En la fría madrugada del 15 de febrero de 1976 un joven se situó frente al escaparate de la librería El Parnasillo (Pamplona). Observó las obras que había expuestas, pero no tenía intención ni de comprarlas ni mucho menos de leerlas. Rompió el cristal, manchó los libros de pintura, los roció con líquido inflamable y luego les prendió fuego, igual que los nazis habían hecho en la Opernplatz de Berlín cuarenta y tres años antes. El que acababa de sufrir El Parnasillo no fue una rareza, sino uno de los cientos de atentados de los que han sido objeto librerías, ferias del libro, quioscos, editoriales y distribuidoras en España entre 1962 y 2018. Aquella bibliofobia violenta llevaba la firma de la ultraderecha, que se había reactivado durante la crisis terminal de la dictadura franquista, y en menor medida de ETA y su entorno juvenil. Por estas páginas desfilan radicales de toda índole que se dedicaron a odiar, amenazar, pintar, asaltar, destruir, disparar y quemar libros y librerías, así como salas de cine y otras manifestaciones culturales. Sin embargo, el presente trabajo no está dedicado a ellos, sino a los letraheridos, es decir, a quienes amaban y aman los escritores, lectores, editores, distribuidores, reseñadores, traductores, periodistas y, muy especialmente, libreros.

Gaizka Fernández Soldevilla & Juan Francisco López Pérez

Allí donde se queman libros. La violencia política contra las librerías (1962-2018)

ePub r1.0

Titivillus 07.05.2024

Gaizka Fernández Soldevilla & Juan Francisco López Pérez, 2023

Imagen de cubierta: «ATENTADO LIBRERÍA: Madrid, 16/04/71». Fuente: EFE/lafototeca.com

La edición de esta obra ha contado con el apoyo del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo.

Las opiniones expuestas a lo largo del libro son responsabilidad exclusiva de sus autores y no afectan a las políticas de las entidades que auspician la publicación.

Diseño de cubierta: Miguel Uriarte

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

A los libreros

ALMANZOR:

Hemos oído que el temible Jiménez

(se me entumece la lengua en la boca)

lanzó el Corán a una hoguera

en medio del mercado de Granada.

HASSAN:

Eso solo ha sido un preludio,

allí donde se queman libros,

se acaban quemando personas.

Heinrich Heine: Almanzor, 1823.

PRÓLOGO
NO HAY LIBERTAD SIN INDEPENDENCIA

«La libertad es una librería», este verso del Premio Cervantes Joan Margarit podría por sí solo ser el prólogo a este libro, sintetiza en solo cinco palabras lo que es la esencia de una librería.

Este no es el lugar para hacer una defensa de la Ley del Precio Fijo, pero sí lo es para resaltar una de sus consecuencias positivas fundamentales. No hay libertad sin independencia, y es precisamente esta ley la que garantiza la existencia de miles de librerías independientes en todo el país, y son estas librerías las que garantizan, a su vez, un lugar de exposición y venta a cientos de editoriales.

De la gran cantidad de librerías y editoriales se deriva la enorme bibliodiversidad existente en el sector del libro en España, no solo por la gran variedad de títulos publicados, también por la diferencia entre ellos, que permite mayor diversidad de las expresiones culturales representada en esos títulos, así como por el equilibrio entre esas expresiones, que permite que las minoritarias pueden expresarse.

Tiene, por tanto, razón Joan Margarit, al definir la libertad como una librería, siendo la diversidad la que hace de la librería un espacio de absoluta libertad.

En este libro se hace un análisis profundo y riguroso de 50 años de atentados contra librerías, estando localizados la gran mayoría de estos ataques entre los años 1973 y 1978. Desde antes, las librerías se convirtieron en un espacio acogedor, de refugio y resistencia a la vez, donde además de poder conseguir libros prohibidos, se organizaban las famosas tertulias de trastienda.

No es casualidad, por tanto, que todos los ataques descritos en este libro provinieran de ideologías totalitarias. Es esclarecedor comprobar cómo la librería Lagun de San Sebastián sufrió repetidos ataques durante el final del franquismo y primera Transición por parte de simpatizantes de ultraderecha y cómo, muchos años más tarde, esta misma librería sufría ataques similares por parte de simpatizantes del entorno etarra.

Este libro era necesario, no es solo un libro sobre la historia reciente de las librerías de nuestro país, es también un homenaje merecido a todos aquellos libreros que sufrieron y resistieron todos esos atentados, pero es, sobre todo, un reconocimiento al papel que desempeñaron las librerías en unos momentos sumamente complicados para la sociedad española en defensa de la libertad y la tolerancia.

Las librerías fueron, son y seguirán siendo necesarias. El verso de Joan Margarit con el que comenzaba este breve prólogo sirvió como lema de una campaña del Instituto Cervantes de apoyo a las librerías con motivo de la celebración del Día del Libro de 2020. En esos momentos, las librerías permanecían cerradas debido a la pandemia del COVID-19. En ella se pedía a diferentes agentes culturales un vídeo de apoyo a las librerías que comenzara con el verso del Premio Cervantes. Miguel Ríos dijo lo siguiente: «Las librerías son espacios de paz y de sosiego donde conviven las ideas por muy antagónicas que sean. Los libros nos hacen libres, la librería es donde vive la libertad, que nada ni nadie las cierre».

Alberto SÁNCHEZ RAMÍREZ

Librería Taiga (Toledo) y presidente de la Confederación Española

de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL)

Fernando VALVERDE GONZÁLEZ

Librería Jarcha (Madrid) y expresidente de la Confederación Española

de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL)

INTRODUCCIÓN

En febrero de 1976 los libros que más se vendieron en España fueron La gangrena de Mercedes Salisachs, El diccionario de Coll de José Luis Coll, Tiburón de Peter Benchley, Las ninfas de Francisco Umbral e Historia del franquismo de Ricardo de la Cierva[1]. Es probable que alguno de dichos títulos se exhibiese tras la cristalera de la librería El Parnasillo, situada a la altura del número 47 de la calle Paulino Caballero de Pamplona, cuando el día 15 de aquel mes un adolescente se situó frente a ella. Sin embargo, el joven no tenía intención ni de adquirir ni de leer aquellas obras. Siguiendo el relato del Diario de Navarra, «tras romper la luna del escaparate, desparramó sobre los libros una botella de pintura, roció posteriormente los mismos con unas ampollas de líquido inflamable, pegando fuego a continuación». El periódico informó de que «los libros expuestos y atacados “por ser marxistas”, según nos comunicaron, fueron: La desamortización de Mendizábal en Navarra, 1836-1851, de Javier Donézar Díez de Ulzurrun; El primer nacionalismo vasco: industrialismo y conciencia nacional, de Juan José Solozábal Echavarría; y La enseñanza de España, firmado por varios autores». El incendio no fue a más porque un coche de la Policía Municipal que hacía la ronda lo vio y avisó a los bomberos[2].

No era ni la primera ni la última vez que este establecimiento sufría un ataque. En el año anterior, 1975, le habían roto los cristales dos veces. El Parnasillo estaba marcada por ser una de las pocas librerías progresistas que había en Pamplona. Por añadidura, el local se ubicaba en plena «zona nacional», es decir, en la parte de la ciudad que los neofranquistas consideraban bajo su dominio. De acuerdo con uno de los propietarios del negocio, Javier López de Munáin, «había en una calle perpendicular a donde vivíamos un bar que se llamaba el Santi, donde iba toda la extrema derecha a tomar vinos […]. Era [de] Fuerza Nueva. Y el Santi puso otro bar un poco… nada, a 200 metros, y cuando iban de bar en bar tenían que pasar por delante de la tienda. Ahí ya eran pintadas, ensuciarte, insultarte…»[3].

Alguien reivindicó el atentado de febrero de 1976 en nombre de los Grupos de Acción Sindicalista (GAS), pero una vecina identificó al auténtico responsable. Se trataba de un muchacho de 16 años. López de Munáin recuerda que «la Editorial Alianza habló con Manuel Fraga, que era entonces ministro del Interior. Fraga mandó detenerle. Lo detuvieron, pero lo soltaron». En efecto, tras declararse culpable de los hechos en el interrogatorio policial, el joven ultraderechista quedó en libertad provisional a la espera de ser juzgado por el Tribunal de Orden Público (TOP). Para evitarlo, la madre «nos vino con 5000 pesetas [aproximadamente 308 euros actuales][4] para cubrir gastos, y dijimos que no queríamos saber nada».

Todavía se hablaba de aquella agresión cuando en la madrugada del 10 de marzo de 1976, tan solo una semana después de los sucesos de Vitoria en los que la Policía Armada había matado a cinco trabajadores, un Seat 1500 blanco con matrícula de Madrid se detuvo delante de El Parnasillo. Los ocupantes del automóvil abrieron la ventanilla, sacaron sus armas y abrieron fuego contra la librería. Javier López de Munáin cuenta que «me había llegado un libro, que era Respuesta teológica al padre Díez-Alegría[5], un jesuita muy famoso entonces, de una editorial de derechas de Madrid, Editorial Acervo. Cogí el libro, lo tiré así… y una de las balas se quedó incrustada en medio de la Respuesta teológica». Según el Diario de Navarra, «cuatro proyectiles impactaron en el cristal, cinco en la fachada de la tienda y siete en la pared de la casa. En total, fueron 16 tiros[6]».

Los atacantes pintaron un escueto «cabrón» y, a modo de firma, las siglas de los Guerrilleros de Cristo Rey (GCR), un nombre que utilizaban como cobertura individuos y grupúsculos violentos de ultraderecha que tenían entre sí una conexión difusa o nula. Al día siguiente López de Munáin recibió un anónimo en el que se le advertía que «las próximas balas irán para tu linda y putrefacta calva». El librero, que todavía guarda alguno de los proyectiles, cuenta que «al principio me reí, pero a los días me largué de Pamplona y me fui a Barcelona, y estuve una semana allí. Claro, era una situación tensa».

Con todo, los perpetradores del atentado consiguieron justo lo contrario de lo que pretendían. «Comenzaron a venir los clientes y el apoyo fue tal que, verdaderamente, se nos dispararon las ventas. No te puedes imaginar». Además, los trabajadores del comercio de la ciudad decidieron en asamblea transmitir al público y a las autoridades «su más enérgica protesta». Los libreros pamplonicas no solo condenaron el atentado, sino que nombraron una comisión que se reunió con el gobernador civil, quien prometió su apoyo. Sin embargo, la respuesta institucional no se tradujo en nada positivo. Si bien la misma noche del ataque el gobernador civil de Navarra había ordenado dar una batida policial por la zona, López de Munáin afirma que posteriormente no hubo una investigación propiamente dicha. «El jefe de Policía nos llamó, fuimos Antonio, mi compañero, y yo, y abrió un armario, un cajón, lleno de pistolas. Me dijo: “Esto es un pueblo lleno de pistoleros[7]”».

El 11 de febrero de 1978, el día antes de que se celebrara en Pamplona un mitin de Fuerza Nueva (FN) en el que participaría Blas Piñar, se produjo el último atentado contra El Parnasillo: un individuo lanzó un cóctel molotov contra la librería. Antes de que los parroquianos de las tabernas cercanas pudieran apagarlo, el fuego calcinó numerosos ejemplares. Un fantasmal Comando Adolfo Hitler asumió la acción. Nunca se encontró a los verdaderos responsables[8].

Aquellos ataques contra El Parnasillo fueron una pequeña muestra de lo que ocurrió en la España de los años setenta. Durante nuestra historia reciente diversas librerías han sufrido amenazas, pintadas, asaltos, disparos, bombas e incendios intencionados. Quizá sea esa, la de los libros ardiendo, la imagen más impactante y representativa del fenómeno. Pero ¿de dónde venía aquella obsesión por quemar libros? ¿Cuál era la razón última de lo que diferentes autores han denominado bibliocausto, bibliocidio o bibliofobia violenta?

Para la filóloga Irene Vallejo, «el libro ha sido nuestro aliado, desde hace muchos siglos, en una guerra que no registran los manuales de historia. La lucha por preservar nuestras creaciones más valiosas: las palabras». En efecto, fue un instrumento imprescindible para plasmar, conservar y transmitir los frutos de nuestra imaginación, de nuestra reflexión y de nuestro conocimiento. Y, pese a los malos augurios de los más pesimistas, todavía cumple dicha función[9].

«Desde que existe el libro nadie está ya completamente solo», sentenciaba el escritor Stefan Zweig, «pues tiene al alcance de su mano el presente y el pasado, el pensar y el sentir de toda la humanidad». Sin obras de ficción, filosofía, historia, política, técnica o ciencia, nuestras habilidades y saberes no irían más allá de los límites que nos imponen la experiencia individual y la voluble memoria. El desarrollo de la especie habría sido muy difícil y mucho más lento. Desde luego, no seríamos lo que somos. No obstante, se trata de un instrumento de uso tan común que habitualmente no tenemos en cuenta todo lo que le debemos. Siguiendo a Zweig, «el poder del libro para expandir el alma, para construir el mundo y articular nuestra vida personal, nuestra intimidad, suele pasarnos desapercibido salvo en raras ocasiones[10]».

Ahora bien, el poder del libro nunca fue ignorado por las élites, que lo veían como una herramienta de propaganda pero a la vez una potencial amenaza para su posición y para el statu quo. Y actuaron en consecuencia. Umberto Eco lo plasmó magistralmente en el temor fanático y homicida de fray Jorge de Burgos, el bibliotecario ciego de El nombre de la rosa, a la segunda parte de la Poética de Aristóteles. A decir de Anders Rydell, «la destrucción simbólica de la literatura es tan antigua como los propios libros». Desde que en el siglo III antes de Cristo el primer emperador chino, Qin Shi Huangdi, decretase la quema de todos los ejemplares de ciertos títulos y la ejecución de cientos de intelectuales, líderes civiles y religiosos han perseguido al mundo del libro o, mejor dicho, a una parte del mismo. Valga como muestra el Index librorum prohibitorum (1564-1966), la lista de publicaciones que la Iglesia Católica prohibía leer a sus fieles. Por extensión, además de a las obras, también se ha hostigado a quienes las escribían, editaban, enseñaban, prestaban, distribuían, vendían o leían. Evidentemente, este tipo de ataques no solo se realizaban desde el poder: otros títulos, autores y profesionales fueron objeto de la ira de aquellos que pretendían sustituir a las clases dominantes o transformar el orden de las cosas[11].

Si bien el paso del tiempo pareció ir mitigando el odio y la violencia contra el mundo del libro, se trató de un espejismo. La paramilitarización y brutalización de la política en la Europa de entreguerras lo reavivó hasta niveles insólitos. Los movimientos y Estados totalitarios pusieron a la literatura en su punto de mira. Se hicieron listas de títulos prohibidos, se destruyeron millones de ejemplares y se censuró, encarceló e incluso ejecutó a quienes los firmaban. El propio Stefan Zweig tuvo que exiliarse de su Austria natal por su condición de judío y liberal. En febrero de 1942, creyendo segura la victoria del Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial, acabó suicidándose en Brasil.

Su destino había sido sellado casi una década antes, cuando en enero de 1933 Adolf Hitler accedió a la cancillería de Alemania. Pocos autores como Zweig representaban la Europa democrática, ilustrada, tolerante y cosmopolita que Hitler y sus seguidores querían aniquilar. No tardaron en ponerse a la tarea. En abril de 1933 la sección estudiantil del Partido Nazi inició una campaña contra «el espíritu anti-alemán» en el ámbito universitario con el objetivo de arianizar a su profesorado y a sus bibliotecas. El 10 de mayo jóvenes nacionalsocialistas marcharon ritualmente con antorchas encendidas y bandas de música. Los desfiles desembocaron en lugares públicos donde posteriormente se quemaron pilas de volúmenes que habían sido expurgados de las bibliotecas universitarias por los escuadristas de las Sturmabteilung (SA), los alumnos y el personal docente. El acto principal tuvo lugar en la Kaiser-Franz-Joseph-Platz de Berlín, en la que ardieron más de 25 000 ejemplares de las obras de, entre otros, Stefan Zweig, Thomas Mann, Bertolt Brecht, Albert Einstein, Sigmund Freud, Franz Kafka, Karl Marx, Ernest Hemingway, Jack London, Victor Hugo, Leo Tolstói o Fyodor Dostoyevsky. Allí mismo a medianoche, ante miles de espectadores, el ministro de Propaganda Joseph Goebbels condenó como «anti-alemanes» los títulos escritos por judíos, liberales, marxistas, pacifistas, extranjeros[12]…

En los años siguientes los nazis continuaron con la quema de obras. En total, se estima que destruyeron más de 100 millones de libros durante la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de ellos en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), aunque en términos porcentuales el país que salió peor parado fue Polonia: el 70 % de su patrimonio bibliográfico fue eliminado o robado. Y es que las tropas alemanas no solo aniquilaron, sino que también saquearon las bibliotecas y archivos del territorio que conquistaban. En palabras de Anders Rydell, durante la Segunda Guerra Mundial «se orquestó y llevó a cabo el mayor robo de libros de la historia». Su finalidad última era rescribir la historia para demostrar que el motor de la misma era «la lucha entre las razas». Por desgracia, además, los nacionalsocialistas pasaron de las palabras de Goebbels a los hechos de las Schutzstaffel (SS), acabando con la vida de incontables intelectuales[13].

La persecución al mundo del libro no fue monopolio del Tercer Reich y sus satélites. Las dictaduras de corte comunista la practicaron con igual saña. En el Bloque del Este la aversión a cierta literatura (y a los literatos) llegó al paroxismo en la URSS de Iósif Stalin, régimen en el que se silenció, degradó, deportó, encarceló o ejecutó a numerosos periodistas, poetas, novelistas, dramaturgos, editores y traductores. La nómina de los escritores condenados a muerte incluye nombres de la talla de Isaak Bábel, Borís Pilniak, Mijaíl Koltsov, David Bergelsono o Itzik Feffer. Tampoco faltó el saqueo de bibliotecas y archivos en la Segunda Guerra Mundial y la inmediata posguerra: más de 10 millones de las obras robadas por los nazis acabaron en la URSS. Es cierto que, tras el fallecimiento de Stalin, cesó el fusilamiento de profesionales vinculados a este sector en la Unión Soviética, pero se continuó secuestrando y destruyendo manuscritos[14]. En palabras del historiador Carlos Gil Andrés,

(…) es casi un milagro que hoy podamos leer El doctor Zhivago, publicado en Italia en 1957, o Vida y destino, que apareció en Suiza en 1980, años después de la muerte de Vasili Grossman. Conservamos muchos poemas de Anna Ajmátova porque los memorizaron los amigos que la amaban. Como los resistentes de la pesadilla de Fahrenheit 451, cada uno de ellos portador del secreto de un libro aprendido de memoria[15].

El modelo estalinista fue posteriormente imitado por la Rumanía de Nicolae Ceaușescu, la China de Mao Zedong o la Camboya de Pol Pot.

En las últimas décadas el nacionalismo radical y el fanatismo religioso han sido las principales fuentes de bibliofobia violenta. En 1989, al año siguiente de que Salman Rushdie publicase la novela Los versos satánicos, el ayatolá Jomeiní de Irán proclamó una fatwa instando a su asesinato. Personas relacionadas con la obra sufrieron atentados y el escritor tuvo que llevar protección policial desde entonces, lo que no evitó que en agosto de 2022 sufriese un ataque que le dejó gravemente herido. Lo mismo les ocurrió al Premio Nobel egipcio Naguib Mahfuz en octubre de 1994 y al bangladesí Zafar Iqbal en marzo de 2018. Por supuesto, no son los únicos escritores amenazados. Basta recordar a la bangladesí Taslima Nasrim y al italiano Roberto Saviano[16].

En agosto de 1991, en el marco de la guerra de Yugoslavia, las tropas serbias bombardearon la biblioteca de Sarajevo, fundada en el siglo XVI. Gran parte de sus valiosos fondos ardieron. Por su parte, los nacionalistas croatas hicieron desaparecer unos dos millones de libros «no-croatas». En agosto de 1992 soldados georgianos prendieron fuego al Instituto de Investigación de Historia, Lengua y Literatura de Abjasia. Las bibliotecas de Afganistán, como la de la Fundación Nasir-i Khusraw, fueron devastadas por los talibanes. El paso del siglo XX al XXI no ha eliminado el fenómeno, que se reprodujo durante la invasión de Irak por el ejército de EE. UU. en 2003: en abril de ese mismo año los Archivos y la Biblioteca Nacional fueron saqueados e incendiados en Bagdad. También en Irak, pero en 2014, tras tomar la ciudad, el Dáesh destruyó la emblemática biblioteca de la Universidad de Mosul y casi todo su contenido[17].

Suma y sigue.

Al igual que el resto de Europa, la España de los años treinta del siglo XX fue escenario de la hostilidad contra la palabra impresa. Durante la Guerra Civil el fenómeno tomó un cariz sangriento. Ambos bandos asesinaron a profesores, periodistas, escritores, traductores, bibliotecarios, editores y libreros. Por citar solo dos nombres: en la zona leal al Gobierno republicano se mató a Pedro Muñoz Seca; en la de los sublevados, a Federico García Lorca. La lista de quienes tuvieron que partir al exilo es inmensa. Baste recordar a Manuel Chaves Nogales.

No obstante, la violencia no se dio en el mismo grado en los dos bandos enfrentados en la contienda. Como sucedió en otros ámbitos, la represión franquista contra el mundo del libro fue más intensa y se prolongó más tiempo que la republicana. Por añadidura, la actuación de las tropas rebeldes estuvo directamente inspirada en la bibliofobia de la Alemania nazi. El diario falangista navarro Arriba España lo dejaba claro desde su primer número: «¡Camarada! Tienes obligación de perseguir al judaísmo, a la masonería, al marxismo y al separatismo. Destruye y quema sus periódicos, sus libros, sus revistas, sus propagandas. ¡Camarada! ¡Por Dios y por la patria!». No es de extrañar que en una fecha tan temprana como agosto de 1936 se organizase el primer acto público para incinerar obras tachadas como «antiespañolas». Muchos volúmenes ardieron, otros fueron reciclados como pasta de papel. Por si fuera poco, en algunas ceremonias de quema de libros se leyó el pasaje del Quijote sobre el expurgo de la biblioteca del protagonista[18]:

—Tome vuestra merced, señor licenciado; rocíe este aposento, no esté aquí algún encantador de los muchos que tienen estos libros, y nos encanten, en pena de las que les queremos dar echándolos del mundo.

Causó risa al licenciado la simplicidad del ama, y mandó al barbero que le fuese dando de aquellos libros uno a uno, para ver de qué trataban, pues podía ser hallar algunos que no mereciesen castigo de fuego.

—No —dijo la sobrina—, no hay para qué perdonar a ninguno, porque todos han sido los dañadores: mejor será arrojallos por las ventanas al patio y hacer un rimero dellos y pegarles fuego; y, si no, llevarlos al corral, y allí se hará la hoguera, y no ofenderá el humo.

Pese a la victoria militar y su paulatina consolidación, el franquismo siguió temiendo el poder de determinados libros. Para borrar la palabra impresa de los vencidos y evitar que surgiese cualquier tipo de disidencia interior, el régimen impuso la censura previa y prohibió la venta de una larga lista de títulos. Era uno de los muchos métodos que utilizaba para asegurarse el control de la sociedad, lo que consiguió durante la mayor parte de su historia[19].

Ahora bien, la dictadura fue resquebrajándose en su última década, cuando se hizo patente tanto su paulatino debilitamiento como el irrefrenable cambio social. Por un lado, las divergencias en su seno propiciaron que la política relativamente modernizadora de los sucesivos gobiernos provocase la reactivación de una corriente reaccionaria que tenía un pie en las instituciones y otro fuera. Por otro, la oposición creció, se hizo más activa y salió a la calle. Asimismo, aprendió a utilizar los pequeños resquicios de libertad que le permitía la legalidad franquista, como las asociaciones de vecinos, las publicaciones periódicas, la industria del cine, el sector editorial o las librerías. Fue entonces, en una coyuntura en la que entraron en colisión la restringida apertura patrocinada desde arriba, su aprovechamiento por parte del antifranquismo y la resistencia al cambio del sector más retrógrado del régimen, cuando el mundo del libro comenzó a sufrir un nuevo tipo de hostigamiento. Ya no se trataba de la coerción legal, sino de una violencia ilegal contra su fachada más expuesta, las librerías, y, en menor medida, contra ferias del libro, quioscos, editoriales y distribuidoras. La campaña contra estos espacios de cultura se prolongó durante la Transición democrática, a la que nostálgicos y neofascistas se opusieron frontalmente.

La ultraderecha[20] no fue el único actor que puso en la diana a la palabra impresa en nuestra historia reciente. Aunque esporádicos y puntuales, también hubo ataques de extrema izquierda y de Euskadi ta Askatasuna (ETA, Euskadi y Libertad), organización que incendió su primera librería en una fecha tan temprana como 1973. No sería la última. Además, la banda terrorista[21] asesinó a tres vendedores de libros y a dos quiosqueros, promovió el boicot contra editoriales y comercios, y extorsionó a un número indeterminado de profesionales ligados a este mundo. A partir de 1995, durante la etapa de «socialización del sufrimiento», el apéndice juvenil de ETA se cebó con establecimientos como Lagun (San Sebastián).

Aunque en su momento la prensa prestó atención a los ataques a librerías, posteriormente el tema fue cayendo en el olvido. Los trabajos sobre la historia reciente del terrorismo en España, primero centrados en los perpetradores y luego en las víctimas, dejaron el fenómeno de lado o solo lo mencionaban tangencialmente. Fue rescatado por Aránzazu Sarría (2009) y Nadia Hernández (2018), que publicaron sendos estudios académicos sobre episodios de bibliofobia violenta de ultraderecha producidos durante los años setenta[22].

Faltaba una investigación más amplia, que abarcara las acciones de los perpetradores de todo signo político durante la historia reciente de España. Tal es el objetivo de la presente obra, que investiga los actos de violencia política clandestina de los que ha sido objeto el mundo del libro, más concretamente las librerías, desde 1962 a nuestros días. Aunque esta que nos ocupa es solo una faceta muy concreta de la cultura, creemos que muchas de las circunstancias analizadas son similares a las que pueden observarse en la violencia que sufrieron el arte, la música, el teatro o el cine[23].

Se ha utilizado la mayor cantidad posible de fuentes para contrastar convenientemente los hechos y elaborar un trabajo académico riguroso. En primer lugar, se ha acudido a la bibliografía especializada, incluyendo las memorias de políticos franquistas y militantes neofascistas. En segundo término, se han consultado los fondos del Archivo General de la Administración (AGA), el Archivo Histórico Provincial de Guipúzcoa (AHPG), el Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH), Lazkaoko Beneditarren Fundazioa (LBF, Fundación de los Benedictinos de Lazcano), el Archivo General de la Universidad de Navarra (AGUN), el Archivo Judicial Territorial de la Comunidad de Madrid (AJTCM), el Archivo General de la Subdelegación del Gobierno en Barcelona (AGSGB), la Fundación Pablo Iglesias, el Archivo General del Ministerio del Interior (AGMI), el Juzgado Togado Militar Territorial n.º 43 de Burgos, el Archivo del Gobierno Civil de Vizcaya (AGCV) y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo (CMVT). Así, hemos podido acceder a documentación generada por ETA y a documentación oficial, una parte de la cual permanecía inédita: fuentes judiciales como sentencias y sumarios[24]; fuentes policiales como diligencias previas e informes estadísticos; y boletines nacionales y regionales del Servicio Central de Documentación (SECED), la agencia española de inteligencia durante el final de la dictadura franquista y los inicios de la Transición. Internet también nos ha proporcionado datos interesantes.

Tercero, se ha realizado un vaciado exhaustivo de la hemeroteca, incluyendo la del Archivo Linz de la Transición española (Fundación Juan March). El examen de los diarios La Vanguardia, Diario Vasco, ABC, El País, Las Provincias y otras cabeceras, así como de revistas como Fuerza Nueva y El Libro Español, nos ha servido para elaborar una base de datos que registra 225 actos de violencia clandestina contra librerías, ferias del libro, quiscos, editoriales y distribuidoras entre 1962 y 2018. No son los únicos de los que fue objeto el mundo del libro en su conjunto, pero hemos preferido no tener en cuenta a efectos estadísticos acciones contra revistas literarias o escritores, aunque se mencionen a lo largo de estas páginas.

En cuarto lugar, hemos recurrido a las fuentes orales. Para este trabajo nos hemos puesto en contacto con gremios y profesionales del mundo del libro, que amablemente nos han atendido y ayudado. Hemos entrevistado presencialmente a ocho libreros: Aldo García Arias (Madrid, 29 de abril de 2021), Fernando Valverde (Madrid, 30 de abril de 2021), Lola Larumbe (Madrid, 30 de abril de 2021), Javier López de Munáin (Pamplona, 25 de mayo de 2021), Ignacio Latierro (San Sebastián, 8 de junio de 2021), José Ramón Saiz Viadero (Santiurde de Toranzo, 25 de junio de 2021), Rafa Arnal i Torres (Tavernes Blanques, 15 de junio de 2022), y Maxen Zinkunegi Iraola y su esposo Gotzon Etxeberria Setien (Andoain, 19 de diciembre de 2022).

Además de a los libreros entrevistados, los autores desean dar las gracias a Miguel Jesús Sánchez (librería Sandoval), Alberto Sánchez Ramírez, CEGAL, Raúl López Romo, Elena Blázquez, el diario Levante-EMV, Jesús Casquete, Ramón Saizarbitoria, Idoia Estornés, Javier Merino, Liviana Bucureșteanu, Martín Alonso, Eugenio Ariztimuño Amas, Javier Cámara, María José de Acuña, el Gremio de Librerías de Madrid, Andrea Blázquez, el Gremi de Llibrers de Valencia, Miguel García Sánchez, Rafael Leonisio, Fernando García Fernández, Carlos de Miguel, el equipo del archivo de José Ramon Saiz Viadero, José Luis González Pelayo, Ignacio Alonso, el Grupo de Trabajo Desmemoriados, Francisco Rojas, José Francisco Briones, David Mota, Steven Forti, T. Serna, José Fernando Mota Muñoz, Elena Picó Chausson, Josep Mengual Català, María Jiménez, Manuel Llanas Pont, Miguel Madueño Álvarez, Germán Rodríguez, la familia Rosón-Boix, Mikel Orrantia, Elena Recalde, Luis Castells, Sophie Baby, Xavier Casals, Ernesto Milà, Lorenzo Castro y Jon Lamas.

Este trabajo se ha realizado en el marco del Programa de investigación del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y del Proyecto de investigación de la UPV/EHU «Vida cotidiana, sociabilidad y culturas políticas en el País Vasco-navarro contemporáneo», que dirigen Santiago de Pablo y Jesús María Casquete, con financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación (AEI/FEDER).

NOTA PREVIA

Ante de desglosar los datos conviene hacer algunas advertencias. Primera, a lo largo del período estudiado los profesionales del mundo del libro recibieron centenares de cartas y llamadas amenazantes, ya se hicieran de forma anónima o en nombre de determinadas siglas. Bastantes de esos mensajes fueron el paso previo a un ataque. Muchos otros carecían de base real. Sabemos que hubo personas que se dedicaban a escribir misivas y/o telefonear amenazando con imaginarios actos de violencia. Por consiguiente, dado que no podemos tener ninguna certeza al respecto, hemos decidido no contabilizar las amenazas en nuestra base de datos con la única excepción de las realizadas mediante pintadas. Por ese mismo motivo conviene ser muy cautos a la hora de dar por válidas las reivindicaciones de los atentados, que a menudo realizaban individuos que no habían tenido nada que ver con los mismos[25].

En total, nuestro registro abarca 225 ataques confirmados por fuentes impresas contra librerías, ferias del libro, quioscos, editoriales y distribuidoras. Sin embargo, no son todos los que fueron. En las entrevistas a libreros publicadas con anterioridad o en las realizadas para esta ocasión es frecuente encontrar referencias a agresiones de las que no ha quedado constancia en la prensa, lo que nos hace suponer que el número real de acciones contra las librerías fue muy superior.

Durante años, especialmente durante los últimos de la dictadura franquista y los primeros de la Transición, la escasa eficacia de las investigaciones policiales y las reticencias de las aseguradoras desalentaron a algunos propietarios a denunciar los hechos. Esta circunstancia hacía muy difícil, si no imposible, que luego los periodistas dieran noticia de los atentados. En ese sentido es significativo que el dueño de la librería Puntal (Santander), José Ramón Saiz Viadero, recordase que «de los treinta atentados (el mismo, pero repetido en el tiempo) creo que no presenté ninguna denuncia en la Comisaría al considerar que los autores intelectuales de los mismos, por vínculos ideológicos y hasta familiares, estaban allí metidos». Únicamente tres de esos actos de violencia fueron recogidos por los periódicos, es decir, el 10 %[26].

Este librero también hace constar las dificultades que puso la compañía de seguros, que pronto «dejó de cubrir la póliza no solo por la cuantía de la luna central de doble o triple grosor, sino por el temor a un posible incendio de las instalaciones». Por ese motivo en 1977 Saiz Viadero y su esposa, Vera Fernández de la Reguera, se vieron obligados a hacer pasar el incendio intencionado del coche de esta por un incendio fortuito. En los años noventa la actitud de los seguros mejoró sustancialmente, pero no por eso los libreros acudían siempre a la Policía. Ignacio Latierro recuerda que «denunciar, denunciamos las menos de las veces […]. Durante todo ese período, hemos puesto denuncias exclusivamente cuando había daños materiales que necesitábamos que nos pagase el seguro». Tampoco Maxen Zinkunegi denunció la mayoría de los sabotajes que sufrió su librería-papelería en Andoain[27].

Automóvil de Vera Fernández de la Reguera (Santander), 1977

FUENTE: Archivo José Ramón Saiz Viadero.

CAPÍTULO 1
UN ANÁLISIS ESTADÍSTICO

La base de datos que hemos elaborado permite distinguir entre los distintos perpetradores de la bibliofobia violenta, achacando a cada uno de ellos el peso que le corresponde. La autoría de 195 de las 225 acciones que hemos podido confirmar corresponde al terrorismo de ultraderecha y parapolicial: el 86,6 % del total. Otras 17 llevaban la firma de ETA y de su entorno, es decir, del nacionalismo vasco radical: el 7,5 %. Hay ocho que corresponden a la extrema izquierda: el 3,5 %. Por último, cinco actos de violencia suscitan dudas y hemos preferido no incluirlos en las categorías precedentes.

Autoría de los ataques contra librerías

FUENTE: Elaboración propia.

Casi nueve de cada diez de los atentados que sufrieron comercios, editoriales y distribuidoras llevaban la marca de la extrema derecha. El dato demuestra que la animadversión contra una parte del mundo del libro fue uno de los rasgos característicos de dicha corriente política. También lo fue del nacionalismo vasco radical pero la prensa dio cuenta de relativamente pocos ataques contra librerías. Además de la presión que ejerció contra editores y novelistas como Ramiro Pinilla, la coerción que la autodenominada «izquierda abertzale» (patriota) desplegó contra la palabra escrita era de otro tipo, más difusa y difícil de medir: el «impuesto revolucionario», la microextorsión, las campañas de boicot, etc. En cuanto a otras bandas terroristas de corte independentista, como Terra Lliure[28], o de extrema izquierda, su actuación en este campo fue marginal. Y la del yihadismo, al menos en nuestro país, nula.

Podemos comparar dichos datos con el del número de damnificados. El Ministerio del Interior ha reconocido a 1454 víctimas mortales y a 4983 heridos en atentados terroristas producidos entre 1960 y la actualidad[29]. Si clasificamos a los perpetradores en grandes conjuntos ideológicos y los ordenamos de mayor a menor letalidad, el ranking quedaría así: primero, las bandas de corte nacionalista radical, con 862 asesinatos (de los cuales 853 corresponden a ETA); segundo, el yihadismo (290 víctimas mortales); tercero, las organizaciones de extrema izquierda (111); cuarto y último, el terrorismo ultraderechista y vigilante, que acabó con 91 vidas: 62 asesinatos durante la Transición, 27 entre 1983 y 1987 obra de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), y otros dos en 1989[30].

Autoría de los asesinatos

FUENTE: Elaboración propia en base a los datos de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo.

Autoría de los heridos

FUENTE: Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo.

El primer ataque contra una librería que hemos encontrado data de 1962 y el último, de 2018: la bibliofobia violenta se extendió durante 56 años. No obstante, se trató de un fenómeno concentrado en ciertas etapas. Tres cuartas partes de los ataques se cometieron en la fase que va desde 1973 a 1978, ambos incluidos, es decir, entre la crisis terminal del franquismo y la primera Transición. Los tres años en los que se registraron más atentados fueron 1975, 1976 y 1977: 45, 36 y 28 respectivamente. En ese trienio se acumulan la mitad de las acciones producidas a lo largo de medio siglo.

Por descontado, el de las librerías no fue el único ámbito de la cultura que ha sufrido ataques en la historia reciente de España. Otros, como el de las salas de cine, también fueron objeto de actos de violencia política. No obstante, no lo fueron de la misma manera. Un trabajo previo, que hemos realizado junto con la profesora Elena Blázquez, nos permite hacer una comparación entre ambos fenómenos. Una diferencia significativa es que el sector cinematográfico recibió menor número de atentados que la cultura impresa: 73 en total. Otra, que, si bien la extrema derecha también fue el principal foco de violencia, los porcentajes son distintos: los ultras perpetraron 47 ataques contra las salas de cine (el 64,3 % del total); el nacionalismo vasco radical, 21 (el 28,7 %), y la extrema izquierda, cuatro (el 5,4 %). Por último, la cronología de ambas campañas solo coincide parcialmente. Si bien las acciones contra las salas de proyección también se acumularon a finales del franquismo y en la Transición, el ciclo se prolongó hasta 1984/1985, cuando la bibliofobia violenta ya era un fenómeno residual.

Ataques a librerías por año

FUENTE: Elaboración propia.

Además, la gráfica dibuja no una tendencia uniforme, sino picos de violencia, que en el caso de la de signo ultraderechista coincidieron con el estreno o la emisión de películas concretas: La prima Angélica (Carlos Saura, 1973), Jesucristo Superstar (Norman Jewison, 1973), Canciones para después de una guerra (Basilio Martín Patino, 1976), Camada negra (Manuel Gutiérrez Aragón, 1977), El caso Almería (Pedro Costa, 1984), etc. En cambio, los atentados de extrema derecha contra las librerías dependían más de la evolución política o de la dinámica de represalias tras atentados terroristas de otro signo[31].

Ataques a salas de cine por año

FUENTE: Blázquez, Fernández y López (2022).

La aplastante mayoría de los ataques contra librerías fueron realizados por la derecha radical, a la que a efectos estadísticos sumamos unos pocos que pueden clasificarse como terrorismo parapolicial. La preponderancia de la violencia ultra contra estos establecimientos durante el franquismo y la Transición es incontestable. No obstante, entre 1995 y principios de la década siguiente el principal foco de bibliofobia violenta fue el apéndice juvenil de ETA. Los dos últimos actos que hemos encontrado corresponden a la ultraderecha (2015 y 2018).

Ataques a librerías por autoría

FUENTE: Elaboración propia.

La bibliofobia violenta se ha concentrado en cuatro regiones que en conjunto suman prácticamente dos tercios de los atentados. Cataluña ha sido la más golpeada, con 43 acciones. Le siguen el País Vasco, con 40, la provincia de Madrid, con 37, y la Comunidad Valenciana, con 30.

Una causa de tal distribución geográfica pudo ser el mayor activismo de la extrema derecha en estas zonas, pero también la presencia de una dinámica (y plural) oposición antifranquista, contra la que reaccionaba la primera.

Otra razón estriba en la concentración de autores, agencias literarias, editoriales y distribuidoras en Barcelona y, en menor medida, en Madrid. Valga como muestra un simple dato: 6649 de los 13 639 títulos publicados en España en 1970 (el 48,7 % del total) lo fueron en Barcelona y otros 4662 (el 34,1 %), en Madrid. Asimismo, Castilla La Nueva (en la que se incluía Madrid) y Cataluña eran las dos regiones con mayor número de lectores[32]. También hay que tener en cuenta la proporción de librerías por habitante, mayor en grandes ciudades como Barcelona, Madrid y Valencia que en otras partes de España.

En Euskadi se combinaron dos fanatismos violentos: sus librerías sufrieron tanto los atentados de la ultraderecha (25) como los del nacionalismo vasco radical (15). Si descontásemos estos últimos, bajaría de la segunda a la cuarta posición. Significativamente, y por los mismos motivos, este territorio también es el que sumó más ataques a salas de cine de toda España: 21.

En el caso de Valencia la violencia ultraderechista se solapó, y a menudo es imposible distinguirlas, con la que ejerció el blaverismo (blaverisme), un movimiento político-cultural valencianista, conservador y anticatalanista[33].

Atentados por territorio

FUENTE: Elaboración propia.

El resto de los territorios quedan muy lejos en la clasificación, lo que es lógico si tenemos en cuenta su menor peso demográfico. No obstante, llama la atención que una provincia tan pequeña y poco poblada como Cantabria acumule nueve atentados contra quioscos y librerías, casi todas ellas ubicadas en Santander, los mismos que una región tan grande como Andalucía. (No fueron las únicas acciones ultras contra la cultura en Cantabria, como ha contabilizado el historiador Javier Merino: también las sufrieron las salas de cine en varias ocasiones, el grupo de folk La Fanega en agosto de 1976 y el grupo de teatro Caroca en agosto de 1978 y agosto de 1980)[34].

De hecho, se trata de una cifra menor que la real. José Ramón Saiz Viadero denunció muy pocos de los ataques que recibió la librería Puntal-3. Por ese motivo solo ha quedado constancia documental de tres de ellos, los únicos que han sido incluidos en nuestra base de datos.

Librería Puntal (Santander), sin fecha

FUENTE: Archivo José Ramón Saiz Viadero.

El objetivo de la mayoría de las acciones era la rotura de los escaparates para luego provocar un incendio o arrojar pintura. Era habitual que los agresores dejaran su firma o amenazas o las dos cosas. Se mezclaban, por tanto, varios elementos en cada ataque. Si aislamos los principales, el resultado es que el 20 % de los actos de violencia fueron atentados con bomba, que van desde artefactos caseros a otros más sofisticados; el 16 %, lanzamiento de uno o varios cócteles molotov; el 14 %, incendios con distintas sustancias inflamables; otro 13 %, solo pintadas; el 8 %, asaltos; el 4 %, disparos con arma de fuego, normalmente pistolas; y el 25 %, otras formas de violencia, incluyendo el empapelamiento con pasquines y el lanzamiento de excrementos, como los que realizaron algunos ultraderechistas contra los escaparates de la librería Taüll (Barcelona) a finales de julio de 1974 o jóvenes nacionalistas vascos radicales contra la librería Minicost (Andoain) a partir de 1995[35]. Las fuentes orales sugieren que las pintadas están infrarrepresentadas, ya que probablemente fueron el tipo de actuación más abundante pero precisamente el que menos se denunció y, por tanto, el que menos apareció en la prensa.

Hubo un delito que prácticamente no se registró. «Unos [neofascistas] y otros [abertzales] coinciden en un detalle para mí altamente significativo», indicaba el novelista Fernando Aramburu. «Habiéndolo podido hacer, no robaron ningún libro en el curso de su acción violenta[36]». Este autor hacía referencia a los ataques que había sufrido la librería Lagun, pero en el resto de casos ocurrió lo mismo: los agresores destruyeron obras, pero no se las llevaron.

Los atentados contra las librerías causaron daños materiales y humanos, aunque no víctimas mortales. A consecuencia de las restricciones legales al acceso a la documentación oficial, todavía no es posible calcular el monto total de los desperfectos ni a cuánto ascendieron las indemnizaciones que recibieron las librerías, cuando las recibieron, que no fue siempre. No obstante, sí estamos en condiciones de identificar a algunas de las personas heridas en ataques a este tipo de locales:

El 8 de enero de 1978 la explosión de una bomba en la librería Fórum (Madrid) provocó heridas leves al dueño.

Seis días después otro artefacto estalló frente a la librería Express (Madrid), provocando lesiones a una ciudadana venezolana que pasaba con su coche. Ambos atentados fueron realizados por un grupúsculo ultraderechista que posteriormente cometería cuatro asesinatos y del que se da cuenta en el último capítulo del libro.

El 22 de abril de 1979 nacionalistas vascos radicales lanzaron un cóctel molotov a los encargados de la caseta que, con motivo del Día del Libro, Fuerza Nueva Editorial había colocado en Pamplona. Un niño de dos años sufrió quemaduras de segundo grado. Hubo otras personas heridas de diferente consideración, pero la prensa no refleja cuántas.

El 16 de julio de 1982 una rama minoritaria de ETA hizo explotar un kilogramo de Goma-2 en la librería Universitaria de Pamplona. Resultó herido un transeúnte.

El 9 de septiembre de 1985 dos jóvenes entraron en la librería Sex-Books Egea (Barcelona), donde amenazaron al dueño con una pistola. Encendieron la mecha de una bomba y salieron corriendo. El dueño y un empleado intentaron apagar la mecha pero no les dio tiempo y el artefacto explotó. El primero sufrió heridas de consideración, siendo ingresado en el hospital Clínico en estado grave. Una clienta también sufrió lesiones. El atentado fue atribuido al efímero, pero bien organizado, grupo Milicia Catalana[37].

En la madrugada del 12 de enero de 1997 ultranacionalistas vascos agredieron a los vecinos que habían bajado a reprenderles por haber atacado la librería Lagun, haciendo una hoguera de libros en plena calle. Los radicales arrojaron una botella contra un chico de 28 años, que sufrió lesiones en cabeza y oreja. Fue ingresado en el hospital de la Cruz Roja.

El 16 de abril de 2005 neofalangistas intentaron agredir a Santiago Carrillo, exsecretario general del PCE que había cumplido ya 90 años, cuando acudía a la librería Crisol (Madrid) para presentar la obra Historia de las dos Españas del historiador Santos Juliá. Los ultras no consiguieron golpear a Carrillo, pero sí a sus acompañantes: Santos Juliá, el director de Crisol Andrés Galdón, el exministro socialista Claudio Aranzadi y los periodistas Pedro Sánchez Ramos y María Antonia Iglesias[38].

El 28 de mayo de 2015 varios neonazis acosaron a quienes gestionaban la caseta de la librería La Malatesta en la Feria del Libro de Madrid. Cuando otro librero intentó calmarles, recibió una patada en el pecho.

CAPÍTULO 2
LA REACTIVACIÓN DE LA ULTRADERECHA

En 1961 la dictadura franquista celebró por todo lo alto el XXV Aniversario del «Alzamiento Nacional». Sin embargo, al año siguiente los acontecimientos desmentirían su propaganda triunfalista. En abril de 1962, tras el despido de varios trabajadores del Pozo Nicolasa (Mieres), una de las cunas de la revolución de Asturias de 1934, dio comienzo una huelga que se extendió al conjunto de la minería. Aquellas protestas coincidieron con la participación de destacados antifranquistas, tanto del exilio como del interior, en el IV Congreso del Movimiento Europeo, que el régimen tachó de «Contubernio de Múnich» (junio de 1962). Ambos sucesos tuvieron una enorme repercusión. Por añadidura, más de un centenar de intelectuales de toda España, desde el historiador Ramón Menéndez Pidal al poeta Gabriel Celaya, firmaron una carta en apoyo a los mineros asturianos[39].

Uno de ellos fue el editor, librero y escritor Manuel Arce Lago, que regentaba la librería-galería de arte Sur (Santander). Su firma no había pasado desapercibida. En la noche del 17 de octubre de 1962 un falangista, alférez provisional, le increpó a gritos en el bar del hotel Arenal: «No te sorprendas si un día te ponen en la librería una bomba de plástico». Aunque no se trató de un artefacto explosivo, sí hubo represalias. En la madrugada del 19 al 20 de ese mismo mes Arce encontró el escaparate de su establecimiento, que en aquel momento exponía acuarelas del pintor Vicente Pastor Calpena, empapelado con pasquines de color rojo. En ellos se podía leer el siguiente mensaje:

Si unos intelectuales, representantes de un sentido material que a España contradice, disconformes con su impotencia, se escudan en borreguil masa para realizar su acostumbrada crítica destructiva, entonces la Falange, sin fanfarronadas, pero sin desmayo, estará en su puesto como hace veinticinco años, como hace un año, como ayer, como siempre[40].

Manuel Arce acudió a la Comisaría para denunciar los hechos. Durante esos días recibió decenas de llamadas telefónicas y cartas anónimas con insultos y amenazas de muerte. Por suerte, no hubo nuevos ataques, pero el negocio quedó marcado y al borde de un quebranto económico. Se salvó porque un amigo que ocupaba un puesto importante en el Banco Santander le compró a Arce ocho acuarelas de Pastor Calpena para la entidad.

Empapelar la librería-galería de arte Sur fue la primera acción ultraderechista contra una librería de la que tenemos constancia documental. Por extensión, también se trató del primer atentado contra la cultura y el arte en la historia más reciente de España. Es posible que hubiera otros similares, pero la prensa de la época no reflejó ninguno más hasta cuatro años después. El 17 de septiembre de 1966 el cine Urgel (Barcelona) proyectaba la película El barco de los locos (Stanley Kramer, 1965). A la media hora alguien arrojó desde el primer piso un artefacto de fabricación casera, hecho con pólvora, que provocó una gran humareda. Una llamada de teléfono justificó el ataque como represalia por el contenido del film, que denunciaba el nazismo y el antisemitismo[41].

Pocos meses más tarde, en febrero de 1967, un individuo rompió el escaparate y luego lanzó un cóctel molotov al interior de una librería regentada por la orden de los capuchinos, anexa a la iglesia y convento de Nuestra Señora de Pompeya (Barcelona). Se originó un pequeño incendio que los propios monjes pudieron sofocar. No tenemos más datos sobre el ataque, aunque es posible que estuviese relacionado con «la Caputxinada», la asamblea de profesores y estudiantes universitarios que se había celebrado en el convento de los capuchinos de Sarriá (Barcelona) en marzo de 1966 y que, al ser duramente reprimida, facilitó el acercamiento entre las fuerzas antifranquistas catalanas, incluyendo al sector progresista de la Iglesia. Según un informe policial, tan solo un mes después de la «la Caputxinada», el 19 de abril de 1966, un falangista exaltado había pintado «carteles de tipo nacionalista [el yugo y las flechas]» en la fachada de la iglesia de Nuestra Señora de Pompeya[42].

A finales de los años sesenta también se empezaron a registrar actos de violencia contra los literatos. En abril de 1968 el novelista José María Gironella, cuya exitosa trilogía sobre la Guerra Civil había encolerizado al sector más retrógrado del régimen, sufrió una agresión en Barcelona y un boicot en Bilbao. En esta última ciudad la librería Villar recibió tales amenazas que decidió suspender la firma de ejemplares por parte de Gironella, que fue tachado en un pasquín de «burgués», «neocapitalista» y «monárquico». Ese mismo año de 1968 el escritor Raúl Guerra Garrido inició su carrera literaria con el relato Con tortura, que hacía una crítica velada a los malos tratos policiales que sufrían los antifranquistas detenidos. El texto recibió el Premio Ciudad de San Sebastián. Cuando salió de recoger el galardón, Guerra Garrido se encontró que a su automóvil, aparcado cerca de la librería Lagun, le habían roto los cristales y le habían hecho una pintada: «Hijo de puta[43]».

Aunque no tardarían en generalizarse, las acciones ultras que se registraron durante la década de los sesenta todavía eran una rareza: manifestaciones tempranas del fenómeno. Por aquel entonces la bibliofobia franquista, que había sido extremadamente violenta durante la Guerra Civil y la inmediata posguerra, estaba canalizada por cauces institucionales. Los atentados contra el mundo del libro no se generalizaron hasta principios de los años setenta, en una coyuntura marcada por los cambios socioculturales que estaba experimentando el país a raíz del desarrollismo y por las disputas que se estaban produciendo en el seno de la jerarquía política[44].

Si bien mantenían su fidelidad al «Caudillo», la incapacidad de este para seguir ejerciendo el papel de árbitro y el paso del tiempo habían acentuado las divergencias y la competición por el poder entre personalidades y familias del régimen: la monárquica, la carlista, la falangista (con sus subfamilias), la aperturista, la inmovilista, la tecnocrática, la militar (la menos cohesionada de todas, ya que nunca actuó con un programa preciso)[45]…

La corriente aperturista estaba encabezada por los ministros Fernando María Castiella (Exteriores) y Manuel Fraga Iribarne (Información y Turismo). En 1962 Fraga aprobó las Instrucciones Provisionales de Censura, que permitieron la publicación de libros «de minorías» y, en 1966, la trascendental Ley de Prensa e Imprenta, cuyo principal artífice había sido Pío Cabanillas. El texto había provocado las reticencias del general Camilo Alonso Vega, ministro de Gobernación, del almirante Luis Carrero Blanco, ministro-subsecretario de la Presidencia, y del propio dictador, Francisco Franco. Pese a tratarse de una liberalización limitada y controlada, que no suponía renunciar totalmente al dirigismo cultural, lo cierto es que anulaba la censura previa y abría nuevos espacios de libertad para los medios de comunicación y el sector editorial. En palabras del historiador Javier Muñoz Soro, la norma «era lo más parecido a una apertura que se había producido nunca en la historia del franquismo, aunque no suponía una ruptura radical con la situación precedente». La nueva legislación «dio mayor visibilidad al pluralismo interno, de manera que el diario Ya pudo mostrarse más democristiano o el ABC más abiertamente monárquico». A su vez, se crearon o reactivaron revistas como Cuadernos para el diálogo, Revista de Occidente o Triunfo, editoriales como Alianza, Ciencia Nueva, Ayuso o ZYX y librerías como las que aparecerán a lo largo de estas páginas[46].

Por los resquicios que habían abierto la Ley de Prensa e Imprenta, la anterior de Asociaciones (1964) o la posterior de Libertad Religiosa (1967) se colaron multitud de iniciativas, a menudo ligadas a la oposición, que soliviantaron a los inmovilistas. Por ejemplo, de acuerdo con el historiador Javier Tusell, las primeras consecuencias de la aplicación de la de Ley Prensa e Imprenta hicieron que Alonso Vega llegase a espetar: «Me cago en la ley». Aunque su reacción fue menos visceral, también iría creciendo el malestar de Carrero Blanco, que a la altura de 1968 mostraba una «cerrada oposición a una ley cuyos resultados estaban, para él, bien claros: la prensa estaba “totalmente desmadrada”». En octubre del año siguiente el almirante manifestaba a Franco que, por culpa de Fraga, a quien pedía sustituir, «las librerías están plagadas de propaganda comunista y atea, los teatros representan obras que impiden la asistencia de las familias decentes y los cines están plagados de pornografía». Era de la misma opinión el teniente coronel José Ignacio San Martín, director del servicio secreto (primero denominado Organización Contrasubversiva Nacional, luego renombrado como SECED): «parte de nuestros intelectuales» tenían un «propósito subversivo». Sus intenciones «se reflejaban en los medios de propagación de ideas que estaban, en algún grado, a su alcance: el libro, el teatro, el cine, la canción y las artes plásticas; así como en la vida cultural asociativa». Como se ve, la pugna de Carrero y su equipo con los aperturistas, y especialmente con Fraga, respondía no solo a una lucha por el poder, sino también al choque entre dos visiones divergentes de lo que era permisible y lo que no en el plano cultural[47].

Ahora bien, a quien más alarmaba la renovación de sectores como el mundo del libro fue a la facción más reaccionaria y nacionalista de quienes apoyaban a la dictadura, que denominaremos extrema derecha por ser la que más a la derecha se situaba de todas, sin que ello implique obviar el carácter ultraderechista del propio régimen. Esta corriente ultrafranquista se sentía cada vez más marginada del poder y creía que se estaban perdiendo las esencias del nacionalcatolicismo[48].

Su máximo exponente era Blas Piñar, notario toledano que había sido cesado como director del Instituto de Cultura Hispánica (1957-1962) por sus críticas a EE. UU. y a quien el propio Franco consideraba «muy exaltado». En mayo de 1966, el mismo año de la aprobación de la Ley de Prensa e Imprenta, Piñar creó en Madrid Fuerza Nueva Editorial, que a partir del año siguiente comenzó a publicar una revista semanal con el mismo título que llegó a tener 14 000 suscriptores y una tirada de 40 000 ejemplares. Más que una simple editorial, FN funcionó como un grupo de presión. Piñar, que era un notable orador, organizó actos y conferencias por toda España, lo que le permitiría ir construyendo una estructura a nivel nacional. Al igual que los periódicos Diario SP (1967-1969) y El Alcázar (desde 1968), el semanario Fuerza Nueva y sus promotores se autoadjudicaron la misión de preservar la «Cruzada» del 18 de julio, la dictadura y la religión católica en su versión más tradicional, enfrentándose al antifranquismo pero también a las familias aperturista y tecnócrata. Es decir, en palabras del propio Piñar, él y sus partidarios luchaban contra «los enemigos declarados del Régimen y las “termitas” que lo dinamitaban por dentro». De acuerdo con el historiador Ferran Gallego, la revista y la retórica del notario se orientaron «a la denuncia por la entrega de las instituciones del régimen, bien fuera por una desidia instalada en la simple inercia burocrática de funcionamiento, ya fuera por una malévola decisión de conspirar para hacerlas entrar en coma mediante una sistemática desnutrición política e ideológica[49]».

Otro de los recurrentes objetos de la ira «patriótica» de Fuerza Nueva fue el mundo del libro. En mayo de 1966 se publicó el número o del semanario, en cuya portada aparecía el titular «El 18 de julio ni se pisa ni se rompe» y una hoja del calendario con esa fecha. En el interior de aquel ejemplar se podía leer:

Esto, señores, no se puede olvidar. Un país no recibe una lección como la nuestra para reducirla a un capítulo de historia, y menos todavía para retorcerla y falsificarla.

Buscad, si queréis, en los escaparates de nuestras librerías, las obras en que se recoge el pensamiento político del Movimiento, las de Vázquez de Mella o Aparisi y Guijarro, las de García Morente o Ramiro de Maeztu, las de Balmes o Donoso Cortés, las de Ramiro Ledesma o las de José Antonio. Pero, sin rebuscarlas, en las estanterías, anunciadas en el corazón mismo de los periódicos, que constituyen el catecismo político del pueblo, citados como autoridades o como artículos de fe, se os ofrecerán las definiciones multiplicadas y las alusiones permanentes a Unamuno y a Ortega, a Pérez de Ayala y a García Lorca, y hasta ciertos novelistas que han actualizado en sus novelas la tesis de que era igual combatir en uno u otro bando, asesinar en las checas o morir por España, seguir al Campesino o a Durruti o agarrarse a estas peñas bajo las órdenes del capitán Cortés[50].

Dos años después, en febrero de 1969, Fuerza Nueva se volvía a quejar de que «en los escaparates de las librerías […] y sin necesidad de penetrar en ellas ni de examinar catálogo alguno, he quedado sorprendido al ver que se están editando y vendiendo en España libros comunistas y socialistas y otros que, en plan reportaje, no son otra cosa que una propaganda “velada” de tales pestilentes doctrinas». Y, a su parecer, tales doctrinas tenían consecuencias perniciosas en la juventud. Por ejemplo, en marzo de 1974 la revista reprodujo la esquela de José María Pons, concejal de Barcelona y teniente de requetés asesinado por el bando republicano en febrero de 1937, para llamar la atención sobre la militancia de su nieto, condenado por pertenecer al Movimiento Ibérico de Liberación (MIL): «¿Qué parte tienen de culpa algunos miembros de la Iglesia y la propaganda marxista consentida en la Universidad y en las publicaciones de nuestras editoriales para que nietos de sublevados del 18 de julio, sindicalistas libres y requetés hayan podido ser intoxicados hasta el activismo antisocial?»[51].

Aunando falangismo, carlismo y nacionalcatolicismo, Blas Piñar era un franquista acérrimo que pretendía mantener la dictadura tal y como se había configurado tras la Guerra Civil. Pese a sus crecientes desacuerdos con el Gobierno, nunca renunció a tener voz en las instituciones para intentar corregir su rumbo: fue consejero nacional del Movimiento y procurador en las Cortes desde 1955 a 1977. Tenía, por tanto, un pie fuera y otro dentro.

Casi a la vez que Piñar perfilaba su proyecto, pero al margen del régimen, fueron brotando pequeñas organizaciones neofascistas que buscaban ir mucho más allá. En 1966 surgió en Barcelona el neonazi Círculo Español de Amigos de Europa (CEDADE), de vocación elitista y con una actividad eminentemente cultural. Recuperando argumentos y terminología del Tercer Reich, CEDADE denunció el «arte degenerado», advirtiendo que en el futuro estado nacionalsocialista los «perpetradores de esperpentos pseudo-musicales, simili-pictóricos o vanguardistas escultóricos» serían internados en «establecimientos psiquiátricos» o en la «cárcel taller». Además, este grupo denunció en repetidas ocasiones que ni el Gobierno divulgaba las obras de los fundadores del falangismo ni estas podían adquirirse en las librerías: «José Antonio, Onésimo y Ramiro están prohibidos en nuestro país[52]».

Tres años después del nacimiento de CEDADE, se gestó en Barcelona el minúsculo Partido Español Nacional Socialista (PENS), pronto coaligado con el valenciano Movimiento Social Español (MSE) y el madrileño Movimiento Nacional Revolucionario (MNR). En palabras de uno de sus miembros, se trató del «primer grupo ilegal ultra en tiempo de Franco —había que ser muy ultra para ser ilegal y además ultra en tiempos de Franco—». Se inspiraban en sus homólogos europeos, como los neofascistas de Ordine Nuovo que lideraba Stefano Delle Chiaie, a los que acogieron en España tras su huida de Italia. Gracias a ellos, los militantes del PENS aprendieron a organizarse, a funcionar en clandestinidad, a hacer análisis político y a actualizar su doctrina con la obra de Julius Evola. Aunque su andadura fue breve, el partido destacó por la virulencia de su discurso y por su activismo violento, si bien todavía se trataba de un terrorismo de baja intensidad que no produjo víctimas mortales[53].

Ya en su primer manifiesto, fechado en marzo de 1972, este grupúsculo anunció que, posicionándose contra el marxismo, el sionismo, el capitalismo, «los falsos curas», «la decadencia» y «el desaliento», aspiraba a llevar a cabo una revolución y «la conquista del Estado». No obstante, a corto plazo el PENS se planteaba tres objetivos, entre los que había uno que nos incumbe directamente: «el asalto y la destrucción por el Pueblo de todos aquellos intelectuales, instituciones, periódicos y editoriales que con su traición preparan nuestra esclavitud moral y material[54]».

Los falangistas críticos con el régimen también comenzaron a organizarse. Denunciaban que la dictadura y el Movimiento habían instrumentalizado sus símbolos, su retórica y la imagen de José Antonio Primo de Rivera para legitimarse, pero sin llevar a la práctica ni su programa político ni social (la «revolución pendiente»). Estos nacionalsindicalistas pretendían recuperar las esencias perdidas del partido, aunque ellos mismos fueron incapaces de unirse en un proyecto común. Así, a lo largo de la década de los sesenta fueron surgiendo grupúsculos que se reclamaban herederos de Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (FE-JONS), algunos legales, otros clandestinos: la Agrupación de Antiguos Miembros del Frente de Juventudes (1960), los Círculos Doctrinales José Antonio (1960), el Frente de Estudiantes Sindicalistas (1963), el Frente Nacional de los Trabajadores (1963), el Frente Sindicalista Revolucionario (1966), el Frente Nacional de Alianza Libre (1968), etc.[55]

Si bien hubo falangistas críticos con el régimen y algunos que incluso se consideraban antifranquistas, muchos otros estaban cómodamente instalados en sus estructuras y eran fieles partidarios del dictador. Inmovilistas, detractores de los tecnócratas y enemigos del aperturismo, con un discurso no muy alejado del de Blas Piñar, las cabezas visibles del francofalangismo eran jerarcas como José Antonio Girón de Velasco y Raimundo Fernández-Cuesta, ambos exministros y procuradores en las Cortes, y José Utrera Molina, ministro de la Vivienda (de junio a diciembre de 1973) y ministro-secretario general del Movimiento (de enero de 1974 a marzo de 1975), puesto desde el que intentó infructuosamente revitalizar y dar mayor protagonismo al Movimiento Nacional[56].

A pesar de sus diferencias ideológicas y estratégicas, las corrientes ultras compartían su rechazo a la forma en la que estaba evolucionando la dictadura. Uno de los acontecimientos que funcionó como reactivo para la extrema derecha fue la designación de Juan Carlos de Borbón como sucesor de Francisco Franco a la Jefatura del Estado el 22 de julio de 1969. Pese a que contaba con el aval del «Caudillo» y del vicepresidente del Gobierno Luis Carrero Blanco, que se consideraba «monárquico de la Monarquía del Movimiento», el príncipe fue cuestionado e impugnado por los ultrafranquistas reaccionarios, los tradicionalistas, los neofascistas y los falangistas críticos. En abril de 1966, cuando Juan Carlos acudió al Salón del Automóvil de Barcelona, un grupo de carlistas «lanzaron propaganda y arrojaron contra Su Alteza huevos y tomates pronunciando al mismo tiempo gritos hostiles». Aunque detenidos, los agresores serían puestos en libertad a petición de la propia víctima. En junio de ese mismo año, durante una visita de Franco a Barcelona, unos falangistas le recibieron con una pancarta en la que se podía leer: «No queremos monarquía ni Borbón. Revolución». En 1970 un informe advertía de que «algunos grupos procedentes del Tradicionalismo y otros del campo falangista no parecen acatar de buen grado» la Ley Sucesoria y de que «los sectores considerados más puros del Régimen» rechazaban al Gobierno. Dos años después, en 1972, se produjo en Madrid una concentración de 120 integrantes de lo que el SECED denominó «Falange disidente» en la que se lanzaron consignas contra la futura monarquía de Juan Carlos. Lo mismo sucedió al año siguiente en la reunión nacional de los Círculos Doctrinales José Antonio celebrada en Toledo. Al dar cuenta de la misma, el servicio secreto advirtió de que la «postura de enfrentamiento total con el Régimen y especialmente con la monarquía sucesoria hace prever en dichos sectores un mayor aumento de su radicalización y una voluntad de pasar del comportamiento ideológico al campo de los hechos en su acción política[57]».

La que provocaban los ultrafranquistas de Blas Piñar, los jóvenes neonazis y los falangistas descontentos no era la única ni la más grave grieta que se estaba produciendo en el interior del régimen. Tras una agria disputa entre el círculo del almirante Carrero Blanco y los aperturistas, que llegó a su culmen con el escándalo Matesa, el 29 de octubre de 1969 Franco destituyó a 13 de sus 18 ministros. El nuevo gabinete, que llevaba el sello del ahora vicepresidente Carrero y del ministro Laureano López Rodó, estaba compuesto por tecnócratas vinculados al Opus Dei y a la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. Autoritarios y franquistas sin fisuras, pero fieles a Carrero Blanco y a López Rodó, los tecnócratas estaban alejados tanto de las veleidades falangistas de la vieja guardia como del reformismo de Fraga, que fue sustituido por Alfredo Sánchez Bella. El programa del llamado «Gobierno monocolor» se centraba en impulsar la modernización económica y administrativa de España, así como en fomentar el bienestar material de la sociedad, garantizando siempre la continuidad de la dictadura. Gracias a tales avances y a unas relaciones cordiales con las potencias occidentales, los tecnócratas aspiraban a renovar los acuerdos con EE. UU., la entrada del país en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y un mayor acercamiento a la Comunidad Económica Europea. Aquel horizonte estaba muy lejos del que tenían en mente los ultrafranquistas, que se sentían apartados del poder político[58].

En diciembre de 1970, cuando ETA ya acumulaba tres asesinatos, el Gobierno indultó a los cinco dirigentes de esta organización que habían sido condenados a muerte en el Proceso de Burgos, lo que encolerizó aún más a los partidarios de la mano dura. En opinión del historiador José Luis Rodríguez Jiménez, el sumarísimo 31/69 «puede ser considerado como el punto de arranque para el aglutinamiento de una parte de los distintos componentes de la extrema derecha española». Interpretando el indulto como una evidencia de la paulatina debilidad de la dictadura y del propio Franco, «manejado» por los tecnócratas, hubo un conato de rebelión militar en ciertos cuarteles y el sector más reaccionario organizó movilizaciones que culminaron en una masiva manifestación en la Plaza de Oriente, un claro desafío al Gobierno. No obstante, al no conseguir derribarlo, se leía en un informe del capitán Andrés Cassinello, que formaba parte del servicio de inteligencia, los ultras vieron «disminuida su fe en el sistema político establecido. A la larga, la situación va evolucionando en deterioro del Régimen», que no ofrecía «una vía institucionalizada por la que canalizar su desacuerdo». Las «fuerzas organizadas del Movimiento-institución» estaban lejos de apoyar «al Sistema y al Gobierno[59]»:

Su ideología falangista las tiene sometidas, permanentemente, a una tensión disociadora. Forzados a la lealtad al sistema actual en el que no creen; nostálgicos de una doctrina que solo en parte informa la solución actual; faltas de orientación política sobre los planes futuros; colaboradores de la reinstauración monárquica después de cantar en sus campamentos, año tras año, «no queremos reyes idiotas», verían, con notable desahogo, formar el cuerpo organizado de una oposición coherente que ya no se llamase Movimiento sino Falange a secas[60].

Entre 1970 y 1973, explica el historiador Enrique Moradiellos, «se quebró definitivamente la “paz de Franco” y el gobierno se vio casi impotente ante un cuádruple desafío interior de suma gravedad»: la altísima conflictividad laboral, la contestación en las universidades, la defección eclesiástica y la violencia terrorista de ETA. Cabría añadir un quinto elemento: la reavivada extrema derecha, que tenía presencia tanto dentro de las estructuras del régimen como fuera de ellas. Siguiendo a Rodríguez Jiménez, una parte de ese sector político, encabezado por hombres como Blas Piñar y José Antonio Girón de Velasco, cuyas intervenciones fueron subiendo de tono, percibía que para «ganar para su causa a nuevos militantes, soporte de un franquismo sin Franco, era necesario un proselitismo más activo que el de los años anteriores, con mucha mayor repercusión en la prensa». La ultraderecha se estaba configurando como una especie de semitolerada oposición interna al Gobierno. Si bien no faltaron intentos de entorpecerla (por ejemplo, Fuerza Nueva sufrió cinco secuestros por orden gubernativa), no había voluntad o fuerza suficiente como para neutralizarla[61].

