PRÓLOGO

Este libro nace de la impresión, tan contundente como extendida, de que nuestro país tiene una necesidad imperiosa de empezar de nuevo, de hacer un reset, en (casi) todos los ámbitos de la vida pública. Lo que empezó siendo una crisis económica, hace ya ¿cuántos años?, ¿seis?, se ha descubierto como algo mucho más amplio y profundo y preocupante, que empieza a tener visos de cambio de época. Hemos llegado a acostumbrarnos al asombro que provocan unos casos de corrupción que en el mejor de los casos señalan demasiados políticos indignos de su cargo. A este mal que deseamos que no sea endémico, se suma la incapacidad de los representantes del Estado para hacer política, como se espera de ellos, en ninguno de los ámbitos en que es no necesaria, sino urgente. Los mercados son demasiado grandes y demasiado agresivos para acotarlos, las tímidas soluciones de izquierda se confunden con unas recetas de derechas que, por lo demás, se han revelado ineficaces, y, al mismo tiempo, la tentación secesionista es cada vez más apetitosa en Cataluña, el populismo es una palabra que vuelve a circular en las tertulias para señalar fenómenos como el de Podemos y descubrimos que Bruselas, capital de la Europa que un día significó el fin del oscurantismo franquista, no tiene un plan consistente para sacarnos de esta...

Ante la confusión y la angustia que produce una situación como la que describimos, no hemos querido caer en la tentación, como el boxeador bisoño, de pedir al entrenador que tire la toalla para dar el combate por perdido. Al contrario, convencidos de que el conocimiento nos hará mejores personas y mejor sociedad, nos hemos querido seguir instruyendo. Con este propósito, hemos pensado que resultaría un ejercicio interesante sentarnos a la mesa con dos analistas políticos y sociales de primer orden dispuestos a entender, por un lado, a qué es debida esta crisis social, política y económica que estamos atravesando y, por otro, qué podemos esperar en un futuro, ya sea de los agentes sociales en los que habíamos confiado hasta no hace tanto tiempo, ya sea de otros nuevos agentes. Y para nuestra sorpresa, feliz sorpresa, Fernando Vallespín y Joan Subirats no solo se han mostrado como dos rigurosos analistas, algo que, al fin y al cabo, se presupone a dos catedráticos de Ciencia Política con amplio reconocimiento académico, sino también dos mentes abiertas, llenas de imaginación, que permiten establecer conexiones imprevistas y entrever soluciones que la actualidad solo deja apuntadas, como la ventana abierta por la que entra una luz que hoy resulta más necesaria que nunca.

Vallespín y Subirats se adentran en este libro en diversas temáticas, a veces de una actualidad tan candente que puede haber cambiado cuando tú, lector, leas el libro —¿a qué velocidad se transforma la situación catalana?, ¿con qué fuerza crece cada semana Podemos?, ¿quién puede adivinar quién será imputado mañana?—, y lo hacen con la valentía de quien no aspira a sentar cátedra, sino a compartir sus ideas, sus inquietudes y su experiencia para entender mejor el mundo en el que vivimos. Y si resulta admirable esta generosidad intelectual, se puede decir lo mismo del ejercicio de la política, en su sentido más noble, que realizan estos dos analistas. A pesar de no coincidir en todos los aspectos que han sido objeto de análisis, y que hemos dividido en tres bloques fundamentales —España y Europa, instituciones y participación—, han tenido la apertura de miras, cuando no el mero sentido común, de buscar un consenso para encontrar soluciones o, cuando menos, análisis conjuntos, que nosotros, desde la labor editorial, hemos convertido en un texto unitario con voluntad integradora, esperando no haber ido demasiado lejos en la «cocina» de sus ideas y convicciones. En el cuarto apartado, eso sí, hemos reservado un espacio para que cada uno, a modo individual, conteste un cuestionario, donde puede profundizar, matizar y vaticinar según sus propias ideas, libremente.

Esperemos que este ejercicio, donde el pensamiento se sobrepone a la desesperación, donde la política le gana la partida a la confusión, donde el optimismo es fundamentado y la duda siempre es legítima, te sea útil a ti, lector, como ha sido para nosotros, los editores.

ESPAÑA

1. La formación de los partidos políticos

Para abordar con garantías los problemas de la política española nos detendremos durante unas páginas en los partidos (tanto de derecha como de izquierda) que tradicionalmente han sido los principales protagonistas de la política en los Estados-nación. Con este propósito en mente haremos un pequeño recorrido histórico para explicar cuándo y por qué surgieron, y analizaremos si siguen cumpliendo con su función o están obsoletos.

Fijémonos primero en que la noción misma de «partido político» es algo contradictoria. Un partido por definición recoge las ideas y defiende los intereses de apenas una parte de la ciudadanía, pero tiene como aspiración gobernar al conjunto de la sociedad, a todos los ciudadanos.

La democracia moderna aprueba y presupone que gobernará a la sociedad entera un grupo que solo representa a una parte. En las elecciones se debate a qué parte de la sociedad, representada por un partido político, se le concede la posibilidad de gobernarnos al resto. Este es el principal motivo por el que el mismo partido que durante la campaña electoral ha hecho lo imposible por distinguirse del resto de «partes» contrincantes, en cuanto gana, se cuida mucho de prometer y asegurar que no va a gobernar pensando solo en los intereses de los suyos.

Los partidos aparecen para resolver un problema fundamental: si nos preguntasen a todos y a cada uno de los ciudadanos en disposición de votar sobre los múltiples aspectos que plantea la realidad, tendríamos que barajar un número de respuestas imposible de manejar, además de informarnos como expertos en una cantidad inabarcable de asuntos. Esta variedad potencialmente inmensa se reduce a esquemas que engloban los principales objetivos comunes. Cada uno de estos esquemas (conjunto de objetivos que puede asumir como propios un grupo determinado de personas) corresponde a un partido político.

Los partidos políticos son una solución pensada para organizar una gestión política efectiva de manera continuada: como no vamos a poder estar en todas las decisiones ni disponemos de los conocimientos técnicos para resolver los asuntos (ni siquiera para elaborar una opinión propia), lo que hacemos es delegar en unos representantes especializados.

Cuando se asiste a una asamblea (que sería un sistema de decisión con un espíritu distinto al que anima a los partidos políticos), pronto se aprecia que las personas que comparten determinados objetivos se agrupan en cuanto pueden para defender mejor sus argumentos. Casi de manera inexorable, las asambleas, donde cada persona tiene voz propia y representa un voto, tienden a partirse en grupos muy parecidos a partidos según opinen una cosa u otra.

Los partidos políticos no siempre han estado previstos por la teoría política ni nacieron con la democracia. Rousseau prefería hablar de facciones con intereses comunes ante un asunto concreto antes que de una representación estable de los intereses de una sociedad fraccionada, que es lo que vendrían a escenificar los partidos.

El primer parlamento que definió dos amplios partidos estables fue el inglés, aunque bien es cierto que apenas representaban a una pequeña élite, el 4 % de la población. Con un gesto pragmático, se dieron cuenta de que era beneficioso para la gestión efectiva del Parlamento agrupar los distintos objetivos en grandes ideas-fuerza a la que podían sumarse los parlamentarios en función de sus intereses y de sus opiniones predominantes.

Así fue como surgieron los partidos que representaban dos orientaciones ideológicas que de alguna manera siguen vigentes en nuestros días: los tories y los whigs. Los primeros se presentaban como un partido tradicionalista, interesado en mantener la estructura del poder político tal y como estaba, mientras que los segundos se definían como un partido más liberal, interesado en abrir el sistema político e incorporar en la representación parlamentaria a un número cada vez mayor de ingleses.

Con los matices y variaciones propias de cada región y de cada época, los tories y los whigs se repiten con otros nombres en todos los parlamentos en representación de las dos grandes ideas-fuerza, de los dos grandes impulsos bajo los que se agrupan la mayoría de votantes en las democracias occidentales: los espíritus conservadores, que pretenden dejar las cosas como están, y los espíritus progresistas, que pretenden que el estado de cosas presente evolucione. Los primeros no confían en los cambios, mientras que los segundos están convencidos de que los cambios pueden mejorar la sociedad. De estos dos grandes impulsos se deriva la distinción entre derecha e izquierda.

2. Una izquierda «conservacionista» y una derecha «progresista»

Aunque en la calle seguimos hablando de partidos de derecha y de izquierda, y todos reconocemos qué siglas políticas aspiran a ser consideradas en un sentido o en otro (y cómo cumplen o incumplen ese propósito), lo cierto es que empiezan a apreciarse algunos cambios en su manera habitual de proceder.

Hasta hace bien poco identificábamos sin esfuerzo la derecha con el conservadurismo y la izquierda con el progresismo. Hoy en día nos encontramos con la paradoja de que los partidos de izquierda, los más progresistas, pueden verse como partidos conservadores o conservacionistas entregados a mantener a toda costa un Estado del bienestar que parece bajo amenaza.

Se trata del resultado de un proceso histórico: una vez se han alcanzado buena parte de las aspiraciones corrientes de la izquierda, esta se impone la tarea de preservar sus logros, de mantener lo conseguido.

Parte de los problemas que tiene la socialdemocracia europea es que su motor progresista, su capacidad para pensar el futuro, se ha ralentizado porque se ha visto en la obligación de desviar parte de su energía y de su esfuerzo a defender y apuntalar un Estado del bienestar en peligro. Se podría decir que los partidos progresistas se han vuelto conservadores, aunque sería preferible llamarles conservacionistas para distinguirlo del conservadurismo de los partidos de derechas, cuyo conservadurismo se aplica más bien a los valores morales y a los privilegios de quienes son propietarios del capital o de los sistemas de producción.

Frente a estos nuevos partidos socialdemócratas conservacionistas, los partidos asociados a la derecha y a la defensa de la tradición adoptan una actitud aparentemente más liberal: no tienen miedo de romper con el Estado del bienestar, convencidos de que si lo recortan, la ciudadanía se beneficiará de más «progreso» que si se intenta mantener, como defiende la socialdemocracia, el statu quo actual a toda costa.

La situación política en la que nos encontramos es muy interesante y novedosa: tenemos una izquierda que pretende ser intervencionista y conservadora en cuestiones económicas, cuando no lo es para nada en asuntos de moral, y una derecha que predica el liberalismo económico pero que es sumamente conservadora cuando se trata de las tradiciones establecidas y de cuestiones éticas.

Si lo pensamos detenidamente, llegaremos a la conclusión de que la derecha termina siendo tan conservacionista como la izquierda. La diferencia entre ambas maneras de entender la política y el mundo sigue viva, no se ha desvanecido, aunque por primera vez en la historia moderna coincidan en la conveniencia de preservar todo lo que Europa ha logrado. El matiz está en que, mientras la derecha pone el acento en conservar la producción y el beneficio, la izquierda está preocupada (o debería estarlo) por conservar las privilegiadas políticas sociales que tanto distinguen Europa de buena parte del resto del mundo.

3. «No nos representan»

En paralelo a este proceso por el que se está desdibujando la tradicional oposición entre partidos de izquierda y partidos de derecha, se aprecia en España la formación de un nuevo eje que opondría a gran parte de la ciudadanía contra la mayoría de los partidos políticos profesionalizados.

Desde que empezó la crisis, nos hemos acostumbrados a ver en manifestaciones, en actos sociales y en protestas la queja de que los partidos «no nos representan», es decir, que no cumplen con la principal función que tienen encomendada y que es su razón de ser. Algo así como acusar a un avión de que no vuela o a una rueda de que no gira.

En cuanto a los partidos políticos, la crítica a que «no nos representan» quiere decir por lo menos dos cosas:

1) Que los partidos no están cumpliendo el contrato implícito que tenemos con ellos. Dicen que harán unas cosas, y luego hacen lo que les da la gana. Dicen que nos ayudarán, y luego nos perjudican. Lo que se les exige es que al menos no lo hagan en nombre de los ciudadanos, porque no nos están representando.

2) Tampoco nos representan porque son «distintos». Tienen privilegios que no están al alcance de los ciudadanos corrientes y se han desentendido de los problemas cotidianos. No nos representan porque viven en otro mundo. Los elementos de democratización de la actividad política (salarios, coches oficiales, dietas, sueldos vitalicios, inmunidad...), pensados para que todos pudieran acceder a la condición de políticos, y que no pudieran ser discriminados por sus opiniones, quedar anulados por una acusación injusta, para poder moverse sin costes por el territorio y no perder el pulso a la ciudadanía... Todos estos elementos se han ido engrosando de manera incontrolada hasta perder su razón de ser y percibirse como auténticos privilegios injustificables que les han separado de los ciudadanos de a pie, a los que ya no pueden representar porque ya ni siquiera saben cómo son.

La combinación de estos dos factores parece motivar que amplias capas de ciudadanos sientan y declaren que los partidos tradicionales no cumplen su función principal, que ya no son intermediarios útiles para hacer política.

Sea como sea, la principal novedad que ha supuesto la idea de que «no nos representan» es que ahora mismo la principal confrontación política en España ya no la protagonizan dos partidos en el interior del mismo sistema, sino que es el propio sistema quien se enfrenta a la oposición de agrupaciones de ciudadanos (asambleas, plataformas, mareas...) que apuestan por recuperar las esencias de la democracia (libertad, justicia social, igualdad de oportunidades), que consideran perdidas o abandonadas. Estos ciudadanos disconformes están exigiendo retornar a una política que no sea un mero reparto de poder y de cargos, sino que sintonice con las preocupaciones e intereses del votante corriente: que reconozca sus problemas y debata soluciones viables.

Esta clase de ciudadano disconforme que está emergiendo ya no se limita a escoger un partido el día de las votaciones. Se resiste a que su participación política se limite a apoyar en las urnas el «paquete de opiniones o de intereses» con el que aprecia mayores coincidencias, o al candidato que le parece más simpático. Las voces de estos ciudadanos parecen reprocharle al conjunto de partidos: «Usted ya no me representa a mí, sino a los intereses de su partido o a intereses distantes, cuando no ajenos, a los ciudadanos de su país; y me rebelo ante la propuesta de seguir financiando y dando apoyo a un sistema que no me protege ni se preocupa por mí. Y como usted no me hace caso, voy a buscarme mis propias vías».

Estamos ante un proceso nuevo en las democracias modernas. No sabemos la proyección ni la continuidad que puede tener. No se trata de una propuesta de programa, sino de un desafío normativo. Ya no se trata de elegir entre un abanico de partidos dentro de un sistema cuyas normas comparten todos los aspirantes, sino de valorar seriamente el cambio de algunas de esas mismas normas.

4. La burocracia de los partidos

El principal hándicap de los partidos políticos es que, aunque aspiran a mandar sobre todos los ciudadanos, una vez han alcanzado el poder, solo representan a una parte de la sociedad. Aun así, ¿cómo es posible que unas organizaciones pensadas para «partir» una sociedad y representar una de las partes resultantes sean acusadas por amplios espectros de la ciudadanía de no representar a nadie? Para entender mejor cómo se ha llegado a esta situación conviene retroceder de nuevo en la historia.

Si echamos la vista atrás, parece evidente que los partidos afrontaron su primera transformación cuando se amplió el derecho de sufragio (primero a todos los varones, después a todos los ciudadanos mayores de edad). Hasta ese momento, si bien ya existía una distinción entre partidos tradicionalistas y progresistas, lo cierto es que en buena medida se trataba de «partidos» que representaban a la misma élite, la más privilegiada, por lo que sus diferencias eran de matiz. De ninguna manera se le hubiese ocurrido a nadie hablar de lucha de clases.

Esta situación de partida estalló con la Revolución industrial. Masas de ciudadanos que pertenecían a clases sociales distintas a las que habitualmente se disputaban el gobierno se ganaron el derecho a tomar partido en la actividad política. En el parlamento se escenificó por primera vez la fractura social que divide a la sociedad real. La política representativa deja de ser una pugna entre dos facciones de un mismo estamento y se convierte en una lucha entre dos grupos sociales con intereses contrapuestos: aquellos que tienen el capital y aquellos que venden fuerza de trabajo. O si se prefiere, y para simplificar: entre obreros y capitalistas.

En este momento se recrudece y se modifica el debate político: por un lado, afecta a un mayor número de ciudadanos y, por otro, el tema de discusión principal pasa a ser la desigualdad social. La política trata de reajustar el hecho de que una minoría de ciudadanos se quede con la mejor parte del beneficio que procura el trabajo de la mayoría. Esta «contradicción» de la que habla Marx es la que intenta reajustarse en el debate político, en buena medida para impedir una insurrección. La política de partidos consiste, desde ese momento, en dirimir cómo se han de repartir el producto y los beneficios que obtiene una sociedad.

Los partidos empiezan en ese momento una transformación interna de la que quizás estamos viviendo la última etapa. Cuando apenas representaban a grupos de nobles con distintos puntos de vista, solo necesitaban una organización interna mínima, se apoyaban en un aparato realmente muy reducido. Después de la Revolución industrial empezaron a representar a auténticas masas, y las exigencias organizativas se incrementaron. Los partidos europeos (en los Estados Unidos, curiosamente, han seguido sosteniéndose con una organización relativamente limitada), especialmente los de izquierda, empiezan a perfilar un núcleo dirigente del que depende tanto la política como la organización, y alrededor del cual se va desarrollando una burocracia interna cuyo cometido fundamental consiste ya no tanto en atender las demandas y proteger los intereses de los ciudadanos a los que representan, como en garantizar el buen funcionamiento y la propia supervivencia del partido en un entorno de exigencia y competitividad entre otras opciones políticas.

La figura del noble que entra y sale de la actividad política, que acude al parlamento de manera amateur en representación de otros nobles de su mismo círculo y de ideas parecidas (a los que libra así de acudir en persona), da paso a la figura del especialista que empieza a sacar un provecho económico de su trabajo en el partido. La profesionalización de la política supone el desarrollo en el interior del partido de una burocracia especializada cuyo principal cometido (e interés) es conservar el partido vivo.

Así es como los partidos generan una doble lealtad: una dirigida hacia los votantes que representan, y otra, ensimismada, que apunta hacia sus propias necesidades. Esta doble lealtad no tiene por qué ser antagónica, pero se corre el riesgo de que los intereses de unos y otros entren en contradicción. Se abre así la posibilidad de que, llegado un caso de conflicto, el partido caiga en la tentación de favorecerse: de anteponer los intereses de los profesionales que sirven al partido al de los ciudadanos a los que se había comprometido a servir.

Cuando se cae en esa tentación, cuando se antepone la propia supervivencia a los intereses de los ciudadanos, cuesta volver atrás, porque es muy difícil renunciar al propio interés. Con el paso de los años, esta práctica va solidificando una suerte de funcionariado burocrático en el seno de los partidos. Con una diferencia importante con la administración pública: un ciudadano tiene derecho a ser informado de cómo funciona un departamento funcionarial, pero no tiene derecho a saber cómo se organiza una sección de un partido ni cómo se financia ni de dónde saca los recursos. La estructura interna de un partido no está sujeta a los criterios de transparencia ni a la exigencia de rendir cuentas a la que deben someterse los cargos y las autoridades públicas. No sabemos quién obedece ni quién manda. Un partido es una entidad completamente opaca para el ciudadano, incluso para el que dice representar.

Esta circunstancia se agrava cuando ese partido gana unas elecciones. En ese momento ya no solo se priva al ciudadano de saber la cantidad de recursos públicos que consume ni a qué la destina, sino que al incrustarse en la administración la va contaminando hasta transmitirle su propia opacidad. Cuando la burocracia de un partido ocupa una administración, le impone sus dinámicas y mecanismos y en poco tiempo será casi imposible que el votante logre enterarse de por qué se decide construir un pabellón deportivo o celebrar un concierto. Tampoco se sabrá con qué criterio se decide la cantidad destinada a una determinada obra ni la composición de la comisión encargada de concederla. Toda esta información tan importante para controlar la acción democrática, se escapa. La administración pública (encargada de recaudar y gestionar los recursos que nos pertenecen a todos) pierde su transparencia.

Los partidos no solo trasladan a las administraciones públicas su opacidad de procedimientos: también integran a muchos de sus «funcionarios». Cuanto mayores sean las ambiciones de un partido y el peso de su organización interna, mayor es la profesionalización de las personas que trabajan para el partido, hasta el punto de que se crea una clase política que vive del sueldo del Estado pero cuyo cargo depende de la discrecionalidad del partido. Como el partido no puede pagar a un número ilimitado de funcionarios propios, y como esta clase de trabajador puede tener dificultades para integrarse en el mercado laboral (porque su gran virtud es la lealtad política), la tentación pasa por reubicarlo dentro de la administración pública.

Así es como se generan sumisiones (la lealtad hacia quien lo colocó), clientelismo (grandes presupuestos a manejar con los que se pueden recabar apoyos futuros) y también el establecimiento de una doble jerarquía cuya lógica le impone al secretario general de un partido que no solo debe ser un buen líder político con ideas efectivas y capaz de conectar con la sociedad: tiene que ser también un buen jefe de su propia burocracia, debe dirigir el juego de incentivos y sanciones con que gobierna el hipertrofiado grueso de funcionarios que lo sostienen a él y a su partido.

En consecuencia, los partidos se alejan cada vez más de los intereses de sus representados para defender los de sus cuadros internos, con el agravante de que difícilmente el partido de la oposición denunciará estos procesos viciosos, pues él mismo estará imbuido de ellos. Se crea así la sospecha (probada en muchas ocasiones) de que, pese a representar a sectores de la ciudadanía con puntos de vista muy diferentes sobre los problemas prioritarios de una sociedad y del modo de resolverlos, estos partidos mayoritarios encuentran un área de complicidad y de intereses comunes precisamente allí donde menos benefician a los ciudadanos: donde la administración pierde transparencia y se entorpece su funcionamiento. Cuando se aplican a estos intereses comunes, los partidos tradicionales ciertamente dejan de representar a nadie que no sea su propia gente, esto es, a ellos mismos.

5. La inercia de la mediocridad

Otra consecuencia negativa para el ciudadano que se desprende de la burocratización interna de los partidos es que no favorece para nada que alcancen cargos de responsabilidad los individuos más capaces o con más talento político.

Buena parte de la izquierda europea cifra sus esperanzas en la aparición de algún líder que encamine de manera realista y efectiva las reclamaciones de más justicia social e igualdad en las políticas de la Unión Europea. No es necesario argumentar demasiado que, en partidos tan burocratizados como lo están a día de hoy el PP y el PSOE, la capacidad de liderazgo sea una cualidad que favorezca el ascenso en la estructura interna.

La mejor manera de escalar o de progresar dentro del aparato del partido ya no es destacar por tener una personalidad propia o defender puntos de vista novedosos e imaginativos, sino por acatar la cadena de mando. El respeto a la burocracia interna y profesionalizada es la «lealtad» más apreciada. El problema actual de nuestros partidos ya no es que no fomenten el liderazgo sino que a la preparación y al talento parecen anteponer (con las inevitables excepciones) la mediocridad y la sumisión.

En una gran mayoría de casos (dada la decidida apuesta de los partidos por «alimentar» a sus burócratas), cuanto más cerca se esté de las personas que controlan el aparato del partido, más posibilidades habrá de obtener un buen cargo cuando el partido tome el poder. La atribución casi automática (como un movimiento reflejo) de cargos públicos de confianza según la posición que uno ocupa en la jerarquía interna del partido provoca que no siempre sean las personas más adecuadas las que se conviertan en responsables de embajadas, ocupen secretarías generales o presidan comisiones.

También aumenta el número de asesores o cargos de confianza, difíciles de explicar si no se está al corriente de estas dinámicas internas. Desde el momento en el que el cargo de confianza que uno ocupa en la administración depende más del juego de alianzas de la burocracia interna que de los méritos y la formación, se está reforzando el seguimiento ciego a lo que diga el inmediato superior. Así es como la inercia de mediocridad que impera en el interior del partido (en su organización burocratizada) se traslada a la cúpula politizada de la administración pública.

Cuando un partido releva a otro en el poder, los cargos de confianza afines al que ha perdido las elecciones desocupan la administración y entran nuevos militantes del partido ganador, con sus propios juegos de alianzas y nuevas deudas y lealtades que recompensar. Estos cambios son gravosos para el Estado y no permiten que la maquinaria administrativa actúe bien engrasada, pero sobre todo suponen un problema entre los militantes burocratizados. El que tenía una embajada de primer nivel, el secretario general o el presidente de una comisión no pueden aspirar de ninguna manera a un cargo equivalente en la vida privada, y se ven obligados a lo que en el argot político se llama «hacer pasillo», una fórmula que define de manera bastante gráfica la nueva actividad con la que ocupa sus días. Esto es, ir de despacho en despacho para que se acuerden de él, reintegrarse en el aparato burocrático, depender de las subvenciones..., todo ello mientras apoyan a una facción interna del partido cruzando los dedos para que sea la mejor posicionada cuando llegue la hora de volver a gobernar, de volver a repartir puestos en la administración.

6. Listas abiertas

Como suele ser habitual cuando se trata de problemas políticos, no hay una respuesta sencilla y clara que permita solucionar la burocratización de los partidos y sus problemas derivados: ausencia de liderazgo y ocupación de la administración pública.

Un paso importante hacia la mejora de estas situaciones de estancamiento sería intentar profesionalizar lo máximo posible las administraciones públicas. Se trataría de perfilar con claridad y limitar de manera estricta los cargos públicos que pueden ser ocupados por políticos, y dejar el resto de posiciones del escalafón en manos de profesionales que con independencia de su ideología hayan ganado unas oposiciones o progresado en la carrera de funcionario por méritos propios. Se trataría de aplicar algo que ya funciona en los cargos medios e inferiores (que no son golosos para los burócratas de los partidos, ni por remuneración ni por influencia) a los altos cargos, los más cercanos a cada ministro.

Se trata de un modelo que funciona en países como Dinamarca y que permite que algo tan importante para un país como su cuerpo de funcionarios quede inmune a los cambios de partidos en el poder, evitando así que cristalicen zonas opacas en la administración. El gobierno (que nunca tiene más de cuatro años seguros de mandato) contaría con un equipo de profesionales leales y bien preparados, que habrían accedido al cargo por sus propios méritos. Si además se redujera por ley el número de asesores y de cargos de confianza, los dirigentes se verían libres de la presión y de la tentación de «colocar» a sus afines más leales. Sería una manera de asfixiar la endogamia por escasez de asientos.

Otro método posible para desactivar el clientelismo y poner en marcha un sistema meritocrático es el de las listas abiertas. La ventaja de este sistema es que facilita la posibilidad de que concurran a las elecciones personas ajenas al aparato del partido (lo que siempre ayuda a airear las atmósferas viciadas), y también es un mecanismo para que personas de mérito adquieran visibilidad sin tener que pasar años sometidos a las ideas de sus superiores (un efecto que también se logra parcialmente con las elecciones primarias).

Pero, por mucho que se aprecien los beneficios de las listas abiertas, también es bueno que reparemos en los problemas que conllevan. El más relevante es que debilitan a los partidos ante la opinión pública.

En este aspecto, los votantes nos comportamos de manera un tanto contradictoria: se podría decir que los partidos nos despiertan sentimientos encontrados. Por un lado, queremos que no sean bloques homogéneos, queremos que haya debate de ideas y que esas disputas sean visibles, que estén intelectualmente vivos. Pero, por otro lado, los contemplamos con cierta desconfianza si el debate se enreda, si la disputa entre facciones se prolonga. En casos así, empezamos a pensar que no pueden ser partidos eficaces, dudamos de que puedan gestionar bien los asuntos públicos si son incapaces de poner orden en su propia casa.

En el momento en que las paredes de un partido se vuelven transparentes es muy difícil mantener ante el votante la imagen de eficacia que le exigimos. Cuando abrimos las listas, cuando escenificamos el debate interno o promovemos las elecciones primarias, estamos fomentando el deseo humano de que cada uno destaque sobre sus compañeros. La unidad de partido se desdibuja, se aprecian perfiles distintos y emergen diferencias de fondo que pueden llegar a ser muy notables.

Las listas abiertas y las primarias son muy atractivas sobre el papel, pero quien apueste por ellas debe asumir el riesgo de que, antes de que aparezcan los primeros líderes, afloren personalismos o enfrentamientos enquistados.

Se trata de un riesgo leve, pero que los partidos no siempre quieren asumir por la sencilla razón de que un partido no puede sobrevivir sin votos, no puede plantearse vivir una temporada alejado del poder. Aquí asoma de nuevo la tentación de primar el propio interés (la supervivencia en el poder) a lo que convendría a los ciudadanos (un sistema de listas abiertas que pusiese coto a la burocratización clientelista).

Quizá convendría insistir en que la política de partidos ha alcanzado en España un nivel tal de endogamia, que probablemente la única posibilidad de regeneración pase por las listas abiertas. Tenemos que acostumbrarnos a vivir en una cultura política (como la inglesa o la alemana) más abierta a la discusión interna, donde sea compatible que los líderes sean leales a los principios ideológicos de su partido, y que al mismo tiempo dispongan de espacio para desarrollar una personalidad propia. Porque el problema ahora mismo en España es que nadie en una lista cerrada y bloqueada se siente responsable ante sus electores, sino ante los compañeros de partido, y en especial ante los superiores, por supuesto, que le han facilitado ese hueco en la lista que luego puede transformarse en un buen cargo en la administración. Los que concurren en listas cerradas son futuros diputados cuyos nombres y apellidos no importan porque apenas son una unidad impersonal dentro de la estructura de poder del partido. Para los ciudadanos sería mucho mejor poder dirigirse a alguien que responda con su nombre y su apellido de cada política concreta que propone o para la que vota en el Congreso.

7. La financiación de los partidos

La burocratización de los partidos supone un problema añadido. Cuando los partidos políticos aumentan de tamaño, necesitan incorporar cada vez más personas a su estructura, y al final no les basta con el dinero de los fondos públicos que les corresponde por ley ni con las cuotas de afiliados para cubrir el mantenimiento de todos los cargos. Los grandes partidos tienen un problema de financiación. Deben buscar recursos suplementarios (no contemplados en la ley y en ocasiones ilegales) para mantener su presencia en la sociedad y cubrir los gastos de sus organigramas.

La financiación es otra de estas situaciones en las que los partidos velan más por sus intereses que por los de sus representados, y en las que dejan de funcionar los sistemas de vigilancia interna. Tampoco puede esperarse que uno de los grandes partidos denuncie las prácticas del otro, pues ambos están interesados en que fluyan todas las fuentes posibles de financiación: su supervivencia depende de ello.

De manera que la ley de financiación que hemos tenido en España es muy poco clara: se les dotaba de un caudal considerable de dinero público, pero también hacía oídos sordos a cualquier otra vía de financiación privada.

El caso es que los partidos no solo se han beneficiado de la posibilidad de financiarse de manera legal con dinero público y privado, sino que también lo han hecho alegalmente. Durante décadas se tuvo dudas sobre un modelo de financiación demasiado opaco, al que se añadía la nada transparente actuación de unos funcionarios colonizados por los burócratas profesionales de los partidos, de manera que se estableció un caldo de cultivo muy propicio para una corrupción estable. Ahora sabemos que los principales partidos políticos se han financiado sistemáticamente de manera irregular. Los escándalos se han ido sucediendo uno tras otro: el caso FILESA para el PSOE, el caso Bárcenas para el PP, CiU y el Palau de la Música, las tragaperras del PNV...

En la mayoría de las ocasiones, el procedimiento era siempre el mismo: los cargos del partido empleaban su capacidad de conceder dinero público para desviar cantidades hacia un fin privado, la financiación del partido. Los partidos concedían a una empresa privada una obra pública o presupuestos para un monumento o para gestionar un servicio, y a cambio le pedían a la empresa privada que desviase un porcentaje del dinero concedido hacia la formación política correspondiente.

La necesidad de financiarse, una ley opaca y la codicia personal de los encargados de organizar las tramas son los factores responsables de que se haya creado a través del entramado de las concesiones públicas una corrupción institucionalizada que ahora va saliendo a la superficie y que es absolutamente inaceptable. El conjunto de estas tramas que han proliferado bajo las organizaciones de los principales partidos con representación en el Parlamento ha debilitado nuestro sistema democrático y la confianza en las instituciones.

El problema aquí no es exclusivamente el porcentaje concreto destinado a los partidos. La ley incluso podría haber contemplado esa posibilidad para financiar a los partidos. Sería una medida más o menos justa, más o menos discutible, pero la ciudadanía sabría a qué atenerse. Al ser una norma tácita, los ciudadanos no sabían cómo se financiaban los partidos ni en qué cantidades. Y esta opacidad es la que ha permitido que proliferase la picaresca y se creasen tramas pensadas para propiciar que los gestores de los recursos públicos trasvasaran dinero para fines privados (el caso de Bárcenas es en este sentido, en el mal sentido, ejemplar). Y esto es corrupción. Y las personas que al organizar estas tramas se han enriquecido con dinero público son delincuentes, además de sinvergüenzas.

Con la corrupción sucede algo paradójico: cuando no la vemos puede ser que no exista, pero también puede ser que funcione de manera tan engrasada o que se haya extendido tanto en una sociedad, que domine sus resortes y no la veamos. En el momento en que la corrupción aflora, y cuando nos desborda como en el momento actual, al menos podemos alegrarnos de que ciertos mecanismos defensivos estén alerta y sean efectivos.

Es posible que en estos momentos, en los que está saliendo a la superficie todo el lodo de la corrupción acumulada desde principios de la democracia hasta hoy, se estén dando los primeros pasos seguros hacia una reforma efectiva de los partidos y de sus sistemas de financiación. Aunque también es posible que la corrupción anide a tal profundidad en estos partidos que la única solución sea relevarlos por otros.

Por otro lado, esta manera de proceder también supone un excesivo gasto de dinero público. Al alimentarse los partidos de las concesiones, empieza a descontrolarse el gasto y, cuando los recursos no dan más de sí, el gobierno de la nación, los autonómicos, las diputaciones y las alcaldías apenas dudaron en endeudarse hasta las cejas (y endeudar a los ciudadanos de manera indirecta) para que esta rueda del beneficio no se detuviese, con los terribles efectos y costes, en lo económico y en lo social, que estamos experimentado.

Sea como sea, se trata de problemas que no son específicos de España. Se dan en todos los sistemas democráticos poco evolucionados, donde los partidos se sienten inseguros y no se tiene suficiente responsabilidad a la hora de gastar los bienes de todos. El Pentapartito italiano estalló por una cadena de casos de corrupción con un patrón muy similar al que ha devorado a los partidos españoles y, durante los noventa, Francia se vio sacudida por una serie de escándalos sonados. De hecho, no hay un solo presidente francés que no tenga un juicio pendiente. Esta clase de corrupción anida en cualquier partido donde se confundan las funciones públicas con los intereses privados, siempre que no estén claras las leyes de financiación de los partidos.

Pero debemos tener también muy presente que si le negamos la financiación pública a los partidos, es posible que intereses económicos particulares se beneficien de sus necesidades de financiación. Si no están claras qué empresas y con qué cantidades contribuyen a la salud económica de los partidos, les será más fácil imponer sus intereses privados a los de los ciudadanos y contribuyentes. Si asfixiamos a los partidos al negarles la posibilidad de financiarse con dinero público, las empresas privadas que más contribuyan a las arcas de cada partido tendrán el camino expedito para exigir beneficios políticos a cambio de su «generosidad».

Ya sea que nos inclinemos por un sistema de financiación público, privado o mixto, es urgente que los partidos se comprometan a ser escrupulosos y transparentes con sus cuentas y con las contrataciones públicas. Si ese compromiso no existe y no se refleja en una ley estricta, tarde o temprano la dinámica de funcionamiento propia de la política hará que se repitan los mismos comportamientos. Es decisivo que las nuevas leyes impongan que el tribunal de cuentas (ahora muy condicionado por su composición vinculada a los propios partidos) pueda tener acceso a la economía de los partidos (y quiénes y en qué cantidad los financian), y que cualquier ciudadano pueda consultar en el caso de una concesión pública qué empresas concurren y de qué presupuestos disponen y cómo los han gastado.

Con independencia de la opinión personal sobre qué peso ha de tener la administración en la actividad pública, parece claro que, cuanto mayor peso tiene el Estado, más se incrementa el riesgo de caer en el clientelismo y de que afloren casos de corrupción. Si queremos un Estado fuerte y con capacidad de intervención en la política y en la economía, entonces debemos procurarnos los instrumentos adecuados para redoblar la vigilancia.

8. Ley electoral: ¿representatividad o estabilidad?

Este crecimiento interno incontrolado y la opacidad que ha permitido establecer pautas de financiación ilegal (cuando no estimular la corrupción) lo reconocemos en los dos grandes partidos estatales, PP y PSOE, y en los dos partidos nacionalistas que han gobernado durante décadas su territorio autonómico, PNV y CiU.

Conviene que estudiemos con algún detalle cómo llegaron a hacerse tan grandes debido a que la crisis de representación por la que atraviesan estos partidos y la sensación de impunidad con la que se financiaron deriva precisamente de su extraordinario crecimiento. Para cumplir con ese propósito es conveniente que digamos algunas palabras sobre la ley electoral en España.

Los sistemas democráticos tienen que cumplir dos grandes funciones: la primera, como sabemos, consiste en representar a los ciudadanos; la segunda, en garantizar la estabilidad y la gobernabilidad. La democracia aspira a dos ideales difíciles de compaginar: la representación más amplia posible y la formación de gobiernos estables.

Desde la perspectiva de la representación, un sistema nos parece más democrático cuanto más refleja la pluralidad de sensibilidades políticas, cuantos más partidos estén representados en el parlamento. Pero si pensamos en la segunda función tendremos que reconocer que es más complicado gobernar de manera estable si el poder legislativo está fragmentado.

Tenemos ejemplos —Bélgica, Italia— de cómo un exceso de partidos puede dificultar la formación de un gobierno estable, abocando al país a una fuga de pactos y contrapactos, a la disolución continua de gobiernos y a un sinfín de elecciones anticipadas. Si no se concreta una mayoría suficiente, el país termina atravesando periodos de ingobernabilidad.

Algunos países, como el Reino Unido, han buscado un sistema que favorezca la estabilidad de gobierno de quien gana las elecciones, de manera que priman el bipartidismo. Esta vía no puede aplicarse en todos los países: es desaconsejable para aquellos Estados que tienen en su interior contradicciones internas, diferencias religiosas o étnicas muy marcadas. En esta clase de Estados, decantarse por un sistema bipartidista tendría demasiado coste social, al dejar fuera de las decisiones importantes voces que representan a segmentos amplios, aunque no mayoritarios, de población.

Holanda es un buen ejemplo de esta clase de países. En su interior conviven diversas minorías bien articuladas: calvinistas, católicos, liberales... Y como todos estos grupos tienen que participar y dejarse oír cuando se trata de cuestiones estructurales, los holandeses se han inclinado por un sistema más representativo y proporcional que el británico.

¿Qué opción es mejor? Pues depende mucho de las características sociológicas de cada país y de lo heterogénea que sea su población. Desde una mirada neutra, ambas opciones tienen sus pros y sus contras.

España venía del franquismo y durante la Transición se quiso acabar con dos demonios de un solo golpe: con la dictadura, por supuesto, pero también con los fantasmas de la ingobernabilidad que lastraron a los gobiernos de la Segunda República. Para eso se estableció un sistema electoral que antepusiera la estabilidad de los gobiernos, tanto es así que desde la Transición no ha habido ningún gobierno de coalición en nuestro país.

La ley electoral española busca dar estabilidad mediante un sistema que favorece a los dos partidos mayoritarios, alejándose de la perfecta proporcionalidad entre el voto popular y el reparto de escaños. Al contrario de lo que se piensa, tal mecanismo no recae exclusivamente en la denostada Ley d’Hondt, sino sobre todo en la designación de las provincias como distritos electorales con un mínimo de representantes.

Nuestro sistema evitaba los problemas de inestabilidad propios de una representación más proporcional, pero también creaba un paisaje de relaciones de poder algo artificioso. Como solo dos partidos estaban en disposición de gobernar, y era difícil de alcanzar la mayoría absoluta, el partido con mayoría simple se veía empujado a pactar con los partidos nacionalistas por encima de terceras opciones de ámbito nacional. Pese a la supuesta igualdad entre todas las comunidades autónomas, se acabó estableciendo una suerte de bilateralidad entre el gobierno central y los gobiernos del País Vasco y de Cataluña.

El acentuado bipartidismo en el ámbito estatal es el resultado de darle preferencia a la gobernabilidad. El principal problema de este sistema no es tanto la representatividad (que de alguna manera se respeta), sino que ha ido fortaleciendo al PP y al PSOE (que se alternaban como gobierno y como alternativa de gobierno), y también a los dos partidos nacionalistas, que, excepto en situaciones de mayoría absoluta, han tenido en la mano lo que los periodistas bautizaron como «llave de la gobernabilidad».

Además de alimentar el peso de estos cuatro grandes partidos, nuestro sistema de elecciones y de reparto de escaños también ha alentado la tentación de financiarse ilegalmente allí donde el partido conseguía el poder, pues la estabilidad facilitaba que las administraciones públicas se transformasen en proyecciones o prolongaciones de su burocracia interna.

Este proceso se aprecia también en el escándalo de la gran mayoría de las cajas de ahorros, que tan gravoso ha resultado ser para el contribuyente (las enormes deudas de estas entidades se han costeado mayoritariamente con recortes en el gasto público). Los partidos fueron situando en los consejos de administración de las cajas locales a gente de su aparato, cuando no a antiguos altos cargos, con el resultado de que entidades de gestión económica, dedicadas al crédito, el ahorro y la obra social, se transformaron en entidades al servicio de las necesidades de los partidos más poderosos.

Llegados a esta situación, parecería un beneficio para el ciudadano que se elaborasen leyes que contribuyesen a atenuar la concentración de escaños para los partidos más votados (de la que se benefician PP y PSOE en el ámbito estatal, y CiU y PNV en sus respectivas autonomías, pues estos partidos nacionalistas son claves para apoyar o coligarse con el ganador de las elecciones si no ha conseguido la mayoría absoluta). Pero el ciudadano debe tener claro que cualquier iniciativa emprendida en esta dirección supondrá pagar un coste de estabilidad: abrirá la puerta a un parlamento más fraccionado, más difícil de gobernar y más necesitado de debate y pactos, lo que para algunos supone más descontrol, mientras que otros lo interpretan como más democracia.

9. La naturaleza de la crisis

Parece evidente que la crisis de los partidos y la crisis económica se han alimentado mutuamente. Las políticas y las corruptelas de los partidos tradicionales han acelerado la crisis económica, y esta ha puesto de manifiesto la distancia abierta entre sus dirigentes y sus supuestos representados.

Sobre los motivos de la crisis, sus posibles soluciones y el tiempo que se prolongará o cuánto tardaremos en recuperarnos se han escrito y dicho muchas palabras, pero quizá sería conveniente precisar con detalle qué clase de situación estamos atravesando.

Existe cierto consenso en considerar que el capitalismo está sometido por sus propias contradicciones internas a periodos de expansión económica y a periodos de constricción. Se ha instalado la idea de que la crisis es una de estas fases alicaídas dentro del ciclo general, y que, cuando termine, la propia dinámica del capitalismo nos conducirá hacia un nuevo tramo de crecimiento económico.

Esta noción se aprecia en la clase de figuras o metáforas que emplean políticos y periodistas para caracterizar la crisis cuando quieren insuflar esperanza: «salir del túnel», «doblar el cabo de Hornos» o, como se le ocurrió a Artur Mas hace poco, «cambiar de rasante».

Debemos preguntarnos si esto es verdaderamente así, no dar por hecho que tarde o temprano la economía mejorará y que volveremos, como quien se confía a la fuerza de una ola, a estar pronto donde estábamos antes de que empezase. Algunos observadores piensan que no se trata de una fase recurrente dentro de un ciclo establecido, sino que nos enfrentamos a un cambio de escenario más radical, que el túnel no va a acabarse ni el cabo se va a poder doblar, sino que vamos a tener que aprender a navegar o a conducir en situaciones adversas, nuevas y que pueden prolongarse indefinidamente.

Tenemos que ser conscientes de que a la crisis económica se le suma un profundo cambio tecnológico que ha penetrado en ámbitos de la vida que la Revolución industrial y el fordismo fueron incapaces de penetrar. Algunos autores hablan de una Tercera Revolución industrial, la tecnológica, que supondrá alteraciones profundas en la producción, la distribución y el mercado. Como suele decirse, nada volverá a ser lo mismo o, si se prefiere, dicho de manera menos efectista: hacer lo que siempre hemos hecho no nos garantiza volver a donde estábamos antes.

La crisis y la revolución tecnológica parecen estar propiciando un cambio de época que va a afectar a la estructura laboral, económica y política del mundo. Si esto se confirma, los gobiernos no van a poder solucionarla aplicando (o adaptando) viejas recetas. Más que «solucionar» este nuevo orden de cosas, tendremos que aprender a «gestionarlo». No nos va a bastar con reducir el gasto unos meses (o unos años) hasta que pase la tormenta y podamos navegar con las velas desplegadas bajo un cielo despejado y sobre un mar sereno. Más bien vamos a tener que adaptarnos como podamos a una alteración persistente del clima. Este nuevo escenario va a obligarnos a políticos y ciudadanos a replantearnos cuáles son las nuevas metas y prioridades, y qué camino escogemos para alcanzarlos. Se impone desconfiar de los automatismos y volver a hacer política.

10. El futuro del Estado del bienestar

La crisis ha tenido numerosos efectos, pero, por su enorme incidencia en la vida de los ciudadanos y también por su valor simbólico, es conveniente que nos detengamos en la situación de deterioro que están atravesando en España una serie de conquistas sociales que hemos dado por seguras durante años y que han configurado lo que suele llamarse «Estado del bienestar».

Los ciudadanos se preguntan si los recortes que han padecido son puntuales o si se va a seguir así hasta desmantelar este sistema. La respuesta a esta pregunta no solo es importante para que cada uno dibuje el futuro de su vida, sino también como síntoma sobre la intención de los gobiernos europeos: ¿aspiran a una democracia que trabaje para conseguir una sociedad más libre, justa e igualitaria, o se conforman con mantener una democracia formal entregada al beneficio y la competitividad?

Lo primero que debemos reconocer es la excepcionalidad del Estado del bienestar europeo. Este carácter singular se puede contar en dos anécdotas. Hace poco un colega ecuatoriano que seguía de cerca los desvelos por preservar el Estado del bienestar decía: «Está bien que deis la batalla por él, pero esta vez no será a costa nuestra».

La frase ponía de manifiesto, con su tono medio en broma, medio de desafío, que el Estado del bienestar no es fruto solo del esfuerzo laboral e impositivo que hacen los europeos, sino también de las normas de intercambio que impusieron en el resto del mundo: compra de materias primas baratas y venta de productos manufacturados más caros. Una dinámica de mercado en la que Europa siempre ganaba.

Los países latinoamericanos están invirtiendo mucho en formación, al contrario que Europa. El objetivo es dejar de ser el vivero, la granja y el huerto del Viejo Continente, dejar de vender cacao y comprar chocolate para convertirse en vendedores de las tabletas con su correspondiente envoltorio.

La otra anécdota es más bien un dato. José Ignacio Torreblanca, en un artículo reciente, señalaba tres cifras claves: 6, 25, 50. Europa supone solo el 6 % de la población mundial, es el responsable de un 25 % de la producción total, y disfruta del 50 % del gasto social que se realiza en el mundo. La pregunta ante este desajuste es inevitable: ¿qué va a pasar en el futuro con estas cifras?

Y la respuesta más probable es que van a bajar todas. En primer lugar, el declive demográfico de Europa es un hecho imparable. En segundo lugar, desde que miles de millones de personas en todo el globo se han puesto a fabricar productos que antes solo se hacían en el Viejo Continente, este está perdiendo la batalla productiva. Por tanto, si estas dos cifras siguen bajando —la de la población mundial y la de la producción total—, será imposible mantener esa cifra del 50 % del gasto social del mundo.

Es inevitable que se produzcan ajustes y reequilibrios. El Estado del bienestar tal y como lo conocemos (es decir, la capacidad que los gobiernos nacionales tenían de compensar las desigualdades que suscitaba la competencia abierta en el mercado) va a ser difícil de mantener en su dimensión actual. Tanto la Unión Europea como la OCDE y el Banco Mundial están emitiendo señales muy negativas y nos hablan de innovación social y de la necesidad de ser «emprendedores» en la protección de los más débiles, los más desfavorecidos y los enfermos.

