nombre de la SIDE y otra de Dirfin S. A., una sociedad que encubría a la Dirección de Finanzas.

Pena también revisó los legajos del personal para dar con todos los que habían pasado por Orletti, la mancha más oscura de la SIDE. No tuvo mucha suerte. El sumario interno por el cierre de Orletti había desaparecido junto a Aníbal Gordon, que no había dejado rastros por ningún lado, salvo a su hija, una chica algo tímida que daba sus primeros pasos en la base Billinghurst. La chica Gordon siguió allí durante años. Ruffo, el bigotudo que secundaba a Gordon, no necesitó que lo expulsen. Solito se fue a trabajar a la agencia de seguridad Magister, con sede en la avenida Córdoba al 900, que había fundado Rubén Visuara, jerárquico de Billinghurst, recién retirado de la SIDE. A Ruffo lo siguieron Miguel Ángel Furci y Honorio Martínez Ruiz, otro de los laderos de Gordon, quien a esa altura de la historia hacía patria en el subsuelo de la agencia de noticias Saporiti, donde se pasaba el día leyendo revistas con los pies arriba de un escritorio o contando anécdotas sobre sus días de pandillero activo. De Martínez Ruiz se volvió a saber veintidós años después, el lunes 5 de agosto de 2005, cuando fue detenido por la Policía acusado de robar cajas de seguridad del Banco de la Nación de Plaza de Mayo, el mismo lugar de donde la SIDE retiraba sus fondos. No es difícil imaginar desde cuándo atesoraba su plan.

La de Pena fue la primera gran limpieza de La Casa en toda su historia, atada a una nueva antinomia de los argentinos: o eras democrático o eras asesino. En apenas dos meses se fueron a sus casas 860 empleados. Muchos de ellos alimentaron aquello que con el tiempo se conocería como mano de obra desocupada, un término que intentó albergar a los muchos ex represores que, desplazados del Estado, se las rebuscaron con el fierro en la mano, el único talento que podían ostentar. Alfonsín sacó provecho de la limpieza. Al menos en lo inmediato. La salida de tantos militares le permitió al gobierno ocupar las vacantes con jóvenes alfonsinistas, en su mayoría estudiantes universitarios que habían participado de la campaña previa a las elecciones. La selección fue caótica. Se pusieron avisos en los diarios llamando a gente capacitada para trabajar «en un organismo del Estado nacional», pero la mayoría llegaba por recomendación de diputados radicales o líderes barriales de la UCR y la juventud radical, cuya facción más combativa se aglutinaba detrás de una figura decisiva en aquellos años: Enrique Nosiglia, El Coti, fundador de la Junta Coordinadora, el movimiento interno del radicalismo que más había peleado por Alfonsín frente a los sectores conservadores del partido. A pocos meses de asumir Pena, la SIDE ya era la más rica y poblada base política del único partido capaz de quitarle algún espacio de poder al peronismo.

La euforia de los alfonsinistas, sin embargo, no generaba los resultados que el Presidente precisaba. Alfonsín recibía a Pena una vez por semana en su despacho de Casa de Gobierno y cuando volvía a quedarse solo, tenía la misma sensación de inseguridad con la que había iniciado la charla. La SIDE sería la SIDE, pero la verdad es que los espías no subían información hasta el jefe. Los nuevos agentes porque no sabían cómo conseguirla; los viejos porque no querían darle nada a ese abogaducho que había llegado para cortarles las alas. Por el contrario, los empleados históricos le declararon la guerra y le hicieron la vida imposible. La travesura más recordada fue el trascendido de un radiograma enviado a todas las delegaciones de las provincias, con una orden de esas que no se confiesan jamás. El 15 de enero de 1984, los delegados del interior recibieron de la central de 25 de Mayo el radiograma número 1056/56, redactado sin el sistema de criptología, donde se les ordenaba recabar información detallada «de las debilidades humanas» de los senadores justicialistas, a quienes Alfonsín acusaba de frenarle los proyectos de ley que enviaba al Congreso. El radiograma no merecía comentarios. Debilidades humanas podían ser una amante, excesos de alcohol o cualquier gusto prohibido y, en lo posible, privadísimo. El trabajo debía hacerse, decía el radiograma, «con especial discreción». Vaya discreción. Para los muchos enemigos que se había ganado Pena en tan poco tiempo, la discreción se convirtió en un escándalo. La noticia era doble: la SIDE investigaba a los senadores de la oposición, pero además había dejado los dedos sobre el cuerpo del delito. Fue la última directiva de ese tipo que se comunicaría por radiograma.

Pena soportó el golpe pero quedó demasiado debilitado. Y si su puesto pendía de un soplido, lo derribó el huracán que le estalló en la cara en julio de 1984, cuando un jefe de la inteligencia militar le fue a Alfonsín con un cuento de ésos. Un cuento que demostraba que la SIDE, además de escandalosa, era también inútil. La información decía que durante los primeros meses de su gobierno, Alfonsín había tenido entre sus custodios personales a Raúl Guglielminetti, un viejo topo de inteligencia militar y secuestrador por encargo, que había formado parte de la temible Triple A en los tiempos de Isabel Perón. Toda una leyenda en el mundillo de los servicios de inteligencia, Guglielminetti —que durante la represión usaba el apodo de Mayor Rogelio Guastavino— primero había pasado inadvertido en la custodia, corriendo detrás del auto presidencial, y ahora comandaba a un pequeño servicio de inteligencia paralelo repleto de personajes igual o más oscuros que él. Su principal socio era Juan Antonio del Cerro, un ex policía de pelo rojizo que en la dictadura había hecho de las suyas en la Escuela de Mecánica de la Armada, donde los sobrevivientes lo habían bautizado Colores y lo recordaban por su crueldad en la tortura. El grupo que dirigía Guglielminetti tenía su base de operaciones en un edificio de departamentos de la avenida Alem al 218, a metros de la SIDE, a dos cuadras de la Casa Rosada. Sus muchachos se colaban en los ministerios, en los sindicatos, andaban preguntando por todos lados. Eran una SIDE paralela, como muchas otras que llegarían más tarde. Su principal motivación era detectar montoneros reubicados en el nuevo gobierno. Los buscaban en la Secretaría de la Función Pública, creían tenerlos detectados en el Ministerio de Educación y hasta colocaron micrófonos en la embajada de Nicaragua en Buenos Aires, donde se sospechaba que le daban cobertura al ex jefe montonero Fernando Vaca Narvaja, en ese momento prófugo de la Justicia. El grupo de la avenida Alem había sido un invento del subsecretario general de la Presidencia, Dante Giadone, a quien Guglielminetti había convencido de la necesidad de contar con grupo de inteligencia de confianza, ajeno a esa SIDE perturbadora, inútil y, decía él, contaminada de politiqueros baratos. Los pesados de Alem se movían con credenciales de Presidencia de la Nación, figuraban como asesores de la Subsecretaría de Giadone, y de verdad lo eran. Alfonsín siempre negó saber de ellos. Puede que sea cierto. O no. Lo concreto es que la SIDE debió haberse enterado de ellos antes que los militares. Pena se quedó sin espalda: tenía que irse a su casa y, antes, resolver el entuerto.

La humillación de Jaime

La base Billinghurst había quedaba demasiado chica para albergar a tantos hombres y se repartió la gente con un nuevo edificio adquirido por la generosa caja, que en 1984 ya era de 80 millones de pesos al año, presupuesto que alcanzaba para cubrir sueldos, gastos fijos y además dejar un importante saldo para Operaciones Especiales. Todos los agentes de Contrainteligencia se mudaron a una nueva base en la calle Estados Unidos al 3100, en el barrio San Cristóbal. Era un inmenso edificio de tres pisos que se puso a nombre de la firma Osgra, en la que Salinardi seguía figurando como uno de sus dueños. El edificio era ideal para albergar a las 200 personas asignadas a la Dirección, pero además tenía lugar para los talleres de los autos, que en Billinghurst llamaban demasiado la atención de los vecinos. La mudanza le vino muy bien a los muchachos con pasado militar. Y no sólo por las comodidades que prometía. Aunque nadie parecía estar a salvo de los censores internos impuestos por Pena, el traslado a la base Estados Unidos permitió que algunos legajos del personal sufrieran retoques, se perdieran en el camino, se les cayeran algunas hojas o quedaran destruidas por manchones de café.

Jaime fue uno de los tantos que pasó a la nueva base. El mismo destino recibió El Gordo Miguel, que había dejado atrás la planta de choferes y se destacaba ahora como un «callejero», apodo con el que llamaban a los que hacían operativos en espacios públicos. Los dos tenían el legajo limpio. En los papeles no había quedado ningún rastro del trabajo de El Gordo Miguel como chofer de Otto Paladino ni de la lealtad con la que Jaime había servido al general Martínez durante la dictadura. Jaime tenía ya cierta influencia como para lograr esos retoques en un legajo. Empezaba a destacarse en las intervenciones telefónicas de Contrainteligencia, y ganaba fama de eficaz gracias a su capacidad de colgarse de cualquier techo y, sobre todo, para inventar sus propios aparatos de escuchas.

Los recién llegados no tardaron en tomar nota del agente Stiles. El primero en fascinarse con él fue el nuevo vicedirector de Contrainteligencia, un radical que llegó, como tantos otros, de la mano de Enrique Nosiglia. Marcelo Arndt había servido como agente externo de inteligencia en la Prefectura Naval y estaba encantando con su puesto. Lo primero que hizo fue correr su nombre a un costado y empezar a usar otro: Marcelo Arnedo. Una mañana citó a Jaime a su despacho y, para probarlo, le encargó una misión de alto riesgo que había sido pedida por Pena. Jaime debía infiltrarse en la base operativa del Grupo Alem y colocarles un micrófono a los pesados de Guglielminetti. Jaime debía escucharlos y estudiarlos. Jaime debía saber todo sobre ellos.

¿Estaba preparado para una misión semejante? ¿Para enfrentarse a una banda de topos y asesinos y secuestradores con años de experiencia? A Jaime recién empezaban a decirle Jaime. Pero seguía siendo Aldo Stiles. En los radiogramas, en las comunicaciones formales, pero también en la acción. Estaba aprendiendo, Jaime. Y olfateó, como buen aprendiz, que su misión sobre el Grupo Alem era una tarea difícil. Pero allí fue, con dos agentes a su cargo. Vestidos con los mamelucos de ENTel y con credenciales oficiales de la empresa de teléfonos, tocaron el timbre de la oficina de Alem 218 y explicaron, a la voz que los atendió por el portero eléctrico, que debían revisar las líneas para comprobar un desperfecto. Iban cargando rollos de teléfono, un portafolio con pinzas, cintas y dos micrófonos del tamaño de un botón que pretendían colocar en el departamento. La tarea no podía llevarles más de diez minutos. Debía parecer un trámite de rutina.

Les abrió la puerta Colores Del Cerro, aquel pelirrojo de la ESMA con fama de sanguinario. Del Cerro los guió hasta lo que parecía ser el living del departamento. Escuchó sus explicaciones, se fue por una puerta y, por un momento, los dejó solos. Jaime y los suyos creyeron que las cosas iban a salir bien. Pero no habían terminado de recorrer el ambiente cuando la puerta volvió a abrirse y se presentó Guglielminetti, con un anillo de oro en la mano izquierda y una pistola en la derecha. Guglielminetti estaba peinado a la gomina y sostenía el arma con liviandad, apuntando al piso, como con desgano. Sonreía y los observaba como quien observa a un condenado a muerte. ¿Le daban lástima esos tres muchachos jugando a ser James Bond? Quizá. Detrás de Guglielminetti se aparecieron dos hombres más, que venían a jugar el rol de rudos,[5] y dos jóvenes militantes radicales que miraban la escena con estupor. Los rudos tiraron a los intrusos al suelo y les ataron las manos detrás de la espalda, mientras los golpeaban y les clavaban las rodillas en las costillas. Guglielminetti se sentó en un sillón y empezó a fumar cigarrillos negros. Los observó. Dicen que nadie habló durante horas.

Lo que ocurrió en el departamento de la avenida Alem fue durante años uno de esos relatos que, de tanto contarse, acaban por convertirse en indescifrable. Dicen que Jaime fue torturado; que fue obligado a confesar quién lo había mandado; que fue atado de pies y manos durante horas hasta que vomitó o se hizo pis encima o lloró o cuantas cosas quisieran acotar quienes relataron la historia. Es difícil saber qué ocurrió realmente. Es probable que un poco de todo eso. O todo al mismo tiempo. Al día siguiente Jaime volvió a la base de Estados Unidos, se encerró con su jefe durante horas y no volvió a hablar del tema nunca jamás.

Llega la tecnología

La salida de Pena fue muy festejada dentro de La Casa pero resultó algo traumática para el gobierno. Pena estaba tan furioso con la decisión de Alfonsín de desplazarlo, que lo acusó de no querer limpiar a los servicios de inteligencia y denunció a las Fuerzas Armadas de poner bombas, preparar robos, armar olas de amenazas. «Los servis están intactos», dijo semanas después de su renuncia al periódico de las Madres de Plaza de Mayo, un mensuario que Alfonsín leía sin falta. El Presidente rumió bronca por lo bajo, pero aprovechó para darle a la SIDE un estilo mucho más politizado. Estaba claro que necesitaba a alguien más ducho, que supiera moverse en terrenos pantanosos. A Pena lo sucedió otro abogado, Héctor Rossi, hasta entonces director del Servicio Penitenciario, pero sólo interinamente, mientras buscaban al verdadero Señor Cinco. Rossi llegó con el mensaje de acordar la paz con la línea de La Casa y en parte lo logró, gracias a una fuerte inversión en tecnología.

La limpieza de militares había llegado también a la Dirección de Finanzas. Se fue Osores, se fueron los que administraban las empresas fantasma. Y volvió Salinardi. Recién casado y ya recibido de contador público, abandonó el depósito de La Boca y recuperó un escritorio en el octavo piso de la central de 25 de Mayo. Era la hora de un golpe de buena fortuna. Y tenía las condiciones justas. Salinardi era civil, había estado lejos de la caja al menos en la última etapa de la dictadura y tenía un título de la Universidad de Buenos Aires, donde los radicales veían una extensión de sus dominios. Gracias a eso Salinardi pasó del destierro a ser el nuevo jefe de compras de La Casa, un ascenso inesperado para él que le dio acceso al noveno piso, donde estaba la caja fuerte y tenían su despacho el director de Finanzas y el contador de la Secretaría. De un día para el otro. O como decía él, de canillita a campeón. Salinardi pasó de la cueva de La Boca a tener autorización para firmar comprobantes, elaborar rendiciones de gastos comunes y hasta de disponer de las famosas Operaciones Especiales, con la aprobación, eso sí, del director de Finanzas. Ese repentino ascenso evitó su renuncia, que venía masticando desde hacía meses. Un año antes se había inaugurado en San Isidro el primer hipermercado Carrefour, que además de revolucionar los hábitos de consumo de los argentinos ofrecía buenas ofertas de empleo para contadores. Salinardi andaba coqueteando por un cargo en el hipermercado justo cuando le ofrecieron el nuevo puesto. Era una oferta que no podía rechazar. Con el plus que le seguía dando su rol de testaferro, ya ganaba lo mismo que un gerente de Carrefour.

Como jefe de compras, Salinardi fue testigo privilegiado de la primera gran inversión de la SIDE en tecnología de espionaje. Una inversión de la que Rossi nunca se iba a poder sentir del todo orgulloso.

La telefonía pública era estatal en la Argentina desde el primer gobierno de Perón, en 1946, justo cuando nacía la SIDE. Para La Casa, meterse en la empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel) y escuchar la conversación entre dos líneas de teléfono, era una tarea sencilla pero no demasiado efectiva. Dentro de ENTel se había montado el departamento de Observaciones Judiciales. Dependía orgánicamente de ENTel aunque estaba a cargo de un funcionario de la SIDE, cosa que nadie debía saber. Ese funcionario tenía a su disposición el quinto piso del histórico edificio del Correo, repleto de empleados que se pasaban el día desgrabando conversaciones privadas de los argentinos. La dependencia tenía un nombre de cobertura, COM, que quería decir Comunicaciones, una definición ambigua con la que se intentaba ocultar su sentido al resto de los empleados de la empresa. Los agentes se movían con absoluta libertad dentro del quinto piso, pero el sistema para escuchar teléfonos era todavía precario. Para pinchar una línea, debían correrse hasta alguna de las distribuidoras de los cableados telefónicos y enganchar un cable en la línea escogida, para derivar una copia de la comunicación hasta el edificio del Correo, donde todo se grababa en casetes. Era eso o colgarse directamente de los cableados de los edificios con las pinzas cocodrilo. De uno u otro modo, era inevitable estar pendiente del grabador para dar vuelta la cinta o cambiarla. Era inevitable vivir esclavizado de cada teléfono intervenido. Un trajín demasiado engorroso para que valiera la pena.

El trabajo se iba a hacer más simple y sofisticado a la vez, a partir de mediados de 1985, cuando se decidió la compra del primer equipo especializado en escuchas. Visto a la distancia aquel equipo no parece gran cosa, pero significó una pequeña revolución dentro de La Casa. Era un sencillo sistema de almacenamiento, que permitía capturar a través de una consola cientos de líneas de teléfono al mismo tiempo. Era una tecnología que desde hacía muchos años se usaba en todos los países centrales, donde el espionaje civil y militar entre potencias era una pieza fundamental en los sorprendentes avances tecnológicos que estaban por venir. Pero la Argentina estaba lejos del mundo. Internet no existía; ni siquiera las computadoras personales.

La SIDE compró el equipo de escuchas a una empresa israelí, Teletron Intelligence Technology, que empezaba a descollar en el mundo de las telecomunicaciones y sólo vendía con autorización del servicio secreto israelí, el Mossad. Teletron era representada en la Argentina por el empresario judío Samuel Ramle, a quien se le prometieron tres millones de dólares, que la SIDE debía depositar en una cuenta bancaria en Suiza. Salinardi seguía los trámites desde la central de 25 de Mayo. Hacia Suiza viajó el director de Logística, Héctor Rubén Velazco, al que todos llamaban El Señor Champán, a sus espaldas, por su afinidad con las botellas que consumía en Rond Point, una confitería de la esquina de Figueroa Alcorta y Tagle, donde solía reunirse el jet set de los años ochenta. El área de Logística era, desde siempre, la encargada de definir técnicamente los lineamientos de todo lo que compraba la SIDE. Y el propio Velazco viajó a Zurich con los tres millones en efectivo dentro de una valija de cuero. Velazco fue y depositó la plata en la cuenta de la Unión de Bancos Suizos. A su regreso, estacionó frente a la puerta de 25 de Mayo su lujoso BMW y bajó del auto con un brillante reloj de pulsera. El exhibicionismo del Señor Champán produjo ciertas quejas entre sus empleados. Pero la suerte de Velazco no naufragó ni por su BMW ni por sus trasnoches en Rond Point. Se desató cuando llegó a Finanzas una copia del contrato firmado con la empresa israelí. Salinardi y sus compañeros descubrieron con asombro que el contrato estaba firmado por Ramle, el empresario judío, y un tal Héctor Verno. ¿Y quién era ese Verno? Quizá demasiado entusiasmado con su misión, Velazco había firmado el contrato con su nombre falso en vez de usar el verdadero. Un pequeño detalle, pero que le quitaba todo valor al contrato. Ese tal Verno podía existir para el Estado argentino, pero de ninguna manera para el suizo o para el de Israel. Para La Casa no fue fácil convencer a la empresa israelí de firmar un nuevo contrato, ahora sí a nombre de la SIDE. Finalmente aceptaron, pero hubo que pagar un plus, también en dólares y también millonario.

Conociendo a Naldi

En junio de 1985 el viejo y devaluado billete del peso se cambió por el austral, una moneda con la que Alfonsín intentaba recuperar algo del tiempo perdido frente a su enemigo más tenebroso: la inflación. También se congelaron los salarios y se anunciaron controles de precios, pero nada podía frenar los aumentos en los alimentos, que se encarecían al uno por ciento diario. Mientras la economía era la preocupación de todos, en la SIDE seguían peleando sus propias guerras. Esta vez, sus guerras internas. ¿Contra quién? Contra el Grupo Alem, que se había desactivado por orden de Alfonsín, pero cuya principal figura, Raúl Guglielminetti, parecía haberse esfumado de la tierra. Nadie sabía nada del viejo topo y algunos periodistas empezaban a imaginar un posible acuerdo con el gobierno. ¿Acaso le habían abierto un salvoconducto a Guglielminetti? ¿Lo habían dejado escapar, para que no dijera todo lo que sabía? Rossi había heredado el problema y no quería pagar por los errores de su antecesor. Motorizó denuncias intentando vincular a Guglielminetti con una serie de secuestros extorsivos —lo que seguramente era cierto— y empezó a pedir información sobre el Mayor Guastavino, el apodo más famoso de Guglielminetti, a los servicios de inteligencia amigos. Los reportes que llegaban desde Europa hablaban de un hombre muy escurridizo. Se lo había visto en Italia, luego por Francia. Finalmente, en 1985, el servicio secreto español anunció que Guglielminetti estaba oculto en algún lugar de Marbella, el balneario más glamoroso de España. Hacia allá fue un agente de la SIDE, junto con un enviado de la Policía Bonaerense, fuerza que se encargaba de investigar los secuestros extorsivos que se le achacaban al prófugo. Por parte de La Casa fue designado… Jaime. ¿Habrá pedido él la misión? ¿Habrá pedido vengarse del tipo que lo había humillado meses atrás?

Cuando Jaime se subió al avión que lo iba a llevar al aeropuerto de Barajas, sabía que iba a encontrarse con un comisario de la Policía Bonaerense. No lo conocía, ni siquiera de nombre. Y no hubiera imaginado nunca que ese comisario iba a marcarle la vida para siempre. Jaime se sentó en el asiento de al lado, el del pasillo, y se presentó como lo hacía siempre:

—Stiles, para servirle —y le tendió la mano.

Con la cara rosada, los labios húmedos y ligeramente abiertos, el comisario Mario Naldi devolvió el saludo sin formalismos.

—Soy Naldi —escupió.

Juntos fueron hasta Marbella, seguidos de cerca por los espías españoles, que tenían órdenes de colaborar pero sin perder el control de las acciones. Juntos, Jaime y Naldi se instalaron en un hotel de la bahía española, se bañaron en el mar Mediterráneo, comieron mariscos, caminaron por las calles empedradas del centro histórico bajo el tremendo sol del julio andaluz. Tras dos meses de dulce espera, recibieron un alerta de los agentes españoles. Les avisaron que habían detectado el llamado de un contacto de Guglielminetti en Madrid al que venían controlando.

El dato sobre dónde se refugiaba no era del todo preciso, pero apuntaba a un barrio privado de las afueras de Marbella. En alguna de las 200 casas de ese barrio debía estar Guglielminetti. Por descarte, los agentes españoles se concentraron en tres o cuatro casas, que estaban alquiladas por extranjeros. Una de esas casas era una construcción de tres pisos, de diseño moderno, con paredes color tierra, marcos negros y líneas rectas. Algo les decía que debía ser esa casona. De haber estado en el gran Buenos Aires, Naldi y Jaime hubieran actuado rápido. Quizás hubiesen arrancado la puerta a los tiros. Quizá se hubiesen metido por una ventana a esperar al prófugo recostados en sus sillones y tomándose su cerveza. Pero estaban en España y no podían hacer nada hasta no estar totalmente seguros. Debían tener la certeza de que el sospechoso era Guglielminetti. Así fue que montaron una guardia a la manera de Jaime: una guardia esporádica, con rondas ocasionales para no llamar la atención, como les habían enseñado en la Escuelita, en turnos salteados y nunca idénticos. En La Casa los llamaban Seguimientos Aleatorios. Cada tanto ir y mirar. Sólo de a ratos. A distintas horas.

Dos semanas después del alerta, vieron entrar en la casona a un Mercedes-Benz del que bajó un hombre de piel curtida, anteojos negros, bigotes voluminosos. ¿Era ése Guglielminetti? Los dos lo conocían bien, pero ahora, a 13 mil kilómetros de casa, no podían estar seguros. Fue Jaime quien decidió trepar hasta una ventana del primer piso. Lo hizo de noche, mientras Naldi hacía de campana en la esquina dentro de un auto de alquiler. El comisario debió esperar una hora, dos, tal vez tres. Más tarde diría que fue toda la noche y que Jaime lo despertó al amanecer, con la noticia que habían ido a buscar. El hombre del Mercedes era Guglielminetti. Jaime lo había visto desde la ventana del baño, cuando el de los bigotes entraba para bañarse, desnudo y sin anteojos. No alcanzó a ver su anillo de oro. Pero estaba seguro: era la presa.

Los españoles se ocuparon de detener a Guglielminetti y de enviarlo a Buenos Aires.[6] Jaime y Naldi regresaron después de terminar con los trámites de la extradición. A la vuelta viajaron en clase ejecutiva. Pidieron champán, aunque Jaime todavía prefería el agua mineral. A los dos los esperaban felicitaciones. Para Jaime era, además, cerrar una vieja herida. Para Naldi, dar otro paso en la difícil Policía Bonaerense, donde se estaba ganando fama de efectivo, un adjetivo que en aquellos años y en aquella Policía suponía también los peores vicios de la fuerza, como la recaudación ilegal o la fabricación de operativos. Ninguno de los dos podía intuir que el hombre al que habían ido a buscar terminaría trabajando para ellos. Sus vidas estaban condenadas a cruzarse una y otra vez.

Los conspiradores

La compra del sistema de escuchas telefónicas había nacido mal, pero facilitaba mucho el trabajo de los espías. Con los equipos israelíes, los agentes que habían aprendido a colgarse de los techos empezaron a perder vigencia. Para progresar debían adaptarse a las nuevas tecnologías. Y así fue. Jaime y los otros colgadores de cocodrilos se mudaron a la base de Coronel Díaz, lugar elegido para el chiche nuevo. Con el tiempo descubrieron que además de intervenir cientos de líneas en simultáneo, el equipo tenía la virtud de almacenar y cruzar la información de todos los números intervenidos con el resto del universo de los usuarios telefónicos. La computadora relacionaba las líneas y cruzaba los datos de los usuarios, permitiendo detectar no sólo los llamados hechos desde una línea determinada, sino también cruzar la información de todos los usuarios con los que ese primer usuario se había conectado. En definitiva: relacionaba y buscaba coincidencias, generando redes de contactos y asociaciones.

Tan novedosa era la tecnología que los muchachos no tardaron en quedar atrapados por la máquina y la fascinación que generaba. También Alfonsín. El 21 de octubre de 1985, el Presidente sorprendió a los argentinos con la firma de un decreto (el 2049/85) con el que dispuso el arresto por 60 días de doce personas a las que el gobierno acusaba de desestabilización institucional. Entre los acusados había militares y civiles, muchos de ellos vinculados al Batallón 601 de inteligencia militar, el enemigo íntimo de los muchachos de la SIDE. Los acusados eran el general retirado Guillermo Suárez Mason, los coroneles retirados Pascual Guerrieri y Alejandro Arias Duval, otros militares de menor rango como Osvaldo Antinori, Leopoldo Cao, Horacio Granada, Alberto Camps y los civiles Ernesto Rivanera Carlés, Enrique Gilardi Novaro, Daniel Rodríguez, Jorge Vao y el sociólogo Rosendo Fraga. Nombres que, en su mayoría, nada decían a la mayoría de los argentinos, pero sí al mundillo del espionaje. El gobierno los acusaba de instigar y propiciar una serie de atentados con bombas incendiarias y amenazas que en aquellos días recorrían hospitales, colegios, instituciones judías o militares y edificios públicos. Días después, el 25 de octubre, Alfonsín decidió subir la apuesta y decretó el Estado de Sitio para que el Poder Ejecutivo tuviera las facultades para disponer de una detención de esa magnitud sin mediación judicial.

El Presidente, quizá sin darse cuenta, había tomado partido en las internas de los servicios. El maldito equipo de escuchas había relacionado los teléfonos de todos esos militares y civiles, quienes hablaban entre sí y entre quienes seguramente había algún instigador de las bombas caseras y amenazas que lograban suspender las clases en los colegios, evacuar edificios públicos y alcanzaban, sobre todo, para atemorizar a los argentinos. Pero lo que no supo el jefe de la SIDE ni el Presidente es que el maldito equipo de escuchas no discriminaba. Acumulaba, metía la información en la coctelera, y soltaba relaciones. Éste se comunicó con aquél, aquél con este otro y así. Era una máquina perfecta, pero la interpretación de los datos debían hacerla los humanos. La Inteligencia debía ser aportada por los humanos. Y allí la cosa se hacía más difícil. Allí entraban los espías criollos. Con el correr de los días, los supuestos conspiradores fueron recuperando su libertad y nunca les pudieron probar más que sus relaciones. Rossi ganó en semanas una fama que nunca podría revertir: fama de montar una caza de brujas contra los servicios militares; de ver fantasmas donde no había más que sábanas agitadas por la tormenta.

Dentro de La Casa se repartieron algunas pocas culpas. Todos sabían que el ideólogo de la cacería era el subsecretario de Inteligencia Interior, Nicolás Rodríguez, un comisario que había llegado a la SIDE a pedido de Alfonsín, con quien se reunía a solas una vez por semana, a pesar de Rossi. En lo formal, el comisario Rodríguez estaba a cargo de la base Billinghurst. Pero todos sabían que también manejaba los equipos de escuchas y a los encargados de usarlos. A Jaime entre ellos. El todavía modesto agente Stiles ya dirigía un pequeño grupo operativo que salía a la calle con grabadores direccionales, unos aparatos muy sencillos que acababa de adquirir la Dirección de Finanzas y que eran capaces de capturar conversaciones a distancia. El único inconveniente que tenían los grabadores era que había que colocarse a diez, quince metros del objetivo. Algo poco práctico para capturar conversaciones en espacios cerrados, pero demasiado sencillo cuando los blancos se reunían en lugares públicos.

La Escuelita

Alfonsín nunca dejó de buscarle un reemplazante definitivo a Pena, su primer jefe de La Casa. Estaba convencido de que la SIDE lo metía en demasiados problemas porque le faltaba una conducción política. A mediados de 1986 convocó a Facundo Suárez, un viejo amigo y compañero de militancia, al que tuvo que mandar a buscar a México, donde Suárez era embajador y se reponía del terremoto que el año anterior había destruido la capital azteca. Suárez ya era un dirigente veterano, que había dirigido la empresa estatal YPF durante el gobierno radical de Arturo Illia, entre 1963 y 1966. Tenía además buenos contactos con Cuba y se vanagloriaba de su amistad con Fidel Castro, algo que en La Casa se supo enseguida. En la Argentina de los estereotipos, el propio Suárez debió luchar para convencer a los sectores de la Iglesia y del Ejército que ni él ni Alfonsín eran de izquierda. Tarea nada sencilla luego del proceso a las Juntas militares de la dictadura, un juicio con el que se había puesto a los jefes de la represión a disposición de la Justicia civil, un acontecimiento que el mundo entero miraba con admiración y asombro.

Una de las primeras medidas de Suárez fue la intervención de la Escuela Nacional de Inteligencia, que se había creado en 1967 y desde 1979 funcionaba en la paquetísima casona de Libertad 1235, en Recoleta, uno de los barrios más caros de la ciudad. En su sala de la planta baja, acogidos por una boiserie de roble de Eslavonia, hacía no tanto los militares de la Escuelita habían compartido whiskys con enviados del Pentágono o con colegas uruguayos y chilenos asociados al Plan Cóndor. Ahora, los aspirantes a la SIDE de la democracia debían pasar allí al menos cuatro meses, en un curso intensivo sobre inteligencia que incluía algunas materias sobre abogacía, psicología, periodismo, algo de idioma. Jaime, como el resto de los agentes que ya eran de La Casa, debió pasar por la Escuelita para adecuarse a los nuevos tiempos. Ocupó una de las sillas del fondo del aula del segundo piso y escuchó hablar sobre la Constitución Nacional en una materia agregada a último momento. Pero nunca se tomó muy en serio eso de los cursos, ni siquiera cuando, todavía en dictadura, había tenido que escuchar a un mayor del Ejército —«el profesor Filipo»—, a cargo del curso de Contrainteligencia. Al profesor Filipo lo recordaban todos por su fascinación por el dictador vecino, el chileno Augusto Pinochet, quien todavía gobernaba en Chile. Y aunque Filipo ya se había jubilado, los profesores de la democracia seguían siendo casi todos militares, en su mayoría nostálgicos de aquellos tiempos de anticomunismo rabioso. En las clases solían pasar videos con las películas más renombradas del género de espionaje, como La orquesta roja, Clave Omega, Dossier 51, Desaparecido, El día del Chacal, Zeta, La conversación, Secretos del contraespionaje o I como Ícaro. Jaime escuchaba las preguntas que les hacían sobre la trama de las películas e intentaba resolver los acertijos. Todo le parecía bastante ridículo para alguien como él, que ya se jactaba de ser un pinchador de teléfonos de primera categoría y que se había enfrentado al mismísimo Guglielminetti. Al final de cada jornada, Jaime se llevaba a su casa fotocopias de los libros de lectura obligatoria: Los requerimientos para la inteligencia estratégica de los años ochenta, de Roy Godson; Política e inteligencia o Inteligencia en la formación de la política internacional, ambos de Richard Pipes; La inteligencia en la formación de la política para la defensa, de Mark Schneider, y La inteligencia en la Oficina Oval, de Kenneth de Graffenreid. Libros repletos de conceptos elaborados y afilados en el fulgor de la Guerra Fría, que enfrentó al imperio que se había consolidado tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, con la gigantesca y pesada Unión Soviética. Conceptos de tiempos mucho más distantes de lo que parecía, cuando el enemigo podía estar en todos lados y esconderse debajo de tu propia cama, en un mundo bipolar pero también sin fronteras, donde el afuera y el adentro se confundían, donde tu vecino podía ser tu verdugo si se te ocurría pensar diferente. Así creció Jaime. Aún en esos días, cuando la Argentina parecía despedirse de los antagonismos de la década pasada, en un caserón de la calle Libertad se le enseñaba que el enemigo era la URSS y sus aliados, muchas veces invisibles, ocultos quién sabe si en militantes de derechos humanos, en organizaciones de izquierda, en los herederos ideológicos de esos muchachos del ERP y Montoneros a los que habían asesinado y torturado unos años antes, cuando él, todavía una joven promesa, daba sus primeros pasos en las cloacas de la Nación.

Carapintadas

El caso de los conspiradores puso al descubierto uno de los objetivos que obsesionaban a Alfonsín. Después del Juicio a las Juntas Militares, donde se condenó a los principales responsables de la dictadura, se estaban abriendo cientos de procesos contra los protagonistas de la represión que amenazaban con llevar a la cárcel ya no sólo a los jefes, sino también a miles de militares de menor rango que estaban todavía en actividad. Era una avanzada de la justicia civil que no todos podían tolerar y que empezó a movilizar, primero en silencio, luego en forma descarada, a los sectores más nacionalistas de las Fuerzas Armadas. Ese movimiento marcó con espasmos de fuego y muerte aquellos años de la transición democrática. Había nacido en los cuarteles, con el apoyo de demasiados civiles, en la supuesta reivindicación de valores ultrajados, otra vez más en nombre de Dios y la Santa Virgen. Con el correr de los meses todos los conocerían por su apodo: el movimiento de los carapintadas.

A Suárez, esos señores de betún en el rostro le generaban una sensación ambivalente. Estaba claro que la SIDE debía perseguirlos, pero él sospechaba que los carapintadas eran más funcionales que peligrosos. Suárez creía que Alfonsín había llegado al gobierno con la bandera de la democracia y que era esa misma bandera la que lo mantendría en el poder el tiempo que fuera necesario. Una lectura que hacían algunos pocos del entorno de Alfonsín, Suárez entre ellos, sugería que las amenazas al sistema acababan fortaleciendo al sistema y al Presidente.

No era, sin embargo, la posición de Alfonsín, que hacía malabares para sostenerse en el sinuoso espacio que quedaba entre la persecución de los represores de ayer y la convivencia con los militares de hoy. Un equilibrio difícil o imposible, porque los represores de ayer eran, todavía, los militares de hoy. Alfonsín intentó calmar los ánimos poniendo un límite a los juicios. El Congreso lo acompañó y en diciembre de 1986 se sancionó la Ley de Punto Final, que acotaba los procesos para que la persecución no fuera eterna.

Un problema aparte eran los servicios de Inteligencia. Todos sabían que los aparatos de espionaje de las Fuerzas Armadas eran todavía muy superiores a la revoltosa SIDE. El caso de Guglielminetti había sido apenas una muestra. El Ejército y la Marina, principalmente, tenían a sus agentes repartidos en todos los ámbitos del Estado y contaban con un sistema de recolección de información aceitado por la práctica, mientras que la Secretaría de Inteligencia intentaba descifrar aún cuál era su sentido en este mundo.

Como había hecho Cámpora sin éxito diez años antes, Alfonsín decidió reflotar la Central Nacional de Inteligencia (CNI), con la pretensión de aglutinar en un mismo sitio la información de todos los aparatos de inteligencia. Pero la CNI de Cámpora se había convertido en una minúscula oficina de la central de 25 de Mayo donde se organizaban cada tanto reuniones protocolares ideales para probar canapés y tomar whisky. Para darle el impulso necesario, había que darle un nuevo edificio y un nuevo mando. Alfonsín designó al frente del organismo a Ricardo Natale, otro de los hombres de su entorno que, como Pena, Rossi o el propio Suárez, no tenía aspiraciones políticas desmedidas. Suárez mandó a comprar un coqueto edificio en la Avenida de los Incas al 4200, entre Tronador y Estomba, en Belgrano. Un edificio que costó millones, que estaba recubierto de enredaderas, al que los agentes bautizaron Los Jardines de Babilonia. Allí se instaló Natale a fines de 1986. A pocos días de llegar, descubrió entre los armarios de metal ocho mil carpetas con datos públicos y privados sobre políticos, empresarios y ciudadanos. Nadie supo explicarle quién había llevado esas carpetas al nuevo edificio, pero era evidente que se habían colado en la mudanza. El origen de las carpetas era de lo más amplio. De la SIDE, de los servicios militares, de la Policía Federal. Ocho mil carpetas abandonadas en armarios verdes. Ocho mil pruebas del espionaje del Estado y de la falta de sentido de ese espionaje. Ocho mil pruebas de que no iba a ser tan fácil cambiar las cosas. Entre tantas, una de las carpetas más voluminosas era la del propio Alfonsín. Cuando Natale la descubrió, llamó por teléfono al Presidente para saber si le interesaba leerla. Alfonsín, como haría cualquier mortal, cedió a su curiosidad. En casi doscientas páginas se encontró con parte de su pasado, con la transcripción de parte de sus discursos públicos, con sus datos familiares, con fotos de su casa en Chascomús y listados de amigos de la política y de la vida. La carpeta estaba repleta de errores. Confundía años, mezclaba apellidos, decía que Alfonsín había estado en lugares que ni siquiera conocía. Pero el Presidente debió admitirle a Natale que no estaba tan mal.

Operación Prensa

Después de vivir durante 38 años bajo el poder de Franco, España ofrecía sus lecciones para los países latinoamericanos que iban dejando atrás sus dictaduras. Una de las primeras que atendieron los jóvenes dirigentes radicales enseñaba que, en cualquier proceso democrático, los medios de comunicación debían ocupar un espacio decisivo. Así había sido en España y así esperaba Suárez que fuera en la Argentina. Para asegurar ese camino comenzó a financiar a algunos medios amigos. El diario La Razón, al borde de la quiebra, y El Nuevo Periodista fueron los más beneficiados con préstamos de la banca pública a cambio de simpatía editorial. A La Razón se le enviaban 100 mil australes por mes, el equivalente a unos 120 mil dólares, que alcanzaba para pagar todos los sueldos de los periodistas. Pero también había que ocuparse de los enemigos y Suárez optó por reformar la vieja Dirección de Comunicación, un área que se ocupaba de recortar los diarios y las revistas, archivar notas de interés y hacer resúmenes de las noticias. Suárez la convirtió en una poderosa Subsecretaría, ahora llamada de Medios de Comunicación y Acción Psicológica. Se sentía tan orgulloso de su apuesta que en parte la admitía en público. En los reportajes de aquellos años, se lo escuchaba opinando sobre Ámbito Financiero, sobre Clarín, sobre un diario hijo dilecto de aquellos años, Página/12. Suárez opinaba sobre el nivel «democratizante» de cada medio. Página/12 es democrático, decía. También Clarín. Pero Ámbito Financiero no. Ése no le gustaba. Lo que no decía Suárez es que los periodistas de ese diario, los más importantes, tenían los teléfonos pinchados y eran seguidos de cerca por los agentes de Contrainteligencia, Jaime entre ellos.

A cargo de la Subsecretaría de Medios, Suárez había puesto a otro radical de cepa alfonsinista, Carlos Torres Ávalos. Diplomático de carrera, amigo personal de Suárez, Torres Ávalos lucía una cara redonda y pálida, que junto a sus modos mesurados y su hablar lento le valieron el apodo de El Buda. Y El Buda era un hombre de mundo. Había hecho su carrera en la Cancillería, donde supo abrir y cerrar lazos con Cuba, Brasil y varios de los países donde Alfonsín tenía intereses estratégicos. Ahora le asignaban un equipo de 50 personas que se dedicaban a leer los diarios y revistas con ojo crítico, a seguir las editoriales, a intentar descifrar el perfil de los periodistas menos amigos del gobierno, pero también a elegir quiénes merecían tener sus teléfonos intervenidos. El objetivo prioritario era detectar periodistas afines al movimiento carapintada, que los había y muchos. Pero también a los que criticaban al gobierno por simple sentido crítico. Curiosas vueltas del destino, una mañana se presentó en la oficina del Buda un muchacho que llegaba con una carta de recomendación de Bernardo Neustadt, el periodista más taquillero del momento. El aspirante Daniel Hadad apenas soportó uno o dos meses la rutina de la SIDE, pero con el tiempo acabaría siendo uno de los blancos de La Casa por sus amistades con los carapintadas.

Ámbito Financiero era un diario especializado en Economía, afín ideológicamente a lo más conservador del mercado y a los fondos buitres de inversión, que golpeaba al gobierno de Alfonsín con críticas mordaces a su plan económico. Torres Ávalos fue el encargado de elegir a los blancos de Ámbito. El Buda decía que en esa redacción el que no era carapintada era porque estaba de franco o con licencia médica. Los nombres de los periodistas «peligrosos» eran enviados a la base de Estados Unidos, donde los agentes de Contrainteligencia se ponían a investigarlos. Hacían un «informe socioambiental», así lo llamaban, para el que tomaban nota del lugar donde vivían, su nivel de vida, la opinión que de ellos tenían sus vecinos, sus gustos, amistades y antecedentes laborales. En eso trabajaban Jaime, El Gordo Miguel, también Garnica y un rubio de más de dos metros al que habían bautizado El Alemán. Jaime estaba en dos lugares al mismo tiempo. Pertenecía a la base Estados Unidos, pero como miembro del staff del equipo de espionaje telefónico también recibía órdenes del comisario Nicolás Rodríguez. A ese staff le encargaban la intervención de los teléfonos de los periodistas, pero también algunos seguimientos personales. A él le tocó seguir a un promisorio periodista que había trabajado en el diario Clarín, que había pasado algunos años en Washington colaborando con el Banco Mundial y que ahora ascendía en Ámbito con velocidad y determinación. Coleccionista de discos de rock y jazz, casado pero también mujeriego, a Juan Bautista Yofre todos lo conocían como El Tata. El destino lo volvería a cruzar con Jaime pocos años después, pero en circunstancias muy diferentes.

Aunque muchos de esos seguimientos dieron resultado sólo para establecer las famosas redes de contactos, ninguno fue tan fructífero como el de Guillermo Cherasny, un eterno informante y chimentero político que trabajaba como agente informal de la inteligencia naval. Cherasny era el redactor estrella de El Informador Público, un semanario que llegó a vender 60 mil ejemplares por semana y que martillaba a sus lectores con información sobre las internas de La Casa y las guerras secretas entre los servicios de inteligencia. Cherasny era un personaje que parecía nacido para esos años y esos ámbitos. Y también le vendía información al Buda. Pero lo más jugoso de Cherasny se conseguía de sus conversaciones con los hombres de la Marina, amistades que habían nacido en la dictadura, cuando era uno de los colaboradores del almirante Emilio Massera, el entonces poderoso jefe de la Armada. Cherasny solía reunirse en un café del microcentro, el Florida Garden, con otros agentes de inteligencia, algunos periodistas como El Tata Yofre, y ciertos personajes de la derecha peronista y radical, que alimentaban pequeñas conspiraciones y traficaban información mientras devoraban aceitunas y tragos. Lo que hacían era hablar mal de todo el mundo e intercambiar rumores sobre los políticos, empresarios y sobre el mundillo, cerrado pero muy jugoso, de los espías. Al rato de cruzar datos y mentiras, convertían esos rumores en verdades irrefutables o en las peores falacias. Al rigor lo determinaba el humor de cada tarde o la conveniencia política del momento. Las conclusiones del Florida Garden eran publicadas cada semana en El Informador Público y volvían loco a Suárez.[7]

—Si escuchás tanto a los extremistas, vas a terminar trabajando para ellos —le habían advertido a Suárez. Pero Suárez era cabeza dura. Seguía leyendo El Informador Público y seguía volviéndose loco, cada vez.

Torres Ávalos ordenó seguir de cerca las reuniones del Florida Garden. Como si se tratara de una mesa de mafiosos y no una tertulia de conventillo político. Los agentes de Contrainteligencia se hacían pasar por comensales aburridos y se instalaban toda la tarde en una mesa cercana a la de Cherasny, con los grabadores direccionales adquiridos pocos meses antes. Lo que obtenían de esas grabaciones no era muy diferente de lo que salía publicado luego en el semanario. Los habitués del Florida, además, siempre supieron que estaban siendo observados y grabados por la SIDE. Y se reían. Y alimentaban falsas pistas para confundir. Y se pasaban horas criticando en voz alta a esos espías improvisados que, decían con bastante justicia, no servían para nada.[8]

Puertas adentro, sólo fracasos

La Inteligencia es sobre todo análisis, anticipación, una mirada con perspectiva. Eso intentó ser desde que se inventaron las guerras y los jefes de la guerra debían enviar una aavanzada para conocer la estrategia y la dimensión del enemigo. La imagen de las películas: la víspera de la batalla un hombre cabalga más rápido que el viento, se pierde en el horizonte del ejército rival y regresa horas después con un anuncio, casi siempre dramático:

—Nos doblan en hombres y en armas.

Eso es la inteligencia. Es ver antes que el otro para poder reaccionar de la mejor forma. Algo sencillo y complicado al mismo tiempo.

¿Funcionó la inteligencia durante el gobierno de Alfonsín? En la SIDE demasiado poco. Y eso que tuvieron alertas bien claras, de primera mano. El delegado del Ejército en la CNI era el teniente coronel Enrique Venturino, nada menos que uno de los principales impulsores de las revueltas carapintadas. La tarde del 15 de abril de 1987, Venturino llamó a Natale para avisarle:

—Quiero advertirle que mañana me sumaré al nuevo ejército —le dijo.

Natale tardó unas horas en comprender el sentido de aquella frase, quizá porque era demasiado evidente. El nuevo ejército no era el que propiciaban los generales, sino el de los tenientes coroneles y los suboficiales. Era el ejército que pretendían los carapintadas. Natale corrió a avisarle a Suárez, pero el jefe de la SIDE lo despidió con palabras tranquilizadoras. Al día siguiente empezó el levantamiento de Semana Santa, donde Venturino acompañó en la sublevación a un teniente coronel que había sido héroe durante la guerra de Malvinas y ahora se amotinaba en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo con el apoyo de tanques, armas y soldados. En la SIDE miraron el levantamiento de Aldo Rico por televisión y escucharon sorprendidos el discurso con el que Alfonsín saludó a una multitud reunida en Plaza de Mayo con su famoso «Felices Pascuas», donde se escondía un acuerdo cerrado con los rebeldes para ponerle un freno definitivo a los juicios masivos contra los represores.

En la SIDE sólo tenían una idea muy precaria sobre lo que estaba pasando. De aquel primer levantamiento no se enteraron hasta que fue tarde. Pero tampoco pudieron anticipar el del verano siguiente, cuando el 14 de enero de 1988 Rico volvió a sublevarse, esta vez desde Monte Caseros, en la provincia de Corrientes. Y tampoco se enteraron, seis meses después, del alzamiento militar en Villa Martelli, protagonizado por el coronel Mohamed Alí Seineldín, otro héroe de Malvinas que no se avergonzaba al jurar que recibía órdenes de la Santa Virgen. A Seineldín la venían siguiendo desde hacía meses en Panamá, donde el coronel era agregado militar del Ejército argentino. Pero igualmente vieron su rebelión por televisión. Las redes de contactos, los infiltrados que tenía adentro, las horas y horas de escuchas telefónicas que se habían ordenado sobre él nunca sirvieron para nada.

Al jefe de la SIDE parecían seducirlo mucho más ciertas misiones regionales. Misiones coordinadas, en algunos casos, con la mismísima CIA, que no había abandonado su influencia sobre La Casa y ahora se preocupaba por seguir de cerca el proceso por el cual el continente se iba deshaciendo de sus dictaduras. En Chile, para empezar, seguía gobernando Augusto Pinochet. ¿Qué tenía para ofrecer la Secretaría de Inteligencia Argentina? Entre la cancillería y Suárez se acordó abrirle pasos fronterizos a los opositores al régimen pinochetista, en especial a los miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, a quienes se les empezó a dar cobijo de este lado de la cordillera a cambio de información. Por aquellos años, la CIA buscaba a un general que pudiera suceder a Pinochet para encarar la transición con las botas puestas. A Alfonsín, que seguía estas operaciones con mucha atención, le alcanzaba con saber que Estados Unidos estaba dispuesto a prescindir de Pinochet.

El rol de la SIDE era todavía más pragmático en Paraguay. La delegación de La Casa en Asunción operaba desde la embajada argentina y financiaba con fondos secretos a los líderes políticos que, lentamente, se iban oponiendo a la dictadura de Alfredo Stroessner. Se llegó a financiar una antena de transmisión para una radio clandestina que funcionaba del lado argentino, en Posadas, Misiones, y donde obviamente criticaban con dureza al viejo Stroessner.

La coordinación de todas las misiones fuera de las fronteras recaía en la Subsecretaría de Inteligencia Exterior, que funcionaba ya en la base de Coronel Díaz. Pero todos los agentes estaban involucrados de alguna manera. En el invierno de 1988, la Dirección de Contrainteligencia debió abrir una delegación en el aeropuerto de Ezeiza. Allí fue asignado El Gordo Miguel, aquel muchacho de manos pesadas al que Jaime había aprendido a apreciar. Todas las mañanas, El Gordo y dos agentes novatos, disfrazados entre los empleados de la Aduana, revisaban las listas de pasajeros que entraban y salían del país buscando chilenos y paraguayos marcados por la CIA. La lista de los blancos no tardó en ampliarse. Los que viajaban a Rusia en la compañía Aeroflot recibían una especial mirada. También los colombianos. Y los cubanos, por supuesto.

Silbidos en la Rural

El Plan Austral finalmente se hizo pedazos, la inflación se volvió incontrolable y los enemigos de Alfonsín se multiplicaron. Los carapintadas, pero también el peronismo, los sindicatos y los sectores de la economía que pujaban por un cambio, todos parecían haberse puesto de acuerdo para apurar la salida de ese Presidente al que se veía tan cansado como intolerante. En la SIDE encabezaban la resistencia, pero también pujaban por sobrevivir. El presupuesto de La Casa no soportaba la devaluación que suponía la hiperinflación. En la Dirección de Finanzas encontraron una solución: apenas recibían los pesos que los primeros días de cada mes les asignaba el Tesoro Nacional, salían a comprar dólares como todos los especuladores a los que criticaba el gobierno. Salinardi era el encargado de dirigir a los empleados de Finanzas que salían por el microcentro a cambiar dólares entre vendedores ambulantes y agencias de cambio legales o clandestinas. Lo hacían de a poco, para no llamar la atención. Se entiende. Hubiera sido una publicidad lamentable que la SIDE hiciera justo lo que el gobierno les decía a los argentinos que no debían hacer.

También empezaron a repartirse sobres como nunca antes. Los sobres, con dólares recién cambiados, intentaban comprar las pocas voluntades que aún podían ser torcidas. Para Salinardi, lo sorprendente era la amplitud de los que iban a cobrar, tan diferentes entre sí, muchas veces opuestos y hasta enemigos. Militantes de partidos de izquierda, peronistas, gremialistas, periodistas de corazón travieso. En la memoria de todos quedó la visita de un grupo de militantes del Partido Comunista, que llegó hasta el séptimo piso enviado directamente por Suárez. La directiva del jefe había sido clara:

—Denle todo lo que pidan, menos armas.

La estrategia, en la que debían colaborar todos los beneficiarios de los sobres, era colocar a Alfonsín en el lugar de la víctima. Todo lo malo que ocurría en la Argentina era culpa de los especuladores financieros, del peronismo celoso, de los gremialistas que buscaban paralizar al país. Como siempre, la realidad es una conjunción de pequeñas verdades, que en este caso albergaba las miserias y debilidades del gobierno. Pero de eso no hablaban ni Alfonsín ni la SIDE, donde el propio Suárez se sumaba al juego del perseguido. El Señor Cinco decía en público que su teléfono tenía catorce pinchaduras hechas por servicios de inteligencia extranjeros. Acusaba a la inteligencia británica y aseguraba que la SIDE estaba siguiendo a ciertos informantes ingleses. ¿Buscaba afectos en el sentimiento antibritánico que sobrevivía a la guerra? La táctica del poder buscando enemigos afuera para afianzar su reposo interno es tan vieja como el poder mismo. Pero la postura de perseguido por Occidente a la que aspiraba Suárez se contradecía con sus acuerdos más secretos, como lo demostraban sus misiones en Chile y Paraguay.

Los gestos más desesperados de La Casa por tenderle una mano al Presidente fueron una serie de operaciones grotescas encaradas desde la base Billinghurst. La primera se ejecutó el sábado 13 de agosto de 1988, en la inauguración de la 102ª Exposición de Ganadería en la Rural, una ceremonia tradicional de los hacendados del campo en el predio porteño de Palermo. Los diarios venían anunciando desde hacía días que los ganaderos iban a aprovechar el acto para hacer notar sus quejas sobre la gestión de Alfonsín. Suárez no podía tolerarlo. Si la SIDE servía para algo, era para evitar ese tipo de papelones. A primera hora del sábado, unos cuarenta señores de camperas y sacos apolillados, que jamás habían visto ordeñar una vaca, se acomodaron en silencio en la parte baja de las tribunas de socios de la Rural, la tribuna de «Los Shorthorn», a unos metros del palco donde iba a hablar Alfonsín. Pacientes, aguardaron entre el público mientras empezaban a llegar los funcionarios y directivos de la Sociedad Rural, que se acomodaban detrás del palco oficial, vestido con una enorme bandera argentina y el escudo nacional. La lluvia amenazaba con estropearlo todo y los hombres de la SIDE, de poder hacerlo, hubieran convocado a una tormenta. Pero sólo hubo llovizna, muchos paraguas, y el Presidente debió presentarse al acto. Llegó en auto hasta el mismísimo palco. Sin preámbulos, fue recibido por una fuerte silbatina. Alfonsín dibujaba en su rostro su característico enojo y subió al palco mientras la orquesta militar de la fanfarria Alto Perú iniciaba el himno nacional. Pasaron sin posibilidad de gloria los discursos formales de los funcionarios de segunda línea y luego le tocó el turno a Alfonsín. Apenas el Presidente se acercó al micrófono se escucharon nuevos silbidos y los primeros insultos. El rugido fue tan potente que no dejó escuchar las palabras del Presidente.

Entonces entraron en acción los extraños muchachos de la platea Shorthorn. Los muchachos de la base Billinghurst. Los muchachos de La Casa adoctrinados por Suárez. Primero respondieron con vivas y gritos de aliento, como si fueran fanáticos seguidores de Alfonsín. Pero sus voces eran minoría para opacar tantos insultos y silbidos, así que pasaron a una etapa más pragmática: comenzaron a forcejear y a golpear a los plateístas que tenían a su alrededor. La confusión sólo logró sumar más y más silbidos. Desde la tribuna de enfrente, la de «Los Hereford», arremetieron con un golpe letal: entre los paraguas sacaron una bandera con la inscripción «Alfonsín mentiroso». Desde el palco, sabiendo que ya nadie lo escuchaba, el Presidente eligió el silencio y levantó la vista hacia el cielo plateado sin dejar de ofrecer sus bigotes, con fastidio, como implorando. Pero faltaba lo peor. El presidente de la Sociedad Rural, que ya había hablado, tuvo el mal gusto de pedir otra vez el micrófono y volvió a criticar al gobierno, ahora haciendo hincapié en el discurso del Presidente que muy pocos habían escuchado. Alfonsín volvía a mirar hacia el cielo, invocando una tormenta que no llegó nunca, maldiciendo estar allí, maldiciendo todo.

A media tarde, la Policía Federal anunció que habían sido detenidos y llevados a la comisaría 23, a dos cuadras de la Rural, «una veintena» de revoltosos de la tribuna de Los Shorthorn. Sobre el final de la jornada, cuando los diarios cerraban sus ediciones, los falsos terratenientes de la base Billinghurst ya estaban libres. El diario La Nación informó al día siguiente que había quedado preso apenas «un arrebatador». En medio de tanto alboroto, el pobre hombre se había quedado solo en el calabozo.

Campaña antiperonista

A los agentes de inteligencia les gusta el caos. Donde mejor se mueven es en la confusión, que les permite pasar inadvertidos y meterse donde nadie los invita. En los meses siguientes al operativo de la Rural, los agentes operativos de la base Billinghurst siguieron acompañando a Alfonsín a todas partes, para darle apoyo, ánimo y de paso una garantía para su seguridad. Pero nada frenaba los embates y el peronismo daba señales claras de estar rearmándose, ahora detrás de un caudillo del interior, el gobernador de La Rioja, Carlos Menem, que sorpresivamente había ganado la interna partidaria sobre Antonio Cafiero, un precandidato mucho más previsible. Como en la campaña que lo había llevado a la Presidencia, Alfonsín creyó que debía volver a decirle a la sociedad que el peronismo era sinónimo de violencia, corrupción, o, en definitiva, que los peronistas podían ser peores que los radicales.

Todas las áreas de la SIDE fueron afectadas a la campaña antiperonista. Desde la Dirección de Medios se empezaron a financiar revistas, programas de radio y de televisión donde se pudiera alentar, con el mayor disimulo posible, la idea de que votar al peronismo suponía un riesgo. Mucho menos sutil fue la campaña en contra de Menem que se financió a través del Partido Socialista. Una campaña publicitaria que salió al aire por todos los canales de televisión, mostraba el apoyo del socialismo al candidato radical para las elecciones presidenciales, Eduardo Angeloz, y al mismo tiempo pretendía dañar la imagen del candidato peronista, al que se lo exhibía en una imagen borrosa y oscura, con sus enormes patillas de los viejos caudillos federales y una mirada que, ciertamente, daba un poco de miedo. En la tercera secuencia del aviso, detrás de un Angeloz sonriente y peinado a la gomina, se veía a dos alegres jóvenes que parecían sumamente comprometidos con la causa. En el peronismo no tardaron en recibir un dato que sería la puerta del escándalo. Los emocionados militantes eran Martín Giardelli y Luis Mario Genovesi, dos agentes de la Dirección de Inteligencia Exterior de la SIDE, es decir, de la base de Coronel Díaz. Los muchachos habían ido a dar una mano como extras y el aviso se había pagado con fondos de La Casa, girados a la delegación de Córdoba desde la Dirección de Finanzas. Salinardi se había encargado de enviar la plata.

El viernes 9 de septiembre de 1988 volvieron a la calle los agentes de choque de la base Billinghurst. Sesenta, setenta agentes viajaron en colectivo hacia Plaza de Mayo, donde los líderes sindicales de la CGT habían convocado una manifestación para criticar, otra vez, al gobierno de Alfonsín. A cargo de los muchachos estaba el agente Telles, el mismo que había dirigido a los de la Rural. Pero esta vez las directivas eran más violentas. Debían provocar una represión policial contra los manifestantes para que la marcha sindical recordara a las más crudas de la década del setenta, cuando las discrepancias se resolvían a los tiros. La operación fue un éxito. El grupo de choque destrozó vidrieras de los locales comerciales vecinos a Plaza de Mayo, incluido un local de la sastrería Modart que no tardó en ser saqueado por los manifestantes. La marcha acabó en una represión cargada de gases lacrimógenos y piedrazos, que se transmitió por todos los canales y fue comentario de todos durante días. Los agentes de la base Billinghurst habían hecho bien su trabajo y recibieron a fin de mes un plus en sus sueldos. Les dieron 1850 australes de más a cada uno. Suficiente para comprarse cinco camisas Modart.

La Tablada, ¿un mal cálculo?

Suárez se reunía dos veces por semana con Alfonsín. Los martes y los jueves se presentaba en la Casa Rosada con una carpeta de plástico azul y un sello con el título de Supersecreto. Era la síntesis de novedades que producían las tres patas que conformaban la SIDE: la Subsecretaría de Interior, de donde dependían Contrainteligencia y Billinghurst; la de Exterior; y la de Logística. La carpeta azul no servía de mucho. No había anticipado los asaltos carapintadas y tampoco iba a anticipar otro asalto que, esta vez, se estaba gestando demasiado cerca del gobierno. En diciembre de 1988, Suárez le entregó al Presidente el segundo informe reservado sobre el Movimiento Todos por la Patria, una organización dirigida por Enrique Gorriarán Merlo, uno de los ex jefes del grupo guerrillero ERP de los años setenta. Para los radicales, el MTP era una organización bastante conveniente. El ministro del Interior, Enrique Nosiglia, tenía una estrecha relación familiar con Francisco Provenzano, una de las cabezas del movimiento, y Carlos Becerra, secretario general de la Presidencia, hablaba seguido con otro de sus líderes, Jorge Baños, que era la cara visible y funcionaba casi como un vocero de la organización. En la estructura del MTP, dos de sus dirigentes eran amigos o cercanos al gabinete de Alfonsín. Pero el Presidente, desconfiado, igual pedía que se los siguiera de cerca. Tal vez se haya tranquilizado cuando Suárez le acercó aquel informe, que describía con bastante exactitud la conformación de la organización, sus bases ideológicas, sus lugares de acción. El MTP parecía, en verdad, una organización de superficie. Llevaba meses denunciando en conferencias de prensa y mediante gacetillas que los movimientos carapintadas seguían vivos y querían tomar el poder por la fuerza. Los del MTP se presentaban como los guardianes de la democracia, listos para prevenir a todos de las intentonas de los malos. Para Suárez, esas conferencias los convertían en previsibles e inofensivos. Creía que eran tan sólo idealistas, cuyo discurso no le venía nada mal al gobierno. Cierto que las denuncias del MTP alentaban la vieja idea de que era Alfonsín o el caos, aquel axioma que tanto rédito les había dado en el pasado. El dossier de la SIDE, en fin, llegaba a la conclusión de que era un grupo «sin capacidad operativa militar». Justo lo que Alfonsín quería escuchar. Lo que todos querían escuchar.

Se dirá que fue un mal cálculo, un error fino que comete cualquiera. ¿Habrá sido así? ¿Tanto era el desconocimiento que se tenía de un tipo como Gorriarán Merlo, único sobreviviente de la cúpula del ERP y el más violento de todos ellos?

Suárez tenía intervenidos los teléfonos de todos los militantes del MTP. A Provenzano lo escuchaban en vivo desde la base Estados Unidos, gracias a uno de los viejos cocodrilos instalados en la azotea de su edificio. Quizá lo escuchaba el propio Jaime, que en esos meses había ascendido a jefe del Departamento de Operaciones de la base. De pronto, el 19 de enero de 1989 el teléfono de Provenzano dejó de sonar. Ya nadie lo llamó ni él hizo llamados. ¿Se había ido de vacaciones? ¿Dónde estaba? En el verano porteño suelen relajarse todos. Las polleras, los políticos y también los espías. La mitad del gabinete de Alfonsín veraneaba en Punta del Este. En la SIDE, la mayoría de los agentes estaban de vacaciones. ¿A nadie le dio curiosidad el silencio del teléfono de Provenzano? ¿Ni siquiera cuando notaron que otros militantes del MTP también habían desaparecido de sus lugares habituales? No. Parece que a nadie. Hasta el 23 de enero. Esa madrugada, 42 militantes del MTP entraron a los tiros en el cuartel militar de La Tablada, donde hacían guardia dos colimbas que apenas sabían sostener el Fal y que cayeron muertos enseguida. Entrenados por Gorriarán pero sin su jefe en el campo de acción, los guerrilleros tomaron el cuartel en unos minutos pero sólo por unas horas. Después los masacraron. Entre militares y policías, a media mañana había 3000 tipos armados rodeando el cuartel, al que entraron y recuperaron a los tiros, con tanques, gas venenoso y cañonazos.

Los rebeldes que sobrevivieron a la primera avanzada militar fueron desnudados y arrojados al piso en un playón cubierto de charcos de sangre y cadáveres. Olía a carne, olía a pólvora, y los militares estaban furiosos con esos pendejos que habían desafiado su autoridad y les habían matado camaradas y soldados por nada. Los militares los pateaban, los apuntaban a la cabeza, competían para ver quién se mostraba más rudo con ellos. Entre todos se destacaba un fornido joven de bigotes, vestido con jeans y chaqueta militar, que con un Fal en la mano caminaba sobre los convalecientes cuerpos desnudos y les gritaba, desencajado:

—¡Ahora yo soy su dios, pendejos de mierda![9]

—¡Yo decido si se mueren o se salvan!

—¡A rezar, carajo!

Al final de la jornada el Ejército admitió once bajas. Del MTP murieron 28 militantes. Nueve de ellos fueron torturados y fusilados después de haberse rendido. Tres de los cadáveres, el de Provenzano entre ellos, fueron hechos desaparecer, una decisión con la que el Ejército intentó enviar un mensaje tan perverso como implacable: si querían volver al pasado, también podían volver los desaparecidos. Con el Ejército no se jodía más, carajo. Eso querían decir. No se jodía más o podía volver lo peor. Así pensaban desde la conducción de las Fuerzas Armadas hasta el último soldado. Los militares se habían sentido traicionados, avergonzados, desafiados. Todos ellos. También ese fornido de bigotes que juraba ser Dios mientras aplastaba la cabeza de los detenidos. Muy pocos supieron que era un ascendente oficial del Batallón 601 de Inteligencia militar. Que se llamaba Alejandro Brousson. Y que pronto sería una de las figuras estelares de la SIDE.

El «Ingeniero Stile»

Catorce días después del ataque a La Tablada, empezaba la devaluación del austral y estallaba así una hiperinflación que se comió los salarios, los precios y abrió las puertas a saqueos a supermercados y, con ellos, terminó por definir la salida anticipada del Presidente. En mayo fueron las elecciones presidenciales que consagraron como sucesor de Alfonsín a Carlos Menem, aquel caudillo riojano que, si bien provocaba temores, era la opción posible frente a una economía «de guerra» que parecía despedazarlo todo. Estaba claro que debía acelerarse el recambio de mando y la cuestión parecía reducirse al cómo y cuándo.

Mientras tanto, Jaime salió por primera vez en el diario. El 4 de abril de 1989, se vio por primera vez en su vida en una página impresa y de difusión masiva. Cherasny, en su columna de El Informador Público, se había referido a él como «El Ingeniero Stile» y lo culpaba de ser el responsable de intervenir y escuchar las conversaciones de la mesa del Florida Garden, lo que era cierto. Ser nombrado en un diario era algo importante dentro de La Casa. En general, sólo los jefes tenían ese «privilegio». Y aunque atentaba contra la invisibilidad de los espías, una pequeña mención no era algo grave, sino lo contrario. En aquel pasquín de época, perdido entre cientos de párrafos sobre espías, empezaba a hablarse de él. Todos en La Casa leían la columna maldita de Cherasny, que en esos meses conducía La Trama y el Revés, un programa de televisión que compartía con Daniel Hadad, aquel muchacho que había sido empleado del Buda Torres Ávalos por un par de meses. La Trama y el Revés se emitía todos los lunes a la noche por Canal 2.

Dentro de La Casa, quienes no sabían del «Ingeniero Stile», ahora ya lo conocían. Y hacerse fama, se sabe, tiene sus consecuencias. Sobre el final del gobierno de Alfonsín, Suárez quiso saber cómo se estaba preparando Menem para asumir el poder y Jaime fue elegido para averiguarlo. La penetración del Grupo Menem consistió en intervenir los teléfonos del comando de campaña que el menemismo había montado en un edificio de la esquina de 25 de Mayo y Sarmiento, a metros del edificio central de la SIDE. Las escuchas se tomaban desde el quinto piso del Correo Central y Jaime debía coordinar al grupo encargado de las desgrabaciones y la clasificación de sus contenidos. Era una operación muy sencilla y sin riesgos. Pero claro, ya había varios en la SIDE que estaban pensando en cómo congraciarse con los que se venían. El dato del espionaje sobre el menemismo no tardó en llegar al Congreso, el territorio donde solían rebotar los escándalos de La Casa. El dirigente justicialista Alberto González Arzac denunció la operación y, por primera vez, habló de Jaime en una conferencia de prensa. «Hay un verdadero Watergate en el comando de Menem —decía, ofuscado— y los encargados de las penetraciones son el ingeniero Stiles y el comisario Taboada», reprodujo el diario Página/12. El comisario Taboada era el jefe de Contrainteligencia y el jefe de Jaime, ese «Ingeniero Stile» que ahora empezaba a ser conocido también entre los políticos. Hacerse conocido entre los políticos significaba, al mismo tiempo, comenzar a dar miedo. Todavía de manera confusa, a la sombra de rumores incomprobables pero creíbles, Jaime empezaba a construir su huidiza leyenda.

El amante de las mujeres

Viejos conocidos

De Jaime ya sabemos.

Ya sabemos que tiene más poder que un ministro.

Que no viste como los espías de las películas.

Que su especialidad son las escuchas telefónicas.

Que sabe colgarse de los techos, trepar paredes.

De Jaime ya sabemos que trabajó para los militares, para los peronistas, para los radicales. Y sabemos que también trabajó en contra de todos ellos. ¿Pero qué pasa cuando el blanco se convierte en jefe? ¿Qué pasa cuando el jefe sabe que fue blanco?

Alfonsín pasó a los libros de historia y llegó Carlos Menem, un caudillo al que le temían por igual los radicales y muchos peronistas. El aparato del Partido Justicialista había apostado hasta último momento a favor del otro candidato del partido, Antonio Cafiero. Era un problema con remedio porque el peronismo sabía adecuarse a la rotación de sus conductores, pero cuando le tocó asumir el poder, el 9 de julio de 1989, Menem estaba más solo que acompañado. La asunción fue antes de tiempo, gracias a un acuerdo al que había llegado con Alfonsín aquel invierno. Eso aceleró también todas las designaciones de su gabinete, incluido al reemplazante de Suárez para la SIDE. Para Menem no era una elección sencilla. Todavía contaba con pocos hombres de su confianza y es muy posible que aún desconociera todo lo que podía hacer con la Secretaría de Inteligencia. En aquel primer gabinete nombró ministro de Planeamiento a Moisés Ikonicoff, un curioso intelectual recibido en La Sorbona que pocos años después daría el salto más notable de su carrera cuando terminó trabajando entre vedettes en el teatro de revistas.

Así de imprevisible era Menem. Al mando de la SIDE nombró a Juan Bautista Yofre, un periodista con el que había hechos muy buenas migas durante la campaña presidencial, cuando Menem recorría el país con su séquito subido a un colectivo preparado para la ocasión. El Tata, así le decían, vivía en Recoleta y se movía en un Chevrolet Bel Air del 56, color crema con sutiles bandas verdes. Según sus amigos, conocía la pobreza sólo por los diarios. De histórica militancia radical, Yofre había trabajado en la campaña presidencial de la UCR, para Eduardo Angeloz, pero pasó a desconfiar de Alfonsín y los suyos cuando los muchachos de la SIDE empezaron a seguirlo por las cosas que escribía y por las que comentaba y escuchaba en el Florida Garden. De la desconfianza a la conversión hay un paso. En mayo de 1988, El Tata se había subido durante siete horas al menemóvil con el que Menem recorría el país buscando adeptos. El menemóvil circulaba por los márgenes de las ciudades repartiendo sonrisas y besos entre los pobres, con la marcha peronista en los altoparlantes y folletos impresos de apuro. Peronismo en estado puro, se decía El Tata, y juraba a gritos que una vez que entrabas al menemóvil nada volvía a ser igual. Sus amigos creían que se refería a la joda total que solía ser ese micro repleto de militantes, champán, mujeres y la efervescente sensación de que el poder real estaba a la vuelta de la esquina. Puede que sí.

El Tata había sido uno de los integrantes de las tertulias del Florida Garden, que tanto habían enloquecido a Suárez, pero además era el jefe de la sección Política de Ámbito Financiero, ese diario que guardaba carapintadas entre los teclados. Por qué no, debió pensar Menem. Sus amigos eran todos de derecha y El Tata, entre sus amigos, era el más informado y el único que hablaba inglés de corrido. «Tata, ¿te gusta la SIDE?», le preguntó. Y El Tata aceptó, agradecido.

Dos meses antes de asumir, Yofre recibió, como recibirían todos, su ficha personal de La Casa. Una ficha para matarse de risa y donde Jaime, que lo había «caminado», como decían ellos, seguramente había aportado lo suyo. La ficha recorría en forma desordenada el historial de Juan Bautista Yofre como periodista, apuntaba su afinidad con el radicalismo y señalaba también los antecedentes de su mujer, María Laura Avignolo, también periodista. La ficha también sostenía que tenía tres debilidades. La primera era peligrosa para el cargo que estaba por ocupar. Al Tata Yofre, decía, no le gustaban los militares. ¿Cómo puede ser?, se indignó él al leer semejante infamia. La segunda era parecida: al Tata, decía, le gustaban los derechos humanos. El maldito pasado, se dijo él, que durante la dictadura, cuando todavía lo agitaba su corazón radical, había firmado algunos informes en contra de la dictadura desde Washington, donde había trabajado para el Banco Interamericano de Desarrollo. La tercera debilidad que resaltaba el informe era inobjetable: El Tata, decía, tenía una profunda debilidad por las mujeres. Ésa era la única acusación que no iba a desmentir. Claro que le gustaban las mujeres.

La gestión de Yofre duró apenas seis meses pero en La Casa todos la recuerdan. Especialmente Jaime. Cuando Yofre se presentó por primera vez en la base Estados Unidos, Jaime se le acercó y se presentó, como lo hacía siempre:

—Stiles, para servirle.

Pero Yofre era memorioso. Recordó aquellos cuentos del Florida Garden y los grabadores a distancia. Recordó autos aguardándolo en la esquina de su departamento, ruidos extraños cada vez que levantaba el auricular de su teléfono, los seguimientos a su mujer, de quien acababa de separarse. El Tata estaba seguro que ese tal Stiles, al que él conocía como «el ingeniero Stiller», había sido el responsable de los seguimientos. Y no se lo iba a dejar pasar. No sólo no le devolvió el saludo, sino que esa misma tarde, cuando volvió a su despacho, firmó una resolución interna pasando a Jaime a disponibilidad del personal. Un destino fatídico; el peor de todos. Los reglamentos internos, sobre los que el propio Jaime había trabajado durante la dictadura, indicaban que un año a disposición del personal significaba el despido automático.

¿Estuvo, Jaime, cerca de perderlo todo? ¿Cuánto faltó para que se quedara en la calle? A Jaime lo salvó un milagro al que le decían Pelusa. Si algo marcó la gestión del Tata, fue que devolvió a La Casa a muchos de los militares a los que habían expulsado los radicales. Y a los duros, a los más pesados. Para suerte de Jaime, como director de la Escuela de Inteligencia fue nombrado el general de brigada Carlos Martínez, el mismo que había sido jefe de la SIDE durante los últimos años de la dictadura. Y Pelusa Martínez no había olvidado su debilidad por aquel muchacho astuto y obediente, al que ahora llevaba a la Escuela de Inteligencia, el primer paso para que fuera saliendo de la disponibilidad. En la Escuelita, Jaime dio algunas charlas para los agentes más jóvenes y no mucho más. Lo importante para él era tener un destino oficial. Alcanzaba con eso para no quedarse sin nada.

¿Pero qué hacía el Pelusa Martínez de nuevo en la SIDE? ¿No estábamos ya empapados de democracia? A Yofre no se le movía un pelo ni sentía la necesidad de dar demasiadas explicaciones. «¿Y a quién voy a poner?», decía. «¿Quién sabe de esto más que Martínez?» No se podía negar que eran decisiones coherentes. El gobierno de Menem había asumido con la idea de indultar a todos los jefes de la dictadura condenados durante el gobierno de Alfonsín, como finalmente haría el 29 de diciembre de 1990. Yofre no hacía más que responder a los deseos del Presidente. También nombró al teniente coronel retirado Carlos Doglioli como director de Contrainteligencia y a Pascual Guerrieri como director de Planeamiento. Guerrieri era un tipo de verdad pesado. Oficial de inteligencia del Ejército, en la dictadura había dirigido centros clandestinos de detención en Rosario, tenía las manos manchadas con sangre y ni una gota de culpa. Ya en tiempos de Alfonsín, había sido uno de los doce apóstoles, como habían bautizado a los «conspiradores» que mandó a detener Alfonsín por el informe de la SIDE y los entrecruzamientos telefónicos. Pero el enemigo de ayer puede ser el jefe dos años después. Petiso, fortachón y de cara colorada, la primera misión de Pascualito fue salir a recorrer el mundo para ver cómo funcionaban las delegaciones de la SIDE en el exterior. Criado en los principios de la inteligencia militar, Pascualito sabía que las bases en el exterior son fundamentales para afianzar vínculos con los servicios extranjeros y anticiparse así hacia dónde camina el mundo. Después de dos meses de viaje alrededor del mundo, con viáticos muy generosos y todos los lujos, Guerrieri entró en el despacho del Señor Cinco para medir su poder:

—Tenés que echar a todos —le dijo.

Y así se hizo, salvo pocas excepciones. La salida más festejada fue la del delegado en Japón, que por supuesto ni siquiera sabía hablar japonés. Yofre aprovechó para enviar a las embajadas a varios de sus amigos del Florida Garden. A Madrid envió a Miguel Bressano, uno de los organizadores de las tertulias. A Washington mandó a Jorge Telerman, un peronista que muchos años después acabaría gobernando la ciudad de Buenos Aires.

El staff de represores del Tata Yofre era un secreto que se colaba de a poco en los diarios, generándole a Menem dolores de cabeza que no había calculado ni esperaba. Pero en la SIDE no estaban para asustarse. Nadie se sorprendía por los asados que se organizaban en la Escuela de Mecánica de la Armada, el mismo lugar donde hacía tan sólo unos años habían sido torturadas y asesinadas unas cinco mil personas, muchas de ellas quemadas sobre enormes parrillas, al aire libre, entre los eucaliptos del parque. En una de esas reuniones, mientras esperaban que se sirviera la comida, Pascual Guerrieri ensayó lo que creyó un buen chiste:

—Qué olor a carne asada —comentó en voz alta.

Los comensales entendieron que no se refería al lechón que se cocía sobre el parrillón. Varios lo festejaron con carcajadas sobreactuadas. En la ESMA o donde fuera, ésa no dejaba de ser la SIDE. Y en la SIDE, la única moral es la de los jefes.

El Tata había trasladado a su despacho de la central de 25 de Mayo buena parte de su colección de Los Beatles, de Los Rolling Stones, Los Redonditos de Ricota —Oktubre era su disco preferido—, versiones piratas de esas que no se consiguen, ediciones limitadas de simples de pasta, grabaciones inéditas de recitales. Como buen melómano no bajaba el volumen salvo cuando recibía a los colegas extranjeros. Un día de ésos recibió al delegado del servicio italiano, hombre del que Suárez le había hablado maravillas. Apagó un disco de Creedence para no parecer irrespetuoso.

—Le dejo un obsequio de mi país —se despidió el enviado tras la reunión. Y apoyó sobre el escritorio una caja de cartón asegurada con cinta adhesiva.

El Tata abrió la caja y se quedó helado. No lo podía creer. Le acababan de dejar cien mil dólares. Billetes nuevitos, recién sacados del banco. Los tenía ahí, encima de la mesa, sin testigos. Se los podía llevar a su casa, comprarse un departamento o quemarlos o tirarlos por la ventana. Prefirió ir a ver al Presidente, a sesenta metros, en la Casa Rosada.

Menem lo recibía todas las mañanas y escuchaba sin demasiado interés sus partes de inteligencia. Rumores, chismes, algo de información sobre lo que decían sobre el Presidente el establishment financiero, los diarios, los radicales, otros sectores del peronismo. Menem escuchaba y simulaba atender, aunque a veces era descubierto en medio de un bostezo. Ese día fue diferente. Tata le apoyó la caja del italiano sobre el escritorio y le explicó lo que había pasado.

—¿Y qué hacemos? —preguntó Menem.

—Lo que quieras.

—Bueno…

Menem toqueteaba los fajos verdes, como quien prueba la madurez de un melón. Los sacaba de la caja y volvía a guardarlos, todavía indeciso.

—Vos sabés que Kohan me tiene cortito, no me da nada para los gastos personales —empezó a quejarse. Alberto Kohan era su secretario general y el hombre que le manejaba las cuentas.

—Dejame sesenta, no, mejor ochenta —acabó por decir el Presidente.

La última imagen que conservó El Tata de esa reunión, y que repetiría por años a sus amigos, fue la del Presidente de la Nación agachado detrás del escritorio, guardando fajos de dólares en los cajones. Uno por acá, otro por allá.

Un informe poco oportuno

Recién divorciado y aventurero, Yofre se pasaba el día en su oficina y por las noches, sin quitarse sus trajes cruzados, bien a la moda, despedía a los custodios de seguridad y se iba a recorrer la ciudad en su Chevrolet, un viaje a la nostalgia con el que conquistaba a las jovencitas que rondaban la confitería La Biela, en Recoleta, o los bares y restoranes de la calle Demaría, en el Palermo más top. Eran los primeros espasmos de una década que se iba a vestir de ostentoso dorado. Los custodios de La Casa lo seguían a escondidas por si al jefe le pasaba algo. Y todos comentaban sus salidas, a veces manchadas por gritos de «Soy el jefe de la SIDE» mientras golpeaba la puerta de los baños de mujeres. Y al Tata, claro, siempre le abrían la puerta, porque no se podía negar que era el jefe de la SIDE. En una de esas salidas dio con quien iba a ser primero su amante y más tarde su mujer, Adriana Brodsky, una rubia que poseía la cola más comentada de la Argentina, cola que mostraba, como si fuera una prenda maravillosa, en su papel de «bebota» dentro de los sketches más famosos de Alberto Olmedo, el capocómico senior, el más visto de la época. Las chicas de Olmedo eran muy codiciadas en el ambiente del espectáculo. Y El Tata se hizo de una, para el aplauso de sus amigos. Bien por El Tata.

Las rubias eran una preciosa debilidad, no sólo para el jefe. También para Carlos Cañón, ex vocero del dictador Emilio Massera, al que Menem había metido, a pesar del disgusto de Yofre, en la Central Nacional de Inteligencia. Cañón mantenía la base del edificio de Avenida de los Incas, en Belgrano, donde solía visitarlo su reciente mujer, María Rosa Brajer, una de las tres rubias despampanantes de «Los Ángeles de Smith», un trío de botas por encima de las rodillas y seductores trajes de lycra, que en aquellos años cantaba en programas de televisión y animaba fiestas empresariales. Cañón era el típico funcionario que se encandilaba con el poder. Como muchos otros, había pasado de la calle a campeón en cinco minutos y estaba maravillado con llegar a su oficina y ser recibido con venias y eufóricos buenos días. Cañón tenía aspiraciones. Quería ser el ministro de Defensa, gracias a sus vínculos con la Marina, o pegar un salto dentro de La Casa y quedarse con el sillón de Yofre. Pero El Tata se enteró de todo. En el restorán Puerto Marisco, de la calle Demaría, uno de los colaboradores de Cañón, perdido entre botellas de champán, le contó el plan secreto de su jefe.

—Antes lo voy a cagar yo —juró El Tata, envuelto en humo y burbujas.

Una semana después empezó a trascender en las redacciones de los diarios y revistas que Cañón había convocado a un equipo de agentes de La Casa para investigar a los periodistas que más criticaban al menemismo. Se llegaron a conocer dos carpetas: la de Ernesto Tenembaum, periodista de Página/12, y la de Juan Salinas, de la revista El Porteño. La carpeta de Salinas daba gracia: cada un dato cierto, se colaban dos falsos. Pero no importaba el contenido. Lo que le importaba a Yofre era escrachar a Cañón. Ya tenía un argumento para ordenar su inmediato despido.

Pero atención, porque no todos admiten su destino. Cuando Cañón recibió el telegrama de despido, reaccionó como en el último arrebato de un herido de muerte: se abroqueló en su oficina dispuesto a no salir jamás. Así es, se resistió. Como un gato acorralado. En alucinada rebelión. Les dio armas a los custodios del edificio —incluso ametralladoras—, ordenó no atender los teléfonos y mandó a comprar comida como para pasar el invierno. Juró que lo iban a sacar a los tiros o que se quedaría para siempre. Pero claro, un entredicho armado entre espías no era la publicidad que La Casa necesitaba. A los pocos días alguien rompió las reglas de Cañón y le pasó un teléfono. Era el presidente Menem, que tuvo que comunicarle en persona que estaba despedido. El pobre Cañón volvió a su Mar del Plata más humillado que vencido.

La SIDE, a pesar de todo, seguía funcionando. Con fondos cada vez más elevados —gastaban 100 millones de dólares al año—, y un plantel que superaba los dos mil empleados.

Para los espías argentinos, el gran material de trabajo seguían siendo las escuchas telefónicas. Escuchas que siguieron, aunque cambiaron de números en búsqueda de los nuevos enemigos, los convenientes para los nuevos tiempos. Las escuchas se seguían capturando desde el edificio del Correo, en la zona del bajo, donde la SIDE mantenía su piso propio con cincuenta o sesenta viejitas sentadas detrás de consolas y cables. Las líneas intervenidas seguían siendo dirigidas al equipo inteligente de la base de Coronel Díaz, donde se preparaban las redes de contactos. ¿Quiénes fueron los objetivos de este tiempo? Los principales blancos eran empresarios, banqueros, corredores de bolsa y gurúes del sistema financiero. El Tata estaba obsesionado con el establishment, porque quería saber si aprobaban el nuevo plan económico, la apuesta que había hecho Menem al apoyarse en Bunge & Born, uno de los grupos económicos más conservadores y poderosos de la Argentina. Pero también se apuntaba a los radicales, el otro color partidario. El enemigo preferido del nuevo jefe de la SIDE era Enrique Nosiglia, aquel poderoso misionero que había sido ministro del Interior de Alfonsín y que había logrado poner a muchos de sus hombres en La Casa. Tantos amigos tenía el Coti dentro de la Secretaría que no tardaron en avisarle que su teléfono estaba intervenido. Y mandó a pedirle al Tata que no lo moleste más. «Igual sólo habla de pijas y conchas», puteó Yofre cuando le llegó el aviso. Con el Coti habían compartido las terturlias del Florida Garden. Pero no iban a reconciliarse en homenaje a un simple vermut.

¿Qué fue del Tata Yofre? Ni sus rencores ni las salidas nocturnas ni las escuchas acabaron con su carrera. No podía ser, con un Presidente que gozaba de gustos similares, o aún más ampulosos, y que se jactaba como un adolescente de sus maratónicas noches de póquer, whisky y mujeres. El problema de Yofre fue, contra todas las previsiones, que hizo su trabajo. O no él, pero para el caso es lo mismo. El detonante fue un informe que en noviembre de 1989 elaboró su jefe de gabinete, el economista Carlos García Martínez, un técnico de Bunge & Born que había puesto bien cerca de su despacho. García Martínez redactó un documento altamente confidencial —exclusivo para el Presidente— donde señalaba las distintas áreas del gobierno que estaban siendo focos notables de corrupción. El informe apuntaba a un hombre clave del entorno de Menem: Eduardo Bauzá, el ministro del Interior.

Una semana después de entregarle el informe a Menem, El Tata se llevó una sorpresa desagradable. En una minirreunión de Gabinete en la Quinta de Olivos, a cuento de nada, el propio Bauzá irrumpió mirándolo a la cara:

—Los secretarios de Estado no pueden ser fiscales de los ministros —se quejó Bauzá sin levantar la voz.

Yofre no podía creer que Menem le hubiese pasado una copia del informe a Bauzá, pero así había ocurrido. Fiel al estilo que empezaba a imponer, Menem dejó pelearse a sus hombres delante del resto del Gabinete y durante días no dio señales sobre por quién iba a inclinarse. El Tata, sin embargo, intuyó el final. Se aisló en su despacho de la calle 25 de Mayo a la espera de novedades. Pocas horas más tarde le acercaron un decreto que ya estaba a la firma del Presidente. El decreto ordenaba pasar a disponibilidad a todo el personal de la Secretaría de Inteligencia. Ordenaba su virtual eliminación. Como era de esperar, la copia del decreto empezó a circular dentro de La Casa con la velocidad de un rumor entre colegialas. Yofre empezó a recibir llamados de sus directores, de los delegados en el interior y hasta en el extranjero. No quiso esperar a que lo hicieran desde algún servicio secreto de otro país. Llamó a Menem y le preguntó qué pasaba. El Presidente sonrió al otro lado de la línea como un chico travieso. Era una broma, le dijo, y lo invitó a un viaje. Tenía que volar hacia Paraguay y se quería llevar al Tata con él. Algunos creyeron que era una buena señal. Pero era su viaje de despedida.

Lejos de las intrigas, Jaime respiró aliviado. Por fin saldría de la Escuelita. Por fin iba a volver a la acción.

Simplemente Hugo

Un hombre de familia (judicial)

La caída de Yofre permitió llegar a la cima de la Secretaría de Inteligencia a Hugo Anzorreguy, un abogado de familia patricia, corazón peronista y buen pasar, al que El Tata había puesto como jefe de la inútil CNI para tejer vínculos con un sector del poder que amenazaba con perturbar al gobierno: el de la Justicia. El Poder Judicial era una preocupación seria para el presidente Menem, dispuesto a hacer una profunda reforma del Estado, que consistía primero en terminar de convencer a la sociedad de lo mal que funcionaba todo, para luego poder privatizarlo. Un modelo que durante años fue aplaudido en todo el mundo, sobre todo desde aquellos países, como los europeos, que vieron las puertas abiertas a negocios suculentos y con riesgo bajo o nulo. Con poquísima plata, o la simple promesa de futuras inversiones, empresas extranjeras se compraron los trenes, los aviones, el correo, sistemas enteros de redes telefónicas, de gas, de luz y hasta la concesión de los pozos petroleros y los yacimientos de gas. Negocios multimillonarios, que durante algunos años dieron la sensación de que el país ingresaba al primer mundo, cuando en realidad sólo se hundía más y más. Ese proceso, aun con el aval del Congreso, difícilmente hubiera soportado una mirada atenta y desprejuiciada de los jueces. Pero Menem logró ampliar y conformar una Corte Suprema de Justicia a su medida, además de nombrar a cuantos jueces le permitió el tiempo. Anzorreguy era, en ese plan, un elemento de seducción clave para mantener en raya a esa familia judicial, históricamente conservadora, de la que podía sospecharse, en un principio, que era un enemigo a vencer. La salida de Yofre, y la confianza cada vez más arrolladora de Menem, lo decidieron a ascender a Anzorreguy, un tipo con el que no tenía trato personal sino a través de El Tata. El 1º de febrero de 1990, al finalizar el acto de asunción del nuevo jefe de la SIDE, en el coqueto Salón Blanco de la Casa Rosada, Menem saludó a Anzorreguy con un apretón de manos y una pregunta de esas que intentan confirmar una intención.

—¿Cómo se llamaba tu cuñado?

—O’Connor. Moliné O’Connor —contestó Anzorreguy, todavía tímido ante el Presidente. Eduardo Moliné O’Connor era el hermano de Margarita, la mujer de Anzorreguy. Y fue el quinto juez de la Corte nombrado por Menem en una histórica sesión del Congreso, el 6 de agosto de ese año, que ocupó apenas siete minutos en aprobar el pliego de ese abogado cuya única virtud conocida era comandar la Asociación Argentina de Tenis. Moliné fue el último paso de una velocísima avanzada de Menem sobre el Poder Judicial, que en pocos meses logró aumentar los miembros de la Corte de cinco a nueve y nombrar a la mayoría de sus integrantes. Una mayoría que le iba a ser leal hasta el fin de su mandato, diez años después.

Con un estilo campechano, simpático hasta con sus enemigos, en poco tiempo Anzorreguy pasó a ser, dentro y fuera de La Casa, simplemente Hugo. Un hombre muy generoso con las cuentas de una Secretaría que se iba haciendo cada día más rica. Generosidad que notaron todos aquellos militares, herederos de lo peor de la dictadura, a los que Yofre había devuelto a la SIDE. Anzorreguy los corrió de sus lugares de poder, pero no los echó. Tenía la teoría, y la defendió durante años, de que la SIDE debía financiar a esa clase de personajes para que no se pasaran del lado del enemigo. Para él, ésa era la mejor forma de evitar que se conviertan en conspiradores. La lección del Padrino de Puzo: «Tener a tus amigos cerca, pero a tus enemigos aún más cerca».

Pelusa Martínez, el viejo jefe que todavía protegía a Jaime, se fue de la SIDE enojado porque los indultos de Menem a los ex jefes de la dictadura no habían sido tan amplios como él deseaba. Pero el resto de los dinosaurios no estaba dispuesto a abandonar La Casa sin obtener algo a cambio. El emblema fue Pascual Guerrieri, aquel que había administrado centros clandestinos de detención y ahora pasaba a formar parte de un gigantesco grupo de asesores inorgánicos. Los beneficios llegaron incluso a Rubén Visuara, uno de los responsables de Orletti durante la dictadura. Visuara, ya retirado, había creado una agencia de seguridad donde trabajaban varios de sus torturadores, como Eduardo Ruffo, la mano derecha del pesado de Gordon. La agencia de Visuara fue contratada por La Casa para trabajos de alta sensibilidad, como custodiar a diplomáticos extranjeros o a funcionarios de Inteligencia de otros países que estuvieran de visita en Buenos Aires. Mientras la justicia empezaba a retomar las investigaciones sobre la represión, truncas desde las leyes del perdón del gobierno de Alfonsín, algunos de los principales responsables caminaban tranquilos y armados por la Secretaría de Inteligencia.

Entre los estables de La Casa, la llegada de Hugo no gustó demasiado, pero por otros motivos. Un hombre del Poder Judicial no era bien visto entre los agentes, acostumbrados a moverse entre la ilegalidad y el desdén por las normas. Se lo hicieron saber de distintas maneras. Hugo se movía en uno de los autos de la Secretaría, con chofer y custodia, y cada tanto le hacían escuchar por la radio la nada sutil marcha fúnebre. El colmo fue cuando la mamá del jefe de la SIDE lo llamó para decirle que dos señores se habían aparecido en su casa diciendo que iban de su parte para llevarse el videograbador familiar.

—Dijeron que lo van a arreglar. Pero andaba bien —le contó la mamá al nuevo Señor Cinco. Era cierto. La videograbadora andaba tan bien que los dos desconocidos no volvieron nunca más. Se la robaron. Hugo tardó más de un año en acostumbrarse a los señores de La Casa. Su sonrisa y la caja, cada vez más grande, hicieron el resto.

Nuevos objetivos

El 3 de diciembre de 1990 Menem acabó con el problema de los carapintadas. Y lo acabó a los tiros. El coronel Mohamed Seineldín, que se había sublevado contra Alfonsín y estaba detenido en un cuartel militar de San Martín de los Andes, al sur del país, organizó desde el encierro una nueva revuelta. Sólo que esta vez la anticiparon todos. La SIDE, que tenía suboficiales contratados en el entorno de Seineldín, pero también la inteligencia militar y hasta los medios de prensa. Todos parecían al tanto de esa intentona y la reacción del Presidente fue letal. Ordenó reprimir a los rebeldes a los cañonazos y hasta con francotiradores. En menos de veinticuatro horas, con un saldo de seis militares rebeldes muertos, Menem dio por cerrado el conflicto que tanto daño le había causado a Alfonsín.

Semejante celeridad demostró la autoridad que intentaba imponer Menem en el problema militar, pero dejó a la SIDE sin uno de sus principales objetivos de los últimos años. Si los carapintadas dejaban de ser un problema, ¿qué iban a hacer los miles de empleados de La Casa?

