Mensajeros son aquellos que nos han transmitido el pasado oculto dando voz a quienes nunca la tuvieron durante la dictadura. Son esas voces del pasado, lejanas, las que se han intentado silenciar llevando ante los tribunales a los que las habían recogido. En el fondo lo que se pretende y en buena parte se ha logrado por la vía del miedo es cerrar la puerta a la historia oral en relación con la represión franquista. Los casos más conocidos provienen de estos años de recuperación de la memoria pero, como era de esperar, su rastro se puede seguir hasta la transición. He aquí doce casos, descritos con precisión por Francisco Espinosa, doce impresionantes testimonios contra el olvido, que permiten adentrarnos en una zona oscura de nuestra historia reciente.

Francisco Espinosa Maestre

Callar al mensajero

La represión franquista. Entre la libertad de información y el derecho al honor

ePub r1.0

ugesan64 03.11.14

Título original: Callar al mensajero

Francisco Espinosa Maestre, 2009

Prólogo: Rafael Escudero Alday

Editor digital: ugesan64

ePub base r1.2

En memoria de Amparo Barayón,

asesinada el 11 de octubre de 1936, y de Violeta Friedman,

Antonio Martínez Borrego y José Casado Montado, ya fallecidos.

Dedicado a Femando Ruiz Vergara, Isidoro Sánchez Baena,

Dolors Genovés, Mana Capín, Santiago Macías, Emilio Silva,

Dionisio Pereira y Alfredo Grimaldos.

También a Ramón y Andrea Sender Barayón, Magdalena

Maes Barayón, Mercedes Esteban Maes, Helen Graham

y Paul Preston.

Y a los juristas demócratas que comprendieron y aplicaron

con rigor la prevalencia del derecho a la información sobre

el derecho al honor.

Los jueces no resuelven los problemas de la Memoria, les

estamos pidiendo a ellos que resuelvan un tema que les toca

a los políticos resolver. Los jueces no van a resolver el problema

de la credibilidad de los investigadores y periodistas […].

Por lo tanto, lo que está en juego es nuestra credibilidad,

como consecuencia, va a costar que nos dobleguen. Se

meten en el método, porque allí pueden incidir y a través

de eso nos pueden silenciar. Matar al mensajero…

Palabras de DOLORS GENOVÉS durante

las jornadas «A represión en Galiza: O

dereito a saber e a liberdade de investigar»,

O Grove, septiembre de 2007

La jurisprudencia […] reconoce que no puede enjuiciar los

hechos históricos y que los tribunales no son quién para

decidir qué es la «memoria histórica». Es más, el debate

sobre lo que debe ser la «metodología científica» a aplicar

en los estudios históricos es terreno pantanoso […] y, por

otra parte, un juicio no es el lugar adecuado para llevarlo a

cabo, tanto por el rígido procedimiento procesal como

porque no estamos en un país normalizado y aún hay gente

que tiene miedo a hablar delante de una grabadora, cuanto

más en un juicio contra los descendientes o representantes

actuales de los vencedores, que entonces causaron tanto

miedo y tanto dolor. Aun así a nosotros se nos lleva a los

tribunales con riesgo de ser penalizados por la labor de investigar

y dar a conocer lo acontecido tras la victoria de los fascistas

en 1936, actividades que realizamos en precario y

sin ningún tipo de retribución.

DIONISIO PEREIRA, «Matar ao menxaseiro»,

en Libro-Memoria de la Fundación,

10 de marzo de 2008

El Estado [español] debería: a) considerar la derogación de

la Ley de Amnistía de 1977; b) tomar las medidas legislativas

necesarias para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad

de los crímenes de lesa humanidad por los tribunales nacionales;

c) prever la creación de una comisión de expertos independientes

encargada de restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los

derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura;

y d) permitir que las familias identifiquen y exhumen los cuerpos

de las víctimas y, en su caso, indemnizarlas.

Informe del Comité de Derechos Humanos

de la ONU (94.º reunión, octubre de 2008)

AGRADECIMIENTOS

Arcángel Bedmar

María José Bernete

Marta Capín

Severiano Delgado

José Luis Escañuela

Lourenzo Fernández Prieto

Fabien Garrido

Dolors Genovés

Santiago Macías

Francisco Moreno Gómez

Mirta Núñez Díaz-Balart

Juan Carlos Perales

Dionisio Pereira

Hilari Raguer

Alberto Reig Tapia

Pedro G. Romero

Cándido Ruiz

Fernando Ruiz Vergara

Isidoro Sánchez Baena

Emilio Silva

Y muy especialmente a Fernando Magán

EL DERECHO A SABER

Este libro que el lector tiene entre sus manos es un paso más en la labor llevada a cabo por algunos historiadores españoles para reconstruir la represión franquista. En este caso, se trata de una obra de Francisco Espinosa, reputado especialista en las cuestiones relativas a la llamada «memoria histórica». La novedad de esta obra con respecto a anteriores trabajos —en los que reconstruyó episodios como «la columna de la muerte» o «la justicia de Queipo», entre otros— es que ahora el autor se adentra en la cuestión de la relación entre el Derecho y la memoria histórica. Y lo hace, conviene advertirlo desde un inicio, con un manejo de los términos y las técnicas jurídicas que ya quisieran para sí algunos de los jueces y magistrados que aparecen en sus páginas.

En estos últimos años, y al amparo del desarrollo del movimiento de recuperación de la memoria histórica, hemos visto y oído todo tipo de argumentos en contra de este proceso. Argumentos que van desde la cerril resistencia por parte de la derecha política y mediática a «reabrir las heridas del pasado» y romper «ese acuerdo entre españoles que supuso la Transición»[1], hasta la oposición de no pocos historiadores a aceptar la propia existencia de algo llamado «memoria histórica». Respecto de los primeros, poco se puede añadir desde estas líneas a lo que ya se ha expuesto por voces más autorizadas[2]. Voces que recogen experiencias vitales —algunas de ellas expuestas en este libro— abandonadas por ese «espíritu de la Transición», que instaló en la naciente democracia española la amnesia sobre lo sucedido, la equidistancia entre la República y la dictadura militar franquista, y el ignominioso olvido y desprecio hacia las víctimas de esta última. Además de su gravedad en sí misma considerada, este silencio ha tenido repercusiones sobre el devenir posterior de la democracia española. Baste citar las palabras de Vicenç Navarro:

una de las causas de las grandes insuficiencias del Estado de bienestar en España es el olvido de lo que fue la República española, la Guerra Civil y la dictadura que la siguió. [La juventud española] desconoce que estas grandes insuficiencias se basan precisamente en el gran dominio que las fuerzas conservadoras ejercieron durante la dictadura y durante la democracia. Es difícil construir un futuro cuando se desconoce tanto de nuestro pasado[3].

LAS RELACIONES ENTRE HISTORIA, POLÍTICA Y DERECHO:

LA MEMORIA DEMOCRÁTICA

Algunos autores pertenecientes al campo de la historiografía lanzan alegatos en contra de la «memoria histórica». Se trata de argumentos que nacen en el debate conceptual pero que, sin duda alguna, tienen repercusiones en el ámbito jurídico y político. Y es que, en efecto, se empieza negando el concepto de memoria histórica, se continúa por vetar la entrada del Derecho en este ámbito y se termina rechazando la existencia de un derecho ciudadano a la memoria histórica[4]. Pero vayamos por partes, con el objeto de ir distinguiendo con claridad los diferentes planos y elementos de debate.

Como en tantos otros temas, la claridad conceptual debe presidir el tratamiento de las cuestiones relacionadas con la memoria histórica. En efecto, los conceptos de memoria y de historia han de ser definidos con rigor y precisión. Pero ello no debe hacernos caer en una suerte de «esencialismo conceptual» que nos impida reconocer la existencia de determinadas realidades a las que conviene agrupar bajo ciertas denominaciones que resulten de utilidad a la hora de identificar el objeto de análisis y estudio. Una de éstas es la memoria histórica, concepto bajo el que se incluyen aquellas dimensiones que tienen que ver no solo con los esfuerzos dirigidos a conocer el pasado, sino también con aquellas actividades tendentes a valorarlo y sacarlo del olvido[5].

Entonces, no conviene desconocer que el concepto de «memoria histórica» hace referencia al conocimiento y puesta en valor de una determinada realidad. Nace, pues, vinculado a objetivos y propósitos concretos. En efecto, con él no se pretende llegar al origen de los tiempos ni al estudio de la historia —en el sentido amplio del término—, sino tan solo reivindicar el recuerdo de aquellos que se vieron, primero, masacrados por sus convicciones políticas, sindicales o personales; y, segundo, olvidados durante todo el tiempo de la dictadura militar que asoló este país durante cuarenta años. Responde, por tanto, a una reivindicación concreta y determinada: recuperar la memoria de los que lucharon por la democracia y la legalidad republicana o fueron masacrados por oponerse al golpe de Estado y la dictadura franquista.

Por lo tanto, el movimiento de recuperación de la memoria histórica es un movimiento «de parte». Mediante el rigor científico y la actividad social, pretende sacar del olvido a aquellas personas que fueron víctimas de la dictadura por sus convicciones, prácticas o actitudes en defensa de los valores democráticos, el respeto a los derechos humanos o la legalidad en vigor en el momento que se produjo el golpe de Estado; una legalidad de las más avanzadas de la época en materias como la libertad y el pluralismo político, la igualdad de género, la política social o el respeto a la legalidad internacional como forma de resolver los conflictos, entre otras.

Y también resulta ser «de parte» la ley mediante la cual el Parlamento español intentó recoger —con más sombras que luces, conviene advertir— las demandas de este movimiento nacido de la sociedad civil. Desde su propia Exposición de Motivos, la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen medidas y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil o la dictadura —conocida popularmente como la Ley de Memoria Histórica— delimita sus medidas «a todos los que padecieron las injusticias y agravios producidos, por unos u otros motivos políticos o ideológicos o de creencias religiosas», así como «a quienes en distintos momentos lucharon por la defensa de los valores democráticos». En definitiva, «la Ley sienta las bases para que los poderes públicos lleven a cabo políticas públicas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática».

Memoria democrática: éste es el concepto que delimita la filosofía y el contenido de la Ley. Y la memoria que merece la reconstrucción en un régimen democrático como el actual es la de quienes sufrieron esta forma específica de violencia, pagando con su vida o su bienestar las consecuencias de su lucha personal y política contra la dictadura y el fascismo, es decir, la memoria de la democracia, la libertad y el antifascismo. La Ley rompe deliberada y conscientemente el principio de equidistancia entre dictadura y democracia, fascismo y antifascismo[6]. Para un legislador democrático, que pretenda sentar las bases para ir conformando una cada vez más fuerte memoria democrática y comprometida con los derechos humanos, la violencia que hay que condenar es la violencia de los que formaron parte del bando de la dictadura, por ser ellos quienes rompieron con el régimen democrático republicano y quienes caracterizaron su labor de gobierno por una continua violación de los más elementales derechos fundamentales. La violencia, en palabras de la Ley, que se utilizó para «imponer convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y la dignidad de todos los ciudadanos».

En este sentido, la memoria que hay que recordar es la de los que lucharon en el bando de la democracia, que era el de la legalidad republicana. Un régimen democrático no tiene la obligación de rehabilitar la memoria colectiva de las personas y grupos que lucharon contra ella. Solo cabe hacerlo en el caso de las que lucharon en el bando de la democracia y la libertad, que era el de la legalidad preestablecida[7]. En el código de identidad de la democracia está su radical oposición con todas las formas de autocracia, totalitarismo o fascismo. Ésta es la memoria que encaja en el proceso de recuperación de la memoria histórica que se ha desarrollado en España. Y encaja porque su objetivo político es común: reivindicar la memoria democrática, la de la lucha por la democracia y la libertad.

EL DERECHO A SABER COMO PARTE DEL DERECHO

CIUDADANO A LA MEMORIA

El que acaba de exponerse es el sentido en el que se utiliza el concepto de «memoria histórica» en el actual contexto. Un contexto que excede y desborda el campo de la historiografía —por mucho que les pese a algunos de sus cultivadores— para entrar en el del Derecho y la política. En efecto, el cumplimiento de la demanda —nacida en el ámbito social y trasladada después al terreno político— de recuperación de la memoria histórica requiere la elaboración de normas jurídicas que institucionalicen los instrumentos necesarios para cumplir con los objetivos de reivindicar y valorar la memoria democrática. Y ello con el objetivo de construir más democracia para el futuro. De ahí que el futuro no sea amnistía ni amnesia, sino justicia y políticas públicas de fomento de la memoria[8].

Que el Derecho desempeña un papel determinante en este terreno de la memoria histórica parece algo fuera de toda duda. La propia Ley de Memoria Histórica es un buen ejemplo de ello. Podrán discutirse sus virtudes y defectos, sus puntos débiles y sus aportaciones, pero lo que queda fuera de discusión es que el Derecho entra a reconocer la memoria histórica, entendida según los términos expuestos en las líneas precedentes. Y lo hace hasta el punto de configurar un derecho ciudadano a la recuperación de la memoria personal y familiar. Este novedoso derecho —de creación y rango legal— engloba un haz de pretensiones y actuaciones jurídicas que quedan así amparadas bajo su contenido[9]. Este derecho incluye las dimensiones relativas a la reparación moral de las víctimas y de sus familias, a la recuperación de la memoria personal y familiar, a la declaración general de ilegitimidad de la represión, a los derechos patrimoniales e indemnizatorios, así como al derecho de las víctimas a saber, tanto en lo relativo al derecho de acceso a la información como al derecho a conocer el paradero de las personas desaparecidas[10].

Por tanto, quien niega la existencia de un derecho ciudadano a la memoria, cuando la Ley lo define y configura, está confundiendo su deseo de que no exista tal derecho con la realidad jurídica. Es como si quien está en contra de la titularidad privada de los bienes y medios de producción negara la existencia del derecho a la propiedad privada en la legislación española. Una cosa es lo que nos gustaría que fuese o no fuese, y otra bien distinta lo que el Derecho institucionaliza y protege. Confundir ambos planos es un error —interesado o no— en el que no se puede incurrir.

Es precisamente urna de las dimensiones de este derecho a la memoria la que cobra relevancia en este libro de Francisco Espiritosa. Se trata del derecho a saber, relacionado en sus páginas con la labor de los historiadores que pretenden sacar de la oscuridad y el silencio —éste sí, claramente interesado— a aquellas personas que participaron activamente en la represión franquista. En el libro se analizan algunos casos en los que está en juego este: derecho, casos que ponen de manifiesto cómo el tratamiento de algunos aspectos de la represión franquista sitúan al historiador frente al típico conflicto jurídico entre la libertad de información y el derecho al honor[11].

Antes de analizar esta cuestión, cabe realizar algunas consideraciones sobre otro aspecto del derecho a saber no directamente analizado en este libro, aunque sí relacionado con lo que en él se plantea. Se trata del derecho a conocer el paradero de las personas desaparecidas. En este punto, la Ley de Memoria Histórica desvía hacia el ámbito privado las labores de localización y exhumación de las víctimas. Estas tareas se delegan a las familias y asociaciones a través de la concesión de subvenciones que a duras penas cubren los gastos de su trabajo voluntario para identificar y recuperar los restos de las víctimas. En diciembre de 2008 el Gobierno anunció la creación de una Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura que, supuestamente, elaborará el protocolo de actuación para las exhumaciones. Junto con este indeterminado anuncio (en marzo de 2009 la Oficina todavía no había sido puesta en marcha), el Gobierno también trasladó a la opinión pública su intención de dejar en manos de ayuntamientos y comunidades autónomas la decisión final sobre la apertura de fosas. Una vez más, el Gobierno hace dejación de sus funciones: resulta sorprendente que sea éste un asunto de competencia local y autonómica, cuando se trata de exhumación de cadáveres. Es de prever que algunas entidades se nieguen y que ello afecte al principio de igualdad: algunas fosas se abrirán, mientras que otras permanecerán en el olvido.

Este panorama se ensombrece aún más con estos dos añadidos. Por un lado, el pleno del Senado celebrado el 11 de marzo de 2009 rechazó, gracias a los votos coincidentes de los grupos socialista y popular, una iniciativa de reforma de la Ley de Memoria Histórica con el objeto de que fuera el Estado quien directamente corriera con los gastos de localización, identificación y exhumación de los restos de las personas que todavía hoy permanecen desaparecidas. Por otro, la inacción judicial que preside todo este proceso. Una inacción que se manifiesta, a su vez, en dos dimensiones. Primero, en lo relativo a la investigación por parte de la Audiencia Nacional de los crímenes contra la humanidad cometidos durante el golpe de Estado y la dictadura franquista. Recuérdese que la decisión del titular de su Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de abrir diligencias penales para esclarecer estos crímenes fue seguida de un recurso de la Fiscalía contra ella y de una decisión de 2 de diciembre de 2008 del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia por la que se declaró incompetente para conocer de tales crímenes[12]. Como señala José Antonio Martín Pallín:

Si la Audiencia Nacional conoce de los crímenes de derecho internacional cometidos fuera del territorio español, resulta absurdo que esta competencia se diluya entre los juzgados de instrucción españoles cuando delitos de esta naturaleza se cometan en España. Siempre se ha dicho que el derecho tiene horror al vacío pero mucho más a la irracionalidad. Si la jurisdicción es universal, el territorio español no puede quedar fuera del universo. Es una contradicción en los términos, insalvable y absurda[13].

Además, tampoco los juzgados de instrucción han tomado cartas en el asunto. Es ésta la segunda dimensión de la ya anunciada inacción judicial. Ante la aparición de restos humanos en fosas comunes, son muchos los jueces que se niegan a personarse en el lugar de los hechos, identificar los cadáveres e incluso tomar declaración a testigos o personas que pudieran aportar alguna luz al respecto. En resumidas cuentas, estos jueces están incumpliendo con su obligación, como es la de levantar diligencias penales ante la aparición de restos humanos, en muchos casos maniatados y con orificios de bala. Alegar que la Ley de Amnistía de 1977 —una ley que contraviene el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por España en 1976— impide investigar el asesinato de estas personas revela un total desconocimiento del Derecho aplicable a crímenes de lesa humanidad y a violaciones de derechos humanos[14].

LA LIBERTAD DE INVESTIGACIÓN Y LA FORMACIÓN

DE UNA CONCIENCIA HISTÓRICA COLECTIVA

En su trabajo, Francisco Espinosa nos presenta una serie de casos en los que ese derecho a saber se ha visto cuestionado por parte de aquellos que pretendían —y todavía pretenden— que el honor de los verdugos quedara salvado. Aquellos que alegan el derecho al honor para impedir la difusión de trabajos de investigación en los que se señala la participación de algunas personas en diferentes aspectos y momentos de la represión franquista. No deja de resultar esperpéntico que quienes representan y vindican el honor de los que participaron de forma activa en la represión de un régimen democrático como fue la Segunda República sean ahora los primeros en acudir a la Constitución y sus derechos fundamentales —aquellos que fueron ignorados durante la dictadura franquista— en su defensa.

Pero, si esperpéntico es su alegato, grotesca resulta ser la acogida que éste ha tenido en algunos medios e instituciones, incluidos ciertos jueces que no han dudada en entender ese supuesto derecho al honor de una forma poco menos que absoluta, por encima de otros derechos fundamentales como son la libertad de expresión y la libertad de información. A lo largo de las páginas de este libro, Francisco Espinosa no solo analiza con enorme rigor y precisión los alegatos de las partes en ciada uno de los casos presentados, sino que también disecciona las razones que están detrás de este nuevo intento por acallar el pasado y expone con rotundidad las consecuencias que se derivarían de aceptar tales tesis.

Es el supuesto conflicto entre el derecho al honor, por un lado, y las libertades de información y de creación y producción científica, por otro, el que sirve como hilo conductor de los casos presentados en estas páginas. Un conflicto que, en lo relativo a la labor historiográfica, ha quedado resuelto desde el punto de vista constitucional tras la sentencia del «caso Dolors Genovés» (STC 43/2004, de 23 de marzo). En ella, el Tribunal Constitucional aporta los siguientes elementos que habrán de ser ineludiblemente tenidos en cuenta a la hora de abordar futuros conflictos al respecto por parte de los órganos judiciales. En primer lugar, el Tribunal afirma que «la libertad científica —en lo que ahora interesa, el debate histórico— disfruta en nuestra Constitución de una protección acrecida respecto de la que opera para las libertades de expresión e información, ya que mientras que éstas se refieren a hechos actuales protagonizados por personas del presente, aquélla […] se refiere siempre a hechos del pasado y a individuos cuya personalidad se ha ido diluyendo necesariamente como consecuencia del paso del tiempo». En consecuencia, «no puede oponerse como límite a la libertad científica con el mismo alcance e intensidad con el que se opone la dignidad de los vivos al ejercicio de las libertades de expresión e información de sus coetáneos».

Tras partir de esta distinción, el Tribunal reconoce el carácter polémico y discutible de la investigación histórica, así como la necesidad de que el historiador emita por su parte valoraciones y juicios sobre los hechos históricos. Y ello porque «la posibilidad de que los contemporáneos formemos nuestra propia visión del mundo a partir de la valoración de experiencias ajenas depende de la existencia de una ciencia histórica libre y metodológicamente fundada. Sin diálogo con los juicios de los demás —con los del historiador, en lo que aquí importa— no resulta posible formar el propio juicio. No habría tampoco espacio —que solo puede abrirse en libertad— para la formación de una conciencia histórica colectiva».

Finalmente, el Tribunal establece el requisito que debe satisfacer esa ciencia histórica para merecer de la protección constitucional en casos como los aquí recogidos: «La investigación sobre hechos protagonizados en el pasado por personas fallecidas debe prevalecer, en su difusión pública, sobre el derecho al honor de tales personas cuando efectivamente se ajuste a los usos y métodos característicos de la ciencia historiográfica». Esta referencia a la corrección metodológica resulta especialmente importante en este ámbito, dado que en la mayor parte de las ocasiones carecemos de documentos u otras fuentes escritas que prueben sin género de duda las acusaciones de colaboración con la represión franquista que se denuncian en los casos recogidos. La labor del historiador se basa aquí en testimonios orales, más difusos que las pruebas escritas. Ahora bien, ello no significa que tales testimonios tengan un menor valor histórico, ni que no quepa un posible error en los hechos. Como dice el Tribunal: «Si la historia solamente pudiera construirse con base en hechos incuestionables, se haría imposible la historiografía, concebida como ciencia social. En su ámbito, los historiadores valoran cuáles son las causas que explican los hechos históricos y proponen su interpretación, y […] no corresponde a este Tribunal decidir cuáles sean las que deben imponerse de entre las posibles».

Quedémonos, como conclusión de esta sentencia, con las siguientes palabras del Tribunal Constitucional:

Son los propios ciudadanos quienes, a la luz del debate historiográfico y cultural, conforman su propia visión de lo acaecido, que puede variar en el futuro. […] La discusión histórica está abierta a la participación y a la réplica en su contexto propio y por sus medios característicos, pero no puede estarlo a la solución jurídica. […] El ejercicio de nuestra jurisdicción en la garantía de los derechos fundamentales no sirve para enjuiciar la historia, y menos aún para cambiarla o silenciar sus hechos, por mucho que éstos o las interpretaciones que de los mismos se puedan hacer resulten molestos y penosos para sus protagonistas o para sus descendientes[15].

No obstante, esta doctrina del Tribunal Constitucional no se ha aplicado a todos los casos expuestos en estas páginas. Algunos, porque fueron enjuiciados con anterioridad a esta sentencia; otros, porque todavía existen jueces en este país que siguen sin tener claro el carácter vinculante de la Constitución y de la interpretación que de sus normas hace el Tribunal Constitucional. Jueces como los citados en el libro, que exponen —en algún caso, en una sala presidida por un escudo franquista— sin rubor las siguientes afirmaciones: «Las guerras civiles dejan una estela o rastro sangriento de hechos, unas veces heroicos y otras reprobables, que es indispensable inhumar y olvidar, no siendo atinado avivar los rescoldos de esa lucha para despertar rencores»; «la inoportuna e infeliz recordación de episodios sucedidos antes y después del 18 de julio»; «que se hicieron cafradas por los dos bandos es igual de incontrovertible»; «lo que no se puede decir, porque no se ampara en nuestro sistema constitucional, es que determinada persona era responsable de las listas de paseados. Y yo no entro a valorar si esto es cierto o no».

Afortunadamente, no todos los jueces comparten esta filosofía. El autor nos presenta en el libro otros casos en los que los jueces amparan la labor y metodología del historiador. Ahora bien, como en tantos otros temas, en este ámbito también «la Justicia depende de quien te toque», parafraseando a Francisco Espinosa. En efecto, el contenido de las normas jurídicas siempre depende de las lentes de quien las mira. La lectura e interpretación de los textos que aparecen en constituciones y leyes es una labor eminentemente subjetiva en la que, junto a otros factores más o menos consolidados, interviene de forma decisiva la ideología del intérprete. En este caso, del juez, quien vuelca toda su filosofía, formación y experiencia en sus sentencias. De ahí que no baste con que el Tribunal Constitucional siente doctrina en esta materia, sino que se requiere un mayor esfuerzo en formación de los jueces en estas materias, para evitar que sigan obstaculizando la labor del investigador en el desarrollo de este proceso de recuperación de la memoria democrática.

CONCLUSIÓN: SI SE BORRA EL PASADO, NO HAY CULPABLES

NI DELITOS

El autor del libro también nos invita a mirar más allá de los detalles de cada uno de los casos expuestos. Presenta con enorme claridad las motivaciones que están detrás de este intento por «callar al mensajero». Unas razones y motivos que trascienden lo estrictamente personal, es decir, la defensa de un supuesto honor puesto en entredicho, para centrarse en un terreno mucho más político. En concreto, en un intento por paralizar en la mayor medida posible la investigación sobre todo lo que rodeó a la dictadura franquista y su represión.

Tampoco conviene descartar las motivaciones estrictamente personales. Por un lado, familiares de participantes en la represión franquista que quieren mantener en el olvido ese oscuro episodio de sus vidas. Por otro, alguno de los casos que se relatan en el libro tiene que ver con el intento de silenciar evoluciones personales interesadas. Personajes que una noche se acostaron falangistas y a la mañana siguiente se levantaron demócratas convencidos. Tanto en uno como en otro caso, su pretensión tropieza con la libertad de información y la libertad de creación y producción científica del historiador. Como pone de manifiesto el autor, la Constitución ampara esta búsqueda del conocimiento veraz de la historia. Es éste el sentido en el que el Derecho sí entra en el ámbito de la labor del historiador: para proteger los resultados de su investigación libre y metodológicamente fundada frente a los ataques que de terceros —molestos con dichos resultados— podrían producirse. Lástima que esta protección llegue ya tarde para algunas de las personas cuyas peripecias ante los tribunales y medios de comunicación se relatan en estas páginas. Difícilmente se les podrá resarcir del daño sufrido, aunque seguro que les sirve de consuelo saber que el Derecho ampara a quienes ahora continúan la lucha iniciada por ellos.

Pero, como se dijo antes, este intento de acallar las voces que señalan a los participantes en la represión va más allá de lo estrictamente personal o familiar, de la protección del honor en el sentido clásico del término. Desde mi punto de vista, hay una frase de Francisco Espinosa que resume a la perfección esta intención: «Donde ha sido borrado el pasado, no hay delitos ni culpables». La interposición de demandas judiciales en este sentido pretende acallar la investigación histórica con el objeto de evitar que salgan a la luz más detalles de la represión. Es un elemento más en esa estrategia de amnesia e impunidad que se instaló con la Transición en la vida política e institucional española. Ahora, de lo que se trata es de desprestigiar la labor del historiador mediante la descalificación de las fuentes y de los testimonios orales.

Sabido es que en el estudio de la represión acaecida durante el franquismo los testimonios orales son de capital importancia. Los represores intentaron no dejar huella escrita de su actuación, como lo prueban los numerosísimos casos en que ni siquiera se inscribió la muerte de las personas en el Registro Civil. A ello se suma el lamentable tratamiento que se ha dado desde la democracia a la cuestión de los archivos: muchos fueron libremente destruidos por los propios verdugos y otros tantos permanecen hoy sin acceso para los historiadores. Frente a este panorama, los testimonios orales de afectados, testigos y familiares de víctimas se presentan como la principal fuente del historiador, sin cuyo sustento no podrá construirse esa memoria histórica que demanda nuestra democracia.

En paralelo, lograr desactivar el uso de estas fuentes y testimonios —como parece ser la pretensión principal de uno de los jueces retratados en el libro— sería un golpe más que decisivo a la historiografía que pudiera hacerse en España sobre el golpe militar franquista y su plan de exterminio. Supondría consagrar definitivamente esa impunidad contra la que ha de luchar toda sociedad que pretenda ser democrática. Sin embargo, por lo menos en este punto —no así en otros— la impunidad no ha vencido del todo. El Tribunal Constitucional «validó» el uso de estas fuentes y testimonios orales por parte del historiador, lo que habrá de ser tenido en cuenta no solo en los futuros conflictos que puedan plantearse, sino también en los casos que se encuentran en la actualidad a la espera de sentencia.

Finalmente, el libro también muestra fenómenos paradójicos, como es el entrecruzamiento de ambas motivaciones —la personal y la política— en algunos personajes de esta historia. Personajes que mantienen posiciones supuestamente distintas, en función de si se ven afectados o no personalmente, lo que les lleva a realizar erráticos ejercicios de funambulismo político para «salvar su honor». Un ejemplo de ello —relatado en el libro— es el caso de Jorge Trías Sagnier. Abogado de Violeta Friedman, por un lado, y demandante contra un documental de Dolors Genovés en el que supuestamente se vulneraba el honor de su padre[16], por otro, en una entrevista concedida al diario ABC el 31 de enero de 2005 afirmaba lo siguiente: «El recuerdo de Violeta siempre estará con nosotros. Las historias de los republicanos españoles o de los palestinos en Israel [sic] puede que sean muy trágicas, pero no tienen nada que ver con el Holocausto y sus supervivientes».

Resulta bastante plausible que fuera el intento de justificación del oscuro pasado de su padre el que le llevara a realizar una declaración política de tal calado. Quizá no. En todo caso, poco o nada importa ya. Lo que queda es un lamentable intento de establecer una especie de «jerarquía de los horrores», en el que el sufrimiento de republicanos españoles y palestinos ocupa un puesto inferior con respecto al de los judíos. Ante esta opinión interesada puede oponerse el resultado del trabajo de los historiadores. Y de ahí que éste se pretenda evitar mediante demandas y presiones. Historiadores como el propio Francisco Espinosa muestran con sus estudios que las diferencias no son tantas —por lo menos, desde un punto de vista cualitativo— y que, en consecuencia, el tratamiento de los crímenes de la dictadura franquista, así como de la propaganda o exaltación de sus verdugos, debería ser el mismo a todos los efectos que el que se ha dado y se sigue dando a los propagandistas del régimen nazi.

En conclusión, varias son las razones que convierten este libro en una lectura obligada. Destacaría solamente dos de ellas. En primer término, porque acalla con rotundidad las voces de los «cantores de la Transición» y pone de manifiesto algunos aspectos que aquélla dejó abiertos e irresueltos. Una Transición que, como recuerda el autor, blindó el derecho al honor del fascismo español, dejando intacta su memoria, mientras que olvidó el derecho al honor y la restitución de las víctimas de la terrible y larga dictadura militar. En segundo término, este libro ofrece sólidos argumentos jurídicos para que no se vuelvan a repetir las demandas y juicios contra los historiadores —algunos de ellos todavía en curso— que, con el absoluto respeto a los principios metodológicos que han de guiar la labor historiográfica, siguen dedicando su tiempo y esfuerzo para sacar del olvido y del silencio a las víctimas de la represión franquista. Historiadores que con su trabajo contribuyen de manera decisiva a la construcción de una memoria democrática y respetuosa con los derechos humanos.

Se lo debemos a las personas cuyas tragedias personales y familiares se relatan en estas páginas.

RAFAEL ESCUDERO ALDAY,

profesor titular de Filosofía del Derecho,

Universidad Carlos III de Madrid

INTRODUCCIÓN

El antecedente inmediato de este trabajo fueron las jornadas que tuvieron lugar en O Grove en septiembre de 2007 con el título «A represión en Galiza: O dereito a saber e a liberdade de investigar». Al reunir a buena parte de los afectados por demandas relacionadas con el derecho al honor, constituyó una ocasión única de percibir el problema y de contactar con algunos de los protagonistas de este libro. Hay, no obstante, otros antecedentes más antiguos que pude seguir por la prensa e incluso vivir de cerca. Serían los casos de Fernando Ruiz Vergara y su documental Rocío, de Isidoro Sánchez Baena y sus problemas con la represión en Luque, o el de Dolors Genovés y la demanda de los Trías por el documental sobre el asesinato de Manuel Carrasco i Formiguera. Aparte quedaría José Casado Montado, memoria viva de la represión fascista en San Fernando, obra que conocí en su momento pero de la que no supe entonces que su autor había sido demandado.

Los demás casos son recientes, ya dentro de lo que se ha dado en llamar proceso de recuperación de la memoria histórica, es decir, de esta década. Me refiero a Fabien Garrido, al que le fue cerrada una página web por orden del juez de Cambados, Juan Carlos Carballal Paradela, figura peculiar a la que prestaremos cierta atención por haberlo podido escuchar en las referidas jornadas; Marta Capín, demandada por la familia de un médico implicado en la matanza del personal de un hospital psiquiátrico; Santiago Macías y Emilio Silva, que se vieron en problemas por un testimonio recogido en su libro; Dionisio Pereira, quien al contar la represión en Cerdedo se topó con la familia de un exalcalde franquista, y Alfredo Grimaldos, demandado por la familia Rosón por volver a contar viejas historias que ya en su momento dieron lugar a otras demandas. Aparte quedarían, por sus peculiaridades, la admirable lucha de Violeta Friedman contra el nazi belga Léon Degrelle, acogido por la dictadura franquista; el caso de la familia de Antonio Martínez Borrego, cuya memoria fue ensuciada —con ayuda de una periodista— por un sujeto deseoso de pasar por lo que no fue y de cargar a otros sus culpas; y la triste historia de Amparo Barayón y de su hijo Ramón, donde la demanda que debió existir no llegó a materializarse por diversos problemas.

A quienes hemos realizado investigaciones sobre la represión nada de esto nos es ajeno. Recuerdo perfectamente la seria advertencia que supuso para los que andábamos en estas cuestiones el caso de Isidoro Sánchez Baena a comienzos de la década de 1990. El caso del crimen del casero de Luque, a cuyo responsable se le puso nombre y apellidos, representó en fecha tan temprana la negación de los testimonios orales como fuente histórica. Y es curioso porque Sánchez Baena se animó precisamente a investigar lo ocurrido en Luque y a recoger testimonios de personas que vivieron aquellos hechos tras la lectura de los trabajos de Francisco Moreno Gómez, quien desde principios de la década de 1980 venía ofreciendo la historia de la República, la Guerra Civil y la posguerra en la provincia de Córdoba. ¿Acaso no tuvo problemas él cuando hizo públicas sus obras, con detallados estudios sobre la represión y con numerosos testimonios orales?

Según Moreno Gómez, la derecha en la década de 1980 no se atrevió a reaccionar ante estas publicaciones, aún excepcionales. La prensa cordobesa sí recogió alguna crítica aislada de algún personajillo local. También recibió una carta anónima desde Pozoblanco, acusándolo de lucrarse con la sangre de las víctimas, y uno de los verdugos de su pueblo, Diego «El Chunga», se le acercó y lo acusó de mentiroso, a lo que Moreno le espetó que, por respeto a las víctimas, no le dirigiera la palabra. Posteriormente sería el jesuita Feliciano Delgado el que arremetería contra él desde el diario Córdoba aprovechando que lo había confundido con otro familiar de igual nombre. Y a esto se redujo todo. Ni una demanda para un libro donde por primera vez la represión se trataba sin tapujos. Pero hay que coincidir con el análisis de Moreno Gómez: la derecha todavía se sentía insegura. Aún vivían testigos que podían echarle en cara su pasado y prefería callar estando además, como estaba, blindada con la amnistía de 1977.

Otro pionero de los estudios sobre represión, como fue Alberto Reig Tapia, me dice que sus problemas, aparte de con las editoriales, obsesionadas siempre por reducirlo todo y preocupadas por las ventas de los libros, fueron los archivos, celosos guardianes de la memoria de los vencedores. Por el contrario, a consecuencia de sus intervenciones en radio y televisión (la serie sobre la Guerra Civil coordinada por Manuel Tuñón de Lara en la que tras la emisión de cada programa se pasaba a un debate radiofónico), recibió amenazas de paliza e incluso de muerte.

En mi caso, la situación no cambió en la década de 1990, cuando publiqué La guerra civil en Huelva en 1996 (4.ª ed., Huelva, Diputación Provincial de Huelva, 2006). El problema fue el propio Servicio de Publicaciones de la Diputación de Huelva, que retuvo el libro desde 1993 porque los anexos con los listados de víctimas le parecían «problemáticos» a la responsable. Sin embargo, pese a lo que pudiera suponerse, dado el tratamiento exhaustivo que se concedió al fenómeno represivo, solo hubo una queja. Alguien de un pueblo acudió al entonces presidente de la Diputación, Domingo Prieto, lamentándose de que se relacionaba a su familia con un hecho delictivo. Prieto le dijo simplemente que la información era fiable y que había que respetar el trabajo de los historiadores.

Más ojo avizor anduve cuando en el año 2000 publiqué La justicia de Queipo (última edición: Barcelona, Crítica, 2006), una bajada al submundo de la represión en el sudoeste a través de la propia documentación que dejaron los golpistas, con abundantes nombres y apellidos, y un intento de mirar lo ocurrido desde abajo, incluso desde las llamadas brigadillas de ejecuciones. Pero, por suerte, tampoco ocurrió nada. En aquel momento, el año 2000, ya no cabía hablar de una derecha apocada sino más bien lo contrario, una derecha envalentonada por la mayoría absoluta y que no tardaría en mostrar su verdadera faz en los cuatro años siguientes. Creo, por el contrario, que si alguien pensó en poner una demanda por sacar a la luz información tan delicada y que en tan mal lugar dejaba el honor de tantos; fue por temor a que, a consecuencia de la propia demanda, saliera a la luz aún más información y lo que quedara del «honor de la familia» se fuera definitivamente por el sumidero de la historia.

No tengo noticia de más quejas y amenazas que afectaran a otros investigadores, aunque seguro que ha debido haberlas. Pienso en Ian Gibson y su libro sobre la represión en Granada o en otros trabajos pioneros como los de La Rioja o Soria.

Estos casos aquí reunidos representan una muestra —creo que significativa— de lo que ha ocurrido en nuestro país cuando se ha tocado el pasado oculto, negado por la dictadura y cerrado por el modelo de transición. Soy historiador y mi objetivo no es sino poner a la visita una serie de conflictos, aislados y en general poco conocidos, creados precisamente por la negación a admitir y reconocer lo ocurrido en España a raíz del golpe militar de 18 de julio de 1936. Carezco de formación jurídica y ni que decir tiene lo mucho que me ha costado penetrar en el —por lo general— proceloso piélago judicial, con sus farragosas sentencias, que parecen estar hechas para no ser leídas ni entendidas. De ahí la alegría que produce encontrarse con ponentes como Vicente Gimeno Sendra o María Emilia Casas Bahamonde.

De los casos tratados, el primero es de 1981 y el último aún está pendiente de resolución. Estamos pues ante un fenómeno que recorre machaconamente las tres últimas décadas, por más que su apogeo se haya producido en los últimos años. El propósito de este trabajo es contar lo que ha pasado y a quién ha pasado, y tratar de ver por qué ha ocurrido así.

Dicho esto, y puesto que es de Justicia de lo que se va a hablar, también cabría preguntarse y reflexionar, desde la historia y en relación con la represión franquista, dónde ha estado esta Justicia que tan activa se ha mostrado a veces en la defensa del honor de los vencedores. Sabemos que, durante la dictadura, el aparato judicial constituyó uno de los pilares del franquismo, al que estuvo ligado desde sus orígenes, y que, como las demás instituciones de carácter represivo, pasó intacto de la dictadura a la democracia. Un buen ejemplo de su evolución sería el caso de Antonio Pedrol Rius, uno de los personajes de la Transición: presidente del Consejo General de Abogacía, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y senador por designación real en 1977. Sin embargo, sus biografías nunca suelen mencionar que tras el golpe de 1936 anduvo por el sudoeste al servicio de la maquinaria judicial militar creada por los conspiradores. Un estudio del Cuerpo Jurídico Militar y de los abogados que colaboraron en los consejos de guerra sumarísimos de urgencia, a través de las oficinas jurídicas de los gobiernos militares, resultaría clarificador sobre los orígenes del aparato judicial franquista.

Cuando a partir de 1977 comienzan a darse por buena parte del país casos de exhumaciones relacionadas con la represión franquista no hubo ni uno solo en que la Justicia, tal como era su deber por ordenarlo la Ley, hiciera acto de presencia. Naturalmente de haber levantado acta de la exhumación se hubieran visto obligados a indagar en quiénes, por qué y desde cuándo se encontraban dentro de las fosas. Hubiera sido fácil. Vivían aún personas que podían indicar los lugares donde había restos humanos y testigos que sabían las circunstancias de aquellos hechos, pero la Justicia nada hizo: aquellos huesos y sus historias, pese a haber sido el Ministerio de Justicia el que se encargó en su momento de instruir la causa general, es decir, de las víctimas del «terror rojo», no eran de su incumbencia.

En consonancia con el poder político durante las décadas de 1980 y 1990, la Justicia aprovechó y decidió «no mirar atrás» salvo, como veremos, para defender el derecho al honor de personas afectadas por la libertad de información… sobre la represión franquista. Este hecho concuerda con el panorama que hemos descrito a veces, caracterizado por la total ausencia de investigaciones sobre esta cuestión por parte del mundo académico hasta la década de 1990 en paralelo a las políticas de olvido aplicadas en esos años desde el poder, panorama que tanto enerva a los cantores de la Transición, cuyo prototipo vendría a ser el comentarista político de El País Santos Juliá[17].

Cuando en torno a 1996-1997 se iniciaron los movimientos a favor de la recuperación de la memoria democrática, tampoco la Justicia quiso saber nada de aquello, sin duda convencida de que nada tenía que ver con lo que allí se debatía o simplemente ajena a su propio pasado democrático. El poder político percibió a comienzos de la actual década que no podía quedar al margen del debate social. De ahí el proceso que va de la tímida y confusa condena del franquismo en noviembre de 2002 al compromiso de elaborar una ley de memoria en el 2004 y a su aprobación cuatro años después, en diciembre de 2007.

El primer intento para implicar a la Justicia se produjo a finales de 2006, cuando trece asociaciones presentan en la Audiencia Nacional una serie de casos de personas desaparecidas a consecuencia del golpe militar del 36 con la intención de que sean contempladas como detenciones ilegales, desapariciones forzosas y crímenes de lesa humanidad, de manera que no puedan considerarse prescritas. La iniciativa dormirá durante cerca de dos años en una sala de la Audiencia hasta que en septiembre de 2008 el juez Baltasar Garzón hace público su primer auto.

