Entre los tópicos acerca del origen de la guerra civil española ninguno hay más repetido, y menos fundamentado, que el que sostiene que todo comenzó como respuesta a la escalada revolucionaria que se produjo durante los meses que siguieron al triunfo electoral del Frente Popular, en febrero de 1936. Una escalada en que, según este tópico, asumen un papel principal las invasiones de tierras por parte de los campesinos extremeños. Este libro de Francisco Espinosa explora por primera vez de manera seria y documentada lo que sucedió en aquellos meses de 1936 y demuestra la falsedad de la pretendida escalada revolucionaria. En sus páginas recuperamos, en cambio, los proyectos y los trabajos de aquella primavera del Frente Popular en que la República parecía recuperar el pulso de la reforma, en contraste con la brutal represión posterior que se llevó por delante los seres humanos y sus esperanzas.

Francisco Espinosa Maestre

La primavera del Frente Popular

Los campesinos de Badajoz y el origen de la guerra civil (marzo-julio de 1936)

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Titivillus 24.02.2021

Título original: La primavera del Frente Popuolar

Francisco Espinosa Maestre, 2007

Prólogo: Antonio Miguel Bernal

Editor digital: Titivillus

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Prólogo

Prólogo

Al finalizar su lectura, puede que el lector llegue a preguntarse cómo un libro de esta naturaleza no se hubiese escrito antes. Su temática corresponde a una de esas cuestiones que, mal investigada y peor estudiada, se da sin embargo por sabida de antemano, de sobra conocida. Y, en principio, pudiera ser una hipótesis verosímil pues dada la ingente bibliografía que, durante tantos años, se ha publicado sobre la República y la Guerra Civil no parece comprensible que a estas alturas apenas haya habido estudios específicos del tema que nos ocupa. Como es sabido, entre una y otra efeméride, como apéndice o prolegómeno de las mismas, se decanta un período de tiempo mínimo aunque de reconocida intensidad histórica, de no más allá de unos cinco meses de duración, el que va de febrero a julio de 1936, o etapa del Frente Popular.

Una bien asentada tradición historiográfica ha prestado siempre, por lo general, una particular dedicación a esos períodos históricos minimalistas que, por su carga real o simbólica, acaban por convertirse en claves de referencia insustituible. Son períodos temporales que suelen recibir nombres diversos —etapa de transición, coyunturas, hecho fundacional, etc., según del acontecer de que se trate— aunque el que mejor les acomoda es el de crisis por reflejar a un tiempo la idea de continuidad y ruptura en el tiempo histórico. Suelen ser, por tal motivo, aconteceres privilegiados para los historiadores que escudriñan en él hasta los más nimios detalles rastreando elementos nuevos de análisis, que los piensan y repiensan desde la cambiante teoría histórica buscando hallar interpretaciones nuevas esclarecedoras. Son, en suma, sujetos históricos donde al converger, continuamente renovadas por la labor de la crítica, la realidad de la investigación empírica de los hechos con la teoría de la historia el pensamiento histórico entonces se hace, a su vez, creativo.

Los autores especializados en la República española, de 1931 a 1936, suelen despachar los cinco meses últimos de la misma como un apéndice indefinido. Para unos, unos meses donde cristaliza una trayectoria predefinida revolucionaria bajo la unión electoral de las izquierdas durante los cincos años republicanos, en consonancia con comportamientos similares a los que se esbozaban en otras zonas europeas bajo el signo del extremismo político y social; para otros, en cambio, una ruptura radical y el fracaso final del proyecto de república burguesa, a la europea, que al parecer era lo que se había intentado construir. Para quienes se ocupan de la Guerra Civil, los meses previos no fueron sino un mero prolegómeno prebélico, una dinámica presentida que de manera inexorable llevaba al conflicto armado: de ellos, para unos, como el signo de la revolución social que la República de abril frustró; para otros, en cambio, el pretexto de la represión. Pero si de los historiadores pasamos a la visión de los actores contemporáneos de los acontecimientos habidos de febrero a julio de 1936 las valoraciones, por simples y lineales, apenas variarían. Sólo desde la perspectiva de la guerra y sus implicaciones es como emerge con todas sus consecuencias el Frente Popular como acontecimiento singular, con connotaciones propias de los momentos que marcan una aceleración histórica que por su propia naturaleza terminan por caracterizar la historia de los pueblos que los protagonizan. Y, por ello, su estudio particularizado, sean cuales fueren los supuestos de partida, debe ser un compromiso ineludible de conocimiento y crítica históricas. Es lo que en este libro se hace desde dos premisas emblemáticas: reforma agraria y Extremadura.

A estas alturas está asumido el precio que la República hubo de pagar por una reforma agraria mal planteada y peor ejecutada. Tomado como uno de los banderines de enganche más simbólicos del republicanismo español desde el último tercio del siglo XIX, el reformismo agrario fue considerado una de las cuestiones arrastradas del pasado que el triunfo político republicano habría de resolver. Las raíces de esa aspiración arrancaban de lo más hondo de la historia del mundo rural español; en concreto desde la crisis del antiguo régimen cuando una parte importante del campesinado sintió cómo se le escamoteaba con los procesos desamortizadores algunas de las principales reivindicaciones históricas sobre la propiedad de la tierra a causa de los abusos por usurpaciones ejecutados por los poderosos sobre las tierras de propios, comunales y baldíos y que terminaron por engrosar señoríos nobiliarios y explotaciones latifundiarias de nueva formación burguesa. La historia de España está plagada de miles de procesos incoados ante las autoridades judiciales durante los siglos XVI al XVIII reclamando campesinos y jornaleros sobre los atropellos ejecutados contra la propiedad pública de la tierra.

Conocemos bien, en sus trazas de conjunto, lo que supuso aquella pugna en torno a la propiedad de la tierra, debatida en los momentos de crisis no sólo ante los tribunales de justicia sino por confrontaciones directas de campesinos y propietarios o bien a través de programas y actuaciones políticas de las primeras formaciones republicanas y demócratas que surgieron en España a lo largo del siglo XIX. Y cuando parecía que, bien que mal, aquella reforma agraria de corte liberal, estuviera consolidada, la grave crisis en la que se viera envuelta el sector agrícola español y europeo —por la bajada sostenida de los precios agrarios, los efectos de la modernización productivista, la mecanización, etc, con el consiguiente incremento del paro en las comunidades rurales campesinas y jornaleras— resurge con ímpetu la opción de un reformismo agrario, de corte social, como solución a la grave crisis de los años treinta en las regiones de exclusiva economía de base agraria. Las provincias latifundiarias del sur —andaluzas y extremeñas— fueron las más afectadas aunque de ellas, al menos en la historiografía, fueron las primeras las que atrajeron más la atención para su estudio.

Sobre las provincias de Extremadura quedó durante largo tiempo, como estudio en solitario, el trabajo incipiente que F. Bruguera dedicó al problema de la propiedad de la tierra y la conflictividad campesina, del que dio unos avances en su conocido estudio sobre la España contemporánea. El tratamiento en profundidad lo tenía reservado para la tesis doctoral en curso que, cuando exiliado de la Guerra Civil española en la que había intervenido me parece que como comisario político, llevaba a cabo en la Universidad de la Sorbona bajo la dirección del que fuera luego rector de la misma, el hispanista profesor Jean Sarrailh. Los manuscritos y notas del trabajo que quedaron inéditos e inconclusos por la prematura muerte del doctorando fueron entregados por su viuda, residente en Lyon, a otro hispanista francés interesado por los temas agrarios españoles, el profesor Pierre Ponsot quien, a su vez, me los transmitió a mí al decantarme yo en mis investigaciones iniciales sobre las cuestiones de la propiedad agraria de los siglos XIX y XX. De aquel material hice un uso muy limitado, señalando la autoría y procedencia, en el que fuera mi primer libro dedicado a la propiedad de la tierra y las luchas agrarias andaluzas que, bajo el impulso y patrocinio de Josep Fontana, publicó Ariel Quincenal en 1974. Siempre quedó en mí el deseo insatisfecho de abordar la cuestión agraria en la Extremadura del Sur por entender que los sucesos de aquellas tierras, junto con las andaluzas, constituían un cuerpo de acontecimientos esclarecedores para seguir las vicisitudes del quinquenio republicano y los posteriores acontecimientos desencadenados a raíz del golpe militar de julio de 1936. Muchos años después, gracias al conocimiento y relación con F. Espinosa pude ver realizadas aquellas imprecisas aspiraciones juveniles. Y a él fueron a parar las notas y comentarios de Bruguera que, aunque ya de muy limitado interés, servirían de eslabón perdido.

Nada más proclamada la República comenzó un complejo y burocrático proceso de reforma agraria que pronto exasperó a los más impacientes, con incidentes políticos de primera magnitud para la credibilidad del gobierno republicano como fuesen los sucesos de Casas Viejas, entre otros. En tierras extremeñas, pese al burocratismo al que la reforma agraria fue sometido, parecía que las decisiones constructivas tomaban cuerpo, al menos bajo la gestión del sevillano Giménez Fernández, ministro de la CEDA, que fue desautorizado por su propio partido en las actuaciones llevadas a cabo sobre los yunteros extremeños en cuanto eran medidas conciliadoras —pero a la vez constructivas y efectivas— de una reforma que estaba dilatándose en demasía. Tras el triunfo del Frente Popular, se invirtieron los términos reivindicativos de campesinos, yunteros y jornaleros: primero el hecho, luego el derecho, quebrando así tradición secular de acciones populares en pro de la recuperación de tierras comunales, baldías, dehesas de propios, etc. inadecuadamente usufructuadas o apropiadas por particulares gracias a mecanismos tan dispares como los que se engloban bajo la denominación de caciquismo. Y a continuación, la gran invasión de fincas que hubo de marcar los derroteros posteriores por los que discurriría la represión en tierras pacenses tras el triunfo del golpe militar de 1936.

Salvo referencias limitadas de escaso número de historiadores, el tema agrario en la provincia de Badajoz durante la República apenas había atraído la atención de los estudiosos; menos aún, para el corto pero intenso período de los meses del Frente Popular cuando los campesinos y jornaleros fueron protagonistas de unos sucesos sin parangón en otras regiones españolas. Una cuestión que es el punto de partida que dio origen a la investigación vertida en este libro. Aunque hay algo más, la etapa del Frente Popular, estudiada de manera singularizada, se analiza de manera interactiva en las dos direcciones posibles: respecto al reformismo republicano y en relación a la represión inmediata puesta en ejecución por los militares sublevados. A veces, los temas históricos por muy apremiantes que sean han de esperar al investigador adecuado para situarlos en la óptica inteligente para su estudio y comprensión. En este caso, con todos los pronunciamientos favorables en su haber como historiador —capacidad, competencia, dedicación—, lo ha sido el autor de este libro.

Francisco Espinosa, extremeño del sur, estudió Historia en la Universidad de Sevilla en una época en que las libertades políticas eran tan sólo presentidas, no efectivas. Años complejos en los que algunos jóvenes consideraron que había llegado ya la ocasión de adentrarse en los terrenos de la investigación histórica del pasado más reciente, la Guerra civil, en sus aspectos hasta entonces en la práctica desconocidos, más propio de especulaciones que de verdadera investigación histórica. Fue así como decide acometer el estudio de lo que fuera el 18 de julio en Sevilla bajo Queipo de Llano, las circunstancias concurrentes en el golpe militar puesto en marcha y las consecuencias represoras tras el inmediato triunfo del mismo en una provincia como Sevilla donde no hubo en puridad condiciones ni hechos de guerra civil. Con dicha investigación pretendía obtener el grado de licenciatura, objetivo que no pudo cumplir porque por aquel entonces la guerra civil, y mucho menos la represión subsiguiente, no estaban contempladas como líneas de investigación histórica. El proyecto académico quedó frustrado pero no, por suerte, la investigación que Paco Espinosa, tranquila y cachazudamente, llevó adelante siendo uno de los pioneros en adentrarse en los archivos militares y adiestrarse en el manejo de una documentación hasta entonces desconocida e ignorada por quienes, extranjeros o nacionales, se habían venido ocupando de los inicios de la sublevación militar. Por supuesto, al margen de la universidad y de la actividad académica formalizada. Vino a verme, en la confianza que yo pude haberle despertado en la etapa en que coincidimos en las aulas como profesor y alumno en la Facultad de Historia —donde tampoco llegué a impartir dicha disciplina y sí, en cambio, la de Geografía— con ánimo de que le tutelase la investigación. Mi Facultad de retorno a Sevilla, tras un largo paréntesis fuera de la ciudad, fue la de Economía donde ni la licenciatura adquiría el formato de tesina propio de las de Historia ni le estaba permitido graduarse en ella a persona que no hubiese cursado previamente los estudios de empresariales o economía. El proyecto académico, pues, quedaba en dique seco.

Pasado un tiempo, Espinosa vino a verme de nuevo acompañado de un presente editorial, que él mismo se había producido, dedicado al 18 de julio en Sevilla y a la justicia de Queipo. Fue un reencuentro fructífero pues desde entonces he tenido la oportunidad de seguir de cerca las investigaciones por él emprendidas y que, en algunos momentos, tuvieron para mí relevancia familiar. Sus estudios sobre la planificada y ejemplarizante represión llevada a cabo por los golpistas de julio de 1936 en Sevilla y en la provincia de Huelva le situaron pronto entre los historiadores que aportaban nuevo temple y estilo historiográfico para abordar un tema hasta entonces proscrito. Una dimensión de lo que esa investigación podría suponer quedó patente en el libro que el autor dedicara a La columna de la muerte, que fue precedente inmediato del que ahora comentamos cuyo manuscrito di a conocer a Josep Fontana requiriendo su ayuda para ser publicado en una editorial, Crítica, especializada en libros de historia y con profusa bibliografía sobre la guerra civil española.

Para entonces las circunstancias académicas sobre los estudios de Tercer Ciclo habían conocido importantes modificaciones y Francisco Espinosa pudo inscribirse, al fín, en el curso de doctorado que, de manera conjunta, durante algunos años impartimos, con sede en Antequera, profesores de historia económica e historia contemporánea de las universidades de Sevilla, Granada y Málaga. De ahí surgió la idea de retomar el tema de la cuestión agraria en Badajoz durante la etapa del Frente Popular y sus imbricaciones con la represión desencadenada en las zonas rurales afectadas por cuanto estuvieran implicados en la sublevación militar. Presentada la investigación como tesis doctoral, su autor obtuvo el Grado de Doctor con los máximos reconocimientos y se incorpora en calidad de profesor colaborador al área de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Sevilla. La excepcionalidad académica de un historiador de vocación y oficio había terminado.

Antonio-Miguel Bernal

18 de julio de 2007

Agradecimientos

Agradecimientos

En primer lugar debo señalar la generosa ayuda recibida de amigos y compañeros investigadores, caso de Juan Luis Cabezas, Juan Carlos Molano, Cayetano Ibarra, Antonio Fernández, Luis Pla, Teresa Ortega, Jesús Bornao, Dulce Simoes, José Ignacio Rodríguez Hermosell, Inmaculada Reyes, José Hinojosa, Felipe Lorenzana, Francisco Mateos Ascacibar, Antonio Pérez, Pilar Román, José Luis Gutiérrez Molina, Justo Vila, Fernando Maestre, Antonio Gálvez, José J. Rodríguez Carrasco, Manuel Lima, José Rodríguez Pérez, Luis Enrique Espinoza, Matilde Muro, Sergio Riesco, Severiano Delgado, Emilio Majuelo, Julio Villar, Alberto del Rey y Manuel Díaz Ordóñez. Unos me dieron información o pusieron a mi servicio sus conocimientos; otros me proporcionaron contactos y otros, documentos, libros o artículos de complicada localización. Todos, de una u otra manera, me allanaron el trabajo de investigación. José María Lama, Francisco Moreno Gómez y Paul Preston, además, leyeron pacientemente un primer borrador y realizaron valiosos comentarios.

En segundo lugar no quiero olvidar a los bibliotecarios y archiveros que me ayudaron a salvar los pequeños escollos que complican la vida del investigador y de los que en ocasiones recibí incluso más colaboración de la que en teoría debían darme. Me refiero, entre otros, a Benito García, encargado de la biblioteca pública de Villafranca de los Barros, y a María Luz García, directora del Archivo Histórico Provincial de Badajoz, que me proporcionó información útil y me dio todo tipo de facilidades para la consulta de microfilmes procedentes de otro archivo. Mención aparte merece Santiago González, sin el cual no hubiera podido consultar los fondos del Instituto de Reforma Agraria que se conservan en San Fernando de Henares y que, con su gran amabilidad y disposición, hizo para mí más llevadero el incómodo traslado del archivo situado en la Dirección General de Desarrollo Rural.

También me gustaría dejar constancia de la ayuda recibida por parte de las encargadas de los archivos municipales que visité. La mayor parte de ellas —la mayoría eran mujeres— se volcaron en facilitarme la tarea, lo que no es poca cosa dado el estado de buena parte de dichos archivos, que han sido censados y catalogados por la Junta de Extremadura en los últimos años, un trabajo necesario que urgía pero al que desgraciadamente no se ha dado garantía de continuidad mediante la creación de archiveros mancomunados.

Isabel Bernal y Juan Ogallar merecen un agradecimiento especial por el trabajo que se tomaron, una desde Washington y el otro desde Badajoz, para que no me faltara un número de El Obrero de la Tierra que por problemas de censura nunca llegó a la calle y que siempre ha sido complicado de encontrar.

También quiero agradecer su ayuda muy especialmente a Vicente Herrera, con quien contraje una deuda involuntaria desde mi trabajo anterior. Debo resaltar ahora, por si quedaba alguna duda, que fueron hombres como su padre, Vicente Herrera Díaz, secretario del Ayuntamiento de Alconchel y colaborador ocasional de El Obrero de la Tierra, los que hicieron posible que los Ayuntamientos cumplieran su principal cometido: representar los intereses de los vecinos. Pagaron caro su compromiso.

Finalmente debo mencionar que en origen este trabajo fue una tesis doctoral defendida en enero de 2007 en la Universidad de Sevilla y cuyo tribunal estuvo presidido por Josep Fontana y formado por los profesores Carlos Barciela, Ricardo Robledo, Antonio Parejo y José Ignacio Martínez Ruiz. Tampoco quiero olvidar a Antonio Florencio Puntas, tutor siempre solícito, y al director, Antonio Miguel Bernal, sin cuyo empuje y amistosa orientación este trabajo no existiría.

Lista de siglas

Lista de siglas

ADH | Archivo Diego Hidalgo (Madrid)
AHN | Archivo Histórico Nacional (Madrid)
AHNS | Archivo Histórico Nacional (Salamanca)
AIRA | Archivo del Instituto de Reforma Agraria
AM | Archivo Municipal
AMA | Archivo Municipal de Alange
AMAL | “ “  Alconchel
AMB | “ “  Barcarrota
AMBI | “ “  Bienvenida
AMBS | “ “  Bodonal de la Sierra
AMBC | “ “  Burguillos del Cerro
AMFC | “ “  Fuente de Cantos
AMF | “ “  Fuentes de León
AMG | “ “  La Garrovilla
AMH | “ “  Hornachos
AMJC | “ “  Jerez de los Caballeros
AMO | “ “  Olivenza
AMPC | “ “  Puebla de la Calzada
AMR | “ “  Reina
AMRF | “ “  Ribera del Fresno
AMSM | “ “  Santa Marta Barros
AMTMS | “ “  Torre de Miguel Sesmero
AMVL | “ “  Valverde de Llerena
AMVS | “ “  Valle de la Serena
AMVB | “ “  Villafranca de los Barros
AMVF | “ “  Villanueva del Fresno
AMZ | Archivo Municipal de Zafra
ATMTS | Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla
BIRA | Boletín del Instituto de Reforma Agraria
BOP | Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz
CG | Causa General
FETT | Federación Española de Trabajadores de la Tierra
FNTT | Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra
FPI | Fundación Pablo Iglesias
HMM | Hemeroteca Municipal de Madrid
HMS | Hemeroteca Municipal de Sevilla
INC | Instituto Nacional de Colonización
IRYDA | Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario
OT | El Obrero de la Tierra
PS | Documentación Político-Social
RPE | Registro de la Propiedad Expropiable
SPRA | Servicio Provincial de Recuperación Agrícola
SNREST    | Servicio Nacional de Reforma Económica y Social de la Tierra

Introducción

Introducción

PLANTEAMIENTO GENERAL

Son varias las interpretaciones que se han dado de la guerra civil de 1936-1939. Algunas de ellas se remontan a los inicios de la edad contemporánea y a las dificultades y problemas con los que se enfrentó España al intentar superar el Antiguo Régimen en el largo y convulso ciclo que ocuparía el primer tercio del siglo XIX. Los trabajos de Fontana y Artola son fundamentales para saber de dónde venimos y por qué fue tan difícil despegar. Sin duda hay líneas interpretativas que partiendo de ahí llegan hasta la guerra civil: la inacabable crisis política que atraviesa el siglo XIX y se adentra en el XX; la crisis económica que impidió a España estar en los momentos claves a la altura de los demás países europeos; la lucha entre laicismo y clericalismo; la siempre conflictiva integración en un ámbito común de las diferentes nacionalidades históricas; el peso excesivo a lo largo de tan prolongado ciclo —prueba de que algo iba mal— de instituciones tan poderosas como el Ejército y la Iglesia; en definitiva, la crisis de un Estado que tardó demasiado en modernizarse y que si se miran aspectos concretos del desarrollo de la Administración Pública como la Enseñanza o el Ejército se observa que todo se complicó más de lo deseable. La historiografía conservadora, que nunca tuvo gran aprecio por el siglo XIX, prefirió hablar de «la España de los problemas», destacando la crisis del 98, la crisis política, el problema regionalista, el problema religioso, la crisis socioeconómica, etc. Y todo ello con secuelas que llegan hasta nuestros días. Sin duda es más acertada la concisión con la que el historiador Ramón Carande definió nuestra historia: demasiados retrocesos.

Hay además otro problema, hoy un tanto apagado, al que no siempre se le ha dado la importancia que merece a la hora de explicar las causas de la guerra civil: la cuestión agraria. Por razones que luego se exponen, entrado ya el siglo XX, dicha cuestión jugaba un papel fundamental que no le correspondía. Y ello a pesar de que, tal como demostraron en su momento investigaciones tan valiosas como la de Santiago Zapata, el sector agrario de los años de la República poco tenía que ver con el de la crisis de fines del siglo XIX. Baste decir que en ese tiempo un millón de hectáreas (ha) de montes y dehesas fueron convertidas en tierras de labranza, de forma que la superficie agraria casi se duplicó (pasó de un 27,3 % a un 50,6 %).[1] No obstante, como ya apuntó Domingo Gallego, en tierras de poca emigración como la Extremadura de entonces, ese aumento de tierras productivas fue paralela al mantenimiento de una abundante mano de obra, creando un contexto peculiar, muy distinto al de las provincias del norte y del área mediterránea, contexto que permite afirmar que «el interior del sur se convierte en la gran reserva de mano de obra de la economía española»[2]. Lo cierto es que en torno a la tierra, clave en el mercado de trabajo, giraba el 90 % de los jornales y, por consiguiente, la mayor parte de los problemas políticos, económicos y sociales de la sociedad española, una sociedad fundamentalmente rural, mal estructurada y alejada de las castas políticas que coparon la vida política española en el medio siglo que va de la Restauración a la llegada de la República. Entre los problemas que se arrastraban del pasado ocupaba el primer lugar la cuestión agraria, estrechamente unida a la reforma agraria liberal realizada a lo largo del siglo XIX y que constituye un hilo conductor central para analizar nuestra historia contemporánea.

Y si alguna región de España encarnaba históricamente estos problemas era Extremadura —la vasta y triste Extremadura que reflejó Ilya Ehrenburg en 1931 en su España, República de Trabajadores— y especialmente Badajoz. De ahí que con la proclamación de la II República considerara llegada su hora y de ahí también la forma especialmente intensa con que se vivió en ella todo lo relativo a la Ley de Reforma Agraria. Las otras regiones marcadas por el problema de la tierra, como Andalucía, si exceptuamos el caso de Jaén o algunas zonas de Cádiz, prácticamente no conocieron la aplicación de aquella ley durante la República. Y de provincias castellanas como Salamanca, Ciudad Real, Toledo o Albacete cabe decir otro tanto. Desde luego, por poco o mucho que se hiciera, en ninguna provincia se aplicó la reforma en la medida en que se hizo en Badajoz, como demuestra el boletín del Instituto de Reforma Agraria. Está fuera de dudas que la provincia clave para el estudio de un proyecto republicano tan importante como fue el de la reforma agraria es Badajoz. Por varios motivos: porque es la provincia idónea para explicar la tensión histórica acumulada sobre la tierra, porque tuvo protagonismo especial durante la experiencia reformista republicana y porque, llegado el 18 de julio, conoció al mismo tiempo los efectos del fascismo agrario y la revolución campesina tan largamente soñada.

El franquismo fue siempre consciente de lo que había representado Extremadura en aquel trance histórico, igual que fue siempre consciente de los métodos empleados en Badajoz para acabar de cuajo con el problema y con la resistencia popular que encontró. Aún nos faltan datos pero, por lo que sabemos hasta ahora, se trata sin duda de una de las zonas donde la represión franquista fue más dura; quizá la que más. Posiblemente por eso el régimen franquista mostró siempre un profundo desprecio por la región, desprecio que llevó incluso a eliminar su nombre de los mapas y a convertirla en una especie de colonia interior proveedora de materias primas y de mano de obra. Todo ello la convirtió en una de las regiones más castigadas por la dictadura con consecuencias que llegan hasta nuestros días.

Precisamente, al preguntarnos qué sabemos en Badajoz de toda esta historia hay que decir que muy poco, pues para empezar la región no disfrutó de Universidad hasta ya entrados los años setenta y la división de Ciencias en Badajoz y Letras en Cáceres ha orientado más la investigación histórica hacia esta provincia que hacia la otra. No hay exageración alguna en decir que la historia de la II República en Badajoz está por conocer. Y lo poco que hay, si exceptuamos visiones generales como la Historia de Extremadura coordinada a mediados de los años ochenta por el profesor Ángel Rodríguez Sánchez desde la Unex, es historia local, como el magnífico trabajo de José María Lama sobre la República y la guerra civil en Zafra.

Badajoz plantea también otro aspecto importante, pues muestra de manera descarnada qué fue realmente eso que llamamos guerra civil. Como ya expuse en La columna de la muerte, en la zona de Badajoz que cae en poder de los golpistas en el verano de 1936 no hubo guerra civil alguna, sino un golpe militar que se impuso a sangre y fuego en cuestión de meses. Ese golpe militar tenía como uno de sus objetivos fundamentales acabar con la reforma agraria y sus protagonistas, especialmente los campesinos que creyeron en ella. Este trabajo insiste una vez más en que la guerra civil fue precedida por un golpe militar que duró el tiempo que las columnas africanas tardaron en llegar a las puertas de Madrid. Luego, el golpe, triunfante en media España, devino en guerra ante la resistencia de la otra media y ya con el apoyo nazi-fascista. Antes de que tal cosa ocurriera, de que la «guerra civil» ocupara todo el espacio, las tropas de Franco pasaron por Badajoz y dejaron claro en qué consistía su programa para la nueva España en marcha. En este caso sabemos el final pueblo a pueblo y casi nombre a nombre. Esto hace que la historia que se narra y las vicisitudes de sus protagonistas cobren un matiz especial. Saber cómo acabaron Nicolás de Pablo, Ricardo Zabalza o los hermanos de José Sosa Hormigo engrandece su lucha; saber que Margarita Nelken permaneció en Madrid en los terribles días de noviembre en que el ejército de Franco, el mismo que había masacrado las tierras extremeñas que ella tan bien conocía, la cercaba sin piedad nos hace más humana y comprensible su vehemencia por la mejora de las condiciones de vida de los humildes; saber el final de cientos de braceros y jornaleros eliminados pueblo a pueblo por el simple hecho de querer mejorar sus condiciones de vida dignifica su dura vida y nos permite atisbar la base de terror sobre la que se edificó el franquismo.

Finalmente, frente a toda una tendencia que ha intentado e intenta presentar la última fase de la República, el Frente Popular, como el negro túnel que conduce a la inevitable guerra civil, este trabajo pretende restablecer la entidad de esos meses como el camino que, en medio de un momento álgido de la lucha de clases, hubiera conducido a una nueva España, más al gusto de la mayoría, de no ser por quienes desde el mismo día de las elecciones actuaron para que tal posibilidad nunca existiera.

SOBRE LAS FUENTES

En otro orden de cosas, lo primero que habría que decir es que éste no es un trabajo sobre la historia de la reforma agraria de la II República en Badajoz. Por dos motivos: por los orígenes de la propia investigación y por los condicionamientos objetivos de dicho proyecto. Fue un trabajo anterior, La columna de la muerte (Crítica, 2003), el que condujo a éste. La gran matanza de campesinos que tuvo lugar en Badajoz al paso de las columnas franquistas y durante los meses y años posteriores llevaba inevitablemente como tema de fondo a la cuestión agraria y, sobre todo, a lo ocurrido en Badajoz entre febrero y julio de 1936, los meses del Frente Popular. Coincido plenamente con Ricardo Robledo y Luis Enrique Espinoza en que existen dos períodos claramente diferenciados en el desarrollo de la reforma agraria, cuya línea divisoria no sería otra que las elecciones de febrero de 1936 y que permiten hablar de «una Reforma Agraria distinta»[3]. Hacía falta pues investigar qué pasó realmente durante esos meses en una provincia como Badajoz, que se adelantó a los planes previstos en el programa de la coalición vencedora en las elecciones. Fue el 25 de marzo la fecha clave de ese proceso con la gran movilización campesina y la ocupación masiva de fincas. Naturalmente, este proceso abierto tras las elecciones de febrero de 1936 no se entiende sin el fiasco de la reforma agraria del primer bienio y sin los hechos que condujeron a la huelga campesina de junio de 1934 y a la posterior represión, cuyos efectos se prolongarían hasta el final del bienio negro. Era necesario pues hacer una larga introducción que hiciera comprensible lo ocurrido en los meses del Frente Popular y lo que vino después a partir del 18 de julio de 1936.

Al contrario que Cáceres y otras provincias españolas, Badajoz, salvo las excepciones que se mencionan a lo largo de la obra y en la bibliografía, no cuenta con una investigación completa sobre reforma agraria de la II República. Por asombroso que parezca, lo más cercano a ese papel lo siguen cumpliendo aún hoy los ya clásicos trabajos de Pascual Carrión, Los latifundios en España (Ariel, 1975) —inagotable fuente—, reedición del de 1932, y de Edward Malefakis, Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX (Ariel, 1971), que aún sigue siendo un trabajo de referencia. Otros datos importantes como los del Registro de la Propiedad Expropiable los conocemos, aunque no completos, por el trabajo de Francisca Rosique sobre La reforma agraria en Badajoz durante la II República (Diputación de Badajoz, 1988), muy desigual y que en modo alguno responde a lo que decía su subtítulo: la respuesta patronal. La utilidad del trabajo de Pascual Carrión por la riqueza de sus datos está fuera de toda duda, y la importancia del libro de Malefakis radica no sólo en constituir la investigación más minuciosa y profunda realizada sobre el asunto hasta la fecha sino por prestar atención especial al caso de Badajoz. Ya dijo el historiador Joaquín Romero Maura poco después de su publicación que casi nada se sabía de la reforma agraria de la II República hasta la obra de Malefakis, recibida como un acontecimiento historiográfico y a la que se reconocía el valor de su análisis y la claridad expositiva. Aunque tampoco está de más recordar a Manuel Tuñón de Lara cuando comentaba con agudeza —tiempo habrá de comprobarlo— que el análisis de Malefakis dominaba la cúspide pero no los niveles de base ni los intermedios[4]. Con todo, los trabajos de Carrión y Malefakis están muy presentes en la base y en el desarrollo de la introducción que constituye el primer apartado de este trabajo. Base enriquecida con la lectura de otros estudios y con documentación original procedente de diversos archivos.

En realidad la fuente primera y fundamental para el estudio de la reforma agraria republicana debería de ser el archivo del Instituto de Reforma Agraria (IRA) conservado en la Dirección General de Desarrollo Rural (antes IRYDA), pero existen varios impedimentos. El primero, la considerable dimensión de los fondos relativos a Badajoz: 165 (el 15 %) de las 1118 cajas que componen el archivo son relativas a Badajoz, la provincia que más documentación generó[5], y, unido a esto, las enormes dificultades que plantea su consulta dada su ubicación en las afueras de San Fernando de Henares y las peculiares características del archivo, situado en los hangares de la Escuela de Capacitación Agraria del Ministerio de Agricultura. En este sentido sería muy de agradecer, aunque sólo fuera por la conservación y correcta ordenación del archivo, y de paso por facilitar su consulta, que los fondos del IRA fuesen depositados en el Archivo Histórico Nacional, ya fuera en Madrid o en Salamanca (preferiblemente en esta última, que ya conserva importantes documentos del Instituto). Además, las catas realizadas siguiendo el catálogo que coordinó José Luis Martín en los años noventa permiten decir que, aunque es posible que aparezcan documentos sueltos en cualquier legajo —digamos que se hizo una catalogación de urgencia—, la riquísima documentación existente sobre cada finca no refleja el final del proceso, hecho que puede explicarse por la manera en que se actuó en los meses posteriores al golpe militar en las zonas ocupadas. Así las cosas, no hay exageración alguna en afirmar que utilizar los fondos del IRA en un trabajo de este tipo constituye en sí un hecho meritorio. Sin duda, estos factores deben de haber contribuido a que dicho fondo documental haya sido en general tan poco utilizado.

A los impedimentos mencionados hay que añadir otros condicionamientos no menos importantes. El primero, la desaparición del Archivo del Gobierno Civil de Badajoz, una carencia irremediable en general para el estudio de la República y muy especialmente para la etapa del Frente Popular. Los fondos de Gobernación del Archivo Histórico Nacional suplen muy parcialmente este problema por lo que se refiere a los primeros años republicanos, pero el grueso de la documentación se encuentra en Alcalá de Henares ordenada en centenares de cajas dentro de unos fondos que recogen documentación desde el siglo XIX hasta la guerra civil. De cada pueblo hay docenas de expedientes, pero en el instrumento de descripción no se detalla la fecha de cada uno, con lo cual buscar los del período 1931-1936 es como buscar una aguja en un pajar. No contamos pues con una documentación oficial que sería fundamental para el estudio de la etapa final de la República antes del golpe militar.

Tampoco disponemos de la prensa de izquierdas. Ni en Badajoz ni en Madrid. Con lo cual la visión de los meses del Frente Popular es la que obtenemos de periódicos como el Hoy, uno de esos periódicos católicos ferozmente antidemocráticos creados al calor de la crisis de 1933 y que no descansaría hasta ver arrasada la República burguesa, laica y reformista. Todos los intentos que he hecho para localizar ejemplares de Vanguardia, un periódico creado en 1931 por Diego Hidalgo que en años sucesivos se situaría más a la izquierda, o La Verdad Social, de carácter socialista y fundamental para el estudio de la conflictividad social en Badajoz, han fracasado; al igual que los realizados para encontrar prensa obrera local, de la que sólo ha sido posible localizar ejemplares sueltos o publicaciones facsímiles de algunas colecciones en manos de particulares. Lógicamente, el uso —he procurado que no fuera abuso— de Hoy sirve casi exclusivamente, lo que no es poco, para explicarnos las ideas y estrategias de la derecha católica y agraria extremeña en los meses finales de la República en Badajoz. La prensa además se ve afectada por otro problema: la censura, que, al amparo de la Ley de Defensa de la República de 21 de octubre de 1931, vigente hasta la aprobación de la Ley de Orden Público de 28 de julio de 1933, afecta precisamente a algunas de las historias que aquí se cuentan, caso de las ocupaciones de tierras de marzo del 36.

Una de las empresas más importantes acometidas en los últimos años por la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura ha sido la catalogación de todos los archivos municipales de la región, tarea que ha sido concluida recientemente. Aunque llega con cierto retraso, dado el grado de destrucción sufrido por el patrimonio documental municipal hasta no hace mucho, hay que alegrarse de su conclusión. El catálogo permite hacerse una idea del desastre. Especialmente en lo que concierne a la documentación relativa al período 1931-1945, hecho que se repite en otras provincias, caso de la vecina Huelva, y que permite pensar en un expurgo voluntario y certero de los «papeles de la República y de la guerra». Llama la atención la presencia constante de ciertos documentos a lo largo de los años —los relativos a quintas por ejemplo— y el agujero negro que se tragó el patrimonio documental republicano. El catálogo —titulado Censo de Archivos Municipales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, Junta de Extremadura, Consejería de Cultura y Patrimonio, Mérida, 1999 (5 tomos)— me ha permitido hacerme una idea de todo lo que había sobre tema agrario en la provincia de Badajoz y planificar las consultas aún ignorando el volumen y la importancia de la documentación. Como queda patente en el trabajo, aun en medio de un panorama desolador, ha habido alguna sorpresa grata tanto en la provincia como en ese gran archivo que es el de la Guerra Civil de Salamanca, que conserva algunos documentos de gran interés para el estudio de la Extremadura que pudo seguir siendo republicana tras el paso de las columnas golpistas. En este sentido, la documentación municipal, al darnos alguna información sobre el proceso de ocupaciones, complementa al IRA, que no entra en este asunto.

SOBRE LA INVESTIGACIÓN

La investigación tuvo como punto de partida la documentación ya acumulada para el estudio de la implantación del golpe militar del 18 de julio en Badajoz, básicamente la Causa General, los fondos político-sociales del archivo de Salamanca y los informes locales recogidos por la Auditoría de Guerra de la II División Orgánica (actual Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo). Era tan rico su contenido que movía a aprovecharlos. Y hay que señalar la paradoja de que unos documentos orientados exclusivamente a justificar el golpe militar y la represión puedan reflejar y servir para lo que sus autores nunca imaginaron. Me refiero a los formularios de la Causa General donde los afectados por el Frente Popular y los días rojos expusieron sus quejas; a la variopinta e inclasificable documentación acumulada en Salamanca, entre la que cabría destacar los informes locales y la correspondencia de personas muy significativas, caso de Margarita Nelken; y a los riquísimos fondos del Archivo Militar de Sevilla, que en aquel tiempo en que buena parte de Badajoz quedó descolgada de la primera región militar recogió lo que en ella se produjo en el terreno judicial-militar.

En segundo lugar, y aquí el trabajo se prolongó a lo largo de tres años, la investigación tuvo por objetivo primordial los archivos municipales. Ya se han indicado los problemas y las deficiencias, pero falta añadir el hallazgo que supuso encontrar los fondos completos de reforma agraria de Bodonal de la Sierra y Fuentes de León, hecho providencial que permite contemplar con detalle el proceso desde la reforma hasta la contrarrevolución. Otros archivos, como el de Zafra, Fuente de Cantos, Puebla de la Calzada, Reina, Valverde de Llerena o Torre de Miguel Sesmero permiten una visión de conjunto. No obstante, la clave está en los dos pueblos indicados, ya que por lo que sabemos la zona más conflictiva de la provincia fue precisamente el suroeste. Respecto a la zona oriental, dado el lamentable estado de sus archivos, ha sido también importante poder disponer de fondos documentales de Magacela, Malpartida, Quintana y Valle de la Serena. Otros archivos también aportaron alguna información de interés tanto sobre los pasos de la reforma a partir de febrero del 36 como sobre la actitud del IRA. Aparte de todos estos archivos que fueron útiles para la investigación, cuya relación completa puede verse al final del trabajo, visité también, sin resultado alguno pese a contar en los catálogos con entradas sobre cuestiones agrarias diversas, otros como los de Aceuchal, Almendralejo, Cheles, Fuente del Maestre, Higuera de la Serena, Higuera de Vargas, Hinojosa del Valle, Oliva de Mérida, Retamal de Llerena, Torremejía, Usagre, Valencia de las Torres, Villalba de los Barros y el de La Codosera, depositado como otros en la Diputación de Badajoz. Es decir, que en total visité unos cuarenta archivos municipales (una cuarta parte de los de la provincia).

Un archivo clave del que ya se han comentado sus problemas fue el del Instituto de Reforma Agraria. He obtenido de él información de gran interés, tanto de la etapa republicana como de los tiempos inmediatos posteriores al golpe militar y tiene por ello una presencia importante en esta investigación, pero reconozco que sólo me he asomado a ese inmenso y riquísimo fondo documental. Archivos menores más no por ellos menos importantes han sido la Fundación Pablo Iglesias, el Centro Cultural Santa Ana (Almendralejo) y el archivo de Diego Hidalgo. Cada uno de ellos ha aportado un personaje para este trabajo: Ricardo Zabalza, sin duda el principal dirigente de la FNTT y cuya influencia en Extremadura fue enorme; Luis Chorot, abogado y propietario que refleja bien la burguesía agraria extremeña a la que pertenecía; y Diego Hidalgo, abogado natural de Los Santos de Maimona, representante de su partido en cuestiones agrarias, ministro en el bienio negro y fiel exponente de lo que dio de sí el Partido Radical: su correspondencia con los amigos vale más que un tratado sobre el radicalismo. Aparte de esto, y en el apartado hemerográfico, habría también que mencionar los que he llamado «Papeles de Bruguera», una serie de apuntes, mapas y notas sobre el tema agrario, en ocasiones sumamente agudas, tomadas de la prensa francesa y española por F. G. Bruguera y que me fueron proporcionadas por Antonio Miguel Bernal.

En la bibliografía hay que distinguir varios niveles. Las obras cercanas al núcleo del tema tratado (Cobo Romero, López Martínez, López Ontiveros-Mata Olmo); las relacionadas con el 18 de julio y la contrarreforma agraria (Barciela, Sevilla-Guzmán, Sorní, etc.); las obras de referencia (Carrión, Malefakis, Tuñón, Brenan, Ballbé, el colectivo de Extremadura saqueada); las publicadas en aquellos años (Díaz de Entresotos, González Ortín, Hidalgo, Jiménez de Asúa, Romero Solano, Cabezas, Cerro, etc.); las memorias de protagonistas (Vidarte, Barquero, Pajuelo, Vallina, Zafra), algunas de ellas inéditas (Godoy, Mejías, Yerga); otras que complementan aspectos concretos de la investigación o que deben ser tenidas en cuenta por algún motivo; y las investigaciones de todo tipo sobre la experiencia republicana en Badajoz, que ocupan la mayor parte de la bibliografía. Aquí hay de todo, desde el trabajo de historia local que siempre guarda algún dato interesante (con pequeñas joyas como el de Rubio y Gómez Zafra sobre Almendralejo) hasta trabajos y artículos de gran interés (Lama, Molano, Hinojosa, Ibarra, Rodríguez Hermosell, Almoril, Rodríguez Carrasco, etc.). Entre ellos, por su relevancia para esta investigación, destacaría una obra peculiar y enteramente desconocida por tratarse de una tesis de licenciatura inconclusa de la Unex. Me refiero a «Reforma agraria y conflictividad campesina. Badajoz (1931-1936)», de Hortensia Méndez Mellado, un trabajo que ofrece un conjunto de materiales muy interesantes para el estudio de la reforma agraria y que en algunos aspectos, como las referencias de prensa sobre conflictividad social y laboral, ha sido utilizado casi como fuente de primer orden.

No obstante, debo decir que sobre el objeto del trabajo, la reforma agraria del Frente Popular, existe un vacío historiográfico casi absoluto, ya que muchos trabajos dedicados a los años republicanos, en consonancia con la historiografía franquista, que intentó borrarlos, no prestan atención alguna a los cinco meses posteriores a las elecciones de febrero por considerarlos una especie de tierra de nadie que conducía a la «inevitable guerra fratricida». Ejemplos de esto serían los trabajos, tan diferentes por otro lado, de Rosique y Biglino.

Dados, pues, los orígenes y las limitaciones expuestas, éste es un trabajo cuyo objetivo principal, que ocupa el segundo apartado, son las vicisitudes de la reforma agraria en los meses del Frente Popular y su final abrupto. Y ahí radica su novedad, en mostrar la singularidad de la experiencia republicana en Extremadura en aquel fugaz y preciso momento histórico. Matizaré más: ésta es una historia política de la reforma agraria en Badajoz durante los meses del Frente Popular. No entra en la historia económica de dicha reforma, lo que se tendrá que hacer empezando desde 1932 y a partir de los fondos del IRA. Y sin duda, dentro de la historia que se cuenta, hay un hito: la invasión de fincas del 25 de marzo de 1936, hecho al que se dedican numerosas páginas por creer que es importante y que hasta ahora no ha sido suficientemente tratado. Aparte de esto, la investigación intenta probar otras dos cuestiones que, si no nuevas, no se habían tratado hasta ahora en detalle: la estrecha relación entre la reforma agraria y la represión franquista (paralela a la contrarreforma agraria y cuya mezcla permite hablar de contrarrevolución), y, unido a lo anterior, el extendido fenómeno de las incautaciones salvajes de tierras, viviendas, animales, productos agrícolas y objetos de todo tipo, tema este que, dada su importancia y vigencia, en modo alguno hay que dar por cerrado.

En un primer momento el tercer bloque del trabajo, sirviéndome del conocimiento ya acumulado sobre la represión local en La columna de la muerte, trataba exclusivamente de mostrar el trasfondo agrario de la represión fascista. No obstante, resultaba tentador asomarse al otro lado del estable frente extremeño, a las vicisitudes de la reforma agraria en la parte de Badajoz que siguió bajo la República. El trabajo no hubiera quedado completo sin este apartado, pues si en un lado la reforma agraria se vio engullida por una verdadera contrarrevolución, en el otro, gracias al golpe militar, se entró por una vía revolucionaria que nunca hubiera sido permitida por el Gobierno de Manuel Azaña si la República hubiera seguido su curso.

Son pues tres bloques que creo que suponen, pese a las limitaciones y carencias, un acercamiento real a la Extremadura de los años 30. Me hubiera gustado contar para Badajoz, por citar sólo algunos, con las buenas investigaciones sobre historia agraria con que cuenta Cáceres tanto para el siglo XIX como para el XX, trabajos que remiten a historiadores como Fernando Sánchez Marroyo, Juan García Pérez o Sergio Riesco, o con los magníficos trabajos de Francisco Cobo para Jaén, López Ontiveros y Mata Olmo para Córdoba o Mario López para Granada. Igualmente, aunque he disfrutado siempre de la ayuda y colaboración de Ricardo Robledo y Luis Enrique Espinoza, me hubiera sido de gran utilidad tener sus conocimientos de historia agraria. Reconozco, por otra parte, que pese a la importancia que tuvo el problema de los yunteros en la provincia de Badajoz, y a pesar de aportar los datos de interés que se aportan, no resulta fácil profundizar en los espacios que separaban el mundo de los jornaleros del de los yunteros, arrendatarios y pequeños propietarios, por más que esté demostrada la importancia de estos últimos en varios partidos judiciales donde la tierra estaba más repartida. No obstante, hay que decir que la represión no hizo distingo alguno entre unos y otros campesinos. Sin embargo, el cuadro general resultante sí permite terminar con el esquema de una sociedad polarizada entre grandes propietarios y masas sin tierra. Resulta evidente que en algunas zonas habían surgido capas intermedias que son precisamente los que aportarán variedad de matices a hechos claves como las citas electorales, la vida municipal, la respuesta al golpe militar y el apoyo al nuevo orden impuesto por las armas. Sin la existencia de esos sectores no se entenderían bien en toda su complejidad algunos de estos hechos.

Ni que decir tiene que, como en cualquier investigación de este tipo, al final son tantas las cuestiones planteadas e investigadas como los interrogantes que van surgiendo al mismo tiempo. Temas que quedan abiertos, algunos de ellos de gran calado, como la particularidad del socialismo extremeño, tanto dentro de la estrategia general del PSOE de los años treinta como en relación con las muchas ideas asentadas que tenemos sobre la reforma agraria y las fuerzas que la promovieron en España; o incluso otro más delicado y complejo: la viabilidad y validez de la reforma emprendida, validez que en este trabajo no se pone en duda pero que sí ha sido criticada por algunos de quienes se han acercado al tema desde una óptica predominantemente económica.

Reconozco, finalmente, que uno de los libros que motivó en mí el deseo de investigar fue la lectura allá por los primeros años 70 de la ya referida obra de Edward Malefakis. La traducción de su título original era Reforma agraria y revolución campesina en España, título que pasó casi igual a la edición española. Sin embargo al publicarse en nuestro país perdió su significativo subtítulo: «Orígenes de la guerra civil». El subtítulo del presente trabajo: «Los campesinos de Badajoz y el origen de la guerra civil», además de delimitar claramente el objeto de esta investigación y por más que sus planteamientos y conclusiones sean diferentes cuando no opuestas, quiere ser un homenaje a aquella obra y a su autor.

1. Badajoz y la reforma agraria de la II República

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Badajoz y la reforma agraria de la II República

Las reformas agrarias no se han hecho con leyes ni con medidas parciales y democráticas; se han hecho por la fuerza y con sangre.

EDWARD MALEFAKIS

Los hombres que gobernaron la República española de 1931 a 1933 sabían lo que convenía emprender, aunque se equivocaron al pensar que podían realizarlo sin violencia.

JOSEP FONTANA

ANTECEDENTES

La reforma agraria de la II República supuso, en primera instancia, la revisión de la llamada, ya entonces[6], reforma agraria liberal, es decir, de todo el gran trasvase de propiedad conocido por desamortización que tuvo lugar a partir del siglo XVIII, primero con motivo de la guerra con Francia (1793-1795), y especialmente a lo largo del XIX, empezando con la llamada guerra de la Independencia (1808-1814), durante la que con el pretexto de atender a las necesidades surgidas, bienes comunes como los ejidos pasaron a manos privadas. Este proceso, que como sabemos tuvo motivos económicos y motivos políticos, afectó a tres sectores: el eclesiástico, el señorial y el municipal; y se desarrolló en varias fases: la de Mendizábal[7], en 1836, en pleno desmantelamiento del Antiguo Régimen tras la muerte de Fernando VII, y la de Madoz, en 1855, de consecuencias más profundas que la anterior y que se prolongó hasta finales de siglo. Sin gran fundamento, la desamortización de Mendizábal fue considerada como «eclesiástica» y la de Madoz como «civil». La segunda, la más problemática y de peores consecuencias, afectó especialmente a los bienes municipales y a los comunales, entre los que destacaban las numerosas dehesas de aprovechamiento común existentes en la provincia. Estamos hablando de un cambio de propiedades que afectó al 20 % del territorio nacional. Los datos del período 1836-1895 serían los siguientes:

Tasación
| N.º fincas | (en reales) | Remate | % nacional
Badajoz | 26 451 | 316 875 744 | 655 766 700 | 5,80
Cáceres | 15 640 | 244 410 931 | 471 732 917 | 4,17[8]

Sólo entre 1858 y 1867, momento álgido del proceso desamortizador, el 75 % de lo vendido en Badajoz y el 87 % de lo de Cáceres fueron bienes de propios; y de 5661 fincas vendidas, 5561 fueron rústicas y 100 urbanas. Y sólo en un año, 1858-1859 —y por más que haya que tomar con precaución estos datos—, hubo 4282 propietarios menos de los que pagaban una contribución territorial inferior a 50 reales y 26 más de los que pagaban 10 000 reales[9]. Según Juan García Pérez la desamortización en Extremadura supuso el trasvase a particulares de alrededor de un millón y medio de hectáreas[10]. En esos años, Badajoz, con el 7,5 % del total nacional, fue la provincia en que más bienes se vendieron. Afectó a casi todos sus municipios y fue uno de los procesos más importantes a escala provincial, produciendo más beneficios en la zona occidental que en la oriental. Miguel Ángel Naranjo Sanguino, que ha estudiado la primera gran fase de la desamortización en Badajoz, cree que la burguesía que organizó y se benefició de este proceso optó por un capitalismo de base agraria que resultaba rentable y seguro en base a la dehesa como unidad de producción. Aunque hubo gran número de pequeños y medianos compradores, se produjo una gran concentración tanto de la tierra como de la inversión en un reducido grupo de grandes compradores, que además se hicieron con tierras de gran valor a precios insignificantes. Este modo de integrarse en el mercado capitalista trajo, según el mismo autor, una serie de consecuencias negativas. Para empezar, la inversión hacia el sector agrario apartó a la región, en un momento clave, de un capitalismo industrial mucho más complejo y arriesgado a los ojos de los inversores. «La economía agraria extensiva escasamente productiva que dominó en Extremadura implicó un débil crecimiento demográfico que anuló buena parte de las expectativas de mercado que pudieran haber dinamizado el desarrollo regional», escribe Naranjo Sanguino[11].

Todo ello repercutirá muy negativamente en el mundo laboral, con esa masa humana jornalera —el rebaño hambriento ahora proletarizado y siempre forzado a trabajar por salarios de miseria— a la que se ha privado de todo sostén (la leña, caza y pasto que le proporcionaban los propios y comunes), que llegará inerme al siglo XX[12] y cuyas luchas han sido parcialmente estudiadas[13]. En medio millón de hombres cuantificó Vázquez Humasqué el número de braceros con que se encontró la República[14]. Así surgió la cuestión social[15]. Además, la desamortización, con el acicate que supuso para la inversión en personas ajenas a la provincia, consolidará el absentismo como una característica de la propiedad territorial en Extremadura. Y políticamente imposibilitará cualquier posible modernización, estancando a la región en un sistema caciquil que, parcheado una y otra vez, perdurará hasta la llegada de la República. En definitiva, caciquismo y «triunfo de la opción proteccionista que habría sancionado el estancamiento agrario español en el contexto internacional»[16]. O como ha escrito Juan García Pérez:

… se generó un régimen de propiedad caracterizado por el dominio absoluto del latifundismo, maduró un modelo de sociedad oligárquica de raíz aristocrática y profundamente desequilibrada, en la que nunca hizo acto de presencia una pujante burguesía comercial e industrial, y en perfecta consonancia con esa realidad socioeconómica fraguó un sistema de ideas y valores muy tradicional[17].

Todo este proceso, cuyo origen nos llevaría a la segunda etapa de la llamada Reconquista (siglos XI-XIII) y al papel al que la Mesta (organización que agrupaba a los grandes propietarios de ganado desde el siglo XIII) y el fenómeno de la trashumancia condenaron durante siglos a la región, tuvo su inicio a fines del siglo XVIII, se consolidó a lo largo del XIX y se verá coronado con la Ley Hipotecaria de 1861 y la aparición del Registro de la Propiedad, verdadero «epílogo de la revolución burguesa» según Robledo y Espinoza, para quienes su objetivo no era otro que «clarificar y asegurar los derechos de propiedad de la tierra, uno de los objetivos logrados sin duda de aquella revolución, la revolución de los propietarios», ya que tras las transformaciones de la revolución liberal «se hacía necesario un nuevo código de la propiedad territorial que respondiera cabalmente a los cambios producidos». «Santuario de la propiedad burguesa» lo llama Ricardo Robledo[18]. El carácter profundamente conservador de la Ley Hipotecaria fue captado de inmediato no ya por la propia burguesía que la había elaborado, sino muy especialmente por la nobleza, la otra gran beneficiada de la desamortización, que captó lo que suponía: una auténtica revalidación de sus viejos y más que dudosos títulos de propiedad[19]. Todo ello sin olvidar que, como ha escrito el profesor Fontana, «las reglas legales no son parte de un programa abstracto de transformación burguesa de la sociedad, sino estrategias que se acomodan a las necesidades de quienes las dictan…»[20]. Es lógico, pues, que el rechazo al proceso desamortizador lata en el apoyo que parte del campesinado prestó al carlismo y se convierta en la principal causa de protesta de un período clave del siglo XIX como fue el Sexenio Democrático (1868-1874), o que nada más proclamarse la I República en febrero de 1873 se produzcan invasiones de fincas y enfrentamientos con la Guardia Civil. El final, abrupto, vendrá con esa gran componenda que fue la Restauración.

El hecho de que, por lo que a la estructura de la propiedad respecta, se llegara hasta 1931 sin cambio sustancial en un sector como el agrario, del que dependía el 51 % de la población activa, muestra la cerrazón de los grupos privilegiados, opuestos sistemáticamente tanto a modificar su «lectura liberal de la propiedad y explotación de la tierra» como a cualquier amago de reforma fiscal que mermara sus beneficios. Ricardo Robledo recuerda en este sentido el frente patronal abierto a mediados de 1923 contra el Catastro, considerado una especie de «orgía desenfrenada de apetitos burocráticos», y todo para que prevaleciese la situación permanente de fraude fiscal que caracterizaba la propiedad territorial[21].

Para Llopis y Zapata, desde el final de la llamada guerra de la Independencia a comienzos del siglo XIX y hasta medidos de los años 30 del pasado siglo, Extremadura vivió una fase de crecimiento económico basada en un continuo incremento del suelo agrícola y la ampliación de la superficie agraria útil (conversión del bosque en dehesa). De hecho, la población extremeña creció más que la española. Pero sin embargo esto no llevó a un desarrollo industrial, debido entre otras razones a la escasa competitividad de los productos y a la endeblez del mercado regional; tampoco se redujeron las desigualdades económicas y sociales. Así, Extremadura llega al siglo XX, en plena era de la industrialización, apostando por un modelo de especialización agraria sin industria, lo que en la práctica suponía, como ya se ha indicado, su integración en los mercados nacionales e internacionales ofreciendo productos agrarios y materias primas y adquiriendo productos manufacturados. A la larga esto acarreó un enquistamiento de la estructura productiva, el mantenimiento de fuertes desigualdades en la distribución de la renta y de la riqueza, y una progresiva acumulación de tensiones en el mundo rural que sólo se haría visible primero con la llegada de la II República. La ruralización que trajo consigo la victoria franquista y el largo período autárquico permitieron subsistir durante unos años más al modelo de especialización agraria, que explotó finalmente en los 50 con la quiebra definitiva del sistema agrario dando comienzo el éxodo rural masivo[22].

UN INFORME PREMONITORIO: EDUARDO CERRO SÁNCHEZ-HERRERA[23]

En 1927, la revista del Centro de Estudios Extremeños publicó un artículo que, si nos sorprende aún hoy, por fuerza tuvo que llamar la atención entonces. Su título «Algunos datos sobre la vida de la provincia»; su autor, Eduardo Cerro[24]. El artículo fue elaborado tomando por base unos cuestionarios enviados a los 161 municipios que componían la provincia y que fueron contestados por 71. Estructurada la información —93 cuestionarios en total— por partidos judiciales, por más que dicha división fue considerada por el autor artificiosa, contó con información parcial de casi todos ellos salvo en el caso de Don Benito, el único de los quince partidos judiciales de Badajoz que no envió respuesta alguna. Cerro partía en su análisis de que el suelo de Badajoz, 22 500 kilómetros cuadrados con escasos accidentes orográficos y con alguna de las mejores tierras de España, no rendía la producción y riqueza que le correspondía, culpando de ello a que «no se cultiva y se cultiva mal». La proporción de tierra laborable en relación con la extensión de los partidos judiciales de los que se tenían datos era:

Alburquerque | ………………………… | 34,26 %
Almendralejo | ………………………… | 77,44 % |
Castuera | ………………………… | 51,78 %
Fregenal de la Sierra | ………………………… | 76,68 %
Fuente de Cantos | ………………………… | 75,79 %
Jerez de los Caballeros  | ………………………… | 34,87 %
Mérida | ………………………… | 75,91 %
Olivenza | ………………………… | 52,96 %
Puebla de Alcoce | ………………………… | 53,68 %
Zafra | ………………………… | 85,26 %

La media provincial resultante era de un 61,86 %. Sólo siete pueblos de la provincia disponían de un término municipal laborable en su totalidad. Para Cerro esto suponía «una incalculable cantidad de riqueza que no se produce y que, además, no puede utilizarse como capital para engendrar otra nueva». A esto se añadía —y aquí se citaba a «ese español insigne que se llama Julio Senador Gómez»— el hecho de que no se cultivaba bien, con técnicas modernas, repercutiendo negativamente en la economía regional. En tan temprana fecha, Eduardo Cerro ya advirtió sobre algo importante: que el atraso de los sistemas de cultivo no obedecía exclusivamente a la estructura latifundista de la propiedad. Los datos con que contaba le indicaban que la gran propiedad podía representar un problema en los partidos judiciales de Fuente de Cantos, Olivenza o Jerez de los Caballeros, pero que no lo era en los de Almendralejo, Mérida y Zafra. Los cuestionarios también evidenciaron el problema del absentismo: la mayor parte de los grandes propietarios ni eran vecinos ni vivían en Badajoz, por lo que Cerro concluía: «La mayor parte de la riqueza que produce Extremadura se consume fuera, generalmente en el ocio de la corte». Estos grandes propietarios absentistas poseían:

Almendralejo | ………………………… | 47,71 %
Castuera | ………………………… | 43,88 %
Fregenal de la Sierra  | ………………………… | 56,01 %
Fuente de Cantos | ………………………… | 49,01 %
Llerena | ………………………… | 44,22 %
Mérida | ………………………… | 38,75 %
Olivenza | ………………………… | 49,49 %
Puebla de Alcocer | ………………………… | 68,18 %
Zafra | ………………………… | 29,91 %

La proporción en partidos como Jerez de los Caballeros o Alburquerque, de los que no se contaba con datos, podía ser mayor incluso. En cualquier caso las cifras ya eran alarmantes: casi la mitad de las tierras de la provincia, cultivadas o no, se hallaban en manos de grandes propietarios que no residían en ella. La otra cara de la moneda eran los vecinos que carecían de propiedad alguna:

Alburquerque | ………………………… | 68,81 %
Almendralejo | ………………………… | 40,70 %
Castuera | ………………………… | 43,15 %
Fregenal de la Sierra | ………………………… | 45,33 %
Fuente de Cantos | ………………………… | 39,83 %
Jerez de los Caballeros  | ………………………… | 79,78 %
Llerena | ………………………… | 36,54 %
Mérida | ………………………… | 20,50 %
Olivenza | ………………………… | 63,27 %
Puebla de Alcocer | ………………………… | 22,74 %
Zafra | ………………………… | 48,40 %

Entre los pueblos en que todos los vecinos poseían algo, Cerro destacaba el caso de Villanueva del Fresno, en el que todos, por el hecho de ser vecinos, tenían derecho al uso común de ciertas tierras. El panorama era desolador: el 46 % de los vecinos de los pueblos de Badajoz, obligados a vivir de la tierra ante la inexistencia de cualquier otra opción, carecían de tierra alguna. Si a la concentración de la propiedad en pocas y lejanas manos unimos los defectos y carencias del sistema de cultivo y la existencia de miles de trabajadores agrícolas sin medio alguno de vida, unos por carecer de él, caso de los jornaleros, y otros, los yunteros, por depender totalmente de los propietarios, nos encontramos ante una gravísima situación que fue a peor con el paso del tiempo y a la que cada vez resultaba más complicado poner solución. Eduardo Cerro proponía, siguiendo algunas de las opiniones recibidas en la elaboración del informe, nada menos que «la expropiación forzosa de los terrenos que no se cultivan, siempre que el expropiante sea un núcleo u organismo social». A esta expropiación la calificaba como «la que tiene más aceptación en el mercado de las ideas». Cerro observaba, no obstante, y remitía a Joaquín Costa y a El colectivismo agrario en España, que la mera expropiación y reparto entre los que nada tenían de poco serviría si no iban enmarcadas dentro de una política social más amplia. Experiencias similares mostraban que las parcelas acababan adquiridas a bajo precio y concentradas en pocas manos. Y añadía: «Bien cerca, en el espacio, están los repartos de La Corchuela en Badajoz y el que se hizo en Alburquerque; hubo vecino que vendió su propiedad por un jarro de vino».

La expropiación y reparto —reflexionaba Eduardo Cerro anticipándose a problemas que pronto habrían de llegar— tenían que ir parejos a una política de crédito agrícola. Respecto a la desproporción entre propietarios y no propietarios, Cerro pensaba que podría «contrarrestarse en parte con un buen sistema de arrendamientos», y no los de carácter anual típicos de la aparcería o los de un máximo de seis años que predominaban en la agricultura extremeña. En los partidos de Alburquerque, Almendralejo, Llerena, Puebla de Alcocer y Zafra se cobraba la renta en especie, teniendo que ser en los tres últimos proporcional a la producción. En otros partidos predominaba el pago en metálico. Según Cerro, el problema de los subarriendos, salvo en el partido de Herrera del Duque, no existía en Extremadura.

Como consecuencia de la situación descrita, que no es otra que la que se asocia al latifundio, el informe destacaba el problema del trabajo infantil. Muchos niños eran dedicados habitualmente al cuidado del ganado. Los cuestionarios mostraban que la edad media en que los niños pasaban a estas tareas era de doce años en los partidos de Alburquerque, Almendralejo, Llerena, Mérida, Zafra y Fuente de Cantos; entre diez y once en Castuera y Olivenza, y menos de diez en Jerez de los Caballeros, Puebla de Alcocer y Herrera del Duque. Las consecuencias sobre su formación física, moral y cultural eran previsibles. Añadía: «Son letra muerta las leyes protectoras de la infancia —esas leyes admirables de España, que protegen al niño desde que se encuentra en el claustro materno—…». En estrecha relación con este problema estaba «la total carencia de centros de cultura» y, en contraposición, la abundancia de tabernas: «Todos los informantes hablan con espanto del exceso de tabernas que hay por todas partes». Sólo algunos pueblos de los partidos de Llerena y Mérida se libraban de esta lacra. Para Cerro la situación cultural de los pueblos ofrecía un espectáculo lamentable: los cuestionarios reflejaban que sólo había ateneos en Fregenal, Almendralejo y Llerena. Aparte de esto, en Segura de León existía una sociedad que ofrecía clases nocturnas a los obreros; otra para la enseñanza de la música en Calera de León y el liceo de Mérida. El resto eran casinos de los que sólo 16 contaban con una pequeña biblioteca. El reconocimiento de esta grave situación constituía para el autor el punto de partida para una necesaria y futura actuación que mejorara los sistemas de cultivo, las condiciones de trabajo y el bienestar económico y cultural.

Éste era el informe de Eduardo Cerro, fechado en julio de 1927. Fecha y contenido conducen inevitablemente a otro informe del momento: el que el periodista Luis Bello elaboró para el diario El Sol sobre las escuelas de España en 1926, publicado primero en forma de artículos a lo largo de ese año y compilado en un libro en 1927[25]. En el caso de Badajoz, Bello pasó por la capital, por Don Benito, Medellín, Olivenza, Talavera, Solana, Almendralejo, Llerena, Azuaga, Higuera de Llerena, Hornachos, Ribera, Villafranca, Mérida, Alburquerque, Jerez de los Caballeros y Fregenal. Aunque su objetivo era el estado de las escuelas, el periodista no pudo evitar —era imposible sustraerse— aludir al problema de la tierra. Así, en el mismo prólogo, escribió:

La tierra. Y aquí empieza una observación común a todos los viajeros de todas las épocas. Extremadura es la región donde la tierra está peor repartida, donde los pobres tienen menos y los ricos tienen más. Una enorme población de jornaleros y una lista brevísima de grandes propietarios. Descampados. Desiertos. Pero desiertos en tierra fértil. El conquistador —o dicho en lenguaje contemporáneo: el propietario— ha llegado en la extensión de su propiedad tan lejos como le consintió la blandura de la casta dominada. Este gran problema, el primero de Extremadura, harto más complicado y difícil que el de la enseñanza, merecerá serios estudios y honda preocupación. Tardará mucho tiempo en resolverlo. Extremadura gastará mucha fuerza antes de lograr la conquista de su propia tierra.

No faltan en el libro comentarios sobre la realidad social: «A largas temporadas es necesario llegar al repartimiento de los trabajadores entre los hacendados, y, según éstos, siempre se atiende a los más pobres, de modo que en Don Benito nadie se acuesta sin comer». Otro ejemplo, relativo a Jerez de los Caballeros y en alusión a los cuatrocientos o quinientos braceros que aguardan cada temporada que alguien los contrate en la plaza, decía:

Los mismos propietarios se inquietan porque no son inconscientes e irresponsables, como los críticos. La situación es ésta: temporadas enteras, casi siempre de octubre a marzo, los patronos y el Ayuntamiento tienen que sostener, por repartimientos, a esos cuatro o cinco centenares de jornaleros parados. Jerez de los Caballeros comprende 74 000 hectáreas en 365 dehesas. Las dos terceras partes son de hacendados forasteros: Fernán-Núñez, Tamames, Alba, Santoña, conde de la Puebla… De todos ellos, sólo sé que ayuda a la difícil situación del Concejo el conde de la Puebla. Día por día, en esas jornadas de invierno, el Ayuntamiento socorre a cada obrero con once reales en la plaza y tres pesetas en el campo. Le da trabajo —claro es—, pero el hombre sabe muy bien que no es lo mismo trabajar por un jornal que trabajar por un socorro. La peonada es floja. Fuman, charlan, divagan; entretienen el tiempo. Si alguien les reprende no se molestan ni se inmutan. Se ríen. «¿Trabajar? ¿Pa qué? ¡Yo soy de oropía! —Es de “obra pía”». La caridad no debe exigir a cambio ningún esfuerzo[26].

El alcalde de Jerez, Francisco Pérez de Guzmán, confiesa a Bello —en 1926— que «es indispensable hacer algo». Según el proyecto de la Junta de Acción Social Agraria entre el Ayuntamiento y el Estado, piensan comprar mil fanegas y dar seis u ocho a los más necesitados. Así, piensa el alcalde, se crearán cien propietarios más. A Luis Bello le parece insuficiente e injusto.

Aparte del informe de Cerro y los artículos de Bello, importantes por su contenido crítico y por el momento en que aparecen, y sin olvidar el trabajo de Polo Benito, un católico con conciencia social, sobre los problemas del campo extremeño[27], una obra de 1919 fruto sin duda del fracaso de la Ley de Colonización y Repoblación de 1907 y de la crisis abierta en el año clave de 1917, hay otra fuente —ésta ya fruto del nuevo régimen republicano— mucho más contundente y definitiva que las anteriores y que en nuestra exposición será tenida muy en cuenta. Se trata del trabajo ya clásico del ingeniero agrónomo y catedrático —llegó a ser secretario de la Junta Central de Reforma Agraria— Pascual Carrión, Los latifundios en España, publicado por primera vez en 1932 y que, con todas sus limitaciones, sigue constituyendo una fuente inagotable de información básica sobre la situación agraria con la que España llegó a 1931[28].

EL BIENIO REFORMISTA (1931-1933)

Cuantos conocen algo de la economía española saben que la explotación lucrativa de las grandes fincas rurales se basaba en los jornales mínimos y en el paro periódico durante cuatro o cinco meses del año, en los cuales el bracero campesino no trabaja ni come. Con socialistas o sin socialistas, ningún régimen que atienda al deber de procurar a sus súbditos unas condiciones de vida medianamente humanas, podía dejar las cosas en la situación en que las halló la República.

MANUEL AZAÑA, en

Causas de la guerra de España

Mi acompañante me contó la siguiente anécdota: —A este cortijo llegó un día el viejo Maura. El dueño de la finca se jactó de tener las mejores instalaciones del país. «Aquí duermen los puercos», «Aquí paren las puercas» —decía el terrateniente—. Todo estaba limpio, claro, reluciente. Y llegaron a una cuadra inmunda, alfombrada de paja y sacos viejos. «¿Qué es esto?» —preguntó Don Antonio Maura—. «Éste es el lugar donde duermen los gañanes» —le respondió el dueño de la finca—. Y entonces Maura le dio este aviso, a modo de consejo: «Pues… procure usted que no despierten».

ALFONSO R. CASTELAO, en

Siempre en Galicia[29]

Tiempo de reformas

Como se ha indicado, si en algo estaban de acuerdo todos los grupos políticos al comienzo de la II República era en la necesidad de una reforma agraria que diese solución a algunos problemas heredados del pasado y sacase de su mísera situación al campesinado. Algunos, sin embargo, han hablado de apariencia de consenso pensando en cuatro razones: el desinterés casi general de la izquierda por las cuestiones agrarias, la escasa representación de la gran propiedad en la primera legislatura republicana, la ausencia del movimiento anarcosindicalista de los foros políticos pese a su gran influencia en el mundo rural y el desconocimiento de la realidad sobre la que se pretendía actuar[30]. España era un país donde el 42 % del líquido imponible correspondía al 0,97 % de los propietarios, y donde el 33 % de la superficie catastrada estaba constituida por propiedades de más de 250 ha. En resumen, en España había 12 000 o 13 000 grandes propietarios, otros 72 000 importantes y 1 500 000 de medianos y pequeños propietarios, más 500 000 de arrendatarios y aparceros y 1 900 000 obreros agrícolas. De ahí el compromiso del gobierno provisional en afrontar esta reforma desde su primera declaración de principios, aunque todo ello, eso sí, en términos vagos y dando siempre por sentado el máximo respeto a la propiedad privada para no provocar a los propietarios. En el consejo de ministros del 21 de abril los partidos llegaron a un primer acuerdo sobre la reforma agraria. Se trataba de una serie de reformas parciales de aplicación inmediata en las que tuvo gran influencia el Partido Socialista, el único que había elaborado un programa agrario.

De los grupos de normas promulgadas entre el 28 de abril y el 14 de julio, fecha de apertura de las Cortes, dos se referían a los campesinos arrendatarios y cuatro a los jornaleros[31]. Así, con la idea de evitar una oleada de rescisiones de contratos por parte de la propiedad si la reforma afectaba a las tierras arrendadas, se prohibió la expulsión de los pequeños arrendatarios salvo si desatendían el cultivo o dejaban de pagar el canon de arrendamiento; también se concedió a los arrendatarios, en caso de abandonar voluntariamente las tierras, el derecho a cobrar las mejoras efectuadas. Otras normas sobre arrendamientos iban dirigidas contra el subarriendo, dando prioridad en el arriendo de grandes fincas a las sociedades y organizaciones obreras frente a los particulares[32]. En cuanto a los jornaleros, un decreto del 1 de julio estableció la jornada de ocho horas para el campo. También se crearon entonces unos jurados mixtos para el campo con el objeto de supervisar el cumplimiento de la nueva legislación laboral. Todas estas medidas fueron en principio bien aceptadas incluso por la derecha y la prensa católica hasta que comenzaron a verse sus verdaderas consecuencias. Otro de los decretos, quizá el más conflictivo, fue el de términos municipales del 28 de abril, que impedía contratar trabajadores fuera de cada término municipal.

Por lo pronto, al introducir las horas extraordinarias, el primero de los decretos acarreó una subida inmediata de salarios. Y el último representó fundamentalmente una medida efectiva contra el paro en la mayor parte de los pueblos del sur, salvo en los muchos casos en que no existía correspondencia entre población y término[33], al evitar la contratación de obreros forasteros o de inmigrantes portugueses. Y sobre todo privó a los propietarios del recurso tradicional de romper huelgas e imponer los salarios contratando mano de obra forastera. Al mismo tiempo resultó fatal para algunas zonas y situaciones, caso de la gente que vivía en poblados cercanos a las grandes villas agrícolas o los campesinos de la montaña que dependían del llano para subsistir. Vázquez Humasqué reconoció en 1940 que este decreto «originó gran trastorno a la agricultura, porque las masas campesinas lo utilizaron como arma política en forma extremada. Y se desataron un poco los egoísmos desalojando a muchos camaradas porque eran de distinto término municipal…»[34]. Aún más importante fue el decreto del 7 de mayo sobre laboreo forzoso, cuyo objetivo era impedir que los propietarios saboteasen las reformas dejando sin cultivar las tierras. Para ello se les amenazó con cederlas a otros si no continuaban cultivándolas de acuerdo con «los usos y costumbres». El control debería quedar en manos de unos consejos municipales estrechamente relacionados con las organizaciones obreras locales, muy mal vistos, como era previsible, por los propietarios. Pero lo cierto es que en la práctica ninguno de estos decretos se aplicó drásticamente: unos fueron matizados por normas adicionales y otros sólo se pudieron aplicar a ciertas tierras y con el visto bueno de los técnicos. También hubo propietarios que se negaron a abonar las horas extraordinarias. Conviene señalar que ninguno de estos decretos fueron hechos desde el Ministerio de Agricultura sino desde el de Trabajo.

En general hay que reconocer que los decretos agrarios del gobierno provisional supusieron un cambio muy notable en el mundo rural, cambio que benefició al proletariado rural. De hecho, la evolución posterior del proyecto de reforma agraria los convirtió en auténticos hitos de lo que supuso la llegada de la República. Jacques Maurice afirma —creo que acertadamente— que «los decretos de Largo Caballero anticipaban la reforma en una perspectiva amenazadora para el régimen de propiedad privada (y su motor: el beneficio)»[35]. De ahí que a algunos les preocuparan más los decretos que el proyecto de reforma agraria. Prueba del éxito y del impacto de esta política, entre junio de 1930 y junio de 1932, fue la FNTT (Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra), fundada tras la caída de Primo en abril de 1930 por decisión de la UGT, que pasó de 36 639 a 392 953 afiliados, distribuidos en 2541 comités locales, y su periódico, el semanario El Obrero de la Tierra (OT), pasó de 10 000 a 21 400 ejemplares desde el 16 de enero de 1932, en que apareció, a junio de ese mismo año. Como muestra de su actividad, bastará con decir que entre abril del 30 y junio del 32 la FNTT participó en un mínimo de 925 huelgas. El 40 % de los seguidores del sindicato campesino, la primera organización campesina con poder de alcance nacional, eran de la UGT. En Badajoz, donde mostraron su fuerza con motivo de la oleada de invasiones de fincas de octubre de 1932 y enero de 1933 —en febrero del 32 sumaban 39 secciones con 15 518 afiliados— contaban en junio de 1932 con 110 secciones y 36 673 afiliados[36]. El delegado regional era Manuel Márquez Sánchez, de Oliva de la Frontera; otros personajes relevantes serán Luis González Barriga y Antonio Sendrás, altos cargos del Sindicato de Agricultores de Badajoz[37].

Sin embargo, pese a las reformas acometidas, el problema del paro en Badajoz siguió existiendo: 80 000 parados en julio de 1931[38]. Había condicionantes externos, como la crisis mundial, e internos, de complicado manejo. Abandonado el sistema tradicional de alojamientos, por decreto de 18 de julio de 1931 se creó un impuesto local para alimentar a los parados, lo que no evitó el terrible espectáculo de grupos de parados pidiendo limosna por las calles de los pueblos extremeños. También se concedieron ciertas subvenciones especiales a los pueblos para los desocupados y se anunció un proyecto de obras públicas de tres años de duración para Andalucía y Extremadura. El Estado se inhibía de este problema y delegaba en la sociedad. Tenía razón Malefakis cuando afirmaba que la ortodoxia fiscal del gobierno provisional estaba en contradicción con la osada legislación social que se pretendía introducir[39]. Por otra parte, muy pronto, pasado el fulgor del 14 de abril y tras las revueltas de mayo, la derecha se mostró mucho más dura con las reformas. Ya a partir de julio las organizaciones patronales hablaron de haber sido colocadas «a disposición de las organizaciones obreras» o de encontrarse en situación de «indefensión parlamentaria»[40]. Además, la propia evolución política fue dando color y matices a la llamada «coalición de San Sebastián».

Las contradicciones internas y la falta de acuerdos básicos dieron al traste con las diferentes propuestas. Primero cayó la de la Comisión Técnica, presidida por Felipe Sánchez Román y que había contado con presencias tan notorias como las del agrónomo Pascual Carrión y el economista Antonio Flores de Lemus[41]. Pese a la aparente simpleza del proyecto —básicamente consistía en entregar a los campesinos tierras «sobrantes» sin necesidad de expropiación y, por tanto, sin indemnización, sino sólo una renta—, los propietarios se expresaron a través de la recién creada Agrupación Nacional de Propietarios de Fincas Rústicas, viendo en dicho proyecto una agresión a la propiedad y el camino hacia el socialismo y hacia la destrucción de la economía nacional, que para ellos vendría a ser lo mismo. El presidente de la asociación patronal Unión Económica llegó a decir que la reforma agraria subvertía «los principios de la economía privada, base de la civilización»[42].

La derecha, a través de la minoría agraria, criticó especialmente la decisión de ocupar parcelas de todas las grandes fincas y no sólo de las mal cultivadas. Radicales, líderes republicanos y socialistas, por diferentes motivos, también la criticaron. Uno de los representantes extremeños de la Agrupación, el monárquico Luis Chorot, abogado y propietario de Montijo, realizó una verdadera campaña, tan verdadera como infructuosa, entre los políticos republicanos que conocía (Ángel Ossorio, Bernardo Giner de los Ríos, Gustavo Pittaluga, Dimas Madariaga, Antonio de la Villa, etc.) para que el proyecto agrario fuese modificado sustancialmente. Pedía la abolición del sistema de alojados, la libertad de contratación y el respeto y fomento de la propiedad individual («El propietario que no sabe hasta dónde llegan las lindes de lo suyo no trabaja nunca con fe y con provecho»[43]). El caso es que la ponencia de la Comisión fue derrotada, creándose a continuación una nueva comisión, ésta de carácter ministerial y presidida por el propio Alcalá Zamora, que debía redactar un nuevo proyecto. Todo esto coincidió con la huelga general de julio de 1931 en Sevilla, en la que, mostrando por primera vez el viejo concepto de «orden público» en que se movía el nuevo régimen republicano, grupos de cívicos al amparo del Gobierno Civil aplicaron la ley de fugas a cuatro personas en el Parque de María Luisa y fuerzas militares bombardearon la Casa Cornelio, un local frecuentado por los izquierdistas sevillanos en el barrio de La Macarena, con el visto bueno del gobernador militar y del ministro Maura[44].

El proyecto de Alcalá Zamora, más moderado aún que el anterior, se perdió igualmente entre pasillos y comisiones varias a lo largo del verano y otoño de 1931. Mientras tanto, en los pueblos los decretos seguían produciendo cambios inesperados, caso del aprobado el 4 de septiembre que ordenaba la formación de las Juntas Locales Agrarias que debían encargarse de la aplicación de las leyes: los vocales patronos seguían siendo los mismos; los vocales obreros habían cambiado. Estas Juntas fueron las que prepararon la delicada documentación inicial con los «propietarios considerados en condiciones de dar tierras» y los obreros que debían distribuirse entre ellos[45].

Tras la formación del nuevo gobierno encabezado por Azaña, el proyecto de Alcalá Zamora cayó definitivamente en el olvido. Además Diego Hidalgo[46], representante radical para cuestiones agrarias, y Juan Díaz del Moral, miembro del grupo Al Servicio de la República, presentaron votos particulares al proyecto de la Comisión y plantearon nuevas alternativas con objeto de conseguir el apoyo de los grupos opuestos al proyecto, alternativas que tuvieron gran difusión entre católicos y propietarios[47]. Mientras la reforma agraria seguía atascada y caían proyecto tras proyecto, la derecha se organizaba: la prensa católica socavando todo lo que salía sobre la reforma y la minoría agraria convocando en Palencia una asamblea que reunió a 22 000 propietarios rurales. Fue en este contexto de rearme conservador en el que la propietaria extremeña Josefa Díez Madroñero envió un telegrama al presidente de las Cortes, Julián Besteiro, que decía:

No esperaba otra cosa de este estercolero y del depravado Albornoz. Muera la República; muera la revolución; viva la guerra civil, y sobre todo Cristo-Rey[48].

Invierno de 1931: Castilblanco

A fines de 1931, cuando se gestaba un nuevo proyecto y precisamente cuando el grupo socialista creaba una comisión para reunir pruebas sobre los abusos de la Guardia Civil de cara a la reforma del Cuerpo[49], ocurrieron los sucesos de Castilblanco: cuando una manifestación de obreros en huelga —una huelga de carácter provincial contra los excesos de la Guardia Civil y contra la actitud del gobernador civil Manuel Álvarez-Ugena que la derecha achacó al extremismo de Margarita Nelken, Nicolás de Pablo y Pedro Rubio— volvía de regreso a la Casa del Pueblo se presentó la Guardia Civil para disolverla por orden del alcalde, produciéndose un forcejeo violento entre un guardia y una mujer, que acabó con la muerte por disparo de un manifestante que salió en defensa de aquélla y con la inmediata matanza de los cuatro guardias civiles del puesto. De esta secuencia, el nefasto papel del alcalde exmonárquico y el asesinato previo del obrero fueron borrados desde ese mismo momento hasta la actualidad[50]. En este sentido es significativa la nota de Azaña en su diario: «En Cádiz me dio Casares la noticia de que, en Castilblanco, el pueblo amotinado había asesinado a cuatro guardias civiles»[51]. Durante el entierro de los guardias, celebrado en Badajoz y al que asistieron las máximas autoridades civiles y militares, Sanjurjo, director general de la Guardia Civil, comparó al pueblo extremeño con un «foco rifeño» y declaró que el Cuerpo «no iba a tolerar que se repitiesen ataques tan cobardes contra él». La entrevista —el periodista se refiere a Sanjurjo constantemente como «El caudillo africano» o «El héroe de África»—, que apareció en La Libertad de Badajoz, decía:

—¿Otra vez de operaciones?

—Eso parece. En un rincón de la provincia de Badajoz hay un foco rifeño. (…).

—¿Su impresión de la visita a Castilblanco, don José?

—Figúresela. Lo más deplorable posible. Yo no sabía que quedaban en España pueblos salvajes[52].

Igual de inadvertida que la muerte del obrero Hipólito Corral, en la soledad más absoluta y al que ni siquiera se le practicó la autopsia, pasaron otras muertes causadas por la Guardia Civil durante aquellos días en plena oleada de funerales por los guardias, organizados por la derecha en toda España. De los «sucesos de Castilblanco» seguimos teniendo unos conocimientos muy básicos. Pese a no tener aún constituido el comité de FNTT, el pueblo se unió a la huelga de diciembre de 1931, ordenada por la Federación de Badajoz contra el gobernador y la Guardia Civil. En Castilblanco parece que el error estuvo en la orden del alcalde, Felipe Maganto —el mismo que en la dictadura—, de disolver la manifestación cuando ésta prácticamente había concluido. La tensión consiguiente llevó a un guardia a golpear a una mujer, a un hombre a recriminárselo y al disparo de máuser que provocó la muerte que desató la tragedia. Los guardias asesinados fueron José Blanco Fernández, Agripino Simón Martín, Francisco González Borrego y José Mato.

El dirigente socialista Manuel Muiño, diputado por Badajoz entre 1931 y 1933, acusó a Margarita Nelken de exaltar a los campesinos. El Socialista, sin embargo, en la edición del 1 de enero mantuvo que fue la Guardia Civil la que sin motivo alguno disparó contra los manifestantes y el propio Muiño expuso en ese mismo periódico que las claves de los sucesos había que verlas en la crisis de trabajo que azotaba a la localidad y en la existencia de un Ayuntamiento monárquico de los elegidos por el artículo 29. Fueron detenidos 50 hombres y seis mujeres, todos conducidos al Ayuntamiento, donde algunos fueron maltratados y donde durante más de 36 horas nadie pudo verlos salvo los propietarios, a quienes se permitió contemplar a los obreros atados y ateridos de frío, y los militares enviados por la jurisdicción militar. En una entrevista recogida en La Voz Extremeña del 1 de enero el presidente de la Casa del Pueblo de Castilblanco, Justo Fernández López, uno de los detenidos, declaraba: «Antes de salir [la manifestación] estuvo en mi casa el cabo de la Guardia Civil, me pidió que no saliera la manifestación y yo le dije que procuraría que no saliese, pero que era difícil. Convinimos en que si la manifestación salía, la fuerza permanecería en el cuartel. El cabo dijo que no saldría, a menos que recibiera refuerzos, en cuyo caso disolvería la manifestación. Nosotros desfilamos pacíficamente, las mujeres de los guardias nos vieron pasar, sin que nadie se metiera con ellas». A la pregunta de si la manifestación era contra el Ayuntamiento el presidente respondía: «No era contra nadie. Pacíficamente desfilábamos y así hubiera terminado todo si el alcalde, el principal culpable a mi juicio, por miedo o por habérselo pedido algunos propietarios no hubiera solicitado la salida de la Guardia Civil».

El ciclo de violencia que siguió a Castilblanco puede rastrearse por todo el país: el 1 de enero, en Feria, la Guardia Civil acabó con un campesino en un choque que dejó varios heridos entre guardias y campesinos, y dos días después la Guardia Civil mató a otros dos campesinos e hirió a tres más en Zalamea de la Serena. Fuera de la provincia, en los días siguientes al 31 de diciembre cayeron también otro campesino en Calzada de Calatrava (Ciudad Real), dos más en Épila (Zaragoza), otros dos en Jeresa (Valencia) y uno más en Puertollano (Ciudad Real). Y el 5 de enero, seis días después de Castilblanco, la Guardia Civil asesinaba a siete personas (entre ellos cuatro mujeres y un niño) y hería a treinta en Arnedo (Logroño) durante una manifestación pacífica frente al Ayuntamiento. La semana entre Castilblanco y Arnedo fue sin duda una de las más terribles en la historia del Cuerpo y en la del campesinado. Pero en Badajoz no acabó ahí sino con la muerte de dos hombres y una mujer en Salvaleón con motivo de la fiesta del Primero de mayo de ese mismo año[53]. Cuando Margarita Nelken puso en duda la actitud de la Guardia Civil en Castilblanco —según escribió en El Socialista del 3 de enero de 1932, el cabo asesinado había espetado a unos obreros que pedían trabajo que «el trabajo se lo daría él con una estaca»— fue respondida con gran agresividad por Luis Chorot, quien aparte de ridiculizar al «diputado cunero femenino» hacía una apología de la «siempre digna» Guardia Civil[54]. Tampoco se quedó atrás Diego Hidalgo, que además de responsabilizar a Nelken justificó la actuación de la Guardia Civil —«no se puede negar sin embargo que algún guardia se haya excedido alguna vez»— por «el temperamento de cada individuo» y porque «un exceso de un guardia no puede significar nunca ni provocar la protesta contra un organismo sin el cual hay que reconocer que Extremadura no podría vivir»[55]. Tras la trágica racha, en la que sin duda debió influir la frustración y la ansiedad ante las reformas iniciadas y abortadas, Azaña tardó un mes en destituir a Sanjurjo, y cuando finalmente lo hizo fue para nombrarlo director general de Carabineros, desde donde planeará cómodamente el golpe militar de agosto. En el sumario de Castilblanco quedó constancia de que lo primero que dijo al llegar al pueblo y ver a los detenidos en el Ayuntamiento fue: «¿Pero no los han matado?». Tan negro era el futuro de aquellos hombres que, al ser trasladados a Badajoz, el cura de pueblo se despidió de ellos dando por supuesto que no los vería más[56].

Un gran triunfo de la derecha fue que ante unos hechos de la gravedad de los ocurridos en Castilblanco la jurisdicción ordinaria se inhibiera a favor de la militar. Se pensaba desde mayo del 31 que la jurisdicción militar había quedado reducida a su ámbito, a cuestiones internas, y que ahora habría una justicia igual para todos, pero pocos parecieron o quisieron fijarse en que, aunque en el texto constitucional no se aludía a los llamados «delitos militares», una oportuna enmienda presentada desde la minoría de Alcalá Zamora los había mantenido dentro de dicha jurisdicción. Para colmo y cuando fue interpelado por el diputado Eduardo Ortega y Gasset, que se preguntaba por qué no se hacía cargo del asunto de Castilblanco la justicia ordinaria de acuerdo con el artículo 95 de la Constitución, el propio ministro de Justicia, Álvaro de Albornoz, justificó plenamente que casos como éste pasasen por consejo de guerra, es decir, que siguiesen las cosas como siempre, como antes de la proclamación de la República y de la aprobación de la Constitución. El debate en el congreso, agrio por su trasfondo —ponía en evidencia que algunas cuestiones clave seguían igual— y en el que siempre se habló de cuatro víctimas, puso al descubierto algo ya sabido, y es que sin definir ciertos conceptos, como «delitos militares», y sin un desarrollo complementario, las leyes no servían para nada. Eduardo Ortega, quien aludió claramente a la «mentalidad arcaica de la fuerza pública», concluyó con unas palabras proféticas: «Si no la modificamos [la ley], los conflictos sangrientos se sucederán continuamente y la República no logrará la solidez de la paz armónica y cordial a que nosotros aspiramos». Pero la ley nunca se modificó ni se desarrolló[57]. Y mientras Azaña defendía con su elocuencia habitual a la Guardia Civil, ocurrían hechos de extrema gravedad. Su magnífico discurso sería engullido en breve por esa misma realidad que él o Casares se negaban a ver:

Cuando llego al despacho de ministros, los periodistas, en la puerta, me preguntan si es verdad que ha ocurrido un suceso en Arnedo. «No sé nada —respondo—, pregunten a Gobernación». A poco de entrar en el despacho entra Casares y me cuenta que, en Arnedo, la Guardia Civil ha chocado con el pueblo y ha matado a seis u ocho. Es lo que nos faltaba. [5 de enero de 1932][58].

La «Sanjurjada» impulsa la reforma agraria

En el retraso constante de la Ley de Reforma Agraria también influyó la falta de acuerdo entre socialistas y republicanos de izquierdas, que diferían en torno a la profundidad de la reforma y a la manera de hacerla compatible con los recursos del Estado. Y, sobre todo, la falta de voluntad política y de conciencia del problema y de lo que estaba en juego. En su estilo habitual, un tanto pagado de sí mismo, Azaña escribió en su diario el 1 de febrero: «He tomado este asunto por mi cuenta, y voy consiguiendo que se quiten del proyecto las cosas más duras y alarmantes: la necesidad de una ley para extender a otras provincias la reforma es iniciativa mía, así como la supresión del límite territorial (…). Se ha suprimido el cupo fijo de familias que haya de asentarse, y se han eliminado de la expropiación varias categorías de tierras…»[59]. Finalmente, presentado a las Cortes a fines de marzo, los debates comenzaron el 10 de mayo y acabaron el 12 de septiembre del 32. La campaña de obstrucción de la minoría agraria fue permanente. La aprobación del primer artículo, por ejemplo, llevó 15 días[60]. En total los agrarios, obsesionados aparentemente con la legalidad del proyecto, presentaron más de cien enmiendas. Y fue precisamente en éstas cuando tuvo lugar el golpe de Sanjurjo, triunfante en Sevilla y que fracasó en el resto del país despertando de su letargo el espíritu del Pacto de San Sebastián. Realmente fue el fracaso de Sanjurjo lo que activó la aprobación del proyecto de Ley de Bases de la Reforma Agraria y por momentos radicalizó el proyecto al plantear —el mismo Azaña lo hizo el 18 de agosto— la incautación de las fincas de los que habían apoyado la sublevación. Pero antes de que esto ocurriera ya se había cuidado la derecha de que la reforma fuera por el camino adecuado, como prueba esta carta de Diego Hidalgo a su pariente Diego de la Concha Hidalgo, magistrado de la Audiencia de Sevilla:

La reforma agraria va por buen camino (…). Desde luego puedes tener la seguridad absoluta y completa de que no afectará en nada ni para nada a tus bienes y los de tus hermanas, porque ya está en el ánimo de todos aceptar algunas de las enmiendas presentadas librando de la expropiación a las fincas pequeñas y a las de funcionarios, viudas, solteras, etc[61].

Finalmente, el 9 de septiembre de 1932 fue aprobado el proyecto por una mayoría de 318 votos contra 19. A pesar de todo cabría pensar —Malefakis lo hizo en su momento— que el fallo seguía siendo que las Cortes que aprobaron ese proyecto no eran representativas de la realidad del país: ni conservadores ni católicos ni extrema izquierda estaban representados. Y esto sin dejar de reconocer que se trataba de una ley más moderada que las reformas llevadas a cabo en el este de Europa y, por supuesto, que la reforma agraria mexicana. Se establecían trece categorías de tierras expropiables, de las que sólo cuatro lo serían en su totalidad: las tierras mal cultivadas, las arrendadas por sistema, las que enclavadas en zonas regadas no hubiesen sido convertidas en regadíos y los señoríos jurisdiccionales[62]. La clave estaba en el apartado 13 de la base 5: ninguna persona física podría poseer en un solo municipio más de cierta superficie, según el tipo de cultivo, pero luego esto fue aplicado con amplio margen[63]. No obstante, entre otras concesiones a los propietarios, los límites se calculaban sobre la propiedad de cada persona, no sobre la del grupo familiar, y sólo en relación con cada municipio. Realmente el único grupo amenazado fue la Grandeza, a la que no se le permitió beneficiarse del ventajoso sistema de estimación de la propiedad sobre la base municipal (no provincial o nacional). Había además un punto, que ha pasado inadvertido, pero que Diego Hidalgo destaca en su correspondencia privada: el 11 de septiembre le dice a Diego de la Concha que la próxima vez que pase por Madrid le compre unos buenos habanos y que lea el último párrafo de la base 2.ª. «No te digo más», añade[64]. Con ello se refería Hidalgo a que la expropiación de tierras explotadas sistemáticamente en régimen de arrendamiento a renta fija durante doce o más años tendría un límite: sólo afectaría a los propietarios cuyas propiedades en todo el territorio nacional sumasen una extensión superior a 400 ha en secano y 30 en regadío.

Pero lo cierto es que, por lo pronto, una parte importante del territorio español quedó incluido en el Registro de la Propiedad Expropiable (RPE), que contenía las fincas susceptibles de ser afectadas por la reforma agraria. La propiedad de la tierra había dejado de ser un secreto[65]. En cuanto a número de hectáreas expropiables los partidos judiciales más afectados eran Badajoz, Llerena, Jerez de los Caballeros, Olivenza, Mérida, Alburquerque y Castuera. En medio se hallaban Herrera del Duque, Fuente de Cantos, Puebla de Alcocer y Don Benito. Y finalmente los partidos de Almendralejo, Villanueva, Fregenal y Zafra. Así pues, el RPE incluyó casi un 40 % de la superficie de la provincia, con 11 673 fincas y 2337 propietarios. Veamos algunos datos comparativos primero entre provincias y luego entre los diferentes partidos judiciales de Badajoz:

CUADRO I
Tierras afectadas por la Reforma Agraria (en hectáreas)
Provincia | Toda clase | Cultivadas | Inventariadas
Córdoba | 1 248 000 | 644 000 | 405 000
Sevilla | 1 406 000 | 833 000 | 590 000
Badajoz | 2 165 000 | 1 035 000 | 790 000
Fuente: Malefakis, Reforma agraria…, p. 249[66].

Según Francisca Rosique el RPE afectó a los diferentes partidos judiciales de la provincia de Badajoz de la manera siguiente:

CUADRO II
Badajoz y el Registro de Propiedad Expropiable
Término judicial | Total fincas | Total sup. exprop. | % part. jud. | Total propiet.
Alburquerque | 847 | 69 465 | 65 | 95
Almendralejo | 489 | 25 751 | 18 | 117
Badajoz | 482 | 116.9167 | 31 | 81
Castuera | 837 | 67 956 | 40 | 133
Don Benito | 1038 | 38 230 | 37 | 202
Fregenal de la S. | 673 | 22 972 | 26 | 176
Fuente de C. | 553 | 43 960 | 31 | 125
Herrera del D. | 186 | 59 101 | 31 | 46
Jerez de los C. | 453 | 81 695 | 64 | 162
Llerena | 1784 | 83 178 | 38 | 228
Mérida | 1879 | 73 013 | 37 | 347
Olivenza | 874 | 78 987 | 57 | 220
Puebla de A. | 81 | 38 276 | 26 | 42
Vva. de la Serena | 540 | 24 148 | 34 | 87
Zafra | 957 | 8978 | 12 | 176
Totales | 11 673 | 832 626 | 39 | 2337
Fuente: Rosique, F., La reforma agraria…, pp. 182-210.

La mayor parte de estas tierras, cultivadas en régimen directo, sólo podían ser expropiadas en lo que excedieran los límites legales. Sin embargo, las tierras inventariadas en el RPE perdían por este solo hecho parte de su valor y, además, los propietarios no podían disponer libremente de ellas. Las argucias utilizadas por los propietarios durante los 18 meses anteriores —la más corriente fue el reparto pro indiviso entre los hijos— fueron neutralizadas declarando nulas todo tipo de transferencias previas realizadas con carácter retroactivo. Hubo medidas, como la expropiación de las tierras cercanas a los pueblos y las que afectaban a todo tipo de arrendatarios, que asustaron y alejaron de la reforma y de la República a muchos pequeños y medianos propietarios, creando agravios comparativos de todo tipo. Pero, sobre todo, hubo el grave error, propiciado por los socialistas, de extender la reforma a todo el país, medida absurda que fue apoyada por la derecha en la seguridad de que acabaría con la ley. Así fue como de las 14 provincias para las que se pensó la reforma se pasó a la creación de Juntas Provinciales de Reforma Agraria en toda España y a la confección de un censo nacional de beneficiarios de la reforma. Esto complicó enormemente un proceso que lo que necesitaba era precisamente objetivos claros y medidas urgentes.

Proceso expropiatorio y de asentamiento de Comunidades de Campesinos según la Ley de Reforma Agraria de 1932[67].

ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE FINCAS EXPROPIABLES. Registradores de Propiedad e IRA.

RESOLUCIÓN DE RECURSOS CONTRA LA INCLUSIÓN EN INVENTARIO. Comité ejecutivo del IRA previo informe del Servicio Provincial.

CONSTITUCIÓN DE JUNTAS PROVINCIALES AGRARIAS. ELABORACIÓN DEL CENSO CAMPESINO. Junta Provincial Agraria.

MEMORIAS AGRONÓMICAS Y PLANES DE APLICACIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIA.

PROPUESTA SOCIAL (Composición de Comunidad de Campesinos). Fijación del crédito, del canon de asentamiento y cálculo del «rédito neto». Servicio Provincial del IRA.

ACUERDO DE OCUPACIÓN. Comité Ejecutivo del IRA.

VALORACIÓN DE LABORES, COSECHAS Y CAPITAL MOBILIARIO. Servicio Provincial.

ACTAS DE POSESIÓN Y ENTREGA A LAS COMUNIDADES. Junta Provincial.

TUTELA DE LAS COMUNIDADES. Servicio Provincial.

En cuanto a las ocupaciones, el Instituto de Reforma Agraria (IRA) quedaba autorizado a ocupar temporalmente la tierra. Se permitió el asentamiento de cuatro categorías de colonos: obreros agrícolas sin tierras, propietarios con menos de diez hectáreas, arrendatarios o aparceros con menos de 10 hectáreas y sociedades de trabajadores agrícolas legalmente constituidas y con mínimo de dos años de existencia. Se aceptó una enmienda de Diego Hidalgo por la que la autoridad no recaería en su director sino en un Consejo Ejecutivo compuesto por técnicos agrícolas, juristas y por representantes de organizaciones oficiales de crédito agrícola de los propietarios[68], de los arrendatarios y de los trabajadores agrícolas. Aunque aparentemente la intención de Hidalgo era impedir la tiranía administrativa la realidad es que esa enmienda complicaba más aún la toma de decisiones. Entre los lapsus clamorosos, la creación de un Banco Nacional Agrario. Finalmente la ley prometía, de manera un tanto ambigua, devolver a los pueblos los antiguos bienes comunales desaparecidos con la desamortización o posteriormente[69].

La alusión a los bienes comunales no respondía, como pensaba Malefakis, a una mirada nostálgica al pasado sino a una demanda real, como puede confirmarse si se consultan en el archivo del IRA las más de 5000 solicitudes que ya en 1931 llegaron al Gobierno desde numerosos pueblos en tal sentido[70]. De hecho fue el propio Gobierno quien a través de una circular del 16 de junio del 31 publicada en la Gaceta del día siguiente animó a los alcaldes a que informaran a la Comisión sobre «despojos sufridos o alteraciones experimentadas en los bienes comunales, de propios, realengos, baldíos, dehesas boyales o cualquiera otra clase de bienes cuya propiedad o aprovechamiento, o ambos a la vez, hubieran pertenecido a los vecinos en común, incluyendo entre estos bienes a los conocidos con el título de señoríos»[71].

Así, por ejemplo, desde Ribera del Fresno, su alcalde, Ignacio Caña Exojo, poco después nombrado miembro de la Junta Provincial de Reforma Agraria en 1933, envió a la Comisión Técnica del Ministerio de Trabajo en julio de 1931 la relación de los bienes de propios, dehesas boyales y terrenos comunales que fueron del municipio, detallando en manos de quién se encontraban ahora. Todo ello lo hizo en base a documentación municipal y a los testimonios de los mayores[72]. En realidad, estaba muy extendida la creencia de que la desaparición de estos bienes había sido totalmente fraudulenta[73]. Un caso espectacular era el de Alburquerque y sus baldíos, que con el tiempo pasaron de 45 000 a 9000 ha[74]. En el caso de Burguillos del Cerro, por ejemplo, los montes comunes pasaron a manos de unas veinte personas por medio de 42 subastas realizadas entre junio de 1862 y abril de 1868, pero las denuncias relacionadas con las tasaciones no fueron resueltas hasta 1877[75]. El Ayuntamiento de Fuente de Cantos y la sociedad obrera La Unión se dirigieron en septiembre de 1931 al Gobierno de la República en este tono: «Excmo. Señor. Tengo el honor de manifestar a V. E. que este Ayuntamiento desea que a la mayor brevedad posible se le devuelvan los bienes de propios y Comunales que antes tenía…»[76].

Uno de los casos más llamativos, por afectar a varios pueblos de la zona de Llerena, fue la dehesa «Viar», de dos mil fanegas y que después de siglos de uso público había acabado en manos de Antonio Maesso Gimón, uno de los mayores terratenientes de Badajoz[77]. Caso parecido era el de la dehesa «Los Espinos», cedida al concejo de Valle de Matamoros por Francisca Portocarrero en 1561 y perdida a fines del XIX. El término de Jerez de los Caballeros, con 73 000 ha y al que pertenecía el pueblo citado, era de los más afectados de la provincia, ya que más del 80 % estaba en manos de diferentes casas nobiliarias (Fernán Núñez, Montellano, Serclaes, Motilla, Mirabel, Alba, etc.).[78] O el caso de Villanueva del Fresno, cuyos vecinos habían perdido los derechos que un día tuvieron sobre las 35 dehesas del término[79]. La propia Margarita Nelken se implicó ya en 1931 y 1932 en algunos de estos casos: el de la dehesa del marqués de la Encomienda en Mirandilla, que de no llegar a 300 fanegas años atrás, pasaba ahora de mil; o el de la dehesa de los duques de Fernán Núñez en Siruela, donde el pueblo, que podía disfrutar de la dehesa desde el primer día de abril hasta el 29 de septiembre, pedía poder arar en enero para dejar el terreno preparado para la siembra[80].

Aprobada la ley nadie pareció quedar satisfecho. A finales de septiembre del 32 la movilización campesina se extendió por Extremadura, uniéndose los yunteros, parte considerable de la población agrícola extremeña, a los trabajadores parados desde la siega. Los motivos de los yunteros eran simples: si los propietarios se negaban a renovar sus contratos prefiriendo conservar sus tierras como pastos, que es lo que comenzaron a hacer, sus animales y herramientas no servirían para nada y su final serían acabar de jornaleros. Además, los grandes propietarios seguían negándose a cumplir los contratos en aquello que no les apetecía.

Limosnas y multas

Los problemas de lo que había sido la aplicación de lo legislado hasta septiembre de 1932 quedaron muy bien reflejados en el capítulo IX, el de las proposiciones de las diferentes secciones, de las actas del II Congreso de la FNTT, donde el mayor espacio lo ocupaban apartados como crisis del trabajo —la proposición más extendida fue: «Que por el Gobierno de la República se dicten las disposiciones necesarias para que se aminore en la mayor cuantía posible la crisis del trabajo»—; laboreo forzoso —«Que sean cumplidas con toda exactitud las disposiciones dictadas sobre laboreo forzoso», propusieron docenas de sociedades junto con «que se faculte a las Comisiones de Policía Rural para resolver todo lo relacionado con las disposiciones dadas por el Gobierno de la República sobre laboreo forzoso»—; bolsas de trabajo —«Que la colocación de obreros por las Bolsas de trabajo sea hecha por riguroso orden de inscripción, no pudiendo, por tanto, elegir los patronos a otro obrero que no sea el que le corresponde por las listas confeccionadas»—; legislación social agraria —«Que se dé cumplimiento a todas las leyes sociales en vigor»—; jurados mixtos —«Que se constituyan con toda rapidez los jurados mixtos y empiecen a funcionar en el menor plazo de tiempo posible»—; seguro de paro forzoso —«Que sea creado el subsidio de paro forzoso para los obreros agrícolas»—; bienes comunales —«Que sean devueltos a todos los Municipios de España los bienes comunales sin indemnización» y «Que sean concedidos a las Sociedades obreras para su roturación y cultivo»—; arrendamientos —«Que se solicite del Gobierno de la República se fije la tasa de rentas con arreglo a lo que resulte de la cantidad catastrada o líquido imponible»—; Guardia Civil —«Que sea disuelto el Cuerpo de la Guardia Civil»—; y ayuntamientos constituidos por el artículo 29 —«Que sean disueltos todos los Ayuntamientos nombrados por el artículo 29 de la ley electoral».

El Gobierno —recordemos que la elaboración del Registro de Propiedad Expropiable no había comenzado aún—, que temió un levantamiento general, inteligentemente, se cuidó de enviar tropas y recurrió a las ocupaciones temporales del proyecto de la Comisión Técnica. Así, el 1 de noviembre de 1932 se promulgó un decreto exigiendo la «intensificación del cultivo» como «medida urgente para el alivio de la presente crisis de paro», es decir, se sacarían tierras de las grandes fincas no cultivadas y se entregarían a los campesinos durante un ciclo agrícola bienal: barbecho en el 32-33, siembra de cereal en el 33-34, recogida de cosecha en septiembre del 34, pago de renta y desalojo de la tierra. Aunque el decreto se pensó para Badajoz —según Vázquez Humasqué dio tierra a treinta mil yunteros extremeños—,[81] las medidas se extendieron a otras provincias (Toledo, Ciudad Real, Salamanca, Sevilla, Cádiz y Jaén). Pero fue Badajoz, con diferencia, la provincia más beneficiada por el decreto con un total de 578 fincas situadas en 13 municipios (la siguiente era Toledo con 85 fincas[82]).

La respuesta patronal fue inmediata: al día siguiente, 2 de noviembre, salió de Badajoz para Madrid un escrito dirigido al presidente del Gobierno, Manuel Azaña, y a los ministros de Gobernación, Agricultura y Trabajo, es decir, Casares, Domingo y Largo Caballero respectivamente. En dicho escrito los propietarios recuerdan su colaboración en los años 31 y 32 y piden lo siguiente: restablecimiento del principio de autoridad, realización de los pantanos del Cíjara y cuenca del Guadiana[83], derogación del decreto de intensificación, supresión de los alojamientos y creación del subsidio de paro, y suspensión de las amortizaciones de préstamos a los propietarios que las solicitaron y pago sólo de los intereses y moratoria en el pago de contribuciones[84]. La patronal veía con temor los asentamientos temporales, que podían acabar en pérdidas definitivas, y prefería el sistema de aparcerías. Era tal el rechazo que sentían contra el laboreo forzoso que a partir de octubre de 1932 en algunas provincias, caso de Salamanca, propusieron la suspensión de la siembra[85]. En otros casos se dirigieron directamente a quienes eran sus amigos exponiéndoles sus temores, caso del villafranqués José Jaraquemada, propietario de «El Redrojo», a Diego Hidalgo:

Querido Diego,

Ya sabes que me pasé la vida (no sé si tontamente o no) trabajando y luchando aquí en Redrojo, que he gastado en sus mejoras más de 400 000 pesetas, que a la vista están, y que ahora no me haría gracia me empezaran a alojar aquí gente, que cada cual sería de su recodo y manera y me harían levantar el vivir aquí con mi familia donde siempre he vivido: Te ruego evites esto. Te abraza y saluda cariñosamente (…).

Pepe Jaraquemada[86]

El ambiente en los pueblos queda bien reflejado por una denuncia realizada desde Fuente de Cantos y que la diputada Nelken hace llegar a Marcelino Domingo a finales de 1931 y principios del 32. Según se decía en ella, el ingeniero jefe de la Sección Agronómica de la provincia de Badajoz había dicho ante las autoridades municipales y numerosos representantes patronales que «en materia de agricultura el Gobierno no sabe por dónde se anda, lo cual se desprende de la legislación, en la que han tomado parte todos los Ministros, excepto el de Marina, y éste sin duda porque todavía no se le ha ocurrido que el mar puede ararse. Que todo ello obedece a la influencia ejercida en todos los órdenes por las sociedades obreras, de las que él tiene formado el peor concepto, ya que en ellas está lo peor de cada casa, y sus directivas se hayan formadas por lo peor de cada sociedad»[87]. La realidad, sin embargo, fue que los propietarios, para boicotear la reforma agraria, decidieron disminuir las superficies de cultivo y poner todo tipo de trabas a la firma de contratos[88]. Otros decidieron no sembrar ni cumplir las bases; o simplemente no contratar a los obreros afiliados a la UGT o a la CNT. Cuenta Tuñón de Lara que uno de ellos, multado por el gobernador, dijo «que él tenía un presupuesto para limosnas que este año había suprimido, dedicando ese dinero a pagar multas, porque en su finca él hacía lo que le daba la gana»[89].

El informe del gobernador general

Con fecha del 2 de diciembre de 1932 el gobernador general de Extremadura, Luís Peña Novo, envió al ministro de Gobernación un informe titulado «Sobre la situación de las provincias de Badajoz y Cáceres» en el que por su interés conviene que nos detengamos[90]. El punto de partida era la «agudísima crisis» y la «grave inestabilidad social» que azotaban a la región, con un censo de 88 032 braceros de los que 39 268 se encontraba en paro. El informe establecía tres tipos de causas: económicas, sociales y administrativas. Entre las primeras se destacaban cinco hechos: las rescisiones de arrendamientos por parte de los propietarios, que había acarreado una disminución de cultivos y de explotaciones de un 20 %; la dejación por parte de los propietarios de los cuidados y mejoras de las explotaciones, lo que había supuesto el paro de muchos de quienes antes llevaban esas tareas; la subida de los jornales, que había producido una fuerte contracción en la demanda de braceros, especialmente entre los pequeños y medianos propietarios; la total paralización del crédito bancario; y la crisis económica, que había llevado a inflar el censo agrícola con personas procedentes de otras profesiones, aumentando con ello el paro en el sector y afectando al rendimiento laboral.

La exposición de las causas sociales empezaba con la siguiente afirmación:

Siempre hubo en esta provincia crisis en el campo, pero no provocaban clamor político por la sumisión campesina. Con la República despertó toda la masa campesina y se hizo dueña del poder en casi todos los pueblos.

Según el informe la primera de las causas sociales era que las autoridades locales amparaban este poder campesino, dando lugar a una situación de impunidad generalizada: más de 5000 denuncias realizadas en los Juzgados Municipales de Badajoz en 1932 estaban paralizadas. En segundo lugar, el gobernador general afirmaba que en algunos partidos judiciales (Llerena, Fuente de Cantos, Castuera y Fregenal) la UGT había perdido terreno en favor de la CNT, contraria a la República y a la Ley Agraria. En tercer lugar, la actitud de la patronal, decidida firmemente a boicotear todo proyecto y a que la República no prosperase. Y finalmente

por motivos que ignoro se nota en esta provincia [Badajoz] más que en ninguna otra un odio irreconciliable y a muerte entre la clase patronal y obrera, este odio es común a todos los obreros y a todos los patronos, sin distinción sindical; y éste es el problema más sombrío porque aparte de constituir una grave dificultad para la solución de cualquier conflicto determinado, ambas clases están íntimamente convencidas de que sólo el aniquilamiento de la clase contraria puede resolver su problema.

Peña Novo ofreció también cinco causas de carácter administrativo: la no aplicación de la Ley de Laboreo Forzoso por deficiencias en la Sección Agronómica y en las Comisiones de Policía Rural; la constitución defectuosa de los censos obreros; la inexistencia de Bases del Trabajo por el deficiente funcionamiento de los Jurados Mixtos; los problemas de la Ley de Términos Municipales en los pueblos de superficie reducida, con el consiguiente perjuicio tanto para obreros como para propietarios; y los acuerdos de alojamientos (reparto obligado de braceros), que sólo afectaban a los propietarios que residían en los pueblos, con los consiguientes roces entre vecinos, patronos y obreros.