El rol de la Secretaría había sido, desde su creación, el de mantener informado al Presidente. Lo siguió siendo, porque es la esencia de su existencia. Pero una vez que Anzorreguy se acomodó en su puesto y vio que la caja de La Casa daba para mucho más de lo que suponía, empezó a involucrar a la SIDE en objetivos muchísimo más amplios y numerosos. La SIDE, decía Hugo, debía colaborar con los jueces, siempre atiborrados de trabajo y preocupaciones. Hasta ese momento, las policías provinciales y de la Federal tenían la exclusividad en la asistencia del Poder Judicial y sólo en casos muy excepcionales se convocaba a la Secretaría de Inteligencia o a organismos de seguridad como la Gendarmería o la Prefectura. Con Hugo las cosas empezaron a cambiar, comprometiendo a la SIDE en tareas para las que no había sido preparada.

—Es una policía paralela sin control —se iba a quejar el ministro Beliz trece años más tarde. En realidad, se estaba empezando a convertir en mucho más que eso.

Abogado, hijo, hermano y padre de abogados, Anzorreguy era uno de esos tipos que camina por los pasillos de los tribunales y se la pasa saludando a colegas, a jueces, fiscales y a empleados. Un tipo de la familia judicial, como se dice, sólo que también un tipo de la política. Si Menem lo había puesto allí para conformar y controlar a esa familia tan especial, él sabía que para cumplir con su misión debía pagar con algo. La billetera es poderosa, pero no es la única herramienta de seducción. La SIDE empezó a colaborar en las investigaciones judiciales como nunca antes lo había hecho. Primero con los jueces amigos; con el tiempo, con todos los que quisieran tender el puente con La Casa. Los agentes de inteligencia, preparados para espiar a quienes pudieran atentar contra los intereses de la Nación —eso decían, todavía, los decretos que regulaban La Casa—, pasaron a perseguir a los argentinos que atentaban contra los intereses privados de algún otro argentino. Buscar testigos reticentes, cotejar direcciones, revisar documentos o balances de empresas, escuchar los teléfonos de estafadores, ladrones, asesinos o traficantes de cigarrillos. La SIDE empezaba un lento camino hacia la legitimación de la inteligencia interna, con el amparo de los jueces pero de espalda a la legislación que le había dado vida. Ni Perón, el primero, ni ninguno de los presidentes que le siguieron, le habían dado a la SIDE el poder de policía que Hugo empezaba a ofrecerle. Los agentes todavía no podían detener ni realizar allanamientos, pero estaban cada día más cerca de esas detenciones y de los allanamientos. La Casa se convertía ahora en una policía paralela, sin control, pero además con intereses que proteger y la cobertura del secreto. Porque la SIDE podía responder a los jueces, pero nunca dejaría de ser leal al jefe que le daba vida y sentido: el Presidente de la Nación.

La nueva estrategia fue para Jaime una bendición. Después de su crisis con Yofre, volvió a la Dirección de Contrainteligencia como jefe del Departamento de Operaciones, un cargo que lo convertía en el responsable de los casi cien agentes que salían a la calle a cumplir con las directivas de La Casa. Su cargo lo hacía participar de todas las discusiones y decisiones jerárquicas de la base de Estados Unidos, justo cuando esas directivas iban en sintonía con sus deseos y los deseos del Señor Cinco. La clave de su transformación se encontraba en su relación con el comisario Mario Naldi, aquél con el que había capturado a Guglielminetti en España, de quien se había convertido en amigo y socio de aventuras. A pedido de Naldi, Jaime empezó a colaborar en investigaciones policiales de la Bonaerense. Eran trabajos que le aseguraban acción y le permitían ampliar su poder de influencia, en tiempos en los que el delito común, de la mano de poderosas superbandas dedicadas a golpes espectaculares sobre bancos y camiones blindados, empezaban a definir una nueva pintura social, preocupada por una inseguridad creciente, ahora despolitizada e hija de la pura marginalidad. Jaime ofrecía todo lo que tenía a su mano. Prestaba a los agentes de La Casa para hacer seguimientos de sospechosos. Prestaba las camionetas de la base Estados Unidos, que con sus cámaras filmadoras detrás de vidrios espejados permitían filmar guaridas ocultas en las villas miseria del conurbano bonaerense. En poco tiempo más, prestaría también millonarios fondos reservados.

A espaldas del Congreso, de los diarios, de todos los argentinos, estaba naciendo una nueva doctrina de seguridad, menos peligrosa que la que había justificado la represión de los años setenta, pero muy trascendente para nuestras vidas. Si antes se la había llamado de Seguridad Nacional, ahora era de Seguridad Interna, un estado de ánimo colectivo que empujaba a los más o menos pudientes a mudarse a barrios cerrados, a los no tanto a contratar servicios de seguridad privada, al resto a quedar al desamparo. El enemigo de la SIDE, esta vez, no pretendía cambiar el mundo en favor de la revolución del proletariado. El enemigo de la SIDE era ahora un ladrón sin destino. «Delincuentes comunes», se los llamó en los medios de prensa. La seguridad de la Nación, al parecer, ahora dependía de ellos.

El búnker de Jaime

Más ducho que nunca en el arte de fabricar y coleccionar aparatos de espionaje, a mediados de 1991 Jaime se acomodó en una de las oficinas del segundo piso de la base Estados Unidos, con el argumento de que debía concentrar allí sus trabajos en coordinación con la Policía Bonaerense. Una oficina a la que sólo se accedía por una escalera caracol, a la que podían subir muy pocos elegidos, como su amigo Garnica, que ya se recostaba sobre su espalda y manejaba la logística de los callejeros de Jaime. En esa oficina, a la que llamaba su Taller, Jaime encontró la privacidad que necesitaba para empezar a juntar toda su «ferretería». Scanners para escuchar conversaciones telefónicas a distancia, cámaras fotográficas, filmadoras grandes y diminutas, muchas traídas por Salinardi desde Europa o Estados Unidos, adonde viajaba mes de por medio en misiones de La Casa. Con Salinardi ya se habían convertido en compinches. Eran casi de la misma edad, habían ingresado en la SIDE en la misma época y sus carreras habían tenido similares tropiezos y ascensos. Los unía, también, haber egresado ambos de colegios Don Bosco. Y el ejercicio cotidiano de La Casa. Como Jaime era uno de los pocos ingenieros informáticos de la SIDE, Salinardi lo consultaba cada vez que se tenía que comprar algún tipo de tecnología. Si compraban veinte handys, Salinardi consultaba a Jaime sobre la conveniencia de tal o cual sistema. Lo mismo si tenían que comprar computadoras personales, que en esos años empezaron a regar las oficinas públicas, más aún las de la SIDE, o los primeros teléfonos celulares, que todavía eran unas enormes y molestas valijas, a las que todos llamaban «ladrillos», sin exagerar. Jaime agradecía la consulta con su firma de respaldo para las compras, que, salvo las Operaciones Especiales, se regían de acuerdo con los reglamentos de compras de todo el Estado, es decir, con la previa consulta de dos o tres presupuestos. Jaime y Salinardi no eran tontos y pronto notaron la importancia que empezaba a tener el avance tecnológico, en vísperas de un mundo que se avecinaba bajo el influjo todopoderoso de Internet y los infinitos sistemas informáticos.

En esos meses, a pedido de Anzorreguy, Salinardi debió comprar 300 teléfonos celulares marca BGH, la primera adquisición grande de este tipo. Los «ladrillos», que con el tiempo mutaron en aparatos cada vez más pequeños y sofisticados, fueron asignados a los principales directivos y agentes de La Casa —Jaime entre ellos—, pero también a funcionarios ajenos a la SIDE. Los ministros, secretarios y subsecretarios del gobierno recibieron un teléfono celular sin límite de consumo, en tiempos en que los celulares eran un lujo para las películas futuristas.

También los recibieron algunos jueces, fiscales, abogados y hasta periodistas, de acuerdo con una lista de beneficiarios que hacía el director de Asuntos Jurídicos de La Casa, José «Pepe» Allevato, un amigo de la infancia de Hugo que se iba a convertir en el encargado de la relación cotidiana con el Poder Judicial. Aunque poco significante en costos, la compra de los teléfonos fue uno de los primeros movimientos de lo que más tarde se llamaría la «cadena de la felicidad». Los teléfonos podrían haber sido comprados por cualquier ministerio y en forma transparente, pero se los había adquirido a través de la oscura SIDE. ¿Por qué? Dentro de La Casa se decía, con sorna pero sin pruebas, que era un favor con prenda y que los teléfonos venían con un grabador incorporado, convirtiendo a sus usuarios en los blancos más fáciles del mundo. Cierto o no, en el Gabinete de Menem pronto se instaló la sospecha de que el simpático Hugo estaba controlando conversaciones y movimientos del entorno presidencial. María Julia Alsogaray, una funcionaria neoliberal que preparaba la privatización de los teléfonos, mandó a uno de sus secretarios a increpar a Anzorreguy. El secretario era un gigantesco señor al que decían Mac Gibber y para fortuna de Anzorreguy no logró llegar siquiera al quinto piso de la central de 25 de Mayo, donde nadie entra si no es invitado. Pero María Julia no dejó de desconfiar jamás y en una de las reuniones de Gabinete que el Presidente organizaba en la Quinta de Olivos, se declaró «controlada» por la SIDE. Menem sonreía ante las insinuaciones y sospechas, acaso por pícaro. María Julia no era la única que parecía paranoica. La misma sensación declaraban en privado otros funcionarios, a los que Hugo citaba a su despacho para preguntarles por su adicción al alcohol o recomendarles que no asistieran con su amante a hoteles tan céntricos.

—Queremos ayudarte… —les decía Anzorreguy, en tono paternal.

Operación Palito

Salinardi tenía más motivos para estar feliz con los cambios que se producían en la SIDE. El trabajo era más o menos el de siempre, se llevaba bien con el nuevo director de Finanzas, Juan Lastra, y ahora viajaba como nunca antes. Desde hacía años que los empleados jerárquicos de la Dirección se turnaban para hacer los envíos de dólares a las cuentas de la SIDE en el exterior. Debían viajar a Nueva York, donde tenían dos cuentas bancarias, y a Zurich, donde había otra cuenta en la Unión de Bancos Suizos. Con esas cuentas se financiaban las operaciones en el extranjero, se solventaban los gastos fijos que generaban los delegados de La Casa por el mundo y se liquidaban las compras de tecnología extranjera. Pero esa plata no podía dejar rastros de ningún tipo, en nombre de la seguridad nacional, así que había que llevarla en efectivo, billete sobre billete. Salinardi era uno de los encargados de esos traslados, que con la llegada de Hugo se volvieron rutinarios y mensuales. Salinardi cargaba en una valija de cuero marrón entre 100 y 300 mil dólares —según la ocasión— y se subía al avión como cualquier turista. No se tomaba ningún resguardo extra, ya que la SIDE todavía no había aprendido a conseguir pasaportes diplomáticos o no quería hacerlo para no llamar la atención en la Cancillería.

Los viajes al exterior eran breves, pero dejaban buenos ingresos extras. Había excelentes viáticos en dólares, se dormía en hoteles cinco estrellas y se viajaba en clase ejecutiva, donde Salinardi podía pedir champán, ver películas y, todavía, fumar en paz. Hacia fines de 1990 surgió un nuevo destino, que desde entonces se sumó a la rutina para siempre. Era la ciudad de Miami, en donde Hugo, sin dar demasiadas explicaciones, ordenó abrir una delegación. Allí, en una casa a metros del mar y con fondos secretos, durante más de un año la SIDE preparó la campaña política de un cantante con el que Menem ensayaba un nuevo giro en su política: llenar con la farándula los puestos que no podía ocupar del modo tradicional. Anzorreguy envió a la base de la SIDE en Miami a Marcelo Hurgo, un especialista en campañas políticas. Su misión parecía una quimera: convertir en gobernador de la provincia de Tucumán al cantante Ramón «Palito» Ortega, un carismático tucumano que residía en Miami desde hacía siete años y vivía en los recuerdos de los argentinos por sus años dorados como estrella del Club del Clan, un programa de televisión que había causado sensación tres décadas atrás. Nacido en la pobreza, Palito se había iniciado como lustrador de zapatos y luego de mucho pelearla había llegado a abrazarse a las luminarias, en una carrera pública que representaba como ninguna la leyenda del canillita que se convierte en campeón. Menem quería aprovechar la estrella de ese morocho simpático que cantaba su fe sin demasiado talento pero con indudable encanto. La base de la SIDE en Miami insumió, durante más de un año, una fortuna en entrenamientos de cámara, cursos de historia para el candidato, campañas publicitarias. Palito volvió a la Argentina con un perfil ciertamente presentable. Se afilió al peronismo y formó una agrupación política, Surgimiento Innovador, cuyas iniciales, S. I., correspondían de pura casualidad con las de La Casa. ¿O fue una sutil ironía de sus inventores? El 8 de septiembre de 1991, aquel viejo lustrador de botas fue elegido gobernador.

Cuevas generosas

Cuando empezó la década del noventa, la SIDE ya estaba saturada de gente. Anzorreguy decía tener 2500 empleados —entre agentes y administrativos— y gastaba 123 millones de dólares al año. La enorme mayoría de sus hombres trabajaba dentro del país, salvo 92 agentes asignados a las delegaciones en el exterior que en general moraban en las embajadas como agregados culturales o de negocios y cobraban unos 4 mil dólares por mes, además de disponer de una cuenta reservada para gastos de representación.

También estaban los agentes inorgánicos, que eran muchísimos y estaban apostados en departamentos ajenos a las estructuras estables de la SIDE. La cueva más ruidosa era la de Pascual Guerrieri, que se había reciclado al mando de una decena de informantes en un piso de la calle Esmeralda, en diagonal a la oficina de Rentas, en el microcentro porteño. En el equipo de Guerrieri había jugadores de toda la cancha: ex agentes de Inteligencia del Ejército, de la Marina, pero también algunos periodistas, como Jorge Boimvaser, redactor de El Informador Público. Los trabajos que les encargaba Hugo eran sencillos: organizar pintadas a favor de algún político aliado, la impresión de folletos de campaña para las elecciones legislativas de 1991, operaciones de prensa en contra de los candidatos de la oposición. Tareas que no precisaban talento, pero sí manos anónimas.

Los inorgánicos no cobraban en la central de 25 de Mayo porque nadie los quería por allí. Lo hacían en alguna de las cuevas que estaban vacías. La más selecta, era una oficina de la calle Libertad, entre Posadas y Alvear, a metros del shopping Patio Bullrich. La cueva de la calle Libertad era un departamento de dos ambientes, en un edificio de estilo, como la mayoría de ese barrio, donde los primeros días de cada mes atendía un hombre menudito de enorme poder: Juan Lastra, el mismísimo director de Finanzas, cuya presencia le daba importancia a la cueva. Lastra se aparecía en el departamento rodeado de custodios y con una fortuna, intentando no llamar la atención de los vecinos, lo que parece imposible. Allí hacía pasar a los inorgánicos, de a uno por vez, y los esperaba junto a una enorme saca de cuero, de esas que se usan en el Correo Central para juntar sobres. Preguntaba:

—¿Cuánto eras vos? —Treinta mil.

Lastra metía la mano en la saca y a la vista de su visitante iba sacando fajos. Los que alguna vez cobraron en esa cueva recuerdan la indiferencia del director de Finanzas para contar los billetes arriba de un estantecito de madera bastante enclenque. Lo hacía con la naturalidad de quien acomoda viejos papeles inútiles. Diez, veinte, treinta mil pesos. Los contaba rápido y se los daba al visitante, a cambio de una firma en un pequeño recibo de cuatro centímetros por lado. Eso algunas veces. Otras, ni siquiera pedía una firma. Total, no era su plata. Era la de todos.

—El que sigue —decía Lastra.

¿Cómo controlaban esos movimientos? ¿Cómo lograr que no quedaran fajos en el camino? Casi imposible. La plata para los inorgánicos se volaba en cuentas de Operaciones Especiales que autorizaba el propio Lastra y que no precisaban ningún recibo a cambio. Anzorreguy podía, en teoría, encargar una auditoría sorpresiva, pero sólo encontraría un formulario con el monto total de lo gastado en determinado mes. Nada más. Por eso el director de Finanzas era un hombre clave, de confianza total del jefe. El director de Finanzas podía hacer lo que se le antojara.

Lastra había trabajado toda su vida como contador del estudio jurídico de la familia Anzorreguy y nunca les había robado. Ahí se terminaban las garantías. Pero eso sí: todos en Finanzas sabían que los inorgánicos salían demasiado caros, a no ser que esos agentes estuvieran por salvar a la Argentina de un desastre atroz, lo que por supuesto estaba muy lejos de ocurrir.

El derroche de billetes y la ausencia de controles generaba problemas con los que no habían contado ni Anzorreguy ni nadie. Provocaba la desconfianza entre los propios inorgánicos. Pascual Guerrieri tuvo problemas con su equipo de colaboradores, cuando uno de ellos empezó a sospechar, con toda la razón del mundo, que se quedaba con una parte de sus sueldos. Jorge Boimvaser, el hombre que sospechaba, se cansó y decidió enviar anónimos por fax a las distintas bases de La Casa, con mensajes muy pesados contra su jefe. Con tan mal tino que un buen día olvidó borrar el número de teléfono del fax de origen. Guerrieri no tardó en saber quién era su Judas y mandó a buscarlo. Los vecinos de Belgrano vieron por la avenida Cabildo a dos enormes señores de traje que corrían a un muchacho mal vestido por la vereda. Habrán pensado que el fugitivo era un carterista. Pero era Boimvaser, huyendo como podía de dos fornidos guardaespaldas de Guerrieri. Debió mediar Anzorreguy, quien, a su estilo, los invitó a relajarse. Se ocupó de los detalles su yerno, Alejandro Mac Farlane, que hacía de su secretario privado y empezaba a convertirse en un hombre de influencia. Guerrieri fue enviado junto con su mujer a descansar diez días en Punta Cana, una de las mejores playas del Caribe. Boimvaser tuvo un destino más modesto: le enviaron un par de pasajes de avión para la isla de Florianópolis, en Brasil.

Grupo Barolo

No sólo los inorgánicos cobraban en efectivo. La entrega de sobres con plata para periodistas eran una vieja tradición de La Casa. Durante el gobierno de Alfonsín, Suárez seleccionaba a los beneficiarios desde la Dirección de Medios, aunque Salinardi y los de Finanzas eran los que pagaban. Yofre había dejado todo en manos de su director de Comunicaciones, Mario Baizán, ex periodista que se ocupó de tener contentos a muchos de sus colegas. Pero Hugo hizo de la tradición un dogma. En octubre de 1991, el bloque radical de la Cámara de Diputados denunció la existencia del Grupo Barolo, una especie de apéndice de la SIDE, otra cueva paralela, que funcionaba en el pasaje Barolo. En realidad no era otra cosa que lo que quedaba de la vieja agencia de noticias Saporiti. Y era obvio que alguien de La Casa había llevado el dato hasta el Congreso. En el Grupo Barolo, la vieja Saporiti, se había reunido a un grupo de periodistas amigos del gobierno que recibían sus beneficios todos los meses. La función de este grupo era proteger al Presidente «de la furia opositora». A cargo de reclutar a los periodistas amigos estaba Luis Beldi, de Ámbito Financiero, aquel diario que había hecho sufrir tanto a los radicales y ahora se alineaba al menemismo. El listado de los beneficiarios incluyó a algunos comunicadores reconocidos como Carlos Varela y Daniel Mendoza. También a algunos jóvenes liberales de ascendente carrera en la vocería del establishment, como Daniel Hadad, aquel muchacho tímido, compañero de tropelías de Cherasny, que en tiempos de Alfonsín había hecho su bautismo en la Dirección de Medios. En pocos años Hadad llegaría a comprarse un canal de televisión, radios, medios online y a convertirse en uno de los zares del periodismo argentino.

Nadie festejó la denuncia sobre el Grupo Barolo más que Salinardi. La publicidad hizo que Anzorreguy se decidiera a dar de baja a la agencia Saporiti. Salinardi, uno de los supuestos dueños de la agencia, odiaba a esa empresa porque había sido el motivo de su destierro al depósito de La Boca. Su plus en el sueldo, por su participación en la empresa, estaba de todos modos asegurado. Era un derecho adquirido que nadie iba a tocarle. En cuanto a la firma OSGRA, de la que era uno de sus dueños, más que achicarse se convertía en un monstruo. Ya le habían sumado la base de Coronel Díaz, le agregaron la de Estados Unidos y muchas de las delegaciones del conurbano bonaerense, además de las cuevas que se abrían por toda la Capital. Su porcentaje en esa empresa, aunque fuera sólo formal, se hacía cada año más jugoso y algún día intentaría sacar provecho de eso. No sólo él, por cierto, pero para conocer esos detalles falta todavía mucho por recorrer.

Los diez mandamientos

El escándalo del Grupo Barolo hizo que Anzorreguy se diera cuenta, a menos de dos años de asumir, que estaba sentado sobre un sillón demasiado sensible a los papelones. Necesitaba gestos que mostraran que La Casa iba en otra dirección y para eso hizo pie en el área más inofensiva de todas, la Escuela Nacional de Inteligencia. El pintoresco edificio de la calle Libertad no cambió de profesores ni de materias, pero sí de director. Asumió el almirante Alberto Varela, que había sido jefe de inteligencia naval y asesor de Raúl Alfonsín. Varela respondió al reclamo del Señor Cinco y mandó a pegar en el hall de la Escuelita un letrero con las reglas que, de acuerdo con los manuales internos, debían seguir a partir de entonces todos los agentes de La Casa. Un decálogo que los estudiantes debían conocer de memoria, aunque nunca lo practicaran, y que Hugo se ocupó de difundir en las redacciones de diarios y revistas para demostrar lo justo y democrático que era. El decálogo disponía:

Cumplir con lealtad a la Patria los deberes del personal de Inteligencia.

Mantener la disciplina del secreto.

Proporcionar la información obtenida y la inteligencia efectuada sólo a quien la necesita.

Excluir subjetividades, creencias o prejuicios personales de las apreciaciones de Inteligencia.

Evitar el error de satisfacer curiosidades o inquietudes personales en la tarea de la búsqueda de información.

Excluir cuestiones particulares del personal de las tareas normales de Inteligencia.

Basar en la buena fe recíproca la coordinación que debe establecer con otros organismos de Inteligencia.

Producir en tiempos de distensión, la Inteligencia que será imprescindible en tiempos de conflicto.

Trabajar silenciosa y discretamente sin aguardar reconocimientos expresos de su labor.

Proteger las fuentes por deber de lealtad y para mantener canales de información obtenidos laboriosamente.

Los diez mandamientos sonaban muy bien, aunque no siempre se cumplieran. ¿Quién definía la lealtad a la Patria que reclamaba Anzorreguy? La disciplina del secreto era indudable, pero ¿para pagarle a los periodistas del pasaje Barolo?, ¿para financiar campañas políticas?, ¿para darle de comer a Pascual Guerrieri y su pandilla?, ¿para mantener al Presidente informado de las miserias de sus funcionarios?

En esos días, una vecina de la Escuela de Inteligencia, viuda desde hacía algunos meses, iniciaba una rutina que duraría años: se acercaba a la puerta del edificio a darle carne picada a los gatos que rondaban el lugar. Sofía Fijman tenía 68 años. No tenía antecedentes penales ni filiaciones políticas. Pero sus movimientos empezaron a ser observados, subjetiva, prejuiciosa y peligrosamente, por el personal de vigilancia.

El fin de la inocencia

El mundo está cerca

El 17 de marzo de 1992 la Argentina despertó de un sueño. Durante años los argentinos habíamos asumido como cierto que la distancia geográfica que nos separaba de los países centrales tenía, además de ciertas desventajas, algunos grandes privilegios. Mirábamos con desinterés y lejanía los grandes problemas del planeta. La guerra de Malvinas, en 1982, había sido apenas un accidente comandado por un general alcohólico, pero estábamos al margen de las batallas que se libraban en el mundo por territorios, por el petróleo, por motivaciones étnicas o divergencias religiosas. Los argentinos éramos un país abierto, formado sobre un crisol de razas, con la pujanza de los inmigrantes y la frescura de los nativos, atento a Europa pero lejos de Europa, dentro de América latina pero a salvo de América latina. El 17 de marzo de 1992, esa creencia, aquella superstición, se rompió en mil pedazos. Sobre la calle Arroyo, en Recoleta, a las 14:50 vimos una tremenda nube de humo, similar aunque más pequeña a las que habíamos visto, por televisión, sobre la isla de Hiroshima. La explosión derrumbó a la embajada de Israel en Buenos Aires. Se contaron los muertos. Eran 29.

¿Había sido obra de los fundamentalistas islámicos? ¿Era cierto que en la embajada guardaban un arsenal? ¿Se había trasladado el conflicto de Oriente Medio al corazón de Buenos Aires? ¿Por qué nos visitaba lo peor de ese conflicto? Los bomberos, la Policía, Defensa Civil y miles de vecinos asistieron de pronto a un espectáculo que nunca habían imaginado. También Jaime. Como jefe del Departamento de Operaciones de la Dirección de Contrainteligencia, Jaime llegó al corazón de los escombros con veinte de sus callejeros. Como el resto, no entendía nada. No estaba preparado para eso. Sabía pinchar teléfonos, sabía seguir de cerca a opositores, sabía investigar a los delincuentes comunes del conurbano bonaerense. ¿Qué sabía del terrorismo internacional? Nada. Nadie sabía.

El temblor, que se había sentido en buena parte de la ciudad, también llegó a la SIDE. La relación que mantenía La Casa con los servicios secretos de otros países era hasta ese momento una relación de buenos modales, algunos favores y nada más. La explosión en la embajada iba a cambiarlo todo. En los meses posteriores al atentado empezaron a cruzarse cables secretos a todos lados del mundo, la mayoría de los delegados tuvieron que ser cambiados por otros que entendieran algo más del funcionamiento del planeta, la central de 25 de Mayo y las bases secretas empezaron a recibir visitas rutinarias de enviados de la CIA, del Mossad y de los servicios de los países centrales de Europa. Hubo áreas de La Casa más afectadas que otras. La Dirección de Inteligencia Exterior, en la base de Coronel Díaz, tuvo que abrir, a pedido de la CIA, una base secreta en Foz de Iguazú, en la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, para tener cierto control sobre los miles de brasileños de origen árabe que vivían allí desde hacía décadas. La Dirección de Contrainteligencia, en la base de Estados Unidos, heredó de la Cancillería el control del ingreso al país de todos los ciudadanos de países árabes. Cada vez que algún árabe intentaba entrar en la Argentina, la base enviaba su nombre a los delegados de la CIA y el Mossad en Buenos Aires. En veinticuatro horas, desde esas agencias, informaban si la persona estaba o no en sus listas de sospechosos de terrorismo. Recién entonces la SIDE daba su aprobación y certificaba la buena fe del visitante, como en otros tiempos había certificado si era o no comunista, si era o no guerrillero.

A la base de Estados Unidos llegó el encargo de la investigación del atentado. ¿En quién cayó semejante responsabilidad? En Jaime. Desde aquel 17 de marzo, Antonio Horacio Stiuso empezó a transitar un camino sin fin hacia el difuso objetivo de ponerle cara a lo que empezaba a llamarse, todavía sin demasiada convicción, el terrorismo internacional o global. ¿Qué mejor que hacerlo a las órdenes del Mossad, el servicio secreto de Israel? El delegado de la SIDE en Tel Aviv era Patricio Pfinnen, un cuarentón que de muchacho había hecho guardia en la puerta de Orletti y con quien Jaime nunca había tenido un buen trato. Pfinnen había sido el encargado de informar del atentado a sus pares del Mossad y fue quien abrió las puertas para que ese servicio secreto, uno de los más eficaces del planeta, pusiera atención, gente y recursos en la Argentina. Los enviados del Mossad ocuparon la oficina de Jaime y aplaudieron un informe de inteligencia donde el agente Stiles aseguró que la embajada había sido derribada por un comando suicida con un cochebomba, operativo similar a los muchos atentados que asolaban Israel desde hacía años. Los enviados del Mossad también estaban en la oficina de Jaime cuando el agente Stiles escribió, en otro informe oficial, que entre los escombros de la embajada había encontrado restos de una camioneta Ford F-100 y que esa camioneta había sido retirada días antes de una agencia de autos de Villa Crespo, por un comprador que había usado un documento falso y hablaba en un curioso portuñol. ¿Era cierto lo que escribía Jaime? ¿Había pruebas de respaldo o sólo buscaba y escribía lo que deseaba el Mossad, encantado con culpar a sus enemigos de Oriente Medio? Los enviados del Mossad estaban en su oficina cuando Jaime dio las primeras órdenes para hacer seguimientos sobre las mezquitas, sobre la embajada de Irán en Buenos Aires, sobre cualquier club donde se reunieran árabes o hijos o nietos de árabes, no importaba si eran iraníes, sirios, egipcios o saudíes, musulmanes chiítas o sunnitas.

Para la Argentina era todo un darse cuenta. Aunque las explicaciones podían ser tan ciertas como falsas. La Policía Federal sostuvo, como Jaime, que encontró los restos de la camioneta F-100 a metros de la embajada. Pero no se hizo acta de secuestro ni se llamó a testigos para verificar que ese hallazgo fuera cierto. Y ninguno de los 300 testigos del atentado había visto la camioneta antes de la explosión. ¿Era cierta la tesis del cochebomba? Para Jaime, para la SIDE, para la Policía, lo importante no era qué había pasado, sino encontrar una respuesta. Hay una frase de la que suelen jactarse los espías: «Si fueran hechos, no sería Inteligencia». Y Jaime estaba haciendo de esa frase una forma de vida. Si fueran hechos, no sería Inteligencia.

Había otras hipótesis que inquietaban, no a Jaime, pero sí a algunos peritos de la Academia Nacional de Ingenieros y a los investigadores judiciales de la Corte Suprema.[10] Sobrevivientes de la embajada habían relatado que en el subsuelo del edificio se almacenaban armas y explosivos. Las preguntas surgían de inmediato: ¿habrá sido ese arsenal el causante de la explosión? O en todo caso: ¿sabría el autor del atentado que existía ese arsenal? Y por último: ¿qué hacía la embajada de Israel con ese arsenal? Ni la embajada lo explicó jamás ni Jaime insistió en saberlo. Para él, el caso le había abierto las puertas a la Mossad como nunca antes había imaginado. Fue un pasaje directo a un estadío superior en su ya notoria carrera. Un asombroso salto hacia adelante. Empezó viajando a Israel cada dos o tres meses, llevando la información que recogía en Buenos Aires o yendo a buscar otra. Debió reforzar su inglés, debió aprender historia, debió estudiar y prepararse. En sus viajes empezaron a acompañarlo dos de las pocas mujeres que, perdidas en la Dirección de Análisis, habían sobrevivido a la fobia de Señorans, aquel jefe de los años sesenta que odiaba a las mujeres. Marta y Gabriela eran profesoras de Historia y se habían especializado en Oriente Medio. Se convirtieron en Las Chicas de Jaime. Lo seguirían por años como sus asesoras, como sus mujeres de consulta, hasta convertirse ellas en mujeres importantes dentro de la estructura de La Casa.

Después surgió la pista del dedo, de la que se habló durante años en secreto y con la sorna que se merecía. El dedo gordo de un pie que una vecina de la embajada de Israel encontró en la alacena de su cocina. Jaime y sus hombres recibieron el aviso y fueron hasta el quinto piso del edificio ubicado en Suipacha 893, esquina Arroyo, a media cuadra del lugar exacto de la explosión. Era evidente que el dedo había sido expulsado por la ola expansiva. Allí estaba, como esperando a los duchos espías criollos, que se lo llevaron envuelto en papel celofán para su estudio. Semanas más tarde Jaime redactó un informe para la Corte Suprema de Justicia, a cargo del caso, donde aseguró que el dedo era la prueba que confirmaba la hipótesis del comando suicida. Pero no sólo eso. El dedo confirmaba además el origen del comando suicida porque, se describía en el informe, pertenecía a «una persona que usaba las típicas sandalias de cuero de cabra que producen en los dedos del pie una callosidad similar a la que tienen aquellas personas que acostumbran a caminar descalzas». Jaime no sólo parecía convencido de que los terroristas acostumbran a caminar descalzos. Gracias al dedo, calculaba la altura del terrorista en «poco menos de 1,70 metros», y su tez morena. ¿Un pastorcito iraní perdido en Buenos Aires? Le faltaba decir que hablaba en farsí y que odiaba a los judíos. Si fueran hechos, no sería inteligencia.

La SIDE millonaria

El atentado a la embajada de Israel coincidió con cambios profundos en el país, empezando por la puesta en marcha de la Ley de Convertibilidad, un invento del nuevo ministro de Economía, Domingo Cavallo, que establecía un valor fijo de la moneda argentina —primero el austral, enseguida el nuevo peso— en relación con el dólar estadounidense. La convertibilidad pareció ser la fórmula del éxito que tanto se buscaba para frenar el fenómeno inflacionario y consagró a Cavallo como el ministro más fuerte del Gabinete, a pesar de muchos de los hombres más cercanos al Presidente. El Ministerio de Economía pasó a tener una autonomía total para manejar los recursos del Estado, a espaldas incluso de un Congreso que miraba estupefacto el nuevo rumbo económico. Anzorreguy, que tenía una excelente relación con Cavallo, pronto sintió los beneficios de su cercanía. En 1992, el Congreso había aprobado un presupuesto para La Casa de 115 millones, pero durante el año Cavallo le envió a Hugo 92 millones extras, elevando el presupuesto a 207 millones, una enormidad que duplicaba lo que se invertía en programas de atención maternoinfantil, similar a lo que se invertía en los programas de investigación del Conicet o la mitad de lo que gastaba en el año todo el Ministerio de Justicia o el Congreso de la Nación.

Anzorreguy agradecía a Cavallo cuidándole las espaldas. Las internas dentro del gabinete presidencial eran terribles y la SIDE se ocupaba de controlar, con las escuchas telefónicas, a los enemigos íntimos del ministro de Economía. Las conversaciones entre corredores de bolsa eran cosa de todos los días para los empleados de La Casa, que hallaron algunas perlas que le salvarían el pellejo a Cavallo. La más conocida fue una conversación entre el secretario de Hacienda, Saúl Bouer, y un corredor de la Bolsa de Comercio, donde se los escuchaba alimentando una corrida bancaria y apostando a la salida anticipada del ministro. Bouer respondía al secretario general de la Presidencia, Eduardo Bauzá, y Menem no tuvo otra opción que correrlo. Años después, en enero de 1994, Cavallo se encargaría de hacer pública esa conversación para mostrar cuántas operaciones ocurrían a sus espaldas.

La SIDE también cuidaba la seguridad de Cavallo. A la custodia habitual de la Policía Federal, Anzorreguy le había sumado un grupo especial de la Dirección de Contrainteligencia. Cada mañana, el ministro salía a caminar por los bosques de Palermo acompañado a la distancia por dos agentes fornidos y armados. Uno de esos custodios iba a hacerse conocido muchos años más tarde, bajo una lluvia de balas. Su seudónimo era Pablo Vélez, su nombre real Pedro Viale, y el apodo con el que se lo conocía en el mundillo del espionaje y de la noche (ése era su territorio) era El Lauchón.

El jugoso presupuesto de la SIDE que giraba Cavallo, entraba por dos cuentas que tenía La Casa en la matriz del Banco de la Nación, ubicada justo enfrente de la central de 25 de Mayo. La primera semana de cada mes, el Ministerio de Economía depositaba los millones previstos divididos en las dos cuentas. El mismo día del depósito, el tesorero de La Casa enviaba a buscar esos millones, de una manera de lo más curiosa: con una carretilla. Dos empleados de Finanzas y unos cuantos custodios —se asegura que los suficientes— cargaban varios kilos de billetes en la carretilla y cruzaban caminando la transitada calle 25 de Mayo. Durante años el traslado se hizo así, a media mañana. Se cortaba el tránsito y las sacas cruzaban la calle como cualquier vecino, aunque rodeadas de agentes e Itakas, por si las dudas. Con el tiempo, se logró hacer el viaje por la tarde, fuera del horario bancario, cuando el microcentro ya se vaciaba de turistas, empleados bancarios y carteristas. Lo cierto es que, lejos de la bancarización de todo a la que aspiraba Cavallo, los millones de la SIDE se bajaban de la carretilla a la caja fuerte del noveno piso de la Dirección de Finanzas. Billetes sobre billetes, todo efectivo. Así había sido durante años y así lo fue durante los primeros años de la gestión de Hugo. Sólo que ahora la plata sobraba. Había resto para gastarla como se les antojara.

En 1992 se compraron 15 aparatos de telefonía satelital, la última tecnología en comunicaciones seguras. Eran unas enormes valijas con una computadora y un teléfono similar a los de línea, que había que apuntar hacia el cielo hasta «enganchar» la onda del radar adecuado. Cada aparato costaba cincuenta mil dólares y hubo que traerlos de Miami, un trámite algo engorroso del que debió ocuparse Salinardi. La SIDE contaba con un permiso especial para importar tecnología de espionaje, lo que los libraba de los trámites aduaneros. Pero el papelerío era igualmente insoportable.

Los primeros aparatos fueron para los jefes de La Casa. Uno quedó a disposición de la privada de Anzorreguy, otro para Rodrigo Toranzo, el subsecretario de Inteligencia Exterior. Del resto de los teléfonos poco se supo en la SIDE. Se envió uno a la Casa Rosada y otro a la Quinta de Olivos, ambos a disposición del presidente Menem. Otros se repartieron entre empresarios y amigos. Uno fue a parar a la oficina de Emir Yoma, el cuñado del presidente Menem, que en una oficina del microcentro atendía algunos negocios nada oficiales y menos transparentes. Uno más, el último, fue enviado a Alfredo Yabrán, un empresario de origen sirio que se había hecho fuerte en el negocio del correo y avanzaba, de la mano del menemismo, en otros rubros como las telecomunicaciones, la seguridad y la impresión de documentos. La relación de Yabrán con el menemismo era todavía un secreto para todos los argentinos y terminaría de la peor manera. Acusado de mafioso, de comprar leyes, de hacer negocios con el Estado a cambio de generosos favores y hasta de mandar a matar a un fotógrafo, Yabrán acabó suicidándose en mayo de 1998, no sin antes dañar como pocos la imagen de Menem.[11]

A diferencia de lo que ocurría con los teléfonos celulares que la SIDE entregaba a sus amigos, nadie podía, todavía, interferir el contenido de los aparatos satelitales. Para acceder a esa tecnología faltaban algunos años. Pero la SIDE, que seguía pagando mes a mes por el servicio, recibía desde Miami los listados de los contactos de esa comunicaciones. Es decir, que podían saber con quién se comunicaban el Presidente, Emir Yoma, también Yabrán. La información llegaba a la Dirección de Finanzas y Salinardi se la enviaba a Jaime, a esa altura su amigo, quien la guardaba en su búnker de la calle Estados Unidos. Poco a poco, Jaime empezaba a saber mucho de muchos.

Nace una nueva Ojota

La empresa estatal de comunicaciones (ENTel) fue una de las primeras en ingresar en el proceso de las privatizaciones que había puesto en marcha Menem. Los teléfonos andaban mal, conseguir una línea nueva era una odisea que podía consumir años, por lo que su pasaje a manos privadas no ofreció demasiada resistencia entre los usuarios. ¿Pero cómo iban a hacerse las intervenciones telefónicas si el Estado perdía el control de las comunicaciones? ¿Y quién iba a pagar el costo? Terminado el proceso de la privatización, el 6 de octubre de 1992 el gobierno de Menem decidió el traslado hacia la SIDE de la Dirección de Observaciones Judiciales que funcionaba en la vieja ENTel. Desde hacía años que la SIDE manejaba las escuchas desde esa Dirección, pero se suponía que era algo secreto, una de esas cosas que no se confiesan. Ahora se asumía en forma oficial y definitiva. Algunos legisladores protestaron, entre ellos José Romero Feris, senador por Corrientes, quien advirtió que el traspaso «permitirá que el Poder Ejecutivo tenga conocimiento de investigaciones judiciales, en posible violación del secreto de sumario, lo que en el caso de eventuales investigaciones por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, evidencia su inconveniencia».

Romero Feris sabía que esa «inconveniencia» era la buscada por el gobierno. Lo más lógico hubiera sido asignar las escuchas telefónicas directamente al Poder Judicial, pero lo más lógico no era lo que quería el gobierno. A partir de ese momento, era legal: cualquier investigación judicial que necesitara de escuchas telefónicas tendría que pasar por las manos de los muchachos de La Casa. No había, formalmente, otra manera de hacerlo. Si un juez quería investigar a un funcionario, debía saber eso. Para evitar que la SIDE soplara la información, sólo le quedaba ahorrarse la escucha telefónica o bien encargarla a alguna de las otras fuerzas de seguridad, pero a través de mecanismos artesanales, es decir, con los viejos cocodrilos que se insertaban en las líneas telefónicas. Hugo dispuso, además, el traslado de la Dirección de Observaciones Judiciales al edificio de siete pisos de Avenida de los Incas, lugar donde funcionaba la Central Nacional de Inteligencia, un organismo al que todos ya habían asumido como inútil. Allí fueron derivadas las sesentonas que levantaban las comunicaciones en la vieja ENTel con sus añejas consolas. También el aparato de espionaje que había comprado la SIDE en tiempos de Alfonsín, aquel que cruzaba datos entre cientos de conversaciones. Para agilizar las intervenciones, se acordó que las empresas telefónicas debían enviar a la base de Avenida de los Incas un duplicado de la comunicación que les solicitaba la SIDE. Se hacía a través de un sistema de cableado telefónico, que más tarde sería reemplazado por fibras ópticas, instalado en el subsuelo de la base. En los pisos superiores las sesentonas se encargaban de todo el trabajo pesado. Las escuchas, las grabaciones y desgrabaciones, en algunos casos también de las traducciones, si se estaba escuchando a alguien que hablaba en otro idioma. La base empezó a ser llamada Ojota, por las siglas de Observaciones Judiciales (O. J.), y quedó a cargo de Carlos Lavié, un buen amigo de Anzorreguy. Lo único que tenía que hacer Lavié para intervenir un teléfono, era enviar a las empresas telefónicas un oficio con su firma y, en teoría, una copia de respaldo con la firma del juez que solicitaba la intervención. Durante los primeros meses esa práctica se cumplió con precisión. Con el correr del tiempo, cuando las intervenciones pasaron a ser miles y miles, los controles se flexibilizaron y un llamado de Lavié alcanzaba para intervenir cualquier teléfono de cualquier argentino. El de cualquiera.

¿Pero quién se iba a hacer cargo de los costos? De eso nunca se habló ni se escribió una línea. En los contratos firmados entre el Estado y las empresas telefónicas no se había reservado ni siquiera un párrafo para ese detalle millonario. Es fácil adivinar quién pagó por el olvido. Del costo de las comunicaciones duplicadas se iba a hacer cargo la generosa caja de 25 de Mayo.

De la cadena de la felicidad a los negocios de Jaime

La bonanza que se vivía en la Dirección de Finanzas provocó una especie de derrame de billetes por toda La Casa. En el noveno piso de la central de 25 de Mayo, empezaron a recibir visitas periódicas de jueces, fiscales, periodistas, que cobraban un sueldo extra y eran anotados prolijamente en un cuaderno verde marca Codex, que el director Lastra había dispuesto para las visitas externas. Salinardi era uno de los encargados de estampar allí los nombres de los visitantes, nombres que se debían proteger en el máximo secreto pero que circulaban entre rumores por todos los pasillos. Algunos nunca se pudieron confirmar, como las visitas del camarista Jorge Casanovas, la del juez federal Alberto Piotti o el fiscal Romero Victorica, hombres muy influyentes dentro de la familia judicial de aquellos años. El visitante más curioso era el Soldado Chamamé, un folclorista y contador de cuentos que solía alegrar las reuniones sociales de la quinta presidencial de Olivos. El Soldado Chamamé acostumbraba a ensayar algunos de sus cuentos en el restorán para el personal de La Casa, en el subsuelo de la central. Se decía que cobraba 3 mil pesos por mes, en ese momento el equivalente al salario del gerente de una buena empresa. También recibían su paga un peluquero de Menem, el ex campeón del mundo del boxeo Nicolino Locche, y otros personajes desconocidos para los hombres de La Casa, cuyo mérito era caerle en gracia al Presidente o a Hugo. Uno de los más caros era el ex jefe montonero Rodolfo Galimberti, convertido ya en el «Doctor Ramos», su seudónimo dentro de La Casa. Galimberti se ocupaba de negociaciones políticas en el Congreso y de mantener relaciones extraoficiales con la CIA, ya que se había hecho íntimo amigo del delegado de la agencia estadounidense en Buenos Aires. Galimberti siguió recibiendo su paga hasta el último día del gobierno de Menem.

En ese ir y venir de billetes, no causó demasiada sensación el hallazgo de uno de los ordenanzas encargados de limpiar el despacho de Anzorreguy. Una noche, el ordenanza encontró en el tacho de basura del Señor Cinco un fajo con 10 mil dólares. Al parecer, se había traspapelado entre documentos inútiles y apuntes del jefe. Con esa plata el ordenanza se podría haber comprado un Renault 21, el auto del momento, pero decidió devolver el fajo íntegro. Seguramente Hugo lo había olvidado sobre su escritorio y luego, sin darse cuenta, lo había dejado caer al tacho. El ordenanza fue felicitado. Un apretón de manos; el hazmerreír de todos.

Los beneficios fueron para muchos. Los custodios personales de Hugo cenaban con champán Dom Perignon y una vez por semana le enviaban a Margarita, la mujer del jefe, un ramo de rosas amarillas. El propio Hugo se compraba un campo en Entre Ríos y un caserón en Tortugas, uno de los más exclusivos countries de zona norte, adonde los muchachos de la SIDE iban cada tanto para hacer refacciones, reparar el televisor o instalar una computadora nueva.

Jaime también tenía motivos para celebrar. Hacía tiempo que había dejado de ser un muchacho, era padre de dos hermosas mujeres, y el divorcio con su mujer de siempre coincidió con su mudanza a un moderno piso sobre la avenida Callao, casi Las Heras, en el barrio Recoleta. En ese tiempo empezó a veranear en Punta del Este y se convirtió en un próspero empresario, en sociedad con su amigo Garnica. En el Don Bosco de Ramos Mejía nadie lo hubiera creído. Antonio Stiuso y su compañero de banco creaban tres empresas al mismo tiempo. Una dedicada a la venta de tecnología de sistemas informáticos, un negocio que estaba en auge y donde Jaime tenía la gran ventaja no sólo de estar al tanto de las últimas innovaciones, sino que además podía disponer de los encargos que le hacía a su amigo Salinardi, tan viajado y con semáforo siempre verde en la Aduana. En aquellos primeros años de la década del noventa, cuando las computadoras personales recién empezaban a entrar en las oficinas y empresas, Jaime y Garnica, también ingeniero, se entendían con softwares, computadoras en red, sistemas antivirus. Con los años, la oferta de su emprendimiento se iba a ampliar a sistemas de espionaje, aparatos de escuchas telefónicas, virus inteligentes, la maquinaria de inteligencia ideal para sus clientes selectos, en su mayoría empresarios de porte, seducidos ante la tentación de comprarle tecnología de punta a alguien tan bien posicionado en la SIDE.

Otra de las empresas de Jaime fue inscripta como constructora de obras viales, encargada de desagües fluviales o incluso puentes, una empresa que jamás ganaría una licitación pero que solía ser contratada por las empresas que sí se exponían en público. Jaime era el vicepresidente de la empresa y declaraba sus ingresos en la AFIP, con su nombre real. Esa empresa, con el tiempo, le iba a dejar mucha pero mucha plata. La tercera empresa se llamaba American Tape y se dedicaba a vender videos vírgenes. Las oficinas de American Tape funcionaron por años en un galpón de la avenida Jujuy al 240, a tres cuadras de Plaza Once, cerca de la base Estados Unidos. Un portón marrón, siempre cerrado, con el logo pintado de la empresa, no llamaba la atención de los vecinos en un barrio repleto de comercios y pymes que abren negocios con la misma velocidad que los cierran. En American Tape nunca se atendió al público. Para encargar videos a la empresa de Jaime, había que dejar un recado en el contestador automático o, años después, mandar un mensaje a una dirección de correo electrónico. No se aceptaban encargos por menos de mil videos por vez, que se entregaban luego en el domicilio del comprador. ¿Habrá comprado la SIDE los casetes vírgenes de Jaime? Es imposible saberlo. ¿Por qué no? El encargado de compras seguía siendo el mismo: su amigo Salinardi.

Pero atención, no todo era felicidad, también acechaban peligros. Mientras Jaime se metía en el mundo de los negocios e investigaba la pista del dedo encontrado cerca de la embajada de Israel, en La Casa empezaba a gestarse un nuevo equipo de investigadores que, en pocos meses, amenazaría con quitarle el lugar de privilegio que había conseguido. Un equipo que se iba a convertir en la peor pesadilla de Jaime Stiuso.

Brousson

Ni su paso por el Liceo Militar, ni siquiera sus horas en las heladas islas Malvinas durante la guerra, o sus años como agente de inteligencia del Batallón 601 del Ejército, habían borrado su aire de rugbier nacido y criado en la zona norte del gran Buenos Aires. Alejandro Brousson siempre lució igual: musculoso pero no tanto, agradable pero hasta cierto punto, formal pero sin la exageración del diplomático. La acción, eso sí, lo volvía temible. A los 47 años, tenía fama de rompepuertas, de quebrar la voluntad ajena a fuerza de golpes o, si era necesario, a los tiros. Lo habían educado para eso. Hijo de un dirigente político de la Democracia Progresista y socio del Club Atlético San Isidro, el CASI, desde su casa familiar de Martínez saltó sin escalas al férreo mundo de las Fuerzas Armadas, cuando las Fuerzas Armadas mandaban o pretendían hacerlo. Aunque entró en funciones en la última etapa de la dictadura, su escuela —el colegio militar— era digna de aquellos años y entendía al mundo en dos mitades: o estabas con ellos o estabas contra ellos. Brousson aprendió, sin embargo, a saltar de bando a tiempo. En Malvinas, durante la guerra, había sido uno de los encargados de colocar minas antipersonales en las afueras de Puerto Stanley y se tuvo que quedar en las islas hasta después de la rendición argentina, para señalar a los ingleses los lugares donde habían regado el terreno con bombas. La misión lo convirtió en uno de los últimos argentinos en abandonar la isla y, como la enorme mayoría de los oficiales de bajo rango, había vuelto a tierra furioso con los generales de la guerra y humillado con la derrota. Acabó pidiendo su pase a retiro, un gesto que meses después, con el retorno democrático de 1983, le cayó en suerte. En vez de retirarlo, le ofrecieron ingresar al Batallón de Inteligencia 601, sede del espionaje militar, que había sido uno de los brazos ejecutores más temibles de la represión. Su nueva misión era mucho más urbana de lo que había imaginado en sus años de estudiante. Brousson pasó a formar parte del espionaje militar en contra de la juventud radical y de la Coordinadora que conducía Enrique Nosiglia, ya ministro del Interior de Alfonsín. La Coordinadora era el blanco preferido de los militares de aquellos años y la misión de Brousson, en definitiva, era la misión de buena parte de los asignados al Batallón 601. Sólo que él no estaba hecho para quedarse quieto. Y tanto se involucró con su blanco, que acabó encantado con él.

Cuando Alfonsín se fue de la Casa Rosada, Nosiglia ya contaba a Brousson entre sus hombres más leales. Pero su viejo perseguidor se quería ir del Ejército, así que había que darle una mano. Nosiglia se lo recomendó a Gustavo Beliz, en ese tiempo ministro del Interior del primer menemismo. ¿Y qué iba a hacer en ese ministerio? Lo que sabía hacer: espiar. Brousson acabó otra vez en la calle cuando trascendió —obra y gracia de las internas del menemismo— que andaba organizando encuestas a la salida de los colegios secundarios para conocer el perfil ideológico de la estudiantina. Un trabajo sociológico, explicaban los que querían justificarlo. Pero era obvio que husmeando donde no debía. Tan evidente como que se tenía que ir. ¿Adónde? A la SIDE. A la generosa SIDE.

En diciembre de 1993, su llegada a La Casa coincidió con la creación de Sala Patria, un grupo elite que estaba formando Hugo con los agentes con mayor experiencia en operaciones en el exterior. El nombre de Sala Patria no fue caprichoso. Su jefe, Patricio Pfinnen, lo había elegido especialmente para marcar una clara diferencia con la base de la calle Estados Unidos. Sala Patria fue creada con un objetivo central: capturar a Enrique Gorriarán Merlo, aquel jefe del ERP que sobre el final del gobierno de Alfonsín había querido tomar por la fuerza el cuartel de La Tablada. Desde aquel asalto, Gorriarán se mantenía prófugo en algún lugar de Latinoamérica.

Para Brousson era el caso perfecto, porque le ofrecía la oportunidad de cerrar una deuda personal. Como agente de inteligencia militar, él también había sido burlado por los jóvenes militantes que tomaron el cuartel de La Tablada. Es más: Brousson había sido uno de los militares que entraron al cuartel cuando se reprimió a los muchachos, ya desnudos y sin armas, que habían sobrevivido a la sangrienta batalla. Brousson, recordemos, se había mostrado implacable, había caminado sobre los cuerpos de esos insolentes rebeldes y se había hecho llamar dios a los gritos y con un Fal en la mano. Pocos lo sabían. Pero para él, dar con Gorriarán significaba también clausurar de una buena vez aquel capítulo de su vida.

Sala Patria empezó a funcionar en un departamento del Pasaje Barolo, a 200 metros del Congreso. La base era de las más secretas de La Casa. Y, como todas las otras, estaba a nombre de Osgra, la empresa de Salinardi. Allí fue a parar Brousson. Lo recibió el jefe de la base, un hombre alto, canoso, de bigotes prolijos, un traje gris opaco, corbata azul. Era Patricio Pfinnen, que se presentaba ya como licenciado en Ciencias Políticas. Un dato cierto —se había recibido en la UCA— con el que Patricio intentaba pasar por alto su largo historial de pistolero de La Casa. Pfinnen acababa de ser el delegado de la SIDE en Israel, misión que le había abierto lazos con el Mossad y la simpatía de la dirigencia de la comunidad judía argentina. Sus logros recientes no podían, sin embargo, ocultar un dato que Brousson no tardaría en escuchar. Pfinnen, alias Patricio Fonseca, había tenido otro apodo en la década del setenta. Paddy, le decían. Era el nombre de guerra que le había asignado Aníbal Gordon para trabajar como agente de seguridad en la cueva de Automotores Orletti. De los muchos agentes con actividad en aquellos años —Jaime, Garnica, El Gordo Miguel—, Paddy era el que había tenido una participación más directa en la represión. O por lo menos, era del que más se sabía. Una de las carpetas que circulaban internamente entre los agentes, aseguraba que Paddy había estado asignado 45 días en la base de Orletti. Así es, también los agentes de La Casa quedan rehenes de sus propias carpetas.

A Brousson, hijo de una de las fuerzas más represivas de la dictadura, nada de eso podía impresionarlo. Con Patricio hicieron buenas migas de entrada y se pusieron a trabajar de lleno en el objetivo que los unía. La captura de Gorriarán Merlo, acaso uno de los más mesiánicos jefes de la guerrilla setentista y, tal vez, el único que no había admitido el cambio de época.

Los avisos

Lo único que le faltaba a la SIDE era un discusión a los tiros. En la base Estados Unidos, los agentes más veteranos, cruzados por viejos rencores y una disputa sobre liquidaciones de viáticos, acabaron disparándose unos a otros por los pasillos del edificio. Empezaba el otoño de 1993, cuando los vecinos se arrimaron curiosos ante la misteriosa base, de donde se escapaban sonidos que, creían con acierto, eran muy parecidos a los disparos de bala. Adentro no hubo muertos ni heridos que lamentar, pero el tiroteo dejó en claro que las cosas no estaban funcionando como debían. Faltaba autoridad, alguien que disciplinara a tanto pistolero junto.

Hugo decidió entonces intervenir la base y poner al frente a alguien de su confianza. Tenía que ser alguien capaz de controlar a la tropa, que supiera administrar voluntades, imponer cierto orden, poner cara de rudo o una sonrisa cómplice de acuerdo con las conveniencias. Pensó, naturalmente, en alguien de la propia SIDE, pero no encontró a nadie. Pensó en alguno de sus amigos militares, pero nada. En alguien de la Justicia, pero tampoco encontró a quién. Hugo se acordó entonces del primo de su mujer. Jorge Lucas era un hombre corpulento, de aspecto muy serio, pero tenían una gran capacidad para seducir y acaparar la atención. Era el típico entrador que termina todas las reuniones familiares o de amigos contando anécdotas y fascinando con sus relatos. Pero claro, el oficio de Lucas era totalmente ajeno al mundo en el que había involucrado Hugo. Lucas se dedicaba a la gastronomía y era dueño de una cadena de restoranes de comida española. Sabía de mozos, de proveedores, de vinos, aceite de oliva y platos para golosos. Nada más. No tenía ni la menor idea de lo que podía ser un espía. Pero bueno, nada es perfecto. Y para Hugo, si podía manejar al personal de una cocina bien podía hacerse cargo del lugar más sensible de La Casa, en donde ya trabajaban más de 300 empleados, en su mayoría bastante más complicados que los proveedores de gaseosas. Hacia allí fue Lucas, con sus hábitos de gastronómico, entrando al mediodía y quedándose hasta la madrugada, siempre con un pucho en la boca y repartiendo órdenes como platos. Allí fue Lucas, con la directiva de ir corriendo a los viejos agentes, de desarmarlos, de reemplazarlos por nuevos talentos. ¿Y en quién iba a apoyarse? En Jaime. El jefe de operaciones era un tipo joven, se había mantenido al margen del tiroteo que había desatado la crisis y parecía siempre dispuesto a aceptar las misiones más difíciles. Jaime se convirtió rápidamente en su hombre de confianza. Y le sería leal hasta el último día. Lucas y Jaime. Jaime y Lucas. Un dúo, hasta el final.

Naturalmente, con semejante respaldo la influencia de Jaime aumentó mucho dentro de la base. Ya no sólo administraba a los callejeros y al área de carpintería, sino que también influía en las decisiones políticas, en la definición de los objetivos. No tardó en convencer a su nuevo jefe de la importancia de subordinar la base al caso AMIA y de proyectar como objetivo primario del trabajo al blanco que ese caso señalaba: los iraníes, las mezquitas y los centros y asociaciones árabes, hasta ese momento un blanco más entre muchos otros. Jaime estaba influenciado por Marta y Gabriela, sus analistas, pero sobre todo por el Mossad y la CIA, donde aceitaba más y más sus relaciones. Todos ellos desplegaban la teoría de que desde 1979, tras la revolución islámica en Irán, los miembros más radicalizados de ese país buscaban expandir sus postulados fuera de Oriente Medio, incluyendo a la Argentina como uno de sus lugares de influencia. En ese contexto, en 1983 habían enviado a Buenos Aires a Moshen Rabbani, un religioso musulmán que ahora era el agregado cultural de la embajada iraní y quien, de acuerdo con el Mossad, era un cuadro político del Hezbollah, un grupo revolucionario que se había armado para enfrentar a los ejércitos israelíes. Los muchachos de Jaime empezaron a seguirle los pasos a Rabbani y a su mujer y a sus hijos. Un seguimiento más y más exhaustivo. A la mezquita, al supermercado, a los eventos sociales, a la escuela de los chicos. Con una camioneta Trafic camuflada, a fines de 1993 Jaime y sus agentes lograron filmar y fotografiar a Rabbani mientras miraba camionetas en un negocio de autos usados de la avenida Juan B. Justo. Esas imágenes pasaron a engrosar las carpetas de Jaime y volaron hacia Israel, donde el Mossad agradecía y pedía más. Atención con eso. Jaime sabía que las fotos no probaban nada, pero sólo por ahora: la visita de un sospechoso de terrorismo a un local de compra y venta de autos usados, podía servir, en un futuro, como indicio de su intento por conseguir un cochebomba. ¿O no era eso lo que buscaba Rabbani?

En junio de 1993 llegó a la base Estados Unidos el primer Excalibur. Usado ya por las principales agencias de inteligencia, el Excalibur era un complejo software que les permitía almacenar y cruzar la información de cientos de bases de datos con las comunicaciones telefónicas registradas en la Dirección de Observaciones Judiciales. Permitía, en fin, recrear redes de contacto, pero mucho más certeras y complejas que las del viejo sistema de los tiempos de Alfonsín. El Excalibur fue cargado con toda la información sobre los principales referentes de la comunidad árabe asentada en el país, incluyendo a todos los diplomáticos iraníes. Hacer inteligencia sobre diplomáticos extranjeros es, aunque inconfesable, una de las tareas esenciales de las agencias de espionaje. Si Rabbani era un espía extranjero en nuestro país, o peor, un posible terrorista, la Dirección de Contrainteligencia debía ocuparse de controlarlo. Para eso estaba la base de Estados Unidos. Pero el 14 de mayo de 1994 ese control llegó muy lejos. Ese día Jaime dispuso intervenir los teléfonos de la mismísima embajada de Irán, lo que suponía avanzar sobre un territorio ajeno, sobre otro país. Y lo hizo sin orden judicial, en secreto, con un simple oficio del director de Ojota a la empresa de telefonía que le daba el servicio a la embajada. El servicio de inteligencia argentino cometía así un delito, como es escuchar a diplomáticos extranjeros, pero lo hacía en el nombre de la seguridad nacional. Lo más sorprendente es que esas grabaciones no eran para consumo de Jaime y de la SIDE. Cuando muchos años más tarde se supo de la intervención, Jaime explicó que las grabaciones eran enviadas directamente a Israel para que las estudiara el Mossad. Aquí nadie las analizaba. Había que confiar en lo que dijera el Mossad. Jaime, así, se fortalecía como un hombre a su servicio.

En cosas parecidas andaba Patricio Pfinnen. Además de formar y comandar al grupo Sala Patria, se había hecho cargo de la dirección de Inteligencia Exterior, que ocupaba la base de Coronel Díaz 2079. Desde el atentado a la embajada de Israel esa base se había convertido en un caos. Debían ocuparse de los enlaces formales con las agencias de inteligencia extranjeras y de coordinar a los agentes de la SIDE que se habían apostado en la Triple Frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil, en especial en la ciudad de Foz de Iguazú, del lado brasileño, que en esos años se convirtió en el paraíso de los espías. Como en la París de posguerra que había imaginado Osvaldo Soriano en su novela El ojo de la Patria, récord de ventas en aquellos días, Foz de Iguazú reunía en sus confiterías a agentes de la SIDE, de las policías federales de la Argentina y de Brasil, a espías de la CIA, del Mossad y de los servicios de inteligencia europeos. Agentes de buena parte de Occidente buscaban, entre las mezquitas y los comercios mayoristas de telas, a posibles terroristas ocultos en la población de origen árabe, unos 12 mil ciudadanos brasileños que vivían en la zona, en absoluta paz, desde hacía treinta o cuarenta años. Los espías se hacían pasar por fanáticos musulmanes, buscaban la amistad de los líderes chiítas, traducían los sermones de las mezquitas y pagaban fortunas por chismes generalmente inútiles.

Lo más valioso, en realidad, no llegaba de allí sino de Europa y Oriente Medio. Desde la base de Coronel Díaz, Pfinnen juntaba los informes que enviaban los delegados de La Casa en el exterior y los que recibían, por vía diplomática, los hombres de La Casa infiltrados en la Cancillería. En 1994, eran cuatro los agentes de la SIDE asignados al cuerpo diplomático. El jefe de ese grupo, el agente Carlos Molina Quiroga, el 31 de mayo recibió un cable del embajador argentino en el Líbano, Ángel Fajardo, donde advertía sobre el discurso de un líder del Hezbollah que, en público, había dicho que el poder de los combatientes musulmanes «podía llegar a la Argentina». Del textual que llegaba del Líbano no quedaba claro si el líder se refería al atentado a la embajada de Israel o si hablaba de otro por venir. Un tono similar tuvo la declaración que en aquellos días hacía en Milán, ante la delegada de la SIDE en Italia, un brasileño llamado Wilson Dos Santos. Dos Santos decía tener conocimiento de un plan del Hezbollah —el mismo grupo al que se intentaba culpar del atentado a la embajada de Israel— para volar un edificio de Buenos Aires. Con el tiempo se supo que ese tal Dos Santos era un agente extraoficial de la Inteligencia de Brasil. ¿Había algo de cierto en esas alertas? ¿Fueron analizadas con seriedad? ¿Alguien relacionó los dos avisos entre sí? Con el tiempo, Pfinnen y sus hombres dirían que era imposible reconocer una advertencia cierta, cuando todos los días se recibían mensajes de alarma. Es posible. Como es posible que hubieran servido de algo los seguimientos que hacía Jaime sobre Moshen Rabanni, al que sus hombres vieron por última vez el 15 de julio de 1994, cuando entraba en la mezquita de Floresta, una de las más controladas por la base Estados Unidos. O quizás hubieran servido de algo las escuchas telefónicas que se hacían sobre la embajada de Irán, si alguien de aquí hubiera sabido qué se decía. Pero claro, esas escuchas eran enviadas a Israel. ¿Por qué el Mossad escuchaba a la embajada de Irán y qué conclusiones sacó de esas escuchas? Nadie lo supo jamás. Nadie lo preguntó jamás.

Las alertas que Pfinnen no escuchó y las pistas que Jaime no supo ver, cobraron sentido pocos días después. El 18 de julio.

El atentado

Tres segundos

La SIDE mata, la SIDE chupa, la SIDE tortura, extorsiona, coimea, te escucha, te filma, pinta paredes, patotea, toma whisky traído de contrabando. La SIDE es el ratón que gobierna las cloacas de la Nación. Pero también pudo ser otra cosa. Tuvo su oportunidad histórica a partir de la mañana del 18 de julio de 1994, un lunes que parecía cualquier otro, mientras los porteños se desesperaban en el tráfico, abrían oficinas, lamentaban la reciente eliminación del seleccionado de fútbol del mundial de Estados Unidos. A las 9:53 de ese 18 de julio, una explosión destruyó, en apenas tres segundos, un edificio de hormigón de nueve pisos ubicado en la calle Pasteur al 600. El edificio donde funcionaban la mutual más importante de la comunidad judía argentina (AMIA) y la delegación política de esa comunidad (DAIA). El edificio donde trabajaban cientos de personas y otras asistían cada día para buscar trabajo, visitar parientes, hacer trámites. Murieron, por culpa de esos tres segundos, 85 personas. La mayoría bajo los escombros, otros mientras caminaban por la calle, trabajaban en la vereda o paseaban por el Once viendo las vidrieras de los comercios.

La explosión encontró a Jaime en su oficina de la base Estados Unidos. En ese momento estaba repasando los apuntes de un operativo policial que preparaba con Naldi. Dos meses atrás habían resuelto el secuestro y asesinato de un empresario, Ricardo Ospital, y ahora planeaban otro golpe mucho más espectacular contra una supuesta banda de narcotraficantes.[12]

Jorge Lucas, el jefe de Jaime, desayunaba en su departamento de Barrio Norte cuando el temblor le sacudió el café con leche. Prendió la radio, la tele, y apenas vio las primeras imágenes se tomó un taxi hasta la calle Pasteur, adonde llegó antes que ningún otro. Lo primero que hizo Lucas fue llamar a Jaime desde su celular. Le ordenó convocar a todo el mundo. Mandar gente al lugar. Barrer la zona. Moverse.

—¿Y dónde está Hugo? —preguntó Jaime.

Pero Hugo no estaba. Esa mañana retozaba en la nieve de Bariloche, ajeno a cualquier drama nacional y del mundo.

Pfinnen se encontraba en la central de 25 de Mayo esperando al subsecretario de Inteligencia Exterior, Rodrigo Toranzo, con quien preparaban el operativo para dar con Gorriarán Merlo. En eso Patricio recibió el llamado del delegado del Mossad en la Argentina, que le pedía que lo acompañara al lugar de la explosión.

—¿Qué explosión? —preguntó Pfinnen.

Pfinnen llamó a Sala Patria y le ordenó a dos de sus agentes que fueran a la AMIA con una cámara de fotos y una filmadora. Los agentes se tomaron un taxi hasta Córdoba y Pasteur y se perdieron entre las cortinas de humo y polvo, sacando fotos de los escombros, buscando alguna señal que les dijera algo. Pfinnen y el delegado del Mossad llegaron minutos después y aguardaron noticias a metros del desastre, como estupefactos testigos. Veían a los bomberos sacar cadáveres, se corrían para dejar pasar una ambulancia o los baldes cargados de piedra y sangre. El delegado del Mossad se comunicó a Israel con el celular de Pfinnen. La noticia viajaba a través de los océanos.

Poco después del mediodía, Hugo llegó a Buenos Aires. Un avión de la flota presidencial lo había ido a buscar a Bariloche y lo dejó en el Aeroparque, donde el tráfico aéreo estaba cancelado salvo para él. Lo esperaban Lucas y Pfinnen. Lucas con las manos vacías y cargado de relatos. Pfinnen con una carpeta repleta de fotos del lugar, pero igual de desconcertado que Lucas. Hugo, por esta vez, no sonrió al verlos.

Primeros pasos

Nadie dio la orden, pero tampoco hizo falta. Todos en La Casa asumieron que la base Estados Unidos debía hacerse cargo de la investigación del atentado. Al fin y al cabo, era la base que investigaba la explosión en la embajada de Israel y la que seguía de cerca a los sospechosos de terrorismo. Pfinnen se encargaría de la Triple Frontera, de tomar contacto con los servicios extranjeros y de buscar alguna pista entre los delegados de La Casa alrededor del mundo. Pero Lucas y sobre todo Jaime debieron ponerse al frente de la investigación.

Cerca de cuarenta agentes fueron enviados al lugar de la explosión para interrogar a los testigos y observar entre los escombros, mientras Lucas y Jaime definían cómo y hacia dónde buscar. Es fácil imaginar hacia dónde apuntaron. Jaime debió recordar la imagen de Moshen Rabbani buscando autos o camionetas en la avenida Juan B. Justo. Debió recordar la enorme cantidad de ciudadanos árabes a los que venía siguiendo desde hacía dos años. Y debió recordar, quizá con desesperación, las escuchas telefónicas que desde hacía 60 días se hacían sobre la embajada iraní. ¿Qué decían esas escuchas? ¿Había, allí, pruebas de la planificación? ¿Surgía de esos 60 días de escuchas algún indicio que confirmara sus sospechas? Jaime Stiuso. Aldo Stiles. O Antonio para los íntimos. El mejor y el peor de todos, no podía saberlo. Los casetes con las conversaciones de horas y horas dentro de la embajada de Irán habían sido enviados a Israel. La SIDE diría años después que ni siquiera tenía a un traductor del farsí, el dialecto con el que se solían comunicar los funcionarios iraníes. Tal vez haya sido una excusa para justificar que se enviaran todas las grabaciones. Pero como excusa era igualmente impresentable. La SIDE estaba sorda y ciega. Jaime estaba sordo y ciego.

Ahora debían trabajar y rápido. Jaime habló con Lucas y se pusieron en contacto con el juez federal que estaba de turno, Juan José Galeano. Al lado de Jaime ya se movían, siempre, Marta y Gabriela. Ellas le prepararon al juez un listado de números de teléfonos para intervenir. La lista incluyó a los sospechosos que Jaime venía siguiendo desde hacía meses: un chalet de Vicente López donde vivía el embajador de Irán en el país, el teléfono de la casa de Moshen Rabbani, pero también los números de un grupo de argentinos a los que el Mossad ya les había puesto el ojo: los hermanos Alejandro y Karina Sain, vinculados a un tal Samuel Salman El Reda, un colombiano conocido de Rabbani a quien el Mossad le atribuía el manejo de células terroristas en América latina. Para las intervenciones hicieron lo que hacían siempre: a través de Ojota mandaron un oficio a las empresas telefónicas ordenando la intervención de los números, y después le avisaron al juez para que les diera su aval, con otro oficio firmado por él. Algunos de esos avales quedaron en el camino y otros jamás se hicieron. Jaime no quería dejar rastro de sus investigaciones previas, quizá porque allí se escondían pistas que él no había alcanzado a ver o había sido capaz de ver. ¿Se le había escapado el atentado en las narices? Si Moshen Rabbani estaba involucrado, ¿cómo fue que Jaime no se dio cuenta? ¿Se habrá acordado, en aquellas horas de desesperación y caos, de lo cerca que había estado la SIDE de los hombres que participaron del ataque a La Tablada? ¿Otra vez tan cerca? ¿Otra vez tan lejos?

Como había ocurrido tras el atentado a la embajada de Israel, la hipótesis única de las primeras horas estuvo dirigida a un cochebomba que hubiera sido estrellado por un conductor suicida contra la AMIA. Era el método del Hezbollah, aunque el Hezbollah, que se supiera, nunca había exportado sus atentados fuera de Oriente Medio. El mismo día de la destrucción de la AMIA, Lucas ordenó revisar todos los estacionamientos dentro de un radio de diez cuadras alrededor del lugar de la explosión, para averiguar si en alguno había estado estacionado un auto o una camioneta que hubiera podido servir de cochebomba. También se ordenó buscar restos de algún vehículo entre los escombros. Aunque en las primeras horas alcanzaron a verse pedazos de una Trafic, todavía no se sabía si era de alguno de los vehículos estacionados en la calle Pasteur o el de los terroristas. Se mandaron los pedazos al departamento central de la Policía Federal, donde dormirían por semanas a la espera de alguna pericia.

El horror ante semejante atentado movilizó a más de cien mil personas para pedir justicia frente al Congreso Nacional, en una ceremonia donde el silencio y los paraguas, bajo una lluvia suave pero persistente, le dieron un aire fúnebre pocas veces visto y oído. En el gobierno los ánimos eran desesperantes. En las reuniones de gabinete, Hugo culpaba a la embajada de Irán, acaso porque era lo único que podía decir, y hasta propiciaba la intervención policial de la sede diplomática, idea que encantó a Menem hasta que el canciller, Guido Di Tella, razonó que iba a provocar un desastre diplomático que sólo podía ser preludio de más atentados. Las embajadas, recordó Di Tella, no eran territorio argentino aunque estuvieran sobre el Obelisco.

Esas discusiones eran hijas del nerviosismo que se vivía en un gobierno que en apenas dos años había tenido que soportar dos golpes capaces de desestabilizar al más férreo de los gobernantes. Aunque el humor del Presidente era de verdad sorprendente. Cuatro días después del atentado, Anzorreguy llevó a la quinta presidencial de Olivos a Patricio Pfinnen, a Jorge Lucas y a las dos analistas de Jaime, Marta y Gabriela. También estaba invitado Galeano, que fue uno de los primeros en llegar. Marta y Gabriela llevaron un video, preparado de urgencia, donde hacían referencia a la embajada de Irán, mostraban imágenes y describían la situación de la Triple Frontera y relataban los últimos movimientos, previos al atentado, de algunos personajes a los que Jaime tenía en la mira. El comentario que hizo Galeano cuando regresó a su juzgado, unas horas más tarde, tenía la secreta fuerza de un presagio:

—Menem parecía más interesado en el nuevo técnico de la selección —comentó a sus empleados.

En esos días se estaba definiendo quién sería el sucesor de Alfio Basile, el técnico que había llevado a la selección de fútbol a otro fracaso mundialista. La culpa había sido de Diego Maradona, coincidían todos, porque en el medio del mundial lo habían suspendido por un doping positivo. Y Maradona, se sabe, puede ser un asunto muy serio.

La pista de la Trafic

El Gordo Miguel ya era uno de los mimados de la base Estados Unidos. A él le encargaron la inspección de los estacionamientos vecinos a la destruida AMIA. El 21 de julio, tres días después del atentado, entrevistó a los empleados de un estacionamiento ubicado a tres cuadras de la AMIA. Jet Parking era un enorme playón al aire libre, vecino a la Facultad de Ciencias Sociales, a tiro de arco del lugar del atentado. Los empleados le dijeron al Gordo Miguel que habían recibido una camioneta Trafic el 15 de julio y todavía recordaban al muchacho que la había dejado. Era un joven que se presentó como Carlos Martínez y que había dejado, además del número de la chapa patente de la camioneta, su número de cédula de identidad.

Jaime envió a otros agentes al Registro del Automotor para hacer un listado sobre todas las camionetas Trafic del país, con chapa y número de dominio. El sábado 23 a la mañana, con esos datos, supieron que no existía ninguna Trafic cuya patente finalizara con los seis dígitos que surgían de la tarjeta de acceso de Jet Parking. Era evidente que estaban frente a algo muy sospechoso. Pero faltaba algún dato más y llegó el 25 de julio. Además de bomberos, agentes de la SIDE y miembros de Defensa Civil, entre los escombros de la AMIA trabajaban grupos de rescate del ejército israelí, seguramente con agentes del Mossad camuflados entre ellos. A las siete de la tarde, el jefe de ese grupo llamó al celular de Jaime, el 447-2439, y le pasó el número de un bloque de motor hallado entre los escombros. Como había ocurrido en el atentado a la embajada de Israel, nadie fue testigo del hallazgo de esa prueba que resultaba fundamental para todo el caso. Todavía peor: luego le pidieron a dos bomberos que, sin haber estado presentes, estamparan su firma en el acta del secuestro del motor.[13] ¿Y si fue todo mentira? ¿Y si ese motor fue colocado allí para dirigir la investigación o para inventar una explicación para el atentado? La verdad es muchas veces inaccesible, como en este caso. Nunca se sabrá con certeza absoluta qué fue lo que pasó ni por qué ocurrieron las cosas como ocurrieron. Tal vez hallaron el motor y no había tiempo de buscar testigos, sólo eso. O tal vez a nadie le importó en medio de tanta locura. Por lo pronto, había un número de motor. Era algo antes que nada. Sólo faltaba rastrearlo en la base de datos del Registro del Automotor para dar con el dueño del posible cochebomba. La respuesta llegó en pocos minutos: el número de motor correspondía a una camioneta Trafic cuyo titular era un tal «Messin», con domicilio en la calle Paraná de Capital Federal. Jaime envió hasta esa dirección a su mejor hombre. A eso de las 19:30 del lunes 25 de julio, Néstor Ricardo Hernández, jefe de investigaciones del Departamento de Operaciones, conversó con el dueño de la camioneta. El hombre explicó que su Trafic se había incendiado a principios de año y que se la había entregado a una compañía de seguros. En la Aseguradora Juncal, esa misma noche confirmaron el incendio y dijeron que habían vendido lo que quedaba de la camioneta quemada a una agencia de autos usados. La agencia se llamaba Alejandro Automotores, de un tal Alejandro Monjo.

Un dato había llevado al otro y en la base Estados Unidos estaban muy excitados. El martes a la mañana, seis días después del atentado, veinte agentes, acompañados por policías de la provincia de Buenos Aires, se aparecieron en la agencia Alejandro Automotores, en Lanús, al sur del gran Buenos Aires. Irrumpieron en la oficina del dueño y encontraron la factura de la venta de la camioneta incendiada, vendida el 4 de julio anterior a un tal «Teccedin», con domicilio en la calle Jonas Salk y una altura que, comprobaron, no existía. Lo que había llegado a la agencia lucía como un verdadero ejército de hombres armados, así que los empleados, asustadísimos, se mostraron excesivamente dispuestos a colaborar. Uno de ellos ofreció la respuesta al enigma: otro papelito en el que figuraba el nombre real de ese tal Teccedin, junto a otra dirección y un número de teléfono. Los empleados describieron al sospechoso como un hombre «petisito y movedizo».

Hernández, a cargo del allanamiento, le pasó a Jaime la dirección del tal Teccedin y el número de teléfono. Al rato Jaime le devolvió el llamado: la dirección no existía, pero el número correspondía al domicilio de República 107 de Villa Ballester. La casa estaba registrada a nombre de Carlos Telleldín. Hacia allí fueron los agentes Néstor Hernández, Daniel Alberto Fernández, Luis Delizia y El Gordo Miguel.

¿Pero quién era Telleldín? ¿Hacia dónde iban los muchachos de Jaime? ¿Se estaban acercando a la verdad o se estaban alejando? Desde el momento mismo del atentado, Jaime había tenido en mente a otros sospechosos. Sus blancos, a los que venía siguiendo desde hacía meses o años, nada tenían que ver con ese vecino de Villa Ballester al que ahora buscaban. Un hombre petisito y movedizo, habían dicho en la agencia de autos. Una descripción que pronto sabrían certera. Aunque cuando llegaron a su casa, Telleldín ya no estaba.

Casa tomada

Era una casa de dos plantas de un barrio de casas bajas del conurbano. Una casa sin lujos, pero con garaje, habitaciones de sobra, una galería hacia el patio interno, las persianas bajas hasta media mañana. Era el 26 de julio de 1994 cuando los muchachos de Jaime llegaron a la casa de Telleldín, acompañados por una comisión de la Policía Federal. Jaime les había pedido que lo llamaran apenas llegaran al lugar. En ese tiempo los teléfonos celulares eran una rareza y sólo Jaime tenía uno. Sus agentes lo llamaron por handy. Jaime les pidió que se mantuvieran cerca de la casa, pero que no hicieran nada. Espiar es esperar, decía una de las máximas de La Casa.

—Quédense a ver qué pasa —les dijo.

Su paciencia, que tanto irritaba a sus hombres, esta vez no iba a afectarlos demasiado. A las dos horas, vieron estacionar frente a la casa a un Falcon bordó. Bajaron dos hombres, uno de ellos de barba, detalle que a Hernández le pareció sospechoso. ¿La barba? Sí, la barba, diría Hernández años después, le hizo pensar en algún fundamentalista musulmán.[14] La misma maldita barba que veinte años antes delataba a jóvenes guerrilleros, ahora marcaba terroristas. El de barba y su compañero entraron a la casa, se quedaron adentro unos veinte minutos y luego salieron. Hernández le pidió al grupo de la Policía Federal que los detuvieran, ya que ellos no podían hacerlo. Los sospechosos se apuraron en decir que eran Mario Bareiro y Diego Barreda. Que eran bien argentinos. Y que, para sorpresa de todos, eran policías bonaerenses, de la Brigada de Investigaciones de Vicente López. Bareiro y Barreda eran viejos conocidos de Telleldín y habían ido a su casa a buscarlo por motivos ajenos al caso, de los que pronto sabremos.

La desconfianza de los muchachos de la SIDE era indudable. Obligaron a Bareiro y Barreda a presentarlos ante la mujer de Telleldín, que estaba en casa junto a los tres hijos del sospechoso. Fueron hasta la puerta del chalet de dos plantas, golpearon y cuando vieron a Ana Boragni quedaron encantados. Era una mujer esbelta, de impecable cutis, buena figura y soberbios pechos, facciones tan perfectas y artificiales como su cabello pintado de rubio. No hacía falta ser espía para imaginar su oficio. La mujer de Telleldín era prostituta.

Ana los invitó a pasar. Detrás de Bareiro y Barreda, entraron los agentes de la SIDE y un oficial de la Policía Federal. El Gordo Miguel entraba y salía para controlar la puerta, aunque a 60 metros vigilaba desde el auto el agente Daniel Fernández.

En el living de la casa, rodeada de espías y policías, Ana Boragni no perdía su coquetería para esquivar preguntas.

—Carlos se fue de viaje —decía.

A coro le preguntaron por la Trafic. Ella explicó que su marido se dedicaba a la compra y venta de autos y que había vendido una camioneta de esas características hacía una semana. Igualmente describió al comprador como un hombre de tez oscura, el pelo largo atado atrás con una gomita, una gorra con visera y camisa de colores. Tenía acento centroamericano, había pagado casi 10 mil dólares, al contado, y se había llevado la camioneta ese mismo día. Ana buscó entre los papeles de su marido y aportó más datos: el comprador había dicho que se llamaba Ramón Martínez y dio una dirección en la calle San José. Les mostró a sus extraños visitantes un boleto de compraventa.

Jaime estaba del otro lado del radio tomando nota de todo lo que decía Ana. Cuando la mujer terminó su relato, Jaime pidió que se la llevaran detenida para ver si la aflojaban un poco. Pero la decisión la tomó la Policía Federal. La SIDE no tenía autoridad para detener a nadie. Así que la subieron a un patrullero y la llevaron hacia el departamento central de Policía. Hernández y El Gordo Miguel se limitaron a seguir al patrullero a la distancia. En la casa de Villa Ballester se quedaron el agente Delizia y los policías Bareiro y Barreda. Sin orden de allanamiento, sin ningún sostén legal, esperando por si regresaba Telleldín. Esa noche pidieron pizza y se tomaron algunas cervezas de la heladera. Invitaron a pasar al agente Fernández, que hacía guardia en la esquina. El clima se distendió y Bareiro y Barreda intentaron convencer a los muchachos de la SIDE de que Telleldín era un perejil, un ladrón de autos de poca monta al que ellos dejaban trabajar porque era inofensivo y les daba favores a cambio. Entre esos favores había autos, motos y plata. Hacía una semana Telleldín les había dado 25 mil pesos. Era un ladrón, pero pagaba bien. Para eso había ido a verlo. Les debía plata.

Los tres hijos de Telleldín, de entre dos y quince años, dormían en el primer piso, ajenos al delirante mundo de los adultos. Años después, para justificar haber ingresado sin autorización judicial en la casa de los Telleldín, los espías y policías argumentaron que no querían dejar a esos chicos solitos, al amparo de la noche. Ahí estaban esos hombres armados, cuidando a dos adolescentes y un nene que apenas empezaba a hablar. A la madrugada, Ana volvió a su casa en un patrullero y los muchachos de la SIDE decidieron irse a descansar. El teléfono de la familia Telleldín ya estaba intervenido.

El contenido de los casetes

A primera hora del día siguiente, Jaime recibió en la base Estados Unidos al juez Galeano y a los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia. Además de su búnker, Jaime tenía una oficina en el segundo piso que era mucho más presentable para extraños, sin equipos de espionaje ni fotos ni nada; la oficina de alguien que está de paso, como a él le gustaba. En esa reunión repasaron los datos que tenían, Jaime los puso al tanto de los últimos episodios, y el juez pidió la detención de Telleldín. Jaime le pasó el encargo a Hernández, el agente que había encabezado la visita a la casa del prófugo:

—Buscalo y traelo, como sea —ordenó.

Lo que ocurrió en las horas previas y posteriores a esa reunión es uno de los secretos mejor guardados por Jaime. Hernández y otros cuatro agentes regresaron a la casa de Telleldín, donde fueron recibidos por Barreda y Bareiro, los policías de la Bonaerense que no se habían movido del lugar desde la noche anterior. Hernández quería persuadir a Ana Boragni para que hablara con su marido y lo convenciera de que debía entregarse. Desde la noche anterior, Telleldín estaba en Posadas, la capital de Misiones, provincia vecina a Paraguay y la Triple Frontera. Según Ana Boragni, esa mañana la había llamado y le había dicho que volvería a hacerlo:

—Hay que esperar —dijo la mujer.

Ese llamado entró a las dos de la tarde, pero desde el aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires. Telleldín se había tomado un avión de Austral desde Posadas y estaba en el Aeroparque, accesible para ser detenido. ¿Por qué lo hizo? ¿Alguien había convencido a Telleldín antes de que los agentes llegaran a su casa?

Ana, que seguía conversando con su esposo, le pasó el teléfono a Delizia, uno de los agentes de la SIDE. La conversación estaba siendo grabada:

Ana: Hola, mi amor, ¿cómo estás? Escuchame, está todo bien encaminado, quedate tranquilo.

Telleldín: ¿Sí?

Ana: Escuchame, querés hablar con un personal de la SIDE, que está acá vigilando la casa.

Telleldín: Estoy acá en el Aeroparque, recién llego.

Ana: Está acá el jefe de la SIDE, ¿por qué no hablás con él?

Por supuesto que Delizia no era el jefe de la SIDE, pero debió haberle gustado el cumplido. Enseguida tomó el teléfono para hablar con el hombre más buscado del país. Ni siquiera en esa circunstancia iba a dar su nombre verdadero.

Delizia: —Hola, Carlos, te habla Gastón, así no nos tratamos por el nombre. Mirá, vos ya sabés de dónde soy, yo estoy acá con estos chicos que son amigos tuyos, lo único que te pido es que te quedes tranqui, manso. Vos hablaste con tu señora, sabés que la mano está bien, acá hay una sola historia, no hay otra, así que lo único que te pido es que nos esperes. Yo voy a ir con uno de tus amigos y te repito, quedate tranqui, que está todo bien.

Telleldín: —Bueno, ya está decidido, los espero.

Así de fácil pareció haberse entregado Telleldín. Dos horas después, la SIDE y la Policía Federal lo detenían en el Aeroparque, donde Telleldín esperaba, tranqui, manso, al lado de un oficial de la Policía Aeronáutica. Con los años, la participación de Telleldín en el atentado se supo que había sido nula o casi, pero en ese momento de su testimonio parecía depender el destino del gobierno. Algo había pasado esa mañana o la noche anterior, que no quedó registrado en las conversaciones telefónicas que la SIDE aportó más tarde al juzgado. No es una sospecha caprichosa: el teléfono de la casa de Telleldín ya estaba intervenido pero los casetes donde quedaron grabadas las conversaciones de esas horas, curiosamente, se perdieron para siempre, quedando sólo algunas transcripciones seguramente incompletas.[15] Los casetes se perdieron en la base Estados Unidos. ¿Por qué? La explicación más razonable es que hubo una negociación con Telleldín de esas que no se pueden confesar. Probablemente los policías Barreda y Bareiro, con quienes solía negociar el delito, habían jugado allí un papel importante. La charla entre Telleldín y Delizia debió haber sido apenas la confirmación de que ese acuerdo estaba sellado:

—… Vos ya sabés de dónde soy —le advirtió Delizia.

»…Sabés que la mano está bien —le insistió Delizia.

Si alguien más medió en la entrega de Telleldín, ése debió haber sido el comisario Mario Naldi, compinche de Jaime. Naldi era uno de los comisarios más poderosos de la Policía Bonaerense y unos años antes había sido jefe de Barreda, uno de los policías amigos de Telleldín. Durante el juicio oral por el atentado a la AMIA, en 2003, Naldi diría que él había ayudado a la entrega de Telleldín. Aunque nadie le preguntó de qué manera,[16] lo más razonable es que haya convencido a Barreda de que Telleldín sería protegido por la SIDE. O que le haya hecho alguna propuesta indecente.

—… Acá hay una sola historia, no hay otra —le confirmó Delizia al Telleldín prófugo, cuando ya parecía estar todo arreglado.

Como haya sido realmente, no podremos saberlo. Los casetes originales que desaparecieron se llevaron las conversaciones de Telleldín. Conversaciones que podrían explicar por qué Jaime defendió a Telleldín durante años, hasta el día en que fue absuelto.

Operaciones especiales

Al servicio de la DEA

La caída de la Unión Soviética, en 1989, había puesto en crisis al espejo donde quería mirarse la SIDE. La CIA, por fin, había quedado al descubierto. Llevaba 25 años jugando al gato y el ratón con sus archirrivales de la KGB soviética, pero los ciudadanos estadounidenses y muchos de sus gobernantes ni sospechaban, hasta ver el muro hecho pedazos, lo que ya medio mundo sabía: Rusia estaba derrumbada mucho antes del colapso, sólo que la CIA se había hecho la distraída. Era comprensible. Decir que el enemigo ya no tenía poder, era perderse los miles de millones que costaba la lucha contra el temible «movimiento comunista internacional». En el medio estalló el escándalo conocido como Irangate, una serie de operaciones encubiertas en Centroamérica, que la CIA había financiado vendiendo drogas y armas a Irán, país sobre el que Estados Unidos decía en público que era poco menos que la tierra prometida de Satanás. La crisis de la súper Agencia era tan indudable que dio lugar al crecimiento de otro organismo represivo, la DEA, creada para dirigir la lucha contra el narcotráfico. Durante la década del noventa, la DEA logró aumentar su presupuesto y su capacidad de presión, que empezó a sentirse en todos los países aliados, entre ellos la Argentina. Aquí se tradujo en reclamos concretos de la embajada de Estados Unidos. Pidieron la creación de una secretaría antinarcóticos, pidieron que se den golpes a bandas organizadas. Pidieron, en fin, lo que siempre se pide en el poder: resultados visibles, no importa cómo.

¿Y para qué estaba Jaime sino para hacer favores? La Dirección de Contrainteligencia llevaba ya varios años metida en el mundillo de la droga. En todo sentido. En julio de 1992, uno de los agentes del equipo de Jaime, Raúl Cerezo, había caído preso con 16 kilos de cocaína encima. Consiguió su libertad pocas horas después, con el argumento de que estaba en medio de una investigación, pero la sospecha quedó para siempre y Cerezo fue apartado de La Casa. El propio Jaime se interesaba en el asunto. En diciembre de 1992 había intervenido los teléfonos de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), un organismo que había creado Menem a pedido de la DEA y que se ahogaba en escandaletes propios de un país que se mordía la cola, como cuando en julio de 1991, el jefe de la Sedronar, Alberto Lestelle, acusó a los habitantes de El Bolsón de poseer la «fábrica de marihuana más importante del país». El Bolsón era una modesta ciudad de Río Negro, en la Patagonia, donde se habían instalado años antes algunos cientos de hippies cuya vinculación a la marihuana era un consumo relajado y feliz, similar al que tenían con los dulces caseros y la comida vegetariana. Pero Jaime recelaba ya de cualquier organismo nacional que pudiera competir con la Secretaría de Inteligencia, así que empezó él mismo a tejer sus redes de infiltrados e informantes. No fue a El Bolsón, por supuesto, sino al conurbano bonaerense. Gracias a su amigo Naldi, había tejido en los márgenes de la gran ciudad una importante red de policías a sueldo y delincuentes baratos que le contaban chismes sobre bandas de ladrones y, ocasionalmente, también de narcos. Uno de sus informantes era Mario Álvarez, El Gallego. Como todo vendedor de historias, El Gallego empezó a ofrecer sus servicios a varias puntas: a la Policía Federal, a Gendarmería y también a Jaime. A todos les decía lo mismo. Decía conocer a unos narcotraficantes colombianos con capacidad operativa para traer y llevar cocaína fuera del país. ¿Sería cierto? Jaime consultó a Naldi, que ahora era el director de Narcotráfico de Zona Norte. Curiosas vueltas de la vida, el que atendía el teléfono en la oficina de Naldi no era ni el comisario ni su secretario, sino un viejo conocido de ellos. Era «El Mayor Guastavino», Raúl Guglielminetti, aquel oficial de inteligencia que había humillado al joven Jaime en las oficinas de la calle Alem; aquel prófugo al que habían ido a buscar hasta Marbella. Guglielminetti se había reciclado ahora como mano de obra del comisario Naldi. A Jaime le causaba gracia la versatilidad de ese viejo topo y también empezó a usarlo como informante.

Con el cuento de El Gallego, Jaime y Naldi fueron a ver a un juez amigo, Martín Suárez Araujo, del partido de San Martín. En el mundillo judicial, Suárez Araujo era visto como uno de tantos jueces que empezaban a trabajar codo a codo con la embajada de Estados Unidos y sus agentes de la DEA. Era de los que sabían cómo venía el mundo, así que dio la orden de actuar, con la condición de que la SIDE se hiciera cargo de los gastos de la operación. Por qué no. Jaime consultó a Lucas, su jefe, y se dio el visto bueno.

El informante hizo sus contactos y recibió de la SIDE muchos dólares, con los que fue comprando o alquilando lo que los narcos le pedían para concretar su operación. Con la plata de la SIDE se compraron y alquilaron autos, un galpón en el conurbano bonaerense (en Tres de Febrero), el camión donde pensaban transportar la cocaína y, por último, un campo a nombre del informante, en el paraje de El Recreo, un desierto en la frontera entre Córdoba y Catamarca que contaba con una pista de aterrizaje para avionetas discretas.

En la preparación de ese operativo, al que bautizaron Café Blanco, estaba trabajando Jaime el día que explotó la AMIA. Pero ni la locura desatada en la SIDE por el atentado podía detener una operación para la que ya se habían derivado cientos de miles de dólares. Después de casi dos años de estar enviando mensajes a los colombianos, el informante logró convencerlos de enviar al país varias toneladas de cocaína. En el verano de 1995, al mando de un tal José Camargo Salamanca, llegó al campo de El Recreo una avanzada de los colombianos. Allí iban a esperar la avioneta que traería la cocaína. Jaime y sus muchachos, ya prevenidos, se instalaron en una casita cercana a la que ocupaban los colombianos y sacaron sus equipos de escuchas. Primero se colgaron del cable de telefonía fija, pero los narcos, que no eran tontos, decidieron no usar la red fija. Después se acercaron al objetivo con las valijas que permitían escuchar teléfonos celulares, pero tampoco tuvieron suerte porque los colombianos no usaban celulares. Más tarde les enviaron a una bella visitante, mujer que salió de la casita de los narcos satisfecha pero sin información. La última opción era de película: Jaime puso un micrófono dentro de un cactus que yacía, plácido, cerca de la casa ocupada por los colombianos que empezaron a ser escuchados día y noche.

El lunes 6 de marzo de 1995, a las 7:45, una avioneta Pipper Cheyenne aterrizó en el paraje comprado con fondos de la SIDE, cargando 1200 kilos de cocaína encargados con fondos de la SIDE. Gracias al cactus, los espías argentinos supieron con anticipación el día y la hora de la llegada de la avioneta. Los tres tripulantes fueron detenidos apenas tocaron suelo argentino. El resto de la banda cayó un rato después en el pueblo más cercano, Ascochinga, en otra casa adquirida también con fondos de la SIDE. El Gallego, el informante de Jaime, logró escapar a tiempo, como estaba previsto, por una puerta trasera de la casa. Una puerta abierta por la SIDE.