Pese a que sin duda era manifiestamente mejorable en algunos aspectos, no hay duda de que representa el primer intento por parte de la Justicia española de definir jurídicamente el «18 de julio» y sus consecuencias. Se trata del primer documento de carácter judicial en que se responsabiliza a Francisco Franco y otros jefes militares de la organización de la rebelión, de la aplicación de un plan de exterminio sistemático y de la desaparición de decenas de miles de personas. El auto recordaba también que «hasta el día de la fecha, la impunidad ha sido la regla frente a unos acontecimientos que podrían revestir la calificación jurídica de crimen contra la humanidad» y que lo que se pretendía no era sino «una forma de rehabilitación institucional ante el silencio desplegado hasta la fecha».

Ahí se abrió un camino que de haber podido seguir sin duda hubiera representado un indudable avance, pero la alegría duró poco. El fiscal de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza se limitó a recordar que los hechos objeto de debate están amparados por la amnistía de 1977 —no hay que olvidar que aunque contara con el visto bueno del Parlamento fue preconstitucional— y que la legislación penal de la época no permite hablar de crímenes contra la humanidad. Además, la Audiencia no era competente para juzgar el delito de rebelión. Para Zaragoza, que llegó a acusar a Garzón de organizar una nueva «causa general», se trataba simplemente de delitos comunes. Solo varias semanas bastaron para que la propia Audiencia, con medidas inusuales que mostraban la importancia que se concedía al asunto, abortase el intento. Primero por la propia inhibición del juez Garzón y después por la declaración por parte de la Fiscalía sobre la no competencia del juez. Allí, entre la precipitación de un juez que no calculó sus fuerzas y la firmeza de la derecha permanente, quedó sepultada la posibilidad de reunir toda la documentación dispersa elaborada por personas y colectivos diversos en las últimas tres décadas, y la de elaborar un informe completo sobre la represión franquista, cuya particularidad e importancia hubiera radicado precisamente en estar respaldado por la Justicia.

Estas circunstancias devolvieron el protagonismo a la olvidada Ley de Memoria Histórica, un proyecto débil e incompleto que no satisface a casi nadie. Este panorama deja abierta la posibilidad de que los casos que se describen a continuación sigan existiendo. La vía abortada por la derecha judicial hubiera acabado acarreando, tal como solicitó a finales de 2008 la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, verdadera «Ley de Punto Final de la Transición» española. Digamos que, por el momento, todo sigue atado y bien atado.

FERNANDO RUIZ VERGARA Y ROCÍO

Rocío se estrenó en Sevilla a mediados de la década de 1980 en el cine Pathé, de la calle Cuna, donde se mantuvo tan solo unos días. Los que la vimos, con la sala casi vacía, contemplamos con perplejidad cómo en varios momentos, que resultaron eternos en la oscuridad de la sala, la pantalla se quedaba en negro con un rótulo central en el que se leía: «Supresión por sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo del 3.4.1984». Algo sabíamos ya por la prensa de los problemas que había tenido desde su estreno cinco años antes en el festival de cine de Sevilla, en el que fue premiada. Entretanto su exhibición había estado prohibida, primero en el sudoeste y luego en toda Andalucía.

El estreno de Rocío en diferentes ciudades españolas tuvo amplio eco en la prensa, tanto en la sección específica de cine como en las secciones de opinión. Diario 16 y La Calle realizaron críticas favorables. Femando Lara aconsejaba en esta última «verla para que se sepa un poco mejor en qué país vivimos» (3 de febrero de 1981). Pueblo, Ya y El Alcázar arremetieron contra ella. El padre Sobrino, considerado entonces por ciertos medios «jesuita experto en cine», dijo que se trataba de un «documental manipulado y desvirtuado por la política ideológica y de mitin político y anticlerical» (Ya, 15 de febrero de 1981).

La película, una historia de la romería repleta de imágenes de gran fuerza visual, en su mayor parte tomadas en los años inmediatos a la muerte de Franco, era impactante. Saltaba a la vista que la mirada de Fernando Ruiz Vergara no era la habitual. Incluso las mismas imágenes vistas mil veces sobre el Rocío adquirían otro aspecto muy diferente, hecho en el que influía no poco la música. Especial interés tenían las entrevistas, entre las que cabe recordar especialmente la dedicada a justificar las «transformaciones» sufridas por la imagen de la virgen, con la inolvidable explicación de Hernández Díaz, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla y, paradójicamente, uno de los encargados de recapitular en 1936 los daños sufridos por el tesoro artístico en la diócesis de Sevilla. Destacaba, sobre todo, la que dio lugar al problema, en la que se exponen «los sucesos del 32» en Almonte y su estrecha relación con la represión del 36. Sobrecogía la lectura de los nombres y apodos de los vecinos de Almonte asesinados a consecuencia del golpe militar del 18 de julio, de muchos de los cuales se mostraban retratos de la época. Al final la «voz en off», que era la del actor de origen onubense José Luis Gómez, afirmaba que en total fueron cien, noventa y nueve hombres y una mujer. Era la primera vez que veía en cine algo semejante.

Todo esto tuvo para mí especial interés por un motivo. Yo andaba entonces intentando acceder al archivo del cementerio de San Fernando para ver si la represión franquista quedó recogida de algún modo. Había chocado ya con la universidad, que no quiso saber nada sobre la posibilidad de elaborar una tesina sobre el «18 de julio» en Sevilla —ni siquiera hacerme un escrito que facilitara mi acceso a ciertos archivos—, y con los funcionarios del cementerio, cuyo jefe mantenía que «nada de lo que allí había era de mi incumbencia». Así que recurrí al Ayuntamiento, donde finalmente una persona relacionada con la sección de Sanidad y a la que conocía de vista de la universidad accedió a firmarme un permiso que facilitara la consulta.

Esta investigación sobre el golpe militar en Sevilla y la represión daría lugar a un trabajo que no encontraría medio de publicación hasta 1990, en que, resumido, vería la luz en un libro coordinado por el mismo profesor de la universidad que se había negado doce años antes a aceptarlo como tesina. Pues bien, fue en este ambiente de absoluta ocultación de los aspectos más negros del golpe militar —recordemos que aún no habían sido publicadas ninguna de las investigaciones pioneras sobre la represión franquista— donde Fernando Ruiz Vergara vino a contar la trastienda de la matanza realizada por los fascistas en Almonte y puso nombre y rostro al que, según algunos testimonios, aparecía como máximo responsable: el propietario y exalcalde primorriverista José María Reales Carrasco.

Unos años después, durante la segunda mitad de la década de 1980, cuando investigaba sobre el golpe militar y la represión en Huelva, me acordé de Rocío. La grabé cuando la pasaron por la televisión andaluza (a altas horas de la noche) y así pude sacar todos los nombres de represaliados que se mencionaban en el documental. Hay que tener en cuenta que en el Registro Civil de Almonte solo llegó a inscribirse algo más de la cuarta parte de las personas allí asesinadas y que el filme de Ruiz Vergara aportaba varias docenas de nombres. Para completar la información, a finales de los años ochenta intenté localizar a Fernando Ruiz Vergara en Huelva y Almonte, pero solo llegué a saber que vivía en Portugal. Cuando publiqué La guerra civil en Huelva en 1996 aludí a él y a su aportación, y esperé que contactara conmigo pero tal cosa no ocurrió. Hubo que esperar más de veinte años para, a través de una serie de casualidades, conocer personalmente a Ruiz Vergara con motivo de un viaje suyo a Sevilla. Y fue entonces cuando, por fin, me enteré de la historia de Rocío.

Como se ha dicho, se exhibió por primera vez en 1980 dentro del festival de cine de Sevilla y se distribuyó a lo largo del año siguiente por todo el país, excepto Andalucía, donde no se pudo ver hasta 1985. Es sabido por la experiencia que la realidad supera a la ficción, que la plagia sin cesar. Y digo esto porque, por increíble que parezca, los hijos de Reales Carrasco pusieron la querella contra Rocío nada menos que en la mañana del 23 de febrero de 1981, unas horas antes del golpe militar. Contra Fernando Ruiz Vergara, contra la guionista Ana Vila y contra Pedro Gómez Clavijo, el vecino de Almonte que prestó su testimonio en el filme y que denunció el papel desempeñado por el exalcalde en la represión. Gómez Clavijo aprovechó un concurrido entierro celebrado en Almonte a finales de la década de 1970 para indicarle a Ruiz Vergara quiénes componían la «escuadra negra» en el verano de 1936. Fue colocándose junto a cada uno de ellos y Ruiz Vergara los fotografió. No obstante, nada de esto salió en el documental.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de septiembre de 1982 describe en detalle la película destacando los momentos más graves según los querellantes, es decir, los seis hijos de José María Reales Carrasco:

A) «voz en off». «Con el levantamiento militar del 18 de julio los monárquicos, los requetés, y los falangistas toman la iniciativa, detienen y matan sin juicio, previo, a todos los que de urna manera u otra habían exteriorizado sus simpatías a la República o se habían distinguido por sus ideales revolucionarios». B) «voz de Clavijo». «Esta banda se dedica a llevar a la cárcel diariamente noche por noche una lista para sacar individuos para llevarlos a la carretera y asesinarlos delante de un camión». C) «voz en off». «En Almonte mataron…». A lo que se añade una lista de hombres y varios más hasta hacer un total de cien personas. Noventa y nueve hombres y una mujer, ello con aparición de fotografías de muertos. D) «voz de Clavijo», «el responsable de esta banda de criminales era…» (aquí se interrumpe la voz, y aparece filmada la toma de la misma fotografía del Sr. Reales Carrasco aparecida anteriormente al presentarlo como fundador de la Hermandad del Rocío de Jerez de la Frontera; que aparece a los siete minutos de esta última, con los ojos en esta ocasión ocultos por un rectángulo negro y aparece en sesenta y nueve fotogramas identificables a pesar del expresado tapamento de los ojos), y E) «sigue la voz de Clavijo»: «que en paz descanse, que yo le daría una vida más larga… pues ese señor cuando hacía una saca de hombres, obreros, luchadores por la libertad, el pan y el trabajo les decía a los de la banda de criminales “no empezad todavía, dejarme los míos a mí” y montando en un caballo con un porro los mata a palos […]» [transcripción literal].

El fiscal hablaba de «delito continuado de calumnia». Todo se puso en duda menos una cosa: la existencia de cien asesinatos en Almonte tras su ocupación, asunto del que nadie se ocupó. Lo que no se consintió es que dicha represión se asociara a la figura de Reales, presentado por quien vivió aquellos hechos como «el jefe de la banda de criminales» que asoló el pueblo a partir del triunfo del golpe militar. Y no porque tal cosa fuera cierta o falsa, cuestión en la que nunca se entró, sino por otros motivos que se explicaron, como luego veremos, en la sentencia del Tribunal Supremo. En el primero de los considerandos —desde luego estos documentos no están hechos para ser leídos ni mucho menos entendidos— hubo un lapsus llamativo (en cursiva):

[…] porque la frase «el responsable de esta Banda de Criminales, seguida de aparición proyectada de una fotografía del Sr. Reales Carrasco, padre de los querellantes en íntima relación y formando un todo homogéneo (sic) con lo que en relato fáctico (sic) se contiene relativa a la existencia de una banda, de las acciones que realizaba, altamente probables de ser ciertas, y con lo que le sigue expresivo de una conducta que aunque no dice referirse a dicho señor va a continuación de la susodicha fotografía que aunque con los ojos tapados se reconoce como la suya implica necesariamente la intención de deshonrar […]».

Una corrección posterior añadió «re» sobre probables, convirtiendo así probables en reprobables.

La Audiencia Provincial de Sevilla solicitó en septiembre de 1982 penas de un año de prisión menor y veinte mil pesetas de multa para Fernando Ruiz Vergara y Ana Vila, y pena de cuatro años y dos meses más otras veinte mil pesetas para Pedro Gómez Clavijo, quien para entonces tenía setenta y tres años. Por si fuera poco, condenó a los acusados a indemnizar a los querellantes por los «perjuicios morales causados» con seis millones de pesetas. Además decretó la prohibición de exhibir la película en el país mientras «subsista la segunda referencia a D. José María Reales en relación con los asesinatos aludidos…». Los delitos que dieron lugar a tan severas penas eran de injurias y calumnias.

Según noticia recogida de la prensa por Angel del Río, el abogado defensor de Gómez Clavijo, Antonio Mate, dijo estas palabras:

Naturalmente, Pedro Gómez Clavijo no vio nunca que José M.ª Reales matara a nadie con una porra desde el caballo, porque hubiese sido o de la banda o de los muertos. Pero lo sabe, y así lo contó en su momento, porque tiene la edad para saberlo, lo mismo que esos 17 ancianos que ayer se quedaron en la puerta de esta Sala para confirmar las manifestaciones de mi defendido, y que vinieron sin haber sido siquiera citados; pero esta prueba se nos negó entendiendo el tribunal que la Sala no reunía condiciones para ver previamente la película donde Pedro Gómez aparece como relator de estos hechos. Aquí se está enjuiciando, no a Pedro, sino a la fuente oral de la historia, aunque me temo que a partir de ahora esos vecinos de Almonte van a contar menos cosas de las que saben por la misma razón que Pedro Gómez ha enmudecido: el miedo que le ha hecho negar su propia imagen.

La respuesta del abogado de la acusación particular, Bernardo Botello, fue una ironía acerca de que Gómez Clavijo era, por fin, «una fuente oral de la historia»[18].

La acusación particular mantuvo para Gómez Clavijo los cuatro años de prisión pero solicitó que la multa ascendiese a cien mil pesetas y para Fernando Ruiz y Ana Vila pidió seis años de prisión y doscientas mil pesetas de multa, además de pagar todas las costas procesales, incluidas las de la acusación particular. La indemnización a la familia Reales debería ser, según la acusación particular, de veinticinco millones de pesetas, que la familia se comprometía a entregar a la Hermandad Matriz. También pretendía el secuestro definitivo de la película, de todos los negativos y copias existentes.

Para evitar problemas Fernando Ruiz asumió toda la responsabilidad ante la Ley, con lo que Ana Vila y Pedro Clavijo fueron absueltos, una teniendo que decir que el único responsable del filme era Ruiz Vergara, lo cual no era cierto, y otro obligado a mentir al decir que nunca fue advertido de que las entrevistas que se le hicieron serían utilizadas en el documental. Finalmente, la Audiencia Provincial de Sevilla lo condenó a dos meses y un día de arresto mayor y a cincuenta mil pesetas de multa.

Luego se recurrió al Tribunal Supremo, que falló en febrero de 1984. El ponente de la sentencia, Luis Vivas Marzal[19], lo primero que desechó, «por imposible demostración», fue la responsabilidad de Reales en los hechos ocurridos en Almonte. Vivas Marzal destacó que aunque la película trataba del «Rocío»,

Pronto aflora una inoportuna e infeliz recordación de episodios sucedidos antes y después del 18 de julio, en los que se encarnece a uno de los bandos contendientes, olvidando que las guerras civiles, como lucha fratricida que son, dejan una estela o rastro sangriento de hechos, unas veces heroicos y otras reprobables, que es indispensable inhumar y olvidar si se quiere que los sobrevivientes y las generaciones posteriores a la contienda, convivan pacífica, armónica y conciliadamente, no siendo atinado avivar los rescoldos de esa lucha para despertar rencores, odios y resentimientos adormecidos con el paso del tiempo, sin que lo dicho obste a que relatos rigurosamente históricos, imparciales y no destinados al común de la gente, hagan honor al adagio De omnibus aut veritas aut nihil («O la verdad o nada») con una finalidad exclusivamente crítica y científica y de matiz objetivo y testimonial.

La acusación privada intentó incorporar a la causa las declaraciones de seis testigos que trataban de acreditar «las excelsas cualidades que abordaban (sic) al difunto señor R. y la intachable conducta de éste observada mientras vivió, lo que era manifiestamente superfluo (sic), y, por otra, la imposibilidad de que hubiera perpetrado los hechos de (sic) que se le imputaban en la película cinematográfica Rocío lo que, de un lado, incumbía a los procesados, los que, por cierto, no han logrado acreditar la certeza de esos hechos, y de otro, era de imposible demostración con dichas pruebas, dado que nada impide que, el referido señor R., permaneciera encarcelado desde el 20 de julio de 1936 hasta el 29 de dicho mes y año, y, más tarde, perteneciera al grupo de caballería “Voluntarios de Huelva”, y, a pesar de ello, hubiera podido perpetrar los hechos que se le imputaron en la referida película, procediendo, a virtud de todo lo expuesto, la desestimación…». No hizo falta. Finalmente, el Tribunal Supremo rechazó el recurso y la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla se hizo firme.

El resto lo podemos imaginar pero hay que contarlo. La vida privada y profesional de Fernando Ruiz Vergara quedó destrozada; Pedro Gómez Clavijo, que llegó a llorar en los servicios de la Audiencia cuando se vio ante cuatro años de prisión y cien mil pesetas de multa, vio amargados los últimos años de vida; y Rocío se convirtió en un filme maldito. Por si fuera poco, cuando se ha pasado alguna vez por televisión, no solo se mantiene la censura sino que los cortes que la evidenciaban con la referencia al decreto que la ordenaba han desaparecido. Quien la haya visto por Canal Sur o la vea actualmente no percibe nada extraño. La censura ha conseguido su último objetivo: actuar sin dejar huella[20].

Pensemos que todo ello ocurrió entre febrero de 1981 y febrero de 1984, cuando, según nos dicen algunos, ya había pasado lo peor de la Transición (el quinquenio 1976-1981), había sido superado el golpe militar frustrado del 23 de febrero de 1981 y España había entrado en la plena democracia con la mayoría absoluta socialista más espectacular de su historia.

En abril de 2005, dentro de las «II Jornadas Memoria Histórica y Justicia: la represión en Huelva y en la Cuenca Minera», celebradas en el Salón de Actos de El Monte en Huelva, se dedicó un homenaje a Fernando Ruiz Vergara y a Rocío, que se pasó en una de las sesiones. Se pudo comprobar entonces que la furia censora seguía viva y que desde la propia familia Reales o la Hermandad de Rocío —«en Almonte no fue de mucho agrado», recordó el presidente de la Hermandad José Joaquín Gil— e incluso desde el Partido Andalucista se criticó este acto y se exigió que no se pasase la cinta, ya que, «a su juicio, vincula la romería con la dictadura franquista». El Mundo, en su suplemento de Andalucía de los días 29 de marzo y 1 de abril, recogió la opinión «de varios vecinos de Almonte» en el sentido de que «no es la fecha más oportuna para su proyección ni el contexto para hacerlo». Desde la Hermandad del Rocío se informó de que «no permitirán que se intente dañar la imagen de la Romería del Rocío». El periódico recordó que de proyectarse íntegra podría «herir la sensibilidad de aquellos familiares que en 1981 interpusieron una demanda por injurias contra su productor». La familia, basándose en que la sentencia seguía vigente, exigió que la copia que se iba a exhibir fuera la censurada. Los responsables de El Monte, pese a las presiones recibidas, mantuvieron la programación pero la copia que se pasó fue, finalmente, la que ocultaba la imagen de José María Reales y las palabras sobre el papel que desempeñó en la represión.

VIOLETA FRIEDMAN CONTRA LÉON DEGRELLE[21]

Léon Degrelle era un conocido nazi belga, fundador de dicho movimiento en su país, criminal de guerra y miembro de las Waffen SS, afincado en España desde 1945. Aunque vivía con nombre falso, se sabía que estaba aquí desde que en 1955 fue reconocido por un periodista tras asistir a una reunión de veteranos de la División Azul. Franco lo protegió en todo momento y recibió la ayuda de sus amigos: Girón, Arias Navarro, Blas Piñar y el conde de Mayalde (Escrivá de Romaní, exembajador en Berlín y alcalde de Madrid). Esto le permitió vivir lujosamente en España, dedicado a coleccionar arte y a escribir panfletos pronazis. La petición de extradición por parte de Bélgica no sirvió de nada. No obstante, aunque la condena había prescrito, su país lo declaró persona non grata y le prohibió la entrada e incluso tras su muerte, en 1994, impidió que entrasen sus cenizas.

Fueron precisamente unas declaraciones realizadas en 1985 en un informativo nocturno de TVE las que dieron lugar a este caso. En ellas Degrelle criticaba —llegó a hablar de profanación— la comprobación que se había hecho en Brasil con los restos del médico nazi Josef Mengele para establecer su identidad. «¿Se arrepiente usted de algo, señor Degrelle?», preguntó el periodista. «Solo me arrepiento de que Hitler haya perdido la guerra», respondió el nazi. Indignada por el espectáculo, Violeta Friedman llamó a la TVE, donde le hablaron del interés periodístico de la entrevista, y escribió una carta a El País (17 de julio de 1985). Degrelle contestó, reafirmándose en sus ideas y negando una vez más el Holocausto. Y esto se lo decía a una mujer cuya familia (padres, abuelos y bisabuela) y amigas habían desaparecido en Auschwitz. Degrelle no solo negaba la existencia de las cámaras de gas sino que afirmaba que Mengele era «un médico normal». Igualmente se despachó a su antojo en una entrevista que publicó Tiempo (29 de julio de 1985), donde llegó a decir: «Falta un líder; ojalá que viniera un día el hombre idóneo, aquel que podría salvar a Europa. […] Pero ya no surgen hombres como el Führer». Cuando Violeta Friedman solicitó a la revista de Julián Lago un espacio similar para contrarrestar las ideas del nazi no le hicieron caso: Degrelle era noticia, Friedman no.

Fue entonces cuando, a pesar de ser consciente del vacío legal existente en la jurisprudencia española al respecto, decidió ir por la vía judicial. En su demanda pedía que se impidiera a Degrelle realizar declaraciones como las que había hecho, dada su absoluta falsedad, y solicitaba una indemnización por el daño moral sufrido. Se encargó del caso Jorge Trías Sagnier, abogado de Max Mazín, presidente honorario de la Comunidad Judía de Madrid, quien se negó a cobrarle dinero alguno. El juicio, celebrado en junio de 1986, amparó a Degrelle conforme al derecho a la libertad de expresión que le otorgaba la Constitución. A Friedman, a la que según los jueces Degrelle ni se había referido, «le faltaba legitimación activa para demandar». Ella entonces apeló a la Audiencia Territorial de Madrid.

El segundo juicio se celebró en febrero de 1988. En esta ocasión se sintió maltratada por miembros de CEDADE, que acudieron a la entrada de la Audiencia, y desprotegida por la Guardia Civil, que incluso llegó a zarandearla de mala manera. En un nada acertado titular de El País se leyó: «El juicio contra la absolución del nazi Degrelle enfrenta a Violeta Friedman con grupos ultras» (4 de febrero de 1988). Además durante el desarrollo del juicio se permitió a los familiares y partidarios de Degrelle hacer todo tipo de manifestaciones en la sala y la cobertura informativa favoreció al nazi. El resultado fue el mismo: Degrelle había ejercido su derecho a la libertad de expresión. El tercer escalón fue el Tribunal Supremo, que en diciembre de 1988 se puso de parte del nazi belga.

En España solo quedaba un último recurso, el Tribunal Constitucional (TC), que admitió el caso y lo resolvió tres años después, en noviembre de 1991. La enorme tardanza se vio compensada por el fallo (sentencia 214/1991), favorable a Violeta Friedman. Se declaraban nulas las sentencias anteriores y se reconocía el derecho al honor de Friedman, señalándose que la libertad de expresión tiene su límite en el respeto al derecho al honor y la dignidad humana.

Esto tuvo consecuencias legales que acabaron plasmándose en el Código Penal, de forma que la negación, banalización o justificación de hechos tipificados como genocidio y la pretensión de rehabilitar o constituir regímenes o instituciones que ampararan dichas prácticas se convirtió en delito. Sin embargo, misteriosamente, el párrafo que castigaba la fabricación, difusión o exhibición de símbolos o medios de propaganda que representaran o defendiesen hechos considerados como genocidio desapareció del texto aprobado.

Violeta Friedman quedó muy satisfecha de todo esto, sobre todo de la sentencia del TC, aunque consideró insuficiente el texto legislativo, ya que esta laguna permitía que, al contrario que en otros países europeos, la «incitación al odio o a la violencia racial» pudiese actuar sin obstáculos. Estas carencias fueron subsanadas finalmente en abril de 1995. Friedman murió cinco años después, satisfecha de los resultados de su larga lucha de seis años.

Conviene decir que, además del abogado Trías Sagnier, la señora Friedman contó con otros tres factores: el apoyo económico de la organización judía B’nai B’rith, cuyo responsable en España era el mencionado Max Mazín, el hecho de que el ponente de la sentencia fuera Vicente Gimeno Sendra, y la presencia al frente del Tribunal Constitucional de Francisco Tomás y Valiente y de Francisco Rubio Llorente, en funciones respectivamente de presidente y vicepresidente, presencias que, dado el carácter predominantemente conservador del poder judicial en España, resultaron cruciales. Tampoco estará de más recordar que el abogado defensor, Juan Servando Balaguer Pareño, casado con una hija de Degrelle y con un pasado acorde a las circunstancias, perteneció a los grupos paramilitares que se sumaron al golpe militar de julio de 1936 en sus inicios. Concretamente participó, entre otras operaciones, en la ocupación de diversos pueblos de la zona minera de Huelva. Más tarde se estableció en Constantina, donde llegó a ejercer de dentista. Fue jefe de Fuerza Joven y presidente de Fuerza Nueva.

Éstos eran los recuerdos de Trías Sagnier en el 2005:

En el sesenta aniversario de la liberación del campo de exterminio casi nadie ha recordado a Violeta. El torbellino de la vida se la llevó hace irnos años, pero yo me acuerdo mucho de ella, de su entierro en el cementerio judío de Madrid, de su hija Patricia y de sus nietos españoles. También recuerdo en estas fechas a Max Mazin, a Alberto Benasuly y al entonces embajador Ben-Ami, que me incitaron y apoyaron en el planteamiento de una lucha legal, de inciertas características, en defensa de la memoria de las víctimas, personificadas en Violeta, memoria pisoteada impunemente en una entrevista en TVE, en 1985, por Léon Degrelle, el exgeneral de las Waffen-SS y fundador del partido nazi belga. Y cómo no tener presente en estas fechas al ministro Enrique Múgica, al fiscal general del Estado y a Francisco Tomás y Valiente, entonces presidente del Tribunal Constitucional que, al fin, otorgó a Violeta el amparo en la demanda civil —no penal como equivocadamente a veces se dice— que yo interpuse en su nombre, afirmando que su honor había sido violado. Gracias a esa sentencia de 1991, cuya ponencia corrió a cargo del magistrado Vicente Gimeno Sendra, comenzaron a cambiar las cosas entonces y el Gobierno socialista empezó a tomarse en serio los brotes de xenofobia y antisemitismo que algunos veníamos advirtiendo desde hacía tiempo. En 1995 se modificó el Código Penal y manifestaciones repugnantes, como las de Degrelle, hoy serían sancionadas penalmente. El recuerdo de Violeta siempre estará con nosotros, sobre todo para no confundirnos. Las historias de los republicanos españoles o de los palestinos en Israel puede que sean muy trágicas, pero no tienen nada que ver con el Holocausto y sus supervivientes (ABC, 31 de enero de 2005).

Resulta enormemente llamativo, por lo forzado y extraño, el giro final, quizá provocado —aparte de por evidente actitud proisraelí— por otro caso aquí tratado, muy diferente, y en el que Trías Sagnier fue uno de los demandantes.

De la sentencia, un modelo de claridad expositiva, cabe destacar varios aspectos. La clave fueron los límites del derecho a la libertad de expresión, que, como sabemos, es asunto que sigue suscitando debate y problema siempre por el mismo sitio. La sentencia destacó que Degrelle, en el uso de lo que él entendía por «libertad de expresión», negó y se burló de los horrores y padecimientos de los familiares de Violeta Friedman, «atribuyéndoles un comportamiento de falsedad que les hace desmerecer del público aprecio y respeto». La sentencia respetó la libertad de expresión y la libertad ideológica de Degrelle, estableciendo que sus opiniones «solo pueden entenderse como lo que son: opiniones subjetivas e interesadas sobre acontecimientos históricos». Sin embargo, consideró ofensivos sus juicios sobre los judíos, a los que tachó de falsos y de victimistas, por lo que lo consideró racista y antisemita.

Expuso también la sentencia que no existen derechos ilimitados y que, por tanto, ni la libertad de expresión ni la ideológica pueden amparar expresiones de carácter racista y xenófobo, que pueden afectar al derecho al honor y a la dignidad humana. El fallo anuló las tres sentencias anteriores y reconoció el derecho al honor de Violeta Friedman. Degrelle fue condenado a no «realizar manifestaciones semejantes»[22]. La revista Tiempo tuvo que publicar, a costa del demandado, el texto literal de la sentencia. Igualmente el primer canal de TVE fue obligado a emitirlo en la segunda edición del Telediario. Y, finalmente, Degrelle tuvo que indemnizar a Violeta Friedman «por el daño moral que le ha causado», destinándose el importe a la Asociación de Ciudadanos Españoles que padecieron persecución en los campos de concentración y exterminio nazis.

ISIDORO SÁNCHEZ BAENA Y LA REPRESIÓN EN LUQUE

En 1991 el Ayuntamiento de Luque (Córdoba) organizó unas jornadas sobre historia de la localidad. Isidoro Sánchez Baena, natural de allí y vecino de Málaga, maestro e investigador de la Guerra Civil, fue invitado por el alcalde a participar. Unos meses después vieron la luz las actas de las jornadas en un libro titulado Luque. Estudios Históricos, publicado por el Ayuntamiento y que fue repartido gratuitamente, casa por casa, entre los vecinos y enviado a los que vivían fuera. Contenía seis estudios de buen nivel que recorrían la historia de la localidad desde la Edad Media hasta el siglo XX. El artículo de Sánchez Baena, «La Guerra Civil en Luque», ocupaba de la página 157 a la 178. Se trata de un relato objetivo de lo ocurrido en Luque a partir de la sublevación en el que se tenían en cuenta tanto las diez víctimas de derechas como las cuarenta y una de izquierdas. De entrada, el autor reconocía que, influido por el trabajo de Francisco Moreno Gómez sobre la Guerra Civil en Córdoba, publicado a mediados de la década de 1980, había recurrido no solo al archivo municipal sino también a los testimonios orales.

Fue precisamente un testimonio oral el que le llevó a escribir esto:

Las milicias falangistas llegaron al cortijo de El Brillante; al parecer, éste había quedado abandonado en los primeros días. La patrulla, al comprobar que recientemente habían cuidado unas aves de corral que había, se desplegó para la búsqueda. Encontraron a un hombre subido en un olivo de las cercanías y sin mediar nada más, uno de la patrulla, Juan López Rodríguez, le descerrojó (sic) un tiro que acabó con su vida. El muerto era Manuel Pérez Gálvez, casero de puerta abierta del cortijo [con derecho a casa pero sin sueldo] (p. 175).

Aunque Sánchez Baena había aludido a esta historia también en la conferencia, sin nombrar al falangista, fue su publicación lo que motivó la querella de López Rodríguez, que aún vivía. El proceso se inició en octubre de 1991 y no se resolvió hasta marzo de 1994, debiendo pasar el demandado por diversas comparecencias, embargos preventivos y preocupaciones de todo tipo. A mediados de diciembre, la juez de Baena Blanca Pozón Jiménez ordenó el secuestro de las planchas de imprenta del libro y de los ejemplares que quedaban sin repartir.

El domingo 22 de diciembre, El País se hizo eco de lo ocurrido en Luque en un reportaje firmado por Alejandro V. García y titulado «¿Quién mató a Manuel Pérez? La Guerra Civil planea todavía sobre el pueblo cordobés de Luque». Allí se leía:

«Al principio dijo que le daba igual lo que viniera en el libro», explica Asunción, hija de El Tano [apodo de Juan López], «pero mi hermano Alfonso insistió en que era menester desmentirlo, pues mi padre no tuvo nada que ver con lo ocurrido». «Pedacitos hacía yo con el que le echó la culpa», tercia la esposa del acusado. […] «Mi hombre era de Falange y formaba parte de la patrulla. Aquel día murieron dos, el del cortijo y otro de Baena que llevaba un burro cargado de raigones. Mi marido vio quién disparó contra el casero. Tanto es así que habló con los hijos del muerto y les dijo que él no había sido y les facilitó el nombre del que disparó».

Según el mismo reportaje, la familia del falangista pensó en varias soluciones antes de la demanda. Por ejemplo, entregar una fotocopia a todos los vecinos con una rectificación de Isidoro Sánchez Baena o incluso que un guardia fuera casa por casa arrancando la página 175. La propia sentencia recogía en los hechos probados que, «pese al ofrecimiento del autor y del propio Ayuntamiento de subsanar y corregir la información en lo que hubiera menester, el querellante no ha aceptado las fórmulas que se le ofrecieron». El demandado, como en otros casos, se negó a dar sus fuentes, pero dijo que era una persona que estuvo en el cortijo El Brillante el día de los hechos. Y sobre Juan López añadió que por ser los apellidos comunes y al no dar el apodo pensó que la cosa no tendría mayor trascendencia. En cierto momento, el periodista escribió:

Vecinos del pueblo con familiares muertos en ambos lados del frente confirman, sin embargo, la versión del libro y recuerdan la guerra con frescura irritante. «¡Claro que es verdad lo del libro! Pregunte usted a ver quién intima con Juan López. Yo lo saludo, pero nada más. Yo lo tengo en casa pero no le he leído. ¿Sabe por qué? Porque de los primeros que aparecen en la relación de fusilados por los milicianos está mi padre».

Mientras, el alcalde socialista, Telesforo Flores, declaraba: «Yo les he dicho que la guerra la hemos olvidado todos».

Ya en la Audiencia Provincial de Córdoba, los hechos fueron catalogados por el fiscal como delito de calumnia, pidiéndose para el procesado seis meses y un día de prisión menor, una multa de cien mil pesetas y una indemnización a Juan López Rodríguez de un millón de pesetas, más accesorias y costas. El acusado y su defensor, el abogado cordobés Filomeno Aparicio Lobo, que pedía la libre absolución del acusado, quedaron sorprendidos por la dureza del fiscal. Entonces, la parte demandante vio la puerta abierta y subió el listón, solicitando para Sánchez Baena dos años, cuatro meses y un día, cuatrocientas mil pesetas de multa y cinco millones de indemnización.

En los fundamentos jurídicos se leía que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) tenía ya establecido la prevalencia del derecho a la libertad de información sobre el derecho al honor siempre que se cumplan ciertos requisitos. El TC distinguía entre libertad de expresión, «que tiene por objeto pensamientos, ideas y opiniones, concepto amplio en el que deben incluirse las creencias y los juicios de valor, y la libertad de información, que versa sobre hechos que puedan considerarse noticias, que queda limitado por la exigencia de veracidad como condicionante de la legitimidad de su ejercicio». Incluso entendía como cosa propia e inevitable del debate libre que dentro de la información hubiera informaciones erróneas o equivocadas.

La sentencia no apreció en el autor del artículo «conciencia de la falsedad del relato», aun considerando que pudiera tratarse de un error circunstancial dentro del texto. Tampoco halló en él animus difamandi, es decir, «maliciosa intención de atribuir al otro un delito que no ha cometido con la finalidad de desacreditarlo…». Llegado un momento se leía:

La información del autor dice que tal disparo lo hizo el querellante; éste lo niega. La calificación de estos hechos puede ser una u otra, compartida o no; pero no puede decirse que el hecho relatado constituya un delito tipificado en el Código Penal.

Se consideró que Sánchez Baena no había sido sino un mero transmisor de una información histórica ocurrida cincuenta y cinco años antes, por lo que no podía exigírsele otra prueba que la de la veracidad. Sin poder dar más detalle también se aludió en el proceso a la prescripción del delito imputado y a un antecedente que ya hemos tratado: al caso de Fernando Ruiz Vergara y a aquella antológica frase de Vivas Marzal que decía: «[…] aflora una inoportuna e infeliz recordación de episodios sucedidos antes y después del 18-7-1936, en los que se encarnece a uno de los bandos contendientes, olvidando que las guerras civiles».

El 25 de mayo de 1993 Isidoro Sánchez Baena fue absuelto en la Audiencia de Córdoba del delito «de calumnias» por los magistrados Juan R. Verdugo Gómez de la Torre, Antonio Jiménez Velasco y Gonzalo Mendoza Esteban, que actuó de ponente. La abogada de Juan López Rodríguez recurrió pero finalmente, en marzo de 1994, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia absolutoria del año anterior.

JOSÉ CASADO MONTADO: MEMORIA DEL TERROR EN SAN FERNANDO

La brecha entre el pueblo herido y los gobernantes se abrió. Nos distanciamos, nos separamos, nos comíamos nuestras miserias sometidas cuando podíamos comemos un plato de trigo tronzado o unas poleás de harina de maíz al día…

JOSÉ CASADO MONTADO,

Trigo tronzado, p. 98

En 1992 José Casado Montado publicó su obra Trigo tronzado. Crónicas silenciadas y comentarios (Cádiz, Ed. del Autor). Se trata de un testimonio personal de una persona cuya familia sufrió la represión. Un testimonio, escrito con fuerza, de alguien que vivió aquellos años y nos ofrece la visión de los vencidos. Casado dividió el libro en una serie de capítulos que iban desde el primero hasta el vigésimo sexto fusilamiento habido en San Fernando, dando la fecha, los nombres y otros detalles de las ciento veintiuna personas que fueron asesinadas día a día desde el 21 de julio hasta el 4 de noviembre de 1936 y de las trece que cayeron posteriormente en 1940 y 1941 tras pasar por la farsa judicial militar. Si exceptuamos el libro de Manuel Temblador López, Recuerdos de un libertario andaluz (Barcelona, Ed. del Autor, 1980), estamos ante el primer trabajo publicado en la provincia de Cádiz sobre la represión fascista. Pero la valentía de sacar a la luz aquellos hechos le costó al autor acabar en los juzgados.

No ha sido posible dar con la sentencia, aunque sabemos que el caso fue finalmente sobreseído. A lo largo de su testimonio, Casado dio nombres de gente que tuvo que ver con los asesinatos. Por ejemplo, cuando narró la muerte del alcalde, el doctor Cayetano Roldán, cuenta que Pepito Acosta lo empujó, a lo que el alcalde comentó: «Me vas a quitar la vida a mí, que te saqué del vientre de tu madre. Bien, hacedlo, pero a mis hijos no tocarlos, por favor, que son inocentes». Y Acosta respondió: «¡Pero si los hemos matado ya a los tres!». Efectivamente, los tres hijos del alcalde habían sido asesinados dos meses antes, cosa que ignoraba por estar detenido desde julio y, probablemente, porque nadie se lo había querido decir.

Probablemente fue este texto el que dio lugar a la demanda:

Entre los fanfarrones aquellos de correajes y pistolas estaba Pepito Acosta con sus amigos Fernández, Sánchez de la Campa «Marqués de las coliflores», elemento chulo y repelente, criminal. Sufo, también policía nacional, elemento de una crueldad inusitada. Y el vil C. Bueno, que se hizo famoso porque daba patadas a los fusilados aun después de recibir las víctimas el tiro de gracia, del que la Isla guarda un siniestro recuerdo. Acompañábanlos el cabezón inútil y criminal asesino, Cardoso, que vino a casa a detener a mi padre y fusiló voluntariamente a muchos hombres modélicos de la Isla. Otro elemento odioso, Correa, el de la fonda de La Carraca, esquizofrénico y criminal. Con ellos también M. Ortiz, intratable, desequilibrado sexual, que también fusiló a muchos padres de familia honrados y decentes, para más tarde ajusticiarse él mismo, ahorcándose. Fossi, loco con su moto y loco fusilando y que tras fusilar a muchos conocidos suyos isleños, acabó descuartizado en un accidente de carretera. Luis Milena, con nombre de calle y todo, ingeniero, con un cargo importante en la S. E. de C. N., que indicaba a los falangistas a quiénes deberían asesinar de los talleres bajo su jurisdicción y que vivía en un chalet a la salida de la Isla.

José Casado Montado, que falleció años después, fue recordado y homenajeado en diciembre de 2007 por las asociaciones de memoria histórica de la bahía de Cádiz.

DOLORS GENOVÉS Y SUMARÍSSIM 477. EL VALOR DE LOS ARCHIVOS

[…] en el marco de la Guerra Civil, tragedia cuyos efectos han conformado «la dura realidad de la historia»[23].

El caso de Dolors Genovés y el documental Sumaríssim 477 tiene connotaciones especiales por su influencia y, dadas las dimensiones que tomó, daría para un libro por sí solo. Trataba de la vida del político catalán, fundador de Unió Democrática de Catalunya, Manuel Carrasco i Formiguera, sometido a consejo de guerra por los franquistas y condenado a muerte por delito de adhesión a la rebelión militar. Nada hubiera ocurrido de narrar la vida de este hombre con la información que se tenía a principios de la década de 1990. Simplemente hubiera quedado una vez más resaltada la brutalidad del fascismo español, que no dudó en asesinar a un hombre políticamente muy moderado, demócrata, católico y catalanista, como fue Carrasco i Formiguera. El problema vino porque, excepcionalmente, se permitió a la autora del documental y al historiador Hilari Raguer consultar y fotocopiar el sumario[24]. Es de suponer que el juez militar de Burgos que así lo hizo confiaba en la «prudencia» de ambos, entendiendo por tal que ninguna inconveniencia sería hecha pública. Sin embargo, frente a esta prudencia se oponía el deber de dar a conocer hechos que enriquecían y matizaban considerablemente el final del político catalán.

Efectivamente, el consejo de guerra tuvo lugar en Burgos, una de las «capitales de la Cruzada», pero el tribunal tuvo en cuenta los testimonios de varios catalanes residentes en la ciudad castellana. Y no precisamente catalanes desconocidos sino José Ribas Seba, jefe de la Falange catalana; José María Fontana, falangista; Antonio Martínez Tomás, periodista; Josep Bru Soler, periodista; Diego Ramírez Pastor, periodista; Carlos Trías Bertrán, abogado y secretario de Falange; Josep Lluc Bonastre, abogado, y Enrique Janés de Duran, abogado. Naturalmente, el consejo de guerra recogía sus testimonios palabra por palabra.

El programa fue emitido por TV-3 el 27 de noviembre de 1994. La demanda vino de todos los hijos de Trías Bertrán: Inés, Miguel, María Teresa, Fernando, Jorge, Carlos, Ana Josefa y Eugenio Trías Sagnier, representados por el quinto, Jorge, al que ya hemos visto defendiendo el honor de Violeta Friedman frente al nazi belga Léon Degrelle. También hubo otra denuncia, la de José Ribas Sanpons, hijo del jefe de Falange Ribas Seba y director de la revista Ajoblanco, cuya demanda fue desestimada en junio de 2004 por el Tribunal Supremo tras haber corrido una suerte diversa: en el Juzgado de Primera Instancia apoyó en enero de 1996 el trabajo de Dolors Genovés y la Audiencia de Barcelona, dos años después, dio la razón a Ribas. Queda aún por saber la decisión del Tribunal Constitucional, aunque no cabe esperar sorpresas, dado que en el apartado dedicado a los fundamentos jurídicos el Supremo aludió en junio de 2004 a la resolución del recurso de los Trías en marzo de ese mismo año[25].