En opinión del historiador Francisco Torres García, entre 1969 y 1971, Fuerza Nueva «empezó a revestir la apariencia de un partido político encubierto», que se expandió en el bienio siguiente. Se organizaron delegados, comisiones y reuniones, así como se dotó a los «suscriptores» de carnés e insignias. En marzo de 1971, Piñar decidió crear Fuerza Joven con los grupos juveniles que orbitaban en torno a Fuerza Nueva. Fuerza Joven celebró sus Primeras Jornadas Nacionales en junio de aquel mismo año. Desde el principio sería uno de los más importantes focos de violencia ultra. Otro, incluso anterior, era el ambiente nacionalsindicalista. Según un informe policial fechado en octubre de 1971, «dentro de Falange existe un grupo extremista que ha venido participando en los últimos años en diversas acciones violentas tales como agresiones a determinadas personas, así como otros actos vandálicos contra instituciones y establecimientos de esta Ciudad [Barcelona[62]]».

CAPÍTULO 3
EL NUEVO MUNDO DEL LIBRO

La Guerra Civil y la represión franquista de posguerra habían acabado con la Edad de Plata de las letras y las ciencias españolas, segando, silenciando o mandando al exilio a buena parte de las Generaciones del 98, del 14 y del 27. La dictadura aprovechó ese vacío para imponer valores e ideas culturales que bebían del falangismo, del tradicionalismo y del nacionalcatolicismo. Durante años el arte, el cine, la literatura y las disciplinas académicas estuvieron dominadas por un afán propagandístico y militante fomentado desde el poder político y eclesiástico.

No obstante, con el paso del tiempo dicho sistema fue desgastándose y haciéndose cada vez menos atractivo para estudiantes universitarios, artistas, intelectuales y otros profesionales de la cultura, que en los años sesenta tenían intereses e inquietudes muy distintas. Ellos fueron los protagonistas del gran cambio cultural que se experimentó en aquella década. De acuerdo con el historiador Juan Pablo Fusi:

La cultura española había hecho su pre-transición cultural, diez, quince años antes de la muerte de Franco: había recobrado, tal vez contradictoria e insuficientemente, el pulso de la modernidad, se había instalado en un horizonte moral e ideológico radicalmente distanciado del franquismo. En los años finales del régimen de Franco, el pensamiento español —ciencias políticas, pensamiento económico, sociología, historia— no pareció tener más tema que la teoría de la democracia y el Estado de Derecho[63].

Uno de los factores que favorecieron aquella profunda transformación fue la nueva legislación que ya hemos analizado. Otro, el paulatino aumento de los españoles con estudios universitarios en el contexto del desarrollismo. Un tercer motivo fue la revolución del libro de masas que encarnaba el libro de bolsillo. Ligada a todos estos elementos estuvo la apreciable mejora de los índices de lectura, a consecuencia de la elevación tanto del nivel académico como de las inquietudes políticas y sociales: buena parte de las obras preferidas por los lectores eran ensayos de marcado tono izquierdista. Había una gran demanda de títulos y, por consiguiente, el número de libros editados se multiplicó: de 11 833 en 1967 se pasó a 21 595 en 1973. El grueso de las obras publicadas estaba en castellano, pero también, cada vez más, en el resto de los «idiomas españoles». Por ejemplo, en 1975 aparecieron 590 títulos en catalán, 165 en euskera y 68 en gallego[64].

La publicación y distribución de tal cantidad de libros solo fue posible por la renovación, el desarrollo y el compromiso ideológico de un sector de la industria editorial. Durante la década de los sesenta fueron apareciendo nuevos sellos de vanguardia tanto en el exilio hispanoamericano y francés como en España. La mayoría de ellos encajaban en lo que el historiador Francisco Rojas ha denominado «disidencia editorial» y no eran precisamente del agrado de las autoridades franquistas. Según el teniente coronel San Martín, «se inspiraban en posiciones marxistas, neomarxistas, anarquistas, católico-progresistas o separatistas, cuando no en una mezcla explosiva de todas ellas. Muchas de estas editoriales cabía pensar que estuviesen subvencionadas por el Partido Comunista de España». En efecto, había algunas que sí lo estaban, como Artiach o la colección ORBE de Editions de la Librairie du Globe, aunque el comunista no era el único partido que apostaba por esta táctica de difusión políticocultural[65]. No obstante, la mayoría de los sellos eran empresas que pertenecían a personas concretas, que a veces podían militar en el PCE o en otras formaciones antifranquistas, pero siempre estaban a favor de la transformación de la sociedad española. En palabras del librero y editor Jesús Ayuso:

Lo que hicimos, lo hicimos siempre con la idea clarísima de que el régimen político había que cambiarlo y había que hacerlo utilizando los medios más a mano, la cultura en sentido amplio: formando al pueblo, formando a la gente para que tomara conciencia. Fue un momento de efervescencia, con mucha gente dispuesta a absorber toda aquella cultura que hasta entonces nos había sido negada. Había editoriales comprometidas de todo signo (incluso religiosas), se organizaban muchos seminarios (donde se explicaban los libros y se llegaban a copiar colectivamente capítulos enteros), había Comisiones Obreras, estaba el PCE, había diferentes revistas —Triunfo, Cuadernos para el Diálogo, Hermano Lobo y demás—. En definitiva, se quería propiciar un cambio de ruta, un cambio de pensamiento y, como consecuencia, preparar al universitario de hoy para que fuera el maestro del mañana[66].

Por descontado, no les faltarían las zancadillas institucionales e incluso, en ciertos momentos críticos, las órdenes de clausura por parte del Gobierno. Desde la perspectiva de las autoridades, no solo eran sospechosas las concomitancias ideológicas de los editores, sino también los nombres que aparecían en sus catálogos: los nuevos sellos publicaban títulos muy audaces para la época[67]. Se trataba de una muestra concreta de un fenómeno mucho mayor. A decir de la historiadora Giulia Quaggio:

Incluso antes de que la dictadura llegase a su fin el paradigma de referencia era ya la alta cultura de la Segunda República, mientras que la mayor parte de los escritores y artistas de las nuevas generaciones eran miembros o simpatizantes del clandestino Partido Comunista de España o, en cualquier caso, receptores de las diferentes lecturas del marxismo y del socialismo crítico que se difundieron por el país durante los años de agitación universitaria.

[…] En esta contienda entre la cultura oficial del régimen y una producción en sintonía con la de las democracias occidentales, el mundo de las artes se convirtió en un importante instrumento simbólico de lucha contra la dictadura[68].

En 1961 apareció en Francia Editions Ruedo ibérico. Al año siguiente se creó en Barcelona Edicions 62, sello especializado en literatura en catalán. El primer título que publicó fue Nosaltres, els valencians (1962), del ensayista y filólogo Joan Fuster, obra clave del nacionalismo valenciano en clave catalanista. Unos años después, como ha analizado el historiador Francisco Rojas, se estableció en Madrid Artiach (1969-1974), una editorial marxista que formaba parte de un proyecto cultural antifranquista mucho más amplio relacionado con el PCE[69]. Otros sellos habían sido fundados por sectores progresistas de la universidad o de la Iglesia, como fue el caso de ZYX, impulsado por sacerdotes y trabajadores provenientes de la Hermandad Obrera de Acción Católica. No obstante, tampoco faltaron las empresas nacidas de la iniciativa privada. Aldo García Arias, actual librero de Antonio Machado (Madrid), explica el origen de Ciencia Nueva en 1965. El padre de Aldo, Miguel García Sánchez

[…] estaba en contacto con mucha parte de la intelectualidad de Madrid. Mi padre era amigo de Alberto Corazón, de Valeriano Bozal, de Carlos Piera, de los hermanos Méndez, que habían montado una editorial que se llamaba Ciencia Nueva. Entonces, sacaban libros muy rojos, muy combativos, intentando crear una nueva dialéctica contra el franquismo, obviamente, pero también intentando dar un poco voz a la parte digamos de izquierda o vanguardias que se estaban produciendo en el mundo. Con mi padre incluido en ese grupo, empezaron a editar libros. Son los libros que entonces se llamaban Comunicación.

Empezaron a editar estos libros, que eran ensayos básicamente desde políticos, crítica literaria, filosofía, arte… de todo tipo, diseñados por Alberto Corazón. Además, tuvo una serie de problemas para poder dar nombre a esta editorial y lo consiguieron a través de un pequeño engaño. Mi padre por un lado mandó una instancia al Ministerio donde entonces te aceptaban o no que pudieras publicar… Lo mandaron a nombre de mi padre por un lado y por otro lo mandaron a nombre de Alberto Corazón. ¿Por qué de Alberto Corazón? Porque los padres de Alberto Corazón eran unos tíos muy de derechas, muy conservadores, y tenían más posibilidades por ser unos burgueses, tenían una tienda de lanas muy famosa en Madrid, en la Plaza Mayor, que se llamaba El Gato Negro, y era bastante probable que a ellos sí les aceptaran la licencia, como así paso. A mi padre se la rechazaron y a Alberto Corazón se la dieron porque, al fin y al cabo, era un niño digamos de la burguesía madrileña que podía ser un poquito díscolo para el régimen, pero no parecía peligroso. Así empezaron a sacar los primeros libros de Comunicación con el nombre de Alberto Corazón editor[70].

Una década después, en 1976, Ernesto Santolaya, quien antes había trabajado como pastor e importador de maquinaria agrícola, fundó la Editorial Ikusager en Vitoria. En palabras del historiador Antonio Rivera, además de revistas como Ipurbeltz, Euzkadi Sioux y Habeko Mik, aquel sello publicó

[…] a los más significados guionistas y dibujantes de tebeos de entonces: grandes del cómic como Antonio Hernández Palacios, con su serie de la Guerra Civil, las memorias de Amorós de Hernández Cava, Hernández Landazábal o Luis Royo (con guiones de Altarriba) o el Che de Alberto Breccia, entre otros muchos. Y de ahí a la literatura, publicando en España a Serguéi Dovlátov, a Pierre Mac Orlan, a Michel del Castillo, a Artur London, a John Zerzan o a Jesús María Amilibia con una novela que radiografía la brutalidad y algún posible origen del llamado «conflicto» vasco (¡Gora Stalin! El gudari cojo). También le dio para cumplir su sueño de publicar la mejor edición en español y en tres volúmenes de la Historia de la Revolución Francesa de Michelet[71].

Igualmente, y a veces impulsadas por la misma gente que las editoriales, en los años sesenta se fueron abriendo librerías en toda España. Se trataba de establecimientos como Fuentetaja, Visor, Antonio Machado o Rafael Alberti en Madrid; El Borinot y Cinc d’Oros en Barcelona; Tres i Quatre en Valencia; Antonio Machado en Sevilla; Herriak en Bilbao; Lagun en San Sebastián; Pórtico en Zaragoza; Follas Novas en La Coruña; Prometeo en Málaga o Musidora en Gijón. Incluso en provincias de clara hegemonía derechista como Navarra (El Parnasillo), Valladolid (Villalar y Sandoval) o Santander (Puntal) surgieron lo que el historiador Ángel Revuelta Pérez ha denominado «islas culturales» en un «mar de conservadurismo y tradicionalismo[72]».

Las nuevas librerías eran tiendas de libros, pero también espacios de difusión cultural, encuentro, debate, sociabilidad, modernidad y política. En definitiva, se trataba de agentes de cambio. Aunque no todos, buena parte de los establecimientos tenían un cariz antifranquista: izquierdista y en menor medida nacionalista periférico. Sus propietarios y/o empleados solían militar en formaciones como el PCE, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) o la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), y en sindicatos como Comisiones Obreras (CC. OO.) Y no era raro que las librerías sirviesen como local de reunión a opositores al régimen. Fueron, por utilizar el título de la obra de Juan Pablo Fusi ya citada, «espacios de libertad» en los que se reinventó la democracia[73].

Además de ejes del cambio político y cultural, las librerías funcionaban como focos de creación. En su interior se realizaban tertulias de todo tipo, en las que participaban lectores, escritores aficionados y autores de cierto renombre. También servían de caldo de cultivo para nuevos proyectos literarios y empresariales. Artiach Editorial había surgido de la librería Fuentetaja (Madrid). Algo parecido ocurrió con la Editorial Visor, como relata Aldo García:

Cuando se incorporan, mi padre quería promocionar la librería [Visor, Madrid] y una de las cosas que pensó era sacar un anuncio en un periódico. Entonces, pidió un presupuesto a los periódicos que había entonces para sacar este anuncio y, cuando le mandaron el presupuesto, miró y dijo: «Por este dinero me sale más barato sacar un libro». Claro, él editaba libros, con lo cual sabía lo que costaban. «Además, yo saco este anuncio y mañana me lo ve todo el mundo, pero para pasado mañana ya nadie se acuerda de él».

Iba mucho por allí Gabriel Celaya, a tomarse las rondas de después de cerrar la librería, que era lo típico entonces. Allí iban muchos intelectuales, mucha gente, porque era una librería donde, evidentemente, se vendían libros que no estaban admitidos. Gabriel Celaya no tenía nunca un duro y siempre se dejaba invitar por cualquiera. Además, siempre les decía que él había traducido Una temporada en el infierno, de Rimbaud, que nadie se lo quería publicar y que era increíble que en España no hubiese ninguna edición en castellano. A él le parecía inconcebible y una barbaridad. Entonces mi padre, cuando le mandaron los presupuestos, fue a hablar con él y le dijo: «Oye, que voy a editar yo el libro». Así que el primer libro de la colección Visor de poesía fue Una temporada en el infierno, de Rimbaud, traducido por Gabriel Celaya, que sustituyó al anuncio en el periódico, y así empezó la colección Visor de poesía que conocemos hoy en día[74].

Las librerías eran ventanas abiertas a un universo cultural nuevo, enriquecedor y a menudo clandestino. Como confirman las personas entrevistadas, en sus establecimientos los clientes podían adquirir obras prohibidas, la mayoría importadas del extranjero por medio de intermediarios o amigos. De acuerdo con Javier López de Munáin:

Fíjate hasta dónde llegaban las cosas, que los distribuidores de libros y portadores de libros prohibidos, todo lo que era de política, de pensamiento marxista, de sexología… Ellos lo traían de Argentina y de México, y para que te hagas idea en los albaranes que te enviaban, en vez de poner el título prohibido, te ponían algo parecido para que tú te dieras cuenta.

Había un distribuidor de Bilbao en Madrid, Pepe Latorre, que era importador de libros, y los libros prohibidos los tenía en una habitación camuflada. Él le daba a una tecla en los estantes y giraban, y ahí estaba todo. Era una cosa increíble[75].

José Latorre de Diego también surtía de ejemplares a la librería Lagun, como rememora Ignacio Latierro:

Y unos amigos de Madrid y otros de Barcelona nos dijeron: «Oye, hay un libro sudamericano espléndido, lo tiene un importador de libros. José Latorre de Diego lo exporta, lo trae. Hablad con él, pedidle».

Javier Pradera, que entonces era el gerente del Fondo de Cultura Económica en España, nos dijo: «Decidle que vais en mi nombre». Y, efectivamente, nos mandó un montón de Cien años de soledad, que nos dedicamos a recomendar. Ese es el primer… Pero luego, después, lo que vendíamos… Estaba la parte… Yo creo que eso se ha mitificado un poco, lo que podíamos llamar el libro prohibido. De hecho, lo que nosotros vendíamos… Porque del Ruedo Ibérico, Ebro, la editorial del PCE, alguna vez teníamos alguna cosa, pero eso la gente lo compraba en San Juan de Luz. Lo otro más bien, lo que… Nuestro libro prohibido era autores republicanos españoles, lo que publicaba Losada ahí en Argentina, o el Fondo de Cultura Económica en México: García Lorca, Miguel Hernández, Antonio Machado… Eso era el tipo de cosas que más o menos formaban el libro prohibido[76].

El editor y librero Jesús Ayuso Jiménez, de la librería Fuentetaja, se convirtió en importador de ejemplares para su establecimiento. Como muchos clientes le pedían «libros que la censura prohibía o mantenía bajo sospecha», decidió ir «a Francia y resto de Europa, donde, además, vendía bastante a emigrantes exiliados. De París, en contacto, sobre todo, con Ruedo Ibérico, Librería Española y Editorial Ebro, empecé a traer mucha bibliografía de sociología, política, economía… y hasta de religión, imposible de localizar aquí[77]».

Existían vías aún más heterodoxas para adquirir tanto obras clásicas como novedades editoriales que estuviesen prohibidas por el régimen franquista. Por ejemplo, Rafa Arnal cuenta cómo se abastecía en Francia de este tipo de publicaciones, en su caso títulos anarquistas y de Edicions Catalanes de París:

Nosotros íbamos a Perpiñán, yo tenía unos amigos camioneros que hacían tres viajes a Francia a llevar naranjas de Gandía a Marsella. En aquellos años, en los camiones sacaban a gente a ver películas porno a Perpiñán sin pasaporte, sin nada. Los escondía en el camión, los llevaban a Perpiñán y los dejaban viendo películas porno, y, al volver, los recogía. Y al volver, nos traían libros que aquí estaban prohibidos[78].

Todo el mundo sabía lo que ocurría en las trastiendas. Sin embargo, como reconoció San Martín en sus memorias, a las autoridades franquistas les resultaba muy difícil impedir la entrada y venta clandestina de estos títulos en España. Irónicamente, la falta de cultura de los encargados de perseguir dicha actividad les impedía realizarla con eficacia. De acuerdo con Ignacio Latierro, «en los primeros tiempos quizás el acoso más permanente procedía de las visitas bastante regulares de funcionarios del Ministerio de Información y Turismo, que llegaban a la caza del libro prohibido». Ahora bien, «eran de una ignorancia absoluta, es decir, ellos no eran capaces de… Ellos lo que buscaban es si el libro tenía el sello, los libros importados. Si tenían el sello del Ministerio, y si tenían el sello ese era un libro legal, fuese lo que fuese. Y si no tenía el sello, ese era un libro prohibido». Su testimonio coincide con el de Javier López de Munáin, que recuerda que los títulos prohibidos «yo los ponía en la estantería», no los escondía, pero eso no le causaba problemas porque «la Policía era muy inculta, no entendía nada». Maxen Zinkunegi también los colocaba en las baldas, aunque en una segunda fila. Nunca los descubrieron. Tampoco las ikurriñas (ilegales) que vendía de tapadillo. Para Rafa Arnal, los agentes de la ley «no lo entendían, no tenían ni idea. Era una cosa…». Según Fernando Valverde[79]:

Era como cuando entraba un policía camuflado en la librería, alguien de la secreta a pedirte libros prohibidos. Enseguida te dabas cuenta de que aquel pavo era policía. «No tengo la Carta al general Franco», por ejemplo, que circulaba de tapadillo, la de [Fernando] Arrabal. «No, no la tengo». Te pedían eso y tú rápidamente decías: «Este es policía». Frente a eso sí había una cierta protección, las propias librerías nos pasábamos esa información: «Están pidiendo eso, están buscando libros de Losada», que estaba prohibido, «o el Romancero gitano[80]».

Amparo Sandoval abrió la librería Sandoval en Valladolid en 1973. Miguel Jesús Sánchez, que heredó el establecimiento, recordaba que:

En esos años se metían en la trastienda muchos libros que venían de fuera y que estaban prohibidos, principalmente libros de Machado, de la Generación del 27 y del 36, de autores exiliados y asesinados en la Guerra Civil… A partir del 73 se empezó a permitir editar libros de ideología marxista, pero hacían todo lo posible por que estos se quedaran en un reducto: poner un precio caro, no promocionarlos… A pesar de todo, la Ley de Prensa e Imprenta de Fraga tenía sus lagunas, ya que era más fácil censurar un libro por sus contenidos sexuales que por política[81].

Caso diferente era el de los libros legalmente publicados en España que habían sido denunciados posteriormente a su puesta en venta. A decir de José Ramón Saiz Viadero:

Esos estaban en el almacén. Alguna vez vino la Policía a recoger… Eran estas normas que venían de la Dirección General de Información y Turismo, de que había que retirar determinado título que era legal pero lo habían denunciado o lo que sea, y retiraban los ejemplares que no se hubieran repartido. Nosotros guardábamos la mayor parte y se llevaban dos o cinco. Eran Técnicas sexuales modernas, el Ananga ranga, el Kama sutra, etc[82].

Tampoco faltaron agentes de la ley que, por el motivo que fuese, hacían la vista gorda con las librerías o, al menos, con algunas librerías. Según Aldo García, «había un comisario de la Brigada Político-Criminal franquista que era cliente de la librería Visor. Era cliente, además, de los libros prohibidos. Entonces, cuando iba a haber una redada en las librerías, les llamaba por teléfono y les decía: “Oye, que van a ir mañana a la librería”». Esa advertencia permitía a los libreros reaccionar a tiempo. «Entonces, escondían todo, lo cerraban con llave y lo tapaban con una estantería para que, cuando viniese el registro, no vieran los libros». No es el único caso. En 1957, siendo todavía inspector del Cuerpo General de Policía en Irún, antes de pasar a la Brigada de Investigación Social, donde se haría famoso por la persecución y tortura de antifranquistas, Melitón Manzanas llamó por teléfono a un amigo librero nacionalista de San Sebastián, lo que le puso sobre aviso de una redada policial. Como castigo, en septiembre de dicho año sus superiores impusieron a Manzanas un traslado forzoso a Torrelavega[83].

Por supuesto, aunque es posible encontrar características comunes, cada establecimiento tenía una intrahistoria diferente, dependiendo del lugar, la fecha y la personalidad de sus promotores. En junio de 1969 la familia de Maxen Zinkunegi abrió la librería-papelería Minicost en Andoain por motivos estrictamente comerciales. El compromiso político vendría después. Otros proyectos empresariales, sobre todo los ubicados en grandes ciudades, aunaron ambas razones desde el principio. En palabras de Ignacio Latierro, librero de Lagun, establecimiento que se inauguró en diciembre de 1968, aunque ya funcionaba como tenderete desde el verano de ese mismo año,

Hay un 68 español, pero también un 68 vasco y un 68 donostiarra. Entonces, de ese espíritu nace Lagun también. Bueno, de ese espíritu… Además, una mezcla, porque por un lado tiene clarísimamente una voluntad diríamos empresarial, que quiere continuidad, que quiere sobrevivir de su actividad y que bueno, no tanto la familia de María Teresa [Castells] sino que la mía viva de la librería. Pero también tiene una vocación política concreta. De hecho, pensamos que en aquella época tanto Ramón [Recalde] como María Teresa como yo éramos «felipes», del FLP [Frente de Liberación Popular], que significaba un trabajo que podía compatibilizarse con una actividad política más o menos semiclandestina. No la librería, la librería siempre hemos tenido la voluntad y la prudencia de que… Hombre, se significaba políticamente en la medida en que, evidentemente, era antifranquista. Pero siempre que no tuviese sesgo… no queríamos que tuviese sesgo partidista. Otra cosa éramos nosotros, que sí teníamos[84]…

Siguiendo a Aldo García:

A finales de los sesenta y principios de los setenta, aquí empezó a haber unas pequeñas explosiones de cultura, de gente que daba muchos mítines… En el año 1971 la abren [la librería Antonio Machado, Madrid] una serie de personas que venían del Partido Comunista y del Partido Socialista, clandestinos, obviamente. Abren esta librería con la intención de hacer mítines, exposiciones, conciertos, etc., de forma reivindicativa. Esta parte donde estamos ahora era una sala que estaba cerrada al público. El suelo era de arena, para que te hagas una idea. Y aquí es donde se tenían los libros prohibidos, donde se hacían mítines y se entregaban pasquines a la gente que ya sabía que estaban aquí. Algo que se hacía también en [la librería] Visor, pero allí se hacía en la planta de abajo. No sé si conoces la librería, pero son dos niveles. En el nivel de abajo, que era una especie de almacén con una pequeña parte de cara al público, ahí se hacía de todo también[85].

La librería Rafael Alberti fue inaugurada en noviembre de 1975 por Enrique Lagunero, hermano del exitoso empresario Teodulfo Lagunero. Ambos eran destacados miembros del PCE, sobre todo Teodulfo, que ayudó económicamente al partido, a presos políticos comunistas de la guerra como Marcos Ana [Fernando Macarro Castillo], a exiliados… Precisamente fue Lagunero quien trajo de manera clandestina a Santiago Carriño a España en febrero de 1976. Lola Larumbe recuerda que:

Rafael Alberti, que estaba todavía en el exilio en Roma, era muy amigo de Teodulfo Lagunero y de él. Y Enrique monta la librería alrededor de la figura, de la imagen, de la estética, del recuerdo, de Rafael Alberti como símbolo del exilio, de la falta de libertades y como un cambio. La librería tiene esa voluntad de inicio.

[…] Estaba muy concienciado políticamente, era un hombre muy comunista de la guerra, de la época difícil y dura. Y acostumbrado a llevar una vida bastante aperreada, aunque el hermano hizo mucho dinero y le protegió mucho.

Entonces, todos sus proyectos… A mí siempre me dijeron: «El dinero para montar la librería Alberti lo puso Teodulfo». No lo sé, pero el Partido Comunista no tenía nada que ver con la librería. Era simplemente que él era militante, un militante significado por la relación con Teodulfo, que sí era un militante por lo visto muy importante, porque aportaba mucho dinero. Pero Enrique no[86].

En cambio, Fernando Valverde sostiene que:

En ese momento, había una serie de librerías, que eran objeto de los atentados, que estaban significadas por dos cosas. En primer lugar, porque estaban vinculadas a determinados partidos. Cuando yo conocí Antonio Machado, estaba César Ramírez de gerente de la librería, pero César Ramírez era una persona del PSOE […].

Luego había una red de librerías en los barrios, muchas vinculadas al Partido Comunista, con las que yo tuve mucha relación, que eran Fuencarral, en el barrio de Fuencarral, en las afueras de Valverde; Ábaco, en Moratalaz; El Chato, en Getafe; Prometeo, en San Sebastián de los Reyes… A cuyo frente estaban militantes del Partido Comunista. Yo tenía muy buena relación con ellos. Nunca milité en el PCE, pero éramos muy afines en cantidad de proyectos y eran los más activos, y además tenían librerías… Algunas siguen. En Fuencarral, Antonio y Encarni la dejaron, pero la traspasaron y sigue abierta. Y otras muchas cerraron. Hasta abrieron librerías vinculadas a la ORT. Yo creo que las abrían para dar cobertura, pues bajo aquello se hacían cosas[87].

Javier López de Munáin, de El Parnasillo, estaba afiliado al PCE. Lo mismo que el propietario de Puntal y socio de Herriak y Villalar, José Ramón Saiz Viadero, aunque este matiza que solo era militante de una «célula durmiente». No obstante,

todo el mundo pensaba que yo era el jefe del PCE del lugar. Y cuando querían algo: «Vete allí, a la librería». En el almacén que tenía en la cuesta del hospital era donde empezamos a celebrar las reuniones de la Platajunta y todo esto. Venían de los diferentes partidos y allí teníamos… Allí se hacían los manifiestos. [Los ultraderechistas] estaban seguros de que aquello [dependía] no del PCE, sino directamente de Moscú[88]…

El caso de Rafa Arnal es un tanto diferente. Provenía de una familia humilde, de izquierdas, y era de profesión panadero. Fue su militancia en el nacionalismo valenciano lo que le llevó a la actividad cultural: músico en el grupo Carraixet, impresor y editor de prensa clandestina y finalmente librero. Arnal montó la librería 9 d’Octubre en Tavernes Blanques, localidad cercana a Valencia capital, a instancias del Partit Socialista del País Valencià (PSPV), pero no fue el único establecimiento impulsado por esa formación:

Comenzamos a invitar a militantes del partido que no tengan una faena estable a que monten una librería en su pueblo, porque tendremos ayuda… Eliseu [Climent, de la librería Tres i Quatre] nos dejaba libros… Los catalanes nos dejaban depósitos de libros, y logramos montar ocho o diez librerías. No es que las pagara el partido, sino que el que tenía una planta baja o su hermana o lo que fuera… Teníamos librerías que eran los puntos de encuentro «legales» del partido, e igualmente otras organizaciones… Uno entra en una librería y te compra un libro y, según el libro que ha comprado, sabes ese por dónde va. Y si entra cuatro veces y te ha comprado cuatro libros, ya lo tienes más catalogado. Esa era una de las funciones de las librerías.

[…] Estaba La Costera en Játiva; la Xúquer en Alzira las dos las montó Carles Sánchez, en Alicante Set y Mig; Matamonts en L’Alcudia de Ricard Abellan; la librería Joan de Alboraya; yo monto aquí en Tavernes la 9 d’Octubre; en Castellón, Garbell de Ernest Nabas, que después fue secretario de organización del PSOE, Fontanal Llibres (Pepe Fornés); Veles y Ventns; Intertècnica (Mario y Pepe Serrano); La Aranya (Paco Camarasa); Ausiàs March (Toni Mestre y Frederic Martí); Ali Truc en Elx (Paco)… Aparte de algunas más que ya había como Eva (Sergi y Virtudes); Nau llibres (Leoplodo y Ramón), Tres i Quatre (Eliseu y Rosa); Dau al Set (Toni Moll y Rosa Mari); librería Trilce de Orihuela, fundada por Ginés Saura y Fernando Ruiz.… Y algunas más que no recuerdo ahora.

En 1975-1976 ocho o diez librerías de estas son de militantes del partido. Y eso configura una estructura territorial. Ya tenemos un periódico, El Poble Valencià, que lo sacamos más o menos regularmente. Hacíamos publicaciones de formación marxista y valencianista, para la gente que entraba en el partido, teníamos cuadernos de formación, hacíamos cursos sobre marxismo y la cuestión nacional[89].

Además de las librerías vinculadas al PSPV, Rafa Arnal señala que en Valencia también había otras del PCE y del PSOE. La formación comunista tenía La Araña, luego llamada Pablo Neruda, y la socialista, dos: Pueblo y Cap i cua. Esta última «la llevaba Ferrán Barber en la calle Rotero, que es donde íbamos a hablar con ellos… Sabíamos dónde se ubicaban los partidos y la manera más discreta de conectar con ellos era ir a la librería pertinente».

Dejando aparte los establecimientos dependientes de una fuerza política, el principal objetivo de quienes abrían un negocio de este tipo era asegurarse un medio de vida. Sin embargo, a menudo los jóvenes libreros destacaban más por su amor por la cultura que por su cálculo empresarial. Aldo García nos brinda una anécdota al respecto:

Mi padre era íntimo amigo toda la vida de Quino [Joaquín Salvador Lavado Tejón]. Entonces, me cuenta mi padre que Quino un día le preguntó: «Oye, esto que yo dibujo y tal, ¿tú crees que en España habría alguien a quien le podría interesar editarlo?». A mi padre le encantaba, y además es que Quino era una persona muy divertida. De eso me acuerdo, porque he estado muchas veces con él. Entonces, mi padre dijo: «Hombre, yo creo que sí, que esto que estás escribiendo seguro que hay mucho público en España al que le puede gustar», y se lo ofreció a Esther Tusquets. «Mira, habla con Esther, porque yo creo que a Esther le puede interesar para su editorial». Y es el motivo por el que Quino empezó a editar Mafalda con Lumen, cosa que siempre le hemos afeado a mi padre [risas]. «¿Cómo eres tan imbécil de regalar eso?». Imagínate, Mafalda en aquella época lo que vendía. Todo eso empezó así, pero claro, mi padre para estas cosas siempre ha sido de «que lo haga fulanito». «¿Pero te das cuenta de los millones de ejemplares que has perdido en ventas?». Evidentemente, él los estuvo distribuyendo, pero no es lo mismo distribuirlos que editarlos.

[…] Es verdad que mi padre siempre priorizó las cosas que le gustaban a él. Evidentemente, toda la parte económica era importante, porque había que vivir, pero mi padre, no solo entonces sino incluso hoy día, no es algo que le haya preocupado demasiado. Le ha ido muy bien en la vida, todo hay que decirlo, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de un chaval que entró con 15 años a trabajar de currito en una librería y acabó montando casi un imperio. Pero no es algo que le haya importado demasiado la parte comercial. Mi padre siempre suele decir: «haced lo que queráis; lo único, no me hagáis perder dinero, con eso me conformo[90]».

CAPÍTULO 4
«CORROMPER LA MORAL DE NUESTRO PUEBLO»

Los grupúsculos neofascistas y las facciones reaccionarias aborrecían al sector más progresista de la cultura escrita. De acuerdo con Francisco Rojas, que ha estudiado la industria editorial española y su problemática entre 1962 y 1973, se identificaba el libro «como elemento fundamental en el cambio sociocultural que venía operándose a lo largo del período estudiado, considerado como objetivo a destruir a toda costa[91]».

Rojas reproduce en su tesis doctoral las palabras de Pedro Altares Talavera, director de Editorial Cuadernos para el Diálogo (EDICUSA): «la cultura fue el Caballo de Troya de la lucha contra el régimen». Lo era desde la perspectiva de muchos autores, editores y libreros, pero también desde la de los dirigentes de la extrema derecha, que denunciaron que el endeble Gobierno lo había permitido entrar dentro de las otrora resistentes murallas del franquismo. La difusión legal de las obras de inspiración izquierdista y la falta de interés oficial en hacer lo propio con las de los fundadores de FE-JONS estaba facilitando que la dictadura perdiese lo que hoy llamaríamos la batalla cultural. De hecho, ni siquiera la estaba dando. A principios de los años setenta, Ernesto Milà, entonces un joven líder del PENS interesado en la evolución del neofascismo en Francia, facilitó libros y revistas publicadas por la Nouvelle Droite (Nueva Derecha) a ciertos agentes del SECED. «Digo: “Oye, que esto va por ahí”. […] Si tú consigues la hegemonía cultural, puedes variar la superestructura de tal manera que repercuta luego en la infraestructura. Claro, [los funcionarios franquistas] no entendían que hacía falta invertir mucho en ideas y en difusión de ideas, y no invertían. Este era el problema». A decir de los historiadores Juan Pablo Fusi y Jordi Palafox, desde mediados de la década de los sesenta «al régimen de Franco no le quedaba sino la cultura de masas (deportes, toros, cine y teatro comerciales, literatura de best-sellers, radio, y desde 1956-1960, la televisión). El divorcio entre el pensamiento español y el régimen de Franco era ya abismal[92]».

Como ya se ha adelantado, la palabra impresa no solo era vista como un peligro por la ultraderecha orillada en los márgenes del franquismo, sino también por la que se encontraba situada en su cúspide. En marzo de 1970 el vicepresidente Carrero Blanco redactó un informe en el que advertía que la dictadura estaba amenazada por sus tres sempiternos enemigos: el comunismo, la masonería y la democracia cristiana. Para debilitar al régimen se valían de medios como las drogas, las librerías llenas de literatura inmoral o marxista y los intelectuales que escribían libros obscenos, «volterianos» o de izquierdas. «Si esa fuera la intelectualidad, que felizmente no lo es ni mucho menos, preferiríamos ser analfabetos». «¿Qué es peor, que nos critiquen nuestros enemigos o que les dejemos, en nombre del aperturismo y de todas esas zarandajas, lograr su objetivo de corromper la moral de nuestro pueblo por lo que, además, Dios nos habría de pedir un día estrecha cuenta?»[93].

La corrupción moral provocada por el mundo del libro también preocupaba y ocupaba al director del servicio secreto, San Martín. El militar cuenta en sus memorias que se reunió con los responsables del sello ZYX, al que las autoridades habían secuestrado varios títulos, para forzar un cambio en su línea editorial. «Había en ella gente de buena intención, pero se habían dejado colar no pocas obras de clara inspiración marxista. Mi intento de conseguir una nueva orientación fue vano; quizá nos faltó capacidad y colaboraciones[94]». La persuasión no funcionó ni en ese ni en otros casos, así que no es de extrañar que el Gobierno aprovechase oportunidades como la que le brindó el estado de excepción de 1969. En palabras de Francisco Rojas:

Las consecuencias fueron terribles en el ámbito cultural, sobre todo, y Ciencia Nueva iba a verse seriamente perjudicada. La gran cantidad de obras «desaconsejadas» presentadas a consulta voluntaria, y sus vinculaciones con el PCE, puestas al descubierto, entre otras cosas, por la militancia de muchos de sus miembros y la relación de la editorial con el Club de Amigos de la UNESCO, contribuyeron para que el Ministerio de Información y Turismo decidiese cursar su «cierre administrativo» junto con otras tres editoriales: Ricardo Aguilera, Ediciones Halcón y Equipo Editorial de San Sebastián, al tiempo que, bajo la fórmula de la denegación aplicada de forma sistemática, asfixiaba económicamente a ZYX y a la propia EDICUSA[95].

Con todo, con la excepción de Ciencia Nueva, que acabaría cerrando, aquellos sellos volvieron a publicar títulos molestos pero legales. Es cierto que entre noviembre de 1969 y diciembre de 1973, siguiendo las directrices de Carrero Blanco, el Gobierno «monocolor» trató de imponer un dirigismo cultural de carácter más autoritario y represivo que en los años anteriores, pero fue incapaz de acabar con el problema de la disidencia editorial[96]. El almirante y la facción encabezada por Blas Piñar podían coincidir en su muy negativa opinión sobre el sector progresista del mundo del libro, pero, desde la perspectiva ultra, la vía administrativa había demostrado ser ineficaz. Los franquistas más reaccionarios tenían en mente medidas políticas y legales restrictivas.

La receta que sus seguidores más jóvenes querían aplicar era mucho más contundente. Radicalizados por discursos catastrofistas como los que se podían leer en Fuerza Nueva y otras publicaciones, que eran el humus de la violencia, hubo escuadristas que decidieron que era necesario volver a encender piras de libros «anti-españoless» como habían hecho sus mayores durante la Guerra Civil, aunque eso supusiera saltarse la legalidad franquista vigente y, por tanto, desafiar al Gobierno. Así, los «incontrolados», expresión que ya aparece en la documentación policial de la época, comenzaron a recurrir a amenazas, pintadas y un terrorismo de baja intensidad que iría escalando hasta llegar a los atentados con bomba y arma de fuego[97].

El príncipe Juan Carlos, la familia aperturista del régimen y el Opus Dei fueron receptores de una parte de la violencia ultra. Valgan como muestra ciertos incidentes ocurridos en Barcelona, de los que da cuenta la documentación policial. El 23 de mayo de 1967 el exministro de Educación Joaquín Ruiz-Giménez Cortés «fue agredido por elementos de Falange». El 19 de noviembre de 1968 «un grupo de falangistas intransigentes intentó asaltar el equipo móvil de Radio Juventud» que retransmitía un acto en conmemoración del fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera. Cuando terminó, «fueron apedreados el coche del Sr. Ministro [Fraga] y el del Sr. Gobernador Civil, don Tomás Garicano Goñi, con rotura de algunos cristales». En agosto de 1971 uno de aquellos exaltados, Alberto Royuela, que pertenecía a la Guardia de Franco y a la Jefatura Provincial del Movimiento, presentó una denuncia contra el Opus Dei «por asociación ilegal y actos contra los Principios Fundamentales del Movimiento». Tal era la inquina de ese «falangista disidente» que la Policía llegó a sospechar que su «conducta pudiera obedecer a consignas recibidas del Partido Comunista o de Comisiones Obreras[98]».

A pesar de tales recelos sobre su supuesta vinculación con el comunismo, que el tiempo demostraría totalmente falsa, la mayoría de los ataques de la extrema derecha estuvieron dirigidos contra aquellos proyectos que habían ido brotando al amparo de las reformas legislativas: prensa más o menos crítica, asociaciones de familias y vecinos, parroquias obreras, salas de cine, galerías de arte, salas de conciertos, bares, etc. Y, por supuesto, también contra las personas que los promovían.

Si bien otras manifestaciones culturales también sufrieron las agresiones ultraderechistas, es probable que ninguna recibiese tantas como la parte del nuevo mundo del libro más identificada con la oposición. Una de las razones de la bibliofobia violenta estribaba en el puro oportunismo. La palabra impresa contaba con una cara visible, indefensa y muy fácil de atacar: los quioscos y las librerías. El fenómeno también respondía a factores como el señalamiento por parte de figuras de prestigio del ultrafranquismo, la condición de agentes de cambio cultural de estos negocios, la indignación político-moral que provocaban determinadas obras y revistas tachadas de marxistas o eróticas, el vínculo de algunos libreros con partidos de izquierdas o nacionalistas periféricos, su utilización como espacio de reunión y difusión de propaganda por parte de estas o de otras fuerzas antifranquistas y, como se verá, el objetivo de lograr repercusión en la prensa y, por consiguiente, ejercer presión sobre las autoridades.

Al principio se trató de un lento goteo de atentados, pero el ritmo no tardaría en aumentar. En mayo de 1970 desconocidos arrojaron bolsas con alquitrán contra la librería Propaganda Popular Católica (Barcelona). En abril de 1971 cuatro hombres no identificados lanzaron piedras y pintura roja contra los escaparates de la librería Antonio Machado (Madrid). Dos semanas después ese mismo establecimiento volvió a ser atacado. Idéntica suerte corrió la librería Fuentetaja, también en la capital, cuya cristalera quedó destrozada. En julio de 1971 le tocó a la librería Visor (Madrid). Varios desconocidos rompieron el escaparate y arrojaron pintura azul sobre las obras expuestas. Y solo se trataba de los primeros pasos de la bibliofobia violenta de la extrema derecha.

Librería Antonio Machado (Madrid), 16-IV-1971

FUENTE: EFE/lafototeca.com

CAPÍTULO 5
EL CUMPLEAÑOS DE PICASSO

Los pequeños y restringidos espacios de libertad cultural que se habían ido abriendo desde 1966 y la intransigencia violenta del ultrafranquismo colisionaron de manera ruidosa en los últimos meses de 1971. Aquel año se publicaron 14 378 títulos en España (462 de ellos sobre arte, teatro o comunicación), pero lo que realmente sulfuró a los radicales fue la conmemoración del nacimiento de un pintor, como puede comprobarse en el libro Picasso en el punto de mira de la historiadora del arte Nadia Hernández[99].

El 25 de octubre de 1971 Pablo Ruiz Picasso iba a cumplir 90 años. No solo era un comunista comprometido con la oposición, sino que había sido autor de cuadros como el Guernica y de grabados en los que se ridiculizaba a Franco hasta extremos grotescos. Sin embargo, Picasso también era el artista español vivo más famoso en el mundo. Así pues, pasando por alto su militancia política, en 1971 el Gobierno tecnócrata intentó aprovechar la celebridad del pintor con un objetivo propagandístico. Lo hizo tributándole homenajes oficiales: la emisión de un sello postal con su efigie, su nombramiento como «español del año», «español universal» y académico de honor de la Academia de San Fernando, la convocatoria de un certamen de arte juvenil, etc. Además, se consintieron ciertas (aunque no todas) iniciativas de carácter privado, como conferencias, novedades editoriales y exposiciones como las del Museo Picasso (Barcelona), la sala Gaspar (Barcelona) y la galería Theo (Madrid), que mostró 26 grabados de la Suite Vollard (1937)[100].

La prensa española se hizo eco de los actos y reconocimientos, lo que dio una inusitada visibilidad a un personaje que seguía siendo un enemigo declarado del régimen franquista. Resultaba escandaloso para los medios más reaccionarios, que criticaron con contundencia lo que estaba permitiendo el Gobierno de los tecnócratas. Blas Piñar, que ya había reprobado el proyecto del sello postal en una tensa sesión secreta del Consejo Nacional del Movimiento celebrada en febrero de 1971, se opuso al resto de los homenajes a Picasso. En sus palabras, tras denunciar los avances de la subversión, «terminé apelando al patriotismo y a la dignidad del Gobierno, que ante una situación tan grave como la que acababa de exponer tenía la obligación de dimitir». La revista Fuerza Nueva alertó de que el comunismo estaba instrumentalizando el aniversario de Picasso para socavar los cimientos del régimen gracias a la dejadez de las cada vez menos legítimas autoridades y la colaboración de los enemigos internos del nacionalcatolicismo[101].

Ese fue el contexto en el que hay que situar los ataques producidos en el otoño de 1971. Empezaron en la madrugada del 28 al 29 de octubre, cuando unos ultraderechistas rompieron las lunas y arrojaron pintura roja en el interior de tres librerías madrileñas: Antonio Machado, Cultart y Visor. Posteriormente un perito tasaría los daños materiales en 25 000, 20 000 y 50 000 pesetas respectivamente (unos 3000, 2400 y 6100 euros actuales).

En el lugar de los hechos dejaron octavillas firmadas por unos fantasmales Comandos de Lucha Anti-Marxista, supuesta filial de los Guerrilleros de Cristo Rey:

Como patriotas y defensores de los principios del 18 de julio, un grupo de jóvenes en permanente vigía de unos valores patrios, que nuestros mayores recuperaron para España en unas gloriosas jornadas que culminaron en nuestra victoria el 1 de abril de 1939. Nunca permitiremos que el comunismo y sus compañeros de viaje impongan su dictadura en el solar patrio, incluso con el pesar del beneplácito con que cuentan de algunos sectores seudo-liberales y de traidores a la nación e incrustados actualmente al poder.

Estamos dispuestos a defender a España con todos los medios a nuestro alcance, lícitos e ilícitos, y si la patria lo requiere, con todas sus consecuencias, empuñaremos las armas para salvar a España de los enemigos[102].

Librería Antonio Machado (Madrid), 29-X-1971

FUENTE: EFE/lafototeca.com

Aquella misma noche los perpetradores acudieron a la galería Theo, pero la presencia del sereno les hizo posponer sus planes. Solo unos días. A las 17:10 horas del 5 de noviembre, momento en el que habían comprobado que había poca afluencia de público, el mismo grupúsculo asaltó la galería de arte. Tras amenazar a la empleada, destrozaron grabados con una maza, a cuchilladas y también con pintura roja y ácido nítrico, es decir, aguafuerte. De los 26 grabados de Picasso, 18 fueron completamente destruidos, cuatro sufrieron daños graves, dos fueron sustraídos y otros dos resultaron intactos[103].

Al día siguiente la Policía arrestó a varios sospechosos de haber participado en aquellas acciones, alguno de los cuales tenía antecedentes violentos. El Tribunal de Orden Público abrió un sumario judicial que nos permite conocer detalladamente el caso. Todos los encausados reconocieron su responsabilidad en los hechos, justificando el ataque contra las librerías por ser lugares de reunión de antifranquistas, vender «libros marxistas» y/o participar en el homenaje a Picasso, siendo la exposición de la obra de este artista la causa del asalto a la galería Theo. Coincidían en considerar al pintor «comunista y elemento activo de la lucha contra el Régimen establecido en nuestra Patria, realizando entregas de sumas cuantiosas de dinero al Partido Comunista Español, que son empleadas en actos de terrorismo contra España». Para restar importancia a la destrucción de los grabados, adujeron que eran simples «copias» sin ningún valor, lo que habían leído en el diario Arriba[104].

Los Comandos de Lucha Anti-Marxista estaban muy lejos de constituir una organización terrorista propiamente dicha y no tuvieron más recorrido. Sus miembros se habían hecho con una multicopista para confeccionar propaganda y utilizaban un armamento rudimentario: piedras recogidas en las inmediaciones del Paseo de Recoletos, espráis de pintura, cuchillos de monte, así como cohetes y petardos adquiridos en Valencia o fabricados de manera artesanal, que tenían pensado utilizar para «disolver las reuniones y manifestaciones comunistas y que son de todo punto inofensivos».

Meses después, en junio de 1972, el director de la revista Fuerza Nueva, el gerente de la editorial y su jefe de distribución de prensa declararon de manera voluntaria ante el TOP. Según se desprende de sus testimonios, pretendían dar una coartada creíble a los procesados por el asalto a la galería Theo, que habrían estado reunidos «toda la tarde» en el local de la editorial. Todo parece indicar que se trataba de una mentira, pero involuntariamente arrojaba luz sobre cuál era el caldo de cultivo del que había brotado la violencia ultra. De acuerdo con los directivos, los procesados eran «asiduos visitantes de la redacción de la Revista Fuerza Nueva, donde se hace una especie de tertulia, pues se conocen entre sí los colaboradores de la revista y redactores». Uno de los agresores, además, trabajaba como administrativo en la editorial. En cierto modo, aquellas declaraciones estaban confirmando el vínculo entre autores intelectuales y materiales, entre el discurso exaltado de Fuerza Nueva contra el homenaje a Picasso y los ataques contra las tres librerías y la galería en Madrid[105].

El Ministerio Fiscal solicitó penas que iban desde los cuatro meses de arresto mayor a las multas, así como el pago de una indemnización. Los acusados se desdijeron de sus testimonios autoinculpatorios, alegando que los habían firmado bajo coacción policial (uno llegó a denunciar haber recibido «un tortazo»), pero lo cierto es que había pruebas de sobra para condenar a varios de ellos. Un encausado había sido reconocido por testigos presenciales y otro había dejado su huella dactilar en una de las botellas de aguafuerte abandonadas en la galería Theo. Aunque el sumario se elevó a la superioridad en julio de 1973 por haberse realizado todos los trámites pertinentes, el proceso judicial se prolongó sin que se dictase sentencia. Pese a los intentos de la acusación particular, en 1976 se aplicó a aquellos ultraderechistas el indulto del 25 de noviembre de 1975, por lo que la causa fue sobreseída.

A pesar de la rápida actualización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS) tras el asalto a la galería de arte, el mundo de la cultura temía que los ataques producidos en Madrid no fueran los últimos. En noviembre de 1971, ante el peligro de que la sala Gaspar corriese la misma suerte, sus propietarios pidieron ayuda al gobernador civil, que les puso protección policial. También hubo agentes de la ley protegiendo la galería Theo, que había recibido más amenazas[106].

Con todo, en noviembre la pequeña galería de arte Taller de Picasso (Barcelona) fue atacada con cuatro cócteles molotov, lo que desató un incendió en su interior. Idéntica suerte corrió la librería Cinc d’Ors, referente cultural de la gauche divine catalana, en la que se exponían libros y litografías del pintor. Las pérdidas de este establecimiento se cifraron en 900 000 pesetas (109 824 euros actuales). Pero la campaña no terminó allí. Posteriormente el director artístico del Taller de Picasso sería golpeado y robado el día 28 de ese mismo mes[107].

Como era previsible, la oposición antifranquista denunció todos aquellos atentados y responsabilizó a Blas Piñar de ser su instigador. Como no era tan previsible, también se manifestó de manera crítica un sector del franquismo. Periódicos como Ya, ABC, Informaciones, Tele-Expréss y Diario de Barcelona publicaron artículos contra los agresores, que se sumaron a las condenas de entidades como la Asociación de Antiguos Miembros del Frente de Juventudes, los Círculos Doctrinales José Antonio, la Delegación Nacional de la Juventud, etc. Para desesperación de Blas Piñar, la violencia ultra contra las librerías y las galerías de arte había conseguido unir en su contra a todos los antifranquistas y a bastantes de los franquistas. Aquel fiasco no le hizo cambiar de opinión. Fuerza Nueva y otros medios de comunicación reaccionarios siguieron insistiendo en la misma línea: transfirieron la responsabilidad de los ataques contra la cultura al Gobierno, calificaron de «tontos útiles» a los franquistas que los habían condenado y justificaron a los jóvenes que los habían cometido, a quienes Piñar consideraba que habían actuado «llevados de su patriotismo y de su fervorosa y entusiasta adhesión a Francisco Franco[108]».

CAPÍTULO 6
EL PARTIDO ESPAÑOL NACIONAL SOCIALISTA Y SUS IMITADORES

Aunque al principio estuvo circunscrita a Madrid y Barcelona, la bibliofobia violenta no tardó en contagiarse a ciudades más pequeñas del resto del país. En diciembre de 1971 resultaron destrozadas las lunas de la librería Hispano-Argentina (Santander), que exponía en el escaparate obras del poeta Pablo Neruda, a quien ya había señalado en sus páginas la revista Fuerza Nueva[109]. Ningún grupo se responsabilizó del ataque.

En 1972 se publicaron 15 232 títulos en España[110]. Naciones Unidas lo había declarado el Año Internacional del Libro, pero los ultras no se dieron por enterados y continuaron perpetrando atentados contra librerías: Pueblo (Valencia) en enero; Horizonte (Santander) en febrero (donde se dejó el siguiente mensaje: «No a la literatura marxista demagógica. Es un primer aviso»); Ancora (Lérida, donde se escribió: «Esto es la primera vez, ¡ojo!») y Lagun en abril. Significativamente la agresión contra Lagun ocurrió apenas tres días después de un acto público de Fuerza Nueva en el frontón de Anoeta de San Sebastián. En él, ante un público de 2500 asistentes, Blas Piñar se había lamentado de que la influencia marxista estaba entrando en España por medio de libros como los de Mao y Herbert Marcuse que «sin el menor pudor podían verse en los escaparates de cualquier librería». La lista de las acciones violentas perpetradas en 1972 continuó con un incendio provocado en la trastienda de Tres i Quatre (Valencia) en junio y la rotura con una «piedra de regular tamaño» del escaparate de Villalar (Valladolid) en diciembre[111].

Algunos atentados no fueron reivindicados, otros lo fueron con siglas de conveniencia que no implicaban la existencia de un grupo organizado. La firma más habitual era la de los Guerrilleros de Cristo Rey, que no eran más que una especie de franquicia. A menudo se identificó como su cabeza visible a Mariano Sánchez Covisa, que en 1976 advirtió que «existen libreros que están afectos a células comunistas, y esto es condenable». Sus propias sobrinas le acusaron de dedicarse «a destrozar librerías en las que expusieran libros contrarios a sus ideales». Ahora bien, no parece que tuviese control real sobre todos los activistas que se escondían bajo el paraguas de los GCR, sino más bien influjo en una parte de los mismos. Es lo que se desprende del testimonio de uno de tales guerrilleros, que firma como Larrea, quien recordaba los orígenes y la naturaleza del colectivo al que pertenecía[112]:

Sí contaremos que lo que empezó en 1973 como un pequeño núcleo que dirigió sus acciones hacia las librerías de izquierdas y las sacristías —verdaderos reductos del marxismo en los tiempos en que los partidos estaban prohibidos—, se fue generalizando de manera espontánea; hasta el punto de que muchos de nosotros —entonces barbilampiños— nos enteramos de que estábamos en los GCR por las reseñas de prensa del día postrero en que habíamos reventado una asamblea en la universidad o metido fuego a una librería[113].

En 1973 la industria editorial española publicó la cifra récord de 21 595 títulos. Haciendo gala de su propio nombre o de otros de ocasión, ese año el PENS puso en marcha una espiral de violencia contra prensa y librerías. En julio sus integrantes asaltaron la redacción de la revista El Ciervo (Barcelona), de carácter cristiano renovador, a la que ya habían amenazado el año anterior. Los atacantes dejaron un rótulo justificativo: «Policías: los cerdos que mataron a vuestro camarada leían esta revista». Hacía referencia al subinspector Juan Antonio Fernández Gutiérrez, asesinado por el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) en mayo de 1973. El SECED, cuyos boletines daban cuenta de aquella campaña contra la cultura y los medios de comunicación achacándosela a «comandos de grupos neo-nazis», valoró los daños en El Ciervo en unas 400 000 pesetas (casi 40 000 euros actuales). En agosto los neofascistas atacaron y desvalijaron la oficina de la Gran Enciclopedia Catalana, acto que alguien reivindicó en nombre del PENS (hay militantes que niegan su autoría en este y otros casos). Ese mismo mes su sección levantina rompió la luna del escaparate de la librería Pueblo (Valencia)[114].

De acuerdo con Ernesto Milà, la agrupación valenciana del PENS «era más un grupo de rompe y rasga: varios, hijos de militares, tenían acceso a material explosivo. Y ahí sí que es cierto que hubo algunos atentados que, además, se firmaron con “PENS-MSE” […] en un momento en el cual ya no había ninguna disciplina orgánica ni ningún tipo de organización, o sea, ya cada cual hacía lo que le daba la gana». Uno de sus objetivos predilectos era una librería vinculada al nacionalismo valenciano: Tres i Quatre. «Aquello ya era una chaladura que se les había metido a estos en la cabeza. “¿Qué hacemos esta noche?”. “Tres i Quatre[115]”».

El establecimiento había sufrido pintadas en diciembre de 1970 («A la próxima, ladrillazos»), un ataque con ampollas de tinta en marzo del año siguiente y un incendio en mayo de 1972 provocando daños por valor de 800 000 pesetas (91 000 euros actuales). El 31 de octubre de 1973, el mismo día que se entregaban por primera vez los Premios Octubre de literatura en catalán, un comando lanzó cócteles molotov contra el local, incendiándolo. Los desperfectos tuvieron un coste de 150 000 pesetas (14 900 euros actuales). Los neonazis reivindicaron el atentado mediante llamada telefónica: «Este es el premio trimestral que concede el PENS». La condena de la prensa fue unánime. El historiador Ricardo de la Cierva, que ese mismo año había sido colocado al frente de la Dirección General de Cultura Popular, un organismo del Ministerio de Información y Turismo, y que ya había reprobado públicamente los atentados contra librerías producidos en Barcelona, envió un telegrama a Tres i Quatre. En él manifestaba «expresamente mi repulsa personal y oficial por estúpido atentado. Les ruego también me informen sobre cualquier indicio o sospecha racional que puedan tener sobre origen agresión. En espera de establecer pronto contacto personal con ustedes salúdales atentamente[116]».

Pese a la buena disposición de Ricardo de la Cierva, de la que haría gala en repetidas ocasiones durante su breve mandato en la Dirección General de Cultura Popular, Tres i Quatre se enfrentaba a los mismos problemas que el resto de los negocios atacados. El principal, el dinero. Como recordaba su propietario en la revista Valencia Semanal, la compañía de reaseguros estaba al cargo de

[…] un individuo nefasto llamado Cañellas que regateaba al máximo. En una de las ocasiones llegó a decirnos que no podía pagar los daños a «libros raros», considerando como tal una Biblia en catalán. Además de la franquicia, tardábamos un año en cobrar y era muy difícil justificar el atentado «político-social», tal y como se nos exigía, aunque resultaba obvio[117].

Por añadidura, cuando en alguna ocasión se les puso protección policial, resultaba contraproducente para una librería políticamente tan marcada como aquella: «no le hacía mucho bien a las ventas». La presencia de agentes de la ley no solo disuadía a los agresores neonazis, sino también a los clientes antifranquistas.

La campaña ultra contra la palabra escrita, incruenta hasta aquel momento, fue interrumpida por un terrorismo de mucha mayor intensidad, que sí causaba víctimas mortales. El 20 de diciembre de 1973 una potente bomba de ETA acabó con la vida del presidente del Gobierno Luis Carrero Blanco, su chófer y uno de sus escoltas. Hubo, además, siete heridos, entre ellos dos niñas. En palabras de Enrique Moradiellos, el magnicidio «provocó la crisis política más grave de todo el franquismo y un sobrecogimiento de temor entre la población civil y las fuerzas de la oposición». «Como organización frente a la crisis, fue un desastre», recordaba el entonces coronel José Antonio Sáenz de Santa María. «El Gobierno estaba ya tocado y reaccionó mal. Toda la Administración reflejaba nerviosismo». Blas Piñar y su grupo acudieron al entierro de Carrero portando una pancarta, que ya habían utilizado tras algún atentado anterior, en la que se podía leer: «La hez solo asesina cuando los gobiernos son débiles[118]».

Muy afectado por el fallecimiento de su más cercano colaborador, Franco nombró presidente del Gobierno a Carlos Arias Navarro. Su ministro de Información y Turismo fue Pío Cabanillas (de enero a octubre de 1974), durante cuyo breve mandato se intentó impulsar la modernización aperturista de la política cultural. Como ya se ha dicho, Cabanillas puso al frente de la Dirección General de Cultura Popular a Ricardo de la Cierva, probablemente el cargo político del franquismo que mostró mayor sensibilidad con el mundo del libro y su problemática, incluyendo la bibliofobia violenta. Fue director de ese organismo durante muy poco tiempo: el mismo que Cabanillas fue ministro[119]. Ahora bien, nadie podía imaginar que su gestión iba a ser tan corta cuando el nuevo Gobierno echo a rodar.

A principios de 1974 el presidente Arias Navarro presentó un programa reformista que proponía un ambiguo grado de liberalización de las instituciones[120]. El conocido como «Espíritu del 12 de febrero» nunca se llegó a materializar. Sin embargo, la mera idea motivó la reacción airada de la extrema derecha. Tanto Piñar como Girón mostraron públicamente su hostilidad al Gobierno de Arias Navarro. La mejor prueba fue el Gironazo, unas declaraciones políticas muy críticas del exministro que fueron reproducidas en el diario Arriba. En noviembre de 1974 nació la Confederación Nacional de Excombatientes, presidida por el propio Girón, que al año siguiente se haría con la propiedad de El Alcázar, periódico de referencia del ultrafranquismo[121].

Con todo, tras el asesinato del presidente Carrero Blanco, la violencia de este sector se contuvo durante un tiempo. Entre diciembre de 1973 y mayo de 1974, año en el que hubo un apreciable descenso de títulos publicados (18 577), nuestra base de datos solo registra un ataque, producido en enero de 1974: el lanzamiento de dos bolsas de plástico llenas de tinta contra un puesto ambulante de venta de libros de la Editorial ZYX en la Feria de Mercaderías de El Ferrol. Se trató de un acto menor, pero lo suficientemente llamativo en aquel momento como para que lo reflejase tanto la prensa como el boletín del SECED[122].

La tensa calma se esfumó en el verano de 1974. En julio tuvieron lugar dos atentados que demostraban el nivel de sofisticación que había adquirido el PENS (o quien utilizaba dichas siglas para cubrirse). Por un lado, una bomba de relojería explotó en las instalaciones de la distribuidora de libros Enlace (Barcelona), provocando un incendio que dejó destrozos por valor de 6 millones de pesetas (506 600 euros actuales). Se trataba de una empresa que agrupaba a editoriales independientes como Anagrama, Lumen, Seix Barral, Ediciones 62, Tusquets… De acuerdo con Fernando Valverde, propietario de la librería Jarcha (Madrid), «daba una enorme cobertura y tenían otro almacén aquí en Madrid. De alguna manera, era la distribuidora más progresista en ese tiempo a nivel nacional». Por otro lado, un artefacto explosivo originó un incendio en el cine Balmes (Barcelona), que estaba proyectando la película La prima Angélica (Carlos Saura, 1973). Posteriormente dicho largometraje sería utilizado como excusa para diversos actos de violencia contra salas de cine de distintas localidades. «La impunidad con que se atenta contra las demostraciones de cultura en Barcelona», denunció La Vanguardia, «causa extraordinaria indignación en la ciudad[123]».

Distribuidora Enlace (Barcelona), 3-VII-1974

FUENTE: Nicolás. G/EFE/lafototeca.com

Para comprender las razones de la bibliofobia violenta del PENS hay que acudir a las entrevistas y las memorias de sus militantes. En ellas podemos confirmar que el neofascismo veía a las librerías progresistas como uno de «los lugares de reunión naturales de la izquierda ilegal, que era toda». Ahora bien, no se trataba del único motivo. De acuerdo con el testimonio de otro miembro del PENS, fue la falta de visibilidad y de medios financieros que le permitieran editar propaganda o actuar en la universidad lo que les lanzó «a un activismo incontrolado (y poco revolucionario) contra librerías “marxistas” y asociaciones de vecinos “rojas”». Según un tercer integrante, «el PENS encontró el truco que necesitaba para aparecer en la prensa y comenzó a quemar librerías rojas». El atentado contra «la primera librería que colocó en su escaparate un ejemplar del ilegible Materialismo y empirocriticismo» tuvo tal eco en los medios de comunicación progresistas que decidieron hacer más. Había sido «un buen truco. Los periodistas que no podían atacar el fascismo legal y en el poder, tuvieron un fascio al que dedicar impunemente todos los insultos que no podían dedicar al gobierno». Para la violencia terrorista es esencial asegurarse la cobertura de la prensa y, por ende, la atención de la sociedad. Basta repasar la hemeroteca para comprobar que entre 1973 y 1974 los ataques contra la cultura proporcionaron al PENS un protagonismo desmedido si lo comparamos con su escasísima implantación y fuerza real. Tanto es así que incluso la Central Intelligence Agency (CIA) se hizo eco de la actividad de estos neonazis «especializados en identificar y poner bombas en librerías “marxistas” y organizaciones izquierdistas[124]».

Cuando las acciones del PENS empezaron a aparecer destacadas en los periódicos, otros ultraderechistas tomaron buena nota. En junio de 1974 Jorge Mota, presidente de CEDADE, grupo que acababa de presentarse públicamente, declaró en rueda de prensa que «continuaría intentando [la] retirada de las pantallas» de la película La prima Angélica y que no descartaba «la posibilidad de quemar librerías». En otras regiones de España individuos o grupúsculos de extrema derecha, pero sin conexión con el PENS, comenzaron a utilizar las siglas del partido para tratar de amedrentar a los profesionales de la cultura vinculados con la oposición. Por ejemplo, alguien remitió a libreros y editores de todo el país amenazas en nombre del PENS, como esta que reprodujo La Vanguardia: «Señor director: responderá personalmente junto a su familia por su actitud colaboracionista con los propagadores de libros marxistas y revolucionarios. Recibirá noticias, no lo dude[125]».

Ataques mensuales

FUENTE: Elaboración propia.

Los neofascistas del resto de España no solo usaron las siglas del PENS para tratar de intimidar al mundo del libro, sino que también emularon sus acciones. En total, en 1974 hubo siete atentados contra salas de cine y catorce contra librerías. Había entrado en funcionamiento el efecto imitación. En palabras de uno de los auténticos integrantes del partido, ellos se enteraban por los periódicos de que se estaban realizando atentados en su nombre «en ciudades en donde no conocían a nadie». En sus memorias reproduce un esclarecedor diálogo:

—«Librería quemada en La Coruña». ¿A quién conocemos en La Coruña?, —preguntaba Enric leyendo La Vanguardia Española.

—No tengo idea. ¿Tú conoces a alguien en Madrid?

—¿Por qué?

—Acabamos de quemar un cine.

—¿Otro? ¿Y este por qué?

—Estaban poniendo La prima Angélica.

—¡Y no aprendieron después de la quema de Barcelona!, —se preguntaban indignados como si de veras hubieran tenido algo que ver con la voladura el cine[126].

Ataques ultraderechistas contra cines

FUENTE: Blázquez, Fernández y López (2022).

Valga como muestra un botón, ocurrido en julio de 1974. Aquel mes la convalecencia de Franco obligó a que el príncipe Juan Carlos asumiese temporalmente la Jefatura de Estado, lo que quizá explica el repentino aumento de los actos de bibliofobia violenta por parte de la derecha radical: seis en total. Uno de ellos tuvo lugar en San Sebastián, donde ultras locales utilizaron las siglas del PENS para amenazar y al día siguiente atacar a la librería Yette, que tenía en su escaparate «ciertos libros de carácter marxista». Los agresores arrojaron líquido inflamable y pintaron una cruz gamada en la cristalera. En total, ocasionaron daños por valor de 5000 pesetas (420 euros actuales)[127].

En septiembre de ese mismo año alguien envió cartas amenazantes a librerías valencianas que aparecían firmadas con las siglas del PENS y el MSE. En las misivas se especificaba no solo «la lista de los libros que queremos ver en sus escaparates», sino incluso la edición de cada uno de ellos: Mi lucha de Adolf Hitler (publicado por CEDADE); Derrota mundial: Orígenes ocultos de la Segunda Guerra Mundial de Salvador Borrego (Queromón); Juan de la Cosa y Los protocolos de los sabios de Sión (ambos de Fuerza Nueva Editorial); las obras completas de Nietzsche y Schopenhauer (Alianza), etc[128].

El uso del nombre del PENS continuaba la tradición ultra, ya inauguraba con la de los Guerrilleros de Cristo Rey, de cubrirse con siglas pantalla para reivindicar atentados con el fin de dificultar la labor policial y/o darse mayor importancia. También se usaban nombres de ocasión, como los del Comando Canario de Lucha Anticomunista, Vanguardia de Lucha Anti-Marxista, el Comando Adolfo Hitler o los Comandos Incontrolados Patrióticos, que carecían de existencia orgánica. Otros actos de violencia sencillamente quedaron sin reivindicar[129].

En el verano de 1974 las FCS arrestaron a los cabecillas del PENS, que se habían convertido en un peligro para el orden público, pero no hubo condenas y sus delitos quedaron impunes. En palabras de uno de ellos, Ernesto Milà, «en un solo caso los detenidos estuvieron unos días en la Cárcel Modelo de Barcelona. Eso fue todo[130]».

Años después, en 1976, cuando ya estaba fuera del Gobierno, Ricardo de la Cierva reconocería que la actitud de la Administración franquista ante la bibliofobia violenta había sido «primero inhibitoria y reticente, luego verbal, pero en ningún momento efectiva». En su opinión, la de un historiador y un letraherido, «no hay diferencia esencial en lo espiritual entre las víctimas en forma de libro o en forma de persona[131]».

CAPÍTULO 7
«UNA LEGIÓN DE CADÁVERES»

El 13 de septiembre de 1974 dos miembros franceses de ETA ayudados por la médico y escritora Eva Forest colocaron una bomba en la cafetería Rolando de la calle Correo (Madrid). En la explosión murieron 12 personas y, según el sumario, fueron heridas otras 73. El objetivo era la Policía, pero solo pertenecía a dicho cuerpo la decimotercera víctima mortal, el inspector Félix Ayuso Pinel, que falleció en enero de 1977 a consecuencia de las lesiones que le produjo el atentado. A la vista de aquel «error», ETA no solo evitó reivindicarlo (no lo asumió hasta 2018), sino que mintió y transfirió la responsabilidad de sus actos a «núcleos ultra-fascistas estrechamente ligados a determinados medios policiales y políticos del Estado español[132]».

