Este libro versa sobre la vinculación objetiva entre el proyecto soberanista del nacionalismo vasco concretado en el plan Ibarretxe y la persistencia de la intimidación terrorista contra la sociedad vasca.

Al mismo tiempo quiere ser una denuncia de la inestimable colaboración que cierto progresismo ha prestado al desastre vasco, a veces con su cautelosa inhibición ante los crímenes terroristas y en muchos casos mostrando una simpatía comprensiva por el ejecutivo nacionalista.

Según el autor, nos encontramos ante el gran fraude ideológico, educativo y político de nuestra democracia desde el momento en que, no sólo en Euskadi sino en otras regiones, cualquier invocación al pluralismo resulta progresista, mientras que recordar la unidad de España es considerado de mal gusto, cuando no fascista.

Fernando Savater

El gran fraude

ePub r1.0

Titivillus 07.08.18

Título original: El gran fraude

Fernando Savater, 2004

Editor digital: Titivillus

ePub base r1.2

A mi basca vasca de Basta Ya.

Y para María Ruiz, desde la batalla hasta el estreno…

«La comuna renuncia.

El capital de una atrocidad que produce intereses

se enfrenta al capital de un dolor

menguante.

A pesar de todo, esta sociedad se sentencia a sí misma.

Morir no lo es, levantarse

es la palabra. Sin comprensión

para con la explotación, terminar

con esta explotación. Que venga la revolución.

Que venga, pues que venga.

Yo dudo. Pero que venga

La revolución, también de mi corazón».

(Ingeborg BACHMANN, Ingreso en el partido)

Para empezar

«El verdadero enfrentamiento, subyacente y oculto por supuesto bajo un sinfín de clichés y trivialidades muy extendidas, tenía lugar entre el nacionalismo y el sentimiento de lealtad al propio país».

(Sebastian HAFFNER, Historia de un alemán)

Este libro versa sobre dos temas. El primero y más inmediato es la vinculación objetiva entre el proyecto soberanista del nacionalismo vasco —concretado por el momento en el llamado «plan Ibarretxe»— y la persistencia de la intimidación terrorista contra la sociedad vasca. A este efecto se analiza la trama de complicidades y apoyos al entorno social etarra con que el PNV, EA e IU han procurado rentabilizar políticamente durante los dos últimos años el clima de coacción que la banda supo imponer durante tanto tiempo, presentándose como lógicos herederos ante su probable próximo finiquito.

El segundo tema tiene mayor calado y más alcance. Es la denuncia de la inestimable colaboración que cierto «progresismo» ha prestado al desastre vasco (birlo la fórmula al título de una charla de mi amigo Aurelio Arteta), a veces con su cautelosa inhibición ante los crímenes terroristas y en muchos otros casos mostrando una simpatía comprensiva por el ejecutivo nacionalista que regatea en cambio al Gobierno estatal. Pero el mal no se limita a Euskalherria, porque también en otras regiones —a veinticinco años de proclamada la Constitución— cualquier invocación al «pluralismo» aunque sea por motivos caciquiles es considerada progresista, mientras que recordar la unidad de España resulta fascismo de mal gusto. Este es el gran fraude ideológico, educativo y político de nuestra democracia: y el origen de la principal amenaza que pesa actualmente sobre ella.

Componen esta obra artículos periodísticos aparecidos casi todos en El País, El Correo y El Diario Vasco (salvo «Cuando el durmiente despierta» y «La rentabilidad del terror», escritos para revistas mexicanas) a lo largo de los dos últimos años. Cronológicamente, dejando en barbecho un lapso de varios meses, constituyen la lógica prolongación de los reunidos en otro volumen de esta misma editorial, Perdonen las molestias. Son textos en su mayor parte bastante breves pero no simplemente circunstanciales: quiero decir que, aún respondiendo por lo general en cada ocasión a circunstancias concretas (digamos la Ley de Partidos, la ilegalización de Batasuna, el atentado de Santa Pola, las manifestaciones de Basta Ya, el asesinato de Joseba Pagazaurtundua, el cierre judicial de Egunkaria, las elecciones municipales de mayo, el plan Ibarretxe, las elecciones autonómicas catalanas, los 25 años de la Constitución, etcétera) sin embargo no agotan en ellas todo su recorrido. Hablan no sólo de lo que pasa (y de los comentarios que suscita lo que pasa) sino también de lo que no pasa, de lo que ni puede ni debe pasar… arrastrado por lo que pasa. De lo que en el fondo importa para mañana y por ello debe ser pensado ya hoy, no sencillamente de los aspectos de hoy que mañana apenas nadie recordará.

Espero no resultar demasiado pretencioso reclamando la atención del benévolo lector sobre dos aspectos fundamentales de estos escritos combativos, que desde luego no aspiran a la olímpica objetividad de la cátedra pero tampoco se conforman con la exaltación de la trinchera: ofrecen argumentos y aportan datos. Dado el género periodístico al que pertenecen y la idiosincrasia algo golfa de quien los firma, abundan en la retórica del énfasis y a veces del exabrupto, sin renunciar nunca a la tentación aniquiladora del chiste (lo siento, pero mi maestro fue Voltaire y no Hegel). Sin embargo y ante todo, pretenden argumentar. Nunca se refugian meramente en lo caprichoso y jamás renuncian a la razón, que no es de nadie y todos compartimos… mal que nos pese. Debo decir que por lo común no han obtenido respuestas en el mismo registro, sólo descripciones del bajo perfil moral del autor o de su afiliación partidista. Una de las que más me irritan se resuelve así: «¿no le da vergüenza o al menos reparo coincidir con lo que sostienen ministros y otros representantes de la derecha gobernante?». Miren ustedes: coincido con el Papa en pedir la abolición de la pena de muerte, con Milton Friedman en abogar por la despenalización de las drogas y, ay, con Gaspar Llamazares en criticar la participación entusiasta de España en la guerra de Irak (en este último aspecto supongo que coincido también con el mismísimo Sadam Hussein). Para cada una de esas opciones tengo y expongo razones que me parecen válidas, salvo mejor argumentación en contra: no las abandonaré porque las compartan sujetos con los que tengo pocas cosas en común ni porque causen incomodidad a algunos a quienes considero en muchos aspectos mis amigos. Soy ciudadano de un Estado de derecho democrático y por tanto no me quejo jamás de coincidir en lo razonable con las autoridades o con la mayor parte de mis compatriotas: ¡ojalá ocurriera lo mismo en muchos otros criterios que también me parecen sustentados por buenos argumentos! En cualquier caso, prefiero compartir la razón con Aznar que perderla a sabiendas para que no me confundan con él.

También se aportan en las páginas siguientes bastantes datos. No es que provengan de pacientes investigaciones propias, pues en la mayoría de los casos las debo a los estudios de otros (como el profesor Francisco Llera, por ejemplo, en lo tocante a las doscientas mil personas que han dejado el País Vasco en los últimos doce años), a la simple lectura diaria de todos los periódicos editados en la CAV o a lo que enseña la experiencia cotidiana a quienes vivimos aquí. Pero son asombrosas las lagunas de información que sigue habiendo sobre este largo «conflicto» del que tanto y a tantos se oye opinar. Como muestra, el pasmo que sintieron muchos de quienes lamentaban el supuesto maltrato dado a Julio Medem por su documental La pelota vasca (sobre el que escribo más adelante, vid. «Viene criatura») cuando se enteraron de que otro documentalista anterior pero menos complaciente con el nacionalismo, Iñaki Arteta, había perdido su trabajo en la diputación vizcaína tras hacer público su cortometraje Sin libertad. El comentario habitual, en ése y otros muchos casos semejantes, es siempre: «eso no lo habíamos oído». Vaya por Dios. Sin embargo, aún más chocante resulta lo poco que tales datos logran en cuanto a que modifiquen su criterio quienes deberían tenerlos en cuenta. Sin ir más lejos, no recuerdo que ninguno de quienes nos auguraban los peores males sociales por la aplicación a Batasuna y otros grupos afines de la Ley de Partidos hayan rectificado a la vista de que no han ocurrido los desastres augurados y en cambio la situación de ETA, al perder apoyos políticos y banderines de enganche, se ha vuelto más crítica que nunca. El supuesto «balón de oxígeno» para los radicales ha servido en realidad para ponerles contra las cuerdas, como era más lógico pero menos sectario esperar. El otro día escuché por radio a Iñaki Anasagasti congratularse de que «gracias a Dios, ETA está muy debilitada». Sin pretender quitarle mérito a Dios, no me parece que las medidas legales y policiales contra el entorno de la banda recientemente promovidas sean ajenas a tal debilidad… Pero la verdad es que, aunque los hechos son muy tercos, quienes deben interpretarlos suelen serlo todavía más.

Pese a este empeño en referirme a situaciones concretas que hoy vivimos en Euskadi (documentadas con mayor detalle en las obras imprescindibles que han venido publicando en estos años José María Calleja, Florencio Domínguez, Patxo Unzueta y Jose Luis Barbería, entre otros) y en argumentar políticamente a partir de ellas, estoy casi resignado ya a que se me despache como un «crispador» vocacional que «ahonda» el abismo entre las comunidades nacionalista y no nacionalista en el País Vasco, entorpeciendo el imprescindible «diálogo» y contribuyendo a que se satanice a los partidarios benevolentes de este último. Por supuesto no voy a convertirme en abogado defensor de mí mismo (tengo la convicción de que quien necesita defensa ante la tontería o la mala fe no la merece) pero pertenezco profesionalmente a un gremio incómodo que se niega a aceptar sin examen crítico los «ídolos» verbales de la tribu. De modo que me veo obligado a precisar que las supuestas dos comunidades enfrentadas hoy en Euskadi son el invento fatal de la violencia terrorista (secundada por la intransigencia de cierto nacionalismo fanático), no una realidad social preexistente. Tal es «la rentabilidad del terror», según intento explicar más adelante en el artículo del mismo título.

En lo tocante al diálogo, sin duda es una fórmula magistral pero que exige ciertos requisitos para obrar sus potencialidades curativas. No vendría mal repasar al efecto lo que establece Habermas acerca de la acción comunicativa que pretende establecer la pauta de lo justo: incluso sin exigir a toda costa la paradigmática «situación ideal de habla», es obvio que no se dan los mínimos requisitos para un coloquio decente cuando la mitad de los interlocutores se juega la vida en cuanto presenta objeciones a las tesis de la otra mitad. Fue precisamente Carl Schmitt (en Sobre el parlamentarismo) quien estableció claramente la distinción entre «diálogo» y «negociación». El primero es un intercambio de opiniones igualitario, destinado a convencer al adversario con argumentos racionales de lo verdadero y lo correcto, o dejarse persuadir por los argumentos sobre lo verdadero y lo correcto expuestos por él. La negociación, en cambio, no aspira sino al cálculo de intereses y la oportunidad de obtener ganancias, aprovechándose de las circunstancias estratégicas. En este segundo modelo no se excluye la búsqueda de acuerdo entre los más fuertes a costa de terceros o el consenso obtenido por medio del chantaje. Pues bien, algunos no nos negamos al diálogo sino que exigimos antes de iniciarlo los presupuestos que lo hacen posible: y, sobre todo, nos negamos a llamar «diálogo» a la «negociación» en nombre de un malvenido irenismo. En lo que estoy de acuerdo sin embargo es en que no se debe satanizar a los obstinados en reclamar «diálogo» caiga quien caiga, porque Satanás —según quienes mejor le conocen— es un tipo muy malo pero sumamente inteligente y nuestros dialogantes ni siquiera son demasiado malos.

Es delicia idealista pretender salir de un embrollo criminal sin comprometerse en nada más antipático que las declaraciones reiteradas de buena voluntad. Los rentabilizadores de la violencia terrorista sólo renunciarán a ella cuando empiecen a sufrir políticamente por su opción, pero nunca mientras sólo se les afee en términos morales su conducta. En sus Cartas a un joven disidente escribe Christopher Hitchens: «Los conflictos pueden ser dolorosos, pero las soluciones indoloras no existen en ningún caso, y buscarlas conduce al doloroso resultado de la inutilidad y el absurdo: la apoteosis del avestruz». (Por cierto, aunque ya difícilmente puedo considerarme un joven disidente —contrarian en el original— porque tengo un par de años más que el propio Hitchens, he anotado algunos de sus observaciones en mi cuaderno de bitácora. Por ejemplo, ésta: «Dante era un sectario y un místico, pero tenía razón al reservar uno de los rincones más atroces de su infierno a quienes, en tiempo de crisis moral, procuran mantenerse neutrales». O esta otra: «No te preocupes demasiado por quiénes son tus amigos o por qué compañía tienes. Cualquier causa digna de batirse por ella atraerá a cantidad de gente diversa». También cita con aprobación este apotegma de F. M. Cornford, que yo propondría como lema a mis compañeros activistas de Basta Ya: «Sólo hay un argumento para hacer algo; los demás son argumentos para no hacer nada»).

¡La apoteosis del avestruz! ¡Qué hermoso título podría haber sido para este libro, si no hubiera el peligro de que algunos lo hubieran tomado como promoción de una reciente moda gastronómica! Porque ciertamente esa notable ave corredora ha sido durante años el emblema de quienes han fomentado el fraude ideológico y educativo tras el que se han emboscado los nacionalismos insolidarios y disgregadores, empezando por el vasco. De hacer caso a muchos bienpensantes, el nacionalismo vasco no sólo no tiene nada que ver con ETA ni su ideario etnicista colisiona con la sociedad de ciudadanos moderna, sino que hasta es más «progresista» que la visión de una España constitucionalmente unida e indivisible. Que los caciques de la derecha local y los «aprovechateguis» de turno se hayan pasado con armas y bagajes de hacer negocios con el franquismo a hacerlos con el nacionalismo es cosa normal, previsible; que algunos intelectuales a lo Álvarez Solís hayan viajado del falangismo al estalinismo y de ahí a escribir libros prologados por el lehendakari Ibarretxe es lógica deriva de ciertos amigos de la libertad. Pero que personas ilustradas, de mentalidad genéricamente amiga de los avances sociales, hayan permanecido obstinadamente ciegas a lo que suponía el embellecimiento del nacionalismo con un toque suavemente «izquierdista» es cosa que le deja a uno —por lo menos al uno que esto firma— realmente estupefacto.

Todo empezó con el encomio, al principio sanamente antidictatorial pero después cada vez más hiperbólico, de la noción de «pluralismo». Que la sociedad sea plural es excelente en numerosos aspectos, pero claramente nefasto en otros. Una sociedad donde hay esclavos y amos es más plural que otra donde todo el mundo sea igualmente libre; y las castas de la India son plurales, frente a la ciudadanía unitaria que no hace discriminaciones. Los regímenes que tratan de manera distinta en el terreno laboral o legal a las mujeres y a los varones, aquellos en los que unos son educados y otros no o los que reservan privilegios para unos grupos étnicos frente a otros son más plurales que los basados en el principio «todos los seres humanos nacen libres e iguales, cualquiera que sea su raza, etnia, sexo o condición». Más plurales pero no precisamente preferibles ni más progresistas. Por supuesto que la pluralidad de opciones, creencias y expresiones es el deseable resultado de la libertad… siempre que la institucionalización de tal libertad sea igual para todos. Digámoslo una vez más: no es lo mismo el derecho a la diversidad que la diversidad de derechos… En cuanto a la descentralización y el federalismo (que algunos en España vitorean como la solución de todos los males y la entrada en el reino del progreso) lo realista es comprobar que son disposiciones administrativas que «pluralizan» los países de un modo deseable siempre que no vayan más allá de cierto límite, traspasado el cual dejan de ser algo positivo y se convierten en una amenaza social. Hace unos días, en su balance político de fin de año, el presidente alemán Johannes Rau ha señalado que el federalismo germano —cuya reforma propone sin rodeos— falla al menos en tres aspectos: las excesivas competencias que los länder han ido acumulando, la creciente confusión entre las tareas, ingresos y gastos de la federación y de los estados federales, así como la maraña financiera entre las catorce administraciones. «Catorce campañas electorales y catorce elecciones son demasiadas», ha clamado el presidente Rau. Supongo que, a partir de su experiencia y no de la ideología, difícilmente recomendaría a ningún país que tuviese diecisiete Agencias Tributarias… Da la impresión de que algunos políticos españoles padecen la misma obnubilación entusiasta que me aquejó a mí cuando hace años me compré orgullosamente un vídeo Betamax un mes antes de que todo el mundo se pasara al sistema VHS.

Tampoco es desde luego lo mismo que se reconozca la existencia dentro de un Estado de diferentes «pueblos» en el sentido cultural y tradicional del término, cuya lengua y costumbres democráticamente aceptables pueden y deben verse reconocidas constitucionalmente, a que se convierta cada uno de los tales en un sujeto político homogéneo y originario con pleno derecho a la autodeterminación disgregadora frente al resto del país. La existencia del pueblo vasco en este segundo sentido es el núcleo central del plan Ibarretxe, tal como lo ha argumentado en diversas ocasiones uno de los más destacados ideólogos del proyecto, el sociólogo Luis Sanzo (véase, por ejemplo, su libro El pueblo vasco y la autodeterminación o, más recientemente, su artículo «Fin de una ilusión», publicado en El Diario Vasco el pasado 26 de diciembre). En apoyo a sus tesis aporta las decisiones tomadas por organismos internacionales para resolver conflictos como los de Bosnia y Kosovo, ejemplos más bien espeluznantes y que se refieren a situaciones en que precisamente lo que falta es un Estado de derecho auténticamente democrático… dejando a un lado las profundas diferencias entre las identidades históricas de esos pueblos en litigio y la historia de las comunidades integradas en nuestra CAV.

Pero por lo visto no hay nada que hacer: aún seguimos escuchando un día sí y otro también el lloriqueo sobre la «incomprensión» gubernamental de la «pluralidad» de España. A estas alturas, habría que haber estado veinticinco años dormido, como la bella del cuento, para no darse aún cuenta de que España es plural, tanto en el sentido deseable como en el indeseable e insolidario del término. Pero hagamos un sencillo ejercicio: pidamos que se nos diga qué político de este país ha negado públicamente esa pluralidad o ha vetado las pautas políticas que la reconocen. Yo no conozco NINGUNO mientras que en cambio puedo dar varios nombres de líderes de partidos, algunos actualmente con mando constitucional en sus respectivas autonomías, que han rechazado el presupuesto de la unidad de España o lo han considerado una atroz imposición semi-fascista. Dado que la pluralidad es una forma abierta de vivir la unidad y no su negación o su sabotaje, lo que parece que no acaba de comprenderse es precisamente dicha unidad. Que no tiene por qué responder a ningún afán esencialista de la España eterna, sino a la prudencia de quien desea conservar operativo un Estado de derecho en el que las identidades étnicas (o los intereses económicos de ciertas regiones) no impidan la solidaridad y la libertad ciudadana de cada cual (véase más adelante «Nación y Constitución»). Porque los «pluralistas» reivindicadores de diferencias irreductibles entre los pueblos originarios niegan en cambio la pluralidad dentro de cada una de esas entidades y determinan dogmáticamente el «ser» auténtico de quienes vayan a formar parte de ellas. Los más educados, como el antes citado Luis Sanzo, admiten que ese pueblo homogéneo es distinto a la sociedad real, mestiza y revuelta, sobre la que cae su sombra. Pero su proyecto, a través de la emancipación política, es precisamente conseguir que a medio o largo plazo pueblo y sociedad coincidan plenamente en lo que alguien otrora llamó «una unidad de destino en lo universal». ¿No es ésta una forma pulida pero inequívoca de presentar un horizonte totalitario?

Otra argumentación «progresista» a favor de nacionalismos separatistas, exaltación idiosincrásica de indigenismos varios, apoyo a la lucha de los «pueblos sin Estado» por romper aquel al que pertenecen y conseguir uno propio, etcétera, es la mentalidad antiglobalizadora que viene movilizando en los últimos años a tantos colectivos sociales de la más diversa —y frecuentemente opuesta— índole. En Génova, Porto Alegre y otras concentraciones reivindicativas similares siempre han encontrado un foro propicio los representantes del nacionalismo vasco radical, junto a kurdos y chechenos (los cuales no están precisamente en su mismo caso). A ello me refiero más adelante en varios textos, por ejemplo el titulado «Vascos en Porto Alegre». Una amiga vasca, representante en Europa de una importante ONG internacional de protección de derechos civiles, me contó su esperpéntico calvario en una mesa redonda en Génova que tuvo que compartir con un miembro de la ejecutiva nacional de Batasuna: cuando hablaba de las víctimas de ETA, la masa fervorosa (lo que Quevedo llamó «la juventud robusta y engañada») la abucheaba y la tildaba de fascista… Sin abundar en estos dislates, respetables teóricos sostienen que en el mundo arrasado por lo global y homogeneizado a gusto de las multinacionales depredadoras, la rebelión de ciertas identidades colectivas frente al juego de los grandes Estados es una batalla por la emancipación humana. Si no me equivoco, tal es la posición que ha sostenido entre nosotros con elocuencia Manuel Castells. Lo curioso es que este punto de vista es diametralmente opuesto al defendido por otros distinguidos mentores del movimiento antiglobalización, como Susan George en su polémico y por ello mismo muy interesante Informe Lugano. En cuanto a Zygmunt Bauman, una de las voces más lúcidas del análisis social de la actualidad, resume así su punto de vista: «Las incontroladas y destructivas fuerzas globales prosperan sobre la fragmentación del escenario político y sobre el despedazamiento de una política potencialmente global en un conjunto de egoísmos locales en lucha perenne, empeñados en conseguir una parte mayor de las migajas que caen de la mesa de los barones depredadores globales. Cualquiera que proponga la “identidad local” como antídoto a las fechorías de los globalizadores no hace sino favorecer su juego y llevar agua a su molino» (Intervista sull’identità). Amén.

En España, la última moda entre lo que una vez llamé la «izquierda lerda» es proclamar la doble buena nueva de que a) la culpa de la exacerbación nacionalista de los últimos tiempos, representada por el plan Ibarretxe y el ascenso en las elecciones autonómicas catalanas de Esquerra Republicana, debe recaer en el «españolismo» exagerado del gobierno del PP y b) que cualquier denuncia activa de los planteamientos nacionalistas o de su obstrucción, en el caso vasco, a la acción legal del Estado contra el entorno que ampara, legitima y financia la violencia terrorista debe ser aplazada porque «en estos momentos» hace el juego al gobierno del PP y a las expectativas electorales de dicho grupo. No deja de ser asombroso que los planteamientos nacionalistas hayan ganado adeptos por la cerrada y a veces torpemente antipática política constitucionalista de Aznar pero no los hayan perdido antes por la violencia terrorista que ampararon y en parte legitimaron (pacto de Lizarra) o por los abusos lingüísticos, la corrupción económica, la discriminación xenófoba, etcétera, tan frecuentes en las comunidades gobernadas por mayorías nacionalistas. Cabe lamentar una irritabilidad tan desvariantemente selectiva. En cuanto a lo de «hacer el juego» al PP tampoco parece un daño colateral tan grave (si es que existe, lo cual queda por demostrar) comparado con favorecer directamente al PNV, EA o ERC. Ser poco amable defendiendo la Constitución no tendría por qué hacer simpáticos a quienes abiertamente se proponen a corto o largo plazo conculcarla…

Claro, hay que contar con la marea de «aznarofobia» vigente en cierta izquierda, para la que se ha convertido en una especie de enfermedad senil que sustituye a la falta de mejores ideas y da cauce a todo tipo de frustraciones. No faltan desde luego buenas razones para criticar a Aznar, sobre todo en los últimos tiempos de su mandato: en lo educativo (la dichosa religión escolarizada por narices), en su manejo de los medios de comunicación, en el abuso de políticas persecutorias (el tema del cannabis, por ejemplo), y desde luego en su aberrante entusiasmo pro-Bush en la guerra contra Irak, que nos ha colocado además en una incómoda situación frente a países europeos cuya hostilidad puede resultarnos especialmente dañina (nada podría defender mejor la unidad de España que lograr de una vez articular esa dichosa Constitución europea en la que tan escaso lugar se concede a los desvaríos separatistas). Pero ello no impide valorar muy positivamente, entre otros indudables aciertos, su firme disposición de acabar de una vez por todas con el entramado político que ha eternizado el terrorismo etarra en nuestro país, al que sólo se le puede reprochar una falta a menudo deliberada de consenso con el actual liderazgo del partido socialista. Sin embargo, la «aznarofobia» no es un planteamiento de crítica racional sino la permanente pataleta ante la mayoría de derechas a la que las urnas han dado en los últimos años el gobierno en nuestro país. Aznar se ha convertido para cierta izquierda en lo que Osama Bin Laden y Sadam Hussein representan para el poco matizado Bush. El ejemplo más doloroso de lo que ya constituye casi un nuevo género literario es La aznaridad de Vázquez Montalbán, un libro realmente indigno de la perspicacia y el humor (que es sólo malhumor en este caso) de su inteligente autor. En lo tocante a los nacionalismos, los comentarios que hace Vázquez Montalbán resultan por decirlo suavemente «distraídos»: hasta se declara pince-sans-rire opresor del pueblo catalán, aunque eso sí, sólo opresor «lingüístico»… ¿Acaso podía creerse en serio eso Manolo de sí mismo, uno de los escritores catalanes más celebrados en el mundo entero? Más bien parece un arrebato de frivolidad poco responsable aunque, eso sí, muy de izquierdas.

Respecto al caso vasco, la actitud de numerosos intelectuales de izquierda siempre ha sido particularmente lamentable. Hay figuras celebradas por su «compromiso político y social» capaces de irse como escudos humanos a Bagdad pero a las que jamás hemos visto como escudos de ninguno de los concejales amenazados a pocos kilómetros de sus casas; capaces de asistir con todo entusiasmo y sin que nadie las convocase perentoriamente a las manifestaciones contra la guerra de Irak o contra la gestión gubernamental del caso Prestige pero con las que todo ruego ha resultado inútil cuando se trataba de que viniesen a una manifestación en defensa del Estatuto y la Constitución en el País Vasco; que celebran que la juventud por fin se haya comprometido al movilizarse contra el Gobierno, olvidando a los jóvenes del PP y del PSE que llevan años arriesgándose a ser concejales en el País Vasco con mucho mayor y más democrático compromiso que cualquiera de los demás jacarandosos manifestantes. Pues bien, por mi parte me niego a considerar «progresista» en ningún sentido respetable del término a los que en veinticinco años de hostigamiento etarra a la democracia y de mangoneo nacionalista desleal jamás han hecho nada mejor que condenar la violencia «venga de donde venga» o lamentarse de que «entre unos y otros…». A varios de ellos, al solicitarles yo personalmente su firma para el manifiesto que acompañó la última manifestación de Basta Ya, centrado en que con violencia el plan Ibarretxe o cualquier otro parecido es un chantaje inadmisible, se excusaron diciendo que consideraban el texto y la marcha como algo «favorable al PP», añadiendo: «espero que respetes nuestra opinión como nosotros respetamos la tuya». Pues no, no la respeto. Siento respeto por sus personas, y en ocasiones no sólo respeto sino también afecto. Pero esa «opinión» que me comunicaron no me parece ni mucho menos respetable, ni en lo político ni en lo moral. Incluso me hacen pensar que si algunos de ellos hubiesen vivido en los días iniciales de la ascensión del nazismo descritos por Sebastian Haffner, Victor Klemperer o Imre Kerstez, quizá habrían opinado que Hitler era un bruto grosero pero que se debía reconocer que los judíos controlaban la banca y la cultura, lo cual tampoco podía admitirse… Algo de eso comento a propósito de otro libro muy interesante en el artículo «Aviso para distraídos».

La trayectoria activista de nuestra plataforma Basta Ya nos ha enseñado otras muchas cosas significativas sobre las dificultades de conseguir movilizaciones cívicas en el País Vasco. Siempre hemos intentado hacer política y no moral, porque creemos que la obligación de intervenir políticamente es la primera urgencia ética cuando las libertades democráticas se ven amenazadas. Pero hemos aspirado a una política de país y de Estado de derecho, no de partidos. Por eso asistimos a la manifestación convocada en diciembre del 2002 por el lehendakari Ibarretxe con el lema «ETA NO», lo que nos valió por parte de algunos exaltados críticas de entreguismo y nos hizo recibir sobre el terreno agresiones físicas de quienes han sido educados por los nacionalistas para creer que el país es suyo… hasta en el repudio al terrorismo (véase más adelante el artículo «Por qué estuvimos allí»). También el lema de nuestra convocatoria del 13 de diciembre pasado —«Con violencia no es plan sino chantaje. Estatuto y Constitución»— nos valió diversas críticas. Desde las páginas del diario ABC al menos tres columnistas que yo sepa (Ignacio Sánchez Cámara, César Alonso de los Ríos y Juan Manuel de Prada) nos reprocharon ligar nuestro rechazo al plan Ibarretxe con la existencia de violencia, pues según ellos aunque ésta hubiera ya desaparecido el proyecto no sería menos inadmisible. Pero lo que Basta Ya quiso destacar es que sin la coacción terrorista todos los proyectos políticos pueden ser al menos debatidos… aunque efectivamente haya algunos que después resulten inadmisibles por su anticonstitucionalidad excluyente. Al insistir en la evidente injusticia de llamar «debate» a lo que habría de celebrarse entre quienes no padecen amenazas y quienes viven bajo ellas hacíamos también un llamamiento a los nacionalistas vascos de buena voluntad que aceptan el plan o parte de él pero se escandalizan —al menos en privado— de las condiciones en que hoy por hoy se presenta a la ciudadanía.