Expuestas estas causas, el gobernador general planteó las soluciones ordinarias y extraordinarias con que había afrontado la situación hasta el momento. Entre las primeras destacó las medidas de Orden Público, como una circular amenazando con fuertes castigos los atropellos contra la propiedad y estímulos e instrucciones a la Guardia Civil, que aquejada de que la clásica pareja no servía ya para frenar a los obreros solicitaba 600 números más para Badajoz y 300 para Cáceres. También mencionó reuniones varias con los alcaldes y comisiones patronales y obreras en las que todos parecieron dispuestos a colaborar. Finalmente señaló cómo se habían intentado subsanar los defectos administrativos: intensificando el Laboreo Forzoso, rectificando el censo obrero (pasó de 50 000 obreros parados a 40 000), acordando Bases del Trabajo, proponiendo la creación de mancomunidades de términos municipales para tratar de compensar la desproporción entre superficie y población, e intentando ajustar al máximo los pactos de alojamientos, existentes en 87 municipios de Badajoz y que resultaban injustos tanto para los patronos como para los obreros (había patronos que preferían el pacto para así pagar menos).

Entre las soluciones extraordinarias se encontraban la intensificación de cultivos (estaba ya prevista su aplicación en 45 de los 79 municipios estudiados, con una inversión de 4 000 000 de pesetas y dando trabajo a unos 12 000 obreros), las obras públicas (con unos diez millones de pesetas y que beneficiaría a 8000 obreros), y la reforma agraria, de la que pensaba

… no podrá absorber por el momento grandes núcleos de parados, pero por necesidades políticas que a nadie se ocultan considero de imprescindible urgencia iniciarse su aplicación.

El gobernador general aconsejaba la incautación de las fincas de la Grandeza de España, con unas 47 357 ha en Badajoz, pero reconocía la existencia de problemas tales como que no había sido constituida todavía en esta provincia la Junta Provincial de Reforma Agraria, ni estaba concluido el inventario de fincas, ni los ingenieros del IRA estaban dispuestos a realizar incautación alguna en tales condiciones, advirtiendo —quién sabe si como excusa técnica frente a la lógica política— que de llevarse a cabo podría producirse «un colapso de la producción agrícola y ganadera». Aun así, Peña Novo creía necesaria la incautación de fincas de la Grandeza[91]:

Aquí existe la evidente incompatibilidad entre el hecho jurídico de la Ley y el estado revolucionario del campo, que no admite las esperas del rigorismo legal, y creo que en bien de la República hay que anticiparse con medidas de urgencia.

También mencionaba el gobernador general una propuesta de los alcaldes a favor de «arrendamientos colectivos forzosos», propuesta que preocupó a la patronal en principio pero que luego fue considerada interesante. El informe, centrado íntegramente en la provincia de Badajoz, concluía diciendo que la situación de Cáceres era análoga. Hasta aquí el informe del gobernador general de Extremadura, que fue autorizado por el Gobierno para realizar asentamientos[92]. Muy diferente, por el contrario, era la visión que desde OT daba el 17 de diciembre un tal «José Lora», que según José Ignacio Rodríguez Hermosell no debe ser otro que el dirigente campesino barcarroteño José Sosa Hormigo. En la línea del semanario de la FNTT, Sosa responsabilizaba de los problemas de la reforma agraria a los funcionarios del IRA, al servicio en ocasiones de extraños intereses, y a los propietarios, expertos en burlar leyes y en protestar por todo[93]. También puede ser interesante recordar la visión de los problemas agrarios, concretamente de las ocupaciones de tierras, que los fiscales extremeños daban en su memoria de 1932:

Una forma de infracción que antes se presentaba rara vez y que este año ha llegado a adquirir en esta provincia insospechados caracteres de generalidad hasta el punto de poder afirmarse que son muy contados los pueblos donde no se ha dado algún caso. Me refiero, Excmo. Sr., a la invasión individual o en grupo de fincas rústicas ajenas para labrar la tierra y sembrarla. El hecho ocurre ordinariamente en esta forma: Un individuo o más, generalmente un grupo, que en alguna ocasión se ha aproximado al centenar de hombres, llegan a una dehesa, elige cada uno la porción de tierra que más le agrada, y comienza a cultivarla con las yuntas y aperos de que va provisto, propios o prestados, con algún convecino, roturándola (…) o arándola y sembrándola después, si ha dado cosecha anterior; y tan pronto como se presenta el guarda de la finca o la Guardia Civil y les requiere para que cesen en el trabajo, abandonan la parcela y se retiran con sus animales y aperos, sin oponer resistencia de ordinario y sin perjuicio de volver pasados unos días a seguir la labor comenzada.

Pero lo más interesante es sin duda, dada la fecha, la explicación que da el fiscal de Badajoz a estos hechos:

Por haberse relajado la disciplina social o por no haberse cerrado todavía lo que algunos han dado en llamar período revolucionario, o por otras causas de orden general y de origen antiguo, como la desigual distribución de la tierra y la existencia de grandes fundos en poder de pocos propietarios, que ha determinado de siempre el ansia de un reparto más equitativo de esa riqueza, y la esperanza al advenimiento de la República dé pronto remedio e inmediata satisfacción de esos deseos, es lo cierto que el pueblo se ha creído autorizado, al ver que sus ilusiones no tenían realidad tan pronto como esperaban, a tomar por su mano lo que no se le daba todavía por el poder público ni en el tiempo ni en la medida deseados, y han invadido en masas, que en ocasiones sobrepasan el centenar de hombres, las tierras que han creído más adecuadas al logro de sus aspiraciones, sin actitudes tumultuarias, sino casi siempre con la serenidad del que cree que ejerce un derecho, por lo que no hay en la ley penal preceptos que permitan sancionar esos hechos[94].

El reparto de la fuerza de trabajo

A mediados de enero de 1933, a poco más de un mes de la rebelión del sargento Pío Sopena y sus compañeros en la Caja de Recluta de Villanueva de la Serena, apagada a cañonazos, y a sólo unos días de otra matanza más, la de Casas Viejas, en el primer caso con la intervención del Ejército y en el segundo con la de la Guardia de Asalto, se produjo en Extremadura —ya había advertido el gobernador general que, aparte de todos los problemas existentes, los pactos de alojamientos concluían en enero— una nueva oleada de invasiones de fincas (el primer hecho de este tipo del que se hizo eco la prensa tuvo lugar en Yuncos, Toledo, en mayo de 1931). Domingo amenazó a los invasores con la pérdida de todo derecho a beneficiarse de la reforma pero tuvo que reconocer de facto muchas de las ocupaciones efectuadas presentándolas como ocupaciones efectuadas por el decreto de intensificación del cultivo[95]. En Cáceres se llegó a autorizar al gobernador general Peña Novo a realizar los asentamientos que considerara convenientes. Debido a esto, el gobierno ocupó en enero 120 000 ha en lugar de las 30 000 o 40 000 previstas.

CUADRO III
Asentamientos efectuados bajo los decretos de Intensificación del Cultivo
Provincia | Municipios | N.º fincas | Superf. ocup. | Campesinos asentados
Badajoz | 57 | 642 | 53 146 | 18 699
Cáceres | 84 | 661 | 45 209 | 13 871
Sevilla | 18 | 28 | 3843 | 724
Fuente: Malefakis, Reforma agraria…, p. 284, según el BIRA de octubre de 1933.

El reto seguía siendo llevar la reforma hacia adelante. Además, la dirección del IRA no acababa de definirse. La compleja composición del Consejo Ejecutivo —21 personas entre técnicos y representantes diversos— dio lugar a un organismo inoperante. La FNTT, que pensaba que la estructura organizativa del IRA les sería desfavorable, protestó contra la trama «burocrática» del Consejo y la escasa representación de los afectados. La reforma fracasaría, afirmaban. El primer director del IRA, Vázquez Humasqué, tuvo que cesar el 8 de febrero de 1933, después de tres meses de gestión, no por un conflicto en torno a la intensificación del cultivo, como mantuvo Malefakis, sino por la manera poco ortodoxa en que intentó colar un revolucionario decreto sobre el rescate de bienes comunales que deshacía la obra de la desamortización en este terreno[96]. La historia venía de un mes antes, cuando Martínez Hervás, en una reunión del Comité Ejecutivo del IRA, había instado a actuar sobre los bienes comunales en razón a que «con esto se daría la sensación de que la Reforma Agraria se aplicaba»[97]. Destituido Vázquez Humasqué[98] —«uno de los funcionarios más probos y competentes que tuvo la República» según Juan Simeón Vidarte— lo sustituyó durante dos meses Ramón Feced Gresa, hasta que el propio Domingo se nombró a sí mismo director general, experiencia frustrada que duró cuatro meses, hasta que en julio de 1933 fue nombrado director Dionisio Terrer. La sensación de desconcierto era evidente: un artículo del diario Luz quizá redactado por el propio Vázquez Humasqué denunció el 27 de febrero de 1933 que «el Instituto se encuentra aún sin organización técnica ni económica»[99]. De esos meses puede ser la historia narrada por el ingeniero agrónomo José Vergara Doncel a Ronald Fraser: al poco tiempo de llegar a la provincia a la que había sido destinado, Toledo, el ministro Domingo lo convocó y le urgió a expropiar y dar tierras de inmediato, porque «los campesinos sin tierra estaban a punto de ocupar toda la tierra y que, si lo hacían, la República se vendría abajo»[100].

En los primeros días de marzo tuvo lugar en Madrid la Asamblea Económico-Agraria, una demostración de fuerza de los propietarios en la que Adolfo Rodríguez Jurado y de la Hera, diputado cedista, presidente de la Agrupación de Propietarios de Fincas Rústicas y vocal de IRA, apropiándose del «Yo acuso» de Zola, criticó abiertamente al Gobierno, a su presidente, a las Casas del Pueblo y a los políticos que hablaban de la «función social de la propiedad» y de la «justicia social» —clara alusión a su compañero Giménez Fernández—, defendió a los Grandes de España a quienes se había expropiado sin indemnización y alentó la creación de «un movimiento popular contra el marxismo» que salvara las «verdaderas esencias nacionales». Cuando al iniciar su discurso Rodríguez Jurado contó que sólo hacía unos días un compañero, en un pueblo extremeño, «tuvo la ineludible necesidad de hacer fuego» para frenar a la turba que invadió su domicilio y ofendió a su esposa, los asistentes al acto aplaudieron y gritaron: «Por ahí vamos bien; ahí, ahí»[101].

OT del 18 de marzo de 1933 se mostraba totalmente en contra de la reforma agraria en marcha y acusaba al Partido Radical de representar los intereses de la derecha: «¡El Partido Radical aspira a ser Poder para derogar la Reforma Agraria!», se decía en un artículo titulado «¡Alerta, campesino!». Una semana después denunciaba la cada vez mayor fuerza de la patronal agraria y sus representantes en el IRA, entre los que se encontraba el mencionado Adolfo Rodríguez Jurado, abogado cedista, estrechamente ligado a Extremadura y candidato de los grandes propietarios frente a Giménez Fernández[102]. Desde luego, el boicot de la patronal a la reforma agraria era cada vez más fuerte y descarado. Esto se vio en los primeros meses de 1933 cuando, tras el decreto del 23 de enero por el que propietarios y arrendatarios debían renovar los contratos con los aparceros en las mismas condiciones que tenían, aquéllos se negaron en redondo. Hubo pueblos como Oliva de la Frontera, de unos 14 000 habitantes, donde el conflicto —unos 300 propietarios y arrendatarios cerrados en banda frente a 1500 aparceros— tomó proporciones de tal gravedad que se solicitó la intervención del gobernador general, pero éste no se atrevió a adoptar medidas enérgicas contra los primeros[103]. Otro ejemplo sería lo ocurrido en Bodonal de la Sierra en abril de 1933 con motivo de la firma del pacto de trabajo. Era tal la situación que 140 obreros recibían 1,50 ptas. diarias de los fondos municipales (se calculaba en cuatro pesetas el mínimo para sobrevivir). Se pretendía asegurar 3 pesetas al día a 200 obreros distribuyéndolos entre los propietarios que superaban las 500 pesetas de líquido imponible. Todos estuvieron de acuerdo menos los grandes propietarios como Antonio Claros Romero de Castilla, Antonio Hernández Cid, Francisco Cobos Márquez, Andrés Claros Claros, los hermanos García Patiño, Julio Rodríguez López o Feliciano Sánchez-Barriga Claros, los cuales adujeron carecer de medios, siendo como eran, en palabras del propio alcalde, los dueños de la mitad del término municipal. Así pues, de entrada 73 propietarios se hicieron cargo de 75 obreros[104]. También en febrero del 33 hubo huelga general en Montijo: los patronos —los amos en el lenguaje de la época— se negaban a repartirse parado alguno[105]. Otro ejemplo más sería el del terrateniente de Barcarrota José Villanueva, quien ese mismo mes de febrero comunicó al Ayuntamiento su negativa a alcanzar el cupo de peonadas que le corresponden «por no permitírsele hoy su situación económica»[106].

Las actas del Consejo Ejecutivo del IRA, que Malefakis no encontró en su momento, fueron localizadas después por Ricardo Robledo en el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, viniendo a confirmar su consulta que durante el primer año de funcionamiento del IRA no sólo primó en exceso la moderación, sino que la excesiva burocracia del Consejo le impidió en todo momento ser ejecutivo. Pero el principal problema, según Robledo, no era la actitud de los representantes de los propietarios, que al fin y al cabo constituían minoría, sino la complejidad de la ley, «condicionada por la resolución individualizada de cada incautación y por el respeto escrupuloso a los cauces expropiatorios legales»[107]. Esto significaba que los asentamientos no podrían iniciarse antes de otoño de 1933. La propia realidad se encargaría de demostrar que la primera entrega a una comunidad campesina de una finca fruto de la reforma agraria, caso de «Represa», de Villanueva del Fresno, no tuvo lugar hasta el 27 de octubre de ese año (la incautación se había realizado en agosto[108]).

Las promesas seguían sin cumplirse: el programa agrario esperaba su desarrollo (ni la Ley General de Arrendamientos, ni la creación del Banco Agrario[109], ni la restitución de tierras comunales). Además, los técnicos, por mejores intenciones que tuvieran, sentían que, hicieran lo que hicieran, no agradaban ni a jornaleros ni a propietarios. En enero de 1933, dejando a un lado las cuestiones sociales, el Gobierno había abierto el debate sobre la Ley de Congregaciones Religiosas. Por lo pronto, Marcelino Domingo no sometió a la aprobación de las Cortes las leyes agrarias prometidas. Incluso Azaña olvidó incluirlas en el programa legislativo que debía cumplir antes de agotar su mandato. PSOE y FNTT mostraron su preocupación. Es posible que en ello influyera la Asamblea que la poderosa Unión Económica tuvo en Madrid en marzo de 1933, en la que se criticaron duramente los decretos agrarios y en la que tuvo gran presencia el representante extremeño Alfonso Bardají[110].

También existieron a lo largo del 33 actividades diversas y presiones por parte de la Agrupación de Propietarios de Fincas Rústicas que se acentuaron a medida que la crisis gubernamental se hizo mayor. Veamos, por lo que respecta a Badajoz, la composición de la Junta Provincial de Reforma Agraria en marzo de 1933 (a las elecciones habían concurrido 53 asociaciones patronales y 157 obreras): fueron vocales propietarios José María Albarrán (perteneciente a una de las sagas políticas más importantes del primer tercio de siglo), Sebastián García Guerrero (presidente de Diputación durante la dictadura, relacionado con la vieja Unión Patriótica y con la Confederación Nacional Católico Agraria), Emiliano Vacas García, Marcial Gómez Castaño, José Donoso-Cortés Gómez-Valadés y Eloy Domínguez Marín; y los vocales obreros José Sosa Hormigo (Barcarrota), Manuel Márquez Sánchez (alcalde de Oliva), Ignacio Caña Exojo (alcalde de Ribera), Antonio Ramos Palla (Olivenza), Manuel Quiterio Gil (alcalde de Almendral) y Cristóbal Vázquez.

El 17 de abril el Consejo Ejecutivo designó presidente de la Junta Provincial al abogado radical-socialista y exalcalde de Badajoz Eladio López Alegría[111]. Durante varios meses la Junta estuvo dedicada a estudiar los expedientes de intensificación y las solicitudes de créditos. Poco después, a comienzos de 1934, con la llegada de los radicales al poder, cambió su composición —el radical Eduardo Cerro Sánchez-Herrera pasó dentro de la Junta de abogado del Estado a vicepresidente; López Alegría fue sustituido por José Murillo Iglesias; y como jefe del Servicio Provincial del IRA se nombró a Justo López de la Fuente, ingeniero agrónomo extremeño, secretario de la Confederación Nacional Católico Agraria en Badajoz y más tarde consejero de Giménez Fernández— y se sumió en la rutina más absoluta[112].

La reforma vista por los de abajo

Mientras Azaña y Domingo seguían sin tomar posturas claras respecto a ciertos aspectos claves de la reforma agraria, como lo menguado de su presupuesto o la puesta en marcha de un banco que apoyase el proyecto, los campesinos a los que se había hecho creer en una rápida distribución de la tierra seguían esperando pacientemente, estableciéndose sólo a un ritmo de diez mil o quince mil por año. Había otro problema: de poco servía dar tierra a los jornaleros —el caso de yunteros era diferente— si al mismo tiempo no se les proporcionaban medios para atenderla debidamente. La impresión es que no hubo ni siquiera voluntad de que las leyes se cumplieran. Nadie se explicó bien por qué en los primeros meses del 33 el Gobierno no expropió tierra suficiente como para paliar realmente el problema. La publicación de los Cuadernos robados de Azaña, con los diarios de julio de 1932 a febrero de 1933, matiza la imagen que dio Malefakis de unos dirigentes enteramente ajenos al mundo campesino y sus asuntos y muestra a un Azaña más preocupado por la cuestión agraria pero desde luego no a la altura del problema[113].

Los meses que siguieron a la aprobación de la Ley de Reforma Agraria —el IRA comenzó su andadura el 11 de noviembre de 1932— sirvieron para crear el aparato legal de la reforma, adelantar el Registro de la Propiedad Expropiable, confeccionar el Censo de campesinos beneficiados, establecer las Juntas Provinciales y reclutar personal técnico para las 14 provincias en las que urgía la reforma. He aquí el testimonio, recogido por Mercedes Almoril, de cómo percibió esta etapa un campesino de Fuente del Maestre:

A finales de 1932 dieron cuatro fanegas de tierras a cada uno que solicitara la Agraria, disfrutándose las tierras hasta 1936, entrada ya la guerra… Eran terrenos de erial, todo eran langostos, bichos… improductivas. (…). Lo que se reclamaba por entonces es que se sembraran esas tierras para que dieran trabajo y no quitárselas. (…). De cualquier manera, fue algo muy favorable, muchos pobres comenzaron a recuperarse. Fue un año inmejorable de agua y tiempo, [lo que] en general, unidos a aquellos posíos al ser tierras vírgenes, se tradujeron en excelentes cosechas. Lo que daba coraje es que los pobres cogiesen tanto grano de sus tierras.

Otros testimonios recogidos por la misma autora insistían en lo mismo: «Lo cierto es que no padecimos el hambre que estábamos acostumbrados. Los vecinos estaban muy satisfechos con la agraria. Por fin se conocía algo de despegue…»; o éste: «El pobre iba para arriba y tenía pan para comer, lo que provocó la hostilidad de los señoritos, si bien es verdad que no se metían con nosotros. Se les pagaba la renta, que era el tercio (de seis hazes quitaban dos) y punto. Aquel año es el único que hubo pan en todas las casas. Pero de nada sirvieron los esfuerzos, cuando al entregar los hazes, como correspondía, nos dijeron: ¡Aquí no vengáis más! Y claro al entrar ya las tropas y con el mucho miedo que sentíamos todos, nadie volvió a insistir». También Tomás Aquino Barquero, al alcalde socialista de Quintana, comenta en sus memorias: «Los ricos se mostraban sorprendidos, casi estupefactos»[114].

La derecha se organiza

Y fue precisamente cuando todo parecía ir un poco mejor cuando cayó el gobierno de Azaña. El declive comenzó en enero, a consecuencia de la matanza de Casas Viejas, efectuada precisamente por la Guardia de Asalto, la fuerza creada por la República para suplir a la Guardia Civil en estos conflictos y a cuyo mando estuvo durante buena parte de la República —demostrando una vez más la escasa visión que se tuvo a la hora de elegir los cargos de mayor responsabilidad— Agustín Muñoz Grandes. La indignación fue general y la derecha se sumó al río revuelto. La investigación posterior fue llevada de tal manera que no se pudo demostrar responsabilidad alguna por parte del Gobierno en los sucesos de Casas Viejas. Pero el daño estaba hecho. El rumor derechista de que la represión se había ordenado desde el máximo nivel (el conocido bulo de los «tiros a la barriga» hecho circular por el militar antirrepublicano Bartolomé Barba) y las alusiones constantes desde entonces al «gobierno de Casas Viejas» circularon ampliamente en los medios conservadores.

Lógicamente, el asunto también afectó de forma considerable a los socialistas, con tres ministros en el Gobierno (Prieto, De los Ríos y Largo Caballero), que tuvieron que soportar en numerosos actos que se les recordasen hechos como los de Parque María Luisa, Casas Viejas, Arnedo, etc[115]. En la elecciones municipales parciales de abril, celebradas allí donde en abril del 31 había habido que recurrir al artículo 29 de la ley electoral, la minoría agraria subió y los socialistas sacaron menos votos que el Partido Radical y la mitad de los obtenidos por los agrarios. Fue entonces cuando Azaña habló de los «burgos podridos». Por esos días de febrero y marzo de 1933 se puso en marcha la CEDA, cuyo trasfondo agrario fue visible desde el primer momento, y se celebró en Madrid una importante «asamblea económico-agraria», en la que intervinieron gente como Rodríguez Jurado o Salazar Alonso, que marca el inicio del acoso sistemático a la reforma agraria, a la que se tacha de «socialista». Un mes después se creaba la Confederación Patronal Agrícola[116].

OT celebró en su número del 27 de mayo la victoria en Castilblanco: 8 concejales socialistas frente a 2 de derechas. También debe recordarse lo sucedido en Hornachos, el mayor de los pueblos de Badajoz donde se celebraron elecciones, con 14 concejales, y al que acudieron Diego Hidalgo y Salazar Alonso, que debía su entrada en política a Hidalgo y a quien en medios socialistas se consideraba ya desde mediados del 32 el «representante de la redada caciquil de la provincia»[117]. Ocurrió que a mediodía varios números de la Guardia Civil de los que habían estado protegiendo a los ilustres visitantes, ante una manifestación de izquierdistas encabezada por José González Barrero, el alcalde de Zafra, dispararon contra un colegio electoral donde se esperaba que ganase la izquierda provocando la muerte de cuatro hombres y una mujer apodada «La Colita»[118]. La gente se asustó y se retrajo, quedando por la calle sólo la derecha. Fue pues la ocasión que ésta aprovechó para detener a más de cuarenta obreros, algunos de los cuales fueron maltratados, que pasaron a diversas prisiones[119]. La votación se repitió el 30 de abril, obteniendo el triunfo la Coalición Antimarxista.

Además, las tensiones en el campo aumentaron: los patronos contrataban menos obreros —según ellos por la pérdida de beneficios— y el paro creció al mismo tiempo que las dificultades de los pequeños y medianos propietarios. Casi todos coincidían en que la Ley de Términos Municipales debía de ser derogada —la derecha pensaba que esta ley sólo había servido para obligar a los obreros a inscribirse en las Casas del Pueblo— y en que había que garantizar la imparcialidad de los jurados mixtos sustituyendo a los presidentes designados por Trabajo por funcionarios técnicos seleccionados por oposición[120]. También había que garantizar el trabajo a todos, independientemente de su ideología y filiación. Y constituir de una vez el Banco Agrario. En junio y julio del 33 el gobierno pareció acometer una serie de tareas aplazadas, pero ya era demasiado tarde. También fue entonces, año y medio después de los hechos, cuando se supo la sentencia por los sucesos de Castilblanco: 6 penas de muerte y 6 de reclusión perpetua, sentencia que fue recurrida a la sala sexta del Tribunal Supremo.

El órgano de la FNTT, OT, que durante esos meses del 33 volvió a la carga con el rescate de los bienes comunales —el 28 de julio un proyecto de ley que no llegó a nada declaró gratuito su rescate en caso de probarse el despojo—, no se cansaba de decirlo: «La Reforma Agraria no marcha» y la crisis obrera aumentaba de día en día[121]. Y la culpa, como todo el mundo sabía, no radicaba en que el inventario de la propiedad rústica estuviese por concluir. Además casi todos estaban ya cansados tras los 25 meses transcurridos desde la convocatoria de las Constituyentes del 14 de julio del 31 (ni en verano se suspendieron los debates, que duraban habitualmente hasta altas horas). Azaña denunció el 25 de agosto la actitud de la minoría agraria y la falta de colaboración de los diputados republicanos, pero no sirvió de nada. La sistemática obstrucción de los agrarios a todo lo relacionado con la reforma agraria —en el verano del 33 se discutió la Ley de Arrendamientos— era ya una práctica consolidada. Por su parte Marcelino Domingo, completado el RPE, establecidas las Juntas provinciales y reclutado el personal técnico, estaba decidido a aplicar la ley en septiembre. Tras realizar algunos cambios que mejoraban la capacidad de actuación de la comisión todo parecía a punto.

Poco después la elección de quince miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales por parte de 35 000 concejales de todo el país demostró que la orientación política había cambiado. Uno de los elegidos fue Juan March, enemigo declarado de la República y que estaba encarcelado por apropiación ilegal de fondos del Estado durante la dictadura[122]. Mientras tanto los proyectos seguían parados y las asociaciones de propietarios convocaban asambleas para protestar contra el temido programa agrario. El descontento hacia el Gobierno se había generalizado y las elecciones, tal como era previsible, fueron un desastre para la izquierda en general. Comenzaba la época Lerroux-Gil Robles.

La reforma agraria siguió su curso pese a la crisis política. Primero bajo Ramón Feced y Cirilo del Río, ambos ministros de Agricultura en diferentes momentos a lo largo del 33, y más tarde con Juan José Benayas, funcionario del IRA, como sustituto de Dionisio Terrer. La Comisión Permanente creada por Domingo siguió expropiando las tierras señaladas y el resultado fue que con Feced y Del Río el IRA, beneficiándose del trabajo anterior[123], distribuyó más tierras que con Domingo:

CUADRO IV
Asentamientos efectuados bajo la Ley de RA antes del 31 de diciembre de 1933.
Provincia | Asentados | Hectáreas
Badajoz | 78 | 680
Córdoba | 211 | 3048
Sevilla | 140 | 2503
Fuente: Malefakis, Reforma agraria…, p. 325, según el BIRA de dic. de 1933.

Los resultados no satisfacían a nadie. Ni el proyecto socialista de instalar de 100 000 a 150 000 campesinos al año, ni el de la Comisión Técnica de 60 000 a 75 000, ni siquiera el de Vázquez Humasqué de asentar a 10 000-15 000, habían tenido éxito. Transcurridos dos años y medio de República sólo habían cambiado de manos 45 000 ha en beneficio de 6000-7000 campesinos. Y mientras todo esto ocurría, a finales del 33, la Comisión Ejecutiva del IRA debía tratar cuestiones tan surrealistas como las prerrogativas honoríficas de los antiguos Grandes de España[124]. El único logro del gobierno de Azaña en cuanto a redistribución de tierras fue los decretos de Intensificación del Cultivo: se asentó a 40 108 campesinos en 123 305 ha —la provincia más beneficiada fue Badajoz con 18 699 campesinos asentados, el 21 % del censo—,[125] y se solucionó temporalmente el problema extremeño, el de los yunteros, hasta la cosecha del 34. El mayor éxito, pues, seguía siendo el conjunto de decretos del gobierno provisional de abril y mayo del 31, ajenos a Azaña. No obstante, es cierto que parte de lo que se hizo en el bienio negro se tramó entre noviembre del 32 y julio del 33, fecha en la que tienen lugar los primeros asentamientos.

Los problemas continúan: crisis de trabajo y hambre

A lo largo de 1933 se notó un cambio de actitud en la izquierda. La gente parecía cansada de esperar. Según los propios socialistas este cambio se debió al agravamiento de los problemas a partir del 32, cuando el hambre y el paro llevaron ya a situaciones de fuerte tensión laboral y a que las mujeres recorriesen las casas burguesas pidiendo productos básicos para alimentar a sus familias[126]. No hay que olvidar, como reconocía el propio Vázquez Humasqué, que en Extremadura, Andalucía y La Mancha los braceros tenían trabajo entre 180 y 200 días al año, teniendo que maltrabajar y malvivir el resto del tiempo[127]. Dos ejemplos: el alcalde de Azuaga comunicó: «Crisis obrera ha llegado a límite insostenible. Ayuntamiento obligado a repartir vales de pan entre padres de familia más necesitados»; por su parte la Guardia Civil de Fuente de Cantos informó al gobernador de que «se encuentran en la plaza pública unos 800 obreros acompañados de sus mujeres e hijos los cuales llevan varios días sin comer, por lo que teme gravísimas alteraciones de orden público»[128]. Luis Riquelme, que vivía en Campanario, menciona entre sus recuerdos «las colas del céntimo», largas filas de personas formadas desde primera hora ante las casas de la gente con dinero que aguardaban pacientemente hasta que a media mañana la criada salía a la puerta con una canastilla llena de céntimos que repartía, uno por persona, hasta que se acababan[129]. Son muy significativas en este sentido y para explicarse los cambios que se avecinaban las palabras de Luis Jiménez de Asúa en el XII Congreso del PSOE de octubre de 1932:

… a las masas campesinas, hambrientas, el consejo de calma, es probable que haga prender en su imaginación otro ideario, que no es más izquierdista que el nuestro, pero que se presenta a las masas… como la posibilidad de realizar inmediatamente las conquistas que nosotros, durante año y medio de cooperación con el Poder, no hemos podido darles[130].

Una de las interpretaciones que los socialistas hicieron del mal resultado de las elecciones municipales del 23 de abril de 1933, que les amenazaba con apartarlos del poder, fue la de considerarlo como un aviso por la falta de atención que se había prestado a la reforma agraria. Desde la FNTT, su presidente Esteban Martínez Hervás no sólo culpó a esta falta de atención del menor apoyo campesino sino que, al igual que Izquierda Republicana, responsabilizó a la República de no haber impuesto la reforma agraria por decreto en cuanto se implantó aquélla. También por primera vez, Martínez Hervás acusó a Marcelino Domingo de no servir para el cargo y calificó al IRA de inútil. Otros dirigentes provinciales se unieron a él en la urgencia de la reforma y en la amenaza de que sería lamentable que los campesinos perdiesen la confianza en la posibilidad de mejorar su situación por procedimientos jurídicos. A partir de entonces la FNTT se radicalizó, alcanzándose el momento álgido de su desconfianza en la República en los últimos días del gobierno de Azaña, en agosto, cuando el Consejo Ejecutivo del IRA decidió exceptuar de la expropiación las dehesas de pasto y monte bajo nunca cultivadas, limitando la medida a aquellas de tierra tan mala que sólo dieran una cosecha cada tres años. En esta ocasión, OT mantuvo que el IRA debería pasar a denominarse Instituto de Antirreforma Agraria. En septiembre, coincidiendo con la salida de Azaña, la FNTT manifestó que organizaría una campaña de agitación para que se aplicase la Ley de Reforma Agraria. La colaboración inicial de ir con Lerroux en el nuevo Gobierno separó aún más a la FNTT, la cual, a partir de comienzos de 1934, con una dirección más escorada, se lanzó por una pendiente mucho más radical. No hay que olvidar, no obstante, que el incumplimiento de la legislación laboral y social dio comienzo desde el momento en que los radicales llegaron al poder. Esto coincidió con la campaña efectuada pueblo a pueblo por la diputada socialista por Badajoz Margarita Nelken, verdadera bestia negra de la derecha, que, furiosa ante su actividad parlamentaria, oscilaba ante ella entre el machismo más castizo y las alusiones constantes a su supuesto origen extranjero, cuestiones éstas en las que destacaba Salazar Alonso, quien aludiendo a su origen judío llegó a escribir «A mí la nacionalidad de la señora Nelken me es indiferente. Sé muy bien que por su origen racial puede tenerlas todas…»[131].

EL BIENIO NEGRO (1934-1935)

Estos desgraciados no quieren tierras, ni acceso a la propiedad, ni ley de arrendamientos, ni justicia social, ni siquiera jornales: lo que quieren es fumarse un puro viendo cómo ara el antiguo amo.

HONORIO MAURA

Parón a la reforma

Las elecciones de noviembre del 33 trajeron malos resultados para los socialistas por su negativa a pactar alianzas políticas de cara a las elecciones y por la propia Ley Electoral que ellos mismos habían contribuido a crear y de la que ahora fueron víctimas[132]. La situación internacional con Hitler en el poder desde enero de 1933 y el católico Dollfuss en Austria tras un golpe de Estado en febrero del 34 enrarecían notablemente el ambiente. La peor consecuencia del resultado electoral para la izquierda fue la llegada al Congreso de los principales representantes de la burguesía agraria y de sus principales asociaciones patronales. Tuñón, que analizó este hecho, escribió que «no es exagerado decir que los propietarios habían ganado las elecciones y que, una vez más, la cuestión agraria ocupaba el puesto principal de la política española»[133]. Fue la imposibilidad de convivir con esta derecha agresiva la que condujo en poco tiempo a la escisión del Partido Radical y a la formación de un nuevo partido liderado por Diego Martínez Barrio. En Badajoz, los nuevos aires se notaron a comienzos de diciembre con la llegada del nuevo gobernador civil, José Carlos Luna Sánchez, muy relacionado con Diego Hidalgo y del que todos, empezando por él mismo, reconocían su falta de preparación para el cargo. Su misión, aparte del consabido orden público, será «controlar los ayuntamientos»[134]. Cuando años después Hidalgo tenga que dar explicaciones ante el Tribunal de Responsabilidades Políticas de su paso por la política dirá que él fue el responsable del nombramiento de Luna y que cuando el ministro de Gobernación, Salazar Alonso, viendo su efectividad, pretendió trasladarlo a otras provincias conflictivas, Hidalgo se negó[135].

En enero del 34, tras el fracaso electoral de noviembre, los hombres de Largo Caballero, temerosos de que las bases se les pasaran a la izquierda, comenzaron a hacerse con el control de los sindicatos socialistas. En la FNTT, Martínez Gil y Martínez Hervás, al tiempo que dimitía la Ejecutiva de la UGT representada por Besteiro, fueron sustituidos por Ricardo Zabalza, lo que supuso el paso de El Obrero de la Tierra «a favor de la revolución», pero no se llamó a la insurrección hasta que la CEDA entró en el Gobierno. Fue éste el momento en que en vez de FNTT pasó a denominarse FETT, es decir, de federación «nacional» a federación «española». Por lo demás, los socialistas siguieron ocupando sus puestos en los jurados mixtos y en el IRA. Ese mes de enero precisamente fue el elegido, dentro de un movimiento más amplio, por el sargento anarquista Pío Sopena para sublevarse en Villanueva de la Serena, siendo sofocado de inmediato el conato a cañonazos (diez muertos: 2 guardias civiles y 8 revolucionarios). Se aprovechó la ocasión para detener a numerosos socialistas de Villanueva y para cerrar las Casas del Pueblo de Aljucén, Quintana, Valencia del Ventoso, Trasierra, Berlanga, etc. Era el estilo desmedido y brutal del gobernador-poeta Luna. El informe de Juan Simeón Vidarte en el Congreso tras su visita al lugar de los hechos induce a pensar que se actuó como en Casas Viejas: al menos 5 «revolucionarios», simples soldados ya desarmados, fueron asesinados sobre el terreno por orden de un cabo de Asalto[136].

En febrero los colonos y yunteros extremeños asentados por el gobernador general (9000 familias en las dos provincias) vieron, con preocupación, fijado el tope para otoño (era el legal pero ya irrevocable) y en abril Gil Robles obligó a la Cortes a decretar una amnistía total para los implicados en la «sanjurjada» y a devolverles las tierras salvo si se encontraban entre las expropiables por el IRA. Entre febrero y mayo de 1934 diversos decretos pusieron fin a la política de intensificación de cultivos, a las expropiaciones y dieron más libertad de salarios a los propietarios.

La primera declaración del nuevo Comité Nacional de la FETT en febrero del 34, unos días después de una dura intervención de Margarita Nelken en el Congreso denunciando los abusos de los propietarios, fue: «Nos declaramos en favor de la revolución». «Sin revolución no habrá nunca reforma agraria», decía en portada el OT del 3 de marzo. En números siguientes, convencidos de ello, anunciaron que la primera medida de la revolución sería la socialización de la tierra. A partir de entonces la columna que daba las novedades del IRA fue encabezada por «Instituto de Antirreforma Agraria». Se empezaron a elogiar las colectivizaciones y los koljoses soviéticos. El radicalismo político se extendió igualmente a otros ámbitos socialistas ajenos a la FETT. Según Malefakis —la altura a la que volaba le impidió ver lo que ocurría a ras del suelo—, la radicalización socialista precedió a la política regresiva de Lerroux. Para el historiador norteamericano, las primeras señales de que Largo Caballero dejaba atrás el reformismo se sitúan en julio de 1933, antes de que Lerroux llegara a la presidencia del Gobierno, y será a partir del fracaso electoral de noviembre cuando se decante claramente por la revolución como vía de acceso al poder[137]. Ya en el Gobierno, Lerroux actuó en primer lugar contra la composición de los jurados mixtos y contra la Ley de Términos Municipales (de nuevo se podría contratar mano de obra en cualquier municipio de la provincia). Sin embargo, como en tantas ocasiones, una cosa era el discurso de El Obrero de la Tierra y otra la realidad del movimiento campesino. O dicho de otra forma: hay que ser cauto con la realidad campesina que muestra el órgano de la FETT.

Probablemente los socialistas, conscientes de que por la vía reformista no lograban sus objetivos, trataban de desmarcarse de la frustrante trayectoria que a esas alturas arrastraba la cuestión agraria. Basta ver el desarrollo de la Asamblea Provincial de la FETT celebrada el 4 de marzo del 34 en Badajoz, presidida por Narciso Vázquez y que contó con la presencia de Nelken y Vidarte, además de los líderes provinciales, para darse cuenta de que el tono, aun reconociendo la gravedad de la situación española y europea —se trató lo ocurrido en Austria y se aportaron datos que luego publicó OT sobre la persecución de que estaban siendo objeto los campesinos en España—, era menor[138]. A fines de marzo Manuel Márquez denunció lo que estaba ocurriendo en Extremadura:

Las Casas del Pueblo las desahucian unas, como las de Mérida, Lobón y Salvaleón, entre otros pueblos; otras, como la de La Garrovilla, autorizan a los caciques a derruirlas protegidos por la Guardia Civil; y las que no pueden por otros procedimientos, las clausuran sin motivo ni fundamento. Y así, por procedimientos que enrojecerían al gobernante más empedernido de la monarquía, tienen inutilizadas más de la mitad de las Casas del Pueblo de la provincia.

La clase patronal, con su criminal proceder de sitiar por hambre a los obreros; la fuerza pública acorralando, provocando y maltratando a estos obreros hambrientos, y los tribunales de urgencia sentenciando a penas terribles a inocentes encartados por delitos imaginarios, están sembrando el terror como en los fatídicos días de la Inquisición.

Los desahucios de aparceros se están llevando a cabo de forma brutal y escandalosa, a pesar de las leyes prohibitivas; los pactos de trabajo se pone gran interés en atropellarlos y los pocos salarios que se dan a los sometidos son de dos pesetas y 2,50, sembrando con todo esto el hambre y la miseria por todas partes.

Se destituye a los alcaldes y ayuntamientos de significación obrera para poner en su lugar a los estafadores de los municipios de otros tiempos; y en tanto, se cometen grandes desafueros e inmoralidades en ayuntamientos regidos por radicales y monárquicos[139].

Márquez no exageraba. Y es esta realidad la que Malefakis no tuvo en cuenta en su análisis de los hechos que condujeron a la huelga campesina de junio de 1934. Las suspensiones de las corporaciones democráticas, como prueba la de Fuente del Maestre del 13 de marzo o la de Quintana de la Serena en abril[140], comenzaron antes de la huelga general de junio y bastante antes de octubre del 34. Y también tenemos constancia de la clausura de centros sindicales ya desde finales de 1933: en octubre, por ejemplo, fue disuelta la Agrupación Socialista de Puebla de Alcocer y en diciembre el centro cenetista de Fregenal de la Sierra[141]. Salazar Alonso reconoce en Bajo el signo de la revolución, la memoria de su paso por Gobernación, que en siete meses destituyó 193 ayuntamientos en España, veinte de ellos en Badajoz (la segunda provincia en destituciones tras Cáceres, con 25), pero estas cifras, que muestran que la mayoría de los ayuntamientos destituidos eran extremeños, deben ser consideradas como mínimos[142]. Uno de los procedimientos habituales fue enviar inspecciones en busca de «irregularidades administrativas», fáciles de probar dadas las limitaciones y estrecheces de los municipios de la época y que fueron aprovechadas por la derecha, buena conocedora de la trastienda municipal, para ocupar el lugar de los alcaldes y concejales elegidos en 1931[143]. En esta tarea se destacó desde enero de 1934 el gobernador Luna, quien se dispuso a acabar con los ayuntamientos (el 80 % socialistas) a base de delegados gubernativos e inspecciones. La base legal, el decreto que servirá para justificar las demandas, se cocinará entre Luna, Salazar e Hidalgo. El resultado, según Concha Muñoz Tinoco, será la desaparición masiva de las corporaciones socialistas y su sustitución por gestoras compuestas por radicales y algunos miembros de Acción Popular. Luna será también el responsable de la clausura de las Casas del Pueblo de Villar de Rena, Talarrubias, Monterrubio de la Serena, Aljucén, Salvatierra y Quintana de la Serena[144].

Es decir, las suspensiones no fueron consecuencia de la huelga o del movimiento revolucionario, sino al contrario, los movimientos que culminan en la huelga campesina y en octubre son consecuencia de la política puesta en práctica por la derecha desde su subida al poder[145]. De hecho, la presión de los propietarios exigiendo en los tribunales la devolución de las tierras ocupadas y la anulación de los asentamientos realizados por la intensificación de cultivos comenzó ya en febrero[146] y se acentuó a partir de marzo, coincidiendo con la entrada en Gobernación de Rafael Salazar Alonso. De marzo del 34 es la creación en Badajoz del Comité Pro-Frente Único Obrero, que pretendía englobar a todas las organizaciones de izquierdas de la provincia de Badajoz. La Comisión inicial la formaban Enrique del Amo, de la Federación Regional Juvenil Socialista; Juan Rodríguez Durán, de la Federación Regional Comunista; Luís González Barriga, por la Unión Local de Sindicatos Autónomos; y Manuel de la Cruz, Alejandro E. Ponciano y Nicolás de Pablo, por todas las organizaciones socialistas y ugetistas de la provincia[147].

Pero más que derogar leyes, lo que hizo el nuevo Gobierno fue no cumplir las existentes, con lo cual la oligarquía rural recuperó parte del terreno perdido. Durante el verano del 34 los propietarios tuvieron más facilidades para romper los contratos. Los propietarios de Don Benito fueron pioneros: en febrero desahuciaron de una vez a más de 400 yunteros y aparceros «por falta de pago» (los propietarios se habían negado en el 32 a adelantarles un 42 % sobre los gastos de siega, de forma que aquéllos, un año después, cansados de quejas y recursos, se lo cobraron en grano[148]). Roto el turno riguroso en la contratación de obreros marcado por las oficinas locales de empleo, los propietarios empezaron a discriminar a los más izquierdistas y además bajaron los salarios. Así pues, «las condiciones de vida de las clases trabajadoras empeoraron mucho, pero no parecen haber empeorado tanto como para justificar la aparición de represalias revolucionarias desesperadas», escribe Malefakis en una de sus típicas frases[149]. La primera táctica de los patronos fue contratar el menor número de gente posible, lo que acarreó un aumento inmediato del paro; la segunda, no cobrar la última renta para así tener un motivo para el desahucio[150]. Para Tomás Aquino Barquero, primer alcalde republicano de Quintana de la Serena, el «Comed República» fue la consigna general de la burguesía agraria de aquellos años[151].

En la primavera del 34, con un 39 % de los jornaleros extremeños en paro pese a la buena temporada agrícola, empezaron los acontecimientos que concluirían en la huelga general campesina de junio, que debe ser contemplada en el contexto del retroceso de los derechos laborales que tuvo lugar en la primavera de dicho año. Comenzó con la exigencia de respetar el turno riguroso en la contratación, por la prohibición del uso de cosechadoras y por la creación de comités locales para supervisar los contratos de recolección, siguió con la propuesta de un Frente Campesino y con la petición de que todas las tierras expropiables del registro del IRA pasasen a ser explotadas colectivamente en seis meses, y acabó con un programa de diez puntos de inmediato cumplimiento cuya no aceptación llevaría a la huelga general[152]. El documento concluía: «Tales son las reivindicaciones —promesas todas de la República— que nosotros reclamamos»[153].

LA HUELGA GENERAL CAMPESINA DE JUNIO DE 1934

El número de OT de 1.º de mayo estaba lleno de signos, desde un artículo de portada titulado «Vísperas revolucionarias», firmado por el habitual Cándido Pedrosa, hasta un «mensaje a las campesinas» de Margarita Nelken, pasando por un amplio reportaje sobre la colectivización de los campos rusos, con esas típicas fotografías propagandísticas de campesinos rollizos y sonrientes en torno a las faenas agrícolas. En esos días —el día 4 precisamente fue el día elegido por Lerroux y los suyos para que se firmara el decreto que devolvía las tierras a los monárquicos conjurados en agosto del 32— tuvieron lugar en pueblos de Badajoz dos graves sucesos. En Arroyo de San Serván murió un guardia civil en un choque con manifestantes. Y el mismo cuerpo, la Guardia Civil, en este caso la de Fuente del Maestre, con el pretexto de cortar una manifestación y tal como había pasado dos años antes en Salvaleón, acabó con la vida de cuatro obreros —dos manifestantes, un aguador y alguien que pasaba por la calle— e hirió a otras 14 personas cuando volvían de una jornada campestre[154]. Inmediatamente fueron detenidos, entre otros, los dirigentes de la Casa del Pueblo, que permanecerían en Ocaña hasta la amnistía de febrero de 1936. Según Mercedes Almoril, ante el temor de que se les aplicase la «ley de fugas» en el traslado del pueblo a la prisión, los acompañó el diputado Pedro Rubio[155].

Desde la FETT se acusó a la Guardia Civil de estar, como siempre, al servicio de la burguesía y del fascismo. Por entonces, con la propuesta del Frente Campesino, se gestaba ya la huelga general de junio. Zabalza llegó a enviar un escrito a Alcalá Zamora denunciando la gravísima situación de paro y de hambre que ensombrecía la vida de la España rural. En su número de 19 de mayo OT ordenó huelga general para el día 5 de junio a las 6 de la mañana. Mayo del 34 fue también testigo del proceso de Casas Viejas, convertido por la derecha en el poder en una ceremonia antirrepublicana. Al mismo tiempo, el regalo del Gobierno a sus apoyos patronales para las faenas del verano del 34 fue la abolición de la Ley de Términos Municipales, a lo que Salazar Alonso, ministro de Gobernación de marzo a octubre de 1934, sumó un decreto declarando la cosecha servicio nacional y asimilando el delito de huelga al de sedición. Esta medida devolvía de golpe a la derecha el control del mercado de trabajo y hacía renacer de nuevo los enfrentamientos entre los obreros de las diferentes localidades.

La sociedad obrera Adelante, de Magacela, con más de 60 miembros, se reunió el 24 de mayo para ver qué decidían respecto a la huelga ante «la angustiosa situación en que nos encontramos como consecuencia del incumplimiento de la legislación social y bases de trabajo, del boicot que ejercen contra nosotros los patronos y la falta de jornales y de tierras para vivir». Sus demandas, similares a las estipuladas por el Comité Nacional de la FETT, eran:

1.º Cumplimiento de las bases del trabajo y la legislación social. Queremos que antes del 31 de mayo …salario mínimo agrícola en todos los lugares que carezcan de bases. Cada localidad tendrá una Comisión mixta inspectora. Las infracciones se castigarán fulminantemente con crecidas multas para las cajas de paro y se impondrán arrestos gubernativos para los reincidentes.

2.º Obligatoriedad del servicio de colocación. Turno riguroso. Nadie debe ser boicoteado por sus opiniones. El trabajo se repartirá equitativamente entre todos los que figuren en el censo profesional agrícola de cada registro de colocación.

3.º Reglamentación del empleo de máquinas y forasteros, llegando a la prohibición absoluta allí donde haya escasez de trabajo o exceso de brazos. (…).

4.º Medidas efectivas e inmediatas contra el paro.

5.º Efectividad de la Ley de Arrendamientos Colectivos por medio de los Jurados Mixtos de la propiedad rústica.

6.º Se facultará al Instituto de Reforma Agraria para incautarse temporalmente y cederlas en arrendamiento colectivos a los campesinos de las tierras del inventario que no necesite inmediatamente para asentamiento.

7.º Reconocimiento de derechos a todos los beneficiados por la intensificación de cultivos.

8.º Que se efectúen antes de otoño todos los asentamientos acordados.

9.º El crédito agrícola habilitará un fondo especial para créditos anuales a las colectividades arrendatarias campesinas.

10.º Rescate de bienes comunales[156].

Naturalmente ésta sería la última reunión de los campesinos de Magacela en la Casa del Pueblo hasta el 16 de noviembre de 1935. A partir de octubre de 1934 el número de afiliados quedó reducido a cuatro personas[157]. La situación era similar a la de otros muchos pueblos donde el hambre empezaba ya a causar estragos entre los más pobres. El Comité Nacional de la FETT, con importante presencia de delegados extremeños, había denunciado a mediados de mayo del 34 el incumplimiento de las bases de trabajo dictadas por los Jurados Mixtos (los patronos recurrían las sentencias y las Delegaciones de Trabajo estaban saturadas); el desmantelamiento del sistema social y de la Reforma Agraria, y las decisión de los propietarios para la cosecha siguiente de utilizar maquinaria y mano de obra procedente de «Bolsas ilegales de Trabajo» de los sindicatos antimarxistas[158].

La Comisión Ejecutiva de la UGT, pese al carácter reformista de todas las reivindicaciones, no apoyó la iniciativa de la FETT. Entre otras razones pensaban que el Gobierno la aprovecharía para acabar con el sindicato campesino. Además, con octubre ya en el horizonte, la huelga campesina podría ser contraproducente[159]. De la represión de la huelga, prohibida y declarada ilegal de antemano, se encargó Rafael Salazar Alonso, diputado radical por Badajoz muy del gusto de la CEDA, que además de prohibir los derechos de reunión y manifestación suspendió El Obrero de la Tierra, que en uno de los números anteriores se preguntaba: «¿Queda algún Ayuntamiento socialista sin destituir por el radicalísimo Salazar? Si algún compañero conoce alguno le agradeceremos que guarde el secreto para evitar un triunfo más al excelentísimo señor ministro de la Gobernación»[160]. Su concepción de estos problemas queda definida con sus propias palabras: «La huelga es como la guerra, y lo mismo que en nuestra Constitución se consigna el principio de renuncia a la guerra, se debió consignar el principio de renuncia a la huelga»; o éstas: «Para mí, el estado de guerra tenía, entre otras eficacias, la jurisdicción a que habían de ser sometidos los autores de tanto desafuero, de tanto crimen, de tanta anarquía»[161]. El semanario de la FETT ya no volvería a publicarse hasta los días del Frente Popular.

A las concesiones del Gobierno (prórroga de las bases de trabajo, agilización de trámites pendientes, obligación de patronos y obreros de acudir a las oficinas de colocación, imposición a los propietarios de un número de obreros), la FETT respondió con nuevas exigencias, consideradas innegociables, que sacrificaban la «libertad económica» (poder de los comités locales, salarios de recolección para todo el año). Como ya se ha dicho, lo que sí llegó, como un mazazo, el 24 de mayo fue la derogación de la Ley de Términos Municipales. A partir de ese momento la suerte estaba echada. La huelga, que fue controlada por el Gobierno a base de represión y censura, fue iniciativa de los socialistas y recayó sobre ellos (1563 municipios: la mitad de los pueblos de Ciudad Real, Córdoba y Málaga; una cuarta parte de los de Badajoz, Huelva y Jaén, de los que en sólo 453 hubo paro efectivo) si bien, en diversos pueblos de Extremadura y por pocos que fueran y mal que se llevaran, tuvieron el apoyo de la CNT[162]. En Badajoz, de creer al Hoy, sólo se notó en Mérida, Olivenza, Barcarrota y poco más, 13 localidades en total; pero en realidad, pese a la falta de datos, parece que afectó a bastantes más. Según Hortensia Méndez los partidos judiciales donde más incidencia tuvo la huelga fueron los de Fuente de Cantos, Llerena y Olivenza, afectando a unas treinta localidades[163]. Tuñón de Lara, basándose en las propias declaraciones del gobernador, habla de «cien pueblos en huelga»[164].

La Guardia Civil, cuyos efectivos se incrementaron con mil guardias más para la ocasión, se encargó de proteger a los esquiroles. Alcalá Zamora se negó a aceptar la propuesta del brutal Salazar Alonso —considerado el «Dollfuss español» por los socialistas— de declarar el estado de guerra. Gracias a la prudencia de los organizadores, sólo hubo 14 muertos y unos 200 heridos en todo el país, aunque según la Guardia Civil únicamente 3 de las víctimas cayeron por sus disparos. Y esto ocurrió precisamente en Alconchel. La historia fue la de siempre: la Guardia Civil recibe órdenes de «sofocar la huelga», se produce una discusión airada con la cabeza de una manifestación que acaba en enfrentamiento entre el cabo y un obrero, y los guardias disparan. Resultado: tres muertos y dos heridos[165]. Sin embargo fue tal la censura que OT se limitó a asegurar que había habido muertos en Alconchel y el ABC del 6 de junio habló de un guardia civil y seis campesinos heridos. En Montemolín fue asesinado el guardia civil Emilio Martín Merchán en circunstancias no aclaradas. El 9 de junio el gobernador José Carlos Luna Sánchez ordenó, con el visto bueno de Salazar Alonso, la expulsión de la provincia del diputado socialista Pedro Rubio Heredia. Nuevamente la Guardia Civil disparó y se produjeron cientos de detenidos, muchos de los cuales fueron concentrados en Badajoz y trasladados en ferrocarril a Ocaña y a otras prisiones ante la saturación existente en la Prisión Provincial[166]. Según Paloma Biglino, el 4 de julio llegaron a Madrid desde el penal de Burgos doscientos campesinos de Badajoz que, carentes de medio alguno para regresar al sur, se congregaron en la Puerta del Sol, donde fueron disueltos. Tuvo que ser la FETT la que costeara su retorno[167]. Raro fue el pueblo donde no se detuvo a unos cuantos dirigentes. Además, numerosas Casas del Pueblo fueron clausuradas, con el agravante de que para todo esto las autoridades se sirvieron de leyes republicanas como la de Defensa de la República de octubre de 1931 o la de Orden Público de julio de 1933. «Cuando en un país se declara la revolución, una sanción eficaz a tiempo ahorra mucha sangre», escribió Salazar Alonso[168].

Así pues, dadas las circunstancias, la huelga general de junio no pudo ser recordada hasta dos años después. El resultado inmediato, por más que no fuera reconocido por quienes lideraron la huelga, fue que la FETT quedó desorganizada hasta el 36 y la oligarquía agraria recuperó todo el poder en el campo. De hecho, del fracaso de la huelga y de sus consecuencias, por más que no se cumplieran los pronósticos de Zabalza en el sentido de que la represión conduciría a la revolución, se extrajo la conclusión de que el único camino que quedaba era precisamente ésta[169]. Recogiendo una opinión que debió estar bastante extendida dentro de ciertos sectores socialistas, Juan Simeón Vidarte habló de aquella huelga como de «un movimiento insensato al que no pudimos hacer frente»[170]. Por su parte, Malefakis —más duro sin duda que cuando publicó su obra años atrás— la calificó a fines de los 80 de «triste aventura» de nefastas consecuencias para el movimiento campesino[171]. Zabalza diría en la reunión de la Comisión Ejecutiva de la UGT del 11 de junio que, dada la situación existente, «no teníamos más remedio que actuar si queríamos salvar la Federación»[172]. Ya en esta ocasión treinta o cuarenta ayuntamientos que habían apoyado a los huelguistas fueron destituidos. En los cinco primeros meses del 34 hubo 98 huelgas; en los seis meses siguientes a la huelga, 20 y en 1935 sólo breves paros en 15 ocasiones. He aquí los recuerdos de junio del 34 de un campesino elaborados dos años después, en junio de 1936:

De no haber sido encarcelados en muchos pueblos todos los miembros que componían la Sociedad de Trabajadores de la Tierra; en otros, sus dirigentes y compañeros más caracterizados, aunque no fueran campesinos, y en los demás, aparte de los directivos, todo el elemento entusiasta o simplemente simpatizante al movimiento; de no haber sido por la protección descarada del Poder público a los terratenientes de Extremadura, declarando la cosecha de servicio público, utilizando la Guardia Civil y los de Asalto contra los campesinos, obligándolos por medio de estacazos a salir de su casa a trabajar…, de no haber sido por eso, los campesinos esquiroles no hubieran ganado aquellos jornales de 15 pesetas, y los verdaderos luchadores no hubieran sido derrotados sino, antes al contrario, hubieran salido triunfantes de la lucha; pero no hubieran tampoco perdido el miedo a la cárcel ni adquirido conciencia de clase. Hoy, que poseen lo último, ya no les importa lo primero y la organización es más fuerte que nunca. Cuando menos, tiene más cimientos para resistir el edificio socialista[173].

La derecha recupera el poder

Las ocupaciones de fincas cesaron radicalmente y las reivindicaciones obreras del primer bienio, centradas casi exclusivamente en que se hicieran cumplir las leyes a los propietarios, cuyo lema siempre fue obedecemos pero no cumplimos[174], desaparecieron tanto en el 34 como en el 35. Para la derecha, como señalan Robledo y Espinoza en el caso salmantino, ya satisfecha con la recuperación de sus libertades (de contratación, de arrendamiento [= de desahucio], de valorización de la propiedad) y embravecida con la resistencia mostrada ante las luchas obreras, la ausencia de huelgas era simplemente sinónimo de armonía entre patronos y obreros[175]. El fracaso y la represión de la huelga de junio, con cientos de campesinos encarcelados y con consejos de guerra que se extenderían hasta los meses que precedieron a las elecciones del 36, pusieron fin al proceso reformista iniciado en 1931 y dieron la victoria absoluta a la patronal. Al igual que sucedió en otras provincias, como sabemos por Jaén, una de las mejor estudiadas, en Badajoz estos hechos estarán en la base de la futura radicalización del movimiento obrero: la vía reformista sólo había conducido al callejón sin salida del 34. Lo que ocurrió a lo largo del 35, con las Casas del Pueblo clausuradas, la prensa obrera censurada —sólo se publicaba Democracia, de Besteiro, a quien Lerroux consideraría en sus memorias «el genuino representante del socialismo y de la clase obrera»[176]— y los líderes campesinos en prisión, es que el paro aumentó hasta extremos alarmantes. Numerosas familias quedaron sin sustento alguno, produciéndose un extenso movimiento de solidaridad que se canalizó a través de los Comités Pro-presos y que sin duda constituyó una de las bases del Frente Popular. Al año de su llegada a Badajoz, el gobernador Luna se encontraba satisfecho de su gestión y de haberla convertido en una de las provincias más «seguras» con 842 guardias civiles y 170 guardias de Asalto. Pero incluso al gobernador le pareció excesivo que, en una provincia donde no hubo revolución alguna, con motivo de los sucesos de octubre la Comandancia Militar de Badajoz actuara sin contar con él[177].

Por su parte la violencia fascista seguía su curso: en septiembre del 34 se cobró una nueva víctima al ser gravemente herido en la plaza de Quintana de la Serena el obrero Laureano Murillo Gómez por disparos de falangistas locales[178]. Ese mismo mes, Gil Robles exigió la inclusión de sus seguidores en el Gobierno y el PSOE amenazó con huelgas y con la revolución. Alcalá Zamora dio finalmente el visto bueno, de forma que el 4 de octubre Lerroux encargó la formación de un Gobierno con tres miembros de la CEDA (uno de ellos Giménez Fernández). Los republicanos se quejaron al presidente y los socialistas se lanzaron por la pendiente de la huelga revolucionaria. Pero la huelga fracasó en casi todo el país. Sólo Asturias se levantó y tardó dos semanas en ser controlada. El campesinado, sofocado desde junio, ni se movió. Margarita Nelken pasó por Badajoz el 4 de octubre y comprobó, antes de desaparecer para no caer en manos de Salazar, que nada se podía hacer. Tanto en la represión de la huelga de mayo como en la de octubre participan en las detenciones y palizas los elementos fascistas de cada pueblo, hombro con hombro con la Guardia Civil y con las gestoras nombradas desde el Gobierno Civil[179]. Miles de personas —unos siete mil según la prensa de derechas, dos mil de ellos en Badajoz, y más de doce mil según la propia Guardia Civil[180]— fueron encarceladas y cientos de ayuntamientos fueron destituidos. La Ley Marcial se implantó durante dos meses pero el estado de excepción duró más de un año. La validez del modelo represivo que el ministro Hidalgo había posibilitado poniendo a Franco al mando del Estado Mayor y dejando que trajera de África a las tropas mercenarias con Yagüe al frente había quedado demostrada. La experiencia será clave en el 36. Pero por lo pronto el que cae es Hidalgo, obligado a dimitir el 17 de noviembre de 1934 y que ya nunca volverá a la política.

Piensa Malefakis que de bien poco sirvió que la CEDA no se mostrase fascista, que los militares no dieran un golpe de estado, que partidos y sindicatos no fueran declarados fuera de la ley o que las Cortes continuasen sus sesiones[181]. A lo que hay que decir que, tal como quedó la izquierda tras las huelgas de junio y octubre, y recuperadas para la derecha las instancias locales de poder, la situación no requería medidas más fuertes. Sin perder de vista que aunque no se produjera un golpe de estado sí fue la primera vez desde abril del 31 en que se declaraba el estado de guerra en todo el país, lo que además se hizo de forma sincronizada en todas las capitales de provincia. Ciertamente los Ayuntamientos, junto con los Juzgados y los cuartelillos de la Guardia Civil, eran para la derecha, al menos desde la Restauración, una pieza clave del entramado político-institucional y un instrumento básico de poder sin los cuales se sentían absolutamente perdidos en los conflictos locales. Además llevaban muy mal ver ocupados los cargos municipales, a los que accedían casi por herencia, por personas totalmente distantes de sus círculos. Pensemos, por ejemplo, en los 15 concejales del Ayuntamiento del 31 en Quintana de la Serena: tres zapateros, dos aperadores, un cantero, un pastor, un labrador, un tabernero, un peletero, un obrero, un guarda jurado y tres campesinos asalariados. A ello se añade el enorme avance que en los años republicanos tuvieron por fin los pueblos en urbanismo, salubridad, beneficencia, obras públicas, enseñanza, etc[182].

La inactividad legislativa estaría explicada por la falta de unión entre el centro y la derecha. Parte de la CEDA tampoco tenía interés en destruir el legado de Azaña. Echar a los yunteros asentados por el gobernador general de Extremadura en el período anterior sin todos los requisitos formales se convirtió en el objetivo de los sectores más reaccionarios. Esto y deslegitimar los asentamientos realizados por el IRA. Pero ambos intentos fracasaron. No hay que olvidar que los socialistas seguían integrando el Comité Ejecutivo del IRA. Según Malefakis ninguna ley sustancial se alteró. Sólo la de términos municipales. Tampoco bajó el presupuesto del IRA: 50 millones anuales (otra cosa es que no se utilizaran). Entre septiembre del 32 y diciembre del 33 se asentó a 4399 campesinos en 24 203 ha y en los 9 primeros meses del 34 fueron 6269 los campesinos asentados en 81 558 ha. Pero lo cierto es que la última expropiación acordada por el Consejo Ejecutivo, por más que siguieran efectuándose ocupaciones temporales, fue el 26 de septiembre de 1934[183]. «Y, con todo, si bien la reforma no fue deshecha, lo cierto es que no progresó gran cosa», escribe Malefakis[184].

Todo fue a peor a partir de octubre de 1934, hundida la FETT y con los socialistas detenidos y fuera del Comité Ejecutivo, pues como dice Ricardo Robledo la revolución de octubre jugó el mismo papel pero a la inversa que dos años antes había jugado la Sanjurjada, es decir, una aceleró la reforma y el Estatuto catalán y otra, la contrarreforma y la Ley de Arrendamientos[185]. Tampoco hay que olvidar el restablecimiento de la pena de muerte el 9 de octubre, aprobado ahora pero reclamado por la derecha desde que llegó al poder en noviembre de 1933[186]. Fue entonces, el 4 de octubre de 1934, cuando apareció Giménez Fernández. En ese momento, en Badajoz, los expedientes de intensificación de cultivos eran 52 y afectaban a 642 fincas cuya superficie era de 254 391 ha. De ellas sólo habían sido ocupadas 53 145 por 18 699 campesinos, a los que se habían concedido unos créditos de 6 384 497 pesetas en 1933 y de 3 407 569 en 1934. Según un informe del ingeniero agrónomo radical-socialista Leandro Campini «la conducta de los asentados era excelente. La intensificación había conseguido unos objetivos sociales y, en cierto modo, económicos, pues la superficie cultivada en la provincia se había superado. Había conseguido también el objetivo político que perseguía: no defraudar al jornalero que tantas esperanzas había puesto en la República»[187].

Los límites de Manuel Giménez Fernández estaban claros: veía la necesidad de modificar la estructura de la propiedad para que la tierra cumpliera su «función social», pero al mismo tiempo era acérrimo partidario del respeto a los «derechos legítimos» de propiedad (Zabalza mantenía que el campesino también tenía propiedad: su trabajo, al que también tenía derecho), lo que equivalía a la compensación de los propietarios expropiados. Sabemos que Giménez Fernández se volcó en el pequeño propietario frente al obrero sin tierra, al que veía difícilmente recuperable. Para el ministro, a quien Luis Chorot se refería por «el Padre Giménez (padre porque tiene hijos y santo porque sin duda lo es o aspira a serlo)»[188], y que en realidad no deseaba reforma agraria alguna —sólo convencer a los propietarios de la conveniencia de entregar a buen precio algunas tierras—, el objetivo de la reforma era asentar pequeños propietarios o arrendatarios poseedores de ganado y de herramientas con un mínimo apoyo estatal. El ministro sevillano cortó las expropiaciones definitivas a favor de las ocupaciones temporales, lo cual estaba de acuerdo con los deseos de los propietarios, y, en compensación, los obligó a prorrogar los contratos de asentamientos —incluso los realizados por vía rápida por el Gobierno General de Extremadura— realizados al amparo de los decretos de Intensificación del cultivo, que terminaban en otoño del 34. De esta forma, los yunteros, que ya estaban siendo expulsados —José Díaz llegó a hablar de más de 30 000 yunteros afectados—,[189] vieron prorrogados sus contratos por una campaña más. Sin embargo, los monárquicos consiguieron paralizar el proyecto hasta diciembre, cuando ya era tarde para sembrar los cereales de invierno; pero se salvaron las cosechas de primavera. El propietario de Bienvenida, Vicente Ortega, por ejemplo, tenía arrendadas 565 fanegas a 75 campesinos —la mayor parte con tres o cuatro fanegas—, de los que la mitad acababan su contrato en 1935 y el resto tras la recolección del 36[190].

Como es sabido, los problemas del ministro empezaron cuando de la legislación transitoria se pasó a la permanente. Frente a la Comisión de Agricultura, que proponía veinte años, Giménez Fernández quiso reducir de quince a doce los años el período de tiempo exigido para que los propietarios vendieran la tierra a los arrendatarios que la habían cultivado. La campaña contra el ministro comenzó enseguida. Los peores adversarios fueron el tradicionalista José María Lamamié de Clairac, vocal de la Confederación Nacional Católica Agraria, y el Partido Agrario, pero el núcleo de la oposición fue el ala derecha de su propio partido: Mateo Azpeitia, Cándido Casanueva y Adolfo Rodríguez Jurado, representantes de la CEDA en la Comisión de Agricultura. Y si antes fue posible detener sus iniciativas por parte de socialistas, republicanos o radicales, a partir de octubre del 34 ya no se pudo. He aquí la información que el ministro Giménez Fernández recibía del gobernador civil de Badajoz a fines de 1934:

Te adjunto para tu conocimiento y archivo particular un documento en que se patentizan las mañas y artes reprobables que emplean para evadir su obligación y la Ley, muchos ricos propietarios extremeños. Ya supondrás quien es este señor Ugalde, ¡el conde consorte de Rojas!

Créete que estoy verdaderamente amargado. Precisamente ayer se terminó el recorrido por todos los pueblos de la provincia (…). Pues bien: en síntesis el estado es éste: paz absoluta, hambre, humildad por parte de los pobres, y soberbia, mezquindad e incomprensión por la mayoría de los ricos. Todo lo han olvidado, y cuando durante el bienio salía del despacho del Gobernador colorados y mohínos, humildes ante la brutalidad y la imposición, diciendo que daría con gusto el cincuenta por ciento de sus tierras en aras de la seguridad de la propiedad, del otro cincuenta; hoy que se encuentran con una legislación sana, amparados por los Poderes Públicos, con un Gobernador que no ha hecho sino servir la causa del decoro y el orden, sin más problemas que los que le plantea el sentido común, se olvidan no ya de aquel cincuenta por ciento, sino que no dan —como decimos acá— ni «un soplo en un ojo».

Toda tu buena fe, querido Manolo, todo tu entusiasmo, todo tu buen sentido, tu espíritu cristiano, y el acomodo de tu inteligencia a los vitales problemas que aporta el momento, se estrellan en la tozudez y el egoísmo de estos feroces terratenientes[191].

La reacción de la derecha en Badajoz fue tremenda, como lo demuestra el cacique Manuel Pidal Bernaldo de Quirós, marqués de Valderrey, diputado por el distrito de Almendralejo en varias ocasiones entre 1907 y 1921, quien en noviembre del 34 publicó un folleto, titulado La «farsa» del llamado problema de los yunteros en Extremadura o la nueva bandera de Acción Popular en Badajoz, donde partiendo de que hasta ese momento «el colono, llamado hoy yuntero, vivía en franca inteligencia y feliz armonía con el propietario», mantenía que todo empezó a ir mal cuando triunfó la revolución, es decir, la República, y que el problema de los yunteros se creó entonces, cuando el Gobierno, por medio de sus gobernadores generales, empezó a entregar dehesas a las Casas del Pueblo, que sólo querían jornales, consiguiendo con ello no sólo perjudicar a los propietarios mermándoles sus rentas, sino despojar de sus tierras a los verdaderos yunteros. Y a cambio —se lamentaba Pidal, el centro de cuya actividad caciquil radicaba en Villafranca—, una mezquina renta catastral después de dos años de despojo[192]. Es curiosa la similitud de planteamientos con Baldomero Díaz de Entresotos, hijo de un alcalde primorriverista y hermano de concejal. Para este registrador y propietario emeritense, la República había acabado con la Arcadia feliz que reflejaban los escritos de José María Gabriel y Galán:

Hierve la tierra en alborozos primaverales. Mañanita espléndida y paradisíaca en la Extremadura alta, allá por las postrimerías del siglo XIX. (…). En la casona labriega, en la cocina, al fuego del hogar, donde se queman ramas de encima que chisporrotean, se ha hecho la tertulia. Pastores, vaqueros, labriegos, le rodean. Es la hora de los cuentos de lobos que saltan brincando entre las rojas lenguas retorcidas de la llama de los relatos de monterías. (…). La muchacha cuida de la comida que se hace en la lumbre. Los hombres lían sus cigarros. Luego, con parsimonia, el viejo cazador toma las tenazas, coge una brasa, enciende con lentitud un pitillo y comienza una narración. (…). El relato va saliendo jugoso, realista, amenísimo. Fuera, en la noche estrellada, los perros que vagan alrededor de la casa, aúllan a la sombra del monte. En las majadas hay reuniones pastoriles, música, palmoteos, canciones. ¡Qué dulce vida hogareña en todas las casas! ¡Qué paz en todas las familias! Parece imposible que algún día puedan acabar estas dulzuras y este patriarcalismo. No, no acabarán nunca estas costumbres y bellezas tan entrañadas en los buenos extremeños de allá por los años mil ochocientos noventa y tantos[193].

El frente patronal era imparable. Los propios alcaldes del bienio negro (la mayoría radicales colocados desde el Gobierno Civil) reconocieron en Mérida en enero de 1935, ante la crisis que se vivía, «la actitud intransigente de los propietarios y el constante lanzamiento de aparceros de sus tierras»[194]. La dureza de los tiempos queda bien reflejada en un hecho luctuoso ocurrido en Jerez de los Caballeros en octubre del 34 y cuya sentencia se supo a finales de enero de 1935. Cuatro campesinos fueron sorprendidos robando bellotas en una finca, cuyo dueño, al ver que le arrojaron una piedra al guarda, efectuó un disparo que mató a uno de ellos. Luego fue al Juzgado y entregó 12 000 pesetas a los familiares del muerto, que accedieron a no emprender ninguna acción judicial. Sin embargo, el tribunal de urgencia de Badajoz estimó que había homicidio y tenencia ilícita de armas y lo condenó a dos años, cuatro meses y mil pesetas[195].

Las disposiciones transitorias aprobadas auguraban expulsiones masivas. El ministro siguió luchando por el «acceso a la propiedad» y por matizar el concepto de «cultivo directo» —quería por ejemplo que sólo pudiesen aducirlo los propietarios que vivían en los municipios en el caso de pequeñas parcelas o cerca de ellos en propiedades más grandes— pero salió del Ministerio en abril del 35, aprovechando una crisis ministerial, sin conseguir nada, ni siquiera ese proyecto, exclusivo para Badajoz, de las «áreas de pequeño cultivo», por las que pretendía asentar a los yunteros en parcelas de propietarios con más de 300 ha. Según parece fueron las presiones de la patronal sevillana las que llevaron a dimitir a Giménez Fernández[196]. La última estadística con la que se contaba era de diciembre del 34: 29 704 hectáreas y 3651 asentados. Y estos datos, como han estudiado Robledo y Espinoza, fueron los últimos antes de 1936 por la sencilla razón de que ya —incluso antes de que se aprobara la Ley de Contrarreforma— no hubo reforma agraria[197]. Pero hasta estos datos estaban inflados. Un informe del IRA del 29 de abril de 1935 demuestra que en esa fecha había 2000 asentados en doce localidades[198]. Tan escasos fueron los gastos que para el presupuesto del 36 el IRA contaba ya con 102 millones de pesetas, lo que motivó que en el 36 se le privara de la subvención de los 50 millones anuales que tenía asignados desde 1932[199].

Entonces, tal como buscaban las asociaciones de propietarios, cuyo papel fue fundamental en la caída de Giménez Fernández[200], el Ministerio de Agricultura cayó en manos del Partido Agrario y ya valió todo, desde los desahucios masivos hasta el abandono más absoluto de las labores agrícolas en las tierras que podían haber absorbido el paro, denunciadas sin resultado alguno por la Policía Rural[201]. Como declaró Lamamié en la sesión parlamentaria del 15 de marzo: «La causa única de los sufrimientos de los campesinos residía en la subversión de las condiciones naturales que en el pasado habían sabido preservar el equilibrio social. Lo fundamental era que los propietarios recobrarán la confianza y la libertad de acción»[202]. El sector social-católico de la CEDA había sucumbido. De abril del 35, en que salió Giménez Fernández, a febrero del 36, en que entraría Ruiz-Funes, pasarán seis ministros por Agricultura, es decir, prácticamente la mitad de los que hubo (trece) entre 1931 y 1939[203]. Para el gobernador Luna, Badajoz había por fin recuperado la tranquilidad y el orden.

Consumación de la contrarreforma agraria

Fue también en el mes de marzo cuando la Agrupación Provincial de Propietarios Rústicos de Badajoz, enteramente ajena a las propuestas de Giménez Fernández y dispuesta a todo menos a llegar a algún acuerdo o consenso, se reestructuró tornándose más beligerante: los cargos directivos pasaron a Marcial Gómez del Castaño, cercano a Renovación Española; Urbano Gamir Montejo, Juan Morillo Pizarro y Antonio Moreno de Arteaga; entre los vocales, aparte de personas conocidas como el conde de la Oliva (Felipe Vargas), el marqués de la Encomienda, Antonio Maesso o Ricardo Carapeto, había destacadas personalidades de Acción Popular como Francisco López de Ayala, Luis Navarro Boceta, Fabián Lozano y Fernando Albarrán[204]. Lo primero que hicieron fue una campaña prosindicación de los propietarios que daría sus frutos en julio cuando se constituyeron los Sindicatos Patronales Agrarios[205]. Pero el 12 de junio, al mismo tiempo que daba comienzo una nueva revisión del proceso de Casas Viejas aprovechada como siempre para acusar a Azaña de los «tiros a la barriga», ocurrió en Badajoz algo importante: fue asesinado el diputado socialista Pedro Rubio Heredia mientras almorzaba en el bar «La Mezquita»[206]. Su asesino, Regino Valencia, secretario de Ayuntamiento, era, según Vidarte, hombre de Salazar Alonso[207].

La considerable repercusión nacional del asesinato —visible por los telegramas reproducidos en el semanario socialista La Verdad Social— fue neutralizada por el Gobierno y los medios afines, que no quisieron que el hecho trascendiera. En los primeros días del 36, haciendo balance del año anterior, el Hoy recordó los dos hechos luctuosos más importantes del año anterior: los asesinatos del obrero socialista Miguel Durán en Don Benito, ocurrido en marzo, y el del diputado socialista Pedro Rubio Heredia en Badajoz. Ambos juicios se celebraron entre gran expectación en junio de 1935. De su importancia pueden dar cuenta los abogados que se ocuparon de ellos. En el caso de Pedro Rubio y de su asesino, Regino Valencia, secretario del Ayuntamiento de La Haba, la acusación particular estuvo a cargo del abogado y político socialista extremeño Juan Simeón Vidarte y la defensa fue llevada por Manuel Beca Mateos, diputado de Acción Popular por Sevilla. Los asesinos de Miguel Durán fueron defendidos por José Antonio Primo de Rivera. Regino Valencia fue condenado por homicidio a 12 años y un día y al pago de 50 000 pesetas, sentencia contra la que se puso infructuosamente un recurso que llevó Salazar Alonso, acusado por la izquierda y por el propio Vidarte durante la vista de ser el inductor de la muerte de Rubio; y de los acusados de la muerte del obrero, Luis Carmona Mateos, Gregorio Núñez Morcillo, Antonio Bravo Mateos, José González Conde, Alfonso Expósito Rodríguez «El Zalamea» y Antonio Parejo Bravo, los dos últimos fueron condenados a 14 años por homicidio y a tres más por tenencia ilícita de armas[208]. La impresión generalizada fue que la justicia había funcionado rápida y eficazmente, pero lo cierto es que la amnistía de febrero del 36 pondría en la calle a todos ellos.

En los meses siguientes, y según lo dispuesto por Salazar Alonso, todos los puestos de la Guardia Civil hubieron de enviar a Gobernación unos informes reservados de carácter local en los que se daba la siguiente información: sociedades, número de afiliados, medios económicos, personas más destacadas, actividades y táctica, disposiciones revolucionarias, relaciones y reuniones, conflictos anteriores, conflictos pendientes; atracos, actos de sabotaje y delincuencia común. Los informes recogen los últimos meses en que las Casas del Pueblo estuvieron cerradas y constituyen la prueba del sistema de control policíaco que sobre el movimiento obrero existió durante el bienio negro a través de la Guardia Civil. Los más destacados eran calificados de «propagandistas de acción» y de «tendencias extremistas»; y acusados de «hacer creer a los afiliados derechos que no tienen». En realidad, el cuestionario y las respuestas parecían reflejar un mundo en el que una clase social —los informes que se conservan se referían a 500 personas en Santa Amalia, 1500 en Don Benito, 620 en Villanueva, etc.— era presentada como un grupo de delincuentes fuera de la ley, planteamiento que tendría su continuidad natural a partir del 18 de julio[209].

A mediados de 1935 se solicitó desde Madrid una memoria de los trabajos realizados por el Servicio Provincial de Reforma Agraria de Badajoz desde la creación del IRA. La memoria, fechada el 17 de junio, fue realizada por el que había sido su ingeniero jefe desde enero de 1934, Justo López de la Fuente. Entre las primeras actuaciones, Justo López recordó las muchas que acarreó el decreto de Intensificación de cultivos de 1.º de noviembre de 1932, recogidas puntualmente por los boletines del IRA de 1933 (véase cuadro 12). Luego, en septiembre de este año, se redactó una memoria sobre el paro obrero y se estudió la división de la provincia en zonas. La entrega de la finca «Represa», de Villanueva del Fresno, en octubre de ese mismo año fue considerada como «el primer paso firme en la implantación de la Reforma Agraria en la provincia». A partir de la llegada de los radicales al poder y con la constitución de las Jefaturas provinciales —antes delegaciones del IRA— se abordó el problema de la determinación de rentas de las fincas ocupadas por el decreto de Intensificación y su sustitución por otras que pudieran ser barbechadas en la primavera del 34. Todo esto, según el ingeniero jefe, acarreó un gran trabajo que recayó sobre el escaso personal con que se contaba en Badajoz. En septiembre de 1934 fueron entregadas 22 fincas, cuya actividad fue controlada por completo desde la Jefatura Provincial hasta en sus más mínimos detalles, y en otoño, con la Ley de Yunteros en el horizonte, se intentó que los propietarios colaborasen en las cesiones sin tener que recurrir a la coacción legal. Finalmente López de la Fuente destacaba su tarea de asesoramiento a la Junta Provincial en las incautaciones de fincas y en los casos de aplicación de la ley de yunteros, y su labor en la constitución de comunidades[210].

El 3 de julio del 35 el ministro de Agricultura, Nicasio Velayos Velayos, presentó el nuevo proyecto de Ley de Reforma Agraria, que, dado el control de la Comisión de Agricultura por los conservadores, en dos días pasó al pleno. Aquí protestaron los republicanos de izquierdas y algunos radicales como Samper y Álvarez Mendizábal. Hasta Primo de Rivera denunció el proyecto como «una prueba más de la bancarrota moral de los partidos tradicionales de derechas», añadiendo: «Si queréis anular la Ley de Reforma Agraria hacedlo bajo vuestra responsabilidad. Y ateneos a las consecuencias»[211]. Todos los intentos de introducir matices fueron rechazados. La verdadera transformación de la Ley del 35, la llamada «Ley de Contrarreforma Agraria», frente a la del 32 fue la derogación del Registro de la Propiedad Expropiable. Los propietarios consiguieron todo lo que querían. Pero curiosamente, y como ya se ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones, la reforma del 35 contenía una medida que sin duda llamó la atención: abría la posibilidad a la expropiación inmediata en razón de la necesidad social. Evidentemente la derecha nunca puso en práctica tal medida, cuyo articulado era complejísimo, pero ahí quedaba. Con el agravante de que, al desaparecer el inventario de tierras expropiables, toda la tierra podía ser objeto de la reforma agraria.

Esta tónica se mantuvo hasta febrero de 1936, pues por más que los agrarios dejaron el Ministerio a finales de octubre del 35 lo mismo hicieron los gobiernos posteriores, incluido Álvarez Mendizábal cuando fue ministro poco antes de febrero del 36. Para entonces el IRA era ya un organismo muerto. Sin embargo, frente a los que, como Malefakis, piensan que la ley del 35 no tuvo efectos negativos inmediatos para el campesinado, ya que ni se devolvieron las tierras ocupadas por la ley del 32 ni se expulsó a los colonos, hay que decir que no fue así. Lo que sí ocurrió es que se aprovecharon a fondo las «disposiciones transitorias» de la Ley de Arrendamientos, de forma que con la excusa del derecho al «cultivo directo» miles de propietarios expulsaron a miles de arrendatarios. Otros, con esta amenaza, subieron los cánones. En Extremadura, la situación de yunteros y jornaleros entró en una fase grave que sólo tuvo fin con las elecciones de febrero del 36.

Alguna documentación local nos permite asomarnos a la situación real existente en los últimos meses de 1935. El archivo del IRA conserva numerosos documentos por los que, según el artículo 2.º de la Ley de 1.º de agosto de 1935 y de conformidad con lo que establecían los artículos 7.º y 1.º de los decretos del 29 de agosto y 18 de octubre, las expropiaciones pasaban a ser expropiaciones temporales. Desde Villanueva de la Serena, por ejemplo, se solicitó en septiembre la suspensión de la Ley de Desahucios y la anulación de la contrarreforma agraria[212]. El 30 de noviembre de ese año, cuando ya el Gobierno Civil había permitido la reapertura de las Casas del Pueblo, la Agrupación Socialista de Fuente de Cantos, un pueblo que contaba entonces con unos once mil habitantes, envió un escrito al alcalde describiendo la situación en que se encontraban y haciendo una serie de propuestas. Empezaba diciendo que desde siempre, cuando acababa la recolección, los pudientes se repartían a los parados y por un sueldo ínfimo los tenían ocupados en sus casas y haciendas. Esto cambió ya en los años 20 a consecuencia del agravamiento del problema: el número de «los sin trabajo» fue aumentando al mismo tiempo que las épocas malas iban alcanzando a otros meses del año antes buenos. La realidad era que había unos 2000 parados. El escrito reconocía que en el primer bienio republicano los poderes públicos consiguieron paliar la crisis con medidas como el asentamiento de seiscientos obreros por la intensificación de cultivos, por las obras públicas locales y provinciales y por la ayuda que los propietarios se vieron forzados a prestar. Sin embargo, el cambio político «se caracterizó principalmente por la anulación de la obra llevada a cabo por los Gobiernos del Señor Azaña». La Agrupación Socialista denunciaba el lanzamiento en masa de obreros y pequeños agricultores de las parcelas que cultivaban; la falta de obligatoriedad en efectuar las labores necesarias en el campo; y la negación absoluta («no sabemos hasta qué punto justificada») de colaboración por parte de los propietarios y grandes arrendatarios, quienes además han optado por dar trabajo sólo a ciertos obreros[213]. Por todo ello y ante «la pavorosa situación», se proponía:

1.º Protestar, respetuosa pero enérgicamente, por el abandono en que se tiene a los trabajadores de este pueblo.

2.º Protestar así mismo de la parcial actitud que se observa, tanto en las autoridades locales como en los patronos, por dar sólo trabajo a los citados obreros que siguen la política de ellos; y

3.º Proponer como algún remedio a todo este mal, se ponga en práctica seguidamente, cuanto sigue; (…).

A. Que vuelva a funcionar rápidamente y con todas las garantías la Oficina de Colocación Obrera, donde ha de ser obligatorio figuren inscritos todos los obreros de este pueblo.

B. Que todas las solicitudes de Obreros que hallan (sic) de hacerse, por patronos o entidades oficiales o no, sean por mediación de dicha Oficina, quien los proporcionará de los en paro por riguroso orden de inscripción en ella.

C. Que se pida y gestione hasta conseguir, y con la urgencia que el caso requiere, a los Poderes Públicos, libren cantidades para emprender obras de alguna enbergadura (sic), (…).

D. Que se solicite también de aquellos poderes sean colocados en el pantano del Cíjara u otra obra análoga ciento cincuenta o doscientos obreros de ésta, con la seguridad de continuidad en el trabajo y de un remunerador jornal.

E. (…).

F. Que se consiga de los propietarios, de cualquier clase de bienes, de este término, proporcionen entre todos y cada uno, con arreglo a su riqueza, medios para dar ocupación a trescientos o cuatrocientos obreros diariamente.

G. Que en las fincas rústicas se cumpla la legislación vigente en cuanto al laboreo forzoso, y

H. Que se proporcione tierra, con módicas rentas, a los obreros que estuvieron con la Intensificación de Cultivos y a los pequeños agricultores hoy sin ella debido a los recientes desahucios[214].

Poco antes, en octubre, se celebró en Mérida la Asamblea Regional de la FETT. Pese a encontrarse aún clausuradas casi todas las Casas del Pueblo, acudieron 104 delegados en representación de 64 pueblos. Presidió Tomás Aquino Barquero y actuaron de secretarios Francisco Moreno y Antonio Rodríguez, leyéndose comunicados de Margarita Nelken desde Moscú y de los presos socialistas de la prisión de Badajoz. El primer punto tratado fue «la iniquidad que suponen los miles de casos de lanzamientos [de arrendatarios] que actualmente se producen en Extremadura, muchas veces sin formalidad alguna, por simple indicación de los propietarios a la Guardia Civil». El segundo, el problema de los yunteros. El decreto de Giménez Fernández, calificado de burla demagógica, había llegado tarde: al salir en enero, los que prepararon los barbechos no serían quienes los sembraran, de forma que, al haber cesado los efectos de la Ley del 31 de julio, los únicos beneficiados serían los propietarios, que se encontraban el trabajo hecho. A esas alturas de año agrícola miles de yunteros estaban «con yuntas y sin campos donde sembrar». En tercer lugar se habló de la reforma agraria, de lo que motivó su fracaso en el primer bienio: timidez, leguleyismo, lentitud y saboteo de sus técnicos y funcionarios. La cifra de 7500 asentados en cuatro años bastaba[215]. Y todo agravado por la contrarreforma agraria realizada por la derecha (por esas fechas numerosas expropiaciones fueron anuladas y convertidas en ocupaciones temporales). La Asamblea se pronunció por la expropiación sin indemnización de todas las grandes fincas y por su entrega a las organizaciones obreras en explotación colectiva, pero «considerando que una reforma así no será realizada por ningún gobierno burgués, la Asamblea se pronuncia por la socialización de la tierra que, por ser cimiento de la revolución que España necesita en su economía, coloca a los campesinos extremeños a la cabeza de sus aspiraciones inmediatas».

En cuarto lugar se trató de la desvalorización de los productos del campo, en relación con el descenso de consumo provocado por la crisis y que permitía a los especuladores imponer los precios en el mercado. Después se habló del paro obrero, denunciándose que nadie, ni los propios Ayuntamientos, respetaban las bases de trabajo y la décima del paro se gastaba entre los que se inscribían en los centros radicales y de Acción Popular. Finalmente, la Asamblea acordó pedir al ministro de Gobernación que levantara la clausura de las Casas del Pueblo, cerradas pese a haberse restablecido las garantías constitucionales. Se pidió indulto para los condenados a muerte y amnistía para los presos sociales, y que reaparecieran El Socialista y El Obrero de la Tierra[216]. También de octubre de 1935 es una carta de Ricardo Zabalza a Ramón Lamoneda en la que le da cuenta de haber intervenido en varios mítines en pueblos de Badajoz, caso de Olivenza, Montijo, Barcarrota y Almendral. Según Zabalza: «todo lo que te diga sobre el entusiasmo de estos compañeros es poco. Se vienen de largas distancias a pie y dejándolo todo para asistir a los mítines. Tengo la evidencia de que Extremadura se reorganizará rapidísimamente»[217].

Finalmente, en otoño del 35 estallaron los escándalos financieros y Lerroux hubo de dimitir como primer ministro. Los responsables de la represión en Asturias también estaban en el punto de mira. La crisis interna arrastraría el 21 de diciembre, entre otros muchos gobernadores civiles, al de Badajoz, José Carlos Luna, quien pasaría en enero a ocupar por unas semanas el Gobierno Civil de Sevilla. Alcalá Zamora probó a salvar la situación pero no contaba con el apoyo de la CEDA. Entonces, antes de darle el poder a ésta, disolvió el Parlamento y llamó a Portela para que formara Gobierno de cara a las elecciones. Tanto la prensa como los archivos municipales dan la impresión de que en los meses finales del bienio negro la historia se paró, como si no hubiera pasado nada, como si todos estuvieran ya pendientes de las elecciones. No es de extrañar, pues, que ya a mediados de noviembre —el invierno trajo un temporal de lluvias que se prolongó hasta marzo impidiendo toda tarea en el campo y produciendo más paro y hambre de los que ya había—, atisbando el panorama que se avecinaba y sin fe alguna en lo que pudieran deparar las elecciones, Luís Chorot Coca, el abogado y propietario de Montijo, socio fundador de la Agrupación Nacional de Fincas Rústicas, amigo de Salazar Alonso y colaborador de ABC, escribiera una carta a Juan Ignacio Luca de Tena, el mismo que poco después empezaría a buscar el avión que había de trasladar a Franco de Canarias a Marruecos, en la que le decía: «Confieso sin rubor, amigo Juan Ignacio, que a fines de veraneo, después de una mala cosecha, la agonía financiera no deja margen para otros desembolsos que no sean los urgentes gastos de apuntillar al marxismo extremeño»[218]. Al fin y al cabo la derecha agraria extremeña era consciente de lo que había estado haciendo durante los dos años anteriores y sabía lo que podía esperar del futuro inmediato.

2. El Frente Popular, una experiencia abortada

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El Frente Popular, una experiencia abortada

El 18 de julio pudo ser muy bien un 17 de febrero, sin que hubiera sucedido nada de lo que ocurrió en la primavera[219].

MANUEL TUÑÓN DE LARA

Esta pobre gente de Acción Popular creyó que la victoria estaba asegurada con que una docena de señoritos con el pelo rizado deambulasen por los pueblos extremeños un mes antes de la elección haciendo discursos ridículos, teniendo como auditorio a unos cuantos propietarios y a unas cuantas Hijas de María; y que con unos carteles idiotas que provocaban e irritaban a los contrarios y con el periódico Hoy sin contradictor, se ganarían las elecciones.

CARTA DE DIEGO HIDALGO

A JOSÉ CARLOS LUNA[220]

EL TRIUNFO DE LA IZQUIERDA

En las elecciones generales del 16 de febrero de 1936, en Badajoz, votó un 75,55 % del electorado y se abstuvo el 24,45 %. Hablamos de 309 703 votantes y de 100 175 abstenciones. Según Hoy, de los 15 partidos judiciales de la provincia, 8 votaron izquierdas (Alburquerque, Badajoz, Don Benito, Fuente de Cantos, Herrera del Duque, Jerez de los Caballeros, Llerena y Olivenza) y 7 derechas (Almendralejo, Castuera, Don Benito, Fregenal de la Sierra, Mérida, Puebla de Alcocer, Villanueva de la Serena y Zafra). Dadas las características del sistema electoral, la victoria del Frente Popular y concretamente de los socialistas a escala provincial fue absoluta[221]. Según los datos ofrecidos por el periódico Hoy a los tres días de las elecciones (y a falta de los datos de Badajoz, Alconera, La Codosera, Higuera la Real, Manchita, Mengabril, Palomas, Puebla de Obando, Santa Amalia, Siruela, Valdecaballeros y Villarta de los Montes), la izquierda había superado en más de 25 000 votos a la derecha, lo que traducido en diputados equivalió a 11 para el Frente Popular y 3 para las derechas (en total para Extremadura fueron 18 del Frente Popular y 5 del Frente Antirrevolucionario[222]). Más que a cualquier posible fraude electoral —esto sería uno de los inventos elaborados posteriormente para justificar el golpe militar— la derecha culpó de su fracaso desde el primer momento a la abstención, dividiendo a quienes no habían ido a votar en tres categorías: traidores, cobardes y equivocados[223]. En el editorial del Hoy del 1 de marzo, entre alusiones al egoísmo de los propietarios, se leyó: «Por falta de labor social se han perdido las elecciones en la provincia de Badajoz». Pero no era éste, como veremos, el tono que venía utilizando el órgano de la derecha más reaccionaria extremeña desde que la crisis del bienio desembocó en la convocatoria de nuevas elecciones.

Ya desde los primeros días de enero de 1936 el Hoy proponía «derrotar definitivamente» a la revolución y sus cómplices, todos ellos «al servicio de Moscú»[224]. El tono era éste:

En la próxima lucha electoral [los dirigentes] no se deben, en contra de lo que de ordinario sucede, a sus partidos. Se deben, por el contrario, a una obra nacional. Es España, cuya realidad está por encima de todos los partidos, la que con imperiosa voz los reclama para que la salven contra las hordas bárbaras que la amenazan[225].

El recurso al miedo y al extremismo fue absoluto. Para Hoy sólo había dos votos: el de la revolución y el de la contrarrevolución. «Hay que vencer a aquella y España entera, unida en apretado haz, siempre dentro de la ley, la vencerá inexorablemente», decía[226]. Obsérvese el «siempre dentro de la ley». Sólo le falta añadir: «por ahora». El diario Hoy se aplicó especialmente contra los dudosos y neutrales, a los que acusó de «cooperar al triunfo de los asesinos, de los incendiarios, de los ladrones, de los que intentaron ahogar a España entera en una ola de sangre, de los que sembraron en Extremadura la miseria y el dolor en el oprobioso bienio»[227]. Se referían al primer bienio, al que, en contraposición al «bienio negro», llamaban habitualmente el «ominoso bienio»[228]. Durante las semanas previas a las elecciones incluyeron llamativos recuadros con un particular balance de la revolución de octubre del 34 y por el mismo sistema advirtieron de lo que ocurriría si triunfaba el enemigo. Lo primero sería, según el periódico, que todas las tierras pasarían a ser propiedad del Estado, «suprimiéndose de consiguiente el pago de rentas a los particulares»[229]. Después serían disueltas las órdenes religiosas, el Ejército y la Guardia Civil y se crearían milicias reclutadas entre afiliados. Finalmente todos los empleados públicos desafectos al régimen serían cesados y la industria pasaría a estar bajo control obrero. Dieron también gran publicidad a la «labor legislativa» del bienio negro: haberes del clero, negociación con la Santa Sede, derogación de la Ley de Términos Municipales («baluarte de la tiranía socialista en el campo»), y rectificación de la política agraria y de la Ley de Jurados Mixtos[230].

Al mismo tiempo Hoy —sin tener muy en cuenta la exclusión de las demandas más radicales como la nacionalización de la tierra— ofreció a sus lectores, para que supieran a qué atenerse, los puntos principales del programa del Frente Popular, destacando todo lo relativo a la reforma agraria: la derogación de la vigente Ley de Arrendamientos, la revisión de desahucios, la consolidación de la propiedad en los arrendatarios antiguos y pequeños, la dotación técnica y financiera de la reforma, el rescate de bienes comunales, la derogación de la Ley de Devolución y Pago de las Fincas de la Nobleza y la promulgación de una nueva Ley de Arrendamientos[231]. Y siempre pidiendo a las derechas una «unión a todo trance» que resultaba imposible. Fiel a sus orígenes, el Hoy dedicó el editorial del 23 de enero a decir a los católicos lo que debían votar. Votar a la derecha era votar a España, y votar a España equivalía a «aplastar la revolución» y, de paso, a poner freno al marxismo, a la masonería y al separatismo. A fines de enero, respondiendo sin duda a pautas generales que se aplicaron en todo el país, los recuadros propagandísticos rozaron el paroxismo:

¡Madres extremeñas! ¿Queréis mantener la unidad indisoluble de vuestro hogar? ¿Queréis evitar que vuestros hijos sean envenenados en la escuela sectaria? ¿Queréis defender vuestros principios religiosos? (…).

No quieren las mujeres… que se les prive de la práctica de la religión…, que se les separe del amor de los esposos…, que sus hijos sean entregados al comunismo de la enseñanza del Estado…, que se reparta al alimento a los de su hogar por medio de vales (…). No quieren, en fin, la revolución, porque la revolución es la prostitución de la mujer y el comunismo integral lleva consigo el comunismo matrimonial[232].

En esos días el Hoy dio también entrada y publicidad a ciertas noticias que mostraban públicamente las preocupaciones sociales de la derecha, como por ejemplo la parcelación de una dehesa de 3628 ha en Puebla de Alcocer, en la que serían asentados unos 600 yunteros; o la compra de la finca «Los Cerros» por Acción Popular para la instalación de 20 familias en Torremayor, con la promesa de hacer otro tanto con la dehesa del Coto, de 150 ha[233] También tenemos noticia de que algunos grandes propietarios cedieron en los meses anteriores a las elecciones parte de sus fincas a los llamados Comités de Obreros Antimarxistas[234]. A medida que se acercaba la fecha de las elecciones los contenidos se fueron endureciendo. Para entonces el PSOE de Largo Caballero, para el que la revolución rusa constituía el modelo a seguir —el enfrentamiento entre los dos sectores de la FETT alcanzó su cenit por esos días—, pedía la socialización de la tierra. El 2 de febrero el editorial de Hoy, titulado «El panorama electoral en la provincia», constituía un virulento ataque contra los candidatos de izquierda, especialmente Narciso Vázquez y Margarita Nelken. Las llamadas a la mujer para que con su voto salvara la familia y la escuela fueron constantes. El editorial del día 11 de febrero, que giraba en torno a un discurso de Gil Robles, se titulaba «España una, España justa, España Imperio»; el del día 13, un tanto surrealista, pregonaba: «Obrero, ¡vota contra tus verdugos!»; el del día 15 resumía todos sus temores respecto a los votantes de derechas en un «Contra la cobardía y la traición», y finalmente el del domingo 16 se titulaba «¡No pasarán!» y concluía: «¡Extremeños! ¡A vencer!». Todo un lenguaje con premonitorias resonancias franquistas. En todo momento el Hoy, que no ofreció a sus lectores información alguna sobre la campaña del Frente Popular, fue el periódico de la candidatura contrarrevolucionaria. Dos días después, el 18, el periódico reconocía que sólo hubo un incidente sin importancia durante la jornada electoral.

En cuanto a hechos violentos previos el Hoy sólo recogió el asesinato del obrero socialista José Candelario Gordillo el 24 de enero. En ningún momento se pusieron en duda los resultados de las elecciones, ni en Badajoz ni en el resto de España. En su peculiar análisis destacaron que, pese a formar parte de los ganadores, Largo Caballero y Nelken habían sido los menos votados de su candidatura y que la izquierda, aunque había 23 000 votantes más que en 1933, sólo había recibido 5000 votos más, por lo que deducían que, habiendo 15 000 o 20 000 votos femeninos que habían favorecido a la izquierda, ésta había perdido una buena parte del voto obrero[235]. Para explicarse la derrota el Hoy recurrió a Gil Robles y al Papa, quien había propuesto a los católicos que siguieran el lema «Trabajo y participación en la propiedad». El Hoy no explicaba cómo debían ponerlo en práctica los católicos extremeños, pero se permitía recordar que hasta que tal cosa no se consiguiera «el mundo estará a merced del comunismo»[236]. Hay que destacar, por ser hombre bien informado especialmente en cuestiones agrarias, la opinión de Diego Hidalgo en carta a su amigo, el exgobernador civil de Badajoz, José Carlos Luna:

… se ha debido [el resultado electoral] no sólo al impulso arrollador de los elementos triunfantes sino a la codiciosa barbarie de los ricos extremeños que tú conoces, a los millares de desahucios y lanzamientos legales y extralegales, al hambre y los demás factores que te son conocidos[237].

La izquierda se rehízo como pudo. Las Casas del Pueblo fueron reabiertas en todas las localidades a partir de un telegrama del Gobierno Civil del 12 de noviembre de 1935 por el que se permitió su reapertura. Unas habían sido clausuradas en diciembre de 1933; otras en junio de 1934 tras la huelga general campesina y el resto tras los sucesos de octubre del 34. Carecemos de fuentes para saber cómo organizó la campaña el Frente Popular, pero sí sabemos la enorme importancia que todos dieron a esas elecciones y el esfuerzo que hicieron por llegar a todos en las semanas previas a partir del nombramiento de equipos electorales en cada localidad. El contenido, dado el carácter caballerista de las agrupaciones locales de Badajoz y por más que se adaptara al programa base de la coalición, debió ser en la línea de OT. Sirva de ejemplo «la nota de adhesión al compañero Largo Caballero» que la sociedad obrera Adelante, de Magacela, le envió por representar «el único camino que nos lleva a la revolución espiritual y moral emancipadoras de la humanidad»[238]. La izquierda fue consciente de la enorme presión ejercida desde el poder sobre los electores y de la necesidad de organizar actos de solidaridad para con los perseguidos del bienio negro, «toda vez que la lucha del día 16 de febrero próximo reviste tal importancia para la clase trabajadora que ninguna organización de este tipo puede ser indiferente al resultado»[239]. Rodríguez Hermosell reproduce un curioso borrador de propaganda electoral de Barcarrota cuyo final, tras repasar todos los temas conflictivos del bienio negro, decía: «Trabajadores: Esto harán las derechas si triunfan: En cada casa un cura, en cada portal un (ilegible), en cada barrio un alcahuete, en cada pueblo un amo»[240].

Puesto que sólo disponemos de la versión de Hoy no sabemos cómo tomó realmente la derecha el resultado electoral, aunque podemos atisbarlo a través de algunos testimonios y de ciertos documentos dispersos. Es significativa la historia narrada por Díaz de Entresotos, entonces registrador de la propiedad en Puebla de Alcocer. Sabía que por ser de Mérida no estaba incluido en el censo, pero a pesar de eso quiso dar su voto a Acción Popular. En la mesa electoral, donde se presentó acompañado del jefe local de AP, le dijeron que no podía votar por no estar censado, pero Díaz, que sabía todos los trucos, se impuso a los de la mesa hablándoles de «una imaginaria disposición que permitía votar a los funcionarios en todo caso, sin más requisito que acreditar su personalidad». Los de la mesa aguantaron un poco más, pero finalmente cedieron ante la prepotencia del funcionario. Conocido el caso, las elecciones de Puebla de Alcocer fueron denunciadas ante la Junta Electoral y —lo peor para el registrador— el gobernador civil Granados le retiró el permiso de armas, lo que no fue obstáculo para hacerse con otra pistola[241]. El propio Díaz de Entresotos dejó en sus Seis meses de anarquía en Extremadura —un relato imprescindible para el conocimiento de la derecha extremeña— sus impresiones sobre el dirigente socialista Ricardo Zabalza, quien pasó ese día por Puebla de Alcocer, un pueblo donde tras el bienio negro la Agrupación Socialista había quedado reducida a 23 afiliados[242]:

Por la mañana nos había visitado otro candidato marxista: Ricardo Zabalza. Había comido en la fonda, con la cabeza baja y en silencio, sin duda adivinando la secreta hostilidad de los comensales. Zabalza sí tenía pinta de lo que era. Desaliñado y repulsivo, emparejaba bien con sus actividades demoledoras. Iba por los pueblos aconsejando el motín y el saqueo. De él contaban que con ocasión de la huelga campesina del año 34 había colocado una bomba al paso de un tren. Ignoraba la certeza de este hecho, pero parecía posible viendo aquel hombre sucio y torvo que comía hundido en el plato. Cuántas veces contemplé aquel día la ametralladora de Muñoz [su amigo el teniente de Asalto Antonio Muñoz] pensando en dispararla sobre aquella carne asquerosa.

Fue tras esa comida y cuando ya se iban sabiendo los resultados cuando el teniente de Asalto Muñoz le dijo a su amigo Díaz de Entresotos: «Esto sólo se arregla a tiros. ¿Sabes?»[243].

Desde la Agrupación Socialista de Don Benito se informó el 19 de febrero a los diputados Miguel Muñoz y Simeón Vidarte que los elementos fascistas locales permanecieron todo el día 17 en el interior del cuartel de la Guardia Civil, desde donde ya de noche salieron con algunos guardias y recorrieron las calles cacheando a quienes se encontraban y aconsejándoles que se retiraran a sus casas. También se vio a los fascistas entrar y salir del Ayuntamiento. Esta connivencia entre Falange y Guardia Civil existió hasta bien entrado el día 18. Don Benito, por ejemplo, fue uno de esos lugares donde, como dijo Tuñón de Lara, el 18 de julio pudo anticiparse cinco meses[244]. La situación de tensión terminó aquí con la detención del falangista Eduardo Ezquer Gabaldón y del comunista Ángel Fatuarte Guerrero[245]. En el caso de Medellín los problemas venían de antes, del día 7 de febrero, cuando el juez municipal decidió encarcelar a trece socialistas entre los que se encontraban los interventores y apoderados, hecho que fue interpretado como un intento de asegurarse el fracaso del Frente de Izquierdas[246].

En Almendralejo fueron los jóvenes de Acción Popular los que ofrecieron sus servicios al cuartel de la Guardia Civil[247]. En Quintana de la Serena, por ejemplo, se supo entonces que las armas que utilizaban los falangistas en sus correrías las conseguía el alcalde del bienio negro como si fueran para la policía municipal[248]. Por la correspondencia de Miguel Muñoz también sabemos que desde Magacela se pidió el traslado del cabo de la Guardia Civil, quien el día 22 de febrero, en plena celebración callejera de la victoria electoral se dedicó a quitar pañuelos rojos a quienes los llevaban y a insultar a algunas personas de izquierdas[249]. Contamos igualmente con información de interés —el sumario abierto por la jurisdicción militar— sobre una serie de denuncias presentadas contra la Guardia Civil de Villafranca de los Barros por malos tratos a causa de hechos ocurridos en los días anteriores y posteriores a las elecciones. Es interesante porque refleja bien las relaciones existentes entre las autoridades frentepopulistas y la Guardia Civil, y porque muestra claramente los problemas a que daba lugar en la práctica la militarización del orden público y la excepcionalidad impuesta por los estados de alarma como el declarado el mismo 17 de febrero de 1936, primero de los que se producirían entre las elecciones y el golpe militar —fue prorrogado el 20 de marzo— y por los que se suspendían automáticamente la libertad de prensa y los derechos de reunión y manifestación[250]. Estos hechos fueron comunes a muchos pueblos, en los que los elementos fascistas, acostumbrados a mandar en la calle por la protección que recibían desde cuarteles, juzgados y ayuntamientos, tuvieron que replegarse tras las elecciones. Después de dos años de represión, la calle, con el triunfo del Frente Popular, el regreso de los detenidos y el retorno de la izquierda a las instituciones, fue ahora de la izquierda.

Con todo, pese al claro triunfo del Frente Popular, no hay que perder de vista que, a pesar de ser mayoría la izquierda, venció la derecha en los partidos judiciales de Almendralejo, Castuera, Fregenal, Mérida, Puebla de Alcocer, Villanueva de la Serena y Zafra. Indudablemente no es casual que en varios de esos partidos el problema de la tierra fuese menor que en los de Badajoz, Fuente de Cantos, Jerez, Llerena y Olivenza. Como tampoco es casual que dentro del partido judicial de Almendralejo triunfase la izquierda en pueblos como Ribera y Villafranca; o que dentro del de Fregenal ocurriese otro tanto en Burguillos del Cerro, en el de Mérida en Torremejía y en la propia cabeza del partido, y en el de Zafra en Fuente del Maestre. Todos esos pueblos tenían graves problemas relacionados con la propiedad de la tierra o con la relación entre la extensión del término y el número de habitantes. Curiosamente, en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 los monárquicos vencieron en los partidos de Zafra, Fregenal y Almendralejo, y los republicanos en Badajoz, Jerez de los Caballeros, Olivenza y Fuente de Cantos. Aunque en el caso de Badajoz carecemos de estudios que profundicen en el voto por sectores del campesinado similares al realizado por Francisco Cobo Romero para Jaén, parece muy posible que buena parte de los pequeños y medianos propietarios de todos los partidos en general y más concretamente de allí donde la propiedad se encontraba más repartida no dieran su apoyo al Frente Popular[251].

CUADRO V
Resultados electorales de febrero de 1936 por partidos judiciales
| Electores | Votantes | Dchas. | Izdas
Alburquerque | 18 822 | 11 170 | 3811 | 7359
Almendralejo | 40 317 | 31 556 | 16 884 | 14 280
Badajoz | 24 426 | 17 872 | 1097 | 1768
Castuera | 39 940 | 26 985 | 14 702 | 11 175
Don Benito | 23 104 | 15 289 | 7872 | 8417
Fregenal | 24 453 | 17 583 | 8148 | 7899
Fuente C. | 25 774 | 19 495 | 7694 | 11 801
Herrera del Duque | 17 771 | 10 388 | 5572 | 6438
Jerez C. | 30 667 | 21 716 | 7074 | 14 662
Llerena | 41 724 | 30 269 | 10 275 | 17 766
Mérida | 40 280 | 30 078 | 15 294 | 14 787
Olivenza | 23 851 | 17 690 | 5514 | 11 278
Puebla de Alcocer | 16 151 | 13 381 | 7266 | 5175
Vva. de la Serena | 20 926 | 16 532 | 8683 | 7849
Zafra | 24 759 | 19 827 | 10 047 | 9051
Totales | 412 965 | 299 831 | 129 933 | 149 705
Fuente: elaboración propia según los datos de Hoy de 19/02/36[252].

POR EL CAMINO DE LA REFORMA

Los días siguientes a las elecciones, con la derecha todavía no recobrada del estupor de la derrota, estuvieron marcados por dos hechos estrechamente relacionados: la amnistía y la reposición de los ayuntamientos democráticos, bien fueran los del 31 como los existentes en el 34 antes de que la derecha acabara con ellos[253]. Estos hechos, además de la readmisión de despedidos a partir de octubre de 1934 —rápidamente la Delegación de Trabajo solicita a los ayuntamientos la relación de despedidos desde octubre del 34—, mostraron claramente que se estaba cerrando el ciclo político abierto con la llegada de la derecha al poder a fines del 33 y sobre todo, ya en el 34, con la represión de la huelga campesina de junio y luego con la represión de unos sucesos revolucionarios localizados principalmente en Asturias pero que fueron utilizados por la derecha para neutralizar a la izquierda en todo el país. La prensa recogió las reposiciones de los ayuntamientos democráticos: Badajoz, Almendralejo, Campanario, Don Benito, Zafra, etc[254]. Esto se hizo mediante delegados gubernativos, cada uno de los cuales se encargó de varios pueblos. He aquí los telegramas llegados a los ayuntamientos:

Sírvase V. notificar inmediatamente y en forma legal al Sr. Secretario Ayuntamiento que proceda a reponer acto seguido a los concejales de elección popular que integraban las corporaciones municipales y que fueron suspendidos y sustituidos por otros concejales interinos de carácter gubernativo, siempre que no hayan sido depuestos por sentencia judicial, los cuales cesarán previamente y sin dilación haciendo entrega de los fondos municipales y documentación con las formalidades legales de rigor, dándome cuenta de haberlo así cumplimentado[255].

Es significativo el caso de Castilblanco, que celebra el regreso de los condenados por los sucesos de diciembre de 1931 y, al mismo tiempo, dado que en las elecciones de abril de 1933 ganó la izquierda, celebra la reposición de aquella corporación. Y lo primero que hacen esas corporaciones es ponerse de acuerdo en solicitar al Consejo de Ministros la reposición inmediata de la Ley de Intensificación de Cultivos en tanto que se implantara la reforma agraria[256]. Hubo también suspensiones de empleo y sueldo que afectaron principalmente a la policía municipal, pero los secretarios se encargaron de dejar claro que estos hechos, justificados por el estado de alarma y por falta de confianza, eran responsabilidad exclusiva de los alcaldes[257].

El Obrero de la Tierra, órgano de la Federación Española de Trabajadores de la Tierra, expuso en su número del 29 de febrero, primero tras el cierre del periódico en junio de 34, que:

Hubo dos años de bandidaje gubernamental en que, mientras se atracaban las cajas de la nación, quedaban abolidos todos los derechos políticos, sociales e individuales de los trabajadores; en que se hizo tabla rasa con nuestros Ayuntamientos; en que se cerraron nuestros centros; en que se suprimió toda voz y toda defensa de los obreros españoles y en que quitándoles sus medios de vida —el jornal, la escopeta de caza, la rebusca y hasta el derecho de salir de casa o del pueblo— se hizo lo posible para convertir en mendigos a los braceros socialistas; en que los registros, las citaciones continuas, las amenazas de muerte, los insultos soeces, las bofetadas y los palos fueron el pan diario que en las alcaldías y cuartelillos se ofreció a los obreros acorralados; en que la cárcel se llenó de miles de inocentes. Y todo eso es nuestra experiencia. Una experiencia que no olvidaremos, que no podemos olvidar, porque si lo hiciéramos tendríamos que pasar dentro de poco por otra experiencia peor: la de ver implantado el fascismo en España y convertido en permanente ese régimen inquisitorial que hemos vivido durante dos años como una pesadilla[258].

OT, por más que pensara que con las medidas reformistas no llegarían muy lejos, recordó el programa del Frente Popular y el papel que la clase obrera debía jugar para que esos compromisos se hicieran realidad, el mismo que había jugado en los tres hechos fundamentales ocurridos hasta el momento: la amnistía, la readmisión de los represaliados y la reposición de los ayuntamientos populares:

El señor Azaña puede estar agradecido a las multitudes que, desoyendo a los atacados de apocamiento incurable, se lanzaron a la calle formando manifestaciones legales en las que se exteriorizó la voluntad resuelta del pueblo. Tuvimos algunas bajas, ¡qué se le va a hacer! Son inevitables en estas luchas decisivas. Pero se constituyó sin tardanza el Gobierno del Frente Popular; salieron los presos de las cárceles, ante el asombro de nuestros juristas y abogados; se derrumbó en pocas horas con estrépito el tinglado de las gestoras municipales y provinciales; se abrieron fábricas, talleres y oficinas a los despedidos de octubre; se hizo, en fin, en pocos días lo que ciertos directivos nuestros —de esos a los que se les caen de la boca la frases de ¡orden!, ¡cordura!, ¡cuidado con los provocadores!— juzgaban tarea de meses[259].

