Gaizka Fernández Soldevilla

El terrorismo en España

De ETA al Dáesh

Para José Luis de la Granja,
maestro y amigo

Es una batalla entre los fanáticos que piensan que el fin, cualquier fin, justifica los medios, y los que pensamos que la vida es un fin y no un medio.

AMOS OZ, Contra el fanatismo y otros textos.

INTRODUCCIÓN

José María Piris Carballo nació en San Vicente de Alcántara (Badajoz) el 29 de septiembre de 1966. Como tantas otras familias, la suya se trasladó al País Vasco en busca de nuevas oportunidades. Y las encontraron. El padre, Antonio, anteriormente peón agrícola, trabajaba en Acerías y Forjas de Azcoitia (Guipúzcoa). La madre, Carmen, era ama de casa. Les iba bien y el matrimonio tuvo un cuarto hijo, Juan Antonio, que cuarenta años después compartiría sus recuerdos sobre su hermano José María en El Diario Vasco: «pasaba mucho tiempo conmigo, era muy cariñoso y siempre tenía buenos detalles con mi madre. Como se suele decir, “era muy madrero”».

La familia fijó su residencia en un barrio obrero de Azcoitia. José María estudiaba 7.º de EGB en el colegio San José de Floreaga, que pertenecía a los Padres Mercedarios. En 6.º curso estaba su amigo Fernando García López, originario de Zamora, que décadas después le recordaría en El Diario Vasco. «Jugábamos mucho, sobre todo a las canicas, era muy bueno. Era un niño muy alegre y una persona encantadora, extrovertida. Majísimo».

Tanto José María como Fernando formaban parte del equipo de fútbol del colegio. El sábado 29 de marzo de 1980 por la mañana vistieron la camiseta del San José para disputar un partido contra el Izarraitz en Azpeitia (Guipúzcoa). Antes, los futbolistas se habían sacado una fotografía de grupo. En ella José María, con media melena, aparece de pie, sonriente; Fernando está de cuclillas y no se distingue su expresión. El encuentro terminó en empate. Debía de ser un rival difícil, porque los dos chicos estaban satisfechos con el resultado. El padre de Fernando los llevó a ellos y a otro amigo de vuelta a Azcoitia en su Renault 12.

El vehículo se detuvo en la plaza de los Atanos sobre las 11:50 horas. Al bajar, los chiquillos vieron en el suelo un bulto cuadrado que tenía pegados unos imanes. Fernando contaría en la cadena SER-Euskadi que «José Mari gritó “¡un paquete!” y entonces salió corriendo. Yo, con el ímpetu, di la vuelta alrededor del coche y eso es lo que al final me libró. Él llegó directamente al paquete». Se produjo una explosión. José María murió en el acto. Su hermana reconocería el cadáver porque llevaba las zapatillas de deporte que le había prestado para jugar al fútbol. Tenía 13 años. Fernando quedó gravemente herido. Era dos años más joven que su amigo.

En Valencia de Alcántara (Cáceres) los abuelos y tíos de José María se enteraron de su fallecimiento al escuchar la noticia por la radio. Después del funeral en Azcoitia, tuvo lugar una manifestación silenciosa en la que, según la crónica de El Correo, «participó la práctica totalidad de la población». Se trató de una de las escasísimas movilizaciones ciudadanas contra el terrorismo que tuvieron lugar en la Euskadi de 1980.

La víctima fue enterrada en su pueblo natal, San Vicente de Alcántara. Siguiéndole, la familia abandonó Azcoitia y regresó a Extremadura. La madre declararía en una entrevista publicada por El Mundo que, respecto a sus vidas, «a él se la llevaron y a nosotros también nos la quitaron. No hemos vuelto a ser nada». A diario visita la tumba de José María. «Ir a estar con él en el cementerio es mi único consuelo». «Solo cuando voy parece que he hecho los deberes del día. En el cementerio le tengo macetas, ¿sabes? Si fuera por mí, estaría siempre a su lado».

José María Piris (anteúltimo de la segunda fila), Fernando García (primero en la primera fila) y el resto del equipo de fútbol del colegio San José de Floreaga, 29 de marzo de 1980.

Fuente: Familia Piris.

Fernando tardó 1.766 días en recuperarse, aunque todavía le quedan secuelas físicas. Contaría a El Diario Vasco que durante el resto de su infancia se había sentido «el mono de feria. El niño de la bomba. Para mí era muy duro, no quería que me viera nadie. Estaba lleno de cicatrices. El hecho de que me señalaran como el niño de la bomba me hizo ser muy retraído. Me fue mal en la escuela porque no oía, desde el día del atentado nunca he oído bien».

Aquella fue la primera ocasión en la que Euskadi ta Askatasuna (ETA, País Vasco y Libertad) mataba a un menor de edad, pero José María no era el objetivo del atentado. Como reconocería la propia banda, había sido un «error». En realidad, la bomba que estalló aquel 29 de marzo de 1980 estaba destinada a un joven agente de la Benemérita que residía en el mismo vecindario. «Aquel pobre muchacho guardia civil, al que solo conocíamos de vista, vino a nuestra casa a pedirnos perdón...», recordaría la madre de José María.

El comando Iharra de ETA militar (ETAm), que actuaba en la zona de Mondragón, estaba integrado por Jon Aguirre Aguiriano, José Gabriel Urizar Murgoitio (Gautxori) y Francisco Fernando Martín Robles (Paco), su jefe. A principios de marzo de 1980 se puso en contacto con él Jesús María Zabarte Arregui, a quien un colaborador había facilitado información acerca de un guardia civil domiciliado en Azcoitia. Zabarte y Martín Robles se trasladaron a aquel municipio para comprobar la veracidad de los datos. Una vez confirmados, Zabarte propuso a Martín Robles atentar contra el agente. La respuesta fue afirmativa. Cuando se lo contó a los otros miembros del comando, estos también asintieron.

En la noche del 28 al 29 de marzo de 1980 Aguirre Aguiriano, Urizar Murgoitio y Martín Robles se trasladaron en coche a Azcoitia. Llegaron a la una de la madrugada, pero hicieron tiempo hasta las tres. El automóvil del funcionario estaba aparcado en la plaza de los Atanos. Urizar y Martín le colocaron debajo una bomba lapa, adherida mediante imanes, que había confeccionado el jefe del comando. A la mañana siguiente, cuando el guardia civil puso en marcha su vehículo, el artefacto se desprendió y cayó al suelo. Y quedó allí mismo, inadvertido, hasta que unas horas después lo vieron Fernando y José María.

Los responsables de su muerte fueron cayendo uno tras otro. Apresado en mayo de 1981, Martín Robles fue condenado por haber cometido un total de cinco asesinatos. Con él estaba Aguirre Aguiriano, al que se encontró culpable de haber acabado con tres vidas. Cuatro años después fue capturado Urizar Murgoitio, que había matado a dos personas. Martín Robles salió de la cárcel en octubre de 1997. Aguirre Aguiriano, en mayo de 2011. Urizar, en enero de 2014.

El historial más largo correspondía a Jesús María (o Josu) Zabarte Arregui, más conocido como El Carnicero de Mondragón, la profesión que ejercía antes de integrarse en ETA en 1967. Entre otras acciones, había participado en el secuestro del empresario navarro Felipe Huarte en enero de 1973. Arrestado en septiembre de ese mismo año, Zabarte fue sentenciado a 30 años de prisión. No cumplió ni una décima parte: debido a un indulto, fue excarcelado en abril de 1977. La Ley de Amnistía borró su pasado delictivo, pero El Carnicero de Mondragón no aprovechó aquella oportunidad. En 1978 volvió a ser detenido por el envío de cartas de extorsión a empresarios vascos. Excarcelado en marzo de 1979, Zabarte no tardó en huir a Francia. De nuevo era un liberado, es decir, estaba a sueldo de ETA.

El fin de la carrera criminal de Zabarte no llegó hasta el 15 de junio de 1984, cuando la Guardia Civil entró en la casa de Hernani en la que se ocultaban los tres miembros del comando Donosti, que él mismo dirigía. Sus dos subordinados sostuvieron un intenso tiroteo contra los agentes, uno de los cuales resultó herido. El Carnicero de Mondragón, que había preferido esconderse, fue descubierto. A instancias de los funcionarios, conminó a los otros etarras a rendirse. Según El Mundo, la réplica fue contundente: «Y tú que eres el jefe del talde nos lo dices... Que vengan a buscarnos si tienen cojones, txakurras. Gora Euskadi ala hil! [perros. ¡Viva Euskadi o muerte!]». Aquellos dos integrantes del comando Donosti murieron en la refriega con las armas en la mano. Su superior, Zabarte, sobrevivió, algo que el grupo de rock radical Kortatu olvidó mencionar en la canción que dedicó al episodio, «15-VI-84».

En sucesivos procesos, la Audiencia Nacional juzgó y encontró culpable a El Carnicero de Mondragón de haber estado implicado en 17 asesinatos. El de José María Piris fue el segundo. Sus acciones habían contribuido a dejar 13 viudas y 27 huérfanos. Otros dos niños nacerían sin padre. Zabarte fue condenado a pasar 618 años y 12 días en la cárcel. Recuperó la libertad en noviembre de 2013. Habían transcurrido 29 años y 5 meses desde que fue arrestado.

El Carnicero de Mondragón era un hombre de 68 años cuando regresó a su localidad de origen. En octubre de 2014 concedió una entrevista a Ángeles Escrivá, que fue publicada por El Mundo. En ella Zabarte advertía: «Yo soy un gudari, no necesito demostrar nada». Subrayó que no se arrepentía de sus crímenes. «Si el enemigo reconoce sus hechos, yo los tengo reconocidos. Y si me preguntas, ¿lo hacías para hacer daño? Yo te digo, sí. No tengo ningún reparo en reconocer el daño causado pero que él (el Estado) me reconozca sus hechos porque el que me ha empujado es él». En palabras de Zabarte: «yo no he asesinado a nadie, yo he ejecutado». Confesó que no pensaba en sus víctimas. Ni siquiera conocía sus nombres. Cuando la periodista le preguntó por José María Piris, El Carnicero de Mondragón dijo ignorar a quién se refería.

La frialdad de Zabarte todavía conmociona. Casi tanto como su equivalente actual: los vídeos en los que miembros del Dáesh, el autodenominado Estado Islámico, se graban quemando o degollando a sus rehenes. Ante la brutalidad de la que hacen gala, es natural pensar que unos y otros están perturbados o son psicópatas. Resulta una explicación intuitiva, sencilla y, en cierta manera, tranquilizadora. Sin embargo, los estudios indican que la mayoría de quienes cometen asesinatos de esta naturaleza no padecen trastornos psicológicos severos. Dicho de otro modo, con contadas excepciones, ni Zabarte ni sus compañeros estaban locos. Pertenecían a otra categoría muy distinta: eran terroristas.

Hoy en día no es raro que se utilicen expresiones como «terrorismo machista», «terrorismo medioambiental» o «terrorismo laboral». Al hacerlo se pretende dar una connotación concreta a la violencia contra las mujeres, a los incendios provocados y a la ausencia de medidas de seguridad que propician accidentes en el trabajo. Aquí «terrorismo» ejerce la función de potenciador negativo. No obstante, este uso es incorrecto. Por un lado, la etiqueta no añade información ni hace más inmoral lo que ya es inmoral. Por otro, el abuso de la palabra desdibuja su sentido real. Si todo es terrorismo, nada lo es.

Pese al debate que a nivel académico ha llegado a suscitar el término (¿y cuál no?), es perfectamente factible encontrar una definición que nos sirva para entendernos en estas páginas. ¿De qué hablo cuando hablo de terrorismo? De un tipo de violencia que busca un efecto psicológico, político y simbólico superior al de los daños materiales y humanos directamente producidos por sus atentados. Parafraseando un lema de las Brigadas Rojas (en italiano, Brigate Rosse), el terrorista golpea a una víctima para asustar a cien.

Históricamente, esta herramienta ha sido utilizada tanto por individuos aislados como por diferentes colectivos, desde organismos gubernamentales hasta mafias, pasando por guerrillas. En el presente libro nos centramos en el que han practicado en España las bandas terroristas. ¿Qué entendemos por tales? Se trata de organizaciones de pequeño tamaño que carecen de control sobre un territorio y que emplean los atentados terroristas como principal estrategia para conseguir sus objetivos. Se distinguen, por tanto, de las guerrillas, cuyos integrantes van uniformados y dominan determinadas zonas de las que el Estado está ausente.

El terrorismo moderno tiene precedentes históricos. El más antiguo fueron los sicarii (sicarios), la facción más extremista de los zelotes, el movimiento hebreo antirromano. En la Palestina del siglo i después de Cristo los sicarii eran conocidos por apuñalar a sus víctimas y perderse entre la multitud. Un milenio después, en el siglo x, aparecieron en Oriente Medio los nizaríes o hashshashin (asesinos), una secta ismaelita especializada en magnicidios. Probablemente los hashshashin llegaron a ser coetáneos de los thugs, mezcla entre culto y crimen organizado, que desde la Edad Media hasta la década de 1830 se dedicaban a estrangular y robar a los viajeros en la India. Fueron neutralizados por las autoridades coloniales británicas. En 1865 se fundó en el sur de Estados Unidos (EE. UU.) el Ku Klux Klan (KKK), que pretendía asegurar la supremacía de la «raza blanca» mediante la violencia contra la población negra y el Partido Republicano.

El primer KKK mostraba ya bastantes de los rasgos que han caracterizado al terrorismo moderno. Desapareció formalmente en la década de 1870, pero no tardaron en tomar el relevo otros individuos y grupos, si bien desde presupuestos políticos distintos. Y es que el terrorismo nunca ha sido monopolio de una doctrina. Jesús María Zabarte mataba en nombre de Euskal Herria, pero también se ha matado en nombre de España, de otras patrias, de Dios, de la revolución, de la reacción o de la raza. Los terroristas no comparten una ideología, sino un método y un principio elemental: el fin justifica los medios.

El politólogo David C. Rapoport (2004) ha identificado las cuatro grandes oleadas de terrorismo que han sacudido al planeta desde finales del siglo XIX. La primera, la nihilista / anarquista, estuvo marcada por los magnicidios y la utilización de la dinamita. Su punto álgido se situó entre 1880 y 1900. La segunda generación, la nacionalista / anticolonial, se prolongó desde 1917 hasta 1965. Tuvo una fase inicial, derivada de la paramilitarización y brutalización de la política en la Europa de entreguerras; y otra posterior, vinculada al proceso de descolonización en el Tercer Mundo. El tercer ciclo, el de la nueva izquierda, dio comienzo a finales de la década de los sesenta. El cuarto y último, el fundamentalista religioso, especialmente el de corte yihadista, se ha desarrollado a partir de los años ochenta. Cada oleada ha estado protagonizada por perpetradores con cultura política, propósitos y estrategias relativamente similares.

Como se puede comprobar en la obra colectiva coordinada por Juan Avilés y Ángel Herrerín (2008), España fue uno de los escenarios de la primera generación de terrorismo. En noviembre de 1893 un anarquista lanzó dos bombas en el Liceo de Barcelona que causaron 20 víctimas mortales y 27 heridos. En junio de 1896 un atentado durante la procesión del Corpus Christi en esa misma ciudad acabó con 12 vidas y dejó más de 60 heridos. En agosto del año siguiente un anarquista italiano asesinó al presidente del Gobierno, Antonio Cánovas del Castillo, en el balneario de Santa Águeda (Mondragón). En mayo de 1906 Mateo Morral intentó matar a los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia en el día de su boda. Cuando la comitiva real pasaba por la calle Mayor de Madrid, arrojó una bomba, que falló el blanco pero mató a 15 personas e hirió a otras 117. En noviembre de 1912 el presidente José Canalejas fue asesinado en la Puerta del Sol. En marzo de 1921 el presidente Eduardo Dato fue víctima de otro atentado mortal en la Puerta de Alcalá.

Al sector violento del anarquismo se le contrapuso el pistolerismo o terrorismo blanco. Algunos grandes empresarios contrataron mercenarios que se dedicaban no solo a enfrentarse al terrorismo de corte libertario, sino también a amedrentar a líderes sindicales sin relación con él, cuando no a acabar con sus vidas. Entre sus múltiples crímenes destaca el asesinato de Salvador Seguí, secretario general de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) en Cataluña.

Durante la II República también se cometieron atentados. Según la exhaustiva base de datos elaborada por Eduardo González Calleja (2015), entre abril de 1931 y julio de 1936 las distintas formas de violencia política (entre ellas, el terrorismo) acabaron con la vida de 2.629 seres humanos en nuestro país. Por descontado, la brutalización de la política no fue un fenómeno español, sino que afectó a gran parte de la Europa de entreguerras corroída por el auge de los movimientos de signo totalitario.

La Guerra Civil y los primeros años de la dictadura franquista registraron unos índices de violencia muchísimo más altos que las épocas precedentes. Hubo terror en la retaguardia republicana, pero es incomparable con el que llevó a cabo el bando rebelde y, a la postre, vencedor: primero, asesinatos «en caliente»; después, de manera más ordenada y planificada, juicios sumarísimos, condenas de muerte, campos de concentración, depuraciones, etc. Baste recordar las palabras del general Emilio Mola: «Es necesario crear una atmósfera de terror, hay que dejar sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todo el que no piense como nosotros. Tenemos que causar una gran impresión, todo aquel que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado».

Pese a tales antecedentes, hemos situado el punto de partida de la presente obra en 1960. Hay varias razones para dicha elección. Por una parte, un periodo de sesenta años nos facilita hacer una síntesis manejable. Por otra, al centrarnos en el tercer y cuarto ciclos de terrorismo, evitamos mezclar organizaciones y momentos históricos dispares. El último motivo tiene mayor peso: 1960 es la fecha que marca la vigente Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que tomó como referencia la bomba que el 27 de junio de aquel año mató a la niña Begoña Urroz en la estación de tren de Amara (San Sebastián).

La tercera oleada de terrorismo surgió en los países desarrollados durante los años sesenta del pasado siglo bajo un influjo doble. Por un lado, el marxismo heterodoxo de la New Left y la resaca de las revueltas estudiantiles del 68. Por otro, el tercermundismo: el Movimiento 26 de julio dirigido por Fidel Castro, que desde sus bases de Sierra Maestra había derrocado al dictador cubano Fulgencio Batista en 1959; la figura carismática de Ernesto «Che» Guevara, que intentó exportar aquella fórmula guerrillera por medio del foquismo a países como el Congo y Bolivia; el Frente de Liberación Nacional de Argelia, que había logrado la independencia de la antigua colonia francesa en 1962, o las derrotas sucesivas de Francia y EE. UU. en la guerra de Vietnam (1959-1975).

Esta generación estuvo protagonizada por bandas de extrema izquierda como la Rote Armee Fraktion (RAF, Fracción del Ejército Rojo) en la República Federal de Alemania, las Brigadas Rojas en Italia o los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) en España. Aunque menos, también hubo grupos de otra orientación política: nacionalistas radicales, como las diferentes ramas del Irish Republican Army (IRA, Ejército Republicano Irlandés), los lealistas del Ulster o ETA; de ultraderecha, como los italianos Ordine Nuovo y Nuclei Armati Rivoluzionari, y parapoliciales, como el Batallón Vasco Español (BVE) o los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).

Pese a sus divergencias doctrinales, el grueso de la militancia de tales organizaciones compartía juventud, extremismo, desprecio por la vida humana y fascinación por el modelo guerrillero tercermundista. Al no poder aplicar ese patrón en Occidente, recurrieron a un sucedáneo: el terrorismo.

Suele establecerse el inicio del tercer ciclo en torno a 1968. El 7 de junio de ese año ETA acabó con la vida del guardia civil José Antonio Pardines. Al mes siguiente, un ultranacionalista croata puso una bomba en un cine de Belgrado que causó una víctima mortal y 89 heridos. En Irlanda del Norte la lealista Ulster Volunteer Force (UVF, Fuerza Voluntaria del Ulster) ya había asesinado en 1966. El IRA provisional hizo lo propio en 1969, prácticamente a la vez que los Tupamaros uruguayos y los neofascistas italianos. Los Montoneros argentinos comenzaron a matar en 1970; la RAF; en 1971; el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), en 1973; las Brigadas Rojas, en 1974, y los GRAPO, en 1975.

De acuerdo con la Global Terrorism Database (GTB), que comienza a contar desde 1970, entre tal fecha y 1989 el terrorismo arrebató la vida a 75.310 personas y causó lesiones a otras 56.932 a lo largo del planeta. En ese mismo periodo se registraron en Europa 4.945 víctimas mortales y 9.049 heridos. Con razón la etapa que va desde finales de la década de los sesenta hasta finales de los ochenta ha sido denominada «los años de plomo», término originario de Italia (anni di piombo). Entre 1970 y 1989 las bandas terroristas neofascistas y de extrema izquierda cometieron 394 asesinatos en el país transalpino, a los que hay que sumar 1.143 heridos. Gran Bretaña acumuló aún más damnificados: 2.841 muertos y 2.867 lesionados. Reino Unido, España e Italia fueron, por ese orden, los países más afectados por la tercera oleada de terrorismo en Europa, seguidos de lejos por Francia, la República de Irlanda, Alemania y Portugal. Ahora bien, se trató de un fenómeno universal: también golpeó a América, África o Asia. La excepción fue el Bloque del Este, donde apenas hubo muestras de este ciclo de violencia a consecuencia del férreo y eficiente control policial que ejercían las dictaduras de corte comunista.

Pese al nivel de muerte y destrucción que produjo la tercera oleada de terrorismo, no alcanzó sus objetivos centrales. Rechazadas por la ciudadanía y descabezadas por las operaciones policiales, casi todas las bandas fueron desapareciendo a lo largo de los ochenta. Solo resistieron aquellas de ideología etnonacionalista que habían concitado cierto respaldo político y social: los lealistas norirlandeses, el IRA y ETA.

La actividad de estos vestigios de la tercera ola se solapó con la de la cuarta, la del terrorismo de corte yihadista, cuya génesis suele situarse en la guerra de Afganistán (1978-1992), durante la cual los muyahidines (combatientes islámicos fundamentalistas) locales e internacionales consiguieron derrotar a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Uno de ellos, el saudí Osama bin Laden, fue el autor intelectual de la masacre consumada por Al Qaeda (La Base o La Red) el 11 septiembre de 2001 en Nueva York. El yihadismo también estuvo detrás de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Según la GTB, entre 1990 y 2018 los terroristas han causado 359.671 asesinatos y 492.822 lesionados en todo el mundo, de los cuales 9.155 víctimas mortales y 21.491 heridos se contabilizan en Europa.

Las matanzas yihadistas provocaron un rechazo unánime en Occidente y pusieron en guardia a los gobiernos e instituciones supranacionales. Así se conformó una coyuntura internacional desfavorable para los intereses de los perpetradores del anterior ciclo. Agotado, cercado policialmente, con cada vez más problemas y menos apoyos, lo que quedaba de la vieja generación perdió la fe en la victoria. No se trató de una reflexión moral, sino de puro pragmatismo: la violencia se había demostrado inútil. El IRA provisional anunció su desarme en 2005 y, pese a que sufrió la escisión de algunos grupúsculos de nostálgicos, se considera desmantelado desde septiembre de 2008. ETA declaró el cese definitivo de su actividad terrorista en octubre de 2011. Siete años después, puso fin a su historia.

Para entonces hacía tiempo que en España ETA había cedido el papel de principal amenaza terrorista al yihadismo. El país ha sido golpeado varias veces desde el 11-M por este tipo de violencia fundamentalista tanto dentro como fuera de sus fronteras. En agosto de 2017 dos ataques producidos en Barcelona y Cambrils acabaron con la vida de 16 personas. Los reivindicó el Dáesh. El cuarto ciclo de terrorismo, el más letal de todos, todavía no ha llegado a su fin.

Si ampliamos el arco cronológico lo máximo que nos permite la GTB, desde 1970 hasta 2018, podemos sumar las consecuencias humanas de la tercera y de la cuarta oleadas de terrorismo. Los atentados de este tipo de violencia política a escala mundial arrojan un saldo de proporciones catastróficas: 434.981 asesinatos y 549.754 supervivientes con secuelas físicas. Grosso modo, un millón de damnificados directos.

De ellos, ¿cuántos corresponden a España? De acuerdo con la GTB, entre 1970 y 2018 los terroristas acabaron con la vida de 1.289 personas y causaron lesiones a otras 4.935. Podemos afinar más gracias a las listas del Ministerio del Interior, que ha reconocido a 1.451 víctimas mortales y a 4.983 heridos en atentados terroristas producidos entre 1960 y la actualidad. Se trata de cifras oficiales, más completas que las de la GTB, que computan tanto a extranjeros damnificados dentro de nuestras fronteras como a ciudadanos españoles que han sufrido ataques en otros países.

Ahora bien, hay que tomar estos datos con precaución. El registro incluye a aquellos que han sido indemnizados tras un proceso administrativo que se inicia a petición del damnificado o sus allegados. No todos lo han hecho o lo han podido hacer. Faltan, por ejemplo, una víctima mortal de 1962, Manuel Eleuterio Liáñez, y otra de los ataques contra las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001, Silvia de San Pío. Sin embargo, sí están computados algunos casos dudosos o en los que no hay suficientes pruebas sobre la implicación de bandas terroristas, ya que en la década de los ochenta los trámites no eran tan rigurosos como luego lo han sido. Por otro lado, un número indeterminado de lesionados fallecieron antes de tener la posibilidad de solicitar el reconocimiento, no se enteraron a tiempo de que existía esa posibilidad, prefirieron no realizar los trámites o no conservaban pruebas del origen de sus secuelas, por lo que su solicitud fue desestimada. Todo apunta a que el número real de heridos es superior a 4.983. Pese a estas advertencias, hay que subrayar que el listado oficial del Ministerio del Interior es el más fiable de los disponibles actualmente.

Aunque los números nos ayudan a hacernos una idea de conjunto, José María Calleja (1997) nos enseñó que siempre hay que tener presente que las víctimas del terrorismo no son simples estadísticas. Los perpetradores las intentaron animalizar y cosificar antes de borrarlas de la faz de la tierra; los apologistas del terrorismo pretenden ahora que los damnificados caigan en el olvido. Para evitar que ocurra, los historiadores debemos elaborar un relato veraz en el que las víctimas sean visibles. En palabras de una de ellas, Cristina Cuesta (2000), «una relectura de la historia de la violencia terrorista desde el punto de vista de sus afectados nos lleva a una comprensión humana del problema».

Por eso aquí no solo se habla de cifras, sino también de biografías con nombres y apellidos. La mayoría de las entradas que siguen a cada capítulo están dedicadas a los damnificados, sus circunstancias personales y los atentados que les afectaron. Sus vidas, secuestros, heridas y muertes ilustran los efectos reales del terrorismo. Tienen una dimensión universal. Y es que, siguiendo al filósofo Manuel Reyes Mate (2013), «si alguien reconoce a una víctima, tiene que reconocer a todas».

A nivel mundial se ha editado una casi inabarcable literatura científica sobre el terrorismo. Los avances también son evidentes en España, donde esta materia es objeto de estudio de periodistas, historiadores, politólogos, sociólogos, criminólogos y otros científicos sociales. Gracias a sus investigaciones, pese a que todavía quedan algunas lagunas, estamos en condiciones de construir un relato riguroso acerca de la trayectoria de las organizaciones terroristas y las consecuencias de sus actos. Ahora bien, debido a la propia dinámica académica, que obliga a la publicación en revistas especializadas de escasa circulación, se ha descuidado la divulgación. El conocimiento está atrapado en un circuito cerrado: los investigadores escriben trabajos eruditos que acaban sepultados en las estanterías de las bibliotecas universitarias, donde solo sirven como fuente para nuevos trabajos eruditos. No llegan a la sociedad que, en la mayoría de las ocasiones, sufraga nuestros proyectos de investigación y nuestras carreras profesionales. Como resultado, casi no hay obras generalistas, con las notables excepciones de Historia general del terrorismo de Kepa Aulestia (2005), El terrorismo en España: de ETA a Al Qaeda de Juan Avilés (2010) o El laboratorio del miedo: Una historia general del terrorismo, de los sicarios a Al Qa’ida de Eduardo González Calleja (2013).

Siguiendo su estela, este libro pretende conjugar el rigor académico y la divulgación. Se ha procurado cuidar el estilo literario, se han limitado las referencias a obras de consulta y se han eliminado las notas a pie de página. Si el lector quiere profundizar en la historia de cualquiera de las bandas terroristas que se citan, al final del libro encontrará una bibliografía esencial.

El autor desea agradecer las útiles sugerencias, correcciones y aportaciones de Raúl López Romo, José Luis de la Granja, Florencio Domínguez, Rafael Leonisio, Juan Francisco López Pérez, Francisco Grajal Torres, Juan Avilés, Manuel Gallego López, Matteo Re, Xavier Casals, David Mota Zurdo, Lorenzo Castro, Luis de la Corte, José Francisco Briones Aparicio, Liviana Bucureșteanu, Carlos de Miguel, Josu Rueda, Carmen Ladrón de Guevara, María Jiménez, T. Serna y la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior. Ricardo García Cárcel y Raúl García me dieron la oportunidad de escribir esta obra, por lo cual les estoy muy agradecido.

Este trabajo se ha realizado en el marco del programa de investigación del Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, del proyecto de investigación de la UPV/EHU PGC2018-094133-B-100 (MCIU/AEI/FEDER, UE) y del Grupo de Investigación GIR-03 Humanidades y Ciencias Sociales en la Era digital y tecnológica de la Universidad Isabel I.

CAPÍTULO PRIMERO

EPÍGONOS DEL MAQUIS. EL DRIL Y DEFENSA INTERIOR

A QUEMARROPA. EL OCASO DE LA GUERRILLA ANTIFRANQUISTA

El 17 y 18 de julio de 1936 gran parte del Ejército y de las derechas se sublevaron contra el Gobierno de la II República española. El golpe de Estado fracasó, lo que dio lugar a una larga y cruenta Guerra Civil. Finalizó en abril de 1939 con la victoria de los insurrectos, que habían contado con el apoyo de la Alemania nazi y la Italia fascista. Acaudillados por el general Francisco Franco, instauraron una dictadura que enterró la experiencia democrática republicana y todo atisbo de pluralismo. También llevaron a cabo una despiadada represión contra los vencidos, los militantes de izquierdas y los nacionalistas periféricos, primero en forma de asesinatos extrajudiciales, luego mediante procesos judiciales sumarísimos. Enrique Moradiellos (2018) calcula que la represión franquista «fue responsable de un elevado número de víctimas mortales que probablemente alcanzó una cifra superior a las noventa mil durante la guerra (con otras cuarenta mil tras la victoria y en la inmediata posguerra)». Tampoco olvida las penas de cárcel, multas, destierros y procesos de depuración profesional, así como los cerca de trescientos mil exiliados permanentes. Por supuesto, el régimen no solo se sostuvo gracias a la violencia represiva, que se iría haciendo más selectiva con el tiempo: también estuvo secundado por instituciones como la Iglesia Católica y por un amplio sector de la población.

La derrota del III Reich en la II Guerra Mundial (1939-1945) trajo aparejada la caída de los antiguos aliados de Adolf Hitler. En tal tesitura, la dictadura franquista parecía en peligro. Esperando una pronta intervención de los Aliados, en octubre de 1944 tropas irregulares adscritas al Partido Comunista de España (PCE), que habían luchado en la resistencia francesa, cruzaron la frontera por el valle de Arán. Aunque la invasión resultó un desastre, comunistas, socialistas y anarquistas siguieron impulsando guerrillas y otras formas de resistencia violenta en el interior de España.

Fue en vano. La Guerra Fría permitió la supervivencia del régimen, que se presentaba como un dique contra el avance soviético y, por tanto, como el mal menor para los intereses de las potencias occidentales. En 1952 España ingresó en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Al año siguiente firmó el Concordato con el Vaticano y los acuerdos con EE. UU. En 1955 fue aceptada en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El presidente de EE. UU., el general Dwight D. Eisenhower, viajó a Madrid en diciembre de 1959. Su visita fue interpretada como un respaldo a la dictadura de Franco. Unos meses antes el Gobierno había aprobado el Plan de Estabilización y luego el primer Plan de Desarrollo, que ponía punto final a la política de autarquía. Al coincidir con un ciclo económico favorable a escala mundial, esta nueva dirección permitió un fuerte crecimiento industrial y demográfico durante la década de los sesenta. El régimen se había consolidado.

Las esperanzas que las formaciones antifranquistas tradicionales habían puesto en los países democráticos se fueron esfumando. En el exilio, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el movimiento libertario, las atomizadas siglas republicanas, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y otras agrupaciones de nacionalistas periféricos entraban en una época de división, debilidad y escaso dinamismo. Sus críticos más radicales, minoritarios, les acusaron de haberse acomodado a la espera del fallecimiento del autoproclamado «Caudillo».

Más activo se mantuvo el PCE, que llegó a ser conocido como «El Partido», y al que el franquismo siempre consideró su enemigo número uno. No obstante, los comunistas también se vieron obligados a adaptarse a las circunstancias. La estrategia guerrillera por la que habían apostado no solo se había demostrado inútil, sino que había tenido un altísimo coste humano. A finales de los años cuarenta fue abandonada por el PCE, que en junio de 1956 se puso como objetivo restablecer una democracia parlamentaria por medio de la política de «Reconciliación Nacional»: la renuncia a la violencia y una amnistía general para los dos bandos que se habían enfrentado en la Guerra Civil. Aquella estrategia tardaría mucho en dar frutos: la Huelga Nacional Pacífica que el PCE convocó el 18 de junio de 1959 resultó un fiasco.

Huérfana del liderazgo comunista y cada vez más acosada por las Fuerzas de Orden Público (FOP), la guerrilla antifranquista entró en un inexorable declive. A principios de la década de los sesenta lo que quedaba del maquis llevó a cabo sus últimas acciones. La noche del 3 al 4 de enero de 1960 el anarquista Francisco Sabaté Llopart (Quico) mató al teniente de la Guardia Civil Francisco de Fuentes-Fuentes y Castilla-Portugal en la provincia de Gerona. Al día siguiente un somatén arrebató la vida al propio Quico. El 9 de agosto de 1961, siguiendo órdenes de Valentín González González (El Campesino), un grupo de guerrilleros intentó sabotear la central eléctrica del pantano de Irabia (Orbaiceta, Navarra). Se topó con una pareja de la Benemérita. En el tiroteo falleció el guardia civil Luis Moreno Ortega y resultó herido su compañero.

UNA NUEVA OPOSICIÓN ARMADA

El ocaso del maquis coincidió con la aparición en América Latina y Francia de pequeñas organizaciones armadas que estaban compuestas por veteranos de la Guerra Civil y jóvenes que no habían luchado en ella. Denunciando la aparente pasividad de la oposición antifranquista mayoritaria y de las instituciones republicanas en el exilio, se inspiraban en el derrocamiento de las dictaduras de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela (1958) y, sobre todo, de Fulgencio Batista en Cuba (1959). En ese sentido, aspiraban a reproducir en España el exitoso modelo guerrillero de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, aunque la estrategia de algunas organizaciones, las de corte anarquista, recordaba más a la tradicional «propaganda por el hecho».

La nómina incluye a la Unión de Combatientes Españoles (UCE) (1958-1960), el Movimiento Español 1959 (1959-1963), el Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación (DRIL) (1960-1964), Defensa Interior (1962-1965), el Movimiento por la III República y por la reconstitución del Ejército Republicano (1963-1967) y el Frente Español de Liberación Nacional (1963-1970). Hasta cierto punto, tenían bastantes rasgos en común con el primer Frente de Liberación Popular (FLP) y la primera ETA, que surgieron prácticamente a la vez, entre 1958 y 1959. No obstante, hay razones de peso para dejar al margen a ambos colectivos, que a su vez era muy diferentes entre sí. Por un lado, pese a que en su seno se llegó a debatir acerca de tal posibilidad (por ejemplo, la creación de un foco guerrillero en la Sierra de Cazorla de Jaén), el FLP no se decantó por la violencia, por lo que su historia no tiene cabida en estas páginas. Sí lo hizo ETA, banda a la que se le dedica un espacio específico y mucho más amplio que al resto debido a su letalidad y longevidad.

A caballo entre el crepúsculo de la segunda oleada de terrorismo y el amanecer de la tercera, las organizaciones arriba mencionadas cometieron atentados tanto en España como en el extranjero, pero la mayoría de ellas tuvieron una existencia efímera y nula trascendencia. Practicaron lo que Eduardo González Calleja (2013) ha calificado como «aventurismo armado», es decir, «una violencia de bajo nivel técnico practicada por militantes no especializados, con un carácter puntual y un propósito meramente publicitario». Para muestra, un botón. Entre junio de 1963 y junio de 1964 Andrés Ruiz Márquez (el coronel Montenegro) colocó en Madrid 68 artefactos explosivos de reducida potencia, casi petardos, en nombre del Frente Español de Liberación Nacional del exministro Julio Álvarez del Vayo, antecedente del FRAP. No causó víctimas. El coronel Montenegro fue detenido en junio de 1964. Al mes siguiente fue sentenciado a muerte, aunque se le conmutó la pena capital por otra de reclusión mayor.

Obviando a ETA, solo dos grupos de esta hornada alcanzaron alguna notoriedad, achacable tanto a sus actos de violencia como a la consiguiente represión: sus atentados produjeron tres víctimas mortales y decenas de heridos; sus propios errores, la muerte de uno de sus activistas, y la acción punitiva de la justicia franquista, la ejecución de otros tres.

DE SIERRA MAESTRA A SAN SEBASTIÁN. LAS CAMPAÑAS DEL DRIL

Surgida entre finales de 1958 y principios de 1959, la UCE fue una pequeña organización con presencia en Venezuela y Cuba. Su corta historia estuvo marcada por la personalidad del militar hispanocubano Alberto Bayo, quien durante la Guerra Civil había dirigido el infructuoso desembarco republicano en Mallorca. Exiliado en México, ejerció de instructor del Movimiento 26 de Julio de Fidel Castro, a quien asesoró y acompañó durante la revolución cubana. No es de extrañar que gozara de la confianza del nuevo régimen, que lo ascendió a general. A lo largo de 1959 Bayo declaró públicamente que estaba entrenando comandos que iban a actuar en España siguiendo el modelo que tan buenos resultados había dado en Sierra Maestra. Si Franco no renunciaba, habría «un nuevo e innecesario derramamiento de sangre».

Las soflamas del general y cierta información confidencial hicieron temer un atentado contra la vida del embajador español en Cuba o los aviones de la compañía Iberia. Sin embargo, Bayo no pasó de las palabras a los hechos. En realidad, pese a su liderazgo carismático, el mando operativo de la UCE correspondía a Abderramán Muley Moré (Manuel Rojas), que coordinaba a la militancia cubana, y a José Velo Mosquera, que hacía lo propio con la venezolana. En octubre de 1959 se produjo una disputa por el poder interno: Muley y Velo relegaron a Bayo, que abandonó el grupo para convertirse en su enemigo acérrimo.

En Caracas la UCE entabló conversaciones con el Movimiento Nacional Independiente (MNI). Se trataba de una organización formada por portugueses exiliados que luchaban contra la dictadura de António Salazar. El MNI estaba abanderado por dos militares que habían hecho cierta carrera política en el Estado Novo, del que habían sido firmes partidarios hasta que, agraviados por uno u otro motivo, acabaron enfrentándose a él: el general Humberto Delgado y el capitán Henrique Galvão. Habían constituido el MNI en 1958, desilusionados por la escasa iniciativa de la oposición portuguesa, la cual, a su vez, desconfiaba tanto de su pasado salazarista como de su anticomunismo y su ambiguo respaldo al colonialismo.

La UCE y el MNI convergieron para dar lugar al DRIL, que, según recogía el periódico La Razón de Caracas, se fundó en febrero de 1960, aunque es posible que funcionase desde antes. Al Directorio se adhirieron antisalazaristas y antifranquistas residentes en Europa occidental y Latinoamérica, como fue el caso del comandante José Fernández Vázquez (Jorge Sotomayor).

Réplica al Pacto Ibérico que Franco y Salazar habían firmado en 1942, el DRIL era un movimiento hispanoluso con el fin fundacional de derrocar a ambas dictaduras para instaurar sendas repúblicas, que podrían federarse entre sí. Como su propio nombre indica, se inspiraba en el Directorio Revolucionario 13 de marzo, una de las organizaciones que habían luchado contra Batista en Cuba. El DRIL estaba poco estructurado e ideológicamente era muy heterogéneo: en sus filas había desde liberales hasta anarquistas, pasando por republicanos, marxistas y nacionalistas gallegos. De hecho, aparte de su horizonte republicano federal iberista, lo único que unía a sus miembros era su apuesta estratégica por la violencia.

La organización recibió ayuda de la Cuba castrista, que estaba enviando expediciones de guerrilleros a Panamá, Nicaragua, República Dominicana, Haití, Guatemala... Se trataba de exportar su patrón revolucionario. No obstante, sería un error entender el Directorio como un simple instrumento de Fidel Castro, ya que siguió su propia dinámica y el respaldo cubano se redujo por la intromisión del PCE, cuya política de «Reconciliación Nacional» se veía amenazada por los atentados del DRIL.

En octubre de 1959 uno de los miembros del Directorio, Santiago Martínez Donoso, se trasladó desde Cuba hasta Madrid. Haciéndose pasar por periodista del diario La Calle (La Habana), intentó formar varios comandos. Lo hizo en dos entornos diferentes. El primero lo conformaban personas que, según fuentes policiales, «frecuentaban establecimientos de bebidas, salas de fiestas, y aparecían como jóvenes sin moral y de pocos escrúpulos». Al parecer, solo estaban interesados en los fondos de los que disponía Martínez Donoso, por lo que este desistió de reclutarlos. Sin embargo, el enviado del DRIL consiguió formar una célula operativa con su primo, Antonio Abad Donoso, y el dueño de un bar, Justiniano Álvarez Montero.

A principios de febrero de 1960 Martínez Donoso regresó de un viaje a Francia con un cargamento de explosivos y la compañía de José Ramón Pérez Jurado, otro militante del DRIL. El día 18 de ese mes Abad Donoso y Pérez Jurado colocaron cuatro bombas en Madrid. La primera estalló de madrugada en el Ayuntamiento. La segunda, en la calle Toledo. Cuando llegaron los policías, encontraron herido de muerte a Pérez Jurado, al que le había explotado su propio artefacto. Más tarde se descubrieron y desactivaron los otros dos: uno escondido en las oficinas de Iberia en la plaza de Cánovas del Castillo; y el último, bajo la estatua de Velázquez, al lado del Museo del Prado. Todas las bombas eran iguales: una caja de madera que tenía en su interior un reloj despertador, una pila, un detonador eléctrico y cinco cartuchos de tolamita de 100 gramos cada uno. El explosivo había sido producido por una compañía francesa.

Santiago Martínez Donoso escapó a Francia, pero Antonio Abad Donoso y Justiniano Álvarez Montero fueron detenidos. Se les confiscaron 150 cartuchos de tolamita, ocho detonadores y dos metros de mecha rápida. Las autoridades franquistas protestaron porque los atentados se habían preparado en Toulouse y denunciaron la complicidad del régimen castrista. Hay que tener en cuenta que Cuba servía de base a una parte muy radicalizada de la oposición antifranquista mientras que España se estaba convirtiendo en el principal destino europeo de los refugiados anticastristas. Por otro lado, en enero de 1960 Fidel Castro había ordenado la expulsión del embajador español, Juan Pablo Lojendio, lo que estuvo a punto de romper las relaciones diplomáticas entre ambos países.

El Juzgado Especial Nacional de Actividades Extremistas del coronel Enrique Eymar, antecedente del Tribunal de Orden Público, inició un proceso sumarísimo en el que, como era habitual, no se respetó ninguna garantía para los acusados. Álvarez Montero fue condenado a 30 años de cárcel. Abad Donoso, a la pena capital por «un delito de terrorismo consumado». El fusilamiento se efectuó a las 5:00 horas de la mañana del 8 de marzo de 1960.

Tanto la dictadura de Salazar como la de Franco acusaron al DRIL de ser un apéndice del comunismo. Que se lo relacionara con la violencia terrorista suponía un grave problema para el PCE, por lo que se defendió no solo desvinculándose públicamente del Directorio sino también tratando de minar sus apoyos internacionales. Además, pretendió transferir la responsabilidad de los atentados a agentes provocadores del régimen franquista, cuando no a los EE. UU., falsedad que tendría largo recorrido.

Los líderes del DRIL tendrían muy presente la muerte de sus compañeros en Madrid unos meses después, cuando pusieron en marcha una nueva operación, esta vez con otro método: ocultaron bombas con temporizador en maletas que fueron facturadas por la red española de ferrocarriles, para que los terroristas tuvieran tiempo de huir. Sobre las 20:30 horas del 26 de junio de 1960 un artefacto estalló en un tren que hacía el trayecto Barcelona-Madrid, entre las paradas de Quinto y Pina de Ebro (Zaragoza). Al día siguiente, 27 de junio, se registraron explosiones en las consignas de equipaje de cuatro terminales de ferrocarril, que sufrieron sendos incendios: a las 8:00 horas de la mañana en la de la estación del Norte de Barcelona, a las 17:25 en la del Norte de San Sebastián, a las 19:10 en la de Amara de San Sebastián y en la del Norte de Madrid. Por último, el 29 de junio, a las 6:30 horas, hubo otro atentado en la estación de Achuri de Bilbao.

Pese a los incendios y destrozos, solo hubo que lamentar desgracias personales en San Sebastián. Según Oficina de Prensa de Euzkadi, órgano oficial del Gobierno Vasco en el exilio, la bomba de la estación del Norte

destrozó los cristales de la sala, que salieron disparados sobre el andén y los tabiques, produciendo además un pequeño incendio que tuvo que ser sofocado con la intervención de los bomberos. El encargado de la Consigna, don Carlos Íñigo Acevedo [...] fue herido levemente en la frente y curado en el Cuarto de Socorro.

En Amara cinco personas resultaron heridas leves. Begoña Urroz Ibarrola, una niña de 20 meses, salió peor parada. Había sufrido quemaduras en todas sus extremidades y en la cara, así como heridas contusas en pierna y pie izquierdos. La llevaron a la clínica del Perpetuo Socorro, donde ingresó en estado grave. Murió el 28 de junio.

Al día siguiente el DRIL, por boca del capitán Galvão, reivindicó los atentados en el diario El Nacional (Caracas). Un par de semanas después él mismo advirtió que «las revoluciones para derrocar a los tiranos no se hacen con té y simpatía ni con bombones. Hay que emplear la violencia para responder a la que ellos usan». En los años siguientes otros líderes del Directorio admitirían la autoría de las bombas de junio de 1960. Ninguno de ellos pidió perdón por la muerte de Begoña Urroz.

La investigación policial apuntó al DRIL desde el principio. El 1 de julio de 1960 se arrestó a algunas personas a las que Santiago Martínez Donoso había intentado reclutar durante su estancia en Madrid, pero no habían tenido nada que ver con la campaña terrorista.

Por esas mismas fechas, pero en San Sebastián, las FOP identificaron como uno de los autores materiales de los atentados a Guillermo Santoro Sánchez. Gracias a una fotografía, fue reconocido por varias personas, entre ellas un viejo conocido, el personal de las dos estaciones de tren y los empleados de Casa Rodrigo, tienda en la que había comprado tres maletas de cartón recubiertas de lona listada, por un total de 375 pesetas. Después, con ayuda de un cómplice, Santoro Sánchez habría escondido explosivos dentro de las maletas, que habría facturado como equipaje por tren.

Unos días más tarde la Guardia Civil descubrió en Andorra a Reyes Marín Novoa, quien habría confesado a un confidente ser «el autor de la colocación de una bomba en la estación de San Sebastián y que acto seguido se internó en Francia, a Toulouse, donde está la organización». Cuando la Policía andorrana acudió al hotel en el que solía almorzar, Marín Novoa no apareció. Sus homólogos franceses confirmaron que se encontraba al otro lado de la frontera, pero que «estaba allí protegido».

Marín Novoa viajó a Lieja (Bélgica), donde en septiembre de 1960 tuvo lugar una reunión de miembros destacados del DRIL. La interrumpió la Policía belga. Hubo 14 arrestados, a los que se les incautaron armas y explosivos. La dictadura franquista solicitó su extradición, pero fue rechazada. En un mes y medio los militantes del Directorio habían salido en libertad.

En enero de 1961 el Juzgado Especial Nacional de Actividades Extremistas requirió la comparecencia de Guillermo Santoro Sánchez, Reyes Marín Novoa y Arturo González-Mata Lledó como acusados de haber cometido los atentados de junio de 1960. Nunca fueron capturados. Nadie fue condenado por el asesinato de Urroz. Ni siquiera se celebró un juicio. Y nunca se celebrará: la Ley de Amnistía de octubre de 1977 anuló el delito mismo, extinguiendo toda responsabilidad.

El segundo y último asesinato del DRIL también quedó impune. El 22 de enero de 1961 el trasatlántico portugués Santa María salió del puerto de Curazao, isla que entonces formaba parte de las Antillas Neerlandesas, con destino a Lisboa. Perteneciente a la Companhia Colonial de Navegação, transportaba aproximadamente a 610 viajeros y 350 tripulantes. Ese día la nave fue asaltada por un comando del DRIL: 24 hombres armados, de nacionalidad portuguesa y española, en su mayoría procedentes de Venezuela. Estaban dirigidos por Galvão, Velo y Fernández Vázquez.

Durante la operación, los atacantes dispararon a un pasajero y a dos miembros de la tripulación: el practicante de piloto y el tercer piloto del buque, João José do Nascimento Costa. Este marino de 25 años, que en aquel momento ejercía de oficial de guardia en el puente de mando, recibió tres impactos de bala: en el brazo izquierdo, en la clavícula derecha y en el vientre. Falleció poco después. Acababa de ser padre, pero nunca llegaría a conocer a su hija, Maria da Silva. «Sofreu terrivelmente durante varias horas», relató después un testigo en la prensa.

En febrero el barco desembarcó en Recife (Brasil). Los secuestradores obtuvieron asilo político en el país. El impacto de la operación en la prensa internacional había supuesto un duro golpe para el prestigio de la dictadura de Salazar. Según un trabajo inédito de Lorenzo Castro, también había producido «un efecto inmediato entre el exilio español». Un significativo sector del antifranquismo, que hasta entonces había mantenido las distancias con el DRIL, cuando no lo había difamado, ensalzó lo que se percibía como una hazaña.

Ahora bien, el barco solo era la primera fase del ambicioso proyecto del Directorio. Según sus estrategas, iba a contribuir a un levantamiento en las colonias portuguesas que luego, gracias a un efecto dominó, acabaría contagiando a toda la península. No ocurrió tal cosa. Por añadidura, lejos de debilitar el nexo entre las dictaduras ibéricas, lo fortaleció: ambos regímenes colaborarían estrechamente para acabar con su enemigo común.

Aunque fugaz, el DRIL gozó de cierto protagonismo. En la prensa y en la documentación diplomática y policial no cesaron de aparecer noticias alarmistas acerca de sus supuestos planes. Tanto Salazar como Franco se pusieron en guardia, creyendo inminente un nuevo ataque. Nunca llegó a producirse, pero, aun así, tuvo consecuencias. Siguiendo la documentación judicial, en marzo de 1961 habían llegado «confidencias y noticias a los servicios de información» acerca de «planes que los elementos extremistas se proponían desarrollar para llevar a cabo en nuestra Patria, mediante atentados terroristas, algún golpe de efecto, parecido a los que habían tenido lugar espectacularmente en otros países». El día 26 de ese mes un empresario arruinado, que buscaba un certificado de buen comportamiento como aval, realizó una falsa denuncia en la comandancia de la Guardia Civil de Vitoria. Por puro azar habría escuchado una conversación entre los miembros de un comando terrorista proveniente de Francia, que planearían poner bombas en centros oficiales de distintas provincias a modo de distracción antes de «atacar Madrid». No era más que una burda mentira, pero, cuando al día siguiente un guardia jurado identificó en Vitoria un coche similar al que había señalado el denunciante, se produjo una alarma generalizada en Álava y sus provincias limítrofes. El automóvil fue detenido en un control policial situado a la entrada de Bilbao. Sin que quede constancia del porqué, uno de los agentes abrió fuego. Al escuchar el tiro, creyendo que se trataba de un ataque terrorista, el resto de los policías y guardias civiles dispararon a los sospechosos. El resultado fue una víctima mortal, Javier Batarrita, y un herido grave, José Antonio Martín-Ballestero, que quedó paralítico. Aquellos hombres habían ido a Vitoria en un viaje de negocios. Ni iban armados ni tenían absolutamente nada ver con el DRIL. Tampoco con el resto de la oposición antifranquista. El caso produjo un escándalo insólito para la época. Los policías y guardias civiles fueron procesados, uno de ellos dos veces, pero finalmente serían absueltos.

Pese a la inquietud de Franco y Salazar, el Directorio se encontraba en plena descomposición. Durante la travesía del Santa María ya se habían manifestado las tensiones hasta el punto de que los líderes españoles del DRIL llegaron a amenazar de muerte a Galvão. Se multiplicaron los reproches cruzados, probablemente agravados tanto por el descalabro de la operación como por la pérdida del respaldo de Fidel Castro. De hecho, los problemas internos del grupo venían de lejos: contradicciones doctrinales, divergencias estratégicas, problemas de dinero, tiranteces entre españoles y portugueses, celos y el afán de protagonismo de los líderes, que apenas se soportaban entre sí. Se sucedieron las sospechas, los insultos, las amenazas, las acusaciones de deslealtad o incluso de traición y las purgas. La sección portuguesa volvió a funcionar de manera independiente.

Las declaraciones demagógicas, la inactividad, las peleas en público y los cismas habían acabado con el capital político que el grupo había acumulado con el secuestro del Santa María. El Arquivo da Emigración Galega custodia el último documento del Directorio del que hay constancia, con fecha del 24 de noviembre de 1964. Probablemente lo que quedaba del DRIL desapareció poco después.

NIETOS DE MATEO MORRAL. DEFENSA INTERIOR

La Guerra Civil y la represión franquista habían sido devastadoras para el movimiento libertario, compuesto por la CNT, la Federación Anarquista Ibérica (FAI) y la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (FIJL). No obstante, en los años cuarenta los ácratas lograron reorganizarse e impulsar ciertas formas de violencia política contra la dictadura. A mediados de la década siguiente, cuando se hizo patente el afianzamiento del régimen, la CNT renunció a la «acción directa», aunque algunos maquis continuaron operando por su cuenta.

En aquel momento el anarquismo español atravesaba una profunda crisis. Por razones ideológicas, estratégicas y generacionales, se encontraba dividido en dos facciones: una ortodoxa y otra posibilista. Para acabar con el cisma, entre agosto y septiembre de 1961 se celebró el II Congreso Intercontinental en Limoges (Francia), en el cual se decidió la reunificación de la CNT y la constitución de una alianza con la Unión General de Trabajadores (UGT) y Solidaridad de los Trabajadores Vascos (STV). También se aprobó un dictamen reservado: la creación de Defensa Interior. A decir de Ángel Herrerín (2004), aquel paso respondía tanto al peso de los partidarios de la violencia, mayoritariamente encuadrados en Juventudes Libertarias, como a la aparente «fe del converso» de quienes hasta entonces se habían opuesto a ella. Cabe añadir que en la historia del anarquismo español había minoritarios pero significativos precedentes del recurso al terrorismo.

La meta de Defensa Interior era reactivar la «lucha armada» contra el régimen y, a ser posible, asesinar a Franco, algo que los ácratas ya habían intentado varias veces. En cierto modo, se trataba de recoger el testigo de la «propaganda por el hecho» y el malogrado maquis. Defensa Interior dependía de una comisión formada por los secretarios de la CNT, la FAI y la FIJL, pero en la práctica estuvo propulsada por los más jóvenes: hijos de anarquistas exiliados como Octavio Alberola, quien ya había participado en el Movimiento Español 1959, y emigrantes salidos de España en busca de trabajo. Primero implícitamente y luego de manera abierta, otro sector del movimiento libertario se resistiría al empleo de la violencia. Entre otras razones porque temía que, si el Gobierno francés descubría que se utilizaba su territorio para preparar los atentados, la CNT fuese ilegalizada en aquel país. Se pretendió conjurar tal posibilidad reivindicando algunas de las bombas en nombre de un fantasmal Consejo Ibérico de Liberación, lo que no engañó a nadie.

En mayo de 1962 la dirección de Defensa Interior acordó que al mes siguiente se perpetrarían los primeros atentados. Entre esa fecha y junio de 1963 cerca de 40 artefactos estallaron tanto dentro como fuera de España. Sus objetivos eran variados: el Vicariato General Castrense, sucursales bancarias, colegios mayores, la casa consistorial de Valencia, delegaciones del Instituto Nacional de Previsión, oficinas del sindicato vertical, postes de la línea eléctrica, la carretera al Palacio de Ayete, sedes de periódicos, el Gobierno Militar de Guipúzcoa, aviones de Iberia, etc.

También llevaba su sello la explosión que el 13 de junio de 1962 se registró en la madrileña calle de Sagasta. Produjo dos heridos leves y una víctima mortal, Manuel Eleuterio Liáñez Benítez, un viajante de 71 años originario de Huelva que malvivía de su escasa pensión. Durante la Guerra Civil Liáñez había sido responsable de un parque de Intendencia de la CNT, puesto que le permitió salvar la vida a un desconocido del que le separaba un abismo ideológico: un pequeño empresario afiliado a la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) detenido en la checa de Fomento.

Aquel antiguo anarcosindicalista no era el objetivo del atentado. Los miembros de Defensa Interior habían ocultado una bomba en un paquete que depositaron en la cercana delegación del Instituto Nacional de Previsión. El juez instructor concluyó que la víctima «[sin] duda alguna vio el artefacto colocado en una cartera y sin saber de lo que se trataba, como pobre mendigante, se apoderó de ella y al querer manipular en la cartera, para ver qué llevaba, sobrevino la explosión que le causó la muerte». Con un matiz. Tal vez el hurto le había llevado al fin de sus días, pero antes la miseria le había empujado al hurto. De cualquier manera, pese a que el Ministerio de Gobernación llegó a dar los nombres de algunos sospechosos, no se juzgó a nadie. El sumario se cerró en diciembre de 1962.

No es el caso de la carga que Defensa Interior detonó en la basílica del Valle de los Caídos el domingo 12 de agosto de 1962. Según ABC, el artefacto había sido ocultado «bajo uno de los bancos destinados a los fieles, que están cerca del Altar Mayor y próximos a la capilla del Santísimo». No hubo damnificados, ya que la bomba estalló «poco después de terminada la misa que se celebra los días festivos a las seis de la tarde». Los responsables del sabotaje habían sido el perito electricista Antonio Martín Bellido y el anarcosindicalista francés Paul Desnais. No obstante, las FOP arrestaron al joven estudiante Francisco Sánchez Ruano, que había estado visitando el lugar con unos amigos extranjeros en el momento del suceso. No había tenido nada que ver, pero fue suficiente con que en su casa se encontrase propaganda antifranquista. Se le condenó a 28 años de cárcel, de los que cumpliría 11. El verdadero culpable, Martín Bellido, nunca se planteó entregarse. En 2004 declararía a El País que así «no arreglaba nada. Nunca lo habrían soltado. No me arrepiento. Son cosas que pasan en una guerra. Yo en ese momento pensaba en otras acciones».

En realidad, el atentado del Valle de los Caídos no era más que una forma de desviar la atención de las autoridades mientras en San Sebastián otro comando acometía el plan más ambicioso de Defensa Interior: matar a Franco. Desde la perspectiva libertaria, relatan Octavio Alberola y Ariane Gransac (2004), era «la acción que se consideraba podría ser decisiva». Miembros de ETA habían trasladado los explosivos por la frontera hispanofrancesa, pero allí terminó su papel en la operación. Los anarquistas colocaron una bomba de unos 20 kilogramos en la cuneta de la cuesta de Aldapeta, en la carretera de San Sebastián a Hernani, para hacerla estallar cuando el dictador subiese al Palacio de Ayete, en el que pasaba parte de las vacaciones de verano. Sin embargo, como aquel año Franco retrasó su llegada a la ciudad y la batería se estaba agotando, el comando decidió detonar el artefacto el 19 de agosto. Según la crónica de ABC, «los daños materiales se redujeron a la rotura de algunos cristales de una villa particular y de un noviciado de monjas en las proximidades del solitario lugar». Horas más tarde se produjeron explosiones en las sedes de los diarios Ya (Madrid), Pueblo (Madrid) y La Vanguardia Española (Barcelona). Dos empleados de este periódico, Rufino Calvo y Jesús Gay Medrano, sufrieron lesiones.

En septiembre de 1962 las FOP detuvieron a bastantes militantes de Defensa Interior, que fueron acusados de las bombas de aquel verano. Para presionar contra una eventual condena a muerte, el día 28 de septiembre un grupo anarquista italiano secuestró a Isu Elías, vicecónsul honorario general de España en Milán. El rehén recobró la libertad a los cuatro días. Finalmente, un consejo de guerra sentenció a los libertarios a decenas de años de cárcel, pero no a la pena máxima.

La actividad terrorista de Defensa Interior continuó. El 2 de diciembre de 1962 hubo una explosión en el Gobierno Militar de San Sebastián, que causó daños materiales. El atentado fue reivindicado por el Consejo Ibérico de Liberación, que también reclamó los ataques contra el Colegio de Abogados de Valencia, el Tribunal de Cuentas del Reino en Madrid, el consulado español en Ámsterdam y el Palacio de Justicia de Lisboa.

En el primer semestre de 1963 Defensa Interior puso bombas en varios aviones de Iberia en aeropuertos tanto del país como de otros puntos de Europa occidental. Uno de los aparatos empezó a arder justo antes de despegar. También fueron atacados el ferri Barcelona-Mallorca, oficinas de Iberia y del CSIC o la Embajada de EE. UU. en la capital de España.

El 29 de julio de 1963 un comando de Defensa Interior colocó dos artefactos en Madrid. Uno estalló en la Delegación Nacional de Sindicatos, sin causar víctimas. El otro, en el Departamento de Pasaportes de la Dirección General de Seguridad (DGS). En aquella sala había más de 100 personas: 31 de ellas sufrieron heridas de diversa consideración, la mayoría de carácter leve o reservado, pero el pronóstico de dos mujeres fue preocupante. La comadrona Isabel Peña Muñoz estuvo en estado grave. La aprendiz de modista de 16 años Carmen Anguita Abril, gravísimo. Tanto que le llegaron a dar la extremaunción. La bomba había explotado justo debajo de ella. Tenía seccionada parte del pie, todos los dedos abiertos y quemaduras de diverso grado en espalda, torso, brazos y piernas.

Las FOP arrestaron a dos sospechosos, Joaquín Delgado y Francisco Granado, a los que se incautaron 20,9 kilogramos de explosivo plástico, una granada, una pistola Colt del calibre 45, una metralleta, 89 cartuchos de pólvora negra, dos bengalas, mecha, un radiorreceptor y un transmisor. Tras un consejo de guerra sumarísimo, en el que se les encontró culpables de estos y otros delitos, Delgado y Granado fueron condenados a muerte. Se les ejecutó mediante garrote vil el 17 de agosto de 1963.

Eran miembros en activo de Defensa Interior que estaban en posesión de un pequeño arsenal, pero tanto sus antiguos compañeros como el periodista Carlos Fonseca (1998) y el historiador Ángel Herrerín (2006) consideran a Joaquín Delgado y Francisco Granado inocentes de la bomba de la DGS. Los dos anarquistas tendrían la misión de preparar la infraestructura para un nuevo intento de asesinato de Franco, esta vez en el paseo de la Florida, junto al Puente de los Franceses, pero nada más. Haciendo patentes los graves problemas de funcionamiento de Defensa Interior, sus correligionarios ni siquiera les habrían informado de que había otro comando operando en Madrid. Cuando se produjo el atentado de la DGS, ni Granado ni Delgado estarían preparados para huir. Esta versión está respaldada por la confesión, realizada décadas después de los hechos, de los verdaderos autores materiales de aquella acción terrorista. Se trataba de otros dos integrantes de Defensa Interior: Sergio Hernández y Antonio Martín Bellido.

El impacto emocional de la ejecución de Granado y Delgado, los problemas económicos, la falta de medios, los incuestionables fallos de coordinación, la enérgica represión de las FOP, que se valieron de las informaciones facilitadas por un infiltrado policial, y la creciente oposición a la violencia de una parte del movimiento libertario llevaron a Defensa Interior a la inoperancia. A tal coyuntura hay que sumar que, como respuesta a la preparación en su territorio de aquellas acciones terroristas, las autoridades galas ilegalizaron las Juventudes Libertarias y realizaron redadas policiales contra los anarquistas exiliados. Se cumplían así los pronósticos de la corriente más moderada del movimiento.

En octubre de 1963 Germinal Esgleas y Vicente Llansola fueron elegidos respectivamente secretario general y secretario de coordinación de la CNT, lo que les situaba en los puestos clave de la dirección de Defensa Interior. Irónicamente, ambos eran críticos acérrimos de la violencia que auspiciaba el sector juvenil más radical. No es de extrañar que suspendieran la realización de nuevos atentados, por lo que la actividad del grupo se paralizó. En 1965 el Congreso de Montpellier puso punto y final a la trayectoria de Defensa Interior.

BEGOÑA

Begoña Urroz

En 2011 se aprobó la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que reconocía a las personas que habían sufrido atentados a partir del 1 de enero de 1960. La fecha venía a sustituir a 1968, que era la que marcaba la anterior normativa. Con tal ampliación se reparaba a la familia de Begoña Urroz Ibarrola. En su recuerdo, el Congreso de los Diputados ya había declarado el 27 de junio como Día de las Víctimas del Terrorismo. La jornada, de ámbito nacional, venía a sumarse al día europeo, el 11 de marzo.

En diciembre de 2011 el Ministerio del Interior incluyó a Begoña Urroz en la lista oficial de víctimas del terrorismo. Su hermano Jon declaró al Diario de Navarra que «a lo largo de estos años lo hemos llevado como hemos podido. La madre, con una gran fe. La pena es que el padre ya no está con nosotros y no puede “saborear” el reconocimiento». En abril de 2012 el Gobierno concedió a título póstumo a la niña la Gran Cruz de la Real Orden del Reconocimiento Civil.

Begoña Urroz Ibarrola.

Fuente: El País.

Todas estas iniciativas, que concitaron apoyos casi unánimes, pretendían corregir una situación de desamparo institucional y recuperar la memoria de la que muchos consideraban la primera víctima mortal de ETA. La autoría de esta banda era verosímil. Al fin y al cabo, había asesinado a otros 21 menores de edad y herido a 172. Además, la bomba de Amara de junio de 1960 encajaba con lo que sabemos acerca de su historia inicial: ETA había colocado sus tres primeros explosivos poco antes, en el otoño de 1959. Con todo, no había pruebas sólidas. Obras como las de Alejandro Muñoz (1982) y Xavier Montanyà (2004) apuntaban en otra dirección, al igual que algún documento oficial, como advirtió Santiago de Pablo en El Correo en 2010.

Ahora bien, tampoco había nada definitivo al respecto. Las últimas dudas no se disiparon hasta que en junio de 2019 el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo publicó un extenso informe sobre el caso que confirmó que la bomba que había matado a Begoña Urroz llevaba la firma del DRIL. Aquel trabajo nos permite, además, reconstruir lo sucedido el 27 de junio de 1960 y los días siguientes.

Oficina de Prensa de Euzkadi contó que en la estación de Amara «se hallaba numeroso público en la sala de espera y los cascotes y las llamas alcanzaron a varias personas. La explosión hizo saltar los tabiques del departamento y provocó un incendio en las maletas que allí se hallaban depositadas, debiendo intervenir los bomberos». Sufrieron lesiones seis personas. Una de ellas era Soledad Arruti, la encargada de la consigna de equipajes. Su sobrina nieta, María Begoña Urroz Ibarrola, de 20 meses, quedó gravemente herida.

Se trataba de la primogénita de un matrimonio originario del pueblo navarro de Beinza-Labayen, que había emigrado a Lasarte en busca de trabajo. El padre, Juan Urroz Gragirena, estaba empleado en la fábrica de electrodomésticos Moulinex. La madre, Jesusa Ibarrola Tellechea, había dejado a la pequeña al cargo de su tía, Soledad Arruti. En 2010 declararía al periodista de El País Jesús Duva que

yo solía ir a ayudarla para ganarme unas pesetillas. Aquel día dejé a mi niña con ella mientras yo iba a un comercio cercano a comprarle unos zapatitos para ir a Navarra. Cuando volví, había un lío tremendo. ¡Había estallado una bomba! Mi hija estaba abrasada y otras personas, entre ellas mi tía, heridas. Fue horrible.

Begoña había sido rescatada de entre las llamas por un mozo de servicio exterior de la estación. Ingresó en estado grave en la clínica del Perpetuo Socorro. Sus padres la velaron toda la noche. Los acompañó María Isabel Etayo, la esposa del entonces alcalde de San Sebastián, Antonio María Vega de Seoane Barroso. Según la Hoja del Lunes, esa misma noche

varios médicos se ocuparon de María Begoña [...]. El martes por la mañana experimentaba una ligera mejoría, para por la tarde recaer nuevamente en la gravedad y en un estado del que los auxilios de la Ciencia no pudieron sacarle. A las once de la noche María Begoña fallecía a consecuencia de las atroces quemaduras y heridas recibidas en la estación de Amara. Resultaron infructuosos los auxilios médicos y no sirvió de nada que el mozo del exterior de la estación, don Emeterio Ríos Gómez, se jugase su propia vida.

A las 9:00 horas del 30 de junio se celebró el funeral de la niña en la iglesia parroquial de Lasarte. Estuvo presidido por el gobernador civil, José María del Moral Pérez de Zayas, y contó con la asistencia de las principales autoridades provinciales y locales, «sumándose al mismo todo el pueblo lasartearra visiblemente emocionado». El Diario Vasco reprodujo una foto del gobernador civil dándole el pésame al padre de Begoña Urroz. No obstante, la solemnidad del momento estuvo empañada porque, como recuerda su hermana, «aquellos días eran las fiestas del pueblo. Mi madre nos ha contado muchas veces que el día del entierro de la niña salieron de casa con la cajita blanca mientras la gente cantaba y bailaba por las calles».

Gracias al reportaje de El País, sabemos que, después de enterrar a su hija, la madre de Begoña se tuvo que hacer cargo de la misma consigna de equipajes en la que había explotado la bomba: «Mi tía Soledad estaba herida y no podía trabajar. Así que yo la suplí hasta que se repuso». Los dos hijos supervivientes del matrimonio, Jon y Begoña, quien heredó el nombre de su hermana fallecida, han contado que sus progenitores «sufrieron mucho con la muerte de la pequeñita. A mi padre, eso le quitó media vida. Ella era su niña bonita. Fíjese que era tan así, que poco antes de morir él, hace algo más de un año, nos dijo: “Ahora me voy a encontrar con mi hija”. Mis padres nunca olvidaron ese tremendo mazazo». Por añadidura, el atentado de Amara no sería la última vez que el terrorismo afectó a Jesusa Ibarrola: «Yo tenía una zapatería y dos veces me la destrozaron las bombas que estallaron en una sucursal del Banco Bilbao Vizcaya que había enfrente de mi local».

Teniendo en cuenta esa circunstancia, la falta de información veraz y la cantidad de atentados (sobre todo de ETA) que sufrió San Sebastián, es comprensible que la familia Urroz-Ibarrola sospechase que la banda estaba detrás de la muerte de la niña. Como relataron a El País:

al poco tiempo [del atentado], nosotros estuvimos convencidos de que la bomba de Amara la puso alguien de ETA. Y mucha gente también lo pensaba. Pero era algo de lo que nadie hablaba. En aquellos años, nadie hablaba de esas cosas y nosotros decidimos llevar nuestro drama en la intimidad.

Se trata de una clara muestra del estigma que han sufrido las víctimas del terrorismo en Euskadi. También de la espiral del silencio que, como han estudiado Francisco J. Llera y Rafael Leonisio (2017), ha coartado la libertad de una parte de la ciudadanía vasca. En opinión de Begoña, «años atrás no se hablaba de estas cosas porque era como ponerte en contra de todo el mundo». «En la sociedad en que vivían aquí no se podía hablar. Para mis padres era como un secreto, como una herida, como si encima ellos fueran culpables».

La familia no solo se tuvo que enfrentar al dolor y al miedo, sino también al desamparo. Las autoridades franquistas habían estado presentes en el funeral de Begoña Urroz, pero hasta ahí llegó su compromiso. Al igual que el resto de las víctimas del terrorismo, la niña y los suyos fueron relegados por la dictadura. Por desgracia, la situación del colectivo tampoco mejoró con la llegada de la democracia. La mayoría de las familias de las víctimas tuvieron que esperar a la Ley de 1999. Algunas, como la de Begoña Urroz, hasta 2011.

CAPÍTULO II

EL HUEVO DE LA SERPIENTE. ETA Y LA DICTADURA FRANQUISTA (1959-1975)

EXÉGESIS DE LA VIOLENCIA

La autodenominada «izquierda abertzale» suele explicar los orígenes de ETA apelando a un secular conflicto étnico entre los «invadidos» vascos y los «invasores» españoles, del que la banda no sería más que la última manifestación. Desde ese prisma, durante una especie de Edad de Oro la «nación vasca» habría conformado un ente armonioso, desarrollado e independiente, que terminó abruptamente cuando fue conquistado por España, que la convirtió en una colonia, sometida a expolio y a un proceso de aculturización, cuando no a un genocidio. Lejos de resignarse, los vascos llevarían siglos luchando legítimamente por recuperar su independencia perdida, a menudo con las armas en la mano, como habría ocurrido en episodios como las revueltas bagaudas en la crisis terminal del Imperio Romano, la resistencia de los vascones a la monarquía visigoda, la derrota franca en Roncesvalles (778), Arrigorriaga y otras batallas medievales legendarias, la anexión de Navarra en 1512, la conflictividad social en la Vizcaya de la Edad Moderna, el incendio de San Sebastián en 1813, las guerras carlistas (1833-1840 y 1872-1876), la Guerra Civil (1936-1939) y, por supuesto, el periodo en el que estuvo operativa ETA (1959-2018).

La historiografía académica ha desmentido la veracidad de tal ciclo: la «ocupación española» es una falsificación. Tampoco hay un hilo de continuidad entre los vascones (¿o gascones?) que aniquilaron la retaguardia del ejército de Carlomagno, los partidarios del pretendiente al trono navarro Enrique II de Albret que defendieron el castillo de Maya (Amaiur en euskera) en 1521-1522, las tropas del general Tomás de Zumalacárregui, la partida guerrillera del cura Santa Cruz, los gudaris de 1936 y los comandos de ETA. El «conflicto» nunca ha tenido una entidad real. Se trata de una «guerra imaginaria», por utilizar la expresión de Antonio Elorza (1995): el argumento central de la narrativa histórica del ultranacionalismo.

«Ahora bien», como advertía Walker Connor (1998), «sean cuales fueren sus fundamentos reales, los mitos engendran su propia realidad, ya que, por lo general, lo que más relevancia política tiene no es la realidad, sino lo que la gente cree que es real». Y es que, siguiendo a Martín Alonso (2014), «las historias ficticias producen emociones reales y las emociones tienen consecuencias». Contamos con indicios suficientes como para poder afirmar que el relato histórico tergiversado y el consiguiente discurso del odio influyeron notablemente en los etarras y sus partidarios. Son los denominados «mitos que matan». Se trata de una licencia: en realidad, solo animan a matar. La manipulación de la historia es una precondición para que surja el terrorismo, pero no su causa última.

Hay otra teoría que llegó a estar en boga incluso en el ámbito académico: ETA como consecuencia directa del franquismo. Desde tal perspectiva, los crímenes de la banda serían una reacción a los altísimos niveles de violencia represiva a los que el pueblo vasco habría sido sometido durante la Guerra Civil y la dictadura. La simplicidad de tal explicación es atractiva, pero no se sostiene en hechos. Primero, porque hubo vascos y navarros en ambos bandos. El Viejo Reino aportó tal cantidad de voluntarios a las filas de los sublevados que en 1937 Franco le concedió la Cruz Laureada de San Fernando, la más alta de las condecoraciones militares de España. Por otro lado, durante la contienda e inmediatamente tras ella los rebeldes asesinaron a entre 1.600 y 1.800 personas en el País Vasco y entre 2.200 y 2.500 en Navarra. No se trata de minimizar el drama, porque un solo muerto ya habría sido demasiado, pero lo cierto es que la cifra es muy inferior a las registradas en Málaga (7.471 víctimas mortales), Badajoz (8.914) o Sevilla (12.507). Expresado mediante porcentajes, los franquistas acabaron con la vida de un 0,18 por 100 de los habitantes de Euskadi, frente a entre un 1,5 y 2 por 100 de los del suroeste de España. Sin embargo, ni en Andalucía ni en Extremadura surgieron grupos similares a ETA.

Por añadidura, la absoluta mayoría de las víctimas mortales del País Vasco y Navarra fueron elegidas por su condición de militantes de partidos y sindicatos de izquierdas. Debido a su catolicismo y conservadurismo, los afiliados al PNV sufrieron en menor medida que socialistas, republicanos, comunistas o anarquistas. Por ejemplo, como ha analizado Javier Gómez (2014), solo 12 de las 193 personas asesinadas en Álava tenían el carné del PNV (el 6,2 por 100 del total), pese a que el partido había recibido el 20 por 100 votos de dicha provincia en 1936.

ETA surgió en una coyuntura muy concreta, la del franquismo, que sin duda tuvo un peso específico en su configuración, pero este no fue mayor que el de otros elementos. No cabe, pues, transferir la responsabilidad última de los atentados de ETA al régimen, que tiene que responder de sus propios crímenes. Es sintomático que, como ha calculado Raúl López Romo (2015), los terroristas cometieran el 95 por 100 de sus asesinatos después del fallecimiento del dictador. Al fin y al cabo, como la propia ETA reiteró en sus publicaciones, no era una organización antifranquista, sino independentista.

Otra hipótesis sugiere que hay que buscar la fuente de la «lucha armada» en el nacionalismo vasco y particularmente en Sabino Arana: la banda habría llevado a la práctica lo que ya estaba en potencia en el pensamiento del fundador del PNV y algunos de sus sucesores. Como ha estudiado José Luis de la Granja (2015), el discurso de Arana era racista, agresivo y virulento, pero él siempre rechazó expresamente la violencia, por lo que no puede ser considerado su autor intelectual. Tampoco lo fueron sus herederos directos, como el exaltado neoaranista Eli Gallastegui (Gudari), si bien tuvieron tenues vínculos con la primera ETA. Hasta los años sesenta el nacionalismo vasco carecía de una tradición insurreccional comparable a la del movimiento republicano irlandés. ETA no heredó de sus mayores la «lucha armada», sino que la creó.

Si bien han sido marginales, también hay que mencionar las teorías de la conspiración que se han generado alrededor de la banda. Según algunas de estas interpretaciones, ETA habría sido un peón manejado por poderes superiores que se mantenían en la sombra. Así, hubo quien acusó a la organización terrorista de ser una simple marioneta de los EE. UU., del PNV, del PCE o de la fantasmal Internacional Terrorista de la URSS. En esto último, curiosamente, coincidían tanto el sector más derechista de la formación jeltzale (peneuvista) como figuras destacadas de la dictadura. Basten como ejemplo los artículos del jesuita y profesor de la Universidad de Deusto José Ramón Scheifler, la obra Revolución-represión o burujabetza (1981) y el discurso a las Cortes franquistas que en diciembre de 1970 dio el entonces vicepresidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, quien denunció que ETA, «bajo la aparente filiación política de separatismo vasco, encubre la realidad de su verdadera función de agentes terroristas al servicio del comunismo».

¿GUDARIS? LA NUEVA GENERACIÓN ABERTZALE Y SUS CIRCUNSTANCIAS

La dictadura se sustentó tanto sobre la represión como sobre el sostén de un alto porcentaje de la sociedad, a lo que hay que sumar la pasividad de otro, nada desdeñable, que en los años sesenta empezaba a disfrutar de prosperidad económica. A decir del primer jefe militar de ETA, Xabier Zumalde (El Cabra) (2004), «el pueblo, salvo algunos románticos, no sabía, o no quería saber nada del denominado “problema vasco”. Estaba más interesado en comprar un Seat 600, o al menos un televisor, que en meterse en líos». La imagen de una Euskadi indómita en lucha contra Franco, de la que ETA sería la heroica punta de lanza, no se corresponde con la realidad histórica.

En 1960 el lehendakari (presidente) José Antonio Aguirre murió en París, poniendo fin a una era. Lo reemplazó al frente del Gobierno Vasco en el exilio el también jeltzale Jesús María Leizaola. A partir de entonces la institución pasó a un segundo plano. Tampoco tuvieron un papel destacado el PSOE, la CNT y los republicanos, que habían sido diezmados por la represión, ni el PNV, cuyos afiliados, a decir de Xabier Zumalde, se limitaban a «recordar viejas hazañas, celebrar funerales, comilonas y el Aberri Eguna [Día de la Patria Vasca]». En esa misma época un joven Mario Onaindia (2001) abandonaba las filas peneuvistas porque «no me sentía identificado con su actitud de esperar a que llegara la democracia aplicando la magia simpática de celebrar un Aberri Eguna anual mientras sus militantes se preparaban para copar los cargos de esa democracia». Federico Krutwig escribió en Vasconia (1963) que «parecía que iba a llegar la muerte al sentimiento [nacionalista] vasco. Nada sucedía, nada se hacía».

Aquel temor fue clave para que a finales de los años cincuenta y principios de los sesenta despuntase una nueva generación de abertzales. Estaba muy condicionada por el contexto histórico: la dictadura, su centralismo y su nacionalcatolicismo, una educación militarista que exaltaba la «Cruzada», la prohibición de toda disidencia, la marginación y el retroceso del euskera, el desarrollismo industrial, la llegada de miles de inmigrantes desde el resto de España en busca de trabajo, la reactivación del movimiento obrero, así como el auge de las luchas anticoloniales en el Tercer Mundo. Por otro lado, estos jóvenes compartían ciertas características. En primer lugar, estaban influenciados por un relato tergiversado sobre la Guerra Civil (y otros episodios históricos anteriores) que, siguiendo a Gurutz Jáuregui (1985), el marco dictatorial había hecho creíble: la contienda fue interpretada como una conquista extranjera. Imbuida en la imagen glorificada de los héroes y mártires gudaris, la nueva hornada se autoproclamaba su heredera. En segundo término, enterrando la evolución democristiana y posibilista del PNV, se adscribía a la corriente más extremista y antiespañola de la cultura abertzale. En este sentido, eran patentes sus prejuicios xenófobos contra los inmigrantes del resto de España. Tercero, su objetivo consistía en «recuperar» una Euskadi independiente, «reunificada» (mediante la anexión de Navarra y el País Vasco francés) y monolingüe en euskera. En cuarto lugar, hubo un choque generacional entre los jóvenes exaltados y los veteranos líderes del PNV, a quienes se exigía salir de la inoperancia. Por último, creían que la nación vasca estaba sufriendo una agonía terminal, a consecuencia de un supuesto genocidio puesto en práctica por su eterno enemigo, España. A su entender, la forma más efectiva de evitar la desaparición de Euskadi era la «lucha armada».

La nueva hornada de nacionalistas se encuadró en dos grupos. El primero fue Euzko Gaztedi del Interior (EGI, Juventud Vasca), un organismo dependiente del PNV. Su boletín llevaba el ilustrativo título de Gudari, el mismo que había tenido la revista de los batallones nacionalistas de la Guerra Civil, y su logotipo era una antorcha pasando de la mano de los viejos gudaris a la de sus continuadores. El segundo era Ekin (Hacer), un colectivo formado en 1952 por estudiantes universitarios. Al año siguiente, durante su reunión fundacional, los miembros de Ekin sellaron su compromiso jurando solemnemente sobre un ejemplar de Gudari de la Guerra Civil. A decir de uno de ellos, José Luis Álvarez Enparantza (Txillardegi) (1997), se creían «gudaris y aquella organización [...] se veía como la continuación del Ejército Vasco». Pero, en vez de combatir, se dedicaron al estudio, redescubriendo el nacionalismo vasco en su variante fundamentalista.

La confluencia ideológica entre EGI y Ekin facilitó que en 1956 se fusionaran bajo las siglas de EGI. Fue una unión efímera. Debido a las desconfianzas mutuas, las ansias de control de la dirección del PNV y los problemas internos del propio partido, dos años después se produjo el cisma. Durante un tiempo los antiguos integrantes de Ekin siguieron autoproclamándose la auténtica EGI, pero acabaron por adoptar la denominación de Euskadi ta Askatasuna. Pese a que ya funcionaba de manera independiente a finales de 1958, gracias a Santiago de Pablo (2018) sabemos que la aparición del nuevo nombre data de 1959.

