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El poder tiende a corromper,

y el poder absoluto

corrompe absolutamente.

LORD ACTON

El poder sin abuso

pierde su encanto.

PAUL VALÉRY

Preámbulo

La energía se degrada. Las flores se marchitan. Los niños dejan de ser niños. El español es un latín corrupto. Todo deja de ser lo que era, todo puede considerarse corrompido.

Pero sería indeseable, además de imposible, que las lenguas no evolucionen, los niños no crezcan, las flores no fructifiquen ni la vida aproveche la degradación de la energía. No todo cambio es corrupción. Sin cambios no hay vida ni progreso.

Otra cosa es que los encargados de intereses ajenos abusen del encargo que reciben. Sucede en la familia, la amistad, el trabajo, los negocios; en la vida social, cultural, religiosa y política.

La corrupción de los poderes públicos es una tradición universal y milenaria. A pesar de lo cual, ha desaparecido en algunos países y lo hará en otros, a medida que aumente el rechazo social.

No hay santos en el poder, ni hacen falta. Lo importante es que los conflictos de interés sean conocidos y los abusos castigados.

En México, la corrupción tuvo un papel histórico. No fue una característica desagradable del llamado “sistema político mexicano”. Fue el sistema político mexicano: el reparto pacífico del queso, inventado en el siglo XIX y perfeccionado en el XX. Tuvo aceptación social como un mal menor a la guerra civil. Hizo de la buena voluntad un mercado, al margen de la ley, pero también de la violencia. Entronizó al presidente como Supremo Dador.

La tradición ha perdido aceptación, y ya es tiempo de que pase a la historia. La dificultad no está en la naturaleza humana, sino en los ciudadanos que abdican de su libertad y prefieren la sumisión ante el poder dador.

Por una ciencia de la mordida

No hay pueblo, como el nuestro, más digno de fundar una dexiología rigurosa (dexis en griego: mordida). Si hay destinos manifiestos, el nuestro incluye esa proeza científica. En México tenemos la materia prima fundamental, que son los hechos investigables; tenemos talento para la práctica; tenemos interés en la teorización, como lo demuestra la abundante dexiología popular. Hay que dar el paso siguiente.

Toda dexiología futura que pueda presentarse como ciencia, deberá superar tres problemas: los paradigmas de la “ciencia normal”, la epojé de la dexis y el problema de cuantificar. Lo que sigue, naturalmente, no son más que apuntes para los prolegómenos de esa ciencia por venir.

El primer paso. Habría que empezar por una sociología del saber de las profesiones, orientada por una cuestión fundamental: ¿Por qué quienes pueden hacer dexiología científica se quedan en la dexiología popular?

Supongamos, para ilustrar esta cuestión, que un historiador declara en un café que el problema de los problemas de México es la corrupción. Nadie se sorprendería. Pero obsérvese bien: ¿No es sorprendente que esta afirmación no conduzca a historiar la corrupción? ¿No sería de esperarse que ocupara un lugar central en los trabajos de investigación? Curiosamente, no se ha escrito, por ejemplo, una historia de las fortunas presidenciales.

Lo mismo sucede con muchas otras profesiones. ¿Dónde está la antropología de la mordida, que estudie tan seriamente esta institución como se ha estudiado el potlatch? ¿Quién ha hecho el psicoanálisis de la vida esquizoide que hay que llevar para enriquecerse en un puesto público predicando lo contrario? ¿Qué marxista ha denunciado la falsa conciencia marxista por la cual se pueden tener becas, viajes y empleos privilegiados, sin dejar de sentirse explotado; y hasta con la necesidad histórica de efectuar discretas “expropiaciones revolucionarias”, para consolidar las posiciones progresistas en la lucha de clases? ¿Qué sociólogo ha investigado cómo funciona el respeto filial de los hijos de un policía de tránsito?

¿Quién hará una teoría del Estado fundada en los intereses de los servidores públicos? ¿Qué legisladores han tomado en serio que no legislan para Utopía sino para un país en el que toda ley y reglamento sirven para extorsionar? ¿Qué licenciados en administración pública se atreverán a decir que las mordidas de tránsito son funcionales? Funcionan, como las multas, para que se respeten los semáforos; y deberían legalizarse, a diferencia de las licencias de automovilista, que sólo sirven para la extorsión y deberían eliminarse. ¿Dónde están los ingenieros de sistemas que analicen cómo la corrupción genera complejidad en los sistemas (para evitar la corrupción) y cómo esta complejidad multiplica las oportunidades de corrupción?

¿Dónde está el análisis económico de la corrupción? No sólo su volumen, crecimiento, elasticidad-ingreso, sino sus costos sociales (distorsión de la información, de las actividades, de las inversiones, de las expectativas) y sus lamentables efectos redistributivos. La microeconomía de la corrupción debería estudiar cómo el distinto valor del tiempo de las personas afecta su comportamiento ante diversos trámites.

Todo lo cual es conocido, popularmente. Analizarlo científicamente y derivar consecuencias técnicas no es superior a la capacidad intelectual de los universitarios mexicanos. ¿Por qué, entonces, queda en dexiología popular? Éste sería el primer problema de una dexiología científica.

Fenomenología de la mordida. También es fundamental ir al fondo del fenómeno. Aquí las dificultades son de otro tipo. Hacer distingos morales tiene mala prensa, y con razón: es la salida cínica o farisea para justificar cualquier cosa. Pero sin distingos no puede haber una moral razonada ni, sobre todo, ciencia.

La mordida es un soborno al encargado de un poder público, para favorecer a quien hace el pago. A diferencia del abuso de información privilegiada, desfalco, estafa, fraude, hurto, malversación, peculado, ratería, sisa o timo, no puede ser una actividad solitaria. Es una complicidad, un co-hecho, una compra-venta de buena voluntad en el ejercicio del poder.

La mordida paradigmática es la de tránsito. Un conductor comete una infracción al reglamento y es detenido por un policía con el cual se pone de acuerdo para evitar la sanción.

El esquema admite variantes:

a) La iniciativa puede ser de la autoridad o del particular.

b) En vez de evitarse una sanción, puede evitarse cualquier otro mal o procurarse un bien.

c) El bien puede consistir en hacer lo debido, pero sin retrasos, ni descuidos, ni malas maneras. O en aprovechar favorablemente el margen discrecional del poder, en lo que no esté reglamentado. O en atropellar el reglamento.

d) Quien paga puede ser una persona física o moral, privada o pública. Quien cobra puede ser una persona aislada o en combinación con otras.

Con estas variantes, hay casos alejados del paradigma: Un jefe de compras de una empresa privada toma la iniciativa de morder al vendedor de una empresa pública. Una dependencia pública da mordidas a los inspectores de otra.

En todas las variantes se mantiene, sin embargo, una invariante: la doble personalidad del encargado del poder. La persona real (que tiene intereses particulares) está investida de una personalidad oficial (que tiene intereses oficiales). La esencia del negocio consiste en aprovechar la investidura oficial para favorecer al que paga el favor.

Esto puede contravenir los intereses oficiales, o no. La diligencia en el cumplimiento favorece los intereses oficiales, aunque sea premiada con una gratificación. La irregularidad está en que otros no reciben el mismo trato diligente y en que el premio lo da un extraño.

Si esta diligencia es correspondida con un simple cumplido o suscitada por un cumplido (o por amistad o parentesco), la reciprocidad no es una mordida. Cuando hay una relación frecuente, tampoco son mordidas las atenciones como enviar saludos por Navidad (o en ciertos aniversarios) y hasta regalos de pequeña cuantía.

Resulta significativo que, cuando el agasajado es el dueño de un negocio, se resista a los agasajos de sus proveedores, ya sea por falta de tiempo (son funcionarios de medio pelo los que quieren recibir invitaciones a lugares caros); o porque reconoce, con realismo, y hasta con descortesía, que en rigor no existen las invitaciones gratis; que el agasajo o los regalos o lo que sea, son a su costa. Pide un descuento en el precio, en vez de agasajos. En su caso, no hay doble personalidad: sus intereses particulares y los de su negocio son los mismos.

La mordida aparece cuando el dueño o la institución le dan poder a otra persona para que actúe en su nombre. Esto desdobla al encargado en dos personas distintas: la oficial y la particular. El representante puede usar su poder para darse importancia, para hacer pesar sus gustos y preferencias, para recibir cumplidos o agasajos; o para vender su buena voluntad a cambio de cosas o dinero que recibe disimuladamente.

¿En qué consistiría su pureza absoluta? En la abnegación total de su propia personalidad en aras del papel que desempeña. En sofocar los gustos, preferencias e intereses propios, y hasta la pretensión de ser alguien por sí y para sí. En acatar la ley impersonal, no los vínculos personales del parentesco, de la amistad, del terruño. En volverse nadie bajo la representación oficial: no ser más que reflejo del patrón, el jefe, el organismo, la causa, la nación, el Estado.

El religioso que se reviste de “un hombre nuevo” y hasta un nombre nuevo; el militante o guerrillero que hace lo mismo, totalmente identificado con la causa; el político, actor de cine o celebridad que construye una imagen pública y la asume como su verdadera persona; el militar, apparátchik o burócrata que se reduce a las órdenes recibidas, se niegan a sí mismos.

Sobre esta pista, caben dos observaciones. La primera pertenece a un género por demás dudoso (el “espíritu de los pueblos”); pero se diría que, aunque la corrupción es universal, tiene mayor aceptación social entre los pueblos menos dados a exaltar la organización. No respetarla, más aún: sabotearla, no es visto como deslealtad imperdonable a la organización, sino como algo necesario en la lucha por la vida, que puede ser heroico o divertido. El particular que se arregla en lo particular con un “oficial”, lo vuelve humano, lo saca de la espantosa impersonalidad, se alía con él contra la máquina de la organización, opresora y ciega a lo particular.

La conexión con la “fenomenología del relajo” de Jorge Portilla es evidente. La mordida también es un reencuentro de las personas reales bajo las máscaras oficiales, una promiscuidad-comunión-transgresión. Viéndolo así, negarse a dar o a recibir mordidas no es ser leal y virtuoso sino desleal y apretado.

Lo cual (segunda observación) no necesariamente corresponde al carácter de ciertos pueblos, sino a la moderna división del trabajo.

El porcentaje de la población que no trabaja por su cuenta ha venido creciendo extraordinariamente desde el siglo XVIII, con la Revolución Industrial; y más aún con el gigantismo y la burocratización del siglo XX. Pero no al mismo ritmo en todas partes ni en todas las actividades.

En la moderna división del trabajo, la coordinación horizontal es desplazada por la subordinación vertical. Un intermediario subordinado ha vendido, a cambio de un salario, su derecho a tener intereses propios. Si es un vendedor, su verdadero cliente es el patrón que compra su obediencia y dirige sus actividades. Si es un comprador, oficialmente compra; pero puede vender subrepticiamente su buena voluntad al proveedor. La corrupción consiste en cobrar dos veces: oficialmente y por debajo de la mesa; en vender la obediencia y no entregarla; en actuar por cuenta propia a través de una investidura que implica la renuncia a actuar por cuenta propia.

Así como San Pablo dice que la ley produce la falta (que sin la ley no lo sería), puede decirse que la burocracia produce la corrupción: al prohibir la actuación por cuenta propia, hace aparecer como corrupción lo que antes no lo era.

Consideremos el caso de los meseros: una actividad en la cual no ha culminado el proceso de burocratización. Aunque la tradición se está perdiendo, los verdaderos meseros no son leales a la cocina sino a la mesa; no actúan como subordinados del restaurante, tratando de imponer a la mesa lo que conviene al restaurante. Su verdadero cliente no es el patrón, al cual le cobran su obediencia, sino el cliente que está en la mesa, al cual le cobran sus servicios de intermediación por cuenta propia. Compra en la cocina (a veces hasta financiando en el acto la operación de su propia bolsa) y vende en la mesa. Una parte de la clientela del restaurante llega a ser suya, intocable por otros meseros. Si no se da abasto para atenderla, llega a tener ayudantes suyos, no del restaurante.

De manera similar, muchos servicios públicos se han dado y pueden darse como negocio particular, perfectamente legítimo. Pongamos por ejemplo el registro civil, que puede organizarse como una burocracia con asalariados o como un sistema de concesiones a notarios con derecho a cobrar sus servicios directamente al público. Este sistema ha existido, pero lo que interesa es señalar que el notario, al cobrar sus honorarios, no cobra una mordida. De la misma manera, si un policía de tránsito fuera el concesionario de un crucero, con derecho a cobrar las multas para su propia bolsa, sus cobros ya no serían mordidas.

La entrega a particulares del derecho a cobrar impuestos, así como la venta de cargos públicos, se ha dado en forma universal. Subsiste en algunos negocios privados. El dueño de un restaurante, de un estacionamiento, de un taxi, y en general de un negocio pequeño y difícil de controlar: o lo atiende personalmente o pone encargados asalariados que fácilmente pueden robarle o los convierte en empresarios, reduciéndose él a rentista: Tú me das tanto por semana y el resto es para ti. Lo cual, automáticamente, elimina la posible corrupción del encargado.

Así funcionaron, legalmente, muchos concesionarios del fisco en otras épocas: Tú me entregas tanto por cobrar este impuesto en esta zona y el resto es para ti.

La mordida puede adoptar esta misma forma de tributo arrendado: Este crucero deja mucho, mordiendo automovilistas. O ésta es una buena zona de vendedores ambulantes o prostitutas. Tú pasas tanto al jefe y el resto es para ti.

La propiedad privada de un poder público, aunque hoy nos suene a oxímoron, no es la corrupción de algo bueno que había. Por el contrario, es algo que antecedió y subsiste frente a los nuevos ideales de racionalidad administrativa. Algo que Max Weber llama patrimonialismo, y que ha perdido fuerza y legitimidad. En esta perspectiva, la mordida puede ser vista como un residuo patrimonialista. Es una modernización fallida.

Las extorsiones de un cacique cuya voluntad es ley en una zona, al margen del poder central, no son mordidas; son una forma arcaica de cobrar impuestos. En cuanto el cacique se moderniza, se incorpora al poder federal, subordinándose, renunciando a la propiedad de la violencia, aceptando el monopolio federal de la violencia legítima y volviéndose su representante local (por ejemplo, como jefe de la oficina federal de Hacienda), aparece la condición de posibilidad de la mordida. Puede usar la violencia para llenar las arcas federales, en cuyo caso procederá de acuerdo con su investidura. Pero puede usar la amenaza de la violencia como si todavía fuera suya: para su propia bolsa. Entonces, y sólo entonces, la exacción es mordida.

Frente a los sueños de la razón ilustrada y despótica que produce monstruos oficiales, utopías por decreto y toda clase de violencias legítimas, la mordida es el reencuentro de la humanidad, la vía callada y prudente de subsistir (y hasta prosperar) ante la máquina atropelladora del progreso.

La reciprocidad entre parientes, vecinos, compañeros, amigos, conocidos y desconocidos, es milenaria y universal. Pero debe distinguirse de la modernización que fue mercantilizar la reciprocidad. El mercado de la mordida es moderno porque:

a) Es predominantemente monetario.

b) El servicio y el pago se intercambian en el acto.

c) El trato es impersonal, no requiere parentesco ni amistad (de existir, puede transformarse en una deuda de reciprocidad futura).

d) Lo que da origen a la posibilidad del trato es una posición oficial transitoria. El nombramiento permite las concesiones que pueden venderse, mientras se tenga el cargo.

e) Puede haber reventa, mayoreo y otras intermediaciones de buena voluntad, con porcentajes de comisión, escalas de precios según volumen, tendencias a la centralización de las concesiones, etcétera.

Se trata, pues, de un patrimonialismo avanzado. En el primario, las funciones públicas son legítima propiedad privada de un soberano cuya bolsa no es distinta del erario. En el avanzado, la posición que permite mercantilizar favores se adquiere transitoriamente y en función de supuestos méritos profesionales o elección democrática.

Esto y más habría que investigar para llevar la dexis del plano de la doxa popular a la episteme científica.

La cuantificación de la mordida. Contra lo que pudiera creerse, el último problema es el más fácil. Lo difícil, como en toda cuantificación, es construir el marco teórico adecuado.

Para hacer una estimación de lo que representa la mordida (del sector público) en el producto nacional, hay cuando menos dos métodos:

1. A partir del total de posiciones en el gobierno, se harían encuestas sobre la jugosidad relativa de las posiciones en una escala de uno a cinco. Dentro de cada una de las cinco categorías, se haría una investigación por muestreo referida a los signos exteriores de nivel económico: zonas de residencia, apariencia de las casas, autos, servidumbre, propiedades en México y otros países, viajes a Las Vegas, etc. El ingreso necesario para ese nivel de vida, ajustado por el número de personas que aporten al gasto familiar, se dividiría entre los ingresos oficiales del tabulador para el caso. En cada una de las cinco categorías se aplicaría el factor obtenido en la muestra y así se obtendría una estimación total de los ingresos sospechosos.

2. El gobierno produce decisiones favorables o desfavorables: dar o no permisos, imponer o no sanciones, dar o no contratos, dar o no empleo, comprar o no. Estas decisiones crean un mercado de favores, cuyo volumen crece en función del volumen legislativo, del número de trámites y de ventanillas, así como de la cantidad de empleados públicos. El nivel de precios crece en función de la importancia del favor, de la importancia de quien lo concede y de las posibilidades de quien lo paga. Estudiando la legislación, los organismos, los puestos, se puede construir un catálogo completo de mordidas: las mil o diez mil situaciones que se prestan a conceder un favor irregular y la clientela típica en cada caso. Haciendo encuestas con la clientela, con ex funcionarios y periodistas, puede estimarse la frecuencia y el precio medio del favor, y así llegar a una estimación de la mordida en el producto nacional.

Hay que tener presente que los favores mercantilizados se dan en los puntos de interfaz: contactos con el público, contactos con otros organismos y empresas, contactos con otros países. También internamente: contactos entre departamentos, cuando uno está sujeto a la vigilancia del otro, o depende del otro para cumplir sus propias metas.

Suponiendo, sin ninguna base, que las mordidas representen el 5% del producto nacional, en 2019 son más de 400 dólares por habitante.

Pero es ridículo suponer, cuando se puede cuantificar. La gloria está esperando a los futuros dexiómetras mexicanos.

La propiedad privada
de las funciones públicas

Promesas de renovación moral. De 1934 a 1994, los presidentes de México eligieron (de hecho) al sucesor, aunque lo sometieron (formalmente) al voto popular, después de una ruidosa campaña política.

En 1982, por una de esas inspiraciones que nadie sabe lo que pueden desencadenar, el candidato oficial Miguel de la Madrid desplegó su campaña bajo el lema de la Renovación Moral.

En 1908, cuando el presidente Porfirio Díaz habló de renovación política (“Me retiraré al concluir este período constitucional”), no se imaginó que estaba autorizando la destrucción de su poder y de todo el sistema que, para bien y para mal, había logrado superar la inestabilidad inicial del México independiente.

De la Madrid, como Díaz, puso el dedo en la llaga. Desató expectativas de renovación, a pesar del escepticismo. Así logró una respuesta electoral sorprendente. Como si el cinismo de los últimos años ocultara una fe casi inocente, casi maderista, en la renovación moral por medio del sufragio. Significativamente, obtuvo una votación (71%) mayor que la del PRI (en los otros cargos votados al mismo tiempo): una legitimación personal, por encima de su propio partido. Como si los votantes quisieran ponerlo por encima del sistema, darle un mandato para superarlo. Como si fuera una especie de Juan Carlos, a la muerte de Franco: un heredero del franquismo, elegido por Franco, que sin embargo recibe un apoyo general para acabar con el franquismo sin otra guerra civil.

La votación (que fue notable por la disminución del abstencionismo, el avance de la oposición y la confirmación del presidente designado) parecía pedir eso: un cambio a través de la continuidad de un presidente soberano, en la tradición nacional. ¿Qué clase de cambio? El prometido: la renovación moral.

Esto fue evidente desde la campaña, con problemas también evidentes, acerca de los cuales un periodista recogió una anécdota que puede ser apócrifa, y aun así reveladora.

El tema de la renovación moral despertaba una respuesta muy viva. Lo cual no dejaba de inquietar a los hombres cercanos del futuro presidente. Es peligroso prometer lo que no se puede cumplir, suscitar expectativas destinadas a frustrarse. Recibir un mandato para la renovación moral, conociendo el arraigo extendido de la corrupción, es para asustar al más valiente.

Alguna vez, en el autobús del candidato, cuando la fatiga y el ronroneo del motor fueron acallando las voces, empezó a destacar una conversación sobre el espinoso tema. ¿Cómo acabar con la corrupción? ¿Cómo cumplir lo que se estaba ofreciendo? ¿Era realmente posible? Se barajaban algunas soluciones, inmediatamente criticadas; se barajaban otras… y empezaba a estar claro que nadie veía cómo. Hasta que se elevó una voz firme y terminante que dijo: “Yo sé cómo.” Era Miguel de la Madrid.

La anécdota subraya la soberanía presidencial, hasta por la forma en que se cuenta: como acusando a los hombres de poca fe. El reportero cuestiona las dudas perfectamente razonables, no la afirmación tajante. Con una fe exenta de curiosidad intelectual, ni siquiera se pregunta sobre el misterioso cómo. En una situación democrática, sería inconcebible que el ciudadano que supiera cómo acabar con la corrupción y buscara el apoyo de sus conciudadanos no expusiera su plan ni a sus más cercanos colaboradores. Pero así termina el relato: sin extrañarse de que el candidato no dijera cómo, sin ponerse a imaginar en qué consistiría ese cómo.

Que un futuro presidente quisiera acabar con la corrupción y hasta creyera saber cómo parecía una oportunidad histórica. En un sistema autoritario (paternalista desde arriba, filialista desde abajo), un presidente tiene más oportunidades que nadie de acabar con la corrupción. La corrupción la encabezan los presidentes. Y, a diferencia de otros cambios que imponen lo que al soberano le parece progreso, la Renovación Moral respondía a un deseo profundo de la sociedad. Un deseo tan profundo que hasta da vergüenza.

Alguna vez pensé escribir una tragicomedia sobre la corrupción en México: un personaje incorruptible que, por su honestidad, provoca una desgracia tras otra. Su deseo de bien causa el mal: arruina a su familia, estorba desastrosamente a los que quiere ayudar, hace que se pierdan las cosechas y se enemisten los vecinos, da origen a muertes, odios, hambre, ruina. Acaba escupido por sus hijos, abandonado por su mujer, sin amigos y expulsado del pueblo.

En México, la honestidad es tragicómica. Hay que disimularla, para no causar lástima o no causar problemas. Todo mexicano movido por un deseo de honestidad en la vida pública se siente ridículo. Hay, por supuesto, los solemnes, que no tienen malicia de su buena conciencia, ni del papelazo de creerse buenos. Pero, más bien, hay el sentimiento nacional de que la vida limpia es imposible.

