Este libro, publicado en 1939 con ocasión del ciento cincuenta aniversario de la Revolución, ha sido calificado como una gran lección de historia. Expresamente sin notas ni aparato crítico, se dirige al gran público para poner a su alcance las luchas y convulsiones que protagonizaron las diversas clases implicadas en el estallido revolucionario que transformó la sociedad francesa del XVIII.

Georges Lefebvre

1789: revolución francesa

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Titivillus 27.06.17

Título original: Quatre vingt neuf

Georges Lefebvre, 1939

Traducción: Rosa Bueno

Diseño de cubierta: Enríe Satué

Editor digital: Titivillus

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PREFACIO

por ALBERT SOBOUL

El 28 de agosto de 1959 fallecía, a los ochenta y siete años de edad, Georges Lefebvre, tras haber consagrado toda una vida a la enseñanza y a la investigación histórica. Desde sus Documents relatifs à l’histoire des subsistances dans le district de Bergues, aparecidos en 1914, hasta sus Études sur la Révolution française, publicados cuarenta años más tarde, lo esencial de su obra há estado consagrado a la Revolución francesa. Georges Lefebvre ha desbordado el marco de su especialidad y se ha situado dentro de la pequeña cohorte de los grandes historiadores, debido a la amplitud de sus miras, a la curiosidad de su espíritu, siempre despierto, y a las perspectivas novedosas que supo alumbrar. Su pérdida ha sido penosa para la historia y, para sus amigos y discípulos, costosa la resignación.

I

En relación con la formación intelectual y moral de Georges Lefebvre hay que tener muy presentes sus orígenes sociales: salió del pueblo y permaneció fiel a él hasta la muerte. En ocasiones (puesto que se expansionaba pocas veces y no le gustaba hablar de sí mismo) mencionaba a su abuelo cardador, a su padre, simple empleado de comercio, y a su madre, atareada con las faenas de cada día.

Sus primeros maestros fueron los de la escuela laica. Su agradecimiento hacia ellos lo expresaba con estas sencillas y conmovedoras palabras: «¡Querida escuela laica! No puedo recordar a tus maestros, a los que tanto debo como hombre y como ciudadano, sin experimentar un profundo sentimiento de emocionado agradecimiento y respeto. Con sencillez, nos dieron a conocer la República como objeto natural de la adhesión de todo hombre digno de su condición. Nos dieron a conocer el espíritu cívico, esa virtud que Robespierre, siguiendo a Montesquieu y a Rousseau, les asignó como defensa…»[1]. La República ideal es el reino de la justicia y de la razón. Fiel a sus principios, Georges Lefebvre habría de prestar su adhesión al socialismo al que consideraba como un intento grandioso para lograr por fin una organización de la sociedad sobre bases racionales.

Si pudo continuar sus estudios secundarios y universitarios fue gracias a su condición de becario del Municipio, becario de licenciatura más tarde y becario de agregaduría finalmente. Sin duda esto le influyó igual que sus comienzos en la Universidad. Durante más de veinticinco años estuvo dando clases en centros de enseñanza secundaria, mientras ascendía lentamente los escalones de la carrera. Primero como auxiliar en el liceo de Tourcoing, más tarde fue nombrado profesor del colegio de Boulogne-sur-Mer. En 1899 es agregado de historia y geografía, ingresa en el liceo de Cherbourg, después regresa al norte, su tierra natal, a los liceos de Tourcoing, de Lille y de Saint-Omer sucesivamente. La guerra y la invasión del país le obligan a refugiarse en Orléans. Vuelve la paz y por fin consigue entrar en los grandes liceos parisinos, Pasteur, Montaigne y Henri IV, más tarde[2].

Siempre como profesor de liceo, en 1924, a los cincuenta años, Georges Lefebvre defiende su tesis doctoral en letras: Les Paysans du Nord pendant la Révolution française. Al tiempo que continuaba su tarea docente había, efectivamente, emprendido un trabajo de investigación que habría de renovar nuestros conocimientos sobre la Revolución francesa. Comentando el origen y la orientación de su trabajo, Georges Lefebvre escribía: «Tengo filiación intelectual», y precisaba el triple aspecto de la misma[3]: ésta tiene sus orígenes en el liceo. Al salir de la escuela laica, fue adscrito a la Enseñanza especial creada por Victor Duruy. ¡En lugar de las lenguas muertas clásicas —cuyo estudio no comenzó Georges Lefebvre hasta los diecisiete años— se enseñaba, además de dos lenguas vivas, muchas matemáticas y ciencias naturales, también economía política y derecho, asignaturas que desaparecieron de los programas de la enseñanza secundaria cuando le tocó el fin a la Enseñanza especial! Georges Lefebvre reconocía que gracias a esta formación consiguió abrir su espíritu a las realidades económicas y sociales.

Debía otro tanto a la provincia en que nació y a sus características «a mi Flandes valón —escribía— donde Jules Guesde fundó el Partido Obrero Francés sobre bases marxistas[4]». Hasta el momento de su muerte se mantuvo fiel a las enseñanzas de Guesde y a la unidad socialista. Con frecuencia utilizaba las obras de Marx, y todavía en sus últimos años releía una nueva edición de El Capital. Sin aceptar todos los puntos de vista de Marx, subraya, en cambio, lo fecundo del pensamiento marxista como método de investigación[5]. No se contentaba con ver en él una interpretación económica de la historia; insistía una y otra vez en el aspecto dialéctico de la evolución de las sociedades y veía en el análisis de las contradicciones del movimiento histórico uno de los elementos esenciales de la investigación.

Pero fue a Jaurès al que Georges Lefebvre, según su propia confesión, debía más: «No vi y escuché a Jaurès más que en dos ocasiones, metido entre la multitud… Pero si alguien quiere buscarme un maestro, no reconozco a otro más que a él[6]». La Histoire socialiste de la Révolution française, cuyo primer volumen apareció en 1901, decidió la orientación de sus investigaciones. No cabe duda de que anteriormente había sido tentado por la tesis de Philippe Sagnac sobre La législation civile de la Révolution française (1899), y por los trabajos del historiador ruso Loutchisky sobre La Petite propriété en France avant la Révolution et la vente des biens nationaux (1897), que ya conocía. Pero los cuatro volúmenes de la Histoire socialiste (1901-1904) le influyeron de manera definitiva. Cuando a iniciativa de Jaurès fueron creadas, en 1903, la Comisión de investigación y publicación de documentos relativos a la vida económica de la Revolución y los Comités departamentales, Georges Lefebvre se convirtió en uno de los miembros más activos del comité del departamento del norte. Desde 1904, trabajando en los archivos departamentales y comunales, se esfuerza en aprehender, a través de los documentos —que según Michelet, no son «papeles, sino vidas de hombres, provincias y pueblos»— la realidad cotidiana de los campesinos del norte durante la Revolución francesa[7].

Con el doctorado en letras, en 1924, Georges Lefebvre hace su debut en la enseñanza superior, en la Facultad de Letras de Clermont-Ferrand. En 1928 es trasladado a la de Strasbourg, de donde era profesor el autor de los Caractères originaux de l’histoire rurale française (1931), Marc Bloch, de quien Georges Lefebvre admitió siempre estar intelectualmente en deuda. Fue llamado a la Sorbona en 1935, ocupando dos años más tarde la cátedra de Historia de la Revolución francesa, cátedra que desempeñó hasta 1945[8]. Siendo redactor, desde 1928, del boletín crítico consagrado a la Revolución y al Imperio en la «Revue historique», fue invitado, en 1932, a la muerte de Albert Mathiez, a asumir la presidencia de la Société des Études Robespierristes y a tomar la dirección de los Annales historiques de la Révolution française, tarea que llevó a cabo hasta su muerte. Lo hizo, según él mismo escribe, «por simpatía hacia la memoria de Maximilien Robespierre[9]». Para definir su personalidad basta ese dato: historiador y ciudadano al que la dedicación a un ideal de justicia social y de independencia nacional, ideal que fue también el del Incorruptible, no han privado de las exigencias del espíritu crítico ni de las necesidades del método histórico.

II

Durante mucho tiempo, la Revolución francesa fue presentada como un hecho esencialmente ideológico y político. Así es tratada en la obra de Alphonse Aulard, particularmente en su libro más importante Histoire politique de la Révolution française. Origines et développement de la Démocratie et de la République (1901), donde los fundamentos económicos y sociales no aparecen por ningún lado.

Georges Lefebvre, desde antes de la guerra, toma decididamente el mismo camino emprendido por Jaurès. El primer resultado de sus trabajos fue la publicación, en 1914, en la colección fundada por Jaurès, de un volumen de los Documents relatifs à l’histoire des subsistances dans le district de Bergues pendant la Révolution (1788-an IV)[10]. No se trata de una obra de simple erudición. En una sustanciosa introducción, Georges Lefebvre estudia la producción agrícola y el comercio de cereales en la mitad septentrional del Flandes marítimo, que debió constituir el distrito de Bergues, y luego las diversas crisis que se sucedieron de 1788 a 1793, así como la aplicación del máximum de mayo de 1793 a nivoso del año III; y finalmente las vicisitudes de la reglamentación, hasta fructidor del año IV.

El máximum fue más una medida de gobierno impuesta por la circunstancias políticas, que un régimen económico adoptado tras madura reflexión por la excelencia de su teoría. Georges Lefebvre subraya con fuertes caracteres la contradicción existente entre una organización social que se apoya en la propiedad individual y la libertad de producción, y las condiciones de aplicación del máximum. Para su aplicación correcta hubiera hecho falta nacionalizar la propiedad de los bienes raíces o, al menos, el comercio de cereales y pan. Hubo que imponerlo, pues, por la fuerza: en muchos pueblos, el máximum fue vehículo del Terror y fue respetado en tanto duró el terror político. Después de termidor y ante los fallos de esta medida, se instauró un terror económico que se caracterizaba por el empleo de las guarniciones y cuya historia puede ser seguida hasta el año IV. Georges Lefebvre subraya, por otra parte, los aspectos sociales del máximum. En opinión de muchos republicanos demócratas, el máximum suprimió el acaparamiento y palió, en cierta medida, los riesgos derivados de la desigualdad social. Pero en el distrito de Bergues no hubo demócrata que protestara contra su abolición. La pequeña burguesía de artesanos y tenderos, favorable a la aplicación del máximum a los cereales, eludió lo mejor que pudo el máximum de carácter general. Los obreros y oficiales, para los que el máximum impuesto a los cereales fue, en el año II, lo que sería el derecho al trabajo en 1848 —una formulación jurídica del derecho a la vida—, tampoco intervinieron para defender el máximum: su distinción con la pequeña burguesía todavía no era clara y no tenían conciencia de su solidaridad frente a los pudientes.

Si insistimos sobre esta primera publicación de Georges Lefebvre, a veces olvidada, es para mejor destacar su método y la amplitud de sus miras. Las escasas páginas de que consta la introducción, en donde precisa la importancia y las características del máximum, están basadas en dos gruesos volúmenes de documentos sacados de los archivos departamentales y comunales, que son de una erudición irreprochable. Por otra parte, la historia de los mecanismos económicos no es concebible de una manera aislada, puesto que termina por estudiar las estructuras y mentalidades sociales. Se precisan, en función del conflicto de clases, los efectos de la inflación, del control de precios y de las requisas: conflictos entre campesinos productores de grano y campesinos no productores, conflictos entre la ciudad y el campo, y dentro de las ciudades, entre las diversas categorías sociales. Se encuentran en este texto recogidas con vigor algunas de las ideas maestras que Georges Lefebvre desarrolla en sus trabajos ulteriores sobre los campesinos durante la Revolución, ideas, que, aplicadas al estudio de las masas populares urbanas, habrían de aparecer igualmente fecundas.

Fue en 1924 cuando apareció Les Paysans du Nord pendant la Révolution française[11].

Henri Pirenne ha hablado de este libro, en la reseña que del mismo hizo para la «Revue Belge de Philologie et d’Histoire», como «modelo de sentido del deber o, mejor dicho, de abnegación científica». La expresión no parecerá exagerada al que conoce lo ingrato de la tarea de recopilación de documentos sobre bienes raíces y su elaboración estadística. Solamente en la serie de registro se encuentran recogidos más de mil cien. «La dificultad mayor —añade Pirenne— residía en criticar y combinar los datos facilitados por los resúmenes de los órganos administrativos, rellenar las lagunas, evaluar los errores y, mediante la combinación, comparación e interpretación de esos datos, sacar toda clase de conclusiones. Uno no se imagina la cantidad de ingenio y, al mismo tiempo, de prudencia exigido por ese trabajo y la mole de conocimientos exactos requeridos, sobre todo en lo concerniente a las cosas y a los hombres: usos y costumbres, derechos e instituciones, técnica agrícola, pesos, medidas y monedas…». Albert Mathiez subraya la importancia de los temas tratados en los Annales historiques de la Révolution française: «Había material para diversas tesis: derechos feudales, impuestos, bienes nacionales, máximum, terror, cuestión religiosa, etcétera. Nunca, hasta entonces, había sido husmeada la historia social de la Revolución con tal profundidad y amplitud. Las doscientas páginas de cuadros estadísticos con que acaba la obra, las notas críticas que acompañan a cada capítulo, dan fe de la extraordinaria honradez de su trabajo, digno de benedictinos».

No cabe duda que el marco geográfico, a primera vista, da la impresión de ser restringido: queda escrupulosamente limitado al departamento del Norte. Pero, tal como lo destacara Pirenne, la importancia de esta región en la Francia de fines del siglo XVIII aumenta su trascendencia. La certeza y amplitud de la documentación, y el valor de la elaboración estadística, dan en todo momento la posibilidad de encontrar, en esta monografía departamental, hechos indiscutibles y ejemplos típicos: en este sentido, constituye una contribución de primer orden para la historia económica y social del fin del Antiguo Régimen y de la Revolución.

Desde el punto de vista de sus causas y consecuencias, la Revolución francesa, en cuanto concierne a los campesinos, se manifestó como una revolución social, cuyo alcance quedó configurado por la abolición de los derechos feudales, del diezmo y de los privilegios financieros de la aristocracia; se caracteriza igualmente por el cambio en la propiedad de los bienes raíces: la del clero desapareció (en el que había de ser departamento del Norte constituía aproximadamente el 20% del total); la correspondiente a la nobleza, de un 22% en 1789 bajó al 12% aproximadamente en 1802, lo que da una medida de la ruina de la aristocracia. La propiedad de la burguesía, sin embargo, en esas mismas fechas, pasa —en el mismo departamento del Norte— del 16% a más del 28%, y la de los campesinos del 30% a más del 42%. Estos resultados son particularmente esclarecedores cuando uno piensa en el irresistible empujón demográfico que sufrió entonces el campo del Norte. La Revolución anduvo muy lejos de distribuir a los campesinos la tierra que había atribuido a la nación, ya que la burguesía se quedó con una parte considerable, y lo que es más importante, impuso su concepción de la propiedad. No cabe duda que la masa rural no era hostil al principio de la propiedad individual, pero ésta quedaba muy recortada por sus concepciones consuetudinarias: derechos colectivos, derechos de libre pasto y siembra, espigueo, derecho de uso de los bosques y bienes comunales, derechos que en su conjunto, y a los ojos del pequeño campesino, equivalían a una copropiedad de los fundos. Mediante la libertad de cultivo y de cercado, la Revolución favoreció a la burguesía rural: la gran propiedad quedó reforzada, lo mismo que las grandes explotaciones, con las consecuencias sociales que esto llevaba consigo. Es cierto que los campesinos del Norte siempre dieron como buena a la Revolución por haber extirpado de sus pueblos la dominación de la aristocracia. Pero la revolución agraria, a pesar de las apariencias, fue bastante moderada en sus efectos y «conservadora»: se manifestó, concluye Georges Lefebvre, «como una transacción entre la burguesía y la democracia rural[12]».

Debido al alcance de sus conclusiones, Les Paysans du Nord desborda el marco de lo que sería una monografía departamental. En los años, que siguieron, Georges Lefebvre amplió su perspectiva al marco nacional. Mediante algunos interesantes artículos, centra sus investigaciones sobre «El reparto de la propiedad y de la explotación de los bienes raíces al final del “Antiguo Régimen”», y más tarde sobre «La venta de los bienes nacionales» (1928)[13]. En 1932 aparecieron sucesivamente Questions agraires au temps de la Terreur y La Grande Peur de 1789[14].

El aspecto social de la historia exige que los hechos sean precisados con mentalidad colectiva, mentalidad en cuya formación concurren unas condiciones económicas, sociales y políticas. El Gran Miedo de 1789 fue, para sus desconcertados contemporáneos, un misterio: los que intentaron darle una explicación, lo atribuyeron a un complot urdido, o por los revolucionarios o por los aristócratas, según las opiniones. Apoyándose en trabajos anteriores que describían el curso y los efectos del pánico, más que el origen de éste, y completándolos con múltiples investigaciones de archivos, Georges Lefebvre se remonta a las fuentes reconstruyendo las diversas corrientes, poniendo de relieve al mismo tiempo, las causas secundarias y logrando finalmente desentrañar las causas generales: «el temor al bandido», temor que se explica por las circunstancias económicas, sociales y políticas del campo francés en 1789. Bajo el Antiguo Régimen la mendicidad constituía una de las plagas del mundo rural; a partir de 1788 el paro y la carestía de los cereales la agravaron. La crisis política excitó aún más los ánimos: al temor a los vagabundos, que tenía su razón de ser, se sumó en 1789 el del «complot aristocrático», al que la resistencia de la nobleza y los manejos de la Corte parecían atribuir cierto fundamento. «Creo que se estimará correcto —escribe Georges Lefebvre en el prólogo— el que, para intentar buscar una explicación al “Gran Miedo”, yo haya tratado de situarme entre los que lo sufrieron». De ahí la agudeza en el tratamiento de las realidades humanas y de sus complejidades que se da en este libro. Investigando desde muy cerca la explicación de los hechos pequeños, el autor penetra en el corazón de la sociedad rural de aquel tiempo, en su estructura íntima y en las múltiples tendencias de la psicología colectiva. La originalidad del método radica, pues, en el estudio dé un fenómeno, que tiene la validez de un síntoma, pero que es capaz de mostrar el estado del Cuerpo social.

Lefebvre, partiendo del análisis de los diversos componentes de la mentalidad colectiva, los abarca en su conjunto, llegado el momento de la conclusión, y subraya las consecuencias políticas y sociales de aquella gran conmoción: «El Gran Miedo» supuso para los trabajadores de la tierra una elevación de la conciencia de sus fuerzas y de su solidaridad, un nuevo saborear la acción en común que, una vez desaparecidos como el humo los bandidos, se volvió, como era lógico, contra el enemigo social más próximo, el señor, su castillo y sus odiados privilegios. El temor se troca en reacción defensiva, en solidaridad de clase, en voluntad punitiva. Georges Lefevbre amplía además la perspectiva desmontando el mecanismo mental generalizado sobre «las masas revolucionarias» en un artículo que proyecta una luz particularmente esclarecedora sobre el comportamiento popular durante la Revolución[15].

En sus Questions agraires au temps de la Terreur, Lefebvre presenta el resultado de sus investigaciones sobre cuestiones que apasionaban a los trabajadores del campo desde el comienzo de la Revolución y que, lógicamente, podían exigir la atención del Gobierno del año II: la enajenación de los bienes nacionales, considerada bajo el ángulo de los decretos de ventoso, división de las grandes haciendas, situación de las aparcerías, y regulación de los cultivos. Se reúnen así, a pesar de los aspectos a veces técnicos de las materias estudiadas, los grandes problemas destacados anteriormente en el marco del departamento del Norte. Habiendo desaparecido el diezmo y los privilegios feudales, el partido montañés no podía mantener el ímpetu revolucionario de las masas rurales y servirse de él más que formulando un nuevo programa agrario.

Una fracción de los montañeses, y sobre todo los robespierrianos, conscientes de los deseos expresados por los campesinos en los documentos aquí citados, intentaron conseguir que una parte de los bienes nacionales fuera reservada para los campesinos pobres: éste fue el objeto de los decretos de ventoso del año II. Según los deseos de las masas del campo, todos los cabezas de familia habrían de convertirse en propietarios gracias al reparto de los bienes comunales y nacionales; las grandes propiedades, intactas e indiscutidas, serían subdivididas obligatoriamente en pequeñas explotaciones, quedando prohibida cualquier clase de concentración; el derecho de propiedad quedaría desmembrado por los derechos consuetudinarios sobre barbecho, prados, bosques y tierras baldías. De esta manera hubiera quedado frenada, ya que no impedida, la transformación capitalista de la agricultura que sólo podía beneficiar a una minoría de campesinos poseedores de algún derecho real de garantía. De este programa teórico a las medidas propuestas por Saint-Just el 8 de ventoso, y que constituyen en realidad todo el programa agrario de los robespierrianos, hay un abismo. Saint-Just quiso crear un cierto número de pequeños propietarios: con ello continuaba, ampliándola, la obra de la Constituyente. Posiblemente no ignoraba las peticiones que afluían desde el campo, pero se mantuvo impertérrito ante las demás reivindicaciones de los campesinos pobres. De esta manera la historia agraria de Francia se unía a la historia política de la Revolución.

En 1933 reunió Lefebvre, en un vigoroso artículo de síntesis, lo esencial de sus opiniones sobre La Révolution française et les paysans[16].

Para los campesinos, según Lefebvre, fue mucho más penoso descubrir lo que de hecho consiguieron que perder lo que hubieran podido alcanzar. Con la supresión del diezmo y de los privilegios feudales de carácter real, la parte más importante de los trabajadores del campo, los arrendatarios, los aparceros y todos los que no eran propietarios, no ganaron nada. La mayoría de ellos no recibieron nada dé los bienes nacionales, no siendo suficiente la promesa hecha a los indigentes por los decretos de ventoso. La Revolución francesa realizó, pues, un compromiso entre la burguesía y los campesinos. Para satisfacer a la mayoría de éstos podían jugarse Otras cartas, pero —concluye Lefebvre— «no se utilizaron[17]». No podían ser utilizadas por la revolución burguesa.

Y llegó la hora de sintetizar. Basándose en la investigación erudita, la única capaz de enriquecer los conocimientos sobre las cosas, pero teniendo como objetivo del historiador la síntesis y la culminación de sus esfuerzos, Georges Lefebvre se ciñó, en sus obras generales, a concretar sus trabajos anteriores y el estado de nuestros conocimientos.

Sus Thermidoriens (1937) y su Directoire (1946), publicadas ambas en la colección Armand Colín, completaron con solidez la brillante síntesis dé Albert Mathiez sobre el período 1789-1794[18]. Son, ciertamente, dos obras pequeñas, pero denotan una rara maestría en el enjuiciamiento de hombres y cosas. Son de mayores vuelos los dos volúmenes de la colección «Pueblos y Civilizaciones»: La Révolution française (1930) fue escrita por primera vez en colaboración con R. Guyot y Ph. Sagnac; en 1951 presentó Lefebvre una nueva redacción del libro[19]. Puesto que siempre había considerado la época napoleónica; como el epílogo de la Revolución; escribió su Napoleón (1936) para la misma colección[20]. Estas obras son definitivas por la amplitud de sus conocimientos, la profundidad de sus juicios y el espíritu que las ánima.

La ocasión en que Georges Lefebvre puso más de manifiesto ésta maestría en el arte de la síntesis fue en la obra, sencilla y brillante, de contornos bien delimitados, que damos hoy nuevamente al conocimiento del público: 1789: Revolución francesa, publicada en 1939, con ocasión del ciento cincuenta aniversario de la Revolución[21]. Este libro, desprovisto de notas y de referencias y escrito para el público en general, permite la comprensión de aquellos acontecimientos, sin que para ello necesite simplificaciones arbitrarias. Se analiza, siempre con precisión, la acción recíproca de la economía y de los factores sociales sobre la vida política. Sucesivamente van apareciendo los diversos protagonistas. Primero la aristocracia que, aprovechando la crisis de la monarquía, creyó tener la oportunidad de revancha y recuperar la autoridad política de la que la dinastía capeta le había despojado. Luego, en esta misma línea, aparecen la burguesía y, detrás de ella, las masas populares de las ciudades y finalmente los campesinos. Los conflictos de clases no enmascaran la acción de los hombres, a los que Lefebvre sabe hacer revivir: La Fayette, un símbolo, más que un jefe; Mirabeau, todo un temperamento de líder, pero venal; Sieyès, alma de la revolución jurídica. Pero ninguno supo imponerse hasta el punto de llegar a ser el símbolo de la Revolución del ochenta y nueve: ésta sigue siendo «la obra colectiva del Tercer Estado». He ahí un bello ejemplo de método y de exposición, claro y sencillo; una gran lección de historia[22].

III

En varias ocasiones, Georges Lefebvre expuso cuáles eran sus concepciones de la Historia y del método histórico[23].

No cesó de proclamar la bondad del método erudito, «sin erudición no puede haber historia[24]», puesto que para dominar los acontecimientos es necesario conocerlos primero. La historia obtiene su savia del análisis de los documentos que la erudición presenta; así, la tarea más característica del historiador consiste en «conjuntar, reunir los hechos que ha seleccionado, de forma que logre un conjunto que satisfaga a la inteligencia, es decir, encontrar en esos hechos las relaciones que permitan en cierta medida explicarlos. Según esto, la historia es una síntesis[25]». Explicarla supone investigar los factores que la componen.

Lefebvre consiguió llegar a una concepción dialéctica del desarrollo de la historiografía. Existe una evolución paralela entre la historia en sí y la concepción dé la historia; el movimiento dé la historia va déscubriendo, poco a poco, a la observación de los historiadores, factores cada vez más numerosos, con una interacción creciente en complejidad[26]. El mismo punto de vista que el historiador posee de su época y de su clase puede servirle para descubrir ciertos aspectos del pasado que hasta entonces habían permanecido en la sombra[27]. Georges Lefebvre citaba al efecto el ejemplo de Tocqueville, que renovó nuestra concepción de los orígenes de la Revolución francesa. Este aristócrata, considerando la lucha secular entre la monarquía y la nobleza cómo una de las características esenciales de la Francia antigua, subrayaba que la convocatoria de los Estados Generales fue impuesta a Luis XVI por la aristocracia: o sea, qué la Revolución no comenzó en 1789 por iniciativa del Tercer Estado, sino en 1787, por una primera fase, que Albert Mathiez denominó «la sublevación nobiliaria» y Georges Lèfebvre «la revolución aristocrática», expresión que puede prestarse a confusiones.

Lefebvre consideró los acontecimientos políticos como elementos integrantes de la historia, por lo que no los rechazó, siguiendo con ello al desarrollo mismo dé la historiografía. No experimentaba hacia la historia política el mismo desdén que algunos profesaban calificándola de «anecdotizante» o de «historizante», términos que; como solía repetir, eran unos «neologismos espantosos[28]». Consideraba la vida política como «la parte externa de la historia». Para que aquella concepción estrecha de la explicación y de la síntesis históricas se transformara, y para que al mismo tiempo nuestros estudios tuvieran un alcance considerable, han sido necesarios un cierto número de sucesos producidos por el mismo movimiento de la historia. Lefebvre ponía en primer lugar la evolución social y económica, el empuje creciente de la burguesía y después del proletariado. «Solamente a partir de la segunda mitad del siglo XIX el espectáculo de las transformaciones capitalistas ha pasado a ser una de las principales razones de la creación de la historia económica». Y si la historia social se nos ha mostrado como uno de los elementos esenciales de la explicación histórica, esto ha ocurrido particularmente «a partir del momento en que el proletariado sé organizó como clase[29]».

Animado por el deseo de aproximar la historia a las ciencias exactas, Lefebvre creyó descubrir no ya leyes de la historia (la palabra no le parecía adecuada), sino «constantes» que él consideraba aproximativas; llegando a definir la historia como «la disciplina positiva del mundo sensible», hablando, incluso, de una «historia sociológica y de sus aspiraciones científicas[30]».

Lefebvre pretendía, como meta para los historiadores, «una forma superior de síntesis», ejemplo de la cual siempre fue para él L’Ancien Régime et la Révolution, «el libro más bello sobre la Revolución francesa»: «Tocqueville se desligó del relato, y por encima de éste, trató de indicar las relaciones que precisamente explican los hechos que él suponía conocidos». Con ello fijó ciertas características generales y esclareció un cierto número de probabilidades. De igual manera, comparando la evolución histórica, y especialmente la evolución social y económica de regiones similares, «se puede, aspirar a destacar, con esta comparación, algunas líneas generales»: eso fue lo que intentó Marc Bloch en sus dos volúmenes sobre La Société féodale, obra que Lefebvre admiraba de manera especial. «Al elevar la historia a ese grado… se le daría… un valor y un atractivo intelectual muchísimo mayor[31]».

Pero por uno de esos contrastes, muy propios del ser humano, Lefebvre no pretendía excluir el relato histórico de la historia. «No se trata de renunciar al relato», escribía en su artículo, «El porvenir de la historia[32]». Le asignaba un papel pedagógico y formativo. Pero sustituye el relato tradicional, que coloca en primer término de la escena a los conquistadores y a los hombres políticos de envergadura, por un relato que cuida de sacar del olvido la memoria de aquéllos a los que Lefebvre llamaba «la luz de la historia». «Cuando ojeo el pasado y los fantasmas salen de entre las sombras, siento qué de la mente brota una profunda emoción: una fraternidad nos une.»[33].

IV

Si en la obra de Georges Lefebvre la inteligencia crítica y la exigencia científica no excluyen el calor y la sensibilidad, se debe a que el historiador no es disociable del hombre. Lefebvre ha afirmado y demostrado su fidelidad a la Revolución francesa, a su tradición y a sus ideas, así como su «estima» y «amistad» por Robespierre[34]: hubiera ido al lado de los jacobinos para sentarse a su lado, como Jaurès. ¿Fidelidad a un pasado ya superado? ¿Amistad esclerotizada? Lefebvre permanece fiel, más que a la letra, a su espíritu.

Como los hombres del siglo de las luces, hacía hincapié en sus deseos de «racionalización de la sociedad[35]». Pero como miembro del Partido Socialista Unificado, desde sus comienzos —fundado por Jean Jaurès y Jules Guesde—, no concebía esta racionalización más que mediante la abolición de la propiedad privada de los medios de producción. «Existe una contradicción entre la soberanía del pueblo y el sufragio universal, que ponen el destino de la nación en las manos de todos, y la economía capitalista, donde el asalariado ve su trabajo, su salario y, por tanto, su vida, en manos de aquéllos que poseen los medios de producción.»[36] No basta con racionalizar la producción: hay que racionalizar la sociedad. Cuando la Revolución francesa proclamó la igualdad de derechos, «cabía esperar que la sociedad se afanara en procurar que todo el mundo pudiera hacer uso de los mismos». «Ésa es la razón por la que el proletariado se ha convertido en una clase revolucionaria como lo fuera antaño la burguesía. Y es por lo que parte de los racionalistas, aunque no todos, han elaborado las doctrinas socialistas en provecho propio o, al menos, han preconizado la intervención del estado en las relaciones sociales.»[37].

Repasémosla la luz de los acontecimientos de estos treinta últimos años, las páginas graves y siempre actuales que le dictara, en la parte final de su Quatre-vingt-neuf, la preocupación por hacer comprender la Declaración de los Derechos del Hombre. Esta Declaración implica un riesgo: al estar los ciudadanos investidos del derecho a gobernarse por sí mismos, «si abusan de su poder en relación a los demás y, sobre todo, si se niegan por egoísmo a asegurar la salud de la comunidad, ésta perecerá, y con ella su libertad e incluso su existencia». Éste es el sentido profundo de la Declaración: supone, en los ciudadanos, un patriotismo en el sentido genuino del término —respeto del derecho de los demás— la dedicación racional a la comunidad, la «virtud» según Montesquieu, Rousseau y Robespierre. La libertad exige «dedicación, un perpetuó esfuerzo, el control riguroso del yo y, en ocasiones, el sacrificio». La libertad es «de alguna manera una invitación a vivir valerosamente y, si es necesario, heroicamente[38]».

La libertad no se puede concebir sin independencia. Si Lefebvre tenía estima y simpatía por Robespierre se debía a que éste fue el más grande «de los que tomaron sobre sus hombros la carga de imponer a todos la imperiosa obligación de la salud pública[39]». Como patriota, le afectó mucho a Georges Lefebvre la muerte ejemplar de su hermano, el geógrafo Theodore Lefebvre, profesor de la facultad de Letras de Poitiers, ejecutado por el ocupante nazi. De ahí, sin duda, la contenida emoción con que Lefebvre citaba un discurso, su preferido, de Robespierre, aquél del 25 de septiembre de 1793: «… Es muy duro para un patriota el que después de dos años cien mil hombres hayan sido degollados por traición y por debilidad: el ser débiles para con los traidores es lo que nos pierde. Nos enternecemos por los mayores criminales, por los que entregan la patria al enemigo; pero yo sólo sé enternecerme por la virtud desafortunada; sólo sé enternecerme por la inocencia oprimida; sólo sé enternecerme por la suerte de un pueblo desgraciado al que perversamente se está degollando.»[40].

Estas líneas nos ofrecen una pintura, tanto del Incorruptible como de su historiador. Éste se sentía vinculado por un sentimiento fraternal con todos los patriotas muertos por la libertad. Formulemos el deseo que Georges Lefebvre, como una plegaria, se dirigía a sí mismo: «Que en nuestra vida cotidiana de simples ciudadanos no nos falten jamás la perseverancia y el valor, para que continuemos siendo dignos de ellos[41]».

ALBERT SOBOUL

OCHENTA Y NUEVE

La revolución de 1789 encuentra sus orígenes en lo más profundo de nuestra historia. A finales del siglo XVIII, la estructura social de Francia continuaba siendo aristocrática y conservaba los rasgos de su origen, por cuanto siendo la tierra casi la única riqueza, sus propietarios eran los amos de quienes la necesitaban para trabajarla y con ello vivir. Pero, también es verdad que, en pago a las luchas seculares —La Fronda, última sublevación de la aristocracia sólo data del siglo XVII—, el rey había despojado poco a poco a los señores de su poder político y sometido a su autoridad a nobles y clérigos. Pero les había reservado el primer puesto en la jerarquía social: continuaban siendo los privilegiados, si bien no cesaban de lamentarse de haberse convertido en súbditos.

Ahora bien, el resurgir del comercio y de la industria llevaba, consigo la creación de una nueva forma de riqueza, la riqueza mobiliaria, y de una nueva clase, la burguesía que, desde el siglo XIV ocupaba un puesto en los Estados Generales bajo el nombre de Tercer Estado, y cuyo progreso había sido poderosamente favorecido por los descubrimientos marítimos de los siglos XV y XVI y la explotación de los nuevos continentes, así como por el valioso apoyo que prestara al Estado monárquico al proveerle de dinero y administradores competentes. Durante el siglo XVIII, el comercio, la industria y las finanzas fueron ocupando una posición cada vez más importante en la economía nacional; era la burguesía la que acudía en socorro de la tesorería real en los momentos de apuro; de entre sus filas se reclutaban la mayoría de los funcionarios y miembros de las profesiones liberales; y los filósofos y economistas no cesaban de poner en práctica la nueva ideología elaborada por ella. Por otro lado, el papel social de la nobleza decrecía sin cesar y, en la medida que el ideal propuesto por el clero a las masas perdía prestigio, su autoridad se iba debilitando. La estructura legal del país les seguía manteniendo en el primer rango, pero en realidad el poder económico, la preparación y las perspectivas de futuro pasaron a manos de la burguesía. Semejante discordancia no podía durar eternamente: la Revolución de 1789 restableció la armonía entre la ley y los hechos; y esta transformación se extenderá en el siglo XIX a todo el occidente, primero, y a toda la Tierra, más tarde: en este sentido se puede decir que las ideas de 1789 han dado la vuelta al mundo.

Pero esta razón de fondo no explica todas las características de la Revolución francesa. Inglaterra ha conocido revoluciones políticas, pero la revolución social habida allí se llevó a cabo pacíficamente: por el contrario, la Revolución francesa se realizó por medio de la violencia. En el continente europeo, durante el siglo XIX, la transformación fue puesta en marcha por los ejércitos napoleónicos; posteriormente la acción de los gobiernos ha sido más importante que la realizada por los propios pueblos: en Francia, en cambio, el Tercer Estado se liberó a sí mismo. De manera semejante, en todas partes menos entre nosotros, los franceses, la aristocracia ha conservado durante mucho tiempo una parte muy importante de su influencia y de sus riquezas. Estas características particulares de la Revolución francesa responden a sus causas inmediatas y particularmente al hundimiento del poder central que, en los demás países, supo controlar los acontecimientos.

No hubiera habido Revolución francesa —tal como se desarrolló— si el rey, «presentando su dimisión», no hubiera convocado los Estados Generales. La causa inmediata se encuentra, pues, en la crisis de gobierno a la que Luis XVI fue incapaz de encontrar otra solución. Pero no fue en absoluto el Tercer Estado el primero en sacar provecho de esta situación, contrariamente a la opinión general que señala a los revolucionarios como los primeros responsables: se ha repetido hasta la saciedad que el pueblo se levantó derrocando al despotismo y a la aristocracia. Efectivamente, el pueblo llegó a hacerlo. Pero no fue el primer motor. La burguesía, no teniendo a nadie como intermediario legal, no estaba en condiciones de exigir al rey que convocara a la nación, y, con mucha más razón, tampoco los campesinos y obreros. Por el contrario, los privilegiados tenían los medios para ello: el clero en su Asamblea y la nobleza en los Parlamentos y en los Estados Provinciales. Y fueron ellos quienes doblegaron al rey. «Los patricios, escribió Chateaubriand, comenzaron la revolución; los plebeyos la acabaron». El primer acto de la Revolución, en 1788, estuvo, en consecuencia, marcado por el triunfo de la aristocracia que, aprovechándose de la crisis gubernamental, creyó poder tomar su revancha y reconquistar la autoridad política de la que la dinastía capeta la había despojado. Pero al paralizar al poder real, que hacía de escudo de su preeminencia social, había abierto la vía para la revolución burguesa, para la revolución popular de las ciudades, más tarde; para la revolución campesina finalmente, quedando con ello enterrada entre los escombros del Antiguo Régimen. A grandes rasgos éstos son los cuatro actos que vamos a reconstruir.

PRIMERA PARTE

LA REVOLUCIÓN ARISTOCRÁTICA

CAPÍTULO I

LA ARISTOCRACIA

En la Francia prerrevolucionaria, la ley distinguía entre tres estamentos: el clero, la nobleza y el Tercer Estado. La proporción de unos y otros no es segura: de los 23 millones de habitantes que podía tener el reino no habría, probablemente; más que unos 100 000 curas, monjes y religiosos y unos 400 000 nobles; los demás formaban el Tercer Estado.

El clero

El clero, aparte su preeminencia honorífica, es quien posee los mayores privilegios. Forma un cuerpo que está representado por una Asamblea periódica, dotado de una administración propia —agentes generales del clero, cámaras diocesanas— y provisto de tribunales particulares, las oficialías. No tiene que pagar ninguno de los impuestos directos ordinarios, y fija por sí mismo el don gratuito que concede al rey; en ocasiones, también obtiene préstamos en beneficio del Estado, encargándose de los intereses y de la amortización. En lo material no depende ni del Estado ni de los fieles: percibe el diezmo de todos los productos de la tierra; sus propiedades en bienes raíces, muy extensas en el norte, van decreciendo a medida que se avanza hacia el oeste y hacia el sur, pero engloban probablemente una décima parte del reino; los obispos, abades y capítulos son señores en gran número de pueblos, y, a este título, perciben rentas señoriales. Estrechamente unido a la monarquía, cuyo derecho divino está simbolizado en la consagración real, ejerce, tanto por cuenta del rey como por cuenta propia, el gobierno de las almas: después de la revocación del Edicto de Nantes, todos los franceses quedan censados como católicos; lo que denominamos el estado civil queda en manos de los curas; un súbdito del rey sin sacramentos no tiene existencia legal, y sus hijos se reputan bastardos y no pueden heredar; solamente a comienzos de 1788 hubo que resignarse a reconocer que todavía quedaban protestantes y hacer una excepción en su favor. Finalmente, el clero posee el monopolio de la enseñanza y de la asistencia social, y participa en la censura de todo lo que se imprime legalmente.

Pero, hablando con propiedad, el clero, como dijo Sieyès, es una profesión y no una clase social; su unidad es puramente espiritual: representa a la Iglesia, sociedad perfecta y divina; desde el punto de vista social cabe distinguir a los nobles —es el caso, sobre todo, del alto clero: obispos, abades y gran número de canónigos— y el clero llano: éste se compone de la casi totalidad de los curas, los párrocos y la mayoría de los frailes. Esto se ve bien claro en los Estados Generales, donde los curas aseguraron la victoria del Tercer Estado. No hay, pues, en verdad, más que dos clases: la nobleza y el estado llano. La aristocracia es la nobleza.

La nobleza

La nobleza también disfruta de privilegios, de carácter honorífico, como el llevar espada, o de carácter práctico, como las exenciones al pago del tributo de talla, a la obligación de cuidar los caminos y a dar alojamiento a la tropa; con todo, su posición es menos favorable que la del clero: la nobleza no forma un cuerpo, y debe pagar la capitación y los vigésimos. Le quedan muchas tierras —probablemente una quinta parte del reino, como mínimo— y detenta la mayoría de los señoríos y, con ello, derechos feudales. Sin embargo, estas características no determinan una distinción radical entre la nobleza y el estado llano: también las provincias, las ciudades y algunos funcionarios que son plebeyos, poseen privilegios; muchos burgueses no pagan la talla; solamente los campesinos prestan servicio militar y trabajan en los caminos; y en Francia no se prohíbe, como ocurre en Prusia, la adquisición de tierras, e incluso de señoríos, a burgueses y campesinos.

Lo que verdaderamente caracteriza a la nobleza es el hecho del nacimiento; no cabe duda de que se puede llegar a ser noble, pero para la gente, el verdadero noble es el que nace noble. La superioridad del noble sobre el estado llano innoble, proviene de la sangre, y de aquí que esta superioridad sea inalienable y que el matrimonio con un plebeyo sea una mancha imborrable. La literatura aristocrática que —y esto no se ha señalado suficientemente—, prosperará en el siglo XVIII junto con la filosofía burguesa, se ha dedicado a fortalecer esta fantasmagoría racial mediante una representación imaginaria de nuestra historia social. Para el conde de Boulainvilliers, los nobles son los descendientes de los germanos que, por medio de la conquista, se hicieron dueños de las personas y de las tierras de los galo-romanos, gentes inexpertas con las armas y miedosas ante la muerte. La nobleza es una raza distinta, heroica y militar, nacida para mandar y que aprecia, más que nada, las muestras de respeto que le aseguran sus derechos honoríficos. ¿Cómo podría imaginar que se la confundiera con el resto de la nación?

El noble degeneraría, descendería a plebeyo, si ejerciera un oficio o una profesión; Colbert le ha permitido el comercio marítimo, pero con resultados mediocres. A menos que sea pobre, un noble nunca administra sus bienes. Al permanecer ocioso, es normal que vea empequeñecer su fortuna. La guerra no es rentable; el derecho de primogenitura no impide que los más jóvenes reclamen su legítima; y la vida en el siglo XVII se ha puesto por las nubes. Además, la nobleza cada día es menos homogénea. Algunos son muy ricos: La Fayette, a la muerte de su padre, se encontró con 140 000 libras anuales de renta; unos viven en la Corte y en suntuosos palacios, como el de Rohan en Saveme y el de Brienne en Brunoy. Sus costumbres, con demasiada frecuencia, son poco serias e inmoderadas, y muchos acaban por endeudarse. Poco antes de la Revolución, los Guéménée quiebran. Los nobles de provincias llevan una vida menos disipada; muchos de ellos carecen de una posición acomodada y los hay incluso pobres, sobre todo en las regiones montañosas; estos «hidalgos rupestres» son los más apegados a las tradiciones y también los menos dispuestos a concesiones: temen arruinarse renunciando a sus derechos feudales, o simplemente pagando impuestos más altos.

La nobleza de toga

Junto a esta nobleza de espada, la vieja nobleza, o la así autodenominada, se yuxtapone otra. El rey puede ennoblecer, y no ha parado mientes en recompensar de esta manera a sus servidores; en los siglos XVI y XVII, habiendo adquirido la costumbre, para procurarse dinero, de vender las funciones públicas —sobre todo judiciales, pero también financieras, militares, administrativas y municipales— confiere de la misma manera la nobleza a algunos de estos cargos u oficios, para con ello elevar su precio. La nobleza hereditaria queda reservada para los tribunales judiciales parisinos —Parlamento, Tribunal de Cuentas, Tribunal de Impuestos y Ayudas, Gran Consejo, Tribunal de Monedas— y para algunos juzgados provinciales; para los demás, la nobleza concedida a título personal, se hace transmisible después de un cierto tiempo de ejercerla: ésta es la nobleza de toga. Iguales favores se conceden a los magistrados informadores del Consejo real, a los oficiales de las oficinas de finanzas y a los recaudadores generales; a los secretarios reales que, dispersos por el reino, en número de varios centenares, no cumplen ninguna función, y a los alcaldes y jueces municipales de ciertas ciudades. Estos nobles, de extracción burguesa reciente, son ricos, porque los cargos cuestan caros; normalmente, por tradición familiar, saben administrar y aumentar su patrimonio. Durante mucho tiempo, la nobleza de espada los despreció, pero las distancias se acortan en el siglo XVIII; el atractivo de las dotes concierta matrimonios que aceleran la fusión. En cualquier caso, los ennoblecidos olvidan su origen en un abrir y cerrar de ojos, y son tan engreídos como los otros.

La nobleza y el dinero

Y es así como en el Antiguo Régimen el poder del dinero se impone a la nobleza. Sin él no hay futuro. Los tiempos ya no son aquéllos en que un segundón de Gascuña se iba a la Corte en busca de fortuna; el noble sin dinero ya no sirve; incluso en el ejército, los ascensos están rigurosamente controlados, ya que un regimiento cuesta de 25 a 50 000 libras. De igual manera, muchos de ellos permanecen al acecho de una sinecura, de una pensión, de un don —si pueden acercarse al rey— y, por supuesto, de un matrimonio por dinero al precio, incluso, de un cónyuge plebeyo: Choiseul se casó con la hija de Crozat, el arrendatario general; un presidente, Molé, con la hija de Bernard, el famoso médico de cabecera; y una hija del banquero Laborde se convirtió en condesa de Noailles. Todavía es mucho más interesante el hecho de que los nobles se dejen ganar por el espíritu burgués, interesándose en los progresos del capitalismo y queriendo sacar tajada del mismo, valiéndose de sus influencias en la administración o invocando sus derechos feudales. Durante años, los señores mantuvieron que las concesiones mineras dependían de ellos: el rey se las apropió en 1744; en este sentido, los nobles estaban bien situados para conseguirlas y, por ejemplo, el duque de Croy jugó un papel muy importante en la formación de la compañía de Anzin. Los bosques y los ríos eran en gran medida propiedad de los dominios señoriales: igualmente eran dependientes, incluso en el siglo XVIII, las forjas y cristalerías, sin mencionar otras fábricas. Algunos nobles invertían en la industria: el conde de Artois participó en la creación de las manufacturas de Javel, y Buffon construyó una forja en Montbard; otros se lanzan a la especulación de bienes raíces: el duque de Orléans construye en el Palais-Royal casas de alquiler; hay quienes obtienen participaciones en el impuesto general sobre el suelo (ferme), quienes se encargan de la percepción de gabelas y de giros o derechos de aduanas, quienes se asocian a los proveedores del ejército y de la marina, quienes juegan a la Bolsa: el cura de Espagnac y Talleyrand ya eran conocidos por este último título antes de la Revolución. Algunos grandes propietarios más tradicionalistas se las habían arreglado para aumentar sus ingresos explotando sus tierras, siguiendo los métodos importados de Inglaterra y preconizados por los fisiócratas: así lo hicieron el marqués de Turbully en Volandry de Touraine, el duque de la Rochefoucauld en Liancourt, Montlosier en Randanne, cerca de Clermont, y Lavoisier en el Blésois. Pero la mayor parte de los señores se limitaron a exigir los derechos feudales con renovado rigor: es lo que se llama la reacción señorial; arriendan sus derechos a algunos burgueses que persiguen despiadadamente su percepción; adiestran a sabuesos minuciosos que vuelven a poner en vigor rentas caídas en desuso; obtienen del rey edictos que les permiten cercar sus tierras e impedir con ello el pasturaje del ganado de los hombres del campo, o que les concedan la tercera parte de los bienes comunales; utilizan el derecho de «plantis» para plantar árboles a lo largo de los caminos, en las tierras de los campesinos, y arrojan a éstos fuera de sus bosques.

Tocqueville ha destacado las consecuencias de esta carrera tras el dinero. En apariencia, la nobleza tiende a desprenderse de una minoría cuyas costumbres y condiciones de existencia están cercanas a las de la burguesía y que adopta las ideas liberales; envidia a los lores ingleses que se enriquecen como burgueses y que, como miembros del Parlamento, forman el Gabinete y gobiernan el país. Pero, interiormente, la nobleza tiende a descomponerse: carentes de dinero, hay nobles que se desclasan, como Mirabeau; muchos segundones sueñan con un orden nuevo en el que tendrán su sitio; en todo caso, exasperados por su mediocre existencia aspiran a la aventura y claman, como Chateaubriand: ¡Surgid, ansiadas tempestades!

La reacción aristocrática en el siglo XVIII

Sin embargo, no conviene exagerar la importancia de esta evolución. La mayor parte de nobles no saben o no quieren enriquecerse; y la mayor parte de los segundones no quieren rebajarse. El remedio lo buscan en otra parte, en un creciente exclusivismo. Por un lado, la nobleza debe formar un cuerpo, como el clero, y constituirse en casta cerrada. En los cuadernos de 1789, pediría, por última vez, la comprobación de los títulos de nobleza y la supresión del ennoblecimiento automático por la compra de oficios. Por otro lado, si el rey puede contar con «su fiel nobleza», debe reconocer que sólo ella tiene categoría para aconsejarle y para mandar en su nombre: el rey debe concederle el monopolio de los empleos compatibles con su dignidad, así como la educación gratuita para sus hijos. Bien mirado, la nobleza había obtenido grandes satisfacciones durante el siglo XVIII; el rey, primer gentilhombre del reino, había permitido que de manera creciente prevalecieran las prerrogativas de la sangre, a riesgo de traicionar con ello lo que podríamos llamar su misión nacional, y de ver cómo la aristocracia vuelve contra él la influencia que le permitiera adquirir.

La historia de la monarquía capeta, en efecto, está ligada en buena parte a su lucha con la aristocracia: unas veces es el poder real el que arremete contra ella, Francisco I y Enrique II, por no remontamos más atrás, Enrique IV y Richelieu; otras, es la aristocracia la que recupera la ventaja aprovechando las guerras de religión, la minoría de Luis XIII, y la Fronda. Bajo Luis XIV el conflicto parecía concluido y que la nobleza incluso terminaba por someterse al impuesto directo. Al tiempo que la nobleza continuaba el agrupamiento de las tierras, la monarquía preparaba así la unidad nacional: arrancando la administración local a la aristocracia combatía el particularismo y se afanaba en reunir a todos los franceses bajo la misma ley; obligando a los curas y nobles a obedecerle, les igualaba, si no en otros al menos en este aspecto, al resto de la nación. Pero los sucesores de Luis XIV no terminaron esta gran tarea. Estamos acostumbrados a caracterizar al siglo XVIII por el ascenso de la burguesía y el triunfo de la filosofía: pero este siglo también ha sido testigo de la última ofensiva de la aristocracia, y los comienzos de la Revolución no son sino el coronamiento de esa ofensiva.

En tiempos de Luis XVI, un Saint-Simon no hubiera podido echar en cara al monarca que estuviese rodeado de «vil burguesía»: aparte de Necker, todos los ministros son nobles, y lo mismo ocurre con los miembros de los consejos; quedan también reservados a los nobles, como es lógico, todos los honores de las casas del rey, de la reina y de los príncipes. Después de cada guerra, a los primeros que se licencia es a los oficiales plebeyos; el conde de Saint-Germain ha suprimido, cada vez que ocurre un cambio, un cuarto de las cuotas a pagar por los cargos venales, de manera que pronto puedan ser reservadas para los nobles; a partir de 1781, para conseguir graduación sin pasar por filas era necesario ser noble de cuarto grado. En la marina, donde no existía la venalidad, el exclusivismo encuentra aún menos dificultades. En 1789, todos los obispos son nobles. A los parlamentos les repugna admitir plebeyos en su seno, y hay algunos que exigen abiertamente la nobleza paterna; además, apenas se crean ya nuevos cargos, y los antiguos son poco menos que hereditarios. Así, hasta las mismas intendencias habían de ser invadidas. En tiempos de Richelieu y de Colbert, los intendentes eran plebeyos o señoritos recién ennoblecidos; bajo Luis XVI, son intendentes nobles de abolengo que, residiendo largo tiempo en sus demarcaciones, allí se casan, y allí compran tierras y confraternizan con los señores de la región. Si el conflicto se agudizara, ¿dudarían entre el rey a quien representan y la aristocracia a la que pertenecen?

Debilitamiento del poder real

Así pues, la lucha se reanudó después de que el reinado de Luis XIV tocó a su fin. No se trata, en absoluto, de recurrir a las armas. ¡Signo de los tiempos! Sobre el terreno judicial y administrativo, y mediante procedimientos burgueses, los Tribunales soberanos y los Estados Provinciales tienen en jaque al poder real y lo minan. Los Tribunales eran órganos de administración de justicia, pero poseían dos atribuciones que les conferían un papel político. Un edicto del rey no tenía ningún valor a sus ojos si ellos no lo registraban, y antes de hacerlo estaban autorizados a presentar enmiendas. Por supuesto que el rey podía actuar de otra manera: poseía un lit de justice[42] y podía hacerlo registrar bajo su autoridad. Sin embargo, durante el siglo XVIII, los Parlamentos se habían envalentonado hasta el punto de declarar tal acto como nulo y no conforme a derecho, y cuando el rey se obstinaba, llegaron a suspender el curso de la justicia. Tras lo cual se les desterraba mediante una carta-orden. No obstante, el edicto era letra muerta mientras no se llegara a algún tipo de compromiso. Los Tribunales estaban muy bien situados, sobre todo, cuando se trataba de medidas fiscales: pretendían defender al contribuyente y, con este pretexto, zancadilleaban las reformas que hubieran restringido privilegios. Maupeou, en 1774, había conseguido eliminar esta oligarquía judicial, pero uno de los primeros actos de Luis XVI consistió en restablecerla. Y poco después había de contribuir poderosamente a la caída de Turgot.

Los avances de los Estados Provinciales se conocen menos, pero no son menos significativos. Luis XIV había permitido su supervivencia en Artois, Flandes y Cambrésis, en Béarn y en varias regiones pequeñas de los Pirineos, en Borgoña y también en Provenza, aunque un tanto mutilados; los más poderosos eran los del Languedoc y Bretaña. En éstos, la nobleza y el clero eran dueños y señores, y el Tercer Estado no estaba representado más que por los delegados de las municipalidades urbanas, siendo éstos también nobles o privilegiados; en el Languedoc, igualaban en número a los diputados de los dos primeros estamentos —nobleza y clero— y votaban por cabeza sin que la aristocracia se resintiera por ello.

El particularismo iba haciendo progresos en medio de los Estados Provinciales y de los Tribunales de provincia. Los Estados, investidos del derecho de consentir los impuestos, se jactaban, al igual que los Parlamentos, de proteger al pueblo contra el fisco, pero se valían de ello para poner los privilegios al abrigo de todo ataque, y para que se les concediera, poco a poco, gran parte de la administración; el Languedoc abrió la marcha y Bretaña le siguió, de forma que, en 1788, el intendente de Rennes no tenía más tarea que ocuparse de la gendarmería, de los transportes y de la custodia de los mendigos. Las regiones que poseían Estados eran la envidia de las otras provincias, y los intendentes de éstas, al sentirse impopulares, ejercían su autoridad con creciente prudencia.

De esta manera, la nobleza, no contenta con acaparar las funciones públicas, alimentaba la pretensión de participar en el poder central y apoderarse de toda la administración local. Los Parlamentos se las daban de ser los herederos de los Champs de Mars y los Champs de Mai, donde los reyes francos consultaban a los grandes, y de la Cour-le-Roi, donde los capetos convocaban a sus vasallos. Hacían recordar que los Estados Generales antes solían votar los impuestos, y sostenían que en su ausencia este derecho correspondía a los Tribunales. La literatura aristocrática señalaba que los señores, junto con sus feudos, habían recibido un poder soberano sobre los campesinos, del cual les había despojado injustamente el rey. Montesquieu había recogido de nuevo todos esos argumentos, salvo el del origen germánico de la nobleza, a fin de legitimar la existencia de «cuerpos» que estimaba indispensables para impedir el trueque de la monarquía en despotismo; la libertad que él predicaba era la de la aristocracia; desde este punto de vista, El espíritu de las leyes puede considerarse como su breviario. La verdad es que con frecuencia se han hecho esfuerzos para disociar a la nobleza de espada de la nobleza de toga, e imputar exclusivamente a los parlamentarios y funcionarios indisciplinados, el debilitamiento del poder real en el siglo XVIII; indiscutiblemente, estos últimos poseían sus propios intereses y Montesquieu, por ejemplo, había defendido la venalidad de los oficios; pero la nobleza de espada, si bien siempre estuvo celosa de la nobleza de toga, nunca la consideró enemiga, y hacía causa común con ella frente al poder central: en las crisis, los Estados Provinciales sostenían a los parlamentos, y viceversa.

La unidad nacional sigue sin lograrse

Temerosa de unos y de otros, la monarquía no había conseguido dar cima a la unidad nacional. No cabe duda de que ésta había hecho progresos, de no ser así, la Revolución no hubiera sido posible. El desarrollo de las comunicaciones y del comercio, la educación dada en los colegios, y el poder de atracción de la Corte tejían mil lazos entre los franceses. Pero las ciudades y provincias conservaron sus privilegios; el Sur conserva el derecho romano y el Norte sus variadas costumbres; los pesos y medidas no quedaron uniformados; subsistieron los peajes y aduanas interiores, y las circunscripciones administrativas, judiciales, financieras y religiosas, invadiendo unas las jurisdicciones de las otras, continuaron siendo un caos; finalmente, además, la nobleza se mantenía como una nación dentro de la nación.

Y vino el día en que una nueva crisis de finanzas determinó a Calonne a modernizar el Estado, y su eterno rival le cerró el camino.

CAPÍTULO II

LA CRISIS DE LA MONARQUÍA

Su origen se remonta a la guerra americana; la sublevación de las colonias inglesas puede ser considerada, en efecto, como la principal causa inmediata de la Revolución francesa, no solamente por el hecho de que al invocar los derechos del hombre y del ciudadano sobreexcitara los ánimos, sino también porque Luis XVI, al concederle su apoyo, dejó las finanzas en un estado lamentable. Necker mantuvo la guerra a base de empréstitos, pero restablecida la paz en 1783, no se pudo superar el déficit con el aumento de los impuestos, y Calonne tuvo que recurrir de nuevo a los prestamistas. Y cuando en 1786 éstos se vuelven recalcitrantes, no tuvo más remedio que presentar al rey la inaplazable necesidad de una reforma fiscal.

El déficit y la deuda

Necker y Calonne, incriminándose mutuamente por la situación en que se encontraba el Tesoro, aportaban datos que son imposibles de verificar, pero podemos hacernos una idea aproximada al examinar el informe presentado al rey en marzo de 1788, el cual venía a ser una previsión de los ingresos y gastos, es decir un presupuesto, el primero —y también el último— del Antiguo Régimen. Allí constan los gastos por una suma de 629 millones, y los ingresos por un valor de 503, de forma que el déficit resulta ser de 126 millones, o sea un veinte por ciento de los gastos, que, una vez más, se pensaban enjugar recurriendo al crédito. Por desgracia, desconocemos cuáles eran realmente los gastos e ingresos, pero el déficit sería mayor, porque durante el año una crisis económica había hecho aumentar aquéllos y disminuir éstos a consecuencia de las compras de cereales en el extranjero. Por otra parte, los créditos no fueron más que parcialmente suscritos. Hubo que ordenar una congelación de las pensiones a partir del 13 de octubre de 1787, y el 18 de agosto de 1788 se daba obligatoriamente curso legal a los billetes de la Caja de Descuentos, con el fin de permitir el anticipo de cien millones al Estado: era la inflación; para colmo no se pagaban ya las pensiones y rentas más que con una calculada parsimonia.

Causas y remedios

Los contemporáneos atribuían el mal a los vergonzosos despilfarras de los ministros y de la corte, a los monstruosos beneficios de los financieros que recibían en arriendo la percepción de los impuestos indirectos, y de los innumerables recaudadores que centralizaban el producto de los impuestos directos. En este sentido, los privilegiados hacían coro de buena gana con el Tercer Estado. Es ésta la razón por la que los cuadernos de quejas serán unánimes, en 1789, en pedir que los impuestos sean votados por los Estados Generales, y que su percepción esté asegurada por administraciones electivas. Los abusos eran muy ciertos y, a pesar de las serias restricciones recientemente ordenadas, el informe eleva a 35 millones los gastos de la Corte. Sin embargo, por muy considerable que sea esta suma, no suponía ni un 6 por ciento del presupuesto; los demás gastos civiles representaban el 19 por ciento; la guerra, la marina y la diplomacia el 26 por ciento. Ésta era la deuda que aplastaba las finanzas reales: los servicios le exigían 318 millones, o sea, más del 50 por ciento. Hubieran sido posibles nuevas reducciones: en el ejército, por ejemplo, había demasiados oficiales, y ciertas pensiones no tenían otra explicación que el favor real; pero lo que está claro, es que no se habría podido hacer un ahorro de 126 millones más que a costa de una fuerte disminución de la deuda, es decir, la bancarrota. No hubiera sido la primera, y la nobleza de provincias, al tener como única víctima a la burguesía parisiense, no la hubiera visto con malos ojos. Pero los Parlamentos la habrían denunciado vigorosamente y los financieros, en lo sucesivo, no habrían apoyado al Tesoro. En honor de la monarquía hay que destacar el que ésta rechazara el expediente y el que tampoco soñara con generalizar la inflación, que es una bancarrota camuflada, sin olvidar, claro está, que su actitud reservada da fe de la poderosísima influencia que ya entonces tenía la burguesía.