El comisario Naldi había aprendido a llegar a ciertos lugares justo cuando se encendían las cámaras de televisión. Esa mañana anunció en vivo y en directo que habían concretado el mayor operativo en la lucha contra el narcotráfico de la historia argentina. En su discurso apenas hizo mención a la SIDE. El comisario quería todo el crédito para él. Jaime puteaba por lo bajo, pero ya estaba acostumbrado. Así somos los espías, se estaría diciendo, todavía aturdido por el terrible sol del desierto. Mientras armaba su valija para volver a Buenos Aires, debió conformarse con un recuerdo que Naldi les acercó a todos los que participaron del operativo. Una foto donde los espías y los policías bonaerenses sonreían al foco de la cámara con la tranquilidad del caso resuelto. A Jaime se lo veía relajado. De jeans, zapatillas, con una gorrita azul con visera, un chaleco antibalas y una ametralladora en la mano. La SIDE no autorizaba a sus agentes a portar armas, pero todos las usaban. Allí estaba el menudo Jaime sosteniendo una tremenda ametralladora. A pesar de su altura, parecía un tipo duro. Estaba satisfecho.

Ya de regreso en Buenos Aires, Jaime recibió un llamado de Naldi.

—Nos espera el Presidente —le dijo.

Una semana después, Menem recibió en la Quinta de Olivos a todos los que habían participado del operativo Café Blanco. Los felicitó, les dio un diploma a cada uno y a cambio se quedó con el cactus que había servido de micrófono en el desierto.

—Un recuerdo —le dijo Jaime.

Y se despidió del Presidente, con su presentación de siempre:

—Stiles, para servirle.

Con los años, a medida que la investigación empezó a ser desmenuzada por jueces y camaristas, se comprobó que en el operativo Café Blanco la cocaína no había sido «interceptada».[17] La cocaína había sido comprada por la SIDE, a través del infiltrado, el verdadero artífice de la operación. La figura del infiltrado no estaba aún prevista en la legislación argentina. La figura del infiltrado era un invento de tipos como Naldi, como Jaime, para involucrarse en el delito, cometerlo y luego darlo por esclarecido. Lo que ocurrió es que nunca se desbarató una operación de narcotráfico, sino que se organizó una operación de narcotráfico para luego desbaratarla. Un truco que los chistes criollos atribuyen a una supuesta ductilidad argentina. Algo así como cazar un chancho y torturarlo hasta que confiese ser un pavo real. Pero no hay que ser tan soberbios. En todas partes se consiguen chanchos de plumas multicolores.

Si fueran hechos, no sería Inteligencia.

El Ingeniero ¿torturador?

De Jaime ya sabemos de sus gorritas con visera y de su afición por los micrófonos.

Ya conocemos su debilidad por el Mossad.

Su talento para leer fanatismos religiosos en el dedo de un pie. De su capacidad para estar siempre en los casos complejos. O para inventarlos si hace falta.

A mediados de 1995, Jaime se sentía el mejor agente de La Casa. A cargo de la investigación del atentado a la AMIA, con la felicitación del presidente Menem por el operativo Café Blanco, había ganado un prestigio interno con el que nunca había soñado. Dentro de La Casa ya hablaban de él como El Ingeniero, el hombre que había convertido un cactus en micrófono, el que llevaba y traía cámaras ocultas, el que perseguía a diplomáticos extranjeros. El Jaime de aquel tiempo también empezaba a verse más descuidado y a tener una vida más desordenada. Separado de su mujer de toda la vida, empezaba a salir a parrandear con Naldi, su amigo comisario. Juntos recorrían la noche porteña, se olvidaban de tantas responsabilidades probando vinos de los buenos, organizaban escapadas de dos o tres días a Punta del Este. Jaime se sentía seguro y se movía con esa certeza. Empezaba, lentamente, a tomar distancia de las órdenes que recibía. A decidir por él mismo.

El primero en sentirlo fue el juez Galeano. Telleldín seguía detenido, pero Jaime se resistía a culparlo por el atentado a la AMIA y defendía la versión de los policías bonaerenses, que se referían a él como un simple vendedor de autos robados que había tenido la mala suerte de vender, ocho días antes de la explosión, la camioneta que acabó siendo usada como cochebomba. El argumento no era malo, pero Jaime tenía razones menos confesables para sostenerlo: su amistad con los hombres de la Policía Bonaerense. Por recomendación de Naldi, Jaime contrató a los oficiales Barreda y Bareiro, los amigos de Telleldín, para que lo ayudaran a investigar el atentado. Jaime les empezó a pagar cinco mil pesos por mes y les dio un teléfono celular a cada uno, sin importarle que Barreda y Bareiro venían haciendo negocios sucios con Telleldín desde hacía años. Los policías le daban protección a su negocio —la venta de autos robados— y a cambio Telleldín les pagaba un peaje. Un típico acuerdo de esos que conciliaban la voluntad de los delincuentes comunes con los de uniforme, en el que Jaime decidió no intervenir para nada.

El dato que todos perseguían era el destino que había tenido la camioneta Trafic que Telleldín entregó, el 10 de julio de 1994, ocho días antes del atentado. ¿Realmente se la había vendido, como dijo Telleldín, a un extraño de acento centroamericano? Jaime sostenía otra teoría: que Telleldín sí se la había vendido a un desconocido, pero que en realidad ese desconocido respondía a la Policía Federal, la fuerza de seguridad más importante del país, enfrentada, casualmente, con la Policía Bonaerense. Consciente o no, convencido o no, Jaime y su teoría se metían de lleno en una interna histórica entre las dos fuerzas de seguridad más populosas de la Argentina y nada menos que en el caso AMIA. Era como meterse en una batalla ajena y ofrecer a uno de los ejércitos el arma que acabará por decidir la guerra.

Jaime tenía una obsesión que podía liberar a la Policía Bonaerense de cualquier responsabilidad y al mismo tiempo ofrecer otra respuesta para explicar el atentado. Esa obsesión era Alejandro Monjo, el dueño de la agencia Alejandro Automotores, que solía ofrecerle a Telleldín autos destruidos o quemados para que él los convirtiera en autos presentables y vendibles. Lo que hacía Telleldín era un trabajo de artesano: agarraba un auto destruido, mandaba a robar otro de igual marca y modelo, y entre los dos armaba uno aceptable y fabricaba su documentación para hacerlo pasar por bueno. En la teoría de Jaime, Monjo había recuperado la famosa Trafic una vez que estuvo puesta a punto y mandó a dejarla en el estacionamiento Jet Parking, cercano a la AMIA, de donde la habrían retirado los terroristas. Claro que Jaime sabía lo que nadie quería confesar: que Monjo trabajaba para la Policía Federal y defendía algunos de los negocios sucios de sus hombres. Monjo, era cierto, se movía como un comisario más en el departamento central de la Policía Federal.

Pero Jaime no tenía demasiado para imponer su teoría. La única conexión cierta de Monjo con el caso era que le había entregado a Telleldín la camioneta quemada. Había otra punta, es cierto, pero más rebuscada: el muchacho que había dejado una Trafic en el estacionamiento de Jet Parking, cerca de la AMIA, casualmente era muy amigo de un policía de la Federal vinculado indirectamente a Monjo. ¿Alcanzaba con eso? No. Eran indicios, pero poco consistentes. Jaime necesitaba algo más para vincular a Monjo en el armado de la camioneta o en la entrega posterior.

Jaime creyó ver el dato que necesitaba en abril de 1995, cuando Anzorreguy lo llamó para contarle que en Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, se ocultaba uno de los ladrones de autos que solían trabajar para Telleldín. César Fernández, se llamaba. Y estaba escondido desde la época del atentado, hasta que fue detectado por un vecino bastante particular: el casero del campo que tenía Anzorreguy en Entre Ríos. Jaime acababa de terminar el operativo Café Blanco y ya estaba de vuelta en acción. Enseguida viajó hacia Gualeguaychú con Lucas, su jefe, y abordaron al casero, y después del casero a un amigo de Fernández, Horacio Manzanares. Con Manzanares tardaron en ponerse de acuerdo, pero finalmente lo lograron: Jaime le pasaría unos pesos por mes durante un año y a cambio Manzanares les entregaría a su amigo, el socio de Telleldín, el prófugo. Cuando ya estaba todo listo, a principios de octubre llegó a Gualeguaychú un grupo operativo al mando de El Gordo Miguel, que ya era el jefe de los callejeros. El Gordo Miguel era el dueño de los chicos rudos, que se movían en una Trafic blanca, curiosamente muy similar a la que había volado la AMIA. No había, en esa semejanza, ningún doble sentido. Las Trafic eran las camionetas preferidas de Jaime. Con vidrios polarizados y cortinas interiores, permitían esconder equipos de escuchas telefónicas, cámaras de fotos, las filmadoras o, como en este caso, las manos pesadas y las armas.

Dieron con la presa el 21 de octubre de 1995, a las cuatro y media de la tarde. Fernández acompañaba a Manzanares, su entregador, a bordo de un rastrojero. Estacionaron frente a la casa de un familiar de Manzanares y de pronto se les cruzó la Trafic, de donde bajaron dos tipos armados. A Manzanares lo corrieron de un empujón, simulando ira:

—Vos te mandás a mudar —le dijo El Gordo Miguel.

Manzanares obedeció sin mirar para atrás. A Fernández, de jeans y remera verde, le apoyaron una pistola en la cabeza y lo metieron en la Trafic. Salieron a gran velocidad.

Dentro de la camioneta lo esposaron y lo tiraron boca abajo, sobre el piso alfombrado. Fernández escuchaba el sonido del equipo de una radio motorola de la cabina y las voces de sus dos captores. No tardó en darse cuenta de que iban camino hacia Buenos Aires y creyó entender que junto a la camioneta iba un auto de apoyo, ya que cada tanto la camioneta se detenía y sus captores bajaban a conversar con otras personas. Al detener la marcha, los muchachos cerraban las cortinas de la camioneta y se abría una escotilla del techo, por donde uno de ellos miraba a los alrededores como si estuviera en un submarino. En la ruta no había nadie.

Durante todo el viaje no le hicieron preguntas a Fernández y hasta le ofrecieron un sándwich y una gaseosa. Pero la cordialidad tenía plazo de vencimiento: apenas seis horas. Cuando se acercaron a la ciudad, le vendaron los ojos con cinta adhesiva —«30 o 40 vueltas», contaría Fernández— y lo hicieron descender en lo que parecía un parque. Fernández sintió el pasto bajo sus zapatos. Lo hicieron caminar hasta el interior de una casa. Lo sentaron sobre un almohadón y comenzaron a interrogarlo. Eran tres, cuatro, por momentos parecían ser cinco hombres. Querían saber de su relación con Telleldín, de su oficio, de la zona donde robaba, de la famosa camioneta, pero sobre todo querían saber sobre Alejandro Monjo. Fernández contaba y daba todos los detalles que podía. Pero las respuestas nunca conforman al torturador. Le pusieron una bolsa en la cabeza y le patearon el estómago. Como si fuera Orletti, otra vez. Más preguntas y más respuestas. Fernández estaba en el piso, en posición fetal, y respiraba con dificultad. Más preguntas y más respuestas. Como en Orletti. Le pasaron cables pelados con corriente en los omóplatos, en los muslos, en las axilas y en el abdomen. Más preguntas y más respuestas. Como en Orletti. Le tiraron un baldazo de agua sobre el cuerpo mientras uno de los muchachos pedía que lo conecten a 200 voltios. Más preguntas y gritos por respuestas. Orletti, otra vez Orletti. Una voz le decía que en la habitación de al lado estaba su papá y que también lo estaban torturando. Más preguntas, y más y más, hasta que Fernández se quedó callado. Como en Orletti.

El interrogatorio duró cinco o seis horas. Fernández todavía recuerda el sonido de un grabador que saltaba cuando el casete llegaba a su fin y había que darlo vuelta o cambiarlo. Todo estaba siendo grabado. Sus respuestas, sus gritos, las voces de ellos.

A las cinco de la madrugada, apenas un rato después del final de las torturas, el juez Galeano llamó por teléfono al comisario inspector Ángel Salguero, de la Policía Bonaerense, que colaboraba en la investigación, y le pidió que fuera a buscar a Fernández o lo que quedaba de él. El juez le pasó una dirección de Bella Vista, en la calle Gaspar Campos, entre las calles Ricardo Bourel y Senador Morón, y por las dudas le pidió que se agende el teléfono celular de Jaime.

La detención de Fernández fue blanqueada por la Policía Bonaerense el 22 de octubre. Lo encontraron hecho harapos y lo levantaron y lo llevaron hasta la Dirección de Delitos Complejos de la Policía Federal, el cuartel que funcionaba en Palermo junto a la División de Caballería de esa fuerza. Lo llevaron ahí para ponerlo a punto, para recuperarlo. Eran las indicaciones del juez Galeano, que lo quería lo más cerca posible y en las manos de un comisario de la Federal que poco a poco se iba ganando toda su confianza: el comisario Jorge Palacios, un hombre flaco y alto que se había ganado el apodo de El Fino. Fue él quien recibió al recién torturado. Un detalle por ahora insignificante, pero que iba a cobrar fuerza muchos años más tarde.

Cuatro días después, el 26, Manzanares se presentó en el juzgado de Galeano. Le tomó declaración Claudio Lifschitz, prosecretario del juez. Manzanares no era ninguna luz y preguntó si tenía que contar de su relación con Jaime. Lifschitz no sabía qué contestarle y por las dudas preparó dos declaraciones. En una, Manzanares relataba su colaboración con la SIDE y contaba de los aportes que le habían hecho Jaime y el temible Gordo Miguel. En la otra, sólo habló de la captura de su amigo, a la que presentó como una sorpresiva cacería. Lifschitz le hizo firmar las dos declaraciones y le pidió unos minutos. Se fue hasta el despacho de Galeano, le contó lo que pasaba y le preguntó qué hacer. Galeano no sabía. Llamó por teléfono al subsecretario de Inteligencia Interior de la SIDE, el contraalmirante Juan Carlos Anchézar, y le pidió que fuera hasta el juzgado para ver cómo resolvían el entuerto. Anchézar llegó una hora después. Y claro, tampoco él sabía qué demonios hacer. Tenían claro que no querían dejar ningún rastro del papel de la SIDE en la detención de Fernández, pero tampoco querían exponer a un testigo tan frágil, capaz de darse vuelta en el momento menos pensado. Finalmente decidieron tirar a la basura las dos declaraciones. En el expediente apenas quedó una constancia de que Manzanares se había presentado en el despacho del juez. Como si su visita hubiera sido insignificante, protocolar, de compromiso.[18]

Afuera, los argentinos creíamos vivir en democracia.

La captura de Gorriarán

Mientras Jaime intentaba dirigir a su gusto y conveniencia la investigación del atentado a la AMIA, otro espía empezaba a ganarle terreno. Patricio Pfinnen tenía su misma antigüedad y un similar prestigio interno, pero era todo lo contrario de Jaime. Había trabajado durante años en Israel, sabía hablar varios idiomas, mantenía lazos desde hacía años con otros servicios de inteligencia y consideraba al espionaje local como el hermanito menor de su trabajo. Pero no sólo eso. A Pfinnen no le interesaban los equipos de espionaje electrónico ni los micrófonos ocultos en un cactus, sino que empujaba a sus hombres a hacer inteligencia humana, es decir, a comprar informantes y redes de informantes que lo mantuvieran al tanto de sus objetivos. Pfinnen era y quería ser diferente de Jaime, pero además estaba a punto de opacarlo con una operación mucho más ruidosa que la de Café Blanco: la captura de Enrique Gorriarán Merlo, prófugo desde el sangriento ataque a La Tablada de enero de 1989.

Desde hacía años, la búsqueda de Gorriarán era la excusa perfecta de los agentes para viajar durante meses, con generosos viáticos, por Nicaragua, Cuba y hasta México, los países donde se decía que podían dar con él. Gorriarán, antes que un objetivo real, significaba un paseo por Centroamérica con todos los gastos pagos. Así había sido durante años y así hubiera seguido por muchos más. Todo cambió en mayo de 1995, cuando Gorriarán decidió asomar su cabeza desde la clandestinidad y dio una entrevista por televisión para el programa de Mariano Grondona, de enorme audiencia en aquellos años, lo que provocó la indignación de buena parte de la sociedad. ¿Cómo era posible que no pudieran atraparlo? ¿Por qué Gorriarán, responsable de los muertos de La Tablada, se reía así de los argentinos?

Pfinnen recibió la orden de apurar la captura. Anzorreguy autorizó un envío extraordinario de fondos para la misión y exigió resultados antes de fin de año. En la base de Sala Patria trabajaban entre cuarenta y cincuenta personas, pero sólo doce eran los que manejaban información y se ensuciaban las manos. El grupo de confianza de Pfinnen era manejado por dos agentes. Las operaciones en el terreno eran coordinadas por Alejandro Brousson, aquel militar que había puesto bombas en las islas Malvinas y que había caminado sobre los cuerpos convalecientes de la locura de La Tablada. El otro hombre fuerte era Luis González, al que todos llamaban Pinocho o Pino, y era el jefe del equipo de analistas, encargado de revisar toda la información que conseguía Brousson y pasarla en limpio. Pinocho llevaba años haciendo de enlace entre la SIDE y el Poder Judicial. Era el que entregaba los informes de La Casa a los jueces y el que recibía los encargos. Pero lo más importante de Pinocho es que había hecho ese enlace durante la investigación judicial sobre el ataque a La Tablada. Por eso había leído el expediente de La Tablada decenas de veces, conocía como pocos al MTP de Gorriarán, sabía de su vida pasada y de su manera de ser. Pinocho González había preparado, con esos antecedentes y más, la carpeta de Enrique Haroldo Gorriarán Merlo. Era una de las carpetas más grandes de La Casa y en la base de Sala Patria debieron destinar dos armarios de dos metros cuadrados cada uno para guardar expedientes judiciales, archivos de diarios, videos, fotos, los informes de Migraciones, los cables de Interpol, los mensajes cifrados de los delegados de la SIDE en Centroamérica y los informes que habían ido armando, durante meses y meses, los muchos agentes que venían recorriendo países y gastando dólares tras los pasos del prófugo.

Brousson dedicó horas, días y meses en estudiar los armarios. Se llegó a aprender de memoria el nombre de todas las novias de Gorriarán, incluida la amante que el guerrillero mantenía en Nicaragua. También su historia conocida, desde los años setenta, cuando era uno de los más bravos jefes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP); luego, su paso por Paraguay para asesinar en 1980 al dictador nicaragüense Anastasio Somoza; más tarde, ya en Argentina, durante su planificación del sangriento ataque a La Tablada. Los agentes operativos se dividieron los países donde podía estar oculto Gorriarán y empezaron a viajar semana por medio en búsqueda de alguna señal. Brousson se reservó para él México, un destino que, se decía, Gorriarán no dejaba de visitar al menos una vez al año. El prófugo tenía sus motivos: México hacía gala de una larga tradición en favor de los exiliados y perseguidos políticos. Eso le daba a Gorriarán ciertas garantías de seguridad y al mismo tiempo le permitía encontrarse con otros prófugos o perseguidos políticos del continente. Existía en México, desde siempre, un clima de fraternidad para los que estaban lejos de casa por la fuerza.

Entre mayo y diciembre de 1995, Brousson pasó más tiempo en el DF mexicano que en Buenos Aires. Sus primeros viajes fueron un fracaso. La Policía mexicana no hacía caso a sus pedidos y la embajada argentina en el DF fracasaba ante cada puerta que intentaba abrirle. Parecía claro que no iban a colaborar con los agentes de la SIDE. A no ser que mediara una decisión política.

Pfinnen le explicó esa dificultad a Anzorreguy y el jefe de la SIDE lo habló con el presidente Menem. Sólo Menem y su par mexicano, Ernesto Zedillo, saben cómo y por qué llegaron al acuerdo. Lo cierto es que, para agosto de ese año, la Policía mexicana destinó una brigada de investigaciones para ayudar a la SIDE. El subsecretario de Inteligencia Exterior de La Casa, Rodrigo Toranzo, se hizo cargo de ajustar los detalles y de aceitar los lazos con la Policía mexicana. Brousson, de un día para el otro, empezó a notar que sus viajes al DF se hacían mucho más rendidores. Lo recibían con una sonrisa, lo invitaban a cenar y, ahora sí, le ofrecían información.

Lejos de los acuerdos diplomáticos, Gorriarán se movía entre Nicaragua y Cuba, con documentos falsos y las facciones de su cara mutando de país en país. Vivía como lo que era: un hombre en fuga, un hombre sin patria, sin nada firme sobre lo que asentarse. En aquellos meses le llegó la noticia de que el gobierno de Menem había rechazado un pedido de indulto para los militantes de La Tablada que por el asalto habían sido condenados a prisión perpetua. Es decir, que habían rechazado un favor por sus militantes, que se pudrían en cárcel mientras andaba por ahí. Gorriarán sintió que era un mensaje hacia él y pensó en ir al lugar donde se sentía más seguro. Sin saber que, en vez de avanzar, retrocedía: llegó a México el 12 de octubre de 1995, con la intensión abierta de pedir asilo. Seis días después de llegar se puso en contacto con dos diputados mexicanos que, según le habían dicho, podían gestionarle el asilo político. Lo que no sabía era que esos diputados estaban siendo escuchados por la Policía mexicana.

Gorriarán estaba dando exactamente los pasos que se esperaban de él. La Policía dio en pocos minutos con el teléfono desde donde había llamado. Era un restorán, donde Gorriarán festejaba sus 54 años de vida junto a su novia del momento. Brousson fue al lugar, pero cuando llegó ya era tarde. Gorriarán se había ido una hora antes.

Con sus bigotes voluminosos, de jeans y camisa manga larga, Brousson se movía con otros cinco agentes de la Sala Patria y un grupo de cuatro policías mexicanos. Desde que ubicaron el restorán donde había comido Gorriarán, venían montando guardias rotativas en ese barrio de las afueras del DF, paseándose en los comercios, consumiendo horas en los locutorios y en los cafés. Pero tenían que tener mucha suerte para dar con su objetivo en la calle. El dato de su escondite tenía que llegar por algún llamado telefónico. Gorriarán lo hizo. Cinco días después del primer contacto, volvió a llamar a los diputados desde otro teléfono público, ahora desde Tepotztlan, en las afueras del DF. La ubicación parecía coincidir con el barrio donde vivía Isabel Caldú, uno de los posibles contactos que tenía Gorriarán para llegar a los diputados. La vigilancia se limitó entonces a la casa de Caldú. Brousson hacía guardia en la esquina con otro agente, dentro de un auto, mientras otros dos rondaban por el barrio a la espera de algún movimiento. Durante un par de días no tuvieron novedades. Hasta el sábado 28 de octubre. Ese sábado, en Buenos Aires, Menem negaba en una conferencia de prensa que existieran internas en su gabinete, a pesar de que todos sabían que su ministro de Economía, Domingo Cavallo, era cada día más odiado por el resto de los ministros. Ese mismo sábado los boquenses se deleitaban con un Maradona recuperado de sus adicciones que, con la cabeza teñida de amarillo y su zurda casi intacta, llevaba a Boca a la punta del torneo con un triunfo sobre Belgrano de Córdoba. Ese mismo sábado, mientras la cantante Lolita Torres anunciaba su nuevo disco después de dos años de ostracismo, en México Brousson veía salir de la casa vigilada a un hombre algo encorvado y con poco pelo, alto y delgado, de brazos largos y andar acelerado. El hombre se subió a una camioneta y Brousson supo que debían seguirlo. La camioneta se dirigió al Distrito Federal y Brousson comenzó a perseguirlo a dos cuadras de distancia en un Volkswagen, mientras pedía refuerzos a la Policía mexicana. Debieron haber andado diez o quince minutos, hasta que Brousson dio la orden. Aprovechando un semáforo en rojo, a la camioneta que llevaba al sospechoso se le cruzó un auto de donde bajó un policía armado. Otros dos autos se sumaron al encierro, incluido el de Brousson. Todos apuntaron a la camioneta, de donde bajó el chofer y el hombre encorvado al que todos querían ver de cerca. Brousson se adelantó y, sin dejar de apuntar al sospechoso, lo obligó a apoyarse contra el auto con las manos en alto. Tenía una camisa azul, pantalones de jean gastado, zapatillas y una campera inflable bajo el brazo. Brousson le tiró del pelo y le dio vuelta la cara, para verlo bien de cerca. Perseguidor y perseguido se miraron durante unos segundos. Brousson tuvo dudas. Los ojos era demasiado celestes, mucho más de lo que él había imaginado, mucho más de lo que le habían sugerido las fotos de sus carpetas. A los gritos, el sospechoso dijo que era Juan Alberto Rodríguez Marenco, cineasta uruguayo, y mostró sus documentos. Pero Brousson ya estaba jugado. Tenía que ser Gorriarán. Les hizo una seña a los policías mexicanos y lo metieron en un patrullero.

El gobierno mexicano expulsó a Gorriarán Merlo con el argumento de que había violado sus leyes migratorias, por haber ingresado al país con documentos falsos. La decisión provocó la ira de 30 diputados mexicanos, oficialistas y opositores, que reclamaron una revisión de semejante expulsión, con la que Zedillo, por motivos que nadie conocía, parecía dilapidar años y años de tradición. Pero Gorriarán ya estaba pegando la vuelta. El viaje a Buenos Aires se hizo en un avión Cessna con matrícula argentina LV-WHY, contratado especialmente por la SIDE. Sentaron a Gorriarán, dos policías mexicanos se le pusieron de frente, y los seis hombres de la SIDE se acomodaron al fondo de la nave, como si no tuvieran nada que ver con lo que estaba pasando. Hicieron dos escalas para recargar combustible. La primera en Honduras; la otra en Lima, Perú. Cuando sobrevolaban territorio argentino, Brousson no aguantó la tentación de hablar con el guerrillero, una verdadera leyenda de los años setenta. Brousson, hijo de la fuerza que había reprimido y asesinado a los compañeros de Gorriarán, protagonista también de la recuperación del cuartel de La Tablada, sentía una mezcla de curiosidad y admiración por el viejo enemigo. Se acomodó en el asiento de enfrente y lo saludó:

—Vea, comandante, esto no es una cuestión personal con usted —dijo Brousson.

—No me gusta que me llamen comandante —contestó Gorriarán.

Los dos sortearon la incomodidad inicial con una sonrisa. Y la conversación fue amigable durante el resto del viaje. Hablaron sobre política, sobre Cuba, Brousson hasta le contó algunos detalles sobre cómo habían dado con él.

—Menem estará contento —observó Gorriarán.

—Quién sabe. A lo mejor en poco tiempo lo indultan —arriesgó Brousson.[19]

El agente estaba relajado, tranquilo. Brousson nunca había dejado de ser militar y debía sentir cierta empatía por ese rival al que tanto le gustaban las armas y la disciplina. Los dos iban a recordar con agrado aquella charla. Tal vez, ambos se sabían actores de un drama fuera de época.

Al día siguiente el gobierno de Menem festejó la captura de Gorriarán, que ocupó los principales títulos de diarios y revistas durante días. En la SIDE estaban exultantes y Anzorreguy decidió emitir un comunicado de prensa, algo inédito en La Casa. Allí se aseguró que Gorriarán había sido capturado luego de un «arduo operativo de inteligencia». Nada se dijo sobre la ayuda de los mexicanos.

Afiches de campaña

En la oficina de Finanzas apenas advertían los movimientos de los agentes operativos. Los gastos de Brousson en México o los de Jaime en Gualeguaychú o en el desierto de Café Blanco ni siquiera llamaban la atención de Salinardi. Ese tipo de maniobras se justificaban en la cuenta secreta número 87, la cuenta de las Operaciones Especiales. Por esa cuenta se pagaban los servicios confidenciales y las operaciones encubiertas, y para no llamar la atención se liquidaban gastos más o menos similares todos los meses. Era cuestión de cada base ir administrando esos fondos. A la base de la calle Estados Unidos se giraban 750 mil pesos por mes, que en esos años equivalían a 750 mil dólares. A Sala Patria, otros 200 mil. Una gran diferencia en favor de Sala Patria, ya que en la Dirección de Contrainteligencia había 400 empleados y en la cueva de Patricio Pfinnen no eran más de 50. Salinardi sabía que eso estaba generando un serio encono entre las dos bases y escuchaba las quejas de su amigo Jaime, pero no tenía mucho por hacer. En definitiva, la decisión dependía de Anzorreguy, que coqueteaba y hacía malabares para quedar bien con todos. Hugo había acompañado a Jaime a la Quinta de Olivos cuando terminó el operativo Café Blanco y ahora, para equilibrar, le pedía a Menem que les entregara medallas a los agentes que habían participado de la captura de Gorriarán. Pfinnen, Brousson y Pinocho González se pusieron sus mejores trajes y posaron junto al Presidente, en una foto que quedó para el recuerdo: allí están, entre las palmeras de Olivos, tres señores rudos sonriendo alrededor del pequeño jefe de gobierno.

Pero el día a día de La Casa no pasaba por los grandes y espectaculares operativos. Los empleados de Finanzas lo sentían especialmente en los años electorales, como aquel 1995. Como era costumbre, la SIDE solía imprimir afiches o financiar campañas publicitarias, en general contratando los servicios de imprentas o agencias de publicidad. Ese año se iba a decidir la reelección del Presidente y ante semejante desafío se decidió un esfuerzo extraordinario: la SIDE decidió tener un negocio propio para las elecciones. Se instaló en un galpón de Pompeya, en la calle Einstein 55, donde ocho muchachos fueron asignados para armar carteles y calcomanías. Estaban a las órdenes de dos publicistas que diseñaban los afiches y que luego ordenaban distribuir y pegar en miles de rincones del país. La imprenta fue inscripta como si fuera una agencia de publicidad, MB S. R. L. y de hecho lo era, aunque con un solo cliente exclusivo e impresentable. En el galpón se armaron los primeros carteles a favor de la reelección del Presidente, pero también algunos afiches malditos, que, por supuesto, no llevaban la firma de ninguna agrupación. El que produjo más revuelo fue la gigantografía de una foto que mostraba al vicepresidente y candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, durante un cumpleaños de Menem en Anillaco, un pueblo del desierto de La Rioja donde el Presidente se había construido una mansión. La imagen de Duhalde durante el festejo no lo favorecía para nada. Se lo veía bailando con una enorme damajuana de vino en la cabeza, a la que sostenía con las dos manos como si fuera un sombrero mexicano. Los cachetes rojos y la sonrisa desencajada de Duhalde revelaban que había disfrutado y mucho del vino. El candidato y su damajuana quedaron estampados en cientos de cuadras porteñas y del conurbano. En Corrientes y Callao. En la avenida Mitre de Avellaneda. En el microcentro. En Lomas de Zamora o en San Isidro. Durante días y días, Duhalde fue el hazmerreír de todos. No iba a ser fácil para él lanzarse a gobernar la provincia más populosa y rica de la Argentina, una decisión que ofuscaba al Presidente.

Pero nadie es del todo inocente en la política argentina y Duhalde supo de dónde había salido el traidor. Llamó a Anzorreguy por teléfono y se quejó del mal chiste. Hugo hizo lo de siempre: prometió investigar y se hizo el distraído, pero en privado mandó a llamar al autor ideológico de la travesura. Era Osvaldo Agosto, un hombre cercano al radicalismo, especialista, decía él, en construcción (y destrucción) de imagen. Agosto fue enviado a Madrid como delegado de la SIDE, un cargo de lujo donde pocos años después protagonizaría otro escándalo, mucho más grave.

Lo que ocurría en la calle Einstein sólo era conocido por los empleados de Finanzas. Salinardi y sus compañeros se mataban de risa y apostaban entre ellos intentando adivinar quién sería la próxima víctima de La Casa. Estaban tan distraídos en esas miserias que apenas advirtieron los cambios profundos que se estaban dando en la Dirección. El jefe de Finanzas, Juan Lastra, fue desplazado de improviso, con el clásico argumento de los motivos personales. Los rumores explicaban su salida de dos maneras, que no eran necesariamente contradictorias: algunos decían que Lastra no había podido justificar ante Anzorreguy la desaparición de algunas de las sacas que se repartían en las cuevas de los agentes inorgánicos. Otra, que se negaba a firmar Operaciones Especiales que reclamaba el director de Asuntos Jurídicos, José Allevato, para sumar a la cadena de la felicidad. Ninguna de las dos hubiera tranquilizado a los argentinos, ajenos como siempre a lo que pasaba en la central de 25 de Mayo. Pero nadie dio explicaciones y nadie las pidió. En la Dirección de Finanzas, la salida de Lastra cambió bastante las cosas. Llegó un nuevo jefe, José Luis Losada López, cuyo poder fue infinitamente menor al de su antecesor.

La caja fuerte se seguía llenando la primera semana de cada mes, pero ahora ya no dependía sólo del director. Allevato venía ganando terreno interno y se llevaba una parte de los millones directamente al quinto piso, donde quedaba el despacho de Anzorreguy. Otra tajada empezó a llevarse el subsecretario de Logística, Ricardo Díaz Luján, responsable del mantenimiento de la SIDE. Díaz Luján era el hijo de la novia de la adolescencia del presidente Menem y tenía por eso carta blanca para administrar 300 mil pesos dólares por mes. Así, de a poco, la caja se hizo más y más incontrolable, lo que coincidió, naturalmente, con un aumento considerable de los gastos caprichosos y ajenos a las tareas de La Casa. Por ejemplo, se gastaron tres millones de pesos en la refacción del Consejo Nacional Justicialista, un edificio de 600 metros cuadrados en la calle Matheu 130, en pleno centro, donde se resolvían los asuntos del partido oficialista. Se pintó la fachada, cambiaron parte del mobiliario, se compraron computadoras nuevas.

Pero atención, porque también en este tiempo se hizo la compra más importante de tecnología de espionaje. Salinardi, que ya era un hombre importante en la estructura, participó de la compra, por seis millones de dólares, de grabadores digitales para las escuchas telefónicas. Se los compraron a la empresa alemana Siemens, en enero de 1996. El acuerdo se cerró con el subsecretario de Inteligencia Interior, Juan Carlos Anchézar, en un almuerzo en el Club de Amigos, en Palermo, lejos de las licitaciones y las compulsas de precios. Pero los grabadores digitales eran de los buenos e iban a revolucionar el sistema de escuchas. Instalados en los pisos altos de la base de Ojota, reemplazaron a las viejas consolas y permitían registrar miles de conversaciones telefónicas al mismo tiempo, sin necesidad de asignar un agente a cada línea chupada. Era una necesidad imperiosa para La Casa, que ya se había asentado como la fuerza auxiliar de lujo de jueces y fiscales, tal como había soñado Anzorreguy. La consecuencia de esa nueva tecnología fue inmediata. Desde la justicia empezaron a lloverle pedidos a la SIDE, ya no sólo para intervenciones en investigaciones complejas, sino también para casos pequeños o irrisorios, como pequeñas falsificaciones de billetes o robos comunes. En fin, lo que debía ser excepcional se convertía en norma. Y en pocos meses, Ojota pasó de controlar unos cientos de teléfonos a controlar varios miles. Los oídos de los espías estaban felices, excitados, impiadosos.

Cambio de mando

Del relato que hizo bajo tortura el detenido César Fernández, no se tuvo conocimiento jamás. Nada, al menos, que haya quedado registrado en el expediente del caso AMIA. Pero Jaime sacó sus conclusiones. Le quedó claro que Fernández y también Telleldín trabajaban para Alejandro Monjo, aquel vendedor de autos amigo de la Policía Federal. Una pista que a Jaime le interesaba desde siempre y ahora más que nunca. Una pista que, en cambio, no era del agrado de Galeano. El juez ya había decidido otra cosa.

Telleldín había sido detenido el 27 de julio de 1994. El 6 y el 7 de agosto, y luego el 29 de diciembre de ese año, había declarado ante el juez que a la famosa camioneta Trafic se la había llevado de la puerta de su casa un señor de acento centroamericano. Un señor que, real o no, era imposible de ubicar. En el gobierno empezaban a preocuparse. Esa pista no conducía a ninguna parte y la de Jaime menos.

Anzorreguy, bien a su estilo, jugaba a dos puntas. Apoyaba la investigación de Jaime, pero al mismo tiempo acompañaba o ponía en marcha, nunca quedó claro, un operativo para lograr que Telleldín les ofreciera la solución del caso por un atajo. El plan se había iniciado, en absoluto secreto, en enero de 1995. Aunque en ese momento no era un plan, sino más bien un ensayo. Telleldín había empezado a recibir en su celda de la cárcel de Villa Devoto la visita de un extraño personaje, el capitán Héctor Pedro Vergés, otro de los ex represores de la dictadura que se había reciclado entre los agentes inorgánicos a los que Anzorreguy les daba cobijo. Vergés no tenía problemas en confesarle a Telleldín que lo suyo era una misión oficial y le aseguraba que su intención era ayudarlo, cuando en realidad estaba sondeándolo para ver si encontraba una pista sobre el destino de la Trafic. Esas visitas se extendieron durante seis meses y algunas se hicieron en el despacho del juez Galeano, para darles mayor seriedad. Telleldín estaba acostumbrado a este tipo de negociaciones y era bastante rápido para entender lo que le ofrecían. En una de las charlas, se le ocurrió hablar de su relación con los policías bonaerenses que lo protegían a cambio de coimas o vehículos robados. Entre esos policías estaban Barreda y Bareiro, aquellos dos amigos de Telleldín que seguían colaborando con Jaime, y un comisario, Juan José Ribelli, joven promesa de la Policía Bonaerense. Telleldín sabía que, para lograr su libertad, tenía que ofrecer algo que resultara seductor. Y descargó su bronca contra los policías. Eran broncas contenidas durante meses, ajenas a la investigación del atentado, vinculadas al odio natural que existe entre policías y ladrones. Pero de esos odios iba a surgir la pista que todos estaban buscando: la pata bonaerense.

La conversación entre Telleldín y Vergés fue grabada por el propio Vergés, el 23 de febrero de 1995. Telleldín todavía insistía con que había vendido la camioneta a una persona de apellido Martínez, pero esta vez le tenía una solución alternativa y le comentaba que en su agenda había teléfonos de muchos policías:

—En la agenda está todo, hay muchos comisarios, muchos comisarios mayores —ofreció Telleldín, que vendía lo que tenía como en una feria de remate.

—Eso no. La idea no es cagar… porque ahí te cagamos a vos —le mintió Vergés.

La idea sí era cagar. Cagar a los policías, cagar a Telleldín, cagar a los familiares de los muertos en la AMIA, cagar sobre los muertos de la AMIA. La idea era cagar a cuantos fuera necesario para cerrar la causa. Encontrar una respuesta, aunque no fuera la correcta. Como tantas otras veces se había hecho. Una respuesta que sirviera para decir «Ya está, descubrimos el atentado y a otra cosa». Una respuesta que, en diferentes formas y colores, se iba a intentar durante años o tal vez por siempre. En vez de reconocer la incapacidad para resolver el horror, se fabricaba otro.

Como enviado del gobierno, Vergés era un personaje demasiado marginal para darle solidez a un asunto que se estaba poniendo muy delicado. Era un inorgánico, de los que siempre hay. Pero a pedido del ministro del Interior, Carlos Corach, entró en acción Luisa Riva Aramayo, jueza de la Cámara Federal porteña, una importante funcionaria judicial que salvaba con su simpatía la pésima imagen que acumulaba en los tribunales, en buena medida por su amistad con el gobierno. Riva Aramayo citó a Telleldín a su despacho en agosto de 1995. Un hecho sorprendente, por cierto, pero del que nadie pareció percatarse en aquellos años. A partir de esa reunión, empezaron a negociarse exigencias para que Telleldín cambie su declaración y ponga, al rostro fantasmal de apellido Martínez, una cara acorde a las conveniencias del juez y del gobierno. En ese momento, entraron en escena Román Lejtman y Raúl Kollman, dos periodistas del diario Página/12, un medio que cuestionaba con dureza al gobierno de Menem y tenía, por eso mismo, un alto nivel de credibilidad. Lejtman y Kollman llegaron en el momento justo. Y la música que tocaron fue la que Galeano y la SIDE querían escuchar. Los periodistas ofrecieron a Telleldín escribir un libro para que contara «toda la verdad» sobre el destino de la camioneta. «Verdad» que Telleldín ya se había cansado de repetir, pero que nadie tenía ganas de creer. ¿A quién le servía un inubicable sospechoso de acento centroamericano? Lejtman empezó a negociar el libro con el abogado de Telleldín, Víctor Stinfale, mientras Telleldín protagonizaba reuniones en las oficinas de los abogados de la AMIA y la DAIA o en el despacho de Galeano. Rodeado de ilustres funcionarios, sentado a sus anchas, suelto y charlatán, dirigía las reuniones aquel petisito y movedizo ladronzuelo de Villa Ballester. Telleldín ya era capaz de vender cualquier cosa. Los funcionarios, de comprarla.

A medida que avanzaban las negociaciones con Telleldín, Galeano empezó a desentenderse de Jaime, en quien confiaba cada vez menos. Le seguía encargando tareas, pero eran colaterales e inútiles. Jaime respondía igual: le llevaba cada vez menos información y casi no lo visitaba. Uno de los últimos encargos que recibió Jaime, fue la instalación de un sistema de video dentro del juzgado. Jaime desistió de ir y mandó a dos novatos de su base, que de todos modos hicieron bien el trabajo. Colocaron cámaras y micrófonos en los despachos del juez y en el de su secretario, Javier de Gamas. Las cámaras se ocultaron entre los biblioratos de la biblioteca y se conectaron con una videograbadora para que registrara conversaciones. ¿Preguntó Jaime para qué querían el sistema de video? Seguramente sí, pero ya no le importaba.

La relación entre el juez y Jaime acabó por romperse a fines de 1995, poco después de las torturas al amigo de Telleldín. Jaime había logrado convencer al juez de ordenar la detención de Monjo, aquel socio de la Policía Federal en el negocio de los autos robados. Una detención que duró poco, pero que envalentonó a Jaime y al comisario de la Policía Bonaerense, Ángel Salguero, que había empezado a colaborar en el caso. Entre Salguero y Jaime le «vendieron» a Galeano una pista que, con el tiempo, se sabría más falsa que ninguna otra. La pista apuntaba a un grupo de carapintadas que se dedicaba a vender armas y explosivos robados de los cuarteles militares. Jaime activó los resortes de su base como si estuviera en el caso Café Blanco y aportó 20 mil dólares para comprarles armas a los sospechosos y poder detenerlos con la mercadería encima. Uno de sus hombres se infiltró entre los carapintadas, encargó armas y explosivos, y dispuso todo para que la entrega se hiciera en un determinado lugar y a una determinada hora. Galeano dejó correr la operación, pero se arrepintió a última hora. Cuando Jaime y el comisario Salguero esperaban el encargo en una esquina del barrio San Telmo, Galeano los llamó por teléfono y abortó la operación. Una camioneta cargada de explosivos se quedó recorriendo la ciudad en búsqueda de sus compradores, que nunca aparecieron.[20]

Después de eso, la relación entre Jaime y Galeano ya no tenía retorno. En diciembre de 1995, el jefe de Jaime, Jorge Lucas, fue citado a la casa de Anzorreguy en el country de Tortugas. Cuando llegó a la espléndida casona, con vista al campo de polo, Lucas se sorprendió al ver a Galeano, distendido con una copa de vino en una mano y un cigarro humeante en la otra. ¿Qué hacía el juez en la casa de Hugo? Los tres protagonistas de esa reunión aportarían, con el tiempo, distintas versiones sobre una charla que debió ser tensa y descarada. Sus relatos difieren en matices, en el tono, y no permiten tener una certeza sobre quién se deshizo de quién. Es decir, si fue Galeano el que echó a Jaime o si fue Jaime el que no quiso seguir los pasos que estaba por dar Galeano. Lo cierto es que allí se decidió el cambio de rumbo del caso AMIA.

—¿Te molesta que le pasemos el caso a Patricio? —preguntó Hugo a su yerno.

—Mejor así —contestó Lucas.

El recambio se concretó el 11 de diciembre de 1995. Patricio Pfinnen, jefe de Sala Patria, citó a sus diez mejores hombres a la base de Coronel Díaz y los recibió con un pequeño cóctel de canapés calientes y vino. Antes del brindis les anunció que mudarían todas sus carpetas y archivos a esa base. Antes del brindis, les dijo que tendrían mucho trabajo, más del que jamás habían imaginado.

—Nos dieron el caso AMIA —dijo por fin, y todos levantaron las copas.

El ocaso de Jaime

Mala hora

Jaime es un genio.

Jaime no tiene códigos.

Jaime sabe lo que hace.

Jaime piensa a futuro.

Está loco, Jaime.

Es un monje negro.

Que siempre obedece.

Que no es traidor.

Que sí es traidor.

Pero si te manda a matar.

O te filma con tu amante.

O te extorsiona.

O te salva la vida.

O todo al mismo tiempo.

Es un bolazo, Jaime.

Otro bolazo argentino.

De Jaime se dicen tantas cosas que resultan siempre insuficientes. Los agentes en actividad le tienen respeto y miedo. Pero también los que ya no están. Le temen y lo respetan sus colegas, los jueces, los políticos que lo conocen. Cuando hablan de él sienten la tentación de bajar la voz. De decir sin decir, de esquivar el compromiso. Es muy inteligente, te dicen. Es vengativo, te juran. Es paranoico, coinciden. Y no perdona. Nunca perdona.

En el verano de 1996 Jaime se quedó afuera del caso más importante de La Casa. ¿Cuál de todos los Jaime? ¿El traidor, el leal, el que no tiene escrúpulos o el que sí los tiene? Por primera vez Jaime se había vuelto imprevisible. Su pelea con Galeano demostraba que no hacía siempre lo que le pedían. Que tenía objetivos propios, que defendía sus intereses por sobre otros. Pero también era la primera vez que se encontraba del lado de los perdedores. Durante su carrera había pasado malos momentos, como cuando El Tata Yofre lo pasó a disponibilidad, pero eso formaba parte de las reglas de La Casa, de la perversa lógica de los perseguidos que se vuelven perseguidores. Esta vez era diferente. Jaime se había quedado afuera porque ya no servía. Porque el juez desconfió de él o viceversa, lo cierto es que ya no era útil para La Casa. ¿Qué hizo? Jaime volvió a las fuentes. A los manuales de inteligencia que enseñaban en la Escuelita. Volvió a los Seguimientos Aleatorios. Como cuando vigilaba la casa de Marbella donde se escondía Guglielminetti. Jaime se recluyó en su base y empezó a hacer una guardia esporádica sobre el caso AMIA. Una guardia con rondas ocasionales para no llamar la atención, en turnos salteados y nunca idénticos. Cada tanto ir y mirar, de a ratos, a distintas horas, a pura paciencia. Si tenía que esperar años, estaba dispuesto a hacerlo. Su venganza era cuestión de tiempo. También su perdición.

El pago

Lo dijo Patricio Pfinnen, muchos años después:

—Un servicio de inteligencia no está preparado para ser auxiliar de la Justicia, porque para un servicio de inteligencia basta con tener buena información y hacer una buena apreciación. Pero en el sistema legal argentino, se necesitan pruebas.[21]

Sala Patria era ahora la dueña del caso AMIA. Lo primero que hicieron Pfinnen y sus hombres fue revisar todo el trabajo de Jaime. En tres meses desecharon la pista de los carapintadas y también la pista de Alejandro Monjo y la Policía Federal. En tres meses, se deshicieron de lo poco que había, para concentrarse, ahora sí, en Telleldín y en lo que podía decir Telleldín.

Galeano se puso al frente de cerrar el trato. En marzo de 1996, el mismísimo juez grabó una conversación que tuvo con Telleldín en su despacho, en la que acordó su «confesión» y declaración en contra de los policías bonaerenses. A cambio de eso, Galeano se comprometió a darle la libertad y plata. Todavía se hablaba con eufemismos, de un adelanto por el libro que iba escribir Telleldín con el periodista Román Lejtman, que no era otra cosa que la acusación que todos estaban esperando. Nunca quedó claro cuánto de esto sabía Lejtman, pero lo cierto es que su libro era una excusa que usaban Galeano y la SIDE para no decir las cosas por su nombre. El otro periodista involucrado en la operación, Raúl Kollman, ya se había alejado de las negociaciones.[22]

En junio, finalmente, se decidió el pago. Pfinnen fue al despacho de Hugo dispuesto a una larga entrevista, ya que al jefe de la SIDE le gustaba escuchar a sus visitantes, hacerles creer que estaba interesadísimo en lo que decían o explayarse sobre su pasado como abogado sindical y peronista. Pero esta vez fue diferente. Anzorreguy estaba apagado, quizá demasiado tenso, más despeinado que de costumbre y, extrañamente, fumaba sin parar. Le entregó a Pfinnen un paquete de papel madera, con fajos de dólares envueltos en cintas del «Banco de la Nación Argentina», y lo despidió rápido. Pfinnen no contó la plata. En La Casa, nadie contaba la plata que entregaba el jefe.

La posta de los billetes siguió minutos después en el estacionamiento del edificio de Retiro donde funcionan los juzgados federales. Pfinnen le entregó el paquete a Brousson, a quien le había encargado la operación.

—Directo del despacho de Hugo —explicó.

Brousson se fue con la plata a Sala Patria, donde definieron los roles para el pago. Él se reservó la coordinación de todo el operativo. El agente Héctor Maiolo debía seguir de cerca a la mujer de Telleldín, hasta ganarse su confianza y acordar con ella cómo se concretaría la operación. Pinocho González se ofreció para ocuparse de la seguridad.

Dos días después, el agente Maiolo siguió a Ana Boragni hasta la cárcel de Villa Devoto. La hilera de los familiares que iban a visitar a los presos era bastante larga esa mañana, así que Maiolo tuvo que colarse y escuchar algunos insultos hasta colocarse detrás de la mujer. La saludó con cortesía, se presentó con un apodo (Julio Mansur) y le dijo que quería reunirse con ella para hablar de la compra de un libro que estaba negociando su esposo. A Ana le sorprendió que hubieran tardado tanto en dar con ella y que le hablaran de un libro cuando todos sabían que era otra cosa. Pero le contestó que sí, que estaba interesada.

Pocos días después, Maiolo se encontró con Ana Boragni en la pizzería Génova, de Belgrano, en la esquina de las avenidas Monroe y Cabildo. Una pizzería enorme, con espacios amplios entre las mesas y mozos profesionales, de esos que si escuchan no preguntan. Maiolo no había ido solo. Lo acompañaba Juan Carlos Legascue, un agente inorgánico al que Brousson solía contratar para trabajos sucios. Maiolo presentó a su acompañante como «el doctor David» y dijo que era el encargado de arreglar los términos de los derechos del libro. Ana, que ya estaba devorando una porción de pizza con anchoas, parecía divertida con toda esa estupidez de los apodos y las intrigas alrededor del libro. De todos modos escuchó al supuesto doctor David con atención, intentando memorizar todo. El pago debía hacerse en dos cuotas de 200 mil dólares. Tenían apenas 48 horas para depositar la primera parte.

La mañana del 5 de julio de 1996, el agente Isaac García tenía una misión muy concreta: tenía que sentarse en un bar vecino al Banco Quilmes de Ramos Mejía y debía controlar que no pasara nada extraño durante la operación. Isaac García pidió una Coca-Cola y se sentó a esperar. Al rato vio llegar a la mujer de Telleldín junto a su abogado Víctor Stinfale y a los agentes Maiolo y Legascue, el falso doctor David. Maiolo llevaba un estuche de filmadora y Legascue un maletín negro. Isaac García, como casi todos los que participaban del operativo, suponía que la plata estaba en el maletín. Pero suponía mal, ya que Brousson había tomado la precaución de guardar la plata en el estuche de la filmadora. Era una típica medida de seguridad ideada para evitar filtraciones. En la SIDE nadie confía en nadie.

La curiosa comitiva entró en el banco e hizo la cola como el resto de los clientes. Llegaron hasta la caja, Maiolo sacó la plata de la filmadora, y el cajero, ajeno a todo, contó los billetes en una máquina automática. Eran doscientos mil dólares, depositados en una cuenta abierta el día anterior por Ana Boragni. Enseguida el falso doctor David acompañó a la mujer hasta un teléfono público, en la vereda, a metros del banco. La mujer de Telleldín, ahora nerviosa, ahora al borde de la histeria, apenas logró mantener la calma para marcar el teléfono que le había anotado Brousson en un papelito. Cuando la atendió una voz de hombre, Ana sólo tuvo que decirlo:

—Ya está la plata.

El teléfono al que llamó era un celular que sonó en el despacho del juez Galeano, en el edificio de Retiro. Lo había llevado el agente Carlos Molina Quiroga. Lo atendió Telleldín, que estaba sentado frente al juez.

Esa misma tarde, Carlos Alberto Telleldín declaró lo que todos querían escuchar. Acusó a los policías bonaerenses de haberle quitado por la fuerza la famosa Trafic, aquel 10 de julio de 1994. Metió a todos en la bolsa: al comisario Juan José Ribelli, a otros policías de confianza del comisario, pero también a Barreda y Bareiro, sus ex amigos cuya colaboración con Jaime sólo estaba dispuesto a defender Jaime. Galeano quedó eufórico. La causa por fin tenía un norte. Se estaba convirtiendo en el juez que resolvería el caso más importante de la última década o quizá de la historia. Un caso que lo convertiría en una figura mundial de la lucha contra el terrorismo, que le abriría infinitas puertas. Esa misma noche Galeano fue a reunirse en el quinto piso de la SIDE con Hugo Anzorreguy y otros directivos. Lo esperaban con quesos y fiambres de la confitería Los Dos Chinos y seis botellas del vino tinto de moda, Luigi Bosca, cepa Cabernet Sauvignon. Los jefes de la SIDE y el juez brindaron por el éxito de la operación y por el futuro de la causa. Se sentían seguros. En secreto, cada uno imaginaba que sus nombres iban a quedar bañados en bronce. Naturalmente, ignoraban lo que equivocados que estaban.

El día después

El pago a Telleldín cerró una etapa en el caso AMIA y abrió otra. El juez Galeano quedó conforme con la operación y dos semanas después mandó a detener a los policías bonaerenses, que en privado se reconocían ladrones pero no terroristas. Las capturas de los policías conmocionaron a un país que se había resignado a la impunidad y ahora veía con entusiasmo lo que parecía un avance importante en la investigación. Poquísimos eran los que sabían de los 400 mil dólares. La segunda cuota se depositó meses después, en octubre. Esta vez lo hicieron en una sucursal del Banco Río de La Plata, que estaba en diagonal a la pizzería donde habían acordado el primer pago, en Belgrano. El agente Maiolo se encargó de todo, mientras Brousson y otros seis agentes se mantenían «en zona» por seguridad. Maiolo llevó la plata en el mismo bolsito que la primera vez, aunque esta vez contenía, además de 200 mil dólares, una cámara oculta con un lente gran angular, que a corta distancia permitía tomar la imagen de Ana Boragni de cuerpo entero. Maiolo, que se seguía presentando como Mansur, acompañó a Boragni hasta el subsuelo del banco, donde estaban las cajas de atención al público. Una empleada esbelta los guió hasta la caja de seguridad que Ana había abierto unos días antes. La mujer de Telleldín rechazó el ofrecimiento del agente para acomodar el dinero, pero después cumplió con su pedido. Miró el estuche y habló en voz alta.

—Ya está —dijo, mirando a la cámara oculta.

Ése era el recibo que necesitaban en La Casa. El recibo que vieron la noche siguiente, en la base de Sala Patria, Maiolo y todos sus jefes: Brousson, Pfinnen, el subsecretario del área exterior Rodrigo Toranzo y Hugo Anzorreguy. Además de Galeano.

El juez no perdía oportunidad de sentirse en la salsa del espionaje. Pero su experiencia con Jaime lo había marcado y seguía desconfiando de los espías, así que delegó en la Policía Federal la tarea de darle forma a la «confesión» de Telleldín y la acusación contra los policías. Sala Patria siguió afectada al caso, pero sólo para encargos puntuales. Lo mismo ocurrió con Jaime, a quien Hugo, para levantarle el ánimo, le asignó la prevención de un posible tercer atentado, fantasma que empezaba a ocupar las pesadillas de todos.

El nombre de Jaime, entre tanto, se volvía a sentir en el Congreso. El 16 de febrero de 1996, el senador electo José Octavio Bordón renunció misteriosamente a su banca, resignando el importante caudal de votos que había conseguido en Mendoza, su provincia, y demorando su ascendente carrera, que lo mostraba como una de las figuras capaces de renovar el peronismo por fuera del gobierno de Menem. La renuncia de Bordón sorprendió al mundo de la política, aunque algunos de sus colegas estaban convencidos de que respondía a un video. Un video que nadie decía haber visto, pero que los rumores le atribuían suficiente poder como para forzar su renuncia. Bordón lo negó siempre y Jaime también. Lo de los videos, por ahora, era un cuento improbable.

Sobresueldos

En aquellos meses de 1996, los números de La Casa no cerraban por ningún lado. Salinardi se sorprendía y lo comentaba en su oficina, donde todos lo miraban sin demasiado interés. Siete millones y medio de pesos dólares se iban por mes en sueldos, liquidados en efectivo en el séptimo piso, con el nombre supuesto de cada espía. A las dependencias del interior se enviaba un millón y medio más. Cuatrocientos mil pesos se gastaban en el mantenimiento general de La Casa, más trescientos mil que se llevaba la empresa Siemens, para el mantenimiento de los equipos de escuchas telefónicas. Al exterior se giraban trescientos mil dólares en efectivo todos los meses. Un millón se le pagaba a Telecom y otro a Telefónica, sólo por las escuchas telefónicas. Otro tanto se repartía entre las bases secretas para las Operaciones Especiales. En total eran once o doce millones por mes. Al año, contando aguinaldos, el gasto total de La Casa podía redondearse en 140 millones. Pero el presupuesto era del doble. Y la otra mitad, ¿dónde estaba?

Una explicación se ocultaba en las visitas que recibía José Luis Losada, el director de Finanzas. Todos los meses lo iban a ver a su oficina los enviados de la Casa Rosada. Secretarios privados, choferes, asesores de los ministerios entraban saludando con timidez y salían con una valija cargada de billetes. Eran muchísimos, aunque pocos lo admitieron alguna vez. Ezequiel Martínez Medina, chofer y secretario personal del ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo, iba a confesar muchos años después que él retiraba 50 mil dólares cada mes. Esa plata era usada para pagar sobresueldos de los funcionarios, una práctica que había dispuesto Domingo Cavallo con un decreto secreto y que benefició a todos los ministros, secretarios de Estado, subsecretarios y a algunos directores. Salvo los del Ministerio del Interior y los de la Cancillería, donde tenían sus propios fondos reservados, el resto de los funcionarios acudía a la SIDE a llevarse lo suyo. A espaldas, otra vez, del resto de los argentinos.

Pero no era ésa la única ventaja económica que ofrecía la generosa SIDE. En 1996, ya estaba aceitadísima una maniobra para esconder fondos oficiales a través de la Dirección de Finanzas. La maniobra era tan sencilla que nadie se atrevió a cuestionarla hasta muchos años más tarde.

Debutó en esa operatoria el Ministerio de Justicia. Con un decreto secreto, Granillo Ocampo derivaba millones de pesos de su presupuesto a la SIDE. La Secretaría luego le devolvía esa plata a su Ministerio, pero lo hacía en efectivo, como se giran todos los movimientos contables de La Casa. Esa devolución no quedaba registrada en ningún lado porque era administrada por La Casa, cuyos movimientos, se sabe, son secretos. Lo que se hacía, en definitiva, era convertir fondos controlables en fondos sin control. Era plata que después de pasar por la SIDE se podía usar de cualquier modo. Que el funcionario podía llevarse a su casa o quemarla o esconderla en un pozo o rifarla o hacer lo que se le antojara. Tan fácil y efectivo, el mecanismo se siguió usando por muchos años más, hasta 2003, inclusive durante el gobierno de Néstor Kirchner. ¿Cuánto se giró? Es imposible saberlo. Los decretos secretos por un lado y las cuentas secretas de la SIDE convierten a esos movimientos en un misterio insondable.[23]

El Poder Judicial también recibía lo suyo. El director de Asuntos Jurídicos, José Allevato, organizaba congresos para jueces aquí y allá, en el interior del país o en Roma o en Milán o en París. Los jueces viajaban a los congresos con todo pago. Los pasajes, el hotel cinco estrellas, pero también los viáticos. De esas invitaciones a los sobresueldos para jueces había sólo un paso. En aquellos años, era habitual ver a Allevato en los despachos más privados del edificio de Comodoro Py al 2002, sede de los juzgados federales de la Capital, o en los juzgados del fuero en lo Contencioso Administrativo, conocido en el ambiente como el fuero Cómico Administrativo. Allevato llevaba siempre unas carpetas bajo el brazo. Nadie probó jamás que dentro de esa carpeta llevara sobres ni que tuvieran cinco mil pesos, cada mes, como se decía. Nadie lo probó. Ningún juez lo hizo ni iba a hacerlo. Pero los jueces nunca molestaban a Hugo ni a los suyos, así como fueron benévolos, demasiado benévolos, con todos los funcionarios de Menem. Claro, hasta que Menem se fue del poder.

Aunque la repartición de sobresueldos a jueces era competencia de unos pocos, en la SIDE mucho se sabía. Algunos por haber escuchado los cuentos en los pasillos o en el bufé de la Secretaría, donde se podían mezclar empleados y jefes, o por tener contacto directo con los beneficiados. Pero fuera de La Casa era un secreto de ésos a los que nunca se les puede hincar el diente. A fines de 1996, el rumor irrumpió con la fuerza de la certeza en dos familiares de las víctimas del atentado a la AMIA. Adriana Reisfeld y Diana Wassner habían ido a ver al juez Galeano para preguntarle por las últimas novedades de la investigación. Se quedaron estupefactas cuando el juez, con evidentes signos de furia, les abrió la puerta y empezó a increparlas:

—¿Quién le contó a mi mujer del sobresueldo? —gritaba el juez, desencajado.

Cuando lograron tranquilizarlo, Galeano les contó que se estaba separando, que alguien le había dicho a su ex mujer del sobresueldo de la SIDE y que ahora ella reclamaba su parte en la división de bienes. Sólo los problemas de alcoba parecían capaces de romper los secretos de La Casa.[24]

«Acá no entra nadie»

La SIDE estaba lejos de ser esa inocente cueva de inútiles que le criticaban a Alfonsín y ya era el secreto mejor guardado del gobierno. Por eso a la SIDE no podía entrar nadie que no fuera invitado. Ni la policía ni los legisladores ni siquiera los jueces. Lo comprobó Mariano Bergés el 20 de noviembre de 1996. Por casualidad, por capricho, por testarudez. Bergés era un joven juez penal de la Capital, honesto y bien preparado, con su despacho en el Palacio de Justicia. A Bergés le gustaba la exposición pública. Era uno de esos jueces que parecía disfrutar del alto perfil, que creen que los jueces deben estar más cerca de la sociedad.

Desde hacía dos años, Bergés investigaba a una agencia de turismo que hacía fraudes con tarjetas de crédito. Como tantos otros jueces, él también se había sentido seducido por el poder de la SIDE y le había pedido a Anzorreguy una serie de escuchas telefónicas. Se llegaron a grabar 45 casetes. Mucho, demasiado para una causa penal ordinaria. Pero el problema no era la cantidad, sino que algunos de los sospechosos hablaban un extraño dialecto hindú. El juez debió pedirle a la SIDE que viera la forma de traducir esas conversaciones. Pero como en Ojota no tenían traductores de ese extraño dialecto, los casetes fueron derivados a la Dirección de Inteligencia Exterior, donde ya se había reciclado el grupo de Sala Patria. Brousson recibió el encargo y contrató a un traductor hindú ajeno a La Casa para que pasara los diálogos al castellano. El trámite se venía concretando con éxito y Bergés no tenía motivos para quejarse. Es más, estaba bastante entusiasmado, tanto que decidió acelerar la investigación. Según sus cálculos, con las pruebas obtenidas en las conversaciones ya tenía material suficiente como para mandar a detener a los sospechosos, entre ellos a los que hablaban el extraño dialecto.

Antes de hacerlo, decidió tomar una pequeña precaución. Citó a declarar al funcionario de la SIDE que firmaba las traducciones, para que las ratificara. Sólo eso. ¿Y quién firmaba? Brousson, pero con su seudónimo, el mismo que había usado para la Operación Gorriarán. Brousson se hacía llamar Andrés Breder.

Bergés citó al tal Breder una, dos y tres veces. Pero el tal Breder jamás se presentó. En su lugar, una mañana llegó al juzgado Eamon Mullen, el fiscal del caso AMIA, a quien Bergés conocía desde hacía veinte años. Mullen pidió hablar con el juez a solas:

—Con Breder estamos espalda con espalda en el caso AMIA. No quiere venir a declarar —explicó el fiscal.

—Yo no quiero sus secretos. Quiero que me ratifique los informes del traductor —se quejó Bergés.

Esa misma tarde mandó un oficio a la SIDE exigiendo una ratificación de las traducciones. Si no, advertía el juez, estaba dispuesto a allanar la SIDE para buscar al misterioso personaje. Pero ni con esa amenaza logró sensibilizar a los espías. Nadie le contestó.

El miércoles 20 de noviembre Bergés quiso hacer pesar su condición de juez de la Nación. Llamó a uno de sus empleados del juzgado, el oficial primero Juan José Álvarez, y le entregó un oficio con su firma que lo autorizaba a ir hasta la central de la calle 25 de Mayo y reclamar el legajo del tal Breder para conocer su domicilio particular y poder ir a buscarlo con la policía. Hacia allí fue el oficial Álvarez.

—No me dejan entrar —explicó el oficial, dos horas después.

—Tiene mi oficio. Así que vaya y entre de una vez —respondió Bergés, que empezaba a impacientarse.

El pobre oficial intentó explicar lo grave de la situación:

—Mire, doctor, acá hay cinco personas de civil armadas. Y me están apuntando y dicen que nadie va a entrar a la SIDE.

El hall de acceso a la Central de 25 de Mayo era testigo de una de las situaciones más disparatadas de la historia de La Casa. Un empleado judicial, de veintipico de años, levantaba con timidez un simple oficio de papel, rodeado por cinco agentes que lo apuntaban al pecho con poderosas Itakas.

—Acá no entra nadie —repetía el jefe de seguridad.

Bergés llamó por teléfono al Departamento Central de la Policía Federal, la principal fuerza de seguridad del país con jurisdicción en toda la Capital. Habló con el subjefe. Le ordenó que enviara gente de inmediato a la sede de la SIDE. Antes de colgar, le aconsejó que fueran bien armados. El juez estaba dispuesto a hacer cumplir su orden.

A los agentes de seguridad, en el hall de 25 de Mayo, ya se les había sumado José Allevato, director de Legales de La Casa. Allevato había sido juez de menores pero, como todos en La Casa, pronto olvidó su pasado. Él también estaba furioso.

En eso llegó el jefe de la Comisaría 1ª, con jurisdicción en la zona, quien, a pesar de los pedidos del juez, había llegado solito y sin armas. Los custodios de la SIDE tampoco le hicieron caso. A la SIDE no entraba nadie. Y eso iba en serio.

Al rato, el oficial primero Álvarez volvió a llamar al juez para decirle que lo habían echado. Le contó que ahora estaba en la vereda junto al comisario, los dos solos, y le describió lo que había visto. Además de los agentes de seguridad y de Allevato, en el hall de entrada de la SIDE se habían juntado Hugo Anzorreguy, el ministro del Interior, Carlos Corach, el jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, y el juez Galeano. Todos discutían a los gritos qué hacer, cómo frenar a ese juez intruso, mientras en la calle empezaban a llegar los primeros periodistas, alertados del escándalo. A ninguno se le cruzó por la cabeza que una opción razonable hubiera sido decirle a Bergés que el tal Breder estaba dispuesto a ratificar su maldito informe. A nadie. Lo que estaba en juego era otra cosa. Estaba en juego el orgullo de la SIDE.

El increíble cónclave de la calle 25 de Mayo finalmente encontró una salida para evitar el allanamiento. Galeano, siempre listo para ayudar al gobierno, firmó un oficio dirigido a Bergés diciendo que, en el contexto de la causa AMIA, él había prohibido a la SIDE dar información sobre los agentes asignados a la investigación. Era un argumento ridículo, ya que un juez no podía decidir sobre otros jueces, pero cuando Bergés leyó la nota debió admitir su derrota. Al margen de la autoridad de Galeano para impedirle o no conocer la identidad de Breder, estaba entrando en un conflicto de competencia judicial que ya lo excedía.[25]

Esa noche Galeano fue a la Comisión Bicameral que se había creado en el Congreso para «el seguimiento» del caso AMIA, una de esas tantas comisiones que no producían más que viáticos y reuniones inútiles. Galeano fue recibido por senadores y diputados, que por supuesto lo comprendieron y lo apoyaron. Bergés, convinieron todos, había cruzado una línea que no debía cruzarse. Dos ministros, un juez, hasta el Congreso habían salido en defensa del tal Breder. Y de la SIDE.

Relaciones carnales

Anzorreguy blindaba a la SIDE de los argentinos curiosos, pero apostaba como nunca a las relaciones internacionales. En aquellos años solía invitar a los viejos ex jerarcas de la disuelta KGB soviética y los hacía custodiar por la agencia de seguridad de Rubén Visuara, uno de los responsables de Orletti en la dictadura. También acordaba con el MI-5 inglés, la meca del espionaje en el mundo, para que recibieran a los espías criollos en sus cuarteles secretos y les dieran cursos de inteligencia y contrainteligencia. Pero sus lazos más animosos iban dirigidos, cuándo no, hacia la CIA estadounidense, que financiaba buena parte de las operaciones de la SIDE en la Triple Frontera, aportando dólares cash para mantener la base de La Casa y pagar a los informantes. El embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Terence Todman, rubricaba en persona el acuerdo y cerró el ciclo 1996 de la Escuela Nacional de Inteligencia con una charla obligatoria para todo el personal jerárquico de la SIDE. Pfinnen, Brousson, Jaime, Garnica y hasta El Gordo Miguel asistieron al desafío que les proponía Todman de sumarse a la lucha global que decía encabezar Estados Unidos en favor de las democracias y la libertad. Muy lejos habían quedado los años del Plan Cóndor.

En noviembre de 1996, mientras se decidía la reelección de Bill Clinton al frente de la Casa Blanca, Anzorreguy creyó recibir un golpe de gracia. Un golpe que por un momento volvió a poner a Patricio Pfinnen y sus muchachos en lo más alto de su estima. La historia se contaría en los diarios y revistas como un favor gigantesco de un servicio secreto marginal hacia el imperio. Decía que la SIDE había evitado un atentado contra la embajada de Estados Unidos en Asunción, Paraguay. Era impresionante, ¿pero era cierto? Nada menos parecido. A la verdad la conocían bien Pfinnen y sobre todo Brousson, que debió viajar de urgencia a la Triple Frontera para ocuparse del operativo.

Los agentes asignados a la base secreta de Foz de Iguazú habían dado con un extraño personaje, Marwan al Safadi, de origen árabe, que andaba por la vida mostrando su pasaporte estadounidense. El extraño se movía entre Foz de Iguazú y Asunción y había tenido la mala idea de sacarle una foto a la embajada estadounidense en la capital paraguaya. Los agentes de la SIDE, desconfiados, lo habían detectado justo cuando pulsaba su cámara. Convencidos de que era un terrorista haciendo tareas de inteligencia para cometer un atentado, decidieron atraparlo. Al Safadi negaba cualquier interés en el terrorismo, decía que vivía en Foz de Iguazú desde hacía años y que de verdad era ciudadano estadounidense. Los espías argentinos no le creyeron. Estaban seguros de que ese pasaporte era una patraña que no iba a tardar en develarse.

Pfinnen y Brousson avisaron a Anzorreguy y el jefe de la SIDE llamó al delegado de la CIA en Buenos Aires, Ross Newland, para ponerlo al tanto del gran éxito de La Casa. Newland era el encargado de aportar y fiscalizar los fondos que ponía la agencia estadounidense para la misión de la SIDE en la Triple Frontera. Y apostaba, claro, a que diera resultados como el que ahora se presentaba. Newland avisó a su país y a las pocas horas, el 6 de noviembre, un avión con bandera estadounidense aterrizó en el aeropuerto de Asunción. Sin saludar ni pedir permiso, los enviados de la CIA agarraron a Marwan al Safadi de las orejas y se lo llevaron a Estados Unidos. Así nomás. A la vista de todos.

A pesar de la euforia inicial que mostró la SIDE, Ross Newland no quedó muy contento. Pocas semanas después de la detención y el posterior secuestro de Al Safadi, le llegó un informe desde los cuarteles centrales de la CIA, en Langley, donde le informaron que el pasaporte del sospechoso era oficial y legítimo. Es decir, que estaba en regla. Al Safadi era un ciudadano estadounidense sacando fotos. Sólo eso.

Toneladas de mentiras

A pesar de la confusión por el falso intento de atentado en Paraguay, a Patricio Pfinnen le estaba yendo bien. Después del operativo de Gorriarán, después de haberle pagado el soborno a Telleldín, La Casa lo premió convirtiendo a Sala Patria en la Dirección de Antiterrorismo, que se sumaba con más presupuesto y personal al organigrama de la Subsecretaría de Inteligencia Exterior. A mediados de 1997, por si faltaba algo, recibió un chiche nuevo de esos que encantan a los espías: un polígrafo, que no es otra cosa que un detector de mentiras. Anzorreguy explicaba hacia fuera que se lo había mandado la CIA como premio por haber prevenido un atentado contra una de sus embajadas, pero los agentes de Sala Patria sospechaban, algo avergonzados, que se los habían enviado para que la próxima vez verifiquen mejor la información. Como fuera, allí estaba el polígrafo, un aparato repleto de sensores que ocupaba el tamaño de una valija de viaje.

La idea original de Hugo era asignar el polígrafo a la Dirección de Asuntos Internos, que se ocupaba de resolver los entuertos entre espías y de investigar cuando se perdían carpetas o casetes de escuchas telefónicas, algo que estaba ocurriendo demasiado seguido. Pero no. La idea de someter a los agentes al detector de mentiras podía vulnerar los principios básicos del secreto profesional. Finalmente, se decidió enviar el polígrafo a la base de Pfinnen en Foz de Iguazú, a la Triple Frontera, para probar la credibilidad de los informantes que solían vender historias de supuestos terroristas al acecho de un tercer atentado. El polígrafo todavía se usa y aunque Anzorreguy intentó que los jueces le dieran valor jurídico para las investigaciones penales, como ocurre en ciertos estados de Norteamérica, jamás lo logró.

La contracara de Pfinnen era Jaime. Seguía afectado al caso AMIA pero sólo preparando informes sobre la pista internacional, es decir, sobre los autores intelectuales del atentado. El trabajo consistía en pasar en limpio las teorías del Mossad e intentar que encajaran con los miembros de la comunidad iraní y siria asentados en Buenos Aires. Eran tareas complejas y turbias que parecían no conducir a ningún sitio, como tampoco habían llevado a ninguna parte las pistas del atentado contra la embajada de Israel, un caso que ya se daba por perdido.[26] Lejos de las decisiones, distante como nunca de Anzorreguy, Jaime volvió a sus andadas junto a la Policía Bonaerense. Su amigo Naldi ya no estaba en actividad. En octubre de 1996, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, lo había pasado a retiro junto a otros jefes policiales, a los que se involucraba en delitos y se responsabilizaba por la recaudación ilegal de esa fuerza. Pero Naldi no se había quedado solo. Jaime se había convertido en el padrino de la hija del comisario y estaba dispuesto a darle una mano. Lo contrató como asesor estable de la base Estados Unidos y juntos se pusieron a planear otro gran golpe, similar pero más impactante que el de Café Blanco. La lógica era la misma que dos años antes. La SIDE se haría cargo de los gastos para contactar a una banda de narcos, encargarles droga y después golpear en el momento justo. El blanco elegido fue un grupo de colombianos, otra vez, que debía enviar cocaína desde su país, camuflarla en Buenos Aires dentro de un embarque de pulpas de frutilla y luego enviarla a Alemania. La investigación se había iniciado con un informante, el comprador de la droga, aunque en el expediente judicial, a cargo del juez federal Roberto Marquevich, se hizo figurar un supuesto llamado anónimo que alertaba sobre los narcos. La del llamado anónimo era una maniobra que acostumbraban a usar los policías cuando querían ocultar la identidad de sus soplones, pero que en este caso encubría algo más. Encubría, directamente, al soplón que iba a comprar la droga.

Jaime puso a trabajar a los muchachos de la base Estados Unidos, con El Gordo Miguel en la primera línea. Durante meses, con sus aparatos de escuchas caseras, fueron siguiendo de cerca las negociaciones y llegaron a grabar 500 horas de conversaciones telefónicas, incluyendo las charlas del informante comprador con los proveedores colombianos. La droga llegó al país en marzo y se suponía que debía terminar en Alemania dos meses más tarde. O eso era lo que creía la Policía alemana. El 30 de abril de 1997, un equipo de la Policía Bonaerense, acompañado por los agentes de la SIDE, rodeó con sigilo un depósito de materiales de General Pacheco que estaba a nombre de la empresa Viadort S. A. Jaime esperaba dentro de una camioneta camuflada y, como en el operativo Café Blanco, otra vez estaba armado como un comando en la guerra. A media mañana, vio salir del depósito a dos hombres, pero ni él ni nadie los siguió. Era la señal que estaban esperando. Apenas dos minutos después, cincuenta policías y agentes de la SIDE irrumpieron en el galpón con sus ametralladoras, escopetas y chalecos antibalas. Otra vez el Jaime de la ametralladora y la gorrita visera. Otra vez en un golpe espectacular.

Encontraron 2116 kilos de cocaína pura, que se ocultaban dentro de grandes tambores de pulpa de frutilla, listos para ser enviados a Alemania. El camuflaje le había dado el nombre al Operativo Strawbery, un caso que haría historia. Minutos después de la entrada de los policías y agentes, unos veinte periodistas llegaron al depósito de General Pacheco con sus grabadores y cámaras de televisión. Justo para la aparición de Naldi. Aunque ya estaba retirado de la Policía, el comisario atrajo toda la atención y se puso a comentar el operativo y a destacar la importancia que tenía para el país este nuevo mayor golpe contra el narcotráfico de la historia. Nadie parecía comprender qué hacía Naldi al frente del caso. Nadie conocía, todavía, su rol en La Casa ni su amistad con Jaime, quien, por lo bajo, volvía a putear por la fascinación de su amigo por las cámaras. Tres semanas después, el 21 de mayo, el juez Marquevich dictó la prisión preventiva de nueve de los dieciséis detenidos, los changarines que cargaban la droga, y pidió la extradición de cinco personas más, al parecer los cabecillas de la banda. Al día siguiente, las dos toneladas de cocaína fueron quemadas en el crematorio del cementerio de Boulogne y las cenizas se trasladaron al cinturón ecológico, un gigantesco lote de basura en el conurbano. La noticia encabezaba todos los noticiarios. La foto de la quema trepaba sin competencia a la tapa de los diarios. Total, la verdad se conocería recién dos años después.

El 17 de noviembre de 1999, el Tribunal Oral Federal Nº 3 de San Martín iba a absolver a todos los imputados, iba a anular toda la causa y a pedir que se investigue al juez, a los policías y a la SIDE, cuyos agentes se encubrían, otra vez, en nombres supuestos imposibles de rastrear.[27] La investigación, concluyeron los jueces, había sido «armada» con un agente instigador del delito. La investigación se había cortado en Buenos Aires porque si llegaba a Alemania se corría el riesgo de capturar a todos los miembros de la banda, incluido al comprador, a quien se había dejado escapar «dos minutos» antes de la entrada de la Policía en el galpón de Pacheco. La SIDE, comprobaron los jueces, había aportado para la investigación 5 millones de dólares de los que nadie logró rendir cuentas jamás. Como en el caso Café Blanco, otra vez se había instigado un delito para después esclarecerlo. Igual que en Café Blanco y que en otros casos que no conoceremos jamás. Sólo un detector de mentiras podría ayudarnos.

Descrédito

Hacia 1997 la SIDE de Hugo empezó a mostrar fisuras. Sólo el aceitado sistema judicial que apañaba al poder permitía que continuaran en la nebulosa las denuncias que salpicaban a sus hombres. Entre los familiares de la AMIA, un importante grupo empezó a cuestionar el accionar de Sala Patria y el de Contrainteligencia. Todavía era desconocido el pago a Telleldín, pero empezaron a filtrarse algunos desmanejos, como la pérdida de los 66 casetes que incluían las conversaciones mantenidas con Telleldín en las horas previas a su entrega. El caso Strawbery, además, había provocado la queja de la Policía alemana, que se había quedado esperando el embarque de pulpa de frutilla hasta último momento. Jaime estaba involucrado en los dos casos. Pero claro. A esa altura Jaime estaba involucrado en todo lo que pasaba en La Casa.

Anzorreguy hacía malabares para mantenerse inmune a las críticas. En octubre, Ricardo Natale, el jefe de la Central Nacional de Inteligencia en tiempos de Alfonsín, denunció que entre 1994 y 1995 Anzorreguy había aportado fondos de la SIDE para apoyar la última campaña electoral del presidente español, José María Aznar. El diario El País, de España, se hizo eco de la denuncia y la publicó junto a una foto donde se retrató un fraternal abrazo entre Aznar y el jefe de los espías argentinos. La foto había sido tomada en mayo de 1996 en la puerta del Palacio de la Moncloa. Se los veía ciertamente felices.

Anzorreguy tuvo que salir a desmentir la acusación, pero no tenía mucho más por hacer. Natale, para colmo, seguía hablando. Identificó a dos agentes, César Neyra y Ramón Ruiz, como los encargados de llevar los fondos a Madrid. Y aseguró que el responsable de la operación había sido Osvaldo Agosto, delegado de la SIDE en España y viejo conocido de Natale. Durante la interna radical de 1983, Agosto había sido el inventor de la consigna de campaña «Ahora Alfonsín», con la que habían dado el primer puntapié hacia la Presidencia. Años después había sido, también, el ideólogo de los carteles callejeros que mostraron a Eduardo Duhalde con una damajuana en la cabeza.

La historia de Natale era tan improbable como creíble. Decía que la operación se había cocinado en El Locro, un restorán de comida porteña que el tal Neyra tenía en Madrid. Y aseguraba que se habían girado tres millones de dólares. El presupuesto de La Casa daba para eso y mucho más, pero ¿cómo probarlo? Imposible. La denuncia de Natale se fue perdiendo entre el flujo incesante de noticias y nunca jamás fue investigada. Ni siquiera volvió a escena en el año 2000, cuando el cuñado de Hugo Anzorreguy, Alejandro Mac Farlane, su jefe de gabinete en la SIDE, fue incorporado al directorio de la empresa española Repsol, que había comprado el paquete accionario de YPF, la estatal petrolera, en una de las privatizaciones más cuestionadas del menemismo.

Pero la denuncia de Natale reflejaba una tendencia peligrosa para La Casa. La SIDE empezaba ya a ser la culpable de todos los males. Los servicios oficiales parecían estar detrás de cualquier rareza de la política, del mundo de las finanzas, en cualquier conflicto social. Unos meses después, el 7 de enero de 1998, dos desconocidos con la cara cubierta con medias entraron armados en la sede del Movimiento Sindical Trabajadores Argentinos (MTA), en Avenida de Mayo al 1400, a cuadras del Congreso, y se llevaron los formularios donde los sindicalistas guardaban 300 mil firmas para oponerse a algunos proyectos legislativos que intentaban flexibilizar las relaciones laborales. El secretario del MTA no tardó en culpar a la SIDE: «Posiblemente hayan sido algunos muchachos de 25 de Mayo», dijo, y todos le creyeron.

Semejante desgaste de la SIDE coincidía con el de todo el gobierno de Menem, al que se asociaba cada vez más a una fiesta de corrupción y desenfado. La sociedad, que durante años se había mostrado tolerante frente a la exhibición y los excesos del menemismo, ya empezaba a mostrar signos de cansancio. Y en la SIDE, para colmo, devolvían esas miradas de desconfianza con pesados portones de hierro.

La noche del 26 de febrero de 1998, una viuda que acostumbraba a darle de comer a gatos de la calle frente a la Escuela de Inteligencia, murió aplastada por la verja negra del frente del edificio. Ocurrió en Barrio Norte, bajo los plácidos faroles que iluminaban como hacía un siglo la empedrada entrada de autos y aspirantes a espías. La culpa había sido del jefe de seguridad de la Escuela, Ricardo Dáttoli, que cansado de verla noche tras noche, aburrido tal vez, decidió apretar el botón que abría la verja, justo cuando Sofía Fijman asomaba su cabeza para darle carne picada a los animalitos. Nada pudieron hacer dos turistas alemanes que pasaban por el lugar y a los gritos pidieron que alguien frenara a la mole de hierro. Al abrirse, la reja empezó a succionar a la anciana entre sus hierros, que pujaban por comprimirse, hasta destruirle la cabeza. Desde el subsuelo de La Escuelita, Dáttoli debió observar la escena a través de las ocho cámaras de video que registraron la escena.

El fiscal Pablo Lanusse indagó algunos días más tarde al agente de seguridad:

—¿Por qué abrió el portón si no entraba ni salía nadie?

—Lo que sucedió es que me tropecé y sin querer apreté el botón. Fue un accidente —declaró Dáttoli.

Dáttoli intentó explicar, ya en más detalle, que los cordones sueltos de su zapato le habían jugado una mala pasada y que cayó lanzado sobre la mesa de control del portón. Una tragedia por no saber atarse los cordones. Vaya mala suerte. Dáttoli estuvo preso diecinueve días y después volvió a la Secretaría.

Spartacus

La maquinaria de espionaje de La Casa ya era exorbitante. A fines de 1997, y poniendo al caso AMIA como excusa, se incorporaron a la base de Estados Unidos dos equipos de inteligencia de última tecnología. El más caro fue un sistema de intercepción satelital que permitía detectar comunicaciones telefónicas de larga distancia. Ese sistema era clave para Jaime, que buscaba contactos telefónicos entre sus blancos iraníes y los cuarteles del Hezbollah en el Líbano. El interceptor no permitía conocer el contenido de las conversaciones, pero sí el flujo y la duración de las llamadas. Con sólo apretar el teclado de una computadora, el sistema le bajaba a la SIDE la información sobre todas las comunicaciones entrantes y salientes de los radares que giraban los contactos desde y hacia Argentina.

También se compraron capturadores de fibra óptica, unos modernos «cocodrilos», similares en su sistema a los que se usaban para enganchar teléfonos, pero ahora digitales. El objetivo de los capturadores era interferir los cableados de fibra óptica que estaban reemplazando a los viejos tejidos telefónicos, pero sobre todo porque empezaban a usarse para las conexiones de Internet. Interferir un correo electrónico era algo sencillo mientras se hiciera a través de una línea telefónica, pero era imposible cuando se hacía por cable de fibra, un sistema mucho más veloz que en poco tiempo se haría masivo. Los capturadores solucionaban ese problema para siempre y tenían una ventaja extra: no se necesitaba la ayuda de ninguna empresa de telefonía ni de Internet. Sólo había que buscar las cajas que concentran las fibras ópticas —con el tiempo habría una por manzana— y enganchar el capturador. Como en general las cajas estaban ocultas bajo tierra, los callejeros de la base Estados Unidos debían camuflarse como si fueran una cuadrilla de mantenimiento del servicio de agua o de luz. Iban hasta el objetivo, rompían la calle o la vereda, enganchaban el capturador en el tendido de fibra óptica y se iban. Desde la base Estados Unidos, uno de los hacker especializados recibía el fluido de información y sólo tenía que detectar el que le interesaba. Así podían acceder a la computadora que quisieran. Una entrada sin barreras a cualquier hogar, a cualquier oficina privada, a cualquier despacho oficial.

En la base de Estados Unidos ya se había destinado una oficina especial para los hackers. Cinco o seis jóvenes de veintipico de años, contratados especialmente para vulnerar correos electrónicos y entrenados para investigar en bases de datos oficiales y no oficiales. Por Internet podían meterse en el sistema informático de la AFIP, la administradora de impuestos, y averiguar declaraciones juradas. Por Internet podían averiguar los gastos hechos por los argentinos con tarjetas de crédito o los saldos de sus cuentas bancarias. El encargado de leer e interpretar los capturadores de fibra óptica tenía su propia oficina. Un experto en informática con nombre y apellido al que todos llamaban por lo que era, El Hacker, con mayúscula. Era el mejor de todos, pero su aislamiento no obedecía tanto a razones de seguridad como a su propia comodidad. El Hacker tenía su oficina en la planta baja, a metros de la entrada principal de la base, en un viejo vestíbulo que había sido adecuado especialmente para él. ¿Por qué? Porque El Hacker apenas podía trasladar su corpachón de 150 kilos, que lo obligaba a movilizarse en una silla de ruedas. Todas las mañanas, una camioneta iba a buscarlo a su casa y lo llevaba hasta la base. El Hacker era trasladado luego a su oficinita y allí se quedaba, por horas, rodeado de computadoras.

También estaban las valijas de escuchas, esas que Jaime decía no necesitar, pero que permitían interferir sin ningún riesgo comunicaciones entre teléfonos celulares. Costaban entre 25 y 50 mil dólares. Y había valijas por todos lados. Muchas de las cuevas que tenía la SIDE por la ciudad se habían adquirido para instalar esas valijas, que podían escuchar teléfonos a unos 300 metros de distancia. Lo único que necesitaban los agentes era conocer el número de teléfono del objetivo. Después era cuestión de ir moviendo la valija hasta que el sistema detectara las ondas de las comunicaciones y las pudiera filtrar. Se decía que había valijas instaladas para escuchar los celulares del Congreso de la Nación, otra en el edificio donde funcionaban los juzgados federales, otra en el Palacio de Justicia donde está la Corte Suprema de Justicia y otras tantas repartidas en el microcentro para filtrar a banqueros y a empresarios.

¿Cuánta de esa tecnología se usaba? Es difícil saberlo. Pero los medios estaban. Y la intención, según la ocasión. Podían interferir teléfonos, correos electrónicos, escuchar donde quisieran escuchar. Pero las decisiones siempre se tomaban por algún motivo. No se hace inteligencia por las dudas. O casi nunca. O hasta que llega alguien y acerca un objetivo servido. Alguien como el comisario Naldi.

En enero de 1998, Naldi parecía inmune a las críticas que se le hacían por sus grandes golpes contra el narcotráfico y sentía que tenía toda la vida por delante. Su tarea en la SIDE era mantener paga y rentable a la red de informantes del conurbano, empezando por las brigadas policiales, que recibían mes a mes el aporte generoso de La Casa a cambio de información de primera hora sobre delincuentes y poderosos. Aquel verano, dio un paso más y creó una agencia de seguridad privada, con una oficina en la calle Esmeralda, casi Corrientes. Con Jaime se reunía una o dos veces por semana. Naldi lo iba a visitar al gimnasio donde su amigo solía caminar una hora por día sobre una cinta mecanizada, o lo llevaba a cenar a Puerto Madero, una zona antes olvidada del puerto de Buenos Aires que el menemismo había transformado en una de las más exclusivas de la ciudad, con hermosos restoranes y terrazas sobre un plácido dique del Río de la Plata. En una de esas salidas nocturnas, Naldi le fue con un cuento muy seductor. Le contó de un prostíbulo para homosexuales, en la zona del Congreso, adonde iban jueces, empresarios y periodistas. Un prostíbulo selecto, dijo, protegido por la Policía Federal, regenteado por un impresentable que estaba dispuesto a vender cualquier cosa por un puñado de dólares. Así le dijo. Un impresentable dispuesto a venderlo todo. ¿Vender qué? Luciano Garbellano, el dueño del prostíbulo, tenía a todos sus clientes filmados.

—Pide 50 mil dólares por video —explicó Naldi, que siempre hablaba como escupiendo.

A Jaime le debe haber encantado la idea. Sus equipos de filmaciones y escuchas, los que guardaba en la cueva de la base Estados Unidos, le habían servido para capturar objetivos predeterminados. Al Tata Yofre, a Nosiglia, a Menem, Telleldín, a Rabbani, a operadores de la Bolsa de Comercio. Legales o ilegales, todos aquellos seguimientos habían sido elegidos por él o por otros, pero habían sido elegidos. Una razón había motivado sus seguimientos. Respondían a un plan. La propuesta de Naldi, en cambio, invertía el valor de la persecución. El tal Garbellano ofrecía un trabajo terminado al que después se le podría sacar algún provecho. Los objetivos eran de todas las esferas imaginables: un banquero, un juez federal, varios políticos, varios periodistas. Lo único que a Jaime no le cerraba eran los 50 mil por video. Era mucha plata para una operación encubierta. Podía hablarlo con Salinardi, pero a lo sumo conseguiría para un par de videos antes de que la central advirtiera el movimiento de plata. Había que encontrarle otra vuelta.

Una semana después, Naldi citó a Garbellano a su oficina de la calle Reconquista. Una oficina vestida de azul policial, como había pedido el comisario a su decoradora. El escritorio era de madera azul, la boisserie estaba forrada con un paño azul, los sillones eran de cuero azul, los cuadros eran azules, también las cortinas. La oficina de un ex comisario que se reciclaba como empresario o algo parecido. Esa tarde Naldi no estaba solo. De jeans y zapatillas, recostado en uno de los sillones, Jaime acompañaba la escena con cierto aire de desinterés, como quien dice «Yo sólo estaba de paso». Al principio Garbellano no reparó demasiado en él, ni siquiera cuando dejó que Jaime pusiera el primer video en el reproductor. Garbellano no se enteró jamás, pero ese reproductor estaba conectado a una videograbadora oculta fuera de la oficina.

El comisario y el espía observaron el primer video. Se veía al juez federal Norberto Oyarbide coqueteando con un muchacho musculoso disfrazado de vikingo. Estaban dentro del prostíbulo. En la más desnuda intimidad.

—Ya veremos —dijo Jaime, cuando se acabó la cinta.

Naldi le devolvió el video a Garbellano y lo miró con cara de insatisfacción:

—¿No hay más? —preguntó Naldi.

Claro que había. Durante dos horas, Garbellano mostró orgulloso todo su arsenal. Periodistas de prestigio, un banquero judío de mucho poder dentro de su colectividad, y el hermano de un dirigente de la Alianza, la agrupación opositora que pretendía desplazar a Menem del poder. Naldi no lograba contener su euforia.

—Con esto Menem logra la reelección —escupía, a un año de una nueva elección presidencial.

Cuando todo terminó, Naldi y Garbellano giraron para mirar a Jaime, que se había mantenido callado durante toda la exposición. Se encontraron con un hombre aburrido, apesadumbrado, quizás hasta deprimido.

—No me interesa —dijo Jaime.

Garbellano no entendía nada. Lo miró a Naldi como buscando un guiño, pero el comisario ya estaba de vuelta en su rol del policía bueno. Levantó los brazos como lamentando la situación y expuso su labio inferior en señal de decepción.

—Qué se va a hacer —se lamentó. Garbellano creía estar al borde de la locura.

—¿Les parece demasiado caro? ¿Podemos charlarlo? —insistía.

Garbellano había ofrecido 50 mil dólares por el video de Oyarbide y 70 mil pesos mensuales por mantener el sistema en marcha el tiempo que creyeran necesario. A los otros videos estaba dispuesto a cederlos por una ganga si compraban el de Oyarbide. Garbellano mantenía desde hacía un par de años una relación con el juez, pero se sentía despechado porque Oyarbide andaba saliendo con otro muchacho. Quería que ese video se hiciera público.

—Compren el de Oyarbide —repetía Garbellano, como si estuviera en una feria de oportunidades.

Casi a los empujones Naldi se deshizo de Garbellano.

—Lo lamento —decía en tono patético, mientras lo acompañaba hasta la puerta del ascensor.

La misión, para él y su amigo, ya estaba cumplida. Sin pagar un peso, habían copiado todos los casetes.

No hay constancia de otros videos, de otras filmaciones privadísimas que confirmen el mito sobre Jaime, a quien sus enemigos le atribuyen la videoteca más delicada de la Argentina. Pero hay algo cierto. De los de Spartacus sólo nos enteramos por el escándalo que se desató después. ¿De cuántos otros videos no sabremos jamás? ¿Será cierto que filmó a senadores en prostíbulos? ¿A ministros entrando en hoteles con sus amantes? La respuesta a esas preguntas se esconden en la vergüenza de las víctimas.