Nos hace falta una catarsis del deseo de bien, un exorcismo que nos libre de los buenos espíritus, una limpia del mal agüero que es desear vida limpia. Tenemos que sacudirnos la moralidad no vivida: la sirena del bien imposible, la “nueva patria” que “no cesa de solicitarnos” (como dijo Ramón López Velarde) y nos estrella contra las rocas.

Hay elementos de esa posible dramaturgia en otra anécdota, quizá también apócrifa, pero también reveladora: Un joven periodista limpio, revolucionario, hace sus primeras armas en un periódico limpio, revolucionario. Pronto recibe un sobre con dinero de la fuente que cubre, y no sabe qué hacer. Busca orientación de sus colegas experimentados, y la recibe: “Desde luego, si te corrompe, debes rechazarlo. Pero si no te corrompe…”

Tal como está contada, la anécdota pertenece al teatro del absurdo. Pero vista desde la conciencia del joven, la situación sería tragicómica. ¿Cómo no sentirse ridículo de ignorar la mismísima realidad, de tener escrúpulos ante una cosa tan normal? Afortunadamente, la salud prevalece. Después de la iniciación, se reirá a carcajadas, y hasta contará la anécdota. Podemos imaginarlo en la campaña de Miguel de la Madrid, tomando notas diligentemente y hasta haciendo preguntas sobre la corrupción; y pasando después a recoger su sobre, para tundir el teclado y despachar la buena nueva de la Renovación Moral.

También podemos imaginar a los hijos de un policía de tránsito, cuando lo ven trabajar y recibir mordidas. ¿Qué sentirán? Lo mismo que los hijos de los funcionarios y políticos corruptos. O tienen escrúpulos y se sienten ridículos. O se sienten chingones, identificados con su padre. En este país, donde los niños ven a sus padres dar y recibir mordidas, donde la experiencia cotidiana, en la familia, la escuela, el trabajo, la vida pública, está permeada por la corrupción, sería un desastre que los padres, maestros, jueces, líderes, patrones, presidentes, fuesen vistos como degenerados. Son vistos de la única manera posible, para no volverse locos: como triunfadores, que logran imponerse, o cuando menos sobrevivir.

Por eso “los hijos de Sánchez”, los hijos del padre cabrón, acaban identificados con él y repitiendo: “Hay que ser cabrones.” “El que no es cabrón es puto.” Este machismo moral reprime cualquier escrúpulo y acaba, por el contrario, acosando al padre incompetente, que no sabe robar. Su mujer, sus hijos, sus parientes, sus amigos, le dicen que se mueva, que cumpla, que no falle, que tenga sentido de la realidad. Un funcionario limpio (que los hay) tiene que sentirse atormentado por su inferioridad: sospechar que nació con algo fallido, con un secreto estigma que lo arrastra a la perdición.

En el puritanismo, se reprime la felicidad como un deseo siniestro. En la corrupción, se reprime la honestidad como un deseo ridículo. Si hay un deseo prohibido en nuestra vida pública, si hay un deseo temido como destructor y caótico, es el de transparencia. La gente decente se burla de este deseo como de una inocentada infantil, un romanticismo que se cura con la madurez. Y así sucede muchas veces, en la superficie social. Pero el monstruo ridículo, inexperto, incompetente, inadaptado a la realidad, reprimido por la burla (cuando no hace falta más), sigue ahí. Irrumpe de vez en cuando con su inocencia y suscita el desprecio y el asesinato: En 1910, con los inocentes maderistas que querían democracia. En 1968, con los inocentes estudiantes que querían diálogo público.

Hay que decir que el monstruo reprimido también tiene lo suyo: una falta de realismo que se vuelve cómplice de la represión. Lo malo de no vivir la felicidad y la transparencia como realidades cotidianas es que se vuelven quimeras destructivas: sueños o pesadillas que hacen desear todo el bien o temer todo el mal. Frente a Todo, la felicidad y la transparencia posibles resultan poca cosa, para unos; para otros, un peligro terrible: algo que hay que impedir a toda costa, porque puede llevar a Todo. Así la falta de realismo y el “realismo” se conjugan para arruinar las oportunidades prácticas de felicidad y transparencia.

Derrotismo. Hay quienes creen que la corrupción no tiene remedio. Con esa hipótesis, nunca lo encontrarán. Hay quienes ignoran (o disfrazan) su derrotismo con fórmulas aparentemente radicales. Los que afirman que nada puede cambiar mientras Todo no cambie. O los que ven corrupción en todo. Esto último es fácil porque no hay relación humana que no implique reciprocidad, desde el simple saludarse. Y toda reciprocidad puede verse como un “a cambio de” (comercial o político).

Hay en la corrupción una fraternidad contracultural, un sumergirse en las aguas comunitarias que se resisten al encauzamiento formalista, un rechazo de la cultura moderna, impersonal y despiadada, una afirmación de la familia, la amistad, el terruño, frente a la ley y la meritocracia. Después de todo, la ley se inventó hace menos de cinco mil años, y la humanidad aún no se reconcilia con ese horror que acepta a regañadientes.

Pero decir “aún” exhibe el etnocentrismo de la cultura del progreso; como si la ley y la burocracia fueran el progreso inevitable y no un mal necesario, que hay que reducir al mínimo. El verdadero progreso ha sido contra la ley: desde el profeta galileo que predicó la fraternidad contra la ley del talión, hasta la afirmación moderna de los derechos humanos frente a la autoridad.

Desde el siglo XIX, los anarquistas abogan por la abolición de la ley. Lo cual tiene dificultades y contradicciones como las tiene el desarme. Un desarme universal es improbable. Un desarme unilateral es suicida. Suprimir la burocracia gubernamental es dejar que las burocracias privadas se conviertan en Estados. Suprimir las burocracias privadas es hundirse en la burocracia totalitaria. Abolir la ley es dejar la ley de la selva, donde priva el más fuerte. Acatar la ley es legitimar al más fuerte.

Se comprende la lógica de Hobbes: En una sociedad donde todos son soberanos, y cada soberano vive en armas, según su propia ley, algunos abdican de su soberanía, de sus armas y de su ley, para entregarse al más fuerte: “Ten tú las armas, haz tú la ley, te apoyamos para que seas el Soberano único, para que acabes con los asesinos y bandidos, para que te conviertas en el monstruo Leviatán, el Estado: nuestro único asesino y nuestro único bandido. Pero, a cambio de esta abdicación, perdónanos la vida y no nos robes demasiado.”

La situación es tan humillante que quizá por eso se inventó la noción de que el verdadero soberano es el pueblo, y de que el pueblo hace la ley y tiene las armas y la riqueza colectiva, aunque en la práctica todo está en manos de políticos profesionales, administradores profesionales, militares profesionales, cuando no de bandidos y asesinos profesionales. Más aceptable es suponer que los profesionales del poder son los representantes, mandatarios, servidores, del verdadero soberano que es el pueblo.

Así aparece la corrupción. El soberano dueño de vidas y haciendas no pretende representar el interés de los demás: El Estado soy yo, la ley soy yo. El tesoro real no es dinero público: es propiedad privada de la familia real. Los impuestos entran a la caja real, y no se trata de un robo. Vender cargos, empleos, títulos de nobleza, concesiones de explotación o permisos es negocio legítimo del soberano que recibe legítimo dinero, no mordidas. El soberano no pretende representar los intereses de nadie sino sus propios intereses. Así no puede haber conflictos de interés, ni por lo tanto corrupción.

Sucedería lo mismo en una comunidad anarquista, o de pequeños productores que practiquen la democracia directa. Cuando cada uno representa sus propios intereses, los conflictos son manifiestos y legítimos: puede haber disputas, regateos, pero no corrupción. No hay encargados de compras, tesoreros, delegados, ni coyotes. No hay patrones que velan por el interés de los trabajadores, ni líderes sindicales que velan por el interés de los trabajadores, ni gobiernos que velan por el interés de los trabajadores.

La condición necesaria para que la corrupción sea posible es que una persona represente los intereses de otra. La corrupción consiste en apoderarse de un poder encargado, en usarlo como propio. Puede darse en todo tipo de representaciones, aunque muchas carecen de interés: aquellas en las cuales el apoderado es un pillo fácilmente separable del mandato que recibió. La corrupción no política tiene esa forma: el mandante puede más (o lo mismo) que el mandatario abusivo (un familiar, amigo, compañero, vecino, subordinado o agente contratado), cuyo poder es fácilmente revocable.

La corrupción política aparece con el mito de la soberanía popular y crea un caso más interesante: cuando la fuerza está del lado del supuesto mandatario, cuando el pillo es el mismísimo soberano, que tiene las armas y un poder no fácilmente revocable. Si toda representación implica un desdoblamiento (entre actuar por cuenta propia y por cuenta del representado), si toda corrupción necesita ocultar los actos que no corresponden a lo que se supone, la corrupción política eleva la doblez a la constitución misma del Estado.

La mentira oficial no es consecuencia de la corrupción (para ocultarla): es su condición de origen. Un soberano premoderno, que se asume como tal, no miente: no es ni puede ser corrupto; no se apodera ocultamente de lo ajeno: dispone abiertamente de lo suyo. La corrupción empieza cuando miente y se declara moderno (republicano, demócrata, revolucionario, popular, socialista): mandatario de la voluntad popular, apoderado de la soberanía colectiva, mientras sigue disponiendo de todo como suyo, sin que pueda ser llamado a cuentas.

A diferencia de otras simulaciones (que sirven para ocultar la corrupción tradicional), la mentira oficial no puede ser desmentida. La transparencia (por eso reprimida) acabaría con la farsa de que el poder es revocable. Si el soberano premoderno, dueño de vidas y haciendas, saca la pistola ante sus siervos y declara que el verdadero siervo es él, que los verdaderos dueños y señores de todo son ellos, ¿qué pueden responder ante la fuerza bruta y tamaña generosidad? “Muchas gracias, Señor Presidente.” Así el desdoblamiento y la simulación se vuelven institucionales, y aparece la corrupción política.

Que la corrupción sea vista como falla personal parece provenir de los ideales cristianos de perfección, en una utópica Ciudad de Dios realizada en la tierra. En los monasterios se buscó una especie de paraíso moral, cuyo principio era la negación del ser en función del debe ser: negarse a sí mismo, para actuar en todo como debe ser, en función de una regla de perfección. Estos ideales de pureza, que sirvieron para fundar comunidades religiosas al margen de la sociedad, se revirtieron sobre ésta, no sólo a través de las utopías políticas (que proponen sociedades enteras sometidas a una regla de perfección, como si fueran monasterios), sino a través de los ideales de abnegación en el desempeño de un papel.

Así como el hombre nuevo debe suplantar al hombre viejo, la investidura debe suplantar al que-es por el que-debe-ser. En este teatro de la pureza, el actor (supuestamente) no tiene intereses propios, no es un ser humano real que apetece y actúa por su cuenta, sino el funcionario de una función teatral, en la cual representa un papel: los intereses de la sociedad.

De las investiduras (en las empresas, sindicatos, asociaciones, iglesias, universidades, partidos, guerrillas, no sólo en el Estado) surgen los llamados conflictos de interés y toda la literatura piadosa sobre el civil service, la administración “profesional”, la dirigencia ejemplar, en la cual se supone que los intereses propios no existen, o en todo caso están bajo control, como algo sucio, subterráneo, neutralizado por la pureza oficial, ante la cual ni es propio mencionar estas cosas.

Paradójicamente, la sociedad moderna progresa a través del espíritu crítico, y así regresa a una especie de clerecía racional: la burocracia. El racionalismo seculariza la sociedad y destruye el mito legitimador del soberano por derecho divino, pero crea un nuevo mito legitimador: el soberano racional que, en vez de representar la voluntad del Logos divino, es el mandatario hipostático del Logos racional: el progreso, la historia, la voluntad popular.

Aunque esta voluntad, naturalmente, hay que suponerla como debiera ser: una vez alcanzada la edad de la Razón y libre de infantilismos, supersticiones y malas influencias premodernas. No se juzga el Logos por la voluntad popular, como no se decide un teorema por votación, sino al revés: a partir del Logos, se decide lo que realmente quiere la voluntad popular.

La racionalidad que da derecho al poder legitima el despotismo ilustrado, el ascenso de los universitarios al poder y la burocracia moderna: el despotismo impersonal, cuyos dictados no son responsabilidad de nadie, no entienden de razones y nadie puede parar. Así desaparece la arbitrariedad aplastante del soberano personal, pero se pone en marcha la aplanadora del organismo impersonal. Así aparecen los organisaurios del siglo XX: los nuevos monstruos leviatanes, dueños de vidas y haciendas, en nombre colectivo.

Así prospera el fundamento de la corrupción: aumenta el número de personas que no actúan por su cuenta (oficialmente); que actúan como delegados, funcionarios, comisarios, mandatarios, representantes, servidores o empleados, por cuenta de intereses ajenos (aunque, de hecho, busquen sus propios intereses bajo la máscara oficial).

Paradójicamente, la modernidad descubre a la persona como un fin en sí, al mismo tiempo que construye gigantescas personas impersonales: esas inmensas máquinas en las cuales las personas físicas deben ser anuladas como fines en sí, para volverse medios, recursos, engranajes.

No es difícil observar en la picaresca de la corrupción una afirmación triunfante del yo contra la máquina. Lo cual se explica, porque si algo niega la máquina es el yo. Cuando todo se vuelve oficial (oficialmente), lo personal debe replegarse: llega a ser visto como una aberración. La burocracia exige la abnegación total de la propia personalidad en aras del papel que se desempeña.

Esta negación del yo se disfraza de exigencia comunitaria, pero niega también el nosotros comunitario. En la cultura burocrática, el nosotros es organizacional: el aparato es como una gran familia, que suplanta a la familia; el Estado es como la nación, que suplanta a la nación. La persona impersonal es una especie de cuerpo místico, un nosotros inmortal, frente al cual nuestra vida y nuestra muerte se vuelven secundarias. Debemos subordinar nuestros fines al de esas verdaderas personas, fuera de las cuales no somos ni hacemos, y dentro de las cuales no somos ni hacemos más que el papel de nuestra función.

La mística del civil service, de la administración “profesional”, del buen apparátchik, recuerda los votos religiosos: no tener voluntad propia, ni intereses propios, ni sexualidad, ni familia; abandonar al padre y a la madre, dejar también toda propiedad, todo negocio, toda afición; no tener ideas propias, ni gustos propios, ni orgullo; no lucrar con el santo servicio, no usarlo para presumir, ni para imponerse, ni siquiera para trepar a puestos de mayor abnegación.

Son estas fantasías de pureza las que alimentan ciertas críticas supuestamente radicales de la corrupción. Sirven para confirmarla como irremediable. Se empieza hablando de la mordida, y se van aumentando las exigencias hasta el punto de que, por ejemplo, para ocuparse del ramo equis, el funcionario respectivo no debería tener intereses, parentescos, amistades, experiencias, gustos, opiniones previas ni conocimiento alguno del ramo equis.

Frente a tales tonterías, hay que reconocer más sentido común y salud moral en muchas infracciones de la ley. Ya no digamos por la multitud de cosas que nunca funcionarían cumpliendo los supuestos requisitos. (Una forma de sabotaje en la burocracia consiste, precisamente, en apegarse estrictamente a las normas: nada obstruye mejor el engranaje burocrático que el cumplimiento burocrático.) Sino porque la infracción puede hacer prevalecer el sentido humano frente al sinsentido legal, mecánico, burocrático. Por el contrario, hay en la pureza apparátchik algo profundamente inmoral. La perfecta entrega a los fines del aparato degrada a las personas como fines en sí.

Y así aparecen de nuevo las contradicciones. Reducir las personas a engranajes es regresivo, aunque sea muy moderno. Pero aceptar la arbitrariedad personal en los organismos o en la ley también es regresivo.

Desgraciadamente, la burocratización del siglo XX se las ha arreglado para combinar y multiplicar lo peor de ambos males: la arbitrariedad del déspota y la deshumanización de la máquina. Un arbitrario suelto en una comunidad anarquista no le hace daño a nadie: hasta puede ser visto como un loco simpático. A cargo de un organismo o de una simple ventanilla, adquiere una capacidad inmensa de bloquear y dañar. No por la ventanilla misma, sino por la vastísima interconexión burocrática de todo.

Así prospera la capacidad de extorsión en una escala desconocida hasta el siglo XX, cuya pesadilla novelesca y real es que una bomba atómica acabe en manos de un loco (o, en general, que se ponga en marcha una máquina destructiva que nadie pueda parar).

Así también el yo se venga de la máquina: establece complicidades de un nosotros contra el sistema. El funcionario, como persona, sabe que el sistema es monstruoso y aplasta a las personas. Eso le da ocasión de portarse humanamente bajo la máscara impersonal, de sobrevivir y prosperar, ayudando a otros a sobrevivir y prosperar. Lo que oficialmente es un delito, personalmente llega a ser visto como una necesidad en la lucha por la vida, como una forma de hacer negocios y hasta como algo heroico o divertido. El “oficial” que se arregla amistosamente con un particular se vuelve humano; le hace un favor quitándose la máscara de la espantosa impersonalidad; se alía con él contra la máquina aplastante: la máquina que se niega a ver lo personal de cada caso.

Curiosamente, hay en estos arreglos algo que recuerda el potlatch: construimos burocracias inmensas, sistemas y procedimientos tan complejos que nadie los entiende, planes enciclopédicos y detalladísimos, trámites laberínticos, leyes y más leyes, decretos, jurisprudencias, reglamentos; y luego (como las tribus que producen riqueza para destruirla a la vista de todos y demostrar así que no la necesitan), tiramos todo a la basura y lo que vale es un arreglo personal.

Pero ¡ay del que sugiera entonces que todo aquello salía sobrando! He tratado inútilmente de convencer a personas razonables de que las licencias de automovilista salen sobrando, puesto que cualquiera puede comprarlas por una módica mordida. Y, si no la compra y lo detiene un agente de tránsito, tampoco pasa nada: todo se arregla con una mordida. Les parece inconcebible. Sienten que se hundiría el mundo, que empezaría el caos. Lo que hay que hacer, naturalmente, es eliminar la corrupción, no las licencias. Todo sería muy bello si cada uno hiciera su parte en el teatro de la pureza.

De qué se trata. El derrotismo supone que es imposible la utopía de llegar a ser puros, puros mecanismos impersonales totalmente sometidos a su función oficial. Que es imposible la utopía de extirpar la flaqueza humana, esa inferioridad que las personas tienen frente a las máquinas. Así confunde corruptibilidad y corrupción.

La corruptibilidad es inherente a la libertad: no es posible ni deseable que desaparezca. Por eso, la corrupción personal no desaparecerá; y, también por eso, es menos importante: no es institucional. Suponerla central para la renovación moral de la sociedad lleva a un falso problema: cómo hacer que todo ser humano se someta a una regla de perfección.

En cambio, la corrupción política es una simulación: es la mentira instituida como forma de vida pública. La mentira institucional no corrompe contratos individuales sino el mismísimo contrato social. Nada tiene que ver con la flaqueza humana. Por lo mismo, es histórica y pasajera. No es utópico suponer que desaparecerá, como en otros países, porque hay indicios significativos: la mentira oficial, que nadie tomaba en serio, irrita cada vez más.

La corrupción política es un fenómeno transitorio que puede observarse en tres etapas históricas. En la primera, el poder público es propiedad privada del soberano: el Estado es su negocio, sin mayores aspavientos. En la segunda, la situación continúa de hecho, pero no de derecho: se supone que los conciudadanos confieren poderes revocables y exigen cuentas a quienes de hecho disponen del poder como si fuera suyo. En la etapa final, la sociedad se apodera de su propia soberanía, no en el ejercicio multitudinario de los poderes públicos, sino ejerciendo la facultad de llamar a cuentas, castigar o premiar a sus apoderados.

Para llegar a esto, hace falta un público maduro ante el teatro oficial. Que reconozca, en primer lugar, quién tiene la pistola, y no juegue con eso. Que acepte el teatro como teatro: que los actores en el poder, sus conciudadanos, tienen intereses propios; y que no son, ni pueden ser, ni deben ser, ni deben pretender ser, personificaciones del interés público. (Negar que los intereses privados son legítimos sirve para que se muevan en la sombra, en vez de manifestarse abiertamente: para que haya simulación, en vez de transparencia.) Que acepte el mito de la democracia, y lo tome en serio, que es la única manera de acabar con la mentira oficial.

El hecho mismo de que, en un momento dado, los soberanos premodernos hayan optado por la demagogia, en vez del cinismo, tiene una sola explicación: la fuerza de la opinión pública. Hay que ejercerla, tomándole la palabra a la mentira oficial. No para que se vuelva cínica y saque la pistola (que es contraproducente, aunque otra cosa opinen los que piensan llegar a lo mejor provocando lo peor). Sino para imponer que la mentira deje de serlo.

Una sociedad madura puede presionar al soberano para que abdique, en mayor o menor grado, de gobernar a su arbitrio. Lo cual no puede suceder mientras el público se resigne (con fe premoderna o conciencia moderna derrotista o cínica) a que el soberano disponga del poder como suyo.

La corrupción desaparece en la medida en que las decisiones de interés público pasan de la zona privada del Estado a la luz pública. Decir que la corrupción no tiene remedio porque así están hechos los mexicanos (o la especie humana); decir que la renovación moral exige un hombre nuevo (por medio de la educación, pero eso sí: desde la primaria); decir que nada puede cambiar mientras Todo no cambie (por una nueva revolución que, ésa sí, sea la buena); no son más que fórmulas derrotistas, que sirven para distraer de lo que sí es posible: ir ganando espacio para la luz pública, para el ejercicio moderno, civil, de llamar civilizadamente a cuentas.

Las sociedades modernas son las que han aprendido a vivir el teatro oficial con doblez publicable, que es la única naturalidad posible en el desempeño de un papel: desdoblándose y asumiendo la contradicción, manifestando abiertamente los conflictos de interés. El progreso moral de las sociedades modernas no consiste en que hayan suprimido la flaqueza humana, o estén constituidas por personas más valiosas. Consiste en que aceptan con sentido crítico las ambigüedades del poder, lo someten a la luz pública y lo aprueban o lo revocan, pacíficamente.

Los americanos o argentinos no son mejores que los mexicanos. Los presidentes Nixon o Videla no fueron moralmente superiores a los presidentes Díaz Ordaz o Echeverría, sus contemporáneos. Pero la sociedad argentina se volvió más moderna que la mexicana porque fue capaz de enjuiciar y encarcelar al ex presidente Videla, mientras el repudio social que se ganaron Díaz Ordaz y Echeverría no tuvo un desenlace semejante. La sociedad norteamericana es más moderna que la nuestra porque fue capaz de revocar el poder del presidente Nixon, del cual, por otra parte, se supo oficialmente cuánto tenía, qué negocios hizo, qué ingresos tuvo y qué atropellos cometió. No hemos sabido oficialmente lo mismo de ningún presidente mexicano.

