Ser político en el sentido auténtico del término, no en el insultante y pueril, es preferir enmendar errores a linchar culpables.

Actualmente, en España, los debates políticos giran en torno al rechazo abrupto a los gobernantes por ineficaces o corruptos, la desconfianza en las instituciones a causa de la crisis económica y las pulsiones separatistas en Cataluña o el País Vasco. Pero no siempre queda claro en todas estas cuestiones en qué consiste el papel de la ciudadanía democrática, que es lo que realmente está en juego.

Con la fuerza y la valentía que le caracteriza, Savater trata de dilucidar ese punto y plantear la irrenunciable defensa de los derechos y garantías del ciudadano, recordando también sus deberes: porque sin apoyarse en ellos cualquier intento de solución política está condenado de antemano a la frustración o la involución democrática hacia populismo retrógrados. Una obra combativa pero que no renuncia a ser pedagógica.

Fernando Savater

¡No te prives!

Defensa de la ciudadanía

ePub r1.1

Titivillus 31.08.18

Título original: ¡No te prives!

Fernando Savater, 2014

Editor digital: Titivillus

ePub base r1.2

A los que no van a dejar que les condicionen o reduzcan su ciudadanía

«¡Adiós, ciudadanos!»

(Arthur, el maestro interpretado por Charles Laughton en Esta tierra es mía de Jean Renoir, despidiéndose de sus alumnos al ser detenido por los nazis.)

Prólogo

Sostenerla y no enmendarla

Como vivimos —o hemos vivido hasta hace muy poco— una época en la que estar indignado goza de prestigio moral y social, permítanme que presente este libro como resultado de una larga indignación que padezco desde hace mucho pero que se me ha agudizado especialmente en los últimos cuatro o cinco años. La motiva el maltrato entre nosotros de la idea de ciudadanía, pieza esencial del juego democrático. En ese maltrato se mezclan el interesado desinterés de algunos, la descarada manipulación de otros y la flamante ignorancia de la mayoría, entre los que para mi perpetua sorpresa deben incluirse sesudos catedráticos, respetables magistrados, clérigos de alto coturno, intelectuales con mando en plaza y cargos políticos a tutiplén. Sucede que quienes más se llenan la boca proclamando la importancia de los ciudadanos y exaltando su derecho a decidir, son los que más activamente desconocen sus libertades para supeditarles a entidades fabulosas como «pueblos», «identidades» y otras restricciones colectivistas de su verdadera capacidad emancipatoria. Dado que la tímida posibilidad de una asignatura en bachillerato de educación para la ciudadanía ha sido ya cortada de raíz para evitar el «adoctrinamiento» (?), es de temer que en el futuro inmediato esta situación no mejore y que las generaciones venideras perpetúen esta forma de indigencia ideológica y política. De tal modo que los ciudadanos efectivos pierden de vista lo que están a punto de perder con el pretexto de señuelos demagógicos: alertarles de esta mutilación ya en marcha es el principal objetivo de este libro. Los textos que lo constituyen, escritos para y publicados en medios de comunicación (fundamentalmente El País, Diario Vasco, El Correo y Tiempo), responden a mi irritada preocupación ante ella, expresada —al menos eso creo— de forma mejor o peor argumentada pero nunca meramente visceral. Los últimos capítulos incorporados al volumen tratan de las recientes elecciones europeas (la adenda al epílogo y «Sugerencias postelectorales»), así como de la abdicación del Rey y el debate suscitado en cuanto a la reforma de nuestra forma de Estado («La confusión reinante»). Fueron escritos pensando especialmente en su inclusión en este libro.

A día de hoy, la ciudadanía democrática —disculpen el pleonasmo— es el conjunto de derechos, deberes y garantías reconocidos por el Estado a cada uno de nosotros. No están basados en ninguna identidad cultural, étnica, ideológica, religiosa o racial predeterminada sino en nuestra pertenencia como miembros a la institución constitucionalmente vigente, que establece las reglas de juego que compartimos, a partir del respeto a las cuales cada cual puede tratar de diseñar el perfil que quiera dar a su vida, sea para asemejarse a unos o para diferir de todos. La ciudadanía constitucional exige un mínimo compartido a partir de cuya aceptación podemos ser cuan distintos queramos de los demás. Éste es el marco de la obligación política de todos y cada uno que caracteriza al sistema de la democracia moderna, el máximo de libertad personal que nunca haya sido institucionalizado colectivamente (digo «personal», no referida a «pueblos», tribus o capillas que pretendan superponerse y condicionar paraestatalmente a la comunidad). Y es esta libertad la que debemos sostener y conservar: la Constitución española, que es su institucionalización más general, puede ser modificada si llega el caso, dentro de los requisitos que la propia norma establece y con el consenso suficiente, pero lo esencial de la ciudadanía misma no puede ser modificado (no podemos convertirla en vehículo de identidades preestablecidas en lugar de la posición de partida para adquirirlas personalmente a partir de la ley común) salvo resignarnos a ser nativos o creyentes antes que ciudadanos con libertad de elección.

Perdonen que recuerde semejantes obviedades (y si no lo son, al menos discutámoslas), pero resulta que actualmente a cada paso las vemos ignoradas o excluidas de los debates más urgentes que nos ocupan. De tales debates tratan las siguientes páginas. Para empezar, se ignora en qué consiste la ciudadanía cuando se habla genéricamente de la desafección de la gente por la política y se culpa de ella exclusivamente a los políticos electos, olvidando que en democracia políticos somos todos. Antes de la crisis la gente (especialmente los más jóvenes) blasonaba de no interesarse por la política, y después de su estallido muchos salieron a la calle para proclamar las fechorías de los políticos que nos engañan y manipulan: o sea, antes tuvimos mayoría de apolíticos y luego buen número de antipolíticos, pero ciudadanos políticos (es decir, auténticos ciudadanos), que son los que hacen falta, eso por lo visto es más difícil de conseguir en número suficiente. Mientras parecen bastar el apoyo de la familia o los amigos, tan acrisolado en nuestros países del sur europeo que mitifican los lazos afectivos y desdeñan los legales, el Estado es visto con desconfianza y sólo despierta mecanismos de escaqueo; pero después, cuando los problemas se revelan tan hondos y generales que sólo pueden afrontarse con instituciones solventes, casi nadie se siente responsable de no haberse preocupado a tiempo porque fueran eficaces, bien dotadas económicamente y limpias de corrupción o provistas de salvaguardias para que no resulte impune.

Aún más grave es el olvido de los requisitos de nuestra ciudadanía en la pugna política suscitada por las pretensiones separatistas surgidas en Cataluña o el País Vasco. En la mayoría de las ocasiones, los adversarios de la disgregación se centran en señalar los perjuicios económicos que supondrían para todos, lo cual es sin duda cierto pero no deja de quedarse corto, reducido al puro argumento mercantil. No imagino que si alguien propusiese por ejemplo el regreso al régimen esclavista sólo se le arguyeran en contra las ventajas laborales del empleo retribuido… Los ciudadanos españoles parecen considerar, igual que los nacionalistas más conspicuos, que el independentismo es asunto sólo de catalanes o vascos, no de cada uno de ellos. Están dispuestos a salir a la calle para protestar por los recortes en la sanidad pública o en la educación para todos, pero no se movilizan para defender la ciudadanía que compartimos sin adscripciones regionales o étnicas, base de esos derechos y de todos los demás que disfrutamos. Ni siquiera se plantea seriamente qué es ser catalán o vasco: un nativo de Gerona que vive en Mondragón tendrá por lo visto que optar por definirse según su cuna o según su casa, dos opciones igualmente cuestionables e insuficientes.

De este malbaratamiento de la ciudadanía frente a los nacionalismos disgregadores, yo no puedo por menos de culpar especialmente a los partidos de izquierda. Siempre he considerado a la derecha proclive a creer en una nación anclada en el pasado, hecha de tradiciones, héroes y agravios mal curados, sea una nación ya convertida en Estado o que aspira a serlo. En ambos casos, para ellos es sólo esa exaltación atávica de las raíces la que permite y justifica la ciudadanía. Pero los partidos de izquierda, si son verdaderamente progresistas (ya sabemos que no todas las izquierdas lo son), deberían tener sus raíces en el futuro, no en el pasado, y apostar por un Estado pluralista en el cual lo distintivamente nacional forma parte de la cultura pero no determina la política: es decir, que viene después de la ciudadanía constitucional, no antes. Es ridículo que gente de izquierdas considere la monarquía una antigualla aceptable sólo en el mejor de los casos por pragmatismo, pero no aplique el mismo rasero a otras del mismo jaez como son los derechos históricos o los «pueblos» preconstitucionales. En este sentido, el papel del Partido Socialista tanto en Cataluña como en el País Vasco ha sido muy decepcionante. Aún recuerdo el chasco que me llevé al ver en televisión el primer discurso como lehendakari de Patxi López: en un decorado en el que sólo estaban la ikurriña y la bandera europea, habló de Euskadi, de Europa, pero sin mencionar ni una sola vez a España, que es el nombre institucional de nuestra ciudadanía y el enemigo combatido por los separatistas, incluso por medio del terrorismo. Así se ha ido fraguando la dimisión del auténtico progresismo, en nombre de un falso pragmatismo que no les hizo ganar apoyos (y no hubiera sido menos falso si los hubiera conseguido) sino que dio implícitamente por buena la opción nacionalista más reaccionaria, valga la redundancia. Esto en lo tocante a los socialistas, porque si miramos más hacia la izquierda el panorama es aún peor: ya incluso tenemos talentos radicales para quienes «la democracia está por encima de la ley», que es algo así como decir que la salud está por encima del buen funcionamiento del corazón…

Y del triste papel de los socialistas en Cataluña, junto con las diversas esquerras y los sindicatos, para qué hablar. Una de sus obsesiones es contrapesar siempre su crítica al nacionalismo de Artur Mas con una censura equivalente a la postura de Rajoy, el Gobierno estatal y de paso al Tribunal Constitucional y su sentencia sobre el Estatut. La famosa sandez del «choque de trenes», que recuerda al «entre unos y otros nos amargan la convivencia» que durante décadas en el País Vasco ponía en el mismo plano a ETA y la Guardia Civil. En el caso de la actual situación en Cataluña, el absurdo es aún más flagrante porque quizá Rajoy no sepa resolver el problema —le pasa como a sus críticos— pero desde luego no lo ha creado él. Si alguien rompe maliciosamente una cañería y el fontanero no logra arreglarla a tiempo, ambos tendrán su parte de responsabilidad en la inundación subsiguiente, pero desde luego no será de la misma gravedad ni se les podrá censurar con tono igualmente severo, porque eso sólo sirve para exculpar al vándalo.

Entonces, ¿qué se puede hacer para reparar el desaguisado? Tampoco yo tengo ninguna solución y mucho menos socialmente indolora, desde luego. Pero al menos sí me parecen evidentes dos pasos iniciales para no favorecer el río revuelto y la noche en que todos los encizañadores son igualmente pardos. El primero es defender argumentalmente sin remilgos ni circunloquios a España, pero no desde casticismos sublimes (¡el Cid!, ¡los toros!, ¡el descubrimiento de América!, ¡La Roja! y otros equivalentes históricos a Guifré el Pilós, la toma de Barcelona en 1714, la derrota de Carlomagno en Roncesvalles por los vascos o la sombra teológica del árbol de Gernika), sino como el Estado de derecho que sirve de anclaje institucional a nuestra ciudadanía, más allá del afecto cultural o sentimental que cada cual pueda sentir legítimamente por ella. Ya he citado otras veces la oportuna advertencia de Julián Marías: saber que se forma parte de una nación no supone obligatoriamente ser nacionalista, lo mismo que tener apéndice no implica padecer apendicitis: el nacionalismo y la apendicitis son inflamaciones morbosas, no consecuencias inevitables. En cuanto al «derecho a decidir», que no se le cae de la boca a bastantes bobos de nuestro entorno, se trata de algo consustancial a la democracia misma y lo tenemos todos y cada uno de los que vivimos en ella: lo que en cambio nadie tiene es el derecho a decidir que los demás no decidan sobre tal o cual asunto de interés público, como la independencia de Cataluña, sin ir más lejos. No parece tan difícil de entender ni de explicar, pero ya hemos visto a qué pocos se les ocurre decirlo. Sobre todo, resulta imprescindible saber lo que está en juego en el envite separatista, que es la ciudadanía de todos y cada uno de los españoles, y no la comodidad o el disgusto que entidades como Cataluña o el País Vasco experimenten (?) en su encaje dentro del Estado. Entender una ciudadanía mediatizada por regiones y corporaciones ideológicas pre-estatales es volver a una «democracia orgánica», o sea a la pseudodemocracia inventada por el franquismo. A esta tarea de debate esclarecedor pretende contribuir el presente libro.

En segundo lugar, parece oportuno hacer valer la aplicación de las leyes vigentes, antes de nada. No vivimos como forajidos ni somos fuera-de-la-ley, sino ciudadanos de un Estado de derecho por cuya consecución muchos hemos luchado y no pocos hicieron notables sacrificios. Aplicar las leyes y hacerlas cumplir, desde las más modestas y municipales hasta el artículo 155 de la Constitución o el que sea, no es incurrir en tiranía antidemocrática: todo lo contrario, si hay una postura políticamente tiránica es la de quienes pretenden saltarse leyes e instituciones porque no les agradan, poniendo a todos sus compatriotas ante la brutalidad del hecho consumado. Y hago notar que esta actitud quizá no sea violenta, pero tampoco puede ser calificada de plena y consecuentemente pacífica, porque obliga al poder legítimo al uso de la fuerza o a la rendición ignominiosa. Es evidente que no deben descartarse modificaciones legales en aras de la concordia y siempre que mejoren las condiciones ciudadanas de todos, pero sin olvidar nunca lo que está en juego, tal como queda dicho. No estamos viviendo un pulso entre el Gobierno y los nacionalistas, sino un jaque a los derechos y libertades de cada uno de nosotros, los ciudadanos españoles realmente existentes.

Los artículos que configuran este libro fueron escritos a lo largo de los últimos cuatro años y en muchas ocasiones reiteran las mismas ideas o formulaciones. No me excuso por ello, puesto que no creo que estos planteamientos sean tan claros y comunes para cualquiera que sobreabundar en ellos… ¡ojalá lo fuesen! Por lo demás, me acojo al derecho invocado por Voltaire de repetirme hasta que me entiendan… o al menos me refuten convincentemente. Aunque los temas tratado en todos ellos y los acontecimientos comentados vuelven a entrelazarse en la mayoría de los textos, los he agrupado en tres secciones: la primera son los planteamientos más generales, la segunda versa sobre el País Vasco y el paisaje tras la batalla del terrorismo, mientras que la tercera se refiere principalmente a la situación de conflicto ciudadano creada por los nacionalistas catalanes. Por descontado, he recibido inspiración en diversos casos leyendo a amigos sabios como Félix Ovejero, Arcadi Espada, Ramón Rodríguez y otros más, aunque ninguno de ellos está obligado a compartir las opiniones aquí expuestas. Mayor responsabilidad tiene en cambio Sara, mi mujer, porque a menudo me ha brindado la idea inicial de cada artículo y siempre ha sido la primera en leerlo y señalar errores y carencias que, ay, muchas veces temo no haber sido capaz de remediar. Mi agradecimiento a todos y mi amor para ella.

Para abrir boca

Peces piloto entre tiburones

El filósofo trascendentalista Ralph Waldo Emerson, pensador de cabecera de Abraham Lincoln, era un afamado conferenciante en una época en la que esta elocuente especie no abundaba tanto como ahora. En cierta ocasión, después de una de sus homilías, le informaron de que en el auditorio se encontraba una mujer de condición humilde, vendedora de fruta en el mercado o algo así, que nunca dejaba de asistir a esos eventos y hasta hacía sacrificios para ir a escucharle en ciudades cercanas. Democráticamente conmovido, el sabio de Concord quiso saludar a la buena señora. «Me han dicho que suele asistir a mis conferencias», le dijo benévolo y ella repuso: «¡Oh, sí, no me pierdo ninguna!». «Veo, señora mía, que es usted aficionada a la filosofía.» «¡No, por Dios, yo no entiendo nada de esas cosas! Todo lo que usted dice es demasiado elevado para mí.» «Pues, entonces, no veo por qué…», comentó el desconcertado gran hombre. Y ella concluyó, gozosa: «Es que me gusta oírle porque nos habla como si todos fuésemos inteligentes».

En efecto, ésa es precisamente la función específica del intelectual: tratar a los demás como si también fuesen intelectuales. Es decir, no intentar hipnotizarles, intimidarles o seducirles sino despertar en ellos el mecanismo de la inteligencia que sopesa, evalúa y comprende. Hay que partir de la premisa socrática de que todo el mundo se revela inteligente cuando se le trata como si lo fuera. ¿Es compatible esa función con el oficio de los políticos? Porque éstos más bien suelen regirse por el cínico principio establecido por el novelista Frédéric Beigbeder (que no en vano empezó su carrera como publicitario): «No hay que tratar al público como si fuera imbécil ni olvidar nunca que lo es». Salta a la vista que son planteamientos opuestos. Lo malo es que el primero exige un esfuerzo de los interlocutores, atención, reflexión y tanteos dubitativos, mientras que el segundo halaga emociones primarias de entusiasmo o revancha, convierte el pensamiento crítico en sátira o maledicencia, y los problemas sociales en escándalos notorios. Si repasan ustedes las tertulias políticas de nuestras radios y televisiones, es fácil ver quién se lleva el gato al agua…

Si juzgase por mi propio caso, debería decir que los intelectuales están negados por exceso de recelo mental para la gestión de los asuntos públicos. Pero sería injusto, porque talentos mayores como Marco Aurelio o Massimo Cacciari se las arreglaron con notable competencia al frente del Imperio romano o de la alcaldía de Venecia. De hecho, el progreso de la fórmula democrática ha ido haciendo el Estado cada vez más abstracto, es decir, más necesitado de comprensión educada y reflexiva: primero se basó en la religión obligatoria y el derecho divino de los monarcas, luego en el culto a la identidad nacional como religión civil, ahora más bien en las leyes constitucionales basadas en derechos humanos. Por supuesto, todavía vuelven a la carga periódicamente los partidarios de las fórmulas atávicas, que por emotivas son más fácilmente asumibles desde la ignorancia (el populismo, ya saben, esa democracia para perezosos mentales) y por tanto son más necesarios que nunca, si no los intelectuales en política, por lo menos el ethos intelectual en el discurso público y social. Sin embargo, la lección de la experiencia a menudo es negativa en lo personal, y los intelectuales honrados que yo conozco han vuelto siempre, como el pionero Platón, cariacontecidos de Siracusa…

Primera parte

Ciudadanos sin remedio

Ciudadanía fraccionada

En una de sus cartas, Voltaire asegura que los humanos tenemos un número determinado de dientes, cabellos e ideas que con los años vamos perdiendo paulatinamente hasta quedar reducidos al despojado modelo que la vejez presenta al público. Puedo dar fe personal de ese desguace, pero no todos sus registros me parecen igualmente deplorables. En concreto el adelgazamiento de la provisión ideológica tiene bastante de beneficioso. La experiencia demuestra que rebosar de ideas no es señal de gran inteligencia sino más bien de lo contrario: los sabios las someten al mismo régimen que las juergas y se permiten muy pocas. A quienes no lo somos, nos viene bien que el tiempo nos desbroce de la excesiva facundia, sobre todo en lo político. A mí me ha dejado reducido al ideal socialdemócrata y poco más. Ya sé que el término les suena peyorativo y anticuado a amigos a los que intelectualmente aprecio, porque les recuerda la propaganda ineficaz o nociva de ciertos socialistas al hispánico modo, pero a mi juicio equivale al sentido común (un punto escéptico) aplicado a la gestión de lo común. Aún más, creo que se trata ni más ni menos de lo que George Orwell (a quien por cierto ahora algunos, a propósito de Snowden, confunden con Mercedes Milá) llamaba common decency, la decencia corriente en lo que toca a lo común.

Ahora estamos viendo que la socialdemocracia, con su combinación cívica de derechos y deberes, su énfasis en la defensa de un espacio vital y unos servicios públicos no sometidos a la mera regulación comercial y su principio de que toda riqueza es social y por tanto debe ser socialmente responsable, no es una aspiración política facilona ni aburridamente modesta como algunos han podido suponer. Aún menos, desde luego, una suerte de totalitarismo light que marchita o proscribe la excelencia individual. Más bien se trata del auténtico esfuerzo revolucionario de la era contemporánea, contra la que han ido creciendo obstáculos institucionales y económicos que revelan el fondo subversivo de sus aparentemente sosegadas propuestas. Lo que parecía un ideal domesticado se ha convertido por la zapa de intereses reaccionarios en casi una utopía. En efecto, la socialdemocracia nunca ha pedido el sol a media noche, sino una red de alumbrado público eficaz cuando se pone oscuro. Eso la enfrenta por igual a quienes claman que debemos resignarnos a las tinieblas pues son naturales (salvo para los héroes capaces de conseguir su propia linterna) y a los que recomiendan apedrear las pocas farolas que pueda haber y exigir el amanecer ya o nada.

En el fondo, los movimientos ciudadanos como el 15-M y derivados, aunque peraltados en ocasiones por declamaciones radicales de hoja caduca (véase el párrafo primero de este artículo), lo que coinciden en exigir es la recuperación de los puntos perdidos o jibarizados del ideario socialdemócrata. Zarandeados por una crisis que exige reformas de calado pero también se presta a servir de coartada a retrocesos antiigualitarios, los más adormecidos han cobrado conciencia de que el llamado Estado del bienestar no tiene piloto automático y que nada socialmente bueno está garantizado para siempre si sus beneficiarios no quieren o no saben empeñarse políticamente en conservarlo y actualizarlo. Se nos ha dicho que no sólo los ciudadanos de a pie padecen la tormenta actual sino también grandes inversores, entidades bancarias y hasta gobiernos, nacionales o regionales, para cuya recuperación debemos consentir en sacrificios… por nuestro bien. Pero aunque puede que, lo queramos o no, los problemas de los poderosos sean nuestros problemas, «lo que es seguro es que sus soluciones no son nuestras soluciones». Tomo la cita del muy sugestivo y didáctico libro que ha dedicado Félix Ovejero a la teoría de la democracia a partir del 15-M: ¿Idiotas o ciudadanos? (Editorial Montesinos, 2013). Un oportuno prontuario de cómo mantener y poner al día las reivindicaciones de la socialdemocracia en la estación poco propicia, sin abandonismo resignado ni autocomplacencia.

A mi juicio, lo primero que hay que recobrar es la dimensión política de cada uno y todos en la palestra democrática. Ser político en el sentido auténtico del término, no en el insultante y pueril, es preferir enmendar errores a linchar culpables. Para ello no basta con tener claros los legítimos intereses particulares sino buscar la forma de encuadrarlos y defenderlos en el conjunto de todos los afanes sociales, que también debemos considerar como propios para no fraccionar nuestra ciudadanía. Una de las exigencias más repetidas, sea con honesto fervor o por rutina demagógica, es que los políticos que ocupan cargos representativos deben salir de sus despachos y acercarse más a los problemas de la gente; pero, puesto que esa gente también está formada por políticos y no por idiotas aislados en sus reclamaciones, no menos oportuno sería que cada cual intentase imaginarse en el despacho del representante de turno, teniendo que armonizar demandas y urgencias contrapuestas. No vale monopolizar en provecho propio, aun legítimo, la voz del pueblo, porque ésta rara vez suena con la unanimidad del orfeón. «La argumentación pública obliga a mostrar que, en algún sentido, las tesis defendidas se corresponden con principios generalmente aceptables, de interés general, y con la realidad del mundo» (F. Ovejero, op. cit.).

En España, el peor sabotaje al uso racional de la ciudadanía es el separatismo bravo o manso que se ha generalizado. Este último, el separatismo de los no separatistas, es el más extendido y por tanto el más dañino. Esa buena gente que sólo se siente unida al resto de sus compatriotas cuando hay un accidente trágico o un triunfo deportivo, nunca en la gestión política. En las peores épocas del terrorismo, oíamos decir a gente bienintencionada (creo yo): «Eso es algo que tenéis que resolver los propios vascos». Y hoy se discute si el derecho a decidir en Cataluña es legal o ilegal, pero pocos mencionan que excluye antidemocráticamente de la decisión al resto de los españoles de cuyo país forma parte Cataluña. Es el patriotismo de la vaca que ríe: cada región una porción separada envuelta en su papel de plata, que comparten la misma cajita pero se comen por separado. Y eso en el mejor de los casos… Defender los derechos de lo común a todos (por ejemplo, la lengua y el derecho a ser educados en ella) es una agresión a idiosincrasias sacrosantas, a veces de cuño reciente. El lenguaje políticamente correcto decreta que «euskaldunizar», «catalanizar» o «descentralizar» pueden llevar a abusos, pero son términos aceptables; en cambio «españolizar» o «recentralizar» son voces reaccionarias en sí mismas, incluso fascistas. Los políticos antiseparatistas, si quieren ser gente progre, serán vasquistas, catalanistas o galleguistas y proclamarán que ya no tiene sentido reivindicar la nacionalidad estatal, pasada de moda. Y ni siquiera se puede culpar de este fraccionamiento a los nacionalistas, lo mismo que no llamamos «ladrón» a quien entra en una casa de puertas abiertas y se lleva algo precioso que nadie protege ni reclama como suyo. ¡Qué difícil es que los ciudadanos puedan luchar eficazmente por actualizar el proyecto socialdemócrata en estas condiciones!

Los políticos y su descrédito

Cuando un tópico se convierte en moda y tenemos que aguantarlo repetido desde la izquierda y la derecha, por jóvenes y menos jóvenes, no es difícil adivinar que encubre alguna forma de pereza intelectual: el conocimiento realmente significativo nunca goza de tantas adhesiones. Uno de esos lugares comunes populares y vacuos es hoy el que proclama el descrédito de los políticos. Los políticos son torpes, venales, perniciosos y por tanto culpables de los padecimientos de la ciudadanía en crisis. Se habla de ellos en el mismo tono altanero y fastidiado con que antaño las señoras de la alta sociedad se referían al servicio: «¡Qué tiempos! ¡No hay forma de encontrar criadas como las de nuestras madres!».

Pero aquellas señoronas quejosas tenían claro que ellas desde luego no formaban parte de la grey servil, opinión clasista aunque demostrable. Los denostadores actuales de los políticos parecen también creer que ellos son de una clase diferente, más digna y pura que la de los criticados, de quienes son víctimas inocentes. En lo cual se equivocan. En un sistema democrático todos somos políticos en ejercicio, aunque la estructura institucional haga que unos cuantos sean elegidos para representar a sus votantes en determinados cargos, transitoriamente. Por decirlo contundentemente, los que mandan son nuestros mandados, aquellos a quienes nosotros les hemos mandado mandar. Si cumplen mal la función para la que fueron designados, tampoco quienes les hemos elegido nos hemos lucido como políticos. Tendremos que asumir nuestra parte de culpa, revocar su nombramiento optando por otros o incluso ofrecernos para sustituirlos, si creemos poder hacerlo mejor.

Hace unos cuantos días unos pocos miles de manifestantes cercaron el Congreso en Madrid, esperando según sus convocantes hacer dimitir al Gobierno y plantear una nueva Constitución. ¡Ni más ni menos! Tan comprensible es que muchos ciudadanos expresen su descontento ante las medidas de austeridad gubernamentales como impertinente la pretensión de tres o cuatro mil personas de convertirse en la totalidad verdadera del pueblo español. Nada nos obliga a creer que quienes se manifestaban en torno al Congreso fuesen más lúcidos, ni más honrados, ni conocieran mejor la solución para los problemas de la crisis que los que estaban reunidos dentro. Más bien lo contrario, si nos fiamos de sus lemas y de la empanada mental de los medios digitales que les apoyan. Su presión en la calle no sólo pretendía desautorizar a los parlamentarios, lo cual ya es abusivo, sino también a los millones de votantes que les habían elegido, quizá equivocándose al hacerlo aunque en el legítimo ejercicio de su voluntad democrática. La protesta contra las decisiones del Gobierno es un derecho indiscutible (mientras sea pacífico) y ampliamente ejercido ya en muchas ocasiones, pero intentar derogar con una algarada las instituciones de las que depende el funcionamiento del Estado resulta perfectamente inadmisible.

Los políticos electos no son una casta aparte, ni mejor ni peor que los políticos electores. En democracia, cualquier crítica a los gobernantes es en realidad una autocrítica de los ciudadanos. Seguramente imprescindible, porque hay muchos mecanismos institucionales que deberían sufrir transformaciones en vista de su mal funcionamiento. Pero sin buscar chivos expiatorios en el Parlamento ni la absolución demagógica del resto de la población.

Otra asignatura pendiente

Me parece muy bien que el Ministerio de Asuntos Exteriores haya preparado un dossier titulado «Por la convivencia democrática», destinado a facilitar a nuestras sedes diplomáticas un argumentario que sirva como réplica a la activa, si bien no demasiado fructuosa, propaganda del nacionalismo catalán en Europa. Es un trabajo que puede resultar sin duda útil. Pero ante su mismo título o el de algunos de sus apartados («Sobre la lealtad a los ciudadanos y a las instituciones», «Por la concordia frente a la voluntad de no convivir: exigencias de la ética cívica», etc…), me pregunto si ahora el Gobierno no estará por fin echando de menos la asignatura de Educación para la Ciudadanía que ha eliminado del bachillerato para complacer a la clerigonza más reaccionaria. Claro que tampoco resultan más fiables quienes como los socialistas la reclamaron indignados para luego demostrar diariamente en Cataluña o el País Vasco que no la han estudiado muy a fondo. A no ser que sea una sutil estrategia para ejemplarizar los estragos que causa su ausencia…

Más allá de los argumentos históricos o económicos que el informe aporta frente al nacionalismo catalán, quienes padecemos la enfermedad filosófica echamos de menos la elucidación de la cuestión de fondo: en qué consiste la ciudadanía misma. Porque desespera ver que en la disputa actual los protagonistas siguen siendo Cataluña, Andalucía, Euskadi y demás territorios, con sus agravios o exigencias, pero nunca los ciudadanos con los derechos y deberes que los configuran como tales. Es la confusión entre pertenencia (prepolítica, acrítica, sentimental e intelectualmente irrefutable) y la participación, basada en derechos y leyes, en acuerdos institucionales y en la deliberación de cada cual. O si prefieren entre «identidad», que es una construcción esencialista a base de rasgos culturales o folclóricos, y «ciudadanía», que es la titularidad del ejercicio democrático moderno para la que no cuentan particularismos previos religiosos, raciales o regionales.