Como contrapartida de la falta de olfato político de los maximalistas, tuvimos que padecer la mala fe y el oportunismo sectario de otros personajes. El alcalde socialista de San Sebastián Odón Elorza, que siempre se las ha arreglado para no estar o hacer como si no estaba en nuestras anteriores convocatorias, hizo público semanas antes de la manifestación que no pensaba asistir porque le parecía que ese tipo de actos en la calle aumentan la crispación: él prefiere las concentraciones con velitas en homenaje a las víctimas, lo cual no incomoda a casi nadie y puede resultarle con un poco de suerte igual de rentable electoralmente. El día antes de la manifa, apareció en El Diario Vasco un artículo titulado «Una reflexión desde la Universidad» y firmado por diversos profesores nacionalistas: José Manuel Castells, Ramón Zallo, D. Loperena, etcétera, que por lo visto han constituido una «iniciativa universitaria por el diálogo». ¡El diálogo, cómo no! En ese artículo se descalificaba nuestra marcha como «una movilización contra cualquier solución al conflicto vasco que se base en el diálogo y contra las propias instituciones representativas vascas», lo cual supone «un “no” total a la reflexión a la tolerancia y al diálogo». ¡Y dale con el diálogo! Pero Habermas nos valga ¿se dan las condiciones para el diálogo en un espacio público dominado por la presencia de la violencia? Según estos profesores que no la padecen (aunque algunos de sus colegas deben ir escoltados por la policía al aula y otros ni siquiera pueden ir y les mandan el sueldo a casa mientras sus clases las da algún sustituto afecto al régimen), estamos en la situación óptima para el diálogo pues «en todo caso, la violencia no debe ser nunca una razón que impida el debate sino, por el contrario, una causa adicional para su realización y para articular soluciones a los conflictos». Claro, cuantos más conflictos tiene uno con los violentos y más amenazado se está, más ganas entran de dialogar con los de la iniciativa, que nos indicarán dónde tenemos que firmar nuestra renuncia para que se nos deje en paz. Profesores dialogantes como éstos son los que pretende conseguir a toda costa la nueva Ley Vasca de Universidades promovida por el actual tripartito… ¿«Una reflexión desde la Universidad»? Digamos desde el cinismo y la desvergüenza. Y sigamos adelante.

El líder del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero fue el primer político de peso estatal en apoyar nuestra manifestación, a la que también después asistieron José Bono y los dirigentes del partido en el País Vasco. Pero las manifestaciones posteriores de algunos socialistas nos sumieron en un dolorido pasmo. Estamos acostumbrados a que tras cada una de nuestras marchas los nacionalistas proclamen su fracaso, hagan saber que no fue nadie, que los escasos concurrentes acudieron al reclamo de un bocadillo gratis y un paseo por la bella Donosti, etcétera. El lehendakari Ibarretxe, en una entrevista, deploró horrorizado que al final de la demostración y como resumen de la misma se hubiera dicho «que el plan Ibarretxe era un peligro mayor que ETA». Por supuesto nadie dijo tal cosa y bien claro estaba lo que queríamos decir en nuestro manifiesto, aunque un bertsolari que intervino al final cantó que en ocasiones a él le producía mayor miedo el PNV que la propia ETA. No me extraña que Ibarretxe suela proclamar que «está harto de mentiras»: dedicarse a decir tantas le agota a cualquiera…

Sin embargo ya es más inusual que sea precisamente Miguel Buen, vicesecretario del partido socialista en Guipúzcoa, quien confiese su arrepentimiento por haber asistido, al parecer molesto por la presencia de un pequeño grupo de falangistas y por haber oído voces que pedían la unidad de acción entre PSOE y PP en defensa de la Constitución, lo que consideraba una manipulación «perfectamente orquestada». Después, Jesús Egiguren y el secretario Patxi López abundaron en lo dicho por el compañero, resaltando las desagradables «muestras de afirmación españolista» que habían tenido que padecer durante el acto. Y para colmo un periódico atribuía a Pérez Rubalcaba haber comentado que la manifestación se veía deslucida por la presencia de autobuses llegados de otras partes de España, ya que —según su criterio— el vigente «conflicto» debe ser resuelto entre vascos y nada más. Esta última sandez es tan gorda que me niego a aceptar la autoría que se le atribuye: primero, porque esos autobuses trajeron vascos que viven (en muchas ocasiones a la fuerza) fuera de Euskadi y que quisieron estar con nosotros ese día; segundo, porque los demás españoles tienen no sólo el derecho sino el deber de apoyar a los vascos demócratas chantajeados y rechazar a su vez el chantaje separatista que se pretende imponer a todos los ciudadanos de nuestro Estado, vascos o no. Quien no entienda cosa tan obvia ¿cómo va a pretender educar cívicamente a las nuevas generaciones de españoles cuando llegue al Gobierno? En cuanto a lo demás… Odón Elorza y Miguel Buen dicen lo que dicen porque son lo que son: su peculiar forma de ser cumple probablemente alguna necesaria función en el orden misterioso del universo, aunque nosotros —simples mortales— no podamos adivinar cuál es. Pero que personas de mucho mayor alcance y peso político como Patxi López o Jesús Egiguren consideren intolerable afirmación españolista la exhibición de banderas españolas constitucionales junto a ikurriñas y enseñas de todas las demás comunidades del Estado, o la presencia de algunos falangistas o comunistas tras la pancarta de «Estatuto y Constitución» (¿qué hubiéramos debido hacer con ellos?, ¿exterminarlos para que no molestasen?) suscita inquietantes preguntas. Son cosas que deben aclarar prontito, antes de las próximas elecciones. Porque después de haber visto cuánto se sufre arrepintiéndose de estar dónde no se quiere estar, los demás no queremos tener que arrepentirnos de votar a quienes no se debe votar.

Los artículos de este libro quieren ser muestra de apoyo y también de homenaje a los compañeros de Basta Ya que han aguantado mis rabietas y mis dudas estos años: Rosa, José Mari, Carlos, Juan Luis, Mikel y Mikel, Olivia, Cristina, Matu, María, Maite, Izaskun… todos y todas. Aquí seguimos, pese a quien pese. De otra complicidad mayor y más irrevocable no hablaré, porque basta con que la conozcamos ella y yo.

San Sebastián, 29 de diciembre de 2004

Cinco falsedades y una verdad

A estas alturas del curso, ya tengo sobradamente aprendido que es tarea inútil responder a las reiteradas falsedades que vuelven a afirmarse impertérritas sobre la situación en el País Vasco. Argumentes lo que argumentes, rebotan de nuevo como si nada hubiera sido dicho, tras un cortés «sí, pero…» de puro trámite. Es un eterno retorno de lo memo que hubiera desesperado a Nietzsche, a su hermana y a toda su parentela. Yo quiero ser más difícil de exasperar. Estoy angustiosamente convencido de que esa pertinacia en el fraude objetivo responde a la decisión de no ver para no padecer, no a ninguna siniestra complicidad con el terrorismo o con los proyectos totalitarios que medran a su sombra. De modo que vuelvo a insistir, contra viento y marea, contra el viento que nos marea. Pasaré revista breve a cinco de las más fatigadas falsedades, recordando los argumentos que las invalidan, y acabaré insistiendo sobre una verdad que no ha merecido suficiente atención. Como ésta última la ha dicho Ibarretxe, espero ganarme cierto aprecio terminal por quienes valoran ante todo la equidistancia.

Primera falsedad: La ilegalización de Batasuna atenta contra la democracia porque deja a gran parte del electorado vasco sin representación parlamentaria. La más reciente expresión que conozco de esta mentira se la he leído nada menos que a Rigoberta Menchú, al hablar en una entrevista concedida al diario mexicano La Jornada de «una medida que pretende dejar sin expresión política a una parte significativa de la sociedad vasca, sobre la que sus autores no están dispuestos a consentir discusión alguna». Respecto a esta última parte, la falta de discusión, no es necesario insistir porque cualquiera sabe lo mucho que se ha escrito y hablado en nuestro país acerca del tema. Pero el asunto importante consiste en establecer cuál es el contenido «político» de Batasuna. Si estriba en la defensa de la independencia de una nación vasca —sujeto político que incluye parte de los estados español y francés— por vías pacíficas, quienes sostengan tal postura política no carecen de representación alternativa más o menos radical, desde el PNV o EA hasta Aralar. De hecho, hoy existe en Euskadi mayor variedad de oferta política de signo independentista que defensora del mantenimiento de los estados constitucionalmente vigentes. Pero si la «idea» que defiende Batasuna es apoyar, legitimar, financiar o encubrir el terrorismo, eso no tiene sitio en el juego democrático, sean cuantos fueren los que simpaticen con ella. En tal caso —y está probado que así es— se trata de un falso partido político, semejante a los que con la coartada de «defender la legalidad» asesinan o intimidan a los disidentes que critican los abusos del poder en países como Guatemala, situación que Rigoberta Menchú conoce bien. En democracia, el apoyo al crimen no es materia opinable. Muchos vascos tienen que vivir fuera de su tierra para no ser asesinados, como le ocurre a la señora Menchú: y no son más culpables de «dividir» a su país de lo que ella lo es de dividir al suyo.

Segunda falsedad: Los males del País Vasco vienen del enfrentamiento de dos nacionalismos contrapuestos. No es cierta tal simetría, porque los supuestos nacionalistas españoles no piden la derogación de la constitución que ampara el pluralismo, ni consideran el euskera o la ikurriña como invasores que deben ser erradicados. No comparto el entusiasmo laudatorio por las banderas de tamaño X-large, por constitucionalmente respetables que sean, pero me resulta mucho más agobiante la manipulación excluyente de la bandera autonómica por parte de quienes amenazan diariamente las libertades públicas. Y a quienes se escandalicen por la alusión de Fraga al uso de la fuerza militar como garante de la unidad de España debo recordarles que desde hace más de un cuarto de siglo padecemos una violencia militar en Euskadi que pretende garantizar su «liberación nacional»: y no se trata de una hipótesis retórica sino de una realidad cotidiana. Sin duda no puede excluirse que antes o después el nacionalismo vasco radical propicie un nacionalismo español simétrico pero opuesto. Por eso mismo nos oponemos al primero, que es el que hay: para no darle ocasión de que acabe creando escuela.

Tercera falsedad: La involución autonómica del gobierno Aznar provoca la ruptura del pacto constitucional por parte del gobierno Ibarretxe. Pero ¿dónde está tal «involución»? Para el nacionalismo insaciable, es involucionista toda resistencia al crecimiento abusivo y disgregador de su hegemonía. Según ellos cualquier refuerzo institucional de la existencia de funciones que competan al Estado es poco menos que fascismo. Es «involucionista» no cumplir de inmediato las transferencias autonómicas al modo en que las ven los nacionalistas, pero también pedirles cuentas de lo que han hecho con las que ya disfrutan desde hace tantos años. La verdadera «involución» antiestatutaria y anticonstitucional es el pacto de Lizarra, la nueva propuesta de Ibarretxe y el amparo cultural y social a los violentos, cuyas fechorías se dice una y otra vez deplorar. Por mucho que se magnifiquen ciertas indudables torpezas gubernamentales no puede obviarse esta feroz realidad.

Cuarta falsedad: ETA no debe dictar la agenda política de la democracia. Lo falso aquí es que esta aseveración la hacen precisamente quienes proponen una agenda que complazca a ETA al menos en parte, con la esperanza de que esa concesión le haga mitigar su violencia. ¿O es que acaso el último plan de Ibarretxe no ampara su verosimilitud en la existencia de un terrorismo, cuya amenaza inclina a los desesperados en peligro a aceptar cualquier absurdo con tal de ganar cuotas de seguridad? Hoy la autodeterminación no es un proyecto político entre otros, sino una urgencia que se impone incluso a quienes se sienten menos motivados por su demanda frentista, para intentar poner fin a la guerra civil larvada que ETA lleva a cabo contra quienes se le oponen. Si queremos de verdad impedir que ETA marque nuestra agenda, lo primero que debe hacerse es no dar acogida social y verosimilitud institucional a lo que ETA pretende imponer por la fuerza.

Quinta falsedad: Los partidos que se oponen a la propuesta de Ibarretxe no tienen un plan alternativo para el País Vasco.La más falsa de todas y por tanto la más repetida. Lo que los constitucionalistas proponen es un frente común contra el terrorismo, sus legitimaciones y sus objetivos impuestos. Un aplazamiento de cualquier objetivo político que altere la norma constitucional hasta que se haya erradicado la violencia y todas las propuestas políticas hayan recuperado su viabilidad pacífica. Una puesta entre paréntesis de los partidismos hasta que la sociedad haya reconstruido su normalidad democrática y puedan escucharse sus verdaderas demandas con ecuanimidad y sin coacciones. Un discurso institucional que no deje lugar a dudas a los violentos sobre el fracaso de unos fines contaminados irrevocablemente por los medios utilizados para propugnarlos. No considerar esta «alternativa» como tal es ponerse a sabiendas o sin saberlo del lado de los mafiosos asesinos: resume bien esta postura el dictamen del obispo Setién cuando dijo que «ETA no puede irse con las manos vacías».

Y por último, después de las falsedades, una posible verdad. La dijo el lehendakari en su discurso del Aberri Eguna, cuando aseguró que su propuesta no responde a atavismos, sino al futuro de la sociedad europea. Y la ha reforzado Otegi, al insistir en que el problema vasco es un problema de Europa. Puede ser terriblemente cierto. Quizá lo que tengamos delante no sea el progreso sino el empeoramiento del pasado. Si una sociedad de ciudadanos se ve sustituida por la fuerza por una comunidad étnica en la CE, quizá mañana salgan otras propuestas del mismo signo que despedacen otras democracias vigentes, sean en Córcega, en la Padania o Dios sabe dónde. Sería el final de la Europa cosmopolita, plural e ilustrada que se pretende conseguir. En efecto, es posible que lo que hoy se está dilucidando en el País Vasco no es el futuro de la unidad de España sino el de la Unión Europea. Puede que de nuevo España sirva de escenario al ensayo general de una tragedia que asolará mañana a todo el continente.

Ideas, proyectos y personas

Para el próximo día 15 de junio se ha convocado una manifestación en el País Vasco contra la Ley de Partidos, bajo el lema: «Todas las ideas, todos los proyectos, todas las personas». Quizá a partir de esta fórmula engañosamente bonachona pueda intentarse un análisis crítico de las principales objeciones que se plantean contra ese proyecto legislativo que a bastantes nos parece por lo menos democráticamente lógico y plausible.

¿«Todas» las ideas? Dejemos por un momento de lado que la ley no veta ideas, sino determinados comportamientos de grupos políticos institucionales y que a tal fin se han incluido en ella numerosas enmiendas y precisiones. Por lo demás, ninguna ley de este mundo ni del otro puede prohibir tener una idea ni tener mala idea: lo más a que puede aspirarse es a obstaculizar en la medida de lo posible la difusión y propaganda de algunas consideradas especialmente dañinas. Y los regímenes democráticos se dedican a ello desde mucho antes de que nadie pensara en esta ley. Cuando un profesor, por ejemplo, utiliza un libro de texto en el que se sostiene la inferioridad de unas razas respecto a otras, la ineptitud de la mujer para ciertas funciones públicas, el carácter patológico de la homosexualidad o justifica los campos de exterminio nazis, se prohíbe su docencia sin demasiadas contemplaciones. Así le ocurrió a aquel señor Quintana, famosamente infame durante unos días, o a otros más próximos en el tiempo. Las obras «educativas» del franquismo, denunciadas con gracia en El florido pensil, no obtendrían hoy el plácet en ninguna escuela… o al menos eso espero. Incluso fuera del campo educativo, en un terreno mucho más discutible, se cerró no hace tanto una librería en Barcelona por el carácter neonazi de las publicaciones que vendía. Si muchas ideas son inaceptables como materia escolar democrática (después de todo, educar es elegir entre todas las ideas posibles aquellas que queremos ver socialmente perpetuadas) no parece razonable aceptar acríticamente cualquier planteamiento ideológico en los partidos políticos, destinados a ponerlas en práctica. Así lo entiende la constitución de Alemania, donde ya existe una ley de partidos; y en Francia, donde la difusión de ciertos dictámenes xenófobos y revisionistas está perseguida por una legislación penal muy exigente, ya se han alzado voces solicitando la prohibición del partido de Le Pen no por que haya cometido o apoyado crímenes sino por su mera ideología.

¿«Todos» los proyectos? Hace unos días, el Movimiento contra la Intolerancia denunció en Madrid la existencia de una página web de cabezas rapadas en la que se publicaban los datos personales de prostitutas, homosexuales, vascos y yo qué sé más, exhortando a personarse en sus domicilios para zurrarles la badana. Se trata sin duda de un proyecto de índole política pero no sólo penalmente ilegal sino democráticamente ilícito. Supongo que nadie sostendrá en serio que debe ser tolerado como libre expresión de una opinión hasta que sus recomendaciones se materialicen en alguien con la crisma rota por un bate de béisbol. Por supuesto, en el País Vasco estamos familiarizados con la reiteración de amenazas semejantes, procedentes de grupos perfectamente identificados, con la diferencia de que aquí ya tenemos cientos de asesinatos por ponerlas en práctica. ¿Que se debería haber actuado antes penalmente contra tales delincuentes? Pues a mí también me lo parece, pero las autoridades y los jueces en Euskadi parecen encontrar dificultades legales insalvables para poner en práctica tan sano principio. Por ejemplo, un portavoz de Batasuna sostuvo en el Parlamento que ETA lucha por los derechos del pueblo vasco, lo que no deja de ser una mala noticia para quienes estamos en el objetivo de la banda, pero el Tribunal Superior de Justicia de Euskadi ha considerado que se trata de una manifestación política tan legítima como cualquier otra. Me dicen que, en todo caso, son las personas las que delinquen, no las asociaciones. Pero, si no me equivoco, en el caso Gescartera (otro «proyecto» lucrativo) se ha encarcelado al principal responsable y además también se ha disuelto la empresa. Puede ser una simpleza mía, pero no me parecen de recibo ni los «proyectos» para defraudar a los contribuyentes ni aquellos que intimidan o asesinan a los ciudadanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo parece opinar algo semejante cuando dice: «Forma parte de la esencia de la democracia permitir la propuesta y discusión de proyectos políticos distintos, incluso aquellos que pongan en cuestión el modo de organización actual de un Estado, con tal de que no supongan un atentado a la propia democracia».

Este razonamiento invalida también otro supuesto argumento bastante repetido, el de que los votantes del partido ilegalizado —pongamos que fuese Batasuna— se quedarían sin representación política. Lo cierto es que no existe el derecho democrático a sostener opciones no democráticas y violentas. Si esos votantes quieren independentismo pero no terrorismo, pueden apoyar a Aralar y grupos disidentes similares; si lo que quieren es terrorismo, ¿para qué votan? Tampoco resulta convincente ni mucho menos argüir que la ilegalización de un partido no resolverá el terrorismo ni mejorará la suerte de los amenazados. Que esa violencia no puede concluirse con un simple plumazo legal es cosa obvia: también ETA es ilegal y ahí la tenemos, tan campante. Contra ella deben emplearse diversos medios combinados, porque si un problema es complejo necesita también una solución compleja: pero no una actitud acomplejada. Todo lo que disminuya la apariencia de impunidad de quienes apoyan a la banda, sus vías de avituallamiento legales y sus legitimaciones políticas institucionales contribuye a debilitarla. En cuanto a los objetivos o víctimas de los violentos, lo que necesitan es no sólo protección sino también un reconocimiento institucional de sus derechos políticos que mal puede ofrecérseles cuando los que justifican o ensalzan las agresiones son tratados con no menores miramientos que ellos mismos. Impugnar la ley contra partidos que apoyan el terrorismo invocando el malestar que la medida puede causar entre los partidarios del terrorismo es de una bobería realmente primaveral y por tanto cuenta con el apoyo de Javier Madrazo, de IU, Odón Elorza y el Consejo de la Juventud de Euskadi, con las Juventudes Socialistas incluidas. A Madrazo no le gusta que se prohíba ningún partido aquí, quizá porque prefiere el estilo del régimen cubano, donde están prohibidos todos por igual: así no hay piques entre ellos. Francamente, si la lucidez y la decencia políticas de la izquierda están representadas en todas partes por gente así, es de temer que cada vez más europeos se vayan haciendo de extrema derecha en defensa propia.

Por otra parte, los obispos de la CAV han sacado una pastoral que ha causado furor, en los dos sentidos de la expresión. No es un texto a favor de Batasuna, sino simple y llanamente una transcripción del punto de vista del PNV sobre la situación de Euskadi. No se apartan de las tesis de Ibarretxe en nada ni un milímetro, salvo que el estilo es algo más untuoso: los santos óleos, ya se sabe. No hay que extrañarse, es una muestra más de nacionalcatolicismo (el mismo que reclama del gobierno la asignatura de religión confesional obligatoria), en el que el País Vasco es pionero, porque lo padecemos desde la primera guerra carlista. No es que el clero vasco sea nacionalista, es que el nacionalismo vasco lo inventó en buena medida el clero. También es lógico que a Ibarretxe le parezca muy bien lo que dicen quienes repiten lo que dice él; pero añade una observación asombrosa: «es lo que piensa la mayoría de la sociedad vasca». Y eso ¿cómo lo sabe usted, señor lehendakari? ¿Acaso en el País Vasco se habla libremente de política y cada cual dice lo que piensa… o al menos estamos seguros de que vote como piensa?

Para que se hagan una idea: el otro día me contaba un distinguido profesor de filosofía socialista, español pero que ocupa una cátedra en Berlín, lo que le ocurrió en Bilbao. Acababa de dar una conferencia y, al volver a su hotel, se encontró un recado de un periodista de Gara, solicitándole una entrevista. Pretextando ignorancia por venir de Alemania, le preguntó al conserje qué tipo de periódico era ése. El interrogado se encogió de hombros y respondió que no tenía ni idea. Entonces el profesor solicitó hablar con el gerente, que todavía sabía menos que el conserje. Ni para bien ni para mal, nadie le dijo una palabra sobre un diario que se apilaba en las mesas de entrada del albergue. Y así todo. Pero el Gobierno vasco parece ignorar este clima y hace encuestas llamando por teléfono a los domicilios con preguntas tan tranquilizadoras como ésta: «¿Es usted partidario de la ilegalización de Batasuna?». Imagínense el respingo del encuestado. Un señor de Rentería escribía con gracia hace poco una carta a El Diario Vasco, diciendo: «El señor Ibarretxe no sabe o no quiere saber en qué país vive. Ni lo que es la coacción, ni el miedo difuso (el peor de los miedos). ¡Qué feliz vive! Si me hacen a mí esa pregunta, por sorpresa, y en lo que veo que es mi controlado domicilio, no sólo niego lo que haga falta sino que pido el Tambor de Oro para el comando Donosti por su contribución al buen nombre de esa vecina y querida ciudad». Ahí lo tienen. Todo el mundo sabe aquí que por darle la razón a los nacionalistas nada malo puede pasarte y de vez en cuando cae algún caramelo: en cambio por llevarles públicamente la contraria te puede pasar de todo, desde perder la subvención hasta perder la vida. De modo que poco a poco la gente, que no quiere líos, se resigna o se marcha.

¿«Todas» las personas? En efecto, nada más deseable que un país en el que puedan vivir todos los que no matan ni amenazan, con libertad para sus ideas y sus símbolos políticos. Pero para conseguirlo tendremos que lograr que vuelvan los que se vieron obligados a marcharse. Y no siempre por miedo: muchos se fueron por asco, por asfixia. Cuando se dice tranquilamente «los españoles apoyan la Ley de Partidos, pero los vascos la rechazan», siempre tengo ganas de preguntar: a los que han tenido que irse ¿en cuál de los dos rubros se les computa? ¿O es que ya no tienen ni el derecho a opinar sobre la situación que los ha exiliado? Se me acercan a veces, en cualquier lugar de España o en el extranjero, tras una charla o cuando firmo libros. «Yo también soy de allí, ¿sabes?». Y antes de que les pregunte nada me atajan: «Pero de aquello ya no quiero hablar». Nos miramos a los ojos y guardamos silencio.

Enemigos del pueblo

Supongo que muchos de ustedes recordarán aunque no sea más que el título de aquel famoso drama de Ibsen, Un enemigo del pueblo. Fue la primera pieza del gran autor nórdico que se estrenó en España: tan temprano como en 1893 y desde luego en la culta Barcelona. La obra debería estar de actualidad por múltiples razones, empezando por su temprano compromiso ecologista: si no lo recuerdo mal (sólo he visto representar la obra una vez, hará unos veinte años) el argumento trata de un insobornable químico que descubre la contaminación de las aguas de un río o de un embalse; pero resulta que hacer pública esa polución iría contra intereses industriales de los que se benefician económicamente los miembros de la ciudad en la que vive el sabio, por lo que todo el mundo intenta que guarde silencio. Como se niega a callar, acaba convirtiéndose en el «enemigo del pueblo» que da nombre al drama.

Sin embargo, se trata de un drama social, no ecológico: la naturaleza que más le interesa a Ibsen es la naturaleza de la sociedad humana. Lo que plantea es el desgarro que sufre quien respeta a sus convecinos hasta el punto de no tolerar con un guiño de enterado sus mezquindades o de hacerse cómplice de las injusticias colectivamente consentidas para «caer simpático» o vivir tranquilo. El protagonista de Ibsen marchaba a contrapelo de su época y no digamos de la nuestra: en la era feliz y mema de Gran Hermano, es el tipo antipático cuya expulsión de la casa común habría votado en primer lugar el distinguido público. ¿Y si hubiera sido vasco de los de hoy, ese enemigo del pueblo? ¡Ah, pues a lo mejor no le habrían dado tiempo ni siquiera a marcharse! Lo más probable es que le hubieran pegado un tiro… o que tuviese que ir a todas partes con escolta para evitar tan triste final.

De vez en cuando, quizá un poco interesadamente, me acuerdo de los «enemigos del pueblo» que, a cuentagotas pero con tozudo coraje, hemos conocido en Euskadi. De momento ningún Henrik Ibsen ha escenificado su drama, aunque confío en que todo se andará. Mientras esperamos esa obra de arte futura y justiciera, conviene empero ir levantando acta de su empeño. Si no hubiera sido por las denuncias y protestas de los enemigos del pueblo, las acciones terroristas seguirían siendo lamentadas pero comprendidas dentro del «contencioso político» inacabable que padecemos, cuyos culpables están como todo el mundo sabe en Madrid, no aquí; si no hubiera sido por ellos, nadie se habría atrevido a reconocer jamás que los fines de los terroristas son totalitarios y no sólo sus procedimientos violentos; sin enemigos del pueblo tozudos y crispadores, las víctimas habrían sido enterradas en el cementerio y sus familiares en el silencio, por aquello de que «algo habrán hecho», mientras los verdugos caídos en su función criminal disfrutaban de un aurresku en la plaza mayor y eran nombrados hijos predilectos de la villa; gracias a los enemigos del pueblo, quienes no condenan la violencia terrorista, quienes la justifican, quienes la apoyan, quienes derivan fondos públicos para financiarla, quienes brindan apoyo logístico o encubrimiento a los criminales, no gozan ya de impunidad y tienen que tentarse la ropa antes de actuar como cómplices; si no fuera por tales enemigos populares, las razones de quienes son y quieren ser vascos pero no son y no quieren ser nacionalistas habrían acabado borradas del mapa como «extremismos» inconfesables, deudores de un franquismo irredento; sólo los enemigos del pueblo han denunciado públicamente los programas de televisión o las publicaciones infantiles o los planteamientos educativos que sirven de legitimación a quienes manipulan a los jóvenes para convertirlos en carne de cañón de sus siniestros propósitos. Etcétera, etcétera.