Y si se interpretan bien estas señales, se verá que se trata de una manera poco clara, pero bastante contundente de irnos anunciando: «No confíen ustedes en que los poderes públicos vayamos a ser capaces de resolver los problemas de desigualdad que genera la economía capitalista de mercado. Van a tener ustedes que espabilarse. Eso es lo que queremos decir y no otra cosa cuando les animamos a ser innovadores o a ser emprendedores».

Un eufemismo parecido utilizó el rey de Holanda hace unos meses en un discurso que se ha hecho famoso: «El Estado del bienestar en Holanda se ha terminado, empieza ahora la sociedad participativa». Donde «participativa» significa: «Mejor que inviten a los demás a implicarse en sus problemas comunes, porque el Estado va a ir desentendiéndose paulatinamente».

También Cameron, con su «Big Society», les está diciendo a los ingleses: «La sociedad civil tiene que despertar, asumir sus problemas y confrontarlos, porque es demasiado dependiente del Estado». Con algo más de tacto que Margaret Thatcher cuando arremetió contra los sindicatos y entregó el país a la privatización y a los dogmas económicos de neoliberalismo, pero en el fondo viene a ser lo mismo.

Otro de los signos de esta dificultad para cumplir con los acuerdos y los compromisos a los que obliga el Estado del bienestar es que los gobiernos han empezado a vincular el cumplimiento de los derechos subjetivos a los fondos presupuestarios. Dicho de otro modo: los derechos garantizados por las leyes quedan condicionados a si hay o no dinero en la caja común.

El Estado nos dice: «Yo le reconozco que usted tiene derecho a un subsidio por desempleo, a cobrar una pensión por dependencia, etc., pero no voy a dárselo ni a cumplir con mi compromiso porque resulta que no me llega el presupuesto». El Estado, en su apuro, intenta convertir este argumento en algo natural, algo que todos debemos asumir, como las lluvias que no te dejan tomar el sol; pero en el fondo aquí se está haciendo trampa, porque si se trata de un derecho apuntalado en una ley, y si el ciudadano cumple con los requisitos exigidos por la ley correspondiente, entonces el Estado no puede disculparse y pasar a otra cosa. Tiene que buscar y encontrar los recursos necesarios (o sacarlos de otra partida presupuestaria) para cumplir con lo acordado o cambiar la norma.

El caso de España tiene además algunas particularidades específicas. Si estudiamos la historia económica y política de Europa, enseguida confirmaremos que el Estado del bienestar se implantó después de la Segunda Guerra Mundial, en una coyuntura completamente distinta y animado por la bonanza económica de lo que se ha llamado «Edad Dorada», donde toda Europa creció al rebufo de la reconstrucción del continente y del espectacular desarrollo de la economía estadounidense.

Cuando hablamos de los «treinta años gloriosos del Estado del bienestar» en Europa, no nos referimos a las últimas tres décadas (en las que España ha disfrutado de un inaudito desarrollo de subsidios y pensiones con relación a su propia historia), sino en un periodo que termina en torno al año 1975. Los países del norte de Europa, y también economías mucho más grandes y sólidas que la nuestra, como la de Alemania o la de Inglaterra, hace más de tres décadas que están modulando paulatinamente, sin renunciar a ellas, las políticas sociales, para ajustarlas no solo a la crisis (sea o no un estado prolongado), sino a un mundo donde el dominio de Occidente ha dejado de ser tan apabullante.

Para los países pobres del sur, y más concretamente para una España que en 1975 empezaba a salir del aislamiento de la dictadura, el despertar del sueño social ha sido mucho más brutal y doloroso. Los ajustes se han hecho de manera abrupta, sin modulación alguna.

En España no se asumió la gravedad de la situación hasta bien entrado el año 2010. Con el gobierno de Rodríguez Zapatero, en la misma legislatura del descalabro, se proclamaba que éramos el décimo país del mundo, que habíamos superado a Italia, que había llegado el momento de desarrollar la cuarta pata del Estado del bienestar: las leyes de dependencia. En este plan había algo de ingenuidad, algo de buena voluntad y mucha confianza ciega (y nunca mejor dicho) en que el paraíso artificial de la burbuja no se pincharía nunca.

11. ¿El fin del Estado del bienestar?

Se ha dicho en muchas ocasiones que el Estado del bienestar contribuye muy activamente a que pese a todas las desigualdades que genera la economía capitalista se preserve la paz social.

En estos momentos se puede aplicar en Europa una teoría que en su momento se aplicó en los Estados Unidos cuando, primero Reagan y después Bush, empezaron a reducir el gasto social. Se gobernaba «castigando a los pobres» y, mientras se eliminaban políticas sociales, se incrementaban las subvenciones a las iglesias y se destinaba dinero a políticas represivas y cárceles.

Con independencia de la mayor o menor repelencia moral que nos provoque una política así, tiene cierta lógica interna. Si se debilitan las políticas activas que impiden que las personas caigan en la miseria y que facilitan una segunda oportunidad, entonces conviene aumentar la caridad y las políticas represivas, porque el grueso de la población no va a dejarse morir de hambre sentadita en un sitio donde no se la vea y apenas moleste. Un recorte en política social supone un incremento en los presupuestos penitenciarios.

¿Está sucediendo algo parecido en España?, ¿estamos ya «castigando a los pobres»? Si comparamos España o Inglaterra (que están descuidando el gasto social) con Dinamarca (uno de los países que más invierte en este apartado), apreciamos que, por cada mil habitantes, hay casi tres veces más encarcelados en España o Inglaterra que en Dinamarca. De manera que la relación está clara, y si se sigue «castigando a los pobres» y recortando gasto social, esa proporción seguirá en aumento.

A algunos observadores les sorprende que, dadas las cifras de desempleo en España, los problemas sanitarios, los recortes en educación y la cascada de escándalos de corrupción institucional, la población salga relativamente poco a la calle a protestar. Uno podría imaginar que, alcanzada una situación tan crítica, estaríamos en pleno estallido social y, aunque se han multiplicado las protestas, el país sigue viviendo en paz.

El caso es tan insólito que un grupo de responsables locales de diversas ciudades danesas pidieron visitar España para entender cómo se ha logrado mantener la calma social pese a todo el sufrimiento que han provocado los recortes en las políticas de bienestar. Querían saber cómo comportarse en el caso de que un día se vean en la misma situación.

Se podrían aducir tres motivos, algunos de ellos muy específicos del territorio y de la cultura española:

1) En primer lugar tenemos que destacar la presencia beneficiosa del núcleo familiar, muy vivo y protector en nuestro país, que, pese a estar debilitado por la situación económica, todavía se mantiene en pie. Los hijos y los nietos con problemas laborales y de liquidez (o con deudas que no les permiten vivir de manera independiente) acuden a las casas de los padres y de los abuelos donde se les acoge a la espera de que la situación mejore. El primer puntal de la familia como institución son las pensiones (la parte menos castigada del Estado del bienestar) que garantizan ingresos mensuales para alimentarse. El segundo puntal lo encontramos en un hábito muy extendido en España: el 90 % de nuestros jubilados disfruta de un piso en propiedad, con la hipoteca pagada, de manera que los familiares más desfavorecidos tienen un techo donde dormir, y la pensión queda liberada de la carga de pagar un alquiler. No puede dudarse de que la familia, que ha sido una unidad de apoyo y de convivencia muy activa en España desde hace siglos, es la gran ancla social que impide que muchos ciudadanos resbalen por la pendiente de la miseria y la criminalidad.

2) En segundo lugar aparece la economía sumergida, la chapuza, el ir encontrando maneras de ganar algo de dinero para trampear. Mucha gente se mantiene a flote y por encima del umbral de la pobreza gracias a lo que se denomina economía sumergida. Ese es probablemente el motivo por el que, en algunas ciudades, en las que la tasa de paro oficial roza el cincuenta por ciento, no se haya destruido la paz social, y en la calle la gente vive, dentro de la gravedad de la situación, con relativa placidez.

3) En tercer lugar, se están produciendo muchos episodios de solidaridad. No solo la familia ofrece un punto de apoyo y de acogida. También los vecinos, los compañeros de profesión, las redes de solidaridad local.

En cualquier caso, tampoco conviene exagerar el conformismo de la ciudadanía: desde 2010 en España encontramos un nivel de conflicto social como nunca lo habíamos conocido en democracia: movilizaciones, protestas, mareas... han proliferado en casi todas las autonomías. Parece como si la solidaridad local (una actitud pasiva) se haya transformado en iniciativas activas como la que llevó a organizar la PAH para luchar contra los desahucios. Esta actitud más activa e intensa de la ciudadanía como respuesta a la crisis de la representación de los partidos y a las consecuencias sociales de la crisis económica (cuyo vínculo hemos tratado de establecer en estas páginas) nos permite transitar hacia el siguiente bloque de nuestro libro: la participación ciudadana.

PARTICIPACIÓN

1. Los partidos políticos ante la crisis de la representación

Los partidos tradicionales se enfrentan simultáneamente a muchos problemas: la confusión entre los programas de izquierda y derecha, la enorme burocratización que provoca necesidades de financiación difíciles de cubrir legalmente y una corrupción interna que se ha trasladado a la administración y a las instituciones. Estos problemas son peligrosos y requieren una intervención decidida de los políticos, pero el más amenazador de todos es la profunda crisis de representación que atraviesan: los ciudadanos ya no se sienten representados, y sin el alimento de sus votos los partidos no pueden sobrevivir.

«Representar» significa hacer presente a alguien que está ausente. Quien representa actúa en nombre de alguien que no puede presentarse ni actuar todo el tiempo en su propio nombre. El criterio que guía la representatividad es pragmático: como no es viable (ni económico ni deseable) que todo el mundo pase por el parlamento a dar su opinión sobre todos y cada uno de los temas sobre los que se debate, se nombra a alguien que esté presente, hable, argumente y decida por los demás.

Otro argumento a favor de la representación era que se adecuaba bien a las limitaciones tecnológicas de la época: las distancias de casa o del trabajo al parlamento eran largas, y la comunicación demasiado lenta y costosa. Los gastos de transporte para la nación (por no hablar de las pérdidas que acumularían las empresas por ceder a sus trabajadores) hubiesen sido absurdos. Pero ¿qué necesidad hay actualmente de que nos representen ininterrumpidamente durante cuatro años a cambio del voto que depositamos una mañana o una tarde si las nuevas tecnologías acortan las distancias y abaratan la comunicación?

Desde el arranque de la democracia, el ciudadano ha podido ver en directo los principales debates nacionales, pero la televisión no es un medio interactivo. Con los dispositivos actuales (móviles, portátiles, tabletas) no existe ningún obstáculo tecnológico para seguir todos los debates e interactuar: el ciudadano podría expresar su conformidad o su disconformidad pulsando una tecla.

En la primera oleada de cambios tecnológicos (radio y televisión), los grandes favorecidos fueron los partidos profesionales, que empezaron a poder transmitir sus mensajes de manera más rápida. Antes tenían que convocar a los simpatizantes a los mítines para darse a conocer; ahora, y desde hace tiempo, los mítines se celebran para justificar la noticia y preparar el corte que se emitirá en la televisión.

La segunda oleada de cambios tecnológicos ha aumentado la presencia de los políticos, pero también los ha expuesto y ha roto su aislamiento. El ciudadano puede ahora comunicarse con el partido y el político en las redes sociales o mandarles un tweet. El viejo y restrictivo equilibrio de ausencia/presencia sobre el que se sostenía la representación se ha roto: los políticos pueden acercarse más a los ciudadanos, y los ciudadanos pueden manifestar sus opiniones cuando lo desean.

Cada vez estamos más cerca de reemplazar la democracia representativa por la democracia directa, de hacer real la democracia universal. Si no lo hacemos es porque quedan algunos motivos que lo desaconsejan. El principal es la conveniencia de mantener cierta división de trabajo. La revolución tecnológica no supone que todos nosotros seamos automáticamente especialistas en las materias sobre las que se vota o se elabora una ley. Es muy difícil que uno pueda elaborar una posición bien pensada en asuntos de infraestructuras, de pesca, de tratados comerciales o de energías renovables, entre otros muchos.

La crisis de la representación afecta también a los motivos por los que se vota a un partido político o a otro. Hasta hace bien poco se consideraba que los votantes escogían a sus partidos porque representan al grupo sociológico al que pertenecen. En las encuestas del CIS, ante la pregunta de «¿Por qué ha votado usted a quien ha votado?», la respuesta preferente seguía siendo: «Porque es el partido que representa a la gente como yo, al que he votado toda mi vida». Desde luego, esta motivación sigue viva, pero está decreciendo.

Una de las razones de este cambio es que las clases sociales se han ido desdibujando. La clase obrera, las personas que viven de la industria, se ha reducido mucho porcentualmente. La mayoría de los votantes están situados en una amplísima y amorfa clase media, que maneja muchísima información al día, con un nivel de estudios alto, y que tanto puede inclinarse por la izquierda como por la derecha (en un momento en el que, además, ambas posiciones ideológicas combaten por el centro).

Otra de las razones es el pluralismo y el fraccionamiento de las opiniones. Hace menos de cincuenta años, una persona nacía en el seno de una familia que pensaba de una manera predominante, y lo normal en la inmensa mayoría de las ocasiones era compartir el mismo voto: los padres votaban lo mismo que sus abuelos, los hijos lo mismo que sus padres y las esposas lo mismo que los maridos. Existía una adscripción tradicional a una clase de partido que se confundía con lo «natural». Uno votaba «lo que es debido», lo «que es natural», de la misma manera que, en el momento de inclinarse por escoger un equipo de fútbol, la mayoría de los jóvenes eligen al equipo de su pueblo o de su ciudad.

Pero esta continuidad de las lealtades políticas e ideológicas ha saltado por los aires. En nuestra época, las personas son más viajadas, hablan idiomas, navegan por internet y las nuevas tecnologías les han abierto las puertas a nuevos mundos de conocimiento de manera prácticamente gratuita... Los ciudadanos ya no se quedan fijos toda la vida defendiendo un mismo orden de ideas, su pensamiento se ha vuelto más matizado y complejo. De manera que también es difícil que los intereses del ciudadano coincidan por completo con el programa político del partido. En algunos asuntos se sienten más próximos a unos partidos, y en otros asuntos, a otros. Y esta proximidad, además, se altera con el tiempo.

El resultado es que entre los ciudadanos se produce una gran volatilidad en sus afinidades políticas. Los votos son más prestados que cautivos. Los partidos todavía cuentan con un vivero de votantes casi seguros (de militantes y de simpatizantes tradicionales), pero cada vez son más frecuentes los desplazamientos de simpatizantes de un partido a otro. Los sujetos se sienten soberanos de su decisión, y se decantan por un partido u otro en función de lo que está en juego y de si se trata de una elección local, nacional o europea.

Todos los aspectos en juego en la crisis de la representatividad nos llevan a pensar si no debemos replantearnos convocar con mayor frecuencia a los ciudadanos a las urnas, ya sea para decidir gobiernos o para consultas puntuales. Y también nos invita a preguntarnos si las prestaciones (inauditas hace solo cincuenta años) que nos ofrecen las nuevas tecnologías no deberían promover nuevas formas de participación ciudadana en la política.

2. La revolución tecnológica

El mundo entero está inmerso en una transformación tecnológica acelerada y que ya es irreversible, la provocada por las nuevas tecnologías de la comunicación.

Hoy sabemos que los cambios tecnológicos son claves en los cambios de producción, que son el motor de alteraciones profundas en el trabajo y en las costumbres sociales. Marx nos enseñó que la base material condiciona la manera de ver el mundo, y la nueva tecnología de la comunicación ha alterado la base material (la economía, el trabajo, la producción), de manera que también está cambiando nuestra visión sobre el mundo.

Para comprobar cómo está cambiando la base material de nuestro mundo podemos acudir a un problema concreto: la financiación de las universidades. Los rectores exigen más dinero a los ministros, pero los consejeros de economía y educación responden que no hay fondos. Desde el punto de vista de una lógica que no ha aceptado (o no cuenta) con el cambio tecnológico, lo corriente sería pensar que el problema se solucionará cuando haya buena voluntad política o cuando se vuelva a ingresar lo suficiente. La respuesta de quienes piensan así será necesariamente pasiva: esperarán a que pase el temporal.

Pero si, como suponemos, la «crisis» no amaina y la sociedad no consigue volver a estar tal y como estaba en 2005, si nos enfrentamos a un cambio de paradigma propiciado por la revolución tecnológica, entonces es más que posible que las viejas maneras de funcionar ya no puedan recuperarse de manera eficiente, con o sin presupuestos.

Uno de los grandes cambios que ha provocado la revolución tecnológica es la crisis de la intermediación; es decir, de todos aquellos espacios que concentran recursos para después distribuirlos y que se llaman de muchas maneras: editoriales, periódicos, universidades, agencias de viaje... (y también sindicatos y partidos).

Los agentes dedicados a la intermediación acumulan mucha fuerza y mucho poder, y van a utilizar todos los recursos que les concedan las leyes para mantener su estatus y sus beneficios. SGAE trabaja así, pero hay otras personas que ya están imaginando cómo va a ser el futuro de la distribución gracias a las nuevas tecnologías. ¿Quién tiene más futuro? Tenemos una sociedad que se aferra a los derechos de una realidad que está transformándose por el efecto de los cambios tecnológicos sobre la distribución y la reproducción, y una gente que ha entendido que su manera de generar valor debe adecuarse a estos cambios. Hoy por hoy, Spotify está perdiendo dinero, pero no hay que ser un adivino para suponer que terminará ganándolo a medio plazo, mientras que la SGAE tiene los días contados si sigue operando y gestionando como lo hace actualmente, por mucho que siga con sus inspecciones y consiga que le impongan multas a las peluquerías.

Por recurrir a una metáfora que ha hecho fortuna: estamos en una escena de apocalípticos e integrados. De quienes se resisten a aceptar los cambios y de quienes ya trabajan para beneficiarse de ellos. Lo mismo sucedió en las anteriores revoluciones tecnológicas o industriales. El fordismo provocó muchas protestas, la máquina de vapor generó movimientos de rechazo hacia las máquinas, pues, aunque logró mecanizar tareas muy ingratas, también barrió a muchos artesanos del mercado laboral. Toda revolución tecnológica tiene sus luces y sus sombras. Provoca siempre desequilibrios entre la actual población activa y el futuro mercado de trabajo.

La situación es así de vertiginosa en estos momentos. Internet está entrando en ámbitos donde el fordismo no pudo penetrar: sanidad, educación, cuidados sociales. Ahora mismo algunos enfermos que padecen demencias seniles llevan pulseras que avisan a la familia si el paciente sale de las zonas que ellos consideran seguras. Se trata de un gran avance para el enfermo, que disfrutará de mayor autonomía personal, pero aquí se pierde un puesto de trabajo: el de la persona que lo cuidaba. Amazon está trabajando con un sistema que le permitirá enviar, con un dron, un libro a las pocas horas de que su cliente lo haya pedido. Si este sistema triunfa, tendremos los libros más deprisa en casa, pero se resentirá toda la cadena de distribución.

Volviendo a las universidades: algo parecido sucede en el ámbito de la educación. Si un profesor repite cada año la misma clase, lo normal es que un alumno termine grabándola con el móvil, y al año siguiente le digan al profesor: «No tiene sentido que venga más porque hemos compartido los contenidos online». Esta idea la puede recoger la propia universidad y contratar a los profesores apenas para impartir un único curso.

¿Se trata de un desastre? Depende mucho desde dónde se mire: para la universidad (y para las arcas públicas) supondría un gran ahorro, para el gremio de profesores una destrucción asfixiante de puestos de trabajo. Pero esta situación adversa puede ser compensada siempre que el profesor acepte el cambio de escenario y se convenza de que ya no puede vivir (y acumular trienios) de repetir un año tras otro la información que cualquiera puede encontrar en la red. Debe proponerse cambiar la calidad de su intermediación: añadir valor a sus clases, ofrecer en sus asignaturas «material» (pensamientos, ideas, aliento) que el alumno no puede encontrar de manera gratuita y cómoda desde su casa o desde dondequiera que esté gracias a la conexión del móvil.

Nadie sabe cuál será el futuro de la universidad, pero parece poco viable que pueda mantenerse con una forma como la actual. El alumno ya no quiere ni necesita profesores como fray Luis de León, y la estructura de clase, de horas y de relación con el alumno, apenas les deja a los profesores ser otra cosa que fray Luis de León. Por eso, en otras partes ya están articulándose universidades (que todavía no son oficiales, pero que no tardarán en serlo) que ya trabajan de otra manera: más inductiva, más experimental, donde el conocimiento se construye desde la propia gente, y donde el profesor es antes que nada un orientador cualificado.

Los efectos de la crisis de la intermediación y las posibilidades de comunicarse e informarse fuera de los medios oficiales o tradicionales de comunicación pueden trasladarse, casi palabra por palabra, a la crisis de representación de los partidos políticos y a las nuevas posibilidades de participación pública de las que ahora disponen los ciudadanos.

3. Un nuevo ciudadano para el siglo XXI

El mundo del siglo XXI se ha alterado; en gran medida se trata de un mundo nuevo, y este cambio nos obliga a repensar teorías y conceptos que pueden haber envejecido mal y ser inservibles si queremos interpretar adecuadamente la nueva realidad.

Si hay un concepto clave que ha mutado de un siglo a otro es el de «masa». Con esta palabra (y con la expresión «sociedad de masas»), la teoría política se refería a una comunidad formada por individuos incapaces de participar en política más allá del voto y que debía ser tutelada por las élites. Esta descripción podía ser válida en el siglo XX, pero debemos analizar con detalle si sigue siendo útil o si solo contribuye a confundirnos.

Muchos de los presupuestos de la «sociedad de masas» siguen vigentes: una parte de nuestra ciudadanía sigue siendo políticamente inmadura, sigue reaccionando en grupo a motivaciones emocionales. Pero la parte de la sociedad que sí está formada y madura políticamente (que siempre ha sido mayor de lo que le interesaba calcular a las élites) cuenta ahora con nuevos recursos: la posibilidad de manifestar sus opiniones, anhelos y estados de ánimo con independencia, sin necesidad alguna de pedir permiso a los medios de comunicación tradicionales.

Como sucedió en el periodo de entreguerras, los ciudadanos están tomando consciencia de su propio poder. Pero ya no se trata de individuos que necesitan enfurecerse para salir de unas vidas adocenadas y entrar así en contacto con otros individuos, porque la tecnología les da la posibilidad de comunicarse con comodidad, tantas veces como quieran, intercambiar información, estructurar sus ideas y preparar acciones conjuntas bien pensadas y medidas.

Tampoco en cuanto número se puede hablar de «masa», porque hasta el momento, en lugar de agruparse en grandes grupos, los ciudadanos forman pequeños enjambres que se comunican en la red sin llegar a rozarse con otros enjambres que piensan parecido o distinto. Muchos enjambres viven ignorando lo que hacen o piensan los demás, algo que no podía suceder de ninguna manera cuando la comunicación y el intercambio solo ocurría en la calle, en caudalosas manifestaciones que permitían darse cuenta enseguida de cuántos eran los partidarios de una causa. La red crea espacios de comunicación muy fracturados, donde el usuario participa de grupos que comparten sus posiciones fundamentales (aunque solo sea una muestra del conjunto total), manteniéndose alejados de quienes discrepan.

Pero, con todas las limitaciones que se quiera señalar a las nuevas tecnologías, nadie puede dudar de que le ofrecen a los ciudadanos una gran variedad (impensable en el siglo XX) de oportunidades para informarse, decidir y manifestarse: todo está listo para que los individuos mejoren sus prestaciones como actores políticos e intensifiquen su presencia.

4. Partidos políticos y nuevas tecnologías

Los partidos políticos y las instituciones también se han dado cuenta de la importancia de las redes sociales y de las nuevas tecnologías. Han advertido que ya no pueden legislar y gobernar, informar a través de los medios, y esperar a ver qué dicen después las encuestas y las urnas. Ahora el electorado reacciona, se alía y ofrece una respuesta inmediata a las decisiones. El debate es incesante y se produce en multitud de puntos de la red simultáneamente.

Los partidos políticos todavía no han encontrado una manera viable de reaccionar y responder ante estos cambios en la comunicación y en las costumbres. La presencia incesante del debate público altera la toma de decisiones en unas estructuras de partido e institucionales que están pensadas para reflexionar a distancia y para actuar con reposo la mayoría de las veces. La reacción ante el nuevo papel activísimo y disgregado de la opinión pública ha sido sumergirse en un cortoplacismo cada vez más espasmódico.

Ningún proyecto político puede ahora mismo pensar un desarrollo a cuatro años, porque ni siquiera puede pensar a un año vista. Cada vez que se toma una decisión política, el electorado reacciona, y se produce una tensión que no sabemos si el sistema democrático y las instituciones tal y como están planteadas (pensadas para un flujo comunicativo e informativo más pausado y controlado) pueden resistir sin resentirse en su funcionamiento. La participación ciudadana es un hecho, pero parece que ni los ciudadanos ni las instituciones dominan completamente sus resortes, que no saben extraerle todo el jugo. Atravesamos un campo de pruebas.

Los partidos políticos han entendido que muchas de las iniciativas de participación ciudadana (aunque no todas) arrancan de las nuevas tecnologías, son conscientes de que en internet fluye la información y existe un debate fuerte.

Nadie puede dudar de que los partidos políticos quieren «participar» (para manifestarse o para controlar) en la vida de la red. Sin embargo, aunque tienen la voluntad, no saben cómo hacerlo.

En ocasiones se ponen nerviosos porque suceden cosas que no controlan, porque sus antenas están obsoletas, y porque los canales tradicionales ya no les bastan para dominar la información y moldear la «imagen» del mundo que se quiere transmitir. Incluso en la política local, en los ayuntamientos, piden ayuda desde el ámbito de participación porque sienten que se les escapa el pulso de la calle.

El principal problema de los partidos políticos es que no entienden las reglas del juego de internet, a la que siguen tratando como un «canal de comunicación unidireccional» al estilo de las cadenas de televisión o de las emisoras de radio.

La historia reciente de los políticos tratando de «servirse» de los internautas está llena de despropósitos. Felip Puig, en su etapa de consejero de Interior del gobierno catalán, pidió la «colaboración» de los internautas para que colgasen fotos de los manifestantes que habían quemado contenedores en unos altercados recientes. Puig avisó (o amenazó) de que en tres días daría orden de publicar un blog donde colgarlas.

Cualquiera que tenga una mínima noción de cómo funciona internet y hacia dónde se inclinan las simpatías de los usuarios más activos hubiese podido avisarle de lo risible que era su plan. El caso es que esos dos o tres días que le costó montar el blog fueron demasiados; seis horas después del anuncio ya estaban circulando cientos de fotos de los Mossos d’Esquadra golpeando a los manifestantes.

Otro ejemplo (de entre las decenas que podríamos entresacar) lo encontramos durante las negociaciones relativas a la propiedad intelectual que debían derivar en la formulación de una ley que se conoce popularmente con el apellido de la ministra que la impulsó: «ley Sinde». Después de tres intentos de aprobar la ley en unas Cortes temerosas por la posible fuga de votantes, la ministra se reunió en su despacho con los internautas más beligerantes con el contenido de la ley para una «negociación». Para sorpresa de los allí reunidos, estos llegaron con su cámara y un ordenador para grabar la reunión y emitirla en stream ing. Esta actitud contravenía las normas de una negociación corriente: la confidencialidad de lo que se habla a puerta cerrada y discreción ante el gran público (incluso entre los elegidos para representarles). La respuesta de los convocados evidencia el despiste de los partidos políticos: «Nosotros no representamos a nadie, somos la ventana del proceso de negociación: nosotros no negociamos nada».

Este es más o menos el equilibrio (o el desequilibrio) entre el uso que los partidos políticos hacen de internet y el de los usuarios habituales: unos necesitan tres días y piden que los ciudadanos delaten a otros ciudadanos, a otros les bastan seis horas y colaboran espontáneamente para denunciar una agresión de la policía; unos piden «representantes» de todos los internautas, y otros se ofrecen para retransmitir a esos mismos internautas (potencialmente miles y sin otra representación que ellos mismos) una negociación pensada a puerta cerrada.

Los políticos tradicionales están un tanto confusos, por no decir irritados. Han estado potenciando el uso de la redes sociales, y ahora resulta que este canal de comunicación potencialmente casi infinito se les escapa. Algunos Estados que no tienen que rendir cuentas ante su población han optado por cerrar Twitter, por restringir el acceso a internet o por amputar las posibilidades de los buscadores. Pero un Estado democrático como el español no puede permitirse actuar como China, Turquía o Corea del Norte...

Su respuesta está siendo intentar controlar un medio que no entienden, y el resultado no está siendo nada bueno, claro. Rastrean la red para ver quién se porta bien o quién se porta mal, pretenden «ocuparla» con su información como eventualmente hacen con los telediarios o las radios. No se dan cuenta de que el error está precisamente ahí: que tratan internet como si fuese una versión mejorada de una herramienta que conocen bien, y no una nueva realidad que se articula con normas propias.

Es un escenario distinto. Nos equivocamos mucho si creemos que internet es solo un instrumento de comunicación que sustituye o complementa a los demás. Mark Poster lo ha explicó ya muy bien en 1995: «Internet no es un martillo, internet es como Alemania». Un martillo nuevo sirve para lo que sirve, puede mejorar al anterior, pero no me va a cambiar la vida; irme a vivir a Alemania sí. Los partidos creen que han cambiado un martillo (los métodos de comunicación tradicionales) por otro (la comunicación derivada de las nuevas tecnologías), y lo que sucede cuando uno entra en internet se parece mucho más a cambiar de país: hay que habituarse a vivir envuelto de otro idioma y bajo otras leyes.

5. El equilibrio entre el compromiso y la hiperpolitización

Hasta hace pocos años, la mayoría de nosotros hubiese estado de acuerdo en que uno de los rasgos singulares y definitorios de nuestro mundo contemporáneo era el crecimiento del individualismo. Se consideraba que en una sociedad casi «completada» como la europea, que había llegado al final de su evolución histórica, al límite del progreso, era normal que el ciudadano se responsabilizara más de lo suyo propio que de lo común, y que apenas se preocupase de lo público cuando se cruzara con sus intereses.

Con la sanidad y la educación pública desarrolladas, con subsidios laborales y con las pensiones aseguradas (en la creencia de que ninguno de estos logros tenía vuelta atrás), la política se reducía a una gestión del bien común que el ciudadano, por comodidad, cedía alegremente a unos partidos profesionales de su confianza. Se podría hablar de desafección de los votantes o de ciudadanos apolíticos, pero quizás sería más preciso suponer cierta neutralidad o indiferencia ante quién debía gestionar los asuntos públicos por unos raíles ya trazados y firmes de bienestar social y tranquilidad económica.

Este individualismo se desarrolló de manera muy rápida en España. En apenas veinte años se pasó de una generación hiperpolitizada en las postrimerías del franquismo e inicio de la Transición a una ciudadanía indiferente y volcada en el cultivo de sus intereses privados. La sociedad se desmovilizó y se atrofió el tejido participativo.

El tránsito de lo público a lo privado es algo natural. Rousseau ya contemplaba que todo individuo tiene dos dimensiones distintas y compatibles: una tiende a participar en los asuntos comunes de la ciudad, la región y el Estado, y otra tiende a cultivar y mejorar las posibilidades de su familia. Rousseau llamaba al primer impulso «ciudadano» y al segundo «burgués».

En cualquier país del mundo los individuos pasan de un estado a otro con naturalidad. Lo extraño no es que esas dos dimensiones se den en una misma persona, sino que en pocos años los ciudadanos pasasen de estar hiperpolitizados (y despreciar un tanto lo privado) a un individualismo radical (ajeno a lo público). Lo extraño es que la misma generación renunciase a estar todo el día en la calle para meterse todo el día en casa: a cocinar, a invitar amigos, a coleccionar objetos o dedicarse a las aficiones personales.

En términos médicos uno diría que lo «sano» sería encontrar un punto medio, un equilibrio entre el ciudadano y el burgués. Una manera de ser y actuar que nos permitiera compatibilizar la participación pública con la defensa de los intereses personales y el cultivo de las aficiones privadas.

No es necesario incidir en que la sociedad en pleno emite síntomas de que el periodo de desafección ha terminado, y que cada vez hay menos sectores indiferentes. Casi todos tenemos la impresión de que la ciudadanía está acumulando deseos e intereses para recuperar las calles, que todos estamos esperando a que termine la tiranía bipartidista para volver a salir del domicilio privado y recomponer la política y el país. Mientras tanto, se exploran posibilidades de participación política, algunas de ellas amparadas en las nuevas tecnologías. En términos históricos podríamos decir que estamos dejando atrás la Transición (el periodo histórico o pacto social que dio origen al sistema democrático) y adentrándonos en una nueva etapa, en otra manera de participar en la vida política.

Por un lado se han alcanzado los objetivos para los que se diseñó el sistema político durante la Transición: España se ha integrado en la Unión Europea y el sistema democrático (que en los años setenta se veía como una amenaza y estaba también en peligro) se ha consolidado. El modelo está vacío de contenido. Por el camino, la maquinaria (por así decirlo) ha ido acumulando problemas y errores hasta desembocar en una corrupción que por momentos parece generalizada, en el mal funcionamiento de las instituciones y en la burocratización de unos partidos que no alcanzan a representar a los ciudadanos. El país ha quedado a la deriva sin un proyecto de futuro creíble y compartido por la mayoría de los ciudadanos, y bajo la amenaza del fraccionamiento territorial. Se podría decir que se ha alcanzado una vía muerta que pide a gritos reformas donde participen la mayor cantidad posible de ciudadanos.

Nadie sabe si tenemos que pasar de la primera Monarquía parlamentaria a una segunda Monarquía parlamentaria o a la República, si tenemos que reformar las leyes electorales, si tenemos que cambiar las reglas de financiación, si tenemos que construir un federalismo simétrico o asimétrico o asistir a cómo parte del territorio se independiza. Estamos a oscuras en cuanto a la dirección que debe tomar la política y los medios que emplearemos, señal inequívoca de que lo que está por venir será nuevo e inesperado. Lo que está claro es que los votantes que han pasado varias décadas adormecidos (entregados como «burgueses» de Rousseau a sus intereses privados) han salido de su letargo y están deseosos de comportarse como ciudadanos que van a exigir participar en la construcción de las nuevas reglas y objetivos de la vida política.

6. Abstención y desmovilización ciudadana

La abstención en España puede considerarse como la variante local de un doble fenómeno internacional y globalizado. Por un lado, desde los años sesenta se ha impuesto en las sociedades capitalistas el individualismo que llegó a confundir la palabra «política» con la reivindicación de deseos subjetivos, de confort individual o de ventajas para las minorías. Por otro lado, la caída de la Unión Soviética y la prosperidad económica de principios de siglo fomentaron el espejismo de que no había apenas diferencias entre derecha e izquierda, que la sociedad del bienestar había llegado a su máximo desarrollo y que incluso la historia (entendida como el progreso de la humanidad) había llegado a su fin.

Este proceso de despolitización de la sociedad se extendió en muchas de las sociedades europeas y en especial en Estados Unidos, donde la falta de identificación del ciudadano con la política ha conducido a abstenciones superiores al 50 %, de tal manera que la abstención era uno de los síntomas más evidentes de la falta de implicación del ciudadano en la política.

Y decimos «era» porque la despolitización parece estar en franco retroceso. Si atendemos a la cantidad de movimientos ciudadanos, de manifestaciones, de debates y discusiones, de noticias, literatura y programas dedicados al más nimio de los asuntos... Seguramente tendremos que convenir que nos encontramos en medio de un proceso acelerado de repolitización de los ciudadanos. Veremos no obstante si tal cosa acaba reflejándose en próximas elecciones y si la participación, tal y como se prevé, rebasa el setenta por ciento del electorado. El regreso de los ciudadanos desmotivados a las elecciones debería reducir la abstención, no solo porque se incorporarían nuevos votantes, sino porque movilizarían a los votantes de partidos tradicionales que de otro modo se hubiesen quedado en casa. Cuando unos partidos radicalizan su posición, se movilizan con más intensidad los contrarios. Así, el voto independentista movilizará mucho voto antiindependentista; del mismo modo, si se presentan partidos acrisolados en la participación ciudadana, PP y PSOE tendrán que poner en marcha todo su aparato electoral y entrar a debatir con ellos (o a intentar descalificarlos).

¿No sucede eso ya? ¿No ponen los partidos «toda la carne en el asador» cuando hay una convocatoria de elecciones? No siempre. Entre buena parte de los observadores ha cundido la sospecha de que los dos grandes partidos, PP y PSOE, durante las últimas elecciones europeas (en las que no se jugaban un reparto de poder directo, sino diluido entre siglas afines de otros países de Europa) optaron por candidatos de perfil bajo, por debates sin intensidad, por una campaña suave..., con el objetivo de impedir la movilización de quienes reclaman otra política. Parecía como si PP y PSOE coincidieran en que les beneficiaba no alentar a la participación, que la abstención fuese amplia y que los escasos votos (de militantes o de ciudadanos que no son receptivos o ignoran las alternativas a los partidos tradicionales) se repartiesen entre ellos.

Pero la «estrategia de perfil bajo» se limita a las elecciones europeas y parece imposible que funcione en las próximas convocatorias: municipales y autonómicas, donde los partidos tienen muchísimo que perder, pues se juegan nada menos que su cuota de poder.

Pero antes de abordar cuestiones de política electoral conviene que repasemos ejemplos de participación política en el ámbito social, donde los ciudadanos han empezado a moverse de manera efectiva, recuperando espacios de intervención (en muchas ocasiones con el apoyo de las nuevas tecnologías) y organizando los embriones de los que terminarán siendo nuevos partidos con capacidad de conseguir representación en las instituciones.

7. La participación ciudadana como alternativa a los recortes sociales

La crisis del Estado del bienestar ha puesto en serios apuros el pacto político que apuntaba hacia una universalización (al menos en Europa) de los beneficios sociales. Según este pacto, los ricos pagaban más de lo que recibían, pero obtenían muchos beneficios económicos y disfrutaban de estabilidad social; los sectores de clase media pagaban también más, pero recibían buenas coberturas y la garantía de una pensión cuando ya no sirvieran para el mercado laboral; y los sectores más desfavorecidos eran los que menos pagaban, pero recibían lo suficiente para mantenerse por encima de la miseria. Con este pacto y esta lógica se ha garantizado durante más de medio siglo la paz social.

Actualmente la lógica que sustenta este pacto ha quedado en entredicho por tres motivos: en primer lugar, porque los más ricos han dejado de sentirse concernidos; en segundo lugar, vinculado al anterior, porque las clases medias tienen que soportar la mayor parte de la carga impositiva, y en tercer lugar, porque el Estado no ingresa lo suficiente (o tiene que destinar demasiados fondos a devolver el dinero que adeuda) para mantener la calidad y la cantidad de servicios públicos y sociales.

En algunos países, la reacción de la clase media ha consistido en desentenderse de la gestión estatal de los servicios públicos. El ciudadano, ante la pérdida de calidad de los servicios o de su insuficiencia, quiere pactar con el Estado para cubrir con sus propios medios la escolarización de sus hijos y el gasto sanitario, y descontar esos servicios no solicitados de sus impuestos. Pagar solo para asegurar un cuidado mínimo de quienes se han quedado sin recursos, y también las pensiones para evitar el colapso social.

En países como Reino Unido y Dinamarca ha entrado en el debate la idea (y la queja) de que a los pobres, por poco que se les dé, se les está dando demasiado, porque apenas se les exige nada a cambio. Está cundiendo la idea de que se debe instar a estas personas sin recursos a que se esfuercen más porque si no generamos personas demasiado dependientes, trabajadores indolentes, holgazanes que se alimentan con el «cuento del bienestar».

Se acusa a estos ciudadanos de desincentivar a los trabajadores que sí pagan impuestos y que se esfuerzan en una coyuntura difícil por llegar a fin de mes, para que después buena parte de su contribución a la hacienda pública se destine a compatriotas que no trabajan ni cotizan, que están en el paro, «disfrutando del subsidio» se llega a decir, y que, según esta manera de pensar, «mientras paguemos entre todos su bienestar no van a preocuparse por encontrar trabajo».

Desde una posición coherente con la lógica conservadora y neoliberal, se considera que en la medida que sea más difícil para el Estado cumplir con las políticas sociales lo mejor sería bajarle los impuestos a la clase media, y que las personas que han perdido su trabajo o tengan la mala suerte de enfermar dejen de esperar la «sopa boba» del Estado.

Al margen de si una solución como esta se aviene o no con los principios políticos y morales de cada uno, es imprescindible mencionar que una de las consecuencias de obrar así sería erosionar los principios del pacto social: una educación y una sanidad universales que permitan igualar las posiciones de partida de los jóvenes en su progreso laboral y social. Porque en ocasiones quienes, siguiendo la terminología de este relato, no se «esfuerzan» son los que han tenido menos oportunidades, cuando, en realidad, son los hijos de los «ricos» quienes apenas han tenido que «esforzarse» y no se encuentran en disposición de dar lecciones morales.

Si ponemos en práctica estas ideas, las políticas sociales renunciarían al ideario igualitario de las democracias que las pusieron en funcionamiento para mitigar las diferencias entre ciudadanos establecidas antes de que pudieran «esforzarse» (antes de su nacimiento), y se convierten en apósitos para aquellos a los que les ha ido mal, una suerte de «caridad legal» para una franja residual de la población (aunque puede llegar a ser muy numerosa): la que se ha quedado de manera temporal o continuada sin recursos.

Conviene recordar que no se trata de la única respuesta posible a los problemas de financiación que atraviesan las políticas sociales. Existen por lo menos dos alternativas: la primera es tratar de reconducir la situación en dirección al espíritu que permitió desarrollar el Estado del bienestar. Esto es, aumentar la carga impositiva sobre los que obtienen mayores ganancias del sistema capitalista de mercado, y que no recaiga toda la presión fiscal sobre los asalariados y las clases medias.

La segunda posibilidad es más novedosa (y compatible con la anterior): reclama cambios profundos en la redistribución de poder. Los políticos, ante su incapacidad para sostener las prestaciones del Estado del bienestar, nos animaban a los ciudadanos (por no decir que nos lo ordenaban) a que tomásemos la iniciativa, a que nos organizásemos para ayudarnos entre nosotros.

La respuesta de la ciudadanía bien podría ser: «Si el Estado me pide que intervenga, entonces tengo derecho a reclamar más capacidad de decisión sobre lo que hago». Es decir, aumentar el alcance y la fuerza de la participación ciudadana.

Para ilustrar mejor esta nueva posible manera de reaccionar ante los recortes en recursos educativos y sociales, podemos atender al ejemplo de dos casos concretos: el de un instituto público de Manresa al que los políticos le negaron una subvención por no disponer de fondos, y el de un barrio de Castelldefels donde la administración se mostraba reacia a emplear trabajadores públicos para solucionar problemas «privados» de sus ciudadanos.

8. ¿De quién son las instituciones?

En el caso del instituto público de Manresa, la asociación de padres y madres pidieron una subvención a la Generalitat para pintar las paredes de la escuela, algunas puertas y equipar el aula de informática. Pedían entre tres mil y cuatro mil euros. La Generalitat les respondió que no disponía de esos fondos y les negó la ayuda.

La asociación de padres y madres se reunió para debatir qué podían hacer. Entre todos se dieron cuenta de que podían pintar ellos mismos las puertas y paredes, pero surgió un argumento en contra: si se encargaban a título personal de lo que era una obligación del gobierno, ¿no se estaban tirando piedras a su propio tejado?, ¿no los invitaría la Generalitat, a ellos y a otros padres de escuelas en circunstancias parecidas, a que se encargasen de lo que era responsabilidad de los poderes públicos?

La solución ha sido exigir una contraprestación por su labor, exigiendo así mayor capacidad de decisión sobre esos recursos públicos. Puesto que los padres han invertido horas y esfuerzo a título personal y puesto que se han implicado en hacer funcionar el equipamiento, ¿no debería a cambio cederle el poder político más protagonismo, mayor capacidad de decisión sobre el funcionamiento del aula de informática y de la escuela?

Esta capacidad de participación y decisión puede traducirse de muchas maneras. A veces las aulas están cerradas a partir de las cinco de la tarde cuando se podrían abrir para dar clases a personas mayores. También se podrían usar los salones de actos y de reuniones para la asociación de padres y madres. O se podría emplear el patio para jugar o practicar deporte durante el fin de semana, que hasta ahora permanecía cerrado. El propio comedor de la escuela y de la cocina se podría también ceder para las familias de los alumnos.

La lógica que subyace a estas demandas sería algo así: la gestión de un instituto (y se podría hacer extensible a otros recursos públicos) depende de los gestores públicos, pero, si estos gestores públicos son representantes de la sociedad civil que somos nosotros, y encima reconocen que no tienen recursos económicos o de personal para hacerse cargo, entonces, ¿quién debe hacerse cargo del instituto?, ¿por qué no devolverle una parte de la gestión a la población si contribuye a que funcione con su esfuerzo privado?

Los recursos públicos los gestionan los representantes del pueblo, porque los ciudadanos se supone que tienen otras responsabilidades y no pueden estar allí presentes, pero ¿qué pasa si son los políticos los que no tienen recursos, y en cambio los ciudadanos sí pueden y quieren hacerse cargo?

Otro ejemplo (de los muchos que podríamos citar) lo encontramos en Castelldefels. En el barrio de la Marina, la humedad estaba deteriorando las casas y provocando numerosos problemas en el día a día de las personas. El barrio está habitado mayoritariamente por gente mayor, de escasos recursos, y el problema es que si invertían su dinero en arreglar las casas es posible que no tuviesen ni para comer. Tras una gran presión popular, el Ayuntamiento respondió que se trataba de un problema privado, pero finalmente cedió la brigada municipal para que hiciesen las obras necesarias con el propósito de garantizar la tranquilidad en el barrio.

Según como se mire, se trata de un precedente «peligroso»: ¿qué hace una brigada pública, «pagada con el dinero de todos» (como suele decirse), solucionando un problema privado? Pero la naturalidad con la que se ha aceptado el trabajo de la brigada municipal de Castelldefels, y el beneficio que ha redundado en los ciudadanos invita a formular la pregunta de otra manera: ¿por qué no deberían los servicios públicos atender a un problema privado, pero extendido, que afecta a los ciudadanos de la población? A fin de cuentas, ¿a quién pertenece la brigada: a los ciudadanos o a la institución? ¿La institución nos representa a todos o solamente a los políticos que la gestionan?; y si representa a todos los ciudadanos, ¿no tiene todo el sentido que se haga cargo de un problema que afecta a un gran número de votantes, aunque el problema sea privado?

En la medida en que crezca el protagonismo social de los ciudadanos, su participación directa en la gestión de recursos públicos, se producirá un reequilibrio en las posiciones de poder. Lo que los ciudadanos discuten con esta actitud es que la única alternativa a los problemas del Estado del bienestar sea desentenderse (y reclamar menos impuestos) o dejarlo todo en manos de la caridad. Estos ciudadanos no quieren que la «invitación» de algunos políticos a la «sociedad participativa» sea un eufemismo para lavarse las manos y dejar que las instalaciones y los recursos públicos se oxiden. La innovación social, la sociedad participativa y el esfuerzo popular pueden conllevar una revitalización de los servicios siempre que se retribuya el mayor esfuerzo de la gente con una mayor capacidad de decisión de las asociaciones civiles.

Como se evidencian tanto en el ejemplo de Manresa como en el de Castelldefels, estas iniciativas participativas nos ayudan a poner sobre la mesa una pregunta muy importante: ¿las instituciones son de los políticos que gobiernan o de los ciudadanos que contribuyen a que funcionen con sus recursos, sus impuestos, sus votos y sus iniciativas voluntarias? Y se trata de una pregunta importante porque con el progresivo retraimiento de la participación que se ha dado en España desde principios de los años ochenta nos hemos llegado a creer el espejismo de que las instituciones son las casas donde viven (y desde donde dirigen nuestras vidas) los profesionales de la política y sus partidos burocratizados que se alternan en el poder.

A medida que aumente el protagonismo y la participación social, se irán alterando los roles jerárquicos y la «política profesional» dejará de identificarse como propietaria exclusiva de unas instituciones que pertenecen a todos los ciudadanos.

9. Nuevas maneras de participación ciudadana

Detrás de estos ejemplos encontramos un fenómeno de participación que es nuevo y muy interesante, relacionado también con el desencanto de los partidos tradicionales. Los votantes se dicen: «Si no puedo confiar en que el Estado asuma sus responsabilidades habituales, no voy a quedarme quieto en casa viendo como la sociedad retrocede. Tengo que tomar la iniciativa».