La demanda de los Trías, que es de la que aquí se va a tratar, pasó por varias etapas. Fue primero una denuncia por intromisión en el derecho al honor en el Juzgado de Primera Instancia n.º 13 de Barcelona en diciembre de 1996; un año después, un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona; luego un recurso de amparo ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de marzo de 1999, y, finalmente, acabó en el Tribunal Constitucional. En total, diez años. De nuevo se oponían dos derechos fundamentales: por un lado, el derecho al honor y, por otro, el derecho a expresar libremente opiniones, ideas y pensamientos y a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

En Sumaríssim 477 se aludía en dos ocasiones a Trías Bertrán. En la primera, con imágenes del sumario de fondo, una «voz en off» lee su testimonio:

Yo, Carlos Trías Bertrán, de Barcelona, declaro que conozco a Manuel Carrasco Formiguera y que junto al Estat Català ha intentado la fundación de una república independiente, bajo la protección de una potencia extranjera.

En la segunda, la voz dice:

El Tribunal condenará a Carrasco basándose exclusivamente en el testimonio de ocho catalanes residentes en Burgos. Se presentarán voluntariamente ante el juez instructor. [Siguen los nombres y profesiones de los ocho]. No tendrán compasión, Carrasco era rojo y separatista. La defensa [Eloy Alonso] los considerará testimonios fantasmas, resentidos, propagadores de rumores.

Finalmente, sobre fondo en negro, se leía:

Todos los testigos de cargo que van a declarar contra Carrasco ocuparán altos cargos en la Administración y en la prensa franquista desde 1940.

A finales de 1996, Primera Instancia estimó la demanda, considerando que la forma de narrar los hechos inducía al público a «un juicio negativo y desmerecedor del Sr. Trías Bertrán lesivo de su honor y del de sus hijos, ya que se le presentaba a él y a los otros siete testigos de cargo en aquel proceso como los causantes de su fusilamiento». El fallo consideraba que había existido una agresión ilegítima contra el honor de Carlos Trías y condenaba a TV-3 y a Dolors Genovés a hacer pública la sentencia, suprimir las frases e imágenes aludidas del documental, indemnizar a los demandantes con cinco pesetas y pagar las costas. En el mismo sentido, un año después, la Audiencia Provincial de Barcelona desestimó el recurso de la parte demandada y confirmó la sentencia por considerar que la información divulgada carecía de veracidad y de objetividad. Un nuevo recurso, esta vez de casación, llevó el asunto al Tribunal Supremo (TS), cuya Sala Primera acordó en marzo de 1999 desestimar la demanda de los Trías. Veamos cómo lo fundamentó.

El TS, en sentencia cuyo ponente fue el magistrado Xavier O’Callaghan Muñoz, proponía que, frente a las sentencias anteriores, que se adentraban en los hechos históricos, «los hechos de los que debía partirse, como base fáctica de la demanda […], son más sencillos de lo que se ha dado a entender en las mismas». Tras una breve exposición de los hechos —la participación de Carlos Trías como testigo de cargo en el juicio contra Carrasco i Formiguera y las frases objeto de la demanda—, el TS señalaba que «el reportaje emitido por TV-3 es la típica expresión de la libertad de información que proclama el artículo 20.I.ad de la Constitución Española, cuya libertad no se separa necesariamente de la libertad de expresión, que reconoce el mismo artículo 20.I.a sino que frecuentemente se entremezclan y según el tipo de reportaje, como puede serlo uno de fondo político, necesariamente», es decir, que la libertad de expresión, que es libre, se refería a opiniones y la de información, que requiere veracidad y relevancia pública, a hechos. El derecho al honor está reconocido como derecho fundamental pero «si media veracidad y los hechos son de relevancia pública, no queda protegido el derecho al honor frente a la libertad de información, entremezclada con la libertad de expresión».

La función de la sala —recordó el ponente— no era enjuiciar la historia, sino aplicar el Derecho. De ahí que el Tribunal Supremo recordara que, aunque Trías Bertrán dijo lo que dijo sabiendo, como abogado que era, las consecuencias que podían derivarse, esta cuestión no era lo que allí estaba en debate. Por otra parte, consideró objetivamente cierto que tanto Trías Bertrán como los demás testigos ocuparon altos cargos en la Administración y en la prensa franquista desde 1940. Que Dolors Genovés hubiera asociado este hecho a su actuación como testigos de cargo era juicio de valor pero veraz. Es interesante que el ponente recordara a los Trías que si no se podía decir que Carrasco i Formiguera fue condenado «exclusivamente» por las declaraciones de los testigos tampoco tenía sentido, como ellos hacían, decir que lo fue «por otras pruebas» (¿de qué?). El tribunal amparaba éste y otros juicios de valor como la presentación voluntaria de los testigos, su nula compasión y la alusión a lo bien que les fue durante la dictadura. Por todo ello, el TS concluía su sentencia afirmando que no hubo ni difamación ni intromisión ilegítima en el honor del padre de los Trías y que el documental, que narraba hechos históricos ciertos y relevantes, era expresión del derecho a la libertad de información y que los juicios de valor que acompañaban a los hechos veraces «caben en la libertad científica de un historiador». Firmaban la sentencia, además del ponente, los magistrados Ignacio Sierra Gil de la Cuesta, Jesús Marina Martínez-Pardo, José Almagro Nosete y Antonio Gullón Ballesteros.

Entonces, los Trías Sagnier recurrieron en demanda de amparo contra la sentencia del Supremo, admitida por el Tribunal Constitucional en julio de 1999. Insisten en que el padre, en su declaración, no dice nada que no fuese conocido previamente por los «informes-denuncia» remitidos por Falange y el Requeté catalanes y que, por lo tanto, se trató de «un ataque innecesario al honor de su padre». Critican la forma en que se dramatizó el reportaje por inducir al espectador a pensar que declaraciones como la de su padre fueron la clave de la muerte de Carrasco i Formiguera. Mantienen, por el contrario, que lo que llevó a ese final fue la documentación que se le encontró y que la afirmación de que todos los testigos ocuparon después altos cargos no es «sino un montaje alentado por un ánimo difamatorio para la persona de su padre». También acusaron a Dolors Genovés de no contrastar sus afirmaciones a pesar de tener acceso a la causa y al archivo del defensor de Carrasco i Formiguera, y de reunir al mismo tiempo la condición de periodista e historiadora. Para los Trías «la Constitución no garantiza el derecho al insulto» y el documental, según ellos un cúmulo de burdas falsedades y opiniones gratuitas, solo pretendía difamar a su padre.

Por su parte, Genovés recordó algo que los Trías parecían haber olvidado: las peculiaridades de la Justicia militar franquista. Efectivamente, éstos estaban planteando la defensa del honor de su padre como si el proceso a Carrasco i Formiguera se tratara de un acto legal y con todo tipo de garantías procesales. Incluso hablaban de pruebas. Hubo que recordarles que lo que se juzgó fue su ideología y su trayectoria política. Resulta evidente que los hijos de Trías, conocedores sin duda de cómo fueron y qué representan aquellos consejos de guerra, deseaban sacar a su padre, que además de alto cargo de Falange era en aquella época teniente de Regulares, de aquel escenario tan poco propicio para hablar de honor. Desde luego, lo indiscutible era que Trías Bertrán actuó de testigo de cargo en el consejo de guerra contra Carrasco i Formiguera. Imaginemos por un momento lo que hubiera pasado si la alusión a Trías hubiera procedido de un testimonio oral y no de un documento de un sumario.

Tras una serie de trámites, la sentencia del TC tendrá que esperar hasta enero de 2004. Su ponente será María Emilia Casas Bahamonde. Se trata de un texto que al que esto escribe, poco versado en cuestiones jurídicas aunque conocedor y sufrido lector de otros escritos similares, le parece un ejemplo tanto por la forma como por el contenido. Y si antes he recurrido a él para exponer los antecedentes ahora habrá que dedicar un espacio al núcleo de la sentencia: los fundamentos jurídicos.

Se exponen uno por uno los argumentos de los demandantes: la condena se fundó sobre todo en los documentos de Carrasco i Formiguera; Trías no fue testigo de cargo ya que solo declaró en el período de instrucción, y la acusación de falta de compasión empeora aún más si cabe el tratamiento dado a Trías; y los de la demandada: la participación de Trías estaba demostrada por el sumario y el objetivo del documental era informar al público. Tras eso, el Ministerio Fiscal solicitaba la desestimación del recurso de amparo, dado que no cabía dudar de la veracidad de la información transmitida, cosa que nadie había puesto en duda en ningún momento. Así visto, el asunto se reducía a la supuesta trascendencia de los juicios de valor, al excesivo peso dado a las declaraciones de los testigos y a la mencionada falta de compasión. Sin embargo, todo esto, tanto para el TS como para el TC, no eran sino manifestaciones de la libertad de expresión, es decir, el juicio crítico que a la autora le merecía la actuación de los testigos catalanes.

No se cuestionaba, pues, que lo narrado en el documental fuera cierto. En este sentido, la sentencia del TC siguió en la línea del Supremo al afirmar que, más allá incluso del derecho a la libertad de expresión e información, convenía aludir también a la libertad científica del historiador. Recordaba que:

no se trata aquí de examinar el reportaje en cuestión como si se tratase de una crónica sobre un proceso judicial de nuestros días, tal y como pretenden los recurrentes y efectuaron las sentencias de primera y segunda instancia. […] Lo que aquí se discute es la forma en la que se ha informado sobre un suceso de nuestra historia reciente, así como las opiniones que al hilo de su divulgación le mereció a la periodista que confeccionó el guión del reportaje televisivo la participación en ese suceso histórico de varias personas […].

Decía la ponente que el hecho del que se trataba «tuvo que ver, trágicamente, con la vida pública del país, y no con la biografía íntima de sus protagonistas» y que «las valoraciones y juicios sobre los hechos históricos, y no solo sobre la actualidad y sobre el pasado próximo, son tan inevitables como necesarios, sin perjuicio de la dificultad de que alcancen consenso o valoración unánime». La reconstrucción científica del pasado tiene que ver con los métodos y no con una supuesta pureza «que prescinda de toda perspectiva ideológica o moral en la exposición del pasado». Y he aquí una frase antológica:

La posibilidad de que los contemporáneos formemos nuestra propia visión del mundo a partir de la valoración de experiencias ajenas depende de la existencia de una ciencia histórica libre y metodológicamente fundada. Sin diálogo con los juicios de los demás —con los del historiador, que es lo que aquí importa— no resulta posible formar el propio juicio. No habría tampoco espacio —que solo puede abrirse en libertad— para la formación de una conciencia histórica colectiva.

Lo que estaba en juego, insistía la ponente, era si la información hecha pública sobre Trías Bertrán lesionaba su derecho al honor o no. En consonancia con lo anterior se recordaba además que Dolors Genovés era, además de periodista, historiadora y que la investigación había llevado varios meses, lo que probaba que, aparte de narrar unos hechos, se había querido también ofrecer «una valoración historiográfica de los mismos». De ahí que la elaboración del documental hubiese de ser contemplada dentro de la libertad de producción y creación científica y que se insistiera en que la «incertidumbre consustancial al debate histórico representa lo que éste tiene de más valioso, respetable y digno de protección por el papel esencial que desempeña en la formación de una conciencia histórica adecuada a la dignidad de los ciudadanos de una sociedad Ubre y democrática». Recordó también una sentencia anterior en la que se decía que «la libertad de expresión comprende la de errar y otra actitud al respecto entra en el terreno del dogmatismo… La afirmación de la verdad absoluta, conceptualmente distinta de la veracidad como exigencia de la información, es la tentación permanente de quienes ansían la censura previa».

Por todo ello, la investigación sobre hechos pasados debía prevalecer sobre el derecho al honor de quienes los protagonizaron «cuando efectivamente se ajuste a los usos y medios característico de la ciencia historiográfica». Así, Sumaríssim 477 era fruto de una larga y concienzuda investigación y su objetivo era informar sobre un hecho histórico:

Si la historia solamente pudiera construirse con base en hechos incuestionables, se haría imposible la historiografía, concebida como ciencia social. En su ámbito, los historiadores valoran cuáles son las causas que explican los hechos históricos y proponen su interpretación y […] no corresponde a este Tribunal decidir, por acción u omisión, cuál o cuáles deban imponerse de entre las posibles. Son los propios ciudadanos quienes, a la luz del debate historiográfico y cultural, conforman su propia visión de lo acaecido, que puede variar en el futuro.

Recordaba finalmente la sentencia que la figura de Trías Bertrán no era el objeto central del documental y que no había duda de la veracidad de la información divulgada. No hubo, pues, ánimo de vejar sino simple ejercicio de la libertad científica y por lo tanto «procede declarar que no se ha producido lesión alguna en el derecho al honor del referido Sr. Trías Bertrán». Y he aquí la última frase previa al fallo absolutorio:

Los hijos del Sr. Trías Bertrán […] pueden, sin la menor duda, iluminar acerca de cuál fue, a su juicio, la participación de su padre en el procesamiento del Sr. Carrasco i Formiguera, explicando los motivos que, en su opinión, le llevaron a implicarse en el mismo y contribuyendo así a enriquecer el debate histórico, pero tal pretensión no puede llevarles a impedir la emisión del documental.

La sentencia tuvo un voto particular discrepante del presidente Manuel Jiménez de Parga Cabrera, algunos de cuyos familiares han sido asociados en ocasiones a la represión franquista en Granada, voto al que se adhirió Roberto García-Calvo, exgobernador civil franquista de Almería en la época de Carlos Arias Navarro. No estaba de acuerdo ni con el fallo ni con parte de la fundamentación y proponía que se definieran con precisión qué se entendía por «hecho histórico». Jiménez de Parga consideraba que «un hecho que afecta al honor del padre de personas vivas ha de considerarse susceptible de afectar al honor familiar de los hijos del acusado en el reportaje, junto a la violación del suyo». Decía que incluso estando ante «un hecho histórico» cabría distinguir entre la narración de los hechos y la expresión de opiniones y la veracidad en la narración. «No se han tenido en cuenta —decía— los límites al derecho a la información o si se quiere, a la libertad científica».

Jiménez de Parga recordaba que la Constitución diferenciaba entre la libertad de expresión (derecho a difundir libremente pensamientos y opiniones) y la libertad de información (derecho a la comunicación libre de información veraz), no siempre fáciles de delimitar. Lo más llamativo del escrito era el recurso a un artículo del historiador Josep Benet en La Vanguardia (9 de abril de 1995) —éste llegó a decir: «El guión es pésimo y, sobre todo, poco riguroso»— para mantener que ciertos elementos del reportaje (la voluntariedad de la comparecencia de los testigos y la exclusividad del testimonio como fundamento de la sentencia) no reunían el requisito de la veracidad. Luego citaba en su apoyo la biografía de Carrasco i Formiguera realizada por el historiador Hilari Raguer y concluía: «El reportaje de televisión Sumaríssim 477 carece de [la] solidez constitucionalmente exigible a cualquier información de hechos. […] Y dado que esos hechos atentan gravemente al honor de don Carlos Trías Bertrán y de sus hijos considero que debió concederse el amparo».

ANEXO I

DECLARACIÓN DE CARLOS TRÍAS BERTRÁN. En la misma fecha [Burgos, 17 de marzo de 1937] comparece, previa citación el anotado al margen quien enterado del objeto de esta declaración promete decir verdad en cuanto supiere y le fuere preguntado y al efecto dijo: —Llamarse como queda dicho, mayor de edad, soltero, natural de Barcelona, Abogado y residente actualmente en Burgos.

INTERROGADO CONVENIENTEMENTE POR S. S. DIJO: —Que conoce a Manuel Carrasco Formiguera desde el punto de vista político, el cual había pertenecido hace años al partido «Liga Regionalista», en cuyo partido ocupó cargos dirigentes, y fue concejal de tal partido. Durante la Dictadura se separó del repetido partido por encontrarlo poco catalanista y fundó juntamente con otros elementos el partido de «Acción Catalana», el cual intervino en cuantos intentos y actos revolucionarios se hicieron en España y especialmente en Cataluña desde la mitad de la Dictadura hasta el advenimiento de la República. En representación de tal partido firmó y asistió al titulado Pacto de San Sebastián, en el verano de 1930, como consecuencia de tal compromiso, firmó el manifiesto revolucionario que se lanzó en Barcelona cuando la frustrada revolución de Diciembre de 1930 (sucesos de Jaca), cuyo manifiesto firmó con los más destacados elementos subversivos que en aquella época actuaban, entre ellos Aguadé (Alcalde de Barcelona cuando la República y actualmente ministro del gobierno Rojo en Valencia), Compannis, Maurín, etc.

Al proclamarse la República intervino tanto en los trabajos preparatorios de su advenimiento como en sus actuaciones después de proclamada siendo nombrado Consejero de Agricultura, primero de la República catalana, y al transformarse esta en Generalidad de Cataluña como consecuencia del viaje de los ministros de la República Nicolau D’Olver, Marcelino Domingo y Fernando de los Ríos, continuó en tal cargo. Poco tiempo después de proclamarse la República y siendo consejero de Agricultura fue nombrado Presidente del Comité Algodonero. Dimitió de tal cargo por discrepancias en asuntos religiosos pero continuó actuando como diputado del propio partido hasta que se separó del mismo en octubre de 1931 con motivo de la discusión y aprobación del artículo 26 de la Constitución. Cuando la discusión del Estatuto en el Parlamento, propugnó una autonomía tan amplia que de hecho hubiera supuesto la total separación de Cataluña. Con anterioridad a tal discusión y en el verano de 1931 cuando la campaña para el plebiscito del repetido Estatuto de Cataluña, fue uno de sus más activos propagandistas y pronunció un discurso (cree que en Gerona) en el que glosó la letra del himno separatista «Els Segadors» y manifestó que Cataluña con el Estatuto que ellos defendían volvería a tener su antigua y absoluta libertad. A finales de 1931 o en la primera mitad de 1932, se separó de «Acción Catalana» y fundó con elementos de tal partido y otros que se habían separado de la Comunión Tradicionalista el partido «Unión Democrática de Cataluña», partido que en su ideología es una traducción catalana del Partido Nacionalista Vasco y por tanto partidario de la total separación de Cataluña y formación de un Estado independiente. En tal partido fue nombrado Jefe o Presidente Supremo y con el mismo intervino y colaboró de una manera activa, primero en la preparación, acudiendo a numerosas reuniones, en la Consejería de Gobernación que dirigía Dencas preparatorias de la subversión del seis de Octubre. En virtud del cargo que ocupaba tomó parte en numerosísimos mítines del mismo e intervino de una manera activa y dirigente (sic) en cuantas asambleas celebró el referido partido. Cuando las elecciones del 16 de febrero, no presentaron candidaturas ni se aliaron con partido alguno, aunque recomendaba a sus afiliados que votasen a los elementos separatistas de las candidaturas que se presentaban. A pesar de esta actitud neutral, después de haber triunfado el frente popular, Luis Nicolau D’Olver su antiguo Jefe y amigo, (el Jefe de Acción Catalana), tiene entendido que le llamó con el objeto de tratar de la solución política que se haría como consecuencia de su triunfo, aunque desconoce las consecuencias que pudo tener tal llamamiento. Al producirse el Movimiento Nacional, se puso desde el primer momento al lado de los elementos rojos del frente popular e hizo las veces de Asesor Técnico de la Consejería de Hacienda de la Generalidad, interviniendo (según noticias del declarante) en la redacción de cuantas leyes y decretos se dictaron por la referida Consejería; en la calidad que se ha manifestado intervino juntamente con Joaquín Bosch en la incautación de la sucursal del banco de España en Barcelona, ya que el tal Bosch fue designado Comisario de la Generalidad en el Banco. Aparte de estas actividades el declarante, no puede manifestar de un modo concreto a donde haya dirigido su actuación el referido Carrasco, aunque tiene noticias que ha intervenido junto con otros elementos de filiación separatista especialmente Estat Català en actuaciones encaminadas a separar del poder a los elementos anarquistas e intentar la fundación de una república Catalana independiente bajo la protección de una potencia extranjera; estos informes han sido confirmados últimamente, según noticias procedentes del extranjero, y al parecer, Companys, últimamente y en vista de los fracasos de las fuerzas rojas, vuelve a acariciar tal idea.

Señala que quien también puede dar datos sobre la actuación y personalidad de Carrasco, a José Lluch Bonastre y José María Fontana, que actualmente residen en Burgos.

Que no tiene más que decir, leída por sí se afirma y ratifica, firmando con S. S. de lo que yo el Secretario doy fe[26].

ANEXO II. CARTA DE DOLORS GENOVÉS EN RESPUESTA A JAVIER TUSELL NO ENVIADA A «EL PAÍS»

A Nietzsche debemos el descubrimiento del mecanismo que funciona en la conciencia degenerada: le llamó «ressentiment». Llevamos meses de «ressentiment» sumarísimo y al paso que vamos celebraremos pronto el primer aniversario del martirologio 477. Para Ortega y Gasset el resentido padece una «capitis diminutio» y dice más: «Vivimos rodeados de gentes que no se estiman a sí mismas, y casi siempre tienen razón». Lo decía en 1917, año también de gran confusión.

Se preguntará el lector —si es que aún conserva fuerzas después del tedio que debe producirle tanta disputa teológica enmascarada— a qué viene ahora mentar a Nietzsche y a Ortega a propósito del sumarísimo. Hasta el momento en el contencioso «hijos de falangistas» —nunca debate o discusión— las almas rencorosas —unas empeñadas en salvar el honor del padre y otras, las más, necesitadas de un currículum impoluto— han dominado todo el espacio celestial.

Súbitamente aparece en escena Javier Tusell y su «cambio de opinión». Milagro: el «maestro» habla y su sermón coincide sin fisuras con los alegatos que defienden los «hijos». No hay ni una idea nueva, ni un reproche más, ni una duda, ni un argumento. Es un encargo. Tusell es el amigo, el tertuliano afín, la coartada en ese combate marrullero, de bajos fondos. Lo admite incluso Tusell, al intentar desmentirlo: «El motivo exclusivo de mi cambio de opinión reside en que he conocido las declaraciones de quienes actuaron como testigos en el juicio».

Sorprende, por revelador, ese «exclusivo». ¿Acaso insinúa Tusell que al margen de las fidelidades debidas —de clan, tribu o partido— pueden existir otras razones menos confesables? Y el «conocer». ¿Cuál de los dos juicios conoce Tusell, el de 1937 o el de 1995? Como dice el historiador en su rectificación: «La presión ambiental puede ser decisiva y muy a menudo los seres humanos quedan condenados a gestos y posturas que no corresponden a lo que hubieran hecho en condiciones de normalidad». Espero que sus amigos le agradezcan el gesto.

Hay que decir a favor de Javier Tusell que pese a las presiones, en dos ocasiones se ha negado a comparecer como testigo de los demandantes, si bien habrá que añadir que la visita a los juzgados coincidía con la universidad de verano de los democratacristianos de Unió, a la cual fue invitado el ilustre historiador, y no quedaba nada elegante compaginar ambas actividades. Hablábamos de gestos. Finalmente Tusell ha sucumbido voluntariamente y ha fabricado un alegato no en beneficio de lo que él denomina pomposamente «verdad histórica» sino como simple maniobra de distracción para poder presentarse, ahora sí —resueltas las incompatibilidades de agenda de los bolos de verano— en el juzgado llevando bajo el brazo su «cambio de opinión».

A Tusell le han presentado en bandeja de plata una manipulada selección de textos acompañada con una tarjeta de visita de los deudos. Y con esos elementos pretende juzgar y predicar sobre moral y ética. Aun así necesita justificarse y reconoce «no me gustaría que mi padre hubiera hecho ese género de declaraciones ante un juez militar en plena guerra civil». En qué quedamos: ¿fueron declaraciones inocuas —como pretenden los deudos resentidos— o por el contrario intentan legitimar y a conciencia la inexorable sentencia a muerte de Carrasco i Formiguera? Recordémoslo, Carrasco no se suicidó, fue ejecutado. Sigue Tusell justificándose y ahora recurre a la ciencia-ficción: «Imagínense —dice— que las declaraciones hubieran sido otras o no hubieran existido: el resultado habría sido el mismo». ¿Intenta Tusell decirnos que las declaraciones hubieran podido ser algo menos sustanciosas, más compasivas? Es cierto que Carrasco no tenía la más mínima posibilidad —idea repetida insistentemente en el reportaje— y por ello la declaración de los testigos —conocedores del veredicto final— adquiere una dimensión que ni una guerra civil justifica por sí misma.

Franco no estuvo solo en la barbarie. Aunque algunos quieran olvidarlo. Contó con muchos «voluntarios» —y no me refiero precisamente a los que luchaban en las trincheras sin la posibilidad de que alguna madre con influencias pudiera rescatar y colocar en un destino menos peligroso, por ejemplo Burgos—. Incluso Tusell reconoce que algún «grado» de voluntariedad existía en los declarantes: «No tengo en absoluto la impresión de que existiera absoluta voluntariedad». ¿Cuánta se necesita para ir a declarar ante un juez?

Terminemos por enumerar sus últimos alegatos. Lo que sigue es simplemente «inmoral», término que Tusell utiliza con profusión en su «cambio de opinión» (el historiador ha mudado en predicador). Desde el púlpito acusa a Sumaríssim 477: «No se respeta una realidad tan obvia desde el punto de vista histórico como es que en la guerra civil a veces no se puede elegir». Y se queda tan ancho.

Pues Carrasco eligió y no me refiero a su situación personal sino precisamente a la que vivía en Bilbao en enero de 1937 un tal Tusell. Matías Tusell Vilaclara se hallaba detenido bajo sospecha de «fascista o carlista», así califica los cargos el propio Tusell en carta dirigida al líder democratacristiano, el 31 de diciembre de 1936, en la cual solicita ayuda a Carrasco, documento que puede Javier Tusell consultar en el sumario 477-37 folio 79.

Manuel Carrasco i Formiguera «eligió» interceder ante Telesforo Monzón —ministro de Gobernación del Ejecutivo vasco— y a pesar de la «delicada situación» y a «las presiones ambientales» que también pesaban sobre Carrasco éste escribe a Monzón invocando la antigua amistad que unía a Carrasco con la familia del detenido y en concreto, con su amigo de la Lliga Xavier Tusell Gost. Sí, hay gestos que delatan la categoría de los hombres.

Es al final de su «cambio de opinión» cuando se descubre la naturaleza del encargo ingrato que pesa sobre Tusell. Ni historia, ni defensa del honor, ni sermones bienintencionados. Los hijos resentidos, en su tarjeta de visita, le fabrican la tesis que «todo lo explica»: 1. Encontramos en Sumaríssim 477 actitudes sesgadas derivadas de la ideología, 2. Deliberado propósito de dividir a Cataluña en dos, nacionalistas y no nacionalistas. Y Tusell, en la distancia, muerde el anzuelo. ¿Cómo se explica si no que su fino olfato no detectara ese «tufillo» cuando vio el reportaje por primera vez?

Los hijos, sus amigos, y los amigos de sus amigos han fundado un club y a la consigna de «se van a enterar» camuflan la responsabilidad de los papás falangistas bajo la apariencia de otra cruzada. Que nadie se llame a engaño, lo que está ocurriendo con Sumaríssim 477 se sitúa en un trasfondo ajeno a los muertos y a la historia, a la de 1937, que no a la que acontece desde hace un año en España.

M.ª DOLORS GENOVÉS,

periodista e historiadora

AMPARO BARAYÓN: HISTORIA DE UNA CALUMNIA

En la ciudad de Zamora, a las once horas del día once de octubre de mil novecientos treinta y seis, ante D. Agustín Pérez Piorno, Juez Municipal, y D. Mario Aparicio de Santiago, Secretario, se procede a inscribir la defunción de D.ª Amparo Barayón Miguel, de 29 años de edad, natural de Zamora, […]. FALLECIÓ____, en____, el día once del actual a las____y____minutos, a consecuencia de____según resulta de____y reconocimiento practicado, y su cadáver habrá de recibir sepultura en el cementerio Municipal de esta ciudad. (Extracto del acta de defunción).

En mayo de 1982, solo unos meses después de la muerte de Ramón J. Sender, fallecido en enero de ese año, la revista Interviú publicó un artículo titulado «Así asesinaron a la mujer de Ramón J. Sender», firmado por Heriberto Quesada. Se trata, sin duda, de uno dé los mejores artículos de la serie que la revista dedicó a la represión fascista, tanto por el esmero con que fue realizado como por el trabajo que se intuye detrás de sus tres páginas, lo cual permitiría hablar de periodismo de investigación, frente a otros casos donde prevaleció el sensacionalismo más absoluto.

Poco después, en julio, Ramón Sender Barayón, hijo de Ramón J. Sender y de Amparo Barayón Miguel, se decidió a venir a España tras el rastro de su madre, asesinada en Zamora en el verano de 1936. Las peculiares relaciones tanto de Ramón como de su hermana Andrea con su padre nunca permitieron respuesta alguna a sus muchas preguntas y dudas. Fruto de ese viaje, en 1990, vio la luz en la editorial Plaza & Janés el libro titulado Muerte en Zamora, en cuya portada, con una foto de Sender ya mayor en primer plano y otra de Amparo de fondo, se leía: «¿Qué circunstancias rodearon el fusilamiento de la esposa de Ramón J. Sender?». El libro había sido publicado un año antes por la University of New México Press y traducido al español por Mercedes Esteban-Maes Kemp, prima del autor y residente en Cornualles (Inglaterra). En él, Ramón Sender Barayón contaba, casi a modo de diario de viaje, la historia de esa búsqueda y sus resultados. Es probable que el artículo de Quesada llegara a manos del hijo de Ramón y Amparo durante ese viaje, ya que seguramente se lo mostró alguna de las personas con las que contactó. Pero lo cierto es que, aunque lo utilizó profusamente para el libro, solo lo nombra en una ocasión, sin mencionar al autor, y no lo incluye en la bibliografía.

El libro se lee como una novela, pero lo terrible es que la historia que lo guía, el asesinato de la madre, fue real. Tras el golpe militar, Sender creyó que su mujer y los dos hijos estarían mejor en Zamora, de donde era natural ella, que en Madrid. Pero la ciudad cayó de inmediato en poder de los golpistas y todo se volvió un infierno. Aunque el origen es un tanto turbio, los problemas de Amparo Barayón dieron comienzo el día que, con su hija en brazos y citada con motivo de una solicitud de pasaporte que había hecho, denunció al nuevo gobernador impuesto por los golpistas la muerte de su hermano Antonio, asesinado ese mismo día. Poco después fue detenida e ingresada en prisión, de donde ya no saldría hasta su asesinato.

Uno de los testimonios que recogió Ramón Sender en su libro fue el de Pilar Fidalgo Carasa, autora de un texto titulado «Una joven madre en las cárceles de Franco», publicado en El Socialista en mayo de 1937, y en Londres y París tras la Guerra Civil. Fue una frase del escrito de Fidalgo, entonces también con una niña recién nacida, la que se encuentra en el origen de la historia que nos ocupa. Decía:

Como seguía con hemorragia, estaba constantemente pidiéndole a la celadora que me ayudara. Por fin trajo a la cárcel al doctor Pedro Almendral, que vino solo por pura fórmula. Al ver mi sufrimiento comentó que «la mejor cura para la mujer del sinvergüenza de Almoína es la muerte». No me recetó nada. Ni para mí ni para la niña[27].

Lo cierto es que Amparo Barayón, detenida el 28 de agosto de 1936, fue asesinada el 11 de octubre en una de esas oscuras y sucias tramas propiciadas por el golpe militar. Amparo era católica y quiso confesarse pero el cura, como se encargaría de contar a una de sus hermanas, se negó a darle la absolución por no estar casada por la Iglesia. Aparte de su hermano Antonio y de ella, también sería asesinado otro hermano, Saturnino, concejal de Izquierda Republicana. Ambos hermanos regentaban el Café Iberia, considerado algo así como el ateneo republicano de Zamora. La familia siempre creyó que el asesino de Amparo fue el abogado Segundo Viloria, un antiguo pretendiente suyo que, según parece, acabó su vida en un manicomio y del que tenemos pruebas de que formó parte de las partidas de asesinos que circularon por Zamora a partir del golpe.

El libro, que como se ha dicho estaba traducido por una prima del autor, tuvo una peculiaridad llamativa: una serie de «N. del E.», Notas del Editor, que podrían haberse llamado «Notas contra el Autor». Se trata de correcciones y comentarios, en su mayoría absurdos, buena muestra de los cuales sería el que corrige una frase de Pilar Fidalgo que afirmaba: «En la provincia de Zamora asesinaron a más de seis mil personas, seiscientas de ellas mujeres» (p. 164). La nota al pie decía:

El historiador nacionalista —pero uno de los más ecuánimes— Ramón Salas Larrazábal, en su libro Pérdidas de guerra (Barcelona, diciembre de 1977), refiriéndose a Zamora escribe […].

En el año 1990, cuando se publicó el libro, ya se sabía que la obra de Salas Larrazábal, editada por Planeta en 1977 y cuyas «cifras exactas» fueron avaladas por Hugh Thomas en su monumental edición de ese mismo año de La guerra civil española publicada por Urbión, representaba la última operación franquista para tapar la gran matanza fundacional del régimen. Sin embargo, la clave del asunto fue otra. El libro, que dejaba al descubierto las miserias de la clase media conservadora de Zamora y contaba parte de lo que llevó a cabo, sentó mal en esos medios, nada acostumbrados a escuchar la verdad. Nadie respondió abiertamente porque quizás hubiese sido peor viviendo aún las personas que ofrecieron su testimonio a Ramón Sender, pero decidieron esperar el momento oportuno. Así, alguien que supo del libro de Sender Barayón y que vio la referencia de Pilar Fidalgo al médico Almendral juró venganza, pero tuvo que pasar un tiempo para que ésta tomara cuerpo.

La ocasión se presentó catorce años después. El 13 de julio de 2004, La Opinión de Zamora incluía una entrevista de Begoña Galache a Ana Isabel Almendral Oppermann con motivo de la entrega a la Diputación de un óleo y una foto —de obras de arte los calificaba el periódico— con retratos de su padre y de su abuelo, médicos relacionados con la Institución. Ésta era la segunda pregunta:

—También fue médico de la cárcel. ¿Cómo fue aquella experiencia para él?

—Efectivamente trabajó en la cárcel. Mi abuelo fue precisamente quien atendió a la mujer de Ramón J. Sender en la prisión. El hijo del escritor, en un libro que escribió cuando estaba en Estados Unidos, dice que su madre estaba enferma en la cárcel, que nadie se preocupaba por ella, y que un médico que pasaba por allí dijo que total, para lo que le quedaba de vida, mejor dejarla donde estaba. Pero no fue así. Mi abuelo no la dejó morir a su suerte sino que la ayudó. Ella estaba tremendamente enferma, de sífilis, y mi abuelo dijo que para lo que le quedaba de vida mejor que la subieran a la enfermería. De esto hace muchos años, pero hay una gran confusión en el libro Muerte en Zamora y yo quiero poner los puntos sobre las íes. Me llamó la atención porque algunos hechos están tergiversados.

Probablemente, consciente del alcance de la declaración, alguien del periódico que sabía lo que hacía colocó como titular de la entrevista la extraña frase «Mi abuelo no dejó morir a la mujer de Sender cuando estaba en la cárcel». El objeto de la entrevista, las «obras de arte» donadas, pasaban así a un segundo plano; lo importante era la calumnia: Amparo Barayón, según la nieta del médico de la prisión, padecía sífilis. Y la periodista y el periódico la avalaban sin problema. Pero, voluntaria o involuntariamente, Almendral se confundía. Ramón Sender Barayón no aludió en su libro en momento alguno al trato que el médico dio a su madre. Lo que sí hizo, entre otras cosas, fue transcribir el testimonio de Pilar Fidalgo Carasa y de otras personas y poner ante la derecha zamorana el espejo de la realidad del «Glorioso Alzamiento Nacional» en una pequeña capital de provincias donde ningún derechista había sufrido daño alguno antes de la sublevación militar. Lo que Almendral no perdonó a Sender es que situara a su abuelo en el lugar que ocupaba tras el golpe militar de 1936 y que, aunque fuera por cita ajena, pusiera en su boca las palabras «la mejor cura para la mujer [Pilar Fidalgo] del sinvergüenza de Almoína [su marido, un destacado militante socialista de Benavente] es la muerte». Y no encontró mejor forma de atacar al culpable, al hijo de Amparo Barayón, que soltar que ésta, como si hubiera muerto en la enfermería, padecía sífilis. Es posible incluso que la nieta de Almendral supiera, como contaron a Ramón Sender algunas de las personas que le dieron su testimonio, que Amparo acabó loca y que en sus últimos días la atormentaron haciéndole creer que el culpable de su calvario no había sido otro que su marido.

Unos meses después, la noticia de la entrevista llegó a los familiares de Amparo Barayón. Quizás primero a su sobrina Magdalena Maes Barayón, residente en Málaga y que fue quien años después de la guerra, aún muy joven, trasladó sus restos desde la fosa común donde se encontraban al panteón de la familia Maes. Magdalena debió de contárselo a su hija Mercedes Esteban Maes, la traductora de Muerte en Zamora, que vivía en Inglaterra, y de ella la noticia pasó a Ramón Sender en Estados Unidos. Y fue Helen Graham, amiga de Mercedes, la que nos dio a conocer la historia a Paul Preston y al que esto escribe, permitiéndonos así ser partícipes y testigos de una historia que duró un año.

La familia se movilizó y a finales de enero de 2005 redactaron una carta que sería publicada por La Opinión de Zamora el día 14 de febrero:

Señor Director:

El martes, 13 de Julio del 2004 se publicó en su periódico una entrevista con Anabel Almendral, hija del médico zamorano Pedro Almendral Alonso, con motivo de donar ella unos retratos familiares a la Diputación de Zamora. En esta entrevista, Anabel Almendral hace varias declaraciones sobre Amparo Barayón Miguel, esposa del escritor Ramón J. Sender. Las siguientes declaraciones son erróneas:

• Que Ramón Sender Barayón escribió un libro sobre su madre «cuando estaba en Estados Unidos». Ramón ha vivido en Estados Unidos casi toda su vida, a raíz del asesinato de su madre y el exilio de su padre, pero cuando escribió Muerte en Zamora pasó muchos meses en España entrevistando a las familias de Sender y su esposa, y a un gran número de personas que supieron de la muerte de su madre.

• Que en su libro Muerte en Zamora Ramón Sender Barayón había escrito «que su madre estaba enferma en la cárcel, que nadie se preocupaba por ella, y que un médico que pasaba por allí la vio y dijo que total, para lo que le quedaba de vida, mejor dejarla donde estaba». La cita en el libro no es de Amparo Barayón, sino de Pilar Fidalgo Carasa, compañera de cárcel de Amparo que, en su libro Una joven madre en las cárceles de Franco (Londres, United Editorial Limited, 1939, p. 6), afirmaba que «[…] el doctor Almendral [que] vino por pura fórmula. Al ver mi sufrimiento comentó que “la mejor cura para la mujer del sinvergüenza de Almoína es la muerte”. No me recetó nada» (citado por Ramón Sender Barayón en Muerte en Zamora, Plaza & Janés, 1990, p. 160). Aclaremos aquí que Pilar Fidalgo Carasa fue testigo presencial de estos hechos.

• Que Amparo Barayón Miguel «estaba tremendamente enferma de sífilis». Amparo Barayón entró en la cárcel de Zamora sana, como atestiguan sus familiares sobrevivientes. Tenía una niña de meses y un crío de muy pocos años, los dos sanos. Su marido, Ramón J. Sender, murió con más de ochenta años, de pura vejez de fumador empedernido. Sus hijos, Ramón y Andrea, han entrado los dos en la séptima década de su vida, desde luego sin sífilis. ¿Cómo puede justificarse semejante calumnia, sin prueba alguna, contra una persona que fue, sin duda alguna, víctima inocente del terror de la Guerra Civil?

Tenemos muy en cuenta que hemos tardado siete meses en responder a los muchos errores que contiene la citada entrevista. El asesinato de Amparo Barayón Miguel resultó, entre otras muchas desgracias, en la efectiva diáspora de su familia. Estamos todos muy lejos y las noticias tardan en llegar. Sin embargo, y a pesar de los meses transcurridos, nos parece que tenemos derecho a que las declaraciones publicadas en su periódico sean desmentidas.

Esperamos su urgente respuesta, y publicación en su periódico del texto íntegro de esta carta.

Atentamente le saludan[28].

La respuesta tardó solo tres días en llegar, pero no vino de la nieta del médico de la prisión, sino del cronista oficial de Zamora, el profesor de instituto y concejal de ADEIZA (Agrupación de Independientes Zamoranos), Miguel Angel Mateos Rodríguez. Emplazaba a Ana Isabel Almendral, «profesional solvente y universitaria» (profesora de Filología en la Universidad de Castilla-La Mancha), a probar lo de la sífilis o a retractarse; salvaba al abuelo contándonos lo mal que lo pasó en los días del Frente Popular, además de mostrárnoslo como hombre preocupado, poco después, por la vida de los compañeros; y, de paso, arremetía contra el libro de Ramón Sender, historia-novela. Por supuesto, no mencionaba a Pilar Fidalgo. Tampoco le importaban las dificultades que Sender Barayón tuvo en la década de 1980 para indagar sobre la muerte de su madre. El ataque contra el libro de Ramón Sender encontró eco en otros colaboradores habituales de La Opinión de Zamora, que siguieron en la línea de la defensa del médico Almendral. El libro había atacado a «uno de los suyos y la buena gente de Zamora», que no había perdonado a Sender, salía en su defensa. El zarpazo de la «profesional solvente y universitaria» sobre la memoria de Amparo Barayón había pasado a segundo término o, en todo caso, se entendía como un exceso comprensible dado el daño causado previamente por el hijo de Amparo tanto a su familia como a otros conocidos apellidos de Zamora, que atravesaban el libro unos como asesinos, otros como cómplices cuando no como inductores y, finalmente, otros, como simples y pasivos espectadores.

El 14 de marzo verá la luz en La Opinión de Zamora una nueva carta de la familia firmada por Mercedes Esteban Maes:

He tardado un poco en reaccionar a los dos artículos de opinión suscitados por nuestra respuesta a las declaraciones de Anabel Almendral que fueron publicadas en La Opinión de Zamora en julio del 2004. Estaba esperando a que la Doctora Almendral se retrajera y pidiera disculpas por el insulto a la memoria de mi tía abuela, Amparo Barayón Miguel, como también pedía el historiador zamorano Miguel Ángel Mateos (La Opinión de Zamora, 17 de febrero de 2005). Esto no ha sucedido. Está claro que el que calla, otorga.