Aunque han conseguido con mucho esfuerzo unos cuantos logros decisivos, que incluso las autoridades nacionalistas aceptan a regañadientes, los enemigos del pueblo han tenido que pagar muy caro su coraje cívico: aún más, diría yo, que el héroe de Ibsen. Sus denuncias se han ido abriendo paso, pero a costa de convertirse ellos en una especie de apestados, incómodos hasta para quienes a fin de cuentas han concluido dándoles la razón. En la época franquista, los adversarios del régimen solían también ser tachados de malhumorados (a Aranguren le llamaban «Amarguren», por ejemplo) y de soberbios: poco a poco se fueron asumiendo sus críticas, pero seguía sin perdonárseles la osadía de haberlas hecho cuando los demás callaban. En el totalitarismo ligth del limbo nacionalista en que vivimos, a los enemigos del pueblo se les trata igual. Del PNV y EA o del resto de las autoridades, los enemigos del pueblo siempre han recibido las más furibundas condenas, nunca una muestra de solidaridad o al menos de respeto… salvo que estuviesen ya en el tanatorio o en el hospital, y a veces ni siquiera entonces. Cuanta más razón ha habido que darles a la larga, más irritación producen y menos reconocimiento merecen. A lo más que llegan quienes pretenden disculparles —y anularles psicológicamente, de paso— es a reconocer que «en sus circunstancias» (es decir, amenazados, con escoltas, etcétera) es comprensible que «digan esas cosas que dicen». ¡El colmo de la caradura! Como si fuesen sus denuncias consecuencia de la persecución que padecen, en lugar de justamente al revés, que es lo que ocurre en realidad.

Y claro, a veces los enemigos del pueblo se aburren y se van. Ya decía Valle-Inclán que hay cierta gloria en ser mártir devorado por los leones, pero no coceado por los burros, y en el País Vasco leones sólo se dan en San Mamés… Harto de coces, se marcha ahora también el profesor Francisco Llera. Como tantos otros. Pero el problema que debería preocuparnos hoy no es ya su partida, sino con quién y cómo se le va a sustituir. ¿Se arriesgará el sustituto a convertirse también en enemigo del pueblo, visto lo que le ha pasado a su antecesor? ¿O los profesores que se marchan tendrán como sustitutos a prudentes «amigos del pueblo», de los que tanto abundan en esta maloliente sociedad? ¿Y los jóvenes universitarios de la UPV? ¿Qué hacen, en qué piensan? ¿O es que sólo protestan contra las leyes ministeriales, que es lo más seguro y mejor visto? Desde luego, si es verdad que el temor es el comienzo de la sabiduría, en la UPV hay matriculados más sabios que en todas las demás universidades de Europa juntas. A este paso, puede que dentro de no mucho ya no haya enemigos del pueblo en Euskadi. El pueblo ya no tendrá más que amigos, buenos amigos. ¡Que Dios nos coja confesados!

Los partidos y la legalidad

Ya sé que es peligroso que quienes no entendemos de leyes intentemos hablar de asuntos jurídicos desde el mero sentido común. Porque el sentido común es legal (al menos, por el momento) pero no todo lo legal responde a sus exigencias y a veces las garantías jurídicas y constitucionales entran en colisión con la ingenua forma de ver las cosas que tenemos la gente sin estudios de derecho. De modo que escribo esta nota sobre la nueva Ley de Partidos con todo el temblor y temor aconsejables. Pero es que algunas de las cosas que se están objetando a esa nueva disposición no me parecen aparentemente dictadas por el mero tecnicismo legal sino por el sentido común que todos compartimos o deberíamos compartir: y ahí sí creo que también los demás podemos opinar.

Dentro de un sistema constitucional, los partidos políticos son instrumentos para encauzar pacíficamente las diversas opciones de la voluntad ciudadana, evitando que tales discrepancias desemboquen en un conflicto armado. Se ha dicho, con razón, que un parlamento democrático es algo así como la escenificación incruenta (aunque polémica) de una guerra civil, que gracias a ese teatro aceptado por todos no llega a producirse. Parece por tanto inadmisible que un partido político, además de su función parlamentaria, sostenga y justifique los procedimientos bélicos para apoyar sus ideas: eso es lo que hacen cuantos se niegan a condenar la violencia terrorista de ETA y la justifican considerándola consecuencia de un conflicto político no resuelto… es decir, no resuelto a gusto de quienes ejercen la violencia terrorista. Uno no puede empuñar con una mano el acta de diputado y con otra la metralleta del partisano: aún menos puede esperar que quienes reciben los tiros o padecen las bombas le subvencionen, en nombre de la libertad democrática, las balas y la dinamita. La idea de que la lucha armada es lícita y necesaria para defender cualquier tipo de derechos civiles no es una opinión política democráticamente lícita ni puede esperar ser reconocida como tal. Tampoco son lícitamente democráticas las ideas políticas que niegan el marco político democráticamente establecido y exigen su transformación o su abandono por la fuerza, en lugar de por vías institucionalmente acordadas. Por supuesto, tampoco pueden ser defendidas en nombre de la democracia ideas que transforman la sociedad plural de ciudadanos en comunidad étnica homogénea. La democracia es un sistema amplio pero no vacío.

Ignoro cuantos ciudadanos vascos apoyan la lucha armada y consideran lícito que haya un permanente trasvase entre el terrorismo y la esfera parlamentaria. Sean cuantos sean, no transformarán en democrática la guerra civil encubierta de la que quieren beneficiarse. Apoyando tales planteamientos no defienden opciones políticas legítimas sino que tratan de imponerlas por la fuerza e impiden que los demás defiendan las suyas en igualdad de oportunidades. Están en un error que los demás no podemos dar por bueno, salvo hacernos cómplices del mismo y arriesgarnos a ser responsables con ellos de las consecuencias bélicas que pueda comportar. Hace veinte años, autorizar un partido como Herri Batasuna era un intento conciliador de dar una salida política a quienes en la dictadura apoyaron la lucha armada: a la vista de los resultados de esa mano tendida, seguir hoy admitiendo los mismos planteamientos significa querer perpetuar la violencia y dar un salvoconducto democrático a los totalitarios que pretenden acabar con el Estado de derecho. Ni más ni menos.

Algunos dicen que no son los partidos los que delinquen sino los individuos encuadrados en ellos. Y recomiendan —ahora, no en su día— que lo que debería haberse hecho es perseguir penalmente a quienes desde una organización legal han apoyado, celebrado, justificado y homenajeado a los terroristas. En efecto, creo que debería haberse hecho tal cosa, aunque el procedimiento despertaba en su momento las mismas protestas de quienes ahora lo recomiendan y tropezaba con el terror que durante tanto tiempo han impuesto los que hoy pretenden dar lecciones de radicalismo democrático a los demás. Sin embargo, no es verdad que no haya instituciones insostenibles cuando queda claro que quienes las gestionan pretenden cometer delitos. Tomemos por ejemplo el caso de Gescartera. Los responsables de los fraudes cometidos han sido juzgados y en algunos casos encarcelados, pero la propia sociedad ha quedado también disuelta, al quedar en evidencia los fines de quienes la inventaron. Sería un poco raro que todos los ejecutivos de Gescartera estuviesen en la cárcel y la sociedad misma continuase su andadura, con los mismos objetivos fraudulentos. Pues bien, Batasuna es una especie de Gescartera de tipo político. Quienes participan en ella con buena fe y sin deseos de cometer crímenes pueden mañana volver a organizar otro grupo político realmente desligado del terrorismo y que lo condene claramente, aunque mantenga objetivos independentistas.

Otros señalan que la posible ilegalización de Batasuna «radicalizará» a sus miembros y dificultará la convivencia en el País Vasco: ¿cómo convivir con ciento cincuenta mil votantes que se consideren «ilegalizados» al desaparecer su partido favorito? En estas voces se distingue la diferencia entre nacionalistas y no nacionalistas. Porque los no nacionalistas ya tienen enfrente al mayor radicalismo posible, el que los amenaza de muerte. Lo que temen los nacionalistas no violentos es que los terroristas y los amigos de los terroristas se vuelvan ahora contra ellos, no les dejen disfrutar tranquilos el trasvase de votos que pueden recibir de la formación ilegalizada y, en suma, les traten de la misma manera «radical» que ya emplean contra los no nacionalistas. Pues no saben cuánta pena me dan, pero así están las cosas. Lo que debería preocuparles no es tener que convivir con ciento cincuenta mil «ilegalizados» sino con ciento cincuenta mil amigos o cómplices de asesinos de sus conciudadanos, lo que hacen ahora con bastante desahogo. Esos «ilegalizables» son personas muy simpáticas y «jatorras» que hoy se toman un txikito contigo y luego te denuncian a quienes deben pegarte el tiro en la nuca.

El otro día, en Bilbao, un bárbaro apuñaló a su mujer en un bar y después, mientras los demás atendían a la víctima ensangrentada, se fue tranquilamente a la barra y pidió un zurito. Es todo un símbolo del país. Bueno, pues muchos queremos una ley de partidos cuidadosamente legal, escrupulosamente constitucional, ampliamente consensuada… pero que prohíba tajantemente servir zuritos a quienes aún tienen las manos manchadas de sangre.

Los demás vascos

Cuenta una leyenda que cierta señora encargó su retrato a Picasso. Cuando el pintor le entregó la obra, donde ojos y narices bailaban con especial travesura, la dama no pudo por menos de quejarse: «¡Pero si no me parezco nada!». Y Picasso repuso: «Descuide, ya se le parecerá». Algo semejante nos ha ocurrido en el País Vasco. Hace más de veinte años, los nacionalistas promulgaron un retrato de nuestra comunidad étnico, homogéneo, beato en su postizo ruralismo ideológico, victimista, invadido por foráneos contaminantes, incompatible con lo español, sin otra meta a medio o largo plazo que el independentismo redentor: un aguafuerte firmado por el Sabino Arana de la primera época. Muchos nos quejamos del escaso parecido que guardaba con el modelo real, pero no pedimos que nos devolvieran el dinero: esperábamos que poco a poco, gracias a la democracia, los eventuales artistas —ahora gobernantes— fuesen suavizando los perfiles, añadiendo figuras y borrando ruinas intolerantes del fondo paisajístico. En una palabra, que el cuadro cambiase para ir representando cada vez mejor la sociedad retratada. Pero hemos sido defraudados. La imagen oficial y su modelo se han ido pareciendo cada vez más, de acuerdo, pero es el segundo el que no ha tenido más remedio que transformarse. Como no era cosa de romper el espejo, la solución ha sido romperles la cara a quienes no se reflejaban debidamente en él.

O echarles. De eso se ha encargado especialmente ETA y su batallón de servicios auxiliares, cuya labor de zapa ha logrado crear inseguridad para muchos e incomodidad para todos los que no se avenían voluntariamente al perfil nacionalista. La gente asesinada no sale en la foto, pero tampoco la hostigada, la que se retira porque siente su miedo como una humillación, la que emigra por repugnancia ante cuanto le rodea o por hartazgo de tener que fingir ser lo que no es. Paulatinamente la población decrece y el aguafuerte aranista resulta cada vez más fiel. Con un poco de suerte y de insistencia, dentro de unos cuantos años ya no hará falta quizá efectuar ningún referéndum para comprobar que los vascos quieren nacionalismo y nada más que nacionalismo porque todos los que pudieran haber votado «no» habrán sido borrados del censo. Así nos ahorraremos dinero público y trámites engorrosos. Al principio los nacionalistas hablaban de los vascos como Osama Bin Laden de los musulmanes: todos son de los míos y los demás apóstatas. Provocaban sonrisas, aunque fuesen un poco nerviosas. Pero ahora ya nadie sonríe y el nerviosismo va dejando paso al pánico, a la resignación cómplice, al soborno… o al vacío.

Estando así las cosas, es comprensible la irritación y la alarma nacionalistas ante las medidas legales para dejar fuera de juego a Batasuna. Ni el PNV ni EA quieren que ETA siga asesinando, eso tuvo su aquel en cierto momento pero ahora resulta socialmente oneroso y hasta contraproducente. Lo perfecto sería que la banda terrorista se mantuviera en un discreto stand-by permanente, dando tono al ambiente aunque sin sangre ni vísceras infantiles por la calzada, mientras continúa el proceso de expulsión incruenta de unos y de asimilación de los demás, así como el domesticamiento progresivo de los radicales para que vayan incorporándose a los partidos gubernamentales como una cohorte vehemente pero ex criminal. Sin embargo, además de que ETA sigue matando y comprometiéndoles, ahora jueces y parlamentarios forman una pinza para ilegalizar Batasuna. ¡Qué contrariedad! Esto va a empeorar las cosas, nos advierten. ¿Para quién? Para los propios nacionalistas, claro. Mejorará sus porcentajes electorales, porque parte de los votos radicales irán hacia ellos, pero tendrán que sufrir la indignación de los ilegalizados —«¿Qué hay de lo nuestro? ¡Aunque me devuelvas el rosario de mi madre y las cartas, no creas que vas a quedarte con todo lo demás!»— y quizá también las amenazas directas de sus peligrosísimos primos del amosal.

Sobre todo, se rompe fatalmente el aura de condescendiente impunidad (acompañada, eso sí, de viva desaprobación retórica para darles un puntillo de atractivo perverso) que rodeaba a los partidarios o justificadores de la violencia. Y, si se bloquean sus cuentas y negociejos, se compromete también el clientelismo abertzale del que tantos han vivido tan ricamente hasta ahora. Mala cosa: desmovilizadora o, aún peor, capaz de hacer a los más brutos volverse contra quienes no deben. Es el calvario del PNV, al que Arzalluz —que no en vano es del gremio— ha descrito como un santo crucificado entre dos ladrones, ETA y PP. Más radical que Cristo, el PNV no quiere mañana a ninguno de los dos en su reino independiente, porque cada uno estorba a su modo el proyecto que está llevando a cabo. Quienes le fuerzan a que elija definitivamente entre Dimas o Diretes (no recuerdo cómo se llamaba el otro ladrón) fomentan la «crispación», palabra que en Euskadi significa: contrariar de palabra u obra al nacionalismo vigente…

Que los defensores de Batasuna se manifiesten con lemas contra el fascismo y denuncias del «estado de excepción» impuesto por la aplicación de la legalidad resulta chocante y hasta patético para muchos observadores, pero créanme que es perfectamente lógico. Durante décadas, el discurso ideológico vigente ha dado por sentado que cualquier cortapisa al nacionalismo, incluso cualquier denuncia y persecución activa de las legitimaciones o complicidades con el terrorismo, provienen de un «españolismo rancio» cuando no de «franquismo puro y duro». Ayudados por una versión de la historia y sobre todo de la antropología que parece directamente sacada de aquella sección del venerable Pulgarcito titulada «Increíble pero mentira» (por cierto, no conozco ningún manifiesto de antropólogos, de esos que ahora andan tan políticamente concernidos, sobre este tema), los perpetuos rememoradores de la Guerra Civil han consentido la guerra civil de baja intensidad que se llevaba a cabo contra los no nacionalistas. La bandera y demás símbolos comunes del Estado democrático partían de antemano descalificados por informadores y educadores como imposiciones detestables. En realidad, la España democrática nunca ha tenido una verdadera oportunidad de darse a conocer en el País Vasco. ¿Qué es lo que se cuenta a los jóvenes? A los hijos pequeños de un terrorista condenado por múltiples asesinatos, los parientes compasivos —para no revelarles la cruda verdad que aún no pueden asimilar— les han dicho que «el aitá está en la cárcel porque habló en euskera delante de un guardia civil». Y que ruede la bola…

Para el día 19 de octubre, Basta Ya convoca una manifestación en San Sebastián contra la imposición obligatoria del nacionalismo como única solución democrática a la violencia y a favor de la ciudadanía constitucional, así como de las medidas legales que la defienden. Quisiéramos que a ella acudiesen todos los demás vascos, también y sobre todo los que se han ido: que vuelvan por un día para demostrar que existen. Algunos se fueron por las amenazas o los atentados que sufrieron ellos y sus familiares, otros por el clima social irrespirable, por no querer pagar a extorsionadores, muchos sencillamente porque se encontraban también en su casa como españoles en otras partes de España y no querían renunciar a esa amplitud de posibilidades económicas y vitales que les benefician. Sería hermoso y solidario que, por esta ocasión, volviesen para apoyar el pluralismo conculcado en su tierra natal. A comienzos del pasado siglo, el ácrata Georges Darien publicó La Belle France, un panfleto contra su país devastado por el asunto Dreyfus. Allí puede leerse: «Si el nombre francés no debe verse para siempre tachado de la historia, es preciso que la Francia de los nacionalistas encuentre mañana frente a ella la Francia de los judíos, de los protestantes, de los intelectuales y de los cosmopolitas. Es decir, la Francia de la Revolución». Del mismo modo, es preciso que frente al País Vasco de los nacionalistas se afirme el de quienes no lo somos, el de los disidentes, el de los enemigos consecuentes del terror, el de los autonomistas no separatistas, el País Vasco de la Constitución.

Idaho Circus

De vez en cuando, el nacionalismo vasco cree encontrar paladines de su causa en el extranjero, a los que celebra con un entusiasmo mayor quizá del que se merecen. Así sucedió allá por 1940, cuando el Euzkadi Buru Batzar en el exilio redactaba el siguiente ditirambo: «Creemos en el talento político del Führer, en su sagacidad, en su alto espíritu de comprensión y esperamos que en el nuevo orden a establecer en Europa y particularmente en España, el problema vasco habrá de ser tenido en cuenta (…). Porque el problema vasco está íntimamente ligado al problema racial alemán, y, por lo tanto, es lógico y natural esperar que el Führer lo acoja y lo resuelva con la mayor simpatía» (citado por De Pablo, Mees y Rodríguez Ranz, en El péndulo patriótico). A esto lo llamamos en lenguaje hípico «apostar por el caballo de tres patas». Por muy semejante que les pareciese a aquellos burukides el problema vasco y el racismo nazi (supongo que sus herederos habrán cambiado, al menos algunos, de opinión), los acontecimientos históricos posteriores demostraron que no habían acertado con la persona capaz de solventarlo competentemente. ¡Menos mal que entonces aún no existía el premio Sabino Arana, con lo que se evitó que el nombre del primer galardonado fuese Adolf Hitler!

Este primer tropezón no desanimó a los encargados de buscar amigos forasteros que les echaran una manita internacional. Pero tampoco estoy seguro de que las elecciones sucesivas de abogados de la causa nacionalista, como las de Francesco Cossiga, Hebe de Bonafini o Pete Cenarrusa, revelen un tino político mucho mayor. En particular la del último de los citados, ahora particularmente «en candelabro» (Mazagatos dixit) con motivo de la votación en el Senado de Idaho sobre la autodeterminación del País Vasco. Respecto a la iniciativa en sí misma, la cosa es lo suficientemente risible como para que no haya mucho más que decir, sobre todo después del estupendo artículo de Txema Portillo publicado en El Correo/El Diario Vasco. Y tampoco parece demasiado interesante entretenerse en la propia personalidad de Pete Cenarrusa, miembro del ala ultraderechista del Partido Republicano y amigo de Sam Sherwood, líder de la Asociación de Milicias Americanas, una organización paramilitar fascista con una ideología un poco más conservadora que el Ku Klux Klan. Por cierto ¿no habrá algún miembro del Ku Klux Klan que hablase de pequeño en euskera con su amona? Porque se le podría proponer para el premio Sabino Arana del año que viene y así seguiríamos haciendo amigos… De lo que no cabe duda es del eclecticismo de la actividad proselitista de algunos nacionalistas, que lo mismo predican la buena nueva ante los izquierdistas de Porto Alegre como ante la ultraderecha de Idaho. ¡Son gente sin prejuicios! Ya sólo queda que nos convenzan a los de aquí, aunque eso lo tienen un poco más crudo…

Todo esto me parece muy bien, pero ¿por qué los medios de comunicación vascos no nos han contado algunas de estas cosas sobre el señor Cenarrusa para que cada cual hubiese podido formarse una opinión más completa sobre dicho prócer? ¿Por qué Euskal Telebista, por ejemplo, que con tanto entusiasmo ha informado sobre el tema, no ha tenido la bondad de aportarnos precisiones biográficas complementarias sobre el protagonista de esa película? Después de todo, es fácil encontrarlas: basta con acudir a BAT (Basques Against Terror), una página web en la que aparecen sabrosos artículos y comentarios acerca de nuestro tema preferido. La dirección electrónica de esta página es www.euskadilibre.com. Y esto también me hace plantearme otra pregunta: ¿por qué será que no he encontrado BAT en ninguna de las numerosas referencias que tienen las webs dependientes del Gobierno vasco sobre las organizaciones vascas de todo el mundo? Como es imposible suponer en tan digna y plural institución al servicio de todos los ciudadanos la menor tentación partidista, tiene que deberse a un mero descuido.

Pero lo más chocante de todo es que en algunos medios he leído y oído que en Idaho viven «unos veinte mil vascos». Supongo que se refieren a ciudadanos norteamericanos, con pasaporte y nacionalidad USA, alguno de cuyos abuelos o bisabuelos vinieron del País Vasco hace más o menos tiempo. Luego queda claro que se puede ser cultural o biográficamente «vasco» y conservar conciencia de tal vinculación sin que ello imponga ninguna determinación política especial ni impida compartir la misma nacionalidad con personas de otras procedencias, reunidas en un solo país por circunstancias históricas. Supongo que esta forma de armónica convivencia y de renuncia a convertir los lazos culturales en derechos políticos no serán ventajas que pueden disfrutarse sólo en Idaho…

Franz Kafka cierra su primera gran novela, América, con un capítulo formidable dedicado al «Gran Teatro de Oklahoma», al que convierte en una metáfora a la vez divertida y desconsolada de los absurdos de la vida humana. Me pregunto qué hubiera hecho el escritor checo con esta historia tan bonita del «Gran Circo de Idaho». O sencillamente con el tema más general del gran circo de Euskadi. Claro que, como suele decirse, si Kafka hubiera sido vasco sería considerado un mero autor costumbrista…

Por qué estuvimos allí

No creo que haya muchas ciencias realmente exactas y desde luego la lucha contra el terrorismo etarra no figura entre ellas. De modo que ni la decisión de asistir a la manifestación convocada por Ibarretxe ni la de no ir son invulnerables a la objeción razonable. Lo malo en estos casos es que a muchos les entretiene más formular juicios de intenciones que sopesar los argumentos a favor y en contra. En el asunto vasco, nadie puede estar seguro de tener del todo los deberes hechos: te acuestas héroe de la libertad y te levantas cómplice de los dinamiteros o bobalicón engañado por astucias nacionalistas (y lo malo es que estas deficiencias te las señalan quienes son dolorosamente aún más bobos que tú), lo cual aumenta las incomodidades de cualquiera. El caso es que se trataba de ir o no ir a la manifestación, tal era la cuestión. ¿Qué es más digno…? En estos casos, francamente, vale todo menos el respeto a la obediencia debida. Como acota al comienzo de su autobiografía Santayana, «el respeto a las autoridades es fatal cuando los doctores disienten y el alumno no tiene la confianza en sí mismo para dirigir su libertad». Algunos párvulos preferimos decidir por nosotros mismos y por eso fuimos a la manifestación de Bilbao. Señalaré algunas de nuestras razones.

Empecemos por las que nos son adversas. Se ha dicho que el lehendakari convocó el acto tras el explícito rechazo de ETA a su plan pero no antes, que no lo acompañó de la aceptación de ninguna de las medidas políticas o judiciales que últimamente vienen tomándose contra ETA y que su partido ha criticado, que pudo intentar con esa convocatoria fingir un liderazgo antiterrorista que de hecho no ejerce, que incluso quizá pretende abominar públicamente de ETA para mejor luego echar un cable a la desfalleciente Batasuna, que busca por vía indirecta un refrendo a su plan soberanista o semisoberanista. Otros resumen su rechazo diciendo que Ibarretxe sencillamente no es de fiar y recuerdan los vergonzosos episodios ocurridos en Vitoria durante los actos que siguieron al velatorio de Fernando Buesa. ¿Me creerán si les digo que incluso a los menos despejados se nos habían ocurrido tales objeciones y que fundamentalmente las comparto todas? Y sin embargo…

Sin embargo, lo cierto es que el lema de la marcha era exclusivamente «ETA kampora», aquel que sacamos por primera vez a la calle en la manifestación inaugural de Basta Ya el 19 de febrero de 2000 y que entonces nos valió censuras por «unilaterales», «crispadores» y «simplificadores». Lo pagamos caro: tres meses después habían sido asesinados ya dos de los asistentes, Fernando Buesa y José Luis López de Lacalle; y otro compañero, José Ramón Recalde, aún convalece del grave atentado sufrido poco más tarde. En aquella ocasión ningún alto cargo nacionalista quiso acompañarnos: ahora, fueron los más altos dirigentes del nacionalismo sempiternamente reinante los que lo compartían. ¿Debíamos negarnos a ir con ellos por su tardanza, cuando entonces los echamos de menos? Creo que la firmeza en lo esencial está reñida con dar la razón a quien no la tiene por oportunismo, pero no con aceptar los cambios favorables de postura que los acontecimientos van forzando en los adversarios, sobre todo cuando tales cambios son los que buscábamos precisamente con nuestras intervenciones públicas. Siempre hemos censurado al Gobierno nacionalista por condicionar la repulsa inequívoca de ETA a otras prioridades políticas: ¿debíamos nosotros ahora hacer lo mismo, por mucho que estuviésemos seguros de discrepar de los principios soberanistas de la cúpula gobernante? Mi amigo Germán Yanke señalaba en un artículo que él no se pondría tras una pancarta contra ETA con Ibarretxe por lo mismo que rechazaría la misma invitación de Ynestrillas. Pero para mí, lo que representa Ynestrillas no merece ningún aprecio político mientras que el lehendakari, del cual no soy excesivamente devoto, representa más mal que bien unas instituciones constitucionales que acato, sin renunciar a criticarle porque quizá él cree menos en ellas que yo. Como defensor del Estatuto y la Constitución, que hasta mejor noticia representa, estoy dispuesto a acompañarle en todo lo que no vaya contra ellas. De lo contrario hubiera tenido que coincidir con Arzalluz, que se congratula de que el PP no asistiese a la manifestación porque en tal caso «hubiera ido mucha menos gente (supongo que se refiere a nacionalistas)». No estoy obligado a compartir la mala impresión que de la filiación democrática de los nacionalistas tiene Arzalluz y quienes son como él.

Los rebuznos y coces con que unos cuantos nos gratificaron a los miembros de Basta Ya que asistimos al evento, sin desnaturalizarlo en modo alguno pero sin renunciar a nuestro propio perfil público y lúdico que es nuestro derecho tener, sólo demuestran una contradicción dentro de un amplio sector del nacionalismo que son ellos los que deben afrontar. Está claro que informativa y educativamente les han inculcado que los etarras son en el fondo buenos, aunque lo que hagan está mal, y que los no nacionalistas somos en el fondo malos, aunque lo que hagamos parezca estar bien. A los únicos que la manifestación convocada por el lehendakari les cogió con el paso cambiado fue a ellos. Ahora deben aprender dos cosas: primero, a defender su proyecto político sin el apoyo no siempre indeseado de los terroristas, la necesidad de cuya derrota y supresión de nuestra convivencia sus representantes no niegan; segundo, a aceptar que el proyecto alternativo no nacionalista también debe ser defendido en igualdad de condiciones pacíficas, que los que pensamos distinto que ellos no vamos a desaparecer ni antes ni después que ETA, que estamos dispuestos a ocupar también las calles y a expresarnos —con nuestros símbolos políticos— cada vez más alto y cada vez más claro. Y para eso hace falta que nos vean, entre ellos y junto a ellos, cuando se trata de enfrentarse contra quienes no son simples rivales sino claros enemigos. Aunque nuestra presencia les cause un cierto trauma a los más arterioscleróticos de la clase. En cambio tuvimos la alegría del apoyo decidido de dirigentes socialistas, dicho sea con la misma franqueza con que otras veces hemos debido criticarles.

Sinceramente, si a la manifestación hubiéramos tenido que ir solos Ibarretxe y yo, creo que hubiese declinado tal honor. Pero allí asistió mucha más gente, nacionalistas sin duda, pero como esos nacionalistas que se me acercaban aquel pasado 19 de febrero hace dos años para decirme que a pesar de serlo estaban con nosotros o como los que tras la marcha de Bilbao nos buscaron para agradecernos haber ido y deplorar los incidentes. Los críticos de la deriva radical nacionalista no podemos escondernos tras nuestra dignidad ofendida ni contentarnos con artículos feroces para solaz masturbatorio de los ya convencidos. Tenemos que hacernos visibles, permanente y tenazmente visibles en todos los espacios públicos que nos pertenecen ni más ni menos que al resto de los ciudadanos vascos. Sin complejos ni arrogancias. Con nuestra presencia, denunciamos lo que otros callan: la realidad de un país en profunda crisis económica que ya las subvenciones y los amaños no encubren y en no menor agonía institucional, que desoyen o agravan quienes deberían estar más preocupados por ella. Cara a las próximas municipales, es preciso reflexionar sobre las terribles indicaciones del Euskobarómetro, que indica a un cuarenta por ciento de votantes del PP y del PSOE con ganas de irse del país. No sólo hay que impedir esa retirada desastrosa, sino conquistar a un gran número de votantes urbanos que siguen sin especial entusiasmo a los nacionalistas porque las otras opciones no las «ven» en la cotidianidad en que ellos se mueven. Ahí está la tarea que deben acometer los partidos no nacionalistas, cuyas dificultades de expresión son obvias por culpa del terrorismo y del monopolio nacionalista del espacio público: ellos tienen que impedir que se les expulse de él sin renunciar a sus ideas, como pretenden Arzalluz y adláteres.