¿Qué pasó con Garbellano? Días después de la reunión en la oficina azul del comisario Naldi, el dueño del prostíbulo Spartacus se comunicó con el jefe de la División Seguridad Personal de la Policía Federal, el comisario Roberto Rosa, y le contó que la SIDE le andaba ofreciendo plata por los videos. Garbellano no era tonto. Al comisario Rosa le pagaba entre 10 y 15 mil pesos por mes, tarifa que le permitía continuar con su negocio, ya que los prostíbulos están prohibidos en la ciudad de Buenos Aires. Con su cuento de la SIDE —en parte cierto— Garbellano confiaba en que Rosa se asustaría y, tal vez, lo dejaría en paz o le subiría la apuesta por los videos. Lo que ocurrió fue muy diferente. Un par de semanas después, la noche del 24 de marzo de 1998, Garbellano fue baleado por desconocidos mientras viajaba a Zárate, adonde iba a encontrarse con un viejo cliente. Le pegaron seis tiros y pudieron haberlo rematado, pero por algún motivo no lo hicieron. Garbellano sobrevivió para contarlo y su relato hizo entrar en pánico a todos sus conocidos, desatando una batalla de histéricas proporciones.[28] Uno de sus amigos era el taxiboy Zineddine Rachem, que andaba noviando con el juez Oyarbide. Zineddine le contó todo al juez, se trenzó luego en una dura discusión y lo acabó denunciando por amenazas. Esa denuncia trascendió a los medios y de ahí a saberse de los videos hubo apenas un paso. De lo que no se supo jamás es del destino de los videos. Está claro que Jaime y Naldi se guardaron un juego de copias. ¿Estarán todavía en la cueva de la calle Estados Unidos? ¿En alguna caja de seguridad? Y en todo caso, ¿qué hicieron con ellos? Otra vez, sólo Jaime puede saberlo.

La Mata Hari argentina

El caso AMIA había entrado en un profundo y sin remedio punto muerto. Pero no era un caso que se podía abandonar así como así. Los familiares de las víctimas protestaban por la falta de resultados, los diarios seguían las alternativas de la investigación con obsesión, la dirigencia de la comunidad judía empezaba a tomar distancia de la versión oficial que ofrecía el juez Galeano. Nadie podría hacerse el distraído con el atentado. Tampoco Jaime, que había decidido aguantar agazapado hasta que volviera su momento. Tuvo su primera señal a mediados de 1998, cuando seis investigadores del FBI llegaron a la base para revisar su hipótesis. La visita había sido acordada por Jorge Lucas, con la intención de reivindicar un poco la posición de la base. Los del FBI se quedaron poco más de un mes y revisaron todas las carpetas del caso, incluso algunas que Jaime nunca le había entregado a Galeano. Antes de irse, redactaron un informe oficial donde le recomendaron al juez Galeano que intensificara la investigación sobre Alejandro Monjo, el comerciante de autos vinculado a la Policía Federal al que Jaime se la tenía jurada. El juez no tenía por qué hacerle caso a esos gringos cuyo conocimiento del caso era seguramente precario e intencionado. Pero a Jaime le alcanzaba para saberse vivo. El informe del FBI era, para él, la prueba de que todavía tenía con qué pelear.

Anzorreguy pensaba más en el corto plazo. Por eso creyó recibir un golpe de buena suerte en octubre de 1998, cuando el delegado de la SIDE en Suiza le avisó que de casualidad había localizado a Nasrim Mokhtari, una mujer que era buscada tanto por el atentado a la AMIA como por el de la embajada de Israel.

Nasrim había nacido en Irán hacía 42 años y llevaba treinta deambulando por el mundo. Uno de sus viajes, en 1992, la había depositado en Buenos Aires, donde se dedicó a lo que mejor hacía: ejercer la prostitución. Desde un departamento a metros del Congreso, Nasrim seducía con su boca enorme y sus ojos árabes, aunque su físico ya la delataba algo caída de espíritu. En aquellos años, Nasrim se puso de novia con un taxiboy brasileño, un tal Wilson Dos Santos, a quien le prometió amor eterno. Cuando en 1994 Wilson decidió viajar a Europa, ella fue tras él. Se convirtieron así en una pareja de buscavidas planetarios. Estuvieron en España, en Francia, en Italia, finalmente en Zurich. Lo que ella no sabía era que Wilson era un agente informal de inteligencia. Wilson solía llevar y traer información para los servicios de inteligencia de su país. Un correo, se les dice. Tipos marginales sin demasiado para perder, siempre listos para cumplir tareas sucias o encargos miserables. Tipos como los que tenían Jaime o Patricio o Brousson diseminados por el país. Tipos de los que se sirven todos los servicios secretos del mundo.

El 4 de julio de 1994, Wilson había hecho uno de esos encargos secretos de fuentes secretas. Sólo que esta vez, aunque él no lo supiera, su encargo era de vital importancia. Se presentó en la embajada argentina en Milán, pidió hablar con algún funcionario y, sin darle demasiada importancia a sus palabras, dijo que en pocas semanas ocurriría un atentado terrorista en Buenos Aires. La historia que contó fue durante años objeto de investigaciones y reproches. Wilson aseguró que había vivido en Buenos Aires (cierto), con una mujer de origen iraní llamada Nasrim (cierto) y que esa mujer había participado del atentado a la embajada de Israel (¿cierto?).

Aseguró también que, gracias a ella, sabía que se volvería a cometer otro atentado en poco tiempo. Las palabras de Wilson cobraron una importancia descomunal pocos días después, el 18 de julio, cuando la noticia de la explosión de la AMIA recorrió el mundo. Pero en su momento, claro, nadie lo había tomado en serio.

Después del atentado, Wilson había declarado en la Argentina. Lo interrogaron policías de la Federal y Wilson intentó quitarle importancia a lo que había dicho en Milán. Parecía ser el primer sorprendido sobre su anticipo, aunque no estaba dispuesto a desmerecer el misterio alrededor de Nasrim, de quien ya se había separado. Era la típica declaración de un mitómano, que confundía datos ciertos con inventados para ofrecer algo apetecible. Wilson sólo quería una paga por hablar mal de Nasrim. Y que lo dejaran en paz. Así fue. Al poco tiempo volvió a Brasil y siguió con su vida de taxiboy. De Nasrim, en cambio, no se había vuelto a saber nada. A medida que pasaban los meses y los años, su ausencia iba pareciendo cada vez más trascendente. Cuando Nasrim volvió a la luz, todos creyeron dar con la cola del león que resolvería el misterio. El de uno o incluso los dos atentados.

Anzorreguy le entregó a Pfinnen el telegrama cifrado que había enviado el delegado de la SIDE en Suiza. Nasrim se había presentado en la embajada a renovar su pasaporte argentino, la habían identificado y le habían pedido todos sus datos. Tenían su dirección, tenían todo. Ahora sólo había que ir a buscarla.

Patricio Pfinnen y Luis «Pinocho» González se tomaron un avión de Zurich Air, rumbo a Suiza. Aprovecharon las doce horas del vuelo para organizar la operación. Habían embarcado una valija cada uno con ropa para una semana y en el bolso de mano llevaban 20 mil dólares en billetes de a cien y cincuenta. Como era habitual, usarían sólo efectivo, para no dejar huellas en el camino. Cuando llegaron a Suiza fueron a la embajada y salieron a cenar con el delegado de La Casa y el cónsul Antonio Gustavo Trombetta. El delegado les describió a la iraní con cierto escepticismo y les advirtió que no parecía muy sospechosa. Pero Pfinnen no había viajado hasta Suiza para nada. Se acordó que al día siguiente el cónsul llamaría a Nasrim al teléfono que había dejado como referencia en la embajada.

—Acá hay unos empresarios uruguayos que le pueden dar algún trabajo —ofreció el cónsul a la iraní.

Los supuestos empresarios uruguayos la citaron en un bar y le explicaron lo bien que le vendría a Nasrim volver a respirar los aires rioplatenses. Ellos, dijeron, necesitaban a una mujer que tuviera mundo, como ella, y pasaporte argentino, como ella. Los empresarios estaban vestidos de traje, se los veía muy serios, y le ofrecían todo: el pasaje de avión, todos los gastos pagos, además de un encantador empleo en Montevideo.

—¿Trabajo de qué? —preguntó ella.

—Asistente —mintió Pfinnen, con aires de ejecutivo.

Nasrim se despidió de Zurich y voló a París y desde allí rumbo a Montevideo —eso creía— rodeada por esos dos hombres fornidos que le habían caído como del cielo. Viajaron en primera clase y ella pidió champán. Cuando el avión se detuvo en Buenos Aires, el 4 de junio de 1998, eran las ocho de la mañana. El piloto anunció que los pasajeros con destino final a Montevideo debían cambiar de avión. Nasrim estaba todavía entumecida cuando bajó de la manga y entró en la sala de tránsito de pasajeros. Nasrim recién empezaba a comprender su suerte cuando vio que la esperaban ocho policías. Le pusieron las esposas mientras ella insultaba a los gritos en el español más claro que se recuerde. No tuvieron que esperar las valijas. Todas las pertenencias de la sospechosa entraban en la mochila que colgaba de su hombro.

«Cayó la Mata Hari argentina», fue el principal título de tapa del diario Página/12. Desde el diario Clarín, donde escribía, también yo festejé su hallazgo. Lo hicieron todos los periodistas y también lo hizo Hugo Anzorreguy, que no paró de recibir llamados a su despacho. Felicitaciones del presidente Menem, de gobernadores, de los dirigentes de la comunidad judía. Una euforia que, otra vez, se escurriría como agua.

Nasrim fue interrogada durante una semana en la Corte Suprema de Justicia. Y más tarde sería interrogada también por el juez Galeano. Al cabo de un mes, ya le habían hecho más de trescientas preguntas. Ninguna de las respuestas conducía a nada. ¿Por qué? Porque Nasrim no tenía nada interesante para decir. No era terrorista ni conocía terroristas ni le interesaban los terroristas. Nasrim era una trotamundos. Sólo eso.

La operación de su hallazgo y captura había sido un éxito inútil. O tal vez no tanto. Al menos cerró una línea que, abierta, parecía agradarse como la hendidura en un saco de lana. Eso sí. Al poco tiempo Nasrim se convirtió en una carga para los muchachos de La Casa, a quienes se les encargó su custodia. Como en Sala Patria dijeron que no tenían gente disponible, Hugo le encargó la tarea a los muchachos de Jaime. Le tocó a El Alemán, el más grandote de los callejeros. Primero lo hizo de incógnito. Alquiló un taxi y hacía su parada diaria en el barcito del hotelucho donde paraba Nasrim, a dos cuadras del departamento central de la Policía Federal. Al poco tiempo, El Alemán se dio cuenta de que no tenía sentido hacer un seguimiento encubierto para alguien de tan poca importancia. Durante semanas y meses, El Alemán la debió seguir como una sombra por los cafés de Buenos Aires, donde la iraní intentaba recuperar el tiempo perdido. El Alemán se acodaba aburrido en la barra, mientras la muchacha intentaba conseguir algún cliente dispuesto a pagarle la comida. Si ella conseguía a alguien, El Alemán la saludaba con un beso y quedaban en verse al día siguiente. Así durante meses.

La última vez que supe de ella fue en julio de 2005. Nasrim me llamó por teléfono para pedir una ayuda que no pude darle. Llevaba años viviendo en una pensión de la zona del Congreso y trabajaba como prostituta a las órdenes de un comisario de la Policía Federal. Nasrim no quería ni hablar del caso AMIA. Con varios kilos de más y el cabello descolorido, todavía buscaba un pasaje de vuelta para escapar del país que la tenía atrapada.

Maten a los custodios

El último año pasó rápido para Anzorreguy y para todos en La Casa. El presidente Menem había intentado sin éxito una segunda reelección y la única preocupación de los funcionarios era despedirse con el menor ruido posible. Apostaban a colaborar en la transición para que sus reemplazos no fueran demasiados duros con ellos. Anzorreguy llevaba casi diez años al frente de la SIDE y si había sobrevivido era porque sabía cómo quedar bien con propios y extraños. Ya se encargaría de arreglar las cosas con el que viniera. A último momento, sin embargo, temió lo peor. Dos extraños asesinatos, demasiado cerca de él, iban a hacerlo sentirse de verdad inseguro.

Daniel Rossini era el chofer y uno de los custodios personales de Hugo. No sólo vivía del buen champán. La madrugada que lo partieron con una ráfaga de tiros, manejaba un Renault Megane Cabriolet último modelo, de un valor equivalente a sus ingresos de dos años. Rossini estaba enamoradísimo de Solange, una chica de 16 años a la que había conocido en uno de los restoranes de moda en la costanera porteña, La Diosa, propiedad de Jorge Lucas, el jefe de Contrainteligencia. Además de buena comida, La Diosa ofrecía música, tragos, bellas mujeres que alternaban con jóvenes empresarios divorciados o solos. Los espías más pudientes solían descansar allí luego de las jornadas más duras de trabajo. Divorciado hacía dos años, Rossini vivía en la casa de su mamá, en Cochabamba 4337, Boedo. A las nueve y media de la noche del 2 agosto de 1999, estaba al lado del teléfono cuando la divina de Solange le dejó el primer mensaje:

—Te quiero ver un ratito —dijo, pero Rossini no atendió. Al rato la chica insistió:

—Te compré un arito, te lo quiero dar ahora —dijo al contestador automático.

Esta vez Rossini levantó el teléfono y acordó pasar a buscarla.

Tres horas después, ya en la madrugada del 3 de agosto, el Renault de Rossini se detenía debajo de la autopista 25 de Mayo, sobre la calle Viel, en Caballito. Pocas luces ofrecían discreción al espía y su enamorada, que intercambiaron primero regalitos y luego arrumacos. A pesar de su experiencia, Rossini no advirtió la presencia, a metros de allí, de una camioneta Trafic blanca y un Fiat 128, color ladrillo, con chapa vieja. Tampoco vio venir al Honda Civic que se detuvo en seco junto a su auto. Del Honda bajaron por lo menos tres hombres, uno de ellos con una ametralladora y los otros dos con pistolas. Lo acribillaron. La dulce Solange, en cambio, no recibió ni un rasguño y esa noche sólo se llevó a la cama las marcas de los besucones de su novio, que yacía tendido sobre el asfalto de la oscura Buenos Aires. Del Honda Civic no se supo nada. Tampoco de la misteriosa Trafic y del Fiat 128. Los disparos, sin embargo, retumbaron un mes después en Ramos Mejía.

Jorge Castro era otro de los custodios personales de Anzorreguy. Al igual que Rossini, formalmente recibía un sueldo magro, de algo más de mil pesos, pero conducía una camioneta Izuzu 4x4 y vivía en una casa de 200 mil dólares. El 3 de septiembre de 1999 fue a comprar comida a la rotisería Irupé, en Ramos, su barrio de toda la vida. Estaba esperando su pedido, cuando entraron dos hombres. Pidieron una tarta entera y cuando el rotisero giró para buscarla, se escucharon los disparos. Fueron cuatro tiros de una pistola 9 milímetros. A un metro de distancia, fatales. Aunque Castro logró salir tambaleando hasta la vereda, cayó muerto junto a las puertas de su camioneta.

En La Casa, los sumarios de asuntos internos eran dirigidos por alguno de los empleados jerárquicos, a los que se designaba por sorteo. A Jaime le tocó investigar los asesinatos de los choferes del jefe. Pero esta vez no fue el azar. Si la investigación cayó en manos de Contrainteligencia, fue porque la única hipótesis de los crímenes apuntaba a una fuerza hostil: a la Policía Federal. Rossini llevaba semanas siendo perseguido por oficiales de la Comisaría 10ª de la Federal, que cada tanto lo detenían para revisarle el auto. Los policías buscaban droga. Y nunca la encontraron. Hasta ahí lo que se supo en el expediente judicial, a cargo del juez Jorge Baños. La causa con el tiempo se fue muriendo hasta cerrarse. Y el sumario interno que dirigió Jaime también. El superagente, el mejor y el peor de todos, esta vez dijo que no sabía qué había pasado y archivó el sumario. ¿Los choferes del jefe de la SIDE estaban involucrados en algún asunto de drogas? Nunca lo sabremos, aunque está claro que a Rossini no lo mataron por besar demasiado fuerte.

Para Anzorreguy fue un golpe terrible. Había estado diez años al frente de los espías. Les había pagado los sueldos, los había escuchado, los había tenido en su despacho, los había dejado entrar en su casa y en su vida. Pero ahora, diez años después, sentía que no los había conocido nunca. ¿Quién le había cuidado las espaldas durante tanto tiempo? ¿En qué clase de negocios estaban metidos? Si no sabía eso, era porque no sabía nada.

La Casa se renueva

Un banquero en el quinto piso

La salida de Hugo Anzorreguy fue tan traumática como era de esperar, pero no por los motivos que todos imaginaban. En la SIDE creían que el nuevo jefe llegaría para desandar todos los caminos, para poner en caja todos los despilfarros, seguramente para iniciar una cacería interna. No contaban con la amistad del viejo jefe con el nuevo presidente, Fernando de la Rúa, que iba a asumir el 10 de diciembre de 1999 con el apoyo de cerca de la mitad de los argentinos. El líder de la Alianza, que todavía era visto por la sociedad como un funcionario moderado, honrado y efectivo, antes de asumir se sentó con Anzorreguy y acordó una transición pacífica. Para ajustar detalles envió a la central de 25 de Mayo a Darío Richarte, un joven abogado de su confianza, y a Víctor Chipola, también abogado, también radical, quien había pasado por la SIDE en los tiempos de Alfonsín y ya conocía el funcionamiento de La Casa. En esa reunión, Hugo pasó rápida lista de las tareas en las que estaban ocupados los agentes y luego se puso a hablar de política, de lo que significaba la Alianza, del resultado de las elecciones y la crisis aparente del peronismo. Una típica reunión de esas donde Anzorreguy daba la sensación de querer estar en cualquier sitio menos en la SIDE, cosa que, después de los asesinatos de sus custodios, probablemente era cierta. Richarte y Chipola fueron invitados a recorrer el edificio. Los llevaron oficina por oficina, los llevaron hasta el salón comedor del subsuelo y los llevaron hasta el más famoso de los pisos, el archivo de la planta baja, donde se guardan las fichas de todos los ciudadanos que alguna vez estuvieron en la mira de la Secretaría de Inteligencia. Al salir de la SIDE, Richarte y Chipola sintieron que no iba a ser tan duro. Pero De la Rúa tenía reservados para ellos sillones de la segunda línea de mando. Al frente de La Casa, De la Rúa puso a un banquero retirado. En 1997, Fernando de Santibañes había vendido sus acciones en el Banco de Crédito Argentino en 184 millones de dólares y desde entonces vivía como un bacán en su mansión en Villa Rosa, un barrio de quintas rodeadas de custodios, en Pilar, donde era vecino del nuevo Presidente, con quien, entre asados y whisky, había construido una sólida amistad. Coleccionista de caballos árabes, enemigo de las corbatas y los sacos, robusto y relajado, Santibañes era un típico egresado en Ciencias Económicas de Chicago: ortodoxo en su manera de entender las relaciones comerciales y financieras, convencido de la necesidad de contar con un Estado ágil pero sobre todo pequeño, que apenas funcione como veedor de un mundo globalizado y, por el mismo motivo, de las grandes corporaciones. ¿Qué haría este hombre acostumbrado a vivir entre plácidas vacaciones dentro de la más apestada cloaca nacional? Su rol fue, además de respetar con el silencio los códigos y acuerdos de su antecesor, meramente administrativo. Llevó a cabo un durísimo y necesario ajuste en el personal y también cambió la organización interna de la Secretaría para hacerla algo más acorde con los nuevos tiempos. Le retocó, en fin, algunos engranajes, pero ninguno tan importante como para que la maquinaria modifique su producción. Como Pena, como Suárez, como Yofre y hasta como Anzorreguy, el banquero retirado llegó prometiendo un servicio secreto ágil y moderno que se ocuparía de hacer inteligencia estratégica para los negocios e intereses del Estado en el mundo global. Acabó entregando lo mismo que había recibido: una usina de informantes que siguió escuchando los teléfonos de sus rivales, que siguió pagando a periodistas y consultores, que siguió llevando sobres con sobresueldos o, en algún caso, valijas millonarias. En una de sus primeras entrevistas, Santibañes prometió transparentar las cuentas negras de La Casa con una frase premonitoria: «Yo no puedo irme a casa sabiendo que con mi firma se liberaron cinco millones y no di cuenta de eso a nadie», dijo a la revista Trespuntos. Pocos meses después, se iría a su casa justamente por la sospecha de haber liberado cinco millones para el pago de una coima monumental a senadores.

Con sus pantalones de lino y su camisa Lacoste arremangada, Santibañes tomó posesión de la oficina del quinto piso con la idea fija de mostrar una gestión moderna. A su lado se sentaban Richarte y Chipola, pero también dos funcionarios de Anzorreguy que se quedaban para asegurar la pacífica transición. Uno era el director de Asuntos Jurídicos, José Allevato, y el otro el director de Logística, Ricardo Díaz Luján. A pocas semanas de asumir, Santibañes decidió darle una entrevista a una periodista del diario La Nación, Graciela Mochkofsky, para mostrar cuán transparente pensaba ser. El resultado fue una extensa nota bajo el título de «Un día con el jefe de los espías». Santibañes se mostraba tomando una cafecito matinal, leyendo los diarios, hablando por teléfono, haciendo de funcionario pacato y preocupado por nosotros, los ciudadanos. La entrevista fue publicada tal como Santibañes había imaginado. A la mañana siguiente leyó el diario con placer y apoyó un ejemplar de La Nación sobre su escritorio, para que lo vieran las visitas y pudieran felicitarlo. Pero esto no era un banco y tampoco un ministerio. A media mañana recibió un llamado de Ross Newland, el delegado de la CIA. El hombre de la Agencia abandonó por un momento su simpatía habitual y le advirtió que no estaba bien visto que el jefe de un servicio secreto diera notas para hablar de la vida. La charla tuvo consecuencias inmediatas.

Días después de la publicación de la entrevista, De Santibañes desapareció de improviso. Se tomó un avión y otro y otro más, y recayó en la ciudad de Langley, donde la CIA tiene su cuartel general. Allí, durante dos semanas, el banquero millonario recibió un curso acelerado de jefe de espionaje tercermundista y occidental. Primera lección: los que mandan son ellos.

El ajuste

Antes de partir hacia Langley, Santibañes dejó las directivas para poner en marcha los primeros retoques en La Casa. La prioridad era designar a los reemplazantes de los funcionarios que se iban. Entre ellos, al sucesor de Jorge Lucas, el director de Contrainteligencia, que se había ido junto a Anzorreguy para volver a dedicarse de lleno a su negocio de siempre, el de la gastronomía. Los candidatos para reemplazarlo no eran muchos. ¿Sería Jaime? ¿Sería Patricio? Eran los dos hombres con más trayectoria. Cualquiera de los dos aceptaría el cargo con gusto y sus nombres no sorprenderían a la tropa. Pero como todas las decisiones, ésta no se definió por concurso. Patricio era un nombre demasiado cantado para la Dirección de Inteligencia Exterior y allí se quedaría. Jaime no convencía por otras razones.

Santibañes no sabía nada de los espías, pero tenía en quién recostarse para la toma de decisiones. Uno de sus asesores era Basilio Pertiné, suegro del presidente De la Rúa, un marino retirado que había hecho su carrera en el área de inteligencia naval, donde todavía conservaba amistades e influencias. La misma inteligencia naval que había manejado la Escuela de Mecánica de la Armada en tiempos de la dictadura y que, llegando al siglo XXI, todavía sentía debilidad por Emilio Massera, el poderoso almirante de los años setenta que ahora purgaba un arresto domiciliario por el robo de bebés a madres desaparecidas, delito que había quedado a salvo de las leyes del perdón. Basilio Pertiné logró convencer a Santibañes de poner al frente de la Escuela de Inteligencia a un contraalmirante retirado, Horacio Fischer. Y cuando le preguntaron por «el agente Stiles», puso cara rara. No, no le gustaba.

El otro hombre que influía sobre Santibañes era, otra vez, el dirigente radical Enrique «El Coti» Nosiglia. Ex ministro del Interior de Alfonsín y desde entonces lobbysta todo terreno del radicalismo, Nosiglia había participado de algunas de las negociaciones más cruciales de los últimos veinte años de la vida política argentina. Si bien conocía a Jaime y mantenía con él una buena relación, Nosiglia sabía que Jaime trabajaba sobre todo para Jaime. Por eso su hombre en la SIDE era otro. Era aquel cuadro de la inteligencia militar que había intervenido en el cuartel de La Tablada para hacer valer el orgullo del Ejército. Aquel que había sabido reciclarse entre los civiles. El mismo que había capturado a Gorriarán o, algo parecido, el que había dirigido el pago a Telleldín en el caso AMIA. Alejandro Brousson fue nombrado director de Contrainteligencia, un cargo con el que jamás hubiera soñado cuando ingresó a La Casa, apenas seis años antes. De un día para el otro Brousson pasó a manejar la gigantesca base de Estados Unidos, por encima de Jaime y sus muchachos. Llegó una mañana, ocupó la oficina que Lucas había dejado vacía, y vio partir a Jaime raudo y en silencio hacia la cueva de la ferretería en el entrepiso. No se querían nada, pero parecían dispuestos a convivir así, desde la distancia. Jaime debía estar furioso, pero seguiría con su política de esperar agazapado.

Brousson no pudo disfrutar su ascenso porque enseguida le llegó la orden de reducir al personal de la base. En cuanto Santibañes regresó de Estados Unidos, se dispuso el segundo gran ajuste de La Casa en toda su historia. Similar al que había decidido Roberto Pena en los primeros años del gobierno de Raúl Alfonsín, aunque esta vez las razones no eran políticas sino económicas. Si Santibañes quería un aparato de espionaje ágil y moderno, debía echar a los inútiles. Que no eran pocos.

Para instrumentar el ajuste, Santibañes ascendió, como director de Personal, a Fernando Pocino, un viejo cuadro del radicalismo, uno de los tantos que había ingresado a la SIDE durante la euforia democrática de los años ochenta. Pocino había crecido de la mano de Nosiglia, pero ya era un habitante estable de La Casa, lo que le permitía conocer a cuanto espía y empleado andaba dando vueltas. Y si su misión era antipática, iba a compensarla encargándose de limpiar a los inorgánicos inservibles que había aglutinado Anzorreguy durante años. Muchos de los afectados se enteraron porque simplemente dejaron de cobrar sus sobres mensuales. Rodolfo Galimberti, Guillermo Cherasny, Carlos Doglioli, el peluquero de Menem y hasta el viejo responsable de Orletti, el coronel Rubén Visuara, que hasta el último día del menemismo había recibido encargos de Hugo. Hubo algunos que se resistieron, como Pascual Guerrieri, aquel coronel de la dictadura que dirigía una cueva de inorgánicos, al que una tarde, en la central de 25 de Mayo, tuvieron que frenar entre cuatro para que no estrangulara a Pocino.

—Me la van a pagar —gritaba Guerrieri, tirando puñetazos.

Al personal de planta que iba a ser despedido lo tenían que elegir los jefes de cada base. De los cuatrocientos empleados que llegaban todas las mañanas a la calle Estados Unidos, Brousson debía seleccionar y desplazar a no menos de cien. El 30 por ciento le habían dicho. Pero ¿cómo elegir? ¿Cómo saber cuáles de todos ellos eran más inútiles o, más importante aún, cuáles de todos ellos eran menos peligrosos? Brousson no tuvo otra opción que sentarse a hablar con Jaime, el dueño de todos los secretos de la base. Siguieron otra de las máximas de La Casa: son prescindibles aquellos que no tienen cosas para contar. O porque no participaron de ninguna operación de alto secreto o porque lo hicieron hace ya demasiado tiempo. ¿Cuánto vale un agente con participación en los inocentes silbidos alfonsinistas de la década del ochenta? Nada. ¿Cuánto vale un muchacho de la pesada de El Gordo Miguel, activo protagonista del caso AMIA, un caso todavía en movimiento? Mucho. Había opciones todavía más fáciles. Vale poco un viejo ascensorista; vale nada el mecánico del taller o la señora de la limpieza. Vale un poco más el encargado de las pintadas o uno de los callejeros encargados de infiltrarse en marchas y protestas.

De los agentes operativos no se fue casi ninguno. Ni de la base Estados Unidos ni de Billinghurst ni de ninguna otra. La enorme mayoría de los 900 desplazados por el huracán Santibañes fueron empleados burocráticos o de ordenanza. Brousson aprovechó para barrer a algunos inorgánicos estables de su base. Los famosos, decía él. Raúl Guglielminetti, que gracias a Naldi solía hacer trabajos sucios para Jaime, se quedó afuera para siempre. También el capitán Héctor Vergés, aquel viejo represor que había seducido a Telleldín en la cárcel. Y Mario Naldi, aunque Brousson tuvo un gesto de piedad y permitió que siguiera trabajando su hijo. Meses después, el pequeño Naldi conseguiría un pase a la central de 25 de Mayo, como empleado de seguridad, donde se escondió de las internas y empezó a mezclarse entre los agentes de bajo perfil que se perdían en el trajín de la nada. Junto a él moraron durante años dos hijos de Guerrieri y uno de Visuara. La herencia de sangre se respetaba, siempre.

Santibañes intentó luego cortar con los sobres para jueces y periodistas. Eran dos de los eslabones más sensibles de la cadena de la felicidad de la que tanto se hablaba. Pero no pudo hacerlo. No del todo. En una de sus primeras reuniones de trabajo con Richarte, Chipola y su asesor de prensa, Ricardo Rivas —al que llamó luego del traspié con el diario La Nación—, Santibañes puso sobre la mesa una lista de nombres heredados de la gestión de Anzorreguy. Eran periodistas de diarios, de revistas y conductores de programas de radio o de televisión por cable, por donde operaban en favor de los intereses de La Casa.

—Se corta acá —desafió Santibañes.

Y de verdad parecía decidido a hacer el corte. Al banquero los periodistas le parecían una raza menor, de la que podría prescindir sin ningún riesgo. No creían lo mismo sus interlocutores. Chipola, porque había vivido de cerca la experiencia en tiempos de Alfonsín; Richarte, por intuición; Rivas, porque era periodista y conocía las miserias de algunos de sus colegas. A medida que iban pasando las semanas, Santibañes fue notando una antipatía creciente hacia él entre aquellos viejos beneficiarios. Hasta que se convenció de que nacían bajo las baldosas decenas de enemigos sin control. Como los jefes de antes, Santibañes acabó cediendo. La vieja práctica volvió al ruedo, pero ya no con sobres, sino a través de agencias de publicidad, que se encargaban de conseguirles auspicios generosos a los periodistas amigos de La Casa. Para sus programas de radio. Para sus programas de televisión por cable.[29]

Con los jueces ocurrió algo parecido. Se cortaron los sobres, pero con el tiempo Richarte y Allevato, el director de Legales heredado de Hugo, se encargarían de pasearse por los Tribunales preguntando quién necesitaba de la ayuda de la SIDE. Computadoras, impresoras, viáticos para algún Congreso. Ya no había desparpajo, ni sobres cerrados los primeros días de cada mes, pero tampoco se olvidaron de los viejos aliados de la Justicia. La cadena de la felicidad sólo se estaba reciclando. Más austera, todavía latía.

El fin del testaferro

Santibañes se debe arrepentir de muchas decisiones. Pero una de las más costosas para él fue contratar a la consultora de personal Mayka Palacios, la misma que lo había asesorado cuando decidió vender su banco. Mayka Palacios se ocupó primero de organizar encuestas internas para conocer el ánimo del personal. Les preguntaba sobre sus sueldos, sobre la relación de cada uno con sus jefes, sobre la forma en que se transmitían las decisiones y acerca de las condiciones laborales. Eran encuestas anónimas que estaban haciendo furor en las empresas privadas, rendidas ya ante la importancia de tener al personal identificado con sus lugares de trabajo. Las respuestas de los empleados de La Casa fueron las previsibles: pedían más plata y menos horas de trabajo. Santibañes quedó tan conforme con ese estudio, que le pidió a Mayka que se ocupe de terminar con el ajuste. Si había alguien capacitado para decidir qué empleados servían y cuáles no, ése debía ser ella, especialista en personal. Pero la SIDE no era un banco. Y la decisión le costaría a Santibañes primero muchos dolores de cabeza y, más tarde, el destape de una operación escandalosa. La llegada de Mayka Palacios a la Dirección de Personal tuvo, como reacción automática, el desplazamiento de Fernando Pocino. Ex jugador de rugby, aires de galán y hablar pausado, Pocino había soportado los embates de Guerrieri y venía caminando sobre vidrios para no generar tanta antipatía con la limpieza, cuando se encontró a un costado y preso de las decisiones de esa mujer ajena a La Casa. Pocino empezó entonces a trabajar en contra de Santibañes, filtrando a la prensa información sobre la continuidad de algunos hombres de Anzorreguy en la nueva gestión. Pocino rió y rió hasta que lo descubrieron y acabó casi con los pies en la calle. Richarte lo mandó a Chile, como delegado de la SIDE en la embajada argentina, un puesto que en tiempos de democracias amigas era más frío que un freezer. Pocino llevaba ya diecisiete años en La Casa, nunca había olvidado su cuna radical y se había entusiasmado como pocos con la llegada de la Alianza al gobierno. El desplante primero y el destierro después, transformaron aquel entusiasmo inicial en un rencor sin límites. En pocos meses, el enojo de Pocino sería decisivo para que todos los argentinos supiéramos del pago de coimas más notable que se recuerde.

La consultora Mayka Palacios no podía prever furias de ese tipo, pero sí debió medir otras consecuencias. Quizá por descuido, quizá por desconocimiento o por inercia, entre los 900 empleados pasados a retiro cayó uno que no debía haber caído. O sí, pero no de esa forma. Cuando a la Dirección de Finanzas llegó la lista de los que debían irse, Daniel Salinardi casi se desmaya. Era uno de los elegidos. Justo él, que se sentía el dueño de todo. Salinardi ya tenía 42 años, llevaba veintidós en la SIDE, había prestado su nombre para comprar edificios enteros, departamentos, teléfonos celulares y satelitales, había firmado cientos de Operaciones Especiales. ¿Y ahora lo despedían, sin nada a cambio? No, no les iba a ser tan fácil.

Salinardi recibió el telegrama de despido el 7 de febrero de 2000. Una semana después, el nuevo director de Finanzas de la SIDE, Eduardo Gallea, lo citó a su oficina para invitarlo a firmar el retiro anticipado, un acuerdo que venían aceptando todos los desplazados porque les aseguraba una indemnización más o menos razonable. Pero Salinardi no era cualquier empleado. Empezaba a usar anteojos y barba, lo que le daba un aspecto de inocente contador de oficina, pero si había algo que le sobraban era mañas. Ante la cara de asombro de Gallea, desplegó un enorme bibliorato repleto de comprobantes y fotocopias de documentos que probaban quién era.

—Soy el dueño de todo esto —empezó.

Salinardi figuraba como uno de los tres dueños de Osgra, la sociedad propietaria de casi la totalidad de los bienes de la SIDE. Salvo el edificio de la central de 25 de Mayo y el de Ojota en Avenida de los Incas, todos los demás estaban a nombre de empresas fantasma. Y Osgra era, por lejos, la más importante de esas empresas. El edificio de 25 de Mayo 33, pegado a la central, donde funcionaban las direcciones de Análisis y de Personal, figuraba a nombre de Osgra. También el edificio del Pasaje Barolo, el depósito de mercadería de La Boca, la base de Coronel Díaz, dos departamentos sobre la avenida Corrientes y otros dos sobre la avenida Figueroa Alcorta, uno más en Belgrano, además de la sede del Departamento de Terrorismo en la avenida Coronel Díaz, más diecisiete delegaciones de la SIDE en el interior del país y, lo más importante, la gigantesca base de la calle Estados Unidos. Salinardi calculó que vendiendo esas propiedades podía sacar 30 millones de dólares como mínimo. De esa fortuna, él podría recibir un tercio de todo eso, es decir 10 millones. ¿Cuánto pensaban darle de indemnización? ¿Unos miserables pesos? No, de ninguna manera, se juró Salinardi.[30]

La reunión entre Salinardi y el nuevo director de Finanzas abrió una instancia de negociación. Santibañes podía haberse echado para atrás, pero ya estaba decidido a resolver el problema de los testaferros y debía convencer a Salinardi de ceder sus acciones. ¿Cómo? Con plata. De eso hablaban cuando el diario Ámbito Financiero publicó un pequeño artículo contando del lío que se había armado en La Casa con el despido de Salinardi, «el testaferro de la SIDE». Una noticia que fue insignificante para casi todo el mundo. Pero no para todos. Alguien la leyó y le pasó el cuento a la primera mujer de Salinardi, Mónica Rodríguez, aquella que había sido sometida a los controles de la Dirección de Personal casi veinte años atrás. De haber sabido, claro, la SIDE nunca hubiera aprobado ese matrimonio. Pero ya estaba hecho y deshecho. Mónica se presentó dos días después en un juzgado civil de San Martín, denunció a Salinardi por no haber declarado esos bienes en el trámite de divorcio y le reclamó la mitad de todo. En fin, la mitad de su parte en Osgra, la mitad de su parte en la SIDE.

El artículo de Ámbito Financiero fue publicado en su edición del 18 de abril de 2000.3 Ese día sería el más negro en la gestión de Santibañes y quizá de la SIDE desde el pago a Telleldín o desde los tiempos de Orletti. Ese día se retiraron de la caja fuerte de la SIDE cinco millones de dólares. Pero ésa es otra historia. La de Salinardi empezaba a transitar caminos impensados.

La jueza de San Martín aceptó la demanda de Mónica Rodríguez y decidió embargar todo los bienes de Osgra. En mayo de 2000, la SIDE era una empresa embargada por la Justicia, incapaz de disponer de la mayoría de sus bases. Santibañes enfureció y decidió denunciar a Salinardi por intento de extorsión. La denuncia cayó en el juzgado federal de María Servini de Cubría, una de las juezas que usaba teléfonos seguros aportados por La Casa, curiosamente a nombre de Juan Sesa, el seudónimo de Salinardi. Servini era una vieja amiga de Jaime, tanto que había contratado a una de las hijas del espía, la mayor, que estudiaba abogacía y quería seguir la carrera judicial. ¿Se habrá confiado Jaime en esa amistad? ¿Habrá pensado que alcanzaba con eso para que su amigo estuviera a salvo? Quizá. Lo cierto es que en apenas unas horas se habían abierto dos causas judiciales que debatían quién era el verdadero dueño de la SIDE. El escándalo no tardó en trascender las fronteras de La Casa y a Salinardi se le presentó un problema extra. Sus hijos ya eran grandes, Gonzalo tenía 17 y Nicolás, 13, pero todavía no sabían a qué se dedicaba su papá. Salinardi llevaba años diciéndoles que trabajaba de contador en Presidencia de la Nación, un ambiguo y tranquilizador lugar del Estado. En esos días tuvo que sentarse con ellos y explicarles quién era de verdad, qué era eso de la SIDE, qué era eso de ser testaferro. No es extraño. Muchos agentes le ocultan a sus hijos el lugar donde trabajan o qué hacen exactamente, para evitarse preguntas o quizá por pudor. Así lo recomendaban los reglamentos internos que Jaime ayudó a redactar durante la dictadura. Mantener a la familia lo menos informada posible o informada sólo de lo indispensable. ¿Jaime les habrá contado a sus hijos a qué se dedicaba? ¿Y El Gordo Miguel? ¿Y Pfinnen?

Tensa calma

Carlos Menem se había ido del poder dejando las cuentas en rojo y el país al borde un abismo que pronto íbamos a conocer. Tras una década apostándolo todo a las privatizaciones y al peso anclado en el dólar, la economía real había despedazado sueldos y destruido fuentes de trabajo. El Estado se había achicado tanto que parecía más bobo que nunca frente a las grandes multinacionales que decidían tarifas y contratos, frente a los organismos de crédito que exigían políticas de ajuste, frente a las olas importadoras que ahogaban por igual a las grandes industrias y a las pymes. El país, además, se estaba quedando sin reservas y aquellos que tenían dólares empezaban a sacarlos del país. De la Rúa había llegado al gobierno con la promesa de mantener la convertibilidad del uno a uno, aquel invento de Cavallo que había sorteado el problema de hiperinflación pero que ahora parecía comerse todo. En el gobierno se debatía cómo salir de la crisis, pero ninguna de las opciones incluía terminar con la paridad cambiaria. Eso no se tocaba.

¿Qué hacer, entonces? El círculo más íntimo del Presidente le aconsejaba seguir con los lineamientos de los organismos de crédito. Es decir, ajustar y ajustar, hasta que la plata alcance. Uno de los grandes defensores de esta política era Santibañes, un convencido de que había que seguir reduciendo el nivel de gastos y de salarios, para así, decía, atraer nuevas inversiones extranjeras. El ajuste llegó a la SIDE. En el último año, Anzorreguy había gastado 291 millones de pesos o dólares, y Santibañes debió conformarse con 138 millones, que más tarde se convertirían, con una partida extraordinaria por fuera del presupuesto, en 168 millones. En definitiva, era casi la mitad para la misma SIDE. Ni siquiera servían de consuelo los despidos, porque se debían pagar las indemnizaciones. Pero La Casa siguió funcionando, lo que demostraba que a Anzorreguy le debían haber sobrado muchísimos millones. Pero no era eso lo que intentaba mostrar Santibañes. La amistad de De la Rúa con el ex jefe de la SIDE le impidió sacar provecho de lo que fue, quizá, su única virtud.

Camino al ajuste, para el gobierno era clave la sanción de una nueva ley laboral, que desregulaba la relación de los empleados con los empleadores y prometía reducir los riesgos empresariales. Una ley que venía reclamando el Fondo Monetario Internacional pero que ni siquiera Menem, obediente a los reclamos de ese tipo, había podido sancionar. El proyecto ingresó en el Senado en febrero de 2000 y parecía no tener futuro. Desregulaba tanto el mercado del trabajo que parecía imposible conseguir el apoyo de los bloques de la oposición, especialmente del peronismo, que mantenía un bloque fuerte y compacto en el Senado. Pero no fue así. Contra todos los pronósticos, el 14 de julio los senadores oficialistas y los de la oposición anunciaron que había acuerdo para sancionar la ley, votada finalmente el 26 de julio. En La Casa pocos supieron qué había pasado. Ni Jaime ni Brousson ni Pfinnen se imaginaron que la SIDE había jugado un rol decisivo. Se decía que se habían pagado cinco millones en coimas para comprar a los senadores de la oposición, pero nadie sabía de dónde habían salido. En La Casa, los agentes más poderosos estaban mirando para otro lado.

El más ocupado era Brousson, que intentaba manejar la difícil base Estados Unidos. Después del asesinato de los custodios de Anzorreguy, se había convencido de que estaba rodeado de desconocidos peligrosos para la seguridad interna de La Casa, capaces de iniciar un tiroteo en cualquier momento. ¿Quiénes eran esos señores de la custodia? ¿Quiénes eran esos pistoleros que encabezaban los operativos? Brousson empezó por ocuparse de los agentes armados. Los reglamentos internos autorizaban el uso de armas sólo a los agentes asignados a tareas de seguridad, como la custodia de las bases secretas, aunque también solían usarlas los agentes operativos. Brousson mandó a todos ellos a cursos de tiro y entrenamiento, dictados por sus amigos del Ejército en Campo de Mayo.

Pfinnen seguía tomado por la Triple Frontera y se lo veía entrar a la central de 25 de Mayo con sus carpetas repletas de fotos de sospechosos de terrorismo. Los informes de Pfinnen asustaban, aunque al poco tiempos los nuevos jefes se habituaron a sus alertas y dejaron de tomarlas tan en serio. Sus pronósticos sobre un tercer atentado terrorista, en definitiva, nunca se concretaban.

Jaime estaba acovachado en su cueva y aprovechaba los fines de semana para escaparse a Punta del Este, su lugar preferido para las vacaciones y el descanso. Hacía viajes cortos, con su nueva mujer y a veces también con sus hijas, y se instalaba en un hotel del centro, cerca del puerto. Aunque nunca abandonaba sus celulares y seguía afectado a la pista internacional del atentado a la AMIA, su objetivo era esperar que el tiempo pase. La nueva conducción lo consultaba poco y Jaime rumiaba bronca desde un destierro interior. Afuera tenía otros intereses que lo mantenían ocupado. Salinardi, ya fuera de La Casa, ahora dedicaba todo su tiempo a vender, a empresarios amigos, softwares y equipos de seguridad informática. Lo hacía citando su amistad con Jaime, «El Ingeniero Stiles», cuya fama en los circuitos del poder generaba respeto o miedo, o respeto y miedo al mismo tiempo. La empresa, dedicada a las construcciones viales, ahora en sociedad con un amigo de su familia, también daba sus frutos aportando material y maquinaria para la construcción de rutas, veredas, puentes y cloacas. Con lo que no le iba bien era con la distribuidora de videos VHS, que ya habían quedado obsoletos frente a la aparición de los discos compactos y otras nuevas tecnologías. Pero, en definitiva, todo servía para sentirse menos atado a La Casa.

En eso ocurrió algo que ninguno de ellos había previsto. A pocos meses de la llegada de Santibañes, un ex empleado del juez Galeano, Claudio Lifschitz, publicó un libro donde denunció las mil irregularidades del caso AMIA y, en particular, las de Jaime Stiuso. Lifschitz sabía de lo que hablaba: había sido prosecretario de Galeano durante años y había colaborado con Sala Patria en la confección de la pista bonaerense, contra el comisario Ribelli y los otros policías detenidos por el atentado. Gracias a ese trabajo se había hecho amigo de Pfinnen y se había contagiado de su odio hacia Jaime. El libro de Lifschitz fue el principio del fin del juez Galeano.[31] Y aunque Lifschitz pensaba que también lo sería para Jaime, ocurrió todo lo contrario. La aparición de libro, y la cantidad de «secretos de Estado» que revelaba, motivó la apertura de un sumario interno dentro de la SIDE para saber quién le había pasado la información. En poco tiempo más, ese sumario sería la salvación de Jaime y el final para cada uno de sus enemigos.

Las guerras del jefe

Santibañes era el principal consejero del Presidente y pensaba que si el gobierno no salía de su crítica meseta, era culpa de las dudas y temores del vicepresidente, Carlos «Chacho» Álvarez, un ex peronista que había sido el ideólogo inicial de la Alianza. Álvarez representaba, a los ojos del banquero, lo peor de la política. Discursos populistas, poca acción, magros resultados.

En la SIDE apostaron a limar el poder de Álvarez y de sus aliados en el gobierno. En junio, gracias a un artículo del periodista Joaquín Morales Solá en el diario La Nación, ya estaban instalados los rumores sobre el pago de coimas en el Senado para la sanción de la ley laboral. Pero todavía no se hablaba de la SIDE ni de los pagadores de las coimas, hasta que empezaron a circular anónimos que culparon al ministro del Interior, Federico Storani, un radical que estaba del lado de Álvarez en las internas del poder. Storani reaccionó rápido y fue a ver a De la Rúa. Frente al Presidente, culpó de las acusaciones a Román Albornoz, uno de los funcionarios de Santibañes que manejaba a los agentes de la base Billinghurst y a los infiltrados de La Casa en el Congreso. Albornoz se tuvo que ir de la central de 25 de Mayo y fue enviado a Miami como delegado de La Casa, donde tiempo después se encargaría de custodiar un incipiente noviazgo, el del hijo del Presidente, Antonito de la Rúa, con una bellísima cantante colombiana, Shakira, que bailaba meneando la cintura como nadie en la tierra.

Dos meses después del enojo de Storani, la agencia oficial de noticias, Télam, recibió una información que debía publicarse y que sugería un romance entre el vicepresidente Álvarez y la diputada Vilma Ibarra, hermana del jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra. El romance estuvo durante algunos minutos disponible para todos los usuarios del servicio de Télam. Esto es, para cientos de medios nacionales y de las provincias. La noticia empezó a correr inexorablemente en todas las redacciones, pero nadie quiso o nadie se animó a hacerse eco. Hasta que entró en escena Daniel Hadad.

El periodista era un viejo conocido de La Casa. No tanto por su breve paso por la Dirección de Medios, durante el gobierno de Alfonsín, sino porque luego fue un blanco de los muchachos de la base Estados Unidos, cuando se lo acusaba de ser uno de los voceros, junto a Guillermo Cherasny, de los grupos carapintadas. Claro que aquéllos eran apenas los primeros pasos de Hadad. En apenas diez años, de modesto redactor de la revista Somos se había convertido en millonario, dueño de la radio con más audiencia en el país, La Diez, y estaba a punto de comprarse un canal de televisión abierta. Un poder que parecía no detenerse, construido a base de operaciones políticas, lobbys empresariales, presiones a los auspiciantes y también un certero olfato para adivinar el pensamiento nacional más reaccionario, que él recreaba con algunos periodistas igual de reaccionarios. Hadad acababa de sacar a la calle una revista, La Primera, de poca tirada (no más de seis mil ejemplares), pero cuyas tapas, inquisidoras, inquietaban al mundo de la política y la economía. El viernes 28 de julio de 2002, La Primera publicó en su tapa el amorío entre el vicepresidente y la hermana del jefe de gobierno porteño. Un romance que presentó como escandaloso, ya que Álvarez mantenía, al menos en las formas, un matrimonio de años con Liliana Chiernajowsky.

Chacho Álvarez explotó. Salió por los medios a decir que la SIDE lo estaba espiando y culpó a Alejandro Brousson y a la Dirección de Contrainteligencia. ¿Era ésa la SIDE ágil y moderna que anunciaba De Santibañes? ¿Estaban los amoríos de la clase política entre los planes estratégicos del Estado? Si Álvarez apuntó contra Brousson fue porque sabía algo que pocos conocían. El jefe de Contrainteligencia se movía por todos lados con un colaborador inorgánico, Luis Campos, conocido como «Campitos», un ex sargento del Ejército que en 1994 había caído preso por el asalto a un camión que transportaba caudales. El grupo comando que integraba Campitos sabía de armas pesadas y estaba dirigido por Máximo Nicoletti, un ex jefe montonero que se había reciclado primero como agente de inteligencia militar y después como astuto bandolero. Nicoletti era el primer esposo de la mujer de Chacho Álvarez, Liliana Chiernajowsky.

Nicoletti conocía bien a Álvarez y probablemente lo odiaba. Nicoletti tenía razones para dar a conocer el noviazgo del vicepresidente. También Campitos. Quizá también Brousson.

Espías, bandidos, internas políticas y chimentos de alcoba. La SIDE volvía a ser la SIDE que no quería ser. El gobierno empezaba a desintegrarse y el país, a caerse a pedazos.

Cae Salinardi

Las explicaciones de Salinardi a sus más íntimos debieron parecer insuficientes el 11 de agosto de 2000. De tardecita había ido al cine con su segunda esposa a ver la última película de Woody Allen y ahora caminaba hacia el restorán Piégari, de Puerto Madero, donde a las diez y media planeaba encontrarse con Jaime y su mujer. Prometía ser una cena relajada, con la vista a un bello dique de luces tenues y modernas sobre un fondo de construcciones portuarias recicladas. Jaime y Salinardi tenían mucho en común. Los dos se habían separado de sus novias de la adolescencia para volver a formar parejas con empleadas de La Casa. Salinardi con una administrativa de Finanzas y Jaime con una de las secretarias del quinto piso. Iba a ser una cena tranquila, de dos parejas unidas por los mismos secretos y códigos, acostumbradas a eso de andar hablando en voz baja o para que no se note. Salinardi ya estaba en la puerta del restorán cuando sonó su celular. Pensó que era Jaime, siempre llegando tarde, pero el identificador le indicó que lo llamaban desde su casa de Ramos Mejía. Atendió y escuchó la voz de la mucama, que le avisaba de la extraña visita de dos policías.

—¡Me están allanando la casa! —gritó Salinardi y en el acto marcó el teléfono de su amigo.

—¡¿Qué decís?! —Se sorprendió Jaime.

—Que me van a detener, boludo. Me vienen a buscar.

—Esperá. ¿Dónde estás?

Unos minutos después se encontraron, a solas, en una pizzería de Rivadavia y Callao, frente al Congreso. Jaime ya había hecho algunos llamados. Subió a Salinardi a su Megane y fueron directo hasta el Departamento Central de la Policía Federal. Jaime avisó por celular que ya estaban en camino.

—¿Con quién hablás? —preguntó Salinardi.

—Nos espera Sablich.

El comisario inspector Carlos Sablich era el jefe de la Dirección Antisecuestros de la Policía Federal. Un tipo pesado, al que se le adjudicaban tantos tiroteos como detenciones. Antes de llegar al Departamento de Policía, Jaime hizo otro llamado. Esta vez a la base Estados Unidos. Pidió hablar con Brousson:

—Sos un hijo de puta —le gritó.

Brousson no tuvo que preguntar de qué se trataba. La orden para detener a Salinardi debía tener en vilo a los jefes.

—Yo no fui. ¿Qué querés que haga? —se excusó.

A los pocos minutos Jaime y Salinardi entraban caminando al Departamento de Policía, por la calle Moreno, en la zona del Congreso. Los estaban esperando dos suboficiales, que los acompañaron hasta el segundo piso, a la oficina de Sablich. El comisario detestaba a Jaime por inmiscuirse en las investigaciones policiales del conurbano. Jaime lo odiaba por algo parecido. Para él, cualquiera que disputara zonas de acción era su rival.

Sablich los atendió como si no los conociera. Le pidió a Salinardi su documentación y no miró a Jaime ni por un instante.

—No te hagas el pelotudo, que sabés quién soy —se calentó Jaime y se sacó la gorrita con visera para mirarlo a los ojos.

—Tranquilo, viejo. Es el procedimiento —se defendió el comisario.

Sablich no era de los tipos que se dejan asustar por una mirada. Tampoco por Jaime. Siguió con el trámite de rigor y llamó a un ayudante para que se llevara a Salinardi.

—Hacele un juego de dedos y llévenselo a Gendarmería —ordenó. Luego miró a Jaime:

—Vos te podés ir a tu casa.

A Salinardi le tomaron las huellas dactilares y lo trasladaron al escuadrón Buenos Aires de Gendarmería. El escuadrón estaba ubicado en el puerto de la ciudad y desde hacía unos meses funcionaba como cárcel para los reos más famosos y poderosos de la Argentina. A Salinardi lo dejaron en una celda pequeña. Al entrar, reconoció a su vecino de encierro. Era Víctor Alderete, ex titular de la enorme obra social de los jubilados, el PAMI, acusado de defraudar a los viejitos en millones de dólares. Al día siguiente, Salinardi descubrió que lo esperaban bastantes comodidades. A los presos se les permitía salir a un largo pasillo y durante el día podían estirar las piernas en un patio donde el sol calentaba las baldosas de cemento y los huesos entumecidos. Alderete, de mañana y de tarde, pintaba cuadros de cabritos y niños pobres. Fue Jaime, días después, el encargado de transmitir su mensaje a Brousson.

—El 1º de septiembre es el cumpleaños del hijo de Salinardi. Quiere pasarlo con él. Dice que si no, mejor que dinamiten todo.

Jaime pasó el mensaje como quien da una información que le es indiferente. Que dinamiten todo, dijo, pero no se inmutó.

—¿Es una amenaza? —preguntó Brousson, indignado.

Y sí, era una amenaza. No hacía falta que Jaime fuera más claro. Dos semanas después, la Dirección Jurídica de La Casa levantó la acusación contra Salinardi a cambio de la renuncia del testaferro de hacer valer su poder sobre las propiedades. Se hizo un acuerdo secreto, con la firma de Salinardi, cediendo su parte de Osgra a otra firma fantasma, Tiumayo, que iba a ser usada de trampolín para pasar todos los bienes a nombre de la SIDE. Era un acuerdo todavía precario, pendiente de la resolución final del conflicto, pero que desactivaba el embargo activado por la ex mujer del testaferro. A Salinardi le alcanzaba para recuperar su libertad. Salió de la cárcel justo antes del cumpleaños de su hijo. Pero atención, el entuerto de las propiedades no iba a cerrarse tan fácilmente.

Santibañes dice basta

La caída de Salinardi fue para Jaime la confirmación de que su relación con la conducción de Santibañes sólo podía resolverse en términos belicosos. Por suerte para él, no era el único que pensaba así. La embestida del banquero contra los políticos de la Alianza iba a tener su respuesta de la manera menos pensada, a través del síndico general de la Nación, Rafael Bielsa, un abogado que había participado en la génesis de la sociedad política que gobernaba a los argentinos. Bielsa era amigo personal del vicepresidente Álvarez. En agosto de 2000, forzó al límite su competencia y decidió investigar las cuentas bancarias de la SIDE. Eran cuentas secretas, o eso se había creído siempre, pero Bielsa consideró que el secreto no lo alcanzaba a él y pidió informes al Banco de la Nación donde se depositaban los fondos del Tesoro para el funcionamiento de La Casa. Si hubiera hecho esa consulta dos años antes, cuando Anzorreguy manejaba la SIDE, Bielsa no hubiera encontrado nada. La SIDE de siempre retiraba sus fondos apenas se los depositaban y no dejaba ningún rastro en el sistema bancario, salvo una liquidación mensual donde quedaba asentado que había retirado todos los fondos. Pero Santibañes nunca había dejado de ser lo que era: un banquero. Y como buen banquero, creía en el sistema bancario. Santibañes había decidido que era muy riesgoso eso de andar sacando toda la plata de una vez. Además, ¿para qué iba a hacerlo, si podía dejarla y acumular intereses? Santibañes no había aprendido otra de las grandes máximas de La Casa: nunca se deben dejar rastros.

A mediados de septiembre, Bielsa fue hasta el despacho del presidente De la Rúa con una carpeta de la Sindicatura repleta de documentación. Eran los últimos movimientos bancarios de las cuentas que tenía la SIDE en el Banco de la Nación. Varios detalles llamaban la atención. El primero fue el envío extra de 30 millones de dólares que se asignó a la SIDE. Era una vieja práctica de La Casa pero no dejaba de ser llamativa. De todos modos, lo más curioso eran los últimos movimientos de las cuentas de la SIDE en los días previos a la sanción de la ley laboral. Al 12 de abril de 2000, el saldo de las cuentas era de 20 400 000 pesos, pero al día siguiente se reducía bruscamente a 14 200 000 pesos. El retiro, de un día para el otro, de poco más de seis millones de pesos, podría no haber sido sospechoso salvo por un detalle. El 14 de abril se anunció a todo el país que el oficialismo y la oposición habían acordado votar en el Senado la famosa Ley Laboral. Los rumores atribuían la sanción de la ley a un pago de coimas de cinco millones de pesos. No había que ser un genio para relacionar el faltante con las coimas. Bielsa creyó haber dado con el dato exacto en el momento preciso. ¿O no era ésa la prueba que hacía falta para culpar a la SIDE? De la Rúa se ofuscó con el síndico, pero la SIDE ya estaba condenada a quedar en el centro de las sospechas. Ahora todos pensarían que la plata de las coimas había salido de La Casa. Otra vez los servicios. Seguro que habían sido ellos.

El informe de la SIGEN fue para Santibañes un golpe terrible. Su director de Finanzas, Eduardo Gallea, fue a Tribunales a mostrar facturas que parecían justificar el retiro de los seis millones con cancelaciones de deudas a una empresa telefónica, gastos de mantenimiento de los autos y nafta. Eran facturas, al fin, de un organismo que carecía de credibilidad. ¿Quién podía asegurar que esas facturas no estaban escritas sobre la nada? ¿Por qué confiar en las rendiciones de un organismo que nunca le rindió cuentas a nadie? El famoso secreto de la SIDE parecía volverse en contra de la SIDE. Sí, seguro que fueron los servicios.

A las acusaciones sobre espionaje y operaciones que le adjudicaban a Santibañes desde el ala política del gobierno, ahora se le sumaba una sospecha rotunda sobre su honor. Por si faltara algo, el 6 de octubre renunció a la vicepresidencia su archienemigo, Chacho Álvarez, hundiendo a la Alianza en una crisis sin retorno. Santibañes ya no soportaba ser el culpable de todos los males y dos semanas después de la renuncia de Álvarez, el 20 de octubre, decidió irse él también. Para Bielsa las cosas no fueron más felices. Empezó a sentir ruidos en sus teléfonos, movimientos extraños de autos y camionetas frente a su oficina y luego frente a su departamento, en un complejo de lofts en Palermo. La Casa, por una vez, había sido desnudada.

Guerra fría en Buenos Aires

La relación de la SIDE con la CIA fue siempre igual: los argentinos, a sus órdenes. Desde la Guerra Fría, cuando La Casa perseguía comunistas, pasando por los años de Orletti, cuando la banda de Gordon recibía los encargos del Operativo Cóndor. También durante el gobierno de Alfonsín, cuando se buscaba a un general que pudiera suceder a Pinochet en Chile, y más tarde, cuando Patricio Pfinnen debió abrir una base secreta en la Triple Frontera. Todo seguía más o menos igual durante los primeros meses del gobierno de la Alianza y la relación prometía intensificarse, ya que Santibañes, que había hecho con ellos un curso rápido de Inteligencia, se lo pasaba elogiando en público a la CIA. Antes de su renuncia, el banquero había pagado un millón y medio de dólares para contratar a Dick Morris, un famoso publicista político, al que le encargó mejorar la imagen del Presidente y de La Casa en Estados Unidos. Estaba claro: la CIA era el espejo donde quería mirarse la nueva SIDE.

Pero en La Casa no todos pensaban igual. No pensaba así Alejandro Brousson, el jefe de la base Estados Unidos, que como director de Contrainteligencia se tomó en serio eso de contrarrestar la Inteligencia de los otros. Desde que entró en la base, Brousson se había jurado a sí mismo que cortaría con los doble agentes. El atentado contra la embajada de Israel y después el de la AMIA, les había abierto a algunos agentes un contacto fluido con sus colegas de la CIA y el Mossad. Según pensaba Brousson, muchos de los agentes operativos de su base cobraban sueldos extras de la embajada de Estados Unidos o de la de Israel, para pasar información sobre los seguimientos que se hacían sobre los objetivos árabes. Brousson se había criado en el Ejército y había comulgado con la ideología de los carapintadas, aquellos oficiales y suboficiales que habían reclamado a los tiros por impunidad y también por un ejército nacionalista, distante de los dictados de la Casa Blanca. Y ahora Brousson tenía poder. Con una directiva interna, les avisó a todos los empleados de la base que estaba prohibido visitar la embajada de Estados Unidos. Romper la regla, advirtió, era causal de despido. Pero Brousson no contaba con los acuerdos superiores que existían y que seguirían dominando las relaciones con la poderosa Agencia.

El delegado de la CIA en Buenos Aires seguía siendo Ross Newland, un simpático señor de bigotes que fin de semana de por medio se ponía un gorro de lana azul y oro y se instalaba en un palco de la Bombonera para ver a Boca. Newland solía recibir a sus invitados en la residencia del embajador, una hermosa casa sobre la Avenida del Libertador, frente a los lagos de Palermo. Dos veces por semana, recibía a un representante de la SIDE, José Luis Vila, el director de Análisis, uno de los hombres que había puesto Nosiglia en La Casa. La rutina era ésta: Vila ponía a Newland al tanto de las acciones de los espías criollos y a cambio La Casa recibía apoyo político y otros beneficios. Para dar un caso: no se puede comprar tecnología de inteligencia sofisticada sin el aval de la CIA, que controla a las principales proveedoras de espionaje del mundo. En ese momento, la SIDE intentaba comprar un sistema para interferir los teléfonos handy, tipo Nextel, una tecnología que todavía era inviolable para La Casa. Pero necesitaba del respaldo de la CIA.

Lo que no tardaron en saber Newland y Vila, era que alguien los estaba espiando. Y alguien de La Casa. Alejandro Brousson, se supo, controlaba los movimientos alrededor de la embajada.

¿Habrá destinado una de las camionetas espejadas? ¿Lo habrá mandado a El Gordo Miguel? ¿Estaba loco Brousson? Las quejas de Newland llegaron a la conducción de la SIDE y bajaron hasta la base Estados Unidos. Brousson debió conformarse con controlar a su tropa.

Hacia octubre llegó la orden que lo complicaría todo. Meses después de la primera queja de Newland, el agregado de la CIA le pidió a Vila, y a través suyo a Brousson, el seguimiento de un grupo de ex agentes de la KGB soviética que habían llegado a Buenos Aires para instalar una agencia de seguridad e investigaciones empresariales. Era típico. Tras el final de la Guerra Fría, los viejos capos de la Inteligencia se reciclaban como asesores de seguridad y espías empresariales, negocios que les daban rentas muy generosas. Ex agentes de la CIA y del FBI tenían ya tres agencias de este tipo instaladas en Buenos Aires. Ahora era el turno de la KGB.[32]

Pero Brousson se negó a hacerlo. ¿Seguir a los agentes de la KGB? ¿A pedido de la CIA? De ninguna manera iban a contar con él.

El seguimiento podría haberlo hecho la base Billinghurst o se lo podrían haber encargado a cualquier grupo operativo que estuviera suelto en la central de 25 de Mayo. Pero no era eso lo que importaba. Para Newland, el desplante de Brousson tenía un precio muy alto. Que un burócrata de la tormentosa SIDE le dijera que no, era una falta de respeto nunca antes vista.

El segundo jefe de La Casa era Darío Richarte, que como subsecretario de Inteligencia se encargaba de administrar los hilos internos de La Casa. Richarte había sido dirigente de Franja Morada, la agrupación juvenil del radicalismo en la Universidad de Buenos Aires, y como abogado había trabajado para De la Rúa hasta el último día antes de llegar la Alianza al poder. Richarte era, además, íntimo amigo de Antonito, el hijo mayor del Presidente, por lo que visitaba la quinta presidencial de Olivos casi todas las tardes. Cuando Santibañes se fue de La Casa, Richarte heredó buena parte de su poder. Y tras las primeras quejas de Newland, logró ser invitado a los cuarteles de Langley para intentar calmar los ánimos. Richarte apostaba a todo o nada para que la relación no se rompiera. La cita se acordó para febrero.

El 12 de enero de 2001, el diario Página/12 sorprendió al mundo del espionaje con una portada nunca vista en la historia del periodismo.[33] No se trataba de una denuncia por espionaje, ni de un caso de corrupción, ni siquiera nada relacionado con las coimas en el Senado. La tapa del diario Página/12 estaba cubierta con la foto de Ross Newland. Ahí estaba, el simpático Ross, sonriendo otra vez, con sus bigotes bien cuidados, una chomba clara e informal, abrazado entre dos hombres que quedaban fuera del recorte. La foto de Ross Newland, el delegado de la CIA en Buenos Aires, en la tapa de un diario de circulación nacional, accesible para cualquiera en las manos de los canillitas. El simpático Ross, escrachado para siempre en tamaño tabloide, parecía mirar a los lectores como divertido, relajado, cagado de risa de todos nosotros. Aquella mañana de domingo, el 12 de enero de 2001, Brousson debía estar en el CASI, el club de rugby de San Isidro donde de joven había forjado su rudeza y adonde seguía yendo los fines de semana para distenderse de los avatares de La Casa y acompañar a su pequeño hijo, que recién se iniciaba en el deporte. Aquella mañana de domingo, Ross Newland navegaba a bordo de un velero por el mar Mediterráneo, frente a las costas griegas. Las reacciones fueron idénticas en San Isidro y en Grecia. A miles de kilómetros uno de otro, ambos supieron que sus carreras habían terminado.

Barriendo enemigos

Darío Richarte se quedó sin conocer los cuarteles de Langley, los lazos entre la CIA y la SIDE acabaron por romperse y el presidente Fernando de la Rúa debió soportar la queja telefónica de Colin Powell, el poderoso jefe del Departamento de Estado de la Casa Blanca. A Ross Newland no hubo tiempo ni para despedirlo. Debió regresar de urgencia a Estados Unidos, para continuar su carrera en oficinas administrativas de la súper Agencia de espionaje. Su exposición pública había terminado con su juego de espía. Las reglas de la CIA era claras en ese punto: la invisibilidad, sobre todas las cosas. La ruptura de relaciones sumó un nuevo inconveniente. La SIDE estaba comprando en Finlandia el equipo para las intervenciones de los Nextel, que venían reclamando desde hacía meses los muchachos de la base Estados Unidos. La compra ya estaba acordada y se iban a pagar siete millones de euros. Pero sin el aval de la CIA no podía concretarse: quedó suspendida hasta nuevo aviso.

El final de Brousson también era cantado. La conducción de la SIDE había quedado en manos de Carlos Becerra, un veterano dirigente radical que hasta la salida de Santibañes se había desempeñado como viceministro del Interior. Becerra fue el encargado de avisarle a Brousson que se tenía que ir. No podía culparlo de hacer trascender la foto, como creía Newland, pero alcanzaba con las sospechas de la CIA. Cargarse a un delegado de la CIA no era una pavada que se podía dejar pasar así nomás. Chau Brousson. A la calle, con sus secretos de la captura de Gorriarán, del falso atentado en Paraguay, con sus secretos del pago a Telleldín y la pista bonaerense. Chau Brousson.

Jaime, por supuesto, estaba contento. Juró no tener ninguna relación con el trascendido de la foto, pero el sacudón le permitió manejar, ahora sí, la base Estados Unidos. Además se quedó sin uno de sus rivales internos de los últimos seis o siete años. Sólo quedaba Pfinnen, pero también a él se le acercaba el final. El sumario que se había abierto por culpa del libro de Lifschitz, avanzaba lenta pero inexorablemente hacia el puerto que Jaime deseaba. La investigación no estaba probando ninguna de las irregularidades que le achacaban a Jaime, pero estaba demostrando que había sido Pfinnen el culpable de todo lo que sabía Lifschitz. Ya habían declarado todos los agentes de Sala Patria y todos habían contado cómo Lifschitz se había pasado horas y horas leyendo carpetas en la base de Coronel Díaz. Intuyendo que su final estaba cerca, Patricio Pfinnen encaraba algunas operaciones secretas en la Triple Frontera y en Uruguay, a la caza de algún dato salvador para el caso AMIA y para él.

Becerra y Richarte no podían atender tantos problemas juntos. El gobierno se desmoronaba, el país entraba en su tercer año consecutivo de recesión económica, la CIA los desplantaba y para colmo seguían las sospechas contra la SIDE por el pago de coimas a los senadores. Para tan poco tiempo, demasiados conflictos. En el medio de la crisis, el 11 de septiembre dos aviones tripulados por terroristas desplomaron las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York. Lo que faltaba. Pfinnen y Jaime debieron actualizar sus listas de objetivos, debieron descartar versiones sobre un posible paso por la Triple Frontera de Osama Bin Laden —el autor de los atentados en Estados Unidos—, y debieron enviar más agentes a las fronteras y a la Dirección de Migraciones, donde revisaban los ingresos y egresos de personas como si el país estuviera al borde de una guerra. Lo mismo ocurría en Ezeiza. Allí trabajaba desde hacía años uno de los chicos mimados de Jaime, uno de los chicos que ya no era tan chico: Alejandro Parnasso, más conocido por su nombre real, Alejandro Patrizio. Su función era clave para La Casa y probablemente también para él mismo, ya que en esos años se mudaba a un bello y costoso country de Pilar y edificaba su primera mansión. Patrizio era el encargado de la Secretaría de controlar todo lo que pasara por la Aduana de Ezeiza. Y tenía, por supuesto, sus canales vip para funcionarios y amigos. Fueron tiempos complejos para él, finalmente, con un trabajo tan cargado como nunca jamás había imaginado. Pero no hay mal que no tenga su lado positivo. El 11 de septiembre le sirvió a la SIDE para que la CIA reanudara parte del diálogo perdido. Un diálogo que por años sería frío, de nene caprichoso que reclama informes con cara de puchero.

A fines de septiembre se inició, en los tribunales federales de la Capital, el juicio oral contra los cinco detenidos por el atentado a la AMIA. Telleldín y Ribelli estaban envalentonados y confiaban en poder demostrar sus inocencias. ¿Qué iba a hacer la SIDE? La conducción había decidido que no era tiempo de abrir nuevos frentes, como andar develando las macanas que se habían mandado en el caso judicial más importante de la historia. El 31 de agosto de 2001, Becerra dio por cerrado el sumario Lifschitz con una conclusión doble y sorprendente: se negó cualquier tipo de irregularidad en las múltiples investigaciones del atentado, incluso el pago a Telleldín, pero se decidió abrir otro sumario para decidir el pase a disponibilidad de Pfinnen, por haberle pasado información secreta al denunciante. En fin, el sumario no reveló ningún secreto, pero culpó al que había osado vulnerarlos.[34]

Pfinnen protestó y protestó, pero su expulsión era cuestión de semanas. El 1º de diciembre de 2001, Becerra se presentó en la base de Coronel Díaz, sede de la Dirección Antiterrorista, acompañado por una comisión de agentes de la Policía Federal. Entraron armados, por temor a que Pfinnen se resistiera, como en otros tiempos se había resistido el director de la Central Nacional de Inteligencia. Pero las cosas ya no eran como antes. Pfinnen entregó las llaves de su base y, manso, se puso a juntar los papeles de su escritorio. Antes de abandonar el edificio, cruzó una mirada con el hombrecito de gorrita con visera que sonreía a la par de Becerra. Para Jaime Stiuso, por fin estaba llegando su hora.

La ley de La Casa

Durante el gobierno de la Alianza, la SIDE había reducido sus gastos a la mitad y había despedido a casi 900 empleados. También había reorganizado su estructura interna, dividiendo a la SIDE en tres grandes áreas. La Dirección de Reunión, encargada de recopilar la información de todas las bases; la Dirección de Análisis, encargada de organizar esa información, y la Dirección de Logística, encargada de las cuentas y los gastos. Estos cambios acababan con la división histórica de la SIDE entre Inteligencia Interior e Inteligencia Exterior. Ya no se podía pensar al mundo dividido por fronteras. La globalización había mezclado todo y la Guerra Fría era, salvo por el incidente con Ross Newland, un argumento viejo de películas y libros de espionaje. Becerra y Richarte aprovecharon la movida e inventaron un cargo nuevo, el de director general de Operaciones. Con ese cargo pretendían tener un mayor control sobre los directores y jefes de las bases. Allí pusieron a Víctor Chipola, el otro hombre de confianza de De la Rúa en La Casa, que conocía el funcionamiento interno desde los tiempos de Alfonsín. El director general de Operaciones pasaba a ser el número tres de la SIDE, por encima de los tres directores de área. El director general de Operaciones era el que daba las órdenes a las bases secretas, el que manejaba los sumarios internos, el lugar donde confluía toda la información después de pasar por los analistas.

Esa reestructuración fue parte de una reforma de la que se venía hablando hacía cuatro o cinco años y que se concretó, extrañamente, en uno de los peores momentos en la historia de la SIDE. El 6 de diciembre de 2001, se publicó en el Boletín Oficial la sanción de la primera Ley Nacional de Inteligencia, que había sido votada en el Congreso por todos los partidos políticos.[35] La ley vino a borrar todos los decretos secretos que venían regulando La Casa desde hacía más de cincuenta años. Y aunque no cambiaba nada en esencia, blanqueaba muchas situaciones que se daban todavía a espaldas de todos. En la ley se ratificó que todos los fondos de La Casa seguían siendo secretos y se le dio al Congreso cierto poder para revisar los números gruesos de la Dirección de Finanzas, aunque la comisión encargada de hacerlo, como la mayoría de las comisiones del Congreso, sería por años un inútil formalismo de escritorio. En la ley también se le adjudicó a la SIDE el derecho a colaborar en investigaciones penales «cuando un juez competente lo requiera», cumpliendo con el viejo sueño de Anzorreguy y abriendo a la SIDE un campo de trabajo infinito. En la ley, se amplió como nunca el abanico de blancos posibles.

Aunque se ratificó que los agentes no podían hacer inteligencia interna sobre la población «por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias»,[36] la opción de poder colaborar con «la autoridad judicial competente» en tareas represivas les abría un inmenso caudal de opciones. La SIDE ya no podía perseguir comunistas ni a los subversivos, pero con el guiño de un juez podía ir detrás de supuestos narcotraficantes, lavadores de dinero, hasta evasores impositivos o simples delincuentes comunes. En la ley, también se le dio a la SIDE lo que siempre había deseado Jaime: la exclusividad de las escuchas telefónicas. A partir de diciembre de 2001, cada vez que un juez quisiera ordenar una intervención telefónica, debía acudir a la SIDE. Por ley, ni la Policía Federal ni ninguna otra fuerza podían pinchar un teléfono. Sólo La Casa. Para lo que guste mandar el señor juez. Para mantener informado al Presidente.

La SIDE, es cierto, ya era lo que la nueva ley admitía. En 2001 había tramitado 577 pedidos de investigaciones judiciales y había intervenido 7006 teléfonos. Teléfonos de supuestos contrabandistas, de supuestos piratas del asfalto, de ladrones, de supuestos asesinos, de abusadores sexuales, de cuanto sospechoso de delito privado o público se le ocurriera a los jueces. Eso sin contar los teléfonos que se intervenían extraoficialmente. Sin contar los correos electrónicos que se pinchaban con los capturadores de banda ancha. Allí estaba la SIDE, con un pie en el siglo XXI, con un poder cada vez mayor y la falta de controles de siempre. Allí estaba la SIDE, convertida en la policía secreta que siempre quiso ser. El intento por representar a un nuevo tiempo, por significar una renovación, se terminaba de conformar por el cambio en su nombre. A partir de ahora ya no era más la Secretaría de Inteligencia del Estado, sino tan sólo la Secretaría de Inteligencia. En lo formal, se modificaba entonces la sigla. Ya no había que hablar de la SIDE sino de la S. I. Claro que para que los cambios se produzcan deben modificarse demasiadas cosas antes que el nombre. La SIDE, en los hechos, seguiría siendo la SIDE por muchísimo tiempo.

En eso estalló la crisis. Y el final se desencadenó con la voraz velocidad de los thrillers. A fines de 2001 los índices de desempleo se dispararon, los empresarios sacaron todos sus dólares del país, la economía se paralizó y el gobierno, otra vez con Domingo Cavallo como ministro de Economía, decidió congelar los depósitos de los ahorristas, una medida que atacaba directamente a las clases medias, el último bastión que aún apoyaba a De la Rúa. La Casa mantenía sus bases secretas en el gran Buenos Aires y algunos de sus agentes alertaron sobre movimientos extraños entre la Policía provincial y los punteros peronistas del conurbano. Algo se estaba gestando en la provincia, montado sobre una crisis tan real como terminal, pero incentivado por algunos actores del peronismo bonaerense. Richarte se hizo preparar una carpeta y se la llevó a De la Rúa, a mediados de diciembre. En la carpeta se hablaba de protestas masivas, de cortes de puentes, había desgrabaciones de algunas conversaciones telefónicas entre dirigentes peronistas que vaticinaban una revuelta inevitable. Nada demasiado concreto. Ninguna prueba contundente. Apenas un registro burdo pero cierto sobre el clima que se vivía en las calles del gran Buenos Aires. De la Rúa recibió la carpeta y no dijo nada. De la Rúa ya no escuchaba. De la Rúa ya no quería escuchar.

La noche del 20 de diciembre, tras días de saqueos a mercados, caos en las calles y una represión sangrienta en Plaza de Mayo, el presidente Fernando de la Rúa abandonó la Casa Rosada en el helicóptero presidencial. Esa noche, mientras los argentinos contaban muertos y se debatían entre la furia por la represión y el alivio por la renuncia del Presidente, en la central de 25 de Mayo había un saqueo.[37] En dos autos Megane, se cargaron diecisiete cajas con desgrabaciones de escuchas telefónicas, discos rígidos de computadora, un listado con periodistas amigos de la SIDE, oficios judiciales con pedidos de informes para la causa de las coimas y despachos secretos. La Casa, por primera vez en su historia, se quedaba sin jefes.

Jaime al poder

El golpe

Otra vez el caos. Y el caos es donde mejor se mueven los agentes de inteligencia.

Tras la caída de Fernando de la Rúa, el revuelo dentro de La Casa fue total. No había jefes, no había un solo político dando las órdenes. Sólo estaban ellos, los hombres de La Casa. Jaime por sobre todos.

El país se quedó sin su Presidente y el Congreso debió designar al sucesor, lo que no parecía nada sencillo en medio de una crisis social que amenazaba con devorarse a todos los políticos. El presidente del Senado, Ramón Puerta, se hizo cargo del gobierno durante un par de días, mientras se ponían de acuerdo entre todos para definir quién se encargaría de llevar la transición hasta que se pudiera convocar a elecciones. En esas horas de furia, cuando los políticos querían esconderse, hubo sólo uno dispuesto a aceptar el desafío. El gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, fue designado Presidente el domingo 23 de diciembre por la mañana. Una presidencia provisional que debía durar tres meses, aunque él imaginaba más larga y sus rivales, más corta.

Rodríguez Saá sonreía en medio de caras demasiado largas y se puso a repartir cargos entre sus amigos y aliados. A la SIDE, como era la costumbre, envió a un amigo de bajo perfil y confianza absoluta. Carlos Sargnese había sido presidente de la Cámara de Diputados de su provincia, pero era un desconocido para los porteños y también para los muchachos de La Casa. Quizá por eso se sorprendió cuando llegó a la central de 25 de Mayo y lo recibieron con sonrisas y «Buenos días». No debía imaginar que en apenas tres días, Jaime y los otros habían cambiado los planes de la SIDE. Para ellos, ya era hora de tomar el poder.

El lunes 24 de diciembre de 2001, Sargnese y su segundo, Héctor Maya, se encerraron en el despacho del quinto piso junto a los principales señores de La Casa. Jaime encabezaba la fila.

Detrás de él estaban Carlos Lavié, que había sido director de Ojota hasta la llegada de la Alianza; Alberto Massino, un analista con más de quince años en La Casa; además de Garnica, el amigo de Jaime, y Gustavo Mango, otro de los históricos. La reunión insumió toda la tarde y Sargnese salió convencido de que la SIDE ayudaría al gobierno provisional a soportar la crisis. ¿Por qué tan seguro? Porque así se lo prometieron Jaime, Massino, Lavié, Garnica y Mango, que esa tarde lograron el control de la SIDE. Por primera vez en la historia de la Secretaría de Inteligencia, agentes de carrera iban a definir blancos, a dirigir todas las operaciones, a administrar la información. Y Jaime quedaba al frente. En esa reunión se firmó la resolución que lo designó nuevo director general de Operaciones, el cargo que había inventado la Alianza para manejarlo todo. Jaime había logrado lo que ningún agente de La Casa en su historia. Sería ahora el responsable de todas las operaciones de la SIDE. Debajo de él estarían los otros. Lavié volvería a Observaciones Judiciales, de donde lo habían desplazado con la llegada de Santibañes. Massino se haría cargo de la Dirección de Análisis. Mango quedaba a cargo de la Dirección de Reunión, responsable de recopilar la información de las bases secretas. Y Garnica, el amigo de Jaime, se quedaba con la base de la calle Estados Unidos.

El acuerdo al que se llegó con Sargnese aún se mantiene. Lo que se acordó allí fue una nueva SIDE. Una SIDE gobernada por la política, pero administrada por los agentes de línea. Ya no se designarían políticos en la segunda línea de mando. Para el Presidente, sólo el jefe, el subjefe y la caja fuerte con sus millones. El resto sería para ellos. El espionaje quedaba para ellos. Sin control, como siempre. Pero también sin políticos cerca.

Para Rodríguez Saá fue un acuerdo conveniente pero también insuficiente. Los popes del peronismo no soportaron su ambición y sus deseos de quedarse más allá de los noventa días que se habían acordado. Los popes del peronismo aplaudieron de pie cuando Rodríguez Saá anunció al Congreso que quedaban suspendidos los pagos de la deuda externa, pero enseguida empezaron por hacerle el vacío en las reuniones políticas y acabaron por dejarlo solo. El Adolfo, como le decían al Presidente, fue perdiendo autoridad y ganando miedo. Apenas siete días después de haber asumido, el 30 de diciembre, se encontró a oscuras en el complejo presidencial de Chapadmalal, un balneario de la costa atlántica, a 400 kilómetros de Buenos Aires. El Adolfo había convocado a todos los líderes del peronismo, pero los invitados no fueron, salvo unos pocos, y hasta le prepararon una trampa. Esa noche, en Chapadmalal se cortó la luz, se organizó una protesta de desocupados frente a la puerta del complejo y la custodia policial desapareció de pronto. Esa noche, Adolfo Rodríguez Saá sólo tuvo a su edecán y a seis agentes de La Casa que habían viajado hasta Chapadmalal para protegerlo. Los había enviado Jaime. Era el último gesto de La Casa para el jefe más breve que tuvieron jamás.

Operación Clase Media

La misma noche de Chapadmalal, Rodríguez Saá voló a San Luis en uno de los aviones presidenciales y anunció su renuncia por televisión. La noticia sorprendió a casi todos los argentinos y agotó la última capacidad de asombro que quedaba sobre estas tierras. Para el mundillo de la política, fue apenas el final de un hombre que había sonreído demasiado. El Adolfo se había subido al mando aprovechando que la silla estaba vacía, pero cometió el error de intentar domesticarlo. Eso no se lo iban a permitir. Ahora era el turno de la corporación política más poderosa de aquellos años. La corporación de los bonaerenses, que aglutinaba por igual a radicales y peronistas, las dos agrupaciones políticas más poderosas del país. Los referentes eran las voces más autorizadas de la escena nacional. El ex presidente Raúl Alfonsín, todavía al frente del radicalismo, un partido que parecía tocar el fondo de su historia a nivel nacional, pero que aún conservaba su poderío en gobernaciones, intendencias y en el Congreso. El otro era Eduardo Duhalde, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y caudillo de esa provincia. Juntos, Alfonsín y Duhalde habían apurado la salida de De la Rúa. Juntos se habían mantenido casi al margen de los primeros intentos por poner la Casa Rosada en orden. Ahora, otra vez juntos, acordaban que Duhalde sería el nuevo Presidente.[38]

El Congreso aprobó la designación de Duhalde y aprobó el final de la convertibilidad, a esa altura la única puerta visible para romper con la recesión que hundía la economía. Duhalde fue todavía más allá y decidió la pesificación de los depósitos bancarios, lo que despojó a millones de ahorristas de buena parte de sus ahorros. A diferencia de los presidentes transitorios que acababan de desmoronarse, Duhalde llegaba al sillón presidencial con el resguardo que sólo podían darle los dos mayores aparatos partidarios de la Argentina. Para subsistir, sólo necesitaba tiempo. Aguantar hasta que pasara el temporal del derrumbe de las clases medias y bajas, que ocupaban las plazas y las calles puteando a toda la dirigencia. Que se vayan todos, pedían. Aunque en el poder nadie quería correrse ni un poquito.

Si Santibañes era ajeno al mundo de los espías, al jefe que designó Duhalde para La Casa no le alcanzaron las manos para mantenerse en pie dentro de sus laberintos. Carlos Soria, al que todos llaman El Gringo, llegó a la SIDE en las primeras horas de 2002 y se tuvo que poner a disposición de los nuevos señores de La Casa. Jaime le explicó cómo eran ahora las cosas y Soria aceptó las reglas. No estaba en condiciones de imponer nada, así que dejó todo tal como se había acordado en la brevedad de Rodríguez Saá.

No fue fácil para Soria. Jaime y los otros estrenaban cargos y poder, y se sentían demasiado cómodos manejando la Secretaría. Hicieron lo que mejor sabían hacer: conspirar. Alimentaron versiones de lo más tenebrosas que parecían convertir al Estado en un ser anodino y vulnerable.

Tiempos violentos aquéllos, con las calles repletas de vecinos en estado de asamblea, con miles y miles de desocupados cortando rutas y accesos a la ciudad de Buenos Aires. Los espías sentían que era un momento histórico único, un momento de acción, con la efervescencia que no sentían desde los meses de Automotores Orletti. Y Soria compró todos los cuentos que intentaron venderle. Las primeras semanas comenzó por recibir informes que alertaban sobre posibles asaltos a la Casa Rosada, ataques a bancos con bombas caseras, supuestos planes para matar a funcionarios y legisladores. Del presidente Duhalde se sabía que era un hombre temeroso de su seguridad. Pero no era tonto y empezó a acostumbrarse a los llamados de Soria. Día por medio recibía avisos aterradores del jefe de la SIDE, quien por momentos parecía contento con eso de andar anunciando el apocalipsis. El colmo fue una madrugada —Duhalde diría que a las tres o a las cuatro de la mañana—, cuando El Gringo lo despertó en la Quinta de Olivos. Soria ingresó a la residencia presidencial en uno de los Megane de La Casa, por la entrada que se reservaba para el Presidente, sobre la Avenida del Libertador. Soria recorrió los jardines de madrugada, acompañado por los dos agentes de la SIDE, y llegó hasta el chalet principal, un palacete que en los últimos tiempos había soportado demasiadas noches de desconcierto y pánico. Soria llegó hasta la antesala del dormitorio presidencial. La mujer de Duhalde, Hilda, no llegó a despertarse.

El Presidente se levantó agitado, se puso su bata roja de siempre y salió a la antesala. Con su metro sesenta de altura, la bata lo hacía verse bastante más petiso todavía.

—Detectamos el ingreso de comandos de las FARC. Entraron por Jujuy —anunció histérico el jefe de la SIDE.

El disparate del alerta no soportó más que unas horas y Duhalde decidió que esta vez había sido demasiado. Desde entonces le prohibió a Soria despertarlo en las madrugadas.

El Gringo era zorro y no se iba a dar por vencido. A pocas semanas de estar en la SIDE, se convenció de que sus advertencias catastróficas podían ser útiles para el gobierno y que sólo con más fuego aplacaría la furia de las calles. Para cortar con la violencia de la clase media, tenía que hacer terrorismo contra la clase media. Esos mismos vecinos que habían ayudado a derrocar a De la Rúa, que ahora insultaban a toda la clase dirigente y que se reunían en asambleas para sentirse partícipes de las decisiones, dejarían de salir a las calles si se los convencía de que estaban arriesgando algo más que sus ahorros. Con los pobres era más fácil. A ellos, pensaba Duhalde, se los podía contener con planes de asistencia social, que en pocos meses pasaron de ser miles a abastecer a casi dos millones de desocupados.

Para armar lío estaban los agentes de la base de la calle Billinghurst. Los vecinos de Barrio Norte no lo saben, pero llevan años conviviendo con ellos. En la esquina de Billinghurst y Las Heras circulan por hora cientos o miles de autos, taxis y colectivos. Un barrio repleto de edificios donde viven familias de clase media y alta, donde tienen sus oficinas dentistas, psicólogos, médicos, abogados. Los vecinos no lo saben, pero sobre la calle Billinghurst, en un edificio de 1300 metros cuadrados, ingresan todas las mañanas más de 200 empleados del Estado que no pueden decirle a nadie a qué se dedican dentro del Estado. Los vecinos no saben que esos 200 empleados usan identidades secretas y están a las órdenes de directivas secretas, en nombre de objetivos igual de secretos. En su mayoría, los agentes de esa base tienen diez, veinte y hasta treinta años de antigüedad. No son los mejores, pero no le hacen asco a nada. Desde esa misma base, en los años setenta habían salido las patotas que torturaban y mataban en el nombre del Estado. Desde esa misma base, en los años ochenta se habían destruido marchas sindicales, se había investigado a senadores, también, como siempre, en nombre del Estado. Algo relegada durante los años noventa, la base Billinghurst empezaba a recuperar algo de protagonismo interno, gracias a que los nuevos objetivos de La Casa eran las marchas piqueteras y las asambleas populares que, por aquellos meses, nacían en cada plaza de la ciudad.

A la base Billinghurst empezaron a sumarse caras nuevas. No llegaban de a uno, en sigilo, como en otras épocas, sino de a diez o veinte. Tipos de manos pesadas, en jeans y zapatillas, que pronto coparon las oficinas acostumbradas a los sacos grises y corbatas oscuras. Los recién llegados miraban todo con curiosidad y parecían fascinados, sorprendidos todavía con eso de ser agentes de espionaje. Venían del conurbano bonaerense, donde habían crecido poniendo la espalda, y esas manos, a las órdenes de los punteros del peronismo. Todos ellos reconocían a un cacique. Al hombre que los había llevado, ahora número dos de La Casa, el subsecretario de Inteligencia, Oscar Rodríguez. Ex intendente del partido de San Vicente, casado con Mabel Müller, la mejor amiga de la primera dama, Rodríguez había sido puesto por Duhalde para mantener controlada la caja de los fondos reservados. Mantener controlada la caja significaba manejarla a su antojo.

La misión de la patota de Rodríguez era precisa. Debían infiltrarse en las asambleas barriales, en los piquetes, en cualquier manifestación popular. Debían filmar cualquier reunión más o menos numerosa que ocurriera en espacios públicos. Entre los afectados a la misión causaron impresión los miembros de la comparsa «Los mimosos de Burzaco», la murga de San Vicente que solía alegrar los cumpleaños de la familia Rodríguez. Todos, incluso los murgueros, debían servir a la causa. Se dedicaban a emputecer actos, a incentivar la violencia en las asambleas, a escrachar a los miembros de la Corte Suprema si el gobierno lo creía conveniente.

La idea era instalar el dilema entre el caos o el gobierno de Duhalde. Una idea que contaba con el auspicio de periodistas y medios de comunicación. Desde los últimos meses de Anzorreguy, los sobres para los periodistas amigos ya no se repartían en La Casa. Ahora, una valija cargada de dólares salía todos los meses de la central de 25 de Mayo directamente a la Casa Rosada, donde funcionarios cercanos al Presidente se ocupaban del asunto. El principal aliado del gobierno era el Canal 9, ya en manos del periodista Daniel Hadad, ese viejo conocido de La Casa. Militantes de agrupaciones de izquierda con las caras cubiertas por pasamontañas se presentaban en el programa de Mariano Grondona y daban lecciones sobre cómo se ejecutaban los secuestros extorsivos, una vieja modalidad delictiva que empezaba a hacerse corriente en el gran Buenos Aires. Un grupo de vecinos de Santa Fe se lanzaba sobre una vaca en las afueras de la ciudad y se dividían los trozos del animal a la luz de las cámaras de televisión. Canal 9 repetía una y otra vez la escena, prueba de que la desesperación, el hambre y el caos nos convertían a los argentinos en peligrosos sanguinarios. El ministro de Seguridad, Juan José Álvarez, se reunía con dirigentes piqueteros y les prometía planes sociales si se ocupaban de terminar con las protestas de los vecinos porteños. Tan mala suerte tuvo Álvarez que Luis D’Elía, el piquetero al que le hizo la propuesta, acabó contándolo por televisión. También lo hizo por Canal 9.

La clase media, poco a poco, empezó a asumir que no sería tan fácil repetir lo que había ocurrido la noche del 20 de diciembre.

Jaime multifunción

Para Jaime fueron los meses más agotadores de su vida. No le alcanzaban las horas para hacer todo lo que tenía entre manos y debía dividir su tiempo en objetivos personales, de La Casa y del jefe.

Su objetivo personal seguía siendo el caso AMIA. Al tomar el control de la base de Coronel Díaz, Jaime se encontró con casetes donde se guardaban copias de las escuchas telefónicas del caso AMIA y todas las carpetas que habían ido formando durante años Patricio Pfinnen y sus hombres de Sala Patria. Allí estaban las carpetas, intactas y prolijas en sus armarios. Entre tantas, Jaime encontró la suya. Sí, una carpeta sobre Jaime Stiuso, el dueño de las carpetas más sensibles de la Nación. La carpeta se guardaba en una caja azul de plástico y tenía fotos de Jaime y su amigo Garnica en reuniones sociales. Pero además, una serie de imágenes, bajadas de un filmación, donde se veía a su hija mayor, la que trabajaba en Tribunales, conduciendo su Renault 18. Jaime no lo podía creer. En La Casa habían seguido a su hija y él no se había enterado. El superagente, el rey de los seguimientos y las filmaciones, había sido burlado con su propios métodos. ¿Acaso Jaime no había investigado a Pfinnen y a Brousson de la misma forma? Quién sabe. La diferencia entre unos y otros era que Jaime seguía teniendo poder. Ya se encargaría de vengarse.

Entre las demás carpetas de Sala Patria, Jaime encontró una que llevaba el nombre de Operación Gaviota, donde se relataba una de las últimas misiones de Pfinnen en el exterior. La información sobre esa operación estaba sintetizada en un disco compacto, con un programa PowerPoint, que presentaba con mucha claridad el caso y lo desarrollaba paso por paso. La historia había empezado en junio de 2001. Pfinnen y Pinocho González habían viajado a Montevideo para entrevistar a un informante de la CIA que se jactaba de tener buenos vínculos en el Líbano. Los agentes de la SIDE se habían alojado en el hotel Ermitage de Pocitos junto con un grupo de la CIA, en una habitación vecina a la que ocupaba Bassan Chamás, ex integrante del Hezbollah libanés, radicado en Uruguay desde hacía un par de años. Chamás era uno de los tantos informantes que viven de las historias que les venden a los servicios de espionaje. ¿Historias ciertas? A veces. ¿Historias falsas? La mayoría. El encuentro con Chamás se había realizado el 8 de junio de 2001. Patricio Pfinnen y Pinocho González lo entrevistaron durante horas y Chamás dio el nombre de una persona que, según él, había sido el conductor suicida de la camioneta bomba que había destruido la AMIA. Se llamaba Berro, dijo Chamás. Un tal Ibrahim Berro, del sur del Líbano.