Resumamos, por si se ha perdido el hilo. El 13 de julio del 2004 se publicó en La Opinión de Zamora una entrevista con Anabel Almendral en la que ella afirmaba que su abuelo, el doctor Pedro Almendral «atendió a la mujer de Ramón J. Sender en la prisión porque estaba tremendamente enferma de sífilis». También atacaba el libro de Ramón Sender Barayón, Muerte en Zamora, en el que el hijo de Ramón J. Sender y Amparo Barayón investiga la muerte de su madre en octubre de 1936, alegando que en el libro «hay una gran confusión». Al mismo tiempo se confunde ella cuando dice que: «El hijo del escritor, en su libro, dice que su madre estaba enferma en la cárcel, que nadie se preocupaba por ella, y que un médico que pasaba por allí la vio y dijo que total, para lo que le quedaba de vida, mejor dejarla donde estaba». Este incidente proviene, como queda claro en Muerte en Zamora, del testimonio de Pilar Fidalgo Carasa, documento histórico publicado en Londres en 1939, que contiene las declaraciones de una mujer que fue compañera de cárcel de Amparo Barayón y testigo presencial de los hechos que narra. La protagonista del incidente no es Amparo Barayón, sino Pilar Fidalgo Carasa, que afirma: «… el doctor Almendral vino por pura fórmula. Al ver mi sufrimiento comentó que “la mejor cura para la mujer del sinvergüenza de Almoína es la muerte” y no me recetó nada» (Una joven madre en las cárceles de Franco. Londres, United Editorial Limited, 1939, p. 6. Cit. por Ramón Sender Barayón en Muerte en Zamora, Plaza & Janés, 1990, página 160).

En nuestra carta del 14 de febrero del 2005 ofrecíamos un argumento irrefutable contra las declaraciones de Almendral de que Amparo Barayón estaba enferma de sífilis. También corregíamos otros errores contenidos en la entrevista de Almendral.

El 17 de febrero del 2005 aparece en La Opinión de Zamora un artículo del historiador zamorano Miguel Angel Mateos en el que aportaba pruebas documentales que confirmaban la falta de base de la insultante declaración de Almendral sobre el estado de salud de Amparo Barayón. También pedía a Anabel Almendral que se retractase, ya que «una profesional solvente y universitaria no puede prestarse a dar pábulo a infundios de rebotica camillera, de brasero de cisco y firma de badila». Aunque su artículo no surtió efecto sobre Anabel Almendral, quien continúa su silencio otorgador, le agradecemos su apoyo.

Esto dicho, es de necesidad responder a la segunda parte del artículo de Mateos, donde ataca el libro de Ramón Sender Barayón, Muerte en Zamora, alegando que es una «historia-novela», basándose en «información errática, imaginada y no contrastada de pobres y débiles fuentes orales». Muerte en Zamora no es una historia-novela: es un testimonio de segunda generación comparable a los trabajos publicados por y acerca de los hijos de supervivientes y víctimas del Holocausto. Los testimonios que Ramón recoge en el libro son, en muchos casos, de primera mano. Mi madre, Magdalena Maes Barayón, sobrina de Amparo, me asegura que su memoria de aquellos acontecimientos es tan clara hoy como hace casi setenta años. No la calificaría de «fuente débil». También está el testimonio de Pilar Fidalgo Carasa en Una joven madre en las cárceles de Franco, importantísimo documento histórico desde el punto de vista de cualquier historiador que se precie.

Pongamos un ejemplo: Mateos dice en su artículo que Ramón Sender Barayón acusa a su tío Miguel Sevilla (entre otros muchos) «basándose en información errática, imaginada y no contrastada, de pobres y débiles fuentes orales, muy alejados de los hechos narrados». En Una joven madre en las cárceles de Franco, Pilar Fidalgo Carasa afirma que Amparo Barayón, cuando ya sabía que la iban a matar, porque le habían arrancado a su hija Andreíta de los brazos «escribió una carta de despedida a Sender, una carta que yo conservé durante mucho tiempo, pero que tuve que destruir a causa de los continuos registros a que nos sometían. En esta carta le encomendaba el cuidado de sus hijos y responsabilizaba de su situación a uno de sus parientes llamado Sevilla» (p. 28). Mi madre, Magdalena Maes Barayón, recuerda perfectamente a Miguel Sevilla llegando al café de los Barayón, donde estaba la familia reunida, diciendo: «Esta noche matan a Amparo». No me parece justo ni riguroso que Mateos califique a estas fuentes de pobres o débiles.

Por las alusiones de Mateos a la necesidad de un «historiador especializado y, por supuesto, imparcial» creo conveniente aclarar que la carta que escribimos a La Opinión de Zamora respondiendo a las declaraciones de Almendral, y a la que a su vez responde Mateos en su artículo, no solo iba firmada por Ramón y Andrea, hijos de Amparo Barayón y Ramón J. Sender, y por mí, su sobrina, licenciada en Historia con veinte años de experiencia como profesora universitaria en Gran Bretaña, sino por otros nueve firmantes cuyos nombres no fueron publicados, me imagino que por falta de espacio. Entre estos firmantes estaban, además de varios miembros de la familia, incluyendo a Magdalena Maes Barayón, Francisco Espinosa Maestre, historiador, especialista en represión; Helen Graham, catedrática de Historia Contemporánea del Royal Holloway, Universidad de Londres, Reino Unido, especialista en la Guerra Civil y el primer franquismo; y Paul Preston, catedrático de Historia de la London School of Economics, autor de algunos de los más importantes libros sobre la Guerra Civil. Todos estamos de acuerdo sobre la importancia de Muerte en Zamora como documento histórico que recoge los testimonios de sobrevivientes de la guerra, así como la búsqueda y la experiencia de un hombre al que la guerra le robó no solo de su madre sino también de su hogar natural.

Y aquí cabe incluir un ruego a Miguel Angel Mateos: los documentos que cita en su artículo no eran accesibles cuando Ramón realizó su investigación en 1983. Le rogamos nos informe de dónde podemos obtener esas fuentes, que tienen un valor incalculable para la familia Barayón.

También me parece necesario comentar sobre los últimos párrafos del artículo de Mateos, en el que, intentando exculpar al doctor Almendral, en el caso en que hubiera sido el que hubiera originado el insultante rumor acusando a Amparo de tener sífilis, afirma que la vida de Almendral, tras un incidente en mayo del 36 «hubiera corrido serio peligro». Esta exculpación del doctor Almendral la repite R. Gamazo en su artículo publicado el 21 de febrero del 2005 en el que, tras comentar sobre «testimonios que solo el historiador especializado y por supuesto imparcial puede valorar y depurar» (véanse nuestras credenciales arriba) procede a relatar una anécdota, seguramente refiriéndose al mismo incidente, en la que la vida del doctor Almendral pudiera haber sido puesta en peligro, también en mayo del 36.

Es lamentable que el doctor Almendral sufriera algún peligro, como son lamentables los desmanes que precedieron a la guerra en la provincia de Zamora. Pero es más importante recordar que lo que está en juego no es lo que le pudo pasar al médico Almendral, sino lo que le pasó a Amparo Barayón Miguel, cuya memoria ha sido atacada por la nieta de aquél. No es sorprendente que sobreviviera el doctor Almendral. Según el historiador franquista Ramón Salas Larrazábal en su libro Pérdidas de guerra, en la provincia de Zamora la represión izquierdista fue inexistente mientras que la otra causó mil doscientas cuarenta y seis víctimas. Ya veremos cuando se investigue en serio. Alcanzar la verdad, como dice Mateos, citando a Ricardo de la Cierva, será improbable o imposible, pero lo que está claro es que Amparo Barayón fue asesinada en Zamora y que los responsables fueron aquellos que el golpe militar llevó al poder en julio del 36.

MERCEDES ESTEBAN MAES

El debate se extiende cuando el 29 de marzo la corresponsal de La Opinión de Zamora en Benavente, Isabel Reguillón, escribe un interesante artículo titulado «Crónica desde una cárcel del 36». Toma por referencia el testimonio de Pilar Fidalgo, maestra de Benavente detenida el 6 de octubre y trasladada a Zamora por ser esposa de José Almoína, secretario de la Agrupación Socialista; narra el destino de algunos de sus paisanos asesinados a lo largo de octubre, y reproduce las alusiones que en el testimonio de Pilar hay sobre Amparo Barayón y otras mujeres.

Mientras esto ocurre se está produciendo un fenómeno curioso. El cronista local Miguel Angel Mateos continúa en marzo y abril escribiendo una serie de largos artículos —hasta siete— bajo el título «Muerte en Zamora, la tragedia de Amparo Barayón». Aquí ya vemos el periódico al servicio del cronista, al que presta los mejores espacios y días, relegando los escritos de la familia y los de otras personas a la sección de cartas y a días secundarios. Mateos arremete contra Pilar Fidalgo y Ramón Sender y se dedica a limpiar y a justificar la actuación de curas, fascistas y militares golpistas. Todo ello queriendo aparentar un discurso liberal que, sin embargo, no disimula la ideología del autor. Incluso a Segundo Viloria quiere liberar de ciertas cargas: «No pretendo justificar lo que no tiene la más mínima justificación: el pasado y la actitud irresponsable de Viloria a lo largo de la Guerra Civil. No voy a desvelar ahora quién fue el responsable del fusilamiento de Amparo Barayón. Lo haré en el fascículo que en su día publicará La Opinión-El Correo de Zamora. No me gustaría ser tan explícito ni remover y menos abrir viejas heridas […] Lo que puedo afirmar es que Viloria no fue el que se hizo cargo, ni condujo y participó en el asesinato de Amparo Barayón. Probadas están otras ejecuciones suyas. Esta no. Yo comprendo que la novela precisa acción y carga dramática» (La Opinión de Zamora, 6 de abril de 2005). Así, vemos al periódico aprovechando el tirón que le supone el «asunto Amparo Barayón» y al cronista aprovechando al máximo el púlpito que el periódico le ofrece y anunciando ya sus próximos fascículos. El cronista ha conseguido su objetivo: el centro de atención ya no es Amparo Barayón sino él mismo y sus prometidas y dosificadas revelaciones.

En ocasiones, como el día 8 de abril, el periódico publica al mismo tiempo una carta de Mercedes Esteban Maes y un artículo, el sexto, de Mateos donde se alude a esa misma carta. He aquí la primera:

Al Sr. Mateos:

He leído con sorpresa, por no decir estupor, las descalificaciones que el cronista M. A. Mateos hace respecto al testimonio de Pilar Fidalgo y el libro de Ramón Sender Barayón. Con respecto a los recuerdos de Pilar Fidalgo, los descalifica al contrastarlos con documentos que ella evidentemente no podía haber consultado. ¡Qué gran error el de Pilar Fidalgo al hablar de seis mil víctimas de la represión fascista en Zamora cuando solo fueron cuatro mil quinientas! Aparte de que este tipo de crítica barata no es digno de una persona que se considera historiador ecuánime, parece que el señor Mateos olvida que el hecho de que una persona ya exiliada se equivocara en el segundo apellido de otra presa no le quita valor en lo más mínimo a lo que dice Pilar Fidalgo del ambiente de brutalidad en la cárcel. La confianza con que el señor Mateos niega la posibilidad de que fuera violada una presa muestra una falta no solo de imaginación sino de ignorancia de cómo iban las cosas en las cárceles del bando llamado nacional. Respecto al libro de Ramón Sender Barayón, descalifica sus fuentes por ser orales pero, cuando se trata de confidencias hechas a sí mismo, le parecen bien las fuentes orales. El señor Mateos alardea de que tanto sabe, pero una tiene que preguntarle, en tal caso, ¿por qué no le ayudó a Ramón Sender cuando hizo su investigación original? Si esto no fue posible por la razón que fuera, ¿por qué no dijo algo en el momento de la publicación del libro Muerte en Zamora? En vez de «guardar otros datos en la recámara», como dijo, ¿no es tiempo ya de que deje de demostrar su superioridad sobre las víctimas (Pilar Fidalgo y Ramón Sender) y nos diga de una vez quiénes fueron los responsables del asesinato de Amparo Barayón, de sus hermanos y de varios miles de zamoranos más? Y que se aplique con iguales exigencias a la documentación generada por los golpistas, a ver si con tanta «sentencia firme», «ejecuciones» y «consejos de guerra» se va a creer que eran actos legales. ¡Ah! Y que no olvide darnos el número exacto de los asesinados ya que ha mostrado su superioridad sobre Pilar Fidalgo por no saberlo ella.

MERCEDES ESTEBAN MAES

En abril de 2005, vista la deriva del asunto, los familiares de Amparo Barayón se informan de las posibilidades de ejercer acciones legales contra la nieta de Almendral. Se les dice que su caso, según el artículo 18 de la Constitución, estaría contemplado dentro de la defensa del honor, bien mediante acción penal tras la presentación de una querella por delito de injurias, bien por vía civil a través de Primera Instancia buscando la protección del derecho al honor, que suele ser el procedimiento habitual y que se inicia mediante una demanda firmada por un abogado y un procurador. Pero, a pesar de que esto hubiera sido lo idóneo y era lo que deseaban, los familiares de Amparo Barayón no se sienten con posibilidades para llevarlo a cabo: la dispersión geográfica —especialmente la localización de los hijos de Amparo a miles de kilómetros— y el hecho de no contar con familiar alguno en Zamora los disuade de seguir esta vía.

Lo que sí hacen los hijos, pensando que pueda surtir algún efecto, es enviar una carta a Dalmiro Gavilán, redactor jefe de opinión del periódico, en la que le piden que actúe de intermediario entre ellos y Almendral Oppermann, a quien solicitan una rectificación de la que incluso le envían un modelo:

A la Srta. Anabel Almendral:

Nos parece que debe de haber una forma civilizada de zanjar este tema sin que tengamos que llevar a cabo ningún tipo de acción. Entendemos, por supuesto, que existe la posibilidad de que usted oyera esta historia de la sífilis a su abuelo o a otro familiar, y simplemente esté repitiendo lo que un día le contaron.

Sin embargo, dado que no hay nada cierto en esta difamación, y que ésta supone una grave injusticia para la memoria de nuestra madre, quien murió inocente de toda culpa a manos de sicarios, debemos pedir con toda sinceridad que se retracte públicamente. La retractación debería consistir del siguiente texto, y ser publicada en La Opinión de Zamora:

«Tras haber reflexionado y conocido nuevos datos acerca de la situación de Amparo Barayón Miguel mientras estuvo encarcelada en Zamora en 1936, he decidido reconsiderar mis palabras publicadas en La Opinión de Zamora en julio de 2004, acerca de cualquier posible enfermedad que Amparo Barayón Miguel pudiera haber sufrido. Dada la dureza de las condiciones bajo las que vivían las mujeres encarceladas, es posible que mi abuelo, el Dr. Almendral, bien se equivocara en el diagnóstico o bien hubiera confundido identidades.

Entiendo que Amparo no podría de ninguna manera haber sufrido las últimas fases de una enfermedad tan contagiosa como es la sífilis sin que sus hijos mostraran síntoma alguno. Teniendo en cuenta que no mostraron dichos síntomas en aquel momento, y que tampoco lo hicieron a lo largo de sus vidas (según propio testimonio y el de conocidos), y habiendo revisado también los testimonios de varias mujeres que estuvieron encarceladas con su madre —citados en el libro de su hijo— me doy cuenta de que mi información era errónea. Transmito mis más sinceras disculpas a las familias Barayón y Sender por permitir que una declaración así apareciera en un periódico público, y espero que, con esta corrección, se pueda dar este asunto por zanjado».

Firmado: Anabel Almendral

Esta declaración servirá para satisfacer a la familia de Amparo, que honra la memoria de una mujer valiente, ilegalmente arrestada, encarcelada en unas condiciones terribles y asesinada por el simple hecho de ser la esposa de un conocido escritor radical. Sus hijos esperan que pudiera publicar esta retractación para que así ellos no se vieran obligados a tomar otras medidas públicas que solo servirían para revivir memorias dolorosas para todos. Paz y justicia nuestro mayor objetivo.

Firmado por Ramón y Benedicta [Andrea Sender Barayón] como descendencia directa

Naturalmente no ocurrirá nada. Ana Isabel Almendral dijo lo que quería decir, desapareció de Zamora y no volverá a intervenir. Son el periódico y el cronista los que aprovechan el tirón, cada uno para sus intereses, mientras los familiares de Amparo Barayón y sus amigos intentan infructuosamente que se restituya el honor de la primera y que se les repare. Ocurrirá lo contrario: el cronista Mateos aprovecha para lanzarse contra el libro de Ramón Sender y contra quienes le contaron lo ocurrido en Zamora. Cada artículo de Mateos constituye un aviso de que el que sabe más del asunto es él y que es el único que puede decir algo. Su mensaje, confuso y liante, va dirigido al mismo sector social que quedó retratado en el libro de Sender: no os preocupéis, no podrán demostrar nada, los papeles los tengo yo y no soltaré ni uno; además seré yo también quien de la versión definitiva en mis fascículos y libros. Durante unas jornadas celebradas en 2006, Miguel Angel Mateos desvelará «la autoría material del asesinato de Amparo Barayón». La intervención, recogida por la prensa, no tiene desperdicio.

Básicamente lo que dijo el «experto», como lo definía el periodista Jesús Hernández en su crónica del día 23 de diciembre en La Opinión de Zamora, fue que Amparo Barayón pudo salir de Zamora pero no lo hizo; que puede que «contara noticias», lo que «tal vez, esto fue un peso importante contra ella»; desmintió que fuera una «comunista peligrosa», como decía un informe del gobernador militar (un documento como éste que sirve para poner de relieve la calaña del gobernador y el estilo de los que dieron el golpe le sirve al cronista para presentarse como defensor de la víctima); era tenida por «espía» y «al servicio de los intereses del Gobierno de Madrid», lo que también es negado por Mateos en un alarde de clarividencia; «su asesinato se debió a decisiones que traspasan lo puramente determinativo del propio gobernador civil» (¿?); y por fin, el gran secreto: el asesino de Amparo Barayón fue un tal Martín Mariscal, sargento de milicias de Falange. Resulta que ha encontrado el documento de la salida de prisión la noche de su asesinato con la firma de Mariscal como encargado de llevarla al cementerio.

Lo que parece olvidar Miguel Angel Mateos es que los falangistas eran meros ejecutores de órdenes superiores. ¿Qué más da que el que le diera el tiro fuera este Mariscal u otro cualquiera? Además Mariscal seguro que no iba solo. ¿Quién le dice al cronista que en el grupo no iba Viloria? Aunque igual el señor Mateos cuenta con los nombres de los componentes de las brigadillas de ejecución zamoranas en esos meses. Pero no acaba aquí la cosa. Salvados los apellidos que había que salvar el cronista local nos cuenta el final del asesino. «Tuvo problemas en Zamora con su comportamiento», dice. El problema fue que empezó a cobrar dinero por librar a la gente de la muerte. Entonces abandonó Zamora y se unió a la Legión en Toledo, donde según Mateos otro zamorano, cuyo padre había sido asesinado por Mariscal, le oyó contar sus actividades en Zamora. «De hecho —añade Mateos— es cierto que él fusiló a la mayoría de los notables de Zamora», incluida Amparo Barayón. La noticia llegó al teniente de la Legión y la Legión hizo justicia, de modo que el asesino pagó sus culpas y la burguesía zamorana quedó libre de ellas. Se acabó el problema de la represión en Zamora.

¡Y qué malo era el asesino de Amparo! Para Mateos, el tal Mariscal era fuerte, violento, bronco, mal hablado y sanguinario, carente de ideología —aunque añade que «estuvo en la Falange bronca, dura»— y de gatillo fácil, es decir, «un psicópata que quería sangre» y «un perverso poco inteligente» que «se valió de su fuerza y de la camisa azul para realizar las tropelías que hizo». Evidentemente es mucho más fácil desviar la atención hacia un sujeto como éste que ir directamente a los verdaderos responsables de la gran matanza realizada en Zamora. Finalmente, Mateos aprovechó la ocasión para desmentir algo que hasta el momento nadie había afirmado: en el informe del médico Almendral «no figura que Amparo padeciese ninguna enfermedad». Al decir esto, el cronista de Zamora olvidaba que quien dijo eso no fue el médico de la prisión sino su nieta en venganza por el libro de Ramón, el hijo de Amparo.

Luego todo quedó en silencio nuevamente. La hija del médico con su honor vengado y los hijos y familiares de Amparo Barayón sin esperanza alguna de restaurar el suyo. En medio, La Opinión de Zamora y el cronista de la ciudad, sin duda contentos, no tanto de haber cumplido con su deber informativo como de haber dejado en buen lugar la sagrada memoria de la derecha zamorana[29].

ANEXO I

Muerte en Zamora: La tragedia de Amparo Barayón[30]

En La Opinión-El Correo de Zamora (14-II-05) los hijos de Amparo Barayón Miguel con retraso comprensible y con igual grado de contundencia respondían a Anabel Almendral, que «Amparo no había padecido sífilis», argumentando con razones y pruebas personales, que merecen el máximo respeto y consideración.

Me sorprendió la afirmación de Almendral (13-VII-04) aunque no le concedí la menor relevancia. Rastreando por las diversas pruebas documentales, y son bastantes, no había leído nada parecido. En los variados informes que sobre ella aparecen, todos con significación negativa, por pretender justificar su asesinato (11-X-36) nada se dice, ni se comenta al respecto. De haber tenido una mínima verosimilitud, el comisario jefe de investigación y vigilancia —M. P— que no se ahorraba adjetivos a la hora de calificar conductas, filiaciones y andanzas de los encartados políticos, pienso que se lo hubiera comunicado al comandante juez militar —Juan Losada—. Así, en escrito de 4 de marzo de 1937, refiriéndose a Amparo Barayón escribe «que dicha individua (sic) estaba considerada comunista peligrosa… que su esposo Ramón Sender —así— periodista de la empresa El Sol… el 18 de julio marchó desde San Rafael a Madrid para gestionar el cobro de unos cheques… que Amparo en compañía de sus hijos y de una sirvienta vino a Zamora, alojándose en casa de sus hermanos, que también estaban considerados extremistas peligrosos…», etc., etc. No es fácil acumular tantos errores en tan pocas palabras. Propaganda de guerra.

En otros informes se la ha denominado «anarquista, roja, revolucionaria peligrosa y extremista, espía, agente de Moscú, del Socorro Rojo Internacional», y otros anatemas de rigor con la finalidad de descalificar al enjuiciado.

Pero, ni en el archivo de la cárcel provincial —ver expediente de filiación personal— donde el gobernador civil Hernández Comes manifiesta: «Sírvase admitir y retener en el establecimiento de su dirección a disposición de mi autoridad a Amparo Barayón Miguel de veintinueve años, soltera —obviamente solo a efectos eclesiásticos para la zona nacionalista donde no se reconocía el matrimonio civil— de pelo negro, cejas negras igualmente, nariz y boca regular, cara redonda, color y aspecto sano, estatura alta, de profesión: funcionaría del Ministerio de Agricultura y con domicilio en Madrid, c/ Menéndez Pelayo, 41…».

Ni en la relación de la enfermería de la cárcel, donde constan expedientes, ni en el informe del capellán hemos encontrado el menor rastro. Fue tan indignamente injuriada y vilipendiada, que pienso que de haberse conocido la presunta enfermedad la hubieran reflejado para mayor escarnio de la memoria de esta pobre e infeliz mujer, de la que se sabe que fue entusiasta catequista de la iglesia de San Juan. La información de Anabel Almendral, que en paridad jurídica puede ser una injuria, pero nunca una calumnia, como escriben en su respuesta los hijos de Amparo Barayón, debe provenir de fuentes orales ligadas al círculo familiar y profesional de los Almendral.

Pero no parece que tenga ningún fundamento documental clínico, ni oficial, ni oficioso.

Si existen pruebas muéstrense, y de lo contrario, parece de justicia retractarse. Nada importaría aunque fuese verdad. Lo grave es que encima no lo sea. Los cotilleos chismosos de barra de bar, o las confesiones de magdalena arrepentida, necesitan una información seria y contrastada. De no ser así, una profesional solvente y universitaria no puede prestarse a dar pábulo a infundios de rebotica camillera, de brasero de cisco y firma de badila. De esta forma, se coloca a la misma altura y en idéntico rasero que Ramón J. Sender Barayón cuando acusa a su tío Miguel Sevilla, a Hernández Comes —que lo cita errónea e insistentemente varias veces como Claomarchirant (sic)— a Segundo Viloria, a gran parte de la familia Barayón, a su propio padre y a otros muchos, basándose en información errática, imaginada y no contrastada de pobres y débiles fuentes orales, muy alejados de los hechos narrados, aunque no sea lícito dudar de la buena fe de los informantes. De aquí, que si el libro Muerte en Zamora pretende presentarse como historia-novela, objeto del ensueño y la inventiva de su autor, es muy libre de hacerlo. Todo depende de la facundia de cada cual. Pero si lo que pretende es narrar, historiar y contar los hechos relativos a personajes concretos a los que se atribuye acciones responsables y directas, máxime tratándose de un asunto tan complejo, subjetivo e interesado como la Guerra Civil, se exige información lo más exhaustiva posible y contrastada y diferenciada a fondo.

Yo comprendo a Ramón J. Sender Barayón, que necesita explicarse y no puede entender la muerte trágica, y a todas luces injusta de su afligida e irresponsable madre. Pero no puedo aprobar gran parte del libro escrito, porque no se corresponde con la finalidad de los hechos documentalmente conocidos, bien orales o bien escritos.

Y también comprendo al Dr. Pedro Almendral —el abuelo, viejo liberal albista— si es que se prestó a transmitir el infundado rumor, él no pudo inventarlo, que Amparo Barayón «estaba tremendamente enferma de sífilis». A punto estuvo de ser linchado, junto a la Casa del Pueblo, en San Martín, en mayo del 1936, acusado también erróneamente de haber actuado con negligencia en la muerte de «El Pelao». Se olvida que lo atendió Dado Crespo con diligencia y eficacia como consta en informe médico y lo relata la prensa. Y también se le achacó de desatención en la cura de un obrero, afiliado al PSOE, en la Casa de Socorro de la capital.

De no haber intervenido con celeridad la protección del Dr. Félix Valbuena Artolozábal, la vida de Pedro Almendral hubiera corrido serio peligro. Está probado documentalmente. Posteriormente, Almendral advirtió a Felipe Andones, afamado y humanitario médico, que huyera de Zamora y buscase refugio porque lo iban a encarcelar. Y luego, intercedió ante el gobernador para salvar la vida de Andones. Por los resultados no parece que Pedro Almendral tuviese especial audiencia entre los alzados. La historia de un liberal albista no era la mejor patente para recomendar a nadie.

Sin embargo, no puedo aprobar, mientras Anabel Almendral no presente pruebas, las desafortunadas declaraciones referidas a un hecho muy discutible, después de setenta años prácticamente y de un asunto que no merece más relevancia que el comentario entre visillos.

Por ello, la mejor forma de entender y comprender hoy nuestra conflictiva e incivil guerra es estudiándola con rigor hasta agotar la documentación existente. Esconderla cabeza debajo del ala, o no hablar ni escribir de ello, como quieren algunos interesados, solo conduce a fomentar el bulo, la maledicencia y los errores, en mi opinión perjudiciales para la memoria de las familias. Pensar que se puede alcanzar la verdad se nos antoja improbable y toda la verdad como desearía Ricardo de la Cierva, imposible.

MIGUEL ÁNGEL MATEOS,

La Opinión de Zamora, 17 de febrero de 2005

Verdades grandes y verdades pequeñas

He leído con gran interés los siete artículos que ha escrito Miguel Angel Mateos sobre la represión en Zamora en general sobre los casos de Amparo Barayón y Pilar Fidalgo en particular. Como es de esperar de un gran cronista de la ciudad, los artículos contienen muchos detalles que, de otra forma, no llegarían a la luz y, por lo tanto, creo que hay que darle las gracias.

Sin embargo, hay elementos de dichos artículos que no me parecen dignos ni de Miguel Angel Mateos ni de La Opinión de Zamora. Me refiero a la saña con que intenta desmontar el libro de Ramón Sender Barayón y al sarcasmo con que intenta disminuir el valor del testimonio de Pilar Fidalgo a base de citar documentos solamente disponibles casi cincuenta años después de los acontecimientos que ella describe.

En cuanto al libro de Ramón Sender Barayón, y refiriéndose a una carta anterior publicada en La Opinión…, dice: «Los historiadores firmantes, que avalan el libro, y especialmente el profesor Preston, me imagino que no habrán leído la obra. Y que firman como en los viejos tiempos del manifiesto, a oscuras». Pues yo sí que he leído el libro. No suelo firmar «a oscuras». También me consta que lo han leído los historiadores Helen Graham y Francisco Espinosa Maestre, porque lo he comentado detalladamente con ellos. Es posible, por no decir probable, que el libro de Sender Barayón tenga errores de detalle. Las matizaciones y correcciones que ha aportado el Sr. Mateos son muy valiosos al respecto pero esto no quita que, al poner sobre el tapete la cuestión de la muerte de su madre, y traer a colación el caso de Pilar Fidalgo y otras personas asesinadas durante la represión en Zamora, Sender Barayón ha hecho un gran servicio a la historia. Hay verdades grandes además de las verdades pequeñas. De hecho, las cosas valiosas que el Sr. Mateos viene publicando no las ha publicado antes sino ahora como réplica al libro de Sender Barayón, aunque con casi quince años de retraso. Es como si el Señor Mateos se sintiera ofendido por el hecho de que Sender Barayón se habría atrevido a meterse en un coto privado.

A lo largo de sus artículos el Señor Mateos ha mostrado un compromiso con la precisión, hasta el punto de exigirla a los que no tuvieron las mismas posibilidades que él de contrastar fuentes. Sin embargo, es difícil de no pararse delante de la afirmación tan antihistórica del Señor Mateos cuando dice: «Si el pronunciamiento no fracasa y no hay guerra, con seguridad no hubiera existido la represión, ni los fusilamientos. Por eso es a partir del 25 de julio, cuando se decide el conflicto armado, cuando se realizan las primeras muertes, efectuadas por incontrolados o teledirigidos». ¿Es posible que no sepa el señor Mateos que en abril de 1936, el director de la conspiración militar, el general Emilio Mola, emitió instrucciones reservadas: «Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta, para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego, serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al Movimiento, aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos, para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas»? ¿Es posible que no sepa el señor Mateos que hubo represión feroz en Valladolid, en Sevilla, en Huelva, en Cádiz y otras muchas provincias antes del 25 de julio? ¿Es posible que no sepa el señor Mateos lo que pasó en Ceuta y Melilla inmediatamente después del golpe?

Decía antes que hay verdades grandes y verdades pequeñas, y por lo tanto hay errores pequeños y errores grandes. Pasamos, pues, por encima del hecho de que el Sr. Mateos se refiere a la Señora Mercedes Maes Barayón como «el señor Esteban Maes Barayón» o del hecho de que cita «el libro» de Pilar Fidalgo cuando no existe tal libro, sino unas declaraciones publicadas en Francia e Inglaterra que suman menos de veinte folios. Hay que ser comprensivo, creo, al leer las cosas y enjuiciarlas con comprensión, sacando lo valioso de cada libro o artículo. Lo suyo tiene mucho de valioso.

PAUL PRESTON,

La Opinión de Zamora, 10 de abril de 2005

Muertes fuera de la ley

Aquí, en los Estados Unidos les dicen a los escritores que reciben críticas negativas: «Cuenta la cantidad de palabras que te dedican, y da las gracias». Teniendo esto en cuenta debo agradecer mucho al señor M. A. Mateos su largo artículo en muchas partes. En cuanto a los errores históricos que puntualiza, realmente hubiera deseado que me hubiese podido ayudar en los dos viajes que hice a Zamora en la década de los ochenta con el fin de investigar los acontecimientos que resultaron en el asesinato de mi madre.

Yo no soy historiador, y en el momento de mis viajes a Zamora prácticamente no entendía el castellano, aunque contaba con la ayuda de mi mujer, Judith, que sí lo hablaba. Los únicos documentos a los que tuve acceso fueron las partidas de nacimiento y bautismo de mi madre, y una partida de defunción fraudulenta. Teniendo en cuenta que las únicas fuentes a las que tuve acceso fueron las entrevistas que llevé a cabo con personas a quienes durante casi cuarenta años les había sido imposible la libertad de palabra por el miedo a perder la propia libertad —cuando no la propia vida— creo que mi esfuerzo por contar la historia de mi madre se merece algún reconocimiento. Si no ha conseguido otra cosa, mi libro al menos ha servido para recordar a los ciudadanos de Zamora que les quedan por reconocer las miles de muertes que ocurrieron fuera de la ley, aprobadas tácitamente por aquellos que estaban en el poder. Es posible que, en su esfuerzo por corregir mis errores, el Sr. Mateos nos haya hecho a todos un favor al señalar los documentos que ahora es posible consultar, y al recordar a la conciencia pública que sigue sin hacerse nada en Zamora por conmemorar públicamente a tantas mujeres que fueron brutalmente encarceladas y sacadas a rastras en la oscuridad de la noche para ser fusiladas de una forma tan cruel que no cabe describirla aquí. Aunque el señor Mateos alude a asesinatos similares que ocurrieron en la zona republicana, no creo que esto sea excusa ante la enormidad de las muertes ilegales que ocurrieron en las zonas ocupadas por los golpistas —y sobre todo— en Zamora.

Personalmente yo siempre me siento agradecido cada vez que la historia de Amparo se cuenta con mayor veracidad. Siempre le estaré agradecido a Pilar Fidalgo Carasa por su testimonio. Cualesquiera errores que ocurrieran en sus declaraciones ante el Cónsul español deben atribuirse al tratamiento bestial del que acababa de escapar.

RAMÓN SENDER BARAYÓN,

La Opinión de Zamora, 10 de abril de 2005

En tomo al asesinato de Amparo Barayón

Vengo observando lo que viene haciendo M. A. Mateos con sus artículos desde hace varias semanas. Conviene recordar el origen del asunto: el pasado verano la nieta del médico Almendral aprovechó una entrevista en el periódico para, sin venir a cuento, atacar la memoria de Amparo Barayón, asesinada en Zamora al igual que dos de sus hermanos a lo largo del 36. Para ello, para lanzar el infundio de que padecía sífilis, tuvo que tergiversar y retorcer los recuerdos carcelarios de Pilar Fidalgo. Y es ante la reacción de los familiares de Amparo Barayón cuando Mateos entra en acción. Al principio juega un poco a no estar de parte alguna y para que no haya dudas plantea que en caso de que Anabel Almendral no pueda demostrar su afirmación deberá retractarse. Pero la aludida ha hecho mutis.

A continuación, como si fuera del mismo equipo que Almendral, toma el relevo y acomete la empresa de ridiculizar los testimonios de Pilar Fidalgo y de Ramón Sender Barayón. Con los más burdos procedimientos como único recurso, Mateos arremete con historietas diversas contra ambos. El truco que utiliza consiste en presentarlos como trabajos de historia. Para Mateos los recuerdos personales de Pilar Fidalgo tras su paso por la prisión de Zamora no valen nada y las indagaciones de Ramón Sender en pos de los últimos días de su madre tampoco. Una sarta de errores y falsedades. Él sí que sabe, sus informantes sí que son válidos, y además él lo tiene todo. Y así lleva ya varias semanas, artículo tras artículo, utilizando la memoria no como los demás sino para el bien.

Lo último que nos ha dicho es que el culpable de la muerte de Amparo Barayón fue Ramón J. Sender por mandarla al matadero. Era previsible que esto ocurriera. Es más, por mucho que cuando se refiere a ella hable como en los folletines de la «afligida e irresponsable madre», de la «infeliz y exquisita mujer» o de la «buena y dignísima mujer» no resulta nada creíble y flota por su escrito la sospecha de que ella misma se buscó su final al insultar al «gobernador civil» colocado por los golpistas. Total, de qué se quejaba si solo habían asesinado a su hermano. En realidad, aparte de atacar los escritos de Fidalgo y Sender, lo único que ha hecho Mateos desde que empezó, por más que lo disimule y embarulle, es culpar a Ramón J. Sender del asesinato de su esposa y poner a buen recaudo a fascistas, espadones, curas y paramilitares al servicio del golpe militar. Ahora concluye en que si el golpe hubiera triunfado no hubiera habido represión. Debe ser por eso que allí donde se impuso primó el respeto a la vida. Como en Zamora. Ya dijo alguien que la historia, convenientemente utilizada, puede llegar a ser el narcótico más poderoso de nuestro tiempo.

FRANCISCO ESPINOSA MAESTRE,

La Opinión de Zamora, 13 de abril de 2005

Al historiador Mateos

Hay que reconocer la importancia de marcar los tiempos de la puesta en escena. En episodios de todo tipo y, en especial, los referentes a los crímenes de nuestra Guerra Civil. Como en una novela por entregas he esperado ansioso el siguiente artículo de su reciente autoría en este periódico, que iba a acercarme más a un desenlace, que por sabido, no era menos trágico. Son las estrategias o recursos para fijar la atención de los alumnos que, lícitamente, usa el maestro. Aquí no hubiese sido necesario la utilización de escenario alguno, porque «nuestra guerra» nos ha marcado con una huella de fuego y en su evocación se ponen en pie figuras, situaciones y personajes de memoria incierta, pero que forman parte de nuestra memoria colectiva. Incluso, que llevaban nuestros apellidos. Todo ello envuelto en un vértigo de pánico donde se percibe el horror de la presa acosada, el parón de la vida, una vez que han saltado como un muelle los rencores ocultos, y zanjadas las cuentas al pie de espesas paredes. Es muy loable que haya profesiones que tengan que hacerse cargo de estos despojos que causa la muerte. Para ellos, les debemos nuestro reconocimiento. Pero ¡qué respeto exige el acercamiento a la muerte!

Es por lo que me he puesto a escribir esta nota, pues en mi opinión, en la historia de Zamora, obra del señor Mateos, se ha faltado al rigor histórico, al hacer afirmaciones no debidamente contrastadas y escritas con un estilo, como si fuesen sentencias fulminantes, sobre la intervención directa de un pariente mío en la muerte de Consuelo Barayón. Desde la publicación de la obra, han transcurrido años en que he permanecido en silencio, a pesar del convencimiento y de opiniones de algunos historiadores de que tal juicio no se ajustaba a la verdad. Ahora, y con la publicación de los artículos de Miguel Angel Mateos en La Opinión-El Correo de Zamora, me confirman mis sospechas de que lo afirmado con rotundidad en la historia de Zamora no era cierto. Es la famosa puesta en escena, con buenos y malos, y repartiendo papeles el nuevo demiurgo, que interpreta según su simple conveniencia. ¿No es una ligereza, que hace dudar de su rigor científico, verter afirmaciones rotundas que, según parece, se derrumban al primer análisis serio? Porque, ¿cómo puede darse una nueva explicación de los sucesos sin proporcionar los datos que la han permitido?

Se va sobrenadando sobre la realidad, se van sacando los personajes que hagan falta y se les asigna un papel, ¿no es atrevido y va contra la pública concordia airear cuestiones y emitir condenas que afectan a terceras personas, ajenas a aquella tragedia? Pero, como han señalado otros lectores en este periódico, no se puede esperar otra cosa de quien hace un continuo desprecio a las afirmaciones de otros opinantes. Por si fuera poco, M. A. Mateos se permite una interpretación, digamos benevolente, de la conducta de un personaje cercano a mí, del tipo «buen chico, mal aconsejado, etc.». Déjelo y no revuelva más.

ANTONIO VILORIA,

La Opinión de Zamora, 16 de abril de 2005

Los sentimientos de una familia (reflexiones para don Miguel Angel Mateos)

Estoy sentado delante de mi ordenador con un libro en la mano, Muerte en Zamora. Lo tengo abierto por las páginas centrales, contemplo la foto de la familia Maes Barayón, yo soy el pequeñito de la izquierda, el que parece que se quiere meter el dedo en la nariz. Miro a mi abuela Magdalena y ahora que he vuelto a releer el libro entiendo por qué siempre estaba tan triste. Señor Mateos, como bien ha escrito el señor Preston, hay verdades grandes y verdades pequeñas, pero los sentimientos de una familia siempre son grandes.

Le voy a contar cómo tuve conocimiento de la existencia de un escritor llamado Ramón J. Sender. Fue en el Colegio de los Claretianos el día que, en clase de Literatura, tocaba estudiar a este autor. La señorita Lourdes, conocedora de mi familia, me indicó que les hablara a mis compañeros de él. No pude decir nada porque nada sabía. Con esto le quiero decir que hay familias que han sufrido tanto que ni a sus más allegados han querido implicarles en su sufrimiento, solo han querido olvidar.

El libro Muerte en Zamora es un libro de sentimientos, es un homenaje de un hijo a la madre que prácticamente no conoció. Es un libro que no merece sus matizaciones tan precisas. Yo no sé de Historia pero veo los ojos de mi padre y no me han gustado los que vi esta mañana. Sabemos todos que en cualquier guerra la gente que pierde a sus hijos, hermanos, esposos sufre, y el sufrimiento no entiende de vencedores ni vencidos, pero si cabe, es mayor en los vencidos. Créame señor Mateos que las entregas, en siete actos, que usted ha hecho en este periódico solo han servido para hacer recordar a los que no tenían ninguna gana de recordar. Le pido, por favor, que la pura y dura Historia, la de las precisiones «tan precisas», la contada, perdóneme, de forma tan pedante, la guarde usted para las aulas. Sin duda, sus alumnos saldrán ganando.

FERNANDO MAES ARJONA BARAYÓN,

Castellanos de Moriscos, Salamanca,

La Opinión de Zamora, 19 de abril de 2005

Un poco de seriedad, señor Mateos

He leído con interés la polémica suscitada por las inoportunas declaraciones de una descendiente del doctor Almendral sobre Amparo Barayón. Amparo Barayón está muerta y no se puede defender, por lo que su familia ha salido al paso de las acusaciones vertidas defendiendo su dignidad personal. Totalmente correcto. Todos sabemos, incluido usted, que Amparo Barayón fue asesinada, no murió de enfermedad. Lo correcto habría sido que la descendiente del doctor Almendral se hubiera retractado de lo dicho y hubiera pedido perdón; no lo hizo, no le vamos a obligar a que lo haga. Dejémosla. Lo lamentable es que usted, persona sensata, se empeñe en buscar los fallos del libro que, sobre su madre escribió Sender Barayón y un día tras otro siga enviando sus escritos sobre el mismo tema tan reiteradamente que resulta agobiante.

Dice usted que Sender Barayón obtiene la información para escribir el libro Muerte en Zamora de las entrevistas a personas y que, tal vez, sus respuestas pudieran estar un tanto influenciadas por la situación personal de la persona entrevistada en su libro La República de Zamora, tomo I, página 695, apartado 4, Fuentes orales, donde usted enumera una serie de entrevistas a personas. Si usted utiliza como fuente de información las entrevistas ¿por qué Sender Barayón no puede hacer lo mismo? Eso no es serio, don Miguel Ángel. Usted tiene otros medios de información que, dicho sea de paso, pueden ser menos veraces que las entrevistas personales. Usted sabe, igual que yo, que buena parte de la documentación que se refiere a la Guerra Civil está falseada, además tal vez —no lo sé— Sender Barayón no tuviese acceso a fuentes documentales y por eso se informó de personas. Está mal que lo censure por eso.