Lo aclara muy bien un filósofo, el profesor Ramón Rodríguez, en su artículo «¿Justicia o privilegio?» (El Confidencial, 9 de febrero de 2014): «Se es sujeto de derechos precisamente como un cualquiera, como un “don Nadie”, por eso la justicia ha de ser ciega y por eso la ley es igual para todos. Pero el resultado inevitable al que tiende la política nacionalista de la identidad es a introducir diferencias en ese nivel básico de la ciudadanía, haciendo que la identidad actúe como un filtro de la condición ciudadana, que establece condiciones y aporta beneficios en virtud de la pertenencia a ella». Por eso el imprescindible laicismo democrático no consiste sólo en separar al Estado de las iglesias, sino en desligar a la ciudadanía de todo condicionamiento prepolítico (para que nuestra Constitución fuese realmente laica deberían suprimirse los «derechos históricos», algo que no suelen proponer la mayoría de quienes piden reformarla). Y ello no para abolir las diferencias identitarias, sino para que cada ciudadano pueda fraguarse su propia identidad única como desee dentro de leyes compartidas que no reconocen ninguna como condicionamiento político. Me temo que esto se entiende tan mal en Europa como en España, por eso seguimos tan lejos de conseguir una ciudadanía europea. Y de que pueda haber efectivamente una justicia universal, para qué voy a contarles.

Aprendiendo a empeorar

Puede que la presente crisis económica (que también es social, educativa, cultural… y desde luego política) no nos enseñe que es necesario cambiar de forma de vivir, pero al menos nos va dando severas lecciones sobre cómo acostumbrarse a vivir peor. Por ejemplo, en la España obligada a drásticos recortes y a sacrificar gran parte de su presupuesto en enjugar su déficit con Europa, ya hay españoles que confiesan: «Ahora comprendemos cómo se las han visto los países latinoamericanos durante tantos años con la dichosa deuda externa». En efecto, ese inacabable débito bloquea el desarrollo, jibariza la protección social, aumenta la desigualdad en todos los campos (sobre todo en el fundamental de la educación) y deteriora sustancialmente la confianza en las instituciones democráticas. Y cuando éstas pierden apoyo —porque no sólo son cuestión de razón sino también de fe, como casi todo— el vacío que dejan se rellena con su caricatura, la mermelada populista. Algunos han dicho —yo, sin ir más lejos— que el populismo es la democracia de los ignorantes: añadamos, para ser justos, que es también la democracia de los decepcionados…

El populismo es el sueño de una democracia sin trabas ni remilgos, un sistema instantáneo en el que la voluntad generosa y solidaria del pueblo se realizase sin interferencias. Pero lo malo es que precisamente son las trabas (es decir, los procedimientos, garantías y contrapoderes) las que constituyen la democracia, mientras que la pretensión de que hay una sola voluntad popular (y que por tanto lo que piense cada ciudadano es irrelevante o nocivo salvo que coincida con ella) es la negación misma del sistema democrático. Actualmente las instituciones democráticas dejan insatisfechos a los ciudadanos en bastantes países europeos y por tanto el populismo gana terreno en ellos, como viene ocurriendo una y otra vez en América Latina. Está pasando desde luego en Grecia, con el auge de un grupo neonazi como Amanecer Dorado, y en Hungría, donde la extrema derecha pide publicar la lista de los judíos por ser peligrosos para el país, pero también en Francia con una derecha radicalizada y próxima a posturas xenófobas o en Italia, donde no es impensable ya ni siquiera el regreso político del aborrecible y recurrente Berlusconi. Incluso en Gran Bretaña cunde la desconfianza respecto a la BBC (lo que en ese país preludia el vértigo del abismo), aumenta el número de aislacionistas euroescépticos y Escocia pide la secesión para escapar de la quiebra del hasta ahora incombustible reino.

En España, el populismo también se reviste de gesticulación disgregadora. La apuesta separatista de Artur Mas en las pasadas elecciones opuso a la legalidad democrática de las instituciones la expresión vocinglera y sin trabas de un pueblo al que no podrían detener reglamentos constitucionales. Por suerte, los votantes se han mostrado bastante más cautos que los representantes políticos y han demostrado que sigue habiendo más partidarios de la ciudadanía que del oleaje populista. Sin embargo, se han producido serias fisuras en nuestro ordenamiento político que no van a ser fáciles de reparar a corto plazo. Mientras continúe el desasosiego laboral y los recortes en servicios públicos, la tentación populista seguirá activa, al acecho de otras oportunidades. Y los ciudadanos tendremos que acostumbrarnos a vivir en peores condiciones políticas de lo que creíamos ingenuamente ya consolidado por siempre jamás…

Indignación a la española

El fenómeno político y social de los llamados «indignados» ha sido una de las mayores novedades recientes de la vida pública en España, que también ha despertado interés en muchos otros países. A partir del pasado mes de marzo, cientos (en algunas ocasiones miles) de personas, en su gran mayoría jóvenes, han ocupado plazas en diversas capitales españolas —empezando por la emblemática Puerta del Sol madrileña— para mostrar su descontento con la situación política del país y con la gestión de la crisis económica, recortes sociales, etc… Su denominación de «indignados» les viene del opúsculo de Stéphane Hessel ¡Indignaos!, que en el comienzo del movimiento fue una especie de manifiesto del grupo, ampliamente difundido y comentado. El fenómeno de los indignados es complejo y ha ido evolucionando a lo largo de los meses, pero presenta algunos aspectos interesantes respecto a las dificultades y también la necesidad de articular una propuesta radical de cambio en nuestras democracias.

Está claro el motivo inmediato que movilizó a los indignados: España es el país europeo con más alta tasa de desempleo (el 20%) y el paro afecta especialmente a los jóvenes (más del 40%). Como la educación es muy deficiente y la formación profesional aún peor, no se vislumbran remedios a corto plazo para esta situación. Para prevenir una intervención europea en la economía española, como la que ha necesitado Grecia, el Gobierno de Zapatero se ha resignado a recortes en las ayudas sociales y una flexibilización en el mercado laboral. La gente indignada que ha salido a la calle y ocupado las plazas considera que estas medidas están haciendo recaer el costo social de la crisis sobre quienes menos culpables son de ella, los trabajadores, mientras que los bancos y las grandes corporaciones internacionales reciben todo tipo de ayudas para recuperarse y salir ilesas de la debacle.

De modo que lo primero que debe constatarse es que los indignados se han movilizado en defensa de sus intereses, aunque luego hayan teorizado su propuesta de acuerdo a más o menos elevados ideales. Nada de malo encuentro en ello: soy de los que creen que hay intereses perfectamente legítimos y que ciertos ideales son en cambio abominables. En España, antes de la crisis muchos ciudadanos —sobre todo entre los jóvenes— se jactaban de ser apolíticos o incluso de despreciar la política. La clase política era la misma que ahora, sus sueldos iguales, la Ley Electoral idéntica, el papel de los sindicatos y los empresarios semejante al actual, la educación y la formación profesional tan defectuosas como luego hemos comprobado… pero muchos jóvenes y abundantes mayores no veían en ello ningún motivo urgente para interesarse por la política. Al contrario, la consideraban un pasatiempo aburrido, sectario, casi obsceno. El sistema social y económico merecía las críticas de bastantes pero también sin duda la benevolencia de no pocos: había muchos partidarios de endeudarse alegremente con los créditos bancarios para aumentar la capacidad de consumo, la especulación inmobiliaria estaba a la orden del día y no sólo entre los plutócratas, mientras que en las localidades turísticas los más jóvenes abandonaban los estudios para ganarse bien la vida atendiendo en locales de ocio a los extranjeros. Y estas circunstancias aparentemente favorables pero con tantos rasgos sospechosos no despertaban entonces indignación en casi nadie…

Sin duda la crisis económica y la extensión aparentemente incontrolable del desempleo hicieron despertar a la población de este engañoso espejismo de abundancia sin costes. Una de las divisas más emblemáticas de los indignados, cuando finalmente se movilizaron, va dirigida a los políticos actuales: «No nos representan». Este lema voluntarioso y retórico suena a hueco al menos por dos motivos: en primer lugar, la representación política es una cuestión institucional, no una identificación cordial con quienes son elegidos para los cargos públicos. Lo malo precisamente de los políticos es que sí nos representan, aunque no gocen de nuestra simpatía, es decir, que a partir de su elección pueden tomar decisiones y omitir otras que afectarán a nuestras vidas. Por eso es importante elegir bien, revocarlos si se muestran incapaces y buscar alternativas que sean más prometedoras que las que hoy se nos ofrecen. Pero, en segundo lugar, los gobernantes españoles que primero negaron la crisis, después la minimizaron y finalmente no han sabido resolverla representan bastante bien la miopía política, la búsqueda de recompensas sin esfuerzo a corto plazo y el desinterés por alternativas comprometidas al statu quo vigente que caracterizaba también a gran parte de la ciudadanía que hoy padece por culpa de esa desidia y está indignada contra ellos.

Otro de los eslóganes más significativos de los indignados exige «democracia real». Pues también esta reivindicación da mucho que pensar. Porque la democracia real (como en su día el socialismo real de los países del Este europeo) es precisamente la que hay, aquella que nos encontramos y que nos indigna, frente a una democracia «ideal» que representaría sin turbiedad ni manipulación los más nobles anhelos populares... pero que no existe ni ha existido nunca en ninguna parte. No hay democracia real (tampoco la hubo en Atenas, desde luego) sin obstáculos, cortapisas y asechanzas antidemocráticas. Cuanto más real y menos idealista es una democracia, más refleja las contradicciones y abusos de la sociedad. Aún más: refleja las contradicciones que existen dentro de cada uno de nosotros, entre el anhelo de justicia por el que quisiéramos caracterizarnos y el afán de privilegios o ventajas indebidas que sentimos a cada paso. O la contradicción entre los políticos veraces y consecuentes que decimos reclamar frente a los simpáticos demagogos a los que después efectivamente votamos. ¿Elegiríamos a un político totalmente sincero, que confesase sus insuficiencias y sus dudas o que nos reclamase sacrificarnos por el bienestar general a costa del nuestro?

Sobre todo, la democracia real y realista empieza por comprender que políticos somos forzosamente todos y que ninguna representación, por exacta y honrada que sea, nos dispensa de interesarnos por la cosa pública, estudiar los problemas y colaborar activamente en la búsqueda de soluciones. Algunos de los «indignados» españoles parecen dar por sentado que ellos son puros en un mundo de ambiciones y engaños. Ninguna democracia real puede aceptar tan interesado y cómodo maniqueísmo. Es indudable, como señalaron en la Puerta del Sol y en otras plazas, que hay mucho que reformar en la democracia, en la esclerosis sectaria de los partidos, en el descontrol de los mercados y la avidez de la especulación capitalista, en la institucionalización eficaz de una justicia sin compromisos partidistas y una educación pública de calidad, etc… Pero nada de eso podrá nunca hacerse si la crítica de la política es sólo censura a los políticos y no autocrítica de los ciudadanos. La indignación no basta. Como señaló Spinoza, lo importante no es detestar o aplaudir, reir o llorar, SINO ENTENDER. Más Spinoza y menos Hessel, por favor.

Desobediencia retrospectiva

En general las revoluciones nunca se le hacen a los gobernantes realmente autoritarios e intransigentes, sino a sus sucesores más débiles y menos intimidatorios: no a Luis XIV sino a Luis XVI, por decir algo. También hay muchos más candidatos para enfrentarse a los gobiernos democráticos que para rebelarse contra las dictaduras. A Franco, que fondeaba su yate Azor en plena bahía de la Concha durante semanas y se paseaba por San Sebastián con menos medidas de seguridad de las que necesitarían el Rey o Rajoy para hacer el mismo recorrido, no solían hacerle algaradas ni «escraches», aunque motivos no hubieran faltado. Por supuesto, el clima levantisco y disconforme que reina en las democracias —frente a la placidez letal de las dictaduras— es un activo político y social a su favor. Ya el viejo Montesquieu advirtió que si acercamos el oído a un país y no se percibe ni el vuelo de una mosca seguro que se trata de una tiranía, mientras que si se escuchan gritos indignados, polémicas y voces escandalizadas de descontento seguramente estamos ante una nación libre.

De modo que sólo cabe felicitarse de que los ciudadanos aprovechen las garantías que les brindan las instituciones democráticas para expresar sus reivindicaciones y sus quejas, aunque ello ponga de los nervios a quienes siempre y en toda ocasión ponen el orden por encima de la justicia o de la simple libertad de participación política. Y no se les puede reprochar a los protestones que no hicieran lo mismo en épocas dictatoriales, porque precisamente queremos democracia para poder hacer lo que estaba prohibido con graves penas y serias amenazas personales cuando no la había. Lo malo, sin embargo, comienza cuando los disconformes que quieren hacerse oír se empeñan en manifestar su desacuerdo transgrediendo las normas de la propia democracia y sobre todo empeñándose en descalificarla como si fuese en el fondo la peor de las dictaduras, aunque, eso sí, astutamente disimulada. Una cosa es que protesten o reclamen en democracia quienes no se hubieran atrevido a tanto en una dictadura y otra que para hacerse los héroes o cargarse de unas razones que muchos les discuten pretendan convertir en dictadura lo que no lo es. Porque quienes hemos padecido una dictadura y vivido en democracia (y hemos protestado en la calle contra ambas, por cierto) conocemos perfectamente la diferencia.

Hace ya bastantes años, uno de los filósofos alemanes contemporáneos más interesantes, el escéptico e irónico Odo Marquard, caracterizó el fenómeno que lleva a rebelarse contra la democracia con los aspavientos y altisonancias de quien se enfrenta a una terrible dictadura (en su caso, los que empleaban contra la República Federal de Alemania todos aquellos dicterios que callaron bajo el nazismo o silenciaban frente a la Alemania del Este) como desobediencia retrospectiva. Y señalaba agudamente que «con la resistencia a la no-tiranía se pretende suplir la no-resistencia a la tiranía». Actualizado, es un fenómeno que conocemos bien en la España de hoy. No sólo porque algunos que no movieron ni un dedo contra el franquismo o incluso disfrutaron de prebendas y alcanzaron condecoraciones con ese régimen se han convertido ahora en sublevados radicales contra el gobierno democrático, sino también porque algunos —sean intelectuales o de menor intelecto— que no sólo no apoyaron sino que vieron como indebida crispación las protestas más tumultuosas ante los ejecutivos poco beligerantes contra el brazo político de los terroristas de ETA o contra los partidos separatistas ahora se muestran sumamente comprensivos con quienes emplean métodos aún más excesivos contra los políticos gubernamentales por razones mejor o peor fundadas, pero sin duda no de mayor alcance político o social.

De modo que hoy puede llamarse impunemente «criminal» o «fascista» a quien favorece políticas discutibles, que quizá lesionen algunos derechos y debieran ser enmendadas o mejoradas de acuerdo con los cauces legales que existen para ello, mientras que los mismos que emplean esas tremendas descalificaciones se han guardado muy mucho de emplearlas contra los que efectivamente asesinaron a otros, justificaron o «contextualizaron» esos crímenes y aún guardan silencio ante comportamientos políticos y sociales que se parecen al fascismo populista o al bolchevismo totalitario, que no es mejor, como una gota de agua a otra. Los muchos defectos y abusos que se dan en las democracias (y que se deben precisamente a las pasiones o torpezas de quienes viven libremente en ellas) son vistos como desafíos todavía peores que los sistemas tiránicos, sobre todo si el capricho del tirano sabe travestirse de ideal justiciero. En nuestro país, las leyes son vistas como formas de violencia comparables a cualquier otra coacción ilegal: quien las transgrede considera que sus motivos personales son tan válidos como los acuerdos colectivos de quienes pretenden hacerlas cumplir. Naturalmente, procura que esa transgresión le salga gratis porque si no… ¡vaya democracia que tenemos! Cuando desobedecen a las autoridades actuales, en su imaginación se están enfrentando retrospectivamente a Franco, a Hitler o si me apuran un poco a Calígula. Y además con la ventaja de que su audaz batalla contra la tiranía puede hasta salirles gratis, con un poco de suerte y una ayudita de los biempensantes…

Babelizando

Por favor, háganse su composición de lugar: España es uno de los países europeos más afectados por la crisis económica (y el único de la Unión Europea al que no se pronostica crecimiento positivo el próximo año), con más de cuatro millones y medio de parados, graves problemas educativos (parece imposible el necesario pacto político para remediarlos), discordias disgregadoras entre sus autonomías y hasta entre los ciudadanos por culpa de malhadados y torpes revivals de la Guerra Civil, etc… En fin, que no nos falta entretenimiento político y social.

Para aliviar estas cuestiones, de pronto el Senado de la nación aprueba debatir la posibilidad de que en sus plenos y comisiones se acepte el uso no sólo del castellano, la lengua común así determinada constitucionalmente, sino también de las cuatro lenguas autonómicas oficialmente reconocidas, es decir, el euskera, el gallego, el catalán y el valenciano (que para los neófitos resulta indiscernible del catalán). De modo que, si se aprueba la propuesta, se hará necesario dotar de traductores y material adecuado a sus señorías para que entiendan las intervenciones de algunos de sus colegas… a los que hasta ahora comprendían sin ningún tipo de ayuda.

Las primeras críticas a esta nueva posible discordia no se han hecho esperar. Muchos, incluso en tono humorístico, señalan el absurdo de babelizar sin necesidad una cámara cuyos representantes poseen una lengua común, que utilizarán sin traductores de ninguna clase en cuanto vayan a la cafetería del Senado para comentar los incidentes del pleno. Otros, más en serio, se escandalizan del posible gasto que supondrá la aplicación de la medida, en una época de lógicos recortes presupuestarios en el terreno público. No faltan los que señalan que sólo se trata de un brindis al sol —si me disculpan el hoy desacreditado símil taurino— de un partido gubernamental en bancarrota económica y política que trata así de congraciarse con los nacionalistas cuyo apoyo puede serle más imprescindible que nunca en las próximas elecciones.

Sin embargo, lo que a mí me parece más importante y digno de ser destacado es la conculcación de una cuestión de principio. Cada uno de los senadores, como es lógico, provienen de una región del país (aunque algunos de ellos tampoco se manejan en la lengua de su autonomía natal) pero en la cámara figuran como representantes del pueblo español en su conjunto. Y utilizar en ese ámbito político la lengua común es una forma de confirmar y reconocer esta tarea unitaria. El Senado no es una asamblea de Estados nacionales, como la ONU, sino el órgano decisorio de uno sólo. Sabemos —y felizmente está reconocido en nuestro país— que la diversidad cultural es una indudable riqueza; pero debería saberse también sin dudas ni resabios que la unidad política a la que sirve la lengua común es una gran riqueza y una fuerza necesaria de la comunidad ciudadana. El ejemplo dramático de países en que falla esta comunicación aunadora, como hoy en el caso de Bélgica, debería servirnos de advertencia. Es el peor momento, desde luego, para jugar con el fuego de los elementos disgregadores y dar alas a quienes viven políticamente de ellos: la maldición de Babel no consistió en la pluralidad de las lenguas sino en la incomprensión entre los humanos cuando tenían que llevar a cabo una tarea común.

La melonada

Cuando don Julio Caro Baroja quería señalar el carácter absurdo, majadero y a fin de cuentas dañino de alguna postura, personal o administrativa, la calificaba de «melonada». También recuerdo haberle leído la expresión a su tío, el Baroja más ilustre. La verdad es que me encanta esa calificación descalificadora y fue la primera que se me vino a las mientes al asistir al circo de las traducciones simultáneas en el Senado entre las diversas lenguas españolas: una melonada integral, la madre de todas las melonadas.

Lo de menos es el dinero que va a costar, puesto que en nuestro Estado del despilfarro viene a ser el chocolate del loro. Tampoco es lo principal lo inútil de esa complicación, que obliga a compatriotas que en los pasillos y en el bar del Senado se entienden perfectamente en la lengua que comparten a recurrir a un traductor para realizar su trabajo oficial. Incluso pasemos por alto los aspectos más ridiculizables del asunto, como que mi antiguo condiscípulo Iñaki Anasagasti, que habla con elocuencia un castellano mejor que el mío, deba expresarse balbuceando un euskera en cuyo uso no destaca precisamente. Digamos que el dispendio, la superfluidad y la ridiculez son sin duda daños pero colaterales del desafuero mayor.

Se dice que se trata de una decisión de alcance simbólico, destinada a conmemorar la pluralidad lingüística de España. Pues ahí está precisamente el núcleo del daño, en el aspecto simbólico. Que en varios territorios españoles se reconocen otras lenguas oficiales, además de la común del castellano o español, es algo que a estas alturas resulta evidente. En los parlamentos autonómicos de esas regiones hace mucho que se puede hablar en ellas, en las escuelas se puede educar en ellas (a veces en condición de monopolio), y se puede informar en ellas en televisiones, radios o periódicos. Pero ese pluralismo no comporta la existencia de naciones diferentes, como pretenden explícita o subrepticiamente los nacionalistas. Por eso es simbólicamente imprescindible que en el Senado y en el Congreso del Estado, que son organismos en los que se decide sobre España y no asambleas internacionales de países distintos, se reconozca que existe una lengua común constitucionalmente establecida, lo mismo que constitucionalmente se establece una unidad nacional. Precisamente porque los senadores representan a las regiones culturalmente diversas de un país único, es fundamental que escenifiquen esa concordancia en lo que irreprochablemente compartimos allí donde se debaten y defienden los intereses de todos. Para que no se confundan ni nos confundan.

Basta de mentiras: las circunscripciones autonómicas del país no son entidades políticas del mismo nivel que el Estado nacional, España, en su conjunto. Todas nuestras lenguas cooficiales son respetables y válidas, pero no todas tienen el mismo rango institucional y político. Y es eso lo que simbólicamente debe afirmarse en el Senado y el Congreso: si no, ya me dirán ustedes dónde. La diversidad de lenguas españolas es una riqueza cultural, pero el tener una lengua común es una inestimable riqueza política: que se lo pregunten a los belgas, si alguien lo duda. Éste es uno de los temas que deberían enseñarse en la denostada asignatura de Educación para la Ciudadanía, cuyo único defecto es llegar tarde para remediar tantas falacias y el daño causado a la democracia española por tantas imprudentes melonadas.

La lección sádica

Me refiero a la que da el Marqués de Sade sobre la Revolución francesa en la pieza teatral Marat/Sade de Peter Weiss. Recordarán que la obra, teatro dentro del teatro, trata de la representación del asesinato de Marat interpretada por los internos del manicomio de Charenton y puesta en escena por el divino Marqués, que también acabó sus días encerrado en ese centro. En cierto momento, a modo de acotación escénica, Sade explica la inevitable desilusión que siguió al movimiento revolucionario: antes, el poeta que sólo lograba componer ripios, el pescador que no sacaba del río más que botas viejas, el marido agobiado por una consorte gruñona y poco agraciada, etc… anhelaban una revolución que cambiaría el rumbo de sus vidas; después, el poeta siguió siendo ripioso, el pescador no logró atrapar nada comestible, el marido despertó por la mañana junto al habitual engendro y todos ellos clamaron a una que la revolución era un fraude y les había traicionado. Fin de la clase.

Algo parecido me parece que está pasando con la Constitución española y temo que el paralelismo se acentúe si llega finalmente a ser modificada a corto o medio plazo. El error de los decepcionados por la Revolución francesa, según Sade, es que pedían a ésta enmiendas vitales hechas a medida de cada cual que no estaban a su alcance ni formaban parte de su proyecto. También a la Constitución se le pide que resuelva con sus enunciados injusticias económicas o sociales que trascienden el ámbito de las fórmulas legales, incluso que apacigüe tras someterse a cirugía de alto riesgo los encabritamientos de quienes cocean contra su propia razón de ser. Porque el sentido de nuestra Constitución —que es particular como el celebrado patio y por tanto cuando llueve se moja como las demás— consiste en establecer quiénes son y cómo deben ser los españoles, no en dar instrucciones para dejar de serlo. La Constitución establece el reglamento último de España, que no es una idea platónica congestionada ni la unidad de destino en lo universal joseantoniana, sino el nombre de la realidad política en que arraigan los derechos y deberes cívicos de casi cincuenta millones de ciudadanos. Ni tal como hoy está ni después de cualquier cambio razonable va a ser nada distinto, porque una cosa es el maquillaje que hace a los vivos más deseables y otra la cosmética que disimula durante el velorio los deterioros del cadáver.

De lo que no tiene la culpa la Constitución (ni por tanto puede remediarlo por mucho que cambie) es de que la organización autonómica de nuestro país, que fue una medida para administrarlo mejor y de manera más cercana a los ciudadanos, se haya convertido de hecho para muchos en una fragmentación de la ciudadanía. De tal modo que se sienten más oriundos o nativos de su autonomía absolutizada que ciudadanos del Estado que las acoge a todas y para cuya mejor gestión fueron establecidas. De ahí esa extraña sensorialización de la razón política en España. En contra de lo que preocupa a algunos, uno no tiene por qué sentirse español ya que la ciudadanía no es un dolor de estómago ni un gustirrinín: basta con que se sepa español. De igual modo, las reglas de juego político no tienen como objetivo que todo el mundo esté «cómodo» en España, pues el país no es un sofá y la desazón de corregir fallos e injusticias es un impulso positivo: basta con que los ciudadanos conozcan sus derechos y deberes y se esfuercen por mejorar su ejercicio. Para no hablar de los más líricos, que recomiendan el amor (a Cataluña, al País Vasco o a otros prójimos levantiscos) para remediar los pujos separatistas: francamente, yo no tengo ningún cariño especial por mi pierna izquierda pero no por eso quiero que me la corten…

La administración autonómica ha provocado durante los últimos años un entusiasmo sobrevenido por las identidades locales: digo «sobrevenido» porque en la mayoría de los casos se ha acuñado y oficializado después de establecerse la autonomía, gracias a los esfuerzos populistas de las autoridades y la inestimable (por carísima) colaboración de las televisiones regionales y las competencias educativas transferidas. Por supuesto, nuestro país es rico en una diversidad de peculiaridades lúdicas, piadosas, gastronómicas, etc… que ahora se han oficializado y patentado, a fin de que se conviertan en aval de los gastos de cada autonomía. Ante las próximas elecciones europeas, el reproche que suele hacerse a la unión es su exceso de burócratas. Pero comparemos cifras: se trata de unos 50.000 empleados para atender a 500 millones de europeos, frente a los 58.000 de la administración local de Barcelona, los 66.000 de Castilla-La Mancha, los 154.000 de la Comunidad de Madrid o los gloriosos 239.000 funcionarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Todos imprescindibles, desde luego, porque hay que defender la sacrosanta identidad de cada cual, a no confundir con la del vecino. Cuando se airean con preocupación los resultados del Informe PISA sobre educación, nadie menciona que España no se presenta a esa evaluación como tal país —pues el gobierno estatal ha transferido esas competencias— sino como un surtido de autonomías con diferencias mayores que entre muchas naciones europeas. Ya sé que no hay lacra peor que la uniformidad, pero a algunos no nos molestaría una uniformidad de excelencia educativa en todo el país, incluso aunque hubiera que recentralizar un poquito… Por supuesto, como nos recuerdan sin cesar, nada más anticuado y casposo que la España cañí, pero cuesta aceptar que reinventar el caciquismo decimonónico, el sistema feudal o los reinos de taifas suponga un gran avance hacia la modernidad política.

Dicen que la Constitución está «agotada». ¿En qué se nota esa fatiga insuperable? Por lo visto, en que los nacionalistas —los de siempre y los sobrevenidos— ya no pueden sacar más privilegios de ella. La vaca ya no da más leche, de modo que ahora habrá que ordeñar al toro, como diría el doctor Johnson. Se nos recomienda revisar el texto magno para fijar y dar esplendor definitivo al fraccionamiento de la ciudadanía, no para corregirlo. Por ejemplo, para acabar con el inmovilismo gubernamental frente al desafío independentista en Cataluña (por lo visto, cuando a alguien le da un ataque de epilepsia, todos tenemos obligación de agitarnos al unísono) los más «racionales» aconsejan lo siguiente: referéndum en la autonomía para ver qué quieren los catalanes, reforma de la Constitución de acuerdo con el resultado y luego que los ciudadanos del resto de España digan si aceptan tal modificación. Si la asumen, mutilan su ciudadanía; si la rechazan, son unos fachas y vuelta a la casilla de partida. ¡Qué sabia es la objetividad racional! Otros, en cambio, preferiríamos más auténtico laicismo en la Constitución, que no sólo implica efectiva separación del Estado y las iglesias, sino también rechazar rotundamente el fraccionamiento del cuerpo social reconociendo pertenencias políticas particulares (Catherine Kintzler ha escrito páginas esclarecedoras al respecto).

Por supuesto, puede retocarse la Constitución de modo que acoja todos los legítimos anhelos sobre garantías laborales, emigración, educación y sanidad públicas, pensiones… Pero sepamos que si junto a eso la ciudadanía se fracciona y la tarta de la soberanía se reparte, el poeta seguirá ripioso, el marido y la mujer frustrados, el pescador volverá a casa con las manos vacías, etc… ¿Culpable? Siempre la Constitución. Ya nos avisó el Marqués de Sade.

Laicismo lingüístico

Dicen que en materia de educación Francia ya no es lo que era, pero yo sigo viendo que aún ofrece mucho que envidiar. Por ejemplo, cuando uno se pasea en la rentrée otoñal por las librerías parisinas y ve expuestas las obras de literatura y filosofía que van a estudiarse en el bachillerato. Casi dan ganas de matricularse otra vez en secundaria para gozar de ellas… y de paso para olvidar la situación de las mismas materias en nuestro país. Por no hablar del ramalazo de entusiasmo ilustrado que se siente ante la «Carta de la laicidad en la escuela», esa admirable declaración de principios, derechos y deberes republicanos que desde el primer día de este nuevo curso figuran en lugar bien visible en cada una de las más de cincuenta y cinco mil escuelas públicas francesas. No sé si bastará para justificar el ambicioso plan de «refundar la escuela republicana» que encabeza el ministro Vincent Peillon, pero desde luego constituye un importante paso en la clarificación de lo que debiera ser la enseñanza pública en una democracia avanzada europea. En uno de sus quince puntos establece que «el laicismo garantiza la libertad de conciencia. Cada cual es libre de creer o no creer». Una obviedad que ya parece ser asumida hasta por el Papa actual, pero que suena a música celestial —no hay mejor modo de decirlo— cuando en España parece que se avecina un revival del catecismo en nuestros currículos. Sí, al menos en cuestiones educativas aún les merece a los franceses la pena pagar impuestos…

«El laicismo permite el ejercicio de la ciudadanía, conciliando la libertad de cada uno con la igualdad y la fraternidad»: santas palabras, aunque sean santamente laicas, que no dudo que merezcan la aprobación también de nuestros principales partidos de izquierda. Pero resulta que esa «Carta» francesa entiende el laicismo de forma más amplia que la mera oposición a las injerencias clericales en los temarios escolares. Por mucha simpatía que uno tenga por el anticlericalismo (y no niego la mía), que es a lo más radical que llegan nuestros izquierdistas, esa actitud no basta cuando se trata de establecer el fundamento laico de la educación. Porque se trata (punto 6 de la carta) de evitar «todo proselitismo y toda presión que les impida —a los alumnos— hacer su libre elección». Y ciertamente hay otros fanatismos tendenciosos e inquisitoriales que no provienen de las iglesias pero que también interceptan esa deseable libertad ciudadana.