La corrupción no es una característica desagradable del sistema político mexicano: es el sistema. Consiste en declarar que el poder se recibe de abajo, cuando en realidad se recibe de arriba; en disponer de las funciones públicas como si fueran propiedad privada; en servir al país (porque el sistema le ha servido al país, eso no se puede negar), pero sin dejar a juicio del país: ni quiénes le sirvan, ni cómo le sirvan, ni cuánto se sirvan como pago de sus patrióticos servicios, ni si el trabajo quedó bien hecho o procede una reclamación. México está bajo tutela, como un príncipe menor de edad a cargo de un regente, supuesto servidor que usa el poder como suyo, hasta para servirle de verdad. La soberanía del tutor suplanta la del futuro soberano, pero no mientras llega a la madurez (pospuesta indefinidamente), sino mientras llega el próximo tutor.

A diferencia de los soberanos premodernos que ejercen una larga dictadura personal en Paraguay, Cuba, Chile, Venezuela, el sistema mexicano es impersonal y, desde ese punto de vista, moderno. Los presidentes mexicanos no llegan al poder por las armas, ni se quedan hasta la muerte o la caída; y, aunque eligen al sucesor, no designan a un pariente. En general, los puestos se ganan por concurso más o menos abierto y meritocrático, aunque no público. Así también se ejercen: como propiedad privada (que se presta al saqueo, pero no excluye la probidad ni el espíritu de servicio, en los mismos términos: como decisión privada del que ejerce la propiedad), que siempre es transitoria y puede ser revocada, aunque no por decisión del público o justificada ante el público, sino por decisión privada de quien da y quita puestos.

La mismísima mordida tiene algo de moderno: pone en el mercado la buena voluntad privada del funcionario público. Es una modernización fallida, prematura, abortada, contradictoria, como el despotismo ilustrado. La paradoja del despotismo ilustrado es ser una modernidad que se impone premodernamente: la Razón como arbitrariedad que no escucha razones. La paradoja de la mordida es ser una arbitrariedad que se pone razonable, si el precio es razonable; la arbitrariedad disponible como un servicio en el mercado.

Quizá la eficacia transicional del sistema estuvo en esa integración de lo moderno y lo premoderno, mientras fue viable. Pero el país ha crecido, se ha modernizado y ha rebasado la capacidad de un sistema que ahora le queda chico y resulta inoperante. Lo que era un mal menor se ha vuelto un desastre: que los presidentes dispongan del país como si fuera suyo y no le rindan cuentas a nadie. Aunque hagan concesiones. La ciudadanía tiene voz (en un grado amplísimo) pero no voto, en cualquier decisión que el presidente decida reservarse. Inmensas decisiones de interés público son mantenidas in pectore praesidentis, y el humillante papel de la ciudadanía se reduce a tratar de inclinar (o adivinar) la voluntad presidencial.

Nada garantiza que la mayoría tenga razón, prefiera lo mejor, actúe sabiamente o esté inspirada por Dios (vox populi, vox Dei). Pero lo mismo puede decirse de la minoría universitaria. Y también, por supuesto, de los universitarios que llegan a presidentes. No es inconcebible que, en uno o en muchos casos, un presidente mexicano, actuando como soberano premoderno, haya tenido razón contra la opinión pública. Seguramente la combinación de un gobernante sabio y un pueblo dócil ha dado más felicidad de la que estamos dispuestos a reconocer. Pero qué le vamos a hacer: la fe en los Santos Reyes o Santos Presidentes va desapareciendo. Los presidentes mismos, en los últimos sexenios, han puesto lo suyo para destruir el respeto a la presidencia. Paralelamente, la población moderna ha crecido muchísimo: es mayoritaria en las grandes ciudades y políticamente pesa más que el resto de la población.

La docilidad titubea hasta en el sector público, que es el más escolarizado del país: ya no puede fácilmente conciliar su conciencia moderna con la obediencia premoderna, sobre todo cuando las cosas no salen como se decretan. La mentira oficial está corroída desde adentro: la conciencia moderna del sector público hace que, al menos en confianza, cierta demagogia se vuelva imposible entre personas inteligentes. Se tienen que aceptar las cosas como son. Y son para morirse de vergüenza.

Para no hablar de lo peor (de perseguidos por la justicia que se vuelven propiedad privada de sus torturadores), hablemos de cuestiones técnicas. No es fácil que la mayoría ciudadana (y ni siquiera la minoría universitaria) se haga una opinión sobre el GATT, fuera de las aburridas discusiones de principios (que son como discutir si las computadoras son buenas o malas en general, en vez de discutir si esta configuración es recomendable para esta aplicación, con tales volúmenes, en tales circunstancias).

Según cuentan, ni el presidente López Portillo lograba hacerse una opinión, y quizá por eso le pidió la opinión a su gabinete. Desgraciadamente, o las opiniones estaban divididas o se formularon queriendo adivinar lo que el señor presidente había decidido in pectore, y adivinaron bien: por lo cual resultaron divididas. En el último momento, cuando el presidente vio que por un voto la decisión iba a ser que sí, resolvió que no, y le pidió secretamente a uno de los secretarios que cambiara su voto, con lo cual la supuesta colegialidad (totalmente innecesaria, de hecho y de derecho) salió a la perfección: la decisión fue que no. El secretario de programación (Miguel de la Madrid), que tuvo el valor civil o cometió el error de haber votado que sí, fue designado luego presidente de México. Pero tardó tres años en pronunciarse por el sí. Mientras tanto, hubo infinitas declaraciones, auscultaciones populares y discusiones. ¿Para qué sirvieron? Para lo mismo que la farsa colegial: para que todos opinen y uno solo vote.

Este caso, que es técnico y perfectamente inocuo en términos de corrupción vulgar, ilustra la esencia de la corrupción política. Los mandatarios de una sociedad moderna son mandatarios, no soberanos. Aunque estén absolutamente convencidos de que Inglaterra debe entrar al mercado común, de que España debe permanecer en la OTAN, de que las tropas norteamericanas deben ocupar Nicaragua, saben que no pueden decidirlo privadamente sin exponerse a perder el poder. Para salirse con la suya, tienen que convertir su voluntad privada en voluntad pública. No limitándose a publicar su voluntad privada (como hace un soberano que decreta), sino ganándose la voluntad o al menos la tolerancia del consenso público. Es perfectamente posible que entrar al GATT (o no entrar) sea lo mejor para el país. Lo que no es posible en una sociedad moderna es que un solo voto lo decida.

Desde esa perspectiva, puede verse la corrupción vulgar. La esencia de la corrupción no está en el lucro derivado de las funciones públicas: está en la mentira de que el poder es público, conferido y revocable por los gobernados, que son sus propietarios. Si un representante de los poderes públicos puede tratar impunemente a un ciudadano (del cual supuestamente es servidor) como a un bulto de su propiedad: escupirlo, patearlo, torturarlo, matarlo, ¿qué importancia tiene que además se quede con la cartera y el reloj? La esencia del asunto no está en el lucro sino en la impunidad: en quién le rinde cuentas a quién.

Que el poder sea un gran negocio en México es una consecuencia de algo más importante que el lucro: la impunidad, la aceptación social de las prerrogativas ilegales del poder. El consenso premoderno toleraba la corrupción porque no tomaba en serio que los mandatarios lo fueran: los aceptaba como dueños de vidas y haciendas. Lo bueno que esperaba o recibía del poder, lo esperaba o recibía con expectativas filiales. Y aunque muchas veces resentía la modernización como un atropello, la aceptaba premodernamente: como imposición. Hasta que la imposición, paradójicamente, produjo su efecto: un pueblo moderno, y por lo mismo en contradicción.

Desde que México pretende ser moderno (o, para ser exactos: desde que las minorías educadas pretenden modernizar al país), prevalece la contradicción del despotismo ilustrado: la modernización impuesta desde arriba. Hasta principios del siglo XX (y todavía hoy, en el sector tradicional), la mayoría premoderna era llevada a rastras por una minoría ilustrada, al servicio de un soberano (europeo, criollo, mestizo) del cual se esperaban dictados buenos. Las disputas ideológicas eran (como hasta hoy) disputas en la cúspide: se referían a cuál modernización era mejor, cómo llevarla a cabo y, desde luego, a quiénes debía escuchar el soberano, para dictar lo bueno. Los gobernantes eran progresistas, los gobernados conservadores.

En 1910, esta relación se invirtió con respecto al pueblo moderno. El presidente Díaz, que era liberal y modernizador del pueblo tradicional, se volvió conservador y defensivo, en vez de líder de la modernidad. En 1968, otro presidente Díaz, que era universitario y fue vicerrector de la Universidad de Puebla, reprimió al pueblo universitario, en vez de encabezarlo y aceptar sus exigencias de no dejar impune un atropello policíaco.

Hoy está en marcha la misma contradicción. El despotismo premoderno del poder modernizador ya no puede parar una revolución invisible, masiva, incontenible, porque es demográfica: la explosión de la población moderna. Hoy el pueblo moderno es la mayoría urbana, mientras el poder hace esfuerzos desesperados por conservar sus prerrogativas premodernas. Por primera vez, millones de mexicanos han rebasado en modernidad a sus gobernantes, y tratan de llevarlos a rastras al progreso, con una modernización exigida desde abajo, en vez de impuesta desde arriba.

Por primera vez, en esta escala. La primera vez histórica fue la de Madero. Pero lo que siguió fue contraproducente: un regreso al caudillismo del siglo XIX, feroz y sanguinario. Ante esta regresión, el sistema impersonal construido sobre la componenda (al margen de la ley, pero también de la violencia) fue un progreso avalado por el consenso nacional: era mejor que los caudillos se repartieran el botín pacíficamente, por turnos de oportunidad en el poder, en vez de disputárselo por las armas. Sobre todo si el poder servía, no sólo para servirse con la cuchara grande, sino para construir y modernizar el país.

Durante medio siglo, el sistema concilió las aspiraciones modernas de gobernantes y gobernados con sus realidades premodernas. Pero su eficacia multiplicó la población moderna; hizo olvidar que la exigencia de sufragio efectivo había acabado en el fracaso y un millón de muertos; y así acabó reconstruyendo el consenso (moderno, maderista, inocente) que le pedía a don Porfirio desmantelar su dictadura para coronar su obra modernizadora. Hoy se lo pide a los conservadores del sistema: que lo desmantelen ellos mismos, sin que vuelva a correr la sangre. Por eso, cuando Miguel de la Madrid llegó a la presidencia tenía un auténtico mandato para la renovación moral. Quizá fue el último presidente mexicano que tuvo la oportunidad de encauzar las aspiraciones modernas de la sociedad a través de la fe premoderna en el Señor Presidente.

Pero no es lo mismo ver los toros desde los tendidos, que enfrentarse a la sombra poderosa de un oscuro deseo social, casi sanguinario, que embestía a su antecesor José López Portillo. La furia contra el ex presidente fue extrema, y se comprende: había hecho creer que venía la abundancia para el país y, al retirarse en la abundancia personal, dejaba el país en la ruina.

Quizás el nuevo presidente temió que la furia arrasara con el sistema y de paso con el país. Quizá no vio hasta entonces que la renovación moral de la sociedad exigía nada menos que la rescisión del contrato social sobre el cual está fundado el sistema: la propiedad privada de las funciones públicas, por turnos sucesivos y pacíficos, con la obligación de retirarse, pero con el derecho de no tener que responder de sus actos. Llamar a cuentas al ex presidente era romper con la tradición y acabar con el sistema: fundar, por fin, nuestra república moderna.

Algún consejero suyo (en privado, naturalmente) opinó que juzgar al ex presidente era innecesario, porque el juicio público ya estaba hecho. Esto confunde tres tipos de juicio: el de la opinión pública, que no ofrece ningunas garantías (en un país donde las autoridades que no responden de sus actos suscitan acusaciones igualmente irresponsables); el juicio público llevado por vías de derecho; y el único juicio que decidió la cuestión: el juicio privado del Señor Presidente, que escuchó a todos democráticamente, pero fue el único que votó.

También se dijo que la exigencia de juzgar a López Portillo era un delirio, que atentaba directamente contra la institución presidencial. Lo cual es confundir la presidencia con la ex presidencia. Llamar a cuentas a un presidente en funciones sí es un delirio. Los otros poderes, que supuestamente se harían cargo, no están preparados ni para un infarto presidencial, porque todo el poder se concentra en la presidencia. Precisamente por eso, el caso ex presidencial es distinto. Desde que el presidente Cárdenas hizo subir a un avión y sacó del país al ex presidente Calles, no hay duda alguna de que un ex presidente está a merced del presidente; como lo comprobó después el ex presidente Cárdenas, cuando el presidente López Mateos lo hizo bajar de un avión y le impidió volar a Cuba (legitimar al régimen castrista a costa del mexicano). Y todavía meterse con Calles o con Cárdenas era meterse con figuras legendarias, que no tenían el desprestigio de los ex presidentes actuales. Si el presidente De la Madrid hubiera llamado a cuentas al ex presidente López Portillo, civilizadamente y con todo respeto a la ley, hubiera sido aclamado como el fundador de una nueva era en la vida nacional. El respeto a la presidencia hubiera aumentado, no disminuido.

Una idea. En un régimen presidencialista, la renovación moral de la sociedad tiene que empezar por los presidentes. Ellos marcan el tono de la república. Ellos centralizan y encabezan el poder premoderno, del cual disponen con impunidad hasta para el bien del país.

La impunidad es la cuestión central: quién le rinde cuentas a quién, quién es el propietario de las funciones públicas. Ahí está la diferencia entre el soberano y el mandatario. Ahí está la verdad de la mentira oficial. Ahí está la corrupción institucional. La impunidad se transmite en cascada desde los presidentes hasta el último policía, y a lo largo del tiempo entre los sucesores de un mismo cargo. En privado, se juzga severamente al antecesor, y hasta se le hostiga. En privado, se juzga severamente a los superiores e inferiores, y a veces se castiga a los inferiores. Pero todo sucede en la zona privada del poder público.

A veces el castigo o la amenaza consisten, precisamente, en llevar el asunto a la luz pública. Pero si algo llega a los periódicos o a los tribunales, no es que el poder se someta al juicio público: lo que llega es cosa juzgada y sentenciada previa y privadamente. Que las personas sean enviadas silenciosamente a otro puesto, a su casa, al extranjero, o que sean enviadas aparatosamente a la cárcel, no cambia la impunidad.

La creación de la Contraloría [hoy Secretaría de la Función Pública] tampoco cambia nada, porque aumenta el control desde la presidencia, en vez de iniciar el control sobre la presidencia. Distinta hubiera sido como instrumento de control bajo los diputados de oposición. Según la Constitución, la primera función de los diputados es precisamente controlar el gasto del poder ejecutivo. Pero la Constitución no es el supremo contrato político de México. Por encima está un contrato premoderno, que rige el reparto del poder, aunque (por su misma naturaleza) no puede reconocerse, publicarse, ni tener vigencia oficial.

El contrato fundador de la más longeva república premoderna que hasta ahora hemos tenido establece que un presidente mexicano puede ejercer la soberanía absoluta, por encima de la Constitución y por encima de los poderes legislativo y judicial, pero transitoriamente; sin que le disputen el poder los aspirantes, que disciplinadamente harán cola, y entre los cuales elegirá al sucesor; con la obligación de retirarse, al terminar su turno, sin llevarse ni parte del poder; pero con el derecho de no tener que responder de sus actos, y hasta de tomar impunemente lo que a su juicio valga su pacífica abdicación.

Es un contrato moderno / premoderno, que limita la soberanía en el tiempo (elemento moderno); que mercantiliza la abdicación (elemento moderno); pero que acepta (elemento premoderno) el poder impune. Que algunos presidentes, como Adolfo Ruiz Cortines, hayan tenido la sobriedad de pagarse poco, sabiendo que podían llevarse más, resulta admirable, pero no cambia la naturaleza del contrato.

La renovación moral de la sociedad requiere la rescisión de ese contrato que se ha vuelto obsoleto, porque ya no están los caudillos que lo suscribieron, y porque el refrendo de la sociedad (que lo hubo) se ha vuelto un repudio cada vez más ruidoso. El contrato fue bueno para los caudillos y para el país, porque excluyó el recurso a las armas en la lucha por el poder. Pero el consenso favorable se convirtió en repudio, porque al paso del tiempo se olvidaron los horrores de la matazón; porque se trata de un contrato premoderno, cada vez más humillante para el México moderno; y porque los últimos presidentes se excedieron: lo hicieron mal y se pagaron bien.

Todo lo cual está pidiendo un nuevo contrato: moderno y celebrado a la luz pública, ya no entre los caudillos militares aspirantes al poder, sino entre el pueblo elector y los aspirantes civiles al poder. La iniciativa puede partir de la opinión pública, presionando a los candidatos presidenciales para que renuncien de antemano a la impunidad patrimonial que el sistema concede a los ex presidentes. La renuncia se formalizaría publicando una relación verificable de su patrimonio personal y el compromiso (de llegar a la presidencia) de publicar cada año sus declaraciones de ingresos a Hacienda y de modificación patrimonial a Contraloría, todo verificable por auditores públicos designados por los diputados de oposición.

Parece razonable esperar que uno o más de los candidatos acepten la exigencia, como una ventaja política sobre los demás, y que esto tenga un efecto acumulativo, cada vez que se logre el consentimiento de otro candidato. No parece imposible que el candidato oficial acabe por ceder, aunque sin duda alguna será el más renuente. Desde su perspectiva, el costo no es parejo: los otros no van a llegar, y aceptarían cualquier cosa con tal de ser presidentes. Pero lo mismo vale para él. En la sociedad mexicana, como dijo Octavio Paz, el poder tiene más prestigio que el dinero.

El enriquecimiento en el poder es más una prerrogativa del poder, y hasta un consuelo por tener que abandonarlo, que un fin en sí mismo, más deseable que el poder. La señalada corrupción del Año de Hidalgo, con que termina cada sexenio, más allá del lucro, tiene algo de furioso desquite por la pérdida irreparable. A los presidentes Juárez y Díaz, que no amasaron grandes fortunas, no les costaba tanto renunciar a enriquecerse: lo que era superior a sus fuerzas era renunciar a reelegirse. Viéndolo bien, somos mezquinos al juzgar las fortunas ex presidenciales: ni todos los millones del mundo pueden consolar a un mexicano de abandonar la presidencia.

Por lo mismo, renunciar a enriquecerse, a cambio de ejercer la presidencia, aunque sea por seis años, es un contrato atractivísimo para una multitud de posibles candidatos. Si hasta en puestos de menor prestigio hay funcionarios que renuncian a enriquecerse; si en la oposición abundan los candidatos que hacen campaña denodadamente a sabiendas de que ni siquiera van a ganar, ya no digamos a enriquecerse; no es de creerse que falten candidatos presidenciales dispuestos a sacrificarse, empezando por el trámite desagradable de someter su patrimonio a examen público.

No hay que olvidar que, en las últimas campañas, las denuncias contra la corrupción han sido cada vez más ruidosas y cara a cara. No hay que olvidar que ahora las promesas de renovación moral son un cartucho quemado, y que al próximo candidato oficial le tocará cargar con eso por todos los rincones del país. Dentro del repertorio oficial, ¿qué puede prometer que sea creíble? Por razones puramente políticas, puede ver en la firma de un nuevo contrato social su oportunidad de renovar las esperanzas y crearse un capital de confianza para empezar. Pero claro que, al firmar, estará rompiendo el contrato heredado de los caudillos, para asumir un nuevo pacto social entre ciudadanos modernos. No podrá decir que llegó al poder con unas reglas, y que al dejarlo le aplicaron otras.

Este mínimo de transparencia, sólo en un puesto público, sólo con respecto al patrimonio, sólo enjuiciable al terminar el sexenio, puede parecer muy poca cosa, pero tendría efectos decisivos en todo lo demás, en todos los demás y desde el principio del sexenio. Un presidente que haya firmado de antemano y públicamente su renuncia a la impunidad en lo patrimonial sabrá perfectamente que rompió la tradición y que no podrá esperar protección del sucesor. Una sociedad que haya obligado a su futuro presidente a poner la muestra, renunciando a la impunidad, habrá impuesto desde abajo su propia modernidad: el principio de un poder sujeto a rendir cuentas.

La paz comprada

La reconstrucción del Estado mexicano después de la Revolución empezó en 1929. La creación del Partido Nacional Revolucionario fue un contrato de paz entre los capos revolucionarios, después del asesinato de Obregón, reelecto presidente:

—No asesinarse.

—No buscar la reelección.

—Integrar todas las facciones en un partido único, en vez de competir por medio de distintos partidos.

—Negociar privadamente los “candidatos de unidad” del partido oficial.

—No acudir a los tribunales ni a las armas para resolver las controversias, sino al Jefe Político y Sumo Árbitro: el Señor Presidente.

Esto reconstruyó la pax porfiriana, con una mejora: la no reelección. En esto, fue una modernización.

Cuando hay un precio de equilibrio entre la buena voluntad que se ofrece y la buena voluntad que se demanda, todo se arregla por las buenas, sin recurrir a la violencia ni a la ley. Este comercio de la buena voluntad es un progreso con respecto a la violencia.

La ley es impersonal. ¿Cómo se representa a la justicia? Con una venda en los ojos, para no distinguir personas. Pero la justicia ciega es un horror para los que quieren ser tratados como personas, no como abstracciones. ¿Cómo es posible que desaparezca la comprensión, el trato humano, la amistad, el compadrazgo, la familia? ¿Cómo es posible que se apliquen las mismas leyes a los fregados que a los fregones? Tanto los fregados como los fregones piden consideraciones especiales, buena voluntad personal. Es decir: arbitrariedad.

Por otra parte, la ley impersonal no es propiedad de nadie, y esto lo ven con malos ojos los que se sienten dueños de vidas y haciendas. Los funcionarios del ejecutivo no sólo manifiestan en privado su desprecio del poder legislativo; manifiestan en público que ven la Constitución desde arriba. No se sienten ejecutivos de una ley intocable, establecida en 1917 por una voluntad nacional que los rebasa, y a la que ven desde abajo. Por el contrario, hablan de la ley como si fuera uno de los recursos a su disposición; como los dueños de una empresa hablan de sus políticas administrativas. Han reformado la Constitución más de 600 veces. Actúan como legisladores constituyentes del México que sueñan, reorganizable una y otra vez. Se sienten dueños de la empresa que hay que modernizar y mejorar, por el bien del país y de sí mismos.

La paz se compra y se vende como solución para la violencia, cuando la ley es indeseable (para los que pierden sometiéndose a la ley) o imposible (para los que saben que la ley depende de las autoridades, y que la aplican como quieren). Se diría que, fuera de la ley, no queda sino la violencia, pero no es así. Entre la ley y la violencia, hay una tercera vía que es la paz comprada en el mercado a un precio razonable para ambas partes, frente a la disyuntiva de aplicar la ley o ejercer la violencia.