En esa misma tónica la poderosa FETT, convencida de que el Gobierno del Frente Popular iba a necesitar ayuda para llevar a cabo el programa, se ofrecía a darle hecha la mitad de la tarea. «Esto se hace así, hemos de decirle. Y la palabra será simultánea con la obra»[260]. Ya desde esa temprana fecha los socialistas plantearon la necesidad de hacer justicia a los represaliados desde junio de 1934. El primer listado de nombres incluía a Adolfo Bravo, de Campanario, fallecido en agosto de 1935 a causa de malos tratos; Francisco Pérez Blázquez, de Navalvillar de Pela, muerto en noviembre de 1935 víctima de una paliza; José Buendía Muñoz, de Navalvillar, secretario de las Juventudes Socialistas, detenido en octubre de 1934 y fallecido en la cárcel sin asistencia, y José Buendía Arias, padre del anterior, muerto tras ser apaleado[261].

El 22 de febrero la Federación Española de Trabajadores de la Tierra solicitó al Ministerio de Agricultura una serie de requerimientos: entrega inmediata de tierras y créditos a las sociedades campesinas, suspensión de la Ley de Arrendamientos, restablecimiento de los Jurados Mixtos de la Propiedad Rústica, devolución de sus fincas a los arrendatarios desahuciados a causa de dicha ley además de indemnización por los perjuicios sufridos, aplicación de las disposiciones sobre laboreo forzoso facultando a las Comisiones Locales de Policía Rural para embargar las cosechas de aquellas fincas que fueran sometidas a laboreo forzoso por abandono del propietario, rápido despacho de los créditos solicitados al IRA y simplificación de plazos y trámites, reorganización a fondo del IRA y destitución de aquellos funcionarios que no hubiesen demostrado «devoción intensa» por la reforma y especialmente de los que se hayan ligados a la política y a los intereses de los terratenientes[262], y finalmente entrega en forma de préstamo de trigo a los agricultores pobres de los depósitos procedentes de la intensificación de cultivos, que se encuentran almacenados en los pueblos[263].

Finalmente, al Ministerio de Gobernación se le solicitó la sustitución de todos los ayuntamientos rurales derechistas por comisiones gestoras del Frente Popular y selección de los empleados públicos; y la devolución de las escopetas recogidas a los obreros de izquierdas y retirada de armas y licencias a los elementos de derechas. El secretariado de la FETT de Badajoz se reunió el día 29 de febrero. Asistieron Domingo Mendoza, Antonio Ramos Palla, Antonio Pulgarín, José Sosa y Antonio Rodríguez. El objeto de la reunión consistió en llevar al Gobierno Civil, al que se trasladaron, una serie de demandas en torno al problema obrero: principalmente el reintegro a su trabajo de los desahuciados con motivo de la Ley de Arrendamientos y la aplicación de la intensificación de cultivos mediante acuerdos entre las nuevas gestoras y las Comisiones de Policía Rural y sin esperar a los informes de los técnicos del IRA. El secretariado advertía que de no tomarse medidas urgentes el año 37 sería catastrófico. También se pedía, por el estado en que ya se encontraba (afectado por el gorgojo o convertido en forrajera), el reparto entre los campesinos parados del trigo depositado para responder a los préstamos concedidos a los beneficiarios de la intensificación de cultivos de 1933. Finalmente se solicitó la creación de una Oficina Provincial de Colocación Obrera que siguiera la línea trazada por la ley de Largo Caballero y que garantizara el turno riguroso de los inscritos[264]. El punto de partida y también los límites de los asentamientos quedan bien reflejados en esta carta enviada por tres campesinos de Olivenza asentados en «La Magistrada» al jefe del Servicio Provincial de Reforma Agraria:

Muy Sr. Don Justo López, (…): Esto es para manifestarle a V. lo que pasa. Tenemos 1,20 fanegas de semilla sembradas; tenemos muy poco crédito al trabajo que tenemos aquí hecho; haga V. el favor de ver de qué forma nos socorre cuanto más pronto pueda V.; estamos pasando muy malamente. Las mulas da pena verlas, están desmadejadas, y nosotros estamos casi lo mismo. Aunque quisiéramos salir a ganar un jornal no se encuentra dónde ganarse porque los jornales están muy escasos y para nosotros todavía más porque los patronos odian la Reforma Agraria; además a lo que nosotros tenemos sembrado todos somos pocos para asistir a las senaras y los días malos vamos a arrancar a la mancha (sic). Nosotros trabajamos con el mayor afán del mundo, ahora, si no somos socorridos dentro de muy poco tiempo tendremos que abandonar a los chozos y a la tierra; otro amparo no nos queda, y esto, si no se asiste, no se recoge nada y entonces será la ruina más grande. Además estamos pasando inmensas calamidades; el temporal nos ha causado grandes daños a los chozos, hemos quedado como en la calle, se ha mojado la ropa, los comestibles y todo lo que teníamos en los chozos.- Agustín Barragán, Antonio Cabanillas y Lorenzo Borreguero[265].

O este hecho contado por José Yerga Lancharro en sus memorias:

[En Fuente de Cantos] …se parcelaron y repartieron algunas fincas poco menos que asaltadas ante la oposición de la Guardia Civil, que desalojaba a los colonos de las tierras, [pero] no dieron facilidades para labrarlas y sembrarlas con el material apropiado, ni semillas, ni abonos, dándose el caso de que dos pobres colonos, con un enclenque borriquillo cada uno y un arado primitivo de madera, se unían en comunidad y rascaban la tierra lo mejor que podían con sus escasas fuerzas. En más de una ocasión tenían que ser ayudados por vecinos de parcelas para terminar. Yo mismo y por orden de mi abuelo lo hice en más de una ocasión.

Las primeras medidas del Gobierno respetando los convenios ya concertados sobre parcelaciones pactados entre propietarios y colonos y los desahucios de arrendatarios molestaron a la FETT, que habló de «una mala gana evidente en el Gobierno para atacar a fondo el problema de la tierra y bien que lo sentimos tenerlo que decir al comenzar estos primeros tropiezos de los flamantes ministros republicanos del Frente Popular»[266]. Tanto por la calma con que retomaron la cuestión agraria como por la actitud inicial de respeto a la legislación del bienio anterior, algunos podían pensar que el Gobierno seguía con la misma mentalidad legalista de los primeros años. Pero esto no es sino la prueba de que lo que pretendía el nuevo Gobierno era poner en práctica las medidas que no hubo manera de aplicar en el primer bienio.

Por fin, el 3 de marzo se hizo público el decreto, firmado por el ministro de Agricultura Ruiz Funes, que pretendía regularizar la situación de los yunteros extremeños y poner fin al gravísimo problema de los desahucios, que Juan Simeón Vidarte llega a cifrar en sus memorias en 137 000[267]. El IRA mantenía que la gravedad del problema de dichos yunteros y de los de las provincias colindantes, que cifraba en 70 000, le había obligado a posponer el de los braceros, cuya solución era más cara y en régimen capitalista requería más tiempo[268]. La base era la siguiente: «La adquisición de yuntas y su obligado sostenimiento han surgido en concepto de capital móvil porque había otro capital: el de la tierra, que tradicionalmente venían aportando los propietarios. Rota la relación jurídica por imperio de la voluntad de los últimos, importa reanudarla por una acción del Estado, para que no se esterilice el medio de trabajo y no se aumente el paro obrero rural, al tornarlos improductivos». Según el decreto, los yunteros, previa solicitud al Servicio Provincial de Reforma Agraria y salvo que el desahucio se debiese a falta de pago, tendrían derecho a recuperar el uso y disfrute de las tierras que habían labrado a partir del año agrícola 1933-1934. Bajo la supervisión del ingeniero del IRA el propietario debería conceder de inmediato al yuntero una parcela en la hoja de barbecho equivalente a la cultivada anteriormente, parcela a la que había que agregar otra en la hoja de siembra del cereal en pie si el yuntero lo solicitaba[269].

El decreto aprovechaba para, a través de los servicios provinciales del IRA, conocer a fondo la situación real tanto de los yunteros como de las fincas afectadas. Tenía el propietario el recurso de amparo, pero éste no implicaba la suspensión del asentamiento de los yunteros que hubiesen sido desahuciados entre 1933 y 1936. Ya el mismo día en que el decreto se hizo público se le atacó sin gran fundamento desde Mundo Obrero por no contemplar la indemnización a los yunteros y por no reflejar el espíritu del programa del Frente Popular, en el sentido de hacer primar la entrega de tierras sobre el deseo de crear un clima de paz en el campo extremeño[270]. El Socialista lo reprodujo íntegro el día 5 de marzo sin comentario alguno bajo el titular «Los yunteros recuperan el uso y disfrute de las tierras que anteriormente utilizaron». Por su parte OT incluyó en su número del día 7 una nota donde avisaba de la salida del decreto y de que ya lo comentarían en el número siguiente pero añadía:

Tiene demasiada letra menuda que invalidará en gran parte sus buenos propósitos. Volvemos al papeleo y al tramiteo. Además, no hay reforma agraria posible mientras sigan mangoneando en el Instituto el terrateniente Benayas y demás jefes y jefecillos de la Ceda y de los grandes propietarios. A todos esos hay que echarlos sin contemplaciones como primera medida. A fin de orientarse debidamente procederán los yunteros a reunirse en las Casas del Pueblo para concertar su acción después de conocer el decreto que ha sido publicado en todos los diarios.

En esos días, todavía entre la euforia del retorno de los beneficiados por la amnistía[271] y las primeras medidas para la reposición de los empleados destituidos a lo largo del bienio negro, se prestó especial atención en todos los pueblos al decreto del 3 de marzo. En el Ayuntamiento de La Garrovilla, por ejemplo, fue «estudiado y discutido con gran amplitud, conviniendo todos que éste ha de ser el primordial interés de esta Corporación hasta conseguir que todos los obreros campesinos puedan llegar a poseer la tierra necesaria para no necesitar trabajo de nadie y vivir con la independencia a que el obrero tiene derecho. Conviniendo enseguida que como el Ilustrísimo Señor Director General del Instituto de Reforma Agraria tiene anunciada su visita a Badajoz y Cáceres, no se pierda un detalle de las instrucciones que dé para la colocación de los obreros campesinos en la tierra que se pueda adquirir»[272]. Las quejas de los propietarios fueron inmediatas: no aceptaban que sus yunteros fueran expulsados y volviesen los anteriores u otros que no eran de su agrado. Tampoco aceptaban las nuevas bases de trabajo. Ya en la primera quincena de marzo hubo patronos que fueron encarcelados por orden del gobernador por esta causa, lo que ocurrió, por ejemplo, en Santa Marta. «En la provincia de Badajoz los terratenientes, tan cerriles como siempre, empezaron a negar trabajo a los campesinos. Las autoridades se vieron obligadas como en otros tiempos de la monarquía a establecer el reparto obligatorio de obreros», dejó escrito en sus notas Juan Simeón Vidarte el 7 de marzo[273].

Hubo también otras medidas tomadas tras las elecciones que afectaron a Badajoz. Así, por ejemplo, la orden del Ministerio de Agricultura del 20 de febrero dispuso que «queden aplazadas todas las diligencias encaminadas a la devolución de las fincas a sus respectivos propietarios que ostenten la condición de ex-Grandes de España, así como las instruidas para el pago de rentas a los mismos correspondientes a los bienes rústicos sujetos a ocupación temporal (hayan sido o no expropiados con anterioridad), absteniéndose, por consiguiente, de dictar órdenes de pago en los expedientes de la indicada naturaleza que se encuentren pendientes de acuerdo». Desconocemos la repercusión que esta medida tuvo en la provincia, aunque por los expedientes consultados en el archivo del IRA parece que tuvo que ser considerable[274].

PRIMERO EL HECHO, LUEGO EL DERECHO

La fuerza de la FETT era importante. En dos años había pasado, como ya se dijo antes, de 275 a 2541 secciones y de 36 639 a 392 953 cotizantes. En este panorama, la provincia de Badajoz ocupaba un lugar destacado: era la sexta provincia por número de secciones (110), tras Toledo (159), Valencia (149), Valladolid (146), Cáceres (125) y Ávila (118), y era una de las primeras en huelgas en las que la federación había intervenido: 67[275]. La FETT contaría en el Congreso con ocho diputados, tres de ellos por Badajoz:

Ricardo Zabalza Elorga, secretario general de la FETT, diputado por Badajoz.

Julia Álvarez Resano, abogada asesora de la FETT, diputada por Madrid provincia.

Nicolás de Pablo Hernández, secretario del Consejo del Secretariado de la FETT Badajoz, diputado por esta provincia.

José López Quero, igual cargo que el anterior en Jaén y diputado por esa provincia.

Pedro García García, igual cargo que los anteriores pero de Valencia y diputado por esta provincia.

Antonio Bujalance, igual cargo que los anteriores pero en Córdoba y diputado por esta provincia.

José Sosa Hormigo, vocal del Consejo del Secretariado de Badajoz y diputado por esta provincia.

Juan Campos Villagrán, natural de Trebujena y muy ligado a la FETT. Diputado por Cádiz[276].

En su número de 7 de marzo OT, bajo el titular «Los problemas de la tierra no admiten demoras, ni consienten papeleos», dedicó especial atención a lo ocurrido en Cenicientos, un pueblo de Madrid cuyos habitantes, tras invadir la dehesa «Encinar de la Parra», que había pasado en un siglo de ser pública a manos de unos pocos, mandaron el siguiente escrito al ministro de Agricultura:

En nuestro pueblo hay una extensa dehesa susceptible de cultivo y ya cultivada en tiempos, que hoy se destina a caza y pasto. Inútiles han sido nuestras frecuentes demandas de arriendo al propietario que, junto con dos o tres terratenientes más, poseen la casi totalidad del término municipal perteneciente en otras épocas al común de los vecinos. Con nuestros brazos y yuntas paradas, con nuestros hijos hambrientos, no nos quedaba otro recurso que invadir estas tierras. Y las invadimos. Con nuestro trabajo producirán lo que antes no producían, acabará nuestra miseria y aumentará la riqueza nacional. Creemos que con ello no perjudicamos a nadie y sólo pedimos a V. E. que legalice esta situación y que nos conceda créditos para hacer en paz nuestros trabajos.

La lectura que hacía OT del caso de Cenicientos era clara: los campesinos habían hecho uso de un derecho natural: el derecho a la vida. Los «enamorados de la legalidad» podrían aducir la necesidad de una disposición legal que posibilitara la ocupación, a lo que OT argüía que si el hecho era justo y se cumplió en paz «poco importa el medio empleado, porque en toda revolución el hecho siempre precede al derecho»[277]. De nada servía, según OT, poner las esperanzas de nuevo en la Gaceta como en el primer bienio, en que sólo se consiguió «exasperar a los terratenientes con leyes superficiales e inocuas…». El camino a seguir lo marcaba Cenicientos: primero el hecho, luego el derecho. Al fin y al cabo no sería sino un paso más, ya que la amnistía posterior al triunfo electoral y la readmisión de despedidos se consideraban conquistas hechas al legalismo burgués. El mensaje se repetía una y otra vez: «LOS DIPUTADOS SOCIALISTAS, COMUNISTAS Y SINDICALISTAS DEBEN PONERSE AL FRENTE DE LOS CAMPESINOS Y HACER LA REFORMA AGRARIA. DESPUÉS DEBEN IR AL PARLAMENTO A LEGALIZARLA»[278].

El rechazo a la reforma agraria que se quería retomar se puso también de manifiesto en la afirmación de que «Nuestros campesinos saben más que los Técnicos de la Reforma Agraria». Al decir esto aludían a los técnicos sin preparación suficiente y a aquellos que estaban al servicio de los terratenientes y «sabotearon las buenas intenciones de los gobiernos republicanos»[279]. Ante la desconfianza, OT proponía que prevaleciera la opinión de los campesinos sobre la de los técnicos, pues eran los primeros los que sin duda mejor sabían cuáles convenía trabajar y cuándo y cómo había que hacerlo. «¡Que den pues su dictamen nuestros afiliados! ¡Eligiendo la tierra y empezando a trabajarla en la época propicia! Y luego, que el gobierno dé fuerza legal a lo hecho por aquéllos. Es el camino más seguro y más corto»[280]. En realidad Zabalza y la FETT, en plena sintonía ahora con Largo Caballero, aceptaban circunstancialmente la alianza que había dado el poder a la izquierda en las elecciones. En la práctica sus perspectivas, muy condicionadas por la trayectoria de la patronal agraria desde 1932 y muy especialmente desde 1934, desbordaban ampliamente los planteamientos reformistas del programa del Frente Popular. No obstante, hay que decir que en este período, Ricardo Zabalza, consciente probablemente de las dificultades que se arrastraban desde el primer bienio y, por tanto, de su efecto inmediato, siempre fue partidario de que lo primero que había que hacer era aplicar las leyes.

MOVILIZACIONES POR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

El día 11 de marzo, una orden del IRA planteaba realizar con «urgencia y eficacia», mediante ocupación temporal y agilizando trámites, asentamientos campesinos en Badajoz, Cádiz, Cáceres, Toledo y Salamanca. Al mismo tiempo, el órgano de expresión de la FETT se quejaba de los casi dos años de constantes estados de excepción y de los más de quince meses de censura previa, ambos problemas heredados del bienio negro y que el Gobierno del Frente Popular había dejado estar. Algunos veían en este hecho el deseo del Gobierno de seguir disponiendo de medios potentes y eficaces de cara a las movilizaciones sociales o, en el caso de la censura, simplemente a que se supiera lo que estaba pasando en el campo español[281]. Lo cierto es que la censura funcionó y no es fácil saber la realidad del proceso revolucionario que vivió el mundo campesino en la primavera de 1936. Un ejemplo sería la movilización campesina del 15 de marzo, unos días antes de la convocatoria de nuevas Cortes. Considerada por la FETT como una demostración de fuerza, planteó las siguientes peticiones: entrega inmediata de tierras y créditos a las colectividades campesinas; rescate de comunes; trabajo para los parados; reintegración a sus tierras de los arrendatarios desahuciados; cumplimiento estricto de las bases y turno riguroso; ni un preso social en la cárcel; ni un represaliado en la calle; justicia contra los verdugos y ladrones del pueblo; mandos republicanos y ayuntamientos izquierdistas; destitución de los empleados públicos enemigos de los trabajadores; y desarme de las derechas y formación de milicias populares. Y concluía: «Campesinos: la revolución que se inició el 16 de febrero necesita vuestro firme apoyo. Manifestaos en toda España el 15 de marzo de 1936»[282]. La consigna fue seguida y el domingo 15 de marzo se produjeron importantes manifestaciones campesinas en casi todos los pueblos extremeños con el objetivo de recordar al Gobierno los compromisos adquiridos en el programa del Frente Popular. La prensa recogió los primeros asentamientos a partir del día 17: Herrera del Duque, Granja de Torrehermosa, Montijo, Puebla de Alcocer, Talavera la Real, Guareña, Lobón, Torremejía[283]… Eran esas manifestaciones las que inspiraron al registrador y propietario Díaz de Entresotos las siguientes reflexiones:

Estas muchedumbres caminaban dando gritos de U. H. P. y elevando los brazos de crispados puños. Desde las aceras la gente de orden contemplaban con ojos desolados el paso de los manifestantes y en todos los corazones se arrinconaban angustias infinitas. A mí me comía una ira sorda y desesperada. Tenía la cabeza llena de ideas homicidas y hubiese dado la vida por quitársela a aquella gentuza, cuya presencia era humillación y reto[284].

Mundo Obrero volvió a la carga con el decreto de yunteros en un artículo del diputado comunista por Badajoz, Pedro Martínez Cartón, titulado «¿Hay que consolar a los terratenientes o dar tierra a los yunteros?». «El decreto huye de la realidad como el diablo de la cruz», comenzaba con un ejemplo poco adecuado. Para Martínez Cartón el decreto, «apocadito y mezquino», estaba íntegramente al servicio de los terratenientes. Rezumaba «juricidad», decía. «No se nos venga con los técnicos que lo resuelven todo y no hacen más que rumiar papel sellado. Se trata de tomar y trabajar la tierra robada al pueblo por los terratenientes…». Y concluía:

Desde aquí, invitamos a los yunteros a formar su propia Comisión en cada pueblo y a tomar la tierra que le arrebataron los terratenientes. Invitamos a todas las organizaciones obreras y campesinas de Extremadura a que constituyan una Alianza en cada pueblo y tomen en sus manos la causa de los yunteros, y, naturalmente, los bloques del Frente Popular deben apoyar esta lucha, que no es otra cosa que la lucha por el programa del Frente Popular. Ante un decreto tímido del señor Ruiz Funes, acción enérgica de los yunteros contra los terratenientes. Es así como los comunistas creemos que se debe cumplir lo que es la ley del pueblo laborioso: el programa del Frente Popular[285].

El IRA actuó con gran celeridad. Una semana después de que el decreto se hiciera público ya había movilizado a los funcionarios que debían encargarse de su aplicación. Los avisos a los afectados y las reclamaciones se canalizaron a través de los ayuntamientos, quienes a su vez los trasladarían a las delegaciones comarcales de Reforma Agraria, para las que se habilitaba un local en los propios ayuntamientos[286]. La provincia se dividió en varias zonas y en cada cabeza de partido se envió a un ingeniero agrónomo. Se establecieron seis delegaciones técnicas en la provincia: Badajoz, Jerez de los Caballeros, Llerena, Castuera, Puebla de Alcocer y Mérida. He aquí uno de esos avisos, en este caso del alcalde de Barcarrota, Teófilo Proenza Borrachero, a los herederos de Ángel Moreno García, propietarios de la finca «Donvela»:

Cumpliendo órdenes del Sr. Ingeniero Jefe de Reforma Agraria de la zona de Jerez de los Caballeros, comunico a Uds. como herederos de D. Ángel Moreno, la ocupación de la finca denominada «DONVELA» en su totalidad, debiendo en el plazo de 48 horas contestar por escrito su resolución a este Ayuntamiento. Le ruego se sirva autorizar el duplicado para constancia en el expediente de su razón. Les saluda atentamente. Barcarrota, 15 de marzo de 1936. El Alcalde.

Oficios similares se enviaron a los herederos de Ricardo Cueva Moreno, propietario de la finca «Tapias», de la que se ocupaban 65 fanegas, y a los herederos de Ana María de los Ángeles Moreno, propietarios de las fincas «Media Matilla» y «Cuarto del Medio», de las que se ocupaban 600 fanegas[287]. El primer telegrama enviado por el ingeniero del IRA en la mañana del 13 de marzo decía: «En 48 horas formen dos relaciones: una de fincas expresando nombre extensión giro barbechos y nombre propietario y otra de yunteros expresando extensión que labra y en qué finca, si no labran en ninguna consten dudas y comuniquen conclusiones relaciones a Ingeniero en Ayuntamiento de Jerez [de los Caballeros]»[288]. Unas horas después se pidió que la relación de fincas incluyese las del término y las de los términos limítrofes donde labrasen tierras los yunteros de la localidad, y que en la relación de yunteros se expresase la superficie de tierra que podían trabajar cada uno; también que la lista de las fincas con los giros de barbecho fuese aprobada por la Comisión de Policía Rural y que la de yunteros a su vez lo fuese por el alcalde y las sociedades obreras. El ingeniero del IRA también aconsejaba la creación de una comisión encargada de distribuir en los giros de cada finca los yunteros que podían caber según la calidad del giro, lo que quedaría reflejado en una lista con los nombres de las fincas y los yunteros que permanecerían en cada una.

Por estos motivos y «para evitar posibles prejuicios» el ingeniero pidió a los ayuntamientos que cesasen terminantemente las labores de barbecho y se prohibiese la celebración de nuevos contratos de arrendamientos, y por su parte los alcaldes animaron a los yunteros y pequeños agricultores a que se inscribiesen de inmediato en cada municipio. Sin embargo, sólo dos días después el mismo ingeniero daba marcha atrás en la orden de suspender labores de barbecho y contratos de arrendamientos[289].

Veamos, por ejemplo, la relación que a mediados de marzo se envió desde el Ayuntamiento de Valverde de Llerena (2600 hab.) al Servicio Provincial de Reforma Agraria bajo el nombre Relación de yunteros que al amparo de la Ley de Intensificación de Cultivos cultivaron durante los años agrícolas de 1933 a 1934 con expresión de la superficie de las parcelas y relación de todos los que solicitan por haber sido desposeídos o no tener dónde dedicar sus actividades, con expresión de las fincas solicitadas. Las fincas mencionadas eran «Encinalejos», «Sotillo», «Palacio del Pilarillo», «Los Palacios», «Obejero» y «Valhondo», las dos primeras en término de Valverde y las restantes en término de Reina. La primera relación era de 196 personas, todas las cuales habían dispuesto de cinco fanegas y eran dueñas la mitad de una yunta y la otra mitad de media. Excepcionalmente cinco de ellos tenían dos yuntas. El segundo listado era de 119 personas, sin tierra alguna, sólo 50 de ellos con una o media yunta y que solicitaban 1100 fanegas. Otra relación con 124 nombres de los que se especificaban edad, estado civil (casados o viudos), número de hijos y sus edades y un dato que da la dimensión del problema, el número total por familia: de esos 124 hombres dependían 576 personas entre mujeres y niños. Como la superficie de las fincas indicadas era insuficiente, el Ayuntamiento proponía que se tuviesen en cuenta varias fincas de Guadalcanal («Jaroso», «La Plata», «Dehesa Carlos» y «Sajunco») que limitaban con Valverde y que eran propiedad de los hermanos Antonio, María y Manuel Cerrato López, vecinos de Valverde[290]. Al mismo tiempo, el 16 de marzo los yunteros enviaron el siguiente escrito al Jefe del Servicio Provincial de Reforma Agraria:

… que todos ellos, modestos yunteros, fueron asentados durante la intensificación de cultivos y que al finalizar aquella han cultivado durante los años agrícolas de 1935 y 1936 (…) las parcelas cuyas superficies por individuos se detallan en la adjunta relación. Que siendo insuficiente a sus necesidades la parcela que hoy cultivan[291] y teniendo en cuenta que el propietario se niega a darles tierra para efectuar barbechos del corriente año, no teniendo, por consiguiente, tierra donde dedicar sus actividades. SUPLICAMOS a V. E. se digne de acuerdo con el Decreto de fecha tres del corriente mes concedernos las parcelas de barbecho que figuran en la repetida relación. Los que suscriben se comprometen bajo declaración jurada a abonar la renta que en su día se fije, como así mismo al pago de labores si a ello hubiere lugar.

Viva V. E. muchos años[292].

Se conserva completo el expediente de Bodonal de la Sierra, iniciado a mediados de marzo y que fue entregado a la Delegación Comarcal de RA el 25 de mayo[293]. Contiene la relación de los 398 yunteros, el número de fanegas que labraban o si no tenían ninguna —la mitad de ellos una o dos—, las que solicitaban —entre una y tres— y los medios con que contaban —invariablemente una yunta—. Las 808 fanegas en que fueron asentados por el IRA procedían de 26 fincas de los términos de Bodonal, Fuentes de León y Fregenal de la Sierra[294]. El expediente da todo tipo de detalles sobre estas tierras: superficie, número de yunteros ya existentes y de los que pueden caber, datos sobre los propietarios, etc. Y adjunta las actas de ocupación, detallando los nombres de los cabeceras de grupo y de todos los asentados en cada finca. También se conserva completo el expediente de Reforma Agraria de Fuentes de León[295]: 1008 fanegas de 27 fincas repartidas entre 363 yunteros[296]. Ni estas fincas ni las de Bodonal eran latifundios. En el caso de Torre de Miguel Sesmero se cuenta con el listado de los 62 yunteros desahuciados en septiembre de 1935 y que en abril de 1936 fueron repuestos en las parcelas que venían cultivando[297].

Para la elaboración de las listas de yunteros desahuciados —la de Valverde recogió finalmente más de 300 nombres— los ayuntamientos recurrieron a los juzgados, donde había quedado constancia de todos los casos que se habían producido anteriormente y de sus causas. El 18 de marzo, finalmente, el ingeniero delegado del IRA comunicó desde Mérida a todos los ayuntamientos que en la Comisión para establecer las listas de yunteros, además de la representación municipal, habría dos representantes de cada asociación campesina y que en ellas:

1.º Figurarán solamente los campesinos cabezas de familia que dispongan de elementos para trabajar la tierra que se les entregue, es decir, que se comprometan a trabajarla por sus propios medios.

2.º Se eliminarán los obreros que no sean exclusivamente agrícolas así como aquellos que tengan una ocupación fija.

3.º Se eliminarán igualmente los que labran actualmente más de 7 hectáreas y a los que paguen más de 30 pesetas de contribución por rústica[298].

Algunos pueblos, caso de Ribera del Fresno, de seis mil habitantes, enviaron rápidamente al ingeniero del IRA un informe previo en que tras exponer la situación (unas 900 familias obreras de las que la mitad sólo disponían del jornal eventual) y especificar las épocas de trabajo (de mayo a julio la siega, de diciembre a enero la aceituna y el resto de año paro) proponían distribuir entre los obreros varias fincas: «Endrinal», propiedad de María Cabeza de Vaca Gutiérrez de Salamanca y Manuel Obando López de Ayala, de 532 ha; «Peñaovejera», de Mateo Sánchez Arjona, de Villafranca, y luego de Lorenzo Ledo, de Mirandilla, una de 474 ha y que llevaba tres años sin cultivarse; otra de Marcelino Casillas Bueno, vecino de Villalba de los Barros, de 303 ha; «Redrojuelo», de María Fernández de Córdoba, vecina de Villanueva de la Serena, de 400 ha; «Redrojo», de José Jaraquemada Quiñones, vecino de Fuente del Maestre, de 488 ha; «El Piojo», de Genaro Durán García, vecino de Villafranca, de 548 ha[299].

Al mismo tiempo que esto ocurría y mientras desde el Gobierno Civil se adoptaban rigurosas medidas para que los propietarios cumplieran los contratos de trabajo —podemos hacernos una idea de las citaciones de la Delegación de Trabajo recordando por ejemplo los citados del 2 de abril: Concepción Mitsuf Macón, Concepción Jaraquemada Quiñones, Isabel y María Cabeza de Vaca Montero de Espinosa, Casto Domínguez Gallego, Francisco Cabeza de Vaca Gutiérrez de Salamanca y Antonio Domínguez González, todos ellos vecinos de Villafranca pero con propiedades en diversos términos de la provincia—,[300] los ayuntamientos estaban actuando y exigiendo a los propietarios que colaboraran en los planes para paliar la crisis del trabajo. Los que se negaban a colaborar eran castigados a pagar multas de 500 pesetas, caso de los propietarios de Villafranca Baldomero Marcos Núñez, Juan Antonio Estrada, Baldomero Santos Verjano, Isabel Cabeza de Vaca y Concha Jaraquemada[301]. Una de las medidas más duras era sin duda el reparto de obreros, cuestionada en ocasiones por los propios gobernadores civiles republicanos y que en la práctica afectaba más a los medianos que a los grandes propietarios. A mediados de marzo la patronal agraria se quejó al Gobierno Civil de que dichos repartos le parecían abusivos[302]. Por otra parte, propietarios como el mencionado Durán García no tardarían en recibir comunicaciones municipales por las que se les informaba que los individuos cuyo desalojo ordenaron en sus fincas podían volver a ellas; otros, como Francisco Cabeza de Vaca, Julia Rengifo o María Tous de Monsálvez, recibirían simplemente avisos del IRA comunicándoles la ocupación temporal de alguna de sus fincas o las labores que debían realizarse en otras[303]. Uno de los patronos con más conflictos con las autoridades de Villafranca fue el que luego sería presidente de la primera gestora tras la ocupación del pueblo, José Muñoz Verjano. Por el contrario, en un pueblo como Palomas, donde los campesinos ocuparon dos fincas abandonadas («El Chaparral» y «Las Toras») y entregaban una cuarta parte al propietario, fue el propio alcalde republicano, que poseía tierras, el que pidió que fueran las suyas las primeras en ser ocupadas[304]. Este caso no fue único. También conocemos, por ejemplo, el de los propietarios Pedro Maza, de Montijo, quien arrendó su finca en aparcería a sus tres mozos de mulas y les cedió yuntas para que trabajasen la tierra, y el de Antonio Cordón, de Fregenal, que donó una finca al sindicato campesino[305].

Aunque no se conoció hasta varios días después, el 11 de marzo el Consejo Provincial del Secretariado de la FETT, con su secretario Nicolás de Pablo en cabeza, envió un escrito al IRA en el que además de apoyar el proyecto de asentamiento de campesinos le dio una serie de orientaciones:

a)restituir el usufructo de la tierra a quienes han sido lanzados de ella, caso de los yunteros.

b)reinstalar en las tierras que estuvieron afectas a la intensificación de cultivos las sociedades obreras que las cultivaron.

c)asentar en nuevas fincas a los campesinos no afectados por los apartados anteriores.

d)conceder a todos los asentados los créditos indispensables para que puedan cultivar la tierra.

El escrito advertía que las tierras que entre diciembre del 35 y marzo del 36 hubiesen sido cedidas a ciertos cultivadores «por causa electoral de significación contraria a la II República» deberían ser las preferidas para la incautación «por causa de reparación moral». Los campesinos que quisieran acogerse a los puntos a y b deberían pasar por los ayuntamientos y firmar un documento de recepción de la tierra; y los que optaran por la opción c debían, de acuerdo con la Policía Rural, señalar las fincas y tomar posesión de ellas de igual manera que los anteriores. Los créditos deberían darse por un procedimiento excepcional que permitiera a los asentados disponer de ellos al mismo tiempo que de la tierra. Paralelamente, pensando en que los créditos no llegarían tan rápido, se exigía un plan de obras públicas y una actuación intensa de la Policía Rural. En este sentido, y dada la mala calidad de la cosecha y el descuido de los propietarios, aconsejaba una urgente operación de escarda y la eliminación de malas hierbas, que invadían todos los sembrados. Se aconsejaba dar 24 horas a los propietarios para acometer dichas tareas, previniéndoles de que en caso de que no lo hicieran la Comisión de Policía Rural se encargaría de llevar obreros del censo de parados. En caso de problemas con las resoluciones de las Comisiones resolvería la Sección Agronómica que correspondiera en plazo de cinco días, y si ésta se demoraba resolverían las Comisiones. Toda esta urgencia se justificaba por una razón: había que aprovechar el tiempo que quedaba antes de que la tierra empezara a perder su sazón para realizarse en ella la barbechera. Si ello ocurriera, finalizaba el informe, «los campesinos que representamos perderían la fe que hoy tienen depositada en el Gobierno de la República y, sintiéndose una vez más defraudados en sus esperanzas, se verían precisados a un nuevo sacrificio: el de no contar con el primero para cuidar de la salud de la segunda. Confiamos en la perspicacia del Gobierno…»[306].

Este documento también fue entregado al Gobierno aprovechando la visita que Adolfo Vázquez Humasqué, director del IRA, realizó a Badajoz el día 12 de marzo. Habló ante diversas comisiones campesinas reunidas en la Casa del Pueblo y prometió dar tierras en ocho días a 40 000 yunteros. Se le dijo que eso estaba bien pero sólo resolvería parte del problema, pues los campesinos necesitados de tierra eran muchos más. Vázquez Humasqué se comprometió a que el Gobierno tomara en cuenta de manera urgente aquel documento.

PROMESAS QUE NO SE CUMPLEN

Por esos días se abordó en muchos pueblos el gran problema: el paro obrero, que se trató en reuniones presididas por el delegado de Gobierno y con representación patronal y obrera. En Fuente del Maestre, por ejemplo, el 18 de marzo los propietarios dieron tierras para los yunteros, que permanecieron en ellas «hasta que con la llegada de las tropas (como en todas partes) fueron desalojados»[307]. Contamos con las bases aprobadas en Zafra el día 13 de marzo. El alcalde socialista José González Barrero sentó a obreros y patronos alcanzándose una serie de acuerdos básicos[308], verdadera muestra de la lucha por la supervivencia, por lo que fue considerado un triunfo de los obreros de Zafra e incluso llegó a ser destacado por Mundo Obrero en su edición del 10 de abril. Por su parte, el Gobierno actuó con celeridad en el caso de los yunteros.

El día 14 de marzo, teniendo en cuenta que «el trabajo de estos cultivadores exige la posesión de la tierra arable en el momento en que cese el período de lluvias que viene retrasando las labores de la barbechera», el Ministerio de Agricultura publicó un decreto de aplicación de la Ley de Reforma Agraria por procedimiento rápido y sumario que desarrollaba el decreto del día 3. Por el artículo 1.º todos los yunteros extremeños y de las provincias limítrofes entrarían en posesión de una suerte de tierra de dehesa para efectuar en ella las labores de barbecho; todo ello se haría, según el artículo 2.º, con mediación de los técnicos del IRA, dando preferencia a los campesinos expulsados de las fincas que labraron desde 1933; el artículo 3.º recogía la causa de utilidad social en la ocupación temporal de tierras para anticipar los asentamientos; el artículo 4.º definía los criterios que debían de guiar a los técnicos del IRA en la selección de tierras adehesadas para el asentamiento; según el artículo 5.º, una vez seleccionados los yunteros y hechos los lotes, se procedería a su entrega, previa notificación simple al propietario o al usuario de la finca; el artículo 6.º exceptuaba de dichas medidas las tierras ya ocupadas por otros yunteros o por medieros, arrendatarios o colonos; el 7.º obligaba a los propietarios o usuarios a permitir a los yunteros el uso de albergues para personas y animales cuando la finca distase más de dos kilómetros del lugar de residencia del yuntero; el decreto también obligaba en su punto 8.º a los yunteros a respetar las tierras y pastos del resto de la finca; el artículo 9.º establecía que la entrega de la tierra la haría el personal del IRA mediante acta suscrita por beneficiario y propietario, suplido por un delegado designado por el alcalde en caso de ausencia; el 10.º decía que sería el IRA, una vez entregadas las tierras, el encargado de reglamentar los asentamientos y de disponer de las ayudas económicas para la siembra de otoño y sus labores preparatorias; el artículo 11.º garantizaba al propietario el interés vencido al 4 % del valor de la finca ocupada; y el artículo 12.º, en consonancia con la ley de RA, consideraba ocupación temporal todo tipo de asentamiento de yunteros. Este decreto se publicó en la Gaceta el día 17 de marzo. Firmaban Niceto Alcalá-Zamora Torres y Mariano Ruiz Funes.

Posteriormente, con fecha del 20 de marzo, se dictó un nuevo decreto que desarrollaba el punto 3.º del anterior sobre la utilidad social. Al hacer esto, como ya se ha puesto en evidencia en diferentes ocasiones, no se hacía sino retomar el artículo 14 de la Ley de 9 de noviembre de 1935, la de la contrarreforma agraria, nunca puesto en práctica. La exposición era muy clara: la gran concentración de la propiedad, el elevado censo campesino, el reducido término municipal y el predominio de los cultivos extensivos «son una realidad y un obstáculo para la solución apremiante que requiere el problema social del campo»[309]. De ahí la posibilidad de ocupar de manera temporal fincas que pudieran paliar el problema en localidades donde se diesen esas características. Fue así como el Gobierno decidió que la puerta a la reforma agraria la abriera un artículo de una ley pensada para acabar con toda la reforma agraria del 32. Para Bruguera, «el mantener la ley de 1935 y servirse de ella, después de todo el daño que había hecho a los campesinos, retrata de cuerpo entero a los pequeños burgueses que gobernaban. ¡Cuánta razón tenía quien dijo que se murió la República de una indigestión de juricidad!»[310].

La crítica al decreto del día 14, aunque con fecha de ese mismo día, apareció en el OT del 21 de marzo, en que se hacía un repaso del problema desde 1933, destacaba principalmente el olvido del despojo a que habían sido sometidos los yunteros al no abonárseles el trabajo realizado y obligarles encima a pagar una renta; la no aclaración sobre cómo cobrarían los anticipos para vivir hasta la recogida de la cosecha, y su limitación a Extremadura. La FETT planteaba la ampliación del decreto a todo el país, la urgente concesión de créditos, el recurso a la «utilidad social» para acometer las expropiaciones necesarias, la exigencia a los propietarios de abonar las labores realizadas por la Ley de Yunteros y de devolver las rentas abonadas indebidamente, y la consolidación de lo ya hecho en la nueva Ley de Reforma Agraria, que también contemplará los asentamientos que tengan que esperar a una segunda etapa por falta de créditos.

El OT de ese mismo día, 14 de marzo, lo encabezaba una nueva frase de Dimitrov. Decía: «La burguesía, antes de permitir que el proletariado instaure el socialismo por la vía pacífica, ahogará el movimiento obrero en un mar de sangre». El artículo principal de portada era el titulado «¡Manos a la obra, camaradas! Con la ley de Contrarreforma bien interpretada podemos apoderarnos en el acto de las fincas». En medio de una lectura irónica de diversos aspectos la Ley de RA, se afirmaba que la reforma necesaria cabía en doce renglones:

El Estado se incautará de todas las tierras incultas, mal cultivadas o que los dueños no labren directamente con sus brazos y las entregará a los campesinos que las necesiten para trabajar y vivir. Para la explotación de esas tierras será preferida siempre la forma colectiva o cooperativa. Los Bancos que habitualmente conceden créditos a los agricultores estarán obligados a darlos también a estas colectividades bajo el aval de Instituto de Reforma Agraria y en las condiciones más favorables que hubieran concedido hasta hoy[311].

La reforma agraria se completaría —concluía el artículo— «si los campesinos hambrientos y esclavizados tienen el valor y la decisión de ir a buscar directamente las tierras que necesitan para vivir, en vez de perder el tiempo y el dinero en viajes y expedientes que, como lo demostró la triste experiencia del primer bienio, llevan fatalmente al fracaso. Decisión, pues, y antes de quince días la Reforma Agraria será —lo está siendo ya en muchos pueblos— una realidad histórica y trascendental en los anales de España». De paso, no sin cierta sorna, se felicitaba al ministro de Agricultura y al IRA por legalizar la ocupación de tierras de Cenicientos. Lo cierto es que por esos días los ayuntamientos extremeños ya se estaban movilizando, aunque no en el sentido en que pretendía OT. Por la documentación que ha quedado —por ejemplo en Villanueva del Fresno— sabemos que una vez decididas las fincas a ocupar y las listas de yunteros que debía asentarse en cada una, siguiendo las instrucciones del ingeniero del IRA, se comunicó y se dio un plazo de 48 horas a los propietarios de dichas fincas para que autorizasen el proceso.

El oficio aclaraba que «caso de no estar conforme en ello o en la parte de dichos barbechos que haya de ocuparse, lo manifieste de igual forma, especificando las causas de su negativa»[312]. La documentación da los nombres de los yunteros y los medios con que cuenta (yunta de asnos o mulas): 12 para «Reguera de Santiago», 80 para «Mojón Blanco» y «Carballa», 61 para «Carbajo» y «Acebuche», 199 para «Riscos» y «Valdeterrazo», 30 para «Tiesa», 103 para «Traviesa» y «Zamarra», 27 para «Matalanes», etc. Más de mil hectáreas pertenecientes al duque de Alba (representado por Manuel Hernández), al duque de Mompensier (representado por Francisco Larios Rodríguez), Lucía Stuart de Cartassac (representada por Manuel Hernández), María y José de la Lastra (representados por Manuel Hernández) y otros menos sonoros como Rafael y Antonio Chaves Merino o Timoteo Fernández.

El OT del 14 de marzo, en medio de una alusión positiva a las medidas del Gobierno que mejoraban el decreto de 4 de marzo, incluía el siguiente recuadro: «Señor Vázquez Humasqué: entérese de lo que dicen de los técnicos del Instituto nuestros comuneros. Su opinión puede condensarse en este grito de rencor: ¡Habría que ahorcarlos! Usted puede salvar de la horca a los ingenieros, inspectores y jefes desleales, saboteadores e incapaces de esta manera: ¡Echándolos a la calle!». No muy lejos de este mensaje al director del IRA y en la misma página donde aparecía el lema: «Pacíficamente, si te dejan en paz, y si no ¡como sea!», se leía otro artículo titulado «Formemos resueltamente las milicias del pueblo. Para atajar las amenazas de la guerra y combatir a los agentes provocadores». En este artículo, sin firma, como la mayor parte de los publicados, se leía: «Nos hallamos en guerra civil, larvada en unos sitios y descarada en otros». El planteamiento era el siguiente: la revolución española iniciada el 14 de abril tenía enemigos tan peligrosos dentro y fuera de España que se hacía necesario ir pensando, tal como enseñaban las experiencias del siglo XIX, en crear unas milicias nacionales. Tres eran esos enemigos: el ataque armado, la defección de parte del llamado «orden público» y la respuesta anárquica, destructora y estéril a los agentes provocadores al servicio del enemigo.

LAS ELECCIONES MUNICIPALES SE POSPONEN

Un poco más tarde, el 17 de marzo, dos días después de que se celebrasen numerosas manifestaciones campesinas por todo el país y dos días antes de que tuviera lugar en Madrid la reunión clave del golpe en marcha[313], aparecía el decreto de convocatoria de las elecciones municipales, que reconocía en su introducción la notoria anormalidad en que se encontraban los municipios españoles. Según el decreto, las elecciones debían celebrarse la simbólica fecha del 12 de abril; salvo en Sevilla, que con motivos de las fiestas tendrían lugar el 4 de mayo. Los Gobiernos Civiles debían publicar las convocatorias el día 22 de marzo. Firmaban Alcalá-Zamora y el ministro de Gobernación, Amós Salvador Carreras. El día 22 de marzo los partidos del Frente Popular hicieron pública una nota en todos los medios en la que se reafirmaban en presentar una sola lista de candidatos en cada localidad y acordaban crear unas comisiones provinciales formadas por miembros de cada partido y por los diputados de cada circunscripción en calidad de asesores. Firmaban el acuerdo José Salmerón (IR), Manuel Cordero y Juan Simeón Vidarte (PSOE), Giner de los Ríos (UR), José Díaz y Vicente Uribe (PCE) y Ángel Pestaña (Partido Sindicalista). Un comunicado posterior de la Ejecutiva de la UGT firmada por su secretario general, Francisco Largo Caballero, señaló que hubiera sido oportuno un intercambio previo de impresiones antes de la convocatoria entre quienes formaban el Frente Popular, pero que, en última instancia, la UGT debía apoyar a la coalición electoral que se constituyese en cada localidad entre los integrantes del mencionado Frente[314]. Mundo Obrero, en el mismo número que celebraba la unidad de las juventudes comunistas y socialistas, habló de la necesidad de consolidar la victoria del 16 de febrero[315]. Por su parte Política, órgano de Izquierda Republicana, confirmó que las izquierdas republicanas irían unidas con las fuerzas obreras en las elecciones municipales[316]. El titular de La Libertad, que tachaba de bulo propalado por las derechas las disensiones entre las fuerzas políticas y las organizaciones obreras del Frente Popular, era: «Para consolidar la República. El Frente Popular irá unido el 12 de abril a la conquista de los municipios españoles»[317].

El 3 de abril, el mismo día en que el Gobierno Civil de Badajoz prohibía mediante telegrama la celebración de actos electorales en lugares abiertos[318], un nuevo decreto suspendía las elecciones. En principio podría pensarse que a la izquierda, recién restaurados los ayuntamientos destituidos en el 34 y designados otros desde los gobiernos civiles, no le interesaban y que a la derecha, desengañada de las urnas tras el fracaso de febrero y que amenazaba con abstenerse, le daba ya igual. Es indudable que la celebración de las elecciones hubiera sido positiva en varios sentidos al repartir de manera más de acuerdo con la realidad el poder político y al mantener dentro del ámbito democrático a los sectores intermedios, especialmente los pequeños y medianos propietarios, que se hallaban indecisos y que no veían representados sus intereses en la vida política local. Sin embargo, parece que la izquierda, todavía eufórica tras la victoria del 16 de febrero, estaba decidida a repetir el triunfo. La lectura de la prensa de esos meses plantea otra hipótesis: la derecha, temerosa de que las elecciones municipales se convirtiesen en un nuevo triunfo del Frente Popular, venía amenazando con retirarse del Parlamento. Ante esta posibilidad, el Gobierno decidió aplazar la convocatoria[319]. Ésta fue también la interpretación de Juan Simeón Vidarte en sus memorias, donde llega a hablar de «una derrota gubernamental del Frente Popular, que no habría de ser desgraciadamente la última, y un triunfo evidente de Gil Robles, que llevó, hábilmente, la negociación»[320]. En su reciente trabajo sobre el PSOE Helen Graham plantea otra hipótesis: fueron anuladas ante la amenaza de Largo Caballero de romper el pacto electoral y presentarse en alianza con los comunistas exclusivamente en respuesta al rechazo de la ejecutiva socialista, controlada por los prietistas, a que cada integrante del Frente Popular contara con dos representantes en los comités de enlace[321]. Seguramente fueron varias las razones que intervinieron en la anulación de las elecciones, hecho que indudablemente benefició a los que tramaban contra la República.

GESTACIÓN DE LA JORNADA DEL 25 DE MARZO

Mientras tanto, los ayuntamientos comenzaron a comunicar a los afectados las consecuencias de las expropiaciones. El modelo era éste:

En cumplimiento de órdenes del Sr. Ingeniero Provincial de la Reforma Agraria, esta Alcaldía ha de elevar a dicha Autoridad una relación comprensiva de las fincas de este término municipal que por sus características sean propicias para asentamiento de yunteros, en aquella extensión de terreno que deba ser destinada a giro de barbecho según el uso y costumbre de buen labrador. Y como en dicha relación figura la finca de su propiedad denominada ............ me dirijo a Vd. por la presente, por orden expresa del Sr. Ingeniero Provincial para que me diga si está conforme con dichos asentamientos. En su consecuencia, al mismo tiempo de firmar el enterado de la presente, le suplico se sirva expresar su conformidad o no conformidad a dicha orden, que remitiré a la Superioridad por sus efectos correspondientes. Viva Ud. muchos años. Zafra, 20 de marzo de 1936. Manuel Gordillo[322].

En el caso de Zafra, este escrito se remitió a 15 propietarios: Luís Fernández de Córdoba, Hros. de José Torres Gómez, Joaquín y Enrique Ovando Montero, Manuel García Goitia, Viuda de Enrique Martínez, Ricardo Soto Sainz, Luís, Felipe e Isabel Martínez Rubio, Félix Bermudo Gallardo, Francisco Hernández Mendoza, Matías Navarro y los ayuntamientos de La Lapa y Zafra por sus dehesas[323]. Los Hros. de José Torres dijeron que creían estar ajustados al decreto de 3 de marzo, ya que una superficie de 113 fanegas había sido entregada a 42 yunteros. Isabel Martínez Rubio declaró estar dispuesta a acatar las leyes, por más que sólo contase con unas 30 o 35 fanegas para siembra. Matías Navarro dijo que la finca estaba en manos de yunteros desde 1932, estando ocupada en marzo del 36 por 21 de ellos. La viuda de Enrique Martínez declaró que más de la mitad de la finca estaba en poder de los yunteros. Joaquín Ovando Montero dijo simplemente que su finca no era terreno de labor. Francisco Hernández Mendoza también tenía cedida la finca a un numeroso grupo de vecinos de La Lapa. Manuel García Goitia, una vez expuestas sus dudas sobre la viabilidad de la propuesta dadas las características de la finca, la ofreció en su totalidad. Félix Bermudo también la tenía arrendada a yunteros de La Lapa. Ricardo Soto puso sus 150 fanegas «a lo que ordene la superioridad». En la dehesa de Zafra había 90 yunteros. Éste fue el tono de las respuestas en un pueblo un tanto peculiar como Zafra, cuya vida no giraba enteramente en torno a la agricultura. De aquellos días contamos con un testimonio de un republicano de derechas, Saturnino Gordillo Pachón, el hombre de Diego Hidalgo en su pueblo natal (le llevaba sus tierras), Los Santos de Maimona, y alcalde durante varios meses en 1931 y entre octubre de 1934 y noviembre de 1935:

De política sólo le diré que aquí a pesar del predominio socialista no está esto mal, es preferible convivir con estos Sres. que acerlo (sic) con los monárquicos encuadrados en la Ceda culpables de todo lo ocurrido (…) por su cerrilismo y falta de sentido político.

El amigo Mancera y también Muñoz se han hecho representantes del partido de Unión Republicana en esta, y un servidor se ha quedado siendo republicano como siempre, pero esperando que D. Diego le diga el apellido que se ha de poner, de momento todos me respetan y yo colaboro en todo lo que parece obra republicana (…).[324]

El 20 de marzo el Consejo Provincial del Secretariado de la FETT de Badajoz, constituido por Diego de la Cruz, Nicolás de Pablo, José Sosa Hormigo, Antonio Rodríguez, Antonio Pulgarín y Domingo Mendoza, elaboró las instrucciones para el gran día, que fueron enviadas a todas las secciones locales y al director del IRA. El día elegido no era gratuito: se cumplían los 8 días que el director del Instituto había fijado en su visita del día 12 para asentar a 40 000 yunteros. La realidad es que había asentado entre 3000 y 4000 y que el tiempo adecuado para las tareas agrícolas pasaba. La frustración que trajo el incumplimiento de las promesas, la tranquilidad del Gobierno y el temor a que la invasión se produjera de forma incontrolada y violenta —y sin duda también la fiebre revolucionaria— movieron al Secretariado de la FETT a elegir la fecha del miércoles 25 de marzo, fecha tope para el inicio de la siembra de primavera (véase página siguiente).

El 21 de marzo, OT hizo público el escrito que diez días antes había enviado el Secretariado Provincial de la FETT al IRA y al Gobierno. «El que quiera entender que entienda. Pasado el día 20 perderán las tierras su sazón», decía el titular. La FETT denunció dos maniobras de la derecha ante la RA: la cesión de tierras por parte de los propietarios entre gente de su cuerda antes de que actuara el IRA y la creación de conflictos entre pueblos vecinos por la extensión de los términos municipales y el número de campesinos a asentar. No eran infrecuentes los pueblos con muchos brazos y poca tierra, pueblos que seguían a la espera de la anunciada Ley de Términos Municipales que pusiera algo de racionalidad en un conflicto ya antiguo que se había ido agravando a medida que las tierras comunales y los bienes de propios habían pasado a manos privadas. Ese mismo día 21 Nicolás de Pablo telefoneó al ingeniero jefe del Servicio Provincial del IRA para preguntar cuántos asentamientos habían efectuado y en cuántos pueblos habían tenido lugar. Se le contestó que unos cuatro mil en diez pueblos pero que estaban en curso otros muchos procedimientos[327].

INSTRUCCIONES

1.ª A las cinco de la madrugada del día 25 del actual, los campesinos de cada localidad se concentrarán sigilosa y rápidamente en diversos puntos de las afueras del pueblo; procurando todos ir provistos de azada y demás instrumentos propios para efectuar un deslinde.

2.ª Efectuada así la concentración, con el mismo sigilo y la misma actividad, emprenderán la marcha hacia las fincas que deban ser incautadas.

3.ª Ya en ellas se trazarán las lindes convenientes, no de la parcela que pudiera corresponder a cada uno, sino de la extensión total que haya de tener la parte incautada.

4.ª Con este acto y un viva a la República, dado éste por el que vaya al frente del grupo, se tendrá por realizada la incautación.

5.ª Seguidamente, regresarán al pueblo y, una vez reunidos todos los grupos, se dirigirán ordenadamente al Ayuntamiento, en el que penetrará la Junta Directiva. Requeridos el Alcalde y cuantos concejales sea posible más algún funcionario, se levantará acta de esta comparecencia, cuyo modelo os adjuntamos, la cual deberá ser firmada por los representantes del Ayuntamiento y por los de la Sociedad obrera, así como también por el funcionario que actúe de secretario en aquel momento[325].

6.ª De allí y con todo el orden posible, los compañeros se trasladarán a la Casa del Pueblo, en donde se celebrará Asamblea General para hacer constar que la Sociedad Obrera acaba de tomar posesión de tales y cuales fincas en nombre de todos los vecinos del pueblo, y seguidamente se comenzará, bien por la Asamblea en pleno o bien por una Comisión designada por ella misma, al estudio de la manera en que haya de llevarse el trabajo: si individual o si colectivamente. Este Consejo del Secretariado aconseja la forma colectiva; pero si una respetable parte de la Asamblea opina lo contrario, será de desear que se hiciera de las dos formas.

7.ª Sea cual sea la manera acordada y aunque no se hubiera acordado ninguna, al siguiente día y en los sucesivos irán a las fincas incautadas todos los campesinos o una parte de ellos, a continuar la operación de deslinde y a comenzar la del cultivo adecuado.

8.ª Si en cualquiera ocasión, alguien se opusiese a la realización de lo anteriormente indicado, deberá adoptarse una de estas dos conductas: a) si el que se opone es autoridad o agente de ella, se le oirá con respeto, se le contestará con igual respeto y con la mayor brevedad, y se obedecerá solamente si lo que ordena no es contrario a los intereses de la República y de los trabajadores, que en el momento presente son los mismos. b) si el que se opone no es autoridad ni agente de ella, se le desoirá en lo posible y no se le obedecerá en nada.

9.ª Se realizarán los mayores esfuerzos para evitar todo daño evitable a las fincas incautadas y a las otras: a las primeras porque ya serán de los campesinos, a las otras porque habrán de serlo algún día.

Badajoz a 20 de marzo de 1936[326].

La FETT seguía considerando que el triunfo de las elecciones con la posterior amnistía y la readmisión de represaliados era fruto de la movilización campesina y que la atención del nuevo Gobierno hacia la reforma agraria era resultado de lo mismo pero la consideraba insuficiente. En un artículo titulado «País hambriento no es país civilizado» se denunciaba la urgencia de la reforma en relación a las tareas agrícolas que había que realizar:

De no haber sido por el prolongado temporal de lluvias que venimos padeciendo en toda la Península, se habría pasado ya la coyuntura del año agrícola. ESTO LO SABEN LOS TÉCNICOS. Por eso, maniobran, se hacen los reacios, exigen órdenes escritas, ponen peros a la orden de entenderse con nuestros Secretariados y secciones para distribuir las fincas y proceder a los asentamientos. Procuran, en fin, retrasar la temida reforma agraria por todos los medios. Nosotros denunciamos solemnemente esta conducta villana y desleal a los hombres que forman el Gobierno del Frente Popular y muy especialmente al señor Azaña[328].

OT aprovechaba para decir a Azaña que considerar civilizado a un pueblo donde una minoría posee una riqueza desproporcionada en relación a la mayoría es cosa propia de «un intelectual onanista». Y añadía: «No merece llamarse civilización el pueblo en que hay gentes que revienten (sic) de hambre y de privaciones». El hambre era responsable de espectáculos como éste que presenció José Yerga Lancharro en Fuente de Cantos:

Un día, después de un mitin donde se ha concentrado la mayor parte de la población necesitada, uno de los oradores, contando a su favor con el ambiente caldeado y propicio, dice a la multitud que le siga si quieren comer, que él sabe dónde hay para todos. Como una tromba gritando y rugiendo parten hacia el campo. A su paso por las calles se van uniendo más y más gentes, de todas las edades, hombres, mujeres y niños como un enjambre de abejas enloquecidas que buscaran dónde posarse. A unos kilómetros de la población (…) se encuentra la finca del mayor terrateniente de la comarca, dueño y señor de grandes haciendas, una de ellas dedicada a la cría del toro de lidia de fama nacional; otra, un extensísimo coto de caza, aquí y allá grandes cantidades de ganado lanar y porcino custodiado por cuatro mal pagados obreros que por San Miguel han de renovar el leonino contrato o quedarse en la calle.

A una de las fincas se ha dirigido este enjambre humano hambriento y cansado por el largo caminar, le han pedido al mayoral de la ganadería que aparte los [cerdos] suyos, no quieren perjudicarle, es un pobre como ellos. Cuando éste ha apartado los suyos y puestos a salvo, se lanzan sobre los del señorito y cada persona, después de dar muerte como puede al que le ha tocado en suerte, carga sobre los hombros con el cerdo correspondiente. Ver este espectáculo de hombres y mujeres con su macabro cargamento, sangrantes y sudorosos por el cansancio, es inenarrable[329].

O este otro episodio ocurrido en Quintana de la Serena tras una reunión fallida entre patronos y obreros, al que alude en sus memorias su primer alcalde republicano Tomás Aquino Barquero:

Terminada mi breve alocución, la masa humana que llenaba la plaza desapareció rápidamente. Un silencio inquietante lo invadió todo, ¿qué había pasado? Al poco tiempo llegaron las primeras noticias al Ayuntamiento. Un gran número de campesinos asalariados se lanzaron al campo y asaltaron unas cuantas majadas de ovejas y se llevaron a su casa unas cuantas cabezas de ganado. La gravedad del asunto residía más que en la importancia del hurto en la forma aparatosa en que se produjo, pues, cortando el teléfono, dieron al movimiento un carácter casi revolucionario[330]…

Todo lo marcaba el hambre: por un lado invasiones para trabajar y por otro invasiones para apropiarse de productos con que saciar el hambre. Y nuevamente la urgencia por comenzar los asentamientos dentro de la fecha que marcaba el calendario agrícola: «La Federación Española de Trabajadores de la Tierra cumplirá sin titubeos con su deber, segura de que el Parlamento nos otorgará un voto de aprobación y legalizará cuanto hayamos hecho»[331]. En la siguiente página una nota: «Doscientas escopetas, trescientas pistolas y más de cincuenta rifles tienen los reaccionarios de Puebla de Almoradiel. Lo mismo ocurre en todos los pueblos de España. Pedir que no nos armemos es como entregarnos como corderos al cuchillo»[332]. Al lado una relación de las agresiones de que han sido víctimas los campesinos socialistas en diferentes provincias y una crítica a la actuación de la Guardia Civil: «No queremos envolver a todos los miembros de este Instituto en la acusación, pero lo cierto es que si sus máuser se disparan, las víctimas son siempre del pueblo trabajador y campesino. Las balas de las pistolas fascistas y las de los fusiles marchan parejas buscando carne de trabajadores». Al explicarse las razones de esta violencia por parte de la Guardia Civil OT iba más allá de la estrecha relación de favores entre propietarios y guardias. Para el órgano de la FETT su origen estaba en «la deshumanización a que se somete a los individuos del Cuerpo» tanto por el rígido reglamento como por el durísimo concepto de orden público que regía en España estuviera quien estuviera en el poder. «He dado orden de reprimir implacablemente cualquier intento de desorden», había declarado Amós Salvador unos días antes. ¿No era acaso lo mismo que ya dijeron en su momento —planteaba OT— Portela, Vaquero, Salazar («el vesánico»), La Cierva…, Narváez, Calomarde…? La lectura del ya clásico trabajo de Manuel Ballbé sobre las relaciones, a lo largo de nuestra historia contemporánea, entre orden público y militarismo —la militarización de la Administración civil— viene a dar la razón a estas reflexiones sobre la violencia ejercida desde el poder en los cruciales meses de la primavera del 36[333].

El Socialista del día 24, que se hacía eco de los asentamientos que se venían realizando en diversos puntos de España, exigía «republicanizar los mandos», remover el personal de arriba abajo y tener sumo cuidado con los traslados, que lo que hacían eran desplazar, agravados, los problemas de Madrid a provincias[334].

LA GRAN INVASIÓN DE FINCAS

A fines de marzo era perfectamente claro que se hallaba en preparación un golpe de Estado militar[335].

CLAUDE G. BOWERS

Misión en España, p. 220.

Con gran espíritu burocrático el día 24 de marzo —recordemos que todavía en esos días llegaban a la prensa los ecos del atentado fascista del día 13 contra Luís Jiménez de Asúa, en el que murió el escolta Jesús Gisbert[336], o era noticia la descarada política ofensiva de Hitler rechazando el tratado de Locarno y ocupando zonas desmilitarizadas[337]— se envió oficio desde los ayuntamientos a quienes tenían que representarlos al día siguiente:

En uso de las atribuciones que me están conferidas he acordado designar a V. Delegado de este Ayuntamiento, para formar parte de la Comisión que ha de incautarse de la zona de barbecho señalada en las fincas ................ a fin de ser explotadas por yunteros de esta Villa, conforme al Decreto de fecha 3 del actual. Lo que comunico para su conocimiento y efectos oportunos. Villanueva del Fresno, 24 de Marzo de 1936. [El Alcalde].

La propia Delegación de Reforma Agraria de Jerez de los Caballeros, mostrando una vez más que la realidad estaba bastante alejada del mundo que reflejaba OT, envió a los cabeceras de grupo el siguiente oficio:

En uso de las atribuciones que me están conferidas, autorizo a V. para que mañana a las doce tome posesión de la parte señalada en las fincas .................. de este término municipal que ha de ser explotada por el grupo que V. preside, con arreglo al Decreto del Ministerio de Agricultura fecha 3 de Marzo de 1936.

Villanueva del Fresno, 24 de Marzo de 1936.

[Firmado por Fernando Pesini].

El modelo de acta de ocupación utilizado ese día fue el siguiente:

ACTA DE OCUPACIÓN TEMPORAL DE TIERRAS VERIFICADA CONFORME A LO DISPUESTO EN EL DECRETO DE 3 DE MARZO DE 1936.

En la finca denominada ............ de este término municipal a veinticinco de marzo de mil novecientos treinta y seis, se reunieron don ................, representante del Ayuntamiento, don ................., cabecera electo del grupo que ha de explotar la parte previamente señalada de la mencionada finca y don ...................., como ........ de la misma, procediéndose a la ocupación del trozo que a continuación se describe: ........................................ El cabecera del grupo ................, debidamente autorizado por el representante del Instituto de Reforma Agraria, declara ocupada temporalmente la parte antes reseñada para su explotación por los yunteros a quienes les ha correspondido en el sorteo verificado el día 24 del actual.

El Cabecera (firma) El representante del Ayunt. (firma) Representante de la propiedad (firma)

Posteriormente, ya en abril, el Servicio de Reforma Agraria puso en circulación un formulario propio más detallado que se utilizó en algunos pueblos[338]. En la mayoría de los casos consultados ni los propietarios ni sus representantes asistieron a estos actos y los guardas rara vez se prestaron a firmar, por lo que tuvieron que hacerlo en su lugar los dos testigos designados por las autoridades locales. Cada caso dio lugar a un pequeño expediente que constaba de las comunicaciones enviadas al propietario, al representante municipal y al cabeza de grupo, del acta de designación provisional de los yunteros con sus nombres y apellidos y medios de trabajo supervisada por la alcaldía, documento que demuestra que algunos fueron rechazados por diversas circunstancias, y del acta de ocupación.

En Ribera del Fresno se reunieron el 25 de marzo el alcalde, Ignacio Caña Exojo, los concejales y la Junta Directiva de la Sociedad Obrera de Agricultores Socialistas, representada por José Antonio Delgado Campillejo (presidente), Diego Matamoros Cachadiña (vicepresidente), Juan Godoy González (secretario), José Ponce Delgado (vicesecretario), Fermín Rodríguez Rodríguez (tesorero), José Gat Simó (contador) y Francisco Rodríguez Sánchez (vocal). Dijeron conocer y compartir los propósitos del Gobierno en cuanto al asentamiento general de campesinos, pero que viendo el retraso y observando cómo las tierras se iban a perder, «a fin de evitar al País el grave perjuicio resultante de desaprovechar el tiempo oportuno para el laboreo de las tierras», en la madrugada de ese día habían tomado posesión de las fincas «Endrinal», las dos «Redrojuelo», «Peñaovejera» y «Redrojo». Añadieron que «todo esto lo hacen en el interés propio y en el de la República, que son los mismos en el momento presente», y pedían al Ayuntamiento que solicitase al Gobierno que legalizara la situación y agilizara el auxilio económico[339].

El escrito era un modelo que se utilizó en todos los ayuntamientos. En Burguillos del Cerro se reunieron el mismo día y en iguales circunstancias el alcalde, Antonio Navarro Sánchez, los concejales y los directivos de la Sociedad Obrera, Gregorio Aguilar Garrido, Julián Miranda López, Miguel Escaso Moriche, Dámaso Flores Palacios, Teófilo Garrido Lanzo, Justo Gil Naya y Miguel Ramos Marín. En este caso fueron 41 las fincas ocupadas[340]. En Campillo de Llerena y bajo la presidencia de su alcalde, Pedro Rubio Pizarro, y de los concejales José Mesa, C. Serrano, Valentín Cortés, Antonio Hernán, Antonio Cáceres, Joaquín Liáñez, A. Marín y Francisco Lombardo, comparecieron los miembros de la sociedad obrera El Triunfo: Manuel Valenzuela, Manuel Gomáriz y Adolfo Liáñez[341]. También se conserva el de Zafra, con los nombres de las fincas afectadas y los de los casi 200 yunteros que debían ocuparlas. Puede verse además la minuciosa relación de las peticiones de cada yuntero (trigo, cebada, abonos, semilla). Según José María Lama, que ha estudiado el proceso, el 25 de marzo fueron ocupadas unas 50 fincas, ocupación que, acatando la orden del gobernador civil, fue suspendida al día siguiente por la Junta Directiva de la FETT. El 2 de abril el IRA permitió que 168 yunteros ocupasen siete fincas y unos días después se autorizó a 25 más. La ocupación definitiva tuvo lugar el 7 de abril en presencia de representantes municipales de la izquierda local[342]. Éste era el tono de las comunicaciones de los asentados con el IRA (lo transcribo tal cual):

Sr. Yngeniero delegado Probincial De Reforma Agraria de Badajoz. Estimado Compañero siendo un servidor el cabecera de la [finca] sierra del agila de a cuerdo con mis compañeros emos de cidido no emplear abono en dicha finca considerando que yeba 24 años de descanzo y alabez ser tierra fogosa que nolonecesita y res pecto a la cantidad de tierra que poseemos endichafinca son beintiuna hectárea que bienen a caber a tres fanegas y tres cuartiyas (…). Por cuyas razones entendemos que puede ye barse esa simiente[343]…

En Fuente de Cantos, un pueblo con un censo campesino de 1607 personas a fines del 35, la reunión en el Ayuntamiento tuvo lugar a las 10.45 del día 26. El escrito fue redactado siguiendo el modelo enviado por la FETT. Lo firmaban el alcalde en funciones, Manuel Pizarro Murillo; dos concejales, Juan Moñino y Tomás Valiente; José Macarro, Remigio Pérez, Julián Durán y Teófilo García por la Agrupación Socialista, y Luís Álvarez y Juan Verjano por la sociedad obrera La Unión. Ese mismo día se envió copia al Gobierno Civil[344]. La respuesta de Badajoz llegó al día siguiente: «Recibido telegrama 26 actual sobre invasión fincas particípole debe dejarse sin efecto amojonamiento fincas citadas como así mismo acta levantada si la hubiera»[345]. Acto seguido llegaron dos telegramas, uno en que se matizaba que aparte de dejar sin efecto el acta levantada había que hacer una nueva en la que constaran las rectificaciones y otro pidiendo que se informara antes de las 8 de la tarde si las ocupaciones habían quedado sin efecto o, en caso contrario, cuál era la situación y dificultades de cara a que el personal técnico del IRA realizara su trabajo[346]. Y esa misma tarde, a las 20.40, se envió un telegrama a todos los ayuntamientos en el que se leía:

Comunico a V. para que dé la mayor publicidad lo siguiente: Director de Reforma Agraria me dice en telegrama de hoy que Instituto está dispuesto a excluir de los beneficios del asentamiento de yunteros y obreros a los que ataquen fincas. La Reforma Agraria en lo que a distribución de la tierra afecta a (sic) de hacerla Instituto con arreglo a las disposiciones del Gobierno y por lo tanto no admite la iniciativa privada nada más que en forma de solicitud pues la forma ejecutiva adolece del defecto (sic) de no responder a los beneficios generales de la técnica y economía y ofrece al país una merma de autoridad que no se puede consentir. Se ruega acuse recibo[347].

Dos días después, el ingeniero delegado de RA procedía al reintegro de los yunteros asentados y de otros muchos obreros, pero desde el Ayuntamiento se pidió al director del IRA que se les dotase de medios económicos hasta la cosecha de 1937, ya que la de ese año se había perdido a consecuencia de las lluvias «sumiendo en la más espantosa miseria a los que pensaban vivir de la agricultura»[348].

En otros casos, como Puebla de la Calzada, siguiendo las circulares enviadas desde la Delegación Provincial (en la firma del delegado se lee Montojo[349]), la comunicación del ingeniero delegado (A. Vázquez) al alcalde en el sentido de ocupar las fincas indicadas con los yunteros que el Ayuntamiento decidiera era de ese mismo día 25. En los días previos, desde el Servicio Provincial de Reforma Agraria se aconsejaba a los alcaldes que en los expedientes aprobados, antes de proceder a incautación alguna, se procurase llegar a acuerdos entre los encargados de las fincas y los yunteros que debían ocupar las zonas indicadas. Y en los días posteriores al 25 desde la alcaldía se enviaron oficios a los propietarios comunicando que «Como representante del Ilmo. Sr. Director General del Instituto de Reforma Agraria y debidamente autorizado participo a Vd. que el día 29 del actual se va a proceder por este Ayuntamiento a la toma de posesión de la cantidad de fanegas de tierra que de la finca de su propiedad denominada ............ le ha sido concedida a este pueblo. Lo que le participo para su conocimiento…». Todo se debía hacer según las circulares 7 y 8 de la Dirección General de Reforma Agraria. Pero la realidad era más complicada. La mayor parte de los propietarios se negaba a obedecer al alcalde impidiendo que el proceso siguiera su curso. El IRA comunicó las dificultades al Gobierno Civil y desde éste se envió el día 27 al alcalde de Puebla el siguiente telegrama:

Recibo de la Dirección General de Reforma Agraria siguiente telegrama: Me notifican que propietarios de Puebla de la Calzada se oponen actuación al Instituto Reforma Agraria no permitiendo su acceso fincas. Ruego a usted interponga su Autoridad para que cese actitud rebeldía y funcionarios puedan cumplir su misión con todas las garantías precisas. Lo traslado a usted para su conocimiento y efectos que se interesan[350].

Finalmente, ya entrado abril, se pudo certificar que entre el 28 de marzo y el 6 de abril se habían producido actuaciones del IRA en quince fincas por un total de 1515 fanegas repartidas entre 306 personas. El número de fanegas entregadas a cada una fue muy desigual, desde 2 a 25, aunque predominaban los lotes entre 2 y 5 fanegas. El archivo de Puebla de la Calzada conserva la documentación con la cantidad abonada por cada grupo de asentados al perito agrimensor. Un caso curioso fue el de Hornachos. El día 25 la sociedad La Luz Extremeña tomó posesión de diversas fincas[351], pero unos días después, el 1 de abril, su directiva se presentó en el Ayuntamiento ante el sargento de Asalto Inocencio Ramos Fernández y un funcionario municipal para manifestarles que la ocupación había quedado sin efecto y que no habían podido hacer ni parcelación ni labor alguna, por lo que aceptarían las directrices de la Junta Comarcal de Reforma Agraria[352].

No todos los pueblos vivieron aquellos hechos como una fiesta. Resulta paradigmático el caso de Villafranca de los Barros, un pueblo sin fincas que invadir. Su alcalde, el socialista Jesús Yuste Marzo[353], en cumplimiento de un acuerdo de pleno, escribía el 26 de marzo —el mismo día en que los demás pueblos celebraban aún el gran reparto y en que desde el Gobierno Civil se pedía información sobre si se habían invadido fincas del término y sobre las dificultades que encontraban los técnicos del IRA— a la Junta Nacional de Defensa contra el Paro Forzoso exponiendo la grave situación del pueblo, con un censo de 15 659 habitantes y con un término de 10 300 ha (16 000 fanegas). La Comisión Obrera para tratar la crisis del trabajo se había constituido días antes, el 11 de marzo, y estaba formada por Rodrigo Acedo Vera, Eladio Coleto García, Tomás Ramírez, Juan Durán Dopino y Juan M. Pardo Cuesta[354]. Estas comisiones siempre pedían lo mismo: obras públicas y pactos de trabajo. El censo de obreros agrícolas, sin incluir a los que contaban con trabajo fijo, era de 2500 hombres. El alcalde se lamentaba de que incluso en épocas de trabajo como la escarda y la siega quedaba gente en paro. Por otra parte, a pesar de que viñas y olivos absorbían más trabajo, según el alcalde, dos terceras partes del término se dedicaban a estos cultivos, con lo que sólo unas cinco mil fanegas, que además siempre están en perfectas condiciones, podían emplear a braceros. A esto se sumaba la crisis de la construcción, que según el alcalde llevaba cuatro años en paro total y absoluto. «La anterior exposición —añadía Jesús Yuste— no es una fórmula para llegar a ese Centro en súplica de una subvención más o menos grande; es, Excmo. Sr., la llamada de angustia de quien ve por momentos un terrible desenlace en este estado de cosas (…)».

Por si fuera poco, el Ayuntamiento, como tantos otros, no sólo no tenía un duro sino que adeudaba 300 000 ptas. Ante esta situación, Yuste, como todos los alcaldes, proponía diversas obras en vías públicas, la construcción del mercado y la construcción de un nuevo Ayuntamiento, Juzgado, cuartel municipal, viviendas para maestros, biblioteca, escuelas centrales, etc., todo ello por un costo de cerca de dos millones de pesetas. En el caso de Villafranca, dado el terrible problema del paro, ni siquiera la promesa de un subsidio de paro de 4,75 ptas. (19 reales) al día hasta la siega, prometidas por el delegado gubernativo, servía de mucho[355]. Otro pueblo donde también hubo quejas fue Villanueva de la Serena. Por una parte no podían apropiarse de las 2600 ha del conde de Cartagena por pertenecer «a las academias», y por otra dehesas del término como «Somera», «Moheda» y «Mesa», todas de Casa Perales, habían sido ocupadas por yunteros de Orellana la Vieja. El Ayuntamiento de Orellana denunciaba el 8 de julio del 36 el trato desfavorable que estaba recibiendo: mientras los yunteros de Orellana cabían a cuatro hectáreas por individuo a los de Villanueva no les correspondía ni una fanega[356].

Mientras se producían los sucesos del 25, el IRA seguía enviando sus circulares a los ayuntamientos. La número 8, del mismo día 25, tras reconocer las dificultades del personal técnico para atender a todos los pueblos y la necesidad de establecer unas instrucciones de carácter general que fueran cumplidas tanto por propietarios como por yunteros, decía:

Es absolutamente necesario que se eliminen en las agrupaciones de yunteros el rencor, deseo de revanchas o venganzas, que ausentes del espíritu y letra de los Decretos sobre yunteros no sólo no pueden ser permitidos sino que además serán rigurosamente castigados[357].

Después establecía las condiciones para el señalamiento de giros: qué hoja había que tomar, qué tierras no había que sembrar (olivares, viñas y huertas), qué medidas adoptar para no perjudicar a la explotación ganadera, los acuerdos y normas en torno al derecho de albergue, prohibición de usar aperos y arbolado ajenos.

EL GOBIERNO Y EL IRA ANTE EL 25 DE MARZO

La reacción del Gobierno fue inmediata. El mismo 26 de marzo el Gobierno Civil ordenó a todos los ayuntamientos que reunieran a quienes habían intervenido en los hechos del día anterior y «se deje sin efecto la ocupación de tierras llevada a cabo el día de ayer, por considerar que esta operación ha de hacerse por los técnicos de la Reforma Agraria en el momento oportuno, por lo que invita a los Sres. de la Junta Directiva a que rectifiquen lo hecho ayer quedando sin efecto la ocupación»[358]. Al menos sobre el papel, tanto las directivas campesinas de la FETT como los concejales acataron la orden gubernativa haciendo constar la necesidad apremiante del asentamiento de obreros y la necesaria agilización de créditos. Estos actos concluían entre clamorosos vivas a la República por parte de todos los presentes. Dos días después, el 28 de marzo, las delegaciones comarcales de Reforma Agraria comunicaban a los alcaldes que correspondía a los ayuntamientos señalar la superficie a ocupar en cada una de las fincas incautadas; la Delegación Provincial se encargaría de comunicar los resultados a propietarios y representantes de yunteros[359]. Tuñón de Lara pensaba que el Gobierno actuó como lo hizo, evitando la violencia, por ser consciente de que todas las fincas ocupadas estaban incluidas en el decreto de 3 de marzo, por lo que pasó el asunto al IRA[360]. Es decir, los campesinos, ante la parsimonia del Gobierno y la urgencia de las tareas agrícolas, se saltaron los trámites y el Gobierno, consciente de la magnitud del problema, actuó como si se encontrase ante una irregularidad administrativa y no ante ocupaciones ilegales de carácter delictivo. La documentación municipal muestra que, frente a lo escrito por Malefakis en el sentido de que el Gobierno retiró las tropas para no provocar una masacre al obligar a los campesinos a desalojar las tierras, la realidad fue que todos actuaron con admirable sentido común, uno al no responder con la violencia habitual y otros al obligar al IRA a adaptarse a su ritmo y exigencias. Según el propio Instituto, la táctica de los campesinos siempre fue retirarse cuando llegaban las fuerzas enviadas por el gobernador y volver al día siguiente. El resultado fue que todos salieron ganando: el Gobierno dando la impresión de que controlaba el problema —ya no hubo nuevas invasiones de tierras— y los campesinos obligando con su actitud al poder a que se tomara en serio el problema de la tierra. El equilibrio entre legalidad y legitimidad se había conseguido.

Es interesante observar la reacción del Hoy ante estos acontecimientos porque, como ya se ha indicado, sin duda es reflejo de lo que pensaba la derecha. El 26, por ejemplo, frente a lo que era habitual, resaltaron las palabras del gobernador Granados —había declarado: «no puedo consentir que se levante una oleada que se lleve por delante la República»— y de Azaña en el sentido de que no podían tolerarse hechos como los ocurridos el 25 y advirtiendo de que la reforma agraria la harían el Gobierno y el Parlamento. El editorial se titulaba «Autoridad en el campo». Al día siguiente, el 27 de marzo, el Hoy, además de dar cuenta de la reunión que la Confederación Española Patronal Agraria había celebrado en Madrid tomando acuerdos importantes «con la situación de la propiedad y el campo»[361], expuso en portada su particular «programa social»: redistribución de la propiedad (sin privar a nadie del derecho de propiedad), no permitir ni asentamientos ni alojamientos, «economía agraria», «orientación ganadera», representación agrario-política, y, aunque no viniera muy a cuento, antilaicismo. También recogían unas declaraciones de Granados en las que afirmaba que los asentamientos realizados hasta el día 25 eran 19 000 y que la fuerza pública ya había desalojado las fincas invadidas. Entre los casos de invasiones mencionados por el periódico en los días siguientes al 25 pueden mencionarse Almendralejo, Solana («Valdeorite»); Villafranca (dehesa «Don Rodrigo»), Fuente del Maestre, Llerena, Olivenza (dehesa «Los Ballones»), Zarza de Alange (dehesa «Holgado»), Guareña, etc. También aludió a sorteos, como el celebrado en Jerez de los Caballeros por el que se repartieron 6635 ha entre 1755 yunteros; y al celebrado en Villanueva del Fresno, con 1800 ha procedentes de 28 fincas repartidas entre 650 yunteros. El día 28, Hoy señala que la Guardia de Asalto sigue desalojando fincas sin encontrar resistencia alguna por parte de los campesinos y destaca la amenaza del Gobierno en el sentido de que los invasores serán excluidos de beneficio alguno.

En días sucesivos recordó en más de una ocasión que, según informaba el Ministerio de Trabajo a los ayuntamientos, los alojamientos estaban prohibidos. Como era de esperar, el 29 de marzo destacó que el IRA podría declarar la expropiación de cualquier finca previa declaración de utilidad social. Luego pasó a dar cuenta de los asentamientos que se iban realizando día a día en Badajoz según el Ministerio de Agricultura —sólo el día 30 de marzo, por ejemplo, se realizaron 1546: Santa Amalia, 182; Villar de Rena, 36; Trujillanos, 89; Ribera, 233; Hornachos, 464; Valencia del Mombuey, 176; y Usagre, 366— e incluso informó del paso de Margarita Nelken por Castuera, Almendralejo y Badajoz en los últimos días de marzo. De su opinión sobre estos asentamientos puede ser muestra su comentario sobre lo ocurrido en Villanueva del Fresno, donde según Hoy los asentamientos se realizaron sin la presencia de los técnicos del IRA, por lo que se refirió a «la pasión sectaria y partidista que diluye y hasta anonada el principio de justicia que pudiera haber inspirado estas medidas»[362].

¿Cuál fue la actitud del IRA? Contamos con un informe de 31 de marzo de gran interés. Su título: «Informe reservado sobre la aplicación de los decretos fechas 3 y 14 de marzo, en relación con la grave situación creada desde el 25 de marzo, en el campo de Badajoz»[363]. El Servicio Provincial del IRA de Badajoz informó a Madrid detalladamente de todo lo ocurrido a partir del 25 de marzo, añadiendo a dicha información documentos diversos como la circular de la FETT, alguna de las actas municipales que recibieron con las incautaciones de fincas, notas de prensa, etc. Según el informe, la FETT se precipitó por ignorar que el número de expedientes aprobados y en marcha ya ese mismo día afectaba a 65 pueblos, los que estaban en peor situación social, y a un total de 19 729. Para el IRA, ante lo injustificado del movimiento, los dirigentes de la FETT negaron validez a esos datos. La razón de no haber dado una contraorden respondía simplemente, según los responsables del Instituto en Badajoz, a que, teniendo las elecciones municipales próximas, la FETT quiso dar la impresión de que «se hacía todo por presión suya». Las actas de incautaciones enviadas desde los pueblos fueron devueltas de inmediato sin registrar. Según el informe, el mayor problema que se planteó fue la ocupación de zonas no designadas por el personal técnico del IRA. Raramente se deshicieron las lindes de las fincas (se menciona Alburquerque) y hubo casos de invasiones en pueblos desde donde el Instituto no había recibido solicitud alguna (Santa Marta). En todo momento, en los días siguientes a la invasión, los trabajos del personal técnico siguieron como si nada hubiera ocurrido.

El mismo día 26 Nicolás de Pablo comunicó a la Comisión Ejecutiva del PSOE lo ocurrido el día anterior, destacando el cumplimiento del objetivo y que no hubiese habido ni un solo incidente. Comentaba De Pablo que el gobernador civil Granados les había requerido el abandono de las tierras si no querían ser expulsados violentamente. Por su parte, la FETT insistió en que la incautación del día anterior no era sino la consecución de una promesa del Gobierno que los técnicos agronómicos contrarios a la República llevaban camino de malograr; y que la solución al problema no llegaría enviando fuerza pública sino técnicos que consolidaran lo hecho. Y añadía Nicolás de Pablo: «El Gobernador encontró razonable nuestras palabras y, que sepamos, no ha utilizado la fuerza». Las consecuencias de un choque hubieran sido imprevisibles y, dado el temor a lo que todavía pudiese ocurrir, era por lo que De Pablo se dirigía a la Comisión Ejecutiva de su partido para que mediase ante el Gobierno a fin de que «se dé inmediato estado legal al estado de hecho de que os damos cuenta»[364].

El día 28 de marzo, mientras José Sosa Hormigo y Margarita Nelken recorrían varias zonas de la provincia para conocer la situación, se celebró en Badajoz una importante reunión a la que asistieron, aparte del ingeniero jefe del Servicio Provincial del IRA, diversos altos cargos republicanos y socialistas como Jesús de Miguel Lancho, Vicente Sol, Nicolás de Pablo, Ricardo Zabalza y José Aliseda. Según informe del IRA, el diputado De Pablo tuvo que reconocer que la situación a fecha 28 poco tenía que ver con el 20, que fue cuando la FETT envió la circular con el plan para el 25. En ese momento los pueblos afectados eran 83 y los yunteros asentados 25 038. Luego habló Zabalza, quien pidió que se legalizaran las situaciones creadas, ocupándose de ello los alcaldes, y que se entregasen fincas a las sociedades dependientes de la FETT. La respuesta, como era previsible, fue que había que seguir con las actuaciones legales en toda la provincia, que los alcaldes debían de ajustarse a lo que indicara la Delegación y que el IRA «no podía alterar bruscamente la explotación actual de las fincas y mucho menos incautarnos, sin adquirirlo, de los ganados, aperos, etc.»[365]. Finalmente se acordó que se activaran los asentamientos de yunteros en los pueblos y también los asentamientos sobre fincas completas, concediendo créditos y atendiendo no sólo a los yunteros sino también a los jornaleros, peticiones ambas que para el IRA —cuya falta de entendimiento con la FETT resultaba evidente— venían a estar o ya en marcha, como la primera, o cubierta por el decreto de 28 de marzo (se trata del decreto de 20 de marzo sobre expropiación de fincas declaradas de utilidad social), caso de la segunda.

Evidentemente, el objetivo del IRA no era otro que se reconociera su «enorme labor» en la provincia y, de paso, quitar todo valor a la iniciativa de la FETT. Como prueba del «fracaso» de los diputados Sosa y Nelken en su recorrido por la provincia se apunta que en los mítines celebrados el día 29 no hubo alusiones a la reforma agraria. Así, antes del 31 de marzo, el Gobierno pudo afirmar en las Cortes que la reforma agraria había alcanzado ya a 130 pueblos y asentado a 41 499 yunteros. No obstante, la Delegación Provincial, que aludía a «la actitud en general favorable de los propietarios pidiendo casi siempre la presencia de personal técnico», se permitía poner en duda la validez del censo de campesinos por haber incluido no sólo a los cabezas de familia y eliminado a los de significación política contraria (mencionaba el caso de Calamonte). Lo cierto es que, según reconoció el propio IRA, el 31 de marzo todavía se producían invasiones y seguía alerta la fuerza pública. La labor encomendada ahora a los técnicos no era menuda: corregir los señalamientos producidos en las fincas invadidas y eliminar de las relaciones de yunteros a los que no fueran cabezas de familia y a los no incluidos en los censos campesinos oficiales. Finalmente se auguraba un amplio programa de asentamientos al amparo del decreto de 28 de marzo.

En una entrevista concedida unos días después a United Press Nicolás de Pablo declaró lo siguiente:

Hemos cumplido la reforma agraria en la provincia de Badajoz durante el miércoles y el jueves por la mañana. No puedo dar cifras exactas porque estoy recibiendo aún datos de varias poblaciones, pero estimo que la extensión de tierras afectadas abarca alrededor de 63 000 acres, que proporcionarán tierra a 70 000 u 80 000 campesinos. (…). Estamos convencidos de las buenas intenciones del gobierno y de que cumplirá la reforma agraria, pero nos vemos frente a dos factores: el primero es que el gobierno, debido a dificultades de carácter técnico, tropezará con inconvenientes para cumplir todo el programa del frente popular; y segundo que, en el caso de que estas dificultades fuesen vencidas, existiría una pérdida de tiempo que impediría el cultivo inmediato de la tierra, y nosotros deseamos evitar el fracaso del primer gobierno de la república en este sentido y el conflicto que provocaría otra disolución de campesinos. Siempre creímos que la reforma agraria podía ser efectuada, y tratamos de demostrarlo colocando nuestros campesinos en la tierra. Lo hemos hecho rápidamente y bien.

Todas las localidades de la provincia de Badajoz se ven afectadas por la ocupación de tierras. Éstas han sido divididas en un promedio de 4 acres por campesino. La distribución depende de la calidad de la tierra. Algunos campesinos contarán con 2 acres, mientras otros tendrán 8. Algunas tierras estaban ya en cultivo, mientras que otras van a ser cultivadas por primera vez. Todos los campesinos se verán beneficiados por la ocupación, incluso los yunteros.

El artículo concluía: «Ésta es la revolución agraria en España. La prensa apenas habla de ella. Sin embargo, tiene tanta importancia que sobrepasa a las guerras civiles del siglo pasado, a la caída de la monarquía, a cuanto ha sucedido en la península desde la Guerra de la Independencia, y aún suponemos esa revolución agraria más trascendental que la guerra de la Independencia. Dios ilumine a todos para que pueda terminarse sin sangre, sin revueltas, con el mayor provecho de los pobres, con el menor dolor de los que, arriba, abusaban de la situación»[366].

Dos años después, en marzo de 1938, Antonio Rodríguez, otro de los miembros del Secretariado Provincial de la FETT de Badajoz, rememoraba desde Castuera el 25 de marzo del 36. Recordaba que en la madrugada de ese día, bajo un torrencial e insoportable chaparrón, cincuenta mil campesinos extremeños ocuparon en unas horas 350 000 hectáreas, tras lo cual el Gobierno envió a la provincia una legión de ingenieros y peritos agrícolas que confirmaron la mayoría de la ocupaciones. Para valorar la importancia del hecho recordaba que cuatrocientos burócratas del IRA habían necesitado varios años para asentar a 18 750 campesinos en 53 921 hectáreas. Para Antonio Rodríguez lo fundamental era que desde que la FETT dio el giro de 1933 hasta aquel momento del 36 los campesinos habían perdido el miedo a la burguesía y a su brazo armado, la Guardia Civil[367].

CUADRO VI

Asentamientos de yunteros en Extremadura en marzo de 1936*

N.º fincas ocup.
Extensión
N.º de yunteros

Zona de Castuera
277
15 590
5157

Zona de Badajoz
184
12 278
3730

Zona de Jerez C.
435
27 361
9205

Zona de Llerena
189
21 251
8509

Zona de Mérida
240
18 231
9257

Zona de Puebla de A.
177
10 379
5641

TOTAL
1502
105 090
41 499**

Fuente: Boletín del Instituto de Reforma Agraria n.º 45 de marzo de 1936 y AIRA.

* Estos datos se refieren a 130 pueblos. Esos mismos en Cáceres eran 1408/62 621/24 702 en 153 pueblos; en las demás provincias afectadas, Cádiz, Toledo, Córdoba y Salamanca, estaban muy por debajo.

** La diferencia con las 1979 fincas ocupadas, la extensión de 125 054 y los 50 955 yunteros asentados del Anexo II se deben a que en aquel cuadro se tienen en cuentas 18 localidades más que en éste y a que en diversos casos (Higuera de Llerena, Montijo, Oliva de Mérida, Orellana la Vieja, Puebla de Obando, Táliga, Villar de Rena y Zarza de Alange) se incluyen no sólo los datos de marzo sino también los de abril. Tampoco está claro si no se han tenido en cuenta los datos de las aldeas por desconocerse o han sido incluidos en el municipio al que pertenecen, caso de Pallares (6/319/66) o de Aldea de Santa María (4/267/61).

Obsérvese cómo es la zona sur de la provincia, la de Jerez de los Caballeros y Llerena, con un tercio de la fincas, la mitad de las hectáreas y el 50 % de los yunteros asentados, la más beneficiada por la reforma agraria. Y obsérvese a continuación lo que representaba esto a escala nacional: Extremadura estaba acaparando casi todos los asentamientos de yunteros y dentro de la región a Badajoz le correspondía las dos terceras partes de los asentados.

Resumen general de asentamientos hasta marzo
Provincia | N.º yunteros | N.º braceros
Badajoz | 41 499 | —*
Cáceres | 24 076 | —
Córdoba | 2009 | 96
Albacete | — | 12
Cádiz | — | 452
Huelva | — | 28
Sevilla | — | 82
Toledo | 187 | 167
Salamanca | — | 232
Total | 65 545 | 1059
* Los asentamientos en Don Benito y Santa Amalia fueron de braceros

CONSOLIDACIÓN DE LA REFORMA

Desde diferentes medios se aprobó el paso dado por los campesinos y la decisión del Gobierno de asumir la situación con la mayor calma posible y dando cobertura técnica y legal por medio del IRA a todo el proceso. Política, de Izquierda Republicana, incluyó a partir de entonces una sección titulada «Los asentamientos de ayer», en que éstos se detallaban por provincias. El día 26 aparecieron los que el 25 se habían hecho bajo el control del IRA: Barcarrota (851 asentados), Retamal (170), Cabeza del Buey (873), Campanario (260), Riscos (75), Casas de Don Pedro (379), Peloche (72) y Siruela (619). Total 3299 asentados[368]. Dos días después informaron de que, según datos del IRA, hasta el día 25 habían sido ocupadas 58 791 hectáreas por 21 582 yunteros en 964 fincas pertenecientes a 133 pueblos de Cáceres, pero no dieron datos de Badajoz[369]. También El Socialista incluyó las notas diarias del Ministerio de Agricultura: el día 27 daba cuenta, pueblo a pueblo, de los asentamientos del día anterior: 277 en Cádiz, 1409 en Córdoba, 60 en Salamanca y 13 277 en Badajoz, entre los que destacaban los 1800 de Jerez de los Caballeros[370]. Otros, como La Libertad, propusieron ya en esos días el rescate de los bienes comunales[371]. Mundo Obrero se limitó a recordar algunos aspectos del programa del Frente Popular, como el compromiso de rectificar el proceso de derrumbamiento de los salarios del campo, verdaderos salarios de hambre, o el de que se dictarían normas para el mencionado rescate de los bienes comunales. También el 27 se hizo público el comunicado que el secretario general de la FETT, Ricardo Zabalza, había enviado el mismo día 25 al Ministro de Agricultura sobre los sucesos de Badajoz:

Que en la provincia de Badajoz ocurrieron en el día de ayer numerosas ocupaciones de fincas por parte de los campesinos, ofreciendo todas ellas como característica común la de que fueron totalmente pacíficas, sin que por parte alguna se hayan ocasionado daños a personas, animales ni cosas. Los campesinos que han realizado esas ocupaciones expresaron así la necesidad urgente de dar tierras a los que carecen de ellas y de entregarlas ahora que pueden hacerse los barbechos pues de lo contrario pasará el tiempo oportuno y se habrá perdido un año. Si los campesinos de Badajoz recibieran la solución que esperan se resolvería de un golpe no sólo el problema del paro en aquella región donde la miseria es extrema, sino que este año se incrementaría grandemente la riqueza nacional, salvando una actuación difícil. (…). Todo esto requiere una sola cosa: Que el Gobierno envíe técnicos leales en vez de guardias a legalizar urgentemente las pacíficas ocupaciones de los campesinos. Que se den los créditos y semillas necesarias para los cultivos (…). Los campesinos, hambrientos y boicoteados, ahora más que nunca, quieren trabajar. No piden otra cosa. ¿Puede alguien oponerse a que se realice un deseo tan humano y tan justo[372]?

Frente a la publicidad del número de asentamientos que se producían a diario, OT denunció en su número del 28 de marzo, encabezado por la frase de Lenin: «Si aguardáis para coger la tierra a que se dicte la ley, os quedaréis sin ley y sin tierra», que algunos asentamientos se estaban realizando sólo sobre el papel. Llegaban los técnicos del IRA, levantaban acta del asentamiento, prometían créditos y todo quedaba en eso. En ese mismo número, con las elecciones municipales a la vista, OT criticaba a esa derecha que ahora pedía al Gobierno «imparcialidad» en las elecciones y se mostraba convencida de que los burgos podridos serían suyos: Por encima de todo… los Ayuntamientos tienen que ser nuestros[373]. El suceso más grave que se comentaba era el asesinato de cuatro campesinos en Escalona (Toledo) por disparos fascistas. OT planteaba la connivencia entre ciertos jueces, los pistoleros y la oligarquía, y la necesidad de que desde Justicia se pusiera coto a ciertas actuaciones judiciales. El órgano del FETT urgía a la formación de las milicias del pueblo: «Todas las conquistas que va obteniendo la clase trabajadora peligran en tanto que ella no tenga una fuerza propia que las respalde». Para OT, la consigna del Gobierno de desarmar a todos los ciudadanos constituía una burla: «… tenemos frente a nosotros, armados hasta los dientes, a todos los señores de la tierra, a sus lacayos directos, a sus matones a sueldo, a la clerigalla trabucaire, y, respaldando a todas esas fuerzas enemigas, a la Guardia Civil, a los jueces de la burguesía, a los técnicos desleales y a los chupatintas taimados». No bastaba con dominar los ayuntamientos, había que hacerse respetar, y numerosos sucesos ocurridos en todo el país, de los que la prensa obrera daba cuenta número a número, demostraban que tal cosa no era fácil. De existir esas milicias —se preguntaba OT— ¿habrían asesinado los fascistas a campesinos de Escalona, de Logroño, de Onteniente, etc? «¿Tendríamos que vivir sobresaltados ante la amenaza semanal de un levantamiento? ¿Camparían los pistoleros de Primo de Rivera y de Ruiz de Alda por sus respetos, alentando contra las figuras más prestigiosas del socialismo?». Y concluía:

Sabe perfectamente el señor Azaña que las notas del ministro del Ejército, las seguridades del ministro de Gobernación y el llevarse la mano al corazón de los jefes supremos de las fuerzas que garantizan el orden público son pura literatura. La República no tiene más defensa real que el pueblo, los obreros organizados de la ciudad y de la tierra. Y a ese pueblo hay que organizarlo militarmente. Formando o ayudando a que se formen las milicias del pueblo[374].

En su número del 28 de marzo, Mundo Obrero incluyó una entrevista con el diputado comunista por Badajoz Pedro Martínez Cartón, tipógrafo de profesión y de la asociación El Arte de Imprimir. Recordaba Martínez Cartón sus días en prisión durante la dictadura de Primo, compartiendo calabozo con Francisco Parra Díaz, uno de los obreros asesinados en el Parque de María Luisa en el verano del 31 por el sistema de la llamada Ley de Fugas. Había pasado una docena de veces por la cárcel, la última en el bienio negro, donde se le quiso aplicar la ley de Vagos y Maleantes. Martínez Cartón proponía la formación de las milicias obreras y campesinas, pero no ya como organizaciones de obreros armados: «Lo importante es crear la organización de combate, que cuando la República popular y la defensa de la tierra lo exijan, ya se encontrarán las armas». Los objetivos principales en el parlamento eran las obras hidráulicas para el aprovechamiento del Guadiana y el rescate de los bienes comunales, baldíos y cañadas robados al pueblo. No obstante, la actitud de Mundo Obrero a lo largo de esos meses fue la de pedir que se cumpliera completo el programa del Frente Popular y que las reformas no se limitaran al caso extremeño.

Otro líder campesino y diputado, José Sosa Hormigo, nacido en 1898, fue entrevistado esos días por Claridad, publicación del sector caballerista surgida en julio de 1935, en esos mismos días. Sosa, que se mostraba muy crítico con el IRA y mantenía que sus técnicos, víctimas de la burocracia de la capital, tenían mucho que aprender de los campesinos, recordó el caso de su pueblo, Barcarrota. En el primer bienio se habían repartido 2500 ha pero ni se les dieron medios de trabajo ni créditos. «Los propietarios de las tierras y los técnicos se reían por lo bajo», añadía. Recordó que había nacido en un cortijo y que a los diez años, siendo jatero (el zagal que a lomos de borriquilla se encargaba de llevar y traer las cosas del pueblo al tajo), había aprendido a leer. A los 14 empezó como jornalero (cinco duros al mes y comida, siempre gazpacho o garbanzos); a los 16 se afilió a la UGT y poco después organizó una huelga contra su propio padre, que era mayoral. La lectura la siguió desarrollando en la Casa del Pueblo y sólo salió del pueblo para el servicio militar, que le tocó cumplir en Melilla, donde le cogió el desastre de Annual sin llegar a verse involucrado. A su regreso al pueblo la situación ha cambiado: el padre ha tenido que arrendar un huerto y toda la familia andaba de cabeza para vender la fruta y la verdura en Alconchel, un pueblo a 20 km al que habían de ir de noche. Sosa, secretario de la agrupación socialista local desde 1923, fue concejal en abril de 1931 y octubre del 34, y en febrero de 1936 hasta su incorporación al Congreso como diputado[375].

RESISTENCIAS Y AVANCES: EL CASO DE «EL SEÑORÍO»

No todos, ya vecinos ya sociedades, vieron con buenos ojos aquellos hechos de marzo. De las quejas que se conservan en el archivo del IRA puede servir de muestra la del presidente del Sindicato Católico de Alconchel, uno de los pueblos con más fincas afectadas y más asentados, o las de ciertos particulares. Este sindicato llevaba en arriendo desde 1934 varias fincas que eran trabajadas por sus socios yunteros y que no se habían visto afectadas por el cultivo intensivo en 1933 precisamente por este motivo y por existir un contrato entre el propietario y el mencionado sindicato. Pero ahora las nuevas autoridades locales habían incluido dichas fincas entre las que había que aplicar los nuevos decretos y eran otros yunteros los que las labraban. Estos hechos fueron denunciados al Ministerio de Agricultura el 23 de abril de 1936[376].

También ha quedado rastro de las denuncias particulares por problemas entre propietarios y yunteros que no se ponen de acuerdo sobre el terreno en que debe producirse el asentamiento y de desacuerdos entre los propietarios y el IRA por idéntico motivo[377]. En ocasiones, los campesinos se quejaban del trato de favor que los ingenieros del IRA daban a los propietarios al permitirles decidir qué tierras serían ocupadas y cuáles seguirían en su poder[378]. Otro caso típico se produjo en Reina con la dehesa de «Viar» y el propietario Antonio Maesso Gimón. El día en que se personaron en la finca el alcalde Fernando Cabezas Bernal, en concepto de delegado del ingeniero de la oficina comarcal de Reforma Agraria de Llerena, y Félix Mateos Millán y Alejandro Millán Durán en representación de la Junta de Campesinos, no se presentó ni él ni quien lo representara. Entonces se marcaron las 350 fanegas partiendo del terreno ya ocupado en 1933. Otro tanto hicieron en la finca «Los Calderones», también de la familia Maesso, en «La Encomienda» y en «Dehesa de San Pedro». Las quejas de Antonio Maesso no se hicieron esperar y tras ellas las del Servicio Provincial de RA de Badajoz, de forma que los yunteros y el ingeniero de zona tuvieron que levantar una nueva acta el 9 de abril detallando las lindes exactas de la zona ocupada, que no era otra que la misma de una semana antes[379]. Un ejemplo de la actitud patronal es lo ocurrido en Fuente de Cantos en una de las fincas de Luis López Obando, conde de la Corte:

A pesar de la oposición de la Guardia Civil se consiguió sembrar cada parcela, unas de trigo y otras de cebada o avena, según creyó oportuno cada colono. Protegidos por fuerzas de la Guardia Civil se presentaron varios mozos de labranza del dueño de la finca y volvieron a sembrar de avena todo lo que ya teníamos sembrado para que lo que naciera estuviera revuelto de forma que no se pudiera aprovechar con la finalidad que cada uno de los colonos lo había hecho. De nada sirvieron las quejas y denuncias hechas ante las autoridades gubernativas para castigar lo que se consideraba, más que como atropello, como un acto criminal[380].

Las ocupaciones de fincas del 25 de marzo dieron lugar, como se ha dicho, a un formulario que circuló por toda la provincia. En ella constaba todo tipo de datos sobre la finca, su propietario, la persona que la iba a ocupar y los representantes, tanto municipales como del grupo al que se le iba a entregar, y testigos. Firmaban el cabeza del grupo, el representante municipal y el propietario o su representante. En la «Dehesa del Rincón» entraron 70 yunteros; en la «Sierra de Pedro Toro» 25; en «Llanos de Doña Rosa» 16; en «Sierra del Águila» 12; en «Peñaranda» 13; en la otra «Peñaranda» 16; y en «El Playón» 12. En total, a principios de abril, el ingeniero de la zona de Jerez, Emilio Molina, informó al Servicio Provincial de Reforma Agraria que en Zafra habían sido ocupadas 270 hectáreas por 168 yunteros. Naturalmente, lo que hicieron los funcionarios del IRA en esos días de abril fue confirmar y legalizar lo que ya había sido hecho antes:

De acuerdo con las órdenes recibidas y con objeto de dar cumplimiento a los Decretos de 3 y 14 de marzo de 1936, referentes a la colocación de yunteros, autorizo a Ud. para que a su vez lo haga a los Delegados electos de los yunteros que han de ocupar los giros de barbecho de las fincas aprobadas, los que debidamente acompañados por un representante de ese Ayuntamiento y del propietario o representante del mismo, proceda a la ocupación temporal de los giros, levantando acta, que firmarán, y en el caso de que no se presente el propietario ni el representante lo harán testigos[381].

Luego, a lo largo de abril, vinieron los acuerdos escritos entre propietarios y yunteros con la mediación del IRA y donde los primeros aceptaban el asentamiento y las condiciones en que se había hecho y acordado. Copias de dichos acuerdos se dirigieron a los ayuntamientos, al IRA y a las sociedades campesinas. Veamos un caso singular: el de la finca «El Señorío» de Torremejía[382].

El día 31 de marzo de 1936 se reunieron en el Ayuntamiento de Torremejía bajo la presencia de su alcalde, Andrés García López, a quien acompañaba el secretario, José Manuel de la Lastra Rojas en representación de su esposa María del Carmen Losada Sánchez Arjona, ambos vecinos de Sevilla, y representaciones locales de los arrendatarios y de la Sociedad de Trabajadores de la Tierra. Por los primeros Félix Moreno Trinidad, José Ortega Blanco, Fernando Hernández Manchado e Isidro Paredes Macías, y por la segunda Miguel Sánchez Gragera, Andrés Flores Torrejón, Manuel Collado Naranjo y Juan González Trinidad. Los propietarios habían sido requeridos por indicación de la Delegación de Reforma Agraria de Mérida y por el propio Ayuntamiento el día 11 de marzo. Lastra manifestó que «una vez que es deseo unánime del pueblo de Torremejía y así lo reconoce él precisamente, que la finca “Señorío” y sus agregaciones del término municipal de Torremejía, la cede desde este momento con el fin de que pueda en toda su extensión ser explotada y cultivada por los mandatarios de las referidas Comisiones, cuya cesión total hace al Instituto de Reforma Agraria a fin de que éste le dé la aplicación que la Ley determine…». Entonces las comisiones pidieron a Lastra que cediera al IRA también otras tierras lindantes, entre ellas un olivar que les permitiría resolver el invierno, a lo que Lastra accedió, lo cual le agradecieron convencidos de que con tales cesiones quedaba resuelto «el problema vital del pueblo».

La finca, de 2854 hectáreas y enclavada en los límites de la Tierra de Barros, de suelos profundos y muy fértiles, ocupaba parte de los términos de Torremejía, Almendralejo (399 ha) y Mérida (265 ha), y era, con diferencia, la que producía mayor renta de toda la provincia (123 825 ptas.). De las 2282 ha del término de Torremejía, la finca ocupaba 2190 y las restantes eran pequeñas parcelas incrustadas en la finca propiedad de algunos vecinos del pueblo. Con unos mil habitantes, el censo campesino era de 300 personas, de las que 245 eran cabeza de familia. Unos 60 eran pequeños propietarios con una o dos yuntas de mulas que trabajaban parcelas en términos vecinos o arrendando en «El Señorío» y que en su mayoría no superaban las mil pesetas de renta catastral; otros 100 eran pequeños arrendatarios sin tierra alguna y que cultivaban con su yunta o media yunta lo que arrendaban donde podían, tanto en la finca como fuera; y finalmente había otros 90, obreros agrícolas, simples asalariados en la parte de la finca que llevaba Lastra. El pueblo contaba con dos sociedades, una de arrendatarios con unos 70 afiliados que agrupaba a gente de los dos primeros grupos, y otra obrera, Trabajadores de la Tierra, fundada en 1931, que reunía a parte del segundo grupo y a todos los obreros agrícolas, en total unos 180. Así pues, casi todos los campesinos de Torremejía, ya arrendatarios ya obreros, se ocupaban en la finca «El Señorío». Todos sabían en el pueblo que las seiscientas fanegas de la dehesa boyal y las cien de propios fueron absorbidas por «El Señorío» en el siglo XIX, «sin que se sepa por qué procedimiento y qué leyes le ampararon para hacerlo».

En el primer ofrecimiento que Lastra hace al IRA pone como condición que se respete a los arrendatarios existentes, a lo que se niegan los pequeños arrendatarios y los obreros alegando que ésos son grandes arrendatarios que controlan mucha extensión de tierra en diferentes términos. Entonces Lastra cedió la finca al IRA con la condición de que fuese explotada por los campesinos de Torremejía. La distribución fue la siguiente: 900 ha de cultivo herbáceo para los 70 arrendatarios no pertenecientes a la Sociedad de Trabajadores de la Tierra y 1550 para ésta, que serían explotadas colectivamente en su mayor parte, como era el deseo de la mayoría, pero también individualmente. A cada uno de los 180 campesinos correspondían ocho hectáreas de cultivo herbáceo y dos de olivar, lo que garantizaba unos beneficios de 2062 pesetas por familia, jornales incluidos. El propietario debía cobrar anualmente una renta de 123 825 pesetas, de las que unas 35 000 procederían de los arrendatarios y 88 000 de la sociedad obrera. En conclusión, todos salían ganando salvo los grandes arrendatarios.

El plan para «El Señorío», cuyos trámites se iniciaron el 31 de marzo de 1936, concluyó su recorrido burocrático en los primeros días de julio de 1936, en que recibió el visto bueno del ministro de Agricultura Mariano Ruiz Funes para un crédito de 354 000 pesetas, necesarias para su explotación[383]. La alegría duró el mes que las fuerzas de Castejón tardaron en aparecer por la carretera de Sevilla.

CUADRO VII
Asentamientos de yunteros en Extremadura en abril de 1936
| N.º fincas ocup.* | Extensión | N.º de yunteros
Zona de Castuera | 277 | 15 590 | 5157
Zona de Badajoz | 222 | 14 432 | 4496
Zona de Jerez C. | 634 | 37 099 | 13 288
Zona de Llerena | 284 | 28 080 | 11 592
Zona de Mérida | 245 | 18 366 | 9355
Zona de Pbla de A. | 272 | 11 764 | 5921
TOTAL | 1934 | 125 331 | 49 809
* en 158 pueblos.
Fuente: Boletín del Instituto de Reforma Agraria n.º 45 de marzo de 1936

Decretos y órdenes del Frente Popular sobre Reforma Agraria

—03/03/36: Decreto de reposición de yunteros para Cáceres y Badajoz.

—05/03/36: Orden sobre asentamientos para campesinos de Badajoz, Cádiz, Cáceres, Toledo y Salamanca.

—11/03/36 (Boletín del IRA, n.º 45): Orden de Mariano RuizFunes, director del IRA, para realizar asentamientos en Badajoz, Cáceres, Salamanca, Toledo y Cádiz. De acuerdo con el artículo 27 de la Ley de 9 de noviembre de 1935 se haría preferentemente mediante la ocupación temporal. Los beneficiarios saldrían del Censo de Campesinos y la tramitación de los expedientes de ocupación tendría un plazo máximo de 30 días.

—20/03/36: Decreto, según el artículo 14 de la Ley de 9 de noviembre del 35, por el que el IRA podía declarar de «utilidad social» y proceder a expropiar las fincas radicadas en municipios donde se diera una gran concentración de la propiedad, un censo de campesinos elevado en relación con el número de habitantes, una reducida extensión del término en comparación con el censo de campesinos o un predominio de cultivos extensivo, todo ello bien de manera aislada o simultáneamente. El Decreto también facultaba al director del IRA para ordenar ocupaciones temporales con el fin de anticipar los asentamientos en las fincas declaradas de «utilidad social» mientras se tramitaba la expropiación. Los propietarios podían recurrir tanto la declaración de «utilidad social» como la ocupación temporal.

—16/04/36: Ruiz-Funes presenta un nuevo proyecto de Ley de Bases de la Reforma Agraria, complementado con otro sobre adquisición de propiedad por arrendatarios y aparceros.

—18/06/36: Se da rango de ley al Decreto de 20 de marzo eliminando la posibilidad de recurrir la «utilidad social» (se indemnizarían todos los casos de expropiación) y la ocupación temporal (se pagaría una renta mientras se resolviera). Paralelamente se derogan la Ley de Reforma Agraria de 1 de agosto de 1935 y el texto refundido de 9 de septiembre del 35 y se declara de nuevo en vigor la Ley de Reforma Agraria de 1932. Las fincas podrían entregarse a braceros, en asentamiento; a pequeños arrendatarios y propietarios, en propiedad mediante pago al contado o a plazos; y a colectividades, en propiedad, en arrendamiento o a censo[384].

El censo campesino que se manejaba era el iniciado en 1932, cuyo primer esbozo a escala nacional conocemos gracias al grupo de Historia Económica de la Universidad de Salamanca:

CUADRO VIII

Censo agrario de Badajoz por partidos judiciales

Fuente: Espinoza, L. E., Robledo, R., Brel, M. P. y Villar, J., «Estructura social del campo español: el censo de campesinos (1932-1936). Primeros resultados (I)», en Robledo, R. y López, S., (eds.), ¿Interés particular, bienestar público? Grandes patrimonios y reformas agrarias, Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 2007, pp. 307-342.