Los verdaderos «ultra-fascistas», que no habían tenido nada que ver con la masacre, la interpretaron como una muestra más de la debilidad y del rumbo supuestamente democratizador del Gobierno de Arias Navarro. A finales de septiembre, en un artículo publicado en la revista Fuerza Nueva, Blas Piñar rompió públicamente con el presidente, quien previamente había criticado la actitud de los reaccionarios:

Nos autoexcluimos de su política. No podemos […] colaborar con usted, ni siquiera en la oposición. No renunciamos a combatir por España, pero hemos comprendido que nuestro puesto no está en una trinchera dentro de la cual se dispara contra nosotros y se airean y enarbolan estandartes adversarios […].

Pues bien, nosotros no queremos ni obedecerle ni acompañarle. Pero fíjese bien en quiénes le acompañan y adónde le acompañan. Piense si le dirigen o le empujan. Y no se lamente al final si contempla como ese tipo de democratización que tanto urge se levanta sobre una legión de cadáveres[133].

Uno de los factores que soliviantaban a Blas Piñar y a los ultrafranquistas era la actividad del ministro de Información y Turismo, Pío Cabanillas, que intentaba modernizar y abrir la política cultural, yendo más allá del legado de Manuel Fraga. Con el respaldo de Cabanillas, Ricardo de la Cierva había ejercido su labor como director general de Cultura Popular (1973-1974) de manera comprometida y proactiva contra los atentados que sufrían las librerías y los cines: los condenó públicamente, se reunió con el sector, se solidarizó con los afectados y les concedió ayuda material, lo que le granjeó su agradecimiento. Por descontado, esa actitud avivó la cólera de Fuerza Nueva, en cuyas páginas se acusó a De la Cierva de permitir que «se propaguen doctrinas contrarias a las esencias del Movimiento Nacional» y «se publiquen las obras de Marx». Así, el trabajo del director general de Cultura Popular era considerado por el semanario «un respaldo para la subversión ideológica que se está consintiendo y tolerando, con desprecio para nuestros muertos y para quienes queremos mantener vivo el espíritu del 18 de julio de 1936». El aludido contestó en la misma revista: «venimos, con España, de un 18 de julio, no vamos hacia él, porque eso solo puede hacerse marcha atrás[134]».

No obstante, la política cultural reformista del ministro Pío Cabanillas y su equipo no duró demasiado. El 28 de octubre de 1974 el presidente Arias Navarro le comunicó su cese por orden directa del dictador. De acuerdo con los historiadores Javier Tusell y Genoveva Queipo de Llano, la decisión de prescindir de Cabanillas obedecía a tres razones concretas: «en la opinión de Franco, la prensa estaba desmadrada, la televisión era un “nido de rojos” y en las librerías aparecían toda clase de libros marxistas», a lo que habría que añadir «la supuesta difusión de pornografía». A decir de los también historiadores Carme Molinero y Pere Ysàs, «la destitución de Cabanillas derivó en algo insólito en el franquismo, en una crisis gubernamental». Inmediatamente dimitieron el vicepresidente segundo y ministro de Hacienda Antonio Barrera de Irimo y, tras él, Ricardo de la Cierva y otros políticos reformistas, como el director general de RTVE Juan José Rosón. La salida del ala más liberal del Gobierno suponía el fin del efímero y nunca materializado «Espíritu del 12 de febrero» del presidente Carlos Arias Navarro. El sucesor de Ricardo de la Cierva como director general de Cultura Popular, Miguel Cruz Hernández, tuvo un perfil más discreto en lo referente a los ataques a librerías[135].

FUENTE: Triunfo, 24-VIII-1974.

Además de con disputas con la extrema derecha y con crisis internas, el Gobierno tenía que lidiar con problemas externos cada vez más preocupantes para la estabilidad del régimen. En el plano internacional, la revolución de los claveles en Portugal (abril de 1974) y la caída de la dictadura de los coroneles en Grecia (julio de 1974). En el nacional, en palabras del historiador Pau Casanellas, «en el bienio 1974-1975 se alcanzaron las cotas más altas de conflictividad desde el fin de la Guerra Civil» debido, por un lado, a los atentados de ETA y de otras bandas terroristas; y, por otro, a las crecientes protestas de los movimientos sociales, desde el estudiantil al vecinal, pasando por el obrero. Por poner solo un ejemplo, el 11 de diciembre de 1974, sin el respaldo del PCE, la extrema izquierda convocó una huelga general en Euskadi para reclamar amnistía, libertades y mejoras salariales que consiguió un amplio seguimiento. Incluso el Gobierno Civil de Guipúzcoa tuvo que admitir que «desde un punto de vista realista» había resultado «un éxito[136]».

CAPÍTULO 8
1975, EL AÑO NEGRO PARA LAS LIBRERÍAS

El PENS se disolvió en 1974[137], pero, entre otras cosas, legó a otras fuerzas de derecha radical militantes experimentados y una lección bien aprendida: que la bibliofobia violenta era útil a efectos propagandísticos. Esa fue una de las razones por las que 1975 sería el año que acumula el mayor número de atentados ultras contra librerías de toda la historia reciente de España: 42. Suponían el 40,7 % de los 103 actos de violencia neofascista que, de acuerdo con la base de datos de la historiadora Sophie Baby, se produjeron durante aquellos meses críticos[138].

La bibliofobia violenta era tan habitual que, cuando abrían un nuevo negocio, los libreros daban por hecho que en algún momento iba a sufrir un ataque. Fernando Valverde rememora el caso de la librería Rumor (Madrid):

La librería de Pura abrió en 1975 y yo enseguida la conocí. Cuando abre Rumor, Pura tenía un hermano arquitecto y le diseña la librería como si fuera un búnker. En el bloque donde estaba la librería vivían tres generales de las Fuerzas Armadas. Un barrio así, como muy… No tuvo mayores problemas, pero estaba bunkerizada, o sea, todo estaba blindado. Los escaparates eran unos cuadraditos pequeños a los que todos los días les ponía una chapa de hierro por detrás para que nada pudiera pasar desde el exterior. Lo hacía todos los días, con los cuatro o cinco escaparates […]. Rumor fue una librería que nació bunkerizada por ese miedo[139].

Una causa de aquella violencia estribaba en el convulso contexto marcado por el empeoramiento del estado de salud de Franco, la caída de las dictaduras de Portugal y Grecia, la aprobación del Estatuto Jurídico del Derecho de Asociación Política en diciembre de 1974, el terrorismo, la problemática descolonización del Sáhara Occidental, la disidencia de un sector considerable de la Iglesia Católica, la conflictividad laboral, las protestas de los movimientos vecinal y estudiantil y los cada vez más desafiantes actos de la oposición. Dichas circunstancias dispararon la incertidumbre respecto al futuro político incluso a corto plazo. En palabras de Cassinello, en aquel momento jefe de la División de Operaciones del SECED, «los informes relativos a la descomposición del régimen eran cada vez más claros y demoledores[140]».

Respecto a la relación entre la crisis terminal de la dictadura y la violencia ultra resulta ilustrativo el testimonio que ha dado en un pódcast Abelardo Pons, entonces apenas un adolescente que acababa de ingresar en Fuerza Joven porque creía que sus miembros formaban parte de los GCR. (Y no estaba del todo equivocado, ya que coincidió en FN con Mariano Sánchez Covisa). Cuando el entrevistador le preguntaba por la presencia de «los rojos» en Madrid, Pons respondía que «sin duda, la calle era suya». Al contrario, los escuadristas «éramos poquísimos […]. Los pocos que éramos eran bastante bravos». Así que, cuando presenciaban una manifestación antifranquista «nos hervía la sangre». Y cargaban contra ella[141].

El discurso del odio contra el mundo del libro en general y contra ciertos títulos y autores en particular continuó divulgándose desde las plataformas mediáticas de la ultraderecha. Difícilmente le podía agradar que los títulos más vendidos en 1975 fueran: El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez; Confieso que he vivido de Pablo Neruda; El varón domado de Esther Vilar; La arboleda perdida de Rafael Alberti; y García Lorca, asesinado: toda la verdad de José Luis Vila-San Juan. Resulta significativo que, de acuerdo con la crónica periodística, los «dos personajes contra los que [Blas Piñar] dedicó los vituperios más exacerbados» en una conferencia que dio en Granollers (Barcelona) no fueran los dirigentes de la oposición antifranquista, sino los escritores Pablo Neruda y Fernando Arrabal[142].

En el sentido de que ponían en la diana a autores y obras concretas, algunos actos de violencia contra el mundo del libro se asemejaban a los que por aquel entonces también sufría el cine, que ese año fue objeto de cuatro acciones ultras. En mayo de 1974 la revista Fuerza Nueva había colocado en el punto de mira a la película Jesucristo Superstar, tachándola de «engendro satánico». En febrero de 1975, cuando se proyectó en el cine Palafox (Madrid), un centenar de radicales, acompañados de quince sacerdotes, se concentraron ante la puerta del establecimiento para rezar el rosario. Hubo un incidente que obligó a intervenir a la Policía Armada, realizando diez arrestos. Más adelante unos jóvenes lanzaron panfletos, una bolsa de tinta y botellas de desinfectante en el interior de la sala. Un espectador sufrió heridas en un ojo por el producto químico[143].

Si bien los citados factores tuvieron su importancia, seguramente el motivo principal de la enorme oleada de ataques ultras de 1975 fuera el temor a que la muerte de Franco supusiese el fin de la dictadura. La ultraderecha dudaba de que el príncipe Juan Carlos estuviese comprometido con su prolongación. A este respecto, en mayo de 1975 Blas Piñar afirmó en público que «cuando el Estado no funciona, los hombres son quienes tienen que salir a defenderlo». Y ya en noviembre advirtió que «queremos que el Príncipe de España sepa que millones y millones de españoles quieren que el régimen continue». Y que ellos «harán abortar con los medios adecuados» cualquier plan que se dirigiese en otra dirección, lo que algún periodista interpretó como «un intento […] de justificar los vandálicos actos perpetrados en el curso de estos últimos días por los Guerrilleros de Cristo Rey, preparándose para pasar a la “liquidación física” de los antifranquistas[144]».

El punto álgido de la bibliofobia violenta se registró en mayo de 1975, con once acciones ultras. Ni antes ni después hubo tantas concentradas en tan poco tiempo. Se trataba, no por casualidad, de un momento muy crítico para el régimen. Por una parte, la contestación social no dejaba de crecer. Por otra, ETA, el FRAP y los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), bandas que habían asesinado a 9 personas en 1973 y a 19 en 1974, se cobraron 31 víctimas mortales en 1975, de las cuales 22 eran policías y guardias civiles. La escalada terrorista suponía un desafío directo a la autoridad de un Gobierno que era incapaz de frenarla y por eso mismo llevaba desde septiembre de 1974 siendo abiertamente cuestionado por los ultrafranquistas. En abril de 1975 Arias Navarro decretó el estado de excepción en Vizcaya y Guipúzcoa durante tres meses y en agosto, un nuevo Decreto-Ley Antiterrorista. Teóricamente el objetivo de estas medidas era acabar con los atentados terroristas, pero las consecuencias represivas las sufrió toda la oposición. En dicha coyuntura, además de las masivas detenciones, llevadas a cabo por las FCS sin apenas investigación previa y a menudo acompañadas por malos tratos y torturas, entró en funcionamiento una violencia extralegal, en la que resulta imposible diferenciar la autoría parapolicial de la propiamente ultraderechista, contra cualquier persona o entidad cercana al antifranquismo, incluyendo la cultura y el arte. Valga como muestra un botón. En mayo de 1975 un comando desvalijó y unos días después quemó el caserío-estudio de Ibarrangelua (Vizcaya) en el que trabajaba el pintor y escultor Agustín Ibarrola, que ya había pasado por prisión varias veces por su militancia comunista. De acuerdo con el historiador José Ángel Etxaniz, los autores materiales de aquel incendio fueron ciertos guardias civiles que durante unos meses se dedicaron a perpetrar actos de violencia en toda la comarca[145].

Las once acciones contra librerías de mayo se repartieron en diferentes localidades de España, incluyendo las Islas Canarias. Se destrozaron las cristaleras de Villalar (Valladolid). También se rompió el escaparate de Herriak e Iker, mientras que se forzó la cerradura de Verdes (todos esos comercios en Bilbao). Varias botellas de cerveza atravesaron las lunas de la librería Lemus de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife). En la etiqueta alguien había escrito: «Esto es una advertencia, si nos siguen traicionando, continuaremos». En Mugalde (Hendaya, Francia) explotó una bomba. En Documenta, Fondo de Cultura Económica, Cinc d’Ors y Librería Francesa (todas de Barcelona) aparecieron pintadas con esvásticas y mensajes como «Rojos no» o «La próxima vez será el fuego purificador». Para terminar el mes, un desconocido lanzó un cóctel molotov contra un establecimiento propiedad de Selecciones de Reader’s Digest Ibérica (Madrid), que quedó calcinado, provocando daños por valor de 300 000 pesetas (22 202 euros actuales).

De acuerdo con Carme Molinero y Pere Ysàs, «a lo largo del verano de 1975, el gobierno Arias tuvo que hacer frente a una situación nuevamente muy tensa». Entre otras cosas, Juan de Borbón, conde de Barcelona y padre del príncipe Juan Carlos, declaró que se acercaba el fin de la dictadura, lo que soliviantó a los ultrafranquistas, y las fuerzas de la oposición se estaban organizando y tejiendo alianzas. Paralelamente, indican Molinero e Ysàs, algunos inmovilistas convencieron a Franco para que prorrogase seis meses la legislatura de las Cortes, «primer paso de una operación más ambiciosa que contemplaba la sustitución de Arias de la presidencia para colocar al frente del gobierno a un dirigente franquista que estuviera dispuesto a aplicar una política de defensa intransigente del régimen y a favor del puro continuismo político e institucional». Además, se reactivó la ofensiva terrorista. En ese contexto hay que entender que agosto fuera el segundo mes con más bibliofobia violenta de 1975[146].

En total, se registraron siete ataques. En tres días diferentes la librería Pórtico (Zaragoza) sufrió un atentado con bomba, la pintada de una cruz gamada en el escaparate y un cóctel molotov. Precisamente ese mismo mes de agosto CEDADE había denunciado la imposibilidad de adquirir en dicho comercio las obras de los fundadores de FE-JONS José Antonio Primo de Rivera, Ramiro Ledesma y Onésimo Redondo. Mientras tanto, ejemplares de los títulos de Lenin, Marx o Mao adornaban los escaparates de «buen número de librerías como el caso de Pórtico[147]».

Librería Pórtico (Zaragoza), 5-VIII-1975

FUENTE: EFE/lafototeca.com

En agosto de 1975 hubo otros ataques: pedradas contra la librería El Parnasillo (Pamplona), un cóctel molotov contra la Jurídica-Universal (Valencia) y la rotura del escaparate de Epsilón (Barcelona), donde dejaron los siguientes mensajes: «Rojos» y «Boicot a las librerías comunistas». Precisamente en la ciudad condal un individuo lanzó un cóctel molotov contra Documenta. Un camarero y un panadero que trabajaban en las cercanías lograron apagar el incendio. Los agresores hicieron varias pintadas: «Librería comunista no, boicot», «Rojos no» y «Pose Rodríguez. ¡Presente!». Con esas últimas palabras hacían referencia al teniente de la Guardia Civil Antonio Pose Rodríguez, asesinado por el FRAP en Madrid el día 16 de agosto. En total, aquella banda terrorista acabó con la vida de tres agentes de la ley aquel verano[148].

La alusión a Pose Rodríguez no era una rareza. Ya se habían registrado sucesos similares como, por ejemplo, la pintada acerca del asesinato del subinspector Juan Antonio Fernández Gutiérrez en la redacción de El Ciervo en 1973. Y se repetirían posteriormente, como ocurrió con los atentados perpetrados contra la librería Xuquer de Alcira (Valencia) después de que sus propietarios fuesen arrestados bajo la acusación de pertenecer al FRAP. Estos casos sugieren que una pequeña parte de los ataques contra librerías del tardofranquismo eran una forma de respuesta al terrorismo de ETA, el FRAP y los GRAPO[149]. A ojos de la extrema derecha, los atentados, más cuando arrebataban la vida a agentes de la ley, demostraban la descomposición de un régimen incapaz de defenderse a sí mismo y las librerías seguían siendo un blanco fácil contra el que lanzar sus represalias[150].

Víctimas mortales del terrorismo

FUENTE: Elaboración propia.

La justicia militar intentó atajar la oleada de atentados mediante consejos de guerra sin garantías que sentenciaron a muerte a once terroristas, todos ellos condenados por el asesinato de policías y guardias civiles. Finalmente, tras la concesión de algunos indultos, quedaron en cinco. Pese a las huelgas y manifestaciones para salvarles la vida que la oposición convocó en España y en el resto de Europa Occidental, el 27 de septiembre de 1975 tres miembros del FRAP y otros dos de ETA político-militar (ETApm) fueron ejecutados. Unos días antes algunos jóvenes habían aprovechado el funeral del policía armada Juan Ruiz Muñoz, al que había arrebatado la vida el FRAP, para lanzar propaganda con lemas como «Militares, salvad a España del comunismo. Aliados del comunismo: diarios y librerías burguesas» y «Ejército al poder[151]».

El 1 de octubre de 1975 la dictadura organizó en la plaza de Oriente una concentración masiva para apoyar al «Caudillo», lo que los GRAPO aprovecharon para asesinar a cuatro policías en diferentes puntos de Madrid. A lo largo de ese mes el terrorismo produjo un total de quince víctimas mortales. En parte como represalia, hubo cinco ataques contra librerías, a los que hay que sumar un incidente en la Escuela Universitaria de Relaciones Públicas de Barcelona. Nueve ultras armados con barras de hierro, porras y pistolas entraron en el aula donde daba clase el profesor Federico Javaloy Mazón, que había condenado públicamente las acciones contra librerías y periódicos. Los radicales le amenazaron a él y a su centenar de alumnos, hicieron pintadas y leyeron un manifiesto en que se proclamaron fascistas y enemigos de la prensa y de las librerías. Antes de huir, golpearon al docente con una porra de madera en la cabeza, ocasionándole una brecha. Pese a la gravedad de aquella agresión, que parecía anunciar una escalada, al mes siguiente, el de la agonía y la muerte de Franco (20 de noviembre), el fenómeno cesó repentinamente: no hubo ni una sola acción. Se trata de una prueba de que la bibliofobia violenta fluctuaba en función de las circunstancias políticas. Todo indica que la ultraderecha se mantuvo a la expectativa de los acontecimientos, tal y como había hecho tras el asesinato de Carrero Blanco[152].

El 22 de noviembre de 1975 Juan Carlos I fue coronado rey de España. Dos días después ETA militar (ETAm) asesinó a Antonio Echeverria Albisu, alcalde de Oyarzun (Guipúzcoa), dando comienzo a una campaña terrorista contra cargos municipales y provinciales. Al día siguiente, con motivo de la proclamación, se concedió el primer gran indulto de la monarquía, que supondría la liberación de 5226 presos comunes y 429 presos políticos. El 5 de diciembre el rey confirmó a Carlos Arias Navarro como presidente del Gobierno. Dos semanas más tarde la bibliofobia reapareció con virulencia: desconocidos dispararon cuatro tiros contra la librería Ágora (Córdoba). Posteriormente dos bombas explotaron junto a un establecimiento ligado a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) en París. Ambos atentados fueron reivindicados en nombre de los Guerrilleros de Cristo Rey. Aquel mes de diciembre de 1975 los títulos más vendidos fueron La gangrena de Mercedes Salisachs, que sintetizaba bien el estado de la minoría ultraderechista, y una obra de Dominique Lapierre y Larry Collins que se podía leer como una promesa esperanzadora a la inmensa mayoría de los españoles: Esta noche, la libertad[153].

CAPÍTULO 9
EL TERRORISMO PARAPOLICIAL

Resulta poco creíble que simples militantes de ultraderecha tuvieran los recursos, la información y los contactos suficientes como para viajar hasta la capital de Francia para atentar contra la CNT. Este caso nos invita a examinar la hipotética implicación de funcionarios del servicio de inteligencia y de los cuerpos policiales en la bibliofobia violenta y, por extensión, en el terrorismo vigilante que se produjo durante aquella época.

Al igual que otros grupos y grupúsculos de extrema derecha, FN y el PENS tuvieron cierta vinculación con el SECED. En el primer caso, según San Martín, cuando se lo solicitó, Blas Piñar colaboró con la creación del servicio secreto. «El primer curso básico que organizamos y desarrollamos se nutrió de jóvenes a quienes conocía él personalmente […]. Donde falló la Guardia de Franco encontramos en Blas el máximo apoyo». Probablemente aquel contexto sirvió para que el SECED fichase a estudiantes universitarios ligados a FN. Lo mismo hizo (o al menos intentó) con los activistas del PENS que asistieron a ese tipo de cursos de formación contrasubversiva. No obstante, eso no quiere decir que se estableciese una relación de dependencia orgánica, sino más bien una instrumentalización mutua y en apariencia poco duradera. La agencia de inteligencia buscaba utilizar a la joven militancia neofascista para contrarrestar la creciente presencia de la oposición en el ámbito universitario, lo que dio lugar a enfrentamientos violentos con estudiantes y profesores de izquierdas. Por su parte, siguiendo la consigna de «manipular al manipulador», el PENS se aprovechó del SECED para imprimir propaganda de manera gratuita. De acuerdo con el testimonio de algunos de sus antiguos miembros, el juego duró poco. Según unos, hasta que San Martín fue cesado por el presidente Arias Navarro a principios de 1974. Según otros, hasta que las bases del PENS obligaron a sus dirigentes a cortar con el servicio secreto que, al fin y al cabo, dependía del odiado Gobierno tecnocrático[154].

Las acciones violentas del PENS fueron responsabilidad de sus miembros y de nadie más. Puede decirse lo mismo de la mayoría de los grupos o individuos que les sucedieron. Ahora bien, como cuenta Ernesto Milà, en ocasiones policías de ideología ultra que frecuentaban centros de reunión de extrema derecha en Barcelona y Madrid, como la cafetería Roma o la pizzería La Mamma, regentadas por neofascistas italianos, «pincharon» a los radicales «para que se cometieran atentados: “Tenéis que hacer algo. Es que se os van a comer…”». Tanto es así que Stefano Delle Chiaie «tuvo que echarlos» de su pizzería. Sin embargo, «siempre hay alguno que pica. Y picaron los de Atocha[155]».

Ese intento de instigar e instrumentalizar la violencia de extrema derecha no solo se dio a escala local. La documentación disponible indica que ultraderechistas extranjeros estuvieron implicados en el terrorismo parapolicial que en 1975 comenzó a actuar contra ETA y su entramado en el Sur de Francia. En este caso, más que por cuestiones ideológicas, actuaron por dinero. Fuentes policiales italianas apuntan a que algún sector de los servicios secretos españoles (además del SECED, existían otros dependientes del Ejército) empleó a mercenarios extranjeros, entre ellos militantes neofascistas de aquel país y exmiembros de la Organisation de l’Armée Secrète (OAS)[156].

Florencio Domínguez contabiliza 20 actos de violencia vigilante entre 1975 y 1977 en el País Vasco francés, que causaron lesiones a cinco personas[157]. Entre otros, se perpetraron atentados contra «refugiados» (término con el que entonces se designaba desde a etarras hasta miembros de partidos democráticos), la asociación abertzale Anai Artea, restaurantes, la librería Nafarroa (Biárriz) y la librería-imprenta Mugalde (Hendaya). Cada uno de estos dos establecimientos dependía de una rama diferente de ETA. Integrantes de ETAm como María Dolores González Catarain (Yoyes) estaban empleados en Nafarroa, que servía como punto de reunión, recogida de material, buzón para que algunos comandos se comunicaran con la dirección de la banda, etc. Unos años antes miembros de ETA-V Asamblea habían fundado Mugalde, que cumplía una función similar: lugar de encuentro, contratos de trabajo para algunos etarras e impresión de las publicaciones y la propaganda. Cuando la organización matriz se dividió en dos en 1974, la librería-imprenta Mugalde se quedó en la órbita de la facción entonces mayoritaria, ETApm. Sus lazos eran incluso familiares. El gerente de la empresa, José Antonio Mujika Arregi, era hermano de Iñaki (Ezkerra), el líder de ETApm[158].

El 29 de marzo de 1975 los polimilis asesinaron al subinspector del Cuerpo General de Policía José Díaz Linares en San Sebastián. El 7 de abril se produjo la explosión de un potente artefacto en Mugalde. Según la Memoria del Gobierno Civil de Guipúzcoa, ocasionó daños materiales que ascendían a unas 750 000 pesetas (55 500 euros actuales). Dos semanas después ETApm acabó con la vida del inspector de Policía José Ramón Morán González en Guecho (Vizcaya). El 21 de mayo otra bomba causó desperfectos en la librería por valor de un millón de pesetas (74 000 euros actuales). Alguien reclamó el primer ataque contra el establecimiento en nombre de ETA, pero las dos ramas (ETApm y ETAm) lo desmintieron, denunciando «una maniobra policial tendente a crear el confusionismo en el seno del Pueblo Vasco y a agudizar las diferencias de carácter político existente entre ambas facciones[159]».

No parece aventurado interpretar los atentados contra Mugalde como una venganza por el asesinato de los dos agentes. Probablemente las bombas que explotaron en la librería Nafarroa en junio y julio de 1975 también eran una respuesta a los atentados contra guardias civiles y policías que cometía ETAm.

La documentación revela que las FCS y el SECED sabían que ambos locales eran utilizados por las dos ramas de ETA. De acuerdo con José Amedo, excomisario que sería condenado por su actividad terrorista en los GAL, los atentados contra Mugalde fueron obra de miembros de la Brigada de Investigación Social, la policía política de la dictadura. «Estas operaciones obedecían a actitudes personales, aunque se realizaban con el conocimiento de algunos superiores. Lo cierto es que en aquella época había bastante descontrol dentro de la Jefatura y se actuaba con cierta arbitrariedad, tanto en el Sur de Francia como en el País Vasco». Un supuesto policía, escondido bajo el anonimato, relató en el libro Yo maté a un etarra que «era un secreto a voces» que durante esa etapa hubo agentes destinados en el Norte que cometían atentados como «ametrallamientos de librerías vinculadas con el mundo radical o colocación de artefactos de poca potencia a uno y otro lado de la frontera, en bares o lugares frecuentados por personas afines a ETA». Así lo creía el Gobierno francés. En junio de 1975 el ministro de Interior Michel Poniatowski denunció las actividades ilegales que los policías españoles estaban realizando en suelo galo. La CIA y la Embajada de EE. UU. en Madrid también sospechaban de los lazos entre los terroristas vigilantes y las FCS[160].

Las que sufrieron las librerías Mugalde y Nafarroa no fueron las acciones más dramáticas. El 5 de junio de 1975, tan solo unas horas después de que ETA asesinase en San Sebastián a un guardia civil, Mariano Román Madroñal, a un comando parapolicial le estalló la bomba lapa que estaba colocando en el vehículo de un «refugiado» que había ido de visita a la casa en la que vivía el dirigente etarra Josu Urrutikoetxea (Josu Ternera). Falleció uno de los perpetradores. El 5 de octubre de ese mismo año, como venganza por un atentado de ETA que había acabado con la vida de tres guardias civiles (Esteban Maldonado Llorente, Juan José Moreno Chamorro y Jesús Pascual Martin Lozano), varios pistoleros asesinaron en su propio bar de Elorrio a Iñaki Etxabe Orobengoa, hermano del exdirigente de ETA Juan José Etxabe. Se trató de la primera víctima mortal del terrorismo parapolicial[161].

Es posible que también fuera de naturaleza vigilante el atentado con bomba que en octubre de 1975 destrozó el local de la editorial Ruedo Ibérico (París). Al contrario que Mugalde y Nafarroa, esta empresa carecía de relación orgánica con ETA, pero en 1974 había publicado el libro Operación Ogro, la versión oficial de la banda acerca del asesinato de Carrero Blanco, redactada por Eva Forest bajo seudónimo. El ataque fue reivindicado por Antiterrorismo de ETA (ATE), unas siglas de conveniencia que, según fuentes policiales italianas, esconderían la actuación de mercenarios contratados por algún sector de los servicios secretos españoles, que había confundido a Ruedo Ibérico con «l’Editoriale del Movimento Basco a Parigi». El auténtico dueño del sello, José Martínez, tuvo que recurrir a la ayuda financiera de amigos y conocidos como los pintores Joan Miró y Antoni Tàpies para salvar la empresa, cuyos locales se reinauguraron en diciembre[162].

Durante la Transición democrática, el terrorismo parapolicial produjo numerosos daños materiales y decenas de víctimas mortales, pero el mundo del libro dejaría de ser una de sus prioridades. No obstante, como se verá más adelante, ya se había asentado la sospecha de que determinados agentes de la ley colaboraban o al menos hacían la vista gorda con los atentados ultras contra la cultura: «De día uniformados, de noche incontrolados». La hipótesis de la implicación de algunos funcionarios en esas acciones fue reforzada por las palabras que una voz tan autorizada como la de Ricardo de la Cierva, que ya estaba fuera del Gobierno, pronunció durante el pregón de la Feria del Libro de Bilbao en julio de 1976:

[…] en algún caso hay indicios suficientes de que las agresiones [a librerías] provienen de grupos que pretenden operar desde un paralelismo —que de ser real, sería suicida— respecto a instituciones del Estado. En la aceptación, o por lo menos, la tolerancia, de este paralelismo, puede detectarse un evidente residuo histórico de actitudes fascistas, incompatibles e incomprensibles en la España de la Transición[163].

¿Hasta qué punto estuvieron realmente implicados los organismos oficiales en el terrorismo parapolicial? Las fuentes disponibles en la actualidad aportan indicios de la responsabilidad de ciertos funcionarios, pero habrá que esperar a que los archivos públicos permitan la consulta de la documentación reservada para poder conocer más detalles. Por otra parte, tampoco debemos obviar que se conservan directrices en contra de la violencia vigilante. Por ejemplo, en su boletín interno la dirección del SECED se posicionaba de manera tajante contra las «represalias» parapoliciales, ya que «es precisamente lo que buscan quienes potencian y subvencionan el terrorismo». Por ahora y hasta que tengamos acceso a toda la documentación, podemos aventurar la siguiente hipótesis: los atentados contra ETA y su entorno que se produjeron en Francia fueron llevados a cabo por dos perfiles diferentes de perpetradores. Uno, agentes de la ley que actuaban por su cuenta y riesgo, posiblemente con la tolerancia de algunos de sus mandos. Y, dos, militantes neofascistas que habían sido contratados como mercenarios por determinados altos cargos de las FCS y de los servicios secretos. En ninguno de esos casos existen pruebas que inculpen al Gobierno[164].

CAPÍTULO 10
EN DEFENSA DE LOS LIBREROS

El análisis de la bibliofobia violenta durante el franquismo estaría incompleto si no mencionásemos las protestas y movilizaciones que suscitó. Pese al contexto autoritario, hubo quejas y condenas públicas de todo tipo de asociaciones profesionales relacionadas con el mundo del libro, que a menudo quedaron reflejadas en la prensa.

Ya en mayo de 1971 la junta del Grupo Central de Libreros de Madrid había expresado su unánime repulsa a los primeros ataques ultras producidos en la capital. Una condena que se repitió en julio, esta vez por parte de una veintena de libreros madrileños que mandaron un escrito a los medios de comunicación.

En septiembre de 1973, en plena campaña bibliofóbica del PENS y sus imitadores, que habían mandado cartas de amenaza a negocios de toda España, las juntas de las Agrupaciones Sindicales de Editores y Libreros de Madrid hicieron pública una nota en la que instaban «a la autoridad competente para que intervenga urgente y decididamente, a fin de terminar con esta preocupante situación». También solicitaron una reunión a nivel nacional «para fijar un plan concreto de actuación[165]».

Lejos de detenerse, los ataques contra el mundo del libro continuaron y se expandieron a otras ciudades, lo que provocó que en el sector se fuera acumulando tanto la sensación de indefensión como la indignación ante la incapacidad de las FCS. Tanto es así que incluso la revista mensual del Instituto Nacional del Libro Español daba cuenta de lo que estaba ocurriendo. Su número de septiembre de 1973 reprodujo una misiva que los gremios de editores y libreros habían enviado al Gobierno, todavía presidido por Carrero Blanco. Tres meses después la publicación recogía las declaraciones de Ricardo de la Cierva contra los «partidos de la porra». El director general de Cultura Popular ya se había reunido en varias ocasiones con el gremio de libreros, que amenazó con dejar de colaborar con los organismos profesionales si no se atajaban y castigaban los actos de violencia ultra[166].

El atentado contra la distribuidora Enlace en el verano de 1974, que supuso el punto culminante de la violencia del PENS (o en nombre del PENS), tuvo una respuesta inmediata y contundente. Ese mismo día Ricardo de la Cierva brindó su respaldo a la empresa, comprometiéndose a comprar libros por valor de un millón de pesetas (84 440 euros actuales) para bibliotecas y ateneos. El presidente de la Agrupación Nacional de Editores envió un telegrama: «Con gran sentimiento de vergüenza ante nuevo y brutal ataque a la libertad y a la cultura, ante lamentable situación prometemos decidido apoyo». Nueve días más tarde el presidente del Gremio de Libreros y el del Sindicato de Artes Gráficas se reunieron con el gobernador civil de Barcelona, Rodolfo Martín Villa, para pedirle que los terroristas fueran localizados lo antes posible, a lo que este político se comprometió. El ministro Pío Cabanillas manifestó su condena de manera rotunda: «destruir libros es un mal, y cierto tipo de atentados son precisamente la antítesis de la cultura […]. Este tipo de hechos no solo no ha de producirse, sino que no debe repetirse». «¿No es hora de que se terminen esos atentados, inconcebibles en un país civilizado, a librerías, editoriales, periódicos, exposiciones de arte, cines y teatros?», se preguntaba La Vanguardia. La presión asociativa dio sus frutos: poco después los líderes del PENS serían detenidos y, aunque no fueron condenados, el partido no tardaría en disolverse[167].

El atentado contra Enlace despertó una oleada de solidaridad en el mundo del libro de toda España. Decenas de librerías colocaron libros de esta distribuidora en sus escaparates. Cuando la dirección del banco con el que esta empresa trabajaba amagó con cancelar su relación, gran número de editoriales (incluyendo la Editora Nacional, sello de propiedad estatal) amenazó con retirar sus cuentas de esa entidad. Poco después la prensa informó de un manifiesto condenando los ataques contra el mundo del libro, que habían firmado 173 escritores españoles y extranjeros: Samuel Beckett, Camilo José Cela, Mario Vargas Llosa, Dionisio Ridruejo, Umberto Eco, Gabriel García Márquez, Hans Magnus Enzensberger, Ana María Matute, Terenci Moix, Jaime Gil de Biedma, Félix de Azúa, José M. Caballero Bonald, Lidia Falcón, etc. Un total de 47 librerías andaluzas y extremeñas enviaron un telegrama de solidaridad a Enlace y otro, de protesta, a la Dirección General de Cultura Popular[168].

Los ataques contra la cultura escrita permitieron al terrorismo de ultraderecha adquirir cierta notoriedad pública. Incluso fuera de nuestras fronteras: las siglas del PENS llegaron a aparecer fugazmente en la prensa italiana y francesa. No obstante, esa publicidad no se tradujo en ningún tipo de influencia política ni hizo caer al Gobierno ni dio más posibilidades al sector más reaccionario del régimen ni, desde luego, fue la antesala de una revolución nacionalsocialista. Resultaba evidente que, como les advirtió Cuadernos para el Diálogo, «es inútil poner puertas al campo. Es dramático creer que quemando unos cuantos miles de libros y revistas puede pararse la marcha de la historia». Su lucha era una lucha contra el reloj e iban a acabar perdiéndola[169].

El caso de Enlace corroboró que la vía más efectiva para el mundo del libro era la protesta pública y la apelación a las autoridades. Cuando a principios del verano de 1974 seis librerías de San Sebastián recibieron amenazas anónimas, el gremio de libreros de Guipúzcoa no tardó en enviar una nota a los medios de comunicación manifestando su indignación y solicitando medidas de protección. Poco después se produjo el atentado contra la librería Yette, que fue inmediatamente condenado por Ricardo de la Cierva, quien prometió ayudar al establecimiento[170].

Atentados contra la cultura, II-1975

FUENTE: Fundación Pablo Iglesias.

Además de la industria cultural, la bibliofobia violenta tuvo respuesta en otros ámbitos, como el académico. En febrero de 1975 estudiantes universitarios de Barcelona prepararon un informe, Atentados contra la cultura. España, que recogía información hemerográfica sobre los actos de violencia producidos desde 1971. Coordinado por Josep Miquel Martí Rom, el dossier contaba con un incisivo prólogo del novelista Manuel Vázquez Montalbán, que no firmaba con su nombre:

La violencia «ultra» en la España actual no puede sorprender a nadie y mucho menos a los que hoy detentan un poder al fin y al cabo heredado como consecuencia de un importante acto «ultra»: la Guerra Civil. La reaparición de los «ultras» con su violencia subterránea y nocturna es precisamente una consecuencia de que toman conciencia de la crisis de un sistema de poder heredado de la guerra. Los ultras ni siquiera pueden tolerar las flacas concesiones liberales hechas por el Régimen, consecuencia de la presión de la simple dinámica social y del complejo crecimiento pugnativo de las fuerzas más concienciadas del trabajo y de la cultura. Los ultras necesitan crear su justicia paralela a medida que captan el profundo rechazo que les devuelve no ya el conjunto de la sociedad, sino incluso aquellos sectores sociales que en su día les hicieron el juego[171].

Se vendieron unos 1200 ejemplares de aquel informe en librerías y centros culturales a un precio de 100 pesetas (7,40 euros actuales). Con los beneficios obtenidos se financió el documental El libro es un arma de la cooperativa de Cinema Alternatiu, de 20 minutos de duración, que giraba en torno a los atentados neofascistas contra el mundo del libro. En cierto modo, lejos de intimidar a los profesionales de la palabra impresa, la violencia de la ultraderecha les dio motivos para unirse y luchar a su manera: por medio de la cultura[172].

CAPÍTULO 11
«NOSOTROS, FASCISTAS, SOMOS TERRORISTAS»

Tras la muerte del dictador el 20 de noviembre de 1975, las Cortes proclamaron rey a Juan Carlos I. El monarca confirmó como presidente del Gobierno a Arias Navarro, quien intentó compaginar cierto impulso liberalizador con la preservación de parte sustancial del franquismo, lo que dio lugar a una política vacilante y contradictoria. Arias suscitó el rechazo de la oposición antifranquista y del ala más reformista del régimen, pero también el del sector más reaccionario, el «Búnker», que veía su mandato como el principio del fin de la dictadura[173].

El propio Blas Piñar hizo suya la expresión en actos públicos, que a veces comenzaba saludando así: «Amigos y camaradas del “Búnker”». En marzo de 1976 Fuerza Nueva organizó un mitin en el cine Morasol (Madrid) con motivo del 37.º aniversario de la entrada de las tropas franquistas en la capital de España. Delante de unas cuatro mil personas que le aclamaban con el brazo derecho en alto, Piñar denunció que «ahora los liberales, los demócratas y los marxistas se abrazan por la calle», con el apoyo de «ciertos obispos». Sin embargo, advirtió, las banderas de 1939 seguían «erguidas». «Como españoles y como cristianos preferimos el búnker a la alcantarilla». En ese momento, relataba La Hoja del Lunes, «los asistentes corearon la palabra “búnker”». Piñar les exhortó: como las autoridades no cumplían con su deber, «tendremos que salir a la calle a defender la ley y el orden». Sus seguidores empezaron allí mismo. Cuando se disponía a realizar su trabajo el fotógrafo de Cuadernos para el diálogo fue agredido por el público[174].

En el acto de Fuerza Nueva de marzo, como en otros de esa época, se había exigido la caída del Gobierno Arias. Sus deseos se cumplieron, pero las consecuencias no fueron las que los radicales esperaban. En julio de 1976 los evidentes desacuerdos entre el rey Juan Carlos I y Carlos Arias Navarro provocaron la dimisión del presidente. El monarca encargó la formación de un nuevo Gobierno a Adolfo Suárez, el hasta entonces ministro secretario general del Movimiento. A pesar de la desconfianza inicial de la oposición, el nuevo presidente lideró la democratización de las instituciones y la restauración de la monarquía parlamentaria. No es de extrañar que tanto reaccionarios como neofascistas tachasen a Suárez de «perjuro», «masón» y «Judas». En palabras de Blas Piñar, «Franco lo dejó todo muy bien atado, excepto la traición». En ese sentido, Ernesto Milà recuerda que Suárez era «la quintaesencia de lo que todos nosotros odiábamos». Se trataba de «indiscutiblemente la bestia negra de la ultraderecha, al mismo nivel que Santiago Carrillo[175]».

El paso de un sistema dictatorial a otro representativo se llevó a cabo respetando, al menos pro forma, la legalidad todavía vigente: de la ley a la ley a través de la Ley para la Reforma Política, que fue aprobada por las Cortes el 18 de noviembre de 1976. En aquella sesión, en la que hubo 13 abstenciones, 425 procuradores votaron a favor del proyecto y otros 59 lo hicieron en contra. Entre quienes se opusieron estaba Blas Piñar, quien denunció en el hemiciclo que la nueva norma pretendía «la sustitución del Estado nacional por el Estado liberal. La liquidación de la obra de Franco». No le faltaba razón. Aquel harakiri supuso una derrota para los reaccionarios, pero lo peor para dicho sector aún estaba por llegar. La ultraderecha pidió a la ciudadanía española que emitiese un voto negativo en el referéndum de la Ley para la Reforma Política (el lema de su campaña fue «Franco hubiera votado no»), que se celebró el 15 de diciembre de 1976. Para su consternación, con un 77,72 % de participación, el «sí» obtuvo 16 573 180 papeletas (el 94,45 % del total) y el «no», únicamente 450 102 (el 2,56 %). Aquel porcentaje demostraba que solo una exigua minoría de los españoles deseaba un franquismo sin Franco[176].

El Gobierno Suárez, que estaba impulsando la reforma, y la oposición, que reivindicaba una ruptura con el pasado, tardaron un tiempo en llegar a un entendimiento. En el ínterin las movilizaciones se hicieron masivas, aumentando la incertidumbre. Desde la particular perspectiva de la derecha radical, el régimen legítimo estaba siendo suplantado por una incipiente «democracia inorgánica» que daba alas a la revolución, el comunismo y el separatismo que habían sido derrotados en 1939. Esa sensación agónica era compartida por muchos altos funcionarios. Valga como muestra un botón. El 27 de septiembre de 1976, aniversario del fusilamiento de los polimilis Juan Paredes Manot (Txiki) y Ángel Otaegi, las dos ramas de ETA y su entorno civil llamaron a una huelga general a favor de «la amnistía total», que secundó la mayor parte del antifranquismo. Según la Jefatura Superior de Policía de Bilbao, se creó «un aire afectado de psicosis política y social». La situación del País Vasco «estos días, no es la propia de un libre Estado de derecho, sino de una “pre-dictadura roja”». La huelga fue secundada masivamente (el paro fue «casi total» en las provincias costeras y «menor, aunque considerable» en Álava y Navarra), lo que dejó «frecuentemente la calle en poder de la oposición más sistematizada[177]».

En opinión de Ernesto Milà, hasta la muerte de Franco «el terrorismo neo-fascista» era «anecdótico»: estaba «básicamente orientado hacia la destrucción de librerías». De hecho, en 1975 ese tipo de ataques suponían el 40,7 % de todos los atentados ultras que se produjeron, un porcentaje que al año siguiente descendería al 21,7 %. En el conflictivo 1976 la agresividad de la extrema derecha se disparó, causando daños no solo materiales, sino también humanos. En sus memorias Milà recuerda que en abril de aquel año él y otros radicales atacaron una manifestación de izquierdas en Barcelona al grito de «¡Nosotros, fascistas, somos terroristas!». Así, «nadie se llamaba a engaño[178]». En efecto, de acuerdo con la Memoria del Gobierno Civil de Barcelona de 1977, «al cambiar las condiciones socio-políticas de nuestra Patria, en los dos últimos años principalmente, el terrorismo blanco o de extrema derecha hizo su aparición en esta Región con virulencia desacostumbrada en sus actuaciones». Por ejemplo, en septiembre de 1977 un maletín-bomba acabó con la vida de Juan Peñalver, portero de la redacción del semanario satírico El Papus (Barcelona)[179].

En palabras de Martín Villa, ministro de la Gobernación entre julio de 1976 y abril de 1979, en 1976 «la ultraderecha, por su parte, pisaba a fondo el acelerador del activismo para intentar contrarrestar la marea que se avecinaba» en un contexto marcado por «la imprecisión, la falta de claridad y la carencia de unas completas normas de actuación gubernativa». Creyendo que se trataba de la mejor manera de interrumpir la reforma democrática, muchos radicales recurrieron a la violencia. Tal vez por eso 1976 fue el año en el que se produjeron más atentados de este signo en toda la Transición. Obviando las amenazas, Sophie Baby cuenta 156[180].

Una parte de ellos tuvieron resultados letales. El 9 de mayo de 1976 pistoleros partidarios del pretendiente carlista tradicionalista, Sixto Enrique de Borbón-Parma, atacaron a las personas que habían acudido a Montejurra (Navarra) a apoyar a su hermano Carlos Hugo, cabeza de la corriente socialista autogestionaria. Hubo dos víctimas mortales, Ricardo García Pellejero y Aniano Jiménez Santos, y, según la prensa, una veintena de heridos. La cuenta de fallecidos no haría sino crecer. Si en 1975 la violencia neofascista y parapolicial había causado una víctima mortal, en 1976 fueron cuatro y, al año siguiente, 10.

Víctimas del terrorismo ultraderechista y parapolicial

FUENTE: Fernández y Jiménez (2020).

Nuestra base de datos indica que 1976 fue el año con más acciones ultras contra librerías de la Transición y el segundo de toda la serie histórica (después de 1975): 34 en total. Algunas de ellas estuvieron dirigidas contra las librerías de José Ramón Saiz Viadero. El primer acto de violencia se produjo cuando inauguró Puntal-3 en la calle Infantas de Santander (Puntal-1 también estaba en esa localidad mientras que Puntal-2 se ubicaba en Torrelavega): «ya le rompieron una luna con un pedrusco enorme». En septiembre de 1976 Europa Press informaba de que con anterioridad Puntal-3 había recibido dos ataques y Puntal-2, uno[181].

Puntal-3 estaba ubicada justo debajo del Círculo José Antonio, pero los agresores no procedían de dicha rama de Falange. «Al revés, era un seguro sin pretenderlo. Alguien decía: “Pero hombre, habrán sido estos de aquí…”. No podían quemarla [la librería], porque estaban ellos encima». Más bien las sospechas recaían en la muy cercana sede de Fuerza Nueva. Al igual que El Parnasillo en Pamplona, Puntal-3 se situaba en plena «zona nacional», al lado de algunos bares frecuentados por ultras. A decir de Saiz Viadero, «alcohol y fachas es un cóctel bastante peligroso».

Lo bibliofobia violenta respondía a ese cóctel, pero también a la conflictividad que estaban protagonizando las fuerzas antifranquistas, los atentados terroristas, la creciente irrelevancia de los políticos ultras en las instituciones y a la profunda transformación que se estaba produciendo en España, que se aceleraría cuando el Gobierno y la oposición consiguieron pactar un terreno de juego común. El cambio también se dejaba notar en el ámbito cultural y en el ansia de nuevas lecturas de la ciudadanía. Resulta sintomática la recuperación de la industria editorial, que dejó atrás el bache del bienio anterior (18 577 títulos en 1974 y 17 727 en 1975) y consiguió publicar 21 875 obras diferentes, siendo las más vendidas El diccionario de Coll de José Luis Coll, Alguien voló sobre el nido del cuco de Ken Kesey, y ¿A dónde vas España? de Ramón Tamames[182].

Gracias a la mayor permisividad del Gobierno, las editoriales estaban publicando libros no solo contraculturales, marxistas, anarquistas o nacionalistas, sino también de temáticas antes vetadas, como la vida privada del dictador, el feminismo, la homosexualidad o el erotismo. En 1976, con una obra sobre los partidos políticos en Cataluña, el sello La Gaya Ciencia comenzó su exitosa serie «Qué es» sobre movimientos políticos y sociales. Planeta sacó al mercado Mis conversaciones privadas con Franco, del teniente general Francisco Franco Salgado-Araujo, en el que el dictador no quedaba bien parado. Y Anagrama editó la Pequeña antología de Ulrike Meinhof, una de las fundadoras de la banda terrorista alemana Rote Armee Fraktion (RAF, Fracción del Ejército Rojo). En los quioscos se podían adquirir revistas de contenido erótico y/o que criticaban a la extrema derecha, ya lo hicieran desde el humor, como Hermano Lobo, El Papus, Por Favor y El Jueves, o desde la investigación periodística, como Triunfo, Cambio 16 e Interviú. Esta última apareció en mayo. Su número de septiembre llevaba en la portada un desnudo de la actriz y cantante Pepa Flores (Marisol). En palabras de Antonio Asensio Pizarro, el director de Interviú, «a los españoles les faltaba sexo y les dimos sexo. Les faltaba claridad y les dimos la libre expresión de los columnistas. Era un traje a medida, un cóctel, pero no molotov[183]».

Los que sí manejaban cócteles molotov tomarían buena nota. Precisamente en la portada del número de Interviú del 25 de noviembre de 1976, en la que aparecía una fotografía de Blanca Estrada «sin nada», Mariano Sánchez Covisa declaraba que «la violencia es necesaria». La cabeza visible de los Guerrilleros de Cristo Rey resumía la opinión de una parte de la ultraderecha. Ese mismo mes, en el que se conmemoraba el primer aniversario del fallecimiento de Franco mientras se discutía y aprobaba en las Cortes la Ley de la Reforma Política, acumuló ocho atentados contra el mundo del libro. Uno de ellos tuvo como objetivo la librería La Costera (Játiva), que se había inaugurado apenas unos meses antes, en mayo. La puerta de acceso y la cristalería quedaron destruidas y también hubo daños en los vehículos aparcados en la calle. Alguien reivindicó el atentado en nombre del fantasmal Comando Adolfo Hitler[184].

Librería La Costera (Játiva), 25-X-1976

FUENTE: Levante-EMV.

Otra bomba explotó en la zaragozana librería Pórtico, uno de los establecimientos más atacados aquellos años, que sufrió daños por valor de 500 000 pesetas (30 900 euros actuales). Los perpetradores dibujaron cruces gamadas en el escaparate del establecimiento, donde también escribieron el siguiente mensaje que hacía referencia al apellido del propietario, José Alcrudo:

Maricones Alcrudos, rojos, hijos de puta. Os aplicaremos G. A. S. (Grupos de Acción Sindical). Volveremos, coged alas. El gas purifica. Alcrudo al paredón. El gas purifica. Carrillo al paredón. Volarás pórtico. Volaréis. Los comunistas, como los bárbaros, necesitan traidores que les abran las puertas. Iros a follar con La Pasionaria. Volveremos, hijos de La Pasionaria. Si los Alcrudos y alcrudas supieran la paliza que les vamos a dar… A las barricadas, libreros. El gas purifica. Volveremos, cabrones. Alcrudos cabrones. A las barricadas, libreros rojos[185].

Ahora bien, los atentados contra las librerías no fueron los únicos dirigidos contra la cultura en 1976. Las salas de cine recibieron numerosas amenazas y dos ataques. En enero el almacén de un distribuidor de libros de Oviedo apareció cubierto de pintadas firmadas por el Grupo Anticomunista Español (GAE): «Primer aviso» y «¡Morirás!». Al mes siguiente, también en Asturias, fue incendiado el coche del filósofo Gustavo Bueno. En marzo se enviaron dos paquetes incendiarios al Teatro de la Comedia (Madrid), amenazando a los actores que interpretaban la obra Equus (de Peter Shaffer). El día 5 de noviembre, al grito de «¡Viva Cristo Rey!», jóvenes ultraderechistas asaltaron y realizaron pintadas en el Café Gijón (Madrid), lugar en el que se celebraban las más destacadas tertulias literarias de la capital. El 20-N, fecha del aniversario de la ejecución de José Antonio Primo de Rivera y del fallecimiento de Francisco Franco, que coincidió justo un par de días después de que las Cortes aprobasen la Ley para la Reforma Política, la extrema derecha celebró una masiva concentración en la Plaza de Oriente, a la que acudieron unas 100 000 personas, según El País. De acuerdo con José Luis Rodríguez Jiménez, las consignas y pancartas que portaban eran un reflejo tanto de su descontento como de su hostilidad contra quien consideraban el «enemigo principal, en tanto que responsable de lo que estaba ocurriendo: “¡Franco resucita, España te necesita!”, “¡Suárez dimisión, por perjuro y por masón!”». Según el historiador Miguel Madueño, ese mismo día «un grupo mayor y más violento entró en el local [el Café Gijón] y obligó a los clientes a cantar el Cara al sol mientras proferían gritos de “Viva Blas Piñar”. Destrozaron el local y dieron palizas a alguno de los allí presentes[186]».

En ese contexto la prensa dio cuenta de los ataques contra las librerías con exhaustividad. Como ha calculado Aránzazu Sarría, tan solo el diario El País publicó 55 artículos sobre el fenómeno entre mayo y diciembre de 1976, y otros 25 en el semestre posterior. El problema estaba encima de la mesa. La cuestión era si el nuevo Gobierno querría y, en ese caso, podría atajarlo[187].

Ataques mensuales

FUENTE: Elaboración propia.

CAPÍTULO 12
POLÍTICOS Y POLICÍAS EN TRANSICIÓN

En mayo de 1976, cuando se acercaba el final de la etapa de Arias Navarro, la librería Antonio Machado (Madrid) fue sancionada con una multa de 100 000 pesetas (6178 euros actuales) por poner a la venta dos ejemplares del libro Cartas al general Franco del todavía exiliado escritor Fernando Arrabal. El Gobierno de Adolfo Suárez eliminaría muchas de las limitaciones legales que habían afectado a la palabra impresa durante la dictadura, pero no lo hizo inmediatamente. Hasta el 1 de abril de 1977 no se aprobó el Real Decreto-ley sobre libertad de expresión que derogaba los artículos más restrictivos de la Ley de Prensa e Imprenta de 1966. A cambio se abrió la puerta a los secuestros administrativos de aquellas obras literarias, teatrales, cinematográficas o artísticas cuyo contenido incumplieran una serie de condiciones[188].

Con todo, ya fuera por convicción o por el deseo de resituarse en el nuevo contexto político, bastantes funcionarios y miembros de las FCS modificaron su actitud. Ignacio Latierro cuenta que, tras uno de los atentados ultras que sufrió la librería Lagun,

[…] habla conmigo el tipo de la Brigada Político-Social, en plan muy de colega: «Nosotros no somos». […] Pero ese yo creo que ya era de los que, en fin, se presentan un poco diciendo: «Yo soy un funcionario policial, que tendré que seguir trabajando cuando esto cambie. Entonces, que sepáis que lo que hago es por obligación, pero que yo no soy de estos», más o menos[189].

A decir de Rafa Arnal, los agentes de la ley dejaron de preocuparse por la venta de libros prohibidos en su librería. «En ese momento ellos ya están en otra sintonía, ellos se dan cuenta de que las cosas están cambiando». No obstante, este librero valenciano relata varios episodios que merece la pena rescatar:

La Policía sabía quiénes éramos y a qué nos dedicábamos. Yo tuve dos registros en la librería. De uno me escapé porque yo soy rápido de reflejos. Aquí, dentro de la librería, se fundaron Comisiones Obreras de Lladró, que era la fábrica emblemática de aquí del pueblo, y la USO [Unión Sindical Obrera] de Lladró. Se reunían aquí. Hacen una huelga en Lladró en 1975 o 1976, la primera huelga que hacen, y cortan la carretera ahí delante y tiran unos panfletos de Comisiones Obreras. Viene el sargento de la Guardia Civil con el Land Rover, en la puerta, un escándalo, y entra y me tira encima del mostrador cuatro o cinco panfletos. «¡Explícame esto!». Y yo cojo el panfleto y le digo: «¡Hostia, Navarro, esto está en castellano!». Y eso me salvó, en ese momento lo desmonté. Cojo los papeles: «Hostia, sargento, ¿no lo ha visto? ¡Esto está escrito en castellano! No tengo nada que ver con esto ni por asomo». Él me tenía catalogado como catalanista-separatista… Mira por dónde.

[…] Desde los años setenta, mi correo estaba intervenido. El cartero tenía la orden de que, si me venía una carta de lo que fuera, la entregara primero en el cuartel de la Guardia Civil. Y él lo miraba. Y viene un día también con el Land Rover y me tira el telegrama de [Vicente] Garcés al mostrador. No me lo dio el correo, me lo dio el sargento a la Guardia Civil. Y me dice: «¿Qué significa esto?». Y yo veo el telegrama. «Ah, sí, este es un amigo que me escribe, me envía las cosas que tenía en Cuba para que las recoja…». «Es que tú no sé qué, no sé cuántos, tú no eres mal chico, pero siempre has tenido malas compañías…».

Bueno, ya había ciertos matices en su relación conmigo porque tenía un hijo trabajando en Lladró y una hija en Mercadona, y él ya veía que estaba cambiando la situación y ya estaba entrando en otra sintonía… Era inteligente y por eso.

Llegadas las Navidades del 77 me llega un telegrama de la Casa Real, del marqués de Mondéjar: «Le felicito las Navidades en nombre del rey…». Yo me quedé flipado, tardé dos años en contestar, porque yo siempre contesto, pero me quedé flipado. Imagino que el sargento más todavía. Ese telegrama para mí fue agua de mayo. Se acabaron los problemas con la Guardia Civil desde el telegrama del rey. Eso tardé años en entenderlo. Leí a Victoria Prego, que publicó un libro años después donde explica que el rey quería ser rey de todos los españoles… Porque en el partido [el PSPV] había gente que se quedó… Porque la importancia en el partido era quién había tenido telegrama y quién no. Quiero decir que habían tirado mano de los archivos policiales. Y claro, en ese momento lo que más se perseguía eran los equipos de prensa y propaganda clandestina. Aquí. Allá arriba, los de las pistolas. Pero aquí éramos la punta de lanza de la oposición al franquismo. Entonces, yo tenía… debo de tener una ficha considerable y por eso el rey me felicita. Que aquí había gente que se pensaba que era el gran dirigente del partido, pero si no recibía el telegrama del rey… es que no era nadie o muy poca cosa. Esas son cosas curiosísimas. Desde el telegrama del rey, nunca más me volvieron a citar al cuartel[190].

Era también el momento en el que se enmarca la anécdota que relata José Ramón Saiz Viadero:

Esos [libros] no tenían licencia ni nada, porque no se la hubieran dado, pero tiraban miles, porque las imprentas del PCE funcionaban en muchos sitios y con una potencia importante. Sobre todo, fuera de Madrid había unas cuantas. Entonces, habíamos distribuido por las librerías de Oviedo. Además, estaban tan bien… y parecían nuevos. No era el clásico libro que olía a clandestino, sino que parecía una cosa normal. La Antología rota [de León Felipe]… Claro, había ido un guardia civil a una librería y lo había visto, seguramente habría sido una denuncia, y vio lo de «Franco, el sapo iscariote» y lo denunció. Pero al final no pasó nada, en primer lugar, por el momento, ya que era la completa Transición; y, en segundo lugar, porque el padre de la chica que trabajaba allí era un guardia civil jubilado y lo arregló todo para que no fuera a más[191].

El cambio de actitud también se fue notando en las Comisarías. El propietario de la librería Antonio Machado (Madrid), Miguel García Sánchez, recuerda que los atentados de principios de los años setenta habían sido mucho más graves «y en fechas más jodidas. Después del 75 ya no teníamos miedo a hablar con la prensa y la denuncia a la policía duraba cinco minutos en vez de cinco horas y ya no te reñían y te decían que anduvieras con cuidado». También se fue haciendo más habitual que el mundo del libro solicitase protección policial a las autoridades, como hicieron al Gobierno Civil de Barcelona Oriflama Ediciones y la Editorial Nova Terra en octubre de 1977 o la librería Catalonia (Casa del Libro) en septiembre de 1979[192].

Se asistió a los primeros avances serios, aunque más locales que globales, en la lucha policial contra el terrorismo de ultraderecha[193]. En enero de 1976 la Jefatura Superior de Policía de Barcelona informaba de la desarticulación de un grupo compuesto por 13 neofranquistas, entre los que se encontraba Alberto Royuela, que había realizado una decena de ataques contra asociaciones de vecinos, librerías, cines y otros establecimientos desde la primavera de 1975. Alrededor de 125 de sus compañeros se concentraron frente al Palacio de Justicia para pedir la liberación de los detenidos, pero solo consiguieron el arresto de dos de los manifestantes[194]. El 13 de agosto de 1976 un joven ultra intentó incendiar la librería Pórtico (Zaragoza) lanzándole una lata de gasolina. Detenido por las FCS, sería juzgado en mayo del año siguiente. Durante el juicio confesó que había cometido aquel delito «para evitar que, a través de la letra impresa, se difundiera ideología de carácter marxista[195]».

En agosto de 1976 el ministro de Gobernación Martín Villa nombró gobernador civil de Madrid a Juan José Rosón, dotándole, por primera vez, de competencias similares a las de sus homólogos de otras provincias. Para Martín Villa, Rosón «fue, en sentido auténtico, el primer gobernador civil de Madrid». Y ejerció como tal en el ámbito que nos ocupa. Tanto es así que la derecha radical le rebautizó como Rojón. Para Raimundo Fernández-Cuesta, jefe nacional de FE-JONS, Juan José Rosón era «un “seuista” reconvertido en demócrata que se distinguió, primero, como gobernador, y luego, como ministro del Interior, por su fobia antifalangista». También se le acusó de proteger al PCE y a su militancia. Valga como muestra de la actuación del gobernador civil de Madrid lo ocurrido con la librería Rafael Alberti[196].

A lo largo de 1976 aquel negocio fue objeto de amenazas, pintadas y roturas de lunas, lo que obligó a su dueño, Enrique Lagunero, a adquirir cristal antibalas de varias láminas[197]. Con el apoyo del gremio de libreros, Lagunero denunció los hechos y pidió a las FCS medidas de protección, que le fueron concedidas durante un tiempo. Sin embargo, en noviembre de 1976, tan solo unos días después de que se le retirara la custodia policial, un comando neofascista quemó el establecimiento con gasolina. Lagunero, que valoró los daños en más de dos millones de pesetas (123 600 euros actuales), recordó a las autoridades que «atentar a una librería por vender libros autorizados por la censura, es atacar a las propias autoridades, aunque yo personalmente y de forma visceral estoy totalmente en contra de la censura[198]».

Librería Rafael Alberti (Madrid), 6-XI-1976

FUENTE: EFE/lafototeca.com

Rosón decidió que la librería Alberti debía contar con protección policial las 24 horas del día. La postura del gobernador civil era inequívoca, pero no desalentó a la ultraderecha. En la madrugada del 11 de mayo de 1977 se realizaron disparos contra el establecimiento desde un coche en marcha. Más tarde los agentes de la ley contarían 10 impactos de bala: ocho en los escaparates y dos en un lateral de la puerta de entrada. Los dos policías armados que montaban guardia salieron a la calle y pidieron refuerzos. Inesperadamente el automóvil regresó y los atacantes abrieron de nuevo fuego contra la librería. Los agentes sacaron sus armas y defendieron el local, entablándose un tiroteo que obligó al vehículo de los ultras a huir de allí con varios impactos en la carrocería y una rueda pinchada. Los policías pudieron tomar nota de su matrícula. Alertados por ellos, varios coches patrulla salieron en su persecución. Interceptados en una gasolinera, las FCS arrestaron a los cinco agresores, que reconocieron su participación en los hechos. Se trataba de cuatro estudiantes (dos madrileños y dos catalanes) y un sargento vallisoletano de la Brigada Paracaidista que llevaba encima su arma reglamentaria: una pistola Star, calibre 9 mm, 23 proyectiles y un cargador vacío. Lagunero, cuya militancia comunista era bien conocida, agradeció a los policías su labor en público. «Esta es la manera de que el pueblo español les llegue a ver no como fuerzas represivas, sino como unos trabajadores más que están luchando porque en España se instaure rápidamente una verdadera democracia[199]».

Librería Rafael Alberti (Madrid), 7-XI-1976

FUENTE: Lola Larumbe.

Como les ocurrió a otros ultraderechistas implicados en atentados terroristas, a los perpetradores del ataque contra la librería Alberti (uno de los cuales era «militante de partidos de extrema derecha» y otro se movía en el entorno de Fuerza Nueva), se les denegó la aplicación de la Ley de Amnistía de octubre de 1977. Fueron procesados por varios delitos. Gracias al sumario, sabemos que la acción no había estado planificada de antemano. De acuerdo con el testimonio del militar, justo antes de los hechos él y sus amigos habían tenido un enfrentamiento con unos izquierdistas que les había dejado «un tanto excitados», por lo que en ese momento decidió o decidieron (hubo versiones encontradas al respecto) atacar la librería Alberti, a la que «consideran foco de que haya estos grupos de individuos de matiz comunista». El sargento confesó ser el autor de los disparos contra el local. En abril de 1985 fue condenado por un delito de desórdenes públicos a seis meses de prisión y al pago de las reparaciones, que ascendían a 319 000 pesetas (15 594 euros actuales), mientras que sus compañeros salían absueltos[200].

La librería Alberti había estado protegida por órdenes directas del gobernador civil de Madrid, pero en otras circunstancias también hubo agentes uniformados que tomaron la iniciativa. Por ejemplo, pese a que José Ramón Saiz Viadero nunca denunció los ataques contra Puntal-3, a veces los policías iban a investigar por su cuenta cuando se enteraban de ellos. «En un caso, me fueron a buscar a casa de madrugada y me dijeron: “Es que han tirado la puerta”. Y les dije por el interfono: “Pues mira, si no sois capaces de cuidarlo para que no lo rompan, ahora lo cuidáis para que no roben”». En otra ocasión Saiz Viadero llegó a su establecimiento por la mañana a la hora de costumbre

[…] y me encuentro a un gris [un policía armada] de estos que estaba allí sentado en la mesa, por otro problema que ahora te contaré, con un libro en la mano. Había estado leyéndolo y dice: «Buf, menos mal que ha venido usted, porque ya estaba yo más nervioso…». Estaba leyendo Muerte en Liermo, que trataba de un individuo de un pueblo de allí, cerca de la bahía, que un día se levantó, cogió una escopeta y mató a todo el que encontraba por delante. Mató a siete como podía haber matado a 70, y luego se escondió y se suicidó en un cementerio. Un libro que tuvo mucha difusión, que publicamos nosotros. Estaba el tío acojonado de lo que leía allí. [El agente se encontraba en la librería]. Porque habían tirado la puerta y, para que no robaran, se quedó vigilando. Y para pasar la noche[201]…

Por supuesto, ni todas autoridades ni todos los funcionarios mostraron el mismo tesón y profesionalidad que aquel policía de Santander. A veces los propios libreros tenían que suplir la labor de las FCS a la hora de proteger su negocio. En mayo de 1977, hartas de los continuos ataques que sufría la librería Antonio Machado de Sevilla, dos de sus empleadas se mudaron al piso de arriba. Desde allí, durante días, realizaron una vigilancia continua que les permitió descubrir la identidad del agresor. Un día le siguieron hasta una tienda y lo detuvieron, llevándoselo a la fuerza a la librería. Tras encerrarlo con llave, llamaron a la policía. El joven, de 22 años, reconoció los hechos, escudándose en «la existencia en el establecimiento de un póster del líder del Partido Comunista de España, Santiago Carrillo[202]».

En mayo de 1976 desconocidos destrozaron el escaparate de la librería Lagun y su propietaria, María Teresa Castells, recibió varias amenazas. En enero de 1977 volvieron a romper la cristalera y lanzaron un cóctel molotov al interior del establecimiento, lo que provocó un incendio y daños por valor de 100 000 pesetas (4900 euros). Unos días después el marido de Teresa Castells, José Ramón Recalde, recibió una carta por correo en la que se le exigía el cierre de la librería, calificada de «basura marxista», amenazándole con nuevos atentados[203].

Librería Antonio Machado (Sevilla), 1976

FUENTE: Manuel Sanvicente/Archivo Histórico de CC. OO. de Andalucía.

Se realizó la pertinente denuncia, pero no hubo detenidos. Era lo habitual en aquel momento tan convulso, en el que ni siquiera se esclarecían la mayoría de los atentados mortales, pero la lectura de las diligencias policiales deja entrever el escaso empeño y los prejuicios de los agentes encargados del caso. En los documentos se informaba de que la librería Lagun prestaba «especial atención» a «publicaciones de carácter marxista-leninista y otras de matiz separatista» y de que María Teresa Castells era «persona de marcada ideología izquierdista, siendo hermana del conocido abogado laboralista de esta ciudad», Miguel Castells, «especialmente significado» por haber defendido a miembros de ETA. Por consiguiente, «se puede deducir que se trata de un incendio intencional de marcado carácter político, cometido por persona o personas de ideología contraria a la de los libros expuestos y su propietaria». Hasta ahí llegó la investigación[204].

En marzo de 1976 en Valladolid, como era habitual cada año, jóvenes ultraderechistas celebraron el aniversario de la fusión de la Falange Española de José Antonio Primo de Rivera con las JONS de Ramiro Ledesma Ramos y Onésimo Redondo, que se había producido el 4 de marzo de 1934 en el teatro Calderón de dicha ciudad. Las librerías Villalar y Sandoval sufrieron sendos ataques. Miguel Jesús Sánchez, de Sandoval, cuenta que los radicales «rompieron las lunas de la librería de la Plaza de Santa Cruz. Nos llamaron los vecinos, y nos tocó velar la noche en su interior. Se presentó denuncia, pero no surtió ningún efecto. Su importe lo pagó el seguro». La Agrupación Nacional de Comercio del Libro realizó una protesta formal, solicitando una actuación más eficaz por parte de las FCS. Tampoco sirvió de mucho. Ese mismo mes de marzo la librería Vicente Blanco (Palencia), especializada en libros de texto, fue arrasada por un incendio intencionado. Y en mayo los escaparates de librería Vigor (Valladolid) aparecieron pintados con cruces gamadas[205].