Por eso el punto 7 establece: «Todos los estudiantes tienen garantizado el acceso a una cultura común y compartida». Y, naturalmente, la base de esa cultura garantizada es la lengua común del país. En Francia esa lengua común es la vehicular de enseñanza en todos los casos y su aprendizaje está especialmente reforzado en primaria. En España, en cambio, el castellano comparte las tareas educativas con otras lenguas oficiales en varias autonomías. Desde la óptica laica, por tanto, resulta asombroso que la explicitación en la nueva ley de educación, a propuesta de UPyD, de que la lengua común es vehicular en todo el Estado, aunque las lenguas cooficiales lo serán también en sus respectivas comunidades, haya despertado la oposición de la izquierda parlamentaria. Que se opongan los nacionalistas es natural: los devotos clericales creen que el laicismo quiere acabar con las religiones y los devotos separatistas suponen que quiere exterminar las lenguas regionales. ¡Pero la izquierda…! Hombre, es en estas cosas donde se demuestra el espíritu republicano y no en polémicas sobre la clínica en que debe operarse el Rey. Abundan las manifestaciones críticas contra la ley Wert y comparto muchas de ellas: pero si les digo la verdad, me es imposible considerar sincera la preocupación por la educación pública de quienes nunca han denunciado la inmersión lingüística o hasta la defienden, como hoy pasa en Baleares. ¡Ay, lástima que se perdiera la ocasión de explicar el laicismo en la difunta asignatura de Educación para la Ciudadanía! Podrían haberse habilitado hasta cursillos para parlamentarios en grupos reducidos…

Inflación ética

De antaño sabemos que una de las causas más frecuentes de muerte para corrientes ideológicas o movimientos políticos es el éxito. Tal es el caso de la ética, que a fuerza de tanto triunfo actual está ya en la UVI y con respiración asistida. La ética parece ser la bella desconocida que a todos conquistaría si llegase a tiempo al baile, la coraza que resguarda a cuantos avanzan justicieros contra el dragón de la realidad, la pócima de Fierabrás que todo lo cura pero que se dispensa, ay, en redomas demasiado pequeñas. Porque precisamente en eso consiste el encanto de dar mandobles éticos, un arma que siempre es crítica y casi nunca autocrítica. Entre varias más académicas, la única definición consagrada por el uso y la convicción de todos dice así: ética es lo que les falta a los demás. ¿Cómo resistirse a su encanto?

La ética sirve hoy para tapar todos los huecos, administrativos o teóricos. Por ejemplo, en el proyecto de reforma educativa promovida por el ministro Wert, se la utiliza con el nombre de «valores éticos» como alternativa y coartada para justificar la inclusión del catecismo como asignatura puntuable de primera magnitud. Algo así como obligar a quien no cree en los horóscopos a dedicarse a los crucigramas… Pero también tropezamos con el fulgor de la ética como remedio de los males de la economía o la política. En este caso, es más bien como si se recomendase apagar los incendios forestales con un hisopo de agua bendita. Parece darse por hecho que todos los valores, por serlo, tienen que pertenecer a la moral, mientras que el resto de las interacciones humanas se mueven por intereses y éstos sirven sólo para enfrentar a los humanos, nunca para unirlos. O sea que la ética baja del cielo y todo lo demás bulle desde el cieno: mal asunto, porque el lado de los ángeles es el que queda bien, pero después siempre gana el barro.

No hay nada peor para los valores que convertirlos todos en moneda ética. ¿Acaso sólo pueden ser principios morales los que aconsejen acabar con los paraísos fiscales, como si no hubiese razones económicas para obstaculizar los fraudes y la evasión de impuestos? ¿No pueden encontrarse en la economía misma intereses sociales que desaconsejen la tolerancia con los depredadores? ¿No hay en la política razones para tener por bueno a quien busca según sus luces el acuerdo con otros y el bien común, no su mero lucro privado? ¿Se remediarán nuestros males exigiendo a los políticos comportamientos morales y no rectitud política? En Euskadi, con un terrorismo puesto casi fuera de combate por quienes se enfrentaron sin eufemismos ni atajos ilegales con él, buscan ahora por medio de una ponencia de paz parlamentaria un «suelo ético» sobre el que convivir, como si la Constitución y el Estatuto que hemos defendido con tanto esfuerzo contra ETA y servicios auxiliares no brindasen valores suficientes para organizar una comunidad democrática que no excluye a quienes una vez lucharon contra ella aunque sin ceder ante los que siguen tratando de subvertirla por otros medios.

Pero es que además la ética, en cuanto reflexión que busca la excelencia personal (puesto que cada cual sólo se conoce a sí mismo como sujeto de la intención, buena o mala), puede entrar en ocasiones en conflicto con las exigencias públicas de ciertos roles sociales. Si por ejemplo un multimillonario (pongan ustedes el nombre que prefieran en la línea de puntos) siente un retortijón íntimo de conciencia y decide repartir toda su fortuna entre los más necesitados, es muy probable que encuentre argumentos morales para justificarse. Pero si ese mismo escrúpulo aqueja al ministro de Economía de un país respecto al erario público, lo mejor que puede hacer es renunciar a su cargo para no seguir un impulso que va contra otros valores prudenciales tan perfectamente respetables como los éticos que conmueven su corazón. Porque no sólo se nos puede exigir una moral de principios sino también otros principios derivados de la responsabilidad, como señaló en su día Max Weber. A quien quiera aprender en vivo la diferencia entre ambas cosas le recomiendo Lincoln de Spielberg, que cuenta cómo el hombre más puro de USA revocó la historia para la libertad por medio de la corrupción.

En una sociedad abierta y pluralista, por tanto laica y no sometida a rigideces teocráticas, las leyes no deben pretender zanjar las divergencias morales de los ciudadanos sino crear un ámbito en el que puedan convivir todas sin humillación de nadie. O sea lo contrario de lo que ocurrió cuando el Parlamento catalán prohibió las corridas de toros, convirtiendo en obligatoria la opción moral de una parte de la ciudadanía contra la de los demás. Algunos que en su día apoyaron esa ley han descubierto ahora, con motivo de la posible modificación de la ley sobre la interrupción del embarazo, las virtudes de respetar la decisión personal y no imponer una ética única a toda la población. Bienvenidos a la tolerancia… o al menos a la cordura legal. En el tema del aborto, las perplejidades éticas son inevitables y deberían ser celebradas como una muestra del desarrollo de la conciencia que aquilata los valores vitales, no como un atraso. Sólo un idiota moral —que los hay— afronta esa situación con la misma despreocupación que quien se extirpa un lobanillo. Pero ninguna legislación puede zanjar tales escrúpulos: si es discreta, se conformará con impedir que se vean agravados por persecuciones penales y una clandestinidad anti-higiénica.

El supuesto de aborto lícito en el caso de una malformación grave del feto presenta precisamente el ejemplo de un auténtico dilema moral contemporáneo. Antes no hubiera existido, porque no teníamos la tecnología adecuada para detectar tales casos: la cuestión la resolvía en ciertas culturas tras el nacimiento el infanticidio (que no es lo mismo que un «feticidio») o la resignación ante lo que nos manda la naturaleza o Dios. La ética no cambia radicalmente con los tiempos, pero como trata de la valoración de nuestras acciones evoluciona según se amplían las capacidades humanas. Hoy podemos decidir con información suficiente antes del nacimiento, en las primeras etapas del embarazo, y el verdadero problema moral ahora no es si se tiene derecho a abortar en caso de graves malformaciones sino si, conociéndolas, se tiene derecho a dar a luz. La norma legal debe señalar el marco razonable de ese íntimo debate, sin aspirar a tener nunca la última palabra.

En cuanto reflexión sobre nuestros fines vitales, la ética puede considerarse el telón de fondo de acciones e instituciones. Se ocupa de cómo lo humano debe reconocer y tratar diferenciadamente a lo humano, o sea que siempre es «especieísta» —contra lo que creen animalistas varios— pero naturalmente racional, contra lo que piden los teólogos. Aunque desde luego no agota todos los campos de valoración ni reduce los retos de nuestra interacción a una simplicidad binaria o maniquea.

Remedios para lo irremediable

¿Hay necesidad, realmente, de esos intelectuales teóricos y críticos, de esa gente que sólo quiere hacer lo que le gusta, no decir más que lo que sienten y piensan, mientras que los otros «venden su alma» y hacen justicia a las «necesidades objetivas»? ¿De esos hombres que tienen «la enfermedad del hombre» y la enfermedad del mundo, y quieren revelar a los demás la totalidad de sus necesidades insatisfechas y quizá objetivamente imposibles de satisfacer? ¿De esos fastidiosos que quieren ser «la conciencia de su tiempo» y que, por eso, son peligrosos e inútiles para todos, incluido para ellos mismos? ¿Los que ofrecen aquello que nadie pide, con la esperanza de que la oferta creará la necesidad? ¿Los que cumplen un mandato que nadie les encargó?

ANDRÉ GORZ, El traidor

Las épocas de crisis, tanto más si son de proporciones cercanas a lo catastrófico, favorecen la aparición de predicadores y profetas. Qué digo favorecen: ¡los exigen! Maltratados, atemorizados y empobrecidos, la mayoría de los ciudadanos se sienten como esos pacientes a los que se diagnostica una enfermedad reputada casi incurable y que renuncian a los cuidados de la medicina oficial para entregarse a curanderos, herboristas y chamanes, cuando no vuelven fervorosamente a la fe desatendida y solicitan del párroco una penitencia que les redima al menos, si no puede hacerles recuperar la salud. En el fondo, no queremos comprender sino salvarnos. Los meandros de la razón siempre circulan entre errores cometidos, esfuerzos a realizar, dudas y exigencias dolorosas. Nada inmediato, nada compensatorio: cuando la razón señala culpables siempre leemos nuestro nombre entre ellos porque se empeña en tratarnos como agentes y no meros pacientes de los males generales. Preferimos entonces la voz del nigromante que nos declara víctimas inocentes de las fuerzas oscuras, arrastrados o empujados con engaños a un abismo preparado por otros para nuestra perdición y del que sólo puede rescatarnos alguna intervención mesiánica, que nos devuelva la fe o al menos nos facilite la venganza.

En estos momentos de crisis, en los que todas las propuestas de remedio parecen tardías o ineficaces, la tentación retórica es proclamar que vivimos en lo irremediable y que por tanto hay que abandonar todo lo construido para empezar de nuevo. Los políticos son un fraude, los mercados son un fraude aún mayor, el Parlamento es una cueva de bribones y vendidos, la democracia es un entramado de cortapisas legales para proteger los intereses de los poderosos, etc… Es el momento de romper la baraja, puesto que ya no nos llegan las cartas favorables sin las que la partida pierde para la mayoría su aliciente. Por lo visto, lo que hacía apetecible el sistema democrático no era la posibilidad de sabernos ciudadanos sino la confianza en creernos beneficiarios. Pero ahora los beneficios que se daban por garantizados y que por tanto se valoraban mediocremente, como trámites automáticos de protección y abundancia, están seriamente comprometidos por unos recursos desaparecidos en la corrupción y los abusos: sin ellos, la ciudadanía se ofrece muy escarpada, como una suma de obligaciones de participación en lo común, de estudio de las complejidades de la producción pervertida por la especulación y la demagogia, de vigilancia de unas instituciones a las que nadie prestaba atención mientras podían ser ordeñadas sin límite, etc… De modo que es preferible dejar de ser ciudadanos y convertirnos colectivamente en pueblo, porque el pueblo ya no necesita análisis sino nobles sentimientos: el pueblo engañado, ofendido, maltratado pero instintivamente justiciero, que habla con una sola voz y no se traba con zarandajas legales para recobrar lo que le es debido, caiga quien caiga y lo que caiga.

Las denuncias populares, que siempre encuentran portavoces esclarecidos pretendiendo no hablar en nombre de grupos o partidos sino de la colectividad damnificada pero recta, suelen apuntar a males de índole más moral que política. Por ejemplo, el dinero y el afán de lucro. Sin embargo, el dinero es precisamente lo que necesitamos para mantener los beneficios tan estimados de protección social y para posibilitar proyectos de futuro de los particulares y de las empresas. Cuando es empleado socialmente, el dinero es un elemento revolucionario o al menos innovador: los que propugnan las posibilidades subversivas y antiautoritarias de las redes sociales, basadas todas ellas en el despliegue universal de carísimas y también muy rentables tecnologías, difícilmente pueden argumentar contra ese instrumento de intercambio comercial insuperable. La sobriedad ascética y renunciativa puede tener aspectos admirables, pero entre ellos no figura el desarrollo de las industrias, ni de las comunicaciones, ni de las bellas artes, ni del conocimiento científico, ni de la seguridad social. Precisamente porque el dinero es socialmente preciso y precioso nos subleva que sea estafado por especuladores y malgastado por corruptos. En cuanto al afán de riquezas, lo condenable no es su exceso sino su estreñimiento a la simple acumulación crematística: la mera ambición de ganar por ganar (seguida de gastar por gastar) y no el disfrute de lo ganado en los deleites de la sociabilidad, en la belleza de la fiesta compartida, en las aventuras de sentimientos e ideales que nos conviertan en fábricas y no en colosales pero rutinarios almacenes.

Volver al pueblo y al populismo sólo sirve —en el mejor de los casos— para desahogar frustraciones y —en el peor— para buscar chivos expiatorios. Pero los remedios para lo que parece a corto plazo irremediable no pueden venir más que de la paciencia activa del ejercicio ciudadano. Y para formar e instruir a los ciudadanos son poco eficaces las arengas o los somatenes: es preciso volver a la educación, no como mera vocación familiar sino como institucionalización de una preocupación pública. Uno de los tópicos populistas más escuchados reza así: ¿qué mundo queremos dejar a nuestros hijos? Pero probablemente, como señala Pascal Bruckner (en «Comment traverser la crise?», Philosophie Magazine, n.º 61, verano de 2012), la pregunta verdaderamente adecuada y relevante sea más bien la inversa: ¿cómo queremos que sean nuestros hijos, esos que tendrán que afrontar el mundo imperfecto y problemático de mañana? Porque nuestra capacidad de influir en el mundo es limitada incluso en el más optimista de los casos, por la concurrencia de tantos otros factores, mientras que orientar la formación de nuestros hijos —es decir, de los niños y adolescentes de quienes tenemos responsabilidad— es algo más a nuestro alcance y que además entra en el campo directo de nuestras obligaciones.

No repetiré aquí las ideas sobre educación que ya he expuesto en otros lugares: prefiero abusar de la memoria del lector que de su paciencia. Resumiré mi impresión general diciendo que el vicio de la educación en España durante las tres últimas décadas es haber fomentado la formación no de ciudadanos responsables sino de acendrados burgueses. Por supuesto, no empleo este término estrictamente en el sentido marxista (no siempre peyorativo, por cierto) ni mucho menos en el tardorromántico que lo utiliza para descalificar a quienes optan por el filisteísmo comercial frente a la bohemia artística. Algo retengo de ambos usos, desde luego, pero a lo que me refiero sobre todo es a la definición que ofrece el pensador colombiano Nicolás Gómez Dávila: «Burguesía es todo conjunto de individuos inconformes con lo que tienen y satisfechos con lo que son». Pues bien, la educación en nuestro país durante los años recientes ha tenido como efecto una desmesurada fabricación de burgueses de este tipo, que son precisamente lo opuesto a los jóvenes de la transición a la democracia, quienes no deploraban tanto su falta de acceso a posesiones como su déficit de entidad cívica y política. No es casualidad que hoy la cultura de la Transición sea tan alegremente descalificada por algunos que afortunadamente no llegaron a tiempo para estropearla en su día…

A mi entender, uno de los motivos de este aburguesamiento educativo es la puesta de la escuela al servicio de una interpretación balcanizante y neocaciquil de las autonomías. Lo que se imaginó como una descentralización que agilizaría la gestión regional y consolidaría el efectivo pluralismo del país se ha convertido en la multiplicación contrapuesta de miniestatismos que abogan por la diversidad hacia afuera y el monolitismo hacia adentro. Cada administración autogobernada convierte en agravio los beneficios de que las demás disfrutan y a ellas parecen faltarles, pero sobre todo lo que se les exige dar al conjunto o no se les retribuye suficientemente por el Estado. Ello se acompaña de una mitificación de las señas de identidad regionales, realistas o ilusorias, que fomentan la vanidad de lo que distingue del vecino pero desprecian lo que vincula al conjunto nacional: todos somos felizmente únicos e inconfundibles, pero a todos se nos trata desdichadamente peor… La reivindicación no esencialista sino meramente sensata de una unidad sin la cual cualquier país encuentra graves obstáculos para prosperar y —en época de crisis— incluso para sobrevivir, es tachada como una imposición totalitaria o cedida al activismo declamatorio de la derecha más recalcitrante. Elementos fundamentales de vertebración y promoción laboral extralocal como la lengua común (que resulta ser además en el caso del español una de las más habladas del mundo y cuyo respeto no excluye el de las otras lenguas oficiales) son menospreciados educativamente, con la cínica complicidad de intelectuales no nacionalistas que se encogen de hombros para no crearse problemas y fustigan a quien los denuncia. Hasta cuando los excesos de gasto, corruptelas y duplicación insostenible de funciones semejantes han sido puestos en evidencia por los apremios de una economía en números rojos, hay cráneos privilegiados que siguen alertando con más trémolo contra los peligros de recentralización que contra la bancarrota.

Ciertamente no es fácil regenerar esta perversión de la perspectiva en educación. Y aún más cuando encuentra refuerzo en diversas modalidades nunca abiertamente reconocidas del «gratis total» en producciones culturales que las nuevas facilidades de internet propician y que los demagogos que no quieren perder el sufragio juvenil aceptan y hasta alientan: se considera la propiedad intelectual un derecho obsoleto frente al de disfrutar sin trabas de un mundo tecnológico que no debe tener controles ni cortapisas porque pertenece «naturalmente» a una nueva generación de usurpadores legitimados por su fecha de nacimiento… Combatir estas corruptelas es complicado, porque exige la audacia de contrariar a los jóvenes, que es el primer requisito para poder educarles. Y también porque impone replantearse muchas ideas e instituciones, nacidas con la mejor intención pero muy desviadas de su sentido originario. A veces progresar supone desandar caminos erróneos, no acelerar por ellos con la vana esperanza de que desemboquen en algún paraíso inesperado.

Regreso a Estrasburgo

Hace veinticinco años el Parlamento Europeo concedió por primera vez el premio Andréi Sájarov, creado a iniciativa del diputado liberal francés Jean-François Deniau para distinguir anualmente la trayectoria de una persona o una asociación destacada en la defensa de los derechos humanos y la libertad de pensamiento. Los primeros galardonados fueron Nelson Mandela y Anatoli Martchenko (a título póstumo). Durante este cuarto de siglo de existencia, el premio ha sido otorgado a candidaturas provenientes de todas las latitudes, de China a Libia, de Bangladesh a Cuba, de Angola a Irán o Rusia, y se ha consolidado como el más acrisolado «suplemento de alma» de la política comunitaria europea. El pasado 20 de noviembre, con motivo de la entrega del galardón de 2013 a la pakistaní Malala Yousafzai, se reunieron de nuevo en Estrasburgo la mayoría de los premiados en ediciones anteriores o sus representantes acreditados. Alguno que fue premiado como resistente recién excarcelado asistió ahora en calidad de primer ministro, como Xanana Gusmão de Timor Oriental; otros en cambio no pudieron salir de su país, como el disidente chino Hu Jia, representado por su esposa.

Me cupo el honor de volver a Estrasburgo trece años después en representación del movimiento cívico ¡Basta Ya!, galardonado el año 2000. Nuestra distinción tiene la característica singular de que es el único premio concedido a un sujeto colectivo que desarrolló su actividad dentro de la Unión Europea, porque la asociación francesa Reporteros Sin fronteras (premiada en 2005) se despliega a través de todo el mundo, como su nombre indica. Este hecho subraya la tendencia europea, sin duda generosa pero también paternalista, de creer que las violaciones de los derechos humanos son un defecto exótico que hay que tratar de paliar fuera de las fronteras de nuestra peculiar Isla de los Bienaventurados. Nos resistimos a mirar más cerca, donde también se conculcan con alarmante frecuencia (ahora sobre todo los sociolaborales y migratorios, en estos tiempos de crisis) y donde no siempre expresar con libertad el pensamiento a contracorriente resulta un empeño impune. Es cierto que no hay en Europa auténticas tiranías como en demasiados otros lugares menos dichosos, pero prolifera la indiferencia ante los abusos y la progresiva malversación de principios que ayer nos parecieron y hoy debieran seguir siendo básicos.

Por eso resulta históricamente relevante que se concediese el premio Sájarov a ¡Basta Ya! En casi todos los demás casos, el galardón ha reconocido a quienes luchan contra dictaduras estatales reivindicando derechos políticos y garantías jurídicas para unos ciudadanos de vocación que no pueden llegar a serlo de hecho. A fin de cuentas, exponiendo sus vidas y su comodidad personal, se esfuerzan por lograr vivir en auténticos Estados de derecho, donde la democracia no esté pervertida por un populismo oligárquico o sencillamente negada por teocracias que excluyen el debate racional de leyes dogmáticas. ¡Basta Ya!, por el contrario, nació para defender el Estado de derecho existente contra un terrorismo étnico que pretendía por la fuerza cambiar las reglas de juego democráticas y hacer que quienes ya eran por fin ciudadanos se resignaran a legitimarse sólo como nativos. Los otros premiados luchaban por conseguir algo que nosotros teníamos, mientras que nosotros salimos a la calle para reivindicarlo y seguir teniéndolo. En efecto, en España el terrorismo etarra ha causado muchas víctimas entre personas de toda condición, una tragedia tan insólita en la Unión Europea que los miembros de ésta no siempre supieron valorarla en sus justos términos. Pero el objetivo criminal de ETA, su víctima mayor y principal, siempre ha sido la propia España democrática y plural, ésa nacida en la Transición que sus servicios auxiliares políticos siguen enorgulleciéndose de haber boicoteado desde el primer día. Esto es algo que suelen olvidar quienes ahora llaman «proceso de paz» a la reconciliación personal entre víctimas y victimarios, como si fuese una riña familiar de Montescos y Capuletos.

En las jornadas de debate previas a la entrega del premio 2013, discutimos cuestiones de distinta índole. Para algunos galardonados el Sájarov ha constituido una cierta protección frente a agresiones autoritarias, aunque lamentablemente no siempre: el opositor cubano Oswaldo Payá (premiado en 2002), una de las voces más razonables y escuchadas frente a la dictadura castrista, murió en 2012 en un supuesto accidente de características más que sospechosas. Uno de los logros de la reunión fue conseguir que el Parlamento Europeo apoyase por gran mayoría la apertura de una investigación independiente sobre su muerte, a propuesta de su hija Rosa María. Yo recordé que también nuestro compañero Joseba Pagaza fue asesinado dos años después de que obtuviésemos el premio. Los galardonados fuimos invitados a una visita al Tribunal Europeo de Derechos humanos, donde pude conversar con un magistrado sobre la sentencia de la doctrina Parot. No me repitió la bobada habitual de tantos juristas a cualquier propósito, que «no se podía haber dictaminado de otro modo», la cual es desmentida por la necesidad de deliberación y la propia existencia de los magistrados. Sencillamente señaló que respecto a la irretroactividad de los beneficios penitenciarios (que no de las penas, por nadie discutida) había dos posturas y el tribunal se decantó por la negativa. Ni indulgencia proetarra ni descrédito de la marca España, por tanto. Tienen razón quienes insisten en que no cabe sino acatar y cumplir la sentencia: ¡lástima que algunos de ellos no recomendaron lo mismo a los insumisos frente a lo que no menos legítimamente el Tribunal Constitucional dictaminó sobre el Estatuto de Cataluña o que después se hayan mostrados favorables al cambalache político en el CGPJ!

Y así llegamos a Malala, beneficiaria del Sájarov de este año. Nadie se lo ha merecido más. A los doce años fue tiroteada por el fanatismo, culpable de querer asistir a la escuela como los varones, es decir, por reivindicar su acceso a la humanidad más allá de la biología. Su gesta, que habría merecido la narración épica de una Doris Lessing, la cuenta en Yo soy Malala, su temprana autobiografía editada en Alianza Editorial. Cuando empezó a hablar en el Parlamento Europeo, su figurilla apenas asomaba tras el atril en el hemiciclo imponente, pero la voz era más firme que el trueno o el cañón: su primera frase fue una invocación piadosa a Alá el Misericordioso; la segunda, una cita de Voltaire. Malala aspira al conocimiento, pero no sólo científico sino también cívico: exige educación para la ciudadanía, aunque ya podría dar lecciones de ella a los adultos supersticiosos que han prohibido la asignatura en España. Dijo: «No hablo en nombre de los niños que quieren otro smartphone o una videoconsola, sino en el de los que piden un maestro, una pluma y un libro». Y yo pensé que el día de la apoteosis definitiva los maestros más gloriosos —Shakespeare, Mozart, Velázquez, Madame Curie, Orson Welles, Hannah Arendt…— se sorprenderán un poco cuando, desde luego muy respetuosamente, sean introducidos en el Palacio de la Cultura por la entrada de servicio. Porque las puertas de oro se abrirán sólo para ella, la niña valiente cuya reivindicación dio sentido a todo lo demás. Cruzará el umbral y heredará el reino.

(Unos meses después de haber escrito este artículo, más de doscientas niñas fueron secuestradas en Nigeria. El delito que habían cometido lo indica suficientemente el nombre de la banda que las raptó: Boko Haram, o sea algo así como «La educación occidental es pecado». Sobre todo si se trata de chicas, claro. Hay ocasiones en que más vale dejarse de términos descriptivos como «integristas», «fanáticos religiosos», etc… y volver a términos valorativos más exactos: canallas, por ejemplo).

Tribulaciones democráticas

Observó Nietzsche que las cosas que admiten definición exacta es porque no tienen historia, mientras que cuanto cambia históricamente sólo se define con borrones y tachaduras: de modo que sabemos de una vez por todas lo que es el triángulo equilátero pero no la democracia. La controversia que rodea esta última no es una cuestión meramente académica, desde luego, como se ve claramente desde hace al menos un par de décadas en España y cada vez con más fuerza en Europa: las elecciones del próximo 25 de mayo van a pivotar en gran medida sobre esta cuestión, aunque probablemente la mayor parte de los candidatos que se presenten a ellas no harán muchas elucubraciones teóricas al respecto. Sin embargo, la opción básica está ahí, entre una democracia cuyo apellido puede ser «europea» pero cuyo nombre propio será siempre nacional y otra basada en los derechos y deberes de ciudadanía pero no en ninguna identidad predeterminada. Sobre ello, aproximadamente, debatieron en Le Monde el pasado 3 de febrero Alain Finkielkraut y Daniel Cohn-Bendit, con razonada elocuencia. Para Finkielkraut, las instituciones comunes europeas nos interesan y convienen pero no nos sentiremos nunca plenamente representados por ellas porque la sede de la democracia es y seguirá siendo el Estado nacional. En cambio Cohn-Bendit sostuvo que construir la identidad europea es superar la identidad nacional y aún más, que ser europeo es no tener una identidad predeterminada.

En realidad, se trata de la vieja cuestión de la génesis moderna de la democracia misma. La ancestral batalla entre la reacción, que considera la raigambre genealógica como el fundamento de la jerarquía de los derechos, y el progresismo, cuyas raíces están en el futuro y no en el pasado, por lo que parten del radicalismo de la igualdad ciudadana ante la ley. Los primeros adversarios de la democracia fueron monarcas de derecho divino y aristócratas, pero después han venido a serlo los partidarios de identidades nacionales, religiosas o ideológicas que se convierten en filtros necesarios a través de los cuales llegan los derechos y los deberes a los ciudadanos. La democracia apuesta por la participación de cada cual sin otro fundamento que su libre voluntad y se opone al cortocircuito de las pertenencias prepolíticas en forma de identidades cuyos derechos colectivos fueran tan dignos de respeto como los individuales. Por eso precisamente el laicismo es su requisito básico: «Una asociación política laica no puede ser jamás una asociación de comunidades, por numerosas y variadas que sean. Si las asociaciones culturales pueden tener un estatuto jurídico, en revancha no pueden adquirir un estatuto político: la laicidad es incompatible con una democracia de asociación o de reconocimiento de cuerpos intermedios» (Catherine Kintzler, Qu’est ce que la laïcité?, Éditions Vrin, 2007). El componente emancipador que incluye el Estado democrático europeo es la posibilidad de no ser obligatoriamente como los demás que se ofrece al ciudadano a cambio de cumplir unas básicas leyes comunes. La identidad no es el requisito de la ciudadanía, sino ésta el cauce para que cada cual diseñe su perfil propio.

Por tanto, a mi juicio no cabe duda de que los movimientos separatistas que pretenden deshacer los Estados existentes en nombre de cualquier tipo de identidad prepolítica son antieuropeos de hecho, aunque proclamen lo contrario. Pero también lo son dentro de los Estados los que se empeñan en hacer exámenes de conocimientos «nacionales» a quienes aspiran a la ciudadanía o los que difunden sospechas o rechazo contra ciertos grupos humanos en su conjunto porque no les parecen semejantes en costumbres o creencias. El actual primer ministro de Francia Manuel Valls, cuando ocupaba la cartera de Interior, protagonizó actitudes como éstas respecto a oriundos de Rumanía o Bulgaria, con el episodio vergonzoso de la deportación de una muchacha gitana a un país que ni siquiera conocía. En cambio tuvo razón cuando, en su discurso como primer ministro, se felicitó porque alguien nacido en Barcelona pudiese ocupar tal cargo: «Eso es Francia», dijo. En efecto, eso es Francia y eso debería ser la Europa democrática, no la demonización global de minorías y la deportación de quienes desean cumplir las leyes y por tanto tener derecho a sus diferencias dentro de ellas.