* c. a.: censo agrario

LA FETT CONTRA EL IRA

El OT del 4 de abril no llegó a distribuirse por problemas de censura. Actualmente no es posible consultarlo en las hemerotecas españolas[385]. En esta ocasión en el recuadro del ángulo superior derecho se leía: «Para atajar amenazas de guerra civil, formemos resueltamente las milicias del pueblo en toda España». El titular de portada motivo de la censura era «Un grandioso movimiento campesino en Badajoz». OT esperaba que se le dejase hablar de lo ocurrido en la provincia extremeña y pedía al Gobierno que no huyese de la realidad. Se trataba simplemente de decir que el día 25 de marzo miles de campesinos de la FETT, al grito de ¡Viva la República! y siguiendo instrucciones del Secretariado Provincial, habían ocupado 3000 fincas en Badajoz[386]. En cuanto a los antecedentes el artículo remitía a la Asamblea del 19 de octubre de 1935 en Mérida, cuando con las Casas del Pueblo cerradas, los yunteros acordaron reparar en cuanto pudieran la campaña de desahucios a la que se habían visto sometidos durante el bienio negro, en que fueron despojados hasta de cosechas y barbechos. El decreto de 3 de marzo iba en el buen camino pero no colmaba las aspiraciones de los yunteros y sólo unos días después, el 12, Adolfo Vázquez Humasqué prometía en Badajoz asentar 40 000 yunteros en 8 días. Pero el día 20 pasó y sólo había habido tres mil asentamientos, la mayor parte de ellos «sobre el papel», como decía Zabalza. Fue entonces cuando recibieron las instrucciones del Secretariado Provincial de la FETT para el día 25. Según OT

las órdenes fueron cumplidas en todos los pueblos con admirable disciplina. En ciertos pueblos, como Azuaga, se pusieron en una caja los nombres de las fincas a ocupar, y el número de campesinos que habían de entrar en ellas. En otra caja había papelitos con los nombres de todos los socios, y unos y otros se iban sacando por sorteo hasta la cifra indicada. Los designados en suerte elegían enseguida a los jefes para el grupo y éstos, en contacto con la dirección, recibieron las órdenes oportunas. Ni uno solo falló. Todos sin excepción, y en todos los pueblos, se reunieron portando las azadas y herramientas de labor en el momento de firmar las actas. Dicen cuantos lo vieron que los pueblos de Badajoz ofrecieron aquel día un espectáculo indescriptible. Alegría inmensa y emoción profunda. Como si, de golpe, se sintiesen los pueblos libres de la esclavitud secular. Como si, de pronto, hubiesen saltado en pedazo las cadenas y grilletes que los aprisionaban. Daban vivas los jóvenes, las mujeres y los chiquillos. Por las mejillas tostadas de los viejos caían lágrimas. Las manos callosas de los dirigentes de nuestras Secciones no habían temblado jamás como temblaron (de emoción y de alegría) al firmar aquellas actas, que eran las actas de liberación de los parias de la tierra[387].

Si el Gobierno no respetaba el movimiento campesino limitándose a mandar guardias y jueces —finalizaba OT— entonces «los campesinos seguirán el único camino posible ante el fracaso de la República burguesa» e «implantarán la República socialista». Este tipo de cosas serían las que llevaron a Azaña por esos días a denunciar dos corrientes: la que creía que «un día de estos España va a amanecer constituida en un soviet» y aquella que «crea la atmósfera necesaria para que los golpes de fuerza y violencia sobre el país prosperen»[388]. Todavía en este número —prueba de lo precipitada que fue la decisión de anular las elecciones municipales del 12 de abril— la FETT animaba a votar las candidaturas propuestas desde la Casa del Pueblo y recordaba lo que suponía controlar los ayuntamientos: la efectividad del servicio de colocación obrera y el turno riguroso[389], la posibilidad de los bienes comunales y de propios, la preocupación por el paro, la atención a los barrios de los pueblos, la gratuidad de la asistencia social, el interés por la enseñanza pública, la construcción de vivienda pública y una mayor justicia en el reparto de utilidades.

El decreto del Ministerio de Trabajo sobre turno forzoso y oficina de colocación fue duramente criticado por OT por las numerosas excepciones que marcaba y, por ejemplo, por no incluir dentro del turno riguroso a los gañanes, que serían elegidos por los patronos. «Hay que suplir con decisión renovada los titubeos y blandenguerías de esta pequeña burguesía suicida, que tiene el Poder, sin tener conciencia exacta de la gravedad del momento», concluía. Entretanto ocurrió algo importante en Madrid: el presidente Niceto Alcalá Zamora fue depuesto y en su lugar fue elegido Manuel Azaña[390].

Desde los ayuntamientos y siguiendo las indicaciones de las delegaciones comarcales de Reforma Agraria se ordenó a los yunteros que comenzaran las labores de barbecho en los giros que les habían correspondido[391]. Para evitar problemas el ingeniero delegado de la Dirección de Reforma Agraria envió el 9 de abril a los ayuntamientos una nueva circular ampliando las números 7 y 8 de los días anteriores. Se prohibía ocupar barbechos que ya estuviesen en cultivo a menos que se contase con el permiso del IRA; traspasar parcelas entre yunteros; se daba un plazo de cinco días a los beneficiados por el sorteo de parcelas para que se ocupasen de ellas, pasado el cual tenían que devolver la papeleta; se controlarían los excesos (la posesión de más tierra que la fijada); y responsabilizaba al alcalde y representaciones obreras de que las labores se realizasen en los lugares indicados en las actas de ocupación[392]. Esto dio lugar a una circular del Gobierno Civil en la que se amenazaba a los yunteros con el desahucio y la exclusión si ocupaban otras tierras que las asignadas por las delegaciones de Reforma Agraria[393]. Todos los ayuntamientos fueron resolviendo como pudieron los problemas surgidos con los asentamientos pero contando siempre con el asesoramiento de los servicios comarcales del IRA[394]. En ocasiones hubo problemas entre arrendatarios y yunteros. Sería el caso de la dehesa «Bonabal», de Alange, en la que los arrendatarios denuncian al IRA que de las 382 fanegas que cultivan le han sido arrebatadas 50 (32 sembradas, 8 en barbecho y 10 en descanso) por la Comisión de Almendralejo[395]. También hubo casos de yunteros que una vez asentados renunciaron por diversos motivos a trabajar en las fincas que les habían correspondido, dando lugar a que la Comisión Provincial de Reforma Agraria abriera expedientes.

Finalmente el IRA, al mismo tiempo que el Gobierno Civil enviaba telegramas a los ayuntamientos prohibiendo terminantemente la ocupación de tierras sin autorización del Instituto, estableció el procedimiento a seguir: aprobar la superficie a ocupar y el número de yunteros que debía ir a cada giro, que debían nombrar un representante o cabecera que sería quien ocupara la finca en representación del Instituto; y una vez hecho esto remitir las citaciones a los propietarios y a los cabeceras para que coincidieran en el acto de ocupación, al que también debía asistir un representante del Ayuntamiento, preferiblemente un concejal[396]. Al mismo tiempo el IRA no dejó de enviar a los ayuntamientos avisos de sus actuaciones, que inmediatamente los alcaldes pasaban a los propietarios y que decían: «ruego comunique con toda urgencia al vecino D. Marcelino Casillas Bueno que mañana lunes irán finca Endrinal a señalar parte comprendida en Reforma Agraria»[397]. En otro sentido el IRA también comunicó a los ayuntamientos (y éstos a las sociedades obreras) la obligación que tenían los yunteros de cultivar las parcelas adjudicadas, aunque sólo fuera para no hacer pagar a los demás compañeros su renta, tal como establecía la ley[398]. La consulta de la correspondencia municipal muestra que a partir de abril los oficios dirigidos a los grandes propietarios, bien por quejas varias o por requerimientos del IRA, fueron constantes. Esta situación se agravó cuando a fines de mayo y principios de junio comenzaron en todas las localidades los acuerdos entre las sociedades obreras y la patronal para la temporada de verano[399]. Así se llegó al 17 de junio, en que el Gobierno Civil advirtió a los patronos que disponían de 48 horas para proceder a la siega[400].

La portada del OT del 11 de abril estaba dedicada íntegramente a una experiencia colectivista en Móstoles (Madrid), con una entrevista a su alcalde, el socialista Modesto Montero. En el interior se ocupaba de otra experiencia similar en Villamiel (Toledo). El tema de fondo eran los arriendos colectivos. Se aprovechaba una entrevista al ministro de Agricultura, Ruiz Funes, aparecida en La Libertad para plantear una vez más el «Ahora o nunca». El ministro había hablado de un plan para 1936-1937 ajustado a los medios con que se contaba y desde OT se le urgía a profundizar definitivamente en la RA por un motivo fundamental: «El pueblo, los obreros de la tierra y los pequeños propietarios y arrendatarios de media España, se hallan dispuestos a suplir con su iniciativa las indecisiones y tardanzas del aparato estatal y de los líderes políticos». Y finalizaba: «Los millones, decenas de millones, centenares de millones, que hacen falta, se piden a las Cortes».

Los días 4 y 5 de abril había tenido lugar en Badajoz la asamblea provincial de la FETT, presidida por Francisco Gómez, de Montijo, y por José Garay, de Barcarrota, y Antonio Rodríguez, de Badajoz, como secretarios. Se trató fundamentalmente de la reorganización del secretariado provincial, de la Reforma Agraria y de las bases del trabajo. La asamblea se inició con un informe de Ricardo Zabalza sobre la situación campesina en ese momento, seguido de una memoria de las actividades del secretariado provincial entre 1933 y 1936 a cargo de Antonio Rodríguez[401]. Se ratificaron acuerdos previos tomados tanto en la Asamblea de Mérida del 19 de octubre de 1935 como las bases del trabajo aprobadas en Don Benito en 1933: jornada de seis horas en invierno y siete en verano, recorrido al tajo por cuenta de patrono y obrero cuando es menos de 15 km y por cuenta sólo del primero si pasa de esa distancia, derecho a bajar al pueblo desde los cortijos una vez a la semana, gastos en herramientas por cuenta del patrono, los contratos por temporada durarán como mínimo del 1 de mayo al 30 de septiembre, los jóvenes de 14 a 16 años ganarán como mínimo 3/4 del jornal de los adultos, las horas empleadas por el obrero, después del trabajo, en cuidar una bestia enferma se considerarán como extraordinarias. También se tomaron acuerdos respecto a la siega, empezando por crear un censo de segadores y una estadística de los pueblos con exceso o falta de mano de obra. Otros acuerdos tomados fueron promover la no lectura de Vanguardia, el periódico de IR en Badajoz, y criticar que La Verdad Social no publicase los escritos enviados por el secretariado.

Sobre la reforma agraria se acordó que el IRA facilitase tierras a las sociedades obreras para su explotación colectiva, que enviase urgentemente créditos a los campesinos asentados y que activara la distribución del trigo depositado en beneficio de los campesinos pobres que lo solicitaran[402]. La asamblea de la FETT decidió también apoyar el cumplimiento de los pactos locales sobre el reparto de parados entre propietarios, aplicar de manera urgente y eficaz el laboreo forzoso y activar los trámites de las demandas en los Jurados Mixtos. Así, en muchas localidades, se recogieron datos sobre las horas extras impagadas por la patronal durante la siega de 1934 para su reclamación, exceptuándose de esta medida a los pequeños arrendatarios, aparceros y colonos que pertenecían a la FETT, y a los que reclamaran desde fuera se les animaba a que se inscribieran «como único medio de poder vencer ahora y siempre a la Burguesía, con la potencialidad cada día más fuerte de nuestras organizaciones»[403].

Otro significativo acuerdo tomado fue depositar las armas que se pudieran recoger en las alcaldías y no en los cuarteles de la Guardia Civil. Fueron designados para el consejo del Secretariado Antonio Rodríguez (Badajoz), Antonio Pulgarín (Azuaga), José Sánchez Palomo (Barcarrota), Tomás Aquino Barquero (Quintana de la Serena), Diego de la Cruz (Fuente del Maestre) y Domingo Mendoza (Montijo). El problema de la urgente necesidad de los créditos y la crítica al carácter teórico de algunos asentamientos era real, como demuestran algunos documentos que se conservan en archivos municipales. Más de 300 yunteros y asentados de Fuente de Cantos escribieron el 17 de abril al alcalde Lorenzana, instándole a que, ya que el escrito dirigido al IRA el 28 de marzo solicitando ayuda económica que les permitiera vivir hasta la cosecha del 37 no había obtenido respuesta alguna, insistiera de nuevo dada la penosa situación de muchos de los firmantes, que lamentaban que los poderes públicos no fueran conscientes de que sin dicha ayuda no habría solución para el problema de la tierra. Pedían, al menos, un anticipo de cien pesetas por cada fanega adjudicada[404].

LA REPÚBLICA AMENAZADA

En este mismo número del 11 de abril OT destacó dentro de la campaña en favor de la creación de una milicia popular, campaña que también seguían otros medios como Claridad, Renovación o Juventud Roja, la propuesta del Comité del Frente Popular de Campillos (Málaga), que venía a dar solución a las dudas planteadas desde diferentes puntos del país. OT se comprometió a organizar en breve la Agrupación Nacional Pro Milicia Popular. El comité de Campillos realizó un escrito en el que consideraba errónea la creencia de que la victoria del 16 de febrero equivalía a la anulación del fascismo en España[405].

La propuesta del comité frentepopulista de Campillos consistía en constituir una Agrupación Pro Milicia Popular Antifascista allí donde existieran organizaciones del Frente Popular. Consideraban que en ella tenían que integrarse los apoderados o interventores de las pasadas elecciones, los presos políticos y sociales amnistiados, los campesinos desahuciados de sus tierras por la Ley de Arrendamientos, los funcionarios y empleados represaliados y, por extensión, todos cuantos hubieran sido objeto de persecución y malos tratos y pertenecieran al Frente Popular. Las milicias así creadas no debían ser asociadas o instrumentalizadas por partido alguno, su misión sería únicamente hacer frente al fascismo y para formar parte de ellas sólo se requería «respeto y tolerancia para todos los que tenemos por enemigo al fascismo». Su única consigna sería: «Contra el fascismo y sus cómplices»; y su único objetivo garantizar el triunfo electoral del Frente Popular. Las noticias que llegaban de Europa, caso de la decisión de Hitler de ocupar Renania, incitaban a seguir en esa línea. También había ya voces que advertían de que la carrera de armamentos conduciría irremediablemente a la guerra.

El 11 de abril también vio la luz, en Claridad, un vitriólico artículo de Margarita Nelken titulado «Rusificación». Ironizaba sobre el trato exquisito que la justicia daba a los patronos y pistoleros detenidos en aquellos días frente al trato que habían recibido los obreros antes del 16 de febrero y volvía a ironizar sobre el alarde que la Guardia Civil y las fuerzas vivas de Castilblanco habían realizado públicamente con motivo del Domingo de Ramos. Hablaba de rusificación recordando el trato digno que, según ella, recibían los procesados en la URSS y la naturalidad de las manifestaciones populares en «la Patria de los Trabajadores», beneficios de los que ahora podían disfrutar en España la Magistratura y la Guardia Civil. De ahí la rusificación[406]. Unos días después Margarita Nelken comenzó desde las páginas de Claridad una serie titulada «Cómo se vive en la Unión Soviética», donde iría desgranando los recuerdos y experiencias de su paso por la URSS durante el bienio negro, desde sus entrevistas con la hermana de Lenin hasta la vida de las campesinas pasando por la vida en el koljós, todo ello en un tono absolutamente idealizado[407]. No hay que olvidar que, como recuerda Paul Preston, en su semblanza sobre Margarita Nelken, desde mayo del 35 era públicamente partidaria de limitar las alianzas políticas al PCE y no a los republicanos liberales, tal como proponía la ejecutiva del PSOE[408]. Resulta evidente que su aventura soviética la marcó y que ejerció cierta influencia sobre Largo Caballero, «el Lenin español», en el giro que éste dio a las pocas semanas de las elecciones de febrero.

Sobre la actuación de la justicia en la provincia de Badajoz habría que decir que ese mismo mes de abril cinco diputados extremeños —Juan Simeón Vidarte, Miguel Muñoz y Vicente Sol entre ellos— enviaron un escrito al ministro de Justicia en el que denunciaban a varios magistrados de la Audiencia de Badajoz. Fueron denunciados Lorenzo Caballero Romo, presidente de la Sección Segunda de la Audiencia y propietario, junto con su esposa, de varias fincas de gran extensión en varios municipios. Los diputados mencionaban un caso reciente: tras las elecciones de febrero había absuelto a un fascista de Villanueva de la Serena por tenencia ilícita de armas —le habían sido entregadas por la Guardia Civil mediante un simple volante que le autorizaba su uso hasta el 23 de febrero— basándose en que «no había intención de cometer delito». El informe añadía: «Por esa misma causa los elementos del Frente Popular son condenados a años o a muchos meses de cárcel». Otro de los magistrados denunciados era Francisco de Padua Navarro, de Badajoz, del que se destacaba la dureza con que trataba siempre a la izquierda, mencionándose el caso de la condena al alcalde de Zafra, José González Barrero, «sin existencia de delito, porque lo impuso Salazar Alonso». «… viene desde siempre causando graves daños a la causa republicana y protegiendo al fascismo por el que tiene simpatías», se decía de él. El informe también citaba al juez de Mérida, Díaz Camarero, también acusado de amparar las actividades y excesos de tipo fascista, y finalizaba así: «Casi todos los Jueces municipales de la provincia, el fiscal municipal de Don Benito, José de Peralta y García de Paredes, inmoral, que se dedica a enredar a la gente en juicios de faltas para condenar y sacarles dinero a unos y a otros porque no trabaja y vive de eso, etc. El Juez Municipal de Herrera del Duque, que hace de Instrucción y es un gran enemigo del régimen». El ministro pasó el informe al presidente de la Audiencia Territorial de Cáceres, quien contestó respecto a los dos primeros destacando la falta de elementos de juicio en las acusaciones y el hecho de que se estaba ante decisiones de un tribunal y no de un magistrado u otro[409].

El 14 de abril, a dos meses de las elecciones y a un mes del atentado contra Jiménez de Asúa, durante la celebración en el Paseo de la Castellana del V Aniversario de la República, se produjo una explosión tras la tribuna de autoridades que constituyó el inicio de una funesta cadena que, tal como era su objetivo, llegó sin interrupción hasta el golpe militar[410]. A consecuencia del atentado se produjo un tiroteo en que murió el alférez Anastasio de los Reyes, de la Guardia Civil, cuyo entierro, convertido en una demostración de fuerza por la derecha, acabó con cinco muertos más (un falangista, un tradicionalista y tres izquierdistas) y numerosos heridos. El encargado de disolver la manifestación producida por el entierro fue el teniente de Asalto José Castillo, acusado de herir mortalmente al tradicionalista Luis Llaguno. Ya sabemos cómo acaba la historia: unas semanas más tarde caería Castillo y poco después Calvo Sotelo. Pues bien, en el origen de esa cadena, la explosión en la tribuna de la Castellana, está el capitán Manuel Díaz Criado, con un historial criminal desde 1931 a 1936 —desde la aplicación de la «Ley de Fugas» en el Parque de María Luisa a su directa participación en el golpe militar— que le llevaría a los pocos días del golpe a ocupar la Delegación de Orden Público en la Sevilla de Queipo (con potestad sobre Andalucía y Extremadura). Díaz Criado fue detenido el 26 de abril por orden del director general de Seguridad por su participación en el atentado del día 14 en Madrid contra el presidente de la República y demás autoridades, pasando por su condición de militar al Cuartel de la Montaña y a la prisión de Guadalajara, de donde saldría en mayo para la II División en situación de disponible gubernativo. Finalmente el 19 de junio recibió, por increíble que parezca, los beneficios de la amnistía del 21 de febrero[411].

Es evidente que la República, por más que Azaña se jactara, según Luis Romero Solano, de no haber expulsado del Ejército a ningún militar con motivo del cambio de régimen, no supo librarse ni defenderse de sus enemigos más feroces. Díaz Criado pudo abandonar el Ejército como tantos otros militares antirrepublicanos, pero sin embargo decidió prestar el juramento de fidelidad a la República. La mayor parte de la prensa de los días posteriores al 14 de abril, salvo la de derechas, estuvo de acuerdo en calificar lo que estaba ocurriendo como una escalada fascista. Todos coincidían en que el Gobierno debía tomar medidas urgentes para frenar una vorágine de violencia que sólo favorecía a quienes planeaban la destrucción de la República. Prieto, hombre bien informado y que pensaba que el desgaste de los republicanos era el desgaste del Frente Popular y que los socialistas tenían la obligación de no allanar con su política el camino al fascismo, ya nombró en tan temprana fecha a Franco como posible jefe de la sublevación en marcha. La prensa del 15 de abril recogió estas declaraciones de Azaña: «Hay que desarraigar de entre nosotros la apelación cotidiana a la violencia física»; «… es conforme a nuestros sentimientos más íntimos que haya sonado la hora en que los españoles dejen de fusilarse unos a otros»; «Nosotros no hemos venido a presidir una guerra civil, más bien hemos venido con intención de evitarla»[412].

DOS REFORMAS AGRARIAS

Labrador cuelga el arado

y cómprate una escopeta,

échate a la calle armado

verás si consigues tierras.

Lo primero que has de hacer

es deslindar tu parcela,

si alguno se opone a ello

para eso está la escopeta.

La tierra es tuya, tú la trabajas,

el que quiera tierras, vaya a explotarlas,

tú serás rico, España también,

el que no trabaje, no ha de comer.

(Recogido por JACINTA GALLARDO MORENO

en La guerra civil en La Serena)

Dos días antes, el 12 de abril, se reunió en Madrid el Comité Nacional de la Federación Española de Trabajadores de la Tierra, que no se reunía desde 1934. Se tomaron diversos acuerdos sobre Jurados Mixtos (restablecimiento de la Ley de Jurados Mixtos de Largo Caballero y derogación de la ley vigente; pedir la destitución del personal reaccionario que «infecta los Jurados Mixtos después del paso de la CEDA por el poder»; acelerar las demandas y recursos que se acumulan en los Jurados; oponerse a la intervención de abogados en los Jurados Mixtos); sobre leyes sociales (jornada mínima de seis horas; jornal mínimo de seis pesetas para los hombres y 4,50 para mujeres y menores de 16, salvo en trabajos corrientes, en que debe regir el principio de «a igual trabajo igual salario»; ley contra el envilecimiento de salarios y el atropello de la legislación social, uno de los compromisos del programa del Frente Popular; bases de trabajo, las mejores de cada provincia); sobre inspección obrera local (un representante obrero y otro patronal presididos por el presidente del Servicio de Colocación, un obrero decidido de común acuerdo por ambos o, en caso de no alcanzarlo, el alcalde propondría un candidato a la Delegación Provincial de Trabajo); sobre paro obrero (turno riguroso, laboreo forzoso, obras públicas, control maquinaria agrícola; prohibición de destajos, horas extraordinarias y trabajo femenino e infantil mientras haya parados; cumplimiento de los pactos locales sobre reparto de parados entre propietarios; recargo a la gran propiedad o riqueza excesiva; reforma agraria); y sobre el servicio de colocación (obligatoriedad de acudir a él para contratar toda clase de personal). Aparte se animaba a todas las secciones a inscribirse en el censo social electoral y se solicitaba dar carácter ejecutivo a las decisiones de las Comisiones de Policía Rural, animando al Gobierno a que castigara a los alcaldes que se habían negado a constituir dichas comisiones.

El Comité Nacional de la FETT criticó duramente el carácter individualista que se estaba dando a la reforma agraria, que no auguraba nada bueno. Aconsejaba la ocupación directa de tierras para trabajarlas colectivamente, inclusive las tierras comunales y de propios solicitadas por los ayuntamientos en caso de que tardasen en ser devueltas. La Reforma Agraria y la lucha contra el paro necesitaban, según la FETT, de un gran empréstito de al menos mil millones de pesetas que garantizara que el grueso de la reforma sería llevado a cabo antes del 1 de octubre. De no ser así los campesinos «se incautarán en todo el país de la tierras, el ganado y la semilla que se necesite para cumplir el mandato revolucionario que dieron las urnas el 16 de febrero de 1936». Mientras tanto la FETT pedía al Gobierno que apartara del IRA a quienes fuesen incompatibles con la misión que ahora tenía que cumplir el Instituto. El Comité también se reafirmó en las denuncias sobre que parte de la reforma agraria se estaba haciendo sobre el papel y en la dificultades con los técnicos, para quienes pedían una formación diferente en la que tuviera más peso la realidad campesina y hubiera un mayor conocimiento de las experiencias en trabajo colectivo. El día 1 de abril los campesinos de Orellana la Vieja enviaron al director del IRA el siguiente escrito:

Nos dirigimos a V. E. en nombre de esta entidad compuesta de más de seiscientos obreros agrícolas para exponerle lo que sigue: Que es una farsa el publicar los técnicos del Instituto que aquí se han hecho 583 asentamientos de campesinos porque sólo cuentan éstos con una hectárea o muy poco más de tierra. Ése es un asentamiento de hambre y de miseria. Hemos pedido tres hectáreas para cada yuntero, cantidad muy pequeña, y no acabamos de conseguir más que lo que se intensificó el año 1933. Nosotros queremos que se conserve la ganadería, pero creemos que debe estar primero un padre de familia que una oveja, lo contrario de lo que viene ocurriendo. Es falso lo que dicen los propietarios de que las tierras no son susceptibles de cultivo. Es falso que con las labores que se piden se perjudique gravemente al ganado. Lo único cierto y verdad es que este pueblo, sin término municipal, está condenado a morir de hambre por respeto a ovejas, propietarios y caciques. Esperamos que V. E. intervenga a favor nuestro enviando técnicos que quieran cumplir la ley y el programa del Bloque. Pedimos justicia y trabajo[413].

Igualmente se acordó pedir la abolición de la Ley de Arrendamientos Rústicos, restablecer a los arrendatarios en la misma situación que estaban el 14 de marzo de 1935 e indemnizarlos. Entre las últimas peticiones se encontraban la de republicanizar los mandos y la destitución de toda autoridad o empleado público enemigo de la República y de los trabajadores, y el desarme de las derechas y la organización de las milicias populares[414].

En ese mismo OT se comentaba el discurso de Azaña sobre política agraria, del que se reproducía buena parte[415]. Las diferencias entre el discurso político azañista y la realidad que se viene narrando permite hablar de dos reformas agrarias. OT criticaba el envanecimiento de Azaña en un asunto no controlado por él y planteaba que si se solía jactar de su calma y sangre fría ante las agresiones fascistas y monárquicas no entendía por qué no hizo otro tanto cuando tuvo noticia de lo que había ocurrido en Badajoz el día 25 de marzo. Por lo demás esperaban, tal como anunció Azaña, la ley derogando la contrarreforma agraria del 35, el proyecto de rescate de bienes comunales[416], la Ley de Revisión de los Desahucios producidos por la Ley de Arrendamientos[417], la ley que permitiría la consolidación de la propiedad de los arrendatarios, y otra ley que posibilitaría poner ciertas tierras procedentes de donaciones y mercedes reales al servicio de la Reforma Agraria sin gran coste para el Estado. Los planes del Gobierno sobre el proyecto de Reforma Agraria eran objeto de otro artículo que apuntaba alguna de las novedades.

En los últimos días de abril y a lo largo de mayo todos los pueblos constituyeron las comisiones inspectoras del Registro de Colocación Obrera. En el caso de Fuentes de León, por ejemplo, el vocal patronal fue José Luis Casquete Tamariz, el vocal obrero Victorino Sánchez Uceda y el presidente, designado por los anteriores, el obrero Manuel Ventura Rey[418].

El OT de 25 de abril, encabezado por la frase «Compañero: ayúdate tú mismo y el Frente Popular te ayudará», daba en portada lo que llamaba la consigna del día: «¡Reforma Agraria inmediata en toda España!». Se criticaba el «fraccionamiento» de la reforma: ¿por qué en Badajoz y no en Salamanca? ¿Se debía acaso a la prevención típicamente pequeñoburguesa de los republicanos? ¿O quizá se debía a razones de índole económica —Azaña diciendo que España no podía desangrarse por resolver el problema de la tierra— planteadas por los discípulos de Flores de Lemus? ¿No resultaba admirable la experiencia de Roosevelt? La conclusión era clara: la Reforma Agraria tenía que hacerse sacando el dinero de donde hiciera falta.

En un recuadro de la portada del OT de 25 de abril se leía:

Tenemos que poner en guardia a todos los camaradas contra la falsa confianza que puede inspirarles la calma —real o aparente— del Gobierno. Que todos tomen sus medidas como si estuviésemos en vísperas de un ataque desesperado y feroz de las derechas. Las milicias deben estar en guardia permanente. El plan del enemigo parece consistir en coger por sorpresa a los más destacados militantes de cada pueblo y hacer una sangría terrible en nuestras filas. ¡Todos alerta! Los alcaldes socialistas deben imponerse a la Guardia Civil relegándola a su cuartel. Después, con una buena escolta de camaradas valientes, deben realizar registros y cacheos para quitar las armas a los elementos de derecha. Estas armas las pondrán a buen recaudo. No las entregarán en el cuartel de la Guardia Civil. A la menor alarma —¡oído a la radio!— procederán a adueñarse del pueblo, sometiendo ¡como sea!, a quien se les resista o niegue obediencia. Hecho esto deben establecer contacto con los pueblos vecinos, ayudándose mutuamente. Al enemigo —vista como vista— hay que aplastarlo sin piedad. En estos casos no hay jerarquías. Los más valientes y los más astutos son, por derecho propio, los jefes de todos[419].

Los puntos principales del 1 de mayo para los socialistas eran: castigo de los represores de octubre; revisión de los ficheros policiales y de la Ley de Orden Público; republicanización de la Magistratura[420], el Ejército y la Administración; derogación de la Ley de Arrendamientos; rescate de los bienes comunales; jornada de cuarenta horas; nacionalización de la Banca y de las industrias básicas; creación de escuelas primarias; acceso de la juventud obrera a la Universidad; y restablecimiento de las relaciones con la URSS. Bajo los lemas de «¡Abajo la guerra imperialista!», «¡Abajo las dictaduras!» y «¡Viva el socialismo universal!» firmaban Juan Simeón Vidarte y Francisco Largo Caballero.

El 1 de mayo fue recibido como una celebración, por fin, más marxista que reformista. «No basta con que hayamos hecho tambalearse al fascismo. Es preciso que le asestemos el golpe definitivo; hay que dejarlo K. O.», señalaba OT en un recuadro de portada; arriba, en el ángulo derecho, la frase destacada era: «En este Primero de Mayo gritemos con los héroes de Asturias: ¡U. H. P.! (Unión de Hermanos Proletarios). Y que la acción acompañe a la palabra». Un artículo de Luis Araquistáin, titulado «El nuevo rumbo del socialismo en España», aseguraba que «en España no se ve ninguna guerra en perspectiva» pero «puede haberla cualquier día, porque será difícil que el Estado republicano pueda eludir la próxima conflagración europea, como se la eludió en 1914». Araquistáin, aun reconociendo el peso del republicanismo e incluso de otras corrientes socialistas, abogaba por la creación de un socialismo revolucionario que, llegado el momento, sustituyera el Estado burgués por un Estado obrero que colectivizara todas las fuentes de riqueza. De no ir por esa vía lo que esperaba (como en Alemania, Italia, Austria y Portugal) era el fascismo. Pese a todo, lo que se cantó en muchos pueblos extremeños aquel primero de mayo fue un himno muy popular conocido como el «¡Viva Azaña!» o «Mandará Azaña»:

Por romper el yugo de la esclavitud

fueron encerrados lo mismo que fieras,

la flor y nata de la juventud

y todas las clases honradas y obreras.

Y estas masas socialistas

van proclamando el progreso.

Abajo los egoístas

que quisieron retroceso.

Ya están libres los cautivos

que el tirano encadenó

sin más crimen ni motivo

que el de defender su honor.

Y, al abrazar a los seres

queridos de sus entrañas,

gritan todos: ¡Viva Azaña[421]!

Por esos días de mayo la FETT envió a todas las secciones un reglamento para la creación de cooperativas obreras agrícolas, considerado como un «instrumento legal» previo a la futura colectivización, presentada como solución a todos los problemas del campo. El PSOE adelantaba parte de lo que sería su futuro programa agrario, que empezaría por expropiar sin indemnización alguna las tierras de la nobleza, el clero y las órdenes religiosas y entregarlas a los campesinos; seguiría por la devolución a los municipios de los bienes comunales; y acabaría por la abolición de todas las cargas que pesaban sobre la pequeña propiedad.

OT comentaba positivamente los nuevos proyectos de ley presentados por el Gobierno. Así, valoraba la derogación de la llamada Ley de Contrarreforma Agraria, de la que conservaba la posibilidad de ocupar fincas declaradas de utilidad social, y la recuperación de la de 1932 ahora aligerada de los trámites que la hicieron inútil. Igualmente se aprobaban el proyecto sobre rescate de comunales, al que auguraba un camino sembrado de resistencias dado el dudoso origen de buena parte de la propiedad rústica, y la Ley sobre Arrendamientos, cuya primera disposición pasaba por la anulación de todos los juicios por desahucio del bienio negro. «El Frente Popular cumple así sus compromisos electorales», concluía.

LOS PROPIETARIOS NO SE RINDEN

Entre los conflictos de estos meses que recogió la Causa General destaca el ocurrido en Villagonzalo la noche del 3 de mayo. Hombres y mujeres de la Casa del Pueblo se dirigieron en bloque a la casa del propietario Alberto García Suárez de Figueroa para obligarlo a pagar los jornales de los obreros que le habían tocado en el reparto. La intervención de la Guardia Civil en auxilio del patrono produjo un enfrentamiento del que ignoramos las consecuencias aunque consta que ésta «tuvo que parapetarse y disparar sus fusiles». La propia Causa General reconoce que el propietario salvó la vida por la protección que le brindó el alcalde socialista[422]. La derecha —acostumbrada a controlar todos los centros locales de poder e influencia— llevaba mal el hecho de que las Casas del Pueblo, muchas de las cuales tenían décadas de existencia, actuaran ahora en sintonía con los ayuntamientos. Todo lo que viniera de ahí era considerado coacción. En Santa Marta de los Barros, por ejemplo, la patronal se negó a firmar el pacto de trabajo. En un informe que hablaba de los asaltos y atropellos sufrido por los propietarios se llegó a escribir como ejemplo de los excesos padecidos: «hasta llegar el caso de sembrar algunas fincas». De nada sirvió la intervención del Gobierno Civil o del delegado provincial de Trabajo. Para la derecha el alcalde, Francisco Romero Marín, era lo mismo que la Casa del Pueblo (García Carballo Rosal, José Sanabria Tinoco, Jerónimo Rueda Benítez, Aquilino Megías Rangel, Francisco Amado Rangel, Francisco Pozo Rosado y Juan Vázquez García «El tío de los pollos», considerado el cabecilla). Salvo el alcalde, cuyo destino se desconoce, ni uno solo de estos dirigentes sobreviviría al golpe militar[423]. En Olivenza, donde no hubo invasión de fincas, hubo dos repartos de obreros entre febrero y julio, siendo encarcelados dos propietarios en mayo por negarse. Un informe para la Auditoría de Guerra de finales de 1938 reconocía que la situación «no fue alarmante, pues dicho sea en honor a la verdad el que ejercía el cargo de Alcalde, aunque socialista, era moderado y pudo impedir muchos hechos que sin su actuación se hubiesen realizado»[424]. La documentación de carácter obrero que nos ha llegado informa del punto de vista contrario, caso de la Agrupación Socialista de Magacela, que en abril denuncia que los propietarios se niegan a pagar a los obreros que les han sido repartidos los jornales de los catorce días que han trabajado. Ante el silencio del gobernador pasan la queja a la Ejecutiva del PSOE[425].

A finales de abril y primeros de mayo, la derecha denunció en el Parlamento la situación del campo. El cedista Bermúdez Cañete interpeló al Gobierno sobre la readmisión de obreros despedidos y sobre los alojados forzosos (llamados «jayaos» en Extremadura), trazando un negro panorama de una España entre la revolución, el caos y la anarquía. La respuesta del diputado y secretario general de la FETT, Ricardo Zabalza, fue reproducida íntegramente en la prensa socialista. En su primera intervención en el Parlamento —calificada por Vidarte en sus memorias de «enérgica, emotiva y brillante»—, Zabalza rechazó esa imagen de un país sin autoridad y destacó el trabajo de los alcaldes, a los que consideró los más firmes defensores del programa del Frente Popular y los «verdaderos defensores del orden» al evitar con sus medidas que los obreros sin trabajo tomaran otras opciones más duras. Criticó duramente a los grandes propietarios por su falta de solidaridad y por su constante actitud de rechazo frente a la República, mencionando casos como el de la finca «Villa Real», de Talavera, propiedad de Pacheco, de Mérida, abandonada desde hacía cuatro años, y concluyó: «Han podido ver sus señorías claramente cómo con estos hombres no hay convivencia posible. Son hombres que utilizan la libertad que se les concede, unas veces para conspirar, otras para perseguir a los hombres, [y] otras para hacer una política egoísta de clase. La riqueza en sus manos es un peligro»[426]. Zabalza mantuvo en varias ocasiones que la propiedad de los trabajadores era el salario y que los límites de esa propiedad venían marcados por las bases de trabajo, tan respetables como un título de propiedad. Pedía por tanto a la derecha y a la patronal que respetaran esa humilde propiedad. Pero, en el caso de Badajoz, la realidad era que la patronal se negaba a aceptar las bases del trabajo planteadas desde la Asamblea Provincial del mes anterior[427]. Las reuniones a nivel local se multiplicaron con resultados muy diversos. En algunos casos, la patronal aceptó las condiciones si se permitía retrasar el pago hasta el 15 de julio[428]. En otros, como Olivenza, dijo aceptarlas pero a la hora de la verdad contrató a los obreros sin pasar por la Oficina de Colocación, motivo por el que fueron detenidos los patronos Joaquín Olivera, Francisco Cebada y Manuel Gómez Cebada[429].

En los primeros días de mayo eran ya seis los proyectos de leyes agrarias en trámite: Revisión de Desahucios, Rescate de Bienes Comunales, derogación de la Ley de Reforma Agraria, nueva Ley de Bases de Reforma Agraria, Ley de Arrendamientos Rústicos y Acceso a la Propiedad. La primera de ellas, la de Reposición de Desahuciados de Fincas Rústicas, vio la luz el 5 de junio, siendo comentada extensamente en el OT de 20 de junio. En sus números de 9 y 16 de mayo OT planteó algunas críticas al proyecto de rescate de bienes comunales, considerado fundamental. Pensaban, por ejemplo, que no tenía sentido la fecha tope de 1855, pues ya desde antes los ayuntamientos venían desprendiéndose de sus bienes para pagar las deudas de la guerra de la Independencia y la primera carlista. Proponían la fecha de 1800. Al mismo tiempo se pedía que no hubiese plazo para la solicitud de los bienes comunales y que las diligencias se encomendasen no a los juzgados sino a las Juntas Agrarias y a las propias sociedades obreras, que en caso de urgencia podrían ocupar temporalmente las fincas mediante su inmediata declaración de utilidad social en tanto que se concluyeran los trámites del expediente. Dependiendo de la situación económica, debía de darse un plazo de diez a veinte años a los ayuntamientos para el pago de las fincas que readquirieran. En cuanto a las indemnizaciones OT proponía —sólo para los bienes legalmente comprados a los ayuntamientos— que nunca excedieran el valor de la última transmisión hecha antes del 14 de abril de 1931. Hasta ya entrado junio se estuvo animando a todos los municipios a que realizasen sus demandas. El objetivo era que, antes de octubre, los bienes comunales debían estar ya en manos de los municipios[430]. En este sentido los diputados extremeños, caso de Pedro Martínez Cartón, recibieron cartas de los ayuntamientos planteando la imposibilidad de indemnizar dichos rescates: «¡De poco serviría que a Puebla de Obando le correspondiera adquirir diez mil hectáreas de tierras cuando no tiene para satisfacer los gastos de la beneficencia municipal! Menos aún para satisfacer la tierra. De esta forma la ley no tiene objeto para el pueblo», escribió el alcalde, quien proponía dos artículos que dijeran: «Los Ayuntamientos o Entidades Locales rescatantes quedan exentas de indemnizar por la readquisición de los bienes que en virtud de esta ley vuelvan a su patrimonio municipal» y «Así mismo tendrán derecho dichas Entidades a que por todas las oficinas del Estado, Región, Provincia o Municipio se le expidan gratuitamente toda clase de documentos que le sean precisos para acreditar la procedencia u origen de los bienes…»[431].

En mayo, tras un contacto previo en que Vázquez Humasqué se comprometió a estudiar la cuestión, la FETT envió al IRA la relación de las sociedades obreras que habían solicitado acceder a explotaciones colectivas. En su número del 16 de mayo OT denunció la actitud de la derecha a partir del 16 de febrero: «desde la negativa a dar trabajo a los obreros hasta el pistolerismo organizado, pasando por la retirada de fondos de los Bancos, las interpelaciones para mantener la difusión sistemática, tanto en España como en el extranjero, de bulos y novelas absurdas». Para la FETT se estaba «ante una ofensiva a fondo contra la República y el Frente Popular». Sin embargo, para OT, ni el Gobierno ni los gobernadores tomaban medidas urgentes y eficaces para contrarrestar esa ofensiva. Denunciaban la pasividad ante la actitud de la patronal, la impunidad de los violentos a su servicio, la dudosa actitud de ciertos jueces y guardias civiles y el desarme en que se encontraban alcaldes y funcionarios municipales ante la reticencia de Gobernación a conceder permisos de armas[432]. Pese a lo cual el 20 de mayo, de manera espectacular, el gobernador decidió clausurar la sede de la Federación de Propietarios bajo la acusación de sabotaje a la cosecha y coordinación para un boicot ilegal del trabajo[433].

El domingo 17 de mayo fue el día elegido por las Juventudes Socialistas para organizar una concentración en Badajoz a la que asistieron miles de jóvenes de toda la provincia. Fue Claridad, entonces en pleno enfrentamiento con El Socialista —hecho que provocó severas críticas por parte de algunas agrupaciones como la de Don Benito—,[434] el medio que dio una información más completa del acto. El desfile de milicias, abanderadas y uniformadas, se prolongó durante una hora. En el acto posterior, celebrado en el campo de fútbol de Pardaleras y abierto por Isidoro González y Enrique del Amo, por las Juventudes Socialista y Comunista respectivamente, intervinieron el diputado Nicolás de Pablo; Federico Melchor, del Comité Nacional de Unificación; el diputado comunista Manuel Mitje, y la diputada Margarita Nelken. Constituyó un canto a la unificación y a la vía revolucionaria al socialismo. Federico Melchor explicó lo que entendía por Frente Popular —la vía hacia la revolución democrática— y lo que no lo era, en referencia a un hipotético gobierno de colaboración entre proletariado y pequeña burguesía que sirviera «para estancar la marcha ascendente de la revolución», pero no debió ser muy buena la reacción del público cuando añadió que «en una exposición tan a la ligera no es posible que se dé la perfecta cuenta de los problemas que yo quisiera plantear». La intervención más esperada fue la de Nelken. Aludió al fracaso de «octubre» en Badajoz y a cómo pasó por la ciudad el 4 de aquel mes sin encontrar a quien transmitir las órdenes que traía de Madrid, a pesar de lo cual dedicó parte de su discurso a destacar el espíritu revolucionario de los campesinos de Badajoz. Criticó la elección de Lucio Martínez como compromisario y atacó a los reformistas, en referencia al sector encabezado por Narciso Vázquez[435]. Y sobre todo dedicó la mayor parte de su intervención a hablar de la URSS —«el único país del mundo hacia el cual podemos mirar con esperanza»— y de Largo Caballero, envidia de alemanes, austríacos e italianos, según Margarita Nelken, y al que en Rusia, como solía repetir, se le tiene «la más viva estima y la más viva adhesión»[436]. Habló de la necesidad de la unificación con los comunistas, «de los cuales, en el fondo, no nos separan más que tiquismiquis que ya no pueden subsistir»[437]. También criticó a los republicanos, aludiendo directamente al gobernador civil Granados, por «prestar oídos a los enemigos del régimen, con quienes un gobernador de la República no debía tener el menor trato»:

… conviene que el señor gobernador y que todos los republicanos de aquí y de fuera no lo olviden: el Frente Popular es un pacto que podríamos decir de ayuda mutua. La fuerza la hemos puesto nosotros, porque han salido con nuestros votos, porque les hemos regalado las actas, y esto lo hemos hecho para que ellos gobiernen en republicano, pero no para que ellos gobiernen en monárquico. Esto lo hemos hecho para que ellos respondan lealmente al compromiso del pacto popular[438]…

Margarita Nelken insistió, sobre todo, en que «en ningún pueblo de la provincia pueda un fascista atreverse siquiera a decir que es fascista»[439]. Curiosamente, unos días después pasaba por la plaza de toros de Badajoz García Oliver, en un acto organizado por la CNT que según el Hoy contó con poca asistencia y acusaba públicamente al PSOE y a la UGT de hacer el juego al fascismo[440]. Convencida de que la reforma agraria capitalista nunca podría satisfacer las aspiraciones de los campesinos, ésta era la propuesta de la CNT para el «problema agrario» de cara al congreso de mayo de 1936 en Zaragoza:

Expropiación sin indemnización de toda propiedad superior a 50 ha.

Confiscación del ganado de reserva, aperos, maquinarias y semillas en poder de los propietarios expropiados.

Revisión de los bienes comunales y entrega a los sindicatos para su explotación colectiva.

Entrega proporcional y gratuita en usufructo de dichos terrenos y efectos a los sindicatos campesinos.

Abolición de contribuciones, impuestos territoriales, deudas y cargas hipotecarias que pesan sobre propiedades, aperos y maquinarias cuando constituyen el medio de vida de sus dueños y son cultivadas directamente por ellos.

Supresión de la renta en dinero o en especie que gravan a los pequeños arrendatarios.

Fomento de todo tipo de obras y de escuelas agrícolas.

Solución del paro agrícola, reducción de la jornada laboral y nivelación del sueldo con el coste de vida.

Toma directa por los Sindicatos de campesinos de las tierras que por insuficiente cultivo constituyen un sabotaje a la economía nacional[441].

El OT de 22 de mayo insistió en la misma línea a través de Manuel Márquez Sánchez, excabrero, exalcalde de Oliva de la Frontera y tesorero de la FETT, quien se reafirmaba en que la única táctica que conduce al triunfo es la revolucionaria, «cuanto más violenta mejor», lo que no impedía que se siguiese con la acción política. Cierta obsesión de esos días era la denuncia de la infiltración de la derecha en los partidos republicanos del Frente Popular y los nexos entre éstos y la «vieja política». OT también llamó la atención al director del IRA, Vázquez Humasqué, sobre un hecho que venía ocurriendo desde abril: los técnicos de Reforma Agraria señalaban a los asentados tierras diferentes a las que ya habían ocupado. Suponía anular el acta inicial y elaborar otra y, sobre todo, suponía dejar una tierra ya barbechada por otra en la que ya estas labores no se podían hacer. Había campesinos que se habían negado a abandonar esos asentamientos y que habían sido desalojados por orden del gobernador por la Guardia de Asalto. En un recuadro de la portada de OT se leía: «Decenas de compañeros nuestros están cayendo vilmente asesinados en muchos pueblos de España por los fascistas o por la fuerza pública. Hay que constituir, sin dejar pasar un día, las milicias populares armadas y no dejar impune un solo crimen. ¡Ojo por ojo!»[442]. Que esto se llevó a la practica y que las autoridades actuaron de inmediato lo demuestra el siguiente telegrama del 28 de mayo enviado por el gobernador civil a los ayuntamientos de Badajoz:

Son repetidas las quejas que recibo respecto a abusos cometidos por personas y por grupos que se arrogan en los distintos pueblos de esta provincia funciones que sólo competen a la autoridad y es necesario que este estado de cosas concluya inmediatamente, a cuyo fin… se recuerda el telegrama disponiendo el cese de toda clase de rondas volantes de guardias rojas que actúan al margen de la ley… erigidos en autoridad de un modo arbitrario. Igual referencia le hago en lo tocante a las instrucciones militares realizadas en la vía pública que han de cesar por completo[443]…

Con fecha del 6 de junio, el Gobierno Civil envió un nuevo telegrama «ordenando que se impida que los que no sean agentes de la autoridad actúen en carreteras y poblaciones y se practiquen cacheos por la guardia municipal y Guardia Civil y se le comunique cuanto ocurra en la localidad»[444].

A finales de mayo Miguel Muñoz González de Ocampo, diputado de IR por Badajoz, consultó por carta a Julio Senador Gómez, el notario autor de Castilla en escombros que había pasado diez años de su vida en San Vicente de Alcántara, su opinión sobre el caso de los baldíos de dicho pueblo. La contestación del notario lleva fecha del 6 de junio, y más que por su opinión sobre el viejo contencioso interesa por su crítica al modo de abordar las reformas. Julio Senador se lamentaba de la obstinación de la República en solucionar con «leyes civiles y sociales» lo que no tendría solución más que por «leyes fiscales». Y hacía una gravísima crítica a la República: no haber sido capaz de elaborar un presupuesto para el nuevo régimen. «Continúa gobernando con los presupuestos monárquicos y si perduran la agitación y la protesta es porque Gobernar con el mismo presupuesto es gobernar con el mismo programa; con el que ya se vio que no servía». Aunque el problema fuera la existencia de mucha gente excluida de los beneficios de la propiedad, la solución, según Senador, no era repartir la tierra, lo que la experiencia demuestra que no equivale más que organizar el hambre, sino repartir la renta de la tierra (los propietarios estarían obligados a pagar como impuesto al común de los vecinos «la equivalencia en dinero del privilegio de posesión excluyente que se les permitía disfrutar»). Remitía a la conclusión 19.ª del Congreso de la Federación Obrera Provincial de Cáceres de agosto de 1919: «Abolición de todos los impuestos indirectos y su reemplazo por uno sobre la renta de la tierra». Aunque refiriéndose a la Ley de Baldíos, Julio Senador criticaba la «minuciosidad cominera» de los legisladores republicanos: «suscitaría… tal número de protestas, obstrucciones y reclamaciones que no lograría vigencia en veinte años». Él proponía «municipalizar» el suelo. Nada de expropiaciones perjudiciales y costosas. Los propietarios «laboriosos» no se quejarían (se les liberaría del «reparto de utilidades»); los únicos perjudicados serían los propietarios absentistas, «la peor plaga de Extremadura»[445].

COMO SI NADA HUBIERA CAMBIADO: YESTE

Los primeros días de junio estuvieron marcados por los sucesos de Yeste (Albacete), que venían a confirmar los peores temores de la izquierda. El origen del suceso se encuentra en una tala de árboles llevada a cabo por leñadores y campesinos de la pedanía de La Graya, hecho que fue denunciado por la Jefatura Hidrológica Provincial y que motivó la actuación de la Guardia Civil, ya concentrada previamente en la pedanía por orden del Gobierno Civil, y la detención de varias personas. Cuando se los llevaban del pueblo el 29 de mayo y tras negociaciones que consiguieron su puesta en libertad, se produjeron diversos enfrentamientos que causaron la muerte por arma blanca de un guardia civil (y heridas similares a otros 14 de los 25 que eran) y las de 17 vecinos, dos de ellos concejales, por disparos de los guardias (y 13 heridos). Para justificar la actuación de la Guardia Civil y la posterior carnicería, Juan Moles Ormellá, ministro de Gobernación, no encontró nada mejor que hablar en las Cortes del «peligro que suponía la tala de pinos»[446]. Ricardo Zabalza culpó de los sucesos a la miseria en que vivían los campesinos y «al desprecio y a la brutalidad con que los trataban muchas autoridades antirrepublicanas indignas de ocupar puestos de mando». Y además inició con 500 pesetas una suscripción en favor de las víctimas de Yeste y de los demás caídos desde el 16 de febrero «por el plomo de los fascistas o de la fuerza pública»[447].

Según el socialista José Prat, diputado por Albacete que informó de los sucesos en el Parlamento, tras la tragedia de Yeste se encontraban, históricamente, tres cuestiones: la pérdida de los bienes comunales, el caciquismo y la construcción del embalse de Fuensanta, que dejó en paro a centenares de familias dedicadas al transporte fluvial de la madera. Lo más grave que descubrió la información de la comisión encabezada por Prat fue que, aparte de la respuesta desproporcionada de la Guardia Civil a un problema que ya venía agravándose hacía unas semanas, la mayor parte de las víctimas —doce de las veinte— lo fueron después del choque y cuando ya se habían puesto a resguardo de los disparos o se encontraban heridos: hubo casos de personas asesinadas cuando se encontraban tendidas en el suelo. Además, la Guardia Civil continuó luego la represión en el pueblo, llegando a disparar desde el cuartel contra personas que pasaban por la calle. El maestro de la pedanía, por ejemplo, fue detenido en la escuela y maltratado delante de sus alumnos. El propio Prat denunció durante su intervención que a su llegada a Yeste con sus compañeros, los también diputados Muñoz Zafra y Mitjé, fueron obligados por la Guardia Civil a bajar del coche y presentar su documentación, tras lo cual fueron cacheados. El estado de descontrol de la Guardia Civil era tal tras los sucesos que el propio alcalde e incluso el delegado gubernativo hubieron de ocultarse. José Prat concluyó su informe pidiendo «que no haya órganos públicos que tengan impunidad. La República, en definitiva, es un régimen de responsabilidad, y al Frente Popular interesa que la responsabilidad brille porque es la justificación de su propia existencia». El comunista Mitjé, que intervino después, además de ampliar detalle, abogó por impedir las maniobras de la derecha para abrir una brecha en el Frente Popular.

Los gravísimos sucesos de Yeste fueron seguidos con gran interés por todo el país y no fueron pocos los que recordaron Casas Viejas. El Gobierno designó de inmediato un juez especial para el caso. El ministro Moles Ormellá manifestó que contaba con el apoyo de los máximos responsables de la Guardia Civil para llevar adelante la investigación y que si hubiera responsables serían apartados del Cuerpo. Pero poco después ya habló de que las culpas de Yeste ya estaban «perfectamente individualizadas». Según el informe de Prat, la actuación del brigada responsable de la fuerza había sido decisiva para el desenlace violento de los acontecimientos, pero al brigada nada le pasó. El golpe militar nos privó de saber qué hubiera hecho realmente el Gobierno de la República con los responsables de la matanza de Yeste. No obstante, las intervenciones de Moles y la propia historia de la República —basta leer el apartado que a ella se dedica en el libro de Manuel Ballbé— no auguraban nada diferente a lo que solía pasar en estas ocasiones. En las semanas siguientes, OT llegó a responsabilizar de lo ocurrido al gobernador civil de Albacete. En Claridad apareció un artículo firmado por el conocido periodista Javier Bueno que planteaba bien el problema:

Vamos a no caer en la cómoda posición de decir que la fuerza pública contrae responsabilidades colectivas, no ya de Cuerpo sino de Gobierno, cuando están las derechas en el Poder, y «responsabilidades individualizadas» cuando son las izquierdas quienes mandan. (…). Sería muy duro y muy difícil darse de cara con los problemas graves. Pero en España la política que no esté de cara a ciertas cosas graves estará inevitablemente debajo de ellas, como se ha estado siempre. (…). El problema de la fuerza pública lo tiene planteado el régimen, quiera o no. Esa explicación de las «culpas individualizadas» no sólo se agota sino que apenas toca el gravísimo tema.

Bueno, que hablaba de «espíritu de cuerpo» y de un Cuerpo «endurecido en el servicio del caciquismo», desvelaba otra trampa habitual: la de bloquear ciertos planteamientos y responsabilidades en torno al problema con la excusa de no servir a los intereses de la derecha. Decía:

Si para evitar que vuelvan al poder las derechas, (…), lo que hay que hacer es disculpar que se mate a campesinos hambrientos, no acertamos a comprender bien en qué podrán distinguir los campesinos hambrientos la justicia de las izquierdas y la justicia de las derechas en algo tan primario como el respeto a su propia desventurada vida. Nada de esto que va dicho es creer que la República puede resolver de un plumazo esta grave situación derivada del hecho histórico indudable de tener la fuerza pública en España añejos resabios de impunismo. Halagar este impunismo, glorificarlo, es una de las armas que hoy tienen en su mano las derechas contra cualquier tentativa de gobierno popular. Realmente, en España, la fuerza pública está a las órdenes de las derechas cuando están en el poder y cuando no están. (…).[448]

Lo cierto es que el debate sobre los sucesos de Yeste, la última matanza de campesinos antes del golpe militar, se convirtió en un debate sobre la Guardia Civil, en el que la derecha, viendo que dividía al Frente Popular —mientras que el Gobierno apoyó a la Guardia Civil, la izquierda pidió su disolución—, optó por no intervenir[449]. El Hoy, que ya daba amparo por esos días a artículos sin firma en que se narraba en tono apocalíptico lo que pasaría a los niños «si España llega a ser como Rusia» o que destacaba las palabras de Manuel Giménez Fernández en el Congreso hablando de que las ideas fascistas merecían el mismo respeto que las demás o que «desde el punto de vista social el fascismo no era peligroso»[450], se permitía incluso hacer guiños a la «Benemérita» institución: el 2 de junio se refirió al guardia civil Gómez Cantos como al «prestigioso capitán». No iba mal encaminado el diario católicofascista. Gómez Cantos era uno de esos guardias civiles que debieran haber sido expulsados del Cuerpo hacía años y en los que la derecha, con toda lógica, había depositado su confianza para la gran tarea.

El titular de Claridad del día 10 de junio decía: «Ante la ofensiva fascista antirrepublicana. Para cortar cualquier maniobra el pueblo está advertido; sólo falta que el Gobierno actúe». Para el órgano de los caballeristas, ante el peligro fascista, la clase obrera se situaba donde debía: junto a la República. Se reconocían los esfuerzos del Gobierno por ayudar a los más débiles en la resolución de diversos conflictos. Y finalizaba: «Aún es hora de que el Gobierno meta en cintura a la clase patronal, manejada por el fascismo, ayudando resueltamente a los obreros en cuanto hay de justo en sus reivindicaciones»[451]. Mientras tanto El Socialista, en artículo titulado «Los fuegos fascistas no están apagados» y en clara alusión a la división existente, cada vez mayor, con Claridad, advertía sobre las posibles consecuencias de la querella íntima del partido, de la que estaba convencido que sólo el adversario saldría ganando[452].

Puede ser interesante revisar la estadística de la Guardia Civil en los años republicanos:

Estadística de detenidos por la Guardia Civil en España durante la II República

Fuente: Boletines Oficiales de la Guardia Civil según Rivas, F., El frente popular, Ed. San Martín, Madrid, 1976, p. 260.

Nota: las cifras de octubre-diciembre de 1934 no incluyen los datos de la Comandancia de Asturias.

Cabría destacar la dureza de los inviernos, con más de 40 000 detenidos tanto en 1932 como en 1933, el primero dentro del bienio reformista y el segundo recién inaugurado en el bienio negro; la visible tensión del año 33, con el máximo de detenidos, casi cien mil; la huella de la huelga campesina en junio del 34 y la represión de octubre; y, contra todo pronóstico, la relativa normalidad del primer semestre de 1936. Ni que decir tiene, por tratarse de la Guardia Civil, que la mayoría de los detenidos eran campesinos y que, sin duda, la mayor parte de los delitos fueron hurtos de bellotas, aceitunas, uvas, etc.

OFENSIVA PATRONAL

El 11 de junio se celebró en el teatro López de Ayala, de Badajoz, un acto en memoria del diputado socialista Pedro Rubio, asesinado justamente un año antes. Se colocó una lápida en la calle de las Calatravas y otra en la fachada del bar Mezquita, donde fue asesinado mientras almorzaba. De la importancia del acto da cuenta la lista de los que intervinieron: Luis Romero Solana, Nicolás de Pablo, Juan Simeón Vidarte, Ramón Lamoneda y Ramón González Peña. El primero afirmó que Rubio firmó su sentencia de muerte cuando en junio de 1934, aun estando contra la huelga campesina, alentó a los huelguistas por disciplina. Lamoneda recordó cómo el Gobierno impidió a Luis Jiménez de Asúa hablar en el Congreso sobre su asesinato. Y finalmente González Peña dijo al público expectante que debían ser conscientes de para qué se estaban preparando, si para llevar adelante una revolución o para sofocar una insurrección. Él —afirmó—, después de la experiencia asturiana, no acudiría a un nuevo enfrentamiento entre el pueblo y el Ejército. Según González Peña, para quien el 16 de febrero no hubiera existido sin el 4 de octubre, urgía armarse, «pues el día que haya que actuar pudiera estar próximo, y no es cosa de que cuando las derechas armadas se echen a la calle nos cojan desprevenidos»[453].

OT trató de la «inquietud y malestar del campo» en su número de 18 de junio. Mencionó la huelga general de la provincia de Málaga, las huelgas parciales en Badajoz, Toledo y Madrid, entre otras provincias, que se negaban a realizar las faenas de la cosecha mientras no se aprobaran unas bases del trabajo que consideraran aceptables. También estaba la huelga general de Almendralejo, «el pueblo más rico de Badajoz» según el periódico socialista, donde los patronos se negaban a colocar a los dos mil obreros en paro que había, parte de los cuales fueron recogidos en pueblos vecinos. El problema en Almendralejo se arrastraba desde mediados de mayo, cuando tras la falta de acuerdo entre patronos y obreros se llegó, el 27 de ese mes, a la huelga general. La situación llegó a ser tan seria que los hijos de los huelguistas fueron recogidos por compañeros de pueblos cercanos como Villafranca, Santa Marta, Zarza o Torremejía[454]. Margarita Nelken hablaba del «estado de anarquía en que se hallan los propietarios de la provincia de Badajoz»[455]. Los dirigentes Sosa, De Pablo y Martínez Cartón trabajaron en Madrid para la solución del conflicto; varios diputados, el propio Sosa, Vicente Sol y Jesús de Miguel, pasaron por Almendralejo sin obtener resultado alguno. La clave del asunto no estaba sólo en la absorción de todos los parados censados en junio y julio sino fundamentalmente en la exigencia de los trabajadores de asegurar los dos meses siguientes a la siega, para lo que pedían 75 000 al mes como fondo de subsidio (5 ptas. al día para 500 obreros). Ante el peligro de que se perdiera la cosecha, el gobernador civil Granados, que envió fuerzas de Asalto a Almendralejo mientras existió el problema, ordenó que se cumplieran las bases del trabajo e hizo encarcelar a varios de los propietarios, empezando por el marqués de la Encomienda, y poco después, a raíz de una impresionante concentración campesina, prohibió este sistema de reunión en toda la provincia[456]. Según Tuñón de Lara, los propietarios de Almendralejo «se juramentaron y amenazaron de muerte a cualquiera de ellos que accediese a dar trabajo con los jornales que pedían los obreros»[457]. Finalmente, a mediados de junio, se aprobaron las bases de trabajo de 1931 y la patronal se comprometió a entregar 75 000 pesetas sólo el mes siguiente a la siega y gestionadas por una comisión conjunta, promesa que quedaría en nada a consecuencia del golpe militar. Entonces comenzó la siega y el pueblo recuperó la normalidad[458]. Otros pueblos, donde la patronal debía aún las horas extras echadas en la siega del 34, reclamaron por esos días las cantidades adeudadas a través de las sociedades campesinas locales. En algunos lugares, como Quintana de la Serena, eran sumas tan altas que decidieron que cuando las recuperaran un 25 % (un 50 % para los no socios) se dedicaría a mejoras en la Casa del Pueblo. Terminaron de preparar la documentación el 12 de julio y ese día, en Junta General Extraordinaria, autorizaron al secretario, Aquilino Barquero Barquero, a que requiriera y cobrara la cantidad a la patronal[459]. En general, y por los datos que tenemos, las faenas de siega fueron escasas, dándose el caso de pueblos con buena tierra donde no llegó a proporcionar más que un jornal cada ocho días[460].

OT proponía varias medidas de urgencia al Gobierno: incrementar el crédito agrícola, entregar a las sociedades obreras las fincas solicitadas y rescatar urgentemente los bienes comunales. Finalmente hacía una reflexión de sumo interés. Puesto que la mayoría de los grandes propietarios vivían en las capitales o, dada la situación, se habían desplazado a ellas delegando responsabilidades y funciones, los pactos locales sobre el reparto de parados recaían una y otra vez sobre los mismos: los pequeños propietarios. OT advertía sobre lo que ya era una realidad: la presión económica y los inevitables conflictos entre obreros y pequeños propietarios estaban llevando a éstos «a los brazos del fascismo, que se les ofrecerá como una salvación para evitar su ruina». Los grandes propietarios lograban de esta forma dos objetivos: no cargar con los parados y atraerse a su campo a un grupo social muy numeroso en algunas zonas de Badajoz. Las soluciones propuestas, las de siempre: reforma agraria, laboreo forzoso e impedir que los grandes propietarios eludieran los pactos locales. Por su parte, los propietarios también seguían otro método: firmaban los pactos de trabajo pero luego no los cumplían. Margarita Nelken, como solía, denunció estas prácticas con nombres y apellidos. Citó casos de Roca de la Sierra (Piedad Pesini, Fernando Albarrán y Soledad García Pelayo), de Fuente del Maestre (María Vaca Gutiérrez de Salamanca), Orellana la Vieja (Juan Cuesta), o Burguillos del Cerro, donde cuatro obreros habían pasado al penal de Burgos por robar bellotas. Margarita Nelken se preguntaba que si algunos de estos hechos habían ocurrido en Tierra de Barros, una de las comarcas más feraces de España, qué no estaría pasando en otro lugares. Y finalizaba:

En muchos pueblos los comandantes de puesto son los mismos que durante el bienio negro. Tal vez convenga ir pensando ya en quiénes son los que tienen derecho, legítimo y estricto derecho, al máximo respeto por parte de las autoridades, y en quiénes son aquellos a quienes las autoridades tienen «el estricto y primordial deber» de hacer saber que las elecciones del 16 de febrero no son las de 1933[461].

En esos días la prensa de izquierdas habló de la necesidad de un «gabinete de fuerza» que afrontara «la cada vez más delicada situación». En Claridad pudo leerse: «Quiérase o no, España está haciendo una revolución transformando un orden monárquico en un orden republicano… Una revolución es una guerra civil y el Gobierno, como dijo en un discurso anterior Casares Quiroga, es beligerante contra el orden que hay que aniquilar»[462]. Pero a continuación se reconocía que tanto esa revolución como esa guerra eran muy débiles. La experiencia republicana del primer bienio demostraba que al contrario que la revolución, siempre lenta, las contrarrevoluciones son más seguras. Por eso Claridad pedía, con cierta ironía, «un poco de caos, un poco de revolución, de nuevo orden revolucionario, antes de que imponga su orden la contrarrevolución y para que no lo imponga»[463]. Por su parte, Mundo Obrero comentaba la necesidad de dar tierra y dinero a los campesinos y criticaba las palabras del ministro Ruiz Funes acerca de olvidar la palabra prisa. Para el ministro, aunque el problema de los yunteros aún no estaba completamente resuelto, sí estaba en un grado muy aceptable de solución[464]. En cuatro meses fueron asentados con carácter urgente 91 919 yunteros en una superficie de 232 199 ha pertenecientes a 364 pueblos de siete provincias y, yunteros aparte, 10 264 cabezas de familia en 523 690 ha[465].

A mediados de junio, coincidiendo con la derogación definitiva de la reforma agraria de 1935, que tuvo lugar el 18 de ese mes —prueba de lo que tardó el Gobierno de Azaña en desmantelar la legislación del bienio negro—, la patronal agraria tuvo una importante reunión en Madrid a la que asistieron varios centenares de propietarios de Badajoz. El Hoy, que ya se refería entonces a la izquierda como a las «hordas de Atila», recogió que la junta directiva de la Federación de Sindicatos de Propietarios de Fincas Rústicas de Badajoz se había trasladado a Madrid para exponer «la verdadera situación del campo y de los agricultores, agravadas por las bases del trabajo aprobadas por el Ministerio». Según el periódico, la mayor parte de los grandes propietarios, «salvo contadísimas excepciones», estaban ya arruinados o en vías de arruinarse y los pequeños y medianos en situación de bancarrota[466]. El Secretariado Provincial de la FETT ya había denunciado previamente lo que estaba ocurriendo al ministro de Agricultura. A esas alturas del año —decían— todos los obreros solían andar ocupados con las faenas agrícolas, sin embargo en esta ocasión los propietarios habían decidido aplazar esas tareas dejando que se secasen los cereales y provocando con ello un paro insostenible[467].

La prensa de izquierdas seguía comentando el avance de la ofensiva reaccionaria frente a la lentitud del Gobierno. El Hoy recogió ampliamente en esos días el alarmante discurso de Gil Robles —en la misma línea que el de Calvo Sotelo del 15 de abril— y con la estadística de los sucesos habidos desde febrero[468]. Su objetivo no era reflejar la realidad, sino proporcionar a quienes aún dudaban si sumarse a la trama antidemocrática y a los sectores sociales que podían apoyar la intervención los argumentos para asestar el golpe final a la República. A finales de junio los títulos de los editoriales del periódico adelantaban ya lo que sería la retórica inicial falangista: «Ni obrerismo ni capitalismo: justicia»[469]. Recogiendo tópicos rancios y muy al uso de la derecha agraria, denunciaba en sus editoriales a los parásitos de la agricultura: las grandes ciudades, las industrias, la política económica y el marxismo[470]. El análisis que se hacía del problema del orden público no dejaba de tener en cuenta que parte de él venía provocado por la derecha tras el resultado electoral de febrero. Se destacaba el papel de la prensa reaccionaria, tan poderosa en España y que no había dejado de burlarse día a día de la República y de quienes la representaban. El sentimiento era unánime: había que apoyar y defender el Frente Popular ante sus enemigos. La prensa recogió la denuncia de Indalecio Prieto y del comandante Ferrer Madariaga alertando sobre la concentración de militares antirrepublicanos en Llano Amarillo.

Sosa Hormigo y los dirigentes socialistas se movilizaron ante la ofensiva patronal. Si la cosecha era sagrada, como desde el poder y por parte de la derecha se había mantenido siempre, no se explicaba la pasividad ante lo que estaba ocurriendo. Sosa y De Pablo se presentaron ante el ministro de Agricultura y le plantearon la gravedad de la situación y que la FETT estaba dispuesta a recoger la cosecha en el único término municipal donde el problema persistía, el de Badajoz capital, uno de los mayores de España. La propuesta era sencilla: recoger la cosecha, quedarse con la parte de grano correspondiente a los jornales y poner el resto a disposición del Gobierno[471]. Lo cierto es que hubo patronos que, contrarios al acuerdo alcanzado, prefirieron no contratar trabajadores y que se perdiera la cosecha. Entonces el gobernador Granados comunicó a la patronal que el Gobierno acometería la tarea en los casos en que los propietarios se negaran[472].

A finales de junio, todos los ayuntamientos recibieron una carta del Instituto de Estudios Administrativos de Madrid en la que se les ofrecía, para facilitarles toda la información referente a bienes comunales, desde la relación de fincas y sus características, que pensaban extraer del Inventario General de Bienes Nacionales y por las que cobraban diez pesetas por cada una, hasta todos los trámites necesarios para que las fincas volvieran a los municipios.

Por su parte, la reforma agraria seguía su curso. En julio, el IRA hizo públicos unos datos realmente significativos: de agosto de 1933 a febrero de 1936 habían sido asentados 164 265 campesinos; de febrero a julio de 1936, unos 100 000. En la primera quincena de julio se estuvieron tramitando las concesiones de abonos y semillas para la siembra con los diferentes asentamientos de cada finca. Los asentados hacían la solicitud a las delegaciones provinciales y éstas las gestionaban. Las solicitudes, muy detalladas (nombre de la finca, número de fanegas a sembrar, tipos de cultivo, cantidad de simiente y de abono para cada uno), iban firmadas por los cabezas de grupo y por los alcaldes. La mayor parte de ellas llegaron al Servicio Provincial de Reforma Agraria entre el 10 y el 15 de julio[473]. Por otra parte, el día 9 salió una orden de Ruiz Funes por la que se exceptuaban de los asentamientos aquellas tierras cuyo laboreo se viniese practicando por pequeños propietarios, colonos o arrendatarios desde antes del 1 de enero. Con ellos se actuaba en favor de estos grupos y se invalidaban los peculiares asentamientos realizados entre el 1 de enero y el 16 de febrero[474]. Y ese mismo día 9 aparecía otra importante orden que facilitaba y abreviaba los trámites necesarios para afrontar mediante créditos las obras de mejora (almacenes, graneros, abrevaderos, cercas, etc.) que necesitaban los asentamientos realizados[475]. Lo que dicen Antonio López Ontiveros y Rafael Mata Olmo para el caso de Córdoba es aplicable para Badajoz: pese a todos los problemas, pese al boicot sistemático de los latifundistas, al feroz individualismo campesino de que hablaban los ingenieros, a los comportamientos de algunos asentados y a tantas otras contradicciones, los informes del IRA de la primavera de 1936 «rezuman optimismo y confianza en el cambio; se veía al alcance de la mano la transformación de una parte considerable de la estructura agraria regional y, a medio y largo plazo, de los sistemas productivos»[476].

No obstante, la situación seguía siendo muy delicada. Según un informe realizado en junio del 36 por el Servicio Provincial de Reforma Agraria de Badajoz, había que tener en cuenta las circunstancias desfavorables tanto climatológicas como sociales en que las comunidades campesinas habían iniciado sus actividades en las fincas entregadas. Los años 34 y 35 habían sido de otoños secos separados por una primavera de escasas lluvias y en el año 36 las precipitaciones habían sido tan excesivas (775 mm frente a los 437 mm de lluvia media anual del último quinquenio) que no habían podido hacerse a tiempo ni la escarda ni la siembra. Además se había producido una paralización del mercado ganadero. Todo ello había impedido la existencia de jornales eventuales que pudieran haber beneficiado a los asentados trabajando por cuenta ajena. El resultado —apuntaba el informe— era que:

Los campesinos asentados, que debieran vivir con más holgura que quienes no percibieron aún los beneficios de las leyes agrarias, sean precisamente, en no pocos casos, los que peor lo pasan, no obstante será raro el día en que, pudiendo, no trabajan en las fincas que explotan y en ocasiones con intensidad y fruto notables.

La forma en que desde el Servicio Provincial se había abordado esta situación, y más teniendo en cuenta la mala cosecha que se avecinaba, era permitiendo a estas comunidades sacrificar para su consumo cerdos cebados, permitiéndoles retirar grano de la anterior cosecha o distribuyéndose algunas cantidades obtenidas por la venta de productos ganaderos. Visto el panorama, se pedía desde Badajoz que las cantidades que los asentados debían reintegrar al IRA fuesen bajas, de manera que les permitiera disponer de alguna reserva para semillas, abonos y gastos propios. «Ningún estímulo mejor para el asentado que saber pronto que el Instituto no va a actuar como tirano y usurero, y que su obligación de momento va a encajar en sus posibilidades económicas», finalizaba[477]. Poco después, el IRA, a quien la propuesta planteó un serio problema —suponía un cambio total de las normas que regían desde 1933 sobre el reintegro de las cantidades que las comunidades recibían del Instituto—, decidió que fuesen los propios servicios provinciales los que determinasen las cuotas de amortización de los capitales que cada Comunidad había recibido en concepto de anticipo.

LA LUCHA POR LOS BIENES COMUNALES

El día 1 de julio tuvo lugar en las Cortes el gran debate sobre la situación del campo y sobre el rescate de bienes comunales. Aunque con momentos de gran tensión lo que más se capta en la prensa de la época es la pasión y la entrega con que se vivieron estos debates, que en ocasiones, como ésta en que se prolongó por espacio de doce horas, duraban hasta bien entrada la noche. Bastará con decir que ocupa noventa y ocho páginas del Diario de Sesiones de las Cortes. El deseo de obstrucción por parte de la derecha era evidente. De obstrucción y de provocación. Las interpelaciones de la derecha eran interminables. Un ejemplo sería la intervención del diputado José María Cid Ruiz-Zorrilla, del Partido Agrario, quejándose de los daños que causaban a los intereses ganaderos los asentamientos, o de los alcaldes entregados a los comités revolucionarios que para Cid carecían de toda autoridad, y preguntándose por qué razón tenían obligación los patronos de resolver el problema del paro. Para Cid el laboreo forzoso era un arma terrible en manos de esos alcaldes, igual que las bases del trabajo, consideradas muy lesivas para sus intereses. En cuanto al establecimiento de la jornada de trabajo, el argumento de Cid era claro: el carácter especial de las faenas agrícolas no permitía reducir la jornada. En definitiva, para la derecha, lo que se estaba haciendo desbordaba el programa del Frente Popular. El ministro de Trabajo, Joan Lluhí i Vallescá, resaltó el cambio tremendo operado en la derecha a partir de las elecciones, ofreciendo diversos datos sobre la evolución de las salarios obreros del 35 al 36. Por su parte, Ruiz Funes se jactó de la celeridad con que su ministerio llevaba los diversos proyectos en marcha y acusó a la patronal de ser la que fomentaba la anarquía en el campo.

El primer incidente surgió con la intervención del diputado cedista Dimas Madariaga, quien volvió otra vez con el estado de anarquía, con el dominio de los pueblos por las fuerzas marxistas, con la tiranía de los jurados mixtos y con la monserga de que los asentados también se inscribían en las Oficinas de Colocación, afirmación que provocó un violento incidente que quedó en nada. Lo peor llegó con la intervención de Calvo Sotelo, una larguísima perorata en que tocó multitud de asuntos —incluyendo la política triguera soviética— y consiguió provocar a todo el mundo, incluyendo el presidente de la Cámara, al que desobedeció. Dijo por ejemplo:

Yo digo a los agricultores españoles, especialmente a la pequeña y media burguesía rural, y a los arrendatarios, y a los cultivadores de tierra, que hoy ven ensombrecido su horizonte por la falta absoluta de fijeza en la situación presente y de seguridad en la situación de porvenir; yo les digo que su remedio no está en este Parlamento, ni en otro que como éste se elija, ni en el Gobierno actual, ni en otro Gobierno que el Frente Popular forjase, ni en el Frente Popular mismo, ni en los partidos políticos (Un señor Diputado: Está en la República), que son cofradías cloróticas de contertulios; está… (Interrupciones que impiden oír al orador). Me habéis de oír. (El Sr. Bilbao pronuncia palabras que no se perciben).

El Sr. PRESIDENTE: Señor Bilbao, aplaque S. S. esos ardores.

El Sr. BILBAO: Pero ¿es que no ve que está haciendo la apología del fascismo?

El Sr. CALVO SOTELO: Tengo derecho (Protestas e increpaciones). Yo les digo a los agricultores españoles que la solución se logrará en un Estado corporativo que… (Nuevas y tumultuosas interrupciones impiden oír al orador).

El Sr. PRESIDENTE: ¡Orden, orden! ¡Sr. Calvo Sotelo, Sr. Calvo Sotelo!…

El Sr. CALVO SOTELO: He terminado, Sr. Presidente. (Fuertes aplausos en las derechas[478]).

Y a continuación Galarza proclamó «la legitimidad de la violencia contra quien utiliza el escaño para erigirse en jefe del fascismo y quiere terminar con el Parlamento y con los partidos». Según Arrarás, aunque no conste en el Diario de Sesiones, añadió: «Pensando en S. S. encuentro justificado todo, incluso el atentado contra su vida»[479]. Sin embargo, según Claridad lo que dijo fue: «Yo he sido siempre enemigo de la violencia. Incluso en mis actuaciones personales más nimias renuncio a ella»[480]. Al barullo se sumaron otros diputados cedistas, uno de los cuales fue expulsado de la sala por encararse con el presidente, hecho que aprovechó Gil Robles para decir que mientras ése no volviera ellos se ausentarían de la Cámara.

En esa misma sesión también intervino Zabalza, quien defendió la necesidad de mantener lo acordado sobre paro obrero, laboreo forzoso y bases de trabajo, por mucho que fastidiase a la derecha[481]. Denunció la actitud de los patronos que preferían perder la cosecha antes de dar jornales (mantenían que con esos jornales todo el mundo quería trabajar en el campo) y las maniobras para crear conflictos entre campesinos y los pequeños arrendatarios, todo ello con la intención de

producir una situación de caos para llegar a los cuartos de banderas y sublevar a sus amigos con el pretexto de que así no se puede continuar.

Zabalza pedía al Gobierno que incautara las fincas donde no se recogiera la cosecha y las entregara a los trabajadores. Para la izquierda era evidente que las interpelaciones de la derecha no tenían otro propósito que retardar la tarea legislativa de la Cámara y crear tensiones y escándalos que perjudicasen su imagen ante la opinión pública. Pese a todo, el presidente de la Cámara aseguró a Gil Robles que él ampararía los derechos de todos los diputados y que no consentiría actos contrarios al cargo que representaba. Al día siguiente, 2 de julio, fue Ruiz Funes quien en otra sesión maratoniana justificó históricamente el rescate de los bienes comunales —consideró las desamortizaciones como la raíz del caciquismo— y habló de las peculiaridades del proyecto, que trataba simplemente de devolver a los ayuntamientos lo que fue suyo[482].

El OT de 4 de julio resumía las aspiraciones de los pueblos: rebaja de rentas, reforma agraria, rescate de bienes comunales y desarme de los elementos fascistas. El debate sobre los bienes comunales ocupó muchas horas de la primera semana de julio. Los socialistas propusieron, entre otras cosas, colocar la fecha tope para el rescate en 1808 y se negaron a admitir cualquier trato especial a las fincas que con el tiempo hubieran pasado a terceros (Zabalza pidió que le explicaran por qué «lo que fue robado y ha pasado a terceros deja de ser cosa robada»). Pidieron también que se concediera a las sociedades obreras la posibilidad de reclamar en caso de que los ayuntamientos no lo hicieran. Finalmente propusieron que se permitiera a los pueblos recuperar igualmente las tierras de la Iglesia. El objetivo de la FETT era que «a los Ayuntamientos españoles se les ofrezca la mayor parte de tierra posible, con el mínimo de dispendio, en el más breve plazo y con los menores trámites». En una nueva intervención en el Congreso Ricardo Zabalza dijo que aquello de lo que los tradicionalistas se muestran orgullosos, los municipios y comunidades que surgen tras la Reconquista, se sustentaban precisamente en esas tierras que ahora se querían rescatar. Llegó a decir que sobre ellas se cimentaba la nacionalidad española y la prosperidad del país. Zabalza, quien solía ironizar sobre que mientras él representaba a los verdaderos defensores de la tradición, las derechas habían hecho suya la herencia de la Revolución Francesa y eran hijas de la desamortización, realizó un extenso recorrido por lo que llamó la historia de un despojo desde el siglo XVIII al XIX y concluyó con que la misión histórica del Frente Popular era devolver a los municipios lo que fue suyo para abrirles nuevos caminos y posibilidades. Lo único que se comprometieron a respetar, por más que carecieran de título de propiedad, fue las tierras que estuvieran en poder de pequeños propietarios. El tope de superficie a partir de la cual se rescataría una propiedad lo marcaría en cada localidad las Juntas Agrarias. Concluyó:

Si queremos hacer una España verdaderamente próspera, si deseamos hacer de nuestro país algo que sirva de ejemplo en el mundo entero, restituyamos los bienes comunales a los Ayuntamientos, hagamos que de ellos se extraiga todo lo necesario para asegurar las cosas esenciales de sus vidas y entonces, señores diputados, podremos decir que, de nuevo, entroncada la tradición de los viejos Ayuntamientos españoles con las formas colectivas que defendemos los grupos obreros, habremos formado los cimientos de una España grande, que, en el fondo de nuestros sentimientos, debe ser a lo que todos aspiremos[483].

Por su parte la derecha, a través de ABC, se lamentó de que la opinión pública, atraída por otras cuestiones, no advertía lo que iba a pasar: el 80 % del suelo del centro y del sur de España iba a pasar a poder municipal. «Hay pueblos donde desaparecerá la propiedad privada», decía el 10 de julio el diario monárquico.

El lunes 13 de julio toda la prensa dio en portada la noticia del asesinato del teniente José Castillo, ocurrido la noche anterior. El titular de Claridad era: «El proletariado reclama al Gobierno del Frente Popular medidas inmediatas y decisivas para el aplastamiento del fascismo». Es curioso cómo la memoria sesgada del franquismo nos ha transmitido hasta la saciedad la impresionante imagen tomada por el fotógrafo Alfonso del cadáver de Calvo Sotelo y sin embargo nos ocultó las imágenes que ese mismo fotógrafo tomó del cadáver de Castillo en la Dirección General de Seguridad, ya instalada su capilla ardiente, o de su entierro, con la caja envuelta en una bandera roja y cubierta de flores igualmente rojas, y al que asistieron diversos diputados y representaciones oficiales[484]. A las 8 de la tarde del 13 se celebró una reunión de la Ejecutiva nacional del PSOE, la Junta de la Casa del Pueblo y varios representantes del PCE, una representación de los cuales (Prieto, Vidarte, Uribe, Lois, Carrillo y Edmundo Domínguez) se entrevistó a las doce de la noche con Casares Quiroga. El objeto de la visita no era otro que ofrecerse sin restricciones «para combatir cualquier intento subversivo». El 14 se publicó la siguiente nota:

Conocidos los propósitos de los elementos reaccionarios enemigos de la República y del proletariado, las Organizaciones políticas y sindicales representadas por los firmantes se han reunido y han establecido una coincidencia absoluta y unánime en ofrecer al Gobierno el concurso y el apoyo de las masas que les son afectas para todo cuanto signifique defensa del régimen y resistencia contra los intentos que puedan hacer contra él. Esta coincidencia no es solamente circunstancial; por el contrario, se propone subsistir con carácter permanente mientras las circunstancias lo aconsejen, para fortalecer el Frente Popular y para dar cumplimiento a los designios de la clase trabajadora, puestos en peligro por los enemigos de ella y de la República.

Por la UGT, Manuel Lois. Por la Federación Nacional de Juventudes Socialistas, Santiago Carrillo. Por la Casa del Pueblo, Edmundo Domínguez. Por el Partido Socialista, Jiménez de Asúa. Por el Partido Comunista, José Díaz[485].

Pero el mismo día 12, pocas horas después de la muerte del teniente Castillo, era asesinado José Calvo Sotelo. El titular de Claridad decía: «Anoche, a las tres de la madrugada, fue sacado de su domicilio y muerto el jefe visible del fascismo y exministro de la Dictadura, don José Calvo Sotelo». Romero Solano aludió a él como «portavoz de vastos intereses bancarios y de los partidarios de una sublevación para derribar al régimen»[486]. El día 13 los monárquicos se retiraban de la Comisión permanente de las Cortes y su Diputación permanente decidía prorrogar el estado de alarma. El discurso de Gil Robles en contra de esa prórroga es sintomático de lo que se avecina: amenaza con que parte de las masas que le siguen están desbordadas y afirma que «poco a poco las masas españolas se van desengañando de que por el camino de la democracia no se consigue nada». La izquierda lo entiende como una renuncia a la democracia parlamentaria, de la que ya han salido los tradicionalistas y Renovación Española. Gil Robles amenaza con lo mismo. La izquierda lo llama «el tortuoso Robespierre del jesuitismo vaticanista» y no dejaban de recordar sus palabras del 15 de octubre de 1933: «Necesitamos el poder íntegro y eso es lo que pedimos. Para realizar este ideal, no vamos a detenernos en formas arcaicas. La democracia no es para nosotros un fin, sino un medio para ir a la conquista de un Estado nuevo. Llegado el momento, [o] el Parlamento se somete o le hacemos desaparecer»[487]. El planteamiento de la izquierda en aquel momento era el siguiente:

Todavía hay republicanos que la desean [la democracia], que preconizan la posibilidad de convivir democráticamente con las derechas, que sueñan con atraerlas a la ley común, que piensan perpetuar el régimen parlamentario vigente; desengáñense. La democracia tradicional ha muerto en España y la han matado las derechas. El ejecutor principal ha sido el Sr. Gil Robles. Puede ser que en otros países como Francia e Inglaterra aún quede margen histórico para el dilema de dictadura fascista o democracia burguesa. Aquí no hay más dilema que una dictadura fascista vaticanista, como la de Portugal, o una dictadura popular. No permiten otra alternativa las derechas[488].

La FETT denuncia en esos días de julio los conflictos locales de diversas provincias, entre las que destacaba Toledo. Se refieren en su mayor parte a la impunidad en que se movían los elementos de derechas más violentos y a los manejos continuos de la patronal, que seguía sin respetar las bases de trabajo[489]. En Badajoz, sin embargo, con el Hoy centrado en el asesinato de Calvo Sotelo, parece que tanto los fascistas como la patronal han sido obligados a aceptar la voluntad de la mayoría. En ello sin duda ha influido considerablemente la firme actitud del gobernador civil Granados —el Hoy siempre prefirió al gobernador de Sevilla, Varela Rendueles, destacando cómo prohibió las invasiones de fincas y la firmeza con que en junio del 36 suspendió una huelga por ilegal en Lebrija—,[490] uno de esos gobernadores de Izquierda Republicana dispuestos a no permitir excesos ni a un lado ni a otro y al que la Falange extremeña ya intentó eliminar con disparos de pistola el día 4 de julio a la altura de Solana cuando regresaba en coche oficial de Villafranca a Badajoz[491].

El 17 por la noche circuló ya la noticia de la sublevación. De hecho esa misma tarde llega a los ayuntamientos un telegrama del Gobierno Civil comunicando el estado de alarma y apostando por el mantenimiento del orden público[492]. El editorial de Hoy del 18 de julio, sospechosamente titulado «Mirando el porvenir», contenía una inquietante frase de José Calvo Sotelo, jefe de la trama civil del golpe asesinado unos días antes. Decía:

El panorama de la vida española agraria rezuma ya tragedia pero en otoño ofrecerá características de mayor virulencia.

Sólo unas semanas después el titular de primera página sería: «La Junta de Defensa Nacional de Burgos sólo tiene la finalidad por ahora de librar a España del Soviet»[493].

EL ASCENSO FASCISTA

Todo es poco para lo que nuestra España merece hacer por ella.

ANTONIO MIRANDA, teniente de la Guardia

Civil sublevado en Azuaga.

La documentación que nos ha llegado de la Falange extremeña, desperdigada (la que queda) por los archivos municipales, demuestra la escasa relevancia política que tuvo en la región desde su creación en la primavera de 1933 hasta las semanas posteriores a las elecciones de febrero de 1936[494]. El partido fascista nace en Badajoz asociado a Carlos Pacheco Lerdo de Tejada, de 68 años, propietario y exsenador. La procedencia de los máximos responsables en los años siguientes, aunque se menciona también a personajes relevantes como Terán, de Zafra, o Juan Pablo Alba[495], de Badajoz, parece indicar, al menos en sus orígenes, un mayor asentamiento del partido en la zona oriental de la provincia, caso de Arcadio Carrasco Fernández-Blanco, abogado y propietario de Zalamea de la Serena, que había asistido al acto fundacional de Falange en octubre de 1933; Eusebio Donoso-Cortés, delegado de Falange en Don Benito hasta su sustitución por el capitán de Caballería retirado Leopoldo Nieto Martín-Romo, destituido finalmente en marzo de 1934 en favor del ya mencionado Eduardo Ezquer, residente en Don Benito. En principio había presencia falangista —hablamos por lo común de una, dos o tres personas— en Almendral, Oliva, Higuera, Mérida o en Torre de Miguel Sesmero, luego extendida a Villanueva del Fresno, Alconchel, Olivenza, Salvaleón, Fuentes de León o Talavera, pero sobre todo en Don Benito, Quintana de la Serena, Castuera, Zalamea o Monterrubio. Posiblemente, la fecha hito de la Falange extremeña fue el 28 de abril de 1935, en que se celebró un mitin en Don Benito, verdadera capital del falangismo extremeño, en el que intervinieron, además de Ezquer y otros falangistas de la zona, Manuel Mateo, Raimundo Fernández-Cuesta, Julio Ruiz de Alda y José Antonio Primo de Rivera. La evolución de la Falange en Badajoz parece marcada desde el principio por las pésimas relaciones entre sus líderes, cosa que no pasó desapercibida a los militares golpistas cuando tomaron el poder. Falange siempre culpó al enorme crecimiento del partido a partir de las elecciones de febrero del 36, con predominio de las Juventudes de Acción Popular, de la pérdida de sus supuestas esencias revolucionarias.

Conocemos bien el caso de Villanueva del Fresno, muy representativo de lo que ocurrió a nivel general[496]. Surge Falange el 3 de octubre de 1934, pero tendrá un solo militante, José Fernández González, hasta marzo de 1936, en que el día 1 ingresaron quince personas, el día 15 ocho, y dos más antes de fin de mes. En los meses siguientes y hasta la ocupación del pueblo lo harán diez personas más. Catorce de los 35 eran de profesión agricultor, labrador o propietario; los restantes autónomos, profesionales y pequeños industriales. El verdadero aluvión hasta alcanzar 434 militantes vendría a partir del 28 de agosto, tras la ocupación. Sólo en las cuatro semanas siguientes se darían de alta 127 personas. Cualquier investigación sobre Falange deberá tener en cuenta el hecho de que la fecha de ocupación de cada localidad marca un antes y un después en la historia de dicho grupo. Incluso cabe poner en duda si lo que surge tras la ocupación puede considerarse un partido en el sentido que la palabra tenía durante la República. Cuando los golpistas ocupan los pueblos, la gente se mete en Falange no porque de pronto haya descubierto que ahí está el camino sino porque las circunstancias lo aconsejan[497].

También sabemos el caso de Montijo, con una considerable representación falangista desde el 34 —trece personas— pero muy alejada del talante violento y combativo de sus compañeros de la zona oriental[498]. Otro modelo muy común vendría representado por Olivenza, donde Falange se constituye el 4 de julio del 36 con unos cincuenta afiliados procedentes en su mayoría de otros partidos de derechas y teniendo al frente al exconcejal del bienio negro y miembro de Acción Popular Ignacio Díaz Piriz. Varios de sus miembros fueron detenidos el 13 de julio cuando intentaban organizar la Falange en la aldea San Jorge[499]. Si nos fiamos de la numeración interna de los carnets de algunos falangistas de Badajoz es muy posible que en julio del 36 la presencia falangista en la provincia se acercarse a las tres mil personas, la gran mayoría encuadrada a partir de marzo. Contra lo que pudiera pensarse, la ilegalización de Falange de mediados de marzo a consecuencia del atentado contra Jiménez de Asúa coincide con una reducción general de la violencia fascista, sobre todo la de carácter urbano, y, curiosamente, con el incremento de militantes y de actividades delictivas en las zonas rurales[500]. Esto es común a todas las provincias estudiadas[501].

Es importante señalar que los preparativos para el golpe y el crecimiento desmedido de Falange comenzaron no tras la gran invasión de fincas del 25 de marzo sino, al igual que las reuniones militares —la más importante de las cuales tuvo lugar en la primera quincena de marzo en Madrid—, inmediatamente después de las elecciones. La escalada fascista, sin embargo, venía de antes. El 13 de marzo de 1935 era asesinado en Don Benito el socialista Miguel Durán. El juicio de los falangistas detenidos se celebrará a mediados de junio en la Audiencia de Badajoz, sólo unos días después de otro asesinato ocurrido en la misma ciudad y que causó gran alarma social: el del diputado socialista Pedro Rubio Heredia. El defensor del principal acusado, Alfonso Expósito, hombre de Arcadio Carrasco, será José Antonio Primo de Rivera, quien no logrará librarlo de una condena de 14 años, 8 meses y 11 días por homicidio simple. Entre ambos hechos, el asesinato de Durán y el juicio, el gran mitin fascista celebrado precisamente en Don Benito y el asesinato de Rubio, hechos a los que seguiría en septiembre otra acción falangista en Quintana de la Serena que dejó tres heridos graves. Parece que los fascistas extremeños, al contrario que los de otras provincias —caso de Sevilla con Eizaguirre Pozzi—, no contaron en la Audiencia con un presidente favorable.

Carecemos de fuentes de información suficientes y fidedignas para saber la verdadera importancia de la movilización fascista en los meses del Frente Popular[502]. La prensa de que disponemos, el Hoy, no recogió los numerosos incidentes protagonizados pueblo a pueblo por Falange. Son a veces los archivos municipales los que al ser los encargados de transmitir a los afectados las multas del Gobierno Civil por actividades subversivas nos permiten atisbar las acciones más características de los grupos fascistas en las semanas previas al golpe militar, que pueden resumirse en palizas a personas señaladas de la izquierda y en acciones de propaganda fascista. Las multas eran importantes: irrumpir en un pueblo dando vivas al fascio podía salir por 250 pesetas, una cantidad importante para la época. Normalmente, para actuar más libremente y con mayor eficacia, los grupos de Falange solían actuar fuera de sus propias localidades. En otras ocasiones fue la fabricación de porras de metal recubiertas de cuero —hecho ocurrido en Villafranca a fines de marzo— lo que acarreó multas similares a sus autores[503]. Desgraciadamente la desaparición del Archivo del Gobierno Civil de Badajoz y de la prensa pacense de izquierdas nos impide conocer la dimensión del fenómeno. Lógicamente conocemos mejor los problemas causados desde las filas izquierdistas. Sin embargo, son la propias fuentes favorables a Falange, que no obtuvo ni un solo diputado en España en las elecciones de febrero, las que nos dicen que en Badajoz no murió violentamente ni un sólo fascista entre febrero y julio de 1936[504]. Como ya puso de manifiesto hace tiempo un interesante artículo de Ramiro Cibrián, los índices de violencia en Extremadura y concretamente en Badajoz en los meses del Frente Popular, pese a coincidir con un momento álgido de la lucha de clases, fueron de los más bajos de España. Luego añadió que la violencia característica de los meses del Frente Popular se debió fundamentalmente al terrorismo fascista y a las contrarréplicas obreras[505].

3. El 18 de julio y los caminos de la reforma agraria

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El 18 de julio y los caminos de la reforma agraria

No había en el Gobierno ni un extremista de la izquierda de arriba abajo. (…). Pero éste era el Gobierno realmente en el poder, por la voluntad del pueblo, cuando los generales, en alianza con Hitler y Mussolini, provocaron la sangrienta y ruinosa guerra con el pretexto de limpiar a un gobierno «comunista» o «rojo». Este miserable pretexto cumplió su propósito durante la guerra para los impostores y neofascistas de los Estados Unidos e Inglaterra.

CLAUDE G. BOWERS,

Misión en España, p. 235.

El fascismo, como todo el mundo sabe, es la réplica de las «clases de orden» a situaciones revolucionarias que no han podido llegar a su punto culminante.

GERALD BRENAN,

El laberinto español, p. 233.

NOTICIAS DEL GOLPE MILITAR

El bando por el que el gobernador civil Granados declaraba el estado de alarma fue publicado por el Boletín Oficial de la Provincia en un número extraordinario el 18 de julio pero llevaba fecha del día anterior 17, que es cuando se supo lo ocurrido en Ceuta y Melilla. Se basaba en el artículo 34 de la Ley de Orden Público de 28 de julio de 1933. Establecía la censura previa y amenazaba con la pérdida de libertad o la clausura a personas, grupos y centros que alterasen el orden o que se considerasen peligrosos para dicha causa. Naturalmente de poco servía este bando si quienes debían garantizar su cumplimiento mediante la fuerza eran favorables a la sublevación. El sábado 18 de julio el Gobierno Civil, en respuesta a la pregunta planteada el día antes tras tenerse noticias de la sublevación y probablemente sin tener aún conciencia de la gravedad de la situación, comunicó a los ayuntamientos que «no considera oportuna ninguna detención»[506]. Según Romero Solano, el mismo día 18 los gobernadores civiles recibieron instrucciones en el sentido de que prohibiesen cualquier iniciativa de huelga general y no entregasen arma alguna[507]. Sin embargo, el Secretariado Provincial de la FETT dio instrucciones el mismo 18 de julio a todas las agrupaciones locales en el sentido de que recogieran todas las armas y detuvieran a todos los que pudieran ser considerados enemigos de la República, o sea, que es posible que los comités actuaran en este sentido antes de que la línea que iba de Madrid a provincias —de Gobernación a los respectivos gobiernos civiles— comprendiera que era urgente frenar el golpe militar por su base[508].

El plan socialista era el siguiente: la provincia había sido dividida en siete zonas, cada una de las cuales sería atendida por un miembro del Secretariado Provincial de la FETT. La reacción fue inmediata en los pueblos; para la capital existía un plan especial, que consistía en congregar allí a gente de los pueblos cercanos, lo que se llevó a cabo. Todo ello se hizo con el visto bueno del gobernador civil, que dio un salvoconducto a cada uno de los delegados[509]. Cuando el 25 de julio llega el coronel Ildefonso Puigdengolas a Badajoz ordena la inmediata constitución de milicias, que se formarán en base a los listados de miembros de la FETT que le ofrece Nicolás de Pablo[510]. Fue esta capacidad de decisión y de movilización inmediata la que explica en gran medida el fracaso de la sublevación en Badajoz. Téngase en cuenta que en cuestión de horas fue neutralizada Falange, Renovación Española, Acción Popular, los monárquicos, algún que otro radical, los dirigentes de los sindicatos amarillos y católicos, y las cúpulas de la patronal agraria. Desde este punto de vista es evidente que la actitud frente al golpismo que alentó la FETT desde las elecciones estuvo justificada: los hechos le dieron la razón y mostraron que sólo la movilización obrera podía frenar la sublevación. Por su parte el Gobierno, anclado en la absurda sensación de tener controlado todo, también respondió fielmente a las nulas expectativas que se tenían sobre él. Los avatares de Casares Quiroga y Martínez Barrio, uno abatido ante la realidad que se había negado a ver y otro intentando buscar un acuerdo con los sublevados, debieron resultar deprimentes.

El OT del 18 de julio, todavía ignorante de que la pesadilla se ha hecho realidad, pedía una vez más la organización urgente de milicias populares. Después de enumerar los casos más conocidos de víctimas del terror fascista en los meses anteriores y hechos como el asalto a la Casa del Pueblo de Sigüenza o el de una emisora de radio en Valencia, OT temía que la escalada fuera en ascenso. Concluía: «Ya no podemos hacernos ilusiones. Si el fascismo triunfa, la sangre obrera correrá a torrentes. Y antes de que eso ocurra vale más que corra la suya que la nuestra»[511].

Las instrucciones del Gobierno Civil y de los centros de decisión provinciales del Frente Popular conducen a la inmediata creación de comités que se encarguen de hacer frente a la situación en todos sus aspectos. Los primeros que se crean fueron abastos, reclamaciones y socorros, agricultura y milicias. La mayor parte de los ayuntamientos se definen ante la gravedad de la situación. Sirva el caso de Alange:

Sesión Extraordinaria. En la Casa Consistorial de la Villa de Alange siendo las ocho de la mañana del día veinte de julio de mil novecientos treinta y seis y previa convocatoria de urgencia y bajo la presidencia del Sr. Alcalde Don Juan Sánchez Guerra, con asistencia del infrascrito Secretario, se reunieron los Señores concejales que al margen se expresan. Abierto el acto por la presidencia se expone que debido al estado en que se halla la nación en estos momentos en que malos patriotas militares se han alzado contra los poderes legalmente constituidos por voluntad de la soberanía nacional. Al propio tiempo hace constar que debido a haber dispuesto el Excmo. Señor Gobernador civil de la fuerza de este puesto de la Guardia Civil, se impone la necesidad de redoblar la vigilancia y establecer una guardia en defensa de los familiares de los guardias, si fuere necesario. El Ayuntamiento por unanimidad así lo acuerda[512].

La prensa de Madrid, mientras tanto, recoge en la medida de sus posibilidades y dentro de lo que la censura permite y la prudencia aconseja, la situación en el sur. Claridad comenta ya el día 20 que el general Queipo de Llano se ha sublevado en Sevilla. «Declaró de manera facciosa el estado de guerra», dice textualmente. Lo que no quita que un comunicado de las diez y diez del día 19, cuando ya los centros de decisión de Cádiz, Córdoba y Sevilla han pasado a otras manos, asegure que «En Andalucía, todo tranquilo». Los titulares intentan entrar en las razones que han llevado a la situación: «Toda la prensa derechista ha estado meses cargando las mortíferas armas que ahora se han disparado contra la República». La crisis abierta por el golpe militar consume dos gobiernos en pocas horas antes de que finalmente el de José Giral, que se declara abiertamente en lucha contra el fascismo, se decida a repartir armas. Este Gobierno, además, reconoce la necesidad de contar con las milicias obreras[513]. Los partidos y los sindicatos actuaron con gran agilidad. Entre la escasa documentación obrera con que contamos destaca el libro de actas de la Sociedad Obrera de Quintana de la Serena. Dada la gravedad de la situación se reunieron en la Casa del Pueblo, calle Capitán 28, bajo la presidencia del alcalde Diego Carmona Prieto, a las 9 de la mañana del domingo 19 de julio y «ante los acontecimientos que se están desarrollando como consecuencia de la sublevación del Ejército fascista» acordaron crear un Comité de Defensa con representación de los partidos y sindicatos del Frente Popular. Teniendo por probable que la Guardia Civil apoyará el golpe prometieron cumplir con «el deber que el momento señala y ofrecen morir luchando antes que entregarse sin lucha a nuestros enemigos seculares»[514].

El golpe militar, declarado en todas las ciudades en que pudo llevarse a cabo a las tres de la tarde, no cogió por sorpresa a nadie. El sábado 18 de julio, en las ciudades se vivía el bullicio habitual de un sábado cualquiera al mediodía y en el campo la mayor parte de la gente estaba con las faenas agrícolas del momento. Esto se refleja en los documentos de la época, caso de algunos bandos como el del 28 de julio del Comité Antifascista de Llerena[515].

Una semana después el sur de Badajoz era arrasado por las columnas militares enviadas desde Sevilla, con Asensio en cabeza, Castejón por los flancos y Tella detrás para sumarse a las operaciones que tendrán lugar tras la caída de Almendralejo. Todos ellos con sus impresionantes columnas y la aviación de Tablada como apoyo. Pueblo a pueblo van cayendo ante la artillería, la Legión, el Tercio, la infantería. La oposición y resistencia popular obliga a los golpistas a ocupar todos y cada uno de ellos. Mal armados y sin preparación militar sucumben heroicamente ante las fuerzas de choque del Ejército allí donde deciden plantarles cara. Se producen huidas en masa en todos los pueblos, muchos de los cuales se hallan casi despoblados cuando llega la avanzadilla militar. José Yerga Lancharro, que salió de Fuente de Cantos, recuerda «la riada humana que se iba formando… Era dantesco ver cómo aquella multitud, como un río, se lanzaba calle adelante buscando la salida, cayendo unos por precipitación y el nerviosismo unido al miedo a lo desconocido y otros llorando…»[516].

De Hornachos, por ejemplo, un pueblo de 6700 habitantes muy alejado de la carretera general, huyen hacia Castuera 452 personas (de ellas 139 mujeres), entre las que había varios alcaldes y dirigentes políticos y sindicales[517]. El momento álgido tiene lugar entre el 11 y el 14 de agosto con la caída de Mérida y Badajoz. Las órdenes que circulan en esos días, como ésta del 12 de agosto de Juan Gutiérrez, presidente de la nueva gestora de Ribera son terminantes: «… para que procedan al desarme y captura de todos los individuos que han engrosado las filas marxistas, incautándose de todo el armamento que estos individuos posean y caso de resistencia hagan fuego sobre los mismos»[518]. Con una orden de este tipo se podía hacer cualquier cosa. Se prohibieron los grupos de más de tres personas y se controló a la población mediante unos brazaletes blancos que se entregaban en las comandancias militares, de modo que quienes por algún motivo no deseaban pasar por allí debían mantenerse ocultos, cosa complicada dada la obligación de tener abiertas puertas y ventanas e incluso el salir de las casas ciertos días para facilitar los registros. Además para salir de los pueblos hacía falta permiso militar. En Fuente de Cantos se llegaron a suspender en pleno agosto los trabajos en las eras[519]. Una vez ocupados, los pueblos se tapian. Unas calles, las más alejadas que dan al campo, se cierran con tabiques de tres o cuatro metros de altura y en otras, las que tienen más movimiento, se colocan sacos terreros con vigilancia permanente. He aquí uno de los bandos de Manuel Ponce Brazo, comandante militar de Ribera: «Hace saber: Que la normalidad en la población es y será absoluta sin que aparezca ni amenace peligro de clase alguna ya que el dominio de las fuerzas militares es completo. Pudiéndose considerar que de un momento a otro quedará terminado el movimiento con el triunfo completo de las fuerzas militares»[520]. Dadas las características de estas operaciones y la presencia de periodistas extranjeros las noticias llegan de inmediato a la España republicana y al mundo.

El sábado 15 de agosto, cuando ya han llegado a Madrid las primeras noticias de lo ocurrido en Badajoz, Margarita Nelken dio un discurso en el Teatro Calderón y aludió al «señoritismo feudal» que ahogaba, entre otras regiones, a Extremadura. Probablemente ignoraba la situación real de la región de la que era diputada y que había recorrido pueblo a pueblo en los meses anteriores. Parece evidente, por otra parte, que, al contrario de lo que se dijo, Margarita Nelken no se acercó a Mérida el día 14 coincidiendo con el intento de la República de recuperar la ciudad mientras el grueso de las fuerzas de Yagüe caía sobre Badajoz. Aunque sí es posible, tal como mantiene Paul Preston, que se acercase a Extremadura tras la caída de Mérida[521]. Unos días después, la noche del 27, habló por la radio de la «epopeya campesina». La idea básica fue que el señoritismo de los terratenientes españoles tenía ahora otro nombre: fascismo. Para ese día ya tenía noticias de lo ocurrido en Badajoz[522].

Margarita Nelken aludió al exterminio de millares de campesinos y a la «implacable cuenta» que sus autores tendrían que saldar. Si aquéllos habían tenido que defenderse, como en realidad había ocurrido, con escopetas, pistolas e incluso útiles de labranza, ahora ya habían sido enviadas armas y se habían constituido en Castuera, a las órdenes de Ricardo Zabalza[523] y José Sosa, dos batallones con los nombres de Pedro Rubio y Rafael Bravo, dos de las víctimas socialistas del bienio negro, batallones que junto con el formado por el comunista Pedro Martínez Cartón representaba la inmediata respuesta campesina en Badajoz al golpe militar. En octubre se incorporaron al frente. Por su parte OT también aludió al tributo de sangre ofrecido por la FETT a su más alto nivel: Nicolás de Pablo (Badajoz), Tomás Martínez (Granada), Antonio Almaraz (Ávila), Eulogio de la Vega (Valladolid) o Antonio Bujalance (Córdoba[524]). En dicho artículo se hacía referencia también a los compañeros de los que nada se sabía desde la ocupación de las provincias en que vivían: «los damos por perdidos ya; pero, si no lo estuvieran, la vida de los registrados ya es suficiente para una venganza ejemplar. ¡Y nos vengaremos!». Esta idea de venganza calará poco a poco hasta expresarse abiertamente. Un titular de Claridad de principios de octubre decía: «Hay que exterminar a todos los fascistas: los que se han sublevado y los que no se han sublevado»[525].

Otro artículo también de octubre de Luis Almeida Hermosa en OT, titulado «Extremadura, víctima de la crueldad, vencerá al fascismo», aludirá igualmente a la matanza que «los generalotes indeseables» han cometido en Badajoz —habla de 2000 personas asesinadas en Badajoz, 1000 en Almendralejo y 800 en Llerena— y concluye: «En Extremadura ha caído, víctima de las balas mercenarias de la canalla fascista, lo mejor de nuestras filas. Su sangre no será estéril. Les prometemos venganza»[526]. No cabe duda, y ya se ha demostrado en las investigaciones sobre represión, de que numerosos derechistas de la zona oriental de Extremadura y de Madrid pagaron con su vida el terror sembrado a su paso por la columna de la muerte. Conocemos, por ejemplo, el caso de Villafranca. Nadie ha sido asesinado aquí hasta el 7 de agosto, en que el pueblo pasa a poder de Asensio. Dos días después comenzará una carnicería que en poco menos de tres meses se llevará por delante a 310 personas, de las que sólo dos terceras partes llegarán a registrarse. Pues bien, la Causa General indica que detrás de algunos de los asesinatos cometidos en Madrid y en la Extremadura republicana se encontraban vecinos de Villafranca. La particularidad de esos crímenes es que afectaron a personas relacionadas con la localidad. La cadena de venganzas era imparable[527].

MEMORIAL DE AGRAVIOS

En Badajoz, a pesar de todo, los campesinos fueron más humanos que los propietarios.

F. G. BRUGUERA

Es sabido que la represión fascista en Andalucía occidental y Extremadura no fue respuesta a otra previa[528]. Para justificarla la derecha recurrió a todo pero muy especialmente a las afrentas recibidas desde el 16 de febrero de 1936. Aparte de la Causa General, más tardía (1940-1941) y por tanto de menos interés para lo que se quiere mostrar, dos fuentes nos informan de este memorial de agravios: los informes municipales elaborados a fines de 1936 y principios de 1937 que se conservan actualmente en el Archivo de Salamanca y el cuestionario que a petición del Auditor de Guerra del Ejército del Sur fue enviado desde los pueblos ocupados entre 1937 y 1938. Ambos muestran el trasfondo agrario del problema de manera tan clara que parece conveniente recurrir al concepto de fascismo agrario[529].

El punto de partida queda bien reflejado en esta acta levantada en Reina el día 9 de agosto del 36:

… siendo las ocho de la tarde se reunieron en el Ayuntamiento bajo la presidencia del Jefe de las Fuerzas Militares libertadoras del pueblo D. Francisco Beltrán Linares y Cabo Manuel Martínez Moya, y los señores, vecinos de esta localidad, D. Facundo Muñoz Cabezas, D. Juan Eugenio Maesso Maesso, D. Francisco Maesso Maesso, D. Manuel Álvarez Yáñez, D. Guillermo Mateos Tena y D. Miguel Muñoz Cabezas y reciben de mano de referida autoridad el poder de administrar justicia mientras duren estos momentos de peligro para la patria; conscientes de la responsabilidad de estos graves momentos aceptan los cargos[530].

En estas gestoras siempre hay representantes de la propiedad agraria —los Maesso, por ejemplo— y cuando no se ven es sencillamente porque han preferido delegar en personas de su confianza. Sería el caso de José Muñoz Verjano, de Villafranca, ligado a grandes propietarios residentes dentro y fuera de la localidad, o José Medina Maya, Jesús Maya Medina, Manuel Rey Miranda y Luis Rubio Luengo, representantes en Segura de León de Antonio Casquete Hernando, Rodrigo Montero de Espinosa Jaraquemada, Pilar Sánchez Arjona Velasco y Diego Casquete Jaraquemada[531]. Y son estas gestoras precisamente las que elaboran esos informes mencionados. Hay que partir de un hecho: tanto los sucesos de los llamados días rojos como buena parte de la represión posterior tienen el mismo eje, que no es otro que la cuestión agraria. Si se ven los listados de presos de derechas pueblo a pueblo se observa que la mayoría de ellos eran propietarios y labradores[532]. El golpe militar, pues, permitió que todos ellos —hablamos de centenares— quedaran a merced de la izquierda durante varias semanas o incluso meses. Pensemos que la mayor parte de la Guardia Civil fue concentrada en la capital y que en algunos pueblos permanecieron en los cuarteles observando el curso de los acontecimientos[533]. Como los detenidos no cabían en los depósitos municipales, buena parte de ellos ingresaron en las iglesias, que de forma generalizada —más de una vez para evitar su destrucción— fueron utilizadas como prisiones, almacenes, etc.

Los informes detallan los malos tratos recibidos y los trabajos que fueron obligados a realizar, desde tareas de limpieza a transporte de materiales y apertura de zanjas. Muchos izquierdistas pensaron que por una vez sus enemigos de clase iban a conocer los trabajos, lugares y castigos que hasta entonces sólo había estado reservado para ellos. Aquello era el mundo al revés. Tal como dejaron constancia en los informes, el estado de los depósitos municipales —en general insalubres y mal ventilados— era lamentable. Esos lugares, donde los que entraban habitualmente eran braceros acusados de «hurto de bellotas», como puede verse en los registros de entradasalida, o los obreros detenidos desde 1917 a 1934 en su paso hacia la Prisión Provincial, acogieron ahora a quienes habían detentado el poder tradicionalmente hasta 1931. Es significativa en este sentido la respuesta que los izquierdistas de Almendralejo dieron a los frailes del Corazón de María cuando, al detenerlos, éstos les pidieron que los llevaran a la prisión en vehículos: «Nosotros les contestamos que [fueran] andando, como los obreros cuando los cogían por un puñado de aceitunas o de bellotas; y así fueron por las calles del pueblo»[534]. No obstante, en general, como reconocen los propios informes, el trato dado a los derechistas detenidos no fue malo y, sobre todo, como prueban esos mismos documentos, firmados por los propios afectados e incluso escritos a veces en primera persona, lo que está claro es que la derecha pudo contarlo. De los 3291 presos contabilizados en la zona occidental de la provincia fueron asesinados 244, todos hombres salvo una mujer de 80 años, asesinada en Santa Marta por un miliciano cuando le llevaba comida a su hijo. Hasta los corresponsales portugueses, abiertamente favorables a los nacionales, reconocen —caso de Olivenza, por ejemplo— el papel fundamental jugado por el alcalde y los concejales para que los presos no sufrieran daño alguno y el enfrentamiento con la columna enviada desde Badajoz no acabara en una matanza suicida[535].