¿Se hizo lo suficiente desde el Gobierno para neutralizar el fenómeno? La Administración pública carecía de una doctrina de seguridad y tardó en formar a policías y guardias civiles en tareas como la de antidisturbios, desactivación de explosivos, investigación o lucha antiterrorista en un contexto, como el de la Transición, en el que se había disparado la criminalidad y el número de atentados. Tampoco les dotaba de material y herramientas adecuadas. Además, la mayoría de los funcionarios habían obtenido sus plazas durante el régimen franquista, bajo el cual se habían educado, y una parte de ellos eran de ideología o incluso de militancia ultraderechista. Acostumbrados a la impunidad de la dictadura, hubo determinados mandos y agentes de la ley que protagonizaron casos de «gatillo fácil», de represión desproporcionada, de malos tratos y de torturas. De acuerdo con el historiador David Ballester, entre el 20 de noviembre de 1975 y el 2 de diciembre de 1982 la violencia policial produjo 134 víctimas mortales, de las cuales 91 tendrían algún tipo de connotación política[206]. En esa coyuntura tampoco faltaron los policías y guardias civiles que se mostraran remisos a perseguir los actos de violencia de la extrema derecha, especialmente los menos cruentos, como eran los atentados contra librerías. Quizá por eso Andrés Cassinello creyó conveniente dar un toque de atención a los miembros del SECED en un informe que redactó en enero de 1977:

No quiero silenciar otro aspecto de palpitante actualidad. Los tiempos de «no hay enemigo a la derecha» han pasado. La Corona y el orden en que desembocamos tienen enemigos de muy diversa naturaleza y todos han de ser englobados por nosotros en el campo de los que serán objeto de nuestras acciones[207].

Ahora bien, en ciertas plazas ese tipo de directrices tardaron en ser escuchadas. En mayo de 1978 Germán Rodríguez Castiñeira, entonces inspector del Cuerpo Superior de Policía (CSP), fue testigo de cómo el comandante de la Guardia Civil se negó a obedecer las órdenes del ministro Rodolfo Martín Villa de acabar con los disturbios ocasionados por un mitin de Fuerza Nueva en San Sebastián. La Policía Armada sí hizo acto de presencia, «pero con cierta desgana de los mandos, no de los policías», así que del registro y las detenciones de los ultras tuvieron que encargarse cuatro o cinco inspectores del CSP. «Eso demostraba la fragilidad de la democracia. Había determinados mandos que se permitían el lujo de desobedecer las órdenes de un ministro de un Gobierno legalmente constituido[208]».

No solo los funcionarios nostálgicos entorpecían la labor policial. Rodolfo Martín Villa rememora que no recibía ningún tipo de colaboración. En el plano internacional el Gobierno de Francia se negaba a impedir que el Sur de aquel país funcionase como un «santuario» para ETA. Y, en el nacional, la oposición desconfiaba de la sinceridad democrática del equipo de Suárez, mientras que la extrema derecha los tachaba de traidores. Asistiendo al funeral de una víctima casi cada semana, Martín Villa tuvo «momentos negros» como ocurrió en enero de 1977. En poco tiempo se conjugaron la masacre de los abogados laboralistas de Atocha, dos secuestros y tres asesinatos perpretados por los GRAPO, otra víctima mortal de la ultraderecha y una manifestante fallecida por el impacto de un bote de humo lanzado por los antidisturbios. Aquellos días, en los que creyó que la reforma estaba en grave peligro, la carga de trabajo era tal que tuvo que quedarse a dormir en el ministerio tapado con una manta que le prestó un guardia civil. Martín Villa confiesa que por las noches se llegó a preguntar: «y además de mi mismo, ¿quién está contra el terrorismo aquí?»[209].

En ese sentido, no hay que olvidar que durante años el fenómeno tuvo una contestación escasísima, lo que respondía tanto al miedo a las represalias como a la ausencia de empatía con las víctimas: el «algo habrá hecho». La combinación de ambos elementos había reducido la cooperación ciudadana con las FCS, es decir, había pocos testigos dispuestos a contar lo que habían visto. Sin ellos, la labor policial era mucho más difícil. Como denunciaba la Fiscalía General del Estado, «las gentes, por un temor perfectamente humano, no colaboran en la defensa contra el terrorismo: se inhiben, no denuncian o comunican sus sospechas, rehúyen prestar testimonio, vacilan en el acto de reconocimiento e identificación de los agresores y, en general, procuran eludir su intervención, temiendo buscarse complicaciones[210]».

Entre julio de 1976 y abril de 1979 el ministro Rodolfo Martín Villa se enfrentó a grandes desafíos: modernizar la institución y adecuarla a un contexto democrático, el aumento de la delincuencia común, especialmente la juvenil, las huelgas, manifestaciones y protestas, la violencia con la que actuaban determinados agentes de la ley, las concomitancias de otros con los atentados parapoliciales, las tramas golpistas… Sin embargo, la mayor amenaza para la naciente democracia era el terrorismo de todos los colores que estaba operando en España. Es lógico, por consiguiente, que la bibliofobia violenta (casi siempre incruenta) no fuera un asunto prioritario.

No obstante, durante su segundo año de mandato Martín Villa afrontó el fenómeno de una manera global, algo que hasta aquel momento no había hecho ningún gobierno. Después de un mes de junio que acumuló cuatro ataques, el 19 de julio de 1978, año clave para la Transición democrática por la celebración del referéndum constitucional, la Subsecretaría de Orden Público envió un télex al «Director de Seguridad, Gobernadores Civiles y Delegados del Gobierno en Ceuta y Melilla». El Ministerio del Interior les daba las siguientes instrucciones para «unificar criterios en materia de prevención y represión» de los persistentes «atentados contra librerías». Primera, establecer contacto con los gremios y los libreros «para recibir información sobre las librerías que, a su juicio, deban ser objeto de protección especial, que deberá prestarse en la forma y por el tiempo que se determine». Segunda, coordinar a las autoridades policiales con «los libreros de la provincia». Tercera, cuando hubiese una denuncia tras una acción de este tipo, «se realizará una investigación exhaustiva en orden a la identificación y detención de los presuntos autores», que serían puestos a disposición del juez correspondiente. Y, cuarta, tanto la Dirección General de Seguridad (DGS) como las autoridades provinciales tendrían informada a la Subsecretaria «de todos los atentados que se produzcan contra librerías» y «del estado en que se encuentran las correspondientes gestiones policiales[211]».

Fue el primer paso, pero tuvo consecuencias. A partir de entonces las medidas de las autoridades provinciales y la actuación de las FCS para atajar el fenómeno serían cada vez más efectivas. Sin embargo, eso no significaba que la bibliofobia violenta de desactivase de manera inmediata. Tan solo cinco días después de las instrucciones del Ministerio del Interior, la sede del proyecto político-cultural libertario Askatasuna (Bilbao) sería objeto de un devastador atentado.

CAPÍTULO 13
LA ULTRADERECHA CONTRA LA DEMOCRACIA

Debido a la labor que Blas Piñar y su equipo habían realizado durante los años anteriores, Fuerza Nueva se transformó en un partido con un líder indiscutido, un mensaje claro (neofranquista), medios, afiliados e implantación a nivel nacional. Fue la única excepción. La convocatoria de las primeras elecciones democráticas cogió al resto de la derecha radical en un momento de debilidad, confusión y desunión. Algunos neofascistas intentaron reactivar las siglas del PENS o, en el caso de CEDADE, crear otras nuevas, como más adelante hicieron con las del Partit Nacional Socialista Català, pero no tuvieron ningún recorrido. De hecho, antiguos militantes del PENS como Ernesto Milà se integraron en FN. El carlismo se había roto en dos: la corriente socialista autogestionaria de Carlos Hugo de Borbón-Parma (Partido Carlista) y la ortodoxa de su hermano Sixto Enrique, que se vehiculó a través de la minúscula Comunión Tradicionalista. En cuanto a los falangistas, lejos de reunificarse, se disputaron el nombre original del partido de José Antonio Primo de Rivera, que creían conservaba un trascendental capital simbólico. En septiembre de 1976 Raimundo Fernández-Cuesta, cabeza visible del francofalangismo, consiguió registrar las siglas de la renacida FE-JONS, siendo su primer jefe nacional. Los otros grupos falangistas tuvieron que adoptar denominaciones como Círculos José Antonio, Falange Española Independiente y Falange Española de las JONS (Auténtica), formación que, con un discurso de contenido social, congregaba a los nacionalsindicalistas que habían sido más críticos con el régimen y más fieles a Manuel Hedilla[212].

Anclada en la nostalgia, identificada con la dictadura y con la violencia e incapaz de renovarse, de emitir un discurso atractivo y de presentar una lista única, la ultraderecha no logró llevar a cabo una campaña electoral efectiva. De hecho, no faltaron los intentos de impedir o sabotear la primera cita con las urnas. El 12 de junio de 1977 las FCS detuvieron a once jóvenes afiliados a Fuerza Nueva, algunos de los cuales iban armados. Fueron acusados de amenazar y agredir a los militantes de la Unión de Centro Democrático (UCD), el PSOE y otros partidos que estaban colocando carteles de sus candidaturas en las calles de Madrid[213].

Se trató de un intento desesperado por detener el reloj de la historia, pero resultó inútil. Las elecciones del 15 de junio de 1977 hicieron realidad lo que tanto habían estado denunciando y temiendo los ultras: el final del régimen franquista. La UCD de Adolfo Suárez obtuvo 6 310 391 votos (el 34,44 % del total), que se traducían en 165 diputados y le aseguraban la continuidad en el Gobierno. La segunda posición le correspondió al PSOE de Felipe González: 5 371 866 papeletas (el 29,32 %). La tercera, al PCE de Santiago Carrillo: 1 709 890 sufragios (el 9,33 %). Y la cuarta, a la Alianza Popular (AP) de Manuel Fraga, con el apoyo de 1 504 771 ciudadanos (el 8,21 %). Aquellos datos reflejaban los anhelos democráticos de la sociedad española, que había dejado fuera de las Cortes a los extremos del arco político.

Los resultados de las distintas candidaturas en las que se había dividido la derecha radical fueron, en palabras de Blas Piñar, «fatales»: 153 481 votos (el 0,83 % del total). Alianza Nacional 18 de Julio, una coalición nucleada por Fuerza Nueva y la FE-JONS de Fernández-Cuesta, alcanzó la mejor marca de esta cultura política: 67 336 sufragios (el 0,37 %), a los que habría que sumar otros 25 017 de FE-JONS y 5541 de FN en las provincias en las que no se consensuó una lista unitaria. No sirvieron de nada: en el 15.º puesto, Alianza Nacional 18 de Julio fue extraparlamentaria[214].

La reacción del sector violento de la ultraderecha ante el fiasco electoral y los acontecimientos de 1977 fue furibunda: 151 atentados, 10 víctimas mortales y ocho heridos. Se trató del segundo año con más ataques contra librerías de la Transición y el tercero de toda la serie histórica: 26. Respondían a la coyuntura política, pero quizá también a las novedades que se estaban dando en el plano literario. Se publicaron 24 034 obras, una de las cuales era el primer título de la colección «La sonrisa vertical» de la Editorial Tusquets: La insólita y gloriosa hazaña del Cipote de Archidona de Camilo José Cela. El mes en el que se registró una bibliofobia más insistente fue mayo, con seis acciones, lo que puede explicarse atendiendo a los acontecimientos de abril, como la legalización del PCE y la disolución del Movimiento y sus órganos políticos; a la precampaña electoral, lo que dio mucha visibilidad a las fuerzas provenientes de la oposición; al asesinato del secretario local de FE-JONS de Valdemoro, Ramiro Figueroa, por parte de un militante comunista; y a los títulos que podían verse en los escaparates de las librerías: el libro más vendido en mayo de 1977 fue Si te dicen de caí de Juan Marsé, cuya edición (mejicana) había sido secuestrada el año anterior[215].

Además, como ya se ha visto, en ocasiones los atentados ultras contra librerías fueron una forma de responder a los asesinatos cometidos por ETA, el FRAP, los GRAPO y otras organizaciones terroristas, que tenían el mismo empeño en hacer descarrilar la Transición que la extrema derecha. Todas las bandas participaron en la concatenación entre atentados, represalias y contrarrepresalias, pero ese mecanismo solo explica una pequeña porción del altísimo nivel de violencia política que se desató durante los años de plomo en España. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, tan solo en 1977 hubo 697 explosiones, 106 bombas, 88 robos de armas y explosivos, 189 atracos, 349 atentados, 34 víctimas mortales y 707 heridos. La mayor parte de las acciones llevaban la firma de ETA (447), los GRAPO (200) y el Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (100)[216].

Aquel no era el único mecanismo que estaba funcionando. Blas Piñar, al que sus seguidores ya llamaban «Caudillo», continuaba emitiendo mensajes incendiarios en los que no faltaban el agonismo y las apelaciones al Ejército. Pero, por otro lado, su partido, Fuerza Nueva, tenía cierta vocación institucional. Se trataba de una contradicción difícil de superar. El mismo Piñar que aspiraba a ocupar un escaño en el Congreso de los Diputados actuaba como agente de radicalización. Lo quisiese o no, al plantar semillas de odio en un terreno fértil, estaba facilitando que brotase la violencia: una parte de sus adeptos pasó de las palabras a los hechos[217]. De acuerdo con uno de ellos, Ernesto Milà,

[…] cuando acababa el mitin [de Blas Piñar], parte de los asistentes salían a la calle entre alarmados por lo que habían oído y excitados ante la necesidad de hacer algo que, indudablemente, no podía ser limitarse a pedir un carné de partido y a depositar un voto cada cuatro años. Esta reacción era todavía más evidente entre las capas juveniles del partido y no es raro que algunos sectores tuvieran tendencia a reaccionar por su cuenta y de forma violenta al margen de los consejos piñaristas[218].

Baste un ejemplo. El 25 de abril de 1977, durante un mitin de Fuerza Nueva celebrado en el teatro Campos Elíseos (Bilbao), Piñar había clamado delante de unos 2000 espectadores que «hay españoles que estamos dispuestos a morir y a matar por España». Posteriormente algunos de sus jóvenes seguidores se dedicaron a causar destrozos en la ciudad. Uno de aquellos ultras apuñaló a un chico de 16 años[219].

A pesar de que era imposible ignorar el efecto que producía su retórica, Piñar no moduló el tono. El 21 de octubre de 1977, con la adhesión de FE-JONS, Comunión Tradicionalista y otros colectivos ultras, Fuerza Nueva organizó una manifestación «para protestar contra el terrorismo, la división de España y el caos económico imperante». Blas Piñar cerró el acto con las siguientes palabras: «¡Españoles! La patria está otra vez en peligro. Con el mismo entusiasmo popular de 1808, con el temple de los mártires de Paracuellos, con el valor de los héroes de 1936, españoles, ¡acudid a salvarla!»[220].

Y eso hicieron, a su particular manera, miembros de FN y de su filial Fuerza Joven, que había adoptado una apariencia y una estructura paramilitar. A decir de Sophie Baby, el área de influencia de Fuerza Nueva fue responsable de 85 ataques entre 1975 y 1982. Algunos fueron actos de una violencia terrorista de baja intensidad. Por ejemplo, el 26 de enero de 1979 escuadristas de Fuerza Joven, de su escisión, el Frente de la Juventud, y de FE-JONS asaltaron la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Lanzaron una decena de cócteles molotov y dispararon armas de fuego, causando varios heridos. La operación había sido organizada por Fuerza Joven en su propia sede. Aunque era imposible que ignorase lo que estaba ocurriendo bajo su propio techo, no hay pruebas de que la dirección de Fuerza Nueva participase en la planificación de actos de violencia como este. De acuerdo con Abelardo Pons, que hace referencia al período 1975-1978, los integrantes de Fuerza Joven «fuimos bastante independientes, con mucha fuerza respecto al resto de Fuerza Nueva […]. Gozábamos de mucha independencia en todos los sentidos, incluso económica». Y en septiembre de 1978, cuando la relación con el partido estaba en crisis, «nosotros ya hacíamos las acciones sin contar con nadie, sin comentar con nadie de Fuerza Nueva. Hacíamos lo que nos daba la gana[221]».

Escuadristas que estaban o habían estado vinculados a FN o su sección juvenil también cometieron atentados terroristas con resultados mortales. El primero ocurrió el 24 de enero de 1977, cuando un comando ultraderechista asesinó a cinco miembros de CC. OO. y el PCE en un despacho de abogados laboralistas de la calle Atocha de la capital de España. Uno de los terroristas, Fernando Lerdo de Tejada, había sido militante de Fuerza Nueva y su familia pertenecía al círculo cercano a Piñar. Otro, Carlos García Juliá, había formado parte del servicio de seguridad en mítines y manifestaciones de FN[222].

Hubo más atentados terroristas en los que estuvieron implicados miembros de FN y de sus filiales. Uno de los más conocidos fue el secuestro y asesinato de Yolanda González Martín, una joven afiliada al trotskista Partido Socialista de los Trabajadores, el 2 de febrero de 1980 en Madrid. Cuatro días después miembros de Fuerza Joven agredieron a cinco alumnos en la puerta del instituto San Isidro (Madrid) porque protestaban contra la violencia de extrema derecha. El 10 de febrero de aquel mismo año, tras un acto del brazo sindical de Fuerza Nueva en Vallecas que había sido prohibido por el Gobierno Civil, se produjo otra víctima mortal del terrorismo ultra en la capital de España: Vicente Cuervo Calvo, un trabajador de 21 años que militaba en la CNT[223].

Siguiendo al historiador Xavier Casals, Fuerza Nueva «quiso ser el “partido del orden” y acabó siendo para amplios sectores sociales el del “desorden”». Al intentar controlar a sus levantiscas juventudes, que estaban manchando su imagen, Blas Piñar provocó sendas escisiones. A finales de 1977 se formó en Barcelona el Frente Nacional de la Juventud, que en cierto modo recogía la herencia del PENS, incluyendo a su dirigente Ernesto Milà. Al año siguiente se creó en Madrid el Frente de la Juventud, encabezado por José de las Heras y Juan Ignacio González, Ambas organizaciones tenían muchos rasgos en común: una orientación nacionalista revolucionaria que pretendía alejarse del rancio nacionalcatolicismo de FN, el desprecio al sistema parlamentario pluripartidista, que sustituirían por un «orden nuevo», la estrategia de «fractura vertical del sistema», la exaltación de la violencia… No obstante, el Frente Nacional de la Juventud fue incapaz de consolidarse y se disolvió, aunque aportó cierta renovación en los planos teórico y estético, así como militancia, al Frente de la Juventud. Esta organización fue mayor, más duradera y más agresiva. Por un lado, desafió directamente al Gobierno. Por ejemplo, en junio de 1980 sus escuadristas atacaron e incendiaron la sede de UCD en Barcelona. Por otro, el Frente de la Juventud se hizo con armas de fuego y recurrió para financiarse al atraco a mano armada y a la extorsión a profesionales y empresarios, exactamente como hacía ETA. Para José Luis Rodríguez Jiménez, sus miembros «no tardaron en desembocar en un activismo sumamente violento, identificándose más con una banda terrorista que con una organización política». El periodista José Catalán Deus afirma que «el Frente de la Juventud puede considerarse como el intento de la extrema derecha de crear algo parecido al FRAP». ¿Cuál era la razón por la que aquellos jóvenes ejercían tanta violencia?, se preguntaba uno de sus antiguos miembros, Juan Antonio López Larrea. «Es simple: ¡es que nos habíamos apuntado allí por tal motivo!»[224]. Sin minusvalorar la importancia de la sed de acción de los escuadristas, Ernesto Milà, que formaba parte de la dirección del Frente de la Juventud, añade otra explicación, «la teoría del limón»:

Las condiciones objetivas nos venían impuestas. Entonces, teníamos que adaptar las condiciones subjetivas a lo que teníamos. Y lo que teníamos era utilizar a la gente lo máximo posible, en el máximo de activismo posible, en el mayor número de frentes, en todas partes y como fuera. ¿Y por qué? Porque había que impedir que las dos Españas se soldaran, así de sencillo. Había que resaltar que había contradicciones, que el hecho de que UCD ganara las elecciones no quería decir que existiera un centro, sino que se había creado un centro artificial que podía estallar en cualquier momento. Así es como lo veíamos en la época y, por eso, ya daba igual si se actuaba con camisa azul, con camisa roja, con camiseta de tirantes… Yo qué sé… con la visera hacia atrás o con boina roja. ¡Qué más da! Lo único que interesaba era poder evitar lo que al final pasó [la consolidación de la democracia parlamentaria].

[…] En aquel momento nosotros solos no podíamos elaborar una estrategia. Esta estrategia tenía que estar vinculada a la de otros grupos sociales, fundamentalmente militares. Pero sí podíamos hacer eso, tensionar la situación en la calle. Es cierto que lo buscamos por todos los medios y lo conseguimos[225].

FN, su entorno y sus escisiones juveniles fueron algunos de los más importantes focos del terrorismo ultraderechista, pero no los únicos. Durante la Transición también hizo alarde de un alto grado de violencia la militancia de las diferentes ramas en las que se había dividido la Falange, especialmente la de FE-JONS, que contaba con una sección paramilitar: Primera Línea. Valga como muestra un botón. El 1 de mayo de 1980 un falangista asesinó a puñaladas a Arturo Pajuelo Rubio, líder de la Asociación de Vecinos de Orcasitas (Madrid). Cinco días después tuvo lugar en la capital de España una masiva manifestación para protestar contra el crimen. Alguien pintó «fachas asesinos» en el monumento a los «Caídos» que había en el cruce de las calles Alcalá y Arturo Soria. Como represalia, un número indeterminado de miembros de FE-JONS asaltaron el bar San Bao, que había sido señalado por uno de sus cabecillas: «¡Ahí están los rojos!». Los falangistas dispararon a los clientes del establecimiento, causando una víctima mortal, el joven soldado Juan Carlos García Pérez, y dos heridos. Aunque de carácter mucho menos cruento, la rama juvenil del carlismo también protagonizó algunos incidentes. Resulta significativo que la CIA considerase a Fuerza Joven, el Frente de la Juventud, Primera Línea y la Agrupación de Juventudes Tradicionalistas organizaciones terroristas de extrema derecha[226].

Además de estos colectivos, hubo grupúsculos e individuos aislados que cometieron tanto actos de violencia callejera como atentados terroristas. Tal circunstancia complica el análisis del fenómeno, ya que utilizaron siglas pantalla para despistar a las FCS y a la opinión pública. En otros casos hubo reivindicaciones falsas realizadas por personas que no tenían nada que ver con el terrorismo. Tampoco faltaron los intentos de culpar a un adversario político. Por ejemplo, en noviembre de 1977 un cóctel molotov contra la librería Jano (Madrid), que no llegó a explotar, fue reclamado en nombre de Comunión Tradicionalista Carlista, que evidentemente no tenía nada que ver con el ataque. Por otro lado, pese a los crímenes cometidos en su nombre, no cabe considerar como organizaciones terroristas reales a la Triple A, el Comando Incontrolado Patriótico Caza Rojos, los Grupos de Acción Sindicalista, el Frente Anticomunista Español, los Grupos Armados por la Libertad de Europa, los Grupos Armados Revolucionarios, Cristo Chaos o los Guerrilleros de Cristo Rey. Eran, más bien, siglas de conveniencia. Por añadidura, la mayoría de los ataques ni siquiera eran reivindicados. Casi dos tercios de las 900 acciones violentas de ultraderecha que ha contabilizado Sophie Baby entre 1975 y 1982, entre las que incluye amenazas, «no han podido ser atribuidas a ningún grupo en particular[227]».

Algunos expertos creen que en esta etapa la violencia de extrema derecha aplicó en España la estrategia de la tensión que ya había ensayado el neofascismo en Italia: provocar, mediante sus atentados, un clima de caos e incertidumbre que proporcionase al Ejército una coartada para dar un golpe de Estado[228]. Aunque es posible que parte de la violencia del Frente de la Juventud respondiese a ese esquema, cabe descartarlo a nivel general. Por un lado, era innecesario realizar atentados para aumentar el ruido de sables en los cuarteles: las campañas de ETA y los GRAPO contra policías, guardias civiles y militares cumplían perfectamente con esa función. Por otro, como indica Ernesto Milà, el grueso de los actos de violencia ultra no eran producto de una auténtica estrategia. «Era lo que en catalán decimos rampell. Rampell es el impulso. Esa fue la característica central. No hubo en ningún momento por parte de ningún grupo de extrema derecha una reflexión estratégica sobre el papel del terrorismo en un cambio político. Ninguno[229]».

En opinión de Xavier Casals, «el terrorismo ultraderechista fue poliédrico y atomizado y se caracterizó esencialmente por tres dinámicas a menudo entrecruzadas: iniciativas espontáneas (que hemos designado como “espontaneísmo armado”); actos instigados por individuos de oscuras conexiones con círculos de la seguridad del Estado; y escasos episodios con un uso planificado de la misma (de ahí que cuestionemos la existencia en España de una “estrategia de la tensión” ultraderechista)». El historiador Juan Manuel González Sáez añade «una cuarta dinámica que opera dentro del entorno extremista. Se trata de la delincuencia común que actúa, en muchas ocasiones, entremezclada con una no muy clara motivación política». Hay que recordar que durante aquellos años la delincuencia juvenil se había disparado en España[230].

Hubo una quinta mecánica: la de la autodefensa y las represalias. Como señala González Sáez, «además del inevitable atractivo de las secciones jóvenes por el escuadrismo, los servicios de orden tuvieron su razón de ser […] en la respuesta violenta de algunos grupos izquierdistas ante las movilizaciones fuerzanuevistas». Por ejemplo, según un informe del Ministerio del Interior, el 18 de julio de 1979 dos miembros del servicio del orden de FN abortaron un atentado de los GRAPO contra un acto que se iba a celebrar en Las Ventas (Madrid), resultando herido de bala uno de ellos. El partido neofranquista denunció el asalto o incendio de 32 de sus sedes y la agresión a medio centenar de sus afiliados por parte de fuerzas de extrema izquierda o nacionalistas periféricas. Además, las casetas de Fuerza Nueva Editorial en ferias del libro fueron vandalizadas en varias ocasiones. Y, sin contar las constantes amenazas que recibía, Blas Piñar sufrió dos ataques. En junio de 1976 desconocidos (presumiblemente vinculados a los GRAPO) robaron e incendiaron su automóvil. Y de acuerdo con sus memorias, en octubre de 1979 el político fue objeto de un intento de atentado con bomba-lapa de ETA. Algunos de los partidarios de Piñar tuvieron peor suerte. Los GRAPO acabaron con la vida de un militante de FN y ETA con la de tres, a los que cabe sumar otros seis simpatizantes asesinados por esta banda. Carlistas y falangistas también estuvieron en el punto de mira del terrorismo de corte abertzale. La violencia de la que fue objeto la ultraderecha, ya fuera de baja o de alta intensidad, provocó (o fue pretexto para) sus represalias contra iniciativas culturales, fuerzas y activistas de izquierdas, así como contra el entorno de ETA. En palabras de Abelardo Pons, cada tarde en la sede se hacía repaso de las agresiones que habían sufrido los militantes de Fuerza Joven y «lo primero que hacíamos era vengar esas agresiones […]. El justo merecido a esa gente que había osado a pegar o amenazar a algún camarada nuestro[231]».

A la extrema derecha también les sirvieron de excusa algunos atentados contra las FCS. Por ejemplo, la emboscada de Ispáster en la que ETAm acabó con la vida de seis guardias civiles fue utilizada como justificación para el secuestro y asesinato tanto de Yolanda González en Madrid como del militante de Euskadiko Ezkerra (Izquierda de Euskadi, EE) Jesús María Zubicaray Badiola (alias Jhisa) en Éibar. Posteriormente este último crimen fue utilizado como pretexto por ETApm para causar una víctima mortal: Mario González Blasco en agosto de 1980. Con todo, lo más habitual era que la venganza ultra por los crímenes de ETA se limitase a provocar daños materiales, como ya se había hecho al atacar determinadas librerías en los años precedentes. Resulta revelador el testimonio de un destacado militante de Fuerza Joven y posteriormente del Frente de la Juventud, Abelardo Pons, que escribe en recuerdo de Juan Ignacio González Ramírez, dirigente de este grupo a quien un desconocido mató en diciembre de 1980:

No puedo callar la indignación que te causaban los cobardes y terribles asesinatos de los delincuentes de la ETA. Siempre que te fue posible, nos desplazamos, para acompañar a las víctimas, darles fuerzas y consuelo, y manifestarles que no estaban solas. Por las tardes, y por las noches, te encargabas de organizar que algún barucho de mala muerte, desapareciera del casco viejo. Nunca faltó la acción de castigo correspondiente para la basura etarra. Recuerdo aquellos terribles momentos, era duro, muy duro ver la soledad y el desprecio que eran sometidos los familiares de nuestros asesinados. Era increíble ver, cómo hombres de la Policía Nacional y Guardias Civiles, esperaban tu llegada, para que limpiaras lo que ellos no se atrevían a hacer[232].

CAPÍTULO 14
1978, EL AÑO DE LA CONSTITUCIÓN

En octubre de 1977 las Cortes aprobaron la Ley de Amnistía por la cual fueron excarcelados todos los reclusos pertenecientes a ETA y a otras bandas terroristas, aun cuando tuvieran delitos de sangre. No afectó, en cambio, a los pistoleros ultras que habían perpetrado atentados como la masacre de los abogados de Atocha. Ese agravio comparativo fue denunciado por Blas Piñar, a pesar de que antes se había opuesto a la amnistía por ser un «trofeo arrancado» por los terroristas[233]. En ese mismo sentido, las fuerzas de la derecha radical primero se manifestaron contra la amnistía y luego, una vez aprobada, llevaron a cabo una campaña por la liberación de los «presos patriotas». No es casualidad que en octubre de 1977 se produjese un repunte de sus acciones contra librerías: hubo cuatro. Una de ellas tuvo lugar, de nuevo, contra la librería Antonio Machado (Madrid). Los radicales rompieron una de las cuatro lunas del escaparate y quemaron un lote de libros. No obstante, no siempre los actos de violencia respondían a acontecimientos históricos concretos. A veces simplemente los agresores pasaban por allí. Aldo García recuerda que los ataques ocurrían con bastante frecuencia, lo que relaciona con la cercanía del local de Fuerza Nueva. En sus palabras:

Yo vivía entonces con mis padres enfrente [del negocio], en Fernando VI, 8, en el tercero, con lo cual veíamos la librería desde el portal. Y era raro la semana que no rompían los cristales de esas vitrinas, rarísimo. Estabas muchas veces ahí en el salón y oías el cristal. ¡Clas! Te asomabas al balcón y unos tíos con un martillo dando golpes a los cristales. Eso era el día a día.

[…] La explicación que le dábamos es que salían de su sede, llegaban por aquí, venían a reventarlos y a seguir. O sea, que venían a propósito a pasar a darles golpes[234].

Otra de las acciones de octubre de 1977 ocurrió en la madrugada del día 7: la explosión de una bomba en la agrupación madrileña de la ORT afectó seriamente a la librería Carabanchel, propiedad del partido. La onda expansiva también produjo daños en un bar, un estanco y varios coches. Ese mismo mes un joven de 23 años, con antecedentes por hurto, roció con gasolina la puerta de la librería Set i Mig (Alicante) y después le prendió fuego, causando daños por valor de 26 000 pesetas (1269 euros actuales). Lo hizo, dicta la sentencia, después de tomar unas copas, «llevado de un sentimiento de animadversión y hostilidad hacia la librería». Al atacante no le importó que el establecimiento estuviese situado justo debajo de un edificio de viviendas de tres plantas, cuyos vecinos se vieron obligador a extinguir el fuego con cubos de agua. El responsable de los hechos fue detenido y condenado por un delito de incendio con el agravante de reincidencia simple[235].

El año 1978 estuvo marcado por la Constitución. En enero se publicó el anteproyecto, que, tras la discusión, la presentación de enmiendas y la aprobación por las Cortes, se sometería a referéndum a finales de año. Mediante el consenso de los partidos democráticos, incluyendo al PCE, se estaba elaborando una norma suprema que consagraría la democracia parlamentaria y pondría las bases del Estado de las Autonomías. El proceso constituyente y su resultado hicieron reaccionar a neofascistas y nostálgicos, que los utilizaron como combustible para alimentar su discurso del odio.

En febrero de 1978, en Toledo, Blas Piñar pidió al pueblo español que «se rebele con santa ira contra la traición y la entrega de la patria». Diario 16 interpretó sus palabras como una incitación «a la rebelión». En marzo, con tan solo un voto en contra, el Congreso de los Diputados aprobó la modificación y derogación de los artículos del Código Civil que se referían a los delitos contra el Movimiento Nacional, sus dirigentes y sus símbolos. Dos meses después, en mayo, en un acto celebrado en Anoeta (San Sebastián) el «Caudillo» de FN advirtió que el proyecto de Carta Magna iba a «destruir» a España y que la guerra continuaba. En un gesto muy ambiguo, Piñar declaraba que él y sus seguidores: «estamos dispuestos a ayudar a los que queráis. Guardias civiles, policías armados, miembros del Cuerpo General de Policía, españoles vascos o no vascos que seguís creyendo en España, aquí estamos dispuestos a ayudaros». En diciembre, tras votar en el plebiscito, Piñar reiteró que «la Constitución es desconstituyente, significa triturar y deshacer a España. El pueblo español debe oponerse a que España desaparezca[236]».

Pero Piñar no era el único que lanzaba arengas incendiarias. El 1 de abril de 1978 la Confederación Nacional de Combatientes (que en marzo de 1976 había eliminado el «Ex» de su nombre), FE-JONS y Fuerza Nueva organizaron un mitin en Guadalajara con motivo del «Día de la Victoria». En el acto Alfonso de Figueroa y Melgar, dirigente de FN y duque de Tovar, terminó una alocución virulenta, en la que había injuriado al rey y había exigido acabar con la «democracia inorgánica» por la fuerza, con las siguientes palabras, que le costarían una multa de 10 000 pesetas (314 euros) y una condena a un año de prisión y dos meses y un día de arresto:

La guerra por la salvación de España es inminente, de otra manera esto no se arregla; estoy convencido de que lograremos de nuevo la victoria sobre el marxismo y el liberalismo. Pero por favor, esta vez, no permitamos que dentro de cuarenta años, los vencidos nos vomiten su odio y su revancha. Ya sabemos cuál es y dónde está el enemigo, y que no se exilien los enemigos; desde el más alto y rubio, al más bajo y moreno están en España, que no se escape nadie. Todos al cuartel. Aquí nadie se lava las manos ante la destrucción de España. El traidor merecerá y merece el castigo mucho más que el enemigo de siempre. La guerra no ha terminado. Otra batalla está próxima. A las armas, españoles. A las armas, camaradas. Al combate por Dios, España y la justicia. Arriba España[237].

El referéndum sobre la Constitución se celebró en diciembre de 1978. La ultraderecha había pedido el «no» pero, una vez más, no fue escuchada. Votaron a favor de la Carta Magna 15 706 078 ciudadanos españoles (el 88,54 % del total). Solo hubo 1 400 505 papeletas negativas (el 7,89 %), cifra que no reflejaba la fuerza real del neofranquismo, ya que el «no» también había sido la opción de gran parte de la extrema izquierda y de los nacionalismos radicales de la periferia. Por ejemplo, de Herri Batasuna (HB, Unidad Popular), el brazo político de ETAm, cuyo discurso del odio se asemejaba mucho al de Fuerza Nueva. Baste recordar que el líder independentista Telesforo Monzón había amenazado con que «la Constitución, si se aprueba con el texto actual, será una invitación a la guerra en Euskadi y, por tanto, en la Península[238]».

Con todo, a pesar de la oposición de las fuerzas antisistema y de las organizaciones terroristas, la Constitución garantizó que España se constituyese como un Estado social y democrático de derecho. Además, la cultura en general y el mundo del libro en particular se verían directamente beneficiados por la Norma Suprema, que en su artículo 20 garantiza el derecho:

A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

A la libertad de cátedra.

A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa[239].

El 19 de noviembre de 1978 toda la extrema derecha se reunió en un acto multitudinario en la Plaza de Oriente de Madrid en el que intervinieron un obispo, un representante de Comunión Tradicionalista, José Antonio de Girón, Raimundo Fernández-Cuesta y Blas Piñar. El dirigente de FN advirtió que, «cuando las clases dirigentes, cuando las instituciones se resquebrajan, se corrompen, traicionan y desertan, a los pueblos que quieren continuar su historia solo les queda un recurso, último y varonil, directamente, sin representantes ni intermediarios». Insistió en el que el pueblo se veía obligado «a apelar a la fuerza de la razón y también a la razón de la fuerza» y, mencionando los sucesos del 2 de mayo de 1808, convocó a los españoles a una «reacción». Fue despedido por el público con gritos de «Caudillo, Blas Piñar». El Ministerio del Interior encargó transcribir los discursos y solicitó un informe jurídico por si hubiese indicios de responsabilidad criminal, lo que fue descartado por el gabinete técnico. Al día siguiente, en los actos religiosos celebrados en el Valle de los Caídos, se escucharon gritos como «Suárez, traidor, cantaste el Cara al sol», «Gutiérrez Mellado, estás acojonado» y «Ejército al poder[240]».

Pese a la exaltada oratoria de los jerarcas de FN y de las distintas ramas de Falange, así como de sus partidarios, en 1978 se registró un descenso del terrorismo ultra tanto cualitativa como cuantitativamente. Baby contabiliza 90 atentados, cifra que suponía un 60 % menos que el año anterior, de los cuales cuatro fueron asesinatos (la mitad que el año anterior) y 18 ataques contra librerías (siete menos). Es posible que al descenso de la violencia ultra de aquel año contribuyeran varios factores. Por un lado, una mayor implicación gubernativa, como muestran las ya citadas directrices del Ministerio del Interior sobre la protección de librerías, que estimuló la labor policial. Por otro, los intentos de la cúpula de FN de presentarse como un partido de orden, con la vista puesta tanto en la campaña para el referéndum constitucional de finales de año como en las elecciones generales de 1979, en las que creían que sus resultados podían mejorar. Para lavar la imagen de Fuerza Nueva era indispensable reducir la violencia asociada a su militancia. Precisamente ese intento de controlar a Fuerza Joven había provocado la escisión de sus miembros más conflictivos, que tardarían un tiempo en reorganizarse y reactivarse en el Frente Nacional de la Juventud (1977) y el Frente de la Juventud (1978).

Ahora bien, desde la perspectiva de Abelardo Pons, no es cierto que se redujese el nivel de violencia política en 1978. Al contrario, durante la campaña sobre la Constitución, «prácticamente la Guerra Civil continuaba con los nietos». Lo que estaba ocurriendo es que la prensa no reflejó los enfrentamientos ni el terrorismo de baja intensidad[241]. No es posible confirmar esta hipótesis, aunque es evidente que aquel año los medios de comunicación estaban centrados en lo que estaba ocurriendo en las Cortes. Además, el espacio dedicado a la violencia política ya estaba acaparado por la multiplicación del número de víctimas mortales del terrorismo, que pasaron de 35 en 1977 a 91 en 1978, a consecuencia de la actuación de ETA y, en menor medida, de los GRAPO. En ese contexto, atentados incruentos como los que sufrían las librerías empezaban a pasar casi inadvertidos.

La mayoría de los actos de violencia contra el mundo del libro que aparecen en nuestra base de datos tuvieron lugar en enero (cinco) y junio (cinco). Si bien su número fue más escaso que en el año precedente, su gravedad fue mayor, ya que por primera vez causaron daños humanos. El 8 de enero la explosión de un artefacto en la librería Forum (Madrid) produjo heridas leves al dueño. El día 14 de ese mismo mes el estallido de una bomba de relojería frente a la librería Express (Madrid) causó lesiones a Silvia Hoffman Mijares, una ciudadana venezolana que circulaba con su automóvil por las inmediaciones. Alguien reivindicó el atentado por teléfono en nombre de los Guerrilleros de Cristo Rey pero, como se verá más adelante, quienes realmente estaban detrás de tales actos eran jóvenes ligados a Fuerza Nueva, que años después acabarían siendo condenados por estos y otros delitos de sangre.

También pertenecían a dicho partido (o al menos así lo manifestaron ellos mismos durante los hechos) los siete chicos que asaltaron la librería Mirall (Barcelona) en junio. De acuerdo con la crónica periodística, los ultras insultaron a los empleados, arrancaron murales, fotos y carteles y dejaron pintadas en las paredes y cristales como «Joglars a la prisión», «Viva Blas Piñar», «Juventudes hitlerianas», «Triple A» y «Libreros marxistas, estáis en nuestras listas[242]».

Al igual que había ocurrido durante al tardofranquismo, en Valencia también continuaron los ataques contra librerías. Pero no fueron los únicos actos de violencia política. En su tesis doctoral el historiador Borja Ribera ha contabilizado 162 episodios «graves» durante la Transición: «asesinatos, atentados con bomba, asaltos e incendios de establecimientos, asaltos de domicilios, incendios de vehículos, ametrallamientos de edificios y agresiones a autoridades». De acuerdo con este autor, 119 de ellos llevaban la firma de la extrema derecha o del blaverismo; 27, del nacionalismo valenciano/catalanista o de la extrema izquierda; y 16 eran de autoría dudosa. Hay que situar el fenómeno en el contexto del reconocimiento institucional del pluralismo cultural y lingüístico del país y de la gestación del Estado de las Autonomías, procesos que tanto la ultraderecha como el blaverismo percibían como una amenaza a la identidad española y valenciana[243].

En enero de 1978 la librería Agre Dolç, especializada en temas de objeción de conciencia y no violencia, sufrió un doble ataque que no fue reivindicado: el primero consistió en rotura de cristales y lanzamiento de cócteles molotov que no llegaron a explotar, mientras que en el segundo los agresores se contentaron con romper el escaparate[244].

En abril las casetas de la Feria del Libro aparecieron pintadas con amenazas blaveristas, que solían aparecer firmadas con las siglas RV: Reino de Valencia. Al presidente del Gremio de Libreros de Valencia, Paco Dávila, le escribieron el siguiente mensaje en su establecimiento: «La Feria te costará la vida». La presencia de escuadristas ultras en aquel evento obligó a la organización a pedir protección al gobernador civil. «Paco Dávila era un tío muy activo y comprometido», recuerda Rafa Arnal, «antiguo militante como su padre, de la CNT, y los fascistas lo sabían y por eso lo amenazaban… Paco Dávila era una gran persona, por eso nos honramos de nombrarlo el primer presidente del Gremi de Llibrers de València[245]».

El mismo Arnal, entonces propietario de la librería 9 d’Octubre, también sufrió la violencia blaverista y ultraderechista «desde el primer momento. Niños que entraban y rompían libros o arrancaban páginas […]. Y el primer golpetazo viene cuando hacen un mitin los de Unión Valenciana y me rompen la luna de una pedrada. Y las pintadas. Eso ya es seguido, siempre». No solo era atacado su local, sino también el puesto que colocaba en la Feria del Libro:

Venir a tirarnos escupitajos, «hijos de puta», a lo mejor nos tiraban los libros por el suelo. Pero eso ha sido constante.

[…] Al principio sí, al principio venían [con uniformes y correajes]… y con pistolas en la mano, ¿eh? Eso no… Y la Policía… Estábamos en el centro de Valencia y allí no aparecía ni Dios.

[…] En 1977-1978. Esos acojonaron a mucha gente. Después, ya la gente no se atreve a poner la cuatribarrada en la paraeta ni nada. Nosotros, siempre. Y los libros, la gente… mucha gente se acojona. Es lo que buscaban.

[…] Eran de Fuerza Nueva y Fuerza Joven, y de Unión Valenciana, de los blaveros, el GAV, el Grup d’Accio Valencianista… Eran los mismos con diferentes uniformes[246].

Anónimos recibidos por Rafa Arnal, abril de 1978

FUENTE: Rafa Arnal.

Pintada realizada en la librería 9 d’Octubre (Tavernes Blanques)

FUENTE: Rafa Arnal.

No obstante, los atentados más peligrosos contra el mundo del libro que se registraron aquel año en Valencia no tuvieron como objetivo ni a los puestos de la Feria ni a las librerías, sino a dos intelectuales representativos del nacionalismo y, por consiguiente, desde la perspectiva blavera, del «pancatalanismo». En septiembre estalló una bomba al lado de la casa del ensayista y filólogo Joan Fuster en el municipio de Sueca (Valencia). En noviembre volvió a sufrir otras dos explosiones. En diciembre un joven entregó un paquete en el domicilio del filólogo Manuel Sanchis Guarner. Le acompañaba una nota en la que se podía leer «Feliz Navidad», pero en su interior había un kilogramo y medio de pólvora con metralla. La Policía se hizo cargo del artefacto, que fue detonado en un lugar seguro. Aquellos atentados no causaron víctimas, pero demostraban una voluntad inequívoca de hacerlo[247].

El resto de las acciones perpetradas en 1978 se concentraron en Madrid (cuatro) y en el Norte de España. Los ultras provocaron un incendio en la librería Pablo Neruda (Logroño) que quemó el 50 % de los libros. En Santander hubo explosiones en dos quioscos. En Galicia, la librería Lume (La Coruña) fue atacada dos veces y Follas Novas (Santiago de Compostela), una. En Navarra, las librerías El Parnasillo (Pamplona), justo el día anterior a un mitin de Blas Piñar en la localidad, y Artiza (Tudela), cuyo propietario era miembro del Euskadiko Mugimendu Komunista (EMK, Movimiento Comunista de Euskadi), la sección vasconavarra del Movimiento Comunista. En Artiza rompieron los cristales del escaparate para luego lanzar al interior un cóctel molotov.

En el País Vasco hubo cuatro atentados. El más serio tuvo lugar en Bilbao. Coincidiendo con las primeras fiestas de la etapa democrática, en agosto de 1978, desconocidos atentaron contra la sede de la librería, imprenta, editorial y revista Askatasuna (1971-1980), un pequeño colectivo que había sido expulsado de la CNT por intentar aunar anarquismo e independentismo. Los terroristas utilizaron dos bidones de gasolina para incendiar el local, destruyendo la maquinaria, el papel almacenado, los archivos, las publicaciones e incluso el listado de los suscriptores. Los daños materiales ascendieron a unos 6 millones de pesetas (251 698 euros actuales). En las paredes de Askatasuna la extrema derecha había pintado sucesivas amenazas, desde «primer aviso» a «vas a morir, perro anarco», firmadas por siglas como las de los GCR[248]. Uno de los promotores de Askatasuna, Mikel Orrantia, relató a El Salto que

Sabíamos hasta quiénes eran. Les denunciamos y hubo juicio, pero como aún no habían cumplido los dieciocho años les declararon no responsables de sus actos. Ni a sus padres. En fin, una farsa de juicio. Nosotros lo perdimos todo. Nuestro medio de vida con la imprenta. Los ahorros que allí habíamos invertido y estábamos pagando con letras… Millones de pesetas de la época. Así que con lo de la CNT y este ataque, la puñalada fue definitiva[249].

Amenaza firmada por los Guerrilleros de Cristo Rey en Askatasuna, sin fecha

FUENTE: Mikel Orrantia.

Rueda de prensa después del atentado, realizada frente al local, agosto de 1978

FUENTE: Mikel Orrantia.

Además de causar daños materiales y poner en riesgo negocios y sueldos, aquellos atentados hacían peligrar la vida de quienes trabajaban en el mundo del libro, por lo que no es de extrañar que lograran atemorizar a una parte de los profesionales. De acuerdo con Lola Larumbe, que se refiere a la etapa 1975-1979:

Este hombre, que era el encargado, nos contaba cómo en aquellos tiempos salían todos juntos de la librería y se escondían, porque siempre les salía gente, había un grupo a la puerta que les insultaba. En el metro se pegaban a las paredes, porque tenían miedo de que les empujaran cuando llegara el tren, o sea, que ellos vivían en ese clima de acoso. No con naturalidad, pero sí con resignación. Venían todos los días a trabajar y ya está. Pero nosotros no, nosotros no tuvimos esa sensación, porque nos parecía ya que eso era como de otro tiempo.

Tuvimos un poco de miedo el 23-F, esa tarde sí, porque nos empezó a llamar mucha gente, mientras estaba siendo el asalto al Congreso. Mucha gente nos llamó: «¡Tenéis que cerrar, tenéis que cerrar la librería, porque han salido…!». Uno de los hijos de este señor de aquí arriba [que era de ultraderecha] bajó corriendo y nos dijo: «¡Cerrad, porque mi padre ha cogido la pistola!». Pero nada que ver con[250]…

Aldo García también recuerda las sensaciones habituales en aquella época: «Yo no estaba trabajando, obviamente, pero sí vivía enfrente y había momentos de tensión y miedo. De repente te aparecía un grupo… pintadas todos los días…». No obstante, hasta donde sabemos, el temor no hizo desistir a ningún librero. Tampoco se tradujo en un descenso de ventas lo suficientemente acusado como para obligar a cerrar algún negocio[251].

CAPÍTULO 15
EL SALTO CUALITATIVO DEL TERRORISMO DE EXTREMA DERECHA

En las elecciones generales de marzo de 1979 prácticamente se repitieron los resultados de la primera cita con las urnas, aunque la abstención aumentó un 10 %, indicio de cierto desencanto entre la ciudadanía. La UCD revalidó su primera posición con 6 268 593 votos (el 34,84 % del total), lo que permitió a Adolfo Suárez continuar al frente del Gobierno. El PSOE recogió 5 469 813 papeletas (el 30,4 %); el PCE, 1 938 487; y, AP, 1 060 330, lo que se traducía en un importante retroceso: Fraga había perdido un tercio de sus apoyos.

La extrema derecha consiguió un significativo repunte, llegando a un total de 414 016 sufragios (el 2,3 % del total). Las candidaturas falangistas que se presentaron por su cuenta obtuvieron el respaldo de 35 052 ciudadanos. Por otra parte, Fuerza Nueva, FE-JONS, los Círculos José Antonio, Comunión Tradicionalista, la Asociación de Jóvenes Tradicionalistas y la Confederación Nacional de Combatientes formaron una coalición denominada Unión Nacional. Ocupando la quinta posición, cosechó 378 964 votos (el 2,11 % del total), que se tradujeron en un diputado elegido por la circunscripción de Madrid: Blas Piñar[252].

En opinión de José Luis Rodríguez Jiménez, la razón de tal resultado residía en «la imagen de unidad, unos mayores recursos económicos, la crisis de AP, el apoyo prestado por los diarios El Alcázar, portavoz de la Confederación, y, más importante, del refundado El Imparcial». Ahora bien, pese a la mejoría respecto a 1977, remarca este historiador, el número de sufragios que habían obtenido distaba mucho del que esperaban los promotores de Unión Nacional que, «recurriendo a las viejas teorías conspirativas», culparon a «la mano de la masonería o el judaísmo internacional[253]».

Por si esto fuera poco, en las elecciones municipales de abril de 1979, las primeras de la democracia, la extrema derecha solo fue capaz de reeditar la coalición en ocho provincias. Con unos resultados residuales, consiguió 66 concejales. Ninguno de ellos salió elegido en la capital de España, donde FE-JONS se tuvo que conformar con 25 038 papeletas (el 1,6 %). El 58 % de los vecinos había votado a candidaturas de izquierdas, lo que permitió que el socialista Enrique Tierno Galván fuera elegido alcalde de Madrid[254].

Hubo seis muestras de bibliofobia ultra en 1979. Por ejemplo, en Palencia en la madrugada del 17 al 18 de julio radicales rompieron las lunas de la sede de UCD, de una cafetería y de la librería Alfar, propiedad de un destacado militante del Partido del Trabajo de España (PTE). Probablemente hubo más ataques, pero no todos se denunciaban. Era el caso del librero José Ramón Saiz Viadero, que en los comicios locales había salido elegido concejal del PCE en el consistorio de Santander. «Las puertas las rompían continuamente y ya no había cristal, porque no había compañía de seguros que quisiera asegurarlo. Entonces, eran simplemente unas maderas de ocume. Yo era ya concejal», recuerda, lo que creó una situación chocante. «La Policía iba allí, estando en el Ayuntamiento, a decirme: “Están tirando la puerta”. Recuerdo un pleno en que el alcalde me dijo: “Oye, José Ramón, que han tirado la puerta”. O de madrugada irme a buscar a casa…»[255].

En 1980 se registraron ocho actos de violencia contra las librerías; en 1981, uno; y, en 1982, otro más. De la misma manera que la bibliofobia violenta se había disparado entre 1975 y 1977, en la etapa de mayor incertidumbre, el fenómeno se fue reduciendo cuando la democracia parecía asentarse y la apuesta electoralista de Fuerza Nueva daba sus primeros (y últimos) frutos. El escaño de Piñar en el Congreso de los Diputados le permitiría, o al menos eso pretendía, proyectarse como un respetable hombre de orden. En esa coyuntura la violencia resultaba inconveniente.

Sin embargo, una parte de los atentados contra la cultura seguían llevando la firma de Fuerza Nueva, su entorno y sus escisiones. Entre 1979 y 1980 actuó en Madrid la Guardia de Hierro, un grupúsculo clandestino integrado por unos 25 militantes de Fuerza Joven que realizaba actos de terrorismo de baja intensidad aparentemente sin el conocimiento ni de sus superiores directos ni de Blas Piñar, aunque las operaciones eran planeadas y preparadas en la sede del partido. Uno de sus miembros, Ricardo Sáenz de Ynestrillas, entonces un adolescente, confiesa haber participado en ataques contra cines, quioscos, editoriales y librerías. Por ejemplo, en octubre de 1980 entre 15 y 20 de estos jóvenes ultras, armados con bates de béisbol y cadenas, rompieron las lunas del escaparate de la librería anarquista La Oveja Negra y arrojaron una papelera a su interior. Todo al grito de «¡Viva Cristo Rey!»[256].

Hay que enmarcar otros de los atentados perpetrados en 1980 en una campaña específica del Frente de la Juventud. A finales del año anterior, sin contrastar debidamente la información, el periodista Xabier Vinader había publicado en la revista Interviú dos entrevistas al expolicía Francisco Ros Frutos en las que se señalaba a supuestos terroristas parapoliciales del País Vasco que estarían atentando contra ETA y su entorno. Decenas de las personas marcadas por aquel semanario tuvieron que huir de su lugar de residencia. En enero de 1980, antes de que tuvieran tiempo de seguir ese camino, dos hosteleros, un blanco fácil, fueron asesinados por ETAm: Jesús García García en Baracaldo (Vizcaya) y Alfredo Ramos en el Valle de Trápaga (Vizcaya)[257].

La revista Fuerza Nueva responsabilizó a Interviú de haber facilitado ambos crímenes y el Frente de la Juventud llamó a boicotear a los establecimientos que vendiesen aquella publicación. A finales de mes cuatro quioscos de prensa fueron incendiados en Madrid. Uno de los ataques fue reivindicado por un fantasmal comando Jesús García, pero quien estaba detrás eran los militantes del Frente de la Juventud. Ricardo de la Cierva, que en ese momento era ministro de Cultura (de enero a septiembre de 1980), se comprometió a reconstruir los negocios siniestrados. Y el gobernador civil de Madrid, Juan José Rosón, ordenó a la Policía que protegiese a los demás puestos. A modo de protesta, en febrero de 1980 la Confederación Española de Vendedores de Prensa llamó al cierre de todos los quioscos, lo que tuvo éxito en la capital, aunque no tanto en otras partes del país. Con todo, hubo más episodios de violencia y amenazas. En junio la revista del Frente de la Juventud publicó la dirección del domicilio de Xabier Vinader, que no figuraba en la guía telefónica, lo que facilitó que muy poco después lo asaltasen unos ultraderechistas, que realizaron pintadas con un espray azul: «Camaradas matados, presentes», «Asta [sic] pronto» y «Arriba España». La acción fue reivindicada por teléfono por un inexistente Batallón Catalano-Español. El periodista no se encontraba allí, ya que había huido a Francia para eludir una orden de detención. Vinader no regresaría a España hasta 1984. Después de cumplir cuatro meses de prisión (había sido condenado a siete años por un delito de imprudencia temeraria de carácter profesional), fue indultado por el Gobierno de Felipe González. En marzo de 1987 el expolicía que había facilitado parte de la información a Vinader, Francisco Ros Frutos, se suicidó en Murcia[258].

Puede considerarse a 1980 como el canto de cisne de la bibliofobia violenta de extrema derecha. Ahora bien, aunque la presente obra se centre únicamente en él, el mundo del libro no era más que uno de los muchos objetivos del terrorismo ultra, que había alcanzado su cenit (cuantitativo) en el bienio 1976-1977: 307 actos de violencia en total. A partir de 1978 el número de atentados de este color político experimentó una evidente caída hasta llegar al mínimo en 1982: 30 acciones. Hubo menos atentados en general, menos contra bienes materiales y menos contra librerías. La disminución queda bien reflejada en la gráfica de la página siguiente, en la que hemos cruzado nuestro registro y la base de datos de Sophie Baby, que contabiliza un total de 754 actos de violencia de extrema derecha durante la Transición, descontando las amenazas.

Que la suma de los atentados se fuera reduciendo no significa que el neofascismo hubiese renunciado a la violencia, sino todo lo contrario. Lo que había hecho era subir varios escalones en intensidad. El descenso cuantitativo de los actos de violencia contra bienes materiales, entre ellos los que sufrían las librerías, coincidió con un crecimiento cualitativo, es decir, con la multiplicación de las víctimas mortales. Durante la Transición el terrorismo de ultraderecha y/o parapolicial asesinó a 62 personas e hirió a otras 39, pero no lo hizo de manera sostenida, sino que la mayoría de los damnificados se acumularon en el bienio 1979-1980: 38 víctimas mortales (el 61 % de todas las que causó).

Violencia de ultraderecha

FUENTE: Baby (2018) y nuestra base de datos.

Incluso la hostilidad contra el mundo del libro se volvió potencialmente mortífera. En la madrugada del 11 de septiembre de 1981 la casa de Joan Fuster volvió a ser objeto de un doble atentado con bomba. Tanto él como los dos profesores con los que se encontraba en aquel momento salieron ilesos. «Supongo que morir será dejar de escribir», solía decir Fuster. Los terroristas no consiguieron ni matarle ni que dejara de escribir. Pese a su fallecimiento en 1992, sus obras todavía son reeditadas y leídas[259].

Violencia de ultraderecha

FUENTE: Elaboración propia.

El remplazo de los atentados incruentos por otros que tenían el objetivo premeditado de causar víctimas respondía a varios factores. Uno era la voluntad de los propios perpetradores, que decidieron dar ese paso y convertirse en terroristas en el pleno sentido de la palabra. Esta decisión se reflejó en la mejora a nivel técnico y organizativo, pasando en algunos casos de los grupos informales de amigos que actuaban con escasos medios, a comandos más estructurados y estables, con fuentes ilegales de financiación, armamento y explosivos.

Nos referimos, pues, a una dinámica interna de la extrema derecha. Como ocurre muchas veces en grupos juveniles radicalizados de todo tipo, los neofascistas habían empezado experimentando con una violencia callejera de baja intensidad, pero que les permitió recibir atención mediática y política sin apenas exponerse a repercusiones penales, ya que la mayoría de sus crímenes quedaron impunes. Cuando las acciones contra bienes materiales se les quedaron pequeñas y consiguieron hacerse con armas y explosivos, los ultras optaron por el asesinato. Desde su punto de vista, el fin justificaba los medios y su fin era «salvar» a España revirtiendo la Transición democrática y/o animando al Ejército a hacerlo mediante un golpe de Estado. Como se verá más adelante, hubo neofascistas para quienes los ataques contra librerías fueron una especie de rito de iniciación, después del cual decidieron derramar la sangre de quienes consideraban los enemigos de la patria.

Hay que tener en cuenta, además, que los jóvenes escuadristas tenían atractivos modelos a los que imitar. Por un lado, el histórico de la primera FE-JONS: la dialéctica de los puños y las pistolas que caracterizó a sus violentas milicias en el contexto de la II República. Por otro, el terrorismo ultra que en los años de plomo se había desatado en países como Italia y Argentina, de los que procedían neofascistas que habían buscado refugio en España. Tales activistas, algunos con un largo historial de delitos de sangre, tuvieron un notable influjo en la extrema derecha autóctona. No es casualidad, por ejemplo, que se importasen de Argentina incluso las siglas de la Triple A, banda que en aquel país había provocado centenares de víctimas mortales[260].

Hubo un factor fundamental. Las circunstancias históricas eran propicias para una escalada de la violencia política. El punto álgido de la tercera oleada internacional de terrorismo coincidió en España con una crisis generalizada de la joven democracia: desencanto social, gobiernos débiles, al igual que su presidente, una UCD en plena descomposición, «ruido de sables» y escasa eficacia policial y judicial. Se abrió así una ventana de oportunidad que todos los terroristas intentaron aprovechar[261].

De ahí el alto el nivel de la violencia política desatada en esta etapa. Desde 1976 a 1982 (ambos años incluidos) el terrorismo de distinto signo causó 498 víctimas mortales, 450 heridos y 70 secuestros en el país. El grueso de los atentados con daños humanos sucedió en el trienio 1978-1980. En 1978 los terroristas asesinaron a 91 personas, que en 1979 subieron hasta las 128. El año en que se acumularon más damnificados fue 1980: se perpetraron 395 atentados, que arrojaron un saldo de 132 asesinatos, 100 heridos y 20 secuestros. No es de extrañar que la ciudadanía considerara que el terrorismo era el mayor problema de España detrás del paro[262].

El terrorismo de todo signo en la Transición

FUENTE: Elaboración propia.

Autoría de los asesinatos (1976-1982)

FUENTE: Fernández y Jiménez (2020).

Aquella letalidad llevaba la firma de terroristas de diferentes colores políticos. Durante la Transición las diversas ramas de ETA acabaron con la vida de 340 personas (el 68 % del total) y ocasionaron lesiones a otras 305. En la clasificación les siguieron el terrorismo de extrema izquierda, cuyo actor más activo eran los GRAPO, con 73 asesinatos (15 %); el de ultraderecha y parapolicial, con 62 (12 %); el de organizaciones palestinas y armenias, con ocho (2 %); y, el del independentismo catalán y canario, con cuatro (0,8 %).

Según avanzaba el período la competición por captar la atención mediática y política se volvió más feroz. Si bien durante el tardofranquismo y la primera Transición la violencia de baja intensidad de la extrema derecha todavía podía ocupar espacio en los medios de comunicación y en el debate público, la letalidad del terrorismo desatado en los años de plomo no solo la invisibilizó, sino que probablemente hizo que muchos perpetradores la percibieran como inútil a nivel estratégico. Si los neofascistas querían aparecer en la prensa, prácticamente copada por los atentados mortales que cometía ETA, tenían que subir varios peldaños en la escalera de la violencia.

El ansia de notoriedad pública respondía a una cuestión tanto de ego como de necesidad: solo si sus atentados tenían eco mediático y político podían contribuir a la cada vez más desesperada resistencia ultra ante los avances democratizadores de la Transición. A esas alturas era evidente que la extrema derecha era marginal, con escasísimo respaldo electoral, y que ni Fuerza Nueva ni las distintas falanges iban a conseguir reimplantar una dictadura a través de las urnas. Dada la magnitud de la empresa, detener el paso del tiempo y volver al pasado autoritario, la violencia de baja intensidad parecía completamente inútil. Su causa requería de métodos mucho más brutales.

Además, hay que recordar que una parte del terrorismo neofascista respondía a la dinámica de represalias: sus atentados eran una forma de vengarse de ataques que ETA o las bandas de extrema izquierda habían perpetrado previamente contra organizaciones de extrema derecha, agentes de la ley o militares. No es casualidad, por tanto, que 1980 fuera, a la vez, el año en el que se acumularon más asesinatos por parte de ETA y más por parte del terrorismo ultra y parapolicial.

Recapitulando, durante los años sesenta y setenta la derecha radical percibió a las librerías como una amenaza para el franquismo: se trataba de agentes de cambio sociocultural que estaban allanando el camino hacia un sistema parlamentario similar a los del resto de Europa Occidental. Y, de hecho, como tantas otras iniciativas, asociaciones y movimientos sociales, lo eran: ejercieron de escuelas de ciudadanía democrática. Tras el fallecimiento del «Caudillo», el nombramiento de Suárez como presidente del Gobierno, las elecciones democráticas y la aprobación de la Constitución de 1978, las peores pesadillas de los ultras se cumplieron: la Transición. Las librerías perdieron sus anteriores connotaciones políticas y fueron vistas, cada vez más, como tiendas de libros. Desde la perspectiva ultra, la cultura impresa seguía siendo un elemento molesto, pero ya no era su objetivo principal. Si en 1975 los atentados contra las librerías suponían el 40,7 % de todos los actos de violencia de extrema derecha, en 1976 eran el 21,7 %; en 1977, el 17,2 %; en 1978, el 18,8 %; en 1979, el 7,3 %; en 1980, el 8,5 %; y en 1981, el 2 %. Para entonces la ira de nostálgicos y neofascistas estaba volcada en otro tipo de blancos: los seres humanos.

CAPÍTULO 16
EL MUNDO DEL LIBRO EN TRANSICIÓN

La violencia política contra la cultura escrita también estuvo condicionada por los importantes cambios que se estaban operando en el mundo del libro. Se trataba de un sector en plena transformación. Por un lado, a consecuencia de la coyuntura económica, arrastraba una crisis desde 1973, que en 1979 la Federación de Gremios de Editores de España calificaba como «muy grave económica, cultural y políticamente[263]». Por otro, cuando el Gobierno Suárez aseguró las libertades mínimas, las formaciones de izquierdas pudieron realizar sus actividades políticas a plena luz del día, por lo que dejaron de necesitar a las librerías que hasta ese momento les habían servido como lugar de reunión y difusión de ideas. El componente político fue perdiendo peso a favor del meramente cultural. Lo cuenta Aldo García:

En el año 1976, aproximadamente, ya cuando había muerto Franco, esta librería [Antonio Machado] como estaba concebida en sus orígenes no tenía ningún sentido, porque ya no había necesidad de todo esto de la reivindicación antifranquista, con lo cual Alberto Méndez y los socios que tenía aquí le ofrecen a mi padre: «Oye, Miguel, ¿por qué no te quedas tú con esta librería, que tú sí eres un librero y la vas a poder explotar como hay que explotar una librería?». Ellos cada uno se dedicaban a lo que se dedicaran en su momento, porque claro, los que eran socios trabajaban en cualquier otra cosa. Y mi padre dijo: «Adelante, os compro la librería y ya la exploto yo como una librería normal». Bueno, normal entre comillas. Y es cuando, en 1976 aproximadamente, Machado librería pasa a ser propiedad de mi padre[264].

Dos años más tarde la librería Rafael Alberti también cambió de manos. En palabras de Lola Larumbe:

[Enrique Lagunero] la librería la cerró en el verano de 1979. Yo creo que ya se había agotado un poco el recorrido que él había querido tener con ella. Una librería es algo más complejo y tuvo problemas con el personal. Ya te digo que era una persona un poco complicada. Y entonces nosotros aparecimos de casualidad, porque queríamos montar una librería. Preguntamos si vendía las estanterías y terminó diciéndonos: «No os vendo las estanterías, pero os alquilo el negocio, el local». Y entonces, como que le caímos bien[265].

El público también demandaba un giro. En esa época se experimentó un cambio en los hábitos de lectura de los españoles, que coincidió con un creciente desinterés por la política: «el desencanto». Miguel Jesús Sánchez, de la librería Sandoval (Valladolid) recordaba que

[…] empezamos a trabajar con editoriales pequeñas, muchas de ellas promovidas por partidos políticos, como CIS, Ciencia Nueva, Ayuso, Castellote o La Piqueta, que servían para el enriquecimiento cultural de los sectores más inquietos. Por aquel entonces el trabajador normal se acercaba a las librerías a comprar. Nuestro perfil era el de un delegado sindical, aunque esta figura aún no estaba burocratizada. Eran obreros con inquietudes. Después, a partir de los 80, con el desencanto, este perfil no se recuperó[266].

En efecto, siguiendo a Sergio Vila-Sanjuán, en 1979 «había comenzado a caer en picado el libro político que tan buenos dividendos había generado durante los primeros años de la Transición». Los títulos de «exiliados y teóricos prohibidos ya habían sido redescubiertos hasta la saciedad y parecía claro que en España no iba a estallar la Revolución». Por eso, los ensayos empezaron a ser sustituidos por la ficción. Como la librera de Cinc d’Ors le explicó al editor Jorge Herralde, «sus clientes seguían siendo exactamente los mismos, solo que antes leían el Materialismo y el empiriocriticismo de Lenin, y ahora se llevaban a Patricia Highsmith o Raymond Chandler[267]».

También tuvo importancia el sostén popular al mundo el libro, probablemente mayor de lo que esperaba la extrema derecha. Lejos de alejar a los ciudadanos de las librerías, lo que les hubiera obligado a bajar la persiana, los ataques ultras despertaron oleadas de solidaridad hacia estos establecimientos. En ese sentido, fueron una invitación para que más gente se interesara y se acercara a las librerías. De acuerdo con la actual propietaria de Alberti, Lola Larumbe:

Hubo mucho apoyo por parte de muchísima gente, de intelectuales, de políticos, de escritores, del mundo de la cultura, de gente muy joven, gente que estaba… Militantes muy jóvenes que, después de un atentado o un incendio, venían a ayudarles a retirar, a limpiar, a pintar. Fueron unos años complicados en ese sentido, pero, a la vez, la librería tomó mucha relevancia. De hecho, aunque ha pasado tanto tiempo de aquello… A lo mejor fue un año de atentados, y sin embargo ha quedado indeleblemente en la memoria de muchísimas personas del barrio, que pasan por aquí o entran a comprar un libro y me dicen: «Yo tenía 10 años y me acuerdo…». Claro, la violencia deja huella[268].

Otro elemento que explica el descenso de la bibliofobia violenta fue la presión mediática, social y política que ejerció el mundo del libro. La labor de las asociaciones profesionales obligó al Gobierno a comprometerse cada vez más con la solución al problema. Durante el franquismo libreros y editores estaban obligatoriamente encuadrados en los gremios provinciales del Sindicato Vertical, que tenían que ser cautos en sus críticas a la pasividad y falta de resultados de las autoridades. En cambio, a partir de la muerte del dictador desaparecieron esas cortapisas y el fenómeno se convirtió en objeto de un intenso debate público.