¿Sería cierto? ¿Era ése el dato que habían buscando durante tantos años? ¿Y la respuesta estaba allí, tan cerca, en la delación de un informante del otro lado del Río de La Plata? ¿Existía ese tal Berro? Atención con ese nombre, pero iba a acompañar la historia del caso por muchos años más. Desde que encontró la carpeta sobre la pista Berro, Jaime se encaprichó y decidió dedicarle todos los esfuerzos. Puso a sus analistas a trabajar e intensificó sus contactos con el Mossad y con la CIA. Jaime estaba decidido. Si le podía sacar provecho a la Operación Gaviota, se lo sacaría sí o sí, tarde o temprano.[39]

Los objetivos de La Casa eran menos emocionantes, pero había que cumplirlos. Jaime se había mudado a la central de 25 de Mayo, a una oficina del edificio vecino al principal. Una oficina con vista al río, como correspondía a los jefes, con dos secretarias siempre listas, empleados administrativos a sus órdenes y una caja para gastos sin rendición como nunca había tenido. Jaime hablaba con todos los directores y sabía en qué andaba cada uno, un lujo que sólo él podía darse. Pero su base predilecta seguía siendo la Dirección de Contrainteligencia de la calle Estados Unidos. Allí estaba su cueva, allí trabajaban sus amigos de siempre. Jaime se reunió con Garnica para ajustar la transición pero nunca dejó de visitar la base una o dos veces por semana. Juntaba a todos en la sala de reuniones y les bajaba las directivas de último momento.

Desde fines de 2001 y con mucha más fuerza en los primeros meses de 2002, en el conurbano bonaerense empezaron a sumarse denuncias y casos de secuestros extorsivos, ejecutados por bandas de delincuentes duchos en armas y recursos.[40] La crisis bancaria que se había desatado, primero con la fuga de capitales y después con los bloqueos de los depósitos, dejó las calles sin efectivo y a los ladrones y narcos desesperados por conseguir billetes. Rápidos, mudaron sus artes al rapto de personas, a las que liberaban sólo si algún familiar o amigo acudía con plata en la mano para pagar el rescate. Los secuestros sensibilizaron a la sociedad y Jaime debió organizar un grupo especial para seguir los casos. Al frente del grupo puso al Gordo Miguel, ese viejo amigo de manos pesadas que había estado en Orletti y que, según todos los indicios, había torturado en plena democracia durante el caso AMIA. El Gordo Miguel había heredado muchos de los contactos de Jaime en la Policía Bonaerense y era el encargado de repartir los sobres que mantenía con vida a la red de informantes del conurbano, epicentro de los secuestros. Para Jaime, no había dudas de que El Gordo Miguel tenía que ser el jefe de las investigaciones antisecuestros.

La base Estados Unidos también aportaba la tecnología de espionaje que necesitaban las patotas de Billinghurst para los trabajos sucios. Ponían sus camionetas de vidrios espejados para acercarse a las asambleas, algunos de los callejeros se infiltraban con cámaras ocultas en reuniones de piqueteros o instalaban sistemas de video en Plaza de Mayo para seguir de cerca las manifestaciones. El trabajo de Jaime consistía en coordinar a las bases para que nada falte o para que los agentes no se superpongan. Si dos espías recibían la misma misión, casi con seguridad que ninguno de los dos la haría bien.

Hacía más de veinte años que Jaime estaba en La Casa y, por primera vez, se sentía demasiado quieto. Una paradoja, porque estaba muy ocupado. Pero la acción estaba afuera y él se pasaba casi todo el día dentro de su oficina, atendiendo y apagando celulares. ¿Era ése el trabajo del espía moderno? ¿En eso se había transformado aquel muchacho que sabía colgarse de techos y colocar micrófonos en un cactus? Jaime estaba a punto de cumplir cincuenta años, pero había sido educado para la acción. No, no iba a resignarse. Si tenía que quedarse en la central de 25 de Mayo, al menos se daría el gusto de ocuparse de las misiones que no precisaran salir a la calle. No de todas, pero sí de las más sensibles.

Jaime tenía un montón de blancos para elegir, gracias a que El Gringo Soria abría fuentes de conflicto por todos lados. La SIDE no sólo empujaba a los ahorristas a sus casas y controlaba a los piqueteros. A las pocas semanas de asumir, el nuevo jefe mantuvo dos reuniones con los jueces federales de la Capital, aquellos que tan bien habían protegido al menemismo. Soria no sabía de grises y les hizo un pedido tan claro como sorprendente. Soria quería ver presos a banqueros, a economistas, al ex ministro Domingo Cavallo. Soria quería ver presos a esos hombres, para que la bronca social se inclinara lo más lejos posible del sistema político. Tuvo suerte y no tanta. No tanta, porque las reuniones trascendieron a la opinión pública.[41] Suerte, porque la jueza Servini de Cubría se hizo eco del reclamo y se puso a investigar una de las fugas de capitales más notorias de la crisis, la que había hecho el Banco General de Negocios, que a pesar del corralito financiero había sacado del país sin autorización unos 200 millones de dólares. Para la investigación, que se inició con una denuncia de la diputada del ARI Elisa Carrió, Servini convocó a la siempre dispuesta SIDE. Era un caso sensible y de esos que no precisaban de agentes operativos en la calle. Un caso que se podía manejar desde una oficina. Un caso ideal para Jaime, que puso a los mejores investigadores a revisar las carpetas sobre los movimientos financieros del banco y él mismo cotejaba las conclusiones. La causa sobre la fuga de capitales del Banco General de Negocios avanzó a un ritmo descomunal. En apenas un par de meses, la jueza mandó a detener a los dueños del banco, los hermanos Carlos y José Rohm.

Otro frente de conflicto era la Corte Suprema de Justicia. La decisión de Duhalde de pesificar los depósitos había alterado mucho los humores sociales, pero salvaba por ahora al sistema bancario. La Corte Suprema, sin embargo, amenazaba con declarar inconstitucional esa medida, ya que negaba otra ley anterior, la de la intangibilidad de los depósitos. Si la Corte hacía eso, Duhalde temía que se desatara otra crisis, tanto o más imprevisible que la de diciembre. Debía frenar a la Corte. Como fuera.

Mientras el gobierno negociaba con la Corte, los pesados de la base Billinghurst aprovecharon su presencia en la calle. Colados en las asambleas barriales, camuflados entre los indignados vecinos, empezaron a incitar los escraches contra los jueces. Tenían todo para hacerlo. Las direcciones de sus casas, los restoranes donde estaban cenando, la hora exacta a la que salían o llegaban a Tribunales. Durante semanas y meses, los jueces de la Corte se vieron sorprendidos por los vecinos de la ciudad, que conocían sus movimientos como si pudieran escuchar sus conversaciones más íntimas.

Pero eso no era todo. Jaime ordenó a sus muchachos de la base Estados Unidos que actualizaran las carpetas de los jueces de la Corte. La más jugosa era la de Enrique Petracchi, acaso el más prestigioso de esos jueces. En una de las investigaciones sobre fuga de capitales, se había descubierto una cuenta bancaria en Suiza por 580 mil dólares a nombre de un tal Petracchi. Según el juez, esa cuenta era propiedad de un primo suyo. ¿Pero era cierto? Soria se convenció de que Petracchi mentía. Al menos, eso le informó Jaime, gracias a un dato que aportó El Hacker de la calle Estados Unidos. El Hacker, al parecer, había accedido a una base del FBI con información sensible sobre movimientos financieros internacionales. Una base sólo accesible para unos pocos, que algunos atribuían al talento de eso gordo inmenso y otros a un favor del FBI para avanzar en las investigaciones sobre la fuga de capitales.

Una nochecita de otoño, Soria recibió en su despacho del quinto piso a Adolfo Vázquez, el juez de la Corte que estaba más dispuesto a negociar su postura. Soria amenazó:

—Decile a Petracchi que ya sabemos que la cuenta suiza no es de su primo, sino suya. Y que podemos hacer quilombo.

Petracchi fue uno de los jueces que se abstuvo de votar en contra de la pesificación. Petracchi y la mayoría de los jueces optaron por no hacer nada en contra de Duhalde. La información había sido la más importante de las herramientas políticas.

Nervios de pavo

El MTD Aníbal Verón era una de las agrupaciones piqueteras más activas de la zona sur del Gran Buenos Aires. Sus líderes eran, en general, jóvenes de la clase media venida a menos.

Muchachos de veintipico, con el secundario completo, que habían asumido como lucha un compromiso social sorprendente. En los barrios marginales, coordinaban a los vecinos para organizar comedores populares, pedir donaciones de comida, reclamar trabajo o mejoras para sus barriadas. El MTD era un movimiento organizado con ascendencia en Avellaneda, en Lanús, y en todo el margen del conurbano que se recorría desde la Capital hasta las afueras de La Plata. En apenas unas horas, eran capaces de movilizar a unos diez mil vecinos para cortar una ruta, movilizarse hasta el centro o cortar el puente Avellaneda, sobre el Riachuelo, que era el principal acceso a la Capital desde la provincia, sorteado todos los días por cientos de miles de personas. Los piqueteros del MTD eran de los más intransigentes. Sus cortes de ruta eran totales, no dejaban pasar a nadie, y los jóvenes se tapaban la cara con pañuelos y gustaban de llevar palos y piedras por si a la Policía se le ocurría reprimirlos. Estaban jugados. Y pensaban que la pelea era hasta la muerte.

Las decisiones del MTD, como la de todos los movimientos piqueteros, se decidían en asambleas populares, organizadas en sus comedores o en las calles polvorientas de los barrios. No había mucho misterio y cualquiera podía entrar, escuchar, opinar y levantar la mano. A esas asambleas se colaban los pesados de la base Billinghurst. En algunos casos, también las filmaban con cámaras ocultas o las grababan, para no perder detalle de lo que se decía y después poder elaborar informes precisos. Pero no era ésa la única fuente de información de La Casa. Las patotas de Billinghurst contaban también con la ayuda de los policías bonaerenses, muchos de ellos integrados desde hacía años a la red de informantes. Para esa red se buscaba a oficiales de escaso futuro o a suboficiales que tuvieran presencia en la calle y ambiciones moderadas. Tipos con contactos, empapados de lo que se decía, conscientes de lo que se estaba gestando. Uno de esos informantes era un comisario de poca proyección y nervios de pavo asustado. Un tal Alfredo Franchiotti, segundo jefe de la comisaría de Avellaneda.

Los informes de la base Billinghurst eran enviados a la Dirección de Reunión y de ahí a Jaime. A medida que pasaban los meses y se profundizaba la crisis, los informes iban ganando en dramatismo. En enero de 2002, los piqueteros eran personas hambrientas que buscaban donaciones entre empresarios y rogaban a los políticos por un poco de ayuda. A fines de mayo, ya eran violentos muchachos antisistema, pobres sin remedio, capaces de jugarse la vida con tal de molestar.

El Gringo Soria aceptó la peor de las visiones. En las reuniones de gabinete de Duhalde, alertó sobre la ofensiva de esos rebeldes de la pobreza y argumentó que, si no se los detenía a tiempo, podían afectar la estabilidad emocional del gobierno. Soria no estaba solo en su tesis. Sus augurios fueron aprovechados por el sector más reaccionario del gobierno, que propiciaba una política de mayor dureza frente a las protestas callejeras. El discurso oficial, hasta entonces comprensivo, fue virando lentamente hasta mostrarse a favor de reprimir a quien intentara sobrepasar los límites. La tensión fue creciendo también en los barrios. En un galpón de Lanús, la tarde del 25 de junio los piqueteros duros del MTD Aníbal Verón debatieron si en ese contexto era conveniente cortar el puente Pueyrredón y, llegado el caso, chocar con la policía. La mística de la lucha, las ansias de combate de los más jóvenes, los llevaron a ganar por paliza una votación que debió haber llevado un análisis más profundo. Lo que ellos no sabían es que la votación estaba siendo filmada por la SIDE, por los muchachos de la base Billinghurst, encargados de colarse en las asambleas piqueteras que se desarrollaban en el conurbano. Una filmación que nunca salió de la base Billinghurst, pero que seguramente prestó atención a un joven de barba que se destacaba por su decisión y empeño. Darío Santillán tenía 21 años y, sin saberlo, estaba firmando su sentencia de muerte.

Se llegó así a la mañana del 26 de junio. Los piqueteros habían anunciado para ese día el corte total del puente Pueyrredón, una medida que, otra vez, iba a aislar a la ciudad de Buenos Aires. La convocatoria había sido organizada por todas las agrupaciones piqueteras, aunque algunas se habían arrepentido a último momento, sospechando que iba a correr sangre. Los del MTD eran de los más combativos y no pensaban echarse atrás. Allá iban, caminando o en tren, rumbo a Avellaneda.

Mientras los piqueteros salían de sus barrios, en un bar sobre la Avenida Mitre, a dos cuadras del puente, esa mañana se juntaron cuatro agentes de La Casa con un grupo de policías de la Comisaría 1ª de Avellaneda. Los agentes eran de la base Billinghurst. El policía que dirigía la charla era el comisario Franchiotti, a cargo del operativo de la Policía Bonaerense. Fue una reunión informativa. Los agentes de Billinghurst se iban a mezclar entre los piqueteros para controlar la situación desde adentro. Acordaron mantenerse en contacto con la Policía por handys de frecuencia corta. En la central de 25 de Mayo, Soria, Jaime y todos los jefes se reunieron en el quinto piso, para seguir los acontecimientos desde una sala vecina al despacho del Señor Cinco, donde se había armado una sala de situación repleta de televisores que transmitían imágenes de los canales de televisión. Recostados sobre cómodos sillones, tomando café con leche, a media mañana vieron llegar a la columna del MTD. Eran cientos, miles, con sus banderas en alto, sus líderes al frente con las caras tapadas y los palos. Los piqueteros se iban arrimando hasta el cordón de vallas que había montado la policía sobre la avenida Mitre con la intención de evitar que llegaran hasta el puente. La televisión mostraba el vallado y los periodistas se preguntaban cuánto resistiría. De un lado, miles de piqueteros. Del otro, unos doscientos o trescientos policías.

Al rato empezó lo que todos ya sabían. Hubo gritos, hubo piedrazos, hubo gases lacrimógenos y corridas y balas de goma y más gases y más corridas y estampidas y más tiros y más corridas. Los piqueteros acabaron por dispersarse. La mayoría escapó por avenida Mitre, en dirección contraria al puente, mientras les disparaban balas de goma y algunas de plomo. Otros se fueron hasta la estación de Avellaneda, donde pensaban tomarse el tren que los devolvería a la seguridad de sus barriadas y miseria. Pero no todos lograron escapar. Aprovechando el humo de los gases, la confusión de gritos y los disparos secos de las balas de goma, el comisario Franchiotti entró en la estación con ganas de matar. Y disparó. Descargó varias veces su escopeta y dejó tendidos en el suelo a dos de los piqueteros. Dos pibes eran. Uno se llamaba Darío Santillán, el otro Maximiliano Kosteki. Allí quedaron, desangrándose sobre el piso helado de la estación.

De las comunicaciones por handy entre los agentes que estaban en Avellaneda y el comisario Franchiotti no se tuvo conocimiento jamás. Ningún registro quedó de esas conversaciones ni podremos saber cuántas fueron. Pero sí quedó constancia de los llamados que se hicieron desde la base Billinghurst al celular 15-4499-3502, del comisario Franchiotti. El primer llamado fue a las 7:30 de la mañana, cuando la represión todavía era una promesa. Franchiotti era el contacto de la SIDE en Avellaneda, así que le habrán preguntado si estaba todo bien. Y sí, todavía estaba todo más o menos tranquilo. Lo volvieron a llamar esa misma tarde, a las 18:51 y a las 19:25. A esa hora Kosteki y Santillán ya estaban muertos. ¿Quién los había matado? El comisario Franchiotti. ¿Les habrá contado lo que hizo? ¿Les habrá dicho «Sí, hoy maté a dos pibes piqueteros»?

Esa misma tarde, la SIDE informó al presidente Eduardo Duhalde que Kosteki y Santillán habían muerto en un enfrentamiento entre facciones piqueteras. Un informe que el Presidente intentó filtrar en los diarios, y lo logró sólo por unas horas. Los fotógrafos de distintos medios habían sido testigos del asesinato de Franchiotti. No había dudas de que la Policía había matado a los piqueteros.

Esa misma noche, El Gringo Soria empezó a firmar su salida de La Casa. Sólo Soria. Ni Jaime ni ninguno de los otros. Nadie más iba a pagar por los informes tremendistas de los días previos. Nadie más iba a pagar por darle poder y apoyo a ese comisario de nervios de pavo.

El halcón

Los asesinatos de Kosteki y Santillán le recordaron a Duhalde que su poder era prestado por el Congreso y que cualquier error podía irritar demasiado a la sociedad. Decidió adelantar el llamado a elecciones presidenciales para mayo de 2003 y empezó a preparar la transición. Como buen caudillo, no quería resignar su rol de participar en las decisiones y menos en la elección del candidato oficialista. Antes de la masacre de Avellaneda, Duhalde había empezado a tantear alternativas entre los gobernadores peronistas de mejor imagen. El ex gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann, era su preferido. Más tarde sería el de Córdoba, José Manuel de la Sota, y luego el de Santa Cruz, Néstor Kirchner. Duhalde le había pedido a Soria que tuviera actualizadas las carpetas sobre esos posibles candidatos. Quería saber cuáles eran sus alianzas, qué pensaban de él, si eran de fiar o estaban armando planes independientes para las próximas elecciones.

Soria desligó el trabajo en el director de Reunión, Gustavo Mango. La lógica de La Casa indicaba que se debía encargar el trabajo al delegado de La Casa en Río Gallegos, la capital de Santa Cruz. Pero últimamente los delegados provinciales no servían para nada. Estaban demasiado cerca de los gobernadores a los que debían espiar. Por eso se encargó la misión a un colaborador ocasional. El elegido fue Eduardo Climenti, un militante radical de Santa Cruz que cada tanto servía de informante. En marzo, Climenti recibió la orden de alertar «con 48 o 72 horas» de antelación todos los lugares que visitaría el gobernador Kirchner. También tenía que hacer un informe sobre su entorno y enviar a la central de 25 de Mayo las transcripciones de sus discursos. Nadie imaginó que el trabajo de Climenti iba a ser tan burdo. De un día para el otro empezó a seguir al gobernador Kirchner a cualquier acto, como si fuera un fanático. De un día para el otro empezó a preguntar en los bares y las confiterías de Río Gallegos, siempre con su anotador en la mano, empezó a visitar las redacciones de los diarios locales pidiendo acceder al archivo o que le fotocopiaran los discursos de Kirchner. Al pobre Climenti le faltaba colgarse un abrigo, fumar en pipa y colgarse una lupa del cuello. Era incapaz de disimular y lo descubrieron enseguida.

Un mes después de iniciada la misión de Climenti, la diputada Cristina Kirchner, esposa del gobernador, denunció por televisión el espionaje de la SIDE sobre el matrimonio. Dos días después de la masacre de Avellaneda, llevó al pobre Climenti de los pelos hasta el juzgado federal de Jorge Ballestero, en la Capital, y lo obligó a confesar todo. Climenti se había guardado las directivas de La Casa. Como espía era un desastre. Como delator, un genio.

Para Duhalde no fue sencillo desplazar a Soria porque le tenía mucho aprecio. Pero los escándalos se sumaban y tenía que buscarle un reemplazante. El canciller Carlos Ruckauf fue el encargado de avisarle al diputado Miguel Ángel Toma que ocuparía el sillón del Señor Cinco. Lo hizo durante el cóctel que se hacía todos los años en la embajada de Estados Unidos, los 4 de julio. No había mejor lugar para hacer el anuncio. Toma estaba en ese momento compartiendo canapés con John Kamburián, un argentino de 51 años criado en Estados Unidos desde los seis, que había reemplazado a Newland como delegado de la CIA en la Argentina. Kamburián fue testigo del anuncio.

—Te vas a la SIDE —le dijo Ruckauf.

Toma estaba encantado. Y tenía bien claro lo que quería. Sus amigos lo cargaban porque se hacía cada día más rubio, viajaba cada vez más seguido a Estados Unidos y se convencía de que era un niño mimado de la CIA. Él defendía su postura:

—O trabajás con ellos o sos de cabotaje —decía.

Lo primero que hizo Toma, al llegar al despacho del quinto piso, fue colgar las fotos de sus visitas a la Agencia estadounidense, donde se lo veía siempre con una sonrisa fascinada. Durante su paso por el Congreso, Toma había dirigido o integrado las comisiones de Defensa y Seguridad. Era un tipo interesado en los asuntos militares y de espionaje y se consideraba «Un hombre de Inteligencia», definición con la que buscaba congraciarse con los dueños de La Casa. Después de colgar las fotos, convocó a Jaime y ratificó en su cargo a todos los directores. No tenía ni la menor intención de chocar con ellos. Por el contrario, sumó a la SIDE asesores y secretarias, y prometió hacia adentro lealtad absoluta.

Después, a espaldas de Jaime, pidió su carpeta. Sus años de terapia no le habían enseñado a Toma que las preguntas tienen su precio. El que pregunta tiene que estar preparado para cualquier respuesta. Toma no estaba preparado para ver su carpeta, que era una de las más grandes de La Casa. Su paso por el Congreso era una de las razones. Su labor como secretario de Seguridad, en la última etapa del menemismo, era otra más. Su relación con el ex ministro del Interior de Menem y ahora empresario de medios, José Luis Manzano, la más importante de todas. Toma era un blanco para La Casa y lo seguiría siendo después de irse de La Casa. Lo que no imaginaba es todo lo que tenía su carpeta. Allí había seguimientos personales; transcripciones de escuchas telefónicas; listados de antecedentes y de amistades y alianzas políticas; radiografías sobre su situación económica, y muchas, muchas fotos. La indignación de Toma fue total cuando vio fotos de su mujer almorzando en La Brigada, una parrilla tradicional de San Telmo. También habían seguido a algunos de sus asesores. También a sus amigos.

Toma puteó y puteó hasta que la bronca se fue aplacando. Si se consideraba un hombre de Inteligencia, debía aceptar las reglas de juego.

Para la CIA, el nuevo jefe fue todo lo funcional que le permitió el tiempo. A poco de llegar a la SIDE, Toma empezó a alertar sobre los riesgos de la famosa Triple Frontera. Ya no estaba Patricio Pfinnen para asustar con sus informes secretos, pero ahora estaba Toma, nada menos que el Señor Cinco. Toma llegó a dar una entrevista a la cadena estadounidense CNN, donde advirtió sobre movimientos de militantes del Hezbollah en las afueras de Ciudad del Este. «Recibimos información de Inteligencia según la cual se habría registrado un incremento en la actividad terrorista», declaró Toma para los millones de televidentes de la CNN a lo largo del continente. La emisión encantó seguramente a la embajada de Estados Unidos, que seguía financiando la base de la SIDE en la Triple Frontera, pero en la Argentina no provocó el más mínimo escozor. Los diarios apenas se hicieron eco del anuncio de Toma. ¿Por qué? Porque ya eran pocos los que creían en brujas. Habían pasado ocho años desde el atentado a la AMIA y los relatos que señalaban a la Triple Frontera como una cueva del terrorismo internacional no conmovían a nadie. Además, ¿desde cuándo el jefe de un servicio secreto anunciaba una escalada terrorista a través de un canal de televisión extranjero? Con su peligrosa movida, Toma apostaba a convertirse en el actor clave de la reconciliación final de La Casa con la CIA. Y hay que decir que lo terminó logrando. El informe de la CNN sostuvo, con su respaldo, que terroristas del Hezbollah y otros grupos próximos a la red Al Qaeda, la misma que había volado las Torres Gemelas, se habían reunido en Ciudad del Este para organizar ataques contra Estados Unidos. Increíble, pero así fue dicho. Otra vez: si fueran hechos, no sería Inteligencia.

En octubre, Toma viajó a los cuarteles de Langley para sellar la reconciliación con la CIA. Pero no lo hizo solo. Viajó junto a Jaime y las dos analistas internacionales, Marta y Gabriela. Aunque las visitas protocolares al jefe de la CIA duran en general 15 minutos, esta vez el encuentro se extendería por una hora y media. George Tenet, el poderoso jefe de la CIA, los recibió rodeado de su director de Inteligencia del Cono Sur, el responsable de todos los delegados de Sudamérica. Toma ya sabía moverse en esas aguas, pero se quedó mudo cuando el hombre de la CIA reconoció a un Jaime que, por esta vez, vestía de traje y corbata:

—Stiles, otra vez por aquí —lo recibió.

Testigo C

Toma apostaba a una reconciliación más difícil que la de la SIDE y la CIA. Quería lograr la reconciliación entre Eduardo Duhalde y Carlos Menem, los líderes del peronismo cuyo odio cruzado había marcado la década del noventa. Toma llamó a Jaime a su despacho y juntos definieron un plan. Había que enviarle una señal a Menem. No importaba el precio.

El plan afectaba, otra vez, al caso AMIA, una investigación tan compleja y amplia que permitía licencias de todo tipo. El caso AMIA, otra vez y como tantas veces en el centro del planisferio político argentino, usado como una herramienta de coerción o de intercambio. Desde 1994, un ex oficial de inteligencia iraní venía colaborando en la investigación del juez Galeano con declaraciones testimoniales, en las que había aportado información sensible sobre su país y culpaba al gobierno de Irán de haber ordenado el atentado. El informante, al que Galeano había bautizado el Testigo C para proteger su identidad, era creíble hasta cierto punto. En definitiva, era un típico arrepentido que vivía de los servicios occidentales y decía más o menos lo que esos servicios querían escuchar. En 1999, en su tercera declaración ante Galeano, el Testigo C se había despachado con una inesperada versión. Había dicho que el gobierno de Irán le había pagado a Menem varios millones de dólares para que no lo responsabilice por el atentado. Esa declaración había provocado bastante revuelo. Aunque parecía difícil de probar, había afectado aún más la pésima imagen del ex Presidente. Jaime le ofreció a Toma una solución a ese problema. Estaba seguro de que el Testigo C les podía dar una mano.

Jaime hizo dos viajes a Alemania para concretar el operativo. El primero fue entre el 22 de octubre y el 3 de noviembre de 2002. Allí se reunió dos veces con el Testigo C y acordó cómo se haría la operación. En el segundo viaje la cosa fue más formal. Lo acompañaron Gabriela, una de sus «chicas», que ya era directora de Contraterrorismo en la base de Coronel Díaz, y su segunda esposa, Alejandra, una de las secretarias de la central de 25 de Mayo con la que ya convivía. Los servicios alemanes ya conocían a Jaime y lo conocían muy bien. Pero a diferencia de lo que opinaban en la CIA o en el Mossad, los alemanes tenían una mala opinión sobre él. Desde el caso Strawbery —aquel que había abortado el seguimiento de una banda narco internacional—, lo tenían conceptuado como alguien poco confiable, capaz de cualquier cosa con tal de salir bien parado. De todos modos, cumplieron con el encargo. El Testigo C para ellos ya era un mueble en desuso, al que le habían sacado todo el provecho que le podían sacar, y además era evidente que la CIA también esperaba algo de la misión del espía argentino. El 15 de diciembre de 2002, finalmente, llevaron a Jaime hasta la cueva donde guardaban a C. La guarida era un departamento de tres ambientes en las afueras de Berlín. El testigo llevaba una vida de nómade, lo iban mudando de casa en casa, pasaba sus días recluido detrás de televisores o computadoras, acaso inventando o recreando viejas historias a las que poder sacarle algún fruto para seguir sobreviviendo. Jaime lo entrevistó mediante un traductor y volvió a Buenos Aires al día siguiente, con muchísimo más de lo que había ido a buscar. ¿Cuánto pagó por ese servicio? Imposible saberlo, porque hay cosas que no tienen precio en la SIDE. Mil dólares, cien mil o un millón, es lo mismo cuando el objetivo lo amerita. Y éste era uno de esos casos. Como lo había sido el pago a Telleldín, el favor del Testigo C no tenía precio.

Jaime trajo de Alemania una carta de puño y letra del Testigo C para Toma. La carta estaba fechada el 20 diciembre en Alemania, como si la hubiera escrito dos días después de la reunión con Jaime. Firmada por Abolghasem Mesbahi, el nombre verdadero de C, estaba dirigida al «estimado señor Miguel Ángel Toma». Jaime se la hizo llegar al jefe por correo privado, para borrar su rol en el operativo. En la carta, el Testigo C decía que ya le habían alterado tres de sus declaraciones judiciales previas y que por eso quería aclarar algunas cosas. ¿Cuáles? Decía que era «una gran mentira» que él hubiera dicho «que el ex presidente Menem había recibido dinero antes o después del atentado para ocultar la participación del régimen iraní». La carta llegó al poco tiempo a las redacciones de los diarios y ocupó títulos y sacudió la agenda política por un par de semanas. La lectura que hicieron los periodistas, sin embargo, no fue la que Toma y Jaime habían imaginado: ¿El Testigo C se había dado vuelta? Parecía increíble. Demasiado sorprendente para ser cierto. Algo raro había. Y claro que había algo raro. Toma y Jaime se habían movido con la liviandad de otros tiempos. La Argentina, con sus fracasos estrepitosos, sus contradicciones eternas, sus miserias tan vistosas, salía lentamente de una profunda crisis como se suele salir de las crisis: con los ojos un poquito más abiertos. Ni Bin Laden se ocultaba en la Triple Frontera ni el Testigo C era lo que parecía.

La gran oreja

La SIDE conseguía sus mayores logros en las investigaciones de delitos complejos. Los secuestros extorsivos no parecían detenerse, pero Jaime, Garnica y El Gordo Miguel los resolvían uno tras otro. En seis o siete meses, lograron varios golpes de alto impacto. Liberaron a Christian Riquelme, hermano del futbolista Román Riquelme; capturaron a la banda que había secuestrado al padre del actor Pablo Etcharri; resolvieron casos en San Juan y en el Chaco. Parecían estar en todos lados y Toma se mostraba feliz.

Tenían con qué hacerlo: la ferretería de la base Estados Unidos ya parecía de otra galaxia y les permitía seguir los movimientos de los secuestradores con muchísima precisión. El sistema Excalibur había sido reemplazado por otros más avanzados, que, cargados con información precisa, les devolvía mapas y movimientos de los sospechosos en radios cada vez más certeros. Empezaban interviniendo los teléfonos de la familia del secuestrado y desde ahí iban obteniendo los datos de las llamadas entrantes. Cuando localizaban el teléfono de un secuestrador, ese teléfono los guiaba a otro y a otro más, mientras las antenas de telefonía celular les marcaban los radios de acción de cada aparato. Mucho más fácil era cuando los delincuentes usaban teléfonos públicos o locutorios. O cuando usaban autos caros, ya que en el búnker de Jaime tenían acceso a los bancos de datos de las aseguradoras de automóviles, que tenían instalados chips de seguimiento antirrobo en los autos más valiosos del mercado. En más de una ocasión sólo tuvieron que acceder a esa base para saber hacia dónde escapaba un secuestrador y dónde detenía su auto. Muchos eran los caminos. Dar con la presa era cuestión de tiempo. Sabían cómo hacerlo.

Los avances tecnológicos de La Casa habían acompañado a los de la sociedad. En apenas diez años, la Argentina se había llenado de teléfonos celulares y ya había tantas líneas móviles como fijas. Más de un quince por ciento de los argentinos usaba Internet. Cerca del veinte por ciento usaba el correo electrónico para comunicarse. En la base de Estados Unidos, los hackers tenían acceso a casi cualquier computadora. Si el objetivo estaba conectado a un servidor telefónico, se intervenía el teléfono a través de Ojota y de ahí se capturaban los correos. Si el objetivo estaba conectado a un servidor con banda ancha, los callejeros tenían que ir hasta la zona e instalar uno de los capturadores de banda ancha. Alcanzaba con eso para que uno de los hackers recibiera en tiempo real toda la información de una computadora. En qué páginas se estaba navegando, sus archivos personales, sus mensajes por correo electrónico, su memoria.

Por todo eso, era difícil explicar una fuga como la de Horacio Conzi, un empresario gastronómico de Martínez que había matado a un cliente, simplemente porque el cliente, Marcos Schenone, de 23 años, había conquistado a una chica a la que Conzi le había puesto el ojo.

Conzi mató a Schenone a los tiros el 16 de enero y después escapó. Durante casi dos meses nadie parecía capaz de dar con él. Hasta que lo hizo un periodista. Un periodista de la agencia oficial de noticias, Télam, el 7 de marzo de 2003 logró entrevistarlo en la clandestinidad. Conzi, el tipo más buscado del momento, no sólo se mantenía prófugo sino que hablaba con la agencia estatal de noticias. Para Miguel Toma fue un papelón. Primero llamó a los diarios para decir que la SIDE estaba por dar con Conzi, que era cuestión de horas. Después llamó a Jaime para meterle presión.

—Lo tenemos en Mar del Plata —dijo Jaime, algo avergonzado.

Jaime y los suyos debieron apurar la búsqueda. Venían escuchando los celulares de Conzi y de su abogado, y la señal de los aparatos les indicaba que estaba oculto en algún lugar de Mar del Plata, una ciudad donde los prófugos argentinos creían poder esconderse con facilidad, cuando en realidad era un pésimo escondite. Mar del Plata es el balneario más populoso de la Argentina y recibía dos millones de turistas durante el verano, pero en invierno se convertía en una ciudad medio vacía, demasiado grande para sus habitantes, que notaban cualquier movimiento extraño como si vivieran en un pueblo. Conzi se había instalado en un departamento del centro a esperar que pasara el invierno. Pero lo mató el aburrimiento. Empezó a salir de su cueva para ir a comprar pizza, para llevar la ropa a una lavandería, finalmente a comprar cigarrillos o simplemente a caminar por la costanera para distenderse con el mar y el viento con sabor a sal y mariscos. Conzi era un tipo grandote, con cuerpo de rugbier, que se solía dejar la barba rala y luchaba sin éxito contra una profunda pelada. En la clandestinidad, disimulaba su identidad con una grotesca peluca morocha, de pelo lacio, que lo hacía parecer un hippie viejo pasado de moda. A la semana de estar en Mar del Plata, Conzi empezó a llamar a su hermano para pedirle favores. Que le mandara plata, que le comunique tal cosa a su abogado. Pero el teléfono del hermano, obviamente, estaba intervenido. En Ojota no tardaron en rastrear el teléfono del prófugo. Una comisión al mando de El Gordo Miguel viajó a Mar del Plata.

El 14 de marzo, una semana después de la publicación en Télam de la entrevista a Conzi, Jaime estaba reunido con Toma y un grupo de funcionarios judiciales en el despacho del Señor Cinco. Hablaban del caso AMIA, del juicio oral que se venía, cuando Jaime recibió el llamado de El Gordo Miguel a su handy. De la reunión participaban cinco personas. Todos escucharon la conversación porque Jaime tenía activado el altavoz:

—Detuvimos al hombre, pero dice que no es —anunció El Gordo Miguel.

—¿Cómo que dice que no es? No seas pelotudo y sacale la peluca —ordenó Jaime.

Pasaron unos segundos. En la oficina del Señor Cinco, todos imaginaban al bruto de Miguel sacándole la peluca al sospechoso. Los que lo conocían imaginaban que no sería una maniobra prolija y que se le escaparía algún cachetazo. El Gordo volvió a comunicarse:

—Afirmativo. Es el hombre.

Estaba claro que la SIDE, cuando quería, podía.

Informe AMIA

Toma le debía mucho a Jaime. Los golpes antisecuestros, la declaración del Testigo C, el respaldo en el viaje a Langley. Pero Toma quería dejar una huella más en su paso por la SIDE. Y volvió a recostarse en Jaime.

Con las carpetas que venía acumulando desde hacía años, con los archivos que había rescatado de la base de Sala Patria, con los informes del Mossad y la CIA, Jaime elaboró lo que llamó el Informe Final del caso AMIA o, en su visión simplista, la solución del caso. Un informe de más de mil páginas, redactado por sus analistas Marta y Gabriela, donde se desarrolló la nueva teoría oficial de La Casa sobre el atentado. Cuando Toma lo leyó, casi se muere del espanto. El informe era lo que se esperaba en el plano internacional, porque culpaba a ex funcionarios de Irán, daba pistas concretas sobre la planificación y las órdenes que habían nacido de Oriente Medio y habían acabado en el escombro y la sangre de la calle Pasteur. Pero no decía nada sobre los policías bonaerenses detenidos, que en ese momento estaban siendo juzgados en un tribunal oral. Ni una palabra sobre Ribelli, ni sobre los otros policías, Irineo Leal, Mario Ibarra y Diego Barreda. El informe no los declaraba inocentes pero directamente los ignoraba. ¿Estaba loco Jaime? Toma temía por la reacción de la dirigencia judía, todavía agarrada a la historia oficial del juez Galeano y del gobierno de Carlos Menem. ¿Podía la SIDE contradecir todo lo que se había hecho, justo cuando el juicio estaba en marcha? Toma le llevó el informe a Duhalde y acordaron presentarlo como el informe final «sobre la pista internacional». Jaime no tuvo otra opción más que acceder. Le bastaba, por ahora, con que lo dejaran culpar a los iraníes.

El informe final era un poco más de lo mismo que se venía diciendo en los informes de Inteligencia que la SIDE llevaba a la Justicia. Era una síntesis, pero con algo más. Decía que el atentado había sido decidido por el Hezbollah, que la cabeza de la organización en Buenos Aires había sido Moshen Rabbani, aquel viejo diplomático iraní, y que del operativo habían participado células dormidas del terrorismo, cuya principal cabeza era un colombiano de nombre Samuel El Reda, con amigos y familiares en la Argentina, entre quienes estaban algunos de los viejos blancos de Jaime. A muchos de ellos los había seguido allá por 1993 y 1994, cuando todo había empezado. Su teoría de hoy venía a decirnos que antes había estado muy cerca, quizá demasiado cerca de evitar el atentado. Pero había otro dato más. Quizás el más sorprendente. Quizás el más improbable de todos. En el informe final, Jaime aseguró que se había identificado al comando suicida que se había volado junto a la camioneta bomba. ¿De quién se trataba? De Ibrahim Berro. El nombre que había conseguido Patricio Pfinnen en su última misión a Uruguay, el mismo nombre que había aportado el informante de la CIA en el hotel de Pocitos, el que pasó a formar parte de una de las carpetas de Sala Patria. Sí, ese mismo. En pocos meses más, Jaime iba a ponerle a Berro, además de un nombre, una cara y una historia. Pfinnen, su viejo enemigo, le había dejado servida una solución al caso. Una solución al estilo de La Casa. Una solución que iba a atravesar gobiernos, que iba a seducir a otros jefes de Inteligencia y a jueces y, especialmente, por sobre todos, a un fiscal que será protagonista esencial del futuro de Jaime y de La Casa.

Kontrol de Estado

Ya sabemos de Jaime.

Sabemos que hace tiempo dejó su casa familiar de San Justo para vivir en un piso de Recoleta.

Sabemos que es padre de dos hijas, que está divorciado, que su nueva mujer era una de sus secretarias.

De Jaime ya sabemos que tiene cinco o seis celulares, que no se parece en nada a los espías de las películas, que le encantan las gorritas con visera y que veranea en Punta del Este.

Ya conocemos su debilidad por el Mossad. También su relación con la CIA.

Su paciencia.

Su capacidad para estar siempre en los casos complejos. O para inventarlos si hace falta. O para obedecer órdenes ilegales. O para perseguir a los perseguidores de ayer y a los de mañana.

Aldo Stiles. Jaime Stiuso. O Antonio para los íntimos. Sabemos que tiene más poder que un ministro.

Que su especialidad son las escuchas telefónicas.

De Jaime ya sabemos lo que se dice y el temor que genera.

Y sabemos que ha construido un búnker secreto al que nunca jamás vamos a poder asomarnos.

¿Podemos conocer a Jaime si no podemos acceder a su búnker o a sus archivos ocultos? Jaime diría que no. Jaime diría que no lo conocemos. Que nadie lo conoce. Que nadie puede conocerlo.

Ése es Jaime. El escurridizo.

El 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner asumió la Presidencia de los argentinos. Había pasado un año y medio desde la renuncia de Fernando de la Rúa y, si bien la crisis social todavía era profunda, ya empezaba a vislumbrarse cierta recuperación en la economía. Duhalde, a su estilo, había aguantado la tormenta. A Kirchner ahora le tocaba gobernar un tiempo más favorable. Pero ¿cómo era el nuevo Presidente? ¿Qué pensaba hacer con la SIDE? Después de gobernar durante doce años la provincia de Santa Cruz, Kirchner tenía, como todos los gobernadores, su carpeta en La Casa. Pero era una carpeta pobre, delgada. Los delegados de la SIDE en el interior solían hacerse amigos de los funcionarios y aportaban visiones bondadosas sobre ellos. Los delegados se lo pasaban en los cócteles, en las fiestas, en los asados organizados por la gobernación. El de Santa Cruz también. Ni siquiera Eduardo Climenti, el espía enviado por Soria un año antes, había aportado algo demasiado nuevo. Kirchner era un tipo extraño, que en Santa Cruz se mostraba conservador y pragmático, pero hacia afuera irradiaba una imagen progresista y combativa. En algo coincidían todos: Kirchner era desconfiado, Kirchner se movía en círculos pequeños, Kirchner no delegaba fácilmente.

A la SIDE fueron, como era de esperar, dos de sus colaboradores de mayor confianza. Kirchner designó como jefe a Eduardo Acevedo, diputado nacional, hombre de cejas enormes con cara de amargado. Acevedo era un tipo respetado por la clase política y daba una imagen de austeridad hacia afuera. Estaba bien. Pero el que iba a tomar las decisiones era Francisco Larcher, el subsecretario de Inteligencia, su verdadero hombre de confianza, su cómplice. Un tipo hosco para los demás, pero no para Kirchner. Paco, le decían.

Los primeros meses fueron de estudio. Jaime y el resto miraban a los visitantes con desdén, porque habían escuchado que Larcher quería pasar a retiro a todos los agentes con más de treinta años de actividad. Jaime, Garnica, El Gordo Miguel. Todos ellos habían ingresado a La Casa entre 1972 y 1974, así que estaban entre los desplazables.

Para peor, Kirchner reivindicaba en público al peronismo más combativo de los años setenta y despotricaba como ningún otro Presidente contra la dictadura, en la que Jaime y El Gordo Miguel habían estado demasiado cerca de los jefes. ¿Qué iba a decir Kirchner cuando supiera que Jaime había sido el niño mimado del general Martínez, el jefe de la SIDE desde 1979 hasta el retorno democrático? ¿Qué iba a decir Kirchner cuando supiera que El Gordo Miguel, ahora encargado de investigar los secuestros extorsivos, había sido el chofer del jefe en tiempos de Orletti? Jaime sumaba otra complicación. La senadora Cristina Fernández, esposa del Presidente, había seguido de cerca el caso AMIA y sabía de Jaime y los casetes perdidos de la investigación; sabía de Jaime y las pistas falsas de los carapintadas; quizá supiera también de Jaime y las torturas en Gualeguaychú. ¿Qué iba a decir Cristina cuando Jaime se presentara ante el nuevo gobierno a ofrecer sus servicios?

Jaime levantaba los hombros, como si le diera todo igual y estuviera dispuesto a irse de la SIDE sin chistar. Pero no era cierto. Jaime no había llegado hasta lo más alto para irse tan pronto. Tenía que mostrarles a los nuevos visitantes de qué madera estaba hecho y cuánto podía servirles.

Las primeras señales que recibió no fueron buenas. Kirchner intentaba instalar una imagen de austeridad hacia afuera del gobierno y también puertas adentro. Usaba sus mocasines de toda la vida, trajes cruzados pasados de moda, firmaba decretos y resoluciones con una birome que se compraba en los quioscos por un par de monedas. En la SIDE, esa política se sintió enseguida. Se suspendieron las horas extras y se paralizaron las compras de insumos que no fueran absolutamente imprescindibles. Justo ahora que La Casa parecía al borde del colapso. Los ascensores funcionaban cuando querían, el sistema Red Bull del archivo era tan viejo que se paralizaba todas las semanas, los talleres mecánicos estaban repletos de autos a la espera de ser reparados. Jaime tenía su acceso, es cierto. Aunque para todos los funcionarios del gobierno existía un techo salarial de 3500 pesos, su cargo le generaba un ingreso mensual de 20 mil. Así había quedado establecido desde los tiempos de la Alianza y así seguiría siendo. Veinte mil pesos era mucha plata. Pero además contaba con una caja chica para gastos sin rendición. Una caja que le giraba todos los meses la Dirección de Finanzas y que guardaba en su cajón del escritorio. Los fajos de billetes, sin embargo, se le iban ahora demasiado rápido. Todos los días recibía reclamos de agentes desacostumbrados a vivir con lo justo, pidiendo más plata para operativos, más plata para informantes, para viáticos. Lo increíble era que el presupuesto de la SIDE se había agrandado en 70 millones de pesos, pasando de 168 a 238 millones. ¿Por qué, si había más plata, Jaime tenía la sensación de que estaban más pobres que nunca? Las respuestas las tenía Sonia Fornacero, una amiga de Cristina, la mujer del Presidente, que había quedado a cargo de la Dirección de Finanzas. Pero ni Jaime ni el resto necesitaban hacer cuentas para saberlo. Otra vez la plata no quedaba en la SIDE. Otra vez se gastaba parte del presupuesto fuera de La Casa. Quién se lo llevaba y cómo era, desde ya, un misterio o un secreto inconfesable. Se hablaba de valijas que salían hacia el sur en el Tango 01. De vuelos especiales a otros lugares del planeta. Pero nada dejaba huellas. Al menos todavía.

Los nuevos jefes, a su vez, también desconfiaban de los agentes. Acevedo y Larcher sabían que los directores de La Casa eran todos de la línea histórica, pero no alcanzaban a comprender para quién trabajaban. ¿Mantenían lealtades con Anzorreguy, con Santibañes, con Soria, quizá con Miguel Toma? Jaime intentó demostrarles que no. Que ellos sabían obedecer y callarse. Primero le entregó a Acevedo la carpeta del espionaje que se había hecho sobre Kirchner en Santa Cruz. Y después le dijo, como siempre:

—Stiles, para servirle.

Kirchner, Acevedo y Larcher tardaron varios meses en convencerse de la lealtad de La Casa. O de creerse el engaño de la lealtad. Pero eran demasiado ajenos a ese mundo y creían necesitarlo. Si no era Jaime, ¿en quién otro iban a apoyarse? Podían manejar la caja y dar directivas, pero nadie puede dar las órdenes precisas en un lugar que no conoce. Y lo más grave: nadie puede dar las órdenes si no sabe lo que quiere.

Jaime Stiuso. Aldo Stiles. Antonio para los íntimos. No por nada había llegado tan lejos. Él sabía qué hacer con la SIDE y cómo caerle en gracia a los visitantes. Primero los llenó de carpetas. Si el Presidente se peleaba con los ministros de la Corte Suprema de Justicia, allí aparecían los antecedentes de cada uno de los jueces, con sus redes de amistades e influencias, sus opiniones públicas y privadas. Si el Presidente criticaba a algún banquero, allí aparecía la carpeta del banquero. Larcher se envalentonó enseguida. Todos los viernes le pasaba a Jaime la lista de actividades del Presidente para la semana siguiente. Y los lunes encontraba su despacho repleto de papeles e informes reservados.

La información fascina a los hombres. Y la información reservada los puede llegar a enloquecer. A todos los políticos que pasaron por la SIDE les ha ocurrido en mayor o menor medida. El saber de otros, el saber lo que quieren ocultar, el saber lo que puede ser enunciado, genera una sensación de dominio sobre los demás que resulta muy atractiva para determinadas personas o acaso para todas. A algunos, además, les atrae (les excita) el juego de sombras del mundillo del espionaje, donde nada es exactamente lo que parece o todo amenaza con convertirse en algo diferente a lo que luce. A Larcher le pasó algo de eso. Le encantó que lo llamaran Señor Ocho, el nombre en código asignado al subsecretario de Inteligencia, y empezó a pedir carpetas a su criterio, como quien se deja atrapar por un vicio en la noche. Larcher apuntó primero sobre los intendentes del conurbano bonaerense que respondían a Eduardo Duhalde. El ex presidente, cacique de la provincia de Buenos Aires, había impulsado la candidatura de Kirchner y se mostraba como su aliado, pero al mismo tiempo era su único rival visible dentro del Partido Justicialista, que lo era todo en la Argentina. Larcher quería que esas carpetas se mantuvieran actualizadas por si la pelea de Kirchner con Duhalde, que todos imaginaban inevitable, se desataba antes de tiempo. Hizo un pedido especial sobre Mabel Müller, diputada, amiga íntima del matrimonio Duhalde y casada con Oscar Rodríguez, el dirigente del peronismo bonaerense que acababa de pasar por La Casa en el mismo cargo que hoy tenía Larcher. Jaime conocía a todos los personajes. No tardó en convencer a Larcher de que Rodríguez y su mujer andaban en negocios raros y que estaban vinculados a una banda dedicada a la compra y venta de combustible robado. Unos meses más tarde, el propio Larcher haría circular el rumor de que tenía esa carpeta y otras más para ensuciar a los duhaldistas. Desde La Casa y gracias a La Casa, el gobierno amenazaba con iniciar el combate más esperado del peronismo.

La fascinación del Señor Ocho llegó a un punto extremo cuando descubrió las escuchas telefónicas. Larcher hizo algo inédito en la historia de la SIDE. Antes de cumplir dos meses como subsecretario, se hizo instalar una oficina en la base de Ojota, el lugar donde se grababan las escuchas de los teléfonos fijos y celulares. Era la primera vez que un funcionario político llegaba a tanto. Larcher quería escuchar en vivo las conversaciones que podían interesar al Presidente. Quería sacar sus propias conclusiones, sin intermediarios. En algunos casos, le llevaba los audios a Kirchner para reforzar sus informes. Y Kirchner escuchaba conversaciones de políticos rivales y propios como quien escucha una telenovela de la tarde.

Larcher debía mantener informado a Kirchner de todo lo que se detectaba en La Casa. De las carpetas, de las investigaciones sobre secuestros extorsivos, de las escuchas telefónicas y de los piqueteros, que seguían siendo controlados de cerca, con infiltrados en sus asambleas y marchas. La rutina era la misma de siempre. Todas las nochecitas, recorría los sesenta metros que lo separaban de la Casa Rosada y le mostraba a Kirchner el informe reservado que Jaime le había ayudado a preparar. La rutina obligaba a Larcher y a Jaime a una conversación cotidiana. Una conversación que de a poco fue encontrando puntos de contacto, intereses en común. Larcher se dio cuenta de que las batallas personales de Jaime podían serle funcionales al gobierno. Dos, por sobre todas: el fracaso del caso AMIA y aquel escándalo de las coimas en el Senado, que seguía sin aclararse. Jaime estaba en condiciones de repartir culpas que fortalecerían al nuevo Presidente, empecinado en presentarse como el emblema de una nueva forma de hacer política, aunque con un método de lo más ortodoxo: la búsqueda, perpetua, de enemigos oportunos. Y si Jaime sabía de algo, era de encontrar enemigos. Estaba en condiciones de culpar al gobierno de Menem por el fracaso en la investigación del atentado. Y al de De la Rúa por el escándalo de las coimas.

Confesión I

La Casa se reacomoda. Tiene sus tiempos, pero al final se reacomoda. La banda de Gordon se fue solita cuando llegó la democracia. Durante el gobierno de Alfonsín barrieron a los militares que quedaban. Con Menem volvieron algunos militares y ascendieron los Jaime, los Pfinnen, aparecieron los Brousson. Durante el gobierno de la Alianza, Brousson parecía dominarlo todo, hasta que la CIA dijo basta. Y entonces llegó la crisis, que le abrió las puertas a Jaime y a sus muchachos. Así era La Casa. Así es La Casa. Un organismo que parece pesado, de hormigón, pero capaz de reacomodarse según las conveniencias políticas y la cambiante coyuntura argentina. Hasta que hay que volver atrás y de vuelta a empezar.

Cuando esos cambios trascienden La Casa, hay que agarrarse. Y agarrarse bien fuerte. Puede pasar cualquier cosa. Una historia que se creía cerrada de repente se vuelve difusa, imposible de contener. O lo inverso. Las historias más oscuras de un momento a otro parecen clarísimas y encandilan.

Algo de eso ocurrió durante 2003 con el caso AMIA. En los tribunales federales de la ciudad de Buenos Aires, desde hacía casi dos años se desarrollaba el juicio oral por el atentado. Tres jueces, Miguel Pons, Gerardo Larrambebere y Guillermo Gordo, intentaban probar la culpabilidad o inocencia de cinco acusados. Carlos Telleldín y los policías Juan José Ribelli, Irineo Leal, Mario Ibarra y Diego Barreda. Allí estaban, los cinco, sentados frente al tribunal en una sala repleta de policías, testigos, abogados y periodistas. La suerte de los acusados dependía, en gran medida, del pago a Telleldín. Si se probaba que Telleldín había recibido 400 mil dólares antes de culpar a Ribelli y los otros policías, la causa estaba condenada a caerse en pedazos. Pero tenían que probarlo. No podían dejar ninguna duda de que se había pagado por el testimonio clave del caso. Y Jaime, otra vez él, se encargaría de eso.

La clave se llamaba Isaac García. De los agentes que habían participado del pago a Telleldín, García era el único que seguía en la SIDE. A los 43 años, con veinte en La Casa, era un agente de medio escalafón pero con muchas batallas de las que se sentía orgulloso. Había sido uno de los agentes estables de Sala Patria y a las órdenes de Pfinnen había viajado por varios países de Sudamérica en la búsqueda de Gorriarán Merlo. A las órdenes de Pfinnen, en 1996 se había logrado infiltrar en el entorno de Moshen Rabbani, el principal sospechoso del caso AMIA, hasta hacerle de chofer durante un par de semanas. Siempre a las órdenes de Pfinnen, García también había participado del primer pago a Telleldín. Había tenido un rol secundario en el operativo: tuvo que sentarse en un bar para observar la operación a distancia y controlar que nada extraño pasara. García debía toda su carrera a Pfinnen, pero Pfinnen ya no estaba en La Casa. Ahora Jaime tenía el poder. Y tenía que hacerlo hablar.

La semana del 18 de julio de 2003, poniendo como excusa un nuevo aniversario del atentado a la AMIA, el programa Informe Central, que conducía Rolando Graña, en América 2, pasó al aire una escucha telefónica hasta ese momento desconocida para casi todos los argentinos. La audiencia del programa no podía preguntar y menos podía saber cómo había llegado esa escucha telefónica a un programa de la televisión abierta. Pero ahí estaba. Era una conversación que habían tenido la mujer de Telleldín, Ana Boragni, con el agente de la SIDE Héctor Maiolo, uno de los encargados del pago. La conversación era confusa, ella le decía que estaba yendo a un lugar (el banco) y el agente intentaba tranquilizarla y le decía que iba a salir todo bien. La conversación retrataba la tensión previa al depósito de 200 mil dólares que se había hecho en el banco de Ramos Mejía, allá por junio de 1996.

¿Cómo se había filtrado esa escucha? ¿Qué significaba esa conversación que ni siquiera era conocida en el juicio donde se resolvía el caso? Jaime era el responsable. Él había recuperado la conversación en su inspección de la base de Coronel Díaz, una vez que Pfinnen fue desplazado. Y él la había hecho llegar hasta el programa de televisión. Pero ahora tenía que hacerse el distraído. Debió actuar con indignación y sorpresa ante Larcher. O quizá Larcher debió actuar con indignación y sorpresa ante el Presidente. O quizá todos sabían del juego y actuaban indignación y sorpresa. No importa. Lo cierto es que la escucha telefónica los llevó a abrir un nuevo sumario interno sobre el caso AMIA. En teoría, para saber cómo se había filtrado la escucha. En realidad, todo un circo para hacer hablar al agente Isaac García.

Jaime lo interrogó en su despacho de la central de 25 de Mayo. Fue una tardecita, cuando la SIDE ya se vacía de burócratas y no se sienten movimientos de ascensores ni suenan los molestos teléfonos. Del interrogatorio participó también el director de Análisis, Alberto Massino, un hombre importante en la estructura interna y que venía sobreviviendo a todo gracias al difícil arte de hacerse el distraído y esquivar las balas de todos los enfrentamientos que veía a su alrededor. Pero volvamos al agente García. Ahí estaba él, de cara a dos de los máximos referentes de La Casa. García empezó por hacerse el ofendido. Nada podía decir porque había sido una operación secreta. Nadie lo podía obligar a violentar el viejo derecho al secreto, que tanto los protegía de la mirada del afuera. Jaime lo observó, sin mostrar apuro. Durante largos minutos. Sin decir una palabra. Hasta que se levantó, fue hasta las ventanas y bajó las persianas. Fue un gesto de apariencia inútil, sin sentido, pero que sumió a su oficina en un espacio cerrado, lúgubre, asfixiante. Ya no estaba la vista de Puerto Madero y el río marrón. Ya no había vida del otro lado del vidrio. Ahora estaban ellos solos. Estaban Jaime, Massino y el agente Isaac García, a cada minuto más agobiado.

Tardaron dos, tres, cuatro horas. Sólo ellos conocen los detalles. Pero cerca de las nueve de la noche, Jaime salió de su oficina y fue hasta el escritorio de su secretaria. Le pidió una comunicación urgente con Acevedo o con Larcher. Quería hablar con alguno de ellos.

Esa misma noche, Acevedo escuchó a García contándole los detalles del pago a Telleldín. Su posición en el bar. La plata. Los nerviosismos de todos. Lo que sabían Anzorreguy y Galeano. Esa misma noche, Acevedo ordenó que Isaac García fuera llevado a la mañana siguiente a la Justicia. Para reconocer el pago en forma oficial. Para dar vuelta el caso más importante de la historia judicial argentina.

El juicio

Isaac García repitió su historia ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que había reemplazado a Galeano, a esa altura desplazado de la causa porque ya era evidente su falta de objetividad. La confesión de García disparó otras. A pedido del tribunal del juicio oral, Kirchner decidió entonces firmar un decreto autorizando a todos los agentes y ex agentes de la SIDE a dar su testimonio en el juicio, para que contaran todo lo que sabían sobre el caso AMIA. El secreto profesional, por esta vez y para este caso, se había terminado.

Así fue como ocurrió. Entre agosto y septiembre de 2003, todos declararon en el juicio. Jaime, Pfinnen, Brousson, Pinocho González, El Gordo Miguel, hasta Hugo Anzorreguy. La declaración de Jaime duró dos días de siete horas cada uno. Se presentó de saco pero sin corbata, con un pesado portafolio negro del que iba sacando informes reservados a medida que le preguntaban. Se mostró soberbio, intolerante, trató mal a la abogada de la DAIA, Marta Nercellas. Pero en lo sustancial, fue letal. Culpó al juez Galeano por el pago a Telleldín, lamentó que no se hubiera detenido a tiempo a Moshen Rabbani y dijo que había sido apartado del caso porque no apoyaba la falsa pista contra los policías que estaban siendo juzgados en ese preciso instante. Son muchas las cosas que omitió decir Jaime, pero no estaba allí para ser juzgado él. Lo que había ido a hacer, ya lo había hecho. Dos días más duró la declaración de Patricio Pfinnen, dos la de Alejandro Brousson y dos la de Pinocho González. El Gordo Miguel apenas interesó a los jueces.

Mucho más le exigieron a los que habían participado del pago a Telleldín. Les pidieron un relato detallado. Cómo habían recibido la orden, los fajos de billetes, el traslado del dinero, el primer contacto con la mujer de Telleldín, la elección de los bancos donde se hicieron los depósitos. La memoria de los espías no tenía demasiados puntos en blanco. Isaac García aportó un comprobante para demostrar que su versión era cierta. Era un ticket del bar de Ramos Mejía donde había hecho su guardia el día del primer pago. García había tomado una gaseosa y se había guardado el ticket durante siete años. Bien típico de La Casa. Los agentes saben que su poder reside en los secretos que conservan. Ese ticket valía cien, mil o un millón de veces los dos pesos de la Coca-Cola tomada en sorbos. Las declaraciones de los agentes y ex agentes de la SIDE definieron el juicio, que terminó meses después con la absolución de los cinco acusados, el pedido de juicio político contra el juez Galeano y, finalmente, su destitución. El argumento de los espías fue que no podían negarse a hacer el pago porque se los había ordenado un juez. Dijeron que ninguna regla interna los autorizaba a desobedecer a la Justicia. Pero no dijeron que tampoco existían reglas que los autorizara a sobornar. En definitiva, todos ellos, hasta Anzorreguy, se habían comportado como si fueran parte de una comedia. Los vientos de La Casa ahora soplaban para ese lado. Total, el único que pagaría era el juez. A él le echaron la culpa de todo, porque si algo se aprende en La Casa es que a los muertos siempre los ponen los otros. En este caso: Galeano. Y a lo sumo los fiscales. Pero no todos. Atención ahora. Mucha atención. El caso AMIA había tenido, desde el principio, dos fiscales, Eamon Mullen y José Barbaccia, quienes acabaron desplazados del caso por supuesta complicidad con las tropelías cometidas por el juez Galeano. Pero esos fiscales no estuvieron siempre solos. Cuando en 1999 se empezó a preparar lo que iba a ser la elevación a juicio oral de Telleldín y los policías, Eamon y Barbacchia pidieron un tercer fiscal para que los ayudara en esa tarea tan engorrosa. Ese tercer fiscal estuvo trabajando junto a ellos durante casi cinco años. Vio la elaboración de los indicios, participó de la obtención y el análisis de la prueba, y durante el juicio oral fue una de las voces más escuchadas entre los acusadores. Es más. Ese fiscal pidió duras condenas contra los acusados, a los que creía cómplices del mayor atentado de la historia argentina. En ese tiempo usaba bigotes y era reconocible a la distancia, por su particular manera de pararse, siempre con las manos en los bolsillos y los hombros levantados. Se mostraba hiperquinético y era muy simpático con los periodistas, para quienes estaba siempre accesible. El nombre del fiscal iba a ser conocido por todos los argentinos muchos años más tarde. Era Alberto Nisman.

Coimas

A Mario Pontaquarto se lo conoce como El Arrepentido. Pero en realidad es un Quebrado o, según como se mire la historia, un verdadero profesional de la mentira. A los 41 años era un testimonio vivo de lo que los argentinos temen de la política. Afiliado al radicalismo desde su juventud, había hecho toda una carrera de burócrata de las estructuras partidarias y acabó como funcionario de segunda línea en el Congreso. Había ocupado cargos de escribiente, asesor y finalmente había sido designado prosecretario parlamentario del Senado, un lugar que lo hacía responsable de todo el papeleo que suponen las sesiones. También se ocupaba de la rosca política. Llevar y traer propuestas. Juntar voluntades. Ser correo de las ambiciones, bondades y miserias de sus jefes. Pontaquarto era uno de los sospechosos de repartir las coimas que, en el año 2000, se habían pagado a senadores peronistas para que apoyaran el proyecto de reforma laboral que impulsaba el gobierno de Fernando de la Rúa. Algunas declaraciones de los senadores, algunos anónimos todavía más concretos, habían hecho del pago de las coimas un trascendido demasiado creíble pero todavía incomprobable. La Justicia venía mostrando otra vez su incapacidad para develar los asuntos que molestaban a la clase dirigente. Aunque varios senadores habían sido interrogados y se habían revisado las cuentas de la SIDE —o más bien, lo que quisieron mostrar desde la Dirección de Finanzas—, ni siquiera los informes de la SIGEN parecían ayudar a esclarecer el caso. Otra vez, un escándalo de corrupción parecía condenado a quedar impune.

Hasta que Pocino volvió a La Casa. Ex jefe de personal durante el gobierno de la Alianza, Fernando Pocino era un histórico de la SIDE que, después de pelearse con la conducción de Santibañes, había sido enviado a Santiago de Chile como delegado. Era un destino de castigo, donde lo mejor que podía pasarle era una tarde de golf —deporte en el que se defendía— o algún que otro brindis entre diplomáticos. De espiar, ni hablar. No había con Chile ningún conflicto a la vista y lo único que había hecho Pocino había sido acumular bronca durante meses. Con la llegada de Kirchner, había vuelto para ocupar nada menos que la dirección de Inteligencia Interior, cargo que tuvo que dejar vacante Gustavo Mango, desplazado por ser el responsable directo de la investigación sobre Kirchner en Santa Cruz.

Pocino volvió al nudo del poder de la SIDE gracias a dos personas. Primero, bajo el cobijo o al menos la aceptación de Jaime, el único con facultades para habilitarle un cargo de tanta importancia dentro de la estructura interna. Pero además, porque Pocino tenía la venia de Cristina Kirchner. Así es, de la senadora y primera dama. Porque se conocían. Durante la década del noventa, Pocino había sido delegado de la Secretaría en la Comisión Bicameral del Congreso donde se había investigado el atentado a la AMIA. En esa Comisión se había destacado Cristina, entonces diputada, y él le había sido de gran ayuda en sus cuestionamientos al trabajo de Galeano. Cristina recordaba perfectamente a Pocino y fue consultada para que ratificara su apoyo. Así que un día volvió Pocino y volvió con todo. Fue él quien le llevó la idea: había que quebrar a Pontaquarto y lograr su confesión en el pago de las coimas. Eso iba a demostrar que la SIDE renacía de sus cenizas convertida en una Secretaría nueva, transparente, liberada de sus roñas recientes. La clave para probar el caso debía encontrarse en la Dirección de Finanzas. Al parecer, como agradecimiento por su rol de repartidor de las coimas, Santibañes le había prometido a Pontaquarto un cargo como delegado de la SIDE en París. El banquero no había podido cumplir con la promesa por su renuncia anticipada, así que Pontaquarto, pobrecito, como alma en pena, cada tanto se aparecía en la SIDE reclamando su puesto. No era difícil adivinar por qué reclamaba tanto.

Pero en las cuentas de la Dirección de Finanzas era imposible encontrar rastros de las coimas. Las cuentas de Operaciones Especiales seguían borrando huellas y si quedaba alguna cosa seguramente se la habían llevado la noche del 19 de diciembre de 2001. No, por ese lado no iban a descubrir nada. Fue Salinardi, ya lejos de La Casa, el que dio la pista clave: si quedaba algún rastro sobre el pago de las coimas, debía estar en los teléfonos celulares de los funcionarios. ¿Cómo era eso? Muy sencillo. Como había ocurrido durante la gestión de Anzorreguy, la SIDE les daba y todavía les da celulares a los jefes de La Casa y al entorno del Presidente. Celulares seguros, de esos que no se pueden interferir fácilmente. Al despedir a Salinardi, la Dirección de Finanzas se había quedado sin testaferros y tuvo que usar otra empresa para poner a su nombre los teléfonos. Era lo que se hacía siempre, para evitar que figuren a nombre de la SIDE. A Jaime no le costó nada averiguar el nombre de la empresa, porque uno de los nuevos testaferros era el agente Isaac García. Sí, el mismo que había abierto la puerta para develar el pago ilegal a Telleldín, le tendía otra puerta para develar el caso de las coimas.

La operación fue muy similar a la otra. Estuvo Isaac García y también el mismo programa de televisión, Informe Central. En septiembre de 2003, el programa presentó un informe exclusivo donde se sostenía que la prueba del caso de las coimas estaba oculta en una empresa fantasma de la SIDE. La empresa se llamaba Canteras Brandsen, a través de la cual se habían comprado veinticinco teléfonos Nextel, distribuidos para su uso entre la plana mayor de la SIDE y miembros del gabinete de De la Rúa. Con esos aparatos, decía el informe, se habían comunicado los jefes de la SIDE con algunos senadores y con el repartidor de las coimas.

La novedad generó algún revuelo en el Congreso, pero todavía era un dato confuso, difícil de ligar a las coimas. Quien lo sintió más cerca fue Pontaquarto. Él sabía de los teléfonos. Él sabía que si seguían esa pista, si averiguaban los contactos, descubrirían sus llamadas a la SIDE los días previos y el mismo día del retiro de las coimas. Jaime volvió a hacerse el sorprendido y convenció a Larcher de abrir un nuevo sumario interno. Los sumarios encantaban a Jaime, porque le permitían avanzar, gracias al poder de su cargo, en los secretos de La Casa que aún le eran esquivos. Con un sumario interno podía pedir testimonio a los agentes que no lo querían, podía pedir informes a la Dirección de Finanzas —todavía repleta de hombres fieles a Anzorreguy—, o incluso en la base Billinghurst, ahora sede de la Dirección de Reunión, donde su ascendencia era muy débil. A cargo del sumario quedó Pocino, que había sido el mentor del plan. Pocino le tomó declaración a todos los que podían saber de la empresa Canteras Brandsen y también a Isaac García. Fue él, otra vez, el que le contó cómo era la cosa. García tenía la lista completa de los teléfonos y, lo más importante, conocía quiénes eran sus usuarios.

¿Cuánto de esto supo Pontaquarto? Lo supo todo. La noche en que vio por televisión el informe, empezó a darse cuenta de que estaban a un paso de ir por su cabeza. Su paranoia fue en ascenso cuando la periodista Fernanda Villosio, de la revista TXT, lo llamó días después para preguntarle por Canteras Brandsen. Villosio venía persiguiendo a Pontaquarto desde hacía casi dos años, convencida de que él era la clave del caso. Después de ese llamado, Pontaquarto inició un lento y privadísimo camino hacia la confesión. Se estaba quebrando, como querían Jaime y Pocino.

Confesión II

Las conclusiones del sumario fueron presentadas la primera semana de diciembre en el juzgado federal de Canicoba Corral. Decía que Pontaquarto visitaba la SIDE una vez por mes desde hacía por lo menos dos años, que había estado en la central de 25 de Mayo la tarde del 18 de abril, en la que, se creía, se habían entregado las coimas. El informe también acompañó un entrecruzamiento de los teléfonos Nextel de Canteras Brandsen. El entrecruzamiento demostraba contactos entre Pontaquarto y la secretaria de Santibañes, Gladys Mota, el día en que se retiró el dinero. Y había un detalle más: gracias a sus hackers, la SIDE había descubierto que el 10 de mayo de 2000, dos semanas después de la sanción de la Ley Laboral, Pontaquarto había depositado veinte mil dólares en el Banco Francés. ¿Era una porción de su parte?

Pontaquarto conoció el informe antes que nadie y supo que no tenía escapatoria. Pidió apoyo del gobierno a través de un personaje secundario en muchas de las tramas de espionaje de este tiempo: Daniel Bravo, hijo del histórico dirigente socialista y desde hacía tiempo vinculado al mundo de River y de la Secretaría de Inteligencia, uno de esos dirigentes que deambulan siempre los márgenes de la política pública. Bravo era amigo de Pontaquarto y lo acercó al jefe de gabinete de Kirchner, Alberto Fernández, para ver si le podían dar cobertura. Pontaquarto quería confesar, pero esperaba protección, esperaba no estar tan solo.

En ese trajín se fue Acevedo. El jefe de cejas grandes debía asumir la gobernación de Santa Cruz, como estaba previsto, y dejó su lugar al gobernador saliente, Héctor Icazuriaga. Fue un enroque decidido por Kirchner, a quien le encantaba eso de cambiar funcionarios como si fueran fichas sobre un tablero de damas. El Vasco Icazuriaga había nacido en Chivilcoy, en la provincia de Buenos Aires, pero se había mudado a Santa Cruz hacía veinte años, hasta convertirse en gobernador. Siempre estuvo a las órdenes de Kirchner y, a diferencia de Larcher, era muy querido por Cristina. Ahora debía abandonar la gobernación para dejarle su lugar a Acevedo. Y debía ocupar la SIDE. Sin chistar.

Las primeras veinticuatro horas de Icazuriaga en la SIDE fueron las más excitantes de su vida. Llegó a la central el 11 de diciembre y al día siguiente ya se estaba cerrando la operación de las coimas. Pontaquarto primero cumplió con la promesa que le había hecho a la periodista Fernanda Villosio y le concedió una entrevista que se publicó esa misma noche en la revista TXT. Luego fue a Tribunales y ratificó su confesión ante el juez Norberto Oyarbide. Su testimonio fue similar o idéntico en ambos casos. Dos años antes, a pedido de Santibañes, había ido a la SIDE a retirar cinco millones de dólares. Contó que había ingresado a la central de 25 de Mayo por el garaje, lo habían guiado hasta la caja fuerte del octavo piso y ahí le habían entregado la plata. Pontaquarto contó que repartió la plata entre los senadores peronistas que, a cambio, apoyaron la reforma laboral que tanto había deseado la Alianza.

En las dos confesiones, Pontaquarto había dicho lo mismo: que empezó a quebrarse cuando se conoció el informe sobre los teléfonos de Canteras Brandsen. Pero nada contó del informe de la SIDE que ya lo señalaba como el repartidor de las coimas. La diferencia era sustancial. La diferencia estaba en que la SIDE había metido su mano. Pontaquarto se presentó como un arrepentido, pero en realidad era un quebrado. Que es parecido, pero no es igual. Si Pontaquarto no confesaba, de todos modos iban a ir por él.

La noche del 12 de diciembre, mientras Mario Pontaquarto se quebraba ante Oyarbide, Icazuriaga recorrió los sesenta metros hasta la Casa Rosada y entró en el despacho de Kirchner. Era su primera visita como jefe de la SIDE.

—Hace un día que asumí y ya resolvimos el caso de las coimas —se jactó El Vasco.

Por supuesto, no se trataba de una operación de transparencia. Lo que había ocurrido era un movimiento táctico. Los muchachos de La Casa le estaban demostrando al Presidente toda su lealtad. Le avisaban que ya estaban alineados con el nuevo tiempo político.

Filmaciones en la plaza

La SIDE de los sobornos era la SIDE del pasado. La SIDE que destruía el caso AMIA era la SIDE del pasado. Todo estaba por hacerse.

Como había ocurrido durante el gobierno de Alfonsín, durante el primer menemismo y con la aparición de la Alianza, el gobierno de Kirchner llegó con la promesa de refundarlo todo. El 19 de octubre de 2003, el jefe de gabinete Alberto Fernández, encargado de transmitir en ese tiempo el pensamiento oficial, aseguró a los medios que el Presidente estaba decidido a terminar «con la SIDE que controla a sus adversarios políticos, la SIDE que persigue a los argentinos, la SIDE que pincha teléfonos». Fernández prometía, a cambio, «una SIDE que sirva para que el Estado tenga la información necesaria para proyectar un plan de desarrollo para el país». Era otro anuncio de la nueva Argentina.

La Argentina que no existía ni iba a existir. Pocos días después se iba a comprobar que nada de nada había cambiado realmente. El 20 de diciembre de 2003 se cumplían dos años de la rebelión que había apresurado la renuncia de De la Rúa y en recuerdo de aquellos días de horror y caos se había convocado a una multitudinaria marcha a la histórica Plaza de Mayo. Movimientos piqueteros, organizaciones de izquierda, vecinos que salían de sus trabajos. Miles y miles se encontraron esa tarde y noche en la plaza, para protestar, para recordar, para sentirse una vez más parte de algo capaz de cambiar las cosas. Y la SIDE los estaba esperando. Como de costumbre.

De las manifestaciones se ocupaban los callejeros de la base Estados Unidos o los revoltosos de Billinghurst. Era indiferente. Dependía de quién diera las órdenes en el momento previsto para la misión. Por esta vez les tocó a los de Estados Unidos, quizá porque necesitaban instalar filmadoras y en esa base estaban los mejores técnicos. El Gordo Miguel, jefe operativo, encargó el control de la plaza a la División Servicios Tecnológicos de la base. Esa división había sido creada por Jaime unos años antes. Ahí trabajaban los mismos tipos que habían instalado las cámaras ocultas en el juzgado de Galeano, los que se ocupaban de instalar scanners de teléfonos a distancia, como los que, se decía, apuntaban sobre los Tribunales o sobre el Congreso. Eran los técnicos especializados en aparatos de espionaje. Los pichoncitos de Jaime. Los jaimitos.

Instalaron cuatro cámaras alrededor de la plaza. Dos apuntaban desde la central de 25 de Mayo, en dos ventanas que miraban en diagonal hacia el centro de la plaza. Otra cámara más fue colocada en la terraza del Ministerio de Economía, en el lado sur de la plaza, y una cuarta en la Catedral, del lado norte. Las imágenes que tomaban las cámaras eran enviadas en crudo a la sala de análisis del quinto piso de la central, la misma sala desde donde habían observado los días de furia de 2001 y la represión en el puente Avellaneda. Una de las cámaras, esta vez, iba a detectar el momento exacto en que un explosivo se activaba dentro de un tacho de basura. En el medio de la plaza, entre los cánticos y la agitación de la masa, el tacho voló por los aires lanzando piedras y tornillos como esquirlas. Los manifestantes salieron corriendo, asustados y a los gritos. Algunos heridos debieron ser llevados al hospital. Un pequeño desastre que recordó lo más doloroso del tiempo que se evocaba.

El juez federal Norberto Oyarbide, el mismo que había sido filmado a los besos con un falso vikingo, fue el encargado de intentar esclarecer el incidente. Tenía que averiguar quién había colocado la bomba y para eso necesitaba saber qué tipo de bomba era. Citó a los manifestantes que habían estado cerca del tacho, encargó pericias sobre los restos del explosivo, pero no logró demasiados avances. Semanas después alguien le dijo que la SIDE había filmado la manifestación de la plaza. Y se tiró un lance. El 6 de enero de 2004, le pidió a Larcher una copia de las cintas. La respuesta tardó pero, para sorpresa del juez, finalmente llegó. Llevaba la firma del director de Asuntos Jurídicos, Hugo Gándara, uno de los pocos sobrevivientes de la era Anzorreguy. En un sobre cerrado, la SIDE le entregó un casete VHS que prometía tener todo el registro de la manifestación. No eran las filmaciones crudas, sino un casete editado con el material que la SIDE consideraba de importancia. Era curioso que la SIDE aceptara haber filmado una manifestación. Pero más llamativo fue el resultado. El juez repasó la cinta. Al principio eran imágenes de los manifestantes, llegando a la plaza, completando la plaza, cantando o caminando, con euforia o sin ella. Al rato el juez abrió su anotador: la cámara de la Catedral hacía foco sobre la zona donde estaba el tacho de basura. El juez esperó y espero a ver la explosión. Esperó y siguió esperando. Esperó y siguió esperando hasta que supo que ese momento no llegaría nunca. De pronto, de repente, la edición enviada por la SIDE cambió de imagen y pasó del tacho al registro de otra de las cámaras, que grababa otro sector de la plaza donde se vio con total claridad no la explosión sino la reacción de los manifestantes ante la explosión. Sus caras de asombro, sus gestos de espanto y miedo, los gritos masivos, hombres y mujeres corriendo con pánico unos sobre otros.

—¿Y qué carajo pasó con la explosión?

El juez llamó por teléfono a la SIDE y pidió hablar con Gándara. No estaba, pero pudo dejar su recado. La explicación le llegó unos días después, en un informe escrito, de diecinueve páginas, donde la SIDE le explicaba a la Justicia que la grabación de una de sus cámaras había sufrido un «borrado parcial» de siete minutos producido en forma «accidental» justo en el momento de la explosión. ¿Justo en ese instante? Sí. Justo en ese instante. Y justo en esa cámara.

El tramo de la explosión, decía el informe, «había sufrido un inconveniente lamentable». Se hacía cargo de la falla un agente de nombre Néstor Kukar —un nombre seguramente falso—, a quien le habían encargado hacer la copia del video en un laboratorio de la SIDE. La explicación de Kukar fue sorprendente. Quedó agregada en el expediente 19 517/04 del juzgado de Oyarbide, expediente que sólo tenía destino de cierre. Según el supuesto Kukar, estaba haciendo la copia de la cinta cuando de repente se produjo un corte de energía en la SIDE. Imaginemos al pobre Kukar, encerrado en una oficina, totalmente a oscuras, toqueteando sin ver a los equipos electrónicos, para intentar adivinar por qué se había producido el cortocircuito. El agente Kukar relató que la luz volvió siete minutos más tarde, cuando desenchufó la cafetera. «Luego de revisar el lugar —declaró—, se constató que la cafetera había producido el cortocircuito». Pero eso no era todo. Al volver la luz, el agente retomó a su trabajo con la videograbadora y descubrió «que se habían borrado esos siete minutos». Imaginemos la desesperación del agente Kukar, acaso temiendo por su empleo, pensando en las duras represalias que iba a sufrir porque la videograbadora había sobrecopiado y borrado el único tramo que de verdad importaba. Imaginemos, porque el agente Kukar —si existe— debió matarse de risa con su declaración. Como se debió haber matado de risa Gándara, el director de Legales de La Casa, que junto a la declaración del agente envió al juez una pericia técnica —sí, una pericia— donde se dio por verificado el problema de la maldita cafetera. Con una explicación y todo: la cafetera, explicó la SIDE, tenía un cañito de plástico roto, por donde perdía agua. Esa pérdida provocó el lamentable desperfecto.

Vaya mala suerte. Un accidente lamentable borró una prueba fundamental para conocer la verdad sobre la explosión. ¿Acaso a un agente de La Casa había colocado el explosivo? Por culpa de un accidente lamentable, no lo sabremos. Por culpa de un accidente como el que había aplastado a la señora que le daba de comer a los gatos frente a la Escuela de Inteligencia. O como muchos otros que, por accidente, no conoceremos jamás.

Secuestros

Para Kirchner, los primeros meses de su gobierno fueron realmente buenos. La crisis que había estallado a fines de 2001 todavía se sentía muy cerca y la sociedad parecía satisfecha con el estilo belicoso del Presidente, que se mostraba como un líder de mano firme, inflexible frente a los poderosos. Kirchner cuestionó con dureza a las debilitadas Fuerzas Armadas, descalificó y apuró la remoción de los jueces de la desprestigiada Corte Suprema de Justicia y despotricaba en público contra el Fondo Monetario Internacional —aunque pagaba puntualmente las deudas— y los lobbistas del establishment. Las encuestas señalaban, sin embargo, una preocupación que podía amenazar su imagen: la cada día más inquietante inseguridad, que se exponía en secuestros extorsivos, una modalidad delictiva que había estallado en el año 2002 y podía afectar no sólo a los ricos y famosos, sino a cualquier vecino. Una tarjeta de débito bancario podía costarte la vida. Unos pesos en el bolsillo también.

Antes de filmar a los argentinos en Plaza de Mayo, antes de acorralar a Pontaquarto y de terminar de resolver sus batallas internas, los muchachos de Jaime estaban embarcados en la investigación de los secuestros. Jaime conocía el tema, sabía cómo trabajarlo. Llevaba veinte años trabajando junto a la Policía Bonaerense y tenía en funciones a un equipo especial dedicado sólo a eso. Al equipo lo dirigía El Gordo Miguel. ¿Sabía Kirchner quién era El Gordo Miguel? Quizá no, todavía. El Gordo era uno de los tantos a quienes el secreto lo salvaba de cualquier cuestionamiento. Durante la dictadura, había sido el chofer del jefe, de Otto Paladino, al que más de una vez llevó hasta la cueva de los torturadores, la cueva de Orletti. ¿Pero tenía, El Gordo Miguel, las manos manchadas con sangre? Nadie hablaba de eso en la base Estados Unidos. Nadie hablaba de eso en La Casa. El Gordo Miguel ahora era un peso pesado de manos grandotas y rápidas, a quien el Estado le había dado la responsabilidad de proteger a los ciudadanos. Nadie tenía por qué saber quién era el jefe de la Unidad Antisecuestros de la SIDE. Nadie, ni siquiera los jueces que les encargaban los trabajos. Y si alguien llegaba a preguntar, los alias se encargaban de borrar cualquier huella del pasado. El Gordo Miguel había sido Roberto Silo y antes quién sabe quién. Su verdadero nombre era Roberto Saller, pero jamás lo había usado fuera de su casa de Ramos Mejía. Ahora se le sumaba un nuevo apodo. Lo empezaban a llamar Moyano, por su sorprendente parecido con Hugo Moyano, el líder de la CGT. Él festejaba la coincidencia. Era muy jodón El Gordo. Con un humor brutal y precario, capaz de tocarse el testículo izquierdo en medio un tiroteo o de eructar justo cuando estaban escuchando al secuestrador que negociaba un rescate con la familia de la víctima.

El lugar de trabajo de la Unidad Antisecuestros era el segundo piso de la base Estados Unidos, en un salón de 150 metros cuadrados, sin ventanas, donde funcionaba la sala de operaciones. Sobre una de las paredes del salón, habían pegado fotos de sospechosos de narcotráfico, organigramas de supuestas bandas de secuestradores, mapas del conurbano bonaerense marcados con zonas rojas, azules o amarillas, que querían indicar barrios controlados, fuera de control o barrios por conocer. En el centro de la sala de operaciones había una mesa oval. Allí se reunían dos veces por semana Garnica, El Gordo Miguel y el resto de los muchachos. Veinte, treinta tipos a los que el Estado les daba un poder casi absoluto. Jaime solía sumarse a las reuniones para bajarles las directivas y repasar los operativos que estaban en marcha. Jaime sabía administrar la información. Les daba un poco y se guardaba el resto. Les hacía creer que sabían todo, cuando en realidad sólo conocían una partecita.

Aunque Jaime tenía poder sobre toda la SIDE, a la base de Estados Unidos le encargaba los mejores trabajos y le asignaba la mejor tecnología y el presupuesto más elevado. Ésa era su base. Allí estaba su cueva, El Taller. Gracias a su insistencia, en junio de 2003 llegó a la base el equipo que permitía capturar comunicaciones por radio, tipo Nextel, un sistema muy sofisticado que venía a resolver un problema serio para las investigaciones. Hasta ese momento, nadie en la Argentina podía escuchar las conversaciones por handy, aparatos que eran muy usados por policías y también por delincuentes, quizás enterados de esas limitaciones. A esa tecnología la había encargado Santibañes en Finlandia, hacía ya tres años, pero la CIA había neutralizado la operación como represalia a la SIDE por la crisis de Ross Newland. La compraventa recién se liberó durante la gestión de Miguel Toma y ahora, por fin, llegaba a la base Estados Unidos. Jaime se sentía invulnerable. Desde su base ya tenían un poder casi total para espiar a los argentinos. Podían interferir los Nextel con el chiche nuevo. Podían interferir las comunicaciones de los teléfonos satelitales, podían escuchar teléfonos fijos o celulares, interferir correos electrónicos y hasta colarse en computadoras ajenas. Todo eso al margen de Ojota, la base encargada de las escuchas oficiales sobre teléfonos fijos y celulares. Todo eso a espaldas del control del Congreso, donde los legisladores sólo preguntaban —entre ilusos o cómplices— por las conexiones oficiales de Ojota.

La SIDE intervenía en todos los casos de secuestros que se denunciaban en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. Había una rutina muy aceitada. Los jueces y fiscales, apenas se enteraban de un caso, llamaban a Garnica o, si tenían llegada, directamente a Jaime. El Gordo Miguel iniciaba la investigación sobre su lista de sospechosos de siempre. En la sala de operaciones tenían pegadas las fotos de decenas de ladrones y pistoleros del conurbano. Ahí estaban El Negro Sombra, Lalá Fernández, Manolo. Eran los secuestradores del momento. Ante cada nuevo secuestro, El Gordo Miguel llamaba a los contactos de La Casa en la Policía Bonaerense para preguntar por los sospechosos. ¿Sabían en qué andaba El Negro Sombra? ¿Seguía Lalá Fernández por la zona de Pacheco? Esos primeros contactos servían para tener una idea sobre si alguna de las bandas más pesadas estaba detrás del secuestro del momento. Era la primera señal, el primer acercamiento. Pero no había caso: siempre se dependía de la Policía Bonaerense. Si los policías los engañaban, era difícil dirigir con acierto cualquier investigación.

Kirchner desconfiaba de esa colaboración. El Presidente era uno de esos tipos que siempre encontraba explicaciones más o menos conspirativas de las cosas y creía que si los secuestros no se detenían, era porque la Policía de la provincia no quería. O porque eran cómplices o porque eran inútiles. Para el caso era lo mismo. Jaime conocía bien a esa maldita policía y no estaba en condiciones de desmentir las sospechas, aunque prefería manejarlo a su manera. También Jaime tenía cosas para ocultar y la idea no era sacar los muertos de todos los placares del mundo sino administrarlos con inteligencia. Acordó con Larcher dar un golpe ruidoso para mandar un mensaje a los policías bonaerenses y a Kirchner. De esos golpes que a Jaime tanto le gustaban.

La madrugada del 25 de octubre, El Gordo Miguel y un grupo de callejeros hizo lo que nunca antes. Sin apoyo de la policía, se tiroteó con una banda de secuestradores. Fue en Don Torcuato, cerca de la Panamericana. La banda era buscada por el secuestro de Pablo Belluscio, un estudiante de biología de 23 años, que estaba desparecido desde hacía poco más de un mes. Los muchachos de El Gordo Miguel recibieron el dato del lugar donde se movía el jefe de la banda, un tal Manolo, y lo fueron a buscar. El encuentro acabó en un tiroteo terrible. Los muchachos habían llegado hasta una villa en dos autos Megane y el apoyo de una camioneta Fiorino. Estaban solos, sin el auxilio de nadie, y sacaron sus armas y escopetas. Quizá no midieron la reacción de los secuestradores. Los tipos eran pesados y salieron al choque. Se refugiaron detrás de dos autos para disparar a los agentes de la SIDE. En el medio de la balacera uno de los agentes fue herido. Un balazo en el traste.

—Que vaya al médico —ordenó Jaime, que seguía el enfrentamiento desde su oficina. No estaba para dar muestras de sensiblería barata.

El agente herido fue llevado esa madrugada a una clínica de San Isidro, donde le sacaron la bala. Salvo ese percance, el operativo había sido un éxito. Agarraron a Manolo, el jefe de la banda, y lo entregaron a la Policía Bonaerense con las manos esposadas. A los pocos días, a cambio de un rescate, el secuestrado fue liberado. Pero ¿qué hubiera pasado si el tiroteo terminaba de otro modo? Si algún vecino era herido o incluso si uno de los delincuentes moría en el tiroteo. ¿Quién se iba a hacer cargo? Un fiscal de San Martín, Jorge Sica, les había dado la orden de detención, es cierto, pero ni siquiera el fiscal estaba seguro de que alcanzara con eso. La SIDE no tenía poder de policía. No podía andar por ahí a los tiros, ni tenía autoridad para detener a nadie. El Gordo Miguel y sus muchachos no estaban sometidos a los controles que deben tener los policías. Jamás habían pasado por un examen psicofísico, mucho menos por una inspección de sus antecedentes. ¿Sabían con qué armas moverse? ¿Tenían registradas esas armas? No, eso no era para la SIDE y todos en La Casa lo sabían. El rol de la Secretaría como auxiliar de la Justicia había sobrepasado los límites. Para riesgo de los ciudadanos, en primer lugar. Y para el del propio Jaime. Pronto, en la policía bonaerense iban a ponerle frente a las avanzadas de la SIDE.

Disparen contra la Federal

Como había ocurrido con Acevedo, a Icazuriaga tampoco le interesaba manejar los hilos de la Secretaría. El nuevo jefe se mantenía al margen de las decisiones y usaba a los muchachos para favores personales, por cierto inofensivos. El más promocionado dentro de La Casa fue el encargo que le hizo a la Dirección de Medios, que funcionaba en la central de 25 Mayo, donde un grupo de agentes se pasaba todo el día escuchando las principales radios y grabando los noticiarios de la tele. A pedido de Icazuriaga, hubo un encargo extra: de lunes a viernes se debía grabar el programa «Los Roldán», una comedia de enredos acerca de un simpático travesti que enamoraba a un empresario interpretado por el actor Gabriel Goyti. Era la comedia del año y arrasaba con el rating. El jefe de la SIDE no quería perderse ni un capítulo y todavía faltaba mucho para que las series estuvieran disponibles en un clic del mouse. Por cosas como ésa, Icazuriaga se ganó un apodo simpático pero poco conveniente para esos territorios. Le decían Papá Noel: es bueno, pero no existe.

Peor suerte tuvieron los agentes encargados de custodiarlo a Icazuriaga. El nuevo jefe se mudó a un edificio de la Recoleta, uno de los barrios más caros de Buenos Aires. Pero a poco de instalarse, el consorcio del edificio se reunió en asamblea extraordinaria y le exigió que limite su vigilancia personal. Sus vecinos estaban cansados de cruzarse con hombres armados en el ascensor, en el lobby de la planta baja y hasta en la terraza, donde los muchachos se aparecían fantasmales entre sábanas al sol. El Vasco Icazuriaga debió reducir su custodia al mínimo, como le habían pedido, como condición innegociable para seguir viviendo donde quería.

Larcher, en cambio, era todo lo contrario. Larcher seguía acumulando poder. No era el jefe, en lo formal, pero a quién le importaba. Cuando Kirchner quería saber algo de verdad, algo en serio, algo digno de no ser contado, en esos momentos no recurría jamás a Icazuriaga; acudía a Larcher. Como había sido siempre. En el universo privado de los Kirchner, El Vasco y Paco habían ocupado lugares antagónicos. Icazuriaga era el amigo bueno de los Kirchner, solidario por igual con los dos integrantes del matrimonio, el hombre que ponía el cuerpo, que estaba en las fiestas de cumpleaños, el que se ocupaba de cuidar a los chicos cuando los Kirchner estaban de viaje. Paco, en cambio, era el confidente de Néstor, el encargado de los asuntos espinosos. Por eso Larcher se reunía con Kirchner cada noche y le pasaba la lista de novedades. Empezaban casi siempre con los casos policiales resonantes, esos que tanto preocupaban a los argentinos y donde La Casa había aprendido a meter mano. Repasaban luego la información política, con las carpetas al día de opositores y aliados, y Larcher se esforzaba en anticipar cortes piqueteros o conflictos sindicales, asunto delicado y que preocupaba especialmente a Kirchner, un convencido de que el control de la calle era el equivalente al dominio de todo. Aquel verano de 2014, Larcher salió de una esas charlas con una nueva misión. La SIDE debía revisar los legajos de todos los comisarios de la Policía Federal.

El gobierno había decidido abrir un nuevo frente de conflicto y muy sensible. La Federal era la policía más importante del país y conservaba algo de prestigio. Si Kirchner pedía investigarla, era porque lo habían convencido de que era una fuerza desleal o peligrosa para él. ¿Quién había sido? Larcher. ¿Influenciado por Jaime? Es muy posible. Para Jaime y para todos en la SIDE, la Policía Federal era el gran enemigo a vencer. Jaime había intentado culparlos por el atentado a la AMIA y quería quitarles el poder para investigar. La Policía Federal tenía jurisdicción sobre todos los delitos que se cometían en la Capital Federal, y en el resto del país podía intervenir ante secuestros, casos de narcotráfico, falsificaciones de documentos públicos y hasta ciertos delitos económicos. Era el mismo terreno donde la SIDE estaba ganando espacios.

El responsable político de la Federal era Gustavo Beliz. El ministro de Justicia y Seguridad había sido aliado de Kirchner bastante antes de su llegada a la Presidencia, pero se creía con más autoridad de la que en realidad tenía. Era un problema de estilos. Beliz había sido ministro de Menem, al que consideraba corrupto y amoral. Pero al menos Menem era un tipo cordial y educado, que hacía de cuenta que escuchaba a los que tenía enfrente. Kirchner era todo lo contrario. Era una persona sin concesiones, que cuando tomaba una decisión no permitía discusiones ni dudas ni planteos. O se hacía o no se hacía. Así era Kirchner. Y a Beliz eso lo estaba torturando.

El jefe de gabinete, Alberto Fernández, hacía de vocero del Presidente hacia afuera del gobierno y también puertas adentro. Fue Alberto el que llamó a Beliz para decirle que iban a revisarse todos los legajos de los jefes de la Policía Federal.

—¿Otra vez? —preguntó Beliz. Los legajos habían sido revisados en diciembre, cuando se deciden los ascensos en la fuerza.

—Sí, otra vez.

Beliz se sorprendió. Era obvio que Kirchner no confiaba en él o que confiaba más en otros. Todavía no sabía que el encargado de fiscalizar los legajos iba a ser Jaime Stiuso. En su oficina de la central de 25 de Mayo, el director general de Operaciones se encargó de revisar los legajos de todos los comisarios, uno por uno. Lo hizo con sus dos analistas de siempre, Marta y Gabriela, y marcaron con una fibra roja los antecedentes que servían para pasar a retiro a decenas de jefes policiales. No buscaban ser ecuánimes; buscaban sacar a la mayor cantidad posible.

La carga apuntó también hacia Beliz. Como había ocurrido en los tiempos de Anzorreguy, la SIDE de Kirchner se iniciaba en el arte de controlar al gabinete de ministros. Beliz empezó a escuchar sonidos extraños en sus teléfonos de línea y en los celulares. Se le cortaban las comunicaciones; se le colgaba la computadora. Beliz le envió una nota a Larcher pidiendo «que investigue a los delincuentes que se dedican a escuchar» sus conversaciones. Larcher ni siquiera le contestó.

A los tiros por Axel

Poco después de la medianoche del 17 de marzo de 2004, El Gordo Miguel recibió un llamado al celular. Lo atendió de mala gana, como cualquier mortal atiende el teléfono a esa hora. Lo llamaba Marcos Cassani, secretario de la fiscalía Antisecuestros de San Martín. La noticia era mala. Hacía apenas dos horas se había registrado un nuevo secuestro extorsivo. La víctima era un muchacho de 23 años, Axel Blumberg, al que habían levantado en Vicente López, en la zona norte del conurbano. La familia de Axel estaba desesperada y aguardaba algún llamado de los secuestradores. Había que intervenir urgentemente los teléfonos fijos y móviles de la casa de los Blumberg para esperar el llamado de los secuestradores.