Los problemas de abastecimiento de la población fueron solucionados a costa de los más poderosos. Los Comités de Abastos se encargaron mediante incautaciones («saqueos» en los informes) de garantizar la existencia de alimentos, lo que permitió a la gente en muchas ocasiones —en regiones como Andalucía y Extremadura, donde había mucha hambre que saciar— comer como nunca lo habían hecho y, sobre todo, poder hartarse de alimentos hasta entonces fuera de su alcance. En el informe de Aceuchal se decía que pasaron por las casas particulares exigiendo comida, «prefiriendo siempre con exigencia jamón, lomo, etc. [y] rechazando cuando alguien les facilitaba chorizo, morcilla o tocino»[536]. También se recogían aceite, trigo y legumbres, que pasaban al servicio de la comunidad mediante comidas colectivas. En Olivenza se creó un economato en el cuartel de Caballería, ahora cuartel de milicias, en el que se repartían prendas y alimentos[537]. Caso paradigmático sería el de Alburquerque, donde solucionaron de golpe el problema de abastos desplazándose a Cáceres y trasladando al pueblo reses de la ganadería de la familia Muguiro. Luego se las fueron comiendo poco a poco —los milicianos sólo se alimentaban de esta carne— alternándolas con ovejas, conejos y pavos igualmente incautados. El informe dice que lo tenían reunido todo cerca del pueblo, donde «iban diariamente a matar lo necesario para el día trayéndolo en una camioneta con gran regocijo de todos»[538]. En Malcocinado incautaron ganado porcino en las fincas «Pino» y «Quemadina»[539]. Y en Valencia del Ventoso son las memorias inéditas del fuentecanteño José Yerga Lancharro las que nos informan de la existencia de grandes cocinas asistidas por voluntarios para alimentar a los refugiados que llegaban de todos lados y que se surtían a diario de las reses bravas de la finca «Mejías», de Luis López Obando, conde de la Corte[540]. Ciertos propietarios fueron obligados a entregar productos concretos. En Trujillanos, por ejemplo, Andrés Valhondo Fernández, tuvo que entregar doce arrobas de aceite y firmar un papel diciendo que lo hacía por voluntad propia[541]. En Torremayor, después de reunir una buena cantidad de aceite, garbanzos, chacina, etc., «los repartieron entre todas las familias del Frente Popular»[542]. La derecha de este pueblo también se quejó de que los propietarios eran obligados a dar trabajo a todos los que designaba el Comité. En Zarza de Alange dictaron un bando solicitando de todo el vecindario la entrega de grano y alimentos «para sostener a la clase obrera»[543]. En algunos pueblos, caso de Hinojosa del Valle, lo que quedaba después del reparto lo destruyeron antes de que llegaran los fascistas. En Almendralejo

se incautaron de la cosecha de garbanzos del conde de Bagaes. Los iban segando y acarreando hasta una era… Los trillaron y los limpiaron; diez pesetas daban los del comité por ir a trabajar allí. Cuando entraron las tropas nacionalistas, los garbanzos estaban en la era; no sé quién se los llevaría luego. (…). Algunos se habían estado trayendo algo de garbanzos a sus casas; había hambre y se comían unos pucheros de cocido tan grandes que quedaban como sapos toda la tarde durante la siesta[544].

Las venganzas por las requisas de alimentos debieron ser muy duras. Sabemos el caso de José Zahíno Gallego, encargado en Valle de Santa Ana de la incautación de productos para la UGT. Una vez ocupado Jerez de los Caballeros, y cuando se encontraba allí hospitalizado por haber recibido un disparo en la pierna, fue torturado en presencia de su madre y devuelto al pueblo. Allí el médico, puesto que sabía su final, se negó a curarlo, muriendo finalmente a fines de octubre de 1936 por gangrena tras haber sido sometido a varios simulacros de fusilamiento[545].

En ocasiones algunos propietarios fueron obligados a pagar jornales no devengados, hecho del que tenemos constancia en los casos de Ribera del Fresno[546], Puebla de la Calzada[547] y Villafranca de los Barros, donde «hicieron pagar a casi todos los propietarios de esta población infinidad de jornales que no habían sido devengados»[548]. En Olivenza, por ejemplo, según el corresponsal de un periódico de Elvas, se exigió a los propietarios los jornales no pagados desde 1832 (supongo que se trata de un error y que debería ser 1932) que en algunos casos se cifraron en más de cincuenta mil pesetas[549]. En otras ocasiones, caso de Valverde de Mérida, simplemente fueron multados, dándoseles la opción de pagar en dinero o en grano[550]. También se obtuvo dinero por otros motivos, como por ejemplo comprar la libertad, caso de la ya citada Villafranca, o para mantener a la gente que venía huyendo de otros pueblos ya ocupados, lo que ocurrió en pueblos del sur de la provincia como Segura de León[551]. Uno de los relatos más pormenorizados con el que contamos y que muestra hasta qué punto influyó en los días rojos la política represiva del bienio negro es el que sobre lo ocurrido en Talavera la Real realizó el propietario Avelino Villalobos Guerrero, uno de los supervivientes de la matanza final que tuvo lugar en este pueblo:

Lo primero que me robaron después de detenido fueron ciento cincuenta fanegas de habas que tenía en la era limpias, con sus envases correspondientes, después el comité me asignó una cuadrilla de nueve segadores, para el término de Talavera, teniendo la siega terminada y exigiéndome pagar esa cuadrilla, pagándole dos semanas que importaron MIL CUATROCIENTAS CUARENTA Y NUEVE pesetas, habiéndole pagado antes de asignarme la cuadrilla 18 jornales a 11,50 ptas. sin haber segado, por la anormalidad de la situación; ahora vienen los del término de Badajoz, que eran seis; trabajaron veinte días, que segaron cuatro fanegas, y luego se presentan los que tuve en la máquina trilladora reclamando MIL CIENTO TREINTA Y CINCO ptas. por horas extraordinarias del año pasado. Y como no tenía dinero, me llevaron de casa sesenta y siete fanegas de trigo; además me obligaron a pagar lo que correspondía a mi cuñado, que no pudieron detenerlo por encontrarse en Badajoz. El Voz Pública me sacó CIENTO CUARENTA ptas. por el tiempo que había estado cesante, como indemnización. Después vino un tal José González que me sacó CIENTO VEINTE ptas. por el mismo concepto. (…). Para hacerse una idea, baste decir que al fusilado Ramón Juez Fernández le exigieron el importe de horas extraordinarias de 1931 y como este caso miles, pues había días que estaban puestos en cola todos con el mismo fin.

Y ahora vamos con algunas cuentas que nos exigían mancomunadamente a todos los detenidos. Primero un recibo firmado por dos del Comité exigiendo 600 ptas. de indemnización por el tiempo que estuvieron presos en la cárcel, otra de 1560 ptas. por un guarda que estuvo cesante, otra de 400 para otro preso, y después otras que ellos mismos veían que era imposible, y entonces exigían que les diésemos una nota para que en nuestras casas les diésemos víveres. Además nos obligaban a que les pagásemos a los que hacían guardia el jornal de 11,50 ptas. diciéndonos que por causa nuestra estaban ellos parados y no segaban, además un documento privado en cuyo encabezamiento dice así: Los abajo firmantes nos comprometemos mancomunadamente y solidariamente a abonar en concepto de indemnización la cantidad de CIENTO ONCE MIL DOSCIENTAS SESENTA Y CINCO PESETAS por haber estado presos año y medio en Ocaña y a Fulano, Zutano y Perencejo, con un total de treinta y seis nombres, respondiendo al pago con todos nuestros bienes presentes y futuros. (…). Tuvimos que firmar todos el documento[552].

En Guareña, uno de los pueblos de Badajoz donde la represión de izquierdas fue más dura, se les obligó a firmar cheques[553]; igual pasó en Roca de la Sierra[554]. En Alconchel los propietarios fueron obligados a pagar los domingos y horas extraordinarias trabajadas en la siega desde 1930 a 1936[555]. Estas cuestiones de dinero también afectaron en ocasiones a los curas, caso del de Villagarcía de la Torre, Rafael Valencia Valencia, al que le fueron incautadas 1200 pesetas[556].

Contamos con el testimonio del terrateniente y ganadero salmantino Lisardo Sánchez, uno de los mayores propietarios de Badajoz. Preocupado por sus hijos y por sus propiedades se dirigió a la capital extremeña el 15 de agosto. De su finca de Botoa se habían llevado ganado tres o cuatro veces y «Valdeherreros» había sido ocupada por 500 campesinos de Puebla de Obando. Se quejaba de que le habían destrozado los santos de un altar existente en la finca. En sus escritos a El Adelanto narró sus impresiones y sin problema alguno contó que los bombardeos franquistas comenzaron el 7 de agosto y que habían sido tan intensos «que en casi todas las calles de Badajoz han caído bombas». ¡Pero cómo ha quedado Badajoz!, escribió. El resultado: casas destruidas, muertos y heridos. En los días previos a la llegada de las columnas se produjeron huidas masivas que nadie pudo controlar. Testigo de la represión ofrece sólo diez días después de la ocupación el siguiente testimonio:

Es algo horrible ver los muertos a montones por las calles. Tres días han tardado tres camiones en limpiar la capital de cadáveres, a pesar de colocarlos en posición vertical para poder transportar más al cementerio, donde eran quemados en imponentes montones.

Dos de sus hijos fueron apresados y reconocidos en pleno campo por milicianos, pero el propio Lisardo Sánchez reconoce que, ante la posibilidad de que los fueran a asesinar, uno del grupo intervino en su favor; luego unas mujeres pidieron que no los mataran, y finalmente el comité más cercano impidió que cayeran en manos de unos forasteros que pretendieron llevárselos. Sánchez, que regresó a Salamanca poco después, concluye diciendo que no cesan de pasar cientos de camiones cargados de legionarios y regulares[557].

Los formularios enviados a la Auditoría de Guerra informan de dos aspectos interesantes: la actuación de los sindicatos, huelgas o reparto de obreros y las coacciones ejercidas sobre los patronos con motivo de los pactos de trabajo. En este sentido el formulario de Casas de Reina responsabilizó de todo al Comité Revolucionario, dirigido por Cesáreo Cabezas, Manuel Méndez Alexandre y Francisco Guerra Tena, y acusó a un tal Mayoral, delegado del gobernador civil, de obligar a los patronos a firmar el pacto obrero para solucionar la crisis del trabajo[558]. En Ribera del Fresno, durante la manifestación del 1.º de mayo «dieron aviso para que los patronos hicieran por voluntad lo que si no tendrían que hacer por la fuerza impuesta por la masa obrera», para lo cual crearon milicias que hacían ejercicios por las tardes a las órdenes de Juan José Godoy González y José Moro Rodríguez. La derecha de Ribera también denunció el boicot de que sus empresarios y comerciantes fueron víctimas a partir de las elecciones de febrero. Tampoco se había olvidado cómo se firmó el pacto de trabajo el 23 de marzo del 36. El pueblo, hombres, mujeres y niños, rodeó el Ayuntamiento, y los patronos, tanto al entrar como al salir, tuvieron que pasar entre ellos escuchando: «De aquí no sale un señorito hasta que no firme». A los que no firmaban el pueblo les impedía salir. El alcalde Ignacio Caña Exojo hubo de mediar para que se permitiera salir a Genaro Durán García y a Antonio Vicente González, propietarios de Villafranca que habían delegado en él. El informe daba hasta los nombres de quienes más se señalaron: José Guerrero Rodríguez, Fernando Rodríguez, Antonio Monzú Solís, José Tavero Toro, Manuel Martín Monzú, Antonio Brazo González, Ángel Jiménez García, Isabel Ledesma Vargas, Cándida Fernández Ortiz, Luisa García Chavero, Pilar Ortiz Ledesma y María Antonia Sáez Pavo. El resultado de aquel pacto de trabajo fue: un obrero por cada 1200 pesetas de líquido imponible con un jornal de 4,75 hasta el 15 de mayo siguiente[559].

En Cheles, los patronos representados por Rafael Díaz Ambrona se quejaron de que el pacto de trabajo firmado en mayo —los representantes obreros fueron Manuel Rodríguez Huertas, Valeriano Valencia Contador, Adolfo Rosado Mayorga, Carlos Caramelo de los Santos y Sixto Sánchez— se hizo mediante violencia y bajo la amenaza de que si no firmaban perderían sus propiedades[560]. El formulario de Valverde de Leganés expresa bien lo que la derecha quería exponer en estas quejas. Los «sindicatos marxistas revolucionarios» ejercitaban todo tipo de coacciones y declaraban huelgas cada vez que les apetecía. Y añadía:

Por llevar más de 30 años de existencia la Casa del Pueblo era el sitio donde imponía la necesidad de obligar a la clase patronal al pago de jornales abusivos como consecuencia de recortar horas de trabajo[561]…

Para la derecha de Santa Marta, aparte de tener que aceptar los pactos de trabajo —si los patronos se negaban los obreros eran enviados a las fincas y luego pasaban a cobrar el jornal, hubieran trabajado o no—, en los meses del Frente Popular

se desencadenó una verdadera anarquía, con coacciones, amenazas y encarcelamientos el 19 de marzo de 1936, debido a no aceptar un pacto de trabajo con bases desde luego ruinosas a la explotación agrícola y ganadera; tal determinación obedeció a órdenes del Gobernador Civil y Delegado Provincial de Trabajo y Alcalde de aquella fecha, este último llamado Francisco Romero Marín en unión de los dirigentes de la llamada Casa del Pueblo, llamados García Carballo Rosas, José Sanabria Tinoco, Jerónimo Rueda Benítez, Aquilino Megías Rangel, Francisco Amado Rangel, Francisco Pozo Rosario y el cabecilla Juan Vázquez Pérez (c. p.) «El de los Pollos» en compañía de otros varios[562].

En Olivenza, como en la mayor parte de los pueblos, durante los meses del Frente Popular, en que según el alcalde Joaquín Piriz «el ambiente era francamente revolucionario e inmoral», se hicieron dos o tres repartos de obreros. Los patronos que se negaban, caso del médico Manuel Gómez González o Francisca Cebada, fueron encarcelados por orden del gobernador civil[563].

En este tipo de hechos consistió básicamente la lista de agravios con que la derecha justificó a posteriori la represión salvaje de 1936.

DEL GOLPE MILITAR A LA CONTRARREVOLUCIÓN AGRARIA

Todos seremos hermanos en la gran España que amanece. Y ¡ay!, de quien se cierre a ese hermandad. El nuevo estado dejará libertad para el bien y el deber, pero con la fuerza implacable de su virilidad juvenil e insobornable suprimirá las tendencias al mal. Quien no sea bueno de grado lo será por la violencia. Ningún prejuicio liberal podrá impedirlo.

BALDOMERO DÍAZ DE ENTRESOTOS,

en Falange, Mérida, diciembre

de 1936, p. 3.

Nuestra revolución, señores, no es una revolución adjetiva. Es la revolución integral, la revolución total, la Revolución en suma. De ella es sólo una parte la revolución agraria.

RAFAEL CAVESTANY DE ANDUAGA,

funcionario del IRA y ministro

de Agricultura con Franco (1956)

El golpe militar del sábado 18 de julio cogió a los campesinos trabajando, en plena cosecha. José Yerga Lancharro, que volvía con sus hijos de la siega a primeras horas de la tarde, notó «algo raro en las caras de las personas que nos cruzamos, algunos nos comentan algo así como que el ejército (…) se ha sublevado en algunas capitales de provincias… Descargamos en la era y marchamos a casa, donde encontramos a la familia comentando lo que ya se conocía por medio de la radio instalada en el balcón del Ayuntamiento…»[564]. Esta escena recoge fielmente lo ocurrido en la mayoría de los pueblos. Los movimientos que la Falange hace en numerosos pueblos para actuar de manera conjunta con la Guardia Civil resultaron fallidos si exceptuamos el caso de Villanueva de la Serena, con fuerte presencia de la Guardia Civil por ser zona de reclutamiento, quizá por la peculiar personalidad del capitán Manuel Gómez Cantos; y el caso de Quintana de la Serena, donde, tras varios días de indecisión, la Guardia Civil allí concentrada por ser cabecera de línea (28 números), siguiendo órdenes del mencionado Gómez Cantos, intentó en la tarde del día 20 ocupar el Ayuntamiento. Las negociaciones entre el cabo Maraña, al mando de la fuerza, y el alcalde Diego Carmona Prieto se prolongaron dando tiempo a que tanto en el Ayuntamiento como en la plaza se colocasen hombres armados y que la gente desde las calles adyacentes lanzara gritos contra los sublevados, ante lo cual la Guardia Civil se replegó sin hacer un disparo. Fue más tarde, con el cuartel ya rodeado para evitar nuevas salidas, cuando comenzó el tiroteo, lucha que concluyó con el asalto al cuartel unos días después con la rendición de los guardias civiles, a los que se respetó la vida. Por todo ello, el gobernador Granados felicitó a las autoridades locales y fuerzas de Asalto, que se encargaron de trasladar a los guardias a Badajoz[565]. Sin embargo, lo normal fue que la Guardia Civil aconsejara prudencia y un poco de calma a los falangistas o, lo que fue más común, que directamente fuesen detenidos por las autoridades locales. Sería el caso de Villafranca, donde los falangistas allí refugiados desde la noche del 17 tienen que salir del cuartel al mediodía siguiente, o el de Almendralejo:

Al producirse la sublevación del ejército de África, y dada la tensa situación, hubo varias personas en Almendralejo que se presentaron en el cuartel de la Guardia Civil para ofrecerse si fuera necesario. Algunos de ellos iban armados, pero la Guardia Civil los mandó para casa y ordenó que dejasen allí las armas. Más tarde los guardias se marcharon de la población sin devolver las armas que se les habían entregado[566].

La marcha desde Sevilla a Madrid comenzó el 2 de agosto. Las columnas ocuparon Mérida el día 11 y Badajoz el 14. En doce eternos días recorrieron, pues, los doscientos kilómetros que separan Sevilla de Mérida, teniendo, como se ha dicho, que tomar pueblo a pueblo y enfrentarse a campesinos mal armados, cuando no desarmados, a lo largo del recorrido. Las columnas van limpiando el terreno de enemigos sobre el terreno. Sólo excepcionalmente ha quedado huella gráfica de estas masacres (Anexo III). Los choques más serios, con presencia de fuerzas de la guarnición de Badajoz —y digo con presencia, más que con intervención—, se produjeron a partir de Los Santos de Maimona y sobre todo en Almendralejo, Mérida y Badajoz. Como demostró la ocupación de la capital la mayor parte de la guarnición estaba deseando pasarse a las columnas facciosas, por lo cual su acatamiento de la legalidad y a las órdenes recibidas de las autoridades republicanas fue más aparente que real. De hecho, la unión de militares y milicianos en la lucha contra un enemigo común se mostró imposible[567].

Una de las primeras órdenes que los sublevados dan en todos los pueblos es precisamente la reposición de las bases de trabajo que regían antes del 16 de febrero de 1936. En algunos casos esta medida se acompaña de comentarios surrealistas como éste:

HAGO SABER: Que según acuerdo de dicha Junta deben ser respetadas las bases de trabajo que regían antes del 16 de febrero del corriente año, pues en la obra de saneamiento social que se ha emprendido, es forzoso evitar persecuciones al obrero honrado, que en su inmensa mayoría es irresponsable de las locuras cometidas por sus dirigentes. Los patronos deben esforzarse con su conducta en demostrarles la buena acogida que todos deseamos, y si algún patrono llegase a desoír estas razones de conciencia sería objeto de la sanción a que se hiciese merecedor[568].

Esto se leía en el bando dictado en Olivenza dos días después de su ocupación, un pueblo donde serían asesinadas en los meses siguientes más de ciento treinta personas, la mayoría campesinos.

El 25 de agosto, el nuevo gobernador civil colocado por los golpistas, Marciano Díaz de Liaño Facio, publica una circular que toca varias cuestiones importantes. Partiendo de las «innumerables detenciones» ordenadas por el gobernador y los alcaldes salientes por el delito «de ser personas de orden» y de los abusivos «pactos de trabajo», ahora, «el Ejercito español viene a dar fin a esta sarta de abusos e inmoralidades», por lo que se acuerda la libertad inmediata de todos los detenidos gubernativos y

quedan condonadas todas las multas gubernativas impuestas a partir del 16 de Febrero último por cuestiones políticas y sociales que no hubieren sido aún abonadas, suspendiendo los Juzgados los procedimientos de apremio que actualmente tramiten para hacerlas efectivas[569].

Y sólo unos días después, el 28 de agosto, la llamada «Junta de Defensa Nacional» presidida por Cabanellas, es decir, la Junta Militar golpista, hacía público el decreto 71 sobre yunteros[570]. Su intención, según decía, era subsanar las injusticias a que dieron lugar los decretos de 3 y 14 de marzo del Ministerio de Agricultura, pero en realidad, como se vería pronto, lo que buscaba era borrar todo lo hecho en cuestiones agrarias desde 1932. Sin embargo, con la idea de no interrumpir la explotación de las tierras afectadas por dichos decretos, la Junta Militar pretendía asegurar la continuidad de esas explotaciones en tanto que los yunteros fuesen transformados en colonos o aparceros. Con esta idea se decretó que allí donde se hubieran preparado barbechos se realizara la sementera[571]. Para realizar dichas tareas serían elegidos en primer lugar los arrendatarios, colonos, yunteros o medieros expulsados de las tierras que cultivaban por la aplicación de los mencionados decretos de marzo. Uno de sus artículos imponía a los que sembraran los barbechos no labrados por ellos la obligación de pagarlos a quienes los realizaron. Las cuestiones añadidas las resolverían los técnicos del IRA. En realidad, la intención del decreto, como ya expuso en su momento Ángel Paniagua, no era otra que neutralizar el artículo 10 de la Ley de 14 de marzo que convertía las ocupaciones en asentamientos[572]. En un informe oficial posterior se lee:

En cumplimiento del Decreto n.º 71 y de las normas complementarias dictadas por la Comisión de Agricultura y Trabajo Agrícola se procedió durante el año agrícola 36-37 a la entrega a cultivadores con medios propios de los barbechos realizados por los llamados yunteros, fijándose las rentas que habían de pagar a los propietarios de las fincas y exigiendo el ingreso en las cuentas corrientes de las Jefaturas provinciales del importe de los barbechos realizados por yunteros pasados al campo rojo o declarados desafectos al Glorioso Movimiento Nacional[573].

En este mismo sentido el decreto 74, de igual fecha que el anterior, reconocía que no era conveniente interrumpir los planes aprobados y aplicados por el IRA para las explotaciones agropecuarias en comunidad, con lo cual hasta que no se afrontara una reforma agraria «definitiva, bien orientada, justa y eficaz» convenía esperar, aunque eso sí, contando con «pequeños labradores y obreros idóneos para ser asentados, acreedores de este beneficio y conscientes de su misión y obligaciones». Es decir, había que seleccionar al personal. Los Servicios Provinciales del IRA pasaban a estar fiscalizados por la Junta de Defensa y los gobernadores civiles se encargarían de revisar los nombres de los funcionarios de las Juntas Provinciales de Reforma Agraria. El artículo final del decreto 74 decía:

Por las Juntas Provinciales de Reforma Agraria, previo informe de los Servicios Técnicos, se procederá a la destitución de aquellos asentados que no cumplan las condiciones legales o no tengan aptitudes para serlo, designando nuevos beneficiarios que cubran estas vacantes y las que por otras causas pudieran existir[574].

Dentro de esas «otras causas» estaban evidentemente los casos de quienes habían huido, quienes habían sido detenidos o quienes habían sido asesinados. Un bando posterior, del 23 de septiembre, del comandante militar Eduardo Cañizares impuso manu militari a los patronos el pago íntegro del jornal que recibiesen con anterioridad a aquellos obreros que se hubiesen incorporado a las diferentes unidades militares o paramilitares[575]. Obsérvese el estilo de este requerimiento, muy común en las semanas siguientes a la ocupación en todos los pueblos de la zona:

Esta Comisión Gestora invita a V. a contribuir a la suscripción habierta (sic) a favor de nuestro glorioso Ejército rogándole indique la cantidad con que voluntariamente piense contribuir a ella. Advirtiéndole al propio tiempo que si dicha cantidad fuese mezquina en relación a su posición se vería obligada a fijarle mayor cuota; es época de sacrificio y cada cual debe hacer un esfuerzo para que la suscripción sea lo más lucida posible. Deben tener en cuenta que cuanto tienen, incluso la vida, se la deben al esfuerzo de nuestro glorioso Ejército. Reina a 12 de septiembre de 1936[576].

O éste de Ribera del Fresno:

Manuel Ponce Brazo, Comandante Militar de esta plaza,

Hace saber: Que queda abierta la suscripción a favor del Ejército Salvador de España, invitándose a todo el vecindario a que contribuya a la misma, pudiendo hacerlo en metálico, especies, y sobre todo en alhajas de oro.

No hace falta resaltar la deuda que tenemos contraída con el Ejército que ha vuelto la tranquilidad a nuestros hogares y está trabajando por la salvación y engrandecimiento de nuestra España. Es justo que le entreguemos algo de lo que es nuestro ya que sin él a estas horas lo hubiéramos perdido todo, incluso la vida. Por tanto no dudo que todo buen español sabrá corresponder a esta invitación, patentizando su agradecimiento al Ejército y amor a la Patria.

Los donativos se reciben en la oficina establecida al efecto en estas Casas Consistoriales.

Ribera del Fresno 28 de agosto de 1936[577].

Muy pronto los propietarios supieron que la salvación de sus propiedades no les iba a salir gratis[578]. Todos, personalmente o a través de sus representantes, tuvieron que pasar por caja. El decreto 128 de 24 de septiembre —«considerando por otra parte que los llamados asentamientos en dichas fincas se han realizado generalmente a base de campesinos y jornaleros de oficios varios, elegidos de censos amañados por entidades declaradas contrarias al movimiento nacional que en estos momentos vivimos»— desarrollaba la devolución de las fincas a sus antiguos propietarios (todas las entregadas a los asentados tras el 16 de febrero salvo las que hubiesen sido cedidas al IRA en pleno dominio); y el 133, de día 28, aclaraba que las fincas en que los asentados renunciasen a la ocupación serían devueltas a los propietarios y, sobre todo, que «las fincas rústicas invadidas por campesinos o jornaleros, con posterioridad a la fecha de dieciséis de febrero de mil novecientos treinta y seis, cuya situación no haya sido legitimada por la Superioridad», quedaban a disposición de sus dueños, siendo anulado todo acuerdo o contrato anterior. Y añadía: «Los propietarios no tendrán la obligación de satisfacer las labores que en las mismas hayan realizado los intrusos».

Si a éstos unimos dos decretos de 1939 que complementaban el 133 autorizando la devolución de las fincas hasta entonces explotadas por los Servicios de Reforma Agraria, y el decreto final de liquidación definitiva de la reforma agraria de 23 de febrero de 1940, ya con el Instituto Nacional de Colonización en marcha, tenemos el panorama completo. Es por este decreto final, como afirmó José Sorní Mañés, por el que se entregan a sus propietarios todas las fincas ocupadas a partir de 1932, es decir, lo que quedaba por devolver, legalizando así «las ocupaciones de fincas realizadas durante la guerra por sus anteriores propietarios y que, hasta entonces, no habían tenido base jurídica para hacerlo»[579]. La contrarreforma agraria se había consumado o, como escribió Emilio Gómez Ayau, ingeniero agrónomo franquista: «Se borró la pizarra hasta el borde», hasta el punto de que las propias palabras «reforma agraria» desaparecieron de la terminología oficial hasta la creación del IRYDA en 1973. No obstante, dado ese vacío legal, y como escribió Carlos Barciela, más que de contrarreforma hay que hablar de contrarrevolución[580]. He aquí el resultado de los diferentes decretos[581]. (Véase cuadro IX).

La argumentación de Barciela es contundente: si la reforma agraria republicana afectó a 6,3 millones de hectáreas y a la altura de 1946, según fuentes oficiales, habían sido devueltas cerca de medio millón, ¿qué pasó con el resto? Resulta evidente que, salvo varias fincas que quedaron en poder del INC (18 000 ha) todas habían sido ocupadas por sus antiguos dueños sin control alguno y apropiándose de todo lo que encontraron (cosechas, ganado, maquinaria[582]). Efectivamente, aunque no lo recogiera decreto alguno, lo cierto es que desde que las columnas militares penetraron en la provincia estaba teniendo lugar una verdadera contrarrevolución agraria que muy pocas veces dejó huella documental. Como en tantas otras cosas, los golpistas actuaron en estas cuestiones dejando que la realidad fuera por delante de la legislación. Es interesante, por ejemplo, la circular de 24 de septiembre de 1936 del gobernador Díaz de Liaño. Desde el 13 de ese mes todos los partidos políticos y sus correspondientes asociaciones, agrupaciones y sociedades que habían integrado el Frente Popular quedaron fuera de la ley, al igual que las que sin pertenecer a él se hubieran opuesto al «movimiento nacional» (decreto 108 de la Junta de Defensa). Por ello, se animaba a los alcaldes a que, dando cumplimiento al artículo segundo de ese decreto, se incautaran de todos los bienes pertenecientes a ellas, «dando cuenta a este Gobierno en relación detallada por cada Sociedad o Agrupación declarada fuera de la Ley». Como todo el mundo sabía, estas incautaciones estaban teniendo lugar desde el momento en que cada localidad era ocupada. En La Garrovilla, por ejemplo, donde Falange había instalado su cuartel desde agosto en la sede de la agrupación local de la FETT, dejaron constancia de ello incluso en los libros de actas municipales: «… enterados los señores gestores [del decreto 108], acordaron que se confisque el edificio donde tenía la Sociedad de Obreros de la Tierra, de carácter socialista, su domicilio social, que era propio de la misma por haberlo construido de nueva planta y se ponga en conocimiento y a disposición del Excmo. Sr. Gobernador de esta provincia»[583].

CUADRO IX
La contrarreforma agraria en cifras (1936-1940)
Decretos | N.º de fincas | Superf. devuelta en ha
En virtud del D. 74 | 117 | 55 549
En virtud de los D. 128 y 133 | 96 | 125 463
En virtud de la O. M. de 25/03/1939 | 85 | 156 220
En virtud de la O. M. de 7/09/1939 | 58 | 55 832
En virtud de la Ley de 23/02/1940 | 89 | 53 439
TOTAL | 445 | 456 503

EL GRAN SAQUEO

En Villafranca, como en todos los pueblos —primero por parte de la columna ocupante, luego por el vecindario y finalmente por las fuerzas que pasaban de vez en cuando—, fueron asaltados numerosos domicilios de personas de izquierdas y locales como la imprenta Rodríguez, una de las dos que había en la localidad, y la Casa del Pueblo, ocupada de inmediato por Falange. Algunos saqueos, como el de la casa de Ángel Medel Carreras, al que se sumaron numerosos vecinos de derechas, se convirtió en un espectáculo[584]. Medel había actuado de delegado gubernativo en varios pueblos de la comarca para la reposición de cargos municipales tras las elecciones de febrero y también era agente ejecutivo del Ayuntamiento desde mayo. La Falange también se apropió de la máquina de coser de la maestra asesinada Catalina Ribera, lo que motivó que la Casa Singer planteara quién iba a pagar los plazos que faltaban por cobrar. Igualmente fueron incautadas a principios de septiembre las propiedades de los dirigentes locales y foráneos, como la bodega que Armengol Sempere y el alcalde Sinforiano Madroñero tenían en la localidad. Con la colaboración de los bancos locales (Banesto, Banco del Oeste e Hijos de Francisco Trigo Marcos) fueron intervenidas igualmente las cuentas de todos ellos. La bodega de Esteban Zapata Lara y Hnos. fue incautada

por ser este individuo de marcada significación extrema y desempeñar el cargo de Teniente de Alcalde en el anterior Ayuntamiento, siendo uno de los que han uido (sic) de esta localidad. También se ha procedido a la incautación de cantidad que figura en cuenta corriente en Banesto a nombre de un hermano del Sr. Zapata por tener la seguridad de pertenecer en parte a Esteban Zapata Lara que tenía negocios al amparo del nombre de su hermano [Álvaro]. Se trata de personal que formaba parte de organizaciones directivas en el marxismo, lo que comunico[585]…

Hablamos de 400 fanegas de cebada y de una cuenta de 23 000 pesetas en Banesto. Al concejal socialista Antonio Torres Marín también le fueron incautadas 20 fanegas de cebada y 50 de trigo. Igualmente pasaron a poder de los ocupantes el molino de pienso de Fernando Molano y la fábrica y la maquinaria de la panadería del alcalde Jesús Yuste —«tratándose de personas de significación política tan extrema y que como se dice anteriormente formó parte del Ayuntamiento y de organizaciones directivas del marxismo, esta Gestora creyó de gran utilidad esta medida»—,[586] así como los bienes del chófer Florián García «por su participación como marxista en los actuales sucesos». Todo lo que podía ser vendido era subastado posteriormente si no se perdía en el camino. En un pueblo medio como Burguillos del Cerro, un informe-resumen de 1939 establece que de 27 de los 43 expedientes de incautación instruidos, entre ellos a la Casa del Pueblo, se obtuvo 11 090 pesetas[587]. También fue Falange la que incautó la casa propiedad de la Sociedad Obrera de Resistencia de Valencia del Mombuey, llegando a inscribirla en el Registro de la Propiedad a nombre de un particular[588]. La furia incautadora era tal que a fines de septiembre el Gobierno Civil tuvo que avisar a los ayuntamientos que «las incautaciones de bienes de elementos marxistas» debían ser comunicadas a los Juzgados de 1.ª Instancia[589]. En ocasiones es la propia documentación generada por los vencedores la que nos informa de esta rapiña sistemática, como este caso de Valverde de Leganés, ocurrido en los primeros días de enero de 1937 y que dio lugar a la apertura de un sumario en la Auditoría de Guerra de la Segunda Región Militar:

MANIFESTACIONES DE MARGARITA MÉNDEZ SILVA, TERESA ORTIZ GUISADO Y ROSARIO DUARTE TREJO. Estas tres viudas se presentan y manifiestan que sus maridos se vinieron a presentar al pueblo acogiéndose al Bando de Perdón del Generalísimo, y que en la carretera se encontraron con unos jinetes de Falange que iban al mando de Avelino Berrocal y les dijeron que venían a entregarse voluntariamente, acogiéndose al amparo de dicho bando, que les dijeron no les pasaría nada y los llevaron a un cortijo llamado «El Higueral» y que esto fue el dos de enero último por la mañana y que por la tarde los fusilaron. Que a Teresa Ortiz le quitaron un burro, una burra y dos fanegas de cebada más unas gallinas que tenía y que le queda una hija de trece años de edad. A Rosario Duarte Trejo le quitaron un burro y le han quedado cinco hijos, todos ellos en el mayor desamparo, siendo el mayor de estos de catorce años. A Margarita Méndez Silva le han quedado cuatro hijos, y manifiestan que la muerte de sus familiares se la atribuyen a don Andrés Serrano, jefe de Falange, y a don Conrado Calvo, jefe de Milicias de dicho pueblo, y que sus familiares fueron enterrados en el campo[590].

Otro caso similar tendría lugar en Don Álvaro (Badajoz), donde la vecina Ceferina Camacho aprovechó una comparencia sobre el fusilamiento de un menor (Higinio Parejo Montero) y el de sus propios padres a manos de la Guardia Civil y de Falange para denunciar que el 29 de octubre de 1936 fueron robados de la casa de su padre cuatro cerdos, trece gallinas, once fanegas de grano, ocho varas de pana y 5000 pesetas. El responsable, Manuel Colomo Agudo, jefe de Falange, admitió haberlo hecho —le acompañaron tres falangistas más— e incluso dio los nombres de los significados derechistas (el propietario Benito Solís, que se quedó con los cerdos; el presidente de la nueva gestora, el panadero Demetrio Carvajal, que se apropió del grano) a quienes a cambio de cierta cantidad adjudicó lo más valioso salvo las gallinas, que «fueron llevadas al corral donde estaban las demás gallinas requisadas a los rojos». Pese a las dificultades y carencias de la documentación, la investigación demostró que en total fueron «requisados» a los rojos de Don Álvaro 21 cerdos, 314 fanegas de cebada, 45 de chícharos y 70 de habas. De éstas quedaron sin justificar los beneficios obtenidos por la venta de 116 fanegas de cebada, 11 de chícharos, 19 de habas, un cerdo y varias caballerías. También se pudo demostrar que algunos de los compradores no habían pagado todo lo que debían (el comprador de los cerdos, por ejemplo) y que otros (el subjefe de Falange Joaquín Suárez) hicieron negocio comprando a un precio a Falange y vendiendo a otro superior a los particulares. Por supuesto el caso fue finalmente sobreseído[591].

Los grandes robos de los que no quedó constancia alguna se vislumbran por otro tipo de documentos. Así, en octubre de 1938, el comandante de la Guardia Civil Manuel Gómez Cantos, entonces delegado de Orden Público de Badajoz, aprovechó el sumario abierto en la capital extremeña sobre la desaparición de géneros y demás efectos robados como botín de guerra —vendidos luego y posteriormente devueltos por sus compradores, tras un bando de Yagüe, a la Guardia Civil— para implicar directamente al jefe de la Comandancia, el teniente coronel de la Guardia Civil Manuel Pereita Vela. Según declaró el mayor beneficiado de dicho bando, que ponía a su disposición todo material de procedencia roja, fue el propio Pereita quien de un día a otro pasó a disfrutar de una considerable fortuna en tierras y ganado. Citaba Gómez Cantos como ejemplo el ganado de uno de los hermanos Pla, asesinado en Badajoz y cuyo beneficio había ido al completo para Pereita[592].

De similar gravedad fue el caso del también guardia civil Ernesto Navarrete Alcal, comandante militar de Fuente de Cantos y jefe de una columna que participó en la ocupación de numerosos pueblos[593]. En este caso es Falange —su jefe local, Sixto Castillón—, sin duda en no muy buenas relaciones con el poderoso guardia civil, la que denuncia las andanzas de Navarrete. El informe lo eleva a primeros de diciembre del 36 al jefe nacional de 1.ª Línea, en Salamanca, el jefe provincial Arcadio Carrasco, quien comienza por enmarcar al capitán Navarrete como casado con la hija del cacique local de Fuente de Cantos, «donde radican las fincas que les quedan de lo que un día fue cuantioso patrimonio». Carrasco veía un caso de incompatibilidad moral y material en el hecho de que Navarrete se hubiera erigido en comandante militar de aquella zona, y como prueba de su estilo mencionaba cómo había prohibido a clases y oficiales a su servicio que se pasaran a Falange o cómo se había apropiado para él y los suyos de los vehículos incautados, sin ceder ni uno para su servicio a los jefes falangistas. Llega a detallar que incluso no paga lo que consume en ciertos bares, preguntando a los dueños «si a los militares en tiempo de campaña también les cobran». Pero eso no era lo peor. Lo primero que hacía al ocupar un pueblo era apoderarse de todo el grano y de lo que pudiera (tejidos, máquinas de coser, etc.) y transportarlo todo a Fuente de Cantos:

En todos los pueblos por donde ha pasado la ya citada jarca (sic) ha «racciado» (sic) todo cuanto encontraba a su paso de objetos, granos, ganado, etc. trasladándolo a Fuente de Cantos, a unos almacenes que tienen dispuestos para ello y donde nunca se sabe lo que entra ni lo que sale, aunque desde luego los objetos de arte o de algún valor han sido llevados a las casas de sus familias, dándose el caso pintoresco de un médico del pueblo de Llera, persona de orden y que se presentó en Fuente de Cantos a reclamar un aparato de radio que se habían llevado de su casa, dicho aparato estaba en casa de un cuñado del capitán.

Según Falange, el grano requisado por Navarrete y sus hombres sumaba 134 619 kilos de trigo, 76 707 kilos de cebada, 21 518 de avena, 10 161 de chícharos y 7735 de habas. El informe del jefe local de Valencia de las Torres, Julio Sánchez, al jefe provincial decía:

Pongo en tu conocimiento que al entrar en esta población el Ejército Salvador de España, por las Milicias de Fuente de Cantos, que quedaron de guarnición en la misma, se procedió a la incautación de unas 3000 fanegas de trigo y cebada, de una cantidad considerable de tejidos y de varias máquinas de coser que retiraron a dicho pueblo. Debo significarte que todos los granos, tejidos y la mayor parte de las máquinas eran de personas de derecha[594]…

También aludía Carrasco, que además de abogado y falangista era propietario, al dinero recaudado en concepto de multas y donativos, cuyo destino tampoco se conocía, y al reparto de colchones y otros objetos requisados entre las prostitutas de Fuente de Cantos, hecho que llevó al jefe provincial de Falange a plantarse ante el gobernador civil y presentar la dimisión colectiva de todas las gestoras falangistas, dimisión que no le fue admitida. Como era de esperar el problema quedó en nada. Al fin y al cabo lo que hacía Navarrete era lo que estaban haciendo casi todos en mayor o menor medida; el único problema es que Navarrete no era falangista. Pero no se vaya a creer que los falangistas no participaban del botín al mismo nivel que los militares. Los de Villanueva del Fresno tuvieron que explicar en el Juzgado Militar número 4 de Badajoz cómo repartieron las semillas previamente incautadas entre los afiliados a su Sindicato Obrero con conocimiento de la Superioridad, quien con motivo de la siembra ordenó verbalmente tal medida, existiendo únicamente recibos de la cantidad recibida por cada uno[595].

Buena parte del patrimonio de las comunidades y, por extensión, el del IRA desapareció. Un informe del Servicio Provincial sin fecha (posterior al decreto de Unificación de abril de 1937) detalla lo que ha desaparecido de las fincas intervenidas «como consecuencia del Glorioso Movimiento Nacional». Además de material agrícola el informe mencionaba miles de kilos de cebada, trigo, etc. y docenas de animales (vacas, ovejas, terneros, etc.) junto a los que se leía «Requisado para Escuadrón Castilla», «Requisado para Ejército», «Requisado por FET» o simplemente «Requisado por orden de Alcalde». Los pueblos afectados eran Torremejía, Villanueva del Fresno, Higuera de Vargas, Zahínos, Jerez de los Caballeros, Fuente de Cantos, Valverde de Leganés, Alange, Barcarrota y Villalba[596]. El expolio afectó también a los muebles y materiales del Servicio Provincial: el 8 de septiembre de 1936 pasaron a Falange dos mesas, dos sillones, un armario, un clasificador y una máquina «Underwood» con su mesa; y en meses posteriores, entre octubre y enero, cuatro máquinas más de escribir fueron requisadas por el Gobierno Militar. Cuando el Servicio Nacional de Reforma Económica y Social de la Tierra (SNREST), organismo encargado de algunas de las fincas recuperadas, reclamó todo esto a mediados de 1938 se le contestó desde el Gobierno Militar que al ser «de suma necesidad e imprescindibles» no era posible devolución alguna[597].

Otro asunto que dio lugar a enconados conflictos en muchas localidades fue el destino del dinero y el trigo acumulados por préstamos concedidos por el IRA para intensificación de cultivos a partir de 1933. El problema vino cuando, disuelto el IRA, el Instituto Nacional de Colonización (INC), creado por decreto de 18 de octubre de 1939[598], recordó a los ayuntamientos las deudas que tenían en concepto de intensificación de cultivos. Había ocurrido simplemente que dinero y trigo mermaron, cuando no desaparecieron por completo, tras la ocupación de los pueblos, dando lugar a expedientes que se prolongaron hasta bien entrados los años 40. Éste fue el caso de Alconchel, donde al ocupar la alcaldía Anacleto Morán Periáñez había un depósito de trigo de unas 7000 fanegas (46 kilos cada una) y ahora, nueve años después, lo que quedaba era una deuda de 132 431 pesetas con el INC. El alcalde, aunque estaba probado que dispuso de él y decidió su destino, nunca supo dar un explicación convincente sobre qué fue de dicho cereal, que desapareció sin dejar rastro, y en 1945 el Ayuntamiento pretendía que Morán Periáñez debía responder de dicho depósito por delito de malversación. El abogado que llevaba el caso hacía constar al final que evidentemente también había otros responsables que se vieron beneficiados con dinero o trigo contra los que también habría que proceder. En 1945 el Ayuntamiento de Alconchel se comprometió a pagar la cantidad en diez anualidades a partir de 1946, pero en 1947 el INC le recordaba que la deuda seguía pendiente[599].

Los sucesos ocurridos en cada pueblo a partir de la ocupación causaron que la cosecha se interrumpiera. Sin embargo, conscientes de la necesidad de que se perdiera lo menos posible, los decretos tuvieron un carácter continuista y los propietarios decidieron aguantar a la temporada siguiente para echar a quienes quisieran. Eso sí, se recuperaron de inmediato las más duras bases de trabajo de 1934-1935. A fines de septiembre del 36 y basándose en que «los campesinos habían sido asentados por censos amañados por entidades contrarias al Movimiento Nacional y fuera de la Ley», se dispuso que «las fincas con asentados de la Reforma Agraria quedaran en la próxima cosecha libres de colonos y a disposición de sus dueños, como antes de la primera ocupación»[600]. Carlos Barciela localizó un excepcional documento (las actas de Consejo Nacional de Colonización) elaborado en 1943 por el primer responsable del Servicio Nacional de Reforma Económica y Social de la Tierra, el falangista Ángel Zorrilla Dorronsoro, en el que éste admitía que se expulsó a colonos «con amenazas de diversa índole», que «al liberarse los pueblos, entran en ellos con armas nacionales propietarios de algunas de sus fincas, que las toman inmediatamente de una manera violenta…», o que se realizaron «actos violentos» contra los colonos[601]. Este proceso se generalizó en el verano de 1937. Veamos, por ejemplo, el caso de Palomas.

Este pueblo, situado entre Tierra de Barros y La Serena, tenía unas 3900 ha, de las que 3750 pertenecían a trece propietarios forasteros que siempre habían dedicado sus fincas a la caza. En 1935 el PSOE local decidió roturar en cuatro fincas 286 fanegas para barbecho, lo que luego fue confirmado y ampliado por los decretos de 3 y 14 de marzo del 36 sobre yunteros. Pero todo el esfuerzo quedó roto cuando a mediados de septiembre llegaron los fascistas y unos fueron asesinados y otros tuvieron que huir a zona republicana. Las tierras quedaron por momentos abandonadas hasta que la nueva gestora comunicó a los yunteros que por el decreto 71 del Gobierno de Burgos podían ocuparse de ellas, ocupándose 179 ha por 104 yunteros. Por si fuera poco el Servicio Provincial de Reforma Agraria acordó que el producto resultante fuese dividido en un 33 % en mieses y un 25 % en grano para el propietario y el resto para los yunteros, y no el 50 % para cada parte como era usual. Fue en estas circunstancias cuando los propietarios expulsaron de sus tierras a los yunteros «a todo bombo y platillo», alegando que el decreto de la Junta de Defensa sólo regía para esa temporada con la finalidad de que no se perdiera la labor ya realizada.

Por esta razón los yunteros afectados se dirigieron al general Queipo señalando que aunque las roturaciones hechas antes pudieran haber sido abusivas en muchos casos, no había sido así en Palomas, donde todo se hizo con respeto y justicia. «Todo menos permitir que los umildes (sic) yunteros de este pueblo, que viven sólo y exclusivamente de la agricultura, se queden sin sembrar por falta de terreno, en un término que gracias a Dios hay mucho de excelente calidad, y que su único defecto es ser propiedad de unos individuos que no son de esta localidad», finalizaba el escrito, firmado en septiembre del 37 por unos treinta yunteros. Desde Sevilla se decidió enviar el escrito a la Cámara Oficial Agrícola de Badajoz, la cual, ante «los complicados asuntos de los yunteros», decidió pasarlo a la Delegación Provincial de Reforma Agraria y al Gobierno Civil. Éste, en escrito al presidente de la Comisión de Agricultura y Trabajo Agrícola de la Junta Técnica del Estado, destacaba los beneficios del decreto 71 por dar trabajo a los yunteros, rentas a los propietarios y grano a la España Nacional, pero reconocía la gravedad del problema que se avecinaba por la «incompresión lamentable» de los propietarios y aconsejaba estudiar la situación pueblo por pueblo y «si ello fuera necesario, ordenar la ocupación parcial para tales fines de las hojas de labor de las fincas más importantes». Todo ello provisionalmente hasta que el nuevo Estado decidiera qué hacer en este terreno.

Que esto lo firmara el comandante de infantería Marciano Díaz de Liaño, abrumado por la falta de tierras que tenía paralizado al campo extremeño, no dejaba de tener su interés. Desde la Comisión de Agricultura se informó al presidente de la Junta Técnica que el gobernador Díaz de Liaño tenía razón y que se le debía conceder autorización para conseguir tierras que ceder a los yunteros, aparceros, etc. contando en todo momento con la ayuda de los técnicos del Servicio de Reforma Agraria. El ingeniero jefe provincial de Reforma Agraria reconoció igualmente que, pese a las arbitrariedades, los decretos de noviembre del 32 y de marzo del 36 intentaron resolver un problema de gran magnitud. Igual que el decreto 71, que respetó esos decretos, pero sólo durante un año. Según el ingeniero este decreto había beneficiado en la provincia a 15 000 yunteros, que sembraron unas 32 000 ha, cuyas rentas fueron reguladas por una orden de 11 de mayo del 37. El problema era que en breve plazo los yunteros carecerían de tierras barbechadas para sembrar en otoño y de tierras donde comenzar a barbechar al comienzo del año siguiente. El panorama era negro. Muy pronto se plantearía «la necesidad de afrontar en volumen pavoroso el problema de la asistencia social, para que no falte pan y calor en todos los hogares, deseo —que es orden— del jefe del Estado, y que es, además, postulado excelso de los deberes sociales». Desde su experiencia el ingeniero jefe afirmaba que la única solución pasaba por «obligar a los propietarios de las fincas de mayor extensión en cada pueblo a ceder a los labradores modestos una parte de lo que deba ser la hoja de cultivo anual de cada finca…». Y de nuevo insistía en que las ocupaciones del Frente Popular fueron problemáticas no por las ocupaciones en sí sino por la forma imprevista en que tuvieron lugar. Finalmente la Junta Técnica del Estado autorizó al Gobierno Civil a que «estimule allí donde sea imprescindible la cesión de tierras que cubran las necesidades de los yunteros, aparceros…»[602]. La desaparición del Archivo del Gobierno Civil nos impide una vez más saber qué medidas tomo Díaz de Liaño para estimular la cesión de tierras y cuál fue la respuesta de los propietarios, aunque hay que temerse que dichas medidas no condujesen a mucho.

REFORMA AGRARIA Y REPRESIÓN: EL CASO DE BODONAL DE LA SIERRA

Para esa fecha de octubre del 36 en que se produjeron los primeros desahucios de yunteros ya había tenido lugar la primera gran purga. Basta ver los listados de víctimas de cada pueblo para saber que se trató de una represión fundamentalmente antiobrera, en la que de las cerca de siete mil personas afectadas en la zona occidental de la provincia —cantidad mínima de la que hay que partir— en torno al 60 % eran campesinos. Era el tiempo en que a los detenidos menos señalados se les daba a elegir entre «Rusia» o la Legión y donde todo el que podía elegía la segunda opción porque la primera no era otra que el cementerio de cada localidad[603]. Dada la sistemática destrucción que afectó a la documentación de partidos y sindicatos, la problemática de la inscripción de la represión en los registros civiles y la escasa documentación que nos ha llegado de la reforma agraria, no es fácil relacionar a escala local los tres fenómenos, movimiento obrero, reforma agraria y represión fascista, y mostrar con detalle la esencia del golpe militar. Podemos saber por qué acaban con Ignacio Caña Exojo cuando lo capturan al final de la guerra o con Antonio Ramos Palla, asesinado en Olivenza el 15 de septiembre del 36, respectivamente miembro de la Junta Provincial de Reforma Agraria y directivo del Secretariado Provincial de la FETT, pero cuesta más trabajo adentrarse en la matanza anónima. Elías Zafra Viola, por ejemplo, recuerda en sus memorias los asesinatos de su padre y de dos familiares más (un primo y una tía) en Barcarrota y cómo aún en 1937 su madre y él trabajaban las cuatro fanegas que el padre recibió durante la República: «Mi madre y yo la sembrábamos y la recogíamos, la trillábamos, después nos quitaron las tierras y entonces nos dedicamos a coger trozos de corcho para venderlos y de eso vivíamos»[604]. Pero dada la precariedad de su situación tuvieron que dejar el pueblo ese mismo año. María Mejías, por su parte, mencionaba la desaparición de un hermanastro, de dos tías, y de la madre y una prima del marido[605]. Ella misma, recordando con detalle la terrible situación en que quedó la familia, nos ha dejado un testimonio acerca de qué era «la Agraria» y qué fue de ella tras la guerra[606].

Contamos excepcionalmente con un caso que nos permite otro tipo de análisis: Bodonal de la Sierra. Disponemos del expediente completo de Reforma Agraria, que se conserva en su archivo municipal, y de una relación muy detallada de 83 víctimas de izquierdas ofrecida nada menos que por la Causa General, de las que 24 fueron inscritas en el Registro Civil entre 1936 y 1990. En total 83 víctimas para un pueblo que no llegaba a los 3000 habitantes. ¿Cómo es posible que la Causa General ofreciera en su Estado 1, dedicado a las «personas residentes en este término municipal, que durante la dominación roja fueron muertas violentamente o desaparecieron y se cree que fueran asesinadas»? Parece evidente que el alcalde Remigio Amaya y el secretario Eugenio ¿Marcia? se equivocaron y como ya era cosa pasada —se envía en octubre del 40— consideraron lógico incluir las únicas víctimas habidas en el pueblo: las de izquierdas. Los apartados son nombre, edad, profesión, filiación política y cargos, fecha de la muerte, lugar donde fue encontrado el cadáver (obsérvese cómo se encubre el asesinato con el habitual «En choque con la fuerza pública», reminiscencia forzada de la «Ley de Fugas»), si fue inscrito en el Registro Civil o no, personas sospechosas de participar en el crimen y paradero actual. Naturalmente los dos últimos apartados nunca se rellenaron. Éste fue el listado que se envió:

*Antonio Corchuelo García, 49, obrero agrícola, socialista, 25/10/36, Fuente de Cantos, Inscrito en RC

*Blas García Catela, 26, obrero agrícola, Juventud Socialista, 25/10/36, Fuente de Cantos, Sí

*Cornelio Patilla Caballero, 18, obrero agrícola, JJSS, 25/10/36, Fuente de Cantos, Sí

*Juan Corchuelo Caricol, 24, obrero agrícola, JJSS, 01/11/36, Bodonal, Sí

*Leandro Maya Barrera, 24, obrero agrícola, JJSS, 01/11/36, Bodonal, Sí

*Joaquín Matito Vita, 53, obrero agrícola, presidente de la Casa del Pueblo y concejal, 01/11/36, Bodonal, Sí

Eusebio Quintanilla Ramos, 40, labrador, - , se ignora, Llerena, No

*Manuel Mora Cid, 34, obrero agrícola, socialista, se ignora, Llerena, No

*Antonio Castro Amador, 55, barbero, socialista, se ignora, Llerena, No

Ángel Castro Zambrano, 18, barbero, JJSS, se ignora, Llerena, No

*Maximiliano Cáceres León, 30, cantero, socialista, se ignora, Llerena, No

Julián Barrera Esquivel, 32, obrero agrícola, socialista, se ignora, Llerena, No

*Antonio Patilla López, 38, obrero agrícola, socialista, se ignora, Llerena, No

José Antonio Garduño Granado, 50, albañil, socialista, se ignora, Llerena, No

Manuel Patilla López, 38, labrador, socialista, se ignora, Llerena, No

Severiano Hernández Gómez, 40, obrero agrícola, socialista, se ignora, Llerena, No

Antonio Hernández Gómez, 32, obrero agrícola, socialista, se ignora, Llerena, No

Francisco Hernández Gómez, 25, obrero agrícola, JJSS, se ignora, Llerena, No

José Cruz Gómez Ruiz, 24, obrero agrícola, JJSS, se ignora, Llerena, No

Felipe Caballero López, 40, obrero agrícola, socialista, se ignora, Llerena, No

Isidro Carvajal Lozano, 38, obrero agrícola, JJSS, se ignora, Llerena, No

Victoriano Ramos Linares, 35, obrero agrícola, JJSS, se ignora, Llerena, No

Gregorio Valle Lozano, 38, obrero agrícola, JJSS, se ignora, Llerena, No

*Julián Lozano Mallorquín, 34, obrero agrícola, socialista, se ignora, Llerena, No

Juan Luis García Catela, 27, obrero agrícola, socialista, se ignora, Llerena, No

Francisco García Catela, 24, obrero agrícola, JJSS, se ignora, Llerena, No

Remigio García Zambrano, 32, obrero agrícola, JJSS, se ignora, Llerena, No

Ramón López Cid, 28, obrero agrícola, JJSS, se ignora, Llerena, No

José Domínguez Barreno, 25, obrero agrícola, JJSS, se ignora, Llerena, No

Cayo Lozano García, 42, obrero agrícola, socialista, se ignora, Llerena, No

Andrés Ramos Marín, 45, obrero agrícola, socialista, se ignora, Llerena, No

Francisco Lamprea Maya, 25, obrero agrícola, JJSS, se ignora, Llerena, No

Nemesio Linares Duque, 25, zapatero, JJSS, se ignora, Llerena, No

Basiliso Lozano Guerrero, 30, obrero agrícola, JJSS, se ignora, Llerena, No

José García Encinas, 58, zapatero, socialista, Llerena, No

Luis Durán Parro, 29, obrero agrícola, JJSS, se ignora, Llerena, No

Esteban Carbajal Quintanilla, 24, obrero agrícola, JJSS, se ignora, Llerena, No

*Vicente Blanco Lozano, 55, campo, socialista, se ignora, choque con la fuerza pública, No

Vicente Blanco Cuéllar, 27, obrero, JJSS, se ignora, choque fp, No

Ángel Maya Barrera, 24, obrero, socialista, se ignora, choque fp, No

*Fernando Bernárdez Zambrano, 37, dulcero, socialista, se ignora, choque fp, No

Martín Matito Caballero, 56, obrero agrícola, se ignora, choque fp, No

Jeremías Garduño García, 18, albañil, JJSS, se ignora, choque fp, No

Francisco Lozano López, 44, obrero agrícola, socialista, se ignora, choque fp, No

*Ignacio Triviño Linares, 35, obrero agrícola, socialista, se ignora, choque fp, No

Clemente Porro Durán, 19, obrero, JJSS, se ignora, choque fp, No

*Felipa Caballero Maya, 52, - , socialista, se ignora, choque fp, No

José Maya López, 18, obrero agrícola, JJSS, se ignora, choque fp, No

*Manuel Ribera Venegas, 60, obrero agrícola, socialista, choque fp, No

José Ribera Barbecho, 19, obrero, JJSS, se ignora, choque fp, No

Manuel Arias Catela, 36, obrero, socialista, se ignora, choque fp, No

*Asunción Arias Catela, 33, - , socialista, se ignora, choque fp, No

Emilio Gastón Expósito, 18, obrero agrícola, JJSS, choque fp, No

Pedro Patilla López, 38, labrador, presidente de la Casa del Pueblo y concejal, se ignora, choque fp, No

Luis Linares Vita, 19, obrero agrícola, JJSS, se ignora, choque fp, No

Pascual Moreno Cobos, 40, obrero agrícola, socialista, choque fp, No

José Gayo Rivera, 18, obrero agrícola, JJSS, se ignora, choque fp, No

Manuel Matito Vita, 40, labrador, socialista, se ignora, choque fp, No

Esteban Guerrero Esquivel, 25, obrero agrícola, JJSS, se ignora, choque fp, No

*Julián Guerrero Lechuga, 44, obrero agrícola, socialista y concejal, se ignora, choque fp, No

*Vicente Corchuelo Domínguez, 64, labrador, socialista, se ignora, choque fp, No

Juan Guerrero Tardío, 40, labrador, socialista, se ignora, choque fp, No

Santiago Valle Lozano, 32, labrador, socialista, se ignora, choque fp, No

Isidoro Hernández Maya, 53, industrial, socialista, se ignora, choque fp, No

Julián Ronquillo Domínguez, 30, obrero agrícola, socialista, se ignora, choque fp, No

Antonio Barrera Villegas, 20, obrero agrícola, JJSS, se ignora, choque fp, No

Pablo López Blanco, 26, obrero agrícola, JJSS, se ignora, choque fp, No

Antonio Guerrero Maya, 52, industrial, socialista, se ignora, choque fp, No

Vicente Corchuelo Ruiz, 18, obrero agrícola, JJSS, se ignora, choque fp, No

Manuel Zambrano Perdigón, 26, obrero agrícola, JJSS, se ignora, choque fp, No

Domingo Venegas Maya, 38, obrero agrícola, JJSS, se ignora, choque fp, No

Pablo Patilla Pereira, 44, obrero agrícola, socialista, se ignora, choque fp, No

Faustino Gastón Pereira, 22, zapatero, JJSS, se ignora, choque fp, No

*Francisco Castilla Navarro, 31, industrial, socialista, se ignora, choque fp, No

Luis Fernández Durán, 42, carpintero, socialista, se ignora, choque fp, No

Antonio Rodríguez Lamprea, 21, obrero agrícola, JJSS, se ignora, choque fp, No

Marcelino Quintanilla Lozano, 38, obrero agrícola, socialista, se ignora, choque fp, No

Miguel Díaz Garrido, 53, obrero agrícola, socialista, se ignora, choque fp, No

Francisco Matutano Díaz, 45, albañil, socialista, se ignora, choque fp, No

Francisca Pérez, 58, - , socialista, se ignora, choque fp, No

Antonio Guerrero Hernández, 38, obrero agrícola, socialista, se ignora, choque fp, No

Jerónimo Labrador Caballero, 44, obrero agrícola, socialista, se ignora, choque fp, No

*Luis Barbecho Patilla, 37, obrero agrícola, socialista, 6 de agosto del 36, choque fp, Sí[607]

Analicémoslo. De ellas llegarían al Registro Civil siete personas en el 36, una en el 40, una en el 42, dos en el 44, tres en el 45, una en el 51, dos en el 56, una en el 58, dos en el 59, una en el 60, dos en el 84 y una en el 90. Es decir, veinticuatro en total, de las que 21 han sido señaladas con asterisco (tres de los inscritos no aparecen en la lista de la Causa General). Pues bien, de esas 83 personas, 28 (en negrita) fueron yunteros beneficiados por la Reforma Agraria, 6 de ellos (en negrita y cursiva) fueron cabezaleros (responsables de grupo). Antonio Guerrero Hernández y Joaquín Matito Vita fueron además concejales del Frente Popular y miembros del Comité Antifascista; también formó parte del Comité Marcelino Quintanilla. El segundo de ellos era presidente de la Casa del Pueblo. Así pues, el 34 % de la represión afectó a yunteros beneficiados por la Reforma Agraria, un porcentaje que refleja bien el carácter de la matanza (el 80 % si tenemos en cuenta, a escala local, a todos los campesinos —la mayoría jornaleros— represaliados, tuvieran o no relación con la reforma agraria). La riqueza de los datos de la Causa General, reservada sólo para la derecha, nos permite saber, aunque sea por una vez y gracias al cruce de datos, que cayeron siete concejales y ocho miembros del Comité; 3 mujeres y 10 hombres menores de 20 años.

A mediados de septiembre la Jefatura Provincial de Reforma Agraria solicita a todas las alcaldías de la zona ocupada una serie de datos sobre los yunteros, entre otros la relación detallada por fincas de los nombres de los que han desaparecido de los pueblos[608]. Unos días después, el 24 de septiembre, solicita directamente los listados de los yunteros beneficiarios de los decretos de marzo[609].

LA PATRONAL Y EL NUEVO ORDEN

A comienzos de octubre, con la situación relativamente estabilizada en la provincia y los decretos agrícolas publicados, los propietarios tenían ya una idea del camino que había que seguir, motivo por el que viajaron a Burgos para exponer a la Junta Técnica del Estado la situación del campo en Andalucía y Extremadura. Entre ellos iban Adolfo Rodríguez Jurado, presidente de la Agrupación Nacional de Propietarios de Fincas Rústicas (representante de la CEDA en la Comisión de Agricultura durante la República), Marcial Gómez Castaño, presidente de la Federación de Sindicatos de Propietarios de Badajoz (de Renovación Española) y Emiliano Vacas García (representante de las Cajas Rurales). Estaban de acuerdo en que no quedaran sin sembrar en otoño las tierras barbechadas y en «la decisión inquebrantable de apartar de los beneficios de la posesión de las tierras a las masas de campesinos de filiación marxista, enemigas del movimiento salvador de la Patria que en los momentos actuales dirige nuestro glorioso ejército». Y por supuesto «se precisa practicar la acción política y social dirigida —entre otros aspectos— a privar a las masas socialistas y comunistas de las situaciones privilegiadas que, en orden a la posesión de las tierras, les concedieron las Casas del Pueblo, ya que sería absurdo que después de la guerra siguieran esas jentes (sic) con la indicada posesión, que constituiría, además, un serio peligro para el porvenir». Pero, dicho esto, matizaron los decretos. En el decreto 71 echaban de menos un artículo concreto que de manera categórica excluyera de sus beneficios a los campesinos marxistas afiliados a las Casas del Pueblo. Además, no veían bien que hubiera que pagar los barbechos a quienes los habían preparado, ya que «en gran número de casos son jentes (sic) marxistas que están combatiendo a España con las armas en la mano [y] no sería justo ni conveniente dejarles vivo su derecho a percibir el valor de las labores realizadas». Ellos proponían que el pago se hiciese al Estado.

Tampoco entendían el protagonismo que el decreto daba al IRA, «levantado en armas contra España y su glorioso Ejército». Además, la cercanía de la siembra impedía intervención de organismo oficial alguno, de modo que debía ser el propietario quien marcara las parcelas a sembrar y quien, por supuesto, eligiera a «sus» colonos y yunteros, acabando así con el usufructo de los beneficios que hicieron los marxistas y beneficiando en cambio «a millares de personas honradas y de orden que ahora encuentran coyuntura para ser amparadas». Evidentemente tampoco veían bien que el IRA fijara las rentas, pues «cuando se ha actuado …a las órdenes de los Presidentes de las “Casas del Pueblo” no se puede inspirar la confianza y el prestigio necesario para realizar actos tan importantes como los de fijación de rentas, que en algunos casos pueden ser decisivos para la vida de hogares humildes». El IRA, con su «monstruosa burocracia», sencillamente, debía «desaparecer fulminantemente», ya que «propietarios y explotadores [alguien señaló la palabra en el texto como si no la considerara conveniente] de las fincas estamos dispuestos a soportar, con el mayor gusto, todos los sacrificios que nos pida la Patria». El comentario final era sin duda el más interesante. Decía que el decreto 71 se prestaba a ser interpretado en el sentido de que los nuevos poderes mantenían el sistema de ocupaciones temporales de fincas. «No creemos que tal haya sido la intención de la Junta de Defensa Nacional», añadían a renglón seguido. Las ocupaciones de tierras eran fórmulas socialistas que sólo había tenido curso desde la instauración de la República, por lo que «bastaría esta sola circunstancia para que en la hora de ahora se dejasen sin efecto tales ocupaciones temporales». Lo que había que hacer era crear pequeños propietarios mediante la expropiación y justo pago de tierras susceptibles de parcelamiento, «constituyéndose así una clase media rural que sirva de valladar a los avances de las doctrinas disolventes».

En cuanto al decreto 74 la comisión seguía sin entender por qué, pese a todos los atropellos, injusticias y errores cometidos en la aplicación de la Reforma Agraria, se mantenían los planes del IRA en todas las fincas salvo en las que no hubieran entrado nuevos beneficiarios, que serían devueltas a sus propietarios o arrendatarios. Y nuevamente se echaba en falta el artículo que excluyera de los derechos de la reforma «a los campesinos marxistas traidores a la Patria». Del decreto 128 de 26 de septiembre se aplaudía la posibilidad que abría para los propietarios de recuperar ciertas fincas, pero no entendían por qué no incluía las ocupadas en virtud de los decretos de 3 y 14 de marzo del 36 ni la confusión que creaba al distinguir entre yunteros y asentados, que para la comisión eran lo mismo. Los propietarios también se negaban a que los contratos con arrendatarios y aparceros pudieran hacerse en las mismas condiciones anteriores («¿cuáles —decía—, las que fijaron los Jurados Mixtos en los juicios de revisión de rentas o de revisión de contratos?») y que en caso de desacuerdo pudiera intervenir el Servicio Provincial de Reforma Agraria. Finalmente, el decreto 133, al que antes se ha aludido, no consideraron que mereciera comentario alguno. Era lo que venían buscando desde el principio.

En resumen los propietarios, que llegaron a redactar un proyecto de decreto que añadieron a estos comentarios, pedían, entre otras cosas, que el artículo primero del decreto 128 tuviera en cuenta también las tierras ocupadas por yunteros tras los decretos de marzo, que se excluyera de todo derecho a los marxistas mediante informe de la Guardia Civil, que la fijación de rentas se tramitara según las leyes previas a febrero del 36 (la de 1 de agosto del 35), y que las condiciones del contrato de arrendamiento se rigieran igualmente por leyes previas (la Ley de Arrendamientos de 15 de marzo del 35). El escrito, enviado de Badajoz a Burgos el 9 de octubre de 1936, finalizaba así: «Sólo nos resta insistir una vez más en que los propietarios de fincas rústicas, agricultores y ganaderos estamos incondicionalmente a las órdenes del glorioso Ejército salvador de la Patria y dispuestos a pechar con todos los sacrificios que ella nos pida». El 3 de octubre los mismos que habían firmado lo anterior reconocían que el decreto 142 de 30 de septiembre de la Junta de Defensa solucionaba uno de sus principales problemas: el de las ayudas económicas para la próxima siembra. Ahora se limitaban a pedir que el Estado facilitara el trigo necesario para simiente, los abonos para la próxima siembra y, finalmente, que los barbechos producto de los decretos de marzo hechos por personas distintas a las que ahora hubieran de sembrarlos fueran pagados por éstos al Estado (su valor deberían establecerlo comisiones designadas por los alcaldes[610]).

Los resultados de aplicar el decreto 71 de 28 de agosto sobre las tierras ocupadas mediante los decretos de 3 y 14 marzo del 36 fueron comunicados por el Servicio Provincial de Reforma Agraria a la Comisión de Agricultura y Trabajo Agrícola a últimos de marzo de 1937 —hay que tener en cuenta que el día 1 de octubre dichos servicios provinciales, así como todo lo relacionado con el IRA, pasaron a depender de la Comisión de Agricultura y Trabajo Agrícola, a su vez enclavada dentro de la Junta Técnica del Estado entonces creada—. Los datos, aunque incompletos, se referían a las 119 localidades de la provincia ya en poder militar. Según el ingeniero jefe, los decretos de 3 y 14 de marzo afectaron a 1381 fincas, con una superficie de 95 426 ha y beneficiaron a 38 834 yunteros; el decreto de 28 de agosto había sido aplicado a 796 de esas fincas, con una superficie de 43 840 ha y «en beneficio» de un total de 19 240 yunteros. Es decir que a los siete meses del golpe militar y tras los diversos decretos de la Junta Militar todo se había reducido al 50 % de lo conseguido en los meses del Frente Popular[611]. Por lo demás, antes de concluir 1937, el Servicio Provincial elaboró una lista de algunas de las fincas de Badajoz que, aunque figuraran aún a nombre del IRA, debían pasar a sus propietarios (si es que no lo estaban ya):

Represa…………………… | Villanueva del Fresno…… | Fernando Mesías Stuart (conde Mora)
Navaperas………………… |    «………………………… |    «
Cuncos……………………… |    «………………………… | Carlos Fernando Stuart Falcó (duque de Peñaranda)
Cercado del Pilar ………… |    «………………………… |    «
Cercado del Palomar……… |    «………………………… |    «
Valdesevilla-La Rasa……… |    «………………………… | Santiago Stuart Falcó (duque de Alba)
Ramira Alta ……………… |    «………………………… |    «
Cabra Alta ………………… |    «………………………… |    «
Cabra Baja………………… |    «………………………… |    «
Lapas-Risquillos………… |    «………………………… | Carlos Fernando Stuart Falcó
Cerrollano ………………… |    «………………………… | José Mesías Stuart (duque de Tamames)
Zarzoso …………………… | Jerez de los Caballeros …… | Fernando Mesías Stuart
Margaritas ………………… |    «………………………… | Juan Pérez de Guzmán Boza (duque de T’Serclaes)
Tocinillos………………… | Fregenal de la Sierra…… |    «
Santisfolla de la Rueda… | Badajoz…………………… | Fco. Martorell TéllezGirón (Dq. de Almenara Alta)
Fresnillas Altas…………… |    «………………………… |    «
Fuente Omendo …………… |    «………………………… | Manuel Falcó Álvarez de Toledo (Dq. Fernán Núñez)
Fuente Omendo …………… | Valverde de Leganés……… |    «
Borrachinas……………… | Alconchel………………… | Juan Pérez de Guzmán Boza
Quinto de Almadén ……… | Alange…………………… | José y Luís Salamanca Ramírez de Haro conde de Campo Alange y marqués de Guadalcázar
Dehesilla…………………… | Olivenza…………………… | Carlos Fernando Stuart Falcó
Palacito…………………… | Roca de la Sierra………… | Fco. Martorell TéllezGirón
Guaperal…………………… |    «………………………… |    «[612]

La inclusión de la finca «Lapas-Risquillos», una de las muchas incautadas en Villanueva del Fresno, mueve a tener en cuenta brevemente qué había sido de estas fincas desde su entrega a las comunidades campesinas. Esta comunidad, de 45 familias, se constituyó el 30 de agosto de 1934, cuando en dicho pueblo, de unos 5400 habitantes y con un censo campesino de 1080 personas (de ellas 222 obreros agrícolas), existía una aguda crisis de trabajo. Los diversos asentamientos permitieron colocar a 252 campesinos, lo que según el IRA supuso un gran alivio. El trabajo realizado por la comunidad fue enorme, haciendo que las fincas «den una sensación de esmerada explotación y trato cuidadoso que supone una mejora bien visible respecto a su anterior estado». «Lapas-Risquillos», toda de rastrojos, fue resembrada por los campesinos excepto una hoja de barbecho que quedó para los asentados. La comunidad, además, limpió la parte de monte, desmató los regatos, niveló sus márgenes y preparó los numerosos manantiales. En 1936, después de dos años de trabajo, la finca se hallaba en plena explotación y las siembras, según el IRA, presentaban un aspecto excelente. Ésta fue la propiedad que recogió Carlos Stuart Falcó, duque de Peñaranda[613].

También es interesante —en este caso llega a nuestros días— la historia de las «Cabras» (cerca de 3000 ha entre las dos fincas). La gestión para su arrendamiento se inició en septiembre de 1931 pero no se consiguió hasta dos años después, cuando se creó una comunidad de más de quinientos agricultores de Zahínos asesorada por cinco ingenieros enviados por el IRA. En 1935 el Gobierno expropia las fincas al duque de Alba y las cede a los colonos, pero en 1940 la dictadura las entrega a su anterior dueño volviendo a la situación de arrendamiento. Así describe el actual presidente de la Comunidad, José Rodríguez Pérez, la situación en que quedó el pueblo tras la guerra:

Los fascistas mandaban en todo el pueblo, tenían a una serie de personas malvadas a su alrededor, llamados regidores, que eran los encargados de denunciar y castigar los hechos e ideas que se consideraban desacertadas al régimen y en aquel tiempo cualquier intento de sobrevivir, por mínimo que fuera, se consideraba en contra del Caudillo. Tanto era así que cualquier cosa insignificante era castigada con una gran paliza (…). Por su parte la clase obrera se encargaba de trabajar para la aristocracia del pueblo; los hombres se reunían por las mañanas muy temprano en la plaza del pueblo y allí eran escogidos por los fascistas para trabajarles la tierra y el ganado, lo hacían de sol a sol, todo por el mísero jornal de 6 pesetas, mientras que un pan valía 18. Las mujeres trabajaban de mozas sirvientes, tenían que lavar la ropa, fregar el suelo de rodillas y con jabón de sosa, hacer la comida y todos los demás trabajos de la casa, y a cambio se les daba una comida y 5 pesetas al mes. Los niños no eran considerados como tales, sino que a la edad de ocho o diez años ya estaban haciendo el mismo trabajo de los padres, los niños trabajando como jornaleros y las niñas haciendo de criadas.

La otra cara de la moneda —pensemos que muchas mujeres se vieron abocadas a la prostitución como única salida a la angustiosa situación en que quedaron— la ofrece la obra Seis meses de anarquía en Extremadura, de Baldomero Díaz de Entresotos, uno de esos testimonios impagables escritos en pleno apogeo de la marea fascista, que contiene en su capítulo titulado «El prostíbulo en la política» uno de los cantos más logrados a la vida putañera y degenerada de los señoritos extremeños:

¿Recordáis? Aquellos señoritos, vuestros amigos de otros tiempos, vivían para vosotras, como vosotras vivíais para ellos. ¿Que robaban las arcas municipales? No lo creo, pero si fuera verdad aquellos dineros del pueblo volvían al pueblo representado por sus lindas proletarias. Los señoritos no sabían vivir lejos de vosotras. En las siestas acudían a vuestros prostíbulos y bajo el emparrado de los patios se quedaban en mangas de camisa y os dejaban sus billetes sobre las cajas vacías de cervezas. Ellos animaban con música y vino el tedio de vuestras noches. Eran demócratas de estirpe. ¿Cabía mayor democracia que dormir en los brazos de las hijas del pueblo? Señoritos rumbosos, flamencos, sencillos[614].

Finalmente, en 1957 se modifica el reglamento, pasando la explotación a ser en arriendo colectivo. Para entonces quedaban 395 «socios»[615].

El interés en que la siembra se realizara en los terrenos barbechados a consecuencia de la aplicación de los decretos de marzo llevó al Servicio Provincial de Reforma Agraria en los primeros días de octubre a pedir a las gestoras municipales que rectificaran urgentemente las listas de yunteros beneficiarios de acuerdo con el decreto 71 de 28 de agosto, es decir, favoreciendo sobre todo a los arrendatarios, colonos, yunteros y medieros perjudicados por los decretos republicanos de marzo. A cada uno de ellos se asignaría un lote y cada pueblo debería mandar de inmediato al Servicio Provincial un listado con los nombres de los beneficiarios, la finca asignada y los medios de que disponen[616]. El día 6 de octubre llegó también a las gestoras una circular del gobernador Díaz de Liaño. En su exposición partía de lo tardío de la época en que fueron barbechadas las tierras entregadas a los yunteros por los decretos de marzo y de «las circunstancias surgidas posteriormente y que aún perduran»[617]. Lo urgente era sembrar toda la tierra preparada para ello, motivo por el que el gobernador pedía a los presidentes de las gestoras que informasen con urgencia de la extensión barbechada en cada una de las fincas ocupadas por los decretos de marzo, la relación de yunteros en condiciones de afrontar la tarea y los medios con que contaban (para controlar al personal se aconsejaba que tuviesen que pasar por el Ayuntamiento para inscribirse), y la cantidad de semillas y abonos que serían necesarios. Hasta la Comandancia Militar se implicó en el asunto publicando un llamamiento en el Hoy del 22 de octubre bajo el título: «Hay que sembrar urgentemente todos los barbechos que se hallen dispuestos en la provincia». En la práctica esto equivalió a partir de cero, dándose a los propietarios la posibilidad de elegir qué hacer con sus tierras según sus preferencias. Aprovechando las circunstancias muchas fincas fueron desparceladas haciendo desaparecer los linderos[618].

En Zafra, por ejemplo, el 10 de octubre, bajo la presidencia del alcalde Casimiro Tovar y en presencia de los propietarios de las fincas afectadas por la Reforma Agraria y los cabeceras de los yunteros, éstos, en nombre de los yunteros que representaban, «renunciaban a los barbechos que tenían realizados en las respectivas parcelas que les fueron asignadas por la Delegación de la Reforma Agraria y que constan relacionadas en este Ayuntamiento con fecha de veinte y veintiuno de marzo». La renuncia se basaba «en la imperfección de las labores de barbecho que tienen practicadas cada uno de ellos en sus parcelas». Hecho lo cual y en consonancia con lo prescrito por la circular del Gobierno Civil de 5 de octubre, el presidente Tovar hizo saber a los concurrentes que, dada la «armonía» reinante entre propietarios y yunteros, no sería necesaria la intervención del Servicio Provincial de Reforma Agraria. En las semanas siguientes la Junta Inspectora Municipal de Préstamos Agrícolas gestionaría todas las solicitudes dejando constancia en actas de la entrega del trigo o del dinero recogido[619]. En sentido contrario, en otros pueblos, caso de Alange, no se llegó a acuerdo alguno entre arrendatarios y yunteros. Aquí el 14 de noviembre tuvo lugar una reunión similar a la de Zafra en la que los arrendatarios expusieron quejas diversas como que se había ocupado más de lo legalmente permitido, por lo que querían rescindir el contrato; y, sobre todo, que había casos de abandono de la tierra debido a la «desaparición» de los yunteros que fueron allí asentados, por lo que había que replantear la situación. Los representantes de los yunteros se limitaron a decir que deseaban seguir trabajando en los terrenos en los que, desde que les fueron entregados, habían realizado todo tipo de labores. Así pues tuvo que ser el Servicio Provincial de Reforma Agraria quien decidiera[620].

Como colofón, el 2 de noviembre, en base a la urgente necesidad de sembrar el trigo —«para conseguir el propósito han de omitirse trámites burocráticos, fiándolo todo a la buena fe de los interesados»—, se publicó un bando de Queipo de Llano (publicitado por la radio, la prensa y los BOP) por el que se prohibía toda transacción con el trigo apto para la siembra existente en Andalucía y Badajoz, debiéndose dar cuenta de todo el existente, tras lo cual sería distribuido entre quienes lo solicitaran. El cumplimiento del bando quedaba a cargo de la Guardia Civil. El «ordeno y mando» incluía la sustitución inmediata de los directivos de las Cámaras Agrícolas de Huelva, Cádiz, Granada, Córdoba, Badajoz y Jerez de la Frontera por una comisión formada por un militar, un letrado, un ingeniero agrónomo y ocho labradores (propietarios no cultivadores, propietarios cultivadores directos, colonos y ganaderos). Y añadía: «Tanto el Letrado, como el Ingeniero y los otros ocho componentes habrán de ser personas de intachable conducta y crédito, y absolutamente apolíticas»[621]. Esta preocupación por la siembra coincidió con el cerco a Madrid, en una serie de importantes e infructuosas operaciones militares que pondrían fin a la marcha iniciada en Melilla el 17 de julio y darían paso a la larga guerra que Franco requería para afianzarse y conseguir sus propósitos, guerra para la que sí sería muy necesario el trigo del sur.

En los últimos días de 1936, el gobernador Díaz de Liaño encomendó al Servicio Provincial de Reforma Agraria la formación de expedientes de incautación de las fincas cuyos propietarios fuesen «elementos políticos de izquierdas que se encuentren huidos o cuyo paradero se ignore», para lo cual el Servicio Provincial recabó la colaboración de los presidentes de las comisiones gestoras[622]. Mientras tanto, para solucionar los problemas del campo, Falange, con su habitual retórica vacua, pedía «colaboración de clases» («¡Basta ya de lucha de clases!»), contratos justos para los arrendatarios («No dogales que le pongan indefenso a merced del propietario»), jornales justos para el obrero («Nada de soldadas de hambre que le empuja con desesperación hacia el marxismo»). Y concluía:

La garantía de la propiedad descansa en su explotación honrada.

Agricultores: El Nacional-Sindicalismo va contra la usura; y sus sindicatos constituirán fondos de socorro donde adquiriréis dinero a escaso interés y con la garantía de vuestras cosechas.

Obreros: El Nacional-Sindicalismo instituirá la propiedad familiar mediante una racional distribución de la tierra cultivable. Pero para eso es necesario que todos reunidos estudiéis de común acuerdo vuestros problemas bajo la Orientación Nacional-Sindicalista.

Ingresad en el Sindicato de Agricultores Nacional Sindicalista de Mérida[623].

EL TERROR EN EL CAMPO EXTREMEÑO

Y ahora, Arcadio Carrasco, a seguir con ese espíritu tan tuyo luchando en el exterminio de incendiarios, saqueadores y criminales;…

RODRIGO GONZÁLEZ ORTÍN,

en Extremadura bajo la influencia soviética

A partir de principios de diciembre y hasta bien entrado el año 37 las gestoras tuvieron que informar al Servicio Provincial de Reforma Agraria sobre la superficie ocupada en cada finca, el número de yunteros destinados a cada una y sus medios de trabajo, y si habían existido o no acuerdos entre éstos y los propietarios en cuanto a la renta. En el caso de Fuentes de León, donde se conserva la documentación completa de todo el proceso, puede verse la diferencia entre los decretos de marzo y el de agosto:

Decretos | Número de fincas[624] | Número de yunteros | Superficie ocupada
Decreto de marzo | 20 | 323 | 895
Decreto de agosto | 20 | 281 | 473

La diferencia en la superficie ocupada está justificada finca a finca en la documentación como «fanegas sembradas por el dueño de la finca», es decir, que la mitad de la superficie ocupada en marzo del 36 había vuelto a ser controlada por los propietarios a partir de agosto. Más interesante es la reducción del número de yunteros. Quedan 281, el 87 % de los anteriores, pero han de adaptarse al 53 % de la superficie ocupada anteriormente. Detengámonos en los 42 yunteros que faltan. Si antes destacábamos la particularidad de Bodonal de la Sierra por las fuentes de que disponemos, ahora hay que mencionar el caso de Fuentes de León, un pueblo de 5000 habitantes, sin represión roja y en el que fueron asesinados un centenar de personas. Conserva como Bodonal la documentación de la Reforma Agraria —se trata sin duda de los dos pueblos de Badajoz en que mejor se conserva— pero en este caso estamos ante uno de los pueblos donde la represión fue inscrita por orden superior en el Registro Civil entre enero y mayo de 1937. La prueba de que se hizo de manera muy completa es que a partir de la Ley de Pensiones de Guerra de 1978 sólo se realizan dos inscripciones. No sabemos, como en el caso de Bodonal por la Causa General, ni la militancia, ni los cargos ni el lugar donde fueron asesinados pero cruzando ambas fuentes, Registro Civil y expediente de Reforma Agraria, obtenemos los nombres y la fecha de fallecimiento de 31 de esos 41 yunteros que desaparecieron entre unos decretos y otros; y por el expediente de Reforma Agraria podemos añadir, entre otras cosas, las fincas en las que estuvieron asentados desde marzo del 36:

Fecha desaparición/datos de los yunteros Finca

14/09/1936 |
Luis Pereira Barrera, 48, campo | Horcajos
15/09/1936 |
Ramón Álvarez Uceda, 48, jornalero* | Llano Venegas
Lope Domínguez Chaves, 41, jornalero* | Cerca Nueva
Manuel Ortega Vázquez, 25, jornalero | Sexmo
17/09/1936 |
Francisco Aguilar Chorro, 49, jornalero | Castillejos
José García Aguilar, 44, jornalero* | Dehesa Higuera
Camilo Rey Carmona, 57, jornalero* | Carriles
20/09/1936 |
Miguel Bonilla Romero, 23, jornalero | Dehesa Higuera
29/09/1936 |
Luis Blanco Carmona, 33, jornalero* | Rincón
Juan Flores Álvarez, 39 | Horcajos
Ignacio García Albarrán, 40, jornalero | Cerca Nueva
Ramón Macías Flores, 45, jornalero* | Valle Romero
José María Sánchez Gómez, 58, jornalero | Monja
José Rubio Adame, 32, jornalero | Carriles
Antonio Sánchez Pereira, 52, jornalero | Grimante
Valentín Sánchez Uceda, 37, labrador | Cerca Nueva
30/09/1936 |
Ceferino Aguilar Vázquez, 31, jornalero | Cerca Nueva
Jacinto Albarrán Flores, 33, jornalero | San Antonio
Ángel Bonilla Santana, 62, jornalero | Horcajos
Máximo Guareño Rodríguez, 34, jornalero | Martín Gómez
Clemente Martín Reinoso, 41, jornalero | Carriles
Ramón Rey Márquez, 36, jornalero | Martín Gómez
Tiburcio Rodríguez Guareño, 45, jornalero      | Carriles
Juan Trigo Domínguez, 46, jornalero | Horcajos
Ignacio Uceda Macías, 62, jornalero | Castillo del Cuerno
31/10/1936 |
Francisco Sánchez Blanco, 39, jornalero | Cerca Nueva
Gilberto Vázquez Guareño, 45, jornalero | Castillejos
Sin fecha: |
Aurelio Macías Guillén* | Castillo del Cuerno
Manuel Martín Reinoso* | Morales
Áfrico Montero Franco | Cerca Nueva
Antonio Pereira Barrera, 40, obrero | Valle Romero

El pueblo fue ocupado el 14 de septiembre y en las dos semanas siguientes se produjo la matanza que acabó con un centenar de personas. Sólo en los dos días últimos del mes fueron asesinadas 41 personas, 31 de las cuales eran obreros (17 de ellos los yunteros arriba relacionados en esas fechas). Cuando se compara el listado de ese centenar de personas asesinadas[625] (catorce de ellas mujeres) con los listados del expediente de la Reforma Agraria se observa que la represión también afectó a otra mucha gente emparentada con otros yunteros que conservaron la vida. Y si se mira con detalle el expediente de Reforma Agraria se verá que los cuatro representantes municipales, probablemente concejales, que firmaron las actas de ocupación tras la invasión de fincas en marzo (Ignacio García Albarrán, Jacinto Albarrán Flores, Tiburcio Rodríguez Guareño y Juan Trigo Domínguez) junto con los cabeceras y los representantes de la propiedad, fueron asesinados entre el 29 y 30 de septiembre, y que ocho de los veinte cabeceras de grupo (señalados en la lista con *) corrieron la misma suerte. Y, finalmente, si se repasan las fincas a las que pertenecían los represaliados se comprobará que, como si la muerte se hubiera esparcido proporcionalmente de forma natural —pese a estar hablando de 31 personas y de 20 fincas—, la represión afectó a yunteros de 15 de las veinte fincas afectadas por la reforma agraria. Estamos, pues, ante un terror programado y dirigido contra un sector muy concreto de la sociedad. Y si en caso de Bodonal el 34 % de los represaliados tenía relación con la reforma agraria, en el caso de Fuentes de León fue el 33 % (el 58 % si contamos a todos los campesinos afectados por la represión tuvieran o no relación con la reforma).

Los que se libraron se vieron sometidos a un férreo control y a una fiebre depuradora de los que puede servir como ejemplo este informe sobre una comunidad campesina de 17 miembros realizado en Jerez de los Caballeros a principios del 37 por el perito agrícola del Estado, Fernando Pesini, asesorado por «los elementos de orden destacados en cuanto a representación de orden», o sea, la Comisión Gestora y la Guardia Civil. Destaca de entrada el perito la tirantez existente entre los comuneros que pertenecieron a la Sociedad «Campo Libre», del Partido Radical, y los del «Porvenir Campesino», socialista. Y he aquí al funcionario del IRA convertido en vulgar informante de la nueva Junta Provincial de Reforma Agraria:

Francisco Gallardo Gómez: …buen trabajador y de ideas políticas de DERECHAS…

Cristóbal Vázquez Álvarez. (Cabezalero) Desaparecido… mal trabajador y se encuentra huido…

José Núñez Hernández. …buen trabajador y de ideas políticas IZQUIERDISTAS [Guardia Civil] …poco trabajador, tiene buena conducta y de ideas políticas IZQUIERDISTAS [Comisión Gestora].

Francisco Garrido Coronado. …malo como trabajador y de ideas políticas IZQUIERDISTAS.

Manuel García Guerrero. …mal trabajador y de ideas políticas IZQUIERDISTAS [Guardia Civil] …mal trabajador, mala conducta y de ideas políticas IZQUIERDISTAS.

Juan Cano Macarro. …buen trabajador y de ideas políticas de DERECHA [Guardia Civil] …buen trabajador, buena conducta y en ideas políticas IZQUIERDISTA [Comisión Gestora].

Rafael Morales Méndez. …malo como trabajador y de ideas políticas IZQUIERDISTA [Guardia Civil] …buen trabajador, buena conducta y de ideas políticas COMUNISTAS [Comisión Gestora].

Pablo Romero Méndez. (Síndico) …mal trabajador y de ideas IZQUIERDISTAS [Guardia Civil] …mal trabajador, mala conducta y de ideas políticas MALO IZQUIERDISTA [Comisión Gestora].

Juan José Peña Marín. …fallecido recientemente de muerte natural…

Juan Cano Macarro. …malo como trabajador y de ideas políticas IZQUIERDISTAS (comunista) [Guardia Civil] …buen trabajador, buena conducta y de ideas políticas COMUNISTAS [Comisión Gestora].

Agustín Morales Méndez. …mal trabajador y de ideas políticas COMUNISTAS [Guardia Civil] …buen trabajador, buena conducta y de ideas políticas IZQUIERDISTAS [Comisión Gestora].

El informe se completaba con un listado de todos los trabajadores en el que a modo de resumen se hacía constar si eran «buenos» o «malos» y si era de derechas o de izquierdas. Con esta base, en los primeros días de febrero de 1937 la Junta Provincial de Reforma Agraria y tomando por base el decreto 74 decidió la destitución de los comuneros Cristóbal Vázquez Álvarez, Francisco Garrido Coronado, Rafael Morales Méndez, Pablo Romero Méndez, Juan Cano Macarro y Agustín Morales Méndez. Posteriormente tres de ellos fueron readmitidos[626]. Este proceso de depuración afectó a todas las fincas controladas en ese momento por el Servicio Provincial de Reforma Agraria[627]. El problema era que la mayor parte de los campesinos, dados sus antecedentes, no eran de fiar para el Nuevo Orden. Como reconocía Zorrilla Dorronsoro, nada menos que el director general de Colonización, en el documento antes mencionado «todos los agricultores asentados eran enemigos decididos del Movimiento Nacional». Los informes ofrecen un panorama plagado de «desaparecidos», «comuneros eliminados», viudas e hijos fugitivos o en el frente. La documentación que conserva el archivo del IRA sobre liquidación con parceleros demuestra que numerosas comunidades fueron disueltas en esos primeros meses del 37[628]. Los informes indican que propietarios, autoridades y técnicos no se fiaban de ellos y preferían crear nuevos planes supervisados por el Servicio Provincial y con personal nuevo. Tenemos también el caso de los parceleros de La Nava, Moriana y Montelobo, fincas de Jerez de los Caballeros, donde todos fueron expulsados por no haber informado del paso por aquellas tierras de huidos armados y de contrabandistas y permitir que aquella finca del Estado se convirtiera en «guarida de malhechores»[629]. Esto, en una provincia plagada de huidos, debió de constituir un grave problema. Pero en realidad el problema puede que radicara en que dichas fincas procedían de las parcelaciones decretadas en los meses del Frente Popular. La desconfianza llegó a tal punto que la contabilidad de las comunidades se paralizó ante la duda de que las personas contratadas para dicha tarea fueran «personal indeseable»[630].

Un informe del Servicio Provincial de Reforma Agraria de Badajoz de mayo de 1938 nos informa sobre las fincas hasta entonces intervenidas. Un primer apartado se refería a las explotadas por comunidades de campesinos, que venían rigiéndose por el decreto de 20 de septiembre de 1934. Había tres grupos, dirigidos por los ingenieros Benjamín Escolá Diego (14 fincas con 4937 ha), José Camino Aguirre (17 fincas con 8742 ha) y Justo López de la Fuente (5 fincas con 4138 ha). Un segundo apartado aludía a las fincas procedentes de parcelación, según decretos del 36, de las que sólo controlaban tres hasta esa fecha. Y finalmente un tercero dedicado en exclusiva a «El Señorío»-«Taldarrobas», de Torremejía[631].

Ya se habló antes del altísimo porcentaje —en torno al 60 %— que jornaleros, braceros, labradores y agricultores representan dentro del total de víctimas. Y han sido pueblos como Bodonal y Fuentes de León los que con sus expedientes agrarios nos han permitido afinar más al poder precisar cuántos y quiénes de ese 60 % tuvieron relación directa con la reforma agraria. Hay que decir, no obstante, que el carácter parcial de esos datos permite asegurar que la proporción sería mayor si se conociesen pueblo a pueblo todas las víctimas de la represión y sus profesiones[632]. Si analizamos en qué proporción la represión afectó al campesinado en las veintitantas localidades en que fueron inscritos en el Registro Civil la mayor parte de los represaliados, se confirma que entre el 55 y el 60 % de las víctimas era gente del mundo de la tierra, porcentaje que aumentaría considerablemente si incluyéramos a las mujeres, ya que la mayor parte de los 482 casos que conocemos en la zona investigada de Badajoz se deben precisamente a esas localidades donde la represión se conoce mejor y en las que invariablemente primero cayeron los hombres y luego las mujeres, esposas, madres e hijas de los anteriores. En este caso, el porcentaje ascendería al 75-80 %.[633] Así pues, al contrario de lo que propagó el franquismo y todavía perdura más o menos veladamente, la represión no estuvo dirigida contra gente implicada en crímenes o en cualquier otro tipo de delitos, sino contra los que entre 1931 y 1936 habían osado poner en entredicho el sagrado principio de la propiedad y el orden establecido, y por consiguiente las bases económicas y políticas de unos sectores sociales tradicionalmente privilegiados que no estaban dispuestos a ceder en terreno alguno, ni siquiera para crear esa capa media de pequeños propietarios campesinos que pusiera freno a esas opciones políticas que ponían en duda su existencia como grupo social privilegiado. El terror en estado puro queda plasmado en esta historia ocurrida en una finca de Campanario:

Cierta mañana amanecimos con un impresionante incendio que había prendido la cosecha y en aquello que ya se había recogido. Como había que encontrar un culpable, el dedo del encargado señaló al pastor, aun sabiendo que el joven había estado con nosotros hasta bien entrada la noche. Se presentó allí la guardia civil al mando de un teniente coronel cuyo nombre prefiero no mencionar ni aplicarle otro nuevo para de esta forma tratar de sumirlo más en el olvido, como años más tarde hicieron sus superiores, aunque por causas bien distintas.

Cogieron al joven pastor, que en todo momento se declaró inocente, y lo maniataron, vendándole los ojos. Al resto de los trabajadores nos formaron para que presenciáramos el ajusticiamiento. Entonces el teniente coronel fue dándonos la mano uno por uno, felicitándonos por ser testigos privilegiados de aquel salvaje linchamiento, al que calificó de «acto justiciero».

Las ráfagas de los guardias a sus órdenes acabaron con la vida de aquel inocente[634].

El teniente coronel de la Guardia Civil no era otro que Manuel Gómez Cantos. Esto se venía haciendo desde el principio, como demuestra un hecho ocurrido en Campillo de Llerena en octubre de 1936 y que tiene por protagonista al jefe provincial de Falange, Arcadio Carrasco Fernández-Blanco. El día 8 de octubre realizó una visita a Campillo de Llerena, localidad ocupada una semana antes. En la plaza le esperaban autoridades locales y numerosos vecinos. De pronto, cuando se dirigía hacia el Ayuntamiento, se detuvo y comentó: «Aquí huele a rojo». Entonces uno de los que le rodeaban miró alrededor y señalando a un vecino le dijo que se acercara. Cuando lo tuvo cerca Carrasco sacó una pistola y lo mató de un disparo, tras lo cual reanudaron la marcha. La víctima era Juan Solís Delgado[635]. Un caso similar sería el ocurrido en Villarta de los Montes en octubre de 1941:

Ese día fusilaron a uno de los hombres más infelices del pueblo, llamado Manolo Chaves, cuyo único delito, según decían, era que uno de sus hermanos andaba huido por la sierra. Quisieron hacer un escarmiento con él y dieron un bando obligando a todos los vecinos, sin la menor excusa ni pretexto, a presenciar su muerte. Todos le vimos con las manos atadas a la espalda [mientras] uno de los caciques le ordenaba a gritos: —¡Echa a andar que te vas a Rusia! Le dispararon por la espalda, apenas movió un pie, cayó al suelo acribillado a balazos y allí le dejaron desangrarse en presencia de todo un pueblo[636].

O con hechos que debieron ser mucho más frecuentes, como éste ocurrido en Valle de Santa Ana, localidad situada a unos kilometros de Jerez de los Caballeros. Cecilio Zahíno Zahíno siguió yendo todos los días a la parcela que había recibido unos meses antes en la finca «Las Margaritas». A últimos de septiembre, unos días después de que la zona fuera ocupada, se presentó un grupo de guardias civiles y fascistas que le ordenaron a él y a otro compañero que subiese a un camión. Poco después fueron asesinados en una fábrica de ladrillos del cercano pueblo de Valle de Matamoros[637].

Estas escenas se complementan a otro nivel con esta otra vivida por un jornalero de Almendralejo:

Un día estábamos en el cemento (la explanada de la plaza de abastos) donde iba el manijero o el propietario, mirando a quién ajustar el jornal, como si fuéramos un mercado de ganado. Estaba todo lleno de hombres; era época de faena y no conseguíamos un jornal. La gente, hinchada, se moría de hambre. Pues aquel día estaban allí dos labradores propietarios comentando y riéndose; uno de ellos decía: «pues con una cajetilla de tabaco me los tengo que traer a todos esos a trabajar»; como alegrándose de que pasáramos necesidades cuando sus casas estaban llenas de quesos, chorizos, jamones, bacalao, pan, aceite, azúcar, arroz…; y las nuestras no tenían más que olor a humedad, que ni había para comprar jabón y lavarnos. Mientras eso ocurría, había ocasión de ver en la estación los trenes con el rótulo «Sobrante de España», cargados con víveres para Italia y Alemania. Estaban muy vigilados; como intentases arrimarte te exponías a que te dieran un tiro[638].

Investigadores portugueses confirman que la aportación de los propietarios del país vecino a la gran cacería humana que estaba teniendo lugar en Badajoz fue muy importante desde los primeros momentos. Rui Rosado Vieira describe la colaboración de los grandes propietarios de Campo Maior con la policía portuguesa y española y su responsabilidad en la entrega de cientos de detenidos. Y añade: «Alguns destes agrários distinguirem-se pela sua identificaçao com as piores atrocidades cometidas pelos franquistas, assistindo, como convidados, aos fuzilamientos efectuados na Praça de Touros de Badajoz»[639].

Un último episodio nos permitirá ver una vez más lo que se estaba vengando. Justo Fernández López era presidente de la Casa del Pueblo de Castilblanco en diciembre de 1931. Los años pasados en Argentina le habían posibilitado reunir un dinero y abrir una posada en el pueblo, lo que le permitía vivir un poco más desahogado que la mayoría de sus vecinos. Él fue quien mantuvo la conversación con el cabo de la Guardia Civil y quien le dijo: «Señor cabo, sujete a aquel guardia que va a disparar», momentos antes de que el guardia hiciera el primer disparo. En 1933 fue absuelto. Lo mismo ocurrió con la única mujer procesada, Cristina Luengo Rodríguez, acusada sin pruebas por la prensa de derechas de falsedades que aún perduran. Pues bien, lo primero que hicieron los franquistas recién ocupado el pueblo, el 12 de abril de 1939 —los rojos habían asesinado a nueve personas desde el 18 de julio—, fue acabar con la vida de esta mujer y de 17 vecinos más, cuyos nombres desconocemos. Fueron asesinados en el lugar conocido como Las Cabezolejas, donde aún reposan sus restos. Posteriormente, la represión judicial-militar acabó con la vida de trece personas más, entre ellas el mencionado Justo Fernández López, asesinado en Mérida el 9 de octubre de 1940, y otro más de los procesados, Florencio Bravo Nieto, asesinado en junio del 42. Así fue, ocho o nueve años después, como la derecha cerró los «sucesos» de Castilblanco[640].

DE LA REFORMA AGRARIA A LA REVOLUCIÓN CAMPESINA

La vida es lucha y perderla no es más que un accidente.

RICARDO ZABALZA (carta a su mujer

el día de su asesinato por consejo

de guerra, 24/02/1940).

Aunque no sea el objeto principal del presente trabajo resulta tentador observar qué ocurrió con la cuestión agraria en la zona oriental de la provincia que quedó en poder de la República. Aunque existe una amplia bibliografía sobre la revolución que tuvo tugar en el medio agrario español a partir del golpe militar, en el caso de Badajoz tal cosa no ocurre y además contamos con muy poca documentación —casi ninguna en los archivos municipales— para saber qué línea se siguió. En ello influye sin duda la extraña situación en que quedó: media provincia, capital incluida, en poder de los golpistas y el resto sin los resortes provinciales y lejos de Madrid, una especie de tierra de nadie, hecho que marca sus diferencias con otras provincias en que las organizaciones frentepopulistas pudieron mantener el control y se entró de inmediato —no olvidemos que el «18 de julio» coincidió con la siega— por la vía de las colectividades. En Badajoz, dadas las circunstancias y como en todas las zonas que sufrieron tan de cerca el impacto del golpe militar, se tardó más en recomponer la situación.

El primer decreto del Gobierno de la República que toca el «abandono» de la tierra, por el que se permitía a las autoridades municipales, asistidas por las organizaciones obreras de carácter agrícola y bajo la supervisión del IRA, hacerse de dichos terrenos, es de 8 de agosto del 36[641]. Otra disposición de 16 de agosto sobre «acceso a la propiedad» concede a los arrendatarios y aparceros que lleven en cultivo directo una tierra durante seis años ininterrumpidos el derecho a su conversión en propiedad[642]. Preocupado por la situación creada por el golpe militar en zonas de gran riqueza agrícola y por el problema de la producción, el Gobierno decreta el 15 de septiembre de 1936 la creación en cada localidad de un Comité Agrícola del Frente Popular, presidido por el alcalde y constituido por cuatro miembros elegidos por el Ayuntamiento y el Comité de dicho Frente junto con vecinos «competentes en agricultura y de probado amor al régimen». Estos comités agrícolas, cuya función inicial sería aumentar el área de cultivo y la producción, estarían asesorados por los jefes de las secciones agronómicas provinciales (tras la caída de Badajoz la zona republicana de la provincia pasó a depender del Servicio Provincial de Reforma Agraria de Ciudad Real). Entre sus funciones se señalaban la coordinación y cuidado de las labores agrícolas. La desobediencia a las disposiciones de los comités podía castigarse, en caso de propietarios reincidentes, con la anulación del derecho de propiedad, y con la privación del derecho a cultivar si se trataba de colonos, arrendatarios o aparceros. Contamos con el acta de constitución de alguno de estos comités agrícolas, caso del de Campanario, pero ignoramos cómo se desenvolvieron[643].

Un paso fundamental —tercer y definitivo paso de las dos reformas abordadas primero en el bienio reformista y luego con el Frente Popular, pero en este caso consecuencia directa del golpe militar— vendría con el decreto de 7 de octubre de 36 firmado por Manuel Azaña y por el ministro de Agricultura, Vicente Uribe Galdeano. En su primer artículo se acordaba «la expropiación sin indemnización y a favor del Estado de las fincas rústicas, cualesquiera que sea su extensión y aprovechamiento rústico, pertenecientes en 18 de julio de 1936 a las personas naturales o sus cónyuges y a las jurídicas que hayan intervenido de manera directa o indirecta en el movimiento insurreccional contra la república». Las responsabilidades las establecerían unas Juntas calificadoras locales «integradas por el Ayuntamiento, el Comité del Frente Popular y una representación de cada una de las organizaciones sindicales de obreros del campo y Agrupaciones de pequeños cultivadores y colonos, legalmente constituidas». Estas Juntas serían las encargadas de establecer las relación de propietarios que de una u otra forma (moneda, especie, auxilio, servicios, confidencias o «simple resistencia» o desobediencia a las disposiciones o acuerdos del Gobierno legítimo de la República) hubiesen apoyado la sublevación. Estas propuestas serían elevadas a unas Juntas Provinciales, presididas por un delegado del Ministerio de Agricultura, que, tras elaborar un informe, las elevaría al Gobierno, quien publicaría en la Gaceta los nombres de los afectados. Las fincas expropiadas serían entregadas a los braceros y campesinos del término donde aquellas estuviesen ubicadas. Los braceros y pequeños arrendatarios y propietarios (y los parientes en primer grado en caso de muerte por acción de guerra) encuadrados en las Milicias Populares o en unidades de voluntarios del Ejército tendrían trato preferente a la hora de recibir «en uso a perpetuidad una porción de tierra de labor que en el lugar de su emplazamiento dé un beneficio líquido suficiente para el sustento de su familia».

El decreto también contemplaba, en caso de que los beneficiados pertenecieran a una organización sindical agraria o desearan constituirla, la posibilidad de reunir los lotes para formar una explotación colectiva. Finalmente, el IRA se comprometía a redactar los planes apropiados de explotación y a dotar a los beneficiarios de todo lo necesario para el cultivo durante un período de dos años, a cuyo fin se creaba además el Banco de Crédito Agrícola. Y concluía: «Este decreto se aplicará a los términos municipales de todo el territorio nacional, poniéndose en vigor en las zonas que se hallen bajo dominio de los elementos rebeldes en cuanto sean sometidas al Gobierno de la República»[644].

He aquí el preámbulo:

(…). Culmina esta criminal conducta en el movimiento subversivo militar-fascista que se inició el 18 de julio último, y que tiene sus antecedentes en la resistencia y ataque a la República, de las castas reaccionario-militaristas, desde la instauración del Régimen democrático. Buena parte de los sublevados y financiadores de la rebelión la constituyen grandes propietarios latifundistas, militares de graduación y alto clero, dueños de riquezas considerables. Pues bien, así como los Tribunales de Justicia ejercen su recta función contra los insurgentes, es necesario que la República castigue en sus medios económicos a los más destacados fomentadores y participantes del movimiento faccioso, logrando de este modo resarcir al país de una parte de los prejuicios que la subversión le ocasiona.

Lo que está ocurriendo en España pone de relieve que no es posible contemporizar con esos elementos perturbadores, que, incompatibles con el progreso de la República, tratan de llevarla en el momento presente a la más completa ruina económica. (…). Es, pues, indispensable para asegurar la existencia de España como país libre e independiente, privarles de una fuerza que en sus manos tiene tan censurable empleo…

Los resultados del decreto, que viene a coincidir con la sensación generalizada en la Extremadura republicana de que el Estado volvía a funcionar con todas sus atribuciones —de que el caótico proceso de incautaciones y ocupaciones de los meses anteriores había concluido—,[645] comenzaron a hacerse públicos enseguida, dando cuenta la prensa del número de hectáreas que día a día eran «arrebatadas a los terrateniente facciosos» en las provincias latifundistas en poder de la República y apareciendo en la Gaceta los listados de «elementos clasificados como enemigos del régimen y comprendidos en el grupo de insurrectos» a que se refería el decreto de 7 de octubre. Igualmente, desde finales de octubre y bajo espectaculares titulares donde se leía «FORJANDO LA NUEVA ESPAÑA», OT informó puntualmente de todo el movimiento de las colectividades campesinas, dando extensas relaciones por términos municipales de las fincas expropiadas y de los propietarios afectados por el decreto dentro de una sección llamada «Incautaciones de fincas rústicas»[646]. En cuanto a los afectados por el decreto y a los procedimientos legales a seguir pronto se vio que había varios problemas. Para empezar, algunos de ellos no existían por haber sido asesinados en la represión de los meses anteriores. Además se estaban incluyendo en los boletines oficiales provinciales fincas sobre las que aún no había recaído fallo ministerial, con lo que, entre otras cosas, se anulaba la posibilidad de recurrir. Por otra parte, como era previsible, una orden ministerial de 3 de enero de 1937 obligó a las Juntas Provinciales a reunirse para decidir la definición de «insurrectos» —la propia Gaceta constituye la prueba de que en más de una ocasión hubo personas indebidamente incluidas en esos listados—. Y finalmente, reconociendo los problemas existentes, otra orden de 8 de julio del 37 legalizó todas las situaciones de hecho creadas por las explotaciones colectivas, ordenando al IRA que diera preferencia a estas colectividades. Si entre febrero y julio habían sido expropiadas 712 070 ha, entre julio de 1936 y mayo de 1937 pasaron a mano de los campesinos 2 141 880 ha y en el año siguiente 2 500 000 hectáreas más. Las provincias con mayor proporción de superficie incautada eran Ciudad Libre (Ciudad Real) (38,90 %), Jaén (27,95 %), Cuenca (18,28 %), Albacete (30,80 %), Badajoz (11,89 %) y Toledo (16,24 %).[647]

CAOS Y ORDEN

El 13 de noviembre, recién frenado el ejército de Franco en las puertas de Madrid, hecho heroico en que jugó un papel importante Margarita Nelken, se celebró en Castuera, ya capital de la Extremadura republicana, una importante asamblea campesina en la que se abordaron por primera vez desde la sublevación los problemas existentes. El informe, elaborado por Antonio Rodríguez[648], partía de la compleja situación de los pueblos de Badajoz, empezando por los problemas que afectaban a la producción:

Por el natural ambiente que crea la larga guerra civil, con las inmigraciones continuas de gentes que huyen a (sic) las garras del fascismo, las narraciones de hechos criminales cometidos en nuestros compañeros y seres más queridos por la negra reacción, las dificultades de abastecimiento, (…), los pueblos fronterizos a la línea de fuego sienten un embotamiento de la voluntad del trabajo, que origina como consecuencia la paralización, en parte, de las operaciones agrícolas propias de la época de sementera.

La asamblea había insistido en la necesidad de incrementar la producción y de adoptar el sistema de explotación colectivistas, no obstante reconocer el rechazo que esto había creado entre los campesinos en la presente sementera. Fuese como fuese, era preciso que «no quedara ni un palmo de tierra sin sembrar». La FETT era consciente del gran error que había supuesto no trasladar los productos agrícolas almacenados a zona segura y dejarlos en poder de los sublevados. En este sentido se actuó de inmediato, pues ya en los primeros días de septiembre se tienen noticias de que el grano sobrante estaba siendo trasladado a Levante[649]. En cuanto a las tierras expropiadas se planteaba la necesidad de actuar según la ley para tener el apoyo del IRA, sin el cual poco se podía hacer. Por último, el informe destacaba el enorme esfuerzo realizado por las poblaciones donde había recaído la mayor parte de la migración provocada por las columnas militares. Dados los graves problemas producidos —había términos donde había desaparecido la ganadería— urgía crear un Comité Provincial de Defensa que coordinara y pusiera un poco de orden y racionalidad en todo este asunto[650]. Esto se consiguió coordinando a todos los pueblos de la zona, creando un registro de albergues y distribuyendo a los que iban llegando. Dicho comité ejecutivo se constituiría en Castuera el día siguiente, 14 de noviembre, y de él formarían parte José Sosa Hormigo (secretario general), José Casado Morcillo (secretario de organización), Tomás Aquino Barquero (secretario sindical), Antonio Navas Lora (agitación y propaganda), Francisco Gómez Gutiérrez (secretario de milicias), Valentín Alvarado Parreño (secretario administrativo) y Elías Maravé Gallardo (miliciano ejecutivo[651]).

Y sólo unos días después, el 27 de noviembre del 36, la Junta de Defensa de Extremadura, constituida igualmente en Castuera, creó una Delegación de Agricultura, Ganadería y Trabajo a cuyo frente colocó a José Sosa Hormigo. Éste sería el encargado en noviembre de 1936 de recabar información sobre lo que estaba ocurriendo en los pueblos en todo lo relativo a las incautaciones de tierras y a la producción. A fines de noviembre se solicitan los datos siguientes: relación de fincas incautadas, nombre y extensión; nombres de sus antiguos propietarios; relación de aperos y ganados incautados; sistema de explotación implantado y responsables (organización campesina o Junta de Defensa Local); extensión del término municipal y número de hectáreas sembradas en los años 35 y 36; si están sembradas todas las tierras que se barbecharon (en caso contrario nombres de sus responsables); y datos completos sobre existencia del ganado existente[652].