Durante la Transición, aprovechando los nuevos espacios de libertad, se intensificaron las condenas a los ataques que recibía el mundo el libro, a la incapacidad policial a la hora de atajarlos y a las objeciones que ponían las compañías aseguradoras y el consorcio general de seguros cuando les tocaba pagar los daños producidos en sus establecimientos. Y es que el precio de mantener abiertas las librerías era alto. Javier López de Munáin recuerda que en el caso de la librería El Parnasillo las aseguradoras «no cubrieron nada[269]». Los libros quemados o manchados, apunta Aldo García:

Esos había que tirarlos, no podías hacer nada con ellos. Es verdad que en el mundo del libro siempre hubo una cierta solidaridad con estos ataques. Muchas distribuidoras, editoriales, etc., cuando veían lo que había pasado, te lo reponían y no pasaba nada. Bueno, pasaba, pero las pérdidas no eran tan grandes, podías paliarlas un poco. Pero sí, evidentemente, esto todo era a coste de las librerías. O sea, el cristal no te lo reponía nadie. Y claro, los cristales de un escaparate no son iguales que el cristal de una casa. Son unos cristales especiales, con un grosor muy especial[270].

Las agrupaciones nacionales y regionales de libreros y editores enviaron comunicados a la prensa y a las autoridades, demandando mayor protección. En febrero de 1976 una comisión de ocho libreros de toda España se reunió con el director general de Seguridad para denunciar los atentados que estaban sufriendo sus establecimientos, la inacción policial y la impunidad con la que actuaban los ultras. «También se puso de relieve como la actuación decidida de determinados gobernadores civiles, caso de Barcelona y Madrid, ha logrado la desaparición» de este tipo de atentados, «en claro contraste con el resto de las áreas del Estado, en especial el País Vasco y el País Valenciano». Se les transmitió la buena voluntad del Gobierno, pidiéndoles que a partir de entonces realizasen las denuncias directamente a los jefes superiores de Policía y proponiendo nuevos encuentros en los que se incluiría al Ministerio de Justicia[271].

En junio de 1976 se celebró en La Coruña el V Congreso Nacional de Libreros, cuyo presidente, Fernando Arenas, dio un rotundo «¡Basta ya!» a los ataques ultras en el acto de inauguración. En aquel congreso los libreros decidieron enviar un telegrama al ministro de la Gobernación, Manuel Fraga, expresando la «profunda preocupación y creciente indignación por práctica y reiterada impunidad con que siguen produciéndose atentados, agresiones y amenazas contra librerías, así como por la falta de respuesta concreta a nuestros requerimientos ante un problema que afecta vitalmente a nuestra profesión y a toda la comunidad cultural española y del buen nombre de España y de la monarquía ante el mundo cultural interior y exterior». Se exigió a Fraga «urgentes y eficaces medidas» para atajar la campaña ultra. Para más inri, los libreros habían invitado a intervenir en el V Congreso a Ricardo de la Cierva, quien fue aún más contundente que los empresarios: «en la etapa actual existe negligencia a alto nivel. [Los ataques] se toleran para que la extrema derecha se desahogue[272]».

Ese mismo mes de junio de 1976 los libreros de Vizcaya y Guipúzcoa escribieron al rey Juan Carlos I para solicitarle una audiencia en la que explicarle la situación de indefensión en la que se encontraban. En julio, en el pregón de la Feria del Libro de Bilbao, tras informar de que desde 1973 había contabilizado 240 atentados contra este tipo de establecimientos, Ricardo de la Cierva denunció que las condenas del Gobierno contra «los atentados anticulturales» no se habían «transmitido de manera efectiva a escalas inferiores de la Administración». Además de solicitar medidas de protección policial, también hubo actos de protesta, como el cierre de los establecimientos de la provincia de Barcelona en noviembre. Según Europa Press, 600 librerías se sumaron a aquella convocatoria[273].

En diciembre de 1976 la librería Antonio Machado (Madrid) acogió una reunión de los libreros «siniestrados» de toda España. Hicieron un balance de la violencia ultra que habían sufrido hasta entonces: 125 atentados (sin contar amenazas y pintadas) y 60 establecimientos afectados, con un coste aproximado de 100 millones de pesetas (unos 6 179 004 euros actuales). «Los líderes de la extrema derecha disculpan e incluso fomentan la violencia y los autores de estos ataques en ciertas ciudades actúan políticamente y se pasean por la calle con la mayor tranquilidad (…) sin que se les detenga o inculpe», denunciaba su comunicado final. Los libreros demandaron al Gobierno Suárez «una acción seria» para terminar con el problema[274].

En abril de 1977 se abolió la censura. Y en julio de aquel mismo año, tras las primeras elecciones libres y la constitución del Gobierno democrático de Suárez, el Ministerio de Información y Turismo fue sustituido por el Ministerio de Cultura, lo que reflejaba el compromiso de UCD con la modernización y la homologación con Europa Occidental en ese plano. Con todo, como advierte Giulia Quaggio, la reforma interna de las instituciones y el impulso a una nueva política cultural fueron más lentos de lo que exigía la oposición, entre otras cosas porque tuvo que enfrentarse a las inercias de la propia Administración pública heredada del franquismo. Por ejemplo, todavía se registraron algunos casos de control e intervención en el mundo del libro[275].

En enero de 1978 la Asociación de Libreros de Madrid, creada el año anterior, envió una carta a los parlamentarios para pedirles que interpelasen al Gobierno acerca de la pobre e ineficaz labor de las FCS en esta cuestión. En la misiva se denunciaba que, cuando los autores materiales de los hechos habían sido detenidos, «en muy contados casos ha habido procedimiento penal como resultado de una inculpación. En un gran número de estos casos las denuncias a las Comisarías han sido recibidas con dificultades y obstrucciones, y la actitud de los funcionarios receptores de las denuncias ha sido como si estimasen que el denunciante era el culpable de su desgracia[276]».

Estos son tan solo algunas muestras de la movilización del mundo del libro. No obstante, nos sirven para constatar que su organización y su presión contribuyeron, sin duda, tanto a concienciar a la ciudadanía como a que el Gobierno se tomara más en serio la bibliofobia violenta y, por extensión, el terrorismo parapolicial y ultraderechista.

CAPÍTULO 17
¿EL FIN DE LA VIOLENCIA ULTRA CONTRA LAS LIBRERÍAS?

Durante la Transición los terroristas neofranquistas y neofascistas habían aprovechado la debilidad de los sucesivos ejecutivos de UCD y la complicidad del sector más reaccionario de la Administración, incluyendo a determinados funcionarios policiales y judiciales. Sin embargo, esas ventajas fueron desapareciendo cuando se consolidó el Estado de Derecho.

En 1982 la DGS señalaba que ya en 1980 habían aflorado «los primeros síntomas de disminución progresiva de la actividad terrorista que, posteriormente, a partir de 1981, dará como resultado la práctica desaparición de las acciones de extrema derecha, de otros grupos de extrema izquierda y la práctica inoperancia de los GRAPO». Según sus datos, en total se habían producido 556 acciones terroristas en 1979, 395 en 1980, 320 en 1981 y 195 del 1 de enero al 31 de julio de 1982. A mediados de ese año «el terrorismo en España puede decirse que casi se circunscribe a ETA y, dentro de esta, fundamentalmente a su rama militar[277]».

Para la DGS, la razón residía en «la decidida y eficaz actuación policial», así como en las «medidas del Gobierno en la lucha antiterrorista». El declive del terrorismo ha de achacarse, entre otras razones, a la gestión de los sucesivos ministros del Interior de UCD: Rodolfo Martín Villa, el primero en intentar atajar la bibliofobia violenta, Antonio Ibáñez Freire y Juan José Rosón. Este último, que acumulaba una valiosa experiencia como gobernador civil de Madrid, fue nombrado por Suárez en mayo de 1980. Dicho mes el nuevo ministro puso en marcha un plan estratégico de lucha antiterrorista, que debía mucho a la labor de sus antecesores en el cargo, pero también a su impulso y al de su equipo. Hubo otros proyectos que llevaban el sello personal de Rosón, como la negociación con Mario Onaindia, el secretario general de Euskadiko Ezkerra, que propició la tregua (febrero de 1981) y la posterior disolución (septiembre de 1982) de ETApm a cambio de la reinserción de los polimilis que dejaran las armas[278].

Entre 1977 y 1978 se arrestó a 371 sospechosos de pertenecer a bandas ultras o parapoliciales y desde el 1 de enero 1979 al 31 de julio de 1982, a 515. Desde enero de 1980 al primer trimestre de 1982 tan solo la Policía Nacional desarticuló a cinco comandos, interviniendo 88 armas de fuego y 2 kilogramos de explosivo. De acuerdo con las declaraciones del ministro Rosón en el Congreso, también se elevó el índice de resolución policial de los atentados de extrema derecha: el 3 % en 1977, el 9 % en 1978, el 54 % en 1979, el 83 % en 1980 y el 75 % en el primer cuatrimestre de 1981. Precisamente en marzo de 1981 tuvo lugar la desarticu-lación de un comando neofascista que había cometido siete asesinatos en Guipúzcoa amparándose en las siglas del BVE. La operación había sido posible por la investigación que por su cuenta y riesgo realizó un policía municipal de Andoain, Joseba Pagazaurtundua (Pagaza), que volverá a aparecer en estas páginas[279].

La labor de las FCS fue clave para liquidar la violencia neofascista entre 1981 y 1982. Paralelamente las formaciones ultras estaban experimentando una inexorable decadencia política. Pese a sus llamamientos al Ejército, los dirigentes de FN, FE-JONS y demás grupúsculos eran ajenos a las tramas golpistas que se fueron urdiendo durante la Transición. Eran un sector demasiado minúsculo y generaban poca confianza. Resulta ilustrativo que el 23-F cogiese por sorpresa tanto a Blas Piñar como a Raimundo Fernández-Cuesta: ni los golpistas habían contado con la extrema derecha ni esta se encontraba preparada para tal eventualidad.

El fiasco del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero acabó definitivamente no solo con la posibilidad de hacer descarrilar el proceso de democratización, sino también con las perspectivas electorales de las candidaturas reaccionarias. En los comicios de octubre de 1982 el PSOE, un partido que provenía de la oposición antifranquista, alcanzó la mayoría absoluta: 10 127 392 votos (el 48,11 % del total). Al mes siguiente Felipe González sería investido como presidente del Gobierno, culminando la Transición democrática. Fuerza Nueva, que había sido incapaz de reeditar la coalición con otras formaciones ultras, se conformó con 108 746 papeletas (el 0,52 % del total). Blas Piñar perdió no solo el 71 % de los apoyos que había obtenido en 1979, sino también su escaño. Le fue aún peor a Tejero, que se había presentado como candidato de Solidaridad Española: 28 451 sufragios (el 0,14 %). En total, la extrema derecha solo había tenido el sostén de 152 257 ciudadanos (el 0,72 % del total)[280].

Votos a la ultraderecha en las elecciones generales

FUENTE: Elaboración propia.

El carlismo de corte tradicionalista era completamente residual. Las distintas ramas en las que se había dividido (y se seguiría dividiendo) Falange se hicieron cada vez más inoperantes e irrelevantes, aunque la mayoría consiguieron sobrevivir a la Transición. No fue el caso de Fuerza Nueva. Ahogada por las deudas, la formación neofranquista se disolvió el 20 de noviembre de 1982, aniversario del fusilamiento de Primo de Rivera y del fallecimiento del dictador. En su discurso de despedida Blas Piñar transfirió la responsabilidad del naufragio de su proyecto a la ciudadanía española:

Porque nos han dejado solos: la Iglesia, que es nuestra madre; las Fuerzas Armadas, los creadores de riqueza, las instituciones, los directores, el profesorado y muchos de nuestros militantes, ¡285 000 votos perdidos!, hay que decirlo con sinceridad. Se ha hecho la poda y van a desaparecer de nuestras filas los cobardes. Pero también nos ha dejado solos nuestro pueblo. ¡Oh, pueblo de España!, ¿qué mal te hemos hecho para que nos hayas respondido así[281]?

Al desaparecer Fuerza Nueva como partido político (continuó como editorial), sentencia Xavier Casals, «la extrema derecha perdió su polo dinamizador y aglutinador, sumiéndose en la marginalidad, la atonía y la atomización[282]». Y también en la desmoralización. Su fracaso era incontestable. Había sido incapaz no solo de detener el reloj de la historia y resucitar un franquismo sin Franco, sino incluso de reunificarse en una única formación estable y disciplinada. Desde luego, los restos del naufragio tampoco lo iban a conseguir en los años venideros.

No obstante, las consecuencias de sus actos de violencia fueron brutalmente reales. El terrorismo ultraderechista y parapolicial había causado 62 víctimas mortales durante la Transición. Los dos últimos asesinatos, los del taxista Salvador Sampedro de Dios y el empleado de una gasolinera Severino García García, fueron cometidos en diciembre de 1982 por los Grupos de Acción Nacional-Sindicalista de 28 de octubre. Se trataba de una pequeña y efímera organización vallisoletana creada por exmilitantes de la ya extinta Fuerza Joven que se lanzaron a una letal huida hacia ninguna parte. Ese mismo mes estalló una bomba en la librería Miguel Hernández de Orihuela (Alicante)[283].

No fueron los últimos coletazos del fenómeno. Por desgracia, pese a la derrota política de la extrema derecha, 1982 no marcó el punto y final de la violencia que había ejercido contra la vida humana… ni contra las librerías. Hubo algunos rebrotes de bibliofobia violenta durante los años siguientes, como el que tuvo lugar en septiembre de 1985 contra Sex-Books Egea (Barcelona). Ahora bien, la ultraderecha era una corriente completamente marginal y su facción violenta, aún más. Por lo general, la actuación de las FCS y de la justicia fue capaz de neutralizar la amenaza. Según Aldo García:

Yo cuando he ido a hacer denuncias, que he tenido que hacer dos o tres, evidentemente es al revés [que durante los años en los que su padre estaba al frente de Antonio Machado]. La Policía inmediatamente se ha presentado en la librería, ha tomado muestras de lo que tenía que tomar… A ver, ellos no se pronuncian, pero sí notas que van a perseguir al criminal[284].

Valga como muestra la acción que quizá ha tenido más eco en la prensa: el 11 de septiembre de 2013 una quincena de falangistas asaltaron la librería Blanquerna (Madrid), propiedad de la Generalitat de Cataluña. Todos los agresores fueron arrestados en los días siguientes y en 2016 la Audiencia Provincial de Madrid los condenó a penas de entre seis y ocho meses de cárcel por delitos de desórdenes públicos y daños. El proceso judicial y la sentencia sirvieron de pretexto a la ultraderecha para llevar a cabo una larga campaña exigiendo la absolución y más tarde la libertad de los agresores («Amnistía para todos los falangistas», «Presos patriotas», «Defender España no es delito», etc.), muy similar a las que ha llevado a cabo la «izquierda abertzale» respecto a los presos de ETA o de la kale borroka (lucha callejera)[285].

Se han registrado otros ataques en la capital de España. Aldo García ha seguido siendo testigo de «amenazas de ponerse enfrente a gritar, cantando consignas fascistas y eso, muchas. Eso lo he vivido yo en la Feria del Libro, por ejemplo». Lola Larumbe recuerda que en su establecimiento «hemos tenido muchas pintadas. Pues pintadas con esvásticas, pero eso lo hemos tenido hasta hace poco. Los fines de semana, sobre todo. Los lunes por la mañana había que quitar siempre marcas con rotulador, que eran estos símbolos nazis… […] También me acuerdo una vez que habíamos puesto un escaparate con libros de Álvaro Pombo y entonces hicieron unas pintadas horrendas sobre los homosexuales[286]».

En junio de 2001, en plena Feria del Libro de Madrid, un grupo de jóvenes militantes de Falange Independiente intentó boicotear la caseta en la que firmaban libros los escritores Jorge Martínez Reverte y Pilar Rahola al grito de «Cataluña es España», «Nacionalismo catalán, genocidio cultural» y «Nacionalistas, terroristas». Martínez Reverte les respondió con contundencia: «Fascistas, gilipollas; leed libros, por favor». Durante una media hora se produjeron enfrentamientos verbales entre los ultras y la mayor parte del público presente en El Retiro, que salió en defensa de la autora independentista. También reaccionó con diligencia la organización del evento, que llamó a las FCS y emitió un comunicado por megafonía:

La dirección de la Feria del Libro denuncia este ataque a la convivencia cultural y a la libertad de expresión, que siempre debe presidir cualquier manifestación cultural. Al mismo tiempo, manifiesta su solidaridad con Pilar Rahola y con todos los que transmiten su pensamiento y sus opiniones pacíficamente. La dirección de la feria demanda a las autoridades mayor rapidez de actuación para evitar la repetición de este tipo de incidentes[287].

Sin embargo, no fue la última vez que la Feria del Libro de Madrid fue escenario de la bibliofobia de extrema derecha. En la LXXIV edición, celebrada en mayo de 2015, tres jóvenes neonazis amenazaron a los dos propietarios de la librería La Malatesta. «¿Qué mierda de libros son estos?», gritaron los radicales. Advirtieron que el parque de El Retiro era suyo y que La Malatesta no podía estar allí: «cuando haya menos gente ya os cazaremos». El responsable de la librería El Argonauta intentó calmar los ánimos de los ultras, pero su única respuesta fue propinarle una patada en el pecho. Dos días después alguien intentó romper la puerta de la caseta e hizo una pequeña pintada. La Malatesta era una librería especializada en obras anarquistas y le había tocado, por sorteo, la caseta 88, número que el neonazismo utiliza para referirse al lema «Heil Hitler[288]».

El fenómeno no ha estado circunscrito a Madrid. La librería Sandoval (Valladolid) ha continuado sufriendo ataques ultraderechistas. En noviembre del año 2001 alguien rompió las lunas del establecimiento. En diciembre de 2008, cuando se presentó el libro de Almudena Grandes y Gaspar Llamazares Al rojo vivo, neonazis pintaron esvásticas y cruces celtas en el escaparate. Y en enero de 2009 los radicales rompieron con un hacha los cristales blindados de la librería y de la tienda de comercio justo Sodepaz. Según Miguel Jesús Sánchez, «parece ser que por poner libros sobre el conflicto judeo-palestino y en apoyo a Gaza. Se volvió a denunciar; el Delegado del Gobierno nos llamó interesándose, pero nadie fue detenido. Las lunas las volvió a pagar el seguro. Estos hechos motivaron un gran apoyo popular[289]».

Igualmente se han repetido los actos de violencia blavera en Valencia. Antes de su inauguración en diciembre de 2003, el escaparate de la nueva librería de la Universitat de València fue pintado con el siguiente mensaje: «Volem llibres en idioma valencià, no en català». Estaba firmado por el Colectiu Vinatea[290]. En enero de 2006 unos encapuchados asaltaron la librería Tres i Quatre, gritando consignas, intentando agredir al público y tirando al suelo los ejemplares. Rafa Arnal, ahora cabeza visible del proyecto libertario L’Eixam, que aúna librería, editorial y distribuidora, también ha vuelto a pasar por muy desagradables experiencias por culpa del blaverismo:

Mira cómo son las cosas, que hace ocho o diez años, yo lo recuerdo, vamos a la Feria del Libro de Ocasión, porque en la Feria del Libro de Ocasión de Valencia, que es tradicional, no hay libros en valenciano de ocasión, hay poco libro viejo en valenciano. Al final conseguimos entrar en la Feria. Y vienen los fascistas, nos tiran por el suelo los libros, «hijos de puta, rojos, catalanistas» en la caseta y tal. De eso hace ocho o diez años. Y en fin… Al año siguiente vamos a inscribirnos otra vez y nos dicen que no podemos ir porque creamos problemas a la Feria, es decir… «No queremos problemas». Eso nos dicen en el gremio de libreros de lance de Valencia. Y no nos dejan ir a la Feria. El presidente estaba en la UCD, después estaba con Suárez en el Centro Democrático y Social… Fue concejal de Valencia. Que lo sentía mucho, pero que nosotros no podíamos ir a la Feria, porque originábamos conflicto.

[…] Ya no hemos vuelto, no, no. Nos denegaron la asistencia. Y se lo comenté a la directora general del Libro, pues es una feria subvencionada. ¿Cómo cojones vienen librerías de Málaga, de Madrid… y eso, me parece muy bien, y a nosotros que tenemos nuestras librerías aquí, no nos dejan poner un estand porque vinieron los fascistas, nos tiraron los libros, nos tiraron escupitajos y nos pintaron la caseta? Y parece que somos los culpables y por eso nos penalizan[291].

El 15 de septiembre de 2018 la pared de la librería Sant Jordi de Tarrasa (Barcelona), de tendencia independentista, fue pintada con una gran esvástica y una estelada rojas[292]. En mayo de 2021, menos de un mes después de que la entrevistásemos, Lola Larumbe nos envió fotografías de las pegatinas del grupo musical neonazi Post Mortem que alguien había colocado en la cristalera de la librería Rafael Alberti.

Pegatina de Post Mortem en el escaparate de la librería Rafael Alberti (Madrid), mayo de 2021

FUENTE: Lola Larumbe.

CAPÍTULO 18
ETA ENTRE LA DICTADURA Y LA TRANSICIÓN

En 1952 unos estudiantes universitarios crearon el colectivo nacionalista vasco radical Ekin (Hacer). La confluencia ideológica entre Ekin y Euzko Gaztedi del Interior (EGI, Juventud Vasca), un organismo dependiente del PNV, facilitó que en 1956 se fusionaran bajo las siglas de EGI. Fue una unión efímera. Debido a las desconfianzas mutuas, las ansias de control de la dirección del PNV y los problemas internos del propio partido, dos años después se produjo el cisma. Durante un tiempo los antiguos integrantes de Ekin siguieron autoproclamándose la auténtica EGI, pero en 1959 acabaron por adoptar la denominación de ETA[293].

Su objetivo fundacional era la independencia de Euskadi. El futuro Estado vasco debía ser monolingüe en euskera y se anexionaría los territorios limítrofes: Navarra y el País Vasco francés. ETA era (y nunca dejó de serlo) ultranacionalista. Como demostró su continuidad durante la Transición democrática, su antifranquismo fue circunstancial. A sus líderes no les importaba la forma de gobierno del resto de España, a la que consideraban una nación colonizadora y enemiga, por lo que rechazaron tender puentes con las fuerzas de izquierdas, especialmente las que estaban implantadas en Euskadi[294].

La independencia no se lograría mediante métodos pacíficos, como los que empleaba el PNV, sino siguiendo el modelo de las guerrillas de Cuba, Argelia e Indochina. A juicio del historiador José María Garmendia, el grupo siempre tuvo presente «la necesidad de practicar la violencia». El primer atentado de ETA fue una bomba contra el diario Alerta (Santander) el 25 de octubre de 1959, al que siguieron otras dos en el Gobierno Civil de Vitoria y la Jefatura de Policía de Bilbao. Nadie las reivindicó. El 18 de julio de 1961 sus activistas quemaron un par de banderas españolas en San Sebastián y sabotearon la vía para hacer descarrilar un tren de excombatientes guipuzcoanos que iban a la ciudad a conmemorar el 25.º aniversario del «Alzamiento Nacional». Solo provocaron molestias: el importe de los daños materiales ascendió a 671,04 pesetas (163,32 euros actuales). Además, el incidente permitió a las autoridades descubrir la existencia de ETA. La primera agresión física de la que tenemos constancia ocurrió en diciembre de 1963: tres etarras dieron una paliza al maestro de Zaldívar (Vizcaya)[295].

La represión policial tras estas acciones se tradujo, en opinión del profesor Gurutz Jáuregui, «en una mayor violencia verbal en los escritos de ETA». Por ejemplo, Zutik advirtió de que «el que no colabora en la Resistencia es un traidor, y como tal será tratado […]. Que todos los vascos sepan que ha llegado ya el momento de la clasificación en héroes y traidores». En otro número se remarcaba que había que elegir «por o en contra. Ya se acabaron los certificados de patriotismo. Patriota es aquel que está luchando en la Resistencia o colaborando con ella […]. Todos los demás están del lado del opresor[296]».

En la IV Asamblea (1965) la organización adoptó la estrategia de acción-reacción-acción: sus actos de violencia debían provocar una represión desproporcionada por parte de la dictadura que afectase a toda la población vasca, que así se adheriría a la «guerra revolucionaria». La carencia de fondos y las disputas internas retrasaron la aplicación de este esquema, que fue ratificado en la segunda parte de la V Asamblea (marzo de 1967). Al mes siguiente ETA efectuó su primer atraco con éxito, al que seguirían otros, lo que le permitió adquirir armamento e infraestructura, así como mantener económicamente a sus líderes.

Se trató de un punto de inflexión. Los comandos de ETA colocaron bombas contra medios de comunicación, propiedades de personas acusadas de colaborar con la Policía, repetidores, ayuntamientos, locales sindicales, cuarteles, símbolos franquistas… En marzo de 1968 se registró una explosión en la sede central de El Correo Español que causó lesiones de carácter leve a un operario de composición y caja[297].

El 2 de junio de 1968 la dirección de ETA tomó una resolución trascendental: asesinar a José María Junquera y Melitón Manzanas, los jefes de la Brigada de Investigación Social de Bilbao y de San Sebastián respectivamente, es decir, de la sección policial que se encargaba de perseguir a la oposición antifranquista. El encargado de planificar y dirigir esta última operación, bautizada como Sagarra (Manzana), era Javier Echebarrieta (Txabi). Cinco días después Echebarrieta y su compañero Iñaki Sarasketa se dirigieron en un Seat 850 robado a Beasain por la Nacional I (Madrid-Irún). Debido a unas obras en un puente, los etarras tuvieron que coger un desvío por la carretera local de Aduna (Guipúzcoa). Allí se encontraban regulando el tráfico los guardias civiles Félix de Diego y José Antonio Pardines. Sobre las 17:30 horas Pardines detuvo el coche de Echebarrieta y Sarasketa en un control rutinario. El agente les pidió el permiso de circulación. Con él en la mano, pudo comprobar que los datos no coincidían con el número del bastidor. Expresó su extrañeza en voz alta. Y esas fueron sus últimas palabras. Inmediatamente recibió cinco tiros. Murió en el acto[298].

Los siguientes asesinatos de ETA también fueron perpetrados mediante disparos de pistola. Un miembro de la banda causó su segunda víctima mortal en Irún el 2 de agosto de 1968: Melitón Manzanas, inspector jefe de la Brigada de Investigación Social de San Sebastián que arrastraba una merecida fama de torturador de los antifranquistas detenidos. A la tercera, Fermín Monasterio, un taxista, lo mató un etarra el 9 de abril de 1969. Y, a la cuarta, Eloy García Cambra, policía municipal, el 29 de agosto de 1972. Tal y como había previsto ETA, tales asesinatos pusieron en marcha la espiral de acción-reacción-acción: provocaron una represión brutal y a menudo indiscriminada. Se multiplicó el número de personas detenidas en Euskadi, la mayoría de las cuales no tenían nada que ver con el terrorismo. Además, las FCS cometieron excesos, malos tratos y torturas, lo que les granjeó la animadversión de un creciente número de ciudadanos que se aproximaron a los postulados de la banda y justificaron su violencia.

El engranaje se prolongaría durante años, con hitos como el magnicidio de Carrero Blanco (diciembre de 1973) o el atentado indiscriminado de la cafetería Rolando (septiembre de 1974), pero España no era Cuba ni Argelia: solo funcionó la primera fase de la espiral de acción-reacción-acción. Jamás estallaría aquella revuelta generalizada (la «guerra revolucionaria») que teorizaron los dirigentes etarras en los años sesenta. Lejos de transformarse en el germen de una guerrilla, ETA tuvo que conformarse con el sucedáneo del terrorismo. Y se aferró a él durante décadas. Su carrera sangrienta no se detuvo tras el fallecimiento de Franco, ni tras las elecciones democráticas de junio de 1977, ni tras la Ley de Amnistía de octubre de aquel mismo año, ni tras la aprobación del Estatuto de Autonomía del País Vasco en el referéndum de octubre de 1979. Por el contrario, el ciclo de violencia se aceleró durante la Transición, llegando a su punto culminante en 1980, en el que el nacionalismo vasco radical causó 95 víctimas mortales[299].

En aquellos años ETA contaba una férrea moral de victoria (lo que le hizo despreciar oportunidades históricas como la amnistía), dirigentes experimentados, el alistamiento de nuevos reclutas, fuentes de ingreso (gracias a los atracos, los secuestros y la extorsión), armamento, un entorno social fiel y muy militante, brazos políticos-electorales, medios de comunicación afines como el diario Egin y el semanario Punto y Hora de Euskal Herria, e incluso, un potente sindicato. Otro elemento que incentivó la escalada terrorista fue la rivalidad entre los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA), ETApm y ETAm.

La más letal de las tres ramas de ETA fue la militar. Como señala Florencio Domínguez, ETAm había logrado convertirse en una banda cohesionada, eficiente y bien estructurada, con medios humanos, dinero y voluntad para ejercer la violencia. Asimismo, contaba con una estrategia clara: la «guerra de desgaste». Sus continuos atentados, con guardias civiles, policías y militares como objetivo preferente, pretendían presionar al Gobierno para que, ante el peligro de un golpe de Estado, se viese obligado a cumplir las demandas independentistas. Aquella campaña de ETAm fue una de los pretextos que esgrimieron los golpistas del 23-F[300].

Víctimas mortales de ETA

FUENTE: Elaboración propia.

Evolución de los heridos de ETA y su entorno entre 1965 y 2016

FUENTE: Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior.

CAPÍTULO 19
EL NACIONALISMO VASCO RADICAL Y LA CULTURA

La primera ETA apareció y se desarrolló dentro de un contexto dictatorial. Así pues, ámbitos como el de la prensa, la educación, el arte, el cine o la palabra escrita ya sufrían las restricciones del régimen cuando la organización decidió ejercer sobre ellos una presión en sentido contrario. Durante la Transición democrática el Gobierno y las Cortes fueron atenuando o eliminando las limitaciones legales, pero ocurrió lo contrario con la coacción y la violencia de la banda, que fue a más.

Desde su primera bomba, la que puso en el periódico Alerta en octubre de 1959, uno de los blancos reiterativos de la violencia nacionalista radical fueron los medios de comunicación, a los que pretendió silenciar. Ya en 1973 un comando de ETA había intentado atentar contra el periodista de ABC Alfredo Semprún en Madrid, pero no consiguió dar con él. No tuvo tanta suerte Javier de Ybarra y Bergé, político y presidente editor de los diarios El Correo y Diario Vasco. Fue secuestrado en mayo de 1977. Los terroristas reclamaron un rescate de 1000 millones de pesetas (casi 49 millones de euros actuales), cifra que el entorno de la víctima fue incapaz de reunir. El cadáver de Ybarra apareció el 22 de junio. Tenía un tiro en la cabeza y signos de maltrato y desnutrición. José María Portell, autor de varios libros, director de la Hoja del Lunes (Bilbao) y redactor jefe de La Gaceta del Norte (Bilbao), fue asesinado en Portugalete en junio de 1978. En noviembre de 1979 el gremio sufrió otra víctima mortal: Fernando Rodríguez Espinosa, corresponsal de La Voz de España y Diario Vasco. En agosto de 1980 un comando de ETA ametralló al director del Diario de Navarra, José Javier Uranga en Pamplona. Recibió 25 heridas de bala y quedó gravemente herido, pero sobrevivió[301].

Ahora bien, quizá la peor etapa para la prensa fue la de la «socialización del sufrimiento». En la ponencia Oldartzen (1995) HB había ordenado a su militancia dar «batalla» contra «los medios de comunicación, donde la lucha ideológica y la agresividad contra la Izquierda Abertzale se desarrollan sin límites, adquiriendo un carácter de auténtica “guerra psicológica” en la que todo vale: desde la desinformación más sutil a la intoxicación más burda[302]». A partir de entonces tanto los medios informativos como quienes trabajaban en ellos sufrieron el embate combinado del terrorismo de ETA y de la kale borroka de su sección juvenil, encuadrada en Jarrai. Según un documento interno de esta organización titulado Borroka maldeen (Moldes de lucha), que fue intervenido en diciembre de 1998:

El ABC, El Mundo, El País… y demás llegarán desde Madrid en tren o trailers para ser repartidos en nuestro pueblo. ¡Informarse de cómo y cuándo llegan y quemarlos todos, o por lo menos obstaculizaríamos que fueran distribuidos en nuestro pueblo! ¡Ah, qué felicidad! […]

Deben impulsarse campañas populares que presionen psicológicamente a los periodistas-txakurras [perros], resaltando con pedagogía su papel y sus funciones. Ya hay suficientes posibilidades de obstaculizar los sistemas de emisión-recepción de las emisoras españolas, de dañar los repetidores de las cadenas españolas, de actuar en campos y con métodos diversos[303].

Jarrai cumplió el plan. Sus escuadristas quemaron periódicos y acosaron a los periodistas y a sus familias. Como ha estudiado Kepa Aulestia, la lista de profesionales de los medios de comunicación que fueron objeto de la violencia de persecución es larguísima, con nombres como los de José Mari Calleja y Gorka Landáburu, que quedó gravemente herido en un atentado. ETA se cobró dos víctimas mortales. En mayo de 2000 fue asesinado el columnista de El Mundo y fundador del Foro de Ermua José Luis López de Lacalle en Andoain. Un año más tarde un etarra mató al director financiero del Diario Vasco, Santiago Oleaga Elejabarrieta[304].

La universidad empezó a ser atacada unos años más tarde que la prensa. En enero de 1974 ETA puso una bomba en la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Sarrico y, al mes siguiente, otra en la Universidad de Deusto (ambas en Bilbao). Ese fue el inicio de la violencia ultranacionalista contra la comunidad académica, fenómeno que la historiadora Ana Escauriaza ha analizado en su tesis doctoral. Aunque ninguno de los otros salió indemne, los dos centros más afectados fueron la UPV/EHU (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea) y la Universidad de Navarra. Además del terrorismo de baja intensidad desplegado por su entorno juvenil, ETA realizó distintas acciones contra las facultades, entre ellas al menos diez bombas: una en la Universidad de Deusto (1974), dos en la UPV/EHU (1974 y 2000) y siete en la Universidad de Navarra (1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 2002 y 2008). La banda amenazó de muerte a alumnos y profesores universitarios, que se vieron obligados a guardar silencio, cambiar de hábitos, llevar escolta o incluso partir al exilio. Las medidas de protección no bastaron. Utilizando diferentes excusas, ETA asesinó a docentes como Juan de Dios Doval (1980), Manuel Broseta (1992), Francisco Tomás y Valiente (1996), Ernest Lluch (2000) o José María Lidón (2001)[305].

El nacionalismo vasco radical intentó seducir, controlar o castigar a todos los ámbitos relacionados con la cultura y, especialmente, con la palabra. A decir del historiador Raúl López Romo, el mundo académico e intelectual fue «terreno de trabajo para la militancia de la izquierda abertzale. Y era un terreno que le resultó particularmente proclive en las primeras fases, al menos durante la dictadura y la Transición[306]». Ya se le daba un primer aviso en los Principios que ETA aprobó en su I Asamblea (1962). «En el orden de la Cultura Nacional» la organización exigía para el futuro Estado vasco independiente:

La proclamación del euskera como única lengua nacional. Ella debe de volver a ser la lengua de todos los vascos. Su primacía y carácter oficial dentro de Euzkadi serán totales, sin perjuicio de la instauración de un régimen provisional trilingüe habida cuenta de las realidades lingüísticas del presente.

La creación, como objetivo de imperiosa atención, de la Universidad Vasca, la cual habrá de contribuir decisivamente a la promoción del individuo y a la consolidación de la conciencia nacional vasca.

El trato de protección oficial y difusión nacional de todas las manifestaciones de los valores genuinos vascos[307].

Evidentemente, ETA sería la encargada de elegir cuáles eran esos «valores genuinos vascos». Y cuáles no. En 1964 publicó en su boletín Zutik la «Carta abierta a los intelectuales vascos», dirigida a «poetas, profesores, pintores, escultores, músicos, sacerdotes, novelistas, periodistas, técnicos, investigadores, filósofos, dramaturgos, actores, cineastas, ensayistas, profesiones liberales», etc. De acuerdo con López Romo, «el contexto era el de un debate sobre el uso de la violencia y el objetivo era afear su pasividad[308]». Así, la misiva, explicaba ETA,

[…] quiere ser un toque de atención, de alarma; queremos sacudiros de vuestro letargo que va siendo demasiado largo, despertaros. No podéis, no tenéis derecho a permanecer ciegos y sordos, neutros, ante las convulsiones que agitan a un pueblo (políticamente, religiosamente, estéticamente, socialmente, culturalmente, en fin, existencialmente) en su lucha por la total liberación, por intentar llegar a SER otra vez[309].

Quien no se comprometiera con el nacionalismo vasco radical que encarnaba ETA «es un falso intelectual, no es intelectual». En junio de 1965 apareció una nueva versión de la Carta, con un mensaje muy similar:

Adelante! Habla, dibuja, escribe, canta… usa de todos los medios de expresión para que Euzkadi viva una revolución INTEGRAL. Haz verdadero ARTE. Si es preciso rompiendo con las formas tradicionales. Arriésgate! Alguien ha dicho que al arte hay que violarlo incluso, para hacerlo fecundo.

Te cortarán los medios de expresión. Los defensores a sueldo del Sistema, saben que el arte o la cultura son inseparables de la capacidad de rebelión de un pueblo. No importa. Usa los medios de la clandestinidad, y algún día se podrá decir que el pueblo vasco revivió artística y culturalmente cuando más oprimido estaba, y que esa resurrección fue precisamente el comienzo de su liberación[310].

En la segunda parte de la V Asamblea (marzo de 1967), la misma en la que se ratificó la estrategia de acción-reacción-acción, ETA se estructuró en cuatro frentes: político, económico, militar y cultural. Este último estaba encargado de luchar contra la cultura del «colonizador», es decir, la cultura española en el sentido más amplio de la palabra. En 1972 el frente cultural empezó a editar su propia revista, Hautsi, en la que se transmitían sus posicionamientos, juicios y directrices. En ese primer número se enumeraban las exigencias que se le hacían al «artista revolucionario» para llegar a considerarlo «involucrado en labor útil»: debía «estar a disposición cuando se lo requiera», «superar sus depresiones personales» y renunciar tanto a su «estilo personal» como a la «fantasía[311]».

Desde la perspectiva abertzale más sectaria, el enemigo no era el franquismo, sino España y todo lo español. Por tanto, también se englobaba en esa etiqueta tanto a los inmigrantes que llegaban en busca de trabajo como a los antifranquistas vascos no nacionalistas que, si bien todavía no sufrieron atentados terroristas de ETA, sí fueron sometidos a una creciente coerción. «¿Qué maldición ha caído sobre Euskadi, que para sacarla de la red feudal, se echan las redes del feudalismo de los… camaradas? ¿Será que no podríamos liberar Euzkadi con voluntad vasca?», se preguntaba en 1970 Sabindarra, el órgano de expresión de un grupúsculo neoaranista en Venezuela. «Lagun, escucha cómo la jauría aúlla en maketo… Euzkadi es un manjar que muerden los extranjeros. Camaradas o “señores” feudales, es lo mismo. ¿Qué hace, pues, la fuerza vasca que Sabin despertó?». Una parte del entorno de ETA y otros sectores del nacionalismo vasco ajenos a la banda percibieron cualquier participación de militantes de izquierdas en la comunidad educativa, la cultura y el arte como una amenaza al monopolio que pretendían ejercer sobre esos campos, así que reaccionaron contra su presencia. Así se explica el acoso que desde mediados de los sesenta sufrieron los profesores no abertzales en determinadas ikastolas (escuelas donde se imparte la enseñanza en euskera). O la campaña contra el grupo musical euskaldun (en euskera) Oskorri, cuyo cantante Natxo de Felipe era militante del Movimiento Comunista: era habitual que los radicales se subiesen al escenario para boicotear sus conciertos al grito de «Españolistak kanpora!» (¡fuera los españolistas!). De igual manera hay que entender los ataques publicados a finales de los años sesenta en Lan-Deya, boletín de una facción del sindicato nacionalista Solidaridad de los Trabajadores Vascos (STV), contra el poeta euskaldun Gabriel Aresti. Entre otras cosas, fue tachado de «imperialista», «falangista» y defensor del «nacionalismo español neofascista». También fueron boicoteados algunos actos en los que participaba. Por ejemplo, la conferencia que estaba pronunciando en Bilbao dentro de la Semana del Euskera de 1968 fue reventada por una veintena de ultranacionalistas al grito de «felipe» y «españolista». El pecado de Aresti era ser comunista, abertzale heterodoxo, abierto a los inmigrantes, partidario del euskera batua y contrario al monolingüismo que aspiraban a imponer la autodenominada «izquierda abertzale» y los neoaranistas[312].

El primer atentado de ETA contra la cultura del que tenemos constancia ocurrió en octubre de 1970: una bomba hizo explosión en el interior del cine Aloña (Oñate, Guipúzcoa). El mismo local sufrió un ataque idéntico al mes siguiente. En julio de 1971 otro artefacto estalló en una de las puertas del establecimiento. Aquella sala sufrió un último atentado en agosto de 1972. El cine Aloña era propiedad del exalcalde de la localidad, Vicente Ugarte Egaña, amenazado y marcado por la organización[313].

En junio de 1972 se celebraron los Encuentros de Pamplona: una serie de exposiciones, conferencias, proyecciones de cine, conciertos, actuaciones teatrales y otras manifestaciones culturales, incluyendo un recital de txalaparta y una muestra de arte vasco contemporáneo. Estuvieron presentes artistas, intelectuales y músicos procedentes de todo el mundo. Juan Pablo Fusi lo considera «el festival de arte público de vanguardia nacional e internacional más importante celebrado en España en el siglo XX[314]». Sin embargo, interpretando los Encuentros como «un lujo cultural de los sectores que tienen acceso a la cultura», la organización terrorista intentó forzar su suspensión haciendo estallar un par de bombas en la ciudad. Poco antes había amenazado con que «ETA, sin haber sido invitada, estará presente en Iruña y procurará por todos los medios hacer fracasar este espectáculo. No atentamos contra el trabajo y la obra, que por otra parte aceptamos, de los artistas y críticos sino contra lo que de falso y alienante tienen todas estas maniobras[315]».

Unos meses después, el 16 de enero de 1973, un comando de ETA secuestró a Felipe Huarte Beaumont, gerente de Torfinasa: Tornillería Fina de Navarra, S. A. Su familia había sido la promotora y patrocinadora de los Encuentros de Pamplona. A cambio de la vida de Huarte, la banda exigió que Torfinasa accediera no solo a las reivindicaciones de sus empleados, que en aquel momento estaban en huelga, sino que también pagara un sustancioso rescate: 50 millones de pesetas (unos cinco millones de euros actuales). Los trabajadores se negaron a aprovechar tal circunstancia y suspendieron las movilizaciones, pero la banda consiguió el dinero y Felipe Huarte fue liberado. Los Encuentros de Pamplona no se repitieron[316].

En los años siguientes ETA utilizó las salas de cine para difundir sus mensajes. O al menos intentó hacerlo, ya que a veces sus integrantes fracasaban por su impericia técnica, como les ocurrió en dos ocasiones en 1974. Los etarras retomaron esa estrategia en octubre de 1978: empleando la fuerza para intimidar a los trabajadores, difundieron discursos contra la Constitución en diversos cines. En enero de 1980 integrantes de ETApm asaltaron tres salas de Bilbao en las que se exhibían películas clasificadas como S, efectuando varios disparos contra el techo y las pantallas. Los terroristas exigieron al público que dejara de consumir pornografía, ya que incitaba a la violación, y se fueron. La campaña de los polimilis contra el erotismo, no muy diferente a la que llevaba a cabo por la extrema derecha en esas mismas fechas, dio sus frutos: cuatro cines de Bilbao (entre ellos los tres asaltados) suspendieron la emisión de este tipo de películas[317].

En septiembre de 1986 un comando de ETAm robó de la cabina de proyección del teatro Victoria Eugenia (San Sebastián) dos rollos del metraje de la película El inspector Lavardin (Claude Chabrol, 1986). La acción se enmarcaba en la campaña contra intereses franceses. Fue por la misma razón por la que, en 1988, nacionalistas radicales aprovecharon el rodaje del largometraje Rebus (Massimo Guglielmi, 1990) para quemar un Renault 5 perteneciente a un técnico italiano. Se trataba de una película de dicha nacionalidad, pero la actriz protagonista era la británica Charlotte Rampling. Y con eso bastaba. La última acción de la «izquierda abertzale» contra el mundo del cine de la que tenemos constancia ocurrió en diciembre de 1992, cuando un grupo de jóvenes apedrearon la sala Iparraguirre (Tolosa)[318].

Ataques a salas de cine por ETA y entorno

FUENTE: Blázquez, Fernández y López (2022).

¿Y la música? Como ha estudiado el historiador David Mota, si bien la banda y sus apéndices se encargaron de potenciar al sector que se puso al servicio de sus intereses, como gran parte del Rock Radical Vasco, tampoco dudaron en atacar a quienes se resistían públicamente a hacerlo[319]. Hubo casos significativos, como el del grupo Cicatriz, pero probablemente el más conocido es el del cantautor Imanol Larzabal, uno de los máximos exponentes de la canción en euskera. En septiembre de 1986 el pistolero José Antonio López Ruiz (Kubati) asesinó a Yoyes, exdirigente de ETAm que se había desvinculado del terrorismo en 1978. Imanol participó en un concierto en homenaje a Yoyes, cantando un poema compuesto por el poeta euskaldun Felipe Juaristi, lo que le granjeó la animadversión del nacionalismo vasco radical, que puso en marcha una agresiva campaña contra él. «A Imanol dejaron de llamarle para cantar», recuerda el propio Juaristi. «Hubo un boicot clamoroso hacia su persona. Muchos cantantes vascos se negaron a compartir cartel con él». La marginación y las amenazas de muerte (pintadas como «Imanol traidor, irás al paredón») le obligaron a exiliarse del País Vasco a finales del año 2000, como ya había tenido que hacer durante la dictadura. Cuatro años después falleció en Orihuela, el pueblo natal de Miguel Hernández[320]. En palabras de Felipe Juaristi:

Creo que para Imanol tenerse que marchar significó la muerte. Un cantante necesita su público y el reconocimiento de la gente. ¿Qué hace un cantante como Imanol tan lejos de su país, al que le ha dedicado toda su vida y toda su canción? Fue como una implosión. Esa soledad y alejamiento estalló dentro de él y estoy convencido de que le provocó tal tristeza que al final se murió. La tristeza, unido a todos los problemas de salud que tenía influyó en su muerte. Esta era una tristeza de la que él no hablaba mucho, porque no era un hombre triste, sino siempre alegre[321].

CAPÍTULO 20
«ETA, HERRIA ZUREKIN!»

Como el resto de manifestaciones de la cultura vasca, el mundo del libro no se libró de las injerencias del nacionalismo radical. Al principio a un nivel meramente teórico. Durante los años sesenta ETA sentenciaba qué podía considerarse literatura vasca (la escrita en euskera) y qué no: la obra de los autores que no se juzgaban lo suficientemente vascos: «Unamuno, Baroja, Gonzalo de Berceo, Ercilla, Zunzunegui». De la misma manera, la banda dictaba «las líneas generales» del «renacimiento literario» vasco, exigiendo, por ejemplo, que se redujesen «al mínimo» las traducciones y que los escritores «se dediquen preferentemente a escribir en prosa». En 1965 en un boletín Zutik monográfico sobre «la prensa española en Euzkadi» se advertía contra «esa gama de tebeos, revistas, novelas gráficas, policiacas, del Oeste, de amor, etc., que pervierten, masifican y sensualizan a nuestra juventud». Pero las injerencias de ETA no se limitaron a la literatura de ficción, sino que se extendieron a las disciplinas académicas. Así, desdeñando la historiografía escrita hasta el momento, la organización auguraba que, tras su victoria final, «estudiaremos nuestra verdadera Historia, dejando a un lado las enciclopedias de burgueses y españoles[322]».

Ahora bien, pese a aquella retórica, ETA tardó en emplear la violencia contra el mundo del libro. Y la primera vez que lo hizo fue de manera totalmente fortuita. En mayo de 1973 José Miguel Retolaza Urbina (Ezeki o Ereki) y Javier Aya Zulaica (Trepa) incendiaron con gasolina varios vehículos aparcados en una calle del barrio bilbaíno de Deusto, entre ellos una furgoneta de la Editorial Bruguera, que tuvo desperfectos por valor 4500 pesetas (450 euros actuales). En enero del año siguiente integrantes de ETA prendieron fuego a una tipografía propiedad del alcalde de Galdácano (Vizcaya), Víctor Legorburu Ibarreche, que sería asesinado por la rama militar de la banda en febrero de 1976[323].

Precisamente en esa misma localidad había tenido lugar el primer atentado premeditado contra una librería unos meses antes. A las 9:50 horas del 8 de agosto de 1973 dos jóvenes entraron en la librería Cervantes. Tras fingir que miraban algunos ejemplares, encañonaron con sus pistolas al propietario y a su esposa, a los que ordenaron poner las manos en alto. En ese momento un tercer individuo con la cabeza cubierta con un pasamontañas entró y esparció 20 litros de gasolina por el local y la trastienda. Tras salir de allí, los miembros de ETA arrojaron un cóctel molotov al interior de la librería. El incendio la arrasó. Los terroristas huyeron en un vehículo, olvidándose en el lugar de los hechos una pistola Astra de 7,65 mm con 8 proyectiles en el cargador.

A pesar de la ayuda de los vecinos que vivían en los pisos de arriba, que vieron peligrar sus hogares, los daños materiales producidos por las llamas fueron cuantiosos: 300 000 pesetas (unos 29 861 euros actuales). A esta cifra había que añadir otro millón y medio por los libros y el género calcinado. En total, 1,8 millones de pesetas (179 200 euros actuales).

Las fuentes policiales y judiciales apuntan como los responsables de aquel atentado a José Miguel Retolaza Urbina, Francisco Javier Aya Zulaica, ya mencionados, y Jesús María Zabarte Arregi (Garratz, Bigotes o El Carnicero de Mondragón). Los libreros identificaron a Aya Zulaica y Zabarte como los dos jóvenes que habían entrado en el establecimiento a cara descubierta. Además, las FCS contaron con el testimonio de la novia de Aya Zulaica, a quien este le había revelado su participación con detalles como que a Zabarte «llegó a quemársele el flequillo, por lo que se lo tuvo que cortar». Los tres fueron condenados por el TOP, pero Retolaza y Aya Zulaica en ausencia. Solo Zabarte, que había sido detenido, llegó a entrar en prisión[324].

ETA reivindicó el atentado como parte de su prolongada campaña contra «chivatos, esquiroles y colaboracionistas». Desde su perspectiva, «constituye una obligación de todo revolucionario acabar con tales traidores, castigándoles duramente. La actividad armada de ETA en su contra no puede entenderse pues sino como justa respuesta revolucionaria a los delitos ejercidos por estos enemigos a la clase trabajadora del resto del pueblo vasco». La banda dio el nombre del supuesto dueño de la librería Cervantes, al que acusaba de pertenecer a los Guerrilleros de Cristo Rey. Sin embargo, la documentación judicial demuestra que los nacionalistas radicales se habían confundido: el propietario del establecimiento era el librero que estaba presente el día del ataque, a quien los etarras habían tomado por un empleado. Tal vez se trataba de amedrentar a su suegro, jefe de la Guardia Municipal de Amorebieta, o tal vez fue uno de los múltiples errores de identificación de ETA. En todo caso, la advertencia de la organización era meridianamente clara. «Todos ellos [los supuestos “chivatos”] se encuentran desde hoy amenazados y condenados por ETA. Que nadie se sorprenda luego». En 1975 la banda comenzó a cumplir tales condenas asesinando a las personas marcadas como colaboradores de las FCS. Entre las víctimas de esta campaña hubo perfiles diferentes: ciudadanos que, tras haber presenciado un crimen, dieron su testimonio a los funcionarios que investigaban el caso; amigos o allegados de agentes de la ley; y profesionales que trataban con ellos por razones de su oficio, como taxistas, camareros o quiosqueros. Por ejemplo, en enero de 1980 ETA acabó con la vida del sepulturero de Vergara, Luis Domínguez. El cementerio estaba al lado del cuartel de la Guardia Civil y él, pese a las súplicas de su mujer, mantenía una relación cordial con los agentes. El objetivo de la campaña contra los acusados de «chivatos» era doble. Por un lado, imponer la omertá, la ley del silencio, para dificultar el esclarecimiento de los atentados de ETA. Por otro, aislar tanto a los policías y los guardias civiles como a sus familias, a quienes, por miedo, la población vasca y navarra empezó a evitar[325].

A lo largo de su historia la organización terrorista y su filial juvenil cometieron miles de atentados contra bienes materiales, pero proporcionalmente fueron muy pocos los dirigidos contra librerías. Así, tuvieron que transcurrir varios años hasta el siguiente ataque. Se produjo ya en plena Transición democrática, a la que ETA se oponía tan frontalmente como lo hacía la ultraderecha. El 22 de abril de 1979, con motivo del Día del Libro, Fuerza Nueva Editorial había instalado una caseta para la venta de libros en la plaza del Castillo de Pamplona. Al ser agredidos por un grupo de abertzales, los vendedores tuvieron que retirarse, momento en el que les lanzaron un cóctel molotov. Un niño de dos años, Francisco Javier Torres Ibarrola, sufrió quemaduras de segundo grado en la cara y el brazo derecho, por lo que fue ingresado en la residencia sanitaria Virgen del Camino. Otras personas, heridas de diferente consideración, fueron atendidas en la Casa de Socorro. Posteriormente los agresores quemaron dos banderas españolas y las obras que habían quedado en el puesto de Fuerza Nueva mientras gritaban «ETA, herria zurekin!». (¡ETA, el pueblo está contigo!)[326].

El tercer ataque no fue obra de una rama consolidada de la banda ni de su entorno juvenil, sino de un grupúsculo que trataba de imitar a ETA: Euskadiko Iraultzaile Ekintza (EIE, Acción Revolucionaria de Euskadi). De acuerdo con Ana Escauriaza, el 4 de octubre de 1979 un joven encañonó con una pistola a los empleados que se disponían a cerrar el local de Ediciones Universidad de Navarra, S. A. (Pamplona). Otros dos terroristas colocaron explosivos en su interior, que provocaron daños materiales por valor de cuatro millones de pesetas (145 200 euros actuales). Con el tiempo varios de los integrantes de EIE acabaron en las filas de ETAm[327].

La cuarta vez, que tuvo lugar cuando la democracia parlamentaria ya se había consolidado en España, sí llevó la firma de ETA, concretamente de ETApm VIII Asamblea, la facción intransigente de ETApm que se había negado a aceptar el pacto de Mario Onaindia con el ministro Juan José Rosón, es decir, la disolución de la banda a cambio de la reinserción de sus integrantes. Comandada por Josu Abrisketa Korta (Txutxo) y Arnaldo Otegi (el Gordo), ETApm VIII Asamblea pretendía continuar ejerciendo el terrorismo, aunque posteriormente una parte de la misma (la de Otegi) sería absorbida por ETAm y otra (la de Abrisketa) acabaría desintegrándose[328].

En el verano de 1982 ETApm VIII Asamblea rompió la tregua que los polimilis mantenían desde febrero de 1981 mediante una cadena de atentados en Bilbao, Durango, San Sebastián y Pamplona. Como parte de esa campaña, el 16 de julio de 1982, a las 23:50 horas, hizo explosión una bomba compuesta por un kilogramo de Goma-2 en la librería Universitaria situada frente al Gobierno Civil de Pamplona. Resultó herido un transeúnte, José Navarro Villanueva. El establecimiento pertenecía a la Universidad de Navarra, del Opus Dei, entidad contra la que ETA en general, y ETApm VIII Asamblea en particular, demostró una fijación obsesiva[329].

Librería Universitaria (Pamplona), 17-VIII-1982

FUENTE: Diario de Navarra.

CAPÍTULO 21
COERCIÓN AL MUNDO DEL LIBRO

El atentado contra la librería Universitaria fue el último ataque premeditado contra uno de estos establecimientos que cometieron ETA y su entorno hasta mediados de los años noventa. No obstante, eso no quiere decir que la actividad del nacionalismo vasco radical no afectase negativamente a la cultura escrita (obviando la persecución a la prensa y a la comunidad educativa). Lo hizo de maneras muy diferentes.

Sin contar a todas aquellas víctimas del terrorismo que habían sido autores de publicaciones de distinto tipo, a lo largo de su historia la organización acabó con la vida de cinco personas que trabajaban en el sector del libro. Por un lado, dos quiosqueros: Julio Martínez Ezquerro, asesinado en diciembre de 1977, en Irún; y, Vicente López Jiménez, en diciembre de 1990, en San Sebastián. A ambos el nacionalismo radical les acusó de colaborar con las FCS. Por otro lado, en junio de 1981 un comando mató en Tolosa a Ignacio Ibarguchi Erostarbe y a los hermanos Juan Manuel y Pedro Conrado Martínez Castaños. Se dedicaban a la venta de libros, discos y material para el aprendizaje del euskera, pero los etarras los habían tomado por policías. Al comprobar su error, la banda echó la culpa del triple asesinato a «mercenarios pagados». No reconoció su responsabilidad en el crimen hasta 2018[330].

Por otra parte, ETA modificó la naturaleza y la finalidad del libro hasta un extremo perverso. No nos referimos a la literatura militante publicada por su entorno editorial, sino a algo mucho peor. Al igual que hacía fray Jorge de Burgos en El nombre de la rosa, los terroristas transformaron un instrumento de disfrute y conocimiento en un arma homicida: el libro-bomba. Cabe enumerar algunos atentados perpetrados mediante este método. En marzo de 1988 ETA envió un artefacto camuflado a la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios. Al activarse y estallar, provocó heridas de consideración a dos trabajadoras. En palabras de una de ellas:

Un día llegó un paquete dirigido al presidente y, no sé por qué, lo terminé abriendo yo. Era un libro encuadernado en piel, con las letras de oro. Era sobre África. Y era tan bonito que le dije a mi compañera: «María Teresa, mira qué libro tan bonito» y, al abrirlo, explotó la bomba. Nos hirió de gravedad a las dos. Yo estuve en coma y no recuerdo nada de todo aquello[331].

Libro-bomba enviado al empresario Iñaki Aseguinolaza, Bilbao, 5-I-1989

FUENTE: Museo de la unidad central TEDAX de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional.

Los libros-bombas han dejado numerosos heridos, entre los cuales quizá el más conocido fue el caso de Gorka Landáburu, delegado de Cambio 16 en Guipúzcoa. En mayo de 2001 ETA envió a su domicilio de Zarauz un artefacto compuesto por entre 50 y 100 gramos de explosivo industrial. Durante el juicio a los autores materiales del atentado Landáburu les previno: «Soy periodista. Me habéis destrozado las manos, me habéis dejado ciego del ojo izquierdo, cicatrices por todo el cuerpo, pero os habéis equivocado: no me habéis cortado la lengua[332]».

Otra de tales trampas tuvo consecuencias letales. En agosto de 1989 ETA remitió dos paquetes a sendos funcionarios de prisiones. Uno de ellos decidió no abrirlo al sospechar por la ausencia de remite. Sin embargo, la detonación del otro libro-bomba hirió a dos personas y acabó con la vida de Conrada Muñoz Muñoz, madre de un funcionario destinado en Las Palmas de Gran Canaria, que lo había recibido en su casa de veraneo en Montilla (Granada)[333].

Numerosas librerías del País Vasco y Navarra padecieron desperfectos como resultado de algaradas callejeras o de atentados que ETA perpetró contra otros objetivos. Por citar tan solo algunos ejemplos localizados en Guipúzcoa: en junio de 1983 la librería-papelería Ojeda (San Sebastián) se vio afectada por un ataque contra el Banco Hispano Americano; en noviembre de 1986 la librería Txiki (San Sebastián) fue dañada en el transcurso de una manifestación ilegal en la que se lanzaron piedras; en febrero de 1987 la librería Ekain (Lasarte) fue damnificada por una bomba contra un concesionario Peugeot-Talbot; y en enero de 1990 la onda expansiva de un artefacto que explotó en el bar Arkupeta produjo estragos en la librería Lagun. Este tipo de daños materiales «colaterales» no han sido contabilizados en nuestra base de datos, por no haber sido premeditados, pero eso no los hace menos reales[334].

La cuarta vía de presión etarra contra la palabra escrita fue tan difusa y subterránea que resulta imposible estimar su dimensión real. No obstante, existió. Para financiarse, además de secuestros y atracos, la banda terrorista extorsionó a empresarios, profesionales y propietarios de pequeños comercios. De acuerdo con Florencio Domínguez, 10 000 personas recibieron cartas exigiendo el «impuesto revolucionario» entre 1993 y 2010. Es imposible saber cuántos fueron chantajeados con anterioridad a 1993 (la extorsión había comenzado en 1975), ni cuántos llegaron a pagar en total. La única certeza es que fueron los suficientes como para que ETA subsistiese hasta 2018[335].

Al igual que otros sectores empresariales, incluyendo los culturales, el mundo del libro fue sometido a la extorsión de la banda. En el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo contamos con el expediente del dueño de una librería-papelería de Irún abierta en los años cincuenta. En junio de 1979 el librero recibió una misiva en la que ETA le reclamaba 10 millones de pesetas (363 000 euros actuales) para «contribuir económicamente al sostenimiento de la lucha popular vasca». De no pagar, sería considerado como «colaborador» de la dictadura «y tratado en consecuencia»: «lo buscaremos hasta ejecutarle». El mismo destino correría «si avisa a la policía o en la entrega sucede cualquier contratiempo del tipo que fuera». La amenaza era muy creíble: el año anterior ETA había asesinado a un constructor vecino del chantajeado, José Luis Legasa, que había denunciado la extorsión a la que era sometido[336].

Considerando que si lo hacía estaría contribuyendo a financiar el terrorismo, el propietario se negó a ceder ante las amenazas. Sin embargo, la presión era tal que se vio obligado a huir con su familia, estableciéndose en Valencia. Cinco días después ETA acabó con la vida del dueño de una tienda de antigüedades de Irún, Héctor Abraham Muñoz Espinoza. En septiembre de 1979 la organización terrorista mandó otra carta dando al librero un ultimátum de 10 días. «Una vez pasado el plazo comenzaremos a ejecutarles, lo que si hasta ahora no hemos hecho ha sido simplemente por razones políticas[337]». Su hija relata que

A partir de ese momento mi familia residió en [una localidad valenciana], donde nos refugiamos en casa de un familiar de la rama materna […]. Mi padre traspasó la librería a unos conocidos que se encontraban parados y que, por tanto, no pudieron pagar dicho traspaso hasta transcurrido un tiempo. Durante el primer año mi padre no encontró trabajo. Solo cuando pudimos malvender la vivienda familiar de Irún y recibir el traspaso del negocio mi padre volvió a establecerse con un nuevo comercio […], también de papelería-librería a principios de 1981. Hasta entonces vivimos de la pensión de mi abuela. Por tanto, durante un largo período de tiempo vivimos en circunstancias muy precarias[338].

Durante casi cuatro décadas empresarios y profesionales relacionados de una u otra manera al mundo del libro fueron extorsionados por ETA. Algunos pagaron y otros no. Unos se quedaron y a otros no les quedó más salida que ir el destierro para salvar la vida. Dadas las dificultades que plantea la investigación acerca del «impuesto revolucionario», es imposible dar cifras exactas sobre este drama, que ha sido estudiado en obras académicas como Misivas del terror y La bolsa y la vida[339].

Aparte del «impuesto revolucionario», un número indeterminado de pequeños comercios y establecimientos de hostelería del País Vasco y Navarra se vieron sometidos a la microextorsión, un método similar al pizzo que practica la mafia en ciertas regiones de Italia. Con la excusa de hacer una recolecta para causas tan diferentes como las fiestas o los presos de ETA y sus familias, jóvenes nacionalistas radicales acudían periódicamente a los negocios, incluyendo quioscos y librerías, para dejar sobres que luego pasaban a recoger. Aquellos tenderos que hacían un donativo recibían una pegatina que debían poner en el escaparate, así que el resto, los que no lo hacían, quedaban marcados. Fue el caso de Maxen Zinkunegi, de la librería Minicost. Ella siempre dejaba los sobres vacíos, lo que dio pie a una violencia verbal de la «izquierda abertzale» que no tardaría en ir escalando[340].

La última forma de coacción que el nacionalismo vasco radical empleó contra la palabra escrita fueron los llamamientos al boicot de eventos, empresas o personas para ahogarlos económicamente. Esta medida de presión se empleó contra medios de comunicación, librerías como Lagun y Minicost y editoriales. En junio de 2005, ETA señaló en su boletín a aquellos negocios que «se niegan a aportar la ayuda económica a favor de la liberación de Euskal Herria», es decir, que se negaban a pagar el «impuesto revolucionario» para financiar el terrorismo. Esos negocios, advertía la banda, «tendrán que recibir el castigo del pueblo». Unos meses después la «izquierda abertzale» se encargó de difundir la lista negra de las firmas, servicios y marcas que ETA prohibía contratar o comprar a los ciudadanos vascos y navarros. Era larguísima: supermercados, bodegas, conservas, aceites, bicicletas, lubricantes, panaderías, helados, viajes, seguros, muebles, medicina, pegamentos, restaurantes, concesionarios, funerarias, cerrajerías… Ningún sector se libraba. Tampoco la palabra impresa. Entre las empresas de aquella lista negra figuraban las Editoriales Salvat y Espasa. «¡Boicot! ¡Elige Euskal Herria!»[341].

Campaña de boicot promovida por ETA contra empresas como las Editoriales Salvat y Espasa, junio de 2005

FUENTE: Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo.

CAPÍTULO 22
LA ESTRATEGIA DE «SOCIALIZACIÓN DEL SUFRIMIENTO»

A mediados de los ochenta ETA empezó a recurrir al coche-bomba para provocar matanzas como la del centro comercial de Hipercor de Barcelona (junio de 1987): 21 víctimas mortales y 46 heridos. Lejos de poner contra las cuerdas al Estado de Derecho, los atentados indiscriminados fueron un acicate para lo que hasta entones parecía imposible: la unidad de las fuerzas democráticas. En noviembre de 1987 se firmó el Pacto de Madrid. El 12 de enero de 1988 se materializó el Acuerdo para la pacificación y normalización de Euskadi, más conocido como Pacto de Ajuria Enea. Por esas mismas fechas el movimiento pacifista cobró un fuerte impulso en el País Vasco con grupos como Gesto por la Paz, que hacían visible la oposición ciudadana al terrorismo[342].

Gracias a la colaboración del Gobierno francés, ETA perdió su «santuario» al otro lado de la frontera. Y la lucha antiterrorista que llevaban a cabo las FCS se fue haciendo cada vez más selectiva y efectiva. El potencial mortífero de la banda fue desgastándose lenta pero progresivamente. No obstante, el nacionalismo vasco radical todavía creía posible conseguir sus objetivos por medio de la violencia.

Con el fin de sentar a los representantes del Gobierno en la mesa de negociación, como ya había logrado en Argel unos años antes, ETA preparó una gran ofensiva terrorista para 1992. Ese año se iban a celebrar en España tanto los Juegos Olímpicos (Barcelona) como la Exposición Universal (Sevilla), lo que colocaba al gabinete de Felipe González en una situación de vulnerabilidad ante la opinión pública internacional. Tan solo en los tres primeros meses de 1992 los atentados dejaron 19 víctimas mortales y 4 heridos. La campaña fue interrumpida por las FCS, que desmantelaron varios comandos. El 29 de marzo de 1992 la cúpula de ETA fue detenida en un caserío de Bidart (Francia). Sus sustitutos corrieron la misma suerte. La banda entró en una crisis gravísima. No solo había perdido a su equipo dirigente y sus comandos operativos, sino que se había desvanecido el mito de que era indestructible. Tanto en el Gobierno como en la «izquierda abertzale» se abrió paso la idea de que era posible la derrota policial y judicial de ETA[343].

La caída de Bidart afectó a la moral del brazo político de la banda, pero este tenía sus propios problemas. Desde finales de los años ochenta HB estaba experimentando un lento pero perceptible declive electoral. En las elecciones generales de 1996 solo cosechó 154 853 votos en Euskadi (el 12,47 % del total). Además, en la «izquierda abertzale» se estaba asentando el temor a perder la calle ante las cada vez más nutridas manifestaciones pacifistas. Estas fueron algunas de las razones por las que a mediados de la década de los noventa el nacionalismo radical dio un viraje estratégico de calado.

Resultados electorales del nacionalismo vasco radical en Euskadi entre 1979 y 1996

FUENTE: Elaboración propia a partir de https://www.euskadi.eus/elecciones/

Por un lado, el brazo político de ETA procuró recomponer sus relaciones con el PNV y Eusko Alkartasuna (EA, Solidaridad Vasca), lo que acabó materializándose en la ruptura del Gobierno Vasco transversal (PNV-PSE-EA) y en la firma del Pacto de Estella (septiembre de 1998): un frente abertzale que excluía a las formaciones vascas no nacionalistas. Unos días después de su puesta de largo, ETA declaró una tregua. Pese a las esperanzas que despertó, no estaba planteada como definitiva: la banda la aprovechó para reconstruir sus estructuras, reforzar su arsenal y recabar información sobre posibles objetivos. Significativamente el parón no incluía ni el «impuesto revolucionario» ni la kale borroka. A decir del historiador José Luis de la Granja, el PNV imaginaba Estella como la pista de aterrizaje del terrorismo, pero «servía igualmente como pista de despegue que, por medio del frente nacionalista allí constituido, llevaría a la ruptura con la Constitución y el Estatuto, a la autodeterminación y, en último término, a la independencia de Euskal Herria[344]».