Por otro lado, no se contaba con superar el déficit a base de aumentar los impuestos existentes: eran ya una carga demasiado pesada. Si además se compara el período que va de 1726 a 1741 con el de 1785-1789, se puede apreciar que los precios habían aumentado en un 65 por ciento, y los salarios en un 22 solamente; al disminuir el poder adquisitivo de las masas, el impuesto no hubiera podido dar mucho más de sí, sobre todo la imposición indirecta.

La evasión fiscal

No quedaba, pues, más que un recurso, pero éste era de envergadura. Todos los franceses, efectivamente, no partían de la misma base a la hora de contribuir. En primer lugar, las regiones que habían conservado sus Estados Provinciales, y en especial Bretaña y el Languedoc, eran tratadas con guante blanco; como se sabe, muchos burgueses no pagaban la talla, y eran solamente los campesinos los encargados del mantenimiento de los caminos. No obstante, el clero y la nobleza eran los que salían mejor parados, pues la evasión fiscal de que disfrutaban era mucho más importante, por cuanto los arrendamientos rurales habían subido mucho más que los precios —el 95 por ciento contra el 65—, y el producto del diezmo y de los derechos feudales percibidos en especie, por otro lado, habían aumentado en proporción a los precios. En resumidas cuentas, bajo el Antiguo Régimen, cuanto más rico era uno, menos pagaba. Desde un punto de vista técnico, resolver la crisis era sencillo: bastaba con hacer contribuir a todo el mundo.

El plan de Colonne

Calonne se daba cuenta de esto perfectamente. En su memoria al rey, de 20 de agosto de 1786, propuso que tanto el monopolio del tabaco como la gabela se extendieran a las provincias exentas, unificando además el precio de la sal, que hasta entonces variaba en proporciones enormes de unas zonas a otras. Pretendía también sustituir los vigésimos de los bienes raíces por una subvención territorial que habrían de pagar, en especie, todos los terratenientes sin distinción. Con esto, no sólo confiaba en restablecer el equilibrio, sino asegurarse la posibilidad de poder renunciar a diversos impuestos, en especial a los relativos al transporte del hierro, aceite y aguardiente, a los artículos coloniales, y a la fabricación del hierro y aceite; al mismo tiempo, los campesinos se sentirían aliviados por la posibilidad de conmutar el arreglo de los caminos por el pago de una cantidad de dinero. Calonne confiaba en que, con estas medidas, se podría estimular la actividad económica y con ello se acrecentaría la riqueza imponible. En este mismo sentido, deseaba abolir las aduanas interiores y conceder la máxima libertad al comercio de cereales. Semejante programa implicaba una preocupación por la creación de riqueza, preocupación que coincidía con la de los economistas y la de la burguesía; y en tanto restringía los privilegios feudales, llevaba consigo un atentado contra la estructura social del Antiguo Régimen. Pero Calonne iba aún más lejos. Previendo que el clero, para no pagar la subvención, alegaría la carga de la deuda que había contraído en provecho del Estado, contaba con saldar ésta vendiendo los derechos feudales que se encontraban en manos de los curas. Quería confiar también el reparto de los impuestos a las asambleas provinciales, las cuales serían elegidas por los propietarios, sin distinción de categorías, y cuyo presidente podría ser plebeyo.

Según ese plan, el poder real se hubiera modernizado y fortalecido: si se conseguía restablecer el equilibrio de las finanzas y mantenerlo gracias al aumento de la riqueza, los expedientes fiscales no serían necesarios y el rey se libraría del control de los Parlamentos. La unidad del reino habría avanzado un buen trecho. Y la evolución social también. Los privilegios fiscales habrían quedado atenuados; se habría podido comenzar a suprimir los derechos feudales, y los burgueses y campesinos propietarios, asociados a la administración, hubieran sido integrados en el Estado.

El sacrificio que se pedía a los privilegiados era pequeño, puesto que la nobleza quedaría exenta de la talla, el clero de la capitación y ambos del mantenimiento de los caminos. Sin embargo, Calonne no se hacía ilusiones sobre la acogida que los parlamentarios dispensarían a sus propuestas. Si hubiera podido contar con el rey, quizá se hubiera lanzado abiertamente a la lucha, como le aconsejaban algunos de sus colegas. Pero Luis XVI, aunque celoso de su autoridad, carecía de voluntad; era un hombre honesto y bienintencionado, pero estaba lejos de ser una persona animosa y no comprendía el peligro que corría ni el alcance del plan de su ministro. Además, si bien es cierto que la monarquía, símbolo de la comunidad nacional, disfrutaba de un prestigio aún intacto, personalmente Luis XVI no tenía ninguno; se entregaba a la caza y a los trabajos manuales, gran comilón y bebedor en demasía, no le gustaban ni la gente, ni el juego, ni la danza, era el hazmerreír de los cortesanos; los rumores que circulaban acerca de la reina le habían puesto en ridículo: se decía que sus hijos no eran suyos; María-Antonieta pasaba por ser una Mesalina, y el «affaire» del collar, en 1785, le había hecho perder su reputación a los ojos de todos los franceses. Entre las causas inmediatas de la revolución hay que situar a las personas del rey y de la reina: no parece caber la menor duda de que los acontecimientos hubieran seguido un curso muy diferente si el trono hubiera estado ocupado por un Enrique IV o, incluso, por un Luis XIV.

Calonne se resignó, pues, a actuar con rodeos. Pensaba reunir una asamblea de notables, donde figurasen los diversos elementos de la nobleza: 14 prelados, 36 grandes, 33 parlamentarios, 13 intendentes y consejeros de Estado, 37 miembros de los Estados provinciales y de las municipalidades urbanas. Como él mismo los había escogido, contaba con la influencia administrativa y con el respeto debido al rey para suponer que serían dóciles y que su asentamiento se impondría a los Parlamentos. En el fondo, ésta era ya una primera capitulación: el rey consultaba a la aristocracia, en lugar de notificarles su voluntad.

La asamblea de notables

Por desgracia, Calonne cayó enfermo y Vergennes, su mejor apoyo dentro del Gobierno, acababa de morir. Hubo que retrasar la apertura al 22 de febrero de 1788. En la espera, la gente se reía de esta asamblea de figurones, y a los notables les picaba el amor propio. Calonne terminó por exasperarles, desde la primera reunión, al denunciar los abusos con tono revolucionario y al declarar que el rey había tomado la inquebrantable decisión de poner un remedio a los mismos. Bien es verdad que varios de sus proyectos —la conmutación del trabajo en los caminos y la reforma de los impuestos indirectos— no tenían por qué preocupar a los privilegiados: así propusieron incluso la supresión pura y simple de la gabela; y en cuanto a la libertad de comercio de los cereales no podía traerles sino beneficios. Pero cuando se va a las «reformas estructurales», es cuando comienza la batalla. Si el clero perdía sus derechos feudales, ¿no les llegaría también su hora a los señores laicos? Hubo que acudir al derecho de propiedad. ¿Acaso no era absurdo crear asambleas provinciales para confiarles únicamente el reparto de los impuestos? Y si éstas eran elegidas sin distinción de estamentos, ¿no podía ocurrir que estos estamentos acabaran por desaparecer? Los prelados criticaron duramente el carácter perpetuo, ilimitado y universal de la subvención territorial; no tuvieron reparo en recordar cómo los Estados Generales jamás habían consentido un impuesto con carácter definitivo; éste debería ajustarse al déficit y nada más: había que facilitarles, en consecuencia, las cuentas del Tesoro. Se reivindicó con fuerza el derecho de los Estados Provinciales a consentir los impuestos y a obtener un abono, consistente en la entrega de una suma fija que se procurarían de la manera que a ellos les pareciera mejor. Finalmente, fue rechazada por unanimidad la percepción de los impuestos en especie. Cabía preguntarse si en realidad todas esas objeciones no se realizaban más que para salvaguardar los privilegios. Cierto es que los notables estaban dispuestos a hacer algún sacrificio, pero el déficit —del que Mirabeau diría poco después que era el tesoro de la nación— era por el momento causado por la aristocracia, que se aprovechaba regateando el voto sobre la subvención para obtener concesiones políticas: el examen de cuentas, es decir, un derecho de control sobre el poder central, y la concesión de la administración local a las asambleas provinciales de las cuales la aristocracia sería dueña y señora.

Cuando Calonne, durante la sesión del 12 de marzo, con increíble aplomo, dio las gracias a los notables afirmando que estaban de acuerdo con él, éstos se lanzaron a protestar con gran vehemencia, publicando además un manifiesto donde admitían que sus impuestos fueran iguales a los de los demás ciudadanos, siempre y cuando se mantuvieran «las formas antiguas que distinguían a los dos órdenes primeros» (clero y nobleza). Los periodistas les apoyaban. Calonne aseguraba que Necker, contrariamente a lo que él afirmaba, había dejado el Tesoro con déficit en 1781: su rival, que tenía muchos partidarios entre los notables, pedía en vano que aportara pruebas. Y el rey, comprendiendo que Calonne no obtendría nada de los notables, lo destituyó el 8 de abril de 1788.

En primera fila de sus adversarios se había distinguido Loménie de Brienne, arzobispo de Toulouse, pero no porque desaprobara en el fondo las reformas, como se vio en seguida, sino porque quería ser ministro, lo que pronto consiguió. Tenía fama de buen administrador, pero era ignorante e incapaz; por lo demás, pronto perdió toda su autoridad al trasladarse al arzobispado de Sens, que era mucho más rico. Para ganarse a los notables, les comunicaba la situación de las cuentas, les prometía ciertas economías y se comprometió a restablecer los estamentos en las asambleas provinciales y a no tocar los derechos feudales del clero. Con relación a la subvención, volvió a insistir en el contraproyecto que había opuesto a Calonne: pago en efectivo y posibilidad de abono para las provincias. Pero exigió el voto desde el primer momento y, además, un fuerte aumento del impuesto del timbre. En su gran mayoría, los notables se mantuvieron en sus trece; es más, llegaron a decir que no tenían poder para autorizar el impuesto, haciendo con ello alusión a los Estados Generales. El 25 de mayo fueron disueltos. Al fallar la carta de Calonne, Brienne tenía que enfrentarse al descubierto con los parlamentarios.

La resistencia de los Parlamentos

El Parlamento de París no puso dificultades al registro de la libertad de comercio de los cereales, a la conmutación de la obligación de trabajar los caminos y a la creación de asambleas provinciales. Pero en cuanto al impuesto del timbre, puso bastantes pegas; y cuando Brienne le propuso la subvención territorial, la rechazó abiertamente, declarando que sólo los Estados Generales podían votar los nuevos impuestos. El 6 de agosto, el rey hace uso de su lit de justice; inmediatamente después, el Parlamento lo declara nulo y no conforme a derecho; simultáneamente se abre una información contra Calonne, que tiene que huir a Inglaterra. El 14 de agosto, los magistrados son desterrados a Troyes. Los demás Tribunales soberanos les apoyan, y estalla la revuelta. Fue reprimida fácilmente, pero Brienne no tardó en capitular: los edictos fiscales fueron retirados y el 19 de septiembre el Parlamento, formado de nuevo, registró el restablecimiento de los vigésimos. El gobierno había perdido un año y se encontraba en el mismo punto.

Sin embargo, puesto que había que subsistir, Brienne, imitando a Calonne, tuvo que recurrir al empréstito. La dificultad era la misma: necesitaba el consentimiento de los parlamentarios, y los más influyentes de éstos, cuando aceptaron la negociación, no dudaron en poner la condición decisiva: el gobierno permitiría la reunión de los Estados Generales. Brienne decidió pedir 120 millones, abonables en cinco años; al término de este período, es decir en 1792, los Estados Generales serían convocados. Pero como no estaba seguro de obtener la mayoría, decidió que el rey mismo presentara el edicto en sesión real; en este caso los parlamentarios podían dar su parecer, pero no votar: en el fondo, era un lit de justice. Con el fin de evitar todo acuerdo previo, la sesión se anunció el 18 de noviembre para el día siguiente; pero aquella misma tarde, el duque de Orléans aceptó tomar la palabra en nombre de la oposición. Cuando el rey ordenó que se registrase, aquél protestó: «¡Señor, es ilegal!». Luis XVI, desconcertado, se enfureció: «¡No me importa! Es legal porque yo quiero». Al marcharse el rey, se desencadenó el tumulto: el registro se declaró nulo. Al día siguiente, el duque y dos consejeros fueron exilados.

Extensión del conflicto

La querella se eternizó multiplicando las representaciones el Parlamento y rechazándolas el rey. El debate se ampliaba. El 4 de enero de 1788, el Parlamento, declarándose en favor de los exiliados, había condenado las cartas-órdenes y había reivindicado para los súbditos del rey la libertad individual como un derecho natural. El 3 de mayo, advertido en secreto de la inminencia de un golpe de fuerza, publicó una declaración de las leyes fundamentales del reino, de las que se declaraba guardián: la monarquía es hereditaria; el voto de los subsidios pertenece a los Estados Generales; los franceses sólo pueden ser juzgados por sus magistrados ordinarios, que son inamovibles y no pueden ser arrestados ni detenidos arbitrariamente; las costumbres y privilegios de las provincias son inviolables. De este modo, la aristocracia invocaba los derechos del hombre y del ciudadano para proteger a sus miembros y obligar al rey a compartir el poder con ella. El 17 de abril, Luis XVI había observado que, si los Parlamentos vencían, Francia no sería más que una «aristocracia de magistrados»; mejor hubiera podido decir una «aristocracia», simplemente. Ahora empezaba a extenderse el rumor de que existía una facción orleanista cuya finalidad era ocuparse de la sustitución de Luis XVI, si conseguía empujarle a la abdicación.

Intento de reforma judicial

Sin embargo, el gobierno había decidido finalmente recurrir a las medidas extremas que Calonne había intentado evitar. Se dio orden de arrestar a Duval d’Eprémesnil y a Goislart de Montsabert, que se habían revelado como los más audaces; las tropas armadas cercaron el Palacio de Justicia, el 5 de mayo, y lo mantuvieron cerrado hasta que los dos agitadores se entregaron. El día 8, el rey impuso el registro de seis edictos preparados por el ministro de justicia Lamoignon. El registro pasaba a un Tribunal Plenario, compuesto en su mayoría por príncipes y oficiales de la corona: éste era el punto crucial. Se proponía una reforma judicial. Las bailías y senescalías desaparecían y los tribunales llamados «presidiales» se convertían en tribunales de primera instancia; se superponía a éstos los tribunales de apelación llamados Grandes Bailías, de modo que los parlamentos perdían la mayor parte de su jurisdicción; se suprimían, a título de prueba, los actos previos, o sea, las torturas que precedían a la ejecución de los criminales (el acto preparatorio que acompañaba a la instrucción de los procesos se había suprimido ya en 1780). Pero Lamoignon no se atrevió a imitar a Maupeou hasta el fin: la venalidad y los presentes subsistían, cosa que ni la nobleza de espada ni la burguesía podían aceptar. Por otra parte había atribuido a los tribunales reales la facultad de supervisar a los jueces señoriales, es decir, el derecho de hacerse cargo de una causa que les encomendase un pleiteante en perjuicio de aquéllos; era un atrevido proyecto sobre las prerrogativas judiciales de los señores, consideradas por éstos como esenciales; por otra parte, algunos aspectos de los edictos criticaban el carácter abigarrado de la legislación y se creyó que mientras privaba a los Parlamentos del registro, el poder central había pretendido también desmantelar la autonomía provincial. Como Calonne, Lamoignon había ido demasiado lejos, o se quedaba demasiado corto.

La revuelta nobiliaria y la capitulación de la realeza

Esta vez, la resistencia fue mucho más amplia y violenta. En París, el Parlamento, suspendido inmediatamente, quedaba reducido al silencio; pero los demás tribunales soberanos y el Châtelet tomaron su partido, mientras que los Parlamentos de provincias, junto con la mayoría de los tribunales, protestaron con vehemencia. Los pares y los duques les imitaron. La asamblea del clero, que precisamente se reunió en jimio, criticó ásperamente la institución del tribunal plenario, exigió que se confirmara expresamente la autonomía de las provincias y no concedió más que un mediocre don gratuito. Pero esto no fue lo peor. Como siempre, los hombres de leyes se manifestaron en favor de los magistrados y los disturbios se multiplicaron. En París fue fácil terminar con ellos, pero en Toulouse, la Gran Bailía tuvo que huir; en Dijon la fuerza pública se vio obligada a cargar; el 19 de julio, en Pau, los montañeses bajaron a la ciudad y obligaron al intendente a restablecer el Parlamento; en Rennes, el Parlamento y los Estados Provinciales se pusieron de acuerdo para enviar una delegación a Versalles; en Grenoble, el 7 de jimio, cuando el Parlamento condenado al exilio se decidía a abandonar la ciudad, el pueblo se sublevó y acribilló a la guarnición desde los tejados: fue la «jornada de las tejas».

Paralelamente, las asambleas provinciales no habían ocasionado a Brienne más que desengaños. Para satisfacer a la aristocracia les había concedido amplios poderes en detrimento de los intendentes, había mantenido los estamentos en las asambleas y atribuido la presidencia a los privilegiados; había designado la mitad de los miembros en lugar de hacer que se eligieran, y les autorizó, además, a completarse por cooptación; de trescientos cuarenta y un miembros que representaban al Tercer Estado, sesenta y tres eran nobles, un centenar privilegiados, sin contar los burgueses que poseían señoríos y los abogados provistos de funciones señoriales. Pero a pesar de todo, la aristocracia no se mostró satisfecha, porque Brienne, inspirándose en los Estados de Languedoc, había concedido al Tercer Estado una representación doble y voto por cabeza. El Parlamento de Burdeos prohibió la reunión de la asamblea del Lemosín y fue necesario exilarlo. El Delfinado, el Franco Condado, Henao y Provenza reclamaron el restablecimiento de sus antiguos Estados Provinciales; Brienne lo concedió a Provenza, pero no al Delfinado; la aristocracia delfinesa hizo caso omiso y requirió el apoyo de la burguesía: el 21 de julio de 1788, en Vizille, en el castillo de Claude Périer, se reunió, pese a la prohibición del rey, una asamblea que convocó a los Estados Provinciales y cuyas decisiones confirmó Brienne.

En tales circunstancias era una utopía confiar en conseguir los empréstitos. A falta de dinero, fue preciso permitir que los prusianos intervinieran en Holanda en contra de la burguesía y a favor del Estatuder, el cual rompió la alianza con Francia para unirse a los ingleses. Ségur y Castries, ministros de guerra y marina, se retiraron. Una vez más, Brienne capituló: el 5 de julio prometió reunir los Estados Generales; el 8 de agosto suspendió el Tribunal Plenario y fijó la reunión de los Estados Generales para el 1 de mayo de 1789; más tarde, el 24, cuando ya el Tesoro estaba vacío, presentó su dimisión. El rey se resignó a llamar a Necker, cuya primera tarea fue completar la capitulación: Lamoignon fue destituido y el Parlamento se restableció el 23 de septiembre.

El asunto estaba concluido: los Estados Generales iban a reunirse y el Parlamento señaló pronto en favor de quién; como en 1614, se constituirían en tres estamentos y cada uno de ellos tendría el mismo número de diputados y dispondría de un voto: el clero y la nobleza serían, pues, los dueños. Era el triunfo de la aristocracia.

Procedimientos revolucionarios de la aristocracia

La aristocracia había formado bloque contra el poder real; ante la coalición de los Tribunales, los Estados Provinciales y el alto clero, los intendentes se habían mostrado indecisos: en Rennes, Bertrand de Moleville se había disculpado por violentar al Parlamento; los oficiales se habían negado a obedecer. Se dibujaba una organización con vistas a la acción política y las consignas pasaban de una ciudad a otra; parece que el «Comité de los treinta», que pronto iba a tomar la dirección del Tercer Estado, fue en un principio uno de los focos de resistencia parlamentaria; en Bretaña, la nobleza de espada y la nobleza de toga, de común acuerdo, crearon comités en todas las ciudades de alguna importancia y enviaron delegados para activarlas y dar instrucciones. Para conseguir sus fines, la aristocracia no dudó en llamar a la burguesía: todos los letrados le prestaron su apoyo; los hombres de leyes y los proveedores de los parlamentarios y de los nobles fueron instigados a manifestarse, en Béarn y en el Delfinado se llegó a movilizar a granjeros y aparceros y en ocasiones se agitó incluso a las tropas. Ninguno de estos precedentes revolucionarios será olvidado. Pero sobre todo, serán los Parlamentos los que creen escuela: las repetidas amonestaciones, la anulación del registro impuesto, la actitud del Parlamento de París después de la sesión real del 19 de noviembre de 1788, su declaración de las leyes fundamentales, la negativa a la elevación de impuestos mantenida por algunos Tribunales, tendrán equivalentes en la historia de la Constituyente; el Parlamento de París fue, en rigor, más lejos que aquélla: pretendió acusar a un ministro y Calonne fue el primer emigrado.

Los deseos de la aristocracia

Se trataba ahora de saber si el Tercer Estado se mantendría sumiso bajo la dirección de la aristocracia, lo que dependía de las aspiraciones de ésta. Para los contemporáneos, tales aspiraciones no eran equívocas, pero posteriormente se ha interpretado que la nobleza y el clero estaban dispuestos a admitir la igualdad fiscal, al mismo tiempo que a imponer al rey un régimen constitucional y la garantía de las libertades esenciales; en consecuencia, se ha considerado que la burguesía lamentó amargamente no haberse alineado bajo su bandera.

Es indudable que en su cuaderno de quejas la aristocracia exigió formalmente la redacción de una constitución, la votación del impuesto por los Estados Generales y el encargo de la administración a Estados Provinciales electivos. Se mostró igualmente preocupada por la protección de la libertad individual y la libertad de prensa, aunque no por la libertad de conciencia. En principio, estas aspiraciones fueron formuladas en provecho de toda la nación y su éxito no hubiera dejado de beneficiar al Tercer Estado. Pero hay que advertir que, de contentarse con esto, el Tercer Estado hubiera tenido que resignarse a ocupar un lugar subordinado en el Estado, ya que, en la mente de la nobleza, tanto los Estados Generales como los Provinciales debían atenerse a su voluntad. «Mi tío —cuenta Madame de La Tour du Pin— quería que toda Francia fuera gobernada por Estados, como el Languedoc».

La igualdad fiscal

En cuanto a la igualdad fiscal, hay que señalar que los privilegiados nunca la admitieron unánimemente. En su asamblea de 1788, el alto clero había reivindicado una vez más la inmunidad legal para sus bienes. Es cierto que los cuadernos eclesiásticos de 1788 tienen otro tono, pero ello se debe a que en esta ocasión eran los curas los que tenían la palabra, y por otra parte, en vista del movimiento del Tercer Estado, parecía indispensable hacer concesiones. Incluso entonces, la nobleza de la Alta Auvernia, de Carcasona, de Rouen, rechazó la igualdad; la del Delfinado la aceptó, pero exigiendo como condición que se concediera la indemnización de las tierras nobles que hasta entonces eran tierras francas. Otros cuadernos —tanto del clero como de la nobleza— piden la exención de las cargas llamadas personales: el alojamiento de los soldados, la prestación en la conservación de caminos, el servicio militar; algunos otros exigen una exención parcial: hay que tener miramientos con las cargas de los curas, dijeron los clérigos del Bajo Lemosín; la nobleza de la Baja y la Alta Marca advierte que se debe consideración a los hidalgos pobres; el Alto Lemosín solicita dispensa total para la casa solariega del noble y «algunas fanegas» y el Bajo Lemosín la pide para el hidalgo que no alcanza las mil doscientas libras de renta. Es cierto que todos éstos son países pobres. Pero en la bailía de Coutances también encontramos la pretensión de exención para «una porción de propiedad equitativamente limitada», y en la de Caen para «una franquicia cualquiera».

Una nación dentro de la nación

Incluso suponiendo que la adhesión hubiera sido total, todavía no se había dicho la última palabra. Numerosos cuadernos —con más frecuencia del clero que de la nobleza— exigían que cada uno de los estamentos privilegiados repartiera por sí mismo su parte proporcional o, por lo menos, que se inscribiera a sus miembros en registros especiales; que no tuvieran que pagar al cobrador de la parroquia, sino directamente al recaudador de impuestos; que se diera un nombre particular al impuesto que debían pagar, por ejemplo «subvención noble». La intención es evidente: incluso en materia fiscal, la distinción entre la aristocracia y los plebeyos debía subsistir por encima de la igualdad. Con mayor razón, debían ser conservadas las otras prerrogativas nobiliarias. Los cuadernos de la nobleza, sin excepción, estipularon el mantenimiento de los derechos feudales y especialmente de los derechos honoríficos. Encontramos de nuevo las tendencias exclusivistas señaladas anteriormente: no más venalidad ni ennoblecimiento automático; preferencia de la nobleza en el acceso a la graduación militar; colegios gratuitos para sus hijos y capítulos nobles para sus hijas. No hay duda de que la aristocracia se comprometió en la lucha contra el absolutismo en nombre de la nación, pero con la intención definida de gobernarla y, sobre todo, de no confundirse con ella.

La nobleza liberal

Es cierto que algunos de sus miembros tenían pretensiones más limitadas: en los Estados Generales se aliarán con el Tercer Estado, tomarán la iniciativa de abandonar los privilegios la noche del 4 de agosto, y votarán la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esto no quiere decir que hubieran renunciado a la esperanza de conservar la preeminencia en el Estado moderno, pero aceptaban el hecho de no figurar más que por el prestigio de su nombre, la influencia de su riqueza y los derechos del mérito; esperaban también crear una Cámara Alta donde hubieran tenido preponderancia; de haber vencido, Francia hubiera conocido un régimen análogo al de Inglaterra después de la revolución de 1688. Lo importante es que consintieran ser ante la ley simplemente ciudadanos franceses. Pero no eran más que una minoría; de lo contrario, la revolución se hubiera hecho de común acuerdo.

¿Era conveniente para el Tercer Estado aceptar con respeto y sumisión lo que la mayoría de la aristocracia se dignaba ofrecerle? En todo caso, no lo consideró así y reclamó vehemente la igualdad ante la ley. Entonces comenzó realmente la revolución de 1789.

SEGUNDA PARTE

LA REVOLUCIÓN BURGUESA

CAPÍTULO I

LA BURGUESÍA

El Antiguo Régimen confundía en el Tercer Estado a todos los plebeyos, desde el más rico de los burgueses al más miserable de los mendigos, o sea, el 96% de la nación, según Sieyès. El Tercer Estado tenía, pues, una entidad legal de la que sólo eran reales los elementos sociales: el más importante —el que dirigió la revolución y extrajo el mayor provecho— era la burguesía.

Burguesía y Tercer Estado

Desde sus orígenes, la burguesía se decanta del campesinado en un movimiento continuo. En 1766, Messance, en su Tratado sobre la población, escribió: «Cuando un hombre sobra en el campo, marcha a las ciudades, se convierte en obrero, artesano, fabricante o comerciante; si es activo, ahorrador e inteligente, si es, en suma, lo que se llama un hombre afortunado, pronto se hace rico». Había en Francia una barrera entre el campo y la ciudad, como en las comarcas de la Europa central y oriental, donde la industria y el comercio estaban prohibidos al campesino, incluso si no estaba ligado a la gleba. Pero, como la burguesía se concentraba preferentemente en las ciudades, en el siglo XVIII se encuentra cada vez con más frecuencia en las villas del campo gente que vive de forma burguesa, abogados, médicos, rentistas, comerciantes. De este modo, la burguesía se mezcló con el resto de la población y, en parte por esta razón, pudo dirigir la revolución. Con todo, es una minoría, aunque se añada a ella el artesanado urbano, pues Francia es un país fundamentalmente agrícola, sobre todo en aquella época.

Los financieros y los rentistas

Las finanzas y los negocios tenían la mayor importancia. Los financieros habían medrado al servicio del rey: eran los recaudadores de impuestos, asociados para tomar en arriendo la percepción de los impuestos indirectos, banqueros de la Corte, abastecedores de municiones que se encargaban de proporcionar al ejército y la marina todos los medios de subsistencia y de transporte. Durante siglos el rey les había tratado con desenvoltura, colmándoles de favores cuando no podía prescindir de ellos, sin perjuicio de cobrárselos a continuación. En el siglo XVIII no ocurría ya lo mismo: la mayoría de ellos eran grandes personajes aliados con la aristocracia mediante matrimonios, hombres cultivados, sabios, escritores, mecenas, como Lavoisier, Helvétius, Dupin de Francueil, La Popelinière, Delaborde. Podemos unir a éstos los oficiales de finanzas que todavía no se habían ennoblecido. Al menos en París, se observa una multiplicación de los banqueros en los últimos tiempos del Antiguo Régimen; la mayor parte de ellos eran extranjeros protestantes, sobre todo suizos como Necker, Claviére, el futuro girondino, Panchaud, fundador de la Caja de Descuento, pero también holandeses como Vandenyver e ingleses como Boyd. Su principal ocupación era la inversion de los préstamos de Estado; sin embargo, en vísperas de la revolución fundan las primeras sociedades por acciones: Périer, la Compañía de las Aguas en París; Clavière, seguros de vida y contra incendios. La especulación bursátil toma entonces amplias proporciones; por un lado Calonne y por otro los financieros intentan manejar las asambleas con la ayuda de periodistas a sueldo, como Mirabeau y Brissot. Los empréstitos del rey, del clero, de las provincias, permitieron la constitución de una categoría particular de rentistas que vivían casi todos en París y que, muy sensibles a las fluctuaciones del crédito público, jugarán un papel importante en la crisis de 1789.

Los negociantes

Para los negociantes, el comercio marítimo seguía siendo la gran fuente de enriquecimiento. Éste era intenso entre las provincias francesas, porque el transporte terrestre era penoso en el caso de mercancías pesadas y voluminosas y la red de canales todavía era embrionaria. El tráfico colonial era también considerable: de las «Islas», es decir de las Antillas francesas y principalmente de Santo Domingo, venía el azúcar, el algodón, el añil, el tabaco. Muchas de estas mercancías llegaban también desde Levante. Igualmente, la mayor parte de las exportaciones se hacían por vía marítima. Además, era necesario proporcionar a las «Islas» madera de ébano, esclavos negros que la «trata» conseguía en África. Según Chaptal, la exportación en 1789 habría sido de 438 millones y la importación de 637, de los cuales 250 procedían de las colonias, de modo que la balanza era favorable. El negociante no estaba todavía especializado: era al mismo tiempo armador, comisionarlo, agente de transporte, asegurador, banquero y manufacturero. Los más poderosos se instalaban en los puertos, principalmente en Nantes, Burdeos y Marsella, y también en el interior, en algunos centros importantes de distribución y fabricación como Rouen, Orléans y Lyon. Éstos constituirán la base más sólida del Partido Monárquico Constitucional o feuillant, y más tarde del partido girondino.

La industria

La industria quedaba en segundo lugar, tanto desde el punto de vista económico como social. La palabra industrial no se usaba todavía: se decía fabricante o manufacturero. En general, la industria era un anexo del negocio. En Lyon, por ejemplo, el negociante encargaba a los artesanos trabajo a domicilio, entregándoles la materia prima: la concentración capitalista era de tipo comercial. En el siglo XVIII había recibido gran impulso gracias al desarrollo de la industria rural, a la que el rey había concedido en 1762 una libertad completa: en Flandes y Cambrésis, en Picardía, en la Normandía oriental y en la Champaña, en Bretaña y el Maine, en Languedoc, millones de campesinos trabajaban a destajo para los negociantes urbanos. Éstos, por su parte, habían creado también manufacturas que, por ejemplo en Reims, Sedan y Louviers, agrupaban a un sector de los pañeros. Si no se multiplicaban con rapidez era porque en Francia, exceptuando las industrias de Anzin, ninguna empresa empleaba la máquina de vapor; la manufactura sólo se imponía en aquellas industrias que exigían un utillaje costoso: el estampado de tejidos instalado en Jouy por Oberkampf y también en la Alta Alsacia; los papeles pintados que Réveillon fabricaba en el faubourg Saint-Antoine; los productos químicos de Montpellier, que habían enriquecido a Chaptal; el hilado del algodón utilizando el telar introducido por los ingleses. Los negociantes-fabricantes, naturalmente muy proteccionistas, ejercerán una influencia solapada pero decisiva sobre la política aduanera de la Revolución y del Imperio.

Artesanado y corporaciones

Pero sería injusto exagerar la importancia de su producción. La mayor parte del consumo local seguía siendo alimentada por los artesanos que vendían directamente al público. Algunos oficios, como los Seis Gremios de París, eran muy considerados y los que los ejercían se incluían entre los notables; pero había en el artesanado una enorme variedad de riqueza y rango social. Su régimen legal variaba igualmente según las profesiones, las ciudades e incluso los barrios. En ocasiones era una actividad libre; otras veces se organizaba en corporaciones que detentaban un monopolio, que en el siglo XVIII no beneficiaba más que a los maestros, es decir a los artesanos jefes de taller, pero en contrapartida les obligaba a observar los reglamentos de fabricación cuya aplicación era supervisada por los jurados. Las corporaciones, que habían sido suprimidas por Turgot en 1776 y restablecidas tras él, eran cada vez más censuradas por los partidarios de la libertad económica; por otra parte el rey había endeudado sus finanzas creando nuevas maestrías que las corporaciones habían tenido que comprar para mantener el monopolio. Tampoco los artesanos libres estaban satisfechos, porque se veían cada vez más amenazados por la competencia de la manufactura y obligados a trabajar para el negociante que los reducía a la condición de asalariados. Los artesanos, en general, eran también hostiles al capitalismo: de entre sus filas se reclutarán los sans-culottes.

Las profesiones liberales

Las profesiones liberales eran también patrimonio de la burguesía, y de ellas surgieron la mayor parte de los personajes revolucionarios. Las profesiones jurídicas, como jueces, procuradores, notarios, ujieres y sobre todo abogados, eran muy numerosas debido a la profusión de tribunales en aquel momento, a los que se añadían las justicias señoriales en numerosas zonas rurales. Los médicos eran relativamente escasos, aunque los hubo célebres, como Tronchin, Guillotin, Cabanis y Viqc d’Azir; en los pueblos se conformaban con el boticario o el cirujano de humilde condición y limitados conocimientos. El monopolio de la Iglesia no permitía a los laicos hacer carrera en la enseñanza; no obstante, el Colegio de Francia, el Jardín del Rey, las facultades de derecho y de medicina, contaban con algunos. La mayoría eran maestros de escuela o preceptores, condición modesta y carente de independencia. Los impresores y los libreros, los hombres de letras y los periodistas tenían más importancia, por lo menos en París; se trataba de un mundo abigarrado; abogados sin pleitos, como Desmoulins y Brissot, nobles desclasados como Mirabeau recurrían a la pluma como medio de vida: la revolución les abrirá una vía.

Costumbres burguesas

La burguesía presentaba una extremada diversidad de condiciones y esta diversidad se reflejaba en las costumbres. La gran burguesía financiera y de los negocios vivía en suntuosas mansiones de los barrios nuevos de París y de las grandes ciudades: sólo la cuna les distinguía de la aristocracia. La vida de la mayor parte de los burgueses era muy diferente. A menudo eran gentes no demasiado acaudaladas: Cournot, en sus Recuerdos, cuenta que su abuelo, notario, ganaba ochocientas libras al año y tenía que alimentar a diez hijos. Eran ahorradores, de costumbres frugales e incluso austeras; las mujeres ignoraban el lujo en el vestir. La familia mantenía fuertemente su coherencia, disfrutando el padre y el marido de una autoridad sin límite. Es importante señalar que estos burgueses se mantenían en estrecho contacto con el pueblo. En cuanto reunían unos ahorros, compraban tierras y vigilaban de cerca a sus aparceros y asalariados; el artesano trabajaba con sus compagnons u obreros; en las casas de las ciudades, los burgueses ocupaban la planta baja y el primer piso, mientras las gentes del pueblo vivían en los pisos superiores. Gracias a esta intimidad se explica, en parte, la autoridad moral de la burguesía y la expansión de las ideas revolucionarias por la propaganda oral.

Durante siglos, el burgués, celoso de la aristocracia, no había pensado más que en introducirse en sus filas y en ocasiones lo había conseguido, de modo que en el siglo XVIII un gran número de notables descendía de burgueses ennoblecidos. Esta ambición no se había apagado. Los Roland habían luchado para que se reconociera su nobleza; los Derobespierre escindieron su apellido y Danton había adornado el suyo con un apóstrofe; Brissot, hijo de un mesonero de Chartres, se había convertido en Brissot de Ouarville o, mejor, de Warville. Esto sonaba a gentilhombre. Sin embargo, los burgueses de pura cepa se manifestaban orgullosos de su propio linaje y cuidaban de que sus matrimonios no fueran desventajosos. Los cargos y las profesiones establecían entre ellos una jerarquía que engendraba, como decía Coumot, «una cascada de desprecio»: «No había cosa más rígida que la subordinación de rangos en esta sociedad burguesa. La mujer del procurador recibía el tratamiento de Mademoiselle; la del consejero era Madame, y la del abogado, o graduado como también se decía, se nombraba a menudo con el mismo título. La diferencia entre los médicos y el cirujano o el boticario no era pequeña: irnos habían entrado en el círculo de la burguesía, los otros no hacían más que llamar a la puerta». En resumen, la burguesía, despreciada por los grandes, les imitaba tan bien como podía. Nos sorprende, entonces, que estando animada por un espíritu tan lejano de la democracia, cometiera la imprudencia de socavar, al atacar a la aristocracia, el fundamento mismo de la jerarquía social.

La burguesía contra la aristocracia

Y es que en principio la burguesía no consideraba incompatible la abolición de la jerarquía legal y del privilegio de nacimiento con el mantenimiento de una jerarquía fundada sobre la riqueza, la función o la profesión. Por otra parte, puesto que el acceso a la nobleza sólo podía beneficiar a un número escaso de burgueses, los demás acabaron por detestar lo que antes habían envidiado sin esperanza. A esto se añade el hecho de que en el siglo XVIII el exclusivismo de la nobleza hacía cada vez más difícil la ascensión, y se reservaba los cargos públicos más distinguidos. Sin embargo, con el enriquecimiento general, el número y las ambiciones de los burgueses crecían; los sacrificios que suponía la educación de sus hijos no encontraban la debida compensación: la correspondencia de Sieyès con su padre es un buen testimonio, y mejor aún el ejemplo de Brissot, de Desmoulins, de Vergniaud. El joven Barnave escribía: «Los caminos están cerrados por todas partes». A lo largo del siglo, los progresos de la instrucción alarmaron a numerosos administradores y, en el año III, Boissy d’Anglas temerá que ocasione la formación de «minorías parásitas y ambiciosas». Puesto que las puertas se cierran, nace la idea de derribarlas. Desde el momento en que la nobleza pretende convertirse en una casta y reservar los cargos públicos desde la misma cuna, no queda otro recurso que suprimir el privilegio de sangre para dejar «lugar al mérito». Naturalmente, el amor propio era un factor importante, y cualquier intento de señalar las distancias por parte de un noble reavivaba las heridas. Entre los burgueses de todas las condiciones se han creado irnos lazos que nada podrá romper: una aversión común a la aristocracia.

La filosofía de la burguesía

Seríamos injustos al suponer que se guiaban únicamente por intereses o resentimientos estrictamente personales. La burguesía de occidente —y la de Inglaterra fue la primera en tomar conciencia de ello— había elaborado una concepción de la vida y de la sociedad que correspondía, sin duda, a sus orígenes y a su papel, pero que a sus ojos era válida para todo el mundo. En la Edad Media, la Iglesia, sin censurar la búsqueda del bienestar, ponía el acento sobre la preparación para la muerte y la vida futura, sobre el carácter indiferente de las condiciones materiales de existencia, sobre los méritos de la renuncia y del ascetismo. Era una concepción de la vida y de la sociedad que podríamos llamar estática, que consideraba el progreso técnico y científico como inútil para la salvación de las almas. La burguesía puso el acento sobre la felicidad terrestre y la dignidad del hombre, sobre la necesidad de acrecentar una y elevar la otra dominando las fuerzas de la naturaleza por la ciencia y trasformándolas en beneficio del enriquecimiento general. Creyó encontrar los medios concediendo completa libertad al espíritu de investigación, de invención y de empresa, estimulado por el afán de lucro personal y por el atractivo del descubrimiento, de la lucha y del riesgo. Era una concepción dinámica que llamaba a todos los hombres, sin distinción de cuna, a una competencia universal de la que debía resultar el progreso interminable de la especie. Tales ideas habían aparecido en Francia en el Renacimiento; posteriormente Descartes había inaugurado un nuevo humanismo, abriendo la perspectiva grandiosa de una dominación de la naturaleza por la ciencia; estimulados por la influencia inglesa y americana, los escritores del siglo XVIII —sobre todo Voltaire, los enciclopedistas y los economistas— habían expuesto con brillantez los principios del orden nuevo y las consecuencias prácticas que había que sacar de ellos.

La propaganda filosófica

Sus obras alimentaron la propaganda oral en los salones y cafés que se multiplicaron en el siglo XVIII, así como en las numerosas sociedades que se crearon: sociedades de agricultura, asociaciones filantrópicas, academias provinciales, grupos enseñantes, como el Museo de París, salas de lectura, sociedades mesmerianas, donde se experimentaba el magnetismo puesto de moda por Mesmer, y sobre todo logias masónicas, importadas de Inglaterra a partir de 1715. La filosofía del siglo se encontraba en toda conversación e impregnaba los debates; testimonio de esto puede ser, por ejemplo, los concursos adoptados por las academias: el de Dijon suscitó el famoso discurso de Rousseau sobre el Origen de la desigualdad entre los hombres. La masonería, en particular, aunque reunía burgueses, sacerdotes, nobles y hasta hijos de Luis XVI, favoreció la infiltración filosófica, puesto que su ideal era el mismo: la igualdad civil, la tolerancia religiosa, la liberación de la persona humana de todas las tutelas que la oprimían. Por diversos caminos, el pensamiento de los escritores del siglo XVIII penetró en la burguesía y le dio plena conciencia de su misión histórica. Durante mucho tiempo se ha exagerado la importancia de esta preparación intelectual y moral, hasta el punto de ver en ella el único origen de la revolución. Pero desdeñar el juego de los intereses y el papel que les corresponde en la génesis del espíritu revolucionario es mutilar la realidad. Especialmente desde hace medio siglo, se ha insistido con razón en que su origen es el movimiento económico y social. Pero también sería erróneo olvidar que no hay verdadero espíritu revolucionario sin el idealismo que inspira el sacrificio. Sin duda, bajo la filosofía del siglo XVIII se descubre fácilmente el interés de la burguesía, puesto que era ella la primera beneficiaría de un nuevo régimen. Pero creía sinceramente estar trabajando en favor de la Humanidad. Incluso no es exagerado decir que estaba convencida de que preparaba el advenimiento de la justicia y del derecho. El Tercer Estado en pleno lo creía también. Los luchadores de las jornadas revolucionarias, de Valmy, de Jemappes y de Fleurus, no hubieran arriesgado sus vidas si hubieran pensado sólo en sí mismos.

CAPÍTULO II

LA PRIMERA VICTORIA DE LA BURGUESÍA

Para oponerse a los ministros, de los que no esperaban nada bueno, numerosos burgueses, y sobre todo los hombres de leyes, se mostraron favorables a la causa del Parlamento. Sin embargo, muchos otros se mantuvieron indiferentes, como Roland y Rabaut-Saint-Étienne, que había promovido en París el proyecto de edicto en favor de los protestantes. En todo caso, nada permitía prever, en el verano de 1788, que la burguesía iba a intervenir, en nombre del Tercer Estado, en el conflicto que enfrentaba la aristocracia al poder real. Pero con la noticia de que los Estados Generales iban a ser convocados, se estremeció: por primera vez desde 1614 el rey le autorizaba a hablar. En un primer momento no se ofrecía una perspectiva de lucha; si el rey llamaba a sus súbditos era para tener en consideración sus quejas; sus intermediarios se denominaban gustosos «los nacionales», y la asamblea de Vizille, en la que habían concedido al Tercer Estado la duplicación, el voto por cabeza y la igualdad fiscal, había causado gran impresión: el acuerdo no parecía imposible. Pero una vez más, la situación cambió de aspecto bruscamente cuando el 23 de septiembre el Parlamento de París especificó que los Estados se constituirían como en 1614. El clamor se extendió por todos los confines del reino; de un día a otro los parlamentarios vieron que su popularidad se desvanecía. «Nunca había sido tan profunda la revolución de los espíritus —señalan las memorias de Weber—; nunca la maldición sustituyó tan repentinamente al entusiasmo». La burguesía no habló más de despotismo: Luis XVI se convirtió en su ídolo y todos sus esfuerzos se volvieron contra la aristocracia; la lucha social, la «guerra de clases» como ha dicho M. Sagnac, se desencadenó abiertamente. «El debate público ha cambiado de aspecto —constatará Mallet du Pari, en enero de 1789—. Ya no se trata del rey, del despotismo y de la constitución más que en segundo lugar; es una guerra entre el Tercer Estado y los otros dos estamentos». Madame Roland y Rabaut se apasionan por los asuntos públicos. «Apenas hacía seis meses que había dejado Francia —escribió Brissot, que había ido a visitar los Estados Unidos—; a mi regreso, no reconocí a mis compatriotas; había transcurrido un intervalo inmenso».

El partido patriota

Levantándose contra los privilegiados, la burguesía se adjudicó el nombre que hasta aquel momento habían tomado los que se oponían al poder real: formó el partido nacional o patriota. Los privilegiados que habían aceptado sin reservas las nuevas ideas se alinearon a su lado; había entre ellos grandes señores: el duque de la Rochefoucauld-Liancourt, el marqués de La Fayette y de Condorcet; parlamentarios: Adrien du Port, Hérault de Séchelles, Le Pelletier de Saint-Fargeau. Todos ellos se unieron, para tomar la dirección del movimiento, a banqueros como los Laborde, académicos como el abogado Target, juristas y escritores de talla-como Bergasse y Lacretelle, Servan y Volney. El partido se organizó para la propaganda, y del mismo modo que los nobles bretones y los parlamentarios, cada uno aprovechó sus relaciones personales, al tiempo que los corresponsales hicieron lo mismo en las provincias. Los lazos creados por las sociedades fueron indiscutiblemente de gran provecho. Por otra parte, desde 1786 habían aparecido en París auténticas asociaciones políticas: una sociedad galoamericana, la de los Amigos de los Negros, que reclamaba especialmente la abolición de la esclavitud, e incluso verdaderos clubs, como el del Palais-Royal. Estos últimos habían sido prohibidos por Breuteuil en 1787, pero Necker los toleró de nuevo. El estado mayor del partido se encontraba en determinados salones, como el de Madame de Tessé, que será la Egérie de Mounier; los periodistas discutían en los cafés: el café de Foy y el Caveau du Palais-Royal, cerca de éste, el Régence, y en la orilla izquierda el Procope.

Ahora se trata de saber si la agitación fue preparada por algún órgano central. En ocasiones se ha atribuido este papel a la masonería, de modo que la revolución sería el resultado de un «complot» masónico. Pero nunca se ha aducido ninguna prueba. Muchos revolucionarios —no todos— eran «hermanos», y no cabe duda de que esto facilitó su entendimiento. Pero en las logias había un gran número de aristócratas, y los órganos directivos de las diversas obediencias masónicas, en particular el Grand Orient, no hubieran podido ordenar que se pusieran al servicio del Tercer Estado sin provocar con ello protestas y escisiones de las que no tenemos noticia. El papel directivo sólo parece poder atribuirse al «Comité de los Treinta», del que desgraciadamente sabemos pocas cosas. Se reunía preferentemente en casa de Port, y entre sus miembros se citan el duque de la Rochefoucauld-Liancourt, La Fayette, Condorcet, el duque de Aiguillon, clérigos como Talleyrand, obispo de Autun, Sieyès, canónigo de Chartres, el abad Louis. También se reunía con ellos Mirabeau. Este comité redactó los folletos, distribuyó modelos de cuadernos, sostuvo candidaturas, envió agentes a las provincias, como Volney a Rennes. Algunos de sus miembros eran ricos y podían financiar la acción. Nada permite pensar que se hiciera al servicio de Felipe de Orléans, pero es cierto que Sièyes y Mirabeau mantenían relación con este personaje. El duque tenía poderosos medios de acción: dinero, un verdadero gobierno que administraba su vasto patrimonio y en el que muchas personas dependían de él; también dio instrucciones y estableció modelos de cuadernos en los que se adivina la mano de Sieyès. Su campaña electoral reforzó la de la burguesía. Pero sería exagerar burdamente la acción del Comité de los Treinta y del duque si se imaginara que en cada ciudad no se hizo más que ejecutar sus órdenes; el estado de las comunicaciones no permitía una centralización rigurosa; si el movimiento pudo prosperar fue gracias a las iniciativas de la burguesía local, y la experiencia demostró, en los primeros años de la revolución, hasta qué punto la burguesía era celosa de su autonomía.

La duplicación

La propaganda no encontró ningún obstáculo. El 5 de julio de 1788, prometiendo reunir los Estados Generales, el rey había invitado a todos sus súbditos a estudiar los precedentes y a proponer los cambios que las nuevas circunstancias hicieran necesarios; no había pretendido conceder libertad de prensa, pero, con el pretexto de responder a su llamada, se multiplicaron los folletos y se dijo en ellos lo que vino en gana; esta avalancha sorprendió a los contemporáneos. El que lanzó Sieyès, en enero de 1789, fue célebre por sus incisivas fórmulas: ¿Qué es el Tercer Estado? Todo. ¿Qué ha sido hasta ahora? Nada. ¿Qué pide? Ser algo. El tono cortante de las dos primeras y la hostilidad revolucionaria que manifestaba contra la aristocracia hicieron olvidar la moderación de la tercera y que no era otra cosa que la justa expresión de la primera campaña del partido patriota.

En efecto, no pedía que los Estados Generales se eligieran sin distinción de estamentos. Por el contrario, temiendo la influencia de los privilegiados y creyéndoles capaces de imponerla a los plebeyos, hasta el punto de hacerse designar por ellos, el partido patriota exigió, incluso en sus cuadernos, que cada estamento pudiera elegir sus representantes solamente entre sus propios miembros. Aunque se consideraba «la nación», se contentó con reclamar para sí mismo tantos diputados como la nobleza y el clero juntos. A esto se llamó la duplicación, en favor de la cual se había invocado el ejemplo de los Estados de Languedoc, las asambleas provinciales y la asamblea de Vizille. Cierto es que esta petición tenía importantes consecuencias, ya que suponía el voto por cabeza, y muy a menudo el Tercer Estado lo estipuló expresamente; puesto que podía contar con los nobles liberales y con la mayor parte de los curas, la aristocracia perdería, junto con la mayoría, el modo de imponer al rey sus condiciones y de sujetar al Tercer Estado. Pero, de derecho, la duplicación no prejuzgaba la modalidad del voto, y el equívoco beneficiaba al Tercer Estado, debilitando la resistencia de un sector de sus adversarios. Desde el primer momento, la burguesía mostraba un fino olfato político.

En cuanto a la ejecución, la consigna fue abrumar al gobierno con una oleada de peticiones cuya responsabilidad fue asumida, de mejor o peor gana, por las municipalidades durante el otoño. Veamos, por ejemplo, cómo se resolvió el asunto de Dijon. Se reúnen unos veinte notables y deciden someter a sus cuerpos y corporaciones respectivos la cuestión de la duplicación y del voto por cabeza. El cuerpo de abogados es el primero en emitir un voto favorable; más o menos rápidamente siguen otros: el 11 de diciembre se habían conseguido veinte de las cincuenta corporaciones. Entonces, la municipalidad fue obligada a pronunciarse: aprueba la duplicación, no el voto por cabeza; pero los diputados de las corporaciones invaden la sala y los magistrados municipales ceden ante sus presiones. Los abogados se encargan de redactar la petición al rey en nombre del Tercer Estado de Dijon. En las otras ciudades y pueblos de Borgoña la trayectoria es aproximadamente la misma, pero en ocasiones la asamblea es más numerosa; en algunos sitios, los campesinos y los obreros llenan la sala y todo el Tercer Estado firma la petición.

De esta forma, la burguesía puso «la nación» en movimiento. Desde este mismo momento, sus maniobras serían denunciadas sistemáticamente. Pero la aristocracia, poco tiempo antes, había procedido de la misma manera: todo movimiento político tiene, como es lógico, sus instigadores y sus jefes. ¡Nadie se ha arriesgado nunca a sostener que el Tercer Estado, invitado a comparecer en los Estados Generales, pudiera encontrar lógico respetar la preeminencia de la aristocracia! Así pues, lo que se reprocha a los iniciadores del partido patriota es, sencillamente, el haber alentado a la nación a secundar su torpeza y a organizarse para defender su causa.

La política de Necker

Al elevar al rey estas peticiones, la burguesía contaba, en realidad, con Necker. Este ginebrino, hijo de un prusiano emigrado, había venido a París en busca de fortuna y, habiéndola encontrado, se había lanzado a la vida mundana. Su mujer atendía el salón y organizaba cenas; su hija se casó en 1786 con el barón de Staël, embajador de Suecia. La casa estaba abierta a las gentes de letras, que dieron al generoso anfitrión una reputación de filósofo e innovador. Durante su primer ministerio se ganó la enemistad de la corte a causa de unas pequeñas reformas y su despido le hizo popular. Su obra en la administración de las finanzas y su polémica con Calonne acrecentaron aún más su reputación: de él se esperaban milagros.

Era un técnico hábil y, como banquero y como protestante, podía, en cierta medida, conseguir la ayuda de la finanza extranjera, no sólo en París, sino también en Suiza y Holanda. Consiguió mantener vivo al Estado durante un año, en medio de las peores circunstancias políticas y económicas. Obtuvo créditos y él mismo hizo un préstamo al rey, echó mano de la Caja de Descuentos y sobre todo recurrió a los anticipos, es decir, delegó a los prestamistas el producto futuro de los impuestos: ¡qué ganga para la alta finanza! Este expediente sólo podía ser provisional y Necker lo sabía bien; su esperanza era ganar tiempo hasta que los Estados Generales hubieran restablecido el equilibrio con la abolición de los privilegios fiscales. Dejar a la aristocracia la decisión de estos asuntos era abandonar al rey a su voluntad; así pues, se inclinó por fortalecer al Tercer Estado, sin colocarse por ello bajo su dependencia. Concediendo la duplicación y el voto por cabeza, únicamente en las cuestiones financieras, se conciliaba todo: los privilegios fiscales serían abolidos, mientras que las reformas constitucionales enfrentarían a los estamentos, lo que dejaría el arbitrio al rey. Un hombre de Estado no hubiera dejado de entrever que se corría el riesgo de unir a todo el mundo contra sí y que lo realmente indispensable era que el rey formulara imperativamente las reformas aceptables y proceder con rapidez para asegurarse una mayoría favorable. Pero Necker no era ni un gran espíritu ni un hombre de carácter. No tenía visión de conjunto sobre el trabajo a realizar y, de haberla tenido, no hubiera podido imponerla, cosa que no advirtieron los que le criticaron: conocía la debilidad del rey, la influencia de la reina y de los príncipes y cómo los privilegiados se habían impuesto a sus predecesores; personalmente, intentaba, ante todo, conservar el poder que halagaba su amor propio. Como ya había hecho Calonne, intentó maniobrar.

La segunda asamblea de notables

Llamó a los notables imaginándose, a pesar de la primera experiencia, que les convencería para que se pronunciaran en favor de la duplicación. La asamblea se reunió el 6 de noviembre de 1788: a la primera y tímida alusión de Necker, el príncipe de Condé protestó enérgicamente; de los seis despachos en que los asistentes se repartieron para deliberar, cinco rechazaron la duplicación. El 12 de diciembre, los príncipes de sangre remitieron al rey una súplica que por su claridad y su acento patético puede ser considerada como el mejor manifiesto de la aristocracia: «El Estado está en peligro…; se prepara una revolución en los principios del gobierno…; pronto serán atacados los derechos de propiedad y la desigualdad de las fortunas se planteará como objeto de reforma: se ha propuesto ya la supresión de los derechos feudales… ¿Podrá vuestra majestad decidirse a sacrificar, a humillar a su valiente, antigua y respetable nobleza…? Que el Tercer Estado deje ya de atacar los derechos de los dos primeros estamentos…; que se limite a solicitar la disminución de los impuestos de los que pueda estar sobrecargado; entonces, los dos primeros estamentos, reconociendo en el tercero a ciudadanos que le son queridos, podrán, dada la generosidad de sus sentimientos, renunciar a las prerrogativas que tienen por objeto un interés pecuniario y consentirán soportar, en la más perfecta igualdad, las cargas públicas».

Sin embargo, como era previsible, algunos privilegiados se inclinaban a conceder al Tercer Estado lo que podría considerarse una satisfacción de amor propio. El 5 de diciembre, los nacionales del Parlamento habían conseguido que su asociación declarara que el número de los diputados no estaba estipulado por ninguna ley y que no tenían la intención de prejuzgarlo; la sección de los notables, que había presidido el conde de Provenza, se había pronunciado a favor de la duplicación por trece votos contra doce, con la condición de que cada estamento fuera dueño de aceptar o no el voto por cabeza. En privado, algunos privilegiados expresaban formalmente su favor hacia el Tercer Estado, como por ejemplo el conde de Saint-Chamans y su hermana Madame de Meulan, cuya hija se casó más tarde con Guizot. François Patau, señor de Maulette, escribía al conde de Surgères, presidente de la oficina intermediaria de la Asamblea Provincial de l’Ile-de-France: «Se pretende que los no privilegiados, que son la base y el sostén del Estado, estén insuficientemente representados en una asamblea que debe decidir sus destinos. Esto es pasarse de listo y la propuesta no prosperará. Por lo demás, el velo se ha roto. Cuidado con lo que se va a hacer… Pero me doy cuenta, señor conde, de que os estoy repitiendo lo que ya sabéis y pensáis». Varios ministros, Montmorin, Saint-Priest, estaban de acuerdo con Necker. La reina, irritada por la caída de Brienne, su protegido, parecía dispuesta a dar una lección a la aristocracia. Necker juzgó que podía hacer caso omiso de los notables y, en efecto, acertó.

Se concede la duplicación

El 27 de diciembre de 1788, un acta titulada Resultado del Consejo, fórmula insólita que parecía poner al rey fuera de juego, decidió que el Tercer Estado tendría tantos diputados como el clero y la nobleza juntos, sin precisar si en los Estados Generales se votaría por estamentos o por cabeza. En general, se ha interpretado que el gobierno cometió el error de dejar la cuestión abierta en lugar de zanjarla sin apelación antes de la reunión de la asamblea. No hay fundamento para tal opinión. El propio Necker había recordado en su informe que el voto por estamento era legal, y que para sustituirlo por el voto por cabeza era necesario el acuerdo unánime de los estamentos; precisamente por esto, se sorprendió de que la duplicación hubiera levantado tal marejada cuando era inocua de por sí. Jurídicamente, el sentido del Resultado era pues evidente: se mantenía el principio del voto por estamento. Pero políticamente, la crítica no deja de tener importancia. Por una parte, el texto mismo del Resultado no decía una palabra sobre ese punto, cuando hubiera sido necesario evitar cualquier equívoco. Por otro lado, Necker había defendido que no se podía disputar a los Estados el derecho de adoptar el voto por cabeza, si les convenía; incluso había añadido que quizá esta modalidad era la más acertada en materia de impuestos, de donde se concluía que éste era el deseo del gobierno. Probablemente, si Necker no completó el Resultado en este sentido, fue porque se dio cuenta de que el rey no daría su aprobación. No era menos evidente que el Tercer Estado y los privilegiados interpretarían el texto en sentido inverso y que, en consecuencia, desde el primer momento crecerían las disensiones entre los Estados.

Se agrava el conflicto de clases

Si quedaba alguna duda al respecto, pronto se disipó. El Tercer Estado se alegró y fingió que consideraba adquirido el voto por cabeza. La aristocracia negó la validez de esta conclusión y se manifestó con violencia contra la duplicación que había permitido formular. La nobleza del Bajo Poitou se reunió espontáneamente para protestar; el Parlamento de Besançon redactó sus quejas y, el 6 de enero de 1789, los Estados Provinciales del Franco Condado, reunidos en la forma tradicional, protestaron también; la nobleza de Provenza hizo otro tanto, en vista de lo cual, el Tercer Estado se negó a participar en los Estados Provinciales. En Bretaña, el conflicto de clases degeneró en guerra civil. Reunidos los Estados el 25 de diciembre de 1788, el Tercer Estado se negó a deliberar en tanto la nobleza y el clero no hubieran consentido en pagar su parte de los fogajes extraordinarios, como se les venía pidiendo desde hacía tiempo. El 26 de enero de 1789, las bandas reclutadas por los nobles chocaron con los estudiantes de derecho dirigidos por Moreau, futuro general de la república. Ganaron la batalla estos últimos y sitiaron a sus adversarios en la sala de los Estados; al conocer la noticia, la juventud de Nantes tomó las armas y se puso en marcha para socorrer a los patriotas de Rennes. Los nobles se negaron a elegir diputados para los Estados Generales y no estuvieron representados.