Quienes no hubieran sembrado podrían ser declarados facciosos y perder la propiedad, que pasaría de inmediato al municipio y sería entregada a una organización campesina. Para esta fecha ya se ordenaba que se protegiera la riqueza agrícola y ganadera de las zonas cercanas a los frentes. El ganado, por ejemplo, nunca debía aproximarse a menos de 15 km de la línea de fuego. Estas medidas intentaban poner un poco de orden en el modo descoordinado en que, a partir del 18 de julio, con la caída de Mérida y Badajoz, y con las fuerzas golpistas cada vez más cerca, se venía actuando en la provincia.

Las primeras incautaciones de las que tenemos constancia ocurrieron en los últimos días de julio. En este sentido no hubo diferencia alguna entre lo ocurrido en Badajoz y lo ocurrido en otras provincias como Jaén, donde el fracaso del golpe militar abre el camino a la revolución[653]. Se conservan actas e inventarios de algunas de las fincas incautadas entonces con detalladas relaciones de todo lo que contenían[654]. Contamos, por ejemplo, con un acta realizada en La Haba por la que el Comité de Enlace del Frente Popular, representado por Bernabé Velarde Peña y Serapio Manzano Juez, se incauta provisionalmente de los bienes y valores del Sindicato Agrícola, cuyo vocal, Francisco Godoy Grande, asiste a la requisa[655]. Así mismo, el Comité de Valle de la Serena autorizó a los vecinos Feliciano Rodríguez Manzano, Francisco Montiel Tamayo y Viviano Mateo Díaz para incautarse de un terreno y de ganado propiedad de Consuelo Godoy Godoy y Juan Barquero Barquero, vecino de Quintana de la Serena[656]. Dos actas de fines de agosto levantan inventario y otras dos posteriores, ya de 30 de noviembre, legalizan la incautación de acuerdo con el decreto de 7 de octubre. Son las actas de incautación de las fincas «Cerro Gimón», de Juan Barquero, y de «Valles y Vera», de la familia Godoy Godoy, a las que acompaña inventario. Aunque en el apartado de representación de autoridades y comités se menciona al Comité del Frente Popular, representado por Feliciano Rodríguez Manzano «y otros», sólo firma éste. La causa que consta es «abandono de la explotación por faccioso». Luego, aparte del decreto de referencia por el que se practica la incautación, se hace constar que, mientras el IRA no determine su destino, se hará cargo de ella la Sociedad de Trabajadores de la Tierra, representada por Santiago Godoy Nogales (presidente), Francisco Romero Muñoz (secretario), Francisco Sánchez Segovia (tesorero), Clemente Valor Romero (vocal), José Pavo Valor (vocal) y Eugenio Sánchez Godoy (vocal). La incautación debía comunicarse al IRA, al que se mandaban dos copias del acta, y a la FETT[657].

De Valle de la Serena también contamos con el caso de la finca «Claros», de Luis Murillo[658], vecino de Don Benito, de la que Feliciano Rodríguez Manzano, Saturnino Cuadrado Sánchez y José Sánchez Murillo realizan un detallado inventario el 28 de julio, y con el acta de incautación de los bienes del vecino Pedro Masa Campos, que tiene fecha de 23 de diciembre de 1936. El acta la levantan Antonio Romero Pozo, presidente del Comité de Defensa, y «los camaradas» Juan Fernández Díaz y Juan Horrillo. Se hace constar que la incautación se realiza cumpliendo órdenes del gobernador civil de Badajoz. El inventario es exhaustivo: una casa en la calle Malaver, 28, con todas sus pertenencias, 113 fanegas de trigo, 4 de avena, 2 de garbanzos, 8 de aceite, aperos diversos, etc. Y concluye: «Se hace constar que esta incautación provisional se efectúa por encontrarse el mencionado MASA prestando su apoyo personal en las fuerzas facciosas y terreno enemigo. Y en prueba de conformidad lo firman los miembros del Comité, como así mismo la esposa de ANTONIO MASA CAMPOS…»[659]. González Ortín menciona un «documento marxista» de Feria referido a la incautación de la finca del vecino de Zafra Manuel García Goitia el día 27 de julio de 1936[660].

Mucho más significativo, por lo que representa, es el caso de Siruela, que conocemos por las memorias del médico anarquista Pedro Vallina, desterrado en varias ocasiones por aquellas tierras y que pasó por allí camino de Madrid tras la sublevación. En Siruela, localidad cercana a Ciudad Real (entonces Ciudad Libre), los campesinos ocuparon el palacio de Fernán Núñez instalando allí todo lo que el pueblo requería: ayuntamiento, juzgado, escuelas, etc. y además incautaron la dehesa propiedad del duque, que ocupaba buena parte del término. El administrador del duque, Rufo Abellán Martínez, y el suegro de Salazar Alonso, Braulio Cendero García, propietario de 63 años, fueron asesinados el 29 de septiembre. Cuenta Vallina que, en las semanas siguientes al golpe militar, el gobernador Granados quiso saber sin resultado alguno desde Badajoz qué estaba pasando en Siruela. Años después ambos se encontraron en México y Granados le dijo: «Ojalá hubieran sido todos como ustedes, y entonces no nos hubiéramos visto obligados a salir de España». Es probable que el gobernador ignorara que Siruela fue el lugar donde ocurrió uno de los hechos violentos más simbólicos de la guerra civil en el sur y que dan la verdadera dimensión del conflicto. En Siruela y otros pueblos de la Siberia extremeña y alguno de Ciudad Real, fueron asesinados hasta 24 descendientes del general Vicente González Moreno, el que acabó con la vida de Torrijos y sus 52 compañeros en Málaga en diciembre de 1831 tras capturarlos mediante una trampa. Ahora en Siruela cayeron Arturo Moreno Castaño, propietario de 63 y cacique hasta la llegada de la República, y tres de sus hijos y un yerno, todos ellos el 18 de agosto del 36. Se estaban matando enemigos de clase y, al mismo tiempo, se estaba vengando un hecho ocurrido un siglo antes[661].

A pesar de los errores y abusos de los primeros meses —excesos reconocidos por el propio Largo Caballero en enero de 1937 teniendo «una gran esperanza de que no se repetirán»—,[662] los Comités intentaron controlar y evitar los robos y las requisas incontroladas, hechos que fueron denunciados y contra los que se tomaron medidas. De hecho, uno de los motivos por el que a partir de noviembre se entregan los bienes incautados a las organizaciones obreras es por el peligro que corrían «por la incompresión» de los que sólo pensaban en destruirlos o en apropiarse de ellos. De ahí que a partir de ese momento se reactivaran actas e inventarios para que quedara constancia del proceso en curso y se pudiese enviar la documentación al IRA para su legalización[663]. Todo esto provocó numerosos conflictos entre los partidarios del aprovechamiento individual de esos bienes y los que apostaban por la idea colectiva, lo que llevó a la existencia de dos sectores, uno en el que primaban las quejas y los intereses individuales y otro que estaba decidido a aprovechar la ocasión para realizar una transformación más profunda. Tomás Aquino Barbero, el secretario de la Sociedad Obrera de Quintana de la Serena, se quejaba en una Junta General Pública, celebrada el 22 de diciembre de 1936, de que no encontraba «la fe necesaria ni la voluntad debida en estas circunstancias» y llamaba a los «camaradas sensatos y responsables» a imponerse a tanta mezquindad:

… queremos convenceros con razones para que las tierras incautadas sean explotadas en colectividad haciendo con ello la revolución a la par que se gana la guerra, pero si vuestro egoísmo e incomprensión os lleva al terreno de quererlo todo para vosotros, sin acordaros de los que están derramando su sangre en los frentes de batalla, yo os digo que, interpretando el sentimiento y la fe de aquellos compañeros, la Colectividad es un hecho, adquiriendo nosotros la responsabilidad de su organización (esto produce un gran barullo en medio del cual se levantó la sesión por el presidente a las 2 de la tarde…).[664]

Esto tuvo su continuidad en una nueva reunión celebrada el viernes 1 de enero de 1937, que contó con la presencia de un delegado del Secretariado Provincial de la FETT que les habló de las ventajas del colectivismo y recogió las actas de incautación y demás documentación producida a consecuencia de estos hechos para pasarlas al IRA, no dejando de criticar la directiva local «la despreocupación y el desinterés de las asambleas celebradas a este fin». No fue hasta entonces cuando se activó la colectividad y se nombraron los que habían de ser sus responsables: Atanasio Murillo, Tomás Aquino Barquero, Pedro Anguas Fernández, Diego Carmona Prieto, Diego Cáceres Tena y Benito Ortiz Díaz. La mayoría se mostró conforme con esta iniciativa «por creer que es un deber indeclinable realizar en esta oportunidad la transformación que tanto emos (sic) deseado toda nuestra vida y si los obreros, algunos de ellos, son refractarios a estas determinaciones es debido a su ignorancia e incomprensión de los deberes que a todos nos imponen los momentos presentes»[665]. Efectivamente, las incautaciones tuvieron lugar el 20 de diciembre y afectaron a fincas de Quintana, Zalamea, Castuera, Valle de la Serena y algunos otros pueblos[666]. El Comité administrativo provisional de la colectividad lo formaron Atanasio Murillo Guisado, Tomás Aquino Barquero Barquero, Pedro Anguas Fernández, Diego Carmona Prieto, Diego Cáceres Tena y Benito Ortiz Díaz. Todo se hizo de acuerdo con el decreto de 7 de octubre. La última asamblea de la que tenemos noticia es de 3 de enero de 1937. Es interesante porque se da un repaso a lo ocurrido desde que se constituyó el 19 de julio el Comité de Defensa de la República y tuvieron que hacer frente a la sublevación de la Guardia Civil. Se resalta el problema del abastecimiento y socorro «en aquellas horas en que la indisciplina social se hizo sistema, todos querían comer del Comité, y el que no recibía el socorro pedido se echaba a requisar por su cuenta, con un resultado mil veces peor para el orden revolucionario que en aquellos momentos convenía implantar». Las listas de socorro eran inacabables. Se socorrió a gente sin control ninguno, a gente que no necesitaba nada. Así que antes de que desapareciera todo, y en contra del parecer de muchos, se decidió entrar por la vía del decreto de 7 de octubre y se puso en manos del IRA todo lo que había. No obstante, siguiendo el decreto, se respetó a los pequeños propietarios e industriales que quisieron seguir independientes[667]. De hecho, tras dar un plazo en que cada uno decidió qué opción tomar, la cooperativa integró tanto a individualistas como a cooperativistas. Para Tomás Aquino Barquero la experiencia demostró que las tesis socialistas no eran utópicas: «se terminó el mercado del trabajo, yendo todas las mañanas a la plaza en busca del eventual jornal»[668].

En el caso de la sociedad obrera Adelante, de Magacela, se cuenta con sus actas hasta junio de 1938, aunque son tan escuetas que poco se puede sacar en claro. En este caso fue el 10 de diciembre cuando decidieron ocupar realmente con personal propio y hacerse cargo de los bienes requisados. Pese a todo, resulta evidente que como en el caso de Quintana hubo roces y conflictos entre los socios, hasta tal punto que el consejo de administración de las fincas incautadas no se nombró hasta noviembre de 1937[669]. Jacinta Gallardo expone en su trabajo sobre La Serena cómo todos los pueblos contaron con una colectividad y una cooperativa, en representación de los colectivistas y los individualistas respectivamente. En algún caso, Acedera por ejemplo, los últimos solicitan en abril del 38 unirse a la colectividad[670].

EL CASO DE MALPARTIDA DE LA SERENA

Pero es el fondo dedicado a las incautaciones efectuadas en Malpartida de la Serena —dado a conocer e investigado por José L. Rodríguez Carrasco— el que mejor recoge en qué consistió la revolución agraria y desde qué bases se hizo ésta en la Extremadura republicana. Se conservan completas 29 actas de incautación, probablemente la totalidad, todas del 9 de diciembre de 1936, con su correspondiente inventario, de igual fecha, y, muy especialmente, con los informes de la Junta Municipal Clasificadora de Reforma Agraria, fechados, salvo excepción, en 31 de marzo y en 14 de abril de 1937[671]. Si contamos la primera y la última fecha que aparecen en los documentos veremos que todo el proceso se realizó entre el 9 de diciembre de 1936 y el 12 de septiembre de 1937[672]. El modelo de acta es el mismo que se utilizó en Valle de la Serena, lo que quiere decir que fue el modelo oficial impuesto en territorio republicano a partir del decreto de 7 de octubre. Malpartida, perteneciente al Partido Judicial de Castuera, tenía poco más de dos mil habitantes en esos años y era uno de los términos municipales más pequeños del Partido (menos de 27,53 km²: 2753 ha; el mayor, Cabeza del Buey, tenía 500 km²). Castuera, como la mayor parte de los pueblos de su Partido Judicial (Cabeza del Buey, Zalamea de la Serena, Quintana de la Serena, Malpartida de la Serena, etc.), permaneció en poder de la República hasta finales de julio de 1938.

Como puede verse en el anexo el encabezamiento del acta es: «Provincia de Badajoz. Zona leal» y un espacio para el nombre del término municipal. Consta de cuatro bloques: uno en el que se enumeran las personas reunidas para el acto, otro donde se dice por qué se le aplica el decreto de 7 de octubre, otro en el que se menciona a quién se entrega el bien expropiado y la parte inferir de sellos y firmas. La mayor parte de los propietarios afectados (18 de 29) eran forasteros. Fueron incautadas las fincas y propiedades siguientes:

Torilejo y otras, de Manuel y Antonio Aumesquet Rico (Cazalla de la Sierra, Sevilla).

El Coto, de Aquilino Barquero Gómez-Coronado (Quintana de la Serena).

Baldíos de Guadalefra, de Mateo Balsera.

Esperilla, Barreros y otras, de Antonio Benítez Donoso (Castuera).

Dehesa de Luján, de Antonio Benítez Donoso y que lleva en arrendamiento Francisco Aragón, de Castuera (Castuera).

Barro Bermejo, de Vicente Calderón González.

Electro-Harinera, de Francisco Camacho Castillejo.

Partidas y Pariegos, de Pedro Carrasco Mena (Zalamea de la Serena).

El Coto, de Rafael de la Cruz Coronado (Quintana de la Serena).

Dehesa Luján, de Juan Miguel Donoso Rodríguez «El de Pedrete» (Castuera).

Gabias y Toril Alto, de Vicente Fernández-Blanco Dávila (Zalamea de la Serena).

Toril Alto, Viñas y Camino de Zalamea, de Anselmo Fernández Dávila (Zalamea de la Serena[673]).

Torrejón, Valdíos y varias parcelas, de Gil Flores Nogales (Hros. de Gabriela Nieto) (Valle de la Serena).

Ganadería lanar propiedad de Manuel García (Castuera)

Cerro Palacios y otras, Andrés García Benítez.

Las Cabezas y cuatro parcelas, de Domingo García Muñiz.

Payas, de Hros. de Luis Gironza (Castuera[674]).

Caminos de los Linares y Riscos, Antonio Godoy Calderón de la Barca (Quintana de la Serena[675]).

Pelonas y El Coto, viuda de Rafael Gómez-Coronado Gómez-Coronado (Quintana de la Serena[676]).

Barrial de la Cuerda y Mayorazgo, de Emiliano Gómez García.

Dehesa de Malpartida y otras, de Juan Luján Olañeta (forastero).

Cabezas, de viuda de Ernesto Méndez Tena (Castuera).

Cabezas, de Hros. de Amalia Morales Toval (Castuera).

Gilmontero y otras, de Juan Murillo Rico.

Mayorazgo, de José Ramírez Cid-Carrasco (Zalamea de la Serena[677]).

Dehesilla y Toril Alto, de Nicasio Rosa Algaba.

Las Partidas y siete parcelas más, de Antonio Rosa Cerrato.

Arroyo Merdero, de Juan Rosa Cerrato.

Tejoneras, de Ángel Serrano.

Todas las actas, salvo una, tienen la misma fecha del 9 de diciembre de 1936[678]. El Comité de Incautación estuvo compuesto por el presidente Venancio Alberca García, que también presidía el Consejo Municipal; por los vocales Agustín Hurtado Rosa y Claudio Benítez Gómez, y los testigos Mateo Santana Rico y Francisco López Gómez, salvo en una ocasión José Pacheco Gómez y Juan Miguel Alberca Rayo, cuya presencia denota que no hubo en ningún caso representante alguno por parte de la propiedad. La entrega siempre se hizo a la sociedad obrera socialista Trabajadores de la Tierra de Malpartida, constando en todas las actas que, como aún no se ha nombrado Consejo de Administración, tal como era preceptivo, «hará sus veces la Junta Directiva de la citada organización». Abajo firman todos los mencionados y aparecen los sellos de la Alcaldía Constitucional de Malpartida de la Serena, el de la agrupación socialista Sociedad Obrera Aurora Social y el de la Juventud Socialista local. El 10 de abril de 1937, constituido ya el Consejo de Administración que la ley exigía, se añade abajo la siguiente diligencia:

Se hace constar que en este día pasa esta Acta y demás documentos relacionados con la misma así como su inventario al Consejo de Administración de esta localidad constituido en la forma siguiente:

Presidente. Agustín Hurtado Rosa

Secretario. Damián González Vera

Tesorero. Ildefonso León Rico

Vocal. Francisco Rosa Murillo

    «      Alberto Tena Rosa

    «      Cristóbal García Gómez

[Firma el Presidente de la Sociedad Obrera Ildefonso León].

La excepción antes mencionada es el acta de incautación de Juan Murillo Rico, levantada por el propio Consejo Municipal (Venancio Alberca García, Claudio Benítez Gómez, Antonio Gómez Gómez, Cristóbal García Gómez, Prudencio Cabanillas Calderón y Francisco Tena García) el 30 de junio de 1937 por «considerarle faccioso toda vez que había intentado la evasión al campo enemigo».

Teniendo en cuenta los inventarios la superficie incautada sumaba 836 ha, en su mayor parte dedicadas al cereal o en barbecho. Una buena parte (algo más del 30 % de lo expropiado) de las tierras incautadas eran propiedades de tipo pequeño y medio aunque sólo tres expedientes suman 510 ha (más del 61 % de lo expropiado). También se expropió la fábrica electro-harinera de Malpartida, propiedad de Francisco Camacho Castillejo, al que le fueron incautadas 1700 fanegas de trigo y 1400 arrobas de salvados. El ganado incautado fue 704 cabezas de ovino, 100 de cerda y 2 de caballar. Aunque la mayor parte de la superficie expropiada fue entregada a los Trabajadores de la Tierra, en catorce casos se anota bajo lo anterior que la finca o parte de ella permanece en poder de particulares, circunstancia que contemplaba el artículo cuarto, apartado b, del decreto de 7 de octubre, que permitía a arrendatarios, colonos o aparceros el cultivo de hasta treinta hectáreas de secano, cinco de regadío y tres de huerta. En general puede decirse que un tercio de la tierra quedó en manos privadas y el resto, aunque no se especifique siempre, fue cultivado de manera colectiva.

La Junta Calificadora informaba sobre cinco cuestiones: si atendía bien la tierra, si cumplía las bases de trabajo, qué actitud adoptó en octubre del 34, qué hizo con motivo de la sublevación y si ha colaborado de alguna forma con el movimiento subversivo. El primer apartado fue afirmativo en general salvo en el caso de varios propietarios en que se hizo constar el abandono en que tenían sus tierras y la necesidad que había todos los años de avisarlos para que realizaran las labores agrícolas, caso de Carrasco Mena, los Fernández-Blanco y Ramírez Cid-Carrasco. Sobre las bases de trabajo de los 29 propietarios y con informes sobre 27, 11 las cumplían y 16 habían sido demandados en diversas ocasiones por no hacerlo. Respecto a la actitud durante octubre de 1934 en 20 casos se ignoraba, en 7 se calificó de «antirrepublicana y antiproletaria» y en 2 se dijo que era normal e imparcial. Los puntos cuarto y quinto, que informaban sobre la actitud de los encartados a partir del 18 de julio, fueron los más delicados y decisivos. No obstante, hay que tener en cuenta que, dado que en su mayor parte eran forasteros, los informes los realizaron en general las Juntas Calificadoras de sus respectivos pueblos. El traslado a zona franquista, caso de la mitad de los afectados, presuponía automáticamente una actitud favorable a la sublevación. Pese a todo, hubo casos en que se habló de actitud normal el 18 de julio y otros de «rebeldía disimulada». En cuanto a la colaboración con los sublevados, en veinte casos o se ignoraba o no se podía determinar. Sin embargo, en el caso de Barquero se puso claramente que había intervenido en el movimiento faccioso; Manuel García había contribuido con dinero; de Godoy Calderón de la Barca que se sabía de su «intervención indirecta en el movimiento faccioso»; en el de Amalia Morales Tovar y herederos que en su casa se localizaron armas para la insurrección; y Juan Murillo Rico, el caso más tardío, cuyas relaciones con la República fueron consideradas «buenas», fue capturado cuando intentó pasarse al otro lado. Con uno de los propietarios, Domingo García Muñiz, no se entró en detalles, simplemente se hizo constar: «Este sujeto en el mes de agosto de 1936 abandonó a su familia y el cargo de farmacéutico que ejercía y se marchó a las filas fascistas. Habiendo hecho el traslado de su familia en el mes de enero del mismo año y por lo tanto esta Junta lo declara faccioso». Así pues, a la hora de incautar, primó la fuga al campo enemigo y el apoyo, abierto o velado, a la sublevación.

Según la documentación consultada, ninguno de los propietarios de Malpartida que permanecieron en la localidad perdió la vida y de los 29 afectados fueron cuatro los asesinados, todos ellos en otros municipios. De hecho, casi la totalidad de los muertos adjudicados a Malpartida de la Serena, por más que fueran recogidos en su término, corresponden a Zalamea. Así, puede decirse que el terror rojo fue casi inexistente en este pueblo de La Serena. La ocupación de fincas debió comenzar poco después del 18 de julio, rompiendo así de manera definitiva con el proceso abierto el 25 de marzo y que se venía realizando según lo decretado por el Gobierno del Frente Popular durante los meses de abril y mayo. Fue el golpe militar el que abrió el proceso revolucionario que supuestamente pretendía evitar. La escasa documentación existente parece indicar que tras varios meses de espontaneísmo, poco después de la salida del decreto sobre expropiaciones sin indemnización y la creación de la Junta de Defensa de Extremadura, se acordó poner un poco de orden y dar forma legal a lo que se venía haciendo. De ahí esas actas de incautación, tan diferentes a las de marzo; de ahí los detallados inventarios, y de ahí los informes de las Juntas Calificadoras puestas en marcha en marzo de 1937. Como ya había pasado en los días del Frente Popular, en Malpartida de la Serena la revolución quería ser incruenta y no abandonaba cierto espíritu burocrático. Por eso, por la minuciosidad con que todo fue recogido, podemos verla ahora en sus más pequeños detalles.

EL FINAL DEL GRAN REPARTO

En Extremadura desconocemos, por falta de investigaciones, los resultados de aquella historia que duró dos años, hasta que llegaron las fuerzas de Franco. Pero sí sabemos cómo acabó:

Badajoz. Jefe Provincial de Recuperación Agrícola. Propietarios fincas sembradas por marxistas recobrarán plena posesión aquellos tan pronto se presenten, teniendo obligación hacer declaración jurada modelo RD 8. Los que sembraron tierra no pueden entrar fincas sin consentimiento dueños. Ambas partes deben reclamar antes comisión depositaria su participación cosecha a menos lleguen acuerdo directo. Si hubiera contrato cultivo modelo RD 11 propietarios deberán solicitar devolución fincas RD 11[679].

Acababa de ser ocupada Valle de la Serena y el mismo 30 de julio de 1938 se saca el modelo que debe utilizarse:

DON FULANO DE TAL Y TAL, natural de…, de tantos años de edad, estado profesión, oficio, vecino de…

JURO POR DIOS Y POR MI HONOR ser de mi exclusiva propiedad ........................... (tal cosa u objeto reseñando señas particulares) los cuales se encuentra (sic) en esta localidad de Valle de la Serena y me son entregados por el Señor Comandante Militar de la Plaza.

Valle de la Serena 30 de julio de 1938

III Año Triunfal

(Firma del interesado)

DON FULANO DE TAL Y TAL (aquí la media filiación de cada uno en la misma forma que el anterior) juran así mismo reconocer como propiedad de don fulano de tal y tal (los objetos cuales fueren) arriba mencionados, y son testigos de su entrega a su propietario por el Señor Comandante Militar en el día de la fecha.

Valle de la Serena 30 de julio de 1938

III Año Triunfal

(aquí firma de dos testigos)[680]

Esto abrió un proceso del que tampoco queda mucha documentación en la zona este de Extremadura, por el que tierras, ganados y aperos retornaron a sus dueños. En principio fue el Servicio de Recuperación Agrícola, organismo creado en mayo de 1938, dependiente del SNREST y cuyo objetivo era la devolución de las propiedades que habían sido objeto de expropiación por la reforma agraria y la recuperación de los niveles productivos anteriores a la guerra, el que se hizo cargo de todo[681]. A medida que se fue ocupando el territorio todo pasó a poder de las llamadas Juntas Depositarias de Bienes Agrícolas, luego de Recuperación Agrícola, que fueron las encargadas de resolver las solicitudes planteadas en cada localidad. La de Valle de la Serena se constituyó el 28 de julio de 1938, presidida por el presidente de la nueva gestora, Damián Sandoval Cabezas, por el secretario municipal Dionisio Tena Godoy y por Antonio Godoy Hoyos, de FET y de las JONS; Bienvenido García Carrasco, en representación de los agricultores, y Gregorio Morales Fernández como práctico[682].

Para entonces ya funcionaba, como sección del Servicio Nacional de Reforma Económica y Social de la Tierra (SNREST), el Servicio Provincial de Recuperación Agrícola (SPRA) de Badajoz, que enviaba instrucciones a las diversas Comisiones Depositarias de Recuperación Agrícola. Parece que esta vez, con el SPRA y las comisiones de por medio, y con la «autoridad militar competente» por delante, se tuvo más cuidado en que las cosas no desaparecieran, hasta tal punto que, según el artículo décimo de la Ley de Recuperación Agrícola, publicada el 3 de mayo de 1938, quienes se apropiaran de bienes agrícolas ajenos incurrirían en delito de auxilio a la rebelión. Unos meses después, en los primeros días de septiembre, el SNREST, creado en abril de ese año bajo inspiración falangista y enfocado a las grandes propiedades —Sorní Mañés lo considera «el ente administrativo de la contrarreforma agraria»—,[683] envió a los pueblos detalladas aclaraciones e instrucciones firmadas por Raimundo Fernández Cuesta en que se explicaban conceptos básicos de la Ley, como qué se entendía por «producto agrícola», «bienes agrícolas abandonados» o «bienes agrícolas de propiedad dudosa» además de otros puntos oscuros[684]. Su objetivo primordial, por más que en la provincia de Badajoz fuesen instaladas 2180 familias en las 31 fincas que controlaba[685], no era otro que devolver la tierra a sus antiguos propietarios. De hecho, como señala Sorní Mañés, la gestión de esas tierras se hizo a la espera de que al finalizar la guerra pudiera designarse a los beneficiarios. De la reforma agraria nacional sindicalista, aquella que debía estar inspirada en las directrices de José Antonio y cuyo borrador quedó por la mesa de Fernández Cuesta, nunca más se supo, y de las promesas tampoco. Carlos Barciela reproduce un extracto de un discurso del ministro de Agricultura, pronunciado en Valladolid en marzo de 1938, en que advierte que hasta que no se elabore y apruebe una nueva reforma agraria «no se podrán devolver a sus antiguos propietarios las fincas hoy incautadas, pues ello sería tanto como prejuzgar nuestros proyectos y poner en la calle a los campesinos que las trabajan y que lo hacen precisamente por amor a nuestro Movimiento»[686]. El resultado fue la Ley de Recuperación Agrícola. He aquí su comienzo:

El estado de abandono a que, como consecuencia de la descomposición económica y social, ha llegado la agricultura de la zona roja, da lugar a la existencia de problemas graves y urgentes que se acreditan a medida que se va liberando el territorio Nacional. (…). La gran extensión de las recientes conquistas y el estado de depresión cada vez mayor en que se encuentran las Regiones últimamente liberadas, obliga (sic) a dictar una disposición que, unificando todo el trabajo efectuado hasta la fecha y ampliándolo a la totalidad de la zona de operaciones, acuda a los pueblos redimidos recogiendo los productos y elementos de trabajo agrícola que en éstos se encuentran abandonados, forme el correspondiente inventario y haga llegar a ellos con la rapidez que imponen las circunstancias, los obreros, máquinas, aperos e incluso el capital necesario para que la producción agrícola se restablezca con toda urgencia[687].

La Ley consideraba «zonas liberadas» las ocupadas por las fuerzas franquistas desde el 1 de enero del 38. El Servicio de Recuperación Agrícola, dependiente del SNREST, encargado de las pequeñas y medianas propiedades (según Sorní Mañés devolvió 66 286 fincas que sumaban 60 000 ha) y que tenía potestad para poner en explotación las fincas que considerase convenientes, estaría formado por una Sección Central, Jefaturas provinciales y Comisiones Depositarias municipales[688]. Su artículo sexto decía: «Desde el momento en que el Ejército liberador ocupe un poblado, la Autoridad Militar competente impedirá toda requisa individual de bienes agrícolas y evitará asimismo el deterioro, la salida y el traslado del lugar de todos los productos agrícolas, máquinas, aperos de labranza y ganado de labor y renta salvo los que fuesen necesarios para las normales labores de cultivo en el término municipal». La Jefaturas provinciales fueron también las encargadas de traspasar a la Comisión Central Administradora de Bienes Incautados todo lo perteneciente a quienes se les había incoado expediente de responsabilidad civil «por oposición al Movimiento Nacional».

El proceso se extendió a lo largo de 1938 y 1939, produciéndose miles de solicitudes. Los bienes que nadie reclamó fueron subastados. El 25 de marzo de 1939, tercer aniversario de la invasión de fincas, se publicó la orden que consideraba como «invasiones y despojos ilegales» todas las ocupaciones realizadas tras el 18 de julio y ponía a disposición de sus propietarios las fincas ocupadas tras el 16 de febrero de 1936 salvo aquellas en las que se hubieran cumplido los trámites de utilidad social y levantamiento del acta de ocupación, que seguirían bajo control del SNREST. Para entonces este organismo controlaba 109 comunidades o fincas, de las que 28, que agrupaban a 1219 familias en 14 421 ha, correspondían a Badajoz[689]. En cuanto a las fincas devueltas a sus propietarios en la provincia de Badajoz un informe oficial las cuantificaba en 20, 18 por el decreto n.º 74 y 2 por la orden de 7 de septiembre de 1939. En total, 12. 454 ha. De las demás fincas, nada se sabía[690].

Finalmente el 24 de octubre de 1939, cuando contaba con 23 jefaturas provinciales, fue liquidado el Servicio de Recuperación Agrícola. Su extinción definitiva ocurriría en enero de 1941, coincidiendo con lo que Ángel Paniagua ha considerado el cierre de la primera fase de la política agraria franquista[691]. El Instituto Nacional de Colonización comenzaba su andadura. La reforma agraria tocaba a su fin y la contrarrevolución seguía su curso. Pero no se piense que todo había consistido en volver a la situación anterior. No había tal retorno, lo que en realidad trajeron el golpe y la guerra, como ya puso en evidencia Carlos Barciela, fueron las condiciones deseadas por los grandes propietarios[692]. Como ha señalado Sorní Mañés, España volvía a ser un país donde la dualidad pequeña-gran explotación se tornaba, como siempre, predominante. Quien comparara la distribución de la superficie censada de 1939 y 1950 no percibiría nada de lo ocurrido en los años treinta[693]. Sin embargo, pese al espíritu productivista que guió al franquismo en este terreno, lo cierto es que, debido a las consecuencias del proceso abierto con el golpe militar, el nivel de producción agrícola anterior a julio del 36 no se igualaría hasta 1952. Fue por entonces cuando comenzó un fenómeno migratorio que alejaría de Extremadura en poco más de veinte años al 45 % de su población[694]. La cuestión agraria había concluido.

Conclusiones

Conclusiones

Saber cómo acaban las historias ya pasadas nos condiciona tanto que a veces incluso nos impide ver lo que realmente ocurrió. Esto afecta especialmente a esa etapa tan fugaz como clave de nuestra historia que transcurre de las elecciones de febrero al golpe militar de julio de 1936. La propaganda franquista se cebó especialmente en estos meses, hasta el punto de que se intentó borrarlos de la historia como si no hubiesen existido. Así, la entelequia franquista que venía a justificar la sublevación del 18 de julio se amparaba en que, dada la ilegalidad de las elecciones, a partir del 16 de febrero existió un vacío legal que fue precisamente el que los sublevados vinieron a llenar. Si la República en sí fue una etapa abominable para el franquismo, las elecciones del 16 de febrero y los meses del Frente Popular fueron lo más negro de aquel período. Había que borrarlos de la historia. El resultado de esta campaña aún lo padecemos: los meses de febrero a julio del 36 siguen siendo uno de los momentos peor conocidos y más tergiversados de nuestro pasado reciente. Basta mirar la historia de la II República de Arrarás, fuente en la que tantos bebieron e incluso beben aún. Había que ocultar que fue precisamente entonces cuando la República empezó a colmar las esperanzas de una gran parte de la población al poner en marcha la siempre pospuesta reforma agraria, verdadero eje de la historia de la República y de su destrucción.

La reforma agraria de la II República tuvo dos fases. La primera, que va de 1931 a 1935, estuvo marcada por los decretos aprobados por Largo Caballero desde el Ministerio de Trabajo y mostró dos hechos: la incapacidad de la conjunción republicano-socialista para poner en marcha las reformas que el problema agrario requería, y el enorme poder de la derecha, que no tardó en organizarse y en boicotear todo cuanto llegaba de arriba. Durante el primer bienio se vivió el intento semifrustrado de poner en marcha una reforma agraria que casi todos consideraban necesaria pero a la que se tardó en dar forma y llenar de contenido, y a la que nunca se dotó de los medios y fondos que la empresa requería. Desgraciadamente, no se hizo con el ritmo y la intensidad que la situación exigía ni se delimitaron claramente las provincias que realmente la necesitaban. Ante la falta de criterios, las buenas intenciones convivieron con la inoperancia más absoluta. El segundo bienio, donde ya antes de octubre de 1934 se le vieron las intenciones al nuevo poder, puso de manifiesto los límites de una derecha que no estaba dispuesta a ceder. Tuvo a su vez dos etapas: una primera de cierto carácter continuista donde al menos no se paralizaron los proyectos que venían del primer bienio y otra abiertamente desmanteladora del legado anterior.

Además, una errónea política de Orden Público que no supo acabar con la militarización judicial de los conflictos sociales (con las jurisdicciones especiales: las justicia ordinaria siguió inhibiéndose durante la República a favor de la justicia militar en todos aquellos delitos en que interviniera la fuerza armada) y que dejaba en manos de ciertas personas, conocidas por su apego a las viejas rutinas autoritarias, importantes resortes de un poder tradicionalmente al servicio de los grupos privilegiados —política que dejó un reguero de sangre que atraviesa la República desde la aplicación de la Ley de Fugas en Sevilla en julio de 1931 hasta la matanza de Yeste pocas semanas antes del golpe militar—, frustró todo intento de equilibrio y desquició la vida social, permitiendo a la derecha capitalizar en beneficio propio el desorden que ella misma propiciaba cuando no directamente creaba. Qué duda cabe de que tanto la parsimonia de la reforma agraria como la desastrosa política de orden público, y el desánimo y frustración que todo ello acarreó, se hallan detrás de la crisis del 33 y de la llegada de la derecha al poder, que no tuvo problema alguno, como tampoco el franquismo, en mantener la Ley de Defensa de la República aprobada poco antes por sus oponentes, que ahora la sufrieron en sus propias carnes.

La segunda fase estaría constituida por la breve e intensa experiencia del Frente Popular. El programa agrario que salió victorioso en las elecciones de febrero de 1936 era moderado, prueba de las enormes diferencias que existían entre los miembros del bloque vencedor sobre cómo abordar la preocupante cuestión agraria. Primaron las propuestas republicanas en un escenario en el que la división socialista y el peso cada vez mayor de Largo Caballero condujo a graves errores, como la negativa del PSOE en mayo del 36 a que Prieto, a instancias de Martínez Barrio, formara gobierno, recayendo el encargo en Casares Quiroga, la persona menos indicada para dicha tarea. Fueron estas fisuras las que abrieron el camino a las contradiciones y al desbordamiento político, y con ello a los golpistas. Al mismo tiempo, el legalismo que marcó todas las actuaciones del poder político en esos años se vio espoleado por la firme decisión de los campesinos de llevar adelante de una vez por todas la renqueante reforma agraria puesta en marcha con la proclamación de la República. La realidad se anticipó a la legalidad que no acababa de llegar. En este sentido, lo ocurrido el 25 de marzo en Badajoz marca un hito que desborda ampliamente la historia de la propia República y culmina una lucha que había comenzado mucho antes. Sólo entonces la derecha, agraria por esencia, captó que lo de la reforma agraria iba en serio y sólo entonces, tras la experiencia del bienio negro, decidió que había que poner fin a un sistema político que no sólo no servía ya a sus intereses sino que los ponía en entredicho.

El Frente Popular, superando ampliamente lo que había sido la reforma agraria de 1932 y recogiendo viejas demandas sociales, dirigió su mirada hacia la recuperación de los bienes comunales, con lo cual planteó una revisión en profundidad de la reforma agraria liberal. Ante este embate la derecha, a partir de febrero, tal como puede verse en los archivos municipales, optó por retirarse de la vida política y por apoyar a quienes podían librarlos de las amenazas que se cernían sobre sus sagrados derechos de propiedad. Por tímidas y lentas que fueran las reformas iniciadas en 1931, la derecha las percibió desde el principio como una terrible agresión, de ahí la ofensiva patronal con el incumplimiento sistemático de la legislación, ofensiva que no recibió del Gobierno la respuesta contundente que hubiera merecido. Esta realidad agudizó las contradicciones y radicalizó a la izquierda, llevándola a ese callejón sin salida que fue la huelga campesina de junio de 1934. Pero no hay que olvidar que ni siquiera en los meses del Frente Popular el poder optó por vía revolucionaria alguna. Lo que estaba en curso era una reforma agraria aprobada legalmente en el Parlamento. Y como se ha visto, una cosa eran los titulares de El Obrero de la Tierra y otra muy diferente el día a día de los campesinos en relación con la reforma agraria. La documentación municipal demuestra que éstos, por más que obligaran con sus actuaciones al Gobierno a acelerar el proceso, deseaban seguir los cauces legales y contar en todo momento con la ayuda y asesoramiento del Instituto de Reforma Agraria. Por eso acataron las órdenes del gobernador civil tras las invasiones del 25 de marzo y por eso buscaron siempre dar carácter legal a sus decisiones.

Era precisamente esto, ver a los campesinos y a sus representantes sindicales junto con las autoridades municipales y los delegados del IRA y del Catastro llevando adelante la reforma agraria, era esto, como digo, y no la supuesta «revolución», lo que más enervaba a la derecha. La enorme presión ejercida por el movimiento campesino a partir de las elecciones de febrero no llevaba la intención de destruir la República burguesa ni de socavar las bases del Estado republicano-burgués, sino que buscaba que se cumplieran los compromisos electorales, descuidados en el primer bienio y burlados en el segundo. El caso de Badajoz permite ver que allí donde se avanzó en el camino de la reforma agraria no se produjo esa ruptura entre poder y bases o incluso dentro del propio Frente Popular que tanto favoreció a los golpistas. En Badajoz, donde la gestoras frentepopulistas mantuvieron la unidad y la fuerza hasta el final, la mayor parte de los campesinos, agrupados en torno a la FETT, querían República y reforma agraria, y en aquel momento contaban con todos los elementos para que el viejo sueño se hiciera realidad.

Así, los influyentes sectores antirrepublicanos asestaron el golpe definitivo al régimen surgido el 14 de abril en julio del 36, acelerando una trama puesta en marcha desde el momento en que se supo el resultado de las elecciones de febrero y que aprovechaba la conmoción producida por el asesinato de José Calvo Sotelo. Puede decirse que las maniobras para que la República no llegara ni siquiera a asentarse acompañaron a ésta desde su misma proclamación y tomaron carácter definitivo a partir de febrero del 36. Creo que no se ha dado la importancia que tiene a los sucesos del Parque María Luisa de Sevilla en el verano del 31, sucesos —no lo olvidemos— que trascendieron a todo el país y que, dadas sus peculiaridades, deben situarse incluso a un nivel superior de gravedad que los acaecidos en Castilblanco, Arnedo, Casas Viejas, etc. Ahí no se trata de choques entre obreros y guardias, sino de la burguesía sevillana más reaccionaria adueñada del Gobierno Civil, asesinando a cuatro obreros con total impunidad y burlando, con la colaboración judicial, a la comisión parlamentaria que se desplaza a Sevilla a investigar lo sucedido. Es esta misma burguesía la que acompañará a Sanjurjo en su aventura de agosto del 32, la que se pondrá de nuevo a disposición del gobernador de turno en 1934 y la que, finalmente, estará en la primera fila del golpe militar en julio del 36 y en la guerra que la derecha española provocó para recuperar su posición. Y será también esta burguesía, que la República no supo ni pudo neutralizar, uno de los aportes básicos del franquismo, sin la cual no se entendería el carácter agrario del fascismo español. Los sucesos del Parque de María Luisa representaron para muchos, a sólo cuatro meses de su proclamación, la prueba de que la República ni quería ni podía acabar con el viejo orden. Basta una imagen: la de uno de los implicados mirando con aire de reto a un miembro de la Comisión al cruzarse con él en Sevilla casi dos años después de los hechos.

La violencia juega un papel primordial en esta historia. Y es importante desenredar la madeja de los tópicos y dar a cada uno lo que le corresponde. Sigue siendo útil para comprender la estrategia de tensión diseñada por la derecha antirrepublicana contra el Frente Popular —estrategia en la que tan importante eran los atentados y acciones fascistas como los rumores y exageraciones sembradas a diario por la prensa favorable al golpe militar y que cuajaron en el mito del complot comunista— leer las memorias del embajador norteamericano Claude G. Bowers o los recuerdos del diputado socialista cacereño Luis Romero Solano. Los meses del Frente Popular han sido despachados por muchos simplemente como el preludio de la guerra civil. Todos los tópicos puestos en circulación por los franquistas siguen hoy vigentes hasta el punto de que apenas nadie se molesta en investigar lo realmente ocurrido en esos meses. Hay incluso quien ha olvidado que entre el Frente Popular y la guerra civil hay un golpe militar cuyo parcial fracaso desemboca en la guerra.

Hace falta pues recordar que los resultados de la elecciones de febrero del 36 sacaron a la luz numerosos conflictos locales provocados por la Guardia Civil en las semanas previas y que el primer suceso violento de la nueva etapa tuvo lugar el mismo día de las elecciones en Madrid, cuando desde un coche se disparó contra los que en la puerta de la cárcel Modelo pedían la libertad de los presos. El primer atentado fascista importante fue el 12 de marzo en Madrid contra el diputado socialista y prestigioso jurista Luis Jiménez de Asúa, atentado al que siguieron otros como el que afectó al domicilio de Francisco Largo Caballero a mediados de marzo, tras lo cual se denunció un plan desestabilizador y se declaró ilegal la Falange. Fueron esos días de marzo los elegidos por la CEDA para el debate sobre el orden público, debate que explotaron y manipularon a capricho. Luego seguirían nuevos atentados, como el realizado contra Eduardo Ortega y Gasset a principios de abril o los petardos del desfile del 14 del mismo mes de tan funestas consecuencias. También hay que citar el asesinato del magistrado Manuel Pedregal por conseguir con su voto particular que uno de los autores del atentado contra Jiménez de Asúa, en el que murió el policía que lo protegía, fuese condenado a treinta años. Aunque el voto era secreto alguien pasó la información a Falange. El 15 de abril se hizo público que durante el bienio negro se habían concedido 270 000 licencias de armas. La izquierda nunca dejó de denunciar que existía un plan para adueñarse de la calle por la fuerza y que era necesaria y urgente la republicanización de las fuerzas de Orden Público y de la Magistratura. El 28 de abril serán los hermanos Miguel y José Badía los que caigan bajo las balas fascistas, y unos días después el capitán Faraudo. Finalmente serán asesinados Luciano Malumbres, director de La Región de Santander, que venía denunciando las actividades fascistas en dicha ciudad y el teniente Castillo. En sentido contrario, en ese mismo período destacan los casos del exministro Alfredo Martínez García-Argüelles, asesinado en Oviedo, y el de Calvo Sotelo, víctima de un complot criminal y víctima, también, de su propio discurso virulento y progolpista. Éstos son los hitos —hay otros muchos casos en provincias— de la supuesta «escalada de terror» frentepopulista, porque pese a venir de donde venían en su mayor parte fueron adjudicados al «caos» en que se debatió el Frente Popular.

Todos los trabajos de historia local resaltan esta absoluta desproporción entre ambas violencias. La provincia de Badajoz constituye un ejemplo elocuente: 5 víctimas entre las fuerzas del orden frente a un número mínimo de 25-30 obreros entre 1931 y 1936. Un recuento exhaustivo aumentará las cifras y la desproporción. Lo que hay que resaltar es que, pese a todo lo ocurrido previamente y, sobre todo, pese a las constantes provocaciones fascistas de esos meses, la etapa del Frente Popular en Badajoz fue de gran tensión pero con una izquierda controlada que no cedió a la violencia, en lo que sin duda influyó la ilegalización de Falange y la detención de muchos de sus miembros durante esos meses. También fue decisivo, y esto se demostró sobradamente a partir del 18 de julio, el sentido común de la mayor parte de los responsables políticos locales del momento, de alcaldes, concejales y líderes sindicales, que en todo momento frenaron las iniciativas peligrosas y supieron mantenerse dignamente en sus cargos como representantes de la República en aquel momento crucial de nuestra historia. Pese a todo fueron la violencia política y el desorden los factores que sirvieron para justificar el golpe militar. Sin embargo hay que recordar, como escribió Francisco Cobo Romero tras estudiar varios casos europeos, que el derrumbe de la democracia española no fue debida a la «supuesta generalización de la violencia durante la primera mitad del año 36»[695]. El mismo Malefakis ha reconocido que las condiciones revolucionarias de la España del 36 nunca igualaron a las que en Alemania e Italia produjeron a comienzos de los años veinte el proceso que conduciría al fascismo[696].

En todo momento los responsables del golpe y de la guerra ocultaron los verdaderos motivos de su actuación. Como siempre, prefirieron envolverlos de ideas patrióticas y religiosas. Sin embargo, un desastre de esas proporciones incita a la autoculpabilización y al reparto de responsabilidades. Un ejemplo consumado, que no invalida el testimonio, tan valioso por otra parte, sería el Todos fuimos culpables del político extremeño Juan Simeón Vidarte. Algunos protagonistas de aquellos hechos fueron especialmente agudos en sus comentarios, caso de Luis Jiménez de Asúa:

La República comprendió que la Reforma Agraria no sólo era precisa, sino que constituía la espina dorsal del nuevo régimen. Lo comprendió… pero no lo ejecutó.

Olvidamos que es más grave irritar que herir y no tuvimos en cuenta el consejo de Maquiavelo de no enojar al enemigo que no se puede vencer. Era posible doblegarlo pero no con aquellos métodos.

Olvidamos que no hay libertad contra la libertad y permitimos que los enemigos usaran de ella para imponer regímenes liberticidas. La «juricidad» nos trajo consecuencias terribles[697].

Frases lúcidas de un hombre que captó el problema de fondo y que, como hemos visto, conoció muy de cerca la situación de Extremadura. Desde la misma proclamación de la República se observan las dificultades que ésta tuvo para imponerse en ciertos ámbitos especialmente reacios al nuevo régimen. De ahí la tremenda frustración que se produjo en los sectores sociales más desfavorecidos. El tiempo pasaba y los problemas seguían. Además, el uso continuado de la violencia por parte de las llamadas «fuerzas del orden», especialmente de la Guardia Civil pero también de la Guardia de Asalto creada por la República para superar males anteriores, distanció a la gente del nuevo poder, que pronto cayó, una y otra vez, en los tics habituales de amparar o justificar los excesos del Orden Público. El fracaso de la reforma agraria fue también el fracaso de la República y el motor de la gran crisis política que desemboca en el 18 de julio. Sin embargo, eran tales las carencias históricas que lo poco que se hizo entre 1932 y 1935 constituyó una gran provocación para esos ámbitos visceralmente antirrepublicanos. Hasta el punto de que como dijo Tuñón de Lara «para desbaratar la reforma agraria hizo falta una guerra y cientos de miles de muertos»[698]. Es más, puede afirmarse que uno de los principales objetivos de esa guerra fue que la élite social disfrutara de unas décadas más de tranquilidad. Ya escribió Alejandro López, autor de un interesante trabajo sobre la actitud de la derecha ante la reforma agraria, que «la minoría de la gran propiedad abocó a la mayoría del país a la guerra civil, para salvaguardar sus propiedades y privilegios»[699].

Carece de sentido plantearse a estas alturas, y olvidando la preocupación por la distribución de la renta que subyacía al proyecto, en qué hubiera acabado la reforma agraria de la II República de haberse podido aplicar. Creo con Ricardo Robledo[700] que, pese a los posibles problemas (orientación cerealística, tamaño de las explotaciones, dificultades de producción, preferencia por el jornalero frente al pequeño agricultor), hubiera servido para combatir el desempleo y para fijar población activa agraria, lo que hubiera repercutido en el crecimiento de las rentas y de la inversión, dando un plazo más razonable de tiempo a la población agrícola para integrarse en otros sectores económicos. Todo ello hubiera repercutido positivamente en el desarrollo económico español y hubiera permitido una superación mucho más controlada y, sobre todo, menos dolorosa de la sociedad agraria tradicional. Resulta evidente que, de haber seguido el ritmo de asentamientos del Frente Popular, los beneficios de la reforma agraria hubieran alcanzado de inmediato a una mayoría social que hubiera pasado del estado de precariedad más absoluto en que se encontraba a unas mínimas condiciones de vida de las que eran acreedores al menos desde que la reforma agraria liberal les privó de cualquier medio de vida. En 1940, desde México, Adolfo Vázquez Humasqué aludió a aquella gran obra de la República que «beneficiaba a todos los españoles que viven directa o indirectamente del campo; y a los que se les había dado nada más que un poco de justicia y equidad en el trato»[701].

Desgraciadamente la historia no fue así. El golpe militar y la guerra civil arrasaron con todo lo que representaba la República. La provincia de Badajoz vivió ambas situaciones: la zona occidental padeció el terror inicial de las columnas fascistas y la zona oriental fue escenario de la guerra hasta su final. Fue de este modo como la provincia piloto de la reforma agraria conoció por un lado las prácticas contrarrevolucionarias que los golpistas reservaban a los que dieron vida a la República y muy especialmente a quienes protagonizaron la reforma agraria, y por otro una revolución que vino por el medio más inesperado: el fracaso del golpe militar. El costo humano de todo este proceso fue inmenso. La primera oleada de terror fascista se vio correspondida por otra, no menos terrible, de signo contrario. Y si en una cayeron miles de jornaleros, en la otra desaparecieron varios centenares de propietarios. La espiral de violencia abierta por los golpistas acabó, tal como era su propósito, devorándolo todo. Pero hay que insistir en algo: el terror rojo fue excepcional en los días y semanas posteriores al 18 de julio. Las vidas de los presos de derechas, miles en toda la provincia, fueron mayoritariamente respetadas. Luego, a medida que las columnas de la muerte se adueñaban de la provincia, serían los mismos que huían los que, con sus testimonios y vivencias, llevarían allí donde fueron la venganza y el terror. Una vez más los hechos demuestran que no había ninguna revolución en marcha.

Y si antes, durante la República, los campesinos tuvieron que escuchar en los momentos malos el «comed república», ahora la expresión «dar la reforma agraria» pasó a designar el destino final de cientos de campesinos pueblo a pueblo, para los que la tierra de la reforma agraria no fue otra que la de la fosa en que acabaron. Ése fue realmente el destino de la reforma agraria: cientos de fosas comunes abiertas en todo el país. Es esta historia que aquí se ha narrado con todo el detalle que nos es posible a estas alturas, y es este final dantesco el que permite relacionar el proyecto de Reforma Agraria de la II República con los orígenes del golpe militar de julio de 1936, de la guerra civil que le siguió y de la larga y negra posguerra, una de las etapas más duras de nuestra historia reciente. El PSOE y la Federación de Trabajadores de la Tierra, protagonistas casi absolutos de la historia que se ha contado, fueron borrados del mapa. La Reforma Agraria, como la República que la creó, fue arrasada. Nada quedó de ella y sus protagonistas fueron aniquilados al amparo de la expansión nazi-fascista y sin contemplación alguna entre 1936 y 1945. Nueve años de terror. No obstante, y a pesar de todo, quién puede negar el valor perenne de las viejas utopías y la grandeza de aquel empeño. Por mal que acabara. ¿Acaso no forman también parte de nuestro presente los fracasos del pasado?

Anexo I. Actuaciones del IRA en Badajoz (1932-1935)

Anexo I

Actuaciones del IRA en Badajoz (1932-1935)

1. PLANES IMPLANTADOS O EJECUTADOS

Término municipal | Finca | Superficie (ha) | N.º asentados
Villanueva del Fresno | Represa | 639 | 78
        « | Cuncos | 230 | 11
        « | Naveperas | 469 | 27
        « | Cabra Alta y Cabra Baja | 704 | 619
        « | Ramira Alta | 1004 | —
        « | Valdesevilla y otra | 577 | 54
        « | Lapas y Risquillos | 543 | 45
        « | Cerrollano | 852 | 76
Valverde de Leganés | Merinillas Altas | 596 | 119
        « | La Frada | 40 | 7
Quintana de la Serena | Pared del Berrocal | 533 | 44
Villalba de los Barros | Monte Encinar | 442 | 24
Alange | Quinto de Almadén | 437 | 33
Fregenal de la Sierra | Tocinillos | 292 | 16
Alconchel | Borrachinas | 383 | 15
Olivenza | La Dehesilla | 353 | 8
Badajoz | Santisfolla de la Rueda | 150 | 23
        « | El Pedazo | 290 | 23
        « | Fresnedillo y Pinel | 380 | 58
        « | La Magistrada | 56 | 3
        « | Castillo de Guadajira | 520 | 65
Jerez de los Caballeros | La Pulgosa | 872 | 39
        « | Zarzoso | 270 | 14
Jerez de los Caballeros | Margaritas | 614 | 32
        « | Tablado y Capilla | 490 | 17
La Roca de la Sierra | Palacito | 248 | 22
        « | Guaperal | 289 | 20
Fuente de Cantos | La Mata | 430 | 19
Don Benito | Cuarto Aliseda | 98 | 19
        « | Ahijón de Sanabria | 52 | 10
Valencia del Mombuey | Varias* | 10 | 9
Oliva de la Frontera | Varias** | 4 | 6
* Huerta del Espárrago, Cercado del Espárrago, Huerta del Cura, Callejón de los Molinos, Fontanilla, Cercado de los Acebuches, Cercado de las Viñas, Cercado Nuevo y Cercado de las Matas.
** Cercado del Cubo, Oliva de los Cotos, Huerto del Pomar, Huerto del Saladillo, Tierras Blancas y Tierras de la Nora.

2. PLANES DE APLICACIÓN DE ASENTAMIENTOS

Término municipal | Finca | Superficie (ha) | N.º asentados
Siruela | Pie de Huerto y Terzuelo | 740 | 49
San Vicente de Alc. | Argamino y Realejo | 1170 | 49
        « | Sierra del Lugar | 373 | 8
Alconchel | Sierra de Buenavista | 273 | 6
Olivenza | Varias* | 2545 | —
Villar del Rey | El Guapero | 203 | —
Valencia de las Torres | Varias** | 1678 | 84
        « | Rincón o Dehesa Márquez | 120 | 10
Azuaga | Coto de Llera | 391 | 43
        « | Elito-Candelar y Borrachera | 152 | 22
        « | Gamilla | 156 | 5
Valencia de las Torres | Cornicabra y Chinchines | 1449 | 40
        « | Peñalobar | 461 | 20
        « | Juan Márquez | 396 | 18
Guareña | La Torera | 120 | 9
        « | Sotillo | 94 | 9
        « | Guaperal | 699 | 27
        « | Maldegollados | 977 | 31
Acedera | Guaperal de la Gama | 404 | 26
Valdetorres | La Caballería | 244 | —
Badajoz | Adoval-Chico | 570 | 67
        « | Los Limonetes | 125 | 14
        « | Rincón de Caya | 92 | —
        « | El Bravero | 133 | 17
Villanueva del Fresno | Algarbes | 529 | 35
        « | Cercados del Pilar y de Palomar | 3 | —
Guareña | Los Tejares | 309 | 44
Jerez de los Caballeros | Corcobados y dos más | 884 | 37
        « | Campo Cebada | 218 | 15
        « | Cofrentes de Silva | 226 | 7
        « | Los Vidales | 718 | 45
        « | Lomos y Pilones | — | —
        « | Horrillos | 591 | 30
        « | Los Llanos de D. J. | 283 | 14
Alburquerque | Zapatón | 870 | 47
Puebla de Sancho Pérez | Cercado del Lobato | 3 | —
Don Benito | Solimoro | 21 | —
TOTALES |  | 18 236 | 728
* Villa Real, Los Cansados, Monteseco, Alparrasena y Misericordia.
** Castillejo, Chorro, Calera y Montijo.

3. INFORMES A EFECTOS DE INVENTARIO PARA FUTURAS ACTUACIONES

Término municipal | Finca | Superficie
Jerez de los Caballeros | Matasanos | 447
        « | Marianes | 597
        « | Torrecillas | 228
        « | Hinestrosa | 79
        « | Cerca de Vicada | 20
        « | Chirrado y Malos Grillos | 57
        « | Dehesa Fuente | 29
        « | Pie de Porra | 7
        « | Serranillo | 479
        « | Armosa | 15
        « | Dehesa de los Hoyos y otras | 798
        « | Los Leales de Paula | 1391
Jerez de los Caballeros | Los Abades | 513
        « | Las Royadas | 299
        « | Pajares | 160
        « | Sierra Brava | 2381
        « | Las Medianas | 1024
        « | Santa María | 86
        « | Cofrentes de Sanabria | 224
        « | Domingo Avid | 846
        « | Dehesa de las Cortes de la Verrona | 209
        « | Bolsicos | 692
        « | Casa Blanca | 239
        « | Almendreras | 151
        « | Madres Viejas y Velasquillos | 86
        « | Panilla | 610
        « | Valuengo | 222
        « | La Chicota | 347
        « | El Potroso | 343
        « | Huertecillas | 529
        « | María Hernández | 234
        « | Huerta Ribera | 2
        « | Cercado de Don Fernando | 6
        « | Cercado Judía y Hacienda Vaquilla | 10
        « | Almendros | 2
        « | Cruces | 2
        « | Torre de Don Gabriel | 504
        « | Balcabado | 999
        « | La Manchoda | 150
        « | Mata de San Blas | 641
        « | Fuente Oliva | 110
        « | Bolsiquillos | 99
        « | Coto del Rey y Olivar de la Marabela | 888
        « | Domingo Avid | 740
        « | Chanca del Conde | 651
        « | Mimbrero | 109
        « | La Pulgosa (1/5 parte) | 174
        « | La Granja | 1176
        « | Prado del Rey de Arriba | 522
        « | Encinar de Carreros | 385
        « | Botello | 411
        « | Dehesa de los Buenos | 532
Jerez de los Caballeros | Mohedas de Coles | 739
Dehesa Perdices-Valcuervo | Manuteras | 276
        « | Lanzarote-Carrasquillos-Marianillos | 495
        « | Cerca de las Almendras | 72
        « | Arroyitos de Alor | 32
        « | Cercado de San Benito | 7
        « | Pumar de San Lorenzo | 4
Oliva de la Frontera | Olivar de la Huerta de Juan | 5
        « | Morcillo | 1
        « | La Pila | 263
Barcarrota | Cercado del Notario | 204
Alconchel | Varcial | 238
        « | Cartacho | 753
        « | Hatillo | 814
        « | Montearagón | 181 (?)
        « | Martín Vaca | 643
        « | La Atalaya | 375
        « | Las Marías | 646
        « | Cabeza Rubia | 1348
        « | Cerca de la Molina | 23
        « | Galache | 444
Táliga | Pallares y Corvos | 806
        « | Coitada | 228
        « | Los Calvos | 390
        « | Cerca de Nuestra Señora | 15
Villanueva del Fresno | Zamarra-Moncarche-Dehesitas | 1153
        « | Carbajo | 376
        « | Puta | 633
        « | Tiesa | 275
        « | Bogaña | 99
        « | Cercado del Rosal | 2
Olivenza | Los Bayones | 612
        « | Valongo | 637
        « | Arrifes de Arriba | 577
        « | Matanzas | 285
        « | Poserón | 63
        « | Sancha Ladra | 796
        « | Pedreros | 134
Valverde de Leganés | Torrequemada y otras | 361
        « | Campillo | 142
Puebla del Maestre | El Encinar y Condesa | 622
        « | La Matilla | 388
Montemolín | El Santo | 1039
Monesterio |         « | 283
Montemolín | La Sevillana | 730
        « | Garrapato | 273
        « | Galcicanto | 738
        « | Valdelagrulla | 178
        « | Albolagares | 61
        « | Gallicanta | 330
        « | Zaje | 269
        « | Sierra Prieta | 609
Monesterio | Endrinales | 929
Atalaya | Martín Rey | 250
Fuente de Cantos | El Pizarral | 813
        « | Llanos de Santiago | 170
        « | Mejías | 709
Hornachos | Desesperada | 275
        « | La Moneda y Cerro Blanco | 819
        « | Manzorro y Herrera Abajo | 573
Campillo de Llerena | La Bóveda | 408
        « | Garbanzuelo | 334
Azuaga | La Mesa | 965
        « | Valdiguña | 277
        « | Provincias | 234
        « | Duranes | 109
        « | Prados | 95
        « | Quejigal | 98
        « | Santiscales | 551
        « | Zurrón de Pollinos y Cajonica | 803
        « | Saltillo y Plata | 489
Valencia de las Torres | Cerro Lobo | 1049
        « | Potrico | 469
        « | Herradero | 451
Retamal | La Osa (Bartiana) | 514
        « | La Osa | 316
Casas de Reina | Rincón de Diar | 321
Fuente del Arco | Cabeza García | 1020
Higuera de Llerena | Dehesilla | 970
Navalvillar de Pela | Mesquita Maribáñez | 1038
Esparragosa de Lares | Dehesa Ferrines | 2224
Puebla de Alcocer | Bodegón | 3632
        « | Trozo Cimero | 2200
        « | Valhondo (Lote Catalino) | 134
        « | Cercón de San Antón | 7
Castilblanco | Navalonguilla | 600
        « | Herradero-Aguaperosa | 671
        « | Valle Santiago | 721
Casas de Don Pedro | Nava Arenosa | 965
        « | Mulera | 510
        « | Carrascal (1/2) | 458
        « | Mesilla (1/2) | 490
        « | Alcachofar y La Ventilla (1/2) | 242
        « | Valdecayo | 315
        « | Valdeazores | 478
Valdecaballeros | San Simón | 581
        « | Valdefuentes | 384
Herrera del Duque | Dehesilla Nava | 329
Talarrubias | Valles Bodonal | 547
        « | Dehesas Veras | 123
        « | Valdequejigoso | 435
        « | Almajanos y Era Empredrada | 422
        « | Pedro Mingo | 214
        « | Jara | 121
        « | Quinto Balseras | 291
        « | Quinto Santa Bárbara | 94
        « | Humbría del Hojanal | 370
        « | Quinto O. Dehesilla de Caballeros | 273
        « | Llanos de Benito | 556
        « | Navacerradilla o Retinto | 569
        « | Paniagua | 783
        « | Dehesilla Caballero | 129
        « | Llanos | 297
        « | La Jara | 302
        « | Casaventa y Casaventillo | 1918
Castuera | Castrejones | 493
        « | Moro de Arriba | 384
        « | Cebollera | 45
        « | Moro de Abajo | 306
        « | Cerro Dorado | 509
Castuera | Higueruela | 333
        « | Valle de S. Francisco y Manguillo | 489
        « | Hileras | 424
        « | Majada Fría y Resabios | 776
        « | Oliva de los Cuadrados | 2
        « | Tierras del Baldío | 1
        « | Padre Isidro | 6
        « | Tochón de Malagón | 12
        « | Sitio de Higueruela | 2
        « | Cerrillo | 1
        « | Fuentes Viejas | 6
        « | Pililla | 1
        « | Pedazo Azul | 3
        « | Guijo de los Cardos | 330
        « | Acotanillo | 285
        « | Someruela Alta | 205
        « | Barrio Nuevo | 285
        « | Someruela Baja | 161
Cabeza del Buey |         « | 262
Castuera | Carrascalejo | 297
        « | Miravete | 268
        « | Perrazas | 296
        « | Medel Alto | 253
        « | Puercas de Arriba | 71
        « | Canchal | 171
        « | Quintillo | 72
        « | Cerro del Almendro | 107
        « | Degollados | 329
Cabeza del Buey | Cintilla | 103
        « | Enjambradero | 203
        « | Quinto Canillo | 302
        « | Abregosas-Cuervos y otras tres | 2433
        « | Medelejo | 264
Castuera |         « | 128
Cabeza del Buey | Cuesta de los Asturianos | 289
        « | Majadahermosa | 490
        « | Rinconada | 792
        « | Quinto de la Pared o Yáñez | 431
        « | Suerte del Lirio | 229
        « | Toriles y Alto Nuevo | 631
Cabeza del Buey | Huerta | 2
        « | Cercón | 2
        « | Gama-Gamita | 536
Guareña | Guadaperal de Camarena | 765
        « | Gamero de Arriba | 396
        « | Torrecaños | 1244
        « | La China | 710
        « | Santa Ana | 174
Oliva de Mérida | El Perdigón | 1288
        « | Pedruégano, Llanos y Porquera | 1078
        « | Valencines, Manchuela y otra | 1222
La Garrovilla | La Piñuela | 541
San Vicente de Alc. | Corte Grande | 905
        « | Covacha | 793
        « | Barrera | 827
        « | Cumbre Real | 763
        « | El Macho | 900
        « | Juan de Sevilla | 807
        « | El Tarro | 890
        « | La Barranca | 496
        « | Santa María | 642
        « | Torre de Mayorga | 1120
Alburquerque | Berriz | 841
        « | Cañada del Bragao | 1026
        « | Dehesa de Santiago | 716
        « | Dehesa Cabezas, Herradero y Santa | 456
        « | Valdueza | 3867
        « | Santa Isabel | 945
        « | Rincón de Abajo | 965
        « | Rincón Alto | 1017
        « | El Prior | 844
        « | Herradero y Santa | 2256
        « | Barrazuelo | 775
        « | Millar de Hoyas | 1356
        « | Millar de Liebres | 1254
        « | Millar de Arenosa | 1422
San Vicente de Alc. | Corralada Nueva | 302
Alburquerque | Millar de Cañas | 491
        « | Zarrajón Bajo | 540
        « | Zarrajón Alto | 509
Albuquerque | Mercadores | 1271
        « | Tejarejo | 1423
        « | Pajonales | 919
La Roca de la Sierra | Valdeherreros | 1342
SUMA TOT. SUPERF. HAS | 134 331

4. PARCELACIONES (FINCAS PARCIALMENTE PARCELADAS)

Término municipal | Finca | Superficie (ha) | N.º asentados
Badajoz | Merinillas (1.ª Comunidad) | 277 | 60
        « |         «                « | 277 | 60
        « |         «         (2.ª Comunidad) | 275 | 59
        « |         «                « | 275 | 59
        « |         « | 309 | 32
Badajoz-Valverde de L. | Fuente Olmedo | 309 | 32
Villanueva del Fresno | Represa | 629 | 70
        « |         « | 629 | 70
Alconchel | Borrachinas | 376 | 15
        « |         « | 376 | 15
        « |         « | 376 | 15
Fregenal de la Sierra | Tocinillos | 285 | 16
        « |         « | 285 | 16
        « |         « | 285 | 16
Quintana de la Serena | Pared del Berrocal | 533 | 44
        « |         « | 533 | 44
        « |         « | 533 | 44
Badajoz | Santisfolla de la Rueda | 135 | —
        « | Rincón de Caya | 92 | —
Villanueva del F. | Valdesevilla y La Rasa | 690 | —
        « | Lapas y Risquillos | 493 | —
        « | Cuncos | 250 | —
        « | Cerrollano | 806 | —
Jerez de los Caballeros | La Pulgosa | 861 | —
        « | Zarzoso | 262 | —
        « | Margaritas | 497 | —
TOTALES | 7778 | 667
Fuente: AIRA, Reforma Agraria 2, Caja 6/104.

Anexo II. Elecciones de febrero y ocupación de fincas (marzo-abril de 1936)

Anexo II

Elecciones de febrero y ocupación de fincas (marzo-abril de 1936)

Anexo III. Imágenes de la ocupación de Llerena y matanza de campesinos por la columna Castejón

Anexo III

Imágenes de la ocupación de Llerena y matanza de campesinos por la columna Castejón[*]

Estas fotografías, procedentes del archivo de una personalidad de la oposición portuguesa y depositadas actualmente en el Archivo Histórico de Llerena, fueron dadas a conocer a lo largo de 2005 a través de la página web de José Pacheco Pereira[**]. La serie, tomada por un fotógrafo portugués que, por las fotografías que conocemos debió de entrar por Ayamonte y pasar luego por Huelva y Sevilla, acompañaba por esos días de agosto de 1936 a la columna Castejón, recoge una imagen de la plaza principal de Llerena tras la ocupación, en la que se ven varios cadáveres desde dos ángulos (fotos 1-3) y la detención y asesinato de un grupo de campesinos en campo abierto. El que toma notas en la foto 4 es el propio Castejón. Las siguientes (fotos 5-8) muestran la preparación del grupo para la masacre. La 3 fue publicada en el Diario da Manha del día 11 de agosto con el pie: «O comandante Castejon interrogando dois comunistas aprisionados pela sua coluna» y la 4 al día siguiente con la leyenda: «Um grupo de comunistas aprisionados numa estrada do sul de Espanha», aunque según el propio Pacheco Pereira también fue descrita —quizá en el reverso de la propia foto— como «Comunistas formados para o fuzilamento».

Anexo IV. «Fincas devueltas» (a fines de 1936)

Anexo IV

«Fincas devueltas» (a fines de 1936)

1. RELACIÓN DE EXPEDIENTES (FINCAS Y TÉRMINOS MUNICIPALES)

Fincas | Propietarios | Término municipal | Observaciones
Guadalperal | Duque de Peñaranda | Acedera | Plan de asentamiento
Palacio Quemado | Manuel Losada | Alange | Expropiación
Caleña y otras | Duque de Almenara Alta | Albuera | Plan de aplicación
Matilla | Hermano Castillo Amigo | Alburquerque | Solicita cancelación
Millar de Hoyos | Juan Olivero (adm.) | Alburquerque | Memoria de gastos
Zapatón | Rodolfo López | Alburquerque | Plan de asentamiento
Atalaya y otras | Isidoro García | Alconchel | Informe
Brevera | Cecilio González | Alconchel | Ofrecimiento
Cabeza Rubia | Josefa Villanueva | Alconchel | Informe
Cartacho y otras | Gregorio Moreno | Alconchel | Informe
Dehesa Galacho | Antonio Arias | Alconchel | Informe
Zorreras y otras | José Rodríguez | Alconchel | Yunteros
Casa Vieja | Miguel Gironza | Azuaga | Contra ocupación
Coto de Llera | Fabriciano Calzadilla | Azuaga | Propuesta asentam.
Dehesa Valdilueña | Matilde Tena | Azuaga | Informe
Jabato Membrillo | Miguel Gironza | Azuaga | Contra ocupación
Las Labores | Francisco Gironza | Azuaga | Contra ocupación
La Serrana | Amalia Ortiz | Azuaga | Ofrecimiento
Los Arquitones | Miguel Gironza | Azuaga | Contra ocupación
Sotillo y Plata | Fabriciano Calzadilla | Azuaga | Informe
Tablillos y otra | Máximo Spínola | Azuaga | Informe
Zurrón de Pollino | Eduardo Rengifo | Azuaga | Informe
Adobal Chico | Manuel Losada | Badajoz | Informe
Dehesa Carrascal | Duque de Peñaranda | Badajoz | Informe
Dehesilla Calamón | Baldomero Sánchez | Badajoz | Ofrecimiento
El Bravero | Duque de Peñaranda | Badajoz | Informe
La Lapilla | Duque de Almenara | Alta Badajoz | Plan asentamiento
Los Limotes | Conde de Elda | Badajoz | Plan asentamiento
Cerca de D. Manuel | Marta Vela | Barcarrota | Anulado ofrecim.
Mariquita y otras | José Marina Guzmán | Barcarrota | Varios documentos
Rana | Juan Trejo | Barcarrota | Fijación renta
Andaqui | Faustino Gironza | Benquerencia S. | Alegación por ocup.
Cabrito | Rodrigo Sánchez | Bodonal S. | Contra parcelación
Granizo y otras | Antonio Quintanilla | Bodonal S. | Contra ocupación
Gavilanes | Consolación López | Cabeza del Buey | Contra ocupación
Madroñera | Felisa de la Cueva | Cabeza del Buey | Contra ocupación
Quinto de Belén | Hros. de Donoso | Cabeza del Buey | Solicita venta
Bonobal | Familia Romero | Calamonte | Contra ocupación
El Cenzo | Enrique Fernández | Campanario | Contra ocupación
Garbanzuelo y otras | José Antonio Spínola | Campillo de Llerena | Informe técnico
El Quintillo | María Juana Caja | Casas de D. Pedro | Solicita venta
Cabeza de jamón | Antonio Cardos | Casas de Reina | Informe
Valle de Santiago | José Parejo | Castilblanco | Inf. a ofrecimiento
Bedija | María Rúspoli | Castuera | Contra cupación
Candalija | Felisa de la Cueva | Castuera | Contra ocupación
Cantalobos | Carmen Díaz | Castuera y Orellana | Determinación renta
Cerro Merchán | Felisa de la Cueva | Castuera | Contra ocupación
Monjía | Joaquín Villalón | Entrín Bajo | Contra ocupación
Cañada Cortilla | Ángel Gironza | Esparragosa Lares | Contra ocupación
Dehesa Terrines | Juan Cuesta | Esparragosa Lares | Informe ocupación
Cegón y otras | Vicente Sánchez | Fregenal Sierra | Contra ocupación
Cuesta Chica y otra | Mercedes Sánchez | Fregenal Sierra | Contra ocupación
Los Jarales | Antonio Gómez | Fregenal Sierra | Contra ocupación
Barrancosa | Gabriel Molina | Fuenlabrada | Contra ocupación
Cabeza García | Fco. Cabeza de Vaca | Fuente del Arco | Informes
Talomino | Juan Márquez | Fuente de Cantos | Contra ocupación
Coladas | Germán Cid | Fuentes de León | Contra ocupación
Cuestas y otras | Germán Cid | Fuentes de León | Contra ocupación
La Mesa y otras | Varios | Fuente del Maestre | Ocup. temporal
La Piñuela | Manuela O’Neill | Garrovillas | Informe
La Madre | Enrique Spínola | Granja de Torrehermosa | Parcelaciones
Dehesa Torrecaños | Luis Olivares | Guareña | Contra ocupación
Guijuelo y otra | Manuel Romero | Guareña | Plan explotación
La Torera | No consta | Guareña | Estudio pacuario
Los Tejares | Víctor García | Guareña | Plan aplicación
Sotillo | Miguel Rojer | Guareña | Plan explotación
Dehesilla | Dolores Carvajal | Higuera de Llerena | Informes
Capadero | Manuel y Carmen Pérez | Higuera la Real | Contra ocupación
Moriano | Francisco Chaparro | Higuera la Real | Contra asentam.
La Lapilla | Rosendo Acedo | Hornachos | Contra acuerdos
Almorchones y otras | Carlota Escandón y otros | Jerez de los Caballeros | Informe técnico
Botello M | anuel González | Jerez de los Caballeros | Informe técnico
Bujardo de S. Miguel | Asunción Salguero | Jerez de los Caballeros | Ofrecim. volunt.
Campo de Cebada | Duque Fernán Núñez | Jerez de los Caballeros | Ocupación temp.
Capilla de Benferre | Manuel Mendoza | Jerez de los Caballeros | Informe técnico
Confrente de Sanabria | Asunción Pérez de Guzmán | Jerez de los Caballeros | Informe técnico
Confrentes de Silva | Duque de Fernán Núñez | Jerez de los Caballeros | Plan de explot.
Corcobados | Duque de Fernán Núñez | Jerez de los Caballeros | Ocup. temporal
Coto del Rey y otras | Isabel Messía | Jerez de los Caballeros | Contra ocupación
Dehesa Las Cortes | Agustín Mendoza | Jerez de los Caballeros | Informe técnico
Dehesa Los Buenos | Antonio García | Jerez de los Caballeros | Informe técnico
Dehesa Los Hoyos | Justa Claros | Jerez de los Caballeros | Informe técnico
Duertecillas | Isabel Messía | Jerez de los Caballeros | Informe técnico
Encinar de Carreros | Francisco Fuentes | Jerez de los Caballeros | Informe técnico
Fuente del Álamo | Fco. Fdez. de Córdoba J | erez de los Caballeros | Ofrecimiento
La Chicota | Asunción Pérez de Guzmán | Jerez de los Caballeros | Informe técnico
La Gudina | No consta | Jerez de los Caballeros | Explot. pecuaria
La Royada | Agustín Ceballos | Jerez de los Caballeros | Informe técnico
La Torre y otras | Carlota Escandón | Jerez de los Caballeros | Contra ocup.
Las Medianas y otras | Ramón Peche | Jerez de los Caballeros | Informe técnico
Lomos Pichones | Luis Peche | Jerez de los Caballeros | Explot. pecuaria
Los Abades | Eugenia Stuart | Jerez de los Caballeros | Informe técnico
Los Leales de Paula | Dolores Salcedo | Jerez de los Caballeros | Informe técnico
Los Vidales | Manuel Pereda | Jerez de los Caballeros | Informe técnico
María Hernández | José Izquierdo | Jerez de los Caballeros | Informe técnico
Pajares | Amparo Navia Osorio | Jerez de los Caballeros | Informe técnico
Parrilla y otros | Casilda Moreno | Jerez de los Caballeros | Informe técnico
Prado del Rey | Antonio y José García | Jerez de los Caballeros | Informe técnico
Santa María | Julia Fernández | Jerez de los Caballeros | Informe técnico
Serranillo | Antonio José García | Jerez de los Caballeros | Informe técnico
Sierra Brava | María Piedad Caro | Jerez de los Caballeros | Informe técnico
Torre de D. Gabriel | Carlota Escandón | Jerez de los Caballeros | Informe técnico
Chaca del Conde | Eugenia Stuart | Jerez y Vva. del Fresno | Contra ocup.
Buenvecino | Juan García | Murga Llerena | Ofrec. volunt.
Chaparral y otras | Mariana Jaraquemada | Llerena | Contra ocup.
Recorbo | Clemente Velázquez | Llerena P | lan asentam.
Palacio Blanco | Carlos Stuart | Madroñeral P | etición Supremo
Carpio y otras | Concepción Spínola | Maguilla | Informe técnico
Turuñuelo de Silva | Fco. Casado Moreno | Medellín | Contra ocup.
Dehesa de Mengabril | Hnos. Granda Torres | Mengabril | Contra ocup.
Cuarto del Moro | Luisa Fdez. de Córdoba | Mérida | Contra ocup.
Cubillana | Críspulo Romero | Mérida | Informe técnico
Chamizas y Quintillo | José y Carlos Rúspoli | Mérida | Informe técnico
El Quintillo | Duque de Sueca | Mérida | Informe
Belardosa | César Gironza | Monterrubio de la Serena | Contra ocup.
Herradero | Abices Felisa de la Cueva | Monterrubio de la Serena | Contra ocup.
Campillo | Gonzalo M.ª Chávarri | Navalvillar de Pela | Contra ocup.
Cogolludo | Mariano Márquez | Navalvillar de Pela | Contra ocup.
Mezquita y otras | José Morales | Navalvillar de Pela | Informe técnico
Cerca del Cubo | Luis Fdez. de Córdoba | Oliva de la Frontera | Expropiación
El Caballero | Raimundo Rastrojo | Oliva de la Frontera | Contra asentam.
Huerto de Pomar y ot. | Duque de Medinaceli | Oliva de la Frontera | Propuesta expro.
La Mota | Miguel Rastrojo | Oliva de la Frontera | Ocupación
La Pila | José Lima | Oliva de la Frontera | Informe técnico
Los Garcías | Manuel Rastrojo | Oliva de la Frontera | Contra ocup.
Olivar Huerta de Juan | José Lima | Oliva de la Frontera | Informe técnico
El Perdigón | Wenceslao Olea | Oliva de Mérida | Contra inclusión
Hoyos y Alconocal | José Olea | Oliva de Mérida | Ofrec. volunt.
Pedrugano y otras | Manuela Delgado | Oliva de Mérida | Informe técnico
Valencines y otras | Isabel Cabeza de Vaca | Oliva de Mérida | Informe técnico
Arriero | Antonio Sáez | Olivenza | Ofrecim. volunt.
Arrifes de Arriba | Esteban Chacón | Olivenza | Informe técnico
Los Bayones | Petra Delgado | Olivenza | Contra ocup.
Matanzas y otras | Julia Navarrete | Olivenza | Informe técnico
Misericordia y otra | Evaristo Navarrete | Olivenza | Plan asentam.
San Amaro | Severiana Villanueva | Olivenza | Rentas
Sancha Labrada | Julia Navarrete | Olivenza | Modif. renta
Valonas | Fermina Borrallo | Olivenza | Informe técnico
Zorras | Leopoldo Olea | Olivenza | Solicitud renta
Bodegón | Hnos. Español | Puebla de Alcocer | Informe técnico
Trozo Cimero | Carlota Ruiz | Puebla de Alcocer | Informe técnico
Valhondo | Herminia García | Puebla de Alcocer | Informe técnico
Cercado del Lobato | Duque de Medinaceli | Puebla de Sancho Pérez | Varios |
La Encomienda | Juan de la Cámara | Reina | Informe técnico
Dehesa La Osa | José Jaraquemada | Retamal | Informe técnico
Argamino y otra L | uis Carbajo | San Vicente de Alcántara | Ofrecim. y plan
Barrera | Petra Delgado | San Vicente de Alcántara | Contra ocup.
Juan de Sevilla | Teresa de Muguiro | San Vicente de Alcántara | Contra ocup.
Sierra del Lugar | Miguel Durán | San Vicente de Alcántara | Asentamientos
Casa Corcha | Santiago Manzano | Santa María de Nava | Contra incautac.
Martín Gil | Mercedes de Baxeres | Santa Marta | Plan de asent.
Pie de Huerto y otra | Manuel Falcó | Siruela | Ocup. temporal
Aldea del Conde | Carlos y Manuel Lambertiye | Talavera la Real | Arrendamiento
Pallares y otras | Gregorio Moreno | Táliga | Informe técnico
Torrecilla | No consta | Usagre | Arrendamiento
Caballerías de Arriba | José de Sosa | Valdetorres | Asentamientos
El Pradero y otras | Conde de Mora | Valencia del Mombuey | Incautación
Huerta del Espárrago | Duque de Medinaceli | Valencia del Mombuey | Varios |
Cerro Lobos | Victoria Gómez | Valencia de las Torres | Informe técnico
Dehesa San Martín | Condesa de Esteban | Valencia de las Torres | Plan de aplicac.
Potrico y otras | Leoncio González | Valencia de las Torres | Informe técnico
Campillo | Toribio Martínez | Valverde de Leganés | Informe técnico
Merinillas de Cervera | Juan José Martorell | Valverde de Leganés O | cup. temporal
Torre Quemadilla | Pedro López | Valverde de Leganés | Informes
Tamujoso | Luis Murillo | Valle de la Serena | Contra ocup.
Santa Ana-Santa | Leonor Ángel Gironza | Villagracía de la Torre | Contra ocup.
Algarbes | Conde de Mora | Villanueva del Fresno | Plan asent.
Dehesa de Tarrines | Juan Cuesta | Villanueva del Fresno | Contra ocup.
Mojón Blanco | Timoteo Hernández | Villanueva del Fresno | Contra ocup.
Valdecasilla y otra | Conde de Mora | Villanueva del Fresno | Varios |
Zamarra | Eugenia Stuart | Villanueva del Fresno | Informe técnico
El Rincón | Manuel Carvajal | Zafra | Plan asent.
Los Bolsicos | Agustín Montero | Zafra | Contra ocup.
Los Galvanes | Francisco Fernández | Zafra | Contra ocup.
Aguzaderas | Eugenio de Mena | Zalamea de la Serena | Contra ocup.
Canalejas | Antonio Fernández | Zalamea de la Serena | Contra ocup.
Coscojal y otras | Manuel González | Zalamea de la Serena | Contra ocup.
Dehesilla | Felisa de la Cueva | Zalamea de la Serena | Contra ocup.
Doscientas Cabezas | Fernanda Mena | Zalamea de la Serena | Contra ocup.

2. RELACIÓN DE EXPEDIENTES CUYAS FINCAS CORRESPONDEN A LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE BADAJOZ (EXPROPIACIÓN CON INDEMNIZACIÓN)

Término munic. | Fincas | Propietario | Observaciones
Acedera | Varias | Aurora Solo | Exprop. con indemniz.
Alburquerque | Varias | Francisco Izquierdo |         «
Alburquerque | Santa Isabel | Augusto Hurtado |         «
Alburquerque | Tejarero y otra | Pedro Delgado |         «
Alburquerque | Herradero y Santa | Leopoldo Castillo |         «
Alburquerque | Maloque y otra | Juan Fragera |         «
Alburquerque | Valdueza | María Paz Cabeza de Vaca |         «
Alburquerque | Varias | María Amparo de Coca |         «
Alburquerque | El Prior | Cristóbal Maza |         «
Alburquerque | Varias | Luis Landro |         «
Alburquerque | Dehesa Santiago | Ernesto Bejarano |         «
Alburquerque | Varios | Ángeles Llinas |         «
Alburquerque | Rincón de Arriba María | Pilar Delgado |         «
Alburquerque | Millar de Canas y otras | Fernando Muguiro |         «
Alburquerque | Varias | Fausta Jiménez |         «
Alburquerque | Rincón de Abajo | Manuela Delgado |         «
Alburquerque | Millar Hoyas y otra | Santiago Muguiro |         «
Alburquerque y otro | Varias | José María Torres |         «
Alburquerque y otro | Varias | Pedro Delgado |         «
Alburquerque y otro | Varias | Rafael Muguiro |         «
Alconchel | Varias | Ramona Ángeles Ortiz |         «
Alconchel | Varias | Mª Eugenia del Pozo |         «
Alconchel | Cerca Rabola y otra | Antonio Arias |         «
Alconchel | Sierra Buenavista y otra | Segundo y Emilio Llorente |         «
Alconchel | Varias | Delfina del Pozo |         «
Alconchel | Cabeza Rubia y otra | Josefa Villanueva |         «
Alconchel | Varias | Gregoria Moreno |         «
Alconchel | La Grulla | Luis Mendoza |         «
Alconchel | El Corcho y otra | Joaquín Obando |         «
Alconchel | Varias | Cecilio González |         «
Alconchel | Varias | Filomena Morán |         «
Alconchel y otro | Varias | Isidora García |         «
Alconchel y otro | Carbonera y otra | Rosario Uribe |         «
Almendral | Rubio | Pedro Otaño |         «
Almendral | Varios | Josefa Obando |         «
Almendral | Rubio y otra | Francisco de Cózar |         «
Atalaya | Martín Rey y otra | Ladislao Navarro |         «
Azuaga | Castrejones | Antonio Llera | Exprop. con indemniz.
Azuaga | La Higueruela | María Belén Ortiz |         «
Azuaga | Varias | Paula Fdez. de Córdoba |         «
Azuaga | Varias | Matilde Tena |         «
Azuaga | Varias | Mª Luisa Tena |         «
Azuaga | El Boticario | Juan Antonio Montero |         «
Azuaga | Camilla | Inocencio Gala |         «
Azuaga | Cortijo Moreno | Pedro Spínola |         «
Azuaga | Santiscales | Fernández Llera |         «
Azuaga | Zurrón de Pollinos | Eduardo Rengifo |         «
Azuaga | Cajonica de Pollinos | Amalia Rengifo |         «
Azuaga | Acebuche | Emilio Llera |         «
Azuaga y otros | Varias | Feliciano Cebredilla |         «
Barcarrota | Varias | Santos García |         «
Barcarrota | Varias | José Mendoza |         «
Barcarrota | Varias | Francisco Villanueva |         «
Cabeza del Buey | Varias | Dolores Salcedo |         «
Cabeza del Buey | Gama Gamita | Francisco Márquez |         «
Cabeza del Buey | Varias | Inés F. Mendoza |         «
Cabeza del Buey | Varias | Plácido Valmaseda |         «
Cabeza del Buey | Varias | Antonio Donoso |         «
Cabeza del Buey | Varias | María del Carmen Díaz |         «
Cabeza del Buey y otro | Someruela Baja y otra | Ramón Díez de Rivera |         «
Cabeza del Buey y otro | Medelejo | Manuel Díez de Rivera |         «
Campanario | Varias | Hros. de Teresa Murillo |         «
Campanario | Varias | Jacinto Donoso |         «
Campanario y otro | Varias | Josefa Fernández Durán |         «
Campanario y otro | Paredejas de Abajo | Magdalena Prieto |         «
Casas de Don Pedro | Varias | Isabel Pazos |         «
Casas de Don Pedro | Arroyos y otras | Fernando Salabert |         «
Casas de Don Pedro | Nava Arenosa | Pedro Pazos |         «
Casas de Reina | Cabeza de Gamoz | Antonio Cardos |         «
Casas de Reina | Varias | Secundino Mateos |         «
Castilblanco | Navalonguillos | Micaela Romano |         «
Castilblanco | Valle de Santiago | José Parejo |         «
Castilblanco y otro | Varios | Pilar Chacón |         «
Castuera | Varios | María Luisa Mendoza |         «
Castuera | Varios | Dolores Valverde |         «
Castuera | Varios | María Cueva Godoy |         «
Castuera | Degollados | Carmen y Pilar Ozores |         «
Castuera | Guijo de los Cardos | José Rúspoli | Exprop. con indemniz.
Cheles | San Blas | Milagros Pardo |         «
Cheles | Talanquera | Mercedes Pardo |         «
Cheles | Talanquera del Valle | María Pardo |         «
Cheles | Talanquera Eras Altas | Pilar Pardo |         «
Cheles | Varias | Esperanza Manuel |         «
Cheles | Varias | Josefa Pardo |         «
Esparragosa de Lares | Varias | Concepción Ballesteros |         «
Esparragosa de Lares | Terrines | Juan Cuesta |         «
Esparragosa de Lares | Varias | Carmen Mendoza |         «
Esparragosa de Lares | Bodeguillas Bajeras | Dolores Gómez |         «
Fuente del Arco | Cabeza García | Fco. Cabeza de Vaca |         «
Fuente de Cantos | Varias | Agustín Mendoza |         «
Fuente de Cantos | El Risco | Matilde Fernández |         «
Fuente de Cantos | El Pizarral y otra | Isabel Márquez |         «
Fuente de Cantos | Varias | Elena Márquez |         «
Guareña | Varias | Joaquín Murillo |         «
Guareña | Quinto de Santa | Ana Dolores Carvajal |         «
Guareña | Varias | Manuel Romero |         «
Guareña | Torre Caños y otra | Carmen Bruguera |         «
Guareña | Varios | Víctor García |         «
Guareña | Rincón Cabeza Caballo | José Sayago |         «
Guareña | San Salvador | Victoriano Fernández |         «
Guareña | El Gamero de Arriba | Purificación Cortés |         «
Guareña | El Gamero de Arriba | José Berrero |         «
Guareña | Alberquilla y otra | Juan Boyer |         «
Guareña | Novillarejo y otra | Miguel Boyer |         «
Guareña | Las Magdalenas | Enriqueta Fuster |         «
Guareña y otra | Cordero y otras | María Justa Carvajal |         «
Granja de Torrehermosa | Carrasca | Francisco Llera |         «
Granja de Torrehermosa | Charco de la Toba | Piedad Llera |         «
Higuera de Llerena | Santa Elena | Fernando Pedrero |         «
Higuera de Llerena | Varias | Victoriano Maeso |         «
Higuera de Llerena | Dehesillas | Dolores Carvajal |         «
Higuera de Llerena | Malpica | Ramona Romero |         «
Hornachos | Perrero de Abajo | Manuel León |         «
Hornachos | Varios | Pedro Spínola |         «
Hornachos | Varios | Magdalena Sánchez |         «
Hornachos | Varios | Isabel Vizuete |         «
Jerez de los Caballeros | Botello y otra | Manuel González |         «
Jerez de los Caballeros | Encinar de Carreros | Francisco Fuentes | Exprop. con indemniz.
Jerez de los Caballeros | Varios | Agustín Mendoza |         «
Jerez de los Caballeros | Varios | Justa Claros |         «
Jerez de los Caballeros | Los Leales de Paula | Dolores Salcedo |         «
Jerez de los Caballeros | Varias | Manuel Mendoza |         «
Jerez de los Caballeros | Dehesa Chacones y ot. | María Sánchez Arjona |         «
Jerez de los Caballeros | Dehesa Chacones | Jesús Cosujo |         «
Jerez de los Caballeros | Varias | Carlota Escandón |         «
Jerez de los Caballeros | Pajares | Amparo Navia |         «
Jerez de los Caballeros | Varias | Ramón Peche |         «
Jerez de los Caballeros | Serranillo y otras | Antonio y José García |         «
Jerez de los Caballeros | Coto del Rey y otra | Isabel Mesía |         «
Jerez de los Caballeros | Las Rolladas | Agustín Ceballos |         «
Jerez de los Caballeros | Varias | Eugenia María Sol Stuart |         «
Jerez de los Caballeros | Varias | Cecilia Moreno |         «
Jerez de los Caballeros | Varias | Antonio García |         «
Jerez de los Caballeros | Varias | Fco. Fernández de Córdoba |         «
Jerez de los Caballeros | Varias | José García |         «
Jerez de los Caballeros | María Hernández | José Izquierdo |         «
Jerez de los Caballeros | Varias | Beatriz Mendoza |         «
Jerez de los Caballeros | Santa María | Julia Fernández |         «
Jerez de los Caballeros | Cuarto de Aguzaderas | Trinidad del Pozo |         «
Jerez de los Caballeros | Varias | Asunción Pérez de Guzmán |         «
Jerez de los Caballeros | Suertecillas | Luisa Mesías |         «
Jerez de los Caballeros | Los Vidales | Manuel Pereda |         «
Jerez de los Caballeros | Sierra Brava | María Piedad Caro |         «
Jerez de los Caballeros | Varias | Luis Peche |         «
La Codosera | La Calera | María Possé |         «
La Coronada | La Tiesa y otra | Juan Cuesta |         «
La Garrovilla | La Piñuela | Manuela O’Neill |         «
Llerena y otros | Varias | Fernando Zambrano |         «
Magacela | Varias | Magdalena y Fco. Prieto |         «
Mérida | Varias | Carlos Pacheco |         «
Mérida | La Utrera | María Castillejo |         «
Monesterio | Varias | Sacramento Márquez |         «
Monesterio | Varias | Josefa Mendoza |         «
Monesterio y otros | Varias | Ramón Díez de Rivera |         «
Montemolín | Varias | Féliz Fernández |         «
Montemolín | Varias | Mariana Zambrano |         «
Montemolín | Varias | Felipe Márquez |         «
Montemolín | Varias | Antonio Zambrano | Exprop. con indemniz.
Montemolín y otro | Virgen del Rosario y ot. | Concepción Pérez |         «
Navalvillar de Pela | Mezquita y otra | José Morales |         «
Obando Mitad | Dehesa Prado | Juana Gil |         «
Oliva de la Frontera | Huerta de San Juan | José Lima |         «
Oliva de Mérida | Varias | Isabel Cabeza de Vaca |         «
Oliva de Mérida | Pedruégano y otras | Manuela Delgado |         «
Oliva de Mérida y otros | Villares y otra | Magdalena López |         «
Oliva de Mérida | Dehesa La Osa | Pedro González |         «
Oliva de Mérida | Colonia Perdigón | Wenceslao Olea |         «
Olivenza | Varias | Evaristo Navarrete |         «
Olivenza | Arrifes de Arriba | Esteban Chacón |         «
Olivenza | Varias | Evaristo Navarrete |         «
Olivenza | Julia Navarrete | Julia Navarrete |         «
Olivenza | Los Bayones | Petra Delgado |         «
Olivenza | Varias | Fermina Borrallo |         «
Olivenza | Rincón | Visitación Olea |         «
Olivenza | Rincón | Dolores Villanueva |         «
Puebla de Alcocer | Varias | Agustín Mendoza |         «
Puebla de Alcocer | Bodegón | Hnas. Español |         «
Puebla de Alcocer | Trozo Cimero y otras | Carlota Ruiz |         «
Puebla de Alcocer | Valhondo Calabrino | Alfonso García |         «
Puebla de Alcocer | Peras y otra | Casilda Salabert |         «
Puebla de Alcocer y otro | Varias | Herminia García |         «
Puebla de Alcocer y otro | Varias | Manuel Solo |         «
Puebla de Alcocer y otro | Varias | Sofía García |         «
Puebla del Maestre | Varias | Fco. Fernández de Córdoba |         «
Quintana de la Serena | Pared de las Anarillas | Mercedes Martorell |         «
Reina | Valdecigüeñas | Juan de la Cámara |         «
Retamal | Dehesa de la Osa | José Jaraquemada |         «
Retamal | Varias | Juan de Tena |         «
Retamal | Varias | Clemira de Tena |         «
Retamal | La Osa María | Amparo Jaraquemada |         «
S. Vicente de Alcántara | El Macho | Francisca Muguiro |         «
S. Vicente de Alcántara | Varias | José Losada |         «
S. Vicente de Alcántara | Juan de Sevilla | María Teresa Muguiro |         «
S. Vicente de Alcántara | Torre Mayorga | Amalia Aparicio |         «
S. Vicente de Alcántara | Santa María | Florencia Álvarez |         «
S. Vicente de Alcántara | Cabacha | Dolores Carvajal |         «
S. Vicente de Alcántara | Barrera | Petra Delgado |         «
S. Vicente de Alcántara | Sierra del Lugar | Manuel Durán | Exprop. con indemniz.
S. Vicente de Alcántara | Costa Grande | Luis Page |         «
S. Vicente de Alcántara | Cabeza Real | Andrés Sánchez |         «
S. Vicente de Alcántara | Varias | José Villalonga |         «
S. Vicente de Alcántara | Varias | Eladia Fernández |         «
S. Vicente de Alcántara | Varias | Josefa Cerezo |         «
S. Vicente de Alcántara | Varias | Carmen Mendoza |         «
S. Vicente de Alcántara | Varias | Jacobo Cerezo |         «
S. Vicente de Alcántara | Varias | Agustín Mendoza |         «
S. Vicente de Alcántara | Varias | Mariano Márquez |         «
S. Vicente de Alcántara y otro | Varias | Casilda Salabert |         «
S. Vicente de Alcántara y otro | Varias | Francisco Chacón |         «
Talavera la Real | Aldea del Conde | Hros. Lambertye |         «
Talavera ls Real | Varias | Hros. Núñez |         «
Táliga | Varias | Gregorio Moreno |         «
Trasierra y otros | Varias | Julia de Llera |         «
Usagre | Varias | María Ceballos |         «
Usagre | Los Labrados y otras | Alfonso Gómez |         «
Usagre | Varias | Carmen Márquez |         «
Usagre | Varias | Juan Muñoz |         «
Usagre | Matagorda | Constancio Tobar |         «
Usagre y otro | Varios | Josefa Gómez |         «
Valdecaballeros | Naval de Grulla | Manuel y Carmen Plaza |         «
Valdecaballeros | Varias | Ricardo Guirado |         «
Valencia del Mombuey | Varias | Isabel González |         «
Valencia de los Toros | Bercial y Hornachos | Ildefonso Gómez |         «
Valencia de los Toros | Varias | Isabel Arango |         «
Valencia de los Toros | Cerro Lobo | Victoria Gómez |         «
Valencia de los Toros | Potrico y otra | Leoncio González |         «
Valencia de los Toros | Dehesa del Rincón | Manuel Carvajal |         «
Valencia de los Toros | Boscufas | Isabel Esteban Granzo |         «
Valencia de los Toros | Varias | Luisa Iranzo |         «
Valencia del Ventoso | Varias | Fco. Fernández de Córdoba |         «
Valverde de Leganés | Varias | Pedro López |         «
Valverde de Leganés | Campillos | Toribio Martínez |         «
Villar del Rey | La Laguna | Concepción Rivero |         «
Villar del Rey | Espartal y Costurón | Herminia Rivero |         «
Villar del Rey | Varias | Matilde de Llinas |         «
Villar del Rey | Varias | Emilia Llerios | Exprop. con indemniz.
Villar del Rey | Valderreguera | Manuela Montero de Espinosa |         «
Villar del Rey | Motilla | Leopoldo Castillo |         «
Villanueva del Fresno | Varias | Eugenia María Sol Stuart |         «
Villanueva del Fresno | Varias | Luisa Cartassac |         «
Villanueva del Fresno | Varias | Timoteo Fernández |         «
Villanueva del Fresno | Varias | Manuela Fernández |         «
Villanueva del Fresno | Varais | Isabel Mesía Stuart |         «
Villanueva de la Serena | Varias | María Concep. Fdez. Durán |         «
Fuente: AIRA, Reforma Agraria 2, Caja 6/107. Estos listados constituyen algunos de los anexos del escrito que las asociaciones agrarias envían a la Junta Técnica del Estado en octubre de 1936.

Anexo V. Formularios oficiales de incautaciones tras el 18 de julio

Anexo V

Formularios oficiales de incautaciones tras el 18 de julio

PROVINCIA DE BADAJOZ
Término municipal de .................

ZONA LEAL

ACTA de incautación de la finca rústica denominada1 ............... ............ propiedad de ........................ En la casa de labor denominada ............... a .... de ......... De 193 ....., reunidos:² .......................... ........................................... .................... .......................... se procede con arreglo al Decreto de³ ... de ....... de 193 ..... a la incautación de la referida finca, con todo su capital de explotación, que debidamente reseñado, figura en el inventario que se adjunta por⁴ .............. ........................ ................... Para que no se interrumpa la normal explotación de la finca y hasta que no se determine por el Instituto de Reforma Agraria, los beneficiarios de la misma, se acuerda sean entregados provisionalmente a⁵ ..................... ........................................... para su explotación, cuya representación será el presente Consejo de Administración:

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

VOCALES

Que se comunique al Instituto de Reforma Agraria (Servicio Provincial de Ciudad Real) y a la Federación Española de Trabajadores de la Tierra la incautación de la referida finca o fincas, para que surta los efectos oportunos.

De esta acta e inventario, que se levanta por cuatriplicado, se remiten dos ejemplares al citado Servicio Provincial de Reforma Agraria, firmando todas ellas los presentes en prueba de conformidad y selladas con los cuños de las respectivas autoridades o asociaciones representadas.

En ............ a ... de ....... de 193...

OBSERVACIONES: 1. Cuando sean varias poner la principal y otras. 2. Autoridades Municipales y Comités del Frente Popular; o Comité de Incautaciones; o asociaciones obreras legalmente constituidas, siendo necesario en este último caso acta por la que se delegó en ellas para proceder a las incautaciones. 3. Indicar si es con arreglo al decreto de 8 de agosto (Gaceta del 10), incautaciones realizadas desde el 20 de agosto al 8 de octubre, o con arreglo al decreto 7 de octubre (Gaceta del 8) si se realizaron a partir de esa fecha. 4. Causa o motivo de la incautación, precisando el Informe de la Junta calificadora si la incautación se hizo a partir del 8 de octubre. 5. Sociedades de campesinos o cultivadores individuales a quienes se hace entrega provisional de la finca para su explotación.

INVENTARIO DE LA FINCA INCAUTADA, denominada .......... Situada en el término municipal de .......... provincia de ......... SUPERFICIE TOTAL ...................... Ha

DISTRIBUCIÓN POR CULTIVOS

Monte alto y bajo | ..... Ha
Pastos y liegos | ........«
Total secano cereal (barbechos y siembras)   | ........«
Hoja de barbecho (sólo)¹ | ........«
Viña | ........«
Olivar | ........«
Huerta | ........«

INVENTARIO DE GANADOS

DE LABOR | DE RENTA
Mular | .......... | cabezas | Vacas | .......... | cabezas
Vacuno | .......... |      » | Ovejas | .......... |      «
Caballar | .......... |      » | Cabras | .......... |      «
Asnal | .......... |      » | Cerda | .......... |      «

INVENTARIO DE CONSTRUCCIONES

......................................................................................................................................................................

INVENTARIO DE COSECHAS Y PRODUCTOS

......................................................................................................................................................................

APEROS Y MÁQUINAS

......................................................................................................................................................................

En ..................... a ..... de .......... de 193...

1. Debe comprender los barbechos pasados y los que se vayan a realizar durante el presente año agrícola. La superficie no debe sumarse al total de la finca.

JUNTA MUNICIPAL CALIFICADORA DE .................. Propuesta de calificación del propietario de fincas rústicas de este término municipal D. ................. ............... a efectos de lo que determina el decreto de Ministerio de Agricultura de 7 de octubre de 1936.

(Exprésese si el sistema de explotación seguido en las fincas durante los últimos años era racional).

(Indíquese si cumplía las bases de trabajo legisladas para la Agricultura, y en caso contrario concrétense algunos datos).

(Determínese la actitud adoptada ante los sucesos de Octubre de 1934).

(Exprésese cuáles fueron sus primeras actividades en los primeros días del movimiento insurreccional contra la República).

(Descríbase la actitud adoptada durante el transcurso de todo el período insurreccional hasta la fecha, determinando claramente si la colaboración con el movimiento subversivo ha consistido en actos directos o indirectos, si su ayuda ha sido de carácter económico, en dinero o en especie, o si también personal con auxilios, servicios y confidencias y si además ha habido resistencia al cumplimiento de las órdenes emanadas del Gobierno legítimo de la República).

En consecuencia de todo lo que antecede, esta Junta Municipal Calificadora, acuerda por mayoría elevar al Presidente de la Provincial, esta propuesta de¹ ................... del propietario de este término municipal D. ................... .................... a los efectos de lo que determinen los artículos 1.º y 2.º del decreto del Ministerio de Agricultura de fecha 7 de octubre del año 1936, y en prueba de conformidad y veracidad firman todos los presentes en ................. a .... de ......... de 193...

SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA PROVINCIAL CALIFICADORA DE REFORMA AGRARIA.

1. Exclusión o inclusión.

FUENTE: Archivo de la Guerra Civil de Salamanca.

Sobre la foto de la cubierta

Sobre la foto de la cubierta

Adjudicada a Robert Capa en varias ocasiones —sin ir más lejos se encuentra dentro del «Fondo Capa» (205 fotografías) depositado en el Museo Reina Sofía por Cornell Capa, hermano del fotógrafo, en 1999— esta foto fue incluida en la obra Guerre y revolution en Espagne, 1936-1939 (R. Laffont, 1975, 5 vols., París, 1975), de Georges Soria, publicada en España por Grijalbo en 1978. En el pie de foto se leía:

En la provincia de Badajoz, cuadrillas de campesinos iniciaron un movimiento de ocupación de latifundios, sin esperar la autorización del I. R. A. Sólo en marzo, 249 616 hectáreas pertenecientes a la nobleza y a la gran burguesía agraria fueron ocupadas por toda la península. El gobierno Azaña ratificó estas acciones espectaculares.

En esa ocasión no se mencionaba autor alguno y, por lo que respecta a su procedencia, Soria remitía al Archivo Roger Violet. Ignoramos si fue publicada anteriormente. Algunas indicaciones de expertos en fotografías de esa época apuntaban a que la foto fue publicada por primera vez en la revista Regards durante la primavera de 1936. Hacía factible esta hipótesis el hecho de que en esos meses la revista, tal como anunció a mediados de abril, dedicó una serie de reportajes a la evolución del Frente Popular en España y concretamente al movimiento campesino de ocupación de tierras. Curiosamente, los colaboradores enviados por la revista fueron Georges Soria (textos) y David Seymour «Chim» (fotos), uno de los fundadores de la agencia Magnum en 1947 (David R. Szymin, Varsovia, 1911 - Egipto, 1956).

Efectivamente, por lo que respecta al tema que nos ocupa, la revista publicó dos reportajes. El primero vio la luz en el número 122, del 14 de mayo, bajo el título «60 000 campesinos de Extremadura ocupan las tierras» (páginas 8 y 9 así como la foto de contraportada). La mayor parte de las fotos recogía diversos momentos de un mitin celebrado en un pueblo de Badajoz. Una de ellas, muy conocida y habitualmente seccionada, descontextualizada y mal datada, era la de la mujer que, en medio de la multitud, amamanta a un bebé mientras escucha atentamente al orador. El segundo reportaje apareció un mes después, el 11 de junio. Se titulaba «La reforma agraria está en marcha» y estaba dedicado a resaltar los avances producidos a consecuencia de la reforma en una pequeña comunidad campesina de la provincia de Toledo. Una de las fotos, un contraluz de una hilera de campesinos a lomos de sus mulas con los puños alzados, recuerda mucho a la foto que nos ocupa. Parece la misma pero hecha de frente y a mayor distancia. Hasta se observa un perro entre las patas de los caballos. El caso es que la foto en cuestión no fue publicada en Regards.

Con todo, a favor de la autoría de Seymour existen varios hechos. En primer lugar, la foto aparece atribuida a él en el archivo de la agencia Magnum. Sin embargo, el comentario en inglés que la acompaña, resulta poco afortunado: «Extremadura. Un comité de campesinos saluda, puño en alto, a los milicianos que parten para ayudar a las fuerzas en Madrid». Así, de ser una imagen de la primavera campesina del 36 pasa a ser una foto de guerra de octubre o noviembre del 36 y los campesinos que llevaron adelante la reforma agraria pasan a ser un comité de despedida. Lo cierto es que parece más acertado el pie de foto de Georges Soria, que conocía el tema de primera mano, que el de la agencia Magnum. Ni la hilera de campesinos parece un comité ni se ve miliciano alguno. En la misma línea, en la Biblioteca Nacional de Francia existe un fondo de 101 fotografías de David Seymour que bajo el epígrafe «Guerre d’Espagne» conserva una copia de la foto de los campesinos (n.º 19). Sin embargo, la ficha de la fotografía no aclara su procedencia y el comentario que la acompaña es similar al de la agencia Magnum. Otro misterio a resolver sería por qué el Museo Reina Sofía, además de atribuirla a Robert Capa, nos dice que se trata de una fotografía tomada en 1936 en el frente de Azuaga (Badajoz). Aunque en este caso cabe colegir que lo primero llevaba a lo segundo, es decir, que si se dice que la hizo Capa había que situarla en la fecha y el lugar apropiados. De ahí que, teniendo en cuenta que el primer reportaje de Capa en Regards, que incluía la famosa foto del miliciano, apareció a finales de septiembre, se localice la foto de los campesinos en aquella zona que une las provincias de Córdoba y Badajoz. Lo que no se podía hacer era adelantarla, ya que, ese año, el fotógrafo pisó España por primera vez a comienzos de agosto del 36.

En fin, pese a todo, creo que podemos afirmar, no sin cierta cautela, que el autor de la foto fue David Seymour «Chim», quien la debió de tomar en Badajoz o Toledo en abril o mayo de 1936, en medio de la gran movilización campesina iniciada tras las elecciones de febrero y más concretamente a partir del 25 de marzo. La foto no fue elegida para el reportaje de Regards y posteriormente siguió la ruta de tantas otras fotografías: pasar a diferentes agencias, cada una de las cuales le puso el comentario que creyó oportuno, hasta perderse incluso la autoría. Como las «fotos de guerra civil» eran más vendibles que las de la etapa anterior, la datación y el contenido fueron convenientemente atrasados.

Esta nota quedaría incompleta sin mencionar que lo dicho debe mucho a Matilde Muro, Eva Fernández, Francisco Moreno Gómez, Jordi Pedrosa y, muy especialmente, a José Luis Gutiérrez Molina.

Fuentes y bibliografía

Fuentes y bibliografía

ARCHIVOS

Archivo Diego Hidalgo (Madrid)

Archivo Histórico Nacional, Causa General (Madrid)

Archivo Histórico Nacional, Documentación Político-Social (Salamanca)

Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo (Sevilla)

Centro Cultural Santa Ana, «Papeles de Luis Chorot Coca» (Almendralejo)

Fondo CNT (Archivo del Requeté de Sevilla)

Fondos documentales locales consultados[*]:

Alange

Barcarrota

Bienvenida

Bodonal de la Sierra

Burguillos del Cerro

Fuente de Cantos

Fuentes de León

La Garrovilla

Hornachos

Jerez de los Caballeros

Magacela

Malpartida de la Serena

Olivenza

Puebla de la Calzada

Quintana de la Serena

Reina

Ribera del Fresno

Santa Marta de los Barros

Torre de Miguel Sesmero

Valverde de Llerena

Valle de la Serena

Villafranca de los Barros

Villanueva del Fresno

Zafra

Fondos del Instituto de Reforma Agraria (Madrid-San Fernando de Henares) conservados en el IRYDA.