Yo no dudo de su valía —la de usted— como historiador y admiro su capacidad de trabajo, pero le aconsejo que tenga la humildad de admitir las opiniones de otros historiadores, algunos especialistas en la Guerra Civil española, como los que firmaron alguna de las respuestas de la familia Sender Barayón. Créame, don Miguel Angel Mateos Rodríguez, la verdad absoluta solo la tiene Dios. Nosotros, pobres mortales, tenemos alguna parte de verdad y solo se obtendrá la verdad total si somos capaces de formarla aportando cada uno la partecita de verdad que tenemos. Pretender que solo es válida mi verdad y no la de los otros es soberbia y le recuerdo que a los soberbios los rechaza Dios.

SATURNINA LORENZO GARCÍA,

Toro, La Opinión de Zamora, 20 de abril de 2005

ANEXO II

LA PATRULLA DEL SARGENTO VENENO EN VILLALPANDO

A últimos de agosto de 1936, estando en el cuartel de la Guardia Civil de Zamora el teniente coronel José Redondo, el comandante Gervasio Fernández Noaín y el capitán Juan Rodríguez Guillén, se presentó una comisión de Villalpando formada, entre otros, por el alcalde (¿Maximiliano Peláez Blanco?), el médico Tonanzos y el juez Juan Esteban Romera. El motivo de la visita era solicitar que el cabo de la Guardia Civil, apellidado San Román, fuera relevado «porque tenía miedo no atreviéndose según ellos a obrar con energía en los sucesos desarrollados en el pueblo». Según declararía meses después el capitán, el que llevó la voz cantante en aquella reunión fue el juez. La respuesta del teniente coronel Redondo, además de recordarles que existiendo allí un jefe de Línea poca responsabilidad podía tener el cabo, fue pedirles que dieran la queja por escrito, a lo que se negaron los miembros de la comisión.

Lo cierto es que unos días después el gobernador civil de Zamora ordenó al delegado gubernativo que se diese una vuelta por Villalpando con su patrulla. Se trataba del sargento Luis Valera Nieves, más conocido por «Sargento Veneno», quien desde el 18 de julio hasta mediados de octubre de 1936 venía dedicándose a «practicar detenciones de individuos que se hubieran distinguido como desafectos a dicho Movimiento y por sus ideas extremistas y adoptar respecto de los mismos y ejecutar las medidas que estimase justas y convenientes».

El día que se acercó a Villalpando formaban la patrulla el abogado Segundo Viloria, Julio Gómez, Carlos Gómez y el requeté Domingo Gómez. El objetivo, dado que según la queja referida «había en dicho pueblo elementos de izquierdas que se consideraban indeseables y que era necesario quitarlos del pueblo», era el siguiente:

Detener a los individuos de dicha localidad que se hubieran destacado por extremistas y contrarios al Movimiento, llevando la orden de que a todos aquellos que hubieran tomado armas en contra de la Guardia Civil o fuerza armada fuesen dejados muertos en el cementerio de la referida localidad.

Así que la patrulla llegó al pueblo por la mañana, donde la esperaban el alcalde, el juez y demás miembros de la comisión, quienes se pusieron a su disposición dedicándose entre todos a elaborar la lista de los que debían ser detenidos. Los señalados fueron conducidos al cuartel por la tarde, en presencia del cabo San Román y del jefe de Línea. A medida que iban llegando el sargento Veneno practicaba «diligencias» para ver si debían ir a Zamora o directamente a la tapia del cementerio. Y fue precisamente cuando ya tenía medio hechos los dos grupos cuando el juez Esteban, que hacía guardia en la puerta del cuartel, entró diciendo «que él no podía consentir que se llevase detenida a ninguna persona a Zamora ni se ejecutase a ninguna porque ello daría lugar a que se levantase toda la gente del pueblo en contra de dicho señor Juez y demás autoridades locales a las que culparía de dichas detenciones y ejecuciones».

Entonces, el sargento Valera telefoneó al gobernador civil, quien, vista la situación, le ordenó que «no se llevase más que a los más revoltosos y que a los demás los pusiese en libertad». Mientras tanto, el juez Esteban, un tanto descontrolado, llamó cobarde y falso al cabo San Román en presencia del alcalde, de Valera, del jefe de Línea y de Viloria. En su declaración, Valera, mantuvo que el comportamiento del juez «no fue debido a sentimientos antipatrióticos de dicho Juez ni contrarios al Movimiento Nacional, sino todo lo contrario debido únicamente a la bondad de dicho señor y a evitar derramamiento de sangre en el pueblo y el que a él y a otras autoridades de la localidad se les hiciese culpables de tales actos por ser ellos los que vinieron a dar cuenta de los detenidos al Gobierno Civil». Valera además recordaba que durante el día el juez «estuvo animadísimo con que se practicasen las detenciones referidas y las ejecuciones contra las personas que lo merecieran». Por lo que dice es posible que influyera en el cambio del juez el hecho de que, cuando llegó el momento de la salida de los detenidos, la zona cercana al cuartel estaba tan concurrida de gente que la Guardia Civil tuvo que despejar el tramo de carretera más cercano.

Estas declaraciones sobre este hecho ocurrido en Villalpando, forman parte del expediente de depuración abierto al juez Juan Esteban Romera. Se trata de las declaraciones del capitán Juan Rodríguez Guillén y del sargento Juan Valera Nieves, tomadas ambas el 16 de noviembre de 1936[31].

ANTONIO MARTÍNEZ BORREGO Y EL FALSARIO GILA BOZA

Las políticas de silencio y olvido puestas en práctica desde la Transición dieron sus frutos en las décadas siguientes. Solo desde este vacío absoluto de pasado es posible entender extrañas historias como las de los falsarios Enríe Marco y Antonio Pastor, que se hicieron pasar, uno en Cataluña y otro en Andalucía, por lo que no eran. Enríe Marco, Cruz de Sant Jordi (2001) y presidente de la principal asociación española de deportados, la Amical de Mauthausen, se había inventado un pasado de deportado en el campo de Flossenburg, según su propia declaración, «para que le prestaran atención y así poder difundir mejor el sufrimiento de las víctimas». Por su parte, Antonio Pastor, Medalla de Andalucía (2002), considerado «superviviente de los campos nazis» por la prensa andaluza[32] y al que Canal Sur dedicó un programa titulado «Mauthausen, vivir para contarlo», exhibía supuestos documentos probatorios de su paso por Mauthausen, documentos que nadie se había tomado la molestia de leer. Resultó que nunca fue un deportado ni estuvo en Mauthausen ni luchó en la resistencia francesa. Ambos se aprovecharon en este caso de la carencia de investigaciones rigurosas sobre la deportación española a los campos nazis. «En Francia nunca hubiera podido presidir una asociación», dijeron varios deportados tras conocerse el «caso Marco» (El País, 15 de mayo de 2005).

Fueron precisamente los primeros historiadores en investigar a fondo el asunto y sacarlo a la luz, Benito Bermejo y Sandra Checa, los que tuvieron que afrontar la denuncia, que puso en evidencia a unos y a otros y que, para colmo, fue criticada por quienes más tenían que agradecerla: la propia Amical, los correligionarios de Marco —secretario general de la CNT—, los periodistas incapaces de poner en duda ni una sola de las declaraciones de los falsos deportados y que ni siquiera se habían tomado la molestia de leer los papeles que les presentaban, los documentalistas autores de indocumentados documentales, etc. El «escándalo Marco-Pastor» puso al descubierto una terrible realidad: a treinta años de la Transición, los responsables de la violencia que asoló al país desde el 18 de julio de 1936 podían seguir ocultando su pasado y presentarse como inocentes, y las verdaderas víctimas, en este caso del exilio y de la deportación, habían acabado suplantados por personas que les habían arrebatado su propio pasado. Éste era el resultado de las políticas practicadas desde la Transición por los partidos que llegaron al poder, fueran del signo que fueran. Evidentemente, de haberse favorecido la investigación del destino de miles de españoles en los campos nazis tal cosa no hubiese ocurrido.

El caso que ahora nos ocupa supone una vuelta de tuerca. Detrás, una vez más, la seguridad de que nada pasará si se miente y el deseo de un protagonismo inmerecido. En 2005 la editorial Oberon publicó La hoz y las flechas: un comunista en falange, de la periodista Mercedes de Pablos Candón. El 15 de diciembre apareció noticia de la publicación en el suplemento andaluz de El País, firmada por Santiago Belausteguigoitia y con foto de la autora. La lectura del libro, un disparate de principio a fin, motivó que el 19 de diciembre José María García Márquez, máximo experto en represión franquista en la provincia de Sevilla y quizás el mejor conocedor del Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo, y el que esto escribe enviáramos una carta al suplemento andaluz de El País:

Sobre La hoz y las flechas

Hace solo unos días se comentaba en este periódico la publicación de La hoz y las flechas, un libro de Mercedes de Pablos basado en el testimonio de Juan Gila Boza. La autora parte de una base errónea: la desaparición de la causa judicial de Gila Boza. La causa existe. La razón primordial de esta carta es la calumniosa acusación de que Antonio Martínez Borrego fue el delator que en 1948 llevó a docenas de personas a la cárcel. Es falso. Gila Boza ha olvidado que él declaró antes que Martínez Borrego y que habló bastante más. También ha olvidado que nadie pidió para él pena de muerte. Por otra parte, según sus propias palabras y su expediente, Gila Boza, que dice ser falangista desde 1934, ingresó en el PCE en 1935 por orden de Falange. Creemos que la existencia de la causa invalida el testimonio y aconseja una revisión en profundidad del libro. Es posible que más que ante un «topo comunista» infiltrado en Falange nos encontremos ante un «medalla de la Vieja Guardia» de Falange infiltrado en el PCE desde 1935 y que realiza tareas de espionaje durante la guerra. Este giro haría bastante más comprensible la extraña peripecia vital de Juan Gila Boza.

Pero el periódico, quizá por corporativismo, consideró que la carta no merecía ser publicada, de forma que el 6 de enero fue remitida al suplemento andaluz de El Mundo y El Correo de Andalucía, que la incluyeron en su edición del día 17 de enero. El efecto fue inmediato: el día siguiente la sacó El País, sin duda, con la intención de que la compañera De Pablos pudiera contestar a gusto, como de hecho ocurrió el día 20:

Comunista y militante

Juan Gila Boza, es comunista, tiene carnet y militancia. Lo ha sido durante ochenta años y lo es ahora que va a cumplir los noventa y uno. Sirva esta contundente afirmación como respuesta a la carta publicada por su periódico en la que el Sr. Espinosa ponía en duda la trayectoria política y personal de Juan Gila Boza, el protagonista de La hoz y las flechas, libro que he escrito basándome en su testimonio y en el contraste riguroso de su memoria. Parte de un error el firmante de la carta al aducir que el libro analiza una causa judicial. No es un libro sobre un expediente sino sobre una persona. La diferencia no es sutil, es sustancial. Dudar de la veracidad de la vida de Juan es algo más grave que un error profesional o una falta a la verdad. Es perverso e inmoral. Todos los que hayan leído la biografía de Juan saben, como lo saben sus compañeros de partido, sus amigos, sus vecinos o quienes le dieron una paga hace muchos años como represaliado del franquismo, que Gila Boza conserva el expediente de la causa por la que fue a la cárcel pero que el original no ha estado disponible al menos hasta la fecha de la publicación del libro en su Archivo correspondiente. La fotocopia, sí, por supuesto, así como otros documentos igualmente valiosos que han servido como soporte de su memoria. Pero es la memoria de un hombre, la peripecia vital de un hombre, la que se cuenta. A mí es Juan Gila Boza, su vida, su dignidad y el respeto que todos le debemos lo que me importa. La Historia es de los hombres y las mujeres que la hacen como saben todos los que aman las historias y las trabajan, personalismos, patrimonialismos y celos aparte.

La respuesta constituía una huida hacia delante. Ninguneaba a José María García Márquez, inventaba que nuestro error era suponer que el libro analizaba una causa judicial (más bien se le animaba a consultarla), mantenía que dudar del testimonio de Gila Boza era «perverso e inmoral», inventaba que éste conservaba el expediente de la causa (lo que tendría era copia de la sentencia) y, tras defender la vida y la dignidad de este señor, cerraba afirmando que lo que había detrás de nuestra carta eran cuestiones personales, patrimoniales y de celo. En el objeto del debate ni se entraba. Unos días después, el 25, El País publicó una carta de alguien que parecía ser una fan de la periodista. «He seguido la trayectoria de Mercedes de Pablos, singular periodista…», comenzaba la carta. Resultaba evidente que la autora, de nombre Selva Otero, fiel devota de De Pablos, se había conformado con leer la carta de ésta. De manera que, convencida de que el enemigo eran los de siempre, la carcundia franquista, salía en defensa de «la rigurosidad y sensibilidad de una mujer valiente» y arremetía contra nosotros, a los que admitía desconocer, como aquellos «a quienes aún le pesan como una losa esas 224 páginas donde Mercedes nos da un revolcón».

Unos días antes, el 22 de enero, habíamos enviado una nueva carta a El País en respuesta a la de De Pablos, carta que en principio mereció por parte del suplemento andaluz el mismo trato que la anterior, hasta que, tras una queja al defensor del lector y otra al entonces director, Jesús Ceberio, decidieron publicarla el 11 de febrero. Decía:

De topos y delatores

No vamos a contestar a M. de Pablos en el tono que ha decidido adoptar. Solo diremos que sería conveniente que se documentara. Sus ocurrencias y descalificaciones nos obligan a recordarle que la razón de nuestra carta fue la acusación de delator que aparece en su libro en relación con Antonio Martínez Borrego, hecho inadmisible (éste sí «perverso e inmoral») sobre el que ha preferido callar. ¿Y si fuera falso que el gran delator fue Martínez Borrego? ¿Acaso solo Gila Boza tiene derecho a la dignidad y el respeto? La autora tenía dos posibilidades: acudir al archivo a comprobar lo que se le ha indicado y así poder contrastar causa y testimonio oral, o seguir actuando como si aquélla no existiera y descalificar al mensajero con inventos y prejuicios varios. Es evidente que ha optado por la segunda, la más cómoda.

En cuanto a Gila Boza se nos escapa la razón por la que no podemos dudar de la veracidad de sus declaraciones, sobre todo sabiendo las malas pasadas que juega la memoria y conociendo bien el sumario de 1948. Por ejemplo, es falso que Martínez Borrego delatara a todos sus compañeros. Y también es falso «que por él [Gila Boza] no cayó nadie». De hecho todavía vive alguno de los que delató. Además ha olvidado hechos importantes que explican muchas cosas: su expediente de Medalla de la Vieja Guardia, según puede verse en la causa, es de 1935, precisamente el mismo año en que Falange le ordenó que ingresara en el PCE, pero su verdadera incorporación al PCE, ahora ya no como topo falangista, fue a partir de 1944. Solo por estos cuatro «olvidos» habría que revisar su testimonio… y el libro.

En medio, y hartos ya de la marcha del asunto, decidimos dejar la prensa y pasar a Internet. El día 2 de febrero enviamos a diversas páginas el siguiente texto:

Sobre La hoz y las flechas o cómo acabar de una vez por todas con el boom de la memoria histórica

La experiencia demuestra que la historia está al alcance de cualquiera que la trabaje bien. No existe una historia buena hecha por historiadores y una historia mala hecha por los demás. Aunque no es fácil superar ciertas carencias asociadas a la falta de conocimiento histórico, básicamente hay, como en casi todo, trabajos bien hechos y trabajos que no alcanzan el nivel exigible. Con la historia reciente ocurre, sin embargo, que casi todos nos pensamos con derecho a opinar. Sin embargo, pese a tratarse de hechos vividos por personas que hemos conocido o que aún viven y de las que aún podemos recoger su testimonio, esta tarea debe plantearse desde un conocimiento aceptable de lo que se va a tratar. Son conocidos los riesgos y excesos de la historia oral: de poco sirve hablar con una persona que vivió a fondo la República, el golpe militar, la guerra y la dictadura si no conocemos mínimamente bien la etapa que va de 1931 a 1975. Digamos, aún a riesgo de exagerar, que en la historia oral el 50% del trabajo es previo: la elaboración del cuestionario. El aprovechamiento del testigo estará siempre en función de nuestros conocimientos y preguntas. Y si el entrevistado se equivoca o miente es necesario que tengamos capacidad de detectarlo o que la práctica nos alerte sobre su escasa fiabilidad. Dos ejemplos: una cosa es Recuérdalo tú y recuérdalo a otros de Ronald Fraser (Crítica, 1979) y otra muy diferente las Historias orales de la Guerra Civil de Bullón y De Diego (Ariel, 2000). Veinte años separan a un clásico de la historia oral de un hito de la chapuza revisionista.

A este planteamiento básico habría que añadir dos fenómenos relativamente recientes: la proliferación de personas ajenas al mundo de la historia (en general novelistas y periodistas) que se animan a publicar cosas «sobre la Guerra Civil» al calor del boom de la «memoria histórica» surgido a finales de los noventa, y el asentamiento paulatino de la «cultura tertuliana», práctica extendida en los medios de comunicación consistente en dar estatus de experto y categoría de opinión a las diversas ocurrencias de cualquier indocumentado que se ponga ante un micrófono o tenga columna fija en un periódico. Dicho lo cual hay que añadir, por obvio que resulte, que existen novelas que pueden convivir sin problema con la historia y que en ese mar de «tertulianos» también hay opiniones cualificadas. Pero desgraciadamente no es eso lo que abunda o suena más, sino aquellos que, sobre todo desde el periodismo y la literatura, han aprovechado el filón de la «Guerra Civil» contando con la inestimable ayuda de los medios de comunicación. Así surge la cadena (autor + editorial + suplemento literario + medio audiovisual) que permite que cualquier subproducto se convierta en un éxito de ventas. Además, para redondear la ceremonia de confusión, todo ello ha ido acompañado de la marea revisionista surgida como respuesta al movimiento en pro de la memoria y promocionada por el PP en su segunda legislatura triunfal.

Ésta sería la base sobre la que situar un libro como el de M. de Pablos, publicado por Oberon. Estamos ante un fruto de ese cruce de fenómenos: un hombre con una historia que contar, sea cierta o no, en un momento propicio (Juan Gila Boza); una periodista (M. de Pablos) y una editorial muy relacionada con el aludido boom (Oberon). No hace falta ser un experto en historia del período 1931-1950 para saber que La hoz y las flechas adolece de problemas de todo tipo que harían casi imposible su publicación en una editorial especializada en Historia. Pero esto no bastaría para lamentar y criticar activamente su publicación. Al fin y al cabo, libros así salen docenas al año, y no vale la pena perder un minuto en demostrarlo (piénsese lo que llevaría hacerlo solo con los libros de Torres y Eslava). La particularidad del libro de M. de Pablos es que contiene una grave acusación: un hombre inocente, Antonio Martínez Borrego, es acusado de ser el delator que causó la detención de numerosas personas en una operación que tuvo lugar en 1948 en la Sierra Norte de Sevilla. Se entiende que la autora, al pensar que no existía ya, no utilizara la documentación que sobre la causa se conserva en el archivo militar; pero no se comprende en modo alguno que esa misma autora, una vez advertida del grave error y de la existencia del sumario, no solo no haya admitido el error y pedido disculpa a los familiares y a los lectores sino que, en huida hacia delante, haya optado por la demagogia más absurda. Con ello da pie a que comentemos con más detalle por qué el libro sobre Gila Boza es un disparate de principio a fin y cómo, en ese contexto, no es de extrañar una metedura de pata del calibre de la cometida. Reduciremos los comentarios a siete puntos claves del libro:

Según el libro, Gila Boza ingresó en el PCE en 1933 en Llerena, cuando contaba con dieciocho años, de la mano de Helios Gómez. Esto no es posible: el artista sevillano (no extremeño) Helios Gómez estaba en Madrid desde 1932 y ya no volvería a pisar Sevilla. Además Gila Boza y De Pablos, que se refieren a él como «activo falangista», deben referirse a otra persona. Cualquiera que conozca algo de la vida de Helios Gómez sabe que no tuvo nada que ver con Falange. En cuanto a la fecha de ingreso en el PCE, el mismo Juan Gila declaró en 1948 que «en el año 1935, ingreso en el Partido Comunista, por habérselo ordenado así por la Falange, para descubrir y desarticular la labor de dichos comunistas, según puede comprobarse por los documentos archivados en la Jefatura Provincial de Falange». Así que ni en 1933, ni en Llerena, ni por medio de Helios Gómez.

La historia de que el 4 de marzo de 1934 Gila Boza se encuentra casualmente en Madrid y aparece en una foto detrás de Primo de Rivera, Onésimo Redondo y Sancho Dávila, que acaban de fusionar Falange y las JONS, no se sostiene: este acto de presentación de FE de las JONS tuvo lugar en Valladolid y no en Madrid. Y si por casualidad se trata de un «error» y se refieren al acto fundacional de Falange celebrado en el Teatro de la Comedia el 29 de octubre de 1933 habría otro problema: a tal acto no asistió Onésimo Redondo. Así que ni 4 de marzo de 1934, ni Madrid, ni Onésimo Redondo.

La memoria de Gila Boza parece desvanecerse en lo referente a lo ocurrido entre el 18 de julio y el 9 de septiembre de 1936. Sabiendo como sabemos el papel que juega la Falange sevillana en aquellas semanas claves parece que Juan Gila no haya sabido dónde meterse: que si urdiendo un plan para evacuar gente, que si en el cuartel de la Alameda pidiendo armas, que si vestido de falangista y con el carné bien a mano, que si en San Julián, que si vaciando de propaganda y armas el barrio de Ciudad Jardín, que si escondiendo izquierdistas, que si haciendo «tareas administrativas» en el Cuartel de Falange, que si en cementerio… Como para saber qué hizo realmente. Lo que sí sabemos es lo que hicieron otros como él.

La historia de que Gila Boza sale de Sevilla el 9 de septiembre en un tren de cercanías que lo lleva a Azuaga plantea ciertos problemas: Azuaga no había sido ocupada aún por los golpistas y lógicamente no existía línea alguna que desde Sevilla cruzara tranquilamente el frente y llegara a Azuaga. Parece más lógica la información de la Policía en el sentido de que cuando se perdió su pista en Peñarroya formaba parte de una Bandera de Falange de las que se organizaron en Sevilla y en la que hubo de integrarse por obligación. Pero, sin duda, es la llegada a Madrid desde Peñarroya y su ingreso inmediato como alférez en el V Regimiento, aduciendo su experiencia en Falange, uno de los momentos cumbres del libro. Esta historia solo se ve superada por la entrevista con José Antonio el día 3 de octubre de 1936 en Valencia, fecha en la que según Gila y De Pablos ya estaba el Gobierno de Largo Caballero en la ciudad. El único problema es que dicho gobierno no llegó a Valencia hasta casi cuarenta días después, así que a saber con quién, cuándo y dónde se entrevistó.

El paso de Gila Boza desde el campo de Albatera hasta Sevilla por mediación de Sancho Dávila resulta también sorprendente. Un individuo huido desde septiembre del 36, que ha alcanzado el grado de alférez en el ejército republicano, que ha sido comisario político, escolta de Saturnino Barneto, miembro del Servicio de Información…, y nada, pasa rápidamente a la Falange sevillana sin problema alguno de la mano de Sancho Dávila e ingresa en el Sindicato Vertical de Transportes, a las órdenes de otro de sus protectores: el falangista Carlos McLean. Por mucho menos, cientos de personas acabaron en el paredón. Claro que si estamos ante un topo falangista infiltrado en el PCE, como indica la documentación, se explicaría bastante mejor.

Gila Boza comienza sus contactos con la guerrilla a mediados de 1944. «En Europa ha estallado la guerra contra Hitler», nos dice la autora (comenzó en 1939). Pero es con la caída del grupo en 1948 cuando Gila Boza pierde totalmente la memoria. Según dice, el gran delator y responsable fue Antonio Martínez Borrego. Pero la verdad no es ésa. Gila Boza fue el primero en declarar y quien delató a Manuel Castro, Calixto Pérez Doñoro, Jerónimo Parra Díaz, Antonio Álvarez Díaz, Justo Murcia de Abajo, Rafael Moreno Conde, Eulalio Corral Expósito, José Rodríguez Tirado, José Gómez Caraballo, Romualdo Grande Penco y al propio Antonio Martínez Borrego. O sea que éste no solo no fue el delator sino que fue víctima de la delación de Gila Boza. Otro de ellos, Jerónimo Parra, de quien en el libro Gila Boza cuenta cómo lo torturaron, vive todavía. Quizás a la autora le convendría hablar con los familiares de Martínez Borrego y con el propio Jerónimo Parra. O con otro detenido, Juan Antonio Velasco Díaz, al que también se da por muerto sin estarlo aún.

Juan Gila Boza no era nadie ni en el PCE ni en el mundo clandestino de la Sevilla de los años cuarenta. Y su delito no fue otro que venderle a los de la sierra armas que previamente, junto con otro compañero, compraban a sus amigos falangistas. Eso, el beneficio de la compraventa, fue lo que le costó una condena de doce años, de la que cumplió menos de la mitad. Nadie pidió para él pena de muerte. Los detenidos no fueron doscientos sino noventa y ocho, más cinco muertos; los procesados no fueron veinticinco sino cuarenta y tres, y la mayoría no eran comunistas sino anarquistas de Constantina y Las Navas de la Concepción.

Cabría señalar otros errores que impiden la lectura reposada del libro: se rebautiza a Barneto llamándolo Julián, se confunde San Nicolás del Puerto (Sevilla) con San Juan del Puerto (Huelva), se llama Ana Nieto a Ana Quevedo, la nieta de Queipo, o Elio Gómez a Helios Gómez y Arturo Márquez al coronel de la Guardia Civil Arturo Blanco. El que muere asesinado en el Parque en el 31 no es Manuel Parra sino Francisco Parra Díaz; Antonio Corpas no fue asesinado en 1936 sino en 1935; José Rodríguez Corento no era simpatizante del PCE sino miembro de su dirección y administrador del Manicomio. La Nava (Huelva) no tiene nada que ver con Las Navas de la Concepción (Sevilla); el nombre del pueblo cercano a Llerena es Fuente del Arco y no Fuente de Arcos ni Fuentes de Arco. Luis Campos Osaba no fue detenido en Málaga sino en Sevilla, y, por terminar, el hermano del protagonista, el comunista Angel Gila Boza, no fue fusilado en Paterna del Campo (Huelva) en 1940, sino en Paterna (Valencia) el 13 de agosto de 1942. Sirva esto de muestra, aunque hay mucho más. Alguien debió revisar el libro para limar lo más chocante (¿a qué Mairena se referirá el prologuista?). Además es preferible no entrar en otro tipo de detalles como las referencias al «Alzamiento» o al «gracejo» de Queipo cuando en sus charlas llamaba Martínez Birria a Martínez Barrio.

Después de lo dicho cabe albergar serias dudas sobre la validez del testimonio de Juan Gila Boza y del libro de M. de Pablos. No obstante, hay que decir que nos da igual si este hombre ha decidido reinventarse su vida. Lo que resulta inadmisible es que haya «blanqueado» su pasado a costa de un inocente como Antonio Martínez Borrego con la ayuda de una periodista. Tampoco tiene justificación alguna que la autora no solo se haya creído todo lo que le ha contado este hombre sino que en ningún momento controle los hechos y las fechas, base de cualquier relato de carácter histórico. El marasmo de las fechas y la ignorancia de los hechos llegan a ser la seña de identidad del libro. M. de Pablos pudo escribir una novela y utilizar nombres falsos pero no lo hizo. Pensó que con el testimonio del «topo» y unas pinceladas locales aquí y allá sería suficiente. Desde luego si algo bueno tiene la «memoria» que recuperamos con trabajos como éste —no hay que olvidar que pertenece a la Serie Memoria de la editorial Oberon— será acabar de una vez por todas con el boom de la «memoria histórica». Así sea.

Supongo que este artículo no beneficiaría mucho al libro. Lo cierto es que la autora, quizás ocupada en los múltiples actos de propaganda organizados en torno a La hoz y las flechas en todo tipo de medios (prensa, radio y televisión), actos a los que desde luego no sería ajena su óptima posición mediática en el panorama político-audiovisual andaluz, actuó como si no existiera. Nunca nos enteraremos pero no es arriesgado mantener que el libro, de acuerdo con la campaña y con el estilo de la editorial, debió vender muchos ejemplares.

Digamos, en resumen, que Juan Gila Boza, un topo de Falange infiltrado en el PCE, acabó, con ayuda de la periodista Mercedes de Pablos, reescribiendo su historia como la de un topo del PCE en Falange. He aquí, pues, pretendiéndose un ejemplo de «recuperación de memoria histórica», un consumado ejercicio de mistificación de la historia. Además la periodista, creyéndose todo lo que le contó Gila Boza, se permitió culpar a un hombre inocente, ya fallecido, Antonio Martínez Borrego, de haber sido el responsable de la detención de otros muchos en 1948, algunos de ellos condenados a muerte, cuando lo cierto era que el verdadero delator fue el propio Gila Boza. Por suerte, en esta ocasión, hay un sumario militar que demuestra que miente, sumario que la periodista no quiso consultar ni cuando se le advirtió del error, probablemente para no enfrentarse a lo que sería el paso inmediato: asumir la metedura de pata, pedir disculpas a la familia del afectado y retirar la edición.

En 2006 los hijos de Martínez Borrego, Alberto y Carmen Martínez Núñez, tras haber interpuesto una demanda de conciliación que quedó sin avenencia, presentan una querella criminal por un delito de injurias con publicidad contra Mercedes de Pablos y la editorial Oberon, del grupo Anaya. Su abogado es José Luis Escañuela Romana, entonces presidente de la Asociación de Abogados Progresistas de Andalucía. En el texto de la querella se establecen los hechos con detalle de las frases que imputan a «Borrego», como se suele citar en el libro. Los hijos mantienen que, frente a lo que se lee en él, su abuela, la madre de Antonio Martínez Borrego, nunca fue comunista ni estuvo en prisión; y, sobre todo, que el «Borrego frágil, débil e inmaduro» del libro, no delató a veinticinco personas a cambio de reingresar en el Cuerpo (era guardia civil) y de veinte mil duros. Por el contrario, defienden la integridad de su padre, guardia civil republicano y miembro del Partido Comunista hasta su muerte en 1987, y recuerdan las privaciones y sinsabores que sufrieron a consecuencia de la prisión a que se vio sometido el padre y a las represalias que cayeron sobre la familia.

Luego los querellantes prueban que el relato de la autora es falso e injurioso, como demuestra la consulta de las causas militares 328 y 368 de 1948, existentes en el Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla, causa que de haber sido consultada por De Pablos la hubiera evitado «tan vergonzante relato que falta a la verdad y que atenta contra las convicciones de un hombre que consagró la vida, a diferencia del Sr. Gila Boza, a la causa de la libertad». Y es que, según la causa, el primero en declarar fue Gila Boza, que fue quien delató a una serie de gente en ésa y en las siguientes declaraciones. Por el contrario, Antonio Martínez Borrego no delató a nadie. La causa prueba también que Gila Boza estaba en posesión de la Medalla de la Vieja Guardia de FET-JONS y que traficaba con armas que compraba a los falangistas a doscientas pesetas y vendía a los comunistas a trescientas. Y, sobre todo, el sumario prueba que Gila Boza entró en el PCE en 1935 por orden de Falange «para descubrir y desarticular su labor», según el expediente existente en la Jefatura Provincial de Falange. Un informe de la Policía añade que perteneció a la escolta personal de Sancho Dávila, alto cargo de Falange.

En la querella se comenta el asunto del cruce de cartas en la prensa tras la salida del libro y, a propósito de la peculiar actitud de El País, se añade: «No en vano la Editorial demandada pertenece al mismo Grupo Editorial que El País, pues fue adquirido por PRISA en marzo de 2000». Y añade:

El libro ha sido ampliamente difundido a través de Canal Sur y Localia Televisión, e incluso entrevistada la autora […] en su promoción en todos los medios de PRISA, primer grupo de comunicación español que opera en veintidós países de Europa y América, y que llega a más de dieciocho millones de personas, entre otros, contando con la Cadena Ser, Canal Plus y Digital Plus.

También se incidía en las sucesivas reproducciones de las afirmaciones injuriosas a consecuencia de la polémica (El País cuenta con cuatrocientos setenta y cinco mil lectores de media diaria) y en los mayores beneficios obtenidos por la editorial por este mismo motivo. Por todo ello se fijaba la responsabilidad civil en sesenta mil euros en concepto de indemnización por los daños morales y perjuicios, suma que sería destinada a una asociación vinculada a la memoria histórica, y se pedía que se condenase a Oberon a retirar el libro.

RAMÓN GARRIDO Y LA MEMORIA DEMOCRÁTICA DE O GROVE

En julio de 2006, la procuradora Raquel Santos García, a instancias de Antonio C. y María Eloísa Álvarez Corbacho[33], solicitó que se eliminara del dominio free.fr el contenido de la página http://bteysses.free. ff/espagne/Cuando_estallo_la_guerra.html, un texto de carácter autobiográfico escrito por Ramón Garrido Vidal, y que en caso de que no se pudiera se procediera al bloqueo de la página. En el auto del juez Juan Carlos Carballal, de 1 de septiembre de 2006, un largo párrafo inicial teorizaba sobre la justificación de las medidas cautelares amparándose en dos supuestos: la apariencia de buen derecho y la previsible existencia de peligro por mora procesal. Según los demandantes en dicha página «se aprecia una intromisión en el honor de su padre D. Joaquín Álvarez Lores, fallecido el 29 de agosto de 1981». En ella se leía que éste, alcalde de O Grove durante la dictadura primorriverista y también luego tras el golpe militar, «era vox populi que se dedicaba a realizar listas de “paseados”, esto es, que era uno de los encargados de seleccionar las personas que, por ideas contrarias a las existentes en aquel momento, debían ser fusiladas o asesinadas». El auto reconocía no poder «analizar el fondo del asunto debatido por razones procesales obvias», pero al mismo tiempo admitía las razones aducidas por la familia del alcalde, quienes

cuestionan la publicación […] en el hecho de que se está imputando a su directo ascendiente la participación, hace más de setenta años, en los acontecimientos trágicos sucedidos en España, como fue la Guerra Civil, y más concretamente que sin pruebas de ningún tipo, y basándose solo en rumorologías (vox populi se indica en el propio artículo de información) se afirma que era uno de los que se encargaba de señalar las personas que debían ser asesinadas.

Como ya hemos visto en otras ocasiones, se refería a que si a la libertad de expresión no cabe exigirle pruebas por tratarse de juicios de valor personales y subjetivos no era éste el caso de la libertad de información, que tiene por objeto la difusión de hechos y a la que cabe exigir que tengan relevancia pública y veracidad. A continuación, el juez Carballal afirmaba que

no existe dato alguno que pueda considerar acreditados los hechos que en la información se hacen constar y cuya trascendencia para el honor de los sucesores del Sr. Álvarez Lores es evidente, pues no debe olvidarse que en la villa de la que fue alcalde éste y en donde residen ahora sus hijos y familiares se conocen prácticamente todos los vecinos, por lo que rememorar tantas décadas después lo que mediáticamente se llama ahora «memoria histórica» de una forma revanchista, incontrolada, aviesa o sin datos serios y ciertos que acrediten lo que se afirma vulnera de forma cierta el honor y la fama de las personas y de sus familias, siendo igualmente razonable acoger el argumento del que parten los solicitantes según el cual la trascendencia de la afección a su honor es mayor si cabe pues el acceso a dicha página es fácil poniendo en cualquier buscador los conceptos de «guerra civil en O Grove», existiendo incluso enlaces directos con dicha página, por lo que de no procederse a dicho bloqueo se podrá seguir realizando la intromisión de forma continuada en el honor de las personas afectadas.

Con esto último, según Carballal, se corría «el riesgo de perpetuar la afrenta moral que se trata de remediar». Por lo tanto, el juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Cambados acordó que el dominio free.fr debería eliminar el contenido de la página con el escrito de Ramón Garrido Vidal.

Conviene decir que Ramón Garrido Vidal (O Grove, 1915), marinero comunista y el autor del escrito que aparecía en la página web eliminada, había fallecido once años antes, en enero de 1995, y que el texto que había motivado la demanda, «Cuando estalló la guerra», se trataba de una breve memoria sobre la vida política durante la Segunda República y las consecuencias de la sublevación del 18 de julio en O Grove encontrada por su hijo tras su muerte. Garrido, obligado a incorporarse a las fuerzas de Franco, se pasó a zona republicana en octubre de 1937. Luego, en 1939, cruzó la frontera y conoció la amargura del exilio. Luchó contra la ocupación nazi en la zona de Bretaña al frente de cuatrocientos cincuenta miembros de la resistencia española. Fue detenido en 1942 y acabó en Dachau. Una vez liberado se instaló en Montigny Le Bretonneux, en la región de París. Fabien, su hijo, consideró que los escritos autobiográficos tenían interés para O Grove —estaba pendiente un homenaje a Garrido por su trayectoria de combatiente antifascista—, y decidió darlos a conocer[34].

La parte en que aludía al exalcalde era ésta:

Al frente de la guardia cívica, o por lo menos el que la mangoneaba, estaba el exalcalde de la Dictadura de Primo de Rivera, Xaquín Álvarez, apodado O Potro. Este personaje, que volvería a ser alcalde con Franco, era un verdadero chulo con una fuerte dosis de matón de aldea, o sea de can de palleiro que ladra cuando se ve protegido por la huerta familiar y huye cuando se encuentra fuera de sus límites. O Potro era «valiente» cuando con un vergajo en la mano y encuadrado con una pareja de la guardia civil de antes, iba por las tabernas echando fuera a los marineros que estaban tomando un chiquito y charlando. Yo no sé las fechorías que habrá podido hacer a lo largo de la guerra; pero lo que sí sé es que era voxpopuli, que él y su padre habían participado en la confección de las listas de paseados. En todo caso, su padre D. Eloy Álvarez en los últimos momentos de su vida confesaba que no conseguía dormir porque lo impedía el recuerdo de algunas personas castigadas, perseguidas o fusiladas como su examigo Ángel Cadavid sin haber cometido delito alguno.

Prosiguiendo con ese «personaje», me acuerdo que un día, me parece que era domingo, yendo para arriba, por la acera donde tiene ahora la librería Pepe Besada, vi bajar por la de enfrente un personaje muy vistoso, con indumentaria de falangista, anunciadora de malos presagios. Camisa azul, pantalón negro de montar, correaje, polainas de cuero y un pistolón que debía ser del 9 largo y las hebillas de cobre relucientes. Cuando vi que era el Potro no pude contenerme y me eché a reír. ¡Que no había hecho yo! Me miró, su cara quiso volverse pálida, cosa difícil porque su cutis no se le permitía, no dijo ni media palabra y se fue hacia el cuartel de la Guardia Civil. Aún no habían transcurrido dos horas cuando el guardia cívico Pepe Troncoso ya me tenía al tanto de lo ocurrido. Llegó hecho una fiera, diciendo que me iba a estropear y que las ocasiones no iban a faltarle durante las noches. Debo aclarar que durante las noches, mientras duraba la charla del borracho Queipo de Llano para quien habían instalado altavoces, se podía circular por las calles; pasada esa hora se corría el peligro de llevar una paliza o recibir un tiro, porque la guardia era más propensa a amenazar con el fusil que con el látigo.

En julio de 1937 nos movilizaron a filas. El Potro, hasta esta fecha, no tuvo ocasión de pegarme la tunda que me había prometido. Ganas no debían de faltarle si he de juzgar por el hecho siguiente.

Muchos años más tarde, estando yo en Francia, conseguí volver a O Grove. Durante uno de mis viajes, tuve que ir a Pontevedra, para lo cual tomé el autocar de línea en el Corgo. Al llegar un poco más arriba —a fonte do galo— se detuvo el autocar para tomar viajeros. Entre ellos subió el Potro por la puerta de atrás. Yo lo había visto subir. Al darse cuenta de que a mi lado —sin saber que era yo por estar de espalda— había un asiento vacío, se acercó y en el momento de ir a sentarse y al darse cuenta de que yo ocupaba el otro asiento, dio media vuelta y se fue hacia atrás, donde siguió de pie durante un rato hasta que dejé de interesarme en lo que hacía. Por lo que se ve no había perdido la memoria ni su mala espina.

Como vemos, se trata de un testimonio personal de alguien que, además de estar respaldado por su trayectoria, cosa que el juez obvió por completo, había vivido los hechos que relataba y que, por tanto, aunque comentara que la participación de Álvarez Lores en la represión era vox populi, lo sabía de primera mano. El vox populi simplemente venía a reforzar al «lo que sí sé». El caso es, y esto es interesante señalarlo, que el testimonio oral o escrito de Ramón Garrido bien pudo ser utilizado por algún historiador de la represión fascista en O Grove y que en ese caso, al estar arropado por los métodos de la Historia, es decir, unido a otras fuentes y firmado por un historiador, hubiera tenido perfecta validez y el juez hubiera tenido que admitir su trascendencia pública y su veracidad. Lo que en realidad decidió el juez Carballal a instancias de la familia fue acallar la voz de un testigo incómodo que recordaba hechos y nombres que, sin duda alguna, estaban en la memoria de O Grove, como era el caso del exalcalde fascista.

De hecho, y ésta es otra de las peculiaridades del caso, el texto de Ramón Garrido Vidal ya había sido publicado por la profesora de Lengua y Literatura de la Universidad de Santiago Aurora Marco en el año 2003 dentro de una obra dedicada al impresor socialista pontevedrés Ramón Paz Carvajal[35]. Y, sin embargo, ni la familia ni el juez actuaron ni mencionaron en momento alguno este hecho. Según parece, tampoco la propia Aurora Marco hizo público aquel hecho cuando pudiera haber sido útil que así constara.

El mismo artículo antes indicado de la edición gallega de El País recogió algunas opiniones de interés, como la del historiador Ramón Villares, presidente del Consello da Cultura Galega, quien afirmó que «lo que se plantea no solo es el grado de veracidad de las fuentes», sino «si el historiador puede usar en España fuentes que vinculan a personas vivas». O las certeras palabras de Angel Viñas: «Verdugos y víctimas deben ser identificados por igual, sean quienes sean. Si no se puede hablar de la guerra española setenta años después, apaga y vámonos». También fue interesante, además de cierta, la declaración de Dionisio Pereira: «Dentro de los represores también hay clases. Si cito a los asesinos más arrastrados no tendría problemas». Posteriormente, en declaraciones a José Andrés Rojo, añadió: «La situación no se ha normalizado aún en este país. Quizás en Madrid, Barcelona o Vigo, pero en los pequeños pueblos y aldeas sigue sin reconocerse la dignidad moral de las víctimas». También se recogía ahí la opinión de Julián Casanova: «Los ganadores de la guerra estaban, sin embargo, tan convencidos de haber acabado con el mal y de ser ellos los portadores del bien, que dejaron muchas huellas de sus desmanes: juicios sin garantías, fusilamientos, expropiación de los bienes de los derrotados… Dejaron las pistas incluso escritas, y por eso se ha podido conocer la envergadura del terror que generó la dictadura franquista». Rojo cerraba así su artículo: «Quizá las investigaciones sobre testimonios orales no cambien nuestra mirada sobre la historia reciente. En términos sociales, sin embargo, la reparación moral que declaman las víctimas y sus descendientes es la energía que alienta a tantos historiadores a buscar la verdad para cerrar definitivamente las heridas de aquella terrible guerra»[36].