Por otro lado, ETA y su entorno adoptaron la estrategia de «socialización del sufrimiento», inaugurada con el asesinato del dirigente donostiarra del Partido Popular (PP) Gregorio Ordóñez en 1995. Con el sostén de su órgano de comunicación oficioso, el diario Egin, y de HB (y sus siglas herederas), la banda y su apéndice juvenil se dedicaron a amenazar, hostigar, atemorizar, herir y matar a quienes consideraban «los responsables políticos que eran encargados y participantes del conflicto», como se explicó en el boletín Zuzen. «El objetivo: acabar con la impunidad para provocar la opresión de Euskal Herria bajo la protección de los partidos políticos». En realidad, las víctimas de esta campaña fueron los afiliados, líderes y cargos electos del PP, el PSOE, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Unidad Alavesa, es decir, los representantes de la mitad de los vascos y navarros. (Los militantes del PNV y EA también sufrieron violencia de persecución hasta la firma del Pacto de Estella). Además, como ha analizado el historiador Raúl López Romo, los ultranacionalistas pusieron en su diana a pacifistas, escritores, intelectuales, artistas, profesores, periodistas, juristas, libreros y otro tipo de profesionales. Y a las familias de todos sus objetivos, incluyendo a los menores de edad[345].

Según nuestros cálculos, 33 de las personas que ETA asesinó en la última fase de su historia respondían al perfil concreto de la «socialización del sufrimiento» o a lo que la banda consideraría «daños colaterales» producto de dicha estrategia. Aproximadamente se trató de un tercio de las 95 víctimas mortales acumuladas entre 1995 y 2010. En su punto álgido, durante el año 2000, los políticos supusieron el 44 % de las personas asesinadas por la banda[346].

Aunque dramáticos, los datos de la «socialización del sufrimiento» estaban muy lejos del número de asesinatos cometidos durante la Transición. ETA ya no podía sostener el nivel de violencia de antaño. Entre 1978 y 1987 la banda cometía una media de 222,7 atentados por año. En la década siguiente (1988-1998) se redujeron a 80,18, con un repunte a principios de los noventa. La banda perpetró 125 acciones terroristas en 1990, que aumentaron hasta 150 al año siguiente. No obstante, como se puede comprobar en el siguiente gráfico, a partir de la caída de Bidart de 1992 y las subsiguientes operaciones policiales, el número de sus acciones se desplomó para nunca volver a recuperarse. De 2000 a 2009 ETA solo fue capaz de realizar 36,5 atentados anuales[347].

Para compensar la debilidad operativa de la organización terrorista, su filial juvenil (primero denominada Jarrai, reconstruida luego con los nombres de Haika y Segi) multiplicó los actos de acoso, intimidación y kale borroka: un terrorismo de baja intensidad similar al que había desplegado la extrema derecha durante el tardofranquismo y la Transición. Según la agencia VascoPress, si en 1994 se habían registrado 287 incidentes de este tipo en el País Vasco y Navarra, al año siguiente aumentaron hasta los 924. En 1996 fueron 1113 y en 1997, 970. En total, desde 1995 a 2011 los grupos de jóvenes radicales que giraban en torno a ETA realizaron 6541 ataques contra diversos objetivos. El repertorio violento de estos grupos incluía el lanzamiento de objetos y cócteles molotov, la rotura y el incendio de mobiliario urbano y vehículos, las acciones contra sedes de partidos políticos, edificios institucionales y domicilios particulares, etc. No es de extrañar que, como reveló el Euskobarómetro, para el 90 % de los vascos la kale borroka era un problema bastante o muy grave[348].

Violencia de ETA y su entorno (1990-2011)

FUENTE: Crónica de VascoPress, 12-I-2015, y Domínguez (2017: 12).

Objetivos de la Kale Borroka (1995-2011)

FUENTE: Crónica de VascoPress, 12-I-2015.

Entre 1996 y 1997 la mitad de los ataques de kale borroka se dirigieron contra nacionalistas moderados, pero a partir de la firma del Pacto de Estella la absoluta mayoría de ellos tuvieron como objetivo a los vascos no nacionalistas. La violencia de persecución, que no cesó durante las breves treguas que declaró la organización terrorista (junio de 1996, finales de 1998 y 2006), dio resultado: aisló a sus víctimas potenciales y a sus familias. Raúl López Romo informa de que en 2002 había 963 personas escoltadas por la amenaza de ETA en el País Vasco, aparte de los 11 483 agentes de la ley (descontados los policías municipales), objetivos habituales de la organización[349].

La combinación entre ausencia de libertad, atentados terroristas, kale borroka y acoso sistemático por parte del nacionalismo radical hizo que un número indeterminado de ciudadanos tuviese que abandonar Euskadi y Navarra, buscando refugio en localidades del resto de España. Se trata de un fenómeno innegable, sobre el que existe una interesante obra colectiva editada por Antonio Rivera y Eduardo Mateo, pero por ahora no contamos con un estudio riguroso que nos permita calcular el número exacto de los transterrados por culpa de la amenaza de ETA y su área de influencia. Con todo, es evidente que tuvo consecuencias profundas, siendo la principal el empobrecimiento de la pluralidad identitaria y política que había caracterizado a la sociedad vasca, lo que se traduciría también en una disminución de los resultados electorales de los partidos no nacionalistas[350].

Lo que sí podemos medir son variables concretas, como las que arrojan las encuestas. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el terrorismo de ETA se convirtió en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía española. En noviembre del año 2000, su punto más álgido, llegó a afectar al 80,1 % de la población. Por otro lado, de acuerdo con el trabajo que los politólogos Rafael Leonisio y Francisco J. Llera han realizado en base al Euskobarómetro, un amplio porcentaje de la sociedad vasca tenía miedo a participar en política[351]. El temor siempre fue mucho mayor entre los vascos no nacionalistas que entre los nacionalistas. A decir de estos autores:

Antes del cese definitivo del terrorismo de ETA, los votantes del PP percibían (media del período de 1995 a 2011) casi tres veces más temor (el 79 % decía que mucho o bastante) que los de la izquierda abertzale (28 %), y los socialistas casi el doble (63 %) que los del PNV (37 %). En resumen, antes de 2011 la gran mayoría de votantes de PSE y PP percibieron, de media, miedo en su entorno a participar en política, mientras que solo lo sintió algo más de un tercio de los votantes del PNV y un cuarto del electorado de la izquierda abertzale[352].

A consecuencia de la violencia y el miedo, los vascos y navarros no nacionalistas se vieron atrapados en una espiral de silencio, fenómeno que Leonisio y Llera definen así: «los individuos tienden a ocultar sus opiniones en un grupo o contexto social en el que se sienten “minorizados” por miedo a ser estigmatizados, aislados o reprimidos por la mayoría hegemónica[353]».

Evolución (medias anuales) de la percepción de la existencia de miedo a participar en política en Euskadi según recuerdo de voto (1995-2011)

NOTA: El gráfico se elabora como una escala de 1 a 4 a partir de una variable ordinal con los siguientes valores: 1 (nada), 2 (poco), 3 (bastante) y 4 (mucho).

FUENTE: Llera y Leonisio (2017: 35).

CAPÍTULO 23
«IBARROLA ESPAÑOL. ETA MÁTALO»

En marzo de 1995 Joxe Mari Olarra, miembro de la Mesa Nacional de HB, había lanzado una amenaza explícita: «Hasta ahora solo hemos sufrido nosotros, pero están viendo que el sufrimiento comienza a repartirse». En julio de ese mismo año declaró que «nos va a tocar sufrir, pero ese sufrimiento lo vamos a compartir con ellos». Por si había dudas, añadió que «cuando sufran lo que nosotros estamos sufriendo, quizá se replanteen muchas cosas[354]».

Como se ve, la estrategia de la «izquierda abertzale» estaba clara. Ahora bien, como advierte Raúl López Romo y contra lo que se suele afirmar, la expresión «socialización del sufrimiento», como tal, «no aparece en la ponencia Oldartzen (acometiendo o arremetiendo), que sentó la línea política de HB desde 1995». Lo más interesante de dicho documento era que, tras denunciar la «feroz ofensiva desde los Estados español y francés para destruirnos como nación y desarmar ideológicamente a los sectores más comprometidos de nuestro Pueblo», llamaba a los militantes de HB a dar «batalla» en «todos los terrenos: educativo, lingüístico, cultural, y especialmente en el terreno de los medios de comunicación». Al nacionalismo vasco radical se le encargaba la misión de recuperar el control de estas áreas estratégicas para la causa independentista[355].

El fin, salvar a la patria, justificaba los medios. Incluso si se trataba de destruir el patrimonio industrial de Euskadi. En agosto de 1993 el entorno juvenil de ETA provocó un grave incendio en el Museo Vasco del Ferrocarril que se estaba construyendo en Azpeitia (Guipúzcoa). En opinión del alcalde de la localidad, «han querido hacer el máximo daño. La que han quemado era la pieza más antigua y valiosa de todas las del museo». El director del mismo denunció que se había destruido «parte de la historia de Euskadi; no tiene nombre lo que han hecho». La pérdida de patrimonio era irreparable: un vagón de tren que databa de 1887 y otro de 1923 habían resultado calcinados. Dos vagones más y una locomotora de 1898 también resultaron afectados por el fuego[356].

El Museo Vasco del Ferrocarril no fue el último museo atacado. En octubre de 1997, apenas tres meses después del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, ETA preparó un atentado para ensangrentar la inauguración del museo Guggenheim (Bilbao). El objetivo de los dos miembros del comando Katu era asesinar al rey Juan Carlos I pero, como confirmaría la dirigente de la banda María Soledad Iparraguirre (Anboto), se les ordenó que, si la operación ponía en riesgo la vida de «personas ajenas al aparato del Estado», debían «limitarse» a «atacar el museo con la finalidad de destruirlo por medio del lanzamiento de granadas». El día previsto los terroristas aparcaron cerca del Guggenheim una furgoneta en cuyo interior, ocultas en unas jardineras, llevaban 12 granadas autopropulsadas (10 anticarro y dos antipersona). Cuando estaban descargando el material, fueron descubiertos por una pareja de ertzainas. Los etarras huyeron a tiro limpio, asesinando a uno de los agentes, José María Aguirre Larraona. Su muerte no fue en vano. Aquel policía autonómico había evitado una masacre[357].

ETA intentó la misma táctica tres años después, pero la policía autonómica volvió a desbaratar sus planes. En septiembre del año 2000, la Ertzaintza encontró y desactivó ocho granadas, con lanzaderas y temporizador, que habían sido preparadas para ser disparadas contra los asistentes al acto de inauguración del museo Chillida Leku (Hernani, Guipúzcoa). Tras ese fiasco, la «izquierda abertzale» se tuvo que conformar con una manifestación de medio millar de personas que se acercó al recinto, según la crónica de El País, «coreando gritos a favor de ETA y de la independencia y contra los reyes, el presidente del Gobierno, la bandera española, la Ertzaintza y los medios de comunicación. La concentración fue disuelta por agentes antidusturbios de la policía vasca en el cruce del frontón Gallarreta, a 500 metros de la puerta de acceso a la finca[358]».

A pesar de esos fracasos, el nacionalismo radical no cejó en su campaña contra el arte vasco, especialmente contra uno de sus máximos exponentes, Agustín Ibarrola. En los años setenta su compromiso antifranquista y comunista había hecho que sufriera tanto la represión franquista, con varias estancias en prisión, como la violencia ultraderechista. Décadas después la «izquierda abertzale» saboteó el caserío y una de las obras más famosas. Entre 2000 y 2003 los árboles del bosque pintado de Oma (Cortézubi, Vizcaya), que databa de 1984, fueron objeto de sucesivos ataques: los embadurnaron de pintura, recibieron hachazos o fueron talados. Los perpetradores de aquellas acciones dejaron mensajes como «Ibarrola facha de honor», «Gora ETA» (Viva ETA) o «Ibarrola español. ETA mátalo». Como tantos otros amenazados, el artista se vio obligado a vivir con escolta. Habría más. Alguien intentó incendiar el almacén de Guernica en el que guardaba el material, así como diversas obras de arte. En diciembre de 2003 una estela instalada en Lequeitio (Vizcaya), que Ibarrola había realizado por encargo del Gobierno Vasco, fue destruida a golpes de pico. Los perpetradores enviaron una fotografía como prueba de la autoría del atentado reivindicándolo con estas palabras: «ya es hora de romper las cadenas impuestas por los Estados y de destrozar su simbología». «Es necesario rechazar la Constitución española y dar leña a sus defensores más acérrimos[359]».

En mayo de 2001, cuando le preguntaron si había pensado en irse de Euskadi, Ibarrola respondió que:

Esta es mi tierra. Esta es la raíz desde la que creo. Mi conciencia de persona y de creador. Yo estoy viendo con mucha angustia, con mucho dolor y con mucho miedo cómo se desarrolla el nazismo aquí, en el País Vasco. En cualquier parte del mundo son los nazis, los fascistas, este tipo de gente que ha creado esta situación la que sobra, la que no se quiere, la que tendría que irse de sus países[360].

Los nietos de Agustín Ibarrola, Naiel y Martín, junto a uno de los pinos talados en el ataque de mayo del año 2000

FUENTE: Familia Ibarrola.

Sin embargo, la falta de apoyo institucional empujó a Ibarrola a realizar su siguiente gran obra en Castilla y León: las Piedras pintadas en Garoza (Muñogalindo, Ávila), en una finca cedida por su amigo, el editor y experto en arte Alfredo Melgar. «Allí tengo que luchar para conseguir una libertad que permita crear», declaró el artista de 75 años en 2005, cuando empezaba un proyecto que se prolongaría hasta 2009. «Aquí solo lucho con la pintura. Por eso lo de allí me cansa tanto y aquí estoy tan tranquilo[361]».

La libertad de los creadores llevaba mucho tiempo amenazada. También la de los novelistas y poetas, especialmente los que escribían en lengua castellana sin declararse nacionalistas. Valga como muestra un botón. En abril de 1993 se abrió un colegio con el nombre de Gabriel Celaya en su localidad natal, Hernani. Un grupo de escuadristas de Jarrai reventó el acto lanzando huevos contra la viuda del poeta, Amparo Gastón (Amparitxu), de 72 años, el alcalde José Antonio Rekondo (EA) y el delegado de Educación en Guipúzcoa, Alfonso González. Según la crónica de El País, «Amparitxu acabó llorando abrazada al busto de Celaya». El único partido que no condenó aquel ataque fue Herri Batasuna[362].

El perfil de Celaya, poeta social en español, comunista, vasco no nacionalista y figura emblemática de la oposición cultural contra la dictadura guarda semejanzas con el de otros escritores a los que, a partir de 1995, hostigó la «izquierda abertzale». Como ya contamos, el automóvil de Raúl Guerra Garrido había sido vandalizado por ultraderechistas en 1968 por haber puesto el foco en las torturas durante el franquismo. Treinta años después el novelista y su familia volvieron a estar en el punto de mira de los fanáticos. La farmacia que Guerra Garrido y su esposa, Maite Espinosa, regentaban en San Sebastián fue atacada con explosivos y cócteles molotov por nacionalistas radicales en los años 1998, 1999, 2000 (cuando consiguieron calcinar el local) y 2002[363]. En palabras de este autor, que la historiadora Roncesvalles Labiano recoge en su tesis doctoral:

Casi arde el edificio, desalojaron a varias personas. Y la verdad es que era un incendio muy espectacular. Y entonces acuñé una frase gloriosa: «Jamás había pensado en una jubilación tan llamativa». Claro, cuando se empezó a tocar el nombre de mi mujer es cuando ya cerramos el tenderete. No podía ser[364].

Había sido el primer autor vasco en tratar el drama de la inmigración, en Cacereño (1969), y en reflejar la violencia de ETA en una obra literaria, Lectura insólita de «El Capital», que ganó el premio Nadal en 1976. También fue el primero que denunció la extorsión del «impuesto revolucionario» en su novela La Carta (1990). Además, Raúl Guerra Garrido había mantenido un firme compromiso cívico contra el terrorismo como una de las caras visibles del Foro de Ermua (1998), iniciativa que, al igual que ¡Basta Ya! (1999) y la Fundación para la Libertad (2002), estuvo impulsada en gran medida por relevantes personalidades vascas vinculadas al mundo del arte, la cultura y la universidad. Resulta sintomático que, pese al acoso violento al que fue sometido, Guerra Garrido no recibiera la solidaridad de todos los profesionales de la palabra impresa. Como ha reconocido el también novelista Ramón Saizarbitoria, «es obvio que los escritores vascos, como colectivo, al menos los que escribimos en euskera, no ofrecimos al colega Guerra Garrido el apoyo leal que se merecía[365]».

A esa soledad se sumaron las amenazas de muerte y el asesinato de su amigo José Luis López de Lacalle (mayo de 2000). Columnista en El Mundo (antes en Diario Vasco) y miembro del Foro Ermua, durante el franquismo López de Lacalle había sido un destacado militante comunista y uno de los fundadores y organizadores de CC. OO. en Guipúzcoa, lo que le costó un alto precio: fue detenido, torturado por Melitón Manzanas y luego había pasado cinco años en la cárcel. López de Lacalle fue de uno de los doce afiliados a dicho sindicato a los que mató ETA[366]. En esas circunstancias tan adversas Guerra Garrido se vio obligado a llevar escolta y a traspasar su farmacia. Con todo, el nacionalismo radical no logró que el novelista abandonara ni la pluma ni su compromiso cívico. En 2006 recibiría el Premio Nacional de las Letras.

Ramiro Pinilla fue otro de los escritores vascos que sufrió el acoso de la «izquierda abertzale». En octubre del año 2000 cuatro ultranacionalistas encapuchados lanzaron cócteles molotov contra la oficina de la revista Galea, que había fundado y dirigía en Guecho. Pinilla siguió escribiendo y recibió reconocimientos como el Premio Euskadi de Literatura (2005) y el Premio Nacional de Narrativa (2006), pero el ataque contra Galea enterró definitivamente un proyecto que había durado 18 años. De acuerdo con su hijo, Ramiro Pinilla Imaz, «no sabíamos si había sido un episodio aislado o podía volver a ocurrir, y llegamos a la conclusión de que no podíamos esperar ningún tipo de protección ni atención por parte de las instituciones». En sus palabras, «fui a prestar declaración en Comisaría y me dijeron “vamos a investigar y te comunicaremos”. Hasta hoy[367]».

Tal y como sospechaban los Pinilla, el peligro era muy real. En agosto del año 2000 ETA puso una bomba en la casa de Mikel Azurmendi, profesor de Antropología de la UPV/EHU que había sido uno de los impulsores de la Editorial La Primitiva Casa Baroja (San Sebastián), abierta en 1985, así como del Foro de Ermua y ¡Basta Ya! En enero de 2006 Ernesto Santolaya, director de la Editorial Ikusager (Vitoria) y también miembro de ¡Basta Ya!, fue informado de que tres años antes la banda le había señalado como objetivo de un atentado mortal[368].

Si bien siempre había existido, durante la época de la «socialización del sufrimiento» la presión abertzale sobre la cultura y, por ende, sobre la libertad de expresión (y de cátedra, si sumamos la coacción en la universidad) llegó a su culmen. Como relata el poeta Felipe Juaristi, las amenazas y la violencia tuvieron un efecto palpable en quienes se dedicaban profesionalmente a la palabra:

He intervenido en muchos encuentros de escritores, fuera del País Vasco. He aprendido en todos y cada uno de ellos. He mirado con asombro y admiración a los escritores de otros lugares. Comentaban que sus problemas normalmente eran solo técnicos: cuestiones de estilo, búsqueda del ritmo necesario, revisión de asonancias. Eran asuntos puramente formales. Y entonces me decía a mí mismo que tenía que ser bonito que, a la hora de escribir, solo apareciesen problemas técnicos. Eso no nos ha sucedido. Además de superar los problemas técnicos, inherentes al oficio de escribir, el escritor vasco ha tenido que enfrentarse al miedo: miedo a pensar, miedo a escribir, miedo a publicar, miedo al miedo[369].

En opinión del historiador Txema Portillo, «la represión de la libertad de escribir» en aquella etapa no solo fue producto del terrorismo, sino también de «la violencia ejercida, por así decirlo, sobre el espíritu, sobre la quietud y seguridad necesarias para participar en la conformación de la opinión mediante la libertad de escribir[370]». Pese a saber que haciéndolo se exponían a la marginación y los insultos o, peor, se ponían en la diana de ETA y de sus jóvenes escuadristas, intelectuales vascos como el propio Portillo, Felipe Juaristi, Guerra Garrido, Pinilla o Santolaya continuaron escribiendo, publicando y editando.

Irónicamente, aunque a costa de dolor y muerte, se podría decir que la «socialización del sufrimiento» estimuló la producción ensayística en Euskadi. A lo largo de los años noventa intelectuales de la talla de Jon Juaristi, Patxo Unzueta, Juan Aranzadi y Mikel Azurmendi, a los que se añadirían expolíticos de EE como Mario Onaindia, Teo Uriarte o Kepa Aulestia, publicaron obras en las que se sometía a un análisis crítico el nacionalismo vasco y el terrorismo de ETA, organización por la que la mayoría de ellos habían pasado durante la dictadura. Tampoco faltaron las aportaciones de historiadores como Gurutz Jáuregui, José María Garmendia y José Luis de la Granja o de periodistas como Florencio Domínguez, José Mari Calleja o María Ángeles Escrivá.

Entre los libros publicados durante aquella época, muchos de una calidad extraordinaria, destacó El bucle melancólico. Historias de nacionalistas vascos (1997) de Jon Juaristi, que ganó el Premio Espasa Hoy de Ensayo, el Premio Nacional de Ensayo, el Premio de Periodismo Francisco Cerecedo y el Premio Fastenrath. Además, tuvo unas cifras de ventas insólitas para un ensayo: más de 80 000 ejemplares en un año, llegando a los 100 000 en febrero de 1999. También generó una enorme polémica, recibiendo tanto reseñas muy favorables del ámbito periodístico y, aunque más matizadas, del mundo académico, como críticas por parte de políticos y autores nacionalistas, que, más que discutir sus argumentos, utilizaron una retórica ad hominem contra Juaristi[371].

La «izquierda abertzale» reaccionó a su manera: los intelectuales críticos con el nacionalismo fueron objeto de amenazas y represalias de distinta intensidad. Bastantes de ellos, como el propio Juaristi en 1999, se vieron obligados a exiliarse del País Vasco. En palabras de Txema Portillo, que también tuvo que dejar su plaza de profesor en la UPV/EHU y vivir fuera de Euskadi durante 13 años:

Una buena parte de los que se denominan «transterrados» forzados por el terrorismo ultranacionalistra vasco se vieron en dicha situación, esencialmente, por hacer uso de la libertad de escribir. […] La paradoja: se trató de personas que convivían en un sistema constitucional muy avanzado que, por supuesto, tenía establecido como uno de sus principios jurídicos el derecho a la libertad de escribir. Sin embargo, vieron cómo ese derecho, junto a otros igualmente esenciales, era cuestionado y vulnerado por un poder no institucionalizado, pero sí en no poca medida socializado, que ejercían conjuntamente un grupo terrorista y todo un enjambre de organizaciones que orbitaban alrededor de esa banda[372].

La escritura es el acto creativo que pone en marcha la larga cadena del libro, pero esta funciona gracias al desempeño de profesionales muy diferentes: autores, correctores, editores, impresores, comerciales, distribuidores y libreros, que son el último eslabón antes de que las obras lleguen a los lectores. Al igual que los escritores, durante la «socialización del sufrimiento» los tenderos también sufrieron la violencia de persecución. Por desgracia, los libreros estaban aún más expuestos a la ira ultranacionalista, ya que sus negocios eran un blanco muy fácil para la kale borroka, al igual que lo habían sido dos décadas antes para la extrema derecha.

Al menos cuatro librerías radicadas en Guipúzcoa, la provincia con mayor presencia de la «izquierda abertzale», sufrieron actos de violencia perpetrados por el entorno de la banda terrorista: Lagun (San Sebastián), Aritz (San Sebastián), El Caldero Mágico (San Sebastián) y Minicost (Andoain). Probablemente los negocios atacados fueron más, pero la prensa solo informó de los atentados más graves, así que es imposible cuantificar todo el fenómeno.

Ataques a librerías por ETA y su entorno

FUENTE: Elaboración propia.

Aunque el caso de Lagun fue el más duro, prolongado y mediático, no fue el único establecimiento siniestrado en San Sebastián, una ciudad que acumula 94 víctimas mortales y 208 heridos por ETA y su entorno. En septiembre del año 2000, los radicales rompieron el escaparate de la librería Aritz y arrojaron artefactos incendiarios a su interior. El fuego obligó a desalojar las viviendas ubicadas encima del establecimiento, pero los bomberos pudieron apagarlo a tiempo. Un comunicante anónimo reivindicó aquella acción al periódico Gara, sucesor de Egin, aduciendo que «la propietaria del comercio tomó parte en la última manifestación convocada por la plataforma fascista española ¡Basta Ya!». Después advirtió a los «ciudadanos pseudopacifistas que participan en este tipo de movilizaciones» de que estaban actuando a favor de España y contra Euskal Herria. Y añadió que los «patriotas» estaban «dispuestos a defender nuestro pueblo con todos los medios que tengamos en nuestras manos». En enero de 2001 la kale borroka golpeó a la librería El Caldero Mágico en el barrio de Gros[373].

Hasta donde sabemos, los ataques a Aritz y El Caldero Mágico fueron actos puntuales. No ocurrió lo mismo, sin embargo, con las librerías Lagun y Minicost, que fueron objeto de largas campañas que combinaban amenaza, violencia y boicot. Nos ocuparemos de ellas en las siguientes páginas.

CAPÍTULO 24
SOLA ANTE EL PELIGRO

Durante los últimos años del franquismo Maxen Zinkunegi tenía discretamente a la venta en la librería-papelería Minicost (Andoain) dos productos ilegales: ikurriñas y libros prohibidos. Aunque había algún agente de la ley que era cliente del establecimiento, esa actividad no fue detectada o al menos no le ocasionó problemas. A la Guardia Civil lo que más le preocupaba era que no cerrara su local cuando se convocaba una huelga general, pero lo hizo en ocasiones como la protesta contra las condenas a muerte dictadas durante el Proceso de Burgos (1970)[374].

El local de Zinkunegi estaba ubicado en una localidad mediana, de menos de 15 000 habitantes y cercana a San Sebastián, así que sus clientes eran diferentes a los de una librería de ciudad. En Minicost se podía adquirir literatura de todo tipo, pero obtenía sus principales ingresos con la venta de material escolar y libros de texto. Cada mes de junio los padres de Andoain acudían a Zinkunegi para encargarle la lista de los manuales que sus hijos iban a necesitar el siguiente curso. El negocio era razonablemente rentable y apacible. Durante sus primeras décadas solo tuvo un percance grave y se trató de un desastre natural: las riadas de agosto de 1983 destruyeron el establecimiento, aunque pudo ser reconstruido gracias al seguro.

Desde las elecciones de junio de 1977 Maxen Zinkunegi y su marido, el escultor Gotzon Etxeberria Setien, votaban a las candidaturas de Euskadiko Ezkerra, pero no entraron en la formación hasta después de 1982, año en el que la EE de Mario Onaindia convergió con la sección vasca del PCE y ETApm dejó las armas. Andoain era uno de los pueblos en los que los euskadikos tenían mayor implantación proporcionalmente. Incluso llegaron a ostentar la alcaldía dos veces (tras los comicios de 1979 y de 1987), gracias al apoyo de otras fuerzas de izquierdas. En Andoain el peso de EE, el PSE, luego PSE-EE (Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra), el PNV y HB estaba bastante igualado, reflejo de la gran pluralidad de la ciudadanía, una parte importante de la cual había inmigrado en los años sesenta desde la España rural en busca de trabajo.

Cuando se definió por EE, cuenta Maxen Zinkunegi, los simpatizantes del PNV, que consideraban que ese partido les había arrebatado su alcaldía en 1979 al pactar con el resto de las izquierdas, dejaron de ir a la librería. No obstante, tras la escisión que sufrió aquella formación en 1987 «los de EA venían y los del PNV, no». Pero «los de HB, los que leían, venían siempre». Es cierto que la negativa de la librera a pagar la microextorsión motivó cierto grado de violencia verbal en la calle, donde algunos ultranacionalistas le gritaban «hijaputa», «traidora», «fascista» y «española», pero no hubo agresiones y «tampoco lo tomabas muy en serio».

Elecciones municipales en Andoain

FUENTE: Elaboración propia en base a euskadi.eus/elecciones

Maxen Zinkunegi se presentó en las listas de EE en las elecciones municipales de mayo de 1991, que ganó el PSE. Salió elegida una de los cuatro concejales del partido. Su cargo le obligaba a asistir a los plenos, donde las formaciones democráticas intentaban consensuar comunicados de condena tras los atentados terroristas, a lo que los representantes de HB se negaban sistemáticamente. Recuerda que el clima era bronco y había mucha tensión. Por añadidura, poco después de entrar en el ayuntamiento, Euskadiko Ezkerra se sumió en su crisis terminal. En marzo de 1993 el partido convergería con el PSE para dar lugar al actual PSE-EE, pero antes otro sector de la militancia encabezado por Xabier Gurrutxaga, Patxi Baztarrika y Kepa Aulestia, se había escindido para conformar Euskal Ezkerra (EuE, Izquierda Vasca), un partido de corte nacionalista moderado. Los euskadikos de Andoain también se dividieron: unos se integraron en el PSE-EE y otros, como Zinkunegi, crearon EuE. Esos acontecimientos no disminuyeron ni sus ganas de hacer política en el pueblo ni su discurso pacifista en los plenos.

EuE no tuvo recorrido y se disolvió en marzo de 1994. Ahora bien, en los siguientes comicios bastantes de sus antiguos miembros se integraron en las candidaturas del PNV como independientes. Es lo que hizo Maxen Zinkunegi en las elecciones locales de mayo de 1995, saliendo de nuevo elegida como concejal. Cuatro meses antes ETA había asesinado al edil y parlamentario autonómico del PP Gregorio Ordóñez en San Sebastián, inaugurando la «socialización del sufrimiento». Desde aquel crimen el ambiente se había enrarecido. En la toma de posesión de sus actas un grupo de jóvenes radicales lanzaron monedas de peseta a los concejales que no eran de HB, como Zinkunegi, a la que le gritaron «fascista». Entre los agresores, recuerda, había hijos de «clientes míos». Con todo, la coacción no evitó que el socialista José Antonio Pérez Gabarain, que también provenía de EE, fuera designado alcalde de Andoain.

Aunque continuó atendiendo la librería, que era lo que le daba de comer, esta vez Zinkunegi adquirió responsabilidad en el gobierno local, como jefa de servicios. Una de sus tareas eran los actos culturales. Para una letraherida como ella fue un placer organizar la presentación de libros de autores como Bernardo Atxaga. Otra labor, menos agradable pero igual de fundamental para la democracia, consistía en avisar a una empresa que el ayuntamiento tenía contratada para que borrara las pintadas y quitara los carteles que enaltecían el terrorismo. También tenía que mandar ejecutar las multas, como las que la Ertzaintza había puesto a algunos miembros de HB por poner pancartas. Pese a que militantes de los partidos democráticos le pidieron que no lo hiciera («tú no te metas»), porque ya estaba presente el miedo, cumplió con su deber sin excepciones. Zinkunegi y su marido también demostraron su compromiso cívico al acudir a las concentraciones de Gesto por la Paz, frente a las cuales siempre se convocaban contramanifestaciones antipacifistas de la «izquierda abertzale». Ahora bien, ejercer la libertad tenía un coste creciente. En los plenos ella y otros ediles tuvieron graves enfrentamientos con los concejales de HB, entre los que destacaba Juan José Petrikorena, que justificaban tanto los atentados de ETA como la kale borroka. El propio Petrikorena sería condenado por varios delitos relacionados con la violencia.

A partir de las elecciones municipales de 1995 los vecinos más cercanos a la «izquierda abertzale» dejaron de acudir a la librería Minicost. La pérdida de clientes solo fue el primer paso. Los ultranacionalistas gritaban cuando pasaban por delante del establecimiento y cada fin de semana colocaban silicona en la cerradura, hacían pintadas, rompían las persianas y las lunas o arrojaban excrementos. La librera no recibió ningún tipo de apoyo. «Nadie, ni los [tenderos] de enfrente, dijeron ni una palabra». A veces Maxen Zinkunegi denunciaba los desperfectos a la Policía Municipal, otras no, pero siempre dio parte al seguro para que los arreglaran… hasta que la compañía se negó a renovarle la poliza. Ahora bien, lo que le ocurría a la librería era casi anecdótico si lo comparamos con otras formas de violencia: llamadas por teléfono a casa, carteles con su cara, seguimientos, un paquete anónimo con botellas vacías y alguna concentración de la «izquierda abertzale» frente a su domicilio. La Ertzaintza les tuvo que avisar más de una vez para que cerrasen las ventanas, por si lo atacaban con cócteles molotov. Pero lo peor era la situación que atravesaba su hija, una niña de 14 años que estaba cursando 8.º de EGB. Sufrió acoso escolar en la ikastola: fue objeto de agresiones físicas, incluso a pedradas, y la cuadrilla le hizo el vacío. Se quedó sin amigas. Nada de esto apareció reflejado en la prensa, lo que confirma la necesidad de acudir a las fuentes orales en este tipo de proyectos de investigación.

Es precisamente lo que hizo el historiador Raúl López Romo en su trabajo académico sobre el terrorismo y la «socialización del sufrimiento» en Andoain. En esta localidad, según sus cálculos, ETA realizó 16 atentados. Cinco de ellos causaron víctimas mortales: Ignacio Olaitz Mitxelena en 1978, el guardia civil José Díez Pérez en 1979, el guardia civil jubilado Juvenal Villafañe en 1993, el columnista José Luis López de Lacalle en 2000 y el policía municipal y militante del PSE-EE Joseba Pagazaurtundua en 2003. El nacionalismo vasco radical también fue responsable de cinco heridos (tres de ETA en 1979 y dos, por kale borroka, en 2001) y dos secuestros (1978 y 1986). La violencia de persecución de la «izquierda abertzale» contra concejales y militantes del PNV, del PP y especialmente del PSE-EE en Andoain incluyó llamadas de teléfono y pintadas amenazantes, carteles con sus datos personales, ataques contra sus negocios particulares, así como contra las sedes de los partidos democráticos, quema de vehículos, lanzamiento de cócteles molotov contra sus viviendas (o, por equivocación, las de sus vecinos)… Y finalmente el asesinato de López de Lacalle y Pagazaurtundua, crímenes que el alcalde y los ediles vinculados al brazo político de ETA (en aquel momento Euskal Herritarrok, EH, Ciudadanos Vascos) se negaron a condenar. Aquel nivel de violencia tendría consecuencias políticas, sociológicas y psicológicas en Andoain. Como han demostrado los politólogos Rafael Leonisio y Francisco J. Llera, los actos de kale borroka y los atentados terroristas producidos en una localidad aumentaban de manera significativa el miedo entre sus habitantes y, por consiguiente, reforzaban la espiral de silencio[375].

La violencia política en Andoain

FUENTE: Crónicas de VascoPress

La «izquierda abertzale» fue muy activa en 1997. En total hubo 68 atentados de ETA y 970 actos de kale borroka en toda Euskadi, según los cálculos de la agencia VascoPress. La provincia más castigada fue Guipúzcoa. A principios de año el portavoz del PNV, Joseba Egibar, ya había denunciado que el nacionalismo radical pretendía «ulsterizar Guipúzcoa con chavales perfectamente adiestrados». Es lo que parecía estar ocurriendo en las calles de Andoain. Entre el 1 de enero y el 6 de marzo se perpetraron diez ataques contra objetivos como la estación de tren, oficinas bancarias, cajeros automáticos, automóviles[376]…

HB, Ikasle Abertzaleak (Estudiantes Patriotas) y el sindicato Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB, Comisiones de Obreros Patriotas) convocaron una huelga general en el País Vasco y Navarra el 7 de marzo de 1997 para apoyar a los dirigentes ultranacionalistas que habían sido encarcelados por su negativa a comparecer ante el Tribunal Supremo y a pagar las fianzas. Ese día, según el Gobierno vasco, el paro afectó al 7 % de la ciudadanía. A pesar del evidente fracaso a nivel autonómico, la huelga sí tuvo cierta incidencia en el pequeño comercio de Guipúzcoa, el más vulnerable a la presión de la «izquierda abertzale». Los tenderos sabían a lo que se exponían. De acuerdo con la crónica de El País, «no pocos de los establecimientos que desafiaron ayer la ley de HB acabaron con las lunas destrozadas y señalados por los piquetes[377]».

Ese fue el caso de la librería Minicost. El 5 de marzo dos nacionalistas radicales se habían presentado en el local para exigir a Zinkunegi que bajase la persiana en la jornada de la huelga. No les hizo caso. El día 7 abrió su negocio a las 9:30 horas. A las 11:00 un grupo de entre 20 y 25 personas, entre las que se encontraban los concejales de HB de Andoain, se colocaron con una pancarta frente a Minicost. Al irse, uno de ellos le indicó a otro: «Esta tía no cierra». A las 17:45 horas, según la denuncia que presentó a la Ertzaintza en Hernani, Maxen Zinkunegi,

[…] que se encontraba en la librería junto a su marido y una amiga, escuchó unas voces en la calle que decían «Qué vienen, qué vienen» y en ese momento se refugió en la librería una niña de 11 años, tras lo cual la declarante vio a tres individuos encapuchados frente a la entrada y el escaparate.

En ese instante los individuos lanzaron botes de pintura roja y amarilla contra la librería, dos de ellos impactaron contra el escaparate y otros dos en el interior. Uno de los agresores se encaramó al escalón de entrada en el momento del lanzamiento de los botes, tras lo cual los tres se dieron a la fuga[378].

Gotzon Etxeberria salió corriendo detrás de los agresores. Cuando se quitaron la capucha, los identificó, pues eran de Andoain: uno de ellos incluso estudiaba en la ikastola donde él daba clase de arte. Algunas vecinas le confesaron a la librera que también habían reconocido a los agresores, pero ninguna tuvo el valor de declarar ante la Ertzaintza. «Jo, Maxen, no nos pidas eso, que mi hijo va a la ikastola».

Como la mayoría de los actos de kale borroka, aquel ataque quedó impune a consecuencia de la omertá. Desde la campaña contra supuestos colaboradores policiales que ETA había comenzado a principios de la década de los setenta, asesinando a 79 personas entre 1975 y 1985, los ciudadanos vascos sabían perfectamente a qué se exponían si hablaban con las FCS. Por si acaso alguien tenía mala memoria, la «izquierda abertzale» se lo recordaba de vez en cuando. El 8 de junio de 1995 dos jóvenes fueron testigos del asesinato del inspector jefe Enrique Nieto Viyella en San Sebastián. Poco después la Parte Vieja apareció cubierta de carteles con las fotografías de ambos junto al siguiente mensaje: «Txibatoak etorriko zaizue bueltan» (Chivatos, ya os tocará). También se produjeron represalias en Andoain. En diciembre del año 2000 jóvenes radicales incendiaron el vehículo de una testigo protegida en un juicio sobre kale borroka. El ataque se repitió en octubre de 2002[379].

Estado en el que quedó la librería Minicost tras el ataque, III-1997

FUENTE: Gotzon Etxeberria y Maxen Zinkunegi.

«Lo que más me preocupa es el agradecimiento que tuve de que fuera pintura. Agradecía que no fuera un cóctel [molotov]. Me supuso un choque…», reconoce Zinkunegi. El ataque no solo había manchado el exterior de la librería. El cristal estaba roto. Y muchos libros, revistas y material escolar habían quedado inservibles. Los daños materiales ascendieron a 513 000 pesetas (5130 euros actuales), que el consorcio de seguros tardó un tiempo en sufragar.

Una amiga de Zinkunegi, que también tenía un negocio en el pueblo, preparó una hoja de firmas que presentó al resto de los comerciantes de la calle Mayor de Andoain:

Nos sentimos coaccionados por la acción de los piquetes y por la exigencia de cierre recibida en días anteriores. Cerramos nuestros establecimientos en contra de nuestra libre voluntad, porque nuestro deseo era mantener con normalidad nuestro servicio al público.

Reivindicamos LA LIBERTAD con mayúsculas, libertad para pensar de un modo u otro, libertad para abrir o cerrar cada cual su establecimiento. Por eso rechazamos con claridad el ataque del que fue objeto un comercio, la Librería Minicost, cuando mantenía sus puertas abiertas al público. Reivindicamos respeto[380].

Sintomáticamente la hoja sigue en blanco: ninguno de los tenderos se atrevió a firmar. ¿Y el resto de los libreros de la localidad le apoyaron? «No los libreros, nadie». Hubo muy pocas muestras de solidaridad con Minicost. A escala individual, un amigo fue a comprarles un libro estropeado y una mujer originaria de Zamora adquirió una lámpara manchada de pintura, como hacían en su pueblo cuando a una familia se le moría una vaca, le explicó a Zinkunegi. También recibieron una carta de la asociación Bakea Orain de Bilbao. A nivel político, hubo un comunicado de condena del PNV y el PSE-EE de Andoain, que responsabilizaron a HB tanto del «clima de intimidación y miedo» como del atentado contra el establecimiento. Para terminar, hacían un llamamiento doble: «a nuestros ciudadanos para que no renuncien a su libertad y no cedan al miedo que trata de imponer una minoría» y a los simpatizantes de HB «para que pongan freno a esos comportamientos fascistas». El 20 de marzo, en el pleno del ayuntamiento de Andoain, los concejales del PSE-EE, el PNV, EA, Izquierda Unida y el PP condenaron la violencia de la «izquierda abertzale» y el ataque a la librería Minicost durante la jornada de huelga. Los ediles de HB se abstuvieron[381].

Pero no se abstuvieron de tomar nuevas represalias contra Maxen Zinkunegi. La agrupación de Herri Batasuna de Andoain envió una carta a la prensa, que el diario Egin reprodujo el 1 de mayo de 1997. El texto ponía una señal sobre la librera, tachándola de «reptil-político», «peligrosa», «insaciable» y «serpiente». «Llevas tiempo merodeando a nuestro alrededor, enseñando tu lengua rota por la “lamentable” situación de “acoso” que vives, según pregonáis tú y tu partido, moviendo la cola del cascabel del victimismo barato». Ante las «posibles mordeduras», «tenemos el antídoto ya preparado». «Tus mordiscos y denuncias falsas […] saben a derrota política[382]».

Por petición de su amigo Joseba Arregi, para entonces Gotzon Etxeberria y Maxen Zinkunegi se habían afiliado al PNV, así que acudieron con la misiva de HB a la dirección guipuzcoana del partido. Para su sorpresa, no obtuvieron el respaldo esperado. «Yo la soledad que sentí entonces… Entonces dije “ya está”», relata la librera. «A partir de entonces fue aguantar y aguantar».

En junio de 1997, tres meses después del ataque a Minicost y un mes después de la publicación de la carta de HB en Egin, se hicieron visibles sus secuelas. Era el momento en el que los padres de Andoain acudían a la librería para encargar los libros de texto del curso siguiente de la ikastola. Por primera vez en casi tres décadas, los clientes no acudieron a la cita. No se trataba de un boicot únicamente secundado por los simpatizantes de HB, porque al fin y al cabo esta formación había obtenido solo el 22,76 % de los votos en las elecciones municipales de 1995. Era algo generalizado: los demás vecinos tenían miedo a que se les identificara con un negocio que estaba en la lista negra de la «izquierda abertzale». «Ese año se acabó. Ya no pude remontar», reconoce Zinkunegi. «Esta es la consecuencia».

El 1 de julio de 1997 la Guardia Civil rescató al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, que llevaba 532 días secuestrado por ETA en un minúsculo zulo de Mondragón en el que sufrió condiciones tan penosas que llegó a plantearse el suicidio. Como indica José Luis de la Granja, su «imagen depauperada recordaba las de los supervivientes del holocausto nazi contra los judíos y dio la vuelta al mundo». No obstante, no conmocionó al nacionalismo vasco radical. El titular de portada de Egin era elocuente: «Ortega vuelve a la cárcel». Aquella ausencia de empatía no lograba ocultar que la labor de las FCS había frustrado el plan de ETA. La banda decidió vengarse. Como amenazó el portavoz de HB Floren Aoiz, «tras la borrachera policial, puede llegar la resaca si no hay una solución política[383]».

El 10 de julio de 1997 un comando de ETA secuestró en la localidad vizcaína de Ermua a Miguel Ángel Blanco, un joven y desconocido concejal del PP. La organización dio 48 horas al Gobierno para cambiar su política penitenciaria y trasladar inmediatamente a Euskadi a los condenados por delitos de terrorismo. Se trataba de una condición imposible de cumplir. Pese a las movilizaciones masivas de la sociedad vasca, como las que organizaron en Andoain concejales como Maxen Zinkunegi, se trataba de la crónica de una muerte anunciada. A los dos días ETA asesinó al rehén. En toda Euskadi la ciudadanía salió a la calle para protestar contra aquel asesinato y pedir el fin del terrorismo. Floren Aoiz calificó las manifestaciones de los «pseudopacifistas podridos» como un «terremoto de odio y venganza[384]».

En abril de 1999, unos meses después de que el PNV, EA y HB firmaran el Pacto de Estella, las tres formaciones decidieron celebrar de manera conjunta el Aberri Eguna (Día de la Patria). También en Andoain. Sus superiores en el partido indicaron a Maxen Zinkunegi que, como concejal, debía participar en el acto al lado de quienes le habían hecho la vida imposible a ella y a su familia. «En alegre biribilketa [pasacalles]», ironizan la exlibrera y Gotzon Etxeberria. Fue demasiado. Se alejó definitivamente de la política.

La tregua con la que ETA apadrinó el Pacto de Estella (desde septiembre de 1998 a noviembre de 1999) permitió el crecimiento electoral de EH. Tras los comicios municipales de junio de 1999, en los que superó al candidato socialista por 63 votos, fue nombrado alcalde de Andoain el ultranacionalista José Antonio Barandiaran. Su mano derecha, la teniente de alcalde Ainhoa Ozaeta, sería condenada en 2014 por formar parte de la dirección de la banda terrorista como tesorera y jefa del aparato de extorsión. Ahora bien, ni la tregua de ETA ni el poder institucional de EH significaron el fin de la violencia de persecución y sus efectos. Al contario, según un reportaje de El País, durante la alcaldía de Barandiaran (1999-2003) se estableció «el reino del terror». De acuerdo con los datos del Euskobarómetro de 1999, el 4,9 % de la población de Andoain mostraba mucho miedo a participar en política; el 46,3 % tenía bastante; y, el 31,7 % tenía un poco. Solo el 7,3 % carecía de miedo. Otro 9,7 % prefería no contestar a esa pregunta[385].

Mientras tanto, aunque generando y acumulando cada vez más deudas, Zinkunegi mantuvo abierta la librería. «Era testaruda, quería darle la vuelta». Pero ya casi nadie acudía. La situación empeoró aún más para Minicost cuando la sede de EH se trasladó a un local muy cercano. La calle se convirtió así en el epicentro de la «zona nacional», por lo que la gente que pasaba por delante de la librería se sentía vigilada y no se paraba a comprar. Minicost solo conservó un puñado de clientes fieles, como el concejal socialista José Luis Vela, José Luis López de Lacalle, Joseba Pagazaurtundua y sus familiares, que también eran objeto de amenazas y agresiones. Años más tarde algunos vecinos le confesaron a Zinkunegi que durante ese período «“no te dije nada, pero qué mal lo pasaste”. “¿Y por qué no me dijiste entonces?”. “Jo, es que, es que… Cualquiera entraba a la tienda. Es que, si veían que entrabas a tu tienda, ya estabas…”».

En enero del año 2000, acusando al PNV de haber faltado a su palabra, ETA volvió a matar. Lo hizo con un coche bomba en Madrid que acabó con la vida del teniente coronel Pedro Antonio Blanco García. Un mes más tarde los terroristas asesinaron al exvicelehendakari socialista Fernando Buesa y a su escolta, el ertzaina Jorge Díez Elorza. A lo largo de ese año habría 23 víctimas mortales[386]. Una de ellas fue José Luis López de Lacalle. Un comando de ETA había intentado asesinarle hasta en tres ocasiones sin conseguirlo. La cuarta fue la definitiva. De acuerdo con la sentencia, el 7 de mayo por la mañana los terroristas decidieron esperarle en el portal de su casa hasta que saliera

[…] sobre las 9:30 horas, tal y como era lo habitual, según lo observado en las vigilancias. Sin embargo, en ese día y hora José Luis López de Lacalle regresaba al domicilio [después de comprar el pan y los periódicos], momento en que José Ignacio Guridi Lasa se acercó a él y tras asegurarse de que se trataba efectivamente del periodista, le efectuó cuatro disparos con el arma de fuego que portaba (un revólver calibre 38, marca Arminius con n.º […]), en tanto que otro miembro del comando vigilaba, huyendo ambos a continuación del lugar, utilizando un vehículo donde les esperaba una tercera persona.

Como consecuencia de los disparos recibidos a corta distancia que alcanzaron centros vitales de la víctima, que presentaba dos impactos de bala a la altura de la sien y de la nuca y otros dos en el tórax y abdomen, José Luis de López Lacalle falleció de forma inmediata[387].

En un tumultuoso pleno municipal, en el que los representantes de los partidos democráticos aprobaron una moción mostrando su «repulsa enérgica» al asesinato de aquel vecino, el alcalde y los concejales de EH se negaron a sumarse a la condena. De acuerdo con la crónica de El País, «entre los gritos dirigidos a los vecinos afines a la izquierda abertzale se pudieron escuchar frases como las siguientes: “Nosotros también somos vascos”, “habéis matado a un gran hombre” y “ni Franco se habría atrevido a hacer esto[388]”».

Minicost había perdido uno de sus últimos clientes y Maxen Zinkunegi, un buen amigo. La muerte de López de Lacalle le afectó mucho, agravando la profunda depresión en la que llevaba tiempo sumida. El 30 de junio de 2000 bajó por última vez la persiana de la librería Minicost, que acababa de cumplir 31 años de historia. Fue a ver a una sobrina que a veces le ayudaba y le confesó: «Se acabó, se cierra. Ya no puedo más».

Maxen Zinkunegi acudió a la consulta de un psiquiatra y comenzó un larguísimo tratamiento. Aún tuvo que recibir más noticias amargas. El 8 de febrero de 2003 ETA acabó con la vida de otro de sus amigos y antiguos clientes, Joseba Pagazaurtundua. El alcalde y los concejales de EH se negaron a condenar el crimen. Cuando el PSE-EE y el PP plantearon una moción de censura para desalojar al nacionalismo radical de la alcaldía, el PNV no quiso apoyarlos[389].

El terrorismo no terminó hasta 2011. Lo que quedaba de la banda, cada vez más debilitada por la acción policial, sobrevivió siete años más. Gracias a la ayuda profesional, a la medicación, al sostén de su marido, a su esfuerzo personal, a sus lecturas y al paso del tiempo, dice Maxen Zinkunegi, hoy «puedo hablar sin llorar». Y contarnos la historia de su librería.

Pintada realizada en la madrugada del asesinato de José Luis López de Lacalle en la calle Plazaola de Andoain, 8-V-2000

FUENTE: Eugenio Ariztimuño Amas.

CAPÍTULO 25
KALE BORROKA CONTRA LA LIBRERÍA LAGUN

El espacio de cultura contra el que el ultranacionalismo actuó con más saña durante la «socialización del sufrimiento» fue la librería Lagun. Fundada por Teresa Castells en 1968, había sido centro de reunión de historiadores, escritores y artistas, pero también uno de los focos de difusión de la cultura democrática, progresista y antifranquista en San Sebastián durante los últimos años de la dictadura. La significación política del establecimiento era inequívoca. Incluso en su nombre. Lo denominaron así, recordaba José Ramón Recalde, por sugerencia del lingüista Koldo Mitxelena, que «nos indicó que lagun es exactamente tovarich, más que “amigo”, más matizadamente que “compañero” o “camarada”». Teresa Castells estuvo detrás de iniciativas como la bajada de persianas para protestar contra el Proceso de Burgos (1970) y la recogida de fondos para los exiliados chilenos tras el golpe de Estado del general Augusto Pinochet (1973). Dos años después pasó un mes en la cárcel por negarse a pagar la multa que le habían puesto por intentar convencer a otros comercios de que se sumaran a un cierre para impedir la ejecución de dos miembros de ETApm y otros tres del FRAP en septiembre de 1975. Su entorno más cercano también tenía una impronta marcadamente izquierdista. Teresa Castells estaba casada con José Ramón Recalde, abogado laboralista y líder de la sección vasca del FLP, compromiso político que le costó detenciones, torturas (a manos, entre otros, de Melitón Manzanas) y cárcel. Y el principal empleado de Lagun era Ignacio Latierro, dirigente del Partido Comunista, primero a nivel guipuzcoano y, desde 1981, de todo el País Vasco. Tanto Recalde como Latierro, aunque en momentos distintos, acabarían ingresando en el PSE-EE. Como ya se ha visto, además de pagar sanciones por la venta de libros prohibidos durante la dictadura, la librería Lagun también soportó amenazas, pintadas y atentados ultraderechistas durante la Transición[390].

El mismo compromiso con la democracia y la libertad que había puesto a aquel establecimiento en la diana del franquismo y el neofranquismo fue motivo de la animadversión del nacionalismo vasco radical. Desde el principio hubo «una hostilidad manifiesta». Por una parte, Latierro era dirigente del PCE, una formación que condenaba de manera tajante el terrorismo. Por otra, la librería estaba ubicada en el equivalente abertzale de la «zona nacional» de los ultraderechistas: «en la Parte Vieja, muy cerquita de la calle Juan de Bilbao, donde está su centro de operaciones, donde tienen los bares, y nosotros somos un elemento extraño en ese ambiente». En plena Transición

[…] colocaron un cartel en el escaparate, no un cartel dirigido a nosotros, sino de los carteles de su publicidad, y nosotros lo quitamos inmediatamente. Entonces, esa noche nos apareció todo el escaparate, uno de los dos escaparates, todo lleno de carteles, como aquel cartel que habíamos arrancado. O sea, si no queréis una taza, taza y media. Es más, en aquella época todavía, pese a que no éramos muy queridos, a finales de los setenta y principios de los ochenta, éramos la librería antifranquista. Buena parte de las compras de libros… de Gestoras Pro Amnistía… las habían hecho en Lagun, las primitivas. Habíamos compartido, y probablemente todavía compartiríamos muchos lugares públicos […]. Entonces, cuando nos hicieron esa pintada, yo hablé con algunos de la gente de por allá, de la Parte Vieja, y nos dijeron que era la libertad de expresión[391].

No obstante, el primer encontronazo serio se produjo en julio de 1983. El mismo día en el que un policía nacional había sido asesinado en Sopelana (Vizcaya) un miembro de ETA había fallecido en San Sebastián al estallarle la bomba que estaba manipulando. La «izquierda abertzale» de esta ciudad convocó una huelga general en honor del, en sus palabras, «hijo del pueblo». Las amenazas consiguieron que fuese secundada por todos los comercios de la Parte Vieja excepto tres, los mismos que cerraban en actos de protesta convocados por el antifranquismo durante la dictadura. Uno de ellos era Lagun[392]. Un grupo de ultranacionalistas acudieron a obligarles a sumarse a la huelga:

Nosotros los tenemos delante de la puerta, discutieron un rato conmigo y otro con María Teresa […]. Mientras yo estoy hablando o discutiendo con la jefa operativa del comando, que según María Teresa era la Tigresa [Idoia López Riaño], pero en fin, yo eso no lo puedo confirmar, sé que era una chica muy guapa. Además, la discusión es: «Pero ¿cómo no queréis cerrar si ha muerto un vecino del barrio?». «Ha muerto, es una desgracia, pero es por su culpa. Ayer asesinaron a un guardia municipal —creo que en Durango— y eso sí que es digno de protesta, porque a ese lo han matado». «¡Protestar por la muerte de un txakurra [perro]!». Ese era el tenor de la conversación. Mientras tanto, María Teresa está al teléfono hablando con el Gobierno Civil […]. Y le dicen que lo sienten mucho, pero que no se atreven a ir a la Parte Vieja. Mientras estamos en la conversación, los acompañantes están pintando, pintarrajeado más bien, el escaparate. Y ya en el curso de la conversación, aumenta el tono y lo que me dice es: «Bueno, ahora os estamos pintando, pero ya veréis lo que pasa por la noche». Entonces, dijimos: «Nos pasará lo mismo que nos pasaba con los Guerrilleros de Cristo Rey, que durante el día nos ponían carteles y durante la noche nos ponían bombas». Entonces, el que era el jefe verdadero del comando, el que lo inspiró [un sacerdote] […], este llama a la chiquilla cuando oye lo de los Guerrilleros y le dice algo, y ella vuelve, se coge a la tropa y se va[393].

El periódico Egin dio cuenta de la manifestación que recorrió San Sebastián, cuyos integrantes cantaron el Eusko Gudariak y lanzaron gritos a favor de ETAm y en contra de la «Policía asesina». También reflejó el episodio que mencionaba el librero, aunque desde la óptica de la «izquierda abertzale»:

Únicamente cuando un grupo de personas se personó en la librería que Ignacio Latierro, secretario general del PCE-EPK, tiene en esta zona, se produjo un incidente. Latierro, ante la insinuación de que cerrara, contestó: «Yo solo siento pena por el policía muerto en Sopelana».

Varios jóvenes escribieron en la puerta del establecimiento insultos dirigidos al secretario general del Partido Comunista de Euskadi-PCE[394].

La librería había sido señalada públicamente. Ignacio Latierro explica que «desde ese momento fuimos objetivo de ETA con la conciencia de que nos atacaban a los mismos que luchamos contra el franquismo». Así fue, en gran medida.

El 23 de febrero de 1984 los Comandos Autónomos Anticapitalistas asesinaron al físico y senador socialista Enrique Casas en San Sebastián. El atentado se había realizado en plena campaña de las elecciones autonómicas vascas, en las que Casas era cabeza de lista del PSE por Guipúzcoa. Tenía mujer y cuatro hijos. Después del fotógrafo Germán González López (1979), Casas era el segundo militante socialista asesinado por los CAA. El día en que lo enterraron un joven licenciado en Filología Hispánica, Fernando Aramburu, se acercó a la casa del pueblo del barrio de Gros de San Sebastián:

Hasta entonces siempre la había percibido [la muerte] a través del papel, de la pantalla… pero a él lo conocía personalmente y además vivía muy cerca de mi casa. Vi pasar el ataúd, uno de los que lo llevaba era además mi librero [Ignacio Latierro], de la librería Lagun de San Sebastián. Aquello me causó como un desgarro interno. Cuando vi eso, me dije: «Alguna vez escribirás sobre esto[395]».

El episodio aparece recogido en la novela Patria (2016).

Durante un tiempo la hostilidad ultranacionalista contra la librería Lagun se tradujo únicamente en pintadas y amenazas, que no han sido contabilizadas en nuestra base de datos porque no ha dejado rastro documental. La prensa sí daría cuenta, en cambio, de algunos de los atentados (pero no todos) perpetrados durante la «socialización del sufrimiento». Dio comienzo en enero de 1995 cuando ETA asesinó al parlamentario autonómico y concejal donostiarra Gregorio Ordóñez, candidato del PP a la alcaldía de San Sebastián al que las encuestas daban como ganador de las elecciones municipales. El crimen provocó una enérgica protesta social en el País Vasco. Asimismo, en las elecciones municipales de mayo la lista del PP fue la más votada en San Sebastián: 22 611 sufragios (el 24,33 % del total). Por detrás quedaron el PSE-EE, con el 22,85 %, y EA, con el 17,15 %. En cuarta posición, HB se había tenido que conformar con 13 579 votos (el 14,61 %). El resultado reflejaba que solo una minoría de los donostiarras respaldaba el terrorismo.

Sin embargo, en su boletín Zutabe de septiembre de 1995 ETA se congratulaba de que el asesinato de Ordóñez «supuso un verdadero terremoto, en toda la sociedad vasca pero también dentro de la izquierda abertzale». Desde su perspectiva, el crimen había servido para dar a conocer «que la lucha no se limitaba a un “partido” entre la Guardia Civil y ETA, que también los políticos que hasta ahora aparecían como “limpios” o “fuera del conflicto” tenían una gran responsabilidad en el mismo y en este sentido que también los afectaba». Además, «el enemigo quedó totalmente “fuera de juego” frente a esta acción». El asesinato de Ordóñez «demuestra el alcance político de la vía abierta[396]».

A lo largo de 1995 ETA ocasionó 16 víctimas mortales y 74 heridos y su entorno juvenil perpetró 924 actos de kale borroka. No fue casualidad que precisamente aquel año los escaparates de la librería Lagun empezaran a sufrir desperfectos durante los fines de semana. Por ejemplo, el 9 de junio de 1995 varios jóvenes lanzaron cubos de pintura roja y amarilla al exterior y al interior del establecimiento. Por eso, cada lunes a primera hora los libreros se preguntaban «¿Hoy tendremos el escaparate o no tendremos el escaparate?» o «¿Cómo estará hoy de mellado?». «Todo eso, ya te digo, en los años 1994-1995 la periodicidad de las agresiones empieza a ser muy preocupante. De hecho, María Teresa habla con el párroco de la iglesia de San Vicente, a ver si quiere intermediar». El sacerdote le respondió «que lo sienten mucho, que es el conflicto y que estamos inmersos en el conflicto[397]».

Uno de los pretextos de los ataques de kale borroka fue que los libreros colocaron en un lugar visible del escaparate de Lagun el libro-homenaje que un grupo de amigos publicó en recuerdo de Gregorio Ordóñez. Otro, que en la puerta del negocio había un lazo azul para pedir la libertad de los rehenes que ETA mantenía secuestrados: Julio Iglesias Zamora entre julio y octubre de 1993; José María Aldaya entre mayo de 1996 y abril de 1997; José Antonio Ortega Lara entre enero de 1996 y julio de 1997; y, Cosme Delclaux entre noviembre de 1996 y julio de 1997.

En 1996 ETA asesinó a cinco personas y causó lesiones a otras 64. Los días 6, 21 y 22 de diciembre de aquel año la librería Lagun sufrió sucesivos ataques. El 24 de ese mismo mes un ultranacionalista agredió a Latierro, por aquel entonces parlamentario autonómico por el PSE-EE (1991-1998), cuando participaba en una concentración pacifista para pedir la libertad del empresario José María Aldaya, secuestrado por ETA. Durante la madrugada de aquella Nochebuena jóvenes radicales destrozaron las cristaleras de la librería. Una vecina, «nuestro ángel de la guarda», les avisó.

Efectivamente, bajamos con todos los vapores del alcohol de esa noche, por un lado, Ramón y María Teresa y, por otro lado, Rosa y yo, y nos encontramos con que habían conseguido tirar todo el escaparate abajo y habían llenado de pintura roja y amarilla prácticamente toda… Bueno, toda no, pero todo el escaparate y hasta el fondo lo que había caído. En fin, la sensación que tenemos es de que esto se ha acabado. No hay nada que hacer, porque nos están machacando[398].

María Teresa Castells lo intentó afrontar con ironía literaria. Se trataba de «un cuento anti-Dickens, porque en Nochebuena hasta los malos y los ávaros se vuelven buenos. Los autores de este atentado no han respetado estas fechas». Esperaba que los ultranacionalistas, «sobre todo los que escriben libros, se den cuenta de quiénes han sido los que, a lo largo de la historia, han atacado la literatura y las librerías». La Ejecutiva del PSE-EE de Guipúzcoa fue más explícita y calificó a los agresores de «nuevos aprendices del fascio». De acuerdo con Latierro, su militancia socialista, al igual que la de Recalde, que había ejercido de parlamentario autonómico y consejero del Gobierno Vasco (1987-1995), era uno de los motivos de aquella hostilidad, pero «lo fundamental era que estábamos en “su” Parte Vieja, desprotegidos y sin comulgar, o más bien, molestos para sus objetivos». Así, en un doble sentido, «la librería se convierte, en palabras de Ramón Jáuregui, en Fort Apache, porque no reparamos nada y lo que teníamos era una especie de empalizada tapando el escaparate para que por la noche tuviera algo de cierre[399]».

A principios de enero de 1997 el portavoz de HB, Floren Aoiz, lanzó un ultimátum: el que comenzaba «será el año del conflicto si el Gobierno español así lo quiere». En esa misma línea, el 8 de enero el parlamentario de HB por Navarra Jaime Iribarren dijo que, si las autoridades no dialogaban con ETA acerca de la situación de los presos por delitos de terrorismo, auguraba un «futuro inmediato de gran sufrimiento». Tan solo unas horas más tarde el teniente coronel Jesús Agustín Cuesta Abril fue asesinado por dos pistoleros etarras en Madrid. El 11 de enero, en una jornada de kale borroka que desbordó a las fuerzas policiales y devastó San Sebastián, diez encapuchados volvieron a romper la luna de Lagun con la tapa de una alcantarilla. Arrojaron a su interior un cóctel molotov, pero los libreros lo consiguieron apagar con un extintor. «Entonces, vino un mando de la Ertzaintza y dice: “¡Váyanse! ¡Váyanse!”. “Oiga, pero…”. “¡No, no! ¡Cierren y váyanse! ¡Cierren y váyanse!”. Total, que cerramos, nos fuimos». Los ultras, encapuchados, regresaron al lugar de los hechos esa misma madrugada. Sacaron libros del local, los apilaron y les prendieron fuego, emulando inconscientemente la quema de ejemplares «anti-alemanes» en el Berlín en 1933. Cogieron los que tenían más cerca. Según contó María Teresa Castells, habían quemado métodos de aprendizaje de euskera (Baietz, Bakarka y Jo-ta-ke), así como «el diccionario de filosofía de [José] Ferrater Mora, que son cuatro tomazos, y luego más cosas, libros pequeños, con el plástico que tenían encima». «Una imagen de desolación absoluta», rememora Latierro. No obstante, en San Sebastián sucedió algo que no había ocurrido en el caso alemán: algunos vecinos tuvieron el valor de bajar e increpar a los agresores. Hubo forcejeos, insultos y un joven de 28 años, que trataba de defender la librería, sufrió lesiones en cabeza y oreja por un botellazo, por lo que tuvo que ser atendido en el hospital de la Cruz Roja. La Ertzaintza tardó cinco horas en llegar, pero a partir de aquel momento Lagun se dotó de persianas blindadas y dispondría de protección policial: «la Ertzaintza ya nos puso una vigilancia permanente día y noche, un Jeep delante de la puerta. Bueno, no delante de la puerta, pero en los soportales que estaban allí al lado[400]».

Librería Lagun (San Sebastián), 26-XII-1996

FUENTE: José Usoz/Diario Vasco.

Librería Lagun (San Sebastián), 12-I-1997

FUENTE: Fernando Postigo/Diario Vasco.

Unos días más tarde, en un acto celebrado muy cerca de allí en el que se dieron goras a ETA y varios encapuchados quemaron banderas de España y Francia, el exconcejal donostiarra por HB Félix Soto justificó los ataques contra la librería. «Nadie ha atacado a los libros, sino a unos comerciantes vinculados con el PSOE, que participó en el GAL. […] [Los] únicos que roban libros son los miembros de la Policía cuando entran a las tres de la mañana en las casas a detener a ciudadanos vascos». A lo largo de 1997 ETA y su entorno acabaron con la vida de 13 personas e hirieron a otras 54[401].

En mayo del año 2000, aparecieron carteles en la Parte Vieja de San Sebastián en los que podía leerse «Boicot a la librería Lagun», a la que se acusaba de ser un «espacio de propaganda». Como Minicost, el establecimiento estaba en la lista negra de la «izquierda abertzale». No obstante, había algo mucho peor que el boicot. Aquel año la banda asesinó a 23 personas e hirió a otras 125, una de las cuales tenía un vínculo directo con la librería. El 14 de septiembre ETA intentó matar al marido de la propietaria de Lagun, José Ramón Recalde. Sobrevivió con un disparo en la boca, pero quedó gravemente herido. Según la organización terrorista, el atentado se enmarcaba en «la campaña contra l@s elect@s que imponen la españolidad en Euskal Herria». El lehendakari Juan José Ibarretxe visitó al convaleciente en el hospital. Síntoma de la deriva «soberanista» del PNV, que le había llevado a cierto grado de insensibilidad con las víctimas de ETA, el lehendakari se defendió de las recriminaciones del hijo de Teresa Castells y José Ramón Recalde con estas palabras: «Mira, Andrés, no te lleves esa imagen de nosotros, que aquí, en el País Vasco, se vive muy bien[402]».

Según la propia ETA, se había llevado «a cabo la acción contra José Ramón Rekalde [sic], militante antifranquista que una vez instalada la Transición en el Estado español se caracterizó por su militancia contraria a la liberación de Euskal Herria». Hay que recordar que Recalde no fue el único antiguo antifranquista al que ETA había puesto en su punto de mira. Entre otros fueron asesinados Joseba Goikoetxea (1993), Francisco Tomás y Valiente (1996), Fernando Múgica (1996), José Luis López de Lacalle (2000), Juan Mari Jáuregui (2000), Fernando Buesa (2000), Ernest Lluch (2000), Juan María Jáuregui (2000), Joseba Pagazaurtundua (2003)… Ignacio Latierro recuerda que, «cuando el asesinato de Juan Mari Jáuregui [antiguo comunista, entonces ya en el PSE-EE, que ejercía de gobernador civil de Guipúzcoa], El Diario Vasco publica una foto de una rueda de prensa del PCE de 1977 o 1978 en la que estoy yo en el centro, con Juan Mari [Jáuregui] a un lado y José Luis [López de Lacalle] al otro. Era como para tener miedo, era como para acojonarse[403]».

«Allí abrimos por última vez el día que atentan contra Ramón [Recalde], es el último día que se abre en la plaza de la Constitución, porque cierra María Teresa y Ramón iba a buscarla, suben y es cuando le pegan el tiro». Aquel local cerró sus puertas. Y la «izquierda abertzale» se empeñó en que fuera de manera definitiva.

El 13 de mayo de 2001 se celebraron elecciones autonómicas en Euskadi. La candidatura de EH bajó hasta los 143 139 votos (el 10,12 % del total): había perdido 80 000 apoyos y la mitad de sus parlamentarios autonómicos, pasando de catorce a siete. Los comicios eran un indicio de que a una parte del entorno de ETA le empezaba a incomodar el terrorismo. A partir de entonces, según Rafael Leonisio y Raúl López Romo, «todas las circunstancias del contexto pos-Lizarra (ruptura de la tregua, bajada electoral y posterior ilegalización o presión policial a ETA y su entorno) afectan de una manera muy intensa al apoyo (declarado) a la organización, que hasta ese momento se había mantenido muy estable en torno al 50 por 100 [entre los votantes de HB]». Se trató, por consiguiente, de «un cambio de actitud hacia la banda armada forzado por una coyuntura adversa y no consecuencia de ninguna reflexión ética». Aquella evolución era un dato muy preocupante para ETA, que percibió cómo sus simpatizantes iban distanciándose tanto de la violencia como de su caudillaje[404].