En julio de ese año ETA se presentó al Gobierno Vasco con un texto moderado, recogido en El péndulo patriótico (2001), en el que se proclamaba heredera de la trayectoria de aquella institución. El nuevo movimiento se definía como patriótico, apolítico, aconfesional, demócrata y defensor del derecho de autodeterminación. Pese a aquella declaración, la verdad era que ETA había adoptado una versión intransigente del nacionalismo vasco. Según relataría Federico Krutwig a la revisa Muga, cuando los conoció en persona, los primeros etarras le parecieron «una tendencia más retrograda que la del PNV [...]. Volvían al aranismo más retrógrado». No obstante, estos jóvenes habían modificado el ultranacionalismo original en dos puntos. Por un lado, frente al clericalismo del fundador del PNV, ETA se declaró aconfesional, es decir, partidaria de la separación entre religión y política. Por otro, aunque nunca abandonó los prejuicios xenófobos contra los inmigrantes, se fue alejando del racismo apellidista de Sabino Arana. El nuevo criterio de exclusión étnica era el idioma: se consideraba vasco a quien hablara euskera. Solo lo hacía una minoría de los vascos, por lo que posteriormente se prefirió el criterio ideológico: vasco sería el nacionalista vasco.

El PNV y ETA mantuvieron una difícil relación durante la dictadura. Los líderes de la organización acusaron al partido de ser un anacronismo ineficaz y más tarde lo tacharon de «burgués», mientras que el PNV respondió señalando el carácter «fascista» o «comunista» del grupo. En 1962 Manuel de Irujo advertía de que «ETA es un cáncer que, si no lo extirpamos, alcanzará todo nuestro cuerpo político». Además de sus divergencias ideológicas y estratégicas, les separaba su rivalidad por atraerse a los vascos nacionalistas. En ese sentido, la formación no podía ver más que con preocupación cómo, según avanzaba la década de 1960, ETA reclutaba a un porcentaje creciente de los jóvenes abertzales y, sobre todo, cómo absorbía a sendas escisiones de EGI en 1963 y 1972.

HÉROES Y TRAIDORES. DE LOS GRAFITIS A LAS PISTOLAS, PASANDO POR LAS PALIZAS

A juicio de José María Garmendia (1996), «la necesidad de practicar la violencia está presente [...] desde el nacimiento mismo de la organización». «Yo, particularmente, la he visto desde un principio», corroboraba en una entrevista publicada en Garaia el antiguo dirigente etarra Juan José Etxabe (Haundixe). En ese aspecto, el Libro blanco de ETA (1960) estableció que «la liberación de manos de nuestros opresores requiere el empleo de armas cuyo uso particular es reprobable. La violencia como última razón y en el momento oportuno ha de ser admitida por todos los patriotas».

No es de extrañar que ETA inaugurase su historia con tres bombas. La primera hizo explosión el 25 de octubre de 1959 en el diario Alerta (Santander). Se trataba del 120.º aniversario de la Ley del 25 de octubre de 1839, que confirmó los fueros vascos y navarro «sin perjuicio de la unidad constitucional de la Monarquía», pero que Sabino Arana había reinterpretado como la pérdida de la independencia de Euskadi. El segundo artefacto, un viejo bidón de gasolina lleno de clavos y trozos de hierro, estalló el 7 de noviembre de ese año en el Gobierno Civil de Vitoria. El tercero, el día 13 del mismo mes, en la Jefatura de Policía de Bilbao. La organización ni siquiera reivindicó aquellos atentados, que no produjeron víctimas. Eran, según se leía en un documento interno, «los primeros pinitos. No se deja nuestra firma, no decimos que es ETA quien lo ha hecho. La policía del ocupante cree que es EG[I], puesto que aún nos desconoce por completo».

En 1961 ETA anunció que «se prepara para una nueva fase de gigantescas proporciones. Preparémonos todos para la gran hora que se acerca». El 18 de julio este grupo quemó un par de banderas españolas en San Sebastián y quitó 18 tirafondos y aflojó otros 16 del kilómetro 53,8 de la vía férrea San Sebastián-Bilbao, desplazando el carril unos 4 centímetros. Su objetivo era hacer descarrilar un tren de veteranos requetés guipuzcoanos que habían acudido a conmemorar el 25.º aniversario del «Alzamiento Nacional». Sin embargo, solo provocaron molestias. Según la causa judicial, la Compañía de Ferrocarriles Vascongados calculaba que «el importe de daños y gastos causados» por el «sabotaje frustrado» ascendía a 671,04 pesetas. Además, las FOP descubrieron la existencia de ETA y detuvieron a una treintena de sus integrantes. Siete de ellos fueron condenados a largas penas de cárcel. Otros huyeron a Francia.

Las caídas afectaron tanto a la estabilidad del grupo que un puñado de sus militantes se atrevió a cuestionar la idoneidad de la «lucha armada». Quizá dichas discrepancias estuviesen detrás del ambiguo tratamiento de la violencia que se plasmó en los «Principios» de la I Asamblea de ETA (1962): «Se deberán emplear los medios más adecuados que cada circunstancia histórica dicte». De cualquier manera, el debate fue breve, ya que el grueso de los etarras era partidario del empleo de las armas. Desde su punto de vista, se trataba del único instrumento efectivo. Ahora bien, recordaba Juan José Etxabe, «llegamos a la conclusión de que habíamos querido correr antes de aprender a andar, que aún no estábamos preparados para hacer acciones y escapar a la represión de la Policía». Paralelamente, la actuación de las FOP se tradujo, en opinión de Gurutz Jáuregui (1985), «en una mayor violencia verbal en los escritos de ETA». Aquella virulencia iba dirigida tanto contra la nación «enemiga», España, como contra el PNV. Por ejemplo, Zutik advirtió de que «el que no colabora en la Resistencia es un traidor, y como tal será tratado [...]. Que todos los vascos sepan que ha llegado ya el momento de la clasificación en héroes y traidores». En otro número se remarcaba que había que elegir «por o en contra. Ya se acabaron los certificados de patriotismo. Patriota es aquel que está luchando en la Resistencia o colaborando con ella [...]. Todos los demás están del lado del opresor».

Pese a aquellas amenazas, en palabras de José Luis Unzueta (Patxo) (1980), ETA todavía era «un grupo propagandista con casi ilimitada fe en las virtualidades del papel impreso». Y en los grafitis. Como reconocería en 1968 uno de sus dirigentes, José Luis Zalbide, durante la «primera época» hubo una «insistencia en llenar paredes con las siglas ETA», pero «eran muy pocos los que sabían siquiera que las siglas ETA correspondían a una organización política clandestina». El efecto en la sociedad era mínimo. A lo sumo, en la calle se murmuraba que los de ETA eran «esos que pintan paredes». A decir de Xabier Zumalde (2004), «la gente miraba con indiferencia o simplemente no miraba [las pintadas]. Algún espabilado solía comentar: —Será otra marca comercial... ¿Qué venderán estos?».

Paralelamente se introdujo una novedad en el plano doctrinal. ETA había heredado del conservador PNV su rechazo al socialismo, pero las grandes huelgas obreras de mayo de 1962 impresionaron tanto a la cúpula de la organización que se planteó la necesidad de acercarse a la lucha de los trabajadores. Si bien para buena parte de los etarras el gesto tenía razones instrumentales, otros empezaron a interesarse por la problemática laboral y la doctrina marxista. Así, en ETA se fue formando una corriente obrerista encabezada por Patxi Iturrioz. Durante la II Asamblea, celebrada en marzo de 1963, la organización decidió participar en el movimiento obrero.

El 6 de diciembre de 1963 tres miembros de ETA atacaron al maestro de Zaldívar (Vizcaya). Citando a Zutik, le habían propinado «una paliza de la que probablemente quedará marcado. Y esto no es violencia... esto es autodefensa». Ese mismo año Federico Krutwig había escrito en Vasconia que

es una obligación para todo hijo de Euskal Herria oponerse a la desnacionalización, aunque para ello haya que emplear la revolución, el terrorismo y la guerra. El exterminio de los maestros y de los agentes de desnacionalización es una obligación que la Naturaleza reclama de todo hombre.

Aquella fue la primera agresión física contra una persona de la que tenemos constancia. Unos días más tarde el mismo comando voló con dinamita un vagón de tren en Alsasua. Al año siguiente ETA anunció que había quemado el comercio de un supuesto confidente policial y había «invitado» a otro a irse de Euskadi antes de ser expulsado.

Como ya se ha adelantado, en 1963 se publicó en París Vasconia, obra escrita por Federico Krutwig que marcó un punto de inflexión en la evolución teórica y estratégica del grupo. De facto, como admitió Txillardegi, aquel libro terminó por convertirse «en la biblia de ETA», aunque el propio autor todavía no militara en ella. Vasconia ofrecía una versión del marxismo aparentemente compatible con el ultranacionalismo. Además, Krutwig aplicaba el modelo de Mao Zedong y los movimientos anticoloniales a Euskadi, a la que se presentaba como una colonia conquistada, dividida, aculturizada y explotada por España y Francia. Por último, defendía que la clave para derrotar a las metrópolis y salvaguardar la existencia de la patria era imitar la estrategia de los exitosos frentes de liberación nacional del Tercer Mundo: una «guerra revolucionaria» que aunara guerrilla y terrorismo (término que Krutwig no esquivaba), con tácticas como el secuestro, la tortura y el degüello de policías y sus familiares.

El 1 de enero de 1964 ETA publicó su primer manifiesto nacional en el que se advertía de que «la lucha será larga y penosa. No nos queremos engañar ni engañar a nadie. No existe combate sin víctimas». El 22 de febrero de ese mismo año un guardia civil acudía a su puesto en Sestao cuando «fue de súbito atacado por la espalda por dos individuos que le proporcionaron sendos golpes con un objeto contundente, cayendo al suelo como consecuencia de los mismos, donde trató de defenderse, volviendo a ser golpeado nuevamente». Además de sufrir lesiones «de pronóstico leve», al agente le robaron su arma reglamentaria. La pistola no volvió a aparecer hasta que el 9 de abril de 1969 fue incautada a un dirigente de ETA en la localidad cántabra de Mogrovejo.

Vasconia, las obras de teóricos como Claude Delmas y el empleo de la violencia por movimientos nacionalistas en Israel, Chipre, Cuba o Argelia sirvieron de inspiración a Julen Madariaga para redactar «La insurrección en Euzkadi», ponencia aprobada en la III Asamblea de ETA (1964). Proponía instigar una guerra de guerrillas con el propósito de vencer al Ejército español y tomar el poder. El fin justificaba los medios: «engañar, obligar y matar no son actos únicamente deplorables sino necesarios». Era un plan irrealizable. Nada tenía que ver el moderno, industrializado y próspero País Vasco con el Tercer Mundo, y menos con una colonia. Asimismo, si bien los liberados de ETA contaban con algunas armas, no sabían utilizarlas y les faltaba la munición. A pesar de todo, «La insurrección en Euzkadi» era la prueba de que había cristalizado una corriente tercermundista dentro de la organización que acabaría siendo hegemónica.

La «lucha armada» podría haberse precipitado al año siguiente. El 6 de junio de 1965 cinco miembros de ETA, entre los que se encontraba el propio Madariaga, fueron detenidos por una pareja de la Guardia Civil cuando intentaban pasar de Francia a España. De camino al puesto de Vera de Bidasoa los etarras atacaron a los agentes, golpeándoles con piedras hasta dejar inconsciente a uno de ellos (a los dos, según otra versión). «Podrían haberlos matado», aseguraba Zutik, «pero cumplen las órdenes dadas en el sentido de evitar las muertes en una eventualidad de este tipo. Además, su misión es otra y el encuentro ha sido totalmente accidental». En 2006 uno de aquellos funcionarios fue reconocido por el Ministerio del Interior. A efectos oficiales, se trata del primer herido por ETA.

A raíz de aquel incidente, las autoridades galas expulsaron a los fundadores de ETA del País Vasco francés. Perdieron el control del grupo, que pasó a manos de José Luis Zalbide, referente de la línea tercermundista, y Patxi Iturrioz, cabeza de la facción obrerista. Su impronta quedó patente en la IV Asamblea (1965), en la que se dispuso una restructuración del aparato en secciones, así como un trascendental cambio estratégico e ideológico. Tras asumir que el proyecto de Julen Madariaga era inviable, se sancionó una ponencia de Zalbide que optaba por la espiral de acción-reacción-acción: la violencia etarra debía provocar una represión desproporcionada por parte de la dictadura que afectase a toda la población vasca, que así se adheriría a la «guerra revolucionaria». Había una condición indispensable para que la estrategia funcionase: que la estructura organizativa de ETA aguantase la reacción policial. Se nombró responsable del frente militar a Xabier Zumalde, que se dedicó a entrenar a un grupo de jóvenes en tácticas de guerrilla.

En la IV Asamblea también se aprobó un nuevo objetivo político: construir una sociedad socialista. Se abría así la etapa, en expresión de José María Garmendia (2006), de la «moneda de las dos caras», es decir, «el intento de compaginar liberación nacional y liberación social». En la organización se había abierto la puerta de par en par a la influencia de las múltiples corrientes del marxismo, lo que tendría consecuencias en su cohesión interna. La tendencia obrerista de Patxi Iturrioz se empeñó en buscar una forma de acomodar el nacionalismo y el socialismo.

Uno de los principales problemas de la primera ETA era su carencia de fondos económicos, lo que le impedía adquirir armamento y explosivos o pagar a más liberados. Por eso decidió realizar su primer atraco en septiembre de 1965. Fue un fiasco: robaron letras inservibles al cobrador de un banco, pero olvidaron revisar su motocicleta, donde había 200.000 pesetas en metálico. Además, tras el suceso, José Luis Zalbide fue detenido por la Guardia Civil. Otros dirigentes etarras tuvieron que huir fuera de España.

Roto el equilibrio interno entre las diferentes tendencias, Iturrioz quedó como responsable de la Oficina Política. Desde esa posición, intentó que la organización virara a la izquierda, reemplazando el «nacionalismo burgués» por un «patriotismo obrero» que priorizase los intereses de los trabajadores. Iturrioz también rechazaba el etnonacionalismo de base lingüística, el antiespañolismo y el supuesto conflicto secular entre vascos y españoles. Los obreristas, además, planteaban abrir la organización a los inmigrantes. En lo estratégico, Iturrioz propugnaba la preeminencia de la dirección política, la formación de un frente de clase y dar el protagonismo al movimiento obrero. El giro a la izquierda encolerizó a Xabier Zumalde y sus hombres, que en 1966 se escindieron de ETA para formar un grupúsculo efímero conocido como Los Cabras. Mientras tanto, bajo la batuta de Txillardegi, las corrientes tercermundista y etnonacionalista de ETA orquestaron una campaña de difamación contra Iturrioz y sus partidarios.

En diciembre de 1966 se celebró la primera parte de la V Asamblea, en la que tuvieron un papel destacado los hermanos José Antonio y Javier (Txabi) Echebarrieta. Se expulsó a la facción obrerista, cuyos dirigentes fueron «condenados» a muerte por la nueva cúpula de ETA. Si bien la sentencia no llegó a ejecutarse, la operación de acoso y persecución fue muy real. Se trató, en expresión de José María Garmendia (2006), de «la primera cruzada contra el españolismo», en la que participaron no solo ETA sino también otras fuerzas nacionalistas que temían que la nueva fuerza que creó Iturrioz (ETA berri [nueva]) recogiese el testigo del PSOE, el referente de la izquierda en Euskadi hasta la Guerra Civil. A la ETA nacionalista, ETA zarra (vieja), también le preocupaba que ETA berri usase tanto sus siglas como el nombre de su órgano de expresión, Zutik. Todavía en octubre de 1968 un dirigente de la organización propondría «liquidar» a Iturrioz «por ser el que merece castigo por ser el vendedor de ETA a los españoles y el punto de entrada de los oportunistas».

En la segunda parte de la V Asamblea (marzo de 1967) se ratificó la estrategia de acción-reacción y se estructuró el grupo en cuatro frentes: político, económico, militar y cultural. La reunión confirmó la supremacía de la tendencia tercermundista, muy influida por Krutwig, y encabezada por líderes como los hermanos Echebarrieta, José María Escubi (Bruno), Mario Onaindia y Patxo Unzueta. Autodenominándose ahora Movimiento Socialista Vasco de Liberación Nacional, ETA adoptó el «nacionalismo revolucionario», que el propio Unzueta (1988) ha definido como «una combinación entre radicalismo aranista y una especie de populismo marxista sui generis». Así se alumbró el concepto de «Pueblo Trabajador Vasco», el nuevo sujeto histórico de la narrativa etarra: el «proletariado vasco con conciencia nacional de clase», que padecería una doble opresión (como clase obrera explotada por la burguesía y como nación ocupada por España), y debía ser liberado por medio de la «lucha armada».

La tendencia etnonacionalista de Txillardegi, que discrepaba de la línea tercermundista dominante, abandonó ETA en abril de 1967. Sus miembros buscaron refugio en la revista Branka (1966-1971), que se convirtió en un lobby a favor del frentismo abertzale y en contra de cualquier desviación «españolista».

1968. CUANDO ETA ELIGIÓ MATAR

A mediados de 1967 la organización llevó a cabo algunos atracos con éxito, lo que le permitió adquirir armamento y mantener económicamente a sus líderes. Se colocaron bombas en medios de comunicación, propiedades de personas acusadas de colaborar con las FOP («chivatos»), repetidores, ayuntamientos, locales sindicales, cuarteles, símbolos franquistas como el monumento a los caídos de Algorta...

La escalada violenta de los etarras conllevaba riesgos evidentes. En marzo de 1968 una bomba explotó en la sede central de El Correo Español en Bilbao, hiriendo a un operario de composición y caja. El 14 de abril, de madrugada, una carga de dinamita estalló en el cuartel de la Benemérita de Sondica (Vizcaya) y causó, según la documentación judicial, «lesiones a los niños de los guardias civiles que allí vivían y daños graves en el edificio, de tal importancia y peligro, que obligaron a evacuar inmediatamente quedando esta casa-cuartel inservible e inhabitable».

Los liberados de ETA comenzaron a ir armados. Si en abril de 1967 un encuentro casual entre etarras y guardias civiles en la frontera todavía se había resuelto a puñetazos, al año siguiente hechos similares desembocaron en tiroteos, como los que se registraron durante la detención de Sabin Arana Bilbao o las huidas de Escubi. «Evidentemente, las probabilidades de pérdidas humanas se elevaban al aumentar la frecuencia de dichas acciones», señala John Sullivan (1988). En abril de 1968 se organizó en San Sebastián el Aberri Eguna, que según Gurutz Jáuregui (1985) fue la «conmemoración más dura de las celebradas hasta la fecha». El manifiesto de ETA, redactado por el joven y carismático Txabi Echebarrieta, avisaba de que «para nadie es un secreto que difícilmente saldremos de 1968 sin algún muerto».

El 2 de junio de 1968 la dirección de ETA tomó una resolución trascendental: asesinar a José María Junquera y Melitón Manzanas, los jefes de la Brigada de Investigación Social de Bilbao y de San Sebastián respectivamente. El encargado de planificar y dirigir esta última operación, bautizada como Sagarra (Manzana), era Txabi Echebarrieta.

Cinco días después Echebarrieta y su compañero Iñaki Sarasketa se dirigieron en un Seat 850 robado a Beasain por la Nacional I Madrid-Irún. Debido a unas obras en un puente, los etarras tuvieron que coger un desvío por la carretera local de Aduna. Allí se encontraban regulando el tráfico los guardias civiles Félix de Diego y José Antonio Pardines. Sobre las 17:30 horas Pardines detuvo el coche de Echebarrieta y Sarasketa en un control rutinario. Y ellos lo asesinaron.

En la huida posterior, los dos etarras fueron interceptados en Tolosa (Guipúzcoa) por una pareja de la Guardia Civil. Al ser descubierto, Echebarrieta intentó sacar su arma. Se inició un tiroteo en el que participaron tanto los miembros de ETA como los agentes. Echebarrieta fue alcanzado por dos disparos y falleció ya en el hospital. Sarasketa huyó, pero fue arrestado al día siguiente. Juzgado y condenado a muerte por el asesinato de Pardines, se le conmutó la pena máxima y permaneció en prisión hasta junio de 1977.

En palabras de José María Garmendia (2006), el 7 de junio de 1968 «cambió la historia del País Vasco para siempre». Aprovechando la falta de credibilidad de los periódicos de la época, ETA difundió su particular versión del suceso, en la que se transfería la culpa a Pardines y en la que Txabi, en vez de como el asesino, era presentado como la víctima sacrificada por la Guardia Civil (cuerpo policial que interpretaba en el imaginario abertzale el papel de antagonista o villano). De esta manera, se elevaba a Echebarrieta a la altura del «Che» Guevara: era «el Primer Mártir de la Revolución».

Como recuerda Eduardo Uriarte (Teo) (2005), a los etarras «nos roían las ganas de venganza, sobre todo la necesidad de dar algún tipo de respuesta que demostrara que ETA no estaba acabada». En esa coyuntura se reanudaron los preparativos para asesinar a los jefes de la Brigada de Investigación Social. La muerte de Echebarrieta había funcionado como un factor precipitante, pero no fue la causa por la que ETA optó por ejercer la violencia. El motivo principal fue la racionalidad de los dirigentes de la banda, quienes supieron aprovechar unas circunstancias muy favorables para sus intereses: los funerales en memoria de Echebarrieta habían estado muy concurridos y terminaron con cargas de las FOP, que no hicieron sino crispar los ánimos. Unos meses después Zutik reconocería que en el verano de 1968 «la ejecución no era solo técnicamente posible, sino políticamente conveniente».

José María Junquera se salvó, pues no se encontraba en Bilbao, pero el 2 de agosto de 1968 un pistolero de ETA asesinó al inspector Melitón Manzanas en su casa de Irún. Debido a su fama de torturador, su asesinato fue bien recibido por un importante sector del antifranquismo, sobre todo cuando se comprobó la represión que desató el régimen. Tal y como había previsto ETA, se puso en marcha la espiral de acción-reacción-acción. La respuesta fue brutal y a menudo indiscriminada. El Gobierno promulgó un decreto-ley sobre represión del bandidaje y el terrorismo, y declaró un estado de excepción en Guipúzcoa que, tras el estallido de conflictos en diversas universidades, amplió a toda España. Como ha estudiado Pau Casanellas (2014), durante los siguientes años se multiplicó el número de personas detenidas en Euskadi, la mayoría de las cuales no tenían nada que ver con ETA. Además, las FOP cometieron excesos, malos tratos y torturas, lo que les granjeó la animadversión de un creciente número de ciudadanos que empezaban a aproximarse a la banda.

En 1968 José María Escubi había adelantado un balance provisional de los resultados de la espiral. «El saldo parece favorable a nosotros y las estructuras no parecen que pudieran aguantar nuevos golpes que serían de una intensidad difícilmente soportable. La política más acertada parece ser interrumpir la escalada de acciones y recoger sus frutos». En agosto de ese mismo año, en el seno de la dirección de ETA habían aparecido voces alertando de la falta de recursos y la «total falta de disciplina». No obstante, la organización continuó su campaña terrorista.

En la Semana Santa de 1969 ETA colocó 14 bombas, alguna de las cuales estuvo a punto de provocar una masacre. El 27 de marzo los alumnos del colegio Virgen de Arrate de Eibar descubrieron una fiambrera de plástico durante el recreo. Jugaron con ella hasta que escucharon un ruido en su interior. Al abrir la tapa vieron un reloj despertador, explosivo plástico, medio cartucho de dinamita, detonador y una pila. Según un informe militar, «este artefacto no llegó a explosionar, siendo desmontado por los niños que lo encontraron, que extraviaron la pila que tenía conexionada». ETA había confundido el colegio con el edificio contiguo, la sede del Frente de Juventudes.

Aquellos atentados, la permanencia de los liberados en el interior de España y sus relaciones con otras fuerzas permitieron a las FOP seguirles los pasos. El 9 de abril de 1969 tres dirigentes de ETA fueron arrestados cuando entraban en un piso franco del Casco Viejo de Bilbao: Josu Abrisketa Korta (Txutxo), Víctor Arana Bilbao y Mario Onaindia. El cuarto, Miguel Etxeberria Iztueta (Makagüen), que había recibido dos disparos, fue capaz de escapar del cerco policial. En su fuga asesinó al taxista Fermín Monasterio Pérez. Dos días después el resto de los dirigentes de ETA fueron arrestados en Mogrovejo.

Descabezada ETA, sus contradicciones salieron a la luz. En su seno se habían decantado cuatro tendencias enfrentadas tanto por rivalidades personales como por una disyuntiva de fondo: ¿seguiría siendo una organización nacionalista que usaba la violencia contra España o se transformaría en un partido leninista a favor de todo el proletariado, independientemente de su lengua u origen? Tanto la dirección provisional como las Células Rojas, un grupo de estudio formado por exiliados, se decantaban por la última opción. Enfrente se encontraban los defensores de las tesis anticolonialistas, agrupados en torno a Federico Krutwig y Julen Madariaga, y el aparato militar capitaneado por Juan José Etxabe, de orientación ultranacionalista, que había vuelto a entrar en una deriva autónoma.

La dirección provisional de ETA consiguió que se refrendara su línea marxista en la VI Asamblea (agosto de 1970), aunque el resultado fue la ruptura de la organización. El grueso de la militancia, que permaneció fiel a la Ejecutiva, fue conocido como ETA VI, grupo que desde el nacionalismo violento evolucionó a posiciones de extrema izquierda. Parte de sus integrantes acabarían en la trotskista Liga Comunista Revolucionaria (LCR) o en el PCE. La facción anticolonialista y el frente militar de Etxabe no reconocieron la «legalidad» de la VI Asamblea y se escindieron para formar ETA V, que se definió como Movimiento Revolucionario Vasco de Liberación Nacional. El adjetivo «socialista» había sido borrado.

Pese a partir con ventaja, ETA VI acabó perdiendo la batalla por las siglas de ETA. Primero, su intento de sacar de la cárcel a los dirigentes de la banda que estaban presos se saldó con un absoluto fracaso. Además, estos apoyaron públicamente a ETA V. En tercer lugar, la Policía detuvo a la cúpula de ETA VI en marzo de 1971. Por último, la incoherencia ideológica y las desavenencias internas hicieron que en julio de 1972 aquella organización sufriese una nueva fractura.

En cambio, ETA V tuvo a su favor dos bazas propagandísticas de enorme poder: el secuestro de Eugen Beihl, cónsul de la República Federal de Alemania en San Sebastián, y el proceso de Burgos, que comenzó el 3 de diciembre de 1970. En el banquillo de los acusados se sentaban 16 miembros de ETA. Sobre seis pendía una condena de muerte; sobre el resto, cientos de años de cárcel. Pese a que había pruebas sólidas contra algunos de ellos, estaba lejos de ser un juicio justo. Por un lado, se celebraba en el marco de una dictadura ilegítima. Por otro, como en cualquier otro consejo de guerra franquista, la defensa no gozó de las mínimas garantías. Por último, los testimonios de los acusados habían sido arrancados bajo tortura.

Para entonces ETA había perpetrado decenas de atentados y había causado tres víctimas mortales. Sin embargo, en Burgos la violencia etarra quedó eclipsada por las declaraciones y la actuación de los inculpados, encabezados por Mario Onaindia, que aprovecharon la presencia de corresponsales extranjeros para denunciar al régimen, dar a conocer el nacionalismo vasco radical y lograr despertar las simpatías de un sector de la ciudadanía, que los vio como unos heroicos resistentes. ETA presentaría el sumarísimo 31/69 como un escarmiento contra la nación vasca por parte de su enemigo ancestral, España. Se trataba de una interpretación oportunista y parcial, pero tendría largo recorrido.

El 28 de diciembre se dictó la sentencia. La solicitud de 752 años de prisión se rebajó a 519 años y seis meses. Las penas de muerte aumentaron de seis a nueve, aunque para las mismas seis personas. Onaindia, Xabier Larena y Unai Dorronsoro recibieron una cada uno. Fueron dos en el caso de Teo Uriarte, Jokin Gorostidi y Xabier Izko de la Iglesia, a quien se consideró autor material del asesinato de Manzanas. El resto de los encausados recibieron penas de entre 70 y 12 años de prisión, excepto uno, que fue absuelto.

El 30 de diciembre el dictador conmutó las condenas de muerte. Aquel decreto fue contemplado como una victoria por la oposición antifranquista, que había impulsado movilizaciones en toda España y en puntos de otros países. Las protestas deterioraron la imagen internacional del régimen, su relación con la Iglesia y su estabilidad interna, lo que obligó al Gobierno a declarar un estado de excepción. No obstante, no está claro que fueran el motivo del indulto.

Una parte del franquismo, la más ultra, era partidaria de aplicar mano dura. Sin embargo, otros sectores apostaban por suavizar las penas lo máximo posible. Entre ellos estaba el Gobierno, dominado por los tecnócratas y cuyos hombres fuertes eran el vicepresidente Luis Carrero Blanco y el ministro Laureano López Rodó. Su postura favorable a la clemencia buscaba evitar tensar las relaciones con los gobiernos occidentales a los que el régimen se estaba acercando.

Un alto funcionario del Ministerio de Información y Turismo intentó sobornar al vocal ponente, el capitán Antonio Troncoso, para que no se dictasen condenas de muerte. La negativa del militar obligó a esperar a que se emitiera la sentencia. El día 30, al tratar la cuestión ante el dictador, el consejo de ministros, con Carrero a la cabeza, se manifestó a favor del indulto. El titular de Justicia leyó una carta de la familia de Izko de la Iglesia, cuyo padre, requeté, había luchado (y resultado herido) en el bando «nacional» durante la Guerra Civil. No sabemos qué fue lo que convenció a Franco, pero lo cierto es que anuló las seis ejecuciones. Por supuesto, aquel gesto no borraba el hecho de que antes había arrebatado miles de vidas. Además, como veremos, el dictador todavía tendría tiempo de firmar varias sentencias de muerte.

MILIS Y POLIMILIS. EL CISMA DE LA «IZQUIERDA ABERTZALE»

Pese a la propaganda que le proporcionó el proceso de Burgos, ETA V estaba tan débil que en 1971 necesitó la ayuda de otra organización para atracar un banco en Derio. Se trataba de EGI-Batasuna (Unidad), una escisión exaltada pero numerosa de las juventudes del PNV que estaba abanderada por Iñaki Mujika Arregi (Ezkerra). Ya había realizado algunos atentados y dos de sus integrantes habían muerto cuando manipulaban un artefacto explosivo cerca de Pamplona en abril de 1969. Rebautizado a finales de 1971 como Aintzina (Frente), este grupo mantenía a liberados, contaba con armamento que había adquirido a través de ETA V y planeaba su propia campaña terrorista. No obstante, su estrecha colaboración y cercanía ideológica llevó a que en el Aberri Eguna de 1972 se anunciase la fusión entre Aintzina y ETA V. La primera aportó una militancia joven y entusiasta; la segunda, las siglas.

La nueva ETA, de corte nacionalista radical con tintes socializantes, reactivó la violencia terrorista, pero sin causar víctimas. En marzo de 1972 La Gaceta del Norte publicaba una entrevista al director general de la Guardia Civil, el teniente general Carlos Iniesta Cano. Cuando el periodista le preguntó si no le inquietaba la banda, contestó que no. «ETA es como una gripe que le ha salido al país. Una gripe que se cura con algunas aspirinas». Ese mismo mes, de visita en Pamplona, Iniesta Cano repitió casi las mismas palabras. Casi como un desafío, pocas horas después una bomba destruyó el monumento al fundador de la Benemérita, el duque de Ahumada, justo frente a la comandancia de aquella ciudad.

El 2 de abril de 1972 dos guardias civiles fueron heridos en un tiroteo cerca de San Sebastián. El 29 de agosto de ese mismo año integrantes de ETA V asesinaron al policía municipal Eloy García Cambra en Galdácano. Sin embargo, los responsables de las FOP continuaron minusvalorando la amenaza. Al día siguiente del crimen el director general de Seguridad, Eduardo Blanco Rodríguez, declaraba que ETA «no es preocupante». Solo se trataba «de un brote minoritario que practica la violencia; exento de nobleza en sus actuaciones y, en mi concepto, un problema efímero que no ya su generación, que lo verá resuelto, sino la mía propia, que está en el crepúsculo, lo verá también solucionado».

El 16 de enero de 1973 un comando secuestró a Felipe Huarte Beaumont, directivo de Torfinasa en Pamplona. Por primera vez en su historia, ETA no solo exigió que la firma accediera a las reivindicaciones de sus empleados, sino también un sustancioso rescate por su víctima: 50 millones de pesetas. Una vez obtenida la cantidad requerida, Huarte fue liberado. A partir de entonces el secuestro se convirtió en una de las principales fuentes de financiación del terrorismo. Florencio Domínguez (2018) estima que las distintas ramas de ETA han recaudado de esta forma entre 6.086 y 6.416 millones de pesetas, a los que hay que sumar los 555,4 millones de pesetas obtenidos por medio de atracos entre 1977 y 1986.

El dinero permitía a ETA V pagar a sus liberados y adquirir armamento. Por añadidura, la organización asaltaba los polvorines de minas y canteras. Por ejemplo, el 31 de enero de 1973 en Hernani sustrajo 3.075 kilogramos de explosivo, 1.300 detonadores y cientos de metros de mecha. Ese material fue empleado en los atentados que se producirían a lo largo de aquel año y de 1974.

En marzo de 1973 miembros de ETA hicieron desaparecer en Francia a tres jóvenes gallegos (José Humberto Fouz Escobero, Jorge Juan García Carneiro y Fernando Quiroga Veiga), a quienes habían torturado y asesinado tras confundirles con policías. Pese a las evidencias en su contra, la organización nunca asumió el crimen. El 8 de octubre un par de niños descubrieron 75 kilogramos de explosivos bajo un puente a la salida de San Sebastián: se trataba de una bomba preparada para estallar cuando pasase el autobús de la Guardia Civil con destino a la cárcel de Martutene. También fracasó el comando que el 7 de noviembre intentó secuestrar en su domicilio de Bruselas a Alberto Ullastres Calvo, embajador de España ante las Comunidades Europeas. El día 26 de ese mismo mes integrantes de ETA V provocaron un incendio que destruyó el club marítimo del Abra. Esa ofensiva trataba de desviar la atención de las FOP de una operación que se estaba preparando en la capital de España.

El 20 de diciembre de 1973 una bomba colocada bajo el pavimento de la calle acabó con la vida del presidente del Gobierno, el almirante Luis Carrero Blanco, la de su chófer, José Luis Pérez Mogena, y la de su escolta, el inspector Juan Antonio Bueno Fernández. El atentado dejó siete heridos, entre ellos dos niñas. El plan inicial era secuestrar a Carrero, pero el frente militar lo cambió cuando fue nombrado presidente, lo que hizo que se le añadiera un vehículo de escolta. Se trató, pues, de un caso de oportunismo. No obstante, después del magnicidio la organización lo presentó como una forma de impedir la prolongación de la dictadura más allá de la muerte de Franco, «dar respuesta a la represión que la gran burguesía española practica desde el 18 de julio de 1936» y «responder contundentemente a la actuación policial y represiva en general sobre nuestro pueblo y sus vanguardias —ETA». Su mensaje caló en una parte importante de la población y el prestigio de la banda alcanzó su punto álgido. Según el Gobierno Civil de Guipúzcoa, el asesinato había sido «un motivo propagandístico excepcional» que provocó «el alza de cara al exterior» de ETA.

Por otra parte, la banda pretendió obviar que el magnicidio había desbaratado la estrategia de Comisiones Obreras (CCOO): ese mismo día comenzaba el proceso 1.001 contra diez dirigentes del sindicato, que se había planeado convertir en un juicio-denuncia. No tuvieron oportunidad de hacerlo. La explosión eclipsó los avances del movimiento obrero y del resto de la oposición antifranquista.

ETA asesinó a dos personas en 1968, una en 1969, otra en 1972, seis en 1973, 19 en 1974 y 14 en 1975. En total, a lo largo de la dictadura produjo 45 víctimas mortales. De acuerdo con el registro oficial, causó 28 heridos durante esta etapa, aunque la cifra real probablemente sea muy superior. Gran parte de la ciudadanía identificó a las víctimas de ETA con el franquismo, por lo que los actos violentos de la organización, si no justificados, al menos eran comprendidos. «Algo habrá hecho», se solía decir. Aquella inercia perduró en algunos ámbitos mucho más allá de la muerte del dictador.

El protagonismo que le confería el terrorismo llevó a una conclusión: las bombas eran mediática y políticamente más rentables que las huelgas o las manifestaciones. Así, los intereses del resto de los miembros de ETA empezaron a subordinarse al dictado del frente militar, lo que provocó serias desavenencias internas, agravadas por la muerte en un tiroteo de su cabecilla Eustakio Mendizábal (Txikia) en abril de 1973. Renacía la polémica acerca de cómo compaginar «lucha de masas» y «lucha armada». En la primera parte de la VI Asamblea, celebrada en 1973, se eligió una nueva dirección en la que era hegemónico el aparato militar.

Tanto la Policía como los trabajadores vinculaban al frente obrero de ETA con los atentados terroristas, lo que le hacía vulnerable a la represión y poco atractivo como herramienta sindical. Como resultado, esta sección se veía incapaz de competir con centrales como las pujantes CCOO. Por añadidura, sus miembros se quejaban de ser tratados como una mera oficina de reclutamiento del aparato militar. En la primavera de 1974, ante la «imposibilidad» de seguir trabajando dentro de ETA, una parte del frente obrero de Guipúzcoa se escindió para dar lugar a Langile Abertzale Iraultzaileen Alderdia (LAIA, Partido de los Trabajadores Patriotas Revolucionarios), una formación cercana al leninismo heterodoxo y al comunismo libertario que creó su propio sindicato.

La «izquierda abertzale» se diversificaba. En el sur de Francia, a imitación de ETA, había surgido la organización terrorista Iparretarrak (Los del Norte), cuya primera acción fue darle una paliza al dueño de una empresa que atravesaba un conflicto laboral el 11 de diciembre de 1973. Acabaría causando varias víctimas mortales (algunas fuentes le adjudican hasta seis, pero existen dudas sobre ciertos casos). Al año siguiente, 1974, nacieron dos pequeñas formaciones al margen de ETA. En España, Euskal Alderdi Sozialista (EAS, Partido Socialista Vasco). En Francia, Herriko Alderdi Sozialista (HAS, Partido Socialista del País). En noviembre de 1975 EAS y HAS se fusionaron para dar lugar a Euskal Herriko Alderdi Sozialista (EHAS, Partido Socialista de Euskal Herria).

El 13 de septiembre de 1974 el frente militar de ETA colocó una bomba en la cafetería Rolando de la calle Correo (Madrid), cercana a la misma sede de la DGS contra la que había atentado Defensa Interior en la década anterior. En la explosión murieron 12 personas y, según el sumario, fueron heridas 73, aunque el Ministerio del Interior solo ha indemnizado a 13. El objetivo era la Policía, pero únicamente pertenecía a dicho cuerpo la decimotercera víctima mortal, el inspector Félix Ayuso Pinel, que falleció en enero de 1977 a consecuencia de las secuelas del atentado. El dilema de asumir o no la autoría aceleró una crisis que llevaba tiempo gestándose y cuya causa última era la dificultad de conjugar violencia y política. El aparato militar defendió la necesidad de reivindicar la masacre, de la que eran responsables sus integrantes. Por el contrario, el resto del Comité Ejecutivo, que llegaron a calificar a los autores del atentado como «Septiembre Negro vasco», se opuso porque lo consideraba contraproducente. Finalmente, apropiándose del dinero (20 millones de pesetas) y las armas (500 pistolas, 50 fusiles y 40 ametralladoras), la sección militar se separó para crear su propia organización.

Liderada por José Miguel Beñaran (Argala), aquella escisión pasó a denominarse ETA militar. Previendo que en España se iba a instaurar una «democracia burguesa», los milis anunciaron que renunciaban a la «lucha de masas» para consagrarse exclusivamente a la «lucha armada». Supuestamente así se garantizaba la total autonomía a los nuevos partidos de «izquierda abertzale», lo que tuvo el efecto de atraerlos a la órbita de ETAm. La banda se transformó en un eficaz y jerarquizado «ejército», cuya doctrina se había reducido a la versión más intransigente y sectaria del nacionalismo. Al principio, debido a sus limitaciones, tuvo escasa actividad, pero no tardó en dejar claro el camino que había escogido: el 5 de octubre de 1975 una de sus bombas acabó con la vida de los guardias civiles Jesús Pascual Martín Lozano, Juan José Moreno Chamorro y Esteban Maldonado Llorente en Aránzazu (Guipúzcoa).

La mayoría de los integrantes de ETA V permanecieron en la organización, que fue rebautizada como ETA político-militar (ETApm) para diferenciarla de la escisión mili. El nacionalismo de esta banda estaba atemperado por cierta dosis de marxismo y pretendía seguir acoplando la «lucha de masas» y la «lucha armada». Ahora bien, el grupo no logró buenos resultados en ninguno de los dos planos. La huelga general que convocó para el 2 y 3 de diciembre de 1974 tuvo escaso seguimiento. En cambio, fue todo un éxito la que el día 11 del mismo mes organizaron las CCOO controladas por la extrema izquierda, sin la aprobación de la sección vasca del PCE, el Partido Comunista de Euskadi-Euskadiko Partidu Komunista (PCE-EPK). Pese a su potencial y experiencia, a ETApm tampoco le fue mejor en la «lucha armada».

Para fomentar focos insurreccionales alejados del País Vasco que aliviasen la presión policial, en febrero de 1975 los polimilis decidieron extender su actividad por toda España, razón por la que en mayo sellaron un acuerdo con el Partit Socialista d’Alliberament Nacional-provisional (PSAN-p) y la Unión do Povo Galego (UPG). ETApm envió comandos a Madrid, Cataluña y Galicia, dotando de armamento a sus aliados. Se prepararon atentados y operaciones conjuntas, de las que únicamente se llevaron a cabo unas pocas. En junio de 1975 los polimilis atracaron una oficina del Banco Santander en la Ciudad Condal, asesinando en su huida al policía Ovidio Díaz López. Al mes siguiente, junto a militantes de UPG, robaron 4.000 tarjetas en blanco para hacer DNI y pasaportes en El Ferrol. Sin embargo, la proyectada campaña terrorista fue abortada gracias a la información proporcionada por un agente infiltrado de los servicios secretos, Mikel Lejarza (Lobo), que permitió la práctica desarticulación de ETApm. Entre otros, fueron arrestados dos de los principales dirigentes de la banda, Iñaki Mujika Arregi y Pedro Ignacio Pérez Beotegi (Wilson). Solo quedó en libertad el ideólogo, Eduardo Moreno Bergaretxe (Pertur).

El 27 de septiembre de 1975 los miembros de ETApm Juan Paredes Manot (Txiki) y Ángel Otaegi fueron fusilados junto a tres integrantes del FRAP. Esa misma jornada comenzó una huelga general de tres días en el País Vasco que, a pesar del estado de excepción declarado en Vizcaya y Guipúzcoa, fue respaldada por unos 200.000 trabajadores (datos de la oposición). De acuerdo con las autoridades franquistas, durante el mes de septiembre Guipúzcoa se había visto agitada por numerosos paros auspiciados por «la gran campaña propagandística desatada en esta Provincia por los diferentes partidos y organizaciones políticas de la oposición». El día 29 no acudieron a su puesto unos 47.500 trabajadores en Guipúzcoa (cifras oficiales). El 1 de octubre de 1975 la dictadura organizó en la plaza de Oriente una concentración masiva para apoyar al «Caudillo», lo que los GRAPO aprovecharon para asesinar a cuatro policías en diferentes puntos de Madrid. Presentaron los atentados como una «represalia» a las ejecuciones.

A raíz de las protestas y los fusilamientos de Txiki y Otaegi, y con la esperanza de mantener los nexos entre el cada vez más atomizado universo del nacionalismo vasco radical, se fundó la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS, Coordinadora Patriota Socialista). No obstante, como se verá, lejos de cooperar, milis y polimilis tuvieron evoluciones divergentes.

El 20 de noviembre de 1975 tuvo lugar el «hecho biológico»: el fallecimiento de Franco. Su sucesor al frente de la Jefatura del Estado era el rey Juan Carlos I. A priori, nada hacía esperar grandes cambios en el régimen, por lo que la oposición antifranquista no mostró ningún entusiasmo. Aquella opinión se vio reforzada por la confirmación en su puesto del presidente del Gobierno Carlos Arias Navarro. Sin embargo, se trataba de los primeros y muy titubeantes pasos de una nueva etapa histórica: la Transición.

A esas alturas había dos bandas que reclamaban las siglas de ETA. Habían conseguido crear una dinámica funesta para la población, pero provechosa para sus intereses: atentados que provocaban el recrudecimiento de la represión y, por tanto, garantizaban la adhesión al nacionalismo radical de un sector de la ciudadanía vasca. El engranaje se prolongaría durante años, pero España no era Cuba ni Argelia: solo funcionó la primera fase de la espiral de acción-reacción-acción. Jamás estallaría aquella revuelta generalizada con la que soñaban los dirigentes etarras en los años sesenta. Tal y como confesaba Mario Onaindia (2001) en sus memorias, se trató del «fracaso tanto personal como colectivo, por lo menos generacional, para dar el paso [...] a ser revolucionarios que dirigen la lucha del pueblo alumbrando una sociedad nueva». Xabier Zumalde (2004) lo resumía de otra manera: «¡Habíamos perdido la insurrección que nunca llegó!». Cuando definitivamente se evaporaron sus sueños de emular a las guerrillas de África, Asia o Latinoamérica, ETA optó por, en palabras de Antonio Elorza (1995), «el sucedáneo del terrorismo».

JOSÉ ANTONIO, MELITÓN, FERMÍN, ROLANDO

José Antonio Pardines

Nació en la localidad costera de Malpica de Bergantiños (La Coruña) el 1 de junio de 1943. Su madre, redeira de profesión, falleció joven. Fue criado, junto a sus dos hermanos pequeños y un primo, por su tía. Para que los demás pudieran estudiar, él tenía que traer dinero a casa. Con apenas 19 años renunció a su sueño de convertirse en jugador profesional de fútbol: cambió las botas del equipo Victoria de San Lázaro por el uniforme verde de la Guardia Civil, cuerpo en el que había servido su abuelo y en el que seguía en activo su padre.

Su otra gran afición, el motociclismo, le llevó a ingresar en la Agrupación de Tráfico, unidad que le permitiría montar en moto. En enero de 1966, tras pasar por Barcelona y Oviedo, fue destinado a San Sebastián. Solicitó el traslado a Asturias en dos ocasiones, pero en febrero de 1968 pidió quedarse en la capital guipuzcoana. Como apuntan José Antonio Pérez y Javier Gómez (2018), es probable que aquella decisión estuviese motivada por el inicio de una relación sentimental con una chica llamada Emilia. La breve biografía de José Antonio Pardines Arcay terminó el viernes 7 de junio de 1968, cuando ETA escribió el punto final.

Si esa jornada no le hubiese tocado trabajar en el turno de tarde, tal vez todavía estaría vivo. Hoy Pardines sería un jubilado que habría podido casarse, formar una familia, visitar Malpica cada verano, asistir al final de la dictadura, votar en unas elecciones democráticas, celebrar las dos ligas y la Copa del Rey que en los ochenta ganó la Real Sociedad e incluso aprender a utilizar internet. Nada de esto llegó a suceder. Solo es historia contrafactual, es decir, una imaginativa respuesta a la pregunta «¿Qué hubiera pasado si...?». Sin embargo, este ejercicio de abstracción cumple dos funciones. Por un lado, sirve para vislumbrar el enorme hueco que una víctima mortal del terrorismo deja a su alrededor: los amigos que no hizo, la boda que no se celebró, los hijos y nietos que no tuvo; en definitiva, las ondas de su ausencia. Por otro lado, en palabras de Margaret Macmillan (2017), «las cosas que no sucedieron, los contrafactuales, son herramientas muy útiles para la historia porque nos ayudan a entender que una sola decisión o acción produce consecuencias».

A las 17:30 horas del 7 de junio de 1968 Pardines estaba regulando el tráfico en la desviación de la carretera Nacional I Madrid-Irún, que estaba en obras, dentro del término de Aduna. El motorista siguió e hizo señas a un Seat 850: el vehículo robado en el que dos miembros de ETA, Txabi Echebarrieta e Iñaki Sarasketa, se dirigían a Beasain a recoger explosivos. Se detuvieron a la altura del kilómetro 446,5. El agente les pidió el permiso de circulación. Con él en la mano, pudo comprobar que los datos no coincidían con el número del bastidor. Expresó su extrañeza en voz alta. Y esas fueron sus últimas palabras. Inmediatamente recibió cinco tiros. Murió en el acto.

Entierro de José Antonio Pardines en Malpica de Bergantiños
(La Coruña), junio de 1968.

Fuente: Archivo Municipal de Bilbao-Bilboko Udal Artxiboa,
Fondo La Gaceta del Norte.

La propaganda de ETA presentó el asesinato como una especie de duelo del salvaje oeste: Pardines habría intentado desenfundar su arma sin previo aviso, por lo que los etarras no habrían tenido más remedio que actuar en defensa propia. Ningún testigo directo —tampoco Sarasketa— avaló dicha versión, inventada muy lejos del lugar de los hechos. Por añadidura, lo único que se encontró junto a la mano derecha del agente fue la documentación del coche: la funda de su pistola reglamentaria seguía abrochada.

Iñaki Sarasketa afirmó que Txabi Echebarrieta fue el único que disparó a Pardines. Ahora bien, las pruebas lo desmienten. El cadáver presentaba cinco heridas de bala en el torso y en la escena del crimen se hallaron tres casquillos y dos proyectiles del calibre 9 milímetros parabellum, así como dos casquillos y dos proyectiles de 7,65 milímetros. El primer calibre corresponde al de la pistola Astra, modelo 600-43, de Echebarrieta. El segundo, al de la Astra Falcón de Sarasketa.

En uno de sus últimos comunicados, ETA remontaba el origen de la violencia a «las llamas de Gernika». En cierto sentido, acertaba: las armas de Echebarrieta y Sarasketa fueron producidas en la fábrica guerniquesa Astra, Unceta y Compañía. El nacionalismo radical ha convertido el Astra 600-43 en un símbolo: habría sido empuñada por un gudari durante la Guerra Civil, luego habría hecho la guerra de Argelia y finalmente la habría heredado Echebarrieta, último eslabón de la heroica cadena. Se trata de otra leyenda. Jesús Casquete (2018) descubrió que la producción de ese modelo fue ordenada en 1943 por la Wehrmacht, el mismo Ejército nazi al que pertenecía la Legión Cóndor que había bombardeado Guernica en 1937. De cualquier modo, conviene recordar que el terrorismo no comenzó por dicho ataque, sino por la voluntad de ETA.

El funeral de Pardines se celebró en Malpica. Una multitud acudió a darle el último adiós. Y después, medio siglo de olvido. Por encargo del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, en su sondeo de octubre de 2017 el Euskobarómetro incluyó una pregunta inédita: ¿Quién fue la primera víctima mortal de ETA? Solo acertó el 1,2 por 100 de las 600 personas encuestadas. Casi el 20 por 100 dio una respuesta errónea. El resto reconoció que no lo sabía.

Melitón Manzanas

«Como de costumbre», declararía la viuda unas horas después, eran las 15:15 horas cuando le escuchó subir por la escalera. Abrió la puerta del domicilio a su marido, pero solo tuvo tiempo de decirle dos palabras: «vienes mojado». La respuesta fue silenciada por una detonación. Manzanas cayó al suelo. Al asomarse, la mujer vio a un joven con una pistola en la mano. Según las diligencias policiales, «logró asir al asesino, forcejeando con él en el descansillo y le hizo dos disparos sin herirla, al mismo tiempo que la dio un empujón que la hizo caer dentro del pasillo de su casa». Desde allí, «vio cómo el agresor, acercándose al cuerpo tendido [...], le hizo tres disparos a bocajarro en la cabeza». Levantándose, la mujer volvió a agarrar las ropas del atacante, quien hizo fuego una vez más, «sin alcanzarla, pero al fin logró desasirse de ella y salió huyendo hacia la calle». A decir de la viuda y de la hija de la víctima, el homicida parecía fuera de sí. La primera señalaría su «mirada de “loco”». La segunda, que «la expresión del rostro del agresor no era normal y que estaba pálido y con los ojos con expresión de sobresalto».

En el lugar del suceso la Policía encontró siete casquillos y cuatro proyectiles del calibre 7,65 milímetros. Había un impacto en la puerta y dos en la pared. El informe forense reveló que el cuerpo de Melitón Manzanas presentaba cinco heridas de bala, tres de ellas en la cabeza. La víctima era donostiarra y tenía 59 años.

La pistola empleada en Irún aquel 2 de agosto de 1968 volvió a aparecer medio año después, en enero de 1969, cuando dos líderes de ETA asaltaron infructuosamente la cárcel de Pamplona, en la que estaba presa la mujer de uno de ellos. El otro era quien portaba el arma del crimen: una Ceska Zbrojovka (conocida como «Vzor»), modelo 50, fabricada en Checoslovaquia, que probablemente pertenecía al lote que, según recoge Diogo Noivo (2020), había comprado la portuguesa Liga de Unidade e Ação Revolucionária (LUAR) para ETA. Detenido, fue identificado en sendas ruedas de reconocimiento por la viuda y la hija de Manzanas. Se llamaba Xabier Izko de la Iglesia. En diciembre de 1970, durante el proceso de Burgos, el tribunal militar le declaró culpable del asesinato del policía. Se le condenó a muerte, como a otros cinco de sus compañeros, aunque todos serían indultados. No obstante, siempre ha negado su participación en el crimen. Hay que subrayar, además, que Izko de la Iglesia no tuvo un juicio justo: fue sentenciado por un consejo de guerra sin las garantías mínimas y en plena dictadura.

Melitón Antonio Manzanas González fue la segunda víctima mortal de ETA, pero la primera planificada y la primera de origen vasco. Su figura siempre ha estado rodeada de polémica. Nació en San Sebastián el 9 de junio de 1909. Estaba casado con María Artigas Aristizábal y tenía una hija, María Jesús. Actor aficionado, estudió peritaje mercantil (en francés). Militó en las Juventudes de Acción Popular, vinculadas a la CEDA, por lo que en agosto de 1936 fue arrestado por milicianos del Frente Popular. Como relata Pedro Barruso (2015 y 2019), estuvo encerrado en el fuerte de Guadalupe (Fuenterrabía) junto a otros 240 presos derechistas, varios de los cuales serían asesinados. Tras la conquista de Irún en septiembre por parte de las tropas rebeldes, Manzanas ingresó en el Regimiento de Artillería n.º 3 de San Sebastián y luego en la División Flechas Verdes. Luchó en diversos frentes hasta casi el final de la Guerra Civil.

En mayo de 1939 empezó a trabajar como agente auxiliar interino del Cuerpo de Investigación y Vigilancia en Irún, pero iría ascendiendo en el escalafón hasta llegar a inspector de segunda clase del Cuerpo General de Policía en enero de 1954. Obtuvo numerosos premios en metálico y felicitaciones por su labor, pero, tras realizar una sospechosa llamada telefónica a un amigo librero nacionalista, lo que le puso sobre aviso de una redada, Manzanas fue trasladado forzoso a Torrelavega en septiembre de 1957. En julio del año siguiente, a petición propia, obtuvo nuevo destino en San Sebastián en la Brigada de Investigación Social, de la que fue inspector de primera desde 1960 e inspector jefe desde mayo de 1967. Se trataba de la policía política dedicada a perseguir a la oposición a la dictadura. Según diversos testimonios, era habitual que Manzanas emplease la tortura en los interrogatorios de los antifranquistas detenidos. De acuerdo con Gregorio Morán (1982), tenía fama de ser «el más duro de los policías del País Vasco». Había sido señalado varias veces por ETA desde 1962.

Manzanas fue, consecutivamente, victimario del franquismo y víctima del terrorismo. Es un caso complejo, como el del almirante Carrero Blanco o el de los miembros de ETA asesinados por los GAL y sus prolegómenos. Esta paradoja nos obliga a interrogarnos sobre la incómoda memoria de tales víctimas. ¿Que un ser humano sufra una muerte violenta borra —si las tiene— las sombras de su pasado? ¿Esas sombras le excluyen de ser reconocido como víctima? Dichas preguntas pueden abordarse desde distintos puntos de vista: el administrativo, el judicial, el político o el ético, como hizo Galo Bilbao en Jano en medio del terror (2009). Desde la perspectiva del historiador, la respuesta es negativa. Cuando existen pruebas de que un individuo reúne la doble condición de victimario y víctima, el investigador debe dejar constancia de ambas, asumiendo los claroscuros del personaje. No nos referimos aquí a las justificaciones que esgrimen los terroristas ni sus apologistas, sino a fuentes documentales contrastadas. Solo así, desde el rigor más escrupuloso, elaboraremos un relato sólido, honesto y veraz.

Fermín Monasterio

La tercera víctima mortal de ETA era taxista. Fue asesinado en abril de 1969 por Miguel Etxeberria Iztueta (Makagüen), quien había subido a su vehículo en Bilbao para huir de una operación policial en la que fue detenida buena parte de la cúpula de la organización.

La sentencia del sumarísimo 30/69 nos ayuda a reconstruir los acontecimientos. El vehículo tomó la carretera de Basauri a Burgos. En algún momento Makagüen pasó al asiento de copiloto, lo que permitió que Monasterio se diera cuenta de que estaba herido. El dictamen recoge lo que Makagüen reveló a dos de sus protectores durante los días posteriores. A uno le contó que «le dije al taxista que me llevase, cosa que no quiso hacer, a pesar de que le ofrecí 5.000 Pts. Por lo que no tuve más remedio que matarle». A otro, sacerdote, le relató que «a los pocos metros el taxista se dio cuenta de que iba herido, le pedí al taxista me pusiera un pañuelo en la herida, a lo que se negó; le pedí, después, que me ayudase a sacar la bala, negándose también, después le ofrecí todo el dinero (sobre 5.000 Pts.) para que me ayudase y entonces le disparé». El cura le preguntó al etarra «si no había otra manera de haber solucionado aquello, Echevarría contestó que el taxista estaba muy arrogante».

La sentencia establece que Makagüen hizo dos tiros contra el chófer cuando estaban en el automóvil. «Una vez se sintió herido, el Sr. Monasterio aminoró la marcha del vehículo hasta casi pararlo». Llegó al kilómetro 385 de la carretera. «Echeverría abrió la puerta delantera izquierda y empujando a su víctima malherida, la arrojó al centro de la calzada e hizo inmediatamente sobre ella tres disparos para cerciorarse de la muerte que se propuso, continuando después la marcha».

Esta versión coincide con lo que presenciaron dos personas que estaban en las inmediaciones. Detuvieron a un automovilista y los tres fueron a dar aviso al cuartel de la Guardia Civil de Arrigorriaga; volvieron al escenario con un cabo, que comprobó que el taxista todavía respiraba. Lo trasladaron a un hospital.

Durante el trayecto, el Sr. Monasterio articuló algunas frases, pidiendo los auxilios sacerdotales y explicando con toda la mano el número de disparos recibidos. A medio camino, quedó yerto, ingresando ya cadáver en el establecimiento adonde le trasladaron. La causa de la muerte, según los facultativos y la autopsia practicada fueron los disparos recibidos dentro del vehículo. En el lugar donde el taxista fue arrojado y rematado se encontraron tres vainas de pistola, dentro de su cuerpo, dos proyectiles.

Monasterio era un burgalés de 38 años afincado en Bilbao. Tenía mujer y tres hijas. ETA no solo lo asesinó, sino que, además, intentó transferir la responsabilidad del crimen a la Guardia Civil. El 18 de abril empezaron a circular panfletos en los que la organización afirmaba que «abordar los hechos de frente y con honradez es, a la larga, mucho más provechoso: la verdad es siempre revolucionaria». Acto seguido, se negaba la versión oficial que habían transmitido los medios de comunicación, tachada de «novela», y se acusaba a la «escoria humana» de la Benemérita de haber acabado con la vida de Fermín Monasterio en un control. Aquella falsedad se divulgó con rapidez en los ámbitos en los que la prensa del régimen despertaba una (más que comprensible) desconfianza y la primera ETA cierta simpatía. Así, al volver al colegio, una compañera espetó a Dori, una de las hijas de Monasterio, entonces una niña de diez años, que a su padre lo había matado la Guardia Civil.

En la documentación interna de ETA se refleja la certeza de que Makagüen había sido el autor del crimen, pero la banda evitó admitirlo en público. Todavía en un Zuzen de 2004 se defendía que el 9 abril de 1969 «en los alrededores de Orozco, como consecuencia del enfrentamiento armado entre la Guardia Civil y gudaris de ETA, resultó muerto el ciudadano Fermín Monasterio Pérez. Un gudari de ETA resultó herido».

Miguel Etxeberria no fue juzgado por aquel asesinato. La Ley de Amnistía de 1977 anuló el delito. Acabaría reintegrándose en ETA. En 1998 fue sentenciado a ocho años de cárcel por fabricar explosivos. Quedó en libertad en 2003. En 2017 Makagüen falleció en Llodio, localidad en la que el nacionalismo radical celebró un acto para honrar su trayectoria de «militante histórico».

Rolando

A las 14:30 horas del 13 de septiembre de 1974 una bomba compuesta por unos 15 kilogramos de explosivo tipo goma estalló en la cafetería Rolando. Una de las cajeras estaba almorzando en la cocina del local, situada en el sótano, cuando «oyó una fuerte explosión unida al derrumbamiento de paredes, sepultando el lugar en que se encontraba». Ella consiguió salir de allí por un boquete que había en la escalera, pero el cocinero, que se encontraba a su lado, no tuvo tanta suerte: falleció en el acto. Fue uno de los tres empleados de la cafetería que murieron aquel día. Otros resultaron heridos. «Cuando se hallaba frente a un fregadero y sin que oyera ninguna explosión», declaró la señora de la limpieza, «le vino encima el techo con gran estrépito».

En el salón principal un inspector de Policía notó «como si una corriente eléctrica le pasara por el cuerpo, quedando conmocionado, hasta que poco después, rodeado de cascotes y humo, logró salir a la calle por el escaparate». Otro agente, que estaba en la barra, «inopinadamente sintió como un chasquido fuerte acompañado de una llamarada resplandor de color rojizo, sintiendo un golpe en la cabeza que le privó de conocimiento, quedando todo el establecimiento en la más completa oscuridad, con derribo del techo». No muy lejos un camarero se disponía a cobrar a unos clientes cuando «sintió como una corriente eléctrica que le inmovilizó, quedando sujeto en la máquina registradora, quedando escombros hasta el cuello». Un inspector recordaba que «vio fogonazos y que quedó envuelto en escombros». Junto a él estaba su compañero Félix Ayuso Pinel, que quedó gravemente herido. Moriría en enero de 1977 a consecuencia de las lesiones que sufrió aquel día.

La onda expansiva afectó a los locales adyacentes, como la DGS o Pañerías Inglesas, pero el peor parado fue el restaurante Tobogán. Estaba situado en la calle Mayor, pero con medianería a la cafetería Rolando. En su interior había quedado para comer un grupo de chicas que habían acudido a Madrid para pasar un examen de auxiliar de empresa. Una de ellas, natural de Burgos, «se hallaba frente a la plataforma de observación de platos [...], y sin oír ninguna detonación ni fogonazo, notó una fuerte ola de calor, con un olor fuertísimo parecido a pólvora, viéndose cubierta de casquetes y escombros». La joven supo que se trataba de una explosión porque ya había experimentado algo similar en una estación del metro de Londres. «Valiéndose de sus medios, y a pesar de tener los pies ensangrentados, posiblemente de sangre de otras personas, salió a la calle donde se encontró con tres compañeras». Faltaba una de las amigas, María Ángeles Rey Martínez. No supieron que había muerto hasta que poco después ellas mismas identificaron el cadáver.

El primer atentado indiscriminado de ETA causó 13 víctimas mortales. Además, hubo 73 heridos de diversa consideración, 72 si descontamos a Ayuso Pinel. La banda había elegido la cafetería Rolando porque era un local frecuentado por los agentes y funcionarios que trabajaban en la cercana DGS. Como expuso el comisario jefe en el sumario, los policías iban a comer allí por el «precio moderado». Era exactamente la misma razón que atraía a clientes de todo tipo y condición, desde turistas hasta estudiantes, a lo que hay que sumar la céntrica situación del establecimiento, justo al lado de la Puerta del Sol.

Todos los indicios apuntaban a ETA, escribió en las primeras diligencias el comisario general de investigación, José Sainz. Lo hizo el mismo día de la matanza. De repente, una pista que las FOP no habían sido capaces de interpretar, pero que él tenía grabada en su memoria, cobraba sentido. El policía explicaba que, al ser arrestado a finales de agosto, al miembro de la banda José María Arruabarrena Esnaola (Tanke) se le había encontrado una libreta en la que había una anotación: «Rolando 2.15-2.45». El 13 de septiembre quedó claro que se trataba del intervalo de tiempo en el que el restaurante estaba más concurrido. Pese a que la organización no reivindicó el atentado y a que en la prensa se llegó a acusar al PCE de estar implicado de alguna forma, en los 2.824 folios del expediente judicial no hay ninguna duda sobre la firma que llevaba el atentado: era la de ETA.

Tampoco se tardó en detener a la principal cómplice de los terroristas, Eva Forest. Sus declaraciones y las pruebas que las FOP encontraron en su casa, así como en las de algunos de sus colaboradores o amigos, permitieron identificar a los autores materiales de la masacre. Se trataba de una pareja formada por María Lourdes Cristóbal Elhorga, hija de exiliados españoles en Francia, y Bernat Oyarzabal Bidegorri, vascofrancés. Los etarras estaban bien provistos de fondos, pero en moneda francesa, por lo que habían utilizado varias entidades bancarias para convertirlos en pesetas. En la mayoría de ellas lo hicieron de forma anónima o con Forest con intermediaria, pero el 12 de septiembre de 1974 la propia María Lourdes Cristóbal había cambiado 500 francos por 5.789,7 pesetas en una sucursal del Banco Español de Crédito. Como se comprueba en el recibo, utilizó su nombre y apellidos, así como su Carta Nacional de Identidad. El incriminatorio documento, hecho pedazos, estaba en una bolsa de basura en el domicilio de Eva Forest. A partir de ese hilo la Policía pudo reconstruir los hechos.

Atentado en la cafetería Rolando, 13 de septiembre de 1974.

Fuente: Volkhart Müller © Album / EFE

El 9 de diciembre de 1974 el juez instructor emitió una orden de busca y captura para los dos sospechosos. Sin embargo, nunca llegaron a ser arrestados ni juzgados: para entonces ya habían regresado a Francia, cuyo gobierno se negaba a extraditar a integrantes de ETA amparándose en un convenio internacional de 1877. Tampoco fueron juzgadas las personas que las FOP habían detenido en relación con el atentado. Algunos, entre los que destacaba Eva Forest, habían sido colaboradores necesarios de la matanza. Otros, como Lidia Falcón y Eliseo Bayo, no tenían nada que ver ni con ETA ni con su red de apoyo en Madrid. De cualquier modo, el sumario se cerró en 1977. La banda no asumió el crimen hasta 2018.

CAPÍTULO III

AÑOS DE PLOMO. ETA CONTRA LA TRANSICIÓN (1976-1982)

¿QUÉ HACER? ENTRE LA RENOVACIÓN DE PERTUR Y EL FRENTISMO DE MONZÓN

El 5 de abril de 1976 ETApm puso en marcha la operación «Poncho». A través del colector de aguas fecales y un túnel que ellos mismos habían cavado, 29 presos se escaparon de la cárcel de Segovia. La mayoría eran etarras, pero había cinco integrantes de otras organizaciones. Debido a algunos errores en la ejecución del plan, el paso por la frontera con Francia acabó convirtiéndose en una ratonera: excepto cuatro, todos los fugados fueron detenidos por la Guardia Civil. En Burguete (Navarra) un agente mató de un disparo a Oriol Solé Sugranyes, antiguo miembro del Movimiento Ibérico de Liberación (MIL). Aquel desastre se sumó a las repercusiones que había tenido la redada policial contra ETApm de 1975. Los polimilis se encontraban en una situación crítica.

Para reconstruir sus estructuras, la banda requería una nueva fuente de financiación. En septiembre de 1975 anunció que iba a empezar a cobrar el «impuesto revolucionario». Detrás de este eufemismo se ocultaba la extorsión económica a empresarios, directivos y profesionales liberales mediante cartas amenazantes. El chantaje le reportó a ETApm unos fondos considerables, sobre todo después de que en abril de 1976 la organización secuestrase y asesinase al industrial Ángel Berazadi, cuya familia no había podido sufragar el rescate exigido. Tanto ETAm como los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA) se apresuraron a copiar el método. Florencio Domínguez (2018) ha calculado que 10.000 empresarios recibieron misivas exigiendo el «impuesto revolucionario» entre 1993 y 2010. Existen trabajos solventes sobre el tema, como el coordinado por Josu Ugarte (2018), pero es imposible saber cuántos fueron chantajeados con anterioridad a 1993 ni cuántos llegaron a pagar en total. La única certeza es que fueron los suficientes como para que ETA subsistiese hasta 2018.

El descalabro de ETApm también afectó al equilibrio interno de poder, antes sustentado en el triunvirato de Iñaki Mujika Arregi, Pedro Ignacio Pérez Beotegi y Eduardo Moreno Bergaretxe. Detenidos los dos primeros, figuras muy respetadas y sus principales valedores, la posición de Moreno Bergaretxe como líder ideológico de la banda empezó a ser cuestionada por el sector más exaltado y pretoriano de los polimilis, en gran medida encuadrado en los Komando Bereziak. Pese a sus críticas, Pertur propuso medidas para que el nacionalismo vasco radical se adaptase a la nueva coyuntura que había abierto la muerte de Franco. Por un lado, planteó que se impulsaran organismos sectoriales «autónomos» (en realidad, correas de transmisión de ETApm) que retasen a los que pivotaban en torno al PCE y la extrema izquierda. El más duradero sería el sindicato Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB, Comisiones de Obreros Patriotas). Por otro lado, planteó que se creara un partido de corte bolchevique para ejercer de vanguardia dirigente de la «izquierda abertzale». Esta formación debía aprovechar todos los resortes de la futura «democracia burguesa», incluyendo las urnas. Para hacerlo con garantías, era indispensable forjar una entente con la izquierda «revolucionaria» no nacionalista, es decir, con los hasta entonces despreciados «españolistas». Por último, Pertur quería que ETApm renunciase a su anterior protagonismo y se subordinase al partido. Buena parte de los berezis consideraron su proyecto una traición «liquidacionista».

A pesar de la misteriosa desaparición de Eduardo Moreno Bergaretxe en julio de 1976, aún sin resolver, dos meses después sus ideas fueron ratificadas en la VII Asamblea de ETApm. Así, la organización y su entorno fundaron Euskal Iraultzarako Alderdia (EIA, Partido para la Revolución Vasca). Íntimamente vinculada a los polimilis, la formación aunaba nacionalismo radical y leninismo, si bien estaban matizados por un incipiente posibilismo. Gracias a la tolerancia del Gobierno de Adolfo Suárez, EIA hizo su presentación pública en la localidad vizcaína de Gallarta en abril de 1977. Siguiendo el plan de Pertur, el partido se dispuso a tejer alianzas con la extrema izquierda y a participar en las elecciones que el presidente Suárez había convocado para junio de ese mismo año.

Esperando abortar la evolución de ETApm, los berezis se sublevaron. Su golpe de mano fue desbaratado por la dirección de la banda, por lo que se escindieron. Acto seguido, los Komando Bereziak se fracturaron en dos partes. Una se unió a una heterogénea mezcolanza de colectivos para conformar una nueva banda terrorista: los CAA.

Otra facción asesinó al policía Manuel Orcera de la Cruz en San Sebastián el 18 de mayo de 1977. A los dos días los berezis secuestraron al empresario y político Javier de Ybarra y Bergé, cuyo cadáver apareció el 22 de junio. La historia de este grupúsculo fue efímera, ya que no tardó en ser absorbido por ETAm. La noticia apareció el 29 de septiembre de 1977 en la portada del primer número de Egin. Al principio este diario tuvo una orientación relativamente plural, en la que tenían cabida el entorno de ETAm, el de ETApm y la extrema izquierda, aunque acabaría convirtiéndose en el vocero de la rama militar.

El proyecto transversal de Pertur no solo chocó con los berezis, sino también con el frentismo excluyente que en 1977 defendían otras fuerzas abertzales. Por ejemplo, Euskal Sozialista Biltzarrea (ESB, Partido Socialista Vasco), una formación de centroizquierda, ultranacionalista y xenófoba liderada por Iñaki Aldekoa y Txillardegi. ESB abogaba por una coalición electoral que incluyera solamente a los abertzales, a lo que ETApm se negó en redondo: era «muy peligroso ya que nos puede llevar a situaciones similares a la irlandesa».

Hubo iniciativas parecidas, como la de un grupo de «independientes» navarros o la del escritor vascofrancés Marc Légasse, pero solo una de ellas llegó a ser debatida: la de Telesforo Monzón, un antiguo dirigente del PNV y exconsejero del Gobierno Vasco que se había radicalizado hasta situarse en los aledaños de ETAm. Desde su perspectiva, en Euskadi solo existían dos fuerzas a las que tener en cuenta: «los gudaris de ayer» (el PNV) y «los gudaris de hoy» (ETA). La misión que se adjudicó a sí mismo era unirlas y guiarlas para presentar a «Madrid» un «programa de pueblo».

La primera fase del programa de Monzón consistía en una reunión entre los milis y el PNV. A tal núcleo se sumaría el resto de formaciones nacionalistas para construir un frente que concertase «conjuntamente su acción con destino a la independencia de Euskadi». La candidatura unitaria se presentaría a los comicios de junio de 1977 «si hay una mínima garantía de libertad», pero los diputados electos, en vez de acudir a las Cortes, irían a Pamplona. Allí constituirían la «Asamblea de Euskadi» que elegiría al nuevo Gobierno Vasco encargado de negociar «con Madrid» la firma de un «armisticio a cambio de que se cumplan las reclamaciones vascas», esto es, la independencia. «Si nos unimos», declaró Monzón, «el Estado de Euskadi Sur puede hallarse en trance de nacer. Si nos disgregamos y enfrentamos, podemos hallarnos en vísperas de una nueva guerra civil entre vascos».

El principal sostén de Monzón era ETAm, pero lo cierto es que la banda tenía una agenda oculta. Pretendía instrumentalizar los encuentros para imponer al resto del nacionalismo tanto su caudillaje como el rechazo abstencionista a las elecciones, que consideraba un peligro para la continuidad de la violencia y la pureza del independentismo. «Si arrastramos al PNV por el camino de la lucha y fuera de las vías parlamentarias», declaró un delegado de ETAm en una reunión de KAS, «entraría en nuestra dinámica y caería bajo nuestra égida».

La denominada «Cumbre Vasca» se celebró entre abril y mayo de 1977 en el hotel Chiberta (Anglet, cerca de Bayona). Algunas personalidades y todas las organizaciones nacionalistas, ya fueran formaciones políticas o bandas terroristas, acudieron a los encuentros. Con la anecdótica excepción del Partido Carlista de Euskadi, se prescindió de las fuerzas no abertzales, incluso de las de mayor pedigrí antifranquista.

Pese a las presiones que ejerció ETA militar, algunas interpretadas por los jeltzales como una amenaza directa, Chiberta naufragó. Los propósitos de Monzón y los milis chocaron con la firmeza de la mayoría de los partidos, especialmente del PNV, que ya se habían decantado por la vía institucional, y algunas formaciones nacionalistas se habían integrado en coaliciones transversales con otras no abertzales: EIA con la extrema izquierda y el PNV con el PSOE para el Senado (el Frente Autonómico).

La convocatoria electoral y el fiasco de Chiberta ensancharon la brecha entre los dos bloques de la «izquierda abertzale», pronto irreconciliables. El intransigente, que apostaba por el boicot abstencionista, estaba compuesto por los berezis escindidos de ETApm, ETAm y su entorno: LAIA y las fuerzas que en julio acabaron convergiendo en Herriko Alderdi Sozialista Iraultzailea (HASI, Partido Socialista Revolucionario del Pueblo). El posibilista, que giraba en torno a EIA y ETApm, defendía la participación en los comicios, aunque supeditada a ciertas cesiones del Gobierno. Los contactos que desde noviembre de 1976 mantenían los polimilis con los servicios secretos permitieron desbloquear la situación mediante la excarcelación y expulsión al extranjero (extrañamiento) de los presos más destacados de ETA. EIA pudo así conformar una alianza con independientes y el Euskadiko Mugimendu Komunista (EMK, Movimiento Comunista de Euskadi), partido maoísta cuyo origen se remontaba a ETA berri, con el apoyo externo de Eusko Sozialistak y Euskal Komunistak. Sus candidaturas fueron denominadas Euskadiko Ezkerra (EE, Izquierda de Euskadi) en el País Vasco y Unión Navarra de Izquierdas (UNAI) en el Viejo Reino. ETAm y sus fieles no aceptaron las concesiones gubernamentales y llamaron a la abstención.

OPORTUNIDADES PERDIDAS. LIBERTAD, AMNISTÍA Y ESTATUTO DE AUTONOMÍA

La Unión de Centro Democrático (UCD) de Adolfo Suárez resultó vencedora en las elecciones del 15 de junio de 1977. Obtuvo 6.310.391 votos (el 34,44 por 100 del total), que se traducían en 165 diputados y le aseguraban la continuidad en el Gobierno. La segunda posición le correspondió al PSOE de Felipe González: 5.371.866 papeletas (el 29,32 por 100). La tercera, al PCE de Santiago Carrillo: 1.709.890 sufragios (el 9,33 por 100). La cuarta, a la Alianza Popular (AP) de Manuel Fraga, con el apoyo de 1.504.771 ciudadanos (el 8,21 por 100). El resultado reflejaba los anhelos democráticos de la sociedad española, que había dejado fuera de las Cortes a los extremos del arco político.

La población vasca también apostó por la democracia, la moderación y la autonomía. En Euskadi el PNV logró 296.193 votos (el 29,28 por 100 del total) y ocho diputados; seguido del PSE, con 267.897 papeletas (el 26,48 por 100) y siete escaños; UCD, con 129.600 (el 12,81 por 100) y cuatro diputados; Alianza Popular (AP), con 71.909 (el 7,11 por 100) y un parlamentario, y EE, con 61.417 (el 6,07 por 100) y otro escaño: Francisco Letamendia (Ortzi). Se quedaron sin representación el PCE-EPK (45.916 sufragios), ESB (36.002), las distintas candidaturas democristianas, Acción Nacionalista Vasca (ANV) (6.435), la fragmentada extrema izquierda y la ultraderecha. El Frente Autonómico acaparó la mayoría de los asientos en el Senado, aunque Euskadiko Ezkerra ganó uno en la circunscripción de Guipúzcoa: el abogado Juan Mari Bandrés, con el apoyo de 67.978 electores. En Navarra los primeros puestos fueron a parar a UCD, que sumó 75.036 papeletas (el 29,03 por 100), y al PSE, con 54.720 (el 21,17 por 100). El tercer mejor resultado correspondió a UNAI, con 24.489 votos (el 9,47 por 100), que se quedó cerca de obtener un acta para el Congreso.

El boicot a los comicios que habían promovido ETAm y su entorno se estrelló contra las ganas de votar de la ciudadanía: el índice de abstención en el País Vasco (22,77 por 100) resultó muy similar a la media española (21,17 por 100); y el de Navarra (17,76 por 100) era inferior. Fue un baño de realismo para la cúpula de la banda, que en un documento interno confesaba haberse hundido en un «fuerte pesimismo». Otros elementos que hicieron sonar las alarmas de los milis fueron el potencial de EIA-EE, que parecía capaz de aglutinar a toda la «izquierda abertzale», disputando el puesto de vanguardia a ETA; el papel cada vez más preponderante del PNV; el declive de los movimientos de protesta en Euskadi, una vez se aprobó la Ley de Amnistía, y la institucionalización de la democracia parlamentaria. A finales de 1977, en una reunión bilateral con EIA, líderes de ETAm declararon: «hemos observado un receso en el pueblo en cuanto a movilizaciones, y un ascenso de las fuerzas reformistas que podía llevarnos a un asentamiento de la Reforma de Suárez en Euskadi. Ante esto hemos optado por tomar la iniciativa y actuar para intentar que ello no sucediese». Una de sus disposiciones consistió en tutelar su propia marca para competir electoralmente con EE: Herri Batasuna (HB, Unidad Popular).

Sin ser espectacular, el resultado que había cosechado Euskadiko Ezkerra en junio de 1977 le permitía tener presencia y voz en las instituciones democráticas, que era adonde se había trasladado el foco político y mediático. Por ejemplo, sus dos parlamentarios participaron en las Cortes en el debate acerca de la amnistía, un tema crucial para la «izquierda abertzale» y la principal consigna de numerosas manifestaciones y huelgas antifranquistas en los años precedentes. Se abordó la cuestión a instancias de las izquierdas y los nacionalismos vasco y catalán, que lograron sumar a la UCD del presidente Adolfo Suárez. El 15 de octubre de 1977, con la abstención de AP, la práctica totalidad del arco parlamentario aprobó la Ley de Amnistía. Se trataba de desactivar el terrorismo y de sellar la definitiva reconciliación entre las «dos Españas». Por consiguiente, el olvido legal afectó tanto a la Guerra Civil y a la represión franquista como a los crímenes cometidos por las bandas terroristas (con excepciones como algunos atentados de los GRAPO o la masacre ultraderechista de los abogados de Atocha).

De acuerdo con un reportaje de ABC, 1.232 integrantes de ETA se beneficiaron de la amnistía. Es probable que la cifra sea menor, pero no hay duda de que decenas de reclusos con delitos de sangre fueron excarcelados. El 9 de diciembre de 1977 el último de ellos, el exmiembro de ETApm Francisco Aldanondo (Ondarru), abandonaba la prisión de Martutene. Tras haber alcanzado sus fines fundacionales, la Gestora proamnistía de Guipúzcoa se disolvió. La Ley era una oportunidad histórica para acabar con la violencia política: los terroristas podrían haber vuelto a casa con total impunidad, ya que las víctimas fueron completamente ignoradas por las instituciones y la sociedad.

No obstante, la autodisolución no entraba en los planes de ninguna de las ramas de ETA. Al día siguiente de que el consejo de ministros ratificase el proyecto de ley, los milis asesinaron a Augusto Unceta Barrenechea, presidente de la Diputación de Vizcaya, y a los dos guardias civiles que le escoltaban: Ángel Antonio Rivera Navarrón y Ángel Fernández Hernández-Segura. El atentado produjo tal consternación que incluso la prensa afín a la «izquierda abertzale», Egin y el semanario Punto y Hora de Euskal Herria, emitió una enérgica condena, que fue rápidamente neutralizada y no se volvería a repetir. Las críticas no hicieron mella en ETAm. No había pasado ni una semana de la excarcelación de Aldanondo cuando otro comando acabó con la vida del concejal de Irún Julio Martínez. El propio Aldanondo volvería a empuñar las armas, esta vez enrolado en los CAA: falleció en un tiroteo con la Guardia Civil en octubre de 1979. Como él, otros presos amnistiados reingresaron en las distintas ramas de ETA. En palabras de Patxo Unzueta (1996), «la dinámica infernal —atentados, presos, más atentados— estaba de nuevo en marcha».

De acuerdo con Santos Juliá (2017), la Ley de Amnistía «no obtuvo en modo alguno el taumatúrgico efecto pacificador que de ella esperaban quienes la defendieron en el Congreso y en el Senado: ni alentó la vuelta de los chicos de ETA a casa ni marcó el fin de los atentados. Ocurrió, más bien, lo contrario». No obstante, incluso tras despreciar la medida, a ETA se le ofrecerían nuevas y generosas salidas: el Estatuto de autonomía, la reinserción colectiva, la reinserción individual, las sucesivas conversaciones con el Gobierno, etc. Los autoproclamados nuevos gudaris las rehusaron una tras otra. Así pues, si el terrorismo continuó, lo hizo únicamente porque esa fue su decisión.

El principal objetivo de las primeras Cortes fue la elaboración de la Carta Magna. En el debate constitucional EE propuso el reconocimiento del derecho de autodeterminación para las comunidades autónomas, algo que no secundaron ni los partidos de izquierda ni el PNV, el cual apostaba por los denominados «derechos históricos». El Congreso, tras modificar el borrador, suscribió un nuevo texto en julio de 1978. Entre septiembre y octubre hizo lo propio el Senado. Se constituyó una Comisión Mixta de la que salió la versión definitiva a finales de octubre. Recogía los derechos y libertades fundamentales y definía a España como un Estado social y democrático de derecho, con una monarquía parlamentaria y soberanía popular, donde las regiones podrían gozar de autogobierno. Era el germen del Estado de las autonomías. El texto fue aprobado por abrumadora mayoría en las Cortes, gracias al apoyo de la UCD, el PSOE, el PCE y AP. Los parlamentarios del PNV se abstuvieron (así como algunos de AP y UCD). Los dos representantes de EE votaron en contra.