De manera que surgen toda clase de actuaciones nuevas que intentan resolver problemas urgentes, renunciando de entrada a emplear la política de partidos como canal de intervención básica, porque los consideran ineficaces o demasiado lentos.

En el ámbito económico encontramos soluciones como las cooperativas, las monedas sociales, las redes de intercambio... Esta nueva manera de hacer política en sentido amplio, que tiene más que ver con la colaboración que con los subsidios, también se ha trasladado al lenguaje: ya no se habla de «luchar» por el agua o por la energía, sino que se afirma «somos» agua o «somos» energía. En lugar de ir a quejarse al ministerio correspondiente, los ciudadanos se organizan para establecer una cooperativa de distribución energética.

Las «mareas» también son un fenómeno nuevo que lleva la participación y la cooperación al plano de la protesta social. Se trata de un intento de resistir a los recortes que ya no se limita a las reivindicaciones aisladas de médicos o enfermeras por sus condiciones de trabajo, sino que suma las quejas de estos profesionales a las protestas de los usuarios de sanidad. Todos juntos, trabajadores y usuarios, defienden el sistema sanitario, combinando lógicas sindicales con reivindicaciones ciudadanas.

Están apareciendo formas de organización nuevas como la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca). La PAH pone de manifiesto que un afectado por un desahucio puede preferir, llegado el caso, a una organización ciudadana antes, que a la institución correspondiente que debería ayudarle a velar por sus derechos. La PAH es capaz de resolver el 95 % de los casos en pocos meses: su nivel de éxito es superior y mucho más rápido que la oficina estatal correspondiente. De manera que si uno está aquejado de problemas, es lógico (aunque lo preferible sería que las políticas públicas funcionasen bien) que acuda a quien antes pueda resolvérselos.

Se trata de noticias estimulantes, que aparecen justo cuando los partidos políticos tradicionales se sienten incapaces de afrontar los problemas derivados del deterioro de las políticas sociales y los servicios públicos, asegurando que son situaciones impuestas por coyunturas económicas o por el mercado, contra las que supuestamente no pueden hacer nada.

10. Los nuevos partidos

La principal debilidad de estas iniciativas es que tienen un límite de desarrollo: pueden solucionar problemas circunstanciales, pero no pueden influir en las decisiones políticas que a medio plazo podrían solventar las situaciones. La clave de una futura incidencia efectiva y continuada de la participación ciudadana en la manera de vivir de la sociedad dependerá de la capacidad que tenga de articularse como fuerza política, de acceder a las instituciones donde se toman las decisiones que moldean la vida cotidiana de las personas.

La participación ciudadana, tarde o temprano, tiene que pasar por la creación de nuevos partidos que recojan las demandas y las políticas que las siglas tradicionales no quieren o no saben cómo atender. De lo contrario, se puede agitar a la opinión pública, se pueden cambiar conciencias, se pueden parar desahucios, organizar escraches para abochornar a políticos corruptos..., pero no se podrán transformar estas demandas en políticas efectivas. Para cambiar la ley hipotecaria, para impedir que siga subiendo el precio de la electricidad o para lograr que la escuela pública siga gozando de los recursos necesarios, los movimientos de participación social han de transformarse en sujetos políticos.

Hablamos en futuro, pero nos referimos a partidos que ya han conseguido representación parlamentaria, como Podemos y las CUP, y que parece que van a ir a más, por difícil que pudiera parecer hace unos años.

¿Cómo se formarán estos nuevos partidos? Existen diferentes vías. Las CUP catalanas, por ejemplo, trabajan con una lógica territorial. Se trata de pequeñas asambleas que debaten problemas de política local, ya sea en pueblos o en barrios. Desde esas bases van encaramándose hacia problemas autonómicos, más generales, y así han conseguido representación en el parlamento catalán.

Otros partidos se benefician de saber usar las nuevas tecnologías, en las que suelen encallarse los partidos tradicionales. Es el caso del Partido X, que además presenta una manera distinta de hacer política. De entrada pretendían estar solo en la red, pero se han visto superados por la marea Podemos, muy presente en el que sigue siendo el principal medio de comunicación —y por tanto de influencia—, como es la televisión. Además, el Partido X tenía un grupo potente que pedía a la gente que escogiera candidatos (aunque estos no fueran conscientes de formar parte de la lista ni se hubieran postulado a cargo alguno). Luego, al contrario que los ya famosos círculos de Podemos, el Partido X tenía una estructura más jerarquizada, en la que controlaban a los grupos locales, les tenían que dar su aprobación y controlaban más los contenidos de sus reivindicaciones. El resultado es que su crecimiento ha sido dificultoso. Así pues, aunque como idea tiene futuro y puede crecer progresivamente, tendrá que combinarse más con lógicas como la de Podemos, con una comunicación directa y libre.

Podemos ha conseguido un gran éxito en las últimas elecciones europeas valiéndose de una lógica multicapas, lo que significa trabajar a niveles muy distintos. En primer lugar se han aprovechado muy bien de las redes sociales. El mensaje que han lanzado es: «Nosotros defendemos estos diez puntos básicos. Si estás de acuerdo, no me interesa quién eres ni a qué te dedicas: puedes crear un círculo en tu pueblo o en tu ciudad, y usar la marca Podemos, aunque no estés al 100 % de acuerdo con lo que nosotros defendemos». Se trata de una estructura de franquicia que solo exige el acuerdo con unos puntos muy básicos que no suponen un gran contenido ideológico en el sentido clásico del término (una estrategia que también ha empleado Ada Colau con la PAH) y que se ha propagado a gran velocidad, algo que solo puede conseguirse empleando correctamente los recursos en la Red de las nuevas tecnologías.

Por otro lado, han hecho un trabajo intenso en medios alternativos y de barrio: en radios populares, en el programa de televisión alternativa La Tuerka y, además, se han dado a conocer en los debates de canales como Cuatro o La Sexta, lo que les ha permitido llegar a un público televisivo ajeno a los movimientos de la red. Han estudiado muy bien el estilo de intervención: mensajes sencillos, un fondo crítico que podía ser muy duro, pero con formas suaves. Agresividad en el contenido cuando era necesario, pero con una actitud positiva, amable.

La claridad de exposición es clave en el progreso de Podemos. Lacan lo escribió en su libro sobre el nuevo populismo: «Hay sectores de la población a los que no les invitas a participar si no utilizas un lenguaje sencillo». Muchos de los votantes no te escucharán si tus enunciados son complejos: sencillamente no te entienden. La profesionalización de los partidos en Europa y en América ha terminado excluyendo a mucha gente del debate político, pues se dirime en un lenguaje que no entienden. Algunos analistas coinciden en que buena parte del éxito de Hugo Chávez se debía a que hablaba de manera que las personas que se habían autoexcluido de la política por incomprensión volvían a sentirse protagonistas. Esta estrategia tiene sus límites y sus peligros. Pero si observamos la distribución de niveles educativos de España, advertimos que el 5 % de mujeres de más de 65 años todavía son analfabetas, y que no llega al 50 % el número de votantes que han disfrutado de una educación secundaria. Se trata de muchos votos, y un partido que se salga del lenguaje técnico y en cierto modo elitista que emplean los partidos tradicionales, puede acceder a una importante bolsa de votantes.

En cada país las elecciones se deben ajustar al nivel cultural medio de sus votantes. En los países nórdicos, donde casi el 90% de los ciudadanos ha cursado estudios secundarios obligatorios, al pasear por la calle apenas se percibe que están en campaña. El nivel de debate y la calidad de la información son altos, pero, como casi todos leen el periódico y entienden el lenguaje de las discusiones, no se hace necesario pegar carteles por la calle. Por el contrario, Podemos ha puesto la cara del candidato en la papeleta, no tanto para satisfacer el ego del político como podría pensarse, sino para que los votantes menos preparados puedan identificarlo. De ahí la importancia de emplear un lenguaje didáctico (apoyado en ocasiones en videos explicativos) que pudieran comprender la mayoría de los españoles.

Las apariciones en televisión, aunque Cuatro o La Sexta no sean canales con grandes audiencias, también han sido cruciales, porque si uno sale en la televisión, se convierte en una cara conocida y es más fácil que lo identifiquen como algo «propio». Este reconocimiento no puede conseguirse solo en la red o en programas de radio local.

Gracias a la combinación de estas capas, Podemos ha logrado cosechar un gran número de votos sin apenas base territorial.

La capa que les ha faltado es la de los medios de comunicación clásicos o convencionales. Hay personas que no se mueven en redes y que prefieren Televisión Española a Cuatro, que leen tres periódicos al día pero no saben quién es Pablo Iglesias ni han oído hablar de Podemos. El apagón informativo que en estos medios ha sufrido Podemos ha alcanzado cotas escandalosas que hubiesen destrozado las expectativas de cualquier otra organización, pero esta se ha sobrepuesto gracias a que había engrasado mecanismos alternativos para acceder a la gente.

Se dibuja así un perfil de partido que rompe con el eje tradicional izquierda-derecha (y también con nacionalismo-no nacionalismo que impera en el País Vasco y en Cataluña) y que se beneficia de las nuevas tecnologías y de otros sistemas de comunicación alternativos para acceder a las instituciones. Sorprende que organizaciones como Demoscopia no advirtiesen que un fenómeno como Podemos eclosionaría en las elecciones europeas. La Van guardia tituló apenas quince días antes de las elecciones que el bipartidismo se consolidaba y, aunque Rajoy asegurara el día después que «pese a quien le pese, los dos principales partidos de España siguen siendo el PP y el PSOE», lo cierto es que ambos han sufrido un descalabro de más de 30 puntos porcentuales, o lo que es lo mismo: han perdido más de cinco millones de votantes.

Es cierto que PP y PSOE siguen siendo los dos partidos más votados, pero no es menos cierto que la distinción teórica entre partidos tradicionales y ciudadanía empieza a visualizarse también en el arco parlamentario. La propia lógica de estos partidos posibilita que en un futuro más o menos próximo varios de ellos confluyan en unas elecciones con un programa común y de consenso que devuelva a la primera línea del debate político cuestiones que los grandes partidos tradicionales parecen tener poco interés en discutir. Sería este el caso de Guanyem Barcelona, una candidatura de consenso cuya cabeza más visible es Ada Colau y que pretende aglutinar el voto de formaciones con ideas similares (desde Iniciativa a las CUP pasando por Podemos o Partido X) con el propósito de que las iniciativas ciudadanas no se queden en la calle como quejas y lamentos, sino que se aúpen al gobierno de las instituciones donde se deciden las políticas que definirán las vidas de todos los ciudadanos.

11. Dudas sobre los nuevos partidos

Existen dudas sobre si una organización descentralizada puede concurrir con garantías a unas elecciones. Los grupos que debatían en el 15-M se caracterizaban por una estructura pluralista muy fraccionada, una serie de corpúsculos hiperdemocráticos que no está claro que puedan adecuarse a la gestión diaria del gobierno de un Estado, que requiere de ciertos mecanismos para decidir y responder a situaciones urgentes e inesperadas.

Esta es una de las ventajas (que como todo puede volverse una desventaja) de los partidos ya constituidos, que pueden pronunciarse deprisa ante cualquier eventualidad porque su estructura es muy jerárquica, y lo que dice quien manda enseguida es asumido por quienes obedecen. Las órdenes se transmiten muy deprisa por la cadena de mando. Un partido está preparado para que se obedezcan y se ejecuten las instrucciones al momento, aplazando para otra situación las voces disidentes o las opiniones contrarias.

Parece difícil que pueda gestionar algo tan complejo como la política de un Estado una asociación, círculo o plataforma que tenga que someter a discusión todas las cuestiones. Que uno proponga: «Hagamos esto», y los demás respondan: «Pues mejor lo sometemos a asamblea y lo discutimos».

Así se entorpece el gobierno porque muchas veces los ciudadanos necesitan respuestas rápidas. En muchas ocasiones, la respuesta tiene que ser inmediata, y de cara a la opinión pública suele ser bueno precisar con claridad quién es el responsable de la decisión, el portavoz y el interlocutor.

Este retrato de las asociaciones políticas surgidas a raíz del 15-M tiene algo de caricatura, si se quiere, pero la cuestión de fondo es que, para aprovechar todas las buenas ideas que han puesto en circulación, es necesario que se organicen de manera que puedan constituir partidos y gobiernos eficientes.

Uno de los retos que se perfila en el horizonte del futuro inmediato de la política nacional, es precisamente cómo combinar la eficacia con partidos y repartos de escaños más democráticos y representativos. A nivel de barrio y local, no cabe duda de que son capaces de funcionar de manera efectiva, pero la pregunta es: ¿cómo podrán organizarse a medida que abarquen mayores áreas de influencia y de poder, donde se requieren respuestas rápidas y reflexionadas que a la postre afectarán gravemente a la vida diaria de los ciudadanos?

A esta cuestión de la «eficacia» cabría añadir otras relativas a la forma en la que puede funcionar su liderazgo. La reciente Asamblea de Podemos del pasado mes de octubre ha sacado a la luz la dificultad de combinar liderazgo con gobierno asambleario. En un partido que, por principio, declara nutrirse de las bases es ciertamente difícil que no surjan tensiones entre quienes exigen un continuo rendimiento de cuentas y la permanente atención a la comunicación desde abajo, y los que reclaman una cierta autonomía del liderazgo. No ha sido más que una pequeña escaramuza, pero apunta hacia una contradicción que tendrán que resolver en el futuro.

El sistema representativo permite establecer una división del trabajo político o ciudadano, y hoy se están poniendo en cuestión los fundamentos que lo sustentaban. Un ejercicio incesante del control desde abajo hacia arriba nos sitúa, sin embargo, ante no pocas contradicciones, como la prima implícita de la que se dota al activista frente al ciudadano más pasivo o el siempre abierto potencial para descalificar al líder que debe decidir o pronunciarse en el día a día sobre cuestiones que no pueden esperar a ser aprobadas en asambleas, ya sean estas virtuales o presenciales. El desafío está ahí, pero no cabe duda de que el experimento es apasionante.

12. El fin del bipartidismo y el futuro del PSOE

Una de las posibles consecuencias del auge de partidos forjados en la participación ciudadana es el fin del bipartidismo que ha dominado la política española desde la Transición. Con bipartidismo no queremos decir que no hubiese otros partidos con representación en el Parlamento, nos referimos más bien a la alternancia de PSOE y PP, partidos que hasta ahora no se han visto obligados a gobernar en coalición.

El final del bipartidismo no supondrá el derrumbe de ambos partidos. El PP parece que va a mantener su suelo electoral, aunque muy mermado en el País Vasco y Cataluña; puede perder el voto del centro que lo aupó a la mayoría absoluta, pero movilizará votantes de extrema derecha. La ventaja del PP (su éxito histórico) es que no ha permitido (o no ha aparecido) un partido que rivalice con él por la derecha.

El PSOE lo tiene más difícil. Tanto es así que es posible que se derrumbe por completo. Las últimas elecciones generales supusieron un desastre, pero ahora se enfrenta a un más que posible derrame de votos hacia los nuevos partidos de izquierdas.

Actualmente, al PSOE se lo ve deseoso de llegar a pactos de Estado con el PP y de competir con los nuevos partidos de izquierda. Parece como si quisiera demostrarse a sí mismo que es un partido de fiar y al mismo tiempo defender su territorio. El problema es que esta operación posiblemente llega tarde: gran parte del electorado puede interpretar la estrategia como un intento de mantener los privilegios de los partidos tradicionales (de ahí la alianza con el PP) y no creerse que el PSOE sea un partido tan de izquierdas como necesita la ciudadanía, pues ha pasado muchos años por el gobierno y nunca ha abordado ninguna de las reformas profundas que ahora proponen los nuevos partidos.

Una estrategia que podría permitirle sobrevivir sería tratar de perfilarse más como un partido de centro-izquierda que como un partido de izquierda. En esa posición podría recabar votos del PP y competir con UPyD. La contrapartida de una estrategia de este tipo es que significaría renunciar a gobernar en las próximas elecciones, pues se espera una gran polarización entre una derecha más extremada y una izquierda más convencida.

El segundo problema es que el PSOE le ha perdido el pulso a la participación ciudadana y a la calle. La edad media de sus votantes ha subido hasta los 52 años (la del PP es de 58). Si quiere sobrevivir como alternativa de centro-izquierda es imprescindible que vuelva a engancharse a las preocupaciones de los jóvenes. Ante los hombres y mujeres de treinta años que se preguntan «¿qué va a ser de mi vida?», la única receta que puede darles ahora el PSOE es idéntica a la del PP: «Espera a que las cosas vayan a mejor». Mientras en la calle los movimientos ciudadanos no dejan de proponer soluciones y políticas concretas para mejorar la situación, el PSOE sigue convencido de que le basta con declaraciones cosméticas, que suenan a «izquierda», pero que son políticamente inviables, como: «Blindar los derechos sociales en la Constitución». Si, como sucede en la coyuntura actual, el Estado ni siquiera puede garantizar una buena educación y la sanidad pública, ¿cómo va a lograr financiar un proyecto de tal envergadura? Y mientras el PSOE vive de estas generalidades, los nuevos partidos están haciendo esfuerzos mayores de concreción, están tratando de ser realistas.

Los problemas del PSOE no son sencillos de resolver, desde luego. La operación que les permita sobrevivir ante el nuevo panorama de la izquierda pasa por afianzarse en el centro-izquierda (la clave de las mayorías absolutas mientras imperó el bipartidismo) y de acercarse de nuevo a los jóvenes. El problema es que si intenta avanzar en los dos sentidos (centro-izquierda e izquierda juvenil) corre el peligro de desdibujarse como partido, tal y como le ha sucedido al PSC en Cataluña. La impresión es que su objetivo prioritario ahora mismo es resolver el problema de la «casta», de la captación de los recursos de la administración pública por parte de los partidos. Confía en una retórica de izquierdas para mantener el voto rural y el voto de personas mayores que siguen temiendo (o detestando) a la derecha española.

El tercer problema que tiene el PSOE es que se ha hundido en el País Vasco y en Cataluña (donde llegó a gobernar acabando con una suerte de «monopolio» de los partidos nacionalistas), empieza a perder fuelle en Madrid y corre el riesgo de convertirse en un partido del sur, fuerte solo en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. Uno de los activos del PSOE es que se lo consideraba el único partido con un proyecto vertebrador para toda España, que podía imponerse en zonas sin reivindicaciones nacionales y obtener excelentes resultados en Cataluña y en el País Vasco, donde no se lo veía como una amenaza para su identidad. Ahora mismo el PSOE no sabe ni qué modelo de Estado defiende, aparte de la vaga referencia a federalismo abstracto, sin concretar. Ante el pulso del nacionalismo catalán, el PP se siente cómodo en el papel de antagonista y el PSOE se ha quedado sin espacio. Su posición es tan vaporosa que ha terminado por esfumarse de la discusión. El PSOE no solo necesita recomponerse ideológicamente, sino también de manera territorial: es imperioso que diseñe un discurso atractivo para todas las comunidades autónomas, y que defina con claridad cuál es su posición frente a los principales retos que afectan a la definición de Estado y a sus instituciones.

INSTITUCIONES

1. El problema territorial

El problema del encaje de las diversas naciones o nacionalidades en el Estado español no es nuevo en la historia contemporánea. A finales del siglo XIX el asunto ya estaba sobre la mesa en una forma bastante parecida a la actual, y se habían organizado los partidos nacionalistas modernos padres de los actuales: el Partido Galeguista de Castelao, la Lliga Catalana y el PNV. Estos partidos representan a movimientos (y a sentimientos) que están más o menos latentes todo el tiempo, pero que cobran fuerza y presencia en momentos en los que la estructura institucional española entra en crisis, justo como en la coyuntura actual.

La explicación la encontramos en la historia: España es un país que se constituyó articulando antiguos reinos. Hasta principios del siglo XVIII coexistieron monedas, sistemas de medida e impuestos distintos, y solo pudo alcanzar una homogeneidad consistente con medidas autoritarias o, en cualquier caso, sin un consentimiento unánime.

La unidad parcial pero satisfactoria que se logró con el arranque del siglo XVIII empieza a resquebrajarse con el paso del siglo XIX al XX. La cuestión territorial se manifiesta como un problema que está por resolver en varios momentos: con la demanda de Pi i Margall de mayor federalismo, durante la dictadura de Primo de Rivera o con los planes de la Mancomunitat. En todos estos episodios (y en otros parecidos que encontramos en el País Vasco y, en menor medida, en Galicia) se aprecia que la estructura centralista del Estado no encaja bien con los sentimientos nacionalistas que, mayoritarios o no, parecen firmemente arraigados en algunos territorios.

Durante la República se reconocieron las identidades que así lo reclamaban a cambio de no seguir avanzando en sus exigencias, de aparcar definitivamente las proclamas secesionistas. El único horizonte admisible para la República era una descentralización del poder estatal y diluir las reivindicaciones nacionalistas en una mayor atribución de responsabilidades administrativas para los gobiernos regionales.

La guerra civil supone, por motivos evidentes, un jalón muy importante de esta situación de descontento, que se agrava y se radicaliza. Los partidarios de Franco lo expresaron con un taxativo «antes una España roja que una España rota». Cuando Franco obtiene el poder, una de sus políticas más activas y deliberadas es aplastar cualquier manifestación cultural diferente a la oficial. Existe una voluntad firme, mejor o peor articulada, de homogeneizar España. El proyecto no tiene éxito: debilita las manifestaciones de la cultura catalana, vasca y gallega, pero no suprime el sentimiento que las alienta.

Cuando el régimen se desarticula con la muerte de Franco, se reaniman las exigencias de reconocimiento territorial. Nadie puede sorprenderse de que, cuando los catalanes salen a la calle para expresar cómo desean que sea el nuevo orden político al que debe conducirles la Transición, no solo pidan libertad y amnistía, sino que también reivindiquen (y al mismo nivel) un Estatuto de Autonomía.

Los gobiernos democráticos que salieron de la Transición dieron un extraordinario salto adelante en la defensa de las distintas culturas del Estado, entre ellas, y principalmente, el reconocimiento y cooficialidad de las distintas lenguas del territorio. Asimismo, se formaron administraciones autonómicas a cuyos gobiernos se les fue transfiriendo un número creciente de competencias.

¿Estos reconocimientos sirvieron para resolver el problema de fondo? La respuesta depende mucho de a quién le hagamos la pregunta, pues para algunos seguían siendo apenas concesiones, pasos intermedios en un camino que conducía bien al Estado federal, bien a la independencia.

En Cataluña y en el País Vasco, una importante mayoría de ciudadanos se acomodaron bien a la situación, que mejoraba mucho lo que habían conocido. La bonanza económica, el ingreso del país en las principales instituciones europeas y mundiales, así como el progreso en infraestructuras y la consolidación de la democracia, contribuyeron a suscribir esa normalización, pese a que se mantuviesen reservas de ciudadanos (latentes o agresivos) que aspiraban a otro escenario.

Estas sensibilidades se vehicularon en partidos nacionalistas de carácter más bien conservador y católico que agruparon la mayor cantidad de votos (PNV y CiU), y partidos de izquierda con reivindicaciones más intensas y exigentes que mantenían una presencia menor en sus respectivos parlamentos (HB, EA o ERC). Si analizamos los resultados, el sistema autonómico que se desarrolló a partir de la Transición permitió un encaje provisional y cierta estabilidad (una expresión que tiene sentido si atendemos al conjunto del país, pero que suena muy insuficiente si recordamos la desgarradora actividad terrorista de ETA).

2. Los límites del Estado de las autonomías

El sistema autonómico ha dado resultados, pero si lo observamos con detenimiento veremos que no se trata de un sistema del todo coherente: ni ha reconocido la identidad propia de los territorios que lo reivindicaban ni ha profundizado en el Estado federal. Por un lado, se ha mantenido la idea de que solo existe una nación en el Estado: España; y, por otro lado, se ha instituido el hábito de que las dos comunidades más reivindicativas de sus derechos y sentimientos establezcan desde sus gobiernos autonómicos una relación bilateral (no contemplada explícitamente por la Constitución) con el gobierno central.

Así, hemos visto a Pujol negociar con Felipe González y a Arzalluz con Aznar sin presencia del resto de los representantes autonómicos, a quienes luego se comunicaban los acuerdos a los que habían llegado. Al resto de las comunidades les parecía bien esta bilateralidad que no estaba contemplada en ningún sitio, porque, en cuanto los partidos nacionalistas terminaban la negociación, ya sabían qué podían reclamar y dónde estaba el techo. Cataluña y el País Vasco les abrían el camino con su impulso, y el gobierno central terminaba cediendo ante todos porque no le interesaba que se formalizasen más diferencias entre comunidades (o que se distinguiese con claridad entre nacionalidades y comunidades).

La inercia de este sistema atrofió, antes de que llegase a nacer, la posible ordenación federal del Estado: nunca se desarrollaron ni una comisión federal ni una estructura federal... La situación es especialmente llamativa en el caso del País Vasco y Navarra, que lograron su excepcionalidad fiscal en base al argumento de sus derechos históricos, y en cuya negociación siempre estuvo presente el hecho de que se trataba de un territorio donde se estaba matando y donde no convenía agravar la situación social. Así fue como se introdujo en la Constitución un «elemento» preconstitucional sin dar demasiadas explicaciones, y de manera parecida puede explicarse la defensa de una ley electoral que no mermara el peso de los partidos periféricos en las Cortes.

El sistema ha ido funcionando con mayor o menor dificultad, pero desde el momento en que aceptó particularidades que simultáneamente negaba en la teoría evidenció que estaba recorrido por una fisura. Esta debilidad de base se manifestó cuando la crisis económica frenó primero la economía española y después empezó a devastar el Estado social. El Estado incumplió, siempre dentro de la legalidad, con el acuerdo tácito basándose en una argucia: transfirió competencias acordadas, pero mantuvo leyes de bases tan amplias que la capacidad de autogobierno y de despliegue de las comunidades quedó maniatada. Por su parte, tanto en el País Vasco como en Cataluña empezaban a preguntarse si era buen negocio contribuir tanto económicamente a un Estado estancado, si no sería mejor emprender una aventura en solitario, o bien solicitar el reconocimiento de nación y darle cuerpo legal a las relaciones bilaterales que, de alguna manera, estos territorios ya habían establecido previamente con el Estado central.

3. Las reclamaciones de Cataluña

La reforma del estatuto de autonomía de Cataluña y también el llamado Plan Ibarretxe deben interpretarse dentro de esta situación de descontento que el Estado de las autonomías no ha podido solventar, y en algunos casos ni siquiera plantear.

El nacionalismo catalán, al elaborar, por iniciativa del entonces presidente Pasqual Maragall, un plan para reformar el Estatuto de Cataluña, concretó sus tres principales reivindicaciones:

1) Reconocimiento como nación (que era una manera de pedir que se reconociese una práctica de negociación bilateral que ya tenía claros precedentes).

2) Lealtad del Estado para que no abusase de las leyes de bases.

3) Conseguir una redistribución de los recursos entre las comunidades autónomas que respetase el principio de ordinalidad. Según este principio (que se aplica en Alemania tras sentencia del Tribunal de Karlsruhe), una vez hecho el reparto, la comunidad que más aporte al erario público sigue siendo al final del proceso la que queda en primer lugar en la proporción de renta disponible. Se reducen claramente las distancias entre comunidades desde el punto de vista de la renta disponible, pero no se altera el orden que emana de la distinta capacidad de generación de riqueza. Esta medida, que lleva décadas funcionando en Alemania, tiene como objetivo desincentivar la búsqueda de vías secesionistas por parte de las economías más fuertes.

Desde la perspectiva de los nacionalistas y de los partidarios de aumentar el autogobierno de Cataluña, la reforma del Estatut fue una oferta leal para cambiar las reglas del juego. Su aprobación no suponía la salida de España, pero sí una reforma profunda y consciente del Estado. El gobierno de Maragall y el presidente de la comisión para la reforma, Carles Viver Pi-Sunyer (que había sido vicepresidente del Tribunal Constitucional), trataron de llegar al límite de lo permitido por la Constitución y blindar las competencias, con especificaciones muy detalladas, para que luego el Estado no pudiese usar abusivamente las leyes de bases y seguir condicionando las competencias transferidas.

El resultado lo conocemos todos: el Parlament lo aprobó con una mayoría considerable, en las Cortes cambiaron el 85 % de los artículos y se lo devolvieron a la Generalitat para que organizase el referéndum que terminaría por aprobarlo. Posteriormente, el Partido Popular recogió firmas para presentar un recurso de inconstitucionalidad. El tribunal correspondiente, tras largas deliberaciones, negó la condición de nación, no reconoció el principio de soberanía y recortó todavía más las competencias. Esa decisión soliviantó a una buena parte de la opinión pública catalana que no entendió que tras ese intenso y profundo debate y proceso de ratificación popular, la sentencia del TC cortara de raíz esa dinámica de ajuste.

Esta cadena de hechos ha provocado una situación de estancamiento que no ayuda a solucionar el problema. Ha puesto de manifiesto que hay una contradicción en el proceso constitucional: si el poder emana del pueblo y se permite un referéndum para aprobar el Estatuto de Cataluña, entonces no tiene sentido que una sentencia del Tribunal Constitucional (cuya autoridad proviene del mismo pueblo que ha refrendado el Estatuto) lo anule. Lo lógico hubiese sido que la sentencia se hiciese antes del referéndum, y no después, para evitar las contradicciones.

El descontento entre los votantes catalanes que se preguntan para qué sirvió desarrollar un Estatuto y aprobarlo en referéndum se expresó en la concurridísima manifestación del 11 de septiembre de 2012. Al mismo tiempo, ese descontento ha avivado un sentimiento de hartazgo, imbuido o propio, cuyas causas son numerosas: efecto de la argumentación de matriz más nacionalista (en plena crisis muchos ciudadanos se han convencido o han sido convencidos de que todo les irá mejor si dejan de estar condicionados por la dinámica de redistribución interterritorial, sentimiento que se ha condensado en el demagógico «España nos roba»), disgusto con el Estado por no admitir sus particularidades nacionales, ausencia de una ruta de salida de la crisis por parte del gobierno español... La consecuencia de todo ello es clara. El independentismo en Cataluña, apoyado hace poco más de una década por únicamente el 14 % de los encuestados, ha pasado a cifras cercanas al 50 %.

Sea como sea (y se canalice como se canalice), por primera vez el número de ciudadanos catalanes que quieren formar un Estado (y probablemente un Estado independiente) es lo bastante significativo como para que la transformación del sistema autonómico o incluso la separación no sean una quimera política.

4. La reacción en el resto de España

A partir del momento en el que desde Cataluña se anuncia el deseo de convocar a su población a una consulta para preguntarles si desean constituirse en un Estado, el resto de las nacionalidades del Estado español se ve forzadas a reaccionar, aunque solo sea para posicionarse.

En el País Vasco, donde existe un nacionalismo activo y bien articulado, se aprecia una notable incomodidad, cuando no un considerable malestar. El PNV parece que no quiere salir de la situación en la que está: con el concierto económico vigente y la violencia terrorista desactivada, no habría perentoriedad alguna en moverse en una dirección distinta. El problema es que, cuando un nacionalismo se radicaliza, tiene muchos números de fagocitar al nacionalismo moderado. En Cataluña se está viendo: CiU trata de emular las posiciones de ERC.

El PNV ha mantenido aletargado o en segundo plano al nacionalismo más radical del País Vasco, porque ha logrado convencer a sus electores de que más o menos han tocado techo en sus reivindicaciones y de que ya están bien como están. Ni siquiera el rechazo al Plan Ibarretxe supuso grandes protestas sociales ni ciudadanas. Pero ¿cómo debe reaccionar el PNV si en Cataluña, entre CiU y ERC, demuestran que sí se puede avanzar más, que el nacionalismo puede incrementar la presión y atreverse a valorar incluso la posibilidad de abandonar España? Entonces el PNV se verá obligado a mover ficha en una dirección que ni siquiera sabe si le interesa.

En España la reacción es muy variada. Hay una cantidad considerable de españoles que no quieren que se vote en Cataluña porque aseguran que se trata de un referéndum ilegal. Para estos ciudadanos, en ningún país del mundo se permite que una parte se desgaje unilateralmente. El argumento primordial es que debe ser consentido por todos los españoles, que todos deben ser convocados en referéndum, aunque se pueden señalar dos casos (plenamente integrados en el escenario democrático occidental) que contradicen esta teoría: Canadá y el Reino Unido, donde se han celebrado referéndums para la independencia del Quebec y Escocia.

En España encontramos también ciudadanos que quieren que se debata y se negocie el encaje de Cataluña en España. Para muchos el futuro pasa por un Estado federal, pero existen matices y divergencias: unos estarían dispuestos a concederle a Cataluña un concierto económico; para otros sería un error ofrecerle el mismo privilegio, ya de por sí injusto, que al País Vasco, pues defienden las solidaridad entre territorios, un factor de reparto esencial para el progreso general de un país.

No tiene demasiado sentido oponerse a la implantación de una redistribución de esta clase (a menos que uno defienda criterios exclusivamente autárquicos): en el eventual caso de que Cataluña se independizase y consiguiese seguir en Europa, tendría que contribuir con sus impuestos al desarrollo de países como, por ejemplo, Bulgaria o Rumanía en lugar de Extremadura o de Andalucía.

La principal duda para los españoles dispuestos a negociar con Cataluña los términos de su permanencia en el Estado español es si ya se ha alcanzado o no un punto de no retorno: si la gran mayoría de catalanes aceptaría integrarse a un Estado regido por nuevas normas, o si el deseo de marcharse ya es irreversible. En este sentido, el plan del gobierno del PP de retrasar la consulta por la vía de negar su validez y de demorar cualquier negociación alternativa (quizás a la espera de la más que anunciada probable salida de la crisis) parece una vía estéril: si se mantiene vivo el descontento en Cataluña (que podría abrazar a millones de ciudadanos), la situación solo puede desembocar en una consulta o en una negociación seria, sin restricciones previas.

Si una posición minoritaria como lo era la del independentismo ha conseguido alcanzar una sensación de hegemonía en el discurso público catalán, no parece conveniente acudir a las negociaciones con la idea de defender a toda costa el Estado de las autonomías y la Constitución. Si se quiere impedir por la vía de la negociación que Cataluña se desgaje de España, es imprescindible asumir que es muy probable que la mayoría de los catalanes ya no crean en la actual configuración del Estado español como proyecto de futuro, y que la reforma del Estado de las autonomías y de la propia Constitución es la vía natural para apagar este descontento y reactivar el interés por un renovado proyecto común.

Incluso se aprecia un motivo pragmático para ofrecer la reforma en las negociaciones: si no se aborda la reforma territorial, seguirá creciendo el independentismo, y si Cataluña se va del Estado, se tendrá que elaborar una nueva Constitución. Dado que España tendrá que reformarse sí o sí, parece más prudente hacerlo cuando todavía puede mantener a Cataluña en el Estado que cuando se haya producido el divorcio. Enrocarse en la defensa del statu quo y poner límites apriorísticos a las negociaciones podría revelarse como una insensatez política.

5. La constitución de una España federal

Si se abre la puerta a una negociación sin restricciones previas, un verdadero proceso constituyente, podría abordarse la conveniencia de constituir una España federal. Una de las ventajas de este debate es que si el independentismo es, como dicen algunos, un tema coyuntural, muchos ciudadanos catalanes podrían distanciarse de él si se contemplase un federalismo capaz de reconocer las identidades nacionales y de mejorar la financiación de Cataluña.

La reforma constitucional no solo conllevaría mejoras en el encaje territorial del Estado, sino que podría aprovecharse para corregir algunas de las fallas del sistema actual, la mayoría de las cuales ya han sido objeto de comentario. Así, por ejemplo, en un Estado federal el Senado encontraría por fin su razón de ser. Una ventaja subsecuente es que se podría reformar la ley electoral a fondo y también elaborar una ley de partidos que garantizase la transparencia.

En principio, es una incógnita cómo reaccionaría el resto de las comunidades autónomas si se sintiesen perjudicadas, si se atacan los actuales procesos de redistribución de los impuestos... Pero ante la amenaza de la partición del Estado, incluso las comunidades menos favorecidas podrían estar a favor de un federalismo asimétrico donde siguiese dándose una redistribución de las rentas, pero respetando el principio de ordinalidad. Es de suponer que estas autonomías se avendrían siempre que las dejasen sentar en la mesa de negociación y se evitase un segundo concierto económico para Cataluña como el que ya tiene el País Vasco, algo que con los actuales encuentros bilaterales entre Rajoy y Mas no ocurre.

Incluso el País Vasco, siempre refractario a reformar una Constitución que reconoce su estado de excepcionalidad, podría aceptar la negociación ahora que desde Europa se está empezando a cuestionar su Concierto. Ya se les ha multado por las «vacaciones fiscales» y puede ser que desde la UE se acabe pidiendo que se termine con este régimen fiscal.

Las circunstancias son propicias, la resolución parece justa y beneficiosa para todos, se ha invertido mucha inteligencia y esfuerzo intelectual en promoverla y, sin embargo, ningún partido tradicional ha reivindicado el federalismo como opción. Mientras estuvo al frente del PSOE, Rubalcaba no quiso ni oír hablar de federalismo, como tampoco ha querido saber nada Rosa Díez («Las obsesiones nacionalistas requieren tratamiento médico y no federalismo», ha declarado). El PP y CiU parecen cómodos en una confrontación que les permite a ambos quitarle votos al PSOE, y temen que su electorado más radical interprete el acuerdo para negociar un Estado federal como una muestra de debilidad: los votantes más radicales del PP perciben el federalismo como un ataque a la nación española a la que se quiere vaciar de contenido, mientras que los votantes más radicales de Convergencia (que podrían pasarse a ERC) lo interpretan como una componenda pensada para frustrar sus anhelos de independencia.

Si no se explora una vía federal que parece bloqueada por los partidos políticos con mayor representación, los asuntos a negociar se multiplican: una reforma fiscal (que podría derivar en un nuevo concierto económico), el reconocimiento de aspectos identitarios (blindar la cooficialidad del catalán y la inmersión lingüística) y simbólicos (un DNI o un pasaporte con «marcas» catalanas) y las contradicciones estructurales (reconocimiento como nación, bilateralidad...).

Se trata de cuestiones graves, de fina ingeniería política, que requieren de buena predisposición, dedicación y talento, pues trascurrirían en un clima tenso, y muy posiblemente con la oposición de las comunidades que se sientan desplazadas de unas conversaciones cuyo resultado las afectará a todas. Y de momento los principales representantes políticos de PP y CiU ni siquiera son capaces de sentarse en una misma mesa.

6. Vías abiertas y cerradas para una consulta sobre el futuro de Cataluña en España

Si las negociaciones no llegan a nada, o si acaban en un acuerdo que lo incluya, el siguiente paso natural sería convocar una consulta popular. Pero no está nada claro cuál debería ser la pregunta ni quién debería ser convocado: si todos los españoles o solo los catalanes.

Una de las quejas habituales (compartida también en el interior de Cataluña) ante la consulta es que parece fruto de una improvisación que corre en paralelo a la transformación de la coalición CiU en un partido independentista (lo que nunca había sido). Parece como si se quisiera dar preeminencia a los factores emocionales sobre el debate de fondo: qué es más conveniente para los ciudadanos. CiU, apoyándose en el legítimo malestar de los votantes con el funcionamiento del Estado español, pretende resolver el tema, aunque sea forzando la legalidad, amparándose en la fuerza de «querer votar», «querer decidir».

Si la consulta fuese en serio (es decir, si el resultado pudiese abrir la puerta a definir qué territorios siguen perteneciendo o dejan de pertenecer al Estado español a través de esa vía) no queda claro si se debería convocar a todos los españoles o bastaría con el voto de los ciudadanos catalanes. El debate es más adecuado para juristas que para politólogos, pero hay un aspecto importante en el que coinciden casi todos los especialistas: las contradicciones de fondo de la Constitución dificultan considerablemente esclarecer qué sería lo «legal».

En el pacto que dio paso a la Constitución española se reconoció que existían procesos de legitimación institucional previa. El caso más llamativo son los derechos históricos del País Vasco y Navarra que se incorporaron al nuevo marco constitucional tal y como estaban, sin plegarse al marco democrático. También se reconocieron autonomías con derecho al autogobierno como Cataluña, el País Vasco y Galicia.

De manera tácita se acordó que estas comunidades eran naciones, aunque la Constitución hable de «nacionalidades». El propio Manuel Fraga en el debate de los finales de los setenta declaró: «No seamos ingenuos. Cuando decimos “nacionalidades” estamos hablando de “naciones”».

Si se reconoce a Cataluña como nación (que es lo mismo que decir como sujeto político), resulta más sencillo defender que su soberanía pertenece al pueblo catalán y que bastaría con que se convocase a las urnas a los ciudadanos de esta «nación». Pero como este reconocimiento es tácito y queda reflejado de manera un tanto imprecisa en la Constitución, permite que otras interpretaciones no estén para nada de acuerdo con esta manera de resolver el problema y que, amparándose en el artículo de la Carta Magna donde se afirma que la soberanía nacional reside en el pueblo español, niegan que pueda convocarse un referéndum que afecta al futuro del territorio compartido sin que se convoque a todos los ciudadanos.

La legalidad del referéndum queda así en una vía muerta.

7. ¿Cómo gestionar el descontento ciudadano en Cataluña si no se convocan elecciones tras el 9 de noviembre?

El aspecto más difícil de solucionar de la demanda catalana para que se celebre una consulta donde decidir su futuro como nación, y su encaje o independencia del Estado español, es que, más allá de lo que pensemos sobre el posible oportunismo de los partidos políticos que la gestionan y de las dudas que nos susciten algunos de los lemas que la promueven, lo cierto es que surge como una reivindicación ciudadana, aparentemente compartida por millones de votantes.

De manera que un pacto de última hora entre PP y CiU o la negativa de los partidos políticos españoles a negociar (actitud que logró asfixiar el Plan Ibarretxe en la medida en que se trataba de una iniciativa pensada desde «arriba» hacia «abajo») es posible que lejos de sofocar los ánimos levante todavía mayores reivindicaciones.

Dentro de Cataluña incluso se escuchan voces (con cargo público o tribuna en los medios) que piden la independencia aun a costa de salir de la Unión Europea. Aunque este propósito sea aparentemente un absurdo (de hecho, en el imaginario tradicional del soberanismo catalán es una opción que ni siquiera puede contemplarse), tanto desde un punto de vista geoestratégico como económico da cuenta de la situación de bloqueo en la que nos encontramos.

Planes como el de integrar a Cataluña en el espacio Schengen (donde se agrupan países que no forman parte de la Unión Europea pero que comparten el derecho a la libre circulación de personas y mercaderías, como Islandia, Liechtenstein, Noruega o Suiza en su momento) o de entrar en la Francophonie (amparado en un fugaz «dominio francés») son propuestas inviables, pero significativas del grado de frustración que se está alcanzando.

¿Cómo se gestiona un grado tan alto de descontento? ¿Se retirará la gente sin más a su casa si no se permite consulta ninguna ni se articula una perspectiva sugestiva de futuro? Si se tratase solo de un desafío entre partidos políticos, la actitud del gobierno de Rajoy estaría plenamente justificada (al menos como estrategia), pero al partir la demanda de una parte muy significativa de la sociedad civil catalana, parece una irresponsabilidad de consecuencias incalculables mantenerse enrocado.

La impresión que tenemos es que ambas partes saben que, para mitigar una tensión que puede estallarles en las manos, tarde o temprano tendrán que dar algún paso que calme las reivindicaciones de la ciudadanía catalana. Mientras ese momento llega, su actitud se parece bastante a la imagen de aquella película de James Dean en la que dos conductores dirigen sus vehículos hacia el precipicio bajo la consigna (más o menos suicida) de «gallina es el que frena antes». La dinámica de la tensión actual coincide con la de esos dos conductores que han acordado que el ganador será el que se detenga más cerca del precipicio y que se van mirando por la ventanilla para apreciar mejor la cara de susto del otro. El riesgo, al menos en la película, está en pasarse de frenada y despeñarse por el precipicio.

No parece claro cómo se podrá aplacar a los ciudadanos desde el momento en que muchos votantes catalanes se han convencido (o los han convencido) de que todos los males sociales y económicos se desvanecerán (más o menos rápido) en cuanto se alcance la secesión, y cuando para miles de personas el horizonte de expectativas ya no es un Estado español que consideran desgastado y sin rumbo, sino un inminente Estado catalán (independiente o integrado en una España federal).

Seguramente solo en una dinámica constituyente en España sería posible buscar alternativas positivas para todas las partes que aún buscan compromisos viables.

8. ¿Una Tercera República?

Una eventual reforma constitucional para redefinir el modelo de Estado español abre la puerta a otros debates. La abdicación del rey Juan Carlos I y la inmediata proclamación de Felipe VI llegó a plantear un cierto debate sobre si debemos seguir siendo una monarquía parlamentaria o si ha llegado el momento de constituirnos como una república.

Aunque evidentemente no es una cuestión que podamos despreciar, si atendemos al panorama que hemos trazado sobre los problemas de la política europea y española, y a los retos que nos propone la participación, el debate sobre la pervivencia o no de la Monarquía se dibuja como un asunto secundario.

Incluso si uno está de acuerdo con que la liquidación de la Monarquía es una reivindicación justa de aquellos que hicieron la guerra a favor del gobierno legítimo de una República y contra un sistema autoritario como la Monarquía de Alfonso XIII... Incluso si uno se considera de manera teórica republicano o contrario por principios a una monarquía hereditaria, conviene situar el debate en el contexto actual.

La república despierta las simpatías de muchos de nosotros porque progresa en un logro universal: que cualquier ciudadano con independencia de su apellido y de su posición social pueda presentarse a unas elecciones y convertirse en diputado, ministro o presidente del gobierno. Visto desde esta perspectiva se trataría de ampliar este derecho al último cargo público oficial que se resiste y que se escapa de las elecciones: el de jefe de Estado.

Pero es importante en este caso observar algunos detalles prácticos. En primer lugar, hoy en día (con casi todos aquellos que combatieron en la guerra civil alejados por edad de la responsabilidad civil) la elección entre monarquía y república ya no supone elegir entre dos sistemas políticos opuestos. El sistema democrático no está en juego. De lo que se trata es de decidir si queremos un sistema presidencial con un jefe de Estado electo o relevado por sucesión hereditaria.

En segundo lugar, aunque la disyuntiva entre república y monarquía parece cargada ideológicamente, en la práctica no resulta ser exactamente así. Parece que la izquierda debería estar en contra de la institución, pero en España tradicionalmente ha sido la derecha la más agresiva contra la monarquía: la Falange fue abiertamente antimonárquica, como lo sigue siendo buena parte de la derecha actual y de la prensa más reaccionaria. José María Aznar fue el primer presidente democrático en congelar a la figura del Rey. Por la posición que ocupa (más allá del sistema de elección), el Rey parece un cargo ideológicamente neutro, y lo cierto es que el rey Juan Carlos trabajó para la legalización del Partido Comunista (partido al que, por cierto, en aquel momento le daba bastante igual que España fuese o no una república) y tuvo un buen entendimiento con los dos presidentes más de izquierdas de la democracia.

En tercer lugar, un dato a tener en cuenta es que el 80 % de los países con mayor calidad democrática y con las instituciones más limpias son monarquías parlamentarias: Holanda, Suecia, Noruega, Dinamarca, Reino Unido... Este es un hecho que debería animarnos a reconsiderar nuestras posiciones porque parece difícil que sea producto del azar. De alguna manera, estas monarquías modernas, limitadas a la función representativa, actúan como una suerte de árbitro, e impiden que los partidos se apoderen completamente del Estado.

Se entiende que haya ciudadanos que consideran a la monarquía como una institución anacrónica. Pero si atendemos a la capacitación efectiva de un monarca, y una jefatura de Estado neutra contribuye a la prosperidad de un país y a su salud democrática, se puede defender que tampoco es un disparate que, en lugar de ofrecer la jefatura del Estado a los partidos tradicionales, decidamos que la ostente el Rey, amparado en la legitimidad tradicional: es decir, que en España siempre ha sido así.

Si ninguno de estos argumentos convence al republicano que muchos de nosotros (amparados por la razón) llevamos dentro, queda una última consideración pragmática. La Monarquía supone una suerte de contradicción, pues fue impuesta por Franco pero también fue legitimada de alguna manera al ser contemplada en la Constitución que se aprobó en bloque. Mantenerla o suprimirla es una «decisión política fundamental» (como si nos decidimos a formar un Estado federal) y merece una nueva Constitución: no bastaría con una simple reforma.