Fundación Pablo Iglesias

HEMEROTECAS

Hemeroteca Municipal (Madrid)

Hemeroteca Municipal (Sevilla)

Real Sociedad Económica de Amigos del País (Badajoz)

PRENSA PERIÓDICA

Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz

Claridad

El Amigo del Pueblo (Azuaga, 1930-1933)[*]

Falange

Gaceta de Madrid

Hoy

La Libertad

Mundo Obrero

El Obrero de la Tierra

«Papeles de Bruguera»[**]

Política

El Socialista

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Índice de cuadros

Índice de cuadros

Tierras afectadas por la Reforma Agraria

Badajoz y el Registro de la Propiedad Expropiable

Asentamientos efectuados bajo los decretos de Intensificación del Cultivo

Asentamientos efectuados bajo la Ley de RA antes del 31 de diciembre de 1933

Resultados electorales de febrero de 1936 por partidos judiciales

Asentamientos de yunteros en Extremadura en marzo de 1936

Asentamientos de yunteros en Extremadura en abril de 1936

Censo agrario de Badajoz por partidos judiciales

La contrarreforma agraria en cifras (1936-1940)

Notas

[1] Zapata Blanco, Santiago, La producción agraria de Extremadura y Andalucía occidental, 1875-1935, Editorial de la Universidad Complutense (edición facsímil), Madrid, 1986, T. II, pp. 933 y 1161. Esto dio lugar a una época de una relativa prosperidad, pero el propio autor se preguntaba por qué «la tarta, que había crecido y variado en su forma y composición, seguía estando tan mal repartida y alimentando el grave y persistente problema del Mediodía de España» (p. 1168). Domingo Gallego Martínez incide en lo mismo: existieron cambios técnicos en la agricultura en el primer tercio del siglo XX pero su incidencia en la mejora del nivel de vida se dio «de forma atenuada» (véase Gallego, D., «Pautas regionales de cambio técnico en el sector agrario español [1900-1930]», en Cuadernos Aragoneses de Economía, vol. 3, n.º 2, 1993, pp. 247-248. El cambio indicado ya fue destacado por los técnicos agrarios republicanos, caso de Vázquez Humasqué, quien destacó en su momento los diversos cambios producidos en cultivos, cosechas, granos, etc. (véase Vázquez Humasqué, Adolfo, «El problema Agrario Español» en rev. El Trimestre Económico, n.º 4, Fondo de Cultura Económica, México, 1940, p. 471). <<

[2] Gallego, D., «Pautas regionales de cambio técnico en el sector agrario español (1900-1930)», en Cuadernos Aragoneses de Economía, vol. 3, n.º 2, 1993, pp. 259-261. <<

[3] Robledo, R. y Espinoza, L. E., «La reforma agraria en la II República: el proceso de asentamiento de comunidades de campesinos en la provincia de Salamanca», en Salustiano de Dios, Javier Infante, Ricardo Robledo y Eugenio Torijano (Coords.), Historia de la propiedad en España, siglos XV-XX, Madrid, 1999, p. 413. <<

[4] La referencia de Romero Maura procede de «Para la historia de la República española», en Revista Internacional de Sociología, 1972, n.º 34, pp. 236-237; la de Tuñón de Lara de «Historiografía de la II República», en rev. Arbor, n.os 426-427, junio-julio 1981, p. 19. <<

[5] Tomo el dato de la introducción que Ricardo Robledo realizó para el catálogo de Archivos de la Reforma Agraria conservados por el IRYDA (UNED, Madrid, 1996), trabajo coordinado por José Luis Martín. <<

[6] Véase Robledo, R. y Espinoza, L. E., «La reforma agraria en la II República: el proceso de asentamiento de comunidades de campesinos en la provincia de Salamanca», en Salustiano de Dios, Javier Infante, Ricardo Robledo y Eduardo Torijano (Coords.), Historia de…, p. 406. Estos autores localizan la primera alusión en 1937, precisamente al afirmar que «se imponía una nueva redistribución de la propiedad territorial huyendo del sistema que llevó al fracaso a la Reforma Agraria liberal del siglo XIX» (BIRA, 1937, p. 28). Véase también Fontana, Josep, «La reforma agraria liberal», en XV Seminari d’Historia Econòmica i social. Propietat de la terra i anàlisi històrica: teories, pràctiques i discursos. Girona, noviembre de 2002. Pueden verse los textos de las ponencias en http://www.udg.edu/ilcc/XVSeminari/20Historia/20Eco/20i/20Social.html. <<

[7] Como para borrarlo de la historia, la estatua que en su memoria existía en la plaza de Tirso de Molina de Madrid fue fundida al término de la guerra civil. Asimismo, la lápida que en Cádiz honraba su memoria fue destruida «por judío y masón». <<

[8] Los datos, aunque tomados de Merino Navarro, José P., La desamortización en Extremadura, Fundación Universitaria Española, Madrid, 1976, p. 87, proceden de Simón Segura, F., La desamortización española del siglo XIX, I. E. Fiscales, 1973. Más información en García Pérez, Juan, «Algunas consideraciones acerca del proceso desamortizador en Extremadura», en rev. Alcántara, n.º 2, mayo-agosto 1984, pp. 45-60. Para una visión general véase García Pérez, Juan y Sánchez Marroyo, Fernando, «La monarquía liberal. 1833-1868», en Historia de Extremadura, Universitas, 1985, tomo IV, p. 810 y ss. Un estudio muy sugerente sobre la cuestión agraria en la España contemporánea puede verse en Viñas Mey, Carmelo, La reforma agraria en España en el siglo XIX, Tip. «El Eco Franciscano», Santiago, 1933. <<

[9] El dato está tomado de Bohoyo Velázquez, Isidoro, Situación socioeconómica y condiciones de vida en la provincia de Badajoz (1880-1902), Universitas, Badajoz, 1984, p. 15. <<

[10] García Pérez, Juan, «Etapas de gloria y períodos sombríos. Una reflexión general en torno a la historia extremeña», en Revista de Extremadura, n.º 22, enero-abril 1997, p. 129. <<

[11] Naranjo Sanguino, Miguel Ángel, La desamortización de Mendizábal-Espartero en la provincia de Badajoz (1836-1852), Diputación Provincial de Badajoz, Badajoz, 1997, pp. 223-232. <<

[12] Véase Bohoyo Velázquez, I., Situación socio-económica…, Universitas, Badajoz, 1984. <<

[13] Véase Sánchez Marroyo, Fernando, Movimientos populares y reforma agraria. Tensiones sociales en el campo extremeño durante el Sexenio Democrático (1868-1873), Diputación Provincial de Badajoz, Badajoz, 1992. <<

[14] Vázquez Humasqué, Adolfo, «El problema agrario español» en rev. El Trimestre Económico, n.º 4, Fondo de Cultura Económica, México, 1940, p. 482. <<

[15] En su artículo «Un liberal de izquierdas: Álvaro Flórez Estrada» (véase El País de 02/01/04), Joaquín Varela Suances-Carpegna recuerda que fue precisamente Flórez de Estrada, uno de los más duros críticos de Mendizábal, quien acuñó en 1839 el concepto de «cuestión social» (sobre Flórez Estrada véanse los trabajos del profesor Salvador Almenar Palau). <<

[16] Robledo, R., «Política y reforma agraria: de la Restauración a la II República (1868/74-1939)», en Reformas y políticas agrarias en la historia de España (De la Ilustración al primer franquismo), Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1996, p. 253. <<

[17] García Pérez, Juan, «Etapas de gloria y períodos sombríos. Una reflexión general en torno a la historia extremeña», en Revista de Extremadura, n.º 22, enero-abril 1997, p. 131. <<

[18] Robledo, R. y Espinoza, L. E., «La reforma agraria…», p. 405; Robledo, R., «Bastante han gozado los señores. La huella medieval del señorío en la segunda república», en Homenaje a José Luis Martín (trabajo de próxima publicación que debo a la amabilidad de su autor). Curiosamente fue a partir del fracaso del Sexenio Democrático y durante la Restauración «cuando se gestó el mito de la inexistencia de Revolución Burguesa en España», como puede leerse en el interesante artículo de Sánchez Marroyo, Fernando, «La revolución burguesa en Extremadura. Acotaciones a un tema polémico», en rev. Alcántara, n.os 13-14, enero-agosto 1988, p. 68. Del mismo autor puede verse una revisión historiográfica de la cuestión agraria en Extremadura en «Historiografía de Extremadura contemporánea», en rev. Alcántara, n.º 39, diciembre 1996, pp. 147-174. <<

[19] Según Datos recopilados sobre las provincias de Badajoz, Cáceres y Huelva (Suplemento del Boletín del IRA), Madrid, 1934, p. 45, la superficie perteneciente a la «extinguida Grandeza de España» era en Badajoz de 31 507 ha. En la zona objeto de estudio afectaba a los municipios de Villalba (907 ha), La Albuera (46 ha), Badajoz (3829 ha), Fregenal (292 ha), Jerez (2557 ha), Oliva de la Frontera (761 ha), Valencia del Mombuey (1457 ha), Alange (874 ha), Mérida (1984 ha), Alconchel (383 ha), Olivenza (354 ha), Valverde de Leganés (261 ha), Villanueva del Fresno (8501 ha) y Puebla de Sancho Pérez (7 ha). El mismo suplemento del BIRA ofrece la relación de señoríos, con el nombre del señor y las localidades sobre las que ejerció la jurisdicción: Marquesa de Castrofuerte (Alconchel y Zahínos), duque de Medinaceli y Feria (Alconera, Almendral, Corte de Peleas, Feria, Morera, Nogales, Oliva, La Parra, Salvaleón, Salvatierra, Santa Marta, Solana, Torre de Miguel Sesmero, Valencia del Mombuey, Villalba y Zafra), duque de Béjar (Atalaya, Burguillos, Valverde de Burguillos), conde de Montijo (Barcarrota, Montijo, Puebla de la Calzada, Villanueva del Fresno), duque de Alba (Calzadilla), conde de Vía Manuel (Cheles), duquesa Viuda de Arcos (Lobón, Villagarcía), marqués de Monesterio (Monesterio), conde de la Roca (Torremayor) y marqués de Leganés (Valverde de Leganés). <<

[20] Fontana, Josep, «La reforma agraria liberal», p. 1, en XV Seminari d’Historia Econòmica i Social. Propietat de la terra i anàlisi històrica: teories, pràctiques i discursos. Girona, noviembre de 2002. Pueden verse los textos de las ponencias en http://www.udg.edu/ilcc/XVSeminari%20Historia%20Eco%20i%20Social.html. <<

[21] Robledo, R., «Política y reforma…», p. 260. Como dice este autor la reforma agraria liberal se sintetiza diciendo que fue una reforma con registro pero sin catastro. Hasta tal punto era esto así que se piensa que durante la desamortización, en algunas provincias, la ausencia de catastro permitió que las tierras privatizadas superasen en extensión a las que habían salido a subasta. <<

[22] Llopis Agelán, Enrique y Zapata Blanco, Santiago, «El sur del Sur. Extremadura en la era de la industrialización», en Luis Germán, Enrique Llopis, Jordi Maluquer y Santiago Zapata (Eds.), Historia económica regional de España siglos XIX y XX, Crítica, Barcelona, 2001, pp. 271-298. <<

[23] Presidente del Ateneo de Badajoz, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados y vocal de la Junta Provincial del Censo Electoral en febrero de 1936. Su padre, Emilio Cerro Muñoz, director de la sucursal del Banco de España de Talavera de la Reina, fue sometido a consejo de guerra y ejecutado en 1937. Unos meses después, en los primeros días de enero de 1938, Eduardo Cerro, que ejercía entonces de jurídico militar en Badajoz, fue secuestrado por varios falangistas, rapado y obligado a ingerir un purgante, hecho que dio lugar a la apertura de una investigación y también a un expediente de depuración que le supuso el apartamiento de su trabajo en la Delegación de Hacienda durante años. Véase Espinosa, F., La justicia de Queipo, Crítica, Barcelona, 2005, pp. 237-243. Agradezco a Isabelo Herreros la posibilidad de contar con el «Expediente sobre declaración de responsabilidad civil» que se abrió a Emilio Cerro Muñoz en 1937. <<

[24] El tomo I de la Revista del Centro de Estudios Extremeños de 1927, en el que se encontraba el artículo de Eduardo Cerro, fue reeditado por la Diputación Provincial de Badajoz en 1997, pp. 146-157. <<

[25] Bello Trompeta, Luis, Viaje a las escuelas de España. Extremadura, Editora Regional de Extremadura, Mérida, 1994. Esta reedición de la parte dedicada a Extremadura estuvo a cargo de Encarnación Lemus López. <<

[26] Los textos de Luis Bello proceden de las páginas 35, 132, 203 y 207 de su obra ya citada. <<

[27] Polo Benito, J., El problema social del campo en Extremadura, Salamanca, 1919. <<

[28] Carrión, Pascual, Los latifundios en España, Ariel, Barcelona, 1975. <<

[29] Entre abril y octubre de 1935 Castelao estuvo desterrado en la ciudad de Badajoz. Desde allí envió una serie de artículos donde dejó sus impresiones sobre aquellas tierras y que primero fueron publicados en el periódico A nosa terra y más tarde constituyeron el «atrio» de Siempre en Galicia (Obra completa, 2, Akal, Madrid, 1977, pp. 13-34). Al final de su destierro escribió: «Llevo ya ocho meses estudiando las entrañas de los señoritos españoles. Estos mequetrefes, podridos de dineros, dieron en la manía de llamar marxistas a cuantos defienden las justas reivindicaciones del pueblo trabajador, y de llamar antiespañoles a cuantos defienden las libertades constitucionales» (p. 31). <<

[30] Véase un buen planteamiento del tema en Pan-Montojo, Juan, Apostolado, profesión y tecnología. Una historia de los ingenieros agrónomos en España, ANIA-B&H, Madrid, p. 284. <<

[31] Un buen compendio sobre la legislación de la reforma agraria del primer bienio es Cabezas Díaz, Antonio, La reforma agraria, Ed. «La medicina íbera», Madrid, 1932. <<

[32] He aquí, procedente de Méndez Mellado, Hortensia, «Reforma agraria y conflictividad campesina. Badajoz (1931-1936)», UNEX, s/f, (Tesis de Licenciatura inconclusa), algunas sociedades obreras de la provincia en ese período: «La Vanguardia» (Feria), «El Progreso» (Villanueva del Fresno), Sociedad de Trabajadores Agrícolas (La Albuera), Círculo Unión Obrera (Lobón), «La Redentora» (Valverde de Leganés), Sociedad Obrera (Alconchel), «Campo Libre» (Jerez de los Caballeros), «El despertar del siglo XX» (Almendral), Sociedad Obrera Socialista (Higuera la Real), «La Renovación» (San Jorge-Olivenza), «La Productora» (Montijo), Sociedad de Trabajadores de la Tierra (Alange), «Luz de los Obreros» (Torre de Miguel Sesmero), Sociedad de Trabajadores Agrícolas (Burguillos del Cerro), «La Heroína» (Aceuchal), «Fraternidad Obrera» (Bienvenida), «El Despertar» (Medina de las Torres) y Sociedad de Obreros del Campo (Valencia del Ventoso). <<

[33] Pueden verse numerosos ejemplos relativos a Badajoz en Rosique Navarro, F., La reforma agraria…, pp. 100-104. <<

[34] Vázquez Humasqué, Adolfo, «El problema agrario» en rev. El Trimestre Económico, n.º 4, Fondo de Cultura Económica, México, 1940, p. 476. <<

[35] Maurice, J., La reforma agraria en España en el siglo XX (1900-1936), Siglo XXI, Madrid, 1978, p. 29. <<

[36] Véase FNTT, Memoria del II Congreso 17 de septiembre de 1932, ed. facsímil de la original de 1932, Diputación Provincial de Badajoz, s/f, p. 238. <<

[37] Los cargos que ocuparon estas personas proceden de Rosique, F., La reforma agraria…, p. 231. Ambas fueron asesinadas tras el golpe militar de 1936, Márquez en su pueblo a finales de septiembre y González Barriga en Badajoz después de la guerra. La llegada de éste a Badajoz constituyó un espectáculo para el fascismo local. Herido durante el trayecto a prisión fue abandonado a su suerte, impidiéndole a su mujer que lo visitara (Zafra Viola, E., Memorias de un comunista, Ed. del Autor, 2001, pp. 23-24). <<

[38] Tomo el dato, procedente de El Sol del 21 de julio de 1931, de López López, Alejandro, El boicot de la derecha a las reformas de la Segunda República, Instituto de Estudios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios, Madrid, 1984, p. 233. <<

[39] Malefakis, E., Reforma agraria…, p. 205, n.º 26. <<

[40] Cabrera, Mercedes, La patronal…, p. 153. <<

[41] Todavía en 1973 Pascual Carrión pensaba que esta propuesta, por decreto, hubiera evitado los problemas de 1933 a 1935 y el giro radical de 1936. Carrión criticaba la dejadez de la izquierda y la dureza de la derecha contra lo poco que se había hecho (véase La reforma agraria…, p. 140). Un año después escribió: «Dado el poder de las clases adineradas, resulta difícil conseguir una reforma agraria importante por procedimientos democráticos, pero los métodos revolucionarios producen trastornos de gran intensidad que no les hacen recomendables» (véase «La reforma agraria de la segunda república: una oportunidad perdida», en Estudios sobre la agricultura española (1919-1971), Ediciones de la Revista de Trabajo, Madrid, 1974, p. 279). <<

[42] Tuñón de Lara, M., «La Federación de Trabajadores de la Tierra y las luchas campesinas en la II República», en rev. Claridad, III Época, 1986, p. 27. <<

[43] Los «Papeles de Luis Chorot» pueden consultarse en microfilm en el Centro Cultural Santa Ana de Almendralejo, ref. 72 723. <<

[44] Fueron las víctimas Francisco Parra Díaz, Luis Rivera, Jerónimo Navarro y Dionisio Olivar, todos jóvenes salvo el primero, un hombre de unos 50 años. Sobre los sucesos del Parque de María Luisa puede verse el testimonio de Simeón Vidarte en Las Cortes Constituyentes, 1931-1933, Barcelona, 1976; los interesantes apuntes de Tuñón de Lara en Luchas obreras y campesinas en la Andalucía del siglo XX, Siglo XXI, Madrid, 1978, p. 190 y ss.; y el análisis de María Ángeles Montoya Tamayo en Teoría y práctica de la ética republicana, Libertarias, Madrid, 2001, pp. 150-159. Para conocer la visión de la derecha véase José Manuel Macarro Vera, La utopía revolucionaria. Sevilla en la Segunda República, Monte y Caja de Ahorros de Sevilla, 1985, p. 147 y ss. <<

[45] AMVF, doc. s/c y AMAL, L. 83. <<

[46] Diego Hidalgo Durán (Los Santos de Maimona, Badajoz, 1886-1961). Nace en una familia perteneciente a la burguesía liberal terrateniente y cursa bachiller en el cercano colegio jesuita de San José en Villafranca de los Barros, centro por el que desde su creación a fines del siglo XIX pasan los hijos de la élite regional. Realiza estudios de Derecho por libre y participa en política ya desde muy joven. En 1909 saca las oposiciones a notaria, que ejercerá durante unos años hasta su instalación definitiva en Madrid en 1918, momento en que abandona su profesión para dedicarse de lleno a los negocios (construcción, automóviles, etc.). En 1928 viaja a Rusia, experiencia que relatará un año después en Un notario español en Rusia. Poco después se integra en la Alianza Republicana y ya en 1931 se embarcará en la creación de dos periódicos en Badajoz: Vanguardia y La Voz Extremeña. Muy pronto ingresa en el Partido Radical, desde cuya minoría formará parte de las comisiones de Reforma Agraria y Obras Públicas. Sus buenas relaciones con republicanos y socialistas se verán afectadas por dos asuntos en los que interviene personalmente: la reclamación contra el acta de diputada de Margarita Nelken por no ser española y la abierta defensa que, a consecuencia de los sucesos de Castilblanco, hace de la Guardia Civil. Su participación será muy activa en todo el proceso de elaboración de la Ley de Reforma Agraria. Propuso tal número de excepciones a las fincas que debían ser expropiadas que Ramón Feced declaró que «habrá pocas tierras que puedan expropiarse». Hidalgo, como buen radical, llevaba adelante esta política protectora de los intereses de los propietarios al mismo tiempo que mantenía que la reforma agraria era más importante que la Constitución.

En septiembre de 1932 votaría a favor de la Ley de Reforma Agraria, prueba de que la Ley había sido ajustada al gusto de alguien tan moderado como Hidalgo. La campaña electoral de 1933 la hizo en Badajoz en compañía de Salazar Alonso. Posteriormente Lerroux lo nombraría ministro de Guerra, desde donde haría frente a los sucesos revolucionarios de octubre de 1934 llevando a Franco al mando del Estado Mayor y sabiendo rodearse de los «mejores»: Yagüe, Aranda, Doval… Estos mismo hechos acabarían poco después con su carrera política. Por suerte para él la sublevación le cogió en Valencia, donde estaba desde el 16 de julio y desde donde, a causa de la huelga general que paralizó los transportes, ya no pudo volver a Madrid. Cada vez más consciente del peligro que corría pasa del hotel en que se hospedaba a casas de amigos hasta que por fin en mayo de 1937 logra huir a Marsella y de allí a París. Dos semanas después escribe a Franco manifestándole su adhesión y ofreciéndole sus servicios «en pro de la gran Cruzada Nacional». En diciembre de ese año crea una empresa dedicada a la gestión de negocios entre los organismos oficiales y el mundo privado. A mediados de 1938, todavía en Francia, pasa por los rigores del Tribunal de Responsabilidades Políticas y la Comisión Provincial de Incautación de Bienes. Regresa a España en julio de 1939. Supera la depuración profesional y obtiene el alta como notario, aunque ejercerá como abogado ya hasta su muerte. Su relación con Franco le permitiría no sólo superar los filtros a que fue sometido sino interceder por algunas personas en mala situación. Según su biógrafa, Concha Muñoz Tinoco, «traumatizado por los sucesos durante la entrada de las tropas nacionales», no volvería a pisar su pueblo, limitándose sus visitas al balneario de El Raposo y a la ermita de la Virgen de la Estrella, de la que era muy devoto (véase Muñoz Tinoco, C., Diego Hidalgo, Diputación Provincial de Badajoz, 1986 y la documentación de su archivo personal, que conserva su hijo en Madrid). <<

[47] El de Diego Hidalgo, Discurso pronunciado por el diputado Diego Hidalgo y Durán defendiendo un voto particular a la totalidad del proyecto de Reforma Agraria en la sesión de las Cortes Constituyentes de 11 de mayo de 1932 y el de rectificación al mismo en la sesión del 17 del mismo mes, fue publicado por la Librería Arqueros, de Badajoz, en 1932. En favor de la reforma recordaba Hidalgo en su intervención lo que Lenin dijo a los campesinos: «No aceptéis la tierra, no os dejéis engañar por la reforma agraria; si aceptáis la tierra estáis perdidos; si aceptáis una reforma agraria, entonces será imposible la obra de la revolución» (Discurso, p. 63). <<

[48] Véase López López, Alejandro, El boicot de la derecha…, p. 257. <<

[49] Preston, P., «Margarita Nelken. Amor a los humildes y a la belleza», en Palomas de guerra, Plaza&Janés, Barcelona, 2001, p. 283. La comisión estaba integrada por Margarita Nelken, Antonio Fernández, Hermenegildo Casas y Enrique Esbrí. <<

[50] Según Juan García Pérez fueron dos los paisanos muertos (véase VV. AA., Historia de Extremadura, t. IV, «Los tiempos actuales», Universitas, Badajoz, 1985, p. 1002). En el juicio se mencionó un muerto, Hipólito Corral, y dos heridos, Hipólito Rebollo y Toribio Fernández (véase VV. AA, Castilblanco, Editorial España, Madrid, 1933, p. 89). Respecto a Manuel Álvarez-Ugena Sánchez-Tembleque, en el número 64 de Cuadernos republicanos, en la sección «Pequeñas biografías de grandes republicanos» (pp. 4346), aparece, firmada por Isabelo Herreros, una breve semblanza del que fue gobernador civil de Badajoz. En ella, además de su fidelidad a Azaña, se destaca su papel como director general de Agricultura en los meses del Frente Popular. Curiosamente, aunque se menciona que en noviembre de 1936 pasó a ocupar el Gobierno Civil de Badajoz, no se hace la más mínima alusión a su actuación con motivo de los sucesos de Castilblanco, poco después de los cuales pasaría a desempeñar el mismo cargo en Zaragoza. <<

[51] Azaña, M., Memorias políticas y de guerra, Crítica, Barcelona, T. I, p. 360. <<

[52] La Libertad, 5 de enero de 1932. Frente a las críticas de Margarita Nelken a la Guardia Civil la derecha organizó de inmediato una serie de homenajes en numerosos pueblos de la provincia. Los defensores de los campesinos de Castilblanco fueron Luis Jiménez de Asúa, Antonio Rodríguez Sastre, Anselmo Trejo Gallardo y Juan Simeón Vidarte. Dejaron un libro sobre los hechos: Castilblanco, Madrid, Editorial España, 1933. Como prueba de que lo ocurrido en Castilblanco se debía exclusivamente a la propaganda socialista se decía que la tranquilidad social era tal que constituía el único pueblo de La Siberia que el doctor Pedro Vallina no había visitado desde su obligado retiro en Peñalsordo y Siruela. La derecha responsabilizó de la huelga, a la que bautizó como «la de los 50 duros», a Nicolás de Pablo. Ése era su sueldo mensual antes de que fuera cesado como funcionario del Gobierno Civil. Además, como solía hacer con todos sus adversarios, esparció sobre él bulos como que en un mitin había afirmado que cada obrero cabía a 700 gramos de guardia civil o que, al contrario de lo ocurrido hasta entonces, ya era hora de que los pobres poseyeran las mujeres de los ricos (ADH, informe «Causas de la huelga», sin fecha ni firma). El consejo de guerra posterior acabó dictando seis penas de muerte y seis de reclusión perpetua. El indulto de las primeras no se produjo hasta enero de 1935. <<

[53] Gutiérrez Casalá mantiene que los vecinos intentaron asaltar el cuartel y fueron los primeros en disparar, ante lo cual, como siempre, la Guardia Civil «hizo fuego, muriendo tres personas». Y añade: «Entre los detenidos estaba el alcalde, conocido por “Tío Juan el de los pollos”, de filiación comunista, y el Diputado Nicolás de Pablo. Margarita Nelken había desaparecido» (Gutiérrez Casalá, La segunda república en Badajoz, Universitas, 1998, p. 153). Según testimonio del que fue juez de paz de Salvaleón, Francisco Marín Torrado, ni existió tal asalto al cuartel ni nadie disparó. Ese día se celebraba la fiesta de las Cruces. Una de las atracciones era un pequeño cañón simulado al que si se sabía impulsar convenientemente producía una explosión, lo que suponía para el jugador un premio de unas chapas con la imagen de Pablo Iglesias y Galán y García Hernández. Cuando Margarita Nelken y Nicolás de Pablo se encontraban cerca del pueblo varios números de la Guardia Civil irrumpieron en la plaza disparando. Muchos creyeron que era el cañón de la feria. Un disparo dirigido contra la casa del alcalde Juan Vázquez acabó con la vida de una vecina que se asomaba a la ventana de su casa; otros disparos hirieron gravemente a un hombre que quedó tendido cerca del cuartel de la Guardia Civil, razón por la que nadie se atrevió a auxiliarlo y murió desangrado durante las horas en que los guardias civiles dominaron el pueblo. Otro herido murió cuando era transportado en coche para que lo viera un médico. Nelken y De Pablo fueron avisados de inmediato y ni llegaron a entrar en el pueblo. Y en cuanto al «comunista» «El tío de los pollos» no era sino Juan Vázquez García, el alcalde socialista. Fue detenido, como tantos otros, en la encerrona de Llerena de septiembre de 1936. Unos días después alguien llamó a Salvaleón para comunicar su detención y preguntar qué hacían con él. Entonces uno de los jefes de Falange ordenó que lo mataran. Su muerte no fue inscrita en el Registro Civil. Sobre los sucesos de Salvaleón véase también Rodríguez Hermosell, J. I., Movimiento obrero…, pp. 41-42. Las víctimas fueron Antonio Lorido Corrales, Juan Ledesma Leal y Dolores Guijarro Contreras. <<

[54] Sobre la trágica semana del 31 de diciembre, fecha de la matanza de Castilblanco, al 5 de enero, fecha de la de Arnedo —concretamente sobre estos sucesos— contamos con la magnífica investigación de Carlos Gil Andrés, La República en la plaza: los sucesos de Arnedo de 1932, Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 2002. Las palabras de Muiño proceden de Rosique, F., La reforma agraria…, p. 231; las de Justo Fernández de Méndez Mellado, Hortensia, Reforma agraria…, pp. 363-364, y las de Chorot en Centro Cultural Santa Ana, «Papeles de Luis Chorot», ref. 72 724. Sobre la semana que va de Castilblanco a Arnedo es recomendable la consulta de Ballbé, Manuel, Orden público y militarismo en la España Constitucional, Alianza, Madrid, 1983, p. 317 y ss. <<

[55] ADH, Correspondencia, «Causas de la huelga», p. 2. <<

[56] Véase VV. AA, Castilblanco, Editorial España, Madrid, 1933, pp. 127-129. <<

[57] Tomo estas citas y sigo en estas reflexiones a Jesús Vicente Chamorro, Año nuevo, año viejo en Castilblanco, Ediciones Albia, Madrid, 1985, pp. 138-160. No debe extrañar que la iniciativa de los «delitos militares» partiera del grupo de Alcalá Zamora. Al fin y al cabo, como nos recuerda Manuel Ballbé, don Niceto, diputado liberal en 1906, votó a favor de la Ley de Jurisdicciones. Para algo fue promovida por su propio grupo (véase Ballbé, M., Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983), Alianza, Madrid, 1983, p. 348). <<

[58] Aunque tomada del ya citado libro de Jesús Vicente Chamorro (p. 187) la cita procede de Azaña, M., Memorias políticas y de guerra, Crítica, Barcelona, 1981, T. I, pp. 364-365. <<

[59] Azaña, M., Memorias políticas y de guerra, I, Crítica, Barcelona, 1981, p. 398. <<

[60] El mejor trabajo sobre la minoría agraria sigue siendo el de López López, Alejandro, El boicot de la derecha a las reformas de la Segunda República, Instituto de Estudios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios, Madrid, 1983. Ahí se señala la importancia de la minoría agraria en: la oposición a la Constitución de 1931 y, especialmente, al Proyecto de Ley de Reforma Agraria; la creación de la CEDA, dirigida por el diputado agrario Gil Robles; su papel clave durante el bienio negro; la formación del bloque de derechas; la creación de un estado de opinión pública en el sentido de que «la paz no era posible» favoreciendo la sublevación; y la aportación de bases ideológicas tanto al «Movimiento Nacional» como al franquismo (pp. 364-365). <<

[61] ADH, Correspondencia, 18/07/1932. Tampoco fueron incluidas las fincas menores de diez hectáreas. <<

[62] Recordemos la importancia que los señoríos jurisdiccionales, terrenos dados por el rey con plenos derechos a particulares o a las órdenes militares, habían tenido en la provincia de Badajoz: desde los extensos territorios pertenecientes a las poderosas órdenes de Santiago y Alcántara hasta los señoríos de Capilla, Burguillos, Villagarcía, Salvatierra, Higuera de Vargas, Villanueva del Fresno, Alconchel y Cheles pasando por los condados de Siruela, Medellín y Feria o el ducado de Alburquerque. Sesenta y siete pueblos de Badajoz fueron de señorío. Pueden citarse como casos destacados el duque de Medinacelli y de Feria (Alconera, Almendral, Corte de Peleas, Feria, La Morera, Nogales, Oliva, La Parra, Salvaleón, Salvatierra, Santa Marta, Solana, Torre de Miguel Sesmero, Valencia del Mombuey, Villalba y Zafra) y el duque de Béjar (Atalaya, Baterno, Burguillos, Capilla, Casas de Don Pedro, Fuenlabrada, Garbayuela, Garlitos, Helechosa, Herrera del Duque, Peñalsordo, Puebla de Alcocer, Risco, Talarrubias y Zarza Capilla). <<

[63] Para la vid, el límite máximo de propiedad en cada municipio sería de 100 a 150 ha; para el olivo, de 100 a 300, y para los cereales, de 350 a 600. <<

[64] ADH, Correspondencia, 11/09/1932. <<

[65] El RPE contenía la información siguiente: titular, naturaleza, edad, estado, nombre y situación de la finca, cultivo o aprovechamiento, extensión y linderos, fecha adquisición, relación de la finca con la base 5.ª, gravámenes, datos del registro, observaciones y n.º de presentación en registro. <<

[66] Suponía Malefakis que el 25 % de las tierras inventariadas, es decir, incluidas en el Registro de la Propiedad Expropiable, de Sevilla y de Córdoba y el 40 % de las de Badajoz no estaban cultivadas. Sea como fuera, lo cierto es que las tierras inventariadas —y por tanto susceptibles de ser utilizadas por la reforma— de las tres provincias representaban de un 32 a un 42 % de la superficie total y a un 46 % de la cultivada. <<

[67] El esquema está tomado de Robledo, R. y Espinoza, L. E., «La reforma agraria…», p. 416. <<

[68] Los representantes de los propietarios eran: 1 por la Agrupación de Propietarios de Fincas Rústicas de Madrid, 1 por la Asociación de Agricultores de España, 1 por la Asociación General de Ganaderos de España, 1 por la Asociación Nacional de Olivareros, 1 por la Confederación Católica Agraria y 1 por la Federación Provincial de Asociaciones y Patronales Agrícolas de Sevilla. <<

[69] Como dice José Antonio Serrano Álvarez la ambigüedad venía de que se concedía a los Ayuntamientos el derecho a rescatar «aquellos bienes y derechos que se consideren despojados» pero no se definía qué abarcaba la palabra «despojo», con lo cual todo quedaba confuso (véase Serrano, J. A., «La pervivencia comunal en la transición a una economía capitalista, León (1800-1936)», Tesis doctoral, UAB, Bellaterra, 2006, p. 375 y ss.). <<

[70] Según Pascual Carrión fueron 3193 pueblos los que enviaron informes sobre bienes comunales (véase Carrión, P., Estudios sobre la agricultura española, Ediciones de la Revista de Trabajo, Madrid, 1974, p. 53). <<

[71] Robledo, R. y Espinoza, L. E., «La reforma agraria…», p. 294. <<

[72] AIRA, RA-2, L. 6/37. La relación incluía, entre otras, la dehesa «Valdemedel», cedida por el general Espartero durante la Regencia a los campesinos de Ribera en parcelas de cuatro fanegas con la condición que sólo pudieran pasar de un vecino a otro sin variar la extensión. Luego pasó a manos de varios terratenientes forasteros. También «Redrojuelo», vendida por el Estado a varios y que ahora pertenecía al marqués de la Encomienda y a los Hros. de Olea; «Redrojo», en origen servía para el sostenimiento del Hospital de la Caridad; «Endrinal», vendida igualmente por el Estado y ahora en poder de Marcelino Casillas Bueno, Clemente Velasco Sánchez-Arjona y María Cabeza de Vaca; o la «Encomienda», un grupo de dehesas pertenecientes a varios pueblos aprovechada por el vecindario de marzo a septiembre y ahora enteramente en manos privadas. <<

[73] Sobre esta cuestión es interesante Riesco, Sergio, «La cuestión de los bienes comunales en el liberalismo español. Una (re)visión a largo plazo», trabajo presentado en el Congreso sobre el Liberalismo organizado en Salamanca por Ricardo Robledo, a quien debo su conocimiento. Según Riesco «se palpa la sensación de que la desamortización había sido un verdadero expolio», de que los campesinos «habían sido expoliados de una de las fuentes tradicionales de subsistencia». Para profundizar más véase Salustiano de Dios, Javier Infante, Ricardo Robledo y Eugenia Torijano (Coords.), Historia de la propiedad. Bienes comunales, pasado y presente, Centro de Estudios Registrales, Madrid, 2002. <<

[74] Vázquez Humasqué, Adolfo, «El problema agrario español» en rev. El Trimestre Económico, n.º 4, Fondo de Cultura Económica, México, 1940, p. 470. <<

[75] Véase Ramón Martínez, Matías, Historia de Burguillos del Cerro, Junta de Extremadura-Ayuntamiento de Burguillos, Badajoz, 1995, pp. 279-280. <<

[76] AIRA, RA-2, L. 6/40. <<

[77] Los vecinos tenían varios derechos (pastos, agua, leña y bellota) en esta dehesa desde que en 1365 les fueron concedidos por los Maestres de la Orden de Santiago y luego confirmados por los Reyes Católicos y por Carlos I. La dehesa pasó a manos privadas en la década de los ochenta del siglo XIX. Los vecinos intentaron evitarlo pero no pudieron. Los ingresos que los ayuntamientos recibían por el arrendamiento de dichas tierras fueron suplidos por impuestos (véase Moreno Tena, Rafael, «Un siglo de penalidades», en la Revista de Fiestas de Reina, n.º 6, agosto 2004, pp. 34-35). Antonio Miguel Linares recoge del archivo del IRA la declaración de la extremeña de Tornavacas (Cáceres) Valentina Martín Yuste, de 97 años, en 1933: «cuando ella tenía 13 o 14 años, las dehesas (…) pertenecían al pueblo y las aprovechaban con sus ganados los vecinos, pagando al ayuntamiento 5 cuartos por cada cabeza de ganado cabrío; y que, entonces, como el ayuntamiento tenía tantas dehesas que eran de sus propios, no pagaban ni médico, botica, consumos ni contribuciones porque lo pagaba todo el ayuntamiento; y que allá por el año cincuenta y nueve o sesenta [1859-1860], las vendió el Gobierno…» (Linares Luján, A. M., «Propiedad municipal, hacienda local y reforma tributaria en Extremadura (1750-1936)», en X Congreso del Seminario de Historia Agraria, Aguilar de Campoo, junio de 2005. <<

[78] En abril de 1891 la Diputación Provincial de Badajoz acordó conceder a Valle de Santa Ana y Valle de Matamoros un término municipal de siete mil hectáreas a cada uno, extensión que debería salir del de Jerez de los Caballeros. Pero este acuerdo no se llevó a efecto y todavía en mayo de 1936 ambos pueblos solicitaban que se cumpliese el acuerdo de la Diputación (véase «Historia de nuestro término municipal», en Revista de Feria de Valle de Matamoros, 2002). <<

[79] AIRA, L. 36-38. Comunales. <<

[80] AHNS, PS Madrid, C. 240, pp. 173-177. En el caso de Mirandilla, Nelken, que medió ante el Ministerio de Justicia, aconsejaba que la Comisión de Policía Rural del término de la finca realizara una denuncia que motivara la inspección de la Sección Agronómica, de forma que la Comisión Técnica central de laboreo forzoso pudiera intervenir. La correspondencia de Margarita Nelken muestra hasta qué punto se implicó desde 1931 en la defensa de los campesinos extremeños. <<

[81] Vázquez Humasque, Adolfo, «El problema agrario español» en rev. El Trimestre Económico, n.º 4, Fondo de Cultura Económica, México, 1940, p. 486. <<

[82] El decreto, según datos de Hortensia Méndez —véase Reforma agraria…, pp. 152-153—, afectó en la zona occidental de la provincia a varias fincas de Usagre (Chaneca, Pajuela y Cerquilla, Encinares, Fincapizarra, Hambreaguda y El Guapero), Casas de Reina (Cantalgallo, Chaperro, Jarosilla, Matavacas y Valdelaolla), Badajoz (Tenerife, Pesquerito, Pizarra y Callejones), Valencia del Mombuey (Valle de Santa Ana), Jerez (Alconchel) y Mérida (Carmonita, Valverde de Leganés y Azuaga). <<

[83] Las obras del pantano del Cíjara dieron comienzo en 1932, siendo ministro de Obras Públicas Indalecio Prieto. El canal de Montijo fue proyectado en 1933. En 1936 el poblado de Cíjara estaba terminado, al igual que los cimientos de la presa, y del canal de Montijo se llevaban ya construidos ocho kilómetros, los de mayor excavación. Entre 1933 y 1934 se construyeron también en Badajoz numerosas carreteras y caminos vecinales y el importante puente sobre el Guadiana cercano a Lobón (véase DíazMarta, Manuel, El Plan Badajoz, PSOE-UGT, Toulouse, 1957). Tan claro veían los vencedores que el final natural de la construcción de la presa era la reforma agraria que las obras fueron destruidas durante la guerra (véase José Manuel Naredo [Coord.], Extremadura saqueada, Ruedo Ibérico, Barcelona, 1978, p. 17). <<

[84] Rosique Navarro, F., La reforma agraria…, p. 266. También «Papeles de Luis Chorot», Centro Cultural Santa Ana, ref. 72 724. Los representantes de los propietarios eran Juan Muñoz Casillas, Antonio Teixeira, Leopoldo Castillo, Francisco López de Ayala, Andrés Sánchez de la Rosa, Custodio Miguel-Romero, Rafael Martínez Tobía, Luis Chorot, Deogracias Blasco, Manuel López Lago, Antonio Carrillo, Guillermo López, José del Pozo, Florencio Sanz Diéguez, Diego de la Concha y Manuel Bedoya. <<

[85] Florencio Puntas, Antonio, Empresariado agrícola y cambio económico, 1880-1936, Diputación Provincial, Sevilla, 1994, p. 331. <<

[86] ADH, correspondencia 30/11/1932. Unos meses después insistiría de nuevo: «Uno de los primeros pueblos donde va a empezar la reforma agraria es Ribera: por mis 25 años de trabajo y mis pesetas gastadas en Redrojo está en condiciones magníficas para que otros recojan el fruto de mi trabajo y mi dinero» (31/07/1933). <<

[87] AHNS, PS Madrid, C. 240, p. 170. Debo el conocimiento de esta documentación a Ricardo Robledo, que también la utiliza en «Discursos sobre la reforma…». <<

[88] Almoril Calero, M., «Fuente del Maestre: estancamiento y crisis de un gran núcleo rural, 1900-1970», en Fuente del Maestre, 100 años de ciudad, 2000 años de historia, Ayuntamiento de Fuente del Maestre, 1999, p. 139. Algunos patronos se quitaron del medio, caso de Luis Torres Cabrera, Pedro González, Ignacio Gómez Sara o Manuel Lozano; otros, caso de los villafranqueses José Jaraquemada, Faustino Bermejo, Concepción Sánchez-Arjona, del pacense Salvador Trevijano o Juan Leal de la Feria simplemente se negaron a firmar contrato alguno. <<

[89] Tuñón de Lara, M., Tres claves…, pp. 85-86. <<

[90] Debo la posibilidad de consultar este informe, procedente del AHNS, a la amabilidad de Ricardo Robledo. <<

[91] Esa incautación afectaba en la zona estudiada a Azuaga (551 ha de Antonio Morales Retamar, exconde de Zalamea); La Garrovilla (La Piñuela, 640 ha de Manuela O’Neill Salamanca, Viuda de Villamejor); Salvaleón (El Palacio, 713 ha de José y Ramón Peche Valle, y La Bejarana, 729 ha del exduque de Tarifa); Villalba de los Barros (Monte Encinar, 907 ha del exduque de Medinaceli); y Villanueva del Fresno (Acebuche, Ramira Alta, Cabra Alta, Cabra Baja, Valdesevilla la Rasa, Valdesevilla del Monte, 5891 ha de Jacobo Stuart Falcó, exduque de Alba; Encinalito, Juncos, Luz, Lapas y Risquillos, 1118 ha de Fernando Stuart Falcó, exduque de Peñaranda de Dueso; Zamarra, Moncarche y Dehesita, 1231 ha de Juan Manuel Mitjano Murieta, exduque de Santoña; Cerrollano y Porqueras, 1531 ha de José Mesía Stuart, exduque de Tamares; Valdeterrazo, 764 ha de María Isabel González de Olañeta, exduquesa de Valdeterrazo; Represa, Algarve y Naveperas, 1969 ha de Fernando Mesía Stuart, exconde Mora; Setecientas, Aguaderas, Ramira Baja y Riscos, 2472 ha de Isabel Mesía Stuart; Tiesa, Bogaña, Carvajo y Puta, 1361 ha de Luisa Mesía Stuart; Traviesa, 691 ha de María y José de la Lastra Mesía; y Alcornocal, de 500 ha de Alfonso de la Lastra Mesía). En total 21 068 ha. Las mayores propiedades se encontraban en Capilla (6000 ha del exduque de Osuna que habían pasado a la exduquesa de Bornos) y Siruela (9300 ha del exduque de Fernán Núñez). Esta información es anterior a la que se ofrece en la nota 18, que debe ser más completa. <<

[92] Según Tuñón de Lara asentó a 11 683 campesinos en 558 fincas que sumaban cerca de 36 000 ha, lo que resulta llamativo teniendo en cuenta que el IRA había realizado hasta ese momento en Extremadura unos 21 000 asentamientos (18 750 en Badajoz y 2194 en Cáceres) en 744 fincas que ocupaban unas 54 000 ha (Tuñón de Lara, M., Tres claves…, p. 89). <<

[93] Rodríguez Hermosell, J. I., Movimiento obrero…, p. 63. <<

[94] Ambos textos proceden de Vicente Chamorro, Jesús, Año nuevo, año viejo en Castilblanco, Ediciones Albia, Madrid, 1985, pp. 32-33. <<

[95] He aquí el «concurso» que anunció el periódico cenetista El Amigo del Pueblo de Azuaga, en su número del 3 de febrero de 1933: «CONCURSO. En el próximo núm. Principiaremos un concurso de exposición de temas, a saber: 1.º ¿Puede implantarse el Comunismo Libertario en España? 2.º ¿Con qué medios contamos para este fin? 3.º ¿Cómo lo sostendremos y cómo lo defenderemos? 4.º ¿Será preciso sostener un ejército rojo, una Dictadura proletaria o una milicia? 5.º ¿El Comunismo estatal sería más factible que el Comunismo Libertario? Los concursantes pueden mandar originales de 4 a 6 cuartillas que se publicarán por turno». Tres meses después se dio por finalizado el concurso «debido a erróneas interpretaciones parece ser que los trabajos de nuestro concurso iban degenerando en polémica…». <<

[96] Robledo, R., «Política y reforma…», p. 298. La referencia de Malefakis al cese de Vázquez Humasqué en p. 290. <<

[97] Robledo, R. y Espinoza, L. E., «La reforma agraria…», p. 297. <<

[98] Volvería al frente del IRA tras las elecciones del 36, donde permanecería hasta el 7 de septiembre de ese mismo año, en que fue nombrado subsecretario del Ministerio de Agricultura, cargo desde el que se reincorporaría muy pronto, el 21 de octubre, al servicio activo como ingeniero agrónomo. <<

[99] Tuñón de Lara, M., Tres claves…, p. 92. <<

[100] Tomo la referencia de Pan-Montojo, Juan, Apostolado, profesión y tecnología. Una historia de los ingenieros agrónomos en España, ANIAB&H Editores, Madrid, 2005, p. 291 (la cita original puede verse en Fraser, R., Recuérdalo tú y recuérdalo a otros, Crítica, Barcelona, T. II, p. 308). <<

[101] Véase «Asamblea Económico-Agraria», en rev. Economía Española, n.º 3, marzo de 1933, pp. 89-105. <<

[102] OT, 25 de marzo de 1933. Lo de que era el candidato de los grandes propietarios procede de Mercedes Cabrera (Cabrera, M., La patronal…, p. 69). <<

[103] AHNS, PS Madrid, C. 240, pp. 154-155. <<

[104] AMBS, L. 86. <<

[105] Molano Gragera, Juan Carlos, «Notas biográficas sobre los líderes campesinos Domingo Mendoza y Francisco Gómez Gutiérrez». Mendoza y Gómez dirigieron en Montijo las invasiones de fincas del 25 de marzo. Agradezco a Juan Carlos Molano los materiales que me proporcionó sobre la cuestión agraria en Montijo. <<

[106] Rodríguez Hermosell, J. I., Movimiento obrero…, p. 65. <<

[107] Robledo, R., «Política y reforma…», p. 266. <<

[108] AIRA, RA-2, C. 6/104. Las restantes entregas tendrían lugar fundamentalmente en el otoño de 1934 y en los primeros meses del 35, afectando a un total de 2000 campesinos. <<

[109] Pascual Carrión contaría muchos años después que en 1932 existió un proyecto para la creación de un Banco Nacional Agrario, indispensable para llevar adelante la reforma agraria, pero que el Banco de España, «entidad en la que estaban entonces representados la mayor parte de los grupos financieros del país», emitió un informe negativo (Carrión, P., Estudios…, p. 287). ¿Qué se podía esperar, por otra parte, como dijo Tuñón de Lara, de una entidad en cuyo consejo estaban el conde de Barbate, el de Alba, etc.? (véase Tuñón de Lara, M., Tres claves…, p. 83). <<

[110] Rosique Navarro, F., La reforma agraria…, p. 267. <<

[111] Los que llevaban la Agrupación de Propietarios de Fincas Rústicas en Badajoz eran el madrileño Antonio Teixeiro, un alto cargo de la APFR a escala nacional; Juan Muñoz Casillas, abogado natural de Villalba de los Barros que fue secretario del ministro de Hacienda y gran capitalista Juan Ventosa al final de la dictadura; el monárquico Luis Chorot, asiduo del ABC; y Gómez Castaño, de Renovación Española (véase Rosique Navarro, F., La reforma…, pp. 273-274 y Rodríguez Hermosell, J. I., Movimiento obrero…, p. 61). <<

[112] Rosique Navarro, F., La reforma agraria…, p. 286. Con la escisión del Partido Radical López Alegría pasaría a Unión Republicana, de donde sería expulsado junto con otros militantes durante el congreso provincial celebrado en mayo de 1936 «por inmoralidades políticas probadas» (véase Hoy, 6 de junio de 1936). <<

[113] Azaña, M., Diarios, 1932-1933. «Los cuadernos robados», Crítica, Barcelona, 1997. <<

[114] Almoril Calero, M., «Fuente del Maestre: estancamiento y crisis de un gran núcleo rural, 1900-1970», en Fuente del Maestre, 100 años de ciudad, 2000 años de historia, Ayuntamiento de Fuente del Maestre, 1999, pp. 139-143. El de Barquero, T. A. procede de Un trozo de historia…, p. 15. <<

[115] Así ocurrió, por ejemplo, en Fregenal antes de las elecciones del 33, no encontrando Vidarte otra respuesta más apropiada que recordarle al que hablaba (cenetista) la cobardía de los ahora llamados revolucionarios durante la huelga general del 17 (Fondo CNT, Correspondencia, Fregenal de la Sierra, 9 de noviembre de 1933). <<

[116] Tuñón de Lara, M., Tres claves…, p. 99. <<

[117] Tomo la referencia, sacada de un artículo de José Sánchez en el OT del 16 de julio de 1932, de Rodríguez Hermosell, J. I., Movimiento obrero…, p. 59. Diego Hidalgo propuso ya en enero de 1931 al prestigioso político Narciso Vázquez Lemus, considerado «el apóstol del socialismo en Extremadura», que Salazar Alonso fuese como candidato por el distrito de Castuera (véase López, E. y otros, Diego Hidalgo. Memoria de un tiempo difícil, Alianza, Madrid, 1986, p. 119). <<

[118] Quedará para los anales la narración de Gutiérrez Casalá: «Al ser atacadas con piedras las fuerzas de la Guardia Civil, éstas se defendieron ocasionando 5 muertos y 14 heridos» (véase Gutiérrez Casalá, J. L., La segunda república en Badajoz, Universitas, 1998, pp. 166 y 176). Sin embargo, frente al testimonio del propio Salazar Alonso (Bajo el signo…, pp. 36-37), que sitúa el incidente cuando él parte hacia las oficinas de Telégrafos de Villafranca, Gutiérrez Casalá, según documentación judicial no especificada, lo califica de testigo presencial. <<

[119] Godoy Delgado, Antonio, «Memorias del último alcalde republicano de Hornachos» (inéditas). Godoy huyó a Sevilla y antes de entregarse se ocultó durante unos meses en casa de un tío suyo que vivía en la plaza del Pumarejo. Agradezco a Antonio Gálvez la posibilidad de acceder a este documento. Sobre Godoy puede verse también López Romero, José Miguel, «Extremeños en Formentera (1941-1942)», en Revista de Fiestas de Reina, agosto de 2005, pp. 27-31, artículo que ya fue publicado previamente en el Diario de Ibiza el 12 de diciembre de 2004 con el título «Memoria de un superviviente». Véase también Lama, J. M., La amargura…, pp. 146-149. <<

[120] Esto se conseguiría en enero de 1934, antes que las demás peticiones, en que se decidió que los presidentes debían pertenecer al cuerpo judicial o a un cuerpo facultativo del Estado; la Ley de Términos sería derogada en mayo (Cabrera, M., La patronal…, p. 160). <<

[121] OT, 8, 15 y 29 de julio de 1933. <<

[122] Según me informa Ricardo Robledo el Archivo Fernán Núñez contiene un documento (C. 1713, D. 1) que indica que Juan March, por más que no aparezca en ni un solo documento, poseía tierras en Badajoz, como prueba esta carta del 7 de agosto de 1933 del abogado de Puebla de Alcocer Vicente del Río al apoderado madrileño José María González: «He estado unos días en Badajoz a arreglar unos asuntos de Don Juan March, derivados de las ocupaciones arbitrarias de fincas que posee en esta Región; con este motivo me he enterado de las negociaciones iniciadas en aquel Gobierno Civil con Rufo Abellán y los cabeceras de labores, ocurriendo lo crónico en estos tiempos, pérdida de tiempo, gastos y molestias sin resultado pues el Gobernador aunque con buena voluntad tropieza con que ni concurren los directores y cabeceras a su llamamiento. Lo que quieren es no pagar y ante ello sólo queda la acción judicial con el obstáculo inmenso de luchar en estas circunstancias contra el deseo irreflexivo e ilegal de las masas, pero, o perderlo, cosa sensible, o sufrir el calvario del procedimiento». <<

[123] Trabajos tan interesantes como el de López Ontiveros, Antonio y Mata Olmo, Rafael, Propiedad de la tierra y reforma agraria en Córdoba (1932-1936), Universidad de Córdoba, Córdoba, 1993, demuestran que, aparte de beneficiarse de lo hecho con anterioridad, los responsables del IRA mantuvieron las mismas líneas de trabajo marcadas durante el primer bienio hasta la llegada de los agrarios al Ministerio de Agricultura, verdadero inicio de la contrarreforma agraria. <<

[124] Robledo, R., «Política y reforma…», p. 268. <<

[125] Ibidem, p. 278. <<

[126] Véase Cañete, Rafael María, Cartas a un sindicalista extremeño, UGT Extremadura, 2004; también Molano, Juan Carlos, La izquierda en Puebla de la Calzada, Ed. del Autor, 2004, p. 65. <<

[127] Vázquez Humasqué, Adolfo, «El problema agrario español» en rev. El Trimestre Económico, n.º 4, Fondo de Cultura Económica, México, 1940, p. 475. <<

[128] Tuñón de Lara, M., Tres claves…, pp. 88 y 98. <<

[129] Pajuelo Gallardo, A., La infancia perdida, Ayuntamiento de Campanario-Diputación de Badajoz, s/f, pp. 59-66. <<

[130] Tuñón de Lara, M., Tres claves…, p. 87. <<

[131] Salazar Alonso, R., Bajo el signo…, p. 222. El Archivo de Diego Hidalgo conserva un recorte de periódico con un artículo firmado por Margarita Nelken cuyo título es: «¿Teutona yo? ¡Amos, anda…!» (Documentación Diario de Sesiones, 1931, Sobre la nacionalidad de Margarita Nelken). Salazar Alonso entró en política de la mano de Diego Hidalgo. La correspondencia entre ambos que se conserva en el archivo de éste (1930-1936) es típicamente «radical»: una larga serie de peticiones de enchufes para amigos, paisanos y conocidos. <<

[132] El mejor análisis de los resultados desde la óptica socialista sigue siendo Vidarte, J. S., El bienio negro y la insurrección de Asturias, Grijalbo, 1978, pp. 30-48. <<

[133] Tuñón de Lara, M., Tres claves…, p. 105. <<

[134] Muñoz Tinoco, C., Diego Hidalgo…, p. 79. Luna era conocido por ser el autor del poema «El Piyayo». <<

[135] ADH, Correspondencia, respuesta al expediente de Responsabilidades Políticas. <<

[136] Vidarte, J. S., El bienio negro…, pp. 70-75. <<

[137] Sobre la radicalización de los socialistas véase Malefakis, Reforma agraria…, p. 366 y ss. <<

[138] En el número del 31 de marzo, sobre el listado de atropellos, se leía: «Solución: República Social; sin burgueses, sin caciques, sin curas, sin tricornios, sin sabandijas, sin LERROUX y sin GIL ROBLES». <<

[139] OT, 31 de marzo de 1934. El artículo se titula «La alegre euforia en la provincia de Badajoz». O este otro, firmado por «un extremeño»: «Estos negociantes y acaparadores de tierras en Extremadura es la clase más egoísta y perniciosa e infame que se pueda imaginar. Ellos percibieron de los propietarios las rebajas de rentas que las leyes de la República les concedieron, pero a los aparceros se las niegan, y cuando hay elecciones votan por la monarquía. Son los causantes del malestar que hay en Extremadura, pero son cómplices también los propietarios o terratenientes por negarse a arrendar sus tierras a los obreros, y prefieren seguirse entendiendo con los negociantes o dejan las tierras por cultivar. Todo antes que los obreros tengan tierras, aunque la barca se hunda. Siempre rigieron en Extremadura para los trabajos de campo jornales de miseria, oscilando el tipo medio entre una con cincuenta y dos pesetas diarias, habiendo subido en estos tiempos de República y Jurados Mixtos a cuatro y cinco pesetas; pero que casi nunca los patronos las han pagado voluntariamente. En los momentos actuales, con las ansias de venganza que tienen los patronos caciques y terratenientes contra los obreros, porque estos les han reclamado lo que legítimamente les correspondía; porque se les ha exigido la rebaja de rentas y porque han votado por la República, que en las presentes circunstancias, aprovechando el apoyo descarado que les prestan los traidores republicanos radicales desde los puestos de mando, unos y otros están siguiendo una táctica criminal, atropellando por cuantos medios les es dable, y ni el obrero encuentra trabajo ni el aparcero tierras, sí, los unos y otros encuentran guardia civil y de asalto que les insultan y les apalean, jueces reaccionarios que les procesan, patronos que les acusan con calumnias y caciques y beatas que les insultan» (OT, 21 de abril de 1934). <<

[140] Almoril Calero, M., «Tensiones, conflictos y estallidos sociales en Fuente del Maestre (Badajoz) durante la Segunda República», en rev. Alcántara, n.º 27, septiembre-diciembre 1992, p. 80; y Barbero, T. A., Un trozo de historia…, p. 24. <<

[141] FPI, AH-13-25; y Fondo CNT, Correspondencia, Fregenal de la Sierra, 1 de junio de 1934. He aquí lo que un militante de Fregenal escribió a la Regional cuando se vio el curso que tomaba la vida política a mediados del 33: «En la convicción de que hemos de triunfar seguimos la marcha emprendida sin importarnos un comino ni cárceles ni patíbulos; los atropellos nos vigorizan y las rebeldías crecen con todo su esplendor. Adelante pues que el mundo es nuestro». <<

[142] Salazar Alonso, R., Bajo el signo…, p. 122 y ss. <<

[143] Gutiérrez Casalá, que cree a pie firme en estas «irregularidades», las enumera tranquilamente, llegando a decir, por ejemplo, que Tomás Aquino Barquero, el alcalde socialista de Quintana de la Serena, fue condenado junto con los concejales «por cobrar excesivos gastos de representación». «La corrupción municipal era una realidad», añade (Gutiérrez Casalá, La segunda república en Badajoz, Universitas, Badajoz, 1998, pp. 235-238). <<

[144] Muñoz Tinoco, C., Diego Hidalgo…, p. 81. <<

[145] Tuñón comenta que Salazar había afirmado dentro de su grupo, antes de llegar al Ministerio, que era preciso destituir a los socialistas como medida preventiva (Tuñón de Lara, M., Tres claves…, p. 111). <<

[146] Almoril Calero, M., «Fuente del Maestre: estancamiento y crisis de un gran núcleo rural, 1900-1970», en Fuente del Maestre, 100 años de ciudad, 2000 años de historia, Ayuntamiento de Fuente del Maestre, 1999, p. 141. <<

[147] AHNS, PS Extremadura, L. 13/1, exp. 27. <<

[148] AHNS, PS Extremadura, C. 13, carp. 18. <<

[149] Malefakis, E., Reforma agraria…, p. 379. <<

[150] AHNS, PS Madrid, C. 320, doc. 93 y 98. El procedimiento se comenta en una carta del 30 de mayo de 1936 del presidente de la Juventud Socialista de La Morera, Antonio García Meneses, al diputado Pedro Martínez Cartón. <<

[151] Barquero, T. A., Un trozo de historia…, p. 15. <<

[152] OT, 21 de abril de 1934. <<

[153] Las reivindicaciones fueron: 1. Cumplimiento de las bases del trabajo y la legislación social. 2. Obligatoriedad del servicio de colocación. 3. Reglamentación del uso de máquinas y del empleo de forasteros. 4. Se tomarán medidas efectivas contra el paro. 5. Efectividad de la Ley de Arrendamientos Colectivos por medio de los Jurados Mixtos de la propiedad rústica. 6. Dar facilidades al IRA para incautarse temporalmente y dar en arrendamiento colectivo las tierras del Inventario que no necesite inmediatamente para arrendamientos. 7. Reconocimiento del derecho a revisar a todos los beneficiarios por la intensificación de cultivos. 8. Que se efectúen antes de otoño todos los asentamientos acordados. 9. Habilitación de créditos anuales a las colectividades campesinas por parte del Crédito Agrícola. 10. Rescate de los bienes comunales. (Méndez Mellado, Hortensia, Reforma agraria…, pp. 386-387). <<

[154] OT, 5 de mayo de 1934. Malefakis, quizá por moverse en un análisis a otro nivel, no recogió estos hechos que sin embargo tuvieron gran importancia en la provincia y fueron marcando los años republicanos: Castilblanco en el 31, Salvaleón en el 32 y Fuente del Maestre en el 34. <<

[155] Almoril Calero, M., «Tensiones, conflictos y estallidos sociales en Fuente del Maestre (Badajoz) durante la Segunda República», en rev. Alcántara, n.º 27, septiembre-diciembre 1992, pp. 81-82. <<

[156] AHNS, PS Extremadura, C. 13, exp. 24, pp. 46-48. El boletín de huelga también aludiría a la toma de la tierra (recojo la referencia de Tuñón de Lara, M., «La Federación de Trabajadores de la Tierra y las luchas campesinas en la II República», en rev. Claridad, III Época, 1986, p. 30). <<

[157] FPI, AH-13-21. <<

[158] Rodríguez Hermosell, J. I., Movimiento obrero…, p. 92. <<

[159] Biglino, Paloma, El socialismo español y la cuestión agraria (1860-1936), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1986, p. 442 y ss. <<

[160] OT, 5 de mayo de 1934. <<

[161] Salazar Alonso, R., Bajo el signo…, pp. 148 y 165. <<

[162] Fondo CNT, Correspondencia, Jerez de los Caballeros, Mérida y Fregenal de la Sierra. En esta localidad, por ejemplo, los anarquistas contaban en 1935-1936 con unos veinte militantes. <<

[163] Méndez Mellado, H., «Reforma agraria…», p. 276 y ss. <<

[164] Tuñón de Lara, M., Tres claves…, Alianza, Madrid, 1985, p. 138. <<

[165] Tomo el dato, con todo tipo de reservas, de Rivas, F., El frente popular, Ed. San Martín, 1976, p. 258. Según un documento que reproduce los muertos fueron Julián Martínez Gamero «Julianino», Manuel Martínez Tinoso «El Caete» y Laureano Pérez Parra «El Moro»; y los heridos Dionisio Domínguez Martín «El Negrete» y Domingo López Tinoco «El Romero». <<

[166] De los métodos de la Guardia Civil puede ser buena muestra lo ocurrido en Fuente de Cantos al dirigente Julián Alarcón tras ser detenido después de que un mitin que se realizaba en el campo fuera disuelto por la Guardia Civil. Alarcón fue enterrado en la tierra dejándole sólo la cabeza fuera (véase Ibarra, Cayetano, La otra mitad de la historia que nos contaron, Diputación de Badajoz, Badajoz, 2005, pp. 187-188, trabajo que pude ver antes de su publicación gracias a la amabilidad de su autor). <<

[167] Biglino, P., El socialismo español…, pp. 465-466. <<

[168] Salazar Alonso, R., Bajo el signo…, p. 166. Es significativo que en el juicio ante jurado popular al que fue sometido entre los días 19 y 21 de septiembre del 36, a la pregunta sobre en qué se había basado para afirmar que en España se superaría la barbarie rusa, dijera que «en la noticias recibidas de Badajoz», aclarando a continuación que se refería a las noticias recibidas sobre expropiaciones, «fruto del desbordamiento de las masas» (tomo la cita de Anónimo [Trois députés aux Cortès]: La justice du «Frente Popular», Les Éditions de France, París, 1937, p. 34). Cuenta el periodista Antonio Otero Seco, que conocía bien a Salazar Alonso por ser extremeño como él y saber de su pasado radical, que en el apogeo del entierro de Calvo Sotelo, «un mitin desenfrenado», Salazar fue izado sobre la multitud, «como los toreros en una tarde de triunfo» (Otero Seco, A., Gavroche en el parapeto (trincheras de España), Nueva Imprenta Radio, S. A., Madrid, 1937, 2.ª ed., pp. 52-53). Fueron detenidas en todo el país 25 000 personas. <<

[169] Biglino, P., El socialismo español…, p. 467. <<

[170] Vidarte, J. S., El bienio negro…, p. 155. <<

[171] Véase Malefakis, E., «El problema agrario y la República», en La II República: una esperanza frustrada, Edicions Alfons El Magnànim, Valencia, 1987, p. 43. <<

[172] Tuñón de Lara, M., Tres claves…, p. 118. <<

[173] OT, 20 de junio de 1936, «1934-1936. Recuerdos de un preso del mes de junio» (utilizo la transcripción de Méndez Mellado, Hortensia, Reforma agraria…, apéndice 3, p. 451 y ss.); también el 18 de abril de 1936 Ricardo Zabalza publicó un artículo titulado «La gran huelga campesina de junio de 1934 en el proceso revolucionario español»; y Claridad del 6 de junio de 1936: «Cómo lucharon en junio del 34 los campesinos de España». También el OT del 2 de junio de 1938, ya con la redacción en Valencia, recordó en su cuarto aniversario la huelga campesina de junio del 34. <<

[174] Lo tomo de Gerald Brenan, El laberinto español, Ruedo Ibérico, París, 1962, p. 207. <<

[175] Robledo, R. y Espinoza, L. E., «La reforma agraria…», p. 315. <<

[176] La referencia procede de los «Papeles de Bruguera», quien remite a las páginas 140-141 de Mis recuerdos. En Democracia escribían los líderes moderados de la FNTT anteriores al giro del 34. Llamo «Papeles de Bruguera» al conjunto de notas, procedentes en general de la prensa y muy centradas en Extremadura y en cuestiones agrarias, que éste dejó y que me han sido proporcionadas por Antonio Miguel Bernal. <<

[177] Muñoz Tinoco, C., Diego Hidalgo…, p. 81. <<

[178] Barquero, T. A., Un trozo de historia…, pp. 25-26. <<

[179] Ibidem, p. 28. Barquero cuenta la terrible paliza que recibieron en el Ayuntamiento Diego Fernández Hidalgo y Santiago Sánchez Guerrero. El propio Barquero, encarcelado siete veces (76 días de prisión) y procesado en cinco ocasiones (tres veces absuelto y dos sobreseído) entre 1934 y 1935, fue abofeteado por un sargento de la Guardia Civil en la prisión de Castuera. Además fue expulsado de su puesto de cartero, que tenía en propiedad, y agredido el 11 de febrero de 1935 por un grupo dirigido por el falangista Eduardo Ezquer. <<

[180] Rivas, F., El frente popular, Ed. San Martín, Madrid, 1976, p. 261. En realidad si contamos los de octubre y noviembre fueron más de 22 000 las personas detenidas. Y esto sin olvidar que dichas cifras no incluyen los datos de la Comandancia de Asturias. <<

[181] Malefakis, Reforma agraria…, p. 393. <<

[182] Barquero, T. A., Un trozo de historia…, p. 61. Dice Barquero que pese a su falta de estudios por fin comprendieron los entresijos municipales, desde las particularidades del presupuesto a los secretos del reparto de utilidades (en 1932 hubo propietarios que pasaron de pagar 3000 pesetas a pagar 16 000 ptas.). El resultado es que el presupuesto aumentó en un sesenta por ciento. <<

[183] Robledo, R., «Política y reforma…», p. 270. <<

[184] Malefakis, E., Reforma agraria…, p. 399. <<

[185] Robledo, R., «Política y reforma…», p. 287. <<

[186] Véase el interesante artículo de Juan Antonio Alexandre, «De la abolición de la pena de muerte durante la República (1932-1934)», en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, n.º 62, primavera de 1981, pp. 7-45. <<

[187] Tanto el informe de Campini como los datos de intensificación de cultivos proceden de Rosique Navarro, F., La reforma agraria…, p. 265. <<

[188] Centro Cultural Santa Ana, «Papeles de Luis Chorot», ref. 72 721. Se trata de artículos de Chorot totalmente opuestos a la Ley de Yunteros que según nota manuscrita añadida no fueron publicados en ABC «por no dificultar la unión de derechas». <<

[189] Tomo el dato de los «Papeles de Bruguera», que remite a Tres años de lucha, p. 108 (se refiere a la edición de esta obra realizada por Ediciones Nuestro Pueblo en Toulouse en 1947, concretamente a un artículo publicado en la Correspondencia Internacional de la Komintern, denominada Imprecor). <<

[190] AMBI, doc. s/c. <<

[191] Braojos, Alfonso, Parias, María y Álvarez. Leandro, Sevilla en el siglo XX (1868-1950), Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 1990, pp. 165-166. <<

[192] Pidal, Manuel, La «farsa» del llamado problema de los yunteros o la nueva bandera de Acción Popular en Badajoz, Sucesores de Rivadeneira, Madrid, 1934. El folleto incluye un opúsculo titulado El nuevo régimen en el campo. De abril del 31 a noviembre del 32, en el que Pidal cuenta su experiencia como propietario de Las Poyatas, un gran coto de caza que ocupaba parte de los términos de Palomas y Puebla de la Reina, en los primeros meses de la República. En contraposición he aquí la definición de yuntero que hacía el dirigente socialista de Quintana de la Serena Tomás Aquino Barquero: «… llevaban una vida difícil. Huyendo del jornal eventual, labraban tierras ajenas en arrendamiento o aparcería en tan malas condiciones que, trabajando como negros todo el año, haciendo trabajar en ciertas temporadas a toda la familia, cuando llegaba la recolección no sacaban beneficio tangible. Lo corriente era salir con deudas, que cada año adquirían mayor volumen, llevando de esta suerte una vida arrastrada, llena de preocupaciones» (Tomás Aquino Barquero, Un trozo de historia…, pp. 13-14). <<

[193] Díaz de Entresotos, B., Seis meses de anarquía en Extremadura, Editorial Extremadura, Cáceres, 1937, pp. 20-21. Treinta páginas más adelante volverá a recordar la idealizada Extremadura de su infancia: «… aquella Extremadura dulce y patriarcal, sin marxistas, sin calvicies en sus montes; la Extremadura de los monteros y cosarios de antaño, entre los que corrieron mis primeros pasos en la vieja dehesa familiar. Era la vida suave, las horas se iban en una sucesión infatigable de paz. (…). Por las noches me dormía escuchando lejanos y apagados aullidos de lobos; y de cerca, rondando las afueras de la casa, le contestaban los perros; y allá en la majada perdida en el monte, ladraban desvanecida y prolongadamente los mastines…» (pp. 53-54). <<

[194] Almoril Calero, M., «Fuente del Maestre: estancamiento y crisis de un gran núcleo rural, 1900-1970», en Fuente del Maestre, 100 años de ciudad, 2000 años de historia, Ayuntamiento de Fuente del Maestre, 1999, p. 141. <<

[195] «Papeles de Bruguera», que remite al ABC de 21/12/1934 y 29/01/1935. Por ese mismo tiempo cuatro personas fueron condenadas, también en Badajoz, a un año, ocho meses y 21 días por haber quemado un paquete de ejemplares de Hoy que un particular llevaba a Olivenza. <<

[196] Florencio Puntas, Antonio, Empresariado agrícola y cambio económico, 1880-1936, Diputación Provincial, Sevilla, p. 346. <<

[197] Robledo, R. y Espinoza, L. E., «La reforma agraria…», p. 270. <<

[198] «Estado comprensivo de la situación actual de las fincas que han sido entregadas a los campesinos en esta provincia» (AIRA, RA-2, C. 6/104). Se trataba de Alange (33), Alconchel (15), Badajoz (226), Fregenal de la Sierra (16), Fuente de Cantos (19), Jerez de los Caballeros (102), Olivenza (8), Quintana de la Serena (44), Roca de la Sierra (42), Valverde de Leganés (32), Villalba de los Barros (24) y Villanueva del Fresno (1439). <<

[199] Ibidem, p. 271. Entre 1932 y 1935 el IRA sólo había gastado el 35 % de su presupuesto. <<

[200] Véase Cabrera, Mercedes, La patronal…, pp. 67-68. Llegaron a vanagloriarse en sus boletines de su aportación al fracaso de la reforma propuesta por su correligionario Giménez Fernández. <<

[201] La investigación de Fernando Sigler sobre Cádiz confirma que el verdadero parón de la reforma fue cuando los agrarios controlaron el Ministerio (véase Sigler Silvera, F., «Los proyectos de Reforma Agraria en la provincia de Cádiz durante la II República. Repercusiones políticas y sociales». UNED, 1995 [tesis doctoral], p. 607). <<

[202] Malefakis, E., Reforma agraria… p. 409. <<

[203] Véase Robledo, R., Los ministros de agricultura de la Segunda República (1931-1939), MAPA, Madrid, 2006. <<

[204] Rosique Navarro, F., La reforma agraria…, pp. 308-309. <<

[205] Ibidem, p. 295. Según declaraciones de la propia Agrupación recogidas por Rosique sólo mil de los 100 000 propietarios de Badajoz estaban sindicados; de esos cien mil, 10 000 superaban las mil pesetas de líquido imponible y 5000 las treinta y cinco mil. <<

[206] La información más completa del asesinato puede leerse en La Verdad Social del 13 de junio de 1935, cuya copia debo a Francisco Marín Torrado. Pedro Rubio (Ribas de Campo, Palencia, 1909) había llegado a Badajoz en 1929. El 19 de noviembre de 1933 fue elegido diputado por Badajoz. <<

[207] Vidarte, J. S., El bienio negro…, pp. 383-386. <<

[208] Hoy, 1 de enero de 1936. <<

[209] AHNS, PS Extremadura, L. 27, exp. 17. <<

[210] AIRA, RA-2, L. 6/104, «Memoria relativa a los trabajos desarrollados por los servicios técnicos del Instituto en la provincia de Badajoz». <<

[211] J. A. Primo de Rivera en la discusión parlamentaria de 24 de julio de 1935 (tomadas de Gobierno Civil de la provincia de Badajoz, «La República: la Reforma Agraria» [cap. IV], desglosado de la Memoria del Plan General de Ordenación económico y social de la provincia de Badajoz, Badajoz, 1948, p. 171). <<

[212] Gallardo Moreno, Jacinta, La guerra civil en La Serena, Diputación Provincial de Badajoz, 1994, p. 57. <<

[213] En algunos pueblos surgieron sindicatos amarillos formados por varias docenas de obreros al servicio de la patronal. Estas sociedades obreras eran legales y aparecen en la documentación del IRA cuando en la documentación de cada finca se comenta el estado social de la localidad a cuyo término pertenece. Llama la atención la mención de las dos sociedades, una, la verdadera, con varios centenares de socios, y otra, la amarilla, con treinta o cuarenta. <<

[214] Debo este documento a la amabilidad de Cayetano Ibarra. <<

[215] Hasta diciembre de 1934 fueron expropiadas 468 fincas por un total de 89 133 ha y en las que fueron asentados 8609 campesinos; y ocupadas 61 fincas por un total de 27 704 ha en las que fueron asentados 3651 campesinos (véase BIRA, n.º 48, junio de 1936, p. 671). Así pues, en total, 529 fincas, 118 837 ha y 12 260 campesinos. <<

[216] FPI, AH-72-11. <<

[217] FPI, AH-72-11. La carta tiene fecha del 17 de octubre de 1935. Esto contrasta con lo ocurrido en una provincia bien estudiada como Granada, donde las organizaciones campesinas, «en una situación de total o parcial desarticulación y descoordinación», no recobraron de nuevo el pulso «hasta bien entrada la primavera de 1936» (López, Mario, Orden público y luchas agrarias en Andalucía, Ediciones Libertarias, Madrid, 1995, p. 461). Es probable también que esta mejor organización y predisposición para la lucha influyese en un mayor control sobre las elecciones que se avecinaban, lo que evitaría el espectáculo bochornoso ofrecido por los grandes propietarios en provincias como, por ejemplo, Granada, ante el temor de la derrota electoral. En este caso llegó hasta el extremo de que las elecciones hubieron de ser anuladas y repetidas en mayo. <<

[218] Centro Cultural Santa Ana, «Papeles de Luis Chorot», ref. 11 721. <<

[219] Véase una reconstrucción reciente de las maniobras realizadas por la derecha (Franco y Gil Robles) en las horas siguientes a las elecciones para no perder el poder en Fontana, Josep, «Febrero de 1936: la invención de la memoria», en Robledo Hernández, Ricardo (Coord.), Sueños de concordia. Filiberto Villalobos y su tiempo histórico, 1900-1955, Caja Duero, Salamanca, 2005, pp. 409-421. <<

[220] Rees, T. J., Agrarian society…, p. 297. El autor amablemente me facilitó el texto original en castellano, que después localicé completo en la biografía de Hidalgo que publicó Concha Muñoz Tinoco. Se trata de una carta de Diego Hidalgo a José Carlos Luna Sánchez (27/02/1936) procedente del archivo del primero. <<

[221] Ignoramos la influencia real del anarcosindicalismo en Badajoz, aunque contamos con algunos documentos de la Federación Regional de Andalucía y Extremadura, con sede en Sevilla, que nos pueden dar una idea. Contamos, por ejemplo, con un documento del 21 de octubre de 1933 dirigido al Sindicato único de Jerez de los Caballeros donde se reconoce la necesidad de realizar tareas de propaganda en Badajoz, «pues ya sabéis que constituye para este comité una obsesión el destruir el feudo socialista en ésa»; otro del 19 de octubre de 1933 donde se recomienda que hagan oídos sordos a los «desaprensivos» que lleguen a Oliva de la Frontera «hablando de libertad y emancipación con el fin de que los votéis»; o uno del 27 de noviembre de 1935 donde dicho Comité aconseja al Sindicato de Obreros Agrícolas y Oficios varios de Fregenal que no entren en el Frente Único que preparan para las elecciones socialistas y comunistas. Hay constancia de que en abril del 36 celebraron actos públicos en Azuaga, Jerez, Fregenal y Oliva. La correspondencia muestra, además de la represión y clausura de locales sufrida a partir de diciembre de 1933, la precariedad económica y organizativa de su estructura en Badajoz. Tenemos constancia de que hubo sindicatos cenetistas en Fregenal de la Sierra, La Garrovilla, Jerez de los Caballeros, Mérida, Monterrubio de la Serena, Oliva de la Frontera, Peñalsordo y Peraleda del Zaucejo. Un informe que el Comité Regional presenta al Pleno de Locales y Comarcales el 4 de agosto de 1934 expone que aunque en la capital carecían de organización contaban con dos federaciones comarcales «semiconstituidas», una en Fuente de Cantos, que agrupaba Bienvenida, Usagre, Calzadilla, Medina de las Torres, Valencia del Ventoso, Monesterio, Montemolín, Los Santos de Maimona, Burguillos del Cerro y Cabeza la Vaca; y otra en Oliva de la Frontera, con agrupaciones sindicales en Jerez, Fregenal, Higuera la Real, Barcarrota, Calera de León, Puebla de Alcocer e Higuera de la Sierra (Huelva). Había otra en proyecto que estaría constituida por Cabeza del Buey, Peñalsordo, Siruela, Castuera, Campanario y Villanueva de la Serena. <<

[222] Tomo los datos de García Pérez, J., Sánchez Marroyo, F. y Merinero Martín, M. J., Historia de Extremadura, T. IV, «Los tiempos actuales», Universitas, Badajoz, 1985, p. 1016. Los 11 del Frente Popular eran 1 comunista, 1 de Unión Repúblicana, 3 de Izquierda Republicana y 6 socialistas; los de derechas, 1 radical y 2 de centro. La CEDA no obtuvo ninguno en Badajoz (1 en Cáceres). Los once del Frente Popular eran los socialistas José Sosa Hormigo, Ricardo Zabalza Elorga, Margarita Nelken, Nicolás de Pablo, José Aliseda Olivares y Juan Simeón Vidarte; el comunista Pedro Martínez Cartón; Jesús de Miguel Lancho y Vicente Sol Sánchez, de Izquierda Repúblicana, y Fernando Valera Aparicio y Miguel Muñoz González de Ocampo, de Unión Republicana. Vidarte contó en sus memorias (véase Todos fuimos culpables, pp. 36-40) la maniobra electoral que prepararon para asegurarse que Salazar Alonso y Diego Hidalgo se quedaran sin acta y, por el contrario, la obtuvieran dos hombres de Portela (Fermín Fernández Daza y José Rosado). Hubo también otra maniobra: caballeristas (De Pablo, Zabalza y Nelken) y prietistas (Sosa, Aliseda y Vidarte) se repartieron las candidaturas dejando fuera de juego a los moderados (Narciso Vázquez y Anselmo León Trejo), cuyos puestos fueron ocupados por Izquierda Republicana y Unión Republicana. <<

[223] Hoy, 20 de febrero de 1936. <<

[224] Ibidem, 3 de enero de 1936. <<

[225] Ibidem, 5 de enero de 1936. <<

[226] Ibidem, 8 de enero de 1936. <<

[227] Ibidem, 8 de enero de 1936. <<

[228] Ibidem, 1 de febrero de 1936. <<

[229] Ibidem, 15 de enero de 1936. <<

[230] Ibidem, 1 de enero de 1936. <<

[231] Ibidem, 16 de enero de 1936. <<

[232] Ibidem, 30 de enero de 1936. <<

[233] Ibidem, 31 de enero y 13 de febrero de 1936. <<

[234] Rubio Díaz, N. y Gómez Zafra, S., Almendralejo (1930-1941), Ed. de los Autores, 1987, p. 231. Algunos casos a nivel nacional, como el del marqués de la Vega, fueron destacados por el ABC (30/01/1936). <<

[235] Hoy, 23 de febrero de 1936. <<

[236] Ibidem, 25 de febrero de 1936. <<

[237] ADH, Correspondencia, carta a José Carlos Luna de 27/02/1936. Debo el texto a la amabilidad de T. Rees. También se reproduce en Muñoz Tinoco, C., Diego Hidalgo…, p. 110. <<

[238] AHNS, PS Extremadura, C. 13, exp. 24, 57 v. <<

[239] AHNS, PS Extremadura, C. 33, carp. 70. <<

[240] Rodríguez Hermosell, J. I., Movimiento obrero…, pp. 108-109. <<

[241] Díaz de Entresotos, B., Seis meses…, pp. 45-46. <<

[242] FPI, AH-13-25. <<

[243] Ibidem, pp. 48-50. Y unos días después: «Estoy negro. Se me va el dedo al gatillo de la pistola. No sé cómo me contengo y no me lío a tiros con esta gentuza. ¡Qué asco!» (p. 56). Este Muñoz se enrolaría poco después en las columnas que pasaron camino de Madrid, donde según Díaz encontró la muerte. <<

[244] AHNS, PS Extremadura, C. 33, carp. 31, 2. <<

[245] Hoy, 21 de febrero de 1936. Ezquer, de 35 años y natural de Villarroya de la Sierra (Zaragoza), era maestro; Fatuarte, de 35 años, era empleado. <<

[246] FPI, AH-13-15. <<

[247] Rubio Díaz, N. y Gómez Zafra, S., Almendralejo (1930-1941), Ed. de los Autores, 1987, p. 222. <<

[248] Barquero, T. A., Un trozo de historia…, p. 31. <<

[249] AHNS, PS Extremadura, C. 33, carp. 31, 7-8. A comienzos de abril el Ayuntamiento planteó la dimisión ante el gobernador civil ante la actitud de provocación constante de la Guardia Civil: «el comandante de puesto sigue actuando lo más grosero que pueda existir, cacheando y maltratando a los obreros todas las noches» (FPI, AH-13-21). <<

[250] Véase «En torno a las elecciones del 16 de febrero de 1936. Denuncias por malos tratos en un pueblo de Badajoz: Villafranca de los Barros», en Homenaje a Antonio Morales (en preparación). <<

[251] Cobo Romero, Francisco, De campesinos a electores, Biblioteca Nueva, Madrid, 2003. Según el censo electoral de 1933 la población activa de Badajoz se dividía así: sector primario, 4776; sector secundario, 1417; y sector terciario, 3399 (datos tomados de Rosique Navarro, F., La reforma agraria…, p. 53). <<

[252] Estos datos deben ser tomados con suma precaución por diferentes motivos, ya sea por la carencia de resultados de diversas localidades pertenecientes a seis partidos (Almendralejo, Badajoz, Fregenal, Fuente de Cantos, Olivenza y Zafra) como por posibles errores en el listado de la prensa. Gutiérrez Casalá, en La segunda república en Badajoz (Universitas, 1998, p. 257 y ss.), mantiene que en el partido judicial de Don Benito ganó la derecha y que en los partidos de Villanueva y Zafra el triunfo fue para las izquierdas. Como no menciona la procedencia de sus datos, aunque muchos coinciden con el Hoy, no es posible saber la validez de tales afirmaciones. No obstante, el hecho de que los totales del cuadro III de la página 258 de su libro no correspondan a la suma de electores y votantes que aparecen encima no da mucha confianza sobre los resultados de dicho trabajo. Sobre las posibles relaciones entre resultados electorales de febrero y el proceso de invasión de fincas de marzo véase Anexo II. <<

[253] En realidad la reposición de gestoras había comenzado durante el mandato de Portela, que en todo momento fue consciente de lo que esto molestaba a las derechas. En este sentido es curiosa, por ejemplo, la reacción del diario Hoy en su editorial del 10 de enero, titulada precisamente «Las renovaciones de las gestoras». Le recordaron, por ejemplo, que él mismo, el 12 de agosto de 1935, con motivo del intento de reingreso de algunos en los ayuntamientos, había declarado caducado el mandato de los concejales del 12 de abril. <<

[254] Hoy, 21 de febrero de 1936 y días siguientes. <<

[255] AMVB, telegrama del 21 de febrero de 1936. Doc. s/c. <<

[256] AMB, Caja 53. Debo este documento a José Ignacio Rodríguez Hermosell. <<

[257] AMVB, L. 420, C. 2. <<

[258] OT, Segunda Época, n.º 1, p. 1. <<

[259] Ibidem, 29 de febrero de 1936, p. 1. <<

[260] Ibidem. Seguía así: «De otra manera irá pasando el tiempo. Los gobiernos republicanos se enzarzarán en leguleyismos. Se asustarán de la magnitud de los problemas del campo. Olvidarán que hemos sido nosotros —los partidos y los sindicatos obreros— los factores máximos del triunfo electoral. Se inclinarán paulatinamente del lado de sus propios intereses. En una palabra, habremos perdido los frutos de la victoria. Sepamos ganar las batallas y sepamos sacar el fruto del triunfo. A la obra, pues, las organizaciones. A resolver el paro de los jornaleros del campo; a dar por nulos todos los procesos de desahucio; a no dejar que pase un día más sin que los pequeños labrantines vendan el trigo a precios compensadores. Y sobre todo, y por encima de todo: a resolver nosotros el problema de la tierra de forma que el Gobierno del Frente Popular no tenga que hacer sino dar forma legal a la realidad que las organizaciones campesinas hayan creado. Todo ello con la mayor disciplina, pero con resolución y hombría irresistibles. Respetuosos con este Gobierno que hemos elegido, pero sin olvidar que lo hemos elegido para destruir todo el tinglado de leyes, disposiciones, robos y corruptelas que mantienen a nuestros campesinos en una servidumbre feudal: sometidos a caciques, señores, usureros, acaparadores y bandidos que, al amparo de una falsa legalidad, se imponen por el hambre y por las fuerzas estatales de represión. Todo eso ha dejado de existir el 16 de febrero por voluntad del pueblo. No lo olvide el Gobierno del Frente Popular, mandatario de esa voluntad. Tampoco nosotros lo olvidaremos. Puede confiar en nuestra iniciativa, del mismo modo que nosotros confiamos en su lealtad. Entre él y nosotros hemos de crear y dar cauce legal a la nueva realidad social de los campos de España». <<

[261] A estos hechos, aunque con diferentes apellidos, alude Valentín Jiménez Gallardo en testimonio recogido por José María Pagador Otero y Juan Domingo García Fernández en García Pérez, J. y Sánchez Marroyo, F., La guerra civil en Extremadura, 1936-1986, Hoy, 1986, pp. 22-23. <<

[262] Desde luego leyendo en el testimonio de Ruiz-Castillo Basala quiénes eran sus compañeros del IRA en 1933 se comprenden las sospechas que inspiraban en la FNTT. Hablamos de personas relacionadas familiarmente con el ámbito militar, con la política conservadora prerrepublicana o con el mundo agrario cuando no del mismísimo Rafael Cavestany de Anduaga, luego elevado a ministro de Agricultura por Franco, de Emiliano Gómez Ugalde, hijo y hermano de ganaderos de reses bravas, o a Luis Escrivá de Romaní, hermano del conde de Mayalde (véase Ruiz-Castillo Basala, J., Funcionario republicano…, p. 121 y ss.). En igual sentido Tuñón de Lara comenta que el mismo secretario general del IRA, Cacho Zabalza, «se revelaría como un notorio conspirador contra el régimen democrático» (véase Tuñon de Lara, M., Tres claves…, p. 84). De hecho fue miembro de la Unión Militar Española y autor de un libro sobre ella (La Unión Militar Española, Egasa, Alicante, 1940). <<

[263] Varios documentos procedentes de algunos archivos municipales, como el titulado «Acuerdos sobre la devolución de trigos a los intensificadores» (AM de Fuentes de Cantos, doc. s/c), cuyo origen es una revisión de acuerdos en tal sentido entre marzo y junio, hecha tras la ocupación de la localidad, o la «Relación detallada de las existencias de trigo depositado de la Intensificación de cultivo en 1.º de marzo de 1936» (AMG, doc. s/c) prueban que la entrega se llevó a efecto, aunque en el caso de Fuente de Cantos otros documentos parecen indicar que en cuanto cambió la situación tuvieron que devolverlo. Un documento del archivo de Reina prueba que a mediados de marzo del 36 el IRA recordó a los ayuntamientos que el Decreto de 3 de marzo dejaba a su arbitrio la devolución o no de los cereales depositados (AMR, doc. s/c). La misma federación pidió al Ministerio de Trabajo que todas las contrataciones se realizaran a través de la oficinas locales de colocación, estricto cumplimiento de las bases del trabajo rural, readmisión de todos los obreros despedidos por votar a la izquierda en las elecciones, indemnización por los jornales perdidos y castigo a los patronos que ordenaron los despidos, intensificación de los trabajos públicos hasta absorber el censo de parados, restablecimiento de la Ley de Jurados Mixtos, dotando a los del Trabajo Rural de recursos suficientes para su buen funcionamiento y anulación de todos los juicios vistos sin la presencia de los delegados obreros. <<

[264] El telegrama enviado por el secretariado el día 27 al Ministerio de Agricultura decía: «En nombre pequeños arrendatarios y colonos esta provincia pertenecientes Federación Trabajadores tierra, pido Vuecencia rápida resolución problema angustioso yunteros sin tierra, aprovechando sazón inmejorable hacer barbechos primera quincena marzo. Igualmente pido resoluciones urgentes asunto trigo depositado con exceso años 33 para pago intensificación cultivo, y fantasma paro obrero». Del Ministerio se recibió al día siguiente esta respuesta: «… le transmito urgentemente a la Secretaría General de la Reforma Agraria, recomendando con todo interés la resolución favorable dentro de lo posible hoy de los asuntos que a esa Federación interesa». Nuevo telegrama del Ministerio el día 29: «Nos ocupamos urgentemente problema yunteros. Hay preparada una disposición sobre depósito de trigo. Problema paro en estudio Ministerio Obras Públicas». Finalmente telegrama del secretariado al Ministerio de día 29: «Ampliando nuestro telegrama de día 27, por acuerdo Consejo, pídole sea aplicada rápidamente intensificación cultivos en todos los pueblos de esta provincia autorizando alcaldes para que, juntamente con las Comisiones Policía Rural, se incauten tierras que, a su juicio, merezcan incautarse. Para que pueda aprovecharse trigo depositado año 34, responder préstamos intensificación cultivos y no se le coma gorgojo o inutilice humedad depósitos desatendidos, pedimos sea repartido entre campesinos parados en calidad préstamo. Para contribuir resolver paro obrero, pedimos sean acordados plazos en recursos contra acuerdos policía rural, concediéndose sólo cuando no haya acuerdo estos organismos locales ante Sección agronómica, quedando sin efecto si dentro cinco días no se ha dictado dictamen» (todos en OT, 7 de marzo de 1936). <<

[265] AIRA, RA-2, L. 6/33. <<

[266] OT, 29 de febrero de 1936, p. 3. <<

[267] Vidarte, J. S., Todos fuimos…, p. 109. <<

[268] BIRA, n.º 45, marzo 1936, pp. 210-212. <<

[269] Puede verse el texto íntegro del decreto en El Socialista y Mundo Obrero del 5 de marzo de 1936. También en el BOP de Badajoz del 7 de marzo de 1936. <<

[270] Mundo Obrero, 5 de marzo de 1936, p. 2. <<

[271] Esto también dio lugar a la nota siguiente en OT del 7 de marzo: «A pesar de las reclamaciones de las masas proletarias; a pesar de todas las órdenes del ministro de Justicia y de las seguridades del señor Azaña, la amnistía avanza a paso de tortuga. Jueces, auditores y directores de prisiones sabotean la voluntad del pueblo español y los decretos del gobierno del Frente Popular. Quedan todavía en cárceles y presidios muchísimos camaradas. Señor Presidente del Consejo de Ministros: Por encima de los profesionales de la ley, está la Justicia del pueblo. Si aquellos se muestran incapaces de modificar su mentalidad reaccionaria, se les quita la toga, y asunto concluido. Los presos proletarios deben recobrar su libertad sin tardanza. Así lo quiere el auténtico pueblo español». <<

[272] AMG, Libros de Actas de Pleno, 7 de marzo de 1936. Una semana después se hizo constar que el ingeniero del IRA, en compañía del obrero Simón Vizcaíno, habían visitado durante dos días varias fincas. <<

[273] Vidarte, J. S., Todos fuimos culpables, Tezontle, México, 1973, p. 65. <<

[274] Sirva de ejemplo el caso de la finca «Palacito», situada en Roca de la Sierra y propiedad de Francisco Martorell Téllez-Girón, ex Duque de Almenara Alta (AIRA, RA-2, L. 6/32). En su momento, a mediados de 1934, fueron asentadas 22 personas, a cada una de las cuales correspondió un lote de 11 ha. En Roca existían dos sociedades agrarias: los Trabajadores de la Tierra y el Comité Republicano de Labradores. Martorell también era propietario de la finca «La Pared», la mejor de Quintana de Serena. <<

[275] Véase El Socialista, 5 de marzo de 1936. <<

[276] Margarita Nelken, pese a haber participado en trece actos de propaganda organizados por las agrupaciones locales extremeñas, tal como consta en la Memoria del II Congreso (véase bibliografía: Federación Nacional…), no fue incluida por OT en esta relación de diputados miembros de la FNTT. <<

[277] Posteriormente se informó también del caso de Nombela, otro pueblo madrileño cercano a Cenicientos, donde también se ocuparon tierras. Ambos pueblos llegaron a un acuerdo de mutua ayuda para protegerse de quienes actuaban a las órdenes de los propietarios para impedir las ocupaciones. <<

[278] OT, 7 de marzo de 1936. En esa misma página, la 4, había una noticia titulada «¿Qué es un “Koljós” y cómo funciona? Datos acerca del colectivismo agrario en la Rusia soviética». Basada en un informe de la Oficina Internacional de Trabajo de Ginebra, no proponía la implantación del sistema soviético en España sino el desarrollo de las Comunidades de Campesinos, a las que consideraba equivalentes y «núcleo de la futura colectivización del campo español». <<

[279] En el OT de 14 de marzo se animó a Vázquez Humasqué a «hacer una buena escarda en el frondoso personal del Instituto de Reforma Agraria» y se aludió a varios casos concretos (Malpica y Castillejo de Salvatierra) de sabotaje de la RA por parte de los técnicos del IRA. <<

[280] OT, 7 del marzo de 1936. En ese mismo número se incluye un texto antiguo de Dimitrov referente a la situación en Rusia: «… les decimos francamente a las masas: Este gobierno no traerá la salvación definitiva. Este gobierno no está en condiciones de derrocar la dominación de clase de los explotadores, y por esta razón no puede tampoco eliminar definitivamente el peligro de la contrarrevolución fascista. Por consiguiente, ¡hay que prepararse para la revolución socialista! ¡Sólo y exclusivamente el poder soviético traerá la salvación!» (cursivas en el texto original). <<

[281] Según María Ángeles Montoya Tamayo «la Ley de Orden Público de julio de 1933 y su ininterrumpida aplicación por la derecha, sumió a la nación en una permanente vulneración de las garantías constitucionales. De agosto de 1933 hasta el 18 de julio de 1936, apenas encontramos más de un mes de total normalidad constitucional en todo el país» (véase Teoría y práctica de la ética republicana, Libertarias, Madrid, 2001, p. 19; una relación completa de los decretos aprobados al amparo de dicha ley en p. 71 y ss.). <<

[282] OT, 7 de marzo de 1936. <<

[283] Los «Papeles de Bruguera» recogen los datos que dio esos días, del 17 al 25 de marzo, el ABC sobre los asentamientos: Aljucén (27), Carmonita (145), Castilblanco (280), Castuera (450), Carbayuela (194), La Garrovilla (182), Llerena (600), Talarrubia (650), Táliga (110), Valdecaballeros (250), Villar del Rey (90), Higuera de la Serena (130), Jerez de los Caballeros (1755), Magacela (255), Malpartida de la Serena (100), Peraleda del Zaucejo (118), Villanueva del Fresno (650), Zalamea de la Serena (415), Barcarrota (851), Cabeza del Buey (573), Campanario (260), Casas de Don Pedro (379), Retamal (170), Siruela (119), Acedera (28), La Albuera (99), Alconchel (627), Benquerencia (163), Calamonte (40), Cheles (203), Esparragosa de Lares (554), Orellana de la Sierra (162), Puebla de Obando (62), Salvaleón (321), Zarza Capilla (200), Salvatierra (199), San Vicente de Alcántara (215), Sancti Spiritus (100), Talavera la Real (160), Valverde de Mérida (122), Valle de Matamoros (415), Valle de Santa Ana (575), Valle de la Serena (120) y Zahínos (591). <<

[284] Díaz de Entresotos, B., Seis meses…, p. 61. Según Dionisio Ridruejo, también por esos días posteriores a las elecciones, José Antonio Primo de Rivera comentó lo siguiente ante una manifestación frentepopulista: «Con un par de buenos tiradores una manifestación como ésa se disuelve en diez minutos» (tomo la referencia de Luis Negró Acedo, El diario El País y la cultura de las elites durante la transición, Foca, Madrid, 2006, p. 62.). <<

[285] Mundo Obrero, 7 de marzo de 1936. <<

[286] La orden del ingeniero delegado provincial, Jorge Montojo, a los alcaldes de la provincia se conserva en el AMBC, L. 180, C. 7. <<

[287] Debo esta información sobre Barcarrota, procedente de la caja 53 de su AM, a José Ignacio Rodríguez Hermosell. <<

[288] AMZ, exp. de Reforma Agraria. Debo el conocimiento y la copia de esta documentación a José María Lama. <<

[289] Ibidem, exp. de Reforma Agraria; AMFL, Sec. V, L. 6, Doc. 11. <<

[290] AMVL, documentación s/c. <<

[291] La mayoría de esas parcelas tenían entre una y tres fanegas; algunas excepcionalmente cuatro y cinco. <<

[292] AMVL, doc. s/c. <<

[293] AMBS, L. 37, C. 1. <<

[294] Las fincas eran Los Llanos, Valera, Piedra de la Zarza, Cortijo de D. Pedro, Higueral, Humbría, Baldíos, Conejeros, Chaparral, Carvajo, Los Tomillares, Granizo, Casa Espinosa, Camacha, El Monte, Cuesta de Casilla, Cabrito, San Miguel, La Cojugada, Los Ranchos, Los Llanos, Valdelosdiablos, Potrera, Argamasa, Judío y El Perero. <<

[295] AMFL, Sec. V, L. 6, Doc. 11. <<

[296] Las fincas eran Castillo del Bueno, Grinante, Hocinos, Rombo, Valle Romero, Castillejo, Vega Ahijado, Llano Venegas, Dehesa del Campo, Linarejo, Dehesa de la Higuera, Horcajos, Negro, Martín Gómez, Sesmo, Casa Chamorro, El Quejigal, Cerca Nueva, Vegas, Morales, Ríos, Rincón, San Antonio, Carriles, Dehesa del Campo, Álvarez y La Monja. <<

[297] AMTMS, C. 45, exp. 3 (depositado en Diputación Provincial de Badajoz). Las actas de ocupación de este pueblo, todas de abril del 36, son sin duda de las más minuciosas que se conservan. Llama la atención que detallen el estado exacto en que se encuentra la tierra y las labores preparatorias que requiere, las obligaciones concretas del yuntero hasta el final del ciclo agrícola (30 de septiembre) y las observaciones tanto del yuntero como del propietario. No son pocos los propietarios que hacen constar que esas tierras se hallan exceptuadas de asentamiento por el artículo 4 del decreto de 14 de marzo; los yunteros se quejan de que los propietarios las han sembrado sin abonarles los barbechos que ellos realizaron. <<

[298] AMRF, exp. de Reforma Agraria, que debo a la amabilidad de su alcalde Antonio Fernández, así como el número de la revista La Estaca, s/f (2000-2001), que dedicó siete páginas a los «Yunteros» reproduciendo documentos del expediente de Reforma Agraria. <<

[299] Ibidem, exp. de Reforma Agraria. <<

[300] Recibieron notificaciones por denuncias Adrián Barroso Mancera, Justo Guerrero Vázquez, José García Hernández, Carmen Mancera, Agustín Ceballos, Antonio Vicente González, Manuel Ramos Cueña, Féliz Rengifo Salamanca, Manuel Carrillo Flores, Gervasio Gamero Domínguez, Nietos de Pedro Macías, Comunidad de labradores, María Tous de Monsálvez, María del Carmen Lastra Losada, Lorenzo Zambrano, Francisco Mirabete Domínguez, Pedro Díaz Sánchez, Manuel Adame de la Osa, Adolfo Burguillos Aldana, Miguel Litón González, etc. <<

[301] AMVB, L. 420, C. 2. La multa les fue comunicada el 12 de marzo. Las hermanas Isabel y María Cabeza de Vaca, además de otros importantes propietarios como Fernando Jaraquemada y María Losada Arjona, volverían a negarse —ahora ya en abril de 1937— a colaborar en el mantenimiento del comedor de huérfanos y viudas, situado primero en una casa de la familia Solís en la calle Hernán Cortés y desde mediados de septiembre en la Casa del Pueblo. <<

[302] Ibidem, L. 420, C. 2. Francisco Corredera Vaca, por ejemplo, uno de los jefes de Falange de Villafranca, solicitó el 18 de marzo que no se le tuviera en cuenta en el reparto de obreros por tener sus tierras hipotecadas y embargadas. Corredera sería asesinado en agosto en Fuente del Maestre tras huir de Villafranca. <<

[303] Ibidem, L. 444-2 y 445-2; y L. 420, C. 2. <<

[304] «La guerra civil en un pequeño pueblo llamado Palomas», trabajo anónimo y sin fecha publicado en la revista Apuntes, del Instituto Meléndez Valdés, de Villafranca de los Barros, en los años ochenta. <<

[305] Molano, Juan Carlos, La izquierda en Puebla de la Calzada, Ed. del Autor, p. 73; y Rodrigo, Antonina, Mujer y exilio 1939, Compañía Literaria, Madrid, 1999, pp. 188-189. Antonio Cordón era padre del biólogo Faustino Cordón Bonet. Según testimonio de éste el trato que su padre había dado a los campesinos a lo largo de la República le granjeó el respeto de éstos, quienes en el verano del 36, con la sublevación ya en marcha, se ofrecieron a segar sus tierras. El padre, agradecido y antes de partir para Madrid con parte de la familia, les hizo entrega de la finca. Otro de sus hijos, Antonio, fue asesinado en el pueblo. La finca fue saqueada. <<

[306] FPI, AH-72-11. <<

[307] Almoril Calero, M., «Fuente del Maestre: estancamiento y crisis de un gran núcleo rural, 1900-1970», en Fuente del Maestre, 100 años de ciudad, 2000 años de historia, Ayuntamiento de Fuente del Maestre, 1999, p. 142. <<

[308] AMZ, exp. de Reforma Agraria. Firmaron el documento, además del alcalde, J. Terán, Manuel García Goitia, Pedro López Romero de Tejada, Mariano del Toro, Casimiro Gómez y la viuda de Eloy Díaz Mulero; y por parte obrera Diego Luna, José Castañón, José Llanos, Clemente Silva y Anastasio Torrado. El trabajo de José María Lama, La amargura de la memoria. República y guerra civil en Zafra (1931-1936), Diputación de Badajoz, 2004, p. 187, nos informa que cuatro de los cinco representantes obreros —todos salvo José Castañón— fueron asesinados tras la ocupación de Zafra. 1.ª. Se fija como jornal mínimo diario para el bracero el de TRES PESETAS, teniendo en cuenta que la cotización diaria del obrero en crisis será siempre el de UNA PESETA menos del que rija en la plaza para los obreros del campo retirados por iniciativa de los patronos. 2.ª. El jornal de crisis será aplicable exclusivamente al remanente de obreros pasada la hora de plaza en que se acostumbra a retirar por los patronos sus obreros para las labores del campo. 3.ª. Todo obrero que figure en el remanente de parados y se compruebe suficientemente que no ha querido prestar sus servicios al patrono que lo buscó para el trabajo, tiene, por este solo hecho, perdido todo derecho a pedir el jornal de crisis y de estos casos se pasará parte diario al Alcalde por si éste considera procedente pasarlo a conocimiento de la Comisión obrera. 4.ª. La Comisión de obreros será la encargada de vigilar y sancionar a los contraventores de la base anterior. 5.ª. Queda autorizado el Sr. Alcalde para socorrer a todos los obreros parados en los casos que se haga imposible el trabajo por temporales de lluvia u otros casos de fuerza mayor, abonándose el socorro de los fondos aportados por la Comisión Patronal. 6.ª. Todos aquellos obreros que por causas de orden físico o moral apreciado por el Sr. Alcalde no pueden concurrir al trabajo, serán socorridos con el jornal prudencial que le asigne o socorro. 7.ª. Como estas bases se redactan por la clase patronal debidamente autorizadas por los representantes, aunque está muy lejos de sospecharse que ninguno de aquellos habría de desautorizar este pacto, sin embargo se considerará con culpabilidad exigida por la Comisión Patronal y el Sr. Alcalde a aquel patrono que contravenga alguna de las bases de este pacto. Así convenidas y aprobadas por unanimidad las precedentes bases, la Comisión Patronal ofrece desinteresadamente y para expresados fines la cantidad de VEINTE MIL PESETAS. <<

[309] BOP de Badajoz, 3 de abril de 1936. <<

[310] «Papeles de Bruguera». <<

[311] OT, 14 de marzo de 1936. La idea de que la reforma agraria acabaría conduciendo por fuerza a la colectivización sería desarrollada unos días después en un artículo anónimo de Claridad. Para su autor, el secano sólo admitía latifundio o colectivización, por mal que sonara a los «contrarrevolucionarios socialcristianos» y a los «conservadores izquierdistas»; repartir pequeñas parcelas creando pequeños propietarios eran pan para hoy y hambre para mañana. Había que respetar el deseo de los campesinos pero dejando una puerta para el futuro cooperativo (véase Claridad, 26 de marzo de 1936). <<

[312] AMVF, exp. Reforma Agraria, doc. s/c. <<

[313] Según Arrarás la reunión tuvo lugar en casa de José Delgado, amigo de Varela, asistiendo a ella Mola, Franco, González Carrasco, Orgaz, Villegas, Fanjul, Lapaza, Carrasco Verde y Galarza aparte de los dos primeros (véase Arrarás, J., Historia de la segunda república española, Editora Nacional, Madrid, T. IV, pp. 94-95. <<

[314] Claridad, 26 de marzo de 1936. <<

[315] Mundo Obrero, 26 de marzo de 1936. <<

[316] Política, 26 de marzo de 1936. Creado en marzo de 1935 y dirigido primero por Luis Bello y más tarde por Carlos Esplá hasta su incorporación al gabinete de Casares Quiroga en 1936 (véase Cruz Seoane, María y Sáiz, María Dolores, Historia del periodismo en España, 3. «El siglo XX: 1898-1936», Alianza Universidad, Madrid, pp. 433-434). <<

[317] La Libertad, 26 y 31 de marzo de 1936. Este periódico, propiedad de Juan March hasta 1934 y dirigido en 1936 por Antonio Hermosilla, procedente del Partido Radical, dio un giro a la izquierda en esos meses (véase Cruz Seoane, María y Sáiz, María Dolores, Historia del periodismo en España, 3. «El siglo XX: 1898-1936», Alianza Universidad, Madrid, pp. 422-426). <<

[318] AMVB, L. 420, C. 2. <<

[319] Niceto Alcalá-Zamora se arroga en sus memorias el haber convencido al Gobierno en el consejo de ministros del 2 de abril de que las elecciones municipales eran la puerta a la revolución y al caos (véase Alcalá-Zamora, N., Memorias, Planeta, 1998, pp. 406-407). <<

[320] Vidarte, J. S., Todos fuimos culpables, Tezontle, México, 1973, p. 71. <<

[321] Graham, H., El PSOE en la guerra civil, Debate, 2005, pp. 4244. Fue también la UGT la que nuevamente con la amenaza de romper el Frente Popular impidió un Gobierno que hubiera unido de nuevo a republicanos y socialistas (centristas) y que hubiera aportado unas bases más firmes para la ardua tarea que se presentaba (p. 53). Prieto, no obstante, pudo aceptar cuando en mayo Azaña le ofreció formar gobierno, pero fue su negativa —por la oposición de Largo Caballero en la minoría socialista a que Prieto lo formara— la que llevó a Azaña a pasar el encargo al menos indicado: Casares Quiroga. <<

[322] AMZ, exp. de Reforma Agraria. <<

[323] Las fincas afectadas eran «Rincón», «Los Canchales», «Sierra del Águila», «Llanos de D.ª Rosa», «Boca Oveja», «Pedro Toro», «Barciales», «Peñaranda», «Los Chapatales», «El Playón», «Dehesa Nueva», «El Castellar», «Dehesilla» y «Dehesa Boyal». <<

[324] ADH, Correspondencia, 17/03/1936. Sólo unas semanas después el mismo Gordillo comentaría a Hidalgo su conformidad con la suspensión de las elecciones municipales por el temor a la actitud de socialistas y comunistas, «pues para ellos no hay más republicanos que los que piensen y obren como ellos» (07/04/1936). Y ya en abril escribiría: «Las quejas que recibo de todos esos pueblos son terribles. La vida se va haciendo imposible y nadie se atreve a trabajar honradamente en obras o industrias o cultivos nuevos, porque ve que no se respeta al que trabaja de buena fe» (23/04/1936). En contestación a la carta primera Diego Hidalgo le comentaría que tenía idea de fundar en Badajoz el Partido Republicano Autónomo, «desligado en absoluto de todas otras disciplinas y que no hipoteque su soberanía ante nada ni ante nadie, sino que esté ojo avizor para colaborar y ayudar a todos los republicanos que hagan una obra verdaderamente republicana» (21/03/1936). <<

[325] En Acta de comparecencia establecía los siguientes puntos: «1.º Que conocen y comparten el propósito del Gobierno de la República en orden a efectuar el asentamiento general de los campesinos de España. 2.º Que, por mediación del Secretariado provincial de los trabajadores de la Tierra de Badajoz, ofrecieron su apoyo al Ilustrísimo Sr. Director del Instituto de Reforma Agraria, cuando dicho señor estuvo en este mes en la capital de la provincia para realizar, en nombre del Gobierno, el propósito de éste. 3.º. Que desde entonces vienen esperando la realización del asentamiento, observando cómo se acercaba el momento de que las tierras destinadas a ser incautadas perdieran su sazón para recibir la barbechera, unas, y para ser escardadas, otras. 4.º Que, a fin de evitar el grave prejuicio resultante de desaprovechar el tiempo oportuno para el laboreo de las tierras, en la madrugada de hoy han tomado posesión de ellas en las fincas ......... en las que comenzarán inmediatamente las labores adecuadas. 5.º Que todo esto lo hacen en interés propio y en el de la República, que son los mismos en el momento presente. 6.º Que todo lo hacen en representación de la Sociedad Obrera ........., por ser ésta la única entidad representante genuina del campesinado de la localidad, pero que no aspiran al provecho exclusivo de los miembros de dicha Sociedad, sino que lo hacen para beneficio de todos los vecinos trabajadores del campo. 7.º Que piden el apoyo del Ayuntamiento para que éste eleve al Gobierno de la República nuestros deseos de legalizar la posesión de mencionadas fincas y la necesidad de enviar auxilios económicos para poder llevar a feliz término la explotación de las mismas. Y para que conste, lo firma en los ya citados sitio, día y hora, juntamente con el que actúa de secretario». <<

[326] FPI, AH-72-11. Agradezco a José Ignacio Rodríguez Hermosell el conocimiento de este fondo documental, que recoge la correspondencia entre la Comisión Ejecutiva del PSOE y Ricardo Zabalza Elorga, Secretario General de la FNTT y diputado por Badajoz. Véase Fundación Pablo Iglesias. Archivos Guerra Civil: PSOE y UGT, Editorial Pablo Iglesias, Madrid, 1988, p. 146. Las «Instrucciones» también fueron publicadas en La Verdad Social del 27 de marzo de 1936, un ejemplar del cual se conserva en el archivo del IRA. <<

[327] AIRA, RA-2, L. 6/104. <<

[328] OT, 21 de marzo de 1936. <<

[329] Yerga Lancharro, José, «Recordando» (memorias inéditas), p. 4. Gracias a la amabilidad de Antonio Yerga he podido disponer de una copia de estas memorias. Según Cayetano Ibarra la iniciativa partió de Teófilo García, presidente de la Agrupación Socialista de Fuente de Cantos, y la finca donde ocurrió fue «Mejías», de Luis López Obando, conde de la Corte. La memoria oral ha conservado con gusto el recuerdo de aquella escena inusual de la gente por los caminos cargada con los animales recién sacrificados (véase Ibarra, Cayetano, La otra mitad de la historia que nos contaron, Diputación de Badajoz, Badajoz, 2005, p. 200). Este tipo de hechos se dieron en muchos pueblos de la provincia a lo largo de los años republicanos. La relación más completa se encuentra en el trabajo de Hortensia Méndez (véase Méndez Mellado, H., «Reforma agraria y conflictividad campesina. Badajoz (1931-1936)», p. 54 y ss.). <<

[330] Barquero, T. A., Un trozo de historia…, p. 21. Intervino de inmediato el Gobierno Civil y la Guardia Civil, se realizaron registros y detenciones, y hubo tres procesados, cuyo sumario fue finalmente sobreseído por la Audiencia de Badajoz. <<

[331] OT, 21 de marzo de 1936. <<

[332] Ibidem, p. 3. <<

[333] Ballbé, M., Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983), Alianza Universidad, 1983. La relación más completa de las víctimas causadas por la Guardia Civil en Badajoz entre 1931 y 1936 se encuentra en el trabajo de Hortensia Méndez («Reforma agraria…», anexos). Si la completamos con los datos de la presente investigación tenemos: 1931: diciembre (Castilblanco, un muerto); 1932: enero (Feria, un muerto; Zalamea de la Serena, un muerto); mayo (Salvaleón, dos muertos), noviembre (Campillo de Llerena, un muerto; Jerez de los Caballeros, un muerto); 1933: abril (Hornachos, tres muertos); 1934: abril (Siruela, un muerto); mayo (Fuente del Maestre, tres muertos); junio (Alconchel, tres muertos). <<

[334] El Socialista, 24 de marzo de 1936. O de las capitales de provincia a los pueblos, caso del capitán Manuel Gómez Cantos, a quien los malagueños logran quitárselo de encima en esos meses a costa de enviarlo a Villanueva de la Serena, que sufrirá poco después las consecuencias. <<

[335] No iba errado el embajador norteamericano en España: el 19 de marzo es el día, por ejemplo, en que tenemos noticia de que comenzaron en Extremadura los preparativos falangistas para el golpe (véase Chaves, Julián, Violencia política y conflictividad social en Extremadura en 1936, Diputaciones de Cáceres y Badajoz, Badajoz, 2000, p. 113). Según Fontana, Bowers era «un personaje atípico en la política norteamericana de esos años», mucho más conservadora de lo que pueda suponerse tras la lectura de sus memorias (véase Fontana, J., «La Segunda República: una esperanza frustrada», en La II República. Una esperanza frustrada, Alfons El Magnànim, Valencia, 1987, p. 21, nota 16. <<

[336] Por cierto que para el atentado, realizado por varios falangistas, fue adquirida previamente fuera de España una avioneta en la que los asesinos fueron trasladados a Francia. El piloto fue Ansaldo. La importancia del atentado es reconocida incluso en panfletos progolpistas como la historia del Frente Popular del teniente Rivas Gómez, de la Guardia Civil (véase bibliografía). <<

[337] La decisión de Hitler se conoció el 7 de marzo. La prensa de izquierdas recogió en los días finales de marzo el llamamiento del escritor Romain Rolland, presidente del Comité Mundial contra la Guerra y el Fascismo, en favor de la Paz. <<

[338] Es el caso de Puebla de la Calzada. El encabezamiento del formulario es «Acta de toma de posesión de tierras y convenio para su explotación, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto del Ministerio de Agricultura de 3 de Marzo de 1936». Tras los datos del representante del IRA, el propietario o su representante y el yuntero se describía con detalle la finca, se daban sus características agronómicas y forestales, se detallaban las labores a realizar y se establecían los deberes de cada parte (AMPC, L. 137, C. 15). <<