Por eso fuimos algunos a la manifestación de Bilbao, a pesar de los pesares. Y no nos arrepentimos de ello, aunque a bastantes ultramontanos se les olvidara que la convocatoria era insólitamente contra ETA y decidieran volverla contra nosotros, como es habitual. Y como les han enseñado a hacer.

El corralito vasco

Cuando asesinaron a Gregorio Ordóñez, en la facultad de Filosofía de Ibaeta se convocó (por primera y última vez, si no me equivoco) una asamblea de alumnos y profesores para discutir la trascendencia del atroz suceso. Fue una iniciativa insólita, de una importancia y coraje que quizá los futuros historiadores de lo ocurrido en Euskadi desde el comienzo de la democracia sepan mañana convenientemente resaltar. No fue un acto de simple protesta (para protestar ante un crimen no hace falta ser universitario) sino un intento de interpretación y debate de lo ocurrido desde los presupuestos de una educación humanista de grado superior, la cual debería avergonzarse de sí misma si no sirve ni siquiera para intentar razonar polémicamente ante semejante reto a la convivencia civilizada. Los convocantes de aquel foro eran ingenuos o anticuados: no aceptaban que la universidad democrática deba ser apolítica como mandaba Franco (aunque ahora contentándose con virtuosas proclamas éticas y morales, según la pringosa costumbre vigente) ni se resignaban al limbo supuestamente neutral y en realidad cobardemente sectario del «ni con unos ni con otros». Creían que tomar razonadamente partido y expresarlo era no sólo ciudadanamente lícito sino educativamente imprescindible. Si para no «crispar» renunciamos a elucidar el asesinato de un representante del pueblo y no argumentamos con quienes lo justifican… entonces ¿con qué fin seguimos manteniendo abierta la universidad? Si no fuera porque hoy la palabra suele ser manejada por quienes menos quieren o tienen que decir, aseguraríamos que los convocantes de aquella asamblea eran decididos y consecuentes partidarios del diálogo. Y así les fue.

¿Cuántos estudiantes asistieron a aquella jornada? Pongamos que ciento cincuenta. ¿Cuántos profesores? Sólo cinco. Pertenezco, ay, a un gremio de prudentes… No puedo decir lo que ha sido de los estudiantes de entonces, entre quienes hubo de todo, desde partidarios del tiro en la nuca por mor del conflicto político hasta pacifistas sin fisuras. Ojalá a todos les haya «ido bonito», como dicen en México, y la experiencia de la vida les haya enseñado bien lo que no aprendieron o aprendieron mal en las aulas. En cambio puedo proporcionarles una noticia cierta sobre los cinco profesores que asistieron a ese debate: ninguno de ellos sigue hoy dando clases normalmente en la UPV. Unos se fueron (no por miedo, claro, sólo por deseo de cambiar de aires) y otros permanecen en casa y tienen sustituto en las aulas (tampoco por miedo ni amenazas, faltaría más, simplemente se dedican al estudio y la meditación). Pero el caso incontrovertible es que ya no aparecen por sus facultades. De modo que nadie debe ni siquiera puede esperar que un debate como aquél vuelva a darse en una facultad de la UPV, aunque desdichadamente los crímenes sigan produciéndose: todo el mundo, quienes asistieron a él y quienes faltaron, han aprendido debidamente la lección.

Este episodio me ha venido al recuerdo (a mí, que ya no era profesor de la UPV cuando ocurrió y por tanto no tengo medallas que ponerme al respecto) al leer estos días lo sucedido respecto a la cátedra ganada y perdida por Edurne Uriarte. El rector asegura que la comisión que ha anulado la plaza no ha sido influida por el miedo y yo casi le creo: puede que haya bastado la antipatía que despiertan quienes han criticado abiertamente el nacionalismo —como Edurne Uriarte— incluso entre los nacionalistas menos propensos o simpatizantes con el terrorismo en nombre del supuesto «conflicto político» irresuelto. En este país siempre se ha sido más críticamente comprensivo con los violentos que con los antinacionalistas; y muchísimo más comprensivo con los hijos pródigos que retornan del terrorismo al nacionalismo que con los que dejan juntamente la violencia y el nacionalismo. Jamás ningún nacionalista reconocerá la buena fe o la importancia cívica de los movimientos ciudadanos que han criticado la cobertura ideológica nacionalista de la violencia, ni siquiera cuando a regañadientes se modifican gracias a sus críticas distintos comportamientos institucionales. Sería impensable ofrecerles cualquier subvención o apoyo de los que se tributan liberalmente a otros grupos menos renuentes a la ideología dominante. Un ejemplo entre mil: cuando hace meses, antes de las elecciones autonómicas, algunos señalamos la oportunidad de que representantes nacionalistas arropasen a los candidatos del PP y del PSE en aquellos lugares donde éstos no podían hacer campaña libremente, la propuesta fue agriamente descalificada por los acólitos de guardia, los Xabier Lapitz o Álvarez Solís. ¡Alguno llegó a decir que era algo parecido a los gánsteres que se amparaban tras rehenes inocentes! Ahora, cuando Elkarri se ha ofrecido a completar las listas municipales de esos mismos partidos allí donde por amenazas no cuenten con efectivos suficientes, la iniciativa ha sido celebrada por los mismos que descalificaron la otra como una prueba de solidaridad y buen corazón. Pero nadie ha recordado —¡sería políticamente incorrecto!— la relación de este movimiento con la iniciativa precedente. Así se hace historia en Euskadi.

¿Llegará alguna vez el día de reconocer públicamente y públicamente reparar lo que han padecido los no nacionalistas en su esfuerzo político por regenerar para la sociedad de ciudadanos al nacionalismo étnico irredentista? Sería el mejor de los síntomas de reconciliación, aunque hoy todavía parece abismalmente remoto…

El chalet de Fujimori

Me lo contó un amigo, cooperante español en Perú que padeció bajo el autoritarismo de Fujimori. Vivía en Cuzco, en el interior del país, y se desesperaba porque allí los mayores atropellos del Gobierno apenas suscitaban reacciones populares, como las que tenían lugar en Lima y otras poblaciones. Cierto día se convocó por fin una enorme manifestación de protesta, en la que se echó a la calle media Cuzco. Pero la felicidad de mi amigo no fue perfecta, rara vez suele serlo. El motivo de la algarada era la especie, difundida por algún disidente político tan astuto como desaprensivo, de que Fujimori pensaba privatizar las célebres ruinas de Machu Picchu para hacerse en ellas una fastuosa residencia particular. Como gran parte de Cuzco vive de las visitas turísticas al ilustre enclave arqueológico, la misma gente que no había reaccionado ante abusos y crímenes perfectamente documentados se movilizó indignada con motivo de ese rumor infundado y francamente absurdo. Mi amigo se quedó en casa, mordiéndose los puños.

No he podido por menos de recordar este espejismo sublevatorio al ver la manifestación donostiarra provocada por el cierre cautelar de Egunkaria. Desde luego, es perfectamente comprensible que algunos se inquieten por una medida tan grave como interrumpir la publicación de un periódico y es lógico que se reclamen pruebas contundentes de vinculación al terrorismo contra sus responsables empresariales para justificar tal medida. También es indudable que bastantes de los participantes en la protesta estuvieron en ella no porque dudasen de tales conexiones con ETA sino porque las aceptaban con militante desfachatez. Pero creo que la mayoría de los asistentes se manifestaron nada menos que en defensa del euskera y de la cultura vasca, que suponían agredida. Es decir, en defensa del Machu Picchu amenazado por el chalet de Fujimori.

Hay simples bobadas que por el contexto en que se producen se convierten en bobadas criminales: ésta es una de ellas. Sea acertado o desacertado el cierre de Egunkaria, lo único evidente es que no se produce por razones lingüísticas sino por supuestas conexiones mafiosas. Lo mismo pasó años atrás con Egin, publicado casi todo en castellano. Quienes desean leer un periódico en euskera pueden deplorar este cierre, pero muchos de ellos también se han venido quejando de que el único existente no reflejase convenientemente el pluralismo de opiniones de la sociedad vasca. Y desde luego aún hay más que muy gustosos leerían noticias en euskera pero se niegan a dar ni un céntimo a ETA, a quienes la legitiman, la comprenden o la promocionan. Y se niegan precisamente por amor al euskera y a una cultura vasca que es injusto asimilar a la vesania terrorista o al nacionalismo depredador. Tan risibles e incultos son los que maldicen el castellano por ser la lengua de Franco como los que consideran que el vascuence es el idioma de los comunicados de ETA y nada más. Pero este último disparate lo promocionan los que permiten al terrorismo (o a sus abogados defensores) monopolizar esa lengua o protagonizar en exclusiva sus objetivos culturales. Si se cree conveniente criticar la actuación del juez por deficiencias en su procedimiento o actuaciones, adelante: pero sin extender un cheque en blanco a cualquiera que se escude en el amor al euskera para odiar a muerte y hasta la muerte a sus convecinos.

Ya es un poco raro que tantos que han guardado un ambiguo silencio ante asesinatos de euskaldunes y de quienes no lo eran se sientan encendidos de justa cólera ante el cierre de un periódico y unas detenciones cuyo fundamento aún no conocemos del todo. Pero aún es más notable la claridad de ideas que tienen sobre el asunto los prohombres nacionalistas, por lo común tan brumosos y equidistantes ante otros atentados. Si Martxelo Otamendi denuncia formalmente torturas (aunque sean tan escolares como repetir 500 veces no se qué dogma geográfico, lo que debe ser tan inaguantable para el torturado como para el propio torturador), el juez tiene obligación de aclarar esa imputación y cualquiera semejante. Pero resulta raro que Anasagasti clame contra que se detenga y torture «por ser vascos» (¿por qué no nos detienen y torturan entonces a él y a mí, o al Atlético de Bilbao?), que el consejero Azkarraga conceda de pronto «valor supremo a la palabra del director de un medio de comunicación» (¿también al director de ABC o al de La Razón?), o que el vicario general de la diócesis de San Sebastián —sucesor de aquel otro que nos explicó que los etarras eran muy «desinteresados»— llame ahora a la movilización contra la injusticia de la tortura, después de no haberse movilizado contra la injusticia del secuestro o del asesinato. ¿Es que se han acabado ya las reservas y matices que tanto nos vienen prodigando últimamente?

A quien le apetezca manifestarse por la independencia, por la justificación de la violencia en nombre del supuesto «conflicto», por el nacionalismo étnico, contra el Gobierno español, contra la Constitución o contra lo que le apetezca —incluso a favor de ETA, si se atreve— por mí que no se prive. Pero que no intente engañarse y engañarnos invocando al euskera, a la cultura o al pueblo vasco, porque no son suyos. Que no intente vendernos el chalet de Fujimori…

¿Vale la pena?

De las diversas reformas penales que está promoviendo en súbita cascada el Gobierno, sin duda la que afecta a los condenados por delitos de terrorismo es la destinada a suscitar mayor debate en los medios de comunicación. Y también adhesiones y reproches más ardientes, sobre todo en el País Vasco. La crítica más inmediata apunta al inequívoco tufo electoralista de la medida («¿por qué precisamente ahora y no antes?») y resulta bastante verosímil: seguramente la proximidad de las elecciones municipales ha tenido mucho que ver en el proyecto (y sobre todo con la manera truculenta y ominosa de presentarlo a la opinión pública), lo mismo que también habrá influido —por ejemplo— en la decisión de Odón Elorza de conceder la medalla de oro de San Sebastián a las víctimas del terrorismo, a los doce años de ejercer como alcalde. Pero claro, ese afán rentable no invalida por sí mismo ni lo uno ni lo otro: después de todo, que los candidatos a puestos de Gobierno tengan que hacer gestos para conseguir el apoyo de los ciudadanos cara a los comicios es una de las cosas buenas del sistema democrático. Una segunda objeción, aún mejor fundada pero que apunta a las formas más que a los contenidos, reprocha al Ejecutivo de Aznar haber proclamado la nueva disposición de modo unilateral, sin consultarla con sus socios del Pacto Antiterrorista pese a lo expresamente especificado en ese acuerdo. Es una arrogancia muy malvenida, que puede remediarse en parte si se atiende a las modificaciones y reservas que propongan los socialistas acerca de la interpretación de la reforma.

Pero la verdadera crítica de fondo es la referida a la reinserción social de los etarras, la cual —a tenor de lo dicho en un primer momento por el propio Aznar y algunos de sus colaboradores— podría verse imposibilitada o seriamente obstaculizada por la nueva ley. Se trata sin duda de una perspectiva alarmante, que compromete el enfoque más humanista y civilizado de las penas de privación de libertad en los estados democráticos. Nadie mínimamente sensible puede acatarla sin pedir explicaciones y aún menos quienes hemos estado en la cárcel alguna vez, por poco tiempo que fuese. La prisión es un castigo que trata de purgar el delito y erradicarlo en la medida de lo posible, pero en modo alguno se propone aniquilar al culpable junto con su culpa. De modo que mostrar alarma ante el bloqueo de cualquier posibilidad de regeneración del delincuente no es una actitud de izquierdas ni de derechas, sino un signo de salud social y de respeto a nuestra Constitución democrática.

Ahora bien, también obliga a plantearse seriamente en qué consiste la reinserción en el caso específico de los delitos de terrorismo. Y es que hay una diferencia radical entre la reinserción de quienes han cometido fechorías movidos por la codicia, la concupiscencia brutal o incluso la necesidad (miseria, ignorancia, marginación…) y los criminales por convicción ideológica. Por hablar de manera muy sencilla: los primeros saben por lo general que lo que han hecho está mal —en el sentido legal y moral— aunque quizá no por ello lleguen a arrepentirse de su delito (pensando, por ejemplo, que en su caso se daba alguna razón excepcional que convertía en justificado lo injustificable); los segundos, por el contrario, creen que lo que han hecho está bien, incluso que es abnegado o heroico, y que lo decididamente perverso es la legalidad que les condena. Desde luego esta fe criminógena no disminuye su culpa (más bien diríamos que la agrava y ahonda), pero sin duda plantea especiales requisitos a la hora de considerar su vía a la reinserción. El daño que el terrorismo causa no consiste solamente en asesinatos y extorsiones puntuales, sino también en la difusión de un clima político de intimidación que subvierte la convivencia libre. Es juntamente agresión y propaganda. De modo que la reinserción del penado no puede ser simplemente una renuncia privada a tales prácticas sino que debe implicar una denuncia pública del entramado ideológico que sustentan. No basta con decir: «Yo por mi parte ya he cumplido y ahora que sigan los demás». Se dice que la mayoría de los etarras reinsertados no han vuelto a cometer delitos semejantes a aquellos por los que fueron encarcelados, lo cual es una buena noticia. Pero ¿cuántos han contribuido, con su presencia en actos públicos y manifestaciones de apoyo a ETA, a que otros renueven sus crímenes y mantengan la amenaza mafiosa sobre la sociedad? ¿Qué pueden pensar sus víctimas cuando asisten impotentes a esa forma tan peculiar de enmienda? Es algo por lo menos a tener en cuenta.

Ser partidario de veras de la reinserción implica distinguir claramente entre quién quiere reinsertarse y quién no. No es un beneficio automático, sino que exige una transformación explícita de la conciencia civil de los que se acogen a ella. Y tal exigencia no tiene nada que ver con el apetito de venganza ni con la ley del talión, sino con la justicia, que si es verdadera no puede resultar tan ciega como algunos la pintan. Por ello resultan especialmente pintorescas aseveraciones como las de Joseba Azkarraga, consejero de Justicia del Gobierno Vasco, el cual (en unas declaraciones a El Diario Vasco, 13-I-03) se refiere a algunos antiguos militantes de ETA como Mikel Azurmendi o Jon Juaristi llamándoles «estómagos agradecidos» y dice que «hoy se han reconvertido de tal forma que producen vergüenza ajena». Celebro que Azkarraga por fin dé alguna muestra de tener vergüenza, aunque sea ajena (por algo se empieza), pero sin duda revela una idea de la reinserción muy curiosa. Dejemos por un momento de lado que las personas a las que se refiere y otras no menos conocidas abandonaron la militancia terrorista cuando llegó la democracia, contra la que nunca atentaron. ¿Es algo reprochable que estén agradecidas, no con su estómago sino con su inteligencia y voluntad, a las instituciones políticas que les han acogido? ¿Hay que censurarles que con sus escritos y su ejemplo público hayan colaborado a deslegitimar las coartadas ideológicas —el «conflicto», etcétera— de las que se vale el terrorismo actual? ¿Deberían haberse callado para que siguieran hablando los de siempre o, aún peor, tendrían que haberse puesto a escribir en algún Kili-Kili subvencionado para inducir a otros a los mismos trágicos errores? Ya es hora de que los nacionalistas aclaren si lo que pretenden es reinsertar a los violentos en el sistema constitucional que hemos defendido contra ellos o más bien reinsertar a toda la sociedad vasca en un nuevo marco lo más parecido posible al ideario etarra, para que los terroristas puedan dejar las armas sin arrepentimiento ni merma de su autoestima.

Uno de los comentarios más inquietantes que se han oído acerca de la reforma penal es lo de que «querer condenar a cuarenta años de cárcel a los etarras supone reconocer que dentro de cuarenta años seguirá habiendo ETA». En principio parece una de las muchas sandeces que se escuchan o se leen, sin mayor trascendencia. Es obvio que si mañana se condena a un terrorista a cuarenta años de cárcel por sus crímenes, lo único que eso significa es que tendrá que purgar una larga condena… aunque ETA desaparezca como organización el mes que viene. Pero me temo que en tal aseveración está implícito algo más perverso: a saber, que si ETA se disuelve o es disuelta todas las condenas por delitos terroristas deberían quedar automáticamente sin efecto. A priori, no puede haber mensaje más tranquilizador y estimulante para quienes se dedican hoy a la violencia antidemocrática: sus condenas no son realmente penales, sino meramente políticas y cesarán el día menos pensado también por razones políticas. Que las víctimas se vayan haciendo a la idea, si no quieren ser tratadas de revanchistas… Francamente, a mí este sobrentendido me preocupa tanto o más que las supuestas trabas a la reinserción que puedan mañana aquejarnos.

Vascos en Porto Alegre

El II Foro Social celebrado en Porto Alegre, mientras el grupo de Davos celebraba su reunión en Nueva York, ha despertado gran interés y notable impacto periodístico. En líneas generales, ha merecido no sólo más atención sino también más respeto que en su convocatoria anterior. Y es que incluso quienes pretenden desacreditar a los reunidos en Porto Alegre tachándoles de «utopistas», «visionarios» o «retrógrados» tienen que reconocer las muchas carencias del programa globalizador (mundializador, deberíamos decir mejor) que proponen los grandes financieros, los directivos bancarios, los dirigentes de los países más poderosos y otras personalidades semejantes que constituyen el núcleo duro del otro foro, el de Davos. No se trata de oponerse a la globalización, que hoy en día es algo semejante a oponerse a la electricidad: pero resulta evidente que no todos los partidarios de la electricidad lo son también de la silla eléctrica. Una globalización basada exclusivamente en aumentar las oportunidades del capital especulativo y en internacionalizar la mano de obra para rebajar los costes de las grandes multinacionales no ofrece precisamente un panorama exaltante de futuro. También parecería más esperanzador que Estados Unidos anunciase su apoyo a tribunales internacionales de justicia y acuerdos para la protección del medio ambiente, en lugar de advertir al díscolo universo del incremento de sus gastos militares…

Sin embargo, el problema principal que plantea Porto Alegre —quizá inevitablemente— es la propia heterogeneidad de sus reivindicaciones. No porque tal diversidad sea mala en sí misma (cuando intentamos pensar de modo planetario, lo primero que debemos tomar en consideración es el enorme surtido de incidencias que constituye la condición humana actual) sino porque esas protestas y propuestas amalgaman casi por igual lo justificado y lo aberrante, las audacias que parten de una buena información y las osadías promulgadas por quienes nunca se toman la molestia de informarse, la viable generosidad que aumenta las posibilidades de plenitud humana para la mayoría y los dogmáticos rebuznos que en nombre de la emancipación futura proponen destruir los vacilantes supuestos de las efectivas libertades actuales. Llamar «neoliberalismo» a todo lo que nos disgusta o nos repele ayuda poco a resolver las cuestiones de fondo. Francamente, soy incapaz de creerme que un mundo orientado según los criterios de Hebe de Bonafini y Fray Betto fuera realmente mucho mejor que el propugnado por George Bush júnior…

El caso del País Vasco, que conozco algo mejor que otros, me sirve de punto de referencia. En Porto Alegre tuvo lugar una mesa de debate sobre la cuestión: en ella, por las noticias que han llegado de tal evento, no se habló del terrorismo de ETA que agrede desde hace décadas a la población e impide el libre debate político, ni del proyecto de limpieza étnica que trata de imponerse por la fuerza, ni de las libertades autonómicas —las mayores en cualquier estado europeo— conseguidas desde el final de la dictadura franquista por los ciudadanos vascos. En cambio, se prestó altavoz a los infundios sobre los abusos del Gobierno y la justicia en España, apuntalándose complacientemente las tesis favorables al nacionalismo radical que nutre al terrorismo y se aprovecha de sus efectos intimidatorios sobre la población. La representante de Eusko Alkartasuna en ese aquelarre se presentó a sí misma diciendo que venía de «un país oprimido»: olvidó mencionar que ella forma parte del Gobierno autonómico de dicho país y que por tanto representa esa supuesta opresión con mejores títulos que nadie. Es una lástima, desde luego, que no hubiera allí representantes mejores del pueblo vasco para hacer oír voces distintas sobre la cuestión. Pero, en medio del entusiasmo antisistema del público, ¿habrían sido convenientemente escuchadas y valoradas?

Conociendo este caso de algo que me afecta de cerca y sobre lo que tengo datos de primera mano, no puedo por menos de preocuparme sospechando que en otras cuestiones tratadas en el congreso brasileño la información puede ser igualmente deficiente o sesgada. ¡Ojalá que el triste caso vasco no sea sólo un síntoma de lo que podemos esperar de las buenas intenciones del Foro de Porto Alegre!

Aviso para distraídos

Este libro[1], breve pero enjundioso, versa «sobre la certeza de que la indiferencia o el miedo favorecen y alientan la persecución, y de que, como dijo Eugenia Ginzburg, prisionera en los campos de concentración estalinistas, “el asesino no sólo es aquel que da el golpe”». De modo que el subtítulo resume bien lo que contiene esta investigación: «Persecución e indiferencia». Su autora, Beatriz Martínez de Murguía (que también publicó no hace mucho un interesante estudio sobre La policía en México) es una donostiarra afincada al otro lado del Atlántico pero cuyas preocupaciones no olvidan las fechorías que se cometen cotidianamente en su terruño natal. La obra trata de los dos grandes terrores totalitarios del siglo pasado, el nazi y el comunista, aunque no se dedica a detallar la larga lista de atrocidades que cometieron ni pretende analizar las causas de ese asesinato masivo y fríamente planificado. Prefiere en cambio indagar la actitud de los numerosos testigos que, con los brazos cruzados o encogiéndose de hombros, asistieron a las vejaciones y los crímenes sin hacer nada por evitarlos. Colaborando así pasivamente con los verdugos y a veces incluso racionalizando o comprendiendo por «razones políticas» los atropellos que padecían sus vecinos, aunque sin dejar por ello —eso sí— de deplorarlos piadosamente cuando no resultaba peligroso hacerlo.

Los criminales nazis o estalinistas fueron brutos implacables y detestables, nadie lo duda ya, pero quienes los miraban hacer, o quienes se tapaban los ojos para no ver y los oídos para no oír, quienes recordaban con un suspiro que también las víctimas tuvieron «su parte de culpa», quienes no tomaron partido para no crispar aún más las cosas, quienes siguieron haciendo su vida cotidiana normalmente —comiendo con apetito, llevando a sus hijos al colegio, asistiendo a conciertos y espectáculos, concluyendo sus negocios e incluso beneficiándose en ocasiones de los despojos sufridos por otros—, mientras murmuraban de vez en cuando «ojalá pronto acabe todo esto», ésos… ¿qué fueron? ¿Personas prudentes, ciudadanos desconcertados, buena gente atrapada en un torbellino del que no sabían cómo salir? ¿O canallas de otro modelo, canallas light?

En el prólogo dice la autora: «Este libro se refiere también, aunque no los mencione, a los perseguidos de hoy, a su soledad y, en lo que me toca de cerca, a los cientos de vascos hoy acosados, señalados con el dedo o en pasquines de los muros de las ciudades y los pueblos vascos; a todos los vascos que se oponen a la tiranía y que se juegan la vida por ser libres». Por supuesto, la situación actual en el País Vasco no es ni mucho menos igual a la de la Alemania nazi: afortunadamente, Euskadi forma parte del Estado democrático español y gracias a ello existe un referente legal que dificulta los abusos del peor nacionalismo y condena sin rodeos las agresiones totalitarias, aunque no siempre pueda impedirlas o castigarlas. No tenemos campos de concentración ni cámaras de gas: sólo nos afligen asesinatos y estragos, secuestros, extorsión mafiosa, hostigamiento de ciudadanos, gente que debe abandonar su trabajo en la universidad, en la empresa o en el ayuntamiento porque ya no soporta más amenazas, profesores que no pueden dar clase y que se ven sustituidos en sus puestos por quienes piensan de manera radicalmente opuesta… En los últimos doce años, aproximadamente el diez por ciento de la población vasca ha decidido cambiar de aires; en el entusiasmo posprandial de una reciente cena-coloquio en Barcelona, Arnaldo Otegi calculaba que con otros doscientos mil excluidos del censo ya se podría realizar con garantías —es decir, con garantías de ganar— el referéndum independentista. Por supuesto, no hay que ser exagerados y debemos reconocer que estos inconvenientes son notablemente menores que los sufridos por los judíos en la Alemania nazi.

Pero en lo tocante a la actitud de inhibición y complicidad pasiva con la barbarie por parte de la población, las similitudes con la época oscura del nazismo son tan evidentes que Martínez de Murguía no quiere subrayarlas y las deja al criterio del lector reflexivo. En Alemania hubo un sentimiento xenófobo, compartido incluso por muchos ciudadanos opuestos al nazismo y en sí mismo no violento, hoy diríamos «democrático», que sirvió de caldo de cultivo y justificación a la brutalidad parda: el antisemitismo. Su equivalente en el País Vasco actual es el antiespañolismo, que ha cumplido funciones criminógenas similares entre los nacionalistas llamados «democráticos». A Victor Klemperer, cuyo testimonio es uno de los más manejados en el libro y que salvó probablemente la vida por estar casado con una no judía, le irritaba que le dijesen constantemente: «¿Su esposa es alemana, verdad?». ¡Como si él por ser judío ya no fuese alemán! También en Euskadi, los nativos que no podemos o queremos esconder nuestra condición de españoles estamos hartos de ser considerados por ello como vascos dudosos o imposibles. Los contemporáneos alemanes de los desafueros nazis no se sentían responsables porque no los cometían personalmente ni los promovían: pero sólo en raros y valientes casos brindaron a las víctimas su simpatía y prácticamente nunca su apoyo activo. Con honrosas y algo más frecuentes excepciones, pasa lo mismo en el País Vasco: los delincuentes obtienen más complicidades tácitas y mayor comprensión ideológica que quienes abiertamente les denuncian.

Sin embargo, esta interesada y culpable indiferencia ante la persecución no fue exclusiva de los conciudadanos de los perseguidos. También se dio entre los países del resto de Europa, que a menudo compartían el prejuicio antisemita con los nazis como hasta hace poco —quizá todavía hoy— aceptaron acríticamente que ser «vasco» es la ficción excluyente y etnicista que establecen los nacionalistas. Cabe hacerse una pregunta terrible: si Hitler no hubiera desencadenado la guerra al invadir otros países, si se hubiera limitado a hostigar y deportar a los alemanes judíos, incluso a asesinar a parte de ellos… ¿habrían intervenido contra él las potencias democráticas o se hubieran encogido de hombros considerando la persecución un «asunto interno», como hicieron durante demasiado tiempo? Y, volviendo al presente: si no hubiesen ocurrido los atentados del 11 de septiembre que transformaron por orden norteamericana en preocupación internacional toda forma de terrorismo… ¿no habrían seguido gozando de relativa tolerancia y cierto amparo ideológico los asesinos de ETA que pululan por tantos países? En fin, acabemos constatando melancólicamente con Zygmunt Bauman (en Modernidad y holocausto) «la facilidad con que la mayor parte de las personas, cuando se las pone en una situación en la que no tienen una elección buena o bien esa elección es demasiado costosa, se convencen a sí mismas y se alejan de la cuestión del deber moral».