¿Merece la pena polarizar a la población española en dos bandos en torno a una cuestión menor a efectos políticos, en un momento en el que debemos afrontar un triple reto (la integración federal o la independencia de Cataluña; la regeneración de unas instituciones debilitadas por la corrupción; y la irrupción de nuevos partidos acrisolados por la participación ciudadana)? La división y la tensión política (agravada por una crisis que amenaza con instalarse) no aconsejan que añadamos otro motivo de división.

Para algunos, la Monarquía cumple con una función muy importante en un país tan agitado históricamente como España: nos da estabilidad. Se trata de un símbolo que funciona mejor en la medida en que el Rey y su familia se atenúan como seres humanos y se manifiestan como «cargos neutros» que nos representan a todos (a diferencia de los partidos). En una situación así, los escándalos son intolerables. De ahí que haya sido positiva la abdicación de Juan Carlos I cuando empezaban a proliferar escándalos de corrupción entre la familia real. Ahora el nuevo Rey tiene que ser ejemplar: no inmiscuirse en política de partidos, ser transparente en los gastos, no participar en negocios privados...

Apagada la crisis con la proclamación de Felipe VI, quienes creen que la política es pragmatismo, realismo y gobernabilidad tienen razones para tratar de convencer a los más idealistas de que, dada la coyuntura actual, no hay una urgencia real para convocar a los votantes con el propósito de decidir si debemos suprimir o no la Monarquía. Precisamente en un momento de tanta inestabilidad es cuando esta institución puede contribuir a mantener un marco estable donde discutir y decidir, pero no es descartable que el tema aflore de nuevo si se avanza en un proceso constituyente.

9. Los jueces estrella y otras fallas del sistema judicial español

Algunas voces abogan por emprender cambios profundos en la justicia y, si bien es cierto que una reforma de la Constitución abriría la puerta a reformas beneficiosas, a día de hoy lo más urgente debería ser revisar su operatividad: los medios y los tiempos con los que trabaja.

El drama principal de la justicia española es que se acumulan los sumarios hasta un punto en que el sistema parece por momentos colapsado: se empieza a juzgar tarde, los procesos se alargan y las sentencias se retrasan. Por supuesto, una parte de la solución pasa por dotar de mayores recursos al sistema judicial. Pese a ser un estamento clave y un pilar de la democracia, no tiene ni el presupuesto ni el personal adecuados para cumplir de manera satisfactoria con su cometido.

Otro problema, en este caso técnico, es que tenemos un sistema que para algunos es quizás demasiado garantista. La carga de la prueba siempre es para la acusación. De entrada cualquier persona imputada está protegida. Si eres imputado no estás obligado a decir la verdad, mientras que como testigo, sí. Es algo muy contradictorio. Por otra parte, los juicios, por la misma dinámica procesal, se vuelven pesados y lentos. Sería conveniente entonces alguna reforma procesal que evitara muchas de estas disfuncionalidades.

Ante estos problemas, surge de inmediato la pregunta: ¿por qué la justicia no disfruta de más presupuesto y de mayores recursos? Y el motivo lo tenemos que buscar entre los responsables, que no son otros que los propios partidos políticos.

Y lo cierto es que los partidos políticos, además de no dotar a la justicia española de presupuesto suficiente para resolver los problemas de estancamiento, la entorpecen con su actitud. Se han acostumbrado a resolver los problemas no tanto en el combate político como recurriendo al poder judicial. Recursos pensados para situaciones muy específicas, como las apelaciones al Tribunal Constitucional, se han convertido en algo casi habitual. Si no se resuelve lo judicial en lo judicial y lo político en lo político, la política se judicializa inevitablemente. El principal motor de este barullo entre poderes que harían bien en estar separados y divididos es el PP, que durante el gobierno de Zapatero impugnaba y enviaba al Tribunal Constitucional todo aquello que no le gustaba, aunque fuese aprobado por mayoría en el Congreso: pasó con la ley del aborto, con el Estatuto de Cataluña...

Actuar así supone un movimiento indigno, pues la división de poderes, que es imprescindible para el buen funcionamiento de la democracia, se está desdibujando desde el legislativo: se obliga al Tribunal Constitucional a meterse en política y lo convierte en la última instancia de las decisiones legislativas. El ciudadano deja de confiar en la neutralidad de la justicia, pues, al tener que dirimir cuestiones políticas, queda teñido de ideología. Al actuar así, parece como si el Congreso, en lugar de ser la cámara donde los representantes de la soberanía popular proponen, discuten y aprueban leyes, se reduce a una cámara menor que necesita la tutela del Tribunal Constitucional.

Esta judicialización de la política tiene un reverso inevitable: la politización de la judicatura. Los partidos no necesitan que los alienten mucho para intentar inmiscuirse en cualquier institución o resquicio del Estado con el propósito de acumular más poder. Pero si el Tribunal Constitucional y el Consejo Superior del Poder Judicial ya no solo juzgan sobre las leyes que les proporciona el Congreso, sino que son capaces de sancionar su actividad, se convierten en un instrumento político de primer orden y la lucha por dominarlo se encarniza. El partido que consigue formar mayoría obtiene el control de esos estamentos, puede inclinarlos hacia sus ideas y convertirlos en instrumentos útiles para su política.

El contrapeso de esta politización de la judicatura son los llamados jueces estrella. Jueces que se revuelven contra las indicaciones de los estamentos y actúan un poco por libre. Se trata de personajes con carisma que resultan muy atractivos para los medios de comunicación, pero que, en ocasiones, llevados por el entusiasmo que despiertan (se los presenta como una suerte de Robin Hood), se saltan los procesos, actúan caprichosamente, acumulan sumarios, los resuelven cuando les da la gana...

Por simpáticos que nos parezcan en momentos puntuales, se trata de una anomalía en el sistema que no debería presentarse si este funcionase correctamente. El poder judicial debería evaluar los diferentes asuntos de manera lo más neutra posible amparándose en la legalidad vigente, y no entregarse a magistrados estrellas que a veces parecen más interesados en aportar su «toque personal» que en administrar justicia. Los mismos problemas que tenemos aquí con estos personalismos se han reproducido también en Italia. Una de las soluciones posibles para dar el protagonismo a la institución sería que no saliera a la luz el nombre del juez instructor del sumario, y que los medios de comunicación se privasen de ofrecer imágenes. Esta última medida, tan deseable, parece casi imposible de llevar a la práctica, dada la naturaleza y los objetivos de periódicos, radios y televisiones.

Una buena reforma constitucional debería poner coto a la colonización de los partidos sobre la justicia (parecida a la que ha tenido lugar en otras zonas de la administración pública). Es imprescindible que los órganos reguladores sean lo más neutros posibles (el Tribunal Constitucional, por supuesto, pero también el Tribunal de Cuentas o la Comisión Nacional del Mercado de Valores). Y se necesita una reforma porque en nuestro sistema parlamentario actual la división de poderes no es demasiado rígida.

Una solución la encontramos en el sistema presidencialista de los Estados Unidos. Aquí tenemos un presidente que depende de que su partido consiga una mayoría suficiente en el Congreso para gobernar de manera estable. En Estados Unidos, Obama mantiene su autonomía como presidente aunque no siempre consiga la mayoría en las votaciones, incluso si su partido está en minoría en el Congreso y en el Senado. La estabilidad sale perdiendo, pero se incrementa la actividad democrática, el debate y la discusión.

El sistema judicial estadounidense preserva ese sesgo de independencia en los jueces, que pueden llegar a ocupar cargos de responsabilidad aunque su manera de pensar no sea la mayoritaria en sus órganos de control. Los jueces pasan por un filtro, por supuesto, pero acceden a su cargo mediante elecciones: el puesto que se ganan tiene cierta legitimidad democrática, mientras que en España al acceder por oposiciones la única legitimidad es la tecnocrática. De esta manera, aunque los partidos siguieran designando (pues son los representantes de la soberanía popular) a los jueces que componen el Tribunal Constitucional o el Consejo Superior del Poder Judicial, solo podrían elegir entre jueces que dependen o representan a un electorado. Sea como sea, lo importante es que el gobierno de los jueces pertenezca a los jueces y no a los partidos. Y que los partidos recuperen el hábito de decidir en el Congreso y de asumir lo que decidan en esa cámara sin recurrir automáticamente a la justicia para postergar las leyes.

10. La corrupción: un problema político y moral

El nuevo encaje territorial del país, la reforma judicial y la reforma de las leyes electorales, incluso la transición desde una monarquía parlamentaria a una república, pueden quedar lastradas si no se soluciona la corrupción que parece anidar en las instituciones.

La corrupción es un problema legal y político, obviamente, pero ante todo se trata de un problema moral. Tiene que ver con algo que Hegel llamaba «eticidad», es decir, depende de cuáles son los valores dominantes de una determinada sociedad.

¿Qué ética nos gobierna al conjunto de la comunidad? Es curioso comprobar que en las sociedades donde predomina una ética protestante, basada en la responsabilidad individual, donde cada uno responde ante sí mismo de sus «pecados», los índices de corrupción son menores. En los países protestantes, el individuo hace lo que quiere en su vida personal, pero, durante el tiempo que dedica a la vida pública (y no digamos ya si ostenta un cargo en la administración), se impone un puritanismo extremo: saben que no pueden traspasar unas líneas muy estrictas de comportamiento ético porque los ciudadanos no tolerarían actitudes corruptas.

En las sociedades católicas, en el área mediterránea, somos mucho más clientelares: todos ayudamos a nuestros familiares y amigos, tenemos preferencias afectivas, nos cuesta mucho más decidir por criterios objetivos o valorar el mérito. Esta manera de ser no implica necesariamente que tengamos que ser corruptos ni romper los criterios éticos, pero, en una sociedad donde está tan mal visto no ayudar a los familiares y a los amigos, la presión es enorme para que nos «relajemos» y, al final, los criterios éticos terminan por romperse. Un amigo le dice al profesor que tiene a su hijo en clase y que lo ha suspendido, y el profesor le responde: «Hombre, si me lo llegas a decir le echo una mano...». Lo mismo en el trabajo, si nos enteramos de que un familiar o un amigo se presenta a un cargo donde se lo puede ayudar... No actuar así (aunque se trata de un agravio comparativo) está incluso mal visto. Beneficiar a los tuyos (se lo merezcan más o menos) se impone como un deber. Cuando la eticidad social es tan relajada, es fácil que esta clase de «corrupción» pase a la política.

En sociedades como la nuestra es imprescindible distinguir distintos grados de corrupción: se podría hablar de corrupción blanca, gris o negra, por usar una gradación de colores que fuese de lo más tolerable hasta lo intolerable. Y es asimismo importante no hablar de «casos aislados» o de «tradiciones culturales» cuando nos enfrentamos a lo que parece un verdadero sistema de impunidad y de saqueo de las arcas públicas.

Cuando alguien utiliza un cargo público para forrarse mientras organiza la financiación irregular de su partido, se trata de corrupción negra. Esta clase de comportamiento ilegal no es exactamente el mismo que el de Mitterrand cuando se gastó una millonada para edificar la biblioteca más grande del mundo. Es cierto que no tenía ninguna necesidad, que lo movía apenas la ambición personal de pasar a la historia y que malbarató fondos que podrían haber cubierto otras necesidades, pero este sería un caso (reprobable) de corrupción blanca. En medio existen y encontraríamos muchas clases de gris.

Una sociedad está en peligro cuando empiezan a predominar los grises o se toleran las corrupciones blancas. Si se hace la vista gorda en estos casos aparentemente inocuos, se fermenta el lodo de la corrupción más oscura, porque cala la idea de que todo el mundo lo hace (o lo haría si pudiese), que tampoco es tan malo, que directamente no estamos perjudicando a nadie (lo que no es cierto: favorecemos a un conocido y perjudicamos a un desconocido), y que, si no lo haces tú, lo hará otro por algún conocido, o peor todavía: que si no lo haces, eres un primo.

Las sociedades donde la corrupción no prospera son aquellas en las que se ataja con contundencia la corrupción blanca en cuanto asoma. En Alemania o Suecia, en cuanto te pillan, con independencia de lo que luego diga la justicia, tienes que abandonar y dimitir porque la sociedad no admite otra cosa que un sistema limpio, sin sombra de duda. En Alemania hemos visto dimitir a ministros por falsificar un currículo o plagiar una tesis, y en Suecia un alto cargo ha tenido que irse a casa por un uso indebido de una tarjeta de crédito público. Es muy complicado que en países así se infiltre la corrupción negra, porque el estado de alerta de la sociedad civil ante el mínimo abuso o tráfico de influencias opera como cordón de seguridad.

El problema de esta teoría de la «eticidad» (del control social que los valores dominantes ejercen sobre la corrupción) es que, si bien explica qué países son más propensos a dejarse erosionar por la corrupción, plantea un reto imposible para atajarla: cambiar la mentalidad de todo un país.

Una vía más rápida para atajarla consistiría en elaborar leyes muy duras contra la corrupción. Si no hay consecuencias, si los acusados mantienen durante mucho tiempo los cargos, si los delitos prescriben, si no van a la cárcel o se conceden indultos, entonces la corrupción se va reproduciendo e instalando. Se necesita un pacto por el que, cuando una persona queda imputada, renuncie al cargo, con independencia de que luego se la pueda rehabilitar.

Otra medida importante consistiría en desarrollar un trámite específico dentro del sistema judicial para estos casos, de urgencia, que acortase los plazos. También sería conveniente (aunque se trata de una aspiración que por momentos parece utópica) que los medios de comunicación se comprometiesen a seguir la evolución de los casos de corrupción hasta el final, para denunciar cuando se cierran en falso y reactivar a la opinión pública que, en demasiadas ocasiones, se desentiende del caso pasado el escándalo inicial.

Pero, por efectivas que sean estas medidas a largo plazo, una sociedad solo consigue librarse de la corrupción cuando la reprueba de manera sincera y en conjunto. El barómetro histórico del CIS sobre la percepción que el ciudadano ha tenido de la presencia de la corrupción en las instituciones españolas durante la democracia es elocuente: a partir de 1980 sube muy lentamente mientras se celebran las primeras elecciones, progresa de golpe en 1994 con el caso Roldán y otros que sacudieron al gobierno de Felipe González, baja en picado con el primer gobierno de Aznar, y casi desaparece como problema para los votantes hasta que ha subido a su máximo histórico con la secuencia de casos que ahora se suceden: Bárcenas, Urdangarín, caso «Palau«, Pujol, «Operación Púnica»...

Lo que se aprecia con estos datos es que la corrupción parece preocupar en momentos de crisis económica y que, cuando la economía prospera, los ciudadanos se olvidan de la corrupción. Ni la financiación irregular ni el vergonzoso caso Gürtel preocuparon demasiado a una opinión pública que solo se activó cuando se produjo un escándalo extraordinario o cuando la crisis puso de manifiesto las diferencias (de suerte y de situación) entre los honrados y los sinvergüenzas. Pero fue precisamente la desidia de mediados de los noventa y de la primera década de este siglo la que permitió a la corrupción progresar y gangrenar las instituciones.

Ponerle coto a la corrupción exige un trabajo conjunto por parte de legisladores, jueces y opinión pública. Si la gente no siente ningún escrúpulo cuando la colocan a dedo en un trabajo, cuando se aconseja que es mejor irse de fiesta y tener contactos que estudiar un máster o presentarse a unas oposiciones, es prácticamente imposible que los corruptos dejen de sentir que cualquiera en su lugar haría lo mismo que ellos, que se active el mecanismo de aprensión y remordimiento.

Ahora mismo estamos asustados porque la corrupción parece enquistada en los partidos encargados de gobernar las instituciones. Pero en España siempre hubo mucha corrupción, la democracia tuvo el mérito de frenar la «mordida», que es la manera tradicional como la corrupción funciona en el sur de Europa. ¿Necesitas un médico de la Seguridad Social que te atienda deprisa? Pues dale una «propina». ¿Quieres que se acelere un trámite, que se juzgue antes tu caso? Pues afloja la cartera. España fue capaz de desarticular esta corrupción sistémica, pero hemos permitido que crezcan toda clase de irregularidades vinculadas a la financiación de partidos, organizada por gente que conocía bien los resquicios de la legalidad y que ha aprovechado todos los huecos para enriquecerse y salir indemne, y que ha terminado por convertirse en un sistema de saqueo y en una auténtica lacra. Pero el sistema democrático, aunque puntualmente haya estado en manos de cargos corruptos, no les pertenece.

La gran pregunta que podemos hacernos los ciudadanos españoles sobre la corrupción es si los partidos tradicionales son capaces de renovarse y renovar las instituciones, o si es conveniente que sean relevados por los nuevos partidos que se están formando fuera de la política tradicional.

11. ¿Es posible una gran coalición PP-PSOE?

Ante este escenario de inestabilidad (encaje territorial, reforma de la constitución, emergencia de nuevos partidos), se han dejado oír voces que piden un pacto de estabilidad, un gobierno de coalición entre el PP y el PSOE.

Este pacto (que hace apenas una legislatura parecía pura ciencia ficción) tiene algunos defensores. En el supuesto de que la aritmética parlamentaria no permitiera gobernar en coalición al PSOE ni al PP, el escenario que se dibujaría estaría cargado de tensión y podría llevar a la ingobernabilidad del país.

Ante este extremo, podría tener sentido formar una gran coalición entre los dos principales partidos tradicionales con el propósito de poner fin a un eventual periodo de inestabilidad o, simplemente, a la necesidad de formar gobierno. Lo cual sería también una oportunidad para abordar algunas de las reformas profundas que hemos comentado por extenso.

En Alemania, la coalición entre adversarios tradicionales, lejos de incrementar la tensión, ha dado buenos resultados políticos. La clave del éxito ha sido (como lo sería en cualquier país) saber cuáles eran los objetivos, cómo lograrlos y acertar en la dirección. Si se lograse dibujar una hoja de ruta clara para ese gobierno, la coalición entre PP y PSOE podría funcionar.

El mayor problema que suscitaría una coalición de este tenor es que contribuiría a visualizar mucho más la brecha entre los partidos tradicionales y los ciudadanos. Daría mucha munición a quienes acusan a los partidos de haber creado una «casta» funcionarial que prima los problemas personales y se da mutuo apoyo. Cundiría la preocupación de que el principal objetivo de la coalición es oponerse a las reivindicaciones ciudadanas y blindar sus privilegios.

Si previamente no renovamos a los partidos, si estos no se ganan de nuevo la confianza de la ciudadanía, una gran coalición puede ser enormemente contraproducente. Podría aplazar sine die la necesaria oxigenación de los partidos políticos españoles. Podría alargar el periodo instituido en el PP, según el cual la gobernabilidad del país en un momento tan difícil justifica hacer oídos sordos a la corrupción de su propio partido: «No quiero saber ahora nada de la corrupción porque la prioridad está en sacar al país del apuro».

Una coalición entre los dos mayores partidos políticos (entre los protagonistas del bipartidismo y culpables para muchos de la situación actual) podría provocar un enorme descontento en el electorado y aumentar todavía más la distancia entre la política de los ciudadanos y la de los profesionales. Por no hablar, además, de las graves consecuencias que tendría a corto y medio plazo para el PSOE. Porque si bien el PP goza de cierta hegemonía y falta de contrincantes en su espacio político, el PSOE podría verse completamente fagocitado por el resto de los partidos de la izquierda.

Solo si los partidos hacen los deberes antes, se regeneran, aclaran sus fuentes de financiación, consiguen que los electores vuelvan a tenerles confianza y los convencen de que su funcionamiento es transparente, podría considerarse una coalición entre los dos grandes partidos para abordar reformas amplias o garantizar la gobernabilidad del país como algo positivo. Lo que hoy por hoy resulta totalmente inimaginable.

Aun así, es comprensible que para muchos ciudadanos, después de la lluvia de escándalos y corruptelas, después de la crisis, de los recortes y de las manifestaciones..., la solución pase por un relevo en las urnas y la desactivación del bipartidismo. Claro que, si se quiere reformar la Constitución en todos o en algunos de los puntos que hemos esbozado aquí, y dada la actual aritmética parlamentaria, se hará imprescindible un acuerdo entre PP y PSOE, o entre alguno de ellos y otros potenciales socios.

EUROPA

1. La falta de un diagnóstico

En asuntos políticos y sociales, muchos ciudadanos nos debatimos en la confusión: somos conscientes de que tenemos problemas, sufrimos premuras económicas y sentimos miedo hacia nuestro futuro y el de nuestros seres queridos. Queremos movernos en alguna dirección pero no resulta sencillo decidir qué camino vamos a tomar, ni a qué ritmo avanzaremos, ni a quién vamos a seguir.

El principal motivo de este desconcierto es que no existe un diagnóstico convincente del mundo en el que vivimos. Hasta los años setenta se podían encontrar teorías que, con mayor o menor agudeza, acertaban en su análisis: describían los principales problemas a los que se enfrentaban la sociedad y los ciudadanos, y señalaban las diversas soluciones propuestas por las facciones en litigio.

Nuestra visión del mundo empezó a desdibujarse con la globalización: el escenario de los problemas se hizo cada vez más y más grande, se amplió el número de actores y se multiplicaron los factores a tener en cuenta.

En paralelo a esa ampliación del escenario, ha venido produciéndose una especialización académica (debido a cambios en la estructura y la metodología de las universidades) como no se había conocido antes: el poder de la inteligencia empezó a concentrarse en áreas de especialización cada vez más reducidas. En lugar de dar cuenta de la totalidad del bosque, empezamos a vigilar a todos y cada uno de los árboles que lo componen, a diferenciar bien entre ellos; y después de los árboles individuales, pasamos a las ramas y de las ramas a las hojas...

Nuestro conocimiento de lo particular y específico se ha vuelto realmente asombroso, pero por el camino hemos perdido la visión de conjunto, y apenas recordamos la clase de bosque que estamos estudiando ni podemos abordar los problemas específicos a los que se enfrenta. Dicho de otro modo: justo cuando el escenario de los problemas se amplía hasta alcanzar dimensiones planetarias, la inteligencia y el discernimiento se reducen y se especializan. Disponemos de lentes microscópicas para observar paisajes inmensos, nuestras herramientas intelectuales están desenfocadas.

Este proceso de desajuste ha sido especialmente evidente en el análisis de situaciones políticas. La política, tal y como se concibe desde la Ilustración, está pensada como un ejercicio capaz de ordenar todo lo demás: no solo la sociedad (de acuerdo a leyes), sino también las prioridades de cada sociedad (escoger hacia dónde queremos que se dirija). Una de las características del mundo en el que vivimos es que la política ha perdido centralidad, nuestra sociedad ya no se ordena ni progresa (o retrocede) impulsada exclusivamente por las decisiones políticas. En el mundo globalizado la economía ha ido cobrando cada vez más fuerza y ha terminado por convertirse en el primer motor de ordenación social, desplazando la política a una posición secundaria.

De manera que, para interpretar correctamente el mundo, analizar las situaciones políticas por las que atraviesa el estado Español y proponer soluciones, no nos basta con las herramientas del análisis político: debemos tener en cuenta factores económicos, nuevas tecnologías, la participación social... Un libro útil para desentrañar la política actual debe escapar de los puntos de vista especializados y abordar los problemas desde varias disciplinas. También debe partir de lo general, de los problemas que aquejan a Europa en el contexto global y su relación con la economía y los mercados, para pasar después a la complicada coyuntura que atraviesan España y sus autonomías.

2. Una Europa confundida, sin proyecto de futuro

Para nosotros, occidentales y europeos, existe un agravante para los problemas derivados del contraste entre la globalización del mundo y de la especialización de las ciencias, y son las dudas sobre la legitimidad de nuestra moral y de nuestra cultura.

Desde el siglo pasado hemos ido profundizando en una crisis de la civilización ilustrada cuyo principal coste intelectual es que ya difícilmente podemos vernos a nosotros mismos como el referente intelectual y ético encargado de guiar al resto del mundo en un progreso colectivo.

La sociedad ilustrada en Europa se caracterizó por la convicción de que era posible romper con la vida humana ancestral, sometida a constreñimientos supersticiosos. La Ilustración consideraba que el hombre, después de un largo camino recorrido bajo la tutela de los dogmas y los preceptos religiosos, podía declararse mayor de edad y responsabilizarse de la propia vida bajo la guía de la razón: una facultad que podía resolver mejor que los dogmas tradicionales las nuevas dificultades en el momento en el que se presentaban, basándose en su capacidad de pensar y de argumentar sobre lo concreto.

La Ilustración elabora un proyecto de futuro, animado por la idea de progreso, que se aleja del oscurantismo de la tradición hacia una nueva sociedad: un mundo regido por la libertad, la igualdad y la fraternidad. Este proyecto novedoso, sostenido por la primacía mundial que le proporciona el dominio técnico, otorga a la Ilustración europea una gran autoridad sobre el resto de las culturas, convirtiéndose (a sus propios ojos) en una suerte de avanzadilla de la humanidad.

Existe una antigua corriente de la filosofía de la historia convencida de que, por distintas que sean las culturas, a medida que todas las naciones se vayan urbanizando e industrializando, a medida que el progreso científico aumente el confort y facilite la vida en todas las áreas del globo, el planeta entero convergerá en la misma clase de sociedad, de sistema económico y de valores: los nuestros, los europeos, los que definió la Ilustración.

Según este punto de vista, cuando se alcance el grado máximo de desarrollo tecnológico (que irá acompañado del máximo progreso moral), el mundo entero será homogéneo, se guiará por los principios de la razón científica y la religión se reducirá a una gestión puramente privada de los problemas que podamos tener con la trascendencia personal, de la misma manera que el arte se limitará a ser una expresión de la subjetividad que podemos compartir, aunque descargada de cualquier tensión política.

El destino final del progreso que arranca en Europa y que va a involucrar al resto de las culturas desembocará inevitablemente en una sociedad global perfectamente racionalista, donde no será necesario hacer ningún esfuerzo de concordia entre países, pues todos compartiremos los mismos principios y los mismos medios y herramientas para afrontar problemas que serán ya irreversiblemente comunes.

Obviamente, el proyecto ha fracasado estrepitosamente. Unos pocos siglos después la autoridad europea está en entredicho. El futuro ha llegado y es bien distinto de lo que nos auguraban los ilustrados: el porvenir no ha resultado ser un espacio donde se produce la reconciliación del hombre consigo mismo, sino uno lleno de violencia, desigualdades y sufrimiento. La misma idea de progreso está debilitada (en parte porque se ha evidenciado que el «progreso» de los poderosos, hombres y países, se apuntalaba en la miseria de los más débiles). En paralelo a la crisis económica, Europa sufre una crisis de confianza en sus propios ideales.

En el resto del mundo, este carácter ecuménico del proyecto ilustrado se percibe como lo que quizá siempre fue: un particularismo disfrazado de universalismo por el que una parte de la humanidad se arroga el derecho a imponer sus creencias y valores a todos los demás. Se está produciendo algo que podríamos catalogar como «desoccidentalización del mundo», un proceso por el que el resto de los países se desmarca de los ideales y metas proyectados por la Ilustración (aunque abrazan la tecnología surgida de Occidente). Los europeos somos conscientes de que nuestra cultura ya no es la avanzadilla de futuro hacia la que desembocarán más tarde o más temprano el resto de los pueblos y las culturas, sino una cultura más entre otras. El principal efecto de esta «desoccidentalización» ha sido un cambio de mentalidad en relación con el resto del mundo.

En Europa se ha instalado, a causa del hundimiento de este plan ilustrado, una atmósfera en la que se eligen los valores, los principios y los objetivos de cada legislatura no porque sean los más racionales ni porque ofrezcan las mejores perspectivas de futuro, sino porque nos permiten resolver (aunque sea en falso) el conflicto que nos apremia en cada momento, sacárnoslo de encima cuanto antes. Europa está dominada actualmente por un pragmatismo de presente, rendido a la convivencia del día a día, sin proyecto común, sin ideas de futuro.

Desde una perspectiva eurocéntrica, podría pensarse que ha habido culturas que se han situado más bien a la defensiva. Sería el caso del islam, ya que muchos de sus valores y principios parecían entrar en contradicción con los valores y principios de la cultura dominante occidental. Europa nunca tuvo ninguna necesidad de defenderse no solo porque tenía la fuerza política y económica, sino también porque se consideraba a sí misma como la cultura común de todos los pueblos, una suerte de esperanto moral, que disfrutaba además de un grado de desarrollo social y técnico que el resto ambicionaba alcanzar en el futuro. Perdida esta expectativa hemos empezado a sentir que ya no podemos permitirnos el lujo de actuar de manera distinta a como lo hacen el resto de las culturas: también los europeos nos hemos puesto a la defensiva, hemos sentido la necesidad de salvaguardar nuestra identidad.

Aunque todos los ciudadanos de Europa somos conscientes de que nuestro continente sigue siendo, junto con los Estados Unidos, la zona más privilegiada del planeta para vivir, sentimos que estamos perdiendo terreno. Hasta hacía bien poco no creíamos en la necesidad de defender el sistema democrático o el Estado del bienestar, porque pensábamos que el resto del mundo deseaba progresar en esa dirección, y que todas las naciones podríamos desarrollar al mismo tiempo un grado parecido de bienestar social.

Por primera vez nos sentimos amenazados (o bien porque vemos culturas que preferirían destruir la democracia, o bien porque nos damos cuenta de que el acceso de países nuevos al bienestar podría suponer que tenemos que compartir nuestra riqueza y renunciar a algunos privilegios), y la reacción en Europa ha sido concentrarse en mantener lo que tenemos.

Los mismos europeos (sus descendientes) que, imbuidos por el espíritu de la Ilustración, salían a la calle para combatir las nuevas necesidades, para pedir más derechos, para reclamar más justicia..., ahora salen a la calle para no perder lo que tienen, porque sienten que incluso lo más elemental está en peligro: que se les están recortando servicios y derechos que habían aprendido a considerar como un derecho inalienable.

3. La democracia no es capitalismo

Como sistema democrático (o como contenedor de naciones cuyo sistema es democrático), la Unión Europea se enfrenta a dos grandes amenazas globales que implican debilitarla o vaciarla de contenido.

La primera de estas amenazas sería el ensamblaje que se ha hecho entre capitalismo y democracia, de manera que parece que ambos elementos son indivisibles y la única matriz política capaz de asegurar (en cualquier parte del mundo en la que se instale) un crecimiento económico sostenido, como nos recuerdan insistentemente desde el Fondo Monetario Internacional o desde el Banco Mundial.

Si atendemos a la lógica de estas dos instituciones y a otros estamentos que piensan igual, la democracia se reduce a cuatro principios: 1) el ciudadano tiene derecho a votar (decidir quién nos gobierna por representación); 2) las distintas opciones políticas entre las que el ciudadano puede elegir tienen derecho a expresarse y a competir entre ellas; 3) las elecciones deben de ser periódicas, y 4) tras las elecciones debe generarse una mayoría que será la que gobierne el país, y una minoría que debe constituirse como alternativa de gobierno, susceptible de alcanzar el poder en las siguientes elecciones y garantizar así la alternancia.

Se trata de unos principios operativos que, sin duda, trazan el esqueleto de cómo debe funcionar una democracia. Pero deja fuera otros principios que nos habíamos acostumbrado a considerar un ingrediente esencial de cualquier sistema democrático. En Inglaterra, ya en la revolución liberal había quienes no solo perseguían la libertad de los ciudadanos y un parlamento representativo, sino también pretendían igualar las condiciones de vida y los derechos de los ciudadanos. Lo mismo ocurrió en Francia, donde algunos no entendieron la representatividad como un fin sino como un medio para ampliar la justicia social, aumentar la igualdad y fomentar la fraternidad. En estas primeras convulsiones transformadoras y reivindicativas de libertad en Europa latía una preocupación por el bienestar colectivo que acabó consolidándose en 1945. Pero desde siempre, se ha sido consciente de que los valores profundos de la democracia no terminan de casar con los intereses del capitalismo: ser demócrata no consiste únicamente en aceptar el juego de la política representativa sino también en luchar por ideales relacionados con la justicia y la igualdad.

Desde un punto de vista histórico, la democracia supone más bien una piedra en el zapato del capitalismo. Para que este sistema económico se haya podido identificar y fundir con la democracia ha sido necesario orillar las reclamaciones de justicia social.

Lo que al capitalismo le interesa de la democracia es que funcionen las reglas, el esqueleto del sistema. No está preocupado por la carne y la sangre del sistema que serían sus contenidos sociales, de justicia y de igualdad. A los políticos se les pide desde esta lógica capitalista que solucionen los «problemas» sin reparar en la manera como los solucionan. Felipe González dijo que daba un poco igual el color del gato si cazaba ratones. Aznar dio un ejemplo de esta manera de pensar cuando se lo acusó de maniatar a un grupo de inmigrantes, sedarlos y devolverlos a su país, y respondió: «Teníamos un problema y ya no lo tenemos».

Esta manera tan autoritaria y populista de decirle al votante como si fuese un niño: «Usted no se preocupe, si hay problemas yo los resolveré, sea como sea» expresa bien esta lógica funcional resultado de la identificación de la democracia con los ideales de rendimiento y beneficio. La afirmación populista contiene otro supuesto que no se pronuncia: «Y solucionaré el problema en ocasiones pese a sus intereses, y en contra de usted».

Algo así ha sucedido con la gestión de la crisis. Desde un punto de vista capitalista y empresarial, tener una deuda excesiva es «malo», y los «organismos internacionales» (los que velan para que se respete esta identificación entre capitalismo y democracia) han exigido a los gobiernos estatales que la rebajen, sin importar los medios.

El coste de las políticas de austeridad lo conocemos todos: destrucción del empleo, reducción de servicios públicos, recortes en gasto social... Este incalculable sufrimiento del ciudadano no se considera antidemocrático porque no se contempla una democracia que tenga como objetivo el bienestar, la igualdad o la justicia social, sino simplemente una democracia que funcione como una empresa neoliberal: que cumpla con los indicadores económicos que suscriben su buena salud según estos criterios de contabilidad capitalista.

Esta manera de pensar supone una considerable amenaza para la verdadera democracia en la medida en que esta sí debería preocuparse por el desgaste que suponen para los ciudadanos las políticas que adopte. Políticas que deberían ser compatibles con la igualdad, la justicia y el bienestar social que las primeras democracias europeas contemplaban como objetivos. La identificación de la democracia con el capitalismo conlleva el riesgo de reducir la política a un mero funcionamiento formal: convocatoria de elecciones, exposición del programas, voto y formación de gobierno. Nada más.

4. ¿Demasiado mercado para los Estados?

El segundo problema al que se enfrenta la Unión Europa es que la globalización ha provocado un desequilibrio entre los Estados y el mercado a favor del segundo. El mercado tiene una capacidad de chantaje muy importante en relación con los gobiernos: puede mover sin demasiado esfuerzo y sin apenas cortapisas sus inversiones de un punto a otro del planeta. Puede retirar el dinero (que es el combustible o la sangre de la economía de un país) si no se cumplen determinadas condiciones relativas a cargas impositivas o a derechos laborales.

Los primeros indicios de una tensión entre el mercado y los Estados se apreciaron en los Estados Unidos durante los setenta. En Europa han tardado algo más en saltar las alarmas. En Estados Unidos, el mercado tiene un grado de libertad y de agresividad superior, y se evidenció antes la capacidad que tenía de modificar o influir en la política estatal mientras defendía su principal y único interés, que no es otro que el beneficio.

En Europa, después de la Segunda Guerra Mundial habíamos conseguido cierto equilibrio de fuerzas entre el Estado y el mercado. Se asumió que era preferible apoyarse en una economía de mercado que en una economía planificada, ya que la primera localiza y atiende mejor las necesidades de la gente a medida que van surgiendo. Los dirigentes europeos asumieron, tras un cálculo de pros y contras, el principal lastre de esta clase de modelo económico: que el mercado no se hace cargo de las desigualdades que genera la competencia y no tiene un plan ni para los ciudadanos incapaces de seguir el ritmo de exigencia y producción, ni para los que quedan excluidos por edad o por enfermedad.

La respuesta de los políticos europeos ante los efectos negativos de la aplicación de una economía de mercado (que pueden llevar a grandes desigualdades y a mucha tensión social y sufrimiento personal) fue intervenir políticamente para redistribuir los beneficios, invirtiendo los impuestos en políticas sociales y sanitarias, y también en una educación universal gratuita (o fuertemente subvencionada) que garantizase cierta igualdad de base, un punto de partida más equitativo para las nuevas generaciones.

El mercado responde bien a estas políticas porque sale beneficiado en un doble sentido: se garantiza la rotación de trabajadores y de consumidores. El Estado le suministra al mercado fuerza de trabajo mejor preparada, y también consumidores con un nivel adquisitivo suficiente para mejorar su cantidad y calidad de compra.

Se trata de un sistema circular en el que todos salimos beneficiados. Cuando la economía crece se produce cierto desborde, por lo que a unos les va mejor que a otros, pero si a quienes les va mejor la política fiscal les exige que contribuyan más a las políticas sociales, a la sanidad y a la educación, se produce cierta compensación gracias a la cual a nadie (o solo a una parte residual de la población) le va mal del todo. Estos son los principios bajo los que se desarrolló lo que hemos llamado el Estado del bienestar, un instrumento que paliaba los desequilibrios, y que se pudo construir en gran medida porque los ciudadanos, después de un periodo de entreguerras durísimo y tras la derrota (gracias al esfuerzo popular) del fascismo, se vieron con fuerzas para reclamar parte del pastel. La recompensa que obtuvieron fue el Estado del bienestar.

Esta etapa de equilibrio y de placidez está llegando a su fin. Desde los setenta en adelante, la capacidad de chantaje del mercado en relación con el poder político ha aumentado notoriamente gracias a que ha sabido globalizarse mientras la política seguía encerrada en la leyes de los Estados-nación. El capital puede ahora desplazarse a mucha velocidad por todo el globo mientras que las leyes políticas a duras penas se han articulado con la suficiente flexibilidad para regir uniformemente el área más occidental de Europa.

Se ha roto el equilibrio europeo que consistía en que el mercado compite y el Estado reparte. El capital tiene ahora la posibilidad de buscar zonas del planeta donde eludir la presión fiscal y evadir impuestos, de manera que pueden negociar desde una posición de fuerza con los Estados para obligarles a desregularizar los mercados.

Estamos en una etapa donde el mercado se ve capaz de drenar a fondo los recursos públicos, y donde los Estados se ven sin capacidad para sostener los beneficios sociales. Cuando la economía va bien, este clientelismo no se aprecia tanto, pero cuando la economía frena su crecimiento, aflora la incapacidad del Estado para mantener el nivel de ingresos sobre las rentas de aquellos a quienes les ha ido mejor en el juego del mercado. El resultado salta a la vista: más desempleo y menos subsidios, recortes en sanidad y en educación. El Estado se revela incapaz de mantener la redistribución, al tiempo que incrementa su deuda, necesitado de liquidez para abordar el coste de los gastos sociales con los que se ha comprometido.

La actual coyuntura político-económica (pues no pueden ya dividirse los dos aspectos sin forzar la realidad) presenta por lo menos seis rasgos «problemáticos»:

1) No hay una regulación global frente al capital financiero que sí puede desplazarse por todo el globo.

2) Mayores posibilidades que nunca de evasión y elusión fiscal.

3) El capital financiero se siente fuerte para definir las prioridades en sus negociaciones con los Estados.

4) La capacidad de los Estados para generar ingresos se resiente.

5) Se incrementan las necesidades sociales por el incremento de la población y por la crisis económica.

6) Se incrementa el endeudamiento de los Estados.

La consecuencia es que los Estados (y la Unión Europea en su conjunto) están maniatados por unos mercados que han tomado la iniciativa y definen buena parte de la agenda política. Uno de los principales efectos de este proceso es la «naturalización» del mercado. Se termina considerando que el mercado y el capitalismo (y sus leyes y su lógica) son el sistema económico más natural, el más adecuado para la democracia, cuando no el único compatible.

Se convence a los ciudadanos y a sus representantes políticos de que la tarea principal del Estado no es la redistribución, la garantía de la igualdad de oportunidades y el cuidado de los servicios sociales, sino asegurarse de que el mercado puede actuar sin trabas, sin interrupciones y sin orientación política. Se nos ha convencido de que el mercado funciona mejor cuanto menos intervienen los representantes políticos.

Otra consecuencia de este panorama es el incremento gradual de la desigualdad en Europa. Si analizamos los últimos cien años, enseguida se aprecia que entre 1900 y 1940 el 10 % de la población europea tenía más del 50% de la riqueza; entre el año 1945 y el 1975 este 10% había reducido su porcentaje de riqueza total al 25 %; y en el último tramo, de 1975 a 2010, el 10 % privilegiado ha vuelto a concentrar el 50 % de la riqueza de todo el continente.

Estos datos prueban que los «treinta años gloriosos» del Estado del bienestar, donde se consiguió un nivel de reducción de la desigualdad importante, lejos de ser un escalón intermedio en un proceso de progresiva igualdad, puede acabar siendo un periodo excepcional. En la medida en que uno crea que la democracia también debería contemplar un cuidado de la justicia social, y velar por la igualdad entre ciudadanos, debería considerar su identificación con el capitalismo y el desequilibrio con el mercado como serias amenazas para los Estados que componen la Unión Europea.

5. Euroescepticismo

Los peligros que acabamos de explicar no se ciernen sobre el futuro, sino que ya presionan sobre el presente: sus efectos se dejan sentir negativamente en el día a día de los ciudadanos. Las políticas de austeridad y los constantes recortes en el bienestar social debilitan la imagen de la Unión Europea y erosionan su credibilidad en cada uno de los Estados que la componen.

Si trazamos un mapa de las últimas elecciones europeas, en mayo de 2014, se advierten dos rasgos comunes que pueden interpretarse como síntomas de un descontento bastante generalizado: por un lado, la altísima abstención; por otro, unos resultados distintos a cualquier otra votación (nacional o local). Este descontento es clave para entender algunos resultados anómalos como la victoria en Francia del Frente Nacional de Le Pen. Este 25 % no supone tanto que los franceses hayan sido seducidos en masa por un discurso que nos recuerda al fascismo, sino más bien que muchos votantes se han desmovilizado descontentos ante una Europa que los obliga a recortar su bienestar y cada vez se encuentra más dominada por las políticas que impone Alemania (y tampoco es casualidad que Alemania sea el único país cuyos resultados en las elecciones europeas hayan sido parecidos a los de cualquier otra convocatoria).

En los países del sur, la abstención y la entrada en escena de nuevos partidos (como Podemos en España) se explica no solo por razones «locales» de corrupción y de crisis política, sino obviamente también por las políticas de austeridad y los recortes en bienestar social sugeridos por una concepción neoliberal de la política y la economía impuestas por el capitalismo y el mercado global.

Se aprecian también otros focos de descontento. El caso francés (con independencia de que están perdiendo peso en su rivalidad histórica con Alemania) indica que se están larvando las primeras dudas sobre la conveniencia de seguir en un club donde cedemos soberanía popular y competencias de Estado para que luego una Comisión y un Parlamento lejanos nos indiquen qué políticas debemos adoptar, sin poder tampoco operar con una política monetaria enteramente en manos del BCE. Se reduce así (al menos sobre el papel) a los Parlamentos nacionales a meros portavoces de designios superiores.

Esta duda afecta tanto a los Estados del sur más pobres como a una potencia histórica como Francia. Países como Italia, España, Grecia y Portugal confluyen en el euroescepticismo con países como Dinamarca o Reino Unido, que tienen asimilados en su ADN político una considerable reticencia hacia la Unión Europea. En Reino Unido (que no accedió nunca a incorporarse a la moneda única y que, aupada en su especial situación geográfica, mantiene un pie dentro y un pie fuera del continente) sigue habiendo dudas importantes sobre la Unión Europea, y su permanencia o salida definitiva es un tema recurrente de debate cada vez que hay elecciones. Este euroescepticismo tradicional parece haberse expandido en el resto de Europa.

La Unión Europea encontró en sus inicios una oposición más testimonial que firme de los partidos más a la izquierda del espectro político: comunistas o herederos de los comunistas, que acusaban a la Unión de anteponer los intereses económicos a los sociales, de ser un club inspirado y regido por reglas neoliberales. Estos focos de izquierdas siguen vivos, pero ahora el euroescepticismo se ha trasladado también a los partidos de extrema derecha.

En España la situación es peculiar. Pese a la crisis económica y el desencanto que provocan las políticas neoliberales que adopta la Unión Europea, los españoles tienen todavía grabada en su memoria común las décadas que, bajo la dictadura del general Franco, vivió aislada de la prosperidad y el confort del que disfrutaban en el resto de Europa. Fueron muchos años de soportar (y padecer) que España era diferente, de manera que los españoles sintieron mayoritariamente como una victoria colectiva el ingreso en el club europeo. Volver atrás sería avivar todos los fantasmas de las penurias pasadas.

A día de hoy en España solo las CUP en Cataluña y algún partido tradicional de extrema izquierda se manifiestan claramente favorables a que España abandone la Unión Europea. Pero se trata de un sentir que difícilmente puede convertirse en mayoritario porque es casi imposible retroceder en la globalización y en el mercado único sin destruir la economía del país. Incluso el reto de preservar lo que queda del Estado del bienestar pasa por sostener una lógica europea, pues si no somos lo bastante fuertes para competir en el marco de la economía globalizada con Estados Unidos, China o la India, no quedará beneficio alguno que luego podamos repartir.

Pero si desde Europa se nos sigue imponiendo una política de austeridad (bajar salarios y subir impuestos) y no se soluciona el problema de déficit democrático (la idea de que quienes mandan en Europa no están sujetos al control popular, no responden a los mecanismos de control de la soberanía popular), en los votantes irá calando la idea de que Europa es la causante de la mayoría de los males que tenemos, una idea que puntualmente puede convenirles a los políticos nacionales para desviar la atención sobre sus decisiones.

En momentos en los que la economía no funciona, se tiende a recordar que la Unión Europea fue impuesta «desde arriba», como una suerte de sacrificio de la voluntad y de la independencia de cada país con el propósito de estabilizar un continente que casi se había autodestruido dos veces en menos de cien años. Muchos de los acuerdos que se alcanzaron tienen su origen en un escenario que ya no está vigente, cuyas amenazas quedaron neutralizadas en buena medida por la implantación exitosa de la Unión (lo que tiende a olvidarse cuando se entra en recesión).

Los ciudadanos aceptaron la moneda única como los Estados habían aceptado la pérdida de control sobre los grandes mecanismos económicos: convencidos ambos por el progreso de una economía tan boyante que permitía favorecer a todas las capas sociales pese a las contraprestaciones que exigía (economías nacionales con las manos atadas, más impuestos indirectos, inflación de los precios en los Estados del sur...).

Así que, siguiendo la lógica del rendimiento, a nadie puede extrañarle que cuando se interrumpe el crecimiento proliferen los ciudadanos que se interrogan sobre si la Unión Europea merece la pena, y que aparezcan partidos dispuestos a transformar este euroescepticismo en votos.

Pero ni siquiera en este escenario de fuerte descontento y de desorientación parece que pueda imponerse un euroescepticismo fuerte capaz de retirar a los Estados de la Unión Europea y disolverla. Opciones crecientemente populares como la de Nigel Farage han llevado a Cameron a prometer un referéndum sobre la conveniencia o no de que el Reino Unido siga en la UE. Si no cambia la coyuntura, una suerte de euroescepticismo moderado va a seguir creciendo.

6. ¿Hay alternativa a la Unión Europea?

Cualquier clase de euroescepticismo fuerte (el que aboga por la disolución de la Unión Europea) debe preguntarse en algún momento si existe una alternativa viable. En este punto preferimos ser contundentes: las críticas generales a la Unión Europea como marco de organización común tienen poco recorrido porque no existe una alternativa inmediata y viable.

Los motivos se encuentran en la situación internacional en la que nos encontramos. Si Europa en su conjunto está perdiendo competitividad ante economías-continente (como India, Estados Unidos o China) y apenas tiene fuerza para oponerse a los designios del mercado, los diferentes Estados europeos, cada uno por su cuenta, apenas tendrían peso para ser competitivos (ni disfrutarían de beneficios que repartir) y deberían soportar aún más directamente las reglas de juego que les impusiera el mercado.

Conviene aclarar que esta visión tenebrosa y sin salida del marco político europeo tiene algo de tendencioso porque, al hacernos creer que las coyunturas son algo así como un destino contra el que solo cabe agitarse y sufrir, omiten que tanto los Estados como la Unión tienen todavía margen de maniobra dentro del sistema actual para probar otras políticas y presentar más resistencia.