En diciembre de 2006, Fabien Garrido, hijo de Ramón, escribió una carta al juez Carballal Paradela informándole de que se había recibido el auto en su domicilio de Montigny le Bretonneux (Francia) el 23 de noviembre de 2006 a nombre de su padre, cuyo fallecimiento bien pudo saber por la propia página que había eliminado, y porque, además, fue enterrado en O Grove. Y añadía: «Entendemos, por ello, que una persona fallecida no puede ser demandada. A estos efectos y por si fuese la actuación de los demandantes constitutivas de mala fe, solicitamos que se tenga por comunicado a ese Juzgado el fallecimiento de…». Esta carta no obtuvo respuesta por parte del juez Carballal, quien, además, como puede leerse en el anexo, un año después se jactaba de que del asunto «hace un año y nadie se ha personado para decir que estaba equivocado, nadie, hasta ahora nadie, y ya han pasado los plazos por cierto…». Tampoco ocurría esto por primera vez. De hecho, Fabien Garrido nunca fue informado del acto judicial en que se aprobó el auto por el que se decidió suprimir la página que había abierto sobre su padre, por lo cual nunca pudo ofrecer su versión ante el juez de Cambados ni defender su memoria.

ANEXO I

INTERVENCIÓN DE JUAN CARLOS CARBALLAL PARADELA, JUEZ DE CAMBADOS, EN UNO DE LOS DEBATES DE LAS JORNADAS DE O GROVE (SEPTIEMBRE DE 2007)

Creo que estamos en un sitio en donde, de forma razonable, coherente, se debaten ideas. Yo no pido que parte de vosotros compartáis mis criterios, de la misma forma que yo no voy a pedir a ninguno de vosotros que asuma mis criterios (sic). Como estamos en una sociedad libre, democrática y plural, pues todos defendemos ideas y posiciones de forma razonada, sin imposiciones, ni de un lado ni del otro. […] Entonces, ser juez, indudablemente que tiene una responsabilidad muy importante y estamos siempre en el punto de mira de todos y de todas las personas que van al Juzgado. Y creo que solo sabe lo difícil que es la función de juez no solo aquel que es juez sino también los que están cerca nuestra… Y tomar una decisión no es nada fácil. Indudablemente claro que tengo dudas. En un tema como el que en definitiva me trae aquí. Cuando se me plantea: «Oiga, es que están diciendo de mi abuelo esto» […].

La Guerra Civil y las consecuencias de la Guerra Civil es (sic) un hecho histórico incontrovertible, y que se hicieron cafradas por dos bandos es igual de incontrovertible. Obviamente, si lo analizamos desde un punto de vista meramente cuantitativo, cuarenta años han dado más posibilidades de cafradas que cuatro, cinco o seis. Evidentemente. Pero las cosas no se miran desde un punto de vista cuantitativo porque si no cometemos errores […] Soy ciudadano y en mi familia también se pasaron… putadas. Mi tío, que murió hace un año, mutilado de guerra desde los dieciocho años. Mi abuela pasó hambre y, […], primero le dieron hostias los rojos y después los otros. Y claro, todos tenemos una vida y todos tenemos una historia. Entonces yo no puedo resolver las cuestiones planteándome: «pero mira qué animaladas hicieron». Yo tengo que valorar el caso particular, y el caso particular que yo he resuelto y que por cierto hace un año y nadie se ha personado para decir que estaba equivocado, nadie, hasta ahora nadie, y ya han pasado los plazos por cierto.

En ese caso particular se planteaba una vulneración manifiesta del derecho al honor de una familia en donde, analizando las cinco páginas de esa página web, yo valoré que de todas las personas que se indicaban como injuriosas el 8o % estaban amparadas en la libertad de expresión y en el derecho de crítica y en ese derecho legítimo del insulto, como se decía antes, con la causa de justificación. Pero había una que no era libertad de expresión, que es libertad de información y que requiere, con la aplicación técnica de los argumentos del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Derechos Humanos, pues una serie de requisitos, que es (sic) la relevancia pública indudable, pero la veracidad, no en cuanto a veracidad absoluta sino que los medios determinantes de esa afirmación tuvieran un método científico acreditado. Y lo que no se puede decir, porque no se ampara en nuestro sistema constitucional, es que determinada persona era responsable de las listas de paseados. Y yo no entro a valorar si esto es cierto o no. Lo que yo exijo como juez es que esa afirmación se sustente sobre una base histórica suficiente. Que es difícil o que es fácil: no es mi problema. Es problema del que lo manifiesta. La mera afirmación de un hecho tiene que tener sustento. Y no lo digo yo, lo dice el Constitucional y lo dice Estrasburgo. Eso es a lo que tenemos que estar. Todo lo demás es teoría y podemos pasarnos horas y horas debatiendo de teorías.

Pero cuando llega al Juzgado no llega una teoría. Llega un problema práctico. Y llega una afección de derechos y un ciudadano. Y eso es lo grave. Indudablemente en una ciudad de cinco millones de habitantes esa afección se diluye por la multitud pero cuando esa afección se produce en un pueblo como El Grove, eso, que para unos puede resultar intrascendente, es grave porque los descendientes de uno y otro se encuentran tomando el café. Y obviamente no estamos negando el derecho a investigar. No. Jamás se niega el derecho a investigar. Lo que se reclama es que la investigación cumpla unos requisitos. Porque no vale todo. Porque mi libertad acaba justo donde empieza la tuya. Y eso es un conflicto. Que estoy acertado, pues seguramente no, pero para eso estamos en un sistema democrático, no solo porque formo parte del poder judicial sino porque creo profundamente y antes de ser juez fui abogado, o sea que he estado en los dos ámbitos y he accedido al poder judicial a través del tercer turno. Y el sistema de recursos, el sistema de garantías, funciona. Y es a lo que tenemos que estar.

[…] En la comida lo comentábamos. Decía [se refiere a otra persona]: «Yo no creo en los jueces». Pues hay que creer en los jueces, porque indudablemente va a haber cafres como puede haber médicos en la Seguridad Social cafres. Pero creo más en los jueces que en los médicos, porque a lo mejor el médico que me atiende me lleva a la sepultura pero un juez no me va a llevar a la sepultura [murmullos]. Y es duro decirlo pero la ventaja que tenemos es que si mi decisión está errada va a haber un órgano superior que la revise y después tendremos el Constitucional que la va a revisar.

[…] Sabemos que obviamente no tenemos testigos orales porque estos hechos han sucedido hace setenta años y yo no te voy a pedir que me traigas un testigo [murmullos y quejas].

[…] …creo que ninguno de ustedes ha entendido lo que yo trataba de expresar. No se trata [murmullos] de que se demuestre la verdad de los hechos sino que lo que se trata es que el método que se utilice para amparar lo que se dice sea justificado. Yo no voy a entrar a valorar si es cierto o no sino que se pide un método, que es cuestión distinta. Y es lo que yo trato de expresar y que ustedes no acaban de entender [murmullos]. La verdad de las cosas sabemos que es imposible de conseguir en la mayoría de los casos. Si ustedes, como historiadores, hacen bien su trabajo indudablemente, digan lo que digan están amparados por la ley. Y siento no haberles convencido, pero tampoco, crean ustedes, no (sic) era mi intención. Gracias.

MARTA CAPÍN Y LA FOSA DE VALDEDIÓS

A los nadies, los ningunos, los ninguneados, que no son, que no tienen cara, que no tienen nombre, que no figuran en la historia universal. Los nadies que valen menos que la bala que los mata.

Palabras de EDUARDO GALEANO que cierran El Valle de Dios basadas en el poema «Los nadies», del Libro de los abrazos.

La historia de Marta Capín Rodríguez es, como tantas otras relacionadas con la «memoria histórica», la historia de una lucha heredada. Primero fue el padre quien dio los primeros pasos para saber qué había sido de dos tíos suyos, hermanos de su padre, y luego fue la hija quien, tras una larga indagación, concluyó la búsqueda. Y fue por sus contactos con la ARMH de Gijón por donde llegó a la fosa de Valdediós, historia que contaré siguiendo el escrito que ella misma me envió y por información obtenida de la prensa y de Internet.

En el verano de 2003 fue exhumada esta fosa, que contenía los restos del personal laboral del hospital psiquiátrico allí existente. Ahí acabaron las voces de algunas personas de la zona que mantenían que aquella historia de la matanza de Valdediós pertenecía al terreno de la leyenda. Y fue allí mismo y por aquel motivo donde se fraguó el libro que contaría aquellos hechos: El Valle de Dios (Madrid, MS-CYC, 2004). El origen de la masacre tiene que ver con el desarrollo de la Guerra Civil, a consecuencia de la cual las autoridades republicanas procedieron al traslado del psiquiátrico desde Oviedo a Valdediós, cerca de Villaviciosa, al lugar donde actualmente se encuentra el monasterio del mismo nombre. Por su parte, los franquistas procedieron a crear su propio hospital psiquiátrico en Cangas de Narcea. En octubre de 1937, los franquistas ocuparon la zona de Valdediós y un batallón de brigadas navarras se instaló en el hospital. Varios empleados fueron trasladados a Oviedo, donde algunos perdieron la vida. El día 21 de octubre llegó una lista con los nombres de una serie de empleados que no debían salir de allí bajo ningún concepto. Esa misma noche fueron asesinadas diecisiete personas, doce de ellas mujeres.

Y ahora viene el hecho que dio lugar a la querella. Según varios testimonios, la lista del día 21 venía firmada por el doctor Quirós, exdirector del psiquiátrico en Oviedo, expedientado durante la República y más tarde director del centro abierto en Cangas. La razón era simple: Quirós quedaba como el responsable de la elaboración de la lista, realizada con el objetivo de vengar el expediente disciplinario que le apartó del hospital de Oviedo unos años antes. Marta Capín intentó hablar con la familia de Quirós para recoger su versión de los hechos; sin embargo, lo único que consiguió fue la advertencia de que si seguía por ese camino se encontraría con una querella. Fue entonces cuando, según me decía en una carta, tomó una decisión:

Sin embargo, yo pensé que debía contar la historia completa, no a medias como se había contado siempre, y que debía ser valiente y asumir los riesgos o abandonar esta labor. Es cuestión de ser igual que ellos o todo lo contrario […] No me asustan. Pagaré lo que tenga que pagar pero contaré la verdad siempre.

En julio de 2005, la familia del médico —Juan, María Ignacia, María Pilar, María de los Ángeles, José Antonio, Santiago y Pedro González-Quirós Corujo— cumplió la amenaza y solicitó dos años de cárcel y medio millón de euros a la autora, a uno de los testigos, Angel Antonio Piedrafita González, y a la editorial. Los primeros fueron representados por el letrado Gerardo Túrriel de Castro y los segundos por Miguel Bajo Fernández. Un primer juicio en septiembre de 2006 dictó sentencia absolutoria, pero luego vino el recurso, que se resolvió al año siguiente.

En los hechos probados se reproduce el siguiente texto del libro:

El día tres de agosto de 2003, a las 11.45, Antonio Piedrafita hijo recibe en su casa de Oviedo una llamada telefónica. Voz de un hombre de edad avanzada. Voz que no quiere identificarse, a pesar de la insistencia de Antonio, que le repite una y otra vez que ahora vivimos en democracia y que las presiones han terminado.

«Yo tenía entonces veintiún años y pertenecía al batallón que aquella fatídica noche procedió a la ejecución. Y aunque no fui ejecutor directo, esa pesadilla no ha desaparecido de mi mente a pesar del tiempo transcurrido. Hoy tengo ochenta y siete años y aún no he sido capaz de borrar de mi mente tanta crueldad.

Nuestro batallón no llegó a Valdediós por casualidad. Fuimos allí expresamente, por orden recibida de nuestro Comandante, que a su vez la había recibido del Alto Mando. La misión era realizar los fusilamientos de personas que se le indicarían en una relación que llegaría en breve.

Esa relación llegó efectivamente, firmada por D. Pedro Quirós Isla, que creo que era director del Hospital Psiquiátrico de Oviedo y que en ese momento se encargaba de otro grupo en Cangas de Narcea.

Una vez en poder del Comandante, éste dio orden a un lugarteniente suyo y perro fiel, para que lo acompañara. Salieron y reconocieron los alrededores del hospital buscando el lugar adecuado para lo que estaba previsto.

Así determinaron que el lugar idóneo era un pequeño bosque de árboles y maleza que lo disimularía mucho, sin darse cuenta que justo al lado pasaba un sendero que diariamente utilizaba gente que bajaba de los pueblos. Este lugar creo que se denominaba precisamente “El Bosque”.

Esto a mí no me lo contó nadie, porque yo los vi regresar de la visita y el resto me lo imaginé. Así, aquella noche del 26 (sic) de octubre sí hubo una cena en el hospital, pero no se emborrachó nadie ni abusaron tampoco de las mujeres, como se cuenta en algunos relatos. Allí no había más alcohol que el de tipo sanitario, ni dónde adquirirlo. Por tanto, todos eran conscientes de lo que se iba a hacer.

El lugarteniente, con la lista en la mano, fue mandando salir una por una, sin ningún tipo de violencia, a todas las personas de la citada lista, entre ellas una chiquilla joven, hija de una de ellas, que al ver marchar a su madre se agarró a ella llorando y por ello se la obligó también a seguir con su madre el mismo camino.

No fueron esposados, salieron todos por su propio pie, cercados por todos nosotros con las armas empuñadas hasta el lugar elegido.

Eran como las dos de la madrugada. Los colocaron todos en pie, pareados, al lado de un fuerte árbol que había allí, ya que por la parte posterior había un claro ideal para cavar la fosa. Desde unos metros más abajo el “machaca” del Comandante, con él presente, emplazó un fusil ametrallador.

En ese instante uno de los sentenciados, al ver que no había remedio, emprendió la huida hacia la salida del bosque, pero con la oscuridad y la irregularidad del terreno, se cayó al suelo. Éste fue el primer ejecutado. Acto seguido se concluyó con el resto.

Luego procedimos a cavar la fosa los miembros de la unidad, ya que por la tarde habían llevado las herramientas y estaban escondidas entre la maleza. Yo eso no lo sabía pero alguien del grupo me lo comunicó.

A continuación fuimos cogiendo a todos, uno por la cabeza, otro por los pies, y depositándolos en la zanja como sacos de patatas, unos sobre otros porque la zanja no daba para todos.

Al lado del árbol se formó un gran charco de sangre que la tierra no fue capaz de consumir. Luego, con hojas y maleza, cubrimos lo que pudimos la tierra revuelta y el charco. Y nos volvimos al hospital, como si nada hubiera ocurrido».

Las versiones que corrían —ya se sabe que el silencio y el olvido son el caldo de cultivo de la ignorancia y el morbo—, a las que alude el comunicante anónimo, hablaban de una fiesta a la que se obligó a asistir a las enfermeras, alguna de las cuales fue violada. En los actos y homenajes que tuvieron lugar en torno a la exhumación también participó la Asociación de Enfermería Comunitaria, quien en su quinto congreso decidió dar a conocer lo ocurrido en Valdediós en memoria de las enfermeras desaparecidas.

Los hechos probados también recogían con detalle las alusiones contenidas en el libro al doctor Quirós, la mayor parte de ellas críticas hacia su figura que fueron consideradas por la parte querellante «tendentes claramente a predisponer al lector en su contra».

Sin embargo, los fundamentos jurídicos —en los que se nota la influencia del informe de María Emilia Casas Bahamonde en la demanda de los Trías— mantienen que, más que calumniar a nadie, lo que se hacía era reconstruir «unos hechos tras realizar una labor de investigación histórica en la que se consultaron fuentes bibliográficas, archivos y se recogieron testimonios que se limitaron a transcribir». Se trataba, pues, de «un hecho noticiable de interés para la reconstrucción histórica de episodios desgraciadamente ocurridos en el curso de la Guerra Civil que constituyen el acontecimiento que sirve de base al relato de relevancia pública o interés general». Se insiste luego en que

es conocida por reiterada la posición del Tribunal Supremo y Constitucional en relación con posibles colisiones […] señalar al respecto que el requisito constitucional de la veracidad de información no se halla ordenada a procurar la concordancia entre la información difundida o la verdad material u objetiva de los hechos narrados, de manera tal que proscriba los errores o inexactitudes en que pueda incurrir el autor de aquella, sino que, más propiamente, se encamina a exigir del informador un específico deber de diligencia en la búsqueda de la verdad de la noticia y la comprobación de la información difundida, de suerte que, lo transmitido como hecho o noticia, haya sido objeto de previo contraste con datos objetivos o fuentes informativas de solvencia.

Es más, según se lee, es el propio Tribunal Constitucional (TC) el que, en supuestos conflictos entre el derecho al honor y la libertad de información, aboga por la «libertad científica», por más que ésta conlleve la «participación subjetiva del autor, tanto en la manera de interpretar las fuentes que sirven de base para su relato, como en la elección y modo de hacerlo, y donde la exigencia de veracidad no impone la exclusión de investigar el origen o la causa de los hechos, o que con ocasiones de éstos, se formulen hipótesis o conjeturas cuando se trata de hechos históricos que tuvieron que ver, trágicamente, con la vida pública del país y no con la biografía íntima de los protagonistas y cuyos efectos inmediatos están sustraídos a la acción de las generaciones vivas…». En definitiva, como mantiene el TC, «las valoraciones y juicios sobre hechos históricos […] son tan inevitables como necesarios, sin la dificultad de que alcancen consenso o valoración unánime».

Los fundamentos jurídicos llegan a decir que «sin diálogo con los juicios de los demás (con los historiadores, en lo que aquí importa) no resulta fiable formar el propio juicio» ni habría espacio para la formación de una conciencia histórica colectiva. También que es precisamente el carácter polémico y discutible de la investigación histórica lo que de más valioso, digno y respetable tiene «por el papel esencial que desempeña en la formación de una conciencia histórica adecuada a la dignidad del ciudadano en una sociedad libre y democrática». Y es que, como reconoce el propio TC, «si la historia solamente pudiere construirse con base a hechos incuestionables, se haría imposible la historiografía, considerada como ciencia social». En definitiva, ninguna solución jurídica puede decidir qué verdad debe primar en la historia.

El apartado segundo de los razonamientos jurídicos describe el método utilizado por la autora, mantiene la validez de los testigos, y nos dice que la familia de Quirós no solo no quiso hablar con Marta Capín sino que ninguno de los hijos compareció en el juicio, ni siquiera el propuesto por la acusación. De modo que el 12 de septiembre de 2007 la magistrada María Paz González-Tascón Suárez decidió absolver a Marta Capín y a Antonio Piedrafita González del delito de calumnia e injurias.

EPÍLOGO EN O GROVE

Unos días antes de que se conociera la sentencia, con motivo de unas jornadas celebradas en septiembre de 2007 en O Grove bajo el título «O dereito a saber, a liberdade de investigar: a represión franquista en Galiza», tuvimos ocasión de escuchar el testimonio de Juan Carlos Carballal Paradela, el juez de Cambados que, como ya hemos visto, cerró la página web que Fabien Garrido tenía dedicada a la memoria de su padre. Marta Capín estuvo durante el almuerzo en la misma mesa del juez. He aquí su testimonio:

El juez estuvo sentado en mi mesa a la hora de comer, y le comenté lo de mi juicio. Tuvimos una conversación bastante intensa porque él defendía una postura que choca con lo que yo creo y defiendo. De hecho, ya dijo luego, por la tarde, que a él le da igual si lo que escribimos es verdad o no. A mí me dijo que yo estaba obligada a escribir las dos versiones, la que defienden los testigos y la que defienden los que se querellan, y yo le dije que no, que esta última ya la habíamos oído durante muchos años, y que yo me negaba a recogerla en un libro que yo escribiera. Yo le dije que ya era hora de dejarnos contar la versión que ha estado oculta durante demasiados años, y fue cuando él me dijo: entonces acabarás en la cárcel. Y yo le dije que acabaría, pero que lo prefería a contar las cosas como no fueron.

En fin… Alguien dijo que mi cabezonería y mi defensa de aquello en lo que creo era producto de mi juventud, pero no es cierto (carta de 26 de septiembre de 2007).

DESENLACE INESPERADO

La familia de Quirós presentó recurso de apelación, que fue resuelta en mayo de 2008 por la Audiencia Provincial de Oviedo nuevamente a favor de Marta Capín. Detengámonos en los fundamentos de derecho. En el primero se dice que la relación de hechos «ni siquiera se discute por la representación de los querellantes y ello por la concluyente razón de que los motivos del recurso no tienen una base fáctica sino jurídico-técnica». Pero, sin duda, el más espectacular es el segundo, ya que establece que

[…] ha de tenerse muy en cuenta, cosa que no hicieron ni la Instructora ni la Juez de lo Penal, que el principal motivo para la inadmisión de la querella y para la posterior absolución es que los querellantes carecen de legitimación, cual se desprende de lo dispuesto en el artículo 215.1 del Código Penal y 104, párrafo primero, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pues sabido es que sujeto pasivo del delito de calumnia será aquel que, a su vez, pueda serlo activo de un delito y, si el sujeto pasivo ha fallecido —como es el caso— su honor, como derecho inseparable de la personalidad, se extingue con ella (artículo 32 del Código Civil), por eso las ofensas inferidas a la memoria de los difuntos solo son punibles cuando alcanzan a las personas de sus parientes o herederos, que no es el caso, según se desprende del propio tenor de la querella interpuesta, por lo que tampoco cabe apreciar el delito de injurias.

Parece ser, y al decirlo reconozco mi ignorancia en estas cuestiones, que lo que aquí se establece es que la vía elegida por los querellantes, la penal, no es la adecuada para el caso, dejándose abierta la posibilidad de que decidan acudir a «jurisdicción distinta a la criminal».

SANTIAGO MACÍAS Y LAS PALABRAS DE ROSA MUÑOZ

En el caso de Las fosas de Franco, de Emilio Silva y Santiago Macías (Madrid, Temas de Hoy, 2003), los problemas vivieron de un testimonio recogido por el segundo. A Gloria Olmedo Sánchez-Cabezudo no le gustó lo que Rosa Muñoz Garrido declaró sobre sus padres, así que demandó a los autores, a Muñoz Garrido y a la editorial. En primera instancia, la demanda fue desestimada pero luego el asunto pasó a la Audiencia Provincial de Toledo.

La particularidad del testimonio de Rosa Muñoz Garrido, nacida en la década de 1950 y natural de Domingo Pérez, es que es fruto de una larga búsqueda tras las huellas de un tío suyo, uno de los tres asesinados en junio de 1938, búsqueda que concluyó cuando localizó en la prisión de Ocaña la documentación generada por los consejos de guerra. ¿Qué contó Rosa? Partió de la muerte de Epifanio Pérez Ciruelos, Angel Garrido Erustes y Paulino Cuesta Ciruelos, todos de veintiocho años, tras pasar por dos consejos de guerra cada uno. Recordó, en el caso de su tío Angel, las cartas escritas a su mujer dos meses antes de morir, donde pedía al hijo que no albergara odio alguno contra nadie.

En este momento el testimonio desviaba la atención hacia Besa Olmedo Rioja, uno de los mayores terratenientes de Domingo Pérez y que según Rosa Muñoz intervino «en el detonante de la historia de aquellos tres hombres». Lo describió como un cacique. El 21 de julio de 1936, un grupo de personas lo buscó y lo asesinó, tras lo cual se dirigieron primero a Talavera, donde hicieron otro tanto con su hijo, Miguel Olmedo, y posteriormente a Zarralgos, donde acabaron con la vida del jefe falangista Juan Garrido. Como resultado de la lectura de la causa y frente a la declaración de la mujer de Besa Olmedo, Adriana Sánchez-Cabezudo, que extendió la culpa sobre numerosas personas, Rosa Muñoz dio cuatro nombres, a los que responsabilizó del crimen, entre los cuales no estaba ninguno de los asesinados en 1938. Luego hubo nuevas declaraciones que, en el más puro estilo de las pantomimas judiciales de los golpistas, implicaron a los tres hombres, que fueron detenidos y conducidos a la cárcel de Torrijos a finales de marzo de 1937. Las familias perdieron su pista cuando en abril pasaron a Talavera, donde ya no les dieron razón de su destino. Según Rosa Muñoz ni siquiera supieron que pasaron por consejo de guerra en febrero-marzo de 1938 y que fueron condenados a muerte y asesinados allí mismo unos meses después. La búsqueda se cerró cuando un funcionario municipal de Talavera les informó de que sus restos debían estar en la fosa común del cementerio. Las mujeres de dos de ellos habían muerto unos años antes sin saber dónde estaban enterrados.

La editorial respondió a la demanda defendiendo el interés público del libro y la veracidad del testimonio de Rosa Muñoz Garrido. Ésta, por su parte, mantuvo que en lo que dijo no hubo intención vejatoria alguna sino simplemente su opinión fundamentada. Los autores se opusieron a las intenciones de la demandante y afirmaron que se habían limitado a reproducir sus declaraciones sin añadir opinión alguna ni valoraciones ni apostillas. Como siempre estaba en juego qué debía predominar, si el derecho al honor o la libertad de expresión y de información.

La sentencia reflexionaba sobre la teoría de los «reportajes neutrales», planteando si no sería más correcto verificar si la noticia es cierta y valorar su incidencia pública por el interés del tema. En esta línea se reconocía la relevancia pública del asunto y la experiencia de los autores en relación con el fenómeno de la «recuperación de la memoria histórica». Luego se centraba en la segunda parte del libro, que era donde aparecían las declaraciones de Rosa Muñoz Garrido sobre la desaparición de un tío suyo en las que se aludía a los padres de Gloria Olmedo Sánchez-Cabezudo, tomando también como referente la causa militar 555/38 sobre disturbios en la localidad de Domingo Pérez.

Destacaba que Rosa Muñoz —la cinta con sus declaraciones que constituyó la prueba más importante del proceso en Primera Instancia fue ahora relegada— relacionaba la desaparición de su tío y de otros dos hombres tras pasar por consejo de guerra en junio de 1938 con Besa Olmedo, «uno de los mayores terratenientes de Domingo Pérez». La sentencia deducía de esto que, tal como se decía en el libro, el padre de la demandante aparecía como «el detonante del asesinato de las tres personas referidas». Ocurría, sin embargo, como ya se ha visto, que los tres condenados a muerte lo habían sido precisamente acusados de haber intervenido en la muerte del terrateniente y, si bien se reconocía la falta de garantías procesales de la Justicia militar franquista, se decía que al menos los tres hombres, al contrario que Olmedo, tuvieron un juicio y que por lo tanto no era de recibo hablar de que ellos fueron «asesinados» y, por el contrario, el terrateniente fue «ejecutado».

Se aducía igualmente la ausencia de soporte documental alguno para la afirmación de que Besa Olmedo tenía «actitud caciquil» con los trabajadores del campo, hasta el punto de coaccionar a algunos para que abandonaran la localidad. Se criticaba igualmente la descripción «al más puro estilo Fuenteovejuna» («estilo fuenteovejuno», se leía en el libro) de cómo el mismo 21 de julio de 1936 el pueblo se planta ante el cacique, llevando así al lector a formar opinión sobre dónde se halla la justicia y dónde el tirano. Asimismo en el libro se reputaba como falso el testimonio de Adriana Sánchez Cabezudo acerca de quiénes acabaron con la vida de su marido y sobre la declaración ante el juez de paz una vez ocupada la localidad por los franquistas. Además se daba por supuesto que dicho juez, Vicente Sánchez Cabezudo, era hermano de la mujer de Olmedo, cuando realmente no lo era. Así pues la información no era «aséptica, objetiva y neutral».

La magistrada aceptaba la relevancia pública del asunto pero mantenía que

este capítulo tendría el mismo interés si se hubieran obviado las expresiones antes referidas, que atentan claramente al honor de dos personas sin una base documental para ello, cuestionándose únicamente la validez de los consejos de guerra y la verdadera autoría de las tres personas que Rosa Muñoz refleja con nombres y apellidos en relación con la muerte de Besa Olmedo, bastando con una mera diligencia de contrastación de lo que allí se decía y de las palabras que se utilizaban para reflejar una especial situación que claramente se dio durante la Guerra Civil. Tales conclusiones y el resultado informativo serían idénticos sin llevar al lector a determinadas conclusiones y sí solo a que hubo multitud de muertes en uno y otro bando sin juicio previo o con juicios injustos.

Además, pese a que la declaración era de la mujer, la demanda afectaba a todos, ya que, según se decía, la jurisprudencia ha ido perfilando que la responsabilidad se extiende a todos, autores y editorial inclusive, por constituir una comunidad de intereses económicos. Y a pesar de que el problema estaba en la parte de Santiago Macías también afectaba a Emilio Silva, «puesto que el contenido íntegro del libro no le era ajeno». Sin embargo, aunque la demandante pretendía la retirada del libro completo la Justicia entendía que las medidas solo debían afectar a las páginas 207-208. Tampoco se aceptaba la indemnización solicitada de veinte mil euros en concepto de «precio del dolor», ya que dicho precio no ha sido justificado ni cuantificado.

Expuesto lo cual la sentencia, dictada por la juez Mercedes de Mesa García, estableció que el contenido de las páginas 207-208 constituía un ataque al honor de los padres de Gloria Olmedo Sánchez-Cabezudo[37] y que, por lo tanto, dichas páginas debían ser suprimidas en otras ediciones, hechos que debían ser dados a conocer en los principales diarios del país, lo que ocurrió en los primeros días de diciembre de 2007. Las costas también correrían por cuenta de los demandados.

En relación con el mismo caso y también por las declaraciones de Rosa Muñoz Garrido se produjo otra demanda en abril de 2004 ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Toledo. El motivo sería el texto siguiente de Las fosas de Franco:

[…] la viuda de Ángel Garrido fue una de tantas miles de mujeres a las que raparon el pelo y forzaron a tomar aceite de ricino antes de desterrarla a Valladolid junto a una hermana, cuyo marido tampoco tuvo implicación alguna en los hechos acaecidos en el pueblo. A su vuelta del destierro, no regresó a Domingo Pérez por miedo a las represalias y se instaló en la ciudad de Toledo, donde trabajó algún tiempo en el sanatorio antituberculoso […] A uno de sus hijos, que tenía siete años, lo habían fichado antes de desterrarlo junto a su madre; hoy tiene en casa una foto ecuestre de Franco. Sus hijos han publicado un libro sobre los desaparecidos en Rusia con la División Azul. A veinticinco kilómetros de su casa no han hecho nada y por el contrario se van a Rusia, claro está, financiados por el Gobierno español. Parece ser que cuando los rusos enterraban a los «voluntarios» de la División Azul les ponían una botellita en el cuello con el nombre en su interior; por lo menos tuvieron ese detalle, no como aquí. Han traído a varios con toda la pompa y todo el boato, con tambores incluso para enterrarles como se merecían, aunque bien es verdad que no todos fueron voluntarios […][38]

Los demandantes fueron Miguel, Fernando y Miguel Angel Garrido Polonio y los demandados la editorial Temas de Hoy y los responsables del libro Emilio Silva Barrera y Santiago Macías Pérez. Fueron cuatro puntos los que provocaron la demanda: la alusión a que Miguel Garrido «hoy tiene en su casa una foto ecuestre de Franco»; la frase «a veinticinco kilómetros de su casa no han hecho nada», alusiva al ya aludido anteriormente Ángel Garrido Erustes; la continuación de esa frase: «por el contrario se van a Rusia, claro está, financiados por el Gobierno español»; y finalmente lo de que «han traído a varios con toda la pompa y todo el boato, con tambores incluso para enterrarles». Los puntos segundo y tercero de los fundamentos de derechos definían la libertad de información y el derecho al honor aludiendo a la jurisprudencia anterior. Aquí ya se mostraba su orientación por la teoría del reportaje neutral al decir que el autor «cumple con su deber de veracidad probando que lo que él hace constar en su artículo o libro es lo declarado por esa otra persona».

No obstante, la juez Consolación del Castillo Fuentes Rosco reconocía a continuación que los autores no habían hecho todo lo posible para comprobar la veracidad de los hechos. De hecho, Santiago Macías había sido advertido con anterioridad durante un acto público de que la acusación de no haber hecho nada con la víctima que estaba a veinticinco kilómetros no era cierto, lo que también fue confirmado en otra declaración testifical. Otros extremos, como si hubo «pompa y boato» o si existía realmente el cuadro de Franco a caballo, fueron objeto de opiniones contrapuestas de los testigos.

De cualquier manera la juez se decantaba por la teoría del reportaje neutral, «teoría que evita la responsabilidad de los condenados, pues efectivamente existe en las actuaciones una cinta magnetofónica, en la que D.ª Rosa Muñoz Garrido, familiar de los denunciantes, manifiesta a uno de los periodistas demandados […] hechos y comentarios que posteriormente se plasman en el libro Las fosas de Franco y que forman parte de las expresiones que constituyen la base de la presente demanda». Y respecto al interés público, la juez añadía que quedaba sobradamente patente la relevancia pública del asunto, «pues es difícil encontrar un tema de más relevancia pública para un pueblo, como el español, que durante cuarenta años, estuvo privado de libertad y democracia con sometimiento a un régimen fascista». Por lo tanto, el fallo, de diciembre de 2004, absolvía a los demandados y comunicaba a los demandantes la posibilidad que tenían de plantear recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Toledo.

Poco después, en 2005, la Audiencia revocó el fallo por no considerarlo ajustado a derecho. Para ello recordó nuevamente las alegaciones de los demandantes y observó que en Primera Instancia solo se había atendido a una de ellas, la relativa a la desatención en que habían tenido a la víctima que tenían más cercana. Respecto a las demás, la Audiencia no creía que tuvieran cabida en la teoría del reportaje neutral. La base del asunto volvía a ser la declaración de Rosa Muñoz Garrido, la cual no compareció en el juicio, contándose únicamente con la cinta magnetofónica entregada por los demandados.

Comentar que se tiene una foto ecuestre de Franco en casa «no es un hecho vejatorio en sí mismo», pero según la Audiencia hay que tener en cuenta la veracidad del aserto y el contexto en que se dice. Sobre esto existía un testimonio recogido en autos que lo negaba y otro, en la cinta aludida, que por no estar reconocida posteriormente en el juicio, carecía de valor. Se destacaba el contexto, «ofensivo para el honor de los demandantes», ya que se da a entender que el aludido «es un seguidor de la persona que mató a su padre». En cuanto a que no se interesaron por el paradero del abuelo, la Audiencia recordaba que es falso y además ofensivo, puesto que, mientras que se destaca los esfuerzos que dedican a las víctimas de la División Azul, se olvidan por completo de su abuelo. También se destacaba que la supuesta financiación del Gobierno no había sido acreditada en autos y que la persona que habló sobre la «pompa, el boato y los tambores» no presenció acto alguno.

Con todo esto, la Audiencia trató de negar la posibilidad de que el caso pudiera acogerse a la teoría del reportaje neutral: «Es evidente que los autores del libro no contrastaron la información recibida respecto a los puntos objetos de debate». Además negó relevancia pública alguna a la recuperación de los restos del padre o del tío o a la ideología de los demandantes. Tales actos solo atañían a su vida privada. La sentencia revocaba la anterior y declaraba que había existido «una ilegítima intromisión en el honor de los demandantes», por lo que se condenaba a los demandados a la supresión del texto en las posibles ediciones y a dar publicidad a la sentencia en dos periódicos de tirada nacional.

Los demandados intentaron llevar a buen puerto el asunto mediante un recurso de casación. En él se alegó, para el caso de Emilio Silva, «falta de legitimación pasiva natural», ya que no supo nada del asunto hasta la demanda. Además éste se excusó en el juzgado ante los demandantes «por no estar en el ánimo de nadie dañar el honor de persona alguna». Y por parte de Santiago Macías «hubo disposición a eliminar las palabras, líneas, frases o contextos por los que creyeran estar aludidos». Por su parte, los Garrido Polonio decidieron seguir con el recurso de apelación. Y esto a pesar de que, entre otras cosas y como se encargó de recordar la parte demandada, en el libro no se daban datos personales ni se mencionaba la localidad, las afirmaciones no eran injuriosas ni ofensivas y estaban justificadas en el contexto del libro. No era, pues, de la vida privada de los demandantes de lo que se estaba tratando, máxime cuando dos de ellos habían publicado un libro sobre la historia y búsqueda del tío desaparecido en Rusia (Nieve roja, Madrid, Oberon, 2002) y eran además responsables de la asociación nacional Desaparecidos en Rusia, creada en la década de 1990. Por todo ello, la sentencia de la Audiencia Provincial no estaba en la línea de la doctrina del Tribunal Supremo. El problema que se planteaba era la no consideración como prueba de la cinta magnetofónica.

A la altura en que esto se escribe aún se desconoce el resultado, pero, un informe del Fiscal de 8 de enero de 2009 hace presagiar que el final puede ser otro. Lo que se dice ahora es que la clave sigue siendo la declaración grabada de Rosa Muñoz Garrido, ya que, según el Tribunal Constitucional,

el contenido constitucional del derecho fundamental a comunicar libremente información veraz por cualquier medio de difusión, consiste en suministrar información sobre hechos que se pretenden ciertos, por lo que la protección constitucional de su reconocimiento se extiende únicamente a la información veraz, quedando excluido de su ámbito de aplicación la información sobre hechos que no sean veraces, lo cual significa, a estos efectos, información comprobada según los cánones de la profesionalidad informativa, excluyendo invenciones, rumores o meras insidias, y quedando incluida la información errónea, es decir, aquella que proporciona hechos no veraces, cuando el informador cumplió con su especial deber de comprobar la veracidad de los hechos que expone y empleando la diligencia exigible a un profesional […].

Se admiten, pues, las inexactitudes y los errores circunstanciales mientras no afecten a la esencia de lo informado. El informe se refiere también a la teoría del reportaje neutral, utilizada en beneficio propio por los demandados y que en la sentencia se consideraba como «traída de la jurisprudencia norteamericana», teoría que resalta que el autor de un artículo o un libro cumple con su deber de veracidad haciendo constar que lo que aparece es lo realmente lo declarado por otra persona y dejando clara su procedencia. Y concluye: «Por todo esto y al encontrarnos con la teoría del reportaje neutral los motivos de casación deben ser estimados».

DIONISIO PEREIRA Y LA MEMORIA ORAL DE CERDEDO

Las investigaciones de Dionisio Pereira González sobre la represión en Cerdedo, una localidad cercana a Pontevedra, se remontan a 2003 y a 2006. Me refiero a «Os mortos esquecidos: radiografía da represión franquista nun pequeño concello rural. O caso de Cerdedo (Pontevedra)» y A II República e a represión en Cerdedo[39]. El primero se trataba de una síntesis de datos locales: fuerzas políticas, víctimas de la represión y de la guerra, represaliados de todo tipo, huidos, exiliados, etc. En Cerdedo fueron dieciocho las personas asesinadas por los fascistas, la mayor parte socialistas y anarquistas. Pereira señalaba entre las fuerzas represivas a Falange, la Guardia Cívica y la Guardia Civil. Y a continuación venía un apartado dedicado a las «persoas sinaladas pela súa participación nos asesinatos e maltratos ou como instigadores dos mesmos», en el que se leían los nombres y apodos de veinticuatro personas, entre ellas un guardia civil, dos párrocos, una dirigente de la Sección Femenina, un maestro y otras profesiones. El primero era: «Manuel Gutiérrez Torres (xefe da Falange, inspector farmacéutico e boticario de Soutelo de Fontes; alcalde de Cerdedo nos anos 40 e 50»), y el segundo: «Francisco Nieto (transportista; falanxista)».

El otro trabajo es una versión muy ampliada del artículo donde se hace un recorrido por la historia de Cerdedo en el siglo XX. El nombre de Manuel Gutiérrez Torres aparece en dos ocasiones: en el apartado «1936: aquel ano do inferno…», donde se alude al «recén nomeado xefe da Falange local», y en el anexo con los datos relativos a la represión, en el que de nuevo se detallan —obsérvese los cambios producidos en la redacción del encabezamiento— las «persoas sinaladas pola súa presunta participación en diversas manifestacions da represión». Había otras diferencias: la lista ha aumentado. Ahora, por ejemplo, además de Manuel Gutiérrez, aparecen también sus hermanos Ángel y Luis. Aquí vuelve a aparecer Francisco Nieto, ahora en compañía de su hermano Eligió, ambos falangistas. Y un cambio importante: los entrevistados, al contrario, que en el trabajo anterior, aparecen mencionados al final por sus iniciales. Sin embargo, comparando ambas listas es fácil poner nombre y apellido a la mayoría.

Según la prensa gallega (Oscar Iglesias, El País, 7 de junio de 2007) los demandantes, defendidos por el abogado Santiago Taibo, optaron por la vía judicial «porque Pereira no quiere rectificar», ya que «se trata de salvaguardar el honor de los antepasados». Descalificaban además al historiador por mantener que Gutiérrez estuvo en Falange entre 1936 y 1940, ya que, según ellos, en esos años estudiaba farmacia. Cómo si no se pudiera ser estudiante de farmacia y falangista. «¿Qué rigor histórico es ése?», se preguntaban. Taibo llegó a preguntar a Pereira durante el juicio si a los informantes se les hacía un estudio psicológico previo para saber si regían bien. Por su parte, la abogada de Pereira, Jacoba Millán, recordaba que había pruebas suficientes, incluida la ficha personal de Falange, que probaban esta militancia sin tener que recurrir a los testigos que habían colaborado con el historiador. Las familias demandantes, que empezaron pidiendo la rectificación de los dos textos y una indemnización, se limitaron finalmente a solicitar lo primero, pues no querían que se creyera que se trataba de «un tema económico». Fueron además conscientes de que se había añadido la palabra «presunta» a la implicación de Gutiérrez y Nieto en la represión.

Es decir, Dionisio Pereira había puesto al descubierto las claves y coordenadas del «18 de julio» en Cerdedo. Para la fecha en que esto ocurrió ya se llevaban años haciendo públicos los nombres de las víctimas de la represión y de las circunstancias en que desaparecieron. La novedad del trabajo de Dionisio Pereira fue, una vez más, nombrar a los asesinos y a quienes los dirigieron.