La resistencia de la aristocracia, de noviembre de 1788 a febrero de 1789, hizo evolucionar a numerosos burgueses hacia posiciones radicales. Desde el comienzo de los Estados, los diputados bretones serán resueltamente hostiles a la conciliación. En octubre, Rabaut Saint-Étienne todavía se pronunciaba a favor de un régimen como el inglés, con una de las cámaras constituida por los dos órdenes privilegiados; defendía los privilegios honoríficos como una barrera opuesta a la democracia que, en su opinión, no era más que anarquía. En diciembre, por el contrario, no quiere más que una cámara con el voto por cabeza. Sobre todo Sieyès, en su famoso folleto ¿Qué es el Tercer Estado?, expresa con fría violencia el odio y el desprecio que le inspiraba la aristocracia. Se quiere impedir, decía, que el Tercer Estado acceda a los cargos, que se le honre y, sin embargo, «¿quién se atrevería a decir que el Tercer Estado no tiene todo lo necesario para constituir una nación?… Si se suprimiera el estamento privilegiado, la nación no sería algo menos, sino algo más… ¿Qué sería el Tercer Estado sin el estamento privilegiado? Todo, pero un todo floreciente. Nada puede funcionar sin él, pero todo iría infinitamente mejor sin los otros… Esta clase (privilegiada) es extraña a la nación por su holgazanería». Mirabeau, en el discurso que quería pronunciar en los Estados Generales el 3 de febrero de 1789 y que se limitó a imprimir a causa de su exclusión, insinuó claramente las consecuencias que se podían sacar de todo ello, a colación del elogio de Mario «menos grande por haber vencido a los cimbros que por haber exterminado en Roma la aristocracia de la nobleza». ¡Exterminar a la nobleza! ¡Temibles palabras! Los sans-culottes en 1793, e incluso Sieyès en el año VI, se harán eco de ellas.

El procedimiento electoral

Sin embargo, el gobierno preparaba un reglamento electoral que apareció el 29 de enero de 1789; no fue el último: el caso de París se había aplazado y no fue reglamentado hasta el 23 de abril; siguiendo la costumbre del Antiguo Régimen, se concedieron excepciones: los Estados Provinciales del Delfinado fueron autorizados a nombrar por sí mismos los diputados de la provincia, favor que con anterioridad la aristocracia había reclamado en vano; en cuestiones de detalle el trabajo contenía imperfecciones: el cuadro de las circunscripciones electorales, las bailías, exigía retoques y la geografía administrativa era tan insegura que, en ocasiones, varias de ellas se disputaban una misma parroquia.

Las bailías eran subdivisiones territoriales cuyo origen se remontaba a Felipe Augusto y cuyos jefes habían acumulado en un principio todos los poderes; pero en 1789, con el nombre de Grandes Bailíos, ya no eran más que personajes honoríficos, y las bailías distritos judiciales. Con el tiempo, su número había aumentado notablemente; en cuanto a su extensión y su población presentaban increíbles diferencias. Se hizo la distinción, un poco al azar, de las bailías secundarias que no enviaban diputados directamente a los Estados Generales, sino que enviaban una cuarta parte de su asamblea electoral a la de una bailía principal.

En la asamblea de notables se habían alzado voces en favor de un censo que incluyera también a los privilegiados. En lo que concierne a éstos, la idea fue rechazada. Todos los nobles por herencia fueron admitidos en la asamblea de bailía correspondiente a su estamento, personalmente o por procurador, fueran o no propietarios de un feudo. Pero los que no lo eran no recibieron convocatoria personal y se quejaron de que se les asimilara a los plebeyos a este respecto. En cuanto a los ennoblecidos a título personal, fueron reintegrados al Tercer Estado. Todos los obispos y todos los curas fueron admitidos igualmente de forma personal o por procurador; por el contrario, los canónigos y frailes sólo fueron autorizados a enviar representantes y éstos últimos no tuvieron más que uno por comunidad. De este modo, en la asamblea de bailía correspondiente al clero, los curas se aseguraron una aplastante mayoría, duro golpe para la aristocracia, puesto que casi todos eran plebeyos, mientras que todos los obispos eran nobles. La nobleza nombraba directamente sus representantes en los Estados Generales, a menos que la bailía fuera secundaria, en cuyo caso la operación comportaba dos fases; lo mismo regía para los obispos y curas; en el caso de los demás clérigos la elección suponía dos o tres fases.

El régimen electoral del Tercer Estado era mucho más complejo. Directa o indirectamente se exigía un censo. En las ciudades, la elección primaria se hizo por corporaciones, reuniéndose aparte los habitantes no corporados; en principio, los obreros hubieran debido votar; en Reims, los pañeros invadieron la asamblea y se organizó un motín que fue duramente reprimido; de hecho, las asambleas corporativas sólo incluían a los maestros de taller, o bien dejaban la decisión en sus manos. En París, fue imposible adoptar el sufragio corporativo: se votó por barrios o distritos; pero únicamente fueron electores los que pagaban seis libras de capitación, con lo que quedaron excluidos, según se calcula, cincuenta mil cabezas de familia, sin contar los hijos que vivían con ellos. En las zonas rurales, los habitantes de veinticinco años que pagaran impuestos, fueron admitidos en la asamblea de parroquia; se excluía a los hijos, pero todos los cabezas de familia se consideraban capacitados para votar: fue un sufragio muy liberal, aunque no universal. En este aspecto, los campesinos resultaron favorecidos, porque no se desconfió de ellos. Cada parroquia enviaba un delegado por cada cien familias a la asamblea de bailía, donde los hombres del campo debían contar, pues, con una aplastante mayoría.

El sistema favorece a la burguesía

Pero las modalidades del voto atenuaron lo que el sistema pudiera tener de democrático y permitieron que la burguesía se impusiera a los campesinos. En primer lugar, los representantes del Tercer Estado nunca eran elegidos directamente, sino en segundo, tercero o cuarto grado. En París, eran elegidos por los delegados de los barrios, o sea en segundo grado. En las otras ciudades, los delegados de los cuerpos elegían los representantes de la comunidad urbana en la asamblea de bailía, en la que nombraban los diputados para los Estados Generales de acuerdo con los delegados de las parroquias: estos diputados se elegían, pues, en segundo grado por los electores primarios del campo, en tercer grado por los de las ciudades, en tercero o cuarto, respectivamente, si se trataba de una bailía secundaria.

Por otra parte —y esto es lo fundamental— nadie votaba aisladamente, como hoy se hace, mediante presentación de tarjeta electoral, fueran nobles, clérigos o plebeyos. Todo elector, de cualquier grado, se reunía en asamblea y cuando se le nombraba acudía al despacho a escribir su papeleta de voto. Por otra parte, como quiera que tenían que confeccionar conjuntamente un cuaderno de quejas, su reunión no era simplemente electoral, sino también deliberante. Esto permitió a los burgueses más influyentes, a los que estaban más al corriente de los asuntos públicos o los mejor dotados para hablar, en general los hombres de leyes, dominar los debates; en las asambleas de bailía, los campesinos, incultos e incapaces de expresarse, se dejaron arrastrar fácilmente. Como resultado, la representación del Tercer Estado estuvo compuesta exclusivamente por burgueses y, si en ocasiones se eligió a algún labrador, la excepción no es más que aparente: de hecho no se trataba de trabajadores propiamente dichos, sino capataces, cuyos intereses, e incluso su forma de vida, les unían a la burguesía. La composición del Tercer Estado hubiera sido muy distinta si el gobierno, escuchando las propuestas de algunos aristócratas y las peticiones de algunos cuadernos, hubiera creado un estamento de campesinos o, al menos, hubiera estipulado diputados diferentes para las ciudades y para el campo. Si hubiera estado compuesto, en parte o en su mayoría, por campesinos, el Tercer Estado hubiera perdido gran parte de su capacidad, de su autoridad y probablemente de su audacia, incluso admitiendo que burgueses y campesinos hubieran avanzado en perfecto acuerdo, cosa que no es segura.

La propaganda electoral

Las elecciones se llevaron a cabo en febrero y marzo. Desde diversos sectores, Necker fue invitado a montar una «máquina» para proponer a las asambleas un plan de reformas y de candidatos con el que se dieran por satisfechas. «Debéis preparar un plan preciso de concesiones, de reformas, que en lugar de desquiciarlo todo consolide las bases de la autoridad legítima —escribió a Necker un intendente de la marina, Malouet, candidato del Tercer Estado de la Baja Auvernia—. Gracias a vuestra influencia, ese plan debe convertirse en el texto de todos los cuadernos de bailía. No hay que esperar a que los Estados Generales os requieran u os den órdenes. Es preciso que os apresuréis a ofrecer todo lo que las gentes de bien pueden desear acerca de la autoridad o de los derechos nacionales dentro de los límites razonables». El propio Malouet tenía un proyecto preparado. Pero Necker no fue del mismo parecer; sus razones eran las de siempre: para trazar un plan de reformas, hubiera sido necesario que el rey impusiera algunos sacrificios a la aristocracia sin concederle lo que exigía en contrapartida, y el ministro estaba convencido de que a la primera palabra la aristocracia conseguiría su destitución. «Tal vez tengáis razón —dijo a Malouet—. Vos concedéis a las Comunas amplios márgenes. Pero no tenéis en cuenta la resistencia de los dos primeros estamentos; y hacer que el rey se pronuncie en este sentido sería alejar de él a la nobleza y al clero, que suponen un importante peso en la balanza». «No son las resistencias de los dos primeros estamentos lo que temo —objetó su corresponsal—; es el extremismo de las Comunas».

En vista de que el gobierno se mantenía neutral, ¿tomaron otros la iniciativa? Los privilegiados no carecían de medios. El presidente de asamblea de bailía era de los suyos: en Saumer, el notario Rossignol hizo firmar una protesta porque había intentado influir en los delegados. En numerosas parroquias, los campesinos deliberaron bajo la dirección del juez señorial y está claro que en muchos casos no se atrevieron a hablar libremente. Pero la burguesía no se dejó intimidar en ningún sitio. En todo caso, sólo hubo iniciativas personales por parte de los privilegiados.

El partido patriota fue bastante más activo. Ya hemos dicho que el Comité de los Treinta ejerció una acción directriz, aunque sea imposible determinar su amplitud. No cabe duda de que en todas las regiones algunos burgueses emprendedores se pusieron de acuerdo para dirigir las asambleas municipales y de bailía y el mayor número posible de las asambleas de parroquia, con el fin de repartir los modelos de cuadernos procedentes de París, o con más frecuencia redactados allí mismo, y para sugerir las candidaturas. Muchos hombres de leyes residían en los pueblos o se desplazaban a ellos con frecuencia durante las asambleas señoriales, en las que gozaban de influencia. Numerosos curas a los que los conflictos de intereses, la rivalidad de influencia, el aguijón del amor propio o una sincera devoción hacia la causa de sus feligreses habían enturbiado sus relaciones con los señores, prestaron también un caluroso apoyo. A partir de 1789 hubo partidos políticos con una organización mucho más fuerte que el partido patriota, pero nunca encontraron por parte de los diferentes gobiernos tan poca resistencia como éste.

Los diputados en los Estados Generales

En general, los nobles se mantuvieron a distancia de los cortesanos, los liberales y, naturalmente, los ennoblecidos recientemente. En Riom, La Fayette fue elegido con gran dificultad. En todas las bailías, los curas se adjudicaron parte de los escaños y en muchas eliminaron al obispo. El Tercer Estado nombró preferentemente a hombres de leyes y, en todo caso, escogió sus representantes de entre su gente, con excepción de tres sacerdotes, entre ellos Sieyès, rechazado por el clero de Montfort-l’Amaury, y de una decena de nobles, Mirabeau entre ellos, además de algunos ennoblecidos a título personal.

Entre los diputados de la nobleza no faltaban hombres de talento, pero las circunstancias no les permitieron mostrar su valía y, por otra parte, en cuanto el Tercer Estado consiguió la victoria, la mayoría de ellos se encerraron en la abstención. El orador más conocido de la oposición nobiliaria era Cazalés, diputado de Riviera-Verdun, hijo de un consejero del Parlamento de Toulouse, y oficial, tínicamente los nobles liberales jugaron un papel importante: en primer lugar La Fayette, después Lally-Tollendal, Clermont-Tonnerre, el vizconde de Noailles, el duque de Aiguillon, Mathieu de Montmorency. Du Port, diputado de Paris, Carlos y Alejandro de Lameth, diputados de Artois y Péronne, estaban, en 1790, entre los jefes del partido patriota. El duque de la Rochefoucauld fue un orador escuchado e influyente.

El clero encontró un hábil defensor en el abad de Montesquiou y proporcionó a la contrarrevolución un orador impetuoso y valiente, el abad Maury. Entre los obispos asimismo destacaron únicamente los liberales, principalmente Talleyrand, obispo de Autun, de Boisgelin, arzobispo de Aix, Champion de Cicé, arzobispo de Burdeos, que llegó a ser ministro constitucional de Luix XVI. Los curas apenas se hicieron notar. El más conocido es, seguramente, el abad Grégoire, cura de Embermesnil y diputado de bailía de Nancy.

Los representantes del Tercer Estado, que pronto dirigieron los Estados Generales convertidos en Asamblea Constituyente, eran, en su mayoría, hombres maduros, acomodados, con puestos de prestigio en París (como el abogado Target, el astrónomo Bailly, académicos ambos, y Camus, abogado del clero), o en provincias (como los abogados Mounier y Barnave en el Delfinado, Merlin de Douai en Flandes, Lanjuinais y Le Chapelier en Bretaña, Thouret en Normandía). Los más jóvenes sobrepasaban los treinta años y gozaban al menos de una reputación local, como Robespierre y Buzot. Todos ellos eran instruidos, expertos en alguna especialidad, trabajadores y honestos; la mayor parte ligados fervorosamente a la causa de su clase, que no distinguían de la nación; muchos, entusiastas de su misión. Los que menos les aprecien, no podrán negar que fueron una élite; la grandeza de su obra, tan discutible como se quiera, es un testimonio de ello. Es característico que sus jefes más; notables fueran privilegiados, al menos en un principio: esto indica hasta qué punto la aristocracia les intimidaba aún y qué lugar hubiera podido conservar ésta en el estado si se hubiera avenido a un compromiso.

El marqués de La Fayette, ilustrado por la guerra de América, gozó, a partir del 14 de julio, de un prestigio incomparable durante un año aproximadamente: se convirtió en el «héroe de los Dos Mundos» y ha quedado como la encarnación de la revolución burguesa. Su sinceridad, su generosidad y su desinterés le rodearon de una aureola, pero había en él más ilusión romántica y vanidad juvenil que inteligencia política y habilidad realista. Fue un símbolo más que un jefe.

Por otras razones, el abad Sieyès y el conde Mirabeau atrajeron también la atención. Ambos eran de Provenza. Hijo de un notario de Frejus, de fortuna mediocre, lo que le empujó a la carrera eclesiástica con la esperanza de llegar a ser la providencia de la familia, y sobre todo de sus dos hermanos, el abad Sieyès, plebeyo, no había podido conseguir el episcopado; incluso le había costado mucho llegar a ser canónigo en Chartres. Es posible que sus desengaños influyeran en la violenta animosidad que le empujaba, como hemos visto, contra la aristocracia. Sus folletos hacían de él un oráculo. A sus ojos, el Tercer Estado era la Nación y parece que fue, más que cualquier otro, el que dirigió sus pasos durante las primeras semanas. Solamente a la nación pertenecía la soberanía, y hasta que la Constitución estuviera redactada, sus representantes estaban investidos de un poder dictatorial: Sieyès fue el teórico del «poder constituyente» y el alma de la revolución jurídica. Pero como no era orador ni hombre de acción, sólo fue conocido por la burguesía. A partir del 14 de julio perdió rápidamente la audiencia de la Asamblea: el aspecto social de la revolución popular le atemorizó y pasó a defender los derechos feudales y los bienes eclesiásticos: temía la democracia y acabará por maquinar el 18 brumario para instalar definitivamente el reinado de los «notables», de modo que, por un curioso designio, fue el sepulturero de la libertad política después de haberla apadrinado. Por lo demás, él —que era una inteligencia singular aplicada a hacer del derecho constitucional una ciencia, por lo demás abstracta, y a construir incansablemente sistemas de gobierno minuciosos y complicados— escribía poco y esperaba que se le consultara; actuaba a través de otras personas; sin dejar de honrarle, se le abandonó rápidamente a su soledad.

El conde de Mirabeau parecía destinado a mayores empresas. Prófugo de la nobleza, intérprete vehemente del Tercer Estado en muchas circunstancias memorables, era para los patriotas un jefe señalado, igual que La Fayette, pero con más aptitudes que su rival: inteligencia rápida y penetrante, imaginación fecunda, sentido de la realidad, conocimiento de la gente, dotes oratorias magníficas que fluían sobre todo en la improvisación y, desgraciadamente, también una ausencia total de escrúpulos en la elección de los medios. Era perezoso y bastante ignorante, pero sabía escoger y captarse tan bien a los colaboradores que le confeccionaban los discursos y folletos, que aún hoy se le considera una fiera del trabajo y un omnisciente. A pesar de todo, nunca consiguió disipar la desconfianza que sus aventuras y su venalidad justificaban sobradamente. La fogosidad heredada de sus antepasados, que el deplorable ejemplo de sus padres no había contribuido a disciplinar, le había precipitado al desorden desde muy joven. Sus extravagancias habían causado escándalos y en varias ocasiones fue encarcelado por carta-orden. Sin recursos económicos, había vivido de su pluma al servicio de Calonne y de sus enemigos, o había vendido su nombre para dar prestigio a publicaciones que algunos especuladores, como Clavière, repartían para preparar sus golpes en la bolsa. Cuantos le conocían sabían que si había dinero por medio era capaz de venderse a la corte, y en este sentido, en las manos de Necker estaba el comprarlo. Por eso, aunque rindió grandes servicios al Tercer Estado, no consiguió dirigirlo.

En definitiva, ninguno de estos hombres pudo imponerse hasta el punto de personificar la revolución de 1789: ésta fue la obra colectiva del Tercer Estado.

Los cuadernos

Antes de nombrar sus delegados, los electores de los tres estamentos se ponían de acuerdo para establecer la lista de sus quejas; había tantos cuadernos como grados electorales y la asamblea superior comparaba y resumía en uno los de las asambleas inferiores. De este modo las quejas de las bailías eran llevadas a los Estados Generales, pero para nosotros no son menos preciosos los cuadernos primarios y, sobre todo, los de las parroquias rurales. A través de ellos podemos entrever las influencias que se ejercieron en las asambleas e incluso determinar en ocasiones qué modelos les habían sido propuestos; teniendo en cuenta este examen crítico, nos ayudan a conocer, mejor que los cuadernos de bailía, los deseos y el estado de ánimo de la población.

El estudio de estos cuadernos de parroquias muestra que los modelos fueron numerosos y generalmente de origen local, lo que prueba que la burguesía provincial, como ya se ha dicho, aunque se inspiró en las publicaciones parisinas, no dejó de conservar su independencia. Por otra parte, las asambleas que tomaron un modelo en consideración no se privaron de combinarlo con otros, de recortarlo según su conveniencia, o de completarlo con quejas propias. Muchos de los cuadernos son originales. Por ejemplo, en la bailía de Nancy, se han podido distinguir once modelos; treinta y tres parroquias adoptaron uno de ellos; doce combinaron dos o más; treinta y dos ignoraron su existencia o los rechazaron. En la bailía de Arques sólo la cuarta parte de los cuadernos se inspiraron en modelos. Estos últimos contenían invariablemente reivindicaciones políticas. Pero no se debe concluir que interesaban demasiado a los campesinos que las asumían, ni siquiera que comprendieran bien su importancia. Tampoco hay que olvidar que en presencia del juez señorial los campesinos no siempre manifestaron lo que más les importaba. En resumen, los cuadernos de parroquia no son un espejo fiel y los cuadernos de bailía todavía menos, puesto que con mucha frecuencia rechazaron los artículos de los cuadernos primarios que no agradaban a la burguesía o que simplemente no le interesaban.

Comparando entre sí los cuadernos de bailía de los diferentes estamentos, se puede constatar en todos la unanimidad contra el absolutismo: los tres estamentos reclaman una constitución que reserve el voto del impuesto y de las nuevas leyes a Estados Generales periódicos, que abandone la administración en manos de Estados Provinciales electivos y que garantice la libertad individual y la libertad de prensa. Sobre la libertad de conciencia frecuentemente se mantienen reticentes o mudos, incluso hostiles cuando proceden del clero. Naturalmente, todos se muestran monárquicos; ni siquiera ponen en tela de juicio la iniciativa y la sanción del rey en materia de leyes ni, sobre todo, la integridad del poder ejecutivo, ni la libre elección de ministros, el derecho de paz y de guerra y el concierto de los tratados. Aunque a menudo sugieren una reforma de la Iglesia y un aprovechamiento diferente de sus rentas, nunca ponen en cuestión ni su privilegio de culto público, ni su influencia moral, ni sus prerrogativas honoríficas. Muchos burgueses —no todos, ni mucho menos— se habían apartado del cristianismo bajo la influencia de Voltaire y abrazaban la «religión natural» que preconizaba también la masonería y cuya frialdad había paliado Rousseau con sus efusiones sentimentales. Pero estos burgueses no se habían convertido en «laicos», como decimos nosotros, y convencidos de que al menos para el pueblo era necesaria la religión, no pensaban en separar la Iglesia del Estado.

Los estamentos estaban también de acuerdo en muchas reformas técnicas: son inagotables las propuestas en relación al despilfarro del gobierno y sus agentes, sobre los abusos del fisco, sobre los males que engendran los impuestos indirectos, sobre el arbitrario reparto de los impuestos directos que ocasiona la ausencia de un catastro. También hay que señalar que, a pesar de la viva preocupación por la autonomía provincial y municipal —hasta el punto de que las provincias se consideran «naciones» particulares (la de Artois, por ejemplo, habla de «nación artesiana») que únicamente se unen a Francia en la persona del soberano (el rey era duque en Bretaña, rey en Navarra y Bearn, etcétera)—, los cuadernos testimonian, no con menos énfasis, un sentimiento claro de unidad nacional y reclaman, en consecuencia, la unificación de la legislación y de los pesos y medidas, así como la supresión de las «barreras» aduaneras en las fronteras. En cuestiones de reformas políticas y administrativas, la nación era sustancialmente unánime.

Pero el acuerdo entre los estamentos se convierte en conflicto radical en el momento en que abordan su posición respectiva en el Estado. La nobleza, como hemos visto, admite a lo sumo la igualdad fiscal, pero pretende mantener y reforzar sus demás privilegios. El Tercer Estado quiere la igualdad civil absoluta; algunos cuadernos sólo admiten que la aristocracia conserve distinciones honoríficas. Pero la amenaza contra su fortuna sigue siendo moderada: convendría reglamentar severamente la caza, los vivares, los palomares; sería acertado suprimir ciertos derechos feudales odiosos y, naturalmente, los restos de servidumbre; con bastante frecuencia se propone declarar redimibles los derechos señoriales; el diezmo es más atacado en principio, pero se toleraría si se conmutara por pagos en dinero y si el producto se reservara al clero parroquial y a los pobres; a menudo se aconseja al rey amortizar la deuda, apropiándose una parte de las rentas de los conventos o incluso vendiéndolas; en cuanto a las tierras de la nobleza, nunca se ponen en cuestión: es una propiedad indiscutible y tan inviolable como la de los plebeyos. Las pretensiones del Tercer Estado, con toda su moderación, eran formales, y éste será el motivo que hará estallar el conflicto: la revolución de 1789 es, ante todo, la conquista de la igualdad.

En su conjunto, los cuadernos dan la impresión de que Malouet tenía razón cuando aconsejaba a Necker trazar públicamente un plan de reformas. Un régimen político semejante al que instaurará la Carta de 1814 —igualdad ante la ley, acceso de todos los franceses a los cargos públicos, reforma del diezmo, autorización para redimir los derechos feudales, redistribución de las rentas eclesiásticas que asegure una amplia parte a los curas, a los pobres y a las escuelas, garantías de que, de acuerdo con los Estados Generales, el gobierno emprendería la tarea de impedir los abusos y mejorar los métodos de la administración— hubiera constituido un programa capaz de captar de nuevo a favor del rey la inmensa mayoría del Tercer Estado y del clero. Todavía no era demasiado tarde, pero no había un minuto que perder.

Sin embargo, la corte permaneció inactiva. O peor: las noticias procedentes de provincias parecen haberla irritado contra el Tercer Estado y contra Necker, al que consideraba su cómplice. La corte olvidó sus quejas contra la aristocracia, mientras que ésta aplazaba la satisfacción de las suyas: una y otra se aproximaron para defender en común el orden social tradicional.

CAPITULO III

LOS ESTADOS GENERALES

La apertura de la asamblea

Los Estados Generales se reunieron el 4 de mayo de 1789 para desfilar con gran pompa, junto con la corte y el rey, por las calles de Versalles hasta la iglesia de San Luis, donde asistieron a la misa del Espíritu Santo y escucharon el sermón de Mgr. de la Fare, obispo de Nancy. Había sido una imprudencia escoger Versalles; lejos de intimidar a los diputados, la magnificencia de la corte no podía más que reforzar su desconfianza, mientras que la vecindad de París les animaría a mantenerse firmes; era de esperar que todo conflicto en los Estados despertaría un eco temible en la capital. Tales peligros no habían pasado inadvertidos, y se había pensado en convocar la asamblea en provincias; pero la dificultad para alojar a tanta gente en una pequeña ciudad, la repugnancia de la corte a pasar unas semanas de aburrimiento e incomodidad, la vinculación del rey a su caza cotidiana, hicieron renunciar a tal proyecto. En su torpeza, el gobierno no tomó la precaución de modificar la etiqueta para suprimir todo lo que pudiera indisponer a los diputados del Tercer Estado al subrayar demasiado la desigualdad de los estamentos. Detrás de los guardias aparecieron aquéllos, en cabeza del cortejo, vestidos modestamente con traje negro a la francesa, seguidos de la nobleza dorada y engalanada; los curas, con sotana negra, fueron igualmente agrupados delante de los obispos y cardenales. Cuando los diputados se dirigieron al palacio para rendirle homenaje, el rey no se abstuvo de manifestar especiales miramientos con «su» nobleza y «su» clero. Tampoco en la sesión de apertura, el 5 de mayo, se evitaron las fricciones. La nobleza y el clero se instalaron en una sala recientemente construida, en la calle de los Chantiers, detrás del Hôtel des Menus Plaisirs, que bordeaba la avenida de París. Mientras tanto, los diputados del Tercer Estado se impacientaban fuera durante la interminable llamada de las bailías. Cuando el rey se sentó y se cubrió, los privilegiados se cubrieron también y el Tercer Estado, en contra de la costumbre, se apresuró a imitarlos.

El 6 de mayo, la nobleza y el clero se reunieron en las salas que se les había destinado. Se adjudicó al Tercer Estado, más numeroso, el salón del trono; el público acudió en avalancha y, como no se construyeron tribunas hasta mucho más tarde, se mezcló con los diputados sin privarse de interpelarlos; desde entonces tomó la costumbre, que ya no se perdió, de aplaudirles o abuchearles.

El conflicto de los estamentos

Los privilegiados iniciaron rápidamente la comprobación de los poderes para constituirse por separado. La situación del Tercer Estado se presentó difícil. Si los imitaba, accedía al voto por estamento; si protestaba abiertamente, infringía la legalidad. A los bretones y los delfineses, sobre todo a los primeros, no les hubiera importado, pero los políticos estaban preocupados. Los diputados no se conocían entre sí y nadie sabía hasta qué punto estaban dispuestos a comprometerse; además, la vehemencia de los bretones asustaba a más de uno. Se imponía, pues, una táctica dilatoria. Del mismo modo que el Tercer Estado había reclamado la duplicación sin mencionar el voto por cabeza, pidió ahora que los poderes se comprobaran en común, como si con ello no se sentara un precedente decisivo; alegaba que era importante que cada estamento constatara si los otros dos estaban legalmente constituidos, y comprobara si todos sus miembros habían sido elegidos regularmente. Ahora que los Estados estaban reunidos, tenía un medio de presión, en el sentido de que no se podía decir nada sin que él hubiera dado su conformidad; por otra parte, se abstuvo de constituirse y no proporcionó el menor pretexto para que se pudiera afirmar que lo estaba; ningún acta, ningún reglamento, ni siquiera despacho; solamente un decano para dirigir los debates, que a partir del 3 de jimio fue Bailly; incluso se cambió el nombre de Tercer Estado por el de Comunas.

Pero los inconvenientes eran importantes. Las sesiones no fueron, en muchas ocasiones, más que reuniones públicas y tumultuosas. Por otra parte se corría el riesgo de verse acusados de obstaculizar la regeneración del Estado, acusación que podía inquietar a mucha gente. Malouet aprovechó la ocasión para predicar la conciliación. El Tercer Estado, como toda nueva asamblea elegida, debía considerarse provisionalmente constituida y no había impedimento para que enviara delegados a los otros estamentos con vistas a iniciar las negociaciones: se le objetó que sólo se admitían las gestiones individuales. El día 14, Malouet fue más lejos: que el Tercer Estado declarara solemnemente que respetaría las propiedades, derechos y prerrogativas de los dos primeros estamentos y podría pedir inmediatamente el voto por cabeza en materia fiscal con la certeza de ser satisfecho. Fue agriamente acogido y en adelante se le consideró sospechoso. Sin embargo, todos comprendían que para que el juego no se hiciera peligroso, era preciso que no se prolongara más y que se abordara un nuevo tema de discusión: el clero lo proporcionó.

La nobleza no se había dejado intimidar por la actitud del Tercer Estado. El 6 de mayo, sólo cuarenta y seis votos contra ciento ochenta y ocho se pronunciaron a favor de la conciliación; a partir del día 11, se declaró constituida. Pero en el clero, la minoría había sido de ciento catorce contra ciento treinta y cuatro y era previsible que la proporción se invirtiera si el conflicto se prolongaba. Varios mitrados, como Champion de Cicé y Lefranc de Pompignan, arzobispos de Burdeos y de Vienne, y Lubersac, obispo de Chartres, se inclinaban a hacer concesiones. También el clero se abstuvo de declararse constituido y propuso que los tres estamentos nombrasen comisarios para deliberar sobre la situación.

El Tercer Estado se encontró de nuevo perplejo. Le Chapelier adujo que las conferencias no sólo eran inútiles, puesto que el Tercer Estado estaba decidido a no hacer concesiones, sino peligrosas, ya que si nombraba comisarios se podría sostener jurídicamente que se había constituido y que la comprobación en común no tenía ningún sentido. Pero si se rechazaba la oferta se corría el riesgo de indisponerse con el clero. A petición de Rabaut Saint-Étienne, fue aceptada el 18 de mayo. Las conferencias, que se celebraron del 23 al 27 de mayo, no sirvieron para nada, puesto que tanto la nobleza como el Tercer Estado se mostraron obstinados.

Desde entonces, la táctica del Tercer Estado fue rogar al clero «en nombre de Dios y de la paz», como decía Mirabeau, que se le uniera. El 27, una delegación presidida por Target fue muy bien acogida. Algo más tarde, el 6 de junio, cuando el clero, en vista de la carestía, señaló la urgencia de deliberar sobre los medios de socorrer al pueblo, se le respondió que la reunión de los estamentos era precisamente lo más oportuno. Pero entre tanto, algunos obispos, dándose cuenta de que los curas se les escapaban de las manos, habían rogado al rey que interviniera. El 28 de mayo, Luis XVI propuso la reapertura de las conferencias en presencia de los ministros y, el 4 de junio, éstos formularon un proyecto de acuerdo; cada estamento comprobaría los poderes de sus propios miembros, y los que fueran rechazados serían considerados en común por los comisarios de los tres estamentos, que informarían a sus representados; si no se llegaba a un acuerdo, el rey decidiría. Por tercera vez, el Tercer Estado se encontró desconcertado; como no se atrevía a rechazar el arbitraje del rey, aplazó su decisión hasta el final de las conferencias. En este instante decisivo, la nobleza les evitó la obligación de pronunciarse: el mismo día, 5 de junio, por ciento cincuenta y ocho votos contra setenta y seis, redujo el arbitraje de los comisarios y del rey a las «delegaciones enteras» que, como la del Delfinado, habían sido elegidas por los tres estamentos reunidos; los nobles, elegidos por nobles, sólo dependían de sus iguales. Al día siguiente, la conferencia constató su fracaso; hubo una última sesión para aprobar las actas. Ésta fue la señal de la acción revolucionaria.

La Asamblea Nacional

Había pasado un mes y la agitación crecía en Versalles y París; el fervor del público durante las sesiones conquistaba poco a poco a los diputados que, por otra parte, habían aprovechado el tiempo para conocerse y relacionarse. Los bretones habían creado una «Cámara de la Provincia de Bretaña»; fue el germen de una reunión de representantes del Tercer Estado que se estableció en el café Amaury y que se llamó «Club bretón». A principios de jimio, Sieyès declaró que había llegado el momento de «cortar amarras». El 10, propuso dirigir a los privilegiados el requerimiento de unirse al Tercer Estado; en caso de rechazo, se procedería a llamar a los diputados sin distinción de estamentos y se declararía en «rebeldía a los que no comparecieran». O dicho de otra forma, el Tercer Estado, por voluntad propia y sin consentimiento del rey, se erigiría en representación de la nación. Target y Treilhard reemplazaron, con el consentimiento de Sieyès, el requerimiento por una invitación, y la moción, así enmendada, obtuvo en el escrutinio doscientos cuarenta y siete votos. Pero Regnaud de Saint-Jean d’Angély había propuesto presentar también al rey un informe con la relación de los motivos, sugerencia aprobada por Sieyès, y doscientos cuarenta y seis votos se pronunciaron a favor de la moción acompañada del informe; sólo los tímidos y los vacilantes deseaban atenuar el carácter insólito de la moción o sugerían incluso que requería la sanción real. Cincuenta y un diputados opinaron en favor de la reconsideración o del rechazo. Era fundamental que la iniciativa del Tercer Estado conquistara la unanimidad de los sufragios, y la consiguió, más o menos, en la sesión de la tarde, adoptando conjuntamente la moción y el informe. La convocatoria comenzó el 12 y terminó el 14. El día 13, tres curas vinieron a adherirse al Tercer Estado; seis más el 14 y otros tres el 15. No apareció ningún noble: La Fayette, obligado por la orden que prohibía el voto por cabeza, no se atrevió a violarla.

El Tercer Estado no podía aspirar al nombre de Estados Generales que, por otra parte, hubiera perpetuado el recuerdo de la división en estamentos; había que encontrar otra denominación que expresara la unidad de la nación en lugar de la pluralidad. Antes de escogerla se deliberó durante varios días. El día 15, Sieyès propuso la de Asamblea de Representantes Conocidos y Confirmados de la Nación Francesa, fórmula que no evitaba los equívocos, pues suponía que dicha asamblea era incompleta; Mounier afirmó resueltamente que, en efecto, lo era, y que debía llamarse representantes de la mayor parte de la nación francesa actuando en ausencia de la minoría. A pesar del carácter vacilante de estas denominaciones, el principio mismo se impugnó, y es probable que los opositores contribuyeran involuntariamente con sus argumentos a la adopción de una solución radical. Malouet combatió la iniciativa de Sieyès y de Mounier porque suprimía implícitamente los estamentos; Mirabeau, que entendía la soberanía nacional como atributo conjunto del rey y de la Asamblea, dándose cuenta de que ésta tendría que apropiársela totalmente y con la pretensión de pararle los pies, sugirió el título de Representantes del Pueblo, con lo que desencadenó un violento debate. Se le preguntó si traducía pueblo por plebs o por populus: en el primer caso, la Asamblea no representaría más que a la plebe, sin incluir a los nobles ni a los clérigos, y tampoco a toda la nación; esto era precisamente lo que quería decir Mirabeau, lo que añadió un nuevo motivo de desconfianza hacia él. La mayoría tampoco encontró suficientemente claro el nombre propuesto por Sieyès. Por otra parte, parecía que éste no había hecho aún su propuesta definitiva y que el que la presentó, Legrand, diputado del Beriy, no era más que su portavoz. Sea como fuere, Legrand fue quien, el 16 de junio, propuso al Tercer Estado tomar el nombre de Asamblea Nacional. El 17 de junio fue aceptado por cuatrocientos noventa y un votos contra ochenta y nueve; casi una sexta parte de los representantes del Tercer Estado desaprobaron por tanto la revolución jurídica. Incapaz de contenerse, la Asamblea hizo uso por primera vez del poder que acababa de arrogarse; a propuesta de Le Chapelier, autorizó provisionalmente la recaudación de los impuestos existentes, de modo que podría impedir su percepción si se le oponía resistencia.

El juramento del Juego de Pelota

La audacia del Tercer Estado no asustó a la mayoría del clero. Por el contrario, el 19 de junio, su mayor parte, comprendidos algunos obispos, se declaró a favor de la reunión; pero, como diez de los miembros habían mostrado ciertas reservas, el presidente, que era el cardenal de La Rochefoucauld, la declaró rechazada y levantó la sesión precipitadamente, corriendo a continuación a rogar al rey que interviniera. Ya el día 15, la nobleza había invitado al rey a llamar al orden al Tercer Estado, abdicando en favor del poder real, como señaló Lally-Tollendal, al darse cuenta de que sin este protector su preeminencia social amenazaba con derrumbarse.

Luis XVI acababa de perder a su primogénito, el Delfín, muerto el 4 de junio, y se había retirado a Marly. El 19, decidió celebrar una sesión real el día 22, y reunió el Consejo. En cuanto a la necesidad de anular las decisiones del Tercer Estado y de zanjar la cuestión de la confirmación de los poderes y del voto por cabeza, hubo acuerdo de fondo, pero no en la forma. Se admitió también que era el momento de elaborar un programa de reformas en el que se incluyera la igualdad fiscal. Pero Necker señaló que esto no era ya suficiente y que si no se conseguía la conciliación con el Tercer Estado, la bancarrota era segura; sugería añadir en el programa la posibilidad de acceso de todos los franceses a los cargos públicos y la concesión del voto por cabeza en las decisiones acerca de la organización futura de los Estados Generales. Entonces estalló el conflicto. Montmorin, Saint-Priest y La Luzeme apoyaron a Necker; Barentin, Villedeuil y Puységur protestaron; éste último, ministro de la guerra, fue el que más firmemente se opuso a toda medida que limitara la libertad del rey en la elección de los oficiales, y Luis XVI, muy afectado por esta idea, reprochó a Necker haber proyectado semejante cosa. Por último, según parece después de una intervención de la reina, se aplazó la decisión hasta el 21 y, en consecuencia, la sesión real se retrasó hasta el 23. El sábado 21, el Consejo, reforzado con la presencia de varias personas, entre ellas dos hermanos del rey, rechazó las innovaciones más decisivas de Necker y al día siguiente aprobó el texto definitivo de las decisiones que el rey iba a notificar a los Estados Generales.

Pero el retraso había permitido al Tercer Estado prepararse para resistir. El 20 de junio había encontrado cerrada la sala de los Menus, que estaba dedicada a los obreros. Por fin encontraron asilo en un frontón próximo que todavía existe. Había gran multitud y los diputados tenían los ánimos excitados. El peligro les unía a casi todos, incluso a los opositores del 17 de junio, en un deseo común de mantenerse firmes. Los más vehementes, con Sieyès a la cabeza, querían trasladarse a París, donde la Asamblea se encontraría bajo la protección del pueblo. Munier hizo aplazar esta iniciativa revolucionaria sustituyéndola por el juramento de permanecer unidos hasta que se hubiera votado la constitución. La propuesta fue aceptada por aclamación:

La Asamblea Nacional, considerando que, puesto que está llamada a establecer la constitución del reino, a llevar a cabo la regeneración del orden público y a mantener los verdaderos principios de la monarquía, nada puede impedirle que continúe sus deliberaciones en cualquier lugar en que se vea obligada a establecerse y que, en definitiva, dondequiera que se reúnan sus miembros, allí está la Asamblea Nacional, propone que todos los miembros de esta Asamblea presten en este momento juramento solemne de no separarse nunca y de unirse en el momento en que las circunstancias lo exijan hasta que la constitución del reino esté establecida y cimentada por sólidas bases, y que, habiendo prestado el juramento, todos los miembros y cada uno de ellos en particular, confirmarán por escrito con su firma esta resolución inquebrantable.

Bailly fue el primero en jurar y quinientos setenta y siete miembros firmaron con él en el acto, de los que quinientos cincuenta y siete eran diputados titulares y cinco diputados del clero. La intervención de Mounier tuvo la ventaja de mantener el conflicto en el terreno jurídico y pacífico, de forma que el Tercer Estado no aparecía como el primero en recurrir a la violencia; otra ventaja era que vinculaba fuertemente entre sí a todos los miembros del Tercer Estado. Sólo uno de ellos, llamado Martin Dauch y representante de la senescalía de Castelnaudary, se atrevió a protestar: explicó que no podía comprometerse mediante juramento a ejecutar decisiones que el rey no hubiera ratificado. Bailly replicó que la intención de la Asamblea no era equívoca: la constitución y sus leyes se someterían a la sanción real. Pero esto era salirse por la tangente: lo que se ponía en cuestión era la existencia misma de la Asamblea y el Juramento del Juego de Pelota dejaba bien clara la intención de defenderla contra el rey. Tampoco se puede decir que todos se adhirieran con agrado. Mirabeau dijo: «Yo firmo para evitar que me sacrifiquéis al odio público…, pero os aseguro que lo que se firma es una auténtica conspiración»; la prudencia de otros explica algunas ausencias que se señalaron en este día solemne: cincuenta y cinco diputados y cinco curas no firmaron hasta el día 22. Por lo menos dos de los diputados del Tercer Estado imitaron a Martin Dauch, aunque con menos valentía, sin manifestar abiertamente su oposición, pero absteniéndose de firmar. Esto no hacía sino resaltar la firmeza colectiva del Tercer Estado.

El día 22 se encontró un lugar de reunión más apropiado en la iglesia de Saint-Louis, y la mayoría del clero acudió a adherirse. Los nobles del Delfinado y una diputación disidente de la nobleza de Guyenne imitaron este ejemplo. El proyecto del gobierno había fracasado.

La sesión real del 23 de junio

El día 23, en presencia de una nobleza exultante, del Tercer Estado y de los curas taciturnos y sombríos, mientras Necker manifestaba su desaprobación con su ausencia, Luis XVI anunció que Barentin daría a conocer su voluntad. Declaraba nulas y sin valor las decisiones del Tercer Estado, pero anulaba igualmente las órdenes imperativas y en consecuencia las que impedían a los privilegiados aceptar el voto por cabeza. Se reconocía a cada uno de los estamentos el derecho de confirmar por separado los poderes de sus miembros, pero, si alguno de los excluidos protestaba, su caso sería regulado por los tres estamentos conjuntamente, utilizando el voto por cabeza; ahora bien, si un estamento impugnaba la decisión y poseía una mayoría de dos tercios, arbitraría el rey. Autorizaba también la deliberación conjunta y el voto por cabeza en los asuntos de interés general, de los que se excluía «los derechos antiguos y constitucionales de los tres estamentos, la forma en que se iban a constituir los futuros Estados Generales, las propiedades feudales y señoriales, los derechos útiles y los privilegios honoríficos de los dos primeros estamentos», y reservaba al especial consentimiento del clero todo lo concerniente a su organización y a la religión.

Después de esta lectura, el rey tomó de nuevo la palabra y anunció que las reformas que admitía serían notificadas a los Estados. «Jamás un rey —señaló—, ha hecho tanto por una nación».

El programa otorgaba a los Estados la aprobación de los impuestos y de los préstamos, así como el reparto de los subsidios entre los diferentes servicios públicos, sin excluir el mantenimiento de la corte. El rey prometía sancionar la igualdad fiscal en cuanto hubiera sido votada por los privilegiados; se mantenían las cargas personales, pero podrían reemplazarse por un impuesto ordinario. Se garantizaba la libertad individual y la libertad de prensa. Los Estados Provinciales, elegidos por estamentos, pero con doble representación del Tercer Estado y voto por cabeza, recibirían atribuciones administrativas. Los Estados Generales examinarían las reformas que había que introducir en la gestión del dominio real, en la administración de la gabela y de los impuestos indirectos, en la milicia y en la justicia; podrían suprimir las aduanas interiores. Por último, la corvée real y los bienes inalienables señoriales (mainmorte) serían abolidos.

Por tercera vez habló el rey: «Si me abandonáis en una empresa tan hermosa, construiré yo solo el bien de mi pueblo;…yo solo me consideraré su verdadero representante… Ninguno de vuestros proyectos, ninguna de vuestras deliberaciones puede tener fuerza de ley sin mi aprobación expresa… Ordeno que os separéis inmediatamente y os incorporéis mañana cada uno a la sala correspondiente a su estamento para reanudar las deliberaciones». La amenaza era clara: los Estados serían disueltos si no se sometían.

El programa del 23 de junio tiene un interés central porque ilumina el meollo del conflicto que se iba a desarrollar a continuación y la revolución misma. El rey aceptaba convertirse en monarca constitucional y, por tanto, el problema político estaba, en principio al menos, resuelto. Los problemas prácticos era sólo cuestión de tiempo. Pero, dejando aparte el privilegio fiscal, cuya supresión debía revertir en su provecho y en el del Tercer Estado, la realeza ponía todo el peso en la balanza para conservar el orden social tradicional y la preeminencia de la aristocracia.

No se puede asegurar que aquel programa hubiera conquistado la adhesión del Tercer Estado de haber sido formulado seis meses antes, pero en todo caso ahora era demasiado tarde. «El odioso aparato de un lit de justice», como dijo Ferrières, el tono imperioso del rey y su amenaza final sólo exasperaron los ánimos. Los que habían predicado la conciliación hicieron causa común con la mayoría. «Después de la sesión real —escribió Malouet—, no teníamos más alternativa que mantener lo acordado en la sesión del Juego de Pelota». La nobleza se retiró, pero el Tercer Estado, tal como había convenido, permanació en su sitio y algunos curas hicieron lo mismo. Cuando el marqués de Dreux-Brézé, gran maestro de ceremonias, le recordó las órdenes del rey, Bailly replicó: «La nación reunida no puede recibir órdenes», y Mirabeau, por su parte, lanzó al cortesano el desafío que ha quedado para la tradición como el símbolo de toda la sesión: «No abandonaremos nuestros sitios más que por la fuerza de las bayonetas». Sieyès concluyó de forma lapidaria: «Vosotros sois hoy lo que erais ayer»; con ello quería decir que la Asamblea, como antes el Parlamento, consideraba nulas las órdenes del rey. Se confirmaron los acuerdos anteriores y la Asamblea declaró inviolables a sus miembros.

En palacio, la nobleza aclamaba al rey y a la reina y se daba la orden de expulsar al Tercer Estado; pero los guardias de corps encontraron a las puertas de la sala de los Menus algunos nobles que les persuadieron de que retrocedieran; había cundido la noticia de que Necker iba a ser destituido y la muchedumbre aumentaba por momentos. El rey renunció a emplear la fuerza por el momento: «Está bien, j…, que se queden». Grandes ovaciones acogieron a Necker. Pareció prudente sancionar la unificación de los estamentos. La nobleza se obstinó de tal modo, que hizo falta una orden del rey y una carta del conde de Artois para que cediera; el 27 de jimio acudió a la sesión de la Asamblea Nacional.

La revolución jurídica y pacífica

Así se llevó a cabo la revolución burguesa, a la que también podemos llamar una revolución jurídica, realizada con procedimientos que los hombres de leyes habían aprendido de los parlamentos y sin recurrir a la violencia. El 7 de julio, la Asamblea nombró un Comité de Constitución: desde este momento es para la historia la Asamblea Nacional Constituyente; el 9, Mounier, en nombre del Comité, presentó un primer informe. El 11, La Fayette presentó su proyecto de una Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

En estas fechas, no parece que el Tercer Estado estuviera dispuesto a llevar hasta el final las consecuencias de su victoria. Se hacía una idea de su autoridad más próxima a la de Mirabeau que a la de Sieyès. Aunque el 23 de junio aquél había calificado al rey como mandatario de la nación, sostenía que la soberanía la compartían el monarca y la Asamblea. Ésta, por su parte, no había puesto en cuestión ni la monarquía hereditaria, ni la necesidad de obtener del rey la ratificación de la Constitución. A sus ojos, Luis XVI continuaba investido de un poder propio que la historia le confería y la nación tenía que establecer con él un pacto de igual a igual. Todavía no se había forjado la moderna noción de constitución como instrumento que no sólo regula las atribuciones de los poderes públicos, sino que los crea. No se pensaba siquiera en la dictadura del poder constituyente, de la que Sieyès había hablado. Aún no se ponía en duda que el rey debía sancionar o rechazar libremente los artículos constitucionales y, con mayor motivo, las leyes ordinarias, ni tampoco que mantuviera el poder ejecutivo en su integridad.

Por otra parte, la unificación de los estamentos no los había hecho desaparecer del seno de la nación. El Tercer Estado no había pensado siquiera en forzar la elección de una nueva asamblea, de modo que los nobles y los clérigos conservaban todos sus escaños, aunque en realidad representasen a una ínfima parte de los franceses. Tampoco había dicho ni una palabra de los derechos feudales. No se puede, pues, pretender que proyectara una dictadura de clase.

Pero, ahora que los plebeyos habían conseguido la unificación y el voto por cabeza, el clero sólo podía pronunciarse en favor de soluciones conciliadoras; se tenían con él muchos miramientos, y el arzobispo de Vienne fue elegido presidente el 3 de julio. La minoría del Tercer Estado, que había manifestado sus tendencias conservadoras el 17 de junio, se encontraba seguramente en la misma situación, e igualmente la nobleza liberal, cuyo prestigio permanecía intacto y que parecía destinada a ocupar un lugar eminente, tanto en el gobierno como en la Asamblea. Todo ello contribuía a que los plebeyos de mayor reputación se sintieran cohibidos ante los grandes señores. Si el resto de la nobleza, aceptando el hecho consumado, colaborara de buena fe con estos elementos diversos de la Asamblea, podría formarse una mayoría moderada que, de acuerdo con el rey, cimentaría un gobierno estable y realizaría las reformas por vía de compromiso.

Pero ni el rey ni la aristocracia pensaron en ningún momento en aprovechar estas posibilidades, muy reales, de conservar el carácter pacífico de la revolución y de restablecer la concordia nacional. En el mismo momento en que se resignaban a la unificación de los estamentos, decidían recurrir a la fuerza para reducir a la obediencia al Tercer Estado.

El recurso a las armas

La mayoría de la nobleza adoptó enseguida una actitud significativa. Muchos de sus miembros se negaron a asistir a las sesiones y otros asistían de bulto, negándose a participar en las decisiones y escrutinios; alegaban que sus cuadernos les prohibían el voto por cabeza. El 8 de julio, la Asamblea abolió las órdenes imperativas y el rey autorizó a los diputados nobles a que acudieran a sus bailías para recabar nuevos poderes. Las sospechas de los plebeyos, que se habían mostrado escépticos sobre la buena fe de sus adversarios, aumentaron de día en día y no pudo constituirse la mayoría moderada.

Al mismo tiempo, el rey concentraba tropas alrededor de París y Versalles; las primeras órdenes se habían dado el 26 de junio. No faltaba pretexto: la agitación popular crecía, el hambre multiplicaba los disturbios, el regimiento de los guardias franceses se había insubordinado y, a fin de mes, provocó un motín en la capital. Cuando el 8 de julio, tras una violenta diatriba de Mirabeau contra la dictadura militar, la Asamblea, inquieta, pidió explicaciones, Luis XVI contestó que tenía que mantener el orden y que, si la Asamblea lo deseaba, se podía trasladar a Soissons. Había llamado alrededor de dieciocho mil hombres, que debían llegar entre el 5 y el 20 de julio. La penuria del Tesoro entorpeció mucho estos movimientos y hubo de dispersar a los que llegaban. Se había entregado el mando al mariscal de Broglie que estaba representado en París por el barón de Besenval. No parece que juzgara inminente la acción, ni que estuviera preparado para afrontarla; tampoco tenía el empuje necesario y dejó sin dirección a Besenval en los momentos decisivos. La intención de la corte era, sin duda, disolver los Estados; en las circunstancias presentes podía contar con la colaboración sumisa de los parlamentos y, si fuera preciso, se resignaría a la bancarrota. Pero carecía de un plan definido, y para confeccionarlo era necesario despedir a Necker y formar un ministerio de la guerra. El 9 de julio hubo consejo en palacio: se decidió llamar al barón de Breteuil, que llegó al día siguiente. La prudencia hubiera aconsejado constituir un gobierno secreto que estuviera preparado para entrar en escena en el momento en que tuviera en sus manos todas las fuerzas que estaban en camino. Era una terrible situación la que se afrontaba; se comprende que el rey, por derecho divino, se revelara ante la idea de someterse definitivamente a su pueblo, en el que no veía más que rebeldes; conociendo su sentir, se comprende también qué la aristocracia considerara una ofensa mortal la capitulación sin lucha; pero el asunto amenazaba con degenerar en guerra civil y, si fallaba el tiro, la sangre derramada caería sobre ella y sobre el rey. Sin embargo, el 11 de julio, en un Consejo al que Necker no fue convocado, se decidió instalar pública e inmediatamente a los nuevos ministros. Los electores parisinos apremiaban a la Asamblea para que autorizara la formación de una guardia burguesa, y la indisciplina se extendía rápidamente en el ejército: probablemente estos motivos decidieron a la corte a dar el paso. Necker fue despedido y se puso en camino hacia Suiza; con él también fueron destituidos Montmorin, Saint-Priest y Ségur, mientras La Luzerne presentaba su dimisión. Breteuil y sus ayudantes ocuparon su sitio. Pero no se hizo nada.

Sin embargo, la Asamblea esperaba un golpe de fuerza. Algunos diputados no se atrevían a retirarse a sus casas y pasaban la noche en la sala de sesiones. Se esperaba que por lo menos hubiera algunas detenciones. A Thibaudeau padre, que temblaba de miedo, Monsieur de la Châtre le decía para tranquilizarle: «No será usted colgado y podrá regresar libremente a Poitiers». La burguesía mostró gran aplomo y todos los testimonios rinden homenaje a su firmeza. Sin embargo, no podía hacerse ilusiones: estaba a merced de las bayonetas, los discursos no podían salvarla. Pero intervino la fuerza popular y, bajo sus golpes, el Antiguo Régimen sucumbiría irremisiblemente.

TERCERA PARTE

LA REVOLUCIÓN POPULAR

CAPÍTULO I

LA MOVILIZACIÓN DE LAS MASAS

La agitación política

Toda Francia había observado los acontecimientos con apasionada curiosidad. En París, los diarios; apenas comenzaron a hablar de los Estados Generales hasta finales de junio, pero los curiosos acudían todos los días a Versalles, de donde sacaban las noticias que se comentarían en los cafés y el Palais-Royal, entonces de moda, cuyos jardines y lujosos escaparates bajo las arcadas atraían a la gente. Los rentistas que temían la bancarrota no eran los menos atentos, y la destitución de Necker les irritó en extremo.

En provincias, donde los periódicos continuaban mudos, no se hubiera recibido más información que la de los viajeros y las cartas privadas, si en el momento de las elecciones no se hubieran constituido comités que se convirtieron en agencias de información. En numerosas bailías, los electores del Tercer Estado, y a menudo también de la nobleza, habían elegido a algunos representantes para establecer contacto con los diputados, es decir, para vigilarlos; otras veces, los diputados del Tercer Estado mantenían al corriente a la municipalidad de la capital dé la provincia. Casi siempre, sus cartas se leían públicamente; cuando el coche correo entraba en la ciudad, la gente acudía de todas partes; en Rennes hubo que apuntalar la sala donde se reunían. Se sacaba copia de los mensajes y se imprimían en Rennes, Nantes, Angers.

Esto suscitó la desconfianza de algunas autoridades y, más tarde, los diputados fueron acusados, sin prueba alguna, de haber incitado a la violencia; la verdad era que la temían, y Duquesnoy, diputado por Bar-le-Duc, expresó perfectamente el pensamiento de sus colegas al escribir: «Hay que conseguir la felicidad del pueblo, pero no es preciso que el pueblo se ocupe de ello». En todo caso, la campaña de 1788 había quedado grabada en su memoria y confiaban plenamente en la eficacia de las manifestaciones de la opinión pública; en consecuencia, no dejaron de invitar a sus representados a que desbarataran las maniobras de la aristocracia enviando su adhesión a la Asamblea Nacional: un gran número de mensajes aprobaron así la votación del 17 de junio, protestaron contra la sesión real y se felicitaron por la unificación de los estamentos. Por este camino los diputados contribuyeron a caldear la opinión.

Es muy probable que los notables de las ciudades hubieran llegado más lejos de buena gana. Cuando la autoridad municipal no estaba en manos de oficiales que habían comprado sus cargos y que à menudo eran ennoblecidos, se hallaba de hecho reservada a una pequeña oligarquía emparentada con los jueces de los diversos tribunales, o a ellos mismos. En París, el preboste de los comerciantes y los cuatro regidores eran elegidos por un cuerpo electoral compuesto por los que debían ser reemplazados, por veinticuatro concejales que compraban su cargo, por dieciséis quartiniers (oficiales de policía designados por el ayuntamiento) y por treinta y dos notables elegidos por los quartiniers mismos.

La burguesía envidiaba a los detentores de este monopolio y se hubiera abierto gustosa el acceso a los ayuntamientos. En París, los cuatrocientos siete delegados de los barrios que habían nombrado diputados, y a los que se llamaba los Electores, no habían perdido contacto, y el 25 de junio se reunieron en la calle Dauphine, en la sala del Museo; desde allí se trasladaron al ayuntamiento, donde formaron una especie de municipalidad oficiosa; en algunos sitios los motines permitieron realizar la revolución municipal antes de la toma de la Bastilla: así, por ejemplo, en Rouen y en Lyon, las corporaciones municipales, desamparadas, se asociaron a los electores o a los notables. La burguesía encontraba una ventaja política para satisfacer sus ambiciones, puesto que, en sus manos, el poder local pasaba al servicio de la Asamblea Nacional.

No le hubiera sido menos provechosa la creación de una fuerza armada. En París, el mantenimiento del orden estaba confiado al comandante de policía, agente del rey, a sus patrullas de arqueros y al regimiento de guardias franceses. En provincias, las ciudades disponían de una guardia burguesa que sólo existía sobre el papel; en caso de disturbio había que recurrir a la guarnición o pedir tropas al comandante militar de la provincia. A partir de la primavera, en vista de que los disturbios se multiplicaban, en algunos sitios se reorganizó la guardia burguesa, pero quedando siempre a disposición de la autoridad legal. Lo que se requería era una milicia nacional con jefes electivos y capaz, llegado el caso, de una acción independiente. En París, los Electores propusieron su creación, pero la Asamblea no se atrevió a autorizarla. Por otra parte, se indicaba la necesidad de mantener el pueblo a raya; pero la intención era doble: se trataba, por una parte, de evitar que el rey tuviera pretexto para llamar a las tropas y, por otra, de poder afrontarlas si la ocasión lo requería.

Es cierto que los burgueses contribuyeron al progreso de la indisciplina en el ejército. No les costó mucho conseguirlo; como los nobles acaparaban las graduaciones, los bajos oficiales no podían esperar grandes ascensos y los soldados, que pagaban con su sueldo una parte de su manutención, sufrían la carestía. En París, los guardias franceses, dispersos en pequeños puestos, constantemente mezclados con el pueblo, muchos de ellos casados, se sentían vinculados al Tercer Estado. Se les atraía al Palais-Royal y a las cantinas para invitarles a beber; hay constancia de que el marqués de Valady y uno de los hermanos de André Chénier, antiguos oficiales, participaron en la propaganda distribuyendo dinero.

El personal de la insurrección

No cabe duda de que al menos un sector de la alta burguesía contribuyó a organizar la resistencia en cuanto sé anunció el golpe de fuerza de la corte. Banqueros como Delaborde, negociantes como Boscary, que más tarde presumiría de ello, prestaron fondos para indemnizar a los insurrectos por sus salarios perdidos o para proporcionarles armas y municiones. Entre los vencedores de la Bastilla que se han podido enumerar, se encuentran representadas todas las categorías sociales. Sin embargo, al recorrer la lista, salta a la vista que la gran mayoría de los combatientes eran gentes trabajadoras del arrabal Saint-Antoine y del barrio del Marais. Durante la revolución, la fuerza del movimiento insurreccional residió fundamentalmente en la pequeña burguesía artesana y comerciante. Fueron los maestros de taller y los detallistas los que propagaron las noticias e iniciaron las manifestaciones entre la masa inculta de los obreros y los clientes de sus tiendas, y quienes suministraron los cuadros. Los compagnons, u obreros, se alinearon tras ellos, no como miembros de una clase distinta, sino como asociados al artesanado.