El euroescepticismo se alimenta de una resignación que no es inevitable sino inducida por los actores políticos para su beneficio. Los parlamentos europeos se ponen las medallas al primer indicio de recuperación o cuando disponen de fondos para gastar en infraestructuras o en política social. Pero en cuanto la economía afloja o las políticas no dan el resultado esperado, se ha instalado la costumbre de defenderse alegando que al menos dos tercios de su actividad legislativa consiste en la aplicación de normativas cocinadas por Bruselas.

Presentarse como los microondas de unos platos precocinados es una estrategia desleal con Europa (porque la Unión no irá Estado por Estado desmintiéndolos) y con sus votantes, pues es la excusa a la que se recurre de manera ilegítima para romper promesas electorales, cambiar la dirección de la política fiscal, endurecer la seguridad o recortar a diestro y siniestro. Europa le sirve al político local para lavarse las manos ante la responsabilidad de tomar una decisión. Y este es el motivo por el que los gobiernos estatales difunden la idea de que conviene resignarse porque no se puede hacer otra cosa.

Recurrir a la misma estrategia (quizás con menos descaro) supone una tentación para los políticos que legislan a nivel europeo. Si ceden (o se avienen) ante los poderes económicos y del mercado, cuando llegue el momento de adoptar las medidas de austeridad que provocan sufrimientos reales y concretos a la población siempre se podrá apelar a instancias superiores (que ciertamente tienen su fuerza) como si se tratase de huracanes o tifones ante los que la población apenas si puede refugiarse y esperar que amaine.

Ya sea por pereza, por incapacidad o porque ya les va bien así, los políticos europeos nos inducen a creer que no existían alternativas, que no pudo ser de otro modo. Pero lo cierto es que sí existen alternativas, y que las políticas podrían ser distintas. Que los euroescépticos radicales no puedan imaginar un modelo alternativo (político y económico) fuera de la Unión Europea para los Estados miembros no significa que tengamos que resignarnos. La Unión Europea no es una entidad fosilizada, se puede trabajar para que sea más efectiva y más justa.

7. De la importancia de mantener la Unión

Para ser más competitivos y fuertes en el mundo de la economía globalizada, los Estados europeos deben trabajar por una Unión Europea mejor integrada. Durante la crisis hemos vivido bajo la amenaza real de la desaparición de la moneda única, lo que hubiese supuesto una situación de debilidad irreversible. En este caso parece evidente que los esfuerzos han de dirigirse a conseguir una mejor integración fiscal y económica.

Esta integración económica puede trasladarse a otros ámbitos como las políticas sociales o el control de los flujos del capital. Con independencia de si el impulso viene de la socialdemocracia o de la derecha moderada, la Unión Europea debe trabajar para atenuar la tentación de que cada Estado tire por su lado.

Los beneficios de una mejor integración saltan a la vista: la Unión Europea podrá negociar de manera ventajosa con el mercado, y será más competitiva ante las economías rivales y pujantes. Con una producción y unos beneficios superiores es más sencillo sostener el Estado del bienestar o mitigar los recortes.

La historia de la política da cuenta de cómo potencias que parecían tener la capacidad de crecer económicamente de manera indefinida se vieron primero frenadas y después arrinconadas en el tablero mundial porque las limitó su tamaño. Es lo que sucedió con la República de Venecia, con la pujante Holanda y lo que hoy le podría estar pasando a Suiza, que pese a disfrutar de la mayor producción de I+D+I del mundo, apenas cuenta (y todavía podría llegar a contar menos) en el concierto internacional.

Si consideramos la Unión Europea en su conjunto, la zona euro sigue siendo (y así seguirá durante algunos años) el PIB más alto del mundo. No obstante, si consideramos las economías de los diversos Estados europeos individualmente, son, con la excepción de la alemana, prácticamente insignificantes a la hora de competir con la grandes potencias mundiales. Los Estados europeos son, desde un punto de vista geoestratégico, verdaderos pigmeos. En este sentido apenas hay elección: para contar en la toma internacional de decisiones se necesita una cierta escala. O ganamos tamaño con una política integradora o estamos condenados a ir perdiendo peso paulatinamente en el escenario global. Estas son las condiciones geoestratégicas, políticas y económicas bajo las que tenemos que aprender a vivir, despegándonos progresivamente de la fantasía de que podemos seguir siendo, Estado a Estado, autónomos y competitivos.

Otro aspecto relevante a mejorar es cómo encajar a la Unión Europea en el escenario de la globalización: abrir los ojos al mundo, ser más receptivos con el resto de los países, no vivir tan ensimismados. Europa debería trabajar por atraer talento exterior, por abrirse y rejuvenecerse. Si uno se pasea hoy por Harvard (y no hay que olvidar que se trata de una institución tradicionalista de Nueva Inglaterra) ve pasear por el campus una mayoría de estudiantes asiáticos e indios. Los Estados Unidos son receptivos a integrar en el tejido ciudadano del país a los mejores del mundo, a los punteros de cada disciplina, a los futuros trabajadores, empresarios e inventores más competitivos. La capacidad de reinventarse de manera incesante está en el ADN de los Estados Unidos, y en eso aventajan a una Europa preocupada fundamentalmente por mantener vivas sus esencias, por no perder todo lo bueno que les ha caracterizado durante siglos. Y aunque esta es una empresa loable, se aprecia la sombra de la duda de si no sería mejor invertir algo de tiempo en asimilar nuevas influencias, en renovarse.

8. Una Unión Europea más transparente

La crisis también ha puesto en entredicho la manera como se toman las decisiones conjuntas en el seno de la Unión Europea. Se suponía que, al ceder soberanía a la Unión, se entraba a formar parte de un grupo-club donde las decisiones eran consensuadas y cada miembro tenía voz y voto en proporción a su tamaño.

Este es el motivo por el que han saltado todas las alarmas cuando nos hemos dado cuenta de que, cuando las cosas se han puesto crudas, quien ha decidido por todos ha sido el más poderoso económicamente, el país con la economía más sólida: Alemania.

La Unión Europea tiene que esforzarse para mejorar su funcionamiento democrático. Buena parte del euroescepticismo que tanto la debilita se nutre de la sensación de déficit democrático que se traslada de los Estados a los ciudadanos. Pese a la convocatoria cada cinco años de elecciones europeas, la impresión dominante es que los votos nacionales se diluyen en grandes conglomerados de partidos que terminan decidiendo muy lejos de los votantes.

Cuando se reivindica más transparencia en los procesos y más participación democrática en las decisiones, la respuesta es que, si queremos una Unión Europea más efectiva ante sus poderosos competidores, es imprescindible permitir que se puedan tomar decisiones inmediatas en materia económica, social o fiscal. Los dirigentes europeos tienen que disponer de un margen de maniobra que se vería seriamente restringido si las elecciones europeas fuesen más frecuentes, se convocase más a menudo a los electores de cada país o se devolviese la capacidad de decisión a los Estados. La disyuntiva que se presenta es la siguiente: o somos más eficaces y alejamos la política de los ciudadanos, o acercamos la política a los ciudadanos y debilitamos la fuerza del conjunto.

La pregunta que tenemos que hacernos nosotros como ciudadanos es: ¿hasta qué punto es correcto este análisis? ¿No se trata de una disyuntiva interesada? ¿No existen soluciones intermedias? Porque de hecho se podría defender justo lo contrario: que la eficiencia de la Unión Europea mejoraría no solo si la integración fuese más efectiva, sino también si los procesos internos fuesen más transparentes y las decisiones más consensuadas, si se permitiese a los ciudadanos de cada país participar en la política de manera distinta a la lógica de partidos y elecciones.

¿Y no sería más efectiva una Unión Europea que fuese capaz de cambiar de política cuando se estuvieran contraviniendo los intereses de la mayoría de sus ciudadanos? ¿Si estos ciudadanos lo tuvieran más sencillo para expresar su malestar y corregir las políticas que les dificultan la vida? La clave está en darse cuenta de que no solo es importante ser competitivo en el escenario internacional, sino que será imposible avanzar si el malestar ciudadano aumenta, si no se refuerza la legitimidad de sus dirigentes, si no predomina la transparencia, si los partidos tradicionales no son capaces de recuperar la confianza de los votantes. Quizás el euroescepticismo que demanda «menos Europa» revertiría si hubiese «cambios» en las políticas.

9. El populismo como síntoma

Si la Unión Europea no se decide a cambiar de políticas sociales y siguen los recortes, el euroescepticismo creciente en la población puede propiciar un aumento de partidos que ganen votos (y fuerza e influencia) gracias a declaraciones y programas populistas.

El populismo se suele considerar una grave amenaza para la democracia, pues es capaz de arrastrar a grandes masas de votantes con palabrería, promesas irreales o programas aparentemente atractivos pero que ocultan grandes costes para la población o que, en casos extremos, pueden llegar a ser xenófobos. Pero el populismo es un fenómeno más complejo y con matices: se trata de una palabra que se refiere a cosas distintas y ante la que vale la pena que nos detengamos.

La palabra «populismo» se suele emplear para calificar de manera despectiva a políticos de América Latina, generalmente de izquierdas. Se acusa de populismo a la manera de intervenir públicamente de Chávez, de Lula, de Evo Morales... y por extensión se dice que sus gobiernos son populistas; con eso no se quiere decir tanto que son populares como que son demagógicos, buscan el aplauso fácil y tratan de complacer y engatusar a los votantes.

Y ciertamente algo de eso había en los discursos televisados de Chávez. Sin embargo, el populismo (en cuanto a su expresión sencilla y directa) tiene una razón de ser. En sociedades muy fragmentadas y complejas, con grupos étnicos o ideológicos aislados, a veces cuesta que las masas más desfavorecidas se incorporen a la política y vayan a votar. A veces porque consideran que el juego tradicional de partidos políticos es ajeno a sus intereses, a veces porque no conectan con el lenguaje de los políticos.

Para que estas masas se incorporen a la política y voten es imprescindible crear una adhesión emocional con un líder capaz de condensar las preocupaciones políticas de un Estado a un lenguaje que las capas más desfavorecidas sean capaces de comprender.

Hay que tener en cuenta que uno de los principales aliados de la derecha en esta clase de países es el elevado índice de abstención de amplios sectores de ciudadanos que sufren las políticas conservadoras, pero que no son capaces de seguir un debate político que ven como ajeno. Ciudadanos que si se movilizasen dificultarían mucho que los partidos conservadores pudieran mantenerse en el poder. Este es uno de los motivos por los que a los medios de derecha les interesa motejar de populistas a estos intentos de incorporar ciudadanos a las elecciones.

No parece sencillo que un líder de esta clase pueda irrumpir con éxito en Europa. Los Estados europeos están más cohesionados, no hay etnias populosas ajenas al debate político y el índice de alfabetización es mucho más alto, así que parece difícil trasladar el modelo.

El populismo en Europa está creciendo más bien por el lado de la derecha. Se trata de partidos xenófobos, que tratan de avivar los instintos más elementales de los votantes: el miedo, la identidad de grupo... El objetivo de este populismo europeo no es, como en América Latina, el progreso ni la emancipación de las clases más oprimidas, pero tampoco la protección de las clases más favorecidas, como sucede con la derecha tradicional. Lo que se proponen partidos como el de Marine Le Pen en Francia es «proteger» a los «verdaderos» ciudadanos de Francia de los efectos combinados de la globalización y de la economía capitalista que han inundado sus tierras de «extranjeros» y cuyos recortes sociales amenazan con deteriorar la manera tradicional de vivir en Francia.

Se trata de movimientos decididamente nacionalistas, como el del partido finlandés cuyo programa se centra en defender los intereses de los «auténticos finlandeses», como si existiese una manera (una sola) de ser auténtico en cada país. Tanto este partido finlandés como Marine Le Pen tratan de romper la lógica izquierda/derecha: su propósito es hacer bandera de la defensa del ciudadano «corriente» y «auténtico» ante el capitalismo salvaje que amenaza con arruinar su vida.

El partido de Le Pen atrae a votantes de una franja de edad muy determinada: entre los 35 y los 55 años. Personas que han trabajado y peleado en un contexto de promesas, de expectativas de bienestar social que ahora parecen frustrarse. Este populismo de derechas se alimenta del miedo y de la angustia que generan los recortes sociales, de la atmósfera generalizada que augura que para el campesino, para el asalariado, para el funcionario y para el trabajador de clase media las cosas solo pueden ponerse peores.

Nos equivocamos si nos limitamos a etiquetar este fenómeno como neofascismo y pasamos a otra cosa. El nuevo populismo europeo ha sabido tocar la fibra sensible de miles de electores. Su mensaje de protección de las costumbres y de defensa de los de casa está vinculado a fenómenos nuevos, que no se parecen en nada a los problemas que aquejaban a los alemanes e italianos de entreguerras cuando se entregaron al fascismo: la parálisis de la Unión Europea, los problemas económicos, la incapacidad para dibujar las líneas maestras de un futuro común. Ante esta parálisis les ofrecen una salida: movilizarse para sacudirse el miedo de encima y tomar la iniciativa.

La amenaza que supone el populismo se incrementaría si fuese capaz de seducir a ciudadanos más jóvenes, que empiezan a desesperarse por las condiciones laborales y las expectativas de futuro, sobre todo entre aquellos menos formados, que no son capaces de detectar el resabio xenófobo de sus proclamas. Conviene insistir en que no se trata de una amenaza remota. Personas cada vez más jóvenes empiezan a incorporarse al partido de Le Pen. En Francia hemos visto la fotografía de una chica de liceo de ocho años con un cartel que decía: «Quiero vivir como mis padres». La niña señala prematuramente (de manera simbólica si se quiere) un miedo que se está instalando en la generación más joven: el temor a que por mucho que se esfuercen, por muy temprano que se levanten, por muy bien que hagan las cosas, no van a poder salir hacia delante.

Varias generaciones de europeos han vivido convencidos de que podían auparse a los hombros de sus padres y progresar, mejorar las condiciones económicas de la familia donde se criaron. Todo esto está en entredicho. La nueva generación ya vive en muchísimos casos peor que sus padres a su edad. Trabajos precarios, ingresos y cotizaciones insuficientes. Estamos asistiendo a una generación muy crítica con la política y al mismo tiempo muy escéptica. Si los partidos europeos no encuentran la manera de oponerse a los mercados y cambiar la política para que la democracia atienda a las legítimas aspiraciones de libertad, redistribución y bienestar social de sus ciudadanos, todos estos jóvenes se convertirán en «clientes» potenciales del populismo de derechas y de sus soluciones milagrosas.

10. La asfixia de los partidos tradicionales de izquierda

Los cambios a los que venimos aludiendo en la política europea (la capacidad de resistirse a los dictados del mercado y de llenar de contenido igualitario y social a las democracias) podrían ser liderados por los partidos tradicionales de izquierdas que, tras la pérdida de peso del comunismo en Europa, vienen representados por lo que acostumbramos a denominar «socialdemocracia».

Sería un tanto ingenuo esperar que esa iniciativa viniese de los partidos de derechas, que se sienten cómodos entre las políticas que ahora mismo dominan la Unión Europea: el mercado internacional sin restricciones y la subordinación del gasto social a la competitividad empresarial y los beneficios. Para la derecha no supone ningún esfuerzo comunicar a sus votantes que, si una empresa empieza a no poder seguir el ritmo de crecimiento esperado, en lugar de conformarse con una reducción de los beneficios lo mejor es recortar los gastos o cerrarla, con independencia del coste social. La derecha se aviene a las reglas de juego.

Correspondería a la izquierda europea tomar la iniciativa de modular o alterar estas reglas y denunciar que la derecha abusa del imperativo de la eficacia. Pero la socialdemocracia parte con dos desventajas claras en relación con sus rivales.

La primera desventaja es que la izquierda tendría que enfrentarse a las dinámicas de la economía y la política globales, que son muy cercanas al neoliberalismo (si no es que están dominadas por esta ideología). Estas políticas han estado vigentes durante un periodo de considerable bonanza económica, de manera que muchos ciudadanos de clase media, al progresar en la escala económica, pese a que no eran empresarios ni poseían medios de producción, se adscribieron al ideario individualista, a hacer lo que cada uno pudiera con sus propios medios, renunciando a la defensa colectiva y despreciando los subsidios sociales.

En muchos de estos votantes ha calado la idea de que no se puede velar indefinidamente por los que se van quedando atrás porque el gasto en política social entorpece la productividad. También han sido convencidos de que si las personas menos eficaces reciben de la política social demasiados beneficios, pueden desincentivar a los que más se esfuerzan. Así es como estas clases medias con una posición lo bastante frágil para considerarlas votantes potenciales de izquierdas (y para las que seguiría siendo beneficiosa una escuela y una sanidad pública efectiva, buenos seguros de cobertura y subsidios) no quieren saber nada de pagar más impuestos y coquetean con los partidos de la derecha siempre y cuando no les toquen la jubilación.

Los partidos de izquierda se encontraron de repente con la situación de que tomar medidas sociales les haría perder el voto de aquellos ciudadanos a los que la bonanza general había facilitado poder pagarse su primer seguro médico y un coche de gama alta a plazos (y que muy posiblemente con el segundo coletazo de la crisis tuvieron que renunciar a ambas cosas).

Con los partidos comunistas prácticamente desaparecidos o sin apenas incidencia, los partidos de izquierda con posibilidad real de formar gobiernos han ido adoptando posiciones cada vez más moderadas para no asustar a los votantes de clase media, asumiendo los credos de la ideología liberal (sin revertir jamás una privatización, por ejemplo) en lo que se ha venido a llamar «tercera vía» o «giro hacia el centro».

Esta moderación general de la izquierda se ha presentado en ocasiones como un ejercicio de realismo. La socialdemocracia ha cumplido tradicionalmente el papel de tener en cuenta las necesidades de las personas y de proyectar sobre la política un sistema moral. El equilibrio entre justicia y pragmatismo es muy importante, pero como la política es un juego de posibilidades reales y como el deseo de justicia puede convertirse en una especulación sobre la mejor situación posible, asimilar la política a la moral puede conducir a políticas inviables, a leyes que no pueden aplicarse o a subsidios sin fondo. La política se ha ido, pues, caracterizando por el realismo, que no es otra cosa que asumir que no podrá alcanzar cualquier objetivo (pleno empleo, viviendas dignas para todos...), sino aquellos que le permita la coyuntura.

Este realismo es uno de los argumentos que esgrime la socialdemocracia para justificar su moderación después de gobernar en la mayoría de los países europeos. Ante el resto de los partidos de izquierdas se presenta como cargada de un oscuro conocimiento de la política real. La socialdemocracia ha ido defendiendo los valores de justicia social y de reparto de las rentas, pero en una coyuntura especialmente complicada para Europa ha acabado prefiriendo subordinar los criterios de justicia y de redistribución a la eficacia y a la competitividad. Si Europa pierde peso económico, ¿qué vamos a distribuir cuando no haya nada que distribuir? El reto de la izquierda europea pasa por reconciliar en una misma política decisiones que nos permitan ser competitivos y al mismo tiempo sostener el Estado del bienestar.

El segundo problema para la izquierda es que le cuesta mucho más que a la derecha organizarse en un escenario internacional porque su ámbito de actuación es local. Tradicionalmente, la izquierda rastrea los problemas de vecindario, está al corriente del malestar y de las aspiraciones de pequeños focos de población y, desde esta base, va ascendiendo hasta desarrollar políticas de ámbito estatal.

La operatividad tradicional de la izquierda es menos efectiva ahora que los problemas son globales. Por mucho que uno pise bien el terreno donde viven los votantes, cada vez hay más asuntos que afectan a ciudadanos españoles, griegos o italianos que trascienden la dinámica autonómica o estatal, y que dependen de políticas globales.

La izquierda europea debería trabajar para articularse mejor a nivel continental. En este sentido se están dando pasos. A nivel popular antes ni siquiera sabíamos quién componía la izquierda en Grecia; ahora muchos ciudadanos están al corriente de quiénes son y a qué se enfrentan. El Congreso de la Izquierda Europea se ha reunido con el objetivo de articular mejor las políticas nacionales de cada partido y trazar las estrategias a seguir en la política europea.

La red podría ser un buen instrumento para facilitar el contacto entre las diversas organizaciones locales de izquierda. Los movimientos sociales han establecido ya, gracias a las redes sociales, relaciones transnacionales movidos por el mismo objetivo: articular políticas que sean válidas y efectivas a nivel europeo.

Sea cual sea el camino que se decida a seguir la izquierda europea, debe permitirle políticas que no caigan del cielo de los mercados como las neoliberales y que tampoco se limiten al ámbito local.

11. El atajo del liderazgo

Otro de los motivos que se barajan para explicar la asfixia de la socialdemocracia en Europa sería la ausencia de un liderazgo personal fuerte que aglutinara de manera efectiva las energías de la izquierda. Muchos partidos occidentales han caído en una burocratización interna que facilita el acceso a los puestos de liderazgo de individuos que destacan apenas por ser aplicados.

El liderazgo es importante porque es la única cualidad que le permite a un político no tener que inclinarse ante las preferencias cambiantes de los clientes preferenciales de su partido. Sobre el papel, un líder debería tener la capacidad de conformar las preferencias del partido, señalar metas que los votantes no pueden imaginar. El líder es la persona capaz de romper la dinámica establecida y proponer nuevos fines.

Uno de los casos más llamativos y característicos de esta capacidad de liderazgo en Europa fue el de Helmut Kohl. Si hubiese seguido los dictados heredados de su partido o lo que supuestamente le pedían sus votantes, nunca se hubiese creado el euro ni una Unión Europea efectiva. Kohl tuvo que convencer a los alemanes (a sus votantes) de que el país necesitaba integrarse en Europa y de que, tras los fracasos históricos del proyecto de transformar Europa en una extensión de Alemania, había llegado el momento de construir una Alemania europea. Era un proyecto que se enfrentaba a muchas reticencias, no solo entre la oposición, sino también entre su propio partido y entre los votantes afines; lo más cómodo para un político «aplicado» hubiese sido renunciar a una aventura así.

Hoy la solución pasa por una actuación conjunta de toda Europa, y esto es así porque no hay una solución de izquierdas ni para Grecia ni para Italia ni para España... Al menos una que estos países por sí solos sean capaces de financiar. De manera que todo pasa por la política europea.

Una decisión política será más útil en la medida en que sea capaz de incidir en los grandes grupos de decisión mundial. Un ejemplo lo tenemos en las declaraciones de Sarkozy durante el estallido de la crisis. Cuando se revelaron los abusos que se habían perpetrado amparados bajo el mercado global, Sarkozy dijo que había que «reinventar el capitalismo».

Aunque ciertamente después las cosas se quedaron más o menos igual que como estaban, no se trató de un eslogan de cara a la galería. Sarkozy llegó a convencer a Obama y se llevó al G20 una propuesta para regular los mercados. Pero los países que en ese momento eran más competitivos y cuyas economías crecían (China, India, Australia, Canadá, Brasil...) no estuvieron dispuestos a regular sus mercados, a cambiar unas reglas del juego que en ese momento los favorecían. La pérdida de competitividad que hubiese supuesto para Europa y Estados Unidos llevar a cabo una regulación sin el concurso de áreas tan extensas del planeta imposibilitó implementar una voluntad política firme.

Este es el equilibrio que debe dominar el nuevo liderazgo político de izquierdas en Europa (si no quiere salirse de la economía y del mercado globales): no renunciar a sus políticas, no entregarse a la inercia del dogma de la eficacia, pero analizar bien las condiciones actuales para que sus políticas tengan algún efecto. Un Estado por sí mismo no puede organizar un sistema económico paralelo sin arruinarse. Pero esto tampoco significa que los líderes políticos de izquierda estén obligados a comulgar con todo lo que nos impone la globalización, ni renunciar desde criterios de izquierda a contener la globalización o a reducirla. Su obligación es presentar resistencia antes de que los Estados pierdan el control de la política y el sistema democrático y las elecciones se conviertan en un mero simulacro.

12. Los movimientos ciudadanos

Para un amplio espectro de votantes, los partidos de izquierda tradicionales son cada vez más difíciles de distinguir de los partidos de derecha. Esto no significa que no se aprecien diferencias entre ambos partidos (un partido socialdemócrata difícilmente suscribiría la ley del aborto que trató de impulsar el ministro Gallardón, y un partido de derechas es poco probable que hubiese tomado la iniciativa de legalizar el matrimonio gay), sino que la izquierda moderada europea no tiene un modelo económico alternativo, y se muestra incapaz de atajar las imposiciones del capital, y remisa a la hora de defender el Estado del bienestar.

Para estos ciudadanos, el cambio de la política europea no puede pasar por los partidos tradicionales, y han expresado su malestar en distintos espacios y empleando medios distintos (redes, manifestaciones, mareas...). Siempre han insistido en que ni el PSOE ni sus equivalentes europeos hacen lo suficiente: aceptan de manera demasiado remisa los dictados impuestos por políticas económicas y sociales de la derecha, y se han subordinado tanto a las condiciones de eficacia y competitividad que se han transformado en tecnócratas sin capacidad para estimular auténticas políticas distributivas y defender el gasto social en esta coyuntura adversa. Los movimientos ciudadanos consideran que los partidos socialdemócratas han dejado de ser instrumentos útiles para vehicular sus demandas.

Desde los partidos tradicionales se han hecho algunos esfuerzos de apropiarse o canalizar la energía de esos movimientos. En un primer momento se los acusó precisamente de que no habían sido capaces de transformar su indignación en demandas concretas, de que su funcionamiento asambleario era poco realista para una toma de decisiones efectiva, no digamos ya para pensar en el asalto al poder.

La ventaja de estos movimientos estriba en una probada capacidad de emplear los recursos de las nuevas tecnologías para debatir, comunicarse, preparar acciones conjuntas o estar al corriente de lo que sucede a nivel europeo. En parlamentos como el italiano ya se ha dado el caso de un partido surgido de movimientos sociales que ha logrado representación parlamentaria. En España, en las últimas elecciones Podemos ha saltado desde el activismo al Parlamento europeo dejando sin demasiados argumentos a las voces que desde los partidos tradicionales sostenían que organizaciones como las suyas seguían siendo el único conducto posible para transmitir un descontento ciudadano que, de otra manera, se volvería afónico en la calle sin conseguir ningún efecto práctico.

ESPAÑA: ¿RESET?

CUESTIONES URGENTES PARA REINICIAR UN SISTEMA

DE GOBIERNO

JOAN SUBIRATS

1. ¿Cuáles cree que son los principales peligros a los que se enfrenta la democracia?

Entiendo que la democracia surge de un largo proceso en el que se pretende materializar y dotar de contenido afirmaciones procedentes de las revoluciones liberales que, en la práctica, apenas si cambiaban las condiciones de vida y las capacidades de decisión de la inmensa mayoría de la población. La pulsión igualitaria y de justicia social que estuvo presente en esas revoluciones no tuvo luego plasmación significativa. La democratización de los Estados liberales implicó primero la ampliación de los derechos políticos hasta llegar al sufragio universal, y luego la ampliación de los derechos a los ámbitos económico y social, así como la salvaguardia de los mismos con una clara protección jurídica. Explico esto para entender que, si bien hoy la versión reducida de democracia pone el énfasis en elementos como derecho al voto, pluralismo político, competencia entre partidos y posibilidad de recambio en el poder, ello no satisface las aspiraciones democráticas amplias que siguen apuntando a la igualdad, la justicia social y el control directo del poder por parte de los ciudadanos como elementos de una democracia radical, es decir, una democracia que sea respetuosa con sus raíces. No puede ser que hoy se santifique una versión light de democracia plenamente compatible con el capitalismo, cuando precisamente es el sistema de economía de mercado el que está pensado genéticamente para generar crecimiento y excelencia con base en la competencia, sin preocupación alguna en relación con los efectos de desigualdad e insolidaridad que genera. Y todo ello es aún más grave si, como ya dijo hace años Crouch o más recientemente Rosanvallon, existe una clara captura de los centros de decisión política por parte de grandes grupos de inversión que condicionan su autonomía. El peligro más importante para la democracia hoy es su desnaturalización y su conversión en mero esqueleto de legitimación basado en el ritual electoral. El profesor de Chicago John McCormick,* en sus trabajos recientes sobre Maquiavelo, relacionándolo con la problemática actual de la democracia, ha comentado que si bien en la antigua Grecia el demos era muy limitado (incluía solo a los ciudadanos, y no a mujeres, esclavos y otras categorías sociales), el kratos era muy sustantivo. Y ahora nos estaría pasando lo contrario. Tenemos un gran demos, pero nuestro kratos efectivo es más bien escaso. Y en este aspecto parece evidente que el tema de la representación es hoy un elemento crucial a repensar y reconsiderar. Los trabajos de Hanna Pitkin** sobre representación ponen de relieve las diferentes formas en que podemos considerar el tema, y es evidente que la representación vinculada a la delegación formal está cada vez más desautorizada por los hechos, y aumenta notablemente de significación la más sustantiva. Pierre Rosanvallon lo plantea de manera similar con sus ideas de democracia reflexiva, política de presencia o democracia de apropiación.*

La participación política, el «hacer política», no debe agotarse o limitarse a prácticas electorales e institucionales. Durante muchos años se ha tratado de responder a los procesos de deslegitimación institucional con experiencias puntuales de participación ciudadana. Las ocasiones y los momentos han tenido ritmos y concreciones distintas, pero casi siempre respondían a criterios como: su carácter episódico, su vinculación a temas puntuales, sus efectos limitados y el hecho de estar generadas y gestionadas desde «arriba», desde la institucionalidad, y con protagonismos ciudadanos más formales y rituales que realmente efectivos. No quiere ello decir que esas experiencias, o la proliferación de unidades en participación en ayuntamientos o en otras instituciones, hayan sido inútiles o superfluas. Deberíamos analizar el tema con más detalle y con ejemplos concretos. Pero es obvio que las prácticas deliberativas generadas, el hecho de constatar la dificultad que comporta decidir sobre temas complejos, o la incorporación en las instituciones del discurso de la participación directa, no han sido en vano. Lo que pasa es que ahora estamos en otra fase. Y solo con esos mimbres no podemos lidiar con lo que nos exige el cambio de época.

La crecientes dificultades de las instituciones públicas para afrontar la cantidad de nuevos frentes que se han ido abriendo, están conduciendo a maneras mucho más directas y «performativas» de entender la participación política. Se quiere participar para hacer, y no solo para discutir cómo y quién hará. Se trata, en muchos casos, de prácticas de colaboración horizontal directa de personas que se unen para resolver problemas, gestionar espacios u organizar redes alternativas de consumo. Y lo hacen, a menudo, de manera desintermediada, sin pasar por las instituciones, aunque luego se las encuentren en forma de regulación. La conectividad de internet es otra característica significativa, que facilita esa colaboración entre pares, y que permite extender y replicar experiencias que, de otra manera, serían muchas veces estrictamente locales. Son asimismo iniciativas que no eluden el intento de incidir en las políticas institucionales ni enfrentarse a ellas si es necesario, pero sin agotar en esa relación bilateral sus capacidades de hacer por su cuenta. Lo que está aún por ver, en la mayoría de casos, es si esa creciente autonomía y voluntad de acción directa, acaba pudiendo ir más allá de ser complementos o sustitutivos temporales de la falta de capacidad de acción de los poderes públicos, propiciando formas de poder alternativo que generen espacios de coproducción con las instituciones y faciliten otra mirada y otra distribución de responsabilidades y poderes sobre los recursos comunes. El ciclo electoral que se avecina puede ser un fértil espacio de experimentación democrática que reconecte política y el día a día de personas y colectivos.

2. Se nos advierte que una de las principales amenazas para la democracia es el populismo. ¿Cómo podemos detectar actitudes populistas en los políticos?

Parece bastante claro que hoy día se habla de populismo para referirse de manera genérica a fenómenos que muchas veces poco tienen que ver entre sí. Hace unos meses, en The New Yorker, se hacía referencia a la nueva estrella emergente de la izquierda del Partido Demócrata, Elizabeth Warren, y al nuevo alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, como expresión del «nuevo populismo». Por otro lado, se habla de populismo de derechas para referirse a los movimientos xenófobos que aparecen en diversos países europeos. Pero también se usa el término para caracterizar al movimiento italiano 5 Stelle. Entre nosotros, hay quien ve a Podemos como una expresión del populismo, pero también hay quien ve en la formación UPyD de Rosa Díez una forma de populismo transversal y desacomplejado. En definitiva, probablemente nos estaríamos refiriendo más a un estado de ánimo, a una reacción de rechazo ante el poder instituido y sus complicidades con las élites económicas, que a un descriptor de una corriente política específica. La combinación de crisis económica y la profunda alteración estructural de muchos puntos de anclaje de la gente (trabajo estable, familia sólida, ciclos de vida previsibles, políticas públicas que garantizaban mínimos vitales...), junto con la sensación (llena de evidencias) de que unos pocos se han aprovechado de manera descarada de ese escenario, han generado una reacción simple pero sólida: que paguen más los que más tienen, que los poderes públicos sigan asegurando lo básico, que se atempere la desigualdad galopante y que se sea mucho más duro con un capitalismo financiero desatado. Si es eso populismo, es cierto que la tendencia se ha ampliado notablemente. Todo ello poco tiene que ver con la adjetivación negativa que el término populismo ha atesorado históricamente. Habitualmente se alude al populismo como una forma de hacer política que trata de activar más emociones que razones, más elementos instintivos que ideológicos, que simplifica la complejidad de los problemas sociales, y, en muchos casos, se relaciona todo ello con liderazgos carismáticos que tratan de situar en una persona la capacidad taumatúrgica de superar problemas y unir intereses. Rasgos de este tipo los podemos encontrar en muchas de las formas emergentes de nueva política y en las tentativas de recuperar espacios de la vieja política. Lo cual indica que muchos de las formas tradicionales en que se encapsuló la política funcionan peor que antes. Y que hemos de ir encontrando nuevas respuestas sin caer en viejos esquematismos. Cuanto más usemos el término «populismo» de manera indiscriminada, menos útil nos será para diferenciar oportunidades y riesgos de nuevos procesos de movilización política, y para entender cómo han de modificarse los mecanismos de funcionamiento de las democracias contemporáneas.

El problema de fondo es que las democracias representativas no logran hacer realidad sus bases legitimadoras.* La mezcla de grandes recursos económicos en manos de poquísimos (oligarquía, como califica Jeffrey Winters**); la capacidad que tienen de condicionar enormemente las decisiones de los electos y de las instituciones sin tener que rendir cuenta de ello, y la falta de mecanismos adecuados para poder ejercer el control popular, excepto en esa forma de supervisión jadeante y sincopada que son las elecciones, están convirtiendo a las democracias representativas en espectros sin vida. Los «muy pocos» (globalizados y financiarizados) no se presentan a las elecciones, pero consiguen condicionar procesos y decisiones, aumentando poder y privilegios. La capacidad de los «muy muchos», que es enorme si hacemos caso al principio de mayoría y de igualdad política, se torna en nada una vez realizado el trámite representativo y cuando los márgenes de decisión quedan absolutamente cercenados en la jaula de hierro de las políticas de austeridad, el pago de la deuda o el control del BCE sobre la política monetaria. Hoy la asimetría entre las instituciones representativas y el poder real de los «muy muy ricos» es extrema. Quedan lejos los años de las políticas de bienestar de aquella Europa de posguerra cuando, de manera excepcional (como certifica Piketty), se consiguió equilibrar igualdad política e igualdad económica. Hoy los representantes políticos, liberados tras ser electos de mandato alguno, deben actuar, como dijo Merkel en el 2011, «en conformidad con los mercados» (marktconform).

En ese contexto, unos defienden reactivamente a los «de casa» frente a quienes hacen peligrar «nuestro modelo de vida». Otros postulan más sintonía entre mercado y poder político, reduciendo la política a simple instrumento legitimador. Pero también los hay que postulan más democracia, más capacidad para construir instituciones menos susceptibles de ser capturadas por los intereses oligárquicos, y sabemos que ello exige formas nuevas de elección, de control y de decisión colectiva.

3. ¿Debemos fiarnos más de los partidos que obedecen la cadena de mando o los que escenifican sus desacuerdos?

En toda Europa los partidos políticos atraviesan un momento complicado. Hace muy poco tiempo, en Grecia, el PASOK tenía más del 40% de los votos. En los sondeos recientes no logra superar el 10%. En Italia, el éxito de la formación que encabeza Beppe Grillo se ha explicado precisamente por ser un no-partido. Entre nosotros, si atendemos a los datos que proporcionan las encuestas, los partidos están muy deslegitimados y muchos ciudadanos creen que la democracia podría funcionar sin unos partidos políticos que frecuentemente son vistos como instrumentos de unos pocos. No creo que ello pueda circunscribirse sólo a los países de la Europa del Sur y a la particular fuerza con que el cambio de época y la crisis económicofinanciera nos afecta. Ni en Francia ni en Gran Bretaña ni en Alemania parece observarse que siga incólume la «democracia de los partidos» que caracterizó a los regímenes políticos del siglo XX. Los partidos están cada vez menos presentes en el tejido social, mantienen lazos débiles con sus electores y concentran sus esfuerzos en elecciones e instituciones. A su alrededor todo cambia. El resto de las organizaciones van modificando estructuras, procesos y maneras de funcionar, pero los partidos han ido perdiendo peso social sin alterar formalmente sus maquinarias. Es cierto que las cosas van por barrios y que no en todos los partidos las cosas se hacen igual. Pero la deriva de los grandes partidos arrastra a los demás, por injusto que ello sea.

No es necesario recordar que en una democracia de masas, en la que formalmente todos tenemos derecho a decidir quiénes nos representan y quiénes, por tanto, deciden por nosotros, los partidos fueron necesariamente evolucionando. Y así, aquellas agrupaciones de notables que canalizaban el voto y los intereses de los pocos que votaban se convirtieron en máquinas electorales capaces de encuadrar y organizar grandes colectivos. Pero, a medida que la sociedad se ha ido fragmentando y diversificando, y a medida que cada quien viaja por la vida de manera más incierta y más aparentemente autónoma, las estructuras tradicionales de partido se han ido convirtiendo en más obsoletas, perdiendo funcionalidad y calidad representativa.

La actividad política va rompiendo fronteras, y diversifica espacios y protagonismos. Y eso es sin duda positivo. Vivimos en tiempos de producción compartida, de conocimiento compartido, pero simultáneamente padecemos la desposesión de recursos y capacidades que creíamos conquistadas de manera definitiva. Los partidos, las instituciones, van siendo vistas más como parte del problema que como parte de la solución. Pero, al mismo tiempo, seguimos necesitando de partidos e instituciones para conseguir que lo que queramos y logremos modificar de manera positiva en la realidad adquiera condiciones de legalidad. Es decir, necesitamos que opiniones, tendencias e iniciativas sociales acaben convirtiéndose en cambios en las normas, modifiquen la realidad. En otros países, la fuerza de los movimientos sociales, de las agrupaciones y de las entidades ha conseguido en ciertas ocasiones canalizar e intermediar. Aquí, la PAH ha conseguido últimamente convertirse en interlocutora y canalizadora significativa de valores, propuestas e iniciativas. Y sin duda, su credibilidad es alta en la medida que se la ve con menos ataduras institucionales y expresa una mayor radicalidad democrática. Los partidos tratan de acercarse y seguir su estela, ya que precisamente están mermados de esos recursos. Lo cierto es que la nueva política se juega en esos espacios intersticiales.

El problema de fondo es que los partidos, en su versión estándar, son organizaciones anacrónicas en relación con un modelo de democracia que ya no puede solo limitarse a la versión exigua de representación y delegación. Pero, al mismo tiempo, resulta por ahora difícil imaginar que la emergente fuerza de los movimientos sociales, con toda su pluralidad, pueda generar el impacto deseado sin algún mecanismo de representación y mediación. El problema, pues, no estriba solo en desembarazarse de los partidos, sino de encontrar los nuevos sujetos políticos necesarios, la nueva intermediación útil, para contribuir a tomar decisiones colectivas e impulsar transformaciones sociales en los escenarios del «finanzcapitalismo» posdemocrático. Pero ello debería poder hacerse evitando que volvamos a caer en otra división del trabajo entre «movimientos sociales» y «sujetos políticos» como la que ya se produjo a inicios del siglo XX. De lo que se trata es de avanzar en formas de gobierno colectivo en que evitemos la concentración de poder y donde se mantenga la capacidad de acción directa de todos.

El modelo clásico de partido tenía una cierta inspiración religiosa, como ya insinuó Gramsci, que mezclaba doctrina, rito y didactismo en relación con una población por instruir y por convencer. El interregno en el que estamos nos muestra transformaciones radicales en los medios de comunicación, más fragmentación y al mismo tiempo nuevas vías de articulación social, más énfasis en la autonomía personal, rechazo a liderazgos incontrolados y un conjunto de demandas políticas más imprevisibles y complejas. Al mismo tiempo, la gente está más preparada, surgen nuevas experiencias y hay mucho conocimiento accesible y compartido. Los partidos ya no son portadores privilegiados de soluciones y alternativas y no pueden seguir aspirando a monopolizar todo lo público. Deberían más bien ayudar a que se condensara y remezclara convenientemente ese conocimiento social con la capacidad de cambiar las cosas. Habilitar, experimentar y potenciar una democracia cognitiva ya existente, favoreciendo su expresión directa, realista y eficaz en marcos institucionales más abiertos, transparentes y flexibles. ¿Le tenemos que seguir llamando partido a ese sujeto político adaptado a la nueva y emergente realidad social? No es ese el problema. Lo importante es que sepamos para qué necesitamos tal plataforma y que su existencia no anule todo lo demás. Lo que no puede ser es que pensemos en un tipo de sociedad de conocimiento compartido en que los valores, las formas de operar, la reivindicación de lo público como algo no forzosamente asimilable a lo institucional, o una visión de la dinámica económica que no se arraigue en confundir lo privado con la privación, nos lleven a unas formas organizativas ajenas a ese ideario. Las opciones políticas que tomemos deberían ser consistentes con el instrumental organizativo con que nos dotemos. Llámese o no partido.

4. ¿Cree que existe una alternativa viable a la Unión Europea y al capitalismo?

Desde mi punto de vista, la pregunta debería ser otra. El problema no es si existe alternativa al capitalismo, sino más bien si podemos seguir compatibilizando democracia y capitalismo. Si nos tomamos en serio los ideales democráticos a los que ya he ido aludiendo, los espacios para que siga desplegándose un capitalismo desregulado, global, capaz de ir superando normas y límites en una acumulación sin sentido, van haciéndose más y más estrechos. Tenemos crecientes oportunidades para construir otro tipo de sociedades en las que el mercado y el dinero no sean las únicas formas de interactuar y de medir el valor. Es interesante ver la creciente atención que se da al libro La gran transformación, un texto de Karl Polanyi escrito en 1944 y que ahora es, de nuevo, un éxito de ventas. O la potencia que ha adquirido el concepto de «bienes comunes» que hasta hace poco estaba más o menos confinado al mundo de la economía ambiental o de la historia económica, y que, tras la concesión del Premio Nobel a Elinor Ostrom hace unos años, ha encontrado rápidamente ecos en temas como el arte, la producción cultural o el espacio de internet. En el fondo, lo que plantea Polanyi es que el mercado pasó de ser una de las formas de relacionarse desde el punto de vista de la subsistencia y la convivencia a convertirse en la única forma que se consideraba apropiada para establecer prioridades y orientar la producción. En esa línea, cualquier intervención de los poderes públicos corría el riesgo de distorsionar el funcionamiento automático de la oferta y la demanda y, por tanto, el objetivo constante pasaba a ser el de asegurar que el mercado funcionara como teóricamente estaba previsto. Esa naturalización del mercado es la que se ha convertido en dogma, conduciendo a que el conjunto de relaciones sociales acabe siendo concebido desde la lógica y la métrica mercantil. Hemos de ser capaces de buscar alternativas, no al mercado, que tiene su función, sino a la sociedad de mercado hacia la que hemos ido deslizándonos. La Unión Europea tiene un papel en ello, pero ha de ampliar su lógica de intervención, que hoy rehúye entender la desigualdad como un tema de su competencia, ya que solo le concierne la desigualdad ante el mercado, o lo que perjudica la libre competencia y el libre acceso al mismo, incluyendo cualquier discriminación por etnia o género, pero no la desigualdad generada, precisamente, por ese mercado.

En efecto, lo que parece claro es que el llamado Modelo Social Europeo, que ha venido caracterizando la manera de entender las relaciones entre poderes públicos, mercado y sociedad en Europa occidental desde el final de la Segunda Guerra Mundial, está en cuestión. Hay quien afirma que la Europa Social será la primera víctima de la crisis económica y la fragilidad de la zona euro, rompiendo así el equilibrio compensatorio derivado de la existencia del Mercado Único.*

La integración europea generó, como sabemos, una notable asimetría entre las políticas que promovían la eficiencia del mercado y las políticas que querían promover protección y equidad. A medida que el proceso de integración económica se aceleraba, los Estados del bienestar de cada Estado miembro sufrían los procesos de liberalización y competitividad, mientras que los esfuerzos para generalizar las políticas sociales chocaban con la diversidad de modelos y de prácticas, y con los temores de quienes veían en esa potencial integración amenazas a las prestaciones conseguidas.**

Lo que vamos constatando paso a paso es que el escenario en el que vivimos, nos reproducimos y transitamos nunca volverá a ser el mismo que trabajosamente se construyó en Europa tras la segunda gran guerra. La gran tensión generada por un mercado que, si bien permitía gestionar a gran escala demandas, necesidades, producción y precios, provocaba situaciones de desigualdad extrema, condujo, tras el duro aprendizaje de los conflictos armados, a un pacto entre capital y trabajo que fundó lo que conocemos como «Estados del bienestar». En el escenario de la Europa occidental, ello condujo a treinta años de equilibrio entre competitividad capitalista y redistribución de riqueza, que solo ahora empezamos a ver en toda su excepcionalidad, y no como un escalón más de la mejora universal de la condición humana. En España es ello aún más dramático porque se llegó con retraso y sin tener una base sólida de enraizamiento democrático. Mientras los demás, a partir de finales de los años setenta, reformaban y modulaban para mantener en lo posible los equilibrios sociales conseguidos, aquí empezábamos a recuperar el tiempo perdido. Criticábamos las distorsiones que genera el burocratismo en la gestión de lo público, y ahora nos damos cuenta de que sin las garantías de lo público aún estaríamos peor.

Todos sabemos que la construcción europea se fundamentó más en la esperanza de los «resultados» que en una estrategia de identidad compartida que hacía aguas por todas partes, tras siglos de enfrentamiento. Era mucho mejor empezar por «el carbón y el acero» que por dilucidar qué era ser europeo. Son pocos los que recuerdan que la Unión Europea de hoy era (y en muchos casos sigue siendo) un simple Mercado Común. No tiene nada que ver la construcción europea con lo que fue el nacimiento de los Estados Unidos. Lo de Europa tiene mérito. Decenas de lenguas, conflictos que se van transmitiendo de padres a hijos, miles de heridas que se rememoran y que fundamentan naciones. Como resume Umberto Eco, la lengua de Europa es la traducción. Y es desde ese escenario de diversidad estructural, de economicismo y de ortodoxia mercantil, desde el que ahora reclamamos que se resuelvan temas que los Estados no pueden resolver, capturados como están por fondos de inversión y una deuda pública que no para de crecer por la evasión y elusión fiscal de los que tienen recursos para hacerlo.

Pero el problema es que ni con la Europa actual podremos encontrar salida al derrumbe de las lógicas que permitieron crear los Estados del bienestar en 1945, ni sin Europa será posible ir más allá del resistencialismo autárquico. La Europa actual está pensada para no responder a lógicas democráticas. Si analizamos sus bases fundacionales veremos que no le preocupa desigualdad alguna que no tenga que ver con lo que el mercado considera necesario para su funcionamiento. Es decir, la Unión Europea actúa ante cualquier disposición nacional que perjudique la competencia, que genere discriminación, que provoque distorsiones en la igualdad de acceso al mercado y a la libre concurrencia. Esa es su igualdad. Nada que ver con lo que dice el artículo 9.2 de la Constitución española, que fue copiado del constitucionalismo de la posguerra mundial: «Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad... sean reales y efectivas, remover los obstáculos que (lo) impidan». En los Estados se habla de esa igualdad; en la Unión Europea, de la igualdad de mercado. En la Unión Europea parece que solo preocupe lo que el mercado exige, cumpliendo así sus bases fundacionales. Pero en los países democráticos que la componen, los efectos de esa lógica erosionan y pervierten la democracia formalmente existente. En una tesis doctoral reciente (Clara Marquet, UAB, 2013), se leía que el ministro socialista Guy Mollet propuso en 1956 la armonización previa de las legislaciones sociales y fiscales como condición previa a la integración en los mercados. El Informe Ohlin, elaborado por un grupo de economistas, defendió la tesis contraria: la igualación de las políticas sociales no era necesaria, ya que el mercado único provocaría tal aumento de la productividad que revertiría automáticamente en una elevación progresiva e igualitaria del nivel de vida. Así lo recogió Spaak y se fundó la CEE en 1957. Tenemos mercado único, moneda común, pero desigualdad a espuertas, y cada vez hay más gente que deja de pagar sus impuestos. Con esa Europa no avanzamos, pero sin una nueva Europa tampoco.