Jessica de Arco

El cine está lleno de heroínas, pero la mayoría de ellas no suelen seguir siéndolo fuera de la pantalla. Entre las pocas excepciones que ahora recuerdo está Lauren Bacall, que se portó ante la comisión inquisitorial del senador McCarthy con aún mayor coraje que su marido Bogart, el «duro» oficial. Me alegra saber que, tras su paso por el Festival de San Sebastián, Jessica Lange viene a engrosar la ilustre nómina de hembras valientes del gremio cinematográfico, a medio camino entre la Doncella de Orleans y la madre Teresa de Calcuta. Jessica llegó, vio y habló. Nos contó que en Estados Unidos las cosas se están poniendo irrespirables para quienes no son de derechas; por lo tanto Jessica, en cuanto llegó a la España de Aznar y al Estado Libre Asociado de Ibarretxe, empezó a respirar oxígeno de izquierda a pleno pulmón y se sintió contentísima. Y menos mal que no tropezó al bajarse del avión con la fiera roja de nuestro zoológico, el tigre Madrazo, porque en tal caso se hubiera creído no ya en Europa sino en el mismísimo Pekín de Mao. La guapa Jessica denunció ante la prensa con vehemencia y mucha razón la política agresiva de Bush y la prensa se quedó entusiasmada ante tal despliegue de coraje cívico. Nada tan admirable como arriesgarse a criticar a los que mandan y a los que matan. ¡Bien por Jessica!

Algunos dirán que la cosa no es para tanto. Después de todo, el nocivo Bush rara vez envía comandos a la Concha para liquidar a quienes le censuran, por lo que meterse con él no resulta demasiado peligroso y es una forma de quedar bien ante los papanatas a bajo precio. Hombre, eso sí. Pero después de todo, el título de «héroe» no es una denominación absoluta: se otorga a quien destaca sobre los demás. De modo que basta con portarse con mínima decencia entre personajes viles y rastreros para que alguien pueda ser denominado «héroe» sin mucha exageración. Jessica Lange se esforzó al menos un poco por referirse a las cuestiones políticas de actualidad en su país, mostró que le interesaba el mundo en que vivía y las tragedias que la rodeaban, no sólo los canapés que la esperaban al final de la rueda de prensa. Ya es algo. En el Festival de Cine de San Sebastián, es muchísimo. No me extraña que todo el mundo se quedase asombrado del coraje de Jessica.

Para valorar su gesto, tenemos que intentar hacernos una idea de lo que hubiera ocurrido si su ejemplo hubiese cundido. ¿Se imaginan ustedes, por poner un caso, que algún actor, director o productor vasco hubiera aprovechado una rueda de prensa para comentar el atentado mortal de Leitza que tuvo lugar en pleno Festival? ¿O que alguno de ellos se hubiera referido a la vergüenza de que muchos invitados a las sesiones de competición tengan que ir con escolta? Aún más: imagínense por un momento, lo que ya es tener imaginación, al director del festival pidiendo un minuto de silencio por el guardia civil asesinado, antes de entregar un premio Donostia. O imagínense, ya que estamos soñando, que los cientos de periodistas acreditados hubieran aprovechado la misma ocasión para hacer una concentración de protesta contra los asesinos a la puerta del Kursaal o que hubiesen llegado a las sesiones luciendo algún emblema contra ETA o que hubieran intentado poner alguna pancarta bien visible en el recinto condenando a los terroristas o… yo qué sé.

Claro, ya veo que ustedes sonríen tristemente ante tantas imaginaciones mías. Una cosa es meterse con Bush, muy malo pero muy lejano, y otra meterse con ETA y sus acólitos, aún más repugnantes pero muchísimo más cercanos. Al Festival de San Sebastián le gusta el cine comprometido, faltaría más, ahí está su palmarés para demostrarlo. Pero no le gusta comprometerse, eso no: una cosa es el heroísmo de Jessica Lange y otra cosa es la crispación. Además, es imposible hablar con la boca llena y la característica de nuestro certamen, ahora medio centenario, es que todo el mundo tiene la boca llena desde que empieza hasta que termina. En la fiesta de clausura en el Miramar, por ejemplo, una crónica describía así el rutilante paisaje alimenticio: «Ya desde la entrada una hilera de camareras ofrecían copa y brochetas a los recién llegados invitados. Dentro de los salones, la escena no era diferente. Mesas con tartaletas, carnes, pimientos e incluso sushi para los más exóticos. Bandejas de canapés y un buen número de quesos de diferentes clases eran otras de las opciones». ¿Cómo quieren ustedes que nadie haga declaraciones políticas comprometidas o proteste contra los crímenes ante semejante oferta gastronómica? Empiezas a lanzar una consigna, todavía con migas de ensaladilla en la boca, y mientras hablas el que está a tu lado te birla la tartaleta. O el pimiento, tanto da. Es demasiado riesgo. Una cosa es el heroísmo y otra cosa el suicidio por inanición. Que hablen de cosas serias los que no están invitados al guateque, que ésos tienen más tiempo libre… y menos que masticar.

Jessica, encanto, vuelve con King Kong. A su modo gargantuesco te quería de veras y te llevaba en palmitas, como suele decirse. ¡Pobre gorila bueno, la primera víctima de las Torres Gemelas! No era muy guapo ni tenía buenos modales, pero nadie menos hipócrita que él. Estaba dispuesto a morir por ti, Jessica: no le olvides nunca. De los demás, aunque te den premios y te tributen alabanzas, no te fíes ni un pelo.

La poción mágica

A lo largo de la historia ha habido diversos brebajes maravillosos, capaces de tonificantes milagros en quienes los consumen pero cuya composición permanece misteriosa. Robert Graves fantaseó sobre el kykeon que tomaban los iniciados en Eleusis, aunque no parece demasiado de fiar; en cuanto a la poción mágica que da vigor a Astérix y compañía, sólo el druida Panorámix sabe sus ingredientes exactos y se los calla, con buen criterio; también permanece secreta la fórmula magistral de la coca-cola y los grandes barmen suelen negarse a divulgar las recetas exactas de sus mejores cócteles. De modo que nada tiene de raro que hasta hace poco el mundo mundial haya desconocido de qué se compone el arrollador bebedizo gracias al cual los nacionalistas logran siempre ganar las elecciones en el País Vasco. Sólo últimamente se ha ido desvelando este misterio, hasta el punto de que ya podemos ofrecer al público curioso algo más que conjeturas al respecto.

Aún no podemos establecer la dosificación exacta, pero sí nombrar los dos ingredientes fundamentales de esta poción mágica: uno de ellos es la democracia y otro el terrorismo. Por separado, ninguno de ellos basta para garantizar la hegemonía permanente de los nacionalistas ni mucho menos que puedan sacar adelante en un corto plazo sus proyectos soberanistas. La sola democracia ofrece indudables posibilidades, pero también serias cortapisas constitucionales; además, pese a exilios y desistimientos, la mayoría nacionalista —cuando la hay— es precaria y siempre bajo la amenaza de que, si desaparece el miedo, cambien de voto muchos de los hoy afectos por oportunismo o resignación. El terrorismo tiene su punto y logra éxitos parciales, pero es inimaginable que consiga algún día derrotar en toda regla a las fuerzas armadas del Estado: más bien parece evidente que ya ha entrado en una irreversible cuesta abajo y que, si bien tiene aún peligro, carece de futuro. Sin embargo estos dos elementos separados e insuficientes, cuando se combinan, producen un cóctel formidable. Desde luego el terrorismo no «ayuda» a la democracia en el País Vasco, pero colabora a que los nacionalistas que se acogen a ella la consideren insuficiente y propongan como remedio a la violencia ir más allá de sus normas actuales, lo que coincide casualmente con su propio proyecto. También sirve para que puedan dar lecciones de democracia, denunciando las medidas antiterroristas como cortapisas a las libertades generales. Como ETA no coarta su libertad política, sino la de la oposición, se quejan de que se empleen medidas políticas y legales extraordinarias para acabar con un mal que a ellos no se lo parece tanto como cuentan los afectados. Por lo visto, el único modo «liberal» de combatir el terrorismo es ir haciéndoles graduales concesiones institucionales, hasta que ya no tengan que molestarse en seguir matando para conseguir el resto.

Aún mejor complicidad representa la violencia cuando se aproximan elecciones, como las municipales que tenemos en puertas. PNV, EA e IU (no olvidemos a IU) ejercitan su perfecto derecho democrático a presentar sus listas, hacer campaña electoral y recorrer el país en busca de votos. ¿Qué culpa tienen ellos de que quienes se les oponen no puedan hacer lo mismo? Si los demás no pueden completar sus listas, porque no todo el mundo está dispuesto a jugarse la vida por ser concejal, que las rellenen con gente de fuera. Ellos se limitarán simplemente a hacer constar que esos candidatos no son vascos ni han pisado nunca esta tierra: ¡que les vote quien quiera! Y si los mítines electorales de PP y PSOE resultan casi inviables, porque ETA los ha declarado explícitamente objetivos militares, a ellos que no les pidan cuentas, que bastante tienen con preparar los suyos. Y si los votantes no nacionalistas se marchan del país, hartos de un clima de coacciones y vejaciones, pues qué le vamos a hacer. Quienes les votan a ellos están en cambio muy contentos. Cuando al día siguiente de los comicios se vea que han vuelto a ganar, eso lo único que demostrará es lo acertado de su estrategia y el gran apoyo con que cuenta el plan Ibarretxe. En cambio a los que tensionan y crispan las urnas les habrán vuelto a pasar factura… Y la poción mágica que proporciona poder surtirá de nuevo efecto. Puestas así las cosas, resulta natural que cuando el Comité de las Regiones de la Unión Europea ha decidido convocar una audiencia extraordinaria en su pleno de abril para apoyar a los concejales vascos amenazados, los intentos de entorpecer la medida o de retrasarla por lo menos hasta junio —después de las elecciones— hayan venido de José María Muñoa, comisionado del lehendakari en ese organismo. No conviene que en Bruselas se enteren de que quienes más dan la lata con la Europa de las regiones rigen precisamente la región europea con menos normalidad democrática.

La reacción nacionalista ante las detenciones de los directivos de Egunkaria y el cierre cautelar del periódico son también muy significativas. Puede discreparse de la medida y deplorarla, pero resulta por lo menos sospechoso convertirla en un ataque a la cultura vasca, al euskera y a la libertad de expresión. En primer lugar, porque el juez no ha cerrado el diario por el contenido de sus artículos (al día siguiente salió otro a la calle con el mismo tipo de colaboraciones) sino por sus presuntas vinculaciones empresariales con la banda terrorista. En segundo lugar, porque —si las acusaciones resultasen probadas— los que están haciendo un flaco servicio al euskera son quienes lo ponen al servicio de ETA. La verdadera amenaza hoy para esa lengua no es que en nombre del antiterrorismo se ataque al euskera, sino que en nombre del euskera se ampare al terrorismo. Por ello sería muy oportuno que los escritores que se han movilizado en apoyo de Egunkaria mostrasen el mismo celo para denunciar que en la tradicional korrika anual a favor del vascuence sólo se vean pancartas y camisetas a favor de los presos y nunca ninguna contra ETA, pese a que varias de las víctimas —la última, sin ir más lejos— fuesen euskaldunes. ¿O acaso se respeta a una lengua matando a quienes la hablan? Tampoco falta la misma manipulación en otros actos culturales. En el último encuentro de bertsolaris, que tuvo lugar hace pocas semanas y fue televisado, pudo escucharse a Xabier Amuriza —uno de los participantes más destacados— versificar así sobre el tema de las personas que llevan escolta: «Yo te preguntaría una cosa a ti, escolta que estás ahí. / ¿Ya sabéis qué somos nosotros?/ ¿Y sabrás tú también cuánto te pagan por proteger a unos criminales?». No conozco ningún comentario de los defensores de la cultura vasca sobre esta descarada apología de la barbarie.

Como Basta Ya lleva tiempo denunciando esa pócima formada por democracia y terrorismo, se ha convertido en el enemigo público número uno para los nacionalistas. Arzalluz asegura que nuestras críticas equivalen a tomar las armas y nos acusa de crear un clima propicio a la guerra sucia. De este modo, queda convalidado que la próxima vez que maten a alguno de nosotros será un ajuste de cuentas entre bandas rivales. Y el mismo dirigente peneuvista declara indignado que nuestro propósito es desplazar de las instituciones al nacionalismo. ¡Naturalmente que sí! Sería muy sana una alternancia semejante para probar que en el País Vasco también pueden gobernar quienes están amenazados directamente por el terrorismo y a pesar de ello. A lo mejor no lo hacían peor que los que ahora mandan. En la manifestación contra el cierre de Egunkaria participaron tres consejeros del Gobierno vasco, los de Educación, Cultura y Justicia. ¿Será casualidad que sean las tres cosas de las que andamos menos sobrados?

El amigo de Quebec

He esperado varias semanas antes de escribir este artículo. Concretamente desde el pasado 15 de noviembre, fecha en la que visitó nuestro país Stéphane Dion, ministro de Asuntos Intergubernamentales de Canadá y presidente del Consejo Privado, para recibir un doctorado honoris causa en la Universidad Carlos III de Madrid. Me dije que más valía aguardar unos días, porque sin duda este nacionalista quebecois, especialista en convivencia constitucional de diversas comunidades y federalista, aparecería sin duda por el País Vasco para recibir algunos de esos homenajes que nuestras hospitalarias autoridades suelen prodigar. Aunque no fuese tan derechista como Pete Cenarrusa, ni tan izquierdista como Hebe de Bonafini, ni tan siniestramente turbio como Francesco Cossiga, seguramente alguien lo llevaría a la Fundación Sabino Arana, a Ajuria-Enea o por lo menos al museo Guggenheim. Después de todo, llevamos años oyendo hablar de Quebec como ejemplo a seguir: bueno, pues ahí estaba al alcance de la mano el hombre de Quebec capaz de ayudarnos a iluminar nuestras tinieblas.

Pero pasaron los días y nadie se acordó de Stéphane Dion, ni le hicieron amigo predilecto de los vascos, ni socio honorario de la Real, próxima campeona de la liga. Ni siquiera Odón Elorza, que suele recomendar con ahínco mirar hacia Quebec como los musulmanes miran a La Meca, se decidió a darle las llaves de Donosti. Y los periódicos de la CAV ignoraron su visita por completo, salvo que se me haya escapado algún comentario en letra pequeña. ¿Cómo se explica semejante desapego? ¿Acaso ya no nos interesa estudiar el modelo canadiense ni sacar alguna enseñanza de su manera de afrontar un problema nacionalista sin duda diferente al nuestro, pero que hasta ayer siempre he oído citar en relación con el nuestro? Ahora que se habla de referéndum y que el lehendakari recorre el planeta exponiendo su propuesta (y quejándose de que no le entienden en casa), ¿no habría sido un buen momento para cambiar impresiones con alguien que indudablemente tiene cierta experiencia en este tipo de propuestas políticas? Pues no señor: el ilustre visitante se marchó de España sin que las autoridades vascas se interesaran ni poco ni mucho por él. ¿Por qué habrá sido?

Puede que por sus iniciativas y sus opiniones, según me entero de ellas a través de varias entrevistas de prensa aparecidas en diarios de Madrid. Para empezar, el señor Dion es el autor de la Ley de la Claridad de 1995, que especificó las exigencias de precisión en cualquier posible referéndum que se plantease sobre la cuestión de Quebec. Este requisito parece haber sido clave en el progresivo debilitamiento de la opción separatista. Y es que Dion se siente orgulloso tanto de su identidad quebecois como de su nacionalidad canadiense. No las considera incompatibles, sino mutuamente enriquecedoras. Acepta el nacionalismo, pero cree que cuando éste intenta restar identidades por la vía de la separación en lugar de aceptar todas las realmente existentes en un estado, resulta potencialmente peligroso. «Quienes quieren la secesión de una democracia han de elegir entre quienes son sus compatriotas y quienes pasan a ser extranjeros entre sus propios conciudadanos». Y afirma que por esta razón la secesión de un sistema democrático para formar otro ente supone siempre separarse de la democracia misma. Por eso cree que la perspectiva nacionalista no puede abolir la perspectiva de ciudadanía: «Cuando el nacionalismo es la única perspectiva por la que se ve el mundo, se convierte en un factor muy negativo. El nacionalismo, el válido, debe ser una suma identitaria, todo lo que sea restar identidades es empobrecer a la sociedad y al individuo». Por ello, asegura, «mi combate político se dirige a lograr que Canadá no llegue a convertirse nunca en un argumento a favor del separatismo sino, al contrario, en una razón a favor de la cohabitación de poblaciones diversas por su lengua o por su cultura, que trabajan juntas en el seno del mismo Estado».

Aun así, admite que el referéndum de secesión es admisible, aunque debe reunir las dos condiciones (estipuladas por el Tribunal Supremo canadiense) de una pregunta inequívocamente clara y lograr el apoyo de una mayoría de la población no menos clara, no una mayoría débil como la mitad más uno. «Si se dan las dos condiciones, el Gobierno federal tiene obligación de entablar una negociación de secesión, pero sin obligación de que el resultado final sea la división del país». Preguntado que fue sobre la propuesta del PNV acerca de un referéndum en el que se pediría el apoyo de los ciudadanos a un estatus de libre asociación con España y sobre si tal cosa tendría cabida en la actual legislación canadiense, repuso: «Si ése fuera el caso, nuestro Gobierno federal plantearía la cuestión a la Cámara de los Comunes canadiense y ésta, casi con total certeza, diría que la pregunta no es clara. O se está dentro del Estado o se está fuera. Preguntar a los ciudadanos si quieren separarse y al mismo tiempo asociarse es confuso». Ni se le pasa por la imaginación, como es lógico, que tal consulta pudiera hacerse jamás bajo la presión de la violencia terrorista.

Supongo que todo lo que dice Stéphane Dion puede discutirse o matizarse, pero no me parecen reflexiones carentes de interés y por lo menos sirven para que sepamos cuál es el famoso «modelo» de Quebec del que tanto se nos habla. Así que sigo sin explicarme por qué no nos lo han acercado al País Vasco, aprovechando que ya estaba en España. ¿O es que los vascos no podemos tener también amigos así?

Como si nada

Esta mañana, en Polloe, asistí a la cremación de mi compañero Joseba Pagazaurtundua. En esos momentos en que ninguna palabra basta ni consuela, las de los clásicos parecen quizá algo menos insuficientes. Por ejemplo, Shakespeare: «El cobarde muere cien veces, el valiente sólo una». Los que detestamos la muerte haremos bien en intentar ser valientes, para no menudearla. Ésta fue la opción de Joseba. A pesar de que padeció villanías traicioneras de quienes debían haberle protegido y cayó finalmente por obra de un sicario descerebrado, su vida no estuvo llena de pequeñas muertes timoratas. Sólo murió una vez, con coraje: lo demás fue vida limpia y no diarrea perpetua como es habitual por estos lares.

Y luego ¿qué? Para la familia, el verdadero dolor empieza ahora porque la ausencia sólo se constata de veras cuando se reanuda la cotidianidad. Pero para el resto de los ciudadanos ¿cae ya el telón de la tragedia? ¿Todos a vivir como si no hubiera pasado nada? A las víctimas se les ha dejado desfogarse un par de días; han tenido su pésame, ¿qué más quieren? El tripartito gobernante lo siente mucho y se acabó. Volvamos ya a la rutina, a la impugnación de la Ley de Partidos, a criticar el endurecimiento de penas a los terroristas, al plan Ibarretxe y a la descalificación habitual de los constitucionalistas. Para Arzalluz, Basta Ya es el reverso de ETA, otro fanatismo letal. De modo que el asesinato de Joseba, que pertenecía a Basta Ya, viene a ser algo así como el ajuste de cuentas entre bandas rivales… La canallada del especialista no se ha hecho esperar: justo cuarenta y ocho horas.

Pero esta vez las cosas no van a ser tan sencillas. Algunos estamos dispuestos a que no se vuelva a una supuesta «normalidad» que sólo lo es para quienes están de acuerdo (o fingen estarlo) con el nacionalismo establecido. No queremos más pésames de las autoridades, sino un cambio de rumbo, de tal modo que en Euskadi deje de dar miedo estar contra ETA y empiece a dar miedo estar a favor de ETA. Para eso, el Gobierno vasco debe asumir su parte de responsabilidad, con gestos significativos. Y también debe asumirla la militancia nacionalista, que podría pedir por ejemplo el cese de Arzalluz por sus repugnantes declaraciones con el mismo ahínco con que ha solicitado el de Jiménez de Parga. Si esto no ocurre, habrá que denunciar la complicidad pasiva con la violencia de quienes tanto lloriquean de cuando en cuando por ella para luego favorecer a quienes la practican y vilipendiar a los que la sufren. Y esa denuncia tiene que ser pública, incesante y ubicua. Seguro que se nos acusará de «desestabilizadores»… ¡como si lo que hay en el País Vasco fuese ni de cerca ni de lejos algo parecido a la estabilidad democrática!

Procuraremos estar con nuestra protesta en todas partes y pensamos estropearle la buena digestión a los que ya están deseando mirar para otro lado. Para hacerse el despistado todos los pretextos son buenos: ahora no se debe protestar porque estamos en fiestas patronales (y sólo pueden verse las pancartas de los presos), ahora no toca protestar porque estamos de festival, o de concurso de quesos, o hay partido de la Real (que no quiso guardar un minuto de silencio en el campo por Joseba: un gol en propia meta), o llueve, o hace sol o… lo que sea. Pues bien, nosotros insistiremos a pesar de tantas cosas urgentes y divertidas que impiden acordarse de los asesinados y repudiar a los asesinos. Y si con ello molestamos a la gente que ante todo quiere tranquilidad, lo sentimos mucho. Aquí ya no va a haber tranquilidad para nadie hasta que no la haya de veras para todos. Y a los sinvergüenzas de siempre que nos acusan de hacer electoralismo, les diremos que a mucha honra: mejor es hacer electoralismo por la alternativa constitucional como nosotros, que aprovecharse electoralmente de que no todos tienen la misma libertad política o de que los votantes adversos se han visto forzados a emigrar como hacen los nacionalistas para seguir ganando.

Ante Pavelic, el líder croata de la Ustacha fascista que llevó a cabo la limpieza étnica de serbios durante la Segunda Guerra Mundial, definía su tarea así: «Un tercio muertos, un tercio expulsados y un tercio convertidos». En el País Vasco tenemos a bastantes admiradores de Pavelic que quieren aplicar la misma receta. Pero algunos estamos dispuestos a luchar con todas las armas legales a nuestro alcance contra los que matan, no pensamos irnos y desde luego no vamos a convertirnos a la mermelada ideológica del nacionalismo. De modo que los Pavelic de turno lo van a tener pero que muy crudo.

Cuando terminó la cremación de Joseba, me rondaba la cabeza un verso: «Serán ceniza, pero tendrán sentido». Las cenizas de Joseba tienen sentido de libertad, de coraje, de pluralismo y de ciudadanía frente a aberrantes imposiciones étnicas. Y nosotros, sus amigos y compañeros, seremos los guardianes de ese sentido: lo prometemos.

El asco

En los últimos días, con motivo del atroz atentado terrorista en Santa Pola, diversas autoridades han empleado para considerar los hechos y sus causantes la expresión «sentir asco». Como siempre que se trata de fórmulas especialmente contundentes, apelar al asco es algo que debe hacerse con cierta reflexión. En el contexto moral —que es el que aquí nos interesa— decir que uno siente «asco» es a la vez el máximo desprecio y también la valoración más subjetiva: no sólo se juzga que algo está mal según los principios éticos, sino que se subraya la reacción personal, incluso corporal, ante esa conculcación de lo que debe ser respetado. Lo moralmente repugnante nos produce desaprobación, desde luego, pero también una sensación casi pringosa de bajeza, de mezquindad, de cicatería maligna. El asco moral no lo sentimos frente a lo horroroso sino ante lo miserable. Por ejemplo, dudo que alguien defina como «asco» lo que nota cuando está siendo bombardeado por un agresor injusto o cuando un psicópata amenaza con un hacha a su hijo en la cuna: sentirá indignación, espanto, íntima sublevación ante lo que transgrede la armonía civilizada entre humanos… pero asco propiamente, no. En cambio es sin duda asco (que no excluye la indignación ni la repulsa) lo que experimentamos ante la multinacional que se enriquece con la esclavitud laboral de niños o quien aprovecha la ruina de un terremoto para saquear la casa del vecino. Sobre todo sentimos asco al escuchar a los que pretenden justificar o minimizar estas fechorías, en nombre de cualquier razonamiento utilitario.

Por eso no me parece muy acertado que el lehendakari Ibarretxe llegue a la conclusión de que ante los crímenes y la perpetua amenaza de ETA la sociedad vasca siente «asco». Incluso le diría que sentir asco ante ETA es casi un privilegio, porque los amenazados de muerte por la banda terrorista no se lo pueden permitir: están demasiado concernidos por la preocupación personal y familiar, por el miedo al día a día, por la justa cólera al verse privados de sus derechos cívicos fundamentales, como para sentirse asqueados. El asco es fruto del desprecio y uno no puede despreciar lo que está a punto de matarte o mata a otros cerca de ti. La barbarie política criminal no es repulsiva, sino aterradora e intolerable. En cambio resulta repugnante, es decir asqueroso, comprenderla, justificarla, inhibirse ante ella para evitar problemas y sobre todo lamentarla patéticamente sin hacer nada realmente efectivo para perseguirla y castigarla. De aprovecharse de ella para sacar adelante proyectos políticos propios casualmente coincidentes con los de los bárbaros, prefiero no hablar.

Me temo que motivos de asco moral no faltan ni mucho menos en la sociedad vasca, aunque no sea precisamente ETA quien los proporcione. Como el asco tiene un componente subjetivo ya señalado, voy a indicar dos casos en que yo mismo lo he sentido recientemente. Número uno: en la misma mañana del atentado, pocas horas antes del coche bomba que mató a dos personas (una de ellas una personita de siete años) y dañó la integridad física y las haciendas de muchos más, las playas de San Sebastián servían de marco obligado a una exhibición de pancartas y panfletos a favor de los presos de ETA, cuyo regreso a casa así como el de los «huidos» (supongo que entre éstos se cuentan quienes pusieron el coche bomba) solicitaban un puñado de manifestantes ondeando ikurriñas. A mí me asquea ver la enseña autonómica monopolizada por tales manos, así como que se hable en los medios de comunicación públicos de presos «vascos» para aludir a quienes no están en chirona por su origen sino por sus delitos. Y aún me repugna más recordar que nunca he visto en las playas una manifestación semejante, ikurriñas incluidas, pidiendo la persecución y condena de ETA, la defensa de los amenazados y sus ideas, la solidaridad con las víctimas. Sólo protestan así de vez en cuando, arrostrando todo tipo de descalificaciones por «crispadores» y corriendo riesgo de muerte, los miembros de algunos grupos cívicos de esos que Anasagasti considera financiados por el Ministerio del Interior. Los nacionalistas a lo más que llegan es a decirle a ETA que «sobra» y que se «disuelva», como si fuera una ONG descarriada y algo testaruda. Qué asquito, ¿no?

Número dos: lo que veo y oigo en el teleberri de ETB2 al día siguiente del atentado. Como la colonia vasca en Santa Pola es muy numerosa (hablan de unas dos mil personas, entre veraneantes, residentes y comerciantes), ETB decide hacerles un reportaje. Ingenuo de mí, creí que les cuestionarían sobre el vil atentado que había destrozado a sus amables convecinos, que tan sociablemente les acogen y de cuyo dinerito algunos de ellos viven; incluso que les darían ocasión para que mostrasen su lógica vergüenza de vascos al oír el nombre de su tierra mezclado en la legitimación de semejantes salvajadas. Pues como siempre me equivoqué.

Lo que les preguntaron es si se sentían discriminados en su entorno y si suponían que el coche bomba podía perjudicar la buena marcha de sus negocios. Para mi tranquilidad, me enteré de que allí nadie les discrimina ni mira mal… lo que era de suponer dada la cantidad de vascos que eligen esa residencia. El dueño de un bar reconoció que el atentado no les beneficia, aunque tampoco se puede decir todavía si va a perjudicarles. ¡Qué alivio! El propietario de otro comedero, no menos decorado con banderines deportivos y fotos regionales, admitió con resignación que a veces hay alguno que le pregunta «¿qué te ha parecido lo de la niña?» y cosas semejantes porque, como él mismo dijo, «siempre los hay graciosos». Pero vamos, la sangre nunca llega al río… salvo en el cuartel de la Guardia Civil. Si la palabra «gentuza» no es la más adecuada para calificar al entrevistador y al entrevistado, confieso que ahora a mí no se me ocurre otra. Por cierto, parece que a ETB se le ha escapado la ocasión de hacer un reportaje semejante en el restaurante español del Temple Bar de Dublín, donde el pasado fin de semana cometieron destrozos unas cuarenta bestias juveniles de la especie abertzale que venían de celebrar un akelarre con sus colegas irlandeses. Resultaron contusionados los dos cocineros del local… casualmente vascos.