Sin duda, los obreros eran ya numerosos. Se estima que en París, por ejemplo, sobre una población de unos quinientos o seiscientos mil habitantes, eran unos setenta y cinco mil, o sea unas doscientas cincuenta o trescientas mil personas, contando sus familias. En algunas empresas se encuentran también importantes núcleos: algunas fábricas de tejidos, de sombrerería, de papeles pintados, agrupaban a doscientos o trescientos cada una. Vivían preferentemente en barrios concretos; a partir de esta época, el oeste de la ciudad era dominio de los ricos, mientras entre los mercados y el ayuntamiento, desde el Sena a los bulevares, y aún más allá, vivían más de veinte mil obreros; en la orilla izquierda, desde el Palais Mazarin al Panteón, por lo menos seis mil. Los obreros de algunos oficios, principalmente los de la construcción, estaban fuertemente organizados en gremios (compagnonnages) que habían sobrevivido a todas las persecuciones y que mantenían huelgas con más frecuencia de lo que se cree. Pero a pesar de todo, ni la concentración territorial o técnica, ni la organización profesional, afectaban más que a una reducida minoría. En los grandes suburbios revolucionarios, Saint-Antoine con sus ebanistas, Saint-Marceau con sus curtidores, abundaban sobre todo las pequeñas empresas en las que los artesanos y sus obreros fraternizaron a lo largo de las jomadas revolucionarias. En conjunto, los obreros no tenían una clara conciencia de clase, de lo contrario es dudoso que la revolución de 1789 hubiera sido posible. Probablemente los obreros se hubieran prestado a aliarse con el resto del Tercer Estado en contra de la aristocracia, pero seguramente la burguesía, como más tarde ocurrió en Alemania, hubiera rechazado el apoyo de aliados tan peligrosos.

La mentalidad colectiva popular

Tanto los artesanos y pequeños comerciantes como los obreros tenían sus quejas contra el Antiguo Régimen y odiaban a la aristocracia; pero no podían esperar de la victoria del Tercer Estado las mismas ventajas inmediatas que los notables. Sobre todo les atraía el aligeramiento de las cargas fiscales y en especial la abolición de los impuestos indirectos y de los arbitrios, fuente principal de las rentas municipales, con gran ventaja para los ricos. En cuanto a las corporaciones, su opinión no era unánime, ni mucho menos. Políticamente, tendían, en cierto modo, hacia la democracia, pero nadie pensaba siquiera en prometérsela. En este sentido, podemos calibrar el carácter mítico que a los ojos del pueblo revestía la convocatoria de los Estados Generales. Un acontecimiento tan singular despertó la esperanza, incontenible y vaga a la vez, de una regeneración nacional, de una nueva era en la que los hombres serían más felices. Por eso, los comienzos de la revolución recuerdan aquellos movimientos religiosos en los que las gentes sencillas adivinaban con alegría la promesa de un retorno al paraíso terrenal. En este fervor se alimentó el idealismo revolucionario. Pero también él inflamó, simultáneamente, todo un conjunto de pasiones temibles.

El «complot aristocrático».

Esta gran esperanza se enturbiaba con la convicción de que los nobles defenderían obstinadamente sus privilegios, convicción que la burguesía compartía con los artesanos y campesinos y que se asentaba, en parte al menos, en la idea de que cualquiera haría lo mismo si se encontrara en su pellejo. La oposición a la duplicación, y después al voto por cabeza, arraigaron esta opinión; el rey era bueno, pero la aristocracia le rodeaba y acabaría imponiéndole su voluntad; numerosas declaraciones amenazadoras inducían a pensar que no dudaría en utilizar cualquier medio para «aplastar» al Tercer Estado. A partir del 15 de mayo, el pueblo estaba convencido, según dice un confidente de Montmorin, de que los Estados Generales serían disueltos por la fuerza; y añade que el 27 de junio se esperaba que «los nobles montaran sus caballos». Périsse-Duluc, diputado de Lyon, afirmaba que el día 23 se había pensado en dispersar, encarcelar e incluso en dar muerte a los diputados de la nación. A finales de jimio y principios de julio se había llegado a creer que, si el conde de Artois no conseguía sus objetivos, iría a pedir ayuda a los reyes extranjeros; ¿no era lógico? ¿Acaso no era Luis XVI cuñado del emperador y del rey de Nápoles, primo de Carlos IV de España? ¿No eran sus dos hermanos yernos del rey de Cerdeña? Périsse-Duluc recordaba que ya antes de la apertura de los Estados Generales él había previsto que los contrarrevolucionarios de Holanda, que habían llamado a los prusianos para vencer a sus compatriotas, servirían de modelo a la aristocracia francesa. Su confabulación con los extranjeros, que adquirió un peso tan importante en la historia de la revolución, fue admitida desde un principio y, en julio, el temor a la invasión era general. El Tercer Estado en pleno creyó en el «complot aristocrático».

La inquietud febril que inspiraba esta idea, degeneró en pánico en el momento que la corte tomó la ofensiva, pero ni siquiera el «Gran Miedo» fue un signo de debilidad. A la ansiedad y el miedo seguirá inmediatamente una violenta reacción defensiva y militar. A partir de junio, se intentó intimidar a la corte y a la nobleza con manifestaciones tumultuosas en Versalles. No tardaría en imponerse la acción preventiva, con su cortejo de sospechas, detenciones, denuncias y visitas domiciliarias. Y estos movimientos fervorosos no podían dejar de inspirar, tras la victoria, el deseo de castigar a los enemigos de la «nación» y del bien común; con ello se abría la vía a las ejecuciones sumarias y a todos los excesos de la venganza.

¿Hubieran sido las masas populares menos sensibles a estas esperanzas y temores si una terrible crisis económica no les hubiera hecho la vida insoportable? Siempre se discutirá sobre este punto. Lo cierto es que, en la mayoría de ciudades, las revueltas de 1789 tuvieron como causa la miseria y por primer efecto una disminución en el precio del pan; en un caso así, los revoltosos ayudaron al éxito de la revolución contribuyendo a dislocar la administración del Antiguo Régimen en provecho de la burguesía, pero seguramente no era ésa su intención. Por otra parte, ciertas incidencias de la crisis económica fortalecieron y enriquecieron curiosamente la idea que se hacía la gente del complot aristocrático. Es indiscutible, por tanto, que esta crisis debe contarse entre las causas inmediatas de la revolución.

La crisis económica. El hambre

Como siempre, en la antigua Francia el hambre era el resultado de una sucesión de cosechas mediocres o netamente deficitarias. Los franceses de entonces comían mucho pan; campesinos y obreros consumían como mínimo dos o tres libras diarias y la Convención calculó el consumo medio en una libra y media, mientras que en la guerra de 1914 se fijó una ración de doscientos gramos. Sin embargo, excepto en las grandes ciudades y en las regiones en que se producía mucho trigo, se contentaban con pan de centeno, de alforfón o de mouture, mezcla variable de trigo, centeno y cebada. También es cierto que, a pesar del atraso de la agricultura, Francia, ya en la época que precedió a la revolución, había llegado a autoabastecerse en años de buena cosecha; el Mediodía nunca recogía suficientes cereales, pero los traía por mar de Bretaña, del Norte o del extranjero, o bien por río, desde Borgoña. Pero en todo tiempo era una preocupación general el saber que los graneros estaban bien surtidos. En caso contrario, hubiera sido difícil alimentarse de cosecha a cosecha; salvo en el Mediodía, donde se desgranaban inmediatamente las espigas haciéndolas pisar por mulos, asnos o bueyes sobre la era, en general se trillaba con mayal, operación penosa y larga que se aplazaba hasta el invierno para atender a las labores del otoño; mientras tanto, había que disponer de «trigos viejos» y siempre se temía que no hubiera suficiente; sin ellos, el hambre era segura si la cosecha no era buena; por otra parte, no era fácil conseguirlo de otra provincia porque, como no había canales, el transporte fluvial era a menudo imposible y por tierra lento y costoso; por mar, el tráfico era irregular y relativamente débil, ya que los barcos cargaban a lo sumo doscientas o trescientas toneladas, y muchas veces menos de cien; además, se corría el riesgo de que los países extranjeros prohibieran la exportación en el momento más apremiante. Así pues, cada región quería guardar sus granos y abastecerse por sí misma. Cierto es que la dificultad de las comunicaciones no permitía movilizar grandes partidas: la exportación total de Francia parece que nunca rebasó el 2% de la cosecha. Pero a pesar de todo, se veía con malos ojos cualquier expedición, incluso con destino a otra provincia francesa. No sólo se temía el hambre, sino la carestía, y las autoridades, por miedo a las alteraciones de orden público, compartían las preocupaciones de los consumidores, sobre todo las autoridades municipales, que eran las más expuestas en caso de disturbios.

El comercio de cereales estaba cuidadosamente regulado. Los campesinos no podían venderlos antes de segarlos, ni en sus casas, ni tampoco en los caminos: tenían que llevarlos al mercado de la ciudad y exponerlos allí a la vista de los vecinos, que eran los primeros que podían comprarlos, seguidos de los panaderos y finalmente de los comerciantes. En caso de necesidad, las autoridades intervenían para racionar las existencias e incluso para fijar el precio; en todo caso tenían una lista de precios que se tomaba como base para establecer las tasas del pan. Este régimen sacrificaba al campesino en favor del ciudadano. El mercado tenía una importancia en la vida de entonces que difícilmente podemos imaginarnos. Sólo las familias muy pobres compraban el pan diariamente en las panaderías; por lo general, cada cual compraba grano para una semana, se lo molía y lo cocía en su casa o en el horno común. Sólo en las grandes ciudades se recurría con más frecuencia al panadero, sin ser una norma general. En París, esta costumbre estaba más arraigada.

Los economistas habían pedido que el comercio de granos se liberara de toda traba a fin de que se vendieran al precio más alto posible y de que el cultivo pudiera extenderse y, sobre todo, perfeccionarse. En 1763 y en 1774 se había concedido la libre circulación interior por tierra y por mar, y se autorizó a vender fuera de los mercados; pero en ambas ocasiones la experiencia se interrumpió pronto. Brienne la había intentado de nuevo en 1787; es más, había autorizado también la exportación. Se pusieron en marcha importantes expediciones cuya influencia se ha desestimado sin razón ya que, si bien la exportación no fue muy considerable, sin duda contribuyó a mermar las reservas, y el cabotaje transportó el resto desde el norte al mediodía, de modo que en vísperas de la siega de 1788, todas las provincias estaban desprovistas. Fue un desastre; desde el mes de agosto comenzó el alza de precios y continuó sin detenerse hasta julio de 1789. Una de las primeras medidas de Necker fue ordenar compras en el extranjero, conceder primas a la importación y restablecer la venta exclusiva en los mercados; en abril de 1789 llegó a autorizar a los intendentes la requisa del grano. Hay que añadir que, en las regiones de viñedos, esta crisis había sido precedida por otra de carácter contrario: durante muchos años, como la vendimia había sido extraordinariamente abundante, el precio del vino había descendido enormemente; el encarecimiento del pan fue mucho más sentido por los numerosos viticultores.

El paro

La mala cosecha y las ventas a bajo precio tenían la misma consecuencia: disminuían el poder adquisitivo de las masas. La carestía de los granos tenía efectos particularmente desastrosos porque una gran parte de los campesinos no cosechaban lo suficiente para vivir, sobre todo si la cosecha se perdía. La crisis agrícola provocó una crisis industrial. Naturalmente intervinieron otras causas. Por ejemplo, los contemporáneos atribuyeron gran importancia al tratado de 1786, que concedía a Inglaterra, a cambio de concesiones a los vinos y los aguardientes de Francia, una disminución de los derechos sobre ciertos productos manufacturados, principalmente sobre los artículos de algodón y sombrerería; como la industria británica tenía un utillaje mecánico muy superior, se achacó a la competencia la marcada decadencia de la industria textil en Francia en vísperas de la revolución. En realidad, la decadencia se remontaba a finales de 1786, mientras que el tratado incriminado no entró en vigor hasta mediados de 1788: a lo sumo agravó el mal. Por otra parte, la guerra que desde 1787 enfrentó a Turquía con Rusia y Austria, y la agitación que provocó en Polonia, de donde tuvieron que retirarse las tropas moscovitas, contribuyeron también a acentuar la decadencia, al dificultar la exportación con destino a Europa oriental y a Levante. En realidad, se resintió todo el comercio internacional, ya que la cosecha fue mala en todo Occidente. El paro hizo estragos precisamente en el momento en que la vida se encarecía. Los obreros no podían esperar, pues, un aumento de salario, cosa que en ninguna ocasión habían obtenido sin dificultad; se calcula que del período de 1726-1741 al de 1785-1789, los precios aumentaron un 65%, mientras que los salarios sólo aumentaron un 22%. En 1789, un obrero parisino ganaba de treinta a cuarenta sous por término medio y estimaba que, para poder vivir, el pan no debía costar más de dos sous la libra: en la primera quincena de julio valía ya el doble; en provincias era muy superior y alcanzaba los ocho sous o más, porque en París las autoridades, por temor a los disturbios, no dudaban en vender el trigo de importación por debajo de su precio. Nunca había estado tan caro el pan desde la muerte de Luis XIV: ¿es posible no relacionar esta dura prueba con la fiebre insurreccional que se apoderó de la población en este momento?

El punto de vista popular

El pueblo nunca se resignó a culpar a los agentes atmosféricos de la penuria y la carestía. Sabía que los diezmeros y los señores que percibían rentas en especie disponían de importantes cantidades de grano y esperaban el alza de precios para venderlos. Pero todavía culpaba más a los negociantes de grano, a los pequeños comerciantes o bladiers que recorrían los mercados, a los molineros y panaderos, que tenían prohibido el comercio de granos, pero que se dedicaban a él bajo mano: todos ellos eran sospechosos de amontonar, de dedicarse al acaparamiento para provocar o favorecer el alza. Tampoco las compras del gobierno o de las autoridades locales eran menos sospechosas: se pensaba que las autoridades locales obtenían ganancias en provecho de su presupuestó o en beneficio personal. Luis XV, por haber encargado a una compañía la creación de graneros destinados al abastecimiento de París, había sido acusado de llenar sus arcas a expensas de la subsistencia del pueblo, y pocos dudaban de este «pacto de hambre». El propio Necker fue acusado de complicidad con los molineros que, encargados de moler el grano importado, se aprovechaban, según se decía, para hacer contrabando exportándolo de nuevo en forma de harina. La libertad del comercio de cereales aparecía como un visto bueno, criminalmente concedido a los que se enriquecían con la miseria de la gente pobre, y es evidente que, si el razonamiento de los economistas era exacto, era preciso que el progreso beneficiara a los propietarios y negociantes, mientras el pueblo cargaba con los gastos. Los economistas estimaban que esta desgracia era providencial y declaraban sin rodeos que el progreso social no puede realizarse sin detrimento de los pobres. El pueblo pensaba, y en ocasiones decía, que debía poder subsistir con su trabajo y que el precio del pan debía ser proporcional a su salario; si el gobierno dejaba las manos libres a los negociantes y a los propietarios en nombre del interés general, que tomara entonces medidas para garantizar a todos el derecho a la vida, descontando a los ricos para indemnizar a los panaderos o vendiendo el grano por debajo de su valor. Pero en todo caso, el pueblo estimaba que lo más sencillo era recurrir a la reglamentación y aplicarla con rigor, sin retroceder ante la requisa y la tasación.

Las revueltas

A nadie puede sorprender que la penuria y la carestía engendraran regularmente revueltas. La gente, tan pronto se encaraba contra los que se decía que poseían grano o comerciaban con él, saqueaba sus casas, o incluso «se les ponía en el farol», es decir se les colgaba de la cuerda destinada a sostener el farol que iluminaba la calle, como arremetía contra los personajes cuyas declaraciones imprudentes, más o menos verídicamente divulgadas, irritaban la cólera pública. El 28 de abril de 1789, el fabricante Réveillon, al que se acusaba de haber dicho que los obreros podían vivir bien con quince sous diarios, y el salitrero Henriot, vieron devastados sus establecimientos del arrabal Saint-Antoine en el curso de una violenta revuelta reprimida a fuerza de fusilamientos y ejecuciones. El mercado era el escenario más frecuente del desorden; se saqueaba el grano de los campesinos o se exigía la intervención de la autoridad. También se interceptaban frecuentemente las caravanas que circulaban constantemente en todas las direcciones por tierra o por mar, del campo al mercado, de un mercado a otro, de la ciudad al molino y viceversa, paseando ante los ojos de las gentes hambrientas los cereales y harinas de que ellas carecían. Los soldados y los gendarmes se agotaban corriendo de un lado a otro: tanto unos como otros, padeciendo la carestía, no dejaban de ser indulgentes con las revueltas. Finalmente, también las autoridades administrativas y sociales eran atacadas: la municipalidad corría el riesgo de ser víctima del motín, e igualmente el diezmero y el señor. A partir de la primavera de 1789, apenas hay alguna ciudad que no haya conocido una o varias «conmociones» o rebeliones, y éstas aumentaron en julio porque en vísperas de la siega el mal llegó al colmo.

El miedo a los bandoleros

La crisis sacudía también al régimen desarraigando a un sector de la población. La mendicidad era una plaga incurable porque el paro hacía estragos constantemente, al menos en el campo, y las personas inválidas, los viejos, las viudas, se veían abandonados a su suerte. Por otra parte, no se consideraba vergonzoso mendigar: el padre de familia cargado de hijos, les enviaba a «buscar su pan». A menudo, parados y mendigos se alejaban de su pueblo, convirtiéndose en vagabundos y yendo a parar a la ciudad. En tiempo de crisis su número alcanzaba proporciones increíbles. Todavía en 1790, con la Constituyente, se estimó, tras un sondeo, que dos millones setecientos treinta y nueve mil cabezas de familia, o sea diez millones de franceses, de unos 23 millones, necesitaban ayuda, y que de ellos tres millones podían considerarse «indigentes», es decir mendigos. Las municipalidades urbanas atribuyeron a los advenedizos las revueltas que desolaban sus ciudades; pero exageraban: en París, por ejemplo, las actas de arrestos muestran que la gran mayoría de los inculpados eran parados domiciliados; pero no cabe duda de que los vagabundos aumentaron la inseguridad. En los campos era mucho peor: formaban bandas que no retrocedían ante las amenazas y los hechos. Se les llamaba «bandidos» y es cierto que entre sus filas había cantidad de malhechores y de «faux-sauniers» (contrabandistas de sal) u otros contrabandistas. El «miedo a los bandidos», nacido en el campo, invadía las ciudades. Con anterioridad a julio de 1789 ya se habían declarado pánicos locales. En mayo, en Montpellier, se espera verles llegar por mar. En junio, en Beaucaire, corre el rumor de que irán a saquear la feria. El 8 de julio, en Bourg, se extiende la noticia de que han pasado la frontera por Saboya, país pobre cuyos miserables emigrantes eran bien conocidos. Todas estas alarmas fueron un motivo más para reclamar y conseguir, a veces, la formación de milicias.

De nuevo el complot aristocrático

Rápidamente, se enlazaron el miedo que inspiraba la aristocracia y el «miedo a los bandidos». Pronto se admitió que la aristocracia favorecía el acaparamiento y retenía sus granos para aplastar al Tercer Estado y que, por la misma razón, vería con buenos ojos que se cortara el trigo todavía verde y se saqueara la cosecha. Como se temía que recurriera a las armas, se pensaba que reclutaría sus tropas entre los vagabundos, del mismo modo que los reclutamientos del rey enrolaban fundamentalmente a los miserables. Las cárceles, presidios y depósitos de mendicidad se hicieron igualmente sospechosos de poder proporcionar un ejército si llegaba el caso, y como también se pensaba que los nobles llamarían a las tropas extranjeras, se consideraba lógico que recurrieran también a los «bandidos» de los países vecinos: a principios de julio se contaba en París que se hallaban en camino sesenta mil. El «complot aristocrático» en favor de la crisis económica se convirtió así en una monstruosa máquina que, no contenta con impedir la liberación del Tercer Estado, se proponía castigarle con el pillaje y el asesinato. Las pasiones se exaltaron hasta el límite y la destitución de Necker fue la chispa que desató el incendio.

CAPÍTULO II

LA REVOLUCIÓN PARISINA DEL 14 DE JULIO DE 1789

La insurrección

La noticia se extendió la mañana del domingo 12 de julio. Hacía buen tiempo y por la tarde hubo aglomeraciones en el Palais-Royal. La sorpresa y la consternación se trocaron pronto en indignación y cólera. La gente se agolpaba alrededor de oradores improvisados que estallaban en maldiciones. Sólo sabemos el nombre de uno de ellos: Camilo Desmoulins que, hacia las tres y media, llamaba a las armas empuñando una pistola. Los manifestantes recorrieron pronto las calles; el grupo principal, que había salido del Palais-Royal hacia las cuatro, fue a cerrar los teatros que en aquella época empezaban la representación a las cinco o cinco y media; en la casa de Curtius, que tenía una especie de museo Grévin, se tomaron los bustos de Necker y del duque de Orléans, que fueron paseados por el bulevar. Después de regresar al Palais-Royal, partieron de nuevo hacia los Campos Elíseos.

Intervino la caballería. Pero los guardias franceses, tomando partido por el pueblo, salieron a la calle con las armas y chocaron con ella. Hacia las ocho, el Royal-Allemand, mandado por el príncipe de Lambesc, se lanzó en persecución de los manifestantes de la plaza Luis XV; la muchedumbre retrocedió a las Tullerías y, desde las terrazas, apedreó a los jinetes, que cargaron arrollando e hiriendo a algunas personas. Seguramente hubo muchas más refriegas. Marat alardeaba de haber empujado a la multitud contra un destacamento en el Pont Royal. Se cuenta también que Danton había arengado al barrio llamado del Teatro Francés, aunque desde 1771 no hubiera comediantes, también conocido por el barrio del Odeón: allí vivía y allí se levantó su estatua. La gente de leyes se unió al movimiento a pecho descubierto.

Besenval, en vista de que no llegaban órdenes, decidió concentrar a toda su gente en el Champ-de-Mars. La ciudad abandonada quedó a merced de los tumultos y desórdenes; el pueblo, sin olvidar sus propios odios, corrió a las «barrières», es decir a las puertas de la ciudad donde estaba el fielato, situadas en el muro edificado por la Ferme Général[43] alrededor de la ciudad en 1766, y las incendiaron; al día siguiente, saquearon Saint-Lazare, que estaba dedicado a almacén de granos. Con la ausencia de la policía, la seguridad de las personas parecía en peligro y la inquietud se cernía sobre París.

El miedo

Pero esto no era lo peor. ¿Cuál era la intención de la corte? Nadie podía sospechar que todavía no se hubiera decidido, como en realidad ocurría. El día 13 se cortaron las comunicaciones con Versalles y se ocuparon militarmente los puentes de Sèvres y Saint-Cloud. La Asamblea parecía perdida y los parisinos no intentaron acudir en su ayuda: si la jornada del 14 de julio la salvó, fue de rebote. Lo que angustiaba a los parisinos era su propia suerte, y tenían motivos de sobra. Las tropas reales parecían cercar la ciudad: por el norte ocuparían Montmartre, donde instalarían sus baterías; por el oeste se unirían a Besenval y sus suizos; por el sur amenazarían la orilla izquierda; al este estaba la Bastilla, cuyo gobernador, de Launay, había colocado los cañones en las troneras y mantenía bajo su alcance al barrio y al arrabal Saint-Antoine. La capital, atacada por todos los flancos y bombardeada, sería asaltada y abandonada al pillaje. El 17 de julio, el librero Hardy, de la calle Saint-Jacques, anotará en su diario que habían sido aprestados para la batalla treinta mil hombres, con el apoyo de gran número de bandidos. Los pánicos se sucedieron sin interrupción. En la noche del 13 al 14 se anunció en el ayuntamiento que habían entrado treinta mil hombres en el arrabal de Saint-Antoine; después, que el Royal-Allemand estaba en la puerta del Trône; poco más tarde, que el enemigo había entrado por la puerta de la Chapelle. Tenemos noticia de estos incidentes gracias a las actas de los Electores, pero sin duda hubo muchos más. Estas jomadas parisinas sólo son el primer acto del Gran Miedo.

La reacción defensiva

Sin embargo, la reacción militar —y defensiva— que ocasionaron fue especialmente rápida y eficaz. El día 13 sonó la alarma; el pueblo, no contento con vigilar las puertas y controlar minuciosamente las entradas y salidas, comenzó a levantar barricadas y a armarse como podía, vaciando las tiendas de los armeros. Por otra parte, la burguesía tomó la dirección del movimiento y se esforzó en organizarlo con el doble fin de restablecer el orden y conseguir una resistencia eficaz. Desde el día 10, se había propuesto en la reunión de los Electores que se eligiera una Asamblea de la Comuna. En aquel momento la propuesta había parecido revolucionaria, pero el 12 fue adoptada sin discusión; en espera de que se pudiera proceder a la elección, se confió el poder a un comité permanente en el que tomó parte Flesselles, preboste de los comerciantes, sus cuatro regidores y algunos concejales, junto a una mayoría de Electores. Desde entonces, la Asamblea de los Electores, a través de su intermediario, se hizo cargo de los asuntos e intervino en las cajas públicas y en los centros administrativos. Convertida en dueña y señora de la capital, la burguesía decidió, el día 13, que cada barrio o distrito proporcionara ochocientos hombres a la milicia burguesa o nacional; los guardias franceses ofrecieron sus servicios y empezaron a circular patrullas; por la noche, todas las casas estaban iluminadas.

El Comité pensaba que la milicia debía estar compuesta por hombres conocidos y seguros a los que proporcionaría todas las armas y municiones que pudiera conseguir. Pero la multitud se apiñaba junto al ayuntamiento y reclamaba fusiles para defenderse. Flesselles intentó dar largas al asunto como pudo, pero al fin tuvo que dirigirse al arsenal y repartir las pocas armas que consiguió. En realidad se trataba de armar a todo el pueblo, y los recursos eran ridículamente insuficientes. La gente acudió también a los Inválidos donde, en la mañana del 14, se apoderó de treinta y dos mil fusiles; se buscó inútilmente el supuesto depósito de los Chartreux, detrás del Luxembourg; el día 13, en el arsenal, tampoco se había encontrado nada, pero se supo que la Bastilla se había provisto de armas: esta noticia precipitó los acontecimientos decisivos.

La toma de la Bastilla

La leyenda contrarrevolucionaria presenta al pueblo de París atacando estúpidamente la Bastilla para liberar a unos prisioneros que no encontró —o poco menos, porque no eran más que siete—; y añade irónicamente que hacía mucho tiempo que no se recibía en aquella casa a las gentes del pueblo, lo cual es cierto. No cabe duda de que la célebre prisión del Estado era para el pueblo un símbolo del despotismo y, si hubiera cometido el error que se le imputa, no hubiera tenido nada de raro, puesto que ignoraba lo que pasaba allí. Sin embargo, cuando, el 14 por la mañana, el arrabal de Saint-Antoine se dirigió a la Bastilla, no fue para atacarla, sino para pedir a su gobernador las armas y municiones que poesía y, en segundo término, para exigir que retirara de las troneras los cañones que amenazaban a la ciudad. Con sus muros de treinta metros de alto y su foso de veinticinco metros de anchura, la Bastilla estaba protegida de cualquier asalto, aunque su guarnición sólo contara con ochenta inválidos y treinta suizos mandados por el lugarteniente Luis de Flue; los primeros no veían con buenos ojos a los soldados extranjeros y costó mucho persuadirles de que dispararan contra el pueblo; el gobernador, marqués de Launay, incapaz e irresoluto, no había tenido la precaución de abastecerse de víveres. Pero fuera, nadie conocía estos puntos débiles. La idea de atacar la Bastilla fue consecuencia de circunstancias imprevisibles.

El Comité Permanente, advertido hacia las ocho de la mañana de las inquietudes populares, había enviado tres delegados para tranquilizar a de Launay e invitarle a retirar sus cañones. Llegaron a la Bastilla a las 10; el gobernador les recibió amablemente, les invitó a almorzar y se sentaron a la mesa. La muchedumbre, enorme en estos momentos, desconociendo lo que les ocurría y pensando que se les había hecho prisioneros, empezó a irritarse y entonces, los más impulsivos empezaron a decir que se exigiera la rendición de la fortaleza o que la atacaran. Los Electores del distrito próximo, informados de los acontecimientos, encargaron a uno de ellos, el abogado Thuriot, que llevara a de Launay la orden de rendirse. Thuriot comprobó que los cañones habían sido retirados de las troneras y que los inválidos parecían dispuestos a capitular, pero el Estado Mayor convenció al gobernador de que no lo hiciera. En estos momentos, la gente sólo había entrado en el primer patio, cuya entrada daba a la calle de Saint-Antoine y que estaba separado del patio del gobernador, en el que se encontraba la puerta de la fortaleza, por un muro donde se abría una puerta con puente levadizo que de Launay no había creído necesario defender, contentándose con levantar el puente. Media hora después de la salida de Thuriot, dos hombres escalaban el muro y abatían el puente. La muchedumbre se precipitó y de Launay, perdiendo su sangre fría, ordenó disparar. Unos caen, los otros retroceden en desorden gritando ¡traición! y convencidos de que se les había dejado avanzar para fusilarlos con más facilidad. Los que estaban armados empezaron el tiroteo contra los sitiados y el combate se prolongó, como es lógico, con resultado desigual: los asaltantes tuvieron, por lo menos, noventa y ocho muertos y setenta y tres heridos, mientras que sólo uno de los inválidos fue alcanzado. Dos nuevas delegaciones del Comité, la segunda enarbolando una bandera blanca, intentaron en vano interponerse: la guarnición no las respetó, y esto fue un nuevo motivo contra ella.

No había ninguna decisión en perspectiva cuando dos destacamentos de guardias franceses y numerosos burgueses de la milicia dirigidos por Hulin, antiguo suboficial, salieron del ayuntamiento y penetraron en los patios de la Bastilla llevando consigo cinco cañones. Elie, lugarteniente del regimiento de la reina, vino a unírseles. Se colocaron tres cañones en batería ante la puerta de la fortaleza. Esta intervención fue decisiva: de Launay ofreció la capitulación, amenazando con prender fuego a los polvorines si no se aceptaba. Elie aceptó, pero la gente protestó: ¡Abajo los puentes! ¡Nada de capitulación! Pese a los consejos de Luis de Flue, de Launay, completamente turbado, hizo bajar el puente levadizo.

La gente se abalanzó al interior de la fortaleza. Se consiguió salvar a la mayor parte de la guarnición, pero tres oficiales del Estado Mayor y tres inválidos fueron asesinados. Con gran dificultad, se consiguió sacar a de Launay y conducirlo hasta las puertas del ayuntamiento; allí una avalancha rompió la, escolta y le dio muerte. Poco después un tiro mató, a Flesselles. Las cabezas cortadas fueron paseadas, por la ciudad en lo alto de las picas.

Besenval no se había movido en todo el día, en vista de que sus regimientos parecían poco seguros; había animado a de Launay a mantenerse firme: su nota cayó en manos de los insurrectos. Por la noche se batió en retirada hacia Saint-Cloud.

Así cayó la Bastilla, por la incapacidad de su gobernador y gracias a la defección de las tropas reales y a la heroica obstinación de algunos cientos de combatientes. La supuesta traición de de Launay reforzó el temor que inspiraba el complot aristocrático. Nadie pensó que la Bastilla fuera el meollo del conflicto; en un primer momento, nadie tuvo la idea de que su caída abriera una vía. Los pánicos continuaron la noche del 14 al 15. El 18 de julio, Desèze, el futuro defensor del rey, que había tenido parte activa en la organización de la milicia, escribía: «Todos temíamos que nos tendríamos que enfrentar a las tropas y que seríamos pasados a cuchillo». Sin embargo, al día siguiente, la revolución parisina se afirmó. Los Electores decidieron nombrar un alcalde, y la elección recayó sobre Bailly; ofrecieron a La Fayette el mando de la guardia nacional. El marqués dio como insignia a los soldados-ciudadanos una escarapela con los colores de París, el rojo y el azul, entre los cuales colocó el blanco, que era el color del rey: la bandera tricolor, emblema de la revolución, fue una síntesis de la antigua Francia y de la nueva.

La capitulación del rey

La toma de la Bastilla, que en sí misma no tenía gran importancia, fue un acontecimiento de gran trascendencia y desconcertó a la corte: la capital estaba perdida para el rey y dispuesta a defenderse; las tropas de que se disponía no eran suficientes para tomarla al asalto ni para sitiarla; por otra parte, era posible su defección, y también cabía esperar que las provincias imitaran a la capital. En la noche del 14 al 15, el rey dudaba entre huir o someterse: no veía otra posibilidad. Más tarde le confesará a Fersen, el amigo de la reina: «Perdí la ocasión»; pero en aquel momento, la huida le pareció indigna de un rey, a pesar de la insistencia del conde de Artois.

El 15, se presentó a la Asamblea, afirmó su buena intención y anunció que iba a retirar las tropas; al día siguiente llamó de nuevo a Necker. El 17, acompañado de cincuenta diputados, salió hacia París. El recibimiento fue digno, pero no efusivo. En el ayuntamiento, Bailly se felicitaba de que el pueblo hubiera «reconquistado» a su rey, y cuando le presentaron la escarapela nacional, Luis XVI la puso en su sombrero. A su regreso, su capitulación parecía definitiva y la alegría, popular estalló en aclamaciones.

El miedo continúa

Sin embargo, no por eso se pensó que la aristocracia hubiera abandonado las armas, y persistió el miedo. Algunos guardias franceses creyeron haber sido envenenados; en Versalles corrió el rumor de que desde las caballerizas del conde de Artois partía una galería subterránea destinada a hacer volar la Asamblea. En París, el Comité encontraba enormes dificultades para conseguir trigo y cebada y echaba la culpa a la malevolencia; en todas partes se multiplicaron las revueltas en los mercados y al paso de las caravanas; el 17, fue asesinado un molinero en Saint-Germain-en-Laye, y el 18 un granjero se salvó por pelos. Continuamente se esperaba ver la siega destrozada y el 26 de julio, la Asamblea fue informada, por lo demás sin motivo alguno, de que así había ocurrido en Picardía. Continuamente llegaban de las provincias noticias inquietantes sobre la emigración, los preparativos de las fuerzas, la actividad de los bandidos a sueldo. El conde de Artois, los Condé, los Polignac y muchos otros habían abandonado Francia; se contaba que una escuadra inglesa cruzaba el canal a la altura de Brest y que una conspiración, de la que se acusaba como cómplice a la nobleza bretona, iba a entregarle ese puerto: el embajador de Inglaterra lo desmintió oficialmente, pero no convenció a nadie. El Comité registraba las inmediaciones de la capital en busca de bandidos, capturando a los vagabundos y enviándolos a sus pueblos de origen. Los pueblos de las cercanías, temiendo que se les echaran encima, organizaron milicias; en los días 17 y 18 se declararon miedos locales en Bougival, Sceaux, Villiers-le-Bel y Pontoise, y el 21 en Étampes, y la opinión parisina sufrió sus ecos. Así pues, la victoria popular no había calmado los ánimos y la prensa, ya libre, excitaba la fiebre, multiplicando los detalles sobre la conspiración aristocrática y haciéndose eco de todos los rumores que atestiguaban su persistencia. Al mismo tiempo que el temor, se exaltaba la voluntad represiva y punitiva. Desde el 13 de julio, Desèze había anunciado que se hablaba de «exterminar a todos los nobles». Pero, a pesar de sus esfuerzos, ni Bailly, ni La Fayette eran dueños de París. A petición del primero, el 23 de julio los distritos eligieron un consejo comunal de ciento veinte miembros que sucedió a los Electores, pero las asambleas de distrito continuaron reuniéndose diariamente, con la pretensión de discutir las decisiones de la municipalidad para ratificarlas o rechazarlas: lo que la pequeña burguesía artesana y comerciante, mucho más que los obreros, intentaba implantar era la democracia directa; y ella constituía el grueso de la guardia nacional.

La desgracia quiso que se apresara en las cercanías, casi a la vez, al intendente de París y de Ile-de-France, Bertier de Saugvigny, al que se hacía responsable de la insuficiencia y de los supuestos abusos del abastecimiento; a su suegro, Foullon de Doué, que pasaba por adjunto de Breteuil en el ministerio del 11 de julio, y finalmente a Besenval. El segundo de ellos, llevado a París el 22 de julio, fue sacado a la fuerza del ayuntamiento por la muchedumbre y colgado en la farola más cercana; momentos después llegó Bertier, que sufrió la misma suerte. De nuevo, las cabezas cortadas fueron paseadas en lo alto de las picas. El día 30 llegó Besenval bien escoltado y probablemente hubiera perecido también de no ser por la intervención de Necker que, oportunamente recogido juntó a la frontera suiza, acababa de reaparecer.

Estos asesinatos suscitaron violentas protestas en la Asamblea, en especial por parte de Lally-Tollendal. Una célebre carta de Babeuf testimonia también su horror al ver al pueblo manchar de este modo su victoria. Pero nos equivocaríamos si imagináramos que toda la burguesía revolucionaria lo reprobaba. «¿Es tan pura esta sangre para que se lamente tanto derramarla?» exclamó Barnave en plena Asamblea Nacional. Y a finales de mes, Madame Roland escribía desde Beaujolais: «Si la Asamblea Nacional no hace un proceso en toda regla de dos cabezas ilustres o algún generoso Decio no las abate, estáis j…». También ella, como Barnave, estaba obsesionada por la idea del complot aristocrático.

¿Cómo negar, sin embargo, que, por justificada que fuera la cólera popular, era importante poner fin a estas ejecuciones sumarias? A partir de este momento, surgió la idea de crear una policía y un tribunal especialmente encargados de actuar con rigor contra el complot aristocrático: de esta forma se eliminaría cualquier pretexto para la intervención tumultuosa del pueblo, y al mismo tiempo se aseguraría mejor el camino de la revolución que con una acción espasmódica. El 23 de julio, Duclos-Dufresnoy, notario de la calle de Richelieu, propuso a la Asamblea, en nombre del distrito de Filles-Saint-Thomas, la creación de un tribunal de sesenta jurados, uno por distrito, que naturalmente debían ser nombrados por el pueblo. Sería, pues, un tribunal popular y revolucionario que correspondía sin duda al gobierno directo que los distritos pronto pretenderían instaurar en la capital. Por su parte, Barnave, sin precisar tanto, pidió «una justicia legal para los crímenes de estado», y Prieur un comité encargado de recibir las denuncias. En la sesión de la tarde, algunos diputados volvieron a la carga, especialmente Petion, que parecía haber asumido la idea de hacer elegir jurados. La Asamblea, en la proclama que dirigió a la nación, prometió crear un comité que recibiría y comprobaría las denuncias contra el complot aristocrático, y establecer el tribunal que juzgaría a los culpables, reservándose el derecho exclusivo de perseguirlos. Sin embargo, no se hizo nada hasta el día 28.

Ese día, como se acababa de decidir el nombramiento de un Comité de Informes para examinar las peticiones que afluían, Du Pont insistió en que se constituyera también el que se había anunciado el día 23, que él llamó Comité de Investigaciones; consiguió lo que pedía: será el prototipo del célebre Comité de Seguridad General; por su parte, la Comuna de París creó, a propuesta de Brissot, otro, que será el primer comité de vigilancia revolucionaria. Pero Du Pont, a su vez, había pedido también un tribunal provisional para los delitos de lesa nación, y se decidió que el Comité de Investigaciones examinara la cuestión: pero no fue nombrado hasta el 30, en el momento en que rugía la revuelta que estuvo a punto de costar la vida a Besenval. La municipalidad parisina, con la esperanza de salvarle, prometió la creación del tribunal popular elegido por los distritos y, efectivamente, Bailly y Sémonville fueron a pedir la conformidad de la Asamblea, que se limitó a confirmar su decisión del día 28. En el fondo, la mayoría quería ganar tiempo: algunos diputados habían protestado, comparando el tribunal que se quería crear con las comisiones extraordinarias que tanto se habían reprochado al absolutismo. Fuera de sesión, los representantes de la Comuna fueron agriamente increpados. Ellos se abstuvieron de insistir, y con razón. Se enterró el asunto, y se hizo taxi bien, que posteriormente la historia no le prestó ninguna atención.

Pero siguió existiendo el Comité de Investigaciones y, por otra parte, los días 25 y 27 de julio, hubo un debate revelador a propósito de unas cartas encontradas al barón de Castelnau, que el presidente de la Asamblea no había querido abrir sin permiso de ésta. Algunos defendieron el secreto de correspondencia; otros, entre los que se encontraba tanto Target y Barnave como Petion y Robespierre, sostuvieron que la nación tenía el derecho de recurrir a cualquier medio para desarticular el complot aristocrático. Fue un noble, Gouy d’Arsy, el que pronunció las palabras decisivas: «En caso de guerra, está permitido abrir la correspondencia, y… nuestra situación puede considerarse verdaderamente como un estado de guerra». La Asamblea pasó al orden del día, pero se ve cómo ya un mes antes de que fuera votada la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se afirmaba el carácter relativo de tales derechos y se esbozaba la teoría, tan defendida en el año II por el Comité de Salud Pública, de que el estado de guerra suspende las garantías constitucionales.

En más de una ocasión, para denigrar la victoria del Tercer Estado y el recuerdo del 14 de julio, se ha señalado que ya en la segunda quincena de julio se habían manifestado los síntomas del Terror. Es indiscutible. Pero esta observación sólo adquiere su verdadera significación histórica si antes se reconstruye la génesis y el contenido de la mentalidad colectiva que engendró el Terror. Entonces nos damos cuenta de que el «complot aristocrático» es una de las claves de la historia revolucionaria. En 1789 pareció ya desarticulado y por eso se atenuó la represión. Pero a partir de finales de año se convirtió en una realidad con los caracteres esenciales que ya de antemano el pueblo le había atribuido; cuando en 1792 el terror llegó a su extremo, al ver a prusianos y emigrados en suelo francés, fue inútil que Danton creara el Tribunal del 17 de agosto, reclamado ya tres años antes: no se pudieron evitar las matanzas de septiembre. Y en 1793, en el momento de mayor peligro, la Convención sólo consiguió evitar su repetición organizando oficialmente el Terror. El miedo y su cortejo de mortíferas pasiones sólo se borraron lentamente después de la victoria indiscutible de la revolución.

CAPÍTULO III

LA REVOLUCIÓN MUNICIPAL EN LAS PROVINCIAS

Después del despido de Necker

La destitución de Necker suscitó una emoción muy viva en las ciudades de provincias y, esta vez, la reacción, inmediata y violenta, fue indiscutiblemente espontánea, ya que los diputados no tuvieron tiempo de intervenir; además, el gobierno había suspendido el correo. De todas partes se enviaban nuevos mensajes a la Asamblea. Muchos de ellos eran amenazadores. Por ejemplo, el 20 de jimio, en Nîmes, los ciudadanos declararon que se consideraba «infames y traidores a la patria a los agentes del despotismo y a los cabecillas de la aristocracia»; ordenaron a todos los naturales de Nîmes que servían en el ejército que desobedecieran cualquier posible orden de derramar la sangre de sus conciudadanos. Pero esto no fue todo. En varias ciudades, la gente se apoderó de todo lo que pudiera permitir a las autoridades reales cooperar a la acción de la corte, en especial las cajas públicas, los almacenes de granos y de forrajes; en El Havre se incautaron los gramos destinados a París, y obligaron a los húsares llegados de Honfleur a virar de bordo, mientras ellos se mantenían preparados para resistir a las tropas reales y para ir en auxilio de la Asamblea. En algunos sitios se crearon comités, como en Montauban, Bourg, Laval; estos comités organizaron una milicia y, en ocasiones, pidieron ayuda a las ciudades vecinas (como hizo Cháteau-Gontier) o incluso a los campesinos, como ocurrió en Bourg y en Machecoul. En Rennes y en Dijon tuvieron lugar los hechos de mayor gravedad. En Rennes, el 16 de julio, no contentos con apoderarse de las cajas públicas y de formar una milicia, los burgueses sobornaron a un sector de la guarnición y se incautaron cuantas armas y cañones pudieron conseguir. Langeron, el gobernador, pidió refuerzos. El 19, la ciudad se sublevó y el resto de la guarnición desertó: Langeron abandonó la ciudad. En Dijon, el día 15, se privó de libertad al gobernador y los nobles y curas fueron recluidos en sus casas: es el primer ejemplo de una detención de sospechosos.

Después del 14 de julio

La toma de la Bastilla se supo, según la distancia, entre los días 16 y 19. Fue una explosión de entusiasmo y de alegría. Mensajes continuos, esta vez de felicitación; Te Deum, manifestaciones de júbilo, cortejos que acuden a presentar con gran pompa la escarapela nacional a las autoridades que, de buena o mala gana, se la colocan como todo el mundo; por la noche, como final, fogatas.

En muchas ciudades la revolución municipal se llevó a cabo sin violencias. La municipalidad del Antiguo Régimen, aturdida, cedió a los manifestantes. Designó como ayudantes suyos a cierto número de notables o, como en Burdeos, cedió el puesto a los Electores. Además, aceptó la creación de un comité de subsistencias. Con más frecuencia, fue obligada a constituir un Comité Permanente para dirigir la milicia que, más o menos pronto se apoderó de la administración. Lo que caracteriza invariablemente el movimiento es la formación de una guardia nacional, punto esencial a los ojos de la burguesía. Es digno de mención el papel de los jóvenes que, con frecuencia, se agrupan en compañías distintas y obtienen a veces una representación particular en el Comité. También ocurre que los soldados confraternizan con los ciudadanos y tienen sus propios delegados.

Pero en algunos lugares, el pueblo no se contenta con asociarse a las manifestaciones de la burguesía. Pide a la municipalidad que baje el precio del pan, o rodea el ayuntamiento gritando: «¡El pan a dos sous!». La municipalidad duda; cuando se ve amenazada, huye; entonces se desencadena el tumulto: las casas de las autoridades, de los comerciantes de granos y de los habitantes más ricos son saqueadas o, como mínimo, asaltadas; a última hora, la milicia y a veces también la guarnición ponen fin al desorden. En Valenciennes y en Valence, la municipalidad se reinstala; pero lo más frecuente es que no se la vuelva a ver, como en Lille, Maubeuge, Cherbourg, y un Comité Nacional o permanente la reemplaza: en este caso, la revolución es completa.

La mayoría de las veces, la municipalidad se había completado por cooptación o bien el Comité se había constituido de motu propio. En las semanas siguientes, a menudo, estos notables tuvieron que dejar su sitio a gentes elegidas, pero la evolución democrática fue más lenta y más indecisa que en París. En otro grupo de ciudades, se consiguió a lo sumo la formación de una milicia, pero el poder del Antiguo Régimen se mantuvo intacto. Así ocurrió en Béziers y en todas las ciudades del Flandes marítimo, en las que se había tenido la sensatez de disminuir el precio del pan por iniciativa propia.

«Municipalización» de Francia

La revolución provincial tuvo, pues, aspectos muy diversos y muy a menudo quedó a mitad de camino. Pero, en todos los casos, la autoridad urbana fue obligada a atender únicamente las órdenes de la Asamblea Nacional; además, casi todos los intendentes abandonaron sus puestos. En provincias, igual que en París, el rey se encontró desprovisto de toda autoridad. Al mismo tiempo, desapareció la centralización; cada comité o municipalidad ejercía un poder incontrolado y prácticamente absoluto, no sólo en su ciudad, sino también en las parroquias de los alrededores, donde la milicia fue enviada a visitar los castillos sospechosos, para requisar y proteger los granos y reprimir los disturbios. Se sentía con fuerza la necesidad de estar unidos para salvar la revolución: de una ciudad a otra se prometen ayuda y socorro y se van dibujando así las futuras federaciones; pero no era menos vivo el deseo de instaurar y defender celosamente la autonomía local más amplia, de modo que Francia se convirtió, espontáneamente, en una federación de comunas. No cabe duda de que la Asamblea Nacional gozaba de un prestigio que ninguna otra ha vuelto a tener, pero cada ciudad —y las parroquias rurales no tardarán mucho en emanciparse del mismo modo— era dueña de aplicar sus decretos con más o menos celo y exactitud: sólo se respetaban con rigor si realmente se estaba de acuerdo con ellos. La autonomía contribuyó sin duda a despertar entre los ciudadanos cierto interés por los asuntos públicos, a hacer surgir jefes locales y a suscitar sus iniciativas. Esta extraordinaria actividad de la vida municipal y regional es uno de los rasgos más característicos de la época. La defensa revolucionaria aprovechará sus Ventajas; a partir de julio de 1789, Francia se encontró cubierta de una red de comités fervorosos en la vigilancia de los aristócratas y en la desarticulación de sus intrigas.

La actitud popular: impuestos y subsistencias

Pero pronto apareció el reverso de la cuestión. ¿Qué es lo que esperaba en primer lugar la gente de las ciudades? La abolición de los impuestos indirectos y una reglamentación rigurosa del comercio de cereales. De buena o mala gana fue preciso satisfacerla. Se suspendió la recaudación de impuestos; las oficinas de la gabela, de los impuestos sobre las bebidas, de los arbitrios, fueron saqueadas con frecuencia, la contabilidad destruida y los consumeros y los rats de cave (inspectores de contribución) puestos en fuga. En cuanto a los granos, circularon siempre acompañados de su recibo de expedición cuidadosamente redactado o bajo cédula de garantía y, a pesar de todas las precauciones, su paso se vio interceptado con frecuencia por los motines; en los mercados, las compras de los comerciantes y de los comisarios de las grandes ciudades originaban continuos disturbios, aunque se controlaban atentamente; hasta el otoño, la escasez y carestía del pan continuaron provocando revueltas. Ya se tratara de cuestiones de impuestos como de subsistencia, la guardia nacional nunca tuvo mucha prisa en reprimir el desorden y, en ocasiones, fue ella misma la que lo inició. Cosa que no puede sorprendemos si tenemos en cuenta que estaba compuesta, en su mayoría, por artesanos y pequeños comerciantes y compartía el sentir popular. La Asamblea, en su proclama del 10 de agosto, recordará que los viejos impuestos seguían en vigor hasta la instauración del nuevo régimen fiscal; el 29 de agosto, decretará la libertad completa del comercio interior de granos, manteniendo la prohibición de exportación: será predicar en desierto.

El miedo en las provincias

Hay que señalar que las insurrecciones que caracterizaron la revolución provincial y algunas de las muertes que la ensangrentaron, por ejemplo en Bar-le-Duc y en Tours, tuvieron casi exclusivamente como causa inmediata la penuria o la carestía. Pero esto no quiere decir que el temor al complot aristocrático no invadiera los ánimos, ni que la noticia de la capitulación del rey lo disipara. Los regimientos que regresaban a sus guarniciones fueron recibidos con inquietud: Châlons y Verdun se opusieron a recibir al Royal-Allemand. Cuando el mariscal de Broglie fue a establecerse en Sedan, la gente exigió que se marchara. Todo transporte de armas o de dinero se hacía sospechoso porque podía estar destinado al extranjero. Desde este momento, se impide por la fuerza toda emigración: las carrozas son detenidas, registradas, y los personajes importantes —obispos, nobles, diputados— retenidos hasta nueva orden. El temor a la invasión extranjera crecía por momentos: en el oeste, como hemos visto, los ingleses van a tomar Brest; en el sureste, los piamonteses se preparan para invadir el Delfinado; en Burdeos se espera a los españoles. En cuanto a los bandidos, se les ve por todas partes, hasta el punto que, en los alrededores de París, corre la noticia de que la municipalidad de la capital expulsaba a la gente que no poseía el debido consentimiento y que parecidas advertencias se hacían en todas las grandes ciudades. Los pánicos locales se multiplican también: el 21 de julio, en Verneuil y sus alrededores; el 22, en Brives; en Clamecy el 29. Los jefes locales del movimiento revolucionario, convencidos también de que la aristocracia tramaba nuevos golpes, aprovecharon todos los rumores para justificar su acción; los diputados, llenos de desconfianza y resentimiento, pusieron en guardia a sus representados y les recomendaron formar milicias. Las ciudades de provincias, al igual que París, se mantienen alerta: es la víspera del Gran Miedo.

CUARTA PARTE

LA REVOLUCIÓN CAMPESINA

LOS CAMPESINOS

Hasta el 14 de julio, nadie se acordó de ellos. Sin embargo, eran, por lo menos, las tres cuartas partes de la población del reino, y hoy podemos advertir que, sin su adhesión, difícilmente hubiera triunfado la revolución. Pero los cuadernos de bailía no habían destacado sus quejas o las habían rechazado; en todo caso, no eran objeto central de preocupación para la Asamblea Nacional, en la que los campesinos no estaban representados. Pero de improviso, también ellos se levantaron y defendieron su causa asestando un golpe mortal a los restos del régimen feudal y señorial. Su insurrección es uno de los rasgos más originales de la revolución.

La condición de los campesinos

En 1789, la gran mayoría de los campesinos franceses eran, desde hacía mucho tiempo, hombres libres, es decir, que podían desplazarse y trabajar a su gusto, convertirse en propietarios, promover acciones judiciales. Todavía había siervos, sobre todo en el Franco Condado y en el Nivernais, pero de hecho ya no estaban ligados a la gleba y, en 1779, el rey había abolido el derecho de continuidad que permitía al señor reivindicar sus derechos sobre ellos dondequiera que se establecieran. El rasgo fundamental que caracteriza al siervo es el no poder disponer de sus bienes: se le considera propiedad inalienable o susceptible de serlo y, si a su muerte no deja al menos un hijo que viva en comunidad con él, todo lo que posee viene a manos del señor. Esto no impide que su situación fuera infinitamente mejor que la de los campesinos de la Europa central y oriental, abandonados a la arbitrariedad del noble: en Francia, la justicia del rey protegía a la persona y los derechos del siervo tanto como del hombre libre.

Por otra parte, muchos campesinos franceses eran propietarios de tierras, lo que los distinguía de los campesinos ingleses, a los que la aristocracia había reducido, en general, a la condición de jornaleros. Su número y la extensión de sus tierras variaban sensiblemente según las regiones. Alsacia, Flandes, el Bocage normando, el Lemosín, el valle del Loira, las llanuras del Saona y del Garona y en general el Mediodía, más que el Norte, les favorecían, y poseían entre la mitad y las tres cuartas partes del suelo. Pero la proporción era muy inferior en las regiones de bosques, landas o marismas y alrededores de las ciudades: junto a Versalles no sobrepasaba el 1 o 2%, Se puede estimar un porcentaje del 30% para el conjunto del reino. El resto estaba en mimos del clero —un 10% probablemente—, de los nobles —más de la mitad—, y de algunos burgueses —tal vez un 5%—. El clero poseía preferentemente las tierras del Norte, decreciendo hacia el Oeste y el Mediodía; los nobles ocupaban sobre todo el Norte, el Este y el Oeste, mientras el Mediodía correspondía preferentemente a la propiedad burguesa.

Abundaban, sin embargo, los campesinos carentes de propiedad. El número de estos proletarios agrícolas no era despreciable en ninguna zona; se estima en un 5% de los cabezas de familia del Lemosín, un 30 o 40% en el Bocage normando, un 70% en los alrededores de Versalles; en el Flandes marítimo alcanza el 75%. Pero un sector de ellos encontraba tierras en arriendo, ya que el clérigo, el noble y el burgués, raramente explotaban las tierras por sí mismos, salvo en las zonas de viñedos y en algunas regiones del Mediodía: cedían sus tierras en arriendo y más frecuentemente en aparcería, es decir compartiendo los frutos con el cultivador. Pero además, como sus tierras estaban muy parceladas, muchas veces arrendaban parcelas aisladas, con lo que los jornaleros podían procurarse alguna ganancia y los campesinos propietarios redondeaban su explotación con trozos tomados en arriendo. De esta forma, el proletariado propiamente dicho, es decir los campesinos que no eran ni propietarios ni arrendatarios de tierras, disminuía sensiblemente sin desaparecer nunca por completo. Por otra parte, la sociedad rural tenía tantos matices como la urbana: los más ricos son los grandes colonos que, a menudo, tampoco son propietarios; los «labradores» eran propietarios totalmente o en parte; a continuación vienen el pequeño colono, el aparcero, el campesino que no posee suficiente tierra para vivir; después el jornalero que posee casa y huerto, más alguna parcela en arriendo, y finalmente el jornalero que no tiene más que sus brazos.

Desgraciadamente, la inmensa mayoría de los campesinos no disponía de una propiedad que les permitiera alimentarse a sí mismos y a su familia y el motivo era, en parte, el estado de atraso de la agricultura. En el Norte y en el Este, el terruño del pueblo estaba dividido en una infinidad de parcelas largas y estrechas, agrupadas generalmente en tres hazas, en dos de las cuales se alternaban los cultivos (trigo en invierno y otros cereales en primavera), Lemosín, un 30 o 40% en el Bocage normando, un sin cultivo, alternando sus funciones cada año. Al sur de una línea que iba desde Normandía oriental hasta Borgoña, pasando por la Beauce, sólo se distinguían dos hazas, una de ellas en barbecho. Al Oeste, en el Lemosín, la tierra cultivada de las montañas, cercada por setos, no ocupaba más que una mínima parte del suelo, mientras el resto sólo se cultivaba de vez en cuando, en ocasiones cada diez años o más. En todo caso, la rotación de cultivos trienal o bienal dejaba improductiva la tercera parte o la mitad de la tierra cultivable. El campesino necesitaba, pues, mucha más tierra que hoy. En el futuro departamento del Norte, nueve de cada diez familias carecían de lo suficiente para vivir. La situación se agravó a partir de mediados del siglo XVIII, porque la población se incrementó notablemente, en unos tres millones seguramente: el número de proletarios aumentó mientras que las participaciones de las herencias redujeron la parte de los propietarios. Al final del Antiguo Régimen había, pues, crisis agraria.

Cuando en 1774 y 1766 el rey concedió a los roturadores la exención de diezmo y de impuesto, numerosos campesinos invadieron las tierras comunales. Las inmediaciones y los claros de los bosques estaban llenos de desharrapados que construían allí sus chabolas, cultivaban lo que podían y cortaban madera para venderla o hacer carbón. Del mismo modo, las marismas albergaban una población de miserables que vivían de la pesca y trabajando en el carbón. En los cuadernos, los labradores critican ásperamente a los nobles y curas que explotan por sí mismos sus bienes, y reclaman la división de las grandes haciendas. En Picardía y Henao, cuando los propietarios pretendían cambiar de colonos, éstos se defendían contra el desahucio llegando incluso hasta el incendio y el homicidio. No es extraño que algunas parroquias pidan la enajenación del dominio real e incluso una parte, al menos, de los bienes eclesiásticos. Pero es característico que la propiedad de los individuos nunca sea puesta en entredicho. En el momento álgido del Terror, se venderán los bienes de los emigrados y de los reos políticos, incluso se decidirá confiscar los de los sospechosos, pero como medida de castigo contra los enemigos de la patria. La nobleza pacífica que ha permanecido en Francia nunca verá amenazados sus bienes. Y esto se debe a que la tierra, cuando no les pertenecía, estaba ya, gracias al arriendo, en manos de los campesinos. Es cierto que las cuotas de los arriendos casi se habían duplicado en el siglo XVIII, mientras que los precios no habían aumentado más que en un 65%; también la aparcería era ya menos favorable al campesino; en general, el propietario se embolsaba la mitad de la cosecha y el incremento del rebaño; pero cada vez con más frecuencia se imponían compensaciones de todo tipo e incluso un suplemento en metálico; esto ocurría sobre todo cuando arrendaba el conjunto de sus fincas a un arrendatario general, que oprimía a los colonos en su propio provecho; de esto se lamentaban amargamente en el Bourbonnais, el Nivernais y el Beaujolais. Pero, a pesar de estas quejas, el arrendatario o el aparcero no hubiera ganado nada con cambiar las tierras que tomaba en arriendo por el exiguo trozo que le hubiera correspondido en un reparto general de las tierras, y es evidente que los campesinos que ya eran propietarios no las hubieran podido conservar.

Las cargas del campesino

Sin olvidar que la crisis agraria era una realidad tangible, hay que reconocer que sólo contra las cargas impuestas al campesino, por el rey o por la aristocracia, se podía cimentar la unanimidad en el seno de la sociedad rural.

El campesino era casi el único que pagaba la talla y cumplía la milicia. Estaba, además, obligado al trabajo personal en la conservación de caminos y en los transportes militares, así como al impuesto per cápita y a los vigésimos. Pero eran los impuestos indirectos los que más detestaba, sobre todo la gabela, que elevaba el precio de la sal a trece sous por libra en una gran parte del reino. Las exigencias reales fueron acrecentándose sin cesar durante el siglo XVIII y los cuadernos de las parroquias se lamentaban de ello invariablemente. Es probable, aunque no se pueda asegurar, que, teniendo en cuenta el aumento de los precios, supusieran en 1789 una parte mayor de la renta nacional que medio siglo antes. En el Flandes valón, país con Estados y en consecuencia tratado con precaución, el impuesto directo aumentó un 28%, sólo durante el reinado de Luis XVI. El campesino no trataba con indulgencia al burgués, puesto que veía que la riqueza mobiliaria no pagaba su parte correspondiente, pero lógicamente eran los privilegios de la aristocracia los que excitaban su cólera de manera especial.

El diezmo

Por otra parte, no se puede dudar de que, añadiéndose a los censos que la aristocracia recibía desde antiguo, el impuesto real contribuyó, de rebote, a hacer odiosos los censos. Al clero se le debía el diezmo, según una tasa variable, pero casi siempre inferior a la décima parte, sobre los cuatro «grandes» cereales, trigo, centeno, cebada y avena (es el gran diezmo), sobre los otros cereales, legumbres y frutas (el pequeño diezmo) y sobre algunos productos de la ganadería. Por los cuadernos se puede ver que hubiera sido mejor soportado si el producto, en lugar de ir a parar a los obispos, abadías y cabildos en la mayor parte de los casos, o incluso a los señores a quienes habían sido «enfeudados», mientras que el cura conservaba, en todo caso, el pequeño diezmo, se hubiera dedicado, como debía ser, al mantenimiento del culto, de la iglesia y la casa parroquial, y sobre todo a los pobres. Pero, tras haber pagado el diezmo, los campesinos veían que estas cargas, en su mayor parte, no volvían a él. Por otra parte, el diezmo presentaba los inconvenientes propios de un impuesto en especie; el mismo diezmero debía cogerlo: si tardaba, toda la cosecha podía sufrir los rigores del tiempo; el campesino era despojado de la paja, que era uno de los elementos principales del abono, el único que conocía; el diezmo retrasaba también el progreso en la roturación de cultivos nuevos. Finalmente, el alza de precios aumentaba su importancia; en 1789, se evaluó su producto bruto en 120 millones: en tiempo de escasez era cuando resultaba más sustancioso, a costa de la alimentación misma del campesino; por lo demás, en cualquier época, el diezmero parecía un acaparador de oficio.