5. Se dice que la privatización aumenta la eficacia en la gestión. ¿Debemos creer que es siempre así? ¿Es bueno que se privatice también el bienestar social, la seguridad y la justicia?

Deberíamos, ante todo, distinguir (cosa que no siempre hacemos) lo que son servicios públicos prestados directamente por funcionarios públicos y por organismos encuadrados en las administraciones o empresas públicas de aquellos otros que, si bien siguen siendo conceptualmente servicios públicos, son provistos por entidades sin ánimo de lucro o empresas mercantiles. En efecto, un servicio público es aquel que está regulado como tal por la normativa correspondiente y que está asimismo financiado por fondos públicos. Pero ese servicio sigue siendo público si la provisión la efectúa Cruz Roja o la empresa X. Es lo que ocurre, por ejemplo, con las escuelas concertadas o los hospitales de propiedad no pública que operan en el sistema sanitario público. A partir de ahí, entramos en el debate sobre qué sistema de provisión es más eficaz y/o eficiente. Y en este punto, por lo que conozco, no hay conclusiones claras ni evidencias suficientes que apunten solo en un sentido. Lo que sí está claro es que habitualmente la provisión no pública de un servicio o política pública, de no ser suficientemente monitorizado y evaluado en su configuración y en la forma concreta de llevar a cabo el servicio, acostumbra a generar sesgos de selección respecto a quiénes acaban teniendo acceso a la prestación o servicio. Por ejemplo, está bastante claro que la proporción de niños y niñas con necesidades educativas especiales que acuden a los centros concertados del sistema educativo público, es bastante menor que los que están encuadrados en los centros públicos. Lo mismo se ha detectado en relación con enfermos con patologías de alto coste que acaban derivados generalmente a los centros hospitalarios públicos. Es lo que técnicamente se conoce como «selección adversa», e indica la capacidad de las entidades o empresas privadas prestadoras de servicios públicos de seleccionar o escoger a quiénes aceptan, optando por aquellos cuyos costes van a ser menores. Este es un tema suficientemente analizado y estudiado. Por otro lado, se sabe también que la falta de competencia entre organismos o empresas públicas en la provisión de servicios genera problemas de calidad de atención a los ciudadanos que acuden a los mismos, y que esa ausencia de competencia merma la recepción de señales por parte de los gestores sobre si el servicio se cumple o no adecuadamente. Estas consideraciones son válidas para cualquier esfera de intervención pública. Otra cosa a considerar es si en ciertos ámbitos (agua, energía, seguridad, justicia, transporte, etc.), por su carácter socialmente estratégico, no debería estar siempre asegurada la regulación y organización por parte de los poderes públicos, independientemente de quién acabe prestando el servicio. De este modo se garantizaría que no se produzca la ya mencionada selección adversa. En este sentido, el concepto de «bienes comunes» podría ser útil, ya que situaría en manos de la lógica colectiva el control de estos recursos esenciales, superando la tensión Estado-mercado, incorporando a la ciudadanía tanto en el gobierno de estos recursos como en su gestión y utilización, en línea con lo ya señalado por Ostrom.

6. ¿Qué camino es mejor para volver a crecer económicamente? ¿Apostar de nuevo por los servicios y la construcción? ¿Podemos ser de verdad competitivos con la investigación y la industria?

La duda que podemos expresar es si hemos de seguir atendiendo a la lógica de crecimiento sin problematizarla o ponerla en cuestión. Hay ya suficientes evidencias sobre la imposibilidad de seguir creciendo económicamente sin cuestionar de manera definitiva la supervivencia del propio planeta. El problema central de nuestro tiempo no es tanto el crecimiento como la desigualdad en su esfera no solo nacional, sino también europea y global. En Europa, el debate es sobre el modelo económico y todo apunta a tratar de mantener la capacidad investigadora e innovadora de manera que ello permita seguir operando con ventaja en la escala del intercambio global. Pero, al mismo tiempo, existen fuertes tendencias que apuntan a asegurar los elementos vitales esenciales, evitando dependencias exteriores excesivas. Ello requiere mantener capacidades productivas primarias, que permitan ofrecer puestos de trabajo a distintas franjas de población, y al mismo tiempo asegurar producciones esenciales, sin dinámicas autárquicas que hoy no tienen sentido. Deberemos distribuir el trabajo disponible, entendiendo que la dimensión global de los intercambios económicos y productivos nos obligan a ello, y buscar acomodos distintos a distintas franjas de población según capacidades y disponibilidades. Sin duda, el cambio en la concepción y en la configuración del trabajo será central en estos años en que estamos dejando atrás, de manera definitiva, el modelo fordista y sus repercusiones en los ciclos vitales.

7. En las condiciones actuales, ¿podemos mantener el Estado de bienestar o, por el contrario, es insostenible?

Desde los poderes públicos se nos sigue hablando de «recuperación», de que estamos a punto de «salir del túnel», de cruzar «el cabo de Hornos», o se nos dice que todo indica que en poco tiempo recuperaremos las constantes económicas de crecimiento y desarrollo económico. No vale ya la pena desmentir esas afirmaciones. Lo mejor es no seguir hablando de crisis, y tratar de orientarnos en el nuevo escenario en el que inevitablemente estamos entrando. Es decir, entender sobre qué bases, sobre qué valores y principios vamos a plantearnos los tradicionales temas de redistribución y solidaridad que están en la base de la convivencia social en cualquier comunidad y que en su momento configuraron el Estado del bienestar. De momento estamos atrapados en un debate en el que unos dicen que todo va bien, y que solo hemos de esperar a que escampe, pero mientras no dejan de tomar decisiones que van cambiándolo estructuralmente todo. Otros, en cambio, no paran de denunciar lo que ocurre, pero siguen aferrados a que todo podrá ser como era si cambiamos el signo político de los que dicen gobernarnos. No es que sea indiferente quién gobierna o en qué tipo de Estado estamos metidos. Pero los problemas son más profundos. Afectan a coordenadas vitales básicas: trabajo, subsistencia, cuidado, vínculos, espacio. Frente a la hegemonía del «competir», ¿como organizar el «compartir»?

En el mes de septiembre del 2013, el rey de Holanda, Guillermo Alejandro, leyó un discurso en el Parlamento (redactado por el gobierno que preside Mark Rutte) en el que anunció la imposibilidad práctica de mantener el Estado del bienestar. Y añadió que ello no era solo por las dificultades financieras de los Países Bajos, sino que, además, «las expectativas de la gente no son ya las mismas..., la gente quiere tomar sus propias decisiones. Pedimos a cada uno que asuma sus responsabilidades. Cambiaremos del Estado del bienestar a la sociedad participativa». Más descentralización hacia los municipios y más responsabilidad individual, fueron las dos líneas maestras del cambio señaladas por el monarca. Admitió que «los cambios son complejos y radicales, pero necesarios». Holanda, que cuenta ahora con un gobierno de coalición socialdemócrata-liberal, se alinea pues, en parte, con las propuestas del gobierno británico de David Cameron y su Big Society.

En efecto, desde su acceso al gobierno en mayo del 2010, la coalición conservadora-liberal que preside David Cameron apostó de manera directa por cambiar las relaciones entre poderes públicos, sociedad y mercado, tratando de situar la corresponsabilidad y la innovación social como un elemento clave para afrontar los tiempos difíciles, desde la perspectiva del gasto público, en que estamos inmersos. La perspectiva adoptada por Cameron, que podemos rastrear mejor dado su recorrido que la iniciativa holandesa, partía de tres principios básicos: trasladar responsabilidades del Estado a los gobiernos locales, las comunidades y directamente a los individuos para que asumieran más directamente sus problemas y necesidades; fomentar la responsabilidad social en la gestión y en la obtención de una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos; en la misma línea, buscar complicidades con las empresas y las organizaciones de la sociedad civil, las entidades benéficas, etc., para que participasen más directamente en los servicios públicos. Todo ello rodeado de una retórica antiburocrática, frente a la que se esgrimían las bondades de la iniciativa individual y social, la labor voluntaria y las ventajas de los ajustes mutuos sin intervención jerárquica, al estilo de lo que ocurre en el intercambio mercantil.

Conviene advertir que no estamos ante una nueva versión de la tradición neocorporativa que busque la complicidad de las organizaciones tradicionales, representativas de los intereses industriales y sindicales, ya que las mismas formarían más bien parte del Big State que quiere evitarse. En este caso hay una apelación directa a los grupos de base, las entidades del tercer sector implicadas en temas sociales, las comunidades religiosas o los propios individuos que quieran implicarse. La apelación a los gobiernos locales es una forma de poner de relieve ese poder de la proximidad, más que una apelación municipalista. Con todo ello se quiere conectar, tras trece años de gobiernos laboristas, con el discurso de Thatcher y su crítica a un Estado ávido de aumentar impuestos y gastar, y el elogio a la libertad e iniciativa individual. Por otro lado, desvía la atención del gobierno y de sus responsabilidades y sitúa la pelota de la respuesta a las necesidades colectivas en un espacio a compartir. Y, a diferencia esta vez de la retórica de Thatcher, acepta hablar de «sociedad», de articulación comunitaria, implicando así a los liberal-demócratas en esa perspectiva relativamente nueva en la tradición del conservadurismo británico.

Las críticas a esos planteamientos han sido abundantes en estos años. Los recortes en las partidas sociales han sido significativos, y tanto las dificultades de las entidades del tercer sector como la creciente presencia de iniciativas mercantiles en la esfera propia de las políticas sociales han sido puestas de relieve en la prensa y en los balances críticos publicados.* Se ha señalado, por ejemplo, que la iniciativa parte de un equívoco evidente: no todas las comunidades ni todas las organizaciones o entidades en que se organiza la gente, parten de los mismos niveles de información, de capacidades o de recursos. Las asimetrías son muchas y, por tanto, también las posibilidades de asumir responsabilidades y compromisos ante los problemas colectivos, y no digamos para poder gestionar servicios o para garantizar niveles aceptables de trabajo voluntario. Por otro lado, todo el proceso de delegación o devolución de los poderes públicos a entidades, colectivos o individuos conlleva implícitamente la capacidad de gestionar recursos de manera eficiente, al estilo empresarial, por así decirlo. Y ello está alejado de la realidad informal y espontánea que puede uno encontrarse en los enclaves locales. Las entidades, las organizaciones sociales, han surgido en muchos casos más como expresión de valores, de reivindicaciones que no con la voluntad de gestionar servicios. No parece razonable que el gobierno entienda que cuando las cosas van bien, se debe a su generosidad delegando funciones a la sociedad civil, y cuando ello no funcione, sea responsabilidad de la falta de compromiso de personas y colectivos. De alguna manera se supone, al reivindicar el término Big Society, que ello es una respuesta a un exceso de Estado y a una sociedad frágil. Y, como dicen algunos críticos, ello no es en absoluto así. Ni los poderes públicos eran antes omnipresentes, ni se podía considerar que la sociedad británica destacaba por su insolidaridad. En los últimos meses existe la sensación de que la gran iniciativa de Cameron ha ido siendo devaluada, situándola en el terreno del buen comportamiento cívico, de la recogida de fondos en tómbolas y en recogida voluntaria de residuos, más que en la dimensión de alternativa estratégica a las políticas públicas de bienestar.

El problema de la sostenibilidad del Estado del bienestar reside, desde mi punto de vista, en la matriz con que partió, que era básicamente nacional-estatal. En ese escenario fue posible alcanzar un pacto constitucional explícito por el cual los poderes públicos tenían la obligación de hacer realidad los valores de libertad e igualdad (véase art. 9.2 C.E.), desde la palanca redistributiva que les ofrecía una política fiscal progresiva en relación con la renta. La situación era beneficiosa para todos. El Estado garantizaba la protección del mercado nacional y la seguridad en los intercambios mercantiles; el mercado aceptaba contribuir de manera destacada vía impuestos a la financiación de las políticas sociales, y ello, a su vez, permitía reducir los efectos en desigualdad del sistema económico y aseguraba una capacidad de consumo que acababa revirtiendo en el desarrollo económico. El problema surge cuando el mercado ya no es nacional, sino que el epicentro del sistema económico se traslada al campo financiero global y la capacidad fiscalizadora de los Estados se debilita notablemente. En estas condiciones, los Estados tratan de trasladar la presión fiscal al consumo, pero ello no evita que crezca la desigualdad y, por tanto, la presión sobre los servicios y prestaciones públicas. Hay poca capacidad de alianza transnacional para implementar tasas sobre intercambios financieros a escala al menos europea, y todo ello redunda en crecientes dificultades para mantener las promesas constitucionales concretadas en derechos de todo tipo. Es posible y deseable mantener las políticas de bienestar pero convendría hacerlo desde nuevas bases, repensando los presupuestos públicos y estableciendo otras prioridades, replanteando las políticas sociales, incorporando más protagonismo y mutualismo social, y generando políticas y medidas predistributivas que no carguen todo el peso de lucha contra la exclusión y la desigualdad en la redistribución.

8. Se dice que con la crisis se han privatizado los beneficios y se han socializado las pérdidas. En caso de que los bancos y las cajas españolas tengan que afrontar otra deuda, ¿es aconsejable volver a rescatarlos o es mejor dejarlos caer?

Creo que hay ejemplos de todo tipo si tomamos una dimensión comparada. Jean Claude Trichet consideró irrepetible que se pudiera dedicar un porcentaje tan espectacular del PIB europeo a salvar bancos de la zona euro como se ha hecho estos últimos años. Y lo cierto es que los sacrificios que los países del sur de Europa están haciendo en este tema son espectaculares e implican una devaluación interna socialmente muy costosa. No creo que de repetirse la situación fuera posible volver a poner en marcha una operación de rescate de la dimensión y escala que se llevó a cabo. La garantía de depósitos no tiene por qué extenderse de manera tan generosa como se hizo, que en la práctica supuso, además, la casi absoluta falta de asunción de responsabilidades por parte de los ejecutivos de esas entidades, que estaban, por cierto, con contratos y fondos de pensiones blindados con cantidades a todas luces escandalosas.

9. ¿Debería reformarse la Constitución? ¿En qué puntos? ¿Es este el mejor momento? ¿Tiene sentido un federalismo asimétrico para España?

La Constitución ha entrado en una fase en que, aunque solo fuera por «fatiga de materiales», debería remozarse y ponerse al día. La crisis que atravesamos, que tiene dimensiones de cambio de época, obliga a buscar nuevas respuestas y nuevos acomodos institucionales a los déficits de legitimidad del entramado territorial y político que la Constitución estableció a finales de los setenta, tras el proceso irrepetible de la Transición democrática. El texto constitucional funcionó notablemente bien en los primeros veinte años de su existencia, para entrar luego en escenarios en los que sus desajustes han ido aumentando y siendo más visibles. En lo que concierne a la estructura institucional, es evidente desde hace años que no funcionaba un sistema que era federal si atendíamos a la distribución y volumen de competencias, pero que no lo era ni a efectos de inordenación (o relación transversal y multilateral entre unidades federadas), ni a efectos de lealtad institucional conjunta, ni a efectos de la presencia de las Comunidades Autónomas directamente en la Unión Europea. El bilateralismo pudo ser útil durante un tiempo tanto al Estado, que veía reforzada su posición central y arbitral, como a las Comunidades Autónomas que pretendían mantener posiciones propias y no verse envueltas en espacios en que se difuminaban sus pretensiones diferenciales. Pero hoy ya no solo es el Senado el que no funciona, sino que es el conjunto fiscal y competencial el que debe revisarse. Desde Cataluña (y en menor medida en el País Vasco) se ha ido forjando un conglomerado social que busca otros horizontes y que, ante el bloqueo de la Administración Central del Estado, apunta a la secesión. Ante este reto, y desde la lógica del Estado, solo cabe buscar otros acomodos institucionales y constitucionales que estén a la altura de la situación. Sin escudarse en una legalidad que no puede ser concebida con rigidez intemporal. Las fórmulas podrían ser distintas, y ya han sido sugeridas por distintos especialistas en el tema. Pero lo que no cabe es el inmovilismo. Sobre todo porque se ha demostrado que, cuando se quiso, se pudo cambiar la Constitución en un santiamén (art. 135). Otros puntos a considerar podrían ser los referentes a los procesos de participación política de la ciudadanía, que hoy encuentran canales muy estrechos para ello en un texto pensado en clave de defensa estricta de los partidos como canales únicos de participación. Así, convendría cambiar los temas vinculados a la iniciativa legislativa popular, la celebración de referéndums, el sistema electoral, y otros aspectos vinculados a estos temas de profundización democrática. De no llevarse a cabo de manera rápida, la ola constituyente va a crecer y va a afectar de manera más radical al entramado institucional vigente. Lo cual me va pareciendo cada vez más inevitable.

En relación con el tema del federalismo asimétrico, lo cierto es que no parece que de momento sea muy viable. Las posiciones mayoritarias e institucionales tanto en Cataluña como sobre todo en España parecen lejos de aceptar ese planteamiento ahora como alternativa. Ni el PP, que más bien apunta a recentralización, ni el PSOE, que tiene un planteamiento más bien tímido al respecto, son conscientes seguramente de los costes que, para su propia legitimidad en el conjunto de España, implicaría el hecho de ampliar a otros territorios y escenarios la asimetría ya existente en relación con los temas fiscales para Navarra y el País Vasco. Y en Cataluña no hay mucho espacio para hacer creíbles las propuestas que vengan del gobierno del Estado en momentos como los actuales, tras la ya lejana presentación por parte del PP del recurso de inconstitucionalidad del Estatuto renovado o tras la muy reciente querella a Mas tras el 9N.

En el replanteamiento general sobre las relaciones políticas entre España y Cataluña, se ha ido imponiendo como idea-fuerza el término «derecho a decidir». El gran atractivo de esta formulación es que expresa un valor constitutivo fundamental de la democracia, es decir, que los ciudadanos son libres para decidir individual y colectivamente sobre las cuestiones fundamentales de la convivencia social. En el marco de la democracia representativa, ese mecanismo ha acostumbrado a vehicularse vía la selección de aquellos que deciden por nosotros. Pero la legitimidad de esa delegación queda siempre condicionada a la necesidad de reforzar esa legitimidad (reformas de los textos constitucionales básicos) o a la capacidad de la ciudadanía para ejercer directamente el derecho a decidir (iniciativas para realizar referéndums sobre temas considerados significativos). Parecería claro que el debate soberanista en Cataluña tiene la suficiente entidad como para que, sin prejuzgar el resultado de la consulta, ese derecho a decidir pueda ejercerse. Ese es el punto en el que estamos y que aún nos acarreará notables complicaciones y conflictos de no encararse directamente. Pero lo que quiero aquí destacar también es que una vez incorporada esa lógica democrática básica en la cultura política de una comunidad, no debería extrañarnos que la gente reclame ese mismo derecho en otras situaciones y dinámicas.

El contexto en el que estamos no es el mismo que teníamos en los años de la Transición. Salíamos de una dictadura. Pensábamos en los esquemas habituales de la democracia representativa, en los partidos o en las instituciones políticas como elementos benéficos, como herramientas que nos permitirían dejar de ser diferentes en esa Europa a la que aún no pertenecíamos. Más de treinta años después, los que vivimos esa transición y los que han oído nuestras historietas reales o imaginadas, hemos perdido del todo la ingenuidad a golpe de opacidad, de incumplimientos, de abusos de autoridad, de decisiones que benefician solo a algunos, pero tomadas en nombre de todos. Y además, tenemos nuevos instrumentos para poder actuar sin intermediarios, para poder expresarnos sin pasar por los cedazos que marcan los medios de comunicación convencionales. Podemos empezar a reclamar el derecho a decidir, no como algo excepcional, sino como una práctica a aplicar en el día a día. Una práctica cotidiana.

¿Si reclamamos derecho a decidir para determinar los vínculos que nos sigan uniendo a España, no deberíamos poder decidir cómo debe ser nuestro entorno vital, cómo deben ser las principales pautas que ordenan y organizan nuestras vicisitudes diarias? ¿Tiene sentido que se decida por nosotros y en nuestro nombre sobre cómo se conforman las ciudades, cómo se alteran los ejes básicos que constituyen nuestro paisaje de identidad y pertenencia? Vamos ganando espacios de decisión en nuestras vidas, en nuestras opciones personales más decisivas. Pero, en cambio, seguimos teniendo espacios vedados en temas que muchas veces se rodean de complejidades técnicas aparentemente solo accesibles a especialistas. El conocimiento se democratiza, el acceso es menos jerárquico y más directo. Pero el poder se sigue rodeando de barreras legales, de restricciones económicas presentadas como naturales e indiscutibles. Necesitamos ser consecuentes y reclamar el derecho a decidir como palanca básica de regeneración democrática del país, de sus ciudades y comunidades.

10. Dada la coyuntura económica, ¿qué puede ser más beneficioso: un gobierno que se limite a gestionar los bienes públicos o un gobierno que lidere y que sea emprendedor? ¿Tiene margen de maniobra un gobierno nacional?

Si atendemos una perspectiva a medio plazo, el papel de los gobiernos debería ser bastante distinto al actual. Los Estados fueron asumiendo competencias a partir de las exigencias sociales y de la labor subsidiaria que ejercían en relación con las necesidades de desarrollo económico. En un escenario de mercado global, con un sistema financiero y unos fondos de inversión que operan en esa escala, los Estados han de desarrollar estrategias de empoderamiento territorial y local, desplazando las competencias y los recursos básicamente a unidades capaces de vincular capacidad de servicio e implicación social y ciudadana. Su labor debería ser, por un lado, más relacional, facilitando la gestión y el gobierno en red de esos espacios sociales más autocontenidos en términos de recursos y servicios; y por otro lado, deberían atender problemas que requieran una escala que no pueda atenderse desde el territorio más cercano.

Lo cierto es que las necesidades sociales aumentan y, al mismo tiempo, son innegables las dificultades de las instituciones públicas para mantener los compromisos adquiridos en sus cartas constitucionales y en su legislación social, ante la creciente dependencia, ya señalada, de los poderes financieros y las prioridades concedidas al retorno de la deuda generada por el déficit público, así como en la merma constante de ingresos por la capacidad de evasión y elusión fiscal del gran capital financiero. En ese escenario conviene situar la posibilidad/oportunidad de respuestas sociales autónomas y el cambio en la estructura de poderes como elementos a considerar frente al aumento de la desigualdad social y las necesidades que ello conlleva. Y todo ello en un escenario de globalización que genera evidentes desequilibrios en los procesos productivos y en los costes sociales que implican en cada parte del mundo.

Se incrementan los desequilibrios sociales, y las alternativas tradicionales a disposición de los gobiernos son: aumentar los ingresos públicos, reducir los servicios y el número de personas que se ocupan de ellos, mejorar la eficiencia de la gestión pública. De hecho, estas han sido hasta ahora las respuestas que en proporción diversa han ido asumiendo los gobiernos de nuestro entorno y son esas las alternativas que mayoritariamente se siguen manejando. El problema se plantea ante la creciente dificultad para conseguir la efectividad de ese tipo de respuestas en un horizonte en el que las dificultades no son coyunturales o pasajeras, sino estructurales y sistémicas. Es en ese contexto en el que hemos de situar la creciente atención que reciben las dinámicas de innovación social. Ya que, a diferencia de lo habitual, parten del supuesto de que las soluciones o las respuestas a ciertas problemáticas sociales se dan, surgen o pueden surgir desde fuera de las instituciones públicas, a partir de la propia iniciativa social, sin que ello implique necesariamente el que no existan formas de colaboración institucional en las diversas fases del proceso de respuesta.

En esta línea, organismos multilaterales como el FMI, el Banco Mundial o la OCDE están insistiendo en el término de «innovación social» en sus diversos análisis. También la Unión Europea sigue esa misma senda, como puede, por ejemplo, observarse en su programa de investigación Horizon 2020. Hagamos un somero repaso de las distintas perspectivas existentes. De entrada, conviene recordar que no es un concepto nuevo, pero es evidente que en los últimos tiempos ha tomado un gran auge, por varias razones, entre otras su notable ambigüedad. En efecto, en diversos trabajos se ha ido poniendo de relieve que el concepto de innovación social puede ser notablemente equívoco. En los documentos en que una institución como la OCDE se refiere al tema* se entiende que la innovación social se da cuando aparecen nuevas respuestas a problemas sociales, identificando y generando la provisión de nuevos servicios que mejoren la calidad de vida de personas y comunidades; identificando y generando nuevas esferas de trabajo, nuevas formas de participación, tanto desde la perspectiva de la producción como del consumo. Se trata habitualmente de nuevos procesos que tratan de satisfacer necesidades no cubiertas por el mercado, o no disponibles para las poblaciones afectadas, y que tampoco son cubiertas de manera suficiente por las instituciones públicas. Parece claro que, desde esa perspectiva, no necesariamente las experiencias entendidas como innovación social modificarán las relaciones de poder previamente existentes, ya que su lógica puede ser estrictamente subsidiaria o compensatoria de los déficits de actuación de los poderes públicos, sin que ello afecte el statu quo vigente.

En general, se entiende que las dinámicas de innovación social incorporan la creación de valor social, generando soluciones a problemas que tienen una naturaleza de «públicos», distinguiéndose de las dinámicas empresariales pues si bien pueden tener impacto social, no es esa la razón de ser de su actividad. Se pone así de relieve la importancia de que los actores sociales, las personas y las comunidades implicadas asuman nuevos protagonismos en relación con sus necesidades, lo que refuerza su papel y permite considerar cambios en las estructuras de poder. La existencia de tales experiencias y su perdurabilidad permiten identificar mejor necesidades y construir respuestas más específicas, evitando los problemas de «eficacia indiferente» que caracterizan muchas veces los servicios públicos. En efecto, la lógica burocrática a menudo confunde igualdad de trato y no discrecionalidad con homogeneidad y despersonalización. Y en ese contexto, las entidades del tercer sector aparecen como mucho más capaces de atender la diversidad, personalizar el trato y abordar la situación más desde el propio problema que desde la distribución de competencias.

Desde perspectivas más contrahegemónicas, desde las que se quiere reivindicar la acción colectiva como palanca de transformación social, se entiende el surgimiento de estas prácticas como expresión de la exigencia de un nuevo protagonismo cívico, que entra en conflicto con la visión delegativa y «clientelar» en la que la lógica institucional y jerárquica acostumbra a situar las relaciones entre instituciones y ciudadanía. Estas prácticas innovadoras y comunitarias serían, pues, experiencias que se oponen a los procesos de mercantilización en nuestras sociedades, buscando formas más equilibradas de relación con las instituciones, generando también embriones de nueva institucionalidad, formas de coproducción de políticas, y/o espacios de apropiación social de ámbitos antes monopolizados por los poderes públicos o la esfera mercantil. De esta manera, se estaría avanzando en formas alternativas (instituciones del pro-común) de entender la respuesta a las necesidades sociales a través de experiencias comunitarias, de cooperación y de autonomía cívica.

Lógicamente, no todos los ejemplos o experiencias calificables como de «innovación social» reúnen esta carga crítica o transgresora. En algunos trabajos* se alude a dos criterios que pueden servir para distinguir unas experiencias de otras. En un eje se situarían las experiencias de innovación social ordenadas desde la perspectiva de su impacto social, en temas de justicia social, sostenibilidad ambiental, innovación democrática y empoderamiento y nuevas perspectivas de respuesta a las necesidades de subsistencia económica. O sea, el grado de progresividad social y de cambio en las condiciones de poder que motivan y legitiman las acciones de los actores envueltos en esa experiencia. En el otro eje se colocarían las diversas experiencias ordenadas desde su capacidad de incidir en la esfera pública y en las instituciones, sea generando cambios en las dinámicas institucionales, sea modificando la esfera de debate y de discurso público en el sentido de profundizar derechos más efectivos e inclusivos para la ciudadanía. Se entiende que el impacto en las instituciones puede derivarse de su capacidad de provisión directa de servicios, identificando nuevas necesidades y demandas, o modificando las formas de operar concretas de las instituciones públicas a través de procesos de gestión más directos, modificación de prioridades o normas de actuación.

En este sentido, las aportaciones y propuestas de los movimientos sociales surgidos en el contexto de la crisis y la experimentación de nuevas prácticas alternativas plantean algunos de los posibles contenidos de experiencias de innovación social que incidan en dinámicas de transformación o de nueva institucionalidad. Así, por ejemplo, podríamos destacar experiencias que se orientan hacia:

a) El desarrollo de propuestas socializadoras en sectores estratégicos como la energía, el agua, la banca, el transporte, la salud, la educación, etc. El control público de estos sectores clave debería promover una estrategia de superación del viejo paradigma del crecimiento económico.

b) El respaldo a nuevas formas de producción cooperativa, prestando una atención especial a las experiencias de producción agroecológica y a la autoorganización de los trabajadores en la recuperación de empresas mercantilmente fallidas.

c) Un replanteamiento profundo del trabajo, desarrollando iniciativas de redistribución del empleo, reconsiderando las otras formas de trabajo, como los cuidados, a la vez que se avanza en la erradicación de la vieja división sexual del trabajo.

d) Otorgar una prioridad máxima al problema de la vivienda, aprovechando el stock existente para promover un parque público de vivienda en alquiler.

e) Impulso a medidas que promuevan la desmercantilización de las relaciones sociales, bien sea a través de la promoción del uso de los espacios públicos, en el intercambio de productos o servicios o en la valoración de ciertas formas de trabajo no asalariado pero socialmente necesario.

f) Incentivar por distintas vías la participación popular, favoreciendo la autoorganización, incluyendo a los movimientos sociales y promoviendo las nuevas prácticas políticas.

g) Situar como un elemento de valor el conseguir aumentar el grado de autonomía de las iniciativas sociales en relación con las instituciones.

Son solo ejemplos de lo que en estos momentos constituye un universo plural y multiforme de iniciativas en distintas partes de Europa y del mundo que buscan formas de respuesta social a problemas colectivos, que no necesariamente queden encapsuladas en estrategias institucionales o de gobierno.

En efecto, en estos últimos años, la progresiva erosión de las bases legitimadoras de la democracia por su alejamiento de sus valores fundacionales (igualdad, justicia social, control popular de las decisiones) ha ido encontrando respuestas en movilizaciones sociales significativas. La participación ciudadana se ha concentrado muchas veces en defender lo que se había conseguido. En evitar que las decisiones que se fueran tomando en el plano legislativo o desde la acción de los poderes públicos implicaran pérdida de derechos y de protagonismo popular. Y la política institucional ha sido el espacio al que se dirigían las protestas, las acciones reivindicativas. Lo que está sucediendo ahora es que sin dejar de mantener la presión sobre las instituciones y los partidos que las gobiernan, los movimientos sociales, la acción popular, se han ido dando cuenta que han de complementar esa labor con la capacidad de poner en pie estructuras institucionales propias. No se trata solo de incidir y resistir, sino también de disentir construyendo alternativas. Demostrar, con ese «éxodo» de las instituciones, que no todo va a encontrar solución en y desde la acción de los poderes públicos constituidos.

Temas como vivienda, energía, alimentación, educación, sanidad, y cada vez más, el derecho a internet, se muestran como espacios en los que la organización social, combinada con prácticas de reivindicaciones frente a los poderes públicos y con capacidad de construcción de espacios propios en los que demostrar que existen otras formas de plantear soluciones a temas vitales básicos, tienen un notable recorrido por delante. Han ido surgiendo movimientos que «son» («Som energia», por ejemplo), que buscan respuestas autónomas, construyendo espacios de nueva institucionalidad. Lo que aún falta es la capacidad de articular de manera transversal ese conjunto de expresiones de rechazo a lo que ocurre y de construcción de alternativas propias y viables. Pero va quedando claro que, cada vez más, participar es hacer. Y ese hacer debe plantearse modificar las relaciones de poder existentes.

¿Qué aprender de todo ello? La pérdida de peso del Estado-sujeto debería revalorizar la idea de Estado-función. Menos rito y delegación. Más proximidad y acción. Más modestia institucional no implica forzosamente una salida individualista o meramente subsidiaria a la holandesa o la británica que hemos mencionado antes. Puede permitir generar espacios para un mayor protagonismo social y mutualista. La izquierda —apegada a ver en las instituciones la única palanca de transformación— ha percibido al mutualismo, junto con el cooperativismo, de larga tradición en muchas partes, como una forma de solidaridad entre pobres. Cuando, en realidad, mutuas y cooperativas han sido (y algunas aún son) la expresión de coaliciones democráticas que se plantean objetivos básicos de apoyo mutuo, de propiedad común, con sistemas de autogobierno y raíces territoriales profundas. Son alternativas solidarias, no individualistas, que permiten recuperar sobre nuevas bases unas políticas de bienestar fundamentadas en las personas, y no en su pertenencia a categorías sociales específicas. Pero que, reconozcámoslo, siguen presentando problemas de escala cuando se va más allá de lo específicamente local o territorial. La clave es no entender los bienes comunes como un mero sustituto que tienen las comunidades para satisfacer de manera autónoma sus propias necesidades ante la retirada de los poderes públicos, sino como un mecanismo de reapropiación de recursos. He ahí un gran campo de experimentación para la nueva acción política, buscando alternativas de autonomía social contra las políticas de austeridad. Todo ello puede indicar y plantear nuevos roles para los Estados en los nuevos escenarios. Pero esos nuevos roles deberían experimentarse sin recurrir a la seguridad aparente que ofrece una legalidad a la que aferrarse, sin que ello permita dar respuestas a las necesidades sociales que crecen a medida que crece la desigualdad y la precariedad.

11. Se habla de falta de liderazgo. ¿Qué características cree que debe atesorar un líder del futuro para que podamos reconocerlo?

Es ya un lugar común quejarse de la falta de personas que sirvan de referentes en momentos como los actuales. Personas que puedan orientarnos con su buen criterio en el proceloso mundo que nos rodea, lleno de incertidumbres y riesgos. Y es también habitual que se hable de cuando teníamos auténticos líderes. Dirigentes en los que se podía confiar. Es importante recordar al respecto que la política democrática contemporánea ha ido dando vueltas al dilema de que, si bien los líderes personalizan y encarnan de alguna manera mensajes, valores y complejos programas políticos, y en ese sentido los liderazgos son importantes, al mismo tiempo ello es insuficiente. De hecho, está ampliamente compartido que la calidad democrática de un país se basa más en la existencia de una ciudadanía fuerte e implicada que en el carisma personalista de un líder. En el primer caso hablamos de una característica estratégica y duradera. En el segundo caso hablamos de algo pasajero, frágil y circunstancial, sobre todo si damos por supuesto que son saludables los recambios y la no dependencia de personas que tienen muchos números para envanecerse y perder contacto con la realidad. La fuerte mediatización de la política ha tendido a decantar esa ecuación aparentemente hacia el lado de los liderazgos fuertes y la ciudadanía débil. No parece muy aconsejable, en los tiempos que corren, depender en exceso de personajes carismáticos, que de hecho debilitan la articulación social y reducen la capacidad de asumir responsabilidades, al tiempo que concentran demasiadas expectativas en el buen o mal rendimiento de uno u otro personaje. Brecht señalaba: «Algunos dicen “infeliz el pueblo que no tiene héroes”, yo más bien diría “infeliz el pueblo que tiene necesidad de héroes”». Hace ya un tiempo, Benjamin Barber mencionaba diversos liderazgos compatibles con lo que él definía como una democracia fuerte. Hablaba de liderazgo fundacional, de liderazgo moral y de liderazgo habilitador. El peligro de los liderazgos fundacionales y morales es que, si persisten en el tiempo, su mismo protagonismo los hace tremendamente peligrosos al favorecer su enquistamiento carismático y autorreferencial en el poder. Y algo sabemos de ello. El tercer tipo de liderazgo del que habla Barber trata de combinar liderazgo sólido con compromiso cívico. Hablaríamos del liderazgo habilitador, que cumpliría esa función de reforzar las capacidades de la gente, evitando que los ciudadanos se conviertan en simples espectadores de las capacidades aparentemente heroicas de los que gobiernan. No sería la visión del líder como cirujano que extirpa tumores sino más bien la del terapeuta que acompaña y refuerza las responsabilidades de la gente. Uno de los autores más conocidos y reconocidos en el campo de la teoría de las organizaciones tanto públicas como privadas, el canadiense Henry Mintzberg, decía hace un tiempo en el Financial Times que hay una excesiva obsesión por los liderazgos. En una línea de pensamiento cercana a la del politólogo Barber, afirmaba: «Tratan de empoderar a la gente y, de hecho, acaban provocando lo contrario». Ello no quiere decir que disponer de capacidad de liderazgo no sea importante. Pero, como nos advierte Mintzberg, si se descubre una organización, un país, un municipio que funciona bien, lo más fácil es atribuirle el crédito a quien es la cabeza visible de esa comunidad. Si las cosas van mal, es que el liderazgo no ha funcionado. Como tautología no está mal. Y además simplifica mucho el análisis. No podemos separar liderazgo de gestión. No podemos hablar de gestión sin acudir a la visión. Lo más importante de un líder es la legitimidad que presente su trayectoria, la consistencia de la imagen que proyecta con el arduo recorrido realizado. El tema de fondo ya no es la acción aislada de un líder, sino el conjunto de actores, procesos y relaciones del sistema o ecología social que lo rodea y que genera un proceso de innovación social potente.

12. ¿Tienen futuro los sindicatos? ¿Existen alternativas para que se organicen los trabajadores?

El problema actual de los sindicatos es que siguen siendo más necesarios que nunca, ya que el deterioro de las condiciones laborales es tremendo, pero, al mismo tiempo, las bases que configuraron su creación están desvaneciéndose por completo. El capitalismo, en su versión industrial y fordista, facilitó las condiciones de nacimiento y consolidación de las grandes estructuras sindicales en Europa y en los Estados Unidos. En la medida en que, por diversas y variadas razones, el capitalismo en su versión fordista ha tendido a desaparecer de esos escenarios, el sindicalismo se ha mantenido con fuerza en los sectores de grandes empresas de servicios (básicamente, banca y seguros) y en las administraciones y servicios públicos. Pero esos son sectores limitados en volumen y con tendencia a reducir su escala. Mientras, el mercado laboral se ha desplazado con rapidez hacia escenarios de precarización, temporalidad, falsos autónomos, etc., y, por tanto, con una enorme diversificación de condiciones de trabajo y de vínculo laboral. No parece fácil que los sindicatos, con sus estructuras tradicionales, puedan seguir manteniendo su nivel de influencia. La reconversión sindical implica reconocer esos cambios, y aceptar interlocuciones distintas con espacios como el tercer sector o el cooperativismo, con los que si bien hay conexión ideológica, no se ha sabido aceptar las dinámicas que implican que no son trasladables al dilema patrón-asalariado. Más allá del papel y del futuro de los sindicatos, lo que está en juego es la propia concepción del trabajo y de las relaciones entre ciclo vital y vida laboral. No es extraño que algunos autores (como Guy Standing) hablen de «precariado» para referirse a los nuevos fenómenos de segmentación del mercado de trabajo.

13. ¿Se puede hacer política en internet? ¿Son Twitter y el resto de las redes sociales herramientas útiles? ¿Corre el riesgo quien se quede fuera de la red de quedarse fuera de la política?

A mi entender, internet no es un nuevo «martillo» para clavar mejor los «clavos» de siempre. Internet modifica la forma de relacionarnos e interactuar, altera profundamente los procesos y posiciones de intermediación, y genera vínculos y lazos mucho más directos y horizontales, a menores costes. En consecuencia, el cambio que está significando para nuestras sociedades (y las implicaciones políticas de este cambio) van mucho más allá de una simple modernización tecnológica del instrumental operativo de las instituciones públicas o de unos nuevos instrumentos de información y de comunicación. Internet puede posibilitar la alteración de las relaciones de poder, el cambio en las estructuras organizativas, en los procedimientos administrativos y en las jerarquías e intermediaciones establecidas. Si es así, si internet permite y promueve que se produzcan cambios en las estructuras de poder, entonces podría estar dibujando un nuevo orden social y político, con nuevos beneficiados y nuevos perjudicados, con sus virtudes y sus defectos. Hasta el momento, no parece que los poderes públicos sean demasiado conscientes del potencial transformador de internet. Pero la realidad sociopolítica va avanzando a un ritmo vertiginoso y es la sociedad civil la que está aprovechando las nuevas oportunidades que ofrece internet para alterar el orden preestablecido. En este sentido, el primer impacto que queremos destacar de internet sobre la política es que ha contribuido (aunque no sea el único factor explicativo) a cambiar la concepción y la práctica de la política más allá de las instituciones de carácter público. En el contexto actual, y en parte gracias a la red, cada vez es más habitual encontrar experiencias de carácter político que desbordan el marco constitucional propio de las democracias parlamentarias. Se trata de vías alternativas que pretenden pensar y gestionar soluciones a los problemas colectivos pero que no surgen de las instituciones del Estado, sino que nacen desde la ciudadanía y beben de una concepción plural y abierta de las responsabilidades colectivas, partiendo de la base de que estas responsabilidades colectivas deben perseguir la resolución de problemas de carácter colectivo sin que esto quiera decir que el Estado deba ser quien necesariamente asuma la única responsabilidad en el abordaje de «lo común». En otras palabras, estamos ante una concepción amplia de la política, en la que la gestión de lo colectivo (de lo público) no se limita exclusivamente a lo institucional (entendiendo aquí lo institucional como lo que atañe al Estado). En este sentido, internet no solo estaría abriendo la puerta a nuevas formas de participación política al margen del Estado, sino que, sobre todo, estaría posibilitando que se ponga en cuestión la forma de operar de la democracia constitucional y parlamentaria, con sus mecanismos de participación centrados esencialmente en partidos y elecciones. Destacaría, asimismo, que internet ha permitido y potenciado el que se produzca una multiplicación y una diversificación de los actores políticos. El propio concepto de actor se ha utilizado tradicionalmente en la ciencia política como el de un «intermediador» organizado capaz de estructurar determinados intereses. Internet transforma este escenario ya que la articulación de personas con intereses compartidos es mucho más fácil y no requiere de un alto grado de organización. Con ello, no solo se multiplican los actores sino que también se diversifican los intereses que consiguen entrar en juego. Internet reduce asimismo de forma significativa los costes de la acción colectiva, ya que el recurso principal pasa a ser la conectividad y la capacidad de relacionarse con otros a través de la red, mientras que otros recursos que tradicionalmente eran muy relevantes (como la disponibilidad de tiempo o de dinero) no son ya tan decisivos. Se diversifican también los repertorios de acción colectiva. Con internet se abre un gran abanico de oportunidades para innovar con nuevas formas de acción colectiva basadas en la conectividad de ciudadanos con objetivos compartidos: difusión y convocatorias a través de las redes sociales, recogida de firmas online, mensajes masivos a responsables políticos, etc. Se está pasando de la acción colectiva a la acción conectiva. Un tipo de acción que, con un coste mucho menor, permite agregar a un número mucho mayor de ciudadanos y colectivos, pudiendo lograr unos niveles de visibilización pública y de impacto político potencialmente más grandes. Los peligros de la llamada «fractura digital» no deben minusvalorarse, pero lo cierto es que el grado de expansión de instrumentos más amigables de interacción y uso de internet ha sido espectacular en los últimos años. No obstante, no podemos caer en la ingenuidad de los ciberoptimistas. Los peligros del cambio tecnológico en relación con la privacidad y la posibilidad de control masivo son evidentes. Hay mucho de «solucionismo» que sirve para vender tecnología, y esconde una falta de debate sobre la definición de los problemas que dice querer resolver. Tendiendo, además, a desmovilizar y a pasivizar a una ciudadanía que no tendría ya que preocuparse por cosas que otros han resuelto. La receta sería: más tecnología, menos ciudadanos. Por tanto, conviene no dejar de problematizar y politizar el debate sobre internet y sus relaciones con la democracia contemporánea.

14. ¿Qué libros y autores nos recomienda para entender la sociedad y la política actuales?

No resulta fácil escoger autores y temas para encarar un tema tan amplio, ramificado y complejo como el que nos plantea el cambio de época y el interregno en el que nos encontramos. Es absurdo, además, atender solo a los autores más recientes y no entender que sin las muchas lecturas previas de clásicos y menos clásicos, muy poco de lo que acontece hoy sería comprensible. Al mismo tiempo, es constante la consulta y la interacción con los debates académicos amplios en los que este conjunto de temas se trata de manera habitual. Pero, para no hacer de esta una cuestión interminable, no queda más remedio que centrarse en aquellos autores y textos que, por un lado, son fácilmente accesibles y, por otro, me han sido útiles recientemente para situarme en este escenario. Hace años me sirvió de orientación el trabajo de Ulrich Beck sobre la sociedad del riesgo, y sus diversos corolarios, algunos hechos con su compañera Elisabeth Beck-Gernsheim. Han sido siempre fuente de inspiración las aportaciones de Richard Sennett, especialmente su libro La corrosión del carácter. Y también las aportaciones de Saskia Sassen, su compañera, en temas de globalización, ciudades y poder. La constante presencia de Zygmunt Bauman sobre la «liquidez» de las relaciones sociales en sus diversos componentes me ha servido asimismo de inspiración. He encontrado muchas resonancias sobre lo que yo mismo trabajaba en la reciente trilogía de Pierre Rosanvallon. Y, luego, sigo con interés las contribuciones de sitios como Micromega en Italia, Open Democracy en Europa o Dissent en los Estados Unidos. En una perspectiva más económica, me ha interesado mucho releer a los ya mencionados Karl Polanyi y su libro de los años cuarenta, La gran transformación, o todo el trabajo extraordinario de la politóloga Elinor Ostrom sobre bienes comunes, de Silvia Federici aplicando la perspectiva en temas de cuidados y reproducción, o de David Harvey en los temas del derecho a la ciudad. La perspectiva de la economía social de Jean Louis Laville o José Luis Coraggio es también destacable. Y en la esfera del cambio tecnológico, destacaría a David Bollier o Michael Bauwens por poner solo dos ejemplos en un escenario que cambia cada día, y en el que el último libro de Jeremy Rifkin permite una introducción accesible y bien documentada.

FERNANDO VALLESPÍN

Nota bene: Antes de responder a este cuestionario quiero aludir a la forma en la que he procedido a hacerlo. La mayoría de las preguntas son, en realidad, partes de un todo que alude a las condiciones más generales en las que hoy se desenvuelve la política. Es difícil, por tanto, no poner unas respuestas en relación con otras: muchas son complementarias. Vaya ello como advertencia preliminar. La primera de las preguntas es, quizá, la más importante, porque de cómo evaluemos las condiciones bajo las que hoy funciona la democracia depende todo lo demás. De ahí que el espacio que se le dedica sea superior a otras más específicas. Todas ellas remiten a su vez a consideraciones más generales que hemos hecho en otro lugar del libro, y eso puede dar lugar a solapamientos, aunque, espero, no a incongruencias.

1. ¿Cuáles cree que son los principales peligros a los que se enfrenta la democracia?

En vez de hablar de «peligros» para la democracia, creo que es mejor referirse a sus «disfuncionalidades» y/o a sus nuevos desafíos. La democracia liberal no peligra porque sigue siendo el único régimen político que puede predicarse como legítimo en el mundo entero. A pesar de ciertas veleidades populistas en algunos lugares o del impacto que el «autoritarismo eficaz» del modelo chino pueda tener sobre determinados países en desarrollo, nadie se atreve a hacer explícito su rechazo a los ideales democráticos. Lo que ya no está tan claro es si dichos ideales pueden realizarse bajo las condiciones en las que hoy funciona la política. Esto no significa afirmar que otras épocas fueran más favorables a la democracia. Hay que dejar claro desde el principio que no existe ninguna experiencia histórica de democracia que haya estado libre de tensiones. La democracia ha sido vivida siempre como un proyecto permanentemente inacabado porque aquello que demandan sus exigentes principios normativos —el «gobierno del pueblo por el pueblo», por ejemplo— no es trasladable sin más a un conjunto de prácticas o a la implantación de un determinado orden institucional. En cierto modo puede decirse que no darse por satisfecho con el funcionamiento efectivo de la democracia es ya una actitud democrática. Si bien los países que figuran en lo más alto de los rankings de calidad de la democracia suelen ser también aquellos en los que los ciudadanos se sienten más satisfechos con ella, ello no obsta para que sea aquí donde asimismo hay una mayor intolerancia hacia prácticas que se desvíen de su buen funcionamiento. Son, pues, «sociedades vigilantes».