En el País Vasco el PSE, la UCD, AP, el PCE-EPK, el Partido Carlista, Democracia Cristiana Vasca y la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT) se posicionaron a favor del sí en el referéndum de la Constitución. El PNV, Euskadiko Sozialistak Elkartze Indarra (ESEI, Unificación de los Socialistas de Euskadi) y parte de la extrema izquierda, como el EMK, se decantaron por la abstención, al considerar que había elementos mejorables. EE, HB, la sección vasca de la LCR, Liga Komunista Iraultzailea (LKI, Liga Comunista Revolucionaria) y la ultraderecha optaron por el no a la Carta Magna.

La consulta se celebró el día 6 de diciembre de 1978. 15.706.078 ciudadanos españoles (el 88,54 por 100 del total) votaron sí a la Constitución. Solo hubo 1.400.505 noes (el 7,89 por 100). También predominaron los sufragios positivos en el País Vasco, 479.205 (el 70,24 por 100), y en Navarra, 182.207 (el 76,42 por 100), aunque el porcentaje de las papeletas negativas era mayor que la media española (respectivamente, 23,92 por 100 y 17,11 por 100). La abstención registrada en el Viejo Reino (33,37 por 100) y en Álava (40,71 por 100) no estaba muy lejos de la del conjunto de España (32,89 por 100), pero en Vizcaya (57,54 por 100) y Guipúzcoa (56,57 por 100) era mucho más elevada. El dato ha llevado a Santiago de Pablo y Ludger Mees (2005) a hablar de una Constitución «contestada» en el País Vasco, si bien no «rechazada», «ya que las abstenciones no pueden contabilizarse sin más como votos en contra».

De cualquier manera, con la excepción de HB, que veía a la Carta Magna como «una declaración de guerra», de la ultraderecha y de un sector de la extrema izquierda, todas las fuerzas políticas reconocieron la legalidad del nuevo marco constitucional y del Estado de las autonomías que de él emanaba. Se abría la puerta al estatuto vasco.

Con dos salvedades (HB, por su independentismo a ultranza, y AP, por su centralismo), existía el acuerdo unánime de que Euskadi debía gozar de un amplio autogobierno. EE se integró tanto en la Asamblea de Parlamentarios Vascos como en el Consejo General Vasco (CGV), órgano encargado de la gestión del periodo preautonómico, presidido por el lehendakari socialista Ramón Rubial. Una ponencia del CGV, a la que HB se negó a acudir, fue la encargada de redactar el anteproyecto. El 24 de diciembre el texto final recibió el respaldo del PNV, PSE, UCD, EE, el PCE-EPK y otras pequeñas formaciones de izquierdas. El 29 de diciembre el CGV y la Asamblea de Parlamentarios Vascos aprobaron el Estatuto de Guernica. La negociación quedó en manos del presidente del Gobierno Adolfo Suárez y del jeltzale Carlos Garaikoetxea, lehendakari del nuevo CGV emanado de las elecciones generales de 1979.

El 25 de octubre de 1979 se celebró el referéndum autonómico. Un total de 831.839 vascos votaron sí al Estatuto de Guernica: el 94,6 por 100 de los que acudieron a las urnas. Únicamente hubo 47.529 papeletas negativas (el 5,4 por 100). La abstención se elevó al 41,14 por 100, lo que ETAm y su entorno interpretaron como una impugnación del proceso, pero se trataba de una cifra similar a la de los ciudadanos que no votaron en las elecciones autonómicas de 1980 en las que sí participó HB (40,24 por 100). Además, el dato de abstención en el plebiscito vasco era prácticamente el mismo que el registrado en el referéndum sobre el Estatuto de Cataluña, celebrado esa misma jornada (40,3 por 100), y mucho menor que el del plebiscito autonómico en Galicia de diciembre de 1980 (el 71,73 por 100), comunidades en las que el secesionismo tenía un carácter residual. Como recuerda José Luis de la Granja (2019), el de Guernica fue el que tuvo «mayor respaldo popular de todos los Estatutos de Comunidades Autónomas aprobados en referéndum desde la Transición».

Se trataba de un pacto de convivencia entre los ciudadanos vascos nacionalistas y no nacionalistas, con la impronta de los primeros y muy especialmente del PNV. El Estatuto establecía el nacimiento de una Euskadi autónoma en el seno de la España democrática. Era la primera vez que Vizcaya, Guipúzcoa y Álava contaban con instituciones comunes, como el Parlamento y el Gobierno, ya que durante la Guerra Civil el ejecutivo autonómico solo controlaba la provincia vizcaína y ni siquiera llegó a haber elecciones regionales. Por eso no es exagerado decir que en 1979 el País Vasco accedió a unas cotas de autogobierno sin parangón en su historia. Así lo entendía EE. Bandrés declaró que era «la firma del tratado de paz después de tres guerras civiles». En cambio, HB vio el pacto estatutario como una reedición del «abrazo de Vergara». Desde el punto de vista de los extremistas, su «guerra» no terminaría hasta la independencia de Euskadi.

El 9 de marzo de 1980 se celebraron las primeras elecciones autonómicas. Los comicios, que Francisco José Llera (1998) califica como «inaugurales y, por tanto, excepcionales», reflejaron el auge del nacionalismo vasco. El PNV obtuvo 349.102 votos (el 38,10 por 100 del total) y 25 de los 60 parlamentarios. HB se consolidó como la segunda fuerza en Euskadi con 151.636 sufragios (16,55 por 100) y 11 escaños. El PSE se conformó con 130.221 papeletas (14,21 por 100) y nueve representantes. EE, con 89.953 (el 9,82 por 100), que le valieron seis puestos en la cámara vasca, se despidió de sus aspiraciones de superar a HB. UCD sumó 78.095 sufragios (seis parlamentarios), AP, 43.751 (dos), y, por último, el PCE-EPK, con 36.845 votos, ganó un diputado autonómico.

El PNV formó un Gobierno Vasco monocolor con el lehendakari Carlos Garaikoetxea a la cabeza. El dominio de las diputaciones forales, la ausencia de los parlamentarios de HB, que se negaban a estar presentes en la mayoría de las instituciones democráticas, y la dejación de otras opciones políticas facilitarían que la formación jeltzale gestionase el poder casi como si tuviese mayoría absoluta, rompiendo con la política de grandes consensos que había caracterizado a la Transición. «Todo ello», siguiendo a José Luis de la Granja (2009), «permitió al PNV construir la Comunidad Autónoma Vasca a su imagen y semejanza [...], intentando patrimonializar Euskadi».

Pese a las esperanzas que el Estatuto había suscitado, la violencia terrorista se prolongó. En opinión de Luis Castells (2017), tanto el PNV como el PSE habían cometido el error de considerar que

ETA era un fenómeno de naturaleza política derivado del franquismo, que se solucionaría con la democracia y tras alcanzar un alto grado de autogobierno. Desde los partidos institucionales se confiaba en las posibilidades de integración en la vida democrática tanto de ETA como del mundo radical abertzale a través de la aplicación de medidas políticas como el establecimiento y profundización de la libertad, la amnistía, la autonomía, la creación de una policía propia, etc.

Pudo ocurrir así con EE, aunque de manera tardía, pero, desde luego, no con ETAm y HB.

LOS ENEMIGOS DE LA DEMOCRACIA. TERRORISMO Y GOLPISMO

Entre 1976 y 1982 en España la violencia terrorista arrebató la vida a 498 personas y, según el registro del Ministerio del Interior, hirió a otras 450. El número de víctimas mortales se mantuvo estable en los primeros años (32 en 1975, 24 en 1976 y 35 en 1977), experimentó una vertiginosa subida en los tres centrales (91 en 1978, 128 en 1979 y 132 en 1980) y volvió a bajar al final (39 en 1981 y 49 en 1982). No hay duda, por tanto, de que se trató de uno de los periodos más convulsos y violentos de nuestra historia reciente. Junto al golpismo, el terrorismo fue el mayor peligro para el proceso de democratización. España no volvería a sufrir un índice tal de violencia hasta el año 2004, con 194 víctimas mortales del terrorismo, 192 de las cuales fallecieron en la masacre yihadista del 11-M.

Durante la Transición actuaron bandas terroristas de muy distinta naturaleza. No obstante, la mayoría de los atentados llevaban el sello de la «izquierda abertzale». Las distintas ramas de ETA fueron responsables de 340 asesinatos (el 68,2 por 100 del total) y 305 heridos (el 67,7 por 100). En el ranking de daños le seguían el terrorismo de extrema izquierda, con 73 víctimas mortales (15 por 100) y 56 heridos (12 por 100); el de ultraderecha o parapolicial, que acabó con la vida de 62 personas (12 por 100) y causó 39 heridos (9 por 100); el de ámbito internacional, con ocho víctimas mortales (2 por 100), y el del nacionalismo catalán y canario radical, con cuatro asesinatos (0,8 por 100). No hay pruebas acerca de la autoría de otros 11.

Durante la Transición ETA causó el 40 por 100 de las víctimas mortales de sus seis décadas de historia. Además, según Florencio Domínguez (2020), entre 1977 y 1984 cometió un total de 1.804 atentados terroristas: una media de 225 al año. Tal grado de violencia sostenida en el tiempo no se volvería a repetir. La pregunta es inevitable: ¿Cómo fue posible algo así?

Para responderla es necesario adoptar una óptica multicausal. Si comparamos lo que estaba ocurriendo en España con otros países occidentales, comprendemos que la actividad de ETA y otras bandas no era más que la materialización local de un fenómeno universal: por esas fechas la tercera oleada internacional de terrorismo estaba llegando a su cenit. Por poner un ejemplo cercano, entre 1976 y 1982 las bandas que operaban en Irlanda del Norte cometieron 915 asesinatos, aunque el año más letal había sido 1972, con 480. Otro, igual de significativo: si durante el año más cruento, 1980, hubo 132 víctimas mortales del terrorismo en España, en Italia fueron 124.

A nivel nacional hay que tener en cuenta que los efectos de la tercera oleada se vieron multiplicados porque los terroristas habían encontrado un escenario muy propicio, sobre todo cuando avanzó la Transición: crisis generalizada, gobiernos débiles, al igual que su presidente, una UCD en plena descomposición, etc. Por añadidura, durante esta etapa ni el Ministerio del Interior ni las FCSE supieron enfrentarse a la amenaza terrorista. La Administración pública carecía de una doctrina de seguridad, y tampoco dotó de medios a los responsables de la lucha antiterrorista. Policías y guardias civiles estaban mal cualificados, peor pagados y faltos de cultura democrática. Esos elementos se combinaron con la procedencia militar de muchos agentes y mandos, el lastre de su pasado franquista y el presente ultraderechista (o incluso golpista) de una parte de ellos. Acostumbrados a la impunidad, se cometieron errores, excesos y abusos, que en algunos casos desembocaron en tragedia. Baste recordar la muerte por disparos de las FOP de cinco trabajadores el 3 de marzo de 1976 en Vitoria, del militante de la LKI Germán Rodríguez el 8 de julio de 1978 en Pamplona o de la ecologista Gladys del Estal el 3 de junio de 1979 en Tudela. Pasada la primera fase de la Transición, este tipo de represión expeditiva y brutal disminuyó notablemente, pero no conviene olvidar sucesos como las torturas policiales que acabaron con la vida del etarra Joseba Arregi Izagirre en la DGS el 13 febrero de 1981. Aquel crimen provocó un rechazo casi unánime de la sociedad vasca: según las encuestas, el 85 por 100 de los ciudadanos se posicionaron en contra.

Tampoco el sistema judicial funcionaba correctamente. De acuerdo con las estadísticas de la Dirección General de Seguridad, a lo largo de 1980 se produjeron un total de 395 acciones terroristas en España. Durante ese año la Audiencia Nacional incoó 295 sumarios por delitos relacionados con este tipo de violencia, pero solo dictó 129 sentencias, 101 condenatorias y 29 absolutorias. Teniendo en cuenta la cantidad de atentados que se estaban cometiendo durante los «años de plomo», el número de veredictos nos permite vislumbrar las limitaciones del poder judicial. La Audiencia Nacional no solo estaba sobrepasada, sino que cometió yerros chocantes.

Hay que buscar otros motivos del repunte de la violencia política en el ámbito regional. En primer lugar, la «ausencia de Estado en el País Vasco», por emplear las palabras del general Andrés Cassinello en un informe de 1980. En las de Manuel Ángel Sánchez Corbí y Manuela Simón (2017), «los terroristas estaban muy por encima del Estado en la batalla que se estaba librando». Los atentados, concluye Raúl López Romo (2015), indujeron «al descrédito del Estado español, incapaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos y, más en general, de la propia democracia, que implica el respeto a unos derechos conculcados de forma cotidiana por los violentos».

En segundo término, la falta de unión de los partidos democráticos, causada en cierta medida por la ambigüedad de la que hizo gala el PNV. Con excepciones, el partido evitó sumarse a las iniciativas de carácter pacifista que patrocinaron socialistas y comunistas, intentó no romper todos los puentes con la «izquierda abertzale» y se promocionó como la única solución viable al «problema vasco». Lo fuera o no, el resto de actores políticos lo consideraron así, empezando por el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, que trató al PNV como a un interlocutor privilegiado, legitimándolo como el único y genuino representante de Euskadi, a pesar de que solo contaba con el respaldo de tres de cada diez votantes.

Tercero, de acuerdo con Kepa Aulestia (2005), «el gran logro del terrorismo en el País Vasco fue la gestación de una “sociedad dentro de la sociedad”». Al contrario que las otras bandas en activo en España, ETA contaba con cobertura político-electoral, medios de comunicación afines, un entramado asociativo especializado (jóvenes, mujeres, ecologismo, barrios...), centros de encuentro social, un sindicato y un discurso aceptado por una parte de la población. En las elecciones generales de 1979 HB consiguió 172.110 sufragios entre el País Vasco y Navarra, y EE, 80.098 en Euskadi. En total, 252.000 ciudadanos se decantaron por candidaturas de la «izquierda abertzale». En las primeras elecciones autonómicas vascas, las de 1980, lo hicieron 240.000 (el 26 por 100 del total). Sus votos eran una muestra de apoyo a la violencia política o, al menos, así lo interpretaban los propios terroristas. Aquel porcentaje no tenía parangón ni en España ni en el resto de Europa occidental, donde, excepto los lealistas y el Sinn Féin en Irlanda del Norte, los brazos políticos de las bandas eran marginales. La radicalización abertzale afectaba más a los jóvenes, atraídos por el discurso maniqueo, rupturista, épico y demagógico, que resultaba muy atractivo en el contexto del «desencanto» y el declive de la extrema izquierda.

El cuarto elemento fue la escasísima contestación ciudadana a los crímenes de ETA, que respondía tanto al miedo como a la falta de empatía con las víctimas: el «algo habrá hecho» que se solía murmurar tras cada asesinato. Durante la Transición los nombres de las personas asesinadas aparecían fugazmente en los diarios del día siguiente al atentado, pero luego eran sepultados en el olvido. Los heridos y los familiares de los fallecidos estuvieron completamente desamparados. La Hermandad de Familiares de Víctimas del Terrorismo, posteriormente rebautizada como AVT, no nació hasta diciembre de 1980. Como han estudiado Eduardo Mateo (2018) y María Jiménez (2020), se trató del primer paso del movimiento asociativo de los damnificados por el terrorismo, pero todavía quedaba un largo camino por recorrer.

Un trabajo inédito de Francisco J. Llera indica que en febrero de 1981 solo el 23 por 100 de los vascos mostraba un rechazo frontal al terrorismo, frente a un 8 por 100 que lo apoyaba y un 4 por 100 que lo justificaba de manera crítica. El resto de la ciudadanía se movía en posiciones más ambiguas o, en su mayoría (48 por 100), ni siquiera contestaba a esa pregunta. Juan José Linz (1986) constataba que a finales de 1979 los miembros de ETA eran vistos como «patriotas» por el 18 por 100 de los ciudadanos, «idealistas» por el 36 por 100, «manipulados» por el 32 por 100, «locos» por el 8 por 100 y «criminales comunes» por el 5 por 100.

Las primeras protestas contra el terrorismo de ETA fueron organizadas en 1978 por el PCE-EPK, partido que había adoptado una postura firme al respecto, algo todavía excepcional entre las fuerzas provenientes de la oposición antifranquista. Incluso promovió infructuosamente la formación de un «Frente por la Paz» junto al PSE. El 28 de junio de 1978, tras el asesinato del periodista José María Portell por parte de ETAm, los comunistas convocaron una manifestación en Portugalete. Hubo protestas similares cuando se produjeron nuevas víctimas mortales. El 28 de octubre de 1978 tuvo lugar una manifestación con el lema «Por una Euskadi libre y en paz», más nutrida, convocada por el PNV y secundada por el PSE y el PCE-EPK. No se permitió a UCD que acudiera como tal, ya que fue vetada por los jeltzales.

Pese a los cientos de víctimas que ETA dejó durante la Transición, apenas hubo iniciativas de la sociedad civil. Una excepción fue el manifiesto que 33 artistas e intelectuales (J. Caro Baroja, K. Mitxelena, E. Chillida, J. M. Barandiarán, J. R. Recalde, X. Lete, G. Celaya, A. Ibarrola, etc.) firmaron en mayo de 1980 en oposición a las «gentes que dicen amar al País como nadie pero que sin duda confunden el amor con la muerte». En el texto se planteaba que «la violencia que ante todo nos preocupa es la que nace y anida entre nosotros, porque es la única que puede convertirnos, de verdad, en verdugos desalmados, en cómplices cobardes o en encubridores serviles».

En julio de ese mismo año el PSE y el PCE-EPK convocaron una marcha contra la campaña veraniega de ETApm. Cuando en octubre de 1980 esa banda asesinó a Juan de Dios Doval, dirigente de UCD, buena parte de los alumnos y docentes de la Facultad de Derecho de San Sebastián, de la que la víctima era profesor, se echaron a la calle. Al día siguiente las fuerzas democráticas se unieron en una manifestación «contra el terrorismo y por la paz». Poco después, tras sendos atentados de ETAm, vecinos de Zarauz y Eibar se movilizaron de forma espontánea. Se trataba del germen del movimiento pacifista vasco, que todavía tardó en florecer.

Centrándonos en la propia organización, para su actividad fue vital el «santuario» del que disfrutaba al otro lado la frontera. Era manifiesto que el Gobierno francés toleraba la presencia de la banda en su territorio, siempre que no atentase en él. Así, el sur de Francia sirvió a los etarras de retaguardia segura para huir tras los atentados, entrenarse, reunirse, almacenar armamento, cobrar el «impuesto revolucionario», etc.

También habría que mencionar que, debido a la experiencia acumulada durante años, ETA fue capaz de perfeccionar su funcionamiento. De ahí su rentable sistema de financiación: siguiendo a Florencio Domínguez (2018), durante la Transición las bandas vinculadas a la «izquierda abertzale» ingresaron 535 millones de pesetas mediante atracos, entre 920 y 950 millones por secuestros y una cantidad desconocida por la extorsión.

Por último, ETAm, ETApm, los CAA y algunos grupúsculos de imitadores estaban compitiendo entre sí por el respaldo social, los recursos, los posibles aliados, las portadas de los periódicos, la atención del Gobierno y la legitimidad histórica. Aquella pugna sirvió de incentivo para cometer más atentados.

La debilidad de la joven democracia española entre 1979 y 1980 coincidió con el punto álgido del ciclo del terrorismo. De igual manera, el inicio de la consolidación del sistema parlamentario a partir de 1981 fue paralelo a la desaceleración de la violencia política. Ese año la organización causó 30 víctimas mortales, y al siguiente, 39. Eran muchas, pero se constata un paulatino cambio de tendencia. Puede achacarse a dos motivos. Por un lado, ETApm había declarado una tregua durante la cual negoció su disolución: a la consiguiente reinserción se apuntaron tanto expolimilis como exmiembros de otras bandas, que quedaron mermadas. Por otro lado, las FCSE empezaban a ser más eficaces en la lucha antiterrorista. Según un informe policial de 2003, «a partir de 1982 se observa un descenso en el número de acciones, provocado en gran medida por la desarticulación de un número importante de comandos armados y la detención en Francia de diversos dirigentes de ETA». Aunque hubo otras personas implicadas, tuvo un papel muy destacado el ministro del Interior Juan José Rosón. Florencio Domínguez (2017) contabiliza que entre 1980 y 1982 las FCSE incautaron a ETA 752 armas de fuego, 171 granadas y 2.036 kilogramos de explosivos.

La violencia política no fue, como se ha llegado a insinuar, producto de la Transición, sino de quienes pretendían abortarla: terroristas y golpistas. Pese al embate combinado del 23-F y los cientos de atentados, el cambio político perseveró, ahuyentando el fantasma de una nueva guerra civil. A la altura de 1982 era evidente que los enemigos de la democracia habían fracasado. Muchos acabaron en la cárcel, huyeron o abandonaron el empeño. Otros, como fue el caso de los milis, se obstinarían en la «lucha armada» hasta sus últimas consecuencias.

«NEGOCIANDO» CON UNA PISTOLA EN LA MANO. LAS CAMPAÑAS DE ETAM Y EL 23-F

Pese a negar la legitimidad de la naciente democracia española, a la que denunciaba como una «dictadura militar encubierta», ETAm no tuvo más remedio que asumir que el escenario se estaba alterando. Si se asentaba la Transición democrática en Euskadi, podía dejar fuera de juego a la «lucha armada». Para conjurar tal contingencia y adaptarse a las nuevas circunstancias, la organización dio un giro decisivo en los planos político-electoral, interno y estratégico.

En el primer aspecto los milis olvidaron la promesa de autonomía que habían hecho a su entorno civil. El instrumento para controlar a la «izquierda abertzale» fue HASI, un partido fundado en julio de 1977 sobre la base de EHAS. Pese a la creciente influencia que ejercía ETAm, de la que dependían económicamente, los líderes de HASI intentaron participar en las instituciones y acercarse a EIA. La banda y sus partidarios reaccionaron dando un golpe de timón, que se escenificó en el II Congreso de HASI (mayo de 1978): la dirección vio derrotadas todas sus propuestas y fue forzada a dimitir, tras lo que en gran parte acabó integrándose en EE. En HASI solo permanecieron los fieles a ETAm: el presidente, Santiago Brouard, y el secretario general, Txomin Ziluaga. El partido quedó reducido al papel de apéndice político de la banda.

En 1978 las formaciones abertzales peor paradas en los comicios del año anterior, LAIA, HASI, ESB y ANV, se reunieron en lo que se denominó la Mesa de Alsasua. Se trató del germen de la coalición ultranacionalista HB, que se posicionó a favor de la independencia y la «lucha armada» y en contra de la Constitución española, el Estatuto de Guernica y el Amejoramiento foral navarro. Sus listas consiguieron 149.685 sufragios (14,99 por 100) en el País Vasco y 22.425 en Navarra (8,86 por 100) en las elecciones generales de 1979, superando con creces al gran rival, EE. No obstante, el resultado era consecuencia del apoyo explícito de ETAm, y, por consiguiente, una muestra de la dependencia de la coalición. Como recogió El País, en plena campaña un portavoz de la organización terrorista había declarado que los votos a Herri Batasuna permitirían «contar nuestros simpatizantes más directos».

El caudillismo de ETAm provocó una temprana crisis en el seno de HB. Cuando en abril de 1978 LAIA propuso a HASI una convergencia para crear un partido que actuase como dirigente de la «izquierda abertzale» y que participase en las instituciones, la banda dejó de financiar a LAIA. En agosto de 1979 esta formación fue expulsada de KAS, al igual que ya lo había sido EIA. ETAm también pretendió fijar la estrategia de HB, impidiendo a LAIA, ANV y ESB entrar en política o tomar sus propias decisiones. Hubo purgas en HASI y ANV, y enfrentamientos constantes entre los representantes de LAIA y ESB, por un lado, y los partidarios de ETAm, delegados de HASI o independientes, por otro. En enero de 1980 se aprobó un reparto de poder que marginaba a los primeros. Al mes siguiente LAIA y ESB abandonaron la coalición y recomendaron la abstención en las elecciones autonómicas de 1980. HB perdió el sostén de 18.000 ciudadanos: de las 169.653 papeletas (el 20,48 por 100 del total) acumuladas en los comicios forales de 1979 en el País Vasco, descendió a 151.636 (el 16,55 por 100).

HB no solo era el brazo electoral de ETAm, sino que se trataba de una herramienta útil en otros aspectos. Los milis utilizaron la coalición para encuadrar a simpatizantes y colaboradores, cuyo compromiso podía ir desde el voto hasta las labores de infraestructura, información o propaganda, pasando por la asistencia a manifestaciones. Al contrario que la mayoría de las bandas de la tercera oleada de terrorismo, de carácter marginal, ETAm estaba arropada por un entorno civil que sería vital para su supervivencia. Además, HB sirvió para neutralizar la amenaza de Euskadiko Ezkerra en las urnas e ir arrebatándole el control de movimientos sociales, del sindicato LAB, del diario Egin e incluso del legado histórico de ETA, empezando por símbolos como los mártires polimilis Txiki y Otaegi. Serían piezas esenciales en la configuración del nacionalismo vasco radical como una comunidad incivil y, siguiendo a Jesús Casquete (2009), una religión política: el gudarismo.

En el interior de ETAm también hubo innovaciones sustanciales. La primera, la integración de los berezis en septiembre de 1977, que aportó decenas de terroristas cualificados, armas y medios logísticos. Aquel trasvase la convirtió en la organización terrorista con más integrantes, medios y, por consiguiente, potencial mortífero. En segundo lugar, el reclutamiento de centenares de voluntarios en el ambiente radicalizado de aquellos años. Tercero, el adiestramiento militar que decenas de terroristas recibieron en Argelia, Líbano y Yemen del Sur. En cuarto lugar, ETAm montó su propia red de formación en el sur de Francia. Además, mantuvo una dirección estable durante la Transición, lo que le permitió adquirir experiencia. La sexta novedad fue el fin de todo debate interno, evitando la aparición de voces discordantes o tendencias. Séptima, los milis disponían de considerables cantidades de dinero para sufragar sus actividades: tenían un presupuesto anual cercano a los 5,6 millones de euros actuales.

El último factor fue de índole organizativa. A imitación del IRA provisional, ETAm adoptó un modelo con dos estructuras paralelas e incomunicadas: los comandos «legales», cuyos integrantes no estaban fichados por las FCSE y actuaban en el ámbito comarcal, y los comandos «ilegales», compuestos por terroristas a sueldo de la banda que vivían en la clandestinidad. La mayoría de los atentados fueron cometidos por los primeros, si bien los de mayor impacto fueron obra de los segundos. Aquella distribución compartimentalizada impidió que, tras la caída de alguna célula, las operaciones policiales afectasen al resto del aparato militar.

En el plano estratégico, ETAm asumió la imposibilidad de una derrota militar del «ocupante» por medio de una insurrección popular. Su objetivo prioritario pasó a ser la «negociación» de la Alternativa KAS: el programa táctico de la coordinadora para «Euskadi sur», que incluía el derecho a la autodeterminación. Se trataba de un eufemismo: lo único que la banda entendía como «negociación» era que el Gobierno aceptase todas sus exigencias. ETA confiaba en conseguirlo mediante una «guerra de desgaste», por emplear el término de Ignacio Sánchez-Cuenca (2001): asesinar al mayor número posible de miembros de las FCSE y del Ejército para alimentar el ruido de sables en los cuarteles. No se trataba de provocar un golpe de Estado, sino de hacerlo creíble: los milis contaban con que, para evitar tal tesitura, el Gobierno Suárez acabaría cediendo al chantaje.

La mayoría de los atentados de ETAm tuvieron como blanco a policías, guardias civiles y militares, aunque también estaban en el punto de mira de las otras ramas de la organización. Si sumamos a los policías locales, durante la Transición el terrorismo de corte abertzale acabó con la vida de 207 uniformados y causó heridas a otros 166, de acuerdo con el registro oficial. Se trataba de víctimas vicarias, una forma de provocar la desestabilización para forzar la mano al Gobierno. Valgan como muestra dos crímenes que tuvieron lugar en fechas muy significativas. El 21 de julio de 1978, el mismo día en que estaba convocado el Pleno del Congreso para aprobar la Constitución, fueron asesinados el general Juan Manuel Sánchez-Ramos y su ayudante José Antonio Pérez Rodríguez. El 1 de febrero de 1980, un mes antes de las primeras elecciones al Parlamento Vasco, un comando mili realizó una emboscada contra un convoy escoltado por dos Land Rover de la Guardia Civil. Murieron seis agentes.

A decir de los autores de Vidas rotas (2010), aquella matanza provocó «una conmoción sin precedentes en la vida pública española». Ese mismo día Adolfo Suárez creó la Delegación Especial de Seguridad para el País Vasco y Navarra y envió a Euskadi dotaciones tanto del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional como de la Unidad Antiterrorista Rural de la Guardia Civil. Era un gesto para reforzar la delicada moral de las FCSE, que sufrían continuas bajas y soportaban unas condiciones de vida deplorables en Euskadi, donde eran acosados por el nacionalismo radical, que adoptó como lema el «Que se vayan», ante la indiferencia (o el miedo) del resto de la sociedad. La acuciante presión psicológica dio lugar al conocido como «síndrome del Norte», que originó trastornos mentales y un número desconocido de suicidios.

Pese a que aquella campaña terrorista permitió a ETAm acaparar la atención de la prensa, la clase política y buena parte de la ciudadanía, no alcanzó su meta. Es más, ocurrió justo lo que la banda había dado por imposible. El 23 de febrero de 1981 un grupo de guardias civiles, encabezados por el teniente coronel Antonio Tejero, irrumpió en el Congreso cuando este se encontraba reunido para la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo (UCD) como nuevo presidente del Gobierno. En Valencia el capitán general de la III Región Militar, Jaime Milans del Bosch, proclamó el estado de excepción y sacó los tanques a la calle. Se trataba de un golpe de Estado. Durante unas horas, hasta que el rey Juan Carlos I logró hacer valer su autoridad, la democracia pendió de un hilo.

En palabras de Florencio Domínguez (2020), «los reiterados atentados y asesinatos contribuyeron de manera decisiva a crear el caldo de cultivo que hizo posible el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981». Fuera como auténtico móvil o como simple pretexto, como explica Laura González Piote (2020), la violencia terrorista había alimentado las conspiraciones de quienes deseaban una salida autoritaria a la situación política. Así lo entendieron muchos miembros de EE y ETApm, para los cuales la intentona de Tejero fue concluyente. Juan Mari Bandrés declaró que «evidentemente, algo ha cambiado, yo he cambiado. Nos hemos dado cuenta de que lo primero es asentar la democracia y, luego, todo lo demás». Sin embargo, atrapada en sus propias contradicciones e impermeable a la realidad, ETAm no reconoció su error de cálculo e interpretó el 23-F como un «autogolpe»: las FCSE y las Fuerzas Armadas continuaron siendo sus blancos predilectos. Por ejemplo, el 29 de enero de 1984 dos pistoleros asesinaron al teniente general Guillermo Quintana Lacaci, que desde su puesto de capitán general de la I Región Militar había sido indispensable para detener el golpe de Estado de 1981.

ETAm también persiguió con saña a todos los que consideraba sus adversarios políticos: antiguos cargos de la dictadura y militantes de formaciones democráticas de derecha y centro-derecha, es decir, de AP y UCD. Según Florencio Domínguez (2020), de 1977 a 1984 las distintas ramas de ETA, y muy especialmente la militar, cometieron 61 actos terroristas contra aquellos, que dejaron un saldo de 33 víctimas mortales. La operación tuvo dos consecuencias inmediatas. Por un lado, la práctica desaparición del espacio político de derecha no abertzale en el País Vasco, que no volvió a despuntar hasta mediados de los años noventa, lo que cercenó el pluralismo y las libertades democráticas. Por otro, entre los vascos no nacionalistas se hizo patente el miedo a hablar de política, lo que indujo a una espiral de silencio: el discurso abertzale se hizo hegemónico mientras las voces críticas se acallaban. Como han estudiado Francisco J. Llera y Rafael Leonisio (2017), se trató de un fenómeno de larga duración.

La violencia de ETA también cumplió la función de control social. Los atentados contra supuestos confidentes policiales dieron como resultado 68 asesinatos entre 1978 y 1984, sin incluir en la cifra a casi una veintena de policías municipales que fueron atacados con idéntica excusa. La campaña buscaba aislar a los miembros de las FCSE: cualquiera al que se le viese en público con ellos, incluso si era por cuestiones de trabajo (un taxista, un camarero, un enterrador, etc.), podía convertirse en blanco de la banda. Resulta significativo que un 64 por 100 de las víctimas procediesen de fuera del País Vasco.

Durante la Transición ETAm obtuvo lo que se consideró su primera victoria. Como relata Raúl López Romo (2012), en 1972 Iberduero había iniciado las obras de la central nuclear de Lemóniz, cuya cercanía al Gran Bilbao propició masivas movilizaciones en contra. En mayo de 1976 surgió la Comisión de Defensa de una Costa Vasca No Nuclear, una entidad ideológicamente transversal cuya finalidad era concienciar a la sociedad de la amenaza nuclear y solicitar la detención del proyecto por la vía judicial. También se fueron organizando comités antinucleares a nivel local, que convocaron numerosos actos de protesta.

Aprovechando la ocasión, a partir de 1977 las distintas ramas de ETA llevaron a cabo una intensa campaña terrorista contra Lemóniz. Los milis cometieron 246 atentados, asesinaron a cinco empleados de Iberduero e hirieron a otros 14. El 17 de marzo de 1978 un artefacto explosivo acabó con la vida de dos trabajadores: Alberto Negro Viguera y Andrés Guerra Pereda. El 13 de junio de 1979 otra bomba mató al montador Ángel Baños Espada.

El 21 de enero de 1981, el mismo día de la dimisión de Suárez como presidente del Gobierno, ETAm secuestró a José María Ryan, ingeniero jefe de Lemóniz. El grupo dio una semana de plazo para la paralización de las obras y la demolición de la central, proceso que debía estar supervisado por «los organismos populares». El Gobierno se negó a ceder ante el ultimátum. Las fuerzas democráticas convocaron movilizaciones (la manifestación de Bilbao reunió a 10.000 ciudadanos) y la esposa y cinco hijos del rehén aparecieron en televisión para pedir que la banda no cumpliese su amenaza. Pero ETAm hizo caso omiso de las súplicas: Ryan fue asesinado. Su cadáver, maniatado, con los ojos vendados y algodón en la boca, apareció el 6 de febrero. El crimen tuvo un gran impacto en la sociedad vasca, pero un porcentaje significativo de ella continuó mirando hacia otro lado. Según una encuesta, el 68 por 100 de la ciudadanía mostraba un rechazo absoluto al asesinato de Ryan, mientras que el 23 por 100 lo justificaba, disculpaba o tenía una actitud ambigua.

El 5 de mayo de 1982 en Bilbao dos pistoleros de ETAm asesinaron al ingeniero Ángel Pascual. El 26 de junio Alberto Muñagorri Berdasco, un niño de diez años, le dio una patada a una mochila abandonada en una plaza de Rentería. El macuto contenía una bomba, destinada a Iberduero. Debido a la explosión, la víctima perdió la visión de su ojo izquierdo y los médicos tuvieron que amputarle una pierna.

Las amenazas de muerte a los técnicos, muchos de los cuales renunciaron a su puesto, obligaron a Iberduero a suspender provisionalmente las obras. El Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo acordó la intervención de la central, que el de Felipe González (PSOE) paralizó de manera definitiva. Los daños materiales directos de la campaña terrorista ascendieron a 2.100 millones de pesetas, a los que hay que sumar otros 350.000 millones por el cierre. Esa cantidad fue siendo cubierta por la factura de la luz que pagaba la ciudadanía.

ETAm presentó la paralización de Lemóniz como un éxito de la «lucha armada». Para el exdirigente de la banda Eugenio Etxebeste la clave había sido el «recurso extremo de la violencia contestataria». El líder de LAB Joselu Cereceda afirmaba en 1984 que «el triunfo sobre el contencioso Lemoiz Euskadi, no es sino el brillante prolegómeno del triunfo del Movimiento Vasco de Liberación Nacional».

TOCAR A RETIRADA. ETAPM, DE LA VIOLENCIA A LA REINSERCIÓN

La entente de EIA con la extrema izquierda duró hasta febrero de 1978, fecha en la que el EMK salió de EE. A partir de entonces, la supuesta coalición no fue más que la marca electoral de EIA, aunque con un discurso más templado, que a veces sumaba el respaldo de personalidades u otros pequeños partidos. Bajo la dirección del secretario general de EIA Mario Onaindia y del primero senador y luego diputado Bandrés, EE participó en las Cortes, el CGV, la elaboración del Estatuto de Guernica, la campaña a su favor en el referéndum autonómico de 1979 y del Parlamento Vasco. Paulatinamente, gracias al ejercicio de la democracia parlamentaria, los militantes y simpatizantes de EIA experimentaron una transición dentro de la Transición: evolucionaron del marxismo-leninismo al socialismo, del independentismo al autonomismo y del respaldo al terrorismo a su rechazo. Tal proceso de secularización permitió que en marzo de 1982 EIA convergiera con la tendencia vasquista del PCE-EPK, encabezada por Roberto Lertxundi, para dar lugar a una nueva Euskadiko Ezkerra, un partido que encarnó un nacionalismo vasco heterodoxo: no aranista, autonomista, progresista e integrador.

Esa ruta alejaba a EIA de su interdependencia con ETApm. Durante un tiempo colaboraron de diversas maneras, siempre respetando la primacía del partido sobre la banda. De acuerdo con el plan de Pertur, ETApm debía defender las «conquistas populares» que EIA y los organismos de masas arrancaban a la «democracia burguesa». Este planteamiento teórico se plasmó en dos planos. Uno, la propaganda armada en respaldo de la estrategia política de la formación de Onaindia. Otro, la «intervención sectorial» a favor de movimientos sociales y culturales: obrero, ciudadano, antinuclear, «antirrepresivo», a favor de la amnistía de los presos etarras, feminista, de euskaldunización... El repertorio de ETApm incluía acciones dispares: la toma momentánea de edificios oficiales, la «liberación» de sus activistas reclusos, el robo de una avioneta para lanzar octavillas, las emisiones de radio clandestinas, la irrupción en la Universidad de San Sebastián para pedir a los alumnos el voto para EE, el lanzamiento de un cohete contra el Gobierno Civil de Pamplona, el robo de armamento y explosivos, la colocación de una bomba en el santuario del Opus Dei en Huesca...

Una de las especialidades de ETApm fueron sus pernicidios. El siniestro término hacía referencia a un procedimiento inspirado en el que empleaban otros grupos terroristas como el IRA o las Brigadas Rojas (gambizzazioni). ETApm lo aplicó en catorce ocasiones tanto a altos cargos de la Administración pública, para presionar al Gobierno de Adolfo Suárez, como a empresarios que se habían trasladado a otra parte de España huyendo del clima de terror imperante en el País Vasco y Navarra o cuyas compañías se encontraban inmersas en un conflicto laboral. Los terroristas solían interrogar a sus rehenes para obtener información y, en el caso de los industriales, los amenazaban con la muerte si no accedían a las demandas de sus empleados. A las pocas horas, eran liberados tras haber recibido uno o varios disparos en las piernas, provocando secuelas físicas permanentes.

Precisamente con un pernicidio comenzó la campaña de ETApm contra la multinacional francesa Michelin, que estaba atravesando un prolongado conflicto laboral. La banda creyó detectar una oportunidad para su intervención. Además de colocar bombas, el 5 de febrero de 1979 los polimilis secuestraron al responsable de la factoría de Lasarte-Oria, quien fue abandonado ese mismo día herido de bala en una pierna. El día 19 de aquel mes un comando se hizo con el director técnico de la fábrica de Vitoria, Luis Abaitua. Sus captores, entre los que se encontraba Arnaldo Otegi, exigieron a la dirección de Michelin que negociara las demandas de los empleados. Fue liberado el 1 de marzo.

El 20 de febrero de 1980 un comando intentó secuestrar al director de la factoría de Valladolid, pero su conductor se percató a tiempo de la presencia de los terroristas. El siguiente objetivo no tuvo tanta suerte. El 25 de junio de 1980 un pistolero de ETApm asesinó de dos tiros en la nuca a Luis María Hergueta Guinea, jefe de las oficinas técnicas de Michelin en Vitoria. Con este atentado se trataba «de complementar la lucha de los trabajadores», pero la consecuencia directa fue el cierre patronal de la fábrica.

No todas las operaciones de la banda tuvieron lugar en el País Vasco. En el verano de 1979 los polimilis desarrollaron su primera «campaña del Mediterráneo» colocando bombas en centros turísticos de la costa. En este marco se produjeron sendas explosiones en el aeropuerto de Barajas y las estaciones de tren de Chamartín y Atocha el 29 de julio de 1979: murieron siete personas y hubo más de 100 heridos según la prensa, aunque solo diez han sido reconocidos por el Ministerio del Interior. EIA mostró su repulsa por los atentados y el diputado de EE Juan Mari Bandrés declaró: «si no se quiere que una bomba explosione lo mejor es no ponerla». Aquellos reproches obligaron a la organización terrorista a hacer pública una autocrítica.

Con todo, en el verano de 1980 ETApm puso en marcha una segunda campaña contra el turismo con el objetivo, como señaló por carta al Gobierno Vasco, de acelerar las transferencias autonómicas. El lehendakari Carlos Garaikoetxea desechó este «apoyo» con una rápida condena y el PSE y el PCE-EPK organizaron protestas. En esta ocasión, además, Juan José Rosón, el nuevo ministro del Interior, reaccionó con contundencia, concentrando la acción policial sobre EIA, varios de cuyos dirigentes fueron detenidos para forzar a la banda terrorista a poner fin a su campaña. Funcionó, pero la idea de atentar contra los intereses turísticos de España acabaría siendo copiada por ETAm.

No fue la única ocasión en que se produjo una especie de efecto imitación entre ambas ramas. A pesar de que sus cabecillas eran conscientes de que «una de las cosas más graves y negativas que puede ocurrir a una acción armada es que pase desapercibida», era precisamente lo que le estaba sucediendo a ETApm entre 1979 y 1980. Por un lado, carecía de medios de comunicación afines, ya que los milis y su entorno monopolizaban Egin y Punto y Hora de Euskal Herria. Por otro lado, ETAm estaba perpetrando tal cantidad de atentados que había eclipsado la actividad de ETApm y los CAA. Por último, al contrario que el discurso ultranacionalista de ETAm, tosco pero emotivo, los polimilis elaboraron textos largos y pretendidamente sofisticados, que resultaban casi incomprensibles para propios y extraños. En definitiva, los milis captaron la atención de la prensa y, por ende, la de los actores políticos y la sociedad vasca en general. Y los polimilis, no. Esa fue la razón por la que a mediados de 1980 intentaron emular a sus rivales.

El viraje estratégico de la organización comenzó en junio de 1980 con el asesinato de Luis María Hergueta. Ese mismo mes un comando intentó secuestrar a un diputado gallego de UCD en su domicilio. El político pudo alcanzar su pistola y ahuyentar a los terroristas. En agosto ETApm acabó con la vida del soldador Mario González Blasco. La siguiente víctima mortal fue el capitán de la Policía Nacional Basilio Altuna.

Ese mismo mes de agosto de 1980 un comando se desplazó a Cataluña para asesinar al ministro Martín Villa, que tenía allí un chalet. La operación fue interrumpida cuando apareció en un periódico una noticia acerca de un posible atentado contra un cuartel o personalidad. La cúpula de ETApm sospechaba que había habido una filtración.

En septiembre de 1980 la banda constató el escaso ascendiente de su «actividad armada». Se decidió una «mayor radicalización», concretamente «sacudir a UCD», planteamiento que recordaba a la estrategia de «ataque al corazón del Estado» de las Brigadas Rojas en Italia, que había culminado con el asesinato del político democristiano Aldo Moro en mayo de 1978. Así, según se constata en su documentación interna, se esperaba «realizar acciones de disuasión que cualitativamente fueran más importantes» que las de ETAm y «forzar» a UCD a «dar solución a los problemas planteados».

El 29 de septiembre un comando secuestró a uno de los líderes alaveses de UCD, Ignacio Ustarán Ramírez. Su cadáver fue encontrado al lado de la sede de aquel partido. El 31 de octubre de 1980 pistoleros de ETApm acabaron con la vida de Juan de Dios Doval, de la dirección provincial de la UCD de Guipúzcoa, que ejercía como profesor en la Facultad de Derecho de San Sebastián. Entre ambos atentados los CAA habían acabado con la vida de Jaime Arrese, parlamentario vasco de la misma formación. La UCD quedó diezmada en el País Vasco. Como ha estudiado Gorka Angulo (2018), su Comité Provincial de Álava incluso se planteó su autodisolución. Algo similar le ocurrió a Alianza Popular.

La campaña de ETApm contra UCD tuvo un desenlace inesperado: conmocionó a las bases de EIA, que hasta entonces habían sido bastante comprensivas con los atentados terroristas. Por primera vez sintieron empatía hacia quienes sufrían los efectos de la violencia. Mario Onaindia (2004) admitió en sus memorias que el asesinato de Ignacio Ustarán fue «el día más importante de la historia de EE». Provocó una «revolución de los sentimientos. Los militantes de EE, lejos de identificarse con los verdugos [...], lo hicieron, aunque fuera momentáneamente, con su víctima».

La dirección de EIA aprobó por unanimidad un comunicado de condena: «No se puede matar a nadie por sus ideas [...]. No es la vía de la normalización ni de las soluciones políticas». Onaindia acusó a los polimilis de haber violado las tesis de Pertur. En el semanario Ere declaró que tenía «miedo a que ETA (p-m) sienta la misma tentación que tuvo Argala», la del militarismo. La banda suspendió la campaña contra UCD, pero las voces críticas eran cada vez más audibles. El veredicto de Mario Onaindia fue que «ETA ha fracasado».

Aquella crisis evidenciaba el paso cambiado de EIA: con un pie todavía en el pasado (la «lucha armada» y la «lucha de masas») y otro ya en el futuro (la vía institucional), pero sin pertenecer del todo a ninguno de esos dos mundos. La formación no podría avanzar hasta que no se librase del lastre de los polimilis. No se trataba, por tanto, de una reflexión moral, sino de puro pragmatismo. La dirección de EIA decidió dejar atrás su proyecto fundacional, el de Pertur, para crear un partido nuevo y más amplio, que daría vida a las hasta entonces vacías siglas de EE convergiendo con otros sectores, como el PCE-EPK. En aquella ecuación ya no había espacio para ETApm. Ahora bien, los polimilis eran los «primos» de EIA, por lo que era necesario buscarles una salida.

Paralelamente, bastantes cuadros y dirigentes de ETApm tenían cada vez más dudas acerca de la utilidad del terrorismo. Desde su perspectiva, no tenía sentido continuar la «lucha armada» tras la ratificación del Estatuto de Guernica que ellos mismos habían dicho respaldar con sus atentados. Si la autonomía era legítima, también lo eran las instituciones que de ella emanaban, elegidas libremente por la ciudadanía vasca. Había pasado el momento de su paternalismo armado. El 23-F fue decisivo para otros polimilis, que llegaron a temer que la Transición fuera solo «un sueño». No obstante, esta facción no planteó abiertamente sus reparos hasta que la evolución de EIA le dio cierta cobertura. Para entonces también se había perfilado en la banda una corriente pretoriana, que no solo pretendía seguir matando sino que tenía en mente reproducir el modelo de ETAm-HB: ETApm debía tomar el control de EIA, deshaciéndose de Onaindia y su equipo.

En noviembre de 1980 una conferencia de cuadros de la banda acordó llevar a cabo un «periodo de disuasión» para, desde una posición de fuerza, declarar una tregua que propiciara la «salida negociada» de las reivindicaciones políticas «pendientes». EIA se mostró conforme, siempre que no hubiera víctimas. No las hubo, pero la «disuasión» fue un desastre. Cuando el día 15 de noviembre un comando formado por polimilis y nacionalistas catalanes radicales intentó asaltar el cuartel del Batallón de Infantería de Montaña de Berga (Barcelona), casi todos sus integrantes fueron detenidos.

Aquel fiasco no alteró un proceso de negociaciones que, sin que ETApm lo supiera, ya llevaba un tiempo en marcha. A finales del verano de 1980 el ministro Juan José Rosón y Mario Onaindia habían cenado juntos en Madrid. Fue el arranque de un largo y complejo diálogo entre el Gobierno de UCD y la dirección de EIA. Una vez que la iniciativa de Onaindia tuvo el beneplácito de algunos de los más señalados líderes de su formación, las reuniones fueron ampliándose con la participación de Juan Mari Bandrés y altos cargos del Ministerio del Interior.

El 20 de febrero de 1981 ETApm secuestró a los cónsules de Austria, Uruguay y El Salvador. El segundo acto del «periodo de disuasión» resultó tan inútil como el primero. Todavía estaban retenidos cuando se produjo el 23-F. A decir de uno de los entonces dirigentes de la banda, «eso sí que era disuasión de verdad».

La organización liberó a los cónsules secuestrados y el 27 de febrero anunció un «alto el fuego». Era la primera vez en la historia de ETA que una de sus ramas declaraba oficialmente una tregua. Pese a que se les invitó a hacerlo, ni ETAm ni los CAA aceptaron seguir ese camino. Al año siguiente, un sector de los polimilis, conocido como ETApm VII Asamblea, se autodisolvió. Gracias a una amnistía encubierta concedida por el Gobierno, sus integrantes pudieron reintegrarse en la sociedad. Este proceso de reinserción colectiva se prolongó hasta 1985.

No todos los polimilis quisieron acogerse a la vía que EIA había pactado con el Gobierno de UCD. Los octavos, miembros de ETApm VIII Asamblea, continuaron con la «lucha armada». Su debilidad organizativa, la ausencia de un brazo político, la falta de respaldo social y la acción policial provocaron un nuevo cisma. Una parte, entre ellos Arnaldo Otegi, ingresó en ETAm. El resto de los octavos se mantuvieron un tiempo. En octubre de 1983 secuestraron y asesinaron al capitán de Farmacia Alberto Martín Barrios. Tras este crimen, ETApm VIII Asamblea experimentó un rápido declive. Su último comando activo cayó en marzo de 1985.

La disolución de ETApm VII Asamblea fue uno de los factores que contribuyeron a la desaceleración de la violencia política a partir de 1981. En este sentido, se trató de uno de los mayores logros de la UCD de Suárez y de la EIA de Onaindia. Ahora bien, desde el punto de vista de las víctimas del terrorismo, la reinserción supuso la impunidad de sus victimarios: no hubo ni memoria, ni justicia, ni reparación, ni verdad. Por eso conviene recordar que ETApm nunca fue una «ETA buena»: a lo largo de su trayectoria asesinó a 21 personas.

LOS «LEPROSOS» DEL NACIONALISMO RADICAL. COMANDOS AUTÓNOMOS ANTICAPITALISTAS

En 1977 una sección de los Komando Bereziak que habían abandonado ETApm tras su VII Asamblea confluyó con sectores provenientes del consejismo y de LAIA ez, una escisión de LAIA que rechazaba entrar en KAS, así como con etarras recién excarcelados por la Ley de Amnistía. A decir de Antonio Rivera (2020), los CAA surgieron «formalmente al terminar el otoño de 1977».

Al contrario que las otras ramas de ETA, nunca formaron una organización con una estructura sólida, una cúpula centralizada, una toma jerarquizada de decisiones y una estrategia clara. Se trataba, más bien, de células que funcionaban de manera más o menos independiente. Buena parte de los comandos compartían un sustrato doctrinal en el que se entremezclaba el nacionalismo vasco radical, el anticapitalismo, el asamblearismo, el consejismo y el anarquismo, así como el rechazo al papel de los sindicatos y los partidos políticos. Tenían como modelo al movimiento autónomo italiano de los años setenta, por lo que su actividad se asemejaba más a la del terrorismo de extrema izquierda y a la de ETApm que a la de ETAm. No obstante, existía un segundo sector de los CAA, compuesto por los exberezis, que no compartía estas veleidades ideológicas. Desde su punto de vista, «autonomía» no significaba más que libertad de acción de cada célula.

En abril de 1978 una bomba estalló en la oficina de la patronal guipuzcoana después de la firma del convenio del metal, probablemente una de sus primeras acciones. En septiembre de 1979 media docena de terroristas asaltaron la comisaría de la Policía Municipal de Rentería, sustrayendo una pistola y varios uniformes. Según La Vanguardia, el robo fue reivindicado por un «grupo autodenominado Comando Autónomo Anticapitalista». Así, en singular: el nombre en plural no se haría habitual hasta 1980. En aquel momento todavía daba la impresión de tratarse de uno de los fugaces grupúsculos imitadores de ETA que aparecían de vez en cuando, pero eran los primeros pasos de una banda terrorista que llegaría a acumular 104 atentados, 32 muertes y 22 heridos.

Los CAA realizaron ataques a oficinas de la Seguridad Social, organizaciones patronales, bancos o sedes de CCOO, pero no tardaron en llegar las primeras víctimas mortales. El 28 de agosto de 1978 asesinaron al cabo de la Guardia Civil Aurelio Salgueiro López en Mondragón. El 2 de septiembre, al taxista Amancio Barreiro Gens en Usurbil. Siguieron otros, pero el atentado que más impactó a la opinión pública se produjo al año siguiente: el 27 de octubre de 1979, tras la aprobación en referéndum del Estatuto de Guernica, los CAA acabaron con la vida del fotógrafo Germán González López. La víctima, afiliada a la UGT y al PSE, había participado en la campaña a favor de la autonomía. Al igual que otros crímenes de los CAA, este provocó el rechazo unánime de todo el arco político. Incluso el de ETAm y su entorno, que desconfiaban de aquel molesto e imprevisible competidor. En opinión de Jon Juaristi (1999), los autónomos eran vistos como «los intocables, los leprosos del mundo abertzale».

Las malas relaciones entre milis y autónomos pudieron estar detrás de la desaparición de José Miguel Etxeberria Álvarez (Naparra o Bakunin), un destacado dirigente de los CAA. Su trayectoria había comenzado en la trotskista LCR, de la cual había pasado a ETApm, encuadrándose en los berezis para luego, junto a un grupo de sus compañeros, ingresar en ETAm. Los desencuentros entre la autoritaria cúpula de la organización y las ideas libertarias de Etxeberria le llevaron a abandonar las filas milis para unirse a los autónomos a finales de 1978. En 1980 Naparra, que buscaba nuevas vías de abastecimiento, contactó con un traficante internacional de armas que ya proveía a ETAm. Para resolver aquel conflicto de intereses, los milis citaron a Etxeberria el 11 de junio de 1980. Uno de sus compañeros lo trasladó hasta el lugar del encuentro, San Juan de Luz (País Vasco francés). Nunca se lo volvió a ver. Los autónomos denunciaron que la rama militar de ETA había repetido con Naparra lo que ya había hecho con Pertur. El posible vínculo era evidente: dos de los sospechosos de haber asesinado a Eduardo Moreno Bergaretxe eran Francisco Mujika Garmendia (Pakito) y Miguel Ángel Apalategi (Apala), antiguos berezis que habían pasado a ETAm. De cualquier manera, no existen pruebas concluyentes, por lo que tampoco podemos descartar que Pertur y/o Naparra fuesen víctimas del terrorismo parapolicial.

La desaparición de Etxeberria no detuvo a los CAA, que el 28 de junio volvieron a matar. En Azcoitia tres pistoleros dispararon por la espalda al mecánico Elio López Camarón, al funcionario municipal Julio Muñoz Grau y al guardia civil retirado Justino Quindos López.

No fue el último crimen de aquel año. El 23 de octubre de 1980 los autónomos mataron a Jaime Arrese. Antiguo alcalde de Elgoibar (1974-1977), la víctima trabajaba en la administración de la empresa Arriola y compañía. También era dirigente provincial de UCD. En opinión de Estebaranz González (2011), el atentado era «una acción de mímesis política de los Comandos Autónomos que habrían sido seducidos por el clima político desatado» por la campaña de ETApm contra UCD.

El mismo día en que los autónomos acabaron con la vida de Arrese, otra célula secuestró a Juan Manuel García Cordero, delegado de Telefónica en Guipúzcoa. Su cadáver apareció unas horas después. Al reivindicar el asesinato, los CAA amenazaron «a todos los que colaboran con la Policía, tanto en controles telefónicos como postales». El 30 de octubre de 1980 los terroristas asesinaron a Juan Carlos Fernández Azpiazu, hostelero y encargado de relaciones públicas de Telefónica. Esta compañía seguiría en la diana de los CAA. En marzo de 1982 dos pistoleros asesinaron a Enrique Cuesta Jiménez, sucesor de García Cordero como delegado de Telefónica en Guipúzcoa. En este atentado fue gravemente herido el policía nacional Antonio Gómez García, quien falleció cinco días más tarde.

La violencia de los autónomos continuó en los años siguientes. La lista de los damnificados es demasiado larga, pero podemos entresacar algunos ejemplos. El 14 de abril de 1981 José María Félix Latiegui, director de producción de la fábrica Moulinex de Usurbil (Guipúzcoa), fue asesinado de un tiro en la cabeza. El 8 de octubre de 1982 dos pistoleros acabaron con la vida de Alberto Toca Echevarría, director de la mutua patronal de accidentes laborales Asepeyo en Pamplona. El 15 de diciembre de 1983 un comando secuestró a Francisco Arín Urcola, directivo de Construcciones Electromecánicas Irura, en su domicilio de Tolosa, delante de su familia. El cadáver fue encontrado en el maletero de su coche.

«La heterogeneidad de los componentes de los CAA, la falta de una ideología clara y el carácter tan laxo de su estructura llevaron al grupo a una grave crisis que se prolongó a lo largo de todo el año 83 y parte del 84 y condujo a la ruptura de esta banda», escribe Florencio Domínguez (1998a). Una de las partes en las que se habían dividido asesinó al senador socialista Enrique Casas el 23 de febrero de 1984. El atentado se había realizado en plena campaña de las elecciones autonómicas vascas, en las que Casas era cabeza de lista del PSE por Guipúzcoa, por lo que tuvo importantes repercusiones políticas. Incluso HB manifestó su condena en Egin.

El otro grupúsculo heredero de los CAA, llamado Gatazka, puso una bomba en una patrullera de la Armada el 14 de mayo de 1984 que causó una víctima mortal: el joven barcelonés Juan Flores Villar, que estaba cumpliendo con el servicio militar.

La acción de las FCSE y las desavenencias internas fueron dos de los principales artífices del fin de lo que quedaba de los CAA en 1985. Emilio López Adán (2018), que ha sido considerado uno de sus referentes intelectuales, añade otros dos factores: el «aislamiento social propiciado contra ellos por la Izquierda Abertzale (IA) ligada a ETA militar» y «sus propias consideraciones críticas sobre el desfase entre un compromiso de lucha armada y la crisis de la autogestión y el movimiento asambleario».

Aunque no formaban parte de los CAA, cabe mencionar aquí a KIBAETAM, los Comandos Independientes Especiales de Apoyo a ETAm, un grupúsculo terrorista de corte abertzale nacido en 1980 que extorsionó a varios empresarios y realizó una decena de atentados. El 6 de noviembre de 1980 fue asesinada Jeanine Pueyo en la localidad francesa de Tarbes. La víctima, ciudadana de aquel país, era pareja de un sospechoso de pertenecer a una organización terrorista parapolicial. El crimen fue reivindicado por KIBAETAM, pero hay serias dudas acerca de la autoría, que algunos indicios vinculan con la delincuencia común. En abril de 1981 esta célula secuestró a Roberto Lertxundi, secretario general del PCE-EPK, que estaba en plena convergencia con EE. El rehén fue liberado sin daños. Se trató una de las últimas acciones del grupúsculo antes de que sus miembros fueran detenidos. Con el tiempo, algunos se integraron en ETAm.

JAVIER, FRANCISCO, FÉLIX, BASILIO, RAMÓN, MARÍA JOSÉ

Javier de Ybarra y Bergé

En el manifiesto de ETA para el Aberri Eguna de 1968, Txabi Echebarrieta incluyó en la nómina de los «dueños del Estado» y enemigos del «Pueblo Vasco» a la familia Ybarra. Entre todos ellos, Echebarrieta destacó a Javier de Ybarra y Bergé, quien, como alcalde de Bilbao, había hecho que el Ayuntamiento «repudiara públicamente las actividades de ETA».

Había algo más, que el dirigente etarra olvidó mencionar: Javier de Ybarra era el miembro más conocido no solo de su extensa familia, sino también de la alta burguesía de Neguri y de la derecha vasca. Durante la Guerra Civil había estado cautivo en la zona republicana. Sobrevivió al asalto a las cárceles de Bilbao en enero de 1937, en el que fueron asesinados 224 presos de derechas, una experiencia que relató en uno de sus libros. Historiador y arqueólogo, formó parte de la Real Academia de la Historia. Además, fue un renombrado jurista (presidente del Consejo Superior de Protección de Menores en España y del Tribunal Tutelar de Menores de Vizcaya) y empresario (consejero del Banco de Vizcaya e Iberduero, así como presidente de Babcock Wilcox, El Diario Vasco y El Correo Español). Durante la dictadura también ocupó cargos públicos: procurador en Cortes, presidente de la Diputación de Vizcaya, de la que fue cesado tras pedir a Franco la reintegración del concierto económico, y alcalde de Bilbao. Javier de Ybarra representaba una clase social, una identidad, unas ideas y una época.

Incapaces de torpedear el plan de Pertur, de cuya desaparición acabarían siendo sospechosos, en 1977 los comandos berezis se escindieron de ETApm. Una facción se unió a los CAA. Otro sector se presentó públicamente el 18 de mayo de 1977 en San Sebastián asesinando en la estación de Amara a un agente de la Policía Armada, Manuel Orcera de la Cruz. Natural de Úbeda (Jaén), de 23 años, estaba casado, tenía una hija y su esposa estaba embarazada de nuevo.

La historia de este grupúsculo de berezis fue efímera, ya que en septiembre se fusionó con ETAm, la ETA que casi ha llegado a nuestros días. En su seno alcanzaron una relevante posición antiguos miembros de ETApm como Miguel Ángel Apalategi, Francisco Mujika Garmendia o Santiago Arróspide Sarasola (Santi Potros).

Antes de unificarse con sus antiguos rivales, aún tuvieron tiempo de acabar con otra vida. El 20 de mayo de 1977 los Komando Bereziak secuestraron a Javier de Ybarra, quien se había negado a someterse a la extorsión económica de ETA. Los terroristas reclamaron un rescate de 1.000 millones de pesetas, cifra que el entorno de la víctima fue incapaz de reunir. El 22 de junio, una semana después de las primeras elecciones democráticas, el cadáver de Ybarra fue encontrado en el Alto de Barázar. Tenía un tiro en la cabeza y signos de maltrato y desnutrición.

A pesar de que aquel asesinato se había cometido después de la fecha límite que marcó la Ley de Amnistía (el 15 de junio de 1977), la Audiencia Nacional entendió que el día que había que tener en cuenta era el del secuestro. Miguel Ángel Apalategi, que había sido detenido en Francia y esperaba su extradición a España para ser procesado, fue amnistiado. Nunca hubo juicio. Nadie pagó por aquella muerte. La memoria de Ybarra tampoco corrió mejor suerte. En agosto de 1983 el Ayuntamiento de Bilbao decidió que la avenida Alcalde Javier de Ybarra, que tenía ese nombre desde noviembre de 1972, pasara a denominarse Jesús Galíndez.

El asesinato de Ybarra no fue la única causa del ocaso de la alta burguesía de Neguri, que, como recuerda Pablo Díaz Morlán (2018), también respondía a la crisis económica y a su pérdida de poder político-institucional durante la Transición democrática. Sin embargo, es evidente que esta muerte conmocionó a los empresarios vascos. Marcó el comienzo de una diáspora fuera de Euskadi. Los que se quedaron se vieron en la tesitura de pagar el denominado «impuesto revolucionario» o arriesgarse a acabar como Ybarra o Ángel Berazadi. El miedo provocado por estos asesinatos ejemplarizantes fue utilizado por las distintas ramas de ETA para extorsionar a industriales y profesionales del País Vasco y Navarra, quienes hasta entonces habían resistido las presiones.

En Sin perdón (1992), el pistolero encarnado por Clint Eastwood asume que, cuando matas a un hombre, «le quitas todo lo que tiene y todo lo que podría tener». Todo lo que podría hacer. Sabemos qué hizo Javier de Ybarra durante la dictadura, pero no qué habría hecho después. Como muchos expolíticos franquistas, tal vez se hubiese enrocado en la nostalgia. O tal vez hubiera evolucionado hacia posiciones diferentes. Hay que recordar que hubo excargos del régimen en los extremos del arco político, como Fuerza Nueva o HB, pero también en AP, la UCD, el PNV y el PSOE. Unos decidieron enfrentarse a la democracia; otros, ayudar a construirla. Ybarra no tuvo la oportunidad de elegir.

Francisco Rodríguez Muela

A principios de 1978, tan solo unos meses después de que la Ley de Amnistía hubiese vaciado las cárceles de presos de ETA, la rama militar distribuyó varias listas negras en Irún. Se señalaban los nombres de funcionarios municipales, un arquitecto, un abogado, un conductor, un dentista, empresarios, un policía, un militar retirado, jubilados... A cada uno se le acusaba de uno o varios «crímenes»: ser «antivasco», «implicado [en] corrupciones», «delator al servicio [de los] txakurras», «suegro de policía», «mujeriego» o miembro de la extrema derecha, aunque también había un militante del PSOE. «A los enemigos de nuestra Patria, Euskadi, hay que ir desenmascarándolos», se podía leer. «El pueblo hará justicia y la aplicará con el rigor que se merecen». Para que no hubiera duda, se indicaba la dirección postal y el teléfono de los amenazados.

Aquellos ciudadanos se enfrentaron a una elección difícil: intentar rehacer su vida en el exilio o arriesgarse a perderla. Bastantes optaron por lo primero. Sin protección policial, el peligro al que se enfrentaban era demasiado grave. En apenas diez años, ETA había asesinado a seis vecinos de Irún: el jefe de la Brigada de Investigación Social Melitón Manzanas en agosto de 1968; los trabajadores gallegos José Humberto Fouz, Jorge Juan García y Fernando Quiroga en marzo de 1973; el policía municipal José María Díaz Fernández en noviembre de 1977, y el concejal y quiosquero Julio Martínez Ezquerro en diciembre de ese mismo año. No serían los últimos. Con el tiempo, ETA causaría otra veintena de víctimas mortales en dicho municipio.

En una de esas listas negras de 1978 aparecía el nombre de Francisco Rodríguez Muela. Llevaba viviendo en Irún desde 1940: ejercía de odontólogo, dirigía la sección local de la Cruz Roja, impartía cursos de primeros auxilios, era presidente del Casino y colaboraba con la revista Bidasoa. Durante un tiempo, además, participó en la Comisión Gestora del Ayuntamiento. Tenía 68 años cuando fue conminado a abandonar el lugar, pero se negó. En agosto de 1980 ETAm le envió un ultimátum. La carta le daba un plazo de quince días para marcharse de Irún. «En nuestra etapa de Planificación Intensiva para alejar de Euskadi a los elementos contrarios al propio sentir del Pueblo Trabajador Vasco y contrarios a la Liberación Nacional», la banda afirmaba contar con «amplios expedientes» sobre él y su mujer. Francisco Rodríguez consultó con la Policía, que le recomendó mudarse. Los agentes acompañaron a la familia hasta la estación del tren. Dejándolo todo, se instalaron en Madrid. Como tantas otras víctimas, carecieron de apoyo institucional.

Lo sucedido en Irún no fue una excepción. Antes y después de aquella fecha, hubo listas negras en muchas poblaciones del País Vasco y Navarra. Un número indeterminado de sus habitantes fueron amenazados de esta manera o por medio de pintadas, llamadas por teléfono, ataques a su propiedad, balas en el buzón, animales muertos en el portal, etc. Junto a sus allegados, una parte tuvo que exiliarse. No existen cálculos fiables acerca de cuántas personas fueron desterradas por ETA. Las cifras que se han manejado hasta ahora son dispares: van desde 50.000 a más de 200.000.

Las listas de 1978 estaban vinculadas a la campaña contra supuestos confidentes de la Policía que ETA militar llevó a cabo durante la Transición. El 65 por 100 de las víctimas de esta operación eran inmigrantes, a pesar de que la banda había anunciado lo contrario. Según Florencio Domínguez (1998b), aunque, «naturalmente, ETA no ofreció esta explicación de forma expresa y ni siquiera lo insinúa, [...] es difícil que las personas que tenían características sociales parecidas a este nuevo grupo de víctimas no se sintieran aludidas por la nueva campaña de intimidación».

La antropóloga noruega Marianne Heiberg (1991) relató que durante su estancia en Elgueta (1975-1977) se redactaron dos listas de colaboradores policiales, a los que se suponía ETA iba a asesinar. En una de ellas había 33 personas, de las cuales 28 eran inmigrantes. No resulta sorprendente, por tanto, que solo una de las seis primeras víctimas que ETA causó en Irún hubiese nacido en el País Vasco: el donostiarra Melitón Manzanas. Lo mismo ocurría con los amenazados: la mayoría procedía del resto de España.

A menudo se presenta a la sociedad vasca como una víctima colectiva. No lo fue. Hubo damnificados por el terrorismo, desde luego, pero tenían nombre y apellidos. También los tenían los responsables de la tragedia: los miembros de ETA y su red de chivatos. Se trataba de compañeros de trabajo, vecinos, «amigos» o incluso familiares que facilitaban a la banda información de posibles objetivos. Sin ellos, la persecución hubiera sido imposible. Desde la seguridad que les confería el anonimato, ejercieron de cómplices o lo que es lo mismo, por emplear el término jurídico más adecuado, de cooperadores necesarios de la violencia.

Félix de Diego Martínez

El 7 de junio de 1968, el día que lo mataron, José Antonio Pardines formaba pareja con otro guardia civil de Tráfico, Félix de Diego. Este último sobrevivió a aquella jornada, pero, según recordaba su hija Cristina en el documental Nacional I (2018), desde entonces «no levantaba mucho cabeza». Estaba «muy triste, le impactó mucho». Después de sufrir un accidente con el Land Rover en el que patrullaba en 1977, De Diego fue dado de baja en el cuerpo y pasó a la reserva. Le detectaron un cáncer terminal de riñón que lo tenía impedido. Pese a todo, ayudaba en el bar Herrería de Irún, propiedad de la familia de su esposa, Dolores Echevarría, oriunda de aquella localidad.

Fue en aquel establecimiento donde lo asesinaron dos pistoleros de ETAm sobre las 21:00 horas del 31 de enero de 1979. La banda justificó el atentado acusando a Félix de Diego de ser un confidente policial, algo absurdo, dado que la víctima, aunque ya no estaba en activo, seguía perteneciendo a la Guardia Civil. Los etarras desconocían ese dato y, por consiguiente, que hubiese acompañado a Pardines en junio de 1968.

Originario de Fuentecén (Burgos), con 46 años, De Diego dejó viuda y cinco hijos, entre los 11 y los 5 años. Los dos terroristas que le arrebataron la vida se llamaban Luis María Marcos Olaizola y Fernando Arburua Iparraguirre (Igeldo). El primero disparó una vez a Félix de Diego, pero se le encasquilló la pistola. Según dictaminó la sentencia judicial, le remató de seis tiros Arburua, quien en el momento de cometer el crimen oficiaba como sacerdote de la orden de los Capuchinos.

Aquel cura etarra acabó colgando los hábitos, pero sigue militando en el nacionalismo radical. Como dejó claro en una entrevista publicada en El Periódico de Aragón, nunca se ha arrepentido. «En una lucha como la nuestra tampoco hay espacio para el remordimiento». Fernando Arburua confesó que él había solicitado

el máximo compromiso dentro de la organización armada. Merecía la pena hacer algo por este país. Sé que ningún cristiano puede matar, pero este mandamiento también lo incumplió la Iglesia. En cambio, creo que fui fiel al resto de preceptos, que no hay que dogmatizar. La interpretación depende de las circunstancias.

Basilio Altuna Fernández de Arroyabe

Este capitán de la Policía Nacional era alavés, pero por motivos de seguridad estaba destinado en Miranda de Ebro. El 7 de septiembre de 1980 se había desplazado a Erenchun (Álava), de donde era natural su esposa, para asistir a las fiestas patronales de la localidad. Según el sumario, a las 21:45 horas un pistolero lo mató de un tiro en la cabeza en plena plaza del pueblo, mientras se celebraba un baile, delante de sus familiares. Uno de ellos testificó que «sonó una detonación que a él le pareció que por encontrarse en fiestas se trataba de un petardo, pero seguidamente pudo observar que el Capitán caía al suelo y derramaba abundante sangre por la cabeza, creyendo que la muerte se produjo instantáneamente». Estaba casado y tenía cuatro hijos.

ETApm reivindicó el asesinato. Justificó el crimen alegando que Altuna había participado en la represión policial de las protestas de Vitoria el 3 de marzo de 1976, en las que fallecieron cinco trabajadores por disparos de la Policía, y que estaba vinculado al terrorismo de extrema derecha. La familia lo negó, pero no sirvió para atajar los rumores que había esparcido la «izquierda abertzale».

El Juzgado de Instrucción n.º 1 de Vitoria inició la investigación sobre el atentado, pero, al tratarse de un delito de terrorismo, pasó a la Audiencia Nacional, que el 23 de diciembre de 1980 incoó el sumario. Exactamente un día después, el de Nochebuena, el juez lo cerró por haberse «practicado cuantas diligencias se han estimado necesarias para la determinación del hecho sumarial y sus circunstancias sin que aparezca indicada [...] ninguna». Es uno de los casos más sangrantes que relata Juanfer Fernández Calderín (2014).

La familia quedó desamparada por las instituciones. Uno de los hijos de Basilio Altuna, Ángel, declaró a Iñaki Arteta y Alfonso Galletero (2006) que «en ese momento no había informaciones a la víctima, ni había apoyo, ni ningún consejo por parte de estamentos oficiales —incluso siendo mi padre policía. No se sabe a día de hoy quién fue el asesino de mi padre».

Basilio Altuna Fernández de Arroyabe.

Fuente: © Album / EFE

Ramón Baglietto Martínez

El 21 de septiembre de 1962 Ramón Baglietto estaba delante de su tienda de muebles en Azcoitia cuando vio pasar a una mujer con sus dos hijos: uno en brazos, de 11 meses, y otro de la mano, de 2 años. A este niño se le escapó la pelota con la que estaba jugando, por lo que salió corriendo detrás de ella. Tuvo tan mala fortuna que se puso en medio de la trayectoria de un imparable camión pesado. La madre se lanzó sobre él para intentar protegerlo, pero, cuando cruzaba a su lado, Ramón consiguió arrancarle de los brazos al pequeño. La madre y el hijo mayor murieron atropellados. El menor se salvó. Se llamaba Kandido Azpiazu Beristain.

En 1980 Azpiazu era un joven de 18 años que se dedicaba a la carpintería. Ramón Baglietto, que había cumplido los 44 años, había sido concejal de Azcoitia durante el tardofranquismo, pero en ese momento era un simple simpatizante de UCD. Seguía el frente de su comercio, estaba casado y tenía dos hijos menores de edad.

El 12 de mayo de 1980 el Seat 127 de Ramón Baglietto fue atacado por un comando de ETA militar cerca de Elgoibar. De acuerdo con la sentencia,

los agresores sitúan el vehículo que ocupan paralelamente al de la presunta víctima, y en ese momento le disparan varias ráfagas de metralleta, que alcanzan al Sr. Baglietto y le hacen perder el control de su automóvil, hasta colisionar con un árbol del margen de la carretera, donde queda empotrado el vehículo y su conductor malherido; seguidamente, el procesado Azpiazu Beristain desciende del automóvil que ocupa, y empuñando una de las pistolas, la dispara contra la cabeza del Sr. Baglietto, causándole la muerte inmediata.

Detenido unos días más tarde, en 1981 el terrorista fue condenado por la Audiencia Nacional a 49 años de prisión. Fue excarcelado en 1995. Una década después Azpiazu compró la cristalería situada en los bajos del edificio en el que vivía Pilar Elías, la viuda de Ramón Baglietto, que tuvo que soportar su presencia, sumando una nueva victimización a las que ya había padecido.

En 2001 el periodista alemán Erwin Koch consiguió que Azpiazu le concediera una entrevista, que fue reproducida por El País. Le preguntó cómo había sido capaz de matar a Ramón Baglietto, el hombre que le había salvado cuando era un niño. Azpiazu se defendió alegando que él no era un asesino: había actuado «por necesidad histórica». Añadió: «por responsabilidad ante el pueblo vasco, que es magnífico, que tiene una magnífica cultura, que habla una de las lenguas más antiguas de Europa, que nunca fue vencido por los romanos, ni por los visigodos, ni por los árabes. Un pueblo muy distinto al de los españoles».

Ramón Baglietto Martínez.

Fuente: © Album / EFE

María José García Sánchez

De acuerdo con Raúl López Romo (2015), ETA ha asesinado a 58 mujeres a lo largo de su historia. Las cinco primeras fallecieron en la matanza de la cafetería Rolando de Madrid en septiembre de 1974. La última fue Silvia Martínez Santiago, una niña de 6 años a la que mató un coche bomba en Santa Pola en agosto de 2002.

Pablo García Varela (2018-2019) revela que la media de edad de las víctimas femeninas de ETA era de 34 años. Ejercían profesiones muy diferentes: 13 eran amas de casa, cuatro estudiantes, tres maestras, tres empresarias... Había 14 niñas, en su mayoría hijas de guardias civiles. Veintinueve mujeres tenían hijos. En nueve de estos casos quedaron huérfanos de ambos progenitores, ya que sus padres también murieron en el atentado. Tres de las víctimas estaban embarazadas cuando fueron asesinadas. Por supuesto, otras hubieran tenido descendientes con el tiempo.

Las mujeres representan el 6,86 por 100 del total de las víctimas mortales de ETA. Ese porcentaje es menor que el 15 por 100 correspondiente a todos los terrorismos en el conjunto de España. ¿Cuál es la causa de esa diferencia? Probablemente influyó el código de conducta de los etarras, que estaba impregnado de machismo, ultranacionalismo y militarismo. Se veían a sí mismos como nuevos gudaris, como soldados con una misión salvadora de la patria. Matar mujeres o niños no encajaba bien dentro de ese relato épico de carácter patriarcal. Por ese mismo motivo ETA ha recurrido a los atentados indiscriminados en menor medida que el terrorismo yihadista.

Otra razón tiene que ver con la selección de objetivos que realizaban los miembros de la banda: los colectivos más atacados han sido la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Ejército, en los que tradicionalmente había una reducida presencia femenina, aunque la proporción ha ido aumentando con el tiempo.

La primera uniformada a la que asesinó ETA fue María José García Sánchez. Madrileña de 23 años, formaba parte de la primera promoción de mujeres inspectoras del Cuerpo General de Policía. Como miembro de la Brigada Central de Información, el 16 de junio de 1981 participó en una operación antiterrorista en Zarauz. Ella cubría el portal de un edificio mientras sus compañeros subían en ascensor al piso franco en el que se escondía el comando Goierri de ETAm.

Los terroristas se dieron cuenta y huyeron por las escaleras. Cuando María José se puso en su camino, le dispararon en la cabeza. «Sentí un infinito dolor, una amargura intensa, desesperación. En ese momento te tienes que contener, pero es absolutamente desgarrador tener que bajar una escalera y ver la cabecita rota de una compañera», contó uno de los agentes a Lainformacion.com décadas después. «Ella era una mujer muy valiente».

En el momento del crimen la hermana de María José contaba con 18 años. «Yo estaba preparando la oposición cuando nos contaron que mi hermana había sido asesinada. Mis padres me decían que hiciera otra cosa y yo dije que esto o nada. Lo que pasó me dio fuerzas para seguir y aumentó, más si cabe, mi amor por el Cuerpo».

CAPÍTULO IV

¿UN EMPATE INFINITO? ETA Y LA DEMOCRACIA (1983-1995)

NO HAY TREGUA. EL TERRORISMO DURANTE LOS PRIMEROS AÑOS DE LA ETAPA SOCIALISTA

En las elecciones generales del 28 de octubre de 1982, gracias a las 10.127.392 papeletas cosechadas (el 48,11 por 100 del total), el PSOE de Felipe González consiguió la mayoría absoluta en las Cortes: 202 de los 350 escaños eran socialistas. En el País Vasco el PNV revalidó su posición como primera fuerza política con 379.293 papeletas (el 31,73 por 100). No obstante, el PSE remontaba hasta las 348.620 (el 29,16 por 100). HB recogió 175.857 votos (el 14,71 por 100). La coalición que AP y UCD habían formado en Euskadi consiguió 139.148 (el 11,64 por 100). En quinta posición, la nueva EE obtuvo 91.927 sufragios (el 7,69 por 100). En Navarra vencía el PSOE, con 112.186 votos (37,64 por 100). Le seguían la alianza entre Unión del Pueblo Navarro (UPN), AP y el Partido Demócrata Popular, con 76.255 (el 25,59 por 100), y HB, con 34.744 (el 11,66 por 100).

Era la primera vez desde la Guerra Civil que la izquierda accedía al poder. Dando por concluida la Transición, el Gobierno de Felipe González, que se revalidó en las siguientes citas con las urnas, inauguraba una nueva etapa histórica. La democracia se consolidó, disipándose la amenaza de un nuevo golpe militar. Los sucesivos gabinetes socialistas se centraron en modernizar y reformar el país desde un prisma liberal y progresista. Durante esos años se desplegó toda la estructura de un Estado del bienestar, hubo un aperturismo estético, musical y cultural («La Movida») y España se homologó a los sistemas parlamentarios occidentales, lo que quedó patente con su ingreso en la Comunidad Económica Europea (CEE) en enero de 1986. Sin embargo, el nuevo periodo también tuvo elementos negativos, como el agravamiento de la situación económica, el paro, la fractura social generada por la permanencia en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), el estallido de casos de corrupción que afectaban al PSOE y el terrorismo, que continuó siendo el principal problema de orden público.

La victoria socialista en 1982 provocó ciertas dudas en ETA, pero solo duraron un par de meses. Aferrándose al esquema estratégico de la «guerra de desgaste», la banda no tardó en embestir frontalmente contra el nuevo Gobierno. El 4 de noviembre de 1982 los terroristas asesinaron en Madrid al general Víctor Lago Román, que estaba al mando de la División Acorazada Brunete. Era un recordatorio de que los pistoleros seguían teniendo como blancos predilectos a los guardias civiles, policías y militares: 211 funcionarios de uniforme fueron asesinados entre 1983 y 1995, de acuerdo con Raúl López Romo (2015). Desde la perspectiva de los terroristas, era una forma de «acumular fuerzas» de cara a una posible negociación sobre la independencia de Euskadi. Si sumamos a policías locales y autonómicos, la cifra de víctimas mortales asciende a 225. Además, la banda hirió a 431 uniformados en este periodo.

Otra parte de la violencia de ETA respondía a sus necesidades financieras. Siguiendo a Florencio Domínguez (2018), a mediados de los ochenta el presupuesto anual de la organización oscilaba entre los 300 y 400 millones de pesetas. Para conseguir esa cantidad, los etarras recurrieron a los atracos (19,7 millones de pesetas entre 1983 y 1986), los secuestros (entre un mínimo de 5.115 y un máximo de 5.415 millones de pesetas entre 1982 a 1996) y la extorsión, imposible de cuantificar. Como medida de presión, ETA cometió atentados contra empresarios y compañías que se resistían a pagar. Así, por ejemplo, el 5 de febrero de 1983 una bomba acabó con la vida de tres empleados del Banco de Vizcaya en Bilbao. Siguiendo a Javier Merino (2018), hubo 16 personas asesinadas como consecuencia directa de la extorsión. La lista es larga: se había inaugurado con el constructor José Legasa, al que ETAm mató en noviembre de 1978 por haber denunciado la extorsión a la Policía francesa, y no se cerró hasta el asesinato de José María Korta en agosto de 2000 y de Ignacio Uria en diciembre de 2008, empresarios que se habían negado a ceder al chantaje.

Además del «impuesto revolucionario», ETAm copió otra idea de la extinta ETApm: las campañas veraniegas para hacer «el mayor daño posible». Atemorizando al turismo, se perjudicaba a uno de los sectores estratégicos de «los intereses económicos españoles». La banda esperaba que tal amenaza hiciera mella en el Gobierno. En total, ETA colocó 225 bombas en paradores, hoteles, casinos, discotecas, restaurantes, auditorios, parques, centros comerciales, puertos deportivos, playas, ferris, oficinas de información, estaciones de autobús, aeropuertos, autopistas o vías de tren. Lo hizo en toda España, especialmente en las áreas costeras y en las ciudades más emblemáticas. Estas campañas causaron ocho víctimas mortales.