Hay, por supuesto, regateos:

—No te pongas al brinco, sacándome a relucir la ley, porque yo soy el dueño de la ley. Menos aún intentes la violencia, porque yo soy el dueño de la violencia. Búscame por las buenas, y verás que nos arreglamos.

El contrato social, según Hobbes, es ante todo un contrato de seguridad pública. Aceptamos abdicar y someternos a un soberano porque, cuando todos somos soberanos, rige la guerra de todos contra todos y la ley de la selva. Se vive en el temor de la muerte violenta. La vida así no vale nada: es “solitary, poor, nasty, brutish, and short” (Leviatán 13).

La esencia del contrato es: abdico de ejercer mi propia violencia a cambio de que todos los demás lo hagan y de que transfiramos la violencia a un Estado que nos garantice la vida libre de violencia.

Los que viven en territorios disputados por capos que tratan de acabar unos con otros; los que viven entre dos o más fuegos cruzados, le dan la razón a Hobbes: prefieren la seguridad de rendirse a un Estado asaltante y asesino, que la inseguridad de vivir expuestos a toda clase de asaltantes y asesinos. Para Hobbes, la ley depende de las autoridades, no al revés. Considera un error de Aristóteles y de la escolástica medieval afirmar que no deben gobernar los hombres sino las leyes. “¿Qué hombre que esté en su sano juicio, aunque no sepa leer ni escribir, viéndose gobernado por aquel a quien teme, no creerá que éste puede matarle y hacerle daño, si no le obedece?” (Leviatán 46).

Este realismo estuvo a la vista en el país de Porfirio Díaz y del PRI. Contra los atropellos policiacos, fiscales, municipales, electorales; o la simple extorsión de las autoridades, no hay derecho que valga. No hay más que fregarse y negociar. Presionar por un régimen de derecho es costoso y hasta expuesto: un privilegio (y un deber) de los mexicanos con recursos para defenderse.

La sociedad mexicana no quería romper la nueva pax porfiriana impuesta en 1929. Estaba harta de vivir así, pero no quería volver a la Revolución: la guerra de capos. Si el México de hoy hace pensar en el México anterior a 1929, es porque se rompió el pacto “constitucional” de la Familia Revolucionaria y volvió la guerra de capos.

Medio México quiere acabar con ese pacto para avanzar a un régimen de derecho, no para retroceder. Y el resto de México también quiere la paz, aunque sea comprada a costa del derecho. Esta segunda actitud es premoderna, pero se comprende. Un Estado que no garantiza la vida libre de violencia, un Estado sin seguridad pública, ha perdido su justificación mínima.

La República simulada

La democracia en México avanza entre dos polos opuestos: la tradición autoritaria y la modernidad autoritaria.

En la tradición autoritaria, las autoridades no son conciudadanos que se encargan de los asuntos colectivos, de lo cual tienen que rendirnos cuentas, como los condóminos encargados de administrar un condominio.

La sociedad no es una asociación voluntaria constituida ante notario por los firmantes de un contrato social. Es una comunidad previa, cuyos miembros no la fundan ni escogen, como no escogen a sus padres, ciudad natal, fecha de nacimiento, bautizo, lengua materna. ¿Elegir a las autoridades? ¿Destituirlas? Suena a destituir a nuestros padres, y escoger otros mejores por mayoría de votos.

Millones de mexicanos piensan que estamos gobernados por déspotas que pueden ser benévolos (si quieren) o robar y matar (impunemente), pero que en todo caso no dependen de nosotros. Si las autoridades salen buenas, hay que dar gracias a Dios. Si no, resignarse y cargar con la cruz.

En el extremo opuesto, la modernidad autoritaria rechaza la fatalidad. Cuando llega al poder, no siente que su autoridad venga de la tradición (que rompe), ni del voto popular (que desprecia), sino del saber. Toma a la sociedad como pupila y, en el mejor de los casos, le tiene paciencia. Pero todo está claro en el pizarrón. Los súbditos “nacieron para callar y obedecer, y no para discutir y opinar en los altos asuntos del gobierno” (marqués de Croix, 1767). El teorema de Pitágoras es una verdad absoluta: no depende de que se apruebe por mayoría de votos.

La república simulada empieza como un modelo teórico que se impone a la sociedad, para su beneficio. El modelo (platónico, absolutista, liberal, conservador, socialista) no nace de la voluntad social, sino de las ideas que tengan los modernizadores.

En algunas comunidades indígenas beneficiadas por las imposiciones de la autoridad durante siglos, se puede hacer una arqueología de las modernizaciones caducas, que fueron superponiéndose sucesivamente unas sobre otras, mientras los indios seguían como siempre.

Las autoridades ilustradas que hoy imponen A y mañana B creen que sus imposiciones son avances de la modernidad. Afortunadamente, el modelo no depende de la realidad: hasta los retrocesos pueden verse (en el pizarrón) como preludios de un futuro mejor. Afortunadamente, la sumisión recibe las desgracias que llegan del pizarrón como voluntad del cielo: hay que resignarse y cargar con los daños.

Esta polaridad puede ser muy estable políticamente, y hacer de la república simulada un buen negocio, porque las simulaciones se prestan para eso y porque los modernizadores tienen su corazoncito. Si los avances teóricos pasaran a la práctica literalmente, los daños serían incalculables. Para suavizarlos, las autoridades venden su buena voluntad a los grandes intereses afectados por la modernización y compran la buena voluntad de los súbditos. Como a los súbditos les parece normal que las autoridades no dependan de su voto, venderles ese voto que no vale nada es un magnífico negocio y un acto de amistad correspondida.

El negocio puede arruinarse por la mala administración, o por el simple hecho de que la simulación haga el ridículo ante la verdad, sobre todo en presencia de sus contrapolos corrosivos: la tradición libertaria y la modernidad libertaria. Paradójicamente, la modernidad autoritaria impone una conciencia crítica de la tradición que, finalmente, se vuelve en contra de la imposición: favorece la modernidad libertaria. A lo cual se suman las tradiciones libertarias del nomadismo, las rebeliones campesinas, la conciencia cristiana, el municipio libre, la burguesía liberal, la cultura radical.

Cuando se estudian las distintas formas de gobierno, no hay capítulo aparte para las repúblicas simuladas. En el caso de los tratadistas clásicos, porque no las conocieron: los ideales republicanos (sin los cuales no puede haber el homenaje de la simulación) se difundieron con las revoluciones norteamericana (1776) y francesa (1789).

La república simulada parece ser un invento hispanoamericano del siglo XIX que se extendió por el resto del mundo. Es una especie de realización simbólica del deseo de progreso.

Aunque hay antecedentes ilustres, como el Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu (1864) de Maurice Joly, los politólogos modernos no estudian la mentira como una forma de gobierno. Tienden a ignorar el disfraz y a concentrarse en las realidades políticas de los gobiernos que se dicen republicanos (casi todos).

Pero la mentira es una realidad política fundamental. Las repúblicas simuladas no gobiernan por la simple fuerza bruta, sino por la trampa: apoderándose de la verdad. Los supuestos ciudadanos están a merced de las autoridades, en primer lugar, porque no pueden demostrarles nada. Rige la verdad oficial: triunfos electorales, boletines de prensa, estadísticas, imágenes de televisión, libros de texto, estudios técnicos, leyes, sentencias judiciales, peritajes, adhesiones, desfiles, celebraciones, manifiestos, eufemismos, frases. Los abusos y la corrupción son casi efectos derivados: adueñarse de la verdad facilita adueñarse de todo lo demás.

Por eso es tan importante que la verdad oficial se haya vuelto insostenible frente a los hechos aplastantes, que no estaban previstos en el modelo teórico: los magnicidios (1993-1994), la rebelión chiapaneca (1994), la guerra interna del PRI, el narcotráfico, la inseguridad cotidiana, el fracaso de la economía ficción.

Claro que de las ruinas de la verdad oficial se puede llegar a un vacío de verdad, en el que todo puede decirse y nada convence ni tiene consecuencias. Pero también se puede llegar a una verdad plural, que integre las diferencias dentro de un consenso democrático.

Este consenso ya parece existir entre la población moderna. Se manifiesta de muchas maneras, por ejemplo: en el diálogo de los tres candidatos presidenciales (Ernesto Zedillo del PRI, Diego Fernández de Cevallos del PAN y Cuauhtémoc Cárdenas del PRD) que se vio por televisión en el canal 11, el 12 de mayo de 1994.

Fue asombroso, parecía que estábamos en otro país. Y lo más asombroso de todo es que, al mismo tiempo, parecía completamente natural. Tres personas sensatas, inteligentes, conocedoras, civilizadas, dialogaban sobre cómo llegar a una república de verdad, y el diálogo mismo era un anticipo de esa realidad política que avanza dificultosamente entre las broncas de la modernidad autoritaria y la resignación de la tradición autoritaria.

La corrupción eliminable

Es perfectamente posible acabar con la corrupción como sistema de organización política. Pero sería contraproducente aspirar a más: cambiar el género humano, llegar al paraíso en la tierra. Confundir lo que sí se puede hacer con lo imposible termina mal y sirve para justificar el desánimo, la complicidad, el cinismo.

La corrupción de todas las cosas es un lamento milenario. Todavía en el siglo XV, decía Jorge Manrique: “a nuestro parecer, todo tiempo pasado fue mejor”. Y, en el XIX, el concepto de entropía desarrollado por Lazare y Sadi Carnot parecía confirmarlo: la energía se degrada.

La corrupción personal tiende a verse como parte del mismo proceso degenerativo, en una perspectiva romántica (la inocencia perdida de la niñez, los ideales perdidos de la juventud) o racista (los pueblos inferiores, los grupos degenerados). Pero la degradación personal no tiene edad, color, ni pasaporte. Puede darse en cualquier sistema político, sea o no corrupto. La corrupción personal y la política son distintas, aunque se refuercen mutuamente.

Los joaquinistas medievales, los utopistas del Renacimiento, los enciclopedistas y los positivistas tuvieron la actitud opuesta: celebrar el tiempo venidero, el progreso general de todas las cosas. Cambiaron la Edad de Oro ideal de un polo a otro: del paraíso perdido al futuro soñado.

Pero un sistema corrupto no merece tan fácil escapatoria a los grandes conceptos. Todo es corruptible, pero la solución no está en hacerlo incorruptible, sino en prevenir y castigar los abusos del poder. Soñar en un sistema político incorruptible sirve para no llegar a nada.

La corrupción que nos importa políticamente no es el pecado original, ni la corruptibilidad de todo lo habido y por haber, ni la fantasía racista de que los mexicanos son moralmente inferiores. Ni siquiera los millones de dólares del ex presidente que estuvo en la cumbre del poder político y ahora está de capo caído.

La esencia de la corrupción política no está en el dinero mal habido, sino en la mentira que hace posible el poder como negocio: un Estado de derecho sujeto a excepciones negociables en privado. Presenta como servidores públicos a quienes de hecho se sirven del poder como dueños privados, para beneficiarse o imponer sus ideas o sus ocurrencias o su arbitrariedad.

En el mejor de los casos, cuando las ideas son buenas y desinteresadas, la corrupción sigue estando en la simulación democrática: la misma que permite imponer malas ideas y hacer buenos negocios. Por eso, el Estado mexicano es un Estado corrupto: porque el derecho vale si las autoridades quieren. Si no quieren, no hay derecho que valga.

Un Estado de derecho suspendible a discreción es una mentira constitucional. Un soberano absoluto que dice “El Estado soy yo” no miente ni es corrupto cuando su voluntad es ley y la impone en beneficio del reino o de sí mismo. La corrupción aparece con la mentira constitucional de que “Todo poder público dimana del pueblo” (artículo 39) y “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos” (40).

Sin la mentira de que el poder actúa siempre conforme a derecho, por lo cual cuestionarlo (más que peligroso) es una necedad de muy mal gusto, sería imposible que el Estado permitiera robar y traficar, secuestrar, torturar y matar, impunemente. El poder impune necesita la mentira incuestionable: en los tribunales, en las cámaras (legislativas y de televisión), en la prensa, en las notarías, en los peritajes, en las encuestas, en los testimonios públicos respetables, en los libros de texto, en la opinión pública nacional e internacional, en las complicidades amistosas y hasta en el silencio de los enemigos que prefieren los ajustes de cuentas en las sombras.

Afortunadamente, la mentira puede volverse cuestionable, como sucede ahora, bajo tres presiones: la guerra interna del propio sistema, que destapa la cloaca y pone la mentira en evidencia; la madurez de un sector creciente de la sociedad, que ya no teme cuestionar; y la impaciencia internacional con un sistema chafa. En esta situación, la corrupción política tiene los años contados, sin que cambie el género humano. Basta con un sistema en el cual las mentiritas y las mentirotas de las autoridades sean puestas en evidencia y les cuesten.

La corrupción como sistema de organización política resultó funcional en una etapa histórica de México, para acabar con la guerra civil y apaciguar a los generales. “No hay general que resista un cañonazo de 50 mil pesos” —dijo el general Obregón. Pero no es funcional para un México moderno. Hace años que se volvió eliminable.

Impunidad y autonomía

¿Cómo dejar atrás un régimen autoritario? La autoridad representa la conciencia común (en la medida en que la representa) como un encargo sagrado (según la conciencia tradicional) o democrático (según la conciencia moderna).

El encargo no incluye el derecho al abuso. Las autoridades tienen que someterse al mandato de la tradición y de la ley. Pero la conciencia autoritaria puede sentir que el abuso es su derecho y atropellar la conciencia común.

Más allá de los atropellos concretos, aparece la aberración según la cual la autoridad no nace de la conciencia común, sino de una sola conciencia: la del soberano absoluto, que tiene toda la razón, hace la ley y dispone a su arbitrio de vidas y haciendas. Las autoridades siempre tienen la razón, y la máxima autoridad tiene la razón absoluta: no puede estar equivocada, no puede abusar, no tiene cuentas que rendir.

Esta conciencia napoleónica puede darse en Napoleón, o en un pobre diablo que se cree Napoleón. La diferencia es importante. Si dispone de los recursos de Napoleón, puede imponer el sistema métrico decimal, que es una maravilla racional, aunque se impuso napoleónicamente, desde arriba. También puede imponer sus caprichos y sus crímenes.

Desde la Independencia, México ha padecido estas conciencias napoleónicas que han impuesto progresos, regresos, robos, caprichos y crímenes. Sus éxitos autoritarios en el porfiriato y en los mejores tiempos del PRI llegaron a crear en la conciencia común un asentimiento al poder impune y a la concentración de toda autoridad en el Señor Presidente. Hoy que el asentimiento ya no existe, la superación del autoritarismo es una paradoja práctica.

La separación de poderes y el castigo a los que abusan del poder se refuerzan mutuamente, una vez que se logran. Pero en la transición pueden contraponerse, si la separación de poderes se adelanta al castigo de los que abusan. La separación facilita que los abusos se denuncien, pero no facilita que se castiguen.

Hasta hoy, hemos avanzado en la separación de poderes más que en el castigo de los abusos del poder. Se explica porque los abusivos o sus cómplices, colegas, correligionarios, socios, amigos, están todavía en el poder y no desean los castigos. Han aceptado como inevitable cierta separación de poderes, aunque eso los expone a que se filtren cosas desagradables, a que se discutan públicamente cosas antes indiscutibles y a complicaciones operativas para sacar adelante leyes, nombramientos y decisiones que antes salían sin cambios y al vapor.

Otros aprovechan la nueva situación.

1. Que no haya Napoleón, es una oportunidad para los aspirantes a napoleoncitos en el gobierno de cada estado.

2. La impunidad puede escudarse en la autonomía, y defenderse como conquista democrática.

3. La separación de poderes facilita el “divide y vencerás” a los contrarios.

4. Todo lo cual sirve para desprestigiar los avances democráticos.

En los buenos tiempos napoleónicos, había más mierda en el poder, pero estaba oculta en un drenaje centralizado, cuyas válvulas controlaba la presidencia. La desarticulación del sistema rompió algunas cañerías, que apestan, pero dejó intactas redes separadas, que abusan sin el control antiguo (las decisiones del capo máximo), ni el deseable (el imperio de la ley).

La inseguridad resultante, la mayor conciencia pública de los abusos del poder, el estómago necesario para resistir todo lo que ahora se ventila, sirven para crear el sentimiento de que la transición terminará en desastre, y que la solución está en volver al soberano absoluto, que encabeza las mafias tenebrosas, las unifica en un sistema centralizado y pone orden.

Se trata de un deseo lamentable, pero también poco realista, dada la fragmentación del sistema, la apertura externa y la conciencia común de una buena parte de la población moderna. Por eso, el verdadero peligro no está en el fantasma de Napoleón, sino en la realidad del avance incompleto. La separación de poderes puede volverse contraproducente si degenera en impunidad descentralizada. Si no se confirma (en muchos casos de alto nivel) que es posible castigar públicamente a las autoridades abusivas, como ya se hace en muchos países.

El futuro de la corrupción

Al hablar de corrupción, se mezclan tres conceptos distintos:

1. La degradación de las cosas, inevitable y permanente. Se mide contra el pasado.

2. La de las personas, evitable y circunstancial. Se mide contra sus opciones: su deber, su desarrollo potencial, su mejor actuación posible.

3. La corrupción instituida como sistema político, histórico y terminable. Se mide por la transparencia.

La prosperidad personal en el servicio público no es corrupción. Es deseable que los funcionarios crezcan como personas, al hacerse cargo de los intereses colectivos, en beneficio de la sociedad; que se prestigien y ganen la confianza de sus conciudadanos; y que esto se traduzca en recompensas económicas.

La corrupción institucional consiste en la simulación de un Estado de derecho para enmascarar un Estado de chueco, a cargo de una mafia traficante de influencias, protección y chantajes. Consiste en que el sector público no es realmente público, ni está sujeto al escrutinio de los ciudadanos, los cuales no pueden fácilmente saber lo que hacen sus presuntos apoderados, ni llamarlos a cuentas y castigarlos o premiarlos.

Históricamente, la corrupción ha sido la verdadera constitución política de México, el pacto central de la Realpolitik entre las fuerzas capaces de crear problemas armados, laborales o económicos.

En el siglo XIX, el presidente Porfirio Díaz (que prefería la permanencia en el poder, no la acumulación de una fortuna escandalosa) usó la corrupción para someter a los demás, repartiendo el queso geográficamente, por estados sujetos a caciques locales.

En el XX, el presidente Plutarco Elías Calles (que soñó en la permanencia como Jefe Máximo, por encima de los presidentes) hizo algo semejante, con una diferencia: el reparto por turnos (no por estados) en presidencias transitorias. Así empezó la transmisión pacífica del poder, después de los asesinatos de Madero, Zapata, Carranza, Villa y Obregón.

Naturalmente, la rapiña ya existía. Pero los revolucionarios que asaltaban con las armas en la mano no eran corruptos: eran asaltantes. La esencia de la corrupción institucional está en la ocultación de la rapiña, más que en la rapiña; en la administración de la verdad, más que en la administración del botín; en la creación de un sistema por el cual es muy difícil demostrar algo contra la verdad oficial.

Esta corrupción terminará. La administración de la verdad se ha complicado mucho, y se complicará más. Ya no existe el silencio de la prensa, los poderes legislativo y judicial, la sociedad; un silencio sumiso que dejaba imperar la verdad oficial. Hasta en el partido oficial, la Iglesia, el ejército, la judicatura, se escuchan denuncias desacostumbradas.

Esto no va a parar, porque ha ganado fuerza y tiene a su favor el contexto mundial.

—La prensa internacional, la banca internacional, las grandes instituciones internacionales y el gobierno de los Estados Unidos hicieron el ridículo en México, celebrando avances y logros. Basta leer lo que decían antes de la insurrección en Chiapas de 1994. ¿Dónde estaban sus reporteros y funcionarios, que no señalaban lo que ahora señalan? Los funcionarios salinistas se los cotorrearon en un inglés perfecto. Después de ese bochorno, se han vuelto desconfiados y exigen cada vez más información y transparencia. Esto complica la administración de la verdad.

—La prensa mexicana se volvió independiente, bajo la presión de la extranjera.

—Otra presión externa que saca a relucir muchas cosas viene del narcotráfico. Mientras el contrabando en México fue nacionalista y revolucionario, la vista gorda de las secretarías de Hacienda (aduanas) y Comercio (permisos) dependía en último término de la presidencia. La soberanía del capo di tutti capi era completa dentro del país. Pero la invasión de Panamá desvió la ruta de la droga al paso por México, rompió el monopolio del sector público sobre los grandes negocios ilícitos y forzó la apertura externa (antes de que se firmara el Tratado de Libre Comercio), con la entrada de capitales extranjeros, policías extranjeros, ejecutivos bien pagados, tecnología avanzada y una competencia feroz, sin árbitro presidencial. Esta libre competencia estalla en hechos espectaculares de muy difícil ocultación, donde sale mal parada la verdad oficial.

—La exhibición internacional de la miseria indígena de Chiapas sirvió para desprestigiar la verdad oficial. Con todos sus fariseísmos y cursilerías, los reflectores internacionales seguirán señalando una miseria real e imperdonable, difícil de ocultar, que contradice la imagen oficial del país.

—La multiplicación de intereses extranjeros en México ha puesto a prueba el sistema judicial, que tiene un papel decisivo en la administración de la verdad. Lo que sufren los mexicanos en la impartición de justicia no lo toleran los extranjeros. Y no es fácil crear tribunales separados para extranjeros ni vías separadas en los concursos, permisos y otras decisiones del poder ejecutivo. Las fricciones ocasionadas por tratar a los extranjeros como si fueran mexicanos, o por tratarlos mejor que a los mexicanos, presionan contra los enjuagues ocultos del poder discrecional.

—Se ha vuelto más claro cómo son las cosas en otros países. Millones de mexicanos han vivido la experiencia de trabajar en los Estados Unidos. Muchos más tienen parientes o amigos que lo han hecho y les cuentan. Otros viven en la frontera. Muchos se vuelven conscientes del contraste por las noticias; por ejemplo: los presidentes destituidos, enjuiciados, encarcelados.

Hay quienes desesperan de tanto abuso hoy publicado. Olvidan que la situación era peor cuando la podredumbre existía, pero no salía en los periódicos.

“No hay sino un remedio: hacer pública de verdad la vida pública” —dijo Daniel Cosío Villegas (Excélsior, 13 de septiembre de 1968). Este principio se ha venido abriendo paso y acabará con la corrupción constitutiva del Estado mexicano.

El poder corrompe

La mayor parte de las personas abusan del poder, a cuya sombra se cometen los mayores crímenes. Los abusos no sólo son injustos: dañan al que los comete. Yo no quisiera, Calicles, padecer la injusticia ni cometerla. Pero, si tuviera que escoger, preferiría padecerla.