Uno de los tópicos más repetidos sobre Euskadi es que la sociedad está sana, pero los políticos no son capaces de ponerse de acuerdo. Bueno, si ésta es una sociedad sana, ojalá que no me toque nunca vivir en una enferma. Puede que la sociedad vasca sienta asco frente a ETA como asegura el lehendakari (me refiero, claro, a la parte de la sociedad vasca no directamente amenazada por el terrorismo todavía, los nacionalistas a los que Ibarretxe representa y en cuyo beneficio gestiona esta comunidad). Lo que entonces cabe preguntarse es qué sienten exactamente el setenta por ciento de los vascos, los cuales según las encuestas jamás se han movilizado políticamente para mostrar su repulsa al terrorismo, cuando se miran cada mañana al espejo.

Por eso matan

Hace unos meses, en las páginas de El País, tuve ocasión de escribir sobre la estancia en España de Stéphane Dion, ministro canadiense para Quebec que vino a España a recibir un doctorado honoris causa por la Universidad Carlos III de Madrid. Como tantas veces se me ha opuesto el caso de la gran provincia francófona canadiense como ejemplo de una actitud que contrasta con los planteamientos supuestamente intransigentes que algunos tenemos en el País Vasco sobre el nacionalismo, procuré leer todas las entrevistas publicadas en la prensa con tan ilustre visitante. Comprobé con sorpresa y alivio que el señor Dion, aun declarándose orgullosamente nacionalista quebequés, sostiene sobre la unidad canadiense y sobre propuestas alambicadas de separar lo que vive junto para luego ofrecer la oportunidad de juntarse de nuevo unas posiciones que —con todos los matices debidos— se parecen mucho más a lo que decimos aquí algunos que a lo defendido por Ibarretxe o por Otegi. Por ello lamenté que ninguno de los que tanto nos hablan de Quebec reclamase su presencia en el País Vasco para exponer sus razonados puntos de vista. Seguro que si hubiese opinado de manera contraria, lo hubiésemos tenido en la Sabino Arana, en Ajuria Enea y hasta en la purrusalda.

El pasado lunes hubo elecciones en Quebec y el Partido Quebequés (partidario de la secesión soberanista) que gobernaba desde hace nueve años sufrió un serio revés electoral, mientras que sus adversarios del Partido Liberal conseguían la mayoría absoluta en la cámara de la provincia. De este modo se aplaza sine die la posibilidad de un tercer referéndum sobre la independencia de Quebec, que los nacionalistas intentaban volver a realizar a ver si tenían más suerte que en los dos anteriores. En Quebec no hay violencia terrorista, aunque la hubo hace casi cuarenta años (sin alcanzar desde luego las cotas asesinas de la nuestra). Cuando acabó, el secesionismo nacionalista se convirtió en un partido más del espectro político. Aunque ellos intentaron dar por sentado que los quebequeses votarían siempre más y más nacionalismo, hasta conseguir la independencia, la verdad es que no ha sido así. Es cierto que cuando tuvieron un líder apropiado —Lucien Bouchard— consiguieron aumentar su apoyo electoral, pero no hasta el punto de conseguir sacar adelante los referendos soberanistas: lograron luego gobernar en la provincia durante casi una década, pero ahora una mala gestión económica les ha desplazado de la mayoría. Por supuesto, quizá logren recuperarla legítimamente en las próximas elecciones pero ya ha quedado claro que para los votantes de Quebec la cuestión nacional no es la prioritaria, que el progreso democrático no exige obligadamente cada vez más nacionalismo institucional y que desde luego no están dispuestos a sacrificar su envidiable nivel de vida actual en el altar de un secesionismo que les perjudique económicamente. Da gusto ver cómo prevalece el sentido común… cuando nadie pone bombas ni pega tiros en la nuca.

Y ésta es, a mi juicio, la lección que podemos sacar los vascos del caso Quebec. Cuando no hay violencia terrorista, el nacionalismo no resulta obligatorio ni es una traición a la esencia del pueblo no compartirlo. Eso no quiere decir que desaparezca, ni mucho menos, sino que por el contrario gana en dignidad democrática. Se convierte en un proyecto político entre otros, obligado a persuadir a los electores sin coaccionar a los compatriotas ni aprovecharse de la coacción que sufren por las fechorías de los más bestias del lugar. Cuando proponga un referéndum sobre alternativas soberanistas, éste se realizará sólo si realmente la mayoría de la población lo pide y con las debidas garantías de que todo el mundo pueda expresarse libremente antes y después. Nunca se atreverá a decir para vendérselo al pueblo que «así no podemos seguir», porque —cuando no hay terrorismo— es evidente que Quebec puede seguir muy bien y prósperamente en Canadá, o el País Vasco estupenda y prósperamente en España. Que puedan los ciudadanos desear otro destino político es cosa diferente, pero para saber si de verdad lo quieren o no la alternativa tiene que estar perfectamente desligada del rescate que se paga a los violentos por dejar de serlo. Y para lograr eso resulta imprescindible que los ecos del último disparo y del último asesinato hayan quedado razonablemente lejanos. Pura lógica y pura democracia.

Ahora, la pregunta del millón: ¿a que no saben ustedes por qué en Euskadi algunos asesinan, amenazan y extorsionan? ¿Será acaso porque no quieren esa transparencia, porque no consienten que la gente se exprese realmente sin imposiciones criminales, porque no están dispuestos a admitir que sus tesis políticas puedan ser rechazadas cuando la gente examine libremente lo que le conviene y lo que no? ¿No tendremos aquí algunos partidos y sindicatos que desaprueban la violencia de labios para afuera, pero en el fondo temen que acabe por miedo a verse reducidos a su justa proporción de apoyo social y, aprovechando que aún dura, ofrezcan planes peregrinos que sin ella resultarían un tanto chuscos? Ustedes dirán. Mientras tanto, felicitemos muy sinceramente por su buena fortuna democrática a los quebequeses.

¡Por fin politizados!

Disfruté mucho el otro sábado con la gala de los Goya, que tantos comentarios laudatorios o indignados está suscitando. Si bien el aspecto estético del espectáculo me pareció que dejaba bastante que desear —por decirlo suavemente— en cambio su aspecto ético tuvo a mi juicio muchos quilates. Digo «ético» pero debería decir «político»: ¡por fin la gente del mundillo cinematográfico, en un acto colectivo televisado a millones de hogares, adopta una actitud cívica comprometida y asume su papel de referencia para el resto de compatriotas en cuestiones políticamente controvertidas! Nada de escudarse en los habituales subterfugios de que «el arte es apolítico» o el muy sobado de «aquí hemos venido a dar trofeos y a pasarlo bien»: no señor, cuando las circunstancias históricas apremian es cuestión de decencia que quienes tienen representatividad social la aprovechen para dar la alarma ante los males que nos amenazan o para denunciar torpezas de quienes gobiernan. Aunque eso les cree incomodidades, suscite incomprensiones y hasta pueda acarrear alguna represalia. Pero ¿quién dijo miedo? Si la guerra que se aproxima no está justificada y carece de respaldo legal (como ellos y yo creemos), se dice bien alto: no a la guerra. Si el Ejecutivo ha gestionado de manera incompetente la catástrofe del Prestige (tal es mi opinión y la de quienes allí protestaban), pues se dice: nunca mais. Como debe ser.

La verdad es que se ha tardado bastante en llegar a esta actitud resuelta. Frente a otras lacras políticas, la movilización ha sido escasa o nula. Me refiero concretamente al caso del terrorismo de ETA y a la amenaza de un nacionalismo de signo etnicista en el País Vasco. Si no recuerdo mal, en las diecisiete ediciones de los premios Goya sólo una vez alguien se atrevió a manifestarse pública y dramáticamente contra el terrorismo: José Luis Borau, mostrando sus manos pintadas de blanco a las cámaras tras alguno de los múltiples atentados. Los demás, año tras año, nada: ¡y no será porque no se ha premiado a directores, actores y productores vascos! Por lo visto, todos apolíticos. O políticos en privado, no cuando se enfrentaban a millones de espectadores, es decir, cuando hacía más falta…

Y lo del Festival de Cine de San Sebastián todavía ha sido peor. Ni una voz contra ETA (aunque hubiese asesinatos en los mismísimos días del certamen), ni un minuto de silencio, ni una broma contra el Ejecutivo vasco (que tiene por cierto mucho más que ver con la perpetuación del chapopote proetarra que el Gobierno de Aznar con el hundimiento del Prestige). A los que alguna vez sugerimos que los organizadores e invitados llevasen pegatinas diciendo «ETA NO» (tan razonables por lo menos como las de «No a la guerra») se nos acusó de querer «cargarnos el festival». Leyendo la historia del certamen donostiarra según Diego Galán se diría que la obligación de compromiso político acabó con la muerte de Franco y que a partir de ese momento lo que había que hacer era salvarse de la contaminación contestataria. En sus amenas crónicas de los sucedidos en el Victoria Eugenia no le he encontrado ningún lamento por la ocasión perdida en ese foro de posicionarse claramente contra la peor infamia del País Vasco y del resto de España. Incluso podría decirse que si hubo política fue «de la otra». En ciertos años en que a los vesánicos les dio por atacar vehículos e intereses franceses, las películas galas escasearon notablemente en la competición. Y aunque nunca podía decirse nada contra ETA en el escenario, en más de una ocasión «espontáneos» incontrolados se materializaban con pancartas a favor de los presos o pretendían leer comunicados en esa misma línea. Alguna vez me ha tocado a mí patear y gritar desde mi butaca para que no se salieran tranquilamente con la suya… Me hubiera encantado poder aplaudir en su día algún «ETA kampora» oficialmente respaldado por la gente del cine.

No dudo de que a título personal algunos hayan mostrado ya su condena al terrorismo. En la manifestación por la Constitución y el Estatuto del 23 de septiembre de 2000, celebrada en San Sebastián durante el Festival y ocho días después del atentado a José Ramón Recalde, participaron Marisa Paredes, Pedro Almodóvar, Elías Querejeta, Carmelo Gómez y Bernardo Bertolucci, quizá alguno más. Pero el certamen como tal se mantuvo aséptico, igual que otros años. Y en el pasado septiembre, sin remontarnos más atrás, el director Fernando León de Aranoa recibió su merecido premio por Los lunes al sol horas después del asesinato de un guardia civil. ¿No hubiera sido bonito que se lo hubiese dedicado a ese hijo del pueblo caído en defensa de la democracia? Gesto nada superfluo porque, como ha dicho muy bien León de Aranoa, «en política uno nunca se queja lo suficiente». Pero en septiembre por lo visto todavía no tocaba. Por cierto, lo más chocante en esos días fueron los elogios tributados a la guapa Jessica Lange, que en su rueda de prensa arremetió contra la política de Bush. Fue alzada de inmediato al rango de heroína, pero ninguno de sus entusiastas se sintió motivado a imitarla respecto a atropellos que nos tocan mucho más de cerca…

Pero pelillos a la mar y al chapapote, todo eso felizmente ya se ha acabado. La necesaria protesta cívica de los cineastas ha comenzado. El próximo septiembre veremos sin duda pegatinas de «ETA NO» por el Kursaal y oiremos a los galardonados denunciar con vehemencia los crímenes terroristas, si es que por desgracia siguen cometiéndose. Y oiremos bromas inmisericordes de los presentadores de las galas contra Ibarretxe y Arzalluz, sobre todo si siguen con su política de institucionalizar las reivindicaciones anticonstitucionales y trampear con la ley electoral para que les sea aún más favorable. Ya pueden echarse a temblar. Seguro que a partir de ahora ya no faltarán actores y directores en los actos de apoyo a los concejales amenazados del PP y del PSOE que se preparan para antes de las elecciones municipales. ¡Basta ya de cruzarnos de brazos como si no pasara nada, como si todos tuviesen las mismas oportunidades cara a esos comicios que algunos tienen la desfachatez de querer convertir nada menos que en un test sobre la propuesta soberanista! Se acabó el apoliticismo de tantos rostros populares. Y si trae algún sinsabor con los más brutos o se pierde alguna subvención, pues qué se le va a hacer: lo primero es lo primero. Yo me alegro mucho porque, aun sin pasar de simple espectador, me pasa como al resto de la gente del cine: comprendo, ay, a los cobardes, admiro a los valientes, pero sobre todo siento irremediable repugnancia ante los hipócritas y los oportunistas.

(Una semana después de aparecido este artículo en El País, varios actores y directores cinematográficos se manifestaron frente a Ajuria-Enea junto a Basta Ya en una protesta con el lema «ETA asesina. Gobierno vasco responsable»).

La cruzada antivasca

«Todas las acciones públicas está sujetas a inciertas y diferentes interpretaciones, porque demasiadas cabezas las juzgan». Esta sensata advertencia de Montaigne tiene especial confirmación en las medidas institucionales que se toman contra el terrorismo en el País Vasco. El cierre de Egunkaria, así como la detención y procesamiento de algunos de sus directivos, la ilegalización judicial y política de Batasuna, la búsqueda de solidaridad europea con los concejales constitucionalistas amenazados…, en fin, cuanto se hace para acosar y desactivar el permanente minado antipersonas que lleva a cabo el nacionalismo radical (a fin de asegurarse la primacía social que jamás obtendrá por otros medios) está sujeto a múltiples interpretaciones entre políticos, medios de comunicación y ciudadanos de a pie. Unos las celebran, otros aseguran que llegan tarde, algunos recelan que puedan ser contraproducentes y partidos hay en los que cada figura relevante sostiene una opinión distinta. Lo único inmutable a través de los años es la reacción del PNV y EA ante cuanto compromete social, política y legalmente a los radicales: siempre están en contra. Para estas organizaciones perennemente instaladas en los resortes de poder que gobiernan la CAV, esas medidas no resuelven nada, mutilan las libertades, atentan contra la democracia y…

Y ahora, forman parte de una «cruzada antivasca», según feliz expresión de la vicelehendakari Zenarruzabeitia. ¡No contento con la cruzada anti-Sadam, el Ejecutivo español emprende una nueva aventura exterminadora, con la complicidad del Parlamento, los jueces, la Brunete mediática y la cabra de la legión! Pues no se me rían, que en el País Vasco hay almas con boina que se lo creen. Por ejemplo, el cierre de Egunkaria y la detención de sus directivos son una maniobra contra el euskera (la lengua regional más subvencionada y políticamente promocionada de Europa), contra la cultura vasca (cuyos directores de cine son costeados por empresas e instituciones de toda España, cuyos presentadores/as de televisión y actores o actrices son celebrados en todas nuestras pantallas, cuyos cocineros enseñan a guisar a todo el país, cuyos escritores reciben premios nacionales aunque los agradezcan diciendo que estamos peor que en el franquismo… donde ellos, por cierto, tampoco estaban nada mal), contra la libertad de expresión (tan maltratada en Euskadi que no hay ni un político en la cárcel por justificar la violencia y hay ya cientos bajo tierra por denunciarla) y contra el pueblo vasco (gobernado por nacionalistas desde hace un cuarto de siglo). Y por todas estas convincentes razones, Egunkaria cuenta con denodados paladines que no se limitan a criticar la medida cautelar del juez Del Olmo —lo cual es perfectamente admisible— sino que la consideran un monstruoso atropello más allá de que tenga razón o no en las conexiones etarras que denuncia. Según nos aseguran la consejera de Cultura y otras autoridades, todos los detenidos son demócratas irreprochables. Aunque ninguno de ellos llevase escolta, lo cual en el País Vasco ya encierra un reproche implícito para cualquier demócrata… Y el presidente de Euskaltzaindia, la Real Academia de la Lengua Vasca, el ciudadano francés Jean Haritschelhar, cuya única contribución a la lucha contra ETA ha sido —según dice en una entrevista en El Diario Vasco, 17-3-03— una carta de condolencia a su amigo Gorka Landaburu cuando sufrió un atentado, ese señor que personalmente no acepta la violencia «pero no puede hablar por los demás», asegura que «Euskaltzaindia ha visto todo esto como un ataque lanzado contra la lengua vasca». Y añade que eso lo dice como presidente de la Academia, o sea que ahí por fin puede ya hablar en nombre de los demás… Se diría que mucha gente en el País Vasco quiere compensar la tibieza de su reacción ante los atentados reales que se cometen a base de fiereza contra atentados virtuales inventados ad hoc.

Pero el mayor agravio de la supuesta cruzada antivasca es la ilegalización de Batasuna. Dejando de lado a quienes lo consideran un regreso al franquismo (que suelen ser gente que sólo recuerdan del franquismo los buenos negocios que hacían entonces), las argumentaciones con que se protesta contra ella van de lo tierno a lo ridículo. Es tierno que se asegure muy gravemente que «ilegalizar un partido político es una medida muy seria», como si convivir con un grupo organizado legal que comprende, excusa, financia y encubre el asesinato y la intimidación de sus conciudadanos fuese cosa de broma. Y es ridículo escuchar a expertos de guardarropía afirmar que «aunque se ilegalice Batasuna, sus votantes están ahí». Hombre, claro: afortunadamente para ellos están ahí, lo que no se puede decir de muchas víctimas del terror. Y como están ahí podrán votar a otros grupos no menos independentistas pero que no tengan complicidad al menos explícita con la violencia. También por mucho que se prohíba y penalice la violencia doméstica, los apaleadores de mujeres siguen estando ahí y creyendo que son muy machos, pero al menos ahora saben que ya no gozan de impunidad ni de reconocimiento social y que su ideología prepotente es condenada por la sociedad. Sean cuantos fueren, eso no les hace más disculpables ni obliga al resto de los ciudadanos a resignarse a ellos. Se les da ocasión de cambiar y, si no cambian, tendrán que atenerse a las consecuencias: lo que no vamos es a cambiar las normas de la civilidad para darles gusto. No solamente en España sino que también en toda Europa seguramente comprenderán esta argumentación, diga lo que diga Ibarretxe.

Lo cierto es que en el contexto de la «cruzada» siempre prosperan los mismos. España y su Constitución les son hostiles, pero gracias a esa legalidad gobiernan desde hace más de veinte años; los crímenes de ETA son abominables, pero gracias a ellos tienen a sus adversarios arrinconados o huidos; la ilegalización de Batasuna es un atropello, pero esperan quedarse con sus votos para aumentar su respaldo popular. Su próximo lema electoral podría ser: «¡Aprovéchese de las circunstancias! Vote PNV-EA». Y es que lo único que temen de esas medidas no es que acaben con los vascos, sino que permitan de una buena vez a todos los vascos aparecer. Temen que si los privilegios y la impunidad que la mafia violenta ampara son definitivamente puestos en jaque, su postiza hegemonía se vea comprometida por la aparición del resto de los vascos reales, los vascos constitucionalistas, los vascos españoles que quieren un euskera no ideológicamente comprometido y un castellano reconocido sin complejos, los que no quieren que les vendan una paz impuesta y separatista al precio de ver triunfar aunque sea parcialmente a los enemigos del Estado de derecho. Los hay en todas partes, no sólo en las capitales, pero apenas se atreven a manifestarse públicamente y tienen todo tipo de problemas para verse institucionalmente representados. De modo que los que hoy controlan el cotarro llaman «cruzada antivasca» a cuanto puede comprometerles como únicos representantes de «lo vasco» y devolver la voz a cuantos no piensan ni piensan pensar como ellos. Lo diremos una vez más, a riesgo de aburrir: ¡basta ya!

La espera

Según nos han contado los cronistas antiguos, el filósofo cínico Diógenes se paseaba por las calles de Corinto con una lámpara encendida en pleno día y escrutando los rostros de los que se encontraban con él. «Busco un hombre», dicen que decía. A los que se burlaban de su actitud, señalándole que se estaba cruzando con muchos, les respondía que sólo encontraba esclavos o bárbaros («bárbaro», en aquel tiempo, no era el extranjero sino el que vivía sometido a un déspota). Es decir, que Diógenes buscaba hombres libres y no lograba ver ninguno a su alrededor. No precisamente por cinismo, sino más bien por idealismo, el concejal Ángel Yáñez ha mantenido cuarenta horas de ayuno y soledad en el centro de Tolosa a la espera de encontrar personas libres de su localidad que completaran la lista municipal del PP cara a las próximas elecciones de mayo. No ha obtenido muchos apoyos, sólo uno o dos, pero es que la gente libre no abunda tanto como suelen creer los ingenuos o los optimistas. Ya no hay esclavos como en la época de Diógenes, pero me parece que bárbaros —y lo que es peor, bárbaros voluntarios— tenemos todavía para dar y tomar.

La espera solitaria de Ángel Yáñez (aliviada según parece en las largas horas de la noche por tres indigentes que se acercaron a hacerle compañía) puede servir como ilustración patente de toda una situación política pero es también sin duda un acto de coraje cívico. El otro día me preguntaban unos periodistas si yo no creía que las manifestaciones contra la guerra de Irak demuestran un renacer de la conciencia ciudadana entre muchos jóvenes españoles, hasta ahora apáticos y desentendidos de la política. Les contesté que ojalá sea así, pero que en cualquier caso al menos en el País Vasco había desde hace tiempo jóvenes con un claro y arriesgado compromiso contra la violencia injusta. Conozco concejales (y concejalas, claro) del PP y del PSOE que con veinticinco años recién cumplidos ya hace cuatro que llevan obligadamente escolta policial. O que dedican muchas horas a preparar manifestaciones y actos públicos a favor de la Constitución —es decir, de la legalidad antiterrorista— que implican peligros notablemente mayores que el llevarse un porrazo de algún antidisturbios desmandado. Aunque su labor no sea tan espectacular ni multitudinaria como la de otros manifestantes, demuestran un espíritu de ciudadanía militante admirable. Los que se han desentendido de la lucha política por la libertad son otros, escudados en esa variante de la razón de Estado que es el «conflicto político»: quizá entre ellos haya que contar a algunos de los periodistas que me interrogaban, clarividentes respecto a la guerra de Irak pero miopes en lo tocante a otra más disimulada que tienen mucho más cerca.

El concejal Yáñez no es un joven de éstos, pero comparte con ellos la claridad de su conciencia cívica. Y digo «conciencia» porque en esta palabra no sólo cabe el sentimiento de indignación ante lo injusto sino también la luz reflexiva que pone en evidencia el trasfondo de miedo y complicidad de que se alimenta la injusticia. Más allá de los apoyos políticos que su insólita vigilia haya podido conseguirle, ha impartido una lección de pedagogía política. Y yo creo que también los políticos tienen que colaborar en la educación democrática, no sólo maestros y catedráticos. Su espera de cuarenta horas transformó la plaza de Tolosa en un aula de libertades públicas.

Uno de los muchos efectos desdichados de la obcecada actitud del Gobierno de Aznar ante la abusiva intervención americana en Irak es que ha convertido a todos los candidatos municipales populares en blanco de la indignación de exaltados o de oportunistas. Ya ocurrió algo parecido hace años, cuando cargos socialistas irreprochables de cualquier localidad española se veían insultados como «asesinos» y «chorizos» a cuenta de las revelaciones judiciales sobre Filesa o los GAL. Ahora lo mismo les ocurre a personas decentes del PP como Carlos Iturgaiz, Alberto Fernández Díaz y bastantes más. No contenta con masacrar a civiles, minar la autoridad del Consejo de Seguridad de la ONU y socavar la Unión Europea, esta maldita guerra está contribuyendo a que los orates que nunca faltan deslegitimen en nuestro país la democracia constitucional. Esta indignación extrapolada es selectiva, desde luego: pese a la ola represiva que se ha producido estos días en Cuba contra los disidentes de la dictadura, con numerosas encarcelaciones, aún está por ver que nadie haya calificado a Madrazo y compañía (ya saben, los que dijeron que Cuba era un modelo a seguir por el País Vasco) de «carceleros» o «represores».

Esperemos que la guerra en Irak no obnubile del todo a quienes se preocupan de verdad por la democracia en el País Vasco y favorezca a los aprovechateguis que se apuntan literalmente a un bombardeo con tal de vender su averiada mercancía. La espera de Ángel Yáñez en Tolosa sigue urgiendo a la población a plantearse lo posible y lo imposible de las próximas elecciones municipales. Ahí está la denuncia cercana del terror, de la coacción bélica, del bloqueo de opciones democráticas legítimas y pacíficas, de la tendencia de tantos a mirar para otro lado y llamar normalidad a la simple y llana apuesta por el caballo de antemano vencedor, que critican en otras ocasiones. Aunque me temo que de poco sirva, envío desde una opción política en parte diferente mi abrazo fraternal a Ángel Yáñez, junto a mi sincera admiración.

Hablando claro

El pasado domingo 19 de mayo, al comenzar a leer en El Diario Vasco la entrevista al lehendakari Ibarretxe, sentí una gran alivio con sus palabras iniciales: «Ha llegado el momento de hablar claro». ¡Hombre, me dije, por fin vamos a sacar algo en limpio! ¡Se acabó lo de hablar entre dientes para que nadie entienda del todo y lo de decir a cada cual lo que quiere escuchar, a fin de ahorrarse preguntas difíciles y polémicas escabrosas! Un poco más abajo seguí leyendo: «La fase previa al 13 de mayo fue terrible. Entonces la sociedad vasca dijo qué proyectos rechazaba, el del PP y el PSOE». Son dos afirmaciones muy claras, en efecto, pero la primera suena antidemocrática y la segunda es rotundamente falsa. ¿Por qué es terrible una campaña electoral a ojos de un político demócrata? ¿Acaso porque oye opiniones que contrarían las suyas y críticas a sus planteamientos ideológicos? ¿Fue terrible imaginar por un momento que podía ganar el adversario? ¿O lo terrible era saber que los demás se arriesgaban a ser asesinados por defender sus legítimas ideas, mientras que uno —con razón o sin ella— estaba al menos a salvo de ese peligro?

Si Ibarretxe se refiere a esto último cuando habla de lo terrible antes del 13 de mayo, respeto mucho su escalofrío: pero me da la impresión de que no es el caso. En cambio lo de que la «sociedad vasca» rechazó en las pasadas elecciones los modelos del PP y del PSOE es rotunda y claramente falso. Tan sociedad vasca es la que votó contra esos partidos como la muy abundante —vamos, más del cuarenta por ciento— que votó a favor. La ventaja de los nacionalistas sobre los no nacionalistas fue menor que nunca. ¿Qué pretende Ibarretxe negando esa evidencia, desenganchar todos los vagones en los que no viajan conocidos suyos para que el tren vaya más deprisa? Así se descarrila, no se aumenta la velocidad. No basta con hablar claro: hay también que intentar decir la verdad.

Sigamos con la «claridad» del lehendakari. Un poco más allá dice que lo que ahora tenemos sobre la mesa es «la ilegalización de las ideas». Por lo visto del nuevo modelo político del actual Gobierno vasco, que parece ser el régimen de Cuba, ya se les ha pegado la costumbre de sustituir la información veraz por la repetición obsesiva de mitos propagandísticos. Pero eso en Cuba funciona porque no hay prensa, ni radio, ni televisión libres: aquí va a ser un poco más difícil que nos traguemos todos esas bolas. Veamos un poco eso de «ilegalizar» ideas. Cuando un profesor sostiene en clase o en un libro de texto la inferioridad de ciertas razas, la minusvalía legal de la mujer o el carácter patológico de la homosexualidad… ¿acaso no se le prohíbe enseñar tales cosas? ¿Es eso ir contra la libertad de expresión o de pensamiento? Cuando en Barcelona se cerró una librería por vender textos favorables al nazismo y amparar reuniones de grupos neonazis… ¿se estaban ilegalizando ideas? ¿O se intentaba defender la democracia? No recuerdo protestas de la izquierda ni de Ibarretxe en los casos mencionados. Pero es que además lo que la Ley de Partidos puede ilegalizar no son ideas políticas sino grupos políticos que utilicen el amparo institucional para favorecer actividades violentas. Por ejemplo, que tengan a cuatrocientos de sus miembros juzgados y condenados por actividades terroristas: cosas así. ¿Que tales grupos tienen a muchos partidarios y clientes entre la población? Bueno, pues seamos claros: también la mafia en Sicilia es muy popular y a pesar de eso nadie habla de legalizarla…

Más adelante Ibarretxe vuelve sobre la famosa consulta a la sociedad vasca, cuyos términos está dispuesto a debatir pero que cree tener todo el derecho democrático del mundo a plantear. Eso sí, mediando «la inexistencia total y absoluta de violencia», algo que le parece posible quizá en esta misma legislatura. Dejemos aparte la repugnancia política que a algunos nos pueda producir el supuesto contenido de tal referéndum. ¿Imaginan lo que la mayoría de los demócratas franceses sienten cuando oyen a Le Pen hablar de un referéndum para sacar a Francia de la Unión Europea? Pues más o menos es lo mismo que sentimos los no nacionalistas cuando oímos hablar del propósito de sacar al País Vasco de España. Pero, insisto, dejemos eso a un lado. A una sociedad aterrorizada, con profesores que no pueden ir a clase, concejales que no pueden ir al ayuntamiento, periodistas que no se atreven a informar o deben ir escoltados por hacerlo, jueces que no cesan de pedir mayores medidas de protección, miles de ciudadanos que pagan puntualmente y desde hace años a los chantajistas de la violencia, etcétera, a una sociedad así ¿se la puede consultar en serio libremente sobre lo que quiere ser o decidir? ¿Bastará con que se suspenda unos meses la violencia para alcanzar la normalidad? ¿No habrá que dar tiempo suficiente para que, ya sin violencia, se escuche a los que hasta ahora no han podido hablar normalmente y para que vuelvan los que se han ido?