[339] AMRF, exp. de Reforma Agraria. Según consta en el archivo la «relación de fincas incautadas por el pueblo de Ribera del Fresno» fue: «Redrojuelo» (600 fanegas), de Alfonso Nogales; «Cabezas y Albinos» (600 fanegas); «Hermosilla» (440 fanegas), de Antonio González Romero; «Peñaovejera» (303 fanegas), de Mateo Sánchez Arjona; «Calero» (150 fanegas), de Isabel Vaca; «La Cigüeña» (400 fanegas), de Faustino Bermejo; «Bonilla» (180 fanegas), de Juan N. Acedo Peña; «Redrojuelo» (270 fanegas), de Visitación Olea Villanueva; «Redrojuelo» (200 fanegas), de Manuel Olea Villanueva; «Moncarche» (400 fanegas), de Alegría Vargas-Zuñiga; y «Bonilla» (60 fanegas), de Victoriano Acedo. <<

[340] AMBC, L. 180, C. 7. Algunos documentos de este archivo los debo a la amabilidad de Manuel Lima. Las fincas ocupadas en Burguillos fueron: Dehesa, Juan Benítez, Suertes de la Venta, La Lobera, Guijarro, Matapollitos, Toconales, Sierra Marina, Barba, Balengue, Dehesillas, La Vivacha, Rincones, Valle de los Secos, Granjas, Alcornocal, Cudriales, Huerta lago, Atalayuela, Acebuches, Río Gordo, Las Cumbres, Sanguijuela, Giralda, Puerto, Encinar, Vellarinas, Alcornocalejo, Pajarito, Llanos de Aguilar, Risquillo, Valle del Lobo, Viña de Migul, Pimpollares, El Jardino, La Higuerita, La Portuguesa, Corchado, Brinquete, El Relús, Barreales, Apretadura, Juana Cara, Cañada, Sierra, El Carrasco, Sierra Gorda, San Coronado, Llano del Chiquillo, Mellizo, Matasano, La Plata, Cercado la Casa, Esquinedo, Bonales, El Santísimo y Santa Cruz. <<

[341] AIRA, RA-2, L. 6/104. <<

[342] Lama, J. M., La amargura…, pp. 187-189. <<

[343] AMZ, exp. de Reforma Agraria. <<

[344] AMFC, doc. s/c. Las fincas incautadas eran Castillejos, Mendozas, Huerta de Sevilla, Pajarera, Hinchona, La Mata y San Juan, Portera, Pizarral, Galaperal y Gallega, La Jareta, San Juan y El Rubio, El Gallo, Nogalito y Mejías, Huerta del Santo y Piedras de Segovia, Llano de Santiago y Dehesa del campo, Palomino y Caballeras, Mejía y Los Campos, Argamasa, Dehesa Nueva, El Caballo, Barranco, Azoorrillas y Coronel, El Silo, Capellanías, Amarillas, Cagalana y Cortijo Blanco, Corchado, Quejigales y Mendozas. <<

[345] AMFC, doc. s/c. <<

[346] AMPC, L. 137, C. 10-A. <<

[347] AMFC, doc. s/c.; también AM de Puebla de la Calzada, L. 137, C. 10-A. <<

[348] Ibidem, doc. s/c. <<

[349] Posiblemente se trata del ingeniero Jorge Montojo, mencionado por José Ruiz-Castillo Basala como uno de sus compañeros del IRA en Funcionario republicano de Reforma Agraria y otros testimonios, Biblioteca Nueva, Madrid, 1983, p. 122. <<

[350] AMPC, L. 137, C. 10-A. Los nombres de las fincas propuestas eran Casarente de Arriba, Perales de Abajo, El Condado, Torre Águila, Buena Vista, Corredero del Guadiana, Cerrada, Carneril de Enmedio, Dehesa de Vargas, Mongias, La Rabuda, Choza Blanca, Caballero de Maza, Caballero de Torres, Caballeros de Balen, Torongil, Los Millares, Casarente de Abajo y La Rasa, con un total de 1685 hectáreas. Los propietarios citados eran Consuelo Bejarano de Coca, Consuelo Gragera Bejarano, Pedro y Cristóbal Maza de Coca, Lisardo Sánchez, Dionisio Salvadiós, Fernando Torres García, Dolores Gragera Amigo, Antonio del Solar Taboada, Pedro, Juan, Alfonso y Ángel Gragera Bejarano, Leopoldo Castillo Pozo, Fernando Mendoza Botello, Alonso Bejarano de Coca, Fabián Lozano Reyes e Ildefonso Álvarez de Toledo. <<

[351] Las fincas ocupadas fueron Los Ranales y Matilla de Arriba, de José Spínola; El Chaparral de Abajo, de Miguel Gimón Montero de Espinosa; Matilla de Abajo, de Pedro Montero de Espinosa; y Los Charnecales, de Pedro Porras Gómez. <<

[352] AMH, C. 190. <<

[353] Jesús Yuste Marzo, repuesto en la alcaldía tras las elecciones de febrero, había sido cesado por orden del gobernador civil el 27 de diciembre de 1933, con prohibición expresa de ocupar cargos de alcalde o concejal «hasta nueva orden». <<

[354] AMVB, L. 420, C. 2. Al menos dos de ellos, Coleto y Durán, serían asesinados tras el golpe. <<

[355] Ibidem, doc. s/c. En 19 reales cifraron las autoridades lo que un hombre sin trabajo necesitaba al día para mantener a su familia. El problema era que el dinero no llegaba. No era la primera vez que Jesús Yuste buscaba solución a los problemas de Villafranca. De hecho, en marzo de 1932, se había aprobado en Pleno y enviado al Gobierno, concretamente a la diputada Margarita Nelken, una propuesta para ampliar el término municipal o fusionarlo con los de Ribera y Alange. Yuste exponía la contradicción de que en el término de Ribera del Fresno hubiese más propietarios vecinos y residentes en Villafranca que en la propia Ribera. También Margarita Nelken —hay que ver su correspondencia en el archivo de Salamanca para saber hasta qué punto se comprometió con los problemas de la provincia— se implicó en la ayuda al Sindicato Local de Arrendatarios «El Buen Labrador», para quien finalmente obtuvo un préstamo con el que afrontar la siega en ese año 32 (AHNS, PS Madrid, C. 240, p. 160). <<

[356] AHNS, PS Madrid, C. 320, doc. 54-55. Se trata de una carta enviada por la Comisión Municipal de Villanueva de la Serena al diputado Pedro Martínez Cartón. <<

[357] AMZ, exp. de Reforma Agraria. <<

[358] AMVB, L. 420, C. 2. <<

[359] AMR, doc. s/c. <<

[360] Tuñón de Lara, M., Tres claves de la Segunda República, Alianza, Madrid, 1985, p. 177. <<

[361] Hoy, 27 de marzo de 1936. <<

[362] Hoy, 1 de abril de 1936. <<

[363] AIRA, RA-2, L. 6/104. Debo su conocimiento a la amabilidad de Emilio Majuelo Gil. <<

[364] FPI, AH-72-11. <<

[365] AIRA, RA-2, L. 6/104. <<

[366] Juan Bardina, en «La cuestión agraria enfocada de nuevo por el gobierno español», en rev. Mundo Español (Chile), mayo de 1936, pp. 1525: HIPERVÍNCULO «http://www.jvillagran.cl/docs/3605bme.rtf». <<

[367] OT, 16 de abril de 1938. El viñetista Puyol, de Mundo Obrero, bajo el título «El bolchevique blanco» y la frase «Fueron buenas las intenciones y la ley (El Debate)», dibujó un campesino tras una imparable yunta de bueyes, rodeados de nombres de provincias (Badajoz, Toledo, Cádiz, Cáceres, Salamanca), bajo la que se leía: «Giménez Fernández: ¡Desgraciados! Creen que podrán hacer la revolución sin contar conmigo» (Mundo Obrero, 26 de marzo de 1936). <<

[368] Véase Claridad, 26 de marzo de 1936 y su artículo «La Reforma agraria, nuevo huevo de Colón»; también Política, de Izquierda Republicana, de la misma fecha: «Política eficaz. La celeridad en materia de reforma agraria». <<

[369] Política, 28 de marzo de 1936. En el ángulo superior derecho del periódico se leía: «El Gobierno de la República da tierra a los campesinos». <<

[370] El Socialista, 27 de marzo de 1936. <<

[371] La Libertad, 26 de marzo de 1936. Lo ocurrido en Badajoz debió influir en otras provincias, donde también entonces se dieron casos frecuentes de ocupación de tierras aunque no en el modo en que ocurrió en Badajoz (véase López, Mario, Orden público y luchas agrarias en Andalucía, Ediciones Libertarias, Madrid, 1995, p. 465). <<

[372] OT, 28 de marzo de 1936; Mundo Obrero, 27 de marzo de 1936. <<

[373] OT, 28 de marzo de 1936. <<

[374] Ibidem. Esta cuestión era compartida por los comunistas, que desde Mundo Obrero y bajo el titular ¡Ni tierra sin cultivar ni campesinos con hambre! publicaron en los últimos días de marzo y primeros de abril varios artículos sobre qué había que hacer. En el tercero de ellos, del día 2 de abril, abogaba por la creación de una milicia obrera y campesina en cada pueblo como único medio de conquistar la tierra, el pan y la libertad y de llevar a la práctica el programa del Frente Popular. <<

[375] Claridad, 2 de abril de 1936. Sobre Sosa Hormigo y las luchas agrarias en un pueblo extremeño en el primer tercio del siglo XX véase Rodríguez Hermosell, José Ignacio, Movimiento obrero en Barcarrota: José Sosa Hormigo, diputado campesino, Asamblea de Extremadura, Mérida, 2005. <<

[376] AIRA, RA-2, C. 6/44. Las fincas en disputa eran Zorreras, Pocito, San Simón, Pedro Martín y Misa de Alaba. El conflicto entre el Sindicato Católico y el Ayuntamiento llegó finalmente a la prensa el 17 de abril, en el ABC, donde se criticaba ferozmente los asentamientos efectuados en Alconchel. A través de OT respondió el que era secretario de su ayuntamiento, Vicente Herrera, quien recordaba a ese sindicato que se jactaba de nunca meterse en política de la expulsión de sus parcelas de dos viudas, María Díaz Cordero e Isabel Hernández, por pertenecer sus hijos a las Juventudes Socialistas, y el desahucio de su parcela de Julián Macías Gómez por haber enterrado a su hija por lo civil (OT, 1 de mayo de 1936). <<

[377] AMBC, L. 180, C. 7; AM de Reina, doc. s/c. <<

[378] AHNS, PS Madrid, C. 320, doc. 71. La queja, dirigida al diputado Martínez Cartón, procede de la Sociedad de Obreros Agricultores y Oficios Varios de Puebla de Obando (21/05/1936). Firmada por su presidente, Juan Gutiérrez, concluía el asunto diciendo: «… quisiéramos que no se molestara más a los yunteros ni al camarada Alcalde, que no estamos por parte de atender más a la clase reaccionaria». <<

[379] AMR, doc. s/c. Los conflictos entre propietarios y asentados son una fuente de información muy interesante. Por ejemplo, gracias a un problema con la finca «El Alcornocal», de Burguillos, nos enteramos de que Agustín Carande Uribe, uno de los jerarcas falangistas de Badajoz, y su esposa, Ana Sánchez Barriga, eran propietarios junto con el hermano de ella, Feliciano Sánchez Barriga, de esta finca de mil fanegas (AMBC, L. 180, C. 7). Ambos, Carande y Sánchez, estuvieron implicados en la preparación del golpe en Badajoz. Sánchez Barriga fue una de las personas asesinadas en la ciudad en los días siguientes al golpe y Carande Uribe estuvo en prisión hasta la llegada de las fuerzas de Yagüe. <<

[380] Yerga Lancharro, José, «Recordando» (memorias inéditas), p. 5. <<

[381] AMZ, exp. de Reforma Agraria. <<

[382] La finca perteneció al conde del Álamo, de quien pasó a su hija María Amparo Sánchez Arjona y de ésta a su sobrina María del Carmen Losada. <<

[383] AIRA, RA-2, L. 6/37, Plan de aplicación de la finca «El Señorío» y cortijo de Taldarrobas. Al menos dos de los representantes de la Sociedad de Trabajadores de la Tierra, Manuel Collado Naranjo y Juan González Trinidad, fueron asesinados en el pueblo en septiembre del 36; otros, considerados peligrosos izquierdistas, pasaron por prisión. Según un informe elevado por el alcalde franquista de Torremejía de 1940 al gobernador civil, en 1935, la dueña, «debido a la agitación socialista y a no querer labrarla», entregó la finca al IRA, pero esto duró poco, ya que el Servicio Provincial de Reforma Agraria la devolvió a sus dueños «durante la Cruzada de Liberación» a petición de su propietaria (AM de Torremejía, doc. s/c, «Historia o memorial de la finca Señorío»). En realidad el director general del Servicio Nacional de Reforma Económica y Social de la Tierra comunicó a los propietarios en septiembre de 1939 que podían «solicitar la devolución por hallarse comprendida en el artículo 1.º de la Orden Ministerial de 7 del corriente (BOE del día 13)» (IRA, L. 6/104). La relación entre los propietarios y los arrendatarios no hizo más que empeorar con el tiempo, conservándose en el Archivo Municipal documentación sobre los constantes pleitos entablados por unos y otros, en los que siempre salieron perdiendo los más débiles. De hecho en 1942 Lastra, ante la negativa de los arrendatarios de convertirse en aparceros, desahució a muchos de ellos. Hasta el alcalde mencionado, que actuaba en nombre de los excombatientes que carecían de tierra para cultivar, habló de «manejos caciquiles». Para entonces el 80 % del término seguía siendo propiedad del matrimonio Lastra-Losada. En 1951, tras la muerte de la propietaria, pasó a los hijos, José Bernardo y Carmen Lastra Losada, vecinos de Sevilla, dividiéndose la finca en dos partes. Poco después, en 1953, ante los interminables conflictos con los hijos, que recurrieron de nuevo a los desahucios, los vecinos solicitaron al INC que adquiriera la finca. Finalmente, en 1956 un decreto de 20 de marzo la declaró de interés social y permitió su expropiación forzosa. Pero los litigios entre propietarios y vecinos, no obstante, no acabaron, de hecho se prolongaron hasta la década siguiente. <<

[384] Robledo, R. y Espinoza, L. E., «La reforma agraria…», pp. 425-426. <<

[385] Finalmente, tras larga búsqueda, conseguí dos copias, una procedente de la National Agricultural Library de Washington a través de Isabel Bernal Martínez y otra por medio del ugetista extremeño Juan Ogallar, a quienes agradezco su ayuda. <<

[386] Unos días después, el 8 de abril, Política, de IR, bajo el titular «The Economist comenta elogiosamente la obra del Gobierno español», reconocía que el semanario inglés había informado sobre el proceso que estaba teniendo lugar en España y concretamente en Badajoz, diciendo que ante la lentitud de los procedimientos legales los campesinos se habían adelantado. Las amenazas del Gobierno Civil no habían servido de nada, viéndose el Gobierno obligado a legalizar las ocupaciones a través del IRA. Aclaraba The Economist que a los propietarios, por supuesto, se les indemnizaba. Y concluía: «Por tremendo que esto suene en los oídos ingleses, acostumbrados a condiciones sociales asentadas, es este fenómeno bastante natural en España. No hay nada de “bolchevismo” ni de violencia de las turbas en ello». <<

[387] OT, 4 de abril de 1936. <<

[388] Véase Romero Solano, L., Vísperas…, p. 54. En ese mismo discurso afirmó Azaña: «Nosotros, mientras la ley nos dé medios para ello, venimos a romper toda concentración abusiva de riqueza, donde quiera que esté» (p. 56). <<

[389] La Ley de Términos Municipales no se recuperó pero un decreto de 26 de marzo estableció la obligación para patronos y obreros de acudir a los registros de colocación. <<

[390] Es curioso —Claridad lo hubiera compartido— el análisis que hizo Trotsky de este hecho en una «carta a un amigo español», cuya identidad se desconoce. La carta tiene fecha del 22 de abril de 1936. Para él la salida de Alcalá Zamora, «el polo estable de las cimas dirigentes», representaba el comienzo del «período revolucionario agudo». Para Trotsky el Frente Popular y Azaña no constituían sino «un freno gigantesco construido y manejado por traidores y empedernidos canallas». Y dado que las «organizaciones obreras permanecían enteramente prisioneras en las redes del Frente Popular (…) las convulsiones de las masas revolucionarias —sin programa y sin dirección digna de confianza— corren el riesgo de abrir de par en par la puerta a la dictadura contrarrevolucionaria» (véase en: HIPERVÍNCULO «http://www.geocities.com/trotskysigloXXI/Espana/Tomo_I/QUE_DEBEN_HACER.htm». <<

[391] AMBC, L. 180, C. 7; AMZ, exp. de Reforma Agraria. <<

[392] Ibidem, L. 180, C. 7. <<

[393] AMZ, exp. Reforma Agraria, 11 de abril de 1936. El propietario Enrique Obando Montero de Espinosa, por ejemplo, denunció que en su finca «Cuarto del Monte» en vez de ocupar las 21 ha acordadas en el acta se habían ocupado 27. La delegación comarcal de RA de Jerez de los Caballeros lo comunicó al alcalde de Zafra el 18 de abril para que obrara en consecuencia y comunicara los resultados. El alcalde José González Barrero cursó oficio a Ramón Osuna Tejada, cabecera de los yunteros allí asentados, dos días después. <<

[394] Sería el caso de Olivenza y la dehesa de «Los Bayones» con los yunteros de la Aldea de San Jorge. Véase AMO, Actas de Pleno de 10 de abril de 1936, L. 24, C. 1, p. 83 v. <<

[395] AIRA, RA-2, L. 6/44. <<

[396] AMFL, Sec. V, L. 6, Doc. 11, de 2 y 3 de abril de 1936. <<

[397] AMVB, L. 444-2. <<

[398] AHNS, PS Extremadura, C. 33, carp. 70, p. 76. <<

[399] En Villafranca la principal sociedad obrera era El Triunfo. La comisión obrera que pactó con la patronal estaba presidida por el teniente de alcalde José Molano y formada por Tomás Ramírez, Juan Manuel Pardo, Antonio López, José Pérez, Diego Machuca y Mario García (AM de Villafranca de los Barros, L. 420, C. 2). <<

[400] AMVB, L. 420, C. 2. <<

[401] El índice de la Memoria era: prólogo de la Memoria del Consejo, Junta Provincial de Reforma Agraria, jurados mixtos, jurados mixtos de la Propiedad Rústica, secretaría, delegados al Comité Nacional, sociedades constituidas y asambleas celebradas, recursos contra bases de trabajo, clausura de Casas del Pueblo, alianzas obreras, tercer aniversario de la República, huelga general de campesinos, seguros de 1934, abonos de 1934, octubre de 1934, asesinato de Pedro Rubio, seguros de cosecha de 1935, abonos de 1935, huelgas parciales, elecciones de febrero de 1936, tesorería, sociedades no federadas, bajas por falta de pago o disolución y ayuda al Gobierno en la implantación de la Reforma Agraria. Desgraciadamente no aparece ni en la Fundación Pablo Iglesias ni en el Archivo de Salamanca. <<

[402] Esto se llevó a la práctica por decreto, lo que llevó a OT a reconocer «la buena voluntad» del ministro Ruiz Funes (OT, 1 de mayo de 1936). Hay constancia de ello, por ejemplo, en Valverde de Llerena, donde el 25 de abril, reunidos el alcalde Miguel Doñoro Parra y los concejales, decidieron repartir el trigo comprometiéndose los beneficiarios al pago de 23 pesetas por cada fanega antes del 30 de septiembre (AMVL, doc. s/c). <<

[403] AHNS, PS Extremadura, C. 33, carp. 70, p. 78. <<

[404] AMFC, doc. s/c. <<

[405] OT, 11 de abril de 1936: «Las clases tradicionalmente poderosas en España y sus representantes en la política, podrán en estos momentos de verdadero estupor para ellas, permanecer silenciosas pero no inactivas. Sabemos que los que desde los primeros momentos de la República comenzaron a hostilizarla, y después llegaron a penetrar en ella disfrazados de republicanos, para desnaturalizarla en su esencia, buscan el instante a propósito para darle el último zarpazo. Si el pueblo no está alerta realizarán sus malvados propósitos. Esto lo saben todos los hombres de izquierdas. Los elementos fascistas (…) no lo ocultan. Léanse sus escritos, obsérvense sus actividades y se verá en ellos de un modo contundente que su espíritu —y de ello alardean— es puramente antiliberal y antirrepublicano, y su aspiración, cambiar el sufragio que llaman inorgánico por el corporativo, y aspiran, al fin, a un estado totalitario dirigido verticalmente, es decir, por una dictadura que sin discusión haga y deshaga no sólo en el orden político sino en el económico; y como en este orden son los grandes capitalistas los que imperan estos harían la ley en perjuicio de las clases modestas de la sociedad. Pero no basta ver el peligro; hay que hacerle frente con obras. El Frente Popular es la concreción práctica de que el espíritu público sabía dónde estaba su enemigo; pero ¿y después de las elecciones? Después de ellas no podemos permanecer cruzados de brazos. Al enemigo, y mucho menos si es tan poderoso, no se le vence con la inacción; quien espera el ataque sin prepararse contribuye a la derrota. Es preciso atacar (…) hasta que el fascismo quede aplastado materialmente, que no es, por desgracia, como está ahora». <<

[406] Claridad, 11 de abril de 1936. <<

[407] Ibidem, 16, 20 y 30 de abril, 6 y 13 de mayo y 5 de junio de 1936. Para contextualizar esta serie de artículos conviene leer el capítulo II, «El sueño de la URSS», de Elorza, Antonio y Bizcarrondo, Marta, Queridos camaradas, Planeta DeAgostini, Barcelona, 2006, p. 79 y ss. <<

[408] Preston, P., «Margarita Nelken. Amor a los humildes y a la belleza», en Palomas de guerra, Plaza&Janés, Barcelona, 2001, p. 299. <<

[409] AHN, CG, C. 605-2. El documento lo dio a conocer Josep Sánchez Cervelló en ¿Por qué hemos sido derrotados?, Flor del Viento, Barcelona, 2006, pp. 41-42. <<

[410] Un testigo presencial fue el embajador norteamericano Claude G. Bowers, quien realiza un vívido relato de los hechos en sus memorias (véase Bowers, C. G., Misión…, p. 223 y ss.). <<

[411] AMG-S, L. D-604. Fue por esos días cuando se aprobó el decreto por el que se privaba de sus haberes y derechos (uso de uniforme y carnet militar) a los militares retirados por la Ley Azaña de septiembre de 1931 que conspirasen o realizasen actos contra el régimen. El nombre de Manuel Díaz Criado saldría otra vez en la prensa en los primeros días de mayo con motivo de la detención de un tal Emiliano Carmelo Ruano Sánchez y el conocimiento de un plan urdido en el 35 por el que se pretendía eliminar a diversas personalidades de la República. Según declaró fue su amigo Díaz Criado, a cuyas órdenes estuvo en la Legión, quien lo puso en contacto con el capitán Eduardo Pardo Reina, defensor del capitán Rojas, y con Julián Carlavilla, inspector de Policía, y con el secretario de éste, Gustavo Villar de la Riva. Abiertas nuevas diligencias fueron detenidos todos los mencionados salvo Díaz Criado, que ya lo estaba, y tres agentes de vigilancia: Francisco Horacio Iglesias, Diego Fuertes Galindo y Juan Antonio Escobar Raggio (El Socialista, 3 de mayo de 1936). <<

[412] Romero Solano, L., Vísperas…, pp. 183 y 198. Prieto fue muy crítico con el sector de Largo Caballero, que fue el que impidió a los socialistas colaborar con los republicanos en el Gobierno. <<

[413] OT, 25 de abril de 1936. <<

[414] Ibidem, 18 de abril de 1936. Las declaraciones de Jesús Boneta, el delegado navarro, dieron lugar a que el periodista escribiera: «El delegado de Navarra nos pinta el ambiente de guerra civil que allí reina». En realidad lo que decía era que en Navarra la derecha seguía controlando totalmente la situación, con la Guardia Civil a su servicio, y que incluso el nuevo gobernador civil servía a sus intereses. A la pregunta de si la Ribera fue liberal y avanzada respondía: «Y ahí es precisamente donde los reaccionarios se preparan y donde actuarían con ensañamiento especial». Según Boneta, los reaccionarios navarros «no se recatan en sus amenazas de guerra civil y de exterminio». <<

[415] Discurso de Manuel Azaña: «A estas horas se ha dado tierra en las provincias extremeñas a 70 000 pequeños labradores, a 70 000 yunteros; dentro de unos meses, cuando lo necesiten, se les dará dinero, y más adelante, gobernando esta mayoría, su situación será consolidada para que el problema de los yunteros no se vuelva a presentar más. Y hemos acelerado también la otra política de asentamientos, que es hoy por hoy todo lo que podemos hacer, dotándoles de tierra y de los fondos necesarios para la explotación. El Gobierno os presentará un día, una vez aprobadas estas leyes agrarias, la fórmula de crédito indispensable para dar efectividad, no en el papel, a toda la reforma agraria que tenemos en curso. La Ley de Reforma Agraria, tremendo armatoste, verdadero parto de los montes, no dio tierra más que a un número insignificante de campesinos, y se la dio en condiciones onerosas. Por otro lado, introdujo en la producción agrícola el desbarajuste que ocasionan todas aquellas leyes que amenazan a grandes zonas de intereses. Alarmó a los propietarios sin beneficiar gran cosa a los campesinos pobres. Fracasó ruidosamente para decirlo en una palabra. El proyecto de readquisición de bienes comunales es algo tan urgente que probablemente el Gobierno llegue tarde. Los pueblos mismos están obrando por cuenta propia y expeditivamente. Si el proyecto es también expeditivo y radical, rendirá buenos frutos. Si volvemos a las complicaciones y a las juricidades, si se pretende que el Estado pague los robos descarados y escandalosos cometidos en los últimos cien años, el fracaso y el descrédito serán rotundos. Lo mismo decimos de la nueva Ley de Arrendamientos. Si se admite el diálogo parlamentario con las derechas, esa farsa que se llama “cooperación con las oposiciones”, estamos perdidos. La Ley de Arrendamientos debe ser tajante y sin complicaciones. Nada de tribunales y recursos que sólo sirven para perder tiempo y dinero, en beneficio exclusivo de los leguleyos. Bien está lo referente al crédito agrícola y al Banco Agrícola. ¡Hace ya tantos años que estamos oyendo hablar de estas cosas, que nos pasa ya lo que a los pastores de la fábula del pastor y el lobo! Cuando de veras lleguen, no lo vamos a creer» (OT, 18 de abril de 1936).

En ese mismo número venía un artículo de Luis Romero Solano, titulado «Campo adelante», en el que se decía: «Los pueblos de Extremadura tienen proyectos para que con la ayuda del Estado los campesinos tengan trabajo durante este período de transición en el que se dibujan ya las líneas generales de una política que tiende a favorecer al labrador. En la medida en que el programa del Frente Popular se realice será el entusiasmo que las masas obreras pongan en la defensa de la situación. Si ese entusiasmo decae, no se culpe de ello a los obreros y campesinos que sirviendo noblemente al régimen, caminan hacia la meta de sus ideales, sino a la pequeña burguesía española, que no sabe ni quiere realizar su revolución». <<

[416] El decreto de autorización para el proyecto de ley sobre rescate y readquisición de bienes comunales, con fecha 16 de abril, fue publicado en la Gaceta el 19. El objeto del rescate serían los bienes o derechos de que hubieran sido despojados los municipios, entidades o agrupaciones intermunicipales desde el 1 de mayo de 1855. No tendría costo alguno para dichas entidades y se estudiaría en cada caso si había lugar o no a indemnización. El proyecto daba un enorme poder a los ayuntamientos, que podrían ocupar una finca simplemente por tener motivos justificados para creer que perteneció al pueblo. El propietario tendría que demostrar lo contrario pero mientras los tribunales dictaminaran sería pública (véase también BIRA, n.º 48, junio 1936, pp. 683-686). Al contrario de lo que puede parecer no fue una novedad del Frente Popular. Según Vázquez Humasqué anduvo en la mente de los reformistas del primer bienio pero «no pudo ser discutido en 1933» (Vázquez Humasqué, A., «El problema agrario español» en rev. El Trimestre Económico, n.º 4, Fondo de Cultura Económica, México, 1940, p. 492). En realidad, como ya se vio, fue la causa de su destitución en 1933. Plantea José Antonio Serrano los dudosos efectos que la puesta en marcha de la ley hubiera tenido sobre aquellos pequeños y medianos campesinos que con el tiempo habían incrementado su patrimonio a costa de los bienes comunales. Pero lo lógico es pensar que este tipo de propiedades fuera respetada o se les entregasen otras similares en su lugar (véase Serrano, J. A., «La pervivencia comunal en la transición a una economía capitalista. León (1800-1936)», Tesis doctoral, UAB, Bellaterra, 2006, p. 383). <<

[417] Los trámites para el proyecto de Ley sobre Revisión de Desahucios, que suponía una nueva Ley de Arrendamientos que sustituyera a la de 15 de marzo de 1935, se iniciaron el 16 de abril (Gaceta, 19 de abril de 1936). <<

[418] AMFL, Sec. V, L. 6. <<

[419] OT, 25 de abril de 1936. <<

[420] Hubo denuncias públicas contra jueces abiertamente antirrepublicanos. Una de ellas, contra el juez de Los Santos de Maimona, fue publicada en Claridad el 7 de mayo. <<

[421] Lo he tomado de Rubio Díaz y Gómez Zafra, Almendralejo…, p. 234. María del Espino Núñez me proporcionó otra versión, recogida por ella en Villafranca: Y esta comparsa de obreros / que parecen militares / saluda a sus compañeros / alcaldes y concejales. / Quieren tributar a todos / sus más ardientes primores / a las chicas de este pueblo / las saludan con amores. / Como fieles soldados aquí venimos / esperando de todos un donativo. / ¡Viva Galán y Hernández y el socialismo! Y las niñas de mi tierra. / Por amor a ellas tan sólo vivimos. / Es un ejército nuevo / dirigido por Azaña / que es el primer gobernante / que tenemos en España. / Él nos vigila de cerca / con su táctica especial / para evitar que volvamos / a hacer otra Sanjurjá. / Siempre alerta, españoles / vigilad por nuestra patria / llevad nuestra historia limpia / con nuestra bandera roja. / Es la bandera de hoy / es la bandera ideal / el emblema deseado / para poder trabajar. Como fieles soldados… <<

[422] AHN, CG, C. 1054-1. <<

[423] ATMTS, Informes sobre pueblos de Badajoz. Rueda Benítez fue asesinado a fines de agosto. García Carballo Rosal moriría «por hemorragia» en el cuartel de Falange de Santa Marta el 5 de octubre del 36, el mismo día que era asesinado José Sanabria Tinoco. Pozo Rosario y Amado Rangel serían ejecutados en Mérida en noviembre del 40 y Megías Rangel en Badajoz en julio de 1941. De Vázquez García se sabe que desapareció pero no dónde ni cuándo. <<

[424] ATMTS, Contestación al cuestionario sobre Olivenza, 28 de diciembre de 1938. <<

[425] FPI, AH-13-21. <<

[426] Claridad, 6 de mayo de 1936; OT, 9 de mayo de 1936, con el título: «El camarada Zabalza pronuncia en las Cortes un discurso arrollador. Los verdugos de los trabajadores, puestos en la picota». <<

[427] El caso de Badajoz debió de ser similar al de Cáceres, donde el presidente de la Asociación de Propietarios, Alfonso Bardají, publicó una circular en abril dando normas a los afiliados para que recurriesen las decisiones de la delegación provincial del IRA que les afectasen (véase Chaves, Julián, Violencia política y conflictividad social en Extremadura en 1936, Diputaciones de Cáceres y Badajoz, Badajoz, 2000, p. 57). <<

[428] AHNS, PS Extremadura, C. 33, carp. 70, p. 77. El acuerdo entre la representación obrera y la patronal de Quintana de la Serena, tomado a últimos de mayo, era un sueldo de 10 pesetas al contado y 11 retrasando el pago hasta el 15 de julio. <<

[429] Tomo esta información de López Leitón, A. J., «Olivenza, verano de 1936: una aproximación histórica», p. 2, trabajo inédito que debo a la amabilidad de Moisés Domínguez Núñez. <<

[430] OT, 6 de junio de 1936. <<

[431] AHNS, PS Madrid, C. 320, doc. 46. El final de la carta, con fecha del 20 de mayo de 1936, dice: «Hay que dejarse de chiquitas, arrasar de una vez por todas con esta plebe de jentuzas (sic) y llenar al pueblo de satisfacción para que se robustezca de una vez y no esté devilitado (sic) para cuando hallamos (sic) de hacer nuestra revolución» (firma Felipe González, alcalde de Puebla de Obando). <<

[432] Por lo que respecta a los jueces es posible que conocieran el caso del juez de Quintana de la Serena, el falangista Ramón Barquero, quien llegó a implicarse personalmente en enfrentamientos callejeros entre Falange y las Juventudes Socialistas (Barquero, T. A., Un trozo de historia…, p. 31). <<

[433] Rees, T. J., Agrarian society…, pp. 303-304. <<

[434] FPI, AH-13-15. <<

[435] Lucio Martínez Gil pertenecía al sector moderado de la FNTT desbancado por los caballeristas (Zabalza) en enero del 34. En días posteriores Claridad recibió comunicados de diversas JJ. SS locales como las de Montijo, Zalamea, Valencia del Ventoso, Jerez de los Caballeros o Mérida animando a la diputada «a que siga desenmascarando a todos los elementos reformistas, centristas y conformistas, infiltrados en las organizaciones proletarias». También se criticó la actitud de la directiva de la Agrupación Socialista de Badajoz y un artículo, considerado ofensivo para Nelken, publicado en La Verdad Social por uno de sus miembros, Narciso Vázquez, también perteneciente al sector moderado (besteirista) enfrentado al representado por Nicolás de Pablo (véase OT, 8 de junio de 1936; Claridad, 24 de junio de 1936). <<

[436] Unos días después un artículo sin firma titulado «¿Deben colaborar los socialistas con el Gobierno?» planteaba el cambio de actitud de Besteiro, contrario a dicha colaboración entre 1931 y 1935 y favorable en 1936, y la supuesta coherencia de Largo Caballero. El artículo concluía: «… sean cuales sean los programas, cuando una socialdemocracia gobierna simplemente en reformista y en colaboración con los partidos burgueses, lo que sobreviene en todas partes es un crecimiento del fascismo y del comunismo revolucionario y una debilitación del socialismo. Mediten ante estas enseñanzas los que en España quisieran repetir la experiencia de 1931, olvidándose de los resultados de 1933 y de lo que ha ocurrido en todos los países donde se intenta lo mismo» (Claridad, 25 de mayo de 1936). <<

[437] Siguiendo las pautas de la Comisión Nacional de Unificación creada en abril, el Congreso de unidad entre las juventudes socialistas y comunistas de Badajoz tuvo lugar finalmente el 12 de julio. Contaron con 152 organizaciones y con más de 20 000 militantes (tomo esta información de «El PCE en Extremadura durante la II República», de José Hinojosa Durán, que amablemente me permitió consultarla [véase bibliografía]). <<

[438] Una de las denuncias más duras que se hicieron en el OT fue la del gobernador de Córdoba, Antonio Rodríguez de León. La realidad, en este caso, vendría a darles la razón, ya que fue uno de los gobernadores que allanó el camino a los golpistas. Sin embargo, fue prácticamente una excepción, pues, al contrario de lo que pensaban los socialistas revolucionarios y se demostró allí donde triunfó el golpe, los gobernadores civiles de IR no eran los aliados de los terratenientes. Véase «Tenía que ocurrir. El gobernador de Córdoba se da la mano con los terratenientes» (Claridad, 23 de mayo de 1936). <<

[439] Claridad, 18 y 19 de mayo de 1936. <<

[440] Hoy, 31 de mayo de 1936. <<

[441] Fondo CNT, Correspondencia, Zaragoza 8 de mayo de 1936, Dictamen de la Ponencia que trata del «Problema Agrario». <<

[442] OT, 23 de mayo de 1936. <<

[443] AMVB, L. 420, C. 2. <<

[444] AMVB, L. 420, C. 2. <<

[445] AHNS, Doc. PS, L. 27, exp. 19. Según Ricardo Robledo, Julio Senador Gómez «siempre había confesado la inviabilidad de cambiar las cosas a través de medidas políticas y, en consecuencia, no ocultaba su escepticismo sobre la reforma agraria republicana» (véase Robledo, R., Julio Senador Gómez. Antología (1914-1936), Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara, Badajoz, 1999, p. 14). <<

[446] Ballbé, M., Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983), Alianza, Madrid, 1983, p. 391. Ballbé habla de 20 vecinos muertos pero según todas las fuentes fueron 17. <<

[447] OT, 6 de junio de 1936; Claridad, 5 de junio de 1936. Sobre Yeste véase también Ortiz Heras, Manuel, Violencia política en la II República y el primer franquismo, Siglo XXI, Madrid, 1996, pp. 58-63; Requena Gallego, Manuel, Los sucesos de Yeste, Instituto de Estudios Albacetenses, Albacete, 1983, y Sepúlveda Losa, Rosa María, «La primavera conflictiva de 1936 en Albacete», en Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, n.º 2, Universidad de Alicante, 2002, pp. 221-240. <<

[448] Claridad, 8 de junio de 1936. Javier Bueno, socialista y director del diario Avance, y ya en la guerra director de Claridad, fue asesinado tras pasar por consejo de guerra después del 39. <<

[449] Todavía en 1976 y dentro de un apartado llamado «La batalla de Yeste» el teniente de la Guardia Civil Fernando Rivas escribía: «Fue aquel [se refiere al de Yeste] uno de los combates entre amotinados y Guardia Civil que, en justicia, debiera figurar como relevante en la historia del Cuerpo, pues la eficacia demostrada por aquellos tres guardias sólo ha sido superada en contados choques de este tipo durante la revolución de octubre y el Alzamiento Nacional. Nunca, sin embargo, ha blasonado el Instituto de este hecho de armas. Más bien lo ha querido ocultar con un respetuoso silencio en consideración a las víctimas» (Rivas, F., El frente popular, San Martín, Madrid, 1976, p. 281). Sin comentarios.

En realidad, lo que hizo la Guardia Civil tras la matanza fue ordenar que las víctimas fuesen enterradas de inmediato en una fosa común, impidiendo así que se les practicase la autopsia y sin contar ni con el Juez de Instrucción ni con los familiares. Esta situación se mantuvo durante dos semanas, en que el juez especial designado por el Gobierno ordenó su exhumación y la realización de las autopsias. Sin embargo, no se realizó la necesaria investigación que hubiera aclarado las características de los disparos que acabaron con cada una de las víctimas. Además, pese a los intentos realizados desde el Gobierno Civil y por el diputado Prat, la Guardia Civil se negó en todo momento a abandonar la localidad, sumándose el 19 de julio al golpe militar y destituyendo a la gestora municipal socialista (tomo estos datos de Manuel Requena Gallardo, Yeste durante la II República: modernización política y conflictividad social, 1931-1936, Instituto de Estudios Albacetenses, Diputación de Albacete, 2006, pp. 84 y ss.). <<

[450] Hoy, 3 de junio de 1936. La discusión, entre Manuel Giménez Fernández y Dolores Ibárruri, se produjo con motivo de la declaración de nulidad de las actas de Cuenca, que afectó a José Antonio Primo de Rivera. <<

[451] Ibidem, 10 de junio de 1936. <<

[452] El Socialista, 6 de junio de 1936. <<

[453] Claridad, 11 de junio de 1936. <<

[454] Rubio Díaz y Gómez Zafra, Almendralejo…, pp. 236-240. <<

[455] Claridad, 9 de junio de 1936. <<

[456] De la firmeza del gobernador Granados Ruiz puede dar cuenta las cuatro multas de mil pesetas que impuso en Almendralejo a las cuatro entidades más representativas de la patronal: la Comunidad de labradores, la Asociación Patronal, la Caja Rural y el Círculo Mercantil (véase Rubio Díaz y Gómez Zafra, Almendralejo…, p. 233). La noticia del encarcelamiento de los propietarios, que apareció en la prensa nacional, fue censurada en la prensa regional. <<

[457] Tuñón de Lara, M., Tres claves de la Segunda República, Alianza, Madrid, 1985, p. 183. <<

[458] Rubio Díaz y Gómez Zafra, Almendralejo…, pp. 242-243. <<

[459] AHNS, PS Extremadura, C. 33, carp. 70, pp. 79 y 82. <<

[460] Ibidem, PS Madrid, C. 320, doc. 43 y 85. La correspondencia de los pueblos con el diputado Pedro Martínez Cartón recoge quejas diversas sobre la siega, caso de Feria y Azuaga entre otras. <<

[461] Claridad, 9 de junio de 1936. Volvería a la carga el 18 de junio mencionando otros casos: Talavera la Real, Granja de Torrehermosa, Alburquerque, Táliga, Salvaleón, etc. Concluía: «El gobernador de Badajoz —nos consta— es republicano y es humano, pero en una República en que los propietarios enemigos del régimen tienen derecho a que se defiendan sus intereses, le es muy difícil, por no decir imposible, a un gobernador pensar que los trabajadores forman parte de la humanidad, tanto, por lo menos, como los propietarios» (Claridad, 18 de junio de 1936, «El orden que hay que mantener»). <<

[462] Ibidem, 17 de junio de 1936. <<

[463] Ibidem, 17 de junio de 1936. <<

[464] Mundo Obrero, 18 de junio de 1936. <<

[465] Ruiz-Funes, Mariano, «La política agraria de la República», en BIRA, n.º 48, junio 1936, pp. 719-721. Unos años después, Vázquez Humasqué recordaría que «la labor realizada desde marzo del 36 hasta que la traición se alzó en armas en julio del mismo año, fue dar a 100 000 campesinos 800 000 hectáreas» (véase Vázquez Humasqué, A., «El problema agrario español» en rev. El Trimestre Económico, n.º 4, Fondo de Cultura Económica, México, 1940, p. 493). <<

[466] Hoy, 14 y 26 de junio de 1936. <<

[467] OT, 20 de junio de 1936. <<

[468] Hoy, 17 de junio de 1936. Estadística, por cierto, en la que sólo pudo incluir dos hechos relacionados con Badajoz: la muerte de un policía en Granja de Torrehermosa, hecho ajeno al conflicto agrario, y un enfrentamiento en Jerez de los Caballeros con el resultado de once heridos. <<

[469] Hoy, 24 de junio de 1936. <<

[470] Ibidem, 9 de julio de 1936. <<

[471] Claridad, 29 de junio de 1936. El OT del 11 de julio de 1936 insistió sobre lo mismo en un artículo titulado «Hay que castigar a los terratenientes ricos», en el que pedía al Gobierno que interviniera antes de que la cerril actitud de los patronos acabara con la cosecha. Proponía impedir al menos esa maniobra entre las que se tramaban contra el Gobierno. <<

[472] Rubio Díaz y Gómez Zafra, Almendralejo…, p. 245. <<

[473] AMZ, exp. de Reforma Agraria; AM de Puebla de la Calzada, L. 138, C. 12. <<

[474] BOP, 17 de julio de 1936; Rubio Díaz y Gómez Zafra, Almendralejo…, p. 231. <<

[475] Ibidem, 17 de junio de 1936. <<

[476] López Ontiveros, A. y Mata Olmo, R., Propiedad de la tierra y reforma agraria en Córdoba (1932-1936), Universidad de Córdoba, Córdoba, 1993, p. 155. <<

[477] AIRA, RA-2, L. 6/33. <<

[478] Diario de Sesiones de las Cortes, 1 de julio de 1936, p. 1776. <<

[479] Arrarás, J., Historia de la segunda…, p. 288. Efectivamente, la intervención de Galarza se interrumpe en: «¡Ah! Pero yo proclamo una cosa: la violencia…». A continuación es el presidente Martínez Barrio quien dice: «La violencia, Sr. Galarza, no es legítima en ningún momento ni en ingún sitio; pero si en alguna parte esa ilegitimidad sube de punto es aquí. Desde aquí, desde el Parlamento, no se puede aconsejar la violencia. Las palabras de S. S., en lo que a eso respecta, no constarán en el Diario de Sesiones». Y cierra Galarza: «Yo me someto, desde luego, a la decisión de Presidencia, porque es mi deber, por el respeto que le debo. Ahora, esas palabras, que en el Diario de Sesiones no figurarán, el país las conocerá y nos dirá a todos si estima o no la violencia» (Diario de Sesiones de las Cortes, 1 de julio de 1936, p. 1796). <<

[480] Claridad, 2 de julio de 1936. <<

[481] El propio Hoy recogió en las semanas previas al golpe los casos de pueblos que solicitaban el laboreo forzoso (véase por ejemplo el caso de Santa Marta en Hoy, 17 de julio de 1936). <<

[482] Claridad, 2 de julio de 1936; Arrarás, J., Historia de la segunda…, p. 283 y ss. <<

[483] OT, 11 de julio de 1936. <<

[484] He aquí un buen ejemplo del estilo Arrarás: destaca, para situar bien de qué elemento se está hablando, que al entierro asistió Carlos Castillo, primo de la víctima y abogado del Socorro Rojo Internacional, pero calla que también estaba su hermano Valeriano, teniente coronel del Cuerpo Jurídico de la Armada. Y añade: «En la calle rugía una muchedumbre…». Qué diferencia de esos «cortejos» y «muchedumbres acongojadas» que clamaban justamente contra la República en situaciones similares pero con víctimas de derechas (véase Arrarás, J., Historia de la segunda…, pp. 345-346). <<

[485] Claridad, 14 de julio de 1936. <<

[486] Romero Solano, L., Vísperas…, p. 245. <<

[487] Mucho más tarde, ya al calor del franquismo, hablaría en sus memorias de que hubiera sido necesaria una redoma agraria eficaz y criticaría la actitud de los agrarios. <<

[488] Claridad, 15 y 17 de julio de 1936. <<

[489] FPI, AH-72-11. <<

[490] Hoy, 2 y 6 de abril de 1936. <<

[491] El atentado fue reivindicado por la Falange de Almendralejo en el Hoy del 18 de septiembre de 1936. Unos días después de los hechos fueron detenidos los falangistas Treviño, Novillo, Retamal y Serrano (véase Rubio Díaz y Gómez Zafra, Almendralejo…, p. 247). <<

[492] AMVB, L. 420, C. 2. El estado de alarma declarado el 17 de febrero por el Gobierno Portela se prologó sucesivamente en cinco ocasiones más, una por mes, hasta el golpe militar. La situación fue de «estado de excepción permanente». No obstante, Ballbé cree que la desestabilización provino en su mayor parte de la extrema derecha y que la Administración policial mostró una total ineficacia en desmontar las tramas que buscaban justificar el golpe militar, ineficacia a la que desde luego no sería ajena Casares Quiroga y su absurda y temeraria seguridad en la falsedad de los rumores de golpe (véase Ballbé, M., Orden público…, pp. 388-390), error sólo comparable a caer —como era el caso— en las continuas provocaciones de Calvo Sotelo. Emilio Majuelo aporta un dato más en esta línea: poco antes del golpe Fortunato Aguirre, el alcalde peneuvista de Estella, informa sin consecuencia alguna a Casares Quiroga de la reunión de altos mandos militares presidida por Mola que ha tenido lugar en Irache (véase Majuelo, E., Lucha de clases…, p. 393). Este desprecio por la información sobre el avance de la trama golpista se ve confirmado por Juan Simeón Vidarte en sus memorias (véase Todos fuimos…, p. 147). Éste llega a decir que al igual que tenía en su despacho un retrato de Kerenski que le recordaba el peligro de abrir la puerta al comunismo bien pudo tener otro de Pavía que le advirtiera cada mañana del peligro de los golpes militares (p. 152). <<

[493] Hoy, 1 de septiembre de 1936. <<

[494] Véase Martín Rubio, A. D., «Aproximación a la estructura sociológica de la Falange de Badajoz antes de la Guerra Civil», en rev. Rastro de la Historia: HIPERVÍNCULO «http://rumbos.net/rastroria/2011/FE/Badajoz.htm». <<

[495] Juan Pablo Alba López, Delegado Provincial del Frente de Juventudes en los años 40, aparece en el Hoy del 3 de enero de 1936 como presidente de Unión Diocesana. Los recuerdos de María Mejías Correa lo sitúan el 14 de agosto del 36 en medio de la vorágine represiva que asoló la ciudad: «… era el que estaba al mando de los legionarios y llevaba los fusilamientos de la fachada del Ayuntamiento y de la catedral…» (Así fue pasando…). En los años 40 enviaba misas dialogadas a los delegados comarcales de Falange. <<

[496] AMVF, doc. sin catalogar. <<

[497] Decir: «Como es bien sabido, Falange experimentó un notable crecimiento una vez iniciado lo que no tardó en llamarse “Glorioso Movimiento Nacional”; tanto creció, que rápidamente se convirtió en la organización más numerosa de cuantas luchaban contra la República» [véase J. A. Parejo, La Falange de la Sierra Norte de Sevilla (1934-1956), Universidad de Sevilla, 2004, p. 42] supone no tener en cuenta lo que representó el golpe militar y con él el fin de las libertades políticas para la evolución de Falange. El autor también olvida que el sector social que nutrió los partidos fascistas en momentos álgidos de la lucha de clases como fueron los meses del Frente Popular no fueron «los señoritos y los ricos capitalistas», que por cierto no eran infrecuentes entre los iniciadores y promotores de Falange, sino, como demuestra su propio trabajo y es de sobra conocido, la pequeña burguesía. <<

[498] Agradezco a Juan Carlos Molano Gragera haberme permitido leer su trabajo inédito «La Falange en Montijo (1933-1945)». <<

[499] López Leitón, Antonio Julio, «Olivenza, verano de 1936…», p. 3. <<

[500] Cibrián, Ramiro, «Violencia política y crisis democrática: España en 1936», en Revista de Estudios Políticos, n.º 6, nov.-dic. 1978, p. 113. <<

[501] Véanse Martínez Leal, Juan, Los socialistas en acción. La II República en Elche (1931-1936), Universidad de Alicante, 2005; Sepúlveda Losa, Rosa María, Del afianzamiento del republicanismo a la sublevación militar. Albacete 1931-1939, Diputación Provincial, Albacete, 2005; Solla Gutiérrez, Miguel Ángel, La sublevación frustrada: los inicios de la guerra civil en Cantabria, Universidad de Cantabria-Parlamento de Cantabria, 2005; Chaves Palacios, J., Violencia política y conflictividad social en Extremadura. Cáceres en 1936, Diputaciones de Cáceres y Badajoz, Salamanca, 2000; Majuelo, Emilio, Lucha de clases en Navarra (1931-1936), Gobierno de Navarra, 1989; o Moreno Gómez, Francisco, República y guerra civil en Córdoba, Ayuntamiento de Córdoba, 1983. El caso de Cáceres es curioso. Chaves, que se maneja con conceptos como «Benemérita», «fuerzas del orden», «alzamiento» o «insurgentes», habla de «las actividades delictivas de grupos extremistas de derechas e izquierdas» o «de una crispación política sin precedentes» (pp. 77-80), lo que no deja de llamar la atención, viendo sus propios datos, en una provincia donde de las 9 víctimas habidas en los meses del Frente Popular 7 eran de izquierdas. <<

[502] Gutiérrez Casalá, que dice haber consultado los fondos de la Audiencia Provincial de Badajoz, aunque reconoce que «las incitaciones partían siempre por parte de los militantes de extrema-derecha» y que las autoridades decidieron detener a «numerosos fascistas», recoge solamente la detención de falangistas en La Garrovilla el 22 de mayo cuando recaudaban fondos para comprar armas. Evidentemente hubo más casos (Gutiérrez Casalá, J. L., La segunda república en Badajoz, Universitas, p. 272). <<

[503] Fueron multados con 250 pesetas Francisco Lemus Pinilla, Manuel Zambrano Lanzo, Ventura Arroyo, Manuel Gallego Godoy, Fabián Márquez García, Catalino Soler, José Márquez Rubio, Vicente Rodríguez Martín, José Espinosa Moro y Félix Fernández Vega (AMVB, L. 420, C. 2). Las porras fueron destruidas por orden del gobernador civil. <<

[504] Véase Vega Gonzalo, Francisco de A. de la, Aniquilar la Falange. Cronología persecutoria del Nacionalsindicalismo, TARFE, Oviedo, 1999; también Blázquez Miguel, Juan, «Conflictividad en la España del Frente Popular (febrero-julio de 1936)», en HISTORIA 16, n.º 328, agosto 2003, pp. 76-95. Este autor, con la clara intención de demostrar que aquello no podía acabar sino en una guerra, ofrece un minucioso recuento numérico de todos los incidentes violentos habidos en España durante los meses del Frente Popular, pero sin tener en cuenta que de poco sirve esto sin saber al menos a quién corresponde el debe y el haber. En Badajoz, por ejemplo, dice que hubo 4 muertos pero nos quedamos sin saber quiénes fueron los responsables y quiénes las víctimas. Se supone que aclarará la cuestión en el libro al que remite, titulado, muy en la onda revisionista y de claras reminiscencias aznarianas, Historia militar de la guerra civil. I. Del Frente Popular a la sublevación militar (febrero-julio del 1936), cuya tesis es que Calvo Sotelo y Gil Robles se quedaron cortos en sus cifras sobre la violencia durante los días del Frente Popular. De la consulta del Hoy, al que no se le escaparía ni una sola de estas historias, sale un muerto en una pelea tabernaria en Navalvillar de Pela (28/02/1936); la aparición del cadáver de Valentín Gómez Valle, ladrillero y secretario del Partido Radical, en Talavera la Real (03/03/1936) y el asesinato del policía Andrés Herrera en la Casa del Pueblo de Granja de Torrehermosa cuando fue a protestar por los daños sufridos por un sobrino suyo en una pelea (28/03/1936). <<

[505] Cibrián, Ramiro, «Violencia política y crisis democrática: España en 1936», en Revista de Estudios Políticos, n.º 6, nov.-dic. 1978, p. 83. <<

[506] AMVB, L. 420, C. 2. <<

[507] Romero Solano, L., Vísperas…, p. 297. <<

[508] AHNS, PS Extremadura, C. 33, carp. 70, p. 83. <<

[509] Barquero, T. A., Un trozo de historia…, p. 33. Barquero, miembro del Secretariado Provincial, fue el encargado de la zona de Don Benito, Villanueva y Castuera. <<

[510] «Memorias del Coronel Ildefonso Puigdengolas» (Documento inédito cedido por la familia). <<

[511] OT, 18 de julio de 1936. <<

[512] AMA, L. 12, C. 3. <<

[513] Claridad, 20 de julio de 1936. <<

[514] AHNS, PS Extremadura, C. 33, carp. 70, p. 83. Según las memorias de Tomás Aquino Barquero la sociedad Fraternidad Obrera fue creada en 1915 y las Juventudes Socialistas en 1917. <<

[515] ATMTS, Causa 10/37 contra Eduardo Rodríguez Martínez. Agradezco a José María García Márquez el conocimiento de este documento. «Bando. El Comité antifascista, acuerda y manda: 1.º La vuelta al trabajo en vista de la necesidad que hay de recojer (sic) las mieses ante el peligro de cualquier estrago o calamidad. 2.º A los obreros que no tengan trabajo propio o no salgan a trabajar por no corresponderles el turno en la Bolsa de trabajo, o por cualquier otra causa justificada, se les seguirá suministrando la ración de víveres en la medida en que vayan con (…) las posibilidades. 3.º Los obreros campesinos a jornal no percibirán la ración durante los días que trabajen, ni en número igual de días siguientes, (es decir que si trabajan tres o cuatro días, no se les racionará durante los seis o siete). 4.º A los trabajadores que tengan recolección propia o por arrendamiento, se les permitirá que la realicen para atender a sus necesidades. 5.º Se les ordena a los trabajadores de todos los gremios (pequeñas industrias, carboneros, leñadores, jareros, etc.) se reintegren a su oficio y se les advierte que los abusos que cometan en precios y en calidad de géneros, serán rígidamente castigados, pues se les considerará enemigos de la República. 6.º Desde el momento en que se da esta orden de vuelta al trabajo, queda terminantemente prohibido a todos los trabajadores y vecinos en general transiten por la población llevando armas cualquiera que sea su clase. Sólo les serán permitidas a los que presten algún servicio dispuesto por las organizaciones responsables y a los que tengan licencia expedida por el mando Militar de las milicias Populares. A los contraventores de esta orden se los considerará auxiliares de los elementos fascistas, toda vez que dificultarían la buena organización de la defensa de la República. 7.º Los obreros que no estén encuadrados en las milicias Populares ni desempeñen ningún servicio autorizado por los Comités directivos, vienen en la obligación de prestar los auxilios y colaboraciones que se les pidan por este Comité. Entre los auxilios que deben prestar está el de poner a disposición del Comité las armas y municiones que retengan a fin de tener atendidos todos los servicios. 8.º El obrero que incurra en el error de creer que el arma que retiene es particularmente suya, y no del movimiento antifascista organizado, causa un gravísimo perjuicio a sus hermanos de clase y al Gobierno republicano. 9.º Queda absolutamente prohibida la venta de bebidas alcohólicas en tabernas, cafés y bares y serán responsables los dueños de estos establecimientos de los casos de embriaguez a que contribuyan. A los que se encuentren embriagados en la calle se les considerará como perturbadores peligrosos, y los mandos responsables de las milicias obreras juzgarán el caso y aplicarán el castigo que proceda. Nota adicional: El Comité militar establecido en las Escuelas graduadas seguirá instruyendo a los voluntarios que deseen alistarse, de cuáles son las condiciones de alistamiento y cuáles sus deberes. Trabajadores: ¡Cumplid y haced cumplid las consignas anteriores y los demás acuerdos que salgan de este Comité! = ¡Seguid, como hasta aquí venís haciendo, estrechando los lazos de solidaridad de clases, y tened presente que el triunfo será nuestro pronto! Llerena 28 de julio de 1936 = Por el Partido Obrero de Unificación Marxista=Julián Gómez = Por el Partido Socialista =P. Enamorado = Por la Juventud Socialista = Isidro Aragón = Por la Fraternidad=Joaquín Chávez = Por el Sindicato de Oficios Varios = A. Castilla = Por el Sindicato Femenino y con autorización = P. Corraliza = Por Unión Republicana = José Pimentel = Por Izquierda Republicana =E. Rodríguez = Todos rubricados». <<

[516] Yerga Lancharro, José, «Recordando» (memorias inéditas), p. 7. <<

[517] AMH, C. 28, 9-4-1. La relación es de enero de 1938. <<

[518] AMRF, Sec. Correspondencia, 1936. <<

[519] Ibarra, Cayetano, La otra mitad…, p. 294. <<

[520] AMRF, Sec. Correspondencia, 1936. <<

[521] Preston, P., «Margarita Nelken. Amor a los humildes y a la belleza», en Palomas de guerra, Plaza&Janés, Barcelona, 2001, p. 308. <<

[522] Claridad, 27 de agosto de 1936. Este discurso sería publicado un mes después (véase bibliografía): «¿Que han arrasado, destruido todo, hombres y cosas, en Fuente de Cantos? A esperarlos más lejos, en Villafranca de los Barros. ¿Que en Villafranca, la tierra rica por excelencia y en la que todo el que no era rico se moría de hambre; que en Villafranca no hay armas para cortar el avance? A esperarlos en Almendralejo. Y en Almendralejo, hoy todavía, pasadas más de dos semanas, en una torre que habrá de llamarse la torre numantina, un puñado de campesinos tiene aún en jaque al ejército de los señoritos juerguistas, los oficiales traidores, los moros venidos al olor del pillaje y los curas escarnecedores de su religión. Después de Almendralejo, Mérida. Entraron los fascistas a la una de la tarde, y a las cuatro, desde una terraza, un puñado de trabajadores resistían todavía. El heroísmo es una insolencia para aquellos cobardes, una insolencia intolerable. Entre este puñado de héroes, últimos luchadores de Mérida, encontrábase Rafael Flecha, uno de los más animosos muchachos de nuestras Juventudes Socialistas. Junto a él, su novia, una niña casi. A los dos, los salvajes los rociaron con gasolina. Luego, para que supieran que en su embriaguez de crimen no había distingos, fusilaron a doña Gloria, una dama republicana culpable de ocupar un puesto destacado entre los republicanos emeritenses. Pues bien; ellos, los salvajes, por la ambición de las tropas del general traidor, sádico y borracho, han logrado lo que en los pueblos extremeños parecía un milagro: que de momento se borraran todas las diferencias de clase, que una sola voluntad, la de aplastar la barbarie, una a todos, a los trabajadores encuadrados en organizaciones socialistas, comunistas o sindicalistas y a los republicanos; a los marxistas, que aspiran a una sociedad sin clases, y a los aferrados a los viejos modos liberales, tras los cuales se han escudado hipócritamente las viejas oligarquías. Todos sienten por igual el horror del suplicio de Rafael Flecha, el directivo de las Juventudes Socialistas, y de su novia, y el del fusilamiento de doña Gloria, la dama republicana. Ese horror que no permite el llanto porque el anhelo de acabar con él crispa los puños en un gesto de ira. A centenares, a millares, han caído los que en Extremadura, en Andalucía, en tierras castellanas, tenían su vida entregada a laborar por un porvenir sin opresión. No nos dé miedo decirlo: cuanto mayor sea el sacrificio, más implacable la cuenta que habrá de saldarse, más definitivo el triunfo (…)». <<

[523] Según Emilio Majuelo, que prepara un trabajo sobre él, Ricardo Zabalza Elorga (Erraztu, Navarra, 1898-Madrid, 1940) había regresado de Argentina, a donde marchó con 13 años, en 1929, integrándose de inmediato en la lucha política y sindical, en la que pronto destacó por su preparación y condiciones personales. Ya como secretario de la FNTT. Fue detenido tras la huelga campesina de junio de 1934, obteniendo un escaño como diputado en las elecciones de febrero del 36 por Badajoz. La sublevación le cogió en Madrid, donde se encargó de controlar las armas recogidas en el Cuartel de la Montaña, incorporándose enseguida a la lucha en Extremadura al frente del Batallón «Pedro Rubio». Muy pronto, en septiembre, lo llamó Largo Caballero para que se encargara del Gobierno Civil de Valencia, donde se mantuvo hasta la salida del Gobierno de su mentor en mayo de 1937, en que volvió al trabajo sindical. Al final de la guerra, pese a haber podido salir, quiso seguir el destino de los que fueron detenidos en el puerto de Alicante y trasladado a Porlier. Menos de un año después, el 24 de febrero, fue asesinado en Madrid tras pasar por consejo de guerra (Majuelo Gil, E., «Ricardo Zabalza Elorga (1898-1940). Semblanza de un dirigente sindical» [trabajo inédito presentado en un Congreso en Argentina que agradezco a su autor y a Paul Preston]; FETT, A la memoria de Ricardo Zabalza, México, 1944; su muerte aparece recogida en Núñez, Mirta y Rojas, Antonio, Consejo de guerra. Los fusilamientos en el Madrid de la posguerra (1939-1945), Compañía Literaria, Madrid, 1997, p. 132). <<

[524] OT, 26 de septiembre de 1936. Además, cuando habían logrado escapar, la represión se cebó en sus familiares, caso de Joaquín y Juan Sosa Hormigo, hermanos del líder campesino, asesinados respectivamente en octubre de 1936 y enero de 1937. Dio sepultura al segundo un pastor que presenció lo ocurrido. Exhumados sus restos tras la dictadura se vio que brazos y piernas estaban separados del tronco. Joaquín desapareció en enero de 1937. <<

[525] Claridad, 2 de octubre de 1936. <<

[526] OT, 10 de octubre de 1936. <<

[527] Véase Espinosa, F., La columna…, p. 420 y ss.; y AHN, CG, C. 1051-1052. <<

[528] Ibidem, La guerra civil en Huelva (Diputación de Huelva, 2005, 4), La columna… y «18 de julio: golpe militar y plan de exterminio», en Casanova, J. (Coord.), Morir, matar, sobrevivir (Crítica, Barcelona, 2002). <<

[529] Creo que el primero en usarlo, cuando aún no se contaba apenas con investigaciones de primera mano sobre la represión franquista, fue Eduardo Sevilla-Guzmán en «El campesinado en el desarrollo capitalista español», en Preston, P. (Coord.), España en crisis, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1978, pp. 186-194 —remitía a su tesis doctoral: Peasants without land: Political sociology of the peasantry in Spain (University of Reading, 1976)—. También posteriormente, en La evolución del campesinado en España, Península, Barcelona, 1979, y, en colaboración con Manuel González de Molina y cuando ya habían visto la luz los trabajos de Francisco Moreno Gómez sobre Córdoba, en «Política social agraria del primer franquismo», en García Delgado, J. L., El primer franquismo, Siglo XXI, 1989, pp. 135-187. El concepto de fascismo agrario, íntimamente unido al concepto mussoliniano de soberanía del campesinado, tuvo su mejor desarrollo en el trabajo citado de Sevilla-Guzmán de 1979, obra de indispensable consulta para el estudio del campesinado durante el franquismo. Aunque es mejor acudir a sus obras completas, una curiosa selección de textos de fascismo agrario puede verse en Mínguez Goyanes, José Luis, Onésimo Redondo, 1905-1936. Precursor Sindicalista, San Martín, Madrid, 1990, pp. 130-144. <<

[530] AMR, Actas Capitulares de julio-agosto de 1936. <<

[531] AHN, CG, C. 1052-2. <<

[532] Véase Espinosa Maestre, F., La columna…, Crítica, Barcelona, 2003, pp. 282-319. <<

[533] La Guardia Civil se sublevó el 18 de julio en Villanueva de la Serena y en Azuaga, causando numerosas víctimas entre la población civil; la fuerza de Fregenal se puso al lado de los sublevados pero no salió a la calle, debiendo ser reducida el 3 de agosto por una columna al mando del comandante de la Guardia Civil José Vega Cornejo. Finalmente el día 5 de agosto se sublevó la comandancia de Badajoz, dando lugar a una terrible lucha que se saldó con nuevas víctimas. <<

[534] Rubio Díaz y Gómez Zafra, Almendralejo…, p. 248. Hortensía Méndez reunió en su trabajo todos los casos de robos que llegaron a la prensa entre 1931 y 1936. La relación es impresionante, predominando los robos de aceitunas y de bellotas (véase Méndez Mellado, H., «Reforma agraria…», p. 322 y ss.). <<

[535] Véase la crónica del Correio Elvense n.º 308 de 30/VIII/1936 en Limpo, Luis Alfonso, Olivenza. Antología esencial, Editora Regional de Extremadura, Mérida, 1994, pp. 251-255. La crónica menciona concretamente al alcalde Ignacio Rodríguez Méndez y al concejal Ignacio Ramos Palla. <<

[536] AHNS, PS Extremadura, L. 24. <<

[537] López Leitón, A. J., «Olivenza, verano de 1936…», p. 5. <<

[538] AHNS, PS Extremadura, L. 24. Ya escribió Luis Romero Solano, que conoció estas historias en primera persona, que «las batallas no se ganan matando borregos y comiendo jamón» (Vísperas…, p. 307). <<

[539] ATMTS, doc. s/c. <<

[540] Yerga Lancharro, José, «Recordando» (memorias inéditas), p. 14. <<

[541] AHNS, PS, L. 24. <<

[542] Ibidem. <<

[543] Ibidem. <<

[544] Rubio Díaz y Gómez Zafra, Almendralejo…, p. 252. <<

[545] Testimonio de Rosa María Cordero Zahíno (4 de septiembre de 2006). <<

[546] AHN, CG, C. 1052-2. <<

[547] AHNS, PS Extremadura, L. 24. <<

[548] AHN, CG, C. 1052-2. <<

[549] López Leitón, A. J., «Olivenza, verano de 1936…», p. 6. Uno de los propietarios, Augusto Andrade Cabero, se negó a pagar, produciéndose un tiroteo en el que Andrade resultó herido y tuvo que ser trasladado al Hospital Provincial, donde se recuperó. El autor de los disparos fue detenido pero la gente se manifestó para conseguir su liberación; véanse también las crónicas del Correio Elvense n.º 308 de 30/VIII/1936 en Limpo, Luis Alfonso, Olivenza. Antología esencial, Editora Regional de Extremadura, Mérida, 1994, pp. 251-255. <<

[550] AHN, CG, C. 1054-1. <<

[551] AHN, CG, C, 1055-1. <<

[552] AHNS, PS Extremadura, L. 24. <<

[553] Ibidem. <<

[554] Ibidem. <<

[555] ATMTS, doc. s/c. <<

[556] AHNS, PS Extremadura, L. 24. <<

[557] El Adelanto, 22 y 24 de agosto. Debo este documento a la amabilidad de Ricardo Robledo. Es interesante señalar cómo a sólo una semana de la ocupación de la ciudad ya cuenta que los muertos de la 16.ª Compañía de la V Bandera han sido 107 y los sobrevivientes 18. Sánchez acertó en la compañía pero erró en la bandera —se supone que era la IV— y en las cifras de muertos y sobrevivientes, que la leyenda establecería luego en 106 y 14. En realidad, como demostré en La columna de la muerte, los muertos fueron 44 y los sobrevivientes bastantes más que esos 14 o 18. <<

[558] ATMTS, doc. s/c. <<

[559] Ibidem. <<

[560] Ibidem. <<

[561] Ibidem. <<

[562] ATMTS, doc. s/c. El segundo apellido de Juan Vázquez no era Pérez sino García. Se trata del que había sido alcalde de Salvaleón en el primer bienio. <<

[563] Ibidem. El informe del alcalde Piriz es de diciembre de 1938. <<

[564] Yerga Lancharro, José, «Recordando» (memorias inéditas), p. 3. <<

[565] Barquero, T. A., Un trozo de historia…, pp. 37-40. Destaca Barquero cómo los más exaltados y violentos contra los guardias, como ocurrió en todos sitios, eran precisamente los que, procedentes de otros pueblos, querían ahora arreglar cuentas con algunos de ellos. También recuerda la crueldad de algunos de aquellos guardias con los izquierdistas de Quintana. <<

[566] Rubio Díaz y Gómez Zafra, Almendralejo…, p. 249. <<

[567] Sobre esta actitud véase Espinosa Maestre, F., La columna de la muerte, Crítica, Barcelona, 2003. <<

[568] Véase la crónica del Correio Elvense n.º 308 de 30/VIII/1936 en Limpo, Luis Alfonso, Olivenza. Antología esencial, Editora Regional de Extremadura, Mérida, 1994, p. 255. <<

[569] BOP, 26 de agosto de 1936. <<

[570] BOP, 2 de septiembre de 1936. Cuatro fueron los decretos de la Junta de Defensa Nacional sobre reforma agraria: 71, 74, 128 y 133. <<

[571] Las fincas cuyos planes de aplicación estuvieran en pleno funcionamiento fueron respetadas, igual que aquellas —con las «rectificaciones» oportunas— en que, aunque los planes del IRA estuviesen parcialmente ejecutados, se hubiesen llevado a cabo las labores de barbechera. En cuanto a las demás, todos los acuerdos del IRA quedaron en suspenso. <<

[572] Paniagua Mazorra, A., «El papel del Servicio de Recuperación Agrícola en la política agraria de la primera etapa del franquismo», en rev. Estudios Agro-Sociales, n.º 145, julio-septiembre 1988, pp. 108-109. <<

[573] La cita procede de Mangas Navas, J. M., «Gestación de la política colonizadora (1936-1939)», en Historia y evolución de la colonización en España, Vol. II, Política de colonización agraria del franquismo (1936-1977), MOPT, Madrid, 1988, p. 17, que reproduce parte de la Memoria sobre actuación del Servicio Nacional de Reforma Económica y Social de la Tierra (Copia mecanografiada firmada por el Director General del Instituto Nacional de Colonización y fechada el 27 de noviembre de 1939), a la que pertenece. <<

[574] BOP, 7 de septiembre de 1936. Uno de los funcionarios depurados sería el prestigioso ingeniero Manuel Díaz-Marta Pinilla, que prestaba sus servicios en el pantano del Cíjara. El BOP del 4 de diciembre hizo público que Díaz-Marta estaba afiliado a la Agrupación Socialista de Mérida, en cuya Casa del Pueblo había dado charlas; que transportó electores a los colegios en las últimas elecciones; que había tomado parte en la constitución de milicias rojas en el Cíjara; y, finalmente, que había desaparecido huyendo probablemente a Madrid. También fue dado de baja con igual fecha del 21 de noviembre el también ingeniero del Cíjara Arturo Díaz Marquina. <<

[575] BOP, 2 de octubre de 1936. Las familias de los campesinos incorporados al Ejército recibían tres pesetas diarias. Además, para que sus tierras no quedaran desatendidas, recibían ayuda en concepto de prestación personal por parte de jóvenes disponibles para trabajar en el campo (véase Rubio Díaz y Gómez Zafra, Almendralejo…, p. 231). <<

[576] AMR, doc. s/c. <<

[577] AMRF, Sec. Correspondencia, 1936. <<

[578] También fueron ellos los que se ocuparon de alojar a las fuerzas de los sublevados. He aquí el listado de los que en Villafranca proporcionaron locales: marqués de Valderrey, hijos de José Sánchez Arjona, marqués de San Fernando, Mateo Sánchez Arjona, Manuel de la Lastra, conde de Villanueva, Gervasio Gamero Domínguez, Manuel Obando López de Ayala, Francisco Cabeza de Vaca Gutiérrez de Salamanca, marquesa de Riocabado, Manuel Ramos Cueña, Pedro Ceballos Obando, Rafael Martínez Tobías, Centro de Instrucción y Recreo, viuda de Lino Pérez Blanco, Manuel Castro y Luis Vicente González (AMVB, L. 444). <<

[579] Sorní Mañés, J., «Aproximación a un estudio de la contrarreforma agraria en España», en rev. Agricultura y Sociedad, n.º 6, enero-marzo 1978, p. 187. Sorní resalta la desproporción absoluta entre la superficie ocupada o expropiada por el IRA hasta 1938 y lo oficialmente devuelto a sus propietarios hasta mediados del 38, mostrando así el modo peculiar en que se había realizado. <<

[580] Barciela, C., en «Introducción» a «Los costes del franquismo en el sector agrario: la ruptura del proceso de transformaciones», en Garrabou, R., Barciela, R. y Jiménez Blanco, J. I., Historia agraria de la España contemporánea, tomo 3, Crítica, Barcelona, 1986, p. 400. <<

[581] Tomo las referencias a las órdenes y estos datos de Gómez Ayau, Emilio, «De la Reforma Agraria a la Política de Colonización (1933-1957)», en rev. Agricultura y Sociedad, n.º 7, abril-junio de 1978, pp. 105-107). <<

[582] Barciela, C., en «Introducción» a «Los costes del franquismo en el sector agrario: la ruptura del proceso de transformaciones», en Garrabou, R., Barciela, R. y Jiménez Blanco, J. I., Historia agraria de la España contemporánea, tomo 3, Crítica, Barcelona, 1986, p. 401. Por recuperar intentaron recuperar hasta las viejas prestaciones señoriales. José Antonio Serrano cuenta en su tesis que un propietario leonés solicitó en 1938 al gobierno franquista que derogara la base 22.ª de la Reforma Agraria y una resolución del IRA que consideraba perjudicial para sus intereses por impedirle disfrutar plenamente de un monte que consideraba de su propiedad (véase Serrano, J. A., «La pervivencia comunal en la transición a una economía capitalista. León (1800-1936)», Tesis doctoral, UAB, Bellaterra, 2006, p. 381). <<

[583] AMG, doc. s/c. <<

[584] Véase uno de los pocos sumarios abiertos sobre estos espectáculos de saqueos a vecinos de izquierdas, en este caso referido a Hornachos, en Espinosa Maestre, F., La justicia de Queipo, Crítica, Barcelona, 2005, pp. 144-145. <<

[585] AMVB, L. 444-2. Se trata de un informe del presidente de la Gestora, Muñoz Verjano, al Gobierno Civil. <<

[586] AMVB, L. 444. <<

[587] AMBC, L. 81, C. 43, carp. 39. <<

[588] Documento proporcionado por Antonio Pérez, de la Delegación de Agricultura de Mérida. <<

[589] AMVB, L. 420. <<

[590] ATMTS, doc. sin catalogar. Sobre este caso véase Espinosa Maestre, F., La justicia de Queipo, Crítica, Barcelona, 2005, p. 152 y ss. <<

[591] ATMTS, Causa 1939 de 1937, Leg. 147. <<

[592] ATMTS, doc. s/c. Véase Espinosa, F., La columna…, p. 100. <<

[593] Me refiero a El Ronquillo, Santa Olalla, Monesterio, Fuente de Cantos, Montemolín, Calzadilla de los Barros, Bienvenida, Usagre, Villagarcía, Pallares, Puebla del Maestre, Medina de las Torres, Cabeza de Vaca, Segura de León, Valencia del Ventoso, Fuentes de León, Bodonal, Fregenal, Oliva, Llerena, Valencia de las Torres, Higuera de Llerena, Maguilla, Campillo de Llerena, Retamal y varios pueblos sevillanos (véase Servicio Histórico Militar, Galería Militar Contemporánea. Medalla Militar, T. II, 1.ª parte, Madrid, 1970, p. 260). <<

[594] Debo este documento a la amabilidad de Cayetano Ibarra. Según parece estos papeles aparecieron en un antiguo almacén propiedad de Navarrete y en la casa que primero fue sede de Falange y luego del Sindicato Vertical. Sixto Castillón fue el jefe de la partida de caballistas de Falange que capturó al alcalde José Lorenzana y lo condujo amarrado a un caballo hasta la plaza, donde fue maltratado y asesinado. Según parece, a Navarrete no le gustó nada que el alcalde socialista desapareciera antes de caer en su poder, pero Castillón buscó protección en la derecha local (véase Ibarra, Cayetano, La otra mitad de la historia que nos contaron, Diputación de Badajoz, Badajoz, 2005, pp. 306-307). <<

[595] AMVF, doc. s/c. <<

[596] AIRA, RA-2, 6/104. Por supuesto las requisas efectuadas no incluían lo recogido por Navarrete. Las fincas afectadas eran El Señorío, Las Cabras, Borrachinas, La Mata-Moriana-Montelobo, Naveperas, Ramira Alta, Cerrollano, Margaritas, La Pulgosa, Fuente Omendo, Quinto Almadén y Monte Encinar. <<

[597] Ibidem. El SNREST fue creado por el Ministerio de Agricultura en enero de 1938. <<

[598] El INC sustituyó al SNREST. Su fusión con el Servicio Nacional de Recuperación Parcelaria y Ordenación Rural daría lugar en los años sesenta al IRYDA (Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario). <<

[599] Debo este documento a la amabilidad de Vicente Herrera. Este problema fue común a muchos ayuntamientos y quizá por duración y por su carácter es documentación que se conserva en varios archivos municipales (véase AMFC, doc. s/c y AMG, doc. s/c). <<

[600] Rubio Díaz y Gómez Zafra, Almendralejo…, p. 287. <<

[601] Barciela, C., en «Introducción» a «Los costes del franquismo en el sector agrario: la ruptura del proceso de transformaciones», en Garrabou, R., Barciela, R. y Jiménez Blanco, J. I., Historia agraria de la España contemporánea, tomo 3, Crítica, Barcelona, 1986, pp. 402-403. <<

[602] AIRA, RA-2, L. 6/107. <<

[603] Tenemos constancia de esta historia por los trabajos inéditos de Mercedes Almoril sobre Fuente del Maestre y por Rubio Díaz, M. y Gómez Zafra, S., Almendralejo (1930-1941), Ed. de los Autores, Los Santos de Maimona, 1987, p. 288. <<

[604] Zafra Viola, Elías, Memorias de un comunista, Ed. del Autor, 2001, pp. 8-10. <<

[605] Mejías Correa, María de la Luz, Así fue pasando el tiempo, Renacimiento, Sevilla, 2006. <<

[606] Ibidem. Éste es su testimonio: «Me fui a Valverde a vivir en casa de mi suegro que tenía en el melonar de la Agraria. Mi marido estaba trabajando en la tierra con su padre. Pero nosotros nos quedamos sólo unos pocos días viviendo con ellos en el campo. La Agraria era un melonar con una choza en la que se quedaba a dormir toda la familia. Antes de la guerra la tenía Juan y él era el que labraba el terreno. La República había dado el terreno de esa parcela en alquiler al padre de Juan. Los propietarios de la finca en la que estaba esa parcela de tierra estaban en Francia y la República la había amortizado. Con el Franquismo, la familia mantuvo el alquiler del terreno, pero el Estado subió el alquiler y ya no podían decidir qué sembraban. Un tanto por ciento de la producción tenía que pagarse al Servicio del Trigo Nacional. Sembraban sobre todo maíz, algodón, y en una huerta al lado de la casa, garbanzos y patatas para el consumo familiar. Un perito tasaba lo que estaba sembrado y estipulaba lo que tenían que pagar y el precio del producto recolectado, con lo que ya no daba para vivir a toda la familia. Después de que los fascistas hubieran matado al marido y la madre de mi cuñada Antonia y antes de que ella se volviera a casar, ella se fue a vivir con su padre y los dos niños que tenía, Francisco y Laura. Al chico de hecho ya lo estaban criando los abuelos desde pequeño. Ella quería quedarse en la Agraria, pero la verdad es que ya éramos demasiados para vivir todos juntos en un chozo y en una tierra que no daba ni para comer. Los hermanos se reunieron para acordar quién se quedaría con la administración y el trabajo del terreno de la Agraria. Por haberla trabajado antes y por ser el varón sin ocupación, le pertenecía a mi marido, pues Manolo, su hermano, ya estaba casado y con trabajo para cuando les dieron el terreno en tiempo de la República. Se reunieron todos para llegar a un acuerdo. La mayor, Antonia, era la que estaba con el padre y no tenía donde ir. Era difícil que la tierra fuera para mi marido en ese caso. Ella no quería irse de allí, y a mí no me gustaba la idea de que Juan se quedara con la Agraria. La verdad es que a mí no me gustaba el campo como lugar para vivir y criar una familia. Viendo la situación, había más posibilidades de prosperar en el pueblo o en la ciudad que viviendo miserablemente en el campo. Después de la reunión todavía no se habían puesto de acuerdo. Dijo el mayor, Manolo, que la reunión no había servido, que no habían quedado en nada en concreto. La hermana no se hablaba con mi marido, lo culpaba injustamente de la muerte de la madre y el marido por haberse metido en política. Manolo, el mayor de los hermanos, quiso deshacer la reunión, puesto que no podían llegar a un acuerdo, porque ninguno decía nada. Entonces hablé yo: “Ya que no habláis ninguno, yo voy a deciros una cosa. Ésta es la última noche que paso aquí. No quiero estar por las atenciones de nadie; me voy mañana mismo y busco casa en Valverde y me voy a vivir aparte. Mi marido puede hacer lo que quiera. Pero yo me voy a Valverde. Que siga Antonia con la Agraria”». <<

[607] AHN, CG, C. 1053-1. <<

[608] AIRA, RA-2, L. 6/107. <<

[609] AMFL, Sec. V, L. 6, doc. 12. <<

[610] AIRA, RA-2, L. 6/107. La fecha del documento es 9 de octubre de 1936. <<

[611] Ibidem. La provincia había sido dividida por el Servicio de Reforma Agraria en seis zonas. Las dos primeras, con unas 40 localidades, se situaban en la zona oriental no ocupada y las otras cuatro, con 119 localidades, en el territorio ya controlado. Los datos citados se refieren a 80 de estas 119 localidades, ya que de las 39 restantes 8 aún permanecían en poder de la República, 11 estaban en zonas intermedias donde además no habían quedado yunteros y 20 no habían enviado los datos. <<

[612] AIRA, RA-2, L. 6/107. 17 de diciembre de 1937. Uno de los términos municipales más afectados fue el de Jerez de los Caballeros, quizá el que reunía mayor números de terratenientes absentistas, la mayoría de ellos con título nobiliario, de toda la provincia. Su archivo municipal conserva largas relaciones con sus nombres y los de sus fincas (AMJC, HL-5, L. 2, C. 77). <<

[613] AIRA, RA-2, L. 6/32. <<

[614] Agradezco a José Rodríguez Pérez, presidente de la Comunidad, la documentación que me proporcionó sobre las «Cabras». El texto procede de su «Pequeña historia de la Comunidad de arrendatarios de las fincas Cabra Alta y Baja de Zahínos». Véase la cita de Díaz de Entresotos en Seis meses…, pp. 74-75. <<

[615] En 1989 la producción anual se cifraba en cuarenta millones de pesetas y el arrendamiento suponía seis millones. Y fue en octubre de ese mismo año cuando el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, anunció durante un mitin en Mérida la expropiación de ambas dehesas por su «interés social». Ante la falta de acuerdo entre la Casa de Alba y la Junta de Extremadura, el 6 de febrero de 1990 ésta decide su expropiación y el día 22 de marzo a las trece horas —sólo faltó que fuese el 25—, en presencia del jefe del Servicio de Reforma Agraria —la propiedad no se presentó—, levantó actas de ocupación de las dos fincas en presencia de numerosos vecinos. Pero en los días siguientes, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y la sala de lo Contencioso-Administrativo suspenden la ocupación de «Cabra Alta» y dejan sin efectividad la ocupación de «Cabra Baja». Finalmente el 27 de junio de 1991, tras un acuerdo entre todas las partes, el tribunal mencionado declara ajustada a Derecho la expropiación de las fincas, aunque ajustando su pago a su «verdadero valor» y reconociendo «el marcado interés y loable propósito de la Duquesa de Alba en facilitar a los arrendatarios el acceso a la propiedad» (esta información procede de Bobadilla Guzmán, F., Conozco mi pueblo, Imprenta Rayego, Zafra, 1992, pp. 195-198). El problema fue que, tras resolución del Tribunal Supremo, la cantidad a percibir por la familia Alba quedó fijada en 900 millones de pesetas, es decir, el triple de lo que en principio pedía la propia familia, y que, de esa cantidad, la Junta de Extremadura tuvo que pagar finalmente más de 300 millones de pesetas por los intereses del proceso, quedando el resto a cargo de los comuneros a base de 48 000 euros anuales durante 62 años (véase El Periódico de Extremadura, 30/11/2002). Para saber la actitud del PSOE extremeño sobre la reforma agraria en esos años véase el prólogo que Francisco Amarillo Doblado, entonces consejero de Agricultura y Comercio y hoy director general de Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, hace a La reforma agraria en Extremadura (Junta de Extremadura, Mérida, 1987). <<

[616] AMFL, Sec. V, L. 6,doc. 12. <<

[617] AMZ, exp. de Reforma Agraria. <<

[618] AIRA, RA-2, L. 6/108. Este hecho fue denunciado en ocasiones por campesinos que a la vuelta del frente y ya como excombatientes franquistas se encontraban que sus parcelas habían desaparecido. <<

[619] AMZ, exp. de Reforma Agraria. Por los propietarios asistieron Manuel García Goitia, Felipe de Torre, Faustino Rubio y Felipe Martínez Rubio en representación de Joaquín y Enrique Obando Montero de Espinosa; por los yunteros José Montaño Vázquez, Ramón Osuna Tejada, Federico García Rodríguez, Manuel Ortiz Torrado, Anastasio Vázquez Pallero, Miguel Torrado Luna, José Pámpano García y José García Pinto. <<

[620] AMA, L. HQQ1. El gestor que en funciones de presidente dirigió la reunión fue Toribio Mora de Rueda; los arrendatarios Félix Quintana Moreno, Julián Marín y Primitivo Megías Caballero; y los yunteros Ángel Barrantes González y Fernando Tarifa Carbonero. <<

[621] AMZ, exp. de Reforma Agraria; Hoy, 7 de noviembre de 1936. La publicación de este bando demuestra que el decreto 117 de la Junta de Defensa (19 de septiembre) sobre estadística agrícola no se había cumplido. Dicho decreto obligaba a los productores de trigo y harina, molineros y panaderos inclusive, a presentar antes del 15 de octubre una declaración jurada de existencias a 1 de octubre (BOP, 26 de septiembre de 1936). <<

[622] AMFL, Sec. V, L, 6, doc. 11. Una vez más hay que lamentar la pérdida del Archivo del Gobierno Civil y el lamentable estado en que han llegado a la actualidad los archivos municipales. Aunque no parece que hubiera muchos propietarios de izquierdas, sí hubiera sido interesante comprobar las relaciones que se enviaron desde cada pueblo por el gran número de detalles que se pedían aparte del nombre del propietario (finca, extensión, cultivo, ganado, estado de la explotación, etc.). <<

[623] Falange, 30 de noviembre de 1936, n.º 7 (se trata de un periódico que se publicaba semanalmente en Mérida). <<

[624] Los propietarios de las fincas eran, entre otros, María Josefa Claros Sánchez-Barriga, Francisco y Rodrigo Montero de Espinosa, Manuel Tamariz y Josefa Montero. <<

[625] Espinosa, F., La columna…, pp. 375-376. <<

[626] AIRA, RA-2, L. 6/42. La dehesa en cuestión era «Tablado»-«Capilla del Reventón» y su propietario el duque de Fernán Núñez. El primer asentamiento se produjo en marzo de 1935. Fernando Pesini fue el encargado de varios expedientes de «destituciones», todos ellos del mismo estilo. <<

[627] Sergio Riesco, quien amablemente me facilitó copia de su tesis doctoral, ofrece en ella un detallado panorama sobre cómo se efectuó la «actuación depuradora» a partir de 1939 en Cáceres y destaca cómo en esta provincia, donde la represión fue menos intensa que en Badajoz, el propio presidente de la Junta Provincial de Reforma Agraria se refería en marzo de 1939 a «la necesidad de verificar la depuración para evitar que la opinión pública tachase de complacencia a la Junta…» (véase «La lucha por la tierra: Reformismo agrario y cuestión yuntera en la provincia de Cáceres 1907-1940», Universidad Complutense, Madrid, 2005, p. 398 y ss.). <<

[628] AIRA, RA-2, L. 6/108. <<

[629] Ibidem. <<

[630] AIRA, RA-2, C. 6/104. <<

[631] Ibidem. <<

[632] A primeros del 37, siguiendo instrucciones de la Junta Provincial de Reforma Agraria de Badajoz, se constituyeron en todos los pueblos unas Juntas Depuradoras del Censo de Campesinos cuya labor sin duda debió ser muy aclaratoria sobre lo ocurrido en cada localidad entre julio y diciembre. Lamentablemente no han llegado hasta nosotros (o no hemos sabido encontrarlos aún) los frutos de su tarea. Recordemos que en el censo debían constar los obreros agrícolas y ganaderos, las sociedades obreras legalmente constituidas, los propietarios que pagaran hasta cincuenta pesetas de contribución anual y los arrendatarios y aparceros que cultivaran hasta diez hectáreas de secano o una de regadío. Lógicamente las Juntas Municipales informaron de que el apartado «b» no se cumplimentaba «porque no existen hoy sociedades de la índole que ese apartado señala». Un pueblo medio como Bienvenida ofrecía un total de 546 obreros, 44 propietarios con menos de 50 ptas. de contribución y 70 arrendatarios y aparceros (AMB, doc. s/c). Valverde de Llerena, por ejemplo, 235, 49 y 17. Como sociedad obrera este informe mencionaba la CONS (Central Obrera Nacional Sindicalista) de FET y de las JONS, con estatutos aprobados en febrero del 37 y con 161 socios que explotaban en colectividad 5 fincas: Encinalejo, Los Palacios, Dehesa Berlanga, Valhondo y El Pardo, situadas respectivamente en Guadalcanal, Reina, Berlanga, Valverde y Azuaga, y cuyos propietarios eran la familia Cerrato, Carlos Montero, Antonio González, Emilio Torres y Valentín Gómez (AMVL, doc. s/c). <<

[633] Esas localidades son Alconera, Almendral, Bienvenida, Bodonal, Burguillos del Cerro, Calzadilla, Feria, Fuente de Cantos, Fuente del Maestre, Fuentes de León, Higuera la Real, Hornachos, Medina de las Torres, Montemolín, Olivenza, La Parra, Puebla de Sancho Pérez, Salvatierra, Torre de Miguel Sesmero, Usagre, Valencia del Ventoso, Valverde de Burguillos y Zafra (véase Espinosa, F., La columna…, p. 328 y ss.). <<

[634] Pajuelo Gallardo, A., La infancia perdida, Ayuntamiento de Campanario-Diputación de Badajoz, s/f, pp. 130-131. <<

[635] Testimonio de Antonio Pedrero. En Los 7 días de Salamanca su compañero de partido Ángel Alcázar de Velasco lo implica en la matanza de la plaza de toros de Badajoz. <<

[636] Tomo la historia, recogida por Eduardo de Guzmán, de Pons Prades, E., Las escuadras de la muerte, Flor del Viento, 2006, pp. 97-103. Villarta, pese a ser un pueblo con poca represión previa —un caso según el testimonio de E. de Guzmán y tres según el libro de Gutiérrez Casalá (véase La guerra civil en la provincia de Badajoz, Universitas, Badajoz, 2003, pp. 413-414)— fue luego víctima, a mediados de mayo de 1939, de dos sacas que acabaron con 23 personas en los alrededores del pueblo y sin trámite alguno. <<

[637] Testimonio de su nieta Rosa María Cordero Zahíno (4 de septiembre de 2006). <<

[638] Rubio Díaz, N. y Gómez Zafra, S., Almendralejo (1930-1941), Ed. de los Autores, 1987, p. 349. <<

[639] Rosado, Cayetano, O pelourinho. Encuentro de relaciones Alentejo-Extremadura, Ayuntamiento de Badajoz, 1994, p. 183. <<

[640] Sobre Castilblanco y a falta de una investigación completa sigue siendo de consulta obligada Jiménez de Asúa, Vidarte, Rodríguez Sastre y Trejo, Castilblanco, Editorial España, Madrid, 1933; como complemento puede verse Vicente Chamorro, Jesús, Año nuevo, año viejo en Castilblanco, Ediciones Albia, Madrid, 1985. Es significativo que al final del libro (p. 280) el fiscal Chamorro aludiera a la «tenacidad» que ha de poseerse para investigar un hecho como aquél: «En un país ordenado requeriría muchas horas de trabajo (…). Entre nosotros poder hacer esto sería una bendición. Porque aquí los archivos y los conserjes, los interesados en ocultar historias, los que se creen dueños de ellas o de los hechos, son obstáculos añadidos y más difíciles de vencer que el solo trabajo de buscar, leer, viajar, hablar». Por no aparecer no aparecieron ni los autos judiciales. <<

[641] Gaceta, 10 de agosto de 1936. Para seguir el desarrollo de la reforma agraria en zona gubernamental siguen siendo imprescindibles dos publicaciones del IRA: La reforma agraria en España. Sus motivos, su esencia, su acción, Valencia, mayo de 1937, y Cinco fechas en la Revolución Agraria, febrero de 1938. <<

[642] «Nada más justo, ni más humano, ni más prudente que este Decreto puede darse en un régimen democrático a las alturas del siglo XX», se leía en IRA, La reforma agraria…, p. 62; véase también Gómez Ayau, Emilio, «De la Reforma Agraria…», p. 104. <<

[643] AHNS, PS Extremadura, C. 18, carp. 4. Los miembros del Comité Local fueron el alcalde Francisco Albiac Gómez y los vecinos Antonio Arcos Arcos, Florián Ponce Huertas, Andrés Pajuelo Gallardo y Juan Arcos Blanco. Al acto asistieron diez concejales (Micael Ruiz Hellín, Juan Gallardo Ayuso, Francisco Murillo Gallardo, Pedro Molina González, Agustín Escudero Gallardo, Antonio Fernández Díaz, Domingo Parejo Calderón, Aurelio Martín Muñoz, Antonio Carmona Blanco y Francisco Gallardo Arcos), tres componentes del Comité del Frente Popular (Pedro Rodríguez Badajoz, Manuel Gallego Sauceda y Francisco Fernández Fernández), cinco vecinos (sólo consta el nombre de Antonio Gallardo Ayuso) y Enrique Gallego Moreno, secretario del Ayuntamiento. <<

[644] Gaceta, 8 de octubre de 1936. Véanse también órdenes de 1 de noviembre (Gaceta del 2 de noviembre de 1936). <<

[645] Véase la visión de algunos de los ingenieros agrónomos que participaron en el proceso en Pan-Montojo, Juan, Apostolado, profesión y tecnología. Una historia de los ingenieros agrónomos en España, ANIAB&H Editores, Madrid, 2005, p. 301. <<

[646] Claridad y OT, a partir del 24 de octubre de 1936. La colectivización no se impuso. Sirva de ejemplo el caso de Quintana de la Serena. A comienzos de 1938 la superficie sembrada (trigo, cebada y avena) se dividía de la manera siguiente: Sociedad Campesina «Pared del Berrocal», 247 fanegas; Colectividad de Campesinos, 374; FNTT, 1710; y campesinos individuales, 4259 (AHNS, PS Extremadura, C. 36, carp. 33). Sobre la Colectividad de Castuera véase OT del 6 de octubre de 1937 y sobre la Cooperativa Obrera de Quintana de la Serena, OT del 8 de enero de 1938. <<

[647] Tomo estas órdenes y datos de Gómez Ayau, E., «De la reforma agraria…», pp. 104-105; véase también IRA, La reforma agraria…, p. 67 <<

[648] Según el folleto A la memoria de Ricardo Zabalza, publicado en México por la FETT con motivo del quinto aniversario de su muerte, Antonio Rodríguez, secretario del Secretariado Provincial de la FETT de Badajoz y vocal del Comité Nacional, quien probablemente fue apresado en el derrumbe final del frente extremeño, cayó también víctima del fascismo. Es posible que esto ocurriera en Badajoz o en Mérida pero sin contar con el segundo apellido no resulta fácil saberlo. <<

[649] AHNS, PS Extremadura, C. 33, carp. 70, p. 84. <<

[650] OT, 28 de noviembre de 1936. Contamos con documentos que prueban que en 1937 existía también la FECE (Federación Regional de Campesinos de Extremadura), de la CNT. A fines del 37 actuaban de acuerdo con la FNTT y respetaban la pequeña propiedad según los límites marcados por el decreto de 7 de octubre: treinta hectáreas en secano, cinco en regadío y tres en huerta (AHNS, PS Extremadura, C. 10, carp. 7). Sobre la desorganización de los primeros meses véase el testimonio, siempre interesante, de Luis Romero Solano en las páginas finales de sus Vísperas de la guerra civil. <<

[651] Rodríguez Hermosell, J. I., Movimiento obrero…, p. 147. <<

[652] AHNS, PS Extremadura, C. 13, carp. 5. <<

[653] Francisco Cobo Romero ha estudiado en profundidad este tema en los diferentes trabajos que se citan en la bibliografía y concretamente en «La evolución de la agricultura jiennense durante la primera etapa del régimen franquista (1939-1953)», en Baena Duque, Eloisa y Fernández Roca, Francisco J., Actas del tercer encuentro sobre el franquismo y la transición democrática, Sevilla, 1998, pp. 1-22. <<

[654] AHNS, PS Extremadura, C. 13, carp. 13. <<

[655] AHNS, PS Extremadura, C. 32, carp. 10. <<

[656] Esteban, Isidro, Miguel, Rafael y Ramón Barquero Barquero fueron asesinados en La Haba y en Quintana el 21 de agosto de 1936 (véase Martín Rubio, A. D., La represión roja en Badajoz, TARFE, sin datos, p. 156. <<

[657] AHNS, PS Extremadura, C. 13, carp. 2 y 3. <<

[658] Luis Murillo Mera, 50 años, propietario, fue asesinado el 30 de septiembre de 1936 en Don Benito (véase Martín Rubio, A. D., La represión…, p. 189). <<

[659] AHNS, PS Extremadura, C. 13, carp. 8. <<

[660] González Ortín, G., Extremadura bajo la influencia soviética, Badajoz, 1937, p. 168. Firman el documento el alcalde Serafín Noriega y los testigos Ildefonso Muñoz y Manuel Gil. <<

[661] Véase Vallina, P., Mis memorias, Centro Andaluz del Libro, Sevilla, 2000, pp. 218 y ss. y 260-261; los datos sobre represión proceden de Martín Rubio, A. D., La represión roja…, apéndice I. Vallina, que publicó sus memorias en México en pleno apogeo franquista, cerró la historia de los descendientes del general escribiendo: «Este suceso puede servir de norma a los débiles y a los pesimistas para que no se impacienten, ya que la justicia del pueblo no tardará mucho en aniquilar hasta la cuarta generación a los verdugos de España» (p. 227). <<

[662] Gallardo Moreno, J., La guerra civil…, p. 84. <<

[663] AHNS, PS Extremadura, C. 33, carp. 70, pp. 84-85. <<

[664] Ibidem, carp. 70, p. 85-86. Véase también Tomás Aquino Barbero, Un trozo de historia de mi pueblo. Quintana de la Serena (Badajoz), Madrid, 1979. Estos problemas ya se venían produciendo desde antes, como puede verse en Fraser, Ronald, Recuérdalo tú y recuérdalo a otros, Crítica, Barcelona, T. II, pp. 305-316. <<

[665] AHNS, PS Extremadura, C. 33, carp. 70, p. 86 y v. <<

[666] Las fincas afectadas fueron Dehesa de la Pared, Chantre, Coto, Reyerta de Quintana y Zalamea, Chaparral, Dehesa, Dehesilla, Dehesa Vendida de Quintana, Campillo, Hoja Ejido, parcelas extramuro de Quintana, Giraltas, Casares, Mata de Abajo, Badijo, Hijorejo, Mata de Quintana, Hoja de la Guarda, Arrazauces, Los Vuelos, Fuente Quemada, El Venero y otras. Sus propietarios eran: María Barquero Barquero, María Bernáldez Amarilla, Isabel Barquero Hidalgo-Barquero, Hros. de Francisco y Teresa Godoy Hidalgo-Barquero, Hros. de Clara Morillo Velarde, Antonio y Juan Andrés Morillo-Velarde Hidalgo-Barquero, Hros. de Mariano Nogales Orellana, Pascual Martín Martín, Celia Hidalgo González, Andrés Godoy Calderón de la Barca, Emilio Godoy Hidalgo-Barquero, Raimundo Martín Balsera; Ángel, Eduardo, Dolores y Rafael Suárez Bárcena, Vicente Gómez-Coronado Gómez-Coronado, Hermenegildo Fernández Sánchez, Francisco Sánchez Pozo, Rafael de la Cruz Coronado, Hros. de Rafael Gómez-Coronado Gómez-Coronado, Lorenzo y Manuela Ortiz Ortiz, Ramón Sánchez del Pozo, Rafael Gómez-Coronado y Barquero, Francisca Romero Tena, Pascual Gómez-Coronado Martín, María Antonia de la Cruz Dávila, Juan Francisco Nogales Ortiz; Francisca, Inés, Rosa y Rafael Ortiz Gómez-Coronado, Antonio Gómez Tena, viuda de Manuel León Almeida, Francisca e Isabel Ortiz Gómez-Coronado, Fuensanta Hidalgo González, Miguel y Juan de Dios Barquero Hidalgo-Barquero, Hros. de Leopoldo Godoy Godoy, Hros. de Leopoldo Godoy Godoy, Hros. de Dolores Gómez-Bravo Donoso, Juan y Rafael Ortiz-Gómez Coronado, Fermín Hidalgo Hidalgo, Felisa de la Cruz Godoy, Diego de la Cruz García, Pedro Barquero Gómez-Coronado, Manuel Nieto Barrantes, Isabel Fernández Enciso, Fernando Mancha Merino, Juan y Joaquín Barquero Hidalgo-Barquero, Francisco Morillo-Velarde Hidalgo-Barquero, Francisca Godoy Calderón de la Barca, Miguel y Pedro Barquero Barquero, Matilde de la Cruz Díaz, José García Pozo, Hros. de Beatriz y José Nogales Orellana, Luis Suárez Armengol, Pedro Suárez de Benegas Armengol, Ramón Barquero Gómez-Coronado, Salvador de la Cruz Nogales, Pedro Casasayas Morillo, Pascasio Díaz Hidalgo-Barquero, Eduardo Fernández Rodríguez, Juan Pedro Martín Balsera, Juan de Dios de la Cruz Nogales, Pedro Bellot González, Carmen González Valdés, Alfonso León García, Altisidora Martín García, Bonifacio Balsera Tena; Ricardo, Mercedes, Pilar y Juan Martorell Téllez de Girón; Conde de Mongont y otros (véase AHNS, PS Extremadura, C. 33, carp. 70, p. 87). <<

[667] AHNS, PS Extremadura, C. 33, carp. 70, pp. 89-92. <<

[668] Barquero, T. A., Un trozo de historia…, p. 57 y ss. Animales y aperos, así como todos los frutales, pertenecían a la colectividad. La cooperativa al mismo tiempo era banca que proporcionaba créditos justificados sin interés. Al final del ejercicio se repartían los beneficios en relación al número de peonadas echadas. Barquero se vanagloriaba de no haber adoptado «los rígidos métodos» de los koljoses rusos, que limitaban la libertad individual. La dehesa «La Pared» fue en general entregada por parcelas a los campesinos de la FNTT, pero una parte importante se labró colectivamente. En este caso, además, cada parcelero cedió algo de su parte en favor de los que estaban en peores condiciones. <<

[669] AHNS, PS Extremadura, C. 13, exp. 24, pp. 75-91 v. <<

[670] Gallardo Moreno, J., La guerra civil…, pp. 83-88. Según esta misma investigadora, aunque le parecen pocas, el IRA reconoció en 1938 la existencia en Badajoz de 23 colectividades, 17 de la UGT y 6 mixtas UGT-CNT, con un total de 350 000 ha y en las que participaban 2650 familias. <<

[671] Parece ser que fue esa fecha de primeros de diciembre la que abrió el proceso de adaptación al decreto de 7 de octubre del proceso revolucionario abierto con el golpe militar de julio. Al menos eso ocurrió en el Partido Judicial de Castuera (véase Gutiérrez Casalá, J. L., La guerra civil…, p. 381). <<

[672] AHNS, PS Extremadura, C. 4, carp. 18. Debo el conocimiento de esta documentación a José J. Rodríguez Carrasco, autor del trabajo «Estudio de los cambios en la propiedad y de los sistemas de explotación agraria durante la guerra civil española en Malpartida de la Serena», en rev. Ars et Sapientia, Extremadura, diciembre 2003, año IV, pp. 129-143, del que me he servido, aparte de la documentación, para este apartado. <<

[673] Aunque el apellido debiera ser Fernández-Blanco Dávila, Anselmo, de 68 años, propietario y hermano del anterior, fue asesinado en Zalamea el 2 de septiembre del 36 (véase Martín Rubio, A. D., La represión…, p. 169). <<

[674] Los tres Gironza Cuevas, César, Faustino y Ricardo, todos abogados, fueron asesinados, el primero y el último en Madrid el 25 de noviembre y Faustino en Villanueva de la Serena el 9 de enero de 1937 (véase Martín Rubio, A. D., La represión…, p. 173). El dirigente socialista Tomás Aquino Barquero escribió en sus memorias: «Desde que tuve uso de razón conocí en Quintana tres grupos políticos que se conocían por los Barqueros, Coronados y Martínez. Ninguno de ellos respondía a una ideología sinceramente sentida. Eran tres familias de gentes ricas que, unas veces unidas y otras separadas, siempre acaparaban los cargos públicos, de los que se servían para defender sus intereses de clase» (Barquero, Tomás A., Un trozo de historia…, p. 2). <<

[675] Propietario de 31 años, natural de Quintana de la Serena, asesinado el 13 de octubre del 36 en Zalamea según Martín Rubio y en Quintana según G. Casalá (véase Martín Rubio, A. D., La represión…, p. 173 y Gutiérrez Casalá, La guerra civil…, p. 382). <<

[676] Según G. Casalá fue asesinado en Quintana el 13 de octubre del 36, pero Martín Rubio lo incluye en Zalamea (véase Gutiérrez Casalá, La guerra civil…, p. 382 y Martín Rubio, A. D., La represión…, p. 175). <<

[677] Propietario de 57 años, asesinado en Malpartida el 2 de septiembre de 1936 (véase Martín Rubio, A. D., La represión…, p. 195). <<

[678] En término de Malpartida de la Serena fueron asesinados un tal Francisco, de Maguilla, sin más datos, y diez vecinos de Zalamea y uno de Peraleda: Nicasio Blanco Romero, estudiante de 30 años; Manuel y Melchor Fernández González, propietarios de 39 y 55 años respectivamente; Anselmo Fernández-Blanco Dávila, propietario de 68 años; Ventura Fernández-Blanco Fernández-Blanco, abogado de 36 años; Francisco Granado Martínez, labrador de 23 años; Diego y Juan Ignacio Pino Manchado, sacerdote y maestro de 50 y 40 años; José y Leonardo Ramírez Cid, propietarios de 57 años; y Antonio Tena Amaya, sacristán de 17 años vecino de Peraleda del Zaucejo. Los once asesinatos ocurrieron en septiembre, ocho el 2 de septiembre y dos el día 28 (véase Martín Rubio, A. D., La represión…, pp. 153 y ss. y Gutiérrez Casalá, J. L., La guerra civil en la provincia de Badajoz, Universitas, Badajoz, 2003, p. 369). Pese a partir de las mismas fuentes ambos autores difieren en cuanto al número de víctimas. <<

[679] AMVS, doc. s/c. <<

[680] Ibidem. <<

[681] Paniagua Mazorra, Ángel, «El papel del Servicio de Recuperación Agrícola en la política agraria de la primera etapa del franquismo», en rev. Estudios Agro-Sociales, n.º 145, julio-septiembre 1988, p. 107. <<

[682] AMVS, doc. s/c. <<

[683] Sorní Mañés, J., «Aproximación…», p. 189. <<

[684] AMVL, doc. s/c. <<

[685] Véase Gómez Ayau, Emilio, «De la Reforma Agraria…», p. 111. <<

[686] Barciela, C., en «Introducción» a «Los costes del franquismo en el sector agrario: la ruptura del proceso de transformaciones», en Garrabou, R., Barciela, R. y Jiménez Blanco, J. I., Historia agraria de la España contemporánea, tomo 3, Crítica, Barcelona, 1986, p. 399. <<

[687] Existe un ejemplar de la Ley de Recuperación Agrícola en el Archivo Municipal de Santa Marta, C. 55, carp. 1, depositado en la Diputación Provincial de Badajoz. <<

[688] En Badajoz, la provincia en la que más se movió junto con Madrid, actuó en Acedera, Benquerencia de la Serena, Azuaga, Cabeza del Buey, Campanario, Campillo de Llerena, Casas de Don Pedro, Don Benito, Guareña, Granja de Torrehermosa, Higuera de la Serena, Medellín, Mengabril, Monterrubio de la Serena, Navalvillar de Pela, Orellana la Vieja, Orellana de la Sierra, Peraleda del Zaucejo, Quintana de la Serena, Rena, Retamal de Llerena, Santa Amalia, Valdecaballeros, Valle de la Serena, Villar de Rena, Villanueva de la Serena, Zalamea de la Serena y Zarzacapilla (Paniagua Mazorra, A., «El papel del Servicio de Recuperación Agrícola en la política agraria de la primera etapa del franquismo», en rev. Estudios Agro-Sociales, n.º 145, julio-septiembre 1988, p. 117). En 1939, en la provincia de Badajoz, el IRA controlaba 109 fincas, el SNREST 26 y el Servicio de Recuperación Agrícola 30. <<

[689] Tomo los datos de Mangas Navas, J. M., «Gestación de la política colonizadora (1936-1939)», en Historia y evolución de la colonización en España, Vol. II, Política de colonización agraria del franquismo (1936-1977), MOPT, Madrid, 1998, p. 17, que contiene un amplio anexo con los datos principales de la Memoria sobre actuación del Servicio Nacional de Reforma Económica y Social de la Tierra (Copia mecanografiada firmada por el Director General del Instituto Nacional de Colonización y fechada el 27 de noviembre de 1939). El resto de las comunidades controladas por el SNREST se encontraban en Cáceres (19), Cádiz (19), Salamanca (17), Jaén (11), Sevilla (5), Toledo (5), Ciudad Real (2), Córdoba (2) y Granada (1). También en Badajoz se concentraban el mayor número de familias: 1219 de un total de 4399. Las 28 fincas de Badajoz eran: Borrachinas (Alconchel); Las Cabras, Cerrollano, Cuncos, Navaceras, Ramira Alta, Represa y Valdesevilla del Monte (Villanueva del Fresno), Castillo de Guadajira (Badajoz); Dehesilla (Olivenza); La Frada, Fresnecillo, Fuente Omendo, La Magistrada, Merinillas Altas y Santisfolla de Rueda (Badajoz); Palacito y Guaperal (La Roca de la Sierra); Margaritas, La Pulgosa, Tablado y Zarzoso (Jerez de los Caballeros); La Mata (Fuente de Cantos); Monte Encinar Villalba (Villafranca de los Barros); El Pedazo (Villar de Rey); Quinto de Almadén (Alange); Tocinillos (Fregenal de la Sierra); y Pared del Berrocal (Quintana de la Serena). <<

[690] Véase Mangas Navas, J. M., «Gestación de la política colonizadora (1936-1939)», en Historia y evolución de la colonización en España, Vol. II, Política de colonización agraria del franquismo (1936-1977), MOPT, Madrid, 1988, p. 44. <<

[691] Paniagua Mazorra, A., «El papel del Servicio de Recuperación Agrícola en la política agraria de la primera etapa del franquismo», en rev. Estudios Agro-Sociales, n.º 145, julio-septiembre 1988, p. 115. También es interesante, por ver cómo fue el proceso en otros lugares, Tébar Hurtado, J., «Destruir para construir: franquismo y contrarrevolución agraria en las comarcas barcelonesas, 1939-1951», en III Encuentro de Investigadores sobre el franquismo y la transición, Sevilla, 1998. De acuerdo con las estimaciones de Sorní Mañés la contrarreforma agraria, aparte de devolver seis millones de hectáreas (tres de ellos en poder de colectividades reconocidas por el IRA en las que había asentadas más de 150 000 familias), afectó a más de 800 000 campesinos, que fueron expulsados de las tierras que cultivaban, lo que equivale a más de un 20 % de la población activa (Sorní Mañés, J., «Aproximación…», p. 199). <<

[692] Barciela, C., en «Introducción» a «Los costes del franquismo en el sector agrario: la ruptura del proceso de transformaciones», en Garrabou, R., Barciela, R. y Jiménez Blanco, J. I., Historia agraria de la España contemporánea, tomo 3, Crítica, Barcelona, 1986. <<

[693] Según Sorní Mañés fue este hecho el que propició el proceso de acumulación capitalista que configuró el tipo de crecimiento económico de los años sesenta (Sorní Mañés, J., «Aproximación…», p. 197). Todo ocurrió en cuatro fases a lo largo de cuatro años: los primeros meses del golpe militar con los decretos y disposiciones de la Junta Militar; una segunda desde fines del 36 a comienzos del 38 en que se devolvieron las fincas a sus antiguos dueños sin base jurídica alguna; una tercera de transición política de febrero del 38 a junio del 39 con Fernández Cuesta al frente, y una cuarta de agosto del 39 a febrero de 1940, ya con Benjumea, de plena apuesta por el capitalismo. <<

[694] Tomo la cifra de Moisés Cayetano Rosado, «Extremeños en el exterior», Hoy, 22/09/2005. <<

[695] Cobo Romero, F., «Acerca de los orígenes…», p. 120. <<

[696] Malefakis, E., «El problema agrario…», p. 46. <<

[697] Tomo las citas de López López, A., El boicot…, pp. 290-291. <<

[698] Tuñón de Lara, M., Tres claves…, p. 84. <<

[699] López López, A., El boicot…, p. 21. <<

[700] Robledo, R., «Discursos sobre…», pp. 12-14; Robledo, R. y Espinoza, L. E., «La reforma agraria…», pp. 434-437. <<

[701] Vázquez Humasqué, A., «El problema agrario español» en rev. El Trimestre Económico, n.º 4, Fondo de Cultura Económica, México, 1940, p. 493. <<

[*] Debo el conocimiento de estas fotos a Moisés Domínguez Núñez, quien me envió la serie completa entre junio y diciembre de 2005. Las copias me fueron proporcionadas por Ángel Hernández. Los datos sobre su publicación en Portugal me han sido amablemente cedidos por Dulce Simoes. <<

[**] http://estudossobrecomunismo.webblog.com.pt/arquivo/184811.php. <<

[*] Los archivos de Santa Marta de los Barros y Torre de Miguel Sesmero se encuentran depositados en la Diputación de Badajoz; los fondos consultados de Magacela, Quintana de la Serena y Malpartida de la Serena se encuentran en la Sección Político-Social del Archivo Histórico Nacional de Salamanca. <<

[*] Edición facsímil, Ayuntamiento de Azuaga, 2001. <<

[**] Notas extraídas de la prensa española y francesa entre 1931 y 1936. <<

[*] «La propiedad de la tierra durante el franquismo», en Estudios en homenaje a Luis Ángel Rojo (vol. II). Economía y cambio histórico, Ed. complutense, Madrid, 2004, pp. 223-245. <<