De los movimientos separatistas que se están dando en Europa, algunos tan recientes como el del Véneto y otros ya casi tradicionales como en Escocia, el que nos toca hoy más de cerca es el de los nacionalistas catalanes. Y nótese que digo «nacionalistas catalanes», no los catalanes ni Cataluña. Los argumentos con que apoyan su pretensión de ruptura (agravios históricos pasados o presentes, maltrato económico por el Estado, incomprensión del resto del país y sobre todo identidad inconfundible y sempiterna) pertenecen al prontuario separatista habitual en todas las latitudes. Tampoco es demasiado original la reivindicación del «derecho a decidir», entendido como derecho a prohibir al resto del país que decida sobre algo que también es políticamente suyo. De este modo se establece como punto de partida lo que pretende alcanzarse al final del proceso. A este respecto es particularmente significativo un razonamiento ofrecido en el documento que la Generalitat ha enviado a las embajadas como réplica al argumentario contra la secesión del Ministerio de Exteriores: se dice que exigir que todos los españoles participasen en un referéndum sobre la independencia de Cataluña sería como si, en el caso de que España quisiera abandonar la Unión Europea, debiera consultarse para ello a todos los demás países. O sea que según esto la posición de Cataluña en España es como la del Estado español en la organización de Estados europeos. Partiendo de aquí, hacer o no hacer el dichoso referéndum es ya lo de menos…

Hace mucho que Raymond Aron escribió sabiamente que apenas importa saber si el nacionalismo es la expresión de una nación real o imaginaria porque «es una pasión decidida a crear la entidad que invoca». Pero en este caso tal creación comporta la mutilación de los derechos políticos de millones de ciudadanos, en Cataluña y en el resto de España. No sé cómo ni cuánto habrá que dialogar sobre ello, pero me sorprende el estoicismo con que los afectados responden al caso. Uno puede temer que si la gente está dispuesta a protestar en la calle porque un alcalde proyecta privarles de un aparcamiento pero no cuando otros políticos quieren recortar sustancialmente su ciudadanía es porque saben lo que es un aparcamiento pero no lo que es la ciudadanía. Aunque quizá sea, cazurramente, porque no creen que la sangre vaya a llegar al río ni el río a dividir su cauce. Ojalá no se equivoquen.

La materia prima de Europa

Las inminentes elecciones para el Parlamento Europeo no van a ser el final de nada sino el comienzo de mucho: una larga pugna para definir y poner en marcha lo que debe llegar a ser Europa en la primera mitad del siglo XXI. Una de las primeras preguntas a que ese Parlamento deberá responder, no con palabras sino con decisiones políticas, atañe a la sustancia misma de la que debe estar hecha la entidad supranacional. Los hombres nacimos del barro, las mujeres de una costilla varonil y en la Beocia griega brotaban guerreros si se sembraban dientes de dragón, pero ¿qué debemos sembrar para obtener Europa? ¿Cuál será la materia prima de esa unión supranacional de la que dependen ya y dependerán aún más gran parte de nuestras leyes, o sea de nuestros derechos y deberes políticos?

Si repasamos las listas de candidatos que se presentan a las elecciones del 25 de mayo, los hay que propugnan una Europa formada primordialmente por naciones. Es decir, convencidos de que lo importante debe seguir siendo la identidad nacional de cada uno y la calificación de «europeos» sólo supondrá una especie de colofón o remate identitario, pero nada políticamente primordial. Cuando se recuerda la historia de Europa en los dos últimos siglos, con su pasado bélico sustentado en agravios o ambiciones nacionales, esta pretensión no deja de ser inquietante. Los egoísmos nacionalistas pueden tener argumentos legítimos en muchas disputas internacionales, pero nunca dejan de ser egoísmos colectivos y aunque no se planteen de manera guerrera siguen suscitando razonables inquietudes.

Aún más alarmantes resultan quienes abogan por una Europa de los pueblos. Nadie sabe lo que es un «pueblo», salvo los que vociferan en su nombre. ¿Se trata de etnias, de tribus primordiales, de productos humanos surgidos milagrosamente de la Madre Tierra? El «Pueblo» es una categoría mitológica, cargada de emoción decimonónica y más valorativa que descriptiva. El «Pueblo» siempre es bueno, pero traicionado por los poderosos, vendido por los mercaderes, inmolado por los matarifes. Se define por sus cualidades morales, atropella a los individuos remisos y sus portavoces se superponen a todas las instituciones y las desautorizan en nombre de un Algo colectivo más sublime y necesitado. Puede ser alternativamente sufrido y feroz, pero no admite medias tintas ni mestizajes. Desde un punto de vista político racionalista, es inasumible y sólo fomenta la demagogia populista, es decir, la democracia basada en la ignorancia de muchos y el oportunismo retumbante de unos cuantos.

Queda la opción menos glamurosa y poco simpática: una Unión Europea formada por Estados de derecho, sustentados en instituciones legales y burocracia, pero neutros en cuestiones de énfasis identitario: que garanticen protección y exijan responsabilidades a sus ciudadanos recurribles ante tribunales, sin exigir requisitos condicionantes de género, creencias, ideologías o denotaciones culturales. Basados en la convención histórica y jurídica, no en personalidades colectivas platónicas e inmutables. Sólo estos Estados, hoy tan imperfectos y contagiados de nacionalismo o populismo, pueden garantizar una ciudadanía capaz de hacerse mañana europea, cosmopolita. Ésta es la materia prima preferible para el conjunto de la Europa democrática, aunque hoy en buena medida aún sea —como se dice en La tempestad de Shakespeare— «la urdimbre de la que están hechos los sueños». Pero al menos no las pesadillas…

Terra mítica

Decir que los seres humanos tenemos necesidad de mitos para animarnos a mejorar la realidad y hasta para soportarla es algo tan evidente que huelgan los lamentos o los parabienes por ello. Tampoco nos enorgullecemos o sonrojamos por respirar. En la digestión del pasado histórico, siempre laboriosa, los mitos son tan imprescindibles como el Alka-Seltzer después de un banquete de boda. Y además tienen la excusa de que por muy objetivos que pretendamos ser y por muchos datos que acumulemos, la verdad incontrovertible de lo que pasó —la perspectiva divina— siempre se nos escapará por la costuras del tiempo y gracias, señora Dueñas. De modo que aceptemos la ayuda de algún mito que otro para asimilar de modo espiritualmente nutritivo y políticamente positivo lo que en cualquier caso ya no podemos remediar. Eso sí, tongue in cheek como dicen los ingleses y creyéndolos lo suficiente pero nunca del todo.

Adolfo Suárez es ya la figura más indudablemente mítica de la Transición democrática y reúne los elementos insustituibles para tal sublimación: origen poco prometedor, traición bienaventurada, orfandad ideológica que dio cauce tolerante a las ideologías, audacia para abrir puertas que sólo querían mantener cerradas los embrutecidos porteros de una discoteca en la que ya nadie bailaba, esa intuición que resulta mejor que la ciencia en momentos de vértigo... en una palabra, los riesgos del azar convertidos retrospectivamente en logros del destino. ¡Y todo resultó bien, aunque ahora lo cuestionen quienes nacieron a tiempo para beneficiarse de ello pero, a Dios gracias, no para estropearlo! Por supuesto, Suárez no salió indemne de esa travesía: le laminaron, le laminamos entre todos. Su mayor timbre de gloria es que España se llevó los beneficios y él los palos, como debe ser… cuando el político es decente. Sobre Suárez se han escrito ya muchos libros, hagiográficos, desmitificadores, de análisis, de cotilleo o de un cóctel de lo uno y lo otro: los de Gregorio Morán, Juan Francisco Fuentes, Luis Herrero, Manuel Campo Vidal, Fernando Ónega… También ficciones o, mejor, semi-ficciones, como Anatomía de un instante, de Javier Cercas, la miniserie de Antena 3 dirigida por Sergio Cabrera y El encuentro, la pieza teatral de Luis Felipe Blanco Vilches que actualmente se representa en el Español de Madrid. Y prepárense, porque vendrán más.

Mucha de la buena gente que ha lamentado públicamente la muerte del ex presidente (dejemos de lado a los plañideros oportunistas y a la gentuza que le ha negado el mínimo silencio respetuoso porque no aguanta ninguna unanimidad que refuerce la convivencia democrática) ha deplorado que ahora no haya políticos como él, de los que se ocupaban de las necesidades del pueblo. Por mi parte, lo que echo en falta es más bien aquel pueblo de ciudadanos aún sin ciudadanía que respaldó y posibilitó la Transición, ese pueblo que comprendía las necesidades de la política y computaba como triunfos las concesiones de los políticos siempre que fueran positivamente conciliadoras, que cuando salía a la calle para mostrar su indignación ante crímenes como el de los abogados de Atocha garantizaba su propio servicio de orden para evitar desmanes de los descerebrados, el pueblo que mereció de sobra la democracia y que hoy no merece perderla por culpa de incompetentes, demagogos y disgregadores.

Sugerencias postelectorales

Tras las elecciones europeas del 25 de mayo y en vista de sus resultados, se me ocurren un par de modificaciones posibles para el reglamento de próximos comicios. La primera es de signo meramente profiláctico y sólo intenta ayudar a que los votantes sepan mejor qué es lo que eligen cuando depositan la papeleta en la urna. Podríamos llamarla «cautela Musil», en homenaje al autor de Las tribulaciones del estudiante Törless y El hombre sin atributos. En efecto, cuando alguien se acercaba a Robert Musil y le declaraba su admiración, el escritor le preguntaba de inmediato: «Muy bien, pero… ¿puede decirme usted a quién más admira?». Según qué nombre dijese a continuación el incauto admirador, Musil se sentía halagado u ofendido. Añado de paso que solía ser más propenso a lo segundo que a lo primero…

Pues bien, de igual modo los ciudadanos no deberían contentarse sólo con saber cuáles son los modelos políticos detestados por los candidatos que se presentan a las elecciones. Por lo general, esa información nunca es regateada, todo lo contrario: ninguno oculta que su bestia negra es el Gobierno actual de Rajoy, o el que encabezó Zapatero, o la estricta señora Merkel, o la Troika, o toda la casta parlamentaria hoy vigente, o el capitalismo y sus mercados o lo que sea. Táchese en cada caso lo que no interesa. Tras oír esas diatribas, deberíamos exigirles: «Muy bien, pero… ¿puede usted decirme ahora qué políticos admira y qué modelos le parecen dignos de imitación?». Porque es relevante saber de modo explícito si sus ideales alternativos se parecen a Fidel Castro, a Ronald Reagan, a Nicolás Maduro, a la señora Thatcher, a los ayatolás iraníes, a la Crimea de Putin o a lo que se tercie. Ya sabemos que nunca hay dos situaciones históricas idénticas (aunque algunos se empeñen en revivir a cada paso para descalificar el presente al franquismo, el estalinismo, la situación colonial de Irlanda o Argelia, etc…), pero no vendría mal conocer junto a las antipatías de los candidatos, que podemos compartir, las simpatías que movilizan aunque sólo sea simbólicamente los proyectos más o menos brumosos que proponen. Son un dato relevante, porque aunque todos solemos votar principalmente contra algo, también implícitamente estamos con nuestro voto aceptando que queremos parecernos a alguien. Y no a alguien cualquiera con anhelos utópicos, sino a alguno de los que ya han gobernado o a algún sistema que hemos visto funcionar. Creo que poner en vigor esta «cautela Musil» ayudaría a los electores a saber mejor lo que están favoreciendo en las urnas.

La otra reforma electoral que se me ocurre es de mayor calado, pero también a mi juicio más necesaria. Se trata de extender a todos los países europeos la norma del voto obligatorio, que hoy sólo está vigente en Bélgica, Chipre, Grecia, Italia y Luxemburgo (donde se castiga con una multa de mil euros a los reincidentes en infringirla). Resulta escandaloso, en efecto, que más de la mitad de los ciudadanos que tienen derecho a votar para construir Europa se abstengan de hacerlo, por desidia, por desgana o por simple y llana estupidez, que abunda por mucho que al «pueblo» siempre se le deba dar la razón. Es cierto que mucha gente ni se entera de en qué consiste la Unión Europea, cuáles son las diversas candidaturas políticas que se presentan o lo que la democracia les ofrece realmente en materia de derechos: pero en cambio no dejan de repetir los males que según algunos nos afligen por políticas desacertadas dictadas por la Troika o cualquier organismo supranacional. Y lo principal que no debe olvidarse, todos los que pueden se benefician de las muchas ventajas que supone pertenecer a este club demasiado exclusivo de libertades, garantías y abundancia material o cultural. Están acostumbrados a viajar como polizones en este gran yate de lujo que navega por un mar de necesidades y congojas planetarias: sin pagar billete como ciudadanos, pero también sin dejar de gruñir y quejarse en cuanto no se les atiende como es debido a bordo.

Pero no basta con escandalizarnos de esta situación: hay que tratarla como un problema. La mayoría de los ciudadanos europeos no vota porque dan la Unión por supuesta en sus ventajas y por inevitable en sus errores o injusticias. Dos errores, más peligrosos si van juntos. La gente que se queda en casa es más o menos burguesa y moderada, ay, demasiado moderada, pero en cambio los fanáticos y los extremistas siempre están en la calle: ésos no suelen renunciar a votar, aunque sea contra el sistema que les permite hacerlo. El caso de España es paradigmático: ¿cuántos de esos jóvenes que ayer «pasaban de la política» en la época de las vacas gordas se han vuelto activamente antipolíticos o resignadamente políticos cuando les ha afectado personalmente los males que fueron creciendo mientras ellos pensaban en otra cosa? Está muy bien que hayan despertado al fin, aunque se desperecen ahora más resentidos que bien informados. Por eso votan por fin, sí, pero de tal modo que luego en el Parlamento crecen las opciones menos recomendables, las cuales sean de derechas o de izquierdas tienen en común —entre otras cosas no mejores— la de arrogarse además la representación global del «pueblo». Y los ciudadanos a los que les va mejor, o que optan por una visión menos extremista, o que confían más en las instituciones y no sólo en la demolición, se quedan frioleramente en casita o se van de fin de semana, confiados en que la historia y la política tienen piloto automático.

Hacer el voto obligatorio puede parecer una medida antipática, poco liberal, pero es también pedagógica porque sirve para recordarnos que en democracia todos somos obligatoriamente políticos, queramos o no, votemos o no, lo sepamos o no. La participación es imprescindible para que no caigamos en la dictadura camuflada de los eternos especialistas en mandar. Y si es imprescindible, debería ser irrenunciable por ley: ¿o acaso alguien cree que se pagarían impuestos, que también son imprescindibles para el funcionamiento de la democracia, si no fuesen eso, impuestos?

La confusión reinante

Tomo prestado el título de esta nota a un panfleto antimonárquico de José Bergamín, aparecido en los primeros años de la Transición democrática. En aquellos tiempos teníamos escasos motivos para ser monárquicos, salvo el miedo a que nos sucediera algo peor. El día de la proclamación de Juan Carlos como rey yo estaba en los calabozos de la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol, víctima de una redada preventiva de revoltosos putativos que podíamos enturbiar los fastos de la jornada. Después voté en blanco en el referéndum constitucional, precisamente por mi oposición al establecimiento de la monarquía como forma del Estado democrático. Y más adelante solía sacar un artículo antimonárquico y republicano en El País cada 14 de abril. Uno de ellos, titulado creo que con cierta gracia «Lotería primitiva», le costó al entonces director Juan Luis Cebrián una llamada al orden de la Zarzuela, sin ulteriores consecuencias. Lo que más me indignaba entonces eran declaraciones como las de Camilo José Cela asegurando que «teníamos un Rey que no nos merecíamos», como si después de décadas de dictadura lo que nos correspondiese por méritos a los españoles fuese un émulo de Calígula…

Recuerdo estas peripecias juveniles sólo para subrayar que prefiero el modelo republicano al monárquico desde siempre, aunque los años me hayan demostrado que una monarquía parlamentaria puede garantizar las libertades ciudadanas —que son lo que cuenta— mejor que ciertas repúblicas de ideología totalitaria o populista. Ahora, con motivo de la abdicación del Rey, algunos plantean la necesidad de un referéndum para plantear si los españoles prefieren cambiar el actual sistema establecido por uno republicano. No es algo perentorio (por ejemplo, un papa ha dimitido y otro ha sido elegido en su lugar sin que se cuestione por ello la continuidad de la Iglesia) pero quizá no es descabellado proponer una reflexión sobre el asunto. El disparate estriba en querer resolver un asunto de tanto calado con una consulta popular al margen de la Constitución, porque estamos en un Estado de derecho y no en una asamblea de la Facultad de Políticas. Es algo en todo caso que los partidos favorables al cambio deben llevar en sus programas explícitamente a las próximas elecciones, para después plantearlo por la vía adecuada si obtienen el respaldo suficiente. Desde luego, de lo que no se trata es de preguntarle a la gente si le gusta más Felipe VI que un posible presidente Aznar o Pablo Iglesias Jr. El problema de la monarquía no es que este o aquel rey sea malo o bueno, sino que sea malo o bueno será igualmente rey.

Yo votaría por una reforma constitucional republicana, pero de verdad. Una república es como Francia, que más allá de la diversidad cultural de identidades regionales considera que políticamente sólo hay ciudadanos franceses y por tanto cambia cuando parece conveniente la administración territorial de acuerdo con lo mejor para el país en su conjunto, sin remilgos ni veneración de identidades preconstitucionales. Pasar de monarquía a república pero seguir conservando derechos históricos, pueblos internos con capacidad de decidir, ciudadanía fragmentada de modo étnico o por pactos eclesiales, menosprecio a la fuerza política de la lengua común, etc… no es ningún avance que merezca terremotos neoconstituyentes.

El colombiano Nicolás Gómez Dávila hizo notar que «no hay peor error que tratar de dar soluciones permanentes a problemas transitorios». Quizá ese error se cometió en el paso de la dictadura a la democracia, cuando la monarquía fue una solución oportuna a la dificultad del trance pero quizá no merecedora de perpetuidad cuando las circunstancias cambiasen. Aunque ahora acecha el error inverso: intentar corregir la corrupción, los recortes sociales y la insatisfacción popular generada por la crisis económica por un cambio permanente de modelo institucional que quizá mañana genere nuevas formas de insatisfacción en el momento que estos males vayan amortiguándose. Es cosa de pensárselo bien.

Sea para vivir como tales en una monarquía parlamentaria o en una república, no sería malo que los ciudadanos tuviesen «espíritu republicano». Es este espíritu el que los debe distinguir de los simples súbditos o vasallos, no la forma institucional del Estado. Consiste en reconocer y asumir que una auténtica democracia laica no recurre jamás para legitimarse a nada exterior a sí misma, sea una trascendencia teológica (derecho divino, destino manifiesto, etc.) o cualquier vínculo preexistente a su propia autofundación constitucional (sean tradiciones, identidades, genealogías, etnias, iglesias, formas culturales, etc.). Lo único que cuenta como fundamento es el vínculo racional establecido como ley igual para todos, poniendo entre paréntesis para ese caso todo lo demás (que naturalmente existe históricamente y que después será recuperado por la libertad de los ciudadanos, aunque nunca para imponerse a la legalidad compartida). Se trata de una apuesta auténticamente revolucionaria, que tropieza en todas partes con los obstáculos del pasado y con la tendencia a someter a la pereza de las rutinas ancestrales los frutos de la imaginación creadora del presente (sobre la que meditó mucho y bien Cornelius Castoriadis). Por eso los ciudadanos progresistas son tan escasos, sea en la izquierda o en la derecha.

De modo que es pintoresco que algunos políticos se declaren «republicanos» y a la vez apoyen el «derecho a decidir de los pueblos», como si hubiera «pueblos» constituidos en sujetos políticos previos a la institución democrática misma. Y aún más curioso que añadan por precaución «siempre que la consulta sea legal», como si pudiera ser legal o legítimo que unos ciudadanos españoles decidieran que tienen la exclusiva política sobre tal o cual parte del territorio estatal y por tanto pueden marginar de su gestión política al resto de sus conciudadanos. ¡Y eso en nombre de la propia democracia! Otra cosa es que en la organización administrativa de lo común se prefieran fórmulas más o menos descentralizadas, autonómicas, se repartan las competencias estatales de modo que funcionen de manera más efectiva (y sólo por esa razón, no para satisfacer supuestos «derechos históricos» previos al Estado de derecho democrático) o se opte por un sistema federal. La ciudadanía plenamente democrática que defendemos en este libro es compatible con un Rey constitucional, pero no con quienes pretenden fragmentarla en lealtades identitarias, convirtiendo a los ciudadanos en nativos.

Una última palabra, anecdótica si se quiere. El mismo 19 de junio que fue proclamado rey Felipe VI se cumplían veintisiete años de uno de los peores atentados de ETA, la matanza del Hipercor en Barcelona. Hoy bastantes de los «republicanos» del País Vasco y de otras regiones de España profesan las mismas ideas políticas de aquellos asesinos, ni siquiera han repudiado ese crimen e incluso consideran a los que fueron juzgados y condenados por él como «presos políticos». Ni que decir tiene que tales «republicanos» representan algo mucho más retrógrado, irracional y tiránico que el monarca ese día entronizado.

Locos por el pueblo

Cuando alguien, polemizando con Schopenhauer, mencionaba al «espíritu», el gran pesimista respondía burlón: «¿El espíritu? ¿Y quién es ese mozo?». Algo parecido tenemos ganas de decir algunos pesimistas de menor rango cuando oímos ensalzar o invocar al «pueblo», cosa que últimamente ocurre a cada paso. Porque vamos a ver: ¿qué es el pueblo? O mejor dicho: ¿a qué quieren referirse los que emplean ese término? Podríamos decir que el «pueblo» es una forma de nombrar al conjunto de ciudadanos en una asociación política localmente determinada. Pero sin duda es bastante más que eso. Cuando se habla del «pueblo» no sólo estamos describiendo o señalando, sino también valorando. El pueblo no es una categoría neutra, sino positiva, incluso altamente positiva. Y además unánime y homogénea. El pueblo es noble pero ingenuo, sufrido y fácil de engañar sin dejar de ser a la vez sabio, capaz de rebelarse y castigar a quienes le maltratan aunque también generoso y entusiasta cuando se tercia. Suele ser víctima el pueblo, aunque sabe también ser verdugo justiciero.

Pero, dado que al pueblo le pasa como a Dios, que está en todas partes y en ninguna en particular, no es fácil saber lo que quiere y lo que pide. Por eso hay cierto conflicto con sus mandatos, ya que el pueblo –como Dios, al que casualmente tanto se parece en bastantes aspectos– siempre tiene intérpretes y voceros que pontifican en su nombre y a veces se excomulgan entre sí. Cuando hay elecciones, por ejemplo, quienes las ganan dirán satisfechos que «el pueblo ha hablado». ¡Ah, pero eso no convence a todos los autodenominados portavoces del pueblo! Los que no estén conformes con el resultado electoral asegurarán que el pueblo ha sido engañado, traicionado, que no ha podido expresarse libremente durante la campaña previa, que sus auténticas demandas no han sido escuchadas. Unos dirán que los gobernantes electos han recibido su autoridad legítima del pueblo, otros replicarán que los políticos no representan al pueblo y que desconocen sus verdaderas necesidades o abusan desvergonzadamente de él. Si uno trata de tener una actitud global, diciendo que tan pueblo son los gobernantes y quienes les apoyan como la gente que sale a la calle a protestar contra ellos, tengan por seguro que desagradará por igual a unos y a otros. Como el pueblo siempre tiene la razón y las razones políticas se contraponen, no todos pueden ser pueblo. Lo que no está claro es qué pueden ser quienes no son pueblo: ¿hay un antipueblo, lo mismo que hay un pueblo?

Lo único que resulta evidente es que, preguntemos a quien preguntemos, siempre nos responderá que el pueblo verdadero, el pueblo fetén, es el que piensa como piensan ellos. A veces puede coincidir con la mayoría, en otras ocasiones mantiene opiniones radicales pero minoritarias. El pueblo no necesita someterse a leyes, ni a controles numéricos, ni siquiera a controles de alcoholemia. Y su voz es la voz de la democracia misma, que según sus más encendidos entusiastas está por encima de cualquier ley, constitución o estatuto. El que habla en nombre del pueblo no se va a callar porque se le opongan cuestiones legales, faltaría más. El pueblo es la democracia en estado puro, asilvestrada, y aunque parezca que sostiene opciones que muchos no comparten tiene siempre la verdadera mayoría, que es la mayoría moral. Además es el pueblo (o sea, los chantres que hablan en su lugar) el único que decide quién es pueblo y quién no, y dispensa o revoca los correspondientes certificados de buena conducta.

Podríamos pensar que «pueblo» es el nombre ponderativo que damos al conjunto de los ciudadanos, pero la cosa no es tan sencilla. Hay importantes diferencias: la primera es que los ciudadanos pueden ser buenos, malos o regulares mientras que el pueblo siempre es bueno por definición. Todo pueblo es el pueblo elegido: la comunión de los santos. Los atropellos cometidos por los ciudadanos son delitos o crímenes, los que se cometen en nombre del pueblo y los representantes del pueblo acogen como suyos son hazañas o simples excesos de celo (de cuyos daños tienen la culpa, claro, los enemigos del pueblo). En el mejor y más leve de los casos, denominar «pueblo» al conjunto de la ciudadanía es una licencia poética aceptable a veces aunque algo cursi, como llamar «corcel» a un caballo. Pero no conviene abusar: a los que siempre llaman «corceles» a los caballos, aunque sean percherones, no les tendremos por poetas sino por pedantes; y a los que nunca hablan de ciudadanos distintos, diversos, opuestos y todos con el mismo derecho a serlo sino que prefieren invocar por encima de ellos la voluntad irrefutable del pueblo, a ésos podemos llamarles sin remilgos aprendices de tirano. Antes, en la entrada de algunas fincas lucía el cartel de «Cuidado con el perro»; ahora, en la puerta de ciertos partidos debería poner: «Cuidado con el pueblo».

Segunda parte

Los otros apellidos vascos

Carta a Joseba

Querido Joseba: el día 8 de este mes se cumplen once años de tu asesinato por ETA en Andoain. Sólo unos cuantos recordaremos la fecha, que además coincide ahora con la declaración de la infanta imputada y el trascendental asunto de si baja la rampa del juzgado a pie, a caballo o en coche. Sería mucho pedir que el simple aniversario de un crimen, de los muchos que ha habido, obtuviese más relevancia mediática que un acontecimiento tan distinguido. En cualquier caso, como en anteriores ocasiones, quiero hacerte llegar noticias del otro mundo, es decir, de éste en el que nosotros penamos todavía. Puede que te entretenga conocerlas, si es que aún guardas curiosidad por lo que ocurre en el más acá.

Para empezar te cuento dos nuevas que, como suele pasar, son una buena y otra mala. La buena es que ETA ha sido finalmente derrotada y se ha visto obligada a renunciar a lo que ellos llaman lucha armada y nosotros terrorismo (aunque sin entregar las armas ni disolver su estructura fantasma). Ha sido una victoria obtenida gracias a la firmeza policial, judicial y política: es decir, lo que ellos llaman vía represiva y nosotros aplicación de la legalidad democrática. Gracias también a que no se hizo caso a quienes proclamaban que así no se conseguiría nada, que quedaríamos atascados en un empate infinito, a quienes rechazaban el pacto antiterrorista y la Ley de Partidos, a los que se empeñaban en exigir un diálogo político con los representantes abertzales de la banda, a quienes advertían de los males que traería ilegalizar Batasuna y sus grupos afines, a quienes profetizaban que si se encarcelaba a la Mesa Nacional ardería Euskadi y se hundiría el mundo. Pero no se hundió el mundo: se hundió ETA. Resultó que tenían razón los que eran tachados de intransigentes, de crispadores, en fin, los que (si hubiera existido entonces esa facción americana) habrían sido calificados como «el Tea Party». Quienes se oponían a toda medida verdaderamente enérgica dentro de la legalidad en nombre de dudosas transacciones quedaron por la fuerza de los hechos como lo que eran: cómplices disimulados o tontos útiles.

No por ello han cesado en sus reconvenciones a los demás, convertidos ahora en heraldos entusiastas de una victoria sobre ETA que creían imposible y que obstaculizaron cuanto pudieron. En este «tiempo nuevo» sin violencia cualquier exigencia seria ante los compromisarios políticos de ETA es también vista como concesión desmandada a la extrema derecha: antes la firmeza era de derechas por contraproducente, ahora es de extrema derecha por ser ya innecesaria. No les asustan las otras contradicciones menores: según ellos, es hora de que el Gobierno se mueva en materia penitenciaria puesto que en su último comunicado los presos parecen doblegarse a la legalidad para aliviar sus condenas… lo cual nunca habrían hecho si se les hubieran concedido esos beneficios sin pedir nada a cambio al día siguiente de que ETA anunciase el cese del terrorismo, como los complacientes se apresuraron entonces a exigir.

Y ahora llega la mala noticia, porque es verdad que ETA ha sido derrotada… pero no es toda la verdad. El terrorismo de ETA tenía como propósito imposibilitar el funcionamiento de la democracia constitucional en el País Vasco y blindar la hegemonía nacionalista a sangre y fuego, aplicando a sus enemigos la teoría de los tres tercios del fascista croata Ante Pavelic: un tercio muertos, un tercio expulsados y el otro sometidos. En ese empeño los etarras sacudieron el árbol, dando la cara brutal, extorsionadora y asesina. Pero otros recogían las nueces, como muy bien aclara Andoni Unzalu Garaigordobil: “Cientos de profesores de universidad, miles de funcionarios de la administración pública que se sabían blindados e impunes, han utilizado el terror en beneficio propio. Para ir creando ámbitos de poder político, para acceder en desigualdad a esos puestos públicos, para tomar el control de EITB… Terroristas de salón que nunca han querido cruzar la frontera del riesgo pero que han sido la voz pública del terrorismo en Euskadi. Y lo han hecho en beneficio propio” («Terroristas de salón», Diario Vasco, enero de 2014). Son los ahora empeñados, junto a personas de mejor voluntad y peor información, en el torticeramente llamado «proceso de paz». Consiste en diluir la responsabilidad específicamente antidemocrática del terrorismo en la mermelada semántica del conflicto y las violaciones generales de derechos humanos, con el propósito de no renunciar al ventajismo político que consolidaron gracias a él. Y para ello cuentan con el apoyo de los partidos nacionalistas, la ambivalencia culpable de los socialistas y ocasionales debilidades de los populares vascos, que no quieren verse aislados y tener a todos contra ellos. La doctrina de fondo es que como ETA ya no es peligrosa, ahora la amenaza consiste en la intransigencia de Rajoy, de Madrid, de España. Ahora sí, ya sin mala conciencia, prietas las filas: ¡Sabino y cierra Euskadi! Esto se lo callan los que abogan por hacer pedagogía, como si fuese pedagógico el ocultamiento sectario de la realidad.