Dicho esto, sí es cierto que en la actualidad estamos ante una situación delicada para la democracia. Primero, porque su expansión casi global —hoy hay cuatro veces más democracias que hace cuarenta años— ha sido más en forma de democracias imperfectas, defectivas, que en sus versiones más plenas. Y, en segundo lugar, porque los procesos de cambio económico-social más profundos —la apertura e internacionalización de los mercados financieros y el crecimiento exponencial de las nuevas tecnologías de la información y comunicación— están provocando importantes alteraciones en la efectividad de esta forma de gobierno. La pregunta que habría que hacerse es si la actual crisis es coyuntural o si estamos ante un fin de ciclo de la democracia tal y como la conocemos. Veámoslo de forma más analítica.

a) El aspecto más general de estos fenómenos de cambio tiene que ver con lo que podríamos calificar como una «crisis de la acción política». Esta es la dimensión fundamental sin la cual no se entiende nada de cuanto está sucediendo. Suele simplificarse recurriendo a la manida idea de la progresiva traslación del poder desde la política a la economía; o, si se quiere, de la colonización de la política por la economía. El síndrome es, sin embargo, bastante más complicado. Habría que definirlo a partir de todos los factores que han puesto en cuestión el ejercicio de la soberanía de los Estados: desde el aumento de las interdependencias, ya sea por los procesos de unificación supranacional o como efecto casi automático de la globalización, hasta el incremento de la complejidad de las decisiones políticas, que han adquirido una naturaleza cada vez más tecnocrática. El resultado es que la política aparece como mera administración de un sistema que ya no sabe ni puede controlar por sí misma. Su tradicional capacidad para proteger a la sociedad, guiarla y emprender reformas depende ahora de instrumentos que se escapan a sus recursos habituales. Hoy transmite la imagen de estar privada de la posibilidad de decidir cómo debe gobernarla. El Estado, la unidad de acción política por excelencia, aparece sujeto a los constreñimientos que le imponen otros Estados —como en la Unión Monetaria Europea—, los «mercados» o todo un conjunto de imperativos sistémicos sobre los que ya no tiene control.

Por todo ello, me gusta la descripción que el filósofo P. Sloterdijk hace del Estado actual cuando lo presenta como una especie de Estado «reparador»:* gobierna siempre detrás de problemas que casi nunca han sido conformados por él; no lidera un proyecto propiamente dicho, sino que se mueve a remolque de contratiempos, percances o circunstancias en los que se ve envuelto sin saber muy bien por qué, pero a los que inevitablemente le toca «compensar». La política se ha convertido, en efecto, en una «política compensatoria» porque vivimos en la «era de los efectos secundarios», de las consecuencias no deseadas de decisiones, medidas, imperativos sistémicos... Y en el camino hemos acabado con la vieja simetría que prometía ofrecer una solución para cada problema. Como dice Sloterdijk, «si el progreso y la reacción fueron los conceptos-guía del siglo XIX, los del siglo XXI son la chapuza (Pfusch) y la reparación». Y añade: «Una política más grande ya solo parece posible como un servicio de averías más extenso».** Los últimos años de la legislatura de Zapatero y lo que llevamos de la de Rajoy son un buen ejemplo de esta forma de gobernar a remolque de los problemas, defensiva y reparadora de fallas, contratiempos y accidentes surgidos en espacios fuera de nuestro dominio —que interfieren además con los de cosecha propia—, pero a los que en todo caso no tenemos más remedio que encontrar una respuesta. Como salta a la vista, esta es siempre precaria, provisional, insuficiente.

«Bien», se dirá, «¿qué tiene esto que ver con la democracia?» Con cierta simplificación, porque se tiende a subrayar el gran predominio de lo económico sobre otras dimensiones de la complejidad sistémica, esta cuestión de la crisis de la acción política se suele simplificar mediante la contraposición de democracia y capitalismo, por decirlo en los términos de Wolfgang Streeck. Luego volveremos sobre ello con más detalle al hablar de la Unión Europea. Basten ahora algunas pinceladas. La imagen que proyecta esta situación es que no son los votantes quienes en realidad deciden el curso de una sociedad, sino los mercados —«voters versus markets», como dice el eslogan—. Las exigencias de la competitividad prevalecen sobre cualquier otra consideración, ya sea la justicia social u otro valor que entre en colisión con lo que aquella exija en cada momento. Esto, que ya constituye en sí mismo una importante restricción para la lógica de la democracia, no es, sin embargo, el problema fundamental. Toda política está obligada a conocer los límites objetivos bajo los que opera, si no se convierte en mera fantasmagoría. El buen político, el auténtico estadista, es precisamente aquel que sabe mantener el rumbo sorteando las dificultades y ejerciendo su virtù —en su sentido maquiaveliano—: imponiéndose sobre ellas. Y para ello no puede ignorarlas. De ahí la frase de Obama de que la buena política es aquella que sabe establecer un «adecuado balance entre pragmatismo y utopía». Es una fórmula gráfica para aludir a la doble dimensión que debe atender una política bien entendida: ser «realista», no ignorar las condiciones objetivas sobre las que opera, pero a la vez tratar de manipularlas para realizar fines específicos «a pesar de las circunstancias».

Lo malo, digo, no es el reconocimiento de los límites, sino el pretender que estos no existen, subvertir y ocultar en la práctica de la discusión política la facticidad de lo dado. Eso es lo que ocurre, como bien vemos, en la mayoría de las campañas electorales o en el ejercicio de la oposición. A todo agente político se le llena la boca de proclamas, promesas y afirmaciones que luego se ven ignoradas cuando llega la hora de adoptar decisiones. Es como si en esos momentos —y no solo en ellos— la esfera de la confrontación política estuviera desacoplada de la vida real, como si siguiera una vida propia, distinta de lo que luego ocurre. De ahí la perplejidad y frustración de los ciudadanos cuando tanta promesa al final se queda en nada; es casi inevitable que les invada un cierto sabor a simulacro y, sí, a haber sido estafados. Pero esta es otra de las características de la política en los países desarrollados, que los ciudadanos no quieren ni oír hablar de «decisiones trágicas» —que la elección muchas veces es entre dos males, no entre un bien y un mal—, o que el buenismo está muy bien como estrategia crítica y como límite objetivo a lo que se decida en cada caso, pero que en sí mismo no es capaz de resolver los problemas. Y si así lo piensan los ciudadanos es porque son los propios políticos quienes se ponen estupendos y les venden como parte de su virtù la capacidad para hacer compatible lo incompatible. Cuando las cosas vienen bien dadas, se atribuyen el mérito y se ponen las medallas; cuando no es así, el problema es ya «del sistema», de las políticas europeas, la crisis o factores que se supone que ellos no pueden controlar. Es una interesante forma de evaluar la responsabilidad en cada caso.

Como decía con su sabiduría habitual el profesor R. del Águila, casi siempre oscilamos entre dos tipos ideales de posicionamientos ante lo político: el del impecable, que afirma que la justicia, el bien, es lo primero «a pesar de las consecuencias» —fiat justitia et pereat mundus—, y el del implacable, que tiende a lo contrario, a subordinar todo a los dictados de la ideología o a lo que supuestamente «funciona», caiga quien caiga. Este reduccionismo sigue hoy bien presente: el primero en las reacciones dogmáticas frente a las políticas de austeridad, por ejemplo, o ante la inmigración masiva, sin atender a lo que significaría no adoptar determinadas reformas o perder competitividad, o los efectos que tendría una entrada libre en nuestra sociedad de todo el que así lo deseara. Y el segundo, en quienes se aferran dogmáticamente a esas políticas en nombre de su «funcionalidad» a pesar de las consecuencias que tienen para los menos aventajados, los perdedores de todo este proceso; o bien en quienes proclaman la exclusión de los inmigrantes aludiendo a la sacrosanta identidad nacional o a los supuestos verdaderos intereses de «los nuestros». Una política bien entendida, por decirlo ahora con Weber, debe inspirarse siempre en la «ética de la responsabilidad», si no dejaría de ser política, sería otra cosa —quizá pura «moral»—. Aunque eso no debería impedir que la «ética de la convicción» establezca sus propias líneas rojas respecto a lo que en cada momento se vea como «responsable». Las consecuencias de las decisiones no se miden solo por criterios pragmáticos o realistas, sino también por sus efectos de tipo moral. Esa es la gran diferencia entre un pensador clásico, como Maquiavelo, y nosotros, que en un Estado democrático, como diría de nuevo R. del Águila, somos nosotros los que establecemos los límites de lo intolerable. Hoy, sin duda, a partir de los valores que se supone que sostenemos. Si estos valores los arrojamos a la pira de la razón de Estado —como de hecho hacemos con el tratamiento de la inmigración irregular, por seguir con ese ejemplo—, subvertiremos a la larga el único suelo sobre el que edificar una democracia auténtica, las convicciones normativas básicas de las que se nutre.

b) Estas primeras observaciones revierten a su vez sobre otro síntoma de crisis de la democracia, la del vínculo representativo o, si se quiere, de la representación política tradicional. Recordemos que una de las dimensiones del «no nos representan» del 15-M y similares obedece a la existencia de un desfase entre lo que se proclama en los discursos y lo que luego se hace realidad. Desde esta perspectiva, los políticos no estarían representando a los ciudadanos; la política se limitaría a gestionar, administrar, lo que se presenta como una decisión única, sin alternativa. No se «representaría» a los ciudadanos sino al supuesto conocimiento técnico, a los imperativos de la economía internacional, a nuestros socios de la Unión Monetaria o a una síntesis de los tres, que es lo que suele ocurrir.

Este sentimiento de que los políticos no representan a quienes se presume que deben, los ciudadanos o el interés general, no es nuevo. Tampoco es nueva la crítica que vincula la acción política a la satisfacción de los intereses de grupos organizados, no a los de individuos particulares o a algo así como el «bien común». Siempre se ha pensado que los bienes de los partidos y de otras grandes organizaciones sociales como los sindicatos, además de toda una miríada de grupos de interés, serían los agentes activos que presionan a quienes ejercen el poder para que sus deseos se vean satisfechos. La democracia no sería así el gobierno de todos, sino de quienes tienen la capacidad, mediante lobbies u otras formas de acceso a las instancias de decisión, de llamar la atención y condicionar a los decisores políticos; en particular, las grandes corporaciones.

El fenómeno de la «oligarquización» del sistema democrático no se ha considerado nunca, sin embargo, contrario a la democracia como tal siempre y cuando dichas presiones sobre el gobierno, el legislativo y las diferentes burocracias del Estado proviniera de grupos «plurales». La pauta de cualquier sociedad política compleja es la escisión entre, de un lado, el interés del individuo como ciudadano que participa y realiza su «identidad ciudadana» optando por cada una de las alternativas que se le ofrecen y, de otro, el ciudadano como «preferidor racional» dotado de intereses privados concretos que delega la gestión y salvaguarda de los mismos en diferentes grupos, movimientos sociales o cualesquiera otras formas de articular y defender sus intereses e inquietudes sociales particulares. Del mismo modo en que la conformación de las mayorías representa el resultado de una disputa por el poder entre grupos diferentes, la acción de gobierno, al menos en sociedades complejas y bajo las condiciones de la sociedad de mercado, está sujeta también necesariamente a la presión de los distintos intereses económicos o de otro signo que hacen acto de presencia en la sociedad. Lo que importa es que estos intereses plurales sean accesibles a las burocracias del Estado. Tratar de negarlo equivaldría a desconocer el funcionamiento real de cualquier sistema político democrático. Siempre se ha dado también por supuesto que este poder en la sombra, estos «poderes invisibles», pueden contrarrestarse mediante una activa participación de la sociedad civil y la denuncia mediática.

Hay que decir que cuando aquí hablamos de «sociedad civil» no lo hacemos en el sentido vulgar que la identifica a todo «lo que no es Estado». Sociedad civil, en la acepción que aquí queremos darle, excluiría a los intereses económicos y a cuanto podríamos ubicar dentro de la semántica de «mercado». Abarcaría a un público plural, articulado en una multiplicidad de grupos y asociaciones que participa activamente en el proceso democrático y se delimita claramente tanto respecto del Estado y sus organizaciones como de los intereses más propiamente económicos. Coincide a grandes rasgos con esa esfera que vertebra formas de participación político-social que no encajan dentro de las propias del sistema institucional y muchas veces refleja una forma de activismo político a menudo desordenado, lúdico, expresivo, pero que a pesar de todo ejerce una influencia nada desdeñable sobre el poder.

Lo nuevo de este mundo en el que la acción política aparece secuestrada por entes como la troika o los representantes del sistema financiero internacional, es que nadie parece estar en condiciones de establecer límites o de sacar a la luz pública toda esta legión de interconexiones entre poder económico y poder político. Se han convertido ya en un factum, en algo que «está ahí» y frente a lo que solo cabe ejercer una resistencia expresiva, como la que nos encontramos en muchos de los nuevos movimientos sociales. Esto ha dado lugar a la aparición de movimientos pararrepresentativos, cuya función parece consistir en dar voz a quienes se ven incapaces de hacer llegar sus demandas a sus «representantes oficiales». Muchos de ellos, como hemos vivido en estos años de la crisis económica española, y puede que aquí esté lo novedoso, envuelven su discurso no en la expresión del interés de un determinado grupo social, sino en presupuestos deontológicos, en cuestiones de principio moral: la necesidad de «realizar» la justicia, la dignidad de toda persona, aquello que se supone que niegan los nuevos imperativos económicos y las medidas adoptadas frente a la crisis. A la clásica pregunta de la teoría de la representación —¿qué se representa?—, responderían con una declaración contundente: ¡a la justicia! El «principal» sería así todo grupo cuyo legítimo interés en una vida digna cabría imaginar que es subvertido.

Movimientos como el 15-M o similares se arrogan esta capacidad de hablar en nombre de los nuevos oprimidos; serían, pues, el «agente» encargado de atender sus demandas frente a los representantes institucionales u oficiales, reducidos a mera correa de transmisión del poder al que antes nos referíamos. Implícita y explícitamente, y esto es lo interesante, se establece una distinción entre, de un lado, el demos tal y como se configura institucionalmente por un sistema electoral injusto y es administrado siguiendo los intereses propios de los grandes partidos, y el pueblo llano traicionado por los enjuagues de las élites políticas y económicas, por otro; una especie de nuevo Tercer Estado que representa a la auténtica «nación». No en vano, todos estos movimientos dicen hablar en nombre de la «democracia real», no de su degenerada forma «representativa». El nuevo movimiento/partido Podemos, que en gran medida es un compendio cuasiinstitucional de las fuerzas liberadas el 15-M, sería un buen ejemplo de esta forma de presentarse ante la opinión pública. El pluralismo ínsito en el ideal democrático se reduce así a un binomio: «los de arriba» frente a «los de abajo», explotadores/explotados, que se diría en buen marxista. Y aunque su lucha es el acceso al poder —o sea, convertirse ellos en el nuevo «sistema», un sistema destinado a autosubvertirse—, saben que la condición de posibilidad para hacerlo pasa porque dicha simplificación cale en las conciencias, que se convierta en el nuevo discurso hegemónico; Gramsci como complemento de Marx, con grandes dosis de Laclau y Negri.

Esto es al menos lo que transmite su retórica declarativa. A la hora de la verdad, sin embargo, su fórmula de acción política anterior no se desdecía en la práctica de muchas de las «formas de participación política no electoral» que vienen estudiándose desde hace años.* Como es bien perceptible por la acción de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), su objetivo es movilizar a los aquejados por algún problema y buscar fórmulas de interlocución entre estos y el poder establecido. El ejemplo de la acción popular promovida por la PAH y la receptividad que ante ella mostraron casi todos los partidos políticos es, sin embargo, expresivo de dos hechos ciertos a los que se debe buscar solución. De una parte, la pérdida creciente de responsiveness de los partidos políticos, que la mayoría de las veces dan la impresión de representarse más a sí mismos que a sus votantes, y, de otra —en parte como consecuencia de lo anterior—, la dificultad para mantener bien lubricados los mecanismos de mediación entre sociedad y política.

Obsérvese que el concepto de representación exige imperativamente una relación de naturaleza específica entre un principal y un agente. ¿Quién es hoy el principal ante el que rinden cuentas nuestros agentes? Ya hemos visto que la respuesta no solo no está clara, sino que apunta hacia algo distinto de lo que se entiende que debe ser el destinatario de la acción política democrática. Además, la representación no es necesaria allí donde no cabe la aplicación de soluciones alternativas para los problemas fundamentales, cuando solo hay una decisión «científicamente verdadera». Como bien dice Hannah Pitkin, la representación exige compromisos valorativos y el ejercicio de la capacidad de juicio y, aunque la racionalidad no sea ninguna garantía para el acuerdo, presupone al menos un mínimo de deliberación y de puesta en práctica de la razón. «Necesitamos la representación precisamente allí donde no nos contentamos con dejar las cuestiones en manos de los expertos; solo podemos tener representación sustantiva allí donde el interés se ve implicado; es decir, solo allí donde las decisiones no son meras decisiones arbitrarias.»* O, lo que es lo mismo, la representación solo tiene sentido en ese espacio intermedio entre lo necesario y lo arbitrario, y cuando existe un vínculo efectivo entre principal y agente. Lo significativo aquí es resaltar el aislamiento creciente de la clase política, perdida en su incapacidad para satisfacer a la vez los deseos de la gente y los imperativos sistémicos. La cuestión que importa es que ya no sabe bien a quién representa, si a Draghi, a Merkel y los mercados, al pueblo llano, a su distrito, a su partido o a todos a la vez o a ninguno en particular.

c) Si la anterior transformación a la que nos referíamos tenía que ver con la creciente dependencia de lo político respecto de lo económico y con la aparición de decisiones políticas cada vez más complejas y más dependientes de presupuestos tecnocráticos, es necesario abordar también las consecuencias de los cambios en la esfera de la comunicación. Me refiero al digital turn habido en los últimos años, que ha propiciado la aparición de nuevos lugares de debate y comunicación política en blogs y redes sociales, que están poniendo en cuestión el espacio público «tradicional», es decir, aquel conformado por medios de comunicación como prensa, radio y televisión. Estos últimos sufren hoy un proceso de pérdida de aucto ritas derivada del inmenso efecto provocado por la centrifugación de la información y, sobre todo, de la opinión. Siguen siendo, qué duda cabe, quienes ponen el escenario en el que las sociedades contemplan su vida política. Pero ya no lo monopolizan; ahora deben compartirlo con la nueva comunidad virtual. Sus efectos sobre la anterior visión de la representación son también evidentes, como veremos enseguida al hablar de ellos en la pregunta que se refiere al efecto de las nuevas tecnologías sobre la política.

d) Por último, es importante tener en cuenta por qué no menciono entre los problemas de la democracia a la creciente desconfianza y desapego hacia la clase política o los «representantes» institucionales. Con independencia de cuáles sean las causas de aquella, lo que parece obvio es que la desconfianza o el desapego hacia lo político es más un «efecto» que una causa propiamente dicha, aunque tenga que ver con los problemas que apreciamos en las deficiencias del sistema de representación o de la democracia en general. Las causas de este nuevo estado de ánimo son muy complejas y afectan más a unos países que a otros. Curiosamente a aquellos más dependientes de las decisiones de otros —los Estados de la periferia del euro, por ejemplo—, que suelen coincidir también con aquellos con menor transparencia, mayores índices de corrupción y mayor frustración por las consecuencias generales de la crisis económica. No creo que pueda afirmarse sin más que sean problemas actuales de la democracia como tal sino de algunas democracias.

2. Se nos advierte que una de las principales amenazas para la democracia es el populismo. ¿Cómo podemos detectar actitudes «populistas» en los políticos?

A priori, la respuesta a esta pregunta debería ser sencilla. Cualquier alumno de Ciencia Política sabe que el populismo se caracteriza por tres rasgos fundamentales: uno, se vale de un discurso demagógico, plano y simplificador de problemas que son mucho más complejos; dos, se arroga el hablar en nombre del «pueblo», que siempre aparece como una instancia perfectamente objetivable y uniforme; y, tres, en parte como consecuencia de lo anterior, tiene siempre en el punto de mira de su crítica a una o varias élites a las que imputa la causa de los supuestos males del «pueblo» o de la patria. Así visto, muchos de los partidos que han comenzado a proliferar en Europa en los últimos años, sobre todo aquellos de extrema derecha nacionalistas y xenófobos, reúnen estas características. También otros que se ubican en el extremo opuesto.

Lo problemático, sin embargo, es que el tercero de los elementos, la desconfianza hacia las élites, ya no es solo un rasgo de partidos «simplificadores», sino que se ha convertido en una de las señas de identidad de la política de nuestros días, en parte de la sensibilidad crítica de nuestro tiempo. En muchos casos se hace, además, a partir de datos perfectamente objetivables y no solo mediante recursos retóricos con acento victimista. El imparable aumento de la desigualdad que ha venido acompañando a la internacionalización de la economía está provocando que sectores cada vez más reducidos de la población de los diferentes países accedan a un poder social y político infinitamente superior al del común de los ciudadanos. No es de extrañar así el impacto de la obra de Piketty, que ha desnudado la actual dinámica del capitalismo al demostrar convincentemente que el índice de retorno del capital supera al propio crecimiento económico y que, por tanto, la pauta inexorable es el aumento en la disparidad en riqueza e ingresos entre los diferentes grupos sociales. Por reflejar algunos de los datos que aporta el economista francés, el 1 % de los estadounidenses más ricos se apropió del 60 % de los ingresos nacionales producidos en dicho país entre 1977 y 2007. Estos y otros datos, en gran medida trasladables también al escenario europeo, hacen que la posibilidad de que el poder económico haya tomado como rehén al poder político sea algo más que una presunción o una declaración demagógica.

Por otra parte, y en esto Chantal Mouffe es bastante rotunda, en estos momentos de lo que ella denomina «pospolítica», el así llamado «populismo» puede ser bienvenido porque obliga a salirse del consenso tecnocrático en el que habrían incurrido las principales formaciones de centro izquierda y centro derecha. (Aunque lo cierto es que ella preferiría ver más populismo de izquierdas.) Con todo, y dejando ahora de lado las implicaciones xenófobas de muchos de estos movimientos de extrema derecha, lo preocupante es la tendencia a la polarización que provocan, no solo entre ellos mismos, sino entre el «bloque tecnocrático», por llamarlo de alguna manera, y los otros dos extremos. O, mejor, el reducir la decisión de los ciudadanos a la elección entre dos males: tecnocracia o populismo, cuando en realidad hay mucho más espacio entre estos dos polos.

Sí es cierto que muchas de sus proclamas, a uno y otro lado del espectro, dan cuenta de algo que es real, como acabamos de ver en lo relativo a la desigualdad y las consecuencias de la internacionalización de la economía, pero ignoran la complejidad de la política de nuestros días y dan pábulo a una sobrecarga de emoción y pathos de algo que quizá debería vivirse desde una posición más pragmática y con intelección plena de las consecuencias que arrastran los diferentes posicionamientos.

Se dirá, en referencia al populismo de izquierdas, que qué tiene de malo el expresar, al modo rousseauniano, la indignación por la injusticia y el tratar de dotar de voz a sus víctimas. Desde luego, la respuesta es obvia: no hay nada de malo en ello; todo lo contrario, es la condición de posibilidad para enmendarla a través de un proyecto ciudadano común, en buscarle un remedio democrático. Como bien decía Judith Shklar, solo si expresamos permanentemente nuestro sentido de la injusticia y nos comprometemos en su defensa podremos hacer que los gobernantes se impliquen también más decididamente en tratar de aminorarla. Pero si a eso se acompaña la pretensión de que solo hay un grupo o partido capacitado para hacerlo porque representa la «auténtica» expresión del pueblo y todo lo demás es «casta», ya cambia la cosa. Ahí es cuando se produce el «giro populista». Una democracia bien entendida no puede presentar al adversario como indigno de ser elegido, porque eso significaría suprimir la presencia de alternativas, lo cual no excluye, como es obvio, la crítica bien fundada.

3. ¿Debemos fiarnos más de los partidos que obedecen la cadena de mando o los que escenifican sus desacuerdos?

Como sabemos por las encuestas, casi nadie se fía del todo de los partidos. Son las instituciones que gozan de menor confianza, en España y en Europa en general. Al mismo tiempo, se ven como imprescindibles. La lectura que podemos hacer de esto es que aún no hemos dado con un modelo de partido que sea capaz de satisfacer las funciones que han de cumplir de forma satisfactoria y han caído en algo que es desastroso para la democracia, el verse como un «mal menor». Tengo para mí que la actuación futura de cada uno de los partidos depende de la forma en la que sepan dar respuesta a la disyuntiva entre apertu ra y clausura relativa. Esto es, un partido deja de serlo desde el momento en el que se abre en exceso a la sociedad y pierde la capacidad de diferenciarse del entorno. Lo quiera o no, todo partido es una «organización», y como tal debe someterse a los dictados mínimos propios de los entes de tal naturaleza (mecanismos formales de decisión, organización jerárquica y estructura interna de mando, incentivos derivados de pertenecer a ella, delimitación clara respecto de otras similares, etc.). El problema es que si se «institucionaliza» en exceso, cae de forma casi inevitable en eso que ya desde Ostrogorski y Michels, los primeros teóricos de sus excesos, se llamaba la «oligarquización», el que un grupo dirigente más o menos reducido acabe por hacerlo suyo, se apoye demasiado en sus militantes y comience a perder la capacidad de comunicarse con sus simpatizantes y votantes. En dos palabras, que deje de «abrirse» a la sociedad y se cierre de modo solipsista sobre sí mismo, sobre su propia organización. Si hace lo contrario, y de ahí el dilema, acaba perdiendo el referente que lo dota de identidad y no permite el ejercicio de su función como agente político estable, previsible y conformador de identidad institucional.

La conclusión sería, por tanto, que un partido funcionará adecuadamente cuando, sin perder la imprescindible clausura relativa, tiene la capacidad de actuar también con el suficiente grado de apertura como para satisfacer sus funciones de canal de mediación entre ciudadanía y sistema político. Hoy tenemos claro que para poder conseguirlo debe hacer honor al binomio de la res ponsiveness y la accountability, como diría un politólogo. O sea, ser receptivo a las demandas ciudadanas y rendir cuentas, tanto a sus militantes como a sus votantes o a la sociedad como un todo. Eso no se consigue sin una gran transparencia en su funcionamiento y sin exteriorizar su propio pluralismo interno. Lo primero se explica por sí mismo y a estas alturas de la evolución de los partidos se ha convertido ya en una opción irrenunciable. Lo segundo quizá sea más matizable, y de ahí la pregunta que estamos tratando de contestar. Aquí lo ideal es que la escenificación del desacuerdo se haga con ciertas dosis de moderación para no perjudicar la propia imagen del partido; es decir, desde la mayor lealtad de base y como parte de un proceso constructivo a partir de discrepancias puntuales.

Espectáculos como el que hemos observado en UPyD, protagonizado por Sosa Wagner y la dirección del partido, no son precisamente edificantes. Más cerca del ideal se encuentra, sin embargo, el debate habido en el PSOE a la hora de renovar su liderazgo. Algunos pensarán que lo que se presentó como una clara apertura del aparato a sus militantes fue en realidad pilotado por este último, y de ahí el resultado. Pero desde una perspectiva formal es difícil imaginar una alternativa distinta —que habrá de ser complementada después con primarias abiertas para las candidaturas—, a menos que vayamos ya a otro paradigma de partido, el ya analizado de Podemos, por ejemplo. En este caso todavía es pronto para emitir un juicio general sobre él. Me temo que al final no podrá evitar escaparse de este dilema entre apertura/clausura. Por mucho que trate de evitarlo y por muy buena que sea su capacidad de comunicación con la militancia a partir de las redes sociales, será difícil que consiga escaparse de los imperativos de la «organización», institucionalización o como queramos llamarlo.

Ostrogorski decía que los partidos políticos son maquinarias complejas destinadas a transformar la energía difusa del electorado en trabajo parlamentario organizado. Esta afirmación se corresponde con un momento —su libro La democracia y la organización de los partidos políticos es de 1912— en el que la política estaba en manos de partidos de notables, pero esto no evitó que no los sometiera a importantes críticas. La primera, ya vista, sería la derivada de los efectos perversos de su propia naturaleza de «maquinaria», y la segunda afecta a la forma en la que comenzaron a estereotipar la opinión, a la manera en la que simplificaban la diversidad de la opinión pública —«pensamos por batallones»—. Hoy los partidos siguen presos de los imperativos de la organización, maquinaria o como queramos llamarlo, pero ha dejado de estar en sus manos la simplificación o conformación de la opinión. Su tragedia —y el comienzo del primer cambio de paradigma— viene precisamente de ahí: de una democracia de partidos se pasó a una democracia mediática. Hoy se ha dado una nueva vuelta de tuerca a ese giro con la aparición de las redes sociales y la entrada en un nuevo espacio público donde el electorado sigue emitiendo una «energía difusa», aunque ahora no se deja disciplinar ya por las ofertas partidistas o los medios tradicionales. Cómo van a sobrevivir los partidos en este nuevo mundo transformado es una cuestión sin decidir.

Otro punto. Si se observa bien, al final volvemos al difícil problema de la representación y sus muchas transformaciones. Cuando antes hablábamos de «apertura» implícitamente le reconocíamos un sentido similar al de «representatividad». Un partido es abierto en la medida en la que satisface los requerimientos de aquellos a los supuestamente representa, y lo hace con dinamismo y de forma diacrónica, respondiendo siempre a los cambios de opinión y al propio pluralismo que caracterice a sus votantes. Por otra parte, sin embargo, deben hacer honor a las exigencias de la gobernabilidad y la estabilidad, que son valores que en política jamás deben despreciarse. En eso consiste lo que Ostrogorski antes calificaba como el «trabajo parlamentario organizado», y es lo que está detrás del diseño de sistemas electorales mayoritarios, las restricciones a la proporcionalidad pura o consideraciones similares. Si nos fijamos, la disyuntiva apertura/clausura remite a otra más general de la política, la de representatividad versus gobernabilidad/estabilidad, o, si se prefiere, inmediatez versus delegación.

La política democrática tiene mucho de alquimia y requiere mezclar elementos que no son necesariamente complementarios. Esto provoca grandes disyuntivas, fracturas, dilemas. De la misma forma en que, como nos explicaba Isaiah Berlin, no sabemos integrar racionalmente en un todo coherente los valores de los que participamos —¿qué grado de libertad es compatible con la igualdad, por ejemplo?—, cuando procedemos a especificar o traducir los valores de la democracia en procedimientos y prácticas concretas es inevitable que reaparezcan una y otra vez tensiones internas. Ahí está su grandeza, en que desconfía de que estas puedan ser apaciguadas por supuestos detentadores de la verdad o por un presunto modelo acabado. Después de la experiencia histórica seguida, hay algo que ya está más que claro: ser demócrata equivale a estar condenado a la reexperimentación continua y a desconfiar de quienes creen haber dado con la piedra filosofal de un supuesto orden institucional final. Es muy posible que hoy nos encontremos en uno de esos momentos de exacerbación de las tensiones internas y, por consiguiente, ante un nuevo proceso de reexperimentación del que no sabemos bien cuál sea su conclusión.

4. ¿Cree que existe una alternativa viable a la Unión Europea y al capitalismo?

Es una pregunta endiablada. Para empezar, porque la primera tentación es decir que estar a favor de la UE equivale a manifestar la complacencia con el capitalismo, que aquí entiendo que se presenta en su actual fase de capitalismo financiero. Es bien sabido que la UE apenas ha puesto una coma al despliegue global de este y se somete a sus dictados casi como el mejor discípulo de la clase. Por otra parte, sin embargo, nadie niega que fuera de ella hace demasiado frío, que Estados pequeños y no demasiado prósperos y aislados de la vertebración europea son aún más débiles que aquellos que se integran en esta unión supranacional. Con mayor razón todavía si se encuentran a extramuros de la Unión Monetaria. Por decirlo en otras palabras, no podemos hablar de la UE sin mentar al capitalismo financiero de nuestros días y, a la inversa, no podemos pronunciarnos sobre cómo defendernos de sus efectos más perversos sin buscar un cobijo en aquella. ¿Cómo salir de esta contradicción?

Puede que la forma más didáctica de enfrentarnos a la pregunta suscitada sea mediante la remisión a un debate que se ha producido recientemente entre Wolfgang Streeck y Jürgen Habermas. El primero de ellos publicó un extraordinario libro donde sostenía la sorprendente —o no tan sorprendente, pero sí provocadora— tesis de la existencia de una incompatibilidad entre democracia y capitalismo, que en nuestros días se habría hecho ya manifiesta.* Este último habría estado «comprando tiempo» (el título del libro), «tomando préstamos del futuro», para no caer preso de sus contradicciones. Lo hizo a lo largo de la década de los setenta en la fase de la hiperinflación, de los ochenta, el período de la gran deuda pública, de los noventa y primeros 2000, cuando buscó alivio en la deuda privada hasta que, ya en el 2008, estalló el sistema en la crisis fiscal y financiera. Desde entonces esta dialéctica entre capitalismo y democracia no ha hecho más que intensificarse y es perfectamente visible en la propia política económica de la UE, aunque ya no parece haber recetas que sirvan, ha pasado ya la era del crecimiento y el mito del mercado autorregulado no se lo cree nadie.

Desde luego, cuando Streeck habla aquí de «democracia» se refiere a aquella propia de la Era Gloriosa del Estado de bienestar que siguió a la Segunda Guerra Mundial y se fundó sobre el pacto social-democrático: pleno empleo, crecimiento estable, mecanismos de negociación neocorporatistas, fórmulas eficaces para garantizar la justicia redistributiva... En los cuarenta años pasados desde entonces, todos los movimientos han ido dirigidos a alimentar las necesidades de acumulación del capital a costa de los avances sociales habidos en el período anterior. Hoy estaríamos ante un modelo hayekiano que reduce la democracia a poco más que un ritual vacío, inerte ante el avance de la codicia institucionalizada, su afán depredador y su inmensa capacidad para someter a un chantaje institucionalizado a los gobiernos. Habría mutado en eso que predica Merkel, una mera «democracia ajustada al mercado» (marktkonforme Demokratie). Esta encontraría su mejor expresión en los propios dictados del BCE y la ortodoxia económica del euro con sus políticas de austeridad, de reformas que se traducen en la reducción de salarios y la restricción del gasto social, la recapitalización de los bancos y la consolidación fiscal. La «justicia del mercado», la capacidad relativa para adaptarse a sus imperativos por parte de los diferentes países, ha hecho trizas todo intento por imponer la «justicia social». Hayek ha vencido a Keynes. La democracia, siempre asociada al Estadonación, está privada de la capacidad para actuar sobre su verdugo, la economía financiera global. Todo Estado se encontraría ahora sujeto a dos soberanos simultáneos: sus propios ciudadanos, organizados a partir de los demoi nacionales, y los «mercados», que campan más allá de las fronteras y eluden casi cualquier control político. Antes los mercados se incrustaban en los Estados, se plegaban a ellos y a los dictados de sus gobiernos; ahora, en tiempos de la globalización, ocurre lo contrario, son los Estados los que se han integrado en la lógica del capitalismo y se pliegan a las pautas dominantes de la globalización.

Ante esta situación no hay lugar para una salvación europea de la democracia, y menos aún para los perdedores de este proceso, los países del sur, privados ya de su único mecanismo de defensa, la devaluación de la moneda. Frente a esto, siempre según nuestro autor, el único antídoto posible es la vuelta al Estado-nación y a otro modelo de desarrollo, lejos del hedonismo consumista y de la desenfrenada persecución del interés propio por parte de las nuevas élites financieras. Europa se ha convertido así en una «democracia de fachada» en la que la «comunidad política se presenta como una comunidad del dinero con la unidad monetaria como tótem; o, mejor dicho, el patriotismo del dinero como forma histórica prioritaria y sustitutiva de un patriotismo constitucional, si no como forma de vida».* Lógico, pues, que estallen las reticencias entre los Estados socios del norte y el sur o la enemistad entre los propios ciudadanos. Visto lo visto, Europa no es la solución sino uno de los mayores problemas.

Habermas, que no parte de un diagnóstico demasiado distinto del que nos encontramos en Streeck en lo que hace al actual sometimiento de Europa a la tecnocracia de Bruselas y a los desastrosos efectos del nuevo capitalismo sobre la salud de la democracia, opina justo lo contrario.** Después de acusar a su oponente de «nostalgia» por el buen y viejo Estado-nación, cuando no de «comunitarista de izquierdas», piensa que la única solución para salir de esta situación es, precisamente, mediante la profundización del proyecto europeo y la reestructuración del sistema democrático en el continente. Solo de esta manera se podrían compensar las distorsiones entre lo que Streeck llamaba la justicia del mercado y la justicia social, y se podría pensar en una UE que dejara de estar de rodillas ante la «confianza de los mercados» y los dictados tecnocráticos que sobre los parlamentos nacionales ejercen los supuestos expertos de Bruselas. Se trata de «ganar tamaño» para poder imponer una voz propia en el concierto de la nueva organización de las interdependencias globales y volver a dotar de combustible a la democracia, ahora trasladada más eficazmente al espacio supranacional.

La meta es esa, una «comunidad supranacional» —distinta a un Estado federal convencional— que permita un «gobierno común», aunque siempre asegurando su legitimidad por los ciudadanos desde su doble papel como miembros de la UE y de sus respectivos gobiernos nacionales. Va de suyo que eso exigiría concesiones mutuas entre Estados, como la socialización de las deudas, los famosos eurobonos, y la asunción de compromisos específicos por parte de otros socios. No sería un proyecto libre de riesgos o costes, pero en el horizonte no se atisba otra alternativa mejor. Nada obsta para que —contrariamente a lo que opina Streeck— la democracia no pueda implantarse también más allá del Estado-nación; en definitiva, ¿qué son las naciones si no «un producto impuesto administrativamente mediante la enseñanza de la historia, la prensa, el servicio militar obligatorio, etc.»? Ni tendría por qué ser un impedimento el diferente nivel de desarrollo económico y de cultura política entre países. El precedente frustrado de la integración del Mezzogiorno italiano no constituye una ley de hierro que permita imaginar la imposibilidad de ir hacia mayores niveles de convergencia entre regiones y Estados europeos con un desarrollo y una cultura cívica dispar. Otra cosa ya es la voluntad política para poner todo esto en marcha, que Streeck niega con vehemencia. Y ahí el dedo de Habermas apunta claramente a Alemania como el actor decisivo.

Sea como sea, de estas consideraciones podemos obtener una visión clara de las dudas que atenazan a la izquierda en lo relativo al papel que puede jugar la UE como mecanismo institucional compensador de los excesos de la actual dinámica del capitalismo global. Yo me quedaría en las dudas que suscita Streeck en lo relativo a la ausencia de una voluntad política para poner en marcha este cambio de vías del proyecto europeo, pero comparto con Habermas que no parece haber otra alternativa. Pensar en que Estados aislados, que con toda probabilidad se verían chantajeados por la capacidad amedrentadora de los mercados y sus agentes, tuvieran la capacidad para rehacer algo así como el consenso socialdemocrático bajo ausencia de crecimiento económico y sometidos al peso de un endeudamiento aún más extenso al traducirse este a sus propias divisas tradicionales, parece un chiste. Una solución más fácil estaría en el avance de la unión fiscal y bancaria, ya en marcha, y en un giro de las políticas de austeridad hacia aquellas que promueven mayores incentivos para el crecimiento junto con inversiones masivas dirigidas a superar el desempleo crónico. Pero tanto en este caso como para promover la propuesta más audaz de Habermas, hay un presupuesto ineludible: la propia movilización ciudadana mayoritaria en esta dirección. Sin una presión transnacional desde abajo, desde la ciudadanía de los países europeos, algo así sería inimaginable. Y ahí es donde nos encontramos con el problema, y es que no hay partidos de cariz europeo con capacidad para sumar una mayoría suficiente en la dirección habermasiana. Lo que nos encontramos, como ya vimos al hablar del populismo, es justo lo contrario: un fraccionamiento de las opiniones nacionales a partir de los intereses de cada Estado. Además, la propia lógica de la democracia, siempre cortoplacista, no ayuda en lo más mínimo en lo que solo puede prometer resultados visibles a largo plazo. Como tampoco, todo sea dicho, el propio entramado tecnocrático de Bruselas.

Y, sin embargo, no hay en el horizonte otra fórmula para «reinventar el capitalismo», como dijo en su día Sarkozy, si no es a través de una acción decidida y unitaria de la UE —se presume que con las excepciones de rigor, como el Reino Unido y algún otro país—. Solo así es posible imaginar nuevas políticas regulatorias del sistema financiero internacional, que debería concretarse, entre otras cosas, en eliminar los paraísos fiscales y comprometer al capital de una manera más solidaria con los lugares en los que extrae sus rentas. A este respecto es sensata la propuesta de Piketty de establecer un impuesto global progresivo para las grandes fortunas, que él mismo considera de aplicación improbable en todo el escenario internacional, pero que sería imaginable en áreas como la UE y los Estados Unidos. Por algo habrá que empezar para romper con esta dinámica de una desigualdad absolutamente desproporcionada.

Si nos fijamos, y como se acaba de señalar, en última instancia todo depende de por dónde se mueva la ciudadanía, de su capacidad para emprender una movilización política contraria a la dogmática económica asentada. La nueva izquierda, imbuida de una comprensible indignación por la situación dominante, está teniendo un extraordinario éxito, al menos en el sur de Europa, a la hora de sacar a la luz las nuevas contradicciones. Carece, empero, de una verdadera «hoja de ruta», de un plan que trace el camino desde donde estamos hasta el punto de llegada y de cuáles serían los costes específicos que habría que pagar hasta alcanzarlo. Si ya es difícil el «keynesianismo en un solo país», lo es todavía más un socialismo de nuevo cuño que prescinda de lo que a todas luces se presenta como una verdadera camisa de fuerza, las reglas económicas básicas del mundo global, sin asumir grandes riesgos a corto plazo. Vuelvo a la observación de la naturaleza cortoplacista de la democracia, que exige resultados inmediatos a cualquier decisión y no se deja convencer por soluciones a problemas que no estén en el horizonte cercano del ciudadano. No se explica si no la miopía ante el gran problema del cambio climático u otros de más largo plazo. Es cierto que países pequeños, como los escandinavos, pueden permitirse ese tipo de lujos, pero por las reformas que ya introdujeron en su día están a salvo de ataques especulativos y gozan de una cohesión social, un nivel educativo, una cultura cívica y un consenso básico imposible de trasladar, hoy por hoy, a los del sur de Europa, por ejemplo. ¡Me encantaría estar equivocado en esto!

Concluyo con dos puntos más que afectan al capitalismo neoliberal, al menos en lo que atañe a sus dinámicas más oscuras e imperceptibles y de las que se habla menos. El primero tiene que ver con la forma desgarrada en la que va extendiendo su poder, que trasciende a la específica cuestión de la desigualdad. Para abrirnos los ojos a este respecto es imprescindible leer los últimos libros de Saskia Sassen, en particular el más reciente, Expulsions,* donde se fija sobre todo en las nuevas formas de «expulsión» provocadas por la radical reorganización del mundo favorecida por un conjunto de factores entre los cuales no solo se encuentra el capitalismo financiero, sino las propias posibilidades que le ofrece la expansión de nuevas tecnologías que van más allá de las TIC. Zygmund Bauman lleva ya años hablando de estos temas, de cómo la globalización del capitalismo solo puede avanzar creando «residuos humanos», reduciendo a masas enteras a la pobreza, obligándolas a la emigración o creando un ejército de desempleados abandonados a su destino. La diferencia con Sassen —y esto lo compartiría con Piketty— es que esta autora apoya esas mismas conclusiones sobre datos y el estudio de casos concretos, y lo hace con una originalidad y una honestidad digna de encomio. En cierto modo complementa la teoría social con el análisis empírico, que es lo que hoy más necesitamos, aunque para ello se vea obligada a romper con las distinciones al uso, como el análisis de la globalización a partir de sus actores convencionales, y se concentre mucho más en eso que denomina el system edge, el «borde del sistema». De ahí también su fuerza, aunque muchas de las conclusiones apunten a una situación ciertamente grave.

5. Se dice que la privatización aumenta la eficacia en la gestión. ¿Debemos creer que es siempre así? ¿Es bueno que se privatice también el bienestar social, la seguridad y la justicia?

No creo que pueda afirmarse sin más que la privatización aumenta la eficacia de la gestión. Como es lógico, depende del concepto de «eficacia» con el que nos manejemos. Si lo identificamos con «abaratamiento», está claro que la privatización sí consigue dicho objetivo, aunque habría que verificarlo en cada caso concreto. En este sentido, no sería más eficaz, sino más eficiente, porque el resultado deseado se lograría con menos recursos, y ese excedente de recursos podría dedicarse a otras actividades. Esta es la idea que suele justificar la privatización de la sanidad, la seguridad u otros servicios públicos. Lo que ocurre es que la gestión de estos últimos no debe atender solo a criterios de costes en términos monetarios, sino también a la propia responsabilidad pública por que sean satisfechos adecuadamente, por que se hagan de forma transparente y mediante una dirección democrática que permita rendir cuentas políticamente por su ejecución. A pesar de estar sujeta a regulación pública, lo lógico es que la prestación privada de estos servicios siga siempre criterios de rentabilidad económica y se someta a los principios del derecho privado. Una de sus consecuencias más negativas es que tiende a escaparse así de un control democrático efectivo. Por otra parte, sin embargo, la prestación pública cae también muchas veces en la ausencia de verdaderos controles y es presa fácil de determinados lobbies o de componendas entre actores políticos y administrativos, que subordinan criterios de eficacia a intereses corporativos de élites políticas o cuerpos burocráticos. ¿Cuántas de nuestras empresas públicas no tienen ese origen y destino?

El tema es complejo porque no se abre a una decisión fácil. Lo que sí resulta evidente es que cuanto más se ajuste la prestación pública a criterios de transparencia, legitimidad democrática y eficiencia, tanto menor será la presión por la privatización. Este ha venido siendo el caso de la sanidad pública en España, que ha resistido bien el empuje de la privatización, incluso en estos momentos difíciles de la crisis con su consiguiente reducción del gasto público. No es tan obvio en otros casos, como el de limpieza, correos o el de la dimensión de la seguridad que no tiene que ver directamente con la preservación del orden público o la defensa nacional. La pregunta sería: ¿qué tipo de servicios deben ser siempre prestados directamente por el Estado y nunca pueden derivarse hacia el sector privado? Hay que tener en cuenta que este debe «garantizar» que aquellos existan, y a estos efectos, al menos en principio, nada obsta para que puedan delegarse en su ejecución a la iniciativa privada, como en gran medida ocurre con la educación e incluso con la sanidad. ¿Dónde están entonces las líneas rojas?

Considero que estas se encuentran en lo que son atribuciones esenciales del Estado. En primer lugar, la defensa, el orden público y la justicia. Hasta los más liberales estarían de acuerdo en esto. Su naturaleza de bienes públicos esenciales se vería pervertida al dejar su gestión en manos privadas. Luego, al menos en el espacio europeo, vendrían los servicios que forman parte de los pilares del Estado del bienestar: educación, sanidad, pensiones y dependencia. Todos ellos deben ser garantizados por el Estado, y la mejor forma de hacerlo es que él mismo tome las riendas de su gestión, no que se limite a «regularlos». Ello impediría que los menos aventajados accedieran a peores servicios que aquellos que pueden recurrir a la más costosa iniciativa privada, y de ahí también que se ofrezcan siguiendo el principio de la universalidad: «para todos».

La experiencia que nos desvela la evolución del Estado del bienestar apunta, sin embargo, en otra dirección: el progresivo traslado de «partes» de estas prestaciones a lo privado. Por un lado, por la necesidad de descargarse de servicios que en muchos casos son deficitarios y no se prestan con eficiencia; por otro, porque el hecho de estar en manos de empresas privadas no afecta necesariamente a su dimensión de bienes públicos —algo que, como dije, habría que analizar en cada caso—, y, tercero, por consideraciones políticas en las que los criterios de eficiencia se mezclan con valoraciones ideológicas. Probablemente no haya otro aspecto de la acción política más cargado ideológicamente que este y donde mejor se plasmen las diferencias izquierda/derecha.