Por supuesto, no era el caso de los más fanáticos. Justo seis días después de las elecciones autonómicas, el 19 de mayo de 2001, nacionalistas radicales hicieron pintadas en las persianas de Lagun: «Que se vayan… preparando» y «Faxistak kanpora» (Fascistas fuera). No era una amenaza que pudiera tomarse a la ligera. A lo largo de aquel año ETA y sus jóvenes seguidores acabaron con la vida de 15 personas e hirieron a otras 208[405].

Pese las amenazas de la «izquierda abertzale», la librería Lagun continuó. Solo que en un sitio diferente. Por motivos de seguridad, la tienda tuvo que trasladarse a una ubicación más céntrica dentro de San Sebastián. Gracias a una campaña del gremio de editores publicitada en El País, Lagun recibió «aportaciones relativamente importantes de dinero y otras aportaciones que eran de 5000 pesetas [44,79 euros actuales]» que le permitieron adquirir un nuevo espacio. Ahora bien, el hecho de haber abandonado la «zona nacional» de la «izquierda abertzale» no hizo que desapareciesen los ataques, sino que se espaciaran en el tiempo[406].

En cierto modo, quienes trabajaban en Lagun no solo eran libreros: también ejercieron de justos. «¿Cómo habrá sido de aterradora la vida cotidiana de un lugar para que una persona dedicada a la venta de libros se convirtiera sin comerlo ni beberlo en un símbolo de la resistencia y las libertades?», se preguntaba Fernando Aramburu[407]. El de Castells y Latierro fue quizá más visible, pero se trató de una pequeña muestra del coraje que demostraron muchos otros ciudadanos de a pie, comerciantes, funcionarios y representantes públicos. Junto a las movilizaciones pacifistas y cívicas de un sector de la sociedad vasca y navarra, la labor de estos resistentes fue esencial para acabar con el terrorismo.

La otra clave fue la actuación del Estado de Derecho. Como sostiene Florencio Domínguez, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Audiencia Nacional habían ido dejando sin opciones a la organización. Desde 2000 hasta 2011 fueron arrestados 1415 presuntos miembros o colaboradores de ETA. Además, entre 1999 y 2011 las FCS le incautaron 1545 armas de fuego, 811 granadas y 23 881 kilogramos de explosivo. Ese fue el auténtico desarme. La debilidad de la banda se combinó con la Ley de Partidos, que dejó fuera de las instituciones a su brazo político. Solo entonces la «izquierda abertzale» empezó a ver a ETA como un obstáculo y a cuestionar su continuidad. Los terroristas intentaron paralizar el debate acerca de su futuro con un atentado en las Torres Kio (Madrid) el 14 de enero de 2010, pero fue frustrado por una patrulla de la Guardia Civil. Después de ese fracaso, su rendición solo era cuestión de tiempo. El antiguo líder de HB Txema Montero lo resumió de manera sucinta en El Correo: «la Guardia Civil ha sido el instrumento más efectivo en la lucha contra ETA». No obstante, la organización fue letal hasta el último momento[408].

El 16 de marzo de 2010 ETA causó su última víctima mortal, el brigadier de la Police Nationale Jean-Serge Nérin, en Villiers en Bière, una localidad a unos 50 kilómetros al Sur de París. Tan solo unos meses después, el 5 de septiembre, la banda decretó un alto el fuego. No obstante, en octubre de ese mismo año los nacionalistas radicales pintaron un grafiti en la librería Lagun: «Recalde, R. I. P.», una diana y el anagrama de ETA. Desde entonces, recuerda Latierro, «hemos tenido alguna otra pintada, alguna más, pero de cuando convocaban alguna huelga o cosas de ese tipo, que no era específico nuestro[409]».

El sector de la cultura vasca vinculado al nacionalismo radical, que incluía librerías y editoriales, no mostró ningún tipo de solidaridad con Lagun, lo que era esperable, ya que una de sus funciones era (y es) legitimar intelectualmente los crímenes de ETA[410]. Quizá no lo era tanto la tardía reacción de otro sector del mundo del libro en Euskadi. Jorge Giménez Bech, director de la Editorial Alberdania, que había fundado en 1993, y presidente de la Asociación de Editores en Euskera (desde 1987), ha reconocido que:

Antes habíamos tenido una posición pasiva y asfixiante. La connivencia, la justificación o la equidistancia, en el mejor de los casos, era cotidiana. La izquierda abertzale ha utilizado su presencia en la cultura en euskera con motivaciones claramente políticas. Callábamos por comodidad. Quien calla por miedo tiene una disculpa, lo nuestro no la tiene. No éramos niños. Teníamos proyección y podíamos habernos hecho respetar. No lo hicimos[411].

Pese a ser hijo de una víctima mortal del terrorismo, José Jiménez Mayoral, capitán retirado de la Guardia Civil asesinado por ETA en 1982, Jorge Giménez Bech no se enfrentó públicamente a la violencia hasta septiembre del año 2000, cuando impulsó el manifiesto «La violencia no es cobijo». Aquella condena a ETA fue firmada por 140 personas vinculadas a la cultura en euskera: editores, traductores, actores, académicos de Euskaltzaindia (la Real Academia de la Lengua Vasca), pintores, profesores, periodistas, etc[412].

No obstante, otra parte de la cultura vasca se había movilizado muchísimo antes. La primera vez que dio la cara fue en mayo de 1980, el año en el que ETA asesinó a más personas en toda su historia, cuando una treintena de intelectuales y artistas firmaron el manifiesto «Aún estamos a tiempo». Entre ellos se encontraban José Miguel de Barandiarán, Koldo Mitxelena, Julio Caro Baroja, Eduardo Chillida, José Ramón Recalde, Agustín Ibarrola y Gabriel Celaya[413].

Siguiendo su estela, a finales de los años ochenta y, sobre todo, en los años noventa escritores, profesores universitarios y otros profesionales de la palabra escrita participaron activamente en el movimiento pacifista y en iniciativas cívicas como el Foro de Ermua, ¡Basta Ya! o la Fundación para la Libertad. Baste recordar nombres como los de Jon Juaristi, Iñaki Ezkerra, Mikel Azurmendi, Carmen Iglesias, Agustín Ibarrola, Fernando Savater, Manu Montero, Aurelio Arteta, Fernando García de Cortázar, Txema Portillo, Antonio Beristain, Juan Pablo Fusi, Carlos Martínez Gorriarán, Sara Torres, Javier Fernández Sebastián, Edurne Uriarte, Antonio Elorza… Por supuesto, no les salió gratis: aquellos que vivían en el País Vasco pagaron un alto coste por su compromiso. Algunos, como ya se ha dicho, tuvieron que abandonar su hogar y transterrarse[414].

De cualquier modo, en esa coyuntura en la que se entrecruzaban la justificación del terrorismo, el miedo, la indiferencia moral y el pacifismo militante, posturas representativas de distintas capas de la propia sociedad, hay que entender el hecho de que durante un tiempo las librerías guipuzcoanas se mantuviesen en silencio ante la campaña de acoso que estaba sufriendo Lagun. En diciembre de 1996 el presidente del gremio de libreros de la provincia, Juan Manuel Vilas, se negó a condenar los ataques por considerarlos un «tema político». Informó a la prensa de que había libreros que se solidarizaban con Lagun, pero también otros que preferían mantenerse al margen para no tener «más problemas[415]».

Aquella actitud contrastaba con la firmeza que había demostrado ese mismo gremio durante el tardofranquismo. No obstante, las críticas que recibió «desde diferentes sectores políticos y sociales» y la acumulación de nuevos actos de violencia contra Lagun hicieron que en enero de 1997 la junta directiva del gremio de libreros de Guipúzcoa desautorizase las declaraciones que había realizado su presidente «a título personal». De manera explícita el gremio condenó los ataques contra el establecimiento[416].

No fueron los únicos apoyos a la librería Lagun. En el plano político los partidos democráticos, especialmente el PSE-EE y el PP, condenaron los atentados y subrayaron lo mucho que se parecían a los que habían perpetrado los ultraderechistas durante la década de los setenta. A nivel nacional, Latierro destaca el sostén de CEGAL y de la Federación de Gremios de Editores de España, que en 1997 entregó el Premio al Mejor Librero del Año a Lagun. Además, el establecimiento contó con cierto respaldo en Euskadi. Por un lado, los atentados fueron condenados por el gremio de libreros del País Vasco. Por otro, algunas editoriales, distribuidoras y librerías vascas suscribieron comunicados. En uno de ellos, haciendo referencia al enfrentamiento dialéctico entre el general José Millán-Astray y Miguel de Unamuno en la Universidad de Salamanca, se podía leer que «hoy son otros los que gritan muera la inteligencia». Además, la librería recibió el apoyo explícito de intelectuales y artistas de la talla de Bernardo Atxaga, Eduardo Chillida, Néstor Basterretxea, Javier Elzo, Miguel Artola, Javier Marías, Javier Corcuera, Jon Juaristi, Fernando Savater, Manuel Rivas, Elías Querejeta, Luis Castells, José Mari Calleja, Gurutz Jáuregui, Luis Haranburu… También hubo una respuesta positiva por gran parte de la ciudadanía donostiarra[417]. Ignacio Latierro recuerda que, tras el ataque de diciembre de 1996, abatido, tuvo que ir a trabajar al Parlamento Vasco:

Y desde Vitoria les llamé a las diez y media de la mañana: «¿Cómo está eso?». Y me dijeron: «No sabemos cómo está, tenemos un aluvión de gente que viene a comprar libros, libros manchados, cristales, libros con cristales, lo que sea». Entonces, se produjo un aluvión de gente a lo largo de días y días y días y días. Nos comportamos como tenderos. Ni pensamos si debíamos seguir o no, sino que vendíamos. Es significativo en un sentido, es decir, si esto nos hubiese pasado ocho años antes, si nos hacen esto en lugar de en 1996 en 1987-1988, cerramos seguro. No se hubiese producido esta reacción de la gente, pero para entonces ya había pasado lo del lazo azul y, en fin, diríamos que algo de rebelión en la población vasca se había producido[418].

En 2002 el ayuntamiento de San Sebastián otorgó la Medalla al Mérito Ciudadano a Lagun. En 2007 María Teresa Castells recibió la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo. En 2014 la Mario Onaindia Fundazioa entregó su premio anual al establecimiento de Castells. Cuatro años después, cuando se cumplía medio siglo desde su inauguración, la librería Lagun recibió el homenaje de la Diputación Foral de Guipúzcoa, al que se sumó el Ministerio de Cultura, que concedió a Ignacio Latierro y a la familia de la difunta María Teresa Castells la Placa de Honor de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, su máxima distinción. En 2018 se estrenó un documental sobre la historia de la librería Lagun, dirigido por Belén Verdugo y con guion de los periodistas José María Izquierdo y Luis R. Aizpeolea[419].

En mayo de ese mismo año dos dirigentes de la banda leyeron el comunicado de despedida: «ETA surgió de este pueblo y ahora se disuelve en él[420]». Por descontado, la derrota operativa de la organización terrorista no significa que haya desaparecido su legado envenenado: más de 300 casos de asesinato todavía sin resolver (alrededor del 40 % del total), etarras todavía huidos de la justicia, los actos de exaltación del terrorismo, la manipulación de la historia, el olvido selectivo, el sectarismo, la intolerancia, el miedo a hablar de política, la presión contra los miembros de las FCS y sus familias, los transterrados y el dolor de las víctimas. Además, el discurso del odio del ultranacionalismo sigue presente en el País Vasco y Navarra. Se trató del caldo de cultivo del que surgió el terror y podría volver a funcionar como tal. Por suerte, sabemos cuál es la mejor vacuna para prevenir la radicalización violenta: la cultura[421].

Libro manchado a consecuencia de un ataque a la librería Lagun que se expone en el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo

FUENTE: Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo.

CAPÍTULO 26
LA EXTREMA IZQUIERDA

El terrorismo de izquierda radical ha sido el tercero más letal de los que han operado en la historia reciente de España. Por número de víctimas mortales se sitúa a mucha distancia de ETA y el yihadismo, aunque por delante del terrorismo de ultraderecha y parapolicial. De acuerdo con Carmen Ladrón de Guevara, los grupos de este cariz político han asesinado a un total de 111 personas desde 1960 a 2006. La banda terrorista que resultó más mortífera y longeva fueron los GRAPO, brazo armado del Partido Comunista de España (reconstituido) o PCE (r). La segunda en número de asesinatos fue el FRAP, vinculado al Partido Comunista de España (marxista-leninista) o PCE (ml). Además de atentados mortales, ambas organizaciones (y otras de menor tamaño) cometieron numerosos actos de violencia para causar daños materiales tanto a instituciones como a sectores empresariales concretos, como el de los medios de comunicación, pero apenas se les atribuyen ataques contra el ámbito de la cultura[422].

Los dos primeros fueron motivados por la proyección de la película Boinas verdes (John Wayne y Ray Kellogg, 1968), sobre la participación de EE. UU. en la Guerra de Vietnam. En enero de 1970 en el cine Cerdanyola (Mataró), con el local lleno de espectadores, un par de jóvenes lanzaron objetos al grito de «asesinos, criminales» a la pantalla. Cuando intentó acallarlos, uno de los acomodadores fue agredido[423]. En noviembre de 1980 un individuo lanzó un cóctel molotov contra el cine Alcázar (Córdoba), cuyo local iba a ser utilizado para un mitin de Blas Piñar[424].

Volviendo a la palabra impresa, el 27 de mayo de 1973 desconocidos intentaron quemar la redacción de la revista Fuerza Nueva con petróleo. Según un informe del SECED, el «incendio […] fue sofocado por los bomberos». Justo ese mes el FRAP había tomado la vía del terrorismo asesinando a dos policías en Madrid, pero no hay pruebas de que esta organización tuviera algo que ver con el ataque contra Fuerza Nueva. Aunque pedimos más detalles respecto a este incidente a la Fundación Blas Piñar, nuestro correo electrónico no fue contestado. De cualquier modo, al estar dirigido contra el semanario, no contra la editorial del mismo nombre, no lo hemos añadido a nuestra base de datos[425].

Así, el primer atentado de extrema izquierda contra el mundo del libro del que tenemos constancia documental ocurrió a las 7:30 horas de la mañana del día 12 abril de 1975. Dos militantes del FRAP lanzaron tres bombonas de gas butano y cócteles molotov contra las dependencias de la Delegación Nacional de la Juventud, dentro de la cual se situaba la librería Doncel, que se encargaba de distribuir y vender títulos publicados por el Estado. Las bombonas no llegaron a explotar, pero el incendio provocó cuantiosos desperfectos. Se calculó que se habían calcinado unos 100 libros. Los responsables de aquel atentado fueron detenidos por la Policía[426].

Fuentes policiales atribuyen a los GRAPO el ataque a dos librerías. En la noche del 17 de julio de 1976 dos jóvenes lanzaron un cóctel molotov contra la Unión de Librerías Populares (Madrid), que no llegó a producir desperfectos. Al año siguiente, el 12 de octubre de 1977, un desconocido arrojó otro artefacto incendiario contra el escaparate de la galería-librería Yerba (Murcia), causando daños poco importantes. Una llamada reivindicó el atentado en nombre de los GRAPO, aunque resulta imposible confirmar su autoría, sobre la que tiene serias dudas el mayor especialista en la historia de esta banda, el profesor Lorenzo Castro[427].

Un caso distinto fue el de las agresiones que sufrió Fuerza Nueva Editorial. A decir de Blas Piñar, no era raro que los puestos de venta de libros, revistas y otro tipo de artículos que FN colocaba en diversas ciudades fueran objeto de ataques por parte de grupos nacionalistas radicales, de extrema izquierda o de FE-JONS (Auténtica). Por ejemplo, el 23 de abril de 1981 Fuerza Joven instaló una mesa para vender libros y rosas en Barcelona con motivo de la fiesta de Sant Jordi: fue apedreada y dos de las militantes que la atendían fueron golpeadas. Pese a que hay que dejar constancia de su existencia, no hemos contabilizado este tipo de agresiones ya que la principal misión de tales puestos no era vender ejemplares de las obras que publicaba Fuerza Nueva Editorial, sino difundir la propaganda del partido y captar nuevos afiliados. No obstante, hay tres incidentes que sí incluimos en nuestro registro por estar directamente vinculados al sello editorial FN[428].

En abril de 1978, según un informe del Ministerio del Interior, «desconocidos destrozaron la caseta que Fuerza Nueva tiene instalada en la Feria del Libro [de Madrid[429]]». En junio de 1979 el mismo puesto de FN Editorial fue objeto de una pintada: «Lo de California 47 no ha sido nada comparado con lo que os va a pasar aquí, hijos de puta». Firmaban unas siglas desconocidas, CLBZ, y un símbolo anarquista, la A circulada. La amenaza hacía referencia al atentado con bomba que los GRAPO habían cometido en mayo de 1979 en la concurrida cafetería California 47 (Madrid), que acabó con la vida de nueve personas e hirió a otras 56[430].

Al año siguiente, en junio de 1980, alguien quemó la caseta de Fuerza Nueva Editorial en la Feria del Libro de Valladolid. Se calculó que los daños materiales ascendían a 180 000 pesetas (6528 euros actuales). El fuego también afectó a un depósito de Ediciones Rialp. Los libreros y editores no solo condenaron el ataque, sino que, a modo de protesta, decidieron cerrar la Feria durante el día siguiente. Poco después los automóviles de dos militantes de FN sufrieron desperfectos en la misma ciudad. Los autores dejaron una pintada con las siglas CCA[431].

Aquellas acciones fueron casos aislados, pero no ocurre lo mismo con la hostilidad recurrente que sufrió la librería Europa (Barcelona). No se trataba de una simple tienda de libros, sino de un centro de difusión de la ideología neonazi y de teorías negacionistas del Holocausto. Su dueño, el librero y editor Pedro Varela, antiguo presidente de CEDADE, llegó a ser condenado por delitos como el de apología del genocidio. La librería Europa fue objeto de sucesivas agresiones de activistas de extrema izquierda. Valgan como muestra tres botones. En septiembre de 2003 fue desarticulado un grupúsculo terrorista de inspiración anarquista que, entre otros objetivos, planeaba realizar un atentado contra este establecimiento. En septiembre de 2010 la librería fue asaltada: los atacantes «han tirado estanterías, han volcado mesas, han roto mostradores, han arrojado adoquines contra la fotocopiadora y aparatos eléctricos y han lanzado huevos rellenos de pintura». En marzo de 2014 unos encapuchados lanzaron «piedras, pintura y [usaron] un espray irritante contra el local». Dos años después, en julio de 2016, la librería Europa fue clausurada por orden judicial a instancias de la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación. El Ayuntamiento de Barcelona no permitió su reapertura[432].

CAPÍTULO 27
DE LA BIBLIOFOBIA AL ASESINATO

En su obra Almanzor (1823) el poeta alemán Heinrich Heine puso en boca de uno de los personajes, Hassan, la siguiente advertencia: «Eso solo ha sido un preludio, allí donde se queman libros, se acaban quemando personas[433]». Hacía referencia a un hecho histórico: entre 1499 y 1500 el arzobispo de Toledo, Francisco Jiménez de Cisneros, mandó quemar más de 4000 libros de los alfaquís nazarís en Granada «para desarraygarles del todo de la sobredicha su perversa y mala secta», es decir, para acabar con el legado islámico y facilitar las conversiones a la Iglesia Católica[434].

Las palabras que para Hassan escribió Heine, buen conocedor de la literatura española y lector asiduo del Quijote, no solo traen a la memoria las consecuencias más dramáticas de la intolerancia religiosa en la España de la Edad Moderna, sino que parecen anunciar episodios posteriores. El propio Heine fue censurado en Alemania y tuvo que exiliarse a Francia, aunque ese dramático episodio palidece si lo comparamos con lo que acabó sucediendo en su mismo país de origen tras el ascenso de Hitler al poder. Por eso la cita original aparece grabada en un monumento conmemorativo de la berlinesa Bebelplatz (antes llamada Opernplatz y Kaiser-Franz-Joseph-Platz), que había sido el epicentro de la incineración de obras «anti-alemanas» por parte del nacionalsocialismo en 1933.

Aquel vaticinio también se cumplió en la historia reciente de España. Aunque en nuestro país la absoluta mayoría de los atentados contra librerías quedaron impunes y, por tanto, es imposible conocer la trayectoria posterior de los perpetradores, la documentación judicial arroja luz sobre una pequeña muestra de casos, lo que nos permite enunciar dos hipótesis. Una, que quienes practicaban la bibliofobia violenta eran jóvenes varones de ideología ultranacionalista (española o vasca). Dos, que para bastantes de ellos los ataques a este tipo de establecimientos fueron una especie de rito de iniciación antes de pasar al terrorismo de alta intensidad.

El ejemplo más temprano lo constituye el historial delictivo de José Luis Magaña. Arrestado por los ataques contra las tres librerías madrileñas y la galería Theo en 1971, fue procesado e indultado. Y volvió a la actividad violenta. En abril de 1978 Magaña fue detenido por tenencia ilegal de armas. Ese mismo año fue de nuevo arrestado por las FCS, esta vez acusado de haber participado junto a otro ultraderechista en el asesinato del mecánico Antonio Carrión en Navalcarnero el 30 de septiembre de 1978. En octubre de 1979 Magaña y Carlos García Juliá, uno de los autores materiales de la masacre de los abogados laboralistas de Atocha (1977), secuestraron al director de la cárcel de Ciudad Real junto a su familia. Pretendían ser amnistiados, lo que evidentemente no lograron. De cualquier modo, en octubre de 1983, cuando todavía no había sido juzgado por el asesinato de Carrión, Magaña aprovechó un permiso de cinco días, concedido por el juez de vigilancia a pesar de un informe desfavorable del centro, para fugarse de la prisión de Alcalá de Henares. No fue el único terrorista ultra que se evadiría mediante este método[435].

Aunque no hay ningún indicio que les relacione entre ellos, la carrera criminal de Magaña coincidió en el espacio y en el tiempo con la de un grupúsculo terrorista de derecha radical que operó en Madrid entre finales de 1977 y julio de 1981. Según sucesivas sentencias judiciales, aquel colectivo tenía el «propósito de utilizar la violencia como instrumento provocador de desestabilizante alarma ciudadana, amén de originador de concretos quebrantos personales y patrimoniales, para lo que llegaron a disponer de armas de fuego y explosivos». Estaba compuesto por los jóvenes Pedro Bel Fernández, Rafael Gómez Álvarez y Ramiro Rodríguez-Borlado. Los tres habían pertenecido a Fuerza Nueva o a su filial juvenil[436].

Su estreno tuvo lugar el 8 de enero de 1978, a las 5:00 horas, cuando lanzaron una bomba contra la cristalera de la librería Forum (Madrid), «que tenían identificada como vendedora de libros marxistas». El día 14 del mismo mes realizaron otro atentado con explosivo contra la librería Express (Madrid), que ocasionó daños materiales por valor de 233 237 pesetas (9800 euros actuales). Cada uno de esos dos ataques causó un herido leve.

A partir de aquel momento estos ultraderechistas iniciaron una espiral sangrienta. En marzo de 1978 colocaron 30 cartuchos de amonita en la sede de la CNT de Madrid, que no llegó a explotar por la rápida actuación de un mendigo. En octubre de 1978 enviaron un paquete-bomba a El País (Madrid), causando lesiones a tres empleados. Uno de ellos, el conserje Andrés Fraguas, murió a consecuencia de las heridas recibidas. En mayo de 1979 atacaron las obras del chalet del cantante Víctor Manuel en Torrelodones. En julio de aquel año pusieron un artefacto en el bar El Parnasillo de la calle Malasaña, que produjo una víctima mortal, Salomé Alonso Varela, de 30 años, y nueve heridos, entre ellos su marido. En enero de 1980 estos terroristas enviaron un paquete-bomba a la sede del Club de Amigos de la UNESCO, que ocasionó lesiones graves al interventor y a la bibliotecaria. En junio de 1981 asesinaron de dos disparos en la cabeza a Carlos Javier Idígoras, que estaba celebrando el haber aprobado unas oposiciones de la RENFE. En julio de ese mismo año pusieron una bomba en la Plaza Olavide durante una verbena, dejando cinco heridos. Más tarde acabaron con la vida de Luis Arribas en plena calle porque «estiró las piernas sobre la calzada, actitud que molestó a Bel, y como quiera que aquel no retiraba sus extremidades inferiores, el procesado Bel, sin mediar palabra, sacó de la cintura una pistola Star, calibre 9 mm». Y le voló la cabeza. Ese mismo mes de julio, tras zanjar a tiros una simple discusión de tráfico, el comando fue desarticulado por la Policía. Y todo había comenzado atacando librerías[437].

En un juicio celebrado en 1983 Rafael Gómez Álvarez y Ramiro Rodríguez-Borlado fueron condenados a 30 años de reclusión por una parte de los 22 delitos que se les imputaban. En 1984 la Audiencia Nacional les juzgó por otra parte, sentenciándoles a 67 y 41 años respectivamente, que el Tribunal Supremo elevó a 73 y 50 años. De acuerdo con Mariano Sánchez Soler, Gómez Álvarez obtuvo la libertad condicional en mayo de 1996 y Rodríguez-Borlado, en marzo de 1996[438].

Pedro Bel Fernández huyó a Venezuela, donde fue detenido en noviembre de 1984. Extraditado a España en 1987, fue condenado a 30 años de cárcel. Entre Venezuela y nuestro país, solo pasó entre rejas 12 años y 16 días [439]. En 1984 quien fuera acusado de ser el instigador de los crímenes que cometió este grupúsculo ultra, el abogado José de las Heras, antiguo dirigente de Fuerza Nueva y luego del Frente de la Juventud, escapó a Brasil. Nunca fue juzgado[440].

En cierto modo, se pueden trazar vidas paralelas entre las biografías de estos terroristas de ultraderecha y las de los miembros de ETA que quemaron la librería Cervantes en agosto de 1973. Después de aquel atentado, los etarras José Miguel Retolaza, Francisco Javier Aya Zulaica y Jesús María Zabarte pasaron a Francia. Al año siguiente, cuando la organización se dividió en dos, los tres optaron por la rama militar y continuaron con su actividad violenta, aunque en ámbitos de actuación diferentes.

A José Miguel Retolaza Urbina se le acusó de haber participado en dos asesinatos en febrero de 1976, pero la Ley de Amnistía impidió que fuera juzgado por esos y otros crímenes. Sí sabemos, pues él mismo lo reconoció, que había sido responsable de ETAm en San Sebastián y posteriormente formó parte de su aparato internacional, manteniendo contactos con organizaciones extranjeras y traficantes de armas. En 1977, aprovechando la amnistía, Retolaza volvió a España. Dos años después fue contratado como liberado por HB, puesto desde el que facilitó la entrada en la banda de jóvenes de Jarrai como Felipe San Epifanio (Pipe), que llegaría a ser jefe del comando Barcelona. Al ser descubierta su labor de captación en 1981, Retolaza huyó nuevamente a Francia. Allí, según su versión, cortó con ETA y rehízo su vida, pero las FCS sospechaban lo contrario. Nunca fue condenado[441].

Francisco Javier Aya Zulaica había entrado en la organización en 1967, año en el que fue encarcelado por repartir propaganda. Recuperó la libertad en 1972, tomando parte en acciones como el incendio de la librería Cervantes. Tras su fuga a Francia, se integró en el aparato de extorsión. Era el contacto de ETA al que el constructor José Legasa tenía que entregar la cantidad que le habían exigido como «impuesto revolucionario», pero la denuncia del chantajeado permitió la detención de este terrorista. En septiembre de 1976 el Tribunal de Justicia de Bayona condenó a Aya Zulaica a tres años de prisión. Como venganza, Legasa sería asesinado por ETA en noviembre de 1978. Aya Zulaica fue entregado a España por las autoridades francesas en 1987. La Audiencia Nacional consideró que la amnistía había borrado su pasado criminal, por lo que fue absuelto de los cargos que se le imputaban. Posteriormente Aya Zulaica sería candidato en varias campañas electorales en las listas de HB y sus siglas sucesoras[442].

De lejos, el currículo más largo y sangriento de los miembros del comando que quemó la librería Cervantes es el de Jesús María Zabarte Arregi (El Carnicero de Mondragón). Se había integrado en ETA en 1967, llegando a participar en acciones como el secuestro del empresario navarro Felipe Huarte en enero de 1973. Arrestado en septiembre de aquel mismo año, Zabarte fue sentenciado en sucesivos juicios a distintas penas, la mayor de treinta años de prisión. No obstante, debido a un indulto, fue excarcelado en abril de 1977. La Ley de Amnistía borró su historial delictivo, pero El Carnicero de Mondragón tenía clara su vocación. El jefe de ETAm, José Miguel Beñarán Ordeñana (Argala), le propuso que se integrase en «cualquiera de los partidos políticos o sindicatos que integran el KAS [Koordinadora Abertzale Sozialista]», pero él respondió que «prefería seguir en la lucha armada, ya que su temperamento no le permitía dedicase a la actividad política dentro de esos partidos». Y así fue: volvió a ser detenido en 1978 por el envío de cartas de extorsión a empresarios vascos. Excarcelado en marzo de 1979, Zabarte huyó a Francia y se convirtió en liberado de ETA, cobrando 2400 francos al mes[443].

Su carrera criminal se prolongó hasta que fue detenido por la Guardia Civil el 15 de junio de 1984. La Audiencia Nacional juzgó y encontró culpable a El Carnicero de Mondragón de haber estado implicado en 17 asesinatos: el marmolista José Artero Quiles (marzo de 1980), el niño José María Piris (marzo de 1980), el teniente Oswaldo José Rodríguez Fernández (abril de 1981), el coronel retirado Luis de la Parra Urbaneja (junio de 1981), el guardia civil Luis Miranda Blanco (junio de 1981), el conserje Benjamín Fernández (febrero de 1982), el guardia civil Modesto Martín Sánchez (marzo de 1982), el médico Ramiro Carasa Pérez (marzo de 1982), los policías nacionales Jesús Ordóñez Pérez, Juan Seronero Sacristán, Alfonso López Fernández y Antonio Cedillo Toscano (septiembre de 1982), el capitán retirado de la Guardia Civil José Jiménez Mayoral (octubre de 1982), el pintor Carlos Manuel Patiño (noviembre de 1982), el policía municipal Manuel Peronié Díaz (agosto de 1983), el policía nacional Pablo Sánchez César (septiembre de 1983), el herborista Juan José Pulido Pavón (octubre de 1983) y el guardia civil Ángel Flores Jiménez (octubre de 1983). Las acciones de Zabarte habían contribuido a dejar 13 viudas y 27 huérfanos. Otros dos niños nacerían sin padre. El etarra fue condenado a pasar 618 años y 12 días en la cárcel. Recuperó la libertad en noviembre de 2013. Habían transcurrido 29 años y 5 meses desde que fue arrestado.

El Carnicero de Mondragón era un hombre de 68 años cuando regresó a su localidad de origen. En octubre de 2014 concedió una entrevista a la periodista Ángeles Escrivá. En ella Zabarte advertía: «Yo soy un gudari, no necesito demostrar nada». Subrayó que no se arrepentía de sus crímenes. «Si el enemigo reconoce sus hechos, yo los tengo reconocidos. Y si me preguntas, ¿lo hacías para hacer daño? Yo te digo, sí. No tengo ningún reparo en reconocer el daño causado pero que él (el Estado) me reconozca sus hechos porque el que me ha empujado es él». En palabras de Zabarte, «yo no he asesinado a nadie, yo he ejecutado». Confesó que no pensaba en sus víctimas. Ni siquiera conocía sus nombres[444].

CONCLUSIONES

Tras hacer balance de los ataques que ha sufrido el mundo del libro en la historia reciente de España, resulta tentador sentenciar que el odio a la palabra impresa es un rasgo característico de los movimientos inciviles y antidemocráticos, especialmente de los ultranacionalistas. Siguiendo esa lógica, cabría presentar a la ultraderecha y a la autodenominada «izquierda abertzale» como enemigos mortales de la cultura. Así, forzando un poco el argumento de la obra, incluso podríamos compararlos con los bomberos de la novela distópica de Ray Bradbury, Fahrenheit 451. No sería difícil imaginar en boca de algunos de los perpetradores señalados en esta investigación las palabras del protagonista, Guy Montag: «Es un hermoso trabajo. El lunes quemar a Millay, el miércoles a Whitman, el viernes a Faulkner; quemarlos hasta convertirlos en cenizas, luego quemar las cenizas. Ese es nuestro lema oficial[445]».

Sin embargo, no es verdad o al menos no es del todo verdad. Tal dictamen requiere ser matizado. Ninguno de los casos de bibliofobia violenta que hemos estudiado fue indiscriminado. Dicho de otro modo, ni la extrema derecha ni ETA pusieron en la diana al mundo del libro en su conjunto, sino solo a una parte escogida del mismo: aquella que por una u otra razón les molestaba o no encajaba en sus estrechos márgenes doctrinales. Mutatis mutandis, se puede decir lo mismo de los regímenes totalitarios que les precedieron.

A la vez que arianizaba editoriales, imprentas y librerías propiedad de judíos, a la vez que saqueaba y quemaba bibliotecas enteras, a la vez que perseguía, encarcelaba y asesinaba a escritores y profesionales de la cultura escrita, explica Anders Rydell, el Ministerio de Propaganda del Tercer Reich «promovió un impulso literario y político jamás igualado en la historia alemana, y es probable que en toda la historia moderna, con más de cincuenta premios literarios anuales». Desde la perspectiva nacionalsocialista, era fundamental proporcionar a los lectores alemanes una literatura patrióticamente correcta, lo que solo se podía conseguir con una potente y militante industria editorial. En la década de 1930 se publicaron al año unos 20 000 nuevos títulos «educativos y beneficiosos para el pueblo», ya los firmaran autores contemporáneos afines como Hans Grimm o clásicos como Rilke o Goethe. No es de extrañar que una de las empresas de mayor éxito del Partido Nazi fuera su editorial, Franz-Eher, cuya obra estrella era Mein Kampf[446].

Un fenómeno similar tuvo lugar en el Bloque del Este. En la URSS de Stalin, sobre todo en la época de las grandes purgas, y a menudo de forma arbitraria, un autor podía caer en desgracia, lo que solía ser antesala de males mucho mayores: degradación, deportación, ejecución… No obstante, por lo general, se garantizaban unas condiciones de vida privilegiadas a la intelligentsia literaria y artística, especialmente a los escritores, a quienes se respetaba, premiaba, publicaba y promocionaba, mientras que se les facilitaba el acceso a bienes, servicios, apartamentos, dachas… Dos buenos ejemplos fueron los novelistas Alekséi Tolstói y Máximo Gorki, en cuyo honor se rebautizó en 1932 su localidad natal, Nizhni Nóvgorod. Por supuesto, a cambio de esas ventajas, estaban obligados a aceptar la censura, servir a la causa soviética y someterse a las directrices del Politburó[447].

Otras dictaduras ejercieron presión sobre la palabra escrita de manera más sutil. Como ha demostrado Ibon Zubiaur, en la República Democrática Alemana (RDA) las autoridades comunistas combinaron el palo y la zanahoria. Utilizando como ejemplo la suerte de distintas obras, Zubiaur ilustra tanto los estímulos que el sistema ofrecía a los escritores más cumplidores como las represalias que reservaba a los disidentes: tiradas cortas, no publicación, fin de la financiación e incluso el ostracismo. Pero también expone la vía intermedia, la más transitada, la de la negociación y modificación parcial de los textos[448].

Los extremistas que hemos analizado en el presente trabajo no fueron una excepción. Fuerza Nueva se fundó como una editorial. Y posteriormente, incluso cuando existía un partido político con el mismo nombre, continuó funcionando como sello que publicaba una revista (hasta 2017)[449] y obras de diverso tipo que podían adquirirse en librerías, por suscripción o en sus casetas de las ferias del libro. También editó libros y publicaciones periódicas CEDADE, que era un foco de difusión cultural y musical. En cierto modo, la librería Europa era el epígono de dicha apuesta. Esos ejemplos nos sirven para comprender que la parte más violenta de la ultraderecha jamás se empeñó en una cruzada contra toda la cultura, sino contra la sección más progresista. Era, por tanto, el pluralismo contra lo que se arremetía[450].

Igualmente, desde los años setenta el nacionalismo vasco radical impulsó una industria editorial afín (por ejemplo, el sello Txalaparta) y una red de librerías de corte abertzale (al menos un par de las cuales tenían vínculos directos con ETA). Desde su perspectiva, ese apoyo resultaba perfectamente compatible con el hostigamiento a cualquier expresión de la cultura vasca que no se sometiese a sus directrices, como la violencia que tuvieron que sufrir cantantes como Imanol, artistas como Agustín Ibarrola, novelistas como Raúl Guerra Garrido y librerías como Minicost y Lagun. Lo que el ultranacionalismo odiaba no era la cultura vasca en abstracto, sino sus expresiones de diversidad y libertad.

Por supuesto, no todos los establecimientos progresistas o no abertzales sufrieron actos de violencia por parte de la ultraderecha o del nacionalismo vasco radical. Y entre los que sí los sufrieron encontramos una amplia gama en cuanto a intensidad y periodicidad. Es difícil encontrar un patrón claro. A veces las librerías más castigadas fueron las más emblemáticas, pero otras simplemente eran las que estaban más expuestas, quedaban de camino o estaban ubicadas dentro de la zona nacional/abertzale.

El carácter selectivo de la bibliofobia violenta se debe a dos factores. Uno, las limitaciones de los perpetradores: su falta de medios humanos y materiales. Y dos, el fenómeno era de carácter eminentemente terrorista. En ese sentido, conocer la autoría o las características de los atentados es importante, pero lo realmente revelador era su propósito. Ultraderechistas y nacionalistas radicales atacaron a determinadas librerías no solo por sus connotaciones ideológicas, sino también porque así buscaban atemorizar al resto de la cultura, aparecer en la prensa, cobrar relevancia pública e influir en el campo político. Su modo de actuar encaja, sin duda, en la lógica del terrorismo[451].

La tercera oleada internacional de terrorismo dio comienzo a finales de los años sesenta. El 7 de junio de 1968 ETA acabó con la vida del guardia civil de Tráfico José Antonio Pardines. Al mes siguiente un ultranacionalista croata puso una bomba en un cine de Belgrado, causando una víctima mortal y 89 heridos. En Irlanda del Norte la lealista Ulster Volunteer Force (UVF, Fuerza Voluntaria del Ulster) ya había asesinado en 1966. El IRA provisional hizo lo propio en 1969, prácticamente a la vez que los Tupamaros uruguayos y los neofascistas italianos. Los Montoneros argentinos comenzaron a matar en 1970, la RAF en 1971, el FRAP en 1973, las Brigadas Rojas en 1974 y los GRAPO en 1975[452].

Los fríos números ayudan a que nos hagamos una idea de la magnitud real de la catástrofe. De acuerdo con la Global Terrorism Database (GTD), desde 1970 a 1989 terroristas de extrema izquierda, ultraderechistas, nacionalistas radicales y fanáticos religiosos asesinaron a 73 860 personas en todo el planeta. Entre esas fechas se registraron en Europa 4774 víctimas mortales. Con razón aquella etapa ha sido denominada los años de plomo (anni di piombo)[453].

Aunque no es comparable con la pérdida de vidas humanas, la violencia contra la cultura también fue una de las manifestaciones de la tercera oleada internacional de terrorismo. Por ejemplo, en marzo de 1955 militantes del neofascista Movimento Sociale Italiano (MSI), partido con el que FN mantendría fluidas relaciones, atacaron la librería Rinascita (Roma) y en octubre de 1968 la organización ultraderechista Occident hizo explotar una bomba en una librería maoísta de París[454]. No obstante, seguramente en ningún país el fenómeno se desarrolló con tanta virulencia como en España, donde se inauguró en 1962 y se generalizó en la década de los setenta. En esos años los ultras perpetraron acciones contra librerías, teatros, cines, galerías de arte, revistas, salas de conciertos, etc. De acuerdo con Sophie Baby, el 28 % de los bienes materiales atacados por neofascistas y nostálgicos durante la Transición estaban relacionados con el ámbito cultural[455].

De todos los objetivos contra los que actuó la violencia de extrema derecha hay uno que sobresalió por la fijación, la saña y la persistencia de las agresiones: las librerías. Tales establecimientos sufrieron desde amenazas, pintadas y terrorismo de baja intensidad hasta atentados con bombas y armas de fuego, que produjeron varios heridos de diversa consideración.

A la mayoría de las librerías agredidas se les marcó como blanco por la militancia política de sus dueños o empleados, generalmente en la izquierda o el nacionalismo periférico, por ser utilizados para celebrar reuniones de grupos opositores, por vender libros prohibidos o por colocar en sus escaparates obras que reaccionarios o neofascistas consideraban ofensivas; en definitiva, por ser agentes de un cambio lento pero profundo que estaba erosionando los cimientos de la dictadura.

Actos de violencia como los de 1971 fueron utilizados por los radicales para oponerse a la marginación de la vieja guardia y a la evolución del régimen que estaban impulsando primero los franquistas aperturistas y luego el Gobierno de los tecnócratas. Desde 1966 habían permitido unos limitados espacios de libertad, que fueron aprovechados por iniciativas progresistas, como las librerías, que los ultras interpretaban como la antesala de la temida democratización tras el «hecho biológico», cuando no algo peor: la toma del poder por parte de los comunistas. Su apuesta, en cambio, era la continuidad: un franquismo sin Franco. En ese sentido podemos hablar de una violencia, que buscaba no solo hacer daño a la parte más progresista del mundo del libro, sino también presionar al Gobierno para que cambiase de rumbo.

Entre 1973 y 1974 el PENS, que aspiraba a erigir un Estado nacionalsocialista de nuevo cuño, concentró sus ataques contra las librerías porque eran blancos fáciles, quedaban impunes y, sobre todo, le garantizaban un eco mediático desproporcionado para su escasa entidad real. Fue tal su éxito que entró en funcionamiento el efecto imitación: grupúsculos e individuos de igual signo, pero sin vinculación con el PENS, empezaron a emular dicha táctica en toda España.

Las acciones violentas de reaccionarios y neofascistas llegaron a su cénit en el trienio 1975-1977, que acumuló 101 atentados ultras contra tales establecimientos: el 52,3 % del total de toda la serie histórica (1962-2018). El incremento de la bibliofobia violenta, al igual que el de otras acciones contra bienes materiales y luego de personas, respondía a un objetivo central: impedir que España transitase a una democracia parlamentaria. En 1975, el año del fallecimiento del dictador y del ascenso al trono del rey Juan Carlos I, se perpetraron 42 ataques ultras contra librerías. En 1976, el año del nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno y de la Ley para la Reforma Política, fueron 34. Y en 1977, el año de las primeras elecciones democráticas y de la Ley de Amnistía, 26.

El terrorismo ultraderechista logró algunas de sus metas más inmediatas y concretas, como dificultar y en algunos casos impedir la venta de publicaciones periódicas de contenido erótico o político. En palabras del historiador Javier Merino, del colectivo Desmemoriados, en Cantabria

[…] algunos dueños de quioscos se intimidaron. Por ejemplo, el propietario del puesto de Camilo Alonso Vega (Santander), tras sufrir el atentado, procedió a retirar de sus escaparates aquellas revistas que pudieran generarle nuevos problemas. Otra damnificada por un artefacto lanzado contra su quiosco expuso en su visita a Comisaría su deseo de proceder a retirar algunos libros que abundando sobre el tema de la Segunda Guerra Mundial tenían un marcado carácter antifascista. La misma policía le recomendó que no lo hiciera. Inicialmente, los quiosqueros incluso pensaron en poner retenes de vigilancia a la puerta de sus establecimientos, pero el gobernador civil coincidió con la mayoría de ellos en que no parecía oportuno usurpar unas funciones propias de la policía[456].

No obstante, su incapacidad para mantener un nivel de violencia sistemático y continuado y, por tanto, imponer una dosis inasumible de miedo a libreros y clientes, impidió a los ultras cerrar librerías. Incluso las situadas en «zona nacional» aguantaron. Sí lo consiguió la «izquierda abertzale» por medio de la «socialización del sufrimiento», porque su implantación (baste comparar el porcentaje de votos de FN y de HB/EH), militancia y armamento eran mucho mayores y, sobre todo, porque contaba con una baza única para aterrorizar a la población: la amenaza de ETA.

El terrorismo de extrema derecha estuvo muy lejos de alcanzar sus objetivos fundacionales: no logró detener el reloj de la historia. La ciudadanía española no quería un franquismo sin Franco, sino una democracia parlamentaria homologable a las de Europa Occidental. Las candidaturas reaccionarias se estrellaron con las urnas una y otra vez. Lo hicieron en los sucesivos comicios, obteniendo unos resultados marginales, pero también en los referendos de la Ley para la Reforma Política (1976) y de la Constitución (1978), así como en los convocados posteriormente para aprobar los estatutos que darían lugar al actual Estado de las Autonomías.

Ni los votos ni la violencia de baja intensidad funcionaban. Cuando los daños materiales se demostraron insuficientes no solo para interrumpir la democratización del país sino incluso para seguir apareciendo en una prensa copada por los cientos de asesinatos de ETA, los ultras, en muchos casos jóvenes que se habían radicalizado en las filas de Fuerza Nueva y sus escisiones, sustituyeron los atentados incruentos por otros que buscaban causar víctimas mortales. De ahí que el descenso en el número de acciones contra librerías coincidiese con el ascenso en el número de asesinatos y heridos. El cambio de táctica solo sirvió para aumentar el sufrimiento humano. El fiasco del 23-F, las operaciones policiales y la disolución de Fuerza Nueva acabaron definitivamente con las esperanzas de este espacio político.

La bibliofobia violenta no era un fenómeno aislado sino una manifestación más del terrorismo ultra que operó durante el tardofranquismo y la Transición. ¿Se trató de una violencia espontánea o estuvo orquestada por Fuerza Nueva? En 1983 un informe de la CIA advertía de que la distinción entre extrema derecha terrorista y extrema derecha política en España era «más aparente que real». De acuerdo con el servicio de inteligencia de EE. UU., FN había sido «el componente dominante y en ocasiones exclusivo de grupos terroristas como la Alianza Apostólica Anticomunista y el Batallón Vasco Español». En 1992 Carlos García Juliá, antiguo militante del partido que había sido condenado por su participación en la masacre de los abogados de Atocha, transfería la responsabilidad de sus actos a Blas Piñar al acusarle de incitar «a la gente a la violencia sin sentido. El 90 % de la gente de esta ideología ha ido a la cárcel por su culpa». En sus memorias, el político se defendía de tales palabras aduciendo, entre otras cosas, que «jamás defendí o justifiqué la violencia ilegítima, es decir, la que no se ejerce en la propia defensa o en defensa de los valores supremos». No le faltaba razón: oficialmente tanto FN como Fuerza Joven solo permitían la violencia defensiva y el partido condenó «sin reservas de ninguna clase, todos los hechos terroristas ocurridos en nuestra Patria». Tampoco hay pruebas de que Piñar o su círculo cercano colaborasen de algún modo con la preparación de atentados o diesen órdenes de que se cometieran, por lo que no se les puede imputar su autoría[457].

En ese sentido, la relación que mantenían FN y los ultraderechistas violentos no es comparable con los lazos que unían a los integrantes del autodenominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV): ETAm tenía un papel dirigente, HB ejercía de su servil brazo político y Jarrai, de sus escuadristas juveniles. No obstante, como se les reprochó una y otra vez durante la Transición, los líderes de Fuerza Nueva sí ejercieron un papel fundamental: el de agentes radicalizadores de los jóvenes ultras. Piñar y su equipo difundieron un discurso de odio que funcionó como caldo de cultivo de la violencia y luego, como aprendices de brujo, fueron incapaces de controlar el fenómeno que habían desatado. De acuerdo con Ernesto Milà,

[…] yo creo que inconscientemente, pero el hecho era que Blas estaba fanatizando a grupos de chicos jóvenes que salían de sus discursos con la sangre caliente: todo se estaba hundiendo, España, la sociedad, la Iglesia, la familia, el Estado, así pues había que hacer algo… y Blas no les decía qué hacer y si intentaba apuntar algo en esa dirección (el votar a Fuerza Nueva) lo irrelevante de lo que pedía (el voto) contrastaba con los tintes apocalípticos de la situación descrita por tan fogoso orador. El resultado era que, en aquellos años, chavales políticamente inmaduros, se fueron radicalizando y generando una constelación de incidentes violentos que, en muchos casos, les afectaría en sus vidas futuras[458].

Siguiendo al ensayista Martín Alonso, «está fuera de duda la existencia de un hilo de continuidad que lleva retrospectivamente desde los perpetradores materiales del acto final hasta los orígenes discursivos identificables en la obra de intelectuales de renombre». Piñar y otros destacados miembros de la ultraderecha encajarían en la categoría de «emócratas» que, según el politólogo e historiador Jesús Casquete, podemos definir como «manipuladores de emociones con veleidades violentas». Al menos en este aspecto el papel radicalizador que Piñar ejercía en la ultraderecha tenía equivalentes en otros movimientos inciviles. Por ejemplo, Telesforo Monzón en el independentismo. Aristócrata y antiguo dirigente del PNV, se acercó a ETA en el exilio y durante la Transición se colocó al frente de HB. Monzón se dedicó a legitimar el terrorismo y a animar a los jóvenes vascos a unirse a ETA para continuar la lucha de los gudaris de la Guerra Civil, como si fueran el último eslabón de una cadena de héroes de la lucha independentista contra España que se remontaba, en su opinión, al general carlista Tomás de Zumalacárregui (1788-1835). Desde su perspectiva, «la guerra ya no puede terminar mientras Euskadi no nazca a la vida, como Nación plenamente dueña de su propio destino[459]».

ETA incendió su primera librería en 1973. No sería la última, aunque hasta los años noventa solo podemos hablar de casos aislados. Al contrario que la extrema derecha, la banda no necesitaba atacar librerías para conseguir atención mediática y política, que tenía asegurada por su intensa y letal actividad terrorista: 3800 atentados, 853 víctimas mortales, 2632 heridos y 86 secuestros. Algunos de los damnificados por su violencia, como los tres vendedores y los dos quiosqueros asesinados por la banda, tenían vinculación con el mundo del libro, aunque no cabe achacar aquellos atentados a una campaña específica. Lo mismo ocurre con los daños «colaterales» provocados por ataques que iban dirigidos contra otros objetivos. En cambio, sí sabemos que ETA y su entorno ejercían una coacción mucho más discreta y difícil de contabilizar contra el mundo del libro: el «impuesto revolucionario» y la microextorsión[460].

La tercera oleada internacional de terrorismo ya casi había desaparecido del planeta cuando su último representante en activo retomó la violencia contra la cultura. En 1995 se inauguró la etapa de «socialización del sufrimiento» contra quienes ETA y su apéndice juvenil consideraban adversarios, los nacionalistas moderados (hasta 1998), y enemigos: los vascos y navarros no nacionalistas, así como sus representantes políticos, mediáticos, académicos, intelectuales, artísticos, literarios, cívicos…

Distintos actores de la «izquierda abertzale» tuvieron algún grado de responsabilidad en la violencia que sufrió una parte del mundo del libro. Emócratas como Telesforo Monzón elaboraron un discurso del odio que posteriormente sería divulgado por diversas vías, desde la música a la literatura militante. Ese fue el caldo de cultivo del terror. ETA se encargó de fijar la estrategia global, del cobro del «impuesto revolucionario» y de los atentados. Su brazo político, HB y las siglas que le sucedieron, ejerció de correa de transmisión y llamó a campañas de boicot como la que arruinó a Minicost. El frente mediático, el diario Egin y el semanario Punto y Hora de Euskal Herria, hizo de altavoz y marcó objetivos. Los jóvenes escuadristas fueron los autores materiales de la propaganda, de la microextorsión, de controlar la «zona abertzale» y de la kale borroka, incluyendo la que sufrieron librerías como Lagun. En enero de 2007 el Tribunal Supremo estableció que la filial juvenil del nacionalismo vasco radical, denominada sucesivamente Jarrai, Haika y Segi,

[…] complementa la actividad de lucha armada de ETA, mediante actos de kale borroka numerosos y reiterados; que utiliza artefactos explosivos o incendiarios; que causa daños, coacciones y amenazas, mediante lanzamientos de artefactos incendiarios, menoscabo de vehículos de transporte público, causación de incendios intencionados, colocación de artefactos explosivos y contramanifestaciones violentas, actos todos ellos de contenido e intención conminatorios. Y que su actividad es diseñada, coordinada, graduada y controlada por ETA[461].

Al igual que había hecho el neofascismo al señalar a libreros vinculados a los partidos de izquierdas, en el caso del País Vasco los establecimientos fueron incluidos en una lista negra por la militancia de sus propietarios en el nacionalismo moderado, en formaciones no nacionalistas y/o en el movimiento pacifista y cívico. Además, con actos de violencia como los de la kale borroka se trataba de suplir la debilidad de ETA a la hora de presionar al Gobierno y de formar a nuevos reclutas para la banda.

Durante la «socialización del sufrimiento», al menos en lo que respecta a la violencia contra el mundo del libro, quedó meridianamente claro que el modus operandi del neofascismo violento y del entorno juvenil de ETA eran exactamente el mismo: amenazas, pintadas, asaltos, cócteles molotov, quema de ejemplares, mantenimiento del control territorial sobre lo que consideraban su «zona nacional» (la Parte Vieja de San Sebastián)… Lo que le ocurrió a la librería Lagun es paradigmático: este local recibió las agresiones consecutivas de la extrema derecha y del nacionalismo vasco radical. Su bibliofobia violenta compartida confirma la expresión de que (al menos a veces) los extremos se tocan[462].

Por estas páginas han desfilado escuadristas de toda índole que odiaban, amenazaban, pintaban, asaltaban, destruían, disparaban y quemaban librerías. Para algunos de ellos se trató de un rito de iniciación antes de empezar a matar personas. Los terroristas causaron un inmenso dolor, pero no lograron ni acabar con este sector de la cultura ni alcanzar su finalidad última: la ultraderecha no resucitó la dictadura franquista y ETA no creó un Estado vasco independiente y étnicamente puro. Su historia fue un fracaso sangriento.

Pese a la inevitable presencia de los perpetradores de la violencia, este trabajo no está dedicado a ellos, sino a los letraheridos, a quienes aman los libros: autores, lectores, editores, distribuidores, reseñadores, traductores, periodistas, y muy especialmente, libreros. Sin la valentía y el compromiso democrático que tales profesionales demostraron ante la dictadura y ante la bibliofobia violenta de la ultraderecha, no solo el cambio sociocultural que sirvió de antesala a la Transición habría sido mucho más dificultoso, sino que la ciudadanía española sería más pobre intelectualmente[463]. Sin el compromiso pacifista y cívico de escritores como Raúl Guerra Garrido y de libreros como los de Lagun o Minicost, ETA se habría apuntado un enorme tanto en su campaña de limpieza y homogeneización ideológico-cultural de Euskadi, que sería una Comunidad Autónoma menos plural, libre, tolerante y abierta.

Amenazados y atacados por los extremistas, a menudo desamparados por las instituciones que debían protegerles y a veces también por la ciudadanía, el valor de estos profesionales fue modélico y animó a otros. En el documental Lagun y la resistencia frente a ETA, Fernando Aramburu reflexiona al respecto: «El hecho de que alguien resista, plante cara, discrepe en una situación de violencia se convierte en un ejemplo y, por tanto, en una categoría moral. Esto es muy importante». En abril de 1976 la librería Jakintza de Algorta (Vizcaya) sufrió un atentado. Su propietario, Eugenio Galdiaga, colocó en el escaparate un cartel: «Para destruir la cultura hace falta algo más que una bomba. Mañana abriremos[464]». Haciendo suyo aquel lema, las librerías de toda España abrieron sus puertas un día tras otro.

El Parnasillo (Pamplona), negocio con el que empezábamos este trabajo, cerró sus puertas en 2014, cuando se jubilaron sus dos propietarios, que al año siguiente recibieron la Cruz de Carlos III el Noble de Navarra. Los impulsores de Lagun (San Sebastián), Tres i Quatre (Valencia) y Antonio Machado (Madrid), los establecimientos que fueron golpeados con más encono y frecuencia por los fanáticos, también demostraron un valor a prueba de bombas: las tres librerías siguen abiertas.

No lo está la librería Minicost, a la que la «izquierda abertzale» obligó a bajar la persiana en junio de 2000, poniendo fin a 31 años de historia. Es posible que no sea el único establecimiento que haya corrido esa suerte en las localidades pequeñas y medianas del País Vasco y Navarra sobre las que la prensa informaba menos. El acoso que sufrieron Maxen Zinkunegi y su familia nos enseña una lección amarga, pero valiosa, que no deberíamos ignorar. Los profesionales y los espacios de cultura son muy vulnerables a la violencia fanática, sistemática y continuada cuando esta cuenta con la complicidad de un sector de la sociedad y consigue aterrorizar al resto. Para que las librerías aguanten las amenazas y las agresiones hace falta el valor individual del librero, pero también gestos y actos de muchas otras personas: la eficacia de las FCS, el desempeño de las compañías de seguros, la solidaridad de la ciudadanía, las firmas de los comercios locales, el posicionamiento público de los gremios profesionales y el respaldo de los partidos democráticos y las instituciones. Sin esos apoyos, si vence el miedo, el librero se enfrenta al peligro en soledad y se desgasta poco a poco hasta que tiene que abandonar. Y, cuando lo hace, perdemos todos.

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SIGLAS EMPLEADAS

AAA | Alianza Apostólica Anticomunista. También Triple A.
AGUN | Archivo General de la Universidad de Navarra.
AHPG | Archivo Histórico Provincial de Guipúzcoa.
AP | Alianza Popular.
ATE | Antiterrorismo de ETA.
BVE | Batallón Vasco-Español.
CAA | Comandos Autónomos Anticapitalistas.
CDMH | Centro Documental de la Memoria Histórica.
CEDADE | Círculo Español de Amigos de Europa.
CEGAL | Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros.
CIA | Central Intelligence Agency (Agencia Central de Inteligencia).
CMVT | Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo.
CNI | Centro Nacional de Inteligencia.
CNT | Confederación Nacional del Trabajo.
CC. OO. | Comisiones Obreras.
CSP | Cuerpo Superior de Policía.
DGS | Dirección General de Seguridad.
EE | Euskadiko Ezkerra (Izquierda de Euskadi).
EGI | Euzko Gaztedi del Interior (Juventud Vasca).
EH | Euskal Herritarrok (Ciudadanos Vascos).
EIE | Euskadiko Iraultzaile Ekintza (Acción Revolucionaria de Euskadi).
EMK | Euskadiko Mugimendu Komunista (Movimiento Comunista de Euskadi).
ETA | Euskadi ta Askatasuna (Euskadi y Libertad).
ETAm | ETA militar.
ETApm | ETA político-militar.
ETApm VII | ETA político-militar VII Asamblea.
ETApm VIII | ETA político-militar VIII Asamblea.
EuE | Euskal Ezkerra (Izquierda Vasca).
FCS | Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
FE-JONS | Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista.
FLP | Frente de Liberación Popular.
FN | Fuerza Nueva.
FNJ | Frente Nacional de la Juventud.
FRAP | Frente Revolucionario Antifascista y Patriota.
GAE | Grupo Anticomunista Español.
GAL | Grupos Antiterroristas de Liberación.
GARS | Grups d’Acció i Reflexió Socialista.
GAS | Grupos de Acción Sindicalista.
GAV | Grup d’Accio Valencianista.
GCR | Guerrilleros de Cristo Rey.
GRAPO | Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre.
HB | Herri Batasuna (Unidad Popular).
HOAC | Hermandad Obrera de Acción Católica.
IRA | Irish Republican Army (Ejército Republicano Irlandés).
KAS | Koordinadora Abertzale Sozialista.
LAB | Langile Abertzaleen Batzordeak (Comisiones de Obreros Patriotas).
LBF | Lazkaoko Beneditarren Fundazioa (Fundación de los Benedictinos de Lazcano).
MNR | Movimiento Nacional Revolucionario.
MSE | Movimiento Social Español.
MSI | Movimento Sociale Italiano.
OAS | Organisation de l’Armée Secrète (Organización del Ejército Secreto).
ORT | Organización Revolucionaria de Trabajadores.
OTAN | Organización del Tratado del Atlántico Norte.
PCE | Partido Comunista de España.
PCE (ml) | Partido Comunista de España (marxista-leninista).
PCE (r) | Partido Comunista de España (reconstituido).
PENS | Partido Español Nacional Socialista.
PNV | Partido Nacionalista Vasco.
PP | Partido Popular.
PSAN | Partit Socialista d’Alliberament Nacional.
PSC | Partit dels Socialistes de Catalunya.
PSE-EE | Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra. Antes PSE o PSE-PSOE.
PSOE | Partido Socialista Obrero Español.
PSPV | Partit Socialista del País Valencià.
PSUPV | Partit Socialista Unificat del País Valencià.
PTE | Partido del Trabajo de España.
RAF | Rote Armee Fraktion (Fracción del Ejército Rojo).
RDA | República Democrática Alemana.
RTVE | Radio y Televisión Española.
RV | Reino de Valencia.
SA | Sturmabteilung (Sección de Asalto).
SECED | Servicio Central de Documentación de Presidencia del Gobierno.
STV | Solidaridad de los Trabajadores Vascos. También ELA o ELA-STV.
TOP | Tribunal de Orden Público.
UCD | Unión de Centro Democrático.
UDPV | Unió Democràtica del País Valencià.
UNESCO | Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
UPN | Unión del Pueblo Navarro.
URSS | Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
USO | Unión Sindical Obrera.
UVF | Ulster Volunteer Force (Fuerza Voluntaria del Ulster).
11-M | Atentados del 11 de marzo de 2004.
23-F | Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

LOS AUTORES

GAIZKA FERNÁNDEZ SOLDEVILLA es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco, trabaja como responsable de Investigación del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Es autor de los libros Héroes, heterodoxos y traidores. Historia de Euskadiko Ezkerra (1974-1994), La calle es nuestra: la Transición en el País Vasco (1973-1982), La voluntad del gudari. Génesis y metástasis de la violencia de ETA y El terrorismo en España. De ETA al Dáesh. Es coautor, junto a Raúl López Romo, de Sangre, votos, manifestaciones. ETA y el nacionalismo vasco radical (1958-2011) y, junto a Sara Hidalgo, de La unión de la izquierda vasca. La convergencia PSE-EE. Ha coordinado con Florencio Domínguez Pardines. Cuando ETA empezó a matar, con María Jiménez 1980. El terrorismo contra la Transición y, con Sara Hidalgo, Héroes de la retirada. La disolución de ETA político-militar. Ha ejercido de asesor histórico de la serie televisiva La línea invisible (Movistar, 2020). Presenta el pódcast Sierra Delta Contra y colabora habitualmente con El Correo y Diario Vasco.

JUAN FRANCISCO LÓPEZ PÉREZ es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, ha realizado estudios de historia local. Es coautor de Piedrabuena y su entorno. Arte, antropología, historia y espacios naturales. También colaboró como documentalista en el Blog Inmemorian de María José Grech sobre las víctimas de ETA. En la actualidad publica artículos de investigación acerca de esta temática en el medio digital La Tribuna del País Vasco y desarrolla el proyecto Terrorismo y Violencia Política en España 1960-1992.