De modo que nada de exigir que se esclarezcan los cientos de crímenes aún sin resolver, ni la financiación del terrorismo (antes sabremos de dónde sacó el dinero Bárcenas que ETA). Los presos deben ser acercados a Euskadi y después excarcelados porque, como ha dicho el ex consejero de Justicia Joseba Azkarraga, cuando desaparezca ETA ya no debe haber etarras en prisión, por mucho que hayan matado. Por lo visto, los asesinatos le parecen actos de guerra que deben quedar cancelados al acabar la contienda… Frente a esta dejación sólo se invoca el respeto a las víctimas, como si hubiera que tener carnet de víctima para deplorar que quienes practicaron o dieron cobertura al terrorismo sean los usufructuarios de su cese. Las víctimas reclaman como es de justicia el castigo del daño cometido, pero todos los ciudadanos debemos implicarnos en impedir el daño presente y futuro que acarrea aceptar la exculpación de ETA y la culpabilización del Estado y de quienes colaboraron con él contra la banda.

Mira, Joseba, no me hago muchas ilusiones de que sobre este tema haya en los medios algo más que invectivas partidistas. En la España actual no faltan quienes toman el salvajismo urbano por acción política, pero sobre todo abundan los que confunden la maledicencia con el pensamiento crítico. De ahí el éxito de ciertos programas de radio o televisión y de algunos humoristas convertidos en informadores: los chismes y cuchufletas divierten, pero las ideas dan dolor de cabeza. A los más ilustrados y progres no les saques de su columna semanal contra el Gobierno, salvo para decir que hay separatistas por culpa de la intransigencia de quienes no lo son. ¿Sigo? Recientemente han muerto en Madrid Félix Grande, Carlos París y Luis Aragonés, o sea un poeta, un filósofo y un futbolista. ¿Hace falta que te diga qué fallecimiento abrió los telediarios y en qué tanatorio se agolparon las criaturas ministeriales y demás fuerzas vivas? Así estamos, es el país. Pero a pesar de todo, compañero, ten por seguro que algunos seguiremos recordando quién te asesinó y también por qué y para qué.

El conflicto político

El mejor argumento, entre los muchos existentes, contra la peregrina idea de llamar «conflicto armado» a la agresión terrorista a la democracia que hemos padecido en Euskadi lo ha dado Fernando Aramburu en un reciente artículo en El País. En él señala que muy raro resulta que un «conflicto armado» desaparezca con sólo que uno de los bandos supuestamente enfrentados anuncie el cese definitivo de la violencia. Los conflictos suelen ser cosa de dos, pero aquí por lo visto había un conflicto monoplaza… O sea que era un conflicto armado por unos contra el resto pacífico de los ciudadanos. ¿Era? Ojalá que el futuro no me desmienta la utilización de este pasado…

Naturalmente, los interesados nos recuerdan que subyace todavía un conflicto político que hay que «superar» para que la violencia desaparezca definitivamente. Es una exigencia pintoresca —en todas las democracias hay discrepancias políticas, a veces radicales, pero el «conflicto» empieza cuando unos bárbaros quieren resolverlas a tiros— que el lehendakari ha fomentado, supongo que sin querer, llamando a consultas a los representantes de los grupos políticos tras el comunicado de ETA. ¿Qué tiene que ver el anuncio de unos criminales que renuncian a seguir cometiendo fechorías por la fuerza de las circunstancias con los representantes democráticos de la ciudadanía vasca? Si no se les va a hacer ninguna concesión política que les premie o les reconozca —en eso hemos quedado, ¿no?—, no veo por qué dar una apariencia de cobertura política a ese cambio de actitud que les hemos impuesto.

El cese de la violencia etarra sólo tiene implicaciones para quienes podíamos temerla, hemos llevado escolta, etc… Lo único que cambian son las medidas de seguridad, no las reglas de juego. Y debe recordarse que seguiremos exigiendo que la banda se disuelva, entregue las armas y reconozca los daños causados. En cuanto a cuestiones derivadas, como la situación de los presos, ellos ya saben lo que según el reglamento penitenciario deben hacer individualmente para alcanzar determinados beneficios: más de momento no puede haber. Por cierto, a algunos los miembros de ETA que nos preocupan no son los encarcelados, sino los culpables aún sueltos de los casi trescientos crímenes que quedan por esclarecer.

Pero volvamos a la cuestión política, que en modo alguno justifica o explica el terrorismo (los terroristas nunca pretendieron hacer política sino imponerla) aunque sigue siendo interesante a otros respectos. Es algo que hay que resolver, nos dicen, y estoy de acuerdo: sería estupendo que se resolviese. Según los nacionalistas, lo que hace falta para una solución democrática es que se reconozca la identidad del pueblo vasco como sujeto político y su derecho a la autodeterminación, o sea su derecho a decidir. Aceptado ese planteamiento y sus evidentes consecuencias (mesa política extraparlamentaria, referéndum, etc…), entraremos según ellos en el universo armonioso de la reconciliación efectiva de todos (y todas). Bueno, pues comparto como no puede ser menos ese idílico objetivo, aunque discrepo ligeramente del camino a seguir. Opino, como bastantes otros, que la solución democrática es que los nacionalistas asuman por fin que los ciudadanos vascos comparten con los demás una identidad española que han colaborado históricamente a configurar de modo relevante. Que el derecho a decidir desde su ciudadanía, con los rasgos culturales peculiares y diversos de cada cual, está perfectamente reconocido y vehiculado en el Estatuto y la Constitución sobre el que éste se apoya. En resumen, que lo que hace falta es que de una vez la España democrática tenga su oportunidad institucional y social en el País Vasco, algo precisamente obstaculizado hasta ahora por la coacción terrorista y quienes se han aprovechado de ella para barrer hacia su convento (nunca mejor dicho). A partir de ahí, todo irá sobre ruedas.

¿Hay que aprender a convivir, como aseguran algunos? Es una recomendación bastante ofensiva para la mayoría de los vascos, que hemos convivido y convivimos normalmente con quienes tienen opiniones distintas a las nuestras. Los que han pretendido impedir la convivencia son unos cuantos: los terroristas, los apologetas de los terroristas y los que se han dedicado a embrutecer a los jóvenes a fin de conseguir carne de cañón para el terrorismo. Antes nos vendieron la inevitabilidad del conflicto armado y ahora van a vendernos la del conflicto político, que consiste en presentar su proyecto de país —discutible siempre y a veces delirante— como un derecho inalienable sin cuya aceptación toda paz será incompleta; y exigir diálogo, que en su lenguaje viene a ser sentarse en una mesa servida por ellos y darles resignadamente la razón. Pues va a ser que no. Aquí estamos los que —desde la convivencia, claro— nos esforzaremos por que tampoco esta vez se salgan con la suya.

El legado de ETA

Durante los años de actividad virulenta de ETA, las elecciones en el País Vasco se realizaban evidentemente bajo coacción y por tanto de una forma dudosamente democrática, por decirlo con suavidad. Entre los que se presentaban a ellas, unos se jugaban el escaño y otros se jugaban la vida. La campaña electoral de los partidos no nacionalistas, el PP y el PSE, se desarrollaba aproximadamente con la misma libertad de que gozan los misioneros mormones en Arabia Saudí. Un parlamentario europeo, al que acompañé durante una de ellas, me decía que si comicios así tuvieran lugar en algún país de América o África hasta la Fundación Carter los hubiera considerado inadmisibles. Pero como estábamos solamente en España…

Algunos —pocos, muy pocos— puntillosos reclamábamos que votantes y votables se negarán a participar en semejante juego sucio, para denunciar la situación. Nadie suscribía esta propuesta, ni los más directamente perjudicados ni desde luego los que entre resignados suspiros se beneficiaban de ella. Recusar las elecciones sería «empeorar las cosas», «hacerles el juego», etc… Es curioso que, durante décadas, cualquier iniciativa decidida contra los atropellos del nacionalismo radical, fuese legal, policial, judicial, electoral o lo que ustedes quieran, era inmediatamente tachada de «empeoradora» por quienes se decían, que no nos confundan, contrarios al terrorismo, sus pompas y sus obras (los cómplices la llamaban directamente «fascista», como ahora). Por lo visto, pensamos algunos recalcitrantes, todo era igual de malo: que los terroristas campasen por sus respetos o que institucionalmente se les negase respeto a su campo. Pues vaya.

Puestas así las cosas, bastante gente optaba por irse del País Vasco. No sólo aquellos amenazados directamente por el terrorismo, que huían por instinto de conservación (recordando quizá aquel dictamen de Valle-Inclán: «Hay honor en ser mártir devorado por los leones, pero no coceado por los burros»), sino muchos otros hartos de tener que vivir con cautelas y recelos, ocultando sus adhesiones y sus símbolos políticos para no «provocar», tratados como ciudadanos de segunda en una parte del estado de derecho español en la que por lo visto el estado y el derecho estaban puestos entre paréntesis por los aprendices de tirano y los aprovechateguis que medraban a su sombra. Su «exilio» era más moral que institucional, porque por suerte no tenían que abandonar su patria sino solamente —¡y no es poco!— el lugar donde vivían, que a veces era su tierra natal. No todos se iban por miedo, desde luego, muchos se marcharon por fastidio, por asco o porque no querían que sus hijos fuesen educados en el ambiente enrarecido que les amargaba la vida a ellos. Recuerdo a una pareja de alumnos míos de Zorroaga, euskaldunes y con talento para la filosofía, a los que me encontré años después en Jaén entre el público de una de mis charlas. Cuando les pregunté cómo habían ido a parar allí, el chico me dijo sonriendo: «Porque es lo más diferente a aquello que hemos encontrado…».

Unos se fueron y otros se quedaron: desde fuera de cada historia personal, nadie tiene derecho a juzgar ni a unos ni a otros. Lo evidente es que si el Estado hubiera cumplido eficazmente su obligación de tutelar a los ciudadanos y garantizar sus derechos constitucionales, nadie hubiera tenido que marcharse por miedo: sólo se habrían ido, en todo caso, los que pretendían atemorizar a los demás. Pero claro, como había que intervenir institucionalmente lo menos posible para no «crispar» ni «empeorar» las cosas… Y aun así, menos mal que contábamos con la Constitución y las leyes españolas, con la Audiencia Nacional, con la Guardia Civil y demás fuerzas de seguridad, porque en caso contrario hubiéramos tenido que irnos todos los que no estábamos dispuestos a pasar por el aro ni a callarnos. ¡Que nos hablen a nosotros de independencia, con lo que nos costó mantenernos independientes, a trancas y barrancas, del crimen político con patente de corso durante décadas en Euskadi!

No sé si esa sangría de gente que se marchó podrá repararse ahora, facilitando el voto de los que se fueron amenazados (cualquiera podría sentirse así, aun sin estarlo personalmente, con sólo pasearse por las calles llenas de pintadas, carteles y dianas de su pueblo), o facilitando su empadronamiento de nuevo en Euskadi, o como sea. Supongo que si hay voluntad no es imposible, aunque se presenten obvias dificultades legales. Lo indecente, en cualquier caso, es que se siga contraponiendo desvergonzadamente cómo se ven las cosas «aquí» y en el resto de España, igual que si nadie hubiera tenido que irse de aquí precisamente por verlas como los demás españoles. O que se siga hablando de que esos cambios electorales alteran el censo o son fruto del «resentimiento» de unos cuantos, como si el censo vasco pasado por el cedazo asesino de ETA fuese el único que tiene carta de legitimidad. El fascista croata Ante Pavelic aplicaba a sus enemigos el mecanismo de los tres tercios: un tercio muertos, otro expulsados y otro sometidos. El fascismo de ETA ha pretendido lo mismo en el País Vasco y por lo menos habrá que intentar que no se salga con la suya.

A vueltas con las víctimas

En Euskadi, desde hace mucho —más de lo que todos quisiéramos— hay que estar a favor de ETA o a favor de sus víctimas. Y que cada cual entienda «a favor» como prefiera: exaltando, protegiendo, legitimando, excusando o convirtiéndolas en modelos de ciudadanía. Por supuesto, las víctimas de ETA no son las únicas víctimas del mundo mundial. También hay historiadores de última hora que tratan de disimularlas entre otras víctimas del pasado remoto o próximo, como en esas novelas en las que el criminal intenta ocultar a su víctima entre el resto de cadáveres de la morgue… y a veces procura esconderse él también, permaneciendo inmóvil en una camilla y tapado por una sábana. Les auguro el mismo éxito que a los historiadores revisionistas como Emil Nolde y compañía que a finales del siglo pasado trataron de emboscar las fechorías nazis como reacción, dolorosa sin duda pero comprensible, a las indudables cometidas por el totalitarismo estalinista. Convencieron a pocos, porque la cuestión seguía siendo si había que «comprender» a los nazis o condenarlos sin rodeos, por mucho que hubiese otras conductas también reprobables en aquella época atroz.

Desde luego, no hace falta ser judío ni mucho menos tener familiares liquidados en Auschwitz o Treblinka para repudiar sin subterfugios a los nazis, ni tampoco haber padecido en carne propia o de familiares próximos el zarpazo terrorista para abominar a ETA y rechazar su justificación «patriótica»: basta para ello con tener decencia democrática. Las víctimas directas de esa violencia criminal tienen más motivos personales para pedir justicia, pero no más razones que cualquier otro ciudadano consciente. Y desde luego no pueden ser ellas quienes decidan la política penitenciaria o de otra clase del Gobierno. Pero no por ello debe minimizarse su voz ni ignorarse su testimonio. Cuando en los medios de comunicación se hace una campaña institucional contra los accidentes de tráfico, por ejemplo, suelen incluirse de modo relevante testimonios de quienes los padecieron, fuese por una imprudencia propia o ajena. Nadie considera fuera de lugar que quienes quedaron tetrapléjicos o perdieron familiares en la carretera avisen de los peligros del alcohol al volante, de los excesos de velocidad o de no respetar los ceda el paso, cuyos efectos nocivos conocen en carne propia. Y aunque no sean los accidentados quienes vayan a encargarse de la Dirección General de Tráfico, las autoridades encargadas de ello hacen bien en publicitar sus voces y en atender su reclamación de mayor rigor en la persecución de infracciones de tan graves consecuencias. No creo que nadie les vaya a descalificar llamándoles resentidos ni atribuyendo sus advertencias al deseo de venganza…

Ahora Covite ha decidido llevar al Tribunal Internacional de La Haya la petición de que se actúe contra quienes ellos consideran, con indudable fundamento, responsables principales de delitos que suponen encuadrados entre los atentados contra la humanidad. No tengo competencia para determinar si su demanda tiene suficiente base jurídica en el derecho internacional, aunque el último aspecto señalado —calificar el terrorismo etarra como crimen contra la humanidad— ha recibido recientemente el respaldo de la Audiencia Nacional. Acepte o rechace finalmente el alto tribunal la denuncia de Covite, creo que hacen muy bien en airear a escala europea lo que ETA es, las fechorías que ha cometido y la falsa respetabilidad de que hoy quieren revestirse quienes por su papel dirigente quizá sean más culpables de esos crímenes que los brutos psicópatas que los realizaron materialmente. Cuando los proetarras se mueven tanto internacionalmente y tratan de convencer a bastantes incautos de los que hay sueltos por el mundo (hace poco un acólito de Currin se escandalizaba de que el gobierno español quisiera «humillar» a ETA y en Berlín acaba de presentarse una biografía hagiográfica de Arnaldo Otegi), resulta muy oportuno que las víctimas lleven a cabo una contraprogramación a la misma escala de sus falacias. Aunque no sólo debían ser ellas las empeñadas en esta tarea informativa, sino también las autoridades vascas y en general las del Estado de España.

Parece que se insiste en llevar a víctimas a las aulas del País Vasco, para aleccionamiento de los alumnos. Serán tanto víctimas del terrorismo como de abusos de las fuerzas de seguridad del Estado. El encargado de esa entelequia llamada «proceso de paz», Jonan Fernández, asegura que unas y otras aportan la misma lección útil para la convivencia. Lo siento, pero no es verdad: a menos que se deje bien claro la ralea de quienes cometieron semejantes atrocidades. En un caso los culpables fueron enemigos de la democracia que atentaron contra ella para hacerla imposible, en el otro supuestos defensores de la legalidad democrática que la conculcaron y pervirtieron en contra del mandato institucional que habían recibido. Si debe haber una lección, es la que distinga entre los terroristas que hicieron eficazmente su labor y los guardianes de la ley que traicionaron el encargo que se les había hecho. Aunque, eso sí, tanto unos como otros causaran un sufrimiento injusto que debe ser castigado y que no debe volver a producirse.

Educar con la ley

Desde hace bastante tiempo venimos arrastrando en Euskadi la cuestión de definir y establecer unas actividades de «educación para la paz» en nuestro plan de bachillerato. Por lo visto, es muy complicado lograr un diseño que dé gusto a todo el mundo (lo que no está claro es por qué todo el mundo tiene que meter baza en esta materia y no en la asignatura de geografía o de gimnasia): unos exigen más presencia de víctimas, otros se conforman con menos, los hay que reclaman mayor variedad en el tipo de víctimas que irán a las aulas, etc… Y lo mismo ocurre en lo referente a los contenidos teóricos que deben impartirse y sobre los que tampoco hay demasiado acuerdo. Pasa lo de siempre en nuestro bendito país: no hay nada que suscite más discordia entre nosotros que la definición de la paz.

Desde un punto de vista estrictamente pedagógico, la verdad es que toda esta polémica resulta bastante asombrosa. Que yo sepa, y algún tiempo he dedicado a la cuestión, en todos los países civilizados se educa a niños y adolescentes para que convivan pacíficamente. Aún más: ese objetivo se da por supuesto sin necesidad siquiera de enfatizarlo con especiales técnicas de enseñanza. Se les enseña cuáles son sus derechos y sus deberes en la comunidad que comparten, sin necesidad de recordarles que no deben ejercer la violencia contra sus vecinos ni mostrarles en vivo ejemplos trágicos de lo que ocurre cuando se viola esta norma elemental. Me resisto a creer que los alumnos vascos están hechos de una pasta especial y que tienen más tendencias homicidas que el resto de sus coetáneos. Si tienden a excusar los comportamientos violentos más que otros, será porque algunos adultos se han esforzado en condicionarles perversamente. De modo que lo urgente no es darles argumentos contra la violencia sino dejar de dárselos para la violencia.

Hace pocas semanas, la prensa informaba de un encuentro del diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano, con estudiantes de bachillerato. Por lo visto, el señor Olano les argumentó contra el uso de la violencia y les recordó los padecimientos de las víctimas que causa pero quedó algo sorprendido al ver que los muchachos parecían estar más preocupados por los abusos del Estado y por los males políticos que pueden venirnos de la coalición entre socialistas y populares que por los daños del terrorismo etarra. Comparto desde luego la buena intención pedagógica del diputado general y su preocupación, pero algo menos su sorpresa. Después de todo, él mismo ha creído oportuno poner una placa que califica izar la bandera del Estado del que somos ciudadanos y que él representa como «imposición» legal, dando a entender cierto abuso coactivo de la ley misma. Quizá sean lecciones como ésa las que hayan perturbado el juicio moral y político de algunos neófitos…

A mi juicio, cuando estamos formando a los ciudadanos que han de vivir en un Estado de derecho, la mejor educación para la paz es inculcar el conocimiento y el respeto de las leyes vigentes. Que naturalmente pueden ser modificadas cuando llegue el caso, pero desde lo preceptuado por la misma legislación: nunca cuestionadas o atropelladas desde fuera, como si se tratase de imposiciones antidemocráticas contra los ciudadanos. La paz de la convivencia social que nos interesa no es un estado de ánimo o un mero atributo de la conciencia moral de cada uno, sino el marco de la legalidad legítimamente establecida. Fuera de él, habrá tantas opiniones sobre lo bueno y lo malo, lo injustificado y lo justificable, como individuos y el acuerdo efectivo será un deseo piadoso pero imposible.

De modo que resulta prioritariamente educativo aclarar que quienes pretenden hacer política asesinando y extorsionando están tan fuera de las leyes democráticas como los miembros de las fuerzas del orden público que utilizan procedimientos ilícitos, torturas, malos tratos… contra los sospechosos detenidos (o quienes denuncian falsamente haberlos padecido). No se pueden imponer proyectos políticos por medio del terrorismo ni defender la legalidad vigente con métodos ilegales. Y todo ello es una lección especialmente pertinente ahora, cuando parece que finalmente incluso quienes se han mantenido más tenazmente al margen y en contra de las instituciones democráticas parecen dispuestos a aceptar sin duda forzados por las circunstancias y por la constatación del fracaso de los métodos criminales que deben asumirlas e integrarse en ellas para tratar de convencer a la ciudadanía de la pertinencia de su proyecto político. Que nunca podrá invalidar la legalidad vigente, sino todo lo más aspirar a cambiarla de acuerdo con lo en ella misma establecido.

Puede ser pedagógicamente oportuno que los escolares conozcan de primera mano las vivencias de las víctimas del terrorismo, para que se informen mejor de la historia reciente de su país. Pero esas entrevistas no deben sustituir sino complementar la comprensión de la realidad constitucional en que vivimos y dentro de la cual aspiramos a una convivencia en paz no retórica sino efectiva.

Ampliando el currículum

En este otoño de nuestro descontento, sorprenden más las protestas que no se formulan que las que se manifiestan en la calle. No es raro que la gente muestre aquí y allá su disconformidad contra los recortes que se anuncian en materia de educación o de sanidad, pero resulta chocante la mansedumbre con que se asume el proyecto de que se recorte por vía independentista una parte sustancial del país mismo. Es cierto que el 12 de octubre hubo una manifestación en Barcelona contra tal mutilación, pero en el resto de España parece verse el asunto como algo ajeno, que sólo afecta a los catalanes y todo lo más al Gobierno del Estado. No deja de ser pasmoso que los ciudadanos experimenten como una agresión la merma en determinados servicios públicos pero no en cambio la del propio espacio público que abarca su ciudadanía. Por lo visto, parecen creer que pueden seguir siendo lo que son y gozando de las garantías que ahora tienen aunque pierdan una parte de su territorio nacional sin que nadie les permita decidir al respecto, o sea porque otros han decidido que tienen derecho a decidir que ellos no decidan.

¿A qué se debe tan incomprensible apatía, que ni siquiera es resignación porque ignoran hasta que se están resignando a una pérdida? Busquemos en la educación que han recibido, no sólo en la escuela sino también a través de los medios de comunicación y de los discursos de sus políticos. Se les ha convencido de que su ciudadanía no es española, es decir estatal, sino que está fraccionada en su adhesión a la autonomía en que residen o con la que se identifican. De modo que no son efectivamente ciudadanos españoles, incluso aunque ocasionalmente se declaren tales (a favor de algún éxito deportivo, por ejemplo), sino nativos de tal o cual región o localidad. Cada una de las autonomías es como una porción de queso, aislada por su envoltorio en papel de plata, que comparte un cuadrante en la caja que de momento las guarda a todas. Si alguna o algunas quieren emigrar fuera del estuche común, es cosa que a las demás no las concierne ni las merma… Como siempre han creído que hay que pensar como partes, ni sienten ni padecen por la posibilidad de que se deshaga el conjunto. Les falta una educación cívica (que por lo visto ya nunca tendrán, porque las nuevas leyes educativas la excluyen) no para «españolizarse» sino para enterarse de en qué consiste la ciudadanía española que es suya.

De modo que uno aborda con cierto recelo el proyecto educativo que propone la Consejería de Educación del Gobierno Vasco. La expresión misma de «currículum vasco» ya suena algo pintoresca: me recuerda la broma de Borges respecto a fórmulas como «filosofía argentina», que según él era tan plausible como hablar de “equitación protestante”. El currículum de los estudiantes de la CAV debería prepararles para saber lo universal y convivir en su región, en su Estado, en Europa y en el mundo, sin tachar las etapas que no interesan a la opción más sectaria del nacionalismo. Varios grupos de la oposición han manifestado reservas respecto a un posible «adoctrinamiento ideológico» en las aulas. Confieso que a mí no me asusta tal adoctrinamiento, incluso admito que lo creo imprescindible. Después de todo, proporcionar valores contra la violencia terrorista, de respeto a los que no piensan como uno y de acatamiento de las leyes en que se basa la convivencia civilizada son doctrinales e ideológicos —como sus contrarios— pero imprescindibles en la formación de los neófitos.

El adoctrinamiento rechazable es el que se basa en la falsedad y sustituye la descripción de lo que los estudiantes realmente son en la historia y la política por lo que ciertos ideólogos quisieran que llegaran a ser, presentando como un hecho inalienable y actual lo que es el proyecto —todo lo legítimo que se quiera, desde luego— de ciertos partidos. Los alumnos de la CAV tienen que ser conscientes de la realidad cultural y lingüística plural en que viven, pero no deben ser sugestionados para creerse parte de un Pueblo mítico y prepolítico que sólo accidentalmente tiene que ver con los Estados realmente existentes. Mañana serán lo que resulte del devenir histórico del que forman parte, pero para que puedan participar en él con fundamento el primer requisito es que no se les falseen las garantías, derechos y obligaciones de la ciudadanía que hoy efectivamente ejercen.

Un punto a reforzar en el currículum, ya que buscamos la excelencia democrática, es el laicismo: las creencias religiosas son un derecho de cada cual pero no una obligación de nadie y aún menos de la escuela pública de todos. Los quince puntos de la «Carta de la laicidad» que se ha puesto en lugar visible en todas las escuelas de Francia podría servirnos de orientación en esta cuestión. Sobre todo porque no se refiere simplemente a la necesaria neutralidad religiosa que protege a los alumnos contra cualquier proselitismo sino que afirma que «todos los estudiantes tienen garantizado el acceso a una cultura común y compartida». O sea que no se les relativiza ni se les regatea el alcance de su ciudadanía.

El silencio y los silenciados

Hace una década, a raíz del reconocimiento de Günter Grass de que en su primera juventud había militado en las SS nazis, hubo cierta polémica en Alemania sobre las complicidades con el régimen hitleriano. Llegó a decirse que todo el mundo en la época había incurrido en ellas, fuese por ofuscamiento juvenil, por miedo o simplemente por desinterés de la cosa pública. El periodista e historiador Joachim Fest publicó entonces unas memorias tituladas sencillamente: Ich Nicht (Yo no).

Lo recordé al terminar de leer el artículo de Pello Salaburu «La vergüenza de nuestro silencio» (Diario Vasco, 4-12-2011). En él mi antiguo rector sostenía, con razón, que «los intelectuales —tampoco la Iglesia, no la olvidemos— han sido incapaces en su conjunto de alzar la voz contra ETA cuando había que haberlo hecho». Se refería a escritores, profesores e intelectuales vascos, desde luego, y señalaba que «ha habido excepciones, pero las excepciones no hacen sino acentuar el silencio de la mayoría». En efecto algunos, como el propio Salaburu, podrían decir «yo no» a la hora de rememorar esa época de oprobio, pero son lamentablemente pocos. Y ya no me refiero solamente a intelectuales sino a los ciudadanos en general, de todas las condiciones y oficios, sobre todo a los de mayor relieve social como cocineros, deportistas, actores, etc…

Lo que faltaba en el artículo de Salaburu era recordar lo que fue de esos que no guardaron silencio ni miraron para otro lado. Porque por lo general no lo pasaron demasiado bien. Y no me refiero ahora precisamente a quienes pagaron con sangre su atrevimiento honroso sino a los que padecieron exclusión, hostigamiento y en muchos casos exilio. Ahora que acaba de morir el noble Václav Havel, es oportuno recordar que durante su presidencia se alzó un monumento en un jardín de Praga dedicado a las víctimas de la dictadura comunista. La placa que lo acompaña dice que no sólo se rememora allí a quienes fueron asesinados por el régimen totalitario, sino también a todos aquellos que vieron sus vidas cotidianas, su trabajo y sus proyectos personales destrozados por el terror establecido. Cuando se haga el debido homenaje a las víctimas de ETA, además de no mezclarlas con otras diferentes reales o supuestas, será preciso referirse también a quienes por enfrentarse al terrorismo cuando casi nadie lo hacía padecieron del modo señalado en el monumento checo. Y lo peor es que si hoy recuerdan en voz alta cuanto penaron son considerados por mucha «buena gente» (lo que antes se llamaba «gentuza») como aguafiestas de los felices tiempos nuevos en que vivimos… decretados por los que nos amargaron en el pasado.

Hubo quien tuvo que mudarse, para respirar mejor, desde localidades menores a alguna de las capitales vascas; y otros, dentro de la propia capital, tuvieron que cambiar de su barrio a otros menos invadidos por el matonismo de los intolerantes, como le pasó a la librería Lagun. Muchos tuvieron pura y simplemente que exiliarse, para tener la posibilidad de trabajar en paz o incluso de conservar su integridad física. ¿Quién podría reprochárselo? Es difícil seguir dando clase con calma en la universidad cuando a uno le ponen una bomba en el ascensor que utiliza para ir al aula, como le pasó a Edurne Uriarte… Algunos aficionados a las encuestas, no siempre desinteresados, señalan que respecto al cese de la violencia etarra, las conversaciones de Eguiguren con Otegi y compañía, etc… hay percepciones distintas en Euskadi y en el resto de España. Se les olvida mencionar que en ese «resto de España» viven hoy miles de vascos que tuvieron que dejar su casa por mantener opiniones distintas a las que querían imponer algunos de los que se quedaron, avasallando a sus conciudadanos. Recuperar sus voces para equilibrar el panorama político y dar que pensar a quienes pretenden ahora hablar en nombre de «la sociedad vasca» es una elemental exigencia democrática.