Platón expone estas ideas de Sócrates en Gorgias, y suenan más socráticas que la idea del filósofo rey, que le atribuye en La república. Kant prosigue esta reflexión en La paz perpetua. Dice que para el filósofo no es deseable ser rey, porque el poder atrofia la razón.

Lord Acton (1834-1902) escribió famosamente: “Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely”. Fue un gran historiador que se preparaba para escribir una ambiciosa Historia de la libertad. Además, fue un aristócrata victoriano, cosmopolita, políglota, muy prestigiado en los altos círculos ingleses y europeos por su notable personalidad y erudición (dejó una biblioteca personal de 80 mil volúmenes). Fue miembro del parlamento por décadas, amigo y asesor del primer ministro Gladstone, profesor de la Universidad de Cambridge, creador de la colección Cambridge Modern History y autor de artículos, discursos y reseñas. Pero lo más notable para el caso es que era un católico cercano al cardenal Newman y que su frase tenía como referente inmediato el poder eclesiástico.

Su amigo el historiador Mandell Creighton, que llegó a ser obispo anglicano, escribió una Historia del papado durante la Reforma sobre la cual quería la opinión de un historiador católico, aunque pensaba haber sido prudente. Acton le dijo que se había pasado de prudente; que debió señalar el daño causado a la Iglesia en 1517 (cuando Lutero critica públicamente la venta de indulgencias) por el error de creer que todo se derrumbaría si la autoridad diera marcha atrás en cualquier punto. “Me decepcionó que no explicara usted lo que nunca he podido entender: cómo se estableció en Roma esa peculiar disciplina [no reconocer los errores].” Más adelante, en la misma carta del 5 de abril de 1887, añade:

No puedo aceptar su regla de que el Papa y el Rey, a diferencia de las demás personas, merezcan el supuesto de que no pudieron hacer algo malo. Frente a cualquier autoridad, hay que suponer lo contrario, y más aún cuanto más poder tenga. Hay que suplir la falta de responsabilidad legal con una responsabilidad histórica. El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Las grandes figuras son casi siempre malas personas, incluso las que no tienen autoridad sino influencia, especialmente si considera usted la tendencia corruptora del poder y su efecto de hecho. Suponer que el poder santifica es la máxima herejía.

El poder empuja al crimen, la locura, la corrupción, porque se presta a la confusión de identidades. Lo que Max Weber llamó patrimonialismo (la indistinción entre el erario y el bolsillo de los hombres de Estado) es sólo una de las confusiones posibles. Antes de ser rapiña, irresponsabilidad, injusticia, la corrupción es una impostura: intencionada o no, útil o no a los intereses de la persona que abusa del poder. La impostura puede ser simplemente mañosa, pero puede ser trágica: como una posesión de la otra personalidad, que se apodera de la persona física y la arrastra a creerse lo que no es (como en la obra El gesticulador de Rodolfo Usigli). También puede ser cómica.

A principios del siglo VI antes de Cristo, Solón estableció el derecho de cualquier ciudadano a exigir una auditoría política y pecuniaria de las autoridades: algo muy útil para ayudar a los conciudadanos en el poder a conservar el sentido de la realidad. En el siglo XVIII, Montesquieu y Kant propusieron otros dos principios útiles: la división de poderes y la transparencia del Estado, que fueron reforzados con la crítica de Voltaire, la Enciclopedia, la literatura panfletaria y la prensa. Todos estos señalamientos dicen lo mismo: No te aloques, no eres Dios. Te respetamos como persona y respetamos tu investidura, pero te vamos a ayudar a que no te creas lo que no eres.

Poder y verdad

El poder se presenta como servicio, y puede serlo. También se presenta como un saber especializado, aunque más bien requiere sabiduría. No suele presentarse como negocio, aunque frecuentemente lo es.

El poder como servicio es indeseable. Nunca faltan personas abnegadas que se desviven al servicio de las demás. Pero las personas atendidas pueden ser desconsideradas, creerse dignas de una atención infinita. Pueden no tener límites para pedir, cuando descubren que les hacen caso. Pueden tranquilamente esclavizar a quienes les sirven desinteresadamente. Los padres de familia, maestros, médicos, religiosos, pueden ser explotados vilmente por sus hijos, pupilos, pacientes, feligreses, si se abandonan al deseo de servir.

Cuando llegar al poder es sacrificarse de verdad en beneficio de los otros, los elegibles corren a esconderse, como sucede en alcaldías paupérrimas. En algunas, hay la costumbre mañosa de no faltar jamás a la asamblea de elección, porque se nombra alcalde al que no asiste.

Si, por alguna afortunada anomalía psicológica, alguien tiene ambiciones de poder (cuando el poder no es más que servicio), hay que aplaudirlo, festejarlo y entregarle rápidamente el poder, antes de que se arrepienta.

El poder como profesión es un concepto tardío. Los guerreros empleaban a los letrados, y éstos llegaron a creerse capaces de gobernar por sí mismos. Confucio y Platón soñaron un Estado racional, dirigido por sabios como ellos, que impusieran las ideas correctas al resto de la población. Pero la verdadera racionalidad política no es tecnocrática (el despliegue de un teorema), sino democrática: el despliegue de una conversación entre conciudadanos que deliberan públicamente y toman una decisión razonada. Los especialistas deben ser escuchados, pero no mandar.

En la práctica, los tecnócratas no son Platones ni Confucios. Ni siquiera son los técnicos más conocedores, sino los más políticos. Son hábiles para ocultar la realidad bajo razonamientos y estadísticas que les dan la razón. Su verdadera especialidad no es la administración del ramo equis, sino la administración de la verdad sobre el ramo equis. Siempre tienen razón. Lo que parece que está mal está bien; y, si algo estuvo mal, es por causas incontrolables o por culpa de administraciones anteriores, sobre las cuales no hacen precisiones, ni fincan responsabilidades. Eso sí: celebran ruidosamente el avance de las sabias medidas que en los próximos años van a superar los desastres de las sabias medidas anteriores.

La tecnocracia y el poder como negocio dependen de la administración de la verdad. Si tanto el soberano como los súbditos creen que el soberano es el dueño legítimo de todo, su poder es terrible, pero no corrupto. La corrupción empieza con la democracia simulada. Cuando la verdad oficial es que el soberano es sólo un servidor de sus conciudadanos, las realidades del poder tienen que ocultarse y toda la vida pública queda corrompida por la demagogia. La verdad no se puede publicar, porque sería imprudente. Es mejor que la gente no sepa cómo se hacen las salchichas ni las leyes (Bismarck). La administración política de la verdad contamina la vida política, empezando por los mismos que tienen el poder.

Las denuncias, noticias y escándalos sobre el poder como negocio suelen llamar la atención sobre el modus operandi y los beneficios del encargado, olvidando lo esencial: la mentira que corrompe la vida pública y la vida personal.

¿De dónde surge la tendencia corruptora? Desde luego, de las oportunidades, el secreto, la impunidad, la irrealidad de creerse por encima de todo, la complicidad activa o pasiva de los demás. Pero, en el fondo, de la doble personalidad. El poder tiende a corromper el sentido de la realidad, por eso atrofia la razón. La corrupción degrada a las personas que abusan de lo que representan, por el abuso mismo, no por los beneficios que reciben. Las degrada incluso cuando no se benefician, cuando abusan “para salvar la institución” o la fe, que así destruyen. Simultáneamente, la corrupción degrada a los cómplices activos o pasivos y a toda la sociedad, destruyendo los significados y los símbolos. Degrada la verdad.

Es una bendición que un hombre como Václav Havel conserve una distancia irónica de sí mismo y de su poder: tomado en serio, pero con humor sobre la extraña situación de parecer omnipotente y tener una capacidad limitada, como todo ser humano. Es casi un milagro que haya dejado el poder voluntariamente y con naturalidad, una demostración democrática de que la soberanía no reside en la personalidad simbólica que da el poder, sino en la persona real de cada ciudadano libre y soberano de sí mismo. Vivir en la verdad transforma la naturaleza del poder.

¿Que se vayan todos?

Desesperados por la ineptitud y corrupción de su clase política, muchos argentinos empezaron a decir: “¡Que se vayan todos!” Pero los ineptos y corruptos no se van tan fácilmente. Es más fácil que se vaya la gente valiosa, desanimada. ¿Cómo sacar a los que deben irse? No basta con el voto.

Un cúmulo de lealtades amistosas, familiares, partidistas o de intereses creados hace difícil que la clase política se depure a sí misma. No hay partido que descobije a sus ineptos y corruptos. Igual sucede con los poderes públicos. Los funcionarios de niveles inferiores se escudan en que reciben órdenes. Los de al lado, en que “No es mi departamento”. Los de arriba niegan el problema, o dicen que fue cosa de la administración anterior (felizmente superada); y, si lo reconocen, arguyen que no es para tanto, que sucede en todas partes y está peor en otros países. Finalmente, que si de veras hay bandidos se demuestre, para meterlos a la cárcel.

La denuncia ante el jefe de un inepto o corrupto suele ser inútil y hasta peligrosa, porque, en muchos casos, es su cómplice; y, si no lo es, no quiere meterse en problemas. Lo ideal para un jefe no es asumir sus responsabilidades, sino irse pronto a responsabilidades mayores. La denuncia ante una agencia externa debería funcionar mejor, pero la experiencia con las contralorías, agencias del ministerio público y tribunales no inspira confianza. Pasa lo mismo con las estadísticas. ¿Alguien puede creer en los éxitos contra el crimen, el contrabando o la inflación, cuando las cifras son elaboradas por los responsables del crimen, el contrabando o la inflación?

Esto permite comprender la multitud que salió a la calle el 26 de junio de 2004 a desmentir silenciosamente los números oficiales sobre el crimen en el Distrito Federal. La manifestación, denostada como “marcha de los pirrurris”, parecía inocua, en comparación con huelgas, tomas de alcaldías, bloqueos de carreteras o desfiles con machetes.

Pero no se puede reducir el civismo a la eficacia. La simple afirmación de la verdad contra las posiciones oficiales es una culminación cívica por sí misma. Es tan importante o más que la eficacia, y, a su manera, también es eficaz, porque el poder impune no sólo se construye con dinero, mañas y violencia: necesita la mentira impune. Así se explica que hasta los dictadores eviten las confesiones cínicas y prefieran la demagogia: el homenaje del cinismo al poder de la verdad.

¿Cómo pueden las autoridades castigar a las autoridades que abusan, roban, asaltan, secuestran, matan y protegen a sus cómplices? No es tan sencillo, porque llamarlas a cuentas desde adentro es una lucha interna, que se gana o se pierde, según los recursos, habilidades, alianzas y relación de fuerzas. Los indeseables pueden ganar, y desprestigiar, meter a la cárcel o matar a los mejores. También pueden intimidarlos o corromperlos para que toda depuración termine en nada.

Por eso es importante el pequeñísimo poder de la verdad ciudadana: porque actúa desde abajo y desde afuera. La marcha no desmanteló el poder impune que secuestra, pero sí la mentira impune sobre los secuestros. Puso en ridículo los números optimistas con números de carne y hueso.

Familia y corrupción

Cuando Gustavo Díaz Ordaz llegó a la presidencia de México, mandó llamar a todos sus parientes (según cuenta uno de ellos), que llegaron con alborozo para recibir un baño de agua fría:

—No quiero que me pidan favores. No voy a permitir que usen mi nombre para hacer negocios. Mucho cuidado con que alguno de ustedes se acerque a un funcionario, buscando tratos especiales. La patria es primero.

El honor de tener a un presidente en la familia, y además un presidente de esa rectitud, pudo estallar en aplausos. Pero no fue así. Todos salieron indignados ante la traición. ¿Para eso eran parientes? ¿Para eso los había mandado llamar? Fue un acto sádico, que sirvió para afirmar su autoridad, dejando claro que no tenían derecho a favores (que de hecho les concedería). Una cosa es la familia, otra la ley y otra el poder personal.

“La familia es primero” fue el primer nacionalismo, la norma milenaria anterior a “primero yo” y “la patria es primero”. La aparición histórica de las prioridades fue en ese orden: la familia, la afirmación individual frente a la familia y, finalmente, las instituciones que se presentan como una especie de familia de otro orden, como un nosotros superior.

Hay una extensa literatura sobre las tensiones entre el individuo y la familia, el individuo y la comunidad, el individuo y el Estado. En la perspectiva tradicional, la tensión es culpa del individuo: egoísta, arrogante, protagónico, traidor a la familia o la comunidad a las que debe todo. La familia y las instituciones siempre tuvieron más legitimidad que el individuo.

Modernamente, se ha extendido la visión contraria: la culpa es de la familia o la comunidad que sofocan a quienes luchan heroicamente por la justicia, la verdad o, simplemente, su realización personal.

Se habla menos de los conflictos entre instituciones y familias, pero no es raro que las familias usen a las instituciones para aprovecharse, ni tampoco lo contrario: que las instituciones destruyan la vida familiar, bajo el imperativo de “la institución es primero”. El conflicto es trágico en la Antígona de Sófocles, donde la protagonista rechaza la justicia del Estado contra su hermano (muerto como traidor a la patria) y desobedece la orden de no enterrarlo dignamente.

Albert Camus, poco después de recibir el premio Nobel, respondió a un estudiante en Estocolmo, que le reprochaba su falta de apoyo a la guerrilla en Argelia:

—Siempre he condenado el terrorismo. También el que pone bombas en las calles de Argel y puede matar a mi madre. Creo en la justicia, pero defenderé a mi madre antes que la justicia.

Camus no defiende al Estado colonial frente a la guerrilla. Antígona no defiende la traición a la patria. Lo que defienden es casi corporal: primero son las personas físicas que las personas morales. Ni la guerrilla ni el Estado son más importantes que mi madre o mi hermano.

En México, la familia ha pesado más que la ley, no sólo por el peso de los genes y la tradición, sino porque las leyes han sido poco respetables. La familia es una realidad, la ley ha sido una fantasía que da soluciones simbólicas a los problemas reales. Ni los legisladores (cuando llegan a enterarse de lo que legislan) suponen que la ley es en serio. A la hora de la verdad, pesan las personas, no la ley impersonal.

—Hijo, nos sacrificamos para meterte a una escuela donde hicieras buenas relaciones. Nos quemamos las pestañas haciéndote las tareas para que quedaras bien. Presionamos o compramos a los maestros para que te pusieran mejores calificaciones, y a la escuela para que te diera el título. Te mandamos al extranjero. ¡Y ahora sales con que no puedes ayudarnos, aunque estás en el poder! Eres un ingrato. Tú llegaste, ¿y nosotros qué?

En el siglo XX, se multiplicaron las burocracias públicas y privadas. Paralelamente, se extendió el cinismo sobre las instituciones, la exaltación del cuerpo y el “primero yo”. Más generosamente: Primero mi familia, mis compadres, amigos, compañeros de escuela, vecinos y paisanos, a costa de la empresa, la institución o el país.

Debe reconocerse que la ley y las instituciones no son más importantes que las personas. Por el contrario, son meros instrumentos que deben estar al servicio de una mejor convivencia de las personas. Pero esto no quiere decir: al servicio de mi persona y los cercanos a mí. Ni las personas, ni las familias, ni la sociedad llegan muy lejos sin instituciones y leyes respetables y respetadas.

Corrupción en las alturas

Un alto funcionario que autoriza operaciones irregulares de inmenso beneficio para el país y ninguno para sí mismo debe ser castigado. Su actuación es patrimonialista, no porque beneficie su patrimonio personal, sino por usar los poderes públicos como si fueran de su propiedad. No roba dinero, sino poder. Y al robo hay que sumar la ocultación y la mentira, porque no admitirá públicamente la irregularidad que cometió con buenas intenciones.

La corrupción depende mucho de los puestos. Lo confirma un dicho cínico: “No quiero que me den, sino que me pongan donde hay”. Una persona dispuestísima a la corrupción puede no tener oportunidades de ejercerla. En el extremo opuesto, una persona íntegra puede quedar en la disyuntiva de recibir plata o plomo, y renunciar.

Los altos puestos se prestan para la corrupción. Operan “donde hay”. Disponen de muchos recursos y facultades legales, con un buen margen de libertad. Y, a diferencia de la corrupción visible, manejan operaciones tan técnicas que nadie las entiende, y de un tamaño que nadie se imagina. Unas cuantas decisiones técnicas, dentro de una conducta intachable en lo demás, pueden ser más lucrativas que un millón de mordidas de tránsito.

En los puestos inferiores, la corrupción puede ser impuesta desde arriba. En los superiores, hay libertad. Además, la conducta arriba presiona a los de abajo, para bien o para mal. La calidad moral de los altos funcionarios hace mucha diferencia en todo el aparato administrativo.

Y, sin embargo, hace más diferencia la apertura a la vigilancia externa. Sin transparencia, sin rendición de cuentas, sin escrutinio público y división de poderes, el poder tiende a corromper, incluso a los mejores.

La buena conciencia por encima de la rendición de cuentas es una forma del poder impune. Hay funcionarios ejemplares que no abusan porque no quieren. Pero un gobierno cuya honestidad depende de esa buena suerte no es recomendable. Es mejor un gobierno en el cual nadie abusa porque no puede: porque no se perdona.

El buen reclutamiento aumenta la proporción de funcionarios competentes, diligentes y decentes. Pero no basta: es imprescindible la vigilancia externa de los otros poderes, de la prensa y de la sociedad.

Muchos mexicanos escriben cartas al Señor Presidente, como si pudiera leerlas, ya no digamos atenderlas. Son cientos de miles al año, y hay todo un departamento dedicado a leerlas. La ley obliga a que reciban respuestas por escrito, que por lo general se reduce a dar las gracias y avisar que la carta se turnó al departamento respectivo. Para las peticiones de ayuda, está bien. Pero las que contienen quejas y denuncias deberían turnarse a la Secretaría de la Función Pública, no al departamento que da lugar a la queja o la denuncia, agrupando las que se refieren al mismo funcionario o el mismo procedimiento.

Para esto, sería bueno

Que las quejas y denuncias que llegan a la Secretaría de la Función Pública y la Presidencia de la República se publiquen y puedan ser apadrinadas por gestores registrados (periódicos, asociaciones, despachos de abogados) para darles seguimiento y agrupar las que se refieren al mismo funcionario o el mismo procedimiento; hasta llegar, si es necesario, a tribunales. Y que sus éxitos (cambios de personas o de procedimientos) se publiquen, para animar a los que prefieren no quejarse ni denunciar, porque creen que es inútil, cuando no peligroso; o porque no tienen tiempo, dinero o conocimientos para gestionar su propio caso.

Impunidad declarativa

En una sátira de otros tiempos, el presidente preguntaba: “¿Qué horas son?” Y la respuesta era un milagro: “Las que usted diga, Señor Presidente.” Lo genial del chiste es que situaba el poder impune en su raíz: la definición de la realidad.

Al hablar de impunidad, se piensa en los delitos no castigados. Pero la impunidad radical está en los no cometidos. Cuando el poder define la realidad, no hay delito que perseguir.

Y eso, que era prerrogativa del Señor Presidente, ya no lo es. La fragmentación del poder federal, la emancipación de las gubernaturas, la guerra de todos contra todos, dentro y fuera de los partidos, la audacia de los otros poderes realmente existentes, democratizan la impunidad. Nadie responde de sus afirmaciones, ni está sujeto a hacerlo. En declaraciones oficiales, manifiestos, manifestaciones, frases que destaca la prensa, comentarios y caricaturas hay afirmaciones arbitrarias sin que pase nada. ¿Qué horas son? Las que yo diga.

Es legítimo y deseable que muchas opiniones convivan. Pero convivir es convencer, convencerse o cuando menos respetar. La mera declaración de principios sagrados no convence, y todavía menos la satanización ni los insultos. Desgraciadamente, en la historia de México, la convivencia de opiniones, convicciones y doctrinas ha sido vista como imposible y hasta como indecente. Ha sido más fácil aceptar que un mandamás imponga sus opiniones que llegar a un consenso.

La democracia irá superando eso. Dejó atrás el monólogo presidencial, y, en camino al debate democrático, está pasando por una contradicción: la multitud de monólogos autocráticos. Muchos mandamases declaran impunemente qué horas son, cuando se les pega la gana. La realidad es su prerrogativa, y la algarabía resultante entre afirmaciones arbitrarias no es un debate, ni pretende serlo. Es una guerra a gritos sobre qué horas son. No se trata de convencer, sino de subir el volumen hasta que no se escuchen otras opiniones. Muy buen negocio para los que alquilan altavoces.

La administración de la verdad fue el arte supremo de la monocracia; y hoy no funciona, porque, habiendo tantos monopolios de la verdad, no hay ninguno. De ahí surgen oportunidades democráticas. Ahora es más fácil señalar la contradicción, la mentira, la ignorancia, la vacuidad y el golpe bajo. Y hay que hacerlo, en vez de limitarse a la irritación, el desánimo o la apatía que provoca el griterío de comerciales políticos. Si los declarantes no se toman en serio, la sociedad debe tomarlos en serio: hacerlos responsables de sus afirmaciones, cuestionarlas ante el reloj, hasta que aprendan qué horas son.

Hay que exhibir las declaraciones abusivas. Lo hacen los columnistas políticos con buena memoria y buenos archivos. Lo hacen los ciudadanos que escriben cartas a la redacción; una venerable tradición democrática en los países de habla inglesa, que también puede funcionar en México, como lo demostró El Financiero, cuando tuvo una persona que no se limitaba a publicar las cartas, sino que hablaba con los políticos aludidos y daba seguimiento a las reclamaciones. Lo hace la revista Etcétera, en una de sus secciones más leídas. Lo hizo Lupa Ciudadana. Lo hacen muchos blogues.

Todos estos relojes frente a la impunidad declarativa tienen dos problemas. Defenderse de los que tienen capacidad para sabotearlos con avalanchas de bots y opiniones aparentemente espontáneas, pero orquestadas y hasta mecanizadas. Y defenderse de los que se lanzan por su cuenta, pero de manera interesada, visceral o mal informada. Los editores tienen que intervenir para que destaquen y se multipliquen las aclaraciones bien informadas, breves, inteligentes y corteses, frente a la guerra a gritos.

Otro recurso contra la demagogia es organizar debates pedagógicos por radio o televisión, no entre políticos sino entre estudiantes; y no con el fin de llegar a una conclusión, sino de enseñar a los participantes y al público cómo es un debate inteligente y honesto. Los árbitros sonarían la campana cada vez que alguien cometiera una falta (de información, de lógica, de buena fe, de cortesía) y suspenderían el debate un momento, para explicar la falta.

Una variante consistiría en organizar debates con ciudadanos que protagonicen las posiciones políticas más conocidas sobre temas concretos, y las defiendan; sujetos, naturalmente, a la campana. Lo mejor, por supuesto, sería que los políticos mismos debatieran sujetos a la campana. Pero prefieren abusar del monólogo impune.

“La política es el arte de impedir que la gente se meta en lo que sí le importa” —dijo Paul Valéry (Rhumbs, 1926).