La vulneración del derecho al honor se basaba, según los demandantes: Ramona, Manuel, Elisardo y María del Carmen Gutiérrez Nieto, y María Emilia Gutiérrez Mosquera y Enrique Gutiérrez Gil, en las palabras ya aludidas del artículo de 2003, cuya rectificación pública se exigía. También pedían «la condena en costas al demandado por mala fe». En su defensa, Dionisio Pereira mantenía que las actas del congreso de Narón «apenas habían tenido difusión, siendo parte de un Congreso Histórico y teniendo únicamente repercusión en ambientes académicos». Añadió que en la publicación de 2006 ya se hablaba de «presuntos» y que igualmente «su publicación tampoco ha trascendido del ámbito histórico». Alegaba, además, la rigurosidad con que habían sido realizadas esas investigaciones, basadas en el método científico e historiográfico, y que su objetivo, lejos de menoscabar el honor de nadie, era simplemente realizar un estudio histórico de la represión y, especialmente, de las víctimas. Esto, además de por Pereira, fue corroborado por los historiadores Andrés Domínguez Almansa, José Antonio Meigueiro Rey y Lourenzo Fernández Prieto.

La sentencia, dictada por la juez María Pedreira García, admitía la contradicción existente entre el derecho de rectificación y el derecho a la libertad de información, más en este caso en que la información procedía de un Congreso Histórico y no de un medio de comunicación. Luego entraba en la amplia jurisprudencia sobre conflictos entre la libertad de expresión y el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Destacaba especialmente el uso del caso de Dolors Genovés. La conclusión era clara: no es misión de los Tribunales de Justicia realizar juicios sobre verdades históricas, ni en aquellos casos en los que «predomine un interés histórico, científico o cultural relevante», por lo que la demanda debía ser desestimada. Además, ni existía contenido difamatorio ni había supuesto para los demandantes «un rechazo o prejuicio hacia sus personas por parte de los vecinos de Cerdedo». Pero, como era previsible, luego vino el recurso de apelación, aún no resuelto.

«Estamos satisfechos con la sentencia porque es justa», declaró a la prensa la abogada de Dionisio Pereira. Éste fue el resumen que Oscar Iglesias hizo para la edición gallega de El País (14 de diciembre de 2007):

En diez meses de recorrido judicial, el caso de Dionisio Pereira sirvió para visualizar en Galicia el debate sobre el uso de las fuentes orales por parte de los investigadores. «¿Cómo se documenta un paseo sin acudir a las fuentes orales?», se preguntaba Pereira en febrero. El historiador y economista coruñés, enciclopedista del anarquismo y referencia en el estudio de la represión en el mar, consiguió por el camino las adhesiones del gremio, de Angel Viñas a Paul Preston, y de todos los estamentos de la sociedad gallega. El dictamen […] legitima la metodología del historiador.

Poco después, la Asociación Verbo Xido hizo público un comunicado titulado «Investigar para a liberdade» que concluía así:

A asociación […] expresa a súa concordancia co fallo e cos principios nos que se asenta, por considerar que servirán para facilitar o labor a aqueles que, como Dionisio Pereira, só buscan a verdade ao entender que é o mínimo tributo que cómpre renderle a todos aquelles que abriron os camiños do futuro co seu exemplo, traballando nun eido que, malia transcorreren máis de tres décadas desde a morte de Franco, segue a ser abiertamente hostil. O acontecido durante a Guerra Civil e o franquismo deixará de ser una herida aberta para se converter nunha lección de historia cando o Goberno asuma de responsabilidade que lhe corresponde e o trabalho de investigación que desenvolven los historiadores remate.

El caso del alcalde de Cerdedo tuvo también una derivación interesante. En solidaridad con Dionisio Pereira, el arqueólogo y miembro de la asociación Verbo Xido Alfredo González Ruibal, por entonces con una beca de investigación en la Universidad de Stanford, decidió colgar en la página web del centro una información que bajo el nombre de «The Killers» («Los Asesinos») aludía a la investigación sobre Cerdedo y hablaba de los asesinados y, ya sin el «presunto», de los asesinos, incorporando una fotografía de Gutiérrez Torres ejerciendo de padrino en una boda. Esto se mantuvo entre octubre de 2006 y junio de 2007. La familia demandó a González Ruibal y exigió una rectificación y el pago de cien mil euros, condiciones a las que el acusado se negó en el acto de reconciliación. La abogada Jacoba Millán aclaró que la intención de su cliente al incluir la foto no fue otra que mostrar que «os represores teñen tambe o seu lado amable». Dijo además que en la página web no se mezclaba la foto del alcalde con los muertos: «Non lle atribúe os asasinatos».

En julio de 2008, la juez Enriqueta Sanmartín Carbón, reconociendo el derecho a la libertad de expresión y que no había existido ánimo de injuriar, decretó el archivo y el sobreseimiento de la querella presentada por la familia de Gutiérrez Torres contra González Ruibal[40].

Finalmente, el 26 de marzo de 2009 la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Pontevedra, compuesta por Antonio Juan Gutiérrez R. Moldes, presidente, y Javier Esain Manresa y Francisco Javier Romero Costas, dictó sentencia. En el apartado dedicado a los fundamentos jurídicos, tras destacar la prevalencia de la libertad de expresión en la creación científica frente al derecho al honor, se destaca que:

la revisión de la publicación escrita por el demandado evidencia en todo su conjunto un estudio histórico sobre unas fechas y un lugar muy concretos, presentando una muy amplia recogida de datos de muchas personas, entre los que los parientes de los actores son una mínima parte. Esos datos se ofrecen con aparente objetividad, sin ninguna valoración de tipo personal o subjetivo y con unas pequeñas conclusiones que en nada afectan a los actores. El carácter histórico se completa con la referencia bibliográfica y la de las personas que frieron entrevistadas, como fuente principal de la mayoría de los datos que frieron reseñados […].

El párrafo señalado en la demanda no justifica la protección civil del derecho al honor porque no puede apreciarse en el escrito del demandado ningún tipo de ánimo o intención ofensiva hacia ninguno de los aludidos ni tampoco hacia los parientes demandantes, quienes no tienen relevancia en el conjunto. Se identifican con el nombre y algún dato personal que según el resto de las pruebas se corresponde con la realidad, pero sin que ello suponga, al día de hoy, una lesión a su dignidad. El objeto de estudio no son las actuaciones concretas de las personas, de ninguna en particular, sino un conjunto de hechos que por el tiempo transcurrido tienen ya un valor histórico y una relevancia pública, por lo que predomina ese interés histórico que hace aplicable el art. 8.I.L.O. 1/1982, por merecer la protección legal la libertad científica del historiador.

El fallo desestima el recurso de apelación e impone las costas a la parte apelante.

ALFREDO GRIMALDOS Y EL HONOR DE LOS ROSÓN

La sombra de Franco en la Transición, de Alfredo Grimaldos Feito, fue publicado en 2004 (Madrid, Oberon [Grupo Anaya]). Según Francisco Javier Rosón Pérez y Julia, María Mercedes y Javier Eduardo Rosón Boix, el libro ponía en duda el honor de Antonio y Juan José Rosón Pérez. Tras un largo preámbulo sobre el derecho al honor se decía que en caso de colisión entre el derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión o libertad de información debe tenerse en cuenta los siguientes criterios: ha de hacerse caso por caso; la ponderación ha de llevarse a cabo teniendo en cuenta la posición prevalente, no jerárquica ni absoluta, que ostenta el derecho a la libertad de información sobre los denominados derechos de la personalidad; debe quedar claro el interés público de lo informado, pues solo la relevancia comunitaria puede justificar la exigencia de que se asuman las consecuencias ocasionadas por la difusión; «la libertad de expresión no puede justificar la atribución a una persona, identificada con nombre y apellidos, o de alguna forma cuya identificación no deje lugar a dudas, de hechos que le hagan desmerecer del público aprecio y respeto, y reprobables a todas luces, sean cuales fueren los usos sociales del momento»; y, finalmente, «la información veraz debe significar información comprobada desde el punto de vista de la profesionalidad informativa». Se recordaba nuevamente además que, según el Tribunal Constitucional, la obligada veracidad no exige que los hechos y expresiones utilizados en la información sean rigurosamente verdaderos sino solamente digna de protección. Evidentemente quedan fuera de este concepto los rumores, invenciones e insinuaciones.

El problema, aunque bien pudo haber otros, era el capítulo 9: «De los paseos al amanecer a la Monarquía restaurada: José María de Areilza y Antonio Rosón», bajo el cual se iniciaba el apartado «Los Rosón, azote de Galicia». ¿Qué se decía en el apartado? El seguimiento del clan lucense de los Rosón servía para plantear la continuidad del franquismo en la Transición. El mayor de ellos, Antonio, que, según la prensa de la época (Grimaldos menciona El Progreso de Lugo), se dedicó a la captura de huidos —«causando verdadero horror entre éstos»— y al registro y saqueo, pasa en 1978 a convertirse en el primer presidente de la Xunta de Galicia y más tarde en presidente del Parlamento de Galicia. Del franquismo ha pasado a la Unión de Centro Democrático (UCD) y de ésta a Alianza Popular (AP). El otro, Juan José, más joven y muy cercano a Rodolfo Martín Villa, tras su paso por el Gobierno Civil de Madrid entre 1976 y 1980, ocupa el Ministerio del Interior de 1980 a 1982. Del franquismo ha pasado a la UCD. Ambos fallecen en 1986.

Mantenía la demanda que la fuente utilizada por el autor era Interviú, concretamente el reportaje titulado «Matanzas en Galicia. La saga de los Rosón», realizado por José Luis Morales a finales de 1977 y publicado en los números 101 y 101 bis de la revista en 1978, en los que también aparecía el título «Los Rosón, azote de Galicia». He aquí el texto que afectó al honor de los Rosón:

[…] cuando el número [se refiere a Interviú] aún no está en imprenta, Juan José Rosón y los suyos ya conocen el contenido del reportaje. Sus hermanos Antonio, Luis y él presionan a Antonio Asensio, presidente de la Sociedad Editorial Zeta, S. A., editora de Interviú, para que el reportaje de José Luis Morales no llegue a los quioscos. Los tres hermanos Rosón lo intentan todo, alternando sus papeles de buenos y malos: amenazas de querellas y promesas publicitarias, pero Asensio no cede. Entonces, los integrantes del clan caciquil gallego deciden poner toda su maquinaria en marcha. En compañía de un notario se dedican a visitar a los paisanos lucenses que han hecho las declaraciones en las que se basa el artículo. Algunos de ellos, asustados, se retractan. Otros se mantienen firmes. Al mismo tiempo consiguen que un magistrado en Lugo y otro en Madrid ordenen el secuestro del número. El juez que interviene en la capital no se elige al azar, es el ultraderechista Rafael Gómez Chaparro, titular del Juzgado n.º 14. Extraño principio jurídico: no habiendo censura previa, deciden secuestrar una publicación cuyo contenido ni siquiera pueden conocer oficialmente. Al mismo tiempo, policías que actúan bajo las directrices de Juan José Rosón rodean la imprenta de Hauser y Menet y se incautan de dos ejemplares del número 101 de la revista. Además, se advierte a los distribuidores sobre las graves responsabilidades en la que pueden incurrir en caso de que el número llegue a manos del público, y se insta a los mandos de Correos para que controlen los posibles envíos de la publicación por ese conducto. Los Rosón cierran la tenaza para impedir que su pasado sea conocido. La cacicada le cuesta a ZETA doce millones de pesetas… Posteriormente se edita un cuadernillo, con el número 101 bis… que también es secuestrado.

Según los demandantes, lo que se estaba imputando a los hermanos Rosón era lo que se llama una «cacicada» en toda la extensión de la palabra. La sentencia, dictada por la juez María de la Consolación González Sánchez, compartía con ellos que las palabras y expresiones utilizadas «son esencialmente ofensivas y destinadas a vejar la memoria de aquéllos, así como su prestigio profesional, lo que afecta, de un modo directo e inevitable, al conjunto de su entorno familiar, así como a sus herederos directos». En cuanto al derecho de información, la sentencia admitía la relevancia pública de la información, «dada la condición de las personas implicadas», pero le negaba la veracidad, ya que «el autor de la obra no se ha demostrado que efectuara una comprobación razonable de la noticia transmitida o que se basara en hechos reales». También negaba validez a las declaraciones de los testigos que intervinieron en el juicio, «dado que éstas no arrojaron luz bastante en cuanto a la certeza de los hechos que se relatan». Se llega a hablar de «mera transcripción de lo que fue publicado en su momento en la revista Interviú».

La sentencia recordaba, cosa que el libro no menciona, que dos resoluciones anteriores de la Audiencia Provincial de Barcelona (1981) y del Tribunal Supremo (1983) daban la razón a Luis Rosón Pérez y condenaban la primera al director de Interviú por un delito de desobediencia y la segunda a Antonio Álvarez Méndez, director de la revista, y José Luis Morales Suárez por desacato, injurias graves y desobediencia grave. Hecho éste que fue publicitado por los principales medios de comunicación el 28 de junio de 1978. Por tanto se consideraba que el autor había cercenado la información transmitida omitiendo un dato relevante, por lo que quedaba «conculcado el requisito de la veracidad de la noticia».

Igualmente se rechazaba que el libro quedase comprendido dentro de la ya aludida teoría del «reportaje neutral», ya que, según ésta, el texto debe ser mero transmisor, limitándose a narrar las declaraciones o informaciones sin alteración alguna, «de modo que si se reelabora la noticia no hay reportaje neutral» y si «se asume una determinada versión de unos hechos con base a una determinada fuente» pues otro tanto. Es decir, que a la más mínima manipulación —«su artero fraccionamiento en el seno de un reportaje de mayor extensión, interfiriendo en su discurrir con manifestaciones propias»— dejaba de ser reportaje neutral. Grimaldos era acusado, pues, de adoptar una determinada versión «dentro de un tema de tanta sensibilidad general como es la Guerra Civil y la Transición» y de no haber cuidado el nivel de diligencia exigible al periodismo de investigación o periodismo histórico.

Según la sentencia y en consonancia con lo anterior, la información carecía de necesaria veracidad, quedando lo informado como simple rumor o invención y lejos, no ya de la verdad absoluta, sino de la verdad a la que se puede llegar con la diligencia necesaria. Lo escrito atentaba contra el honor de los Rosón y de los demandantes. Así, el capítulo 9 constituía «una vulneración del derecho al honor de los demandantes, pues en el juicio de ponderación de los derechos en presencia (libertad de información y derecho al honor) ha de primar el derecho al honor de los actores, ya que la información vertida en la obra en cuestión ni puede considerarse un reportaje neutral ni cumple con el requisito de la veracidad». Aquí la sentencia aportaba un dato curioso: el reportaje que había servido de base a Grimaldos para su capítulo era, como hemos visto, un trabajo de José Luis Morales para Interviú, titulado «Los Rosón, azote de Galicia»[41], que a su vez reproducía íntegramente, según la sentencia del Supremo de 1983, un escrito anónimo y clandestino de 1977 titulado «Biografía de un Truhán»[42].

Por todo ello, Alfredo Grimaldos y el Grupo Anaya fueron condenados a dar publicidad al fallo de la sentencia en La Voz de Galicia, El Progreso de Lugo, El País, El Mundo y La Vanguardia en un plazo de diez días y a indemnizar a los demandantes con un simbólico euro, «como resarcimiento por los perjuicios causados». Finalmente se insistía en que solo se haría público el auto, no el «conjunto de consideraciones que en la misma se contienen dado su contenido eminentemente jurídico». Lógicamente, los demandados interpusieron recurso de apelación.

REFLEXIONES GENERALES

Al prescindir de testimonios vivos o de documentos históricos limitamos los espacios de nuestra propia conciencia. A pesar de esta verdad, los Estados en determinados momentos […] optan por prescindir de ciertos archivos o por tolerar el saqueo o abandono de los mismos.

HERMES TOVAR PINZÓN,

«Archivos, corrupción y derechos humanos:

el cuerpo como testimonio», 2005

Un repaso a los diferentes casos que se han contado, con vista a sistematizarlos, por más que detrás de todos se halle la historia, nos mostrará como elemento predominante la negación de la historia oral, del testimonio personal de quienes vivieron o supieron de hechos ocurridos a consecuencia del golpe militar. Así fue en casos como los de Fernando Ruiz Vergara, Isidoro Sánchez Baena, Marta Capín, Santiago Macías y Dionisio Pereira, a los que tendremos que añadir los de José Casado Montado y Ramón Garrido Vidal, en que sus autores decidieron escribir sus recuerdos e incluso, en el caso del primero, los resultados de sus pesquisas. En lugar intermedio, que yo situaría dentro del mejor periodismo de investigación, quedaría Dolors Genovés. Aquí ya no se trata de un testimonio oral sino de unas declaraciones recogidas en el consejo de guerra y de las conclusiones extraídas por la autora, es decir, lo que hizo la demanda fue poner en duda su trabajo y tratar de censurar un documental donde no salían bien parados una serie de franquistas catalanes. Con Grimaldos podríamos hablar de reincidencia, ya que la misma información que ha dado lugar a la demanda de los Rosón fue la que dio lugar a otras dos falladas en favor de éstos a comienzos de la década de 1980.

Lugar aparte merecen las historias de Amparo Barayón Miguel y Antonio Martínez Borrego. Aun siendo tan diferentes, el fondo es el mismo: dos personas inocentes, la primera asesinada y la segunda condenada a prisión y obligada a llevar una vida en duras condiciones, cuya memoria es manchada por graves calumnias. En un caso poniendo en duda las verdaderas razones de su muerte al soltar en un medio público que padecía sífilis —todo ello para vengarse del libro escrito por el hijo—, y en el otro acusándole de una traición que no cometió. En el primero la calumniadora fue una profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha y en el segundo un obrero de confuso pasado que aprovecha que alguien le escucha y le cree para contar una historia inventada.

Fuera de los casos anteriores queda el caso de Violeta Friedman, cuya novedad es que tuviese lugar en España y que la Justicia tomase partido por una judía rumana y no por un nazi protegido por el franquismo. Lo que sí nos permite este caso, y de ahí su inclusión, es reflexionar sobre lo que hubiera ocurrido en España si en algún momento hubiera sido tomado en cuenta el honor de las víctimas y, en general, de los vencidos. Aun aceptando la excepcionalidad del Holocausto, que no pongo en duda, soy de los que creen que los golpistas de 1936 incurrieron en un delito de desapariciones forzosas masivas allí donde se impusieron, cuyo carácter imprescriptible las convierte en delito permanente hasta su resolución. En 1936 no había sido creado aún el concepto de genocidio pero, aunque no pueda aplicarse al caso español, estamos ante el primer genocidio del ciclo abierto en 1936 y cerrado en 1945.

Además, no solo exterminaron a decenas de miles de personas sino que durante décadas dijeron y escribieron lo que les vino en gana sobre sus víctimas, cuyos descendientes vivían en total desamparo y carecían de derecho alguno. La primera diferencia entre lo que representaba Violeta Friedman y la experiencia española es que negar la Shoah constituye delito en buena parte de Europa y, sin embargo, negar el plan de exterminio franquista —sin que esto suponga equiparación alguna— está permitido. Otra diferencia entre Violeta Friedman y las mujeres españolas que habían visto desaparecer a sus familiares es que la primera contó con importantes apoyos de todo tipo y las segundas no tuvieron nada.

Tampoco puede desecharse otro elemento importante: aun reconociendo el importante papel desempeñado por el Tribunal Constitucional, lo cierto es que la Justicia española se jugaba poco en este caso. No quiero con esto desmerecer su labor y el importante precedente sentado sino destacar que, como ya dejó escrito el mismo abogado de Violeta Friedman, Carlos Trías Sagnier, «las historias de los republicanos españoles o de los palestinos en Israel puede que sean muy trágicas, pero no tienen nada que ver con el Holocausto y sus supervivientes». Es decir, que ese caso no iba a servir para poner en su sitio a los Degrelle españoles ni abría puerta alguna a quienes veían no ya negada, sino ni siquiera reconocida la realidad de su vida de sufrimientos. Además, aunque unos años más tarde se corrigió, del texto definitivo de la sentencia desapareció la alusión a considerar igualmente delito «la fabricación, difusión o exhibición de símbolos o medios de propaganda que representaran o defendiesen hechos considerados como genocidio». Así pues, como en España no cabe hablar de genocidio por tratarse el grueso de la represión franquista de hechos anteriores a 1945 —fecha en que Rafael Lenkin creó el concepto— poca trascendencia tendría la sentencia.

Habría más. El «error» de Léon Degrelle fue negar el Holocausto y reivindicar la figura de Josef Mengele. Naturalmente, su sorpresa debió de ser que tal hecho le trajera problemas en España, donde desde 1936 se había impuesto un régimen fascista emparentado con la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini y el Portugal de Salazar. En este sentido no hay que olvidar que desde el Juzgado de Instrucción en que se presentó la demanda hasta el Tribunal Supremo todos ampararon la libertad de expresión del nazi belga. No sé qué hubiera pasado en el Tribunal Constitucional de haber tenido otra composición.

Sin embargo, y a pesar de que la sentencia estableció que la libertad de expresión tiene su límite en el respeto al honor y a la dignidad humana, y que banalizar o justificar el genocidio es delito, esto no alcanzó por desgracia a los que aquí en nuestro país niegan, banalizan, minimizan y justifican el exterminio de carácter político llevado a cabo por los franquistas entre 1936 y 1945. La libertad de expresión no puede amparar a los intoxicadores profesionales al servicio de la simple propaganda. Éstos —y no los historiadores— son los que deberían acabar en los juzgados. No quiero decir en modo alguno que haya que imponer por ley una versión de la historia, cosa que además resultaría imposible en una sociedad democrática. Cuando digo esto me refiero, por ejemplo, a lo que hizo Francia con un profesor de enseñanza secundaria que negó ante sus alumnos la matanza de Oradour-sur-Glane y le vino encima la separación temporal del cargo y una multa. Desgraciadamente, en España el estado caótico de sus archivos y las costumbres arraigadas (expurgar o destruir fondos documentales «molestos» o llevarse a casa al final del mandato «papeles que no deben ser expuestos a la mirada ajena») han favorecido siempre la impunidad de los propagandistas y de los profesionales de la intoxicación. Solo un ejemplo: si los archivos permitieran saber realmente las consecuencias de la ocupación de Badajoz por los africanistas no tendríamos aún que soportar a quienes siguen negando que aquellos hechos revistieran una especial gravedad. Y lo peor es que mientras esto ocurre, el archivo de Juan Yagüe sigue en poder de la familia, como si los papeles de sus años de funcionario militar les pertenecieran. Otro tanto ocurre con Varela; de los archivos de Castejón, Asensio y Tella no sabemos nada.

Finalmente, sin duda es sugerente y daría para una buena novela el caso del abogado Trías Sagnier, al que hemos visto, por un lado, defendiendo el honor de una judía rumana que perdió la familia en Auschwitz y, por otro, demandando a una periodista e historiadora por mostrar la trastienda de un crimen franquista cometido en la persona de un tan moderado como respetado político catalán cuyo único «delito» fue ser republicano y nacionalista. Ahora el que estaba en juego era el honor de su propia familia. Resulta increíble comprobar cómo Trías, para conseguir su objetivo, hasta dio validez legal al consejo de guerra y a los informes socio-políticos en él contenidos.

Dicho esto conviene detenerse y hacer ciertas consideraciones sobre cada caso. El de Ruiz Vergara, que no olvidemos que se desarrolla en la primera mitad de la década de 1980, rezuma puro franquismo, con todas las instancias judiciales a favor de la familia Reales y en contra de una pareja de jóvenes documentalistas y de un viejo izquierdista que guardaba memoria de la masacre realizada por los fascistas en Almonte. Nos dejó, además, el impagable discurso del ponente Vivas Marzal, con «la inoportuna e infeliz recordación de episodios sucedidos antes y después del 18 de julio» y su afirmación en el sentido de que no era «atinado avivar los rescoldos», imagen ésta que más tarde pasaría a Manuel Gutiérrez Mellado, de quien la tomaría el presidente del Gobierno (y abogado laboralista) Felipe González Márquez para justificar su firme decisión de «no mirar atrás» a lo largo de sus catorce años en el poder. Sin duda, se trata de uno de los casos más duros y tristes de los aquí tratados y que debería ser de obligada visión para los cantores de la Transición o para los que pregonan sin cesar que nada quedó por decir y que la libre investigación se impuso al silencio y al olvido.

La demanda contra Isidoro Sánchez Baena tiene el mismo origen que la anterior, solo que por tratarse de un artículo, y no de un documental, el autor protege en todo momento al testigo que le ha contado quién mató al guarda de la finca, que de esta forma, al contrario que Gómez Clavijo, no se ve involucrado en el proceso. Además vemos cómo es la dureza del fiscal la que anima a los demandantes a pedir millones. Por suerte para el historiador, la Audiencia de Córdoba lo absuelve y el Supremo confirma la decisión.

El «delito» de Casado Montado fue el mismo que los anteriores: poner nombre a los asesinos. El valiente testimonio de este hombre debió de caer como una bomba en San Fernando. Si se hubiera contentado con dar los nombres de quienes fueron asesinados día a día a partir de julio de 1936 no hubiera ocurrido nada, pero Casado quiso también hablar de los verdugos y de sus historias, y de ahí vino el problema: los hijos de los asesinos del 36 se niegan a asumir que sus padres estuvieran involucrados en la maquinaria del terror, bien desde los despachos donde fraguaban las listas de rojos que había que exterminar como hasta los paredones donde eran aniquilados, sin olvidar la colaboración en la criba realizada por los consejos de guerra sumarísimos de urgencia. De ahí el recurso a la amnistía de 1977 como punto de partida y al llamado «espíritu de la Transición» como referencia ideológica de la reconciliación. Donde ha sido borrado el pasado no hay delitos ni culpables.

La historia de Dolors Genovés y su documental Sumaríssim 477 no hubiera existido sin el sumario. Lo normal es que, salvo los protagonistas y testigos del acto celebrado en Burgos, muy pocos supiesen que en el proceso contra Manuel Carrasco i Formiguera colaboraron destacados personajes del fascismo catalán, entre ellos el falangista Trías Beltrán. Con toda lógica periodística e historiográfica, Dolors Genovés decidió resaltar esos testimonios, mostrando así una parte de la historia hasta entonces oculta. Lo que los Trías no aceptaron es que Genovés mantuviera que esos testimonios resultaron decisivos, por ofrecer la base justificativa, en el asesinato de Carrasco i Formiguera, o sea, que la intervención de su padre entre otros se considerase determinante para el proceso. Es decir, lo que los Trías no aceptaron fueron el método y las conclusiones del trabajo de Dolors Genovés, al que tachaban de simple «montaje». En Primera Instancia y en la Audiencia de Barcelona les dieron la razón, pero en el Tribunal Supremo y en el Constitucional no, destacando el trabajo de los ponentes, Xavier O’Callaghan Muñoz y María Emilia Casas Bahamonde, respectivamente.

La demanda contra Dolors Genovés y Sumaríssim 477 se dirimió en su primera fase en esferas extrajudiciales. No hay que olvidar que 1995 fue año electoral en Cataluña, precisamente el año en que Convergencia i Unió (CiU) perdió la mayoría absoluta. Fueron muchos los que, por diferentes motivos, se alinearon o acabaron alineándose con los Trías y se lanzaron al ataque. Entre los historiadores, Josep Benet, testigo de la acusación, fue el más duro, quizá por sentir invadido su territorio. También cabe mencionar a Joan María Thomas y a Javier Tusell, quien después de haber apoyado a la autora y al documental cambió de opinión en septiembre de 1995 y declaró que «Sumaríssim carece del más mínimo rigor histórico». Igualmente en contra desempeñó un papel importante desde El País el periodista Arcadi Espada.

TV-3 era la voz de CiU y si por un lado prestó a Genovés el asesoramiento jurídico que en su calidad de funcionaría de plantilla le correspondía, por otro llegó a pedir disculpas a los Trías a través del entonces director general de Radio y Televisión, Joan Granados, un hombre del entorno de Jordi Pujol, presidente de la Generalitat. En la carta, enviada a Eugenio Trías, se leía que todo se debía a la «obsesión de algunos periodistas por llevar sus reportajes hasta sus últimas consecuencias, en un afán de perfección profesional que deja al margen los valores que debería tener siempre una televisión pública» (Ana Aguirre, El Mundo, 14 de abril de 1995). La respuesta de TV-3 fue un manifiesto en defensa de Dolors Genovés firmado por cincuenta periodistas. Para Ana Aguirre «lo que demuestra la polémica es que las heridas aún están sin cerrar».

Para muchos, Sumaríssim 477 había atacado el honor de «uno de los nuestros» —ya que, dejando a un lado sus veleidades franquistas juveniles, Trías Beltrán era ante todo un catalán y sus descendientes parte activa de la élite intelectual catalana— y había que acabar con la autora, a la que se sometió a un cerco en toda regla que, vivido día a día, llegó a ser casi insoportable. Según Dolors Genovés, su caso se deliberó realmente en la prensa y el Parlamento. Pero ella se acorazó, siguió con su trabajo y finalmente, después de diez años, venció. También hay que decir que contó con el apoyo, entre otros, de Josep María Huertas Clavería, Joan B. Culla, Baltasar Porcel, Josep Fontana, Ernest Lluch y Raimon Obiols, y que en 1995, en plena campaña contra Sumaríssim 477, recibió el Premio Memoria Popular por la trilogía sobre aspectos relacionados con la Guerra Civil (Operacio Nikolai, L’or de Moscou y Sumaríssim 477), un galardón relacionado con fundaciones históricas situadas en la órbita socialista. Además, en el juicio, contó con un testimonio a favor imprevisto: el del hijo del médico que atendió a Manuel Carrasco i Formiguera en prisión.

No tengo la menor duda de que los Trías Sagnier hubieran preferido que el consejo de guerra de Carrasco i Formiguera continuase bajo llave. Es más, de no hacerse la excepción que se hizo con Hilari Raguer, biógrafo del político catalán, y con Dolors Genovés no hubiera sido posible consultar el sumario hasta 1997, año en que se abrieron a la investigación los archivos judiciales militares, con lo cual el documental probablemente no existiría o hubiera sido muy diferente. Y, si en este caso y con esa magnífica fuente, se hizo pasar a la autora por un calvario de diez años de duración en los que estuvo en duda su profesionalidad, podemos imaginar lo que hubiera pasado si la información sobre la intervención de fascistas catalanes en la pantomima judicial militar contra Carrasco i Formiguera le hubiera venido de un testimonio oral. Sorprende que en su ofuscación los Trías validaran los procedimientos de la Justicia militar franquista. La propia ponente María Emilia Casas Bahamonde tuvo que decirles que su enfoque era improcedente.

Para la posteridad quedará, más allá de los meros conceptos de libertad de expresión y de información, la firme defensa por ella realizada de la libertad científica del historiador, no exenta de perspectiva ideológica y moral, y considerada por la ponente necesaria para la formación de una conciencia histórica colectiva.

Hubiera sido interesante ver en qué quedaba la demanda de los descendientes de Amparo Barayón de haber llegado a los tribunales en el año 2005. ¿Hubiera pasado la calumnia de Ana Isabel Almendral el filtro del interés público y la veracidad? No me cabe duda de que la hija del médico Almendral hubiera sido obligada a rectificar públicamente y se hubiera hecho justicia a Amparo y a sus descendientes. Por desgracia, la situación de la familia, distribuida en varios países, dificultó una respuesta adecuada que hubiera puesto a la calumniadora y al periódico que le dio cancha en el lugar que merecían. Como hemos visto, Ramón Sender Barayón se conformaba con poco pero ni eso consiguió.

La venganza de Ana Isabel Almendral Oppermann no tiene más soporte que la impunidad de los vencedores, el convencimiento de que no pasará nada por atacar a una mujer a la que la Justicia franquista «ya dio su merecido». Una vez más nadie, ni una testigo, debía hacer comentario alguno sobre un médico al servicio del fascismo. El testimonio de Pilar Fidalgo debía desaparecer para que la figura del doctor Almendral siguiese limpia. E igual destino debía tener el libro de Sender Barayón por reproducir el relato de Pilar. Pero como no se había producido ninguna de las dos cosas, la hija de Almendral decidió que lo mejor sería dañar a éste en lo que más podía dolerle: si Ramón Sender Barayón «atacó» a su padre, ella atacaría la memoria de su madre, que de víctima del fascismo zamorano pasaba ahora a ser una enferma infecciosa que hubiera muerto de todas formas.

El caso de Almendral Oppermann plantea también el papel de la prensa. ¿Cómo es posible que la periodista y los responsables del periódico dejaran pasar eso? ¿Acaso resulta que todo vale con tal de aumentar las ventas, incluso la calumnia? La Opinión de Zamora mostró, en este caso, el espíritu profundamente reaccionario de la vieja prensa provinciana que heredamos de la dictadura. Máxime cuando tanto la periodista como el periódico debieron ser conscientes de que el ataque contra Amparo Barayón situaba en un segundo término el verdadero motivo de la entrevista. Después, cuando la familia planteó quejas al periódico, éste también mostró su talante dando absoluta preferencia a las ocurrencias del cronista local de Zamora y relegando a un segundo plano las demás. El resultado —salvo para la tal Almendral, el cronista local y La Opinión de Zamora, que probablemente incrementó la tirada durante un tiempo— fue el amargor de la impotencia, que es lo que quedó para los demás: para los hijos de Amparo en Estados Unidos, para la sobrina en Málaga, para la sobrina-nieta en Inglaterra y para los que intervinimos en defensa de la memoria y del honor de Amparo Barayón Miguel.

En la historia de Martínez Borrego, Gila Boza y de Mercedes de Pablos, al igual que en el de Dolors Genovés, aparece un sumario, solo que en este caso la periodista primero creyó que ya no existía y luego, cuando se la animó a que lo viera, se negó a hacerlo y a afrontar los problemas causados con su libro. De haberlo hecho se hubiera dado cuenta de que Gila Boza la había engañado y hubiera tomado las medidas oportunas pero, por el contrario, prefirió no reconocer el error. Tengo el convencimiento de que a un historiador experto en un tema difícilmente puede engañarle una persona que mienta, ya que normalmente cuenta con tanta información que rápidamente le salta la alarma. Eso es lo que les pasó a Benito Bermejo y Sandra Checa con los falsos deportados Marco y Pastor. Pero éste no fue el caso de Mercedes de Pablos, quien nunca supo si Gila Boza la engañaba o no por la sencilla razón de que era profana en la materia. Existió una evidente falta de profesionalidad en la elaboración del libro, a la que luego siguió una absoluta carencia de ética cuando se la avisó del grave error cometido con Antonio Martínez Borrego, cuya memoria fue manchada por Gila Boza y por la autora, supuestamente favorable a la recuperación de la memoria histórica.

Al igual que en el caso de Amparo Barayón hay que destacar aquí también el papel desempeñado por la prensa, concretamente por la edición andaluza de El País. En el más puro y rancio estilo de la vieja prensa, el «diario independiente de la mañana» actuó en todo momento a beneficio de parte, favoreciendo a «una colega» y dándole igual si tenía razón o no. Impidió que la información llegara libremente al lector, no se preocupó de comprobar si realmente el sumario exigía una revisión completa del libro ni de contrastar las declaraciones de la autora con la opinión de quienes revelamos el problema, y apostó en todo momento por el subproducto y por comportamientos que probablemente no contempla su olvidado libro de estilo pero sí su estilo habitual.

La historia de la página web de Fabien Garrido con las memorias de su padre, Ramón Garrido Vidal, es más bien la historia de un juez peculiar, Juan Carlos Carballal Paradela, juez de Cambados. A la familia de un exalcalde de O Grove no gustó lo que se leía allí de él y acudieron a la Justicia, dándose la casualidad de que dieron con un juez que no tuvo problema ninguno en dictar un auto que ordenaba la desaparición de esas memorias de Internet. Estamos hablando del texto autobiográfico de una persona ya fallecida que escribe sobre hechos que ha vivido y conocido. Pero el juez de Cambados decidió acabar con ese testimonio porque, según él, no cumplía los requisitos exigidos para quedar amparado por la libertad de expresión o de información. Carballal sabía que Ramón Garrido no era un historiador y que su testimonio tenía el valor que para la historia tienen los testimonios personales de primer orden, es decir, de protagonistas. Pero el juez llegó a la conclusión de que Garrido Vidal no tenía derecho a decir lo que dijo del alcalde franquista, aunque fuera su testimonio personal, y lo condenó al silencio.

Por más que bastaría con leer su alusión a «rememorar tantas décadas después lo que ahora se llama “memoria histórica” de una forma revanchista, incontrolada, aviesa o sin datos serios y ciertos […]», hay que haber escuchado exponer públicamente sus opiniones al señor juez de Cambados —su intervención no estaba prevista en principio en las jornadas de O Grove pero parece que se autoinvitó— para saber por qué tomó tal decisión. He reproducido antes algunas de las palabras que dijo en aquellas jornadas pero les falta algo fundamental: el tono de la voz y el estilo de la exposición. Saltaba a la vista un sentimiento de absoluta superioridad sobre el auditorio y un desprecio total por el diálogo. Fabien Garrido ni siquiera fue avisado de la celebración de acto judicial y el auto llegó más tarde a nombre del padre. Esto, unido a problemas familiares y a la distancia, le impidieron recurrir el auto del juez, que además se jactaba en septiembre de 2007 de que nadie le había dicho hasta el momento que estaba equivocado. En palabras del propio Fabien: «[…] hasta la recepción del auto, nunca se envió ni a la dirección de mi padre ni a la mía un aviso sobre el acto en que se iba a decidir acabar con la página»[43].

No albergo duda alguna sobre el final de los casos aquí tratados si todos hubieran dependido del juez de Cambados. Es cuestión de lógica: si le dio la razón a los familiares del alcalde franquista de O Grove, ¿por qué no habría de dársela a la del demandante de Luque, al de San Fernando, a los hijos del médico Quirós, a los del pueblo de Toledo, a los hijos del alcalde de Cerdedo o a los Rosón? Su línea argumental vale para todos estos casos. Su base: la negación per se del testimonio oral. Y es que para creer en los testimonios sobre represión el juez Carballal necesita testigos o documentos, aunque sepa perfectamente que en esos casos no hay ni una cosa ni otra. Lo que no tienen en cuenta quienes así actúan es que vivimos en un país en el que cuando se quiere saber qué pasó a una víctima de derechas uno va al Archivo Histórico Nacional, pide ver la causa general y allí encuentra una información lo más completa posible de cada caso, que incluso suele incluir el nombre de los responsables del hecho y su paradero. Sin embargo, cuando se quiere saber qué pasó a una víctima de izquierdas es frecuente que por no haber no haya ni la inscripción en el Registro Civil. De ahí la necesidad de recurrir a fuentes orales. Y así será mientras se permita que Ejército, Guardia Civil y Policía mantengan sin posibilidad de acceso los archivos de la represión.

Todo esto se comentó en O Grove: que la investigación de la represión franquista, dadas las carencias documentales, exige recurrir al testimonio de personas que vivieron o supieron lo que pasó, pero el juez de Cambados no lo admitió. El exigía pruebas de que el alcalde franquista intervino en la elaboración de listas de personas que fueron asesinadas. Mantenía que de haber sido dicho aquello dentro de un trabajo de investigación histórica y con la adecuada metodología nada hubiera pasado pero que tal como lo exponía Ramón Garrido en su escrito constituía un insulto al honor de Joaquín Álvarez Lores. Desgraciadamente, el juez Carballal no extrajo las consecuencias oportunas sobre el hecho de que entre el honor del testigo que sufrió represión y exilio y vio desaparecer a familiares y amigos, y el honor del alcalde fascista de O Grove él optó por el del segundo. Inversamente a lo antes dicho, es posible que los jueces mencionados de Córdoba, Cádiz, Oviedo y A Estrada hubieran amparado el testimonio de Ramón Garrido Vidal y la página creada por su hijo siguiera ahora activa. Y es que, como es sabido, la Justicia depende de qué juez te toque.

Una vez más la historia de Marta Capín nos sitúa ante la familia agraviada por el daño causado al honor del padre, un médico al que diversos testimonios relacionaban con la matanza del personal sanitario del hospital de Valdediós. La historia sensibilizó especialmente a la opinión pública por tratarse de mujeres —e incluso un niño— la mayor parte de las víctimas. Lo que el paso del tiempo y la falta de investigaciones habían convertido en una leyenda, la exhumación y la investigación posterior lo desvelaron como una masacre planificada. La juez de Oviedo, siguiendo los criterios del Tribunal Constitucional, reconoció el trabajo de investigación realizado por la autora. Lo cual no deja de ser interesante, ya que la prueba que implicaba al médico Quirós en la elaboración de la lista de personas asesinadas en Valdediós se sostenía en la palabra de un testigo vivo que entonces tenía doce años (su madre, que también vio la lista, fue advertida por un soldado familiar suyo que estaba de guardia en la puerta de que debía volverse a su casa). Es muy probable que de haber sido por Carballal, y tal como él mismo le dijo en O Grove, Marta Capín hubiera acabado «en la cárcel», es decir, condenada por haber puesto en duda, sin pruebas (para él no cuentan los testimonios orales), el honor del doctor Quirós.

Santiago Macías y Emilio Silva fueron procesados por recoger en su libro el testimonio de Rosa Muñoz Garrido, quien les contó el fruto de las pesquisas que llevó tras la pista de un tío suyo y otros dos vecinos del pueblo denominado Domingo Pérez. En este caso tenemos también un sumario detrás, que fue el que permitió a Muñoz descubrir lo ocurrido a estos hombres desde su detención hasta su muerte en 1938. Como persona profana en la materia que era, el testimonio incurre en ciertas contradicciones pero no fue éste el problema. Lo que dice Rosa Muñoz Garrido es simplemente que los tres hombres fueron condenados sin pruebas por el asesinato de un propietario en 1936, que el propio sumario demuestra que los responsables fueron otros y que la mujer del propietario y otros vecinos de derechas aprovecharon para denunciar a todo el que le vino en gana, entre otros su tío y las otras dos víctimas.

La magistrada que juzgó el caso aceptó que se pusiera en duda la validez de la Justicia militar franquista y que se mantuviera la inocencia de los tres hombres pero vio innecesario que se aludiera a dos personas, el propietario Besa Olmedo y su mujer, como responsables de su muerte, cuando el primero había sido asesinado poco después del 18 de julio y la segunda ni los mencionó, pues según Rosa Muñoz fueron otras personas las que denunciaron a su tío y a sus compañeros. Desde este punto de vista, la afirmación de que «en el detonante de la historia de aquellos tres hombres intervino una cuarta persona: Besa Olmedo, uno de los mayores terratenientes de la zona» no resulta afortunada, ya que lo que sí estuvo en el origen de la historia de los tres hombres fue la represión desencadenada a consecuencia del asesinato del propietario. Tampoco la alusión a la esposa de éste, Adriana Sánchez Cabezudo, parece muy acertada, ya que por más que acusara a decenas de inocentes parece que fueron otros los que implicaron a los tres aludidos. Personalmente creo que si la información que se daba del caso, según el sumario, hubiese sido mejor expuesta y la redacción más cuidada, aun diciéndose básicamente lo mismo, este caso no hubiera existido.