El Gordo hizo lo que marcaba la rutina. Recibió los números de la familia de Axel Blumberg y se los pasó de inmediato a Carlos Lavié, el director de Ojota. En casos de secuestro, las escuchas se hacían en directo. Es decir, se asignaba a una de las empleadas de Ojota para que esté atenta a las líneas intervenidas y así poder actuar en el acto. También se activaba un identificador de llamados y un rastreo de radiobases, que detectaba la antena que estaba siendo utilizada por los teléfonos celulares de los secuestradores en ese mismo instante. Ese rastreo permitía conocer un radio relativamente pequeño —un barrio, una pequeña cantidad de manzanas—, de donde salía la llamada.

El primer contacto de los secuestradores fue a las 8:37 de la mañana siguiente, once horas después del secuestro. Una de las escuchadoras de la SIDE estaba atenta y, además de grabar la conversación, tomó nota de lo que se decía. Otro llamado volvió a entrar un rato después. En ese segundo llamado, los secuestradores pidieron 50 mil pesos para liberar a Axel. Al que llamaba se lo escuchaba nervioso, como si fuera su primera vez. Desde Ojota, no tuvieron inconveniente en identificar su origen. El llamado se había hecho desde el 02320-475174. Era el teléfono de un locutorio de Del Viso, en la zona norte del conurbano. Hacia allí fueron El Gordo Miguel y El Alemán, un rubio de casi dos metros de altura que manejaba a los agentes operativos. Viajaron en un Galaxy de vidrios espejados.

A media tarde del sábado, El Gordo Miguel se comunicó con Jaime para contarle lo que habían conseguido. La empleada del locutorio les había dado una descripción del sospechoso. El Gordo Miguel la pasó en limpio en un informe por escrito que envió más tarde al fiscal federal de San Martín, Jorge Sica. Decía así: «Un masculino de menos de treinta años de edad, de cabello negro, corto y ondulado, de contextura mediana y de tez trigueña». En la descripción quedaban claras las limitaciones del jefe de Antisecuestros de La Casa. El secuestrador podía ser cualquiera entre millones de argentinos.

Ese sábado los secuestradores no dieron señales. Recién a la una y media de la madrugada del domingo volvieron a llamar a la casa de los Blumberg. En esa conversación hablaron por primera vez de cobrar el rescate y de liberar a Axel. La entrega se terminó de acordar con otro llamado, a la tardecita. El que se comunicaba, ahora lo hacía desde un teléfono celular. Acordó con Juan Carlos Blumberg que se encontrarían esa misma noche en la estación de servicio Rhasa, en el cruce de la Panamericana y la ruta 202, en Pacheco. Blumberg padre les dijo que los esperaría en su auto, un Clío verde.

De la base de Estados Unidos salieron velozmente tres autos Megane. El Gordo Miguel iba en el primero y marcaba el rumbo desde el asiento del acompañante. Los tres coches llevaban filmadoras para registrar el pago del rescate. La idea era no intervenir hasta que no liberaran a Axel. Pero por las dudas, también llevaban armas. Cuando llegaron a la zona donde se pagaría el rescate, se encontraron con una brigada de la Policía Bonaerense que había sido enviada al operativo por el fiscal Sica. Iban a trabajar juntos. Los policías eran no menos de veinte, todos de civil y en autos no identificados. El Gordo Miguel dejó en la estación de servicio uno de sus autos con dos agentes, que iban a simular ser clientes cargando nafta, para estar en el lugar cuando llegaran los secuestradores. Los otros dos Megane quedaron dando vueltas en la zona. Los autos tenían, como siempre, patentes truchas.

Al auto de El Gordo Miguel se subió un agente de la Bonaerense, con su handy encendido. Ese handy era la única forma que tenían de estar comunicados con los policías, ya que ellos usaban un sistema de radio diferente del que tenía la SIDE.

Y sucedió lo que menos esperaban. Cerca de las diez de la noche, el pago del rescate se frustró y Martín «El Oso» Peralta, jefe de la banda de secuestradores, escapó por la Panamericana a bordo de un VW Passat. Lo siguieron tres autos. Dos de la Policía Bonaerense y el Megane del Gordo Miguel. El Passat huía a 200 kilómetros por hora en dirección norte, hacia Pilar, y dejaba atrás a sus perseguidores. Después de pasar por la cabina de un peaje, a la altura de Tortuguitas, el Passat bajó la velocidad y salió de la Panamericana. Cuando estaba girando hacia una ruta colectora, el Megane de la SIDE logró ponerse a su lado. El Gordo Miguel o alguno de sus agentes bajó la ventanilla unos centímetros, los suficientes para asomar una pistola, apuntar al Passat e indicarle a los perseguidos que se detengan. Pero la reacción de El Oso Peralta fue inmediata. Asomó él su pistola calibre 45 y empezó a dispararles. Los tiros iban y venían, pero en el Passat de los secuestradores las balas rebotaban como pelotitas de tenis. El auto de ellos tenía la carrocería y los vidrios blindados.

Además de reírse de las balas, El Oso Peralta era un conductor muy ducho. Giró el volante y empujó al Megane hasta una banquina. Iban todos tan rápido que el auto de la SIDE dio cuatro trompos antes de detenerse. Cuando el auto de El Gordo Miguel se recuperó y pudo retomar la marcha, los secuestradores ya habían desaparecido.

Tiroteo, persecución, trompos en la colectora. El accionar de un grupo operativo de la SIDE detrás de los secuestradores de Blumberg se mantuvo en secreto como si se tratara de un asunto de Estado. Un auto con chapa patente trucha, conducido por agentes de nombre supuesto, había perseguido a otro auto en plena Panamericana, a las diez de la noche de un día cualquiera, a 200 kilómetros por hora. Y habían disparado. ¿Los había autorizado el fiscal Sica? En el expediente judicial no había quedado asentada ninguna orden. Ni siquiera podían poner ese argumento como justificación. Parecía claro que, tarde o temprano, el error debía costarle la cabeza a alguien. Aunque ese alguien no iba a ser de la SIDE. A los muertos, otra vez, los iban a poner otros.

Los sesenta metros

El poder de Larcher se consolidaba en gran medida gracias a Jaime y la incuestionable capacidad que venía demostrando la SIDE para resolver los secuestros extorsivos. Hasta que ocurrió lo de Blumberg. Ese caso amenazaba con ser un punto de quiebre para La Casa. Si trascendía el grado de participación de la base Estados Unidos en el tiroteo y se iniciaba un debate público sobre su rol en las investigaciones, corrían el riesgo de perderlo todo. Axel fue asesinado por sus captores el 23 de marzo, unas horas después de la persecución del Gordo Miguel. Y si bien no parecía haber sido consecuencia directa del tiroteo, sin duda había influido en el desenlace. Después de ser perseguidos, los captores habían vuelto a su guarida agotados y tensos. Horas después, El Oso Peralta decidió rematar a Axel. Según su versión, porque el chico había intentado escapar. Pero la duda estaba. ¿Y si lo habían matado enojados por la persecución? ¿O para terminar con los riesgos de un secuestro que se les había ido de control?

El jueves 1º de abril de 2004, una semana después del asesinato de Axel, su papá se convirtió en un inesperado y potente actor político. Juan Carlos Blumberg, con el dolor en los ojos, convocó a una manifestación para reclamar la sanción de leyes más duras contra la delincuencia. Más de cien mil personas lo acompañaron y se reunieron frente al Congreso, movilizadas por el miedo ante la ola de inseguridad que podía tocarle a cualquiera en el momento menos pensado. Aunque la marcha apuntaba al Congreso y no al gobierno, la movilización asustó a Kirchner. Como el resto de los argentinos, el Presidente no recordaba una manifestación semejante desde diciembre de 2001. Kirchner suponía que el reclamo tarde o temprano llegaría frente a su despacho. Y se prometió hacer lo imposible para evitarlo.

Fue en esos días cuando Kirchner conoció a Jaime. Una noche, días después de la gran marcha de Blumberg, el Presidente le pidió a Larcher que fuera a su despacho.

—Y traelo a Stiuso —le ordenó.

Jaime recorrió los sesenta metros por primera vez en su vida. Nunca los había hecho. Treinta años después de haber entrado en La Casa, por fin transitaba el camino que separaba a la SIDE del despacho del Presidente. Era un trecho corto, que no llevaba más que unos minutos, pero sólo él sabía lo que representaba. En la historia de la SIDE, en casi sesenta años de historia, jamás un agente de carrera había llegado a tener trato directo con el Presidente. Un encuentro cara a cara. Un mirarse a los ojos. Imposible de imaginarlo allá lejos, cuando estudiaba en la Facultad de Ingeniería y su mamá lo esperaba, todas las noches, en las polvorientas calles de San Justo. Imposible imaginarlo después, cuando Jaime ya era el muchachito del fondo en la dictadura, ni siquiera cuando el jefe empezó a mimarlo y a cuidarlo y a confiar en él. ¿Lo habrá imaginado durante el gobierno de Alfonsín, cuando empezaron a darle misiones de riesgo?

¿Lo sabrán alguna vez los agentes del Mossad que lo recibieron en Israel tras el atentado a la embajada israelí? ¿Qué dirían ahora Patricio Pfinnen y Brousson, sus viejos rivales? Ahí estaba Jaime, recorriendo los sesenta metros para escuchar un pedido del Presidente. Kirchner quería encargarle, a él, a Jaime Stiuso, a Aldo Stiles, que se ocupara de contener a Blumberg. Kirchner necesitaba que ese señor, que lloraba en silencio y se quejaba a gritos, no se convirtiera en un problema para el gobierno. Jaime escuchó y aceptó y prometió resultados. Era el primer encargo que recibía sin intermediarios. Y no iba a ser el último.

La visita

Una semana después de la marcha frente al Congreso, Kirchner recibió a Juan Carlos Blumberg en la Casa Rosada. El Presidente lo atendió junto a Larcher, le prometió todo el apoyo de la SIDE y cerraron la reunión con las fotos de compromiso para los medios. Antes de despedirlo, Larcher le dijo a Blumberg que tenía que presentarle a alguien. Lo guió hasta un despacho cercano al del Presidente. Allí los aguardaba Jaime:

—Stiles, para servirle.

Para Jaime era el escenario perfecto. Tenía la confianza del Presidente y la voluntad de saber de Blumberg. Además, ya tenía un plan. Un plan que vulneraba todas las reglas. Al día siguiente llevó a la base de la calle Estados Unidos a una persona totalmente extraña a su sórdido mundo. Blumberg era un civil, ajeno a los servicios y a la Justicia, al Congreso o a cualquier poder del Estado. Blumberg era apenas una víctima. Quizá de la propia SIDE.

Las cámaras de seguridad de la base registraron a ese hombre encorvado, de pelo canoso y mirada triste, con un traje algo arrugado y una carpeta bajo el brazo de la que sobresalían papeles. Como todos los visitantes, Juan Carlos Blumberg debió identificarse frente a la recepción. Del otro lado de un espejo blindado, dos hombres armados con Itakas por esta vez no le pidieron los documentos.

Jaime no le mostró los talleres mecánicos ni la carpintería, ni siquiera el salón comedor, mucho menos su búnker del entrepiso. Pero lo llevó hasta la sala de operaciones del segundo piso. Allí los esperaban Garnica y El Gordo Miguel. Le mostraron las fotos de los sospechosos de secuestros, los organigramas con las supuestas bandas desbaratadas y por desbaratar. Le contaron las pistas que seguían para dar con los asesinos de su hijo. Le hicieron escuchar una base de datos con cientos de voces de sospechosos que ya habían sido clasificadas por nombre y por delito; le mostraron las valijas que servían para interceptar conversaciones por celulares; los equipos de filmaciones; las cámaras ocultas; los scanners para interceptar teléfonos fijos; los capturadores de fibra óptica. Blumberg pasó toda una mañana en la base más poderosa, por la que se podían espiar todos los secretos. Y salió fascinado. Con el compromiso de que iban a atrapar a los asesinos de su hijo. Con su promesa de no atacar a la SIDE.

Una semana después atraparon a El Oso Peralta, máximo responsable del secuestro y asesinato de Axel. Nuevas escuchas y el seguimiento de los teléfonos que usaba parte de la banda, llevaron a El Gordo Miguel a dar primero con algunos compinches de El Oso y finalmente con él. El Gordo Miguel debió viajar hasta las afueras de la ciudad de Córdoba, donde, con la ayuda de la policía local, logró atrapar al hombre más buscado del país. El miércoles 7 de abril de 2004, El Oso Peralta fue trasladado de Córdoba hacia Buenos Aires en un avión repleto de policías armados. Las imágenes de su arribo recorrieron el país por la televisión. El temible Oso Peralta era llevado con las manos esposadas por la pista de aterrizaje, mientras dos policías lo empujaban suavemente. Tenía la cara cubierta con su remera, las manos hacia atrás, y una panza descomunal que se movía como una enorme gelatina de grasa. A dos metros suyo, podía verse a otro gordo, vestido de jeans, con una chomba color rosa marca Lacoste. Ningún argentino, ninguno de nosotros, prestó atención a ese gordo de chomba. Pero los muchachos de la base Estados Unidos sólo lo miraban a él. Creían adivinar en El Gordo Miguel un sonrisita satisfecha.

Nuevos enemigos (la política)

¿Jaime ve enemigos por todos lados? ¿Qué dicen los espías que mejor lo conocen? Y sí. Dicen que a Jaime le quemaron la cabeza. Lo dicen así:

—Entró en la SIDE cuando era un pibe, un estudiante, y pasaron más de cuarenta años. ¿Saben lo que es eso? En cuarenta años la SIDE dio demasiadas vueltas en el aire. Pensar que el tipo que era tu jefe hace un año, ahora es un objetivo a seguir. O peor: el tipo que era tu blanco, del que sabés todo, ahora pasa a ser tu jefe. Ocurre todo el tiempo. Y eso te vuelve loco. Por eso Jaime es paranoico. Cree que todo el mundo te quiere escuchar, que todo el mundo te quiere filmar. Jaime mira a la gente y piensa que son todos espías. No mira con los mismos ojos que vemos los demás. Él observa todo con los ojos de un tipo que se pasó la vida ahí adentro. Eso lo hace diferente. Eso lo convierte en Jaime.

Elisa Carrió era la rival que más molestaba al Presidente. Ex candidata a la Presidencia, Lilita llevaba diez años en la escena política nacional y conservaba buena parte de las simpatías del electorado progresista, al que Kirchner creía tener en el bolsillo. Carrió era mujer, era católica, llevaba una enorme cruz en el pecho y era inteligente. Quizá por todo eso también era hiriente. Sabía cómo molestar a Kirchner, cómo ofenderlo. Alejada por un par de años del Congreso, donde había ejercido dos mandatos como diputada, Carrió decidió abrir un instituto de formación política para debatir ideas y captar voluntades entre los intelectuales. O eso era lo que todos pensaban. No necesariamente era la verdad. Larcher empezó a preguntarse. Y empezó a desconfiar. ¿Era ese instituto lo que parecía?

El 4 de junio de 2004, el Instituto Hannah Arendt fue presentado en sociedad en un edificio de Rivadavia al 1400, en pleno centro de la ciudad. La charla de presentación, como mandaban las formas, estuvo a cargo de Carrió. Trataba sobre «verdad, política y poder» —ése era el título— y Carrió citó, como era su costumbre, a su autor preferido, Michel Foucault. No sabía que al fondo del salón estaban los muchachos. A pedido de Jaime, la base Billinghurst había enviado a dos de sus agentes más presentables a inscribirse en el primero de los cursos del instituto. Los agentes se pusieron sus mejores pilchas, llenaron los formularios de inscripción y se sentaron al fondo de un salón repleto, tomando nota de lo que decía Carrió. Los agentes debieron aplaudir cuando Lilita terminó su discurso. Y debieron aplaudir, quizás horrorizados, cuando tres actores pasaron al escenario para leer durante media hora un extenso fragmento de Edipo Rey. Ahí estaban los agentes de Inteligencia, codo a codo con estudiantes y políticos, tomando nota de alguna presencia conocida, haciéndose los distraídos para preguntar por otros. Ahí estaban los agentes de espionaje, mirando con desconfianza, jugando a salvar la patria, jugando a defender los intereses de la Nación de una señora de cruz al pecho, del misterioso Sófocles, de las intrigas que ellos mismos habían fabricado.

El espionaje sobre el Instituto Hannah Arendt no dio ningún resultado. El instituto era sólo eso: un instituto. Pero hubo otros espionajes de los que sacaron más provecho. El sistema de escuchas apuntaba contra algunos viejos aliados del gobierno de Menem, como el general retirado Jorge Miná, que había sido jefe de Inteligencia Militar en la década del noventa. Gracias a las escuchas, que Larcher monitoreaba en persona, lograron detectar una cena que se realizó el 20 de mayo en el Regimiento Militar de Patricios, en Palermo. La cena reunió a muchos ex militares —Miná entre ellos—, a políticos menemistas, radicales y empresarios; en teoría, tipos alejados del poder y recelosos del gobierno. Esa cena se hacía todos los años desde hacía casi una década, pero el gobierno la presentó en los medios como un locro —era el menú— de conspiradores. ¿Lo era? No, pero la lógica era la de siempre. O estabas con el gobierno o estabas entre los blancos de La Casa. La misma y repetida herramienta que intentaba lograr consensos o hegemonía.

¿Quién elegía a los objetivos? Algunos eran pedidos por Larcher y otros eran sugeridos directamente por Jaime y sus muchachos. No hay reglas fijas sobre eso. Cualquiera puede ser espiado por alguna razón. Como Eugenio Burzaco, en ese momento asesor en temas de seguridad de Mauricio Macri, uno de los opositores más fuertes del gobierno. Durante 2004, para promocionar su candidatura a diputado, Burzaco se lo pasó viajando por las provincias para dar charlas y asesorar a los gobernadores que simpatizaban con Macri. Nunca supo que los delegados provinciales de la SIDE tenían que asistir a sus charlas para luego informar a la central sobre el contenido de las conferencias.

Un seguimiento similar empezó a hacerse sobre Miguel Toma, jefe de la SIDE hacía tan poco tiempo. Toma tenía sus oficinas sobre la avenida Corrientes, cerca de la central de 25 de Mayo, y vivía vigilado. Era «un objetivo permanente», para el que se había asignado a un agente de la base Billinghurst. El agente tenía que informar quién lo visitaba y con cuánta frecuencia.

Hasta que Toma lo descubrió. Desde su oficina, en lo alto de una moderna torre sobre la avenida Corrientes 331, el ex jefe de La Casa le sacó una foto al tipo que se pasaba el día fumando en la esquina. Después le envió la foto a Alberto Massino, el director de Análisis de la SIDE. Massino debió de haber visto la foto y debió de saber quién era el agente. Pero qué iba a hacer.

—Miguel, son las reglas del juego —se excusó Massino.

Y sí, eran las reglas de La Casa. Hoy espiás a tu enemigo y mañana te espían a vos. No había por qué escandalizarse. La carpeta de Toma se seguiría engrosando.

La foto

En eso estalló Beliz. El gobierno venía sosteniendo una política muy tolerante frente a las marchas piqueteras, a pesar de que en secreto las seguía filmando. Pero ni llenaba las calles de policías ni reprimía las manifestaciones, acaso por temor a repetir el error de la masacre de Avellaneda. Gustavo Beliz, como ministro responsable de la seguridad, discrepaba con esa política pero la tenía que cumplir. Su trabajo consistía en soportar las quejas de la Policía Federal, que acababa de ser barrida en su cúpula y encima tenía que aguantar las críticas de los vecinos que pedían una actitud más firme frente a esas protestas multitudinarias que entorpecían el tránsito.

El viernes 16 de julio, a las 7:30 de la mañana, la Secretaría de Seguridad, que coordinaba las tareas de la Policía y las otras fuerzas de seguridad, recibió un parte de novedades de la SIDE. Un parte de novedades secreto, del que nadie se tenía que enterar, pero que se hacía todas las mañanas. Lo preparaban en la base Billinghurst, cabecera de la Dirección de Reunión de la SIDE, y cabecera de las tareas de Inteligencia Interior en la Capital. Las funciones de la base Billinghurst eran en su mayoría ilegales. Se ocupaba de advertir a la Policía Federal sobre los movimientos piqueteros, los cortes de calles previstos, las manifestaciones del día. Para hacer esos informes contaba con excelentes leedores de diarios, la principal fuente de la base, pero también con informantes en los gremios, en las organizaciones piqueteras, en la agencia oficial de noticias, Télam, además de colaboradores fijos y ocasionales de los ministerios, en las secretarías de Estado y en la propia Policía. La tecnología de espionaje nunca fue gran cosa en la base Billinghurst, pero tenían interferidas las radios policiales y las comunicaciones del servicio de ambulancias de la ciudad. Con todo eso les bastaba para anticipar paros gremiales o cualquier movimiento social que pudiera afectar el funcionamiento normal de la ciudad o del país. Ese 16 de julio, a las 7:30 de la mañana, la base Billinghurst informó a la Secretaría de Seguridad de una protesta que harían algunos vecinos frente al edificio de la Legislatura porteña. El motivo: protestar contra la reforma al Código de Convivencia, un código que reglamentaba las contravenciones y pretendía definir, entre otras cosas, si la ciudad permitiría la oferta de sexo en la calle o la presencia de vendedores ambulantes en ciertas zonas. Ese código siempre generaba polémica entre los legisladores.

Por izquierda o por derecha, nunca nadie quedaba satisfecho. Los vecinos que protestaron frente a la Legislatura no fueron más de trescientos, entre taxistas, vendedores ambulantes, prostitutas y travestis. En número, parecían demasiado pocos. Pero la Policía tenía órdenes de no reprimir ni de moverse de sus lugares, al costado de la Legislatura. Se suponía que la simple presencia policial alcanzaría para controlar la situación. Pero no fue así. Al mediodía, mientras los legisladores se trenzaban en discusiones dentro del recinto, en la calle se desataba una desopilante agresión contra el edificio. El ataque duró cuatro horas y fue el festín de los canales de televisión. Veinte, treinta tipos, empezaron tirando piedras a los vidrios de la Legislatura y terminaron quemando la puerta del edificio, rompiendo computadoras y muebles en el interior. Los policías apostados en el lugar observaban como testigos de una fiesta ajena. Los revoltosos eran dueños de la calle.

Esa misma noche, el gobierno anunció que iba a cambiar su política de seguridad y que Kirchner iba a encargarse en persona de manejar los operativos policiales. La respuesta, de ahora en más, consistiría en llenar la calle de policías. Ya no serían treinta o cuarenta suboficiales detrás de un camión hidrante. Ahora serían cien, o doscientos, o los que hiciera falta para amedrentar las protestas.

Beliz estaba desesperado. Entre abril y mayo, Kirchner había anunciado sin su consentimiento el pase a retiro de veinte oficiales de la cúpula de la Policía Federal. En esa decisión, lo sabía, había sido decisiva la opinión de la Secretaría de Inteligencia, donde se habían analizado los legajos de todos los comisarios. ¿Y ahora? Ahora lo humillaban otra vez. Ahora lo hacían ver como un estúpido incapaz de contener a un puñado de manteros y cuentapropistas.

Claro que esos manteros no estaban solos. Algunos legisladores decían haber visto entre los manifestantes a extraños señores y señoras que nada tenían de vendedores ambulantes, ni eran travestis, ni tenían relación con la reforma del Código de Convivencia. Eran, naturalmente, como tantas otras veces, empleados de la base Billinghurst infiltrados para armar lío. Lo mismo que habían hecho veinte años atrás, cuando rompieron la camisería Modart. Lo mismo que iban a seguir haciendo cada vez que se lo pidieran. Beliz sintió que eran sus últimas horas en el gobierno. Sólo faltaba que lo llamaran para pedirle su renuncia.

Fue entonces cuando decidió ir a la televisión a escupir su ruina:

—La SIDE constituye un Estado paralelo en la Argentina. Una policía secreta sin control de ningún tipo.

—¿Saben quién maneja la SIDE? La maneja un señor que debiera ser el hombre más público de la Argentina. Un hombre al que todo el mundo le tiene miedo. Cuando se lo menciona en una reunión, todo el mundo dice «No, cuidado, no te metas con este tipo. No te metas porque es un tipo peligroso… Un tipo que te puede mandar a matar. Que te puede meter en situaciones muy complicadas. Te puede armar operaciones».

Beliz habló para un millón de espectadores. A un millón de espectadores les mostró la foto:

—Es este señor. Le dicen Jaime Stiuso. Éste es el encargado de manejar la SIDE. Este hombre maneja el poder real de la SIDE. Una organización sin control. Este hombre armó un ministerio paralelo en el área de seguridad, está avanzando en áreas operativas que nada tienen que ver con la inteligencia.

La noche del 25 de julio, el país empezó a descubrir a Jaime. Supo de su existencia. La foto era de mala calidad, parecía más grandote de lo que en realidad era. Pero era él. Con su cara circular, sus labios finitos, el pelo al ras y los ojos como cansados. Ni Jaime ni Aldo Stiles. Esta vez era Antonio Horacio Stiuso. Sólo faltaba empezar a conocerlo.

Las lecciones de Jaime

Esa noche no atendió sus celulares. A nadie atendió. Quizás haya hablado con sus hijas, quizá se haya abrazado con su mujer. Pero no estaba para ninguno de sus muchachos. Lo llamaron Garnica, El Gordo Miguel, su amigo Salinardi. Pero no atendió a ninguno. ¿Habrá sentido miedo? ¿Se habrá arrepentido de haber llegado tan lejos? Pocos pueden saberlo. Él no cuenta de su vida privada, no la comparte con nadie, jamás confía un secreto y menos aún habla con nadie sobre su estado emocional. Al día siguiente, su foto salió reproducida en todos los diarios, las revistas de actualidad hicieron largas notas preguntándose quién era ese agente de inteligencia capaz de sacarse de encima a un ministro. Jaime despreciaba a los periodistas. Son mis primos hermanos, ha dicho por ahí. Pero Jaime odia a sus primos hermanos.

Las repercusiones periodísticas por las denuncias de Beliz duraron una semana o dos. También dentro de la SIDE. La incertidumbre era lógica: si una foto le había costado el puesto a Ross Newland, el jefe de la CIA en Buenos Aires, era de suponer que el escrache de Beliz podía arrastrar a Jaime. Pero ¿bastaba con quebrar su falsa identidad para convertirlo en vulnerable? Jaime no asistía las reuniones de consorcio de su edificio, no era socio de ningún club, no tenía vida social fuera de la SIDE y tampoco se infiltraba en terreno enemigo. Jaime ya era funcionario, trabajaba en una oficina y daba las órdenes. Jaime había logrado lo máximo a lo que podía aspirar: ya no necesitaba de su nombre secreto. Lo habían desenmascarado, pero lo habían desenmascarado demasiado tarde.

El lunes 26 de abril, al día siguiente de ver su foto por televisión, Jaime fue a su oficina e hizo como si nada hubiera pasado. Recibió a algunos agentes, dio directivas a las bases secretas, se reunió con Larcher. De a poco, en la SIDE se fueron convenciendo de que seguiría todo igual.

También Jaime. A la semana volvió a recorrer los sesenta metros para reunirse con el Presidente. Kirchner había despedido a Beliz y volvía a recibir a Jaime. Y lo seguiría recibiendo. En la Casa Rosada o en la Quinta de Olivos, Kirchner seguiría recibiendo a Jaime. El Presidente había tenido que elegir y lo eligió a él. Jaime manejaba las bases secretas, coordinaba todas las operaciones, mantenía las relaciones con las agencias de espionaje extranjeras. Jaime era La Casa. Y como Alfonsín, como Menem, como De la Rúa, Kirchner también creía necesitar a La Casa. ¿O la necesitaba realmente? ¿Por qué los presidentes acaban por creer que precisan del secreto para gobernar? ¿Por qué en plena democracia?

Durante los años que siguieron, el poder de la SIDE no paró de crecer. Al menos durante el mandato de Néstor Kirchner, la Secretaría siguió controlando a los movimientos piqueteros, monitoreando a la oposición, acumulando carpetas de enemigos y hasta de aliados. La SIDE de Kirchner, como las otras, como la de siempre, también ejercía control sobre el gabinete presidencial. Ya había ocurrido con Beliz. Ahora Jaime empezaba a seguir al ministro del Interior, Aníbal Fernández. Ex intendente de Avellaneda, de inmensos bigotes pasados de moda, Fernández se definía como un negrito del conurbano y había construido su carrera a los pies de Eduardo Duhalde, con quien Kirchner, como todos preveían, se había peleado para siempre. Fernández era uno de los pocos funcionarios de primera línea que quedaba afuera del círculo más cerrado del Presidente. No era patagónico, no era amigo del Presidente y, según creía Kirchner, tampoco era de fiar. A mediados de 2004, Fernández empezó a preparar una licitación internacional para comprar un sistema informático que pudiera almacenar toda la información privada de los argentinos. Huellas dactilares, antecedentes penales, entradas y salidas del país, la información de los padrones electorales. Jaime siguió de cerca el llamado a licitación y, antes de que se concretara, filmó a uno de los asesores del ministro mientras negociaba con una de las empresas interesadas en el negocio. No lo filmó él, sino sus muchachos de la calle Estados Unidos. En el bar Módena, una moderna confitería vidriada frente a la Facultad de Derecho, en Recoleta, los muchachos de Jaime filmaron a Alejandro Ruiz Laprida, asesor y amigo de Aníbal Fernández, mientras les explicaba a los representantes de la firma Sagem cómo se haría la licitación. La firma Sagem era francesa y era una de las tantas interesadas en el negocio. ¿Jaime filmó la reunión para frustrar una licitación en la que quería meter su mano? ¿Lo hizo para quedar bien con Kirchner? ¿Para demostrar que era capaz de eliminar a otro ministro? No importa. Jaime lo hizo y Kirchner suspendió la licitación para luego destruirla.

El poder de la SIDE era ya el poder de Jaime. Quizá porque él, como ninguno, había aprendido las lecciones del espionaje, las reglas no escritas, el código secreto que explica su existencia. Para empezar, la SIDE debe ser útil al Presidente. Y debe generar en el Presidente la sensación de que domina perfectamente a La Casa. Quizá porque había dado muchas pruebas de estar sintonía, quizá porque Kirchner conocía de su incidencia en ese mundo, pocos meses después del incidente con Beliz el Presidente organizó en su despacho una reunión secreta que iba a ser fundamental en la historia futura de los argentinos. Citó a Jaime a su despacho. Lo citó una tarde noche, en el crepúsculo, a la hora de las brujas. No le anticipó el motivo. Cuando Jaime terminó de hacer los sesenta pasos y se presentó en el despacho del Presidente, comprobó que no estaba solo. El motivo de la reunión era presentar a Jaime con otra persona, a la que sólo conocía de referencias. Era un auditor general de la Nación que llevaba años caminando los pasillos de Tribunales y que conocía a gran parte de los jueces federales. Javier Fernández, se llamaba. En la inmensidad de su despacho, con la vista a Puerto Madero y el río marrón, mientras las luces comenzaban a vestir la llegada de la noche, Kirchner dio inicio a una sociedad clave e inconfesable de su tiempo. La sociedad que iba a dominar, durante años, a los jueces de la Nación.

El tiempo de Nisman

Después del temblor

El 2 de septiembre de 2004, después de tres años de trabajo y once meses de juicio, el Tribunal del juicio oral por la AMIA decidió absolver a todos los acusados por el atentado y desatar duras críticas y denuncias a la investigación del juez Galeano y del gobierno de Menem. No sólo desvincularon a los únicos acusados del caso, es decir a Carlos Telleldín y a los policías bonaerenses, sino que los jueces dieron por probada cada una de las denuncias de Jaime y sus muchachos. La causa AMIA efectivamente había sido fabricada. Se habían pagado 400 mil dólares de la SIDE a Telleldín para construir una falsa verdad que resolviera el caso, sin importar el costo. La Sala Patria había sido el brazo ejecutor de la Secretaría para la gran farsa. Exactamente como había dicho Jaime. Por una vez, él había estado del lado de lo justo.

La sentencia dejó muchos heridos y directamente aniquilados. El primero era el juez, Juan José Galeano, cuya carrera judicial estaba terminada. El Tribunal pidió que su caso fuera analizado por el Consejo de la Magistratura, donde pocos meses más tarde iban a pedir su cabeza. También se inició una investigación acusando a Galeano y a Hugo Anzorreguy y a otros por intentar encubrir el atentado. Esa causa, por sorteo, cayó en manos del juez Claudio Bonadío e iba a servir de caja de resonancia de muchas de las guerras intestinas por venir. Los fiscales que habían trabajado junto a Galeano, Eamon Mullen y José Barbaccia, también fueron involucrados en la farsa y pronto se tendrían que ir de Tribunales. Pero faltaba saber qué iba a pasar con el tercer fiscal. Con Alberto Nisman. De poco más de treinta años, Nisman estaba casado y tenía una pequeña hija. Se movía en los Tribunales de Comodoro Py con mucha soltura, pese a que había hecho toda su carrera en los de San Martín, donde había llegado a ser secretario letrado de la Cámara Federal. Era judío, Nisman. Se había criado en el Once, a pocas cuadras de la AMIA. ¿Qué iba a ser de él?

Lo que ocurrió entonces sacudió a la dirigencia de la comunidad judía. A una parte, en realidad. Muchos esperaban que Nisman apelara el fallo del Tribunal y que luchara por recuperar el camino trazado, que resistiera lo que según algunos era el derrumbe del caso. Pero eso no fue lo que ocurrió. La abogada de la DAIA, Marta Nercellas, no salió nunca de su asombro. Tampoco los abogados de la AMIA. Porque contra todos los pronósticos, a último momento el fiscal Nisman decidió no apelar. Decidió aceptar el fallo del Tribunal, sin más. Decidió respaldar la sentencia.

Esa decisión iba en contra de la voluntad de Mullen y Barbaccia. Y le iba a costar mucho entre sus otros colegas, que durante años lo iban a mirar con recelo y desconfianza. Nisman explicó una y mil veces que había decidido por convicción. Pero sabía del costo de su definición. Un costo que también sumaba beneficios. Para empezar, el de haber elegido justo lo que deseaba Jaime.

Pocos meses después, el gobierno decidió impulsar una Unidad de Investigación Especial dentro de la Procuración General de la Nación. Dependía de la Procuración, naturalmente, pero iba a recibir un presupuesto especial millonario, oficinas amplias en un edificio alejado de Tribunales y cercano a la Casa Rosada. Al frente de esa unidad, por decisión de la Procuración, se designó a Alberto Nisman, quien contaba con el respaldo de una parte de la dirigencia judía que, shockeada por el resultado del juicio, esperaba encontrar en Nisman un interlocutor sensible para evitar que todo lo investigado quedara en la nada.

La escena fue contada por el propio Nisman. Una vez que recibió la misión, fue invitado por Kirchner a su despacho de la Casa Rosada. Al llegar al despacho, Nisman lo vio a él, a Jaime.

—Te voy a presentar al hombre que más sabe del caso AMIA en el mundo —dijo el Presidente.

Jaime le tendió una mano a Nisman y dijo, como siempre decía:

—Stiles, para servirle.

Fue así, bajo el amparo presidencial, bajo su bendición, como nació una relación que se iba a extenderse en intensidad y confianza durante diez años. Una relación que iba a marcar la época aunque, como suele ocurrir, sus protagonistas lo ignoraban. A partir de allí, esa sociedad iba a ser irrompible. Nisman avanzaría en el caso AMIA a medida que Jaime lo ayudara. Y Jaime vería instrumentadas sus hipótesis, vería afianzar sus pistas, a medida que Nisman se atreviera a plasmarlas en el expediente. Pero ¿podían convivir en paz la investigación judicial y la de Inteligencia? Era la vieja discusión que nadie planteaba. ¿Son compatibles? ¿Buscan lo mismo? ¿O será que la Justicia debe buscar verdad, mientras que el espionaje sólo pretende resultados?

El primer desafío irrumpió en el otoño de 2005. Jaime ya era el nexo principal de La Casa con el mundo, es decir, con los servicios secretos y las policías especializadas del extranjero. En abril de 2005 recibió un aviso. Un alerta del FBI. Según le decían, en la ciudad de Detroit, Estados Unidos, habían ubicado a dos hermanos de Ibrahim Berro, aquel supuesto comando suicida de la AMIA. ¿Era cierta la pista Berro o era un cuento, como tantas otras pistas que habían fracasado? Jaime viajó a Detroit para entrevistar a los hermanos Hassan y Habas Berro. Y atención, porque no viajó solo. Lo hizo junto a Nisman. El espía y el fiscal. El fiscal y el espía, en dúo, como compañeros de misión o de aventura. Se encontraron en Ezeiza y viajaron, cada uno con sus valijas y sus expectativas. Viajar juntos significó compartir el vuelo y las horas de tedio en el aire y en los aeropuertos. Compartir los hoteles, las cenas, los almuerzos, el espacio doméstico de los desayunos, finalmente los encuentros con el FBI y la entrevista con los hermanos Berro, aunque de eso se ocupó Jaime, mientras Nisman observaba detrás de un vidrio espejado. Los hermanos Berro, de a uno por vez, les contaron que, efectivamente, tal como creía Jaime, Ibrahim Berro, su sospechoso, había muerto en 1994. Pero ojo, le dijeron. No había muerto lejos de casa, sino que había caído en un enfrentamiento armado en el sur del Líbano, uno de los tantos choques sanguinarios entre soldados israelíes y milicianos musulmanes. ¿Era entonces una pista cierta o falsa? Jaime aplicó una de sus máximas, la regla no escrita de su código: la duda debe jugar siempre a favor del interés buscado.

¿Acaso estaban completamente seguros de que Ibrahim había muerto en el Líbano? ¿Acaso habían visto su cuerpo, habían palpado su cadáver helado, se habían manchado con su sangre? Por supuesto que no. Los hermanos Berro no podían estar seguros de tanto, simplemente contaban lo que habían escuchado de sus familiares lejanos. Y eso alcanzaba para Jaime. Si existía alguna posibilidad de que ese tal Berro pudiera ser el comando suicida de la AMIA, entonces lo sería. La duda jugaba a su favor. Siempre.

Jaime convenció al fiscal Nisman y volvieron a Buenos Aires con la seguridad de haber resuelto el mayor misterio del mayor atentado de la historia. Pronto, Nisman lo iba a anunciar a los medios. Citó a los periodistas a sus oficinas y les contó todo lo que tenía. «Hallamos al conductor suicida», dijo. Como tantas veces lo haría con más y nuevos supuestos hallazgos. Hasta la última vez.

Oficinas de la nada

Puertas adentro, la SIDE estaba cambiando. Para empezar, se estaba achicando. La salida de empleados fue decantando a través de una base secreta bautizada como Cromañón, en referencia al local bailable incendiado en la noche del 30 de diciembre de 2004, donde habían muerto 194 personas. El Cromañón de la SIDE no era mortal, pero era destructivo para quienes lo habitaran. Funcionaba en el cuarto piso de un edificio en 25 de Mayo 445, a cuatro cuadras de la central. Un piso de oficinas, en el microcentro, que funcionaba como guarida para la mismísima nada. Allí eran enviados todos los empleados no deseados, a los que se enfrentaba a una estructura burocrática grotesca. Los agentes que habían sido de confianza de viejos jefes de La Casa, los militantes que habían quedado de los tiempos de la Alianza o de Miguel Toma o de Carlos Soria, o aquellos callejeros que habían dejado de ser fiables vaya a saber por qué. Las reglas de Cromañón eran muy estrictas. Todos debían llegar con absoluta puntualidad, nunca después de las ocho de la mañana, y retirarse ocho horas más tarde, a las cuatro en punto. Debían asistir bien vestidos —de traje los hombres— y obedecer la orden, emanada por la jerarquía y de carácter secreto: la orden de no hacer nada útil. Efectivamente, cada mes el Estado recibía entre 50 y 60 empleados que llegaban a la base secreta para no hacer más que esperar el paso del tiempo o, a lo sumo, los más afortunados, para hacer resúmenes inútiles sobre viejos informes de supuestas tareas de Inteligencia. Al principio, los empleados disfrutaban de sus vacaciones o tiempo de ocio, llevando libros o diarios o revistas para leer, sentarse en oficinas insulsas y casi vacías, sin computadoras ni teléfonos. Pero con el tiempo, la rutina se les volvía insoportable. A algunos les encargaban resúmenes de informes viejos de reliquias de espionaje cuyo valor era igual a cero. Por ejemplo: un resumen de la composición del cuerpo docente de la Universidad de Buenos Aires recién recuperada la democracia. O el perfil ideológico de los noticieros televisivos durante la campaña electoral en 1987. Pero a la mayoría ni siquiera le pedían eso; sólo le pedían esperar, horas y horas, sentados y mirándose unos a otros. Era una estructura burocrática que no permitía fallas, porque la llegada tarde o cualquier error se castigaba con un sumario que podía desembocar en una expulsión con causa justificada. Pero al mismo tiempo, no pedía más que paciencia y paciencia y más paciencia. Muchos aprovecharon Cromañón para tomar la decisión que la SIDE esperaba de ellos: cumplir con los veinte años de servicio, el mínimo necesario para pedir el retiro, y entonces iniciar los trámites de la jubilación anticipada. Cientos de empleados fueron saliendo de La Casa así, entre 2005, 2006 y hasta 2007. La Secretaría, de 2500 empleados, lentamente se fue reduciendo, lo que en principio era saludable, aunque se achicaba sin un criterio más que el descarte del personal que hacía cada autoridad pequeña o mediana con facultades para derivar empleados a esa base de naturaleza kafkiana. Los que soportaban el tiempo en Cromañón eran premiados con una vida de nada y nada y más nada, junto a un sueldo estable a fin de mes. Ñoquis, en definitiva, en nombre de la seguridad de la Nación.

La Secretaría de Inteligencia, en rigor, tenía una estructura que era superada por los hombres. Así fue y probablemente siga siendo así, ya que en el espionaje doméstico siempre valieron más los méritos personales que las normas establecidas. Como casi todo en la Argentina. El ejemplo más evidente estaba en la conducción: el jefe de la SIDE no era el que mandaba, sino su segundo. A partir de diciembre de 2001, con la nueva Ley de Inteligencia, la histórica SIDE se había reconvertido en la S. I., la Secretaría de Inteligencia a secas, sin Del Estado. Un cambio de nombre, nada más, pero que en lo formal había sufrido otros cambios. Antes, la SIDE se dividía, básicamente, en la Inteligencia Interior y la Exterior. En el espionaje tierra adentro y el internacional. A partir de 2001, la organización priorizó el tránsito de la información. Había una dirección para juntar la información, a cargo de Fernando Pocino. Otra para analizarla, a cargo de Alberto Massino. Y otra para ejecutar las acciones, la Dirección de Operaciones, a cargo de Jaime, quien finalmente debía concentrarlo todo. Pero esto no funcionaba así en los hechos. Los dominios de cada área dependían siempre de la fortaleza o debilidad de sus conductores. Jaime, por encima de todos. Massino y El Gordo Miguel, desde la base de Estados Unidos, siempre detrás de Jaime. Y Pocino, Pocino se movía levemente en otro círculo. Tenía oficinas repartidas, una en la central y otra en la base Billinghurst, a la que controlaba sin la mirada de los demás directores. Tenía redes propias de informantes. Tenía canales de difusión distintos a los de Jaime. Y también tenía otros intereses. Pronto sabremos de él.

Euforia

La bonanza económica que marcó los primeros años de era kirchnerista coincidió con una impresionante concentración del poder político. Apenas un par de años necesitó Kirchner para apropiarse de la conducción del peronismo y romper alianzas opositoras a través de la creación de una supuesta transversalidad, que no era otra cosa que la absorción de todo lo posible. También hizo alianzas estratégicas con Hugo Moyano, líder camionero, y a través suyo pasó a dominar al sindicalismo. Dividió a su a vez a las organizaciones sociales o piqueteras y pasó a controlar a través de planes de asistencia y otros beneficios a buena parte de los que amenazaban con disputarle el espacio público. Antes se había sacado de encima a una Corte Suprema que le era hostil; entretanto construyó hegemonía fiscal y obediencia parlamentaria. Todo eso en apenas dos años, dos intensos años que naturalmente fueron envalentonando al Presidente.

La Secretaría de Inteligencia, desde siempre, late y vive del estado de ánimo de su presidente. Porque de allí emanan las directivas. Porque de allí se define lo más importante de un servicio de Inteligencia: la caracterización de los blancos, de los objetivos, de los enemigos. Es por eso que los primeros años fueron también de euforia para Jaime, cuyo ascenso en el universo kirchnerista se fue profundizando. Su capacidad para resolver los secuestros extorsivos, todavía corrientes hasta mediados de 2005, fascinó tanto a Larcher como a Kirchner. El ingeniero Blumberg, que había sacudido la reserva de imagen positiva del Presidente, acabó poco menos que en olvido y su estrella se terminó de apagar cuando algún informante de La Casa llevó el dato de que no era ni siquiera ingeniero, sino un aspirante. Por supuesto, las carpetas de Jaime siguieron estando al día. Los enemigos mutaban a cada rato, como al principio, pero eran todos accesibles a las escuchas o a los antecedentes inconfesables: banqueros, duhaldistas, empresarios. Varios callejeros estaban infiltrados en los grupos piqueteros, por lo que anticipaban rápidamente marchas y contra marchas. Incluso estaba infiltrado el entorno de Luis D’Elía, quien se decía aliado pero al que había que marcar de cerca. Otros callejeros se sumaron, en marzo de 2005, a los bloqueos a las estaciones de servicio que ofuscaban al Presidente con aumentos de precios en sus naftas. También se sumaron hombres a Hugo Moyano cuando el camionero decidió cerrar los ingresos a fábricas y supermercados. Jaime hasta se dio el gusto, en aquellos meses, de apurar su venganza contra Gustavo Beliz, el ex ministro que lo había desafiado por televisión. Beliz ahora flotaba en el destierro en una oficina del Banco Mundial, en Washington, pero ese destierro forzado era, a la vista de Jaime, un castigo insuficiente. Los abogados de la Secretaría lo denunciaron ante la Justicia por violación de secreto de Estado —un delito con penas de prisión— y presionaron y presionaron hasta que el juez federal Sergio Torres se decidió a indagarlo y luego a procesarlo. ¿Y si Beliz terminaba preso? ¿Y si el denunciante acaba tras las rejas? La influencia de Jaime sobre los Tribunales federales era cada vez más incisiva, en gran medida por la venia que le había dado Kirchner y la sociedad que había formado, para eso, con el enigmático Javier Fernández.

En octubre de 2005 la SIDE movilizó a cien agentes a Mar del Plata, donde en noviembre se reunieron 33 gobernantes de América, entre ellos nada menos que George W. Bush, el presidente de Estados Unidos. Jaime estuvo al frente de ese operativo, aunque a su sombra se movía el director de Reunión, Pocino, con quien todavía convivía en armonía. En Mar del Plata hicieron de todo. Coordinaron trabajos de custodia con otras agencias, barrieron de cámaras espías todos los hoteles, protegieron líneas telefónicas. También, por cierto, mandaron muchachos a la cumbre Anti-ALCA y a las manifestaciones que, del otro lado de los vallados, provocaban disturbios para decirle al mundo que Argentina era un país libre y no dominado más que por sus propias macanas.

A la vuelta de Mar del Plata recibió un nuevo encargo. A pedido de Larcher, Jaime debió revisar los legajos de todos los militares que pretendían su ascenso de fin de año. Como había hecho con los jefes de la Policía Federal, revisó los legajos con un marcador rojo y fue tachando. Jaime Stiuso. Aldo Stiles. Antonio para los íntimos. Un hombre secreto, con su propio legajo perdido en las mudanzas de La Casa, controlaba y marcaba a su criterio los legajos de los militares. Y su marcador rojo dio su veredicto. El Ministerio de Defensa pasó a retiro al general de brigada Gonzalo Palacios, uno de los que aspiraba a reemplazar al jefe del Ejército, Roberto Bendini. ¿Por qué? Porque Jaime descubrió que en la década del ochenta Palacios había asistido a los cursos de la Escuela de las Américas, aquella escuela por la que habían pasado los represores de la dictadura, aquella donde se enseñaba que los enemigos de las naciones eran el comunismo y las banderas rojas. ¿Pero Jaime no había combatido a esos mismos enemigos cuando le tocó hacerlo? ¿No había obedecido las mismas órdenes que recibió Palacios? No importa. Jaime marcó con rojo y se hizo. Por algo es la lección más importante de todas las que aprendió Jaime: a los muertos, siempre los ponen los otros.

El ascenso de Pocino

De la vieja guardia de espías ya no quedaban más que los muchachos de Jaime. Garnica, El Gordo Miguel, también Alejandro Patrizio, otro de sus hombres importantes en la estructura de lealtades. Eran ellos los últimos veteranos, los que habían entrado en los lejanos años setenta y aún sobrevivían. Era insólito que nadie mirara sus antecedentes. Nadie del gobierno, se entiende, de un gobierno que andaba a la cacería —y lo seguiría haciendo— de los militares de la dictadura y de sus cómplices civiles. Pero claro, el relato público no entraba en la SIDE. La Secretaría era un Estado aparte, un extra-Estado, al menos mientras fuera funcional al Presidente. Los demás veteranos de la SIDE ya eran historia, pero no por su pasado sino por el oficio de Jaime. Él los había barrido, uno a uno. Especialmente a sus dos archirrivales internos, a los que había empujado a la calle en la purga de la Alianza. Uno era Patricio Pfinnen, de quien no se supo más nada. Se había recluido en un campo de Entre Ríos, tiempo después había sido tentado para integrarse a una agencia de investigaciones privada, pero ahí se le perdió el rastro. Su otro enemigo íntimo, Alejandro Brousson, estaba casi jubilado. Ahora se dedicaba a vender un servicio de vigilancia privada en la zona de San Isidro, su barrio de siempre. Casi un gesto burocrático para quien había sido un guerrero. Brousson había colocado minas antipersonales en Malvinas, se había especializado en Inteligencia militar, había caminado sobre cadáveres en La Tablada, había hecho seguimientos políticos, había capturado a Gorriarán en México, había pagado sobornos en el caso AMIA. Pero ahora estaba afuera, se ponía trajes, se aburría como un demonio hablando con vecinos asustados. En poco tiempo más, el 6 de marzo de 2007, iba a morir por un infarto masivo. Brousson, el espía despiadado, el sobreviviente de mil batallas, iba a tener una muerte fuera de toda épica, una muerte como cualquier otra. Fulminado. Con el corazón hecho pedazos.

Lo que quedaba en la SIDE era, en general, gente de Jaime. Ni siquiera los dinosaurios habían sobrevivido. Pascual Guerrieri, aquel viejo depredador de la dictadura que había vuelto en los noventa, ya era uno de los muchos ex represores detenido en la cárcel de Marcos Paz. Igual que Ruffo. Igual que tantos otros.

Pero el tiempo también pasaba para Jaime. Y los cambios van, siempre, más rápido que los hombres. Cerca suyo fue creciendo la figura de Fernando Pocino. Contaba con una ventaja insondable. A diferencia de Jaime, al que la política nunca pareció importarle, Pocino mostró desde el principio que tenía afinidad ideológica con el proceso en marcha. No eran lo mismo: Jaime podía ser el mejor y el peor de todos, pero Jaime era un aliado estratégico o incluso táctico, de coyuntura, una herramienta para ejecutar acciones. Pocino, en cambio, aplaudía desde su oficina en la base Billinghurst cada uno de los gestos de Kirchner. Los aplaudía y hacía conocer sus aplausos. Participaba incluso de algunas tertulias políticas, se declara en contra del ALCA y veía con satisfacción la creciente relación con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Pocino, para que se supiera, para mostrar de qué madera estaba hecho, acompañó a las Abuelas de Plaza de Mayo cuando las abuelas ingresaron a la vieja ESMA, el escenario de tortura de cientos o miles de desaparecidos que Kirchner mandó a recuperar para el ámbito civil. Así fue visto, unos años más tarde, acompañando a Hebe de Bonafini a mitigar los daños de su proyecto de Sueños Compartidos en un barrio de casas que no se terminarían jamás. Pocino, además, mantenía relaciones y afinidades con periodistas de Página/12, diario de centroizquierda o filoprogresista del que era lector por convicción, desde antes incluso de la consolidación de Página/12 como un diario kirchnerista. Pocino había impulsado el apoyo desde la Secretaría a la confesión de Pontaquarto. Se jactaba de lo que era: un espía distinto, un espía del nuevo tiempo, un espía comprometido con la causa. Otra operación que se le atribuye fue la infamia contra Enrique Olivera. O al menos una parte. O al menos en complicidad con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Las elecciones de 2015 eran decisivas para mostrar la hegemonía del kirchnerismo en el nuevo mapa político. Y Olivera era el primer candidato del ARI de Elisa Carrió para la Legislatura porteña. Si bien el kirchnerismo sabía que sería derrotado por el PRO en la ciudad de Buenos Aires, no quería saber nada de una buena performance del partido de Carrió, esa mujer a la que Kirchner despreciaba especialmente. Intervino entonces Daniel Bravo, el mismo que había operado a pedido de la SIDE en el caso de las coimas en el Senado. ¿Por orden de Alberto o de Pocino? Probablemente lo decidieron entre todos, aunque ellos iban a negarlo de por vida. El 18 de octubre, a una semana de la elección, Bravo se presentó en la Oficina Anticorrupción denunciando que Olivera tenía dos cuentas bancarias en el exterior no declaradas en la AFIP (una en Suiza y otra en Nueva York) por poco más de dos millones de dólares. Dos días más tarde el propio Kirchner habló por radio y se ocupó del tema, diciendo que ni Carrió ni Olivera podían justificar cómo vivían. Al mismo tiempo empezó a circular por los medios la documentación presentada por Bravo. Dos papeles que simulaban ser documentación bancaria, con sellos de los bancos citados y el nombre de Enrique Olivera y los montos de las supuestas cuentas. A simple vista parecían serios e indubitables. Naturalmente, eran documentos armados, preparados para la ocasión en alguna de las cuevas de la Secretaría de Inteligencia. Alberto Fernández, amigo de Bravo, lo recibió en la Casa Rosada y le dio cobertura a su denuncia. Una reunión similar a la que llevó en su momento a Pontaquarto a confesar las coimas en el Senado. Como aquella vez, todo el gobierno aplaudió la maniobra, la campaña de desprestigio contra el rival político de ocasión. Olivera, gritando su inocencia, perdió varios de miles de votos y sintió un puñetazo en su honor. Años más tarde, Bravo lo iba a solucionar en Tribunales: pidió disculpas formales a Olivera por haberle causado el daño moral a la vista, pero argumentó que se había dejado llevar por el entusiasmo de un denunciante anónimo.

El 2005 fue un año decisivo para confirmar el ascenso de Pocino. Decisivo para ganarse la confianza del kirchnerismo. Por iniciativa suya, en noviembre de ese año un grupo de callejeros se infiltró en Gualeguaychú, junto a espías locales, para contagiar a otros asambleístas y empujar el corte del puente internacional que cruza el río Uruguay. Los vecinos de Gualeguaychú estaban desesperados ante el avance de las obras de una pastera descomunal del otro lado del río y sus protestas, primero tímidas, con el tiempo férreas, generaron una fuerte tensión y bloquearon un paso clave para Uruguay. La SIDE siempre estuvo al tanto de lo que pasaba en la asamblea y hasta pudo, al menos en cierta medida, influir en sus votaciones de acuerdo a la conveniencia del gobierno, que encontró en esa batalla ambiental un argumento político para generar unidad nacional, al menos por un rato, detrás de la figura de Kirchner. Pocino también viajó a Mar del Plata, aunque todavía a las órdenes de Jaime, y lo ayudó en la organización de una misión que, por fin, los mostraba haciendo cosas como la constitución manda.

Pero ninguna de esas misiones fue tan importante como la que estaban por asignarle. A fines de 2005, iba a recibir el encargo más trascendente de su vida. No por riesgoso, sino por las puertas que iba a abrirle: le encomendaron la protección de una ministra.

Y un día apareció Milani

Desde el mismo día de su asunción, Kirchner había elegido como enemigo inaugural a lo más rancio de las fuerzas armadas, aquellas vinculadas con la represión de la dictadura de los setenta. Era un buen enemigo para las ambiciones de Kirchner, ya que simbólicamente era un enemigo poderoso —eso le asignaba poder a él—, mientras que en los hechos resultaba un grupo bastante inofensivo. Además, lo ubicaba en un lugar histórico (el de «una generación diezmada», había dicho) que le servía para la construcción de su relato de gobierno transformador de una época. Desde el oficialismo se habían impulsado la reapertura de los juicios contra la represión; la «recuperación» de la ESMA en manos de los organismos de Derechos Humanos; y ahora, en diciembre de 2005, para darle aún mayor espectacularidad, se decidía nombrar como ministra de Defensa a la diputada Nilda Garré. Que no sólo era mujer (lo que ya era una provocación para ese mundo de hombres) sino que había sido, en los setenta, militante del combativo peronismo de izquierda. Por supuesto, para los generales, brigadieres y almirantes, la designación de Garré era poco menos que una cargada, una tocada de traste, hostilidad baja y canallesca. ¿Cómo iban a reaccionar? ¿Le harían el vacío a la flamante ministra? ¿Le fabricarían macanas para forzar su fracaso? Por las dudas, Kirchner le pidió a la SIDE una red de protección.

A Garré le sorprendió la velocidad con la que se ejecutó el encargo. Lo comprobó apenas unos minutos después de jurar como ministra, durante el trayecto de apenas cuatro cuadras que dividen la Casa Rosada con el Ministerio. En esos pocos metros recibió un llamado de Kirchner. Garré pensó que el Presidente se había olvidado de decirle algo, pero descubrió que la llamaba para ponerle a Larcher al teléfono:

—Estoy para protegerte, te irá a ver un amigo —le dijo Larcher.

Fernando Pocino ya la esperaba en el Ministerio. Y es cierto que eran amigos, o al menos conocidos. Pocino ya había trabajado cerca de Garré en el Congreso, cuando él asesoraba comisiones como delegado de la Secretaría, unos siete u ocho años antes. En poco tiempo esa relación se iba a hacer más confiable y profunda. Incluso familiar, de invitarse a los cumpleaños y demás, tanto que años después Pocino debió soportar una versión (falsa, hay que decirlo) que lo ligaba sentimentalmente con una de las hijas de la ministra.

Fue en Defensa y partir de ese tiempo, donde se construyó y se consolidó una relación que iba a significar un límite concreto al poder omnipresente de Jaime: la relación entre Pocino y el entonces jefe de Inteligencia del Ejército, el general César Milani. Ellos también se conocían desde hacía algunos años, porque la SIDE y los servicios militares mantenían desde siempre un intercambio de información y de fondos, y Pocino había mediado muchas veces con sus pares de las fuerzas armadas. Pero ahora tenía un motivo más fuerte para acercarse a Milani. Al recibir la misión de proteger a Garré, entendió que debía conseguir en Milani a un aliado incondicional. Y allí fue, a construir una relación de mutua confianza y acuerdo de intereses que no iba a decaer nunca más. Una relación poco conveniente para el esquema de poder dominante en La Casa.

Una ayuda para Sandra

Los favores nos exponen, los favores nos hacen vulnerables. Los favores, además, se pagan.

Ser director general de Operaciones no era tan divertido como Jaime había imaginado. Tenía más poder que nunca, pero también más burocracia y demasiados asuntos que atender. Jaime debía asignar a las bases los presupuestos de las operaciones especiales y aprobar las rendiciones de cuentas que le enviaban. De él dependían además las relaciones con los servicios de Inteligencia extranjeros, que no sólo hacían pedidos de ayuda sino que también obligaban a Jaime a asistir a cócteles, llevar a pasear a colegas de otros lados del mundo por los restoranes de Puerto Madero. A Jaime le hubiera gustado tener más tiempo para ocuparse de atender los pedidos puntuales o de coyuntura de parte de Nisman. Eso era lo que le gustaba: la acción de espionaje, aun como auxiliar de un fiscal. Así que quien se ocupaba del trato diario con Nisman era Horacio García, Garnica, el jefe de la base Estados Unidos. Nisman le pedía de todo. Que actualizara y encriptara el sistema informático de la Unidad. Que reclamara un informe pendiente del FBI sobre las características genéticas de Ibrahim Berro. Que le hiciera un relevamiento de las escuchas telefónicas que se hacían y que eran muchísimas, no sólo para intentar encontrar algún dato sobre el atentado sino para estar atentos por si se tramaba otro. Por eso fue a él, a Garnica, a quien Nisman le hizo el pedido. Un día que iba a ser trascendental. Porque era un favor de esos que sólo se piden una vez y atan para siempre: un favor muuuuuuy grande. Nisman levantó el teléfono y le pidió a la SIDE que ayudara a su mujer a convertirse en jueza. Acaso sin saberlo, se estaba entregando así a un mundo con códigos diferentes a los suyos, a un mundo sórdido del que no se salía.

—Dejame hablar con Jaime —le dijo Garnica.

La mujer de Nisman no era ni peluquera ni especialista en botánica, por lo que no era un disparate lo que se pedía. Sandra Arroyo era defensora oficial en la Capital Federal desde hacía varios años. Y si bien no tenía ni libros ni artículos publicados (asunto que siempre suma para estos ámbitos), a los 37 años tenía un posgrado en la Universidad Austral y era docente de Derecho Penal en la UBA. Estaba lista para dar un nuevo paso en su carrera. Pero su aspiración era muy ambiciosa. Lo que pidió Nisman era ayuda para convertirla en titular del Juzgado Federal número 1 de San Isidro, que llevaba casi un año sin juez. Era un cargo muy codiciado, por varias razones que ya iremos viendo, pero en principio por su enorme dimensión geográfica (todo el cordón norte del conurbano), que incluía nada menos que a la quinta presidencial de Olivos. Sandra Arroyo Salgado quería ese puesto, además, por comodidad para la familia. Estaba agotada de viajar todos los días al centro. Los Nisman ya vivían en San Isidro y tenían allí su vida social. Llevar a los chicos al colegio (sólo a la más grande, por ahora), ir al club los fines de semana, reunirse con amigos.

¿Estaba capacitada para el cargo al que aspiraba? Sandra venía desarrollando una buena carrera, sin duda, pero pasar a un juzgado federal tan importante significaba un salto muy abrupto. Por lo tanto, más costoso para quien lo facilitara. Quien lo hizo fue Jaime. Lo resolvió él mismo o a través de Javier Fernández, aquel hombre al que Kirchner había asociado para ganar influencia en el Poder Judicial.

La ascendencia de la Secretaría sobre el Poder Judicial estaba a cargo de ellos dos. De Fernández y de Jaime, en cualquier orden. Al director de Operaciones se le daba de manera bastante sencilla, porque después de tantos años trabajando de auxiliar de la justicia, ya conocía a prácticamente todos los jueces, al menos los federales. Porque estaba en el juego. Es por eso que para la SIDE es importante tener la Dirección de Observaciones Judiciales. Porque arrima la SIDE a los jueces y la convierte en necesaria.

Todos los jueces federales, que en ese momento eran nueve (quedaban tres vacantes), habían tratado con él y habían dependido de él en muchas investigaciones. Jaime era el hombre de la SIDE a través del cual los jueces pinchaban teléfonos para investigar secuestros extorsivos o bandas dedicadas a delitos complejos, como narcotráfico, documentación trucha para contrabando de personas y más. Jaime los conocía a todos y la mayoría de ellos le debía favores. El único que le era definitivamente esquivo era Daniel Rafecas. Los demás lo veneraban o le tenían miedo. Salvo Servini. La jueza María Servini de Cubría, la más veterana, a diferencia de los demás, podía jactarse de una relación de pares, casi de amigos, con el más poderoso de los espías. Ella podía incluso patear el tablero y cada tanto contradecirlo y pelearlo, hasta en público. Servini, a diferencia de los demás, tenía un vínculo personal que se había aceitado con los años. Habían asistido a los casamientos de sus familias, habían compartido cumpleaños, se tenían aprecio. En los años de la Alianza, cuando la primera hija de Jaime pasó la primera juventud y decidió buscar trabajo, fue a parar al juzgado de Servini. A coser expedientes, después a llevar causas e iniciar una carrera judicial, como tantos otros. Allí trabaja, todavía.

Pero claro, Jaime no podía ir a Tribunales a medir el pulso de los expedientes. Ése era un trabajo diario, pesado, de muchas horas perdidas o semimuertas, un trabajo para alguien afín a ese mundo de trajes y cafés y expedientes. En los tiempos de Anzorreguy lo había hecho de manera muy eficaz José Allevato. Alto, elegante, con cara de no entiendo nada, Pepe Allevato abría y cerraba puertas como si fuera el dueño del fuero federal, dejaba sonrisas, invitaba a Congresos, regalaba computadoras y sobres de papel madera. Pero Pepe ya no estaba, era el pasado.

Quien empezó a ocupar ese espacio, por ahora lentamente, era Javier Fernández, elegido por Kirchner. Es cierto que Javier Fernández no tenía ningún cargo ni en el Ministerio de Justicia ni en la SIDE, pero eso no importaba. A Nadie. Javier Fernández era auditor general de la Nación desde 2001. Un cargo que dependía del Congreso de la Nación y que había conseguido gracias a sus contactos políticos. Tenía oficinas en el microcentro. En teoría, no tenía ninguna razón para caminar por Tribunales. Aunque lo hacía, casi desde siempre.

Francisco Javier Fernández. Ése es su nombre completo. Su recorrido en la política había sido siempre en las sombras y siempre vinculado al Poder Judicial. Había nacido en 1966. Era nieto de asturianos. Hijo de un fabricante de bolsos de San Martín. Egresado del Colegio Sagrada Familia. Gracias a un cura amigo de la familia, apenas salió del secundario se metió a trabajar en Tribunales. Arrancó de pinche, cosiendo expedientes y atendiendo la mesa de entradas. Su hermano Sergio iba a hacer el mismo recorrido pero con los años iba a llegar a convertirse en camarista. A Javier, en cambio, le gustaba la rosca política. Lo suyo era el lobby en favor de sus intereses. Al poco tiempo de estar en Tribunales se vinculó con el diputado César Arias y a través suyo con quien iba a ser ministro de Justicia de Menem, Rodolfo Barra, quien lo tomó prestado y se lo llevó a trabajar al Ministerio. Allí quedó, por años, incluso cuando Barra fue reemplazado por Raúl Granillo Ocampo, de quien se convirtió en su hombre para los mandados más delicados. Javier Fernández iba a ser denunciado de repartir sobresueldos entre los jueces a pedido de Granillo Ocampo. Pero claro, esa denuncia iba a quedar en la nada. Nunca se probó, como no se prueban nunca esas cosas.

El puesto de auditor de la Nación era un trabajo de medio tiempo. El resto lo dejaba para llevar y traer información entre los distintos poderes. Javier Fernández era en verdad un gestor. Un político de las cloacas. Y él se ocupaba de dirigir los deseos del kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura. Levantaba el teléfono y hacía pedidos a los consejeros oficialistas. Apuren tal concurso, duerman tal otro. ¿Levantaba y bajaba candidatos? Eso tampoco fue probado jamás.

No conocemos los detalles, pero aquel invierno de 2005 se cocinó en el Consejo el nombramiento de Sandra Arroyo Salgado como jueza federal de San Isidro. Los indicios se encuentran en el concurso 112/05. Sandra compitió con candidatos mucho más preparados y con mejores antecedentes. Pero el Consejo, que debe elegir a los tres mejores, la puso primera en la terna que luego se envía al Senado de la Nación. Las calificaciones, se sabe, ya se toqueteaban a gusto de la mayoría, que en ese momento ostentaba el kirchnerismo. En el concurso, terminado en septiembre de 2005, quedó asentada la queja de al menos una de las consejeras (Victoria Pérez Tognola), quien señalaba que otro de los candidatos, Juan Pablo Salas, había dado un examen muy superior al de todos los demás. Los antecedentes de Salas también eran muchos mejores. Seguramente se merecía el cargo más que Sandra Arroyo Salgado. Pero claro, el tal Salas no tenía llegada a La Casa.

El retorno del Tata Yofre

Junio, julio, agosto. En el poder, se sabe, los favores se cobran. Antes de cumplir tres meses en su nuevo cargo, Sandra Arroyo Salgado recibió el primer encargo de La Casa. Los abogados de la Secretaría habían tanteado inicialmente a un juez federal porteño, Daniel Rafecas, pero no habían conseguido buena aceptación y no encontraron otra manera más que acudir a ella. Iban a dar inicio de una investigación de importancia vital para la SIDE y necesitaban un juzgado de confianza. La denuncia por violación de secreto y violación de la intimidad contra, en principios, dos ex agentes de La Casa que habían armado una estructura de espionaje paralela dedicada a espiar a ricos, famosos y poderosos. La Secretaría aprovechó que parte del espionaje se efectuaba en domicilios de zona norte, dentro de la jurisdicción de Arroyo Salgado. En realidad, cualquier excusa servía para poder iniciar el expediente en un territorio amable. La denuncia fue acompañada por una cantidad descomunal de información: más de cincuenta carpetas recargadas de datos, cientos de archivos informáticos, imágenes y hasta pruebas concretas del espionaje que se denunciaba. Según la difusión que se le intentó dar al caso, lo que se investigaba era a un grupo de inescrupulosos que habían construido un sistema informático de gran capacidad que filtraba y robaba datos de computadoras elegidas a discreción. Había víctimas para todos los gustos: jueces de la Corte (el presidente del Tribunal, Ricardo Lorenzetti), ministros del propio gobierno (casi todos), diputados, senadores, empresarios, periodistas y lo más curioso de todo, una gran cantidad de personajes de la farándula, desde Susana Giménez a actrices como Celeste Cid o modelos como Pampita Ardohaín. Los acusados eran dos personas bien conocidas tanto por Jaime como por Pocino, los dos hombres fuertes de La Casa: Iván Velázquez y Pabo Carpintero, de larga trayectoria en la Secretaría y en el caso de Velázquez, de larga trayectoria como callejero de la base de Estados Unidos, luego como oficial de rango ya dedicado a seguimientos ya más complejos y finalmente como espía informático de cuidado, con sede en la base secreta de la avenida Coronel Díaz. Lo que se dice, un verdadero especialista, que había avanzado como pocos en un nuevo sistema de pinchado de mails, con una técnica de «pishing» que consistía en clonar correos ajenos a través de servidores remotos. No necesitaba ningún contacto físico con la computadora atacada. El primer detalle que llamaba la atención: los dos principales acusados habían abandonado la SIDE pocos años atrás para pasar a la Policía de Seguridad Aeronáutica, a cargo de Marcelo Saín, un conocido político especializado en el tema que había sido, además, uno de los redactores de la Ley de Inteligencia. ¿Por qué abandonar la SIDE para pasar a la policía aeronáutica? ¿Hacían espionaje para Saín o para su superior, el ministro Aníbal Fernández? ¿Cuál era la relación entre Velázquez y Carpintero con La Casa? ¿Realmente no trabajaban más en la SIDE? ¿O su salida era parte de una fachada? Si la SIDE quería que la causa tramitara en un juzgado de confianza, era justamente porque quería que se hicieran sólo las preguntas convenientes. Esto es: a quiénes investigaban y a quién le entregaban la información.

La jueza no tardó en llegar a varios periodistas que consumían los mails pinchados, como Roberto García o Carlos Pagni. Entre ellos se encontraba un viejo rival de Jaime, Juan Bautista «El Tata» Yofre, jefe de La Casa durante el despertar menemista, cuando todavía correteaba mujeres y deambulaba en la frívola noche. Nada de eso ocurría ya, pero El Tata seguía siendo buen consumidor de chismes y datos. Por culpa de eso le allanaron el departamento y por las dudas se llevaron los 5000 CD de su colección de música.

Había, claro, preguntas más inquietantes que la mujer del fiscal Nisman no se atrevió a hacer jamás. La central: ¿Eran Velázquez y Carpintero dos aventureros solitarios del espionaje, o eran parte del espionaje oficial? Acusados, presos, luego liberados, vueltos a la cárcel o alejados en el exilio. Así pasaron los meses siguientes los espías acusados. Velázquez acabó viviendo en Montevideo gracias al asilo que le concedió el gobierno uruguayo, acaso para evitar quedar involucrado en una posible guerra interna del espionaje argentino. Porque algo de eso seguramente hubo. Desde su exilio forzado, Velázquez se lo pasó jurando a sus amigos y conocidos que no era un chico malo suelto en la jungla de los mirones, sino un agente de La Casa en una tarea encomendada. Velázquez, en fin, no era una falla del sistema; era parte del sistema.

Velázquez

Lo que no quiso saber Arroyo Salgado era quién era Iván Velázquez. No quiso saber que había ingresado a la Secretaría de Inteligencia en 1999, exactamente el 7 de diciembre, en la Dirección de Inteligencia Interior. Había llegado, como casi todos, por un contacto, un padrino suyo que era militar y ocasional informante de La Casa. Su primer encargo fue hacer un informe sobre Greenpeace, la ONG ambientalista. Escribió treinta páginas, analizando cuáles habían sido sus denuncias de los últimos años y detectando un supuesto patrón de intereses. Un típico informe que después era arrojado por algún jefecito en el tacho de basura. Pero parece que lo hizo bien porque se ganó el derecho a espiar. Le dieron una credencial de periodista de la agencia oficial de noticias, Télam, con la que se infiltró entre los grupos piqueteros que habían estallado durante la crisis de 2000 y 2001. Velázquez se disfrazó de periodista para acceder a la dirigencia de la Corriente Clasista y Combativa, en La Matanza. En ese tiempo se acercó a Juan Carlos Alderete y Luis D’Elía, el más mediático de los dirigentes sociales. A D’Elía le había sacado fotos y se las había regalado, para ganarse su confianza. Había dormido en los piquetes de la Federación Tierra y Vivienda. Había participado en la construcción de una escuelita en Laferrere. Se había lastimado las manos levantando ladrillos. Y había hecho informes. Carpetas, muchas, que iban a pasar a engrosar las carpetas de La Casa. Carpetas con información sobre sus blancos. Con datos familiares, gustos sexuales, antecedentes. Velázquez había hecho eso y mucho más. Luego había pasado al área de Contraterrorismo. Allí había trabajado cerca de El Gordo Miguel en los operativos contra bandas de secuestro en el conurbano. Y había desembarcado, finalmente, en la base Coronel Díaz, dedicada, allá por 2003, 2004, a la Contraproliferación, así la llamaban, ocupada de seguir de cerca a inmigrantes vascos sospechosos de integrar a la ETA en desintegración. Muchas de las carpetas de Velázquez se iban a conocer poco tiempo después, pero ésa será historia. Por ahora, era un enigma del que nadie quería ocuparse más que para denunciarlo como un extraño, un monstruo ajeno al monstruo principal.

La denuncia contra él y su grupo de consumidores de historias ajenas tenía un objetivo que era la obsesión histórica de Jaime: eliminar cualquier posible competencia en el área del espionaje. El único espía soy yo, parecía decir. Yo y nadie más. En la década del ochenta, la competencia estaba representada por los aparatos de Inteligencia militar o por bandas paralelas como la que había armado Guglielminetti, el Grupo Alem. En los noventa, las internas dentro de la SIDE ofrecieron ese juego de rivalidades del que saldría como rotundo vencedor, al dejar afuera de La Casa nada menos que a sus enemigos de Sala Patria. Fue en la crisis política, con Rodríguez Saá y la ronda de Presidentes, cuando Jaime consiguió el control total de la SIDE y así el monopolio del espionaje. Pero nunca descansaba, Jaime. Y desde que se convirtió en director general de Operaciones, se ocupó de ponerle freno o de barrer cualquier intento por limitarlo. El caso de Gustavo Beliz había sido clarísimo. El primer ministro de Justicia de Kirchner pretendía licuar y crear un FBI criollo que iba a competir con la SIDE o quitarle trabajo. Por eso barrió a Beliz del mapa. Ahora le llegaba el turno a esta aparente pandilla de filtradores de mails ajenos, que evidentemente había accedido a tecnología avanzada y sabía cómo manejarla. A diferencia de lo ocurrido en sus anteriores batallas, en esta contienda Jaime contó con la alianza de Pocino. ¿Sabía Jaime que trabajaba con su inminente nuevo rival? Por supuesto que lo sabía, y también Pocino. Eran aliados tácticos, aunque la estrategia de ambos consistía en eliminar al otro. Se precisaban en el mediano plazo, aunque sabían que a futuro estarían enfrentados.

Camino a Interpol

El 25 de octubre de 2006 Jaime sintió que tocaba el cielo con las manos, que caminaba por las nubes y todas las metáforas triunfalistas que puedan imaginarse. Por fin. Por fin el caso AMIA. Por fin el caso de su vida tomaba la dirección y la contundencia con la que había soñado. El fiscal Alberto Nisman lo había hecho. En base a los informes que él había elaborado y con la teoría del comando suicida, firmó un pedido de captura internacional contra siete ex funcionarios de Irán y un libanés, a los que acusó de planificar y ordenar el atentado a la AMIA. Según el dictamen de Nisman, el atentado fue decidido el 14 de agosto de 1993, en una reunión entre las máximas autoridades de Irán en la ciudad de Mashad. La cita se dio entre las cuatro y media y las siete de la tarde. Asistieron seis personas: el líder espiritual de Irán, Alí Khamenei; el presidente Alí Rafsanjani; el ministro de Informaciones, Alí Fallahijan; el ministro de Relaciones Exteriores, Akbar Velayati, y dos viejos conocidos para los espías argentinos, el líder de la mezquita de Floresta, Moshen Rabbani (más tarde agregado cultural en Buenos Aires), y Amhad Reza Ashgari, secretario de la embajada iraní en nuestro país. A diferencia de lo que tiempo atrás había planteado la investigación del juez Galeano, Nisman no acusaba a elementos radicalizados de Teherán sino al gobierno mismo. Era una apuesta fuerte, durísima.

¿Cómo se sostenía? El dictamen estaba basado en informes de Inteligencia y testimonios obtenidos lejos de casa. Para empezar, se tomaban por válidas las declaraciones de cinco disidentes del régimen de Irán, quienes, por supuesto, no fueron testigos directos de nada ni explicaron de dónde habían sacado la información. Eran informantes, en su mayoría ex topos de Inteligencia que ahora colaboraban con los servicios secretos de Occidente. A algunos de ellos los había entrevistado el propio Jaime Stiuso, en Alemania, Francia e Inglaterra. En el dictamen figuraban sus nombres, uno tras otro: Reza Zakeri, Reza Ahmadi, Bani Sadr, Reza Eshagi y un archiconocido del expediente, el «Testigo C», el alias de un ex funcionario de la Inteligencia iraní que varias veces había sido visitado por Jaime en un departamento de las afueras de Berlín. El «Testigo C» era un informante de cierto prestigio, porque en 1993 había ayudado a esclarecer una matanza contra disidentes iraníes en Alemania. Pero en su recorrido con el caso AMIA había patinado, varias veces. Fue, de hecho, el hombre que acusó a Menem de haberse sobornado para no investigar a Irán y después se desdijo gracias a la visita de Jaime, durante la gestión de Toma al frente de la SIDE. ¿Era confiable el Testigo C? ¿Lo eran los otros? Sólo Jaime podía contestar esa pregunta. De ninguna manera podían saberlo Nisman ni el juez a cargo de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, que había delegado la investigación justamente para no tener que contestar preguntas difíciles. El dictamen de Nisman tenía algo más de solidez cuando se sumergía en lo que había ocurrido en Buenos Aires en el período cercano al atentado. Durante el mes y medio previo al atentado, la embajada había sido escenario de muchos movimientos que parecían no ser habituales. En ese período recibió la visita inusual de siete diplomáticos. Varios de ellos, según información de Inteligencia —aportada por el Mossad—, eran agentes de espionaje. Es más: Nisman escribió que uno de ellos sería «experto en explosivos». ¿Eran realmente espías expertos en bombas? También sobre ese período se agregaron como prueba una serie de llamados desde mezquitas y locutorios porteños a un contacto en Foz de Iguazú, en la Triple Frontera. El contacto era un tal Marquéz, al que según información de Inteligencia (otra vez), se lo vinculaba con la milicia libanesa Hezbollah, subordinada a Irán y, según Nisman, ejecutora del atentado.

En definitiva, el dictamen de Nisman estaba compuesto por un puñado de datos y muchos testimonios de Inteligencia, de dudoso origen. ¿Alcanzaba eso para sostener la acusación? Alcanzaba seguramente para un informe al estilo Jaime, al estilo de la SIDE. Pero en la Justicia, se sabe, se requieren otros niveles de acercamiento a la certeza. O tal vez alcanzaba para pedir sus capturas, lo que no significaba la condena de los sospechosos. Como sea, el juez Canicoba Corral no debe ni siquiera haber leído el dictamen. Canicoba hizo lo que venía haciendo: dar el visto bueno y nada más. Hacer lo que el fiscal le pedía. Por algo el fiscal Nisman era sostenido por la dirigencia de la comunidad judía, por el gobierno nacional, por la SIDE y también por Estados Unidos.

La relación de Alberto Nisman con la embajada de Estados Unidos era ya muy intensa, según se iba a comprobar años más tarde gracias a wikileaks, la difusión masiva de cables confidenciales de las embajadas que tiene el poderoso del Norte alrededor del planeta. Varias de sus visitas iban a quedar registradas allí. Nisman fue a la Embajada, primero, para anticipar el fallo de Canicoba Corral. Lo dejó escrito el encargado de negocios de la Embajada, Mike Matera: «Nisman dijo que pensaba que el juez Canicoba Corral podría emitir su fallo y librar las órdenes de captura, tan pronto como este viernes. Que podría demorarse unos días, pero que en todo caso era inminente».

En la Embajada ya sabían lo que casi todos en Tribunales. Que el juez obedecía al deseo de Nisman para evitarse problemas. Y así fue. A los pocos días salió el fallo. Y las órdenes de captura. Allá fueron, vía cancillería, directo a Interpol y al mundo. Ocho imputaciones. Con nombre y apellido. La de los seis involucrados en la reunión, más la del ex embajador de Teherán en Buenos Aires, Hadi Soleimanpour, y la del supuesto organizador material del atentado, el entonces jefe de Inteligencia del Hezbollah, Imad Mugniyah. En el caso de Soleimanpour, ya había sido demorado en Londres en 2003 por un pedido de detención librado por el juez Galeano y finalmente había sido liberado por falta de fundamentos en el pedido. Pero tanto Nisman como Jaime sostenían que las cosas habían cambiado para bien: la acusación era mucho más sólida y Nisman no era Galeano. La Argentina, ahora, se mostraba más cerca que nunca de resolver el enigma del atentado. ¿Era cierto? ¿Cuánto de lo que hacían Jaime y Nisman era interés del gobierno argentino y cuánto del interés de Estados Unidos? Los cables de wikileaks iban a demostrar la mucha atención con la que la Embajada siguió todo el proceso. El 1º de noviembre, el encargado de negocios escribió: «Con los eventos moviéndose más rápido de lo esperado, la embajada ahora puede contactar al gobierno argentino con más lógica acerca de los próximos pasos que anticipa el gobierno y coordinar esfuerzos en fotos locales e internacionales para presionar a Irán y Hezbolá».

Semanas más tarde hubo una reunión entre Nisman y el embajador, Earl Anthony Wayne. Allí conversaron sobre las repercusiones del caso. Nisman se quejó porque percibió cierta resistencia en la prensa. Pero Wayne le explicó que era lógica esa reacción, teniendo en cuenta que «algunos periodistas coincidían en describir su informe como un refrito de la investigación anterior, basada en archivos de inteligencia y testigos no confiables». Eso sí, ambos estuvieron de acuerdo en algo. No iba a ser sencillo que las órdenes de la Justicia fueran validadas por Interpol. Según el embajador, «iba a ser necesario un fuerte lobby de los gobiernos de Estados Unidos y Argentina». Lobby que finalmente daría resultado, ya que varios meses más tarde Interpol aceptó transmitir la orden de captura a todas las policías de su red, la policía internacional.

Cable a tierra

Tras el pedido de captura internacional contra los iraníes, Jaime entró en una zona de reposo. Ése era, a su entender, el trabajo de su vida. La justicia argentina, con él sentado al lado del fiscal y del juez, había acusado al gobierno islámico de Irán de atentar contra la AMIA. Doce años después de aquella mañana de terror que lo sacó de la base Estados Unidos, podía jactarse de haber «resuelto» el caso. A su manera, claro. Con los códigos del espionaje, que no exigen respuestas certeras sino simplemente respuestas adecuadas. Para terminar de darle forma a la celebración, el 7 de noviembre de 2007 la policía internacional, Interpol, aceptó el pedido de Canicoba Corral y colocó a cinco de los buscados por la justicia argentina en el listado de Alerta Roja, una categoría que remarcaba la urgencia del pedido de captura. Y si algunos quedaron afuera, fue una decisión de Interpol para atenuar el impacto que la medida podía tener en Oriente Medio. El propio Nisman había viajado especialmente para informar sobre su pedido de capturas ante la sede de Interpol en Lyon, Francia. La embajada de Estados Unidos celebró la medida como un éxito propio y eso quedó de manifiesto en cientos de cables diplomáticos. Una celebración que debió ser compartida por los contactos de Jaime en la CIA, aquellos que lo habían ayudado en la investigación. De hecho, wikileaks iba a mostrar que la relación de Estados Unidos con Argentina se mantuvo en buenos términos durante esos años en gran medida gracias a la política argentina en contra de Irán. De algún modo no explícito, el caso AMIA era lo que salvaba la relación de un fracaso estrepitoso. Motivos para que fuera mala había a montones. El kirchnerismo venía de despreciar a George Bush en Mar del Plata; de tirar abajo cualquier posibilidad de firmar acuerdos comerciales directos con Estados Unidos; y al mismo tiempo acrecentaba los vínculos con la Venezuela de Hugo Chávez. Si algo equiparaba todos esos puntos que podían ser vistos como de discordia, ese algo era la sintonía y cooperación en «la lucha contra el terrorismo». El caso AMIA representaba eso. Era la herramienta secreta de la unión de un matrimonio desigual y de apariencia imposible.

Para Jaime, naturalmente, todo aquello era jugar en las grandes ligas. Eso era acción de verdad. Tierra adentro todo le parecía medio sonso. Los secuestros extorsivos se habían calmado, las bandas de narcotraficantes no eran la obsesión de los servicios ni de la Justicia (a pesar de su proliferación), la trata de personas todavía no estaba en la agenda pública y además no iba a ser Jaime, amigo y en su momento aliado de la noche prostibularia, quien se pusiera a perseguir bandas de ese tipo. Lo que le demandaba más trabajo eran los jueces y la política doméstica. Los jueces, por las vías formales, le pedían a la SIDE cada vez más encargos. Averiguar sobre los motivos de los cortes de los ramales del tren Roca. Investigar la extraña desaparición de una joven llamada María Cash. Intervenir teléfonos de sospechosos de contrabando de medicamentos. También estaban los encargos bajo mesada, especialmente del fuero federal. Pedidos de nombramientos de amigos o familiares en el Consejo de la Magistratura; acceso al canal vip del aeropuerto de Ezeiza, un canal sólo para poderosos que administraba el delegado de la Secretaría, Alejandro Patrizio. Por supuesto que también se decía que entre los encargos de los jueces había plata, billetes sobre billetes. Pero eso no iba a probarse, nunca.

Lo que más aburría a Jaime eran los encargos de la política doméstica. Y los años por venir iban a tener mucho, muchísimo de eso.

En 2007, el kirchnerismo ratificó su hegemonía electoral y política. Pero en los hechos el gobierno cambió de manos, de Néstor para su mujer, Cristina Fernández. El universo político los consideraba una pareja política, lo que se llamaba un doble comando, como si fuera indiferente cuál de los dos tuviese el poder. En realidad no era tan así y tanto Larcher como Jaime iban a notarlo, años más tarde. Por ahora, las órdenes que bajaban a la Secretaría eran más o menos las de siempre: control sobre las agrupaciones con capacidad de movilización callejera, influencia en determinados gremios (había infiltrados en los Metrodelegados, en la Unión Ferroviaria), pero sobre todo elaboración urgente de carpetas de Inteligencia pedido de Néstor o Cristina. Lo que reclamaban desde arriba era celeridad y contundencia. Y como ejemplo se citaba lo que había ocurrido pocos meses antes, en septiembre de 2006, cuando una de esas carpetas había sido sacudida con un efecto disciplinador dentro del peronismo. Alguien había rescatado de un viejo armario el legajo de Inteligencia de Juan José Álvarez, un diputado peronista que había saltado del kirchnerismo hacia el grupo El General, que se alineaba detrás de la figura de Roberto Lavagna, el ex ministro de Economía que buscaba vuelo político propio. El legajo empezó a circular hasta que llegó a la tapa del diario Página/12, lo que significó para Juanjo un golpe letal: se develaba que había sido agente de Inteligencia nada menos que en plena dictadura militar, y por recomendación del entonces ministro del Interior, el feroz represor Albano Harguindeguy. El legajo ofrecía incluso el nombre clave del ahora diputado: Javier Álzaga. Había trabajado de analista de Inteligencia, en la central de 25 de Mayo, entre 1981 y 1983. En plena dictadura militar. Un antecedente del que no se volvía. Por supuesto que a nadie en la SIDE le importaba Juanjo Álvarez ni su pasado. Lo que servía era la contundencia del mensaje: si alguien quería alejarse del calor oficial, le convenía tener el armario hecho una pinturita, sin nada para ocultar.

Desde la asunción de Cristina en adelante, las bases tuvieron que trabajar a destajo. Especialmente las delegaciones del Interior, que solían dormir sin trabajo durante meses o años. Un conflicto inesperado con el campo, 2008 llevó al gobierno a enfrentarse a piquetes de rutas en todo el país, que amenazaron con desabastecer los centros urbanos y cambiaron el humor social de manera ciertamente peligrosa, volviendo a escucharse los cacerolazos de tiempos que parecían haber quedado atrás. La SIDE seguía de cerca las acciones a través de los callejeros y de los delegados en las provincias. Sus reportes no eran gran cosa, pero se hacían. Anticipaban algunos tractorazos, criticaban a determinados dirigentes del campo, poca cosa más. Néstor y Cristina, envueltos en el caos en el que se encontraban, tampoco esperaban demasiado de los espías. Lo más osado que lograron fueron fotografías aéreas mostrando acopios de granos en zonas agrícolas que se decían quebradas por las retenciones que habían generado la disputa. La guerra con el campo, una vez calmada, dio lugar a otra mucho pero mucho más intensa. La guerra contra el Grupo Clarín primero y contra todo el periodismo en general. La guerra por el relato.

Massino, del que nadie habla

Cuando Jaime y Pocino ascendieron a directores, allá en 2001, debieron asumir como un costo inevitable que sus nombres salieran en los diarios y las revistas. Jaime, por el efecto Beliz y por su cargo, estaba en boca de todos los periodistas que abordaban aunque sea de costado los asuntos de La Casa, un organismo de por sí difícil de seguir pero que siempre acabó por mostrar sus grietas. En el caso de Pocino también era inevitable, por el efecto contrario: era el archirrival de Pocino dentro de La Casa y se lo mencionaba en todas las rondas de chismes entre políticos y periodistas. La revista Noticias incluso había logrado fotografiar a Pocino en la playa, mientras caminaba por las arenas de Cariló con el torso al viento y un short amarillo. Se lo veía con el pelo largo, el andar distendido, más gordo y canoso que de costumbre. Pocino siempre creyó que el dato lo tiró Jaime, para marcarle el terreno.

Pero nadie hablaba jamás del tercer director en importancia, del director de Análisis, Alberto Massino. Era uno de los jefes del triunvirato de los directores generales que habían llegado desde abajo. Pero a diferencia de los otros, era totalmente invisible. Siempre se salvaba de los escándalos. Había ingresado a la Secretaría durante el gobierno de Alfonsín y nunca ocultaba su corazoncito radical. Se había desempeñado siempre entre los analistas y tenía poca o nula experiencia en la calle. Al cabo de muchos años, se había hecho a su vez de un importante grupo de ayudantes, capaces y efectivos. De algunos de ellos se decía que eran capaces de memorizar de punta a punta cualquier expediente judicial. Mucho de lo que hacían era eso. Leer informes, analizar expedientes, cargas datos en computadoras, cruzar la información y sacar conclusiones. A simple vista, una tarea inocente. Pero podía ser letal si se la usaba con intención de hacer daño.

Fue Massino el encargado de concentrar toda la información para la guerra con Clarín. En su oficina de la central de 25 de Mayo. Y en el piso entero donde trabajan los analistas de La Casa. Entre sesenta y setenta analistas a disposición del aparato de espionaje presidencial, a las órdenes de la Presidenta. Desde mediados de 2008 en adelante. Durante años. Con toda la ferretería de La Casa a su disposición. Si necesitaban pinchar un teléfono, lo pedían. Si necesitaban datos de la AFIP, los pedían. Si precisaban acceder a un expediente judicial, también lo conseguían. Allí estaba, a metros de la Casa Rosada, en una oficina secreta, con fondos reservados y la capacidad de penetrar en cualquier rincón del Estado para saber lo que quisieran de sus enemigos de ocasión. Desde allí indagaron en los dueños y accionistas de los medios convertidos en objetivos de Inteligencia. Husmeaban en todo. Si tenían empresas, sus declaraciones juradas, sus propiedades, sus depósitos bancarios. El caso de Papel Prensa, la imprenta pública a la que se habían asociado Clarín y La Nación durante la dictadura militar, pasó a ser un asunto central de los analistas. También se observó a los periodistas más destacados. Y a los más vulnerables. Los analistas tomaban nota de lo que decían en público y lo que no decían. Intentaban adivinar sus fuentes en los textos escritos. Buscaban las contradicciones, los errores que se cometían en la tele o en los diarios o en las radios enemigas, para hacer con todo eso una campaña de desprestigio aplastante, nunca antes vista, con el fin último de descalificar la crítica, de hacerla pasar por una campaña opositora que sólo buscaba hacerle daño al gobierno. En el trajín de esa persecución se hicieron pintadas, se pegaron afiches escrachando periodistas, hasta se organizaron juicios populares en Plaza de Mayo contra los «periodistas cómplices», se montó una verdadera cacería que llegó al punto de acusar a algunos periodistas de ser agentes secretos de la KGB. Todo en nombre de la patria, del bienestar común, para encubrir lo que no querían que se viera.

Mucho de todo eso se canalizó a través de medios de comunicación propios o aliados, que serían cada vez más en cantidad y menos en influencia. De los medios que amplificaron las carpetas de Massino el más visible fue el programa 678, del productor Diego Gvirtz, que se empezó a emitir por la televisión pública desde abril de 2009. El programa se parecía a una cacería de brujas, que levantaba el dedo de la patria para señalar a los traidores que no entendían lo maravilloso que estaba pasando en el país. Señalaban conspiraciones, delataban complicidad con el terror con la liviandad de una discusión preadolescente. Pero antes y después lo hicieron desde Página/12, un diario que por historia no se compatibilizaba con el escrache ni el escarnio. Y especialmente desde la revista Veintitrés y más tarde desde el diario Tiempo Argentino, ambos medios financiados por la pauta oficial a través de un empresario fundamental para entender la usina informativa del aparato de espionaje público: Sergio Szpolski.

La Logia

Objetivo Comodoro Py

Todo lo que sabemos de Jaime es secreto.

No puede contarlo él, ni debemos saberlo nosotros.

Lo dice la Ley de Inteligencia, lo dirán las que vengan después. El secreto, además, es para siempre.

Es secreta su cara, son secreto sus gorritas visera, sus teléfonos celulares. Es secreto su nombre.

Por eso es Aldo Stiles, Jaime, El Ingeniero.

También es secreto que tenga tres hijas, que viva en Recoleta con su segunda pareja, que se vaya a Punta del Este cada verano.

Todo lo que sabemos de Jaime es secreto.

¿Para protegerlo a él o para proteger lo que hace? De Jaime sabemos de su ferretería de espionaje. Sabemos que puede montar operaciones de prensa. Sabemos que puede elegir jueces para los amigos. O que puede tenerlos agarrados del puño.

Para eso es el secreto. Para que no se sepa.

Para que no sepamos lo que pueden hacer los Jaime.

El conflicto del gobierno con el campo, y luego con Clarín, modificó mucho las cosas. Para empezar, llevó a los Kirchner a desprenderse de su jefe de Gabinete, Alberto Fernández, a quien le atribuían demasiada simpatía con el nuevo enemigo. Lo reemplazó Sergio Massa, hasta entonces titular de la ANSES y de muy buena relación con Francisco Larcher, vínculo que se iba a profundizar hasta convertirse en una amistad peligrosa para ambos. Pero para eso faltaba un tiempo. Por ahora, si la SIDE celebró la salida de Alberto no fue por eso. Fue porque amplió sus dominios sobre la Justicia. Ocurre que Alberto tenía entre sus tareas no escritas buena parte de la relación del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial más sensible, el del fuero federal. Era él quien había mediado y activado la salida de varios jueces demasiado identificados con la década del noventa (Jorge Urso, Carlos Liporaci) y era todavía el más influyente en ese territorio delicado.