ETAm inició otras ofensivas, alguna de las cuales dejó en evidencia la coordinación entre la banda terrorista y su entorno civil. En abril de 1980 Egin publicó una denuncia de HB contra una supuesta «mafia de la droga» que estaría operando en Euskadi al servicio de las FCSE. Se trataba de una teoría de la conspiración, sin base alguna, pero que serviría de coartada para una nueva campaña terrorista. Para Pablo García Varela (2020), los objetivos de ETA eran «crear estructuras de contrapoder en el País Vasco a nivel local, espacios de control y de poder nacionalista», «presentarse como los adalides de la juventud del pueblo vasco», «empeorar aún más la imagen del Estado y de las fuerzas de seguridad destinadas en la región, a quienes acusaba de estar detrás de la introducción de heroína para desmovilizar a los jóvenes más rebeldes», y «mandar un mensaje claro a sus militantes y simpatizantes sobre la posición que debía mantener el MLNV respecto a la heroína: un total rechazo». Desde 1980 hasta 1994 ETA asesinó a 43 personas acusándolas de ser narcotraficantes y confidentes a sueldo de las FCSE. «El adicto, el excluido social o empresarios y hosteleros vinculados a negocios de ocio (bares y clubs nocturnos) fueron las víctimas predilectas, blancos fáciles contra los que actuar y a quienes era fácil relacionar con el mundo de la droga». Para hacerlo, para que ETA les pusiese en su diana, bastaba un simple rumor. Después del atentado, no solo llegaba la muerte, sino también el oprobio público: el hecho de que un pistolero hubiese apretado el gatillo parecía prueba suficiente de que la víctima tenía un vínculo con el tráfico de drogas. A ojos de muchos ciudadanos, ETA estaba ejerciendo de manera legítima de juez, jurado y verdugo. El mensaje caló hondo. En palabras de García Varela, ni los partidos democráticos ni las instituciones «supieron mostrar el respeto debido a las víctimas y sus familias, que fueron ignoradas por la sociedad vasca ante la falta de iniciativa de las autoridades».

Por aquel entonces ETA no era la única banda de corte abertzale que operaba en el País Vasco y Navarra. Todavía seguían en activo los restos de ETApm y los CAA, si bien estas bandas desaparecieron a mediados de los ochenta. ETA militar se aseguró entonces el monopolio de las históricas siglas, por lo que sería conocida como ETA a secas. No obstante, no le faltaron imitadores. Por ejemplo, el 5 de mayo de 1987 un colectivo autodenominado Mendeku (Venganza) atacó con cócteles molotov la Casa del Pueblo de Portugalete, en la que se encontraba una quincena de personas. Murieron dos: Félix Peña Mazagatos y Maite Torrano Francia.

LA LUCHA ANTITERRORISTA. LAS FCSE, LOS GAL Y EL FIN DEL «SANTUARIO FRANCÉS»

La política antiterrorista del Gobierno de Felipe González fue continuista respecto a sus antecesores de UCD. Así, el ministro de Interior José Barrionuevo heredó de su homólogo Juan José Rosón el pacto con un sector de ETApm para su disolución a cambio de la amnistía encubierta de sus miembros. Hizo honor al acuerdo, facilitando la reinserción colectiva de los expolimilis. Pese a la generosidad de la que hacían gala las instituciones y las víctimas, ETAm rechazó esa nueva oportunidad histórica.

Tampoco aceptó la siguiente oferta que se le hizo. A principios de 1983 el lehendakari Carlos Garaikoetxea quiso poner en marcha la denominada Mesa por la Paz: una plataforma para auspiciar un diálogo entre las fuerzas políticas que desembocara en la «pacificación» y la «normalización» de Euskadi. Su plan combinaba una negociación política propiamente dicha con nuevas medidas de gracia. El lehendakari incluyó en la primera ronda de contactos al PNV, al PSE y a HB, recibiendo el respaldo de formaciones como EE. De cualquier manera, ni siquiera llegó a celebrarse la primera reunión tripartita, ya que HB puso una condición inasumible: que las conversaciones fueran públicas.

Dado que aquellas vías se habían cerrado, el Gobierno González decidió promover medidas de reinserción para los presos que se desvinculasen de la banda terrorista de manera individual. Como resultado de este proceso, de la disolución de ETApm y de las iniciativas particulares del senador del PNV Joseba Azkárraga, 258 exmiembros de las distintas ramas de ETA fueron indultados durante la década de los ochenta. Los milis creyeron que su supervivencia orgánica estaba en peligro: la vuelta a casa de sus excompañeros podía producir una avalancha de reinserciones individuales. Como confesaría el antiguo dirigente etarra Joseba Urrosolo Sistiaga en El Correo, los presos que se atrevieron a dar ese paso tuvieron que «soportar los insultos, las campañas de desprestigio y el acoso social». Además, con fines ejemplarizantes, dos exmiembros de ETA fueron asesinados: Mikel Solaun en febrero de 1984 y Yoyes en septiembre de 1986. Estos atentados disuadieron a la mayoría de los posibles desertores.

Si bien otorgó mayor protagonismo a la Guardia Civil de lo que había hecho la UCD, el nuevo Ministerio del Interior fue poco innovador en otros planos. Por un lado, confirmó en su puesto a los responsables policiales de la lucha antiterrorista, incluso a aquellos que no contaban con un historial impoluto desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos. Por otro, inspirándose en el modelo alemán, concentró a los presos por delitos de terrorismo en cárceles de alta seguridad, lo que de hecho permitía a ETA mantener control sobre ellos.

Asesinato de Juan Atarés Peña en Pamplona, 23 de diciembre de 1985.

Fuente: José Luis Larrión / Diario de Navarra.

La primera novedad significativa no llegó hasta que Barrionuevo presentó el plan Zona Especial Norte (ZEN) a principios de 1983. Su propósito era fijar las líneas de actuación de la política antiterrorista desde una perspectiva global y unificada, pero tuvo una repercusión más mediática (y polémica) que real. De todos modos, el plan ZEN sirvió para fomentar las inversiones en equipo, locales y protección, refinar la coordinación entre los cuerpos policiales y mejorar las condiciones de vida de los agentes de la ley y, por consiguiente, su efectividad. Al año siguiente el PSOE presentó una nueva y discutida Ley Antiterrorista. En opinión de los autores de Sangre, sudor y paz (2017), la norma, «finalmente derogada tras su anulación parcial por el Tribunal Constitucional en 1987 y subsumida en la legislación común, tuvo una eficacia cuestionable; pero en aquel año 1983, el enfoque estratégico conjunto que suponía el ZEN reforzó claramente la lucha contra ETA». Por ejemplo, en junio de 1984 la Guardia Civil acabó con el sangriento comando Donosti.

Gracias a la actuación policial, la frecuencia de los atentados de ETA fue disminuyendo. Según Florencio Domínguez (2019), entre 1977 y 1984 hubo una media de 225 al año. En cambio, desde 1985 hasta 1992, la media fue de 101. Es decir, se redujo un 55 por 100. De acuerdo con Raúl López Romo (2015), ETA causó 38 víctimas mortales en 1982, 40 en 1983, 33 en 1984 y 37 en 1985. Se trataba todavía de un nivel de violencia muy considerable, pero quedaba lejos del que la organización había sido capaz de desplegar durante los años de plomo.

La lucha antiterrorista no solo discurrió por cauces legítimos. En octubre de 1983, a raíz del secuestro y asesinato del capitán Alberto Martín Barrios, se reactivó el terrorismo parapolicial bajo las siglas de los GAL, que estuvieron financiados y patrocinados por los más altos cargos del Ministerio del Interior.

Además de un crimen, los GAL fueron el peor error en la política antiterrorista del Gobierno de Felipe González. En cambio, su mayor acierto fue el acercamiento al Gobierno francés para poner fin al «santuario» del que ETA disfrutaba en el país vecino. Aquel cambio de actitud fue fruto de la sintonía política entre ambos gabinetes, de arduas gestiones diplomáticas y del establecimiento de vínculos personales. Como resultado, en noviembre de 1983 España y Francia llegaron a un acuerdo para activar la cooperación policial, la persecución de los comandos y la expulsión de los terroristas a terceros países. La primera prueba del compromiso galo no tardó en llegar: el 10 de enero de 1984 fueron arrestados cuatro dirigentes de ETApm VIII Asamblea y otros dos de ETA militar, que serían deportados a Panamá. En total, 63 presuntos terroristas serían expulsados a América o África.

En junio de 1984 los ministros de Interior José Barrionuevo y Gaston Deferre firmaron los acuerdos de la Castellana que normalizaban la cooperación internacional contra el terrorismo. Siguiendo a Domínguez, a partir de aquel año Francia tomó la iniciativa:

retirada del estatuto de refugiado, restricción de los permisos de residencia, prohibición de residencia en los departamentos fronterizos, confinamiento en lugares alejados del País Vasco, deportaciones a terceros países, extradiciones, persecución judicial y policial y expulsiones directas.

La ayuda gala lograría ir reduciendo la libertad de movimientos de la que ETA había gozado en el País Vasco francés.

El acercamiento entre España y Francia facilitó la desaparición de los CAA y lo que quedaba de ETApm, así como el estancamiento organizativo de ETAm, que sufrió los efectos de la primera gran operación policial en suelo galo. Gracias a la colaboración de la CIA, se instaló un radiotransmisor en un misil que posteriormente un intermediario vendió a ETA en el mercado negro. La señal del transmisor llevó a los agentes a la fábrica de muebles Sokoa. En esa empresa vascofrancesa se escondía un importantísimo zulo en el que la banda guardaba armas, dinero y documentación interna. Entre otros, se detuvo al responsable de finanzas de ETA.

A modo de respuesta a la cooperación internacional, las detenciones y las deportaciones, ETA orquestó una larga campaña terrorista contra los intereses galos: 320 atentados, que provocaron 23 víctimas mortales. Por ejemplo, el 19 de febrero de 1987 hizo explosión una bomba en un concesionario de la firma francesa Renault en Bilbao. Justo en ese momento pasaba por delante María Luisa Sánchez Ortega, una empleada de limpieza que regresaba a casa tras concluir su jornada laboral. Malherida, falleció al día siguiente.

COCHE BOMBA. ENTRE EL TERRORISMO INDISCRIMINADO Y LAS CONVERSACIONES DE ARGEL

La acción policial y la cooperación francesa permitieron la desarticulación de cada vez más comandos legales de ETA, cuya actividad no pudo ser compensada por la de los comandos ilegales. A mediados de los años ochenta era evidente que el progresivo debilitamiento de la banda había reducido el número de sus víctimas y, por ende, su capacidad para «acumular fuerzas» de cara a una eventual negociación con el Gobierno. Para remediarlo, en 1985 la dirección de ETA creó los comandos Madrid y Barcelona, que empezaron a utilizar coches bomba cargados de goma 2. Se trataba de un método mucho menos selectivo que las armas de fuego, pero producía más damnificados con un menor riesgo para los terroristas, que podían activarlos a distancia.

En tan solo dos años, de 1985 a 1986, el comando Madrid asesinó a 26 personas. El 25 de abril de 1986 en la calle Juan Bravo un coche bomba acabó con la vida de cinco guardias civiles e hirió, siguiendo el listado oficial, a otras seis personas. El 14 de julio de ese mismo año un artefacto dejó 12 víctimas mortales, todos agentes, en la plaza de la República Dominicana. De acuerdo con la sentencia de la Audiencia Nacional, hubo 60 heridos, aunque el Ministerio del Interior solo ha reconocido a 51. Pese a que los tribunales y la Administración seguían dando cifras dispares, la diferencia se había acortado, y lo seguiría haciendo desde entonces hasta prácticamente desaparecer.

A partir de septiembre de 1986 representantes de ETA y del Gobierno tuvieron una serie de contactos que fueron conocidos como las «conversaciones de Argel» y cuyos entresijos pueden conocerse en la obra de Luis Miguel Sordo Estella (2017). Por parte del Gobierno, aunque en distintos momentos, participaron el abogado Jorge Argote y los sucesivos directores de la Seguridad del Estado, Julián San Cristóbal y Rafael Vera. El principal interlocutor por parte de la banda fue Domingo Iturbe (Txomin), hasta su fallecimiento accidental en febrero de 1987. Le sustituirían Eugenio Etxebeste (Antxon), Ignacio Aracama Mendía y Belén González Peñalva.

El Gobierno del PSOE, que había revalidado su mayoría absoluta en las elecciones generales de junio de 1986, esperaba reeditar el acuerdo al que la UCD había llegado con ETApm. Ahora bien, como advierte Florencio Domínguez (1998b),

una constante en la actuación de ETA, desde 1978 hasta el presente, ha sido interpretar cualquier aproximación del Gobierno, cualquier intento de abrir cauces de diálogo, como un síntoma de debilidad del Estado, provocada por la actividad terrorista. Automáticamente, ETA ha endurecido sus posiciones buscando sacar el máximo partido de la supuesta debilidad de su interlocutor.

En ese sentido, la organización creyó que dar muestras de su poder, es decir, atentados, permitiría que la negociación se resolviera a su favor.

La ofensiva de ETA en la capital de España había dejado 210 heridos pero, debido a la desarticulación del comando Madrid, el grueso de las operaciones tuvo que trasladarse a Aragón y Cataluña. El 30 de enero de 1987 una furgoneta bomba saltó por los aires al paso de un autobús de la Guardia Civil en Zaragoza. Hubo dos fallecidos y 35 heridos. El 19 de junio estalló un vehículo con 27 kilos de amonal y 200 litros de líquido incendiario, pegamento y escamas de jabón en el centro comercial Hipercor de Barcelona. El atentado causó 21 víctimas mortales (cuatro de ellas eran niños) y 46 heridos. Al parecer, los etarras habían confundido Hipercor con una firma francesa. El 11 de diciembre un coche bomba colocado cerca de la entrada de la comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza acabó con la vida de 11 seres humanos, entre ellos seis menores de edad, y dejó secuelas a 103.

En total, a lo largo de 1987 ETA asesinó a 52 personas. No había causado tantas víctimas mortales desde 1980. Además, 1987 fue el año en el que la banda causó más heridos en toda su historia: 260. Como señalan los autores de Sangre, sudor y paz (2017), «aunque el tiempo demostraría que el de Hipercor fue un error estratégico de grandes proporciones para ETA, estos golpes suponían para la banda un importante rédito ante la futura negociación». Efectivamente, el grado de violencia que se desplegó en 1987 no interrumpió las conversaciones de Argel. Sí lo hizo, en cambio, el secuestro del empresario Emiliano Revilla en febrero de 1988 por parte de un comando etarra auxiliado por antiguos militantes del chileno Movimiento de Izquierda Revolucionaria. El rehén tuvo que soportar 249 días de cautiverio. Reactivados en enero de 1989, tras una declaración de tregua de ETA, los encuentros con el Gobierno cesaron definitivamente en abril de ese año. Los intentos posteriores acabaron de idéntica manera. El fracaso de las conversaciones de Argel afectó negativamente a la dirección de ETA, a la que no solo le embargó una sensación de derrota, sino que también fue responsabilizada de aquel resultado por el grueso de la sociedad vasca.

Los atentados indiscriminados producidos a partir de 1985, que habían producido una mayor proporción de víctimas civiles, tuvieron consecuencias muy negativas para la «izquierda abertzale». Por una parte, afectaron a las relaciones entre ETA y el nacionalismo catalán radical: Terra Lliure y su entorno condenaron la masacre de Hipercor. En consecuencia, los resultados de HB en las siguientes elecciones europeas sufrirían un notable descenso en Cataluña. Por último, la «izquierda abertzale» sufrió su primera crisis interna desde 1980. El secretario general de HASI, Txomin Ziluaga, sugirió a ETA que se tomase «unos meses de vacaciones». Ante el peligro de que el partido estuviese tratando de recuperar cierto grado de autonomía, la dirección de la banda, encabezada por Josu Urrutikoetxea (Josu Ternera), decretó que Ziluaga fuera destituido de su cargo y después expulsado. Le acompañó casi la mitad de la militancia de HASI, que prefirió no dar a conocer las causas de la crisis. No volvió a haber ninguna otra disidencia significativa en la «izquierda abertzale» hasta la aparición de la corriente crítica Aralar, dirigida por Patxi Zabaleta, que se escindió para conformar su propio partido en 2001. Para entonces, hacía nueve años que HASI se había autodisuelto.

DEMÓCRATAS FRENTE A ETA. EL PACTO DE AJURIA ENEA Y EL MOVIMIENTO PACIFISTA

Contra los pronósticos de la banda, lejos de poner contra las cuerdas al Estado de Derecho, los atentados indiscriminados de 1987 fueron un acicate para lo que hasta entonces parecía imposible: la unidad de las fuerzas democráticas. El impacto que produjeron aquellas matanzas, a lo que cabría añadir el nuevo escenario que dibujaba el Gobierno Vasco PNV-PSE (desde 1986), contribuyó a la gestación de los pactos contra el terrorismo de Madrid, Ajuria Enea y Navarra. De alguna manera, ETA había creado el clima que hizo posible la primera gran iniciativa unitaria frente al terror.

En noviembre de 1987 se firmó el pacto de Madrid. El 12 de enero de 1988 se materializó el «Acuerdo para la pacificación y normalización de Euskadi», más conocido como pacto de Ajuria Enea. Tras 110 días de arduas negociaciones, fue ratificado por los partidos vascos demócratas (PNV, PSE, EA, EE, AP y CDS), a los que posteriormente se irían adhiriendo los de nueva creación (Unidad Alavesa, Euskal Ezkerra y Ezker Batua / Izquierda Unida). El texto establecía la ilegitimidad del terrorismo para fijar la agenda política, ponía en valor el Estatuto de Guernica y admitía la posibilidad de un final dialogado de la violencia, respetando «el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular». Entonces, ¿de qué cabía hablar con ETA? Según el documento, de «las vías de reinserción». Como colofón, se solicitaba al lehendakari José Antonio Ardanza, uno de los principales artífices de aquel hito junto al secretario general de EE Kepa Aulestia, que continuase «liderando el proceso en aras de la total normalización del país». De ahí surgió la Mesa de Ajuria Enea, un organismo para realizar análisis conjuntos y consensuar una estrategia global.

El pacto de Ajuria Enea supuso un punto de inflexión en la historia de Euskadi. Para Santiago de Pablo y Ludger Mees (2005) se trató de «la iniciativa política de mayor calado en la lucha contra el terrorismo desde la muerte de Franco». Se constataba «un cambio importante en la actitud del PNV ante ETA, sobre todo porque el terrorismo se sacaba del marco de conflicto entre Euskadi y el Estado para situarlo en clave de derechos humanos».

Superando las tradicionales divisiones identitarias (nacionalistas / no nacionalistas) o de clase (izquierdas / derechas), el texto sirvió para acercar a los demócratas, que por fin podían actuar de manera coordinada frente al proyecto totalitario que intentaban imponer los violentos. Se deshizo su coartada: el problema nunca había sido un supuesto «conflicto» étnico entre vascos y españoles, sino ETA, que impedía a los propios vascos vivir y convivir en libertad.

El 18 de marzo de 1989, convocada por la Mesa de Ajuria Enea, tuvo lugar en Bilbao una multitudinaria manifestación (según El País, asistieron unos 200.000 ciudadanos) bajo el lema «Paz ahora y para siempre». Estuvo encabezada por el lehendakari Ardanza y los dirigentes de las formaciones firmantes del pacto. No es de extrañar que los terroristas y su entorno considerasen Ajuria Enea como una amenaza a la perpetuación de la violencia. Según un informe de HASI, se estaba asistiendo a «una potente ofensiva del enemigo, a su reagrupamiento y relanzamiento de sus baterías contra el MLNV». ETA advirtió de que el acuerdo suponía «un peligroso deslizamiento hacia el enfrentamiento civil».

Con el pacto de Ajuria Enea como estímulo, el movimiento pacifista floreció en el País Vasco. Durante la segunda mitad de los ochenta se fundaron Gesto por la Paz de Euskal Herria, la Asociación por la Paz y la Asociación Pro Derechos Humanos, a los que en la década siguiente su sumaron Denon Artean, Bakea Orain y Elkarri. El grupo más importante fue Gesto por la Paz, nacido en 1986 gracias a la inquietud de un sector de la ciudadanía que se movía en ambientes cristianos y/o de izquierdas, como el que giraba en torno a EE. Esta organización, que impulsaba actos de protesta contra el terrorismo y la violencia de persecución, jugó un papel crucial en la defensa de la paz y los derechos humanos, así como en la concienciación y sensibilización de la sociedad. Baste recordar las campañas con las que Gesto por la Paz y otras asociaciones exigían la libertad de los secuestrados por ETA o sus concentraciones silenciosas después de cada asesinato.

Como subraya Raúl López Romo (2015), «los pacifistas, especialmente los de Gesto por la Paz, sufrieron numerosos ataques verbales y físicos por parte de simpatizantes del nacionalismo vasco radical». Era una demostración de que su presencia cuestionaba el control de la calle que hasta entonces había ejercido el entorno de ETA, lo que, desde la óptica de los ultranacionalistas, requeriría un contrataque. En opinión de Irene Moreno (2019), el impacto de estas movilizaciones sociales se hizo notar aún más en los años noventa, que «fueron cruciales en la deslegitimación social del terrorismo y en el desarrollo de un movimiento mayoritario de rechazo a ETA».

El nuevo escenario facilitó tres cambios de calado en la política antiterrorista. Por un lado, se puso fin a la legislación extraordinaria. Por otro, el ministro de Justicia Enrique Múgica Herzog aprobó la dispersión de los presos por delitos de terrorismo. A decir de Florencio Domínguez (2006), la medida «suponía la disolución de las comunas etarras, la redistribución de los reclusos en pequeños grupos por diferentes prisiones. Además, dejaban de tener un tratamiento especial y eran mezclados con los otros reclusos». La finalidad de esta política era facilitar su desvinculación de la banda: si lo hacían y daban muestras de buen comportamiento, los condenados eran trasladados a cárceles cercanas a Euskadi. Aunque la dispersión no tuvo el éxito que el Gobierno esperaba, la reacción de ETA fue furibunda: decretó una campaña terrorista contra los funcionarios de prisiones: seis serían asesinados, y otro, secuestrado.

Por último, las FCSE adoptaron una estrategia mucho más selectiva y efectiva. En julio de 1990 fue desarticulado en Sevilla el comando Argala, formado por ciudadanos franceses y liderado por Henri Parot, quien sería condenado como responsable de 38 asesinatos. ETA acababa de perder su célula más letal. Es evidente que la Policía Nacional y la Guardia Civil no siempre podían evitar los atentados, pero los perpetradores tardaban mucho menos en caer. El 29 de mayo de 1991 el nuevo comando Barcelona hizo explotar un coche bomba en la casa-cuartel de Vich (Barcelona) que causó diez víctimas mortales, cuatro de ellas niñas, y 42 heridos. Tan solo un día después el jefe de aquel comando y su lugarteniente murieron en un tiroteo con la Policía.

Para volver a sentar a los representantes del Gobierno en la mesa de negociaciones, ETA estaba convencida de que era imprescindible hacer el mayor daño posible. La banda creyó encontrar su gran oportunidad en 1992: ese año se iban a celebrar en España tanto los Juegos Olímpicos (Barcelona) como la Exposición Universal (Sevilla). El país iba a estar en el foco de la atención mundial, lo que colocaba al gabinete de Felipe González en una situación de vulnerabilidad ante la violencia terrorista.

No es de extrañar que ETA comenzase 1992 dejando un reguero de sangre: en los tres primeros meses hubo 19 víctimas mortales y cuatro heridos. Pero las FCSE neutralizaron su ofensiva. Fueron desmantelados el comando Bizkaia, el comando Mugarri y una red de extorsión, operación que llevó a cabo la Policía autonómica vasca, la Ertzaintza. El 29 de marzo de 1992 la cúpula de ETA fue detenida en un caserío de Bidart. Los sustitutos de los jefes de la banda corrieron la misma suerte. La organización entró en una crisis gravísima. No solo había perdido a su equipo dirigente y sus comandos operativos, sino que se había desvanecido el mito de que era indestructible. Tanto en el Gobierno como en la desmoralizada «izquierda abertzale» se abrió paso la idea de que era posible la derrota policial y judicial de ETA.

LEIZARÁN. LA SEGUNDA VICTORIA DE ETA

Con todo, el efecto de la caída de Bidart se vio amortiguado por un triunfo de ETA que estuvo a punto de acabar con el pacto de Ajuria Enea. El proyecto de la autovía San Sebastián-Pamplona (entonces llamada de Leizarán porque iba a atravesar dicho valle) había provocado la oposición de algunas asociaciones ecologistas. Entre ellas destacaba la coordinadora Lurraldea, vinculada a HB, que exigía la modificación del trazado.

ETAm entró en escena. Cometió 18 atentados, que causaron tres víctimas mortales y nueve heridos. La campaña mili fue secundada por jóvenes abertzales que ejercían de tropas auxiliares (los grupos Y): hubo 194 ataques de kale borroka (lucha callejera). A decir de Florencio Domínguez (2018), el coste directo de estas acciones violentas fue de más de 1.000 millones de pesetas, a los que hay que sumar otros 15.400 millones de gastos extraordinarios para seguridad.

La banda instrumentalizó el conflicto medioambiental para presentarse, al igual que en su momento había hecho con la construcción de la central nuclear de Lemóniz, como adalid del movimiento ecologista. No obstante, el chantaje terrorista se estrelló con la firmeza de la Diputación de Guipúzcoa, que cogobernaban EA y EE. Ante la disyuntiva de favorecer un cambio en el proyecto de la autovía, lo que a esas alturas significaba denigrar la democracia e insuflar nuevos bríos a una ETA de capa caída, o mantener el diseño tal y como estaba, ambos partidos optaron por esta última opción, lo que les costó el abandono de algunos de sus representantes.

Ahora bien, las elecciones forales de 1991 dieron un vuelco a la situación: EA perdió cuatro junteros, quedándose con 12, y EE pasó de cinco a cuatro. El PNV, que había logrado 12 puestos (seis más que en la anterior cita con las urnas), conformó una Diputación transversal con el PSE (nueve). La nueva Diputación foral se plegó a las demandas de la organización terrorista y el proyecto de la autovía San Sebastián-Pamplona fue modificado. ETA y su entorno recibieron la noticia con entusiasmo. Resulta sintomático que en un cartel de HB de 1992 se pudiese leer: «Ganamos Lemóniz. Ganamos Leizarán. Ganaremos la autodeterminación».

Los dirigentes de EA y EE acusaron a los jeltzales de haber arruinado el pacto de Ajuria Enea. Aunque sobrevivió un poco más, en cierto modo tenían razón: era el comienzo del fin. En palabras de Santiago de Pablo y Ludger Mees (2005), «Leizarán fue un primer síntoma de que el PNV iba a tratar de lograr el final de ETA acercándose a HB». A partir de 1992 se superó la incomunicación entre ambas formaciones nacionalistas, lo que facilitaría que seis años después firmaran una alianza estratégica que parecía materializar el viejo sueño de Telesforo Monzón: el pacto de Estella.

ENRIQUE, MOHAMED, DOLORES, MIGUEL, HIPERCOR, ZARAGOZA

Enrique Casas

Físico y senador por el PSOE, era el cabeza de lista por Guipúzcoa en las elecciones autonómicas vascas de 1984. Se trataba de una figura muy conocida: precisamente por eso fue seleccionado como objetivo. Según la sentencia que condenó a uno de sus asesinos, los CAA habían examinado «la posibilidad de realización de una acción, estimada por ellos como esencial, contra la persona reputada como de mayor relieve en el País Vasco o Euskadi dentro de los pertenecientes» al PSOE. «Durante varios días» los terroristas vigilaron a Casas, comprobando sus horarios y el hecho de que en la calle llevaba protección policial, por lo que «eligieron verificar la acción proyectada en su domicilio».

El 23 de febrero de 1984, en plena campaña electoral, dos pistoleros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas mataron a tiros a Enrique Casas en su propio hogar en San Sebastián. Tenía mujer, Bárbara Dührkop, cuatro hijos y toda una vida por delante. Casas fue el segundo socialista asesinado por esta banda. El primero había sido Germán González.

El escritor Fernando Aramburu contó en un trabajo aparecido en la revista Grand Place (2017) que esa

tarde oscura [...] vi introducir el féretro con el cadáver del senador Enrique Casas en la Casa del Pueblo, situada en el barrio de Gros de San Sebastián. No sé qué me llevó allí. Quizá la curiosidad. Un poco, también, un sentimiento solidario. Enrique Casas era un hombre de izquierdas. Gente del PCE cargaba a hombros su féretro. Me fui conmocionado del lugar. Luego supe que el obispo Setién se había negado con argumentos falaces a oficiar la misa de funeral en la catedral del Buen Pastor. Vi fotos del traslado del cadáver desde la Casa del Pueblo hasta la iglesia de Santa María, en la Parte Vieja. Las ventanas cerradas. Apenas gente en las aceras. Supe entonces que, algún día, yo escribiría sobre aquello.

Mohamed Ahmed Abderramán

Gracias a la vigilancia practicada por sus colaboradores, el comando Goiherri Costa sabía que en el peaje del kilómetro 5 de la autopista A-8, Bilbao-Behovia, a la altura de Irún, solía colocarse un retén de la Policía Nacional. La finalidad de este control, según reza la sentencia, era «proteger los vehículos franceses que transitaban por ella». Como recuerdan los autores de Vidas rotas (2010), «desde hacía algunas semanas habían comenzado a ser ametrallados por miembros de ETA como respuesta a las primeras extradiciones concedidas por el Gobierno de París. Los terroristas se emboscaban en los laterales de la autopista y tiroteaban a los camiones del país vecino».

En la noche del 23 de noviembre de 1984 los integrantes del comando, armados con cinco fusiles de asalto Cetme y un lanzagranadas, «se apostaron, ocultos en la maleza del monte, junto a la autopista». El paraje en el que prepararon la emboscada se llamaba Ventas de Irún. Siguiendo la rutina habitual, llegó a ese punto de la autopista el furgón policial, con un cabo y cuatro números. Cuando los agentes descendían del vehículo, relata la sentencia, los terroristas

lanzaron una granada de las llamadas «anti-carro», que alcanzó de lleno a Mohamed Ahmed Abderramán, número de la citada policía, al que destrozó causándole la muerte instantánea, abriendo fuego, acto seguido sobre el resto de la dotación, alcanzando al policía Carlos Mota Organero, quien sufrió lesiones de tal envergadura que tardaron en curar 456 días, quedándole secuelas permanentes que le incapacitan para el trabajo habitual.

Tras el ataque, los miembros del comando huyeron al monte. Algunos se refugiaron en el domicilio de una simpatizante de ETA. Otro, legal, es decir, no fichado por las FCSE, se dedicó a trasladar a sus compañeros ilegales a un lugar seguro. Y después se fue a trabajar como si no hubiera pasado nada.

En junio de 1989 fueron condenados por el crimen los etarras José Antonio López Ruiz y José Miguel Latasa Guetaria, que durante el juicio reconocieron «con frialdad de ánimo la paternidad de los hechos». En un proceso posterior, que tuvo lugar en julio de 2002, también fue encontrado culpable del atentado Miguel Ángel Gil Cervera, que había sido entregado por Francia. Al contrario que sus compañeros de comando, se negó a contestar a las preguntas que le hicieron.

Nacido en Ceuta 37 años antes, Mohamed Ahmed Abderramán estaba casado con Aixa Ben Mohamed Dris. Tenían tres hijos y estaban esperando el cuarto, que nació dos meses y medio después del asesinato. En Vidas rotas se cuenta que «Mohamed no tenía servicio esa noche, pero había pedido voluntariamente hacer ese turno porque de esa forma podía llegar a su domicilio a tiempo para llevar al médico a su hija Hamo, enferma con parálisis cerebral». Precisamente había solicitado el traslado al País Vasco «para conseguir los pluses extras que cobraban los policías por peligrosidad y poder pagar los gastos médicos de su hija enferma».

Dolores González Katarain (Yoyes)

Se trató de la primera mujer que accedió a la dirección de ETAm, y fue estrecha colaboradora de Argala. Tras el asesinato de su mentor en 1978, se desvinculó de la banda terrorista y emigró a México, donde estudió Filosofía y Sociología, trabajó y formó una familia. En 1985 regresó a España, lo que fue publicitado por la prensa, aunque ella se negó a hacer declaraciones. Iba a rehacer su vida. Al año siguiente se matriculó en los cursos de doctorado de Filosofía de la UPV / EHU: entre otros, tenía como profesor a Fernando Savater.

Eugenio Etxebeste (Antxon), dirigente de ETA refugiado en la República Dominicana, aseguró que, al conocer la noticia de su vuelta, había sentido «el pozo sin fondo donde había caído una persona que en vida se llamó Yoyes». Y es que «la vida sintética de la “Señora Dolores” significa la muerte de la abertzale Yoyes». La primera, «el nuevo ser que come y respira», no era «más que un producto inanimado de la ciencia política imperialista». Su «máximo castigo habrá de llegarle si antes no actúa la violencia revolucionaria, el día en que su hijo le arroje a su propia cara el desprecio de su traición». El colectivo de presos de ETA la «juzgó» y condenó a muerte. No tardaron en aparecer pintadas amenazantes en las que se acusaba a Yoyes de ser «traidora» y «chivata».

En su diario publicado póstumamente, Dolores González (1987) daba cuenta de las sensaciones que la embargaban en aquel momento: «es una injusticia monstruosa la que hacen conmigo, ¡tengo un hijo!, quiero vivir, ¡lo tuve porque quería vivir!». Acto seguido retrataba moralmente a la sociedad vasca a la que había regresado. «Muchos son culpables de esta injusticia, ¡demasiados! Hay otros que no, pero son impotentes ante ella. Hay también mucho silencio cómplice. Mucho miedo en la gente ante todo, ante su propia libertad...». A pesar del ambiente hostil, rechazó la protección policial que se le había ofrecido.

El 10 de septiembre de 1986 Dolores González paseaba con su hijo de tres años y otro niño de corta edad por Ordizia, su localidad natal, que celebraba una feria. En la avenida del Gudari, al lado de unos tractores, los abordó José Antonio López Ruiz (Kubati). «¿Tú eres Yoyes?», preguntó. Ella contestó afirmativamente. «¿Sabes quién soy yo?». «No», fue la respuesta de Dolores González. «Soy de ETA y vengo a ejecutarte», anunció Kubati. En ese momento, reza la sentencia,

ella se abalanza sobre él, pero, en forma rápida, él le hizo dos disparos con la pistola que portaba —FN Browning GP-35— que alcanzaron a María Dolores en el muslo derecho y tórax, desplomándose y cuando se encontraba en el suelo le disparó nuevamente en la cabeza produciéndole herida con salida de masa encefálica; lesiones que determinaron la muerte instantánea de María Dolores González.

Tenía 32 años.

Pese a lo que entonces se dijo, no se había acogido a la reinserción impulsada por el Gobierno, ya que no la necesitaba: carecía de causas pendientes gracias a Ley de Amnistía de 1977. En realidad, al retornar de su voluntario exilio mexicano, Yoyes no hizo nada distinto de lo que habían hecho cientos de exintegrantes de la banda. Tampoco era cierto que, como le imputaban sus excompañeros, hubiese optado por «el peor de los caminos, el arrepentimiento, la traición y la colaboración política con los enemigos del pueblo vasco». No hubo tal colaboración. Se trataba de una simple excusa.

¿Cuál fue el auténtico motivo del atentado? Por un lado, dado el alto cargo que había ocupado en la organización, Yoyes era una figura simbólica de primer orden. En ese sentido, el dirigente de HB Iñaki Aldekoa justificó su asesinato aduciendo que «cualquier ejército del mundo en un estado de confrontación no puede permitirse que uno de sus jefes de Estado Mayor aparezca paseando por territorio ocupado por el ejército contrario». Entre otras cosas, porque demostraría que no había guerra alguna. Por otro lado, la cúpula etarra no le había dado permiso para volver a casa, por lo que su decisión fue interpretada como un desafío a la cadena de mando. Por último, la «ejecución» ejemplarizante de Yoyes suponía una clara advertencia a cualquier miembro de la banda que se plantease aceptar las medidas de reinserción individual que promovía el Gobierno de Felipe González. El terror aplicado a los propios terroristas abortó aquella vía, que ETA entendía como un peligro para su supervivencia orgánica.

Detenido en 1987, Kubati fue encontrado culpable de 13 asesinatos y 16 atentados frustrados. Fue condenado a penas que sumaban 1.210 años de cárcel, pero, debido al fin de la doctrina Parot, volvió a la calle a finales de 2013.

Miguel Paredes

Según el INE, 24.808 personas tienen Paredes como primer apellido en España. El porcentaje más alto corresponde a los extremeños: el 2,26 por 100 de los habitantes de Badajoz y el 0,58 por 100 de los de Cáceres se apellidan así. También el 0,45 por 100 de los guipuzcoanos. Estos últimos, en su mayoría, son inmigrantes provenientes de Extremadura o descendientes de los mismos. Hay que recordar que en el contexto del desarrollismo de los años cincuenta y sesenta, miles de inmigrantes procedentes de las zonas rurales de España dejaron sus hogares para buscar trabajo en los polos industriales: Madrid, Cataluña, Euskadi, etc.

Se trataba de mano de obra barata, indispensable para la industria, que a menudo soportaba unas malas condiciones de vida: su llegada planteaba retos a nivel urbanístico, sanitario o educativo de los que la dictadura, por lo general, no se ocupó de manera eficaz. También reavivó la xenofobia de un importante sector de la comunidad nacionalista, que despectivamente los denominaba no solo «maketos», como había hecho unas décadas antes, sino también «coreanos» o «cacereños», dado que una parte de los recién llegados procedía de Extremadura. Raúl Guerra Garrido recogió el fenómeno en una de sus novelas, precisamente titulada Cacereño (1969).

La inmigración extremeña convergió trágicamente con el terrorismo: según el diario Hoy, la banda terrorista ha matado a 55 personas procedentes de las provincias de Cáceres y Badajoz. En esa coyuntura se entrelazan las muertes violentas de dos hombres apellidados Paredes. Compartían origen: ambos habían nacido en Zalamea de la Serena (Badajoz). Desde allí sus familias se trasladaron a Zarauz y a San Sebastián respectivamente. El 27 de septiembre de 1975 la dictadura ejecutó a Juan Paredes Manot porque supuestamente había matado en nombre de ETA; quince años después, ETA asesinó al otro Paredes por su supuesta relación con la droga.

Miguel Paredes García estaba casado con la donostiarra Elena María Moreno Jiménez. «La noche del día 6 de abril de 1990, sobre las 23 horas», relata Pablo García Varela (2020),

Miguel y Elena se disponían a salir del bar Txiki de la parte vieja de la ciudad de San Sebastián cuando fueron abordados por un comando de ETA que disparó en la cabeza a Miguel y otros dos disparos por la espalda contra Elena, falleciendo prácticamente en el acto. Uno de los disparos rebotó e hirió levemente en el glúteo izquierdo y la mano izquierda a Javier Marcos Espiga, un joven de dieciocho años que estaba cumpliendo el servicio militar en la Marina en la capital donostiarra.

La calle estaba abarrotada de gente, pero nadie intentó detener al terrorista cuando huyó del lugar de los hechos. El joven matrimonio tenía dos hijas de corta edad. ETA justificó el crimen acusando a las víctimas de ser toxicómanos vinculados al tráfico de drogas, algo que repitieron algunos medios de comunicación, citando datos supuestamente provenientes del Gobierno civil. La familia Paredes-Moreno quedó doblemente estigmatizada: Miguel y Elena no solo eran víctimas del terrorismo, sino también, se decía, drogadictos y delincuentes comunes.

Ni políticos ni autoridades asistieron al funeral por el matrimonio que se celebró en la parroquia de los Padres Franciscanos. La única excepción fue el dirigente vasco del PP Gregorio Ordóñez Fenollar, quien declaró a El Diario Vasco que

hasta en los muertos hay ciudadanos de primera y de segunda categoría, porque cuando el asesinado por ETA lleva banda de música, desde el ministro del Interior hasta el último concejal se empujan para salir en la foto, pero cuando los muertos son una pareja de desconocidos como Miguel y Elena, no se ve a los políticos importantes por ninguna parte.

La sociedad y sus representantes no estuvieron a la altura, pero tampoco las FCSE y el poder judicial. Juanfer Fernández Calderín (2014) reveló que el caso se había cerrado en tan solo seis meses. Nunca se resolvió el crimen, que acabó prescribiendo. Los informes forenses demostraban que en la sangre de las víctimas no había ni rastro de droga. No se trataba de toxicómanos. Como tantas otras veces, ETA mató y mintió.

Hipercor

La cúpula de ETA había dado instrucciones al comando Barcelona de, según certifica la sentencia, «atacar empresas de capital francés o mixto». Hipercor sonaba a francés, o eso pensaron los terroristas. Esa confusión estuvo en el origen del atentado contra el centro comercial Hipercor de la avenida Meridiana de Barcelona. Lo eligieron como blanco,

aunque la explosión podía con toda probabilidad acarrear no solo la destrucción total o parcial del edificio y de los bienes que contuviese, sino también las lesiones e incluso la muerte de un número indeterminado de personas, finalidad que no descartaron y para la que el artefacto explosivo-incendiario de gran potencia era perfectamente adecuado.

El viernes 19 de junio de 1987 cargaron el artefacto en un Ford Sierra robado: 30 kilos de amonal, 100 litros de gasolina y «una cantidad no determinada de escamas de jabón y de pegamento adhesivo, representando el conjunto unos doscientos kilogramos». El temporizador estaba preparado para que estallase a las 16:00 horas. Dos etarras estacionaron el vehículo en la primera planta del aparcamiento de Hipercor. Y se fueron.

«Aproximadamente una hora después, hacia las tres de la tarde, uno de los miembros del grupo realizó desde cabinas telefónicas públicas tres llamadas» avisando de que una bomba iba a estallar en el centro comercial entre las 15:30 y 15:40 horas. Patrullas de la Guardia Urbana y la Policía Nacional se desplazaron hasta allí. Los agentes, junto a los vigilantes jurados de Hipercor, trataron de localizar el artefacto. «Se efectuó una inspección ocular y se recorrieron la planta de superficie y los sótanos, pero nada se encontró, ni podía encontrarse fácilmente, pues el letal aparato permanecía en el interior del maletero del “Ford-Sierra”». A las 15:55,

visto que no se había localizado la bomba y que había pasado ya con creces el tiempo del aviso, se adquirió por la dirección del centro comercial la convicción de que se trataba de una falsa alarma; permaneció no obstante un retén policial a la entrada del edificio y este se retiró a las 16:05.

El temporizador de la bomba iba con retraso. Se activó a las 16:10 horas. La explosión abrió

un cráter en el suelo y un agujero en el techo, orificios que permitían el paso de una auténtica ola de fuego que a un tiempo abrasó y asfixió a empleados y clientes del supermercado de alimentación (primer sótano) e hizo caer a algunos al primer garaje (segundo sótano), donde eran mayores el fuego y la humareda. Se produjeron por la onda expansiva enormes daños en el edificio y en los colindantes, con incendio de las estructuras y de los forjados. Se produjo una gran cantidad de gases tóxicos, y la composición del explosivo hizo que los productos incendiarios se adhiriesen a los cuerpos de las personas que se encontraban dentro del radio de acción del artefacto.

De acuerdo con los autores de Sangre, sudor y paz (2017), la bomba había producido «efectos similares al napalm. Las temperaturas alcanzaron los 3.000 grados».

Ese día fallecieron 15 personas, pero otras seis morirían en los días posteriores. En total, hubo 21 víctimas mortales, cuatro de ellos niños. También se produjeron 42 heridos, según el cómputo del Ministerio del Interior.

Atentado de Hipercor, 19 de junio de 1987.

Fuente: © Album / EFE

Casa-cuartel de Zaragoza

En una fecha indeterminada de finales de 1987 Henri Parot, jefe del comando itinerante Argala, se reunió con el dirigente de ETA Francisco Mujika Garmendia en el sur de Francia. Se le ordenó «llevar a cabo en Zaragoza una acción, consistente en la colocación de un coche bomba en el acuartelamiento de la Guardia Civil situado en la Avenida de Cataluña de dicha capital, y que al propio tiempo albergaba los domicilios y familias de bastantes miembros del Cuerpo destinados en el mismo». Allí vivían más de 180 personas, unas 40 familias en total. Parot y otro terrorista se trasladaron a esa ciudad, donde recabaron información sobre la comandancia y estudiaron el lugar idóneo para realizar el atentado. De regreso a Francia, dieron cuenta de lo que habían averiguado. La banda decidió poner en marcha la operación.

A principios de diciembre de 1987 los cuatro miembros del comando Argala viajaron a Zaragoza en dos vehículos. En la capital aragonesa otros etarras les habían dejado, enterrados en unos bidones, 250 kilogramos de amonal y tres botellas de acero seccionadas. Esos fueron los elementos con los que se compuso el artefacto explosivo.

El día 11 de diciembre, aproximadamente a las 6:00 horas, Henri Parot y otro terrorista estacionaron el coche bomba cerca de la puerta principal de la casa-cuartel. Inmediatamente «accionan el dispositivo de iniciación, abandonando de inmediato el vehículo, ante la sorprendida mirada de uno de los guardias de vigilancia, y tras breve carrera, se introdujeron» en otro vehículo que les esperaba. Poco después estaban de regreso a Francia.

De acuerdo con la sentencia, «transcurridos breves instantes de la huida del comando del lugar de los hechos y de la puesta en marcha del dispositivo de iniciación hace explosión el artefacto situado en el Renault 18 que alcanzó parcialmente al Cuartel y produce la muerte a 11 personas». Además, hubo 102 heridos.

CAPÍTULO V

DÍAS CONTADOS. HACIA LA DERROTA DE ETA (1996-2018)

TODOS ESTAMOS INVITADOS. LA SOCIALIZACIÓN DEL SUFRIMIENTO

Bidart había tenido efectos devastadores para el nacionalismo vasco radical. A decir de Florencio Domínguez (2006), «dejó a los miembros y simpatizantes de ETA desmoralizados y sin referencias válidas durante mucho tiempo». En el plano organizativo, «se vio obligada a reconstruir sus estructuras y sus redes en un proceso que le llevó más de dos años; en el nivel de violencia, porque a partir de 1992 la organización no fue capaz de recuperar el ritmo de acciones terroristas anterior a ese año». Los dos siguientes, 1993 y 1994, sirvieron para constatar el declive de la banda, que estaba llegando a sus mínimos históricos de letalidad. Era la primera vez en la lucha contra el terrorismo que las FCSE tomaban la delantera. No obstante, a la serpiente todavía le quedaba veneno. De 1996 a 2010 ETA acabó con la vida de casi un centenar de personas e hirió a otras 234.

Bidart puede considerarse la causa última del viraje estratégico de la organización y su entorno. Por una parte, la «izquierda abertzale» fue recomponiendo sus relaciones con el PNV y EA, que se habían deteriorado tras el pacto de Ajuria Enea, con vistas a constituir un frente abertzale que, de algún modo, corrigiese lo sucedido en la Cumbre de Chiberta de 1977. Por otra parte, se reorientó la violencia en una nueva dirección: la socialización del sufrimiento. Esta estrategia consistía en atemorizar a los vascos y navarros no nacionalistas mediante la persecución y el asesinato de líderes y militantes del PP, el PSOE y UPN, así como de intelectuales, profesores, periodistas y otro tipo de profesionales. Una treintena de víctimas mortales de la banda respondían a este perfil.

Como advierte Raúl López Romo (2015), y contra lo que suele afirmar, la socialización del sufrimiento «no aparece en la ponencia Oldartzen (acometiendo o arremetiendo), que sentó la línea política de HB desde 1995». Dicho documento era un llamamiento a que el abatido nacionalismo vasco radical pasase a la «ofensiva» en terrenos que quería recuperar o monopolizar, como el educativo, el cultural, el mediático y el social. En ese último aspecto, la urgencia tenía mucho que ver con el paulatino desarrollo del movimiento pacifista vasco y las cada vez más nutridas concentraciones que se convocaban después de cada atentado terrorista. Irene Moreno (2019) considera que «la ponencia Oldartzen reflejó ese miedo a perder la calle y a que la acción de los manifestantes interfiriera en la cosmovisión abertzale».

La apuesta ultranacionalista por retomar el control de ámbitos como el espacio público encajaba en la estrategia global de ETA: era un aspecto más de la socialización del sufrimiento. Así, en marzo de 1995 el miembro de la Mesa Nacional de HB Joxe Mari Olarra lanzó la siguiente amenaza: «Hasta ahora solo hemos sufrido nosotros, pero están viendo que el sufrimiento comienza a repartirse». En palabras de Raúl López Romo (2019),

este tipo de alegatos abundaron entonces entre los líderes del nacionalismo vasco radical; no fueron una coincidencia. Varios dirigentes de la «izquierda abertzale» firmaron un manifiesto dirigido al PNV en noviembre de 1995 en el que aseguraban que «o se soluciona el conflicto o se agudiza» [...]. Por su parte, Joseba Álvarez, integrante de la Mesa Nacional de HB [...], opinó en septiembre de 1996 que «lo que estaba pasando en los últimos años era que presos y otros tantos problemas eran exclusivamente de la izquierda abertzale. ¿Cuál es la solución? Socializar las consecuencias de la lucha».

Como ETA era incapaz de mantener el nivel de violencia de las décadas anteriores, su entorno juvenil intensificó el acoso, la intimidación y la kale borroka. Si en 1994 se registraron 287 incidentes en el País Vasco y Navarra, según los cálculos de la agencia VascoPress, al año siguiente se dispararon hasta los 924. El repertorio de estos grupos incluía el lanzamiento de objetos y cócteles molotov, el incendio de mobiliario urbano y vehículos, los ataques a sedes de partidos democráticos, edificios institucionales y domicilios particulares, etc.

El terrorismo de «baja intensidad» trataba de compensar la debilidad de ETA, pero, a decir de Eduardo González Calleja (2013), también servía para propiciar «una política de enfrentamiento civil encaminada a generalizar el miedo entre los ciudadanos vascos» y crear una fractura en la sociedad: se trataba de un proyecto de «ulsterización». Hay que recordar que, pese a que entre 1996 y 1997 la mitad de los ataques se dirigían contra nacionalistas moderados, a partir de entonces la absoluta mayoría de ellos tuvieron como objetivo a los vascos no nacionalistas. Eran, además, una forma de adiestrar y luego reclutar nuevos integrantes de la banda con los que suplir a los arrestados.

En total, según el registro oficial, el entorno de ETA causó lesiones a 102 personas. En su año cumbre, 1996, se produjeron 1.113 actos de kale borroka, que dejaron 16 heridos. No es de extrañar que, como reveló el Euskobarómetro, para el 90 por 100 de los vascos se tratase de un problema bastante o muy grave. La violencia de persecución contra los no nacionalistas, que no cesó durante las breves treguas que declaró la banda (junio de 1996, finales de 1998 y 2006), dio resultado: aisló a sus víctimas potenciales. Por ejemplo, en 2002 había 963 personas escoltadas por la amenaza de ETA en el País Vasco, aparte de los 11.483 agentes de la ley (descontados los policías municipales), objetivos habituales de la organización. Por añadidura, como queda reflejado en el informe de Rafael Leonisio y Francisco J. Llera (2017), la kale borroka extendió el miedo a expresarse libremente, muy especialmente entre los vascos que votaban a opciones no nacionalistas. Un número indeterminado de ciudadanos abandonó Euskadi.

El asesinato que inauguró la socialización del sufrimiento en enero de 1995 fue el de Gregorio Ordóñez, parlamentario autonómico del Partido Popular (PP) y teniente alcalde de San Sebastián. En abril la organización acabó con la vida del militar Mariano de Juan Santamaría en la misma ciudad. El 19 de ese mismo mes ETA fracasó en su tentativa de asesinar en Madrid al entonces jefe de la oposición José María Aznar, aunque la explosión causó heridas mortales a Margarita González Mansilla, un ama de casa de 73 años. Ese mismo día otra bomba, que ETA había abandonado meses antes, acabó con la vida del policía nacional Eduardo López Moreno en Navarra.

Todavía era abril de 1995 cuando la banda dio a conocer su Alternativa Democrática, que venía a sustituir a la Alternativa KAS, cuyo cumplimiento llevaba dos décadas exigiendo al Gobierno. En el nuevo documento ETA reclamaba otra amnistía general, el derecho de autodeterminación y una Gran Euskal Herria ampliada con la anexión de Navarra y el País Vasco francés. Para conseguirlo, proponía, era indispensable un frente nacionalista.

Para entonces la nueva cúpula de ETA había renovado el discurso de la «izquierda abertzale». Así, se generalizaron las expresiones «conflicto vasco» y «Euskal Herria», que suplantó al neologismo aranista «Euskadi». Cuando la organización introdujo aquellos términos, el ultranacionalismo los hizo suyos, repitiéndolos una y otra vez por todos los medios posibles. Con el tiempo, parte del vocabulario de la «izquierda abertzale» (por ejemplo, el eufemismo «Estado» para referirse a España) fue adoptado acríticamente por un sector del nacionalismo moderado e incluso de la izquierda.

El 6 de febrero de 1996 ETA acabó con la vida del político socialista Fernando Múgica Herzog delante de uno de sus hijos y ocho días después con la del jurista Francisco Tomás y Valiente, expresidente del Tribunal Constitucional. El 4 de marzo una bomba lapa mató al inspector de la Ertzaintza Ramón Doral Trabadelo. Era la réplica de la banda a las elecciones generales que se habían celebrado el día anterior y que se habían saldado con una victoria del PP, lo que puso fin a la larga etapa socialista. Se constituyó un Gobierno presidido por José María Aznar, con Jaime Mayor Oreja como ministro del Interior.

En junio de 1996 ETA decretó una efímera tregua para negociar con el nuevo gabinete del PP, que hizo algunos gestos significativos, como el acercamiento a cárceles del País Vasco de varios presos por delitos de terrorismo. Sin embargo, al mes siguiente la organización retomó la violencia. En total, ETA y su entorno asesinaron a cinco personas y causaron lesiones a otras 64 en 1996. Al año siguiente la lista sumó otras 13 víctimas mortales y 54 heridos.

A pesar de las presiones, las amenazas y los atentados, la mayoría de los cargos públicos se mantuvieron en sus puestos. En opinión de Florencio Domínguez (2017),

aquellos militantes de partidos constitucionalistas que dieron el paso para ocupar los puestos dejados por compañeros asesinados, aquellos otros que hicieron frente a las amenazas y peligros para mantener en circunstancias adversas la representación popular que habían obtenido en los ayuntamientos o en otras instituciones, los que sacrificaron su bienestar personal y el de sus familias por defender sus ideas frente a los violentos, dieron un ejemplo político y moral que no debe ser olvidado.

Además de a los afiliados al PSE, PP, UPN y Unidad Alavesa, esta moral de resistencia también caracterizó al movimiento pacifista y el movimiento cívico, los intelectuales críticos y el sector de la ciudadanía vasca y navarra que se movilizaba de una u otra manera conta el terror.

Con todo, durante este periodo ETA no cesó los ataques a las FCSE ni las operaciones para asegurar su financiación. Entre 1993 y 1997 la organización secuestró a los empresarios Julio Iglesias Zamora, José María Aldaya y Cosme Delclaux exigiendo un rescate monetario por su vida. Los grupos pacifistas, entre los que despuntaba Gesto por la Paz, organizaron masivas campañas demandando su liberación. Frente a sus concentraciones, en las que se utilizaban símbolos como el lazo azul, la «izquierda abertzale» convocaba contramanifestaciones en las que se escuchaban gritos como «¡Aldaya, paga y calla!». Ahora bien, los secuestros por motivos económicos no fueron los únicos que se produjeron entre 1996 y 1997.

VENCER AL MIEDO. MIGUEL ÁNGEL BLANCO Y EL «ESPÍRITU DE ERMUA»

El 17 de enero de 1996 ETA secuestró al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara en Burgos. Los terroristas querían utilizarle como moneda de cambio para que el Gobierno reubicase a los presos de la banda en cárceles de Euskadi. Durante 532 días Ortega Lara fue retenido en un minúsculo e insalubre zulo de Mondragón, en el que sufrió condiciones tan penosas que llegó a plantearse el suicidio. El secuestro más largo de la historia de ETA terminó el 1 de julio de 1997, cuando la Guardia Civil rescató al rehén y detuvo a sus captores. Como señala José Luis de la Granja (2003), su «imagen depauperada recordaba las de los supervivientes del holocausto nazi contra los judíos y dio la vuelta al mundo». No obstante, la «izquierda abertzale» permaneció impasible ante los crímenes de la organización terrorista. El titular de portada de Egin era elocuente al respecto: «Ortega vuelve a la cárcel».

Aquella ausencia de empatía no lograba ocultar que la labor de las FCSE había frustrado el plan de ETA. La banda decidió vengarse. Como amenazó el portavoz de HB Floren Aoiz, «tras la borrachera policial, puede llegar la resaca si no hay una solución política». El jueves 10 de julio de 1997 un comando formado por Francisco Javier García Gaztelu (Txapote), Irantzu Gallastegi Sodupe y José Luis Geresta Mujika secuestró en la localidad vizcaína de Ermua a un joven y desconocido concejal del PP: Miguel Ángel Blanco. La organización dio 48 horas al Gobierno para cambiar su política penitenciaria y trasladar inmediatamente a Euskadi a los condenados por delitos de terrorismo. Se trataba de una condición imposible de cumplir, por lo que las intenciones de ETA eran evidentes. Así lo comprendieron la sociedad española en general y la vasca en particular, que se manifestaron para salvar la vida de Miguel Ángel Blanco. Tan solo en Bilbao se llegaron a reunir cerca de medio millón de ciudadanos. Una vez más, la banda hizo caso omiso. Según dicta la sentencia, el 12 de julio los terroristas

introducen al secuestrado en el portamaletas de un vehículo y lo trasladan hacia una zona despoblada de la localidad de Lasarte (Guipúzcoa). Una vez allí, mientras el último de los reseñados [Geresta Mujika] sujeta a D. Miguel Ángel Blanco, el cual se encontraba con las manos atadas, Francisco Javier García Gaztelu le dispara dos tiros a corta distancia en la cabeza, el segundo de los cuales le produjo heridas mortales.

La víctima falleció en la madrugada del día siguiente.

Aquel crimen desató una oleada de indignación que desbordó todas las previsiones. Unos seis millones de ciudadanos se sumaron a las movilizaciones convocadas en toda España, en las que se corearon lemas como «¡vascos sí, ETA no!». Precisamente en Euskadi se habían sucedido las protestas multitudinarias, muchas de ellas espontáneas. Se trató de un punto de inflexión en nuestra historia reciente que, siguiendo a Irene Moreno (2019), solo se explica atendiendo a una serie de factores:

Fue importante el perfil humano y político de Miguel Ángel Blanco: un chaval de pueblo, trabajador, un concejal sin mayores aspiraciones políticas y aficionado a la música. También, la atmósfera emocional que se creó en las largas 48 horas de secuestro y que cohesionó a la mayoría de la sociedad vasca. Pero la reacción en todo el País Vasco no se entiende sin la tensión preexistente en los años de las contras, el continuo estado de violencia derivado del aumento de la kale borroka, el cambio en el perfil de las víctimas y las movilizaciones que ya habían tenido lugar.

Cuando los habitantes de Euskadi se deshicieron del miedo, lo que quedó patente en consignas como «¡ETA, aquí tienes mi nuca!», el nacionalismo radical perdió no solo el control de la calle, sino también su tradicional coartada. Era imposible seguir sosteniendo que ETA y su entorno representaban a todo el «pueblo vasco». El «Espíritu de Ermua» y las movilizaciones eran la prueba de lo que ya habían apuntado las encuestas y el continuado descenso de los votos a HB: la mayoría absoluta de los habitantes de Euskadi y Navarra rechazaban el terrorismo.

El asesinato de Miguel Ángel Blanco fue uno de los acontecimientos que inspiraron la creación de plataformas como el Foro de Ermua (1998), ¡Basta Ya! (1999) y la Fundación para la Libertad (2002), integradas por intelectuales, profesores universitarios, periodistas, artistas, sindicalistas, etc. Se trataba de un movimiento cívico a favor de la Constitución, el Estatuto de Guernica, la libertad, el pluralismo y las víctimas del terrorismo, y, por tanto, que se posicionaba frontalmente contra ETA y sus cómplices. No obstante, y esto era una novedad, también criticaba con dureza al PNV, su intento de homogeneizar Euskadi mediante un «nacionalismo obligatorio» y su supuesta equidistancia entre víctimas y victimarios. Las protestas del movimiento cívico tuvieron apoyo social y seguimiento mediático, aunque ambos fueran menguando con el tiempo debido al cansancio, los personalismos, las crisis internas, la salida de algunas de sus figuras más destacadas y la progresiva politización de su discurso. ¡Basta Ya! acabó siendo el germen de un nuevo partido: Unión Progreso y Democracia (UPyD), fundado en 2007.

Manifestación en Ermua durante el secuestro de Miguel Ángel Blanco,
11 de julio de 1997.

Fuente: Luis Tejido © Album / EFE

La liberación de Ortega Lara y el «Espíritu de Ermua» no fueron los únicos reveses que ETA tuvo que encajar en aquella época. En junio de 1998 se quedó sin su órgano oficioso de expresión cuando el juez Baltasar Garzón ordenó el cierre provisional del diario Egin, que se convirtió en definitivo en julio del año siguiente. Era el comienzo de la ilegalización de las organizaciones sectoriales que componían el nacionalismo radical, a las que este respondió con más violencia callejera.

Tras pasar décadas en el olvido, las víctimas del terrorismo consiguieron que su problemática empezara a ser conocida públicamente. A la AVT se fueron sumando otras fundaciones y asociaciones como el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) en 1998. El movimiento asociativo se volvió tan plural y complejo que, para coordinar a todas las asociaciones y fundaciones, el Gobierno creó la Fundación de Víctimas del Terrorismo (2002). También se aprobó una legislación específica para los damnificados a nivel nacional: la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo.

EL NACIONALISMO VASCO CONTRA LOS VASCOS NO NACIONALISTAS. EL PACTO DE ESTELLA

La socialización del sufrimiento se complementaba en el plano político con la «acumulación soberanista». La hoja de ruta de ETA requería convencer al PNV y a EA de que rompiesen con el resto de las fuerzas democráticas para configurar un frente nacionalista a favor de la independencia de un Estado-nación que incluyese Euskadi, Navarra y el País Vasco francés. A cambio de su adhesión, la banda ofrecería al PNV y EA un alto el fuego. Por supuesto, no se trataba de una propuesta original. ETA (o al menos una de sus corrientes) había defendido el horizonte frentista en varias ocasiones desde los años sesenta, aunque sus propósitos siempre se habían malogrado por el rechazo jeltzale. En 1995 se produjo un punto de inflexión cuando comenzó a funcionar la unidad sindical entre LAB y la central históricamente afín al PNV, Eusko Langileen Alkartasuna (ELA, Solidaridad de los Trabajadores Vascos).

Si bien tanto ese precedente como la postura de ETA tuvieron un peso específico, la razón última por la que el frente abertzale se materializó en Estella se encuentra en el PNV: por una vez, los planes del partido coincidían con la táctica política de la banda, al menos sobre el papel. En una obra publicada en 1996, Una vía hacia la paz, el político jeltzale Juan Mari Ollora había sido el primero en plantear la alianza nacionalista, idea que no tardaron en hacer suya dirigentes del peso de Xabier Arzalluz. Por tanto, el PNV ya estaba diseñando un acercamiento a la «izquierda abertzale» antes del asesinato de Miguel Ángel Blanco, aunque, como advierten Santiago de Pablo y Ludger Mees (2005), «la catarsis de Ermua y la constante pérdida de apoyo electoral del nacionalismo en su conjunto hicieron que el PNV se decidiera a dar un paso definitivo». En ese sentido, conviene recordar que en las elecciones generales de 1996 las fuerzas no nacionalistas habían sumado el 52 por 100 de los votos en el País Vasco y el 85 por 100 en Navarra, comunidades autónomas en las que los jeltzales se tuvieron que conformar con el 25 por 100 y el 0,97 por 100 de las papeletas, respectivamente. Hay que añadir, siguiendo a José Luis de la Granja (2003), que, «tras Ermua, parecía factible que una próxima derrota policial de ETA trajese aparejada una derrota política del conjunto del nacionalismo vasco». Así, en un artículo publicado en Deia, Koldo San Sebastián reconocía que en una asamblea de militantes del PNV «se produjeron momentos muy tensos. Había quien pensaba que, efectivamente, sin ETA nos convertiríamos en una fuerza vulgar».

Los primeros contactos entre la organización terrorista y el PNV se celebraron en enero de 1998. A largo del primer semestre de aquel año los puentes entre las fuerzas nacionalistas moderadas y las no nacionalistas fueron saltando por los aires. Primero lo hizo el pacto de Ajuria Enea. El lehendakari José Antonio Ardanza pretendía sustituirlo por un nuevo acuerdo, abierto al diálogo con ETA y a un nuevo consenso político que implicase a la «izquierda abertzale», lo que suponía dejar atrás el Estatuto de Guernica, pero no contó con el beneplácito de los constitucionalistas. Después se rompió el Gobierno Vasco de coalición PNV-EA-PSE. Tras la salida de los socialistas, el gabinete Ardanza quedo en minoría, pero pudo contar con el sostén de HB en el Parlamento autonómico.

En junio de 1998 la coalición abertzale radical creó el Foro Irlanda con el propósito de promover un «proceso de paz» similar al que estaba teniendo lugar en Irlanda del Norte con los Acuerdos de Viernes Santo. Los nacionalistas moderados se sumaron al Foro, que se constituyó en embrión del pacto de Estella. En agosto el PNV y EA se comprometieron ante ETA a «dar pasos eficaces para lograr una estructura institucional única y soberana» y a «dejar sus acuerdos con los partidos que tienen como objetivo la destrucción de Euskal Herria y la construcción de España (PP y PSOE)», mientras que la banda aceptaba «iniciar un alto el fuego indefinido». Utilizando la expresión de Antonio Rivera, se pretendía un intercambio de «paz por patria».

Ese era el espíritu que animaba el pacto de Estella, que fue presentado públicamente en septiembre de 1998. Estaba integrado por todas las fuerzas nacionalistas vascas de ambos lados de la frontera con el exótico añadido de IU, que cumplía aquí un papel similar al que habían ejercido los carlistas en la Cumbre de Chiberta: dar apariencia de pluralidad a lo que era una alianza excluyente. El proyecto de Estella aunaba frentismo y radicalización del nacionalismo democrático, cuyo discurso se mimetizó tanto con el de la «izquierda abertzale» que el término «conflicto» se transformó en pieza clave de su vocabulario.

Unos días después de la puesta de largo del pacto de Estella, ETA declaró una tregua. Pese a las esperanzas que despertó, no estaba planteada como definitiva: la banda la aprovechó para reconstruir sus estructuras, reforzar su arsenal y recabar información sobre posibles objetivos.

Significativamente el parón no incluía ni el «impuesto revolucionario» ni la kale borroka contra los no nacionalistas, que se sintieron abandonados tanto por sus conciudadanos nacionalistas como por el Gobierno Vasco y otras instituciones dominadas por el PNV y EA. A decir de José Luis de la Granja (2003), el nacionalismo moderado imaginaba el pacto de Estella como la pista de aterrizaje del terrorismo, pero «servía igualmente como pista de despegue que, por medio del frente nacionalista allí constituido, llevaría a la ruptura con la Constitución y el Estatuto, a la autodeterminación y, en último término, a la independencia de Euskal Herria». El precio, al marginar a las formaciones que daban voz a casi la mitad de la población vasca, era eliminar la diversidad que históricamente había caracterizado a Euskadi. De nacer, la nueva nación sería monolítica y homogénea.

La primera prueba para el pacto de Estella llegó en las elecciones autonómicas de octubre de 1998. El PNV revalidó la primera posición, con 350.322 papeleras (el 28,01 por 100 del total). Le seguían el PP, con 251.743 votos (20,13 por 100); la nueva marca ultranacionalista, Euskal Herritarrok (EH, Ciudadanos Vascos), con 224.001 (17,91 por 100); el PSE-EE, con 220.052 (17,60 por 100); Eusko Alkartasuna (EA, Solidaridad Vasca), con 108.635 (8,69 por 100); Ezker Batua (Izquierda Unida), con 71.064 (5,68 por 100), y Unidad Alavesa, con 15.738 (1,26 por 100). De lejos, las candidaturas que más habían mejorado sus resultados eran las del PP y las de la «izquierda abertzale». El apoyo a EH era un síntoma de que el entorno sociológico de ETA avalaba la tregua; la segunda posición del PP, de que muchos ciudadanos no se sentían representados por la «acumulación soberanista». Desaparecidos los efectos positivos del pacto de Ajuria Enea, la sociedad se estaba polarizando: el 54 por 100 había optado por opciones nacionalistas; el resto, por partidos no nacionalistas. Aquellas grietas se hicieron más hondas cuando en enero de 1999 fue elegido lehendakari Juan José Ibarretxe, político que encarnó la deriva radical del PNV y firmó un pacto de gobierno con EH.

No obstante, ETA fue incapaz de alcanzar sus objetivos. En mayo de 1999 hubo una reunión entre delegados del Gobierno de José María Aznar y dirigentes de la organización terrorista, con la presencia del obispo Juan María Uriarte. No sirvió más que para constatar su lejanía. No obstante, se convino en mantener un segundo encuentro, que nunca llegaría a materializarse porque la banda acabó echándose atrás.

Tampoco el pacto de Estella tuvo éxito en su vertiente institucional: aparte del acuerdo de gobierno, dio un único fruto. En septiembre de 1999 los alcaldes y concejales nacionalistas crearon un poder paralelo al legítimo: Udalbiltza, la Asamblea de Municipios y Electos Municipales de Euskal Herria. ETA concebía Udalbiltza como una especie de cortes constituyentes de la nación vasca, pero la asamblea tuvo un recorrido más propagandístico que real. Se dividió y naufragó.

En enero de 2000, acusando al PNV de haber faltado a su palabra, ETA volvió a matar. Lo hizo con un coche bomba en Madrid que acabó con la vida del teniente coronel Pedro Antonio Blanco García. Un mes más tarde los terroristas asesinaron al exvicelehendakari socialista Fernando Buesa y a su escolta, el ertzaina Jorge Díez Elorza. A lo largo de ese año habría 23 víctimas mortales, entre ellas el exgobernador civil de Guipúzcoa Juan María Jáuregui, el exministo Ernest Lluch y el intelectual José Luis López de Lacalle. Además, 2000 dejó un saldo de 125 heridos. Los atentados deshicieron el frente entre la «izquierda abertzale» y el PNV, cuyos planteamientos se habían demostrado más alejados de lo que se había previsto. Sin embargo, a esas alturas el problema era mucho más profundo: la fractura que habían provocado atravesaba a toda la sociedad vasca.

LOS ÚLTIMOS COLETAZOS DE LA SERPIENTE. EL FIN DE ETA

La ruptura de la tegua también tuvo consecuencias en el seno del nacionalismo radical. En los comicios vascos de mayo de 2001 la candidatura de EH bajó hasta los 143.139 votos (el 10,12 por 100 del total): había perdido 80.000 sufragios y la mitad de sus parlamentarios autonómicos, que pasaron de 14 a siete. Aquel fiasco propició la refundación en junio de aquel mismo año de EH como Batasuna (Unidad). La nueva marca de la «izquierda abertzale», formalmente un partido político, extendió su presencia al País Vasco francés.

Las elecciones de 2001 habían sido un indicio de que una parte del entorno de ETA se estaba distanciando del terrorismo. Siguiendo a Florencio Domínguez (2006), «el liderazgo carismático e incondicional de la banda sobre sus seguidores empezó a ser cuestionado de una manera pasiva, pero significativa». Un sector se atrevió a hacerlo abiertamente. En junio de 2000 los disidentes crearon la corriente Aralar, cuya cabeza visible era Patxi Zabaleta. En septiembre del año siguiente Aralar se transformó en una formación política de corte independentista pero que rechazaba la violencia. Pese a los discretos resultados electorales que cosechó, la participación de este partido en las instituciones fue vista como una amenaza por el entorno civil de ETA, que temía ser suplantado.

La banda ignoró aquellos síntomas de desafección en su propio campo y siguió matando. También cerró los ojos ante el cambio de actitud de la ciudadanía vasca respeto a las víctimas del terrorismo que reflejaban las encuestas del Euskobarómetro y las nutridas movilizaciones que se produjeron tras cada atentado: al contrario que en las décadas anteriores, desde el asesinato de Miguel Ángel Blanco todos tuvieron respuesta social. Del «algo habrá hecho» se había pasado a la empatía con los damnificados, que habían recuperado una voz que ya no se podía ignorar.

Así, cuando ETA intentó repetir sus victorias de Lemóniz y Leizarán con el Tren de Alta Velocidad (TAV), le salió el tiro por la culata. En diciembre de 2008 la banda asesinó en Azpeitia a Ignacio Uría, propietario de una constructora que participaba en las obras. «Si bien la principal organización contraria a la construcción del TAV no realizó un pronunciamiento claro sobre el asesinato de Uría», señala Javier Merino (2018), «sí que se produjeron manifestaciones de condena desde el campo ecologista; el contraste con episodios anteriores reflejó el cambio en la situación política». Los dirigentes de cinco de las principales organizaciones desautorizaron el atentado, que fue contestado por la ciudadanía vasca en la calle. Tras su negativa a condenar el asesinato de Uría, el alcalde de Azpeitia, afín a la «izquierda abertzale», fue destituido por una moción de censura del PNV y EA. Lejos de paralizar el TAV, ETA únicamente conseguía confirmar su impotencia.

Y es que los avances en la lucha contra el terrorismo estaban siendo continuos. En 1997 el juez Baltasar Garzón había formulado la hipótesis de la identificación entre ETA y su entorno civil, que más tarde la Audiencia Nacional demostró era cierta. Así, se inauguró una nueva estrategia antiterrorista: derrotar a ETA por medio de la acción policial y judicial. En esa dirección apuntaba el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, firmado en el año 2000 por los principales partidos políticos, aunque no por el PNV. Se comprometían a derrotar a la banda con los únicos medios del Estado de Derecho, a no politizar esta cuestión y a renunciar a una eventual negociación. Aquella decisión fue trascendental porque mientras que los sucesivos gobiernos estuvieron dispuestos a sentarse a negociar, ETA no tenía incentivos reales para dejar las armas. En realidad, aquellas ocasiones le dieron oxígeno y reforzaron la idea de que para tener más fuerza en una negociación, debía acumular cadáveres.

Desaparecido tal horizonte, el futuro de los terroristas se ensombrecía. Un informe de Florencio Domínguez (2017) analiza la cada vez más eficaz actuación policial a ambos lados de la frontera, gracias a la intensa colaboración francesa. Las FCSE no solo arrebataron la iniciativa a ETA, sino que fueron desmantelando sus comandos, sus aparatos sectoriales y sus direcciones, así como a los sustitutos de todos ellos, lo que dejó a la banda débil, desorientada, sin líderes experimentados y con una grave crisis interna. Desde 2000 hasta 2011, ambos incluidos, fueron arrestados 1.415 presuntos miembros o colaboradores de ETA: 907 ingresaron en prisión y 235 quedaron en libertad con cargos. Además, entre 1999 y 2011 fueron incautadas 1.545 armas de fuego, 811 granadas y 23.881 kilogramos de explosivo: así se produjo el auténtico desarme. Como la propia organización reconocía en sus documentos internos, su capacidad letal entró en un imparable declive a partir de 2002. Desde entonces hasta 2011, su media anual fue de 24 ataques y dos víctimas mortales, las cifras más bajas desde principios de los años setenta. El antiguo líder de HB Txema Montero lo resumió de manera sucinta en El Correo: «la Guardia Civil ha sido el instrumento más efectivo en la lucha contra ETA».

Pero no fue el único. La Ley de Partidos (2002) permitió dejar fuera de las instituciones democráticas al brazo político de la banda, HB, que fue adoptando diferentes siglas pantalla que también serían ilegalizadas: EH, Batasuna, Sozialista Abertzaleak (Socialistas Patriotas), Aukera Guztiak (Todas las Opciones), Euskal Herrialdeetako Alderdi Komunista (EHAK, Partido Comunista de las Tierras Vascas), ANV, etc. Aquel vacío dejó libre un espacio que fuerzas independentistas contrarias al uso de la violencia, como Aralar, empezaban a ocupar electoralmente. En junio de 2009 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ratificó la decisión de ilegalizar Batasuna (2003). La eficiencia y la firmeza del Estado de Derecho habían dejado sin salidas a los terroristas y a quienes les habían respaldado. En ese contexto hay que situar las declaraciones que el histórico líder abertzale Tasio Erkizia realizó en junio de 2010: «hay más razones que nunca para la lucha armada, pero menos condiciones objetivas y subjetivas».

Para entonces ETA ya había dejado pasar la última gran ocasión que se le ofreció. En las elecciones generales de marzo de 2004, condicionadas por la masacre yihadista del 11-M, el PSOE obtuvo una amplia mayoría y conformó un nuevo Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. Después de que en marzo de 2006 ETA declarase un «alto el fuego permanente», el Gobierno mantuvo contactos con la banda. El parón únicamente duró hasta el 30 de diciembre, día en que la explosión de una furgoneta bomba en la terminal 4 del aeropuerto de Barajas acabó con la vida de dos hombres, ambos procedentes de Ecuador: Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio. Aquel atentado acabó con la última oportunidad de la organización terrorista, que, sin embargo, no dio marcha atrás. En diciembre del año siguiente causó otras dos víctimas mortales en Capbreton (Francia): los jóvenes guardias civiles Raúl Centeno Bayón y Fernando Trapero Blázquez.

Cada vez más acorralada y agotada, ETA había perdido sus apoyos internacionales, su «santuario», sus comandos, sus cabecillas y su moral de resistencia. La acción policial y judicial, por otro lado, provocó una profunda crisis en la relación entre la banda y su anteriormente servil entorno civil. Si bien ETA seguía apostando por el terrorismo, el sector mayoritario de la «izquierda abertzale» deseaba volver a la arena pública. Y la condición sine qua non era el fin de la violencia. En 2009 se inició una sorda lucha por el poder interno en el seno del ultranacionalismo. Como señala Florencio Domínguez (2017),

la debilidad de la dirección de ETA facilitó que los dirigentes de la antigua HB se atrevieran, por vez primera, a plantarle cara y a presionarle para que detuviera su actividad y de esa forma poder volver a la legalidad. La acción policial se convirtió en aliado estratégico de los dirigentes de Batasuna, reconvertida en Sortu.

ETA intentó paralizar el debate sobre su continuidad con un atentado en las torres Kio de Madrid en enero de 2010, pero fue frustrado por la Guardia Civil. Tras aquel fiasco, los terroristas entraron en un «parón técnico». El 20 de octubre de 2011 anunciaron el «cese definitivo de su actividad armada». El 3 de mayo de 2018 la banda se autodisolvió. «Está claro que a medida que el conflicto armado ha evolucionado, la eficacia de la lucha armada ha cambiado y se ha desgastado», reconocía ETA en las páginas de su último Zutabe. «Está a la vista que todavía nuestros objetivos no se han cumplido». En efecto, la organización no solo no había conseguido sus fines fundacionales, sino que había sido derrotada por el Estado de Derecho. El balance de su actividad arroja un saldo de más de 3.500 atentados, 853 asesinatos, 2.632 heridos, 86 secuestrados y un número desconocido de amenazados, exiliados y damnificados económicamente.

El 22 de septiembre de 2011 las Cortes aprobaron la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que era «un signo de reconocimiento y de respeto, pero también de solidaridad debida», es decir, de indemnizaciones, ayudas, prestaciones, garantías y condecoraciones. Se elevaba a los damnificados a la categoría de «referencia ética para nuestro sistema democrático. Simbolizan la defensa de la libertad y del Estado de Derecho frente a la amenaza terrorista. Los poderes públicos garantizarán que las víctimas sean tratadas con respeto a sus derechos». Con razón Eduardo Mateo (2018) considera dicha ley «una de las más avanzadas en esta materia a nivel mundial».

GREGORIO, ALBERTO, FERNANDO Y JORGE, MÁXIMO, JOSEBA, JEAN-SERGE

Gregorio Ordóñez Fenollar

Nació el 21 de julio de 1958 en Caracas, adonde sus padres habían emigrado tras la Guerra Civil. En 1965 la familia Ordóñez volvió a España. Se instalaron en San Sebastián, ciudad en la que abrieron una lavandería industrial. Gregorio estudió en aquella ciudad, aunque luego cursó la carrera de Periodismo en la Universidad de Navarra. Trabajó para el diario Norte Exprés, se afilió a las juventudes a AP y se presentó a las elecciones municipales de 1983 en las listas de ese partido. Su formación quedó en cuarta posición, por detrás de PNV, PSE y HB, con un discreto resultado: 9.581 votos (el 12,53 por 100 del total), lo que se tradujo en tres puestos en el consistorio donostiarra. Uno de los concejales populares era Gregorio Ordóñez, un joven de apenas 24 años.

Fue muy activo en la política municipal.

Sus años en el Ayuntamiento de San Sebastián, en los que hizo que las siglas del PP pasasen de ser las de un partido sin representatividad pública a las de una formación con opciones reales de gobernar la capital de Guipúzcoa, y su actitud diaria en un ambiente hostil marcado por la violencia y la amenaza terrorista hicieron que los ojos de media España se clavasen en él,

se lee en la página web de la fundación que lleva su nombre. «Gregorio empezaba a ser percibido como el azote de los intransigentes, de los terroristas de ETA». El nacionalismo radical reaccionó con hostilidad y amenazas. Valga como muestra la que en agosto de 1993 quedó grabada en el contestador de su teléfono: «A ver, Gregorio, estamos hasta los cojones de ti. Una declaración más tuya y tu familia corre riesgo de morir, cualquiera de ellos. Estamos hasta los cojones de ti. Fuera de Euskadi, cabrón».

En las elecciones autonómicas vascas de noviembre de 1990 Ordóñez fue elegido parlamentario. En 1991 sumó a ese cargo el de primer teniente alcalde de San Sebastián con el socialista Odón Elorza como alcalde. A nivel político, era uno de los artífices de la fulgurante resurrección en el País Vasco del espacio de centro-derecha, que ETA había cercenado durante la Transición. Gracias a su trabajo y al de otros compañeros de su partido, el renovado PP de José María Aznar fue mejorando sustancialmente sus resultados en Guipúzcoa. En los comicios europeos de junio de 1994 la lista popular fue la más votada de San Sebastián: 16.117 papeletas (el 23,18 por 100 del total). Eran casi 4.000 más que las de HB. En las elecciones autonómicas celebradas en octubre de ese mismo año el PP revalidó su primera posición en la ciudad: 17.407 sufragios (el 21,32 por 100 del total).

Algunas encuestas pronosticaban que tales victorias podrían repetirse en los comicios municipales de mayo de 1995, a los que Ordóñez se presentaba como candidato a la alcaldía de San Sebastián. De haber salido elegido primer edil, quizá hubiera supuesto un giro decisivo en la historia política de Guipúzcoa. Y ETA lo sabía.

En las navidades de 1994 uno de sus cabecillas, Francisco Javier García Gaztelu, ordenó a Valentín Lasarte que recabara información sobre el político del PP. Según establece la sentencia, el etarra dio cuenta de que «el Sr. Ordóñez tenía unos horarios y costumbres diferentes cada día, por lo que de hecho tendrían que ejecutarlo durante el mediodía, cuando salía del ayuntamiento para comer». El 23 de enero de 1995 Lasarte comprobó que Gregorio y varios colaboradores, entre ellos su asesora María San Gil, entraban en el restaurante La Cepa. El etarra se lo comunicó a García Gaztelu y Juan Ramón Carasatorre Aldaz, que decidieron que era el momento idóneo para actuar. Los tres acudieron al local.

En torno a las 15:15 horas, Carasatorre Aldaz o García Gaztelu, entró en el restaurante dirigiéndose directamente a la mesa donde estaba sentado don Gregorio Ordóñez y, situándose detrás del mismo, a muy corta distancia, con una pistola que portaba marca Browning HP-35 del calibre 9 mm Parabellum, le disparó a la cabeza matándole. Mientras, el otro quedaba vigilante para facilitar la comisión del hecho y la huida.

La chocante redacción de la sentencia revela que todavía no sabemos cuál de los dos apretó el gatillo.

Ana Iríbar, la viuda de Gregorio Ordóñez, ha contado a El Diario Vasco que el día del crimen, en vez de la habitual llamada de su marido, recibió otras dos.