Porque aún hay quien quiere silenciar a los que no guardaron culpable silencio y eso no sólo pasa en el País Vasco. Por ejemplo Aurelio Arteta, uno de los que pueden decir con pleno derecho «yo no», publicó hace meses un excelente estudio titulado Mal consentido. La complicidad del espectador indiferente (Alianza Editorial, 2010). Trata de los diversos subterfugios con los que disculpan su complicidad moral quienes asisten sin intervenir ni protestar a las fechorías que se cometen a su lado. La obra no se centra en modo alguno en lo ocurrido en el País Vasco, que menciona sólo ocasionalmente junto a otros ejemplos de esta dimisión ética tan lamentablemente frecuente. Pues bien, el libro quedó entre los finalistas para aspirar al Premio Nacional de Ensayo. En las deliberaciones —que son reservadas pero siempre llegan a conocerse—, su candidatura fue postergada porque según algunos miembros del jurado la obra podía «crispar» y no colaboraba con los vientos políticos que hoy soplan en Euskadi… De modo que ya ven ustedes cómo están las cosas, en la política y en la moral. Sigue por lo visto el tiempo de silencio.

Ética por los suelos

Cualquiera que oiga desde lejos lo mucho que se habla actualmente en Euskadi de consolidar la paz, ponencias de paz, comisiones parlamentarias para diseñar la paz, etc… puede suponer que estamos en una situación bélica o de tregua amenazada entre dos batallas. Pero la sencilla realidad es que aquí vivimos en lo que se llama «paz» en toda tierra de vecinos: tenemos instituciones democráticas que funcionan —regular, como en los demás sitios—, unas leyes discutidas pero vigentes, una población ideológicamente diversa que convive con mayor o menor armonía, preocupada por la crisis económica y la pérdida de puestos de trabajo, una capacidad productiva que sin duda ha conocido épocas mejores aunque todavía sigue siendo envidiable para otras regiones españolas y europeas, etc… Desde luego, nuestra organización terrorista autóctona aún no ha entregado las armas ni aceptado su disolución definitiva, pero últimamente sólo aparece en la prensa cuando detienen a sus residuales efectivos, no cuando comete atentados. Aún cuenta con simpatizantes en las calles y con representantes políticos que les son próximos y favorecen su nostálgica exaltación, pero peor es lo de la Mafia o la Camorra y nadie dice que Italia no esté en paz. De modo que tampoco parece que deberíamos agobiarnos tanto.

Los que se han metido en el enredo de la ponencia de paz tropiezan, entre otras cosas, con el tema de establecer institucionalmente la memoria de lo acontecido. Es un asunto extraordinariamente confuso, como ocurre en todos los intentos de establecer por ley una «memoria histórica». Lleva a contradicciones insolubles: este verano me pareció oír que Patxi Zabaleta abogaba por una amnistía de los terroristas pero sin olvido de lo ocurrido, cuando resulta que «amnistía» significa precisamente «olvido», al menos para quienes recordamos un poco del griego que aprendimos en el colegio… cuando en los colegios se enseñaba griego, claro. La verdad es que la memoria y la historia no son ni mucho menos lo mismo y tratar de homogeneizarlas por decreto o por acuerdo político es cosa estrictamente imposible y probablemente indeseable. Lo explicó muy bien el maestro Tony Judt, al que me permito citar en extenso porque merece la pena: «Yo creo profundamente en la diferencia entre la historia y la memoria; permitir que la memoria sustituya a la historia es peligroso. Mientras que la historia adopta necesariamente la forma de un registro, continuamente reescrito y revaluado a la luz de evidencias antiguas y nuevas, la memora se asocia a unos propósitos públicos, no intelectuales: un parque temático, un memorial, un museo, un edificio, un programa de televisión, un acontecimiento, un día, una bandera. Estas manifestaciones mnemónicas del pasado son inevitablemente parciales, insuficientes, selectivas; los encargados de elaborarlas se ven antes o después obligados a contar verdades a medias o incluso mentiras descaradas, a veces con la mejor de las intenciones, otras veces no. En todo caso, no pueden sustituir a la historia» (en Pensar el siglo XX, Editorial Taurus, 2012). Moraleja: es mejor que establecer las frágiles y dolientes verdades del pasado sea tarea de los historiadores y no resultado de conveniencias políticas. Por lo demás, la memoria que cada cual guarda de lo que ha vivido nunca puede ser sustituida por decreto.

Por lo visto, la ponencia de paz y convivencia tiene un suelo cuya moqueta es la ética. Es deseable que quienes vayan a pisar ahí lo hagan con los zapatos bien limpios de barro antiguo y sobre todo de sangre seca. Pero no es fácil determinar qué novedades va a aportar esa moqueta, tan importante y discutida. ¿Qué otra cosa va a decir la ética, sino que los asesinatos, la extorsión, la intimidación, la tortura, etc… son inmorales y van contra la decencia humana, por no hablar de la democracia? Francamente, para establecer esa conclusión no hace falta una comisión parlamentaria. ¿Servirá en cambio la ponencia para relativizar la ética que conocemos ya, para decir que esos atropellos estuvieron más o menos justificados por las circunstancias, que a nadie se le puede hacer sentir culpable puesto que tantos culpables hubo, que como todos somos pecadores —¡incluso el Papa, ay Dios mío!— más vale que nos olvidemos de llamar pecados a los pecados? Llegar a esa conclusión no sería establecer un suelo ético sino ver la ética por los suelos. Según la cofradía bildutarra, en el País Vasco las últimas décadas no ha ocurrido nada de especial: hay víctimas de la Guerra Civil, de abusos policiales, violencia de género, etc… como en otros lugares. Es verdad que también ha habido terrorismo, una lacra no tan común en el resto del país, pero esa especialidad local hay que considerarla dentro del conjunto de los males globales. O sea que tampoco ha sido para tanto y presoak kalera, que es a donde queríamos llegar…

Francamente, todo este esfuerzo por poner un remiendo acomodaticio a la realidad desgarrada a sangre y fuego suena a «pasión inútil», como diría Sartre. La sociedad vasca tiene leyes, instituciones democráticas y muchos problemas que resolver en el presente y en el futuro como para ocuparse tanto del pasado. La única novedad no ética sino política que nos convendría a todos sería la desaparición completa y definitiva de ETA, pero eso no puede decidirlo ninguna ponencia parlamentaria por bienintencionada que sea.

Faena de aliño

En la pasada Semana Grande donostiarra, la primera diseñada por el equipo municipal de Bildu, la apuesta central y más innovadora era el concurso de ensaladas con productos autóctonos, puesta en práctica festiva de la «soberanía alimentaria» que la coalición lleva en su programa. La competición estaba abierta a parejas jóvenes y atrajo ni más ni menos que a ocho, es decir una respetable multitud de dieciséis personas. No sé quiénes se alzaron con el triunfo, pero estoy seguro de que el jurado tuvo la deliberación difícil entre tan excelentes obras de arte vegetales. Por esos mismos días, en la plaza de Illumbe se celebró la habitual feria taurina, que atrajo como todos los años a varios miles de personas. En vista de lo cual y atendiendo al sentir popular, el alcalde ha decidido suprimir las corridas de toros y perpetuar los concursos de ensaladas.

No voy a entrar de nuevo en el debate en torno a la fiesta taurina. Sabemos que cuenta con adversarios elocuentes y algunos reinsertados de última hora, como prueba el reciente artículo de Ferlosio publicado aquí mismo (aunque, por ser a contraestilo, el resultado de este pentimento recuerda un poco al eccehomo de Borja). Y por supuesto aún menos entraré en si se trata de una fiesta «española» o «vasca», como si lo uno se opusiera a lo otro, resistiéndome a mencionar tantos apellidos vascos con olor a dehesa que se me vienen a la cabeza (por ejemplo «Miura», ¿les suena?). Además, dado que el surf viene del Pacífico, los fuegos artificiales de China y las alubias de Centroamérica, suprimir todo lo que no tiene origen vasco empobrecería definitivamente la Aste Nagusia. De modo que abandonemos por ahora los toros a su suerte: si sobreviven a Adrien Brody haciendo de Manolete, es que ya nada puede acabar con la fiesta.

Pero lo ocurrido este verano en Donosti me parece una metáfora de lo que ha conseguido el radicalismo nacionalista en Euskadi y de lo que espera conseguir. Primero, los modos. El Parlamento catalán abolió las corridas tras un debate, todo lo trucado que se quiera, pero en el que se cubrieron las apariencias. En cambio el alcalde de San Sebastián, por sí y ante sí, ha decidido que un espacio público construido para coso taurino sea dedicado a partir de ahora al baloncesto, los conciertos, las ensaladas o lo que él quiera. No ha cometido el error de su colega de Cestona, también de Bildu, que hizo un referéndum en la localidad sobre la supresión de las corridas y obtuvo una respuesta negativa de los ciudadanos, incluidos muchos votantes de Bildu. «Le está bien empleado, por preguntar», debió pensar el alcalde donostiarra. Cuando uno ya sabe lo que la gente debe querer, ¿para qué perder el tiempo preguntándoselo y darles así la oportunidad de equivocarse? Lo que hay que hacer es «normalizar» la vida común, es decir, que la gente deje de empeñarse en sus gustos retrógrados y españolistas, en elegir la lengua que prefiere hablar o en la que quiere educar a sus hijos, en los triunfos deportivos que celebra o en los símbolos que exhibe y se aficione a la ensalada aliñada al gusto abertzale, aunque esa norma se la impongan dieciséis a diez mil o a cien mil. Es lo que la señora Mintegi, candidata a lehendakari por Bildu, llama «su talante democrático».

Para eso han servido los años de domesticación a sangre y fuego que los etarras —herederos en los métodos y en gran parte de los modelos ideológicos de la dictadura franquista— han impuesto a nuestra sociedad. Para que sus conmilitones ocupen el espacio público, por pocos que sean, y los demás, los muchos más demás, rezonguen pero no se atrevan a hacerse visibles. Bien claro ha quedado durante las concentraciones frente al hospital en que estaba internado Bolinaga: podían ser sólo cuarenta o cincuenta, aunque los demás pesaban menos —fuesen cuantos fuesen— porque no se atrevían a salir de casa. Y lo mismo ha ocurrido con la disciplinada manifestación exigiendo la liberación de los presos enfermos, pues por lo visto la mala salud da derecho no sólo a cuidados médicos sino a la libertad. Con que sean dos mil los que protestan ya se convierten en la totalidad del pueblo vasco, porque nadie va a disputarles la calle. Pero es que además han logrado imponer su lenguaje incluso a quienes se sienten alejados de sus planteamientos ideológicos: estamos en un «proceso de paz», un «tiempo nuevo», todos debemos «dar pasos en la buena dirección», deben respetarse los derechos humanos conculcados de los «presos políticos» y acabar con la política penitenciaria «represiva» (debe haber otra con fines lúdicos o algo así), hay que denunciar «el resentimiento» y «las ansias de venganza» de ciertas víctimas, etc… Se habla mucho de construir el relato colectivo de la memoria, que vaya usted a saber lo que es, pero no se recuerda suficientemente que los pasos en la buena dirección para acabar con la violencia y el enfrentamiento civil los dieron ya hace treinta y cinco años la mayoría de los españoles, salvo los etarras y sus servicios auxiliares. Que siguen sin darlos, pero reclamándolos a los demás.

Y eso no lo ha remediado, lamentablemente, el Gobierno socialista en la CAV, apoyado por el PP vasco, que tantos acogimos con gran esperanza y que yo aún sigo pensando que —al menos en sus comienzos— supuso un esbozo de progreso aunque fuera insuficiente. Como en otras ocasiones pasadas, los socialistas vascos sólo parecen esforzarse en poner sordina o retrasar los avances del nacionalismo, pero sin plantear realmente un modelo alternativo. Ofrecen los mismos platos identitarios que los nacionalistas, aunque en raciones de menú infantil. Eso debe ser el nacionalismo no sabiniano de Eguiguren, que a los no nacionalistas nos gusta tan poco como el otro y a los nacionalistas, claro, mucho menos que el suyo… como temo que se verá en las próximas elecciones. Se dice que hay que evitar el enfrentamiento dentro de la comunidad, pero no veo por qué para convivir sin violencia es preciso que quienes creen que los vascos formamos parte de una España plural pero unida atenúen o enmascaren su forma de pensar hasta hacerla casi clandestina. O deban aceptar junto a su filiación española medidas políticas reaccionarias en materia de educación, aborto, economía, etc… Ya es hora de que la España progresista tenga voz política en el País Vasco sin renunciar ni al progresismo ni a España.

Sin embargo todo parece indicar que los gestores de la herencia de ETA van a seguir cada vez más activos, mientras gran parte de la sociedad se resigna como antes a una invisibilidad permanente, sea por miedo retrospectivo, pereza, oportunismo o resignación. Lo malo no es que haya o no haya toros, sino que muchos debamos acabar aliñando esa ensalada que no nos gusta pero de la que tendremos que comer luego, nos apetezca o no. Menuda faena.

Los complacientes

Evidentemente España no ha tenido acierto o suerte al explicar a los observadores extranjeros el terrorismo de ETA. Pero quizá es que ha tropezado en muchas ocasiones con la aplicación mecánica por parte de ellos de un estereotipo que concede a los grupos subversivos violentos de ideología nacionalista radical el beneficio de suponerles víctimas de una opresión colonial. Algo así como un «síndrome Frantz Fanon», que los convierte en parientes de «los condenados de la tierra» aunque se parezcan poco o nada en su realidad histórica a quienes defendió el escritor de Martinica. Es el caso de ETA, cuyo separatismo nada tiene que ver con la lucha anticolonial y sí en cambio mucho con el intento totalitario de imponer un modelo identitario tribal que desguace el pluralismo democrático del Estado de derecho español. No todos los observadores extranjeros, desde luego, simpatizan con los métodos de los terroristas (crímenes, amenazas y extorsión), pero con frecuencia han conservado un aprecio por los fines buscados por tales vías o al menos cierta comprensión por quienes así decían defender libertades y derechos políticos.

Este malentendido, que ha llevado durante décadas a ignorar o minimizar la sanguinaria agresión etarra contra la entonces incipiente democracia española, se agudiza ahora que la banda ha debido finalmente renunciar a la violencia activa —aunque sin arrepentirse de haberla ejercido ni resignarse a su disolución— gracias a la firmeza de las fuerzas del orden y de las instituciones legalmente constituidas. A pesar de que hoy en el País Vasco, como en el resto de España, está vigente un orden constitucional que acepta a todos los partidos políticos, incluso a los herederos directos de ETA que se niegan a condenar el terrorismo y ensalzan a los etarras, se sigue insistiendo en la necesidad de un «proceso de paz» que iguala las responsabilidades de la banda asesina y el Estado de derecho. De lo que se trata finalmente es de lograr como recompensa por el abandono de la violencia una amnistía general de los delincuentes por terrorismo, el cese de la búsqueda de responsables de los cientos de asesinatos aún por esclarecer y un lavado de cara democrático que refuerce el estatuto político de quienes pretenden ahora alcanzar renunciando a la violencia lo que hasta ayer mismo intentaron conseguir con ella. Con este fin buscan apoyos en la comunidad internacional, suponiendo a muchos de sus representantes poseídos del citado «síndrome Fanon».

Acaban de lograrlo en México, donde en el curso de un «Encuentro continental por la paz en el País Vasco», han conseguido el respaldo de trece ex presidentes latinoamericanos y otras personalidades para solicitar «libertad para el País Vasco», acabar con la lógica de «la fuerza y la confrontación», así como excarcelar a «los presos políticos». Es de suponer la buena fe, aunque autocomplaciente y desinformada, de buena parte de tales abajofirmantes (aunque sobre algunos tengo mis reservas). Pero tal despliegue de nociva buena voluntad no deja de ser hiriente para quienes sí que hemos luchado por la libertad del País Vasco contra el terrorismo que pretendía esclavizarlo. Y aún más para los que muchas veces hemos defendido a esos mismos gobernantes latinoamericanos contra el prejuicio español y europeo que convertía cualquier banda de encapuchados o guerrilleros en héroes salvadores de la democracia en sus países. Podíamos esperar de tales prebostes una honradez más consecuente y menos deseos de salir favorecidos en la foto manipulada de la paz.

Fuera del área

Después del llanto y crujir de dientes producido por el fallo del Tribunal de Estrasburgo, bastante justificados, conviene recuperar la compostura y recordar unas cuantas cosas que ayuden a superar la tendencia patriótica a la autoflagelación (y de paso cuestionen el júbilo de los proetarras y asimilados, a los cuales podíamos hacerles la misma pregunta que a la hiena necrófaga: «¿De qué coño se ríen?»). La llamada doctrina Parot no ha sido tumbada ni desautorizada y sigue siendo tan razonable como siempre. Es una respuesta lógica a la necesidad de adecuar proporcionalmente la pena al delito cometido. No tendría ningún sentido condenar a un asesino a miles de años de cárcel si la remisión de su condena a todos los efectos sólo pudiera operar sobre los treinta años —ahora cuarenta— de cumplimiento máximo de la pena. Ya sabemos que nadie va a estar mil años encarcelado, pero esa enorme condena no puede tener otro objetivo que garantizar que los beneficios penitenciarios que puedan corresponder al reo no abreviarán su estancia en prisión como si sus delitos fueran de menor cuantía. Por supuesto todo el mundo tiene derecho a rehabilitarse, pero el primer paso de la rehabilitación es aceptar la responsabilidad penal por los crímenes cometidos. El resto llegará cuando toque. Por ejemplo, si alguien que ha matado a una docena de personas cree que está en la cárcel como preso político es que aún no ha empezado a rehabilitarse: ni él ni quienes le apoyan en semejante disparate. Sobra decir que esta exigencia de adecuación del castigo a la culpa nada tiene que ver con la venganza, salvo que aceptemos que toda justicia tiene su parte de venganza domesticada, lo cual no deja de ser un tema de reflexión filosófica interesante.

Lo que el Tribunal de Estrasburgo ha derogado es la posibilidad de aplicar esta medida razonable de modo retroactivo. Su fallo está jurídicamente bien fundamentado, según los que entienden de eso, aunque no era inevitable ni el único posible. La irretroactividad de las penas es un principio jurídico fundamental, pero en este caso no se trata de que la pena se alargue retroactivamente sino que se computan de manera distinta los beneficios penitenciarios que el reo ha ido acumulando y puede acumular en el futuro, algo que podría aceptarse sin renunciar al principio de irretroactividad (véase, por ejemplo, «La doctrina Parot», de Javier Tajadura, Claves de razón práctica, n.º 222, mayo-junio de 2012). En esta ocasión el alto tribunal europeo ha dado prioridad a suprimir cualquier sospecha de irretroactividad pero aceptando en cambio poner en solfa la proporcionalidad de la pena al delito: de los dos principios fundamentales comprometidos ha elegido uno en detrimento del otro, aunque es evidente que hubiera podido decidir de modo opuesto sin que su fallo dejara de estar también competentemente motivado. Para ese tipo de opciones comprometidas y comprometedoras están los tribunales: si no bastaría con introducir los datos en una computadora y esperar su cálculo invariable. Y desde luego el dictamen del tribunal debe ser cumplido en su debido modo y manera por nuestras autoridades, no porque España haya violado los derechos humanos de nadie sino porque ha firmado unos convenios jurídicos europeos. Los tribunales son árbitros y aunque los árbitros puedan equivocarse y tomar decisiones erróneas, sin ellos no hay partido. Han pitado penalti y por injusto que a algunos nos parezca debemos acatarlo…

A fin de cuentas, podemos enorgullecernos de que España no ha sido castigada por tener una legislación atroz sino al contrario, por no haber aceptado la legislación más dura vigente en otros lugares. Junto con Portugal, España es prácticamente el único país de la Unión Europea que no tiene cadena perpetua, sea revisable o no. Muchos nos alegramos de ello y queremos que siga siendo así, pero en casos como el que nos ocupa comprendemos la comodidad que ofrece a los jueces esa condena a perpetuidad. Nadie puede creer que un criminal que hubiese causado decenas de víctimas en las fuerzas de seguridad de Inglaterra o Francia iba a salir en libertad tras veinte años de cárcel, ni tras cuarenta ni probablemente nunca. Es cierto que esas condenas son revisables y que se tiene en cuenta el arrepentimiento del recluso, pero tal arrepentimiento nada tiene que ver con un pesar de corazón por las fechorías cometidas, sino que exige demostrarse colaborando activamente con la policía para detener a los cómplices o esclarecer otros delitos. Los pentiti de la Mafia italiana no se limitan a llorar sus pecados sino que denuncian y dan testimonio contra los capos: así se salvan a veces de la cadena perpetua. Por eso no hace mucho dieciocho condenados a reclusión de por vida en Francia pidieron que para ellos se reimplantase la pena de muerte: porque sus delitos atroces no eran del tipo que permite delatar a jefes o cómplices y por tanto no les cabía esperar razonablemente abreviamiento de su prisión. En nuestro país las cosas están establecidas de otro modo, hemos intentado compensarlo con medidas suplementarias y nos han pitado fuera de área jueces representantes de los países que no se andan con tantas contemplaciones.

Y ahora volvamos a una cuestión más de fondo. Es evidente que España, el último país de Europa que ha padecido un largo y sanguinario terrorismo que ha amenazado seriamente el desarrollo de su democracia, podía esperar una comprensión distinta de los países europeos que durante décadas permanecieron ajenos a nuestra tribulación, miraron para otro lado o hasta mostraron mayor tolerancia social para los criminales que para sus víctimas. Algo no hemos debido explicar bien, no sólo en Europa sino en América, cuando hace pocas semanas se reunía en México bajo la interesada batuta de Lokarri, un encuentro continental por el asentamiento de la paz en el País Vasco en el que volvía a hablarse de «libertad para el País Vasco», «presos políticos» y se mantenía seriamente que «ya es hora de que el País Vasco y España vivan como buenos vecinos», rematándolo todo que firmasen en apoyo del Acuerdo de Aiete una serie de ex presidentes americanos tan estimables como Belisario Betancur, Ricardo Lagos, Julio María Sanguinetti y otros. Sin duda es un efecto más de ese buenismo que no consiste en hacer el bien sino en quedar bien, pero aun así no deja de sorprender tan abominable despiste. Supongo que de nada servirá recomendarles a ellos y a otros —incluyendo españoles, desde luego, cuya buena voluntad en casos como éste ya es más difícil suponer— un repaso de lo que ha sucedido en el País Vasco y de lo que pasa ahora como el que lleva a cabo Teo Uriarte en su reciente libro Tiempo de canallas. La democracia ante el fin de ETA (Ikusager Ediciones, 2013). Recuérdalo tú y recuérdaselo a otros, como se ha dicho en ocasiones semejantes…

Marcando el paso

No faltan objeciones de varios tipos que pueden hacerse al último comunicado del colectivo de presos etarras, pero una desde luego está fuera de lugar: la de insinceridad. De modo que no entiendo por qué algunos dicen que no les creerán salvo que pasen de las palabras a los hechos, etc… ¡Pero si hablan con el corazón en la mano! ¡Pero si no ocultan ni lo que pretenden ni lo que son, a diferencia por cierto de la mayoría de quienes les glosan! De lo que llena el pecho habla la boca. No menos de cuatro veces lo dicen con todas sus letras: «posibilitar nuestra vuelta a casa…», «nuestro proceso de vuelta a casa…», «el proceso que culmine con nuestra vuelta a casa…», «un amplio consenso que posibilite nuestro regreso a casa…». Desde E.T., nadie había invocado el retorno al hogar con tanto anhelo. Es natural, porque ver ya en la calle a los beneficiados por la anulación de la aplicación retrospectiva de la doctrina Parot les recuerda que su condición actual es bastante menos risueña. Para ellos no va a haber ningún milagro de Estrasburgo y como no espabilen les va a tocar cumplir íntegras largas condenas. De modo que llega la hora de que cada cual trate de aliviar su situación como mejor pueda, aunque sea haciendo concesiones que ayer el alto mando prohibía. Puede que el primero que consiguió la condicional recurriendo a ellas quedase como un traidor, pero sin duda el último que salga va a quedar como un imbécil…

Por el momento, sin embargo, la apelación a soluciones individuales se ha tomado colectivamente, o sea sin romper con el equipo siniestro. Y se mantiene intacto el habitual discurso legitimador de la violencia terrorista: lo que les ha llevado a la cárcel «fue la lucha por la libertad política y social de nuestro pueblo» y siguen considerándose «rehenes de los Estados español y francés y a través de sus funcionarios sufrimos a diario el acoso del sistema carcelario construido para aniquilarnos tanto a nosotros como a nuestros familiares y amigos». De modo que para víctimas, ellos… aunque a los excarcelados tras cumplir largas condenas no se les note afortunadamente el aniquilamiento tanto como sería de temer. Por supuesto, se consideran y reivindican su condición de presos políticos. ¿Que han matado a dos, a tres o a catorce? Bueno, pero ellos están entre rejas por política y nada más. Si ahora reconocen el sufrimiento y el daño «multilateral» causado «como consecuencia del conflicto» no es para echar las campanas al vuelo. Las bombas lapa y los tiros en la nuca siempre pretenden causar dolor y no sanear el medio ambiente o hacer amigos, eso lo saben los terroristas mejor que nadie. La novedad hubiera sido admitir que ese daño fue injusto y antidemocrático, además de criminal. Pero de eso nada, porque fue «el método utilizado en el pasado para hacer frente a la imposición, represión y vulneración de derechos». O sea que fue en defensa propia. Eso sí, ahora se comprometen a renunciar a dicho «método» porque ETA lo ha decidido así y también porque como están en la cárcel y deseando volver a casa no parece aconsejable ponerse antipáticos.

¿Significa este comunicado un paso en la buena dirección? Si esa dirección es la puerta de la calle para abandonar la prisión, ellos creen que sí y puede que tengan razón. Con el mismo objetivo están dispuestos a dar los pasos legales requeridos «aunque ello, para nosotros, conlleve implícitamente la aceptación de nuestra condena». O sea que están dispuestos a asumir la condena siempre que ello les ayude a dejar cuanto antes de cumplirla. Algo es algo, dirán algunos. Ya no pretenden echar un pulso al Estado y forzarle la mano, confiando en el hostigamiento armado en el exterior, porque el primo del Zumosol (y del amonal) ha optado por la jubilación anticipada. Mejor así, desde luego, porque el planteamiento incluye reconocer que por las malas tienen perdida la partida y que es mejor optar por las buenas, aunque sean buenas sólo a medias y envueltas en retórica de autobombo. Sin cortarse un pelo hacen un llamamiento «a la ciudadanía, instituciones, agentes sociales y partidos políticos para buscar un amplio consenso que posibilite nuestro regreso a casa, enmarcado en un proceso integral, que no ponga en cuestión nuestro carácter ni dignidad política». Vaya, que toda la sociedad vasca deje de entretenerse en nimiedades y se concentre en resolverles la papeleta, aunque sin cuestionar la heroica limpieza de su historial. Para ellos, claro está, no hay nada más urgente y prioritario. En fin, qué le vamos a hacer, de ilusiones vive el hombre…

Aunque los presos etarras y servicios auxiliares sigan viviendo en su propio mundo, en el que no han introducido más modificaciones que las impuestas por los reiterados coscorrones de quienes defienden la legalidad democrática vigente, los demás haremos bien en no perder de vista la realidad política y los riesgos que afrontamos. Si hay reclusos que aceptan individualmente los requisitos legales para mejorar de grado penitenciario o tener otros beneficios similares, pues que sea lo que los jueces del caso decidan. Pero sin olvidar lo importante que sería su colaboración para esclarecer los cientos de crímenes aún sin culpables reconocidos y también los entresijos de la financiación por extorsión o complicidad de la banda todos estos años. Sin duda será una buena noticia que ETA decida por fin entregar las armas y disolverse definitivamente, pero eso no cambiará el hecho de que quien ha cometido asesinatos debe purgar la pena adecuada a su delito. La excusa política sólo es válida en las alucinaciones de quienes se vieron arrastrados por ella a cometer barbaridades.

La reinserción social es uno de los objetivos del castigo penal, sin duda, pero siempre que no exija una sociedad de acuerdo con las fechorías de quienes van a integrarse en ella. Si la normalidad social en la que pretenden reinsertarse tiene que ser la que niega el carácter criminal de sus delitos (por ejemplo, la representada por esos grupos que el otro día acogieron a la AVT al grito de «¡los nuestros a casa, los vuestros al hoyo!»), la supuesta reinserción no es más que una farsa perversa. El daño injusto que causaron los terroristas a la convivencia democrática, lo reconozcan ellos así o no, es lo que les ha llevado a prisión y ha sido castigado legalmente: pero lo que más debe preocuparnos ahora es el daño que pueden causar en el futuro a la sociedad, las instituciones y el orden constitucional si medidas oportunistas o apresuradas de la justicia sirven para confirmar la condición política de sus crímenes y para indirectamente refrendar el discurso que les exculpa o hasta les glorifica por ellos.

¡Y lo llaman venganza!

Quizá fuese inevitable en un drama tan complejo y manchado de sangre, pero lo evidente es que en este difícil y previsiblemente largo desenlace del terrorismo etarra se están mezclando hasta la asfixia las cuestiones psicológicas o morales con las legales y las políticas. No siempre esa confusión es inocente: se hacen malabarismos con los buenos sentimientos para ocultar la dejación de los principios y se culpabiliza a las personas para disculpar de antemano los apaños partidistas. Los que tanto se quejaron ayer si se les llamaba traidores ahora han decretado que no hay más traidores que los que aún se quejan.

¿Encuentros espontáneos o institucionalmente alentados entre víctimas y criminales, o entre las víctimas de diversos tipos de criminalidad? Si pueden ayudar en sus cuitas a personas que sufren o aliviar alguna conciencia atribulada, adelante con ellos. Pero lo inaceptable es la privatización de las culpas (muy a la moda de nuestra época tan privatizadora y enemiga del espíritu público), como si los delitos cometidos fuesen agravios o malentendidos interpersonales, casi íntimos. Estamos hablando de transgresiones graves de las leyes en que se funda el Estado de derecho, motivadas ideológicamente por el deseo de agredir a las instituciones democráticas y por tanto de atentados contra la paz social, no solamente de ofensas individuales. Ha habido víctimas de carne y sangre, con nombres y apellidos, pero junto a cada una de esas víctimas de primer grado fuimos también víctimas todos los españoles demócratas, porque quienes mataban pretendían hostigarnos, atemorizarnos y subyugarnos.