Como siempre, fueron los testimonios orales los que llevaron a la familia de un alcalde franquista de Cerdedo a demandar al historiador gallego Dionisio Pereira, quien en todo momento se negó a desvelar sus fuentes defendiendo firmemente la metodología empleada. Ya se ha comentado cómo, en su intento de invalidar las fuentes orales, el abogado de la familia de Gutiérrez Torres llegó a preguntar a Pereira si las personas que prestaban su testimonio eran sometidas previamente a pruebas de tipo psicológico. Son preguntas como ésta las que muestran de manera descarnada el absurdo de que la Historia pase por la Justicia[44].

Este caso fue reconducido por el propio Pereira, quien para evitar problemas mayores y al tener noticia de que la familia del exalcalde «andaba en abogados» decidió introducir matices que aligeraban el texto inicial en la versión más extensa que hizo. De ahí que finalmente la demanda solo fuera contra el texto publicado dentro de las actas del Congreso de Memoria de 2003. Como en el caso que veremos a continuación, Dionisio Pereira recibió, entre otros muchos, el apoyo de varios historiadores gallegos, que prestaron testimonio durante el juicio. Uno de ellos, Lourenzo Fernández Prieto, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago, recuerda la agresividad ignorante del acusador, obsesionado por demostrar que Pereira no era un auténtico investigador sino un indocumentado que acusaba sin pruebas. Fue tal su actitud que hasta la juez tuvo que pedirle que fuera más prudente. Todo ello en una sala presidida por un escudo franquista.

Finalmente, la historia de Grimaldos y los Rosón nos lleva a la Transición, pues no cabe duda de que existe un fondo común entre las demandas de la década de 1980 y ésta de ahora. De hecho, la base de la información que las provoca es la misma: el misterioso anónimo titulado «Biografía de un truhán», fuente de los artículos publicados por José Luis Morales en Interviú en 1978 y también del apartado del libro de Grimaldos objeto de la reciente querella. Y como título de ambos el mismo: «Los Rosón, azote de Galicia». Las peculiaridades de este caso impiden entrar más a fondo en él, ya que parece no ser posible captar por ahora las conexiones existentes entre los diferentes escritos y sus posibles autores. De hecho, Grimaldos ni siquiera alude en su libro a las primeras demandas. Desde luego, la sentencia no le admitió el carácter de «reportaje neutral». No obstante, lo peor, dadas las líneas de continuidad que el caso de los Rosón mostraba, es que recriminara al autor haberse metido en «un tema de tanta sensibilidad general como la Guerra Civil y la Transición». Es esto precisamente lo que no se podía perdonar a Grimaldos: desvelar la trastienda de la Transición y el protagonismo que en ella tuvieron personas abiertamente relacionadas con el golpe militar de julio de 1936 y con la represión fascista. Una vez más se ponían en duda las fuentes utilizadas por Morales o Grimaldos al pretender exponer una historia para la que no podía haber otras fuentes que las orales. En esta ocasión, en apoyo de Grimaldos, declaró la historiadora Mirta Núñez Díaz-Balart, quien recordaba la agresividad del abogado de los Rosón y se preguntaba si abogados como éste u otros mencionados no se guían en su modo de comportarse por las decenas de juicios vistos en el cine y no precisamente en un modelo como Atticus Finch, el inolvidable personaje creado por Harper Lee en su obra Matar a un ruiseñor e interpretado por Gregory Peck en el filme homónimo de Robert Mulligan.

CONCLUSIONES

La Historia es objetiva pero no imparcial.

JOSEP FONTANA

Sería interesante realizar un trabajo de derecho comparado para saber cómo se tratan, en el ámbito europeo, los conflictos entre los derechos de expresión e información y el derecho al honor, y más concretamente en países de pasado complejo como aquellos en los que la experiencia fascista dejó honda huella o incluso en Francia con la etapa del régimen colaboracionista de Vichy. La particularidad española respecto a esos países es que los golpistas de 1936 se perpetúan en el poder hasta la muerte del dictador, en 1975, y que son sectores procedentes del franquismo los que controlan la transición política. Al fin y al cabo, los nazis y los fascistas, aunque ni en Alemania ni en Italia se depuraran responsabilidades más allá de ciertos niveles, perdieron la guerra y se adaptaron a los nuevos tiempos aprovechando numerosos resquicios que les permitieron mantenerse en centros de poder. Pero eran conscientes de haber perdido: el fascismo había sido derrotado a sangre y fuego. La cúpula nazi se suicidó o cayó más tarde en el proceso de Nuremberg. La imagen del cadáver de Mussolini colgado por los pies en una plaza de Milán debió de helar la sangre a más de uno en España, único islote fascista tras la Segunda Guerra Mundial. Así pues, el fascismo quedó en entredicho y cada país, en la medida de sus posibilidades y según el nivel de la trama de complicidades, desarrolló una legislación de revisión del pasado durante las décadas siguientes.

Aquí la historia fue diferente. Dos años después de la muerte de Franco y un año antes de la aprobación de la Constitución, se decretó una amnistía que borró de un plumazo el pasado. Pero, por más que en un lado de la balanza estuviera el terrorismo etarra, lo que realmente desaparecía como por arte de magia era el pasado fascista, que era el único con el que no se sabía qué hacer después de cuatro décadas de dictadura. La decisión se presentó como fruto de la reconciliación nacional y con el tiempo llegaría a presentarse como uno de los logros más preciados del llamado «espíritu de la Transición». El modelo de transición que va tomando forma entre 1973 y 1978 tiene aspectos positivos para todas las fuerzas que participaron en el proceso, beneficiadas en mayor o menor medida, pero olvida la memoria democrática y olvida que en más de medio país no hubo «guerra civil» alguna, sino simplemente golpe militar y plan de exterminio. Y que en el resto hubo golpe militar fallido, guerra civil y la gran purga jurídico-militar de posguerra.

Es decir, ignora la última experiencia democrática destruida por el fascismo, hecho que para los que estuvieron de acuerdo en dejar de lado el pasado tiene otra lectura: según ellos, hicieron lo que hicieron precisamente porque habían aprendido la lección del 36. ¿Y cuál es la lección del 36? Algo que había calado en la mayor parte de la sociedad española después de la larga dictadura, efecto de la propaganda: la Segunda República, que tantas esperanzas había concitado, no lo hizo bien y condujo al país a un desastre. Y a la propaganda se une algo más: el miedo. No había que provocar a la bestia porque aún era fuerte y podía hacer daño. Así pues, lo que salió de aquel trance histórico sería consecuencia de décadas de propaganda unilateral y del miedo acumulado. De esto y de que de algún modo había que salir de aquel callejón sin salida.

Los partidos empiezan a ajustarse a las posibilidades en juego y entre éstas ninguno contempla la reivindicación del pasado democrático, lo que justificarán diciendo que, ante todo, había que asegurar el futuro. Solo así se explica que unos y otros aceptaran sin inmutarse que ningún partido pudiera presentarse a las primeras elecciones con la palabra república o derivados en su nombre. Se mataba de esta manera en origen la posibilidad de que en el Parlamento existiese un partido político que enlazase con la rica tradición del republicanismo español.

En definitiva, lo que significó la «lección del 36» para esta gente fue asumir que la República se equivocó y se excedió en diversos aspectos, lo que resultó fatal, y que, por lo tanto, había que ser cautos y posibilistas para no molestar a los poderes establecidos. Su evolución posterior, ya en el poder y formando parte del sistema, los apartó aún más de la que debió ser la obligada memoria de la República. Lógicamente, en consonancia con lo que se viene diciendo, nada se hizo en relación con las víctimas de la represión franquista y lo que se hizo, con un nombre que no dejaba ver el verdadero objetivo de la ley, solo contempló la compensación económica y eso después de obligar a las familias a demostrar la desaparición del familiar. Y cuando a partir de 1997 la gente se decidió por su cuenta, en muchos lugares de España, a recordar a sus muertos y darles sepultura digna, tanto el Gobierno como las élites políticas miraron para otro lado y en muchos casos hicieron lo que estuvo en sus manos para frenar esas iniciativas, convencidas como estaban de su improcedencia e inoportunidad. ¿Acaso no sabía ya todo el mundo que «la Guerra Civil» estaba superada por decreto oficial? Fueron años en que hablar de aquello resultaba molesto. Sencillamente aquello no existía.

Tras este proceso de negación del pasado se ocultan varias claves que afectan a lo que aquí se ha tratado. Es el modelo de transición el que al cerrar el pasado en falso deja en total abandono e indefensión a los que van a acercarse a él para contar lo ocurrido. La Transición blinda el derecho al honor del fascismo español y deja intacta su memoria, y, al mismo tiempo, olvida el derecho al honor y el derecho a la memoria de las víctimas del golpe militar y del terror que asoló el país hasta el final de la resistencia armada en la década de 1950. Ya hemos visto a lo largo de estas páginas que el honor de los vencidos no cuenta. La inmensa mayoría de los consejos de guerra franquistas representaron un ataque frontal al derecho al honor de quienes fueron obligados a pasar por ellos y, sin embargo, a ningún juez ni instancia judicial se le ha ocurrido nunca solicitar su anulación en bloque. Es más, lo que ha hecho la Justicia es negar las solicitudes individuales de revisión y anulación argumentando que con los valores y derechos democráticos no podemos atravesar la barrera de 1978. Sin embargo, con esos mismos valores y derechos sí se puede sentar en el banquillo y condenar a alguien que supuestamente haya manchado el honor de personas involucradas en hechos ocurridos en 1936. Evidentemente, la Justicia que así actúa está escorada hacia la derecha o su tendencia es ésa.

Al mismo tiempo y en consonancia con lo que se viene diciendo, fue Rodolfo Martín Villa, falangista y ministro de Gobernación en 1977, quien ordenó la destrucción de los archivos del Movimiento. No serán los únicos fondos documentales en desaparecer, pero su pérdida resulta irreparable. Y esto ocurre por la absoluta desprotección legal en que se encontraba —y se encuentra: pensemos en los fondos judicial militares— la documentación, ya que no habrá una Ley de Patrimonio Documental hasta 1985. En ella se contempla como proyecto la creación de una Ley de Archivos, de la que aún estamos a la espera. Esto supone, entre otras cosas, que del destino de los documentos generados por la Administración del Estado solo podemos pedir cuenta a partir de 1985.

Así pues, olvido y silencio, y destrucción y abandono de la documentación. Esto es lo que hizo la Transición con el pasado reciente. Es muy probable que de no haber sido destruidos los expedientes personales de quienes dieron vida al Movimiento, algunas de las demandas expuestas se hubieran cerrado en breve. Hubiera bastado con acudir al expediente personal y comprobar el historial para situar a algunos en el contexto adecuado. Y no porque en los expedientes se detallaran los crímenes en los que participaron, cosa impensable, sino porque ofrece con detalle el marco cronológico, el currículum y el grado de implicación en «la gran tarea» del Alzamiento. En los informes y documentos sobre miembros de Falange, las actividades represivas se ocultan detrás de frases hechas como «participó en tareas de limpieza» o en «obedeció cumplidamente cuanto se le ordenó». Sobre todo si esas frases informan sobre la etapa inmediatamente posterior a la implantación del golpe militar. Sin duda hubiera sido interesante poder ver los expedientes de los Rosón, los de los catalanes de Burgos, los de los alcaldes franquistas mencionados, los de la banda del «Sargento Veneno» o los de la familia Reales, pero no será posible a no ser que por algún motivo, como en el caso de Gila Boza, aparezca algo en un sumario.

Basta leer la Constitución para comprobar que en la Justicia no puede radicar la solución al problema que tratamos: el artículo 18 garantiza el derecho al honor y a la propia imagen y el 20 reconoce el derecho a la libertad de expresión y de información. No puede recaer en los jueces la decisión sobre si un trabajo de historia está bien hecho o no, o si la interpretación es la adecuada; ni si la metodología utilizada es la apropiada o por el contrario hay otra mejor. Sobre todo porque la Justicia no está capacitada para ello, ni le incumbe. Solo el historiador, el investigador o el documentalista saben el valor y la fiabilidad de un testigo. Y solo ellos son conscientes del recorrido que han hecho para llegar a una serie de conclusiones, lo que queda a la vista en notas, bibliografía, fuentes, etc. Y concretamente sobre represión, los que la hemos investigado, sabemos que los que se sumaron al golpe voluntariamente o a la fuerza, tarde o temprano, se vieron implicados en las diferentes facetas de las tareas represivas, porque la represión, ante todo, es trabajo: realizar listas, detener, fichar, encerrar, interrogar, torturar, trasladar a los presos en camiones, asesinar, abrir fosas, meter dentro a los muertos, rociarlos con cal viva esperando la siguiente tanda, tapar la fosa, limpiar la sangre allí donde haya quedado y nuevamente a empezar. Y este trabajo, que en España duró años, requiere el concurso de mucha gente en diferentes niveles. Un juez demócrata debería al menos ser consciente de que si todo esto no llegó a manos de la Justicia es por la larga duración de la dictadura y por el modelo de transición.

Es posible que en un principio —pienso en la época de UCD— los jueces aceptaran gustosos la tarea de velar por el pasado glorioso (caso de Vivas Marzal y su «inoportuna e infeliz recordación»), e incluso es posible que hoy haya jueces —algún caso se ha visto aquí— que crean que frente a la amenaza de la memoria histórica ese pasado debe seguir siendo protegido, pero no puede comprenderse que a estas alturas esto pueda seguir ocurriendo en una sociedad democrática normalizada. Aunque a renglón seguido hay que decir que, sin duda, una vez superado el ciclo 1976-1981, ha sido la dejación de los políticos la que ha pasado el problema a manos de la Justicia.

Y es que si los políticos hubieran cumplido su deber a la hora de proteger la documentación y ponerla al servicio de la sociedad la situación sería muy diferente. Y si existiera hace ya años una política nacional de archivos medianamente coherente y éstos estuvieran bien dotados y con el personal adecuado todo hubiera ido mejor. Y si los fondos documentales que aún conservan, o deben conservar, si es que no los han destruido, el Ejército, la Guardia Civil y la Policía hubieran pasado a depender ya hace tiempo de archivos del Estado y de personal cualificado del Cuerpo Facultativo de Archiveros nada sería igual. Y si los gobiernos democráticos y los partidos hubieran clarificado en algún momento, y no como una mera declaración formal forzada por las circunstancias como en noviembre de 2002, su condena del golpe militar y de la dictadura, y su asunción de los valores democráticos representados por la Segunda República, sería otra muy diferente la memoria de aquellos hechos. No olvidemos que la raquítica política de memoria que se ha hecho en España no hubiera existido de no ser por la presión social que se inició a finales de la década de 1990. Si fuera por los diferentes gobiernos y por los partidos políticos seguiríamos como en la Transición.

Bajo esta perspectiva, los avatares de los periodistas, documentalistas, investigadores e historiadores que hemos visto pasar por estas páginas son fruto del modelo de transición que se impuso y de las políticas de olvido aplicadas en España desde la Transición hasta nuestros días. ¿Tiene sentido acaso que en medio del tímido intento por establecer cierta política de memoria sigan celebrándose juicios por ataques contra el derecho al honor (la mitad de los casos tratados son posteriores a 2005)? ¿Se puede consentir que un juez prohíba el acceso a las memorias de una persona porque se le acerque alguien que le dice: «Oiga, es que están diciendo de mi abuelo esto…», cuando resulta que «mi abuelo» fue el primer alcalde fascista de O Grove gracias a un salvaje golpe militar? ¿Acaso merecen que su honor sea respetado personas que se sumaron con todas sus consecuencias, si es que no participaron en los preparativos, a una conspiración armada contra un régimen democrático y se vieron involucrados de una u otra forma en el proceso represivo? No deja de llamar la atención que el señor juez de Cambados mencione como argumento justificador de cara a prohibir testimonios como el de Ramón Garrido lo siguiente: «[…] es grave que los descendientes de uno y de otro se encuentren tomando el café». Sin embargo, el juez Carballal no se acuerda del tiempo eterno en que los familiares de las personas asesinadas por los fascistas en O Grove y en toda España tuvieron que convivir día a día no ya con quien dice que tu padre es un asesino sino con los propios asesinos.

Conviene recordar que de no haber concluido la guerra con la derrota republicana todos ellos, militares y civiles, hubiesen sido tratados como lo que fueron: delincuentes, y muchos hubieran acabado en la cárcel. Pudieron jactarse de tener las leyes de su lado durante la dictadura, pero la democracia no puede consentir que esa burla se perpetúe. No se trata ahora, como dicen algunos con sorna, de darle la vuelta al resultado del golpe militar, de la Guerra Civil y de la dictadura, sino simplemente, desde el tiempo que nos ha tocado vivir, de situar a cada uno en el lugar que le corresponde y que merece.

Resulta significativo que, entre los casos tratados, ninguno de los acusados de implicación en la represión sea militar. Y digo esto porque la apertura a la investigación de las Auditorías de Guerra nos han permitido saber que, aunque los ejecutores fueran falangistas, requetés, guardias civiles o soldados, la represión se organizó invariablemente bajo control militar, bien por las delegaciones de Orden Público como por las comandancias militares de cada localidad, donde las «fuerzas vivas» elaboraban las listas de personas que otros debían detener y asesinar. La mayor parte de la gente solo percibía esta fase final del proceso, ignorando por completo el modo por el que el nombre del familiar había ido a parar a la lista. Naturalmente es más fácil dar los nombres de los que se vieron que los de aquellos que se mantenían ocultos o era gente de paso como los comandantes de puesto.

Nunca podrá compensarse a los protagonistas de esta obra los años de preocupaciones y sinsabores que se les ha hecho pasar. Porque no olvidemos que la Justicia es lenta y su camino de recursos y contrarrecursos muy largo y estrecho. Y por si fuera poco, la Justicia es imprevisible: dio la razón a Violeta Friedman, José Casado, Dolors Genovés, Marta Capín y Dionisio Pereira, y se la quitó a Fernando Ruiz Vergara, Ramón Garrido, Santiago Macías, Emilio Silva y Alfredo Grimaldos[45]. Ninguno merecía lo que se le vino encima por un hecho, fruto de la valentía y del compromiso personal, que en una sociedad democrática solo debería merecer la aprobación. Olvidaron las exigencias de Vivas Marzal: «[…] relatos rigurosamente históricos, imparciales y no destinados al común de la gente». Aquí radica parte del problema: la historia de la represión se ha hecho precisamente para el común de la gente. No deja de ser llamativo que de las diez demandas tratadas —exceptuando los casos de Violeta Friedman y de Amparo Barayón— la mayor parte proceden de Andalucía (4) y Galicia (3), dos de las zonas donde la represión fascista fue más dura y donde ha sido más investigada. Obsérvese, por otra parte, que la mayoría de las demandas remiten a territorios donde el golpe triunfa y la represión es inmediata.

¿Cómo medir el desgaste personal de quienes durante años se han visto sometidos a la enorme presión de las leyes por haber mantenido tal o cual cosa, de quienes han visto en entredicho su trabajo y su profesionalidad, de quienes han sido sometidos a agresivos interrogatorios por el mero hecho de haber actuado como transmisores de lo que otros les contaron? No hay forma de medirlo. Nada ni nadie les compensará. Lo único que se puede hacer es evitar que pase a otros, lo que habrá que intentar de dos maneras: admitiendo la realidad de lo ocurrido en 1936 con todas sus consecuencias, derogando la amnistía de noviembre de 1977[46], y garantizando la libertad de investigación y de información. Está en juego la libertad científica y algo más. Termino con estas palabras de María Emilia Casas Bahamonde:

La posibilidad de que los contemporáneos formemos nuestra propia visión del mundo a partir de la valoración de experiencias ajenas depende de la existencia de una ciencia histórica libre y metodológicamente fundada. Sin diálogo con los juicios de los demás (con los del historiador, que es lo que aquí importa) no resulta posible formar el propio juicio. No habría tampoco espacio —que solo puede abrirse en libertad— para la formación de una conciencia histórica colectiva.

CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS «O DEREITO A SABER, A LIBERDADE INVESTIGAR. A REPRESIÓN FRANQUISTA EN GALIZA» (O GROVE 19-22 DE SEPTIEMBRE DE 2007)

Los hechos a los que se llegue a través de la metodología científica de la Historia no pueden ser enjuiciados por los Tribunales de Justicia, amparando también al científico-historiador los derechos de libertad de expresión y de libertad de creación científica para mantener opiniones o críticas subjetivas sobre tales hechos y sus causas y consecuencias.

Proponemos que se incorpore a todas las actuaciones legislativas y administrativas los principios descritos en el Informe de Diane Orentlichar como ampliación de «conjunto de principios actualizados para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad» de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su 61.º período de sesiones.

Es preciso el apoyo institucional manifiesto al movimiento por la recuperación de la memoria.

Proponemos que a los historiadores y asociaciones que trabajan en la recuperación de la memoria de los hechos acontecidos entre 1936 e 1978 se le reconozcan legislativamente los siguientes derechos específicos:

—Acceso sin restricciones a todos los archivos.

—Acceso a todos los lugares de interés para sus investigaciones.

—A producir y obtener las pruebas pertinentes para la reconstrucción de la Memoria y del honor de las víctimas.

—Amparo judicial inmediato para cuando esté en peligro algún tipo de prueba que pueda valer para reconstruir la memoria relativa a ese período histórico.

—Auxilio económico del Estado para todas las actuaciones dirigidas a probar hechos o actividades relativas a este período y de las que se deriven violaciones de los derechos humanos.

—Garantía, conforme al procedimiento que se establezca, de poder conservar el anonimato de las fuentes que proporcionen, o puedan proporcionar, datos de acuerdo con los criterios amparados por la ciencia histórica.

Finalmente, consideramos que es básico el establecimiento de puntos de encuentro, redes de unión, entre historiadores, investigadores y colectivos de recuperación de la memoria y divulgadores de la represión franquista, con el objetivo de cooperar con más intensidad, manteniendo total solidaridad ante los encausamientos judiciales de los afectados.

O Grove,

22 de septiembre de 2007

Notas

[1] Una sucinta exposición de estos argumentos se encuentra en el artículo de Rodolfo Martín Villa titulado «Carta a los Reyes Magos», publicado en el diario El País en su edición de 3 de enero de 2009. Allí, el falangista que ocupó varios cargos en la dictadura hasta llegar a ser gobernador civil y jefe provincial del Movimiento en Barcelona (1974), después ministro del Interior con la UCD, alto comisionado para el Prestige con el Gobierno del PP y, actualmente, presidente de la empresa Sogecable, lanza —en medio de un alegato en favor de la Transición— afirmaciones del siguiente tenor: «Algunas de las víctimas de la represión franquista fueron antes verdugos»; «si se abriera causa para depurar las responsabilidades de las Juntas Militares constituidas por quienes se sublevaron o de los primeros gobiernos franquistas, habría que hacerlo en paralelo para depurar aquellas en que incurrieron dirigentes republicanos»; «no reiterar el poco edificante espectáculo de aquellas esquelas de uno y otro lado que se han podido ver recientemente y que más bien servían para identificar verdugos que para exaltar a los muertos»; «además de resistencia, hubo sobre todo, al final de los maquis, no poco de bandidismo»; «vosotros [refiriéndose a los comunistas españoles] estuvisteis siempre en el antifranquismo, aunque no siempre, como alguno de nosotros, en la democracia». <<

[2] En el debate parlamentario que se produjo al calor de la aprobación de la conocida como Ley de Memoria Histórica se expusieron los argumentos de quienes —frente al silencio y el olvido impuesto por la Transición— abogaban por la implantación de políticas públicas de la memoria en España. El desarrollo de ese debate puede seguirse en Martín Pallín, J. A. y Escudero, R., eds., Derecho y memoria histórica, Madrid, Trotta, 2008, pp. 9-18. <<

[3] Navarro, V., Bienestar insuficiente, democracia incompleta, Barcelona, Anagrama, 2002, p. 25. <<

[4] Véase esta conclusión en el artículo de Santos Juliá «¿Una memoria antifascista?», publicado en la edición del diario El País del 26 de abril de 2008. <<

[5] Es el desconocimiento de esta vertiente política —o activista, si se prefiere— del concepto de memoria histórica lo que le lleva a afirmar a un historiador como Stanley G. Payne lo siguiente: «“Memoria histórica” ni es memoria ni es historia. Lo que se llama “memoria histórica” o “colectiva” no es tal cosa, sino una versión, o versiones, creadas por publicistas, patriotas, activistas políticos, periodistas o hasta por algunos historiadores interesados. Se trata esencialmente de mitos o leyendas creados acerca del pasado. Pueden tener alguna dosis de verdad empírica, o ninguna. La memoria es individual y subjetiva, nunca es “histórica” o “colectiva” como tal. La historia, en cambio, no se basa en memorias individuales subjetivas, sino en la investigación intelectual de los datos empíricos que sobreviven del pasado» (entrevista publicada en el diario ABC el 17 de diciembre de 2006). <<

[6] Véase en este sentido Andrea Greppi, «Objeciones y comentarios: Democracia y antifascismo», en Claves de Razón Práctica, n.º 184, julio-agosto de 2008. <<

[7] Ello impide, por ejemplo, que quepa incluir bajo el amparo de la Ley de Memoria Histórica a aquellas personas que formaron parte del bando del ejército rebelde. Éste fue el caso de los marroquíes que participaron entre las tropas franquistas, a quienes —frente a la petición del marroquí Centro para la Memoria Común y el Porvenir— no cabe reconocer el carácter de víctimas merecedoras del amparo de la citada ley. Véase su página web: www.memoirecommune.org. <<

[8] Una tesis contraria es la que sostiene Santos Juliá, quien califica la memoria histórica como la proyección «hacia atrás de una amnistía general que permitiera mirar hacia adelante». Véase su artículo «Año de memoria» (El País, edición de 31 de diciembre de 2006), donde añadía lo siguiente: «Esa historia compleja […] es lo que el Gobierno, en su culto al adanismo, no tuvo en cuenta cuando se embarcó en un proyecto de ley denominado, en sus primeros pasos, de memoria histórica. ¿Y qué es memoria histórica en un país dividido a muerte por una guerra, en la que hermanos —de sangre, nada de metáforas— tomaron partido contra hermanos? Cuando un país se escinde, la memoria compartida solo puede construirse sobre la decisión de echar al olvido el pasado: ése es el sentido de la amnistía general, como Indalecio Prieto y José María Gil-Robles lo comprendieron ya desde los primeros años de la posguerra». <<

[9] Véase un análisis pormenorizado del contenido de este derecho en José María Sauca: «El derecho ciudadano a la memoria histórica: concepto y contenido», en Martín Pallín, J. A. y Escudero, R., eds., Derecho y memoria histórica, op. cit., pp. 89-102. <<

[10] Lo cierto es que más de un año después de la entrada en vigor de esta Ley sus previsiones están siendo desarrolladas muy lentamente. Véase una somera descripción de este desesperante proceso de puesta en marcha de la Ley en Rafael Escudero: «Un año de Ley de Memoria Histórica» (Público, edición de 26 de diciembre de 2006). <<

[11] Un análisis detallado de la forma como el Tribunal Constitucional español aborda los conflictos entre derechos fundamentales, así como el recurso al llamado juicio de ponderación como forma de resolución de los mismos, se encuentra en Luis Prieto, Justicia constitucional y derechos fundamentales, Madrid, Trotta, 2003, pp. 175-216. <<

[12] Véase un análisis crítico de la decisión de la Audiencia Nacional en Javier Chinchón: «La actuación de la Audiencia Nacional en la investigación y juicio de los crímenes contra la humanidad cometidos en la Guerra Civil y el franquismo», La Ley 129/2009, n.º 7102, edición de 28 de enero. <<

[13] Martín Pallín, J. A.: «Los muertos han aprendido a esperar», El País, 20 de marzo de 2009. <<

[14] Véase esta conclusión en el artículo de Margalida Capellà: «Desaparecidos, ¿hasta cuándo?», publicado en la edición del diario El País del 13 de septiembre de 2008. <<

[15] Esta sentencia, cuyo ponente fue la magistrada María Emilia Casas Bahamonde, contó con un voto particular discrepante del entonces presidente del Tribunal Manuel Jiménez de Parga, al que se adhirió el magistrado Roberto García-Calvo. Como muy bien hace el autor del libro, conviene recordar las circunstancias familiares y personales de ambos magistrados, en la medida en que pudieran ser determinantes del sentido de su opinión. <<

[16] Carlos Trías Bertrán, secretario de Falange, declaró como testigo en la fase de instrucción del consejo de guerra que condenó a muerte en Burgos al político catalán Manuel Carrasco i Formiguera. Su participación en este proceso, junto a la de otros catalanes residentes en Burgos en 1938, dio lugar al «caso Dolors Genovés» analizado en este libro. <<

[17] Véase su artículo «Amnistía como triunfo de la memoria» (El País, 24 de noviembre de 2008). En él dice que «la sustancia» de la amnistía de octubre de 1976 fue «sacar de la cárcel a todos los presos de ETA y, a cambio, extender la amnistía a autoridades, funcionarios y policías». También que, con este motivo, «se habló de la Guerra Civil, de la dictadura, de las torturas y sufrimientos padecidos, se trajo el pasado al presente, pero con la intención de darlo por clausurado y cerrar una larga etapa de la historia. La Guerra Civil había en verdad terminado, comentó la prensa al día siguiente». Al final, como prueba de que no se impuso «una tiranía de silencio» y a falta de algo mejor que mostrar, remite a la revista Interviú y a la serie de artículos que a finales de la década de 1970 dedicó a la represión franquista, lo que está al mismo nivel que si para demostrar que en la España de los años noventa se seguía hablando de represión pusiera como ejemplo el «Quién sabe dónde» de Paco Lobatón, donde con frecuencia, entre el abuelo que salió a dar un paseo y no volvió, y la muchacha que huyó de casa buscando nuevos horizontes, raro era el programa donde no se colaba de rondón «un desaparecido de la Guerra Civil». Naturalmente la audiencia subía. Pero lo único que provocaba en los investigadores de la represión aquel programa era indignación, ya que no representaba otra cosa que la válvula de escape de una sociedad impedida de recuperar el pasado oculto por las vías adecuadas. <<

[18] La cita procede de El Correo de Andalucía, 17 de junio de 1982. La tomo de De Río Sánchez, Angel, Otras víctimas de la transición. Persecución, secuestro y censura del filme «Rocío» de Fernando Ruiz Vergara, pendiente de publicación. <<

[19] Vivas Marzal, alto cargo de la magistratura y de abierta ideología franquista, fue conocido entre otras cosas por actuar de ponente y confirmar la sentencia de la Audiencia en el caso de la mujer condenada «por delito consumado de escándalo público» a un mes y un día de arresto mayor y 20 000 pesetas de multa por practicar el nudismo en una playa del norte y negarse a vestirse cuando la policía lo exigió. Esto ocurrió ese mismo año 1984. <<

[20] La copia que se distribuye actualmente ha recuperado la huella de la censura por expreso deseo del autor: www.hamacaonline.net/obra.php?id=496. <<

[21] Resumo, en la primera parte, los capítulos finales del libro de Violeta Friedman Mis memorias, Barcelona, Planeta, 2005. <<

[22] En su número 69 de julio de 2008, la revista Sapiens incluyó un artículo sobre Léon Degrelle, pp. 22-31, titulado «Operació Degrelle: el segrest imposible», firmado por Jordi Finestres, Carlos Collado y Josep Maria Solé i Sabaté. Pese a aludir a diversos aspectos de la vida del nazi belga y aunque algunos datos podrían hacer pensar que se han consultado las memorias de Violeta Friedman, no hay en el artículo la más mínima referencia a la derrota de Degrelle ante ella ni a sus memorias. <<

[23] La frase, tomada del punto 4 de los fundamentos jurídicos, remite a la STC 28/1982, de 26 de mayo, FJ 2. En ella se desestima el recurso de un antiguo militar de la República para que le sean reconocidos sus derechos según decretos aprobados en 1936 y 1937. En la sentencia, cuyo ponente fue Rubio Llorente, se leía: «Al término de la Guerra Civil, cuya proyección jurídica es precisamente la ruptura del ordenamiento, se integraron en éste, como únicas normas válidas, las que efectivamente habían tenido vigencia en el territorio sustraído a la acción del poder republicano, a cuyas disposiciones no se les otorgó otra consideración que la de puros facta, no solo carentes de fuerza de obligar, sino susceptibles incluso de ser considerados como hechos delictivos. Ésta es la dura realidad de la historia que no puede ignorarse ni eludirse». <<

[24] En realidad, ambos ya conocían lo más importante del sumario, ya que siendo ministro de Defensa Narcís Serra la familia de Carrasco i Formiguera pudo verlo y fotocopiarlo. <<

[25] La Audiencia de Barcelona dio la razón a Ribas en 1998, aceptando que Sumaríssim 477 «tergiversó la realidad». En dicha sentencia pudo leerse que «de la lectura de la causa criminal no se desprende la veracidad de la afirmación categórica del reportaje según el cual Carrasco i Formiguera fue condenado basándose exclusivamente en el testimonio de ocho catalanes residentes en Burgos» y también que «el pretender dar la visión histórica de que su muerte fue debida a envidias, recelos e intrigas personales de un grupo de catalanes es tergiversar y prostituir la historia, en cuanto memoria colectiva de un pueblo» (véase El Mundo, 12 de mayo de 1998). Ribas dijo: «No se trata de defender a mi padre, sino la memoria de Cataluña»; también declaró que Dolors Genovés pudo consultar el archivo de su padre, lo que «le hubiera permitido actuar con la imparcialidad y la serenidad que nuestra historia y nuestra catalanidad merecen» y añadió: «José Ribas Seva, mi padre, me enseñó desde niño que la guerra civil había sido una catástrofe para todos, y que no había ni vencedores ni vencidos. Me enseñó que todos perdimos y que lo importante era reconstruir Cataluña» (La Vanguardia, 19 de marzo de 1995).

También recurrió a la Justicia María Dolors Cruells: se mencionaba erróneamente a su padre, Manuel Cruells, como director del Diari de Barcelona y como autor anónimo de un artículo publicado en dicho diario en que se pedía «la cabeza de Carrasco». Dolors Genovés había tomado de un libro la referencia de que el director era Cruells, cuando en realidad lo era Marceluí Perelló. No obstante, aunque no director, Cruells sí fue redactor jefe. <<

[26] Debo el documento a Dolors Genovés. Salvo algunas tildes que he considerado conveniente añadir, he respetado su redacción original. <<

[27] Sender Barayón, R., Muerte en Zamora, Barcelona, Plaza & Janés, 1990, p. 160. <<

[28] Firmaban la carta Ramón y Andrea Sender Barayón; Magdalena Maes Barayón; Mercedes, Ignacio y Mónica Esteban Maes, y Ana Marín Esteban. <<

[29] Según me dice Cándido Ruiz, investigador de la República y el golpe militar en Zamora, el año pasado el Ayuntamiento, a propuesta del Círculo Republicano Zamorano, dedicó varias calles a personas relacionadas con la experiencia republicana asesinadas a consecuencia de la sublevación, entre otras a los «Hermanos Barayón». Sin embargo, la prensa local no informó de quiénes eran esas personas ni de cuál fue su final. <<

[30] Miguel Angel Mateos publicó ocho artículos sobre este asunto entre febrero y abril de 2005. Aquí solo se publicará el primero. Supongo que los interesados podrán encontrar los demás en la hemeroteca del periódico. <<

[31] Debo este documento a la amabilidad de Mónica Lanero Táboas. El libro de Agapito Modroño Alonso Víctimas de la represión en Villalpando, 1936-1939 (Benavente, Ed. El Autor, 2005) no contiene ninguna alusión a estos hechos. En la polémica en torno a las declaraciones de la nieta de Almendral, Modroño tomará partido por Miguel Angel Mateos y hablará de «celos entre historiadores». <<

[32] La periodista Tereixa Constenla le dedicó un artículo titulado «El músico que odia a Wagner», en el que se leía esta curiosa frase: «Pastor habla de su experiencia con cierta distancia, como haciendo el recuento de algo que han vivido otros aunque lo narre en primera persona» (El País de Andalucía, 24 de marzo de 2004). Su colega granadina Lola Quero no captó el «distanciamiento» y contó que durante un año Pastor estuvo dedicado en Mauthausen al transporte de «carretas repletas de cadáveres» (El País de Andalucía, 3 de octubre de 2002). <<

[33] Otro hijo de Álvarez Lores, de nombre Joaquín, aunque apoyaba la postura de los hermanos, no participó en la denuncia. Se trata de Joaquín Álvarez Corbacho, exalcalde comunista de O Grove y actualmente miembro del PSOE. <<

[34] Véase el artículo de Oscar Iglesias, «Un silencio de setenta años», El País (ed. gallega), 12 de marzo de 2007. <<

[35] Marco, Aurora, Ramiro Paz Carvajal (1891-1936). Unha vida segada pola barbarie, Noia, A Coruña, Ed. Toxosoutos, 2003. <<

[36] «La historia oral llega a juicio», José Andrés Rojo, El País, 2 de junio de 2008. <<

[37] Esta, nacida en 1921, publicó hace unos años un libro titulado Julio de 1936. Lo que yo viví (Madrid, Nuevos Escritores, 2006), en el que narra lo ocurrido a su familia. Enmarca el asesinato de su padre en el clima creado desde Radio Madrid. Adjudica a Dolores Ibárruri Pasionaria la siguiente arenga: «¡A matarlos! ¡Coged vuestras hoces y vuestras escopetas y matarlos, que ahora no se pagan esos crímenes!» (p. 33). Lo explica remitiendo al «odio acumulado durante años que ahora, sin freno que lo sujetase, ejecutaba a los que ostentaban la representación de los valores cristianos o la adhesión a las fuerzas contrarias a la desintegración de España» (p. 47). Y lamenta el estado actual del país: «Otra vez las dos Españas, que La Pilarica nos proteja» (p. 50). Concluye: «Hemos aprendido a recordar sin rencor y hasta me atrevería a decir que olvidamos los agravios» (p. 73), en lo que dice que puede haber influido el hecho de que su hermano Miguel esté en proceso de beatificación por ser considerado «Mártir de la Fe» (según dice murió gritando «¡Viva Cristo Rey!»). Y cierra así: «He contado todo esto porque cuando estamos empeñados en superar esta barbarie, últimamente aquellos que tanto han llamado al olvido, parece que se recrean en aventar de nuevo los odios, sacando a la luz pública el recuerdo de abuelos y antepasados víctimas de una guerra civil y por tanto, de injusticias patentes, como si de un galardón se tratase; como si ser descendiente de quienes cayeron víctimas de ese maremagnum terrible, fuera una nueva clase de nobleza. […] La “memoria histórica” es de los dos lados, que no se la quieran apropiar unos solos (el lado perdedor que ahora es el ganador). Los míos no murieron para ser escarnecidos y despreciados. Murieron asesinados sin juicio previo, dejemos a todos tranquilos en sus tumbas. Creo que es lo justo» (p. 74). Resulta significativo que no mencione en ningún momento el consejo de guerra que juzgó los sucesos en los que el padre fue asesinado ni la intervención de la madre en él. <<

[38] Silva, E. y Macías, S., Las fosas de Franco, Madrid, Temas de hoy, 2003, pp. 212-213. <<

[39] El primero fue publicado dentro de las Actas do Congreso da Memoria, Narón (Pontevedra), 2003, y el segundo por la Asociación «Verbo Xido»-Xunta de Galicia en 2006. <<

[40] Artículos de Rocío García en La Voz de Galicia de 16 de mayo de 2008 y 2 de julio de 2008. <<

[41] En la sentencia se leía que no había sido posible identificar al autor de un encabezado o entradilla, ajenos a Morales y que decía: «Son los Rosón plaga de Galicia, ahora encastillada en puestos tan privilegiados como el Gobierno Civil de Madrid y la presidencia de la Xunta de Galicia. Allí están sus trapitos. ¡Menudos trapitos!». <<

[42] El texto de «Biografía de un truhán», con los nombres propios incompletos o reducidos a iniciales, puede leerse en Bacigalupo, E. y otros, Casos prácticos de la jurisprudencia penal, Madrid, Ceura, 1986, 2.ª ed., pp. 220-225. <<

[43] E-mail, 9 de febrero de 2009. <<

[44] Véase una parte del juicio en www.youtube.com/watch?v=ETIGkxKZ74k. <<

[45] Es interesante observar cómo en lo referente a la exhumación de fosas se produce un fenómeno parecido. Hay jueces que admiten a trámite las denuncias de familiares sobre la localización de familiares en fosas comunes, con lo cual el Estado corre con todos los gastos, y otros que se niegan a actuar. Entre las primeras, María del Carmen Santos González, la primera juez que admitió una denuncia y se hizo cargo de la apertura de una fosa en Piedrafita de Babia; Rosa María Serreta, que se encargó de la fosa descubierta en Gordaliza del Pino (León); Jesús Marina, que llevó adelante la identificación de los restos hallados en la fosa de Otero de los Herreros (Segovia), y Julio Álvarez Merino, titular de Talavera de la Reina, bajo cuya mirada se abrió la fosa de Pepino. Entre quienes se negaron a aceptar las denuncias y a abrir fosas se encuentran: Olga Ruiz, en Viguera (La Rioja); Macarena del Rosal, en Santaella (Córdoba); y dos casos más en Asturias, Mónica Casado Gobernado y Beatriz Serrano Diez (tomo esta información de Ana María Pascual, «Los otros “Garzones” de la Memoria Histórica», en Interviú, 6 de octubre de 2008). <<

[46] Que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pese a las apariencias, sigue insensible a estas demandas puede verse en una noticia aparecida en estos días en que se concluye este trabajo: «El Gobierno defiende ante la ONU la Transición y la amnistía de 1977» (M. Sáiz-Pardo, Colpisa, Madrid, 3 de febrero de 2009). Esta constituye la respuesta del Gobierno a la solicitud hecha por la ONU en octubre de 2008 en el sentido de derogar la amnistía «para que los tribunales pudiesen perseguir, sin impedimento legal, los crímenes del franquismo» y «porque esa norma choca con la máxima internacional de que “los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles”» (informe aprobado en la 94.º reunión de comité que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que apoyaba la Ley de Memoria Histórica y la investigación iniciada por el juez Baltasar Garzón). Dice la noticia: «El Ejecutivo, con una contundencia inusual en diplomacia, contestó a esa recomendación con un escrito en el que “lamenta” que el Comité se haya metido en un asunto que “desconoce” y recuerda que la Ley de Amnistía, que no va a ser derogada, fue un pilar de la Transición». Le achaca además «desconocimiento del origen y significación social de la Ley de Amnistía». Y concluye: «El Estado español quisiera resaltar que el Comité está descalificando una decisión respaldada por toda la sociedad española y que contribuyó a la transición a la democracia», recordando también que «la citada ley fue una demanda de toda la oposición democrática» y «fue una de las primeras leyes aprobadas por consenso por las mismas Cortes que aprobaron la Constitución de 1978». «Además —añade— no solo la sociedad española, sino también la opinión pública mundial, es conocedora y ha respaldado siempre el proceso de transición en España que fue posible, en parte, gracias a dicha ley». <<