Su salida le entregó más juego a los hombres de La Casa. Que no la iban a desaprovechar. En los siguientes cuatro o cinco años, la Secretaría impuso un poder de dominación formidable que bloqueó como nunca a los Tribunales, cerrados a cualquier intento por indagar en los actos de gobierno. Esa misión se ejecutó por momentos con sutileza, por momentos de manera brutal, pero siempre con mucha eficacia. Especialmente en Comodoro Py al 2002, sede de los juzgados federales, donde se deberían investigar las denuncias sobre corrupción. El bloqueo fue tan notorio que acabó grotesco. A la vista de todos los argentinos. Sin vergüenza. Durante cuatro o cinco años, prácticamente ninguna investigación sobre funcionarios públicos logró avanzar. Se cerraron sin vueltas denuncias gravísimas de todos los colores y formas. Obras públicas hechas con sobreprecios escandalosos. Captación de organismos públicos por patotas. Valijas con dólares de contrabando en manos de funcionarios. El pago de coimas a cambio de la compra de vagones y locomotoras inservibles para el sistema ferroviario. Además de enriquecimientos impresentables, insostenibles salvo por la ingeniería contable o la mirada intencionalmente fallida de fiscales y jueces. Algunos casos iban a ser realmente inverosímiles. El juez Norberto Oyarbide, seguramente el ejemplo más notorio del derrumbe judicial, en lo que dura un invierno cerró una denuncia por enriquecimiento ilícito contra la Presidenta, cuyo patrimonio había crecido en apenas cinco años de 17 a 46 millones de pesos. Un ejemplo que podría multiplicarse. Un ejemplo como tantos otros. Durante cuatro o cinco años, al menos hasta 2012 o todavía hasta 2013, la Justicia federal apenas indagó en lo que estaba ocurriendo en la administración pública y se ocupó de cerrar o dormir cualquier denuncia que llegaba a Tribunales. ¿Estaba la SIDE detrás de cada uno de esos favores? No siempre, pero muchas veces. Gracias a ellos. A Jaime y a Javier Fernández. Durante años, parecieron imparables. Especialmente el auditor, porque ése seguía siendo el cargo oficial de Javier Fernández, aunque en los hechos era el delegado de la millonaria Secretaría de Inteligencia. Fernández también tenía incidencia en el Consejo de la Magistratura, el organismo capaz de nombrar y remover jueces. Durante años se le abrieron todas las puertas. O casi todas. Los jueces interrumpían indagatorias para escucharlo. Los fiscales demoraban operativos para antes saber si necesitaba algo. A algunos de sus interlocutores los conocía desde chiquitos. Como a Eduardo Farah, camarista federal, que había sido su compañero del Colegio Sagrada Familia, cuando escuchaban rock nacional, soñaban en blanco y negro y se creían inmortales. A los demás los había ido conociendo de a poco. O los pondría directamente él, años más tarde.

Pero Jaime y Javier Fernández no estaban solos. Al poco tiempo de lograr el monopolio del control sobre Comodoro Py, se les sumó para darles una mano Darío Richarte. Exacto: Richarte, el mismo que había sido subjefe de la SIDE en los tiempos de la Alianza, que era amigo de Javier Fernández desde hacía muchos años. Se conocían desde la Facultad y compartían la pasión por la política y las intrigas del poder. También la pasión boquense, que los había llevado a compartir un palco en la Bombonera desde que se convirtieron en jóvenes exitosos y vinculados. Fernández y Richarte habían crecido a la par, como sus hijos, de quienes se hicieron padrinos cruzados, y así compadres.

Richarte ahora se destacaba como socio principal de un estudio de abogados poderoso, con participación en muchos expedientes que involucraban a ricos y políticos. Como era de esperar de un abogado penalista con acceso, solía estar del lado de los malos. Defendía a banqueros acusados de fraude, a ex funcionarios involucrados en hechos de corrupción y pronto empezaría a defender a cada kirchnerista con problemas de papeles, que serían muchísimos con el correr de los meses, aunque ninguno llegaría a ser condenado, al menos por muchos años. La SIDE atacaba por varios flancos a la vez. Jaime y Fernández operaban frente a los jueces y fiscales, intentando convencerlos de la conveniencia de no hacer nada. Por si acaso, estaba Richarte para asistir a los heridos. Richarte era el reaseguro, el que cubría la retaguardia mientras los otros hacían lo suyo.

Tan pequeño es el mundo, tan chiquitita es la Argentina. O eso parece a veces. Pero en realidad, lo que es pequeño es el club de los que mandan. Por eso se cruzan, se entremezclan y los mismos nombres aparecen en tramas diversas. No sólo Richarte era amigo de Javier Fernández. Los dos era amigos, a su vez, de Sergio Szpolski, el empresario que estaba construyendo parte del grupo de medios periodísticos afines al kirchnerismo, los medios que amplificaban los informes de Inteligencia que hacía la Secretaría desde la Dirección de Análisis. Fernández, Szpolski, Richarte. Funcionaban como una logia. Eran un triunvirato crucial para entender cómo funciona un servicio de Inteligencia a las órdenes de un gobierno que adoraba el poder invisible. Ninguno de los tres pertenecía a la SIDE, pero los tres resultaban fundamentales para los intereses de la SIDE. Es más. Con el correr de los meses, Javier Fernández acabó poniendo plata de su bolsillo (es un decir) y se convirtió en socio minoritario de lo que Szpolski llamó el Grupo Veintitrés.

Pocos consumían los medios de Szpolski, pero la amplificación que hacía de los informes de la SIDE y la presencia de Javier Fernández le aseguraban montos millonarios de la pauta publicitaria oficial. En el grupo Szpolski se anotaron la revista Veintitrés, más adelante Radio Del Plata, el diario El Argentino o Tiempo Argentino y, con los años, el canal de cable CN23 y radios como Vórterix y Rock & Pop. La mayor pauta del grupo provenía del Ministerio de Planificación Federal. No era casual. De allí salía la mayor cantidad de funcionarios públicos con problemas en la justicia. El caso de bautismo fue el de Claudio Uberti, un hombre clave del ministro Julio De Vido que debió irse del gobierno cuando se descubrió que traía valijas cargadas de dólares de contrabando desde Venezuela. Uberti pasó a ser defendido por Richarte.

La publicidad del Ministerio era, así, una forma de pagar los favores que hacían para ellos Javier Fernández y la SIDE. Un combo perfecto. Con la Secretaría como herramienta y al mismo tiempo como recurso.

Disparen contra el Colorado

El poder de los medios y el poder de la justicia, dos herramientas sensibles que el kirchnerismo intentó dominar para lo que siempre había buscado: consolidar y mantener un poder hegemónico. Las dos maquinarias se juntaron en una operación grotesca previa a la campaña electoral de 2009, una campaña que se presentaba como decisiva para la continuidad de la mayoría kirchnerista. Era una elección legislativa, de medio mandato, y la madre de todas las batallas, como siempre, estaba en la provincia de Buenos Aires. ¿Podía ganar el oficialismo? El gobierno decidió jugar con todo. Sin importarle el cómo. Apostó a un método que significaba el grotesco del sistema democrático: las candidaturas testimoniales. Se presentaban candidatos a diputados y a senadores, pero se sabía de antemano que esos candidatos nunca serían ni diputados ni senadores porque tenían cosas más importantes que hacer. En la provincia de Buenos Aires, fueron candidatos nada menos que Daniel Scioli y Néstor Kirchner. ¿Scioli iba a dejar la gobernación para bajarse a una banca de diputado? De ninguna manera. Todos lo sabían. Pero se le pedía al pueblo que lo votara igual. Era una mentirita que buscaba la complicidad de las masas.

Semejante aventura se explicaba en la dificultad del gobierno de encontrar buenos candidatos. Y en la peligrosidad de sus rivales. Enfrentado a Scioli y a Kirchner, aparecía en Buenos Aires un empresario de ascendente carrera política, Francisco de Narváez. El Colorado.

El domingo 19 de abril de 2009, el diario Página/12 publicó en su portada un artículo de su firma más prestigiosa, Horacio Verbitsky, vinculando a De Narváez con un peligroso narcotraficante colombiano.

Decía el artículo:

«El filántropo colombiano Francisco de Narváez mantuvo contacto con Mario Roberto Segovia dos años antes de que el famoso nuevo rico rosarino fuera detenido por el desvío de no menos de ocho toneladas de efedrina hacia México.»

«El descubrimiento de la relación entre De Narváez y el traficante de precursores químicos para la fabricación de estupefacientes surgió en forma casual durante la investigación sobre otro caso de menor repercusión mediática: el contrabando de CD y DVD vírgenes detectado en agosto de 2006 en el puerto de Buenos Aires.»

«En el expediente del juzgado en lo penal económico N° 1 constan tres llamadas telefónicas efectuadas a Segovia por alguien que la empresa Nextel identificó como Francisco de Narváez. Esa causa comenzó hace tres años, cuando De Narváez aún no había roto con el gobierno de Néstor Kirchner…»

El artículo de Verbitsky seguía contando que Segovia llevaba preso varios meses y que no paraban de sumarle causas por narcotráfico. Desde el diario se había llamado a De Narváez, que estaba de campaña en Mar del Plata:

Página/12: ¿Conoce a Mario Segovia, detenido por el tráfico de efedrina?

De Narváez: No. Nunca tuve ningún contacto con él.

Página/12: Segovia usaba un documento a nombre de Héctor Germán Benítez. ¿Tampoco lo recuerda?

De Narváez: No. Jamás lo oí nombrar.

Página/12: Gracias por responder a la consulta.

De Narváez: Gracias por consultar.

La explicación del disparate estaba en el juez federal de Zárate Campana, Federico Faggionato Márquez, quien en noviembre de 2008 había allanado un laboratorio clandestino en Ingeniero Maschwitz, detrás de los pasos de quien había sido bautizado por la prensa como El rey de la Efedrina, el famoso Segovia. A partir de esa investigación, Faggionato había tirado del piolín de los llamados entrantes y salientes del teléfono del sospechoso. Efectivamente, había tres contactos de pocos segundos entre un teléfono a nombre de De Narváez. Lo que sabía Faggionato y pronto sabría todo el país es que ese teléfono no era usado por De Narváez sino que pertenecía a una flota de cientos de teléfonos que estaba a su nombre. Cientos. Cientos de líneas usadas por empleados de una empresa que pertenecía o había pertenecido a De Narváez. Por supuesto, todo eso se iba a saber más tarde. Como en el caso de Enrique Olivera unos años antes, lo que importaba era generar el impacto; siempre había tiempo para volver atrás.

Con el tiempo, se supo que el verdadero nexo entre De Narváez y la efedrina había sido la intención oculta de Faggionato. Que era la intención oculta de la Secretaría de Inteligencia, encargada de hacer los entrecruzamientos pedidos por el juez y de detectar ese dato que podía ayudar a la campaña de Kirchner. Al juez le llovieron pedidos de juicios políticos, que se sumaron a otros que venía acumulando en esos años y que terminaron siendo nada menos que 36. El gobierno lo defendió como pudo en el Consejo de la Magistratura, pero llegó un momento en que debió soltarle la mano. El escándalo era incontenible. Lo que pocos supieron es que Faggionato era un juez de la Secretaría, puesto por la Secretaría en 2001, durante el gobierno de la Alianza, y que le debía favores a la Secretaría. Su hombre en La Casa había sido nada menos que Darío Richarte, el compadre de Javier Fernández, el nuevo encargado de lidiar con el mundo judicial. Faggionato y Richarte habían compartido estudios en la UBA y ahora llevaban a sus hijos al mismo colegio, compartían cumpleaños, se cruzaban una y otra vez por la vida. Para lo único que había servido la actuación de Faggionato era para confirmar dos cosas: el regreso de Richarte a la acción y la importancia estratégica que el kirchnerismo le daba al Poder Judicial.

Los jueces auspiciados por la SIDE estaban por todos lados. En las provincias, en el conurbano, en la Capital. El fuero federal era naturalmente el que más le interesaba a la Secretaría, porque allí se perseguía los delitos complejos y porque allí se investigaba o se evitaba investigar a los hombres de la administración pública. Un par de años más tarde, Javier Fernández hasta se iba a dar el lujo de poner a otro compadre y amigo de toda la vida, el juez de instrucción Luis Rodríguez, nada menos que en uno de los sillones del fuero penal federal porteño. Rodríguez iba a ocupar el lugar que había dejado Juan José Galeano. Según la acusación de algunos miembros del Consejo, alguien le había pasado las preguntas del examen que les tomaban a los aspirantes a jueces. Imaginemos quién se las pudo haber acercado. Pero por supuesto, nunca se probó nada de eso.

Y estaba ella, por supuesto. Sandra. Sandra Arroyo Salgado. Que estaba a punto de volver a hacer ruido. Y mucho, mucho ruido.

Disparen contra el Fino

La historia de la Secretaría es un drama de enredos. O una comedia grotesca y trágica donde los personajes giran y giran una y otra vez, como en una calesita mágica y endemoniada. Muchos años atrás, allá por 1995, la SIDE había secuestrado a un testigo que podía ayudar a resolver el entuerto del caso AMIA. Lo habían ido a buscar en una Trafic hasta Gualeguaychú. El Gordo Miguel había estado al frente del operativo. ¿Se acuerdan? El testigo se llamaba César Fernández y había terminado arrojado en una esquina del conurbano poco menos que convertido en un fantasma. A pedido del juez Galeano, de allí lo había levantado la Policía Bonaerense y lo habían trasladado hasta la Dirección de Delitos Complejos de la Policía Federal. Un operativo montado de urgencia para encubrir lo que había hecho la SIDE. La pesada de la SIDE había torturado a un testigo y no debía saberse. Lo que nadie supo entonces fue que al llegar a la Dirección de Delitos Complejos alguien había filmado y fotografiado y guardado registro de todo. Ese alguien era el comisario Jorge Palacios, El Fino, un hombre que acabó siendo de la máxima confianza de Galeano en su último tramo de la investigación y había colaborado en parte de la desviación del caso. El comisario Palacios había guardado ese video desde el lejano 1995. ¿Por qué? Como reserva, por las dudas. El Fino lo guardaba por si alguna vez sentía la necesidad de usarlo. Lo que hacen todos en el oscuro universo de las cloacas: protegerse con más basura.

Palacios no contaba con la ira de Jaime. Una ira distinta a la de los demás. Una ira que sabía administrar y que, lejos de nublarlo, lo empujaba a masticar su venganza con la frialdad de los domadores de leones. Jaime sabía que Palacios sabía. Y aunque habían pasado 14 años, eso era imperdonable. Jaime se había jurado que lo eliminaría de todos los espacios de poder. Lo había hecho en parte durante los primeros años del kirchnerismo, cuando a la SIDE le encargaron revisar los legajos de la Policía Federal. Jaime había tachado en rojo el legajo de Palacios, que pronto fue pasado a retiro. Pero Palacios era influyente, seguía bien conectado y había llegado a ganarse la confianza de Mauricio Macri, jefe del gobierno porteño. Es más: Macri lo había convertido en jefe de su nueva policía, la Policía Metropolitana, la primera fuerza de seguridad autónoma de la Ciudad de Buenos Aires.

Es difícil saber qué hubiera pasado si el jefe de la Metropolitana hubiese sido otro. Cualquiera. Cualquiera menos Palacios. Tal vez nada de lo que estaba por ocurrir hubiese llegado a tanto. Pero el jefe era El Fino, y Jaime no podía permitir que otro de sus enemigos conquistara espacios de poder. Así que se puso a buscar. Puso a sus hombres a investigarlo. Durante meses. Hasta que descubrieron que el comisario Palacios también se había rendido al fascinante poder del espionaje. Que el comisario Palacios había caído en las redes de lo sórdido. Gracias a la ayuda de un par de jueces federales de Misiones, Palacios había conseguido intervenir una serie de teléfonos de personas a las que quería tener controladas. Algunas de esas personas podían ser del interés de su jefe, como Néstor Leonardo, que era cuñado de Macri.

También había escuchas sobre un puñado de empresarios, nadie supo por qué. Pero había una escucha, especialmente una, que sólo se explicaba en el interés personal de Palacios. Con la cobertura de un juez, el comisario escuchaba a un familiar de las víctimas de la AMIA, Sergio Burstein, quien en esos días se oponía en público a la designación de Palacios al frente de la Metropolitana. El argumento de Burstein para oponerse era que consideraba a Palacios uno de los responsables de la falsa pista de la Bonaerense.

Aldo Stiles. Jaime. Antonio para los íntimos. Debajo de sus narices querían ponerse a escuchar teléfonos para otros. Y nada menos que El Fino Palacios. De ninguna manera lo iba a permitir. Lo que se montó a partir de ese descubrimiento fue una perfecta operación de contrainteligencia. Se desactivó al enemigo y luego se puso en marcha la táctica detrás del objetivo final: su eliminación.

El domingo 22 de septiembre de 2009, a las 20:08, alguien llamó a la casa de Sergio Burstein y le avisó que tenían su teléfono intervenido. La llamada se hizo desde un locutorio de Avenida de Mayo 1343, en el microcentro. Asustado y ultrajado, al recibir la noticia, Burstein salió corriendo a hacer la denuncia en la comisaría más cercana.

Más tarde se supo que el llamado había sido hecho por un agente de la Secretaría. Se conoció incluso el nombre, Hugo Álvarez.[42] Se lo vio entrar y salir al locutorio. Se lo vio moverse con el sigilo de los espías. La operación quedó al descubierto, pero de todos modos logró su cometido, que era doble. Por un lado, dar a conocer el espionaje que se empezaba a hacer desde la conducción de la nueva policía de la ciudad, un espionaje alentado por uno de los opositores al poder kirchnerista. Por otro, elegir al juez que iba a investigarlo. Por eso se hizo ese domingo y no otro cualquier otro día. Porque estaba de turno el juez buscado. La justicia recibe las denuncias que ingresan en las comisarías por turnos rotativos. Cualquier abogado conoce esos turnos, por lo que, con ciertas mañas, puede indirectamente elegir al juez que investigará un delito que no sea descubierto in fraganti. En Tribunales se conoce al método como Forum Shopping y es muy pero muy usado. Un juez a la carta, sería. Esa noche, la del 22 de septiembre de 2009, estaba de turno nada menos que el juez más fácil de manipular del mundo. El juez federal Norberto Oyarbide.

Por si faltaba algo, entró en escena Alberto Nisman, que no tenía turno ni nada, pero era fiscal general del caso AMIA y consiguió aval del juez para actuar como acusador, en una maniobra insensata. Nisman trabajó en el caso con especial empeño y pocas semanas más tarde pidió la detención del Fino Palacios, hombre al que conocía desde hacía años. Lo acusó de «violación a la intimidad, abuso de autoridad y falsificación de documento público». Pero además, aprovechó el dictamen para acusarlo de encubrir el atentado a la AMIA junto a Galeano y los otros. «Paradójicamente, quien perseguía Justicia por el cobarde asesinato de 85 personas (Burstein), quedaba involucrado por pedido del encubridor de aquellas muertes (Palacios)», escribió.

Oyarbide aceptó el pedido. El 17 de noviembre siguiente, el comisario Palacios fue llevado a la cárcel, donde se quedaría por varios meses. Nunca se atrevió a hablar de su video. Ni lo iba a hacer. Seguramente sabía que la denuncia en su contra era cierta y a eso no había con qué darle. Pero también sabía que Jaime tenía demasiado poder. Un poder que incluía la cercanía del fiscal. Alberto Nisman y Jaime Stiuso ya se movían como si fueran uno.

El Caso Noble

Poco después se activó el caso del que iba a hablar todo el país, a toda hora y en cualquier lugar. El caso Noble, un viejo expediente donde se investigaba el origen de los dos hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble, dueña del diario Clarín y socia mayoritaria del Grupo Clarín, el más fuerte de los medios críticos a los que el gobierno les había declarado una guerra que iba a ser crucial para el proceso político en marcha. ¿Dónde estaba ese expediente? Ya vimos que los que mandan son pocos y ya vimos que el poder funciona como un pequeño club, siempre envuelto en una comedia de enredos de tono dramático o grotesco. La causa Noble iba explotar impulsada por el juzgado de Sandra Arroyo Salgado. Por el juzgado federal número 1 de San Isidro. El de la mujer de Nisman. El de la amiga de Jaime. Porque a mediados de 2010, la relación entre los Nisman y Jaime ya era una relación de amistad o de mucha confianza, la suficiente como para invitarse a cenar de tanto en tanto y llamarse por asuntos domésticos además de los laborales. Nisman y su mujer habían ido al sanatorio cuando nació la tercera hija de Jaime, la primera de su segundo matrimonio. Seguramente le llevaron flores o alguna ropita o algún peluche.

Seguramente sonrieron frente a la pequeña Stiuso y la elogiaron. Lo mismo había pasado antes, pero a la inversa, cuando nació la segunda hija de los Nisman: ahí había estado Jaime, el duro e inexpresivo espía mostrando algo de ternura.

La historia del caso Noble es conocida, pero es importante recordar los detalles. El expediente había indagado en el trámite de adopción de los hijos de Ernestina Herrera, registrados para su tutela durante 1977, año oscuro para el país, justo cuando los hijos de los desaparecidos estaban siendo robados por el descaro de la represión. El expediente judicial había detectado algunas anomalías en uno de los trámites de adopción, lo que podía achacarse a la desprolijidad de aquellos tiempos. Pero también dio lugar a las sospechas, alimentadas por una denuncia de las Abuelas de Plaza de Mayo, donde intuían que los chicos, Marcela y Felipe, en realidad podían ser hijos de desaparecidos. Sólo que para erradicar esa duda había un problema mayúsculo: ni Marcela ni Felipe querían hacerse el estudio de ADN que podía cotejarse con la información genética que existía sobre los desaparecidos. Los chicos ya no eran chicos, sino jóvenes que se acercaban a los treinta años. Y habían decidido no hacerse el estudio, según ellos por temor a que fuera manipulado por un gobierno que poco menos que acusaba a su madre adoptiva de ser la reencarnación de Satanás.

¿Qué hacer entonces? La causa empezó estando a cargo del juez federal número 2 de San Isidro, el juez Conrado Bergesio. La Cámara Federal de San Martín le ordenó hacer los estudios de ADN de manera compulsiva. No importaba el consentimiento de los afectados. La verdad estaba por encima de sus voluntades. Empezó allí una tremenda batalla legal. Cuando todo estaba listo para el examen, la Cámara de Casación Penal decidió frenarlo. Era el 20 de marzo de 2010 y el Caso Noble parecía ser lo único de lo que se hablaba en el país. Días más tarde, quien se ocupó de hablar fue la mismísima Presidenta. Cristina dio un discurso que se transmitió por todos los canales. Dijo para todos y todas que estaba del lado de las Abuelas. Que les creía. Que quería saber. Era el escenario de una contienda interminable.

Lo que siguió fue sorprendente. A pedido de las Abuelas, la Cámara de San Martín le quitó el caso a Bergesio (acusado de dormir el expediente) y se lo pasó a la otra jueza de San Isidro: a Sandra Arroyo Salgado. Ella sabía lo que quería hacer. Y no la iban a detener ni con recursos de abogados ni con nada.

La guerra mediática estaba en ese momento en su cúspide. Cristina, su esposo Néstor y todos sus funcionaron cargaban cada vez que podían contra el Grupo Clarín y sus «satélites», denunciando conspiraciones y golpes blandos a cada paso. Los más afectados, Marcela y Felipe, rompieron años de silencio y grabaron un mensaje por el canal Todo Noticias:

«¿El gobierno necesita políticamente que nosotros seamos hijos de desaparecidos? ¿Después qué querrán? ¿Que aparezca nuestra madre como apropiadora?», se preguntaban.

Mientras tanto, la Dirección de Análisis de la SIDE hacía lo suyo. Preparaba las carpetas que se distribuían en los medios para sacudir la imagen entre positiva y aceptable que tenían los medios en la sociedad, desde la Justicia empezaban a rescatar viejos expedientes que pudieran dañar a los medios críticos o a los periodistas. De ese tiempo son muchas pintadas y afiches callejeros acusando a periodistas del Grupo Clarín de ser cómplices de la complicidad de la dueña del diario con los militares de la dictadura. De ese tiempo son los blogueros que atacaban a «La Corpo» por las redes sociales. De ese tiempo los gritos «Devuelvan a los nietos», como si todo estuviera escrito.

Visto todo ese proceso a la distancia, es sorprendente que nadie haya advertido lo que estaba por pasar en el juzgado de San Isidro. Porque era increíblemente obvio que algo fuerte iba a pasar. La jueza Arroyo Salgado no era cualquier jueza. Había decidido antes de empezar a moverse. Pocos días después de recibir el caso Noble, citó a su despacho a Marcela y a Felipe. Fue un viernes, en mayo de 2010. Primero acudió a la formalidad. Les preguntó otra vez si querían hacerse el estudio de ADN. Ante la negativa, tomó una medida impensada. Levantó la mirada a los policías que estaban cerca de su despacho y les transmitió la orden que se iba a ejecutar en ese mismo instante. Los policías, junto a médicos del Banco de Datos Genéticos y del cuerpo médico forense, obligaron a Marcela y a Felipe a ir hasta su casa de Martínez y les exigieron prendas íntimas. Ya que no deseaban extraerse sangre, Arroyo Salgado se llevaría la bombacha de Marcela y el calzoncillo de Felipe, las prendas que tenían en ese momento, una muestra suficiente y de sobra para poder conseguir los rastros de ADN que se precisaban.

Esa medida abrió el caso, lo fracturó, le dio el impulso que deseaba el gobierno para concluir los estudios de ADN y llegar a la verdad. El resultado no fue el esperado para el oficialismo, porque meses más tarde iba a saberse que no se encontraron coincidencias entre las marcas genéticas de los hijos de Ernestina y los familiares de desaparecidos. El gobierno, que había acusado a la dueña de Clarín de apropiadora, que había denunciado la complicidad de los empleados y periodistas de la dueña de Clarín, de pronto se encontró con que la sospecha se esfumó y no dejó nada. Pero ésa era historia. Ésa corría por cuerda separada. Lo que tenía que hacer Arroyo Salgado lo había hecho. Ella había cumplido. La jueza de San Isidro. La mujer de Nisman. La amiga de Jaime.

El fin del doble comando

La grieta del espionaje

Lo que cambia todo es la muerte de Néstor Kirchner. El 27 de octubre de 2010, en la cama matrimonial de su casa en El Calafate.

A las 7:30 de la mañana, el ex presidente se despierta de un salto, se incorpora tomándose el pecho con las manos y cae desplomado.

No sólo había muerto un ex presidente: había muerto el jefe del peronismo y había muerto la mitad del poder.

Siempre se habló del doble comando. Como si Cristina y Néstor fueran lo mismo, dos en uno, un combo. Pero en realidad había entre ellos un código no escrito que suponía una clara distribución de tareas. Todos sabían que él se ocupaba de las cosas que ella no quería. Todos sabían que era él quien se ensuciaba las manos.

Kirchner era el que se ocupaba de negociar y presionar y llegado el caso apretar a los intendentes y gobernadores.

Kirchner era el que se encargaba de atender a los que ponían plata para la campaña. Era el que presionaba o bancaba a los sindicalistas.

El que levantaba el celular y empezaban escucharse sus insultos. El que llevaba y traía negocios.

Kirchner se ocupaba de los punteros, de los piqueteros, de los policías y de los polizontes. Kirchner se ocupaba de la SIDE.

Kirchner era el que se embarraba los mocasines mientras Cristina caminaba con sus tacos por los palacios del poder visible.

En el doble comando, Kirchner era el político de las cloacas. Kirchner se ocupaba de lo sórdido.

¿Qué iba a hacer Cristina ahora?

Para empezar, se desprendió de las secretarias que rondaban a su ex marido. Que no era una; sino varias. La más conocida era Miriam Quiroga, directora de Documentación de la Casa Rosada, una bella morocha que seguía la intimidad del ex desde Río Gallegos. También debió lidiar con los empresarios que habían nacido o crecido bajo el pulgar de Kirchner. En el juego de pasar en limpio los acuerdos con los supuestos testaferros, Cristina se abrazó a Lázaro Báez y a Cristóbal López, y desplazó para siempre a su pata financiera, la familia Eskenazi. La muerte de Kirchner obligó a Cristina a replantearse todo. Los acuerdos con los sindicalistas ya no fueron los mismos. También se modificó la relación con los empresarios; también se terminó la búsqueda de unidad en el peronismo. Llegó el Vamos por Todo, un grito de guerra de Cristina que mostraba el mismo deseo de hegemonía que antes, pero a su manera, con nuevas relaciones y actores distintos.

El asunto Larcher era espinoso. Porque Francisco Larcher nunca le gustó a la Presidenta. Ella sabía que era el compañero de travesuras de Kirchner. Ella sabía que era el que protegía a las Miriam Quiroga, el que le manejaba los asuntos personales. Pero era un hombre importante en la SIDE; no se lo podía sacar de encima de un día para el otro. Seguramente el propio Icazuriaga se lo haya dicho. Larcher había construido mucho poder, por mérito propio y gracias a Jaime y a Javier Fernández y al seductor ejercicio cotidiano de escuchar los teléfonos ajenos, una pasión que Paco nunca dejó de lado y que compartió muchas veces con el difunto ex presidente.

Larcher siguió en la SIDE, pero poco a poco su influencia iba a ir diluyéndose. La prueba de su lento declive fue la trascendencia que empezaron a tener las internas. Hasta ese momento, poco de lo que pasaba dentro de la Secretaría lograba filtrar sus muros de silencio. Durante los primeros ocho o nueve años del kirchnerismo, la SIDE había logrado un hermetismo nunca antes alcanzado. Pero eso empezó a quebrarse gracias a la grieta. La grieta del mundillo del espionaje.

No empezó como una guerra ruidosa y desmedida, como había sido, por ejemplo, la que enfrentó en la década del noventa a Jaime con Brousson y Pfinnen. Esta vez los bandos parecían ser menos sangrientos —al menos por ahora—, aunque igualmente apasionados. La particularidad era que en esta contienda estaban involucrados los jefes. La grieta del espionaje llega bien arriba. Por un lado estaban Larcher y Jaime. Por el otro, Icazuriaga y Fernando Pocino. Pero atención, porque todos sabían que Icazuriaga no manejaba nada y que los muchachos de La Casa elegían a Jaime por sobre Pocino. Ese lado de la grieta logró aumentar su poder gracias a Gerardo Santos Milani, general que había sido ascendido en 2007 al mando de la Dirección General de Inteligencia del Ejército. Fue Pocino un nexo clave para que Icazuriaga primero y Cristina después, se terminaran de convencer de la lealtad que iba ofrecerles el general. No sólo él. También influyeron, en mayor o menor medida, la propia Nilda Garré y el periodista Horacio Verbitsky, cercano a Garré. Por supuesto, Milani no era exactamente un militante de la libertad, como se vería pocos años más tarde. Al propio Jaime no le costaría nada saber de su pasado en tiempos de la dictadura, esa mancha venenosa que el kirchnerismo usaba para marcar a determinados enemigos y en lo posible eliminarlos. En febrero de 1976, el joven Milani era subteniente especializado en Inteligencia, asignado al Batallón 141 de La Rioja, pero destinado a la provincia vecina de Tucumán, antes y durante un foco sensible de la guerrilla, que había penetrado el monte tucumano para iniciar desde allí sus locos sueños de revolución. En aquel Tucumán de aquellos años, de aquel país, Milani había colaborado con la desaparición de un soldado, asunto que iba a conocerse años más tarde, ya en 2014, una vez ascendido a jefe máximo del Ejército. ¿Cuándo lo supo Jaime? ¿Tuvo algo que ver con la difusión del pasado inconfesable de su enemigo secreto? Seguramente sí, pero ésa es otra historia.

La grieta del espionaje se puso en evidencia a partir de la muerte de Kirchner. Pero además se profundizó. Y se fue inclinando en favor del grupo de Milani. A partir de ese año empezó a notarse en el presupuesto nacional. Desde el retorno democrático de 1983, los fondos reservados destinados a la SIDE eran mucho mayores a los asignados a la Inteligencia militar. Descarada e intencionalmente mayores. Pero esa ecuación se fue modificando. Año tras año, la asignación de recursos empezó a subir para los militares y a bajar para el espionaje civil. Así iba a ser hasta 2015, cuando la Inteligencia militar obtuvo 836 millones contra los 800 asignados a la SIDE. Eso no ocurría desde los tiempos de la dictadura, cuando mandaban los militares.

No sólo se sintió en el presupuesto. Lentamente primero y de manera desembozada más tarde, Cristina fue quitándole tareas a la SIDE para ir derivando sus funciones en otros terrenos del Estado, en beneficio del espionaje militar. Insospechado para una mujer que se jactaba en público de defender el Estado de Derecho frente al pasado autoritario. Pero ya está dicho que la Inteligencia es el gobierno de las cloacas. Allí circula lo que no se quiere mostrar a la luz del día.

La Gran Pepe

Alberto Nisman era un fiscal distinto a los demás. Tenía oficinas grandes y luminosas frente a Plaza de Mayo y a metros del Cabildo, lejos de Tribunales. Contaba con un presupuesto anual que le giraba la Procuración y que él podía administrar a su criterio, además de un sueldo superior al de un juez federal o al de casi cualquier gerente de una empresa internacional. Tenía además cuarenta empleados de planta y otros colaboradores externos a su fiscalía, como su asesor legal Claudio Rabinovich y un experto en informática, de nombre Diego Lagomarsino, al que contrató por su cuenta para encriptar sus archivos y sus computadoras.

Había cambiado mucho su modo de vida y su aspecto, tanto que resultaba irreconocible al fiscal de años atrás, cuando usaba bigotes y parecía excedido en peso. Nisman se afeitó, comenzó a cuidar su estética como nunca antes, se aseguró de tener la piel siempre suave, empezó a usar lentes de contactos de colores, adelgazó unos cuantos kilos y empezó a gastar en ropa y en cremas. Su abrupto interés por la coquetería coincidió con su separación. No sabemos qué fue primero, si la separación de Arroyo Salgado o el repentino cuidado de su aspecto. En ese tiempo también alquiló un departamento en una de las torres más lujosas de Puerto Madero, la torre Le Parc, una de las preferidas por las más ricas y ortodoxas familias judías.

Puerto Madero, junto al río marrón, era la vista de los poderosos. Un barrio creado por el menemismo en la década del noventa y consagrado como escenografía de los que mandan en los años del kirchnerismo. Allí vivían y viven políticos afortunados, dirigentes sindicales millonarios, empresarios, futbolistas de bien pie y vedettes o acompañantes. Allí convivían lujosas oficinas de abogados y cuevas financieras, con departamentos formidables de familias adineradas y bulines top de la noche prostibularia. Allí se fue a vivir el fiscal Nisman. A un departamento de 84 metros en el piso trece de la torre Le Parc, un destino imposible de imaginar quince años atrás, cuando recién se mudaba de los tribunales de San Martín hacia los federales de Comodoro Py, cuando era un joven vecino del barrio de Once. Había cambiado mucho, Nisman. Ahora vivía en el lujo, hacía escapadas de vacaciones al Caribe, tenía una decena de custodios que le habían asignado por su cargo y que lo asistían en los mandados.

Estaba su prestigio, además. A Nisman se le habrían puertas importantes dentro y fuera del país. Podía ingresar cuando quisiera a la Procuración, lo invitaban a congresos, a eventos importantes. No sólo tierra adentro. Viajó por el mundo averiguando cosas para su investigación o dando informes y conferencias. Viajó a Detroit, a Nueva York, a Washington. Viajó a Lyon, viajó a Israel. En todos esos viajes se había codeado con jefes de servicios de espionaje, con congresistas, con magnates, jefes de policía, ministros y jueces cortesanos. ¿Quién iba a decirle algo a Nisman? Tenía el respaldo de la SIDE, tenía el apoyo del gobierno (o eso creía) y se sentía protegido por la dirigencia judía, que si bien nunca estuvo fascinada con él, siempre le reconoció una virtud nada menor: en todos estos años, Nisman se las había ingeniado para mantener con vida a la causa AMIA. Desde que se hizo cargo del expediente, habían pasado seis años con poquísimas novedades, pero él había logrado agitar a los Tribunales y al Congreso con sus pedidos de captura y sus acusaciones, lo que permitía mantener con vida un caso que se podría haber convertido en cadáver hacía mucho tiempo. No era poco. Era difícil imaginar que la causa encontrara alguna vez una verdad contundente sobre lo que había pasado. Pero podía arrimarse a esa verdad y de paso ser funcional al sostén de la memoria colectiva. El caso AMIA, sobre todo, no tenía que morir. Y Nisman se ocupaba de eso.

Poder, fortuna, una vida que parecía maravillosa. Pero no todo era luz. Por el contrario. Nisman era un fiscal distinto a todos especialmente porque pagaba como nadie sus privilegios, viviendo bajo tensión permanente. Cada día de su vida. Nisman tenía custodia permanente. Se despertaba cada mañana y debía informarle a sus custodios que se había despertado. Si quería ir al cine con sus hijas, tenía que ser acompañado por un policía en el fondo de la sala o en la puerta. Si quería salir de noche y dejarse llevar por la noche, debía coordinarlo con sus custodios. No podía tener un amorío sin que lo supieran los custodios. No podía fallar de ninguna manera sin que se enteraran sus custodios.

Desde 2005, Nisman vivía rodeado de miedo. Convivía con él. Las amenazas eran permanentes. Amenazas a la Unidad Fiscal, amenazas a su teléfono o a su correo electrónico.

Ocurría cada tanto, cuando aparecía en los medios o hacía alguna presentación. De inmediato llegaban mensajes anónimos, cobardes, generalmente racistas, donde lo acusaban de jugar el juego de la CIA y el Mossad, donde lo insultaban y lo llamaban malnacido, donde le advertían por su salud o la de sus hijas. Es cierto que la mayoría de las amenazas no pensaban ser ejecutadas jamás. Pero ¿se puede estar totalmente seguro? ¿Podía él, que estaba parado sobre 85 cadáveres?

El miedo también venía de lejos. Poco después de pedir la captura de los iraníes, a Nisman le llegó la información de que el líder supremo de ese país, el religioso Alí Khamenei, había firmado su condena a muerte, una Fetuá o Fatwa, como se la conoce en Occidente, una decisión similar a la que persiguió por años y por todo el planeta al escritor Salman Rushdie. ¿Significaba eso que podía ser asesinado de un momento a otro por un fanático islámico? Nadie podía saberlo, pero a nadie le gustaría estar en esas listas de la muerte. Y Nisman estaba o eso creía o eso le habían hecho creer. La muerte violenta era una opción en su vida. Así había sido desde que se hizo cargo del caso y lo seguiría siendo, hasta el último día, hasta que esa muerte violenta se hizo presente.

Alberto Nisman era un fiscal distinto a todos los demás. Por eso tenía un empleado que le protegía la computadora para evitar filtraciones. Por eso tenía un Nextel que le había dado Jaime, en teoría un teléfono inquebrantable a los oídos ajenos. Y por eso tenía custodia, esa custodia que lo iba a acompañar, o más o menos, hasta el final.

Por todo eso se explica la reacción que tuvo el sábado 25 de marzo de 2011, cuando el periodista Hernán Dobry lo llamó para conocer su opinión sobre una primicia que estaba a punto de publicar el diario Perfil. La primicia llevaba la firma del periodista Pepe Eliaschev. Se publicó bajó el siguiente título: «El gobierno negocia un pacto secreto con Irán para olvidar el atentado».

El título era impactante. Y era sólo el comienzo.

El gobierno de la presidenta Cristina Kirchner —decía Pepe— estaría dispuesto a suspender de hecho la investigación de los dos ataques terroristas que sufrió este país en 1992 y 1994, en los que fueron destruidas las sedes de la embajada de Israel y de la AMIA en Buenos Aires, según revela un documento hasta ahora secreto, recientemente entregado por el ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán, Alí Akbar Salehi, al presidente Majmud Ajmadineyad.

El canciller iraní le asegura en su informe al presidente Ajmadineyad que «la Argentina ya no está más interesada en resolver aquellos dos atentados, pero que en cambio prefiere mejorar sus relaciones económicas con Irán».

La nota se completaba con datos muy precisos. El informe secreto, según decía Pepe, había comenzado a ser analizado en las cancillerías de varios países y fue redactado luego de la reunión que el canciller argentino, Héctor Timerman, mantuvo con su contraparte de Siria, Walid al-Mohalem, y con el propio presidente Bashar al-Assad el 23 y 24 de enero en la ciudad siria de Alepo.

Desde el diario Perfil llamaron a Nisman para publicar su reacción frente a la primicia. Pero encontraron a un fiscal furioso, desatado, en uno de sus días de locos. Que eso no podía ser. Que eso era falso. Que el gobierno jamás haría una cosa semejante. Que estaban a punto de publicar una infamia. Que la denuncia de Pepe era una farsa impresentable.

Por supuesto, el gobierno también salió a desmentir el artículo y Timerman acusó a Pepe de pseudoperiodista. Típica reacción de un tiempo de fractura total entre el oficialismo y el periodismo crítico.

La sorpresa de Nisman, por otra parte, era comprensible. Y para él desgarradora. ¿Cómo podía ser cierto un pacto con los iraníes? Era impensable y además era incoherente. Hasta ese momento los Kirchner no sólo apoyaban, sino que apuntalaban cada paso que daba Nisman. Lo demostraban los diálogos que había tenido el fiscal con los hombres de la Embajada de Estados unidos, esos encuentros reflejados en los cables secretos develados por wikileaks. Nisman se había quejado varias veces de cierta impericia o falta de insistencia del gobierno argentino en reclamar la captura de los iraníes acusados del atentado, pero en general tanto él como los funcionarios de la Embajada sentían el apoyo de los Kirchner, creían que para los Kirchner la línea de Nisman era la línea del Estado. En 2009, apenas un año y medio antes, la propia Cristina había hablado ante la asamblea de las Naciones Unidas pidiendo al mundo colaboración y reclamando acciones concretas a la República Islámica de Irán. Nisman sólo tenía que cerrar los ojos para recordarla a la Presidenta de los argentinos, de pie frente a los diplomáticos del mundo, clamando con convicción para que Irán extraditara a los funcionarios sospechados de haber participado en el ataque a la AMIA. Nisman sentía que aquello no podía ser cierto. ¿Y encima nadie le había dicho nada? ¿Ni siquiera lo habían consultado? No, Nisman no podía creerlo. Ni quería hacerlo.

Pero no todos reaccionaron igual. Hubo alguien que se tomó la nota muy pero muy en serio. Exacto: ese alguien fue Jaime Stiuso.

Con el diario en la mano, ese domingo se juró que iba a encontrar a los culpables del pacto.

La Cámpora

La muerte de Kirchner modificó el humor social y millones de personas que no simpatizaban con el gobierno empezaron a mirar a Cristina de otra manera, hasta finalmente votarla. Así fue como logró la reelección presidencial, nada menos que por un aplastante 54 por ciento de los votos. Pero además, obligó a Cristina a cambiar los actores que iban a influir en el proceso de toma de decisiones. La Presidenta ya no contaba con su esposo y su ausencia debió ser ocupada por dos hombres que, si bien estaban cerca, no eran tan influyentes como lo serían a partir de ahora: Carlos Zannini y su hijo Máximo.

Del Chino Zannini ya sabemos. Era el secretario de Legal y Técnica. De joven había sido militante maoísta y había intentado generar una revolución desde las agitadas calles de Córdoba. Llevaba años trabajando con los Kirchner y tenía ascendencia ideológica sobre ellos. Era un hombre de bajo perfil, hosco, definitivamente leal a Cristina.

De Máximo alcanzaría con decir que era el hijo de la Presidenta. Pero había algo más. A los treinta y pocos años, Máximo integraba la cúpula de La Cámpora, la agrupación que había inventado Kirchner para sumar jóvenes a un proyecto que carecía de recambio y de influencias directas. La Cámpora era la maquinaria con la que el kirchnerismo pensaba avanzar sobre los resortes mismos del poder. La herramienta que pensaban para trascender en el tiempo, para avanzar sobre las estructuras partidarias y públicas. Era la representación del Vamos por Todo, la aspiración de perpetuidad.

El aumento de la influencia de Zannini y Máximo impactó de manera directa en la Secretaría de Inteligencia. En principio porque Zannini desconfiaba de Larcher, al igual que Cristina, y pronto inclinó la balanza de la interna en la SIDE en favor del otro lado de la grieta, en favor de Pocino y a su vez del general Milani. Zannini no sólo iba a respaldar a la Presidenta en su inclinación por la Inteligencia militar, sino que empezó a ser el receptor de todas las quejas que circulaban dentro del gobierno en contra de la Inteligencia dominante hasta entonces. Zannini empezó a llevarle a Cristina noticias negativas de Larcher. Empezó a jugarle en contra e indirectamente también a Jaime. Empezó a generar en Cristina la idea de una conspiración interna en el corazón del poder.

Casi al mismo tiempo, La Cámpora decidió que debía empezar a tener influencia directa en Tribunales. Lo anunció en una reunión de la agrupación Eduardo Wado De Pedro, joven abogado que formaba la cúpula y que juró «copar» la Justicia con hombres propios. Hasta puso un objetivo: 500 nombres propios, pidió.

El primer paso fue el nombramiento, en diciembre de 2010, de un nuevo subsecretario de Justicia, Julián Álvarez, socio de Wado De Pedro en un estudio de abogados. Julián Álvarez tenía 29 años y ninguna experiencia en Tribunales, pero era un convencido de lo que estaba por hacer: avanzar sobre un territorio que todos ellos sentían y sabían ajeno. Y vaya que lo era: ese territorio era de la SIDE, especialmente de Javier Fernández, el principal operador de La Casa. Su influencia era hasta ese momento impresionante, tanto que Cristina citaba a Fernández no menos de una vez por semana. Por cualquier cosa lo llamaba y a cualquier hora. «Que venga Javier», ordenaba Cristina, y el hombre debía abandonar cenas, audiencias o lo que fuera para ir a toda velocidad a la Quinta de Olivos o a la Casa Rosada. Cristina le preguntaba por algún artículo salido en un diario, por el avance de las causas sobre los funcionarios, sobre tal juez o por otro. Javier Fernández debía saberlo todo, especialmente sobre los jueces federales criminales y los del fuero Contencioso Administrativo, donde se discutía, por ejemplo, la Ley de Medios sancionada en 2009, en lo más caliente de la batalla mediática contra el Grupo Clarín. Para contestarle a Cristina, como antes a Néstor Kirchner, Javier Fernández había ingresado a casi todos los despachos federales. En el Contencioso Administrativo estaba su hermano Sergio, que había llegado a camarista. En los federales penales había amigos y conocidos y pronto compadres. Durante años entró cuanto quiso en despachos de jueces y fiscales. Durante años lo habían atendido y le habían respondido con sonrisas cómplices, expedientes demorados o directamente cerrados. Él, por supuesto que pagaba. En principio, con lo que representaba su figura, el calor del poder. Conocía perfectamente una máxima atribuida a Perón y que los jueces repetían por lo bajo: «Con los dirigentes a la cabeza, o a la cabeza de los dirigentes».

Por ahora sólo valía la primera parte del refrán. A los jueces les gustaba trabajar con los dirigentes a la cabeza, y Javier Fernández representaba eso. En su proceso de construcción de poder había profundizado, además, relaciones personales. Desde ya estaba asegurada su ascendencia sobre el camarista Eduardo Farah, su compañero del secundario Sagrada Familia, allá lejos y hace tiempo. Pero su red de favores parecía infinita. Algunos de esos favores son seguramente incomprobables, porque hay ciertas cosas que no se prueban nunca. Otros estaban a la vista de todos. Le había dado trabajo en la Auditoría General a la hija de un camarista; le había conseguido un contrato también de la Auditoría al hermano de un juez; había conseguido empleos en la SIDE; había acelerado carreras en el Consejo de la Magistratura. Durante años, Javier Fernández había sido el hombre de La Casa en Tribunales y le había sacado provecho.

¿Los de La Cámpora iban a quitarlo tan fácilmente sobre ese territorio?

El poder, se sabe, no es elástico: cuando uno avanza, el otro debe retroceder. ¿Se iba a echar atrás Javier Fernández? ¿Cómo iban a reaccionar Larcher y Jaime? Aunque la pregunta más importante no era ninguna de las anteriores. La pregunta más trascendente es la que nadie se hizo: ¿cómo iban a reaccionar los jueces?

Primeros disparos

En el medio de todo eso irrumpieron las balas. Las malditas balas, que acaban con la política y con todo.

Las malditas balas que siempre son seguidas por otra balas igualmente malditas.

Fueron tres.

Contra Javier Fernández.

Contra el mismísimo hombre que había conquistado los tribunales de Comodoro Py. Un día, el 5 de octubre de 2011, ese hombre casi se convierte en cadáver.

Tres tiros le tiraron a su auto.

Javier Fernández manejaba su Citroën C4 por el barrio de Colegiales, cuando escuchó el ruido del estallido de su parabrisas y los disparos. No supo ni de dónde vinieron, ni nada. Alcanzó a soltar el auto, apretar el freno y echarse abajo. Los vidrios volaban por el aire. Se salvó de milagro.

El atentado contra Fernández convulsionó al mundo del espionaje. Había que atreverse a dispararle a ese hombre tan poderoso. ¿Quién había sido? ¿Quién había dado la orden?

Sus sospechas apuntaron en dos sentidos. En primer lugar, a alguna venganza nacida en el corazón del gobierno. Ya había discutido varias veces con Julián Álvarez, por el intento del viceministro de meterse en su terreno de Tribunales. Pero no pensó que la orden podían venir de ahí; no se podía imaginar a los jóvenes de La Cámpora mandándolo a matar. Si el ideólogo de los tres tiros había sido algún enemigo de adentro, ese enemigo tenía que rondar entre Pocino y Milani. A Pocino no se le conocía ninguna locura como ésa, pero de Milani ya sabría el país de lo que era capaz. Era evidente que la Inteligencia militar podía haberle mandado a alguna pesada. No se podía descartar, tampoco, el entusiasmo de algún alcahuete. Es conocido el problema de los alcahuetes: animales sueltos por ahí que creen que pueden maravillar a sus jefes con un acto audaz y temerario.

Había otra sospecha, sin embargo. Que detrás de todo estuviera el mundo de los negocios más oscuros, donde Javier Fernández avanzaba peligrosamente de la mano de su socio Sergio Szpolski. Meses atrás, el grupo Szpolski había vendido la mitad de sus acciones a Matías Garfunkel, heredero de una fortuna, quien le iba a inyectar 12,5 millones de dólares al conglomerado de medios que ya formaban las revistas Veintitrés y Newsweek, los diarios Tiempo Argentino y El Argentino, la radio América y el canal CN23. Al incorporar a Garfunkel, Szpolski y Javier Fernández habían incorporado a su vez a los enemigos de Garfunkel. Desde hacía años, el heredero millonario estaba enfrentado a Raúl Moneta, también hombre de los medios, quien le reclamaba varios millones de dólares por una vieja picardía comercial mientras intentaban comprar juntos la empresa Telecom argentina. No podemos conocer la naturaleza exacta de ese conflicto ni el papel que cumplía Javier Fernández, de pronto en el medio de todos los entuertos. Pero había reclamos de varios millones de dólares y una batalla secreta y sórdida entre personas de poder y acceso. Era posible que intentara resolverse a los tiros. Así lo pensó Javier Fernández, el auditor que trabajaba de otra cosa. ¿Lo habían mandado a matar por plata?

Seguramente a nadie se le ocurrió preguntarse cómo habían llegado a tanto. Cómo se habían convertido en pistoleros de lujo. Cómo arriesgan todo por la ambición desmedida de un poder que siempre es pasajero. Estaba claro que se habían cruzado barreras, de esas que no se vuelven. Algo había pasado. No te tiraban tres tiros por si las dudas. En su caserón de Villa Crespo, Javier Fernández acostumbraba a recibir a sus visitas en un amplio quincho, donde se destacaban dos enormes retratos: uno el de su padre; otro el de Marlon Brando en la película El Padrino. Parecía una broma, un juego tonto. Sólo que él, a través de los años, acaso sin darse cuenta, se había ido transformando en algo parecido a ese grotesco con el que coqueteaba.

De lo que tuvo certezas Javier Fernández fue de los autores del atentado. De la mano de obra. De los que apretaron el gatillo. Es de suponer que lo ayudó Jaime, pero sólo podemos inferirlo. Como director general de Operaciones, Jaime podía activar todos los contactos de La Casa, todas las redes de informantes y apuntar al territorio que solía proveer profesionales o lúmpenes para este tipo de acciones: el insondable conurbano bonaerense. De allí eran. Del conurbano. Javier Fernández consiguió sus nombres, supo para quién trabajaban y supo que los protegía un político que se decía peronista y coleccionaba ponchos.

Jaime ya se iba a ocupar de él.

De Jaime ya sabemos

Entre septiembre de 2011 y marzo de 2012 ocurrió algo inesperado para todos en La Casa. Tal vez haya sido un reflejo del avance de la investigación que llevaba Arroyo Salgado contra los espías Iván Velázquez y el grupo de espías acusado por Jaime y Pocino años atrás. O tal vez hayan sido los primeros indicios del declive del superagente, que llegaron en la forma de un latigazo, como un golpe humillante. Eran un vuelto, sin duda. Un vuelto a las tropelías de la Secretaría o a las investigaciones de la Secretaría. No hay otra manera de explicar la formidable cantidad de información que comenzó a circular en Internet sobre Jaime y sus principales colaboradores. Pocos meses antes, el sitio wikileaks había sorprendido al mundo con información clasificada de las embajadas de Estados Unidos alrededor del planeta. Cables cifrados, citas sobre reuniones, incluso maniobras de la CIA en países de todos los continentes habían quedado al descubierto gracias a un agente del servicio de Inteligencia norteamericano, Chelsea Manning, que había robado parte de la base de datos para ventilarle al planeta el juego del espionaje global. Lo que había hecho el agente Manning era romper los códigos del espionaje a través de la diplomacia. Ahora, aquí, entre nosotros, lo que se iba a romper era el código del silencio entre espías, ese que impedía que las peleas entre ellos trascendieran los muros del secreto. Un grupo de hackers criollos inventó otra página, leakymails.com, pero con información rescatada del grupo de Velázquez. O era información aportada por el propio Velázquez desde el exilio o bien era información robada de la base de datos de su grupo. Lo seguro es que era información verídica o al menos eran carpetas de Inteligencia real, similares a las que se acumulaban en la planta baja de 25 de Mayo o a las que acumulaba Jaime, sólo que esta vez los blancos, los objetivos, los incluían a Jaime y a sus principales hombres. De Jaime y de El Gordo Miguel, su compañero de manos pesadas, el responsable ahora de las investigaciones que precisaban acciones policiales o parapoliciales. De Jaime y de Garnica, su amigo de siempre, de la infancia de San Justo, el ahora director de Contrainteligencia. Y de Jaime y Alejandro Patrizio, su hombre asentado en el aeropuerto de Ezeiza, quien a la vista de todos también formaba parte de su círculo íntimo dentro de la Secretaría, un hombre que tenía, por cargo y atribuciones, la facultad de hacer entrar lo que quisiera a través de la puerta aérea al país. En leakymails había de todo. Correos electrónicos, cuentas secretas, fotos, informes confidenciales, datos sobre sus propiedades, nombres de sus empresas, intercambios de correos con sus amantes, citas con amantes por encargo. El universo privado de Jaime y sus muchachos estaba siendo develado y delatado en Internet. Justo contra él, que se jactaba de saberlo todo sobre el espionaje informático. La información circulaba por la red accesible para cualquier vecino. Se mostraba la mansión de Garnica en un club de campo. El caserón de Patrizio en un country de Pilar. Datos sobre la pizzería que Garnica y Patrizio compartían en Belgrano, acaso una pantalla para otros ingresos. También se mostraban asuntos más espinosos y de esos de los que no se vuelven, como fotos de sus hijas y demás parientes. Sobre Jaime, había datos relevantes de su principal empresa, Digital Tape, que mostraban que era una empresa bien activa y que tenía muchos y variados clientes, a los que les vendía ya no casetes vírgenes (ése había sido el origen del negocio) sino también computadoras, baterías y tecnología para estudios de grabación, cámaras y más. Entre sus clientes había productoras de televisión, empresas de tecnología, clientes particulares. De esa información surgía, además, la influencia o la aparente influencia de Jaime en la designación de jueces o fiscales. Le pedían a él, al director general de Operaciones de la Secretaría, para que empujara designaciones en San Martín, en La Matanza, en Comodoro Py. ¿Conseguía Jaime lo que le pedían? Ya lo había hecho con Arroyo Salgado. Y fue ella quien, otra vez, fue llamada a colaborar.

Para frenar en parte el daño causado por leakymails, desde el juzgado federal de San Isidro se enviaron oficios a los diarios prohibiendo la divulgación de información sobre la página.[43] El argumento de la jueza era la aparente violación de secretos de Estado, los que protegen a los espías de la mirada ajena, en teoría por la seguridad nacional. ¿Eran los negocios de Jaime y sus amigos secretos de Estado? ¿Lo son? Por supuesto, la jueza actuaba a pedido de los espías; no del Estado. La información que se intentó divulgar a través de leakymails incluía carpetas de Inteligencia sobre objetivos políticos. Sobre los objetivos de la SIDE en ese tiempo. Información que no podía ser de un grupo marginal de espionaje privado, sino el producto de una gigantesca e innecesaria maquinaria de la burocracia del espionaje. Había seguimientos realizados entre 2002 y 2006. Seguimientos sobre la comunidad musulmana, sobre inmigrantes vascos acaso vinculados a ETA. Pero además confirmaba, con documentos, lo que todos suponíamos desde afuera. Que la Secretaría, en nombre de la defensa de la seguridad de la Nación, hacía seguimientos y controles sobre dirigentes opositores, sobre funcionarios judiciales como Daniel Rafecas, Guillermo Gordo, Carlos Cearras. Y también sobre dirigentes de izquierda, dirigentes sociales, las minorías de siempre que no aceptaban plegarse a la hegemonía de un gobierno con aspiraciones a dominarlo todo. Allí estaban las carpetas de Raúl Castells, de Jorge Ceballos, de Néstor Pitrola, de Víctor De Genaro, de Fernando Esteche. Carpetas cargadas de datos de archivo, más comentarios sobre sus afinidades políticas, apuntes sobre su historia, datos tomados en marchas o en archivos de diarios, fotos en manifestaciones callejeras, fotos en reuniones de las agrupaciones. Y allí estaban las fotos y los datos de Toti Flores, de Nina Peloso, del Perro Santillán, de Jorge Altamira, de Juan Carlos Alderete. Datos a veces mal escritos, mal consignados, contradictorios. Muchos de los blancos de La Casa, de la Secretaría, eran y seguramente son militantes de barrios marginales, muchos de ellos pobres, muchos de ellos hombres y mujeres de a pie, con sueldos que no alcanzan para nada, con hijos y madres asistidos por hospitales públicos en desgracia, la mayoría de ellos soñadores de un país más justo y solidarios, pero observados, fotografiados, seguidos de cerca por la policía secreta del Presidente y de la Presidenta, en el nombre de la patria. También periodistas. También empresarios. Había correos privados. Contactos telefónicos. Reuniones. Citas. Un montaña de información, seguramente inútil, salvo para hacer daño.

La plata nunca alcanza

Cuando el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, necesitaba la asistencia de los jueces federales para un acto institucional, no llamaba ni al ministro de Justicia ni al vice. Lo llamaba a él, a Javier Fernández. Porque era el ministro en las sombras. Era el delegado de La Casa en Tribunales. El dueño de Tribunales.

Cristina lo recibía una o dos veces por semana y seguramente lo veía más seguido que al ministro real, Julio Alak. Y allá iba Javier Fernández, a la Quinta de Olivos o a la Casa Rosada. Eran reuniones breves, donde el auditor que no trabajaba de auditor repasaba las causas judiciales que podían molestar al gobierno y le hacía ver, con orgullo, que ningún funcionario pudiera caer preso. Cristina le daba el visto bueno y lo dejaba irse. Nunca se tutearon ni se simpatizaban; era un vínculo de conveniencia, de pragmatismo político.

Es que la influencia de Javier Fernández realmente no parecía tener límite en la Justicia. En el fuero Contencioso Administrativo. En el Penal Económico. Y especialmente en el fuero Penal Federal, donde se mantenían dormidas las causas por corrupción. Causas contra todos y todas. Causas por todos los delitos imaginables. Llegaron a contarse 700 expedientes abiertos en contra de funcionarios del gobierno. Denuncias por dádivas, defraudación, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, estafas y robos de los fondos públicos. Contra la Presidenta, contra sus ministros, contra los secretarios de Estado y subsecretarios, contra directores y subdirectores. Los juzgados de Comodoro Py tenían cientos de expedientes (todavía los tienen) deambulando entre un despacho y otro, cotejando información imposible, perdiendo el tiempo a la espera de pericias interminables como quien espera a Godot, algo que sabe que no va a llegar nunca. Javier Fernández se jactaba de tener pisado a tribunales. Pisado. Bajo sus pies. Bajo su peso y el peso de la SIDE. El caso más escandaloso era el de Eduardo Farah, juez de una de las dos salas de la Cámara del Fuero (la Sala I), pero que había conseguido convertirse también en camarista de la otra sala, gracias a que ocupaba una vacante como juez subrogante. Farah, compañero de colegio de Fernández, amigo desde chicos, representaba de hecho el 33 por ciento de las decisiones de la Cámara que controlaba todo el fuero del poder. Decir Farah era lo mismo que decir Fernández. Eran amigos, compinches, y decidían como si fueran uno solo. Decir Farah era lo mismo, entonces, que decir la SIDE y que decir Jaime. El 33 por ciento del fuero estaba bajo sus pies.

De los jueces, muy pocos escapaban a ese influjo. La jueza Servini de Cubría, porque ya estaba demasiado curtida y porque, en todo caso, tenía un puente directo con Jaime. También el juez Rafecas y alguno más. Y varios de los jueces de los Tribunales orales. Entre ellos, escapaban del influjo de la SIDE los tres jueces a los que le tocó en suerte hacerse cargo del juicio oral contra Gustavo Beliz, acusado de mostrar la foto de Jaime. Eran los mismos que anularon el caso AMIA pocos años antes: Miguel Pons, Gerardo Larrambebere y Guillermo Gordo.

El juicio duró pocas horas. Sólo hubo un puñado de testigos. Beliz fue absuelto porque el Tribunal consideró que los abogados debían demostrar el daño causado por la foto pública de Jaime. No alcanzaba con usar al secreto por el secreto mismo, debían justiciar el daño causado a la seguridad nacional. Buen argumento, sólido. Pero hubo algo más. En los días previos al fallo, el Tribunal había detectado que en los medios de Szpolski habían salido notas hablando mal de los jueces, cuestionando lo que intuían como un fallo adverso, al punto de acusarlos de prevaricato. Una típica opereta orquestada en las oficinas de la Dirección de Análisis de La Casa, acompañada por el fiscal de la causa, Carlos Di Lello, quien había colaborado haciendo hasta lo imposible para llevar el juicio a otro tribunal. La sentencia fue demoledora. Habló de la existencia de «insondables maniobras más propias de una novela de espionaje que de un expediente judicial» y culpó a la Secretaría de Inteligencia, al «poderoso Jaime Stiuso» y al «obediente fiscal» Di Lello, otro de los alegres seguidores de la logia que comandaban Javier Fernández y los muchachos de La Casa.[44]

Las cosas empezaron a cambiar tras las elecciones de 2011, cuando Cristina arrasó con el 54 por ciento de los votos y muchos oficialistas sintieron que era el momento de ir por todo, realmente por todo. Entre otras cosas, eso significaba copar definitivamente la Justicia. Llenarla de hombres y mujeres propios, afines al proyecto con sueños de eternidad. Para un objetivo tan ambicioso se precisó de un plan, ideado por Julián Álvarez, que impulsó la creación de Tribunales de Casación. La idea era conformar nuevos tribunales especiales para cada uno de los fueros, ubicados estratégicamente entre las Cámaras de Apelaciones y la Corte Suprema, para controlar desde arriba todos los procesos judiciales del país. Suponía inventar una nueva instancia, como ya existía en el fuero penal, que les iba a permitir designar a una treintena de nuevos camaristas, con el poder suficiente para monitorear a los tribunales inferiores y de paso poner un muro para que las causas nunca llegasen a la Corte. Una idea alocada, como otras que iban a intentar años después, como la elección de jueces por el voto popular. Eran modificaciones estructurales del Poder Judicial que se intentaban a espaldas de los jueces, de la Corte Suprema y muchas veces en contra del sentido común y de la Constitución. El primero de esos proyectos fue el de los Tribunales de Casación. Un plan que empezó a complicarles las cosas a Javier Fernández, a su amigo Richarte, al propio Jaime, en fin, a la logia que gobernaba Tribunales. Los jueces empezaron a quejarse: ¿No eran ellos los que manejaban la cosa? ¿Qué estaba pasando? ¿Seguían siendo los delegados?

Fue justo ahí cuando estalló el caso Boudou. El vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, acumulaba un montón de denuncias en su contra, pero la mayoría o eran rechazadas o se las dormía en el sueño de los injustos. Hasta que un día una denuncia pasó los filtros y no hubo manera de detenerla. La denuncia había nacido de una investigación periodística de Nicolás Wiñazki para el programa de Jorge Lanata en Radio Mitre. Se sospechaba que el vicepresidente de la Nación se había comprado la fábrica de hacer billetes, Ciccone Calcográfica, a través de una maniobra financiera bastante burda que involucraba a socios y amigos. Está escrito que el azar cada tanto juega para el lado de la Justicia. Y así fue, porque la denuncia contra Boudou cayó en las manos menos contaminadas por el poder omnipresente que ejercía el gobierno sobre Tribunales. Cayó en el despacho del fiscal Carlos Rívolo, que acababa de volver de vacaciones y se puso a hacer lo que había que hacer: investigar. El fiscal tomó declaraciones, pidió documentación, cotejó la prueba y un día pidió allanar el departamento del vicepresidente, en Puerto Madero. El juez del caso era Daniel Rafecas, otro distante de la logia de la SIDE, que también hizo lo que debía hacer: ordenar el allanamiento. Era el miércoles 4 de abril de 2002. Cuando estalló todo por los aires.

Caos.

Locura.

Histeria.

La imagen de la Gendarmería llegando a la torre de Boudou debió haber sido intolerable para Cristina y para Boudou. El vicepresidente llamó a la prensa y usó al Senado de la Nación para denunciar una conspiración en su contra. Habló de estudios de abogados que operaban en la sombra, acusó al juez de haber filtrado el allanamiento a la prensa, culpó también al procurador general de la Nación, Esteban Righi, a quien en realidad le achacaba no haber controlado a Rívolo. El contraataque de Boudou le iba a costar el puesto a Righi, también iba a lograr sacar de la investigación al fiscal y al juez. Porque nadie se mete con los que mandan. Y la que llevaba las riendas era Cristina. Por si quedaba alguna duda, ella misma se había ocupado de despejarla durante un acto en la ciudad de Rosario, acompañada por la militancia de La Cámpora y otras agrupaciones juveniles o sociales. Cristina terminó de hablar de Belgrano y de Néstor Kirchner, luego se acercó a la multitud que la vivaba y, ya lejos del micrófono, pero modulando bien claro para que se entendiera, les dijo dos veces la frase más ambigua y a la vez contundente del mundo:

Vamos por todo.

Va-mos-por-to-do.

La confianza de Cristina hacia la red de protección que tenía en Comodoro Py se puso de pronto en duda. ¿Para qué servían Larcher, Jaime, Javier Fernández y todos los delegados de La Casa?

El caso Boudou venía a mostrar que nada era para siempre, que no todo se compraba con plata, que no todo tenía precio. Pero para Cristina, ésa no era una explicación suficiente ni aceptable. Cristina empezó a darle cada vez más espacio a los consejos de los jóvenes de La Cámpora, que coincidían con los consejos de Zannini. Al gobierno no le alcanzaba con comprar a la Justicia; ahora querían ocuparla.

La primera señal de ese giro de Cristina quedó en evidencia pocos meses después, cuando se designaron los nuevos jueces federales. Se tenían que completar cuatro vacantes. El proceso había sido largo, pero finalmente se encontraron los nombres y asumieron en octubre de 2012. ¿A cuántos de ellos apadrinaba Javier Fernández, el ministro en las sombras?

El primero era sin dudas un hombre suyo: Luis Rodríguez venía del fuero penal ordinario e iba a ocupar el juzgado federal 9. Rodríguez era amigo personal del Delegado de La Casa. Más que amigo, en realidad, ya que era el padrino de la hija de Javier Fernández, quien también trabajaba en Tribunales. Luis Rodríguez era un soldado de La Casa, no había ninguna duda.

De los otros tres nombramientos, había dos apadrinados pero no tanto, como Sebastián Ramos (para el Juzgado 2) y Marcelo Martínez de Giorgi, a quien ratificaron en el juzgado que ya subrogaba, el número 9. Los dos jueces iban a abrirle el despacho a la SIDE cuando la SIDE se lo pidiera.

Pero el dato político más saliente era el cuarto juez, Sebastián Casanello se quedó con el Juzgado número 2. Atención, porque a diferencia de los otros, Casanello no tenía ni tendría jamás ninguna relación con la SIDE. A Casanello lo habían empujado desde el Ministerio de Justicia y era un pichón de Julián Álvarez. Casanello, en fin, era un juez de La Cámpora.

Algo ya estaba cambiando. Y cuando las cosas cambian en el poder, la tierra se mueve.

Una noche de locos en la base

Nos alejamos un poco de Comodoro Py. ¿En qué andaba Jaime? Buscando cómo responder a la nota de Pepe Eliaschev. Y buscando cómo responder al atentado contra su amigo.

Ya nadie hablaba del caso AMIA y el supuesto pacto con Irán parecía un mal sueño dejado atrás. Pero Jaime sabía que era cierto y no iba a esperar para ver qué pasaba. Durante 2012 se dedicó a espiar. A escuchar conversaciones. A hacer seguimientos. A observar lo que ocurría en la Cancillería argentina y entre los representantes de la comunidad iraní en Buenos Aires. De esas indagaciones, más tarde, iba a salir la denuncia que presentarían con el fiscal Nisman sobre una conspiración desde lo más alto del poder para encubrir el atentado. Pero para eso faltaba. No había apuro, todavía.

Para resolver el otro atentado no se podía andar con tantas vueltas. El atentado contra Javier Fernández pertenecía a otro mundo. Era un ataque desde los márgenes de la civilización, desde las cloacas más profundas, y Jaime entendió que debía ser respondido con las mismas armas. Nadie sabe cómo le llegó el dato, aunque es probable que le haya llegado desde sus muchas fuentes en la Policía Bonaerense. Desde hacía años que la SIDE y la Bonaerense tenían lazos cruzados. Jaime había sido uno de los grandes gestores de esa relación, reforzada por su amistad con el comisario Mario Naldi, un histórico peso fuerte de la Bonaerense, ya retirado. Aunque ya no era lo mismo. En los últimos años habían existido muchos cortocircuitos, especialmente porque el jefe de la fuerza, el comisario Mario Matzkin, desconfiaba de la influencia de los espías entre sus gobernados. Pero había puentes debajo de lo visible. Siempre los habría.

El dato que le llegó a Jaime fue el nombre del responsable operativo del atentado contra Javier Fernández. El nombre del jefe de la banda. El jefe de las manos pesadas. Entonces decidió actuar.

Un periodista ducho en esas intrigas, Jorge Asís, lo contó de manera fragmentada y casi encriptada en su sitio JorgeAsisdigital.com. Lo describió como la Servilleta’s War. La revelación llevaba la firma de su alter ego más talentoso, Oberdán Rocamora. Decía así:

Dista de estar a la altura literaria de los clásicos de John Le Carré. Menos aún, los de Tom Clancy. Pero las fuentes irreprochables indican que el ex minigobernador, experto en los márgenes violentos del conurbano, tuvo el encargo de «armar una pesada». Para terminar, de una vez por todas, con El Ingeniero. Y con su temible área de influencia. En un difuso polo de poder creado desde el Estado. A través del conocimiento medular de las vulnerabilidades de cada uno de los responsables eventuales de administrarlo.

El ex minigobernador era Mario Ischii, uno de los veteranos varones del conurbano y en ese momento senador bonaerense. Era ex, pero intendente, de sus pagos de José C. Paz. Y efectivamente, las versiones que llegaron a oídos de Jaime indicaban que una patota de Ischii había ejecutado el atentado contra Javier Fernández y que ahora preparaba un atentado para matarlo directamente a él.

Así eran y son las cosas en las cloacas de la Nación. Matones sueltos a las órdenes de políticos. Armados y a los tiros. Sueltos, entre nosotros. Listos para resolver los entuertos inconfesables con más acciones inconfesables.

Jaime actuaba en el nombre del Estado. Su cargo era un cargo oficial de importancia, cobraba un sueldo muy alto, tomaba decisiones que suponían millones de pesos sobre gastos reservados. Pero sus códigos no eran distintos a los de aquellos matones que lo buscaban. El código Jaime era también el código de la sordidez.

Mario Ischii tenía 62 años. Era un hombre grandote, pesado, de andar en la vida pública con un poncho rojo. Fue interceptado en su auto por El Gordo Miguel y llevado, sin su evidente consentimiento, a la cueva más secreta de Jaime, a la base Estados Unidos. Lo secuestraron. Como en otros tiempos de la Argentina, cuando las batallas intestinas se resolvían así, entre picanas y tiros. Lo secuestraron y lo tuvieron una noche entera en la base. Allí estuvieron El Gordo Miguel y otros hombres grandotes y carentes de simpatía hablando con él. Durante horas, que al invitado debieron haberle parecido días. Estaba claro que Jaime no podía permitir que lo amenazaran ni que pensaran siquiera en la posibilidad de liquidarlo. Al menos, no de ese modo. Como escribió Rocamora:

Aparte de una muestra impresentable de fragilidad institucional, es ante todo una falta de respeto para el prestigio de El Ingeniero. Juntar pesada con guapos furtivos de barra brava. Sin atreverse siquiera a recurrir a la prolijidad sigilosa de un profesional. Si hasta los maridos dramáticamente burlados ya suelen recurrir al sicariospuntocom.

Nunca sabremos lo que pasó esa noche de locos en la base. No lo iban a contar ni los captores ni el capturado. Apenas trascendió lo que se debía filtrar. Que Jaime seguía mandando.

Fin de partida

El pacto

Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta de los argentinos, decidió que Twitter iba a ser su canal de comunicación predilecto. Para evitar intermediarios, preguntas incómodas, para decir sin tener que explicar. Así fue como cambió la historia de la Secretaria de Inteligencia y la vida de Jaime Stiuso, la de Alberto Nisman y, sin saberlo, la vida de su propio gobierno.

El 27 de enero de 2013, Cristina anunció vía Twitter que el canciller Héctor Timerman había firmado un acuerdo con el gobierno de Mahmud Ahmadineyad, de la república de Irán, para la creación de una Comisión de la Verdad para el (supuesto) esclarecimiento del atentado a la AMIA. El acuerdo debía ser refrendado por el Congreso, pero la definición política en pos de un acercamiento con el viejo enemigo ya estaba tomada.

De vuelta:

Cristina, después de apoyar durante años la investigación que apuntaba contra Irán en el atentado terrorista de la AMIA, de pronto cambió de postura, giró dramáticamente y pidió sentarse a negociar con los iraníes.

El intento de acercamiento llevaba más de dos años, lo que significaba que aquella nota de Pepe Eliaschev estaba en lo cierto. Se había hecho todo a espaldas de Nisman y de Jaime. Nadie los había consultado.

Del pacto con Irán se ha escrito y se escribirá mucho. Nadie sabe, con certeza, cuáles han sido sus razones profundas. ¿Qué llevó a Cristina a dar ese giro? Hubo y habrá para siempre muchas especulaciones. Que fue un pedido de Hugo Chávez Frías. Que quiso dar un golpe efectista para demostrarle al mundo que era más audaz que nadie sobre la tierra. Que se dejó convencer por los que, secretamente, acusaban la cercanía de la embajada de Estados Unidos en toda la causa AMIA. ¿Pero si a eso ya lo sabía? El propio Kirchner había elegido ese rumbo. ¿O acaso había negocios detrás?

El proceso de toma de decisiones es finalmente una anécdota, como lo son también los motivos. Lo importante son los botones que se presionan. Y Cristina tocó teclas portentosas, mucho más trascendentes de lo que creía.

¿Y todo lo que se había hecho hasta entonces? ¿Qué quedaría de todo?

¿Qué sería ahora de Nisman?

¿Y de Jaime?

Aldo Stilles, Jaime, Jaimito, El Ingeniero.

El superespía que se sentía invencible, de un momento a otro fue, como nunca antes, Horacio Antonio Stiuso. Un hombre común, vulnerable, o peor aún: con el pie apoyado sobre una mina antipersonal, a punto de ser sacudido por los explosivos y las esquirlas.

Justo él, que tanto había hecho para imponer su postura, su tesis, su teoría.

Tal vez nunca sepamos por qué Cristina hizo lo que hizo, ni por qué lo hizo sin consultar a la Secretaría de Inteligencia. ¿La convenció Timerman? ¿El lobby iraní llegó a perforarla sin que se diera cuenta? ¿Fue un capricho o un intento de resolver lo imposible? ¿Y si el intento por resolver lo imposible es justamente un capricho?

Jaime venía investigando a los responsables o a los posibles responsables del pacto. La Unidad Fiscal de Nisman ya acumulaba escuchas telefónicas y desgrabaciones y teorías y entrecruzamientos. En poco tiempo esas investigaciones iban a lograr una forma determinada y un aparente sentido, en las manos del otro gran afectado por el pacto, el fiscal Nisman. Pero por ahora todo era confusión y angustia. El pacto con Irán los dejaba a los dos sin nada, los dejaba sin sostén.

¿Para qué llevaban ocho años trabajando? ¿Qué hacían ahora con las miles y miles de páginas, de desgrabaciones, de informes secretos, de teorías y traducciones del farsí, del alemán mal hablado y del inglés sacudido por la inmigración árabe? ¿Y los cuarenta empleados de la fiscalía especial? ¿Y la vida puesta al servicio de esa maldita y envenenada causa? ¿Y el presupuesto de la Unidad Fiscal? ¿Y la vida del fiscal, la torre que alquilaba en Puerto Madero, el auto fastuoso con el que se movía, los viajes, el prestigio internacional por ser el fiscal que investigaba el atentado? ¿Y el miedo? ¿Y los años de Nisman viviendo atado al peligro, a la sombra de una muerte a la vuelta de la esquina? Todo para nada.

El 21 de febrero, el Senado de la Nación aprobó el memorándum propuesto por Cristina con 39 votos a favor y 31 en contra.

El 27 de febrero, luego de catorce horas de discusión, la Cámara de Diputados lo aprobó en otra reñida votación, por 131 a favor contra 113 en contra. El memorándum de entendimiento con Irán quedaba así convertido en ley. Una ley de la Nación.

Al principio, Nisman no dijo nada. Se guardó por un tiempo. Probablemente dudó o tal vez decidió dejarlo en manos de Jaime. Porque él sí hizo. O iba a hacer. A partir de ese momento, Jaime hizo lo que nunca había hecho: se volvió en enemigo del gobierno de turno. Se convirtió en un blanco de Inteligencia.

El crack

Néstor y Cristina Kirchner gobernaron con sus enemigos. Utilizaron o se aferraron desde siempre a la idea tradicional de la política que entiende al poder como una definición por oposición. Sos lo opuesto a tus enemigos, por lo que hay que elegir enemigos adecuados. Al principio, Kirchner eligió enemigos muy convenientes: la vieja Corte Suprema de Justicia heredada del menemismo, una Corte desprestigiada y podrida. Luego los militares de la represión, también desprestigiados y podridos. Poco después se enfrentó al Pejota, el aparato del partido, al que más tarde iba a pedirle auxilio. Más adelante hubo otros enemigos menos aprehensibles, como los tenedores de deuda pública o cierto empresariado concentrador o determinadas agrupaciones sociales. En 2008 intentó enfrentarse a un enemigo que resultó inesperadamente fuerte, el campo, y con ese enemigo las cosas se les hicieron difíciles. El campo no era la oligarquía de otros tiempos, o no sólo eso; el campo se mostró a sí mismo como el proveedor de la leche de cada mañana, del asado familiar del domingo, el campo se mostró como el gauchito amigable e inocente que nos arrima el pan a la mesa. Y los enemigos siguieron mutando: los medios hegemónicos que, según el gobierno, querían imponer un mundo triste y hostil; los piratas que volvían a robar las Malvinas y la dignidad de una patria libre; los fondos buitres que querían saquear los sueños de los argentinos. Los enemigos nos definen, dijeron los Kirchner, una y otra vez. Pero no previeron que al enemigo podían tenerlo adentro. O sí, pero no alcanzaron a detenerlo a tiempo. Porque si algo caracterizó a la conducción política del kirchnerismo fue su control sobre las propias filas. Nadie se salió nunca demasiado de los cánones impuestos. Nadie desobedece, la discusión no se hace pública, los deseos del que manda son órdenes. La lealtad es obediencia y punto. El colectivo que se quiere imponer es un colectivo con un chofer único y definitorio.

Esa lógica no acepta disidencias. Menos aún a enemigos internos. Pero Jaime se convirtió en un enemigo, de fuste. Con mucho poder, ya lo sabemos, pero además paciente, calculador, frío, memorioso. Durante toda su carrera le había hecho creer a cada gobernante que él obedecía y nada más, que era apenas el ejecutor de los sueños de otros. Gracias a eso ascendió con los militares, creció con los radicales, fue espía estrella en la década del noventa y lo siguió siendo con Néstor Kirchner y mientras vivió Néstor Kirchner. Pero esta vez decidió decir basta, decidió que si rompían con él, también él rompería. No estaba solo, además. La incursión de La Cámpora en Tribunales, más la puesta en funciones de la nueva procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, atentaban directamente contra el dominio de la logia de la SIDE en el ámbito judicial. Era en ese territorio donde iba a estallar la batalla del poder invisible.

Coincidió este tiempo con una serie de acontecimientos novedosos para el gobierno. Una serie de hechos que antes no ocurrían. Y lo nuevo obliga a interpretaciones. A intentar encontrarle un sentido.

La primera señal fue el 20 de febrero, cuando el memorándum todavía no había sido avalado por el Congreso. Ese día, el juez federal Claudio Bonadío elevó a juicio oral, en un proceso veloz y profundo, a los principales acusados por la tragedia de Once, un choque en la estación de tren ocurrido apenas un año antes y que había matado a 52 personas. El auto de elevación a juicio era tan incisivo que no parecía de un juez federal argentino. Entre los principales imputados estaban los ex secretarios de Transporte de Cristina, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, y uno de los principales responsables de la empresa que administraba el tren Sarmiento, Claudio Cirigliano. Bonadío sostuvo que entre 1997 y 2012 se habían transferido desde el Estado hacia la empresa al menos 213 millones de pesos y que esos fondos se habían transferido mediante «actos abusivos e infieles» que explicaban el deterioro del sistema ferroviario. Palabras más o menos elegantes, lo que decía era que la tragedia de Once había sido producto de la corrupción y el despilfarro del gobierno. ¿Era ése un mensaje de libertad excesiva de parte de Bonadío? ¿Qué le pasaba a ese juez que tantas veces había protegido al gobierno?

En mayo volvió a ocurrir. Cuatro de las cinco salas que conforman la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo revocaron las multas disparatadas que el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, había impuesto a las consultoras privadas que difundían la inflación real que el gobierno intentaba ocultar. Los abogados de ese fuero no salieron de su asombro. Nunca en la historia cuatro de las cinco salas se habían puesto de acuerdo en sacar un fallo masivo el mismo día. Nunca en la historia se había mandado un mensaje tan claro de distanciamiento con el oficialismo.

Dos hechos, dos puñales. Cosas que antes no pasaban, salvo por el allanamiento a la torre de Boudou.

Por si faltaba algo, días después, Bonadío pidió la detención de Ricardo Jaime en una causa por dádivas y el ex secretario de Transporte tuvo que pasarse varios días prófugo.

Cristina pudo haber pensado que los jueces finalmente hacían su trabajo y que esas decisiones no se tomaban de la noche a la mañana. Pero no. Cristina creyó ver la mano de la SIDE.

El que la convenció fue Zannini. El secretario de Legal y Técnica. El más influyente de los pocos influyentes. Uno de los elegidos para llevar el ataúd del ex presidente. Uno de los que tomaba decisiones dentro de la familia de Cristina. Francisco Larcher y Jaime Stiuso, que ya funcionaban como un tándem, siempre culparon a Zannini de haberle hecho creer a Cristina que estaba siendo víctima de una conspiración de La Casa. Pero ¿era o no era cierto?

En los meses siguientes, esta supuesta conspiración se iba a hacer cada vez más grande e indomable. Lo que nunca iba a saber Cristina ni nadie es cuántos de sus fantasmas eran reales. Cuánto de lo que iba a ocurrir, sobre todo en Tribunales, iba a ser hijo de confabulaciones o de simples cálculos políticos de los propios jueces frente a un gobierno que lentamente iba perdiendo su poder, en un país que empezaba a mostrar su hastío frente al poder aplastante de Cristina, en un país que empezaba a juntarse en plazas y avenidas para decirle basta a la impunidad y al atropello.

Faltaba una señal. La que necesitaba Cristina para convencerse de la confabulación. Y llegó en junio. A fin de mes se cerraba el plazo para la presentación de candidatos para las elecciones legislativas de octubre. La duda, hasta último momento, giraba alrededor de Sergio Massa, el intendente de Tigre que había sido jefe de Gabinete de Cristina pocos años antes. No se sabía si Massa iba a presentarse como candidato a diputado con una lista propia, ajena y confrontada a la del kirchnerismo. La duda partía de la duda del propio Massa. Tenía buena imagen en la provincia y todos los sondeos lo marcaban como el posible ganador, lo que era una tentación porque un triunfo así lo proyectaba directamente hacia la presidencial de 2015. Pero al mismo tiempo 2015 quedaba todavía muy lejos, y Massa evaluaba si su salto en contra del oficialismo no era demasiado temprano. Como era costumbre, Cristina consultó a la Secretaría de Inteligencia. Les pidió información, datos, precisiones. Quería saber.

Pero había, en el medio, una amistad y un cálculo. Al conflicto desatado por el memorándum y la ruptura con Jaime se le sumaba otro inconveniente. Francisco Larcher, Paco, tenía una relación de confianza mutua con Sergio Massa. Una relación que había nacido años atrás, cuando Massa dirigía la ANSES, y que se consolidó durante el paso de Massa por el Gabinete de Cristina. Larcher y Massa eran y se sentían amigos. ¿Podía Larcher filtrarle a Cristina información de su amigo? ¿Estaba dispuesto a hacerlo? También había un cálculo. El 2015. El futuro. Era el problema histórico de la SIDE en los tiempos de transición. Sus blancos de última temporada suelen ser los futuros jefes.

Al final pasó lo que estaba escrito que pasaría. La Secretaría de Inteligencia equivocó su diagnóstico sobre Sergio Massa hasta diez días antes de su definición. Informó a la Presidenta que el intendente de Tigre seguiría siendo parte del oficialismo. Que no estaba dispuesto a romper. Que la Presidenta podía dormir tranquila. Por supuesto, pasó todo lo contrario. Massa armó su propia construcción electoral, el Frente Renovador, y ganó las elecciones, convirtiéndose en el político con mayor proyección hacia 2015. Lo hizo en contra del gobierno; en el nombre del futuro.

Cristina se convenció. Todos los rumores de traición eran ciertos. Todo lo que decía Zannini era cierto. En la SIDE estaba su nuevo enemigo. Dormía debajo de su propia cama. Trascendió luego su última conversación con Larcher.

—Vos sos un hijo de puta, jugás para Massa —le reprochó.

La Presidenta, naturalmente, sabía de la relación entre Larcher y Massa. Pero nunca pensó que ese vínculo iba a ser más fuerte que la lealtad hacia ella. Sabía, por ejemplo, que unos meses atrás Massa había sido invitado al casamiento del hijo de Paco. Un casamiento a todo trapo, en un lujoso hotel, donde Massa y su mujer, Malena Galmarini, ocuparon una de las mesas principales, la reservada para los hombres del poder. Lo que no sabía Cristina era que junto a Massa, en esa misma mesa, en esa noche de celebración e intimidad, estaba sentado otro hombre del poder. Un señor bajo, de poco pelo, cara circular, labios finitos y una sorprendente falta de expresividad. Como pocas veces, ese hombre vestía un elegante traje. Era Jaime Stiuso.

El Lauchón

Antonio Stiuso. Aldo Stiles. Jaime o Jaimito. El 21 de junio de 2013 cumplió 60 años.

¿Estaba satisfecho con su vida?

Tenía tres hijas, económicamente estaba salvado, había transitado una larga carrera en el mundo del espionaje. En esos días, gracias a su hija mayor, hasta se convirtió en abuelo. Jaime Stiuso ya era abuelo.

Pero es imposible saber si estaba contento con su vida. Nadie hablaba de esas cosas con él. Jaime fue siempre un hombre de gestos mínimos, su cara parecía de granito, era realmente insondable. Y apenas hablaba de cosas que no fueran de trabajo. Pero a mediados de 2013 se supo que estaba nervioso. Porque empezó a rechazar a los choferes de La Casa, se empezó a mover por sus medios, dejó de adelantar sus movimientos. Empezó a desconfiar. De todos. Y sobre todo, por un dato: se ocupó de mostrar que había vuelto a llevar su Glock en la cintura. Desde sus tiempos de agente operativo que no llevaba su pistola.

El conventillo debía ser una de las razones. Los rumores que circulan en el mundo del espionaje se habían sacudido por la captura de Mario Ischii. Se hablaba de patotas a sueldo para liquidarlo. Se culpaba al general Milani de estar montando otro atentado en contra de Javier Fernández. Se decía que el jefe de la Bonaerense, Matzkin, había dado la orden de frenar para siempre el ingreso de los agentes de La Casa en su territorio. El conventillo del poder, en frenética potencia, le atribuyó a Zannini (otra vez él) un informe secreto elaborado por la Inteligencia militar que apuntaba directamente al corazón de Jaime. Ese informe se suponía que ya había sido leído por Cristina. Decía que Jaime estaba conspirando contra Cristina en complicidad con el gobernador bonaerense, Daniel Scioli. Era cierto que Scioli y Jaime se conocían desde hacía tiempo. También era cierto que había contactos y puentes que los relacionaban, especialmente a través de Daniel Salinardi, el viejo testaferro de La Casa que ahora hacía gestiones políticas para su amigo. Pero las versiones eran desesperantes. El informe de Zannini aseguraba que Scioli le había puesto a Jaime 60 millones de pesos para dar vuelta como una media y desnudar los negocios de Lázaro Báez, el empresario que se había hecho multimillonario gracias a los Kirchner. El informe era incomprobable, pero Zannini había ganado mucho prestigio en la mesa chica de la Quinta de Olivos. Si Cristina creía en eso, Jaime estaría terminado para siempre.

En eso ocurrió lo de El Lauchón.

En el mundillo del espionaje, donde todo se sospecha, donde nadie es de nadie, Jaime contaba con una mano a sus hombres de confianza. El primero era Horacio Germán García, Garnica, su amigo de toda la vida, del Don Bosco de Ramos Mejía a conocer el mundo. También Salinardi, ya afuera de la SIDE, que operaba llevando y trayendo para aliviarle a Jaime las relaciones públicas que tanto le fastidiaban. Estaban sus analistas de siempre, Marta y Gabriela, además de su secretaria de hace tantos años; y naturalmente su mujer, que había ocupado ya el lugar de secretaria. Después de ese primer círculo de confianza había un segundo, construido por la afinidad de tantos años compartidos bajo el techo del secreto, por infinidad de aventuras recorridas y por, en su caso, subordinación aplicada: eran sus laderos, los hombres que caminaban en su nombre. Allí se contaba a El Gordo Miguel, el jefe operativo de la base Estados Unidos, compañero de La Casa desde los sangrientos años setenta. Allí estaba Alejandro Patrizio, delegado de la SIDE en Ezeiza, el que le abría la puerta para que trajera sus equipos de tecnología desde Miami o Israel o Alemania. Jaime lo había asignado en ese lugar, y Patrizio le debía la vida de millonario que llevaba en un country de Pilar, donde se bajaba siempre de autos importados y regaba asados con historias sobre viajes despampanantes y aventuras más o menos improbables.

En ese círculo de confianza también entraba Pedro Antonio Viale, más conocido en el ambiente como El Lauchón. Su lugar en la SIDE había cambiado mucho con los años. Como Jaime, habían ingresado a la Secretaría hacía muchísimos años, de pichón, llevando y trayendo papeles. Había hecho trabajos de callejero, de agente de seguridad (fue custodio de Domingo Cavallo durante muchos años), y sobre finales de los años noventa se había internado definitivamente en el territorio que más disfrutaba: la noche, la noche sucia. Se lo veía desde hacía mucho tiempo entre casinos y cabarets, en lobbys de hoteles de Recoleta o de Puerto Madero, en burdeles de lujo y otros de mala muerte. Callejero de siempre, al Lauchón lo saturaban los trabajos de custodia o de oficina y si se había ganado el apodo era por su talento para colarse en rincones oscuros. En sus tantos años de recorrido (ya tenía 59), había atendido la barra de los cabarets de Raul Martins, viejo zar de la noche prostibularia de Buenos Aires que había sido socio de La Casa. En esa barra había visto pasar a empresarios, había tomado nota de los gustos y las adicciones de periodistas, de políticos y naturalmente de jueces, como el famoso Norberto Oyarbide. Con el argumento de probarlo todo y conocer el hampa de cerca, El Lauchón se había infiltrado en pandillas distribuidoras de droga y de armas. Tanto se había infiltrado que, según parece, se había involucrado. ¿O los límites no son más difusos en la noche?

Todo acabó la madrugada del 9 de julio de aquel 2013, en su casa de La Reja, el profundo conurbano bonaerense. La casa era en realidad un caserón, en la calle Rocha Blaquier 1502, una zona de quintas donde se destacaba por tener todo el perímetro protegido por un muro alto y macizo. El juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, venía investigando a una red de narcotraficantes y esa noche ordenó 18 allanamientos simultáneos con la idea, en teoría, de aniquilar a toda la organización de una vez. Para ingresar al caserón de La Reja fue asignado el Grupo Halcón, el grupo de elite de la Bonaerense. Era un escuadrón de casi veinte hombres armados como para la guerra. Sabían que el dueño de casa era un pesado de la SIDE.

El Lauchón se despertó por el rugido de la puerta principal derrumbada por los policías. La tiraron abajo y enseguida entraron a la casa, disparando con subfusiles, primero en el living y luego en dirección a su habitación. El Lauchón apenas tuvo tiempo de estirar el cuerpo hacia la mesa de luz para abrir el cajón y retirar su pistola, una Glock. Su mujer logró arrojarse al lado de la cama, de donde no se movería por un largo rato. En calzoncillos, El Lauchón tiró varios disparos hacia la puerta de la habitación y se abroqueló en el baño, ganando tiempo para recuperar energía y salir de su asombro. Lo último que hizo fue lanzarse por el pasillo, donde lo esperaban los halcones. En la morgue le contaron once disparos. Seis en el tórax, uno en la cara, cuatro entre brazos y piernas.

La muerte de El Lauchón generó un fuertísimo sacudón en el ámbito de los espías. Muchos leyeron allí un mensaje. Pareció claro que los policías sabían a donde se metían. Y pareció claro que habían ido, no a detenerlo ni a preguntar, sino a matarlo a tiros. Después de tantos años de relación, el vínculo de la Bonaerense con la SIDE quedaba hecho trizas. En una madrugada. Con once tiros. Pensar que años atrás Jaime había jugado para ellos en el caso AMIA. Pero las cosas habían cambiado mucho y los códigos de convivencia no son para siempre si la confianza no se renueva.

Quedaba, además, una pregunta incómoda: ¿En qué andaba El Lauchón Viale? La policía lo investigaba como supuesto integrante de una banda narco. Pero es cierto que no encontraban pruebas en su casa y que en toda la redada de aquella noche —los 18 allanamientos— apenas dieron con seis kilos de marihuana. Se habían hecho escuchas telefónicas sobre la banda narco (¿se le habían pasado por alto a la SIDE?) y habían detectado a uno de los narcos pidiéndole a Viale entrar a un negocio inmobiliario de casas tomadas. Ése era uno de los negocios habituales de El Lauchón. Al parecer, se dedicaba a «empapelar» casas usurpadas. A través de abogados amigos y de jueces cómplices, era capaz de convertir una toma ilegal en una vivienda digna para necesitados o de dar por buenos trámites de sucesión y herencia jamás realizados o con firmas adulteradas.

Su muerte pasó a ser objeto de otra investigación, a cargo del juez federal de Morón Juan Pablo Salas. Meses más tarde, Salas iba a procesar a diez policías del Grupo Halcón, acusados de matar. Según el procesamiento, el operativo del 9 de julio fue deliberadamente violento para generar la reacción de El Lauchón y poder matarlo en el contexto de un tiroteo. Se había forzado el tiroteo para poder aniquilarlo. La mayor responsabilidad era del responsable del operativo, el subjefe de la Departamental Antinarcóticos de San Miguel. Hacia allí partirían por siempre las sospechas: ¿qué tenía ese policía contra el hombre de Jaime en la noche?