Dinero mal habido

Disponer del dinero mal habido no es fácil, cuando se trata de cantidades importantes en efectivo. El dinero abulta, pesa, huele mal; está expuesto al viento, la humedad, los ratones y los rateros. Contarlo, enfajillarlo, esconderlo, volverlo a contar, cargarlo para hacer pagos, sin llamar la atención ni sufrir un accidente, puede ser complicadísimo. Los encargados de las maletas llenas de dinero que usaba el PRI en las campañas y viajes presidenciales cuentan historias ilustrativas del problema. Que tienen hoy las bandas criminales.

Se supone que los bancos deben informar a las autoridades sobre los movimientos cuantiosos o sospechosos. Además, se inventó un impuesto a los depósitos en efectivo que los contribuyentes pueden acreditar en sus declaraciones fiscales, y pierden los que no declaran (alertando al fisco). Pero no hay precauciones semejantes en las notarías y corredurías.

Hay que prohibir las operaciones notariadas en efectivo y exigir que en las actas se detallen los medios de pago usados para la compra de propiedades, aportaciones de capital, contratos, etcétera.

Los partidos y asociaciones políticas deberían estar sujetos a la ley de transparencia. No sólo porque reciben dineros públicos en cantidades extraordinarias, sino porque reciben otras aportaciones (en dinero y en especie) de interés público.

Los candidatos registrados por los partidos, desde el momento en que se registran, deberían publicar su currículo y tres declaraciones (impuestos, patrimonio y conflictos de interés). Las denuncias privadas o periodísticas de errores u omisiones en estos documentos serían calificadas por los institutos electorales para determinar si ameritan una multa al partido o la descalificación del candidato.

Deberían autorizarse agencias especializadas en investigar a las personas que quieran trabajar en el sector público. Además de las prácticas comunes en el reclutamiento de personal privado (verificación de currículo, referencias y trabajos anteriores; visitas domiciliarias, exámenes médicos, pruebas psicológicas), deben investigarse los antecedentes judiciales, fiscales y registros (de la propiedad, el comercio, vehículos, celulares), etcétera. Es ridículo que los malos antecedentes de un funcionario se descubran cuando es demasiado tarde. Todo el personal (incluso privado) dedicado al combate del crimen debería estar fichado, hasta con registro de ADN.

La Secretaría de la Función Pública se orienta a los procedimientos más que a las personas, con efectos contraproducentes (complicar los procedimientos). Dedicarse a los procedimientos (que son impersonales) parece menos bochornoso. Además, como reconoce la misma SFP, el exceso de trámites crea oportunidades de corrupción. Pero los trámites no se han reducido ni simplificado: se han multiplicado y complicado. La normatividad ha logrado paralizar las operaciones lícitas sin impedir las ilícitas.

Para los funcionarios decentes (más numerosos de lo que se cree) se ha vuelto complicadísimo tomar decisiones y actuar sin cometer alguna falta. Alguna vez el secretario de Hacienda exhortó a ejercer el presupuesto desde enero, para contrarrestar la recesión. Pero ¿cómo, con esa normatividad?

El énfasis preventivo, general e impersonal ha sido un error. Lo práctico es auditar lo sospechoso, concreto y personal. Para esto, basta con tomar en serio las denuncias y la documentación que presenta el mismo funcionario.

En varios casos de funcionarios delincuentes, se ha venido a saber que su patrimonio declarado había subido inexplicablemente de una declaración a otra, lo cual se ha usado contra ellos. Pero debería usarse también contra los responsables de la SFP que lo vieron y no actuaron, o ni siquiera lo vieron. El hecho mismo de que los delincuentes declaren su enriquecimiento mal habido revela confianza en la complicidad de la SFP o en que archiva la documentación sin leerla.

Las denuncias se multiplicarían si los ciudadanos vieran que de veras sirven contra la impunidad. Pero, en el mejor de los casos, no se sabe qué efecto tengan. No se anuncian los resultados de la investigación (si la hubo). Y, en el peor, se sabe: llegan las represalias.

Honestidad competitiva

Abundan los funcionarios panistas, perredistas y morenistas que no son especialmente competentes, ni especialmente empeñosos, ni especialmente honestos. Se dirá que en el PRI sucede lo mismo, y es verdad. La diferencia está en que el PRI no anuncia la honestidad como ventaja competitiva. Ni puede hacerlo, con su larga historia.

Cuando el PAN, el PRD y Morena fueron oposición, tomaron como bandera contra el PRI la honestidad. Interpretaron correctamente que la sociedad estaba harta de gobiernos corruptos. El repudio fue tomando fuerza a medida que la población moderna aumentó. Durante décadas, la sociedad había aceptado la corrupción como un sistema de gobierno menos destructivo que la lucha armada entre los aspirantes al poder.

El PRI desciende de los golpes militares contra Madero y Carranza; de la sangre que corrió en aquellos años, en los cuales la vida no valía nada y la inseguridad era tan grande que disuadía de construir. México había caído en la barbarie que Hobbes describe como el estado de la sociedad sin Estado. En esa situación, no vale la pena sembrar, porque cosechar es improbable. Se vive en el temor de la muerte violenta por la “guerra de todos contra todos”.

El presidente Calles fue un asesino que tuvo el talento de organizar a los otros en un Estado estable y lucrativo. Transformó la guerra de todos contra todos en un reparto pacífico del botín. Creó un mercado de la paz (comprada y vendida) y restauró la presidencia absoluta.

Contra la autoridad no valía la ley ni la violencia, sino la buena voluntad negociable. Siempre se podía llegar a un arreglo. Los tercos que recurrían a la ley o a las armas eran aplastados, para dar ejemplo de que lo funcional era una sociedad peticionaria frente a un Estado concesionador. La corrupción como sistema fue un mal menor para la sociedad.

El sistema funcionó tan bien durante tanto tiempo que se volvió la normalidad, y hasta se perdió la conciencia de vivir en una simulación. Los mexicanos modernos se creían ciudadanos de un Estado de derecho, aunque eran súbditos de un Estado de chueco. México prosperaba sin problemas de gobernabilidad, y todo se explicaba por una extrema singularidad. El sistema político mexicano era tan original que no podía compararse con ningún otro del mundo: ni capitalista ni comunista ni militarista. La Revolución confirmaba que “como México, no hay dos”.

El sistema fue “tan sabio” (como entonces se decía) que permitió la llegada pacífica de los universitarios al poder, y fue permitiendo cada vez más libertades (excepto las políticas). Como si fuera poco, fomentó la educación, la salud, la irrigación, la electricidad, las carreteras. La Revolución era una maravilla para el mundo entero, que se hacía de la vista gorda ante la corrupción, la falta de garantías y el poder impune que no rinde cuentas. No se podía exigir tanto a un país subdesarrollado.

Pero millones de mexicanos dejaron de aceptar los enjuagues como forma de gobierno, y los partidos trataron de capitalizar ese repudio. Hasta el PRI ganó aplausos con aquella bandera de la “renovación moral de la sociedad” (1982). Lo difícil fue pasar de las promesas al cumplimiento, sin perder gobernabilidad. Y ningún partido ha demostrado que puede gobernar sin enjuagues impublicables.

Hoy ya no existe la presidencia absoluta, pero sigue el sistema de la paz comprada. Los narcos, guerrilleros, líderes sindicales y líderes sociales recurren al pataleo amenazador: Concédeme esto o aquello, porque, si no, te armo una que te obligue a rendirte o bañar las calles de sangre.

Nadie se hace ilusiones sobre el PRI. Nadie cree, por ejemplo, que Peña Nieto enjuiciaría a Montiel por corrupción. Pero todavía hay quienes creen que un antiguo partido de oposición puede encabezar un gobierno honesto. Para que esa creencia se vuelva una ventaja electoral, tendría que confirmarse con acciones llamativas. Por ejemplo: que el gobierno de Calderón enjuiciara a Fox o el de Ebrard a Encinas. O cuando menos que impusieran la regla de que un jefe renuncia cuando se enjuicia a un subordinado directo. No necesariamente por complicidad, sino por el mero hecho de ignorar que se apoyaba en un presunto delincuente.

Iniciativas contra la impunidad

Debemos la democracia al crecimiento de la población moderna, una minoría que supone (aunque parezca inocente) que México puede ser un Estado de derecho; que las autoridades deben someterse a la ley y cumplir lo que ofrecen; que el gobierno está para hacerle los mandatos a la sociedad, y no al revés.

La población moderna se reproduce poco demográficamente, pero se ha multiplicado culturalmente porque la libertad es contagiosa. Los libros, la prensa, la televisión y los viajes ilustran. Hace un siglo, había miles de mexicanos con exigencias cívicas. Hoy son millones, y eso inspira confianza en los años que vienen.

La sociedad civil ha crecido como nunca. Se multiplicaron las asociaciones civiles, que antes prácticamente no existían. Todo lo hacía Papá Gobierno. Los mexicanos podían organizar grupos peticionarios integrables al sistema dador, pero no mucho más. Las asociaciones independientes eran vistas con suspicacia. El Estado no hacía ni dejaba hacer. La verdad oficial era incuestionable. La gente del poder, modernizadora del país tradicional, posponía su propia modernización.

Las democracias que funcionan mejor no tienen políticos más inteligentes ni decentes que los mexicanos. La diferencia está en que allá no los dejan hacer de las suyas tan fácilmente. Hay instituciones públicas, asociaciones privadas, instrumentos ciudadanos y medios de comunicación que limitan sus desviaciones, incumplimientos y mentiras. En todo país hay abusos del poder, pero no en todos hay tanta impunidad como en México.

Todavía falta mucho para tener una red institucional y social que acabe con la impunidad, pero han surgido iniciativas notables. La primera fue la prensa emancipada de la tutela oficial y la radio que abrió los micrófonos a las llamadas ciudadanas de quejas y denuncias. Luego, la fundación de Transparencia Mexicana (1999) y la Ley Federal de Transparencia, promovida por el Grupo Oaxaca (2002). Luego, la histórica marcha silenciosa por la paz y la seguridad (2004). Paralelamente, el activismo por la seguridad pública de Eduardo Gallo, Alejandro Martí, Isabel Miranda de Wallace, María Elena Morera, Javier Sicilia y otros, casi todos movidos por el secuestro y asesinato de hijos suyos. Así como la creación de “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad”, “México Libre de Corrupción” y otros organismos no gubernamentales.

También notable fue la iniciativa de pedir a los candidatos que firmaran sus promesas electorales ante notario. El simbolismo es importante: las promesas se vuelven contratos que deben cumplirse, no propaganda que nadie toma en serio. Y pueden ir más lejos: dar pie para castigos políticos y legales. Los juristas de organismos no gubernamentales pueden ir perfilando acciones para demandar a los que firmaron y no cumplen. Aunque las demandas no tengan éxito judicial, el mero hecho de tomar en serio las promesas tendrá consecuencias políticas.

En México, hay obsesión por legislar y volver a legislar; como si reformar la vida nacional consistiera en modificar unos párrafos. Se ignora el hecho elemental de que las leyes no se cumplen. ¿De qué sirve legislar penas mayores para el crimen, si los criminales rara vez llegan a la cárcel, y cuando llegan tienen a su servicio a las autoridades carcelarias? Ninguna reforma legal es más urgente que aplicar las leyes que ya existen contra mentirosos, corruptos y abusivos.

Los poderes federales, estatales y municipales del PRI no han demostrado capacidad de autodepurarse. Lo mismo ha sucedido con el PAN, el PRD y Morena, que desperdiciaron la ventaja competitiva que tenían por ser vistos como más decentes que el PRI.

La depuración tiene que hacerse desde afuera. La presión ciudadana debe concentrarse en exigir a las autoridades el cumplimiento de las reglas que ya existen y las promesas que hicieron, no en promover nuevas reglas para ver si las cumplen.

Hay que multiplicar las iniciativas para no dejar impunes los abusos, incumplimientos y mentiras. Más allá del castigo electoral a los partidos cada tres años, hacen falta castigos diarios para los servidores públicos que no sirven. La Secretaría de la Función Pública resultó un fraude para efectos prácticos. Hay que crear servicios no gubernamentales dedicados a vigilar, denunciar y fundamentar juicios contra los delincuentes en el poder.

Una teoría simplona supone que los crímenes se explican por la pobreza, como si la impotencia de los pobres pudiera lo que no pueden: superar su desánimo y sus inhibiciones, organizarse, adquirir tecnología de punta, desarrollar operaciones internacionales, adquirir armas y comprar o intimidar a las autoridades. Los crímenes no se explican por la impotencia, sino por el poder. Hay que acabar con la impunidad de los delincuentes en el poder.

El jefe de los bandidos

Si en una dependencia le piden mordida y busca al jefe para denunciarlo, tenga cuidado. No lo vaya a ofender.

—¿Me está diciendo que yo también soy un bandido?

—Únicamente que es el jefe de un bandido.

Parece lógico pensar que el jefe de los bandidos sea el bandido mayor. Pero puede ser una persona decente metida en una situación que lo rebasa, porque no sabe lo que está pasando; o lo sospecha y no se atreve a asomarse; o se asomó y se asustó ante la calaña de los que están haciendo de las suyas. Quizá se siente incapaz de impedirlo, temiendo represalias, o peor aún: que los malosos tengan autorización de más arriba. Puede estar atrapado en una cueva de ladrones de la que quisiera escapar. Pero la denuncia es peligrosa, y la renuncia inconcebible. ¿Dañar a su familia porque los de abajo (o los de arriba) hacen de las suyas? Sería injusto. Es mejor esperar la oportunidad de moverse a un puesto más deseable.

También existen jefes que no roban, pero dejan robar, porque les interesa el poder sobre todas las cosas. Dejan robar (a veces sí y a veces no) para tener a los bandidos en una situación expuesta al despido o la cárcel, bajo su control: “Lo tolero, mientras cuente contigo de manera incondicional. Todo es perdonable, menos la deslealtad.” De Porfirio Díaz y Fidel Velázquez, que vivieron con cierta austeridad, se dijo algo así.

Los que han sido educados bajo el principio de autoridad dejan a salvo al jefe principal. “El Señor Presidente no lo sabe, es traicionado por subordinados ineptos o abusivos.” Es inconcebible que los padres, los maestros, los sacerdotes, los médicos y cualquier autoridad hagan algo indebido. El mero hecho de pensarlo es aceptar el caos, destruir el orden social. Hay un sentimiento (aprovechable por los abusivos) de que la autoridad es divina, y que escupir al cielo tiene consecuencias terribles.

Los sentimientos democráticos son distintos. Desacralizan la autoridad. Uno cualquiera de nosotros tiene que hacerse cargo de esto. Hay que elegirlo, con algún procedimiento: por ejemplo, un sorteo. Y si abusa (o fracasa) lo paga.

Se comprende que en los condominios y en los municipios pobrísimos, como lo fue en la democracia griega, se rehúyan los cargos. Un poder que es pura responsabilidad y servicio es indeseable. Lo deseable es el poder impune, con el que se pueden cometer errores, arbitrariedades y latrocinios sin responsabilidad.

“El poder sin abuso pierde su encanto” —dijo Paul Valéry (Cahier B, 1910). Afortunadamente, el poder burocrático es ideal para ser irresponsable. Los de abajo se escudan en las órdenes que reciben (o no reciben) de arriba. Los de arriba, en la distancia que hay hacia abajo. No pueden ser responsables de actos tan remotos. La institución misma se escuda en que los errores y abusos no los comete la institución, sino el personal. Finalmente, nadie responde de nada.

Para acabar con eso, lo contundente sería empezar por arriba. La impunidad en las altas esferas pone la muestra a todo el país. Hasta la simple apariencia de impunidad tiene ese efecto multiplicador. Si el secretario de Comunicaciones y Transportes fuese castigado por los errores, omisiones o delitos de un cartero, mejoraría la selección de personal. Y mejoraría el país.

Dicen que Napoleón exigía a sus generales tener buena suerte en las batallas. Parece desmedido, pero se entiende. Mientras haya un resquicio para justificarse por esto o por aquello, abundan las derrotas. Un general con mala suerte no debe estar al mando de un ejército. Finalmente, ¿qué quiere decir estar al mando, si el éxito es atribuible a los jefes, pero el fracaso no? ¿Qué significado tiene la línea de mando, si no es también la línea de responsabilidad?

Así puede entenderse la tradición japonesa del harakiri. Suicidarse por haber tenido resultados vergonzosos no es una confesión de culpa, sino de fracaso. El fracaso no es un delito, es un deshonor. Lo decente es aceptarlo y pagar las consecuencias.

Desde que se inventaron las excusas, se acabaron los fracasos. Aceptar nombramientos bajo el supuesto de que se hará el mayor esfuerzo posible, aunque la misión es imposible, es una falta de seriedad. Si el jefe de una institución corrupta declara que acabar con la corrupción no será cosa de un sexenio, declara que no está obligado a nada, que acepta tranquilamente ser el jefe de los bandidos.

Pero no se lo diga, que se puede ofender.

Organizarse para la denuncia

Para lograr que los servidores públicos sirvan, no basta con votar por los mejores, porque pocos cargos dependen del voto. Y, aunque lleguen al poder, nada garantiza que cumplan lo que prometieron, o que puedan o quieran deshacerse de los peores: los incompetentes, irresponsables o corruptos.

Tampoco es fácil que logren sustituirlos, porque no siempre es viable un reemplazo mejor. Depende de que exista y esté disponible, de las circunstancias políticas, de la normatividad, del presupuesto. Otra dificultad es que toda sustitución parece una maniobra política, y lo es.

En el mejor de los casos, las depuraciones internas son insuficientes. En el peor, sirven para consolidar a los malos en el poder. Por eso es necesaria la intervención ciudadana, aunque sea costosa en tiempo y disgustos.

La intervención debe ser permanente. También, eficaz. Los activismos que no conducen a nada (o resultan contraproducentes) exasperan y desaniman. La frustración puede volverse apatía resentida: el sentimiento tradicional de que denunciar es imposible o inútil. Sentimiento apoyado desde el poder, para que nadie se meta.

Los funcionarios siempre tienen otras prioridades: su propia carrera. Y, como la cuidan a toda costa, son un peligro para los ciudadanos que tienen el valor civil de denunciar. La denuncia puede tener efectos tan graves para el funcionario que responda con “soluciones” extremas. Muchos periodistas incómodos han sido asesinados.

Los ciudadanos que, en sus ratos libres, se enfrentan a pillos de tiempo completo son desviados a buzones oficiales que canalizan las denuncias hacia la nada, o peor aún: la represalia.

La forma en que se reciben las denuncias, los datos exactos que se exigen de los hechos denunciados (y de los denunciantes) desaniman (cuando no intimidan). Denunciar se topa con una realidad aplastante: O no pasa nada o te pasa a ti, para que aprendas.

Una madre plantada ante el palacio de gobierno de Chihuahua para exigir justicia por el asesinato de su hija, fue asesinada. Un padre que localizó dónde estaba secuestrado su hijo, pidió ayuda a las autoridades de Durango. No le hicieron caso, publicó un manifiesto acusándolas de negligencia y fue asesinado. Otro acusó a las autoridades de Sonora por el secuestro de su hijo, recibió amenazas de muerte, las desafió sumándose a la Marcha por la Paz, logró hablar con el mismísimo presidente, recibió protección y murió asesinado. Como si fuera poco, el procurador declaró que investigaba sus antecedentes. No fuera a resultar responsable de su propia ejecución.

Distinto sería el país si, una y otra vez, miles de veces, fuese público y notorio que denunciar tiene consecuencias en el servidor omiso o delincuente, sin represalias para el denunciante. El día en que los ciudadanos tengan motivos para creerlo habrá cien veces más denuncias. Pero tal avalancha es, precisamente, lo que los burócratas quieren impedir.

¿Qué se puede hacer desde afuera y desde abajo? ¿Cómo encauzar la presión ciudadana sin desviaciones partidistas, sin demagogia, sin perder el tiempo ni provocar represalias peligrosas? No hay una solución, sino muchas, según las circunstancias y creatividad de cada uno. Pero hay criterios prácticos.

Evitar las metas indefinidas, excesivas o imposibles. Actuar contra un abuso específico y dentro del campo de la propia experiencia, relaciones, recursos. Quien pretenda acabar con toda la incompetencia, irresponsabilidad y corrupción fracasará. En cambio, se puede tener éxito en el caso de una ventanilla concreta, en circunstancias concretas.

Hay que tener cuidado con los políticos supuestamente interesados en apoyar, cuando lo que quieren es reclutar aliados legitimadores.

Hay que medir los propios recursos y la capacidad de sostener una acción terca mucho tiempo. Varios casos de éxito impresionante (pese a la negligencia o complicidad de las autoridades) han demostrado que sí se puede localizar y castigar a los asesinos de un hijo, sin acabar asesinado. Pero no se debe alentar a nadie para que lo intente sin recursos suficientes y arriesgando su propia vida y la de su familia.

Hay que distinguir las acciones directas (denunciar) de las indirectas (apoyar a los que denuncian), y los niveles de gravedad, costo y riesgo. Sería ideal crear una procuraduría ciudadana que canalizara denuncias anónimas (protegiendo a los denunciantes), pero requiere un búnker a prueba de sabotaje y mucho dinero. En cambio, crear un centro para solicitar información sobre los resultados de cada denuncia presentada tiene menores costos y peligros.

Las grandes tiendas usan shoppers que las visiten como supuestos compradores para ver si es posible robar sin que se note. Puede haber shoppers de servicios públicos: que vayan a pedirlos y documenten cómo los tratan.

Es práctico empezar con denuncias que no asusten demasiado y donde los perdedores sean funcionarios de nivel inferior: falta de señales y rótulos en las calles, cobros excesivos de luz, guarderías inseguras, permisos de construcción indebidos, desabasto de medicinas en el IMSS (o en el ISSSTE, pero no en ambos: es mejor que actúen grupos separados), avisos abusivos de Hacienda (que asustan y ponen a trabajar innecesariamente a los que cumplen y están al corriente), alumbrado público faltante, colas excesivas o malos tratos en una ventanilla, oficinas que no atienden por teléfono, baches peligrosos, tiraderos de sobrantes (después de hacer obras en la calle), gasolineras que roban, seguridad en los taxis y mil otras cosas.

Ahora hay más ciudadanos exigentes que nunca, y eso es un signo de que el país mejora, aunque parezca lo contrario (pues se denuncia más y la prensa publica cosas que antes también existían, pero no se publicaban). Hay mucho que aprender. Empezar por abusos muy visibles y de fácil solución de funcionarios menores facilita que los superiores se adornen y los ciudadanos queden satisfechos. No es poca cosa. Vivir la experiencia de que el gobierno puede mejorar si se le exige es educativo para ambas partes y tiene efectos multiplicadores.