Los derechos señoriales

Lo que quedaba de la feudalidad era aún mucho más impopular. Hay que distinguir lo que es propiamente feudal y lo que es señorial. Desde el punto de vista feudal, las tierras constituían feudos dependientes los unos de los otros, y en último término del rey; estaban sometidas a un derecho especial, cuyo rasgo más conocido es el derecho de primogenitura, y, en cada mutación o herencia, el señor feudal exigía el reconocimiento y empadronamiento del vasallo, así como una tasa de mutación. A menos que el campesino comprara un feudo, cosa rara al menos en el Norte, este régimen no le interesaba. Si no estaba sometido a él, pagaba al rey, como el burgués, un censo especial llamado de franc-fief[44].

Algunos propietarios de feudos eran señores de los hombres asentados en sus tierras: la principal característica del señorío era la justicia, alta o baja. La alta justicia llevaba consigo el derecho de condenar a muerte, pero tenía carácter puramente formal, pues toda sentencia capital debía ser ratificada en el Parlamento. El señor conservaba la policía judicial y la instrucción de las causas criminales; de todas formas, casi no hacía uso de ellas, en vista de que no reportaban beneficio alguno; en 1772, el rey le había autorizado incluso a descargarse de todos los gastos, encomendando pura y simplemente al inculpado a los tribunales reales. Los procesos civiles y la baja justicia, que comprendía la policía rural y decidía en todos los litigios relativos a los censos señoriales, eran, por el contrario, muy valorados; sobre todo en el último caso, el señor decidía sobre su propia causa por medio de sus jueces. Pero aunque la justicia hubiera dejado de ser un derecho «útil», hubiera continuado defendiéndola celosamente, pues era el símbolo de su superioridad social; llevaba consigo numerosas prerrogativas honoríficas: el banco blasonado en la iglesia, la presentación del agua y el pan benditos, la sepultura en el coro, los patíbulos, ciertos derechos al trabajo obligado, a veces humillantes, que ponían de relieve la dependencia del campesino.

Además, los juristas hacían depender de ella numerosas atribuciones remuneradoras: derecho exclusivo de caza y de pesca, de palomar y de madriguera, percepción de tasas en el mercado, control de pesos y medidas, peajes, obligación de patrulla y guardia en el castillo, prestaciones de trabajo personal en servicio del señor, y, sobre todo, el derecho de bando, es decir, el derecho a promulgar los reglamentos, en especial para la apertura de la recolección y de la vendimia o la vigilancia de las tabernas. A este derecho de bando se unía el bando del vino, que reservaba al señor, durante cierto tiempo, la facultad exclusiva de vender el nuevo vino, y los derechos de molino, de prensa y de horno, que constituían sustanciosos monopolios en su provecho y que solía arrendar. También dependía de la justicia la propiedad de los caminos, a excepción de los caminos reales, y como consecuencia el derecho de plantis, del que se usó mucho en el siglo XVIII en ciertas provincias, como Flandes, Artois y Anjou, para llenar de árboles las tierras de los campesinos a lo largo de los caminos públicos. Por último, en muchas aldeas se exigía a todo vecino trabajos y censos personales, en dinero o en especie, para el señor, bajo nombres diversos como talla o fogage.

Entre estos derechos propiamente señoriales, hay que distinguir los derechos llamados reales (réels) porque se consideraba que recaían, no sobre las personas, sino sobre las tierras. Todos los propietarios de feudos, fueran o no señores, los cobraban porque no explotaban por sí mismos sus fundos, a excepción de una reserva, o finca próxima, constituida por el castillo y su parque, un poco de pradera, bosques, y fincas o haciendas arrendadas. El resto del feudo se hallaba, en realidad, en manos de los campesinos o colonos; su tenencia era hereditaria y podían disponer de ella con libertad; se trata de los campesinos propietarios de los que hablamos anteriormente. Pero el dueño del feudo no dejaba por ello de poseer lo que se llamaba la directa o propiedad eminente: se suponía que había concedido la tenencia al campesino con carácter perpetuo, mediando unos censos, fijados de una vez por todas y que no se podían redimir sin su consentimiento. Estos censos eran de dos clases. Unos eran anuales: se les llamaba censos o rentas; podía ser una suma de dinero, por lo general muy pequeña; también se podían exigir en especie y, por tanto, de valor mucho más apreciable dada el alza de los productos. Por último, sobre las tierras cultivadas, la renta en especie podía convertirse en una variante de diezmo, extraído según una tasa uniforme y que normalmente se llamaba, en el Norte, champart o abono (terrage), y en el Mediodía, agrier o tasque. Los otros impuestos reales eran casuales; se pagaban en caso de cambio, por herencia o por venta; estos derechos de laudemio, muy onerosos, eran por lo menos de 1/8 y podían llegar hasta la mitad del fundo. En cuanto a los siervos, soportaban, además, cargas particulares de las que ya hemos hablado.

La «reacción» feudal

Durante el siglo XVIII, también el régimen señorial se había hecho más penoso. Filósofos y economistas lo habían criticado y los propietarios habían creído necesario afirmar sus derechos renovando frecuentemente los terriers donde estaban estipulados, y exigiendo los censos con puntualidad. Era cada vez más frecuente que arrendaran su percepción en manos de contratistas que normalmente se mostraban despiadados y ponían en vigor obligaciones caídas en desuso, aunque no les dieran una extensión abusiva. En caso de conflicto, el tribunal señorial y los parlamentos fallaban siempre en contra de los campesinos. Pero éstos se exasperaron, sobre todo cuando se atacaron sus derechos colectivos, pues como no tenían tierra suficiente para vivir, su existencia dependía de ellos.

Los derechos colectivos de los campesinos

El barbecho, ya fuera la tercera parte o la mitad de la tierra cultivable, así como las tierras que sólo se cultivaban con largos intervalos, eran de uso: común, y todo el mundo, o al menos todos los propietarios, podían utilizarlas para sus ganados. Tras la cosecha, el resto de las tierras caían también en el patrimonio común. Las mismas praderas, tras el primer corte o tras el renadío, eran igualmente sometidas al pasto libre (vaine pâture). A menudo, la aldea tenía un pastor comunal que reunía bajo su cayado todos los animales del lugar. Por eso los campos y prados quedaban abiertos. Excepto en las regiones de roturación trienal, la costumbre autorizaba al propietario a excluir el ganado ajeno rodeándose de una cerca, pero casi nunca se usaba esta facultad, porque el cercado era caro y, sobre todo, porque excitaba el furor de los campesinos. Los bienes comunales, que seguían siendo inmensos, sobre todo en las montañas y en el Oeste, ofrecían otro recurso a los pobres. En el bosque, el campesino podía igualmente pastar su ganado, recoger las ramas secas, cortar árboles para construir o reparar su casa y sus aperos de labranza, y también para calentarse. Tras la cosecha, se practicaba el espigueo, y se tenía derecho a cortar los rastrojos, que el empleo casi exclusivo de la hoz dejaba muy altos. Los economistas condenaban estos derechos colectivos que dificultaban las mejoras en los cultivos, y los grandes propietarios, que pertenecían en su mayor parte a la aristocracia, eran de la misma opinión. Ya los bosques, salvo los comunales, se habían cerrado poco a poco a los campesinos tras la ordenación de aguas y bosques, promulgada por Colbert en 1669. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, el poder real autorizó el cercado en cierto número de provincias y permitió el reparto de las tierras comunales. La aristocracia fue la que más provecho sacó. Cerró sus tierras al pasto libre, al tiempo que seguía enviando sus rebaños a las de los campesinos. En cuanto a las tierras comunales, los colonos sólo tenían su usufructo y los juristas reconocían la propiedad eminente de los señores; además, éstos no dudaban en desmembrarlas en provecho propio para cultivarlas; en caso de partición, tomaban la tercera parte por derecho de triage.

Las quejas de los campesinos

Son numerosos los cuadernos que se lamentan, y amargamente, de estas usurpaciones y de las crecientes exigencias de los feudales. Insisten sobre los daños que causan a los cultivos los derechos de caza, de palomar y de madriguera, faltos de reglamentación y sobre todo sin posibilidad de recurso. Los impuestos en especie eran objeto de las mismas críticas que el diezmo. Los cuadernos señalan también la abrumadora carga que constituían el conjunto de los derechos y la declaraban superior a la de los impuestos reales. Más raros son los que proponen remedios, como la supresión de ciertos derechos especialmente odiosos, o la autorización a redimir los censos. No se pone en cuestión el principio mismo del régimen, pero hay que señalar que los campesinos no decían todo lo que pensaban, y que los burgueses que los dirigían tenían a menudo reticencias respecto de los derechos feudales, porque era una propiedad que ciertos burgueses habían adquirido, y otros porque eran aún jueces y agentes de los señores. Al menos se puede ver el fondo del pensamiento campesino en el hecho de que sus cuadernos exigían la existencia de un título primitivo que justificara la imposición de un censo a cambio de la concesión de una tendencia, y que en su ausencia fueran amortizados: es evidente que el campesino se consideraba el único propietario legítimo y no atribuía a los derechos señoriales, salvo prueba en contrario, otro origen que la violencia. Ocurre, además, que su rencor estallaba abiertamente contra los señores que «les chupan la sangre».

No hay que creer que el régimen señorial era idéntico de parte a parte del reino y que todas las parroquias soportaban las mismas cargas. Muy opresivo en ciertas provincias como Bretaña y el Franco Condado, en otras, como el Flandes marítimo, era relativamente liviano. En este aspecto, al igual que en los otros, la diversidad de Francia era infinita. Tampoco todos los campesinos tenían el mismo interés en la desaparición del diezmo y de los derechos feudales: sería provechoso sobre todo para los que eran propietarios. Sin embargo, no se puede dudar, y la experiencia lo ha demostrado, que fueron unánimes en detestarlos, mucho más aún que al impuesto real. Los campesinos alimentaban reproches contra la aristocracia, mucho más sustanciales que la gente de la ciudad, y es natural que fueran ellos los encargados de asestarle el golpe mortal.

La convocatoria de los Estados Generales y el complot aristocrático

El odio de los campesinos hacia los señores no era cosa reciente; la historia de Francia está llena de levantamientos de campesinos; en el siglo XVIII, la percepción de los censos dio lugar a motines en más de una ocasión, y sobre todo engendró innumerables procesos que los campesinos soportaban con una increíble tenacidad. Si, a pesar de todo, en 1789 no llegaron a una revuelta general, en buena parte se debió a la convocatoria de los Estados Generales. No exageramos al subrayar el profundo eco que tuvo en el campo. Ante la noticia, los campesinos concluyeron que, si el rey les invitaba a exponer sus quejas, es porque pensaba darles remedio. Ahora bien, para ellos estaba claro que si las cosas iban mal era porque, desde luego, se pagaba demasiado al rey, pero sobre todo al diezmero y al señor. La intención del rey, que no deja lugar a dudas, valía ante sus ojos como un hecho consumado; en todo caso, tomándole la delantera no se podría sino agradarle. El lugarteniente de bailía de Saumur escribía que el efecto más enojoso de la convocatoria fue que los electores de la asamblea de parroquia se creían investidos de la autoridad soberana y que los rurales se creían dispensados, en lo sucesivo, de pagar los derechos señoriales. A lo largo de la primavera, gritos de alarma se elevan en todos los puntos del reino: los campesinos se declaran decididos a no pagar nada durante la próxima cosecha. La solidaridad de clase se afirma estrechamente. En Chatou, en el curso de los motines los campesinos cogieron aparte a uno de los suyos que parecía sospechoso: «¿Eres del Tercer Estado?». Y como respondiera negativamente, le contestaron: «¡Nosotros te lo demostraremos!». Las revueltas agrarias, mucho más aún que las urbanas, eran verdaderos movimientos de masas.

Simultáneamente, la idea del «complot aristocrático» nacía y se enraizaba con más fuerza aún que entre los burgueses, pues los campesinos sabían por experiencia casi milenaria que a los ojos del señor los derechos feudales son intocables: de ello dependía su superioridad social al igual que sus ganancias. Era, por tanto, imposible que no dedicara todos sus esfuerzos a engañar al «buen rey» y que, si no lo conseguía, no tomara las armas para «aplastar» al Tercer Estado. La inactividad de los Estados Generales y el silencio que guardaban acerca de todo lo que interesaba a los campesinos, eran achacados al complot; cuando se anunció el golpe de fuerza, ¿qué duda podían tener? Y cuando se supo que el rey, visitando la capital sublevada, aprobaba la resistencia que desbarató los esfuerzos de la aristocracia, ¿necesitaba más pruebas? A lo largo de las revueltas los campesinos asegurarían que ejecutaban la voluntad del rey, y se divulgarían órdenes supuestamente emanadas del rey.

Las ciudades, y en consecuencia la burguesía, contribuyeron sin duda a crear y generalizar esta mentalidad colectiva. Como hemos visto, las relaciones personales entre ciudadanos y campesinos eran múltiples. Pero el mercado fue el foco principal de contaminación: el campesino acudía a él al menos una vez por semana, y fue así como conoció las noticias, como entró en comunión de ideas con las capas populares de las ciudades, y como las revueltas urbanas fueron para él una señal.

La crisis económica

No obstante, una misma observación se impone para el campo y para las ciudades. Sin la excitación provocada por la convocatoria de los Estados Generales, el levantamiento de los campesinos sería inconcebible. Pero no se puede negar que la crisis económica contribuyó a ello poderosamente y vino a completar la idea del complot aristocrático. Contra lo que se podría creer, el hambre afectó cruelmente a las masas rurales, pues la mayoría de los campesinos no cosechaban lo suficiente para alimentarse, y en caso de mala cosecha el número de los afectados crecía a ojos vista a medida que avanzaba el año. Iban a comprar al mercado próximo, tomaban parte en los tumultos que les impresionaban y, de regreso, extendían en sus parroquias un fermento de desorden e inseguridad. En el campo mismo, tampoco dudaban en detener las caravanas, de manera que a lo largo del verano el desorden se hizo general. Su opinión sobre la causa del mal y sus remedios era la misma que la de las gentes de las ciudades: la reglamentación era para ellos la panacea, y el acaparador el enemigo.

El hambre agravaba el paro en las aldeas. Se trataba de un mal endémico, pues el jornalero, durante el invierno, difícilmente lograba emplearse. Cuando los cereales eran escasos ocurría lo mismo durante la época de más trabajo, pues los labradores, al serles difícil alimentar a los obreros, contrataban los menos posibles. Por otra parte, la crisis industrial, que la crisis agrícola engendraba, repercutía en el campo, puesto que un inmenso número de campesinos completaba sus ingresos trabajando para el negociante urbano. El paro y el hambre multiplicaban los mendigos, que en todo tiempo eran muy numerosos. Eran mucho más temidos por el campesino que por el ciudadano, pues estaban más expuestos a su venganza si no los socorrían: les cortaban los árboles, mutilaban su ganado, quemaban sus almiares ó sus casas. En la primavera de 1789, aparecieron por todas partes bandas de mendigos que iban de granja en granja, tanto de noche como de día, repartiendo amenazas. El «miedo a los bandidos» no abandonaba nunca al campesino: en esta ocasión se exaltó desmesuradamente porque se temía que cortaran la mies incluso antes de que estuviera madura. Las autoridades no negaban el peligro y a pesar de su aversión, permitieron a los campesinos e incluso les ordenaron montar guardia y proveerse de armas a este efecto. También estallaron pánicos locales aquí y allá, mucho antes del 14 de julio, y fueron ellos los que alertaron a las ciudades. Como los burgueses, los campesinos vieron en los bandidos gentes a sueldo de la aristocracia, al igual que las tropas extranjeras; este supuesto acuerdo extendió por toda la nación el «miedo a los bandidos» y le dio su verdadera significación social y política.

El efecto revolucionario de la crisis económica fue, pues, doble: por una parte, irritó al campesino y lo enfrentó, ante todo, como es lógico, contra el diezmero y el señor que, con los impuestos, le arrebataban una parte de sus subsistencias; por otra parte, al multiplicar el número de miserables, generalizó una inseguridad que, finalmente, se sumó a la cuenta del complot aristocrático.

Las revueltas agrarias

Del mismo modo que el miedo no procede del 14 de julio, es inexacto imaginar que el campesino esperó el ejemplo de la capital para rebelarse: le bastó el de la ciudad próxima, y ni siquiera esto fue indispensable. Desde finales de marzo, la carestía del pan sublevó al pueblo en Tolón y en Marsella: inmediatamente el movimiento se extendió por casi toda la alta Provenza; el 20 de abril, las aldeas del valle de l’Avance, en la región de Gap, se levantaron contra el señor. El 6 de mayo, motín en Cambrai: en seguida, el Cambrésis se inflamaba y el contagio se extendía por la Picardía. En los alrededores de París y de Versalles, los campesinos organizaron la matanza sistemática de la caza, saquearon los bosques y dispararon contra los guardias.

Pero está claro que la gran conmoción de 14 de julio ejerció una influencia decisiva. Consecuencia de ello fueron cuatro insurrecciones. Una de ellas tuvo como escenario el Bocage normando. Los motines de mercados eran continuos en el norte del Perche, y Falaise vivió uno los días 17 y 18 de julio; poco después, los patriotas de Caen se apoderaron del castillo; a partir del 22 de julio, la revuelta campesina, nacida en el sur de Falaise, se extendía por el oeste hasta Noireau, y por el sur hasta más allá de la Mayenne; continuó hasta el 6 de agosto. En el norte, la Picardía y el Cambrésis, ocupados militarmente, no pudieron moverse, pero las abadías, en el valle del Scarpe y al sur del Sambre, fueron asaltadas. El levantamiento del Franco Condado fue mucho más violento. El 19 de julio, en el castillo de Quincey, cerca de Vesoul, habiendo huido el señor, su administrador reunió a los campesinos que aprovechaban el domingo para celebrar la toma de la Bastilla, e hizo que se les diera bebida. Por la tarde, como faltara vino, un bebedor, buscando en un cuarto trastero, prendió fuego a un barril de pólvora almacenado allí; la explosión causó varios muertos y heridos; se interpretó inmediatamente como una emboscada y el incidente tuvo una inmensa resonancia en toda Francia y en la misma Asamblea. Al día siguiente el castillo ardía y, en los días que siguieron, otros treinta fueron saqueados o incendiados del norte al sur del Doubs. Alrededor del Belfort, la guarnición mantuvo el orden. Pero más allá, la Alta Alsacia se convirtió de rechazo en un centro de ebullición del 25 al 30 de julio. Finalmente, el 26 de julio, la revuelta alcanzó también a Igé, en Máconnais. Al día siguiente, toda la costa se puso en movimiento, quemando y devastando los castillos. El 29 de julio, el ataque fracasó en el castillo de Cormatin y en la abadía de Cluny, pero el movimiento continuó extendiéndose hacia el sur y llegó al Beaujolais.

Estas revueltas se dirigían, especialmente, contra la aristocracia; uno de los principales deseos de los campesinos era obtener la renuncia a los derechos señoriales y, sobre todo, incendiar los archivos que permitían su recaudación. Los actos violentos contra personas son bastante raros y, aunque se haya hablado de asesinatos, los documentos no dan constancia de ninguno. Pero la hostilidad del campesino contra todas las innovaciones que amenazaban su existencia es igualmente evidente: derriba los cercados y restablece el pasto libre, se apodera de las tierras comunales que le habían sido arrebatadas, invade los bosques. Tampoco el burgués se salva; a veces, el gran arrendatario es molestado igualmente y se le obliga a tributar. En Alsacia, los judíos habrán de padecer particularmente. También se esboza un acercamiento local entre la nobleza y la burguesía, entre los comités urbanos y las autoridades del Antiguo Régimen. Sobre todo es visible en Méconnais, donde las milicias recorren las aldeas para restablecer el orden; los comités de Toumus, de Cluny y de Mâcon organizaron tribunales de excepción y pusieron en movimiento la justicia prebostal: se ahorcó a treinta y tres amotinados. Pero nadie podía hacer nada contra la resistencia pasiva a la extracción del diezmo y del impuesto sobre las gabillas (champart) en la cosecha en curso: pagó quien quiso. Y además, casi simultáneamente, el Gran Miedo dotó al movimiento de una fuerza irresistible.

El Gran Miedo

El Gran Miedo nació de miedos locales, dos de los cuales están en estrecha relación con la crisis política; el 29 de julio, en Nantes se extendió el rumor de que llegaban los dragones; el 23 de julio, en Visargent, cerca de Lons-le-Saunier, los guardias nacionales, que habían ido al castillo para realizar unas pesquisas, fueron confundidos de lejos con bandidos, error facilitado por el apogeo de la revuelta del Franco Condado. En los otros casos, lo que entra en juego es el temor al vagabundo, nacido de circunstancias económicas y sociales. El 24 de julio, al sur de Romilly, en la Champaña, el miedo nace al ver, a lo lejos, salir gente de un bosque; en Estrées-Saint-Denis, no lejos de Clermont en Beauvaisis, el 26, unos segadores se alarman por la misma razón; en Ruffec, el 28, otra vez lo mismo; probablemente el miedo del Maine nació de la misma forma por la vecindad del bosque de Montmirail. Cuando se sabe que el bosque ocultaba a una numerosa población de leñadores y carboneros, gente temida y medio salvaje, no es sorprendente el papel que jugó en estas circunstancias.

Los miedos locales se habían extendido a veces bastante lejos. El rasgo característico del Gran Miedo es que estos seis pánicos que podemos llamar originarios crearon corrientes, varias de las cuales pueden ser rastreadas a centenares de kilómetros y que, además, se ramificaron llegando a cubrir provincias enteras. En el Languedoc y la Guyenne, en 1703; en Normandía occidental, en 1848; en Inglaterra, tras la revolución de 1688, también se propagaron ciertos pánicos a grandes distancias. Pero el Gran Miedo de 1789 aventaja con mucho a todos los demás, y afectó a la mayor parte de Francia. Desde Estrées-Saint-Denis, el pánico se extendió por el norte hasta Flandes, hacia el mar entre el país de Bray y el Somme, por el sur hasta París y el valle del Mame. Desde Maizières-la Grand Paroisse, al sur de Romilly, llegó por el norte hasta Châlons, invadió el Gâtinais por el oeste y descendió por el valle del Sena, abordando París por el sur, recorrió Borgoña hasta Dijon y remontó el Allier hasta Aubergne Du Maine oriental, atravesó la provincia hasta Bretaña, alarmó a Normandía desde Caen al Sena, y bajó hasta el Loira, entre Blois y Tours. El pánico de Nantes no tuvo más alcance que el Poitou. Por el contrario, el del Franco Condado descendió hasta Provenza, y el de Ruffec, no contento con extenderse hasta los Pirineos, afectó también a la mayor parte del Macizo Central.

Los que divulgaron el miedo eran gentes de toda condición; en primer lugar los fugitivos justificaban su terror exagerando unos lo que habían dicho otros; entre ellos se encontraban burgueses, curas, frailes; los correos hacían lo mismo; más tarde, mucha gente envió a sus criados para advertir a sus amigos; los curas, las municipalidades, los señores se alertan unos a otros. Menos los subdelegados y la gendarmería, todo el mundo tomó la misma iniciativa. No había ningún medio de comprobación y además los incrédulos se hacían sospechosos fácilmente. No obstante, es probable que, si el Gran Miedo no cundió en algunas regiones se debiera a la sangre fría de ciertos hombres que permanecen en el anonimato.

El anuncio de que se acercaban bandidos también provocó de paso nuevos pánicos que se han llamado pánicos del anuncio y que dieron un nuevo impulso a su propagación: la tradición ha conservado su recuerdo en una forma fragmentaria que hace inexplicable el fenómeno. En suma, puesta en marcha la corriente, el menor incidente resucitaba la emoción: son relevos que hacen resurgir el terror; en el Delfinado la cosa fue peor, pues los campesinos, unidos por el pánico, se sublevaron y, a su vez, quemaron y devastaron el castillo: fue este formidable relevo el que llevó el miedo desde el Franco Condado hasta, el Mediterráneo.

Semejante expansión se explica por la situación del campo, donde el miedo a los «bandidos» era familiar a todos, y por el conflicto político y social de donde nació el temor a un complot aristocrático que utilizara a los bandidos como instrumento.

Todos los contemporáneos, tras haber constatado que los «bandidos» sólo eran un mito, se persuadieron de que el miedo había sido sembrado a propósito y sin otro motivo que el de crear confusión. Los revolucionarios pretendían que los nobles lo habían utilizado para hacerles imposible el gobierno desencadenando la anarquía, pero, como el Gran Miedo se volvió contra los nobles mismos, esta versión no hizo fortuna. Por su parte, la aristocracia se persuadió de que los culpables eran los revolucionarios: habían querido armar y sublevar así al pueblo que sólo pedía permanecer tranquilo e indiferente. Aún hoy se repite que el miedo estalló a un tiempo en todas partes, el mismo día y casi a la misma hora y que se extendió mediante misteriosos correos. En realidad no fue general: Bretaña, el Bajo Languedoc, Alsacia y Lorena, Henao, el país de Caux, no lo conocieron y, hecho significativo, tampoco las regiones donde los campesinos se habían sublevado anteriormente; no comenzó el mismo día en todas partes, sino que se escalonó desde el 20 de julio al 6 de agosto; finalmente, los documentos, a menudo, nos dan a conocer exactamente quiénes lo propagaron.

Es indudable que el Gran Miedo, llamado así muy impropiamente, suscitó una viva reacción defensiva y con frecuencia puso a los campesinos en pie de guerra, que en el Delfinado provocó una rebelión agraria y que en todas partes reforzó la hostilidad hacia la aristocracia: tuvo como consecuencia el asesinato de dos nobles en Ballon, cerca del Mans, y de otro más en Pouzin, en el Vivarais. Pero si bien reforzó singularmente la insurrección de los campesinos, no constituyó su origen: los campesinos estaban ya en pie.

QUINTA PARTE

LA NOCHE DEL 4 DE AGOSTO Y LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO

CAPÍTULO I

EL PROYECTO DE DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS Y LOS PRIVILEGIOS

Mientras la revolución popular se extendía, los debates de la Asamblea nacional habían continuado sin resultados decisivos. Las delegaciones y los memoriales afluían; entretanto, se discutían los medios de restablecer el orden, sin detenerse ante nada. El Comité de Constitución, elegido el 14 de julio, examinaba los proyectos de declaración de derechos y de constitución, que se multiplicaban: después de La Fayette, habían presentado los suyos Sieyès, Target y Mounier, entre otros. Por fin, el 27 de julio, Champion de Cicé y Mounier leyeron sus primeros informes y Clermont-Tonnerre les añadió un resumen de los cuadernos sobre el mismo tema: a partir de ese momento la discusión se centró sobre la oportunidad de una Declaración. La mayor parte de los patriotas defendieron enérgicamente su necesidad, de acuerdo con los nobles liberales, apoyándose en el ejemplo de los americanos y, sobre todo, alegando que era indispensable redactar, como decía Barnave, un «catecismo nacional» para instruir al pueblo en los principios del nuevo orden. La negativa fue defendida, no sólo por privilegiados, sino también por algunos diputados del Tercer Estado, especialmente por Biauzat, de Clermont-Ferrand; algunos negaban la existencia de derechos naturales y sólo querían reconocer los derechos positivos creados por la ley; la gran: mayoría de los que se oponían se limitaron a argumentos realistas: los derechos naturales eran indiscutibles, pero la ley debía delimitarlos necesariamente; si se formulaban en términos generales y filosóficos, ¿no los invocaría el pueblo para oponerse a los límites que la Asamblea debería establecer? Más valía no abordar la declaración hasta que estuviera concluida la Constitución, de forma que se pudiera armonizar una con otra: tal fue el punto de vista particular de Mirabeau; La cuestión no se zanjó hasta el 4 de agosto por la mañana: la Asamblea decidió que votaría en primer lugar una Declaración de derechos del hombre y del ciudadano.

En el curso de estos días no se habían dado más que argumentos de carácter general, político o filosófico, sin detalles concretos, de modo que los comentaristas han hablado a menudo de la discusión como si se hubiera desarrollado en una academia de derecho público. No se había hecho ninguna alusión a los privilegios y a la división de los franceses en tres estamentos; ninguna a las prerrogativas reales; ninguna, tampoco, salvo en el discurso, de Malouet, al peligro de que la declaración se volviera un día contra la dominación de la burguesía. Sin embargo, cada orador tenía en la mente alguna de estas consideraciones, y esto determinaba su actitud. Naturalmente, para la mayoría de la Asamblea, la abolición de los estamentos y los privilegios constituía el nudo de la cuestión.

Ahora bien, la unificación de los tres estamentos no prejuzgaba su desaparición, y tampoco el consentimiento formulado el 16 de julio por la minoría del clero a abandonar los privilegios feudales, ejemplo que, desde luego, aún no había imitado oficialmente la nobleza. El 8 de julio, tras la abolición de las órdenes imperativas, un gentilhombre había exclamado que aquello era abolir los estamentos, prueba de que no se los consideraba suprimidos y, aún el 10 de agosto, el marqués de Thiboutot, diputado del país de Caux, pretendió leer un discurso en el que defendía las prerrogativas honoríficas de los señores y el derecho particular de los feudos, declarando que la nobleza no ratificaba el abandono que de ellos habían hecho algunos, contando con que deseaba mantener «las distinciones que la caracterizan». Champion de Cicé y Clermont-Tonnerre habían hablado el 27 de julio de crear una Cámara Alta, dejando abierta la cuestión de saber si sería monopolio de los dos estamentos privilegiados.

Por eso los aristócratas deseaban aplazar la Declaración si se proclamaba la igualdad de derechos, la invocarían inmediatamente para igualarlos al resto de la nación; en caso contrario, quizá pudieran conservar algunas de sus prerrogativas. El 29 de julio, cuando se discutía el reglamento definitivo de la Asamblea, un vivo debate sobre la definición de lo que se entendía por mayoría puso al descubierto sus intenciones: en lugar de la mayoría absoluta, es decir la mitad más uno de los votos, Lubersac, obispo de Chartres, exigió la mayoría de dos tercios para la abolición «de los derechos establecidos y antiguos»; en semejante caso, la nobleza hubiera podido esperar agrupar algo más de trescientos votos para rechazar la abolición de los estamentos y de los privilegios, aparte la cuestión fiscal. A medida que se prolongaba la discusión sobre el principio de la Declaración, los patriotas, impacientados, se convencieron de que en realidad sus adversarios estaban practicando el obstruccionismo.

Además, eso no era todo: no les pasaba por alto que, teniendo también sus privilegios las provincias y las ciudades, la aristocracia no dejaría de encontrar en el mismo seno del Tercer Estado tácitos cómplices. Parisot, diputado de Bar-sur-Seine, escribió la mañana del 5 de agosto: «Convencidos de que la nobleza y el clero sólo pretendían dar largas al asunto y no hacer nada…, nos dimos cuenta de que, en tanto las dos clases privilegiadas tuvieran algún privilegio, el interés particular prevalecería sobre el bien general». Pero someter la abolición de los estamentos y de los privilegios a la deliberación reglamentaria significaba abrir de nuevo la vía al obstruccionismo y a las coaliciones inconfesadas.

La operación «mágica».

Habiéndose levantado la sesión del 3 de agosto a las once de la noche, «alrededor de cien —cuenta Parisot—, tuvimos una reunión privada que nos llevó casi toda la noche». No hay duda de que se trata del Club Bretón. Se decidió, según cuenta, «emplear una especie de magia para, dando una tregua a la Constitución, destruir todos los privilegios de las clases, de las provincias, de las ciudades y de las corporaciones. Con esta intención entramos ayer en la sala (4 de agosto) a las cinco. Nuestra reunión era absolutamente secreta». La noche del 4 de agosto fue, por tanto, el resultado de una maniobra parlamentaria para ganar por sorpresa la votación más importante del período revolucionario, con la esperanza, seguramente, de que muchos de los probables oponentes no se molestarían en asistir a una sesión nocturna.

Pero Parisot no lo dice todo, y la abolición de los privilegios no fue el único objetivo de la magia.

La revuelta agraria

Muchos patriotas estaban perplejos ante la revuelta popular. Les había salvado y no podían pensar en condenarla; por el contrario, la justificaban; la revolución jurídica había devuelto la soberanía al pueblo; el rey y la aristocracia habían intentado recobrarla por la violencia; oponiendo la fuerza a la fuerza, la intervención de las masas había asegurado el triunfo del derecho: el 14 de julio era una revolución sagrada. Pero, puesto que la Asamblea representaba al pueblo, éste hubiera debido limitarse a hacerla respetar y esperar después en calma las diligencias judiciales y las reformas que considerara conveniente decretar. Pero esto estaba muy lejos de la realidad y, el 20 de julio, y más tarde de nuevo el 23, Lally-Tollendal lanzó el grito de alarma.

A cada momento, el orden público era alterado en todas partes. Represalias sumarias habían ensangrentado la ciudad y el campo. Casas y palacios eran incendiados o saqueados. La vida y la propiedad de los ciudadanos ya no estaba asegurada. Por otra parte, el pueblo no esperaba a que la Asamblea deliberase para poner en práctica sus deseos: en este aspecto, la revuelta agraria había sido decisiva y había roto el fuego. No cabía duda de que la propiedad feudal no podía encajar en la nueva sociedad, pero la burguesía no podía ver con buenos ojos su supresión por otra vía que la legal y con indemnización: el precedente podía ser demasiado peligroso para otras propiedades. Por último, resultaba evidente que el sentimiento popular era hostil a la libertad económica que había de ser una de las piedras angulares del futuro régimen. Lo que reclamaba era, por el contrario, la vuelta definitiva a la reglamentación del comercio de los cereales. A lo que los campesinos se sentían atados era a la economía tradicional, con todas sus servidumbres. A este respecto, el cisma entre la burguesía y las masas populares era radical.

¿Había que recurrir por tanto al ejército, es decir al rey, para reducir al pueblo a la obediencia? Los patriotas no pudieron decidirse a hacerlo y el intento frustrado de Luis XVI encontró aquí una de sus sanciones principales. Se colmaba de elogios al monarca; se pregonaba oficialmente la seguridad de que estaba de acuerdo con la Asamblea; era necesario para tranquilizar a los vacilantes y suprimir todo pretexto para una intervención extranjera. Sin embargo, todo el mundo dudaba de si la corte, favorable en un primer momento, no renovaría su golpe de fuerza, y los revolucionarios, denunciando cada día el complot aristocrático siempre amenazador, alimentaban la sospecha en los menos avisados. ¿Cómo invitar al rey en estas condiciones a desarmar al pueblo? Al día siguiente, la Asamblea se encontraría a su merced; y esta vez sin recursos. Es lo que varios dejaron entender claramente, tomando la defensa de los «rebeldes». —Barnave tanto como Robespierre— sin que nadie negara la evidencia.

En lo que concernía a las ciudades, la solución parecía inminente gracias a la creación de la guardia nacional, porque la Asamblea se imaginaba que los artesanos y los tenderos, sin los cuales los efectivos de la milicia ciudadana hubieran sido irrisorios, no cabían en las filas del «populacho», cuyos excesos deploraba; su impotencia para restablecer la libre circulación de los cereales no tardaría en desengañarla. En cuanto a los campesinos, era imposible hacerse ilusiones: para someterlos había que dar libertad de actuación al ejército y a la justicia prebostal.

Sin embargo, el 3 de agosto, el Comité de Informes no encontró nada mejor que proponer que una declaración por la cual la Asamblea ordenaba a las autoridades restablecer el orden y al pueblo continuar pagando los impuestos, el diezmo y los derechos feudales; pero también fue aplazada. Un diputado había exclamado: «No hay que llamar derechos legítimos a unos derechos injustos y, en la mayor parte de los casos, fundados en la fuerza y en la violencia. No hay que hablar de derechos feudales; los habitantes del campo esperan su supresión, la piden en sus cuadernos, y hacer una declaración semejante sería irritarlos».

Preparación de la noche del 4 de agosto

En efecto, si no se recurría a la fuerza, la alternativa era complacer a los campesinos. En cuanto al diezmo, no había ninguna dificultad, pues se podía considerar como un impuesto; la objeción era que, para que alcanzase para el mantenimiento del culto, habría que reemplazarlo, en parte al menos, por una contribución que afectaría a todo el mundo, mientras que la supresión del diezmo sólo beneficiaría a los propietarios. En cuanto a la feudalidad, el orador del 3 de agosto había contestado implícitamente al argumento de que al aboliría se atacaría a la propiedad: los derechos feudales no eran una propiedad como cualquier otra; en su mayor parte habían sido usurpados en detrimento de la autoridad pública o impuestos por la violencia; muchos cuadernos de parroquia habían exigido que el señor sometiera sus títulos a comprobación y que, sobre todo, justificara los impuestos sobre la tierra presentando el acta primitiva por la cual había cedido la tierra al campesino. De todas formas, también aquí encontraba complicidades la aristocracia, al ser muchos burgueses propietarios de señoríos o de feudos, intendentes, arrendatarios o abogados de los señores. Pero el obstáculo era, ante todo, político: si la revolución había triunfado, había sido gracias al apoyo de los curas y de los nobles liberales; ¿no era una imprudencia romper con ellos despojándolos, contra su voluntad, del diezmo y de los derechos señoriales? En su proyecto de declaración, Target, después de muchos otros, había sugerido la solución de la redención, adoptada desde 1770 por el rey de Sardania, estipulando que «las propiedades cuyo ejercicio es perjudicial para el cuerpo político sólo pueden ser expropiadas mediante una indemnización al menos igual a su valor». Sin embargo, se podían prever vivas resistencias y mil objeciones que harían la discusión interminable y de una confusión inextricable. Era la ocasión de recurrir a la «magia» de la que hablaba Parisot. El recurso empleado fue confiar la iniciativa a un noble liberal, el duque de Aiguillon, uno de los mayores propietarios de Francia. Se podían esperar muchas cosas: el desconcierto entre los aristócratas, la emulación entre los nobles y los prelados liberales, la obligación moral de los recalcitrantes del Tercer Estado de no mostrarse menos generosos que los privilegiados. En 1791, el marqués de Ferrières rindió homenaje, al denunciarlo, al «arte con que había sido preparada la sesión de la noche del 4 de agosto». Los cabecillas de la burguesía revolucionaria, con una consumada habilidad de hombres de Estado, supieron obligar a su mayoría a despreocuparse de sus intereses particulares para no pensar en otra cosa, al menos durante unas horas, que en la comunidad nacional.

La noche del 4 de agosto

El martes 4 de agosto, la Asamblea se reunió a las ocho de la tarde para escuchar a Turgot en la lectura de la proclamación cuyo principio se había adoptado la víspera. Apenas se había callado cuando el vizconde de Noailles apareció en la tribuna. Cuñado de La Fayette, estaba seguramente en el secreto, y es posible que quisiera marcarse un éxito digno de memoria adelantándose al duque de Aiguillon; pero, como segundón sin fortuna, se exponía al reproche de abandonar lo que no poseía y de poner en peligro el plan. Se quiere calmar la efervescencia, observó, pero ¿cómo hacerlo sin dar satisfacción a las comunidades campesinas? «No es una constitución lo que ellos desean: no han formulado esa petición más que en las bailías. ¿Qué es entonces lo que han pedido? Que los impuestos indirectos sean suprimidos; que no haya más subdelegados; que los derechos señoriales sean disminuidos o sustituidos. Después de tres meses, esas comunidades ven a sus representantes ocuparse de lo que llamamos, y en efecto es, la cosa pública; pero le parece que la cosa pública es sobre todo lo que ellos desean obtener ardientemente. Tras todas las diferencias que han existido entre los representantes de la nación, los campesinos sólo han visto a la gente, reconocida por ellos, que solicitaba su bienestar, y a las personas poderosas que se oponían a ello. ¿Qué ha resultado de este estado de cosas? Han creído que debían armarse contra la fuerza, y hoy ya no tienen ningún freno». Esto era una breve exposición, muy buena, de la trayectoria mental de los campesinos y de la causa de los motines agrarios. En consecuencia, Noailles propuso que antes de lanzar su proclama, la Asamblea decretara la igualdad ante los impuestos y la redención de los derechos feudales, a excepción del trabajo obligatorio, de los bienes inalienables y de todas las «servidumbres» personales, que debían desaparecer sin indemnización.

Inmediatamente después, el duque de Aiguillon retomó estas propuestas, enmendándolas. Justificó largamente la redención. «Esos derechos, no se puede ocultar, son una propiedad, y toda propiedad es sagrada; pero son onerosos para el pueblo y todo el mundo reconoce los continuos apuros que le imponen… No se puede pedir (a los señores) la renuncia pura y simple a sus derechos feudales… La equidad obliga a no exigir el abandono de ninguna propiedad sin conceder una justa indemnización al propietario que somete su conveniencia al provecho público». Su moción no incluía ninguna excepción a la redención.

Tal vez fuera, más fielmente que Noailles, el intérprete del Club Bretón. Pero la experiencia mostró que el Tercer Estado continuaba prefiriendo la solución más favorable a los campesinos. Un torrente de aplausos, para los que dieron la señal, según dice Parisot, los cien diputados que estaban en el secreto, acogió la generosa propuesta de los dos grandes señores, pero fue la formulación de Noailles la que fue adoptada con entusiasmo: los derechos de «manos muertas», los trabajos obligatorios y todas las cargas personales fueron suprimidos sin compensación, mientras que los derechos de uso (banalités), los derechos de medida y de minado, y sobre todo los impuestos reales, se declaraban redimibles. Por supuesto, no hubo discusión alguna sobre la abolición de los privilegios fiscales.

Un diputado bretón, Leguen de Kérangal, felicitó emocionado a los dos oradores; a continuación, el marqués de Foucault propuso con éxito la revisión de las pensiones, quizá pensando en herir a Noailles o a los suyos; después, el vizconde de Beauhamais hizo decretar la igualdad de las penas y la admisión de todos los ciudadanos a las funciones públicas. Lubersac, obispo de Chartres, atacó entonces el derecho de caza, y algunos nobles declararon que renunciaban a las madrigueras y a los palomares. Cottin, diputado de Nantes, hizo suprimir las justicias señoriales, a partir de lo cual un diputado noble pidió que en adelante la justicia fuera gratuita y provocó la abolición de la venalidad de los cargos. El duque del Châtelet puso en cuestión el diezmo, que quedó convertido en un impuesto pecuniario redimible. En último lugar, llegó el turno de los países con Estados, de las provincias y de las ciudades, que renunciaron a sus privilegios, siguiendo el ejemplo de los bretones y los delfineses. El clero no se distinguió en esta carrera de sacrificios: era un noble quien había hablado del diezmo; de todas formas, algunos curas ofrecieron su casuel, es decir la gratuidad del culto; se añadió a ello la prohibición de poseer varios beneficios a la vez y de pagar al papa las anatas, tributo de un año de ganancia que le debía el obispo a partir de su investidura: con esto se había iniciado la reforma de la Iglesia francesa. Además, un diputado de Beaujolais, probablemente Chasset, hizo añadir que las corporaciones serían reformadas, aunque no suprimidas. Por último, a propuesta de Lally-Tollendal, se declaró a Luis XVI «regenerador de la libertad francesa» y se acordó que se cantaría un Te Deum. Se levantó la sesión a las dos de la madrugada. «Un contagio sentimental inundaba los corazones», escribió el ginebrino Dumont, testigo ocular. La operación «mágica» había dado resultado.

Sin embargo, no tan completamente como a veces se piensa. Los diputados de las provincias y de las ciudades no habían seguido a los bretones y a los delfineses sin reparos; al admitir la igualdad fiscal y una reforma de la administración local, se habían mostrado deseosos de conservar en sus circunscripciones sus «particularidades» propias y habían advertido que hablaban a título personal y bajo reserva de informar a sus representados: era el particularismo quien mejor había resistido al contagio, no los privilegiados.

El decreto del 5 al 11 de agosto

Las decisiones de la noche de 4 de agosto se habían tomado sin redactar. El día 5, Fréteau releyó la lista, y al día siguiente comenzó la discusión. En principio, sólo debía examinarse la forma; pero, en realidad, el texto fue impugnado y modificado en cuanto a su fondo mismo. Fuera, la consternación y la cólera eran profundas entre los privilegiados y en la corte. El 8 de agosto, un diputado de la nobleza, escribiendo a la marquesa de Créquy, se indignaba contra «una revolución que destruye de hecho feudos y nobleza, que priva a quinientas mil familias de sus propiedades, a las provincias de sus derechos y privilegios, y prepara en Francia las cadenas que vemos con sorpresa soportar a los orientales. Los diputados no tenían ninguno de los poderes que se han arrogado; debían limitarse a votar la renuncia a los privilegios pecuniarios y han aniquilado las propiedades». No fue el único en declarar que la nobleza no ratificaba la iniciativa de algunos de sus miembros. Como ningún privilegiado parece haber protestado la noche del día 4, hay que concluir que los recalcitrantes no habían asistido a la sesión o que se habían sentido impotentes. Pero se habían recuperado y, a partir del día 6, todo el mundo se dio cuenta de ello. Varios alegaron la obligación que tenían de consultar a sus representados a pesar de la anulación de las órdenes imperativas; algunos curas se alzaron contra la redención del diezmo; ciertos nobles contra la de los derechos señoriales y contra la abolición de las justicias. Por otra parte, el derecho feudal era tan complejo, desde el punto de vista jurídico, que la distinción entre cargas personales, abolidas sin indemnización, y cargas reales redimibles, era muy difícil, si no imposible: a los oponentes les fue fácil poner en un aprieto a los juristas. Pero la mayoría no quiso concederles nada. Por el contrario, la incertidumbre que pesaba sobre la clasificación de los derechos se volvió contra ellos: las banalités desaparecieron de la enumeración de los derechos redimibles, igual que los derechos de medida. Si la nobleza se había hecho ilusiones, el comienzo del decreto definitivo, fechado los días 5 al 11 de agosto de 1789, la desengañó: «La Asamblea Nacional suprime enteramente el régimen feudal». Lo cual no era del todo exacto: además de la obligación de redención que les aseguraba larga vida, no se habían atacado los derechos honoríficos, ni el derecho de primogenitura. Pero el resultado no había sido dudoso ni un solo instante. Sin embargo, los dos jefes más eminentes del Tercer Estado, Mirabeau y Sieyès, se habían abstenido de asistir a la sesión del día 4, aunque seguramente estaban al corriente de lo que se preparaba: es probable que lo desaprobaran.

Mirabeau, sin atacar el decreto, contribuyó a que se aplazase la deliberación, el 6 de agosto, sobre los derechos honoríficos y, el 12, sobre el derecho de primogenitura. Sieyès guardó silencio, pero a fin de mes presentó al Comité Feudal, creado el 12 para elaborar la ley que debía regular las modalidades de la redención, una memoria donde criticaba con vehemencia la decisión de la Constituyente. Si los dos hombres no la atacaron abiertamente, y a tiempo, fue evidentemente porque se daban cuenta de que la corriente era demasiado fuerte.

Cuando el debate se animó verdaderamente fue a propósito del diezmo; tomó un giro singularmente amenazador para el clero, y terminó con una innovación decisiva para las decisiones del 4. El 6 de agosto, los curas que habían protestado contra la redención provocaron una réplica fulminante por parte de Buzot: «En primer lugar, sostengo que los bienes eclesiásticos pertenecen a la nación… Lo mejor que puede hacer el clero es salvar al menos las apariencias y simular que hace por iniciativa propia los sacrificios que las circunstancias imperantes le obligarán a hacer». El día 8, cuando se discutía un préstamo propuesto por Necker, el marqués de Lacoste volvió a la carga y, proponiendo la abolición pura y simple del diezmo, sugirió que los bienes eclesiásticos se dieran en prenda a los prestamistas; Alejandro de Lameth apoyó la propuesta, mientras que el abad de Montesquieu defendió enérgicamente a su estamento. Así se planteó por primera vez la cuestión de la nacionalización de los bienes de la Iglesia: la mayor parte de los argumentos en pugna ya se habían formulado; pero era prematura una decisión y el debate quedó sin conclusión. Para el diezmo las cosas ocurrieron de otra manera; cuando, el día 10, se puso en discusión el artículo del decreto correspondiente, se propuso, mediante una enmienda, suprimirlo sin más, entendiéndose que la nación atendería a las necesidades del culto y que, por otra parte, los diezmos que el clero había cedido a laicos —diezmos enfeudados— quedaban sometidos a redención. El torneo volvió a empezar; esta vez, Mirabeau hizo causa común con los agresores, mientras que Sieyès se pronunciaba con fuerza en favor de la redención. A fin de cuentas la mayoría adoptó la enmienda: el diezmo desapareció sin que costara nada a los propietarios.

Por el contrario, las decisiones del día 4 fueron curiosamente amputadas del artículo que se refería a las corporaciones, sin que sepamos en qué condiciones; no obstante la causa no es dudosa: los artesanos y los tenderos se habían mostrado ligados a ellas en sus cuadernos, contra el voto de la burguesía, y los diputados creyeron prudente dejar para más tarde la solución de este espinoso problema.

Los resultados

Cualquiera que sea la importancia de los debates desarrollados del 5 al 11 de agosto, no eclipsa la de la noche del 4. En unas horas la Asamblea había realizado la unidad jurídica de la nación, aniquilado en principio, junto con el régimen feudal, la dominación de la aristocracia en el campo, y suprimido el elemento de su riqueza que la distinguía de la burguesía, iniciado la reforma financiera, jurídica y eclesiástica. Desde el 12 de julio había ya un Comité de Finanzas; el 20 de agosto constituyó un Comité de Asuntos Eclesiásticos y un Comité de Judicatura.

Pero sin duda se hacía muchas ilusiones sobre su obra. Los campesinos estimaron que era contradictorio declarar abolido el régimen feudal y obligarlos a pagar las cargas, tal como se lo ordenó severamente la Asamblea en su proclama del 10 de agosto, en espera de redimirlas. Por otra parte, la aristocracia, sin preocuparse por las ventajas que hubiera podido obtener de las indemnizaciones prometidas, tampoco se resignó, menos por interés que por orgullo. Pero el terreno sobre el que se podía edificar en adelante la Declaración y la Constitución estaba ya desbrozado y, de todas las consecuencias de la noche del 4 de agosto, la menos atacada fue seguramente esta unidad nacional, realizada entre todas las partes del territorio como entre todos los franceses, por la que tanto tiempo había trabajado la realeza y que la Asamblea Constituyente conserva la gloria de haber llevado a término. Es justo señalar el papel eminente que jugó, en esta famosa noche, la nobleza liberal asociándose al ardor revolucionario del Tercer Estado para no tener en cuenta más que a la nación.

CAPÍTULO II

LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO

La discusión

Una vez suprimido el despotismo y abolidos los privilegios, nada se oponía a una inmediata redacción de la Declaración, y la Asamblea volvió al trabajo el 12 de agosto. Se le habían sometido numerosos proyectos y sus secciones habían elaborado otros. Se eligió un nuevo comité —el tercero— compuesto por cinco miembros, para redactar un texto que sirviera de base a la discusión. Fue presentado, el día 17, por Mirabeau. No obstante, con ello no se libraron del obstruccionismo: varios oradores volvieron a poner en cuestión la oportunidad de una Declaración y Mirabeau mismo propuso, una vez más, su aplazamiento hasta que estuviera acabada la Constitución. Pero la mayoría había tomado ya una decisión: el proyecto de los cinco, sin duda comprometido por el doble juego del ponente, fue rechazado en favor del de la sexta sección. Discutido sin interrupción desde el 20 al 26 de agosto, fue modificado profundamente, no en cuanto al fondo, sobre el que se estaba más o menos de acuerdo, sino en cuanto a la forma: el texto definitivo, reducido de 24 artículos a 17, es más conciso y la redacción más acertada y más contundente. La discusión no se hizo apasionada hasta el 22 y el 23, cuando se llegó a los artículos del proyecto que declaraban esencial «para el buen orden de la sociedad» que fueran respetadas «la religión y la moral», así como el «culto público». El preámbulo había puesto la Declaración bajo los auspicios del «Ser supremo», pero por «religión» se entendía la católica, y «el culto público» era monopolio suyo; algunos clérigos insistieron con fuerza para que la Asamblea confirmara así la existencia de una religión de Estado, es decir privilegiada, si no obligatoria; en cuanto a la tolerancia, se concedía bajo esta forma ambigua: «Todo ciudadano que no perturbe el culto establecido no debe inquietarse en absoluto». Mirabeau protestó con fuerza en favor de la libertad de conciencia y de culto, y Rabat-Saint-Étienne abogó por la misma causa en nombre de los protestantes. Fue en vano: se llegó a un acuerdo para suprimir la cuestión del «culto público», que sería regulado por la Constitución, y se tomó en consideración la moción del conde de Castellane. «Ningún hombre puede ser molestado por sus opiniones religiosas, ni perturbado en el ejercicio de su culto», pero se amputó la segunda parte y la primera se modificó sensiblemente. El artículo 10 de la Declaración se redactó así: «Nadie puede ser molestado por sus opiniones, incluso religiosas, en tanto su manifestación no altere el orden público establecido por la ley». El día 26, Du Port hizo añadir el artículo 17, concerniente a la propiedad; el conde de Montmorency propuso además reconocer al pueblo el derecho de revisar la Constitución: esta cuestión fue aplazada, al igual que varias más, el día 27, entendiéndose que, cuando la Constitución estuviese acabada, la Declaración, fijada así en diecisiete artículos, sería revisada y completada. Pero no lo fue nunca: cuando se retomó el debate, en agosto de 1791, Thouret opuso que la Declaración, conocida ya por todo el pueblo, había tomado a sus ojos «un carácter religioso y sagrado», que se había convertido en «el símbolo de la fe política», y que había que guardarse de retocarla. Se añadió a un resumen de la Declaración los complementos que se juzgaron necesarios para constituir el preámbulo de la Constitución y el enunciado de las «disposiciones fundamentales» garantizadas por ella. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, símbolo de la revolución de 1789, quedó tal como la Asamblea Nacional la había adoptado provisionalmente el 26 de agosto.

Los derechos naturales: la libertad

Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos: esta afirmación memorable, encabezando el artículo 1.º, resume la obra de la revolución del 14 de julio y del 4 de agosto; el resto de la declaración no es más que su desarrollo o su comentario.

«El fin de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre» (artículo 2). Implícitamente se encuentra así adoptada la noción de contrato social, divulgada en Francia por Rousseau. Sieyès y Mounier habían señalado también como fin a la organización social «el mayor bien de todos», «la felicidad común»; aquí no encontramos estas fórmulas cuyo equivalente, «el bien común», figurará en la Constitución de 1793.

Los derechos del hombre son: la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión (artículo 2). Se consagran a la libertad siete artículos. En general, es definida por los artículos 4 y 5: es el derecho a «hacer todo lo que no perjudique a otro», no pudiendo sus «límites» ser «determinados más que por la ley». La libertad individual ocupa tres artículos (7 a 9), uno de ellos muy largo, que ponen las bases del nuevo procedimiento criminal y del nuevo código penal, dos de las reformas esenciales de la Constituyente: «Ningún hombre puede ser acusado, detenido ni encarcelado sino en los casos determinados por la ley y según las formas que ella prescribe»; se supone inocente a todo hombre hasta que haya sido declarado culpable; la ley no puede ser retroactiva; sólo debe prescribir las penas estrictamente necesarias. La libertad de opinión, «incluso religiosa», se menciona, como se ha dicho, en el artículo 10; la libertad de prensa, en el artículo 11. De la propiedad sólo se habla en el artículo 17 y último; es «un derecho inviolable y sagrado», y no se puede ser despojado de él sino por razones de utilidad pública legalmente comprobada y mediando una «justa y previa indemnización». La declaración no insiste sobre la seguridad: es resultado del mantenimiento del orden que la fuerza pública garantiza, cuya instauración prevé el artículo 12 «en beneficio de todos». Ninguna explicación sobre la resistencia a la opresión.

La igualdad

Aunque la Declaración había comenzado por declarar a todos los hombres iguales en derechos, es significativo que la igualdad no figure en la enumeración de los derechos imprescriptibles. Sieyès, en su proyecto, había cuidado de definirla en dos artículos: no existe la libertad si subsisten privilegios, pero la libertad se refiere a los «derechos», no a los «medios». La Asamblea estaba completamente de acuerdo, y es curioso qué no haya recogido estas definiciones, siendo así que sobre todo la segunda es indispensable para disipar cualquier equívoco. Ningún artículo se consagra especialmente a la igualdad; pero el artículo 6, definiendo la ley, estipula que es la misma para todos, que los ciudadanos son iguales ante la justicia y que todos pueden optar a los cargos públicos; finalmente, el artículo 13 consagra la igualdad fiscal.

La soberanía nacional

Habiendo planteado en principio que «la asociación política» tiene como fin mantener los derechos del hombre, la Declaración: afirmaba implícitamente que el gobierno no podía ser propiedad de nadie; sino asunto de todos. Sieyès y Moünierse habían extendido sobre este punto; el segundo precisaba que el gobierno se crea en «interés de los que son gobernados y no de los que gobiernan». Resulta de ello que toda autoridad emana de los asociados y se halla sometida a su control, sin 16 cual los derechos estarían privados de la garantía fundamental. Tal es el sentido de la soberanía nacional proclamada por el artículo 3: «El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación: Ningún cuerpo, ningún individuo puede ejercer autoridad alguna que no dimane de ella expresamente». En consecuencia, «la ley es la expresión de la voluntad general: Todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir personalmente, o por medio de sus representantes, a su formación» (artículo 6). Igualmente votan el impuesto (artículo 14). Todo agente público es responsable de su gestión (artículo 17). La Declaración no formula más que una prescripción sobre la organización del gobierno: los poderes —es decir las autoridades legislativa, ejecutiva y judicial— deben estar separados (artículo 16).

El acta de defunción del Antiguo Régimen

Es común a la polémica contrarrevolucionaria reprochar a la Declaración su carácter abstracto y filosófico. En realidad, las circunstancias que rodearon su nacimiento le imprimieron su sello; su contenido y sus lagunas, la desigual importancia que concedió visiblemente a los diferentes principios, testimonian su carácter «histórico». Si los patriotas no tuvieron en cuenta unas objeciones cuya importancia no les pasaba en absoluto inadvertida, si tuvieron empeño en promulgar la declaración, era porque a sus ojos tenía un valor, ante todo, negativo: estaba destinada a condenar las prácticas del Antiguo Régimen y a impedir su regreso. La formulación de los principios es de carácter general, como es costumbre en la redacción de los documentos legislativos —y las declaraciones americanas lo habían usado de igual modo—, pero para los constituyentes y sus contemporáneos no tenía nada de abstracto ni de propiamente filosófico, porque alineaban mentalmente bajo cada artículo los hechos concretos que habían padecido. La soberanía pertenece a la nación, es decir, que Francia deja de ser propiedad del rey; no se debe obediencia más que a la ley, es decir, que la voluntad arbitraria del rey, de sus ministros y de sus agentes ya no se impone a nadie; ningún hombre puede ser detenido o encarcelado sino legalmente, es decir, que no se extenderán más cartas-órdenes; el acusado es inocente mientras no sea declarado culpable: no se restablecerá, por tanto, la tortura; los ciudadanos son iguales ante la ley: en consecuencia, los privilegios eran injustificados; se permite la resistencia a la opresión, es decir, que la insurrección del 14 de julio era legítima; y así sucesivamente. Como ha dicho el historiador Aulard, la Declaración es esencialmente el acta de defunción del Antiguo Régimen.

Por ello, el preámbulo recuerda que «la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los gobiernos» y que, en lo sucesivo, los ciudadanos podrán comparar los actos del gobierno «con el fin de toda institución política» y fundamentar sus «reclamaciones… en principios sencillos e incontestables». Es también por eso por lo que no gustó a la Asamblea el orden deductivo que Sieyès había adoptado, como filósofo, y no enumeró los diferentes principios en el orden y con la insistencia que sin duda tendría hoy nuestras preferencias: ya hemos señalado que la tolerancia religiosa sólo se estipula tímidamente, mientras que la libertad de conciencia y de culto nos parecería que merecían el lugar preferente o, en todo caso, la más rotunda afirmación; si la Asamblea lo consideró de otro modo, no fue solamente por consideración hacia los curas patriotas, sino también porque muchos cuadernos, indiferentes a la suerte de los protestantes y hostiles a los judíos, se habían pronunciado por el mantenimiento de la preeminencia del catolicismo, y porque la misma Asamblea, no siendo en absoluto «laica» en el sentido actual de la palabra, no deseaba privar a la Iglesia católica, como lo han probado los acontecimientos posteriores, del monopolio del culto público, del estado civil, de la enseñanza y de la asistencia, sino por el contrario asociarla al gobierno del Estado más estrechamente que nunca. Igualmente, hoy se consideraría sin duda indispensable insistir en el derecho de propiedad, definirlo y justificarlo, como había hecho Sieyès; la Asamblea no se preocupó de hacerlo porque el Antiguo Régimen no lo ponía en duda; por el contrario, ministros y administradores, en el siglo XVIII, no dejan nunca de hablar de él con respeto y de forma totalmente burguesa; además es este derecho el que invoca la aristocracia en la Constituyente para defender los derechos señoriales; el único riesgo concreto que lo amenazaba era la desenvoltura que presidía las expropiaciones de utilidad pública y la negligencia en indemnizar a los propietarios, lo arbitrario de las valoraciones y el atraso de los pagos: son estos hábitos los que el artículo 17 corrige, al tiempo que probablemente legitima la obligación de redimir los derechos feudales impuesta a los campesinos. Por el contrario, la libertad individual ocupa tres artículos, porque las cartas-órdenes y los abusos del procedimiento criminal amenazaban entonces a todo el mundo; se insiste en el imperio de la ley porqué bajo el Antiguo Régimen no había ninguna prescripción legal que no sufriera alguna alteración por capricho del rey; se extiende en la igualdad de derechos, porque el privilegio era hasta entonces el fundamento de la jerarquía social. Es en el pasado en lo que se piensa, no en el futuro.