Lo cierto es que hoy ya no es tan simple establecer esa nítida distinción tradicional entre lo público y lo privado. Muchos servicios públicos del Estado del bienestar dan acceso también a diversas formas de copago y/o coparticipación con empresas privadas, como ocurre con la sanidad incluso en los países escandinavos; el tercer sector da enormes muestras de fortaleza, y han empezado a aparecer nuevas formas de gestionar lo público que se apartan del principio de la universalidad e incorporan más activamente a los afectados concretos por la prestación de un determinado servicio. Un buen ejemplo nos lo encontramos en la creciente autoorganización de las asociaciones que promueven el combate a enfermedades minoritarias y negocian continuamente con la seguridad social para acceder a nuevas prestaciones a la vez que la ayudan a incrementar —a ella y a la opinión pública— su sensibilidad hacia este tipo de padecimientos. Y esto vale también para otros campos en los que los más afectados contribuyen decisivamente a garantizar la creación de lazos «público-privados» para la resolución de sus problemas. Aunque el gran desafío reside en la capacidad de la gente para autoorganizar sus diferentes «comunalidades» sin contar ni con lo público ni con lo privado sujeto a regulación pública. Lo hemos visto hace poco con el servicio de taxi en Barcelona y Madrid mediante el recurso a una empresa, Uber, que cumple la misma función que aquellos, pero que se gobierna por sí misma mediante la iniciativa individual. Gracias a las nuevas tecnologías, este tipo de actividades cooperativas autogestionadas para la satisfacción de innumerables servicios de sus beneficiarios pronto se extenderá a muchos otros ámbitos, y entonces la gran cuestión será qué va a quedar en manos públicas, cuáles serán sus relaciones con ciertas corporaciones que venían prestándolos hasta ahora y cómo van a ser reguladas. O, ¿tiene sentido que paguemos impuestos por servicios que pueden ser prestados y organizados por nosotros mismos? ¿Cómo afectará esto al final a la estructura de «lo público» o al mismo Estado?

Pero volvamos al tema anterior. El ejército y la justicia suelen ser los ámbitos que están a mejor recaudo de la interferencia de intereses privados. En la seguridad se ha producido, sin embargo, un espeluznante proceso de privatización que ha dado lugar a la aparición de un verdadero «Leviatán privado». Junto a los diferentes cuerpos de seguridad pública va proliferando un curioso ejército de profesionales privados con plena capacidad para gestionar la violencia. El otrora sagrado «monopolio de la violencia legítima» (en expresión de Max Weber) que desde siempre se asocia al Estado se va delegando y subrogando crecientemente en una intrincada maraña de empresas de seguridad, que constituye una floreciente industria. Carezco de datos más recientes, pero los que aportaba Martin van Creveld en 1999 eran ya tremendos.* En Alemania, el número de empresas privadas de seguridad se duplicó entre 1984 y 1996 de 620 a 1.400. En Gran Bretaña, que no es un país especialmente violento, los empleados de este mismo sector pasaron de los 10.000 que había en 1950 a los 250.000 en 1976, y esa misma pauta de crecimiento sigue constante. Ya sobrepasa con creces al número de tropas británicas en activo (237.000 en 1995). En Estados Unidos, el conjunto de los trabajadores en la seguridad privada duplicaba ya desde 1972 al de ya por sí alto número de todas las fuerzas de policía estatales, federales y locales del país. En el momento en el que escribía Creveld, había más de 1.600.000 personas empleadas en este sector y superaban a los miembros del Ejército en activo. Hoy me temo que las cifras seguirán en aumento.

Con todo, el más perverso ejemplo de privatización puede que sea el de una buena parte de las prisiones estadounidenses, presente también, y de forma creciente, en otros lugares del mundo. La vigilancia y mantenimiento de los reos como negocio. En el libro antes citado, Saskia Sassen se ha ocupado de analizar este fenómeno y explica convincentemente cómo el interés de estas empresas privadas por ampliar y mantener la población penitenciaria ha creado un verdadero lobby en los Estados Unidos dirigido a ampliar las condenas por actos triviales, evitar la excarcelación de personas mayores e impedidas o, en general, endurecer el sistema penal, sobre todo en los estados del sur del país, que cuentan con el mayor número de cárceles. El fin es evitar que queden «camas vacías» para aumentar los beneficios. La extensión de estas empresas al control de la libertad provisional o al escrutinio de la delincuencia juvenil ha tenido el efecto general de condicionar la acción punitiva del Estado a los intereses for pro fit de empresas que se van expandiendo también por otros lares. Este es un buen ejemplo, aunque extremo, de cómo el interés público se ve distorsionado cuando su gestión cae en manos de intereses privados, y cabe trasladarlo también a la gestión de otros servicios. Así que, ¡alerta!, que en nombre de la eficiencia no se distorsione la realización de los fines que justifican esta delegación de funciones públicas, que es lo que muchos tememos que tiende a ocurrir en buena parte de los procesos de privatización.

6. ¿Qué camino es mejor para volver a crecer económicamente? ¿Apostar de nuevo por los servicios y la construcción? ¿Podemos ser de verdad competitivos con la investigación y la industria?

No hay una respuesta única a estas preguntas. Lo obvio es que todo dependa de las capacidades competitivas de los diferentes sectores productivos y del potencial que tengamos para incorporarlas. En el caso de España hemos visto que no se ha hecho ningún esfuerzo relevante desde el sector público para aumentar la competitividad de las empresas o para reestructurar el sistema productivo. La prioridad fue trasladar las imposiciones europeas de una política de austeridad dirigida a restringir el gasto público, reestructurar el mercado laboral y sanear el sistema bancario. Dichas medidas, que algunos consideraron como imprescindibles, no se vieron acompañadas por ningún esfuerzo suplementario por «reinventarlo» todo, que es lo que parece imperativo. No hemos dado todavía con una alternativa adecuada a la caída del sector inmobiliario, la mayor fuente del paro provocado por la crisis, y se observa una preocupante falta de iniciativas que permitan un reajuste de nuestro sector productivo adecuado a los tiempos que corren. Una vez hechas las reformas, se ha dejado que el mercado coloque a cada cual en el lugar que le corresponde, sin incentivos ni apuestas claras por un sector u otro, o por emprender planes de choque para aminorar la insoportable tasa de desempleo. El problema parece dejarse a la iniciativa europea o, en efecto, recurrir a los sectores de siempre, turismo y construcción, como locomotoras del resto.

Hay que considerar, sin embargo, que España tiene un importante sector exterior a través de multinacionales con gran presencia en el mundo, y que se ha hecho un significativo esfuerzo por parte de otras empresas más pequeñas por fomentar las exportaciones. El resultado está, sin embargo, lejos de lo que ya habíamos logrado si nos comparamos con otros nuevos actores de la economía internacional. No hay una contradicción entre mejorar las exportaciones y, a la vez, bajar peldaños en nuestra posición relativa dentro de aquella. A este respecto, los estudios de Ricardo Haussmann y César Hidalgo sobre la «complejidad económica» son bastante ilustrativos. Ambos autores analizan lo que cada país es capaz de exportar a partir de lo que saben producir mejor que otros de la competencia. Los de más éxito son aquellos que exportan productos de mayor complejidad, algo que se mide por su «diversidad» —el número de productos o bienes exportados— y «ubicuidad» —su relación con la competencia de otros que aportan el mismo bien—.* El resultado es que España está cayendo en este índice desde hace años, probablemente por su incapacidad para articular una oferta exportadora competitiva en productos de alta tecnología. Como alguien dijo, el capitalismo de hoy es un «capitalismo existencial»: para competir estamos condenamos a la innovación continua.

Va de suyo, por tanto, que sin inversión en I+D+I no tendremos ninguna posibilidad de competir con posibilidades de éxito. Pero esto no solo se asegura con mayor inversión en dichos campos, sino que hacen falta también un mayor espíritu emprendedor y propuestas originales que sepan sacar el mayor rendimiento posible a aquello que somos capaces de hacer. Para ello la colaboración entre sector público y privado es imprescindible, así como la búsqueda de estímulos eficaces que conecten al sistema educativo con el sistema productivo en un proceso de retroalimentación mutua. Me temo, sin embargo, que esto apenas se hace. El sistema educativo, tanto universitario como laboral, sigue una escandalosa lógica reproductora del statu quo, y el sistema productivo ha dejado ya hace tiempo de confiar en él para la formación de sus cuadros o expertos. En suma, si no sabemos lo que queremos ser de mayores y avanzamos en el tiempo con las inercias del pasado, hay poco que quepa hacer para salir de donde estamos. Este es uno de tantos temas que habrían de encontrar respuesta en un renovado proyecto de país, justo lo que ahora no se atisba por ningún lado.

7. En las condiciones actuales, ¿podemos mantener el Estado del bienestar o, por el contrario, es insostenible?

Esta cuestión enlaza directamente con la anterior. Por lo que ya sabemos de la experiencia de otros países, la salvaguarda del Estado del bienestar está en función directa del éxito económico de las distintas economías. De poco sirve perseverar en el mantenimiento de los servicios sociales si no tenemos con qué mantenerlos. Y es un hecho que algunas de las economías más exitosas —Dinamarca, Alemania, Holanda, Austria, Finlandia...— han conseguido sostenerlos a través de una política económica que podríamos calificar de esquizoide: Estado del bienestar hacia adentro y asunción a la vez de las disciplinas de la economía internacional —los mercados— hacia fuera; otros —y aquí Francia sería el mejor ejemplo— se resienten de la tensión entre ambas dinámicas, mientras que nosotros, como el resto del Club-Med, observamos cómo los requerimientos de la lógica de los mercados y de nuestros socios más fuertes del euro han comenzado ya a sacrificar las ganancias habidas en servicios sociales.

O sea, sí es posible mantenerlo, pero siempre y cuando la economía del Estado en cuestión sea capaz de acceder a los recursos necesarios para ello. En el fondo todo revierte sobre un problema de política fiscal, la capacidad efectiva por parte del Estado para poder financiarlo, y eso a su vez exige un constante aumento del crecimiento económico y de la productividad, así como un eficaz acceso a las fuentes del fraude fiscal. Hasta ahora lo hemos conseguido solo a base de reducir las prestaciones y el gasto en sanidad y educación, y empieza a peligrar el sostenimiento de las pensiones de sectores de la población crecientemente envejecidas. Se podrá echarle todo el voluntarismo que se quiera, pero sin políticas fiscales expansivas el esfuerzo será en vano. El problema es que poco a poco se van secando los tradicionales oasis de la carga impositiva, las clases medias —las altas tienen una gran facilidad para expatriar sus beneficios—, y los impuestos indirectos dependen a su vez del vigor del consumo, siempre dependiente de la temperatura económica dominante. Estas son las reglas. Puede haber otras, pero estas ya no están en nuestras manos. Como decía arriba, para cambiarlas necesitamos otra gobernanza europea; es decir, que es en este ámbito hacia el que debemos dirigir nuestros esfuerzos si no queremos quedarnos en fuera de juego. Antes, o de forma paralela, tendremos que hacer los deberes que nos correspondan.

8. Se dice que con la crisis se han privatizado los beneficios y se han socializado las pérdidas. En caso de que los bancos y las cajas españolas tengan que afrontar otra deuda, ¿es aconsejable volver a rescatarlos o es mejor dejarlos caer?

En efecto, se han privatizado los beneficios y se han socializado las pérdidas. Lo lógico sería extraer de esta conclusión las medidas necesarias para evitar que esta situación vuelva a repetirse. La pregunta es cómo hacerlo, ya que la salvación de los bancos es una necesidad «sistémica»; o sea, que las consecuencias de dejarlos caer acabarían provocando en la práctica mayores perjuicios que su rescate público. En España, por ejemplo, la caída de un banco medio afectaría directa o indirectamente a cerca de siete millones de personas y un número considerable de empresas. Los bancos son algo más que los «banqueros», son también todos sus clientes con sus respectivos ahorros, sus accionistas y amplios sectores productivos que se verían sin duda afectados por la quiebra. Por cierto, España es probablemente la economía más bancarizada de Europa. Lo ideal sería, por tanto, que hubiera medidas de previsión eficaces con capacidad para prevenir riesgos. Es lo que vino haciendo con bastante eficacia el Banco de España hasta pocos años antes de la crisis; lo malo es que el empuje del boom inmobiliario condujo a ignorar todas las cautelas. Por decirlo en otras palabras, la regulación del sector financiero debería poder evitar el tener que situarnos ante la alternativa de rescatar a los bancos o dejarlos caer. Y sería imprescindible en todo caso que paguen quienes hayan conducido a esa situación y no los pequeños ahorradores.

El espectáculo ocurrido con las cajas de ahorros españolas obedece antes que nada a la interferencia de criterios políticos sobre los más propiamente económicos en su gestión. La irrupción del poder político regional o local en sus decisiones y la sensación de que no habrían de rendir cuentas por sus actividades ha sido la causa principal de la gestión desleal que ahora apreciamos retrospectivamente. Lo que no es de recibo es que no se exija la devolución del dinero público que se ha inyectado en ellas, como sí ha ocurrido en la banca de Estados Unidos, por ejemplo. Una vez saneado el sector, la sociedad tiene el derecho de recuperar aquello que ha invertido en estas instituciones.

Otra forma de socialización de la pérdidas es cuando determinadas inversiones privadas —en infraestructuras, por ejemplo— acaban resultando económicamente insostenibles y el Estado se hace cargo de las mismas. De haber tenido beneficios, nadie hubiera pensado en su nacionalización. Es el caso que se ha dado recientemente con las autopistas radiales de Madrid o el depósito de gas en el mar en la provincia de Castellón. ¿Qué es lo que justifica estas intervenciones?

9. ¿Debería reformarse la Constitución? ¿En qué puntos? ¿Es este el mejor momento?

Empiezo por la última pregunta: este es el momento idóneo; desaprovecharlo solo contribuirá a sumirnos en una situación de crisis política de consecuencias imprevisibles. Pero no es algo que esté a la vista porque carecemos de una verdadera voluntad para emprender un pacto de Estado en esa dirección. Hasta ahora hubiera bastado con que así lo desearan el PP y el PSOE y los dos grandes partidos nacionalistas clásicos, CiU y PNV. La ya inevitable fragmentación del sistema de partidos español nos ha colocado ante un nuevo escenario en el que no basta con la concurrencia de estos partidos. CiU ha perdido su hegemonía en Cataluña a favor de ERC, y algo parecido podría estar pasando en el País Vasco. Por otra parte, el indudable auge de Podemos, que está postulándose para ser el tercer partido nacional, hace que el inevitable mayor consenso posible quede como pura quimera si atendemos a las reclamaciones de unos y otros. Eso, junto con el cálculo electoral del PP y el giro independentista de CiU —ignoro cuál sería la posición del PNV al respecto—, hacen inviable el acuerdo. El centro-derecha español no está por abrir el melón de la reforma y las propuestas de los otros partidos, presumiendo que el PP cediera en algún momento, difícilmente serían aceptadas por los dos grandes partidos que nos vienen acompañando desde inicios de la Transición.

Sin embargo, y esto es lo más interesante del caso, solo una reforma constitucional, en particular la relativa al modelo territorial, podría volver a integrar a CiU y al PNV en un nuevo proyecto político español. Como ya hemos dicho, el problema fundamental es Cataluña, que solo estaría por aceptar una tercera vía entre independencia y statu quo si se le reconociera su estatus de nación y un nuevo régimen fiscal, algo que hoy por hoy parecen seguir negándole el PP y quizá también algunos sectores del PSOE. Si la renovación de la Constitución se hace imperativa, aparte de otras cuestiones de detalle, es para facilitar un mejor encaje de Cataluña, pero este no será posible sin cesiones por todas las partes.

Fuera de la organización territorial del Estado, y casi como mero maquillaje, habría que cambiar también aquello que intentó proponer el PSOE de Zapatero en 2004, la igualdad del hombre y la mujer en la sucesión a la Corona. Las otras dos propuestas, la reforma del Senado para convertirlo en cámara de representación territorial y la mención de las Comunidades Autónomas, dependerían de cómo se articulase el nuevo encaje federal, que es el verdadero desafío. Una vez frustrada la Constitución europea, el intento por incorporarla a la Constitución ha dejado de tener vigencia, aunque nada obsta para que la reforma del artículo 135 emprendida en 2011 por presiones europeas —alemanas, más bien— no pueda ser revocada. Si algunas fuerzas políticas suscitaran con éxito la derogación de la Monarquía, más que de reforma habría que hablar de la aprobación de una nueva constitución.

10. ¿Tiene sentido un federalismo asimétrico para España?

Evidentemente, sí. España ya es un Estado autonómico asimétrico, con diferentes regímenes en lo relativo a lengua, organización fiscal (Navarra, País Vasco, Canarias), peculiaridades derivadas de la condición isleña de algunas de ellas, diferentes sentimientos identitarios, etc. En un Estado federal lo importante es que quede claro qué compete al gobierno central, a la federación, y la igualdad exigible a las diferentes unidades en los órganos de la federación; la forma en la que luego se organicen internamente las demás unidades es ya secundaria. Dada la estructura sociológica de España y las diferentes tradiciones de autogobierno, lo lógico es que una España federal derive en un federalismo asimétrico.

Cuáles vayan a ser sus características es algo que por ahora se nos escapa, sobre todo porque es previsible que Cataluña, el País Vasco y, eventualmente, Navarra exijan un estatuto especial dentro de la federación, que nos aproximaría a un esquema confederal más que al propio del federalismo asimétrico. A este respecto, la mayor dificultad reside en ver cómo acomodar a esas regiones dentro de la lógica federal, ya sea esta simétrica o asimétrica. Lo peor de todo es que ambas hubieran entrado gustosas en este último esquema hace solo unos pocos años, mientras que hoy, al menos en lo referente a Cataluña, la cosa no está tan clara. Aquí es donde tenemos el mayor problema político de España. No solo por las tendencias centrífugas de los territorios mencionados, sino por la actual aparición de movimientos recentralizadores que harían inviable el proyecto federal, aunque no necesariamente una presencia claramente diferenciada de las nacionalidades históricas, por valernos de la expresión que figura en la Constitución. España se reconstituiría entonces como un Estado semiunitario con regiones —o naciones— de estatuto especial.

Este giro federalizante lo veo más difícil de emprender, aunque solo sea por la ya larga implantación del Estado autonómico. Sí cabría reorganizar sus fronteras para evitar las autonomías uniprovinciales, por ejemplo —Cantabria, La Rioja y Murcia serían los casos más obvios, quizá no Asturias—, pero pensar que Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia o las comunidades isleñas se podrían fundir en el amplio cuerpo del núcleo castellano no parece probable. Aragón y Extremadura son casos dudosos por su escasa población en tan amplio territorio —cada una de ellas tiene la población de Asturias, por ejemplo— y por su homogeneidad lingüística castellana. Tengo para mí, sin embargo, que por razones históricas Aragón solo cabe imaginarlo como un estado federado más.

El problema para ir por esta vía es que las élites políticas de las diferentes Comunidades Autónomas no estarían dispuestas a prescindir de los privilegios asociados a su estatus de regiones dotadas de autonomía propia, y sus respectivas poblaciones serían fácilmente movilizadas para mantener el statu quo. La respuesta está, pues, abierta y no es fácil de prever. De ahí también las ambigüedades con las que los promotores de la alternativa federal, entre los que me encuentro, suscitan la cuestión. Nadie tiene un mapa claro en la cabeza. Este habría de diseñarse a partir de una aclaración previa por parte de los principales actores políticos y atendiendo a necesidades reales, no a intereses políticos espurios. Pero es un buen ejemplo de la importancia del liderazgo y, como advierte Francisco Caamaño,* de la presencia imprescindible de una amplia «cultura federal», algo que, con razón, este autor pone en duda respecto a nuestro país.

Con todo, hoy carece de sentido penetrar en el difícil campo de la organización territorial del poder sin tomar conciencia también de la importancia de la UE y, en general, de las características del gobierno multinivel al que están sujetos sus Estados miembros. El problema radica en cómo gestionar la multiplicidad de órganos de decisión en cada uno de los niveles, en cómo aplicar con cabeza y sentido común el principio de subsidiariedad, en cómo organizar las identidades entrelazadas y las múltiples interdependencias. Tengo para mí que la solución solo puede venir a través de arreglos federales, de formas de unión a partir del reconocimiento de las diferencias de cada una de las partes. El federalismo como solución podrá ser ambiguo, pero es la única fórmula que ofrece respuestas para estas cuestiones cruciales.

11. Dada la coyuntura económica, ¿qué puede ser más beneficioso: un gobierno que se limite a gestionar los bienes públicos o un gobierno que lidere y que sea emprendedor? ¿Tiene margen de maniobra un gobierno nacional?

Esta pregunta ya la hemos contestado en parte al referirnos a la presencia de un Estado «compensador», sin iniciativa y a remolque de problemas que apenas tiene la capacidad de resolver. El espacio para liderar y emprender se estrecha, aunque creo que sería lo deseable. Solo que no todo depende del Estado. Sin una implicación activa de una sociedad civil cómplice en la búsqueda de la satisfacción de los intereses generales, su eficacia queda ciertamente disminuida. Las sociedades modernas se autoorganizan de múltiples maneras y gestionan de formas diversas su pluralismo corporativo y sus variados estilos de vida. En eso lo público también suele ir al arrastre de demandas e iniciativas que surgen desde abajo.

En la España actual el problema prioritario no es ya solo de gestión o de emprendimiento público, sino de recuperación de la confianza de los ciudadanos en el propio sistema político. De ahí la amplia demanda de renovación política, de buscar una salida a la crisis de ética pública, a la ausencia de un proyecto de país y a los nuevos desafíos a su propia integridad territorial. Frente a estos problemas, las respuestas que nos encontramos oscilan entre la política pequeña de las estrategias electorales de cada cual y el cuestionamiento radical del todo. La crisis ha dejado detrás de sí una herida que parece imposibilitar la salida hacia un reforzamiento del liderazgo político para reinventar el país e impulsarlo hacia mayores cotas de progreso. Lo que es deseable en abstracto se ve subvertido por los hechos. La esperable fractura del sistema de partidos añade un factor de incertidumbre sobre las posibilidades de alcanzar ese gobierno dinamizador y emprendedor. Y, sin embargo, eso es lo que precisamos. De ahí la urgencia de proceder a una reforma constitucional, que por su misma naturaleza impulse la necesidad de llegar a pactos y consiga «resetear» el sistema apaciguando sus fracturas. Tenemos un país sin proyecto y sin un futuro claro, pero estos solo pueden venir de la reconciliación con la política.

12. Se habla de falta de liderazgo. ¿Qué características cree que debe atesorar un líder del futuro para que podamos reconocerlo?

El liderazgo es uno de esos intangibles que son difíciles de describir en abstracto. Normalmente solo sabemos que estamos en presencia de un líder cuando lo vemos. Y ahora los vemos poco, así que su figura ha devenido en algo cada vez más abstracto. De hecho, en las democracias actuales se propende a devaluar este atributo porque remite a posibles actitudes «antidemocráticas». Demasiado liderazgo tiende a verse como contrario a lo que se entiende que debe ser un líder político, alguien que se pliega a los deseos, las demandas y la voluntad de la gente. Ostrogorski ya parodió esta actitud al citar a un dirigente de partido americano de finales del siglo XIX: «Je suis leur chef  Il faut que je les suives», que aparece reproducida literalmente en una frase de la genial serie Yes, Mr  President como «I am their leader, I have to follow the people». En esencia representaría a la generalizada actitud de lo que hoy llamamos «gobernar con las encuestas», que es una forma cautelosa de dirigir, siempre a remolque de los estados de ánimo de la opinión pública. Quizá por eso se habla hoy tanto de falta de liderazgo.

Liderar es, sin embargo, todo lo contrario. Consiste, al menos en la política, en la capacidad para sumar voluntades en la consecución de fines colectivos. El líder es quien impulsa un proyecto, lo corporeiza o representa y consigue atraer al mismo a un gran número de personas. En muchos casos presupone la necesidad de romper con actitudes mayoritarias, como hizo Helmut Kohl al abandonar el marco alemán y crear el euro, o Margaret Thatcher al poner en cuestión muchos de los presupuestos del pacto social-democrático. En la literatura que se ocupa del tema —en la que, por razones obvias, no podemos entrar— el acento se pone sobre todo en los «estilos de liderazgo», que es una cuestión que remite a las diferentes formas en las que se puede ejercer.

La pregunta parece aludir, sin embargo, al hecho de que debe haber algo en la política contemporánea que impide u obstaculiza la aparición de líderes. Y este punto sí que es interesante, ya que una de sus características es su ausencia o, en el caso de que alguno consiga sobresalir, este languidezca al cabo de pocos años. Una respuesta, no demasiado convincente, podría ser que en nuestros días no hay suficientes incentivos en la vida política como para que se dediquen a ella personas de relieve. Creo que no van por ahí los tiros. A mi juicio, se juntan dos fenómenos distintos que contribuyen a producir dicho resultado. Uno, el cambio en la propia naturaleza de la política, mucho más tecnocrática, técnica, corporativa y compleja; menos de ordeno y mando y más dependiente de imperativos sistémicos de todo tipo. Eso explica, por ejemplo, que el carisma del Obama candidato se fuera desvaneciendo a medida que fue plegándose a los rituales de la política cotidiana. Otro tanto puede decirse de Tony Blair.

El segundo fenómeno tiene que ver con la forma en la que se «construyen» los líderes en una sociedad mediática como la nuestra. En muchos casos no son aupados a esta situación los más capaces, sino los más adecuados para «dar bien» y plegarse a los requisitos que imponen los medios. La dictadura de los expertos en imagen en muchos casos acaba ahogando el talento natural de muchos de ellos. La omnipresencia de la imagen no siempre es beneficiosa para el liderazgo, como tampoco el fomento de la crispación entre gobierno y oposición, o los discursos reducidos a unas pocas consignas. Esos mismos expertos a los que me acabo de referir son también los que tienden a fijarse en las encuestas para construir las propuestas y, llegado el caso, propiciar cambios de rumbo. En general, puede afirmarse que la democracia mediática no ha acabado con el liderazgo, pero sí ha influido en su «estilo», necesariamente ajustado a sus imperativos. Si a eso le añadimos la generalización de Twitter u otras redes sociales, más favorables a la descalificación —o el halago— inmediato, el ejercicio de las virtudes del liderazgo se hace aún más dificultoso.

Con todo, el problema del liderazgo tiene también mucho que ver con otra dimensión de la política: la siempre difícil gestión de las expectativas. Los líderes que entran en escena de forma deslumbrante —Obama sería aquí otro ejemplo reciente— tendrán luego muchas dificultades para satisfacer las esperanzas puestas en ellos, mientras que otros más «modestos» —Merkel podía ser el caso— consiguen ir ascendiendo sin grandes problemas en la valoración de la gente porque en su punto de partida no generaron expectativas excesivas.

13. ¿Tienen futuro los sindicatos? ¿Existen alternativas para que se organicen los trabajadores?

Los sindicatos se ven afectados por todos los síndromes que nos encontramos hoy en el sistema de interlocución social. Para ellos rige casi lo mismo que habíamos visto arriba sobre los partidos: siguen siendo imprescindibles, pero poco a poco han ido tomando distancia de aquellos a los que supuestamente representan; y están sujetos también a las dinámicas de oligarquización tantas veces analizadas. ¿Hay alternativas a la vista para cumplir la función que solían satisfacer? En principio soy pesimista al respecto. Igual que con los partidos, la cuestión no es ya tanto quién ocupe su posición sino cómo se organicen internamente y rindan cuentas a sus afiliados; mayor democracia interna, mejores capacidades de mediación de los intereses de representan y una salida a las rutinas a las que se hallan sujetos. Hoy estamos en condiciones bien distintas de los acuerdos neocorporatistas de los años setenta y ochenta en los que su intermediación era esencial para marcar las políticas salariales y contribuir a la gestación de las principales políticas económicas. Durante las últimas décadas, la pauta fundamental de su actuación ha venido siendo crecientemente defensiva, se los ha arrastrado a una política donde la gestión del mal menor ha sido la actitud predominante. Por decirlo en otras palabras, han mantenido sus privilegios pero no han hecho grandes esfuerzos por reinventar su función bajo estas nuevas condiciones de la economía actual.

14. ¿Se puede hacer política en internet? ¿Son Twitter y el resto de las redes sociales herramientas útiles? ¿Corre el riesgo quien se quede fuera de la red de quedarse fuera de la política?

Algunas de estas preguntas reciben una respuesta sencilla porque, de hecho, ya se hace política en la red y su utilidad está a la vista, sobre todo en movimientos como Podemos y los Ganemos varios. Yo las reformularía de esta manera: ¿cuáles son las consecuencias de internet para la vida política?, ¿cómo puede afectar la nueva realidad virtual al despliegue de la democracia?, ¿facilita el ejercicio de las virtudes cívicas o las subvierte?, ¿será capaz de dotar de contenido a las inmensas esperanzas puestas en ella o, por el contrario, las acabará frustrando? Son demasiadas preguntas para tan poco espacio. Pero una cosa sí parece más que evidente: a partir de ahora la política, como otras esferas de la vida, es ya inimaginable sin todo el potencial que somos capaces de realizar a través de la red.

El papel de las redes sociales, en particular, como hemos visto profusamente a lo largo de los recientes movimientos de la «primavera árabe», el 15-M u otros como los que tuvieron lugar en Grecia, Israel y otros países, ha sido formidable como medio de movilización social y política. Se afirma, incluso, que sin ellas no se hubiera producido una convocatoria popular tan amplia en los distintos países donde acontecieron. Desde luego, no es el único precedente de esta dimensión política de lo que hasta ahora se había pensado más como una forma de fomento de las relaciones estrictamente personales. Su potencial para el activismo político ya se había experimentado en otros lugares y para otros fines, como quedó meridianamente claro desde la anterior campaña electoral de Obama, o por el uso que se hace de ellas en diferentes ámbitos de ego vernment.

Su utilización como arma de acción política, o como nexo de conexión entre administraciones públicas y ciudadanos, no es ya, por tanto, una mera posibilidad de futuro, sino una realidad indiscutible. Ello se debe a su enorme utilidad como instrumento que amplía el protagonismo de determinados grupos de la sociedad civil que hasta ahora tenían una gran dificultad para establecer vínculos comunicativos entre sí y con el público en general. Las redes sociales han devenido en una nueva esfera pública capaz de emanciparse de muchas de las restricciones que nos encontramos en aquellas que dominan en la mayoría de las democracias nacionales, excesivamente dependientes de la organización del sistema de los medios de comunicación tradicionales o de los procedimientos santificados por los habituales cauces de comunicación entre ciudadanos y gobernantes. Hoy parece confirmarse la impresión de que las nuevas tecnologías permiten nuevas formas de comunicación entre sociedad y política en las que los instrumentos tradicionales, los partidos y los medios de comunicación ya no son imprescindibles a la hora de conectar al ciudadano con los políticos o la política. Aunque no esté tan claro que puedan convertirse en una alternativa al sistema tradicional de intermediación que ofrecen los sindicatos y los grupos de interés.

Desde luego, es todavía pronto para hacer un balance real del lugar que las redes sociales acaben ocupando en el funcionamiento de las prácticas democráticas. Y esto guarda relación con la cuestión más general relativa a la forma en la que internet como un todo está reorganizando nuestro mundo social, e incluso nuestra forma de pensar. Estamos aún al comienzo de una revolución cuyas consecuencias últimas nos son todavía desconocidas. En lo que aquí nos ocupa, la gran pregunta que se abre es si dichas redes serán o no capaces de alterar significativamente la forma en la que viene funcionando la democracia tal y como la conocemos, si acabarán teniendo un efecto cualitativo sobre ella o se limitarán a «facilitar» sus prácticas; y cuál será su impacto específico sobre qué aspectos de la democracia en particular. No es lo mismo, en efecto, ayudar a movilizar a determinados sectores del público, algo que ya sabemos que consigue con eficacia, que promover su dimensión deliberativa. Para extender y comentar cuestiones puntuales se muestra imbatible, como demuestran los tren dingtopics de Twitter, que son recogidos con veneración por los medios tradicionales. Facilitan enormemente la expresividad, que no es poco en estos tiempos que corren.

Y, por ir al tema más específico que abordamos al principio de este cuestionario, ¿cómo van a afectar al sistema de representación política? Por lo pronto, y esto parece una obviedad, la propia naturaleza del invento hace que pierda fuerza el elemento «delegativo» que subyace al concepto de representación. Recordemos que «representar» significa «hacer presente algo o a alguien que está ausente». En todas sus dimensiones —estar, actuar o hablar en lugar de alguien—* se presupone una «ausencia», la del demos que después de haber «autorizado» mediante las elecciones a sus representantes se retira ya de la primera línea de acción política. Desde luego, siguen presentes en tanto que a los ciudadanos se les encomienda el ejercicio de la accountability respecto del rendimiento de sus representantes, pero solo la volverán a ejercer cuando se los llame a votar de nuevo. De actores en el proceso electoral pasan a convertirse en audiencia ** Como es lógico, con las excepciones de rigor que nos encontramos en algunos sectores de la sociedad civil que siguen activos en cuestiones de naturaleza política. Este elemento de la «distancia» más o menos marcada que presupone siempre la relación representativa es lo que está erosionando la «inmediatez» que permiten las nuevas formas de comunicación. El público está hoy siempre presente, aunque ello no afecte a la legitimidad de la autorización de la acción representativa y a la capacidad para actuar de los representantes electos. Del mismo modo en que los nuevos flujos comunicativos han conseguido desbancar el monopolio informativo de los medios de comunicación tradicionales, presionan también para romper las distancias entre representantes y representados. Y esto es particularmente cierto respecto de la dimensión de «estar» o «hablar» en lugar de otros.

Se dirá que, en efecto, estas presencias del demos son bastante caóticas y, sobre todo, nos ofrecen un público fragmentado en «esferas públicas desorganizadas». Contrariamente a lo que ocurre en el espacio público ordinario, resulta casi imposible que estas se agrupen al mismo tiempo sobre los mismos temas y preocupaciones sociales del momento, provocando un alejamiento y dispersión que impide después concentrarse sobre las cuestiones que merecen una evaluación y ponderación entre toda la ciudadanía. Favorece, pues, la dispersión en una pluralidad de issue publics o chatrooms donde se reúnen los afines, quienes comparten intereses y objetivos. Salvo quizá en momentos específicos como las campañas electorales, lo que impera son las actitudes centrífugas y la ausencia de filtros eficaces que seleccionen las informaciones fiables. Las redes sociales son, además, reactivas; no «dialogan» o argumentan, sino que se mueven a base de flujos de halago o descalificación (shitstorms, shitshowers) que, como un seísmo, sacuden el espacio público llenándolo de ruido e impidiendo una reflexión serena.

Con razón, Byung-Chul Han habla de «democracia de enjambre» (Schwarmdemokratie) para referirse a la nueva «democracia digital».* Y lo que aquí le interesa es la capacidad que ofrece internet para prescindir de todo tipo de mediación. Desde luego, el enjambre digital se constituye fundamentalmente por egos que no conforman un nosotros y no se reúnen de la forma en que exigiría la deliberación habermasiana. Pero ¿no sería posible acaso unificar sus preferencias para hacerlas llegar al sistema político? Para este filósofo surcoreano-alemán el nuevo individualismo habría relegado a los partidos a meros instrumentos de acumulación de programas en los que ya no se sienten representadas las diferentes sensibilidades individuales; la ideología ya no es una fuente de unión con capacidad para enhebrar las múltiples preferencias políticas de una población crecientemente compleja y diferenciada. El ensamblaje de esta pluralidad de voces no parece ya factible dentro de los difíciles requerimientos de algo así como la comunidad de comunicaciones de un Habermas, por ejemplo. Pero ¿acaso no cabría como alternativa una «sumatoria privada de muchedum bres»? En la red se encontrarían pautas de preferencias políticas de sus usuarios que idealmente podrían ser recogidas para transferirlas después al sistema político. «Se podría pensar en un algoritmo que tuviera la capacidad de calcular la voluntad general a partir de la suma diferencial de las voluntades individuales.»* Con ello se realizaría el ideal rousseauniano de una voluntad general extraída a partir de nuestros pronunciamientos políticos en la red, o establecer procesos de selección online similares a los que nos permiten acceder a productos de consumo. Y Han concluye su inquietante especulación futurista con las siguientes palabras: «En lugar de la representación creadora de distancia aparece hoy por todas partes la pre sencia y co-presentación inmediata. Las redes sociales incluso harían superfluas las elecciones periódicas. El botón de “me gusta” quizá acabaría supliendo a la papeleta electoral. Las elecciones digitales, que ofertarían posibilidades para optar, podrían celebrarse diariamente o a cada hora. [...] Los “políticos”, en vez de en el Parlamento, se deberían sentar ahora delante de la pantalla del ordenador. No serían solo actores, sino también espectadores. El que esto sea una utopía o una distopía, un sueño o una pesadilla no puede establecerse hoy de forma inequívoca».**

No cabe duda de que este tipo de pronunciamientos tienen un fuerte carácter provocador, pero no dejan de llamar la atención sobre el importante cambio de paradigma que anuncian en todo lo relativo a los futuros procesos de comunicación política. Hay cosas, sin embargo, que ya están aquí. Como ya vimos, hace tiempo que los partidos han dejado de ser esos instrumentos que mediaban, con mayores o menores fricciones, entre ciudadanía y sistema político. Y el Parlamento se nos antoja hoy plúmbeo y distante. Igual que, a decir de Walter Benjamin, las obras de arte perdieron su aura en la época de su reproducción técnica, las nuevas tecnologías de la comunicación están haciendo lo propio con los titulares de la vida política. Sus consecuencias son todavía imprevisibles. El caso es que cada vez es mayor el ruido que emiten las redes sociales y menor la capacidad que tiene el sistema político para digerirlo.

La paradoja de la política de hoy es que oscila entre el frío cálculo tecnocrático y las pasiones a flor de piel en la calle y el ciberespacio. Razón técnica versus emocionalidad e incapacidad para procesar sin fricciones la algarabía de un público fraccionado pero siempre presente. Ignoramos cuál va a ser el desenlace, pero seguro que no quedarán indemnes las instituciones canónicas de la democracia representativa.

Dejo para el final la pregunta más inquietante de las que se me han formulado: «¿Corre el riesgo quien se quede fuera de la red de quedarse fuera de la política?». La respuesta es sí, aunque con algunos matices. Los medios tradicionales no han sido desbancados todavía de su función de mediadores de la información política y sus seguidores siguen estando perfectamente al tanto de cuanto ocurre en el espacio político; además, cada vez que se produce algo noticiable en las redes, los medios lo cazan y lo narran con prontitud, comenzando a entrar en una curiosa esquizofrenia: informan sobre la realidad y sobre las formas en la que esta es reflejada en aquellas; ofrecen un doble reflejo, el que supuestamente emite lo real y el que se recoge en las redes sociales. Recordemos, por ejemplo, el «relaxing cup of café con leche» de Ana Botella, donde la noticia enseguida dejó de estar en Buenos Aires para trasladarse al ciberespacio. Precisamente por esto, la inmediatez que aporta la comunicación en la red y su inmensa capacidad para interpelar directamente a los responsables políticos la acabarán por entronizar como un medio inevitable para todo tipo de comunicación política. Y, sin embargo, como estamos viendo en el propio ejemplo de Podemos, la televisión conserva intacta su capacidad de influencia, que, una vez potenciada por su reflejo en la red, aún puede llegar a ser mayor de lo que era en otros momentos recientes.

Con todo, aquellos que no desean o no pueden (por falta de tiempo o ausencia de alfabetización digital) integrarse en las redes comienzan a parecerse a esos otros sectores «expulsados» de la sociedad a los que nos referíamos en otro contexto. Son los leftovers o leftbehinds de los avances tecnológicos, que hoy puede que sean aún una mayoría, pero una mayoría inercial y cada vez menos activa en el proceso político, excepto en el momento de emitir su voto. Su papel a la hora de condicionar la política será secundario frente a los activistas de la red, y esto nos introduce en la curiosa situación de que ya hay ciudadanos de primera (los alfabetizados en las redes sociales e internet), y ciudadanos de segunda, más pasivos y menos implicados. No sabemos todavía hasta qué punto vamos a ser capaces de mantener la tensión de esta permanente demanda de atención que exigen las redes. Las opciones, hoy por hoy, son: a) un aumento del tráfico de las redes y, en consecuencia, una política más informativa y expresiva que pausada y reflexiva —información sobre conocimiento y expresividad sobre deliberación—; b) un resurgir de los medios comunicación tradicionales ante la necesidad de filtrar tanto ruido y tal inmensidad de noticias; o sea, una vuelta a la «división del trabajo» entre creadores de opinión más o menos «institucionalizados» y una ciudadanía menos activa o activista, que coincidiría también con un retorno de la democracia representativa del reciente «antiguo régimen», y c) la aparición de alternativas a Twitter y Facebook que facilitan otras formas de intermediación comunicativa y cuyos contornos aún no los podemos ni imaginar. Yo me inclino más por una mezcla entre los supuestos contemplados en a) y b). Los ya socializados en los nuevos medios, jóvenes en su mayoría, no retornarán a las viejas prácticas, pero también es cierto que habrá una mayor selectividad a la hora de seguir las redes y de acceder a la información, que quizá se vea facilitada por nuevos artilugios de la comunicación y nuevas prácticas para informarse. La forma en la que consiga reinventarse la prensa tradicional será decisiva a este respecto. Todavía es pronto para saber con seguridad cómo podemos estar dentro de diez o veinte años. Hoy está apareciendo además una nueva conciencia crítica frente a los «ciberoptimistas» (en expresión de Eugeny Morozov), y es previsible una mayor restricción o cautela en los usos de la red. El futuro está abierto.

15. ¿Qué libros y autores nos recomienda para entender la sociedad y la política actuales?

Sin ninguna pretensión de establecer jerarquías, mencionaría los siguientes:

1. Saskia Sassen (2014), Expulsions  Brutality and Com plexity in the Global Economy, Cambridge, Mass., The Belknap Press of Harvard University Press. Imprescindible para entender la globalización y sus costes, y no solo la globalización financiera.

2. Judith Butler (2010), Frames of War: When Life is Grievable, Londres, Verso. Ahora que nos encontramos en uno de esos momentos de tension bélica, este análisis sobre los «enmarques de guerra» en los medios de comunicación y por parte de los gobiernos, así como los nuevos métodos de coercion en general, resulta de un interés máximo.

3. Nancy Frazer (2008), Scales of Justice, Nueva York, Columbia University Press. (Hay traducción española: Es calas de justicia, Barcelona, Herder, 2008). El perfecto complemento normativo a Piketty, una reflexión sobre cómo reorganizar las escalas de acción política para alcanzar mayor solidaridad internacional además de una acción política efectiva más allá del modelo westfaliano.

Como puede verse, los tres primeros son libros escritos por mujeres a los que podría haberse unido algún otro de Martha Nussbaum.

4. Dani Rodrik (2012), The Globalization Paradox  De mocracy and the World Economy, Nueva York, Norton (Hay traducción española: La paradoja de la globalización  Demo cracia y el futuro de la economía global, Barcelona, Antoni Bosch ed., 2012.) Indispensable para ver la conexión entre globalización y democracia.

5. Byung-Chul Han (2014), En el enjambre, Barcelona, Herder. Interesante ensayo sobre la revolución digital. De este mismo autor destacaría también cualquiera de sus otros libros, como el hasta ahora último: (2014), Psicopolítica  Neo liberalismo y nuevas técnicas de poder, Barcelona, Herder.

6. Francis Fukuyama (2014), Political Order and Politi cal Decay  From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy, Nueva York, Farrar, Strauss, Giroux. Merece la pena por su análisis histórico de la implantación institucional de la democracia y sus desafíos en la actualidad.

7. Zygmund Baumann y David Lyons (2013), Vigilan cia líquida, Barcelona, Paidós. Una buena ilustración sobre la naturaleza de los muchos controles a los que estamos sometidos.

8. Jeremy Rifkin (2014), La sociedad del coste marginal cero, Barcelona, Paidós. Relaciona ágilmente muchos de los temas aquí tratados: internet, capitalismo, las nuevas formas de autogestión.

Notas

* McCormick, J. P. (2011), Machiavellian democracy, Cambridge University Press.

** Hanna Pitkin (2014), El concepto de representación, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

* Pierre Rosanvallon (2009), La legitimidad democrática, Buenos Aires, Manantial.

* Véanse los artículos de Lorenzo del Savio y Matteo Mameli en TruthOut siguiendo la estela de McCormick y los textos de Maquiavelo: http://www.truth-out.org/op-ed/item/25260-anti-politicsand-the-1 http://www.truth-out.org/op-ed/item/26313-machiavelliand-oligarchic-democracy

** Winters, J. A. (2011), Oligarchy, Cambridge University Press.

* Fleishman-Hillard, 2011: véase www.fleishman-hillard.eu/blog

** Scharpf, F. (2002), «The European Social Model: Coping with the challenges of diversity», en Journal Common Market Studies, vol. 40, n.º 4, pp. 645-670.

* Fox, A. (2013), The New Social Care. Strength Based Approaches:http://www.thersa.org/__data/assets/pdf_file/0005/1521635/RSA_2020_Future-of-Social-Care_Pamphlet.pdf (consultado 15 de abril de 2014).

Ishkanian, A., Szreter, S. (2012), eds. The Big Society Debate: A New Agenda for Social Policy? Edward Elgar Publishing.

Lowndes, V., Pratchett. L. (2012), «Local governance under the coalition government: austerity, localism and the ‘big society’», Local Government Studies 38; 1: 21-40.

The Observer, 4-1-2014, «David Cameron ‘has devalued the big society idea’ says his former adviser»: http://www.theguardian.com/ politics/2014/jan/05/tories-cameron-big-society-danny-kruger (consultado 15 de abril de 2014).

* http://www.oecd.org/sti/inno/47861327.pdf; http://efi2011. eai.eu/sites/default/files/documents/30november/NOYA_fin. pdf

* Moulaert, F. et al. (2013), The International Handbook of Social Innovation, Cheltenham, Edward Elgar.

* P. Sloterdijk (2014), Die schrecklichen Kinder der Neuzeit, Fráncfort: Suhrkamp, pp. 92 y ss.

** Ibid., p. 93.

* M. Warren (2001), Democracy and Association, Princeton, Princeton University Press. Del mismo autor, «Citizen Representatives», en M. Warren y H. Pearse (eds.) (2008), Designing Deliberative Democra cy: The British Columbia Citizens’ Assembly, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 50-69.

* Hannah Pitkin (1967), The Concept of Representation, Berkeley, University of California Press, p. 212.

* Wolfgang Streeck (2013), Gekaufte Zeit: Die vertagte Krise des demo kratischen Kapitalismus, Fráncfort: Suhrkamp. Hay traducción inglesa, Buying Time: The Delayed Crisis of Democratic Capitalism, Londres: Verso, 2015. El debate con Habermas y otros se recoge en el número monográfico de Blätter für deutsche und internationale Politik, «Demokratie oder Kapitalismus? Europa in der Krise», 2013.

* W. Streeck, «Vom DM-Nationalismus zum Euro-Patriotismus», en Blätter für deutsche und internationales Politik, op cit , p. 88.

** J.Habermas,«DemokratieoderKapitalismus?VomElendder nationalstaatlichen Fragmentierung in einer kapitalistisch integrierten Weltgesellschaft», op  cit , pp. 75-86.

* S. Sassen (2014), Expulsions  Brutality and Complexity in the Glo bal Economy, Cambridge, Mass., The Belknap Press of Harvard University Press.

* Martin van Creveld (1999), The Rise and Decline of the State, Cambridge, Cambridge University Press.

* Véase el artículo de The Economist al respecto: http:/www.economist.com/node/15452697. También el Atlas de Complejidad Económica (http:/atlas.media.mit.edu), donde lo más relevante figura en http:/atlas.media.mit.edu.rankings/country, que define la jerarquía y la pérdida relativa de posiciones de los diferentes países siguiendo dicho criterio.

* Francisco Caamaño (2014), Democracia federal  Apuntes sobre Es paña, Madrid, Turpial.

* Estas son algunas de las dimensiones principales que elabora H. Pitkin, op cit 

** Bernard Manin (1998), Una teoría del gobierno representativo, Madrid, Alianza.

* Byung-Chul Han (2013), Digitale Rationalität und das Ende des kommunikativen Handelns, Berlín, Mathes & Seitz.

* Op. cit., p. 21.

** Op. cit., p. 41.