Mapas de la corrupción

Como era de esperarse, el combate a la corrupción de la inútil secretaría inventada por el presidente Miguel de la Madrid ha sido un fracaso. Pasó de Secretaría de la Contraloría General de la Federación (1983-1994) a Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (1994-2003) a Secretaría de la Función Pública (2003-) empantanada en trámites y más trámites, para disimular el miedo a las consecuencias.

El miedo se manifestó desde el principio. Jesús Reyes Heroles, entonces secretario de Educación, contaba con sorna que la Contraloría le consultó a quién quería para que lo controlara. No se diga cuando el Washington Post del 15 de mayo de 1984 publicó que don Miguel tenía en cuentas suizas 162 millones de dólares (“Mexico makes its presidents millionaires”). Francisco Rojas Gutiérrez, el “zar anticorrupción”, no dijo pío.

En el sexenio siguiente, cuando la zarina María Elena Vázquez Nava armó un expediente contra Raúl Salinas de Gortari, en vez de proceder, se lo llevó a su hermano el Señor Presidente, que lo guardó, como ella misma ha contado.

En el sexenio del panista Vicente Fox, Francisco Barrio declaró, con toda razón, que la Contraloría hasta entonces se había dedicado a pescar charalitos; que él pescaría peces gordos. No pescó ninguno.

En el de Peña Nieto, el presidente propuso disolver la Secretaría de la Función Pública, cosa que el Congreso no aceptó. La tuvo congelada y sin titular; pero la aprovechó dos años después, ante el escándalo por la “Casa Blanca” y la de Malinalco (construidas en condiciones sospechosamente favorables por un contratista de obras públicas). Reactivó la Contraloría nombrando titular a Virgilio Andrade, que eficazmente procedió a exonerarlo. Reyes Heroles no vivió para celebrarlo con una carcajada.

Nunca hizo falta una burocracia adicional para atrapar a los funcionarios corruptos. Se sabía quiénes eran, y estaban advertidos; no para encarcelarlos, sino para tenerlos chantajeados y sumisos. Lo importante era el respeto al principio central del sistema: El Sumo Árbitro es el dueño del botín. A su arbitrio lo parte, lo reparte y se queda con la mayor parte.

Siempre se supo que los trámites adicionales para evitar la corrupción crean mayores oportunidades de extorsión. De buena o de mala fe, sirven para que nadie pueda hacer nada sin permiso. Hasta la sociedad contribuye diciendo que esto y aquello no deberían permitirse. Los dueños del poder responden encantados a las demandas populares. Crean nuevos y más perfectos enredos.

Así respondió Miguel de la Madrid al clamor contra la corrupción que escuchó en su campaña presidencial. Organizó foros de consulta sobre el tema. Contrató expertos para diseñar un arma nunca vista. Y le entregaron la Carabina de Ambrosio: una contraloría interna que, supuestamente, acabaría con la corrupción.

Ni el poder ejecutivo ni el legislativo ni el judicial han demostrado capacidad de autodepurarse. El combate a la corrupción tiene que ser emprendido por la sociedad desde abajo y desde afuera. Los simples ciudadanos deben empezar por los charales. Los peces gordos pueden ser enfrentados por la gran prensa, las grandes empresas, los intereses extranjeros y los peces gordos enemigos.

Hay que multiplicar los grupos de voluntarios participantes y dividirse el trabajo. Por ejemplo: Un grupo especializado en acabar con las mordidas de tránsito puede idear una calcomanía para automóviles que diga: “No doy mordida”. Seguramente encontraría ciudadanos valientes, dispuestos a asumir la responsabilidad y correr los riesgos de hacerlo. Hay antecedentes favorables. Una empresa con miles de camiones repartidores, harta de que sus choferes pagaran (o dijeran pagar) mordidas que había que reembolsarles, ordenó que no las pagaran, aunque se llevaran la unidad al corralón. Desenlace inesperado: corrió la voz entre la policía de tránsito y, como los camiones eran fácilmente identificables, los mordelones prefirieron ignorarlos.

Pero no sería igual para simples automovilistas. Se expondrían a que los vándalos dirigidos por las autoridades rompieran los cristales de los automóviles que ostentaran la calcomanía. Hay que buscar otros métodos, por ejemplo: el de México Libre de Corrupción (mexxi.co) que recoge firmas de personas comprometidas a no participar en la corrupción. Habría que reducir el compromiso a no dar mordidas de tránsito.

Alguna vez propuse hacer una Enciclopedia de la mordida en México que detallara dónde, cuándo y cuánto hay que dar, como las guías turísticas informan sobre las propinas. Hoy es posible construir algo mejor, gracias a los celulares, el periodismo ciudadano y el ejemplo de la Wikipedia: un proyecto colaborativo.

En Kenia, un grupo de voluntarios creó una plataforma digital (www.ushahidi.com) que permite integrar y presentar información dispersa recogida por voluntarios, interactivamente. Usa los mapas de Google para presentar la información. Funcionó por primera vez en 2008 para recoger testimonios (ushahidi) sobre la violencia en el país. Pero pronto se desarrollaron otras aplicaciones, por ejemplo: atender rápidamente el desastre creado por un ciclón, dar el micrófono a los ciudadanos. La plataforma ha sido un éxito, reconocido por el Banco Mundial y el Foro de Davos.

Otros voluntarios la aprovechan desde 2010 para exhibir la corrupción en la India. Ramesh Ramanathan fue un alto ejecutivo del Citibank en Londres que decidió volver a su patria y lanzarse como empresario social. Creó una microfinanciera. Además, con su mujer, creó un centro para promover la participación ciudadana en la solución de los problemas urbanos; y, dentro del centro, crearon un portal de denuncias sobre mordidas (www.ipaidabribe.com) que ha tenido repercusión internacional (The Economist, Forbes, Businessweek) y ha estimulado iniciativas semejantes. En el portal se publican denuncias anónimas que especifican la cantidad pagada, fecha, ciudad, oficina, circunstancias. También denuncias de mordidas no pagadas (y las consecuencias). También testimonios sobre funcionarios eficaces y honestos. Además, compilan estadísticas y suben videos de noticieros con denuncias que fueron noticia. Ha recibido más de 15 millones de visitas. En Colombia existe un portal semejante (http://www.monitorciudadano.co).

Quizá fuera mejor tener portales especializados, por ejemplo:

—Por dependencia. Mordidas que se pagan a la Secretaría de Hacienda en las aduanas, o a la Secretaría de Gobernación en las cárceles.

—Por circunstancia. Mordidas que se pagan para obtener permisos de construcción, plazas laborales, buenas calificaciones escolares.

—Por tipo de extorsionado. Mordidas que pagan los paisanos que vuelven de visita al país, solicitantes de crédito, vendedores ambulantes.

Habría que empezar por las mordidas más frecuentes y de monto menor, porque son más fáciles de compilar, porque afectan a más personas y porque suprimirlas no tiene un costo político excesivo (los jefes perderían control mafioso, pero ganarían oportunidades de adornarse).

Que desaparezcan las mordidas de tránsito es perfectamente posible y tendría un efecto multiplicador: una vida más digna de respeto para los policías, un ejemplo estimulante para otros grupos activistas y un mejor clima social: la satisfacción de vivir en un país que mejora.

Qué es la corrupción

Según el Breve diccionario etimológico de Joan Corominas, el uso de la palabra corrupción está documentado desde 1438. Viene del latín corruptio. En cambio, morder lo está desde 1220 y viene del latín mordere.

Según el Diccionario etimológico indoeuropeo de Edward A. Roberts y Bárbara Pastor, la raíz indoeuropea de corromper (reup ‘arrebatar’) es la misma de romper, interrumpir y usurpar. La de morder es mer—‘dañar’.

Abundan los mexicanismos relacionados con la corrupción: aceitar, agandallar, arreglarse, aviaduría, busca, cachirul, carrancear, charolear, chayote, chueco, cochupo, coyote, diablito, embute, enjuague, entre, fayuca, huachicol, hueso, maicear, mapache, moche, mordida, pitufeo, prestanombres, repartir el queso, salpicar, transa.

Algunos son sumamente especializados. El diablito es una conexión eléctrica tramposa para robarse la luz. El embute es un pago a los periodistas para que su reportaje sea favorable. El pitufeo consiste en dividir una transacción bancaria grande en muchas pequeñas para lavar dinero sin llamar la atención. Muchas otras palabras, como clientelismo, cohecho, nepotismo, soborno, tráfico de influencias y venalidad se usan en México, pero no son mexicanismos.

Los sobornos novohispanos a las autoridades españolas fueron llamados unto de México, porque untar ya se usaba en España como ‘soborno’ (Quijote 1ª 22). No se sabe cuándo empezó el uso mexicano de mordida como ‘soborno’.

El México independiente fue una república simulada. No era fácil pasar de un virreinato de tres siglos (y sus instituciones, y el acatamiento de los súbditos) a una supuesta república moderna. Las instituciones republicanas, los ciudadanos modernos y el consenso político tardaron en llegar. La inestabilidad resultante duró hasta que el general Porfirio Díaz restauró la monocracia del virreinato, manteniendo la fachada republicana.

Años después declaró que, al imponer la paz, el orden y el progreso, había logrado que el país estuviera listo para la democracia. Pero no había creado las instituciones para que funcionara, ni aceptó una transición pacífica encabezada por otro general: Bernardo Reyes. Vio venir el desastre y prefirió el destierro, cuando la insurrección de Madero “soltó el tigre” de las aspiraciones al poder y la guerra civil.

La solución para volver a pacificar el país en el siglo XX fue de Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas: el reparto pacífico del queso y el acceso al poder por turnos. Se mantuvo la monocracia, pero institucional y transitoria, no personal y permanente.

Esta solución empezó a desmoronarse cuando el presidente Salinas dio la impresión de que buscaba la permanencia: romper la regla de que nadie llega al poder para quedarse. Reaparecieron los magnicidios, el ambiente insurreccional y las disputas entre capos. Afortunadamente, su heredero (el presidente Zedillo) aceptó la derrota electoral del PRI frente a Fox. Pero la democracia nació en circunstancias difíciles.

Por tercera vez en la historia de México, la desaparición de la monocracia desató el aspirantismo y una multitud de poderes autónomos, voraces y hasta sangrientos, que no le rinden cuentas a nadie. La solución para muchos sería restaurar la república simulada bajo una mano dura que, dentro o fuera de la ley, recoja los hilos sueltos del poder en las riendas del Señor Presidente.

Para no recaer en eso, la solución democrática tiene una dificultad inédita: asumir la corrupción como problema, no como solución. Es perfectamente posible.

Todo es corruptible. ¿Y qué? Meter bajo esa generalidad la corrupción como sistema político sirve para considerarla insuperable y resignarse. Atribuirla al carácter de los mexicanos es erróneo y racista. No es la supuesta perversidad humana o la supuesta inferioridad nacional lo que explica la situación.

La explicación radica en la doble personalidad de todo apoderado. Así como el actor que representa a Hamlet es y no es Hamlet, todo apoderado representa intereses que son y no son los suyos. Que incluso pueden ser contrarios a los suyos.

Que nadie represente a nadie es imposible en una democracia representativa. En la democracia directa de los griegos ni siquiera se permitía que un abogado hablara en representación de un acusado. Podía asesorarlo, y hasta escribirle un discurso que memorizara, pero nada más.

De igual manera, para que una institución o empresa haga sus compras directamente, no por medio de empleados sobornables, tiene que ser microscópica. Cuando el dueño de una microempresa actúa como comprador, no tiene doble personalidad. Sus intereses como comprador y sus intereses como dueño son los mismos. No pide sobornos para comprar, pide reducciones de precio.

Que los representantes no tengan intereses o tengan los mismos que sus representados es un deseo piadoso, no una solución. La única solución encontrada hasta hoy es que la doble personalidad y los conflictos de interés sean públicos, y que la actuación del representante esté sujeta a sus representados: a su vigilancia, aplausos y castigos.

La corrupción como sistema político después de la Independencia y la Revolución fue una solución histórica que debe ser comprendida, pero no continuada.

Tres de tres

En 1795, Kant proclamó el “principio de publicación” o transparencia: Las acciones del Estado que no se pueden publicar son injustas.

En 1993, Peter Eigen, que era un alto funcionario del Banco Mundial (y no pudo hacer nada contra la corrupción de los gobiernos que desviaban los créditos destinados a reducir la pobreza), optó por irse y poner una oficinita dedicada a crear conciencia. Así nació Transparencia Internacional, un organismo no gubernamental. Y llegó para quedarse, por sus buenos resultados, a pesar de trabas y simulaciones.

Eigen volvió operativo el principio kantiano con encuestas sobre cómo son vistos los distintos gobiernos en cuanto a corrupción. El mapa mundial en una escala de cero a 100 puede verse en la Wikipedia (Corruption Perceptions Index).

En 2015, el gobierno visto como menos corrupto fue el de Dinamarca (primer lugar) y el más: Corea del Norte (lugar 167). México, desgraciadamente, quedó en el lugar 95: peor que Perú (88), Colombia (83), Argentina (76), Panamá y El Salvador (72). Y muy lejos de Costa Rica (40), Chile (22) y Uruguay (21).

Esta percepción internacional cuadra con la interna. En 2013, en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI resultó que el 40% de los entrevistados opinaba que las prácticas de corrupción del gobierno mexicano son frecuentes, y el 48% que son muy frecuentes.

En 2001, a raíz de un seminario sobre el derecho a la información, un grupo de voluntarios (luego llamado Grupo Oaxaca) decidió trabajar en un proyecto de Ley Federal de Transparencia. Con el borrador, conversaron con cada uno de los partidos e incorporaron sus observaciones. Finalmente, pusieron en sus manos el proyecto corregido, para que lo presentaran. Lo hicieron, y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se aprobó por unanimidad. Fue promulgada en 2002 y entró en vigor en 2003. Parecía inocua, hasta que la prensa aprendió a usarla.

Esta admirable iniciativa ciudadana ha sido fundamental para el desarrollo político del país. Otro grupo, encabezado por Transparencia Internacional y el Instituto Mexicano para la Competitividad, dio un paso más: propuso a los funcionarios públicos y candidatos electorales que publiquen voluntariamente sus declaraciones fiscales, patrimoniales y de intereses. Llamaron a esto Tres de Tres.

La ley obliga a los ciudadanos a declarar sus ingresos gravables al fisco, privadamente. También obliga a los funcionarios públicos a declarar su evolución patrimonial ante la Secretaría de la Función Pública. Y los funcionarios de la Ciudad de México están obligados a presentar una declaración de intereses ante la contraloría capitalina. Pero no es obligatorio publicarlas.

La iniciativa Tres de Tres invitó al presidente de la república, a los miembros de su gabinete, a los gobernadores, presidentes municipales, jefes delegacionales, senadores, diputados federales y locales, así como a los dirigentes de partidos políticos y sus candidatos (pero no, extrañamente, al poder judicial) a publicar sus tres declaraciones en un portal creado para esto (www.3de3.mx)

Más de 600 funcionarios o candidatos han respondido a la invitación: casi la mitad de los alcaldes de la Ciudad de México, más de la tercera parte de los gobernadores y la quinta parte de los legisladores. Hay que celebrarlo. En el sitio pueden verse: casas y terrenos, automóviles, aviones, yates, cuentas bancarias y de inversión, tarjetas de crédito, acciones, créditos, puestos en sociedades y asociaciones, ingresos, además de parientes en el sector público. No se incluyen direcciones personales ni el nombre de los familiares, y es prudente. En numerosos casos (demasiados) se acepta una simple constancia del fisco de estar al corriente en el pago de impuestos, en vez de publicar la declaración de ingresos.

Ojalá que los ciudadanos aprecien más a los funcionarios y candidatos que publiquen sus tres de tres declaraciones, y ojalá que aparezcan grupos dedicados a verificarlas.

Anticorrupción

El mayor problema físico de México es el agua. El mayor problema de salud es la desnutrición aguda de cientos de miles y la obesidad de millones. El mayor problema social es la inseguridad. El mayor problema político, la corrupción.

Hay más conciencia pública de los dos últimos; asociándolos, con razón. Pero no siempre se presentan juntos. La corrupción ha sido permanente, la inseguridad intermitente. En el porfiriato y el sexenio de Miguel Alemán hubo seguridad, a pesar de la corrupción, porque el poder central no permitía la delincuencia no autorizada.

La destrucción del centralismo en los últimos sexenios ha sido buena para la democracia, pero desperdigó el poder delincuente, ya sin control presidencial.

Contra la corrupción se han intentado muchas cosas. Su permanencia ha dado lugar a interpretaciones fáciles: Que es una consecuencia de la pobreza, lo cual ignora que hay millones de mexicanos pobres y decentes. O que es parte de la cultura nacional, otra idea tonta.

En el siglo XIX, la clase política (dividida entre liberales y conservadores) era más honesta que la clase política actual. Pero no estaba dispuesta a discutir y ponerse de acuerdo en un régimen deseable para todos. Liberales y conservadores luchaban por imponer sus convicciones, y preferían matarse que escucharse.

Esto terminó cuando un liberal conservador se impuso como jefe del Estado y acabó con la discusión y la matazón. Porfirio Díaz daba a escoger entre el enjuague o la represión: “pan o palo”.

El reparto pacífico del botín (al margen de la ley, pero sujeto al Sumo Árbitro) terminó con las guerras civiles del siglo XIX y también del XX. La corrupción fue el sistema político mexicano del porfiriato y del PRI.

Pero la “solución” (antes aceptada por la sociedad) se volvió inaceptable. La sociedad ha pasado de tener mayor conciencia pública a tener mayor intervención con diversas iniciativas. Se ha topado con una resistencia feroz o disimulada, pero sigue avanzando. Por primera vez en la historia, la sociedad mexicana es más moderna que sus gobiernos.

La prensa libre, las elecciones creíbles, la publicación “tres de tres”, las leyes de transparencia y anticorrupción avanzan, a pesar de regateos y trampitas. Pero la corrupción persiste, favorecida por la impunidad; y, a veces, perversamente, apoyándose en los avances.

Lo que no se había intentado (hasta noviembre de 2016), y puede hacer mucha diferencia (aunque se facilitó por ser un golpe del PRI contra el PAN), fue meter a la cárcel a corruptos eminentes, como en otros países.

Que un ex gobernador esté en la cárcel y otro prófugo es un avance histórico sin precedentes. La cárcel, más la prensa, más la transparencia, más el activismo de los movimientos ciudadanos, puede reducir la corrupción de la clase política al nivel que tiene en las democracias con pleno Estado de derecho.

Hay que concentrarse ahí: en los gobernadores. La corrupción existe en los tres poderes federales y locales. Es inadmisible en todos los casos y, legalmente, los gobiernos y los partidos tienen recursos para combatir a sus propios corruptos. Pero no lo hacen ni lo harán sin presión externa, porque en la práctica no hay diferencia entre ese combate y una lucha interna por el poder. Es un truco muy viejo descalificar a los adversarios como corruptos. Y también es un truco muy viejo exigir unidad para que todo siga como está.

Una limpia desde adentro es casi imposible. Una limpia desde afuera no puede lograrse en todos los frentes simultáneamente. La oportunidad está en los eslabones más fácilmente separables de las cadenas del poder corrupto. El primer eslabón separado fue la prensa, a costa de periodistas muertos. La prensa amplifica los esfuerzos contra la corrupción. Un ex gobernador en la cárcel desencadenará eslabones semejantes. Son docenas, y no faltan casos que ofrecen oportunidades realistas de avanzar.

Desde 1995 se ha hablado con ligereza de forzar la renuncia de un presidente, sin ver que México todavía no tiene instituciones capaces de superar esa conmoción. En cambio, las conmociones locales de políticos eminentes encarcelados son algo perfectamente superable. Y más aún a medida que se vayan acumulando casos.

Un día sin mordidas

Reducir un poco la corrupción parece razonable, pero no lo es. La diferencia no se nota, y eso lleva al desánimo. Favorece el pesimismo de los que creen imposible erradicarla. Favorece la posición cómoda o legitimadora de aceptarla como normal, dentro de “los usos y costumbres”.

Desde luego, hay que proceder en todos los casos que se denuncien o descubran. Pero las campañas generales son otra cosa: deben focalizarse. No lanzarse en todas las direcciones ni buscar una Gran Solución. Hay que tipificar las mordidas recurrentes y desarrollar soluciones para cada una. Hay que empezar por las más visibles, que son las de abajo; y reducirlas a cero, aunque sean pequeñas, porque eso tiene consecuencias en el ánimo general.

No es algo utópico. Se ha logrado en algunas dependencias, gracias a las leyes de transparencia, el valor civil de muchos ciudadanos, la prensa independiente, la aparición de algunas tecnologías y, desde luego, las autoridades honestas. En las estructuras de poder hay pillos y gente decente. Es injusto y contraproducente descalificar en bloque.

Sería bueno contar con un cuadro general del campo de batalla. Construir un catálogo de los puestos y trámites que se prestan a la corrupción, a partir de las noticias de prensa y la experiencia social. Tener un Catálogo de Mordidas y un Mapa de la Corrupción ayudaría a jerarquizar dificultades y oportunidades.

Hay lugares obvios, por ejemplo: las aduanas y los departamentos de compras. Pero también hay soluciones “obvias” que resultan un desastre: paralizan las actividades sin acabar con la corrupción. Hay que buscar soluciones prácticas.

Todo lo referente a la circulación de vehículos se presta a la corrupción organizada entre los agentes de tránsito y sus comandantes. Tradicionalmente, los cruceros se arrendaban a un policía que tenía que entregar una cuota, según la estimación de qué tan lucrativo era ese punto.

Las mordidas para estacionarse en lugares prohibidos tienden a desaparecer con los parquímetros. Que, además, sirvieron para ahuyentar a los automóviles dejados toda la jornada laboral. Las fotomultas también pueden ser un éxito, aunque empezaron mal y han causado resentimiento. Tienen la ventaja y el problema de que el sancionador no está a la vista. Las cámaras se instalan en un lugar que ve a los coches de frente y envía las imágenes a un centro calificador, donde unas cuantas personas deciden las multas. Son, de hecho, inapelables, porque el procedimiento de impugnación cuesta más que pagarlas.

Según las cifras oficiales, sólo un pequeño porcentaje de las infracciones reciben multa. Lo cual parece indicativo de que no todos los casos son tan claros como la foto de un conductor que habla por su celular o lleva un niño en brazos. Sería mejor usar las cámaras para enviar amonestaciones, y castigar únicamente a los vehículos reincidentes.

Otras cámaras, las de los ciudadanos, pueden servir para publicar la corrupción. Las mordidas de tránsito (y otras) son visibles, aunque se disimulen. Pueden ser fotografiadas en el acto por “periodistas” espontáneos que suban las fotos y los datos básicos al portal de un periódico. Hay plataformas digitales diseñadas para facilitar eso.

Para el arranque en México, sería bueno empezar por un Día Sin Mordidas, anunciando profusamente la fecha, pidiendo la cooperación de los ciudadanos para que ese día excepcional no den mordida. Después de la prueba, se puede repetir el Día Sin Mordidas una vez al mes y luego una por semana. Habría que iniciar pláticas con las autoridades para lo que sigue: castigar a los mordelones. Probado el sistema, puede operar todos los días.