Por eso la ceremonia privatizadora del perdón de la víctima al criminal tiene tanto de dudosa. Primero, porque como muy bien ha señalado Consuelo Ordóñez, gran parte de las víctimas de primer grado están muertas y nadie puede absolver en su nombre: lo malo de asesinar al prójimo es que se elimina también a quien mañana podría aligerarnos la conciencia. En segundo lugar, porque en un Estado de derecho los individuos no pueden tomarse la venganza por su mano pero tampoco, correlativamente, exonerar a los delincuentes. O leyes o ajustes de cuentas (y cancelación de deudas) privadas, ambas cosas no pueden conciliarse en estas cuestiones. Tampoco el arrepentimiento del delincuente, que sin duda tiene efectos morales cuya sinceridad sólo él conoce, puede producir efectos penales salvo que se exteriorice por la vía de hechos concretos: repudio de la organización terrorista no para mañana sino para cuando se actuó dentro de ella y colaboración con la justicia en el esclarecimiento de los casos pendientes, etc… En último y quizá primer término, el arrepentimiento efectivo es proclamar la aceptación de la pena que la ley impone por el delito cometido y reconocerlo como tal delito. Lo demás son embarullados subterfugios: las cárceles están llenas de convictos arrepentidos de haber intentado transgresiones que salieron mal y les llevaron entre rejas…

No hacen falta dómines torticeros que ahora nos convenzan de que todos los delincuentes tienen derecho a la reinserción social: la pena que deben cumplir es precisamente el primer requisito de ella. Cuando la han purgado, vuelven a la vida en libertad, arrepentidos o no: ¡que se lo pregunten a Pilar Elías, que ha tenido que convivir en su propio inmueble con el asesino de su marido, cuando éste salió de la cárcel! Si aspiran a obtener beneficios penitenciarios individuales que alivien o incluso acorten su condena, deben someterse a los requisitos que impone la legalidad y no a exigir como un derecho sin trabas lo que es una medida de generosidad social. No es esto, naturalmente, lo que quiere ETA ni sus herederos políticos naturales. A ellos no les preocupan los reclusos como casos humanos, sino como representantes colectivos de la faz de ETA en la sociedad. Quieren verlos amnistiados y reivindicados sin condenar al terrorismo porque ello supone la aceptación social de las razones que les llevaron al crimen. A ETA y adláteres no les preocupa la reinserción de los presos, sino la reinserción social de ETA a través de los presos. Y todos los que de buena o peor fe están colaborando con sus gesticulaciones a la privatización de la culpa acaban por dar credibilidad y respetabilidad pública a ese inicuo propósito.

Los indeseables políticos

Para una vez que Laura Mintegi dice algo que me parece verdad —triste verdad, pero verdad al fin y al cabo—, todo el mundo parece de acuerdo en considerarlo intolerable. Ha dicho que el asesinato de Fernando Buesa y Jorge Díaz tuvo una motivación política y es cosa que me parece muy cierta. Y que como otros asesinatos políticos podría haberse evitado, y también lo tengo por cosa indudable. Lo malo es que ella lo dice como una especie de justificación histórica del crimen, cuya culpa se reparte entre quienes lo cometieron y los que no atendieron los motivos políticos que les llevaron a esa atrocidad. Y ahí, efectivamente, es donde está lo intolerable de sus palabras: su inaguantable verdad, que sin embargo se abre paso día a día en la corrupta política vasca y no solo vasca.

Por supuesto, los asesinos siempre matan para conseguir algo: unos matan por amor, es decir para castigar a quienes no les aman como ellos pretenden, otros matan por fe religiosa, es decir para castigar a los infieles, otros matan por codicia, o sea para castigar a quienes no les dan lo que ellos ambicionan… y los hay que matan por política. O sea, para castigar a quienes no ceden a sus pretensiones políticas y para obligar a los demás a pensárselo bien antes de negarse a ellas si no quieren seguir la misma suerte. Porque en efecto esos crímenes son evitables, basta con acatar los dictados políticos de los terroristas, o con someterse al despotismo amoroso del violador o con asumir la fe del fanático, etc… Desde el punto de vista penal, sin embargo, ninguno de estos motivos califica a los criminales convictos en cuanto a su delito ni los hace menos culpables o más «respetables»: no se convierten en presos eróticos o presos religiosos, ni desde luego en presos políticos. Es más, en democracia la motivación política no es un eximente sino un agravante de los atentados y extorsiones, porque estas fechorías no sólo agreden a personas sino al orden democrático mismo y por tanto a los derechos y garantías de todos los ciudadanos. Como bien dijo Albert Camus, «en política son los medios los que justifican el fin». Y desde luego los que también lo descalifican como indeseable, si esos medios son abiertamente criminales y mafiosos.

Y ahí está precisamente el meollo del asunto y la equivocación de los partidos democráticos en mostrarse dignamente ofendidos por las palabras de la señora Mintegi en lugar de aprovecharlas para poner en claro el tipo de política que ella representa. Una política que no acepta la legalidad democrática más que en apariencia, pero en realidad la considera como un campo de batalla entre quienes están dispuestos a todo para abrirse paso en una sociedad que no les respalda tanto como ellos quisieran y las «violencias» de los Estados español y francés, tan ilegítimas como las de los propios terroristas. A Mintegi no le ha traicionado el subconsciente ni se le ha ido la lengua en un arrebato, sino que ha puesto letra a la música que venimos oyendo en los «nuevos tiempos». El olvido intencionado de que las ideas independentistas o de cualquier otro tipo se han podido defender en nuestra democracia por vía parlamentaria, aunque ello no implicara que todo el mundo debía darlas por buenas. Y la confusión no menos intencional entre el policía que abusa ilegalmente de su autoridad, malbaratando la confianza social depositada en él, y el terrorista cuya misión es precisamente amedrentar para que no se confíe en las leyes ni en las instituciones. La construcción de una «memoria» de lo sucedido en la que todo el mundo tenga culpas es la forma de que la democracia se convierta en culpable tanto como quienes han querido forzarla. Como dice un aforismo de Miguel Catalán (en La nada griega, Editorial Sequitur, 2013): «Mal de muchos, consuelo de malos».

En el juego político hay indeseables, aunque la legalidad actual les ampare y encuentren votantes que les apoyan. Y no deja de sorprender lo poco que cuentan los principios para los principales partidos cuando les tienta la rebatiña electoral y el oportunismo. En Ponferrada ha causado escándalo que los socialistas se hayan apoyado en un condenado por acoso sexual para arrebatar la alcaldía a los populares. Pero mucho más graves son los delitos pasados cometidos o no repudiados por miembros de Bildu y sin embargo los socialistas se entienden con ellos en ayuntamientos y diputaciones como si nada. Los medios de comunicación han revelado que Emilio Hellín, el ultraderechista que asesinó vilmente a Yolanda González, tras pasar catorce años de cárcel asesora a fuerzas de seguridad: ¿debemos escandalizarnos por ello o habrá que decir que eran otros tiempos, que había un conflicto político y que las víctimas no deben ser vengativas? ¿Acaso hay delitos indelebles que inhabilitan para el juego institucional democrático y otros en cambio que pueden ser pasados por alto —aunque nadie se arrepienta de ellos y se siga amenazando sibilinamente con volver a las andadas si no hay amnistía para los criminales— cuando conviene a ventajistas del corto plazo? Ya es hora de hablar claro, como ha hecho para alarma de tantos y de tontos Laura Mintegi.

Risa floja

No seré yo quien vaya a quejarse de que reine el buen humor en este país. O por lo menos de que haya cada vez más ganas de reírse, aunque a veces la cosa nos recuerde un poco pasados tiempos escolares: en el aula el que menos sabe es el más propenso a soltar la carcajada, venga o no a cuento. Pero lo cierto es que cada vez más gente prefiere los informativos humorísticos a los serios, las sátiras a los reportajes y en general la pícara maledicencia, sobre todo cuando hay políticos o próceres por medio, al aburrido pensamiento crítico.

Socialmente todas las culturas han considerado indispensable la burla de la sociedad, la autoparodia. La ritualización de esa gran carcajada irreverente en tiempos medievales ha sido estudiada por teóricos como Mijaíl Bajtin o Johan Huizinga, aunque separar lo lúdico de lo serio no siempre fue fácil: en la Venecia de la decadencia, el carnaval se prolongaba cada vez más meses al año, todo el mundo acudía disfrazado a sus quehaceres y los magistrados no se quitaban la máscara picuda para dictar sus sentencias… Precisamente sobre esas cuestiones trata el discurso de Huizinga que acaba de publicar Casimiro, titulado De lo lúdico y lo serio. Se trata de una conferencia pronunciada en 1933 cuando era rector de la Universidad de Leiden y que adelanta los temas que trataría más por extenso en su gran obra Homo ludens. Asunto: en qué consiste el juego humano y sobre todo a qué juega el hombre cuando dice que no juega.

«El gusto por lo exorbitante y la exageración desmesurada es típico de lo lúdico», asegura Huizinga, y nadie se lo discutirá entre nosotros, donde la caricaturización grotesca del adversario es más celebrada que la esgrima dialéctica. En cambio, sorprende que después de pasar revista a lo festivo en el ámbito poético, religioso y de las artes plásticas, aventure: «Me parece que lo lúdico está poco menos que ausente en las obras cinematográficas, aunque quizá me equivoque». ¡Hombre, decir eso después de Méliès, Charlot o Buster Keaton y el mismo año que se estrenó Sopa de ganso!

En España, el gran éxito cinematográfico hoy es Ocho apellidos vascos, una divertida farsa que provoca carcajadas tranquilizadoras sobre los líos entre nativos, no siempre pacíficos. El tema ha dado para dramas de etarras atribulados, de asesinatos atroces, de torturas y también parodias costumbristas: ahora se está filmando una película sobre la venganza de una víctima —lo que pertenece a la ficción especulativa— y se habla de otra sobre las intrigas megalómanas entre Egiguren y Otegi, etc… En cambio, los movimientos cívicos que salieron a la calle jugándose el tipo, propiciaron la respuesta política más contundente y finalmente derrotaron a la violencia no tienen quien les cante ni les cuente, salvo meritorios documentales más dolientes que triunfales. Es como sí sobre los nazis sólo hubiera To be or not to be, Operación Valkiria, Malditos bastardos, La lista de Schindler… pero nada sobre el desembarco de Normandía.

Es sano reírse y me encanta lo lúdico, pero no olvidemos la conclusión de Huizinga: «Más allá de todo juego se ubican las pertenencias más preciadas del ser humano: compasión y justicia, sufrimiento y esperanza».

Pasar de los antepasados

La Europa unida que algunos quisiéramos tiene que enfrentarse a serios problemas actuales y a difíciles retos venideros, sin duda, pero también a tenaces demonios del pasado que de vez en cuando se escapan del justificado infierno a que fueron relegados y campan de nuevo para agravar la perspectiva. Es de temer que las elecciones del próximo mayo no sólo fallen en lograr cerrar las brechas existentes sino que propicien que se abran otras nuevas. El británico Nigel Farage, por ejemplo, profetiza que el europarlamento que saldrá de las urnas estará compuesto mayormente por euroescépticos, lo cual es algo así como decir que el próximo Concilio Vaticano tendrá mayoría de ateos. No sé si esta última hipótesis mejoraría la Iglesia católica, pero desde luego estoy seguro de que la primera no va a beneficiar en nada a la Unión Europea.

El señor Farage es líder del Partido de la Independencia del Reino Unido, cuyos postulados —uno de los cuales bien podría resumirse con un «Europa nos roba»— se parecen notablemente al de otros independentismos que tenemos más cerca. A fin de cuentas, los que quieren separarse de la Unión Europea, como Madame Le Pen, Geert Wilders y demás saboteadores del proyecto común comparten la animadversión a someterse a leyes no sustentadas por identidades nacionalistas sino por principios e intereses que igualan en derechos a los que difieren en origen, creencias y tradiciones. Marine Le Pen habla abiertamente de la Unión Europea como de una amenaza para la «identidad francesa». Naturalmente, será gente como ella quien determine en qué consiste esa identidad y qué requisitos hay que cumplir para poseerla y por tanto poder aspirar a una ciudadanía… entendida como pertenencia tribal. Pero precisamente fueron los Estados —y destacadamente en Francia— el primer paso para aunar a distintas familias, tribus y feudos, es decir para convertir a nativos y oriundos en ciudadanos. La historia de Europa es precisamente la crónica de este empeño por ensanchar más y más la pertenencia a fin de ampliar más allá de cualquier restricción identitaria prepolítica la participación en la gestión de lo público, una tendencia iniciada en Grecia cuando tiranos como Pisístrato allanaron el camino hacia la democracia al desmochar trágicamente las fidelidades de vínculo sanguíneo (en Antígona de Sófocles y en el final de la Orestíada de Esquilo hay ecos de este combate). Las uniones internacionales han prolongado a su manera y con numerosas contradicciones este primer impulso unificador, en el que el proyecto futuro se impone a las demandas de las raíces y los compromisos sanguíneos o étnicos del pasado.

Los separatistas que pretenden fragmentar en nombre de sus identidades prepolíticas los Estados democráticos existentes van por tanto también en contra del proceso unificador europeo, aunque hagan declaraciones de entusiasmo europeísta para mejor disolver la parte de Europa a la que actualmente pertenecen. No es el despedazamiento de las piezas complejas que ya existen el camino para construir de modo más eficaz la complejidad supranacional a que aspiran quienes, sin renunciar a particularidades culturales evidentes y enriquecedoras pero evitando exclusiones particularistas, buscan la comunidad europea como paso intermedio quizá a federaciones aún más amplias. ¿A qué otra cosa responde, si no, la reclamación nada menos que de una justicia de alcance universal? Como tantas veces he repetido, el derecho a la diferencia no supone una diferencia de derechos, sino una ley que establece la homogeneidad necesaria dentro de la cual cada ciudadano podrá diseñar en libertad su perfil personal y cultural.

Para ello hay que desarraigarse de la pleitesía a los antepasados, mentores siempre especialmente dudosos y manipulables. A este respecto es digno de mención uno de los pasajes de la alocución de Urkullu el pasado Aberri Eguna. Tratando de refutar la tantas veces reiterada posición de la Unión Europea de excluir de sus miembros a cualquier región que se independizase de su Estado actual, el lehendakari mencionó algo que ya antes hemos oído bastantes veces pero que bien mirado no deja de ser misterioso: «Nosotros ya estábamos aquí antes de los Estados, etc…», de modo que cómo nos van a echar de Europa. ¿Nosotros? Y… ¿quiénes somos «nosotros»? Supongo que no se referirá al PNV, que se enorgullece de una trayectoria centenaria pero no de milenios. ¿Serán ese «nosotros» los vascos? Ello nos obligaría a tener que aceptar que cuando aún no había ninguna entidad política en Europa ya había vascos y que por tanto ser vasco no es una condición política sino «natural», como ser piedra, ser árbol o ser río… Lo cual, francamente, no es un elogio por parte de un dirigente político del siglo XX. Lo de que los vascos «no datamos», como dicen que dijo el abate Iharce de Bidassouet, está bien para los chascarrillos, pero no sirve como proyecto de futuro. ¿Se refiere a que sus antepasados ya andaban por estas tierras? Pues bueno, sin duda, lo mismo que los de todos los demás, aquí o allá. Todo el mundo tiene antepasados, lo importante no es lo que fuimos sino lo que somos y lo que queremos llegar a ser. Alejandro Dumas, a uno que pretendía ofenderle recordándole que tenía sangre negra, le respondió: «Pues sí, mi padre fue mulato, mi abuela negra y mi bisabuelo un mono. Ya ve usted que mi linaje empieza donde el suyo termina».

Tercera parte

Secuestro a la catalana

Hacerse el loco

Aseguraba Churchill que una regla elemental de etiqueta política prohíbe vocear «yo ya lo dije» cuando los acontecimientos históricos le dan a uno la razón. De modo que me limitaré a preguntarme qué más debíamos haber dicho los que nos dedicamos a estas cosas, intelectuales o como nos llamemos, para advertir de lo que estaba pasando en Cataluña y prevenir contra lo que ya pasa ahora. No es fácil establecerlo, porque tradicionalmente se ha considerado en este país —sobre todo entre quienes se consideran progresistas— que decir o, aún peor, hacer algo nítidamente claro contra los nacionalismos de tendencia separatista era empeorar las cosas. Si uno argumentaba contra las falacias de los agravios históricos o fiscales, contra las identidades milenarias, contra la inmersión lingüística que conculca el derecho a elegir ser educado en la lengua común, etc… siempre había un asno solemne para advertirnos de que estábamos «fabricando independentistas». Si uno seguía la corriente al independentismo, planteando sólo aquí y allá una pega venial para minimizar daños, los independentistas ya fabricados nos utilizaban como argumento a su favor y nos animaban a dar el paso final, pasándonos del todo a su bando. O sea, tanto de un modo como otro, el resultado parecía ser inevitablemente más independentismo. Pares o nones, la casa siempre gana cuando los dados están trucados.

Por eso lo que se decía y lo que se callaba tenía un cierto tufo de manicomio: o se les daba la razón como a los locos o directamente uno se hacía el loco ante sus razones. Y así hemos ido tirando, hasta que las cosas se han puesto feas de verdad. El separatismo es una enfermedad política oportunista, que ataca a los organismos debilitados por estados carenciales. Y para Estado carencial, el español. Sin embargo, algunos nos negamos tanto a hacernos los locos como a dar por buenas locuras o aceptar fraudes ideológicos. Porque dar por buena y normal la locura en este terreno supone una profunda deslealtad: no con magníficas entidades como España o Cataluña, sino con nuestros compatriotas. Ya sabemos que mantenerse leal a la cordura tanto propia como ajena puede tener consecuencias negativas para la reputación. Así, si uno recuerda ante ciertas proclamas lo que dicen las leyes vigentes que nos hemos dado los ciudadanos de este país (sobra decir que los catalanes como los demás), los nacionalistas le reprocharán que esté «amenazándoles». ¿Amenazando con qué? ¿Con aplicar la ley? ¿No será más amenazante decir que se está dispuesto a violarla o que se olvidará su aplicación si conviene a unos cuantos? Si se aportan datos contra la leyenda del expolio fiscal que padece Cataluña o se recuerda que ese lema de «damos más de lo que recibimos» es lo que dicen todos los ricos de este mundo frente a la obligación impositiva para sostener instituciones asistenciales que ellos no creen necesitar, se nos acusará de dar “patadas y puñetazos” a los catalanes cuando en realidad se les está tratando como a seres razonables. Etc…

El problema es que, en este asunto, cuanto podamos decir será utilizado en nuestra contra. Por eso resulta tan pueril la pretensión de buscar cambios legislativos para conseguir que los catalanes «estén cómodos» en España. Los catalanes no nacionalistas están comodísimos en España, negocian con ella, viajan por ella como por su casa (que lo es), comparten sus triunfos deportivos o su música, etc… la critican y la encomian con total naturalidad. Incluso a muchos nacionalistas les pasa lo mismo. Otros, en cambio, ni están a gusto ni piensan estarlo próximamente porque su razón de ser ideológica consiste en gestionar tal disconformidad. Cambiar las cosas sólo para dar gusto a quienes no piensan estar a gusto nunca mientras sigan dentro desazona a muchos y no contenta a los demás. Por ejemplo, la renovación del Estatuto. Antes de emprenderla, las encuestas decían que los catalanes eran una de las autonomías más satisfechas con su reglamento. El referéndum para aprobar el nuevo —con ínfulas de Constitución alternativa— contó con una participación popular más baja que mediana. Ni en el Parlamento español ni en el Tribunal Constitucional fue rechazado, sólo se hicieron esfuerzos para hacerlo compatible con la legislación estatal, tratando de que estar cómodos en España no consistiera en incomodar a España… como luego pareció ser el verdadero objetivo. En particular el TC, con un largo retraso fruto del pánico a desagradar, sentenció ciertos cambios a partir de un esfuerzo de interpretación que atenuara las flagrantes inconstitucionalidades en traviesos malentendidos. Pues nada, su dictamen fue considerado como un atropello imperdonable por quienes ideológicamente necesitaban una tiranía que padecer y no un Estatuto del que disfrutar.

Ahora los contemporizadores apuestan por el federalismo, una propuesta que en su día —más anteayer que ayer— podría haber servido para clarificar los límites de los autogobiernos regionales, pero que ni ayer ni hoy contentará a quienes precisamente pretenden abolirlos. El objetivo de las federaciones es organizar a quienes están separados y quieren unirse, no dar cauce a la asimetría y la desunión de los ya unidos. Por tanto, el federalismo despierta mediano entusiasmo entre los que no son separatistas y rechazo entre los que lo son. Pero lo más sorprendente es que algunos no nacionalistas propongan aceptar como muestra de buena voluntad el posible resultado pro-independentista de un referéndum celebrado solamente en Cataluña, que por lo visto obligaría a replantearnos el Estado español.

Si se concede ese poder discrecional a una parte del territorio nacional, es que ya se la considera de facto como independiente: de otro modo, serían como es obvio todos los ciudadanos del país los consultados en cuestión tan trascendental. No sólo se trata de preguntar a los catalanes si quieren dejar de ser también españoles, sino a los españoles si quieren renunciar a ser también catalanes. Porque la automutilación y sus consecuencias no afectan sólo a los derechos de unos, sino a los de todos: el olvido de algo tan elemental como que el derecho a decidir unilateralmente la independencia es ya la independencia misma y por tanto la dimisión del Estado existente viene a ser en sí mismo más patético y dañino que el posible resultado del propio referéndum.

De modo que, en vista de lo visto, habrá muchos que añoren la época dichosa en que tan simpático y fácil resultaba seguir haciéndose los locos…

La normalización de Cataluña

Desde que Ortega y Gasset, en tiempos de la República, asumió que las problemáticas relaciones de Cataluña con el resto de España no se pueden resolver sino sólo «conllevar», se diría que la situación —pasando por alto el trágico paréntesis de la guerra y la dictadura— no ha logrado transformarse sustancialmente. Aún peor, parece que en los últimos tiempos los confusos esfuerzos del Gobierno socialista —tanto el central como el autonómico— por complacer al nacionalismo e incluso colaborar con los partidos separatistas han reportado mayores tensiones y un recrudecimiento de las posiciones extremistas. Ahora se espera con incertidumbre y miedo la tardía resolución del TC sobre la constitucionalidad de algunos artículos del Estatuto (que en sí mismo es aceptado y nadie pone en cuestión). Pese a que en su día el entusiasmo popular despertado por ese marco legal fue menos que discreto —como demuestra la participación escasa en el referéndum que había de confirmarlo—, ahora resulta que cualquier imaginable modificación del texto sería vista como una humillación a los catalanes incluso por quienes menos se interesaron por él. Todo un éxito, como puede verse…

Sin embargo, para quienes no somos nacionalistas, la cuestión no debería ser tan confusa. Para empezar, Cataluña puede ser una nacionalidad en un país compuesto por varias pero no una entidad nacional del mismo rango que España, el Estado del que forma parte importante y en muchos campos aventajada. Debe recibir toda la atención y reconocimiento que sus peculiaridades exijan, pero también debe someterse a una normativa común en su administración territorial, judicial, educativa, etc… Es imprescindible normalizar su situación dentro del resto del país, sin ponerla en nada por debajo de ninguna otra comunidad pero también sin concederle por encima de las demás privilegios equívocos que siembren en otros lugares descontento y no consigan más que espolear en todas partes a quienes buscan la desunión institucional del Estado democrático. UPyD puede ser el partido que diga sin acritud pero con la debida claridad estas cosas que otros callan o travisten de manera tan interesada como torpe.

Veamos por ejemplo la cuestión de la lengua, de la que ya me he ocupado en otras ocasiones. Para empezar, en un sentido estricto, tan propia de Cataluña hoy es la lengua castellana como la catalana. Y ambas deben poder ser utilizadas por quien lo desee en la educación, las relaciones con la administración, la rotulación de comercios o edificios, etc… No se trata de compensar las ventajas o desventajas de una frente a otra, porque eso es algo que decidirán los hablantes en cada caso, de acuerdo con el sentido común, el interés bien entendido y hasta la cortesía. ¿Que eso consagra una desigualdad entre ellas? Pero es que de hecho, institucional y socialmente, son desiguales: una es la común de todo el país, reconocida así constitucionalmente, y otra es la lengua nativa de gran parte de los ciudadanos de Cataluña. En el campo de la educación, el objetivo no consiste en que se lleguen a conocer las dos por igual, sino que se asegure el conocimiento de la común —porque es lo que la Constitución establece— y se permita el empleo totalmente libre de la otra por quien prefiera utilizarla. Una es parte del necesario patrimonio político común de todos los ciudadanos españoles y la otra es un derecho de aquellos que así lo quieran en Cataluña. Si la burocracia manipuladora y el encizañamiento político no la perturban, la convivencia se dará con toda normalidad… como casi siempre ocurre entre los ciudadanos. Digámoslo sin miedo, que en Cataluña la razón tiene más partidarios que la sinrazón y el abuso… creo que como en todas partes.

Automutilación

Será por la proximidad de ambos sucesos, pero ante la reivindicación independentista de la Diada y las frustradas reclamaciones de un pacto fiscal por parte del presidente Mas resulta inevitable la comparación con la actitud de Bernard Arnault en Francia, que tanto escándalo popular ha suscitado allí. El multimillonario dueño de la marca Louis Vuitton acudió al Elíseo para pedir un trato fiscal especial frente a la anunciada subida de impuestos para las grandes fortunas, proclamando su especialmente alta contribución a la riqueza del Estado. Como en esa gestión por lo visto no se le concedió ningún privilegio, hizo pública su determinación de renunciar a la nacionalidad francesa y adoptar la belga. Vamos, que opta por independizarse del que ha sido hasta entonces su país para castigarle por el maltrato a sus intereses económicos.

Por muchas que sean las diferencias entre la actitud del individuo francés y el colectivo catalán, también resultan obvios los parecidos. En especial, el de someter a motivaciones pecuniarias la pertenencia o el abandono de la nacionalidad. Desde luego, en el estallido independentista ocurrido en Cataluña intervienen otros ingredientes ideológicos, que han estado hirviendo a fuego más o menos lento a lo largo de los últimos años. Para empezar, la apelación a un sentimiento idiosincrásico y victimista opuesto a la marca España, que culpa al sometimiento al Estado de los numerosos errores administrativos, abusos y despilfarros que han llevado al debilitamiento económico de la habitualmente pujante comunidad catalana. La culpa de esos déficits no la tienen, según la coartada nacionalista, quienes han gobernado desde comienzos de la democracia la autonomía sino quienes desde el Gobierno estatal les han recordado las obligaciones solidarias que impone la pertenencia a un colectivo del que evidentemente también han obtenido pingües ventajas. Es una deformación casi grosera de la realidad, pero que cae en un terreno abonado por años de propaganda entre ofendida y arrogante tanto mediática como educativa.

Mientras retumbaba esa propaganda de gesticulación secesionista, basada en la incomprensión de «Madrid» por no ceder a las insaciables e interminables demandas nacionalistas, el resto de la población catalana —ampliamente no independentista e incluso escasamente nacionalista— guardaba un prudente y virtuoso silencio. Confidencialmente nos decían a quienes veníamos de fuera: «Todo se quedará en nada, prevalecerá el sentido común, mucho ruido y pocas nueces, etc…». No hay motivo para preocuparse, mientras los business sigan as usual. Después de todo, en Cataluña apenas hubo brotes terroristas, todo transcurre con un talante mucho más civilizado que en el País Vasco, aunque quizá la xenofobia sea en ciertos casos un poco más agobiante… Como siempre, lo verdaderamente nocivo para la ciudadanía no es el nacionalismo de los nacionalistas, sino el remedo pseudonacionalista y vergonzante de los no nacionalistas que por oportunismo quieren imitarles e incluso en ocasiones superarles en casticismo idiosincrásico y peculiarismo declamatorio. Lo malo es que muchas veces, a fuerza de llevar careta para sacar ventaja de ser lo que no somos, se nos borra el rostro de lo que íntimamente creíamos ser…

Algún día se escribirá la historia de cómo el descentralizado y complaciente Estado de las autonomías terminó pervertido en un insostenible Estado de los nacionalismos. Tratando de apaciguar a los disgregadores y restarles argumentos, aceleró la disgregación y deslegitimó las instituciones que podrían contrarrestarla. Es cosa especialmente patente en algunos campos, por ejemplo en la educación. Ante la reforma educativa propuesta por el actual ejecutivo, a la que por cierto pueden oponerse no pocas objeciones bien fundadas, el Gobierno vasco clama contra la «recentralización», que por lo visto es el mayor agravio contra ese tesoro inestimable que supone la educación «propia». Y el ministro del ramo, con escándalo virtuoso, protesta que de recentralización nada de nada, como si recentralizar lo que funciona mal descentralizado fuese un pecado contra el espíritu. Asumir con naturalidad que la educación tendría que hacer hincapié no sólo en la pluralidad de nuestro país —que es España, por cierto— sino también en los elementos comunes que debemos compartir y sin los cuales la ciudadanía resulta ilusoria o impotente se ha convertido en un ideal cuestionado. Algunos insisten en el federalismo como solución, mientras lo imposibilitan de hecho, porque la solución federal se basa en la lealtad al conjunto estatal y sólo sirve para juntar a quienes estando separados desean unirse, no a quienes ya juntos pretenden una coartada para separarse.

Lo más grave, a mi juicio, es que ni los separatistas ni quienes se les oponen resaltan que lo que se está proponiendo es una automutilación: es decir, que los catalanes independientes renunciarían a gran parte del país que ahora es suyo y del que son co-gobernantes por medio de sus votos. Y, de igual modo, se privaría al resto de los españoles de una parte esencial del Estado nacional del que son ciudadanos. Se ha dicho en otros contextos que lo pequeño es hermoso, pero a nadie he escuchado que automutilarse sea engrandecedor…

Individualismo colectivo

Hace tres décadas, el antropólogo francés Louis Dumont sostuvo una teoría interesante. A su juicio, las características más negativas, arrogantes e insolidarias del peor individualismo (negarse a lo común, a la igualdad de derechos con los diferentes, a renunciar a privilegios para potenciar la armonía social, a imponer valores y creencias persiguiendo a los discrepantes, etc…) no se dan sólo en individuos sino también en grupos o colectivos. Es decir, hay colectividades que se individualizan negativamente dentro de comunidades mayores o incluso de la universalidad humana, para afirmar sus ambiciones particulares por encima y contra los derechos de los demás. Dumont señalaba a los nacionalismos del siglo XX, empezando por el nazismo hitleriano, como ejemplos no de colectivismos extremos sino más bien de extremados individualismos colectivos.