Era la madre de Eugenio Damboriena. Me dijo: «Ana, ¿ha pasado algo? ¿Le ha pasado algo a Eugenio? ¿Qué ha pasado?». Seguido llamó Eugenio para decirme: «No pongas la radio, no pongas la tele, no escuches nada que voy...». Yo tenía en ese momento a Javier en mis brazos y se lo tuve que pasar a mi madre porque se me heló la sangre. Fue como si me hubieran dado un hachazo, no sé si en la cabeza o en el corazón. Y no quise transmitirle eso a mi hijo. Tuve que separar a mi hijo de mis brazos para que no sintiese ese horror que estaba empezando a nacerme en las entrañas, en la sangre, en mi cabeza, en el corazón. Al minuto tocaron el timbre Eugenio y María San Gil. Abrí la puerta y no tuve más que verles la cara. Yo les decía: «Decidme que es mentira, decidme que es mentira... Por favor». No me lo podía creer. Fueron unas horas que ni recuerdo. Solo recuerdo el llanto continuo y mucha gente en mi casa, los abrazos de mis amigos... A mi hermana que estaba embarazada le decía: «Llévate a Javier, por favor. Llévate a Javier de aquí». Me acuerdo de que estaban arreglando la terraza y que había un chico descolgándose en la fachada con unas cuerdas y abrí el balcón y le dije: «Han matado a mi marido». A ese pobre casi lo mato del susto. Se fue... Fue un cúmulo de horror con todas sus letras, indescriptible.

El atentado provocó una enérgica protesta ciudadana contra ETA. Además, tal y como habían vaticinado las encuestas, la candidatura del PP fue la más votada en San Sebastián. Los populares obtuvieron 22.611 sufragios (el 24,33 por 100 del total) y siete concejales en el Ayuntamiento. Casi la cuarta parte de los donostiarras habían optado por sus papeletas. Era todo un récord. Pese a que se trataba de un claro desafío ciudadano a la amenaza terrorista, la banda lo ignoró por completo. El asesinato de Gregorio Ordóñez no era un hecho aislado, sino el comienzo de una nueva estrategia: la socialización del sufrimiento.

En noviembre de 1998 la hermana de Gregorio, Consuelo Ordóñez, Teresa Díaz Bada (hija del superintendente de la Ertzaintza Carlos Díaz Arcocha, cuya vida segó ETA en 1985) y Cristina Cuesta (hija de Enrique Cuesta) fundaron COVITE.

Alberto Jiménez-Becerril

Según la sentencia judicial, el comando Andalucía estaba compuesto por los etarras José Luis Barrios Martín, Mikel Azurmendi Peñagaricano y María Teresa Pedrosa Barrenechea. Tenían libertad para atentar contra cualquier uniformado, fuese agente de la ley o militar. Una vez se puso en marcha la estrategia de socialización del sufrimiento, los políticos de los partidos constitucionalistas de toda España también se convirtieron en su objetivo. En ese caso, antes de cometer una acción, debían solicitar autorización a José Javier Arizcuren Ruiz (Kantauri), responsable de los comandos ilegales de ETA, que era quien les facilitaba armas y dinero.

Esta célula terrorista había intentado varios atentados, entre ellos la captura de un concejal del PP de Nerja, «secuestro que no pudieron materializar al verse implicados en una “movida” con las mafias de Marbella». También vigiló y elaboró informes sobre varios políticos populares de Andalucía, entre ellos Alberto Jiménez-Becerril. Licenciado en Derecho y en Historia, era concejal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, donde ejercía como delegado municipal de Hacienda. Su esposa, Ascensión García Ortiz, trabajaba como procuradora de los tribunales.

El comando Andalucía conocía las costumbres de Jiménez-Becerril. Por ejemplo, que frecuentaba el bar Antigüedades. A eso de las 13:15 horas del sábado 30 de enero de 1998 los terroristas localizaron a su objetivo en aquel establecimiento, del que salió en compañía de su mujer. Se dirigían a su domicilio, establece la sentencia, «pasando por estrechas, sinuosas y oscuras calles». Los etarras les seguían a unos 245 metros. Jiménez-Becerril se dio cuenta y se giró. Aquellos individuos le debieron de parecer sospechosos, porque el matrimonio aceleró el paso. Los etarras hicieron lo mismo

hasta situarse a una distancia de 30 a 60 centímetros de los seguidos; y a la altura del número 11 de la calle Don Redondo, el condenado Azurmendi disparó en la cabeza de D. Alberto Jiménez Becerril, cuando este se giraba alertado seriamente por los pasos de sus seguidores. La víctima se desplomó de forma instantánea, pretendiendo auxiliarle su esposa cuando yacía en el suelo, pidiendo auxilio a gritos. Pero en ese preciso momento Barrios Ortiz disparó a corta distancia a la base de la nunca de D.ª Asunción.

Ambos murieron en el acto. «Los planes de Kantauri se ejecutaron», reza la sentencia. Había dejado huérfanos a tres hijos menores de edad.

Ascensión García Ortiz ni siquiera estaba en la lista negra de ETA. En realidad, su asesino «desconocía quién era esa mujer, pero por su seguridad, para que luego no les reconocieran, decidieron quitarle la vida».

Fernando Buesa Blanco y Jorge Díez Elorza

Nacido en Bilbao el 29 de mayo de 1946, Fernando Buesa pasó su infancia en Guernica. Cursó Derecho en Madrid y Barcelona, para luego ejercer de abogado en Vitoria. Como se puede leer en la biografía que le han dedicado Antonio Rivera y Eduardo Mateo (2020), compaginó su profesión con una carrera política excepcional. Siempre ligado al socialismo vasco, fue diputado foral de Álava (1979-1983), concejal del Ayuntamiento de Vitoria (1983-1987), secretario de Organización del PSE-PSOE (1985-1988) y diputado general (1987-1991). Desde 1984 era parlamentario autonómico y en septiembre de 1991, además de asumir la Consejería de Educación, fue nombrado vicelehendakari del Gobierno Vasco de coalición PNV-PSE presidido por José Antonio Ardanza.

Como tantos otros políticos no nacionalistas, Fernando Buesa llevaba protección policial. Su último escolta era Jorge Díez Elorza, un ertzaina de 26 años. Por desgracia, los terroristas llevaban ventaja. Aprovechando la tregua, el comando Ituren de ETA les estuvo vigilando durante más de un mes para descubrir sus rutinas. Según la sentencia, «finalizada tal fase de averiguación de datos, comprobaron que un gran número de días recorría la calle Aguirre Miramón de Vitoria (Álava) con objeto de dirigirse a la sede del partido político de que era portavoz». Los etarras colocaron una furgoneta bomba, «en diversas ocasiones, en las inmediaciones de los lugares de usual recorrido del señor Buesa próximos a su domicilio, sin que por diversas circunstancias pudiera llevarse a cabo el atentado previamente planeado».

Hasta el 22 de febrero de 2000. Ese día Buesa y Díez salieron de la casa del primero para dirigirse a la sede del PSE. Cerca del cruce de la calle Aguirre Miramón con la calle Nieves Cano, en plena zona universitaria, la banda había colocado una furgoneta Renault Express cargada con 20 kilogramos de explosivos y bolas de metal. Algo después de las 16:30 horas, cuando las víctimas pasaban por allí, el comando activó el artefacto mediante un sistema de radiofrecuencia. La explosión acabó con la vida de Fernando Buesa y Jorge Díez. Además, hubo dos mujeres heridas.

Capilla ardiente de Fernando Buesa en el Parlamento Vasco.

Fuente: David Aguilar © Album / EFE

En un clima enrarecido por las secuelas del pacto de Estella y la radicalización del PNV, que mantenía un acuerdo de legislatura con la «izquierda abertzale», la manifestación de protesta que recorrió Vitoria el 26 de febrero estuvo fragmentada en tres bloques. El primero estaba conformado por nacionalistas que utilizaron el acto para mostrar su apoyo al lehendakari Ibarretxe. El segundo, más reducido, fue el de Gesto por la Paz, que había abogado inútilmente por la unidad. El último, el de la familia Buesa y las fuerzas no nacionalistas. Que los ciudadanos y sus representantes marchasen divididos, casi enfrentados, en un momento crucial como ese reflejaba la polarización y el frentismo que había provocado el pacto de Estella. La sociedad vasca estaba rompiéndose.

Máximo Casado Carrera

Nacido en Santa Elena de Jamuz (León), empezó a trabajar en la prisión alavesa de Nanclares de Oca en 1983. Primero lo hizo como maestro; a partir del año siguiente, tras aprobar las oposiciones, como funcionario de carrera. En 1990 fue ascendido a jefe de Servicios, cargo que compatibilizaba con su militancia en CCOO, sindicato del que fue delegado en el centro. Vivía en Vitoria, estaba casado y tenía dos hijos.

Su vida se trastocó cuando ETA le puso en su punto de mira. Como otros funcionarios de prisiones, Máximo Casado recibió cartas de la banda durante el largo secuestro de su colega José Antonio Ortega Lara, entre 1996 y 1997. Las amenazas fueron subiendo de tono: llamadas de madrugada, rayones en el coche, marcas y luego quema del buzón, pintadas, enfrentamientos públicos con familiares de radicales... Como ocurría a menudo en Euskadi, la violencia de persecución fue el antecedente de algo peor.

El domingo 22 de octubre de 2000 Casado comenzaba su turno a las 8:00 horas de la mañana. Contra su costumbre, esta vez no le acompañó su mujer. A las 7:45 el funcionario entró en el aparcamiento y arrancó su Citroën Xsara. Apenas había avanzado cuando el coche estalló. Tenía adosada una bomba lapa con trampa de movimiento de unos dos kilogramos de explosivo Titadyn. La víctima murió en el acto.

La organización terrorista reivindicó el asesinato como parte de su campaña «contra los carceleros y responsables de las cárceles de España». Gracias a sus pesquisas, las FCSE encontraron a los colaboradores necesarios de los asesinos. En 2010 la Audiencia Nacional condenó a los miembros del comando de información que había facilitado a la dirección de ETA los datos sobre Casado y una copia de la llave de su garaje: Juan Carlos Subijanda y Zigor Bravo, vecino de la víctima. Ahora bien, no se consiguió descubrir a los autores materiales del atentado. La investigación había llegado a un callejón sin salida. El de Casado estaba destinado a convertirse en uno de los más de 300 asesinatos de ETA sin resolver. Lo impidieron unos papeles.

En febrero de 2018 Francia entregó a España el «archivo histórico de ETA»: los efectos y documentos incautados a la banda durante los últimos años. En total, más de 40.000 folios, a los que hay que sumar innumerables archivos en formato digital. Pese a que es una tarea tan difícil como buscar una aguja en un pajar, las FCSE están realizando un minucioso examen de los fondos para constatar si hay documentos que aún tengan valor judicial.

Por suerte, los hay. Lo demostró el Servicio de Información de la Guardia Civil al encontrar dos autocríticas («cantadas») de un miembro del comando Ttoto detenido por la Ertzaintza en febrero de 2001, José Ignacio Guridi Lasa, dirigidas al aparato de seguridad de ETA. Los documentos habían sido intervenidos por la Policía francesa en un depósito escondido en una vivienda de la localidad de Castres en abril de 2002. En ellos Guridi repasaba el historial del comando Ttoto, del que también formaban parte Asier Arzalluz y Aitor Aguirrebarrena. Su «hoja de servicios» incluía el asesinato de José Luis López de Lacalle, un coche bomba contra el cuartel de la Guardia Civil de Ágreda (Soria), el asesinato de los guardias Irene Fernández y José Ángel de Jesús en Sallent de Gállego (Huesca), un atentado contra la discoteca Txitxarro (Deba) y otro contra el centro de menores de Zumárraga. En la lista aparecían dos acciones todavía sin esclarecer: un artefacto explosivo en el domicilio de un guardia civil en Cintruénigo (Navarra), que fue desactivado, y el asesinato de Máximo Casado. Guridi llegaba a acusar a su compañero Arzalluz de haber olvidado usar guantes en «la lapa de Gasteiz», con lo que sus huellas digitales habrían quedado impresas «en un rollo de cinta». La Benemérita comprobó que, efectivamente, en el lugar de los hechos se había descubierto un «trozo de cinta adhesiva plástica de color marrón», que era exactamente igual a la que tenía Guridi Lasa en su mochila cuando fue arrestado. Aquellos indicios permitieron reorientar la investigación policial.

En octubre de 2019 la Audiencia Nacional condenó por el asesinato de Casado a los tres integrantes del comando Ttoto, así como a Txapote, responsable del aparato militar de ETA que había dado la orden de cometer el atentado.

Joseba Pagazaurtundua Ruiz

Más conocido como Pagaza, nació en Hernani el 27 de diciembre de 1957. Había pasado por ETApm durante la dictadura, por EIA durante la Transición, posteriormente por EE y en 1993, como muchos euskadikos, acabó integrándose en el PSE-EE, donde se reencontró con sus hermanos Maite e Iñaki.

Como agente de la Policía Municipal de Andoáin, su contribución fue esencial para la desarticulación en marzo de 1981 de un sangriento comando ultraderechista que había cometido siete asesinatos amparándose en las siglas del Batallón Vasco Español. A mediados de los noventa Pagaza fue nombrado jefe de la Policía Local. No obstante, a consecuencia del acoso y las amenazas del nacionalismo vasco radical y de aparecer como objetivo de la banda, en marzo de 1995 tuvo que ser destinado en comisión de servicios en la Ertzaintza a Laguardia (Álava), donde participó en investigaciones sobre ETA.

A finales de 1998, debido a la tregua decretada por la organización terrorista, fue obligado a reintegrarse en su puesto en Andoáin. En 1999 Joseba fue uno de los fundadores de la plataforma ¡Basta Ya! Justo ese mismo año la alcaldía de su pueblo fue ocupada por la nueva marca de la «izquierda abertzale», EH. Además de amenazarle de muerte, los ultranacionalistas le quemaron el coche y lanzaron cócteles molotov contra su casa. A finales de 1999 Joseba cogió la baja laboral.

El 7 de mayo de 2000 ETA asesinó a su amigo José Luis López de Lacalle en Andoáin. Como recoge El Diario Vasco, dos años después, tras declarar en la Audiencia Nacional durante el juicio contra el autor de aquel atentado, Pagaza contó: «Vengo de aquel mundo y los violentos, los batasunos, los etarras, nos tienen un especial cariño, entre comillas, porque saben que hemos estado comprometidos en la lucha por las libertades y no podemos perderlas ni ante ellos».

A esas alturas su situación era desesperada. Tras su muerte, la familia publicaría en El Mundo dos cartas que Joseba Pagazaurtundua había escrito al consejero de Interior Javier Balza (PNV). «Puede usted hacerse cargo de que no es nada sencilla la supervivencia de este ciudadano vasco. Por otra parte, tengo sobrados motivos para pensar que ETA puede andar tras mis pasos». La segunda misiva era aún más apremiante.

Cada día veo más cerca mi fin a manos de ETA. Soy consciente de mi PRESENCIA no comunicada en papeles del «comando Buruntza». Y soy asimismo consciente de otros datos relativos a un familiar próximo del mismo comando y tampoco han sido comunicados. Me la trae floja que usted y sus secuaces, los que me maltrataron y amenazaron con pasar información al respecto de mi persona a ETA me hagan caso.

Sobre las 9:30 horas del sábado 8 de febrero de 2003 el etarra Gurutz Aguirresarobe Pagola entró en el bar Daytona de Andoáin. Según la sentencia que leo condenó,

tomó asiento en un taburete de la barra, cerca de la puerta de entrada, donde pidió un café con leche, vistiendo al efecto ropas oscuras y un gorro en la cabeza, que tapaba parte de su rostro, y procedió a leer un periódico que había sobre la barra, haciendo uso de unas gafas correctoras. Transcurridos varios minutos, en torno a las 9:53 horas, cuando solo quedaban en el mostrador dos clientes y la empleada del establecimiento, bajó del taburete y se dirigió hasta la mesa situada enfrente del mostrador, donde se hallaba sentado leyendo el Sr. Pagazaurtundua Ruiz y, de pie enfrente de dicha persona, extrajo el arma de fuego que portaba escondida y le disparó cuatro proyectiles, de arriba abajo, penetrando tres por la cabeza y el cuarto por el hombro izquierdo, que alcanzando zonas vitales de la víctima Don Joseba, causaron su fallecimiento el mismo día en el Hospital Nuestra Señora de Aranzazu de San Sebastián.

La muestra de ADN que el asesino dejó en la taza de café fue una de las pruebas por las que fue encontrado culpable.

Joseba Pagazaurtundua estaba casado y tenía dos hijos. Euskal Herritarrok, que gobernaba el Ayuntamiento de Andoáin cuando fue asesinado, se negó a condenar el crimen.

Jean-Serge Nérin

El 16 de marzo de 2010 una decena de terroristas robaron varios vehículos de lujo en un concesionario de Dammarie-les-Lys. La Police Nationale recibió el aviso, aunque no se sabía que era un comando de ETA. Una patrulla compuesta por tres agentes y un brigadier interceptó uno de esos BMW en Villiers en Bière, una localidad a unos 50 kilómetros al sur de París. Ahora bien, los policías no habían detectado a los otros automóviles, que no tardaron en aparecer. Superándoles en número, los etarras abrieron fuego contra los agentes y mataron al brigadier Jean-Serge Nérin. Luego huyeron de allí. En un comunicado, la banda responsabilizó a los policías franceses de haber iniciado el tiroteo. Una vez más los terroristas pretendían transferir la culpa a la propia víctima.

Jean-Serge Nérin había nacido en Cayena (Guayana) en 1958. Estaba casado y tenía cuatro hijos. Le quedaban solo dos años para jubilarse. Fue enterrado en su región de origen, en América, adonde se trasladó su viuda. Floryan Nérin, uno de los hijos, contó a El Correo que lo había hecho «para estar a su lado. Todos los días va al cementerio».

El 5 de septiembre de 2010 ETA decretó un alto el fuego, pero el anuncio había llegado tarde para Nérin. En diciembre de 2017, durante el juicio de apelación contra los cuatro acusados de haber participado en el asesinato, una de ellas leyó un comunicado en nombre de la organización terrorista: «queremos manifestar públicamente que lamentamos sinceramente aquella muerte, y queremos mostrar nuestro pésame a sus familiares. Lo hacemos con todo respeto, pues sabemos que no existen palabras que apacigüen ese dolor».

Cuando El Correo preguntó a Floryan Nérin si aceptaba la petición de perdón de ETA, declaró que «no, no lo acepto. Porque una parte de nosotros se ha ido con nuestro padre. Intentamos sobrevivir, pero es muy duro soportar ese peso todos los días y no es fácil sostenerse. Llega muy tarde». Más adelante añadía que «quitar la vida a alguien no es un “daño colateral”. Detrás de una vida hay personas. Mi padre era muy querido y apreciado como policía y como persona por sus jefes, colegas, amigos y familia. Una vida no es un “daño colateral” y cuando se pierde es irreversible». Jean-Serge Nérin había sido la última víctima mortal de la banda, pero «que sea la última, la primera o la 50.ª no cambia nada. Evidentemente, habría preferido que depusieran las armas mucho antes. Mejor que no las hubieran cogido y que todo pasara pacíficamente».

CAPÍTULO VI

MATAR POR LA PATRIA. INDEPENDENTISMO Y VIOLENCIA TERRORISTA

LOS NACIONALISMOS RADICALES DE LA PERIFERIA DURANTE LA DICTADURA

Durante las décadas de 1950 y 1960 entró en escena una nueva generación de ultranacionalistas periféricos no solo en el País Vasco, sino también en Cataluña, Galicia, Canarias y otras zonas de España. Estos jóvenes contaban con formación universitaria, inquietudes sociales y una creciente preocupación por el idioma vernáculo, considerado el fundamento de la patria. La primera clave explicativa de su aparición fue el contexto: la dictadura, su nacionalcatolicismo español excluyente, la represión, los cambios socioeconómicos, la inmigración en el caso de Cataluña, la emigración en el de Galicia, la marginación y el retroceso del catalán y el gallego, etc. La segunda causa fue la fractura generacional dentro del nacionalismo: la nueva hornada rompió con los partidos históricos, que habían sido barridos por el franquismo. Otro elemento destacable era su extremismo, en el que confluían una exaltada intransigencia juvenil, el independentismo a ultranza, el irredentismo, una visión tergiversada de la historia, unida a un emotivo imaginario bélico, y un profundo antiespañolismo: el odio a España (el «Estado») y a los «españoles», entendiendo como tales a los habitantes del resto del país, pero también muchas veces a los autóctonos castellanoparlantes y a las organizaciones no nacionalistas.

En su gestación también tuvieron un enorme influjo las luchas anticoloniales del Tercer Mundo. Al igual que los integrantes de ETA, los secesionistas de otras latitudes se inspiraron en el maoísmo, las teorías de la colonización interna y la obra de autores como Frantz Fanon. Así, tomaron como modelo organizativo a los movimientos de liberación nacional: frentes interclasistas dirigidos por una vanguardia. Por esa vía se introdujo un lenguaje novedoso, que barnizó con un izquierdismo sui generis su ultranacionalismo. En el plano estratégico, el ejemplo anticolonialista trajo aparejada la revalorización de la «lucha armada», en forma de guerrilla, cuyo atractivo se veía reforzado por el contexto dictatorial. Por añadidura, estos nacionalistas fueron deslumbrados por el protagonismo que desde 1968 había adquirido ETA por medio de los atentados terroristas. Con el tiempo, se acercaron a esta banda no solo en busca de un prototipo, sino también de formación y ayuda material.

En 1963 germinó la Unión do Povo Galego, que se diluyó en el heterogéneo Consello da Mocedade. Al año siguiente el sector izquierdista fue expulsado del Consello, refundándose la UPG. Se trataba de un partido independentista y leninista que, gracias a su dinamismo y a la ausencia del moderado galleguismo histórico, se convirtió en el principal referente del nacionalismo en aquella región. La UPG, al igual que ETApm, estableció diversos satélites sectoriales (organización estudiantil, asociaciones culturales, sindicato, etc.). Para coordinarlos creó en 1975 la Asamblea Nacional-Popular Galega (AN-PG), en la que se integraron algunos independientes.

En el otro extremo de la península el Front Nacional de Catalunya (FNC) había aparecido en una fecha tan temprana como 1940. Durante los años sesenta su sección juvenil llevó a cabo algunos sabotajes de poca importancia, pero que sirvieron de entrenamiento para aquellos que a mediados de los setenta se decantaron por el terrorismo. En 1969 un sector de la juventud del FNC rompió con la organización para fundar el Partit Socialista d’Alliberament Nacional (PSAN), una formación ultranacionalista que aspiraba a la independencia de Cataluña y la anexión de Valencia, las islas Baleares, la «franja» de Aragón, el Rosellón y el Alguer, un enclave en la isla de Cerdeña. A su vez, en 1974 un sector crítico con la dirección del PSAN se escindió para formar el PSAN-provisional, un nombre inspirado en el IRA provisional.

El fracaso del movimiento contestatario juvenil del 68, la fascinación por el tercermundismo y las guerrillas latinoamericanas, el ejemplo de la tercera oleada de terrorismo, especialmente de ETA, o la propia dinámica interna del sector más radical de los nacionalismos periféricos fueron factores que facilitaron que durante el tardofranquismo la UPG, el PSAN y el PSAN-p decidiesen formar sus propias secciones «militares». Sus activistas, algunos de los cuales iban armados, llevaron a cabo atracos y sabotajes. En el caso del nacionalismo radical gallego, hay que sumar a la ecuación el apoyo logístico de un sector de la extrema izquierda portuguesa tras la Revolución de los Claveles (abril de 1974).

En este humus favorable a la violencia se gestaron tres organizaciones terroristas en Cataluña al margen de los partidos políticos. En primer lugar, el Front d’Alliberament de Catalunya (FAC) aparecido en 1969, que realizó alrededor de un centenar de atentados, el primero de ellos en octubre de 1970 contra Radio Nacional de España. En marzo del año siguiente una bomba del FAC mató al guardia civil Dionisio Medina Serrano, la primera víctima del terrorismo en Cataluña. La banda fue prácticamente desarticulada en 1975 y se disolvió dos años después, aunque algunos de sus militantes llegaron a integrarse en Terra Lliure.

Organització de la Lluita Armada (OLLA) fue el nombre con el que las FOP bautizaron a un grupúsculo surgido del entorno del PSAN en 1972. Tenía relación con MIL y se situaba a medio camino entre el anarquismo y el nacionalismo. Después de algunos sabotajes y atracos, las operaciones policiales acabaron con OLLA en 1974.

La tercera organización, nacida en 1969, fue La Casa, más conocida como el Exèrcit Popular de Catalunya (EPOCA). Durante el tardofranquismo se dedicó a los atracos y robos de armas, pero algunos libros cercanos al nacionalismo radical le atribuyen una o dos víctimas mortales durante esta etapa, supuestamente producidas en sendos asaltos: un guardia civil no identificado, que habría sido asesinado el 29 de marzo de 1974 en la fábrica de radiadores Roca en Gavá (Barcelona), y el policía armado Diego del Río Martín, muerto como consecuencia de las heridas que había recibido el 29 de septiembre de 1975 en la residencia sanitaria del Valle de Hebrón (Barcelona), de donde los terroristas sustrajeron 21 millones de pesetas. No obstante, ambos casos plantean dudas. Por un lado, los periódicos de la época desmienten que hubiese víctimas en el atraco de Gavá, del que las FCSE responsabilizaron a delincuentes comunes. Por otro, respecto al asesinato de Diego del Río, aunque hay indicios que apuntan a EPOCA, otras fuentes se lo atribuyen a los GRAPO, mientras que Carmen Ladrón de Guevara (2021) recuerda que las FOP responsabilizaron al FRAP. No hay duda de que Diego del Río fue víctima mortal del terrorismo, pero resulta imposible confirmar la autoría del crimen, que quedó impune por la Ley de Amnistía de 1977. De cualquier modo, EPOCA fue la única de las bandas surgidas en Cataluña durante estos años que sobrevivió hasta la Transición.

A principios de la década de los setenta los grupos nacionalistas radicales de la periferia empezaron a tejer lazos entre ellos. Por ejemplo, la relación entre ETA y el PSAN data de la primavera de 1969, y los primeros manifiestos conjuntos firmados por presos ultranacionalistas vascos y catalanes, de 1973. Ahora bien, los contactos no se limitaron al marco español, sino que se ampliaron al resto de Europa occidental. ETA mantuvo vínculos con el IRA y con el Frente de Liberación de Bretaña desde 1971. Y en 1974 la UPG fue una de las promotoras de la llamada Carta de Brest (Bretaña), una declaración a favor de las reclamaciones de los nacionalismos radicales europeos a la que posteriormente se fueron adhiriendo fuerzas de Euskadi y Cataluña, así como de otras partes de Europa.

En ese contexto hay que situar el acuerdo entre ETApm, el PSAN-p y la UPG para fomentar focos insurreccionales en Madrid, Cataluña y Galicia. Los polimilis dotaron de armamento al PSAN-p y la UPG, con cuyos activistas prepararon una serie de atentados y operaciones conjuntas, como el secuestro en Barcelona del conde de Godó, propietario de La Vanguardia, y del cónsul inglés. La mayor parte de esos planes no se llevaron a cabo debido a la información facilitada por Lobo y la consiguiente gran operación de las FOP del verano de 1975. El 12 de agosto, en el transcurso de una persecución en El Ferrol, la Policía mató a tiros a uno de los líderes de la UPG, Xosé Ramón Reboiras (Moncho).

MATAR POR LOS PAÏSOS CATALANS. DE EPOCA A TERRA LLIURE

El independentismo catalán se presentó a las elecciones de 1977 en diversas candidaturas, aunque el PSAN prefirió no participar, dando libertad de voto a sus afiliados, y el PSAN-p, aún más intransigente, se mantuvo en la clandestinidad. El 15 de junio sacó a la luz una Cataluña demócrata y autonomista, con predominio de las izquierdas. Las dos primeras posiciones correspondieron a Socialistes de Catalunya, la candidatura vinculada al PSOE, que obtuvo 870.362 votos (el 28,56 por 100), y el Partido Socialista Unificado de Cataluña, federado al PCE, con 558.132 (el 18,31 por 100). El nacionalismo radical no solo quedó fuera del Congreso, sino que era absolutamente marginal. Su mejor resultado fue el de la Candidatura d’Unitat Popular cap al Socialisme, en duodécimo puesto, que únicamente había concitado el respaldo de 12.040 votantes (el 0,4 por 100 del total). El independentismo entró en un ciclo de desconcierto y división, incapaz tanto de unirse en una plataforma política estable como de atraer a la ciudadanía catalana.

Al igual que habían hecho las distintas ramas de ETA, EPOCA se negó a aceptar la oportunidad histórica que suponía la amnistía de 1977. Por el contrario, la banda cometió en Barcelona tres asesinatos de gran impacto público, tanto por la relevancia de sus objetivos como por el método escogido. El 9 de mayo de 1977 un comando asaltó la casa de la hermana de José María Bultó, presidente de Cros SA, pegando con esparadrapo al torso de dicho empresario una bomba con un mecanismo de liberación por presión. El móvil era la extorsión. EPOCA exigía 500 millones de pesetas para desactivarla. Bultó intentó quitársela él mismo, lo que provocó una explosión fatal. El 25 de enero de 1978 cuatro terroristas de EPOCA entraron en el domicilio del exalcalde de Barcelona (1975-1976), Joaquín Viola Sauret, en cuyo pecho adhirieron un artefacto explosivo de similares características a las del de Bultó. Le metieron en una habitación junto a su esposa, Montserrat Tarragona Corbella. La bomba se activó antes de tiempo y ambos murieron en el acto. El matrimonio tenía cinco hijos.

Al contrario de lo que ocurría en el País Vasco, en Cataluña estos crímenes fueron unánimemente rechazados por la sociedad y la clase política. En marzo de 1978 un buen número de activistas de la organización fueron detenidos, por lo que entró en una fase de inoperancia. Entre finales de 1979 y 1980 lo que quedaba de EPOCA se integró en Terra Lliure.

Paralelamente en Barcelona actuó Resistencia Catalana d’Alliberament Nacional (RCAN), que a veces utilizaba el nombre de Front Militar de Catalunya. Pese a que procedían de la extrema izquierda, sus militantes adoptaron posiciones independentistas. A esta banda se le achacan 39 delitos cometidos entre 1978 y 1980, tales como atracos y bombas contra monumentos, juzgados o comisarías. Entre sus atentados cabe destacar el lanzamiento de una granada de mano contra la Jefatura Superior de Policía de la Vía Layetana, que causó heridas a un subcomisario. La actividad de RCAN cesó en 1980, tras ser desarticulada por las FCSE.

El mismo año en que apareció RCAN, 1978, se creó Arxiu, el germen de Terra Lliure. Debido a su falta de medios, este grupúsculo realizó algunos atracos con armas blancas. Como posteriormente reconoció uno de sus integrantes, había nacido a la «sombra» de ETA, con la que había un «mimetismo muy fuerte». En palabras de Florencio Domínguez (2003b), la banda abertzale hizo de «hermano mayor protector de este sector». En las navidades de 1978 cinco miembros de Arxiu viajaron a Bayona, donde ETAm les instruyó. Los milis también les entregaron dos subfusiles Stein, cinco pistolas Firebird, 1.500 balas, cinco kilogramos de goma 2, cordón detonante y mecha lenta. Y algo más valioso para la clandestinidad: su modelo organizativo, el de pequeños comandos compartimentados y sin contacto entre sí. La intención de ETAm era debilitar al Estado, pero, como pago a la ayuda prestada, exigió a Arxiu la perpetración de atentados contra intereses franceses en Cataluña, reivindicándolos en nombre de la rama militar de ETA. El resultado de aquel plan fue desastroso para el comando: dos de sus miembros murieron, otro quedó gravemente herido y los otros dos fueron detenidos.

A raíz de la desarticulación de Arxiu, su cúpula pasó a la clandestinidad. Los terroristas tuvieron que dedicar los años 1979 y 1980 a recomponer su organización, que se reforzó con la incorporación de los restos de EPOCA: algunos experimentados militantes y un modesto arsenal. También recibieron un nuevo donativo de ETAm: armas y unos cientos de kilos de goma 2.

En la madrugada del 24 de julio de 1980 dos bombas de escasa potencia explotaron en sendos locales de la compañía eléctrica FECSA, una en Barcelona y otra en Calella. Según La Vanguardia, la primera «produjo diversos destrozos en el techo de la entrada, así como la rotura de diversos cristales», y la segunda, «algunos desperfectos en una ventana». Inspirándose en la campaña de ETAm contra Lemóniz, se trataba de un respaldo simbólico a la marcha ecologista contra la central nuclear de Ascó, que todavía no estaba en funcionamiento. Al día siguiente Terra Lliure reivindicó los atentados mediante una llamada telefónica. En agosto esta banda atacó una torre de conducción eléctrica de la central nuclear de Ascó. El 10 de septiembre Terra Lliure detonó un artefacto en una oficina de la hidroeléctrica ENHER y otro en la delegación del Ministerio de Educación, con el que mostraban su oposición a la presencia en las aulas catalanas de profesores provenientes del resto de España.

El 14 de octubre de 1980 las FCSE detuvieron a varios presuntos miembros de EPOCA, sospechosos de haber participado en los tres asesinatos de 1977 y 1978, aunque en realidad ya estaban en Terra Lliure. En cualquier caso, La Vanguardia informaba de que las FCSE les incautaron armas, documentos falsos, así como «libros y estudios sobre armas y explosivos, y diversos documentos, notas e informaciones relativas a personalidades de la vida económica y política de Cataluña y otras capitales de España». Según su propio balance, la Policía Nacional incautó 11 armas de fuego y siete kilogramos de explosivo a EPOCA en 1980, así como cinco armas y una granada a Terra Lliure al año siguiente. Entre 1980 y el primer trimestre de 1982 este cuerpo detuvo a 92 supuestos terroristas vinculados a bandas de inspiración independentista (ETA excluida). No obstante, si bien el ciclo de violencia política en España empezó a descender en 1982, fue precisamente entonces cuando despegó Terra Lliure.

El 24 de junio de 1981 tuvo lugar en el Camp Nou un acto del movimiento independentista Crida a la Solidaritat, en el que se lanzaron octavillas tituladas «Crida de Terra Lliure». Aunque la banda llevaba un tiempo actuando, suele considerarse su presentación pública. Al contrario que las organizaciones de índole ultranacionalista que le habían precedido en Cataluña, indica Xavier Casals (2016), «se dotó de una simbología e ideología claras y buscó el máximo eco de sus acciones, que cosechó de modo notable y fue su mayor éxito». Según Diego Muro y Simon Vall-Llosera (2016), Terra Lliure cometió más de 200 atentados a lo largo de su historia.

Quizá el más conocido fue el que perpetró el 21 de mayo de 1981. Ese día un comando secuestró a dos profesores de Enseñanza Secundaria en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona). Uno de ellos era Federico Jiménez Losantos, entonces un intelectual de izquierdas crítico con el nacionalismo catalán. Siguiendo el modus operandi de ETApm, los terroristas le dispararon un tiro en la pierna, abandonándole a él y a su compañera atados a un árbol. Terra Lliure acusó a Jiménez Losantos de ser «enemigo de los Países Catalanes» pero, de hecho, la investigación policial reveló que la banda lo había escogido como objetivo por ser el «más asequible» de los cuatro redactores del Manifiesto por la igualdad de derechos lingüísticos en Cataluña, más conocido como Manifiesto de los 2.300: un documento que criticaba la progresiva marginación del español. Al igual que otras personas señaladas por Terra Lliure, Jiménez Losantos tuvo que abandonar dicha comunidad autónoma.

Pese a que supuestamente intentó no causar víctimas mortales, la organización fue responsable de un asesinato. El 10 de septiembre de 1987 un comando de Terra Lliure detonó una bomba dentro del juzgado de la localidad leridana de Borjas Blancas (oficialmente, Les Borges Blanques). La explosión derribó un muro, que cayó encima de una mujer que estaba durmiendo en la casa de al lado, Emilia Aldomà Sans, quien falleció en el acto.

Tres meses después, el 26 de diciembre, dos terroristas arrojaron granadas de fragmentación a un local de Barcelona que era frecuentado por militares estadounidenses. Hubo una víctima mortal, Ronald Strong, un joven marinero de dicha nacionalidad, y nueve heridos. El ataque fue reivindicado tanto por Terra Lliure como por el Exèrcit Roig Català d’Alliberament (ERCA). Se trataba de un grupúsculo independentista que había llevado a cabo varias acciones contra intereses de EE. UU. Es probable que ERCA se nutriese de exintegrantes de Terra Lliure, pero su vinculación con esta banda no está del todo clara. Tampoco lo está la autoría del atentado, ya que nadie fue juzgado ni condenado.

De cualquier modo, los miembros de Terra Lliure continuaron con su campaña terrorista. El 2 de mayo de 1988 hicieron estallar dos bombas con metralla en Barcelona a modo de «trampa explosiva»: primero una y, 11 minutos después, una vez provocada la alarma, la segunda. Según la prensa, hubo 16 heridos.

La prolongada actuación de ETA en Cataluña y la muerte de Emilia Aldomà redujeron el ya de por sí escaso apoyo social con el que contaba Terra Lliure. La división de su brazo político, el Moviment de Defensa de la Terra (MDT), fruto de una reunificación del PSAN y el antiguo PSAN-p, redujo su coherencia y su unidad internas, también debilitadas por factores organizativos. Ahora bien, en opinión de Muro y Vall-Llosera (2016), la clave del fin de Terra Lliure fue la eficacia de la política antiterrorista del Gobierno, tanto en su vertiente judicial como policial: fueron detenidos casi 300 activistas y simpatizantes del grupo.

En la IV y última Asamblea de Terra Lliure, celebrada en el verano de 1991, una facción de la banda decidió abandonar las armas. Algunos de sus dirigentes y militantes, tras renunciar a la violencia, ingresaron en Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que había adoptado un programa independentista. El resto de la organización, que se autodenominó Terra Lliure III Asamblea, se mantuvo en activo hasta el 11 de septiembre de 1995, fecha en que anunció su disolución definitiva. Por aquel entonces 18 miembros de Terra Lliure cumplían condena en la cárcel. El 8 de marzo de 1996 el Gobierno de Felipe González indultó a dos de los presos y el 28 de junio el Gobierno de José María Aznar hizo lo propio con los 16 que quedaban en prisión.

Si bien la desaparición de Terra Lliure supuso el final del terrorismo de orientación ultranacionalista catalana, no por ello ha cesado la violencia política en dicha comunidad autónoma. Emulando a la kale borroka del entorno de ETA, en general se ha tratado de actos de violencia callejera y sabotajes. En 1994 los Escamots Autònoms d’Alliberament realizaron algunos atentados en Barcelona y sus alrededores. Posteriormente, entre 1996 y 2000, en Cataluña se contabilizaron cerca de 250 delitos violentos de inspiración independentista: desde pintadas y amenazas contra los partidos y personalidades no nacionalistas hasta el lanzamiento de cócteles molotov y la colocación de explosivos caseros. En los últimos años, el proceso independentista ha servido de caldo de cultivo del que ha rebrotado con intensidad la violencia política, por ahora en forma de disturbios y sabotajes.

A pesar de todo, conviene recordar que el terrorismo doméstico que con más fuerza ha golpeado a Cataluña no ha sido el del ultranacionalismo autóctono, sino el de las dos principales ramas de ETA que, según Florencio Domínguez (2003b), son responsables de 77 atentados, 54 víctimas mortales y 224 heridos en dicha comunidad. Esa prolongada violencia hizo que el nacionalismo radical catalán tuviera una incómoda y problemática relación con su homólogo vasco. Pongamos algunos ejemplos. El 26 de marzo de 1980 los polimilis raptaron al empresario Jesús Serra Santamans, que recobró la libertad el 31 de mayo a cambio de 150 millones de pesetas. Lluita, el boletín del antiguo PSAN-p, criticó el secuestro con un artículo que llevaba el elocuente título de «No tots els espanyols vénen d’Espanya». El 15 de noviembre de aquel mismo año, con el objetivo de «disuadir» al Gobierno antes de declarar una tregua, un comando de ETApm intentó asaltar el cuartel del Batallón de Infantería de Montaña de Berga, que se saldó con un absoluto fracaso. Fue detenida la mayoría de los activistas que participaron en la operación, entre los que había afiliados al PSAN, a quienes en agosto de 1980 ETApm había impartido un curso de cinco días sobre el manejo de armas. Al parecer, habían actuado por iniciativa propia, por lo que la dirección del partido se desentendió de la intentona, que calificó como una «injerencia inaceptable».

El 16 de abril el 1982, buscando eludir la presión policial, ETAm cometió su primer atentado en Cataluña. Al contrario que los polimilis, este grupo actuó utilizando sus propios medios, sin apenas recurrir a colaboradores oriundos del lugar, si bien es cierto que un exmiembro de FAC y Terra Lliure, Joan Carles Monteagudo, acabó integrándose en sus filas, al igual que algunos activistas provenientes de la extrema izquierda. En 1986 la colocación de los dos primeros coches bomba en Cataluña provocó el distanciamiento de Terra Lliure, que no aceptaba ni el medio empleado ni la presencia permanente de los milis en el principado.

El 19 de junio de 1987 tuvo lugar el atentado de Hipercor. Terra Lliure se indignó por tal «actuación indiscriminada» y el MDT envió una carta a HB en la que la calificaba de «agresión a la que los catalanes estamos obligados a responder» y «error político fundamental». Con aquella masacre, la mayor que había sufrido España hasta el 11-M, ETAm perdió la admiración del independentismo y la extrema izquierda de Cataluña, que tan solo unos días antes habían hecho campaña a favor de HB para las elecciones europeas del 10 de junio: si en aquella cita la coalición abertzale había logrado 39.692 votos en esa comunidad autónoma (el 1,31 por 100), en la siguiente, celebrada dos años después, se tuvo que conformar con 15.427 (el 0,65 por 100).

Los terroristas ignoraron la amonestación. El 29 de mayo de 1991 ETAm introdujo un coche bomba en la casa cuartel de Vich (Barcelona). La explosión acabó con la vida de diez personas, cuatro de ellas niñas, e hirió a 42. Aquella nueva masacre produjo el rechazo unánime de todo el arco político catalán. Un día después murieron en un tiroteo con la Policía Joan Carles Monteagudo, para entonces jefe del nuevo comando Barcelona, y su lugarteniente. Tres años antes, al conocer su integración en ETA, un antiguo compañero de Monteaguado había declarado de él a La Vanguardia que «Terra Lliure se le había quedado pequeña».

MATAR POR GALIZA. DE LOITA ARMADA REVOLUCIONARIA A RESISTÊNCIA GALEGA

Considerando a las instituciones como un instrumento más para lograr la independencia y atacar desde dentro a la «democracia burguesa», la UPG y la AN-PG, todavía ilegales, formaron una candidatura denominada Bloque Nacional-Popular Galego (BN-PG) para la cita electoral del 15 de junio de 1977. Los comicios dibujaron un mapa de Galicia con una incontestable hegemonía del centro-derecha, una izquierda débil y un nacionalismo radical extraparlamentario. La UCD obtuvo la mayoría absoluta de los votos, 606.726 (el 53,76 por 100 del total). Le seguían el PSOE, con 175.127 sufragios (el 15,52 por 100), y AP, con 148.239 (el 13,13 por 100). El BN-PG quedó en octava posición: únicamente había cosechado 22.771 papeletas (el 2,02 por 100).

Acusando de «derechista» e «interclasista» a la dirección de la UPG, el sector más extremista rompió con la formación. Encabezados por el escritor y político Xosé Lois Méndez Ferrín, los disidentes crearon UPG-liña proletaria, que defendía el uso de la violencia y se oponía a la participación del nacionalismo en las elecciones democráticas. En 1978 esta fuerza se transformó en el Partido Galego do Proletariado (PGP), que contaba con una plataforma de masas, Galicia Ceibe, y un brazo armado, Loita Armada Revolucionaria (LAR). El activista más célebre de aquella banda fue Antón Arias Curto, quien compatibilizaba su actividad terrorista con una concejalía en Monforte de Lemos (Lugo).

En 1978 ETAm entró en contacto con LAR, varios de cuyos militantes recibieron adiestramiento en el País Vasco francés, además de un regalo de promoción similar al de Arxiu: seis pistolas Firebird y una metralleta Stein. Gracias a ese material, LAR pudo realizar algunas acciones armadas, hiriendo a un par de policías nacionales en agosto de 1978, amén de sabotajes y bombas contra las obras de la autovía del Atlántico. A principios de septiembre de 1980, LAR fue desarticulada por las FCSE, que detuvieron a 12 personas. Estaban acusadas de haber atracado la sucursal de una caja de ahorros, el robo frustrado de dinamita en un polvorín, la voladura de una caseta de construcción, así como tenencia de armas y documentación de ETA. De acuerdo con su balance, la Policía Nacional les incautó nueve armas de fuego y seis kilos de explosivo. Otros integrantes de la banda huyeron a Portugal. En abril de 1982 la Audiencia Nacional condenó a cinco de los terroristas de LAR, pero el Gobierno los indultó al año siguiente, lo que propició la autodisolución formal de la organización en 1984.

Algunos exmiembros de LAR, como Antón Arias Curto, pasaron al Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive (EGPGC). Presentada públicamente en febrero de 1986, esta banda terrorista estuvo vinculada a la Assembleia do Povo Unido. El EGPGC llevó a cabo 73 atentados, entre ellos bombas contra bancos y torres de alta tensión o la destrucción de la residencia veraniega del político del PP Manuel Fraga en Perbes (La Coruña) en mayo de 1988, el mismo día y en la misma provincia que los GRAPO acabaron con la vida del empresario Claudio San Martín.

El 2 de febrero de 1989 el EGPGC cometió su primer asesinato: el del guardia civil Benedicto García Ruzo en Irijoa (La Coruña). Su compañero quedó gravemente herido. Al parecer, la pareja de agentes había caído en una trampa destinada a sustraer sus armas: una falsa llamada de auxilio por un accidente de tráfico. En 2017 la viuda de García Ruzo, Teresa Senlle, fue entrevistada por La Voz de Galicia. «É o destino. Evitou dúas veces ser trasladado ao País Vasco e vénme morrer á porta da casa». Describió el desamparo institucional. «Ao final, nada: no enterro e nos días seguintes todo eran promesas, pero despois só oía “vuelva usted mañana”». Teresa se vio obligada a trabajar para sacar a su hija adelante. «E freguei casas, e coidei nenos...». Recordaba que «os primeiros anos era terrible, cada día esperaba que ela marchara á escola para poder chorar, e se me descubría lle dicía que me doían as moas».

Entre 1989 y 1990 el EGPGC fue prácticamente desarticulado, aunque ese último año todavía realizó una campaña terrorista contra las propiedades de supuestos narcotraficantes, imitando la de ETAm. En la madrugada del 11 de octubre de 1990 el Exército colocó cinco bombas, entre ellas una en la discoteca Clangor de Santiago de Compostela. Las vibraciones del bafle junto al que los dos integrantes del EGPGC habían colocado el artefacto provocaron una explosión que acabó con la vida de ambos terroristas y de una joven estudiante viguesa, María Mercedes Domínguez. Hubo 46 heridos según la prensa, aunque el Ministerio del Interior solo ha reconocido a nueve.

En 1993 el EGPGC se dio por extinguido. Su cabecilla, Arias Curto, cumplió condena hasta 1995. Ese mismo año desapareció el brazo político del Exército, la APU. Sin embargo, el ocaso de aquella organización no supuso el punto final del nacionalismo gallego radical con veleidades violentas. En 1993 Antón García Matos, quien había cumplido seis años de cárcel por su pertenencia al Exército, fundó la Assembleia da Mocidade Independentista (AMI), organismo juvenil originariamente vinculada a APU y que luego siguió su propia trayectoria hasta su disolución en 2014. AMI fue acusada por las FCSE de practicar una violencia de baja intensidad, como quema de cajeros, agresiones, amenazas y pintadas, así como la colocación de algunos explosivos caseros.

En 2005 unas 25 personas, encabezadas por García Matos, constituyeron Resistência Galega (REGA), un grupúsculo que se dio a conocer el 20 de julio de aquel año mediante un manifiesto. Desde entonces realizó 43 atentados contra entidades financieras, empresas, partidos políticos y determinadas personalidades públicas. Un auto judicial de diciembre de 2012 declaró que REGA era heredera del EGPGC. Dos años después fue declarada banda terrorista por sendas sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Precisamente la última actuación de REGA tuvo lugar en 2014, cuando colocó una bomba en el Ayuntamiento de Baralla (Lugo). En 2015 la Policía arrestó a 10 personas acusadas de pertenecer a Resistência Galega. En junio de 2019 cayeron en Vigo sus máximos dirigentes, Antón García Matos y María Asunción Losada Camba.

Atentado contra la discoteca Clangor, 11 de octubre de 1990.

Fuente: Lavandeira Jr. © Album / EFE

OTRAS PATRIAS, OTRAS VIOLENCIAS

Aunque menos conocidas, en el resto de España hubo otras organizaciones que intentaron imponer su particular proyecto patriótico mediante las armas. Por ejemplo, durante unos meses de 1980 operaron los efímeros Grupos Armados 28 de Febrero, surgidos tras el referéndum por el que Andalucía accedió a la autonomía por la vía establecida en el artículo 151 de la Constitución. Esta banda de inspiración nacionalista radical andaluza realizó 13 acciones, como atracos o ataques a medios de transporte públicos.

Incluso una minúscula parte del regionalismo experimentó con la violencia. Fue el caso de Tierra Lleunesa, un grupúsculo que propugnaba la separación de León de la comunidad autónoma de Castilla y León. En 1986 sus activistas incendiaron un camión de la Junta e hicieron detonar algunos petardos en oficinas autonómicas, uno de los cuales le estalló en la mano a un policía. A consecuencia de aquel suceso, el director de Diario de León consiguió que los miembros de Tierra Lleunesa le concedieran una entrevista. Inmediatamente después de su aparición en la prensa, aquellos aprendices de terroristas se esfumaron para siempre. «Yo creo que con lo que había pasado y al ver la entrevista, se asustaron», declaró el periodista un par de décadas después.

Tampoco faltaron grupos violentos en Asturias, como Andecha Obrera o el Comando Valeriano Martínez, ambos fugaces y de escasa importancia. Tal vez despierte mayor interés el historial de la media docena de miembros de los Comités Antirrepresivos que durante la Transición colaboraron con ETApm mientras, paralelamente, continuaban con su militancia nacionalista asturiana. Su implicación llegó hasta tal punto que, después de recibir entrenamiento, actuaron dentro de los comandos de la banda. Así, el 13 de octubre de 1978 polimilis con base en Asturias secuestraron en Orense al empresario Jacinto Zulaica, al que liberaron con un tiro en la pierna en Cestona (Guipúzcoa). El 30 del mismo mes tomaron como rehén al delegado de Educación de Guipúzcoa y lo llevaron a Oviedo. Al año siguiente participaron en la campaña contra el turismo, así como en operaciones que se desarrollaron en Madrid. Aquel comando asturiano de ETApm también fue el responsable de tres atracos, entre ellos el mayor golpe de la historia de ETA: el asalto al Banco Herrero de Oviedo en julio de 1979. Los ladrones sustrajeron 130 millones de pesetas. Como relata Florencio Domínguez (2003b), la parte del botín de los asturianos sirvió para financiar su colectivo nacionalista.

Estos grupos no produjeron víctimas mortales. Sin embargo, en las Islas Canarias actuó una banda terrorista que acabó con la vida de una persona e, indirectamente, favoreció que ocurriera la mayor catástrofe de la historia de la aviación. Sus orígenes se remontan a 1964, año en el que el abogado Antonio Cubillo Ferreira fundó el Movimiento para la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC). Haciéndose eco de los exitosos procesos de descolonización del Tercer Mundo, Cubillo pretendía hacer lo propio en las islas, a las que consideraba una nación africana conquistada, sometida y expoliada por la metrópoli española. Para ello contaba con un poderoso valedor, el Gobierno de Argelia, que mantenía un tenso enfrentamiento con su homólogo español por el control del Sáhara, lo que también explica que en 1976 proporcionase entrenamiento militar a 63 activistas de ETA. El brazo armado del MPAIAC se presentó el 1 de noviembre de aquel mismo año con una bomba en Galerías Preciados de Las Palmas de Gran Canaria. Se trataba de las Fuerzas Armadas Guanches, una banda que realizó más de 60 atentados contra intereses turísticos, entidades bancarias y oficinas de la Administración.

El 27 de marzo de 1977 el grupo hizo estallar un artefacto explosivo en la floristería del aeropuerto de Gando (Gran Canaria), que causó nueve heridos. El anuncio telefónico de que iba a tener lugar una nueva detonación hizo que los vuelos fueran desviados al aeropuerto de Los Rodeos, en la vecina isla de Tenerife. La confusión subsiguiente, la mala visibilidad y los errores humanos propiciaron la colisión de dos Boeing 747, provocando un dramático accidente aéreo: hubo 583 víctimas mortales. Antonio Cubillo negó que los independentistas canarios fueran responsables del atentado del aeropuerto de Gando, si bien reconoció en El Día que en otros sitios «pusimos bombas. En cantidad».

El 25 de febrero de 1978 colocaron una de esas bombas en una sucursal del Banco de Vizcaya en La Laguna (Tenerife). Cuando el artificiero de la Policía Nacional Rafael Valdenebros Sotelo lo trasladaba a una zona donde no hiciese peligrar a los vecinos, el artefacto explotó. El agente quedó mortalmente herido.

A finales de 1978 las Fuerzas Armadas Guanches declararon una tregua indefinida y al año siguiente el MPAIAC renunció a la «lucha armada». Pero no era la única banda que actuaba en el archipiélago. En enero de 1978 los Destacamentos Armados Canarios secuestraron un barco de la compañía naviera Arma, acción tras la que sus integrantes fueron arrestados. No tuvieron más recorrido.

EMILIA

Emilia Aldomà Sans

Según la sentencia judicial, Marcel·lí Canet Serra y Sebastià Datzira Massip formaban parte de Terra Lliure. El primero era bombero; el segundo, estudiante de Química. Para conmemorar la Diada y denunciar al Estado, decidieron «llevar a cabo un hecho delictivo que tuviera gran repercusión y resonancia». A principios de septiembre de 1987 se reunieron en casa de los padres de uno de ellos, en Manresa, y «confeccionaron un artefacto explosivo, compuesto por bombona de camping-gas, que rellenaron con tres a cuatro kilogramos de pólvora, retacada con arena y con activación por sistema mixto de cebo pirotécnico y temporizador».

Portada de La Vanguardia, 11 de septiembre de 1987.

Alrededor de las 2:00 horas de la madrugada del jueves 10 de septiembre de 1987 el comando se coló en el Juzgado de Distrito de Borjas Blancas. Sus integrantes colocaron la bomba encima de una mesa del despacho del secretario, confundiéndola con la del juez. El juzgado estaba situado en el primer piso de un inmueble de la plaza de la Constitución propiedad del Ayuntamiento. La planta baja la ocupaba el Centre Excursionista Borges-Garrigues. Los edificios colindantes eran viviendas familiares. La pared de una de ellas estaba a unos 50 centímetros del artefacto. Se trataba del domicilio de Emilia Aldomà Sans, que aquella noche acogía bajo su techo a dos de sus hijas, dos yernos y cuatro nietas, «pues eran las fiestas de la localidad».

La explosión se produjo a las 3:45 horas. Ocasionó el derrumbe del muro divisorio de las dependencias del juzgado con la casa contigua. Los escombros cayeron sobre el lecho en el que dormía Emilia. El golpe le causó «la muerte instantáneamente por fractura de la base del cráneo».

Nacida en Borjas Blancas 62 años antes, Emilia era viuda y tenía tres hijas. La víctima había residido durante tres lustros en la capital vizcaína, pero volvió a Cataluña tras el fallecimiento de su marido, Ramón Vilafranca, en un accidente de circulación. Según declaró una de sus amigas a El País, «se fue de Bilbao por el miedo que tenía de las bombas de ETA, y ha tenido que ser una bomba la que le haya matado aquí». Vivía en Barcelona, pero solía pasar los veranos y algunos fines de semana en Borjas Blancas.

En una llamada a TV3 un portavoz de Terra Lliure reivindicó el atentado, lamentando «el accidente que ha causado la pérdida de la vida a una persona inocente». El alcalde del pueblo suspendió los festejos y declaró jornada de luto para el 11 de septiembre. El funeral se celebró allí mismo, en Borjas Blancas. Acudieron 2.000 personas, según La Vanguardia. Tras el entierro, el pleno del Ayuntamiento condenó el asesinato. Lo mismo hicieron todos los partidos con representación parlamentaria en Cataluña.

Sin embargo, en los minoritarios actos independentistas de la Diada de ese año todavía hubo algún grito a favor de Terra Lliure. Al contrario que en otras ocasiones, no acudió HB, por decisión expresa del nacionalismo catalán radical, que no olvidaba la masacre de Hipercor.

En abril de 1988 la Guardia Civil arrestó a Marcel·lí Canet Serra y Sebastià Datzira Massip cuando transportaban nueve kilos de explosivo para otro atentado. Fueron condenados por la Audiencia Nacional, pero el Tribunal Supremo ordenó repetir el juicio. En octubre de 1991 la Audiencia Nacional los encontró culpables de estragos e imprudencia temeraria con resultado de muerte, por lo que deberían pasar 10 años de prisión cada uno. No lo hicieron: se les indultó tras la disolución de Terra Lliure.

CAPÍTULO VII

CAMADA NEGRA. EL TERRORISMO ULTRADERECHISTA Y PARAPOLICIAL

¡ESPAÑA EN PELIGRO! LOS SALVADORES DE LA PATRIA

En opinión de José Luis Rodríguez Jiménez (1994), el proceso de Burgos «puede ser considerado como el punto de arranque para el aglutinamiento de una parte de los distintos componentes de la extrema derecha española». A finales de 1970 este sector interpretó el desenlace del juicio, los indultos, como una evidencia de la paulatina debilidad de la dictadura y del cada vez más avejentado Franco, al que consideraban «manejado» por los tecnócratas.

Durante los últimos años de vida del dictador las tensiones en el seno del régimen no hicieron sino crecer. La facción más aperturista de la clase política creía inevitable algún tipo de evolución institucional que acercaría a España a las democracias europeas, aunque había discrepancias acerca de la vía más adecuada y del alcance de las reformas. Por el contrario, la corriente más reaccionaria defendía la continuidad de la dictadura a toda costa: un franquismo sin Franco. El «Búnker» no solo se oponía a la desaparición del régimen, sino que también temía la pérdida del poder. Como recuerda Xavier Casals (1998), el término, acuñado por la oposición, «aludía al último refugio de Adolf Hitler antes de la caída de Berlín en 1945». Alrededor del «Búnker», aunque también de forma más o menos espontánea, resurgió la ultraderecha, que hasta principios de la década de los setenta había permanecido aletargada en la propia Administración o sus aledaños. Una parte de este sector optó por la violencia.

La irrupción del terrorismo de extrema derecha entre finales del franquismo y principios de la Transición se solapó con la del terrorismo parapolicial o vigilante. Se les suele englobar en un único fenómeno, debido a determinados vínculos. En primer lugar, hubo militantes neofascistas en ambos. Segundo, pueden encontrarse puntos en común en su discurso ultranacionalista. También se sospecha que tuvieron el amparo de ciertos nostálgicos que conservaban posiciones relevantes en instituciones como las FCSE. Por último, a menudo tanto los terroristas de extrema derecha como los vigilantes usaban las mismas siglas de conveniencia, lo que hace difícil catalogar atentados como los asesinatos en Madrid de la estudiante Yolanda González Martín en febrero de 1980 y del dirigente vecinal Arturo Pajuelo en mayo de aquel mismo año. Los crímenes fueron reivindicados en nombre del BVE, pero en realidad sus autores materiales eran neofranquistas que no tenían nada que ver con el BVE que estaba atentado contra supuestos miembros y simpatizantes de ETA.

En sentido estricto, el terrorismo ultraderechista y el parapolicial ni eran ni son lo mismo. Aunque a veces pareciesen converger, sus objetivos eran distintos. El de extrema derecha respondía a dos perfiles. Por un lado, acciones violentas más o menos espontáneas y sin objetivos a largo plazo. Por otro, atentados perpetrados por grupos o individuos que tenían cierto sustrato doctrinal, algún tipo de estrategia y un propósito político: preservar el legado de la dictadura, provocar una involución o incluso alumbrar un orden nuevo de carácter neofascista. En cambio, la prioridad el terrorismo parapolicial era combatir con sus propias armas a otras bandas terroristas. Sus integrantes pretendían suplantar a las FCSE en la lucha antiterrorista, pero lo hacían saltándose los cauces legales, que creían demasiado limitados para una labor policial efectiva. Además, la violencia vigilante en suelo francés buscaba privar a ETA de su «santuario».

Al terrorismo parapolicial también se lo conoce como terrorismo contraterrorista, contraterrorismo ilícito, terrorismo vigilante, guerra sucia o terrorismo de Estado. Los dos primeros términos son quizá demasiado ambiguos. El tercero, vigilante, es muy habitual en inglés. Así, un informe de la CIA de noviembre de 1984 calificaba a los GAL como «Spanish antiterrorist vigilantes», «vigilante counterviolence» o «anti-ETA vigilante group». Sin embargo, en castellano no es de uso común, sino que queda restringido a la obra de especialistas académicos. Aquí se utilizará como sinónimo de «parapolicial».

Son más populares las dos últimas denominaciones, aunque resultan menos rigurosas. «Guerra sucia» sugiere un conflicto bélico entre dos bandos armados, por lo que no deja de ser un sinónimo de «conflicto vasco». «Terrorismo de Estado» requiere una explicación más prolija. De acuerdo con Eduardo González Calleja (2002), «no es correcto identificar el terrorismo de Estado con el terror “vigilante”, de menor intensidad y que es precisamente el resultado de la debilidad e inoperancia de un Estado que no controla como debe sus mecanismos de coerción». El terrorismo de Estado implica el empleo sistemático de la violencia política contra su propia ciudadanía por parte de un gobierno que busca atemorizar, neutralizar y erradicar cualquier tipo de disidencia o minoría. Para asegurarse el control social, se utilizan una policía política, el fomento de la delación, la legislación discriminatoria, la supresión de derechos, la confiscación de bienes, el traslado forzoso de poblaciones enteras, el internamiento en campos de concentración o exterminio, la ejecución de masas, etcétera.

El terrorismo de Estado nació con el Comité de Salud Pública en la Francia revolucionaria de 1793 y tuvo su máxima expresión en los totalitarismos del siglo XX: la Italia fascista, la Alemania nazi, la URSS de Stalin y sus respectivos países satélites, así como numerosas dictaduras en las décadas posteriores. Un ejemplo cercano de terrorismo de Estado fueron los primeros años del régimen de Francisco Franco.

No es comparable, por tanto, con los grupos parapoliciales que operaron en España durante los años setenta y ochenta. Si bien hubo en sus filas agentes de la ley y, como ha quedado judicialmente demostrado, los GAL fueron financiados y patrocinados por la cúpula del Ministerio del Interior, no podemos confundir la parte con el todo. El terrorismo vigilante no defendía el Estado de Derecho: lo subvertía. Tampoco formaba parte de la Administración pública. Su actuación fue clandestina e irregular, y el apoyo que recibió, completamente ilegal. Por esa razón los GAL fueron perseguidos y sus integrantes acabaron siendo condenados.

El terrorismo de ultraderecha y parapolicial cometió 62 asesinatos durante la Transición. Es casi la misma cifra que señala Juan Manuel González Sáez (2012), que atribuye 60 víctimas mortales a este tipo de violencia política entre 1975 y 1982, de las cuales 35 corresponderían al terrorismo neofascista, y el resto, al vigilante. Durante los años ochenta los GAL acabaron con la vida de 27 personas, a las que habría que sumar otras dos más producidas en 1989, cuando ese grupo ya había desaparecido. Así, en total, calculamos que el terrorismo de extrema derecha y parapolicial ha causado alrededor de 91 víctimas mortales en nuestra historia reciente.

Siguiendo a María Jiménez y Javier Marrodán (2019), el Ministerio del Interior ha indemnizado a 42 heridos por este tipo de violencia: los atentados ultraderechistas en general causaron lesiones a 23 personas; los del BVE, a 14; los de la Triple A, a tres, y los de los GAL, a dos. Madrid es la ciudad que concentra más damnificados de este tipo, 13 (el 31 por 100 del total). Es muy probable que el número real sea superior.

NEOFRANQUISTAS SIN FRANCO. LA DIALÉCTICA DE LOS PUÑOS Y LAS PISTOLAS

Durante la primera mitad de la década de los setenta, todavía en vida de Francisco Franco, la extrema derecha comenzó a cometer ataques contra librerías, asociaciones, medios de comunicación, etc. Con la tolerancia de determinadas autoridades, la violencia estuvo impulsada por fuerzas como el Partido Español Nacional Socialista (PENS) o los Guerrilleros de Cristo Rey, denominación empleada por diversos grupúsculos, lo que en cierto modo le asemejaba a una franquicia. No obstante, este sector ultra no conformó una organización terrorista estable y duradera, como podrían ser ETA o los GRAPO. Al contrario, siempre estuvo atomizado.

Tras la muerte del dictador en noviembre de 1975, las Cortes proclamaron rey a Juan Carlos I. El monarca confirmó como presidente del Gobierno a Carlos Arias Navarro. Lejos de liderar la democratización de España, Arias intentó preservar parte sustancial del franquismo y mostró una política vacilante y a veces contradictoria, con hitos dramáticos como la matanza de Vitoria (3 de marzo de 1976), que contribuyó a extender la incertidumbre sobre el futuro del país. No es de extrañar que el presidente del Gobierno no contase con el respaldo ni de la oposición antifranquista, que impulsó actos de protesta y movilizaciones contra sus políticas, ni del ala reformista del régimen. Ahora bien, tampoco tuvo el apoyo del sector más reaccionario, que interpretaba su mandato como el principio del fin de la dictadura.

En ese contexto convulso empezó a actuar en España un terrorismo ultraderechista muy fragmentado, que contó con la tolerancia de la parte más nostálgica de la Administración y el concurso de neofascistas extranjeros, como el italiano Stefano Delle Chiaie y el francés Jean-Pierre Cherid, que habían huido de sus países de origen.

Su primer objetivo fue solucionar manu militari una disputa en el seno del carlismo. El pretendiente Carlos Hugo de Borbón-Parma se había declarado socialista autogestionario, lo que había provocado la consternación de la corriente tradicionalista, acaudillada por su hermano Sixto Enrique. Para cortar de raíz esta deriva del carlismo, y probablemente con ayuda de ciertos altos cargos de la Administración, los reaccionarios prepararon la operación «Reconquista», que tuvo lugar el 9 de mayo de 1976, el día en que los seguidores de Carlos Hugo celebraban su romería anual en Montejurra. Los ultraderechistas de Sixto Enrique asesinaron a dos personas, Ricardo García Pellejero y Aniano Jiménez Santos, y, según la prensa, hirieron a otra veintena. Hubo tres procesados, pero no fueron juzgados y el caso se cerró por la Ley de Amnistía. El carlismo, fragmentado y anacrónico, había quedado reducido a la marginalidad, aunque resulta difícil decir si la operación «Reconquista» fue causa de su decadencia o simplemente la constatación de esta.

Apenas unos meses después, en julio de 1976, los desacuerdos entre el rey Juan Carlos I y Arias Navarro provocaron la dimisión del presidente del Gobierno. El monarca encargó la formación de un nuevo gabinete a Adolfo Suárez, el hasta entonces ministro secretario general del Movimiento. A pesar de la desconfianza inicial de la oposición, el nuevo presidente lideró la democratización de las instituciones y la restauración de la monarquía parlamentaria. El paso de un sistema dictatorial a otro representativo se llevó a cabo respetando, al menos pro forma, la legalidad todavía vigente: de la ley a la ley a través de la Ley para la Reforma Política, que fue aprobada por las Cortes el 18 de noviembre. La norma obtuvo el voto a favor de 425 procuradores, 59 en contra y 13 abstenciones. Aquel harakiri supuso una verdadera derrota para el sector más reaccionario del régimen. No sería la última.

La Ley para la Reforma Política tampoco despertó el entusiasmo de los antifranquistas, que temían que la hoja de ruta de Suárez se limitara a cambiarlo todo por fuera para que nada cambiase por dentro, por lo que llamaron a boicotear el referéndum del 15 de diciembre de 1976. Más rotunda, la ultraderecha pidió el no. Pese a todo, la Ley para la Reforma Política fue apoyada masivamente por la sociedad española. Con un 77,72 por 100 de participación, el sí obtuvo 16.573.180 papeletas (el 94,45 por 100 del total), y el no, 450.102 (el 2,56 por 100). Aquel porcentaje demostraba que solo una exigua minoría de los españoles deseaba un franquismo sin Franco.

Las perspectivas poco halagüeñas de la extrema derecha se confirmaron en las elecciones del 15 de junio de 1977. Incapaz de presentar una candidatura unitaria, sus resultados fueron pésimos. Alianza Nacional 18 de Julio, una coalición nucleada en torno a Fuerza Nueva (FN), consiguió la mejor marca dentro de esta cultura política: 67.336 sufragios (el 0,37 por 100 del total). No sirvieron de mucho: en el 14.º puesto, quedó fuera de las Cortes. Sin renovarse ni ampliar su base social, el neofranquismo solo conseguiría un fugaz repunte en los comicios de 1979, en los que las listas de Unión Nacional cosecharon 378.964 votos (el 2,11 por 100 del total), que se tradujeron en su primer y único diputado: Blas Piñar.

Notario de profesión, muy controvertido, se trató del personaje central de la ultraderecha durante la Transición española. Descontento con la influencia de los aperturistas en los sucesivos gobiernos de la dictadura, Piñar había creado en 1966 la editorial Fuerza Nueva, que a partir del año siguiente comenzó a publicar un influyente semanario con el mismo título. La misión que se había autoadjudicado era preservar la «Cruzada» del 18 de julio y el legado de Franco. Así, se declaró enemigo de la oposición en general y del comunismo y el separatismo en particular, pero también del sector reformista del régimen y su heredera, la UCD de Suárez, quien era acusado de ser un traidor a los principios del Movimiento. Convertido en partido en 1976, FN trató de apropiarse del imaginario nacionalcatólico, compitiendo con las diversas falanges y otros grupúsculos tradicionalistas y neofascistas.

Pese a los incendiarios y virulentos discursos de Blas Piñar, en los que no faltaban el agonismo (España corría peligro mortal) y las apelaciones al Ejército, FN tenía cierta vocación institucional. Se trataba de una contradicción difícil de superar. El mismo líder de Fuerza Nueva que aspiraba a ocupar un escaño en el Congreso de los Diputados era quien había creado el caldo de cultivo propicio para que una parte de sus seguidores desease pasar de las palabras a los hechos. De acuerdo con Ernesto Milá, un destacado militante catalán del partido,

yo creo que inconscientemente, pero el hecho era que Blas estaba fanatizando a grupos de chicos jóvenes que salían de sus discursos con la sangre caliente: todo se estaba hundiendo, España, la sociedad, la Iglesia, la familia, el Estado, así pues había que hacer algo... y Blas no les decía qué hacer y si intentaba apuntar algo en esa dirección (el votar a Fuerza Nueva) lo irrelevante de lo que pedía (el voto) contrastaba con los tintes apocalípticos de la situación descrita por tan fogoso orador. El resultado era que, en aquellos años, chavales políticamente inmaduros, se fueron radicalizando y generando una constelación de incidentes violentos que, en muchos casos, les afectaría en sus vidas futuras.

En efecto, Fuerza Joven, la filial de FN, adoptó una estructura casi paramilitar (como la famosa Sección C) y algunos de sus afiliados protagonizaron acciones violentas más o menos espontáneas en Madrid, Valladolid, Valencia y otras localidades. Ciertos escuadristas vinculados de una u otra manera a FN o su sección juvenil fueron más allá y cometieron atentados terroristas contra militantes de izquierdas y medios de comunicación, si bien no hay pruebas de que la dirección del partido participase en su planificación. A decir de Sophie Baby (2018), el entorno de Fuerza Nueva fue responsable de más de 80 acciones violentas.

El primer atentado terrorista en el que se vieron envueltas personas que en el pasado habían estado relacionadas con FN ocurrió el 24 de enero de 1977. Un comando de ultraderecha, en el que había exmilitantes de la formación, alguno de ellos muy cercano a Blas Piñar, asesinó a cinco personas en un despacho de abogados laboralistas de la calle Atocha de Madrid. Las víctimas estaban vinculadas a CCOO y al PCE. Como ha estudiado Manuel Gallego López (2019), aquel crimen no solo fue crucial para la legalización del Partido Comunista y el desprestigio del neofranquismo, sino que marcó la Transición democrática.

Pese a que no había pruebas de la complicidad de FN o de Blas Piñar en los atentados cometidos por sus afiliados o simpatizantes, estos dejaban un rastro de sangre en la formación. Para Juan Avilés (2010), «la violencia ultraderechista contribuyó a desacreditar al principal partido de extrema derecha, Fuerza Nueva, que pasó a ser visto por la opinión conservadora como un factor no de orden, sino de desorden». Para desprenderse de esa mala imagen y centrar sus esfuerzos en la vía institucional, FN intentó controlar a los levantiscos integrantes de Fuerza Joven.

Los descontentos con la evolución del partido se escindieron, si bien no cortaron totalmente con su antigua formación ni crearon otra nueva. Tras la expulsión de Ernesto Milá a finales de 1977, se formó el Frente Nacional de la Juventud en Barcelona. Al año siguiente apareció en Madrid el Frente de la Juventud, que presidía José de las Heras. Ambas organizaciones tenían muchos rasgos en común, como el desprecio al sistema parlamentario y la exaltación joseantoniana de la dialéctica de los puños y las pistolas. Para Xavier Casals (2020), «fueron los únicos entes de ultraderecha que concibieron un uso estratégico de la violencia durante la Transición». Vinculado al neofascismo europeo, con la referencia de Avanguardia Nazionale, el Frente Nacional de la Juventud se disolvió a finales de 1978.

Algunos de sus cuadros de mando, como Milá, pasaron al Frente de la Juventud, cuyos afiliados llegaron a portar armas de fuego. Según Casals, «el colectivo protagonizó diversos episodios violentos, especialmente atracos, aunque el 29 de abril de 1979 uno de sus miembros asesinó al joven comunista Andrés García al considerarle acompañante de una joven que llevaba una pegatina de Ernesto Che Guevara en su bolso». En enero de aquel mismo año el Frente de la Juventud ya había sido partícipe del asalto a la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. A mediados de 1980 las FCSE desarticularon parte de la organización. En diciembre el secretario general del Frente de la Juventud, Juan Ignacio González, fue asesinado. Nadie reivindicó el crimen, que dio paso a la crisis terminal de este colectivo neofascista, que fue objeto de sucesivas operaciones policiales hasta desaparecer.

Pese a sus llamamientos al Ejército, el grueso de la ultraderecha era ajena a las tramas golpistas que se fueron urdiendo durante la Transición. Era demasiado minúscula y generaba poca confianza. Resulta ilustrativo que el 23-F cogiese por sorpresa tanto a FN como a sus escisiones juveniles, que no estaban preparadas para tal eventualidad. El fiasco del teniente coronel Antonio Tejero acabó definitivamente no solo con la posibilidad de hacer descarrilar el proceso de democratización, sino también con las perspectivas electorales de las candidaturas reaccionarias. En palabras de Ferran Gallego (2006), «la catástrofe posterior al golpe de Estado vino a clausurar la única expectativa que podía quedarle a la extrema derecha en su versión neofranquista». En las elecciones generales de 1982 FN se conformó con 108.746 votos (el 0,52 por 100 del total). Blas Piñar no solo había perdido el 71 por 100 de los apoyos que había obtenido en 1979, sino que fue incapaz de revalidar su escaño. Le fue aún peor a Tejero, que se había presentado como candidato de Solidaridad Española: 28.451 sufragios (el 0,14 por 100). Fuerza Nueva se disolvió el 20 de noviembre de 1982.

El entorno de aquel partido y sus rupturas juveniles fueron importantes actores de violencia y desestabilización. Ahora bien, no llegaron a conformar nada parecido a una banda terrorista estable y con una estrategia clara. Tampoco fueron los únicos ultras que causaron víctimas. Durante la Transición operaron otros grupos, más bien grupúsculos, que cometieron tanto actos de violencia callejera como atentados terroristas. Algunos funcionaban a un nivel informal, como el autodenominado Servicio Especial, más conocido como «los bateadores del Retiro». Se trataba de una pandilla de jóvenes ultras que se dedicaban a actos vandálicos y dar palizas hasta que el 13 de septiembre de 1979 asesinaron a José Luis Alcazo, un estudiante universitario, por la simple razón de que llevaba barba y melenas. Hay que englobar otra parte de la violencia ultra dentro del fenómeno del espontaneísmo armado: iniciativas aisladas, puntuales y sin planificación. Además, hubo siglas pantalla que ciertos individuos o colectivos usaban para reivindicar sus acciones, despistando a las FCSE y a la opinión pública. Así, pese a los crímenes cometidos en su nombre, nada indica que tuvieran una existencia real los Grupos de Acción Sindicalista (GAS), el Frente Anticomunista Español (FAE), los Grupos Armados por la Libertad de Europa (GALE) o los Grupos Armados Revolucionarios (GAR). No se trataba de bandas propiamente dichas. No es de extrañar que casi dos tercios de las acciones de ultraderecha que registra la base de datos de Sophie Baby (2018) «no han podido ser atribuidas a ningún grupo en particular». Entre estas hay que contar desde algaradas y palizas hasta asesinatos.

De toda esta sopa de letras las siglas más utilizadas fueron las de la Alianza Apostólica Anticomunista (AAA) o Triple A, que Xavier Casals (2020) califica como «franquicia» y a la que se le supone un origen argentino, ya que en ese país operaba la Alianza Anticomunista Argentina desde 1974. A la Triple A se le atribuyen varios asesinatos. En septiembre de 1977 un paquete explosivo contra la sede de la revista El Papus (Barcelona) acabó con la vida del conserje Juan Peñalver Sandoval. El Ministerio del Interior ha reconocido a cuatro heridos en ese atentado.

No se trató del único ataque contra los medios de comunicación que alguien reivindicó en nombre de la Triple A. En octubre de 1978 una bomba estalló en la redacción de El País (Madrid), causando lesiones a tres empleados. Uno de ellos, el conserje Andrés Fraguas, murió a consecuencia de las heridas recibidas. Dos de los autores materiales del crimen, los ultraderechistas Rafael Gómez Álvarez y Ramiro Alejandro Rodríguez-Borlado Zapata, fueron condenados por la Audiencia Nacional a largas penas de prisión. Sin embargo, el presunto inductor, el abogado José de las Heras Hurtado, huyó una semana antes de que se celebrase el juicio. Todos ellos habían pertenecido anteriormente a Fuerza Nueva o a su filial juvenil, aunque en esos momentos estaban vinculados a Juventud Española en Pie (JEP). En su historial figuraban otras acciones terroristas: el atentado en el madrileño bar El Parnasillo en julio de 1979, que dejó una víctima mortal, Salomé Alonso, y 10 heridos; la bomba contra el Club de Amigos de la UNESCO en enero de 1980, que causó lesiones a dos personas, o el asesinato en junio de 1981 de Carlos Idígoras, un joven que celebraba haber aprobado las oposiciones a RENFE.

Algunos autores sostienen que la violencia neofranquista aplicó en España la estrategia de la tensión que ya había ensayado el neofascismo en Italia: provocar, mediante sus atentados, un clima de caos e incertidumbre que proporcionase al Ejército una coartada para dar un golpe de Estado. No obstante, era innecesario: las campañas de ETAm y los GRAPO contra policías, guardias civiles y militares cumplían perfectamente con esa función. Xavier Casals (2020) también pone en duda que se intentase implantar una estrategia de la tensión. En su opinión, «el terrorismo ultraderechista fue poliédrico y atomizado y se caracterizó esencialmente por tres dinámicas a menudo entrecruzadas: iniciativas espontáneas (que hemos designado como “espontaneísmo armado”); actos instigados por individuos de oscuras conexiones con círculos de la seguridad del Estado; y escasos episodios con un uso planificado de la misma (de ahí que cuestionemos la existencia en España de una “estrategia de la tensión” ultraderechista)». Juan Manuel González Sáez (2012) añade «una cuarta dinámica que opera dentro del entorno extremista. Se trata de la delincuencia común que actúa, en muchas ocasiones, entremezclada con una no muy clara motivación política». Por ejemplo, el 19 de noviembre de 1980 el jefe local de Fuerza Joven de Mataró, Salvador Durán, propuso efectuar un robo a tres jóvenes, a los que atacó una vez se alejaron del núcleo urbano. Mató a dos de ellos, Juana Caso y José Muñoz, y dejó herido al tercero.

Uno de los objetivos prioritarios del terrorismo de extrema derecha había sido interrumpir la Transición española. Aunque es cierto que atentados como la masacre de los abogados de Atocha obstaculizaron el proceso, la democracia parlamentaria consiguió salir adelante. A la altura de 1982 la derrota de los ultras era evidente. Había llegado el momento de su ocaso. ¿Por qué? Por un lado, durante la Transición estos terroristas habían aprovechado la oportunidad que les daban la debilidad de los sucesivos gobiernos de UCD y la complicidad del sector más reaccionario de la Administración. Sin embargo, esas ventajas fueron desapareciendo cuando se consolidó el Estado de Derecho. Por otro lado, dicho sector nunca conformó una organización unida, jerarquizada y con una dirección operativa. Lo más parecido fueron las escisiones juveniles de FN, de muy corto recorrido. Una vez las FCSE empezaron a perseguir tanto al Frente de la Juventud como a otros grupúsculos, su actividad fue neutralizada. La documentación del Ministerio del Interior revela que desde el 1 de enero de 1979 hasta el 31 de julio de 1982 fueron detenidos 515 sospechosos de pertenecer a bandas ultras o parapoliciales. Entre 1980 y el primer trimestre de 1982 tan solo la Policía Nacional desarticuló a cinco comandos, a los que intervino 88 armas de fuego y 2 kilogramos de explosivo. Por último, este tipo de terrorismo carecía de un proyecto global, un discurso coherente, una estrategia clara, financiación estable, capacidad de adaptación a un contexto cambiante, un entorno político que lo amparase y el apoyo de una parte de la sociedad. Muy al contrario, como demuestran tanto los ínfimos resultados electorales de la extrema derecha como las protestas que se convocaban tras sus atentados, la ciudadanía española siempre le dio la espalda.

¿QUIÉN VIGILA A LOS VIGILANTES? EL PRIMER TERRORISMO PARAPOLICIAL

El terrorismo vigilante pretendía combatir a ETA con sus propias armas. Se trataba de complementar, cuando no de suplantar, la labor de las FCSE, que se consideraba ineficaz y demasiado limitada por un marco legal cada vez más restrictivo y garantista, así como por la falta de colaboración de las autoridades francesas, que habían permitido a la banda establecer una cómoda retaguardia al otro lado de la frontera. No por casualidad el «santuario» del País Vasco francés fue uno de los escenarios predilectos de este tipo de violencia. Aunque no solo actuó allí, ya que también se buscaba atemorizar a las familias de los etarras y al conjunto de la «izquierda abertzale».

Sería un error interpretar las acciones parapoliciales como parte de una estrategia coherente o el resultado de las órdenes de un solo núcleo dirigente. Lejos de estar planificados, bastantes atentados eran actos de venganza tras asesinatos cometidos por ETA. Se trataba, en cierto modo, de una violencia reactiva. En cualquier caso, el terrorismo vigilante no solo fracasó al intentar frenar la espiral etarra, que alcanzó su cenit en 1980, sino que fue contraproducente para los intereses que decía defender. Por un lado, su actividad hizo creíble el discurso nacionalista radical sobre la perpetuación de la dictadura franquista y potenció el mito de un «conflicto» étnico entre vascos y españoles. Por otro, concitó un fuerte rechazo social: sus atentados fueron contestados en la calle por una parte importante de la ciudadanía vasca y navarra, que, al contrario de lo que ocurría tras los crímenes de ETA, no miró hacia otro lado.

Al igual que sucedía con la ultraderecha, en el caso de la violencia parapolicial no se detecta que haya una metodología ni un plan comunes. Tampoco parece correcto hablar de bandas propiamente dichas. Para Xavier Casals (2020), «este primer terrorismo vigilantista careció de coordinación global y reflejó iniciativas dispares, unas organizadas y otras personales». Por mucho que se repitan determinadas siglas, no se trata más que de una cobertura a la hora de reivindicar los atentados, que en su mayoría quedaron sin resolver. Las más conocidas fueron Antiterrorismo ETA (ATE), la Triple A y, sobre todo, el BVE. De acuerdo con Sophie Baby (2018), distintas voces se atribuyeron en nombre del Batallón Vasco Español 50 acciones y cerca de 30 asesinatos, el grueso de ellos en Guipúzcoa, Vizcaya y el País Vasco francés.