Contra lo que muchos pensaron, Jaime Stiuso nunca pensó en el asesinato de El Lauchón como un mensaje en su contra. Siempre lo midió como una caída inútil y grotesca, típica de la brutalidad policial y la sanguinaria lucha del conurbano por el control territorial. Sabía que Matzkin lo sentía como a un enemigo, un intruso en su universo de policías y polizontes. Y que había dado la orden de frenar a la SIDE. Pero eso no significaba un disparo en su contra. No era especialmente en su contra. Jaime lo sintió, en realidad, como una prueba de su propia decadencia. La comprobación de que había prestado demasiada atención a los pasillos del palacio, al poder de traje y corbata, y que había descuidado el trabajo en la calle, más cerca del mundo real. En otro contexto, lo sabía bien, la muerte de El Lauchón no hubiera ocurrido nunca. Su debilidad se estaba empezando a sentir.

Demasiados enemigos

En las horas siguientes al asesinato, Jaime mandó a responder a su manera, a través de un programa de cable que el mundillo de los servicios sabía cercano a sus intereses. El programa Informe Reservado, que se emitía por Metro y conducía Norberto Lamelas. El que estaba detrás del programa no era otro que Salinardi, siempre listo para darle una mano a Jaime. Salinardi era quien tomaba la rienda editorial, al menos en esos años. Y fue durísimo. El programa abrió sosteniendo la teoría de que la Policía no había ido a matar a El Lauchón sino a Jaime. «Creían que Jaime estaría esa noche ahí», dijo Lamelas. En realidad, Jaime no pensaba eso, pero debió sentir que era bueno victimizarse como si las balas hubieran pegado en su espalda. Y apuntó a los supuestos responsables del operativo. En primer lugar, al superintendente de narcotráfico, el comisario Marcelo Peña, que pronto iba a ser desplazado. En segundo lugar al comisario inspector Enrique Maldonado, el capo de antinarcóticos de San Miguel. Y finalmente, al jefe de la Policía Bonaerense, comisario Hugo Matzkin. «¿Por qué los jefes de la Bonaerense estarían tan interesados en asesinar a un agente de la Secretaría de Inteligencia que integra una de las dos facciones en pugna?», se preguntó Lamelas en cámara. Es decir, que daba a entender que la Bonaerense podía haber actuado en nombre de Milani, de Pocino, tal vez hasta de Zannini. ¿Y si el que le marcaba el terreno con sangre era el propio Zannini? ¿Y si era Cristina? Lo que estaban diciendo es que podía no tratarse de una guerra de pandillas, sino de un encargo desde lo más alto del poder. Eso abría un interrogante a futuro. De cara a lo que venía. ¿Y si los muertos seguían?

Los enemigos de Jaime eran muchos. Todo podía ocurrir.

En la superficie, lo que pasaba era mucho más simple. La Presidenta había decidido quitarle toda su confianza. Absoluta. A él y a Larcher. Todavía no se había hecho público, no había sido pronunciado. Pero ya había ocurrido. Para Cristina, Larcher y Stiuso no existían más. Eso era lo que le había quitado poder a Jaime. Por eso le pasaban cosas que no ocurrían antes. Igual que Cristina, la SIDE también perdía poder con la ruptura. Era un divorcio en el que las dos partes perdían.

Del que nadie se parecía acordar era de Nisman. Después de haber sido protegido e impulsado por Néstor Kirchner durante años, se lo había dejado a un costado. Nadie le avisó del acuerdo que habían negociado con Irán. Nadie hizo nada para buscar al menos su opinión. Una tarde, Nisman fue con Jaime a pedirle consejo a Aníbal Fernández, en ese momento ministro de Interior. Era el único puente que les quedaba, pero se cerró enseguida. No había caso, les dijo Aníbal. El convenio con Irán era un hecho y Cristina no se iba a echar atrás. Nisman apeló a la dirigencia de la comunidad judía local y con ellos planteó la inconstitucionalidad del convenio, con el argumento de que violentaba la división de poderes. Cristina no podía, así como así, reemplazar a la Justicia. Tampoco el Congreso, desde ya. Con la ayuda de la Embajada de Estados Unidos, hacia junio consiguió una invitación de la Comisión de Seguridad Interior del Parlamento estadounidense. Lo invitaron a hablar sobre la avanzada del terrorismo iraní por fuera de Oriente Medio, lo que seguramente acabaría en una crítica contra el pacto argentino con Irán. Pero la nueva procuradora general, Gils Carbó, decidió negarle los viáticos, lo que era una forma de rechazarle el viaje. Desde que se había hecho cargo de la Unidad Fiscal, Nisman nunca había recibido un «No» como respuesta. Estaba claro que no querían que fuera. Algunos parlamentarios de Estados Unidos enviaron notas al gobierno argentino lamentando que no se hubiera concretado la visita del fiscal. Pero los argentinos sabíamos cómo reaccionaba Cristina ante la queja de otros: seguramente aumentaron el desagrado oficial hacia ese viaje y hacia Nisman, cada minuto más lejos del poder.

«Si Néstor se levanta de la tumba, la revienta», se le escuchaba gritar al fiscal.

A partir de mediados de 2013, Larcher y Jaime se quedaron sin encargos políticos. Ya nunca más les pidieron nada. Ni carpetas, ni seguimientos, ni nada. Habían sido sepultados del otro lado de la grieta del palacio. Podían seguir actuando a pedido de los jueces o de los fiscales, pero ya no iban a recibir órdenes de Cristina. ¿Por qué no los echaron en ese momento? Bastaba un decreto para sacarse de encima a Larcher y una resolución administrativa para liberarse de Jaime. Si Cristina no lo hizo es seguramente por una razón: les tenía más miedo afuera que adentro. La presidenta de los argentinos le tenía miedo a la reacción de los principales hombres de La Casa. A los mismos a quienes su marido y después ella le habían hecho tantos encargos, muchos de ellos inconfesables, a esos mismos ahora les temía por su posible reacción, por todo lo que sabían, por su capacidad de modificar las cosas o la apariencia de las cosas. Lo que hizo fue encargarle a Zannini la conformación de un nuevo sistema de Inteligencia. Un sistema cuya cabeza iba a ser el propio Zannini, pero que iba a ser comandado por el general César Milani, con la asistencia de la Policía Aeroportuaria y del sector de la SIDE al que sabía leal, es decir, al que conducía Pocino. Es por eso que Milani fue ascendido, el 4 de julio, a jefe del Estado Mayor del Ejército, y conservando su vieja misión de manejar el espionaje de las fuerzas armadas. En teoría, la Inteligencia militar se dedicaba a tareas vinculadas al control fronterizo y territorial, a la planificación de planes estratégicos de Defensa y análisis de riesgos no sólo militares sino también de territorio y hasta de medio ambiente. La verdad es que los militares ya tenían cientos de espías. La mayoría de ellos trabaja en brigadas repartidas por todo el país y hacían tareas de seguimientos de medios y algunos personales. Un puñado de años atrás habían sido detectados algunos espías de la Marina infiltrados en organizaciones de derechos humanos en Trelew. Parecía poca cosa, por ahora, pero no había que subestimarlos y menos aún con el presupuesto que tenían y que no paraba de aumentar. En 2012 la Inteligencia militar había gastado 340 millones de pesos y en 2013 iba a insumir casi 450 millones, con lo que se acercaba peligrosamente a equiparar el gasto de la SIDE. Eran gastos reservados, igualmente sin control, que se podían usar para espiar o simplemente para llevárselos a la casa. Nadie ajeno al general sabía para qué se estaban usando. ¿Iba Milani a reemplazar a la SIDE? De hecho, de a poco, ya lo estaba haciendo.

Vértigo

De Jaime fuimos sabiendo, desde hace años. Ya sabemos de sus vínculos con la CIA y el Mossad.

Sabemos que con ellos viajó por el mundo.

Sabemos que con ellos se obsesionó con el caso AMIA. Y con una solución de cualquier manera al caso AMIA.

De Jaime sabemos que tiene empresas, un departamento en Recoleta, que seguramente es millonario.

Que ya pasó la barrera de los sesenta años. Que lleva más de 40 años en La Casa. Que todo lo ve a través de La Casa.

Y que está herido, golpeado, que por primera vez se siente desprotegido.

Que desconoce, tal vez por primera vez, la naturaleza exacta de sus enemigos. De Jaime sabemos que no deja nunca su Glock.

Y que es sólo el principio.

Porque estamos llegando al último Jaime. Al Jaime en retirada.

El año 2014 no podía empezar peor para él. De repente comenzó a sentir fuertes dolores que creyó que venían de la espalda, a la altura de la cadera. Estaba de vacaciones en Punta del Este, con su mujer y su hija más pequeña, la tercera para él y la primera para su segunda pareja. Hizo lo que hacen todos los que sienten esas punzadas. Probó con masajes, probó con cremas. Como si fuera una lombriz traviesa y movediza, el dolor cambió de lugar. Ya no estaba en la cadera, sino más arriba, a medio camino de la espalda entre la cadera y el cuello, un poco hacia un costado un día o hacia el otro al siguiente… Era como una picazón, que de un momento a otro se convertía en un latigazo, algo que tiraba como desde las profundidades de su alma.

De regreso al trabajo debió hacerse estudios clínicos y una resonancia, lo pusieron varios días en observación. Le encontraron un tipo de enfermedad autoinmune, que estaba afectando sus riñones. En principio —así le dijeron, en principio— debía hacer reposo, dieta, seguir un tratamiento. Justo ahora, en medio de la crisis. ¿Y si no tenía nada especial? ¿Y si simplemente se estaba poniendo viejo? Tal vez el cuerpo le estaba cobrando los nervios del último tiempo. Se sabe que las angustias aniquilan tejidos, músculos, todo.

Si hubiera sabido todo lo que lo esperaba, seguramente hubiera extendido su reposo lo más posible. Pero Jaime no era Jaime si estaba tirado en la cama. Debía estar en acción.

Las primeras semanas fueron normales, con mucho trabajo burocrático atrasado, sin novedades importantes, el país estaba atento a los problemas económicos y ése no era su territorio. En febrero pasó algo que afectaba al frente judicial. Hubo cambios en el Consejo de la Magistratura y el viceministro de Justicia, Julián Álvarez, ingresó en el cargo previsto para el Poder Ejecutivo en lugar del consejero Hernán Ordiales. A simple vista era un detalle más, pero Jaime sabía su significado. Cristina había puesto a La Cámpora en el Consejo y le había sacado un soldado clave a Javier Fernández. Era Ordiales su mejor alfil en ese Consejo tan vital como desprestigiado.

Luego, Jaime empezó a sentir que lo seguían. Otra vez. Había abandonado los autos oficiales de la Secretaría, porque no quería que nadie supiera de sus movimientos. Desde mediados de 2013 se movía en su propio auto o caminaba o incluso se tomaba taxis elegidos al azar en la calle. Desistió también de la custodia que les ofrecían a los jefes. No quería a nadie cerca. Pero aun así sintió que lo seguían. Que venía un auto detrás. Que había alguien observando desde la distancia. Un día llamó como loco a su secretaria.

—¡Vinieron a mi casa! —le dijo. No dio más detalles, tal vez haya sido apenas una sombra en el palier del edificio.

Sus hijas también lo sintieron. Una de ellas le habló de alguien que la miraba extrañamente en un bar. Hasta Salinardi empezó a recibir amenazas en su celular. Eran mensajes de texto.

«Estás muerto», le escribieron.

Lo más extraño era que el destinatario del mensaje era el mismo Salinardi. Una travesura hacker, naturalmente. Amenazas con la forma de autoamenazas. Sólo podía hacerlo alguien con conocimiento de tecnologías avanzadas. Alguien que los quería poner nerviosos. La elección de Salinardi como objetivo debía tener un significado especial. Salinardi era, entre los pocos amigos de Jaime, el único incapaz de portar un arma. Salinardi era contador, un tipito de anteojos, gordito y bajo, lo menos cercano a un hombre rudo de manos pesadas. Pero también era una debilidad para Jaime, que lo protegía después de tantos años de camaradería y sociedades y secretos (y seguramente negocios) compartidos. Salinardi era, además, su representante ante un montón de contactos, por ejemplo, de la política. Salinardi hablaba con Scioli, tenía contactos con el massismo, con los macristas. Salinardi sabía todo sobre Jaime. Si lo asustaban a Salinardi era porque querían que Jaime lo supiera y reaccionara. No podía ser casual.

¿Pero contra quién reaccionar? Jaime tenía demasiados enemigos. Uno era Milani, claro.

Pero también podía ser Matzkin, el jefe de la Policía Bonaerense. O Pocino, por qué no.

O Mario Ischii, el intendente del poncho.

O los hackers de Velázquez, esa vieja banda algún día intentaría vengarse.

O alguien inesperado, algún rostro desconocido. Tantos años marcando enemigos; tantos años acumulando enemigos.

El Gordo Valor, con las manos en la masa

Con su Glock en la cintura, con el dolor todavía caminando por su espalda, Jaime ingresó en un período de nerviosismo poco común en él. Algunos de sus posibles enemigos recibieron sus mensajes. Llamados, advertencias, mensajes a través de terceros o enviados por él mismo. Algunos se asustaron, como Mario Ischii, que aprovechó un debate del Senado bonaerense para decir en público que estaba siendo amenazado y que si algo le pasaba era culpa «de la SIDE de Stiuso y Javier Fernández». Muy extraño lo de Ischii, a esa altura el único político del país que se atrevía a nombrar a Jaime en público. Extraño o alocado, la reacción de alguien que ya se sabía marcado.

Fue entonces cuando a Jaime le llegó el dato de que Ischii planeaba vengar aquella noche de locos en la base Estados Unidos. Era evidente que lo estaba controlando, que lo seguía de cerca. De ese seguimiento apareció otra vez la sombra de una patota. Otra vez la imagen, por ahora eventual, de un ataque a los tiros.

El dato puntual decía que la patota de Ischii había sumado a un peso pesado, al famoso ladrón de bancos y blindados Luis «El Gordo» Valor, quien acababa de ser liberado de la cárcel de Campana. Valor estaba pagando una condena a siete años de cárcel por un intento de asalto a un country, pero su buena conducta y sus contactos le habían abierto la puerta a una salida transitoria. Jaime ordenó seguirlo, pincharle los teléfonos, barrer las zonas donde se movía. Los puso a Garnica y a El Gordo Miguel a trabajar de lleno. También a los policías bonaerenses que todavía le respondían. Hasta que el 5 de julio recibió el dato preciso. A la mañana siguiente se iba a concretar una reunión de trabajo entre Valor y los pesados de Ischii, básicamente dos: Daniel «El Sata» Torres, custodio personal del hombre del poncho rojo, y Juan Carlos Denuchi, uno de sus principales armadores en la política de las cloacas. En algo andaban, seguro. Podía tener o no relación con Jaime, pero esos muchachos no se juntaban para hablar de ajedrez ni del futuro de la patria. Jaime no iba a esperar para comprobarlo. Decidió actuar. Decidió moverse. Sabía que El Gordo Valor circulaba por la calle en una camioneta. Y que la cita con la patota era a las nueve de la mañana.

A las ocho treinta del 6 de julio de 2014, una camioneta Renault Kangoo gris oscura, patente MDM394, fue vista por las cámaras de seguridad de la Municipalidad de San Miguel, que comenzaron a seguirla de inmediato. Cuando se dio el alerta, la Kangoo transitaba por la avenida Yrigoyen. Le salió al cruce una camioneta de la Bonaerense, pero la Kangoo giró noventa grados y aceleró por una calle lateral. Dos patrulleros se sumaron a la persecución. La camioneta sospechosa volaba por calles de asfalto y de tierra. Los handys de la policía quemaban entre gritos y pedidos de apoyo. Fueron minutos de adrenalina, vértigo, llantas girando a máxima velocidad, mandíbulas apretadas. Pero la Policía tenía todas las de ganar. Conocía el terreno, tenía más autos y actuaba de manera coordinada. La Policía fue empujando a la Kangoo hasta llevarla a un callejón sin salida, frente a las vías del tren. Existía la posibilidad de un tiroteo, de resistencia. Pero eso no iba a ocurrir. Los que viajaban en la Kangoo no eran improvisados. Eran hombres maduros, de mucha experiencia en el hampa, y sabían reconocer una derrota. No se iban a hacer matar por tan poco. El Gordo Valor viajaba en el asiento del acompañante y daba las órdenes. El conductor era Aníbal Benítez, pandillero de la zona, investigado en causas de narcotráfico y empleado del Municipio de José C. Paz, el territorio de Ischii. Lo que llevaban encima no era un arsenal, pero alcanzaba para detenerlos y abrirles una causa por tenencia ilegal de armas: un revólver, tres pistolas nueve milímetros y una radio con la que sintonizaban la frecuencia policial. Para Valor fue un pasaje directo de vuelta a la cárcel de Campana. Para Ischii, un golpe letal a su orgullo.

Rebelión en Tribunales

Pocas semanas después de la persecución en San Miguel, Jaime fue a visitar a Valor a la cárcel para decirle que lo suyo no era personal y pedirle ayuda para descular a su enemigo. ¿Quién andaba pidiendo su cabeza? ¿Cuál de sus múltiples enemigos? Pero no hubo caso, Valor no sabía nada o no pensaba decirle nada. Tal vez fuera lo de siempre. El que presiona el gatillo sólo recibe la orden de acertar, no importa a quién ni por qué.

De lo que empezó a convencerse Jaime es de su salida. Ya a mediados de 2014 empezó a hablar de su despido. Empezó a sacar de la base su ferretería y a guardar quién sabe dónde sus backups con la información que quería tener lejos de La Casa.

—No pasamos de fin de año —les dijo a sus hombres.

La certeza lo llevó a ir preparando el terreno. Especialmente en Tribunales, el ámbito donde mejor se movía. En pocos meses, aprovechó sus buenos contactos para presentar denuncias contra agentes inorgánicos, para pedir medidas en la causa donde se investigaban las irregularidades del atentado a la AMIA y para denunciar las amenazas que estaba recibiendo. Eran puntas, pequeñas huellas que dejaba en el fuero federal por si el día de mañana necesitaba abrirlas.

El 15 de mayo recibió una buena noticia. La Sala I de la Cámara Federal hizo lugar a los planteos contra el pacto con Irán, dando lugar a los pedidos de inconstitucionalidad. Frenaron el pacto. Lo plancharon. Entre los firmantes por supuesto que estaba Farah, el camarista amigo. Jaime debió sonreír aliviado. Y debió saber que era sólo el principio.

El fiscal Nisman ya trabajaba a pleno en la denuncia que se iba a conocer pocos meses más tarde, la denuncia con la que aspiraban a volver las cosas a su sitio, es decir, al tiempo en que manejaban los destinos de la investigación del atentado. Para esa denuncia, todavía un borrador, el fiscal ya contaba con miles de horas de conversaciones telefónicas monitoreadas por Jaime. Escuchas que desgrababa y que analizaba en su torre, lejos de la oficina, porque era costumbre de Nisman hacerlo así, en soledad, sin empleados a la vista. Era desconfiado Nisman, lo era cada vez más. Pero además, lo que tenía entre manos no debía filtrarse de ninguna manera, contenía material altamente sensible. Su denuncia iba a sostener que el pacto con Irán había sido fabricado para garantizarle impunidad a los acusados. Otro encubrimiento. Pero esta vez dirigido directamente por la máxima autoridad de la Nación. ¿Pediría o no la imputación de Cristina? ¿La culparía de todo? ¿Estaba dispuesto incluso a pedir su detención? En un borrador que iba a ser conocido meses más tarde, Nisman llegó a escribirlo.

Dejo solicitado al Sr. Magistrado que disponga la detención de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner…

¿Lo haría realmente?

La tensión iba creciendo, en el fiscal y en Jaime. Al ritmo de lo que planeaban. Al ritmo de sus nervios.

En eso estalló la guerra en Tribunales. La red de protección que había montado el gobierno a través de la logia de Javier Fernández y la SIDE, de pronto, no detuvo más nada. Y los jueces federales descubrieron que había corrupción en todos los rincones del gobierno. Los mismos jueces que habían escondido expedientes y protegido a los funcionarios durante años, de un momento a otro se encontraron con todos los problemas al mismo tiempo. Boudou, que ya había sido procesado por el escándalo Ciccone, ahora era procesado también por falsificar los documentos de un auto. Servini de Cubría, que llevaba añares investigando a una mafia de medicamentos vinculada al contrabando de efedrina, se despachó diciendo que había contactos telefónicos con los sospechosos realizados desde la mismísima Casa Rosada. Bonadío mandó a allanar las oficinas de Hotesur, nada menos que la empresa que administraba el hotel de la Presidenta en El Calafate. Era sin duda una decisión arriesgada, que en otro tiempo hubiera sido mercenaria. La Cámara Federal, finalmente, en apenas quince días tomó las siguientes decisiones. Revocó un sobreseimiento del senador Juan Manuel Abal Medina; imputó al secretario de Seguridad, Sergio Berni, por enriquecimiento ilícito; procesó a un fiscal afín al gobierno por proteger a Lázaro Báez; pidió la elevación a juicio oral de Luis D’Elía; ordenó una nueva investigación sobre Báez y rechazó un recurso de los abogados de Cristina en la causa de Hotesur.

¿Acaso Jaime o su amigo Fernández habían empujado esa reacción tardía de la Justicia? Lo más probable es que haya sido suficiente que no hicieran nada para evitarlo. A esa altura, los Tribunales de Comodoro Py eran un caos. Por culpa del Gobierno, que había transformado a buena parte del fuero federal en una oficina de favores y contrafavores, donde los expedientes se acomodaban al tiempo político y no a la prueba. El experimento del kirchnerismo en Tribunales se volvía ahora en contra del kirchnerismo. Tan sencillo como leer a Frankenstein. Cuando uno se siente Dios, acaba devorado por el infierno. Cristina intentaba sin éxito reemplazar a la SIDE con emisarios de La Cámpora a los que nadie atendía y con el poder cada vez más amplio de Gils Carbó, que intentaba de manera grotesca meter fiscales especiales en cada expediente sensible. Pero si no es sencillo cambiar de caballo en medio de una carrera, resulta casi imposible cuando la meta —2015— ya está a la vista.

«Con los dirigentes a la cabeza, o a la cabeza de los dirigentes.»

La vieja máxima se repetía, pero esta vez iba a servir en su segunda versión. A la cabeza de los dirigentes.

Javier Fernández y Jaime no necesitaban presionar a los jueces para que actuasen. Alcanzaba con dejarlos con las manos libres. Bonadío, Servini y los jueces federales en general venían acumulando años de rencor contra el gobierno y aprovechaban el cambio de clima político y los cambios en la SIDE para empezar a cobrar viejas heridas y prepararse para el tiempo político que se venía. Como antes Menem, como antes tantos otros, Cristina estaba sufriendo el peor efecto del poder: creer que es para siempre.

Último juego

En diciembre ya estaba todo definido. La justicia descontrolada, la sospecha de una confabulación permanente y Jaime sin canales de comunicación con la Casa Rosada. Ni él, ni Larcher. Los dos estaban desenganchados.

¿Qué fue de la vida de Javier Fernández? El gran lobista de La Casa en Tribunales también quedó suelto. Llevaba dos semanas sin recibir ni llamados ni quejas ni encargos de ningún tipo. Naturalmente, sabía de la tensión, de los lamentos de Cristina, de sus rencores más o menos secretos en contra de todos ellos. La primera semana de diciembre, después de tanto llamar y llamar, Javier Fernández supo lo que quería saber. Que todo había terminado. Que era parte del pasado. Le explicaron que Cristina no iba a atenderlo más. Así de simple y breve. Otro desenganchado, como su amigo Darío Richarte, que pocos meses más tarde iba a abandonar la defensa de todos los funcionarios oficialistas.

Para completar el cuadro de fin de ciclo, Jaime recibió un mensaje de texto en uno de sus celulares. Decía así:

Jaimito cagaste, Scioli y Matzkin se pudrieron y te van a liquidar. El Chorizo Rodríguez ya está laburando. Chau gatito, tu amigo Iván Velázquez.

Velázquez era el espía al que había denunciado ante la jueza Arroyo Salgado. El espía refugiado en Uruguay. Naturalmente no era él quien firmaba el mensaje. Pero el que lo hacía sabía de qué hablaba, sabía qué cuerdas tocar. Lo que más preocupó a Jaime fue la mención al Chorizo Mario Rodríguez, ex comisario de la Bonaerense. El Chorizo era un pesado, siempre lo había sido, con fama de trabajar al servicio de la política o del mejor postor y preparado para cualquier cosa. Jaime esta vez guardó el mensaje y lo llevó a Tribunales. Por si las dudas, quería dejar su huella. Presentó la denuncia en Comodoro Py, donde se la recibió el fiscal Guillermo Marijuán. ¿Precisaba custodia?, le preguntaron. No, Jaime ya no confiaba en nadie. Se quedaba con su Glock.

La situación se complicó todavía más cuando comenzó a circular por Internet un video del gobernador Scioli. No era un video cualquiera, sino uno sumamente extraño. Scioli había viajado a Miami con su mujer Karina Rabolini en un vuelo privado, detectado por alguien que registró todo con una cámara en el mismísimo aeropuerto de Miami. El momento en que Scioli y Karina bajaban de un avión privado matrícula LV-CNW, en plena pista. El momento en que Scioli y Karina salían del aeropuerto y se subían a una camioneta HONDA SUV que manejaba su fotógrafo personal. El momento en que se alejaban. A Scioli le llamó la atención el camarógrafo. Lo miró extrañado, y su gesto quedó registrado en la filmación. ¿Cómo habían logrado filmarlo dentro de un aeropuerto de Estados Unidos? ¿Había sido Jaime? ¿Había sido la SIDE a través de la Dirección de Reunión Exterior? ¿A través de alguien de Patrizio, su hombre en Ezeiza y en el universo aerocomercial? ¿O fueron los enemigos de Jaime? ¿Y si fue alguien de Milani y la Inteligencia militar? ¿O un servicio extranjero? Todas estas preguntas se debió haber hecho Scioli. Todas. Así que el gobernador se puso en contacto con su enlace con Jaime. O Jaime se puso en contacto con el gobernador, lo que es una anécdota. El contacto entre ambos era Salinardi. Gracias a él se juntaron el posible heredero de Cristina y quien pronto sería llamado el enemigo número uno de Cristina. Por supuesto que fue una reunión secreta. Recontrasecreta. En la Casa de la Provincia de Buenos Aires, sobre la avenida Callao, cerca del Congreso. Esa reunión fue una de las últimas tareas que hizo Jaime Stiuso como director general de Operaciones de la Secretaría. La reunión con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. No podemos saber de qué hablaron, al menos no en detalle. Se deben haber puesto al día. Jaime debió negar cualquier relación con la filmación de Miami. Los dos debieron haber mencionado los informes de Zannini que los involucraban a ambos. Debieron haber hablado de la extraña muerte de El Lauchón. Los dos debieron pedirse calma. Ninguno de los dos debió conseguirla. Cristina hubiera pagado una fortuna por escuchar esa charla.

Lo que pasó después fue la resaca de un estado de completa embriaguez. Un periodista de la revista Noticias, Rodis Recalt, un día consagró su astucia. Accedió a la denuncia por amenazas de Jaime y marcó el teléfono celular al que lo habían amenazado, un número que había sido apuntado en el expediente. Jaime, insólitamente para un hombre como él, atendió la llamada. Contra todo lo que marcaba su historia y su sentido del ostracismo, Jaime decidió contestar y decir. En una breve conversación, negó las internas en la Secretaría, negó conocer a Milani y al jefe de la Bonaerense, se negó a opinar sobre el memorándum con Irán por el caso AMIA, dijo no tener miedo, dijo que no podía tener miedo.

—¿Está peleado con Hugo Matzkin, el jefe de la Bonaerense? —A Matzkin no lo conozco.

—En la amenaza dice que Matzkin «se pudrió» de usted.

—Claro, pero yo a Matzkin tampoco lo conozco. O sea: vos creés que yo conozco a todo el mundo, pero yo no hablo con nadie, no conozco a nadie. Preguntale a Matzkin si alguna vez me vio. Hay un montón de tipos que dicen que me conocen, que se hacen pasar por mí, otro que me ponen otras fotos en Internet.

—¿Cuándo se va a jubilar?

—Nosotros tenemos un estatuto público en el que dice que para jubilarse hay que tener 30 años de servicio y más de 65 años de edad. Ésas son las dos condiciones. Tengo 43 años de servicio, pero todavía me falta para los 65.

Es decir, que Jaime declaró que no pensaba irse. No todavía. Aunque sabía que la entrevista sería recibida como un acto de desacato.

Pocas horas más tarde, ya saturada y agobiada, Cristina decidió desplazar a la cúpula de la Secretaría de Inteligencia. No hubo un motivo, sino una acumulación de motivos, un desenlace que era el resultado de una trama larga y compleja, como la historia de este libro. No quería ingresar al último año de su gobierno con una SIDE a la que creía traidora. De un plumazo hizo renunciar a Icazuriaga (El Chango, insulso hasta el último día) y a Larcher, acusado de deslealtad suprema. Los dos quedaron afuera, sin lugar ni para quejas ni para lamentos. Les iba a quedar como consuelo una formidable fortuna para cada uno. Icazuriaga partió rumbo a su torre El Faro, en Puerto Madero. Larcher hacia su enorme mansión en el country Abril, acaso uno de los más costosos del país, donde empezaría a blanquear su pase a las filas de Sergio Massa.

De Jaime, sin embargo, todavía no se sabía nada. ¿Se iría finalmente o esperaría llegar a los 65 años? ¿Tenía margen para decidir? Era el 17 de diciembre de 2014. El poder invisible todavía seguía siendo invisible.

La «salida» de Jaime

Oscar Parrilli fue designado en reemplazo de Héctor Icazuriaga. Naturalmente, era un hombre de extrema confianza de Cristina. Nadie en el poder le reconocía mucho más que lealtad, pero no debía ser ningún tonto si había resistido durante once años como secretario general de la Presidencia. Parrilli era abogado, era silencioso, era obediente y además era «pingüino», como les decía Kirchner a los patagónicos que lo seguían desde siempre. Llegó a la central junto a un hombre de La Cámpora, Juan Carlos Mena, quien venía de acompañar en el Ministerio de Justicia a Julián Álvarez. Estaba claro quiénes habían ganado en la grieta interna del poder. Lo que no se definía todavía era el futuro de Jaime.

Para la política argentina, él seguía siendo innombrable.

El 17 de diciembre se anunció el cambio en la conducción. Y un día después, el 18, Parrilli citó a Jaime a su despacho del quinto piso. Se conocían desde hacía muchos años. Habían compartido la sala de espera para ingresar al despacho de Néstor Kirchner. Los dos tenían raíces sicilianas.

La primera reunión generó una segunda y una tercera. Varias veces se tuvieron que sentar cara a cara para planear «la transición». De las primeras reuniones pareció quedar en claro que ninguna de las partes quería una ruptura traumática. Por eso nadie hablaba de Jaime en público. No lo nombraba el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. Ni Aníbal Fernández, que se había quedado con el puesto de Parrilli y la vocería real del gobierno. Tampoco lo nombró Cristina, ni Timerman, ni nadie.

La salida negociada era la siguiente. Jaime iba a renunciar a su cargo de director general de Operaciones, que quedaba en manos de su archienemigo interno, Fernando Pocino. Jaime debía vaciar e irse de la oficina de la calle 25 de Mayo. Pero no iba a renunciar a la Secretaría; no todavía. Iba a mantener su oficina de la base de Estados Unidos, donde todavía gobernaba su amigo Garnica. Su oficina es un decir: su cueva, en realidad, aunque seguramente ya quedaba poco de lo que había sido su cueva.

También se acordó que Jaime iniciaría los trámites para jubilarse. Iniciarlos no era concretarlos; apenas era dar el primer paso. Pedirle a la Caja de Seguridad de la Policía Federal que empezara a calcular su jubilación. A esa caja habían ido todos los aportes jubilatorios de Horacio Antonio Stiuso desde diciembre de 1972. Exactamente desde hacía 42 años.

Lo que acordaron fue que Jaime se iba a tomar unas largas vacaciones, hasta que bajara la tensión. Y que después se quedaría quieto, lo más quieto posible. Que iba a esperar silencioso y manso hasta las elecciones de octubre, las que iban a definir al nuevo Presidente. Después ya no sería asunto de Cristina ni de Parrilli.

—¿Acuerdo de sicilianos? —le dijo Jaime al despedirse.

—Acuerdo de sicilianos —lo saludó Parrilli.

Jaime, entonces, debió vaciar su oficina de la central de 25 de Mayo, esa del sexto piso, con la vista de los que mandan, hacia Puerto Madero y el río marrón de fondo. No le debe haber llevado mucho tiempo, porque esa oficina nunca dejó de ser más que un lugar de paso, sin fotos personales ni adornos que hablaran de él. Debió juntar dos o tres celulares, cargadores de batería, media docena de gorras de visera con inscripciones de agencias de investigaciones. Nada más. Era poco lo que guardaba en ese espacio que representaba el máximo lugar al que había llegado un agente de espionaje, un tipo de adentro, formado desde jovencito en ese universo de intrigas, indiscreción y desconfianza. Jaime se despidió de su secretaria sin dar señales sobre su futuro.

—Cualquier problema hablá con Horacio —le dijo a Stella. Horacio era su amigo Garnica. Y Jaime se fue. Una tarde de diciembre, horas antes de los festejos navideños, Jaime se fue de La Casa sin dar una sola pista de lo que seguramente ya sabía: que no iba a volver nunca, que las reuniones con Parrilli habían sido una gran farsa a la que se habían prestado las dos partes, que tanto uno como el otro sabían que esa ruptura era irreversible, definitiva, que a Jaime Stiuso no le podían pedir que se quedara sentado en una silla como un ñoqui cualquiera, que si había soportado 42 años era porque se había ganado ese derecho y no podía venir un burócrata de la política a tratarlo como si se tratara de un mueblo viejo.

Y Jaime se fue.

Bajó al estacionamiento del subsuelo y se subió a su auto y su fue, solo, sin custodia, hasta el departamento donde lo esperaban su mujer y su pequeña hija, un departamento de rico, en Recoleta, donde vivía como si fuera un empresario o un diplomático, uno más entre tantos otros, como si fuera un hombre libre que pudiera sentarse frente a una mesa y contar su vida a cualquiera que quisiera escucharla.

Código Stiuso

Ya no era Aldo Stiles. Ya no era Jaime. Después de 42 años, volvía a ser Antonio Horacio Stiuso. Había atravesado la dictadura. Había atravesado nueve presidentes. Y al final, también a él le tocaba irse.

Viajó a Uruguay y se instaló en el mismo hotel de Punta del Este al que iba desde hacía décadas. Allí empezó a recibir las noticias. Primero fue Garnica. Su amigo le avisó que Parrilli se había presentado en la base Estados Unidos y le había pedido que adelantara su jubilación. Pasó lo mismo con El Gordo Miguel, con Patrizio, con todos sus hombres de confianza. También Alberto Massino. Uno tras otro debieron firmar planillas y cartas-documento para instrumentar lo que sería una limpieza de La Casa de todo lo que tuviera que ver con Jaime. Al menos los más cercanos, iban a caer todos. Uno tras otro, más de veinte funcionarios y agentes fueron corridos de la Secretaría entre Navidad y fin de año. Más tarde les iba a tocar a unos cuantos callejeros, a delegados del Interior, a decenas de analistas y a carpinteros de la base Estados Unidos. Todos los que respondían directamente a la voluntad de Jaime fueron borrados en esos días de fin de ciclo, en un verano caliente e inolvidable.

Es casi imposible imaginar que Jaime no lo haya advertido a tiempo, que no lo haya visto venir. Jaime había hecho ante Parrilli una actuación. Y Parrilli había hecho la suya.

Acuerdo de sicilianos, le habían puesto a la obra.

Sólo que el final era realmente impredecible. Lo sigue siendo.

Entramos ahora en una zona dominada por un secreto difícil o acaso imposible de perforar. Un territorio repleto de incógnitas y algunas de ellas lo serán para siempre. Pero es posible que las dudas sean, en realidad, la clave de todo.

Hay que razonar hacia atrás, como decía Conan Doyle.

Si Jaime sabía que iban a echarlo, ¿pensó en cuál iba a ser su reacción?

La historia nos mostró que siempre planifica lo que va a hacer. Y que no tiene apuro, porque es calculador y tiene la paciencia necesaria para proyectar una venganza precisa y a su tiempo. En los últimos meses había dejado muchos expedientes abiertos en Tribunales. Denuncias contra agentes inorgánicos de la SIDE, denuncias por amenazas recibidas y otras más que se irán descubriendo con los meses o con los años. Había dejado también denuncias dentro de la Secretaría, para que la dirección de Asuntos Internos tuviera también para entretenerse. Eran sus huellas, por si las dudas, para poder destapar algunas cosas si alguna vez lo considera necesario. También se había tomado el tiempo de sacar sus cosas de La Casa. ¿O alguien pensó que iba dejar ahí toda su ferretería de espionaje y sus backups y sus secretos?

¿Pero tenía otra carta para jugar?

Hay que razonar hacia atrás.

¿Cuál era la causa de su vida?

¿Cuál era su carta más audaz, esa que le había permitido limpiar a sus enemigos internos de la década del noventa, la que le había abierto las puertas hacia el mundo globalizado del espionaje? ¿Qué carta conocía mejor que nadie? Kirchner lo había dicho. Nadie conocía esa causa como Jaime.

Alberto Nisman llevaba meses planeando su viaje a Europa. Era el regalo de 15 años de su hija mayor, Iara. En la Unidad Fiscal había informado de su viaje y había puesto una fecha de regreso, para el 19 de enero. Pero el último día del año les dijo a sus secretarias —eran tres— que pensaba volver antes, el día 12 de enero. Su anuncio coincidió con la limpieza en la SIDE. ¿Habló en esas horas con Jaime? ¿Acordaron juntos lo que estaban por hacer? Es imposible de imaginar que Nisman haya tomado esa decisión solo. Llevaban meses, tal vez dos años trabajando juntos en la denuncia por encubrimiento contra el gobierno de Cristina. Podía ser una denuncia poco contundente, pero no era una denuncia improvisada, sino el resultado de muchísimas horas de trabajo, de analizar escuchas telefónicas, cruzar datos, hacer recortes periodísticos, analizar el contexto de lo que pasaba en torno al pacto que había intentado Cristina Kirchner con Irán. Lo único que quedaba por definir era el momento exacto de la presentación. ¿Nisman estaba adelantando su retorno para eso, para activar la denuncia? Nada dijo a nadie de la Unidad Fiscal. A nadie. Como nunca lo hacía, en realidad. Porque Nisman hacía tiempo que había dejado de ser un fiscal como cualquier otro. Nisman desconfiaba de todos sus empleados. De sus secretarias, de las asistentes, de los abogados que trabajaban para él. Tiempo atrás, en 2007, había denunciado a uno de sus fiscales ayudantes por mal desempeño de sus funciones, ya que lo veía poco convencido de la marcha de la investigación. Aquello había sido un verdadero escándalo, que terminó en nada pero que dejó una huella entre todos los empleados. Nisman desconfiaba de sus empleados y ellos temían sus reacciones. Es cierto que les delegaba tareas, pero sólo tareas específicas. Buscar tal antecedente, analizar determinado informe de Inteligencia, hacer un resumen de los entrecruzamientos de llamados. Pero a ninguno de sus 40 empleados les mostraba el mosaico global de su trabajo. Ninguno sabía exactamente lo que estaba por hacer.

Nisman ni siquiera iba diariamente a la fiscalía. Podía pasarse semanas en su departamento, analizando expedientes en su intimidad, con las cortinas bajas, alejado de todos. Sus secretarias ya se habían acostumbrado a ese estilo tan particular. Como sus custodios, los policías encargados de protegerlo. Tenía 10 hombres asignados a su custodia, en turnos rotativos, y todos sabían que el fiscal podía quedarse noches y días encerrado en el piso 13 de la torre sin dar señales. Nisman también desconfiaba de ellos. Más aún desde 2013, cuando su relación con el gobierno se vino abajo de un golpe.

El viaje por Europa arrancó soñado. Un padre paseando orgulloso junto a su hija por las principales ciudades del viejo continente no podía más que ser un viaje soñado. Visitaron Londres, pasearon por París. Cuando llegaron a Madrid, Nisman sorprendió a Iara y le anunció que debían volver a Buenos Aires por unos días. Vamos y venimos, le dijo. Pero su hija dudó, con razón. Lo que le proponía su papá era insólito. ¿Volver a Buenos Aires por cuatro días y después regresar a Europa? La ex mujer de Nisman, Sandra Arroyo Salgado, también paseaba por Europa, pero con la segunda hija del matrimonio. Ellas estaban en Barcelona y su plan era sumar a Iara a partir del 19 de enero, para extender así el festejo de la quinceañera. Todo había sido planeado de maravillas, pero ahora Nisman lo cambiaba abruptamente, sin previo aviso.

Por supuesto que discutieron. El fiscal hablando por teléfono desde el aeropuerto de Barajas, la jueza desde Barcelona. ¿Cómo se iba a llevar a la hija de vuelta a Buenos Aires? ¿Estaba loco? Él intentó una excusa, diciendo que lo habían llamado desde Buenos Aires porque debían operar de urgencia a su mamá, por un problema en el codo. Arroyo Salgado se enfureció más, porque sabía que era mentira. Al final acordaron que Iara se iba a quedar unas horas en el aeropuerto de Madrid. La madre se iba a tomar un avión para buscarla. Definitivamente era de locos.

No podemos conocer el motivo exacto del apuro de Alberto Nisman por volver. Era un hombre naturalmente ansioso, por momentos hiperquinético, de esas personas que cuando toman una decisión tienen que ejecutarla en ese mismísimo momento. Lo sabían todos sus empleados, cuando lo veían entrar a la Unidad fiscal hecho un tornado, casi corriendo con sus papeles bajo el brazo, sin saludar ni mirar a nadie, para meterse directo en su oficina. Está en uno de sus días, pensaban todos, y Nisman salía al segundo y daba dos o tres directivas, a veces a los gritos, para volver a desaparecer dentro de su mundo privado. Así era él, siempre lo había sido, más en los últimos años. Un hombre comprometido con lo que hacía. Un hombre apasionado. Pero también complejo, a veces hosco y duro.

Los Tribunales están de feria en enero, por lo que es muy poco probable que un juez acepte recibir una denuncia en ese lapso, salvo cuando esté en juego la libertad de una persona o existan situaciones realmente impostergables. No era impostergable la denuncia que estaba por hacer Nisman. De hecho, trabajaba en ella hacía mucho tiempo. ¿Por qué hacerla ahora entonces? ¿Qué había cambiado? Una posibilidad es que le hayan dicho que la procuradora Gils Carbó pensaba sacarlo de la Unidad Fiscal. Era un rumor que circulaba hacía tiempo y tal vez alguien le contó que podía concretarse en esos días. Si hacía la denuncia, el impacto frenaría cualquier intento de Gils Carbó.

Pero también es probable que haya decidido adelantar la denuncia por Jaime, en solidaridad con su caída, en respuesta a su derrumbe. Jaime supo que lo echaban antes de fin de año. Pero su retiro se oficializó recién el 5 de enero, una semana antes del retorno de Nisman. ¿Era capaz de dejar a su hija en Europa para hacer causa común con Jaime? Sí, claro que lo era. Pudo haber pensado que tampoco era tan grave, que su hija iba a comprenderlo. Además, no era por Jaime que Nisman se jugaba todo en la causa AMIA. Él sentía que arriesgaba allí su propia carrera o más.

Las cámaras de Ezeiza lo registraron apenas bajó a tierra, el 12 de enero. ¿Lo esperaban o lo registraron casualmente? La SIDE tiene acceso, desde siempre, a los listados de pasajeros de todos los vuelos que llegan o salen de Ezeiza. Es muy factible que su nombre haya encendido los alertas automáticos del sistema de seguridad del aeropuerto. Nisman era el fiscal del caso AMIA. Un hombre siempre amenazado. Debieron saltar las alarmas y entonces lo empezaron a seguir desde el Centro de Operaciones de Ezeiza, un sector de seguridad al que sólo acceden oficiales principales de la Policía Aeronáutica, los subcomisarios de la Federal en el lugar y el delegado de la SIDE en el aeropuerto. Sólo ellos pueden estar ahí. Pero el delegado de la SIDE ya no era Patrizio. Ya no era un hombre de Jaime. Quien lo vio llegar fue, seguramente, un hombre puesto por la nueva conducción de la Secretaría. Las cámaras lo mostraron recién bajado del avión, en el sector del retiro de equipaje. Nisman se movía apurado, de un lado al otro, empujando el carrito del equipaje mientras buscaba a alguien y al mismo tiempo hablaba por teléfono. Parecía demasiado ecléctico para alguien que acaba de volar once o doce horas. De pronto se lo vio saludar a alguien a la distancia y acercarse a ese alguien y saludarlo. Era obvio que lo habían ido a buscar. Lo que no era obvio es saber quién era. Era uno de los muchachos recién jubilados. Uno de los muchachos de Jaime.

Hay que razonar hacia atrás. Al día siguiente, en la víspera de la presentación que motivó su regreso de Europa, Nisman escribió un mensaje por Whatsapp a un grupo reducido de amigos y conocidos. El mensaje es revelador.

Debí suspender intempestivamente mi viaje de 15 años a Europa con mi hija y volverme. Imaginarán lo que eso significa. Pero a veces en la vida los momentos no se eligen. Simplemente las cosas suceden. Y eso es por algo.

Esto que voy a hacer ahora igual iba a ocurrir. Ya estaba decidido. Hace tiempo que me vengo preparando para esto, pero no lo imaginaba tan pronto. Sería largo de explicar ahora. Como ustedes ya saben, las cosas suceden y punto. Así es la vida. Lo demás es alegórico. Algunos sabrán ya de qué estoy hablando, otros algo imaginarán y otros no tendrán ni idea… Hasta dentro de un rato. Me juego mucho en esto. Todo, diría. Pero siempre tomé decisiones. Y hoy no va a ser la excepción. Y lo hago convencido. Sé que no va a ser fácil, todo lo contrario.

Pero más temprano que tarde la verdad triunfa. Y me tengo mucha confianza. Haré todo lo que esté a mi alcance, y más también, sin importar a quién tenga enfrente.

Gracias a todos. Será justicia.

¡Ah! Y aclaro, por si acaso, que no enloquecí ni nada parecido. Pese a todo, estoy mejor que nunca. Jajaja :)

Firmado: Alberto Nisman.

El mensaje exponía el estado emocional de Nisman. Él sabía que estaba haciendo algo que parecía una locura. Pero estaba convencido de tener la verdad de su lado, estaba seguro de que tenía entre sus manos algo muy pesado y sentía que el momento de hacerlo era ése y ningún otro más. ¿Por qué ese preciso momento? La respuesta estaba en sus palabras: «Las cosas suceden y punto. Lo demás es alegórico».

Llegó entonces el miércoles 14 de enero. Hizo su presentación ante el juzgado federal de Servini de Cubría, quien estaba de turno durante la feria de enero. La denuncia era contra Cristina. Al final no pedía su detención, como había evaluado tiempo atrás. Pero la denuncia era igualmente durísima. Acusaba a la presidenta de los argentinos de «decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa AMIA con el propósito de fabricar la inocencia de Irán». A cambio, en teoría, de poder comprarles combustibles a los iraníes para saldar la crisis energética que se vivía en el país. La acusación era un verdadero bombazo. Nisman pedía su declaración indagatoria y un embargo gigantesco de 200 millones de pesos sobre sus bienes.

En el escrito de más de 300 fojas se sostenía que Cristina había encargado la tarea de la impunidad a un grupo de funcionarios y delegados extraoficiales, entre quienes estaban su canciller Héctor Timerman; el secretario de la Presidencia, Oscar Parrilli; junto al piquetero Luis D’Elía, el diputado de La Cámpora, Andrés Larroque, y hasta el líder de la agrupación anarquista Quebracho, Fernando Esteche. El eje del mal era el famoso acuerdo con Irán, que el gobierno argentino había impulsado sin éxito y que, según Nisman, tenía como fin último que se cayeran los pedidos de captura internacional sobre los iraníes acusados por él. Nisman creía que Cristina había decidido y tramado todo entre octubre de 2010 y enero de 2011, es decir, que lo había decidido tras la muerte de Néstor Kirchner.

La mayor parte de la fundamentación estaba basada en escuchas telefónicas y declaraciones de funcionarios en diarios y revistas, además de artículos de prensa. Era evidente la mano de Jaime en la investigación que justificaba la denuncia. Las intervenciones telefónicas, para empezar, habían sido ejecutadas y seguramente supervisadas por él. Durante los últimos dos años, desde que se oficializó el intento del gobierno por lograr un entendimiento con Irán, Jaime había puesto el foco de las escuchas en Jorge Alejandro «Yussuf» Khalil, un iraní de mucha influencia en su colectividad pero sin cargo oficial en la embajada de Irán. Entre esas miles y miles de horas de escuchas, se habían detectado conversaciones cruzadas entre D’Elía, Larroque y Khalil y dos asiduos colaboradores de la Secretaría de Inteligencia, Allan Bogado y el ex juez Héctor Yrimia. Eran conversaciones más o menos informadas, donde conjeturaban, se transmitían mensajes, por momentos parecían estar cerca de los lugares donde se tomaban las decisiones, por momentos estaban lejos. ¿Influyeron esos hombres en el memorándum con Irán? Las escuchan permitían sugerir que sí, pero no se podía estar realmente seguros. ¿Tenían como objetivo la impunidad del atentado? Ésa era una conjetura mayor, más difícil de sostener. ¿Y cuál había sido el rol exacto de Cristina? Estaba por verse.

Lo que habían construido era una denuncia impactante, pero todavía en veremos. Era más bien un proyecto de investigación. Una hipótesis, que podía ser cierta o un disparate.

La reacción del gobierno en las horas siguientes fue realmente aplastante. Nisman estuvo en la boca de absolutamente todos los funcionarios y militantes con acceso a un micrófono o una pluma. Lo acusaron de infame, de mentiroso. Lo aniquilaron. Antes de leer la denuncia, ya la habían calificado de tramposa y pendenciera.

Hay que razonar hacia atrás. Nisman estaba muy nervioso y era lógico que lo estuviera. Estar al frente de la Unidad no lo había acostumbrado a las amenazas anónimas que recibía cada tanto y que explicaban su custodia permanente. Pero además, nunca había sido sometido a las críticas públicas, eso jamás. En realidad, nunca se había enfrentado tan directamente al poder (salvo al iraní) y no conocía el sonido de las acusaciones que ahora recibía como contragolpe. Después de hacer la denuncia convocó a su despacho a un grupo de periodistas extranjeros, a los que recibió con esta frase:

«Ya le dije a mi hija de quince años que se prepare para escuchar las peores cosas de su padre».

¿Qué cosas esperaba o imaginaba? ¿Lo habían amenazado o su imaginación presagiaba algo?

Esa tarde le recomendaron que bajara un cambio. Le recomendaron respirar, tranquilo. Pero él siguió y fue a la televisión y habló y habló. Con convicción y a toda velocidad. En uno de sus días, a repetición, a elevada potencia.

Al día siguiente se escuchó al juez federal Rodolfo Canicoba Corral, a cargo de la causa AMIA, quien llevaba años haciéndose el distraído en la cómoda situación de delegar todo en Nisman. Canicoba estaba muy agradecido con el gobierno porque acababan de enviar el pliego de su hijo Emiliano para convertirlo en juez federal de San Martín. Pero además se sentía culpable, porque había cometido un error tremendo de cara al oficialismo: se le había pasado por alto que la SIDE escuchaba el teléfono de Jorge Khalil y que ese teléfono conectaba con demasiados hombres del kirchnerismo. Canicoba se debió imaginar los reproches que iba a recibir. Si no estaba para controlar, ¿para qué demonios estaba al frente del caso? El juez salió a hablar y le apuntó al corazón de la sociedad del fiscal:

—La dirección de la investigación la tenía el fiscal, pero coadyuvaban entre otros la Secretaría de Inteligencia. Acá, por lo que yo he visto, hay como una desviación. Me parece que los conducidos resultan ser los conductores y el que debía haber conducido resulta ser conducido él.

Traducción: Canicoba decía que Nisman era poco menos que un empleaducho de Jaime. Canicoba reducía todo a una operación de Inteligencia.

Nadie, todavía, se animaba a nombrarlo directamente a Jaime. Apenas se sugería su presencia, se insinuaba su fantasma. El jueves 15 habló el canciller Timerman. Se dedicó a decir pestes sobre Nisman, lo acusó de investigar a la Presidenta clandestinamente y de montar un show mediático. Pero no dijo una palabra de la SIDE. Ni una.

Hay que razonar hacia atrás. Hay que volver a mirar los hechos.

Ese viernes 16 la revista Noticias puso en su tapa al personaje de la semana. A Nisman, naturalmente. Era una foto donde se lo veía de traje, mirando a cámara, en una posición desafiante. «Secretos del fiscal que quiere condenar a Cristina». La tapa anticipaba que había pasado dos noches sin dormir, que vivía en el lujo de Puerto Madero y que estaba decidido a ir por todo. ¿Qué hizo él? Lo mostraba decidido, pero también lo mostraba como un hombre polémico. A Nisman debió gustarle, porque tomó una foto de la tapa y se la envió a su ex mujer a Europa, otra vez por Whatsapp. Le siguió el siguiente diálogo:

Arroyo Salgado: «Está claro que mis prioridades están en otro lugar, para vos lo más importante es la puja de poder y salir en diarios, revistas y tv. Te felicito por haber conseguido lo que querías».

Nisman: «Ya te lo explicaré personalmente, no podía no hacerlo. Te mandé copia de los pasajes. Volvía en cuatro días y seguía todo igual, vos no lo aceptaste, no quiero hablar más por acá».

Arroyo Salgado: «Ni yo ni las chicas necesitamos ninguna explicación, ya está todo aclarado, suerte».

Así se cerró el intercambio. Tenso, de esos que conocen tantas parejas y que no vienen al caso. Pero ahí estaba, otra vez, expuesto el carácter del fiscal. El de un hombre que estaba corriendo demasiado rápido, tal vez más rápido que lo que soportaban sus piernas.

Mientras tanto, el revuelo político era imparable. La oposición convocó a Nisman para que el lunes 19 se presentara en el Congreso a explicar su denuncia. Querían aprovecharla, por supuesto. Pero además lo ameritaba la gravedad institucional de su contenido. Empezó entonces una discusión sobre el carácter que tendría la cita. A pedido de Nisman, la reunión con los diputados iba a hacerse a puertas cerradas, sin acceso a la prensa, para que pudiera hablar libremente sin temor a cometer una violación de secreto de Estado. Pero nada de eso iba a ocurrir. Los diputados kirchneristas, en vez de retroceder, avanzaron. Aceptaron la citación a Nisman, pero pidieron a gritos que fuera abierta, para que todos vieran y escucharan lo que tenía para mostrar. «Iremos con los tapones de punta», dijo la diputada Diana Conti. «El oficialismo se prepara para disparar sobre Nisman», tituló el diario Tiempo Argentino, cuando faltaba poco para la maldita bala.

Hay que razonar hacia atrás, más y más: Nisman estaba bajo mucha presión. Preveía que iban a criticarlo, que se iban a decir cosas feas sobre él. Pero una cosa es saberlo y otra muy distinta es sentirlo. Lo comentó con varios colegas en esas horas. «Ahora te entiendo», le dijo a un juez que pocas semanas antes había apurado una investigación contra el gobierno. Nadie está realmente preparado para el escarnio público. Nadie.

Ahora pasamos a la torre.

Pasamos al piso trece de Le Parc.

A un departamento con la mejor vista del mundo, pero que tenía las persianas bajas. Por las dudas, porque nunca se podía estar seguro, Nisman bajaba las persianas para trabajar.

Allí se encerró el viernes por la tarde. Para trabajar durante todo el fin de semana en la que iba a ser su presentación del lunes. Abajo quedaron sus custodios y el auto en el que se movía, un lujoso auto importado. Nisman se sentó junto a la mesa del comedor, tomó varios resaltadores y comenzó a revisar su propia denuncia. Revisaba y tomaba nota. Revisaba y resaltaba.

El viernes por la tarde recibió a Soledad Castro, la secretaria letrada de su fiscalía. Le explicó que iba a trabajar todo el fin de semana y le pidió que mantuviera su celular a mano por si la necesitaba. También se reunió con Claudio Rabinovich, su asesor legal. Juntos revisaron parte de la presentación. ¿Hasta dónde hablar en el Congreso? ¿Podía nombrar a los agentes? ¿Se modificaba el escenario si la cita era abierta a la prensa?

Fue ese viernes, a las 15 horas, cuando marcó el Nextel que usaba Jaime. Fue el primer llamado en esas horas definitivas. Iba a quedar registrado en el listado de llamadas salientes. A las 15 horas del viernes 16, el fiscal especial Alberto Nisman marcó el teléfono correcto de Antonio Horacio Stiuso. Jaime tenía más de cien teléfonos a su nombre, para borrar sus huellas, pero Nisman sabía cuál era el número correcto y lo marcó. Marcó y lo dejó sonar. Esperó y esperó. Pero Jaime decidió no atender. Jaime no contestó el llamado. El registro de llamadas lo confirma: la comunicación duró cero segundos.

Pasamos al sábado, a la víspera. Nisman habló varias veces con su secretaria letrada por teléfono. Le consultó detalles del expediente, le preguntó por una documentación que debía llegarles en las próximas semanas. A media tarde le mandó un mensaje por Whatsapp a Lagomarsino. En apariencia, Lagomarsino era simplemente el chico de las computadoras, un joven dedicado a controlarle los archivos y asegurarle que nadie ajeno lo espiaba. Pero Lagomarsino era mucho más que eso. Era uno de sus pocos nexos de confianza. Nisman hacía mucho tiempo que se movía en el territorio de lo supuesto. Hacía años que convivía con caras que le parecían extrañas, que podían convertirse de un momento a otro en enemigos. Por las amenazas recibidas, porque muchas veces se había sentido traicionado, pero sobre todo porque se había ido acostumbrando a las sombras del espionaje, a códigos que no eran los suyos o que no lo habían sido. Lagomarsino era de las pocas cosas que le generaban confianza. Por eso los custodios tenían la orden de no molestarlo. Lagomarsino podía acercarse a la torre cuando quisiera sin ser revisado. Lagomarsino podía entrar, salir, llevar o traer cosas al gusto de Nisman.

Lo hizo entrar por la puerta de servicio y lo recibió en la cocina. Nisman estaba acelerado, como siempre. Tal vez más tenso que de costumbre. Le explicó que había hablado con Jaime. Jaime le había dicho que tuviera cuidado de todos, también de los custodios. ¿Era verdad que había hablado? El teléfono Nextel decía que no, pero tal vez había hablado días atrás o por otra línea, no podemos saberlo. Jaime había vuelvo de Punta del Este el jueves 15 de enero y ya estaba en Buenos Aires, en algún lugar de Buenos Aires.

—Necesito un arma —le pidió Nisman.

Lagomarsino no se sorprendió. Estaba preparado para pedidos así. En su casa de San Isidro tenía una Bersa Thunder, calibre 22, fácil de usar. Podía buscarla y se la podía prestar, sin problemas. Pero ¿para qué la necesitaba? Nisman le explicó que la quería guardar en el auto, por si las dudas. Que la iba a dejar en la guantera. Por prevención. Para cuando circulara con sus hijas. Por si acaso.

A las siete de la tarde, Nisman habló por teléfono con su secretaria letrada, Soledad, por última vez. Le pidió volver a revisar, al mediodía siguiente, la presentación que haría el lunes. La última vez, le pidió.

Y a las seis de la tarde volvió a marcar el teléfono de Jaime. Otra vez. Llamó al número bueno de Jaime, al que atendía siempre. Llamó y esperó. Y siguió esperando. Porque Jaime, por segunda vez, decidió no atender. ¿Por qué no atendió? ¿Acaso no quería dejar su rastro en esas horas decisivas? Otra vez el secreto nos priva de la verdad.

Nisman, entonces, llamó a otro de los teléfonos de La Casa. A otro de La Casa, pero que no era Jaime. Con quien se contactó esa tarde, ese sábado 17 de enero a las 18:25, fue con Alberto Massino. El director de Análisis al que acababan de pasar a retiro, el director del que nadie hablaba nunca, el más invisible de todos. La comunicación de Nisman con Massino duró exactamente doce minutos. Doce. Tiempo más que suficiente para decir muchas cosas. Pero el secreto, otra vez, nos privará de la verdad.

Hacia las ocho de la noche volvió Lagomarsino. Esta vez, Nisman lo recibió en el comedor, junto a sus papeles y resaltadores. Lagomarsino lo notó muy alterado. Muy nervioso. Más movedizo que de costumbre, con su mirada yendo y viniendo, tal vez una mirada parecida a la que había visto Patricia Bullrich cuando lo tomó del brazo y le pidió que bajara un cambio, que respirara tranquilo. Pero Lagomarsino no era tan sutil ni estaba para contener a nadie. Le explicó cómo funcionaba el arma. Era simple. Había que destrabar acá, presionar la bala y apuntar y apretar el gatillo. Nisman tomó la pistola.

—No la voy a usar —fue lo último que dijo.

Después de eso, no hay nada. Lagomarsino ya no volvió a hablar con él. Tampoco su secretaria. Nadie más habló con él. Nisman les avisó a los custodios que no lo molestaran hasta las once, once y media de la mañana siguiente. Y el piso 13 se fue llenando de oscuridad.

A las once de la mañana siguiente, en el teléfono de Nisman ingresó un mensaje. Era de Lagomarsino, que le preguntaba:

—¿Estás más tranquilo ahora? Ya no podía contestarle.

Llegamos así a la maldita bala. Una bala calibre 22 que destruye todo lo que toca. Cuero cabelludo, hueso, tejidos, masa encefálica. El proyectil quedó alojado adentro de la cabeza, para ser examinado horas más tarde en la morgue judicial, donde los forenses analizaron el lugar exacto del impacto, la posición del arma. Lo primero que necesitaban saber era si Nisman pudo haberse matado. La respuesta fue un sí, rotundo. No hay ninguna duda sobre eso. Nisman pudo haberse despertado esa mañana, pudo haberse encerrado en el baño, pudo tomar la pistola con su mano derecha y llevarla hasta arriba de la oreja derecha, apuntarse a la cabeza y apretar el gatillo y matarse.

Pudo hacerlo. Y la prueba apunta a pensar que así fue. Porque Nisman había pedido el arma. Porque no hay ningún rastro de otra persona en el baño. Porque el cadáver desplomado tapaba la puerta del baño por dentro. Porque el departamento estaba cerrado por dentro.

¿Por qué lo haría?

«Las cosas suceden y punto. Lo demás es alegórico», había escrito Nisman horas antes.

En realidad, somos nosotros los que hacemos que las cosas sucedan. Cada uno de nosotros. O al menos ayudamos a que ocurran. Salvo lo inexorable, donde no podemos hacer nada. Y una muerte temprana no es inexorable.

¿Qué es lo alegórico en este caso?

Lo alegórico es el cadáver de Nisman.

La alegoría es la representación de algo que no puede ser representado. Es una imagen de lo que no tiene imagen.

Ahí está la alegoría: el cadáver tendido dentro de un baño silencioso. Un cadáver repleto de secretos que nunca podremos revelar. En un mundo que se ha vuelto demasiado peligroso e indescifrable. La alegoría de un país que se ha convertido en los poderes invisibles que lo gobiernan.

La muerte de Nisman nos sumergió a los argentinos en un estado de profunda conmoción. No podíamos creer lo que había pasado. Lo que nos había pasado, a todos. Un fiscal tan importante acababa de acusar a la Presidenta y aparecía muerto. Era el final de un montón de historias de impunidad que nos venían atravesando. Era el punto de saturación de un país que siempre se golpea a sí mismo, que no logra salir de sus laberintos de incapacidad o corrupción o mala leche o torpeza o lo que sea. La fiscal Mónica Fein, encargada de dilucidar la muerte, difundió el resultado de la autopsia, donde se indicó claramente que la primera hipótesis era la del suicidio. Pero nadie le creyó o muy pocos. ¿Por qué creerle a una fiscal? ¿Por qué a los forenses? ¿Por qué a los peritos y más tarde a los toxicólogos? Cuando las raíces están podridas, el árbol no da frutos. Para agregar confusión (o para agregar oscuridad), Cristina terminó de embarrarlo todo: «A mí no me vengan con lo del suicidio», escribió horas más tarde.

Ése es el país que había dejado al descubierto el cadáver de Nisman. El país podrido en sus raíces. El país que ya no puede creer aunque vea, aunque toque, aunque escuche.

Es cierto que pudo haberlo matado un sicario. Los hay. Son letales. Seguramente los hay muy eficaces. Los policías que debían custodiar a Nisman tardaron unas cinco o seis horas —según los distintos testimonios— en lograr entrar al departamento, que estaba cerrado por dentro. Esa demora pudo habilitar una zona liberada. Pero también pudo haber sido pura estupidez.

¿Por qué matar a Nisman?

Es cierto que pudo haber sido por encargo de Jaime, para agrandar su venganza con un golpe mortal contra el gobierno. O pudieron haber sido Milani o Pocino, para dejarlo a Jaime expuesto y afuera del juego para siempre. Pero es difícil: Jaime, Milani, Pocino, todos perdieron con la bala.

Es cierto que pudo haber sido un encargo de Irán. Hacía tiempo que Nisman había ingresado a las listas negras de los fundamentalistas islámicos. Al matar a Nisman, se eliminó todo lo que guardaba en su memoria, los años y años de un trabajo que no se reemplaza. Pero ¿por qué así? Si fuera el caso, ¿por qué no matarlo en la calle o de una manera más simple, en vez de simular un suicidio con todas las características de un suicidio, con las dificultades que eso supone?

Es cierto que hay dudas. Y las seguirá habiendo. Nisman no dejó una nota, no mandó otro Whatsapp. Tampoco se declaraba depresivo. No hay restos de pólvora en su mano, aunque se sabe que el proyectil calibre 22 puede no dejar restos. No hay ADN de Lagomarsino en la pistola que manipuló, aunque se sabe que la pistola fue contaminada por la sangre de Nisman.

Otra frase de Conan Doyle: «La opción más simple, suele ser la mejor opción». Y la opción más simple no es el asesinato.

¿Cómo explicar la mente de un hombre que decide dejar de serlo? ¿Cómo comprenderlo si no somos ese hombre ni estamos a un segundo de tomar esa decisión? No vamos a intentar hacerlo ahora. Hay demasiados secretos ante nosotros y en esos secretos debe estar la clave.

Pero algo es seguro. Hacía muchos años que Nisman había dejado de ser un fiscal como cualquier otro. Hacía muchos años que vivía entre hombres duros, que portan armas, que se mueven con nombres de fantasía, que usan autos a nombre de otros, que viajan en misiones especiales a lugares alejados, que viven en un mundo donde el orden de las cosas no está definido ni por el sentido común ni por la ética, sino por el poder del dinero o de la influencia. Hacía muchos años que Nisman había dejado de ser aquel fiscal de bigote fino que hacía carrera en los tribunales de San Martín. Se movía en el aparente lujo, vivía en un departamento con el que no había soñado, levantaba un dedo y se le aparecía Lagomarsino para lo que guste mandar o los custodios para lo que quisiera. ¿Le daba eso felicidad o lo asfixiaba? Hacía muchos años que Nisman viajaba por el mundo y era recibido por ministros y señores poderosos de la CIA o del FBI. Hacía muchos años que era un hombre del poder, pero se había convertido en un cohabitante, o un vecino al menos, del poder de lo que no se muestra, del que gobierna a espaldas de todos, con códigos que no son los códigos para los que él estaba preparado. ¿Cómo no fascinarse por ese mundo, hasta ser absorbido por él? ¿Cómo no acabar envuelto en esa locura de desconfiar de todos, de sentirse perseguido, de mirar a los empleados de la fiscalía con sigilosa sospecha? ¿Cómo no encerrarse a trabajar en la torre, para evitar ser visto, hasta sentir que su denuncia estaba por cambiarlo todo, cuando en realidad sólo estaba cambiando su futuro y tal vez el de la Presidenta? Por qué no pensar que Nisman, en algún momento, ante tanta presión, ante el remolino de furia que lo esperaba, ante semejante escarnio público, en algún momento no sintió que finalmente era apenas una pieza menor de un juego gigantesco que no era el suyo. Porque Nisman era eso, una pieza menor de un gigantesco juego de otros, un juego donde las decisiones ya no se toman por convicciones o por mandato, sino que se toman por razones que nadie puede adivinar, que son inconfesables. ¿No es así en los Tribunales? ¿No es así en La Casa? ¿No lo pidieron así Cristina, Néstor Kirchner, antes Duhalde, Menem y los otros? Nisman estaba en el medio de las intrigas. Por elección o por inercia o porque no pudo evitarlo. Y en el camino había perdido mucho. Había perdido libertad, había perdido sensibilidad, se había vuelto impredecible incluso para su hija de 15 años, se había vuelto un hombre condenado a muerte por señores de otro mundo y debía moverse prisionero de su custodia, bajo el sopor de una custodia que te observa y en silencio te juzga a cada minuto de tu vida.

«Las cosas suceden y punto. Lo demás es alegórico.»

No podremos resolver el enigma, jamás. Hay demasiadas preguntas que no tendrán respuesta. ¿Por qué Jaime no contestó sus llamados? ¿Qué habló con Massino la última vez? ¿Para qué demonios quería un arma? ¿Cuál era el verdadero apuro de su denuncia? O más atrás: ¿Por qué Cristina quiso el acuerdo con Irán? ¿Por qué las negociaciones debajo de la mesa, a espaldas de la sociedad?

El vacío, la imposibilidad de encontrar las respuestas correctas, eso era el cadáver de Nisman. Una alegoría. La confirmación de que el país se había convertido en los poderes invisibles que lo gobiernan.

Para terminar, Jaime.

La muerte de Nisman fue, al mismo tiempo, la de Jaime Stiuso. Si tenía alguna posibilidad de volver a su oficina y a su poder, esa opción se terminó de evaporar con la maldita bala. Era obvio que Jaime había trabajado en la denuncia contra Cristina. Había roto la histórica regla de lealtad de la Secretaría. Estaba terminado. Pero además, porque la bala lo sacó a la superficie.

De pronto, empezaron a nombrarlo. Primero fue Juliana Di Tullio, jefa del bloque kirchnerista en Diputados. Luego Julián Domínguez, titular de la Cámara. Hablaron de Stiuso. Lo señalaron. Dijeron que era el culpable de todo o que podía serlo. Lo nombraron también otros. Stiuso, Stiuso. Y hasta Cristina, en una larguísima carta que escribió cinco días después del disparo que mató a Nisman, también ella habló del agente Stiuso.

El disparo que mató a Nisman también acabó con su leyenda, con el mito del espía que no podía ser nombrado. Con el hombre invisible que se guardará para siempre muchos de los secretos de los últimos 42 años de la Argentina, el mejor y el peor de todos los agentes del espionaje argentino, el alfil del gobierno de lo innombrable.

Porque de pronto, Jaime dejó de dar miedo.

Un nuevo estallido, pero esta vez una implosión. Tras veinte años, el atentado a la AMIA había expuesto todos los problemas de la Argentina, todos los fracasos de su sistema de toma de decisiones. Tras veinte años, el atentado a la AMIA había dejado en evidencia que el servicio secreto sobrevivió a la democracia porque la democracia así lo quiso, porque los administradores de la democracia jugaron con ese poder invisible hasta hacerlo estallar.

El lunes 26 de enero de 2015, sentada en una silla de ruedas por una fractura en su tobillo, Cristina anunció por cadena nacional la disolución de la Secretaría de Inteligencia. Ahora que la SIDE ya no le era confiable, ahora ya no la quería. Anunció la creación de una Agencia Federal de Inteligencia, con funciones similares, pero sin las escuchas telefónicas. Tal vez sea un pequeño paso, tal vez sea más de lo mismo. Lo más probable es que sea un maquillaje sutil mientras otros poderes igualmente secretos se rearman para empezar otra vez. Para dominar a los jueces, para perseguir opositores, para seguir comprando voluntades en el Congreso, para asustar a las minorías, para seguir negando a la política como verdadero motor de los cambios.

Pero ésa será otra historia.

Para él, para Jaime, ya todo había terminado.

Conservará poder mientras sus secretos tengan valor. Pero ya no volverá a ser el mismo. Porque ya todos saben.

Antonio Horacio Stiuso. Antes Jaime. Antes Jaimito.

Y cuando el misterio deja de serlo, su poder se desvanece.

Comentario Final

Este libro es el producto del trabajo de muchísimos años. El resultado de una experiencia de vida en el periodismo. Creo hablar con espías desde hace unos dieciocho años. Los he visto cambiar de gusto político, los he visto ganar mucho dinero, los he visto perderlo todo, los vi traicionarse y ser traicionados. Hay mucha pasión en lo que hacen, pero también hay mucha sordidez. Ésa es la palabra: lo que hacen es sórdido. Significa que está alejado de cualquier pureza o intento de pureza moral. «La única ley moral del espionaje es el resultado», escribió John Le Carré. Y no se puede vivir sin ciertos parámetros morales. Debe ser desesperante, nos acabaría por sacarnos la humanidad que nos queda. Como no se puede vivir en un mundo de desconfianza permanente, en la hostilidad como norma, en el sentimiento de que los demás son el enemigo o pueden serlo de un momento a otro. Los servicios secretos fueron pensados para la guerra. Y no se puede vivir en guerra. No todos los días. No para siempre.

Por mi trabajo como periodista, tuve la oportunidad de seguir de cerca la investigación del atentado a la AMIA. Un privilegio profesional que me permitió hablar muchas veces con los personajes centrales de este libro. Con Jaime me encontré una sola vez, ya contada al principio del relato. También hablé con muchos otros agentes, de uno y otro lado de las muchas grietas que marcaron la historia de la SIDE. Y con todos los jefes de la SIDE, hasta que llegó el kirchnerismo. Ni Acevedo, ni Icazuriaga, ni Larcher me atendieron jamás. El kirchnerismo siempre desconfió de los periodistas a los que no puede comprar. También conocí y traté mucho a Juan José Galeano, que cometió el pecado mayúsculo de creerse más astuto de lo que era. Y conocí y traté mucho también a Alberto Nisman, con quien hablé infinidad de veces. Nuestro contacto sufrió un cortocircuito tras la publicación de mi primer libro sobre la SIDE, absorbido por el actual, que salió a la calle en 2006. Un cortocircuito que fue mi responsabilidad. Yo había perdido confianza en las hipótesis de Nisman. No en sus convicciones, que siempre me parecieron sinceras. Pero sí en su forma de trabajar. La perdí del todo cuando impulsó la pista Berro, que siempre consideré un disparate o al menos una simple teoría de Inteligencia, incomprobable.

Pero hay algo que es común a todos. A Galeano, a Nisman, a los políticos que pasaron por La Casa. El mundo de los espías termina por contaminarlos. Los transforma. Les altera los sentidos. Los propios espías han sido, alguna vez, víctimas de eso que me gusta llamar El Código o el Código Secreto. Porque la clave está ahí, en el secreto. El problema de todo es el secreto. Un organismo que funciona en secreto, a espaldas de la sociedad, de los controles, es usado por los presidentes de turno para hacer todo lo que no se animan a hacer de manera transparente. Si no existiera el secreto, no existiría ni la SIDE. Ni lo sórdido. Por temor a ser contaminado, después de la publicación de mi primer libro intenté evadirme del tema. Lo intenté, con éxito parcial. Cada vez que pasaba algo en la Secretaría de Inteligencia, el oficio de periodista me convocaba a volver a entrar en las cloacas. Hasta que en 2014 todo lo que pasaba ya era demasiado y empecé a actualizar mi anterior trabajo. Cuando supe que Jaime se estaba yendo, en los últimos meses del año pasado, este libro ya se hizo inevitable. La muerte de Nisman, como a todos, me dejó helado. Pero sentí, a diferencia de la mayoría, que la solución al enigma no estaba en la torre de puerto de Madero. La solución estaba en lo sórdido. Había que razonar hacia atrás. Y allí estaba siempre lo sórdido.

Me despido de ustedes con un puñado de agradecimientos personales. Los últimos meses fueron para mi de frenética y loca escritura. No hubiera podido llegar a terminar el trabajo si no fuera por el apoyo de mi familia, especialmente de Lorena Maciel, mi mujer, que como formidable periodista me ayudó además con entrevistas y averiguaciones. También lo hizo Federico Rodríguez, una genial herencia que me dejó Pepe Eliaschev, a quien acompañé durante sus últimos meses en mi nueva pasión, la radio.

Agradezco el auxilio fundamental del abogado Pablo Slonimsqui. Y finalmente a Paula Pérez Alonso, mi editora en Planeta. Un vínculo que se reitera cuatro veces ya deja de ser casual.

Hasta la próxima. Ojalá sea con más luz.

Los agentes

ALEJANDRO BROUSSON, alias Andrés Breder. Ex oficial de Inteligencia militar. Segundo jefe de Sala Patria. Luego, director de Contrainteligencia. Pasado a disponibilidad en el año 2000. Una vez afuera de la SIDE se dedicó a vender garitas de seguridad en la zona norte del conurbano. Aprovechaba el tiempo libre para ver al CASI todos los sábados. Un infarto masivo lo aniquiló en 2007.

JORGE LUCAS CASADO. Director de Contrainteligencia 1993-1999. Volvió al negocio gastronómico. Guarda un intenso recuerdo de su paso por la SIDE.

LUIS DOMINGO DELIZIA, alias Gastón Achával o Luis Dilarian. Agente de Contrainteligencia. Pasado a retiro.

EDUARDO ISAAC GARCÍA. Agente operativo de Sala Patria. En actividad. HORACIO GERMÁN GARCÍA, alias Garnica. Director de Contrainteligencia. Técnico mecánico. Amigo de Jaime desde la infancia. Acusado de manejar una red de prostitución y expulsado de la SIDE en los días previos a 2014.

LUIS NELSON GONZÁLEZ, alias «Pinocho». Mano derecha de Pfinnen. Su nombre de cobertura era Lucas Grosso, luego Leonardo Gontel. Enlace con el Poder Judicial. Analista. Pasado a disponibilidad en diciembre de 2001.

ANÍBAL GORDON. Jefe de la patota que manejaba el centro clandestino de detención Automotores Orletti. Murió en 1985.

HÉCTOR SALVADOR MAIOLO. Agente operativo de Sala Patria. Destino desconocido. ALBERTO MASSINO. Director de Análisis entre 2001 y 2014. Pasado a retiro por su cercanía con Jaime.

CARLOS ANÍBAL MOLINA QUIROGA. Agente de operaciones de Sala Patria. Asignado a la Cancillería. Destino desconocido.

ALEJANDRO PATRIZIO. Delegado de la Secretaría en el aeropuerto de Ezeiza. Por su lealtad con Jaime, fue pasado a retiro entre Navidad y el fin del año 2014.

PATRICIO PFINNEN, alias Paddy o Patricio Fonseca. Creador de Sala Patria. Pasado a disponibilidad en diciembre de 2001. Una vez retirado se compró campos en Entre Ríos. Su hija trabaja en la SIDE y durante años fue una de las secretarias de Francisco Larcher. En marzo de 2006, el ex delegado de la CIA en Buenos Aires, Ross Newland, le ofreció a Pfinnen sumarse a una agencia privada de Inteligencia.

FERNANDO POCINO. Actualmente, es el heredero de Jaime como director general de Operaciones. Fue director de Inteligencia Interior. Ex jefe de Personal y delegado de la SIDE en Chile. Archienemigo interno de Stiuso. Y cercano a Milani.

EDUARDO RUFFO. Mano derecha de Gordon en Orletti. Preso en la cárcel de Marcos Paz.

JOSÉ DANIEL SALINARDI, alias Juan Sesa. Testaferro de la Secretaría. Ex director de compras. Echado de la SIDE en 2001. Amigo de Stiuso y socio en algunos de sus negocios, es además un enlace extraoficial entre Jaime y algunos políticos.

ROBERTO SALLER, alias El Gordo Miguel o Roberto Silo o Cilo. Agente operativo de Contrainteligencia. En la dictadura, chofer del jefe de la SIDE. En la actualidad, encargado de las investigaciones sobre secuestros extorsivos. Pasado a retiro a fin de 2014.

ANTONIO HORACIO STIUSO, alias Aldo Stiles o Jaime o Jaimito. Ingresó a la SIDE el 20 de diciembre de 1972. En diez años pasó a agente operativo. Entre 1994 y 1999 fue subdirector de Contrainteligencia. Ascendió a director del área en 2001. Y un año más tarde llegó al cargo más alto de la estructura interna de La Casa: director general de Operaciones. Allí estuvo hasta el 5 de enero de 2015.

IVÁN VELÁZQUEZ. Ex agente, acusado de montar un equipo de espionaje paralelo al público. Su último destino fue la base Coronel Díaz. Actualmente vive con asilo político en Uruguay.

PEDRO VIALE. Alias El Lauchón. Asesinado por el Grupo Halcón. Los policías que lo mataron están presos y van camino al juicio oral.

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GERARDO «TATO» YOUNG (Buenos Aires 1972). Es periodista y escritor, especializado en investigaciones políticas y judiciales. Hasta 2012 fue Editor Jefe del Equipo de Investigación del diario Clarín. Desde el 2010, es columnista de actualidad y política en Radio Mitre. Actualmente, integra el equipo de Encendidos en la Tarde, en el segmento diario de 14 a 17 hs, junto a María Isabel Sánchez y Rolo Villar. Tiene dos secciones destacadas: «Catarsis» y «Tatografia». Además, conduce junto a Nuria Am el magazine Banda3.0 en el canal Metro, de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. Y su ciclo QuieroQueMeExpliquen (QQME) por Metro, los miércoles a las 23 horas.

Publicó cuatro libros: en 2006 SIDE. La Argentina Secreta donde contó la historia del servicio de inteligencia de la presidencia. En 2008 Negro contra Blanco, un retrato obre Luis D’Elía y los movimientos piqueteros. En 2013 Mujeres Casi Perfectas, retratos irreverentes de las damas del poder: Karina Rabolini, Sandra Mendoza, Agustina Kampfer, Juliana Awada y Susana Freydoz. Y en el 2015, su bestseller Código Stiuso, sobre La SIDE, la política desde las cloacas y la muerte de Nisman.

En veinte años de periodismo gráfico realizó numerosas coberturas sobre episodios de corrupción, asuntos judiciales y organismos de inteligencia. Gracias a esos trabajos ganó numerosos premios, como el de la fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (2007) y también el Premio Rey de España, por su participación en un trabajo multimedia sobre los juicios contra los militares (2012).

Notas

[1] Según el periodista uruguayo Roger Rodríguez, fueron 500 mil dólares. Una de mis fuentes me aseguró que habían sido 1,2 millones. Pero me apoyo en el dato de Roger, porque investigó durante años las atrocidades de Orletti y la represión del Plan Cóndor. Fue quien detectó la existencia del segundo traslado de uruguayos. Y gracias a sus investigaciones, se identificó a Simón Riquelo, uno de los bebés apropiados en Orletti. <<

[2] Ruffo siguió en la SIDE hasta 1978. En 1985 fue condenado por apropiarse de Carla, la hija de la desaparecida Graciela Rutila Artes, quien pudo ser restituida a su abuela el 25 de agosto de ese año. Luego de mantenerse prófugo durante años, en 2008 fue detenido y tres años más tarde acabó condenado a veinte años de prisión por su actuación en Orletti. Hoy es uno de los cientos de represores detenidos en la cárcel de Marcos Paz. <<

[3] José Ramón Morales murió años después en El Salvador. Graciela vive en México. <<

[4] El poeta Juan Gelman pudo reencontrarse con María Macarena, su nieta, 25 años después. Había sido entregada a un policía uruguayo. <<

[5] Uno de los pesados que recibió a Jaime era Claudio Pitone, un ex cabo de la Policía Federal que había torturado en la ESMA. A Pitone le decían Fafá, seudónimo que se explicaba porque «había hecho desaparecer tanta gente como el mago Fafá», personaje de una historieta que se publicaba en la contratapa de Clarín en la década del setenta. Años más tarde, Pitone se recicló como jefe de seguridad de la familia del empresario Alfredo Yabrán. <<

[6] Un año después, Guglielminetti debió ser liberado. El argumento del fiscal de la causa, Alberto Piotti, fue que no encontraron pruebas suficientes para culparlo de delito alguno. Piotti acabó siendo uno de los principales enlaces con el Poder Judicial tanto de Naldi como de Jaime. <<

[7] Suárez terminó denunciando a Cherasny por calumnias. La Corte Suprema le dio la razón en 1995 y condenó al redactor de El Informador Público a un año de prisión en suspenso. <<

[8] Uno de los habitués del Florida Garden era el periodista Jorge Asís, que se divirtió escribiendo un libro, Parte de Inteligencia, inspirado en aquel mentidero. <<

[9] Durante el juicio por el ataque a La Tablada, que se realizó en los tribunales federales de San Martín unos años después, varios sobrevivientes recordaron al civil que se hacía llamar Dios. Varias fuentes de Inteligencia del Ejército me confirmaron que se trataba de Alejandro Brousson. Y una curiosidad histórica: en la instrucción del juicio por La Tablada, tuvo un trabajo activo nada menos que Alberto Nisman, que en aquellos jóvenes años ochenta era secretario letrado del juez del caso, Gerardo Larrambebere. <<

[10] El investigador de la Corte Suprema, Alfredo Bisordi, se inclinaba por la tesis de la implosión. Hasta que por presiones de la dirigencia judía fue apartado del caso. Bisordi pasó luego a ser miembro de la Cámara de Casación Penal, hasta su jubilación. Varias veces lo acusaron de antisemita. <<

[11] Yabrán se suicidó el 20 de mayo de 1998, de un tiro en la cabeza, en un campo de Entre Ríos vecino al de Anzorreguy. La Policía lo buscaba para meterlo preso por el asesinato de José Luis Cabezas, un fotógrafo al que habían ejecutado un año antes, por su insistencia en sacarle fotos a Yabrán. <<

[12] Ricardo Ospital era un empresario de la construcción. Fue secuestrado el 10 de mayo de 1994 y luego asesinado. Jaime participó de la investigación, que el 28 de junio acabó con la detención del coronel del Ejército Norberto López, quien confesó su crimen. <<

[13] La irregularidad del hallazgo del motor iba a ser motivo de muchas especulaciones, incluida la hipótesis de que el motor haya sido plantado por el Mossad o la SIDE. El Tribunal que juzgó el caso AMIA declaró nulo el hallazgo, señalando la seria irregularidad de su incorporación a la causa. Sin embargo, dio por buena la «tesis» —sólo eso— de que existió una Trafic cargada de explosivos y que fue así como se destruyó la AMIA. En cambio, nunca se pudo acreditar que haya estado estacionada en Jet Parking. Para la Justicia, eso sigue siendo un misterio. <<

[14] De la declaración del agente Hernández durante el juicio por el atentado a la AMIA, en 2003. <<

[15] Los casetes perdidos fueron 66, aunque no todos eran trascendentes. A la causa AMIA fueron agregadas transcripciones de las conversaciones grabadas, pero se sospecha que no todas. La SIDE también «perdió» el disco rígido del locutorio de Posadas desde donde había hablado por teléfono Telleldín a su casa mientras estaba prófugo. Demasiadas casualidades. <<

[16] En una conversación que mantuve con Naldi en junio de 2005, le pregunté sobre su papel en la entrega de Telleldín. Respondió a su manera, sin confirmar ni desmentir nada: «Yo di una mano, como siempre». <<

[17] Durante el juicio oral contra los narcos detenidos en el desierto, en la Cámara Federal de San Martín, Jaime debió declarar durante dos largas jornadas para defender su papel. Pero apenas logró convencer a los jueces, que destacaron las irregularidades de la investigación. <<

[18] La comparecencia de Manzanares, el entregador de Fernández, está agregada en la foja 18 935 del expediente. En el juicio oral, años más tarde, Manzanares contó que cuando fue a lo de Galeano y nombró a Stiuso y a El Gordo Miguel, «los del Juzgado se molestaron, charlaron entre ellos y rompieron la hoja» de la declaración. Reconoció también que, durante un año y medio, Jaime le entregó entre 150 y 200 pesos por mes. <<

[19] Gorriarán Merlo describió el momento de su detención en su libro Memorias, publicado por editorial Planeta en 2003. Fuentes de la SIDE agregaron los detalles que sólo pueden ofrecer los perseguidores. Circularon versiones sobre un posible acuerdo entre Gorriarán y la SIDE para lograr su detención a cambio del indulto del que habló Brousson. Sin embargo, Gorriarán recién fue indultado en 2003, ocho años más tarde, durante el gobierno transitorio de Eduardo Duhalde. <<

[20] La pista carapintada llevó a Galeano a cometer un error gravísimo. Dispuso allanar la casa de un diputado de pasado carapintada, cuando los domicilios de los legisladores son inviolables salvo autorización del Congreso. En esas investigaciones, curiosamente, había colaborado el comisario Juan José Ribelli, poco tiempo después el principal acusado por el atentado. En cuanto a la detención de Monjo, duró apenas unas semanas, sin ningún resultado. <<

[21] De la declaración de Pfinnen durante el juicio AMIA, en 2003. <<

[22] Lejtman tuvo en sus manos los primeros borradores del libro. Durante el juicio oral por la AMIA, el periodista dijo que un alto funcionario del gobierno de Menem le había pedido, antes del arreglo final con Telleldín, que insistiera con su publicación. <<

[23] En 2004, el titular de la Oficina Anticorrupción, Daniel Morín, denunció el desvío de fondos hacia la SIDE entre 1989 y fines de 2003. Encontró 49 decretos y resoluciones secretas por las que la SIDE recibió partidas extrapresupuestarias de otros organismos, aunque se desconocen sus montos. <<

[24] Adriana Reisfeld y Diana Wassner declararon el 24 de junio de 2005 ante el Consejo de la Magistratura, donde se analizaba la conducta de Galeano en el caso AMIA. Las dos relataron el entredicho con el juez, que acabó expulsado de la Justicia. <<

[25] Dos años después, Bergés logró allanar dos dependencias de la SIDE. La base de Ojota y una cueva de la calle Libertad 41, donde se desgrababan algunas escuchas telefónicas. Lo hizo cuando investigaba si un juez federal, Carlos Liporaci, había ordenado escuchas sin justificación. A la central de 25 de Mayo no pudo ingresar jamás. <<

[26] El 2 de septiembre de 1999, la Corte Suprema acabó culpando del atentado a la embajada de Israel a la Jihad Islámica, una organización armada de Oriente Medio que solía atentar contra objetivos judíos. La Corte pidió también la captura internacional, todavía sin éxito, del jefe de la Jihad en tiempos del atentado, Imad Fayiz Mughniyah. De la «conexión local», si es que existió, nunca se resolvió nada. <<

[27] Años después del caso Strawbery, el Congreso sancionó una ley que permitió el uso de «agentes encubiertos» en investigaciones de narcotráfico, aunque dejó en claro que de ningún modo podía ser el instigador del delito. <<

[28] Garbellano publicó un libro, al que llamó Spartacus, donde contó escenas íntimas de su prostíbulo. Aunque no dio nombres, de su texto se desprendían algunos de sus clientes. Algunas versiones indican que ese libro fue financiado por la SIDE. Garbellano, pese a todo, años después se recicló como empresario teatral. En marzo de 2006 era novio de Moria Casán, una de las figuras del espectáculo doméstico. Y años más tarde acabó acusado de robarse joyas durante un desfile en Paraguay, asunto todavía no resuelto. <<

[29] Un funcionario de la gestión de Santibañes me aseguró que la lista de beneficiarios que les pasó Anzorreguy incluía a 168 periodistas. Lamentablemente, esa lista, si realmente existió, nunca se hizo pública. <<

[30] Los otros dos titulares de Osgra eran Horacio Peña, un empleado de Finanzas que todavía trabaja en la SIDE, y Raúl Isnaldi, muerto de un infarto hacía ya varios años. <<

[31] En su libro, Lifschitz desplegaba una teoría inquietante, aunque difícil de comprobar. Según él, Jaime venía persiguiendo a los terroristas que terminaron volando la AMIA, pero pensaba agarrarlos en el momento exacto previo al atentado. Según Lifschitz, algo había fallado a último momento y el atentado le explotó en las narices. Antes de trabajar para el juez Galeano, Lifschitz había sido oficial de inteligencia de la Policía Federal. Sus denuncias fueron decisivas para el posterior desplazamiento de Galeano de la Justicia. <<

[32] La más conocida era la agencia Kroll, al mando de Frank Holder, un ex agente de inteligencia de Estados Unidos. Rodolfo Galimberti, el veterano líder montonero que había pasado por La Casa durante los años noventa, apadrinó a otra agencia llamada Universal Control, que contaba entre sus asesores a varios agentes retirados de la CIA y la DEA. La tercera era Smith Brandson, de ex oficiales del FBI. Años después, en 2006, Newland se asociaría con el empresario uruguayo Juan Navarro para fundar su propia agencia de investigaciones. <<

[33] La foto de Newland ilustró una nota del periodista Miguel Bonasso, donde contaba del conflicto que se había generado entre la CIA y la SIDE por culpa de los ex espías de la KGB. Días después, Bonasso debió escribir otro artículo contando el conflicto que se había generado, esta vez, por su publicación de la foto. <<

[34] El sumario llevó el número 540/00. También fueron pasados a disponibilidad los principales colaboradores de Pfinnen, como Luis «Pinocho» González. <<

[35] En la redacción de la ley 25 520 fueron decisivos los asesores del Congreso, José Manuel Ugarte, Marcelo Saín y Jaime Garreta, en representación de diputados y senadores de distintos partidos políticos. Ugarte se mostraba en contra de las atribuciones que se le aceptaban a la SIDE, pero finalmente se dejó convencer por el pragmatismo de Saín y de Garreta, para quienes era mejor «tener una ley mala, que no tener nada». La Ley de Inteligencia fue un paso pequeño pero cierto en favor de una SIDE más transparente. En el gobierno de Kirchner, Garreta fue nombrado viceministro de Defensa. Saín asumió como jefe de la Policía Aeronáutica y más tarde fue diputado de la provincia de Buenos Aires. En 2015 fue uno de los que colaboró en la nueva Ley de Inteligencia impulsada por Cristina Kirchner. Ugarte, acaso el mayor teórico del tema en la Argentina, continúa siendo asesor del Congreso. <<

[36] El artículo 4 de la ley indica que ningún organismo de inteligencia está facultado a «obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción». <<

[37] El saqueo de cajas fue motivo de una investigación judicial (causa 84 820/2002) a cargo del entonces juez federal Guillermo Montenegro. Se terminó cerrando por falta de pruebas. <<

[38] Entre Rodríguez Saá y Duhalde, sólo por unas horas, fue Presidente interino el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, quien le seguía a Puerta en la línea natural de sucesión. Entre De la Rúa y Duhalde, pasaron por la Presidencia cinco presidentes en apenas diez días, todo un récord. <<

[39] El 18 de noviembre de 2005, el ministro del Interior de Uruguay durante 2001, Guillermo Stirling, le confirmó al diario El País de Montevideo la existencia de la Operación Gaviota. Era una operación abierta, lo que significa que se había dado aviso a los servicios de inteligencia uruguayos. <<

[40] En 2002 se denunciaron 220 secuestros extorsivos. En 2003, 360 casos. <<

[41] El periodista Horacio Verbitsky denunció las reuniones de Soria con los jueces. La primera se hizo en el departamento de la camarista Luisa Riva Aramayo, donde el 17 de enero de 2002 les pidió las detenciones del ex ministro de Economía Domingo Cavallo, de los banqueros Carlos Rohm y Eduardo Escasany. Cavallo fue preso el 2 de abril por haber sido uno de los firmantes de un decreto que permitió, en 1992, el envío ilegal de armas a Croacia. Escasany no llegó a estar detenido, pero en apenas tres meses se le abrieron 20 causas penales. A la reunión habían ido casi todos los jueces federales: Jorge Ballestero, Rodolfo Canicoba Corral, Jorge Urso, Juan José Galeano, Claudio Bonadío, Sergio Torres y el camarista Gabriel Cavallo. <<

[42] Los periodistas Daniel Santoro y Juan Cruz Sanz revelaron en el diario Clarín la existencia del agente Hugo Álvarez, al que incluso fueron a buscar a su casa. Su seudónimo de Inteligencia era Hugo Altamirano. <<

[43] Yo publiqué un extenso artículo sobre leakymails en el diario Clarín. Y a las pocas horas llegaron los intentos por prohibir su difusión. Los secretos de Estado son obligación de los funcionarios, no de los periodistas. En la Argentina, por mandato constitucional, no existe la censura previa. <<

[44] La sentencia del Tribunal se dio a conocer el 10 de agosto de 2011. Durante el jucio fue analizado como elemento de prueba mi libro SIDE, la Argentina secreta, editado por Planeta en 2006. El fallo fue apelado por Di Lello y hoy es analizado por la Cámara de Casación. <<