Las lagunas de la Declaración no son menos significativas. Si esperamos encontrar en ellas un principio, seguramente es la libertad económica a lo que tiende la burguesía por encima de todo: pero la buscaremos en vano. Por una parte porque el Antiguo Régimen ya no le era hostil, puesto que Turgot había suprimido las corporaciones y Brienne había librado de toda traba al comercio de cereales; y también porque respecto a las corporaciones el Tercer Estado estaba dividido.

La Declaración tampoco habla de la asociación; no es que la Constituyente pretendiera prohibirla pura y simplemente: los clubs serán uno de los núcleos más sólidos de la organización revolucionaria; pero puesto que el clero tenía que dejar de ser un «cuerpo» y, mediante la supresión de la venalidad, se anunciaba la intención de abolir también los «cuerpos» judiciales, no era oportuno proclamar el derecho de asociación.

Tampoco se citan el derecho de reunión y el de petición, del que hacían tan amplio uso en ese mismo momento los revolucionarios. Falta igualmente la organización de un sistema de enseñanza y de asistencia públicas, que había previsto Sieyès. Y es que todos estos principios interesaban a la sociedad futura, no a la destrucción del Antiguo Régimen. Podían esperar; el título II de la Constitución de 1791 lo recordará, porque en esa fecha el espíritu de los constituyentes estará orientado hacia el futuro, mientras que en agosto de 1789 el pasado los hipnotizaba.

La declaración y el porvenir

No obstante, uno y otro eran inseparables: aunque la Declaración tuviera por el momento en el ánimo de sus autores un sentido esencialmente negativo, no dejaba por ello de estar redactada en forma positiva; además, el preámbulo, aun recordando que condenaba al Antiguo Régimen, indicaba que ponía los principios del nuevo. Vista bajo este aspecto, la Declaración tenía igualmente un sentido concreto en el ánimo de los constituyentes: sabían qué organización querían dar a Francia y, en consecuencia, cómo se debían interpretar los principios que habían proclamado. Pero, mientras que en lo referente al pasado la interpretación no podía prestarse a dudas, puesto que todo el mundo conocía los hechos a que se refería, estaba expuesta a controversias respecto al porvenir, que continuaba incierto: sólo la Constitución lo fijaría. Al decir esto no exageramos, pues los principios, expresados en términos generales, podrían encontrarse a los ojos de más de uno, en contradicción con las disposiciones de la Constitución. Por eso se había pronunciado una corriente tan fuerte en favor del aplazamiento: una vez terminada la obra concreta, se hubieran medido los términos de la Declaración a fin de que una y otra se encontrasen en perfecta armonía.

El reproche que se ha dirigido más de una vez a la Asamblea Nacional de haber incitado a los hombres a atribuirse una libertad ilimitada y arbitraria y a reclamar una igualdad perfecta, no tiene ningún fundamento. Del artículo 4 se deduce expresamente que la libertad está delimitada por la ley; el artículo primero estipula que los hombres son iguales en derechos y esta igualdad es cuidadosamente definida por otros artículos como igualdad ante la ley. No es temerario suponer que, si la Asamblea descartó la mención de la «felicidad general», como objetivo de la asociación política, es porque quiso impedir que se invocase la igualdad para exigir la mejora de la suerte de los desheredados de la fortuna y que la igualdad jurídica o civil se transformara en igualdad social. Sin embargo, estas precauciones no parecieron suficientes, y varios diputados, sobre todo eclesiásticos, como Grégoire, pidieron que se añadiera a la declaración de derechos la de los deberes: se les respondió que derechos y deberes eran correlativos y que el derecho a la libertad comporta necesariamente el deber de respetar la de los demás, como dice el artículo 4. Además, es seguro que en esta fecha a los constituyentes no les inquietaba ningún temor; no porque, bajo la influencia de Rousseau, creyeran que el hombre es bueno por naturaleza, como se ha dicho; eran mucho más realistas de lo que se cree; pero representaban a una clase triunfante, llena de energías y que iba a trasformar el mundo: la burguesía no dudaba de sí misma, ni de que el orden que había concebido, conforme a las leyes de la naturaleza o a la voluntad divina, estuviera destinado a asegurar para siempre el bien y el progreso del género humano. Los temores de otros no alteraban su fe.

Sin embargo no carecían de fundamento. Desde el punto de vista de la burguesía, hubiera sido prudente adoptar la distinción que había hecho Sieyès entre la igualdad de derechos y la igualdad de medios; también hubiera sido prudente definir la propiedad; a falta de estas precauciones, la Declaración, examinada desde el punto de vista filosófico y sin tener en cuenta las circunstancias históricas, puede ser perfectamente interpretada en sentido socialista, como Aulard reconoció, y fue esto precisamente lo que ocurrió. Por otra parte, si la libertad del individuo comporta un deber correlativo en relación con los demás ciudadanos, nada en la Declaración indica cuáles son los deberes de todos respecto a la comunidad nacional; sin duda la ley puede ocuparse de esto restringiendo, en caso de peligro, el ejercicio de los derechos del hombre, pero hubiera debido decirse en consecuencia que la extensión de los derechos varía según las circunstancias, entendiéndose que es la comunidad misma quien las juzga. Como se ha dicho, es lo que habían sostenido varios diputados a propósito de la represión de las intrigas contrarrevolucionarias: Gouy d’Arsy había mostrado que los derechos del hombre no pueden ser los mismos en tiempo de guerra que en tiempos de paz. Pero nada de esto se introdujo en la Declaración. Una vez más las circunstancias históricas explican esta laguna. En un tiempo en que el Tercer Estado se declaraba comunidad nacional por sí solo, en que imponía a sus miembros una solidaridad sin reservas, en que estaba en pie de guerra para resistir a todos los enemigos que, desde dentro o desde, fuera, se dirigieran contra él, nadie pensó que fuera necesario recordarle sus obligaciones respecto a sí mismo ni las del estado de guerra. Bien al contrario, puesto que no mostraba sino demasiada disposición a tratar a los aristócratas como enemigos, era de desear que no se debilitara el respeto a los derechos del hombre sacando a la luz su inevitable relatividad. Pero los que continúan considerando la Declaración como carta constitucional del mundo moderno, tienen que comentarla para ponerla en perfecta armonía con las condiciones de vida de las sociedades. Los constituyentes no lo hubieran desmentido, si las circunstancias, contra lo que tan frecuentemente se ha mantenido, no hubieran dominado su pensamiento. Con mayor razón se puede asegurar que, sin el recuerdo inmediato del 14 de julio y el temor a un nuevo asalto aristocrático, hubieran suprimido «la resistencia a la opresión» que, no justificando más que la lucha contra el Antiguo Régimen, no cabía en su idea del régimen futuro.

De importancia más inmediata fueron las contradicciones que pronto se revelaron entre ciertos artículos de la Declaración y las concepciones constitucionales de la Asamblea Nacional. «Todos los ciudadanos —dice el artículo 6— tienen derecho a contribuir personalmente, o por medio de sus representantes» a la formulación de la ley. De igual forma, el artículo 14: «Los ciudadanos tienen el derecho, por sí mismos, o por medio de sus representantes», de votar el impuesto. ¡Personalmente! Era la democracia directa que pretendían instituir los distritos de París: ahora bien, la Asamblea estaba decidida a organizar un gobierno exclusivamente representativo. La Constitución de 1791 no fue sometida tampoco a la ratificación popular; él poder legislativo era el dueño, casi absoluto del país y sin otro control que la reelección periódica; la misma revisión fue rodeada de tales formalidades que era imposible llevarla a cabo antes de diez años y, además, la iniciativa sólo podía manar de los legisladores y no del pueblo. El artículo 6 pareció violado desde la votación de la ley del 12 de diciembre de 1789, porque mencionaba a «todos los ciudadanos» y parecía por tanto exigir el sufragio universal, mientras que la Asamblea negó el derecho de voto a los ciudadanos pasivos, que no pagaban, como contribución pública, el valor de tres jomadas de trabajo por lo menos.

Semejante conflicto se hubiera evitado introduciendo cierto artículo en que Sieyès distinguía, desde julio, entre ciudadanos activos y ciudadanos pasivos y del que se desprendía que la cualidad de elector era una función, para la cual todos eran admitidos, pero a condición de presentar, como para cualquier otra, ciertas garantías de «capacidad» que determinaría la ley; en este sentido hablarán Royer-Collard y Guizot: la burguesía de 1789 razonaba ya como la de Luis Felipe. Pero, no habiendo nacido aún el movimiento democrático, no medía con tanta prudencia la expresión de su pensamiento, porque no veía que su dominación política pudiera ser puesta en cuestión, y porque los americanos, habiendo hablado igual, no habían desembocado en el sufragio universal.

Aunque hubiera actuado de otra forma, no hubiera podido detener el curso de la historia. El pueblo, que había luchado para destruir el Antiguo Régimen, ya había impuesto la abolición de la feudalidad: era utópico suponer que se dejaría excluir eternamente del derecho de voto en nombre de una Declaración que proclamaba a los hombres iguales en derechos. Pero, gracias a la arrogante confianza de la burguesía, la Declaración que redactó pudo quedar como la carta constitucional de la democracia política, e incluso de la democracia social, puesto que no condena la reglamentación económica y no define la propiedad.

SEXTA PARTE

LAS JORNADAS DE OCTUBRE

CAPÍTULO I

RESISTENCIA PASIVA DE LUIS XVI

Aunque Luis XVI había capitulado ante la insurrección, todavía no se había resignado a sancionar sin resistencia todos los actos de la Asamblea. El contagioso entusiasmo de la noche del 4 de agosto le dejó impasible. Desde el 5, declaraba a Monseñor Dulau, arzobispo de Arles: «Nunca consentiré despojar a mi clero y a mi nobleza. No daré mi aprobación a unos decretos que les despojarían». Cuando se le sometió el decreto de los días 5 al 11 de agosto, guardó silencio. No sé pronunció tampoco sobre la Declaración. El decreto del 10 de agosto que prescribía que los oficiales y soldados prestaran juramento a la nación, al rey y a la ley, aún le hirió más.

La Asamblea se encontró en una situación embarazosa. Hasta entonces, como hemos visto, no había puesto en duda que sus derechos debieran ser aprobados por el rey. Pero si el rey tenía el derecho de rechazar el decreto de los días 5 al 11 de agosto y la Declaración, y más tarde toda la obra constitucional de la Asamblea, el Antiguo Régimen resucitaría, al menos parcialmente, puesto que para obtener la adhesión real habría que transigir con la aristocracia, y el partido patriota no quería ni oír hablar de esto.

Los decretos de agosto quedan en suspenso

Durante más de un mes, la Asamblea no quiso reconocer que se encontraba entre la espada y la pared, y que la revolución debía dar un paso más. El 4 de septiembre, Mounier propuso esquivar la cuestión: «El rey no tiene el derecho de oponerse al establecimiento de una Constitución; sin embargo, es preciso que firme y ratifique la Constitución para él y para sus sucesores. Puesto que es parte interesada en las disposiciones que se establecen en ella, podría exigir algunos cambios, pero si fueran contrarios a la libertad pública, la Asamblea Nacional tendría, no solamente el recurso de rechazar el impuesto, sino que también podría recurrir a sus representados, pues la nación tiene derecho a emplear todos los medios necesarios para conseguir su libertad. El Comité (de Constitución) ha pensado que se debía poner en duda la ratificación de la Constitución por el rey». El 11 de septiembre, cuando Guillotin pidió que se pronunciaran sobre la cuestión de si podía el rey negar su consentimiento a la Constitución, la Asamblea votó la cuestión previa. Sin embargo, en esta ocasión, Mounier se había mostrado más categórico: «El rey no tiene que dar su consentimiento a la Constitución: ésta es anterior-a la monarquía», y Mirabeau, de acuerdo con sus colegas en correr un velo sobre la dificultad, había aprobado con igual firmeza la soberanía del poder constituyente.

Inmediatamente después, la Asamblea concedió al rey un derecho de veto suspensivo en materia de legislación. Ahora bien, la derecha consideraba el decreto de los días 5 a 11 de agosto como un acto legislativo y no constitucional. Para disipar el equívoco, el 12, Barnave y Le Chapelier pidieron que se rogara al rey su promulgación, dejando bien sentado que no tenía por qué sancionarlo. Mirabeau defendió con énfasis que se trataba de un decreto constitucional y que, como tal, no necesitaba la aprobación real. El debate, acalorado, no terminó hasta el 14: la Asamblea retrocedió de nuevo y decidió presentar el decreto al rey para que fuera sancionado.

Puede explicarse esta timidez por las negociaciones que se habían llevado a cabo entre bastidores a propósito del veto: el partido patriota había consentido en concederlo si a cambio se garantizaba la ratificación de los actos del mes de agosto, lo que hubiera evitado «romper el fuego». Pero el 17, el rey dio una respuesta dilatoria: después de hacer multitud de observaciones, concluyó: «Así pues, apruebo el mayor número de estos artículos y los sancionaré cuando sean redactados en forma de ley». Tras lo cual, Le Chapelier, Mirabeau, Guillotin, Robespierre, el duque de la Rochefoucault, repitieron inútilmente que se había decidido no pedir al rey más que la promulgación.

El 19, la Asamblea se decidió únicamente a votar la moción de Du Port que rogaba al rey que ordenara la publicación del decreto. Dos días después, el rey lo concedió; pero quedaba bien claro que a sus ojos la publicación no era la promulgación, todavía menos la sanción, y que en todo caso no hacía ejecutorio el decreto.

Finalmente, el 1 de octubre, como se había encargado a un comité establecer un plan de finanzas, Barnave propuso que no se pusiera en vigor hasta que se hubieran ratificado los decretos constitucionales, y Mirabeau consiguió que se decidiera que estos decretos se presentarían a la aceptación del rey. La derecha protestó, subrayando que la aceptación no era una sanción y que ésta era obligatoria. Pero aunque se aproximaban a una solución jurídica, de hecho no se había avanzado nada; lo mismo daba que se tratara de una aceptación como de una ratificación, si el rey rehusaba. Se imponía, por tanto, la misma conclusión que en la organización del poder ejecutivo: el problema constitucional no se hubiera presentado siquiera, si Luis XVI hubiera aceptado el hecho consumado sin reservas mentales. Pero como no era el caso, no quedaba más salida que forzar al monarca con un nuevo movimiento de masas: es el origen de las jornadas de octubre.

CAPÍTULO II

LA ESCISION DEL PARTIDO PATRIOTA; LAS DOS CAMARAS Y EL VETO

Formación de un partido moderado

Es evidente que la resistencia del rey estaba alentada por las disensiones que se manifestaban en el seno del partido nacional. La revolución popular había alarmado a muchos de sus miembros. En primer lugar a algunos nobles liberales como Lally-Tollendal y Clermont-Tonnerre; algunos curas como Barbotin, de Prouvy, en Henao, cuya correspondencia conocemos, el cual, muy decidido hasta entonces contra los ministros, los nobles y los obispos, había pasado bruscamente a la oposición porque, como era un importante diezmero, veía desvanecerse sus rentas más seguras; lo mismo ocurría con algunos señores que, viéndose desposeídos de sus derechos señoriales y alarmados por el desorden callejero, se preguntaban si la revolución, iniciada para evitar la bancarrota, no iba precisamente a consumarla.

Así, se fue constituyendo, poco a poco, un grupo decidido a frenar el curso de la revolución e incluso a hacerla retroceder, puesto que para restablecer la paz era preciso desarmar al rey y a la aristocracia, lo que suponía el abandono parcial dedos resultados, adquiridos. Las concesiones, no eran imposibles. Ya el decreto de los días: 5 a 11 de agosto había frenado las esperanzas que los acuerdos de la noche del 4 hablan hecho nacer en los campesinos; para que fuera aplicado, se necesitaba una ley que regulara la compra de los derechos señoriales y en ella se encontraría un terreno para las concesiones. En cuanto a la Declaración, estaba concebida en términos tan generales que dejaba abierta la posibilidad de organizar los poderes de forma que tanto el rey como la nobleza quedaran satisfechos. En honor a ésta, se propuso crear dos cámaras, como en Inglaterra: una podía constituirse por designación del rey y con derecho hereditario, lo que fortalecería a la aristocracia; si se tuviera que admitir que fuera elegida, se podía confiar la elección a un cuerpo bastante restringido, de modo que los moderados pudieran dominarlo. Se ofrecía al rey el veto absoluto, es decir el derecho de anular las decisiones del poder legislativo. Una vez reguladas, estas cuestiones, sólo quedaría votar una ley electoral. Entonces, la Constituyente podría disolverse, dejando a las futuras cámaras la tarea de proceder a las reformas: el rey y la cámara alta, armados con el veto, podrían controlar el detalle.

Los partidarios de las dos cámaras y del veto absoluto fueron llamados anglómanos y monarquizantes (monarchiens) o simplemente los ingleses. A Lally-Tollendal y a Clermont-Tonnerre se unieron, no sólo Malouet y Bergasse, sino también Mounier, que se separó de Barnave. En favor del veto absoluto, encontraron el apoyo de Mirabeau, que pretendía fortificar así el poder ejecutivo; había declarado que preferiría vivir en Turquía que en un país donde la mayoría de la Asamblea Legislativa pudiera decidir en todo. Sieyès estaba demasiado vinculado a sus teorías para aprobar un veto que violaba la separación de poderes y no quería oír hablar de una cámara aristocrática, pero había combatido la abolición del diezmo y de los derechos feudales; muy pronto condenará la secularización de los bienes eclesiásticos: había dejado de ser el inspirador del Tercer Estado.

Actitud de los patriotas

La mayoría del partido patriota —cuya dirección tomaban ahora Barnave, Du Port, Alejandro y Carlos de Lameth— rechazaba, como Sieyès, la creación de una cámara alta, aunque fuera elegida, en la que la nobleza se volvería a constituir en un estamento aparte. La Fayette intentó interponerse para evitar la escisión y celebró conversaciones en casa de su amigo Jefferson, representante de los Estados Unidos en París. Todo fue inútil y además, el 1 de septiembre, se les vieron las intenciones a los moderantistas; habiéndose producido un movimiento en el Palais-Royal, se pusieron de acuerdo con los aristócratas para proponer al rey que trasladara la Asamblea a Soisson o a Compiègne. El 10 de septiembre, el sistema de las dos cámaras sólo consiguió ochenta y nueve votos, absteniéndose la derecha. Los monarquizantes se habían hecho falsas ilusiones: como hasta entonces los presidentes de la Asamblea habían sido de los suyos, creyeron que podrían disponer del partido patriota y, por otra parte, se habían imaginado que los aristócratas estarían contentos de alinearse bajo su bandera, cuando en realidad soñaban con una revancha y consideraban traidores a los conciliadores.

Por el contrario, en la cuestión del veto real, los patriotas no se mostraron intransigentes. El 2 de septiembre, Barnave propuso concederlo a título suspensivo, prevaleciendo la voluntad del poder legislativo si tres asambleas sucesivas se pronunciaban en el mismo sentido. Necker, al ser consultado, dio su asentimiento. El carácter de la tentativa es evidente. Ya que no concedían nada a la aristocracia, los patriotas intentaban entenderse con el rey concediéndole el voto suspensivo en materia legislativa, dando por supuesto, como Barnave declaró a Necker formalmente, que, a cambio, Luis XVI renunciaría prácticamente a toda oposición a las leyes constitucionales y sancionaría inmediatamente y sin objeciones los decretos de agosto. Necker veía que su popularidad se desvanecía y que los patriotas condenaban su política financiera, fundada sobre un estrecho acuerdo con los banqueros: el 8 de agosto, al votar un empréstito de 8 millones, la Asamblea sólo había concedido un interés del 4½%, que los financieros consideraron insuficiente, de modo que la operación fracasó; el 27 autorizó otro de 80 millones, pero sin querer fijar sus condiciones, que dejó en manos del ministro para que fuera él quien cargara con la responsabilidad del fracaso. Es probable que Necker, negociando con Barnave sobre la cuestión del veto pretendiera recuperar el favor del partido patriota. Pero para él, la dificultad era siempre la misma: no era el amo del rey. El 11 de septiembre, la Asamblea concedió el veto suspensivo. Sin embargo, como hemos visto, Luis XVI no sancionó los decretos de agosto. Los patriotas se sintieron burlados: otra causa más de las jornadas de octubre.

Es necesaria una nueva «jornada».

Irritados por el desengaño e incapaces de vencer la resistencia pasiva del rey, los patriotas se convencieron poco a poco de que era indispensable un segundo «acceso» de revolución, como dice Loustalot en su diario, y de que, saliendo al paso de las dificultades futuras, habría que aprovecharlo para llevar al rey a París donde el temor al pueblo revolucionario ejercería sobre él una constante intimidación. Desde el 26 de agosto, el académico Dussaulx, miembro de la Comuna, decía a Augeard, mostrándole las Tullerías: «Este asunto no acabará hasta que el rey resida en este palacio; fue un error no retenerlo el 17 de julio. La casa del rey debe estar en su capital». Objetándole Augeard que nadie tenía derecho a asignarle una residencia, contestó Dussaulx: «Cuando se trata del bien de todos, es preciso obligarle; y se llegará a hacerlo». El 25 de septiembre, el marqués de Villette, en la «Crónica de París» declaró abiertamente que era necesario trasladar al rey a París, y Madame Roland, escribiendo a principios de octubre desde su residencia de Beaujolais, hacía la misma advertencia. Pero la decisión no dependía de la Asamblea; sólo un movimiento de masas podía consumar la ruina del Antiguo Régimen.

CAPÍTULO III

LA AGITACIÓN POPULAR

Los distritos parisinos

En París, Bailly no había conseguido asentar su autoridad, ya que las asambleas de distrito, de las cuales una de las más independientes era la del distrito de los Cordeliers, donde destacaba Danton, administraban por sí mismas sus barrios y pretendían además controlar todos los actos del alcalde y de la Asamblea de la Comuna que ellas mismas habían elegido: la soberanía nacional suponía necesariamente para ellos el gobierno directo. La organización parisina era solamente provisional y la Asamblea de la Comuna debía elaborar un plan definitivo que sería discutido y ratificado por los distritos; pero esta Asamblea, ocupada en la administración ordinaria, no lo hacía. Bailly, impaciente, propuso, el 30 de agosto, a los distritos que nombraran oficiales municipales provisionales para que le ayudaran: serían elegidos en segundo grado por trescientos delegados de los distritos. El 18 de septiembre; se nombraron los trescientos delegados, pero con la orden de sustituir a la Asamblea de la Comuna en la administración de la capital, reservando al sufragio directo la elección eventual de los oficiales municipales. Al conseguir mantener a raya al alcalde, las asambleas de distrito se volvieron más audaces que nunca.

En realidad formaban sesenta clubs populares; sólo una pequeña minoría de parisinos acudía regularmente a ellos, pero a través de la asamblea los oradores revolucionarios llegaban a la multitud.

Oradores y periodistas

No obstante, el Palais-Royal seguía siendo el cuartel general de los agitadores, entre los que se distinguía, junto a Camilo Desmoulins, un noble descarriado tan criticado por Mirabeau, el marqués de Saint-Huruge. Todavía era mayor, si cabe, la actividad de los periodistas y los panfletarios. Como quiera que la prensa y la divulgación eran absolutamente libres, pululaban los folletos y octavillas, a menudo efímeros. A partir de julio, aparecían regularmente el «Correo de París a Versalles» de Gorsas, «Las revoluciones de París» de Loustalot, el «Patriota francés» de Brissot. En septiembre, Marat fundó «El amigo del pueblo», cuyo carácter independiente, que se manifestaba en furibundos ataques contra Necker, Bailly y La Fayette, tanto como contra la corte y la aristocracia, con la preocupación sincera de defender la causa de los pobres y oprimidos, le aseguró rápidamente el éxito entre las gentes humildes. Camilo Desmoulins no tenía aún su periódico, pero había lanzado dos folletos que tuvieron gran resonancia: en julio, Francia libre y en septiembre, el Discurso del farol a los parisinos.

Desde finales del mes de agosto, la cuestión del veto y de la cámara alta recrudecieron la agitación y se suscitó la idea de manifestarse en Versalles para exigir a la Asamblea que rechazase tal proyecto. El 30 de agosto por la tarde, doscientos hombres se pusieron en marcha desde el Palais-Royal, a la llamada de Desmoulins y de Saint-Huruge, y fueron detenidos por la guardia nacional; se empecinaron y el 31 acudieron a pedir a la municipalidad que consultara a las asambleas de distrito; la municipalidad no quiso recibir a los delegados y el asunto quedó ahí. Pero a medida que, dentro y fuera de la Asamblea, los patriotas se iban convenciendo de que no conseguirían nada del rey sin coacción, el proyecto se fue haciendo popular. Sin embargo, las discusiones jurídicas no podían afectar al pueblo. Si el veto le apasionó, fue porque se vio en él un medio para hacer fracasar la revolución y también un nuevo símbolo del complot aristocrático.

Nueva llamada de tropas

Desde el 14 de julio, este complot, siempre desbaratado y siempre amenazador, era el tema fundamental de la prensa y de los oradores populares. De hecho, los aristócratas pensaban ahora en la acción: un grupo de la Regeneración Francesa, en el que se encontraba el abad Douglas y el marqués de Favras, preparaba la marcha del rey, que rechazó el plan cuando se le puso al corriente; sin embargo, a partir de este momento se extendió la convicción de que pretendía huir. ¿No habían sido los propios monarquizantes los que habían propuesto al rey que enviara la Asamblea a Soissons o a Compiégne donde, naturalmente, él la hubiera seguido? El 1 de septiembre, el Consejo había deliberado sobre este asunto y sólo la repulsa del rey hizo que se descartara. Pero por todas partes se veían indicios de un nuevo golpe de estado militar. El 14 de septiembre, el rey hizo venir desde Douai al regimiento de Flandes, un millar de hombres que llegaron el 23. Como en julio, alegó la necesidad de mantener el orden y por el momento, el conde de Estaing consiguió convencer a la municipalidad de Versalles y a un sector de la guardia nacional que mandaba. El regimiento fue recibido con gran pompa y los reyes invitaron a la fiesta a la guardia nacional, distribuyéndoles banderas. Desde ese momento, la marcha a Versalles pareció indispensable para abortar el complot, y todo París entró en efervescencia. Desde el 17, los guardias franceses hablaban de ocupar de nuevo sus puestos en el palacio de Versalles, donde habían sido sustituidos por guardias de corps; el 22, los obreros de los talleres de la Escuela Militar estuvieron a punto de ponerse en camino; algunos distritos pidieron explicaciones sobre la llamada de las tropas; la Comuna envió una comisión para que investigara sobre el terreno. El peligro que se temía era el mismo que en julio.

Es inminente una «jornada».

La «jornada» que se preparaba iba a encontrar en la guardia nacional un núcleo organizado que en aquella ocasión le había faltado. Es cierto que se había eliminado de ella al elemento popular. A partir del 31 de julio, La Fayette había decidido crear compañías a sueldo, por un total de seis mil hombres, en las que encuadró a los guardias franceses; la guardia voluntaria se había limitado a veinticuatro mil hombres y la obligación de comprar el uniforme sólo la hacía accesible a las gentes acomodadas. Pero, en estas fechas, su principal preocupación todavía era asegurar el triunfo del Tercer Estado sobre la aristocracia, y los guardias a sueldo —los granaderos— eran los hombres del 14 de julio.

¿Se pusieron de acuerdo los agitadores parisinos y los diputados patriotas? Aunque no se conocen ni las circunstancias ni los términos, parece que Mirabeau actuó en el mismo sentido, pero por cuenta de la facción orleanista; pensaba, como Sieyès, que la crisis se resolvería fácilmente si abdicaba Luis XVI y el duque se convertía en regente. Es verosímil que este último proporcionara dinero y pagara a algunos agitadores; pero el secreto ha sido bien guardado y, en todo caso, la acción orleanista no fue más que accesoria: podemos concluir con Malouet que si el duque no hubiera existido, hubieran ocurrido los mismos hechos. También se barajó el nombre de La Fayette, hasta el punto de sostener que él había sido el único instigador de la rebelión, alegando que ni él ni Bailly se encontraban en el ayuntamiento el 5 por la mañana y que no se dio ninguna prisa en poner al corriente al gobierno de lo que pasaba. Esto puede ser simplemente un testimonio de incompetencia, pero si se admite que obró así a sabiendas, se concluirá que, igual que el resto de los patriotas, no vio con malos ojos el movimiento, pese a todo lo que dijera. Dado su carácter, no le cuadran los refinamientos maquiavélicos.

El paro

Aunque las circunstancias políticas aparezcan como la causa fundamental de las jomadas de octubre, se impone la misma reflexión que a propósito de las de julio: difícilmente la conmoción hubiera sido tan profunda sin la crisis económica. Clamando contra la carestía y el hambre, las mujeres fueron las primeras en marchar sobre Versalles el 5 de octubre.

La revolución había extendido el paro considerablemente. Los extranjeros, los nobles, los ricos, habían abandonado la capital, bien para cruzar la frontera, bien para marchar a provincias: en menos de dos meses se habían expedido doscientos mil pasaportes. El dinero escaseaba; los emigrantes llevaban consigo todo el que podían; los negociantes no repatriaban el producto de las exportaciones y los que tenían fondos disponibles los transferían a los bancos de Inglaterra y de Holanda. Las industrias de lujo y el comercio parisino estaban profundamente afectados. También muchos criados habían sido despedidos. Los talleres de caridad eran completamente incapaces de dar ocupación a todos los parados y, además, se había suprimido el de Montmartre.

La penuria y la carestía

Por otra parte, el pan continuaba caro, a 13 sous y medio las cuatro libras, y no siempre se encontraba. La cosecha era buena, pero trillarla llevaba mucho tiempo y, como los graneros estaban vacíos, no había trigo disponible; además, los disturbios alejaban de los mercados a los comerciantes y cada ciudad, incluso cada pueblo, pretendía guardar sus granos o se incautaba los que pasaban. En París, la municipalidad encontraba indecibles dificultades para procurarse diariamente los recursos indispensables de grano, y más aún para hacerlo moler, porque no hacía viento y los ríos llevaban poca agua. En septiembre, se formaban colas interminables a las puertas de las panaderías.

Los obreros; animados por la agitación política, empezaban a manifestarse para conseguir aumentos de salario o exigir trabajo: el 18 de agosto lo hicieron los sastres y peluqueros, después los zapateros; el 23, los dependientes de los boticarios; el 29, los criados; el 27 de septiembre, los carniceros; a cada momento, los empleados de los hornos amenazaban con abandonar el trabajo.

Importancia política de la crisis

Como siempre, el pueblo clamaba contra el acaparamiento e, igual que en primavera, la penuria lo irritó contra los aristócratas y el gobierno. Se atribuía al complot de los primeros las dificultades y disturbios que entorpecían el abastecimiento. Acusaba a las autoridades porque el «pacto de hambre» era más que nunca artículo de fe, ahora que Le Prévôt de Beaumont, encerrado en la Bastilla por haberlo denunciado, estaba en libertad; Marat y otro periodista llamado Rutledge dirigían contra Necker una violenta campaña acusándole de cómplice de los monopolizadores. Ir a Versalles, desbaratar el complot aristocrático y echar el guante al rey y a sus ministros apareció como un remedio para los sufrimientos del pueblo. Una vez más, la crisis económica y la crisis política conjugaron sus efectos.

CAPÍTULO IV

LAS JORNADAS DE OCTUBRE

El banquete de los guardias de corps

Un incidente, debido a la imprudencia de la corte, puso en movimiento la insurrección. El 1 de octubre, los oficiales de los guardias de corps ofrecieron un banquete en la sala de la Ópera del palacio de Versalles a los del regimiento de Flandes. A la hora de los brindis se omitió, a propósito, la salud de la nación. La familia real hizo su aparición y dio la vuelta a la mesa, siendo aclamada fervorosamente, mientras la música interpretaba el tema de Grétry: «Oh Richard, oh mi rey, el universo te abandona». Dentro y fuera de la sala, los invitados prorrumpieron en manifestaciones provocadoras y en frases amenazantes. La escarapela nacional fue ultrajada: «¡Que todo el mundo tome la negra; es la buena!». Pocos días después, al recibir a una delegación de la guardia nacional, la reina se mostró entusiasmada con aquella jomada: la escarapela negra era la de Austria y la suya. Por otra parte, las damas de la corte distribuyeron también escarapelas blancas.

El sábado día 3, se tuvo noticia en París del banquete. Se consideró que el insulto anunciaba una nueva tentativa contra la Asamblea y contra París. Marat aconsejó que se consiguieran cañones en el ayuntamiento y pólvora en Essonnes; los distritos estaban continuamente reunidos y el de los Cordeliers, bajo la dirección de Danton, ordenó que se persiguiera por crimen de lesa nación a todo aquel que llevara cualquier escarapela que no fuera la tricolor; se invitó a la Comuna a que pidiera la marcha del regimiento de Flandes; ésta, prohibió enarbolar más insignia que la «escarapela roja, azul y blanca».

El domingo día 4, había en el Palais-Royal una multitud; las mujeres eran particularmente numerosas y manifestaron su intención de dirigirse al día siguiente, a Versalles, clamando sobre todo contra la reina; la guardia nacional disolvió los grupos, pero sin ninguna saña. Era de esperar que la jomada del día siguiente sería tormentosa. Sin embargo, La Fayette no tomó ninguna precaución especial.

La jornada del 5

El lunes, grupos de mujeres procedentes del arrabal Saint-Antoine y del barrio de Halles se reunieron a las ocho de la mañana ante el ayuntamiento. Es imposible creer que fuera casual. Un movimiento popular concertado, tan imperfecto como se quiera, supone, si no un jefe o un comité director, al menos agitadores de grupos; en este caso en particular; desconocernos sus nombres y su acción.

Estas mujeres pedían pan. Como no encontraron allí ni a Bailly ni a La Fayette, pronto se decidieron a ir a Versalles. El ayuntamiento, apenas custodiado, fue invadido y robadas las armas. Maillard, uno de los jefes de los «Voluntarios de la Bastilla»; grupo compuesto, por combatientes del 14 de julio organizados militarmente, fue invitado a tomar la dirección del cortejo… Seguramente él no se había imaginado la acción, en forma de manifestación femenina, porque intentó parlamentar con ellas; todo fue inútil y tuvo que ceder. Ya de camino, muchas otras mujeres se unieron a las primeras, de grado o por fuerza. Bajo la lluvia, en número de seis a siete mil, según aseguró Maillard, se pusieron en camino pasando por Sèvres, cuyas tiendas fueron saqueadas.

Hacia el mediodía, algunos granaderos aparecieron por el ayuntamiento donde sólo quedaban los rezagados, y los echaron. Cuando por fin llegó La Fayette, le enviaron una delegación para comunicarle que también ellos querían ir a Versalles para vengar el insulto a la escarapela. Esta vez, se descubría el aspecto político del movimiento. «El rey nos engaña a todos y a vos como al que más —dijo un guardia nacional—; es preciso deponerle; su hijo será rey; vos seréis regente; y todo marchará bien». Sin embargo, la alarma cundía por la ciudad; los distritos se reunían; poco a poco la guardia nacional afluía a la plaza de Grève, gritando: ¡A Versalles! A la puerta del ayuntamiento, La Fayette, montado en su caballo, trataba inútilmente de detenerlos; en sus memorias, él asegura que acabaron por amenazarle con colgarle de una farola. Hacia las cuatro, la Comuna, reunida, autorizó al comandante para que se pusiera en camino; le acompañaron dos comisarios que, entre otros encargos, debían invitar al rey a trasladar su residencia a París. Hacia las cinco, por lo menos veinte mil hombres, guardias nacionales y otros, se encaminaron también hacia Versalles.

La Asamblea se había reunido por la mañana; a su invitación del 1 de octubre, el rey acababa de responder que aceptaba los decretos de agosto y de septiembre; pero era una adhesión condicional: la Constitución, observó, sólo podría ser aceptada en su conjunto; en todo caso era indispensable que el poder, ejecutivo tuviera «su completo efecto entre las manos del monarca». La discusión se enzarzó cada vez más; Robespierre y Barére sostenían que la Constitución no necesitaba la aprobación del rey, mientras que Mirabeau proponía solicitar una vez más la aceptación simplemente. Ganó éste: la Asamblea, hasta el último momento, se negaba a romper el fuego. Todavía no había salido la delegación cuando, a las cuatro, las mujeres, empapadas y llenas de barro, se detuvieron a sus puertas. Maillard, en cabeza de una delegación, se lamentó del hambre, reclamó la marcha del regimiento de Flandes, pero no habló del rey. La Asamblea no se comprometió demasiado: decidió que su presidente, Mounier, pediría, junto con la aceptación de los decretos, medidas para asegurar el abastecimiento de París.

Luis XVI se había ido a cazar, como de costumbre. El ministro Saint-Priest, advertido en privado, le había enviado un mensaje y llamó a palacio a los guardias de corps, unos seiscientos hombres, y al regimiento de Flandes. El rey regresó a las tres y reunió el consejo. El gobierno no había recibido todavía ninguna notificación oficial, pues La Fayette no le envió el mensaje hasta las dos o las tres; no se sabía bien qué venían a hacer las mujeres, pero no parecía difícil cortarles el paso en los puentes de Sèvres y de Saint-Cloud; de Courbevoie podían llegar rápidamente tres batallones de suizos. Saint-Priest, mostrándose decidido a actuar, añadió que había que preparar la posible salida del rey hacia Rambouillet, donde estaban acantonados doscientos cazadores a caballo. Otros le apoyaron, pero Necker protestó, negando que hubiera peligro y señalando que si lo hiciera se desencadenaría la guerra civil, y no había suficiente dinero para sostenerla. Luis XVI suspendió la sesión para consultar a la reina. Hacia las cinco y media, las mujeres llegaron a las verjas, donde los guardias de corps se hicieron respetar. Se admitió que algunas de ellas acompañaran a Mounier y sus colegas a hablar con el rey, que les recibió amablemente y les prometió trigo para París y todo el pan que se encontrara en Versalles. Ellas salieron radiantes, pero como no podían enseñar escrito alguno, sus compañeras se enfadaron y las amenazaron: tuvieron que volver y pedir un escrito de mano del rey. Parte de la muchedumbre inició entonces, con Maillard, el retorno a París. El mensaje de La Fayette acababa de llegar: como era anterior a la partida de los guardias nacionales, no decía nada de éstos; el rey, habiéndose desembarazado de las mujeres, creyó que el asunto estaba concluido. Se dio orden a las tropas de regresar a los cuarteles. Al desfilar los guardias de corps, hacia las ocho, la guardia nacional de Versalles chocó con ellos, pero concluida la refriega, se retiró también. En resumen, la intervención de las mujeres no había tenido ningún resultado; la cuestión fundamental ni siquiera se había planteado.

De improviso, poco después de las nueve, se presentaron dos oficiales que La Fayette, al llegar a Auteuil, había enviado delante. El consejo se reunió de nuevo. Esta vez no se podía esperar resistencia alguna. Aunque La Fayette no había precisado que la guardia nacional venía a buscar al rey, Saint-Priest no dejó de insistir en que partiera; la reina y Mounier dieron su aprobación y el rey cedió. Saint-Priest dio sus órdenes y emprendió a caballo el camino de Rambouillet junto con el coche que llevaba a su familia. Poco después, un correo le alcanzó: Luis XVI había cambiado de opinión y decidía quedarse. La verdad es que había aceptado con desagrado: «¡Un rey fugitivo!», repetía constantemente. Es posible que también temiera dar la señal de la guerra civil, de la que sus servidores serían las primeras víctimas. Pero también cabe que, al ignorar las intenciones de los que llegaban, creyera que se trataba sólo del asunto de los decretos constitucionales: tomando la delantera, desarmaría al adversario. Hacia las diez, notificó a Mounier su aceptación sin condiciones.

En la sala de los Menus, la Asamblea, ahora invadida, intentaba deliberar en medio del tumulto. A las once, llegó La Fayette. Después de acomodar a su gente y de ponerse de acuerdo con Mounier, llegó a palacio, donde fue bien recibido por el rey. Los comisarios de la Comuna expusieron sus deseos. Se acordó sin dificultad que la guardia nacional ocuparía los puestos exteriores del palacio, mientras los guardias de corps conservarían los del interior. Puesto que se habían dado las órdenes oportunas para el abastecimiento de París y los decretos habían sido aceptados, los comisarios sólo tenían que reclamar la vuelta del rey a la capital; por primera vez en la jornada se hablaba a Luis XVI de esto: él no se pronunció. Era entrada la noche y se dejó la cuestión para el día siguiente.

La Asamblea se disolvió hacia las tres de la madrugada. Era la única que sacaba un provecho sustancial de estos acontecimientos: el rey había aceptado los decretos constitucionales y reconocido implícitamente que su sanción no era necesaria; una vez más, un movimiento de masas había asegurado el éxito de la revolución de los juristas. Probablemente, la mayoría de sus miembros se hubieran’ dado por satisfechos. Pero los parisienses no se contentaban con tan poca cosa: al día siguiente, los aristócratas podían hacerse de nuevo con el rey; la propia Asamblea se había mostrado lenta y débil; había que acabar con aquello y, llevando al monarca y a los diputados a París, ponerlos bajo la vigilancia del pueblo.

La jornada del 6

Muchos manifestantes, al no encontrar alojamiento, se reunieron a partir de las seis junto a las verjas del palacio. Una de ellas estaba abierta: el patio fue invadido y estalló la trifulca; se dio muerte a un guardia de corps; después, un joven obrero fue muerto de un tiro; se asesinó a otro guardia. La muchedumbre llegó a la escalera que conducía a los aposentos de la reina y penetró hasta la antecámara, rechazando a los guardias de corps, matando o hiriendo a varios. La reina huyó a las habitaciones del rey.

Los guardias nacionales no habían hecho nada para detener a los invasores. Tardíamente, acudieron a poner fin al combate y, ocupando los puestos interiores, hicieron evacuar el palacio. La Fayette, que había pernoctado en Noailles, acudió también, reconcilió a los guardias nacionales con los guardias de corps y apareció en el balcón junto con la familia real. La muchedumbre, primero indecisa, acabó por aclamarles, pero gritando: ¡A París!, sin moverse de allí. No había ninguna escapatoria y, al cabo de unos minutos, el rey cedió. Sin embargo, pidió la opinión de la Asamblea; ésta respondió simplemente que era inseparable de la persona del rey, lo que equivalía a decidir el traslado a París.

A la una, a la señal del cañón, los guardias nacionales, con un pan ensartado en la bayoneta, abrieron la marcha, seguidos de carros de trigo o harina cubiertos con hojas, escoltados por los cargadores del mercado y por las mujeres que llevaban ramas adornadas con cintas, sentadas o a caballo sobre los cañones. «Se hubiera pensado que se trataba de un bosque ambulante, a través del cual brillaban los aceros de las picas y los cañones de los fusiles», escribe un testigo. A continuación seguían los granaderos, protegiendo a los guardias de corps desarmados; después, el regimiento de Flandes y los suizos; finalmente la carroza del rey y su familia, La Fayette cabalgando a su lado y los carruajes de los diputados designados para representar a la Asamblea. Detrás, más guardias nacionales y la gente.

Se avanzaba a trompicones por el barro; estaba lloviendo y anocheció pronto. Insensible a la tristeza de la hora, el pueblo, confiado y tranquilo por unos momentos, sólo pensaba en su victoria, cantaba y reía; traía «al panadero, la panadera y al mocito de la panadería».

Bailly recibió al rey en las puertas de la ciudad y le condujo al ayuntamiento, donde se le dirigió un discurso. Hasta las diez no llegó la familia real a las Tullerías, desiertas desde hacía más de un siglo. La Asamblea no se dio prisa en reunirse con ella; el día 12, fijó por fin el 19 como fecha de partida y, después de reunirse durante quince días en la gran sala del arzobispado, el 9 de noviembre se instaló en un picadero dependiente de las Tullerías, que precipitadamente se había transformado a tal efecto.

Por el momento, no se prestó demasiada atención a la nueva oleada de emigrantes que las jomadas de octubre empujaban fuera de Francia; nadie se alarmó tampoco de ver al partido patriota sufrir una primera amputación, los moderados, vencidos al mismo tiempo que los aristócratas, definitivamente lanzados a la oposición, mientras que Mounier, su jefe, abandonando la partida, regresaba al Delfinado desde donde no tardaría en pasar al extranjero. Aunque era evidente que el rey, en adelante, era el prisionero y el rehén de la revolución, todavía se oía decir que, librado de la influencia del complot aristocrático, estaba ahora de acuerdo con la Asamblea y, durante los primeros días, la población le dio muestras de acatamiento. Nadie imaginaba que la revolución sólo estuviera en sus comienzos. Y, después de todo, el sentimiento popular no se equivocaba completamente; al conseguir la ratificación de los decretos del mes de agosto, las jornadas de octubre habían consagrado el fin del Antiguo Régimen, y nada pudo ya resucitarlo: al menos la revolución de 1789 estaba concluida.

CONCLUSIÓN

I

La revolución de 1789 supone, en primer lugar, la caída de la monarquía absoluta y el advenimiento de la libertad, garantizada en adelante por un gobierno constitucional; a este respecto, nadie debería negar que fue una revolución nacional, puesto que tanto los privilegiados como el Tercer Estado reclamaban una constitución y el respeto a los derechos del individuo.

Pero es también el advenimiento de la igualdad ante la ley, sin la cual la libertad no sería, de hecho, más que un privilegio más en favor de los poderosos. Para los franceses de 1789, la libertad y la igualdad son inseparables, en realidad dos palabras para designar una misma cosa; si hubieran tenido que elegir, se hubieran aferrado ante todo a da igualdad, y cuando los campesinos, que constituían la inmensa mayoría, aclamaban la libertad, pensaban en la desaparición de la autoridad del señor, reducido al rango de simple ciudadano, es decir, en la igualdad.

Convertidos en libres e iguales en derechos, los franceses, en las Federaciones y sobre todo durante la Federación del 14 de julio de 1790, fundaron de nuevo la nación, una e indivisible, por su consentimiento voluntario. Este tercer rasgo de la revolución de 1789 no es el menos original, y la afirmación de que un pueblo tiene derecho a disponer de sí mismo y no puede ser anexionado a otro sin su adhesión libremente expresada, ha ejercido una influencia en el mundo que no se ha agotado.

Además, a los hombres de 1789 no se les ocurrió pensar ni un momento que los derechos del hombre y del ciudadano estuvieran reservados a los franceses. El cristianismo no distinguía entre los hombres; los llamaba a todos a reunirse fraternalmente en la ciudad divina. De manera similar, los revolucionarios pensaban que la libertad y la igualdad son patrimonio común de la humanidad. Imaginando que todos los pueblos imitarían su ejemplo, incluso soñaron por un instante que, llegando a ser libres, las naciones se reconciliarían para siempre en la paz universal.

II

En el ánimo de los hombres de leyes, que representaban o guiaban a la burguesía, la revolución debía ser pacífica; impuesta por la opinión, debía traducirse, simplemente, en nuevas fórmulas jurídicas. Y de hecho la obra esencial de la revolución de 1789 se halla consignada en los decretos del 4 de agosto y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero sería pueril no sacar a la luz más que estos documentos legislativos, dejando en segundo plano los acontecimientos que les dieron vida; pueril también, y aún más, elegir algunos de estos acontecimientos con el fin de componer una leyenda. Los Estados Generales defendieron hábil y audazmente la causa del Tercer Estado, que era la de la nación, pero, como ha reconocido Buchez, pacífico y católico demócrata de 1848: «La Asamblea no hubiera conseguido nada sin la insurrección». El Antiguo Régimen no se inclinó ante la revolución jurídica; habiendo recurrido a la fuerza, fue destruido por la fuerza que el pueblo, saliendo a la calle, puso al servicio de lo que consideraba como el derecho, sin que sus representantes se hubieran atrevido siquiera a pedírselo.

No es el historiador el que puede decidir si el recurso a la violencia era en principio la única salida. Sólo puede constatar que en la primavera de 1789 el pueblo francés no pensaba aún en ella y que, dos años antes, no sospechaba siquiera que el régimen se acercaba a su fin. Fue la aristocracia la que provocó la revolución obligando al rey a convocar los Estados Generales. Una vez dada la palabra al Tercer Estado, las concesiones que hubieran podido contentarle provisionalmente dependían de los nobles y del monarca. El debate no era tanto de naturaleza política como de orden social; pues nobles y burgueses estaban de acuerdo sobre la transformación de la monarquía en gobierno constitucional, y Luis XVI apenas hubiera perdido autoridad, mientras que la gran mayoría de la nobleza, dispuesta a acomodarse a la igualdad fiscal, estaba resuelta, más por orgullo que por interés, a conservar el resto de sus privilegios, a seguir siendo una nación dentro de la nación. ¿Podía convertirse el año 1789 en el arranque de una evolución en el curso de la cual los nobles hubieran aceptado convertirse en simples ciudadanos? Es posible y, si se quiere, probable; pero, como no se puede rehacer la historia como un experimento de laboratorio, las opiniones continuarán divididas. Además, poco importa, puesto que las conclusiones indispensables no llegaron a tiempo, la corte recurrió a la violencia para defender a la aristocracia y de esta forma se planteó el problema en toda su amplitud: puesto entre la espada y la pared, el Tercer Estado se vio obligado a escoger entre la resistencia y la abdicación, de manera que de hecho la insurrección se hizo inevitable, teniendo en cuenta que en el fondo el Tercer Estado estaba decidido a no transigir.

Los insurrectos conocían los riesgos y algunas decenas de ellos sufrieron los rigores de la justicia prebostal. En última instancia, nada puede explicar su resolución de poner en peligro su vida y de preferir la muerte a la sujeción eterna, si no es su audacia, su valentía y su espíritu de sacrificio. Otros hombres tuvieron razones semejantes para luchar y se resignaron. La acción revolucionaria es de carácter espiritual.

Por lo menos, es evidente que numerosos motivos condujeron al pueblo francés ante el dilema supremo, y se ha procurado discernirlos; intereses de clase e intereses personales, orgullo humillado, sufrimientos populares, propaganda filosófica, contribuyeron, en diversas proporciones según los individuos, a crear en el Tercer Estado una mentalidad colectiva extrañamente compleja, pero que, a fin de cuentas, se tradujo esencialmente en la creencia en un complot aristocrático, lo que a su vez provocó esos movimientos apasionados, el miedo, el ardor combativo, la sed de venganza, que caracterizan las jornadas de julio.

Molesta por los excesos populares, la burguesía los achacó a los agentes provocadores, los extranjeros, los «bandidos», los criminales, mezclados inevitablemente con los insurrectos. Es cierto que los derechos sociales no son los últimos en deslizarse entre la masa; pero los alegatos de la Asamblea y de las autoridades burguesas no dejan de ser tendenciosos; el pueblo insurrecto no censuraba ni rechazaba los asesinatos de julio, como tampoco Barnave o Madame Roland. No se puede disociar el complejo revolucionario. En este sentido, Clemenceau tenía razón: la revolución es un bloque. El moralista debe alabar el heroísmo y condenar la crueldad, pero no explica los hechos.

III

La intervención de la fuerza popular ejerció una influencia en el cuerpo de la revolución que aquí sólo podríamos indicar brevemente, pero que no se puede silenciar.

Sin la presión popular, la Asamblea Constituyente habría aligerado sin duda el régimen señorial, pero es muy dudoso que le hubiera asestado un golpe tan rudo. Incluso la redención de las cargas que había previsto, no fue aceptada por los campesinos, que terminaron por conseguir, en 1793, su abolición pura y simple. Si el campesinado francés pudo convertirse en una democracia de pequeños propietarios independientes, mientras que la redención lo hubiera debilitado o arruinado desastrosamente, lo debe a sí mismo: se liberó por sus propias fuerzas, y las asambleas no hicieron más que sancionar lo que había llevado a cabo.

Pero la nobleza, atacada en sus bienes, después de haberlo sido en su orgullo por la supresión de los estamentos y los privilegios, volcó en la revolución un odio inexplicable. El complot aristocrático no tardó en convertirse en una realidad con todos los rasgos que el pueblo le atribuía: la preparación de la guerra civil y el recurso al extranjero, y provocó reacciones de violencia creciente, las matanzas de septiembre y finalmente el Terror.

Por otra parte, el rey se encontró irremediablemente comprometido al recurrir a la fuerza para defender a los privilegiados al tiempo que su autoridad; no queriendo sin embargo destronarlo, la Asamblea se vio condenada a debilitar sistemáticamente al poder ejecutivo, a hacerse con todos los poderes, a ejercer de hecho la dictadura, sin conferirle, sin embargo, la eficacia conveniente, puesto que el poder ejecutivo, que continuaba en su sitio, la contrariaba constantemente.

En fin, si el pueblo salvó con su intervención a la Asamblea, sería un error imaginar que lo hizo en perfecta comunión de ideas con la burguesía. Tenía sus propios motivos; la abolición de los derechos feudales era uno, no el único; también pretendía restaurar el viejo régimen reglamentario de la economía, que impedía el desarrollo del capitalismo y que el gobierno de los grandes propietarios y la alta burguesía habían desmantelado poco a poco de común acuerdo a lo largo del siglo XVIII: la insurrección popular había suprimido una vez más la libertad del comercio de cereales y había permitido a los campesinos recuperar sus derechos colectivos, restablecer en todas partes los pastos libres, entrar de nuevo en posesión de los bienes comunales que se les había arrebatado. De manera más general, la proclamación de la igualdad de derechos sacaba a la luz la desigualdad de medios, y puesto que ésta es consecuencia, por una parte, de la desigualdad de riquezas, no podía dejar de dibujarse el conflicto, a la vez político y social, entre propietarios y proletarios. Esto llevará a la revolución a la democracia y, diez años más tarde, decidirá a la burguesía a recurrir a la dictadura militar para restaurar el dominio de los «notables».

IV

Es indudable que el 26 de agosto de 1789 la burguesía había puesto definitivamente las bases de la nueva sociedad. Si la revolución de 1789 no fue más que el primer acto de la Revolución Francesa, los años que siguieron se resumen en un largo combate que, a decir verdad, se prolongó hasta 1830, alrededor de esta carta fundamental. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano quedará así como la encarnación de la Revolución entera.

Se han dedicado muchos esfuerzos a negar su originalidad y, por ejemplo, a relacionar su contenido con las declaraciones que habían adoptado las colonias inglesas de América en el curso de la lucha por su independencia. No cabe duda de que los constituyentes las conocían, especialmente la que proclamó Virginia, el 10 de mayo de 1776. Entre ellas y la de 1789 hay una identidad de inspiración y de contenido. Además, desde enero de 1789, La Fayette conversaba con Jefferson de su proyecto; el texto que presentó a la Asamblea Nacional el 11 de julio se ha encontrado, junto con la carta con que se lo remitía, entre los papeles del embajador de los Estados Unidos, que lo acotó personalmente. La influencia de América está fuera de toda discusión. Pero eso no quiere decir que sin ella no hubiera nacido la Declaración francesa. Todo el movimiento filosófico en nuestro país, en el siglo XVIII, tendía a resumirse en tal acta: el pensamiento de Montesquieu, de Voltaire, de Rousseau, contribuyeron a ello. En realidad, América y Francia, como antes Inglaterra, son igualmente deudoras de una corriente de ideas cuyo éxito expresaba el ascenso de la burguesía y que les había asignado un ideal común en que se resume la evolución de la civilización occidental.

A lo largo de los siglos, nuestro Occidente, modelado por el cristianismo, pero heredero también del pensamiento antiguo, ha dirigido sus esfuerzos, a través de mil vicisitudes, hacia la libertad de la persona humana. La Iglesia no defendía la libertad del individuo más que para dejarle la facultad de trabajar en paz por su salvación y ganar el paraíso. Desde el siglo XVI al XVIII, algunos filósofos habían propuesto al hombre deshacerse también de las cadenas que impedían su desenvolvimiento terrenal, para convertirse en dueño de la naturaleza y hacer verdaderamente de su especie la reina de la creación. Pero, por diferentes que parezcan sus enseñanzas de las de la Iglesia, su pensamiento se unía al de ésta en cuanto que reconocía la eminente dignidad de la persona humana, ordenando que se la respetara, atribuyéndole unos derechos naturales e imprescriptibles, no asignando a la autoridad del Estado otro fin que el de protegerlos y ayudar al individuo a hacerse digno de ellos.

Por otra parte, Occidente, inspirándose en los mismos maestros, nunca ha dejado de admitir la unidad de la especie humana. La Iglesia prometía la salvación a todos los hombres, sin distinción de raza, de lengua ni de nacionalidad. Los filósofos permanecieron fieles a este universalismo. Laicizaron la idea de comunidad cristiana, pero la continuaron.

La Declaración participa de estos dos rasgos: para ella, el individuo autónomo y libre es el fin supremo de la organización social y del Estado, y no reconoce entre los hombres ni razas elegidas ni parias. Convoca por toda la tierra a los hombres de buena voluntad que gritan con Victor Hugo:

«Odio la opresión con un odio profundo».

Se le han opuesto algunas objeciones, varias de las cuales ya han sido mencionadas porque se aplicaban inmediatamente a las circunstancias en las que se debatía la Constituyente. Hay otras, de carácter más general, que merecen que nos detengamos en ellas un momento.

Se ha dicho que la Declaración hace abstracción de la realidad. Unos hombres pueden ser dignos de los derechos que proclaman; otros lo son menos; los hay incluso que apenas son hombres. ¿Qué son los derechos del hombre para los antropófagos? ¿Son ellos, como nosotros, hombres? Tal vez, pero en todo caso no son hombres como nosotros. Y, por otra parte, tampoco tiene en cuenta las circunstancias. Si la guerra o una crisis económica pone en peligro la existencia de la nación, ¿conservarán los derechos del ciudadano el mismo libre juego que en tiempo de paz y de prosperidad? Y si no se limitan por sí mismos, ¿no se concederá al gobierno la facultad de restringirlos?

Esta objeción no es válida más que si se confunde la Declaración con un Código, pues es a las reglas morales, no a las leyes positivas a quiénes se debe asimilar. La moral nos ordena, por ejemplo —y la Declaración lo recuerda—, no hacer con otro lo que no quisiéramos que él hiciera con nosotros; pero no especifica cuál debe ser nuestra conducta en tal caso, dejando esta tarea al moralista o al casuista. De igual manera, la Declaración proclama los derechos del hombre, pero deja a la ley, que puede variar con las circunstancias, la tarea de determinar en qué medida, igualmente variable con las circunstancias, pueden ejercerse estos derechos, con tal que la ley sea la expresión de la voluntad general, es decir de la mayoría de la comunidad. La Asamblea Nacional tuvo conciencia de este carácter, lo que aparece en el curso de los debates, anteriores en un mes a la Declaración misma y que hemos relatado, sobre la represión de las intrigas contrarrevolucionarias y la institución de una jurisdicción de excepción: no se gobierna en tiempo de guerra como en tiempo de paz, observaba Gouy d’Arsy, adelantándose a Robespierre. De igual manera, la relatividad de la Declaración se pondrá de manifiesto cuando se plantee la cuestión de la esclavitud: se considera imposible hacer pasar a los negros bruscamente de la servidumbre al derecho de ciudadano sin un aprendizaje previo de la libertad. Y en Francia, la Asamblea concluyó implícitamente lo mismo, al subordinar el derecho electoral a una cierta solvencia, y la elegibilidad a la posesión de bienes raíces porque, con razón o sin ella, consideraba que esta buena posición, y sobre todo la propiedad de la tierra, eran las únicas capaces de proporcionar las luces y el dominio de sí que exige el ejercicio de los derechos del hombre y del ciudadano. Estos derechos están por tanto en función de las circunstancias; la Declaración es un ideal a realizar; es una dirección de intención.

Otra crítica, en la que se ha insistido vehementemente en nuestros días, es que, con todo, favoreció a una clase en detrimento de las demás, es decir a la burguesía, que precisamente la había redactado, y provocó así un desorden que puso a la comunidad en peligro de dislocación. La Declaración, en efecto, situó la propiedad entre los derechos del hombre, y sus autores la entendían naturalmente tal como existía en su tiempo y como existe aún hoy; por otra parte, aunque no haya mencionado la libertad económica, formaba parte de su sentido. Esto significa de nuevo que el hombre que posee la tierra y los otros medios de trabajo, los capitales, como, nosotros decimos, es dueño de hecho de los que no poseen más que sus brazos y su inteligencia, puesto que depende de él concederle la posibilidad de ganarse la vida. Y el mal se agrava —se añade— por el carácter hereditario de la propiedad que asegura a algunos hijos, sin que se les exija prueba alguna de su capacidad, los medios además de los derechos, que es lo único que los demás se reparten. Se reprocha por tanto a la Constitución haber dejado al capitalismo desarrollarse sin control y haber inducido así a los proletarios a alzarse contra él; en pocas palabras, haber tenido como consecuencia una nueva lucha de clases cada vez más violenta, a falta de un arbitraje que sólo el Estado se podía atribuir.