A decir de Luis Castells (2019), cabe distinguir tres categorías en el terrorismo parapolicial: los «incontrolados»,

el BVE y otras siglas, formados por militares, policías y guardias civiles, con un cuerpo «civil» integrado por neo-franquistas que operaba en Gipuzkoa; y, en último lugar, los mercenarios vinculados a los servicios de inteligencia y grupos parapoliciales, con Jean Pierre Cherid y los hermanos Perret al frente.

Algunos de estos últimos provenían de la francesa Organisation de l’Armée Secrète (Organización del Ejército Secreto, OAS) y por su experiencia se los considera responsables de las operaciones más sofisticadas, como la colocación de bombas lapa.

¿Cuál era la vinculación real de estos terroristas con las instituciones? Como ya se ha explicado, en la España de la Transición no funcionó un terrorismo de Estado diseñado desde el Gobierno. No obstante, sí contamos con testimonios que apuntan a la complicidad de determinados personajes bien situados en la Administración. Diego Carcedo (2004) recoge que, en opinión del general José Antonio Sáenz de Santa María, las siglas parapoliciales

contaban con cierto respaldo oficioso y remontaban sus orígenes al Servicio Central de Documentación de Presidencia del Gobierno (SECED), la agencia de información que el almirante Carrero Blanco mantenía a su vera en la presidencia del Gobierno; un servicio que con el paso del tiempo había montado oficinas en las principales ciudades vascas y en algunas localidades francesas.

Sus conexiones les garantizaban una extraordinaria libertad. Hasta tal punto que, siempre según Sáenz de Santa María, alguien en el Ministerio del Interior le habría recomendado hacer la vista gorda con el BVE. «Déjalos —me dijeron—. Que se desfoguen. Algo asustarán». Él, en cambio, opinaba que «eran un incordio. Algunas veces sus golpes complicaban mi estrategia».

Si bien es muy probable que algunos altos cargos de la Administración, de los servicios secretos o de las FCSE actuasen de espaldas al Gobierno promoviendo el terrorismo parapolicial, tal hipótesis todavía no ha sido suficientemente avalada por la investigación. En cambio, sí se constata un alto grado de impunidad en los crímenes cometidos por terroristas de tipo vigilante. Era achacable tanto a la ineficaz labor de las FCSE y el Poder Judicial en la lucha contra la violencia política, lo que también ocurría en el caso de los atentados de ETA u otras bandas, como a la connivencia de un sector de los funcionarios que trabajaban en la judicatura y otras instituciones, lo que ya no era tan común.

El terrorismo parapolicial hizo su aparición en abril de 1975 con una bomba contra la librería abertzale Mugalde de Hendaya (País Vasco francés). A partir de esa fecha estuvo presente durante toda la Transición. Luis Castells (2019) afirma que en dicho periodo la violencia ilegítima contra ETA y su entorno causó 32 víctimas mortales y 35 heridos. Las cifras son superiores a las que maneja Juan Manuel González Sáez (2012), que calcula unos 25 asesinatos, pero la discrepancia probablemente responde a la dificultad de distinguir la naturaleza de algunos de estos crímenes: ultraderechista, vigilante o una mezcla de ambas. Podemos poner como ejemplo lo ocurrido el 9 de julio de 1976, cuando un miembro de los Guerrilleros de Cristo Rey mató de un disparo a María Norma Menchaca Gonzalo, una mujer que estaba disfrutando de las fiestas de Santurce el mismo día que se celebraba una manifestación proamnistía.

De cualquier modo, el primer asesinato achacable al terrorismo parapolicial se había producido el 5 de octubre de 1975. Ese día tres pistoleros entraron en el bar de Luis e Iñaki Etxabe Orobengoa, un local situado en Elorrio que ya había sufrido dos atentados. No lograron alcanzar a Luis, que huyó, pero mataron a Iñaki. Se trataba de una víctima vicaria: el objetivo último de los terroristas era vengarse de un atentado en el que habían fallecido tres guardias civiles y atemorizar a las familias de los etarras. Y es que Luis e Iñaki eran hermanos del exdirigente de ETA Juan José Etxabe. Tres años más tarde el coche del propio Juan José Etxabe sería ametrallado en el País Vasco francés. Gravemente herido, sobrevivió, pero las balas acabaron con la vida de su esposa, Agurtzane Arregi Letamendi.

El asesinato de Iñaki Etxabe estuvo a punto de no ser el único cometido en 1975. El 5 de junio de ese mismo año, en Biarritz (País Vasco francés), a un comando parapolicial le estalló la bomba lapa que estaba colocando en el vehículo de Josu Ternera. Un terrorista falleció, otro quedó malherido y el tercero consiguió escapar. En noviembre el cabecilla de ETAm Txomin Iturbe fue objeto de otro atentado, pero resultó ileso. En marzo de 1976 fue herida Feli Ziluaga, la mujer de Tomás Pérez Revilla (Tomasón). A decir de Florencio Domínguez (2003a), entre 1975 y 1977 se contabilizan 20 acciones vigilantes en el sur de Francia, que causaron lesiones a cinco personas, pero sin víctimas mortales.

A partir de 1978, coincidiendo con la escalada terrorista de ETA, se intensificó la actuación del terrorismo parapolicial en el país vecino. Hasta 1980 dejó un saldo de ocho víctimas mortales: cinco etarras, la esposa de Juan José Etxabe y dos ciudadanos que no tenían nada que ver con la organización. Sin duda, su mayor éxito fue el asesinato del líder de ETAm Argala el 21 de diciembre de 1978 en Anglet. El crimen, un duro golpe para la banda, fue reivindicado por el BVE. Al mes siguiente José Manuel Pagoaga Gallastegui (Peixoto) fue herido por varios disparos cerca de San Juan de Luz.

Como posteriormente ocurriría con los GAL, el terrorismo parapolicial no solo cometió crímenes, sino también significativos «yerros». Por ejemplo, el 23 de noviembre de 1980 un ataque contra el bar Hendayais (Hendaya) acabó con dos víctimas mortales totalmente ajenas a ETA: el obrero José Camio, natural de Urnieta aunque nacionalizado francés, y el jubilado Jean Pierre Haramendi, de Hendaya. Varias personas resultaron heridas.

Siguiendo la pista de la influyente colonia etarra que se estaba asentando en Venezuela, los terroristas vigilantes también actuaron al otro lado del Atlántico. En noviembre de 1980 el BVE asesinó en Caracas a Esperanza Arana y a su esposo Joaquín Alfonso Etxeberria, presidente de un comité que facilitaba el traslado de miembros de ETAm a Venezuela.

Sin relación aparente con aquellos atentados producidos en el extranjero, otro grupúsculo parapolicial actuó en Guipúzcoa entre 1979 y 1981. Los terroristas carecían de estructura y estrategia, utilizaban indistintamente las siglas de la Triple A o el BVE y es posible que contaran con la tolerancia de algunos agentes de la ley. La célula realizó atentados tanto con explosivos como con armas de fuego, como resultado de los cuales murieron siete personas y fueron heridas otras dos. Algunas de sus víctimas fueron elegidas de manera aleatoria. Otras, simplemente porque fueron reconocidas en la calle. Es lo que le sucedió al concejal donostiarra de HB Tomas Alba Irazusta, al que asesinaron en septiembre de 1979 cuando salía de una sidrería. Los integrantes del grupúsculo, entre los que destacaban Ladislao Zavala e Ignacio Iturbide (Piti), fueron detenidos en marzo de 1981 gracias a la investigación de un policía municipal al que años después mataría ETA: Joseba Pagazaurtundua. La Audiencia Nacional sentenció a Zavala e Iturbide a una larga condena en prisión.

El objetivo prioritario del terrorismo parapolicial fueron ETA y su entorno, pero también arremetió contra los integrantes de otras bandas. Valgan como muestra dos botones. En abril de 1978 el líder del MPAIAC Antonio Cubillo fue apuñalado en Argel. Sobrevivió, pero quedó inválido. Los autores materiales del intento de asesinato fueron dos mercenarios. Sin embargo, en 2003 la Audiencia Nacional, confirmando una sentencia de 1990, dictaminó que el crimen había sido orquestado por individuos no identificados «pero sí pertenecientes a los servicios policiales». El Ministerio de Interior tuvo que indemnizar a Cubillo con más de 150.000 euros. En junio de 1979 dos militantes de los GRAPO, Francisco Javier Martín y Aurelio Fernández, fueron asesinados en París. El atentado fue reivindicado por el BVE.

CAL VIVA. LOS GAL CONTRA ETA (Y CONTRA EL ESTADO DE DERECHO)

Para Florencio Domínguez (2003a) los GAL deben ser interpretados como la «vuelta a los viejos y fracasados esquemas del terrorismo contraterrorista». En efecto, incluso algunos de los activistas que habían ejecutado la violencia parapolicial durante la Transición terminaron integrándose en la nueva marca. Entre otros lo hizo el francés Jean-Pierre Cherid, mercenario y exintegrante de la OAS a quien se acusa de haber participado en diversos atentados desde la operación «Reconquista» de Montejurra en 1976 hasta marzo de 1984, cuando falleció al explotarle la bomba que estaba colocando en Biarritz.

Nombres como el de Cherid no son el único elemento de continuidad entre el terrorismo vigilante de la Transición y los GAL. Además, compartían los mismos objetivos. En palabras de Fernando Molina (2019), «se trataba de reproducir el efecto coercitivo de la violencia terrorista, su capacidad para generar malestar en la ciudadanía local, como un elemento de presión sobre el gobierno de Mitterrand». Si bien la finalidad última de los GAL era eliminar a ETA, el primer paso consistía en neutralizar el «santuario» del que la banda gozaba en el país vecino. Así se anunció en su presentación pública:

A causa del crecimiento de los asesinatos, secuestros y extorsiones cometidos por la organización terrorista ETA sobre suelo español, programados y dirigidos desde el territorio francés, nosotros hemos decidido eliminar esta situación. Los Grupos Antiterroristas de Liberación —GAL— fundados a tal objeto, exponen los puntos siguientes: 1. Cada asesinato por parte de los terroristas tendrá la respuesta necesaria, ni una sola de las víctimas permanecerá sin respuesta. 2. Nosotros manifestamos nuestra idea de atacar los intereses franceses en Europa, ya que su Gobierno es responsable de permitir actuar a los terroristas en su territorio impunemente. 3. En señal de buena voluntad y convencidos de la valoración apropiada del gesto por parte del Gobierno francés, nosotros liberamos a Segundo Marey, arrestado por nuestra organización, a consecuencia de su colaboración con los terroristas de ETA. Tendrán más noticias del GAL.

Ahora bien, hubo diferencias sustanciales entre ambas etapas de la violencia vigilante. En primer lugar, al contrario que las siglas utilizadas durante la Transición para reivindicar los atentados parapoliciales, las de los GAL no eran una simple pantalla: tenían cierta entidad real. No se trataba de una organización, pero sí había vínculos entre sus integrantes, que contaban con unos medios y una dirección de los que habían carecido sus antecesores. En segundo término, los GAL operaron en una coyuntura histórica muy distinta: España ya era una democracia consolidada y el Gobierno tenía mayor control sobre la Administración del que habían tenido los gabinetes de UCD. Tercero, estos terroristas consiguieron algo que nunca había logrado el BVE: entorpecer significativamente la actividad de ETA en el sur de Francia y propiciar, según algunos autores, el principio del fin del «santuario». Por último, años después de su desaparición, la labor de periodistas como Juan Carlos Urrutxurtu, Ricardo Arques y Melchor Miralles consiguió que los entresijos de los GAL saliesen a la luz. El caso provocó un escándalo de tales proporciones que tendría consecuencias negativas a largo plazo para el PSOE.

Tras las elecciones generales de 1982, el presidente Felipe González encabezó el primer Gobierno socialista desde los años treinta. Por fin un partido proveniente de la oposición antifranquista alcanzaba el poder en España. Ahora bien, el PSOE recibió de la UCD una Administración lastrada por el origen franquista de una parte considerable de los altos funcionarios, incluyendo a los mandos de las FCSE. González también heredó problemas de difícil solución. Uno de los más acuciantes a los que tuvo que enfrentarse fue el terrorismo de ETA. Para hacerle frente, además de medidas como el plan ZEN, el nuevo gabinete tomó algunas decisiones trascendentales. Por un lado, Felipe González confirmó el acuerdo que los ejecutivos de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo habían firmado con la EE de Mario Onaindia: la disolución de ETApm a cambio de una amnistía encubierta para sus miembros. Además, el Gobierno socialista promovió medidas de reinserción individual para cualquier exetarra que las solicitase.

Paralela y contradictoriamente, los más altos cargos del Ministerio del Interior, que carecían de experiencia en cuestiones de seguridad pero creían posible extirpar a ETA de manera expeditiva, decidieron crear, financiar y patrocinar a los GAL. El fin, se pensó, justificaba los medios: el terrorismo parapolicial haría lo que legalmente no podían hacer las FCSE. El ministro José Barrionuevo y su secretario de Estado, Rafael Vera, recurrieron a mercenarios y agentes de la ley como el inspector de la Policía Nacional José Amedo o el comandante de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, con la colaboración directa de autoridades políticas como los gobernadores civiles de Vizcaya y Guipúzcoa.

Autoerigiéndose en jueces y verdugos, los GAL cometieron 38 atentados y asesinaron a 27 personas. Sus primeras víctimas mortales fueron los etarras José Antonio Lasa Aróstegui y José Ignacio Zabala Artano, que en octubre de 1983 fueron secuestrados, torturados y asesinados. El 4 de diciembre un comando de los GAL secuestró en su domicilio de Hendaya a Segundo Marey Samper, al que habían confundido con un dirigente de ETA. Diez días después el rehén fue liberado. Los GAL aprovecharon aquel momento para su presentación pública.

El 19 de diciembre de 1983 varios pistoleros dispararon contra Juan Ramón Oñaederra en el bar Caiette de Bayona en el que trabajaba de camarero. Miembro de ETA, la víctima se defendió a tiros, pero fue rematado cuando, herido, había caído al suelo. El día 28 del mismo mes en San Juan de Luz los terroristas parapoliciales causaron graves lesiones al líder etarra Miguel Goicoechea (Txapela), que fallecería el 2 de enero de 1984. El 8 de febrero las víctimas mortales fueron los miembros de la banda Bixente Perurena y Ángel Gurmindo. El día 25 de febrero Eugenio Gutiérrez Salazar (Tigre) fue abatido por un francotirador. El 1 de marzo de 1984 el ciudadano francés Jean-Pierre Leiva fue identificado erróneamente como miembro de ETA por dos pistoleros de los GAL, que acabaron con su vida. Al año siguiente la Audiencia Nacional condenó a los culpables del crimen: fue la primera sentencia contra los GAL.

Sin embargo, la acción judicial ni acabó con la impunidad con la que habían actuado hasta entonces ni detuvo los atentados. La lista es demasiado larga, por lo que es imposible incluirlos a todos, pero no conviene olvidar el crimen que probablemente causó más impacto social y político: el asesinato de Santiago Brouard el 20 de noviembre de 1984. Según dicta la sentencia, Rafael López Ocaña y otro pistolero no identificado fueron a buscarlo a la consulta donde trabajaba como pediatra. La víctima «recibió seis disparos de los calibres 22 y 9 m/m parabellum que afectaron a la cabeza, tórax, abdomen y extremidades, falleciendo de inmediato por shock traumático a consecuencia de los mismos». Presidente de HASI y portavoz del grupo de HB en el Parlamento Vasco, Brouard era uno de los rostros más visibles de la «izquierda abertzale».

Pese a las protestas que provocó aquella muerte, el terrorismo parapolicial continuó operando. El 2 de agosto de 1985 los GAL asesinaron al miembro de ETA José María Otegi Elicegi, que había participado en varios atentados mortales durante la Transición. En septiembre de ese mismo año el terrorismo vigilante acabó con la vida de José Sabino Echaide, que estaba en busca y captura por su pertenencia a un comando etarra.

Para los autores de Sangre, sudor y paz (2017), «los GAL sacudieron la situación que en los años ochenta se vivía en el sur de Francia, obligando a sus gobernantes a actuar. El Ejecutivo galo comenzó con las primeras deportaciones de miembros de ETA, ya fuera a España, República Dominicana, Panamá, Venezuela o Togo. La banda terrorista, en respuesta, anunció una campaña contra los intereses franceses». Tal y como indican, es probable que los atentados de los GAL influyesen de alguna manera en el comienzo de la colaboración del Gobierno francés con su homólogo español a mediados de los años ochenta, lo que permitió que aquel país dejara de ser un «santuario» para ETA. Ahora bien, resulta difícil cuantificar el peso específico de las acciones de los GAL en el cambio en la política gala, que también pudo deberse a otros factores, como la consolidación de la democracia española y la mejora en las relaciones internacionales auspiciada por el Gobierno de Felipe González. Por añadidura, hay que tener en cuenta que, si la finalidad última de la violencia parapolicial era neutralizar la amenaza etarra, fracasó estrepitosamente. Los GAL desaparecieron en 1987, pero ETA no se autodisolvió hasta 2018.

El terrorismo vigilante fue un delito gravísimo: quebró el ordenamiento jurídico, denigró al Estado de Derecho y manchó toda la etapa socialista. Al mismo tiempo, parafraseando a Talleyrand, los GAL fueron no solo un crimen, sino también un chapucero «error» incluso desde sus propios parámetros. Raúl López Romo (2015) ha calculado que 11 de sus 27 víctimas mortales (el 40 por 100 del total) no pertenecían a ETA.

A pesar de su carácter ilegal y de su breve existencia, el terrorismo parapolicial ha sido utilizado por la «izquierda abertzale» para intentar deslegitimar la democracia, justificar los crímenes de ETA y apuntalar el mito de un «conflicto» entre dos bandos étnicos armados, el de los vascos y el de los españoles, que llevarían enfrentados desde la noche de los tiempos. Aquella imagen se tornó aún más nítida cuando los propios integrantes de los GAL se convirtieron en objetivos de ETA. Por ejemplo, el 16 de noviembre de 1984 la banda asesinó al empresario Joseph Couchot, al que vinculaba con el grupo parapolicial. Por último, cabe señalar que el terrorismo vigilante sirvió de excusa a cierto sector del nacionalismo moderado para situarse en una ambigua equidistancia entre «todas las violencias».

Capilla ardiente de Santiago Brouard en el Ayuntamiento de Bilbao.

Fuente: Archivo Municipal de Bilbao-Bilboko Udal Artxiboa,
Fondo La Gaceta del Norte.

A finales de 1989 se produjeron los dos últimos atentados mortales de carácter parapolicial, aunque ya no tenían la firma de los GAL, que para entonces llevaban dos años inoperantes. El 20 de septiembre, en Rentería, al joven cartero José Antonio Cardosa González le explotó un paquete que estaba introduciendo en un buzón. Se trataba de una bomba dirigida contra un militante de HB. La víctima falleció y el crimen nunca ha sido resuelto.

Dos meses después, el 20 noviembre de 1989, un par de pistoleros encapuchados dispararon contra los cargos electos de HB que estaban cenando en el hotel Alcalá de Madrid. Dejaron una víctima mortal, Josu Muguruza, y un herido grave, Iñaki Esnaola. Redactor jefe de Egin y diputado de HB, Muguruza tenía 31 años e iba a ser padre. El asesinato fue reivindicado por los Grupos Armados Españoles (GAE), unas siglas que también se atribuyeron una bomba que explotó en una casa en Echarri-Aranaz y el secuestro de Fermín Urtizberea, concejal de HB en Hondarribia. Las FCSE detuvieron a varios ultraderechistas y finalmente la Audiencia Nacional condenó por el crimen al policía Ángel Duce Hernández, aunque nunca se identificó al otro autor material de los hechos.

Manifestación en protesta por el asesinato de Josu Muguruza,
Bilbao, 22 de noviembre de 1989.

Fuente: El Correo.

ENRIQUE, JOSÉ MIGUEL, LIBORIO, JESÚS MARÍA, YOLANDA, JOSÉ ANTONIO, JOSÉ IGNACIO, SEGUNDO, JUAN CARLOS

Enrique y otros

Como relata Manuel Gallego López (2019), el 24 de enero de 1977 había convocada una reunión para tratar cuestiones sobre el asociacionismo vecinal en el despacho de abogados laboralistas del número 55 de la calle Atocha de Madrid. Alrededor de las 22:45 horas alguien llamó a la puerta. Cuando la abrieron, dos pistoleros irrumpieron en la oficina. Preguntaban por Joaquín Navarro, sindicalista de CCOO que había tenido un papel destacado en el enconado conflicto laboral que había atravesado el sector del transporte madrileño, pero no se encontraba allí. Los terroristas colocaron juntas a todas las personas que había en el bufete. Y, sin mediar palabra, comenzaron a disparar. Fue una masacre. Hubo cinco víctimas mortales: los letrados Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo, el estudiante de Derecho Serafín Holgado y el administrativo y sindicalista Ángel Rodríguez Leal. Además, quedaron gravemente heridos Miguel Sarabia Gil, Luis Ramos Pardo, Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell y Dolores González Ruiz, esposa de Sauquillo. Las víctimas estaban vinculadas a CCOO y al PCE.

Entierro de los abogados laboralistas de Atocha, 26 de enero de 1977.

Fuente: © Album / EFE

Durante esos días otros dos ciudadanos habían muerto en la capital de España en sendas manifestaciones, aunque en circunstancias diferentes: el 23 de enero Arturo Ruiz, a tiros de un terrorista de los Guerrilleros de Cristo Rey, y al día siguiente María Luz Nájera, por el impacto de un bote de humo lanzado por los antidisturbios.

Al igual que el neofranquismo, el sector más exaltado de la extrema izquierda se posicionó frontalmente contra la Transición democrática. El 24 de enero los GRAPO, que ya mantenían como rehén a Antonio María de Oriol, secuestraron al general Emilio Villaescusa Quilis. El día 28 esta misma banda asesinó a dos policías y a un guardia civil. El efecto desestabilizador del terrorismo de la izquierda radical se venía a sumar así al de la ultraderecha y a la brutalidad policial. Era una tormenta perfecta.

La huelga en protesta por la masacre de Atocha fue secundada en toda España por alrededor de un millón de trabajadores. El 26 de enero unas cien mil personas participaron en el multitudinario entierro en Madrid. La marcha transcurrió en silencio y no se produjeron incidentes. Lejos de caer en la provocación de los neofranquistas, la dirección del PCE, que todavía era ilegal, demostró tanto la disciplina de su militancia como su incontestable poder de convocatoria. Aquella manifestación de duelo fue crucial para que, a pesar de las posturas en contra de parte de su propio equipo, en abril Suárez decidiese legalizar al Partido Comunista.

Paradójicamente los pistoleros ultras habían conseguido justo lo contrario de lo que deseaban. Por añadidura, el 11 de febrero Oriol y Villaescusa fueron liberados por las FCSE, lo que supuso un sonoro fiasco para los GRAPO.

El 13 de marzo de 1977 las FCSE anunciaron que habían arrestado a siete personas relacionadas con la masacre de Atocha, entre ellas a José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Fernando Lerdo de Tejada, sospechosos de haber sido los autores materiales, y a Francisco Albadalejo Corredera, secretario del Sindicato Provincial de Transporte de Madrid, al que se creía inductor del atentado. Los tres primeros habían militado en FN, aunque en el momento de los hechos estaban más cerca de Falange Española de las JONS. Durante el juicio declararon dirigentes de la extrema derecha como Blas Piñar, el director de la revista Fuerza Nueva Pedro Rodrigo y el exredactor jefe, Luis Fernández Villamea. Aprovechando un incomprensible permiso penitenciario, indicio de las simpatías con las que el neofranquismo todavía contaba en un sector de la judicatura, Lerdo de Tejada escapó. Todavía hoy permanece en paradero desconocido.

Pese a que el crimen había sido cometido antes de las primeras elecciones democráticas, las del 15 de junio de 1977, se decidió que los imputados no podían acogerse a la Ley de Amnistía. En 1980 la Audiencia Nacional condenó a los responsables del atentado terrorista a 193 años de cárcel. A principios de los noventa se concedió la libertad condicional a Carlos García Juliá. También se fugó. Detenido en Brasil, fue extraditado a España en febrero de 2020.

José Miguel Beñarán Ordeñana (Argala)

Nació en Arrigorriaga (Vizcaya) el 7 de marzo de 1949 en el seno de una familia nacionalista vasca, pero durante su infancia, en sus propias palabras, se definía como un «patriota español y partidario de Franco». Posteriormente estuvo vinculado a la Legión de María (Acción Católica) y en los años sesenta se acercó tanto al marxismo como al nacionalismo vasco radical. Esa evolución ideológica le llevó a integrarse en la banda terrorista ETA, decantándose sucesivamente por sus ramas zarra, VI, V y militar.

Estuvo a sueldo de esta organización desde finales de los años sesenta y a partir de 1970 residió en Francia. Entre otras acciones terroristas, se le considera uno de los autores materiales del secuestro del industrial Lorenzo Zabala en enero de 1972 y del asesinato del presidente del Gobierno Luis Carrero Blanco, su escolta y su chófer, el 20 de diciembre de 1973.

En 1974 Argala fue un personaje clave en la ruptura de ETA entre sus facciones político-militar y militar, quedándose en esta última, en la que ejerció de líder ideológico. Se le atribuye la cita «todos tenemos que dar algo para que unos pocos no lo den todo», lema habitual del nacionalismo vasco radical. Durante la etapa en la que estuvo al frente, la banda causó casi un centenar de víctimas mortales. Escribió algunos de los más importantes manifiestos y publicaciones de ETAm. Yoyes fue una de sus más estrechas colaboradoras.

El 21 de diciembre de 1978 una bomba colocada bajo su Renault 5 estalló cuando José Miguel Beñarán puso el motor en marcha. La víctima falleció en el acto. El atentado fue reivindicado por el BVE. Se trataba de una venganza por el asesinato del presidente Carrero Blanco el 20 de diciembre de 1973, crimen que, como casi todos los anteriores al 15 de junio de 1977, había sido amnistiado. De ahí la jornada elegida para el atentado, la del 5.º aniversario, aunque una enfermedad hizo que el cabecilla de ETA no cogiese su vehículo hasta el día siguiente.

En 2003 uno de los supuestos autores materiales concedió una entrevista a Crónica, suplemento semanal de El Mundo. Siempre según esta versión, el comando habría estado formado por un paisano, un guardia civil y seis militares (tres de la Armada, uno del Ejército del Aire y otros dos de Tierra), con la colaboración de tres mercenarios extranjeros, entre ellos Jean-Pierre Cherid, que habían localizado y vigilado al objetivo. Pese a la presencia de funcionarios, «nuestro grupo era totalmente clandestino. Es decir, que no nos apoyaba nadie. Ni Gobierno, ni ministros, ni nadie». Habría sido autofinanciado por los propios terroristas, uno de los cuales incluso pidió un crédito personal a un banco. A decir del informante anónimo, a esas alturas Andrés Casinello había prohibido el terrorismo parapolicial. «Tras el atentado tuvo una fuerte enganchada con uno de los que estaban conmigo en el grupo y le dijo que se había cerrado una etapa y que había que olvidar todo».

Ahora bien, ni la violencia vigilante ni la figura de José Miguel Beñarán fueron olvidadas. En vida era visto como uno de los principales referentes de ETA y el único dirigente de la banda que tenía una hoja de ruta clara, como reconoció en sus memorias Mario Onaindia (2004). Como ha analizado Jesús Casquete (2009), tras su asesinato se transformó en un icono y un mártir de la «izquierda abertzale». Sus restos fueron recibidos en Arrigorriaga por una concentración encabezada por Telesforo Monzón y Txomin Ziluaga en la que se entonó el «Eusko Gudariak» y no faltaron los goras a ETAm. Hubo misas en recuerdo del fallecido en otras localidades tanto de Euskadi como del País Vasco francés. En el primer número de la publicación KAS, de marzo de 1979, se podían leer las siguientes palabras:

Argala, gudari —tu Pueblo lo sabe:

Hoy, donde tú estás, has formado con los otros gudaris

de siempre, tu ejército de Muertos [...].

Liborio Arana y otros

Gracias al testimonio que su hijo Iñaki ha dejado en Memorias del terrorismo en España (2018), podemos conocer la historia de Liborio Arana. Afincado en Alonsótegui (Vizcaya), de 54 años, casado y con nueve hijos, tenía ganado y se dedicaba a la venta de leche. La noche del 20 de enero de 1980 Liborio dio de comer a las vacas, a las que a las seis de la mañana tendría que ordeñar.

Estuvimos hablando un poquito. Teníamos un grupo de sokatira que se llamaba igual que el bar, Aldana, y mi padre era el utillero. Participaba gente generalmente sufrida, de caserío, que estaba acostumbrada a hacer grandes esfuerzos. Al día siguiente teníamos tirada de exhibición y había que concretar quién estaba libre, quién no...

Después de dar otra vez alfalfa y agua al ganado, Liborio Arana decidió ir al bar Aldana, uno de los pocos establecimientos de Alonsótegui, que todavía formaba parte del término municipal de Baracaldo.

Yo, como tenía al crío pequeño, pues me fui para casa, y... Estábamos allí tranquilos cuando oí la explosión: «¡Bum!». «¿Qué ha pasado?». En un primer momento pensé que la onda vendría del cuartel de la Guardia Civil, porque en aquel tiempo muchos de los atentados eran de ETA.

Cuando supo del atentado en el bar Aldana, fue allí a preguntar por su padre. «Los vecinos se daban la vuelta, no me lo querían decir, les daba apuro. Alguno, avispado, me dijo que habían bajado a varios al hospital, pero como iban cubiertos de polvo no sabían ni quiénes eran. Lo hizo para quitarme de allí». Bajó a comprobarlo, pero no estaba. Cuando volvió al pueblo, el médico le informó del fallecimiento de Liborio Arana. Él mismo tuvo que ir a casa para dar la noticia a su familia, que no tenía teléfono.

A la mañana siguiente Liborio no pudo atender a sus vacas. Algunos familiares acudieron

porque había que ordeñar, y los demás fueron a recoger los trozos de aita que había tirados por allí. La brigada de limpieza que vino se lo quería llevar todo por delante. Me acuerdo de familiares míos discutiendo con ellos porque había trozos de hígado, un brazo, más allá apareció una pierna en la huerta... Muy duro. El atentado de esa noche fue terrible.

¿Qué había pasado? Liborio Arana se disponía a entrar en el bar Aldana cuando vio una caja junto a la puerta. Ocultaba un artefacto compuesto por unos seis kilos de goma 2. Al apartarla, estalló. El local quedó destrozado. Hubo cuatro víctimas mortales: el propio Liborio, Manuel Santacoloma Velasco, Pacífico Fica Zuloaga y su esposa María Paz Armiño. El Diario Vasco informó de que 19 clientes sufrieron lesiones por la bomba, pero, como recogen María Jiménez y Javier Marrodán (2019), el Ministerio del Interior solo ha indemnizado «a cinco personas heridas, tres de ellas —que tenían 46, 43 y 43 años, respectivamente— con una incapacidad permanente absoluta, una de 44 años con una incapacidad permanente total y una última de 36 con una incapacidad permanente parcial».

Las víctimas mortales eran simpatizantes o afiliados al PNV, al igual que los dueños del establecimiento, el matrimonio formado por José Ángel González Arrieta y Garbiñe Zarate Camino. Sin embargo, como recordaba Iñaki Arana, era «un bar al que entraba todo el mundo, incluso guardias civiles del cuartel». No se trataba, por tanto, de un objetivo previsible del terrorismo ultraderechista o parapolicial. En palabras de su hijo, Liborio Arana «era un hombre que murió con sus abarcas puestas, que votaba al PNV porque decía que eran los menos malos. No era un hombre político. Él era de sus vacas, de su familia, de tener un buen toro, un clásico aldeano cerrado que no hacía más que trabajar y trabajar, a veces sin ganar un duro».

Una llamada reivindicó el atentado en nombre de los Grupos Antiterroristas Españoles (GAE), unas siglas utilizadas como pantalla por el terrorismo vigilante. La investigación policial corrió a cargo de José Amedo, posteriormente condenado por su participación en los GAL. Según los familiares de las víctimas, ni les trató bien ni puso ningún empeño en la labor. Tampoco consiguió resolver el crimen Iñaki Arana, que entraría en la Ertzaintza con esa esperanza. El caso terminó cerrándose sin que ningún sospechoso hubiera sido detenido.

El atentado del bar Aldana tuvo un gran impacto tanto por el número de víctimas mortales como por el hecho de que se tratara de personas cercanas al PNV. Al funeral acudieron figuras de ese partido, como Xabier Arzalluz y los lehendakaris Jesús María Leizaola y Carlos Garaikoetxea. «En un primer momento, la izquierda abertzale apoyó el tema», recuerda Iñaki Arana. «Iban a llevar un ramo de flores el día del aniversario. Pero luego, cuando ama venía de repartir la leche por las casas, se encontraba cartas amenazándola. “Los otros te han matado al marido, pero nosotros te vamos a matar a los hijos por ser ertzainas”».

Jesús María Zubicaray y Yolanda González

El viernes 1 de febrero de 1980, cerca de Ispáster, un comando de ETAm tendió una emboscada a un convoy de la fábrica Esperanza y Cía que estaba custodiado por dos Land Rover de la Guardia Civil. Los terroristas abrieron fuego cruzado contra los vehículos. Utilizaron fusiles de asalto, metralletas, una escopeta y granadas de mano. Una lluvia de fuego, más de un centenar de proyectiles, acribilló a los seis agentes, que no pudieron salir de los coches. Acto seguido, según dicta la sentencia, los miembros de ETA remataron a los seis guardias civiles de uno en uno, mediante un disparo en la cabeza. Como constatan los informes forenses, se trató de una carnicería: los cuerpos quedaron totalmente destrozados por las detonaciones, la metralla y los impactos de bala. Además, dos de los terroristas quedaron malheridos tras estallarles una de las granadas que estaban lanzando contra los vehículos. Fallecieron poco después.

A primera hora del día siguiente a la masacre de Ispáster, el sábado 2 de febrero, apareció a las afueras de Eibar un cadáver con casi una decena de heridas de bala: Jesús María Zubicaray Badiola (alias Jhisa), de 22 años. Según la crónica de El País,

el joven había cenado en la noche del viernes en su domicilio de Ondárroa y tras ver la serie de Grandes relatos, de Televisión, salió a las doce a buscar a su novia. Después de tomar unas copas con la cuadrilla se despidió de sus amigos, y cuando se dirigía a su domicilio fue asaltado por unos desconocidos.

El crimen fue reivindicado por el BVE, unas siglas de conveniencia utilizadas por distintos grupúsculos terroristas de ultraderecha y parapoliciales que carecían de ligazón entre sí. En este caso el secuestro, «interrogatorio» y asesinato se pretendió presentar como una represalia al atentado de Ispáster. Ahora bien, Zubicaray Badiola no pertenecía ni a ETAm ni a su entorno civil. Es cierto que en 1975 había sido detenido por su relación con ETApm, pero con la llegada de la democracia se desvinculó de la banda. En 1980 Jesús María Zubicaray Badiola era un simple militante de EE.

Ese mismo día, pero a 400 kilómetros de allí, en la carretera de San Martín de Valdeiglesias (Madrid), se descubrió otro cadáver: el de una joven que presentaba tres heridas de arma de fuego. Se trataba de Yolanda González Martín, de 19 años. La noche anterior había sido secuestrada en su propio domicilio. Natural de Bilbao, de familia burgalesa, se había mudado a Madrid, donde trabajaba mientras estudiaba Electrónica en el centro de Formación Profesional de Vallecas. Militaba en el trotskista Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y era una líder muy activa en el movimiento estudiantil.

Al igual que el de Zubicaray Badiola, el crimen fue reivindicado por el BVE. No obstante, el uso de aquellas siglas no era más que un intento de ocultar la identidad de los verdaderos perpetradores, los miembros del Grupo 41, que estaba integrado por ultraderechistas afiliados a Fuerza Nueva. En su comunicado habían acusado a la víctima de formar parte de «un comando de información de ETA» junto a sus compañeros de piso. Así pues, el atentado sería «una medida tomada como consecuencia del asesinato de los seis guardias civiles sucedido el día 1» en Ispáster. Se trataba de otra mentira, con la que pretendían autojustificarse: Yolanda González no tenía absolutamente nada que ver con la banda terrorista. Es irónico que ETAm también quisiese interpretar las muertes de Zubicaray y González como una reacción a la emboscada de Ispáster.

Una respuesta [...] que nos entristece, por cuanto la voluntad de ETA, al igual que de la inmensa mayoría del pueblo vasco, no es animada por sones de guerra, sino de paz, de una paz justa y estable que restituya al pueblo vasco el marco soberano y de libertades democráticas que nos fue arrebatado por la fuerza.

Por si había dudas de lo que significaban sus ansias de «paz», la organización apenas tardó una semana en volver a matar.

El de Jesús María Zubicaray es uno de los numerosos asesinatos sin resolver que quedan. Sin embargo, gracias a la denuncia de uno de los propios integrantes del Grupo 41, se detuvo y juzgó a los responsables del secuestro y la muerte de Yolanda González. En junio de 1982 la Audiencia Nacional condenó como autores materiales del crimen a los integrantes del Grupo 41, que fue declarado «banda organizada y armada»: a Emilio Hellín e Ignacio Abad por el asesinato; a José Ricardo Prieto, Félix Pérez Ajero y Juan Carlos Rodas por delitos como allanamiento de morada y detención ilegal, y al jefe nacional de seguridad de FN David Martínez Loza como inductor.

José Antonio Lasa Aróstegui y José Ignacio Zabala Artano

El 5 de octubre de 1983, coincidiendo con el inicio del juicio a los polimilis detenidos por el asalto al cuartel de Berga (noviembre de 1980), lo que quedaba de ETApm VIII Asamblea secuestró al capitán de Farmacia Alberto Martín Barrios. Dos semanas después los terroristas acabaron con su vida. En el ínterin, la Policía francesa se puso en contacto con un séptimo reinsertado para que pasase un mensaje a los octavos: si le ocurría algo al militar se iba a «dar carta blanca» para que actuaran los «barbouzes» (bandas parapoliciales) en el territorio galo. No parece casualidad que justo entonces apareciesen los GAL.

Según la sentencia que emitió la Audiencia Nacional, a lo largo de 1983 el comandante de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo y el gobernador civil de Guipúzcoa, Julen Elgorriaga,

al tener conocimiento de que en el Ministerio de Interior se iba abriendo camino la idea de aceptar la realización de acciones violentas contra miembros de ETA refugiados en el Sur de Francia, como una vía para acabar con la actividad terrorista de ese grupo, entonces tremendamente cruenta, decidieron que ellos debían intervenir, tratando de lograr la detención en Francia y el traslado a España de aquellos miembros de ETA que consiguiesen localizar, a fin de obtener información, aunque luego fuese preciso hacerlos desaparecer para evitar que los hechos fueran descubiertos.

El 15 de octubre de 1983 un atentado de ETA acabó con la vida de un guardia civil en Oñate (Guipúzcoa). Al día siguiente otros agentes secuestraron a José Antonio Lasa Aróstegui y José Ignacio Zabala Artano en Bayona. Eran miembros de ETA, pero estaban lejos de ser dirigentes. Simplemente eran fáciles de localizar. Nacidos en Tolosa en 1963 y solteros, los dos amigos formaban parte del comando Gorki. En noviembre de 1981 acababan de realizar un atraco cuando uno de los integrantes de la célula fue detenido «mientras que los demás, armados y encapuchados, tras enfrentarse a tiros con los miembros del Cuerpo Superior de Policía, lograban darse a la fuga». A raíz de aquel suceso, Lasa y Zabala huyeron a Francia. Y allí, cuando se disponían a ir a las fiestas de un pueblo cercano, les encontraron los GAL.

Los terroristas parapoliciales trasladaron a los rehenes a la semiabandonada villa La Cumbre en San Sebastián, propiedad del Estado. Se les torturó brutalmente. Más tarde los guardias civiles llevaron a Lasa y Zabala a Busot (Alicante). «Allí, con una pistola Browning, hicieron un disparo a José Antonio Lasa en la cabeza, y dos a José Ignacio Zabala, también en la cabeza, lo que les causó la muerte inmediata». Fueron enterrados bajo unos 50 kilogramos de cal viva.

Dos años después un cazador encontró los cadáveres. No había pistas sobre su identidad. Jesús García García, el comisario jefe de un grupo de la Policía Nacional contra la delincuencia, se interesó por el caso. El forense, que era su amigo, le contó detalles que hacían descartar un ajuste de cuentas o un crimen sexual: probablemente habían sido torturados para obtener información, pero no sabían por quién ni para qué. Los cuerpos cayeron en el olvido durante una década, aunque no para el comisario.

En 1995 Jesús García García, por entonces jefe de grupo de la Policía Judicial adscrita a los Juzgados de Alicante, escuchó acerca del plan de los GAL de enterrar a Segundo Marey en cal viva. «Me resultó llamativo, porque en la fosa de Busot habían aparecido unos 50 kilos de cal», explicaría durante el juicio el policía. Según El País, «García calificó de “aberrantes” y “actos vandálicos” los sufrimientos infligidos a Lasa y Zabala y dijo que pensó en el intento de secuestro del etarra Larretxea por esas fechas y que pudieron haberlo hecho para sacar información sobre el paradero del capitán de Farmacia Martín Barrios. Después inició las gestiones para confirmar las identidades y judicializar el caso, para lo que contactó con un fiscal».

Gracias a la investigación policial, los responsables del crimen fueron detenidos. En abril de 2000 la Audiencia Nacional dictó largas condenas de cárcel para quienes habían participado en el secuestro y asesinato de Lasa y Zabala, ya fuera como autores materiales o intelectuales. Entre los primeros había varios guardias civiles. Entre los segundos destacaban Julen Elgorriaga y el ya general de la Benemérita Enrique Rodríguez Galindo.

El comisario Jesús García García sufrió un infarto cuando declaraba como testigo en el juicio. Fue trasladado al Hospital Carlos III, donde falleció. Unas 500 personas acudieron al entierro de este policía nacional en el cementerio de San Idelfonso de Mula (Murcia), su localidad natal. El funeral se había celebrado en la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, donde, de acuerdo con El País, el obispo de Cartagena Javier Ureña subrayó que Jesús García había muerto «en acto de servicio». Este mismo periódico publicó una breve carta de su hermana María Teresa para agradecer

a aquellos que han entendido que actuó guiado exclusivamente por su sentido de la dignidad y del respeto a su profesión y a la ley, a la que se debía, al margen de simpatías o antipatías personales, de filias y fobias, despreciando las consecuencias que para él mismo y para su familia pudiera acarrear su decisión; sin dudar en acudir a los llamamientos judiciales y a cuantas diligencias fue requerido, y ello aun conociendo el delicado estado de su corazón y siendo consciente de que —como así sucedió— le podía estallar. Sin embargo, nada de eso fue suficiente para doblegar su voluntad y su sentido del deber.

Segundo Marey

El 18 octubre de 1983 cuatro policías españoles fueron arrestados en territorio francés por las autoridades de aquel país. Se les acusaba de haber intentado secuestrar al dirigente de ETA José María Larretxea Goñi, a quien querían interrogar acerca del paradero del capitán Martín Barrios, cuyo cadáver apareció al día siguiente.

Para presionar al Gobierno de Francia y asegurar la liberación de los cuatro agentes, la cúpula del Ministerio del Interior decidió ordenar y financiar mediante los fondos reservados el secuestro del etarra Mikel Lujua Gorostola. Se destinaron un millón de francos a la operación, de los que finalmente se gastaron 575.000. Según la sentencia, sobre las 20:00 horas del 4 de diciembre de 1983

los mercenarios Pedro Sánchez, Mohamed Talbi y Jean Pierre Echalier se acercaron al domicilio que en Hendaya tenía Segundo Marey, llamó a la puerta uno de ellos, salió la esposa, preguntaron por su marido, llegó este y de repente el que había llamado se abalanzó contra Marey inmovilizándole ayudándose de un spray que le echó al rostro. En el forcejeo Marey perdió las zapatillas y se le rompieron las gafas. Rápidamente entre Talbi y Echalier le introdujeron en un coche próximo donde les esperaba al volante Pedro Sánchez, marchando el vehículo del lugar y dirigiéndose hacia la frontera española.

Al otro lado se les unió el policía José Amedo Fouce. El rehén fue trasladado a una vivienda alquilada en Cantabria.

La ejecución había sido casi perfecta, pero el comando parapolicial se había confundido de objetivo. No habían secuestrado a Mikel Lujua, sino a Segundo Marey (51 años). Hijo de un socialista español exiliado en Francia durante la Guerra Civil, trabajaba como viajante de una empresa de ventas de diverso material de oficina y no tenía absolutamente nada que ver con ETA. A pesar de todo, cuando descubrieron su equivocación, los GAL decidieron quedarse con Marey, «porque así podrían presionar a las Autoridades francesas, en concreto para conseguir la liberación de los policías españoles que aún permanecían presos en Francia desde el 18 de octubre». Uno de los secuestradores llamó a la radio para dar el siguiente mensaje: «Escuche, le hablo del secuestro de Segundo Marey. Está secuestrado por sus relaciones con ETA Militar, ocultando terroristas y por participar en el cobro del impuesto revolucionario. Como este irán desapareciendo todos los implicados». El siguiente comunicado subió de tono: «si en el plazo de cuarenta y ocho horas no liberan a los cuatro policías españoles, ejecutarán a Segundo Marey».

Durante todo el tiempo que duró el secuestro, la víctima no pudo cambiarse de ropa ni lavarse y no comió casi nada, por lo que perdió siete kilogramos de peso. Los terroristas tampoco atendieron las lesiones que se había producido en los pies cuando le obligaron a andar descalzo por el monte. «En el aspecto psíquico, sufrió mucho miedo durante todo el secuestro, llegando a desear que lo mataran, viviéndolo con gran ansiedad y estrés».

Después de diez días se optó por liberar a Segundo Marey en Francia.

Lo hicieron caminando por uno de los muchos puentes próximos al puesto de Dancharinea, por donde a pie se podía atravesar y donde no existía habitualmente vigilancia alguna, ni en la parte española ni en la francesa. Así cruzaron la frontera, llevando a rastras a Marey por el mal estado en que se encontraba. Llegaron a las inmediaciones de la venta Pantxo en las horas primeras del día 14 y allí dejaron al secuestrado, ya en territorio francés, con una camisa, un pantalón, calcetines y zapatillas, pese al frío propio de la época y de la hora.

El rehén fue encontrado por la Policía francesa el 14 de diciembre de 1983. En el bolsillo del pantalón llevaba la carta de presentación de los GAL.

En 1998 el Tribunal Supremo condenó por los delitos de secuestro y malversación a una docena de personas, entre las que destacaban el exministro de Interior José Barrionuevo, el exdirector de la Seguridad del Estado Rafael Vera, el exgobernador civil de Vizcaya Julián Sancristóbal y el político socialista vasco Ricardo García Damborenea.

La sentencia reveló que Segundo Marey no había vuelto a ser el mismo.

Le ha quedado como secuela física una zona de deficiente sensibilidad en la mitad más extrema de ambos pies, y en lo psíquico un estado ligero de ansiedad que se intensifica al recordar el secuestro sufrido, particularmente en los últimos años, concretamente desde que se jubiló en 1.993 y desde que en 1.994 y 1.995 tuvo conocimiento de la reactivación del presente proceso. Asimismo, le ha quedado un aislamiento social por su actitud permanente de desconfianza hacia los hombres, con sentimiento permanente de estar «al límite» como si estuviera constantemente amenazado y una vivencia de extrañeza de sí mismo, lo que le ha apartado de sus amistades.

Marey falleció en agosto de 2001.

Juan Carlos García Goena

El 24 de julio de 1987 Juan Carlos García Goena salió de su casa en Hendaya y subió a su Citroën Dyane 6 para dirigirse al trabajo, pero esa jornada quedó rota antes de empezar. Los GAL habían colocado una bomba lapa en los bajos del automóvil. Cuando lo arrancó, se produjo una explosión que dejó a Juan Carlos García herido de muerte. Su mujer, Laura Martín, corrió hacia él. Era tarde. Al llegar, ya había fallecido. Se trató de la última víctima mortal de los GAL.

Al igual que en el caso de Segundo Marey y tantos otros, el terrorismo parapolicial había vuelto a cometer lo que incluso desde su propia perspectiva era un «error». Juan Carlos García Goena era prófugo de la justicia española, pero por ser objetor de conciencia: no tenía vinculación con ETA. Laura Martín le contó su historia a Cristina Cuesta (2000). Originario de Tolosa, su marido había estado cumpliendo el servicio militar obligatorio durante 11 días. «Ya no pudo más. Nos escapamos, no podía soportar llevar un arma». A finales de julio de 1980 la pareja se trasladó a Hendaya. Allí recibieron la visita de cuatro miembros de ETA que querían asegurarse de que no eran policías. Una vez satisfecha su curiosidad, les dejaron en paz. La vida del matrimonio siguió adelante. Encontraron trabajo y tuvieron dos hijas. Incluso había conseguido autorización para volver a España, con la única condición de que García Goena cumpliera el tiempo que le quedaba de mili. No sabemos si finalmente lo hubiese hecho.

Tras el asesinato de García Goena, Laura Martín se sintió «muy marginada; no podía ser de otra manera, estábamos muy alejados del grupo de los refugiados de ETA. Nunca me han hecho caso». Tampoco deseaba que la figura de Juan Carlos fuera instrumentalizada por la «izquierda abertzale».

Poco importan las siglas, mi marido fue asesinado por una lacra que debemos conocer como terrorismo a secas. Las víctimas del GAL no podemos reivindicar nuestra condición de víctimas inocentes si no somos capaces de condenar todos y cada uno de los atentados cometidos por la banda terrorista ETA, porque solo la condena más rotunda de ETA nos otorgará la suficiente autoridad moral delante de la sociedad para seguir reclamando justicia. Unos me quieren utilizar para justificar los crímenes de ETA, mientras que otros justifican la muerte de mi marido basándose en la existencia de ETA.

La investigación policial no condujo a ningún arresto, pero años después el caso se reabrió a partir de que El Mundo revelase una nueva pista. En las navidades de 1985 el matrimonio había acudido a un estudio fotográfico. Les entregaron una sola instantánea, pero se había tomado otra, casi idéntica, de la que no tuvieron noticia: fue la que supuestamente había servido para que los GAL identificasen a su objetivo. No fue suficiente para encontrar a los autores del asesinato. Al igual que muchos otros crímenes del terrorismo parapolicial, este sigue impune.

CAPÍTULO VIII

APRENDICES DE BRUJO. EL TERRORISMO DE EXTREMA IZQUIERDA

FAMÉLICA LEGIÓN. LA IZQUIERDA RADICAL DURANTE AL TARDOFRANQUISMO Y LA TRANSICIÓN

En el XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), que se desarrolló entre el 14 y el 26 de febrero de 1956, su secretario general Nikita Jrushchov pronunció un discurso secreto que solo saldría a la luz, parcialmente, un tiempo después. Jrushchov denunció a Stalin, «su intolerancia, su bestialidad y su abuso del poder». La crítica al régimen totalitario y represivo de su antecesor no conllevó la democratización del Estado soviético, pero sí algunos cambios significativos. Jrushchov no se quedó allí. Además de la (limitada) desestalinización de la URSS, impulsó otra política trascendental: la «coexistencia pacífica» con EE. UU. y sus aliados.

La hoja de ruta de Jrushchov condujo a la ruptura entre la URSS y la República Popular China de Mao Zedong, quien pretendía erigirse en guardián de la ortodoxia. La rivalidad entre ambas potencias acabó con la unidad del movimiento leninista internacional. Se escindió su ala más radical, que acusaba a los partidos comunistas oficiales de revisionismo, renuncia a la revolución y haberse acomodado a un papel subalterno en la «democracia burguesa». Además, en el contexto español, los extremistas reprochaban al PCE su burocratismo, su dependencia del PCUS y su programa político moderado.

Si la élite rectora comunista se había desviado de los principios marxistas, la izquierda radical, que aspiraba a sustituirla, volvería a ellos. Ahora bien, en opinión de José Manuel Roca (1994), el suyo «era más un marxismo del corazón que un marxismo de la cabeza». Se trataba de un

conjunto catequístico de verdades de manual; esquemático, normativo, provisto de un estilo argumental intransigente y de fuerte carga doctrinal; es decir, una ideología subversiva, que, por mor de la urgencia de la revolución, por incapacidad o por comodidad, permite dirigir la praxis sin una investigación previa.

Y es que, sin importar las condiciones objetivas, la ultraizquierda aspiraba a tomar el poder de la forma más rápida posible, sin compromisos ni estadios intermedios.

Siguiendo el modelo bolchevique, para lograr tal meta era preciso crear un partido. Se trataría de una vanguardia integrada por los profesionales de la revolución: aquellos individuos con mayor disciplina, voluntad y conciencia de clase. El problema residía en que, haciendo gala de idéntico adanismo y sectarismo, todas las nuevas formaciones declararon ser el auténtico Partido con mayúscula.

Además del «marxismo de corazón», la izquierda radical estuvo muy influida por el maoísmo (los frentes interclasistas, la guerrilla campesina, la «revolución permanente», etc.), los movimientos de liberación nacional del Tercer Mundo, la figura de «mártires» revolucionarios como el «Che» Guevara y mitos como el de la resistencia antifascista en la II Guerra Mundial o, en España, el de los milicianos que habían luchado en la Guerra Civil, que era reinterpretada como la materialización de la lucha de clases.

Durante los años sesenta y setenta, con el hito central de las revueltas estudiantiles del 68, esta corriente tuvo una notable presencia en el mundo occidental. Sus resultados electorales no eran relevantes, pero sí lo eran su activismo y sus movilizaciones. En la España del tardofranquismo la extrema izquierda también alcanzó cierta pujanza en ámbitos como el universitario o el laboral, superando a veces en poder de convocatoria al PCE o al nacionalismo radical de la periferia. Quizá el mejor ejemplo fueron las dos huelgas generales que se convocaron en Euskadi en diciembre de 1974. La primera (días 2 y 3), organizada por ETApm y secundada por LAIA, obtuvo respuesta en Guipúzcoa, donde pararon 11.300 trabajadores (cifra oficial), pero no así en las otras provincias vascas. La segunda (día 11), promovida por las CCOO controladas por el Movimiento Comunista de España, la ORT y la LCR, pero sin el respaldo del PCE, tuvo un enorme seguimiento. Incluso el Gobierno Civil de Guipúzcoa admitió que «desde un punto de vista realista» había resultado «un éxito». No era para menos: la extrema izquierda había conseguido que no acudieran al tajo entre 110.000 (cifra oficial) y 200.000 obreros (cifra de la oposición).

Pese a que tanto la ultraizquierda como algunos de sus rivales quedaron deslumbrados por su aparente fortaleza e implantación, se trataba de un espejismo. El seguimiento masivo de aquellas movilizaciones respondía al creciente descontento de una parte de la sociedad con la situación socioeconómica y/o la dictadura, no a sus supuestas aspiraciones revolucionarias o la popularidad de las decenas de siglas que habían surgido a la izquierda del PCE. Fragmentada por las rencillas, la competición, los hiperliderazgos y algunas discrepancias ideológicas que solo comprendían los exegetas del marxismo-leninismo, esta sopa de letras fue incapaz no ya de unificarse, sino simplemente de forjar alianzas temporales de cara a las elecciones que se habían convocado. Tampoco supo encontrar un discurso que resultase atractivo. Cegada por su complejo de superioridad, su autocomplacencia y sus altas expectativas, la izquierda radical tardó demasiado en darse cuenta de que el país tenía poco que ver con la Rusia de 1917, la España de 1936, la China de 1949 o la Cuba de 1959. Como evidenciaba la respuesta positiva al referéndum a Ley para la Reforma Política de diciembre de 1976, el escenario era muy distinto.

Este sector no superó la prueba de fuego de los comicios de junio de 1977. Sus pobres resultados, unos 300.000 votos en total, dejaron a sus candidatos fuera de las Cortes, con la efímera excepción del diputado del EMK Patxi Iturrioz, que ocupó el escaño asignado a EE entre 1978 y 1979. Lejos de compartir sus veleidades revolucionarias, el proletariado había vuelto a confiar en la izquierda tradicional: el PSOE (5.371.866 sufragios) y el PCE (1.709.890), al que se seguía considerando el (auténtico) Partido Comunista. De acuerdo con Consuelo Laiz (1995), las listas de la ultraizquierda obtuvieron 500.000 papeletas en las elecciones generales de 1979. Suponía una considerable mejora, pero estaban muy lejos de acercarse al PCE (1.938.487 votos) y, desde luego, no era suficiente como para que entrasen en el Parlamento. Sintomáticamente el crecimiento electoral de estas fuerzas no puede ser achacado a su discurso rupturista, sino a todo lo contrario. Era consecuencia de la apuesta por el posibilismo y la vía institucional de dos formaciones: el Partido del Trabajo de España (PTE), que logró 192.798 sufragios (el 1,07 por 100 del total), y la ORT, que acumuló 127.517 (el 0,71 por 100). Entre las dos concentraban el 64 por 100 de los votos de la extrema izquierda, siendo el resto de las candidaturas prácticamente residual. No es de extrañar que en julio de 1979 el PTE y la ORT convergieran para dar lugar al nuevo Partido de los Trabajadores de España (PTE-ORT). Pudo ser la gran referencia de esta corriente, pero desapareció en 1981.

A finales de la Transición las siglas situadas a la izquierda del PCE se sumieron en una profunda crisis. Estaban lastradas por su sectarismo, su rigidez, su incapacidad para adaptarse a las nuevas circunstancias, su hundimiento electoral, su marginación del tablero político y el choque entre las expectativas y la realidad, así como la imposibilidad de la revolución. Irrelevante, dicha corriente entró en un inexorable declive y se fue diluyendo, aunque parte de su legado fue recogido por los movimientos sociales. Ahora bien, para entonces una microscópica parte de la extrema izquierda ya había tomado un camino diferente: el de las armas.

JUGAR CON FUEGO. HOZ Y MARTILLO, MIL, FRAVA, ANARQUISTAS Y AUTÓNOMOS

En palabras de Lorenzo Castro (1994), durante la dictadura «la declaración programática a favor de los medios violentos como recursos necesarios para la cumplimentación de los objetivos revolucionarios propuestos, constituye uno de los tópicos comunes entre las organizaciones de la izquierda radical, tanto más cuando» el PCE había renunciado a esa vía. La fascinación por la «lucha armada» se veía reforzada por factores como la represión franquista, que relegaba a la extrema izquierda a la clandestinidad, su deseo de romper con el Partido Comunista de Santiago Carrillo, el influjo de un imaginario romántico repleto de héroes y mártires, modelos internacionales como los de la guerrilla maoísta, la revolución cubana o el Vietcong, la caída de la dictadura portuguesa en 1974 y la irrupción de la tercera oleada de terrorismo: los Tupamaros uruguayos, la RAF, las Brigadas Rojas y ETA, cuyos atentados le conferían un protagonismo que el nacionalismo vasco radical no habría logrado de otro modo.

Pese a que se trataba de un caldo de cultivo propicio para la violencia, las circunstancias no determinaban el rumbo de los actores, que tomaron sus propias decisiones. Como ocurrió en el caso de ETA o de cualquier otro grupo, lo definitivo fue la voluntad humana. La demostración es sencilla. Para el grueso de la nueva izquierda, la «lucha armada» no era más que uno de los temas que se trataban en el complejo debate teórico y, por tanto, no tenía ninguna traducción en la práctica. Jamás fue vista como una opción real o, si lo fue, se rechazó por uno u otro motivo. Solo unas pocas formaciones recurrieron a la violencia, aunque lo hicieron en muy diferente grado. El primer paso, y a menudo el último, fue dotarse de una sección que podía actuar como servicio de orden, como autodefensa ante la represión policial y las agresiones ultraderechistas o como medio de abastecer al partido de dinero y material. Por lo general, sus integrantes se limitaron a una violencia puntual y de bajo nivel técnico en forma de robos y sabotajes. Ahora bien, también hubo colectivos que pusieron a las armas en el eje de su estrategia. Por supuesto, no encendieron la chispa de la ansiada revolución. Muy alejados de los intereses de la sociedad española, este minúsculo sector se conformó con un sucedáneo: el terrorismo.

La Transición desmintió todas las previsiones de las formaciones de extrema izquierda, lo que les creó graves contradicciones, pero, según Lorenzo Castro (1994), «la violencia armada será la panacea capaz de ajustar la realidad a sus análisis. Grupos marginales dentro de la izquierda radical encuentran en el terrorismo la forma de multiplicar su presencia, la resonancia de sus acciones compensa así lo limitado de sus recursos». Estos actores negaron la naturaleza democrática del cambio político, acusando a la monarquía parlamentaria de no ser más que un franquismo sin Franco. De ahí la paradoja de que, al igual que ETA, la violencia de extrema izquierda, supuestamente antifranquista, fuera mucho más letal después de la muerte del dictador que antes. Si durante los últimos años del régimen este tipo de terrorismo causó 17 víctimas mortales, durante la Transición (1976-1982) fueron 73, a las que hay que sumar 56 heridos. En total, de acuerdo con Carmen Ladrón de Guevara (2021), que incluye al DRIL y a Defensa Interior en la nómina, estos grupos asesinaron a 110 personas desde 1960 hasta 2006.

La banda de corte ultraizquierdista que resultó más mortífera y longeva fueron los GRAPO, brazo armado del Partido Comunista de España (reconstituido) o PCE (r). La segunda en asesinatos fue el FRAP, vinculado al Partido Comunista de España (marxista-leninista) o PCE (ml). Ahora bien, no faltaron grupúsculos, en su mayoría efímeros y mal organizados, que pretendieron emprender cierto grado de «lucha armada» por su cuenta. Por ejemplo, los Grupos de Acción Carlista (GAC), que seguían el rebufo de ETA y estuvieron activos entre 1968 y 1971. Efectuaron algunos atentados, sin víctimas, aunque en julio de 1971 causaron una herida por bala durante un atraco. Algunas fuentes atribuyen a los GAC el asesinato de su antiguo miembro Ovidio Mateos Peñamaría, acusado de «delator», pero lo cierto es que, como revela Josep Miralles Climent (2015), Ovidio Mateos no falleció hasta 2014.

Las acciones de otras organizaciones sí acabaron en tragedia. El Colectivo Hoz y Martillo realizó algún atraco y sabotajes en Zaragoza durante 1971 y 1972. El 2 de noviembre de 1972 sus integrantes asaltaron e incendiaron el consulado de Francia. El cónsul, Roger Tur Pallier, murió cinco días después a consecuencia de las quemaduras. Las FCSE no tardaron en desarticular el minúsculo Colectivo Hoz y Martillo, que no volvió a tener actividad.

Más recorrido tuvo el Movimiento Ibérico de Liberación, también conocido como Grupos Autónomos de Combate (GAC), que operó en Barcelona entre 1971 y 1973. Cercana al anarquismo, el consejismo y la autonomía obrera, esta organización optó por la agitación armada. Carmen Ladrón de Guevara (2021) le atribuye tres atentados y 19 atracos a entidades bancarias en los que consiguieron un botín de casi 10 millones de pesetas. Según Eduardo González Calleja (2013), los militantes del MIL «nunca atentaron deliberadamente contra las fuerzas de seguridad ni pusieron bombas, pero sus acciones provocaron varias víctimas: el 2 de marzo de 1973, un contable de la sucursal del Banco Hispanoamericano de Barcelona resultó herido de gravedad durante un atraco perpetrado por Salvador Puig Antich, Jean-Marc Rouillan, José Luis Pons Llobet y Jordi Solé». Aquel asalto llamó la atención de las FCSE, que se pusieron tras la pista del grupo.

Asumiendo que se había aislado del movimiento obrero, el MIL se autodisolvió en agosto de 1973. Sin embargo, Puig Antich y un par de sus compañeros decidieron seguir con su actividad. El 25 de septiembre, en el transcurso de una operación policial, se inició un tiroteo entre los agentes y estos exintegrantes del MIL. Cuatro balas impactaron en el cuerpo del subinspector del Cuerpo General de Policía Francisco Anguas Barragán, que falleció. Según ABC, más de cinco mil personas acudieron al funeral que se celebró en Barcelona. Entre ellas estaban sus padres y su prometida, con la que iba a casarse en unos meses.

Tras ser detenido, Salvador Puig Antich fue acusado de ser responsable del asesinato. Un consejo de guerra sin garantías le juzgó y condenó a muerte. En toda España se convocaron movilizaciones para salvarle la vida, pero el dictador se negó a conceder el indulto. El 2 de marzo de 1974 Puig Antich y un delincuente común, el alemán Georg Michael Welzel (Heinz Chez), fueron ejecutados mediante garrote vil. Se trató de la última vez que se utilizó este método en España.

En palabras de Xavier Casals (2016), Puig Antich se convirtió en «un referente antifranquista y el símbolo de sucesivas generaciones ácratas, a la vez que el MIL tuvo notoriedad póstuma». En esa misma línea Pau Casanellas (2013) sostiene que la «vigorización de la violencia estatal no haría otra cosa que favorecer la reafirmación en sus postulados de los grupos y organizaciones que se habían aproximado a la práctica armada, así como la germinación de nuevas experiencias». Así, a raíz de la ejecución de Puig Antich, y proclamándose sucesores del MIL, surgieron en Francia los Grupos de Acción Revolucionaria Internacionalista (GARI), que realizaron sabotajes y secuestraron al director de la sucursal parisina del Banco de Bilbao.

No fue el último atentado de extrema izquierda relacionado con el caso español que se produjo en la capital francesa. En octubre de 1975 el capitán Bartolomé García Plata-Valle, agregado militar de la Embajada de España en París, resultó herido por seis disparos efectuados por la autodenominada Brigada Internacional Juan Paredes Manot. Pese a que habían utilizado el nombre del militante de ETApm fusilado el 27 de septiembre de 1975, un representante de los polimilis aclaró que la banda no tenía nada que ver: la acción era responsabilidad de «revolucionarios franceses».

Como explica Matteo Re (2020), hay otro caso que todavía no ha sido completamente resuelto. Entre 1979 y 1980 operó en Zaragoza un grupúsculo de extrema izquierda que, pese a carecer de relación directa con él, compartía con el Colectivo Hoz y Martillo su localización, su fugacidad y el resultado fatal de sus acciones. Se trató del Frente Revolucionario Antifascista Vasco Aragonés (FRAVA), probablemente originado en una escisión radicalizada de las juventudes aragonesas del PTE. El 2 de mayo de 1980 tres de sus miembros entraron en las oficinas de la General Motors en Zaragoza con un propósito nunca revelado. Fuera cual fuese, no llegaron a culminarlo, ya que, al encontrarse con el guarda jurado Jesús Argudo Cano, dispararon contra él. Después de aquel asesinato, el FRAVA se esfumó. Ninguno de sus integrantes fue detenido.

La izquierda radical española no se agotaba con el marxismo-leninismo y sus múltiples subdivisiones. Si bien había perdido fuerza durante la dictadura, entre el tardofranquismo y la primera Transición resurgió el movimiento libertario, que en su mayor parte se encuadró en la CNT. La central no renunció a sus principios ni a sus objetivos, posicionándose en contra de los pactos de La Moncloa, pero apostó exclusivamente por la lucha sindical, dejando atrás experiencias como la de Defensa Interior.

Sin embargo, tampoco el anarquismo se agotaba con la CNT. Fuera de sus siglas había aparecido un sector minoritario y muy radicalizado de ácratas y autónomos que apostó por la violencia política. Aunque había ciertas divergencias doctrinales entre ellos, es difícil distinguir entre unos y otros, pues a menudo confluyeron bajo las mismas siglas. Y es que, según Matteo Re (2020), durante la Transición también nacieron algunos colectivos autónomos que «rechazaban vincularse a un partido o sindicato por interpretarlo como un acto de sometimiento. Al ir por libre, las dinámicas de reivindicación de sus acciones eran difíciles de descifrar». Sophie Baby (2018) contabiliza cerca de 30 atentados de corte anarquista durante la Transición, que un documento interno del Ministerio del Interior elevaba a 48 entre el 1 de enero 1979 y el 31 de julio de 1982. Probablemente fueron más.

Siguiendo a Gonzalo Wilhelmi (2013), en aquella época se desarrollaron «pequeños grupos armados (grupos autónomos y FIGA [Federación Ibérica de Grupos Anarquistas]) que realizaron atentados con explosivos en empresas y edificios oficiales sin causar víctimas, así como atracos a bancos para mantener su actividad clandestina». También podrían incluirse en este ámbito el Grupo Armado de los Presos en Lucha (GAPEL), que realizó sabotajes como el incendio de dos vagones del metro de Madrid y el robo de pasaportes y documentos oficiales en 1977 y varias explosiones en una vía férrea al año siguiente. Pese a que el GAPEL se presentó como brazo armado de la Coordinadora de Presos Españoles en Lucha (COPEL), esta última se desvinculó de sus ataques.

Además de producir daños materiales, la actividad de dichas células le costó la vida a algunos de sus integrantes. A las 3:10 horas de la madrugada del 31 de julio de 1976 se produjo una explosión en los jardines de Murillo de Sevilla. Se había activado la bomba que transportaban dos jóvenes ácratas, que tenían intención de colocarla en la sede del Movimiento. Ambos fallecieron. Casi tres años después, el 16 de junio de 1979, dos atracos cometidos en la ciudad de Almería pusieron a las FCSE tras la pista de una célula de la FIGA. En la operación policial uno de los miembros del comando falleció y un par de agentes resultaron heridos.

Aunque fueron relativamente pocas si las comparamos con las de otros sectores políticos, el terrorismo anarquista también causó víctimas mortales. El 15 de enero de 1978 tuvo lugar en Barcelona una multitudinaria manifestación de la CNT contra los pactos de La Moncloa. Se trataba de una convocatoria autorizada que terminó sin incidentes. No obstante, después de ella un grupo de jóvenes lanzaron cócteles molotov contra la sala de fiestas Scala. La acción provocó el incendio y derrumbamiento del edificio, causando la muerte de cuatro trabajadores: Ramón Egea Gómez, Juan López Masip, Diego Montoro Barajas y Bernabé Bravo Bejarano. Varios de ellos militaban en la CNT.

En opinión de Xavier Casals (2016), aquel ataque

no comportó por sí mismo el eclipse del movimiento libertario, pero acentuó sus numerosas tensiones internas y aceleró su implosión, que desembocó en la división de la CNT (cuya imagen quedó asociada a un desorden criminal) y eventualmente habría frustrado la reconstrucción de la FAI.

Carmen Ladrón de Guevara (2021) ha localizado otras dos víctimas del terrorismo de este corte ideológico, concretamente de los Grupos Autónomos Armados (GAA) que operaron en Barcelona durante 1978 y 1979. Los GAA cometieron atracos durante los cuales fueron asesinados dos guardas jurados. La primera víctima mortal, producida en la Ciudad Condal el 14 de julio de 1978, fue Antonio Simón Garrido, que trabajaba en una sucursal del Banco Hispano Americano. A la segunda, Antonio Collado Laparra, le mataron el 27 de julio de 1979 en una oficina del Banco Central.

Los GAA fueron desarticulados por las FCSE en agosto de 1979, pero aquella operación no acabó con la violencia anarquista, si bien no volvería a provocar víctimas mortales. Un informe de la Policía Nacional revela que entre 1980 y el primer trimestre de 1982 este cuerpo detuvo a 172 presuntos integrantes de grupos violentos de tendencia autónoma o libertaria, desarticuló seis comandos e intervino 15 armas de fuego, una granada y 2 kilogramos de explosivo.

LA ENFERMEDAD INFANTIL DEL TERRORISMO. EL PCE (ML) Y EL FRAP

A finales de 1964 antiguos militantes del PCE fundaron en Bruselas el PCE (ml). Ortodoxamente estalinista y maoísta, aspiraba a suplantar al «revisionista» partido de Santiago Carrillo, acabar con los enemigos de clase e instaurar la «dictadura del proletariado». Si bien al principio el PCE (ml) contó con cierto respaldo de la República Popular China, lo perdió iniciada la década de los setenta. No obstante, retuvo el apoyo de la República Socialista Popular de Albania, que permitió a esta formación difundir emisiones en español desde Radio Tirana.

Siguiendo el esquema maoísta, el PCE (ml) no preveía una pronta revolución, sino una «guerra popular prolongada» contra la oligarquía, la dictadura franquista y el «imperialismo» de los EE. UU. Por lo tanto, era necesario buscar socios. Se trataba de constituir un extenso frente interclasista en el que el partido actuase a modo de vanguardia dirigente. Aunque su existencia era anterior, el FRAP se presentó públicamente en enero de 1974. No obstante, estaba muy lejos de ser una amplia alianza de las fuerzas de la oposición: el PCE (ml) únicamente atrajo al Frente Español de Liberación Nacional del exministro Julio Álvarez del Vayo, que presidiría el FRAP hasta su muerte en mayo de 1975. El nuevo organismo se orientó hacia la violencia. En palabras de Sophie Baby (2018), se había «visto reducido a la condición de simple brazo armado del partido».

Como recoge Ana Domínguez Rama (2010), en abril de 1973 el PCE (ml) concluyó que

ya hay manifestaciones del cambio cualitativo que se está produciendo, como son los enfrentamientos violentos con las fuerzas represivas, el cubrir las manifestaciones con grupos de protección armados, los comandos contra instituciones fascistas y yanquis, etc., que son en realidad formas embrionarias de lucha armada, las cuales tenemos que, no solo popularizar y generalizar, sino desarrollar hacia formas superiores de lucha armada, para así ir avanzando por el camino de la guerra popular.

Aquel planteamiento tuvo consecuencias al mes siguiente. Integrantes del FRAP acudieron con palos, porras, armas blancas y objetos contundentes a la manifestación del Primero de Mayo de Madrid. Aprovechando el tumulto, acuchillaron a varios agentes de la ley. El inspector Juan Antonio Fernández Gutiérrez fue herido de muerte por una puñalada. El subinspector Manuel Pedregal Manzano sufrió una lesión en la cabeza, a consecuencia de la cual fallecería el 18 de junio de 1973. Por añadidura, como señalan María Jiménez y Javier Marrodán (2019), dos policías más recibieron heridas graves, y 20 personas, heridas leves.

A raíz de las acciones violentas de mayo de 1973 se produjeron numerosas detenciones. Asimismo, Lorenzo Castro (2009) indica que

la extrema derecha del régimen aprovecha los sucesos para expresar su rechazo ante los aires de «aperturismo» que han empezado a manifestarse dentro del mismo. El entierro del policía fallecido el 1.º de Mayo se convierte en una manifestación «ultra» en la que se acusa al gobierno de blandura ante la oposición. El PCE (ml) considerará el posterior cambio de gobierno como un éxito propio.

Evidentemente, aquel análisis era una prueba más de que los dirigentes de la formación eran totalmente ajenos a la realidad.

Ana Domínguez Rama (2010) cita las decisiones que la dirección del FRAP tomó en una reunión celebrada en marzo de 1975: «pasar a organizar acciones armadas de carácter limitado y de elevar de manera general la lucha revolucionaria». Álvarez del Vayo habría sido más explícito al pedir la creación de una «rama militar», lo que en realidad no hizo falta porque el propio FRAP cumplía con esa función. A lo largo de la primavera de 1975 Madrid, Barcelona y Valencia fueron el escenario de robos de material, atracos a bancos y atentados contra empresas, entidades públicas e instalaciones vinculadas a los EE. UU.

«Pese a la precariedad de medios y la previsible reacción policial, facilitada por las sucesivas desarticulaciones que han favorecido la identificación de numerosos miembros y simpatizantes», explica Lorenzo Castro (2009), la dirección del PCE (ml) tomó la decisión de «impulsar un salto cualitativo en el nivel de violencia iniciando una campaña de atentados personales contra miembros de las fuerzas de seguridad». En efecto, durante el verano de 1975 el FRAP puso a los uniformados en su diana. El 14 de julio los terroristas asesinaron al agente de la Policía Armada Lucio Rodríguez Martín en Madrid. El 16 de agosto hubo otra víctima mortal en la capital de España: el teniente de la Guardia Civil Antonio Pose Rodríguez. El 14 de septiembre en Barcelona un par de integrantes del FRAP acabaron con la vida del agente de la Policía Armada Juan Ruiz Muñoz.

La reacción policial fue fulminante. Varios miembros del FRAP fueron arrestados. Un consejo de guerra dictó la pena máxima para ocho de ellos. Pese a las protestas y las presiones internacionales para salvarles la vida, como las de la ONU, la CEE y el papa Pablo VI, Franco solo concedió el indulto a cinco de los ocho condenados a muerte de la banda. Los tres restantes fueron fusilados el 27 de septiembre de 1975 en Hoyo de Manzanares: José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz. Al mismo tiempo eran ejecutados dos miembros de ETApm.

A partir de entonces la actividad del FRAP se redujo notablemente. Un informe de la Policía Nacional revela que todavía en 1980 se había arrestado a 46 sospechosos de pertenecer a aquella organización, pero, siguiendo a José Catalán Deus (2019), lo que quedaba del FRAP ya se había disuelto el año anterior. Sobrevivió el PCE (ml), pero no pasaba de ser un grupúsculo marginal, como demuestran sus resultados electorales: la primera vez que se presentó con sus siglas a unos comicios, en 1982, la formación obtuvo 23.186 votos (el 0,11 por 100 del total). Incapaz de superar la crisis del comunismo tras el derrumbe del Bloque soviético, el PCE (ml) se disolvió en 1992.

COSECHA ROJA. EL PCE (R) Y LOS GRAPO (1964-1982)

Como ha apuntado José Catalán (2019), los orígenes del PCE (r) guardan un asombroso parecido con los del PCE (ml), pese a lo cual ambas formaciones nunca llegaron a converger. En 1964 disidentes del PCE fundaron en Bruselas la Organización Marxista-Leninista de España (OMLE), embrión del PCE (r). Era de corte maoísta, y se planteó como objetivos la defensa del legado de Stalin, el alineamiento con la República Popular China y la reconstrucción de un verdadero partido comunista que remplazase al «revisionista» PCE. Sin embargo, debido a las confluencias con otros grupúsculos, las disputas internas y algunas rupturas, la OMLE no se transformó en el PCE (r) hasta junio de 1975. A esas alturas parte sustancial de sus militantes, que llegaron a sumar dos centenares, estaban radicados en el interior de España, principalmente en Madrid, Andalucía y Galicia. Su dirigente máximo era Manuel Pérez Martínez, más conocido como camarada Arenas.

En 1974 la OMLE había creado una «sección técnica» que se encargaba de gestionar las tareas logísticas, ejercer de servicio de orden y cometer atracos. No obstante, en 1975 se decidió reorientar este organismo. Eduardo González Calleja (2013) mantiene que el PCE (r) «propugnaba una insurrección armada que desembocara en una guerra revolucionaria o «guerra popular» dirigida y organizada por el partido, en estrecho contacto con las organizaciones de masas». El estreno sangriento de la «sección técnica» se produjo la noche del 5 de agosto de 1975, cuando tres terroristas dispararon contra una pareja de guardias civiles que volvían al cuartel tras haber prestado servicio en el canódromo de Madrid. Uno de ellos, Casimiro Sánchez García, falleció en el acto. El otro agente, Juan José Bautista, quedó herido. Nadie se responsabilizó de aquel atentado mortal, pero se trataba del primero de la larga lista de los crímenes de los GRAPO.

Tampoco fueron reivindicados los asesinatos que el brazo armado del PCE (r) cometió el 1 de octubre de 1975. Ese día la dictadura había organizado en la plaza de Oriente una concentración para apoyar al «Caudillo», quien apareció en público muy debilitado. Sus palabras reflejaban lo lejos que se encontraba de la realidad: «Todo lo que en España y Europa se ha armao obedece a una conspiración masónico-izquierdista, en contubernio con la subversión comunista-terrorista en lo social, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece». Los miembros de los GRAPO aprovecharon la ocasión para causar cuatro víctimas mortales, todos ellos agentes de la Policía Armada: Joaquín Alonso Bajo, Agustín Ginés Navarro, Antonio Fernández Ferreiro y Miguel Castilla Martín.

Muerto el dictador, la oposición antifranquista no confió en el presidente Carlos Arias Navarro, cuyo mandato fue tan convulso que algunas fuerzas radicales creyeron ver una coyuntura propicia para la revolución. Uno de los episodios más oscuros del periodo ocurrió el 3 de marzo de 1976, cuando la Policía Armada disparó sobre los trabajadores que estaban participando en una asamblea en Vitoria. Hubo cinco víctimas mortales y casi un centenar de heridos. Como protesta se convocaron diversos actos, en el transcurso de los cuales fallecieron otros dos manifestantes: uno el día 6 en un accidente en Tarragona, y otro el 8 de marzo en Basauri, por un tiro de un guardia civil. De acuerdo con Lorenzo Castro (2016), aquellos sucesos hicieron pensar a la dirección del PCE (r) que se había iniciado en España un «proceso revolucionario abierto», por lo que hizo un llamamiento a «buscar armas y aprender su manejo».

Tomando como base su «sección técnica», el partido creó los GRAPO, una banda terrorista que pretendía tanto desestabilizar la todavía titubeante Transición como suplir la escasa relevancia política del PCE (r). Y es que, aunque en teoría los GRAPO eran una organización independiente, en la práctica ejercieron de brazo armado de la formación del camarada Arenas. Juntos conformaron un microcosmos hermético y fanatizado. A decir de Juan Avilés (2010), «se trataba de un grupo revolucionario muy cohesionado internamente y muy cerrado al exterior, que presentaba algunas de las características de una secta». Aunque con rasgos propios, los GRAPO también guardaban cierta semejanza con la RAF o a las Brigadas Rojas.

El 18 de julio de 1976, el 40.º aniversario de la sublevación que dio comienzo a la Guerra Civil, la banda se presentó públicamente con una treintena de bombas contra monumentos franquistas y edificios oficiales de Vigo, El Ferrol, Santiago de Compostela, Bilbao, Baracaldo, Madrid, Barcelona, Sevilla y Valdepeñas. La delegación bilbaína del diario Pueblo recibió una carta, titulada «El pueblo será libre si empuña las armas», en la que los terroristas explicaban que «hemos elegido este 18 de julio, símbolo de la sublevación fascista, pero también fecha en que los pueblos de España comenzaron su resistencia armada contra el fascismo para proclamar la formación de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre». Siguiendo una tradición arraigada en la izquierda radical, habían incluido en su nombre una fecha señalada: la de los cuatro asesinatos cometidos en octubre de 1975.

Como otros extremistas de todo el arco político, los GRAPO se opusieron frontalmente a la Transición democrática. Por eso el 11 de diciembre de 1976, cuatro días antes del referéndum sobre la Ley de Reforma Política, esta organización secuestró a Antonio María de Oriol y Urquijo, exministro de Justicia y presidente del Consejo de Estado. Los terroristas exigieron una amnistía inmediata a cambio de su vida. El 24 de enero de 1977 los GRAPO tomaron otro rehén: el general Emilio Villaescusa Quilis, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar. El día 28 esta misma banda asesinó a tres jóvenes agentes de la ley: dos policías, José María Martínez Morales y Fernando Sánchez Hernández, y un guardia civil, José María Lozano Sainz. Otro policía y dos guardias civiles quedaron gravemente heridos. A decir de Miguel Pérez Pichel (2013),

nunca desde el final de la Guerra Civil se había respirado tanta tensión en las calles de Madrid. El Gobierno, reunido en sesión extraordinaria la tarde del viernes 28, decidió no declarar el estado de excepción pero sí suspender durante un mes los artículos 15 y 18 del Fuero de los Españoles.

El efecto desestabilizador del terrorismo de la extrema izquierda se sumaba al de la ultraderecha, que acababa de cometer la masacre de los abogados de Atocha. Sin embargo, Adolfo Suárez y Santiago Carrillo supieron desactivar la explosiva situación política. Por otro lado, el 11 de febrero de 1977 Oriol y Villaescusa fueron liberados por las FCSE, lo que suponía un duro golpe para los GRAPO. Gracias a una intensa labor policial, se desarticularon varios comandos y cayó la cúpula del PCE (r). No obstante, la organización conseguiría recuperarse.

Al igual que le ocurrió a atentados de la ultraderecha como el de los abogados de Atocha, la Ley de Amnistía no afectó a todos los crímenes de los GRAPO cometidos entre el 15 de diciembre de 1976 y el 15 de junio de 1977. Se trató de una decisión del Tribunal Supremo que, en opinión de Lorenzo Castro (2009), «favorecerá la decisión del grupo de insistir en la vía de la violencia».

Siguiendo la misma lógica que ETAm, el PCE (r) interpretó la democracia parlamentaria como una continuación de la dictadura franquista con otro nombre. Desde su punto de vista, la Constitución de 1978 y los sucesivos comicios no eran más que una especie de camuflaje. En consecuencia, los GRAPO mantuvieron su apuesta por la violencia terrorista. Ahora bien, la banda sí modificó su estrategia. A imitación de la Alternativa KAS, los GRAPO elaboraron un programa de cinco puntos mínimos que el Gobierno debía aceptar a cambio de una tregua. Entre sus exigencias se contaban una nueva amnistía general, la depuración de las FCSE, el desmantelamiento de las bases militares de los EE. UU. y la «disolución del actual Parlamento y convocatoria de auténticas elecciones libres para la elaboración de una Constitución verdaderamente democrática».