Arbitrariedades

Un camión se pasa el alto y embiste a un automóvil. El automovilista, indignado: “¿No vio usted que yo tenía el derecho?” El otro: “¿Y no vio usted que yo tenía el camión?”

Respetar al que puede porque puede, aunque no tenga derecho, es prudente. Hay que cuidarse de los prepotentes, de los ineptos, de los distraídos, de los borrachos, drogados y locos al volante. Tener razón no es suficiente para evitar el daño. Y, una vez sufrido, no siempre es bueno reclamar. Legalmente, el atropellado tiene recursos para hacerlo. Pero, si no dispone de los otros recursos (tiempo, dinero, paciencia, palancas, acceso a los medios, abogados), lo razonable es quedarse con el daño. El pleito puede costar muchas veces más.

Abundan los abusivos, y la tradición mexicana es resignarse. No hay mucho que hacer. Acudir a las autoridades es perder el tiempo en que tomen nota, y ahí terminó. Hasta puede ser contraproducente, si la autoridad es cómplice del delito. Una mujer violada que denuncia se expone a un segundo vejamen: los comentarios maliciosos de la autoridad, la humillación pública, las posibles represalias.

Se habla con desprecio de la resignación que perpetúa el abuso, y se entiende hacia aquellos cuya posición permitiría cambiar las cosas. Pero, en las personas indefensas, resignarse es realista. Si un asaltante exige la entrega del automóvil, negarse puede ser fatal.

Quedarse con el daño es injusto. Recurrir a las palancas sirve para defenderse de la arbitrariedad con otra arbitrariedad. Ofrecer mordidas o pagar extorsiones contribuye a fortalecerlas. Los pleitos legales pueden ser imposibles o incosteables. Todo esto por el lado del atropellado.

Pero también existe el predicamento de terceros. Las autoridades decentes (que las hay) no pueden actuar fuera de su jurisdicción. Los compañeros o subordinados del que abusa no fácilmente pueden denunciarlo. Serían vistos como soplones despreciables, cuando no reprimidos. La gente decente en un medio corrupto acaba yéndose.

La corrupción lleva siglos en México. Hasta se ha dicho que es parte de la cultura nacional. Esta afirmación ridícula y legitimadora ignora el fenómeno mundial. Y la arbitrariedad como negocio palidece frente al abuso de los derechos humanos: las muertes, violaciones, torturas, secuestros, desapariciones, interrogatorios, difamaciones.

En el mundo sin ley, no hay corrupción. Imponerse legitima. La corrupción sólo es posible donde hay ley, cuando los encargados de cumplirla y hacer que se cumpla actúan como si fueran dueños de vidas y haciendas. Cuando el supuesto Estado de derecho es la máscara de un Estado de chueco.

Así fue el presidencialismo de Porfirio Díaz, aunque fue un avance sobre la multitud de hombres fuertes locales. El presidencialismo sexenal avanzó más: el monócrata se retiraba a los seis años dejando a un sucesor, que le garantizaba impunidad, si no estorbaba al nuevo dueño de todo. Después, el poder legislativo, el poder judicial, la prensa y los gobernadores se emanciparon. El presidente ya no pudo imponer sucesor, aunque conserva la impunidad.

También, desgraciadamente, se emancipó la delincuencia. Había estado organizada por el poder político, que le marcaba límites. Ahora, por el contrario, la delincuencia intenta organizar y asumir el poder político.

Las fuerzas armadas han sido llamadas para combatirla, y lo han hecho con renuencia; pidiendo repetidamente un marco jurídico para su actuación, porque no son policías. La nueva Ley de Seguridad Interior lo establece, y ha sido criticada como militarismo. En realidad, es un retorno presidencialista. Deja al arbitrio del presidente, sin pasar por el congreso, la decisión de recurrir a las fuerzas armadas para la seguridad interior. La creación de la Guardia Nacional está en el mismo caso.

Pagos transparentes

Los candidatos presidenciales de 2018 hablaron de combatir la corrupción. Sin decir cómo, o con ideas estrafalarias (cortar físicamente las manos a los corruptos) o simplistas (basta con que el presidente sea honesto para que todos los funcionarios lo sean).

No hay que hacerse ilusiones. Dentro del Estado, combatir la corrupción desde abajo es peligroso. Denunciarla desde arriba, en vez de proceder contra los corruptos, es ridículo. Denunciarla desde el mismo nivel parece politiqueo. No es fácil que el gobierno se depure a sí mismo.

Nunca han faltado funcionarios decentes. Pero tienen que ceñirse a su esfera de atribuciones, aunque estén viendo la corrupción lateral o superior que los rebasa, sin poder intervenir. El combate a la corrupción tiene que darse desde afuera, presionando al gobierno.

Tampoco hay que ser pesimistas. El combate ciudadano ha logrado avances importantes, con buenos resultados. En todos los casos, el gobierno empezó rechazando las iniciativas; y tuvo finalmente que aceptarlas, aunque arrastrando los pies o saboteándolas en esto o en aquello. Es elocuente que tardara años en nombrar al fiscal anticorrupción.

Es ilusorio buscar un gran remedio. No lo hay, porque la corrupción tiene mil formas. La enciclopedia de todas las corruptelas requiere múltiples remedios. Hay pequeños y grandes sobornos; repetitivos (que hasta tarifa tienen) y ocasionales; visibles e invisibles; individuales y colectivos; en especie, en servicios, en dinero.

No es lo mismo pagar en efectivo $ 200 que $ 200 millones. Cuentan que un empresario molesto con otro (por un pago que le parecía injusto, pero tuvo que hacer) se desquitó entregándole toneladas de billetes de a peso. El otro tuvo que poner gente a contar. Sin embargo, un soborno de $ 200 millones nunca se paga en efectivo, sino con cheques o transferencias bancarias, y así se vuelve fácil de rastrear.

Todavía más fáciles de rastrear son los desvíos. La Auditoría Superior de la Federación suele advertir pagos indebidos, pero sería mejor que la prensa, los competidores del beneficiario y cualquier persona pudieran revisarlos; y no al año siguiente, como hace la Auditoría, sino en el acto. Hacer públicos los pagos del sector público facilitaría el combate a la corrupción.

No es tan difícil crear una base de datos en la web donde, al momento de girar un pago, aparezca su registro, con todos los datos de la póliza contable: dependencia que paga, a quién, por qué concepto, con cargo a cuál partida presupuestal, con autorización de quiénes, en qué cantidad y fecha.

La base de datos incluiría un buscador tipo Google que permita observar los pagos por beneficiario, cantidad, concepto, partida, dependencia, fecha y nombre de los funcionarios que los autorizan.

Sería bueno empezar con las transferencias de la Secretaría de Hacienda a otras dependencias federales y gobiernos locales, porque el número de movimientos no es tan grande. Después de tener a prueba el sistema por un año y de recibir comentarios de la Auditoría, de las dependencias involucradas y cuerpos colegiados de contadores públicos y ejecutivos de finanzas, se harían los ajustes y mejoras que resulten de las observaciones.

Luego, el sistema se ampliaría para incluir todos los pagos del sector público al extranjero, así como sus pagos por más de $100 millones al sector privado. Se repetiría el proceso de observación, ajuste y mejoras.

Finalmente, se ampliaría para cubrir todo tipo de pagos federales. Y se pondría el ejemplo a los gobiernos locales.

Gasolina robada

Si se escribe huachicol en el buscador de Google, salen millones de referencias. Si se escribe “Petróleos Mexicanos Logística” o “Pémex Logística” salen poquísimas (ni la milésima parte), aunque es la empresa que sufre el robo de gasolina.

Pémex Logística es la paraestatal encargada del transporte y almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos por medios marítimos y terrestres. Cuenta con 32 000 kilómetros de ductos, 1 485 pipas, 520 carros de ferrocarril, 74 terminales de almacenamiento, 58 estaciones de bombeo y compresión, 17 buques tanque, 16 terminales marítimas y 10 terminales de gas licuado. Incluye una Coordinación de Áreas de Sistemas de Medición.

La gasolina se roba en las refinerías y en los ductos, desde hace muchos años. Se ha dicho que el sindicato petrolero (que controla las pipas) robaba en la refinería de Azcapotzalco con pipas de doble fondo. También ahí se usaron túneles para robar.

En los ductos, hay tres tipos de ladrones: la delincuencia organizada que los perfora y bombea el combustible a sus pipas, sus cómplices en Logística y los vecinos del lugar de la fuga que la aprovechan para llenar cubetas y garrafones.

Los ductos tienen sensores que avisan cuando hay fugas (baja la presión). También válvulas, a todo lo largo, para abrir y cerrar el flujo. El tramo donde se produce la fuga (accidental o provocada) puede ser aislado, cerrando las válvulas de antes y después, automáticamente o a control remoto. En el tramo aislado quedan unos 10 000 barriles (más de un millón de dólares).

El ejército cuida los ductos con guardias de 25 soldados cada 20 kilómetros. Si encuentran una fuga, avisan y establecen un cerco para que nadie se acerque mientras se repara. La situación puede observarse con drones.

Pémex Logística sabe perfectamente dónde, cuándo, cómo y cuánto le roban. Hasta lleva estadísticas de las tomas clandestinas. Pero no da la cara. Razón de más para que la prensa la investigue y la Cámara de Diputados la cite a comparecer. Las declaraciones patrimoniales de sus altos funcionarios (actuales y anteriores) deben ser investigadas. Y hay que dar incentivos a los funcionarios menores (especialmente en la Coordinación de Medición) para que actúen como testigos protegidos.

Cerrar los ductos permanentemente para impedir el robo sería absurdo. La inversión multimillonaria ya está hecha. Sustituirla por pipas multiplicaría por diez o quince el costo de mover la gasolina. Y las pipas no están exentas de robos, fugas ni explosiones. Baste recordar los rótulos de aviso que llevan para que otros vehículos no se acerquen demasiado.

Cerrar los ductos temporalmente genera desabastos costosísimos que no sirven para nada, porque 10 000 barriles son todavía un buen botín; porque el cierre inhabilita los sensores y facilita que los chupaductos hagan más perforaciones; y, finalmente, porque al reabrir se vuelve a lo mismo. Cerrarlos después de Navidad (cuando las reservas bajan mucho) empeora el desabasto.

Construir más refinerías no tiene sentido, porque la producción de petróleo ha bajado tanto desde 2004 que en 2018 se importó. Porque importar más crudo para producir gasolina sería un pésimo negocio, ya que la gasolina añade poco valor frente al costo de producirla. México no produce más que la quinta parte de la gasolina que consume, porque es más económico importarla que importar petróleo.

Para acabar con la venta de huachicol en gasolineras clandestinas, hay que localizarlas. La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo y todas las gasolineras legítimas tienen interés en denunciarlas para que desaparezca la competencia desleal (vender barato combustible robado). Hace falta un teléfono 01 800 del SAT o del INEGI (que tienen censadas las gasolineras) donde cualquier persona pueda informar anónimamente de gasolineras sospechosas. Según Onexpo, por cada gasolinera legítima hay cuatro de huachicol. Los grandes consumidores públicos (empezando por la Comisión Federal de Electricidad) y privados (por ejemplo, las grandes empresas camioneras) ameritan otro tipo de investigación.

En la Wikipedia, hay una página sobre la tragedia reciente (Explosión en Tlahuelilpan) con versiones en nueve idiomas. La tragedia se ha vuelto un escándalo internacional en la prensa, las redes sociales y la web, con toda razón. También sería un escándalo que no hubiera consecuencias en Logística y en la fallida intervención del ejército para disuadir a los vecinos ladrones (pudo espantarlos con helicópteros).

Iniciativas contra la corrupción

El profeta Isaías condenó la corrupción hace tres milenios. El derecho romano la castigó. La corrupción encabezada por el primer ministro británico Robert Walpole en el siglo XVIII fue escandalosa, y se volvió socialmente inaceptable. Lo mismo ha sucedido en otros países, y sucederá en México.

Aunque la corrupción es una tradición, puede quedar atrás, como tantas otras. Hasta el prestigio heroico de la guerra, que fue una tradición universal y milenaria, desapareció.

La globalización favorece la lucha contra la corrupción. Si las trasnacionales son multadas en su país de origen por los sobornos que pagan en otro, mejoran ambos. A esto hay que sumar la creación de Transparencia Internacional y su Índice de Percepciones de Corrupción. Las calificaciones en el índice varían de país a país y a lo largo del tiempo, y esto mismo indica que es posible mejorar.

El combate a la corrupción en todos los frentes es de ley, pero dispersa los esfuerzos. El éxito llega a parecer imposible. Muchos presidentes se han pronunciado contra la corrupción; y, en el mejor de los casos (cuando no se trata de simple demagogia), todo queda en buenas intenciones. A diferencia de otros países, no ha habido un presidente mexicano que termine en la cárcel.

Las “soluciones” preventivas puramente burocráticas son contraproducentes. Paralizan la administración con tantos requisitos que provocan lo que quieren evitar: transgresiones y mordidas.

Tan malos resultados sugieren que el combate debe centrarse en los frentes más visibles y con efecto multiplicador. Por ejemplo:

—Meter a la cárcel a más gobernadores corruptos y usar ese entrenamiento para seguir con los ex presidentes.

—Crear un portal obligatorio de currículos oficiales con sus Tres de Tres declaraciones (de ingresos, patrimonio y conflictos de interés) de todos los altos funcionarios públicos. Paralelamente, crear agencias no gubernamentales encargadas de verificar los datos (mentiras, exageraciones, omisiones, errores). Y notarías especializadas en la certificación de currículos.

—Crear una base de datos en la web (con buscador tipo Google) donde, al momento de girar un pago federal, aparezca su registro, con todos los datos de la póliza contable.

—Crear una base de noticias de prensa sobre corrupción, clasificadas por ciudades, secretarías, cámaras legislativas, tribunales, gubernaturas, alcaldías, organismos, empresas, etcétera.

—Publicar un catálogo general de mordidas, por dependencia y trámite, sin fechas, lugares ni personas. En una versión más avanzada, incluir montos.

—Crear una agencia de shoppers: ciudadanos encubiertos que registren el trato recibido al acudir a las dependencias del catálogo.

—Crear un centro de llamadas (anunciado como Corruptel) para recibir denuncias anónimas de corrupción en un teléfono 01 800 desde la calle. Clasificarlas y acumularlas (sin nombres de personas) en una base de datos de acceso restringido a gestores registrados (periódicos, asociaciones, investigadores) para que las investiguen.

—Lo mismo para denuncias de gasolineras sospechosas de vender gasolina robada o dar litros de menos.

—Crear una agencia para el seguimiento de los resultados de las denuncias.

—Crear un portal a donde puedan subirse fotos y videos de policías de tránsito recibiendo mordidas.

—Eliminar credenciales innecesarias: la de automovilista, que sólo sirve para extorsionar, así como la CURP y el proyecto de una cédula de identidad. La credencial de elector es suficiente y puede servir también como tarjeta de débito para que los bancos paguen los apoyos en efectivo del gobierno a los ancianos.

—Bufetes no gubernamentales de penalistas que revisen técnicamente las averiguaciones previas de cada agente del ministerio público federal y las sentencias de cada juez, para alertar sobre los ineptos o corruptos. Extender el análisis a los estados.

—Certificación extranjera (no contratada por la Secretaría de Gobernación) sobre las cárceles que funcionan sin corrupción.

—Bufetes no gubernamentales que perfilen demandas contra el incumplimiento de promesas públicas de candidatos y funcionarios.

—Que los notarios no puedan dar fe de transacciones cubiertas en efectivo. Y documenten los otros medios de pago en compraventas, contrataciones, aportaciones de capital, etcétera.

—Lanzar ruidosamente la celebración de un Día Sin Mordidas.

—Organizar concursos y debates entre estudiantes sobre cómo acabar con la corrupción.

—Agencias no gubernamentales que señalen discrepancias de las cifras oficiales (números, fechas, sustento, referencias) en informes, declaraciones y publicaciones.

—Suprimir la Secretaría de la Función Pública y pasar sus funciones de vigilancia a la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.

Afortunadamente, ahora abundan los mexicanos que quieren hacer algo para mejorar el país. Algunos entran a los partidos o el gobierno con ganas de contribuir, pero salen decepcionados de la grilla, los enjuagues, el desperdicio y la falta de seriedad con respecto a los objetivos. Se necesita estómago, tenacidad, maña y suerte para sacar adelante cosas que valgan la pena, a pesar de todo. Para muchos es preferible actuar como servicio público independiente: hacer algo por el país, fuera de la burocracia.

Primera regla práctica: no entrarle a todo. Especializarse en aquello para lo cual se tengan especiales ganas, especiales capacidades, especiales relaciones. Segunda: no duplicar. Sumarse o apoyar a un grupo que ya exista, si se dan (por ambas partes) la simpatía, afinidad, complementariedad. Tercera: no competir. Si se prefiere trabajar aparte, buscar un ángulo de servicio, zona de trabajo, horario, sector, modo de operación, que no se presten a rivalidades.

Nota bibliográfica

La primera versión de los capítulos de este libro fue publicada entre 1978 y 2019. Todos fueron reescritos, aunque dejando referencias a circunstancias que han cambiado.

Agradezco a Enrique Krauze la idea de integrarlo, así como la minuciosa revisión de Emmanuel Noyola. También las observaciones, en su momento, de otros amigos y editores: Armando Ayala Anguiano, Aurelio Asiain, Rogelio Carvajal, Adolfo Castañón, María de Lourdes Eguiluz, Fernando García Ramírez, Jaime García Terrés, Ramón Alberto Garza, Julio Hubard, Diego Mejía, Eduardo Mejía, Mónica Mireille Mendoza, Arnaldo Orfila Reynal, José Emilio Pacheco, Octavio Paz y Martí Soler.

En el caso de las revistas, las fechas de carátula son del mes siguiente a la publicación.

“Por una ciencia de la mordida”, Vuelta 18, mayo de 1978.

“La propiedad privada de las funciones públicas”, Vuelta 120, noviembre de 1986.

“La paz comprada”, Contenido 378, diciembre de 1994; Reforma y otros periódicos, 27 de noviembre de 1994.

“La república simulada”, Contenido 389, noviembre de 1995; Reforma y otros periódicos, 29 de octubre de 1995.

“La corrupción eliminable”, Contenido 400, octubre de 1996; Reforma y otros periódicos, 29 de septiembre de 1996.

“Impunidad y autonomía”, Contenido 429, marzo de 1999; Reforma y otros periódicos, 28 de febrero de 1999.

“El futuro de la corrupción”, Reforma, El Norte, Mural y Palabra, edición especial del primero de enero de 2000, por el nuevo milenio.

“El poder corrompe”, Contenido 472, octubre de 2002; Reforma y otros periódicos, 29 de septiembre de 2002.

“Poder y verdad”, leído por el embajador de México ante la ONU Adolfo Aguilar Zinser en el homenaje a Václav Havel el 27 de mayo de 2003. Versión abreviada en Contenido 671, mayo de 2019; Reforma y otros periódicos, 28 de abril de 2019.

“¿Qué se vayan todos?”, Contenido 495, septiembre de 2004; Reforma y otros periódicos, 29 de agosto de 2004.

“Familia y corrupción”, Contenido 506, agosto de 2005; Reforma y otros periódicos, 31 de julio de 2005.

“Corrupción en las alturas”, Contenido 520, octubre de 2006; Reforma y otros periódicos, 24 de septiembre de 2006.

“Impunidad declarativa”, Contenido 538, abril de 2008; Reforma y otros periódicos, 30 de marzo de 2008.

“Dinero mal habido”, Contenido 548, febrero de 2009; Reforma y otros periódicos, 25 de enero de 2009.

“Honestidad competitiva”, Contenido 549, marzo de 2009; Reforma y otros periódicos, 22 de febrero de 2009.

“Iniciativas contra la impunidad”, Contenido 555, septiembre de 2009; Reforma y otros periódicos, 30 de agosto de 2009.

“El jefe de los bandidos”, Contenido 567, septiembre de 2010; Reforma y otros periódicos, 29 de agosto de 2010.

“Mapas de la corrupción”, Contenido 597, marzo de 2013; Reforma y otros periódicos, 24 de febrero de 2013.

“Qué es la corrupción”, Contenido 611, mayo de 2014; Reforma y otros periódicos, 27 de abril de 2014.

“Tres de tres”, Contenido 634, abril de 2016; Reforma y otros periódicos, 27 de marzo de 2016.

“Anticorrupción”, Contenido 643, enero de 2017; Reforma y otros periódicos, 18 de diciembre de 2016.

“Un día sin mordidas”, Contenido 650, agosto de 2017; Reforma y otros periódicos, 30 de julio de 2017.

“Arbitrariedades”, Contenido 656, febrero de 2018; Reforma y otros periódicos, 28 de enero de 2018.

“Pagos transparentes”, Contenido 662, agosto de 2018; Reforma y otros periódicos, 29 de julio de 2018.

“Gasolina robada”, Contenido 669, marzo de 2019; Reforma y otros periódicos, 24 de febrero de 2019.

“Iniciativas contra la corrupción”, Contenido 670, abril de 2019; Reforma y otros periódicos, 31 de marzo de 2019.

Algunos están o estuvieron en otros libros:

El progreso improductivo, Siglo XXI, 1979. Debolsillo, 2009.

La economía presidencial, Vuelta, 1987. Debolsillo, 2011.

La nueva economía presidencial, Grijalbo, 1994.

Adiós al PRI, Océano, 1995.

Ensayos sobre el progreso, El Colegio Nacional, 2018.

Portada para sinopsisLa corrupción de los poderes públicos es una tradición universal y milenaria. En México, tuvo un papel histórico: apaciguar a los caudillos insurgentes del siglo XIX y revolucionarios del XX, entronizando al presidente como Supremo Dador.

La corrupción no fue una característica lamentable del llamado Sistema Político Mexicano: fue el Sistema Político Mexicano.

A pesar de lo cual, circulan explicaciones rudimentarias. Por ejemplo: que la corrupción está en los usos y costumbres del país como expresión de los genes de los mexicanos.

Este libro pretende superar el fatalismo, la moralina y el cinismo de tales explicaciones. Y acompaña el análisis con propuestas concretas.

De Gabriel Zaid hemos publicado casi todos sus libros, y en relación con éste La economía presidencial.

Gabriel Zaid nació en 1934 en Monterrey, Nuevo León. Ha publicado Reloj de sol, La poesía en la práctica, Leer poesía, Los demasiados libros, Cómo leer en bicicleta, El progreso improductivo, La economía presidencial, Empresarios oprimidos, De los libros al poder, El secreto de la fama, Dinero para la cultura, Cronología del progreso y Mil palabras.

El poder corrompe

Primera edición digital: septiembre, 2019

D. R. © 2019, Gabriel Zaid

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