Por el contrario, los que niegan al Estado tal atribución, no han dejado de invocar la Declaración misma, comentándola con ayuda de las concepciones de sus autores que, indudablemente, tenían él «laissez-fairé» y la libre competencia por la panacea universal, y concebían la propiedad como un derecho absoluto a usar y abusar. Pero hay que ponerse en su lugar para comprender su actitud. Tenían ante los ojos una sociedad donde el capitalismo apenas comenzaba y donde el desarrollo de la producción parecía el objetivo esencial para remediar el hambre y la miseria; a los mismos que pensaban en los pobres, no les parecía imposible que cada cual llegara a propietario de una parcela o de un taller que le permitiera subsistir, y este ideal, que fue el de los sans-culottes, permaneció vivo hasta, bien entrado el siglo XIX. La experiencia ha desmentido estas esperanzas, y Rousseau había ya observado, mucho antes de 1789, que la democracia no es compatible con una excesiva desigualdad de las riquezas. Corresponde, pues, a la comunidad examinar si los cambios que se han operado desde 1789 en la estructura de la economía y de la sociedad no justifican la intervención de la ley para impedir que el exceso de medios en manos de unos reduzca los derechos de los otros a una simple mentira. ¿Con qué procedimientos? Es la comunidad quien debe decidirlo, en el espíritu de la Declaración que, proclamando la libertad, no ha pretendido que fuera una «libertad aristocrática», es decir reservada a unos pocos, como pedirá Montalembert en 1850, y que, confiando a la ley la tarea de delimitar los derechos de los ciudadanos, le ha permitido, por eso mismo, tomar las medidas oportunas para prevenir la dislocación de la sociedad.

Pero, se objeta por último, según la Declaración, la ley no es más que la voluntad de los ciudadanos; ¿en qué se convertirá la nación si la mayoría oprime a la minoría o si se niega a ofrecer los sacrificios necesarios al bien común, que en tiempo de guerra pueden llegar a exigir la vida? La comunidad, se concluye, no puede confundirse con los ciudadanos que la componen actualmente, en tanto que, superándolos en el tiempo, es jerárquicamente superior a ellos, puesto que no podrían existir sin ella; donde se encama es en el Estado, el cual no puede, por tanto, depender de la voluntad de los ciudadanos efímeros, y posee así capacidad de contradecirlos. No hace falta decir que así se vuelve al absolutismo personal del Antiguo Régimen, pues el Estado, a pesar de lo que parece decirse, tampoco tiene existencia efectiva más que en la persona de los individuos que se confieren a sí mismos el poder. Tampoco hace falta insistir en que este sistema está en radical contradicción con la Declaración en la medida en que reduce al individuo a no ser más que un instrumento en manos del Estado y le priva de toda libertad y de toda autonomía. Pero estas observaciones no salvan la dificultad, como frecuentemente se cree. Es absolutamente cierto que la Declaración comporta un riesgo, por supuesto, al igual que el absolutismo y la dictadura, aunque de otro tipo, y los ciudadanos deben asumir sus responsabilidades. Investidos del derecho de gobernarse a sí mismos, si abusan de su poder los unos respecto de los otros y sobre todo, si por egoísmo personal rehúsan asegurar la salvación de la comunidad, ésta perecerá y, con ella, su libertad, si no su existencia.

En este punto llegamos al sentido profundo de la Declaración. Constituye una dirección de intención: en consecuencia, supone en los ciudadanos una intención limpia, es decir el espíritu crítico, el patriotismo en el sentido justo de la palabra, el respeto al derecho de los demás, la entrega consciente a la comunidad nacional, la virtud, como han dicho Montesquieu, Rousseau y Robespierre. Este último escribía en 1792: «El alma de la República es la virtud, el amor a la patria, la magnánima entrega que confunde todos los intereses en el interés general». Por tanto, al proclamar los derechos del hombre, la Declaración está recurriendo a la disciplina libremente aceptada, al sacrificio si es necesario, a la moralidad, al espíritu. La libertad no es en modo alguno una invitación a la negligencia y al poder irresponsable; no es la promesa de un bienestar ilimitado sin la contrapartida de trabajo y esfuerzo. Supone por el contrario la aplicación, el esfuerzo continuo, el control riguroso de sí mismo, el sacrificio si es preciso, la virtud cívica y privada. Es, pues, mucho más difícil vivir libre que vivir esclavo, y por eso los hombres renuncian tan frecuentemente a la libertad; es, en cierto modo, una invitación a vivir valientemente y, si llega el caso, heroicamente, al igual que la libertad del cristiano es una invitación a vivir santamente.

Por tanto, es un grave error haber presentado la Declaración como una invitación a vivir tranquilamente, en el goce mediocre de los bienes materiales, y que se haya pensado en apelar a ese gusto por el riesgo y por la acción que distingue a la juventud, para borrarla de la faz de la tierra.

¡Juventud de 1939! La Declaración también es una tradición, y una tradición gloriosa. Al leerla, escucha la voz de los antepasados que te hablan, los que lucharon en Valmy, en Jemappes, en Fleurus, al grito de «¡Viva la nación!». Ellos te han hecho libre; aprecia la nobleza del obsequio: el hombre es el único en el universo que puede serlo. Te repiten que tu suerte está en tus manos y que de ti, sólo de ti, depende la suerte de la ciudad futura. Date cuenta del riesgo: puesto que constituye un atractivo para ti, no te hará retroceder. Mide la magnitud de la tarea, pero también la dignidad con que te reviste. ¿Renunciarás? Tus antepasados confían en ti; tú serás pronto la nación: «¡Viva la nación!».

POSTFACIO

por ALBERT SOBOUL

LA REVOLUCIÓN FRANCESA EN LA HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

La Revolución de 1789-1794 señaló en la historia de Francia el advenimiento de la sociedad moderna, burguesa y capitalista. Su característica esencial reside en haber realizado la unidad nacional del país sobre la base de la destrucción del régimen señorial y de los estamentos feudales privilegiados: la revolución, según dice Tocqueville en El Antiguo Régimen y la Revolución, «cuyo objeto propio consistía en abolir por doquier el resto de las instituciones de la Edad Media[45]». El hecho de que finalmente haya desembocado en el establecimiento de una democracia liberal, precisa aún más la significación histórica de la Revolución francesa. Desde este doble punto de vista, y bajo el ángulo de la historia mundial que aquí nos ocupa, merece ser considerada como el modelo clásico de revolución burguesa.

El estudio comparativo de la Revolución francesa plantea así dos tipos de problemas.

Problemas de carácter general: los que se refieren a la ley histórica de la transición del feudalismo al capitalismo moderno. Retomando la problemática planteada por Marx en el Libro III de El Capital, esta transición se efectúa de dos formas: por la destrucción total del antiguo sistema económico y social, es decir «por la vía realmente revolucionaria», o salvaguardando el antiguo modo de producción en el seno de la nueva sociedad capitalista, es decir, por la vía del compromiso[46].

Problemas de carácter particular: los que se refieren a la estructura específica de la sociedad francesa al final del Antiguo Régimen y dan cuenta de las características propias de la Revolución francesa en relación a los diversos tipos de revolución burguesa[47].

Desde este doble punto de vista, la historia de la Revolución francesa no puede aislarse de la de Europa. En todos los países europeos la formación de la sociedad moderna se inició en el seno mismo del antiguo sistema económico y social con supervivencias feudales, después a sus expensas. En todos los países de Europa esta evolución se efectuó en diversos grados en beneficio de la burguesía. La Revolución francesa no fue la primera de la que la burguesía se ha beneficiado; antes, la Revolución holandesa en el siglo XVI, las dos Revoluciones de Inglaterra en el XVII, la Revolución americana en el siglo XVIII, jalonaron esta evolución. Pero debemos aún dar cuenta del carácter ejemplar de la Revolución francesa.

I

Al final del siglo XVIII, Francia y la mayor parte de Europa estaban sometidas a lo que más tarde se ha llamado el Antiguo Régimen[48]. Se caracterizaba, en el plano social, por el privilegio aristocrático, y en el plano estatal, por el absolutismo monárquico de derecho divino.

La aristocracia, cuyo papel no había dejado de disminuir desde la Edad Media, continuaba en el puesto más alto de la jerarquía[49]. La estructura social de Francia era aún esencialmente aristocrática: conservaba el carácter de su origen, de la época en que la tierra era la única forma de riqueza social y por tanto confería a los que la poseían el poder sobre los que la cultivaban. La monarquía de los Capetos, al precio de largos esfuerzos, había despojado a los señores de los derechos de regalía, y a la nobleza y alto clero de toda influencia política: convertidos en súbditos, nobles y clérigos no habían dejado por ello de ser privilegiados; los señores habían conservado sus privilegios sociales y económicos; los derechos señoriales estipulaban aún la sujeción de los campesinos.

Socialmente privilegiada, pero políticamente disminuida, la aristocracia no perdonaba al monarca absoluto que la hubiera despojado de toda autoridad política: denunciaba el despotismo, reclamaba la libertad, exigía ser asociada al poder. Su ideal de una monarquía moderada se inscribe en el marco de la teoría del derecho histórico. Este ideal se había afirmado desde el final del reinado de Luis XIV, sobre todo con Fénelon, cuyas ideas políticas no se concretaron sólo en las alegorías de las Aventuras de Telémaco (1699), sino mucho más claramente en los Planes del gobierno… para ser propuestos al duque de Borgoña, publicados en 1711 bajo el título de Tablas de Chaulnes[50]. Esta reacción aristocrática antiabsolutista se escindió desde la primera mitad del siglo en dos corrientes: una de reacción feudal correspondiente a los intereses de la nobleza de espada, cuyo principal representante fue el conde de Boulainvilliers[51]; la otra de reacción parlamentaria correspondiente a los de la nobleza de toga, que se manifestó en la publicación en 1732 del Judicium Francorum[52]. Las teorías de la reacción parlamentaria y feudal fueron retomadas a mediados de siglo, no ya por oscuros panfletistas, sino por Montesquieu, que publicó en 1748 El espíritu de las leyes[53]. Esta reivindicación aristocrática de la libertad en contra del absolutismo monárquico era sólo, como señala Georges Lefebvre, «una supervivencia del pasado».

Sin embargo, el renacimiento del comercio y el desarrollo de la producción artesana habían creado, desde los siglos X y XI, una nueva forma de riqueza, la riqueza mobiliaria, y con ello había alumbrado una nueva clase, la burguesía, cuya importancia había sido consagrada con su admisión en los Estados Generales del siglo XVI. En el marco de la sociedad feudal, su expansión había continuado al mismo ritmo que el desarrollo del capitalismo, estimulado por los descubrimientos de los siglos XV y XVI y por la explotación de los mundos coloniales, así como por las operaciones financieras de una monarquía siempre escasa de recursos. En el siglo XVIII, la burguesía estaba a la cabeza de las finanzas, del comercio, de la industria; proveía a la monarquía tanto de cuadros administrativos como de los recursos necesarios para la marcha del Estado. Mientras la aristocracia se convertía en casta, la burguesía crecía en número, en poder económico, y también en cultura y en conciencia. El progreso de las Luces minaba los cimientos ideológicos del orden establecido, al mismo tiempo que se afirmaba la conciencia de clase de la burguesía. También su tranquilidad de conciencia: como clase ascendente que creía en el progreso, tenía la convicción de representar el interés general y de asumir la carga de la nación; como clase progresiva, ejercía una atracción decisiva sobre las masas populares, así como sobre los sectores disidentes de la aristocracia. Pero la ambición burguesa, sostenida por la realidad social y económica, chocaba con el carácter aristocrático de las leyes y las instituciones[54].

La burguesía, como la aristocracia, deseaba verse asociada al poder: contra el monarca, reclamaba la libertad. Pero a la justificación de esta reivindicación por el derecho histórico, opuso la del derecho natural: la sociedad está basada en el libre contrato de sus miembros, el gobierno en el libre contrato entre los que gobiernan y los que son gobernados, al igual que el poder no es concebido sino en provecho de la comunidad y para la garantía de los derechos de los ciudadanos[55]. En 1724 apareció la traducción francesa del Ensayo sobre el gobierno civil que Locke había publicado en 1690: esta obra inspiró a todo un siglo. Teórico de la Revolución inglesa de 1688-1689, Locke expresa el ideal de la burguesía, trasformando, como se ha dicho, «un accidente histórico en un acontecimiento dirigido por la razón humana». Su ideal político, de donde proviene la razón esencial de su profunda influencia, coincide con el de una burguesía en plena expansión, presentando una mezcla compleja de empirismo y racionalismo: defensa del orden social establecido y de la propiedad, pero recurso a la moral; deseo de un poder eficaz, pero necesidad del consentimiento; individualismo, pero reconocimiento de la regla de la mayoría.

Libertad política sí, pero sobre todo libertad económica, libertad de empresa y de ganancia. El capitalismo exigía libertad porque la necesitaba para asegurar su expansión. Libertad bajo todas sus formas: libertad de la persona, condición del trabajo asalariado; libertad de bienes, condición de su movilidad; libertad de espíritu, condición para la investigación y el descubrimiento científico y técnico.

Sin embargo, la burguesía no reclamaba solamente, como la aristocracia, poder y libertad: quería suprimir los privilegios y conquistar la igualdad de derechos. Y así, en la segunda mitad del siglo XVIII, la burguesía se enfrentó con la aristocracia. Durante siglos la burguesía sólo había soñado con ennoblecerse; la venalidad de los cargos le había facilitado los medios para hacerlo. En efecto, desde el siglo XVI, la monarquía francesa había sacado partido de la riqueza burguesa poniendo en venta una parte de las funciones públicas, haciéndolas más atractivas por la atribución de privilegios corporativos y de nobleza personal o hereditaria. Así, mientras muchas familias burguesas se introducían directamente en la aristocracia, se había formado una nobleza de toga que, aunque manteniendo relaciones más o menos estrechas con la aristocracia, no por ello dejaba de ser burguesa, sobre todo en la administración de su fortuna. Pero en el siglo XVIII, tanto la nobleza de toga como la aristocracia tienden a cerrarse, al tiempo que los burgueses se hacen demasiado numerosos para poder esperar ser admitidos en su totalidad[56]. «De una forma u otra, escribió Sieyès en su folleto ¿Qué es él Tercer Estado?, todas las ramas del poder ejecutivo han caído también bajo el poder de la casta que provee la Iglesia, la toga y la espada. Una especie de espíritu de confraternidad hace que los nobles se prefieran entre sí, para cualquier cosa, al resto de la nación. La usurpación es completa: reinan verdaderamente[57]». La burguesía reclama la supresión del privilegio y la igualdad de derechos.

Así pues en Francia, en la segunda mitad del siglo XVIII, la expansión de la economía capitalista, base sobre la cual se había edificado el poder de la burguesía, continuaba frenada por las estructuras feudales de la sociedad, por la organización tradicional y reglamentada de la propiedad, de la producción y de los cambios. «Era preciso romper esas trabas, escriben los autores del Manifiesto, y se rompieron». Se plantea así el problema de la transición del feudalismo al capitalismo. La cuestión no ha escapado a los más clarividentes autores de la época. Lejos de estar inspirada por un individualismo abstracto, como pensaba Taine, la burguesía revolucionaria tenía una clara conciencia de la realidad económica que constituía su fuerza y determinó su victoria. Barnave formuló por primera vez, más de medio siglo antes de Marx, la teoría de la revolución burguesa. En su Introducción a la revolución francesa escrita en 1792, Barnave asienta el principio de que la propiedad influye en las instituciones. «El reinado de la aristocracia dura mientras el pueblo campesino continúa ignorando o despreciando las artes, y mientras la propiedad de la tierra sigue siendo la única riqueza…». «A partir del momento en que las artes y el comercio llegan a calar en el pueblo y crean un nuevo medio de riqueza favorable a la clase trabajadora, una revolución en las leyes políticas se prepara; una nueva distribución de la riqueza prepara una nueva distribución del poder. Al igual que la posesión de las tierras elevó a la aristocracia, la propiedad industrial eleva el poder del pueblo, que obtiene su libertad». El pueblo: entendamos, en la pluma de Barnave, la burguesía[58].

Las revoluciones holandesa e inglesa habían ya mostrado que las causas profundas de la revolución burguesa hay que buscarlas en las supervivencias feudales y en las contradicciones de la antigua sociedad. Pero este aspecto no explica todas las características de la Revolución francesa. Las razones de que haya constituido el episodio más explosivo, por su violencia, de las luchas de clases que han llevado a la burguesía al poder, deben buscarse en ciertos rasgos específicos de la sociedad francesa del Antiguo Régimen.

La burguesía se hubiera avenido sin duda a un compromiso que la hubiera asociado al poder, a imagen de la oligarquía inglesa del siglo XVIII. La aristocracia se negó a ello obstinadamente. Todo compromiso chocaba con el feudalismo: las masas campesinas no podían tolerar su mantenimiento, ni la nobleza en su conjunto pensar en una supresión que significaba su decadencia. La burguesía constituyente se consagró durante largo tiempo a buscar un compromiso político con la aristocracia, sobre la base del compromiso económico y social que constituía la redención de los derechos feudales decretada en principio durante la noche del 4 de agosto y organizada por la ley del 15 de marzo de 1790[59]. La resistencia obstinada de la masa de pequeños nobles que vivían en gran parte de la renta de la tierra, la voluntad decidida y agresiva de los campesinos de acabar con todas las supervivencias feudales, pudieron más que la política de compromiso y de conciliación. Para vencer, la burguesía debió decidirse por la alianza con las masas populares.

Las masas populares llevaban todo el peso del Antiguo Régimen: se les había hecho insoportable.

Las masas populares urbanas, artesanos y comerciantes, oficiales y aprendices, asalariados a domicilio y, en menor medida, obreros de las manufacturas, fueron lanzados a la revuelta por el empeoramiento de sus condiciones de existencia, puestas de manifiesto por los trabajos de C. E. Labrousse[60]. De 1726-1741 a 1785-1789 la persistente alza de precios produjo un aumento del coste de la vida del 62%. La parte del pan constituía la mitad del presupuesto proletario medio: las variaciones estacionales de los precios del grano la hicieron subir hasta el 88% en 1789. El alza de precios respetaba a las clases acomodadas, abrumaba a las pobres. El alza nominal media de los salarios del 22% no llegó a compensar la de los precios: como de costumbre, los salarios siguieron a los precios, pero sin alcanzarlos; más exactamente, el salario real sufrió una baja del 25% aproximadamente. Este empeoramiento de las condiciones de vida de las masas populares no escapó a los mejores observadores de la época: desde 1766, Turgot dio una primera formulación de la «ley de bronce» de los salarios, en sus Reflexiones sobre la formación y la distribución de las riquezas. Más que a la reivindicación de la libertad, las masas populares urbanas fueron sensibles a la del pan cotidiano: ante todo les preocupaba la subsistencia. A la libertad económica opusieron el derecho a la vida, más precisamente la tasación y la reglamentación. A la igualdad de derechos que la burguesía reclamaba frente a la aristocracia, opusieron la «igualdad de goces[61]».

A las masas populares urbanas propiamente dichas, muy pronto designadas por el nombre de sans-culottes, les faltaba espíritu de clase. Desperdigados en numerosos talleres, no especializados a causa del desarrollo restringido de la técnica, ni concentrados en grandes empresas o en barrios industriales, a menudo mal diferenciados del campesinado, los asalariados, al igual que los campesinos, no eran capaces de concebir remedios eficaces para su miseria: la debilidad de los obreros lo atestiguaba. El odio a la aristocracia, la oposición irreductible a los «grandes» y a los ricos fueron el fermento de la unidad de las masas trabajadoras. Cuando las malas cosechas y la crisis económica que necesariamente les seguía, las pusieron en movimiento, no se alinearon como clase distinta, sino como aliados del artesanado, a remolque de la burguesía: así se asestaron los golpes más eficaces a la vieja sociedad. Pero esta victoria de las masas populares sólo podía ser una «victoria burguesa»: la burguesía sólo aceptó la alianza popular contra la aristocracia porque las masas continuaban subordinadas a ella. En caso contrario, habría renunciado seguramente, como en Alemania en el siglo XIX y en menor medida en Italia, al apoyo de unos aliados demasiado peligrosos.

Sin embargo, las masas campesinas constituían lo esencial de la población francesa, sin duda de 22 a 23 millones de hombres sobre un total aproximado de 25[62]. En 1789, la gran mayoría de los campesinos eran hombres libres desde hacía tiempo, la servidumbre no persistía más que en algunas pocas regiones, sobre todo en el Nivernais y en el Franco Condado. No por ello el campo estaba menos dominado por las relaciones de producción feudales, como lo atestiguan los censos señoriales y los diezmos eclesiásticos. Ciertos historiadores tienden a minimizar el peso del feudalismo al final del Antiguo Régimen. Tocqueville les ha contestado de antemano en un capítulo de El Antiguo Régimen y la Revolución: «¿Por qué los derechos feudales se habían hecho más odiosos al pueblo de Francia que en cualquier otro sitio?». Si el campesino no hubiera poseído la tierra, hubiera sido menos sensible a las cargas que el sistema feudal hacía pesar sobre la propiedad territorial[63]. Convendría, para situar mejor el problema, precisar con cifras las deducciones feudales: para las tres elecciones de Aurillac, Mauriac y Saint-Flour, según los documentos fiscales, sería de alrededor del 10% del producto imponible (es decir el producto neto medio), sin tener en cuenta los laudemios y ventas, las banalités y los diezmos[64]. Ahora bien, lo que necesitaríamos conocer es el peso total que tenía que soportar la tenencia (tenure) en relación a su producto: sólo así nos haríamos una idea de la carga relativa que suponía el conjunto del complejo feudal. En las mismas elecciones de la alta Auvemia, los derechos feudales constituían, en cifras redondas, la tercera parte de los ingresos de los señores. Este porcentaje explica en gran parte la resistencia de la nobleza de Auvernia a la abolición del feudalismo, su rechazo de todo compromiso, y en última instancia las revueltas campesinas así como los intentos contrarrevolucionarios de 1789 a 1792 y 1793. Tocqueville escribe a propósito del campesino francés del siglo XVIII: «Figuraos la condición, los deseos, el carácter, las pasiones de este hombre, y calculad los caudales de odio y envidia que se amasaron en su corazón[65]».

Añadamos al odio hacia los feudales el hambre de tierra que amenaza al campesino, agudizada aún más por la expansión demográfica que caracterizó al siglo XVIII. Mientras que unos ciento treinta mil miembros del clero se repartían, muy desigualmente desde luego, el 10% de las tierras, y la nobleza, que representaba cerca de trescientas cincuenta mil personas, un 20%, al tiempo que la burguesía poseía por sí sola el 30% de la propiedad territorial, la parte correspondiente a los 22 o 23 millones de campesinos era tan sólo del 35%[66]. Nunca insistiremos bastante en la importancia de la cuestión campesina en el centro de la revolución burguesa: para Gramsci, el jacobinismo, que constituye la esencia misma de la Revolución francesa, se caracteriza por la alianza de la burguesía revolucionaria y de las masas campesinas.

Las masas populares, rurales o urbanas, poseían un ideal social hecho a la medida de las condiciones económicas de la época: concepción de un derecho limitado de la propiedad, acción reivindicativa contra la concentración de las explotaciones y de las empresas. Para disponer libremente de su persona y de su trabajo, campesinos y artesanos debían dejar previamente de estar enfeudados a otros, atados a la tierra o presos en el marco de una corporación. De ahí su odio contra la aristocracia y el Antiguo Régimen: las clases populares fueron el motor de la revolución burguesa. Pero campesinos y artesanos, productores inmediatos o que aspiraban a serlo, fundaban la propiedad sobre el trabajo personal y soñaban con una sociedad de pequeños productores independientes; confusamente creían precaverse contra la constitución de un monopolio de la riqueza y de un proletariado dependiente[67]. Estas profundas aspiraciones dan cuenta de las luchas sociales y políticas bajo la Revolución, de sus vicisitudes y de su progreso: desde 1789 hasta 1793, asistimos a un ahondamiento de la lucha de la burguesía contra la aristocracia, marcado por el papel creciente de las capas medias y las masas populares, no a un cambio de naturaleza de las luchas sociales. En este sentido, no se puede hablar de un «cambio de frente» de la burguesía tras la caída de Robespierre: tanto antes como después del 9 termidor, la aristocracia, que no había depuesto las armas, continuaba siendo el enemigo principal. Lo prueba la ley del 9 frimario del año VI (29 de noviembre de 1797), inspirada por Sieyès, que reducía a los hasta entonces nobles y ennoblecidos a la condición de extranjeros. La Revolución francesa constituye «un bloque»: antifeudal y burgués a través de sus diversos avatares.

Tocqueville ha subrayado con su lucidez habitual este enraizamiento de la Revolución en la sociedad francesa, esta continuidad y esta unidad, y ha señalado su necesidad. «Lo que la Revolución no ha sido en modo alguno, es un acontecimiento casual. Es cierto que ha cogido al mundo de improviso, y sin embargo era sólo el complemento del más largo trabajo, el final repentino y violento de una obra en la que habían trabajado diez generaciones[68]».

II

Al concluir el siglo XVIII, los rasgos que acabamos de esbozar y que caracterizaban al Antiguo Régimen no diferenciaban a Francia del resto de Europa. El ascenso de la burguesía se había realizado en todas partes en detrimento de la aristocracia y en el marco mismo de la sociedad feudal. Pero habiendo tomado parte de manera muy desigual en el desarrollo de la economía capitalista, estos rasgos afectaban en grados diversos a los diferentes países europeos.

En los países de Europa central y oriental la burguesía era poco numerosa y su influencia débil. Los grandes descubrimientos de los siglos XV y XVI y la explotación de los países coloniales, al desplazar hacia el oeste las nuevas rutas marítimas, habían acrecentado más su retraso económico y social. La aristocracia dominaba y se imponía a los monarcas. En Polonia la nobleza constituía por sí sola la «república» y había reducido a nada a la monarquía electiva. En Hungría había hecho fracasar las reformas de José II. En Prusia y en Rusia, si bien el poder monárquico se reforzaba, en contrapartida el monarca había abandonado a los campesinos a la voluntad de los nobles y las condiciones de la servidumbre se habían agravado.

La evolución de los países marítimos, Holanda e Inglaterra, había sido diferente, pues fueron los beneficiarios del desarrollo económico del siglo XVI y ya habían concluido su revolución burguesa, seguidos por los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XVIII. La comparación entre las condiciones y los aspectos de la transformación en estos tres países permite señalar cómo la Revolución francesa modificó sus perspectivas, devolviéndole así su carácter irreductible.

La Revolución holandesa se lleva a cabo desde el final del siglo XVI en el marco de la guerra de la independencia, aunque la revolución y las luchas nacionales no se correspondan exactamente: la guerra propiamente dicha continuó mucho tiempo después de que la burguesía se adueñase del poder. En este aspecto, los años 1568-1572 habían sido decisivos. La burguesía holandesa estaba ya tan bien asentada al cambiar el siglo, que en 1602 creó la famosa Compañía de Indias, mientras que abría la primera Bolsa de Ámsterdam en 1613. Fundando su poder en el gran comercio marítimo y la explotación colonial, la burguesía fue dueña de la república durante cerca de un siglo. Tras el asesinato de los hermanos Witt en 1672, se vio obligada a compartir el poder con la nobleza y la casa de Orange: sin embargo, el compromiso político respetó el régimen constitucional y las libertades burguesas.

La Revolución inglesa del siglo XVII tuvo repercusiones mucho mayores que la de Holanda que la había precedido. Durante mucho tiempo ha sido considerada como una «revolución puritana», más exactamente desde la gran obra de Gardiner publicada a finales del siglo pasado, donde aparecía como un conflicto a la vez entre puritanos y partidarios del arzobispo Laud acerca de los problemas religiosos, y entre la Corona y la Cámara de los Comunes acerca de los problemas constitucionales. Después de Gardiner numerosos investigadores han llamado la atención sobre los grandes cambios económicos que precedieron a la guerra civil y contribuyeron a desencadenarla, mientras que los trabajos sobre las relaciones entre calvinismo y desarrollo del capitalismo no permiten ya hablar de una «revolución puritana» sin plantearse al mismo tiempo él problema de las implicaciones sociales del puritanismo. Señalemos no obstante que si el historiador se esfuerza por clarificar con sus análisis las relaciones entre lo económico, lo político y lo religioso, estas relaciones se encuentran en la realidad inextricablemente mezcladas[69].

Limitándonos a los resultados generales, la Revolución inglesa jugó en la historia de Inglaterra un papel equivalente al de la Revolución francesa en la historia de Francia. No sólo sustituyó una monarquía de poder absoluto por un gobierno representativo, aunque no democrático, y puso fin a la dominación exclusiva de una inquisidora Iglesia de Estado, sino que también despejó el camino al desarrollo del capitalismo. Según uno de los historiadores más recientes, «puso punto final a la Edad Media[70]». Los últimos restos del feudalismo fueron barridos, las tenencias feudales fueron abolidas, asegurando a los propietarios de la tierra la absoluta posesión de sus bienes. La confiscación y la venta de los bienes de la Iglesia, de la Corona y de los partidarios del rey, rompieron las tradicionales relaciones feudales en el campo y aceleraron la acumulación del capital. Las corporaciones perdieron toda importancia económica; los monopolios comerciales, financieros e industriales fueron abolidos. Así acabó la intervención paternalista de un gobierno incompetente; el control de la vida económica pasó al Parlamento, que favoreció una libertad del comercio interior mucho mayor. «Había que cambiar completamente el Antiguo Régimen, escribe Ch. Hill, para que Inglaterra pudiera conocer un desarrollo económico más libre, necesario para impulsar al máximo la riqueza nacional, y obtuviese una posición dirigente en el mundo; para que la política, incluida la política exterior, estuviera bajo el control de los que tenían peso en la nación; para que la sociedad se liberase de la obligación de amoldarse a leyes caducas impuestas por una inquisidora Iglesia de Estado. Tribunal de Alta Comisión, Cámara Estrellada y monopolios simbolizaban los tres enemigos; religión, libertad y propiedad las tres causas que defendió el Long Parliament.»[71].

Sin embargo, la Revolución inglesa fue mucho menos radical que la francesa: retomando la expresión de Jaurès en su Historia Socialista, aparece como «estrechamente burguesa y conservadora». Sin duda la Revolución inglesa tuvo sus Niveladores, no aseguró a los campesinos ninguna ocupación de tierras; por el contrario, desaparecieron al siglo siguiente. Habría que buscar la razón de este conservadurismo en la naturaleza rural del capitalismo inglés, que hizo de la gentry una clase dispersa: antes de 1640 numerosos gentilhombres estaban ligados activamente a la ganadería, si bien con los Niveladores la revolución inglesa asistió a la aparición de teorías políticas fundadas en los derechos del hombre que fueron transmitidas a los revolucionarios de América y Francia a través de Locke, se abstuvo finalmente de proclamar la universalidad y la igualdad de los derechos tal como había de hacerlo (¡y con qué estrépito!) la Revolución francesa.

En efecto, la Revolución inglesa, a partir de su retorno «respetable» de 1688, desemboca en un compromiso social y político que asoció en el poder a la burguesía y la aristocracia: siendo imposible ahora toda vuelta al Antiguo Régimen, este episodio sería comparable a las jomadas francesas de julio de 1830. Los orígenes de este compromiso deben buscarse en los caracteres específicos de la sociedad inglesa y en los antecedentes de su historia. En Inglaterra la aristocracia presentaba características completamente diferentes a las del continente. Tenía pocos privilegios, pagando los impuestos como todo el mundo; sólo los lords constituían orden legalmente distinto, su título pasaba a los primogénitos, siendo los segundones commoners, como la gentry y los squires. El carácter militar de esta aristocracia se había atenuado en gran medida, tanto más cuanto, diezmada por las matanzas de la guerra de las Dos Rosas, había sido reconstituida por los Tudor: su origen burgués era próximo. Añadamos que el prejuicio de la degradación no existía en Inglaterra y que ni la ley ni las costumbres impedían al noble ocuparse de negocios, que nada ponía trabas al ascenso social: el dinero era, en último término, el principal criterio de distinción. El desarrollo marítimo y colonial, la lucha contra España y Francia, habían reforzado más aún la solidaridad entre la aristocracia terrateniente y la burguesía capitalista. Una vez eliminado el despotismo real, se asociaron en el poder: la burguesía no había puesto ningún interés en invocar la igualdad de derechos. El compromiso político de 1688-1689 estableció el gobierno constitucional del rey, de los lores y de la Cámara de los Comunes, donde la pequeña nobleza tomaba asiento junto a la burguesía, estando tan desordenado y corrompido el sistema electoral censitario, que el poder del dinero resultaba absoluto. El establecimiento de la libertad política no había significado ningún atentado a la jerarquía social.

Locke justificó la Revolución de 1688 mediante el derecho natural: la sociedad, creada para salvaguardar la libertad del individuo, reposa sobre el libre contrato de los ciudadanos; de igual modo la autoridad del gobierno reposa sobre un contrato social entre el pueblo soberano y su mandatario, que sólo debe hacer uso de su poder para hacer respetar los derechos imprescriptibles conferidos al individuo por el Ser Supremo. No podríamos exagerar la influencia de las obras de Locke sobre los filósofos continentales durante todo el siglo XVIII. Sin embargo, la oligarquía whig instalada en el poder pronto dejó de buscar en ellas su justificación: la teoría del contrato podía servir de argumento a un movimiento democrático que hubiera amenazado su predominio. Las libertades inglesas fueron justificadas por la historia: desde la Carta Magna la historia proporcionaba bastantes precedentes contra el despotismo real. Así pues, la costumbre y la tradición se erigieron en fundamento de las libertades inglesas, no la especulación filosófica. «Habéis hecho notar —escribe Burke en sus Reflexiones sobre la Revolución francesa aparecidas en 1790—, que desde la Carta Magna hasta la Declaración de Derechos [de 1689] la política de nuestra constitución ha consistido siempre en reclamar y reivindicar nuestras libertades como una herencia, un legado, que hemos recibido de nuestros antepasados y que debemos trasmitir a nuestros sucesores; como un bien que pertenece por derecho al pueblo de este reino —sin ningún tipo de referencia a ningún otro derecho más general o más antiguo… Tenemos una Corona hereditaria, una nobleza hereditaria, una Cámara de los Comunes y un pueblo que tienen sus privilegios, sus franquicias y sus libertades por herencia de una larga cadena de antepasados[72]». La Constitución británica reconocía, no los derechos del hombre, sino los de los ingleses: las libertades inglesas carecían de universalismo.

La Revolución americana, como su antecesora, aunque en menor grado, se caracterizó por el empirismo. Revolución burguesa también, en el marco de una guerra de independencia, invocó en solemnes declaraciones el derecho natural, que había continuado vivo entre las comunidades puritanas huidas de Inglaterra bajo los dos primeros Estuardos para escapar del despotismo monárquico y de la intolerancia anglicana. Cuando las colonias de América rompieron con la metrópoli, justificaron su secesión en nombre de la teoría del libre contrato, y sus declaraciones proclamaron los derechos del hombre, no sólo los de los americanos: el universalismo del derecho natural aparecía en el derecho público. Sin embargo, no se pueden ocultar las flagrantes contradicciones que caracterizaron la aplicación de los principios solemnemente proclamados. La libertad y la igualdad no fueron totalmente reconocidas. Los negros siguieron siendo esclavos. Y si bien la igualdad de derechos fue admitida entre blancos, la jerarquía social fundada en la riqueza no sufrió ningún ataque; además, siendo dueños los estados de su sistema electoral, sus primeras constituciones mantuvieron regímenes censitarios. Los nombres de Washington y Franklin simbolizan el compromiso social y político que dominó la vida de la Unión durante las primeras décadas de su historia: aristocracia de terratenientes procedentes de la gentry británica, sobre todo propietarios de las grandes plantaciones de los Estados del sur —alta burguesía de financieros, comerciantes, armadores y fabricantes de los Estados de Nueva Inglaterra[73]—. Sin duda, Franklin, antiguo tipógrafo, era de origen humilde; pero no desdeñaba las ganancias y se había elevado en la escala social mediante el comercio. En esta sociedad, más claramente aún que en el viejo mundo, la riqueza era el criterio de la jerarquía y el dinero el factor de la movilidad. La igualdad de derechos no fue invocada, en parte porque los dirigentes pensaban que se imponía por sí sola en un país que no conocía privilegios legales, pero también porque era un principio que podía servir de justificación a las reivindicaciones de las masas populares. Así pues, la libertad siguió siendo el principio fundamental de la Constitución de los Estados Unidos, «no la libertad aristocrática de su madre patria, precisa Tocqueville, sino la libertad burguesa y democrática, cuyo modelo acabado aún no había aparecido en la historia del mundo[74]». Ésta fue la democracia en América: sí al gobierno de la nación por sí misma, pero siguiendo formas que no dejaban de favorecer a los ricos.

Las revoluciones de Holanda, Inglaterra y América cobraron valor de ejemplo: revoluciones de la burguesía, pero desembocando en un compromiso conservador que bajo el sayo de la «libertad burguesa» encubrían el predominio de la riqueza. Habiendo aceptado la aristocracia el nuevo orden, la igualdad de derechos no fue reclamada. Con la Revolución francesa las cosas fueron de otro modo.

III

Si la Revolución francesa fue la más explosiva de las revoluciones burguesas, eclipsando a las revoluciones que la habían precedido por el carácter dramático de sus luchas de clases, se debió a la terquedad de la aristocracia, anclada en sus privilegios feudales, negándose a toda concesión, y a la obstinación de las masas populares en sentido contrario. La burguesía no había deseado la ruina de la aristocracia; la repulsa del compromiso y la contrarrevolución la obligaron a continuar la destrucción del orden antiguo. Pero sólo lo consiguió aliándose a las masas rurales y urbanas, a las que tuvo que satisfacer: la revolución popular y el terror despejaron el terreno, el feudalismo fue destruido irremisiblemente, la democracia instaurada.

La Revolución francesa emprendió «la vía realmente revolucionaria» en el tránsito del feudalismo al capitalismo. Haciendo tabla rasa de todas las supervivencias feudales, liberando a los campesinos de los derechos señoriales y de los diezmos eclesiásticos, y en parte también de las obligaciones de la comunidad, destruyendo los monopolios corporativos y unificando el mercado nacional, la Revolución francesa significó una etapa decisiva en la vía del capitalismo. Al suprimir la propiedad feudal de la tierra liberó a los pequeños productores directos e hizo posible la diferenciación de la masa campesina y su polarización entre el capital y el trabajo asalariado. De ahí se siguieron relaciones de producción totalmente nuevas, una vez sustraído el capital a la sujeción feudal al hacer comerciable la fuerza de trabajo. Así se aseguró al fin la autonomía de la producción capitalista, tanto en el sector agrícola como en el industrial. A la luz de la Revolución francesa, aparecen dos condiciones necesarias a la transición a la sociedad capitalista: la disgregación de la propiedad feudal de la tierra y la liberación, de los campesinos. La cuestión agraria ocupa «una posición central» en la revolución burguesa.

El ala activa de esta revolución no fue tanto la burguesía mercantil (en la medida en que era únicamente comerciante e intermediaria se acomodaba a la antigua sociedad: desde 1789 hasta 1793, desde los monárquicos a los feuillants, después a los girondinos, tendió generalmente al compromiso), como la masa de pequeños productores directos cuyo sobretrabajo o cuyo sobreproducto acaparaba la aristocracia feudal apoyándose en el aparato jurídico y en los medios de coacción del estado del Antiguo Régimen. El instrumento político de la mutación fue la dictadura jacobina de la pequeña y media burguesía, apoyándose en las masas populares: categorías sociales cuyo ideal era una democracia de pequeños productores autónomos, campesinos y artesanos independientes, trabajando y comerciando libremente. La revolución campesina y popular estaba en el corazón de la revolución burguesa y la impulsaba hacia adelante[75].

La victoria sobre la feudalidad y el Antiguo Régimen no significó, sin embargo, la aparición simultánea de nuevas relaciones sociales. La transición al capitalismo no constituye un proceso simple, mediante el cual los elementos capitalistas se desarrollan en el seno de la antigua sociedad hasta el momento en que son lo bastante fuertes para romper sus límites. Hará falta aún mucho tiempo para que el capitalismo se afirme definitivamente en Francia: sus progresos fueron lentos durante el período revolucionario, la dimensión de las empresas siguió siendo a menudo modesta, predominando el capital comercial[76]. La ruina de la propiedad feudal de la tierra y del sistema corporativo y reglamentado había asegurado la autonomía del modo de producción capitalista, pero no por ello había abierto el camino a las relaciones burguesas de producción y de circulación sin compromisos: transformación revolucionaria por excelencia.

Al transformar las estructuras económicas y sociales, la Revolución francesa rompía al mismo tiempo el armazón estatal del Antiguo Régimen, barriendo los vestigios de las antiguas autonomías, destruyendo los privilegios locales y los particularismos provinciales. Hizo así posible, desde el Directorio al Imperio, la instauración de un Estado moderno que respondiera a los intereses y las exigencias de la nueva burguesía.

Desde este doble punto de vista, la Revolución francesa estuvo lejos de ser un mito, como se ha pretendido[77]. Sin lugar a dudas, el feudalismo, en el sentido medieval de la palabra, no respondía ya a nada en 1789; pero para los contemporáneos, burgueses y en mayor medida campesinos, este término abstracto ocultaba una realidad que conocían muy bien (derechos feudales, autoridad señorial) y que fue finalmente barrida. Por otra parte, no se puede argumentar contra la importancia de la Revolución francesa en la instauración del orden capitalista por el hecho de que las Asambleas revolucionarias hayan estado constituidas principalmente por hombres de profesiones liberales y por funcionarios públicos, no por jefes de empresas (en la Asamblea Constituyente dos terceras partes de los diputados pertenecían a profesiones liberales y sólo el 13% al mundo de los negocios, comerciantes, banqueros, fabricantes, pequeños y grandes capitalistas; de los mil quinientos treinta y nueve miembros de la Asamblea Constituyente y de la Convención, seiscientos veintinueve detentaban funciones públicas, entre los cuales doscientos ochenta y nueve estaban en activo antes de la Revolución): aparte de los fabricantes, banqueros y negociantes que estaban representados por una pequeña minoría muy activa, aparte de la importancia de los grupos de presión (diputados del comercio, el club Massiac, defensor de los intereses de los propietarios de plantaciones, de los armadores y de los refinadores)[78], el hecho esencial es que el antiguo sistema de producción y de cambio fue destruido y que la Revolución francesa proclamó, sin ninguna restricción, la libertad de empresa y de ganancias, abriendo así la vía al capitalismo. La historia del siglo XIX, en especial la de la clase obrera, demuestra que no se trató de un mito.

Etapa necesaria en la transición general del feudalismo al capitalismo, la Revolución francesa, comparada con diversas revoluciones similares, conserva sus características propias dependientes de la estructura específica de la sociedad francesa del final del Antiguo Régimen.

Estos caracteres han sido negados. La Revolución francesa no habría sido más que «un aspecto de la revolución occidental, o más exactamente atlántica, que comenzó en las colonias inglesas de América poco después de 1763, se prolongó en las revoluciones de Suiza, de los Países Bajos y de Irlanda, antes de llegar a Francia entre 1787 y 1789. Desde Francia retomó a los Países Bajos, alcanzó la Alemania renana, Suiza, Italia[79]»… La Revolución francesa se integraría en «la gran revolución atlántica». Por supuesto, no se puede subestimar la importancia del Océano en la renovación de la economía y en la explotación por Occidente de los países coloniales. Pero el propósito de nuestros autores no es ése, ni el de mostrar que la Revolución francesa fue sólo un episodio del movimiento general de una historia que, tras la revolución holandesa, inglesa y americana, contribuyó a asociar, o a llevar, a la burguesía al poder. Desde luego, la Revolución francesa no señala los límites geográficos de esta transformación, como los ambiguos calificativos de atlántica u occidental dan a entender; en el siglo XIX, allí donde se instaló la economía capitalista la acompañó el ascenso de la burguesía; la revolución burguesa tuvo alcance universal. Por otra parte, si se sitúa en el mismo plano a la Revolución francesa y a «las revoluciones de Suiza, Países Bajos e Irlanda»…, se minimiza extrañamente la profundidad y las dimensiones de la primera, así como la brusca mutación que constituyó. Esta concepción, al vaciar la Revolución francesa de todo contenido específico, económico (antifeudal y capitalista), social (antiaristocrático y burgués) y nacional (uno e indivisible), ignoraría medio siglo de historiografía revolucionaria, desde Jean Jaurès hasta Georges Lefebvre.

Sin embargo, Tocqueville había iniciado el camino de la reflexión cuando preguntaba «por qué principios análogos y teorías políticas similares sólo han llevado en los Estados Unidos a un cambio de gobierno y en Francia a una subversión total de la sociedad». Plantear el problema en estos términos es superar el aspecto superficial de una historia política e institucional para tratar de alcanzar las realidades económicas y sociales en su especificidad nacional.

La Revolución francesa se asignó finalmente un lugar único en la historia del mundo contemporáneo.

Revolución de la libertad, invocó, como la revolución americana, el derecho natural y asignó a su obra un carácter universalista que la revolución inglesa había desdeñado. Pero ¿quién podría negar que la Declaración de 1789 afirmó este carácter con mucha más fuerza que las declaraciones americanas? Añadamos que fue más lejos en el camino de la libertad. Declaró la libertad de conciencia y admitió a los protestantes y judíos en la ciudad: pero al crear el estado civil, el 20 de septiembre de 1792, reconocía al ciudadano el derecho de no profesar ninguna religión. Liberó al hombre blanco: pero, por la ley del 16 pluvioso del año II (4 de febrero de 1794), abolió «la esclavitud de los negros en todas las colonias».

Revolución de la igualdad, la Revolución francesa superó notoriamente a las revoluciones que la habían precedido. Ni en Inglaterra ni en Estados Unidos se había puesto el acento sobre la igualdad, estando asociadas en el poder la aristocracia y la burguesía. La resistencia de la aristocracia, la contrarrevolución y la guerra obligaron a la burguesía francesa a poner en primer plano la igualdad de derechos. Así pudo arrastrar al pueblo y vencer. Pero así se esbozó, en el año II, un régimen de democracia social caracterizado por un compromiso entre las concepciones burguesas y las aspiraciones populares. Las masas populares se daban cuenta de la suerte que les esperaba: por eso se mostraron hostiles a la libertad económica que abría el camino a la concentración y al capitalismo. Al final del siglo XVIII, su ideal era que cada campesino fuera propietario, cada artesano independiente, que el asalariado estuviera protegido contra el poder absoluto de los ricos.

Tras el 10 de agosto de 1792 y la caída del trono, habiendo establecido la burguesía revolucionaria el sufragio universal y habiendo sellado su alianza con los sans-culottes, era necesario superar la igualdad teórica de derechos y avanzar hacia la «igualdad de goces» que reclamaban. De ahí la dirección de la economía para poner los precios en armonía con los salarios y asegurar a todos el pan de cada día: la tasación y la reglamentación se fijaron por la ley del máximun general del 29 de septiembre de 1793, las fábricas de guerra y el comercio exterior fueron nacionalizados. De ahí el intento de una enseñanza pública accesible a todos mediante la ley del 29 frimario del año II (19 de diciembre de 1793). De ahí el ensayo de una seguridad social por la ley de beneficencia nacional del 22 floreal del año II (11 de mayo de 1794). Esta república igualitaria llenó de indignación y de espanto a la burguesía poseedora; a partir del 9 termidor parecía desterrada para siempre. Pero en la conciencia de los hombres permaneció la convicción de que la libertad sin igualdad sólo es el privilegio de unos pocos, que la libertad y la igualdad son inseparables, que la igualdad política misma sólo puede ser una apariencia cuando se afirma la desigualdad social. «La libertad no es más que un vano fantasma cuando una clase de hombres puede hacer padecer hambre a otra impunemente», había declarado el fanático Jacques Roux el 25 de junio de 1793 en la tribuna de la Convención. «La Convención no es más que un vano fantasma cuando el rico ejerce, mediante el monopolio, el derecho de vida y muerte sobre sus semejantes[80]».

Revolución, en fin, de la unidad, la Revolución francesa consumó la unidad e indivisión de la nación[81]. Sin duda la monarquía de los Capetos había constituido el marco territorial y administrativo de la nación, pero sin llevar estar tarea hasta el final: en 1789 la unidad nacional seguía siendo imperfecta. La nación continuaba seccionada territorialmente por la incoherencia de las divisiones administrativas y la persistencia de la «parcelación feudal»; la diversidad de los pesos y las medidas, las aduanas interiores, se oponían a la creación de un mercado nacional. Además, la nación estaba dividida socialmente: la sociedad del Antiguo Régimen era jerárquica y en parte corporativa; ahora bien, como señala Georges Lefebvre, quien dice «corporación» dice «privilegios»; la desigualdad reinaba en todas partes. Y esto cuando la nación, ya creada por la unidad de gobierno, había visto reforzada su cohesión en el siglo XVIII por los múltiples lazos que habían creado el progreso material, la expansión de la lengua francesa, el desarrollo de la cultura y el esplendor de las luces.

Abolidos los estamentos, estados, cuerpos y corporaciones, los franceses son libres e iguales en derechos, constituyen la nación unida e indivisible. La racionalización de las instituciones por la Asamblea Constituyente, la vuelta a la centralización por el gobierno revolucionario, el esfuerzo administrativo del Directorio, la reconstrucción del Estado por Napoleón, acabaron la obra de la monarquía del Antiguo Régimen mediante la destrucción de las autonomías y los particularismos, mediante la puesta a punto del armazón institucional de un estado unificado. Al mismo tiempo despertaba y se fortificaba la conciencia de una nación unitaria favorecida por la igualdad civil, por el movimiento de las federaciones de 1790, por el desarrollo de la red de sociedades afiliadas a los jacobinos, por el antifederalismo y los congresos o reuniones centrales de sociedades populares en 1793. El progreso de la lengua francesa trabajó en el mismo sentido. Nuevos lazos económicos reforzaban la conciencia nacional. Con la parcelación feudal destruida, abolidos los peajes y las aduanas interiores, el «retroceso de las barreras» hasta la frontera política tendía a la unificación del mercado nacional, protegido, desde luego, de la competencia extranjera por una tarifa proteccionista. La Revolución francesa daba a la soberanía nacional una fuerza y una eficacia que hasta entonces no había tenido.

Entretanto, un nuevo derecho público internacional se afianzaba. Tratando de definir sus principios, a propósito del asunto de los príncipes alemanes que se habían apropiado de Alsacia, Merlin de Douai opuso, el 28 de octubre de 1790, al estado dinástico la nación concebida como asociación voluntaria. «Entre vosotros y vuestros hermanos de Alsacia no hay otro título legítimo de unión que el pacto social suscrito el año pasado en esta Asamblea entre todos los franceses antiguos y modernos»: alusión a la decisión del Tercer Estado, el 17 de junio de 1789, de erigirse en Asamblea Nacional, y a la de la Asamblea que el 9 de julio siguiente se declaró constituyente; alusión también al pacto federativo del 14 de julio de 1790. Se plantea un problema «tremendamente sencillo»: el de saber «si es a los pergaminos diplomáticos a quienes el pueblo alsaciano debe la suerte de ser francés»… «¿Qué importan al pueblo de Alsacia, qué importan al pueblo francés los convenios que en tiempos del despotismo han tenido por objeto unir el primero al segundo? El pueblo alsaciano se ha unido al pueblo francés porque así lo ha querido; ha sido su voluntad y no el tratado de Münster quien ha legitimado la unión[82]». Alsacia había manifestado esta voluntad participando en la Federación del 14 de julio de 1790. El derecho público internacional había sido revolucionado al igual que el derecho público interior: en adelante las naciones tenían el derecho de liberarse y disponer de sí mismas.

Tras diez años de vicisitudes revolucionarias, la realidad francesa había sido profundamente transformada. La aristocracia del Antiguo Régimen fue destruida en sus privilegios y su predominio social, el feudalismo abolido. Sin embargo, no quisiéramos falsear este punto: muchos nobles no emigraron y consiguieron salvar su patrimonio territorial; la consolidación napoleónica restauró su prestigio social; el châtelain sustituyó al señor. La fusión de esta aristocracia terrateniente y de la alta burguesía formó la clase dominante de la nueva sociedad.

En el extremo opuesto de la escala social, las clases populares urbanas no habían conseguido ninguna ventaja positiva de la Revolución. De hecho, al proclamar la libertad económica, al prohibir la asociación y la huelga por la ley Le Chapelier del 14 de junio de 1791, verdadera ley constitutiva del capitalismo de libre competencia (la prohibición continuó hasta 1864 para el derecho de huelga, y hasta 1844 para el derecho sindical), la revolución burguesa dejaba a las clases populares urbanas indefensas frente a la nueva economía. El liberalismo, basado en la abstracción de un descarnado individualismo social, favorecía a los más fuertes. La libertad económica aceleró la concentración de empresas transformando las condiciones materiales de la vida social, pero alterando al mismo tiempo la estructura de las clases populares tradicionales: por cada artesano que se elevó a la industria, ¿cuántos fueron reducidos a la condición de proletarios por la concentración capitalista?

Sin embargo, el campesino acababa de dividirse. La abolición de los diezmos y de los derechos reales feudales favoreció a los campesinos propietarios, mientras que los arrendatarios y colonos sólo sacaron ventajas de la abolición de la servidumbre y de los derechos personales. A causa de las modalidades de venta de los bienes nacionales, la propiedad campesina se reforzó en beneficio de los que ya eran propietarios, los laboureurs o grandes explotadores, hacendados de las zonas de grandes cultivos: en la región del Norte, de 1789 a 1802 su parte pasa del 30 al 42% (la de la burguesía del 16 al 28%, mientras que el porcentaje de la nobleza desciende del 22 al 12 y el del clero del 20 a 0). En adelante, una poderosa minoría de campesinos propietarios vinculados al nuevo orden unió a la burguesía en torno a sus opciones conservadoras. Así se ve el alcance de la obra social de la Revolución francesa en el campo. Se aclara aún más por comparación. Mientras que el campesino francés aumentaba la extensión de su tierra, el campesino inglés, liberado de la servidumbre y de los derechos feudales desde el comienzo de los tiempos modernos, era expropiado en el curso del vasto movimiento de concentración y de cercado, y reducido a la condición de jornalero asalariado, libre, pero sin tierras. En Europa central y oriental persistía la servidumbre; los grandes propietarios nobles explotaban sus tierras mediante el trabajo personal que los campesinos les debían. La servidumbre no fue abolida hasta 1807 en Prusia, Bohemia y Hungría, y hasta 1861 en Rusia. Pero el campesino liberado no recibió tierras y la aristocracia mantuvo su privilegio territorial hasta las revoluciones del siglo XX. Por comparación, refiriéndose a la sociedad surgida de la Revolución francesa, Jaurès ha podido hablar de «democracia rural».

Al adueñarse del poder en brumario del año VIII, Bonaparte declaró: «La Revolución ha concluido». Así asignó un término a la obra de demolición del Antiguo Régimen. Pero no estaba en la mano de un hombre, por muy genial que fuera, el modificar los rasgos de la nueva sociedad que ya se esbozaban con claridad: la acción del primer cónsul y después la del emperador, independientemente de su evolución, se inscribe esencialmente en la línea de la herencia revolucionaria. El deseo de orden por parte de los poseedores, antiguos y nuevos, facilitó la estabilización consular. La jerarquía social fue restablecida, la administración reorganizada siguiendo las directrices de los «notables»; pero el gobierno se les escapó. En 1814, la Carta aún permitía creer que estarían asociados a él; pero una vez más la reacción aristocrática se lo disputó. En este sentido, la Restauración representa el epílogo de un drama. La Revolución de 1789 no concluyó en realidad hasta 1830, cuando habiendo llevado al poder a un rey que aceptaba sus principios, la burguesía tomó definitivamente posesión de Francia[83].

Los rasgos que acabamos de esbozar dan cuenta de la resonancia de la Revolución francesa y de su valor de ejemplo en el mundo contemporáneo. Los ejércitos de la República, y después los de Napoleón, fueron, sin lugar a dudas, más que la fuerza de las ideas, quienes abatieron el Antiguo Régimen en los países europeos que ocuparon. Las conquistas francesas dejaron terreno libre para el desarrollo del capitalismo, aboliendo la servidumbre, liberando a los campesinos de los censos señoriales y los diezmos eclesiásticos, poniendo en circulación los bienes de manos muertas. Si del imperio continental que Napoleón había ambicionado fundar no queda nada, sin embargo hundió el Antiguo Régimen en cualquier lugar donde tuvo tiempo para hacerlo. En este sentido, su reinado es la prolongación de la Revolución y él fue su soldado, lo que nunca dejaron de reprocharle los soberanos del Antiguo Régimen[84].

Tras Napoleón, el prestigio de la revolución no desapareció. Con el transcurso del tiempo apareció como hija a la vez de la razón y del entusiasmo. A su recuerdo se unió una poderosa fuerza emocional, convirtiéndose la toma de la Bastilla en el símbolo de la insurrección popular, y La Marsellesa en el himno de las guerras por la libertad y la independencia. En este sentido, es cierto que la Revolución francesa tiene valor de mito, tal como Georges Sorel lo entendía: seduciendo la imaginación y los corazones, anuncia tiempos mejores e incita a la acción. Más allá de este romanticismo revolucionario, el atractivo ideológico de la Revolución francesa no es menos poderoso, afirmándose como un inmenso esfuerzo por asentar la sociedad sobre bases racionales.

Citemos una vez más a Tocqueville: «Hemos visto (a la Revolución francesa) unir o dividir a los hombres por encima de sus leyes, de sus tradiciones, de su carácter o de su lengua, haciendo a veces enemigos a los compatriotas y hermanos a los extraños; o mejor, ha creado por encima de todas las nacionalidades particulares una patria intelectual común a la que pueden pertenecer los hombres de todas las naciones[85]».

IV

Por grande que haya sido la resonancia de la Revolución francesa y su valor de ejemplo, si los nuevos principios y el orden burgués se apoderaron del mundo e impusieron por doquier las mismas transformaciones, fue gracias a la expansión misma del capitalismo, conquistador por naturaleza.

La diversidad de las estructuras nacionales y la desigualdad del ritmo de desarrollo crearon muchas diferencias de un país a otro, de las que son testimonio las múltiples modalidades en la formación de la moderna sociedad capitalista. Especialmente, cuando la evolución hacia los métodos capitalistas de producción fueron impuestos desde arriba, el proceso de transición se detuvo a medio camino, respetando más que destruyendo el antiguo modo de producción y la sociedad tradicional: vía de compromiso de la que nos da ejemplos manifiestos la historia del siglo XIX. Por comparación, el carácter irreductible de la Revolución francesa aparece con ello más claro.

Los movimientos de unificación nacional que Europa conoció durante el siglo XIX deben ser considerados, en muchos aspectos, como revoluciones burguesas. Cualquiera que sea la importancia del factor nacional en el Risorgimento o en la Unidad alemana, las fuerzas nacionales no podrían haber llegado a la creación de una sociedad moderna y de un Estado unitario si la evolución económica interna no hubiera tenido el mismo fin. Todas las dificultades del análisis histórico y que tantas confusiones han creado, obedecen al carácter mixto, a la vez nacional y social, de estos movimientos a diferencia de la Revolución francesa.

En uno de sus planes de trabajo en la prisión, Gramsci anotaba este tema de reflexión e investigación: «la ausencia de jacobinismo en el Risorgimento[86]». Lo que hacía referencia, bajo otra forma, a este problema: ¿por qué el Risorgimento, revolución burguesa italiana, no ha sido una revolución tan radical como lo fue la Revolución francesa gracias a los jacobinos? Lo que significaba también plantear el problema del contenido económico y social de una y otra. Para Gramsci el jacobinismo se caracteriza esencialmente por «la alianza revolucionaria entre la ciudad y el campo», es decir la alianza entre la burguesía revolucionaria y las masas campesinas. En la medida en que el Risorgimento «falló» su revolución popular y especialmente campesina, se aleja de la revolución burguesa clásica cuyo modelo ofrece la Revolución francesa.

Los orígenes de esta negativa de la burguesía italiana en la época de la unificación a aliarse con el campesinado, alianza revolucionaria por excelencia, y de la alianza entre la aristocracia feudal y la burguesía capitalista que la llevó a la realización de la unidad nacional, hay que buscarlos sin duda un siglo antes, en las soluciones dadas entonces al problema agrario. El régimen feudal fue abolido mediante las reformas que, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, sobre todo bajo la ocupación francesa, pero de manera diversa según las regiones, precedieron a la unidad italiana. Mas no por ello dejó de existir en la sociedad italiana moderna una gran propiedad territorial aristocrática[87].

La feudalidad y los derechos señoriales fueron destruidos sin indemnización en la Italia del norte, pero fueron declarados redimibles en el reino de Nápoles por la ley de 1806. Así pues, si se había preparado el terreno para la formación de un estado moderno unificado gracias a la abolición de los poderes administrativos y judiciales de los señores, la obligación de redención de los censos no alivió apenas la carga que pesaba sobre el campesino, y acarreó la persistencia de las antiguas relaciones sociales. Soportando, tras la reforma de 1806, una carga prácticamente igual a la de los censos señoriales y eclesiásticos, el campesino de Italia meridional no había conseguido verdaderamente, como el campesino francés, la libertad y la independencia.