Sophie Baby (2018) calcula que los GRAPO cometieron 298 acciones violentas durante la Transición, es decir, tres cuartas partes de las atribuidas a la izquierda radical. En 1977 la organización fue responsable de 60 atentados, y en 1978, de 48. Algunos de sus crímenes alcanzaron gran resonancia, como el asesinato del director de Instituciones Penitenciarias Jesús Miguel Haddad Blanco en marzo de 1978. Los GRAPO alcanzaron el punto culminante de su letalidad en 1979: 137 acciones terroristas y 31 víctimas mortales.

En abril de aquel año las FCSE habían acabado con la vida de uno de los líderes de la banda, Juan Delgado de Codex. Los GRAPO entraron en una dinámica de venganzas bautizada como la operación «Ciento por uno»: el asesinato de agentes de la ley, oficiales del Ejército y altos funcionarios de la Administración. Entre las víctimas mortales de 1979 cabe mencionar al general de Brigada Agustín Muñoz Vázquez y al magistrado del Tribunal Supremo Miguel Cruz Cuenca. Aunque heridos, sobrevivieron a los atentados el director general de Instituciones Penitenciarias y el exdirector general de Seguridad.

En 1979 tampoco faltaron lo que desde la óptica de los terroristas serían «errores». El 9 de abril de 1979 Olegario Domingo Collazo, un administrativo de Vigo, fue asesinado por un comando que lo había confundido con un vecino policía. Al mes siguiente se produjo la peor matanza de la historia de los GRAPO. El sábado 26 de mayo una bomba explotó en la concurrida cafetería California 47 (Madrid), acabando con la vida de nueve personas y causando lesiones a otro medio centenar. La organización nunca reivindicó esta masacre, que en cierto modo recuerda al atentado que ETA cometió en 1974 en la cafetería Rolando.

La campaña desplegada por los GRAPO no sirvió para hacer descarrilar la Transición democrática ni para doblegar al Gobierno Suárez. Ni siquiera logró aumentar la influencia del PCE (r). Al contrario, la actividad de su brazo armado convirtió al partido en un apestado. Por añadidura, surgieron teorías de la conspiración sobre oscuras conexiones entre la banda y el sector más reaccionario de las FCSE, que, si bien nunca han sido probadas, bastaron para desprestigiarla totalmente incluso en los círculos de extrema izquierda.

Los GRAPO consiguieron algunos éxitos propagandísticos, como la fuga de cinco de sus dirigentes de la prisión de máxima seguridad de Zamora en diciembre de 1979. No obstante, el cerco policial se fue estrechando. La documentación del Ministerio del Interior revela que desde el 1 de enero 1979 hasta el 31 de julio de 1982 fueron detenidos 519 sospechosos de pertenecer a los GRAPO, la mayoría de ellos, 306, en 1979. Según un informe de la Policía Nacional, entre 1980 y el primer trimestre de 1982 este cuerpo había desarticulado nueve de sus comandos y les había intervenido 30 armas de fuego.

La actividad terrorista de esta banda se redujo de manera significativa. Todavía hubo atentados en empresas, entidades bancarias o la sede de UCD, pero sus ataques más potentes estaban dirigidos contra el estamento militar: asesinaron al general de Brigada Enrique Briz Armengol, al coronel Luis Constante Acín y a varios soldados entre 1980 y 1981. Si bien no cabe atribuirle la condición de causa directa del 23-F, resulta razonable suponer que la violencia de los GRAPO contra el Ejército, al igual que la de ETAm, contribuyó a crear el caldo de cultivo en el que se estaban gestando las tramas golpistas. Mientras tanto, explica Matteo Re (2020), el PCE (r) dedicó «sus fuerzas en sacar a los presos de prisión, apoyando a la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos (AFAPP), y en lograr la legalización del partido». No consiguió ni una cosa ni la otra.

LA LARGA MARCHA A NINGUNA PARTE. LOS GRAPO (1983-2020)

En septiembre de 1982 los GRAPO hicieron estallar una veintena de bombas en toda España. Uno de los artefactos, colocado en la central hidroeléctrica de Castellón, acabó con la vida de Pedro Gabarri, un chatarrero que dormía en las inmediaciones. Al mes siguiente se celebraron unas nuevas elecciones generales. La victoria del PSOE de Felipe González fue incontestable. Tras la formación del nuevo Gobierno, los GRAPO declararon un alto el fuego, pero apenas duró. El 5 de diciembre, en una operación policial, fue abatido en Barcelona el último de los cinco líderes de la banda huidos de la cárcel de Zamora que quedaba en libertad: Juan Martín Luna. Su muerte dio al traste con la tregua. El 19 de abril de 1983 una bomba adosada a su vehículo mató al teniente de la Policía Nacional Emilio García Martínez en Valencia.

Pese a todo, durante el verano de 1983 hubo encuentros entre representantes del Gobierno y reclusos de los GRAPO en la cárcel de Soria. No fructificaron. De acuerdo con Lorenzo Castro (2009),

en el colectivo de presos se manifestaron tensiones. Una fracción consideró que la «crisis revolucionaria» estaba cerrada y abandonó la militancia, mientras que otro sector se reafirmó en la prioridad de la vía armada lanzando la consigna «Todo para la Guerrilla» apoyándose en la estructura que aún mantenían los GRAPO en libertad.

Hasta aquella fecha la principal fuente de ingresos de la banda habían sido los atracos a bancos y a otro tipo de entidades, pero la mejora en las medidas de seguridad hacía cada vez más complicado este método. A partir de 1984, copiando el «impuesto revolucionario» de ETA, los GRAPO desarrollaron su propio sistema de extorsión a empresarios y profesionales. Para hacer más verosímiles las amenazas, los terroristas asesinaron a Rafael Padura, presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla, y a Manuel Ángel de la Quintana García, director general de Urbis, en septiembre de 1984; y a Félix de la Piedad, propietario de Inoxidables Navi, en noviembre de aquel mismo año.

En junio de 1984 había salido de prisión el camarada Arenas, eterno secretario general del PCE (r), que como otros excarcelados se reincorporó a la banda. Dado que el Gobierno González estaba promoviendo la reinserción individual de los condenados por delitos de terrorismo, Arenas decidió abandonar la anterior estrategia. Para Lorenzo Castro (2009), «se priorizaban las tareas dirigidas a la enésima reconstrucción del partido “reconstituido”». Por otra parte, con el fin de aliviar la presión policial, se pretendía diferenciar claramente al PCE (r) de los GRAPO «y se construía un centro clandestino en Francia para preservar a la dirección del grupo».

Buscando su propio «santuario» en el país vecino, los GRAPO imitaban una vez más a ETA. De igual manera, el Ministerio del Interior aplicó la misma política antiterrorista a ambas bandas. Por un lado, la colaboración policial hispanofrancesa, que resultó clave al otro lado de la frontera. Por otro, a partir de noviembre de 1989, la dispersión de los reclusos vinculados al PCE (r) y los GRAPO en diversas cárceles. Los presos reaccionaron con una prolongada huelga de hambre. A los 117 días falleció uno de ellos, Juan Manuel Sevillano. La organización terrorista apoyó la iniciativa con una campaña en la que fueron asesinados el policía nacional Juan José Sucino Ibáñez, los guardias civiles Isaac Ramiro Ramilla y José María Sánchez Melero, así como el médico José Ramón Muñoz Fernández, jefe del departamento de Medicina Interna del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Pese a aquellas muertes, la huelga terminó con una nueva derrota de los GRAPO.

Según Eduardo González Calleja (2013),

durante la década de los ochenta se plantearon en varias ocasiones la posibilidad de abandonar la lucha armada, e incluso en los primeros años noventa acordaron dejar las armas, pero nuevos actos terroristas hicieron fracasar los frentes de negociación abiertos con los sucesivos gobiernos para pactar su disolución.

El declive de los GRAPO era imparable. No solo se enfrentaban a las operaciones de las FCSE, sino también a graves problemas de financiación y de reclutamiento.

Los terroristas intentaron solucionar la escasez de ingresos mediante el asalto a furgones blindados, lo que condujo al asesinato de varios vigilantes de seguridad. En junio de 1995, probaron otro sistema: los GRAPO secuestraron al empresario Publio Cordón, a cuya familia se le exigió un cuantioso rescate a cambio de su vida. Pese al pago, el rehén falleció en cautiverio.

Los GRAPO fueron incapaces de encontrar una forma de renovar su cada vez más avejentada y reducida militancia. Al contrario que ETA, la banda carecía de cantera en la que asegurarse nuevos recursos humanos. En opinión de Lorenzo Castro (2009), «la práctica inexistencia de una base social más allá del estrecho círculo formado por sus exmilitantes, y la dificultad de reclutar en los entornos que podrían serle favorables, como los juveniles ambientes antisistema, donde sus intentos obtienen magros resultados y las posibilidades de infiltración policial son elevadas», ponían en peligro su simple supervivencia.

Malogrado algún tímido intento de entablar conversaciones con el Gobierno en 1996, los GRAPO solo realizaron atentados de carácter propagandístico (contra sedes de medios de comunicación y partidos políticos) o para abastecerse. El 8 de mayo de 2000 un comando asaltó un furgón de Prosegur en Vigo, matando a los guardas jurados Gonzalo Torres Lage y Jesús Sobral Otero. En noviembre la cúpula de la banda, incluyendo el camarada Arenas, fue arrestada en Francia. Los GRAPO se vengaron de las FCSE mediante el asesinato del policía nacional Francisco Javier Sanz Morales ese mismo mes en Madrid.

Eran los penúltimos coletazos de una banda en decadencia, cuya matriz política también estaba siendo neutralizada por el Estado de Derecho. Al contrario que HB, el PCE (r) nunca había sido una formación legal, por lo que no se le podía aplicar la Ley de Partidos para ilegalizarlo. Ahora bien, en marzo de 2003 la Audiencia Nacional declaró al PCE (r) una «asociación ilícita con fines terroristas», ya que formaba «parte de manera inescindible de los GRAPO, organización calificada como terrorista desde hace algún tiempo».

En febrero del 2006 este grupo terrorista causó su última víctima mortal en Zaragoza: la empresaria Ana Isabel Herrero. Desde entonces apenas hay muestras de la actividad del PCE (r) y los GRAPO. En 2008 Fernando Silva Sande, responsable de varios asesinatos y uno de los máximos dirigentes de la banda, a la que se había unido en 1975, empezó a colaborar con la justicia. Era todo un símbolo. En febrero de 2009, desde la cárcel de Soto del Real, concedió una entrevista a Crónica, el suplemento de El Mundo, en la que pidió perdón a sus víctimas «a título individual por mi etapa de militante». Fernando Silva sentenció que los «GRAPO ya están disueltos, ya no existen».

A lo largo de su historia esta organización terrorista arrebató la vida a 92 personas e hirió a otras 96, según la base del Ministerio del Interior. Los GRAPO duraron más tiempo y cometieron más asesinatos que otras bandas de extrema izquierda como las Brigadas Rojas (78 víctimas mortales) y la RAF (34). Sin embargo, apenas son conocidos. Como recuerda Matteo Re (2020), «aun a la sombra de ETA, los GRAPO fueron una organización terrorista cuya trascendencia sería un error subestimar». Entre otras cosas, porque eso supondría reducir a sus víctimas a una injusta condición de «víctimas de segunda».

IRAULTZA. EL EFECTO IMITACIÓN A ETA

Tras su salida de Euskadiko Ezkerra en 1978, el EMK absorbió a algún otro pequeño partido de extrema izquierda, pero no consiguió establecer una alianza sólida con otras fuerzas. En las elecciones generales de 1979 sus candidaturas recibieron 13.292 votos (1,33 por 100 del total) en el País Vasco. La formación demostraba un relativo arraigo allí, superior al porcentaje cosechado en el conjunto de España (el 0,47 por 100 del total), pero los resultados fueron un fiasco para la dirección del EMK, que había apostado por acudir en solitario a los comicios y tenía expectativas de heredar el éxito de la EE de 1977. En cambio, la recién nacida HB había acumulado 149.685 sufragios en Euskadi (el 14,99 por 100). De acuerdo con Francisco Javier Merino (2009), al EMK y a la LKI les deslumbró el fulgurante despegue de la coalición ultranacionalista. Estas dos formaciones intentaron forjar una entente con la «izquierda abertzale», pero fueron rechazadas por «españolas».

En las elecciones autonómicas de 1980 HB se consolidó (16,55 por 100), mientras que el EMK se conformaba con 10.959 papeletas (1,20 por 100), y la LKI, con 5.182 (el 0,57 por 100). La coalición ultranacionalista parecía la referencia antisistema que a estas fuerzas les hubiera gustado encarnar, así que iniciaron un viraje para acercarse a su sombra: por razones tácticas, las críticas al terrorismo se atenuaron hasta desaparecer y se adoptó el independentismo. El EMK y la LKI acabaron pidiendo el voto para HB, por lo que se convirtieron en meros satélites del nacionalismo vasco radical.

En ese contexto, siguiendo el patrón de ETAm, el entorno del EMK impulsó su propia organización terrorista: Iraultza (Revolución). Su carta de presentación fue una bomba que explotó en julio de 1981 junto al chalet del empresario Luis Olarra en Guecho. Según se leía en su órgano de expresión (1983), Iraultza no pretendía competir con ETA, sino complementarla ocupándose de «campos importantes que no se cubren». Entre las «tareas político-militares» que era necesario impulsar se citaban

luchar por la defensa del puesto de trabajo, contra la explotación patronal en las fábricas, contra la imposición de proyectos antipopulares, contra el expolio de nuestro entorno, contra los límites impuestos al desarrollo del euskera, contra las múltiples formas de represión sobre la juventud, contra las leyes machistas y las agresiones contra las mujeres... Se trata de enriquecer los efectos de la actividad armada, hoy centrada casi en exclusiva en los cuerpos represivos y Lemoiz.

Iraultza, siete de cuyos integrantes fallecieron al explotarles las bombas que manipulaban, cometió alrededor de 200 atentados en el País Vasco y Navarra contra entidades bancarias, locales de la Administración, sedes de la patronal, intereses franceses o estadounidenses, comercios y más de medio centenar de empresas que atravesaban conflictos laborales. Pese a que en teoría solo pretendían causar daños materiales, el resultado de sus bombas fueron varios heridos y una víctima mortal. El 27 de junio de 1986, a las 7:50 horas, el joven José Miguel Moros Peña puso en marcha una máquina perforadora en una obra en Santurce. El calor y la vibración activaron un artefacto que, al explotar, le dejó gravemente herido. La víctima falleció el 13 de agosto de aquel mismo año a consecuencia de sus lesiones. Natural de Portugalete, tenía 18 años y llevaba un par de meses trabajando en la empresa Constructora Urgandía. Era su primer empleo.

El País recoge que al reivindicar el atentado un portavoz de Iraultza lo justificó como una «protesta por la concesión de ayuda norteamericana a la contra nicaragüense». Y es que, además de por su adscripción política, Iraultza se diferenciaba de ETA por sus ataques contra firmas estadounidenses, los cuales, supuestamente, formaban parte de una «campaña de solidaridad contra los criminales planes del imperialismo yanqui». Así, desde la perspectiva de Iraultza, las 34 bombas que sus activistas colocaron en sucursales o factorías de Ford, General Motors, Coca- Cola, IBM, Firestone, Avis, Hertz, Citibank, Bank of America o Xerox no solo buscaban el perjuicio económico de tales multinacionales, sino también denunciar las intervenciones militares de EE. UU. en la isla de Granada, Líbano, Nicaragua, etc. De acuerdo con un informe de 1989, el propio Gobierno de Estados Unidos llegó a temer la posibilidad de que Iraultza, que era considerada la organización que más atentados había cometido contra sus intereses empresariales en toda Europa, acabase transformándose en una seria amenaza.

Desde luego, no ocurrió tal cosa. Siguiendo a Miguel García y Víctor Aparicio (2018),

todo apunta a que Iraultza desapareció en el mismo año 1991, sin que se conozca comunicado de disolución oficial. Entre las posibles razones del fin de su actividad se encuentran el cambio de ciclo producido tras el notable descenso de la contestación social y la consolidación definitiva de las instituciones surgidas tras la Transición, así como la escasa repercusión de las acciones y el enorme coste humano que arrastraba la propia organización.

Ahora bien, en 1991 un sector de la banda contrario a la línea política del EMK, que estaba en plena convergencia con LKI, se escindió para crear Iraultza Aske (Revolución Libre). Crónica de documentación y actualidad de VascoPress constataba que durante la década de los noventa aquel grupúsculo colocó unos 25 artefactos explosivos contra sucursales bancarias, oficinas de la Administración y empresas de trabajo temporal. Miguel García y Víctor Aparicio (2018) recuerdan sus consecuencias: «un atentado en Bilbao en octubre de 1991 que hirió de levedad a tres policías municipales y otros dos en Bilbao y Barakaldo en abril de 1993, que causó heridas leves a otros tres policías municipales y a cuatro policías nacionales».

ROGER, LUCIO, JUAN ÁNGEL, DAMIÁN Y ANTONIO, CALIFORNIA 47, JESÚS, PEDRO Y CONSTANTINO, PUBLIO, ANA ISABEL

Roger Tur Pallier

En 1971 un puñado de estudiantes universitarios, algunos procedentes del Partido Comunista de España internacional, fundaron en Zaragoza el Colectivo Hoz y Martillo. A principios de 1972 este grupúsculo de tendencia leninista entró en contacto con otras organizaciones, como ETA, a la que solicitó cursos de instrucción en manejo de explosivos. De acuerdo con la nota del Gobierno civil, su actividad se redujo al lanzamiento de un cóctel molotov en el cuarto de bedeles de la Facultad de Filosofía y Letras, el robo de una multicopista en la Facultad de Veterinaria, el atraco de una sucursal bancaria, donde se habrían apoderado de 2.400.000 pesetas, y el asalto a un estudiante, al que le sustrajeron 100 pesetas y su documentación personal.

Esperando ganar prestigio y estar en una mejor posición a la hora de pedir armamento a ETA, el Colectivo Hoz y Martillo planeó una acción de solidaridad con los «refugiados» de esta organización que estaban en huelga de hambre en el País Vasco francés. A las 9:00 horas del 2 de noviembre de 1972 un comando entró en el consulado que Francia tenía en Zaragoza. Maniataron al cónsul, Roger Tur Pallier, a su secretaria y al portero del edificio. Luego les echaron encima pintura roja y lanzaron un cóctel molotov al interior del despacho. La pintura acrílica era muy inflamable, por lo que se produjo un incendio que causó heridas y quemaduras muy graves a Roger Tur. Falleció cinco días después del atentado.

Natural de Nimes, Roger Tur estaba casado y tenía una hija. Llevaba 40 años en España, compaginando la diplomacia con la dirección de una empresa, la firma Tur, que entre otros productos fabricaba el regaliz Zara. José María Navarro, sobrino de Mauricio Tur, el hermano de Roger, contó a El Heraldo de Aragón que el padre de ambos «ayudó en Nimes a muchos judíos a huir fuera del territorio francés durante la ocupación nazi. La Gestapo estuvo detrás de él y falleció a consecuencia de los interrogatorios a los que fue sometido. Mi tío [Mauricio] huyó de Francia, sin documentación y sin dinero y, tras recalar en Barcelona, pudo llegar a Zaragoza».

Allí le esperaba Roger Tur, que también luchó contra el Eje durante la II Guerra Mundial. Gracias a Eduardo Martín de Pozuelo (2007), sabemos que entre 1944 y 1946 Tur se dedicó a espiar a los nazis residentes o refugiados en la capital aragonesa: el cónsul del III Reich, los responsables del Partido Nacionalsocialista, empresarios alemanes, etc. Como las autoridades francesas no dieron valor a sus informes, el agente se puso a las órdenes de los servicios secretos de los EE. UU., la Office of Strategic Services (OSS, Oficina de Servicios Estratégicos), que le pusieron el nombre en clave de Ric. Tras la contienda, recibió la Legión de Honor. Hoy Zaragoza tiene una calle dedicada a Roger Tur.

Las FOP no tardaron en arrestar a los autores materiales del atentado de noviembre de 1972. Se les incautaron tres pistolas y 1,4 millones de pesetas. El fiscal pidió la pena de muerte para tres de los miembros del Colectivo Hoz y Martillo. ETA aprovechó la ocasión para emitir un comunicado de solidaridad: «primero, porque su acción fue una postura internacionalista con respecto a nuestros propios militantes, perseguidos por las clases dominantes de España y Francia; segundo, porque tales tentativas de intimidación han sido frecuentemente empleadas contra nosotros mismos». Finalmente, el consejo de guerra condenó a los acusados a 30 años de prisión.

No obstante, los integrantes del Colectivo Hoz y Martillo solo pasaron encerrados cuatro años y siete meses. Fueron excarcelados por el Gobierno de Adolfo Suárez a finales de julio de 1977. Según El País, «la puesta en libertad condicional de los cinco jóvenes reclusos se ha producido a las pocas horas de que cerca de 10.000 personas participaran en una manifestación por las calles de Zaragoza solicitando amnistía total para ellos y para los restantes reclusos».

Lucio Rodríguez Martín

Nacido el 28 de agosto de 1951 en Villaluenga de la Sagra, un pueblo de Toledo, Lucio Rodríguez gozaba de buena salud y medía 1,77 centímetros. Entre abril de 1973 y julio de 1974 cumplió el servicio militar en Plasencia (Cáceres). Lo terminó con el rango de cabo 1.º. En la documentación figura que su profesión era «pintor industrial», pero su vocación era otra. El 1 de septiembre de 1974 ingresó en la Academia de la Policía Armada. Desde el 25 de diciembre de aquel año hasta finales de abril de 1975 estuvo trabajando como agregado en periodo de prácticas en Madrid. Ya como funcionario, fue destinado con carácter voluntario a la Guarnición de la capital de España.

A Lucio Rodríguez la estabilidad laboral le permitió hacer planes de boda. Se iba a casar en septiembre de 1975 con María del Carmen, una joven de 17 años, también natural de Villaluenga de la Sagra. Según la crónica de ABC, se habían visto el domingo 12 de julio: fueron al cine a ver la película Río Bravo. Fue su última cita.

El martes 14 de julio de 1975 a Lucio Rodríguez le tocó vigilar las oficinas de Iberia de la madrileña calle Alenza. Su turno terminaba a las 22:00 horas de la noche, pero el compañero que le iba a relevar se demoraba, así que el policía se mantuvo en su puesto. Aquellos minutos de retraso fueron fatales. A las 22:20 horas un automóvil estacionó cerca de allí. De su interior bajaron dos miembros del FRAP. Uno de ellos disparó varios tiros contra el agente. Según la sentencia, el pistolero era José Humberto Baena Alonso. Pese a sus heridas, la víctima caminó unos metros hasta desplomarse. Falleció en el hospital.

El asesinato de Lucio Rodríguez fue consecuencia de una combinación entre la voluntad homicida de los terroristas y el puro azar. La sentencia establece que, después de robar un Seat 127, José Humberto Baena Alonso, Pablo Mayoral Rueda y Fernando Sierra Marco habían estado vagando por Madrid en busca de un policía al que asesinar. El primer agente con el que se habían topado había sido Lucio Rodríguez.

El comando no tardó en ser desarticulado. Todos sus integrantes fueron sentenciados a muerte en un consejo de guerra sumarísimo celebrado en septiembre de 1975 y que carecía de las necesarias garantías. El Gobierno conmutó la pena máxima a Pablo Mayoral y Fernando Sierra, pero no a José Humberto Baena. Fue fusilado el 27 de septiembre en Hoyo de Manzanares junto a otros dos miembros del FRAP condenados por el asesinato del teniente de la Guardia Civil Antonio Pose Rodríguez. En 1977 el resto de los presos vinculados a esta banda fueron amnistiados.

Juan Ángel Santos Sánchez

La obra ¿Qué hacer? (1902) de Lenin comienza con el fragmento de una carta que Ferdinand Lassalle había enviado a Karl Marx medio siglo antes: «La lucha interna da al partido fuerzas y vitalidad; la prueba más grande de la debilidad de un partido es la amorfia y la ausencia de fronteras bien delimitadas; el partido se fortalece depurándose». El PCE (r) y los GRAPO siguieron esa máxima hasta sus últimas consecuencias. Ya el 14 de enero de 1974 hirieron de un disparo en la pierna a Marcial Fournier Vázquez. En el boletín Bandera Roja sus excamaradas le acusaron de ser un infiltrado policial. Sin embargo, Fournier simplemente había abandonado las filas de la formación.

Nacido en La Coruña, Juan Ángel Santos era un estudiante de 21 años que respondía al mote de Lolo. Se había casado muy joven, aunque vivía separado de su mujer. Quizá tuvo algo que ver la militancia de Santos en el PCE (r), que funcionaba a modo de secta. El chico residía en un piso de Lugo que les había proporcionado el partido con otro militante, Francisco Rodríguez Veloso.

No sabemos por qué ni cuándo, pero Paloma Gutiérrez Estévez, responsable del PCE (r) en la zona norte de España (Galicia, Asturias, León y Euskadi), y otros compañeros empezaron a dudar de la lealtad de Lolo. Creían que podía ser un confidente de las FCSE. En junio de 1978 Paloma Gutiérrez comunicó sus sospechas a la dirección de la formación, que, según dicta la sentencia, decidió que se procediera a «averiguar la realidad de tal imputación y que si se confirma que Lolo ha suministrado información a la Policía ha de dársele muerte; y encarga a Paloma la realización de aquella inquisición y la adopción y puesta en práctica de la decisión que sea consecuencia de la misma».

Prueba de que los GRAPO no eran sino el brazo armado del PCE (r), la líder política se puso en contacto directo con la banda terrorista. El 12 de junio por la mañana tuvo una cita en Marín con una integrante de la organización, Aurora Cayetano Navaro, «dispuesta a secundar lo que le sea indicado». Juntas se trasladaron a la casa que compartían Lolo y Francisco Rodríguez, quien fue informado de lo que iba a suceder y aceptó «participar en la acción». Allí mismo comenzó el interrogatorio de Juan Ángel Santos Sánchez, que se prolongó durante la tarde del 12 de junio y la mañana del día siguiente.

El 13 de junio Paloma Gutiérrez Estévez tomó la resolución de asesinar a Lolo, «a quien comunican la decisión durante la comida, que comparten con los otros tres procesados». Los cuatro salieron a la calle. Paloma Gutiérrez se despidió del resto. Era la persona que había juzgado y condenado a Lolo, pero no se mancharía las manos. Aurora Cayetano, Francisco Rodríguez y Lolo fueron en taxi a Vigo, donde cogieron otro que les llevó hasta las inmediaciones del monte La Madroa,

por el que se internan a pie, hasta un lugar cercano a un sendero cubierto de zaras, junto al que llegaron sobre las 11 de la noche. Aurora ordena entonces a Juan-Ángel Santos que se arrodille, al tiempo que saca una pistola de calibre nueve milímetros largo que portaba, cargada, en el bolsillo con la que, a muy corta distancia, hace un disparo de bala sobre la cabeza de Juan-Ángel, la que penetra por la parte posterior derecha del cráneo y sale por la parte anterior izquierda de la cara de la víctima, originando fractura de cráneo múltiple, de entidad tan grave que determina la muerte instantánea.

Al día siguiente del asesinato, el 14 de junio, Paloma Gutiérrez llamó a Francisco Rodríguez para asegurarse de que se habían cumplido sus órdenes. Su subordinado le confirmó que se había llevado a cabo la «ejecución». Dos semanas después la Guardia Civil encontró el cadáver de Lolo «en avanzado estado de putrefacción». Francisco Rodríguez no tardó en integrarse en los GRAPO.

La Audiencia Nacional condenó a Francisco Rodríguez y Aurora Cayetano como autores materiales del asesinato de Juan Ángel Santos Sánchez, y a Paloma Gutiérrez, como inductora del crimen. Cada uno de ellos recibió una pena de 25 años de prisión. Según fuentes oficiales, Lolo nunca había colaborado con las FCSE.

Damián Seco Fernández y Antonio Cívico Mendoza

El 25 de mayo de 1979 dos inspectores adscritos a la Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla repararon en un Seat 131 sospechoso que estaba aparcado en la avenida de Pedro Romero. Cabía la posibilidad de que se tratara del vehículo robado que estaba utilizando un comando de los GRAPO en aquella ciudad, que ya había asesinado a un policía nacional, Juan Manuel Torres León, y causado heridas gravísimas a su compañero, Juan Torrebejano Hita, que quedó tetrapléjico. Por si acaso, los inspectores Damián Seco y Antonio Cívico montaron un servicio de vigilancia y espera. Sobre las 12:30 horas una persona entró en el Seat 131 e intentó ponerlo en marcha.

Cuarenta años después, un amigo y compañero de los agentes, Marcelo Cruz, ya inspector jefe de la Policía Nacional, contó lo ocurrido en el periódico Hoy:

En ese momento, los policías se aproximaron al individuo con el fin de identificarlo e inmediatamente comenzaron a ser tiroteados desde un portal próximo. Damián, herido cobardemente por la espalda, cayó desangrándose al suelo, y uno de los terroristas se aproximó a él rematándolo con varias ráfagas de metralleta.

Nacido en Irún, la víctima tenía 32 años, mujer y dos hijos.

En el tiroteo también fue alcanzado por las balas un joven que pasaba por allí, Antonio Cívico Mendoza. Falleció en el acto. Se trataba de un estudiante sevillano de 18 años. Vivía con su familia muy cerca del lugar de los hechos y había salido de casa a comprar tabaco.

Uno de los integrantes de los GRAPO resultó herido y fue arrestado. A decir de Marcelo Cruz, gracias a aquella intervención

fue descubierto un piso franco de la organización en Sevilla, en el que se incautaron varios kilos de explosivos y diversas escopetas de cañones recortados, con lo que se evitaron futuros atentados. La muerte de Damián sirvió así para que muchos compañeros y ciudadanos siguieran viviendo.

California 47

A la mañana del día siguiente de este crimen, el 26 de mayo de 1979, José María Sánchez Casas, uno de los dirigentes de los GRAPO, se reunió con Alfonso Rodríguez García, jefe del comando Madrid. De acuerdo con la sentencia, «hablaron sobre poner un artefacto explosivo en la cafetería “California 47”, situada en la calle Goya, de Madrid, al reputarla frecuentada por activistas de extrema derecha».

A decir de Horacio Roldán (2008), hay que enmarcar el plan en la estrategia de «Ciento por uno». «Esta campaña desató un inusitado espíritu de venganza. La derecha radical había sido responsabilizada, en sectores de la izquierda, de muchas de las muertes de jóvenes contestatarios en manifestaciones». Apenas un mes antes, unos neonazis habían asesinado al joven comunista Andrés García muy cerca de la cafetería California 47. Ahora bien, la información en la que se basaban los GRAPO no era del todo exacta. Los ultras no utilizaban el establecimiento como lugar de reunión, sino que solían instalar tenderetes en el exterior. «Algunas veces esos activistas habían promovido altercados en el establecimiento», indica la sentencia.

Sánchez ordenó a su subordinado y a otra terrorista, María del Carmen López Anguita, que aquella misma tarde colocaran una bomba en California 47 para que hiciese explosión a las 17:30 horas. Una vez completada su misión, debían avisarle para que él a su vez pudiera alertar al establecimiento. En principio, el atentado solo pretendía provocar daños materiales.

Alfonso Rodríguez y María del Carmen envolvieron en papel de regalo el artefacto, de unos seis kilogramos y provisto de temporizador, que luego guardaron en un bolso. Entraron en la cafetería, en cuya barra tomaron una consumición. No tardaron en comprobar que en los lavabos de aquella planta no había sitio para esconder el explosivo, pero un camarero les contó que la sala de abajo se abría a las 18:00. Poco después de esa hora

la pareja entró en el salón de la planta-sótano, se sentó a una mesa y pidió a una camarera unas consumiciones, que fueron servidas. María del Carmen fue a los «lavabos» y volvió diciendo que había un armario propicio para esconder la bomba, y Alfonso le mandó que lo colocara allí; lo que ella hizo, sobre las seis y veinte, mientras él pagaba lo pedido, que no llegaron a tomar.

Tras abandonar la cafetería, Alfonso Rodríguez notificó a su superior que todo había ocurrido según lo previsto. A las 18:25 horas José María Sánchez llamó al local. Un dependiente descolgó el teléfono. «Escúcheme atentamente», le advirtió el terrorista, «desalojen la cafetería, dentro de cinco minutos hará explosión una bomba». Al preguntarle quién hablaba, Sánchez le cortó: «cállese y escuche, somos el GRAPO». Y colgó el teléfono.

El empleado alertó a un encargado, «quien (pese a que se venían recibiendo en el establecimiento frecuentes falsas alarmas de bomba) trató de comunicarse con la central del “091”; lo que no consiguió hasta pasados diez minutos». Mientras tanto los camareros buscaron el artefacto por cada rincón de la cafetería California 47. No lo encontraron. Parecía otro aviso falso.

A las 18:55 horas se produjo la detonación. Fue algo «absolutamente horrible», declaró una de las clientas de la cafetería, Paloma Sanz Briz, redactora de la agencia Efe. «Estaba merendando con una amiga, Teresa Alonso de Celis, cuando sonó una gran explosión y se llenó todo de humo, oyéndose gritos desgarradores y produciéndose una confusión tremenda». Su amiga fue una de las nueve víctimas mortales. Además, hubo 56 heridos. No obstante, la Administración solo ha reconocido a 15.

Al día siguiente del suceso, cuando leyó la lista de fallecidos en el periódico, José María Sánchez le comentó al jefe del comando Madrid que «por los apellidos de los afectados se veía que “era gentuza” y que no parecía que hubiera muerto “inocente alguno”». En palabras de Reyes Mate (2018), «sorprende con qué naturalidad los revolucionarios de todos los tiempos racionalizaban los muertos en la cuenta de resultados».

No obstante, la aparente satisfacción de José María Sánchez no era compartida por la cúpula de los GRAPO, que temió que aquella matanza manchara su imagen. Por ese motivo, los dirigentes de la banda «mostraron internamente su disconformidad por la operación, prohibiendo a Sánchez Casa reivindicarla y acordaron repartir propaganda atribuyendo la acción a servicios militares, policiales o parapoliciales». En cierto modo, la organización terrorista seguía aquí el ejemplo de ETA, que en septiembre de 1974 no solo había evitado reivindicar la masacre de la cafetería Rolando sino que había acabado acusando de ella a «núcleos ultra-fascistas estrechamente ligados a determinados medios policiales y políticos del Estado español».

Atentado contra la cafetería California 47, 26 de mayo de 1979.

Fuente: © Album / EFE

Solo su entorno creyó en la versión de los GRAPO. En 1981 la Audiencia Nacional juzgó y condenó a un total de 270 años de cárcel a José María Sánchez Casas, como inductor de la masacre, y a Alfonso Rodríguez García, como su autor material. Al año siguiente María del Carmen López Anguita fue encontrada culpable del mismo delito.

Jesús Argudo Cano

El 2 de mayo de 1980, entre las 19:00 y las 20:00 horas, tres encapuchados entraron en el edificio en el que tenía sus oficinas la General Motors en Zaragoza. Estaba prácticamente vacío. Solo quedaban algunos empleados y el director general, Theodor R. Faber. El comando no consiguió llegar hasta él. La puerta estaba custodiada por un guarda jurado. Matteo Re (2020) cita la documentación policial sobre los hechos:

mientras uno [de los terroristas] sujetaba la puerta del ascensor, otro encañonaba a tres [en realidad solo eran dos] dirigentes de G.M. que en ese momento se disponían a entrar en las oficinas y el tercero, sin mediar palabra, se dirigió al vigilante jurado, que se encontraba sentado en un sillón frente al ascensor y le disparó un tiro en la parte izquierda del cuello, causándole la muerte.

Inmediatamente los terroristas huyeron del lugar del crimen. Cuando el conserje del edificio encontró a la víctima, estaba ensangrentada y sentada en su silla, pero todavía respiraba. Falleció de camino al hospital.

De 58 años, el guarda jurado se llamaba Jesús Argudo Cano. Natural de Alcalá de la Vega (Cuenca), antiguo guardia civil (1949-1971), tenía mujer y tres hijos. Solía vigilar otra empresa, Balay, pero ese día le había cambiado el turno a un compañero, que iba a celebrar un bautizo.

Dos organizaciones diferentes reclamaron la autoría del asesinato de Jesús Argudo. Primero alguien llamó a un periódico en nombre del FRAP. Luego otra persona hizo lo propio en el del Frente Revolucionario Antifascista Vasco Aragonés. La primera reivindicación no era más que una pantalla: el FRAP ya se había disuelto. Todo parece indicar que la segunda fue la auténtica.

¿Qué era el FRAVA? Según Matteo Re (2020), «un grupo autónomo, bastante desorganizado, formado por militantes jóvenes e inexpertos». Sus integrantes procedían de la extrema izquierda aragonesa. Algunos de ellos habían militado en la Joven Guardia Roja, la filial del PTE. Al parecer, probablemente desilusionado por la vía institucional y moderada que había adoptado aquel partido y deslumbrado por los atentados de ETA, un sector de las juventudes del PTE había evolucionado hasta defender posiciones nacionalistas y el uso de la «lucha armada». No está claro cuándo se escindieron de la Joven Guardia Roja, pero el FRAVA ya estaba activo el 25 de enero de 1979, día en que algunos de sus miembros lanzaron un cóctel molotov contra el garaje de la Policía Local de Zaragoza. Su siguiente acción de envergadura, la última que realizaron, fue el asesinato de Jesús Argudo el 2 de mayo de 1980. Después no se supo nada más de la banda. «Todo lo que rodea al FRAVA tiene un halo de misterio», concluye Matteo Re.

El caso, un delito de terrorismo, debía haber sido instruido por la Audiencia Nacional. Sin embargo, este órgano judicial nunca lo recibió. El sumario se quedó en el Juzgado núm. 3 de Zaragoza. Como tantas en aquella época, la investigación fue rápida, torpe e incompleta. Se archivó menos de un mes después del asesinato. Nadie fue detenido, nadie fue juzgado, nadie fue condenado. El crimen quedó impune.

No se informó a la familia de la conclusión de la causa judicial. Tampoco recibió la correspondiente indemnización. De condición humilde, la viuda tuvo que sacar adelante a tres hijos sin ningún tipo de ayuda. No fueron reconocidos como víctimas del terrorismo hasta 1999.

Pedro Cabezas González y Constantino Limia Nogueiras

Entre 1949 y 2004 el Banco de España ocupó un edificio de la praza das Praterías de Santiago de Compostela. La oficina siempre estaba custodiada por una pareja de la Guardia Civil. El viernes 10 de marzo de 1989 les había tocado un turno de 24 horas a los agentes Pedro Cabezas González y Constantino Limia Nogueiras. Natural de La Coruña, Cabezas (48 años) estaba casado y era padre de dos hijas. Limia (52 años) también era gallego, pero de Junquera de Ambía (Orense). Tenía mujer y tres hijos.

Ellos no lo podían saber, pero los GRAPO llevaban varios días vigilando la sede del Banco de España. Según establece la sentencia, los terroristas

eran conocedores de que dicha oficina bancaria estaba habitualmente vigilada por dos guardias civiles que prestaban sus servicios allí, por lo que la acción de expropiación necesariamente pasaba por dar muerte a los agentes de la Guardia Civil con las armas de fuego que portarían.

Sobre las 11:00 horas de la mañana el comando de los GRAPO entró en el Banco de España. Un terrorista se apostó a la entrada mientras otros dos, Fernando Silva Sande y Guillermo Vázquez Bautista, se acercaron a los funcionarios «de forma súbita e inesperada». «Inmediatamente, sin darles tiempo a reaccionar, dispararon ambos de forma repetida con las armas de fuego que portaban, alcanzándoles en zonas vitales, lo que les causó su muerte inmediata, tras lo que se apoderaron de sus armas reglamentarias».

De acuerdo con La Voz de Galicia, otras dos integrantes de los GRAPO encañonaron a un empleado para que abriese la caja fuerte, en la que se guardaban 15.000 millones de pesetas. «Les gritó que la puerta era blindada y que no se podía abrir. “Creí que me iban a matar”, confesó años después». Pese a la advertencia, indica la sentencia, una de las terroristas disparó varias veces contra la cerradura. «No hay nada que hacer», acabó por asumir. El comando abandonó el local sin botín, pero con dos muertes a sus espaldas.

Cinco miembros del GRAPO participaron en aquel atraco frustrado. Una de ellas moriría en un atentado posterior. Los otros cuatro fueron condenados por la Audiencia Nacional en sucesivos juicios. Fernando Silva Sande se acabó arrepintiendo de su pasado y ha colaborado con la justicia.

«Yo tenía 13 años el día que los GRAPO mataron a mi padre», recordaba en La Voz de Galicia uno de los hijos de Constantino Limia, José Luis Limia Vila, que en aquel momento estaba estudiando en el colegio La Salle. «Vino a buscarme la mujer de un guardia civil. Me dijo que mi padre había sufrido un accidente. Cuando llegamos al cuartel lo entendí todo». Como es habitual en los descendientes de víctimas mortales del terrorismo, «mi infancia fue atroz, una experiencia malísima. Mi vida cambió tras el atentado». Tanto él como otros damnificados por los GRAPO se sentían desamparados por las instituciones. «Es como si fuésemos víctimas de segunda».

El reconocimiento tardó en llegar. En 2012 la antigua sede del Banco de España se convirtió en Museo das Peregrinacións. En 2018, con motivo del 50.º aniversario del asesinato de otro guardia civil, José Antonio Pardines, se alojó en una de las salas del museo la exposición temporal «Temos memoria. Víctimas del terrorismo en Galicia», que habían organizado el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y la Fundación de Víctimas del Terrorismo en colaboración con instituciones como la Xunta de Galicia. En el catálogo de la misma se recordaba que

ETA ha asesinado a 68 personas de origen gallego, los GRAPO a nueve, los yihadistas a cinco y el Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive a dos. Todo ello, sin olvidar a los heridos o los amenazados. Más allá de la frialdad de las cifras, detrás de cada víctima había un proyecto de vida que quedó truncado.

Tres décadas después del atraco al Banco de España, en marzo de 2019, se realizó otro homenaje a los agentes Pedro Cabezas González y Constantino Limia Nogueiras en el Museo das Peregrinacións. Al finalizar el acto se descubrió una placa con su nombre. La COPE recogió que Maite Cabezas, hija de Pedro, había pedido que no se tratara de un simple gesto:

las víctimas del GRAPO fueron, somos, las más invisibles. Esto que, obviamente, es un sentimiento, se puede constatar al mirar el comportamiento en otras comunidades. Nos referimos a la atención a las víctimas que se plasma, no solo en actos y homenajes afectuosos que nosotros aplaudimos sinceramente, sino que también se plasma en leyes.

Publio Cordón Munilla

Había nacido en Villar de Maya (Soria) el 7 de febrero de 1937. Su hija Carmen ha relatado en Memorias del terrorismo en España (2018) que «mi padre, fue un niño pobre que quedó huérfano de padre tras la Guerra Civil, por cierto, un padre republicano y maestro de pueblo. Fue un niño que tuvo que abandonar su aldea, su hogar, de la mano de su madre y su hermana para evitar morir de hambre y frío». Se habían mudado a Zaragoza en busca de nuevas oportunidades.

Fue un niño que nos contaba cómo sufría por no poder ayudar económicamente en casa y tener que centrarse en los estudios que su madre pagaba con sudor. Alguien de quien se reían en clase porque sus libros de texto eran copias hechas a mano y cosidas en casa, alguien que con 10 años juró que perseguiría el éxito y que trabajaría sin descanso para que a su familia nunca más le faltara de nada.

Seis años después consiguió un trabajo como vendedor de seguros que compaginaba con sus estudios: con el tiempo acabaría cuatro carreras universitarias y un máster. Tal y como había prometido, prosperó. En 1995, con 61 años, Publio Cordón era un empresario de éxito: presidía la compañía Previasa y el Grupo Hospitalario Quirón. También había formado una familia con su mujer Pilar Muro: tuvieron cinco hijos, aunque uno de ellos, el mayor, falleció en un accidente.

El 27 de junio de 1995, como hacía cada día, Cordón salió a correr con sus perros. Un comando de los GRAPO lo secuestró. A decir de su hija, «parece ser que él vio el peligro cuando se acercaron, intentó escapar, le persiguieron, le derrumbaron, le metieron en una furgoneta a golpes y se lo llevaron». Los terroristas lo trasladaron a una vivienda de Lyon (Francia). La banda exigió un rescate de 400 millones de pesetas. La familia pagó la cantidad requerida, pero Publio Cordón nunca regresó a su hogar.

Los GRAPO aseguraron que habían liberado al rehén, que probablemente habría viajado a Guatemala. Era mentira. Según el terrorista arrepentido Fernando Silva Sande, Publio Cordón falleció al caer por una ventana de la casa donde estaba secuestrado, supuestamente en un intento de huida. Su cuerpo habría sido enterrado en el bosque. Sin embargo, no hay pruebas sólidas de que los hechos sucediesen de esa manera. Ni siquiera se han encontrado los restos de la víctima.

Manifestación contra el secuestro de Publio Cordón, Zaragoza,
28 de marzo de 1996.

Fuente: Javier Cebollada © Album / EFE

Ana Isabel Herrero Izquierdo

Natural de Zaragoza, donde residía, tenía 44 años. Llevaba tres décadas casada con Francisco Colell Farré. Ambos eran propietarios de las empresas Arquitempo y Soluciones Expo. En octubre de 2005 los GRAPO empezaron a vigilarlos. Meses después del crimen se encontrarían en un zulo dos pendrives con archivos sobre los seguimientos, fotografías de Colell y una carta en la que se exigía el «impuesto revolucionario» al matrimonio. Estaba fechada en enero de 2006.

A las 21:00 horas de la noche del 6 de febrero de ese mismo año Ana Isabel Herrero y Francisco Colell se encontraban en un garaje de la calle Cervantes, donde iban a recoger su coche para irse a su domicilio. Se lo impidió la súbita aparición de dos terroristas, Jorge García Vidal e Israel Clemente López. Según la sentencia, este último les advirtió: «somos del GRAPO, esto es un secuestro, no hagan nada y no les pasará nada, conocemos toda su vida, Francisco Colell, y también la de su hermano, solo venimos a por dinero, entréguenos el móvil».

Tras arrebatarle el teléfono, los integrantes del comando cachearon a Colell por si llevaba armas, lo que alarmó a su esposa. Luego intentaron meter a los dos rehenes en el automóvil. Justo en ese momento

accedió al garaje otro vehículo, lo que motivó que aumentase el nerviosismo de Doña Ana Isabel Herero, desvaneciéndose, momento que aprovechó el Sr. Colell para entrar en su vehículo, ponerlo en marcha e intentar salir del lugar arrollando, en su defensa, a los acusados.

Israel Clemente López hizo fuego cinco veces contra Colell, causándole cuatro heridas, de las que tardaría 318 días en curar. El Mundo recogió las palabras que el pistolero pronunciaría durante el juicio: «Disparé hasta que agoté el tambor del revólver. Si hubiera tenido 15 balas, le habría disparado las 15».

Ana Isabel Herrero tuvo aún menos suerte.

Intentó huir por la rampa de acceso al garaje, lo que provocó que otro miembro de los GRAPO, Jorge García Vidal, tras un forcejeo, le efectuase un disparo a muy corta distancia con entrada por zona hepática, con salida ligeramente ascendente, y, para rematarla, un segundo, ya con la víctima caída en el suelo, con fractura ósea y traumatismo cerebral y ocasionándole la muerte en ese mismo instante.

Ana Isabel Herrero fue la última víctima mortal de la banda.

El 21 de febrero de 2006 los GRAPO enviaron a diversos medios de comunicación la reivindicación del ataque contra «dos empresarios esclavistas». En ella se podía leer que

el Comando José María Sánchez Casas [...] ejecutó en Zaragoza a la conocida empresaria y destacada explotadora Ana Isabel Herero Izquierdo y dejó gravemente herido a su socio, Francisco Colell Farré. El objetivo del operativo era expropiarles una determinada suma de dinero en concepto de impuesto revolucionario y así se les hizo saber en el momento en que fueron abordados, explicándoles nuestros combatientes que tenían orden de ejecutarlos inmediatamente si se negaban al pago. En lugar de atender razonablemente nuestras exigencias, ambos optaron por el enfrentamiento, resistiéndose a su detención.

En junio de 2007 la Guardia Civil descubrió dos zulos de los GRAPO, en los que estaban escondidos los revólveres utilizados en aquella acción. En 2009 la Audiencia Nacional condenó a los responsables del crimen. Durante el juicio, Jorge García Vidal, el autor material del asesinato de Ana Isabel Herrero, reconoció los hechos, pero intentando transferir la culpa a su propia víctima. «Le pego un primer tiro para inmovilizarla, y un segundo tiro para ejecutarla, como le había advertido. ¿Por qué no evitó esa persona ese disparo?».

CAPÍTULO IX

LOS VISITANTES. EL TERRORISMO INTERNACIONAL EN ESPAÑA

CAMPO DE BATALLAS AJENAS. LA VIOLENCIA DE LAS ORGANIZACIONES DE ORIENTE PRÓXIMO

Durante los años setenta y primeros ochenta Europa occidental sufrió el embate del terrorismo internacional: el de bandas que operaban más allá de las fronteras de su país de origen. Aunque tenían distinta orientación, en su mayor parte eran organizaciones nacionalistas radicales provenientes de Oriente Próximo que buscaban dar publicidad a su causa, perjudicar a Israel y Turquía, presionar a uno u otro gobierno o deshacerse de adversarios y disidentes. Una de sus acciones más tristemente célebres fue el secuestro y asesinato de 11 atletas y entrenadores israelíes durante los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, matanza reivindicada por Septiembre Negro.

Bien fuera por convicción ideológica, por solidaridad internacionalista o por un intento de instrumentalización, el fenómeno terrorista se globalizó por dos vías. Por un lado, se produjo la colaboración entre bandas de distintos puntos del planeta. Por otro, hubo cierto apoyo a estos grupos por parte de gobiernos como los de Siria, Irak, Yemen del Sur y Libia. Ahora bien, es necesario aclarar que las organizaciones que se aprovecharon de la ayuda de uno u otro actor no eran simples peones de estos: tenían su propia trayectoria, motivaciones y estrategia. Por añadidura, conviene resaltar que no todas las bandas terroristas siguieron ese camino: algunas carecían de conexiones internacionales o estas eran superfluas y muy esporádicas. En ese sentido, hay que descartar la hipótesis, tan en boga durante aquella época, de que existiera una Internacional Terrorista orquestada por la URSS contra Occidente. Lejos de haber sido diseñada en algún oscuro despacho del Kremlin, la tercera oleada del terrorismo fue una suma de iniciativas locales y autónomas. Baste como ejemplo ETA: tanto el franquismo como un sector del PNV le acusaron de no ser más que un títere del Bloque del Este, lo que ha desmentido un trabajo de Ibon Zubiaur (2018).

El primero que internacionalizó su actividad fue el nacionalismo palestino, que utilizaba el terrorismo en su enfrentamiento con el Gobierno de Israel, pero también para solventar sus disputas internas. Como se podía leer en la reivindicación del atentado de El Descanso por parte de un grupúsculo denominado Waad (La Promesa), que recogió La Vanguardia, «a pesar de que Palestina es el primer campo de batalla, la batalla contra el enemigo imperialista no tiene fronteras». Los orígenes del movimiento nacionalista palestino moderno se remontan a 1958, año de la fundación de Fatah, grupo de tendencia laica e izquierdista, y partidario de combinar política y «lucha armada». En 1964, con el respaldo de los países árabes, Fatah promovió la creación de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). En los años siguientes esta plataforma sufriría la escisión sucesiva de sus sectores más radicales, como el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) y Fatah-Consejo Revolucionario, a los que hay que sumar Septiembre Negro, probablemente una marca de conveniencia para reivindicar ciertos atentados.

Aprovechándose de los avances tecnológicos, de las grietas en la legislación antiterrorista, de la escasa cooperación mundial en esta materia y de la rapidez de los medios de comunicación, los terroristas palestinos cometieron asesinatos, atacaron aeropuertos y secuestraron aviones en toda Europa occidental. En su empeño contaron con aliados ajenos a lo que sucedía en Oriente Próximo, como ciertos gobiernos y bandas como la alemana RAF, el japonés Ejército Rojo o el venezolano Ilich Ramírez (Carlos el Chacal).

En España la violencia política derivada de la conflictiva problemática de Oriente Próximo causó 13 víctimas mortales, sin incluir la masacre de El Descanso, que parece responder a un fenómeno terrorista de otra índole. Según los cómputos de Domingo Jiménez Martín (2005), también hirió a 17 personas. Se trata de cifras de damnificados superiores a las de bandas domésticas como el FRAP, a pesar de lo cual el terrorismo de origen palestino sigue siendo uno de los menos conocidos.

La primera acción internacional en suelo español se registró en agosto de 1971. Se trató de una bomba de Fatah en un avión de las líneas aéreas jordanas estacionado en el aeropuerto de Barajas. El nacionalismo palestino tardó un año y medio en pasar de los sabotajes al atentado mortal. En enero de 1973 un pistolero de Septiembre Negro acabó a tiros con la vida de Baruch Cohen (Moisés Yshai Hanan o Euri Molo) en la capital de España. Se trataba de un agente del servicio secreto israelí, el Mosad.

Con Cohen se inauguraba la lista de víctimas mortales del terrorismo internacional en España. La de los secuestros se abrió en septiembre de 1975, cuando un comando presumiblemente cercano al FPLP asaltó y ocupó la Embajada de Egipto en Madrid para protestar contra el acercamiento del gobierno de dicho país a Israel. Los terroristas tomaron rehenes, entre ellos el embajador, a los que utilizaron como escudo. Tras una negociación, la célula se trasladó al aeropuerto de Barajas. Un avión los llevó a Argel. Domingo Jiménez Martín (2005) señala que con ese episodio España se convertía

en escenario de un nuevo ciclo de violencia terrorista internacional que tenía dos propósitos estratégicos: por un lado, conseguir objetivos puntuales como lograr la retirada de los delegados egipcios en las negociaciones egipcio-israelíes de Ginebra, y por otro, trasladar el conflicto y la inseguridad más allá de las fronteras del mundo árabe.

Pese a aquellos precedentes, la etapa en la que el terrorismo de corte nacionalista palestino más actuó en nuestro país fue la Transición. La razón estribaba en que el punto culminante de esta violencia política, que formaba parte de la tercera oleada, coincidió con el momento de mayor debilidad de la joven democracia española y el de menor efectividad de las FCSE, sobrepasadas y sin apenas información sobre el fenómeno, aunque irían mejorando sus métodos poco a poco, como ocurrió en su lucha contra el terrorismo doméstico.

El 9 de julio de 1979 en plena Gran Vía de Madrid un pistolero disparó por la espalda al estudiante jordano Mohamed Aref Musa. La víctima falleció en el hospital horas después. Fuentes policiales atribuyeron el crimen a Fatah, pero no hay pruebas concluyentes al respecto. Se trata de un problema habitual con este tipo de atentados: a consecuencia de la escasez de sentencias judiciales al respecto, la autoría suele ser dudosa. No ocurrió lo mismo, sin embargo, con el asesinato de Adolfo Cotelo Villarreal en marzo de 1980. El arresto del autor material del crimen permitió establecer que llevaba la firma de Fatah-Consejo Revolucionario.

En noviembre de 1981, en Barcelona, un terrorista arrebató la vida de Nizar Sabag, destacado miembro sirio de los Hermanos Musulmanes. Aquella organización acusó al Gobierno de Siria de estar detrás del asesinato, pero la investigación de las FCSE no llegó a buen puerto. Tampoco hay certeza alguna sobre quién mató en marzo del año siguiente a Nabil Aranki Wadi, corresponsal de prensa y militante del FPLP. Para El País,

el régimen sirio del presidente Hafez el Assad aparece como el principal sospechoso del asesinato de un militante palestino el 1 de marzo en Madrid [...]. El atentado contra Nabil Arankj Wadi, se enmarca, aseguran fuentes cercanas al caso, en la actuación intimidatoria del régimen baasista sirio contra su oposición en el exilio y sus aliados iraquíes y jordano.

Después de estas acciones se produjo el intento de asesinato del agregado cultural de Siria en abril de 1982, aunque el diplomático pudo repeler el ataque con su propia arma de fuego. Quizá podría interpretarse como una represalia por los dos atentados mortales supuestamente instigados por el Gobierno de Siria, pero carecemos de evidencias al respecto.

Tampoco sabemos por qué en junio de 1983 un terrorista abrió fuego contra dos estudiantes en Barcelona: un sirio, Ibrahim Alkaalif, y otro jordano, Ibrahim Ahmad Dannoun. Alkaalif falleció en el hospital. Su amigo resultó gravemente herido. Siguiendo a El País, Ibrahim Ahmad Dannoun era

el presidente de la Asociación de Estudiantes Palestinos y miembro de la organización Al Fatah, integrada en la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). La militancia de Ahmad en la OLP hizo que se supusiera que el atentado había sido hecho con finalidades políticas. Fuentes policiales afirman que, a pesar de no descartar esta posibilidad, el móvil de la acción podría ser otro.

Por ejemplo, la OLP acusó al Mosad.

Los representantes de diversas organizaciones y los funcionarios extranjeros destinados en España fueron uno de los objetivos prioritarios del terrorismo internacional. En septiembre de 1982 Fatah-Consejo Revolucionario mató al secretario de la Embajada de Kuwait Najeeb Sayeb Hashem, a quien habían confundido con el embajador. Se trataba, una vez más, de un intento de forzar a un gobierno a tomar una postura más favorable a los intereses palestinos en el conflicto de Oriente Próximo. En diciembre de 1983 dos diplomáticos jordanos fueron atacados en Madrid. Uno de ellos resultó herido. El otro, Walid Jamal Balkiz, falleció. El atentado fue reivindicado por las Brigadas Revolucionarias Árabes, denominación bajo la que probablemente se ocultaba Fatah-Consejo Revolucionario.

En octubre de 1985 fueron secuestrados, torturados y asesinados en Barcelona Joseph Abu Naacob y Joseph Abu Zion, dos marineros de un mercante que pertenecía a una naviera israelí. Aquella acción fue reivindicada por Fuerza 17, una unidad de la OLP. Para El País, los fallecidos «oficialmente siguen siendo el encargado de calderas y el camarero del buque, y no tuvieron derecho a honores militares, pero bajo cuerda se reconoce en Tel Aviv que trabajaban para el Mosad». De ser cierto, este servicio secreto acumularía en aquel momento tres víctimas mortales en suelo español.

Al año siguiente, en junio de 1986, Abu Mussar, una escisión de Fatah, intentó introducir una bomba camuflada en un maletín en el avión que hacía el trayecto Madrid-Tel Aviv para que se activase en pleno vuelo. Cuando el equipaje estaba en el mostrador de facturación de la compañía israelí El Al, un empleado detectó humo. Rápidamente, el jefe de seguridad alertó a los pasajeros para que se alejaran de allí. El artefacto explotó, provocando 14 heridos, pero se había evitado una catástrofe.

El nacionalismo palestino no fue el único actor terrorista internacional que operó durante la Transición española. En junio de 1978 tres miembros del Ejército Secreto Armenio para la Liberación de Armenia (ESALA) acabaron con la vida de la esposa del embajador turco en Madrid, Necla Kuneralp, su cuñado, Besir Balcioglu, y su chófer, de nacionalidad española, Antonio Torres Olmedo. Entre 1979 y 1981 esta banda atacó las oficinas de compañías aéreas occidentales en nuestro país. El 30 de diciembre de 1980 un par de sus artefactos estallaron en Madrid, dejando cuatro heridos.

Quedan por exponer varios atentados producidos en Ceuta durante los años setenta y cuya autoría nunca ha sido esclarecida. En junio de 1975 explotaron dos bombas en aquella ciudad. La primera, a las 15:00 horas, adosada a un vehículo, causó lesiones a un legionario que se encontraba de guardia en la Comandancia General. Una hora y media después se produjo otro atentado en la Comandancia Militar de Marina. Afectó a dos carpinteros que se disponían a subir un mueble a la última planta del edificio. Luis López Ramírez sufrió heridas graves, pero Fernando Fernández Moreno falleció antes de llegar al hospital. Se cerró la frontera y las tropas fueron acuarteladas, pero nadie reivindicó aquellas acciones terroristas y la investigación policial se empantanó.

En octubre de 1978 tres jóvenes descubrieron un paquete sospechoso en el paseo de Colón, junto a la antigua estación de autobuses de Ceuta. La Policía mandó a varios agentes, que comprobaron que se trataba de un artefacto explosivo. Cuando intentaban desactivarlo, hizo explosión, hiriendo a un inspector. Alguien se atribuyó la bomba en nombre del Frente Patriótico de Liberación Marroquí, que supuestamente reclamaba la anexión de las ciudades de Ceuta y Melilla al Reino de Marruecos. Sin embargo, el Gobierno del país vecino negó que existiera tal organización.

El 5 de marzo del año siguiente una maleta que contenía 16 kilogramos de goma 2 explotó en el hotel Ulises de Ceuta. Hubo 16 heridos. El Frente Patriótico de Liberación Marroquí reapareció para reivindicar aquel ataque, pero no había pruebas de su existencia. Las FCSE responsabilizaron de los atentados producidos en Ceuta al PCE (internacional) línea proletaria, que estaría actuando en solidaridad con el Frente Polisario. Este grupúsculo de extrema izquierda fue desarticulado entre 1980 y 1981: la Policía Nacional arrestó a 50 de sus presuntos miembros, a los que se les incautaron 23 kilogramos de explosivo.

Precisamente el Frente Polisario, oficialmente Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro, fue otro actor de violencia política internacional. Durante los años setenta y ochenta secuestró y asesinó a ciudadanos españoles en el territorio que reclamaba como propio: el Sáhara Occidental y sus aguas circundantes. Se trataba de mineros y pescadores, en su mayoría canarios. El Ministerio del Interior ha reconocido a 21 víctimas mortales de este grupo: la primera se produjo en mayo de 1975, y la última, en septiembre de 1986. Sin embargo, la Audiencia Nacional no ha considerado las acciones del Frente Polisario como delitos de terrorismo. Tampoco contamos con estudios académicos solventes sobre su actividad, por lo que sería necesario investigar el caso con más detenimiento.

EL DESCANSO. UNA MATANZA EN BUSCA DE AUTOR

Entre el tardofranquismo y la Transición operó en España un terrorismo internacional que se inscribía en la tercera oleada y era nacionalista y secular. No obstante, no tardó en hacer aparición un terrorismo global de carácter muy diferente: el fundamentalista islámico. Ya a principios de los años ochenta se habían instalado en nuestro país células terroristas de confesión chíi y origen libanés, que supuestamente pertenecían a la organización Yihad Islámica, aunque autores como Luis de la Corte y Javier Jordán (2007) apuntan a que esa denominación no era más que una pantalla empleada por Hezbolá para desligarse de algunas de sus acciones. Por ejemplo, en octubre de 1983 Yihad Islámica reivindicó un atentado indiscriminado en Beirut que había dejado más de 210 víctimas mortales entre soldados estadounidenses y franceses, así como civiles libaneses.

Si aceptamos su autoría de la matanza de El Descanso, Yihad Islámica (o la organización que se escondiese bajo tal nombre) asesinó a 19 personas en España y, según Domingo Jiménez Martín (2005), hirió a otras 112. En agosto de 1984 este grupo atentó en Marbella contra Kalid Almarzook, propietario del periódico kuwaití Alanbaa, que estaba manteniendo una línea favorable a Irak en la guerra que sostenía contra Irán. El empresario resultó ileso, pero los disparos hirieron a uno de sus acompañantes y acabaron con la vida de su chófer, el paquistaní Yousuf Harsan. Según El País, una llamada anónima reivindicó el atentado. «Nosotros, los resistentes libaneses, la organización del Jihad Islámica, reivindicamos la responsabilidad del intento de atentado contra el jeque Almarzook en España [...]. Proclamamos nuestra determinación de golpear cualquier objetivo kuwaití dentro y fuera de la nación árabe».

Pero no todos los blancos de la violencia fundamentalista chií eran de nacionalidad kuwaití. Al mes siguiente, otra vez en Marbella, Yihad Islámica asesinó al ingeniero saudí Nasser Abdul Aziz e hirió a un compatriota. En noviembre de 1984, aunque en esta ocasión en Madrid, un pistolero dejó gravemente herido al libanés Elías Yousef Assad.

En palabras de Domingo Jiménez Martín (2005),

sería en septiembre de 1984 cuando se produjera una cadena de sucesos, presumiblemente relacionados, entre Madrid y Beirut: el intento de asesinato de un funcionario de la Embajada libia en Madrid, la detención de los autores y el secuestro del embajador español en Beirut (todo ello contextualizado en uno de los momentos de mayor violencia en el conflicto del Líbano).

No fue el último secuestro que sufrieron los diplomáticos españoles en el Líbano. En enero de 1986 serían tomados como rehenes el canciller de la Embajada Assad Abdo, el vicecanciller Gaspar Abdo y el policía nacional Pedro Antonio Sánchez.

De acuerdo con Jiménez,

los comandos islamistas incrementaron a partir de 1983 el nivel de violencia en sus acciones y «cruzaron», en abril de 1985, la línea que el terrorismo perpetrado por radicales procedentes del mundo árabo-islámico en España había respetado desde años antes: evitar daños colaterales humanos o buscar víctimas entre ciudadanos españoles.

A las 22:30 horas de la noche del 12 de abril de 1985 una bomba estalló cerca de los servicios del restaurante El Descanso (Madrid), situado en el kilómetro 14,2 de la carretera Nacional II Madrid-Barcelona. Los TEDAX de la Policía Nacional dedujeron que se trataba «de un artefacto formado por un bajo explosivo, en una cantidad aproximada de seis kilos, activado por un sistema eléctrico con retardo». Gracias a las declaraciones de los supervivientes que aparecen en el sumario, podemos hacer una reconstrucción aproximada de lo que experimentaron quienes se encontraban dentro del local. Una cliente contó que había visto «un enorme resplandor de color azul, sin poder precisar origen, simultáneo con una fuerte explosión que se produjo, de forma muy seca, precedida de una vibración». Otro

observó una fuerte vibración, produciendo sensación de descarga eléctrica, así como un estruendo sordo que provenía de la zona de la cafetería del restaurante, para acto seguido comprobar como el techo del comedor se vino abajo en su totalidad, quedando el edificio, más concretamente la zona donde estaban, a cielo abierto.

Uno de los camareros «oyó una fuerte explosión, notando que acto seguido se desprendían cascotes del techo; produciéndose rotura de cristales, quedando todo en completa oscuridad, al mismo tiempo que oía gemidos de las personas que allí se encontraban». El dueño del establecimiento,

cuando se encontraba mirando a los servicios situados al otro extremo de la barra, sintió un temblor seguido de una luminosidad intensa procedente de la zona de los servicios, seguido de un fuerte ruido. Que a consecuencia de la onda expansiva que se produjo, fue despedido unos dos metros cayendo al suelo y sobre él cayeron gran cantidad de cascotes que lo sepultaron totalmente.

La primera patrulla de la Policía Nacional en responder a la llamada de emergencia manifestó en las diligencias que «una vez en el lugar de los hechos se pudo comprobar que el citado Restaurante se encontraba totalmente destruido». Agentes, bomberos y ciudadanos anónimos procedieron a rescatar a los heridos de entre los escombros. Luego sacaron los cadáveres. El balance final del atentado fue de 18 víctimas mortales. «Pese a que la investigación y las informaciones publicadas fijan como 84 la cifra de heridos en el atentado», señalan María Jiménez y Javier Marrodán (2019), «solo 40 están reconocidos oficialmente. Entre ellos hay 39 civiles y un agente de la Policía Municipal».

«En general, la marcha del negocio era inmejorable, contando con numerosa clientela, siendo gran parte de ella ciudadanos norteamericanos de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid)», declaró la dueña del restaurante a la Policía. Los militares de EE. UU. solían cenar a una hora más temprana que aquella en la que se había producido la explosión, razón por la que no hubo víctimas mortales de nacionalidad estadounidense. Sin embargo, desde un principio las FCSE sospecharon que el Ejército de aquel país era el verdadero objetivo del atentado.

La peor masacre terrorista en la historia reciente de España (hasta el atentado de Hipercor) fue reivindicada por dos organizaciones distintas, ambas de ámbito internacional: la palestina Waad y la libanesa Yihad Islámica. De acuerdo con las diligencias policiales, esta última era la opción más probable. El segundo comunicado de Yihad Islámica rezaba así: «El islam está preparado. España e Italia son los primeros objetivos. El atentado de Madrid ha sido el inicio de la guerra santa islámica. Muerte a Estados Unidos. Los apóstoles de la muerte están preparados para reemprender la guerra santa».

Como señala Domingo Jiménez Martín (2005), «quizás habría que contemplar que los terroristas pretendían no solo asestar un golpe a EE. UU. en vísperas de la visita a Madrid del presidente norteamericano Ronald Reagan, sino también dar un “toque de atención” al que hasta entonces habían considerado un “pueblo amigo”». Este autor sugiere que «es muy posible» que Yihad Islámica «no viese con buenos ojos la permanencia en la Alianza Atlántica de “la tierra de Al-Andalus”».

El sumario sobre el atentado en El Descanso se archivó en marzo de 1987 por falta de autor conocido. Más allá de las reivindicaciones de Yihad Islámica y de su historial de acciones terroristas en España, no había pruebas concluyentes respecto a la autoría de la masacre. Debido a la identificación de un posible sospechoso, la Audiencia Nacional reabrió el caso en 2005, pero tampoco tuvo resultado positivo. Volvió a cerrarse. Se trata de uno de los centenares de casos sin resolver en la historia del terrorismo en España.

El último acto de violencia que perpetró Yihad Islámica en nuestro país data de julio de 1985. Los terroristas atacaron distintas sedes de líneas aéreas extranjeras ubicadas en Madrid, tanto mediante explosivos como con armas de fuego. Hubo una víctima mortal, Esther Grijalba Gómez-Ayarza, y 11 heridos, de acuerdo con la base de datos del Ministerio del Interior, aunque la prensa elevaba la cifra a 26. Aquellos atentados pusieron el punto y final a la actuación de las bandas de confesión chíi en España, pero no a la violencia de corte fundamentalista. Muy lejos de nuestras fronteras estaba gestándose un nuevo ciclo de terrorismo protagonizado por un sector radicalizado de la otra rama del Islam, el sunismo.

Atentado del restaurante El Descanso.

Fuente: Mondelo © Album / EFE

LA CUARTA OLEADA DEL TERRORISMO. DE AFGANISTÁN A AL ÁNDALUS

Según la doctrina suní, la religión islámica tiene cinco preceptos fundamentales: la profesión de la fe, la oración, la limosna, la oración y la peregrinación a La Meca una vez en la vida. De acuerdo con Miguel Ángel Ballesteros (2016), los yihadistas añaden un sexto pilar: «la obligación de hacer la yihad tal y como ellos la entienden, es decir, mediante el uso de la violencia». El matiz es importante, ya que la mayoría de los musulmanes no dan prioridad al sentido bélico de ese concepto («yihad menor»), sino a la «yihad mayor»: el esfuerzo personal para mejorar espiritualmente como creyente.

Como explica Juan Avilés (2017), la fuente en la que bebía el terrorismo yihadista era la obra de teóricos fundamentalistas islámicos del siglo XX que hicieron una lectura literal de los textos sagrados de esta fe. Se trataba de autores como el egipcio Sayyid Qutb, miembro de los Hermanos Musulmanes, una organización clave en la radicalización de una corriente del sunismo, el también egipcio Muhammad Abd al Salam Faraj y el palestino Abdullah Azzam. El movimiento salafista, de carácter ultraconservador, pretendía que el mundo musulmán regresase a lo que consideraba su Edad de Oro, la inmediatamente posterior a Mahoma, por lo que propugnaba reislamizar la sociedad, implantando la sharía (ley islámica) y eliminando la influencia modernizadora de Europa y los EE. UU. Por lo general, el fundamentalismo islámico aceptaba las vías políticas dentro de la legalidad, pero un sector minoritario se decantó por las armas: el yihadismo.

Los acontecimientos históricos que sirvieron de catalizador a la cuarta oleada de terrorismo fueron la revolución iraní (1979) y, sobre todo, la guerra de Afganistán (1978-1992). Acosado por la insurgencia muyahidín, el débil régimen comunista afgano recurrió al ejército de la URSS. En el marco de la Guerra Fría, los rebeldes recibieron apoyo de países como Arabia Saudí, Paquistán y EE. UU., que les proporcionaron armas y dinero. También se unieron a la lucha muyahidines de otros países, mayoritariamente del mundo árabe. Uno de ellos fue el millonario saudí Osama bin Laden, que tuvo un papel importante en el traslado de los voluntarios extranjeros a Afganistán, así como en su entrenamiento militar.

Osama bin Laden fue el fundador y principal dirigente de la organización terrorista Al Qaeda. Siguiendo a Antonio Elorza (2020), su mano derecha era el médico egipcio Ayman al-Zawahiri, «quien tras la muerte de Abdulá Azzam será su proveedor de ideología, fundiendo las dos tradiciones yihadistas, la deriva terrorista de los Hermanos Musulmanes y la ortodoxia wahhabí», hegemónica en Arabia Saudí. Desde el triunfo de los talibanes en Afganistán en 1996, el grupo contó con un «santuario» desde el que operar, pero su perspectiva siempre fue internacional. Si bien durante la guerra de Afganistán los muyahidines se habían enfrentado a un «enemigo cercano», el gobierno «ilegítimo» y su aliado soviético, Osama bin Laden dirigió la violencia de Al Qaeda contra el «enemigo lejano», es decir, contra EE. UU., Europa e Israel, presentados como culpables de todos los males del Islam. Por ese motivo en febrero de 1998 anunció la creación de un Frente Islámico Mundial contra «cruzados y judíos».

En palabras de Luis de la Corte (2018), aquellas amenazas contra Occidente se tradujeron en dos líneas operativas esenciales: reacción violenta a la presencia de tropas y personal estadounidense en países de mayoría musulmana (manifestada mediante atentados perpetrados en Kenia, Tanzania y Yemen antes del 11-S, más otros fallidos y algunos en los que la responsabilidad de Al Qaeda no llegó a demostrarse) y promoción de una campaña de atentados con máximo impacto humano y simbólico contra objetivos occidentales a realizar en Occidente.

Esta red logró cotas de devastación sin apenas parangón en la historia del terrorismo, como el ataque contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania de agosto de 1998, que dejó más de 220 víctimas mortales y miles de heridos. De acuerdo con González Calleja (2013), el grupo de Osama bin Laden «se convirtió en la principal “franquicia” del yihadismo global, aunque no coordinase todas sus actuaciones». Ahora bien, es importante subrayar que su objetivo no era la conquista mundial, sino la expulsión de «cruzados y judíos» de las tierras que reclamaban como musulmanas.

El 11 de septiembre de 2001 integrantes de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones de pasajeros que estrellaron contra edificios estratégicos de EE. UU.: las Torres Gemelas de Nueva York y El Pentágono (Virginia). Aquellos atentados suicidas costaron la vida a unas 3.000 personas, entre las que había una española: Silvia de San Pío. Se trataba de una chica, embarazada, que trabajaba como analista en una firma que tenía sus oficinas en las Torres Gemelas. Su marido, de nacionalidad estadounidense, también falleció en el ataque. No solo se trató de la acción terrorista más mortífera de la historia, sino que, como recuerda Luis de la Corte (2018), «contribuyó a que la economía estadounidense entrara en recesión, generó una inmensa crisis de confianza en la seguridad e impulsó una nueva política liderada por Estados Unidos que derivó en dos guerras». Primero, la invasión de Afganistán en 2001. Luego, de manera indirecta, la de Irak en 2003.

Aunque el yihadismo siguió cometiendo atentados, como la masacre del 11-M en Madrid y la del 7 de julio de 2005 en Londres, los EE. UU. y sus aliados consiguieron ir cerrando el cerco en torno a la cúpula de Al Qaeda. El declive de la red se hizo evidente cuando en mayo de 2011, con la aprobación del presidente Barack Obama, la fuerza de operaciones especiales de la Armada de Estados Unidos mató a Osama bin Laden en Paquistán. El fallecimiento de su cabecilla no acabó con Al Qaeda, pero sí la dejó muy debilitada.

No obstante, el yihadismo cobró nuevos bríos en el marco de la guerra civil siria y los conflictos internos que habían estallado en Irak tras la conquista de EE. UU. En un principio, parte de estos grupos terroristas estaban ligados de una u otra forma a Al Qaeda. En octubre de 2006 siete de las organizaciones yihadistas que operaban en Irak crearon el Estado Islámico de Irak. Siguiendo a Miguel Ángel Ballesteros (2016), se trataba de «un intento de dar forma de Estado al territorio sunita iraquí que dominan. Como jefe es elegido Abu Omar el Baghdadi. Ya no solo combatirán a la coalición internacional, sino también a los chiitas (que acabarán por ser sus mayores víctimas)».

En 2013, tras irrumpir en Siria, donde se enfrentó tanto al Gobierno como a las fuerzas rebeldes, la organización fue rebautizada como Estado Islámico de Irak y el Levante. En ese contexto se produjo la ruptura con Al Qaeda. El autoproclamado Estado Islámico, también conocido como Dáesh, creció y se marcó como objetivo restaurar un «califato» de extensión universal. En palabras de Antonio Elorza (2020), «no se trataba ya de salvaguardar los territorios sagrados del Islam, sino de conquistar todo el mundo para el Islam, yihad mediante».

Según Juan Avilés (2017), esta organización

representa un claro ejemplo de la llamada amenaza híbrida, es decir, de un enemigo que emplea diversas formas de lucha, incluidos el terrorismo a gran escala, la insurrección abierta y el intento de crear un Estado capaz de controlar un territorio en el que recauda impuestos, impone su modelo de la sharía, adoctrina a la población y recluta combatientes.

Y es que, a consecuencia de sus éxitos militares en Siria e Irak, Dáesh erigió un protoestado que atraía a miles de jóvenes musulmanes radicalizados de todo el mundo y tenía unos ingresos anuales estimados de unos 2.000 millones de dólares en 2015. Gracias a la acción combinada del ejército iraquí, con apoyo de EE. UU., y de milicias chiís y kurdas, respaldadas por Irán, el «califato» acabó derrumbándose. Ahora bien, su derrota no significa que el peligro yihadista haya desaparecido, ya que subsiste en forma de red terrorista internacional.

11-M. LA YIHAD EN MADRID

Jesús A. Núñez (2018) advierte de que «Dáesh no está en España, pero, como antes Al Qaeda, sueña con España. O mejor sería decir con Al Ándalus, jugando con esa simbología tan querida a los yihadistas que les lleva a imaginar a toda la península ibérica como parte sustancial de su sueño califal». En efecto, nuestro país ha sido uno de los que ha sufrido un mayor grado de violencia fundamentalista islámica en Europa occidental. Incluyendo a las de la masacre de El Descanso, el terrorismo yihadista ha producido 288 víctimas mortales y 2.036 heridos en España. En la mayor parte de los casos los atentados ocurrieron dentro de nuestras fronteras, pero se trata de un fenómeno global: 61 ciudadanos de nacionalidad española han sido asesinados fuera de ellas. Después de ETA, se trata del segundo actor terrorista más letal en nuestra historia reciente.

Los yihadistas empezaron a llegar a España en los años ochenta, y su flujo creció en la década siguiente. Al principio su objetivo no consistía en preparar y realizar atentados en el interior de nuestro país, sino que se centraban en tareas logísticas y en el adoctrinamiento y la radicalización de otros musulmanes. Existían dos núcleos diferentes. El segundo en implantarse en España, en 1996, fue una célula procedente de Argelia, que servía de apoyo al Grupo Islámico Armado, organización que se había fundado en Argelia en 1992. Fue desmantelada por las FCSE en 1997. Tres años antes, en 1994, se había establecido un grupo de origen sirio, que estaba liderado por Imad Eddin Barakat Yarkas (Abu Dahdah) y contaba con conexiones con Al Qaeda. Los seguidores de Abu Dahdah se dedicaban a captar voluntarios para los campos de entrenamiento de Afganistán y a recaudar y blanquear fondos para el terrorismo trasnacional. No obstante, en palabras de María Jiménez y Javier Marrodán (2019),

su principal logro fue poner en contacto a radicales yihadistas dispersos por la geografía española, que se fueron organizando en células. Una de ellas fue la responsable de los atentados del 11-M. La red de Abu Dahdah fue desarticulada gracias a la conocida como operación Dátil, desarrollada por la Policía Nacional entre noviembre de 2001 y septiembre de 2003.

En opinión de Fernando Reinares, Carola García-Calvo y Álvaro Vicente (2019), los miembros del grupo de Abu Dahdah que habían escapado del cerco policial conformaron «en marzo de 2002, en Madrid, el núcleo inicial de lo que será la red del 11-M». A esta base se le añadieron posteriormente otros dos colectivos. Por un lado, integrantes del Grupo Islámico Combatiente Marroquí, organización yihadista que estaba afiliada a la red de Al Qaeda. Por otro, «una banda de delincuentes comunes radicalizados». Según estos autores, en la preparación de la masacre del 11-M participaron unos 30 individuos, mayoritariamente de nacionalidad marroquí, que estaban en contacto con Al Qaeda.

Con todo, desde la masacre de El Descanso hasta el 11 de marzo de 2004 el yihadismo no produjo víctimas dentro de España. Sí acabó con la vida de ciudadanos españoles en el extranjero. En diciembre de 1993 Manuel López Bailén, un comerciante importador de mariscos, fue asesinado en Argelia. En agosto de 1994 tres terroristas dispararon indiscriminadamente contra un hotel de Marrakech, matando a dos turistas de nacionalidad española, Antonia García Cuevas y Salvador Torras Turrell. En agosto de ese mismo año un comando de Yamá Islamiyá atacó un autobús turístico en Egipto, acabando con la vida del niño Pablo Usán Ambrosio e hiriendo a varias personas, entre ellas sus padres. En octubre de 1994 dos monjas fueron asesinadas en Argel: Esther Paniagua Alonso y María Caridad Álvarez Martín. La autoría del crimen no está clara, aunque se sospecha del Grupo Islámico de Salvación.

El 16 de mayo de 2003 el Grupo Islámico Combatiente Marroquí llevó a cabo una serie de atentados suicidas contra edificios ligados a Europa e Israel en Casablanca (Marruecos). Causaron 45 víctimas mortales y más de un centenar de heridos. Una de las explosiones se produjo en el restaurante Casa de España, donde fallecieron 22 personas, cuatro de ellas españolas: Manuel Albiach Tutusus, Francisco Abad Lazo, Domingo Mateos Texeira y Joan Alié Maciá. Además, el Ministerio del Interior reconoció a cuatro heridos de nacionalidad española en dicha acción terrorista, uno de ellos con incapacidad permanente absoluta.

Atentados del 11-M de 2004.

Fuente: Sergio Barrenechea © Album / (EPA) EFE

El 19 de agosto de 2003 terroristas lanzaron un camión bomba contra la sede de la ONU en Bagdad. La explosión acabó con la vida de 24 personas. Entre las víctimas estaba el capitán de Navío Manuel Martín-Oar, que se encargaba de coordinar la ayuda humanitaria a Irak. El 29 de noviembre de ese mismo año un grupo de agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sufrieron un ataque terrorista en aquel país. Hubo siete fallecidos. Pese a aquellos atentados, era difícil prever que tan solo cuatro meses después el yihadismo provocaría la mayor matanza de la historia reciente de España.

Se han publicado numerosos artículos y libros sobre el atentado, pero para reconstruir los hechos con exactitud lo mejor es recurrir a la sentencia de la Audiencia Nacional, que es la que establece la verdad judicial. Según este documento, los terroristas «en la mañana del día 11 de marzo de 2004 colocaron, en cuatro trenes de la red de cercanías de Madrid, 13 artilugios explosivos de iniciación eléctrica compuestos por dinamita plástica y detonador alimentados y temporizados por un teléfono celular o móvil». Estaban escondidos dentro de mochilas y bolsas. Diez de ellas explotaron entre las 7:37 y las 7:40 horas de la mañana, cuando los trenes estaban circulando a la altura de la calle Téllez o en las estaciones de Atocha, El Pozo y Santa Eugenia.

Los atentados indiscriminados del 11-M causaron 192 víctimas mortales. Además, la sentencia de la Audiencia Nacional establece que hubo 1.841 heridos, aunque el Ministerio del Interior ha indemnizado a 1.763. De acuerdo con María Jiménez y Javier Marrodán (2019),

más del 91 por 100 de los heridos por los atentados del 11M sufrieron lesiones no invalidantes. El 9 por 100 restante —156 personas— se reparte en los grupos con lesiones de mayor gravedad: 6 personas tienen reconocida una gran invalidez; 2, una incapacidad permanente absoluta y 66, una incapacidad permanente total; 26, una incapacidad permanente temporal y 34, una incapacidad temporal.