[1] El Libro Español, IV-1976. <<

[2] Diario Vasco, 17-II-1976. Diario de Navarra, 11-III-1976. Sobre el terrorismo de ultraderecha en Navarra, véase El terrorismo desconocido. Atentados terroristas de extrema derecha en Navarra (1975-1985) <<

[3] Entrevista a Javier López de Munáin, Pamplona, 25-V-2021. Sobre la vida de este librero, véase Pita (2003). <<

[4] Actualización de rentas con el IPC general a euros de diciembre de 2021 mediante https://www.ine.es/calcula/calcula.do <<

[5] Igartua (1973). <<

[6] Diario de Navarra, 11-III-1976. <<

[7] AGA 42/09 025, 18, Pyresa, 12-III-1976. Uno de los perpetradores de aquel ataque se arrepentiría con el tiempo: acabó pidiendo perdón a los libreros y se convirtió en cliente del establecimiento. La actual librera de Rafael Alberti Lola Larumbe (entrevistada en Madrid, 30-IV-2021) recuerda que «en una ocasión, un señor vino a decirme: “Mire, yo es que estoy… Es que yo quiero decírselo, porque la conozco, porque vemos cómo trabajáis, lo que hacéis aquí y todo eso, y a mí me sabe muy mal, pero yo una vez vine con unos a pegar un tiro aquí a la librería esta”. Como arrepentido, o sea, como un arrepentido». No es el caso de José Ramón Saiz Viadero, entrevistado en Santiurde de Toranzo, 25-VI-2021: «cuando alguna vez en alguna entrevista, sobre todo en la radio, me han preguntado: “Bueno, ¿y has perdonado?”. Digo: “No puedo perdonar, porque nadie ha venido a pedir perdón”. No tengo ni siquiera esa tesitura de decir: “¿Perdonaré a estos cabrones?”. No, porque nadie ha venido a pedir perdón». Algo parecido sostienen Maxen Zinkunegi y Gotzon Etxeberria Setien, entrevista en Andoain, 19-XII-2022. Nadie les ha pedido perdón, pero tampoco tienen la necesidad de perdonar. <<

[8] AGMI, «Relación de actividades de “ultraderecha” durante la primera quincena del mes de febrero de 1978», Madrid, 16-II-1978. <<

[9] Vallejo (2019: 21). <<

[10] Zweig (2020: 9). <<

[11] Rydell (2022: XXXIV), Báez (2004) y Ovenden (2021). <<

[12] Ovenden (2021: 11-12). «Nazi book burnings and why totalitarian regimes often target culture, particularly literature», https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/book-burning. «Burning Books», https://www.lib.cam.ac.uk/collections/departments/germanic-collections/about-collections/spotlight-archive/burning-books. <<

[13] Rydell (2022) y Martorell (2020). <<

[14] Fitzpatrick (2022), Rydell (2022), Knuth (2006), Popoff (2021), Slezkine (2021), Guriev y Treisman (2022: 9-10) y Zubiaur (2022). El País, 16-X-2011. Tampoco hay que olvidar que la persecución a ciertos autores había empezado antes de Stalin. Por ejemplo, el poeta Nikolái Gumiliov fue ejecutado en 1921. <<

[15] Carlos Gil Andrés: «Los libros arden mal», IV-2021, https://conversacionsobrehistoria.info/2021/04/27/los-libros-arden-mal/ <<

[16] El Correo, 16-VIII-2022. <<

[17] Knuth (2006), Báez (2004) y Ovenden (2021). «Especial BBC Mundo: la extraordinaria historia de cómo se salvaron de la hoguera miles de libros prohibidos durante los regímenes militares en Chile y Argentina», https://www.bbc.com/mundo/noticias-60 989 050. «Croatia “Destroyed Books by Non-Croats in Wartime”», https://balkaninsight.com/2013/10/08/belgrade-pays-tribute-to-destroyed-books/. «The burning of Rumanian books», 30-I-1953, https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP82-00 457R016 000 120 005-0.pdf. <<

[18] De Blas (2006), Martínez Rus (2016 y 2021) y Rojas (2013). Pueden verse fotografías del bibliocausto perpetrado por el bando sublevado en la Guerra Civil en https://www.eldiario.es/sociedad/bibliocausto-espanol-quema-libros-franquismo-durante-guerra-posguerra_1_6430 284.html <<

[19] Grecco (2021) y Pérez del Puerto (2021). <<

[20] Según Mudde (2021), habría que diferenciar entre tres términos: 1) ultraderecha, entendida como categoría paraguas; 2) derecha radical, para referirnos a los movimientos y partidos que asumen las vías institucionales; y, 3) extrema derecha, en la que entran aquellos grupos que no aceptan las reglas del juego democrático. Es una nomenclatura similar a la que utiliza la Oficina para la Defensa de la Constitución alemana. Dado que la distinción entre estos conceptos no es de uso común en español, a lo largo de la obra los utilizaremos como sinónimos. <<

[21] El terrorismo es un tipo de violencia que busca un efecto psicológico, político y simbólico superior al de los daños materiales y humanos directamente producidos por sus atentados. Parafraseando un lema de las Brigadas Rojas, el terrorista golpea a una víctima para asustar a cien. Las bandas terroristas son grupos organizados de pequeño tamaño que carecen de control sobre un territorio y que emplean los atentados terroristas como principal estrategia para conseguir sus objetivos. <<

[22] Sarría (2009) y Hernández (2018). <<

[23] Sobre los ataques contra las salas de cine, véase Blázquez, Fernández y López (2022). <<

[24] No ha resultado fácil encontrar documentación sobre la Transición, debido tanto a la legislación vigente como a problemas de catalogación y conservación. Como los atentados contra librerías no solían ser graves, a menudo los sumarios se quedaban en los Juzgados de Instrucción, por lo que ahora son casi imposibles de localizar. Algunos de ellos sí fueron remitidos al Tribunal de Orden Público, cuya documentación está actualmente en el CDMH de Salamanca. Eso nos ha permitido consultar la causa de los atentados que rodearon el cumpleaños Picasso en 1971, pero otros expedientes posteriores han sido expurgados, así que solo hay información relativa a su apertura y cierre, sin ofrecer más detalle. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con CDMH, sumario 1172/75 del JOP 2 (TOP), c. 42/6745, sobre «Colocación de petardo en Librería Oxford», y sumario 1771/76 del JOP1 (TOP), c. 42/6977, sobre «Daños en librería en Madrid». <<

[25] Cadena (1978: 303-304), Armas (2020: 134), Milà (2010: 225 y 246-247) y Baby (2018: 130). AHPG, Memoria del Gobierno Civil de Guipúzcoa de 1977. Por ejemplo, tan solo en la provincia de Ávila hubo 22 amenazas falsas de bomba a lo largo de 1979 (AGA 32/11 466, Memoria del Gobierno Civil de Ávila de 1979). Pueden verse amenazas en AGA 42/09 025, 18, 42/09 132,9, 42/09 109,9 o 42/09 123,2. <<

[26] Alerta, 30-X-1988. José Ramón Saiz Viadero, entrevista cit., nos confirmó que no había denunciado los ataques «porque no nos convenía, según nos dijeron, por cuestiones del seguro. El seguro un incendio lo recogía, pero un ataque terrorista no lo recogía». <<

[27] José Ramón Saiz Viadero, entrevista cit. Entrevista a Ignacio Latierro, San Sebastián, 8-VI-2021. Entrevista a Maxen Zinkunegi, Andoain, 19-XII-2022. <<

[28] Terra Lliure cometió más de 200 atentados a lo largo de su historia. Ninguno de ellos tuvo como objetivo a una librería, pero sí a representantes de la cultura catalana no nacionalista. Quizá el más conocido fue el que Terra Lliure perpetró el 21 de mayo de 1981. Ese día un comando secuestró a dos profesores de Enseñanza Secundaria en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona). Uno de ellos era Federico Jiménez Losantos, entonces un intelectual de izquierdas crítico con el nacionalismo catalán. Siguiendo el modus operandi de ETApm, los terroristas le dispararon un tiro en la pierna, abandonándole a él y a su compañera atados a un árbol. Terra Lliure acusó a Jiménez Losantos de ser «enemigo de los Países Catalanes» pero la investigación policial reveló que la banda lo había escogido como objetivo por ser el «más asequible» de los cuatro redactores del Manifiesto por la igualdad de derechos lingüísticos en Cataluña, más conocido como Manifiesto de los 2300: un documento que criticaba la progresiva marginación de la lengua española. Al igual que otras personas señaladas por Terra Lliure, Jiménez Losantos se vio obligado a abandonar la Comunidad Autónoma. (Fernández, 2021: 231). <<

[29] A lo largo de este trabajo se utilizarán las cifras de heridos del registro oficial de la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (Ministerio del Interior), cedido para propósitos académicos al Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo y actualizado a fecha de abril de 2020 <<

[30] Fernández Soldevilla (2021: 250). Aunque responden a objetivos diferentes, en España se suele englobar en un único fenómeno al terrorismo ultraderechista y vigilante. Por un lado, porque hubo militantes neofascistas en ambos (en el primero como voluntarios, en el segundo como mercenarios). Por otro, porque pueden encontrarse puntos en común en su discurso ultranacionalista. También se sospecha que la violencia ultra tuvo el amparo de ciertos nostálgicos que conservaban posiciones relevantes en las instituciones. Por último, a menudo tanto los terroristas de extrema derecha como los parapoliciales usaban las mismas siglas de conveniencia. Acerca de las diferencias entre terrorismo de Estado, terrorismo parapolicial y terrorismo de ultraderecha, véanse Fernández Soldevilla (2021) y https://glosariovt.com/. <<

[31] Blázquez, Fernández y López (2022). <<

[32] Quaggio (2014: 149) y Vila-Sanjuán (2003: 15-102). El Libro Español, I-1971. <<

[33] Sobre la violencia de índole blavera, veánse Ribera (2021) y Casals (2021). <<

[34] El trabajo de Javier Merino puede leerse en https://www.eldiario.es/cantabria/desmemoriados/librerias-kioscos-e-conciertos-objetivos-atentados-extrema-derecha-cantabria-transicion_132_9775 303.html <<

[35] TeleXpres, 30-VII-1974. <<

[36] Fernando Aramburu: «María Teresa Castells y el humo de los libros», El Mundo, 17-IX-2017. <<

[37] Sánchez Soler (1996: 123). Según Ernesto Milà (entrevista en Barcelona, 2-VIII-2022), «eran católicos, pero digamos que más abiertos. Por ejemplo, yo con la gente de Milicia Catalana me llevaba razonablemente bien, a pesar de que sabían mis creencias… Vamos, mi ausencia de creencias religiosas […]. Pero era un grupo con cierta estructura y, sobre todo, mucha disciplina interior. Y el único que yo considero que era una organización terrorista propiamente dicha. Más no hay». <<

[38] El País, 17-IV-2005. <<

[39] La carta puede leerse en la web de la Fundación Juan Muñiz Zapico (CC.OO.): https://www.fundacionjuanmunizzapico.org/publicaciones/Huelgas1962_CartaColectivaIntelectuales.pdf <<

[40] Arce (2010: 595-605). Más información en https://www.elfaradio.com/2017/08/30/los-anos-tenebrosos-en-los-que-en-cantabria-se-atacaban-librerias/, <<

[41] La Vanguardia, 18-IX-1966. <<

[42] ABC, 28-II-1967. La Vanguardia, 28-II-1967. CMVT, Informe de Alberto Royuela Fernández, 4-X-1971. De acuerdo con Ernesto Milà (correo electrónico, 16-I-2023), «hacia 1963 ya se habían producido pintadas con brea en anuncios de sujetadores femeninos. La imagen de la mujer tapada con la inscripción “Decencia”. Luego se produjeron varios actos violentos en el Casal de Montserrat, en la recepción al jesuita padre Evely en calle Balmes/Provenza en el curso de un acto… Alguna paliza al padre Dalmau, párroco de Gallifa, etc. En otras palabras, que existía en Barcelona una extrema-derecha de carácter integrista (no neofascista) que realizó distintas acciones en los 60». <<

[43] Diario Vasco, 20-IV-1968. Labiano (2019: 101). Lagun y la resistencia frente a ETA (Belén Verdugo, 2019). Una interesante entrevista a Guerra Garrido en https://www.elfarmaceutico.es/canal-ef/que-mi-mujer-fuese-farmaceutica-fue-definitivo-porque-me-permitio-ganar-tiempo-para-escribir_108 674_102.html <<

[44] Fernández y Briones (2020). <<

[45] Tusell (1993: 323 y ss.). <<

[46] Rojas (2013: 37-65 y 2020: 226-227), Tusell (1993: 291-293 y 357), Martín de la Guardia (2021), Tusell y Queipo de Llano (2003: 25), Quaggio (2014: 42-51), Rivera (2022: 325), Giménez Martínez (2014: 42-43), Moradiellos (2018: 142-144), Molinero e Ysàs (2008: 61-137 y 2018: 45-47), Alcántara (2022: 228-238), Muñoz Soro (2014: 250-251) y San Martín (1983: 159). <<

[47] Ibidem. <<

[48] Gallego (2006: 21-33) y Girón de Velasco (1994: 204). <<

[49] Tusell y Queipo de Llano (2003: 190), Gallego (2006: 32), Cadena (1978: 170), Rodríguez (1994: 122-129), Piñar (2000: 149, 167-168 y 435-475 y 2002: 101), Torres García (2001: 49-59 y 73) y González Sáez (2013). ABC, 19-I-1962. Sobre el discurso de odio, véase Alonso (2017 y 2020) y la entrada en https://glosariovt.com/glosario-vt/discurso-del-odio/. Sobre el de Blas Piñar, Madueño (2020). El propio Piñar (2000, 2001, 2002, 2003 y 2004) da muestras de sobra en sus memorias. No es de extrañar que, según San Martín (1983: 245-246), los franquistas reformistas pidiesen «simplemente su cabeza [la de Piñar] o la clausura de la revista». <<

[50] Piñar (2000: 438-439). <<

[51] Fuerza Nueva, n.º 111, 22-II-1969. Piñar (2003: 196). <<

[52] Rodríguez (1994: 115-121), Casals (1995: 57-96) y VV.AA. (2019). Informaciones, 31-V-1974. Telex Expres, 6-VI-1974. Cambio 16, 10-VI-1974. <<

[53] VV.AA. (1987), Cadena (1978: 173), Casals (1995: 97-116), Gallego (2006: 47-53) y Armas (2020: 44). Sobre el terrorismo neofascista italiano, véase Avilés (2021). Entrevista a Ernesto Milà, cit. Nuevo Orden, n.º 25, 1972, https://ddd.uab.cat/pub/ppc/nueord/nueord_a1972n25.pdf <<

[54] Nuevo Orden, n.º 26, III-1972, https://ddd.uab.cat/pub/ppc/nueord/nueord_a1972n26.pdf <<

[55] Morales (2007) y Madueño (2020: 87-110). <<

[56] Madueño (2020: 111-121). <<

[57] Moradiellos (2018: 146-149) y Tusell (1993: 321). CMVT, Informe de Alberto Royuela Fernández, 4-X-1971, Informe de Alberto Royuela Fernández [Ampliación], 18-X-1971. AHPG, Informe anual de la Delegación de la frontera norte de España, 1970. AGUN, caja 170/1, Boletín de Situación, n.º 18, 26-X al 2-XI-1972, y caja 170/3, Boletín de Situación, n.º 64, 28-XI-73. <<

[58] Tusell (1993: 344-364), Moradiellos (2018: 150-151) y Molinero e Ysàs (2008: 124-126 y 2018: 49). <<

[59] Fernández y Briones (2020), Rodríguez (1994: 135-147) y Girón de Velasco (1994: 227-228). <<

[60] Cassinello (2022: 205). <<

[61] Piñar (2000: 449), Girón de Velasco (1994: 212-213), Molinero e Ysàs (2008: 160 y 168-170), Madueño (2020: 111-121), Moradiellos (2018: 152) y Rodríguez (2019: 93). <<

[62] Torres García (2001: 56-59). CMVT, Informe complementario sobre Alberto Royuela Fernández, 6-X-1971. <<

[63] Fusi (2017: 141). <<

[64] Rojas (2013: 69-73) y Quaggio (2014: 42-51). Los datos sobre publicación de títulos pueden encontrarse en la revista mensual del Instituto Nacional del Libro Español: https://prensahistorica.mcu.es/es/consulta.registro.do?id=1029 626. <<

[65] Rojas (2013: 73-89 y 2016) y San Martín (1983: 159). Según Ernesto Milà, entrevista cit., «las únicas editoriales que editaban algo que no fuera de izquierdas eran Luis de Caralt, que era falangista; Mateu, que el director de publicaciones era falangista; Acervo, que era divisionario el director, el propietario de la editorial, y poco más. Y claro, Editora Nacional, que editaba libros de Carl Schmitt, de autores ya menos conflictivos. Pero lo cierto es que la hegemonía cultural en los últimos años del franquismo la tenía indiscutiblemente la izquierda». Él mismo leía obras de ensayistas marxistas. <<

[66] Cit. en Rojas (2020: 223). <<

[67] San Martín (1983: 159). Sobre este tema, véanse entre otros, Rojas (2013) y Martínez (2011). <<

[68] Quaggio (2014: 58). <<

[69] Rojas (2016). <<

[70] Entrevista a Aldo García, cit. Sobre Ciencia Nueva y la industria editorial española de aquella época, véase Rojas (2013). <<

[71] El País, 26-X-2021. Santolaya (2016). <<

[72] Revuelta (2017: 197). Hay que recordar que a Valladolid se le denominaba «Fachadolidad» y a Santander, la «Fachada del Norte» (entrevista a José Ramón Saiz Viadero, cit.). <<

[73] Fusi (2017). <<

[74] Entrevista a Aldo García, cit. <<

[75] Entrevista a Javier López de Munáin, cit. <<

[76] Entrevista a Ignacio Latierro, cit. <<

[77] La cita de Jesús Ayuso en https://www.chacodiapordia.com/2022/03/26/lanzan-en-espana-un-libro-de-poesias-del-chaqueno-pedro-solans/ <<

[78] Entrevista a Rafa Arnal i Torres, Tavernes Blanques, 15-VI-2022. <<

[79] San Martín (1983: 245). Ignacio Latierro, entrevista cit. Javier López de Munáin, entrevista cit. Entrevista a Rafa Arnal, cit. Entrevista a Maxen Zinkunegi, cit. <<

[80] Entrevista a Fernando Valverde, cit. <<

[81] La entrevista en https://tamtampress.es/2013/11/30/sandoval-una-libreria-con-40-anos-de-historia/ <<

[82] Entrevista a José Ramón Saiz Viadero, cit. <<

[83] Aldo García, entrevista cit. CMVT, expediente de la Dirección General de Policía de Melitón Manzanas González, 1968. <<

[84] Entrevista a Ignacio Latierro, cit. <<

[85] Entrevista a Aldo García Arias, Madrid, 29-IV-2021. <<

[86] Entrevista a Lola Larumbe, cit. <<

[87] Entrevista a Fernando Valverde, cit. <<

[88] Entrevista a José Ramón Saiz Viadero, cit. <<

[89] Entrevista a Rafa Arnal, cit. <<

[90] Entrevista a Aldo García, cit. <<

[91] Rojas (2013: 247). <<

[92] Cit. en Rojas (2013: 306) y Fusi y Palafox (1998: 319). Entrevista a Ernesto Milà, cit. No obstante, el franquismo sí había intentado dar la batalla cultural en temáticas como la historia reciente, como prueba la labor del Instituto de Estudios sobre la Guerra Civil Española, que durante un tiempo dirigió Ricardo de la Cierva. De acuerdo con Francisco Rojas (2013: en nota), se trataba de un «organismo creado por Fraga Iribarne y dependiente del Ministerio de Información y Turismo, que utilizaba de forma privilegiada los fondos del Archivo de Salamanca, con el fin de elaborar propaganda sobre el franquismo de apariencia académica, y dar contestación al mismo tiempo a todas las obras de carácter historiográfico de naturaleza crítica con el régimen, que vieran la luz fuera de las fronteras». <<

[93] Tusell (1993: 370-373). <<

[94] San Martín (1983: 244). Tan solo en 1967 las autoridades secuestraron tres obras de ZYX (AGA 42/09 026, 16, Belprex, 18/19-XII-1967). <<

[95] Rojas: «Una editorial para los nuevos tiempos: Ciencia Nueva (1965-1970)», http://www.represura.es/represura_2_enero_2007_articulo2.html <<

[96] Rojas (2013: 229-303 y 2017). <<

[97] CMVT, Informe de Alberto Royuela Fernández (Ampliación), Barcelona, 18-X-1971. <<

[98] CMVT, diversa documentación policial sobre Alberto Royuela Fernández, X-1971. <<

[99] El Libro Español, I-1972. <<

[100] Hernández (2018). AGA 42/09 109, 8, 2 y 42/08 855, 15. <<

[101] Hernández (2018: 73) y Piñar (2000: 142-143 y 200-208). Fuerza Nueva, n.º 252, 6-XI-1971. Arriba, 15-X-1971. <<

[102] CDMH, Sumario 1129/1971 del TOP. <<

[103] Ibidem. <<

[104] En efecto, eso se deducía del artículo publicado en el diario Arriba, 15-X-1971. La galería Theo corrigió la información errónea del periódico un par de semanas después (Arriba, 28-X-1971), pero de alguna manera Arriba, 2-XI-1971, cuestionó sus afirmaciones al lanzar nuevas preguntas en sus páginas. <<

[105] En cambio, Milà (2013: 206-209) acusa al entonces jefe de la Brigada de Investigación Social de haber sido el instigador de los ataques de Madrid, aunque luego se habría visto obligado a actuar contra los agresores por las quejas del Consulado francés y el Ministerio de Exteriores. <<

[106] Hernández (2018: 60). <<

[107] Hernández (2018: 65-66). El Correo Catalán, 24-XI-1971. Sobre Pablo Bordonaba, librero de Cinc d’Ors, véase la necrológica que escribió sobre él Juan Cruz: https://elpais.com/diario/2007/01/24/agenda/1169 593 208_850 215.html <<

[108] Hernández (2018: 68) y Piñar (2000: 203-208). Unidad, 21-XII-1971. Información Española, n.º 65, 2.ª quincena XI-1971, y n.º 66, n.º quincena XII-1971. Fuerza Nueva, n.º 254, 20-XI-1971, n.º 255, 27-XI-1971, n.º 256, 4-XII-1971, n.º 257, 11-XII-1971, y n.º 258, 18-XII-1971. El Pensamiento Navarro, 14-XI-1971. <<

[109] Fuerza Nueva, n.º 252, 6-XI-1971. <<

[110] El Libro Español, I-1973. <<

[111] Diario Vasco, 25-IV-1972. AGUN, caja 170/1, Boletín de Situación, n.º 16, 11 al 18-X-1972. <<

[112] AGA 42/08 797, 17, AFP, 22-XI-1976. Las declaraciones de las sobrinas de Sánchez Covisa en El País, 25-II-1977. Sobre los GCR, véase Madueño (2017). <<

[113] http://elcadenazo.com/index.php/los-heroes-anonimos-mariano-sanchez-covisa/ <<

[114] Casals (1995: 105-110) y Gallego (2006: 47-53). AGUN, caja 170/3, Boletín de Situación, n.º 51, 11-VII-1973, n.º 53, 12-IX-1973, y n.º 55, 26-IX-1973. La Vanguardia, 18-VIII-1973. El Libro Español, I-1974. Revista Mundo, 14-VII-1973. <<

[115] Según Ernesto Milà, entrevista cit.: «Esto nos lleva a la primera diferencia que hay entre el terrorismo de extrema derecha y el terrorismo de extrema izquierda. El de extrema izquierda es un terrorismo orgánico, al servicio de una estrategia y de una táctica desde una estrategia muy concreta que nunca existió en la extrema derecha». <<

[116] Cortés (2014: 131-141). AGUN, caja 170/1, Boletín de Situación, n.º 3, 8 al 14-VI-1972. <<

[117] Valencia Semanal, n.º 52, 24/31-XII-1978. <<

[118] Moradiellos (2018: 155), Carcedo (2004: 96-104) y Piñar (2000: 148). El País, 11-4-1979. <<

[119] Rojas (2013: 303-304). <<

[120] Giménez Martínez (2014: 44) y Molinero e Ysàs (2018: 184-227). Sobre Arias Navarro, véase Tusell y Queipo de Llano (2003). <<

[121] Girón de Velasco (1994: 232-235) y Torres García (2001: 60). La Vanguardia, 24-I-1974. Arriba, 28-IV-1974. <<

[122] El Libro Español, I-1975. AGUN, caja 170/4, Boletín de Situación, n.º 71, 30-I-1974. <<

[123] La Vanguardia, 3-VII y 12-VII-1974. Entrevista a Fernando Valverde, cit. <<

[124] Milà (2013: 211-212), Alsina (2020: 10-11), Armas (2020: 64) y Nacos (2000: 175). «Western Europe, Canada, International Organizations», 19-XI-1975, https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP79T00 865A002 200 090 002-8.pdf <<

[125] Informaciones, 6-VI-1974. La Vanguardia, 6 y 21-IX-1973. <<

[126] Alsina (2020: 10-11) y Armas (2020: 65). De acuerdo con Ernesto Milà, entrevista cit., con excepciones como el ataque a la revista El Ciervo, que sí cometieron ellos, la mayoría de los atentados contra librerías, distribuidoras y salas de cine reivindicados por el PENS en Barcelona no fueron obra suya, sino de otros ultras que los reclamaron con esas siglas para cubrirse. Sin embargo, Milà confirma que los realizados en Valencia sí eran del PENS-MSE. Una idea parecida respecto a la campaña de Barcelona en Castillón (2001: 116). Por otro lado, un anónimo antiguo miembro del PENS escribió que «no todas las acciones que fueron firmadas por el PENS las cometieron sus militantes, en realidad la policía sospechaba que detrás del PENS se encontraba algún servicio paralelo y utilizó a un conocido confidente para que realizara atentados por encargo y firmara con las siglas “PENS” de tal forma que abriera la veda de los militantes conocidos de esta organización, para interrogarlos y averiguar lo que había detrás. Capítulo este, clásico, de la guerra entre servicios» (VV.AA., 1987: 2). <<

[127] El Correo, 11-VII-1974. TeleXpress, 12-VII-1974. AHPG, Memoria del Gobierno Civil de Guipúzcoa de 1974. <<

[128] La Vanguardia, 7-IX-1974. Triunfo, 14-IX-1974. <<

[129] González Sáez (2012a: 7), Moradiellos (2018: 157-158) y Casals (1995: 105-107). AGUN, caja 170/3, Boletín de Situación, n.º 65, 5-XII-1973, y caja 170/6, Boletín de Situación, n.º 71, 30-I-74, y n.º 77, 13-III-74. El Noticiero Universal, 3-X-1974. TeleXpres, 20-VIII-1974. <<

[130] El Correo Catalán, 14-VII-1974. La Vanguardia, 18-VII-1974. El Noticiero Universal, 13-IX-1974. Armas (2020: 64) y Milà (2013: 211-212 y 2010: 136). <<

[131] El País, 22-V-1976. El Libro Español, VIII-1976. <<

[132] CMVT, sumario 285/1974 del Juzgado Especial de la Primera Región Militar. Los comunicados de ETA en Hordago (1979, vol. XV: 485 y 489). La banda asumió la autoría de aquella masacre en Zutabe, n.º 114, IV-2018. <<

[133] Tusell y Queipo de Llano (2003: 128), Piñar (2000: 526-531 y 579-595) y Molinero e Ysàs (2008: 201-202). Fuerza Nueva, n.º 403, 28-IX-1974. <<

[134] Quaggio (2014: 51-54) y Piñar (2003: 100). Un ejemplo del agradecimiento del mundo del libro a la labor de De la Cierva en La Vanguardia, 12-VII-1974. Sobre Ricardo de la Cierva y Pío Cabanillas, véanse https://dbe.rah.es/biografias/12 151/ricardo-de-la-cierva-y-de-hoces y https://dbe.rah.es/biografias/9576/pio-cabanillas-gallas. <<

[135] Tusell y Queipo de Llano (2003: 130-134), Giménez Martínez (2012: 302-339), Moradiellos (2018: 158) y Molinero e Ysàs (2008: 202 y 2018: 50-52). Curiosamente la Memoria del Gobierno Civil de Valladolid de 1974 (AGA 32/11 447) parece sugerir que el endurecimiento de la política del Gobierno de Arias Navarro fue consecuencia del atentado de la cafetería Rolando y la ruptura pública con Blas Piñar. <<

[136] Casanellas (2014: 170). AHPG, c. 3680/0/1, Memoria de la provincia correspondiente al año 1974, 1975. <<

[137] VV.AA. (1987: 1). <<

[138] Baby (2018). <<

[139] Entrevista a Fernando Valverde, cit. <<

[140] Cassinello (2022: 72). <<

[141] La entrevista de Abelardo Pons en https://www.ivoox.com/seamos-francos-29-01-18-abelardo-pons-primera-parte-audios-mp3_rf_23 411 331_1.html <<

[142] El Libro Español, I-1976. Diario de Barcelona, 9-II-1975. <<

[143] Fuerza Nueva, 18-V-1974. Blázquez, Fernández y López (2022: 216). <<

[144] AGA 42/08 821,01, MIT, 12-V-1975, UPI, 12-XI-1975, y REI, 11-XI-1975. <<

[145] Etxaniz (2005) y Casanellas (2014: 180-185). La Vanguardia, 17-V-1975. <<

[146] Molinero e Ysàs (2008: 221-222). <<

[147] La Gaceta del Norte, 10-VIII-1975. <<

[148] Diario de Barcelona, 20-VIII-1975. <<

[149] AGA 42/09 132,12, Europa Press, 18-VIII-1976. <<

[150] Jiménez (2018). <<

[151] Cassinello (2022: 65), Casanellas (2014: 170-223), Moradiellos (2018: 159-161) y Rodríguez (1994: 176-179). Arriba, 10-V-1975. La Gaceta del Norte, 17-IX-1975. <<

[152] ABC, 27-X-1975. La Vanguardia, 27-X-1975. <<

[153] Tusell y Queipo de Llano (2003: 249). La Vanguardia, 19-XII-1975. El Libro Español, I-1976. «Los guerrilleros de Cristo Rey reivindican el atentado contra la librería parisiense de la CNT», https://www.march.es/es/coleccion/archivo-linz-transicion-espanola/ficha/guerrilleros-cristo-rey-reivindican-atentado-contra-libreria-parisiense-cnt—linz%3AR-16 032 <<

[154] VV.AA. (1987: 2), San Martín (1983: 245), Cadena (1978: 173), Alsina (2020: 10) y Casals (1995: 107). Entrevista a Ernesto Milà, cit. <<

[155] Entrevista a Ernesto Milà, cit. <<

[156] Informe policial italiano, 23-VII-1996, en https://guidosalvini.it/wp-content/uploads/2018/10/LAginter-Press-e-il-Piano-Caos-relazione-ROS-Carabinieri-Roma-26-luglio-1996.pdf <<

[157] Domínguez (2003). <<

[158] Casanellas (2014: 251-252) y Fernández (2021: 263). CMVT, acta de declaración de un miembro de ETAm, Madrid, 21-II-1987, acta de declaración de un miembro de ETAm, Bilbao, 28-VII-1981, acta de declaración de un dirigente de ETApm, San Sebastián, 26-IV-1975, y acta de declaración de un miembro de ETApm, Manresa, 2-XII-1980. Entrevista anónima, 18-X-2021. Auto del Juzgado de Instrucción n.º 4 de la Audiencia Nacional, Madrid, 20-IX-2012. La vinculación de Mugalde con ETA era pública y notoria, como puede verse en La Vanguardia, 27-IX-1974. <<

[159] CMVT, «Comunicado de ETA», 9-IV-1975. AHPG, Memoria del Gobierno Civil de Guipúzcoa de 1975. AGUN, caja 170/9, Boletín de Situación, n.º 154, 8-X-1975. <<

[160] Amedo (2006: 30) y Cabezas (2003: 94). ABC, 6-VI-1975. CMVT, «Comunicado de ETA», 9-IV-1975. AHPG, Memoria del Gobierno Civil de Guipúzcoa de 1975. AGUN, caja 170/9, Boletín de Situación, n.º 154, 8-X-1975. Las fuentes de EE.UU.: «1975MADRID04 176», 17-VI-1975, https://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=179 723&dt=2476&dl=1345, y «Terrorism Review», 7-VII-1983, https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP84-00 893R000 100 200 001-8.pdf. <<

[161] Fernández Soldevilla (2021: 263-264). <<

[162] Informe policial italiano, 23-VII-1996, en https://guidosalvini.it/wp-content/uploads/2018/10/LAginter-Press-e-il-Piano-Caos-relazione-ROS-Carabinieri-Roma-26-luglio-1996.pdf. José Martínez: Del atentado contra Ruedo ibérico y de otros atentados, http://www.ruedoiberico.org/articulos/index.php?id=9. Forment (2006: 484-485). AGUN, caja 170/1, Boletín de Situación, n.º 18, 26-X al 2-XI-1972. <<

[163] AGA 42/08 822, Cifra, 21-VII-1976. <<

[164] AGUN, caja 170/9, Boletín de Situación, n.º 156, 22-X-1975. <<

[165] La Vanguardia, 22-IX-1973. <<

[166] El Libro Español, IX y XII-1973. <<

[167] La Vanguardia, 3 y 12-VII-1974. Cambio 16, 15-VII-1974. El Correo Catalán, 6 y 12-VII-1974. Mundo Diario, 12-VII-1974. <<

[168] Cambio 16, 15-VII-1974. El Correo Catalán, 20-VII-1974. TeleXpres, 11-VII-1974. AGA 42/09 026, Logos, 20-VII-1974. <<

[169] Fundación Pablo Iglesias (FPI), Dossier: Atentados contra la cultura, II-1975. <<

[170] El Noticiero Universal, 5-VII-1974. La Vanguardia, 14-VII-1974. <<

[171] FPI, Dossier: Atentados contra la cultura, II-1975. <<

[172] Hernández (2018: 100-102). Acerca de este proyecto, véase https://www.naranjasdehiroshima.com/2019/09/un-libro-es-un-arma.html. <<

[173] Molinero e Ysàs (2008: 230-249). <<

[174] AGA 42/08 821,01, Nota de Pyresa, 23-II-1976. La Hoja del Lunes (Bilbao), 29-III-1976. <<

[175] Piñar (2000: 572), Rodríguez (1994: 185-189 y 2012: 243), Molinero e Ysàs (2008: 249-262 y 2018: 97-105) y Milà (2010: 258-259). AGA 42/08 821,01, Nota de Europa Press, 29-XI-1976. <<

[176] Fernández-Cuesta (1985: 279-293), Piñar (2000: 534-576), Sartorius y Sabio (2007: 384 y 389), Giménez Martínez (2012: 334-335) y Molinero e Ysàs (2008: y 2018: 111-117). <<

[177] AGCV, «Manifiesto de Euskadi por la Amnistía Total», 18-IX-1976; Boletines semanales regionales de la Jefatura Superior de Policía de Bilbao, 18 al 25-IX y 26-IX a 1-X-1976. <<

[178] Cadena (1978: 303) y Milà (2010: 207-212). <<

[179] AGA 32/11 459, Memoria del Gobierno Civil de Barcelona de 1977. <<

[180] Villa (1984: 131), Baby (2018: 130-131), López Larrea (2017) y Milà (2010: 207-212). <<

[181] Entrevista personal a José Ramón Saiz Viadero, cit. AGA 42/09 132,12, Europa Press, 25-IX-1976. <<

[182] El Libro Español, I-1977. <<

[183] Vila-Sanjuán (2003: 15-102). Interviú, 22 al 26-V-1976 y 2 al 8-IX-1976. La cita de Antonio Asensio Pizarro en https://www.elperiodicodearagon.com/sociedad/2016/05/30/erotismo-celebrar-vida-47 058 845.html <<

[184] Interviú, 25-XI-1976. Información sobre estos atentados en https://www.levante-emv.com/costera/2021/11/26/supo-puso-bombas-59 979 567.html https://www.diarilaveu.cat/noticia/11 219/tal-dia-com-hui-del-1976-la-llibreria-la-costera-de-xativa-va-patir-un-atemptat-atribuit-al- <<

[185] Cit. en Sabio (2011: 332-333). <<

[186] Blázquez, Fernández y López (2022), Abad (2021: 105), Rodríguez (2012: 243) y Madueño (2017: 165-166). La Vanguardia, 27-III-1976. Ya, 5-XI-1976. El País, 21-XI-1976. <<

[187] Sarría (2009: 123). <<

[188] AGA 42/09 025, 18, AFP, 27-V-1976. Muñoz Soro (2017: 494-496). El Real Decreto en https://www.boe.es/boe/dias/1977/04/12/pdfs/A07 928-07 929.pdf <<

[189] Entrevista a Ignacio Latierro, cit. <<

[190] Entrevista a Rafa Arnal, cit. <<

[191] Entrevista a José Ramón Saiz, cit. <<

[192] Conversación telefónica con Miguel García, 22-IV-2021. AGSGB, c. 910, Comunicación del Gobierno Civil de Barcelona al Jefe Superior de Policía, 17-X-1977, y c. 913, Escrito de Casa del Libro al gobernador civil de Barcelona, 7-IX-1979. <<

[193] AGA 42/09 132,12, Logos, 10-II-1976. El Gabinete de Enlace del Ministerio de Información y Turismo abrió un expediente sobre los atentados a librerías, que puede consultarse en AGA 42/09 132,12. <<

[194] AGA 42/09 132, Europa Press, 8 y 9-I-1976. <<

[195] AGA 42/09 132,12, Logos, 11-V-1977. <<

[196] Martín (1984: 143) y Fernández-Cuesta (1985: 279-293). Acerca de las operaciones policiales contra FN, véase Piñar (2004). Sobre Rosón, véase https://dbe.rah.es/biografias/5227/juan-jose-roson-perez <<

[197] De acuerdo con Lola Larumbe, entrevista cit., Enrique Lagunero «siempre nos decía que, si los cristales de los bancos tenían seis capas, los de la librería los puso de once». <<

[198] El País, 11-VII y 7-XI-1976. AGA 42/09 132,12, Cifra, 15-XI-1976. <<

[199] AJTCM, sumario 75/1979 del Juzgado de Instrucción n.º 7 de Madrid. Ya, 13-V-1977. La Vanguardia, 12-V-1977. El País, 6-VI-1978. De acuerdo con Lola Larumbe, entrevista cit., Lagunero «contaba que, al final, lo paradójico de la situación era que ellos tenían muy buena relación con el Jeep de la Policía Nacional que se quedaba toda la noche ahí, porque se habían hecho amigos ya de la Policía Nacional que les venía a proteger, y sin embargo seguían teniendo atentados». <<

[200] AJTCM, sumario 75/1979 del Juzgado n.º 7, cit. <<

[201] Entrevista a José Ramón Saiz Viadero, cit. <<

[202] AGA 42/09 132,12, Cifra, 25-V-1977. <<

[203] CMVT, Diligencias previas, n.º 505-76 del Juzgado de Instrucción de San Sebastián, 29-IV-1976, y Diligencias previas, n.º 122/77, de la 2.ª Sección Provincial de Investigación, San Sebastián, 5-II-1977. <<

[204] Entrevista a Ignacio Latierro, cit. <<

[205] AGA 42/09 025, 18, Cifra, 8-III-1976. Correo electrónico de Miguel Jesús Sánchez, 3-XI-2022. El País, 21-V-1976. La Vanguardia, 28-III-1976. <<

[206] Ballester (2022). <<

[207] Cassinello (2022: 258). <<

[208] Entrevista a Germán Rodríguez Castiñeira, Madrid, 7-IV-2022. <<

[209] Entrevista a Rodolfo Martín Villa, Madrid, 4-V-2022. <<

[210] Memoria de la Fiscalía General del Estado de 1978. <<

[211] AGMI, «Télex de la Subsecretaria de Orden Público (Ministerio del Interior)», Madrid, 19-VII-1978. <<

[212] Rodríguez (2012: 239-241) y Madueño (2021: 113-180). AGA 42/09 132, Europa Press, 18-V-1977. <<

[213] AGA 42/09 132, Cifra, 12-VI-1977. El mes anterior los agredidos habían sido miembros de Fuerza Joven que estaban colocando carteles de FN (El Alcázar, 21-V-1977). <<

[214] Piñar (2001: 221), Rodríguez (2012: 231-247) y Madueño (2020: 180-184). <<

[215] Baby (2018) y Muñoz Soro (2017: 491). El Libro Español, VII-1977 y II-1978. <<

[216] Fernández y Jiménez (2020) y Baby (2018). Memoria de la Fiscalía General del Estado de 1977. <<

[217] Rodríguez (1994: 202-225), Madueño (2020) y González Sáez (2012a: 366-367). <<

[218] Milà (2013: 198). <<

[219] El País, 26-4-1977. <<

[220] Piñar (2002: 8). <<

[221] Fernández y Jiménez (2020), Rodríguez (1997: 449-450) y Baby (2018: 125). El País, 26-4-1979. La responsabilidad de miembros de Fuerza Nueva en acciones terroristas fue recogida en informaciones como el polémico reportaje de Xavier Vinader en la revista Interviu, 3 al 9-V-1979. La entrevista a Abelardo Pons en https://www.ivoox.com/seamos-francos-29-01-18-abelardo-pons-primera-parte-audios-mp3_rf_23 411 331_1.html <<

[222] Gallego (2019). <<

[223] Fernández y Jiménez (2020) y Cuervo (2021). El País, 11-7-1980. <<

[224] Colectivo Amanecer (2005 y 2009), Milà (2010: 333 y 2013: 203), López Larrea (2017: 72), Gallego (2006: 175-201), Rodríguez (1994: 225-229 y 1997: 453) y Catalán Deus (2021: 402). El País, 21-III-1984. <<

[225] Entrevista a Ernesto Milà, cit. <<

[226] El País, 9-VII-1983. Sentencia del Tribunal Supremo, 5-X-1985. «Terrorism Review», 7-VII-1983, https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-84-00 893R000 100 200 001-8.pdf. Puede escucharse el testimonio de un integrante de Primera Línea de FE-JONS en https://www.youtube.com/watch?v=R_Q0wMzi8d8 <<

[227] Armas (2020: 134-135), Milà (2010: 225 y 246-247), Baby (2018: 124) y Casals (2020b). <<

[228] Rodríguez (2012: 250). <<

[229] Entrevista a Ernesto Milà, cit. Sobre el «espontaneísmo armado» de los jóvenes militantes de Fuerza Nueva, bastantes de ellos aficionados a las artes marciales, véase Domínguez (2020: 122-124). <<

[230] Casals (2020b: 170) y González Sáez (2012a: 365-376). <<

[231] González Sáez (2012b: 368-369), Angulo (2018), Córdoba (2015), García Vázquez (2013) y Piñeiro (2022). Véanse también las extensas memorias de Piñar (2003: 12), que llevó protección policial por las amenazas de ETA desde 1970 a 1982. AGMI, «Incidentes en relación con el 18 de julio», 1979. El testimonio de Abelardo Pons en https://www.ivoox.com/seamos-francos-29-01-18-abelardo-pons-primera-parte-audios-mp3_rf_23 411 331_1.html. <<

[232] https://laotraeuropa.blogia.com/2012/121 201-abelardo-pons-sobre-juan-ignacio.php <<

[233] La Hoja del Lunes (Santander), 25-II-1980. El discurso de Blas Piñar en Anoeta puede escucharse en https://www.youtube.com/watch?v=4KwlRZVAUKw <<

[234] Entrevista a Aldo García, cit. <<

[235] Sentencia 983/1981, del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Primera Sección, 9-VII-1981. <<

[236] Diario 16, 6-II-1978. El discurso de Blas Piñar en Anoeta puede escucharse en https://www.youtube.com/watch?v=4KwlRZVAUKw. El Alcázar, 7-XII-1978. <<

[237] Sentencia 749/1980, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, 11-VI-1980. <<

[238] Punto y Hora, 22 al 28-VI-1978. Sobre HB y otras siglas del nacionalismo vasco radical, véase Rubio (2021: 384-437). Sobre Monzón, Martínez Rueda (2021). <<

[239] https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=20&tipo=2 <<

[240] AGMI, «Plaza de Oriente», XI-1978. <<

[241] La entrevista a Abelardo Pons en https://www.ivoox.com/seamos-francos-29-01-18-abelardo-pons-primera-parte-audios-mp3_rf_23 411 331_1.html <<

[242] Diario 16, 15-VI-1978. <<

[243] Ribera (2021). <<

[244] Las Provincias, 17-I-1978. <<

[245] Valencia Semanal, n.º 55, 7/14-I-1979. Entrevista a Rafa Arnal, cit. <<

[246] Entrevista a Rafa Arnal, cit. <<

[247] El País, 12-IX, 19-XI, y 6-XII-1978. Acerca del atentado contra Sanchis, véase https://www.diarilaveu.cat/noticia/11 498/tal-dia-com-hui-del-1978-manuel-sanchis-guarner-va-rebre-un-paquet-bomba-a-la-seua-casa <<

[248] La Vanguardia, 25-VIII-1978. El País, 25-VIII-1978. https://anarkobiblioteka.files.wordpress.com/2016/08/libertarios_en_transicic393n_en_euskadi_-_mikel_orrantia.pdf <<

[249] La entrevista a Mikel Orrantia en https://www.elsaltodiario.com/comunicacion/la-noche-en-la-que-ardio-una-imprenta-del-anarquismo-vasco <<

[250] Entrevista a Lola Larumbe, cit. <<

[251] Entrevista a Aldo García, cit. <<

[252] Madueño (2020: 185-186). Sus candidatos al Senado consiguieron un total de 449 510 votos, pero no salió elegido ninguno. <<

[253] Rodríguez (2012: 250). <<

[254] Madueño (2020: 185-186). <<

[255] AGMI, «Incidentes en relación con el 18 de julio», 1979. Entrevista personal a José Ramón Saiz Viadero, cit. AGA 42/09 132,12, Europa Press, 25-IX-1976. <<

[256] El País, 11-X-1980. Sáenz de Ynestrillas (2010: 63-69). <<

[257] Sentencia 165/1981, del sumario 16/1980, Sala de lo Penal, Sección 1.ª de la Audiencia Nacional, 17-XI-1981. <<

[258] Muñoz Soro (2017: 493) y Catalán Deus (2021: 58-74). Interviú, 20 al 26-XII-1979 y 27-XII-1979 al 2-I-1980. El País, 8, 27, 29 y 30-I, 3, 5 y 22-II y 4-VI-1980 y 7-III-1987. Entrevista a Ernesto Milà, cit. <<

[259] Vilches (2021: 163-173) y Bayarri (2018). Un reportaje sobre estos atentados en https://www.rtve.es/play/videos/linformatiu-comunitat-valenciana/en-lany-fuster-recordem-latemptat-que-va-patir-el-1981/6729 000/ La cita de Fuster en https://elpais.com/cultura/2020-10-09/dinamita-en-el-jardin-de-la-filologia.html <<

[260] Casals (2020b) y Avilés (2021). <<

[261] Fernández y Jiménez (2020). <<

[262] Fernández y Jiménez (2020). <<

[263] AGA 31/14 245, Nota de la Federación de Gremios de Editores de España al Ministerio de Cultura, 13-VI-1979. <<

[264] Entrevista a Aldo García, cit. <<

[265] Entrevista a Lola Larumbe, cit. <<

[266] https://tamtampress.es/2013/11/30/sandoval-una-libreria-con-40-anos-de-historia/ <<

[267] Vila-Sanjuán (2003: 111). <<

[268] Entrevista a Lola Larumbe, cit. <<

[269] Entrevista a Javier López de Munáin, cit. <<

[270] Entrevista a Aldo García, cit. <<

[271] AGA 42/09 132,12, Logos, 10-II-1976. <<

[272] Ribera (2021: 65-66 y 76). La Vanguardia, 4 y 24-VI-1976. El País, 6-V-1976. El Libro Español, VII y VIII-1976. Entrevista a Fernando Valverde, cit. <<

[273] Nota de Europa Press, 26-XI-1976. El País, 27-XI-1976. Triunfo, 18-12-1976. AGA 42/08 822, Cifra, 21-VII-1976, y 42/09 025, 18, Europa Press, 29-XI-1976. <<

[274] Informaciones, 10-XII-1976. <<

[275] Quaggio (2014). <<

[276] Crónica, 10-I-1978. <<

[277] CMVT, «Datos estadísticos sobre terrorismo y delincuencia común en los años 1979, 1980, 1981 y 1982», 4-VIII-1982. <<

[278] Sobre la disolución de ETApm, así como sobre la gestión de Rosón, véase Fernández e Hidalgo (2022). <<

[279] Muñoz Bolaños (2020), Jiménez (2002: 27 y 93) y Baby (2018: 548-550). Biblioteca del Ministerio del Interior, «Policía. Realizaciones 1980-82», 1982, y «Guardia Civil, 1980-1982. Balance de realizaciones», 1982. Diario de sesiones del Congreso, 30-IV-1981. <<

[280] Rodríguez (2012: 254-257), Fernández-Cuesta (1985: 338), Torres García (2001: 70) y Piñar (2001). <<

[281] ABC, 21-XI-1982. <<

[282] Casals (2020a: 369). Irónicamente, al formar parte del gremio de editores, Fuerza Nueva pudo participar en la Feria del Libro de Madrid en sucesivas ocasiones, pese a que nadie quería ocupar las casetas aledañas, hasta que los responsables del evento le vetaron a principios del siglo XXI (Entrevista a Fernando Valverde, cit.). <<

[283] El País, 21-VI-1984. <<

[284] Aldo García, entrevista cit. <<

[285] El País, 28-X-2013. El Mundo, 24-II-2016 y 16-XI-2021. Sobre la campaña, véase por ejemplo, https://www.facebook.com/condenadosblanquerna/ o https://lafalange.org/no-hay-justicia-para-los-patriotas-de-blanquerna-solo-hay-honor/ <<

[286] Entrevistas a Aldo García y Lola Larumbe, cit. <<

[287] El País, 3-VI-2001. <<

[288] Información facilitada por Fernando Valverde. <<

[289] El Norte de Castilla, 15-I-2009. Correo electrónico de Miguel Jesús Sánchez, 3-XI-2022. <<

[290] El País, 9-XII-2003. <<

[291] Entrevista a Rafa Arnal, cit. <<

[292] La Vanguardia, 15-IX-2018. <<

[293] Pablo (2019). <<

[294] Garmendia (1996), Jáuregui (1985) y Fernández Soldevilla y Domínguez (2018). Sobre la actuación de ETA en Navarra, véase Marrodán (2013). Sobre el contexto internacional, Avilés, Azcona y Re (2019). <<

[295] Garmendia (1996: 152) y Fernández Soldevilla (2021: 59-102). <<

[296] Jáuregui (1985: 137 y 204-263). Zutik, XII-1961/I-1962, n.º 8, XII-1962, n.º especial Aberri Eguna, 1963, y n.º 12, 1963. <<

[297] Fernández Soldevilla y Domínguez (2018: 92). <<

[298] Fernández Soldevilla y Domínguez (2018). <<

[299] López (2015), Domínguez (2020) y Fernández Soldevilla (2020). <<

[300] Domínguez (1998: 217-218). <<

[301] Alonso, Domínguez y García (2010). <<

[302] CMVT, Ponencia Oldartzen, VIII-1995. <<

[303] Crónica de VascoPress, n.º 1003, 7-V-2001. El País, 12-III-2001. <<

[304] López Romo (2021), VV.AA. (2020) y Aulestia (2022). <<

[305] Escauriaza (2022). Sobre los atentados contra la Universidad de Navarra. Tecnos, véase también Marrodán (2013). <<

[306] López Romo (2021: 30). <<

[307] Hordago (vol. I: 533). <<

[308] López Romo (2021: 30). <<

[309] Hordago (vol. III: 279). <<

[310] Hordago (vol. III: 510). <<

[311] Hordago (vol. XVI: 335). <<

[312] Sabindarra, n.º 3, IV-1970. Jáuregui (1985: 267-273), Juaristi (1997: 373 y 1999: 227-228) y Estornés Zubizarreta (2010a, 2010b y 2017). Correos electrónicos de Felipe Juaristi y de Ramón Saizarbitoria, ambos de 17-XII-2022. Tan solo un ejemplo de la heterodoxia de Aresti. Como recordaba Koldo Mitxelena, el poeta, que se declaraba «a gritos no abertzale entre abertzales», llegó a declarar en una comida que el himno Eusko Gudariak era «fascista y, desde su punto de vista, eso no era tan irracional: a él hacia 1974 le sonaba a paleonacionalismo, a 1936 y a batallón Intxarkundia [del PNV], por ejemplo, antes que a batallón Perezagua [del PCE]» (Ibarzabal, 1977: 188). Algunos artículos de Lan-Deya contra Aresti y su amigo Ramón Saizarbitoria: https://www.susa-literatura.eus/liburuak/best1075 <<

[313] Véase: «Cronología de Historia de un desafío», https://www.planetadelibros.com/libros_contenido_extra/37/36 978_1_Cronologia_Historia_de_un_desafio.pdf. Son los apéndices de Sánchez Corbí y Simón (2017). <<

[314] Fusi (2017: 110-111). Información sobre los Encuentros en https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/encuentros-pamplona-25-anos-despues y https://www.elespanol.com/el-cultural/opinion/dardos/20 220 627/criticas-coches-bomba-jolgorio-fecundo-encuentros-pamplona/681 801 815_12.html <<

[315] Hordago (vol. XII: 438-439). Palacios González (2015) y Zubero (2022: 12-13). <<

[316] Marrodán (2013: 35-40). <<

[317] La Voz de España, 2 y 14-XI-1978. El País, 27 y 28-I-1980. El Diario de León, 27-I-1980. CMVT, acta de declaración de un miembro de ETApm, Manresa, 2-XII-1980. <<

[318] El País, 26-IX-1986. El Periódico de Catalunya, 26-IX-1989. Diario Vasco, 2-VI-1988. <<

[319] Mota (2018 y 2022). <<

[320] Juaristi (2021: 106). El País, 26-VI-2004. Una reseña biográfica de Imanol en https://www.elindependiente.com/tendencias/2019/06/02/imanol-el-cantautor-que-eta-apluadio-y-desterro/ <<

[321] El testimonio de Felipe Juaristi en http://www.zoomrights.com/?p=1445 <<

[322] Hordago (vol. II: 92-96). Zutik, n.º 44 y n.º especial prensa, 1965. <<

[323] CMVT, Sentencia 437/1974, del sumario 19/1974, del TOP, 21-X-1974. AGUN, caja 170/3, Boletín de Situación, n.º 70, 23-I-1974. <<

[324] Juzgado Togado Militar Territorial n.º 43 (Burgos), Sumario 125/1973 de la Capitanía General de la VI Región Militar. CDMH, Sentencia 145/1976 del TOP, 4-VI-1976. CMVT, Sumario 4/1977 del Juzgado de Instrucción n.º 21 la Audiencia provincial de Madrid. <<

[325] Alonso, Domínguez y García (2010: 261-263). Hautsi, IX/X-1973. Curiosamente, 30 años después la banda reiteraba su error (Zuzen, n.º 79, II-2004). Sobre el miedo y el asesinato social, véase Azcona y Re (2021). <<

[326] Piñar (2004: 209). La Gaceta del Norte, 23 y 27-IV-1979. <<

[327] Escauriaza (2022: 87). <<

[328] Sobre la historia de EE, ETApm y sus escisiones, véanse Fernández Soldevilla (2013) y Fernández Soldevilla e Hidalgo (2022a). Un resumen en Rubio (2021: 376-384). <<

[329] El País, 18-VII-1982. La Gaceta del Norte, 18-VIII-1982. Sobre los ataques de ETA contra la Universidad de Navarra, véase Escauriaza (2022), Tecnos. <<

[330] Alonso, Domínguez y García (2010: 96-97, 372-374 y 761-762). Zutabe, n.º 114, IV-2018. <<

[331] https://alfayomega.es/m-e-y-para-poder-perdonar-alguien-tiene-que-pedir-perdon/ <<

[332] Diario Vasco, 10-II-2012. El testimonio de Landáburu en https://www.telecinco.es/patria/gorka-landaburu-testimonio-atentado-paquete-bomba-salva-hija-graves-heridas_18_3019 020 386.html La sentencia en https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Sala-de-Prensa/Archivo-de-notas-de-prensa/Condenada-a-23-anos-de-carcel-por-el-atentado-contra-el-periodista-Gorka-Landaburu <<

[333] Alonso, Domínguez y García (2010: 718-720). <<

[334] AHPG, Expediente sobre indemnizaciones por daños materiales custodiado, 1992. <<

[335] Domínguez (2018). <<

[336] CMVT, carta de ETA militar, 30-V-1979. <<

[337] CMVT, carta de ETA militar, 12-IX-1979 <<

[338] CMVT, documentación de una donante anónima. <<

[339] Sáez de la Fuente (2017) y Ugarte (2018). <<

[340] Sáez de la Fuente (2017) y Ugarte (2018). Entrevista a Maxen Zinkunegi, cit. https://gaizkafernandez.com/2019/09/02/gfs-aires-de-familia-el-correo-2-ix-2019/ <<

[341] Zutabe, VI-2005. El País, 27-XII-2005. <<

[342] Domínguez (1998) y Moreno (2019). <<

[343] Domínguez (2000: 277-419). El relato de la operación de la Guardia Civil en Bidart: https://www.ivoox.com/relatos-memorial-vt-30-anos-caida-audios-mp3_rf_83 857 336_1.html <<

[344] Granja (2003: 319) y Rivera y Fernández Soldevilla (2019). <<

[345] López Romo (2019) y Fernández Soldevilla e Hidalgo (2022b). Zuzen, n.º 79, II-2004. Antes de ponerse en práctica esta estrategia fue debatida durante uno tiempo en el seno de ETA. Por ejemplo, en el Barne buletina, n.º 67, VII-1993, se podía leer lo siguiente: «Porque aunque peguemos a txakurras, narcos y este tipo de gente, ellos no ven en peligro sus vidas, mientras nosotros sí la vemos y somos consecuentes. Entonces, aunque a ellos les suponga un coste social y político alto el que se sigan haciendo ekintzas [atentados], creo que es hora de que empiecen a ver peligrar lo que más queremos todos, la vida. Pues el día que un tío del PSOE o PP, PNV, va al funeral de un txakurra o cien y se le llena la boca de palabras de condena y lágrimas de cocodrilo, no ve en peligro su situación personal y asume ese tipo de ekintzas pues están hechos una piña en contra de nuestros derechos como Pueblo. Pero el día que vayan al funeral de un compañero de partido, cuando vuelva a casa quizás piense que es hora de encontrar soluciones o quizás le toque estar en el lugar que estaba el otro (o sea, en caja de pino y con los pies por delante)». <<

[346] Domínguez (2020) y Leonisio y López (2021). <<

[347] Domínguez (2021). <<

[348] Crónica de VascoPress, 12-I-2015. Euskobarómetro, https://www.ehu.eus/es/web/euskobarometro/home. Sobre la kale borroka, véase https://glosariovt.com/glosario-vt/kale-borroka/. Sobre la violencia de persecución, https://glosariovt.com/glosario-vt/violencia-de-persecucion/ ETA dejó claro que la kale borroka fue iniciativa de la propia banda: «se le da confianza a una nueva generación reflejada en Jarrai, gracias a la capacidad de lucha que ha venido demostrando. Surge una nueva dinámica, que en un principio se refleja en el apoyo práctico a l@s jóvenes en la lucha, pero que va creciendo» (Zutabe, IX-1995). <<

[349] López Romo (2015: 85). <<

[350] Rivera y Mateo (2022). <<

[351] Llera y Leonisio (2017) y Leonisio y López (2021). Los datos del CIS en https://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Indicadores/documentos_html/TresProblemas.html <<

[352] Llera y Leonisio (2017: 48). <<

[353] Llera y Leonisio (2017: 10). <<

[354] Egin, 13-III y 10-VII-1995. <<

[355] López Romo (2015: 82). CMVT, Ponencia Oldartzen, VIII-1995. <<

[356] El Diario Vasco, 24-VIII-1993. <<

[357] ABC, 14-IX-2001. El Correo, 14-IX-2001. https://mapadelterror.com/victims/jose-maria-aguirre-larraona/ <<

[358] El País, 17-IX-2000. <<

[359] Sentencia 41/04 de la Sección 3.ª de la Audiencia Nacional, 17-XII-2004. El Mundo, 17-IX-2000. Gara, 19-XI-2000. El País, 2-XI-2001 y 21-III y 12-XII-2003. <<

[360] https://elpais.com/politica/2001/05/11/actualidad/989 597 640_989 597 760.html <<

[361] El País, 30-X-2005. <<

[362] El País, 30-IV y 1-V-1993. <<

[363] El País, 15-IV-1999, 22-VII-2000, y 3-VI-2002. <<

[364] Labiano (2019: 423). <<

[365] Saizarbitoria (2019: 83). Un interesante número monográfico de la revista Trépanos sobre Raúl Guerra Garrido: https://trepanos.es/monografico-especial-raul-guerra-garrido/ <<

[366] El País, 28-I-2001 y 2-II-2003. El Correo, 9-XI-2021. «Homenaje a los doce afiliados de CC.OO. asesinados por ETA», https://www.youtube.com/watch?v=qNG8b-prYSI <<

[367] El Correo, 11-X-2020. <<

[368] El País, 12-VIII-2000 y 7-VIII-2021. Santolaya (2016: 567). <<

[369] Juaristi (2019: 131). <<

[370] Portillo (2022: 184). <<

[371] El País, 26-2-1999. Fernández y Oliynyk (2022). <<

[372] Portillo (2022: 173). <<

[373] El Mundo, 30-IX-2000. El País, 5-X-2000. <<

[374] Este apartado se basa en la entrevista a Maxen Zinkunegi y Gotzon Etxeberria Setien, cit., y en la documentación que amablemente me facilitaron. <<

[375] López Romo (2019) y Llera y Leonisio (2017). Zuzen, n.º 79, II-2004. Informe «Hacia una memoria compartida» de la asociación Argituz en https://es.slideshare.net/ARGITUZorg/hacia-una-memoria-compartida-andoain <<

[376] Crónica de VascoPress, 12-I-2015. <<

[377] El País, 8-III-1997. <<

[378] «Denuncia presentada a la Ertzaintza por Maxen Zinkunegi», 7-III-1997. <<

[379] Domínguez (1998: 238-240). Alonso, Domínguez y García (2010: 965). Informe «Hacia una memoria compartida» de la asociación Argituz, cit. <<

[380] «Hoja de firmas», III-1997. <<

[381] «Carta de Bakea Orain». «Comunicado a la opinión pública», III-1997. «Propuesta al pleno del PSE-EE, EAJ-PNV, EA e IU», 20-III-1997. El acta del pleno del ayuntamiento de Andoain ha sido consultada en el CMVT. <<

[382] «Carta abierta a Maxen Zinkunegi», 30-V-1997. Egin, 1-VI-1997. <<

[383] Granja (2003: 311). Egin, 2-VII-1997. El País, 2-VII-1997. El relato del rescate de Ortega Lara por un guardia civil que participó en el operativo: https://www.ivoox.com/sd-contra-9-rescate-ortega-lara-exiliados-audios-mp3_rf_87 997 597_1.html <<

[384] El País, 28-VII-1997. <<

[385] El País, 22-V-2008 y 13-VI-2014. Los datos del Euskobarómetro han sido facilitados por Rafael Leonisio. <<

[386] Alonso, Domínguez y García (2010: 1038-1101). La reivindicación del asesinato de López de Lacalle en Gara, 11-VI-2000. <<

[387] Sentencia 3/2009 de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, 19-I-2009. <<

[388] El País, 8-V-2000. <<

[389] Alonso, Domínguez y García (2010: 1152-1158). <<

[390] Recalde (2004: 200-218). El País, 28-12-1996, 13-I-1997, y 23-III-2018. Latierro, entrevista cit., recuerda que «me llamaron a mí dos veces a Comisaría. La primera, simplemente, la que te he contado, la del cierre de después de diciembre de 1970, para decir por qué habíamos cerrado. No sé lo que dijimos y firmé una declaración. Y ya en la de 1975, por eso yo creo que la multa proviene de ahí, estuve toda una mañana en la sala de espera y en el despacho, y no me metieron en calabozos. Estuve una mañana para hacer una declaración, pero ahí ya el tono era amenazante. Yo por eso deduzco que la multa surgió de ahí. Y claro, como la titular era María Teresa, al negarse a pagar acabó en la cárcel». <<

[391] Entrevista a Ignacio Latierro, cit. <<

[392] Egin, 14 y 15-VII-1983. El País, 25 y 26-XII-1996, y 23-III-2018. <<

[393] Recalde (2004: 343-349). Entrevista a Ignacio Latierro, cit. <<

[394] Egin, 15-VII-1983. <<

[395] Labiano (2019: 413). Fernando Aramburu: «Patria en el taller», https://gaizkafernandez.com/2017/12/23/fernando-aramburu-patria-en-el-taller/ <<

[396] Zutabe, n.º 72, IX-1995. <<

[397] El País, 23-III-2018. Diario Vasco, 10-VI-1995. Entrevista a Ignacio Latierro, cit. Acerca del significado de «conflicto vasco», véase https://glosariovt.com/glosario-vt/conflicto-vasco/. Sobre el movimiento pacifista, Moreno (2019). <<

[398] Entrevista a Ignacio Latierro, cit. <<

[399] Diario Vasco, 27-XII-1996. Una entrevista interesantísima a Ignacio Latierro en https://www.elasterisco.es/entrevista-ignacio-latierro/ <<

[400] El País, 9-I-1997. Diario Vasco, 13 y 14-I-1997. El Correo, 20-I-1997 y 22-III-2018. <<

[401] Diario Vasco, 20-I-1997. El Correo, 20-I-1997. <<

[402] El País, 4-V-2000. Recalde (2004: 361). Zutabe, n.º 87, X-2000. <<

[403] Zutabe, n.º 87, X-2000. Raúl López Romo y Gaizka Fernández: «Prisioneros de Franco y ETA», El Correo, 23-II-2019. <<

[404] Leonisio y López Romo (2021: 204). <<

[405] El País, 22-V-2001. <<

[406] Entrevista a Ignacio Latierro, cit., quien indica el nivel de seguridad del que gozó la librería tras su traslado: «yo he tenido escolta, o sea, que ya había dos escoltas en la librería. Recalde tenía sus escoltas y venía de vez en cuando. Al lado teníamos la sede del PSOE y muy cerquita, en otro tiempo, estaba la del PP, en la calle Prim. Teníamos un cierto número de clientes que también iban acompañados de escolta. Yo creo que la Ertzaintza y la Guardia Civil tenían servicios de contravigilancia más intensos que los que teníamos… Vamos, esta era la calle más protegida del mundo occidental. Había una concentración de fuerzas de seguridad…». <<

[407] Fernando Aramburu: «María Teresa Castells y el humo de los libros», El Mundo, 17-IX-2017. <<

[408] Domínguez (2017) y Fernández Soldevilla (2022). El Correo, 7-I-2012. <<

[409] El Mundo, 22-X-2010. Entrevista a Ignacio Latierro, cit. <<

[410] Véase, por ejemplo, este texto del dramaturgo Alfonso Sastre, esposo de Eva Forest: http://www.sastre-forest.com/sastree/pdf/cartaa33.pdf <<

[411] El Correo, 18-V-2022. El testimonio de Jorge Giménez también puede verse en https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Bsi3iQlSolo <<

[412] El País, 21-IX-2000. <<

[413] Manifiesto firmado por José Miguel de Barandiarán, Koldo Mitxelena, Julio Caro Baroja, Eduardo Chillida, José Antonio Ayestarán, Idoia Estornés, Pío Montoya, Juan Churruca, Juan San Martín, Xabier Lete, Edorta Kortadi, Eugenio Ibarzábal, José Ramón Scheifler, Gregorio Monreal, Julián Ajuriaguerra, José Ramón Recalde, Jesús Altuna, Ignacio Tellechea Idígoras, Gabriel Celaya, Agustín Ibarrola, Juan Mari Lecuona, Amelia Baldeón, Mikel Atxaga, Manuel Lecuona, José María Satrústegui, Martín Ugalde, Néstor Basterretxea, Iñaki Barriola, Antton Artamendi, Miguel Castells Adriassens, José María Ibarrondo Aguirregaviria, José María Lacarra y Bernardo Estornés Lasa. <<

[414] Martínez Gorriarán (2008), Moreno (2019: 201-236) y Escauriaza (2022: 225-257). <<

[415] Diario Vasco, 29-XII-1996. <<

[416] Diario Vasco, 4-I-1997. <<

[417] Calleja (2001: 157-181). El País, 28-12-1996, y 13-I y 12-XI-1997. Diario Vasco, 12 y 14-I y 6-II-1997. <<

[418] Entrevista a Ignacio Latierro, cit. Diario Vasco, 14-I-1997. <<

[419] Diario Vasco, 19-X-2014. El Correo, 22-III-2018. Lagun y la resistencia frente a ETA (Belén Verdugo, 2019). <<

[420] Gara, 3-V-2018. <<

[421] Sobre algunas de estas cuestiones se reflexiona en el monográfico de la revista Grand Place, n.º 16, 2021, de la Mario Onaindia Fundazioa. Acerca del discurso del odio actual léase Raúl López Romo: «El odio que no cesa», El Correo, 9-VII-2022. <<

[422] Castro (2009), Catalán Deus (2019), Ladrón de Guevara (2022) y Fernández Soldevilla (2021). <<

[423] La Provincia, 17-I-1971. CMVT, Sentencia del TOP n.º 280/1970, 2-XII-1970. <<

[424] El País, 8-XI-1980 y Piñar (2004: 232). <<

[425] Piñar (2004: 195). AGUN, caja 170/3, Boletín de Situación, n.º 45, 30-V-1973. ABC, 29-V-1973. La redacción de Fuerza Nueva ya había sufrido amenazas de bomba (AGA 42/08 821,01, AP, 14-V-1971). <<

[426] La Vanguardia, 15-IV-1975 y 11-VII-1975. <<

[427] Información suministrada por fuentes policiales, I-2022. Correo electrónico de Lorenzo Castro, 2-II-2022. <<

[428] Piñar (2004: 195-249). <<

[429] AGMI, «Relación de actividades de la “ultraderecha” durante el mes de abril de 1978». <<

[430] Piñar (2001: 368-369 y 2004: 218). ABC, 8-VI-1979. Sobre el atentado en California 47, véase Fernández (2021: 328-332). <<

[431] Piñar (2004: 231-232). <<

[432] El País, 23-IV y 29-IX-2010. El Mundo, 21-IX-2003 y 11-III-2014. La Razón, 4-IX-2016. https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20 160 719/barcelona-anuncia-que-no-permitira-la-reapertura-de-la-libreria-nazi-europa-5276 702. Para conocer el punto de vista de Pedro Varela, véase su blog: https://elcasopedrovarela.wordpress.com/ <<

[433] El original en http://www.heinrich-heine-denkmal.de/heine-texte/almansor01.shtml <<

[434] Juan Vallejo: Memorial de la vida de Fray Francisco Jiménez de Cisneros, http://www.larramendi.es/es/consulta/registro.do?id=28 739 <<

[435] El País, 21-XI-1978, 23-X-1979 y 18-X-1983. <<

[436] Sentencia 5/1984, del sumario 89/1982, de la Sección 2.ª Penal de la Audiencia Nacional, 3-II-1984. Sentencia 33/1989, del sumario 89/1982, Sala de lo Penal, Sección 2.ª de la Audiencia Nacional, 28-III-1989. <<

[437] El País, 1-VIII-1981. <<

[438] Sánchez Soler (2009: 431-435). El País, 7-II-1984 y 20-VII-1985. <<

[439] El País, 9-IX-2005. <<

[440] El País, 17-I-1984 y 12-VI-2016. <<

[441] CMVT, Diligencias n.º 469 de la Jefatura Superior de Policía, 28-II-1987. <<

[442] Ugarte (2018). El País, 28-VII-1987. CMVT, acta de declaración, Madrid, 10-IV-1987. <<

[443] CMVT, acta de declaración, sin fecha. CDMH, Sentencia 210/1971 del TOP, 5-VII-1971, Sentencia del sumario 13/1973 del Juzgado Militar de Santander, 11-VI-1974, Sentencia del sumario 39/1972 del Juzgado Militar de Burgos, 22-XI-1974, Sentencia del sumario 43/1972 del Juzgado Militar de Pamplona, 19-IX-1974, Sentencia del sumario 2/1972 del Juzgado Militar de Burgos, 27-XI-1974, <<

[444] El Mundo, 21-X-2014. <<

[445] Bradbury (2020: 40). <<

[446] Rydell (2022: 8 y 9) y Zubiaur (2022). <<

[447] Fitzpatrick (2022). <<

[448] Zubiaur (2022). <<

[449] https://fuerzanuevaeditorial.wordpress.com/ <<

[450] Cuando alguien utilizó las siglas de su brazo sindical para reivindicar el ataque a la librería PPC (Vitoria), Falange Española de las JONS se apresuró a repudiar «este salvaje atentado, por considerar que menoscaba la libertad de expresión y el fomento de la cultura». <<

[451] Corte y Jiménez (2022). <<

[452] Avilés (2018), Avilés, Azcona y Re (2019) y Fernández y Domínguez (2018). <<

[453] La documentación citada en https://www.ilmessaggero.it/rubriche/accadde_oggi/9_marzo_1955_tentato_assalto_libreria_rinascita-901 253.html. https://www.start.umd.edu/research-projects/global-terrorism-database-gtd. Datos obtenidos gracias a Rafael Leonisio. Estas cifras no incluyen a los terroristas fallecidos al cometer atentados. <<

[454] http://www.slate.fr/story/83 969/avoir-passe-chez-occident <<

[455] Baby (2018: 144). <<

[456] https://www.eldiario.es/cantabria/desmemoriados/librerias-kioscos-e-conciertos-objetivos-atentados-extrema-derecha-cantabria-transicion_132_9775 303.html <<

[457] Piñar (2001: 390), Torres García (2001: 70-71) y González Sáez (2012b: 369-371). «Terrorism Review», 7-VII-1983, https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP84-00 893R000 100 200 001-8.pdf. Véase también la entrevista a un supuesto (y anónimo) antiguo miembro de FN en Interviú, n.º 178, 11 al 17-X-1979: «Yo he formado parte de los grupos paralelos de Fuerza Nueva. De eso que en la prensa llamáis incontrolados. He estado en la escolta de seguridad interna de Blas Piñar y he salido por las noches a quemar librerías rojas. Desde que entré en contacto con ellos. La gente de Fuerza Nueva no ha hecho otra cosa que destrozar mi vida, me ha lanzado a los caminos de la marginación e incluso han estado a punto de convertirme en un asesino». <<

[458] Milà (2010: 232). <<

[459] Alonso (2010: 107) y Casquete (2009). Punto y Hora de Euskal Herria, 27-X al 2-XI-1977. <<

[460] Ugarte (2018). <<

[461] Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1.ª, 19-I-2007. <<

[462] Por descontado no es el único paralelismo entre la extrema derecha y la «izquierda abertzale». Tras la lectura de las Obras completas de José Antonio Primo de Rivera en la cárcel durante el Proceso de Burgos en el que sería condenado a muerte, Mario Onaindia (2001: 490-491) comenzó a sospechar que el falangismo no era del todo ajeno a algunos miembros de ETA, quienes inconscientemente reproducían la melodía fascista que les habían inculcado en los centros escolares, solo que cambiándole la letra. Y a veces ni eso. Por ejemplo, en un Zutik, IV-1962, un tal E. Irurizar justificaba el recurso a las armas citando al fundador de las JONS: «“La violencia nacional —es el falangista Onésimo Redondo quien nos presta la frase— es justa, es necesaria, es conveniente”. Una violencia pegajosa, demoledora, crónica, que haga de nuestra lucha la lucha buena, rentable». Hay muchos otros elementos similares como su discurso del odio, su violencia, su imaginario colectivo, etc. O su ultranacionalismo, que llevaba a ambos movimientos a autodenominarse nacionalistas revolucionarios y patriotas o, lo que es lo mismo, abertzales, excluyendo de tal categoría a quienes no comulgasen con sus dogmas. El continuo uso del término «patriota» por el Frente de la Juventud puede verse en Amanecer (2005 y 2009). Acerca del carácter más nacionalista que socialista de ETA y su entorno, véase https://letraslibres.com/revista/el-entorno-de-eta-menos-izquierda-que-abertzale/ <<

[463] Fusi (2017). <<

[464] Lagun y la resistencia frente a ETA (Belén Verdugo, 2019). La Gaceta del Norte, 4-VI-1976. La Vanguardia, 6 y 8-IV-1976. El País, 18-XII-1976. <<