En cuanto a la repartición de la propiedad de la tierra, las diversidades regionales y las diferentes evoluciones acentuaron también en este aspecto el desequilibrio entre el norte y el sur de la península, sin que de todos modos la destrucción de la propiedad de tipo feudal y la transferencia que de ello resultó revistieran en la Italia del norte el mismo carácter radical que en Francia. En el reino de Nápoles la reforma agraria fracasó: benefició ante todo a la aristocracia de los Barons fortificando su privilegio sobre la tierra. Cuando, bajo el reinado de Mural, los bienes comunales fueron puestos en venta, el grupo de los grandes compradores (ciento cincuenta y cuatro, o sea el 7% del total) concentró alrededor del 65% de los bienes vendidos. Nada cambió en las tradicionales estructurales sociales del campo. Si en la Italia del norte las cosas fueron diferentes, no lo fueron en beneficio de los campesinos. Tomando los resultados de las investigaciones referentes a quince comunas de la llanura de Bolonia, se ve claramente que, desde 1789 hasta 1835, la aristocracia terrateniente debió compartir su monopolio de la tierra con la burguesía que iba a situarse a la cabeza del movimiento nacional. Mientras que la parte correspondiente a la aristocracia retrocede del 79% en 1789 al 67% en 1804, y más tarde al 51% en 1835, la propiedad burguesa progresa en las mismas fechas del 17 al 30%, y después al 48%. El reparto del monopolio de la tierra preludia el reparto de la supremacía política. Una prueba complementaria de que esta transferencia de propiedad de la aristocracia a la burguesía no modificó la estructura social tradicional del campo, la tenemos en la agobiante persistencia de la gran propiedad territorial: el 72,01% en 1835 frente al 72,77 en 1789. Salvo algunas excepciones, la gran propiedad aristoorática de tipo antiguo, cultivada por aparceros, siguió imprimiendo su carácter a las relaciones sociales del campo, imponiéndose a los mismos propietarios burgueses las concepciones precapitalistas de la renta del suelo.

Lejos de disociarse, como en Francia, a consecuencia de la Revolución, la masa campesina italiana continuó, en lo esencial, en la condición del trabajador agrícola vinculado a la tierra o del aparcero tradicional: los viejos lazos de dependencia continuaron. Lejos de mantener la lucha del campesinado contra la feudalidad, la burguesía capitalista formó bloque con la aristocracia terrateniente. La unidad italiana mantuvo esta subordinación de la masa campesina al sistema oligárquico de los grandes propietarios y de la alta burguesía sobre la base de una propiedad de la tierra de tipo aristocrático. Para los liberales moderados, artesanos de esta unidad, no cabía plantearse el seguir la vía revolucionaria francesa, y menos para Cavour, cuyo nombre es por sí solo el símbolo de esta comunidad de intereses: la sublevación de las masas hubiera puesto en peligro su preponderancia social y su dominación política.

Las consecuencias de todo esto en la formación de la sociedad moderna y del capitalismo italiano fueron grandes. A diferencia de Francia, en Italia no se había formado una amplia capa de propietarios libres e independientes que produjeran para el mercado; continuó predominando la renta en especie y persistió la dependencia de la producción respecto al mercado y a la ganancia comercial. La vía italiana de transición al capitalismo se caracterizó por ser una vía de transacción que mantuvo en principio la subordinación del capital industrial al capital comercial, y una vía que desembocó en un capitalismo oligárquico de tendencias monopolistas y que debía conducir a las vicisitudes contemporáneas que conocemos.

Un proceso semejante caracterizó, con modalidades diferentes, a la unificación alemana: «la vía prusiana» de transición del feudalismo al capitalismo. El alzamiento nacional de 1813 contra la dominación napoleónica fue desviado en provecho de la aristocracia terrateniente y de la monarquía prusiana. El movimiento de 1848 fracasó a causa de la debilidad de la burguesía. Las guerras de 1864, de 1866 y de 1870 aportaron una solución a la cuestión nacional, al problema de la renovación del Estado y al de la modernización de la sociedad, pero por la vía del compromiso: es decir que, si bien la burguesía capitalista vio reconocida su supremacía económica y su participación en el poder, la aristocracia feudal mantuvo su dominio sobre la tierra y su supremacía política, con vastos privilegios en el ejército y en la administración. No hubo destrucción, sino mantenimiento y salvaguarda de las viejas estructuras prusianas como condición de la sociedad moderna alemana.

Tal fue también la vía del desarrollo de los países de Europa central y oriental: el paso a la moderna sociedad capitalista se caracterizó por la poderosa supervivencia de estructuras feudales que no desaparecieron hasta la caída del régimen capitalista en pleno siglo XX.

Considerando el caso de Polonia[88], hay que subrayar el desajuste que se da en el ducado de Varsovia bajo la dominación napoleónica, desde 1807 hasta 1813, entre el dominio del derecho y la realidad económica y social. A las formas jurídicas burguesas prefabricadas e introducidas desde arriba por una legislación de inspiración francesa, no correspondía un desarrollo económico y social paralelo, condición de una evolución burguesa de las diversas estructuras, que las disposiciones jurídicas no podrán por sí solas modificar sensiblemente. Por eso el nuevo derecho francés sólo encontró en el ducado un campo restringido de aplicación, y sólo en la medida en que convenía a los intereses de la aristocracia terrateniente y de la minoría burguesa. Las masas campesinas fueron subordinadas al sistema oligárquico de la gran propiedad: la servidumbre fue abolida en 1807, pero la obligación de trabajo gratuito se mantuve hasta 1861.

En estas condiciones se estableció la alianza entre la aristocracia y la burguesía. En la Polonia de la primera mitad del siglo XIX, el antiguo señor podía transformarse en capitalista, mientras que el capitalista se convertía a menudo en terrateniente y gozaba de los mismos privilegios, sobre todo de las prestaciones de trabajo gratuito por parte de los campesinos, es decir de la corvée. El conjunto de la producción industrial siguió apoyado sobre la propiedad de la tierra, fuera noble o burgués su propietario. Para montar una fábrica podía aún ser provechoso, como en el siglo XVIII, comprar un dominio con sus reservas de materias primas y de mano de obra sujeta a trabajo obligatorio. Sin embargo, la existencia en Polonia de 1807 a 1861 del trabajo obligatorio sin servidumbre, mientras que en Rusia persistía el trabajo obligatorio acompañado de servidumbre, llevó consigo, por la movilidad social y geográfica de los campesinos excluidos de su tenencia, a la formación de un mercado libre de trabajo empleando una verdadera mano de obra asalariada. Aunque la masa de los trabajadores parece dividida: una parte trabaja en las tierras del señor como lo hacían sus antepasados siervos; la otra vende su fuerza de trabajo al empresario capitalista, tal como lo harán sus hijos y sus nietos. Las dos clases dominantes, aristocracia y burguesía, no iguales entre sí sino complementarias y solidarias, tenían cada cual su zona privada de explotación.

Sin embargo, las instituciones jurídicas implantadas en la época de la dominación francesa y revolucionarias en su origen continuaban en vigor en el reino de Polonia, anexionado a Rusia en 1815, y favorecieron en esta región central un desarrollo social y nacional más rápido que en las provincias polacas anexionadas a Austria y a Prusia. De ahí las disparidades regionales. Sobre la base de estas instituciones se sentó la reforma de los años sesenta, que finalmente dio al campesinado polaco la propiedad del suelo, reforma tardía pero más radical que la abordada en Rusia o en las regiones bajo dominación austríaca o prusiana. Los elementos del derecho burgués introducidos en Polonia en la época de Napoleón y mantenidos después de 1815 sirvieron, de alguna forma, de educador y de sostén a las fuerzas de transformación de la sociedad, en particular facilitando el desarrollo económico de la burguesía polaca.

Vía lenta y tardía, vía de compromiso, sin duda, en la transición de la antigua sociedad feudal a la moderna sociedad capitalista; evolución retardada también por la división política del país y la ausencia de un estado nacional polaco.

Para tomar ahora un ejemplo no europeo, la restauración de Meiji constituye también para el Japón el punto de partida de la formación de la sociedad capitalista, situándose por ello en la línea fundamental de la Revolución francesa. Comenzada en 1867, desemboca, tras una decena de años de revueltas, en la disolución del antiguo régimen feudal y señorial y en la modernización del Estado. Las fuerzas exteriores no hubieran podido modernizar la sociedad japonesa si la evolución interior no hubiera tendido al mismo resultado: el sistema de producción capitalista estaba ya en gestación en la economía feudal del Japón. La especificidad de la restauración de Meiji consiste especialmente en esta convergencia de una evolución interna y de presiones exteriores. Sin duda sería necesario, para analizar este proceso histórico, caracterizar previamente la feudalidad de Tokugawa y la crisis estructural que sufría desde el siglo XVIII. En vísperas de la restauración, se afirmaba cada vez más claramente la oposición del campesinado, sobre todo medio, y de los pequeños y medianos fabricantes, contra el sistema monopolista de los grandes negociantes y financieros, aliados de los poderes señoriales y de los grandes terratenientes no explotadores (jinushi) que recibían la renta en especie. La «apertura» del país bajo la presión de los Estados Unidos y de Europa precipitó la evolución, pero sin que las condiciones internas económicas y sociales necesarias a la revolución burguesa hubieran tenido tiempo de madurar.

Admitamos que las interpretaciones del Meiji, en comparación a la Revolución francesa considerada como tipo clásico de revolución burguesa, difieren según los historiadores japoneses: ¿restauración o revolución[89]?

Para la escuela de Kóza, la abolición de la propiedad feudal y la reforma agraria constituyen la clave de la revolución burguesa. En estas condiciones, la dictadura jacobina constituye la etapa esencial de la Revolución francesa mediante la destrucción radical de la feudalidad. Ahora bien, la reforma de Meiji, caracterizada por un compromiso, erigió como fundamento de la nueva sociedad a la clase de los terratenientes semifeudales que tenían bajo su dependencia a un campesinado «semisiervo»: no liberó a los campesinos, no abolió las relaciones feudales de producción en la agricultura. El capitalismo japonés se desarrolló sobre este terreno. El Estado salido del Meiji, lejos de corresponder al tipo moderno occidental, pertenece a la categoría del absolutismo, forma de Estado semifeudal existente en Europa antes de las revoluciones burguesas.

Por el contrario, para la escuela de Rônô, que tiene una concepción menos estricta de la revolución burguesa, el Terror y el jacobinismo no constituyen la clave de la Revolución francesa: el Meiji constituye el punto de partida de la sociedad moderna japonesa, expresión genuinamente específica del capitalismo.

El problema agrario y la cuestión campesina se hallan pues, una vez más, en el centro del problema: son ellos los que debemos examinar aquí[90]. La abolición del régimen señorial por la reforma agraria de 1873 (chisokaisei) se realizó mediante un compromiso: los derechos feudales, contrariamente a lo sucedido en el caso de la Revolución francesa, se suprimieron con indemnización; la carga recayó finalmente sobre los campesinos sometidos a los nuevos impuestos en dinero sobre la tierra (chiso). Los propietarios (hon-byakusho) fueron liberados de los lazos feudales de dependencia; pero siguieron siendo contribuyentes de los nuevos impuestos, carga aproximadamente igual a la de los antiguos censos señoriales en especie. Por otra parte, no tuvieron ocasión de adquirir tierras, como los campesinos franceses, mediante la venta de los bienes nacionales. Los campos japoneses no conocieron ni los laboureurs à cabriolet, ni los campesinos desahogados del tipo kulak. Respecto a la masa de campesinos, jornaleros agrícolas, pero también pequeños arrendatarios, su liberación fue una operación limpia: una vez que los grandes terratenientes no explotadores (jinushi) se habían convertido, gracias a la reforma agraria, en verdaderos propietarios de sus tierras y contribuyentes del impuesto en dinero sobre la tierra, los cultivadores inmediatos (kosaku), lejos de ser liberados, continuaron pagando a los jinushi la renta anual en especie. Así se mantuvieron las relaciones tradicionales dé dependencia y de explotación del sobretrabajo de los kosaku, bajo la garantía del Estado y de sus medios de represión.

Por tanto, no se puede comparar a los campesinos propietarios y explotadores «liberados» por la reforma de Meiji con los campesinos propietarios libres e independientes salidos en Europa Occidental de la descomposición de la propiedad feudal de la tierra. En Japón no ha habido ni yeomanry como en Inglaterra, ni campesinado medio como en Francia, ni tampoco junker como en Prusia. El campesinado japonés estuvo subordinado al sistema oligárquico de la gran burguesía privilegiada y de los propietarios jinushiens de tipo semifeudal: la nueva sociedad capitalista preservó lo esencial de las antiguas relaciones de producción. Así se explica que, ayudada por las circunstancias de la apertura del país bajo la presión extranjera, la restauración de Meiji haya desembocado en la formación de una monarquía absoluta y oligárquica, a diferencia de la Revolución francesa que destruyó el Estado absolutista y permitió la instauración de una sociedad liberal burguesa. A pesar del desarrollo del capitalismo moderno, estos vestigios persistieron hasta la reforma agraria de 1945 (nôchi kaikaku), que se impuso precisamente la tarea de la liberación «de los campesinos japoneses oprimidos bajo las cargas feudales desde hace varios siglos». Lo qué prueba a posteriori, escribe H. K. Takahashi, que «la restauración de Meiji y sus reformas agrarias no habían cumplido la tarea histórica de la revolución burguesa de suprimir las relaciones económicas y sociales feudales[91]».

V

Etapa necesaria en la transición del feudalismo al capitalismo, la Revolución francesa se ha impuesto también en la historia contemporánea por las soluciones que sucesivamente aportó al problema de la igualdad de derechos. La transformación de la economía por el capitalismo, al concentrar las empresas, al multiplicar y concentrar a los asalariados, despertando y precisando su conciencia de clase, situó de nuevo en primer plano de las preocupaciones de los hombres el principio de la igualdad de derechos. Pero este principio esencial que la burguesía de 1789 había planteado con estruendo para justificar la abolición de los privilegios nobiliarios basados en la cuna, tuvo consecuencias que los constituyentes no habían previsto a pesar de las advertencias malévolas de algunos adversarios clarividentes. «Los negros de nuestras colonias y los criados de nuestras casas pueden echamos de nuestras heredades con la Declaración de Derechos en la mano», escribía Rivarol en el «Diario Político Nacional». «¿Cómo ha podido ignorar una asamblea de legisladores que el derecho natural no puede existir ni por un instante junto a la propiedad?»[92]. Se trataba de plantear el problema del contenido de los derechos: ¿igualdad teórica o igualdad real? A la afirmación de Vergniaud del 13 de marzo de 1793 de que «la igualdad para el hombre social no es sino la de los derechos», responde Félix Lepeletier el 20 de agosto siguiente: «Hacer desaparecer la desigualdad de los goces», y en el año IV Babeuf preconiza «la comunidad de bienes y de trabajos», para alcanzar por fin «la igualdad perfecta». La Revolución francesa abría los tres caminos que tomaría sucesivamente la historia del mundo contemporáneo.

Para el liberalismo burgués, el de los constituyentes del Ochenta y Nueve, igual que el de los anglosajones, la igualdad es una igualdad de derechos. Todos los ciudadanos son libres para usar de ella, pero no todos poseen los medios para hacerlo. Si en la Declaración la igualdad fue asociada a la libertad, se trataba de una afirmación de principio que legitimaba la caída de la aristocracia y la abolición de los privilegios nobiliarios, no que autorizase las esperanzas populares. Situando el derecho de propiedad entre los derechos naturales imprescriptibles, los constituyentes introdujeron en su obra una contradicción que no pudieron superar: el mantenimiento de la esclavitud y la organización censitaria del sufragio la sacaron a la luz. El ejercicio del derecho al voto fue dosificado según el pago de una determinada contribución, es decir, según el nivel de posición y de riqueza. De esta forma los derechos que la burguesía constituyente había reconocido al hombre y al ciudadano, no eran más que los del hombre burgués; siguieron siendo abstractos y teóricos para la masa de los ciudadanos pasivos.

La burguesía revolucionaria se ocupó siempre de ello, afirmando claramente sus principios cada vez que el movimiento popular amenazaba el nuevo edificio. «¿Vamos a terminar la Revolución o vamos a recomenzarla?» preguntaba Barnavé tras la fuga a Varennes el 15 de julio de 1791 en un discurso vehemente. «Habéis hecho a todos los hombres iguales ante la ley; habéis consagrado la igualdad civil y política… Un paso más en la línea de la libertad sería la destrucción de la realeza; en la línea de la igualdad, la destrucción de la propiedad. Si aún se quisiera destruir, cuando todo lo que había que destruir ya no existe; si se creyera no haberlo hecho ya todo por la igualdad, cuando la igualdad de todos los hombres está asegurada, ¿se encontraría aún una aristocracia para derribar si no fuera la de las propiedades?»[93] En la misma línea se sitúa Vergniaud en su discurso en la Convención el 13 de marzo de 1793, en el momento en que se afirma la ola seccionaría parisina: «La igualdad para el hombre social no es sino la de los derechos. No la de las fortunas, ni la de las tallas, de las fuerzas, del espíritu, de la actividad, de la industria y del trabajo.»[94] Tras termidor, la burguesía se endureció. No ocultaba ya que los derechos del hombre son los del propietario. Boissy d’Anglas, en su discurso preliminar al proyecto de Constitución del 5 mesidor del año III (23 de junio de 1795) declaraba: «Debéis garantizar la propiedad de los ricos. La igualdad civil es todo lo que el hombre razonable puede exigir… Debemos ser gobernados por los mejores: los mejores son los más instruidos y los más interesados en el mantenimiento de las leyes; ahora bien, salvo pocas excepciones, sólo encontraréis semejantes hombres entre los que, poseyendo una propiedad, están ligados a la tierra que la contiene, a las leyes que la protegen, a la tranquilidad que la conserva, y que deben a esta propiedad y a la buena posición que confiere… (etc.). Un país gobernado por los propietarios se sitúa en el orden social, aquél donde gobiernan los no propietarios se sitúa en el estado natural.»[95]. Propiedad hereditaria, de manera que subsista, en cierto sentido, el privilegio de cuna.

La vía del liberalismo burgués se afirma con estruendo en el siglo XIX. No ha perdido nada de su valor a causa de su tranquilizador compromiso conservador.

Para los defensores de la democracia social, tal como se esbozó en el año II, el derecho a la existencia está por delante del derecho a la propiedad, la igualdad debe ser «la de los goces». En su discurso del 2 de diciembre de 1792 sobre las revueltas de Eure-et-Loir originadas por la cuestión del trigo, Robespierre echó los cimientos teóricos de una nación, igualitaria, subordinando el derecho de propiedad al derecho a la existencia. «Los autores de la teoría han considerado los productos más necesarios para la vida como una mercancía ordinaria; no han establecido ninguna diferencia entre el comercio del trigo y el del añil; han disertado más sobre el comercio del grano que sobre la subsistencia del pueblo… Han estimado en mucho la ganancia de los comerciantes o de los propietarios, y prácticamente en nada la vida de los hombres… El primero de los derechos es el de existir; todos los demás están subordinados a éste[96]». Robespierre llegó así, en su discurso del 24 de abril de 1793, a una nueva formulación del derecho de propiedad: «La propiedad es el derecho de cada ciudadano a gozar y disponer de la parte de bienes que la ley le garantiza». No se trataba, pues, de un derecho natural imprescriptible, anterior a toda organización social, como había afirmado la Declaración de 1789; en adelante se inscribía en los marcos sociales e históricos, definiéndose por la ley.

Así lo entendieron las masas populares, que siempre se habían mostrado hostiles a la libertad económica que abría la vía al capitalismo y a la concentración de empresas, es decir, a su proletarización: aparte de que para ellos los derechos del hombre y del ciudadano continuaban siendo ilusorios, la propiedad privada de la tierra y de los talleres los situaba bajo la dependencia de los únicos que tenían de hecho el privilegio de su beneficio. En consecuencia, invocaron el derecho a la existencia y, enfrentados a la burguesía propietaria, pusieron en primer plano el principio de la «igualdad de goces». A partir del 10 de agosto de 1792, la burguesía revolucionaria se decidió, para vencer, por la alianza popular: se instituyó el sufragio universal y un esbozo de república democrática y social[97]. La comunidad nacional, investida del derecho de control sobre la propiedad privada, intervendría para mantener una igualdad relativa mediante la reconstrucción de la pequeña propiedad a medida que la evolución económica tendiera a destruirla[98]; se trataba de prevenir la reconstrucción del monopolio de la riqueza, así como la formación de un proletariado dependiente. De ahí las leyes montañescas para multiplicar los pequeños propietarios, la dirección de la economía para armonizar precios y salarios, un sistema de enseñanza abierto a todos, en fin la beneficencia nacional. Así se realizaría el objetivo asignado a la sociedad por la Declaración de Derechos del 24 de junio de 1793: «el bien común». Así se inscribiría en los hechos el ideal de una sociedad igualitaria que Saint-Just precisaba en sus Instituciones Republicanas: «Dotar a todos los franceses de los medios para cubrir las necesidades primarias de la vida, sin otra dependencia que la de las leyes y sin dependencia mutua en el estado civil». O también: «El hombre debe vivir independientemente».

El intento de democracia social del año II, aunque llenó de espanto a la burguesía, cobró valor de ejemplo a partir de 1830, cuando reapareció el partido republicano, y sobre todo a partir de 1848, cuando el restablecimiento del sufragio universal confirió a sus principios una fuerza multiplicada. Alimentó el pensamiento social del siglo XIX y su recuerdo pesó fuertemente en sus luchas políticas. Los esbozos montañeses se fueron concretando lentamente bajo la Tercera República; en primer lugar la instrucción pública accesible a todos, inútilmente reclamada por los sans-culottes como una de las condiciones necesarias para la democracia social.

Pero entretanto, la libertad económica y la concentración capitalista acrecentaban las diferencias sociales y reforzaban los antagonismos, alejándose más y más de «la igualdad de goces». Descontentos de su condición, artesanos y tenderos descendientes de los sans-culottes del Noventa y Tres, siempre apegados a la pequeña propiedad fundada en el trabajo personal, oscilaban entre la utopía y la rebelión. Sombre los intentos de democracia social pesaron la misma impotencia y la misma contradicción entre las exigencias de la igualdad de derechos proclamada en principio y las consecuencias del derecho de propiedad y de la libertad económica: la tragedia de jimio de 1848 da cuenta de ello, por no hablar de las vicisitudes de la Tercera República. «Tiempo de anticipaciones», ha dicho del año II E. Labrousse. ¿No sería el tiempo de las utopías? En el cuarto fragmento de las Instituciones Republicanas, Saint-Just escribe: «Los ricos y los pobres no son necesarios». Pero al mismo tiempo anota en su agenda: «No admitir la división de las propiedades». La república igualitaria del año II continúa en el terreno de las anticipaciones, Icario nunca alcanzado, pero siempre perseguido.

Sin embargo, desde el tiempo de la Revolución, Babeuf había solucionado la contradicción, abriendo, una nueva vía al futuro, confiriendo al principio de igualdad de derechos una extensión y una fuerza extraordinarias[99]. Babeuf proclamaba, como los sans-culottes y los jacobinos, que el objetivo de la sociedad es el «bien común»; la Revolución debe asegurar a todos los ciudadanos la «igualdad de goces». Pero, puesto que la propiedad privada introduce necesariamente la desigualdad, y «la ley agraria», es decir el reparto igualitario de las propiedades, no podía «durar más de un día» («al día siguiente de su establecimiento la desigualdad reaparecería»), el único medio de llegar a «la igualdad de hecho» y de «asegurar a cada cual y a su descendencia, por numerosa que sea, lo suficiente, pero nada más que lo suficiente», es «establecer la administración común, suprimir la propiedad privada, colocar a cada hombre de talento en la industria que conozca, obligarle a depositar sus frutos en un almacén común, y establecer una simple administración en la distribución, una administración de subsistencias que, llevando el registro de todos los individuos y de todas las cosas, las reparta con la igualdad más escrupulosa».

Este programa, expuesto en el Manifiesto de los plebeyos y que se publicó en «El Tribuno del Pueblo» del 9 frimario del año IV (30 de noviembre de 1795), constituía, en relación a las ideologías sans-culotte y jacobina, ambas caracterizadas por su adhesión a la propiedad privada fundada en el trabajo personal, una renovación profunda, o más exactamente una brusca mutación: «la comunidad de bienes y trabajos» preconizada por Babeuf fue la primera forma de la ideología revolucionaria de la nueva sociedad salida de la revolución misma. Dicho de otra forma, Babeuf presentaba la abolición de la propiedad privada de los medios de producción y la instauración de una democracia comunista como las únicas medidas capaces de realizar plenamente la igualdad de derechos. El comunismo, hasta entonces sueño utópico, fue convertido por Babeuf en sistema ideológico coherente; con la Conjuración de los Iguales entró en la historia de las luchas sociales y políticas.

La importancia de la Conjuración y del babeufismo sólo puede medirse en el siglo XIX: en la historia de la Revolución y del Directorio constituye tan sólo un simple episodio que sin duda modificó el equilibrio político del momento, pero que no tuvo resonancias profundas. En su carta del 26 mesidor del año IV (14 de julio de 1796), verdadero testamento político, Babeuf recomendaba a Félix Lepeletier que reuniese todos sus «proyectos, notas y esbozos de escritos democráticos y revolucionarios, consecuentes con el gran objetivo», es decir la igualdad perfecta, el bien común. «Cuando llegue el momento de pensar de nuevo en el modo de procurar al género humano la felicidad que le proponemos, podrás buscar en estos papeles y presentar a todos los discípulos de la igualdad… lo que los corrompidos de hoy llaman mis sueños».

Respondiendo a esta llamada, Buonarroti publicó en Bruselas, en 1828, la historia de la Conspiración por la igualdad[100]. Esta obra ejerció una profunda influencia en la generación de 1830; gracias a ella, el babeufismo se inscribió como un eslabón del pensamiento comunista. Así habían nacido de la Revolución francesa ideas que, según la expresión de Marx, llevaban «más allá de las ideas de la antigua situación», las de un orden social nuevo que no sería el orden burgués.

La Revolución francesa se sitúa con ello en el centro mismo de la historia del mundo contemporáneo, en la encrucijada de las diversas corrientes sociales y políticas que han dividido a las naciones y que las dividen aún. Revolución burguesa clásica por la abolición sin compromisos de la feudalidad y del régimen señorial, constituye el punto de partida de la sociedad capitalista y del sistema liberal representativo en la historia de Francia. Revolución campesina y popular, intentó en dos ocasiones sobrepasar sus límites burgueses: en el año II, intento que a pesar de su necesario fracaso conservó durante mucho tiempo valor profético de ejemplo; y durante la conspiración por la igualdad, episodio que se sitúa en el origen fecundo del pensamiento y la acción revolucionarios contemporáneos. Así se aclaran sin duda los vanos esfuerzos para negar a la Revolución francesa, peligroso precedente, su realidad histórica o su especificidad social y nacional. Pero así se explica también el sobresalto que el mundo experimentó y las resonancias de la Revolución francesa en la conciencia de los hombres de nuestro siglo. Ese recuerdo es revolucionario por sí solo. Todavía nos exalta.

Georges Lefebvre (1874-1959) forma parte de la gran tradición historiográfica francesa junto a Marc Bloch, Albert Soboul, Ernest Labrousse. Dedicó toda su vida a la investigación histórica y desde sus primeros trabajos en 1914 lo esencial de su obra fue consagrado a la Revolución francesa. Inspirado en el método marxista de investigación, concibió la historia como la disciplina positiva del mundo sensible.

Notas

[1] «Le 24 février 1848», conferencia pronunciada el 24 de febrero de 1946 en la Sorbona, recogida en 1848 et les Révolutions du XIXe siècle, otoño de 1946, n.º 172, p. 7. <<

[2] Se pueden encontrar datos biográficos sobre Georges Lefebvre, facilitados por él mismo, en los «Annales historiques de la Révolution française», 1946, p. 185, y 1947, p. 188 (Pro Domo). Ver también la breve reseña bibliográfica publicada al comienzo de los Études sur la Révolution française (Paris, 1954, m-8.º, 328 pp.). En esta obra se recogen, con ocasión de su ochenta aniversario, sus artículos más importantes y una lista de «Las principales publicaciones de Georges Lefebvre» (p. VII). En 1963, se llevó a cabo una segunda edición de los Études sur la Révolution française. <<

[3] Pro Domo, art. cit., p. 189. <<

[4] Ibid. <<

[5] Ver lo que escribe Georges Lefebvre sobre el materialismo histórico en sus Notions d’historiographie moderne. (Les cours de la Sorbonne, Centre de documentation universitaire. Paris, s. f.), p. 237. <<

[6] Pro Domo, art. cit., p. 189. <<

[7] Ver la Introducción a los Paysans du Nord, p. V. <<

[8] Ver «Annales historiques de la Révolution française», 1946, p. 185. <<

[9] Études sur ta Révolution française, op. cit. 1.ª ed. Datos biográficos, p. V. <<

[10] Lille, 1914; in-8.º, CXXIV-670 pp. El segundo tomo apareció en 1921 (Lille, 1921; in-8.º, 704 pp.). Este estudio fue completado por el artículo: La réquisition de Van VII dans le ci-devant district de Bergues, «Revue du Nord», febrero 1920, p. 26. Se trata de documentos precedidos de una introducción. <<

[11] Lille, 1924; in-8.º, XXV-1020 pp. Ver el informe de defensa de Aulard en la revista «La Révolution française», t. LXXVII, 1924, p. 218. Las principales reseñas son las de Albert Mathiez en los «Annales historiques de la Révolution française», 1924, p. 470, de Henri Sée en la «Revue historique», t. CXLVII, 1924, p. 90, de Henri Pirenne en la «Revue belge de philologie et d’histoire», 1926, p. 198. Esta tesis fue impresa por cuenta del autor y se hicieron 300 ejemplares, agotados desde hace tiempo. No se ha hallado ningún editor francés que acepte los gastos de una segunda edición. Esto lo ha hecho el editor italiano Laterza (Bari, 1959; in-8.º, XXVII-923 pp.; prólogo de Armando Saitta y Albert Soboul). <<

[12] Conclusión, p. 882. <<

[13] Estos dos artículos han sido publicados en la «Revue d’histoire moderne» en 1928. Han sido reproducidos en Études sur ta Révolution française (2.ª ed., p. 279 y p. 307). <<

[14] Questions agraires au temps de la Terreur (Strasburgo, 1932; in-8.º, 256 pp. Colección de documentos inéditos sobre la historia económica de la Revolución francesa). Segunda edición revisada y aumentada (La Roche-sur-Yon, 1954; in-8.º, 274 pp., de la misma colección). Traducción rusa (Moscú, 1936).

La Grande Peur de 1789 (Paris, 1932, in-8.º, 272 pp.; 2.ª ed. Paris, s. f. (1956); in-8.º, 272 pp.). (Â esta segunda edición se le ha incorporado un Addendum, paginado de 1 a 6, que ofrece una bibliografía crítica de los trabajos aparecidos sobre el tema después de 1932). Sobre La Grande Peur, ver en particular la reseña de Marc Bloch, en los «Annales d’histoire économique et sociale», 1933, p. 301. Traducción italiana (Turin, 1953). <<

[15] Se trata de una comunicación presentada al Centre de Synthèse, con ocasión de la Semana de Síntesis de 1932, consagrada a las masas. El texto fue publicado, junto con las demás, comunicaciones, en un volumen intitulado La Foule (Paris, 1933), bajo el título «Masas históricas, Las masas revolucionarias» (p. 79; ver la discusión, p. 108) y después en los «Annales historiques de la Révolution française», 1934, p. 1. Ha sido recogido en 1954 en los Études sur ta Révolution française, 2.ª ed. p. 371. Georges Lefebvre da un bello ejemplo de análisis de un hecho con voluntad punitiva en su artículo La meurtre du comte de Datnpierre (22 juin 1971), «Revue historique», 1941; recogido en los Études sur la Révolution française, 2.ª ed., p. 393. Este asesinato no fue sólo consecuencia de un paso imprudente del conde al ir a saludar al rey a Sainte-Menehould, de regreso de Varennes; el conde era odiado por sus trabajadores del campo: «… A través del acontecimiento político se trasluce, como ocurre siempre a lo largo de la revolución popular, la agitación social que fue su principal empuje». <<

[16] Se trata de dos conferencias pronunciadas en el Centre d’Études de la Révolution française, en la Sorbona, los días 12 y 14 de diciembre de 1932. El texto fue publicado en los «Annales historiques de la Révolution française», 1933, p. 97, y en los «Cahiers de la Révolution française», 1934, n.º 1, p. 7. Ha sido recogido nuevamente en los Etudes sur la Révolution française, 2.ª ed., p. 338. <<

[17] Questions agraires… 2.ª ed. p. 132. <<

[18] Les Thermidoriens (Paris, 1937; in-16, 220 pp.). Le Directoire (Paris, 1946; in-16, 198 pp.). Estos dos volúmenes han sido traducidos al alemán (1950), al italiano (1952) y al polaco (1959). <<

[19] La Révolution française (París, 1951; in-8.º, 674 pp.). Una tercera edición, revisada y aumentada, ha aparecido en 1963 (698 pp.) con puesta al día bibliográfica por Albert Soboul. Traducción italiana (Turín, 1958). <<

[20] Napoleón (París, 1953; in-8.º, 610 pp.; 5.ª edición revisada y aumentada, 1965, 626 pp., con puesta al día bibliográfica por Albert Soboul). Traducción italiana (Bari, 1960). <<

[21] Quatre-Vingt-Neuf (París, 1939; in-8.º, 252 pp.). Traducción inglesa bajo el título The coming of the French Revolution (Princeton, 1947). Traducción italiana (Turín, 1949). Traducción japonesa (Tokio, 1952), con un prólogo en francés por Georges Lefebvre. Ver la reseña de este libro por L. Febvre, en los «Annales d’histoire sociale», 1940, n.º 2, p. 147. <<

[22] Señalamos aquí las obras de Georges Lefebvre publicadas después de su muerte.

Cherbourg à la fin de l’Ancien Régime et au début de la Révolution (Caen, .1965; in-8.º, 296 pp.): primer trabajo de investigación de Georges Lefebvre; ensayo de juventud; permite precisar el punto de partida de su carrera histórica.

Études orléanaises, t. I, Contribution à l’étude dés structures sociales à la fin du XVIII siècle; t. II, Subsistances et maximum, 1789 an IV (Paris, 1962 y 1963; 2 vol. in-8., 276 y 476 pp.). Acabada en 1944, fue retirada unos años más tarde, estimando Lefebvré necesario hacer primeramente una historia del problema de las subsistencias y el máximum en el departamento del Loiret, y un estudio más reposado de las estructuras sociales de la ciudad y el campo de Orléans. Esta nueva versión, por la exquisitez de su erudición irreprochable, por la amplitud de los problemas abordados y por las nuevas perspectivas que abre a la investigación, supera el marco de una monografía regional: viene a ser como un testamento científico.

Desde Cherbourg a los Études orléanaises, queda trazada la línea de toda una obra y en ella se precisa la lección que nos da Georges Lefebvre: la de una exigencia científica siempre alerta y jamás satisfecha. <<

[23] Citaremos los artículos siguientes: Avenir de l’histoire, «Revue historique», enero-marzo, 1947, p. 55; Recherche et congrès, Ibid, julio-septiembre 1951, p. 1; La synthèse en histoire, «Bulletin de la Société d’histoire moderne», octubre-noviembre 1951, p. 7; Réflexions sur l’histoire, «La Pensée», mayo-junio 1955, p. 27. <<

[24] Reflexions sur l’histoire, art. cit., p. 32. <<

[25] Ibidem, p. 8. <<

[26] Esta es una de las ideas directrices del curso de Georges Lefebvre Notions d’historiographie moderne. Se alza contra el aserto de Fenelón según el cual «la historia no pertenece a ningún tiempo ni a ningún país». Ver también, Réflexions sur l’histoire, art. cit., p. 30. <<

[27] Lefebvre ha subrayado en diversas ocasiones que el historiador escribe para las clases dominantes. En consecuencia, «la historiografía necesariamente ha de reflejar el movimiento general de la historia, pues las clases dominantes cambian, y su mentalidad también». (La Synthèse en histoire, art. cit., p. 9.) <<

[28] La Synthèse eh histoire, art. cit.; p. 9. <<

[29] Ibidem, p. 10. <<

[30] Réflexions sur l’histoire, art. cit., p. 32 y p. 33. <<

[31] La Synthèse en histoire, art. cit., p. 12. Ver también el articulo Quelques réflexions sur l’histoire des civilisations, «Annales historiques de la Révolution française», 1955; p. 97. Sobre Tocqueville, cuya influencia sobre Georges Lefebvre parece decisiva, ver la introducción que éste último escribió al Ancien Régime et la Révolution, t. II de las Obras Completas (París, 1952; in-8.º, 358 pp.) p. 9. Ver también el artículo A propos de Tocqueville, «Annales historiques de la Révolution française», 1955, p. 313. <<

[32] Art. cit., p. 60. <<

[33] Con esta bellísima página termina las Réflexions sur l’histoire, art. Cit., p. 34. Acerca del hombre, hacedor de la historia, ver este mismo artículo, p. 32: «Sometido a la influencia de otros factores», es él el que construye la historia. «Marx encontraba gracioso el hecho de que, siendo la historia creada por el hombre, se pudiera poner en duda el que el hombre participe en ella», art. cit., p. 102; Georges Lefebvre se alza contra «una idea incorrecta» que se hacen muchos del método marxista. «El hombre hace la historia, escribe, y en consecuencia, Marx lo señala, su naturaleza se inscribe entre los factores originales». <<

[34] Ver los dos discursos pronunciados por George Lefebvre, con ocasión de la inauguración del busto de Robespierre en Arras, el 15 de octubre de 1933. «Annales historiques de la Révolution française», 1933, p. 484 y p. 492. <<

[35] Le 24 février 1848, art. cit., p. 16. <<

[36] Qu’est-ce que le capitalisme? (Union française universitaire, Paris, 1946; in-8.º, 18 pp.) p. 17. Conferencia pronunciada por Georges Lefebvre el 16 de febrero de 1946. <<

[37] Ibid., p. 18. <<

[38] Quatre-vingt-neuf, 1.ª ed., p. 245. Ver la reseña de este libro por Lucien Febvre en los «Annales d’histoire sociale», 1940, p. 147. «Palabras recias, escribe Lucien Febvre en su reseña, merecen la pena de ser meditadas y practicadas». (Annales d’histoire sociale, 1940, p. 147). <<

[39] Discours sur Robespierre, art. cit., p. 510. <<

[40] Pro Domo, art. cit., p. 190. «En estos aciagos días, añade Georges Lefebvre, no puedo releer esta página sin una estremecedora emoción». <<

[41] Le 24 février 1848, art. cit., p. 17. Acerca de Georges Lefebvre y de su obra, ver el número especial de los «Annales historiques de la Révolution française». Hommage à Georges Lefebvre, 1960, n.º 1. Ver también en esta misma revista, Georges Lefebvre, pour le dixième anniversaire de sa mort, 1969, n.º 4, en especial el estudio de E. Labrousse. <<

[42] Sesión solemne del parlamento (N. del T.). <<

[43] Recaudación de impuestos. En la Francia del Antiguo Régimen la percepción de los impuestos se arrendaba (fermer) con frecuencia a compañías o a individuos (fermiers). (N. del T.). <<

[44] Feudo alodial, es decir, libre de toda carga señorial. (N. del T.). <<

[45] L’Ancien Régime et la Révolution, libro II, capítulo 1 (editado en 1952, con introducción de G. Lefebvre, p. 99). <<

[46] Le Capital, libro III, cap. 20, «Aperçu historique sur le capital marchand», Editions Sociales, 1957, t. VI, p. 342. (Hay edición castellana en F. C. E., México).

Sobre el problema de la transición del feudalismo al capitalismo, cf. The transition from feudalism to capitalism. A symposium by P. M. Sweezy, M. Dobb, H. K. Takahashi, R. Hilton, C. Hill, London, 1954; R. Hilton: Y eut-il une crise générale de la féodalité?, «Annales, E. S. C.», 1951, núm. 1; G. Procacci, G. Lefebvre, A. Soboul, Une discussion historique: du féodalisme au capitalisme, «La Pensée», 1956, núm. 65. (Hay edición castellana del primero, Editorial Ciencia Nueva, Madrid). <<

[47] Estos son los problemas que destaca G. Lefebvre, La Révolution française dans l’histoire du monde, «Annales, E. S. C.», 1948, retomado en Études sur la Révolution française, 1954; 2.ª ed., 1963, p. 431. <<

[48] La expresión antiguo régimen apareció a finales del año 1789; naturalmente está cargada de un contenido afectivo: en esta conjunción de términos hay una especie de rechazo (F. Brunot: Histoire de la langue française, t. IX, La Révolution et L'Empire, p. 621). La expresión, consagrada por el uso, es históricamente válida; no comprendemos bien las oscuras razones por las que ciertos historiadores tienen actualmente tendencia a rechazarla. <<

[49] Sobre los problemas de la nobleza francesa en el siglo XVIII, nos contentaremos con citar un artículo ya antiguo (M. Bloch, Sur le pasée de la noblesse française: quelques jalons de recherche, «Annales d’Histoire économique et sociale», 1936, p. 366), y un artículo reciente (A. Goodwin, The social structure and economic and political attitudes of the French nobility in the eighteenth century, «Comité international des sciences historiques, XIIe Congrès, Vienne, 1965, Rapports, I. Grands thèmes», p. 356; del mismo autor, General problems and the diversity of European Nobilities in the modern period, ibid., p. 345). Remitimos al esbozo de bibliografía crítica de J. Meyer, La Noblesse bretonne au XVIIIe siècle, Paris, 1966, t. I, p. XXI. <<

[50] Ver R. Mounier, Les idées politiques de Fénelon, «XVIIe siècle», 1951-1952. <<

[51] Boulanvilliers (1658-1722), Histoire de l’ancien gouvernement de la France, avec XIV lettres historiques sur les parlements ou États généraux, 1727, Essai sur la noblesse de France contenant une dissertation sur son origine et son abaissement, 1732. <<

[52] El Judicium Francorum retoma un panfleto antiabsolutista del tiempo de la Fronda, Les véritables maximes du gouvernement de la France justifiées par l’ordre des temps depuis l’établissement de la monarchie jusqu’aux temps présents, 1652. Ver también, en el mismo sentido, un escrito que circuló en copias manuscritas, Essai historique concernant les droits et prérogatives de la Cour des pairs de France. <<

[53] Ver esencialmente el libro XXX. Cf. L. Althusser, Montesquieu. La politique et l’histoire, 1959 (hay edición castellana, en Ciencia Nueva, Madrid, 1968). <<

[54] Sólo podemos remitir aquí a obras generales: J. Aynard, La bourgeoisie française, 1934; B. Groethuysen, Origines de l’esprit bourgeois en France, t. I: L’Eglise et la bourgeoisie, 1927; F. Borkenau, Der Übergang vom feudalen zum bürgerlichen Weltbild. Studien zur Geschichte der Philosophie der Manufakturperiode, 1934; ver las observaciones de L. Febvre, Fondations économiques, superstructure philosophique: une synthèse, «Annales d’histoire économique et sociale», 1934, p. 369. De un preciso interés documental, los estudios relativos a la burguesía en «Assemblée générale de la Commission centrale… 1939» (Commission d’histoire économique et sociale de la Révolution, 1932), t. I, p. 33; P. Léon, Recherches sur la bourgeoisie française de province au XVIIIe siècle, «L’information historique», 1958, núm. 3, p. 101. Sobre la orientación actual de la investigación, E. Labrousse, Voies nouvelles vers une histoire de la bourgeoisie occidentale aux XVIIIe et XIXe siècles, «X Congresso internazionale di scienze storiche… 1955. Relazioni», Florence, 1955, t. IV, p. 365. <<

[55] Sobre el derecho natural, se encontrará una amplia bibliografía en R. Derathé, Jean-Jacques Rousseau et la science politique de son temps, Paris, 1950. El derecho natural fue desarrollado en el siglo XVII por autores protestantes, principalmente juristas, Grotius, Althusius, Hobbes, Pufendorf, algunos de los cuales fueron traducidos inmediatamente y comentados por Barbeyrac y Burlamaqui. Los autores del siglo XVII fueron criticados por Rousseau, que sacó las consecuencias lógicas del derecho natural, formulando la teoría de la soberanía popular inalienable e indivisible. <<

[56] Ver J. Egret, L’aristocratie parlamentaire à la fin de l’Ancien Régime, «Revue historique», julio-septiembre 1952, p. 1. Esencialmente los trabajos de J.-Fr. Bluche, L’Origine des magistrats du Parlement de Paris au XVIIIe siècle, 1956, Les Magistrats du Parlement de Paris au XVIIIe siècle, 1715-1711, 1960. <<

[57] E. Sieyès, Qu’est-ce que le Tiers État? Edición crítica por Ed. Champion, Paris, 1888, p. 35. <<

[58] Oeuvres de Barnave publiées… por M. Bérenguer de la Drôme, 1843, t. I, pp. 12 y 13. L’Introduction à la Révolution française ha sido publicada de nuevo por F. Rude, Paris, 1960. De hecho, este importante texto espera aún su edición crítica.

Habiendo afirmado con fuerza la necesaria correspondencia entre las instituciones políticas y el movimiento de la economía, artes, la industria y el comercio enriquecen a la clase trabajadora del pueblo, empobrecen a los grandes propietarios de tierras y aproximan a las clases por la fortuna; los progresos de la instrucción las aproximan por las costumbres y recuerdan, tras un largo olvido, las ideas primitivas de la igualdad. <<

[59] El importante problema de la redención de los derechos feudales y de su abolición definitiva ha sido abordado por Ph. Sagnac, La Législation civile de la Révolution française, 1898; en un esbozo aún válido, por A. Aulard, La Révolution et la propriété foncière, 1959. Pero sólo monografías locales o regionales permitirían construir un verdadero cuadro de conjunto de la supervivencia parcial, de las vicisitudes y de la desaparición final del régimen feudal durante la revolución: no disponemos más que de dos obras, A. Ferradou, Le Rachat des droits féodaux dans la Gironde. 1790-1793, 1928; J. Millot, L’Abolition des droits seigneuriaux dans le département du Doubs et la région comtoise, 1941. Igualmente, sobre las revueltas agrarias y los motines que, desde el Gran Miedo hasta la abolición definitiva de los derechos feudales (17 de julio de 1793), caracterizaron la historia revolucionaria del campesinado, no disponemos sino de estudios locales fragmentarios. Esta historia está aún por escribir. <<

[60] C.-E. Labrousse, Esquisse du mouvement des prix et des revenus en France au XVIIIe siècle, Paris, 1933, 2 vol. (hay una refundición y traducción al castellano en Fluctuaciones económicas e historia social, Madrid, ed. Tecnos, 1962); La Crise de l’économie française à la fin de l’Ancien Régime et au début de la Révolution, Paris, 1944 (traducción castellana en el mismo volumen). <<

[61] Sobre las aspiraciones sociales de las masas populares, véase A. Soboul, Les sans-culottes parisiens en Van V, Paris, 1958, segunda parte, cap. II. <<

[62] Sobre la cuestión campesina, esencialmente los trabajos de G. Lefebvre, Les Paysans du Nord pendant la Révolution française, 1924, Questions agraires au temps de la Terreur, 1932, La Grand Peur de 1789, 1932, y los artículos puestos al día y reagrupados en Études sur la Révolution française, 1954, 2.ª ed., 1967: Répartition de la propriété et de l’exploitation foncières à la fin de l’Ancien Régime, 1928, p. 279; La vente des biens nationaux, 1928, p. 307; La Révolution française et les paysans, 1932, p. 338. <<

[63] Op. cit., p. 99. «El efecto de la revolución no fue la división de las tierras, sino su liberación por un momento. Todos esos pequeños propietarios estaban, en efecto, muy entorpecidos en la explotación de sus tierras, y soportaban muchas servidumbres de las que no les estaba permitido liberarse» (p. 102). «Si el campesino no tuviera la tierra, hubiera sido insensible a algunas de las cargas que el sistema feudal hacía pesar sobre la propiedad de la tierra. ¿Qué le importa el diezmo al que no es arrendatario, si lo deduce del producto del arriendo?» (p. 105). <<

[64] M. Leymarie, Les redevances foncières seigneuriales en haute Auvergne, «Annales historiques de la Révolution française», 1968, núm. 3. <<

[65] L’Ancien Régimen et la Révolution, op. cit., p. 106. <<

[66] G. Lefebvre, Repartition de la propriété et de l’exploitation foncières à la fin de l’Ancien Régime, citada más arriba p. 260, nota 2. <<

[67] La petición de la sección parisina de los sans-culottes del 2 de septiembre de 1793 pretende no sólo fijar «las ganancias de la industria y los beneficios del comercio» por la tasación general, y limitar la extensión de las explotaciones agrícolas («Que nadie pueda tener en arriendo más tierras de las necesarias para una cantidad determinada de arados»), sino también imponer un máximum a las fortunas. ¿Cuál? La petición no lo precisa, pero deja entender que correspondería a la pequeña propiedad artesanal y comercial: «Que nadie pueda tener más que un taller, más que una tienda». Estas medidas radicales, concluye la sección de los sans-culottes, «harían desaparecer poco a poco la excesiva desigualdad de las riquezas y crecer el número de propietarios». (B. N., Lb 40 2140, imp. in-8.c, 6 p.). <<

[68] L’Ancien Régime et la Révolution, op. cit., p. 96. <<

[69] Desde el punto de vista que aquí nos ocupa, véase esencialmente los trabajos de Ch. Hill, verdadero iniciador de escuela: con M. James y E. Rickword, The English Revolution, 1640, Londres, 1940, reed, parcial, 1949; con E. Dell, The Good Old Cause, Londres, Í949; The Century of Revolution, 1603-1714, Londres, 1961; finalmente Society and Puritanism in pre-revolutionary England, Londres, 1964. Para una visión de conjunto de los problemas actualmente debatidos: M.-L. Agostini, L’Historiographie contemporaine de la Révolution anglaise de 1640, Diplôme d’études supérieures. Faculté des Lettres de Clermont-Ferrand, 1967. <<

[70] Ch. Hill, La Révolution anglaise du XVIIe siècle. Essai d’interprétation, «Revue historique», núm. 449, 1959, pp. 5-32. <<

[71] Ibid., p. 32. <<

[72] Réflexions sur la Révolution française traducidas… por J. d’Anglejean, Paris, 1912, p. 52. Esta obra se convirtió en el evangelio de la contrarrevolución. Burke asignaba un fin a la evolución social: la jerarquía de las clases es el orden divino; la revolución francesa, al arruinar a la aristocracia, es destructiva de todo orden social. Burke discernía así, desde 1790, la parte esencial de la obra de la revolución. <<

[73] Desde el punto de vista que aquí nos ocupa, véase Cii. A. Beard, Economic interpretation of the Constitution, New York, 1913, 2: ed., 1923; F. Jameson, The American Revolution considered as a social movement, Princeton, 1926, 2.ª ed., 1940. <<

[74] De la démocratie en Amérique (1836-1839). <<

[75] Sobre los aspectos teóricos de estos problemas, véase M. Dobb, Studies in the development of capitalism, Londres, 1946 (hay edición castellana en Siglo xxi, B. Aires); H. K. Takahashi, Shimin kakumei-no kozó [Estructura de la revolución burguesa], Tokio, 1951, reseña por Ch. Haguenauer, «Revue historique», núm. 434, 1955, p. 345. <<

[76] Hay que subrayar, sin embargo, los progresos de la economía a lo largo del período napoleónico que se une estrechamente al período revolucionario. Véase E. Labrousse, Le bilan du monde en 1815. Eléments d’un bilan économique: la croissance dans la guerre, «Comité international des sciences historiques, XIIo Congrès, Vienne, 1965. Rapports. I. Grands thèmes», p. 473. <<

[77] A. Cobban, The myth of the French Revolution, Londres, 1955. Del mismo autor y desde el mismo punto de vista: The Social Interpretation of the French Revolution, Cambridge, 1964. Véase G. Lefebvre, Le mythe de la Révolution française, 1956, p. 337. <<

[78] Véase esencialmente J. Letaconnoux, Le Comité des députés extraordinaires des manufactures et du commerce, et l’oeuvre de la Constituante, «Annales révolutionnaires», 1913, pp. 149-208; G. Debien, Les Colons de Saint-Domingue et la Révolution. Essai sur le club Massiac. Août 1789-août 1792, Paris, 1953. <<

[79] J. Godechot, La Grand Nation. L’expansion révolutionnaire de la France dans le monde. 1789-1799, Paris, 1956, 2 vol., t. I, p. 11. Esta concepción de una revolución «occidental» o «atlántica» fue lanzada previamente por R. R. Palmer, The World. Revolution of the west, «Political science quarterly», 1954. Ha sido retomada y desarrollada por J. Godechot y R. R. Palmer, Le problème de VAtlantique du XVIIIe au XXe siècle, «X Congresso internazionale di Scienze storiche. Relazioni», Florencia, 1955, T. V, pp. 175-239; R. R. Palmer, The Age of the Democratic Revolution. A political history of Europe and America. 1760-1800, t. I: The Challenge, Princeton, 1959; J. Godechot, Les Révolutions. 1770-1799, Paris, 1963, «Nouvelle Clio». Exposición de conjunto por 1. Godechot y R. R. Palmer, Révolution française, occidentale au atlantique, «Bulletin de la Société d’Histoire moderne», julio 1960. Bibliografía en J. Godechot, Révolution française ou révolution occidentale?, «L’information historique», 1960, p. 6. Esta concepción ha sido criticada por G. Lefebvre, «Annales historiques de la Révolution française», 1957, p. 272. <<

[80] Adresse présentée à ta Convention nationale au nom de la section des Gravilliers… por J. Roux… (A. N., W 20, d. 1073, imp. in-8.º, 12 p.). <<

[81] Sobre el conjunto de este problema, A. Soboul, De l’Ancien Régime à l’Empire: problème national et réalités sociales, «L’Information historique», 1960, pp. 59-64 y pp. 96 al 104. <<

[82] Moniteur, VI, 239. <<

[83] Véase más arriba, respecto a la obligada comparación entre la revolución francesa de 1830 y la «respetable» revolución inglesa de 1688. Una y otra acabaron reemplazando un rey por otro, sin que la estructura social sufriera ningún ataque. En julio de 1830, se trata de una especie de insurrección legal que castiga la violación de la Carta. Pero hay una diferencia fundamental a la que los anglosajones son especialmente sensibles: mientras que la revolución de 1688 fue «respetable», puesto que fue suscitada por los jefes de la jerarquía social y ejecutada sin la intervención de las masas populares, en Francia, Carlos X no fue expulsado por un Guillermo de Orange, sino por el pueblo de París en armas tras las barricadas. Véase en este sentido la reseña hecha por G. Lefebvre en los «Annales historiques de la Révolution française», 1955, p. 176 del libro de L. Pinkham, William III and the respectable Revolution, Cambridge, Mass., 1954. <<

[84] Véase A. Soboul, Le bilan du monde en 1815. Esquisse d’un bilan social, «Comité international des sciences historiques, XIIe Congrès, Vienne, 1965. Rapports. I. Grands thèmes», p. 517. <<

[85] L’Ancien Régime et la Révolution, libro primero, cap. III. Cómo la revolución francesa fue una revolución política que procedió a la manera de las revoluciones religiosas y por qué (op. cit., p. 87). <<

[86] Sobre el aspecto teórico de los problemas históricos del Risorgimento, ver las páginas referentes al Risorgimento en A. Gramsci, Oeuvres choisies, Paris, 1959; R. Zangheri, La maneota rivoluzione agraria nel Risorgimento e I problemi economici dell’Unità, «Studi gramseiani», Roma, 1958; A. Soboul, Risorgimento e rivoluzione borghese: schema di una direttiva di ricerca, «Problemi dell’Unità d’Italia. Atti del II Convegno di Studi gramseiani», Roma, 1962, p. 801. <<

[87] Acerca de los problemas agrarios, especialmente sobre el reparto de la propiedad de bienes raíces en la época que nos ocupa: en el norte de Italia, H. Marcelli, La crisi económica e sociale di Bologna nel 1796. Le prime Vendita dei beni ecclesiastici. 1797-1800, «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province Romagna», 1953 y 1954; del mismo autor. La Vendita dei beni a Bologna e nelle Romagne. 1797-1815, Bolonia, 1961; del mismo autor. La Vendita dei beni nazionali nella Repubblica cisalpina, Bolonia, 1967; R. Zangheri; Prime ricerche sulla distribuzione della proprietà fondiaria nella pianura bolognese. 1789-1835, Bolonia, 1957; del mismo autor, La Proprietà terriera e le origini del Rtsorgimento nel Bolognese. T. /., 1789-1804, Bolonia, 1961; M. Berengo, L’Agricoltura veneta della caduta della Repubblica all’Unita, Milán, 1963; G. Porosini, La Proprietà terriera nel comune di Ravenna della metá del secolo XVI ai giomi nostri, Milán, 1963.

Estados pontificios. R. de Felice, La Vendita dei beni nazionali nella Repubblica romana del 1798-1799, Roma, 1960.

Reino de Nápoles, P. Villani, Mezzogiorno tra rifortne e rivoluzione, Bar i, 1962; del mismo autor, La Vendita dei beni dette stato nel regno di Napoli. 1806-1815, Milán, 1964; del mismo autor, Feudalitá, riforme, capitalismo agrario, Barí, 1968. <<

[88] Sobre el conjunto de los problemas abordados aquí a propósito de Polonia, T. Mencel, L’introduction du Code Napoléon dans le duché de Varsovie, «Annales d’histoire du droit», Poznam, 1949, en francés; el conjunto de los artículos publicados en el número especial de los «Annales historiques de la Révolution française», 1964, núm. 3, consagrado a «La Pologne, de l’époque des Lumières au duché de Varsovie»; esencialmente, J. Jedlicki y W. Sobocinskï, Bilan social du duché de Varsovie, 1807-1813, «Acta Poloniae histórica», t. XIV, 1966, en francés. Desde un punto de vista teórico y comparativo, W. Kula, L’origine de l’alliance entre la bourgeoisie et les propriétaires fonciers dans la première moitié du XIX siècle, «La Pologne au Xe Congrès des Sciences historiques à Rome», Roma, 1955, p. 217; S. Kinnipavrcz, La question agraire et la lutte pour la libération nationale en Pologne et en Italie, à l’époque du Printemps des peuples, ibid., p. 235; W. Kula, Secteurs et régions arriérés dans l’économie du capitalisme naissant, «Problemi dell’Unità d’Italia. Atti del II Convegno di studi gramsciani», Roma, 1962, p. 685. <<

[89] Véase A. Soboul, Notes sur les études concernant la Révolution française au Japon, «Annales historiques de la Révolution française», 1968, núm. 2 (con una bibliografía de los estudios en francés por historiadores japoneses, sobre el tema que aquí nos ocupa). <<

[90] Seguimos aquí esencialmente los análisis de H. K. Takahashi, La place de la Révolution de Meiji dans l’histoire agraire du Japon, «Revue historique», octubre-diciembre 1953, pp. 229-270. Véase también S. Toyama, Meiji Ishin [Restauración de Meiji], Tokio, 1951. <<

[91] Artículo citado en la nota precedente, p. 293. <<

[92] «Journal politique national», núm. 19 (finales de agosto de 1789). Los constituyentes «declararon por tanto, ante el universo entero, que todos los hombres nacían y permanecían libres, que un hombre no podría ser más que otro hombre, y cien descubrimientos más de esta naturaleza, que se felicitaban de haber revelado por vez primera en el mundo, burlándose muy filosóficamente de Inglaterra que no había sabido presentarse como ellos, cuando se dio una Constitución en 1688». <<

[93] Moniteur, IX, 143. <<

[94] Moniteur, XV, 705. <<

[95] Moniteur, XXV, 92. «La igualdad absoluta es una quimera —continúa Boissy d’Anglas—; para que pueda existir, sería preciso que existiera una completa igualdad en el espíritu, la virtud, la fuerza física, la educación, la fortuna de todos los hombres». Curiosa continuidad de opiniones desde los girondinos a los termidorianos. <<

[96] Moniteur, XIV, 637. Véase G. Lefebvre, Sur la pensée politique de Robespierre, «Études sur la Révolution française» (2.ª ed.), p. 144, sacado de uno de los dos discursos pronunciados, el 15 de octubre de 1933, con ocasión de la inauguración del busto de Robespierre en el ayuntamiento de Arras, publicados en «Annales historiques de la Révolution française», 1933, p. 484 y p. 492. <<

[97] Hablando en nombre de los comisarios de las asambleas primarias, Félix Lepeletier declaró en la Convención, el 20 de agosto de 1793: «No es suficiente que la república francesa esté fundada en la igualdad; aún es preciso que las leyes, que las costumbres y sus ciudadanos tiendan, mediante un feliz acuerdo, a hacer desaparecer la desigualdad en los goces; es preciso que se asegure una existencia feliz a todos los franceses» («Journal de la Montagne», 21 de agosto de 1793). <<

[98] Véase para este tema J. Belin, La Logique d’une idée-force. L’idée d’utilité sociale pendant la Révolution française. 1789-1792; Paris, 1933, y las observaciones a ese respecto de G. Lefebvre, «Annales historiques de la Révolution française», 1947, p. 381. <<

[99] El balance de los estudios sobre Babeuf se hace en Babeuf (1760-1797). Buonarroti (1761-1837). Pour le deuxième centenaire de leur naissance, publicación de la Société des Études Robespierristes, Nancy, 1961; CL. Mazauric, Babeuf et la Conspiration pour l’Égalité, Paris, 1962; Babeuf et les problèmes du babouvisme, resumen colectivo bajo la dirección de A. Soboul, Paris, 1963; V. M. Daline, Gracchus Babeuf avant et pendant la Révolution française. 1785-1794, Moscú, 1963, en ruso; reseña hecha por A. Soboul, «Revue d’histoire moderne», 1966, p. 166; V. Daline, A. Saitta, A. Soboul, Inventaire des manuscrits et imprimés de Babeuf, Paris, 1966. <<

[100] Última edición, Paris, 1957, con un prefacio de G. Lefebvre. <<