Unos días después, el 3 de abril de 2004, siete de los presuntos autores materiales de la matanza, según recoge la sentencia,

ante la inminencia de su detención por la policía, que les tenía cercados en la vivienda que ocupaban en la calle Martín Gaite núm. 40, piso 1.º A, de Leganés, decidieron suicidarse detonando varias cargas de dinamita de la marca Goma 2 ECO que, además de causarles la muerte a ellos, mataron al subinspector del Grupo Especial de Operaciones del Cuerpo Nacional de Policía don Francisco Javier Torronteras.

La explosión causó lesiones a otros 14 policías.

A consecuencia de las divergentes interpretaciones del suceso, que se produjo en la recta final de la campaña electoral, también hubo repercusiones a nivel político. Pese a la falta de pruebas sólidas al respecto, el Gobierno del PP culpó a ETA de los atentados. En cambio, parte de la ciudadanía pensó que eran la consecuencia última de la adhesión del presidente Aznar a la «guerra contra el terror» de EE. UU., que se había traducido en el envío de tropas para el derrocamiento del dictador Sadam Husein y la posterior ocupación de Irak. El día 13 de marzo hubo manifestaciones y caceroladas ante las sedes del PP. En las elecciones generales celebradas al día siguiente, el domingo 14 de marzo de 2004, la candidatura socialista de José Luis Rodríguez Zapatero (11.026.163 votos, es decir, el 42,59 por 100 del total) se impuso a la popular de Mariano Rajoy (9.763.144 sufragios, el 37,71 por 100), al que los sondeos habían dado como favorito.

A la polémica acerca de la atribución del 11-M vino a sumarse el interrogante de si el atentado había influido o no en el resultado electoral. Es indudable que tanto la masacre como la gestión que de ella hizo el Gobierno del presidente Aznar fueron factores que condicionaron los comicios, pero es difícil saber con certeza hasta qué punto variaron las preferencias de los ciudadanos y, por consiguiente, si hubo un vuelco o no.

Más sencillo resulta despejar la otra gran incógnita. Durante un tiempo ciertos periodistas formularon teorías de la conspiración acerca del 11-M. Pese a que en reductos marginales todavía colean, se trata solo de especulaciones sin fundamento. Como ya apuntaban las más tempranas evidencias y quedó confirmado en el juicio, detrás del 11-M no estuvo ETA ni ningún servicio secreto extranjero. La sentencia establece que los autores materiales de los atentados eran

miembros de células o grupos terroristas de tipo yihadista que, por lo que ahora interesa, mediante el uso de la violencia en todas sus manifestaciones, pretenden derrocar los regímenes democráticos y eliminar la cultura de tradición cristiano-occidental sustituyéndolos por un Estado islámico bajo el imperio de la sharia o ley islámica en su interpretación más radical, extrema y minoritaria.

Fernando Reinares (2014) añade que, por mucho que fuera esgrimida como excusa por los perpetradores, el atentado tampoco tuvo nada que ver con la presencia de soldados españoles en Irak, ya que los yihadistas habían tomado la decisión de matar antes del comienzo de la invasión: en diciembre de 2001, siendo ratificada en febrero de 2002. Siguiendo a este autor, todo parece indicar que el responsable intelectual del 11-M fue Azer Azizi. Miembro de la célula dirigida por Abu Dahdah en España, se trató de uno de los terroristas que lograron escapar de la operación «Dátil» de la Policía Nacional (noviembre de 2001). Las detenciones de sus compañeros le obsesionaban hasta el punto de que acabó poseído por sus deseos de venganza contra nuestro país. He ahí, según Reinares, una de las raíces del 11-M.

La masacre de marzo de 2004 no fue el resultado de la acción de un lobo solitario ni de una célula independiente, sino que fue fruto de la confluencia entre la reorientación operativa de las bandas terroristas magrebíes como el Grupo Islámico Combatiente Marroquí, que optó por practicar la yihad en el lugar de residencia de sus miembros, y los intereses de Al Qaeda, que contaba con presencia en España desde 1994. La organización de Osama bin Laden heredó el proyecto de atacar los trenes del propio Azizi, quien se había refugiado en Paquistán. Allí no solo había trabado contacto con la cúpula de Al Qaeda, sino que fue nombrado adjunto a su jefe de operaciones externas, Hamza Rabia. En diciembre de 2005 Azizi falleció en el noroeste de Paquistán a consecuencia del ataque de un dron de EE. UU. contra Hamza Rabia.

No hay que entender la matanza de Madrid como un hecho aislado, sino como parte de la estrategia global de Osama bin Laden. En el 11-M los terroristas supieron aprovechar la oportunidad que les brindaban los problemas de la seguridad española, las lagunas de la legislación antiterrorista, los desajustes del sistema judicial, la falta de intercambio de información entre distintos organismos oficiales y un contexto internacional muy propicio. Gracias a estos factores, Al Qaeda obtuvo importantes réditos a nivel mediático y propagandístico.

Una de las bazas de los yihadistas fue la utilización de la guerra de Irak como pretexto de sus actos, lo que les permitió presentar la masacre del 11-M como una victoria contra los «cruzados». El primer exponente de su triunfo sería el resultado de las elecciones generales del 14 de marzo de 2004. Ahora bien, como señala Fernando Reinares, la fecha del atentado ya estaba fijada desde octubre de 2003 y los comicios no se convocaron hasta el 9 de enero de 2004, por lo que sería un error establecer una relación causal entre ambos sucesos.

De igual manera, Al Qaeda pretendió mostrar como un logro del 11-M el retorno de las tropas españolas que habían sido enviadas a Irak. No es cierto. Como recuerda la hemeroteca, antes de los atentados, el secretario general del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero ya había realizado la promesa electoral de que, si ganaba los comicios, traería de vuelta a casa a los soldados españoles. Cuando se convirtió en presidente del Gobierno, simplemente cumplió con ese punto de su programa. Evidentemente, la propaganda yihadista obvió tal circunstancia.

En otro orden de cosas, el 11-M abrió una nueva fase en la historia de los damnificados por el terrorismo en España. Como recuerda Eduardo Mateo (2018), «a las pocas semanas del atentado se crean dos asociaciones de víctimas con el fin de asesorar y dar apoyo a los cientos de víctimas provocadas por los terroristas de Al Qaeda. Estas entidades son la Asociación 11-M Afectados Terrorismo y la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M. Por otro lado, se crea también el mismo año en Alcalá de Henares a iniciativa de la familia de un joven ingeniero asesinado en la explosión de uno de los trenes, la Fundación Rodolfo Benito Samaniego». Desde 2005, cada 11 de marzo se conmemora el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.

ARRASAR LAS RAMBLAS. LOS ÚLTIMOS ATENTADOS EN NUESTRO SUELO

Fernando Reinares (2017) explica que después de los atentados del 11-M se inició una reforma de las estructuras españolas de seguridad interior para adaptarlas a los desafíos del terrorismo yihadista. En lo fundamental —es decir, el incremento en las capacidades de inteligencia, los avances en la coordinación antiterrorista y el desarrollo de la cooperación internacional—, esos cambios han continuado hasta nuestros días.

Gracias a la experiencia adquirida en la lucha contra ETA y posteriormente contra la cuarta oleada de terrorismo, la labor de las FCSE y los servicios de inteligencia se fue perfeccionando. Desde el 11 de marzo de 2004 hasta 2017 se detuvo a 840 sospechosos de pertenecer a comandos yihadistas. De ellos, como recuerdan Fernando Reinares, Carola García-Calvo y Álvaro Vicente (2019), un total de 200 fueron condenados en España entre 2004 y 2018, a los que hay que sumar «15 individuos que, con las mismas actitudes y creencias, murieron, igualmente dentro de nuestro país, debido a su implicación en actividades terroristas». Cada arresto, cada tentativa frustrada, ha ahorrado muertes y sufrimiento.

Gracias a los cambios estructurales, los ajustes legislativos y la actuación del CNI y las FCSE, se fueron neutralizando nuevos planes yihadistas. Por ejemplo, en 2008 se desarticuló una célula vinculada a los talibanes de Paquistán que proyectaba atentar contra el metro de Barcelona. En 2015 cayó un comando cercano a Dáesh que pretendía atacar edificios emblemáticos de la capital catalana. Son tan solo una pequeña muestra de los esfuerzos de las FCSE, que permitieron que España no sufriese atentados de este tipo durante 13 años. Ahora bien, en palabras de Carlos Igualada (2018), «la seguridad es algo que nunca se podrá garantizar completamente». Para acabar con aquella etapa de tranquilidad bastaba con que los terroristas tuviesen éxito una sola vez. En 2017, año del 30.º aniversario de Hipercor, Barcelona volvió a ser escenario de una masacre.

De acuerdo con el Anuario del terrorismo yihadista del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo, a lo largo de 2017 se registraron 1.459 atentados de corte islamista radical en todo el mundo. En total, produjeron 13.632 víctimas mortales. Los grupos más activos fueron Dáesh y sus filiales (responsables del 43,9 por 100 de las acciones terroristas), los talibanes (17,5 por 100), Boko Haram (9,4 por 100), Al Shabaab (7,5 por 100) y las franquicias de Al Qaeda (6,2 por 100).

Los lugares más afectados fueron Irak (505 ataques), Afganistán (187), Nigeria (105), Somalia (92), Siria (90) y Paquistán (88). Como es habitual, el terrorismo de índole religiosa tuvo su epicentro en Oriente Medio y el norte de África: la mayoría de sus víctimas siempre han sido de confesión musulmana. No obstante, sus ondas sísmicas afectaron a un total de 42 países en cinco continentes. Europa occidental no salió indemne: fueron asesinadas 62 personas en 15 atentados yihadistas. Dos de ellos tuvieron lugar en España. Anna Teixidor (2020) ha hecho un exhaustivo análisis de lo ocurrido.

El 17 de agosto de 2017 por la tarde turistas y vecinos paseaban por la Rambla de Barcelona. A las 16:53 horas apareció en aquella calle una furgoneta conducida por el terrorista Younes Abouyaaqoub. Maniobró haciendo zigzag para atropellar a todos los viandantes que se encontró a su paso. Después de unos 700 metros, Abouyaaqoub sufrió un accidente que le obligó a abandonar su vehículo y huir a pie del lugar del crimen. Sobre las 18:20 horas, en plena zona universitaria, el yihadista apuñaló mortalmente a Pau Pérez y le robó el coche. Abouyaaqoub logró escapar de la ciudad. Había asesinado a 15 personas y herido a otras 87, según el cómputo del Ministerio del Interior.

Eran cerca de las 22:00 horas cuando Dáesh reivindicó el atentado. Unos días después lanzó un vídeo en el que dos terroristas advertían a los «cristianos españoles» de que el autoproclamado Estado Islámico se estaba vengando de «la sangre derramada de los musulmanes por la Inquisición española» y de la participación de España en la lucha contra Dáesh. «Con el permiso de Alá, Al Andalus volverá a ser lo que fue, la tierra del califato».

Al día siguiente, el 18 de agosto, un automóvil irrumpió en el paseo marítimo de Cambrils (Tarragona). Tras atropellar a varias personas, chocó contra un coche patrulla de los Mossos d’Esquadra y volcó. De su interior salieron cinco terroristas armados con cuchillos, un hacha y (falsos) chalecos de explosivos. Los policías autonómicos abatieron a cuatro. Antes de que corriera la misma suerte, el otro yihadista apuñaló mortalmente a una mujer, Ana María Suárez. Hubo, además, 10 heridos.

Solo quedaba en libertad el último de los miembros de la célula yihadista: el culpable del ataque de Barcelona, Younes Abouyaaqoub. Consiguió esquivar a las FCSE durante unos días, pero finalmente el 21 de agosto murió por disparos de una patrulla de los Mossos d’Esquadra en Subirats (Barcelona).

La responsable de los atentados de Barcelona y Cambrils era una célula terrorista formada por 11 jóvenes, entre ellos cuatro parejas de hermanos, inmigrantes de segunda generación: eran descendientes de marroquíes, pero se habían criado y educado en España. Los había radicalizado y los lideraba Abdelbaki Es Satty, imán de la localidad de Ripoll (Gerona). Llevaban tiempo preparando una operación de envergadura en lugares tan emblemáticos de Barcelona como la Sagrada Familia. Según Carlos Igualada (2018), «la magnitud de los atentados que querían llevarse a cabo habría acabado con la vida de centenares de personas sin ningún lugar a dudas». Ahora bien, el 16 de agosto la veintena de bombonas de butano que el comando había almacenado en Alcanar (Tarragona) estallaron de manera accidental, acabando con la vida de Abdelbaki Es Satty y otro terrorista. Por añadidura, hubo 12 heridos. Aquel accidente hizo que la célula tuviese que improvisar un nuevo plan: los atropellos masivos de Barcelona y Cambrils. En total, los yihadistas causaron 16 víctimas mortales y 109 heridos.

Carlos Igualada mantiene que podemos aprender varias lecciones de la masacre. Algunas no eran nuevas, como la urgencia de regular la venta de elementos químicos que puedan transformarse en explosivos «o un mayor control para evitar la difusión de un mensaje salafista dentro de las mezquitas». Otras lo eran más. Por un lado,

la necesidad de una mayor coordinación entre los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad [...]. Precisamente, para fomentar todo ello se creó el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), órgano que se hizo cargo más tarde de la coordinación de todas las investigaciones en torno a los ataques. Sin embargo, los atentados de Cataluña pusieron de manifiesto que esta realidad teórica no siempre se lleva a la práctica.

El CITCO procedía de la fusión de dos organismos precedentes: el CNCA y el CICO. Por otro, «es preciso mejorar el trato dado por las instituciones hacia las víctimas y sus familiares en los momentos más críticos». Este caso quizá deba entenderse en el contexto de las muy deterioradas relaciones entre el Gobierno y la Generalitat, a consecuencia de la deriva radical del nacionalismo catalán, que dificultaron la labor de organismos oficiales como la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo.

Gracias a sucesivas operaciones policiales, parte de ellas realizadas en otros países, en 2018 se arrestó a 61 presuntos yihadistas, y en 2019, a 68. De cualquier manera, este tipo de terrorismo continúa siendo una de las mayores amenazas para la seguridad de España y, por tanto, una prioridad para el CITCO, el CNI y las FCSE.

VÍCTIMAS ESPAÑOLAS EN EL EXTRANJERO. TURISTAS, COOPERANTES, MISIONEROS Y MILITARES

En las páginas precedentes ya me he referido a algunos de los ciudadanos españoles que han fallecido en el extranjero a consecuencia de atentados. Por ejemplo, las víctimas del terrorismo parapolicial en Francia y Venezuela. Ahora bien, también la violencia política de otras latitudes ha acabado con la vida de compatriotas. El 2 de agosto de 1980 una bomba de ultraderecha mató a 85 personas e hirió a otras 200 en la estación de tren de la ciudad italiana de Bolonia. Entre las víctimas mortales había un español, el barcelonés Francisco Gómez Martínez. En abril de 1994 el Partido de los Trabajadores del Kurdistán perpetró un atentado en el Gran Bazar de Estambul que afectó a cuatro turistas españoles. Tres resultaron heridos, pero el cuarto falleció. Se trataba del economista Javier Castro González. En agosto de 1998 una escisión del IRA opuesta a los Acuerdos de Viernes Santo, el IRA auténtico, hizo explotar un coche bomba en la zona comercial de Omagh (Irlanda del Norte). Produjo 29 víctimas mortales, entre ellos dos madrileños que participaban en un curso de inglés en la República de Irlanda y que ese día estaban visitando el Ulster: el niño Fernando Blasco Baselga y la monitora Rocío Abad Ramos.

Debido a su carácter trasnacional y a sus atentados indiscriminados, la cuarta oleada del terrorismo ha sido la que más ha maltratado a los ciudadanos españoles residentes o de visita en otros países. En total, ha provocado 60 víctimas mortales. En buena parte, tal letalidad ha sido una consecuencia de atentados como los ya citados de Marrakech (agosto de 1994), Nueva York (septiembre de 2001) y Casablanca (mayo de 2003), pero hubo otros posteriores al 11-M que conviene mencionar. Por ejemplo, en julio de 2007 un terrorista suicida de Al Qaeda hizo explotar un coche bomba contra un grupo de turistas que visitaban el templo yemení de Mahram Bilquis. Fallecieron 10 personas, entre ellas ocho españoles.

El atentado perpetrado en enero de 2015 contra el semanario satírico Charlie Hebdo en París, que dejó 12 víctimas mortales, inauguró un año dramático que acabaría con siete víctimas mortales del yihadismo de nacionalidad española en tres países diferentes. En marzo el autodenominada Estado Islámico atacó a un grupo de turistas que visitaba el museo del Bardo de Túnez, acabando con la vida de 19 personas. Entre ellos se encontraba el matrimonio formado por Antoni Cirera Pérez y Dolores Sánchez Rami, que celebraban con aquel viaje sus bodas de oro. En julio Al Qaeda secuestró en Siria a los periodistas Antonio Pampliega, José Manuel López y Ángel Sastre, que no serían liberados hasta mayo del año siguiente. En noviembre de 2015 París fue escenario de varias acciones terroristas casi simultáneas de Dáesh, la más grave de las cuales tuvo como objetivo la sala de conciertos Bataclan. El resultado fueron 149 víctimas mortales, entre las que estaban tres ciudadanos españoles: Juan Alberto González Garrido, Michelli Gil Jáimez y Manuel Pérez Paredes. El año terminó con un ataque talibán a la Embajada española en Kabul, que costó la vida a nueve civiles afganos y dos policías nacionales: el agente Isidro Gabino San Martín Hernández y el subinspector Jorge García Tudela.

Este último caso, el de los dos policías, es ilustrativo de la violencia política de índole yihadista que han padecido miembros de las FCSE, del CNI y de las Fuerzas Armadas desplazados en misiones internacionales, así como funcionarios y empleados locales contratados por las autoridades españolas. El Ministerio del Interior ha reconocido a 36 víctimas mortales y 57 heridos entre los empleados públicos en Irak, Afganistán y Líbano en acciones producidas entre los años 2003 y 2019.

El terrorismo fundamentalista también es responsable de haber causado las últimas víctimas mortales de nacionalidad española. En junio de 2017 tres yihadistas acuchillaron hasta la muerte a Ignacio Echevarría en Londres. El 11 de septiembre de aquel mismo año la cooperante de la Cruz Roja Lorena Enebral Pérez fue asesinada en el centro de rehabilitación de Afganistán en el que trabajaba. En febrero de 2019 tres disparos acabaron, en Burkina Faso, con la vida del misionero salesiano Antonio César Fernández, que llevaba trabajando en África desde 1982.

La lista se cierra con María González Vicente y Alberto Chaves Gómez. Esta joven pareja gallega se alojaba en un hotel de Sri Lanka que sufrió un ataque terrorista en abril de 2019. Formaba parte de una cadena de atentados, perpetrados por el autodenominado Estado Islámico, que acabó con la vida de un total de 253 personas.

ADOLFO, JOSÉ ARTURO, JOSÉ MANUEL, PATRICIA, ANA ISABEL, SANAA, ANTONIO, IDOIA, IGNACIO

Adolfo Cotelo Villarreal y Max Mazin

En febrero de 1980 la cúpula de Fatah-Consejo Revolucionario, una escisión radical de Fatah, envió a nuestro país a un joven palestino, Said Ali Salman, que había recibido entrenamiento militar en Irak. Desde allí un avión le llevó al aeropuerto de Barajas. Pudo pasar la aduana española gracias a un pasaporte de Omán con un visado expedido por el consulado de Bagdad. El terrorista tenía una misión: asesinar a Max Mazin Brodovka.

¿De quién se trataba? Mazin había nacido en 1923 en el seno de una familia judía de la aldea de Haradzeya (entonces Polonia, hoy Bielorrusia). Como relata Íñigo Ramírez de Haro en el Diccionario Biográfico electrónico de la Real Academia de la Historia,

en 1939, tras el pacto Molotov-Ribbentrop la zona pasó a manos de la Unión Soviética, junto con el negocio de lino familiar de la familia Mazin, que fue nacionalizado. Dos años más tarde, la Alemania nazi invadía la URSS y con ella el pequeño shtetel [asentamiento judío] cuya población fue enteramente exterminada por escuadrones nazis en los bosques adyacentes.

De acuerdo con la información de Yad Vashem-The World Holocaust Remembrance Center, entre las víctimas mortales del ataque alemán estaba la familia de Max Mazin: su padre, Zeev, su madre, Sofia, y su hermana, Ida. Solo se salvaron el propio Max y su hermano Shaul, que se encontraban trabajando en una fábrica de zapatos de la localidad vecina de Baránavichi. Fue la primera de las dos veces que el azar le permitió esquivar una muerte violenta.

Mazin huyó al este. Pasó el resto de la II Guerra Mundial trabajando como contable en una fábrica de armamento en la URSS. Gracias al avance del Ejército Rojo, regresó a Polonia. La web de la fundación que lleva su nombre informa de que entró «en Cracovia el 14 de enero de 1945 con las fuerzas de liberación para hacerse cargo de la gestión económica de la ciudad. El 27 de enero de 1945 el ejército soviético libera Auschwitz. Max Mazin entra en el campo al día siguiente para ver con sus propios ojos el horror».

Debido al antisemitismo todavía presente en la Polonia comunista, huyó a Europa occidental antes de que la Guerra Fría cerrase definitivamente las fronteras. Tras pasar un tiempo en Bélgica, en 1950 se instaló en España, donde se convirtió en un próspero hombre de negocios en el sector inmobiliario y hotelero, llegando a ocupar la vicepresidencia de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), de la que fue cofundador. Además, tras obtener los correspondientes permisos del régimen, en 1968 construyó la primera sinagoga en nuestro país desde la expulsión de los judíos de 1492. Fue presidente de la comunidad judía de Madrid, apoyó iniciativas a favor de la memoria del Holocausto y lideró la Asociación de Amistad Judeo-Cristiana. Mazin también fomentó las relaciones diplomáticas entre España e Israel. Se trataba, por tanto, de una figura emblemática del judaísmo. Esa era la razón por la que Fatah-Consejo Revolucionario quería acabar con su vida.

El 3 de marzo de 1980 Said Ali Salman se trasladó a las cercanías del domicilio de Mazin, en la madrileña calle de Eduardo Dato. Poco después de las 9:00 horas vio salir del garaje un Seat 131 blanco. Lo siguió hasta que se paró ante un semáforo en rojo. En su interior había dos niñas pequeñas y un hombre que guardaba cierto parecido físico con la fotografía de Max Mazin que sus superiores le habían facilitado. El terrorista disparó su metralleta contra él. La víctima murió en el acto.

Sin embargo, no se trataba de Mazin, sino de un vecino: Adolfo Cotelo Villarreal. Abogado y director de los Estudios de doblaje EXA, tenía 51 años, estaba casado con Paloma Oñate Gil y era padre de nueve hijos. Una de ellas resultó gravemente herida en un ojo en el atentado. Según la crónica de El País, «quedaban también, en un muro de los números impares de Eduardo Dato, algunos impactos de bala apenas señalados. Uno de los testigos presenciales marcó el número de la policía. Algo después de las diez, el juez ordenaría levantar el cuerpo».

Said Ali Salman fue detenido por las FCSE el mismo día del crimen. Al conocerse su identidad y su auténtico objetivo, la OLP se apresuró a condenar el atentado. De acuerdo con Domingo Jiménez Martín (2005), «el incidente deterioró las relaciones hispano-iraquíes. Esta última consecuencia del asesinato del abogado español es debida a que Ali Salman podría haber sido identificado por fuentes palestinas como un terrorista bajo la órbita de Bagdad». El terrorista fue condenado a 29 años de cárcel por el asesinato de Adolfo Cotelo. Obtuvo la libertad provisional en 1994 y terminó de cumplir su pena en 2002. Al año siguiente apareció una novela inspirada en el episodio, Alguien tiene que morir en Madrid, de Javier Dotú.

Pese al fatal «error» de 1980, Fatah-Consejo Revolucionario continuó cometiendo atentados terroristas en España y en el resto de Europa. En septiembre de 1982 un pistolero mató al secretario de la Embajada de Kuwait Najeeb Sayeb Hashem. En diciembre de 1985 la banda perpetró dos ataques simultáneos en los aeropuertos de Roma y Viena, que causaron 20 víctimas mortales.

Max Mazin falleció en Madrid en mayo de 2012. Era la tercera vez que la muerte iba a buscarle, pero fue la única en la que él estaba allí para recibirla. Tenía 89 años, cuatro hijos y nueve nietos.

José Arturo Rodríguez Pato

Nacido el 6 de julio de 1951 en Madrid, cursó los estudios de aparejador en la Universidad Complutense. En Memorias del terrorismo en España (2018), su hermana María José recuerda que

vivió las protestas estudiantiles de la época y nos explicaba el porqué a los que no teníamos edad para manifestarnos. Era nuestro hermano mayor. Una gran persona y un gran amigo. No es porque le tenga idealizado, es que para mí fue mi guía, mi apoyo en todo momento. Siempre tenía una sonrisa que ofrecer y esa maravillosa habilidad para calmar a los demás, para hacerte razonar y conseguir que vieras las cosas con más claridad.

José Arturo Rodríguez Pato consiguió un empleo relacionado con sus estudios y se casó. Sin embargo, debido a la crisis económica, tuvo que conformarse con un puesto de trabajo que no le entusiasmaba. Con 33 años, la suerte le volvió a sonreír: tras aprobar una oposición, había conseguido una plaza de funcionario en Madrid. El 12 de abril de 1985 decidió celebrar la buena nueva yendo a cenar al restaurante El Descanso con su mujer, Cristina Salado, y otra pareja de amigos: Alberto Ortega y Mercedes Dresh Recarte. Estaban esperando en la barra para que les dieran mesa cuando, según contaría a ABC Cristina Salado,

el asesino pasó por detrás del novio de mi amiga. Me miró a los ojos. No tenía pinta de árabe, aunque dicen que algunos son con el pelo y los ojos claros, y, si mal no recuerdo, llevaba bigote. Vi cómo cogía la bolsa y se terminaba la cerveza. Pasó muy poco tiempo hasta que todo estalló.

José Arturo Rodríguez Pato y Mercedes Dresh fallecieron en el acto. Cristina Salado y Alberto Ortega quedaron gravemente heridos.

La familia de Rodríguez Pato no se enteró de su fallecimiento hasta que, de madrugada, el periodista deportivo José María García leyó la lista de las víctimas mortales en la radio. «En ese momento vi desvanecerse a mi madre sobre un sillón del salón. A mis padres también les mataron algo en ese momento», rememora María José. «Supongo que consiguieron salir adelante, con el coraje que les caracterizaba, porque tenían otros hijos todavía pequeños que tenían que ayudar a crecer. Pero ya estaban rotos por dentro». Murieron pronto.

Vicente González, un camarero de El Descanso que sufrió lesiones graves, declaró a ABC: «Ahora veo que el calor de la gente ayuda, ese calor que no tuvimos. Cómo nos hubiera ayudado el recuerdo de la gente, que alguien se hubiera preocupado por nosotros...». «Económicamente nadie nos hizo caso. Eso se quedó parado. Nadie nos dijo tenéis que ir a tal sitio... Yo, ni he sido víctima oficial ni nada. Fuimos parcheando... Yo, tirando, gracias a un vecino y a un señor que trabajaba en Ciudad Pegaso, que se acercó hasta mi casa a darme un dinero...». En ese mismo sentido, Cristina Salado mantiene que «entonces el apoyo institucional o del Estado era cero. Nunca nadie llamó para preguntar si vivía o me había muerto». María José Rodríguez Pato añade que «nos encontramos totalmente solos [...]. Casi todas las víctimas de este atentado prefirieron aislarse e intentar llevarlo individualmente, cada uno a su forma. Y la sociedad española, con el tiempo, lo olvidó».

José Manuel Sánchez

En marzo de 2003, tras acusar al régimen de Sadam Huseim de poseer armas de destrucción masiva, lo que posteriormente se demostró falso, el presidente de los EE. UU. George W. Bush ordenó la invasión de Irak. En poco tiempo una amplia coalición militar conquistó el país y derrocó al dictador. No obstante, aquel suceso tuvo consecuencias catastróficas: inauguró un periodo de crisis generalizada y una guerra civil en Irak y, a la postre, trajo inestabilidad a toda la región.

El Gobierno de España aportó a la alianza liderada por EE. UU. la Brigada Plus Ultra. Para garantizar la seguridad de sus más de mil efectivos, también se desplegó al CNI, encargado de las tareas de contrainteligencia. Su labor era extremadamente peligrosa. Uno de los agentes del servicio secreto adscritos a la Embajada española, José Antonio Bernal Gómez, fue asesinado en la puerta de su casa de Bagdad en octubre de 2003.

Estaba previsto que poco después el grupo del CNI que hasta entonces había servido en Irak fuese relevado por otro nuevo. Durante un tiempo los integrantes de uno y otro coincidieron en el país. El 29 de noviembre de 2003 los ocho agentes fueron a Bagdad para acreditarse ante la Autoridad Provisional y visitar a sus compañeros de la capital. Tras almorzar temprano, debían volver a Diwaniya, a unos 200 kilómetros, donde el Ejército español tenía su base. El comandante Alberto Martínez, el comandante José Ramón Merino, el brigada José Lucas y el sargento Ignacio Zanón viajaban en un Nissan Patrol blanco. Manteniendo una distancia de seguridad, le seguía un Chevrolet Tahoe azul, en cuyo interior se encontraban el brigada Alfonso Vega, el comandante Carlos Baró, el comandante José Carlos Rodríguez y el sargento José Manuel Sánchez. Los coches eran discretos y no estaban blindados. Debido a que se encontraban fuera de la zona de responsabilidad española, sus pasajeros solo llevaban armas cortas.

Para no llamar la atención, los vehículos circulaban por una carretera secundaria, conocida como ruta Jackson. A las 15:25 horas, según relata Gonzalo Araluce en El Español, «a la altura de Latifiya, a unos 30 kilómetros al sur de Bagdad, un vehículo tipo berlina de color blanco se coloca detrás del convoy de los espías españoles. Acelera. Les alcanza y sus ocupantes abren fuego con sus kalashnikov».

El sargento José Manuel, el único superviviente de la emboscada, ha dado su testimonio en dos ocasiones: en un curso de verano celebrado en El Escorial y en un podcast del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Gracias a él podemos reconstruir lo que sucedió durante aquella jornada.

Nuestro vehículo iba detrás en el miniconvoy que llevábamos y oímos un ruido de motor muy potente. Miramos hacia atrás y empezamos a recibir disparos. Entonces nuestro conductor aceleró, nos pusimos a la altura del otro vehículo, les hicimos indicaciones de que nos estaban atacando y continuamos en la carretera [...]. De pronto el conductor nuestro nos dijo que le han dado en la espalda. Salimos de la carretera y caemos en una vaguada [...]. Salimos del vehículo y nos parapetamos porque no sabíamos qué iba a ocurrir. De hecho, el vehículo de los atacantes paró un momento en la carretera e hizo varios disparos y después continuó.

Los agentes del CNI utilizaron un teléfono satélite para tratar de contactar con las autoridades españolas, pero no dio resultado. No tuvieron más remedio que llamar a sus compañeros de España con sus teléfonos móviles. «Se puso en marcha, desde Madrid, el procedimiento de emergencia y empezaron a dispararnos desde las casas que había a unos setenta u ochenta metros de nosotros».

Les estaban atacando con fusiles de asalto y lanzagranadas, cuyo fuego no podían repeler con las pistolas de las que disponían. Como ya había varios hombres muertos y heridos, se decidió que José Manuel fuera a buscar ayuda. Cruzó corriendo la carretera e hizo señas a los coches que pasaban, pero ninguno paró. Tampoco encontró quien le asistiera entre las personas que en ese momento salían de una mezquita cercana. Al contrario, una turba enfurecida amenazó con lincharle: le ataron las manos, le tiraron al suelo y empezaron a pegarle. Su sino parecía sellado. Ha llegado a confesar que «hubo momentos en que yo deseé que me matasen, porque las circunstancias o daban para que me matasen ya o para que me matasen poco tiempo después».

De repente, los acontecimientos tomaron un rumbo inesperado.

Dentro de la hostilidad se aproximó un personaje, una persona, un poco distinta a lo que había por ahí. Me dio un beso en la cabeza y se fue. En ese momento esa hostilidad que había cambió. Donde había golpes dejó de haber golpes. Ya la gente me ofrecía montar en un vehículo e ir hacia el norte. Hasta que en un momento determinado un taxista me dijo malamente en inglés que si me podía llevar hacia el norte, donde habíamos visto que había una base americana.

De camino el taxi se encontró con dos coches patrulla de la Policía iraquí. José Manuel le pidió al conductor que se detuviese. El sargento les explicó la situación a los agentes y junto a ellos volvió al lugar de los hechos para intentar rescatar a los otros españoles. «El policía con el que iba yo en el vehículo me agachó la cabeza, me dijo que estaban muertos mis compañeros y que nos íbamos de allí, obviamente, porque nos seguían disparando». Efectivamente, los otros siete agentes del CNI habían sido asesinados.

El hijo mayor de José Manuel, que tenía 11 años, «no sabía dónde trabajaba, él no sabía dónde estaba, y al día siguiente del atentado, viendo la televisión, le dijo a su hermano de ocho años: “Están hablando de papá, están hablando de papá en Irak y mira dónde trabaja”».

Patricia Rzaca

Era la víctima mortal más joven del 11-M: solo tenía siete meses. Había nacido en Madrid de padres polacos: Wieslaw Rzaca (34 años) y Yolanda Rzaca (28). La familia se había comprado una casa en su país de origen, a donde tenía planeado regresar, pero en marzo de 2004 todavía residía en el barrio de Entrevías, desde donde todos los días cogían un tren para dejar a la niña con su tía Katerina antes de trabajar: él, como albañil; ella, como limpiadora. El 11 de marzo repitieron la rutina. Las explosiones separaron para siempre a los padres y a la pequeña. Perdida en el caos, malherida, sin identificar, Patricia fue trasladada al hospital Niño Jesús. Fue operada de urgencia, pero los médicos no pudieron salvarle la vida. Falleció al día siguiente, poco después de que la reconociese su tía Katerina, que la había buscado por todas partes.

El padre de Patricia, Wieslaw, también murió. Su madre, Yolanda, quedó gravemente herida, por lo que tuvo que pasar una larga convalecencia en el hospital. Durante las primeras semanas, contó a El País, «me decían que [mi marido y mi hija] se estaban recuperando, y como yo cada vez estaba mejor pensaba que ellos también lo estarían. En esos momentos no podía pensar que algo iba a salir mal. Tenía muchas esperanzas y me mentía a mí misma». Sobrevivió, solo para enfrentarse a la devastadora pérdida de su familia. «¿Por qué en el mejor momento de mi vida se acabó todo?», se preguntaba.

Distintos objetivos, distintos autores, pero, de nuevo, se producía un atentado indiscriminado en una estación de tren. Otra vez se había apagado la vida de una niña. Pese a los 44 años transcurridos entre 1960 y 2004, ¿cómo no recordar a Begoña Urroz?

Como ella, Patricia Rzaca era española por nacimiento, pero no debemos olvidar que entre las víctimas mortales que causó el terrorismo yihadista en Madrid el 11 de marzo de 2004 había una cincuentena de extranjeros: rumanos, polacos, búlgaros, franceses, dominicanos, cubanos, marroquís, ecuatorianos, peruanos, colombianos, senegaleses, filipinos, chilenos, hondureños, brasileños, ucranianos, mexicanos... Hay que sumar a la lista los 423 extranjeros que resultaron heridos en aquellos atentados. Todas sus biografías son diferentes, pero convergen en un punto: se trataba de personas que habían inmigrado a España en busca de una vida mejor para ellos y los suyos, como hicieron los padres de Patricia.

A menudo habían viajado corriendo un alto riesgo, sin conocer el idioma, sin papeles y en condiciones muy precarias. Bastantes de ellos contaban con estudios superiores, pero tuvieron que conformarse con empleos poco cualificados. Eran los casos de Anka Valeria Bodea, una joven filóloga rumana que se ganaba la vida trabajando en la limpieza; de Kalina Dimitrova Vasileva, una ingeniera de telecomunicaciones búlgara que estaba empleada en un hotel, o de Yaroslav Zojniuk, ucraniano de 48 años, que había servido como sargento en el Ejército soviético y en la Policía de su país antes de dedicarse a reparar electrodomésticos para completar su exigua pensión. Los tres murieron el 11-M.

Ana Isabel Gil Pérez

Nacida en Almadén (Ciudad Real), se había trasladado a Torrejón de Ardoz cuando tenía 14 años. En 2000, después de un largo noviazgo, se había casado con Jesús Patiño. El viudo declaró a 20 Minutos que la pareja había «buscado con ansia» tener hijos. Al año de haber sufrido un aborto, Ana Isabel Gil descubrió que estaba embarazada. Fue una alegría. El niño se iba a llamar Samuel. Su nacimiento estaba previsto para el 22 de mayo de 2004. Se trataba del «gran proyecto» para ambos.

El 11 de marzo de 2004 por la mañana Jesús acercó a su esposa a la estación. Ella había cambiado su turno para poder hacerse una ecografía por la tarde. Trabajaba como técnica en una empresa de telecomunicaciones. «A las cinco te vemos», se despidió. Ana Isabel Gil Pérez cogió el tren de cercanías número 21431. A las 7:37 horas, cuando estaba en la estación de Atocha, hicieron explosión tres de las cuatro bombas que los yihadistas habían escondido en el interior del vehículo. La víctima quedó malherida. Fue trasladada al hospital de La Paz, donde falleció.

Ana Isabel tenía 29 años y estaba embaraza de siete meses. También estaba encinta otra de las víctimas mortales del 11-M, María Carmen Lominchar Alonso. Además, dos de las mujeres supervivientes sufrieron un aborto involuntario a consecuencia de las heridas y del trauma. Dos meses después del atentado nació un bebé, Nicolás Jiménez Morán, que falleció a los dos días a consecuencia de las lesiones que padecía.

Sanaa Ben Salah Imadaquan

En el 11-M fueron asesinados dos ciudadanos marroquís: Osama El Amrati, un albañil de 24 años que estaba organizando la boda con su novia española, y Mohamed Itaiben, licenciado de 27 años, que impartía cursos de idiomas mientras se ganaba la vida en la construcción. No fueron los únicos damnificados con vínculos con nuestro vecino del sur.

Hija de inmigrantes marroquíes, Sanaa Ben Salah Imadaquan había nacido en el hospital Gregorio Marañón de Madrid trece años antes. Debido a la insistencia de su madre, Jamila, había aprendido árabe, aunque no lo hablaba con fluidez, y acudía con su familia a la mezquita de la M-30 de Madrid. A Sanaa Ben Salah Imadaquan le gustaba leer, las películas de terror, los dibujos animados, pintar y el Real Madrid, recordaba Jamila en El País. De mayor, la niña quería trabajar como veterinaria. «Le encantaba salir al campo, las excursiones a la sierra con el colegio, jugar con los perros abandonados... No me dejaba matar ni una mosca en casa, siempre estaba protegiendo a los animales».

Sanaa Ben Salah Imadaquan vivía con sus tíos en Alcalá de Henares y estudiaba 2.º de la ESO en Lavapiés. Cada mañana cogía el tren de cercanías para desplazarse desde Alcalá hasta la estación de Atocha y desde allí, en metro, hasta la parada de Acacias, la más cercana al IES Juan de la Cierva. El jefe de estudios del centro señaló a El País que aquella alumna tenía amigos de orígenes muy diferentes. «Estaba totalmente integrada en España».

El 11 de marzo de 2004 la niña montó en el tren 21435, en el que los terroristas habían colocado cuatro bombas. Allí acabó su vida. De acuerdo con la sentencia,

dos, puestas en el piso superior de los vagones cuatro y cinco, explosionaron a las 7:38 h. en la estación de El Pozo. Las otras dos, dejadas en los pisos inferiores de los vagones segundo y tercero, no llegaron a explosionar, siendo una neutralizada en la estación y la otra desactivada en el parque Azorín de Vallecas por los especialistas de explosivos de la policía.

En el vestíbulo del IES Juan de la Cierva se dejó un libro de firmas para que los compañeros de Sanaa Ben Salah Imadaquan pudiesen plasmar sus emociones. 20 Minutos reproducía los mensajes de algunos niños: «Tranquila, en tu clase no te quitamos el sitio»; «este libro no debería existir». De acuerdo con el periódico, una de las notas se reducía a la firma: Alfonso.

El autor (12 años) es el único alumno que ha sido expulsado del instituto en toda su historia: un muchacho rebelde y bronco que no era amigo de nadie. Excepto de Sanaa, claro. Ella, que sabía apaciguar sus brotes de rabia con una sonrisa, le ayudaba, dejándole copiar los trabajos y tareas y, cuando las cosas se pusieron feas, hace solo unas semanas, le acompañó en la desdicha de la expulsión.

Antonio Miguel Utrera Blanco

Después de estudiar en el IES Doctor Marañón, Antonio había empezado la carrera universitaria de Historia. Un sindicato estudiantil había convocado huelga para la jornada del 11 de marzo de 2004, pero, pese a algunas dudas fugaces, Antonio decidió ir a clase: había quedado con unos compañeros para hacer un trabajo. Primero tomó un autobús dirección Torrejón de Ardoz. Luego se subió al tren de cercanías 17305.

En Memorias del terrorismo en España (2018), Antonio contó que

en el aire frío de la estación no se leía ningún augurio, ninguna señal que me salvara del abismo en el último centímetro de tierra. Me siento tan cómodo como siempre en medio de un marasmo de gente desconocida: siempre he confiado en la bondad de los desconocidos, me suelo repetir cada mañana como un mantra que Tennessee Williams escribiera para los madrugadores que viajan en transporte público. Y me instalo en esa constelación de cuerpos anónimos y somnolientos aferrado a mi mochila y lejos de allí, tan lejos como cada uno de aquellos, pensando cómo íbamos todos en nuestras tribulaciones particulares.

Como cada mañana, las estaciones se sucedieron una tras otra: San Fernando, Coslada, Santa Eugenia, El Pozo... Y de repente, a las 7:39 horas, cuando circulaba a la altura de la calle Téllez de Madrid, el tren se vio sacudido por cuatro estallidos. Gravemente herido, Antonio se desmayó, aunque recuperó la conciencia a los pocos minutos.

Recuerdo un espeso humo blanco envolviéndome como un sudario de algodón. Emerjo a duras penas de él con el eco de la explosión aún en mis oídos, que están sangrando. Salgo del vagón, no sé si tal vez ayudado por la mano de un desconocido bondadoso, y observo el estado del tren en que he viajado hasta esa parada abrupta sin estación.

Gritó que había sido un atentado, pero nadie le hizo caso: describe la escena como «un baile de sonámbulos». Antonio consiguió llamar por teléfono a su madre para tranquilizarla. Y volvió a perder el conocimiento.

Una semana después el herido se despertó en el hospital Gregorio Marañón. Según dicta la sentencia, requirió «para su curación o estabilización 500 días». Antonio tenía 18 años cuando sufrió el atentado. Las secuelas físicas y psicológicas le acompañarán durante el resto de su vida.

En un curso de verano de El Escorial, luego transcrito en Cuadernos del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, Antonio contó que en los atentados también había fallecido «una querida amiga», Angélica González, de 19 años. No fue la única pérdida personal que sufrió aquel día. El resto de sus amigos desaparecieron. Había sufrido

lo que los psicólogos llaman la muerte social. Al llegar a casa, después del periodo hospitalario, de pronto veo que nos quedamos mis padres y yo solos, absolutamente solos. ¿Por qué ocurre? Le doy muchas vueltas, me siento muy culpable. Por supuesto, creo que la culpa de que esas personas se hayan ido es mía. Hasta que pasa el tiempo y veo que es una reacción humana, dolorosamente humana, pero reacción humana. No se sabe actuar ante el dolor, no estamos educados, eso sí es verdad.

Idoia Rodríguez Buján

Nació en San Mamede de Nodar, una parroquia del Ayuntamiento de Friol (Lugo), el 25 de octubre de 1983. En septiembre de 2004 ingresó en las Fuerzas Armadas y su primer destino fue la Brigada Aerotransportable Galicia VII de Pontevedra. Tres años después participaba como soldado del regimiento de infantería Isabel la Católica n.º 29 en la misión española en Afganistán, donde también servía su pareja. Le tocaba volver a casa en febrero de 2007, pero, como revela la web del Ministerio de Defensa, pidió quedarse en su puesto hasta la última rotación, lo que le fue concedido.

El mismo día en que despegó el avión que le debía haber llevado de regreso a España, el 21 de febrero de 2007, Idoia Rodríguez fue asignada a una misión de apoyo a tropas italianas que estaban instruyendo al ejército afgano en la región de Shindand, no lejos del río Harut. El convoy español estaba compuesto por cinco vehículos de la compañía de la Fuerza de Reacción Rápida Bommel. Idoia conducía el cuarto, un blindado ambulancia al que habían bautizado como Torito. En su interior viajaban una teniente médico, un alférez ATS y un cabo. Este equipo había prestado ayuda sanitaria a civiles: «niños, mujeres y hombres de pueblos de la zona pasan reconocimiento médico».

De regreso a la base española, cerca de las 16:00 horas, el blindado medicalizado se vio afectado por una explosión.

Por las dimensiones del cráter que produjo en el terreno asfaltado, un metro de diámetro por veinticinco centímetros de profundidad, y el lugar donde fue encontrada la llanta delantera de la rueda del blindado, a cien metros del vehículo, podría tratarse de una mina contra carro activada por plato de presión y con una carga de explosivo de gran potencia,

indica la web del Ministerio de Defensa. El vehículo quedó destrozado. Idoia Rodríguez murió en el acto. Tenía 23 años.

Como escribió en El Español Gonzalo Araluce, se trató de

uno de los episodios más funestos del Ejército español. Porque la soldado [...] se convirtió en la primera mujer militar muerta en misión. Porque ella tenía que haber vuelto a Galicia el día fatídico, pero pidió quedarse en Afganistán. Porque una bomba oculta entre la tierra del desierto afgano alcanzó de pleno el vehículo que ella misma conducía. Y, también, porque murió en un país desangrado por una guerra en la que ella misma había salvado decenas de vidas.

Ignacio Echeverría Miralles de Imperial

Nació en 1978 en El Ferrol, se crio en As Pontes de García Rodríguez y pasó el resto de su infancia y juventud en Las Rozas. Se licenció en Derecho Hispano Francés e hizo un máster en La Sorbona. Tras pasar por varias entidades financieras, buscó fortuna en Londres, donde le contrató el banco HSBC como analista en prevención de blanqueo de capitales.

Era católico practicante y había padecido acoso laboral, lo que reforzó su predisposición a salir en defensa de cualquiera que sufriera maltrato. En palabras de una amiga, «ante situaciones injustas, no se podía contener». También destacaba por su carácter solidario, al que su padre, Joaquín, da el hermoso nombre de «bondad». En su biografía sobran los ejemplos. En una ocasión, cuando estaba haciendo surf, rescató a un matrimonio que se había quedado atrapado por la corriente en la playa de Oyambre (Cantabria). Otra muestra: a menudo Ignacio visitaba a un joven marroquí que pasaba una larga convalecencia en un hospital londinense y estaba solo. Se habían conocido compartiendo su afición al monopatín.

Ignacio era un hombre bueno con una vida normal que tuvo que enfrentarse a una situación inesperada y excepcional. La noche del sábado 3 de junio de 2017 un automóvil atropelló a varios peatones en la acera del puente de Londres. Tres hombres bajaron del vehículo y empezaron a apuñalar a los viandantes tanto allí como en un mercado cercano. Causaron ocho víctimas mortales y 48 heridos. Aunque al principio hubo dudas acerca de la autoría, el Dáesh no tardó en reivindicar el atentado terrorista.

Alrededor de las 23:00 horas Ignacio y unos amigos estaban yendo en bicicleta cuando vieron a un individuo atacando a una chica. No sabían lo que estaba ocurriendo, pero fue suficiente para Ignacio: tiró la bici, cogió su monopatín y arremetió contra el yihadista. Lo golpeó, evitando que rematara a su víctima. Inmediatamente entró en escena un policía, pero fue herido. Ignacio se había quedado solo frente a tres terroristas. Superado numéricamente, fue acuchillado. En el suelo aún intentó utilizar el monopatín como escudo, pero ellos eran más. Lo mataron. Tanto la muchacha como el agente sobrevivieron.

La Policía británica encontró el DNI de Ignacio entre sus ropas, por lo que lo identificaron esa misma noche. Sin embargo, tardaron cuatro días en confirmar su muerte a la familia. Demasiados. Esta frialdad institucional contrasta, según su padre, con la atención más humana que se dispensa en España a los damnificados, gracias a la labor de organismos como la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo y las diversas asociaciones de víctimas.

En el Génesis, cuando Dios anuncia que va a destruir Sodoma y Gomorra, Abraham intercede. Yahveh accede a perdonarlas, siempre que encuentre a diez hombres justos. Pese a sus esfuerzos, no lo consigue y ambas ciudades son borradas de la faz de la tierra. Quizá a Abraham no le hubiera costado tanto hallar justos en Londres en junio de 2017.

No es de extrañar que la prensa haya convertido a Ignacio en «el héroe del monopatín». Encaja perfectamente en la definición que da el Diccionario de la RAE: una «persona que realiza una acción muy abnegada en beneficio de una causa noble». Y no hay causa más noble que proteger a otro ser humano. Como leemos en el Talmud, «quien salva una vida salva al mundo entero».

El heroísmo de Ignacio ha sido reconocido a título póstumo con condecoraciones como la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo y la Medalla de Jorge que entregó a sus padres la reina Isabel II de Reino Unido. También ha recibido distinciones como el Premio Internacional COVITE. Además, el instituto donde cursó bachillerato ha sido rebautizado con su nombre. A estos reconocimientos se suma el del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo: el monopatín de Ignacio ocupa un lugar especial en su sede de Vitoria, que ha abierto sus puertas en 2021.

CONCLUSIONES

UNO

En estas páginas he intentado sintetizar la historia del terrorismo en España durante los sesenta años que transcurren desde 1960 hasta 2020. En dicho periodo actuaron decenas de bandas, cada una con sus características, su trayectoria, su estrategia, sus objetivos y su ideología. Por coherencia y para facilitar la comprensión del fenómeno, las he clasificado en cuatro grandes conjuntos: el terrorismo nacionalista radical, el de extrema izquierda, el ultraderechista / parapolicial y el internacional / yihadista. La mayoría de estos grupos pertenecían a lo que David C. Rapoport (2004) denominó la tercera oleada de terrorismo, aunque los últimos entroncan ya con la cuarta.

Puede aducirse que un abismo separa a organizaciones como el DRIL, ETA y Al Qaeda. Es cierto que hay diferencias sustanciales entre ellas: doctrinales, tácticas, de ciclo histórico... Ahora bien, ¿y el daño que han causado? ¿Es tan distinto? Si adoptamos la perspectiva de sus víctimas, como los niños Begoña Urroz, José María Piris y Patricia Rzaca, la respuesta es que todos los perpetradores se asemejan.

Las bandas terroristas comparten algunos rasgos esenciales: uno, su clandestinidad, su reducido tamaño y su carencia de un territorio propio; dos, una radicalización fanática e incivil; tres, un imaginario épico y un discurso del odio; cuatro, el uso de la violencia terrorista como principal método de acción, y cinco, la idea de que las víctimas son un precio necesario, por citar el título del libro de José A. Zamora, Reyes Mate y Jordi Maiso (2016). En definitiva, para los terroristas el fin justifica los medios sangrientos.

DOS

La comparación entre distintas organizaciones nos permite llegar a ciertas conclusiones sobre los orígenes de este tipo de violencia. Como precondiciones del terrorismo los especialistas suelen nombrar los antecedentes históricos, la tecnología, los cambios socioeconómicos bruscos, el declinar de las autoridades tradicionales, una ruptura generacional, la falta de libertades, la represión, la colonización, la discriminación de una parte de la población, la ineficacia de los cuerpos policiales, la existencia de un modelo internacional, el desarraigo de los descendientes de inmigrantes... Y como causas directas, entre otras se mencionan la dinámica interna de la banda y sus necesidades tácticas, el estado emocional de sus integrantes, su interpretación de los dogmas religiosos o políticos, su narrativa histórica, etc.

Todos estos elementos dibujan un contexto que puede resultar favorable a la violencia política y, por consiguiente, repercute en los actores de una u otra manera. Sin embargo, que tales factores influyan en los futuros terroristas no significa que determinen sus acciones. La razón última por la que algunos individuos se convierten en terroristas es sencilla: porque deciden hacerlo. Hay un hecho que avala dicha teoría: pese a soportar idénticas condiciones, tener los mismos modelos internacionales y estar condicionados por similares parámetros ideológicos, la mayoría de las personas no optaron por la violencia. Valga como muestra un botón. En palabras de quien fuera uno de los dirigentes de la ETA de los sesenta, Teo Uriarte, plasmadas en Memorias del terrorismo en España (2018), «podía apoyarme en esas excusas para justificar nuestro error de matar por convicción política a otro ser humano, pero no existen. No fue un accidente. Otros, casi todos los derrotados en la guerra, renunciaron a la dialéctica de las pistolas». Haciendo uso de su voluntad, los abertzales encuadrados en ETA apostaron por la «lucha armada» en los años sesenta, en plena dictadura franquista, pero el grueso de los nacionalistas vascos, que también la padecían, rechazaron esa vía. Se trató de una elección: había varias opciones encima de la mesa, cada una con sus pros y sus contras. Los etarras hicieron la suya.

Este trabajo ratifica la validez del paradigma de la elección deliberada, que Martha Crenshaw expuso en un ya clásico artículo de 1981. Siguiendo a dicha autora, en cuanto actores racionales, tanto la organización como los individuos que la componen escogen intencionadamente el terrorismo como estrategia para conseguir sus objetivos. Y lo hacen de manera consciente, tras desechar otras alternativas que creen más costosas o menos efectivas para sus propósitos. Tal decisión se toma bajo el influjo de unas circunstancias concretas, pero a la postre lo que pesa es la voluntad humana. En definitiva, los terroristas asesinan, secuestran, hieren, extorsionan y amenazan a otros seres humanos porque consideran que es el mejor medio para alcanzar sus metas, sean estas las que sean.

No están predestinados a hacerlo, ni han perdido el juicio, ni son autómatas, ni marionetas, ni víctimas del sistema. Por mucho que resulte una explicación atractivamente simple y consoladora para el resto de nosotros o por mucho que ellos mismos procuren esconderse detrás de una u otra excusa cuando causan daño, son responsables de sus propios crímenes. El «Estado» no obligó a ETA a tomar las armas, España no estaba a punto de romperse cuando una parte de la extrema derecha empezó a pegar tiros, el proletariado nunca requirió a los GRAPO que asesinase a nadie, las bombas de los GAL no fueron una reacción ineludible a ETA y la supuesta «Cruzada» de los países occidentales contra el Islam no fue la causa de los atentados yihadistas de 2004 y 2017.

Independientemente de las circunstancias, los terroristas hacen uso de su libre albedrío. Resulta significativo que algunos sean conscientes de ello. Basta leer la carta de despedida que Abdennabi Kounjaa, uno de los autores materiales de la matanza del 11-M, escribió a sus familiares: «Os habéis puesto en contra de mis pensamientos y de mi deseo. Yo me he sacrificado partiendo de mi total convicción [...]. Por ello, ha sido mi voluntad la que ha optado por el camino del yihad».

TRES

La dictadura fue el marco en el que surgieron ETA, los GRAPO y otras bandas terroristas, lo que ha hecho que a menudo se haya establecido una relación de causa-efecto entre la primera y las segundas. Sin duda, el régimen franquista tuvo su importancia en la gestación del terrorismo doméstico, ya que la falta de libertades y su naturaleza represiva hacían más atractiva la violencia política para los jóvenes radicalizados. También hay que tener en cuenta la impronta que dejó la educación nacionalcatólica y la exaltación bélica de la «Cruzada». Resulta sintomático, por ejemplo, que el dirigente etarra Julen Madariaga escribiese en 1964

el gudari-revolucionario, es decir, el gudari-militante, lucha, como el antiguo cruzado, por una idea, por una verdad, la nuestra: liberación radical de Euzkadi y de sus pobladores. Para nosotros, al igual que para el cruzado del siglo x la suya, nuestra verdad es la verdad absoluta, es decir, verdad exclusiva que no permite ni la duda ni la oposición y que justifica la eliminación de los enemigos virtuales o reales.

Ahora bien, la tercera oleada de terrorismo fue un fenómeno universal. Hubo atentados en democracias consolidadas como Gran Bretaña, en democracias relativamente jóvenes como Italia y Alemania y en dictaduras como España y algunos países latinoamericanos. En cambio, este tipo de violencia política tuvo una presencia residual en las dictaduras del Bloque soviético. El hecho de que un régimen fuese más o menos autoritario es un factor a tener en cuenta, pero no resultó determinante.

Ni ETA ni los GRAPO nacieron para derrocar a la dictadura. Aunque les sirvió a efectos propagandísticos, su antifranquismo fue totalmente accidental. La prueba es que la mayoría de los atentados de estas bandas tuvieron lugar tras la muerte del dictador. Resulta sintomático que el pico de su letalidad se sitúe en plena Transición democrática, a la que se opusieron frontalmente.

CUATRO

En la historia del terrorismo hay episodios que, con leves variaciones, se repiten una y otra vez. Merece la pena detenerse en los más relevantes. Por un lado, las bandas suelen cometer lo que desde su propia lógica interna son «errores»: una confusión entre el objetivo de la acción y otra persona, una bomba que hace explosión antes de lo previsto, un sabotaje que solo busca daños materiales y acaba produciendo víctimas mortales, etc. En ocasiones, cuando examinamos un atentado, experimentamos un déjà vu. Son llamativos, por ejemplo, los paralelismos entre las matanzas indiscriminadas de la cafetería Rolando, de la cafetería California 47 y del restaurante El Descanso. Respectivamente, aquellos ataques tenían como blanco a los policías, los militantes de extrema derecha y los soldados de EE. UU., pero la absoluta mayoría de las víctimas no entraba en dichas categorías. Incluso desde el prisma de los propios terroristas, resultaron un fiasco sangriento. Tanto es así que ni ETA ni los GRAPO se atrevieron a reivindicar aquellas explosiones.

Por otro lado, es habitual que a la hora de justificar sus crímenes los terroristas recurran a la transferencia de culpabilidad, que Maurice A. J. Tugwell (1985) define como «una desviación de la atención pública, la cual se aparta de los actos comprometedores del que inició el conflicto para dirigirse hacia los del adversario, de manera que puedan ser olvidados o perdonados, mientras que los últimos desgasten la confianza y la legitimidad de la otra parte». En su máximo grado, dicho mecanismo «justifica el acto original transformándolo desde ser una responsabilidad psicológica hasta convertirse en un triunfo, mientras simultáneamente se despoja a las acciones del oponente de su contenido de rectitud moral y de utilidad práctica». En resumen, la responsabilidad de la violencia no recae en el que la ejerce, sino en el otro: el Estado, las FCSE, la oligarquía, la derecha, la izquierda, los «cruzados y judíos»...

CINCO

El terrorismo ha sido campo abonado para las teorías de la conspiración. En estas narraciones se niega o relativiza la existencia de las bandas, reinterpretando sus atentados como producto de fuerzas misteriosas que maquinan en las sombras. Se trata de un fenómeno universal. En las décadas de los setenta y ochenta sectores progresistas italianos afirmaron que las Brigadas Rojas estaban dirigidas por poderes ocultos. Como indica Juan Avilés (2017), «muchos musulmanes creen que los atentados del 11-S no fueron obra de Al Qaeda ni de ningún otro grupo de árabes, sino de agentes del propio gobierno de Estados Unidos o de Israel». De idéntica manera, en 1960 el PCE acusó al DRIL de ser un peón de la dictadura y durante el tardofranquismo y la Transición española circularon teorías de la conspiración en torno al FRAP, los GRAPO y otras organizaciones terroristas, no pocas de cuyas acciones fueron tachadas de provocación policial.

También se han generado leyendas en torno a ETA. Cuando en diciembre de 1973 la banda asesinó al almirante Luis Carrero Blanco, la cercanía del lugar del crimen a la Embajada de Estados Unidos fue aprovechada por los fabuladores para intentar implicar a la CIA o a una facción de la dictadura. Mientras unos creían ver connivencias de ETA con EE. UU., otros, como un sector del PNV, acusaban al grupo de ser un instrumento de la URSS. Irónicamente, en esto coincidía con algunos altos cargos del régimen, que siempre habían sospechado que detrás de los atentados de ETA estaba la mano comunista.

La propia banda y su entorno han creado teorías de la conspiración, como que las FCSE introducían drogas en Euskadi para acabar con la supuesta «combatividad» de la juventud vasca. Aquí los terroristas reciclaban una leyenda urbana que, con variantes regionales, ya se había extendido por toda Europa. El mito ha sido derribado por Juan Carlos Usó (2015) y Pablo García Varela (2020).

También se han urdido relatos morbosamente ficticios acerca de la masacre yihadista del 11-M en Madrid, que se llegó a presentar como un atentado de falsa bandera en el que estaban envueltos ETA, servicios secretos extranjeros e incluso partidos políticos. Pese a la claridad de las sentencias judiciales y a estudios como el de Fernando Reinares (2014), aún hay quien se resiste a creer que la matanza llevaba la firma del yihadismo.

SEIS

ETA ha sido la banda más longeva, letal y destructiva de las que han operado en España. La mayoría de las víctimas mortales, heridos y secuestros llevan su sello. También fue la que más estragos económicos ha causado. De igual manera, ha sido la única organización terrorista que ha contado con un entorno que le daba cobertura social y política. El alto grado de violencia que desplegaron las distintas ramas de ETA hizo que en determinados momentos condicionase negativamente nuestra historia reciente. Es lo que ocurrió durante los años de plomo que van de 1976 a 1982. El golpismo y ETA fueron los mayores retos a los que tuvo que enfrentarse la joven y débil democracia española. El primero fue desactivado, pero, pese a que se evitó la catástrofe, el Estado de Derecho tardó varias décadas en acabar con el terrorismo doméstico, que siguió teniendo efectos perniciosos hasta hace relativamente poco.

Asimismo, ETA fue clave en la génesis y el desarrollo de otras bandas terroristas. A algunas, como Loita Armada Revolucionaria o lo que más tarde sería Terra Lliure, les facilitó un modelo organizativo, entrenamiento, armas y explosivos. En otras el influjo fue indirecto. Todo parece indicar que el nacimiento de grupúsculos como Iraultza respondía al efecto imitación de ETA. No fue así en el caso de los GRAPO, que tenían su propia trayectoria y cultura política, pero es innegable que en algunos aspectos también encontraron su inspiración en el terrorismo de corte nacionalista vasco radical. Aunque a veces utilizara a ETA como coartada, la extrema derecha violenta seguía una dinámica autónoma. Justo lo contrario de lo que ocurrió con el terrorismo parapolicial, desde el BVE hasta los GAL, que fue impulsado por sujetos cuyo objetivo prioritario era combatir a la «izquierda abertzale» con sus propias armas. Se trataba de un fenómeno reactivo, así que, sin ETA, probablemente se hubieran registrado muchas menos acciones vigilantes.

SIETE

A ojos de los terroristas, las víctimas no importaban. Eran meros instrumentos. Su sufrimiento era una forma de atemorizar a la población y presionar al Gobierno con el fin último de conseguir sus objetivos. Durante los años sesenta, setenta, ochenta y buena parte de los noventa las víctimas también fueron ignoradas por la sociedad, los medios de comunicación, el mundo académico y la clase política. Quizá lo más injusto fue el desamparo institucional, que solía condenarles a soportar unas condiciones precarias. Baste recordar cómo las viudas de policías y guardias civiles de los años de plomo, a menudo sin preparación y con unas pensiones miserables, tuvieron que sacar adelante a sus familias rotas. Tampoco conviene olvidar que se ignoró la opinión de los damnificados por el terrorismo en la gestación de la Ley de Amnistía o los procesos de reinserción.

A las víctimas no les quedó más remedio que organizarse para reclamar sus derechos y exigir que se escuchara su voz. A la pionera AVT se le irían sumando asociaciones y fundaciones, como COVITE o la Fundación Fernando Buesa, hasta conformar un ámbito complejo, polifónico y muy plural. Su actividad es doble. Por un lado, proporcionan asistencia psicológica y sociocultural a los damnificados. Por otro, hacia afuera, se dedican a actuar como acusación particular en algunos juicios, a temas educativos, a promover trabajos de investigación, a hacer divulgación, a denunciar los actos de enaltecimiento del terrorismo, a pedir mejoras en la legislación, etc.

La labor de las asociaciones de víctimas del terrorismo acabó teniendo reflejo en los partidos democráticos, las Cortes y los sucesivos gobiernos, que dieron muestra de su compromiso con las leyes de 1999 y de 2011. Esta nueva normativa no solo garantizaba a los damnificados atención e indemnizaciones, sino que creó el marco propicio para que se implementasen otro tipo de iniciativas. En 2001 se instituyó la Fundación de Víctimas del Terrorismo, que representa a todas las asociaciones. En 2006 el Ministerio del Interior se dotó de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo. La Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, estableció la creación de dos nuevos organismos. Por un lado, la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo en la Audiencia Nacional. Por otro, el Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, cuya sede principal de Vitoria ha abierto sus puertas en 2021. En definitiva, aunque todavía queda mucho por hacer, gracias a las asociaciones y a las instituciones, actualmente España es pionera en las políticas vinculadas a las víctimas del terrorismo.

OCHO

El historiador Raúl López Romo ha demostrado que el PCE-EPK fue el partido que inauguró las movilizaciones democráticas contra el terrorismo. La fecha exacta del primer acto de protesta fue el 28 de junio de 1978. Ese día, tras el asesinato del periodista José María Portell por parte de ETAm, los comunistas convocaron una manifestación en Portugalete. En la pancarta, adornada con una ikurriña con crespón negro, se leía «Estamos hartos de violencia y asesinatos. Askatasuna eta pakea». Es decir, libertad y paz.

Se trataba del primer germen del movimiento pacifista vasco, que todavía tardó en florecer. Hubo que esperar a la segunda mitad de los ochenta para que se fundasen Gesto por la Paz de Euskal Herria, la Asociación por la Paz o la Asociación Pro Derechos Humanos; y a los noventa, para Denon Artean, Bakea Orain o Elkarri. El grupo más importante fue Gesto por la Paz. Nació en 1985 gracias a la inquietud de un sector de la ciudadanía e impulsó actos de protesta contra el terrorismo y la violencia de persecución, de la que fueron objeto no pocos pacifistas. Gesto y el resto de las organizaciones pacifistas jugaron un papel crucial en la defensa de la paz y los derechos humanos, así como en la concienciación y sensibilización de la sociedad.

Tras el asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco (julio 1997), al pacifismo se sumó un movimiento cívico opuesto tanto al terrorismo como al PNV: plataformas como el Foro Ermua, ¡Basta Ya! y la Fundación para la Libertad, que reunían a ciudadanos vascos y navarros defensores de las víctimas del terrorismo, la Constitución, las libertades, la tolerancia y el pluralismo.

Hoy es habitual escuchar que ETA dejó de matar por el rechazo unánime de la sociedad vasca. Se trata de una imagen hermosa, pero, como señala Rafael Leonisio (2019), autocomplaciente y falsa. Es cierto que, como indican las encuestas, el grueso de la población estaba contra el terrorismo, pero solo una exigua minoría se atrevió a demostrarlo con el lazo azul en la solapa o acudiendo a los actos de protesta tras cada asesinato. La inmensa mayoría de los vascos y navarros se quedaron en sus casas. Puede que, de haberse sumado masivamente a las convocatorias pacifistas, ETA hubiera asumido su fracaso mucho antes, pero las cosas no ocurrieron así. No se trata de hacer penitencia, sino de ser honestos: en vez de contarnos mentiras piadosas para aliviar la mala conciencia, debemos enfrentarnos a la incómoda verdad. Por ese mismo motivo, precisamente, es necesario homenajear a los valientes que sí denunciaron el terror a cara descubierta.

NUEVE

Cuando ETA empezó a matar, la dictadura no estaba preparada para la lucha antiterrorista. Su respuesta represiva, que no hacía sino seguir el guion acción-reacción que había escrito la propia banda, no solo no consiguió acabar con el fenómeno terrorista, sino que lo legitimó a ojos de una parte de la sociedad. Durante la Transición democrática las FCSE tampoco fueron capaces de neutralizar la violencia política, que se multiplicó aprovechando la fragilidad y las contradicciones de la Administración pública. Creyendo que la derrota policial de ETA era imposible, se optó por tomar medidas excepcionales como la Ley de Amnistía, la reinserción colectiva o individual, la negociación e incluso la creación de los GAL, fruto de la decisión de altos cargos del Ministerio del Interior. Ninguna de ellas terminó con el problema. Y los GAL lo agravaron.

Con el tiempo, la legislación, la Audiencia Nacional, los servicios secretos, la Policía Nacional y la Guardia Civil fueron modernizándose y perfeccionándose. Ellos han sido los principales artífices del fin de ETA y del resto del terrorismo doméstico. Gracias a la experiencia acumulada en la lucha antiterrorista del tercer ciclo, las FCSE han podido enfrentarse en inmejorables condiciones a la cuarta oleada de terrorismo. Si bien el 11-M y los atentados de Barcelona y Cambrils son una realidad imborrable, los agentes de la ley tienen el mérito de haber evitado otros atentados yihadistas que hubieran producido masacres de proporciones incalculables.

DIEZ

Ninguna de las organizaciones de las que se ha tratado en el presente trabajo consiguió sus objetivos. Causaron un inmenso dolor y miles de víctimas, pero sus atentados no dibujaron nuevas fronteras en la península, ni trajeron la revolución, ni resucitaron la dictadura franquista ni sirvieron para que España volviese a ser el califato de Al Ándalus.

Como mantiene Diego Muro (2018), las bandas terroristas no solo suelen ser incapaces de lograr sus fines fundacionales, sino que a menudo los perjudican. En palabras de Xavier Casals (2016), referidas a la Transición, pero extensibles a los años posteriores, «la violencia política [...], salvo en el caso de ETA, se volvió contra sus promotores y actores, contribuyendo a su derrota». El terrorismo de corte nacionalista radical, el de extrema izquierda o el de ultraderecha no sirvió para dinamizar estas corrientes políticas, ni para granjearles simpatías populares, sino para acentuar su marginación, al asociarlas con la criminalidad. En cierto modo, parafraseando a Oscar Wilde, cada terrorista mata lo que dice amar.

Es innegable que ETA sí ha logrado algunos de sus objetivos secundarios, como dividir a la ciudadanía vasca, sembrando el odio y el sectarismo, debilitar a los partidos no nacionalistas, expulsar a una parte de la población de Euskadi, controlar no pocos movimientos sociales y culturales o hacerse con el monopolio de la calle. Ahora bien, no ha alcanzado su meta última, una república vasca independiente, socialista y monolingüe en euskera. De hecho, en pleno 2021 esa realidad parece tan distante como el «califato» universal con el que sueña el Dáesh.

ONCE

En septiembre de 2018 la AVT presentó un trabajo elaborado por la abogada Carmen Ladrón de Guevara. Sus conclusiones eran que, sin contar los casos anteriores al 15 de junio de 1977, cuya responsabilidad borró la Ley de Amnistía, todavía no se ha condenado a los autores materiales de 307 asesinatos perpetrados por ETA, 37 por los GRAPO y 18 por células yihadistas. En total, 362 víctimas mortales no han encontrado justicia. La cifra sería mayor si sumásemos los «casos sin resolver» del terrorismo ultraderechista, del parapolicial, del internacional o de algunos grupúsculos como el FRAVA. Y, por supuesto, a los heridos. En definitiva, una de las características del terrorismo en España ha sido la impunidad. No obstante, no se trata de una anomalía: también está muy presente en la violencia política que han sufrido otros países.

DOCE

La derrota de ETA ha suscitado un debate acerca de cómo debemos contar las páginas más oscuras de nuestro pasado reciente. En ese sentido, se ha acuñado la expresión «la batalla del relato», que resulta un tanto desafortunada, ya que tiene connotaciones bélicas y traslada la idea de que todas las narraciones acerca de la historia son igual de legítimas y que cada uno tiene la suya. Y no es así.

En primer lugar, conviene aclarar de qué hablamos cuando hablamos de «el relato». Pese a que ya es de uso corriente, se trata de un término polisémico: según la RAE, puede ser tanto el «conocimiento que se da [...] de un hecho» como un «cuento», es decir, ficción. Es la forma (y el fondo) en la que describimos y (nos) explicamos el pasado. Conforma una unidad narrativa estructurada, cerrada, coherente, textualmente significativa, comprensible y verosímil: tiene apariencia de verdadero, pero no necesariamente lo es. La distinción es clave: hay relatos basados en el conocimiento y otros en la ficción.

De igual manera, coexisten diferentes narraciones históricas acerca del terrorismo. Y resulta lógico, ya que tienen el sello de autores con formación, sensibilidades y objetivos divergentes. Hay dos que destacan sobre el resto. La primera es la de los apologistas de ETA. Ya en septiembre de 1965 en un Zutik se advertía de que «estamos convencidos de nuestra postura y de que la historia hablará a nuestro favor». Siguiendo fielmente tal máxima, los propagandistas se dedican a elaborar un relato que justifica el terrorismo a posteriori. Así pues, su prioridad es servir a una causa política, aun cuando el precio a pagar sea tergiversar los acontecimientos, denigrar a las víctimas y reproducir los discursos del odio. De nuevo, el fin justifica los medios. La mayoría de estos autores no solo carece de formación académica, sino que desprecia la historia como disciplina. Se trata de proselitistas que escriben una literatura panfletaria, ad probandum, sin investigación previa y con nulo respeto por la deontología historiográfica. Por supuesto, hay propagandistas de todos los colores, pero en el caso vasco gozan de mayor predicamento los que están vinculados al ultranacionalismo. Su relato tiene un argumento central, el «conflicto»: la supuesta guerra étnica en la que los «invasores» españoles y los «invadidos» vascos llevarían enzarzados desde la noche de los tiempos y cuyo penúltimo capítulo sería ETA. Se trata de un mito, el equivalente abertzale a la «lucha de razas» del nazismo, la «Cruzada» del franquismo o la «Yihad» de Al Qaeda.

No todos los relatos tienen el mismo valor: la fabulación del propagandista no debe colocarse a la misma altura que el trabajo académico. Tampoco es factible hacer una síntesis entre ambas narrativas. Los historiadores y otros científicos sociales buscan acercarse lo máximo posible a la verdad por medio del método científico y el estudio serio y riguroso de las fuentes disponibles. Los investigadores suelen estar vinculados a la universidad u otras instituciones, participan en congresos, escriben en revistas académicas y son reconocidos por sus pares. Son conscientes de sus limitaciones y de su subjetividad, por lo que procuran aparcar sus propias ideas. Al fin y al cabo, su finalidad es el avance del conocimiento; hacer historia, no hacer patria, clase o cualquier otra identidad.

Géraldine Schwarz (2019) ha definido a los historiadores como «detectores de mentiras y de mitos». Nuestra función académica consiste en investigar, pero nuestra función social es divulgar, ya sea por medio de libros, unidades didácticas, conferencias, medios de comunicación, exposiciones, proyectos audiovisuales o redes sociales. Y es que la difusión de nuestro trabajo es una de las vacunas con las que cuenta la ciudadanía para protegerse de la falsedad deliberada y de sus perniciosos efectos. Es una forma de prevenir la radicalización de los más jóvenes. Jamás hay que olvidar que la narrativa del «conflicto» fue el caldo de cultivo del terror: generó el odio y el fanatismo que animaron a los miembros de ETA a matar. Aunque los despojos de la banda hayan sido enterrados, queda su legado ponzoñoso: el ciclo de violencia puede reactivarse en el futuro. Lo mismo ocurre, por descontado, con las organizaciones de otro signo político, como las nacionalistas radicales, las ultraderechistas y las de extrema izquierda. Que ahora no supongan una amenaza no significa que no puedan reaparecer. Como escribió el superviviente del Holocausto Primo Levi (2006), «lo sucedido puede volver a suceder, las consciencias pueden ser seducidas y obnubiladas de nuevo: las nuestras también. Por ello, meditar sobre lo que pasó es deber de todos».

ANEXOS

PRINCIPALES BANDAS TERRORISTAS DOMÉSTICAS
POR ORDEN DE APARICIÓN

Fuente: elaboración propia.

VÍCTIMAS MORTALES DEL TERRORISMO

Fuente: elaboración propia.

HERIDOS EN ATENTADOS TERRORISTAS

Fuente: Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo.

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SIGLAS EMPLEADAS

AAA

Alianza Apostólica Anticomunista. También Triple A.

AFAPP

Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos.

AMI

Assembleia da Mocidade Independentista.

AN-PG

Asamblea Nacional-Popular Galega.

ANV

Acción Nacionalista Vasca.

AP

Alianza Popular.

ATE

Antiterrorismo ETA.

BN-PG

Bloque Nacional-Popular Galego.

BVE

Batallón Vasco Español.

CAA

Comandos Autónomos Anticapitalistas.

CCOO

Comisiones Obreras.

CEDA

Confederación Española de Derechas Autónomas.

CEDADE

Círculo Español de Amigos de Europa.

CEE

Comunidad Económica Europea.

CEOE

Confederación Española de Organizaciones Empresariales.

CGV

Consejo General Vasco.

CMVT

Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. También Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo.

CNI

Centro Nacional de Inteligencia.

CNT

Confederación Nacional del Trabajo.

COPEL

Coordinadora de Presos en Lucha.

COVITE

Colectivo de Víctimas del Terrorismo.

DGS

Dirección General de Seguridad.

DRIL

Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación.

EA

Eusko Alkartasuna (Solidaridad Vasca).

EAS

Euskal Alderdi Sozialista (Partido Socialista Vasco).

EE

Euskadiko Ezkerra (Izquierda de Euskadi).

EGI

Euzko Gaztedi (Juventud Vasca) del Interior.

EGPGC

Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive.

EH

Euskal Herritarrok (Ciudadanos Vascos).

EHAK

Euskal Herrialdeetako Alderdi Komunista (Partido Comunista de las Tierras Vascas).

EHAS

Euskal Herriko Alderdi Sozialista (Partido Socialista de Euskal Herria).

EIA

Euskal Iraultzarako Alderdia (Partido para la Revolución Vasca).

ELA

Eusko Langileen Alkartasuna (Solidaridad de los Trabajadores Vascos). También STV.

EMK

Euskadiko Mugimendu Komunista (Movimiento Comunista de Euskadi).

EPOCA

Exèrcit Popular de Catalunya.

ERC

Esquerra Republicana de Catalunya.

ERCA

Exèrcit Roig Català d’Alliberament.

ESALA

Ejército Secreto Armenio para la Liberación de Armenia.

ESB

Euskal Sozialista Biltzarrea (Partido Socialista Vasco).

ESEI

Euskadiko Sozialistak Elkartze Indarra (Unificación de los Socialistas de Euskadi).

ETA

Euskadi ta Askatasuna (Euskadi y Libertad).

ETA V

ETA V Asamblea.

ETA VI

ETA VI Asamblea.

ETA berri

ETA nueva.

ETA zarra

ETA vieja.

ETAm

ETA militar.

ETApm

ETA político-militar.

ETApm VII

ETA político-militar VII Asamblea.

ETApm VIII

ETA político-militar VIII Asamblea.

FAC

Front d’Alliberament de Catalunya.

FAE

Frente Anticomunista Español.

FAI

Federación Anarquista Ibérica.

FCSE

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

FIJL

Federación Ibérica de Juventudes Libertarias.

FPLP

Frente Popular para la Liberación de Palestina.

FLP

Frente de Liberación Popular.

FN

Fuerza Nueva.

FNC

Front Nacional de Catalunya.

FOP

Fuerzas del Orden Público.

FRAP

Frente Revolucionario Antifascista y Patriota.

FRAVA

Frente Revolucionario Antifascista Vasco-Aragonés.

GAA

Grupos Autónomos Armados.

GAC

Grupos Autónomos de Combate. También conocido como MIL.

GAC

Grupos de Acción Carlista.

GAE

Grupos Antiterroristas Españoles.

GAE

Grupos Armados Españoles.

GAL

Grupos Antiterroristas de Liberación.

GALE

Grupos Armados por la Libertad de Europa.

GAPEL

Grupo Armado de los Presos en Lucha.

GAR

Grupos Armados Revolucionarios.

GARI

Grupos de Acción Revolucionaria Internacionalista.

GAS

Grupos de Acción Sindicalista.

GEO

Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional.

GRAPO

Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre.

HAS

Herriko Alderdi Sozialista (Partido Socialista del País).

HASI

Herriko Alderdi Sozialista Iraultzailea (Partido Socialista Revolucionario del Pueblo).

HB

Herri Batasuna (Unidad Popular).

INEM

Instituto Nacional de Empleo.

IRA

Irish Republican Army (Ejército Republicano Irlandés).

JEP

Juventud Española en Pie.

KAS

Koordinadora Abertzale Sozialista (Coordinadora Patriota Socialista).

KKK

Ku Klux Klan.

LAB

Langile Abertzaleen Batzordeak (Comisiones Obreras Patriotas).

LAIA

Langile Abertzale Iraultzaileen Alderdia (Partido de los Trabajadores Patriotas Revolucionarios).

LAIA ez

LAIA ez (no).

LAR

Loita Armada Revolucionaria.

LCR

Liga Comunista Revolucionaria.

LKI

Liga Komunista Iraultzailea (Liga Comunista Revolucionaria).

LUAR

Liga de Unidade e Ação Revolucionária.

MC

Movimiento Comunista. Antes, Movimiento Comunista de España.

MDT

Moviment de Defensa de la Terra.

MIL

Movimiento Ibérico de Liberación. También conocido como GAC.

MNI

Movimiento Nacional Independiente.

MPAIAC

Movimiento para la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario.

OAS

Organisation de l’Armée Secrète (Organización del Ejército Secreto).

OLLA

Organització de la Lluita Armada.

OLP

Organización para la Liberación de Palestina.

OMLE

Organización Marxista-Leninista de España.

ONU

Organización de las Naciones Unidas.

ORT

Organización Revolucionaria de Trabajadores.

OSS

Office of Strategic Services (Oficina de Servicios Estratégicos).

OTAN

Organización del Tratado del Atlántico Norte.

PCE

Partido Comunista de España.

PCE (i)

Partido Comunista de España (internacional).

PCE (ml)

Partido Comunista de España (marxista-leninista).

PCE (r)

Partido Comunista de España (reconstituido).

PCE-EPK

Partido Comunista de Euskadi-Euskadiko Partidu Komunista.

PCUS

Partido Comunista de la Unión Soviética.

PENS

Partido Español Nacional Socialista.

PGP

Partido Galego do Proletariado.

PNV

Partido Nacionalista Vasco.

PP

Partido Popular.

PSAN

Partit Socialista d’Alliberament Nacional.

PSAN-p

Partit Socialista d’Alliberament Nacional-provisional.

PSE

Partido Socialista de Euskadi. También PSE-PSOE.

PSOE

Partido Socialista Obrero Español.

PST

Partido Socialista de los Trabajadores.

PTE

Partido del Trabajo de España.

RAF

Rote Armee Fraktion (Fracción del Ejército Rojo).

RCAN

Resistencia Catalana d’Alliberament Nacional.

REGA

Resistência Galega.

SECED

Servicio Central de Documentación de Presidencia del Gobierno.

STV

Solidaridad de los Trabajadores Vascos.

TAV

Tren de Alta Velocidad.

UA

Unidad Alavesa.

UCD

Unión de Centro Democrático.

UCE

Unión de Combatientes Españoles.

UGT

Unión General de Trabajadores.

UNESCO

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

UPG

Unión do Povo Galego.

UPN

Unión del Pueblo Navarro.

UPyD

Unión Progreso y Democracia.

URSS

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

UVF

Ulster Volunteer Force (Fuerza Voluntaria del Ulster).

ZEN

Plan Zona Especial Norte.

11-M

Atentados del 11 de marzo de 2004.

11-S

Atentados del 11 de septiembre de 2001.

23-F

Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981

Edición en formato digital: 2021

Diseño de cubierta: INGenius

© Gaizka Fernández Soldevilla, 2021

© Ediciones Cátedra (Grupo Anaya, S. A.), 2021

Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 15

28027 Madrid

catedra@catedra.com

ISBN ebook: 978-84-376-4270-3

Está prohibida la reproducción total o parcial de este libro electrónico, su transmisión, su descarga, su descompilación, su tratamiento informático, su almacenamiento o introducción en cualquier sistema de repositorio y recuperación, en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, conocido o por inventar, sin el permiso expreso escrito de los titulares del Copyright.

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