Dice el lehendakari que «somos un país en marcha», lo cual según él molesta en Madrid. No, señor Ibarretxe, lo que molesta en Madrid pero sobre todo aquí es que somos un país del que la gente se marcha, que no es lo mismo. Antes de consultar nada a la sociedad, antes siquiera de saber de verdad cuántos nacionalistas auténticos hay y cuántos votan nacionalista por miedo a las consecuencias de un cambio de escenario político en tiempos de terror, lo primero es conseguir que el país se normalice de veras. Totalmente. Y eso no parece cosa de unos pocos meses. Entretanto, hablar de consultas populares seguirá siendo no un derecho democrático sino una burla a los derechos democráticos de gran parte de la sociedad, la amenazada. Y esa parte de la sociedad tendrá derecho a solicitar del Estado español (cuyo máximo representante en Euskadi, por cierto, es el propio lehendakari) protección contra semejante atropello. Espero haber hablado claro, como nos gusta a Ibarretxe y a mí.

Democracia y violencia[2]

La característica civilizadora de la democracia es crear un ámbito institucional que excluya la eliminación o exterminio del adversario político: es decir, la pena de muerte y la guerra civil.

En el parlamento democrático se escenifica incruentamente el enfrentamiento civil al que se ha renunciado. Los impulsos cainitas quedan representados en forma de dialéctica de intereses y polémica entre grupos pacíficos. Como no puede haber exterminio del contrario por métodos de guerra civil, finalmente tiene que llegarse a un acuerdo que incluya parte de los intereses de todas las facciones contrapuestas.

Esto no ha ocurrido en el País Vasco, porque allí se mantienen activas las vías contradictorias de la violencia civil y del acuerdo parlamentario. Los nacionalistas se benefician a la vez de la democracia constitucional y de la violencia terrorista, aunque deploran las insuficiencias de la primera y los abusos de la segunda. Por un lado se busca la mayoría parlamentaria y por otro se aprovecha de facto la guerra civil de baja intensidad que extermina (o amenaza con el exterminio) a los contrarios.

La vocación de exterminio simbólico del otro se constata en el propio lenguaje: se habla de «cruzada antivasca» para designar las medidas que contrarían al nacionalismo, de «ataques a la cultura vasca» para calificar la limitación de los privilegios de presos etarras en la UPV o el control de publicaciones en euskera vinculadas al terrorismo, etcétera. Mientras, Ibarretxe habla de que «los vascos y las vascas ya tienen su opinión formada sobre el PP», es decir, que se niega la condición efectiva de vascos a los del PP o de otras formaciones no nacionalistas.

Pero los violentos están en peor situación que nunca. Hoy por fin la acción conjunta del Gobierno y del Pacto Antiterrorista ha conseguido poner en un grave aprieto social, político y económico a los partidarios nacionalistas de la guerra civil disimulada. No se trata de medidas insólitas en la democracia y propias de la «ultraderecha» española, como quieren hacer creer los nacionalistas, sino de lo legalmente vigente en todo nuestro entorno democrático. Estamos rodeados de países acrisoladamente democráticos, como Francia, Inglaterra, Alemania o Italia, que han combatido recientemente el terrorismo con medidas mucho menos garantistas que las adoptadas en España…

Y es que, en contra de lo que se dice, hay ideas política y socialmente ilegales. El reciente escándalo sobre un libro que aboga por la violación femenina demuestra que ciertos planteamientos ideológicos, quizá «literariamente» asumibles por la libertad de creación, no pueden ser aceptados en la escuela o en el parlamento. De modo que no se priva a nadie de derechos civiles por prohibir Batasuna, ya que nadie tiene derecho a votar a grupos políticos que promueven, legitiman o apoyan la guerra civil terrorista.

En las próximas municipales, es emocionante comprobar que —pese a la situación anómala y antidemocrática que impone la violencia nacionalista en el País Vasco— se presentan más listas constitucionalistas que nunca, en gran medida formadas por euskaldunes no nacionalistas (¡que abundan!) y que esas formaciones están llevando a cabo una campaña electoral centrada especialmente en asuntos municipales, no en cuestiones soberanistas. Las encuestas indican que en las tres capitales vascas, donde tantos ciudadanos que huyen del acoso radical frecuente en las localidades pequeñas se han refugiado, se van a dar mayorías constitucionales siempre que haya pacto PP-PSE. Sería una grave irresponsabilidad perder semejante oportunidad de hacer efectiva una alternativa necesaria en los municipios más importantes a la hegemonía nacionalista.

De GAL en peor[3]

Lo oí el otro día en una tertulia radiofónica: el opinante dijo que no entraba a discutir los aspectos jurídicos de la ilegalización de Batasuna o la prohibición de las listas electorales de AuB pero «lo que no puede dudarse es que en el País Vasco están peor que nunca». Toma castaña. Estamos peor a pesar de que en lo que va de año no llevamos mas que un muerto por atentado terrorista, en lugar de veinte o cien como no hace tanto; estamos peor a pesar de que la kale borroka que antes campaba por sus respetos cada fin de semana ahora apenas asoma de tanto en cuanto la cornuda cabecita; estamos peor pese a que muchos frontones y plazas de pequeñas localidades ayer rebozadas con pintadas o carteles a favor de ETA hoy aparecen razonablemente limpias; estamos peor pese a que las desventuras sin cuento que se nos auguraban cuando se tomasen medidas políticas o judiciales contra los grupos que prestan servicios auxiliares a ETA («sólo se conseguirá más de lo mismo, Euskadi arderá por los cuatro costados, etcétera») no han ocurrido y hasta el discurso de quienes han pretendido presentarse a las municipales en sustitución de Batasuna intentó mañosamente desligarse del apoyo claro a la violencia, en homenaje resignado y forzoso del vicio a la virtud; estamos peor pese a que en estas elecciones se presentan en Euskadi más listas constitucionalistas que nunca (que abundan por cierto en euskaldunes con ideas propias sobre la verdadera «cruzada antivasca») y localidades antes entregadas al «ahí no hay nada que hacer» tendrán la sorpresa de verse por primera vez en un cuarto de siglo tratadas como comunidades ciudadanas y no como tribus; estamos peor pese a que numerosas personas conocidas y públicamente relevantes sin adscripción política declarada por fin se han atrevido a incorporarse testimonial o activamente a listas que no suscriben el ideario radicalizado del actual nacionalismo gobernante… En fin, nada, que ya lo ha dicho el señor de la radio: estamos mucho peor.

Y ¿por qué estamos peor? Primero, claro está, porque hay mayor crispación, según acrisolada doctrina del nacionalismo reinante. Aunque esa dichosa crispación funciona como en los vasos comunicantes, que cuando sube en un sitio baja en otro. Por ejemplo, al PNV y EA nada les crispa tanto como aquello que amenaza con disminuir o sustituir su poder en el territorio familiar que administran rentablemente desde hace un cuarto de siglo y ya consideran algo así como su propiedad heredada. En cuanto el Estado de derecho se hace notar también en Euskadi (como si aquello fuese una parte del país y no la frontera con los comanches), o intelectuales nacionales y extranjeros protestan contra amenazas impunes que ya ve cualquiera salvo quien cobra por no mirar, o los partidos constitucionalistas denuncian manipulaciones que se hacen con el idioma, o la educación, o las empresas o lo que sea… inmediatamente, ay, la crispación aumenta entre los nacionalistas. En la actual campaña electoral, PNV y EA denuncian —con el tono de quien descubre una tenebrosa conspiración— que el PP y el PSE lo que quieren es «desalojarles de las instituciones». ¡Ah, bandidos! Pero… ¿no es para eso para lo que se hacen elecciones en todas partes, para buscar alternativas a los «amos» vigentes? Pues todo esto parece que aumenta enormemente la crispación entre los nacionalistas. Pero ya ven, de acuerdo con el principio de los vasos comunicantes antes citado, los no nacionalistas en cambio estamos cada vez más relajados, porque vemos que las cosas se les ponen mal a quienes atentan contra nosotros, nos amenazan o nos regañan por querer ser vascos optimo iure como ellos. Como la risa, que tanto se le parece, la crispación va por barrios…

Pero las cosas tienen que estar peor en el País Vasco, faltaría más. Reconocer lo contrario significaría admitir que la política enérgica llevada a cabo por el Gobierno, con apoyo leal desde el Pacto Antiterrorista de la oposición decente y consciente, ha funcionado notablemente bien (aunque la palabrería electorera de unos y otros enturbie a veces esta tan evidente como provechosa sintonía). Supondría también asumir que la espléndida batalla por que la legalidad sea algo más que un mito acogedor librada por el juez Garzón ha obtenido en conjunto resultados positivos, sean cuales fueren los fallos puntuales que se le puedan señalar. Por supuesto, ni los nacionalistas ni los sectarios van a aceptar jamás estas evidencias. Según ellos, la ilegalización de Batasuna es un escándalo antidemocrático sin precedentes en la Europa contemporánea y condena a la muerte civil a ciento cincuenta mil vascos. En cuanto al precedente europeo, ruego a los críticos que nos indiquen en qué países de nuestro entorno se da el caso de partidos que, celebrando y justificando —cuando no colaborando, encubriendo o financiando— acciones terroristas, sean tratados como opciones políticas legales y se presenten sin obstáculos a elecciones en las que sus adversarios se juegan la vida por concurrir. ¿El Sinn Fein? Perdón pero, pese a que el IRA ha renunciado a su actividad terrorista y como aún no parecen darse las garantías democráticas suficientes, en Irlanda actualmente la autonomía política está suspendida y las elecciones aplazadas hasta otoño… por lo menos. ¿La muerte civil de no sé cuántos miles de votantes? Ah, pero ¿acaso hay en el País Vasco votantes que tienen derecho político inalienable a suscribir legitimaciones de la lucha armada? ¿Mueren civilmente cuando se les prohíbe encender una vela al parlamento y otra a la guerra civil de baja intensidad? Pues es un funeral al cual muchos otros vascos asistiremos con gran regodeo democrático.

En el País Vasco, todo lo que no da la razón a los nacionalistas o les lleva de cualquier forma la contraria es un avatar del GAL. El Tribunal Supremo es el GAL, el Tribunal Constitucional es el GAL, Garzón es el GAL, los medios informativos gracias a los cuales y con conocidos riesgos se hacen públicas las fechorías cotidianas de los soberanistas confesos o inconfesables son el GAL, Habermas debe ser del GAL y por eso —según Anasagasti— le han concedido el Príncipe de Asturias. El lehendakari Ibarretxe habló en la SER del GAL mediático y su manso interlocutor aceptó la barbaridad sin rechistar: ¡imagínense lo que hubiera pasado si dice algo parecido de Julio Anguita Parrado o José Couso! Pero claro, no es lo mismo. Quienes se enfrentan o denuncian a los que efectivamente matan son el GAL, antidemócratas, presas del «síndrome Aznar», lo nunca visto… Los que intentan combatir de veras el terrorismo incluso apurando o retorciendo las leyes (en lugar de hablar del «empate infinito» y chorradas propagandísticas semejantes) son tan perversos como los que antaño lo hicieron violándolas. ¡Qué más da! Lo importante es que en el País Vasco todo va a peor… recuérdenlo, ruega el señor de la radio, cuando el próximo domingo vayan a votar.

Conversación en Copenhague

Con frecuencia nada es más útil para aclarar las propias ideas sobre la situación en que vivimos que verse obligado a explicarla a quienes saben poco o nada de ella. A uno le pueden los detalles y le agobian las distinciones insignificantes, hasta el punto de no tener visión de conjunto o de pasar por alto la enormidad ya conocida para indignarse mejor con la última minucia encorcorante. Pero cuando no hay más remedio que hacer un resumen útil para alguien interesado desde fuera en nuestras penalidades, se impone elegir lo esencial y subrayarlo de manera coherente. Ejercicio muy beneficioso en primer lugar para uno mismo, aunque de paso y colateralmente pueda serlo también para el otro.

Lo comprobé de nuevo hace unas semanas en Copenhague, cuando Rosa Díez y yo acudimos a la capital danesa para recoger en nombre de Basta Ya el premio de la Fundación Plum que compartimos con el juez Baltasar Garzón. Entonces tuve ocasión de charlar con un par de periodistas escandinavos que anhelaban ponerse al día de la situación política en el País Vasco, de la que sólo tenían noticias dispersas aunque suficientemente inquietantes. Lo primero que les recomendé, por supuesto, es que no se fiaran a ciegas de lo que les dijese yo ni de lo que les contara ningún otro sino que se tomasen la molestia de venir aquí (sobre todo a localidades relativamente pequeñas, no sólo a las tres capitales) y comprobasen por sí mismos en la medida de lo posible las condiciones económicas, políticas, educativas, informativas, etcétera, que se dan en nuestra tierra. Que indagasen cuáles son los símbolos políticos y las opiniones o tomas de posición que sufren persecución violenta cotidiana y cuáles disfrutan de amnistía por parte de los únicos que entre nosotros siguen siendo partidarios de la pena de muerte. Que intentaran hablar con la gente y que tomasen nota de quiénes aceptaban responder a sus preguntas y, sobre todo, de los que callaban o rehuían sincerarse…

La verdad es que tales excursiones informativas les parecieron en principio algo complicadas. Por el momento, se contentaban con interrogarme a mí, que estaba más a mano. Les preocupaba a mis amables inquisidores daneses la puesta fuera de la ley de Batasuna. ¿Acaso pueden prohibirse partidos políticos en la Europa democrática? Les contesté que no, siempre que fuesen realmente partidos políticos y no político-militares. En las democracias europeas no hay partidos democráticos que justifiquen o amparen grupos terroristas. Ser político en democracia es renunciar a la guerra civil y condenar explícitamente el exterminio del adversario, no comprenderlo como parte de un conflicto y colaborar más o menos explícitamente con él para obtener ventajas por intimidación. O se está en política o se está en la guerra, no de todo un poco y según convenga. Pero Irlanda y el Sinn Fein… En Irlanda ha habido dos terrorismos enfrentados, no sólo uno como en el País Vasco; pues bien, pese a que el IRA ha renunciado a la violencia y entregado parte de su armamento, como su actitud no convence del todo la autonomía ha sido suspendida por cuarta vez por las autoridades inglesas y las elecciones que iban a celebrarse en mayo aplazadas hasta otoño o ya veremos cuándo. Por cierto, a nadie se le ha ocurrido decir que tan drásticas medidas aumentasen el número de reclutas para el IRA o favoreciesen la crispación social. Volviendo a nuestro caso: en España no se prohíben las ideas políticas, salvo que sean ideas político-militares que llevan a la guerra civil de baja intensidad, es decir, al terrorismo justificado por quienes lo rentabilizan. Si se admitiesen como inevitables tales «ideas» habría que sacar los tanques a la calle como en Belfast y eso es lo que se pretende evitar.

Mis entrevistadores se interesaron luego por los rifirrafes del Parlamento vasco con el Tribunal Supremo del Estado, con motivo de la disolución del grupo parlamentario de la antigua Batasuna. ¿Acaso es posible —preguntaron, preocupados— que acabe por suspenderse temporalmente la autonomía política de la CAV en aplicación del artículo 155 de la Constitución? Les aclaré para empezar que carezco de conocimientos jurídicos especializados y que por tanto no tengo más remedio que remitirme a lo que decidan las magistraturas competentes en cada caso. Lo que sí pude asegurarles es que el Parlamento autónomo de la CAV no es el órgano decisorio de un país soberano sino una institución encuadrada dentro del Estado de derecho español y por tanto sometida a las leyes generales del país. Desobedecerlas conscientemente le privaría de legitimidad política y dispensaría a los ciudadanos vascos de sentirse representados en él. Las decisiones del Tribunal Supremo supongo que podrán ser recurridas hasta cierto punto e incluso en última instancia acatadas sin compartirlas, pero no pueden considerarse «agresiones» al pueblo o un «golpe de Estado» judicial más que por majaderos sediciosos, que usurpan el nombre de los «vascos» en general para encubrir sus planteamientos partidistas. A estas alturas de la historia, no son creíbles ni admisibles las condenas lacrimosas de la violencia que van sistemáticamente acompañadas de la obstaculización de todos los mecanismos legales para privar a los violentos de sus fuentes de financiación institucional o de justificación política. Ya es suficientemente vergonzoso que el Gobierno vasco haya tardado tantos años en tomar medidas de apoyo a las víctimas como para esperar otra eternidad hasta que decida actuar eficazmente contra quienes sostienen a los verdugos…

Entonces, insistieron, ¿se contempla suspender la autonomía? Bueno, les dije, creo que es un recurso extremo antes del cual habría que agotar todas las demás posibilidades. Sería, como se ha dicho, un fracaso de la política: pero ante todo un fracaso de la política del nacionalismo, incapaz tras décadas de autogobierno de separarse claramente de los objetivos de los terroristas y aprovechar sin ventajismos partidistas la legalidad constitucional de la que tanto se ha beneficiado hasta ahora. Porque lo cierto es que el llamado «plan Ibarretxe» —claramente anticonstitucional y sin más justificación que servir para pagar a los violentos el cese de su actividad— ya está más o menos en marcha, como demuestra el incumplimiento del concierto económico, el desafío a las resoluciones judiciales, etcétera. Y frente a tal evidencia, el Estado de derecho no puede permanecer impasible: lo contrario sí que sería volver al franquismo y no lo que dicen Madrazo y compañía. De modo que sólo cabe esperar que cuanto antes se vuelva a la sensatez y a la legalidad, para evitar disgustos mayores.

La última pregunta de los amigos daneses fue la más fácil de responder: ¿seguirá Basta Ya con sus movilizaciones contra el terrorismo y a favor del Estatuto constitucional? Pues sí, seguro que sí. Y con más razón que nunca.

La garrapata

Lo más sorprendente del borrador del plan Ibarretxe (filtrado para que nos vayamos haciendo a la idea y que tendrá pocas modificaciones meramente cosméticas cuando sea presentado al Parlamento vasco en septiembre) es que por lo visto hay gente a la que ha sorprendido sinceramente. Oh, sancta simplicitas! Son los mismos que durante años nos han regañado por «satanizar» al PNV (que desde luego nunca tuvo un pacto con el Diablo, más nos valiera, sino solamente una «agenda oculta» bastante previsible y que ha ido cumpliendo con puntualidad encomiable) y por no «dejarles una salida» a los nacionalistas, como si estuviesen encerrados en una jaula cuando son ellos los guardianes del zoo y quienes deciden si hay que dar de comer primero a los tigres o a los avestruces (por lo general suelen alimentar a los primeros con los segundos). Espero que al menos hoy ya nadie tenga dudas sobre lo que pretendía advertir el lema «No al nacionalismo obligatorio» que enarboló la manifestación de Basta Ya el pasado mes de octubre.

En la fase actual, los nacionalistas se proponen sacar adelante una semiindependencia sin demasiadas lágrimas, conseguida rompiendo desde dentro las costuras del Estado de derecho vigente como en la Transición se desgarró de dentro afuera el entramado institucional de la dictadura franquista. Una independencia «gratis total», que sea independencia según dependa y que no renuncia de momento a ninguna de las ventajas y fiducias que todavía puede proporcionar el Estado vigente. Usted tendrá garantizado todo lo que ya tiene como español y además la posibilidad de compartir las exclusivas nacionalistas como vasco. Lo nuestro es sólo nuestro y lo demás a medias, faltaría más. De hecho, el Gobierno tripartito ya viene aplicando efectivamente ese criterio (con algunas desinteresadas adhesiones externas, como la de Odón Elorza) en cuestiones que van desde la disolución del grupo Batasuna en el Parlamento hasta los presupuestos, pasando por la educación y otros varios rubros. De ahí su indignación ante las «injerencias» del Gobierno central, del Tribunal Supremo, de jueces antiterroristas o de quien sea el que cuestione una soberanía de facto que se esgrime cuando conviene con aspavientos ofendidos, para contribuir a la formación del espíritu nacional de sus votantes.

Así se ha modelado una mentalidad específica en muchos de ellos, que se consideran vascos y sólo vascos en casa pero ciudadanos españoles de pleno derecho cuando salen «al Estado». Actores, presentadores de televisión, directores de cine, cocineros, futbolistas, ciclistas, escritores y también industrias, supermercados, cajas de ahorro, etcétera, prestan sus buenos oficios con perfecta naturalidad en cualquier lugar de España, pero sin renunciar desde luego a tener doble puntuación cuando vuelven al terruño. Tampoco parecen preocupados por saber si sus colegas profesionales o empresariales del resto del Estado gozan de idénticas facilidades para instalarse en el País Vasco. Es lógico por tanto que guarden una cautelosa reserva sobre la «problemática» de lo que aquí ocurre y, si sale el tema imprudentemente en una conversación, se escabullan diciendo que el asunto es muy «complejo» o que ellos «no se meten en política». Cuando ETA pone una bomba en el bloque de apartamentos donde veranean en Andalucía o cerca del próspero restaurante que tienen en Levante, ellos sólo saben que no saben nada y las reclamaciones al maestro armero, nunca mejor dicho. Sin embargo, según nos cuentan preocupados sociólogos y Odón Elorza, estos aprovechateguis están cada vez más molestos con la intransigencia del Gobierno español, de la policía española, de los jueces españoles y de los periodistas españoles —el «GAL mediático», según nuestro lehendakari que nunca insulta a nadie— por interferir antidemocráticamente en los asuntos internos de Euskadi. Se trata de la «cruzada antivasca» que denunció Zenarruzabeitia y que puede desembocar en un «divorcio insuperable» según Elorza. En tal divorcio ya pueden ustedes imaginarse cómo se repartirán los bienes gananciales…

¿Cómo funciona todo esto? Gracias al permanente y permanentemente deplorado chantaje del terrorismo. Es el trasfondo de violencia contra los no nacionalistas el que garantiza confortablemente que los nacionalistas monopolicen el poder dentro de Euskadi y monopolicen la identidad vasca dentro y fuera. Mientras haya ETA, todas las apuestas políticas en el País Vasco parecen destinadas siempre a ser cobradas por los que invierten en uno de los colores del tapete: llevados por ese impulso, los beneficiarios apuntan ahora la jugada más arriesgada con el plan Ibarretxe, el pleno al cero y saltar la banca. Se trata sin duda de una voladura controlada, porque hay que librarse de los controles del Estado pero no de las ventajas de pertenecer nominalmente a él. Es la esencia misma del parasitismo, y el nacionalismo vasco, hoy por hoy, funciona como una monstruosa garrapata política plantada sobre nuestra democracia, alimentada con la sangre real o virtual, en forma de amenaza, que no deja de bombearle ETA. Eso sí, haciendo muchos melindres a pesar de lo nutritiva que le resulta.

Desde luego, el Estado de derecho tiene instrumentos políticos y legales suficientes para oponerse a esta deriva. Pero para ello es imprescindible una clara actitud conjunta de los partidos constitucionalistas y ese requisito, en el período de enfrentamiento electoral reiterado que se avecina, parece cada vez más difícil de cumplir. A bastantes nos preocupa la actitud del PSOE y no precisamente porque, como algunos radicales del PP, queramos verlo hundido sino por todo lo contrario: porque queremos que sea una viva y efectiva alternativa política. Por tanto nos preocupa que siga pareciendo favorecer en toda España un voto supuestamente «inconformista» que no es más que el de los conformistas con los caciquismos locales con vocación de reino de taifas. Nos preocupa la piadosa mención a una fórmula estatal en la que «todos se encuentren cómodos». Eso de la comodidad es algo muy subjetivo: a la princesa que dormía sobre doce colchones de plumas le molestaba el guisante que hacía bulto bajo ellos… Aquí tenemos bastantes princesas dispuestas a encontrar guisantes mientras ello les resulte localmente rentable. Y de los ogros, para qué hablar. Puede ser retóricamente satisfactorio denunciar el «españolismo rancio» del PP, pero no parece gran cura de modernidad desempolvar la corona de Aragón. Ya puestos ¿por qué no el Sacro Imperio Romano Germánico, que también tenía su punto? A mi leal saber y entender, los socialistas no tienen ninguna propuesta nítidamente distinta de la del PP en el País Vasco ni, para lo que afecta al caso, una interpretación diferente de la Constitución. Podrán tener un tono menos bronco o más conciliador que Aznar pero si quieren ser efectivos y leales al país no les queda más remedio que defender lo mismo. Las «ideas» —por llamarlas así— de Odón Elorza resultan tan útiles y prometedoras para atajar la deriva segregacionista y excluyente del nacionalismo como una pata de palo para ganar el Tour.

En un artículo publicado hace unas semanas en la edición de Cataluña de El País («En la bifurcación», 18 de julio), el historiador Culla i Clará concluía diciendo que el Partido Socialista tiene ante sí un dilema: «competir con el PP por la defensa de una idea rígida y asfixiante del orden constitucional o capitanear con tanta audacia como pedagogía la revolución cultural y política de la plurinacionalidad». Discrepo con el autor en su valoración de un orden constitucional no sometido a las inacabables presiones y chantajes del nacionalismo: «rígido» y «asfixiante» es el orden que los nacionalistas tratan de imponer allí donde gobiernan, no el constitucionalmente expreso, tan claro en el reconocimiento de la pluralidad de modos como en la necesaria defensa de la unidad de fondo. Pero comparto su diagnóstico sobre el dilema en que se halla el PSOE, abocado por algunos malos abogados a ceder la defensa del Estado a la derecha y entregarse a las componendas con quienes representan el tribalismo caciquil del que desea verse libre no ya España sino toda la Unión Europea.

¿Tú qué vas a ponerte?

No sé si las cosas habrán cambiado, porque ahora hago poca vida social, pero hace unos años cuando dos señoras amigas y por tanto algo rivales sabían que iban a coincidir en una boda o un cóctel se llamaban la noche antes para preguntarse: «Oye, tú ¿qué te vas a poner?». Trataban de evitar a toda costa aparecer con el mismo modelito porque la seducción no es compatible con la producción en serie y siempre la uniformada que llegaba en segundo lugar creía hacer el ridículo ante el significativo cabeceo con que se acogía su atuendo, como diciendo: «Esto lo he visto ya antes». Lo malo era cuando no tenía nada mejor que ponerse que lo ya lucido por la rival y entonces debían inventarse algún detallito original distinto para que no se las confundiese, aun a costa de estropear el conjunto… Me he acordado de estos azoros de las damas de antaño al escuchar a algunos dirigentes del PSE atareados en explicarnos que, aun estando contra el plan Ibarretxe como el PP y a favor del Estatuto y la Constitución como el PP, no se les debe confundir con el PP porque ellos visten y calzan de modo muy diferente. Y para convencernos prometen algo peculiar y único, sea una reforma del Estatuto o una nueva interpretación de la Constitución o lo que se tercie con tal de probar que su modelito es distinto y no siguen la misma moda que la competencia. Lo malo es que con tales esfuerzos no acaban de dar mayor impresión de personalidad sino de obsesión por el «¿qué dirán?» frente a quienes no quieren verles mejor vestidos sino totalmente desnudos…

No seré yo quien descarte que el PSE tiene de veras nuevas ideas inteligibles para mejorar el Estatuto y la Constitución. Como cuenta Borges que le decía su padre, «hijo, este mundo es tan raro que hasta puede que exista el Espíritu Santo». De modo que fíjate. También puede ser que tenga razón cuando se empeña en denunciar el «españolismo rancio», a pesar de que el argumentario de todos los nacionalistas o filonacionalistas —da igual que sean vascos, catalanes, gallegos, lo que ustedes quieran— siempre se remonta a raíces mucho más antiguas que la Constitución española en cualquiera de sus interpretaciones y por lo tanto es mucho más rancio que el «españolismo» y hasta tiene pasada la fecha de caducidad. Incluso estoy dispuesto a aceptar la oportunidad progresista del federalismo, a pesar de que en el país federal más importante de Europa —Alemania— haya muchos descontentos con él y hasta se hable de reformar próximamente la Constitución germana para disminuir sus atribuciones (Dietrich von Kyaw, representante permanente de Alemania en la Unión Europea del 93 al 99, ha publicado hace poco un artículo en el Financial Times titulado «El problema de Alemania es el federalismo» en el que le atribuye parte de culpa en el estancamiento económico del país). Pero pudiera ser que lo que en Alemania es factor de estancamiento en España lo fuese de progreso: después de todo, somos expertos en dar lecciones al mundo y no en aprenderlas de los demás…

Sin embargo, aun aceptando todo eso y aun aplicando lo que el filósofo Donald Davidson llama el «principio de caridad» en la interpretación de la conducta ajena, la inoportunidad de hacer oír precisamente ahora voces al menos desconcertantes en defensa de tales tópicos parece fuera de duda. Precisamente ahora, es decir: cuando el lehendakari se dispone a hacer público un plan que radicaliza el soberanismo difuso con el que hasta ahora se contentaba el PNV y se avecinan meses en los que la colaboración institucional entre los dos máximos partidos del Estado va a ser imprescindible para disuadirle, si es posible, o cortocircuitar el intento secesionista si no queda otro remedio.