Valga lo que valga esta teoría, que resumo de memoria y quizá de manera injustamente simplificadora para el pensamiento de su autor, creo que tiene cierta utilidad para enjuiciar las dificultades por las que atraviesa hoy la democracia española. Los nacionalismos separatistas se comportan al modo de esos individuos insufribles que constantemente se están vanagloriando de lo excelso de sus dones, de lo guapa que es su familia y lo único y excelente que resulta su linaje frente a la vulgaridad opaca del común de los mortales. ¿Cómo se les va a confundir a ellos con los demás? ¿Cómo se les va a degradar a la altura de sus vecinos o confundirlos en una misma unidad con ellos, por muchas ventajas que hayan obtenido en el pasado y obtengan en el presente de su pertenencia a esa comunidad?

Cualquier reducción de su excepcionalidad es vista como una agresión a su idiosincrasia cultural, víctima de la exigencia de homogeneidad propia de un país plural pero unido en aspectos básicos. Tal es por ejemplo la disputa en torno a la inmersión lingüística en Cataluña. Si los tribunales superiores o el Ministerio de Educación deciden defender el derecho de los catalanes a ser educados si lo prefieren en castellano, sin que ello elimine el derecho de otros a preferir como lengua vehicular el catalán, ello es visto por los nacionalistas como un feroz ataque a su identidad propia. El mal no estriba en que se les prohíba estudiar como ellos quieren sino en que se permita a otros estudiar en una lengua distinta, que resulta ser además la común del Estado constitucional del que forman parte. Esa reivindicación de un derecho elemental, que atiende a la realidad social de la Cataluña de hoy, es presentada como una muestra del «españolismo más rancio», como si proclamar para justificarse la milenaria existencia de una Cataluña anterior a España fuese una muestra de lozanía intelectual y política.

Y lo mismo puede decirse de la reivindicación de un «derecho a decidir» que en realidad consiste en la exclusión del derecho a decidir del resto de los españoles sobre algo que les afecta indudablemente, como la posible independencia de Cataluña. Según tal planteamiento, es impecablemente democrático que una gran mayoría de los ciudadanos del país del que hasta hoy forman parte —y no precisamente desde ayer— deban verse privados de voz y voto respecto a una pérdida crucial de su soberanía. Creo que hablar de individualismo colectivista insolidario y posesivo no es muy desacertado para caracterizarlo.

Leones y bueyes

El gran argumento que vienen esgrimiendo desde hace tiempo —y sobre todo en los últimos meses— los partidarios de reformar la Constitución como algo ya «agotado» o de sacudírsela de encima como quien se libra de un pesado yugo, es el de que no sirve para todos porque «somos diferentes» y hay que reconocer o incluso institucionalizar la diferencia. A la Constitución española le va a pasar lo que a aquella otra mucho más escueta y contundente —«todos los animales son iguales»— de la famosa granja cuya fábula narró George Orwell: cuando los peores puercos se hicieron con el poder, hubo que rectificarla y establecer que «todos los animales son iguales… pero unos son más iguales que otros». Es decir, que conviene reconocer y consagrar institucionalmente las diferencias por mucho que la promesa de la democracia fuese abolirlas en todo lo políticamente sustantivo. Como cesión máxima, la ley de leyes debe establecer que todos somos iguales pero unos más iguales que otros; y si no, mejor separados.

Ahora bien, la principal fuerza de la ley —su desafío innovador contra la evidencia polimórfica natural— es precisamente establecer una pauta que iguale en el plano simbólico de lo social lo que difiere en la inmediatez empírica o en la reminiscencia tradicional. Vamos, que las leyes fundan la sociedad democrática porque establecen derechos y deberes comunes para fuertes y débiles, herederos y desheredados, originarios de esta tribu y de la otra, etc… La gracia (revolucionaria) de la ley democrática es que establece la igualdad social de quienes fuera de ella no son iguales: si se tratara de establecer que cada cual es cada cual, sobrarían las leyes y bastarían los espejos. Este principio, desde luego, ha tenido adversarios: el visionario William Blake dijo que «una misma ley para el león y para el buey es injusticia», objeción suscrita después con feroz elocuencia por Nietzsche. Pero ambos se referían al comportamiento de las almas, no de los ciudadanos, en los que ninguno se fijaba demasiado.

Ahora, en España, abundan los que exigen cambiar la Constitución para que se convierta en una ley insólita, que sacralice las diferencias prepolíticas en lugar de establecer los derechos y deberes ciudadanos por igual a pesar de ellas. Es decir, una Constitución que asiente los distingos entre leones, bueyes, cerdos y quien sabe cuántas especies más de animales en la nueva granja que pide a gritos otro George Orwell como satírico cronista. Ninguno de ellos pide en cambio que se suprima la mención a esos supuestos «derechos históricos» que han introducido en la raíz de la Constitución vigente el germen de la desigualdad radical. Todos reaccionarios. Porque para quien tiene una visión progresista de la política, los únicos derechos históricos por los que merece la pena luchar están en el futuro, nunca en el pasado. Y el primero de ellos es la igualdad ahora siempre cuestionada que la ley debe precisamente garantizar, la que afirma a los ciudadanos de la democracia como libres de adhesiones y fidelidades anteriores, es decir desarraigados y laicos. Una nueva Edad de Oro en la que bueyes y leones retozan juntos, sin recordar siquiera su «derechos histórico ancestral» a la perpetua rencilla…

La selección españolista

Leyendo las crónicas y comentarios periodísticos sobre los resultados de las últimas elecciones catalanas, con la imprevista nalgada a Artur Mas, he confirmado una sospecha que me venía rondando desde tiempo atrás. En este país —¡ay, Larra!— se puede ser vasco, catalán, andaluz o extremeño sin problemas pero difícilmente español. Los españoles son en realidad «españolistas». Es una condición pintoresca, fruto probablemente de aquella diferencia específica caracterizada en tiempos inolvidables con el lema Spain is different. Los franceses pueden serlo políticamente sin ser «franchutistas» (ni siquiera «chovinistas»), los alemanes no son forzosamente «alemanistas» ni los italianos «italianistas» y lo mismo les ocurre a los afortunados poseedores de la nacionalidad holandesa, polaca o británica. ¡Felices ellos en su despreocupación! Aquí hay que conformarse con ser «españolista» y eso si no se convierte uno en «ultraespañolista», lo que puede ocurrir a poco que te descuides.

De modo que, según dice la prensa, en los comicios catalanes ha subido bastante «el voto españolista», es decir que han recibido mayor apoyo que otras veces los partidos «españolistas», caracterizados por la atrabiliaria pretensión de que no se mutile la integridad del país del que son ciudadanos y no precisamente desde ayer. Supongo que el resto de quienes somos españolistas habituales —ya saben, en el sentido en que hay «sospechosos habituales»— debemos consolarnos con ese tímido ascenso frente a otros males de la patria. Y toca recordar que más complicado fue no hace mucho ser españolista en el País Vasco, sobre todo si no se quería morir en el intento. Por eso se inventaron derivaciones eufemísticas, como «vasquista», que era una forma de que a los españolistas no se les notara tanto el peligroso hedor a enemigo del pueblo. Por la misma razón también supongo que hay catalanistas, a los que sin embargo no se debe confundir con los catalanes de pata negra. Y en «istas» estamos…

Españoles, lo que se dice españoles, sólo puede haberlos de extrema derecha. Para rastrear los orígenes y causas de tal anomalía conviene repasar el excelente estudio La herencia del pasado. Las memorias históricas de España (Galaxia Gutenberg/ Círculo de Lectores, 2011), con el que el profesor Ricardo García Cárcel acaba de ganar el Premio Nacional de Historia. En alguna entrevista a propósito de su libro, García Cárcel se queja de que a veces dé la impresión de que el concepto de España lo haya inventado Felipe V o el mismísimo Franco. Señala, con toda lógica, que hay una tradición republicana española a la que pertenecen Manuel Azaña, María Zambrano y tantos otros: los mejores, los que de verdad perdieron, los que nunca tuvieran ocasión de ser rentistas de la Guerra Civil. A los que podemos añadir, digo yo, quienes mucho más jóvenes quieren vivir hoy en una democracia no por nacional menos plural, tan defendible y tan reformable como las demás europeas, que se ha ganado dolorosamente su derecho a no ser mutilada en beneficio de trincones y mitómanos.

Para tener el derecho a ser español sin aguarse en españolista hay que abandonar la política y dedicarse al deporte. Alonso, Nadal, Gasol y demás son españoles a mucha honra propia y de todos. Y por el momento también tenemos una selección española y no españolista de fútbol, aunque no faltan algunos que protestan —incluso agresivamente, como cierta criatura municipal en Donosti— contra semejante desafuero. De modo que para no vernos aquejados de españolismo tendremos que aficionarnos al balompié incluso los más remisos a tan omnipresente juego. Al final van a tener cierta razón quienes nos advierten de que el deporte redime de las limitaciones de la vida… Ahora escucho en una tertulia radiofónica a un opinador estableciendo que el partido Ciutadans es españolista, mientras que UPyD es en cambio ultraespañolista. No me atrevo a decir, Dios me libre, que dicho ente parlante sea un mentecato: pero que al menos es bastante mentecatista, seguro que sí.

Paz, vida, libertad

Según Paul Valéry, hay palabras que cantan más que hablan. En español actual, diríamos también que «dan el cante» cuando se las utiliza en ciertos contextos retóricos. Sirven para abrumar de indignidad al adversario y así ahorrarse argumentaciones más detalladas y menos facilonas. Por ejemplo, el uso de «vida» por los contrarios a una ley de plazos del aborto o incluso a cualquier regulación legal del mismo: ellos son «pro-vida» y se preguntan con autocomplaciente asombro «cómo puede ser progresista estar en contra de la vida». Queda implícito que los demás son abogados de la muerte, la cual por cierto es parte inseparable de la vida.

Defender la vida (así, sin más) es como defender la ley de la gravedad, una apuesta segura pero innecesaria porque ambas funcionan muy bien sin nuestro apoyo. Cosa distinta y menos simplona es defender la vida humana, o sea aquello que hace humana a la vida más allá del puro ciclo biológico, para lo cual hay que considerar variables como el gradual desarrollo del embrión, la libertad de elección materna, la existencia eventual de malformaciones que convierten la vida en calvario, etc… La legislación es progresista cuando calibra y abre opciones, no cuando impone dogmas o se atiene al mero formalismo. Léase por ejemplo Podemos hacer más (Editorial Pasos Perdidos, 2013) de Manuel Atienza, sobre otra forma de pensar el Derecho.

Hay otras palabras «cantarinas». En Euskadi, se emplea «paz» («plan de paz», «proceso de paz») como aval de una política para abreviar cuanto se pueda las condenas de los etarras y patentar un relato edificante en el que todos somos algo culpables y los verdugos perdonan a las víctimas tanto como éstas a aquéllos. Quienes se niegan a este enjuague están contra la paz o son tibios en buscarla, luego implícitamente pertenecen al orbe de la guerra aunque nunca hayan puesto bombas ni apuntillado con tiros en la nuca. Los reproches a ETA porque no acaba de dejar las armas se equilibran con otros al Gobierno por su «inmovilismo», es decir, porque no cambia la política penitenciaria para otorgar beneficios políticos a presos que no lo son pero creen serlo. Cuando ambos se muevan, aquí paz y después gloria. Aunque la gloria de unos sea celestial y la de los otros municipal o parlamentaria…

Y por último la gran palabra musical, «libertad». En Cataluña, suena a todas horas el himno de los esclavos de Nabucco. Aunque a simple vista sea difícil percibirlo, se trata de un pueblo oprimido al que los próceres nacionalistas han decidido liberar. ¿Quién puede ser tan vil y autoritario como para oponerse a la libertad? ¿La ley? Pero el derecho a decidir democrático está por encima de la ley, según acaban de descubrir algunos sabios. Es el derecho a decidir quién puede decidir y quien no, que crea compartimentos estancos entre los ciudadanos de un mismo país, o sea que toma como punto de partida lo mismo que propone como meta de llegada. En eso consiste para ellos la Libertad, que como la Vida y la Paz ya no son conceptos discutibles, sino trompeteo para acallar las argumentaciones molestas. Aclamaciones y sinrazones: ¡vuelven los vivas de rigor!

Movimiento nacional

El filósofo Hans Blumenberg fue el mejor estudioso del papel de la metáfora en nuestro comercio intelectual con lo real. En su gran obra La legibilidad del mundo (Editorial Paidós, 2000) consagra la lectura como «la metáfora para la totalidad de lo experimentable», lo que le agradezco a título personal. También se ocupó, ocasionalmente, de las metáforas políticas y me hubiera gustado conocer su opinión sobre algunas de las que hoy se repiten en España respecto a la relación del Gobierno estatal y los nacionalismos disgregadores. Una de las más frecuentes es la del «choque de trenes» para caracterizar el enfrentamiento con los nacionalistas catalanes, que ha vuelto ahora a complementarse con el estribillo de «los separadores y los separatistas», tan apolillado y falso que lo creíamos definitivamente arrumbado hasta verlo reanimado por Susana Díaz. Nos repiten «choque de trenes, choque de trenes», creyendo hacer un diagnóstico y dar la alarma cuando en realidad se limitan a convertir un mal de tontos en consuelo de muchos.

Lo peor de ciertas metáforas es que se dejan al nivel simplón de la impresión visual, sin proseguirlas consecuentemente hasta sus implicaciones menos obvias y más reflexivas. Por ejemplo, lo del choque de trenes. Si dos trenes van uno contra otro por la misma vía, eso nunca quiere decir que ambos maquinistas han perdido el rumbo. Uno de ellos va por su camino debido y autorizado, mientras que el otro comete un trágico error y puede estar loco o borracho. ¿Que eso da igual y lo importante es evitar la colisión? Sí pero no. Sabiendo cuál es el maquinista que va por donde no debe, tenemos una primera indicación del tren que debe ser desviado a una vía muerta en cuanto se pueda por las autoridades ferroviarias. Además, como ambos trenes llevan pasajeros y no sólo maquinista, fogonero y revisores, es bueno que aquéllos sepan quiénes son los que les conducen al desastre para que se rebelen y le pongan remedio en lugar de pensar «aunque nuestro tren lo pilotan los insensatos, ya se encargarán los sensatos de salvarnos». Y luego, si por desgracia hay descarrilamiento, conocer quién iba en la dirección indebida ayudará a establecer con justicia las responsabilidades civiles del accidente.

Ferrocarriles aparte, otra metáfora popular es la del movimiento o, mejor, el inmovilismo achacado al Gobierno. Rajoy no se «mueve», se limita a repetir la letanía de la legalidad y evidentemente las leyes son precisamente lo inmóvil (en España a veces tiritan, eso sí) para que lo demás pueda moverse por cauces seguros. Pero ellos reclaman que el Gobierno se mueva: el oso debe bailar, ya que los nacionalistas tocan el pandero. Dudo mucho que Rajoy sepa lo que hay que hacer en este trance, pero estoy seguro de que quienes le pidan que se lance de una vez a actuar no lo saben mejor que él: esperan que se decida por fin a la vía de los hechos para luego cantar a coro: «¡No es eso, no es eso!». Resulta que tal es a veces la perversión de las metáforas, juzgar perentoriamente allí donde faltan elementos de buen juicio.

Epílogo

Hacia una Europa de ciudadanos

El tema que se me ha propuesto[*] para esta intervención es «Los nuevos paradigmas del futuro». Hablar del futuro es un empeño siempre arriesgado y, en el caso de un filósofo, contrario a las normas clásicas del oficio. Como señaló Hegel, el ave de Minerva —es decir, la lechuza— emprende su vuelo al anochecer, cuando ya han tenido lugar los acontecimientos del día. Pensar filosóficamente es renunciar a la bola de cristal del adivino y al don de la profecía, para ceñirse a la interpretación del presente, lo cual ya supone una tarea bastante ardua. Por tanto, ustedes sabrán disculpar que abandone desde el comienzo la pretensión de vislumbrar el porvenir y diseñar los parámetros de los acontecimientos que ocurrirán en él. Les confieso de inmediato que no sé lo que va a pasar. Pero también les recuerdo que la pregunta más adecuada que deben hacerse las personas libres —es decir, los sujetos democráticos conscientes— no es «¿qué nos va a suceder?» sino «¿qué podemos y queremos hacer?». Ceñiré mi intervención a apuntar algunas orientaciones sobre estos últimos interrogantes, referidos especialmente a Europa.

La Unión Europea nació como un acuerdo en lo esencial económico sobre el carbón y el acero, para garantizar la recuperación tras la segunda guerra mundial de los países que más la habían padecido e impedir la posibilidad de un nuevo conflicto bélico semejante. Después el proyecto se amplió y se hizo más ambicioso, constituyéndose en la alianza de naciones democráticas que comparten principios y protegen derechos semejantes. Para quienes habíamos vivido durante décadas bajo dictaduras longevas que adormecían políticamente a nuestros países combinando la represión feroz de las libertades cívicas con un proteccionismo económico rentabilizado por oligarquías, Europa era la promesa no de la felicidad social sino de la normalidad política. En mi juventud, los españoles nos repetíamos como un mantra el dictamen del pensador Ortega y Gasset: «España es el problema y Europa la solución». Supongo que en Portugal por aquellos años ocurría algo parecido.

Más adelante, incorporados ya a la Unión Europea, recibimos numerosos e imprescindibles beneficios pero también aprendimos, cada vez más dolorosamente, que la normalidad política no equivale automáticamente a la felicidad ni la justicia social, tan sólo nos hace responsables de buscarlas. Lo que nos ocurrió es algo parecido a aquel bisabuelo irlandés de Mark Twain que emigró a Estados Unidos porque le habían dicho que allí las calles estaban pavimentadas con oro; al llegar se enteró de que las calles no están pavimentadas con oro, de que muchas de ellas ni siquiera están pavimentadas y que, ay, tenía que pavimentarlas él. Salir de una dictadura concede muchos beneficios cívicos, pero nos escamotea la figura del autócrata como culpable último de todos los males: la tentación de algunos es convertir la impotencia política en rutina también en democracia, buscando otros responsables para ella en la nueva situación, llámense mercados, banqueros sin escrúpulos, multinacionales, etc… Porque al entrar en la añorada Europa, después de no pocos esfuerzos, descubrimos un inconveniente inesperado para nuestros orgullos colectivos que con cierta malicia había señalado hace mucho otro pensador español que escribió en inglés, George Santayana: «Lo más difícil de asumir en las uniones internacionales es que implican ser gobernados en parte por extranjeros».

La Europa actual, que se prepara para unas elecciones presumiblemente trascendentes el próximo mes de mayo, afronta como reto de fondo —más allá de esas urgencias puntuales de disensión o agravio entre países deudores y países acreedores que con razón ahora tanto nos preocupan— el esbozo imprescindible de en qué debe consistir la ciudadanía democrática. Hoy, la línea divisoria se va estableciendo entre quienes quieren que la ciudadanía tenga un nombre propio nacional (francesa, alemana, española…) mientras que la denominación «europea» figura sólo como apellido que se enfatiza o debilita según la conveniencia del momento y los que aspiran a que lo propiamente europeo consista en ser ciudadanos sin una identidad nacional predeterminada excluyente, abiertos según derechos y deberes comunes a adquirir luego cada cual el perfil cultural que prefiera. Porque las identidades colectivas prepolíticas son obstáculos para el desarrollo de la ciudadanía. Durante sus inicios en la modernidad, la democracia tuvo que enfrentarse a las identidades genealógicas de reyes y aristócratas, así como a las confesiones religiosas que pretendían definir al país («la católica España», «la piadosa Italia», etc…); hoy, la democracia europea tiene que vencer el enquistamiento nacionalista, tanto de los euroescépticos de Inglaterra, Holanda, Dinamarca o Francia como de los separatistas en Cataluña o Escocia que pretenden deshacer sus Estados multiculturales respectivos. A veces estos separatistas se proclaman entusiastas de Europa, pero en realidad pretenden estrechar aún más el filtro de la identidad nacional como requisito para disfrutar de derechos cívicos, excluyendo de ellos a parte de sus hasta ahora compatriotas con el pretexto de crear nuevos Estados identitarios más fieles al europeísmo. En todos esos casos siempre se trata de la maldición reaccionaria de la identidad predeterminada, es decir, de la veneración proclamada de las raíces: porque esas raíces, sean étnicas o religiosas, están siempre ancladas en el pasado mientras que la concepción progresista exige por el contrario que nuestras verdaderas y venideras raíces estén en el futuro, en aquello hacia lo que vamos y no en eso de lo que venimos.

La ciudadanía por la que merece la pena luchar es aquella según la cual el individuo obtiene derecho a la participación política, la protección social y los servicios básicos con abstracción de cualquiera de sus determinaciones previas genealógicas, étnicas, culturales, de género, etc… Se es sujeto de derechos y deberes no por ser alguien predeterminado sino como cualquiera y como todos, sin que se le pregunte a nadie quién es sino sólo si se compromete a cumplir las leyes que le permitirán compartir el presente y el futuro con los demás. Una vez que acepte este fundamento común de ciudadanía, está en libertad de elegir sus identidades sucesivas y revocables en materia política, religiosa, cultural, erótica, etc… La renuncia al privilegio de ser nada predeterminado e inamovible antes de la ley común que debemos compartir le autorizará después a ser diferente a cualquiera de los demás a partir de ella. Por ahora, esta concepción ciudadana sólo la garantizan los Estados democráticos realmente existentes (aunque a veces con preocupantes restricciones), por lo que los separatistas que piden una Europa «no estatista» encarnan en realidad la reacción del Antiguo Régimen contra ella. Pero mañana puede llegar a tener un alcance transnacional y plenamente europeo —si el euroescepticismo y los separatistas de toda laya no prevalecen políticamente— e incluso extenderse de un modo realmente cosmopolita, como anhelan quienes exigen instituciones de justicia universal y la defensa sin fronteras ni ventajismos de los derechos humanos.

Para este propósito, la educación es una pieza fundamental en el asentamiento de la ciudadanía. Educar no puede ser meramente una preparación para el desempeño laboral, no debe consistir en algo así como la fabricación de empleados competentes y nada más, aunque a veces las directrices establecidas en Bolonia parezcan apuntar a cosa parecida. El aprendizaje de destrezas técnicas y conocimientos científicos es imprescindible, claro, pero también la formación humanista que permite el ejercicio pleno de las capacidades cívicas en el terreno político y social. Varios autores, como la filósofa Martha Nussbaum (en Sin fines de lucro [Katz Editores, 2010], por ejemplo), han advertido de ello. Es muy alarmante que en nuestros países, con el pretexto de recortes económicos impuestos por una visión paralizadora de la austeridad presupuestaria, la educación pública se haya visto seriamente mermada y sobre todo en sus aspectos humanísticos —literatura, filosofía, historia, educación cívica…— considerados como superfluos y prescindibles, cuando no francamente inútiles. Esta consideración derogatoria de «inútil» debe leerse realmente como significando «no rentable» y el concepto de rentabilidad que aquí se maneja es puramente inmediato y crematístico. Pero hay otras formas de rentabilidad aún más necesarias, las que buscan desarrollar esa riqueza no bancaria de la preparación para una ciudadanía que conozca las razones de la solidaridad, así como los motivos fundados tanto para obedecer como para rebelarse en la necesaria intervención frente a los acontecimientos sociales.

Hoy se habla en todos nuestros países europeos de una creciente desafección frente a la política. Y ello quiere decir una desafección ante la ciudadanía, porque en una democracia políticos somos todos, tanto los que eventualmente mandan como aquellos que por medio de elecciones les hemos mandado mandar. Se dice, a menudo con razón, que los políticos electos desconocen o no se ocupan de los problemas de los ciudadanos que les eligieron, obsesionados con sus luchas sectarias y con mantenerse en el poder a toda costa; pero también podría hablarse del desconocimiento irresponsable por parte de los propios ciudadanos de los problemas de la política, que debe conciliar intereses divergentes y beneficios comunes a veces difícilmente compatibles. Por eso es no sólo aconsejable sino necesaria alguna forma de educación específica sobre los requisitos y las obligaciones de la ciudadanía, una asignatura boicoteada en España por los sectores clericales más oscurantistas. Lo ya evidente es que resulta suicida consentir una política que sólo permite hablar a los poderes extrapolíticos de la macroeconomía y la especulación financiera, mientras condena al resto de los ciudadanos a una resignación acrítica o a una protesta desordenada y populista. Hoy, en todos los países europeos, cada vez existen más ciudadanos que quieren ser escuchados precisamente como ciudadanos informados y no sencillamente como revoltosos vocingleros. Desdeñar sus voces para escuchar solamente las exigencias de los plutócratas es apostar por la desintegración de la mejor promesa de lo que puede y a mi juicio debe llegar a ser la Unión Europea.

Permítanme para terminar una evocación histórica que se me antoja ejemplar. Durante toda la tarde de su trágica colisión, al Titanic llegaron desde otros barcos numerosos avisos de que había peligrosos bloques de hielo flotantes en las aguas que navegaba. Pero el operador de radio del buque las ignoró y no se las comunicó al capitán, porque estaba demasiado ocupado recibiendo y enviando mensajes de los pasajeros de primera clase. Ya sabemos cuál fue el resultado de atender sólo a estos privilegiados e ignorar las justificadas voces de alarma. No volvamos a cometer el mismo error con esta nave Europa en que viajamos juntos los ciudadanos de nuestras democracias.

Adenda

Tras las elecciones europeas del 25 de mayo

Como fueron escritos a lo largo de los últimos meses, bastantes de los textos incluidos en este libro hacen referencia a las entonces venideras elecciones al Parlamento Europeo del 25 de mayo. Una vez efectuadas, parece evidente que se han confirmado algunos de los temores y la necesidad de las tareas que expuse en ellos. En cuanto a los temores, los votantes han dado un notable apoyo a los partidos euroescépticos o incluso abiertamente eurófobos, que además han multiplicado su número y radicalismo. Podría suponerse que es debido a los recortes y la política de austeridad exigida por la Troika, salvo por la circunstancia de que los tres países más afectados por el síndrome antieuropeísta (Reino Unido, Francia y Dinamarca) son también los que menos han padecido esas medidas de doloroso ajuste económico. En cambio, los partidos de extrema derecha que han prevalecido en esos Estados comparten un ufano nacionalismo, esa forma de egoísmo colectivo, y proclaman que sus identidades tradicionales (definidas por ellos a su conveniencia) deben servir de requisito para gozar de los derechos y beneficios de la ciudadanía, sin someterse a ninguna pauta supranacional.

También se han reforzado, como era de temer, los grupos populistas de tendencia izquierdista, que no se declaran abiertamente contrarios a la unión, pero piden una Europa “diferente” tan radicalmente distinta de la actual que no sabría llegar a existir sin destruir todo el entramado legal de la hoy vigente, conseguida a lo largo del esfuerzo de décadas. El populismo se caracteriza por señalar deficiencias y abusos reales (la corrupción, la ineficacia fiscal, los desahucios basados en cláusulas depredadoras, el paro irresuelto, la sobreprotección bancaria que contrasta con la infraprotección social, etc…) para los que se proponen soluciones simplistas o sencillamente falsas. A este respecto es particularmente significativo el caso en España de Podemos, una novísima agrupación electoral que ha obtenido resultados mejores de lo que nadie había previsto. La cara visible de la formación (nunca mejor dicho, porque aparecía impresa como logotipo en las papeletas) se dio a conocer televisivamente en lo que podríamos llamar programas-basura de contenido político, en los cuales el debate de los problemas es sustituido por el flamear de los escándalos y se considera «hablar claro» a convertir los conflictos más peliagudos en transparentes gracias al más desvergonzado maniqueísmo. La parte oculta del iceberg, su proximidad ideológica a modelos tan escasamente europeos como la Venezuela de Chávez y Maduro o su reconocimiento fraternal de los proetarras, no cuenta demasiado para quienes prefieren la evidencia de la picota a los difíciles equilibrios de la mejoría legal. Por supuesto, su fondo común no deja de ser nacionalista —nada de injerencias extranjeras—, en lo que coinciden con las propuestas independentistas y separatistas en Cataluña y el País Vasco cuyo volumen también ha aumentado en estos comicios. Nacionalismos y populismos de toda laya comparten su preferencia por evocar al pueblo por encima de los ciudadanos. El pueblo no es una categoría social descriptiva sino valorativa, hagiográfica: a él pertenecen los que protestan en las calles, no quienes votan al Gobierno, los que poseen o se adhieren a la identidad debida, no los que pretenden diferenciarse de la diferencia impuesta. El pueblo es siempre pueblo elegido, comunión de los santos, a diferencia de la ciudadanía en la que caben buenos, malos y regulares…

Pero lo más importante son las tareas que a la vista de todo ello tenemos pendientes. La principal, abogar por un concepto de ciudadanía basada en la constitución del Estado de derecho y no en las identidades étnicas, culturales o ideológicas. Educar para la elección a partir de ella de un perfil personal que pueda parecerse a otros o buscar la singularidad de lo irrepetible. Y, especialmente importante, combatir la abstención de más de la mitad de los ciudadanos que no quieren comportarse como tales, para lo cual parece indispensable imponer el voto obligatorio en los países que aún no lo tienen, cuya función pedagógica es que todos somos para mejor o peor políticos en la democracia y no hay especialistas en mandar y otros en desobedecer. Los fanáticos e intransigentes siempre están movilizados, mientras que los moderados o indecisos confían irreflexivamente en que las cosas se arreglen solas. Ya dijo Rivarol que lo peor de los conflictos civiles es que siempre los pierden quienes se quedan tranquilamente en casa… A fin de cuentas, los euroescépticos y los eurófobos siguen siendo una minoría en la Unión Europea y los resultados electorales no son el final de nada sino el comienzo de la partida política que debemos jugar en los próximos años. Y es mucho lo que nos va en ello, como hemos intentado mostrar y demostrar en este libro.

Despedida

Soy uno de esos demócratas que creen que la finalidad de la democracia es hacer llegar a cada hombre hasta la nobleza.

ROMAIN GARY, Chien blanc

FERNANDO SAVATER nació en San Sebastián y se ha dedicado a la filosofía y la literatura. Ha formado parte del Movimiento por la Paz y la No Violencia, Gesto por la Paz, el Foro Ermua y actualmente milita en la iniciativa ciudadana ¡Basta Ya!, galardonada por el Parlamento europeo con el Premio Sájarov a los Derechos Humanos.

Sus obras más conocidas, traducidas a varias lenguas, incluyen La infancia recuperada, Ética para Amador, El jardín de las dudas y Las preguntas de la vida. En 2001 publicó en Aguilar Perdonen las molestias y A caballo entre milenios.

Notas

[*] Esta alocución respondió a una invitación de la presidencia de la Asamblea portuguesa y fue pronunciada ante ella en los actos conmemorativos del 40 aniversario de la revolución del 25 de abril. <<