Ha dicho Patxi López que confía en que sea la sociedad vasca quien desautorice el plan Ibarretxe. En efecto, eso sería algo muy deseable pero da la casualidad de que precisamente media sociedad vasca esta amordazada por el terror, extorsionada por los asesinos que recaudan contribuciones bajo pena de muerte y descuartizada por quienes provocan el silencio o la huida de los disidentes activos frente al nacionalismo. Esa parte de la sociedad está a punto de rendirse, si no se ha rendido ya, y no quiere la paz sino que la dejen en paz al precio que sea. De modo que necesitan el apoyo de los partidos democráticos y la protección del Estado del que forman parte porque la sociedad vasca no es un reino de taifas separado del resto de España, crean los nacionalistas lo que crean. Por tanto los políticos constitucionalistas tienen que practicar una pedagogía social que dé ánimos a quienes se ven despojados de sus derechos y enviar mensajes inequívocos de confianza en las instituciones a la ciudadanía, no estribillos sectarios en los que resultan tan malos quienes toman medidas legales y policiales contra el chantaje político y quienes lo practican con sin igual descaro. Porque mañana no bastará con decir que no se está de acuerdo con el plan de Ibarretxe sino que habrá que aclarar qué se está dispuesto a hacer para que no salga adelante… A la turba que se manifestó el pasado domingo en Donosti no se la convence con medias tintas, salvo que aceptemos aquel principio enunciado hace muchos años por el canciller Adenauer: «La mejor forma de contentar a un tigre es dejándose devorar».

Por supuesto hay voces en el socialismo vasco que recuerdan estas verdades elementales. Y los dirigentes se lamentan de que tales críticos repitan «los mismos argumentos que el PP». Hombre, es que el PP no ha inventado el sentido común ni tiene todavía su monopolio: hay socialistas que lo manejan también como cosa propia, aun a riesgo de parecer del bando contrario. Yo creo que no se les debe hacer reproches por ello, so pena de que dentro de unos meses a los tránsfugas por razones inmobiliarias se les terminen uniendo tránsfugas por razones de sensatez…

Aprendiendo del enemigo

Aseguraba Unamuno que, a diferencia de la mayoría de los lectores cuando subrayan, él sólo marcaba en los libros las afirmaciones con las que no estaba de acuerdo: eran las únicas que le estimulaban a pensar, porque las opiniones que coincidían con las suyas ya se las sabía. Desde luego los adversarios inteligentes son la cocaína del espíritu desprejuiciado (que nada tiene que ver con ser poco juicioso o incapaz de juzgar). Disfrutar con lo que nos desmiente —mientras tenga ingenio y resulte capaz de argumentar contundentemente— confirma nuestra siempre incierta madurez: porque en tanto somos tiernos aprendices sólo podemos permitirnos estudiar a los profetas y maestros que menos trastornan la exaltación de nuestra fe. De modo que como tributo a la mayoría de edad del lector políticamente correcto debe tomarse el número (excelente) que la indócil revista Archipiélago dedica a lo que llama «La inquietante lucidez del pensamiento reaccionario». Ahí se recoge y analiza la voz de quienes con mayor brío y más peligroso acierto llevaron la contraria al pensamiento ilustrado, regeneracionista, democrático, igualitario y políticamente liberal que ha caracterizado el optimismo progresista mayoritario desde hace doscientos años. El progreso ilustrado debía llevar a la felicidad social: como este ideal en el mejor de los casos claudica y en el peor se aleja, los que advirtieron contra él merecen volver a ser escuchados…

En realidad, los llamados reaccionarios señalan en muchas ocasiones las grietas por las que comenzará a cuartearse el radiante futuro prometido: en ello se distingue al verdadero reaccionario del simple retrógrado, pues mientras que este último sencillamente es incapaz de comprender las novedades históricas, el otro las entiende con frecuencia mejor que sus mismísimos promotores… Dentro de la amplia categoría de «reaccionarios», por supuesto, no sólo caben especímenes poco simpáticos de trituradores del prójimo como Joseph de Maistre, Céline o Carl Schmitt sino también populistas perspicazmente antiplutócratas como Chesterton (al que Santiago Alba consagra un estupendo artículo) o partidarios de un humanismo complejo y «vitaminado» como Nietzsche. El número de Archipiélago los repasa a todos ellos, sin olvidar a oponentes teológicos del progreso como Donoso Cortés o disidentes metafísicamente existenciales como Cioran, pero tampoco a los radicales antipolíticos de la novela negra americana (Hammett, James M. Cain, Jim Thompson, etcétera) ni el uso hagiográfico que hizo Leni Riefenstahl del documental al servicio del nazismo, contrarrestado por la desmitificadora lectura de Chaplin en El gran dictador según argumenta sugestivamente Ana Useros Martín.

Sin embargo, desde el punto de vista teórico, el artículo que suscita un debate más interesante es a mi juicio el de Yann Moulier Boutang, titulado: «¿Hay un uso de izquierda del pensamiento reaccionario?». Los autores reaccionarios clásicos, digamos que tradicionales —es decir, los que hemos mencionado hasta ahora— pertenecen a lo que generalmente se ha venido llamando el pensamiento «de derechas». Pero en Francia un discutidísimo panfleto reciente firmado por Daniel Linderberg y dirigido contra «los nuevos reaccionarios» denuncia como tales a una serie de intelectuales encuadrados más bien en la izquierda e incluso en la extrema izquierda. Algunos de ellos son conscientemente «antiprogresistas», señalando con razón las deficiencias de un concepto de «progreso» o «modernidad» que coincide punto por punto con la disolución de las trabas que se oponen en cualquier parte del mundo a la extensión irrestricta del mercado capitalista, casi nunca tan «libre» como pretende ser. ¿Que se enfrentan en ocasiones, como les reprocha Linderberg, a la democracia realmente vigente? Moulier Boutang los defiende elocuentemente señalando que nadie tiene el monopolio de la democracia y que quizá hoy «defender la democracia signifique salir de la democracia incompleta». Puede ser y sin embargo…

Demos la vuelta a la pregunta que da título al artículo citado: «¿Hay un uso reaccionario del pensamiento de izquierda?». Es decir: ¿funciona en ocasiones el rótulo izquierdista como coartada de actitudes y movimientos políticos que se oponen no al progreso entendido como ampliación actualizada del capitalismo sino a cualquier sentido emancipador de la ambigua voz «progreso»? Desde la experiencia de lo ocurrido en el País Vasco, por ejemplo, algunos responderíamos sin dudar afirmativamente. El pesimismo me impide descartar como imposible que fórmulas políticas podridas hasta la médula como la IU de Madrazo tengan futuro en Euskadi: pero nada podrá obligarme a que califique tal deriva como «progreso» o «alternativa de progreso». Otro caso: recientemente apareció en las páginas de El País un manifiesto a favor de Fidel Castro, firmado por numerosos intelectuales (entre los que figuraban tres o cuatro de los colaboradores del número de Archipiélago). El texto de la proclama defendía entre otras cosas la dictadura y la pena de muerte por buenos motivos, tras un pringoso sermón sobre el papel de los intelectuales comprometidos que demostraba por sí solo que lo inquietante de ciertos reaccionarios no es precisamente la lucidez. ¿No habrá llegado la hora de dedicar también una reflexión detenida a esta forma de reacción?

Canción protestada

En una época como la que vivimos, cuando muchos menores de treinta años apenas leen un libro al año pero oyen música varias horas al día, no cabe duda de que un cantante tiene más oportunidades de convertirse en ideólogo de la juventud que un novelista o un sociólogo. Pero incluso hace más de treinta años, en la supuesta edad de oro en la que los jóvenes leían mucho más que hoy (permítanme que lo dude), Bob Dylan, Pete Seeger o Joan Baez eran emblemas de contestación política más eficaces que el poco frecuentado doctor Marcuse. Puedo dar testimonio de ello, porque aunque fui un joven demasiado lector también me apasioné por ellos: la única vez que recuerdo haber tenido el coraje de asistir al concierto multitudinario de un ídolo fue cuando Pete Seeger cantó en Madrid, quién sabe ya hace cuántos años.

Mis preferencias, sin embargo, iban hacia los cantautores franceses y sobre todo me decantaba por Georges Brassens, aquel ácrata ácido y tierno al que sigo considerando uno de los más genuinos poetas del pasado siglo. Sobre Brassens y sus canciones escribió un libro —que guardo ya muy sobado— Ramón Chao, cuyo apellido ha hecho mundial y antiglobalizadoramente célebre su hijo Manuel. Disculpen estas superfluas disquisiciones personales: sólo pretendo acercarme por vía autobiográfica al suceso que motiva esta nota, es decir, a la protesta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo que ha traído la suspensión en Málaga y luego en alguna otra ciudad española de los conciertos conjuntos que iba a dar Manu Chao con Fermín Muguruza, el cantante vasco que se ha presentado varias veces por las listas electorales de Batasuna y luego —tras su ilegalización por complicidad con ETA— por su grupo sustitutorio AuB. Con amistosa lealtad, Manu Chao ha criticado estas denuncias como «ataques agresivos, hostiles e injustos» y se ha solidarizado con Muguruza. Otros lo han hecho también (entre ellos el concejal de Cultura del Ayuntamiento donostiarra Ramón Etxezarreta) porque las prohibiciones por razones ideológicas no suelen resultar simpáticas. Pero el suceso es lo suficientemente significativo como para merecer un análisis más detenido.

Para empezar, las ideas políticas de Manu Chao o Muguruza no son algo meramente privado sino parte de su mismo espectáculo: no son como Pavarotti o Manolo Escobar, para entendernos. El Ayuntamiento catalán de Rubí, que ha mantenido a pesar de todo la invitación a los cantantes, justifica su decisión diciendo que quiere separar «la música de la política» pero tal asepsia no parece precisamente convincente en este caso. Además, el concierto de Málaga iba a efectuarse en el polideportivo Martín Carpena, así denominado por el concejal del PP no hace mucho asesinado por ETA en esa localidad. Nadie puede decir que a Muguruza le pareciese bien ese crimen, pero tampoco nadie le ha escuchado condenarlo o poner en cuestión por su causa el apoyo que desde hace tanto brinda a una formación política obviamente vinculada a la legitimación de tales fechorías. ¿Es incomprensible entonces que los familiares de Martín Carpena o los de otras víctimas semejantes no quieran verle hospedado en ese recinto? Ramón Etxezarreta atestigua que Muguruza le ha dado muestras de solidaridad en diversos momentos de hostigamiento que ha sufrido, y así será cuando él lo dice. Pero el caso es que no se le recuerdan manifestaciones más públicas en el mismo sentido, que tan importantes hubieran podido ser por su relevancia social. Lo más explícito que le recuerdo en ese sentido lo recoge una entrevista en Gara hace unos meses, donde el cantante aseguraba que «la lucha armada ya no vende fuera» o algo así. Francamente, aunque uno no sea demasiado exigente, resulta poco.

El núcleo del asunto es si hay obligación de protestar contra todos los crímenes o sólo contra los de Bush. En su nota de solidaridad con Muguruza, se lamenta Manu Chao de que «viejos y rancios tiempos están de vuelta, los mismos que hicieron que en vez de nacer en Bilbao o en Galiza tuviese que nacer en París». Pero precisamente esos tiempos rancios de guerracivilismo totalitario son los que perduran en el País Vasco gracias al grupo político apoyado por Muguruza. Y los hijos de miles de vascos no van a poder nacer en Bilbao o Donosti porque sus padres han tenido que exiliarse de aquí, perseguidos por esos mismos fachas. Si le preocupa a Manu Chao la exclusión ideológica, y no me refiero solamente a las amenazas terroristas de ETA, que se dé una vuelta por estos lares dejando a un lado las anteojeras zapatistas. Que hable con Iñaki Arteta, director de un corto sobre las víctimas recientemente premiado en Nueva York, pero que no ha agradado a las autoridades de la Diputación de Vizcaya donde trabajaba: ya está en el paro. O que hable con el periodista Santiago González y el ilustrador José Ibarrola, críticos del régimen nacionalista que han sido sustituidos en la revista Viandar por alguien más afecto como el ínclito Álvarez Solís. Etcétera. Que se entere un poquito de lo que pasa y que no sólo escuche a Fermín Muguruza: verá cuánto aprende.

Ya está bien de contestatarios que viven seguros en casa y piden fuera de ella el respeto ideológico que en esta tierra se niega a la mitad de la población. También las víctimas del terrorismo creen que «otro mundo es posible»… siempre que no se presenten como sus paladines los que hacen inaguantable éste. Después de todo, el mensaje que han enviado a Fermín Muguruza puede cantarse con música de Manu Chao: «Me gusta la solidaridad, me gusta la justicia, me gusta la Constitución democrática… no me gustas tú».

Desenredar España

A Mario Onaindia, con gratitud

Al comienzo de su obra más célebre, Hegel propone al lector uno de esos experimentos sencillos que suelen encantar a los grandes filósofos y que son a la vez obvios y profundos. Recomienda Hegel considerar una verdad palmaria, incontrovertible: por ejemplo, que ahora es de día. Pues bien, dice, anotemos en un cuaderno esa certeza —«ahora es de día»— y partamos a nuestras obligaciones acostumbradas. Más adelante, al volver a mirar la línea que hemos escrito, nos aguarda una sorpresa: la verdad indudable se ha convertido en no menos indudable falsedad, porque ahora es de noche. ¿Qué ha pasado? Pues el tiempo: sólo el tiempo se ha encargado de desengañarnos.

Me acordé de esta lección hegeliana, tan sabida y tan olvidada, al leer un reciente artículo de mi amigo Javier Tusell («Péndulos despendolados», El País, 19 de agosto) en el que suscribía los intentos del PSOE por reforzar y reformar el mapa autonómico de España, así como me reprochaba cordialmente condenar a los socialistas que pretenden dejar una «pista de aterrizaje» abierta al PNV, para cuando a los burukides se les pasen las ganas de volar a ciegas. En tal actitud mía, como en la semejante de Jaime Mayor Oreja, veía un cierto pendulear despendolado paralelo al péndulo patriótico de los nacionalistas desde el autonomismo al independentismo. No digo que, al menos en mi caso, no se haya dado tal oscilación: como he contado en la autobiografía que Tusell menciona con amable encomio, hace veinte años apoyé sin rodeos la colaboración del PSE con el PNV en el gobierno de la comunidad, acepté una invitación de la Fundación Sabino Arana, colaboré en Egin y defendí la legalización de Batasuna como partido político, entre otras cosas. ¿Qué ha pasado de entonces hasta ahora? Pues eso, veinte años. Por no hablar de los cientos de muertos y de abundantes desplantes o connivencias sospechosas que contribuyeron a convencerme de que los nacionalistas vascos tenían más fe que buena fe. Nada tiene de malo, por ser muy humano, equivocarse de vez en cuando: lo malo es insistir. No creo que pueda calificarse de «pendular» la conducta del médico que primero recomienda bicarbonato al paciente que se queja de dolores de estómago y luego, al ver que empeora y convencido de que padece un cáncer, decide operarle…

Pero tampoco diría yo que «condeno» a los socialistas en la medida en que intentan acentuar el autonomismo reinante. El reciente documento de Santillana propone una reforma del Senado a mi juicio bastante sensata y sin duda algunas otras modificaciones plausibles. Y desde luego no creo que pretendan comprometer la unidad de España ni ningún otro traicionero empeño parecido estilo conde Don Julián, como les achacan algunos exaltados. Sin embargo, mi reproche va por otro lado. Lo que yo cuestiono es la oportunidad social y la urgencia política de tales estruendosos pronunciamientos. En el momento presente, España necesita más descentralización con la misma premura que el Sáhara necesita arena. El pluralismo de nuestro país ha sido reconocido y hasta parcialmente inventado institucionalmente en las últimas décadas hasta un punto agobiante, que tiene ya bastante hartos a la mayoría de los españoles. Los únicos que no se cansan de la droga autonómica son los nacionalistas (y quienes reciben diariamente educación para llegar a serlo), a los cuales cada nueva dosis les empeora la adicción en lugar de curársela. La identidad y la articulación de España es hoy un problema acuciante sólo porque lo quieren los nacionalistas y los políticos que tratan de disputarles el espacio electoral, y no porque preocupe a la inmensa mayoría de los ciudadanos… ¡ni siquiera en las comunidades llamadas «históricas», como si las demás careciesen de pasado! Seguir convirtiendo en eje del proyecto futuro de gobierno nuevas vueltas de tuerca al autonomismo ya ultraconsagrado refuerza las quejas de los disgregadores mientras desalienta a quienes realmente quieren creer en España como una comunidad y no como una maldición inventada por Aznar por orden del presidente Bush.

Lo que está fastidiando este país no es el nacionalismo de los nacionalistas, que después de todo no son tantos, sino el filonacionalismo contemporizador de los no nacionalistas. Las propuestas de Maragall, por ejemplo, pertenecen a ese reino de genialidades coyunturales que cesan de ser interesantes en cuanto comienzan a ser inteligibles. Es lógico que despierten entusiasmo en Odón Elorza y otros talentos políticos de similar alcance. Cuando oímos hablar de la «España en red» lo primero que se le viene a uno a la cabeza es la España de los enredos y de los enredadores: la que padecemos crónicamente desde hace tanto. En cambio a nadie parece preocuparle que en veinticinco años de Constitución no se haya llevado a cabo la tarea de educación cívica que muchos hubiéramos querido ver realizada al menos por los socialistas: se ha conseguido patentar institucionalmente vascos, catalanes, andaluces o mallorquines pero no ciudadanos españoles sin remilgos ni arrogancias, que no consideren más «rancia» ni «derechista» la identidad que les brinda su pertenencia al Estado de derecho que las fábulas etnicistas que se inventan sus caciques locales, siempre atentos a los beneficios que les ofrecen ser cabezas de insatisfechos ratones. Ciudadanos que se consideren legitimados para opinar y decidir sobre lo que ocurre en todo su país, que no admitan en ninguna parte exclusiones ni ciudadanías de segunda clase, que escuchen a los demás pero no tengan complejos en hacer oír su voz sobre lo que también les atañe, que no se resignen al «allá se las compongan» ni refugien su desconcierto en la hostilidad hacia quienes —por obra y desgracia de los manipuladores interesados— les van pareciendo artificialmente hostiles en lugar de solidarios. Tal ciudadanía es la asignatura pendiente de la democracia española: ¿podrá resolverla la reforma del Senado o la modificación de algunos estatutos?

¿Hay que proporcionar una pista de aterrizaje al nacionalismo vasco en nuestro sistema democrático? La idea es tan excelente que llevamos intentando ponerla en práctica desde hace un cuarto de siglo: pero nada, que el PNV cada vez parece tener más ganas de despegar y menos de aterrizar. ¿No sería bueno, en lugar de empeñarnos en alisar y señalizar la pista, intentar cortarles el combustible? Sobre las exhibiciones aéreas del nacionalismo vasco hablaba y escribía estupendamente nuestro insustituible Mario Onaindia, al que quizá algunos de sus compañeros de partido hubieran hecho bien en escuchar más cuando estaba vivo en lugar de reservar su entusiasmo para alabarle después de muerto. El secreto de polichinela de todo este asunto es que el PNV quiere cruzar el río de la democracia para llegar a la orilla opuesta sin mojarse los pies y para eso es imprescindible que la corriente social esté helada: es ETA el congelante que la mantiene así. Ahora el hielo comienza a resquebrajarse y los nacionalistas deben patinar más deprisa porque cuando el agua vuelva a correr sin trabas habrán perdido su mejor oportunidad. A pesar de repetir incesantemente que el Gobierno central tiembla ante una consulta popular, son ellos los que tienen miedo de que la ciudadanía se pronuncie sin amenazas ni actuales ni aplazadas, son ellos los que temen que el mito de la mayoría nacionalista perpetua se disuelva cuando ya ser nacionalista no resulte forzosamente lo más rentable o lo más seguro. Por eso intentarán este curso político aprovechar la ocasión y harán cuanto esté en su mano para lograr algún apoyo externo, aprovechando los enfrentamientos electorales próximos entre los partidos constitucionalistas.

Cuando al final de Macbeth muere el usurpador, los liberados de la tiranía proclaman: «The time is free». Es a eso, a la liberación del tiempo y de las voluntades ciudadanas a lo que más temen quienes saben que la hora de su conveniencia sólo la marcan los relojes parados.

Viene criatura

No: rotundamente, no creo que La pelota vasca de Julio Medem tenga como objetivo oculto ni siquiera como efecto involuntario la justificación del terrorismo etarra en el día de hoy. Por el contrario, la obcecación de los que siguen insistiendo en la lucha armada queda puesta en evidencia en el documental. Se han pasado de rosca, son reos del pasado. Los otros males insistentemente denunciados son las torturas y excesos de las fuerzas de seguridad del Estado y la línea política del PP. Coincide así el planteamiento ideológico del director (que lo tiene y bastante obvio: lo de la «mirada limpia» queda para la publicidad) con el pensamiento dominante en el País Vasco gobernado por los nacionalistas con ayuda de IU. Algunas realidades que, desde esta óptica, resultan incómodas para el PNV son evitadas: por ejemplo, la nómina de guardias civiles y policías nacionales asesinados (las torturas son probables, los sacrificios humanos irrefutables), el espectacular ascenso en votos del PP en Euskadi (en los últimos veinte años, de fuerza casi marginal a segunda del país), el punto de inflexión que representó el asesinato de Miguel Ángel Blanco en cuanto a reacción popular, las manifestaciones multitudinarias organizadas por Basta Ya a favor del Estatuto y la Constitución o contra el nacionalismo obligatorio, etcétera. En el documental aparece como única ilustración sobre la enseñanza en el País Vasco una escena franquista de maestro castigando a los niños que hablan en euskera pero ningún testimonio de otros atropellos educativos más cercanos del «florido pensil» euskaldún actual. Tampoco se recaba la opinión ni se levanta acta de los múltiples exiliados por razones de fuerza mayor en los últimos años. Y no deja de ser curioso que, salvo Mariano Ferrer, los periodistas que aparecen en pantalla viven todos fuera del País Vasco (el testimonio de Arantxa Urretavizcaya, entrevistada para la filmación, no fue conservado en el montaje final).

En cualquier caso, se trata de una opción del director y que como tal debe ser tomada. A uno pueden gustarle poco las abundantes ilustraciones rurales y etnicistas, que reeditan la línea de la clásica Ama Lur y más atrás la estética de las demostraciones sindicales franquistas del Primero de Mayo (la mayoría de nuestros nacionalismos parecen ser la «rebelión en la granja» de aquellos coros y danzas), pero no se le puede negar a Medem su derecho a tal enfoque y su habilidad para llevarlo plásticamente a buen término. En cuanto a las entrevistas propiamente dichas, hay alguna revelación sublime como la de Arnaldo Otegi, según el cual la vida se hará insoportablemente aburrida el día que los niños de Beasain coman hamburguesas, hablen inglés y estén conectados a Internet en lugar de contemplar las montañas. ¡Vaya por Dios! Creíamos que luchaban contra España por su opresión imperialista y ahora resulta que la toman por la culpable de la modernidad. Hace poco me contaba Amando de Miguel que uno de los gritos de los primeros carlistas era «¡abajo las patatas!». Por lo visto consideraban a este tubérculo ultramarino una amenaza foránea para la dieta autóctona y racial. Hemos pasado de las patatas a Internet, pero el espíritu abierto e ilustrado del etnicismo vasco sigue siendo el mismo…[4]

Y ello nos lleva al viejo problema del «diálogo», que tanto continúa preocupando a Medem y a muchos de sus entrevistados. Que el diálogo es cosa muy buena resulta ya algo comúnmente aceptado, en lo que se basan por ejemplo los parlamentos democráticos. Y en el País Vasco se ha practicado mucho desde la época de la Transición a todos los niveles, hasta que se empezó a asesinar o amenazar de muerte a los dialogantes que no daban la razón a los nacionalistas. Eso enfrió un tanto los entusiasmos de primera hora, hay que reconocerlo. De tales ex dialogantes se ocupó por ejemplo José Antonio Zorrilla en su documental Los justos, que entrevista a numerosos amenazados, víctimas del terrorismo, empresarios, periodistas, exiliados, profesores que ya no profesan, etcétera. Alguno de sus entrevistados, como Joseba Pagaza, hablaron por última vez ante su cámara antes de ser asesinados. La ETB y las demás televisiones nacionales (a excepción de Vía Digital, que pasó el documental en su canal de pago a una hora algo remota) mostraron nulo interés por este documento, mucho menos desde luego que por el de Medem. Tampoco alcanzó mayor notoriedad Sin libertad, de Iñaki Arteta, cortometraje premiado en Nueva York y en Hollywood pero que sólo aportó a su realizador pasar de trabajar en la Diputación de Vizcaya a cobrar el paro. Y ni siquiera ha tenido la suerte de que se solidarizasen con él los habituales «abajo firmantes» que tanto se preocupan por el indoloro linchamiento de Julio Medem…

De modo que el diálogo en Euskadi es cosa difícil y no sólo por culpa del intratable Aznar. Realmente, La pelota vasca constituye un alegato más bien en contra del diálogo que a favor, por lo inútil que evidentemente resulta yuxtaponer opiniones contradictorias mientras se mantiene como telón de fondo una realidad que por lo visto es inmune a cualquier transformación política o social. Porque las opiniones sencillamente no bastan. Por ejemplo, cuando salen a escena en el documental cuatro o cinco historiadores hablando de si hubo alguna vez tal cosa como un Estado vasco, para uno nunca existió, el siguiente cree que duró treinta años, otro dice que cuatro siglos y así. Si sobre cuestiones de hecho y del pasado reina esta concordancia, imaginemos lo que sucederá cuando se intente interpretar políticamente la situación presente… Las palabras mismas no parecen significar lo mismo para todos: Sadaba considera «ultranacionalismo» que en la Constitución española se parta de la unidad de España, como si hubiera constituciones que preconizasen la disgregación de lo que van a constituir. Y, ya fuera del documental, el lehendakari Ibarretxe asegura que no es un «trágala» ese plan que propone y está dispuesto a sacar adelante digan lo que digan las Cortes, los tribunales, la Constitución y quien se le oponga. Los que se hacen los mártires por la que les cae encima cuando hablan de «diálogo» deberían aclarar si es también diálogo llevar la contraria al nacionalismo y no sólo darles la razón: porque hasta el momento en Euskadi sólo es «dialogante» quien acepta el esquema básico peneuvista y proclama que hasta de los abusos del Gobierno autonómico tiene la culpa el autoritarismo centralista. «Dialogar» no creo que sea repetir por enésima vez lo del choque de trenes entre el nacionalismo vasco y lo que Sadaba considera «ultranacionalismo» constitucional: pero si ésa es la disposición dialogante entonces tienen razón quienes aseguran que algunos no queremos dialogar.

Ahora, según nos anuncia Arzalluz metido a comadrona, se nos viene encima una criatura, engendrada por los dogmas sabinianos y la violencia etarra. Una criatura que lleva mucho tiempo gestándose (aunque los que avisamos del embarazo fuimos acusados en su día de crispar) y que se nutre de la invulnerabilidad y prepotencia con que se han movido siempre los nacionalistas: en el fondo, el plan Ibarretxe no pretende más que convertir en derecho lo que de hecho se lleva practicando ya más o menos en el País Vasco desde hace mucho, ante la indiferencia, la ceguera o la complicidad de quienes podrían haberlo evitado a tiempo. Ahora ya se habla de «frente nacionalista» con toda tranquilidad, mientras que aún ayer los «frentistas» éramos quienes pretendíamos que al menos hubiese acuerdo entre los no nacionalistas para defender la Constitución y las instituciones estatales, no sólo para condenar la violencia. En fin, de nada vale llorar sobre el pasado y la leche que empezó a derramarse hace tanto, en los tiempos complacientes que hoy algunos echan de menos, cuando los nacionalistas se limitaban a hacer lo que les daba la gana pero sin pretender convertir todavía su real gana en ley explícita para todos. La pregunta es ¿qué vamos a hacer ahora ante la criatura? Porque no sabemos si será niño o niña, ni si querrá más a su aita o a su ama, pero lo único seguro es que sus primeras palabras volverán a ser las de siempre: «¡Abajo las patatas!».

La lección catalana[5]

El mejor pronóstico de lo que iba a ocurrir en las elecciones catalanas del pasado domingo me lo indicó un amigo que vive en esa comunidad, cuando me confió: «He escuchado a Maragall y me ha convencido: votaré a Carod Rovira». Lo tomé por una boutade a las que suele ser propenso, pero luego ha resultado casi una profecía de por dónde marcharían los comicios. Aunque mi amigo se tiene por original, en este caso expresaba lo que por lo visto pensaban buena parte de sus conciudadanos, en especial los votantes habituales a la propuesta socialista.

No tengo por qué dudar de las sanas intenciones de Maragall al plantear su campaña, pero sus resultados dejan poco lugar a dudas de que el tiro —incruento, eso sí, que por suerte se trata de Cataluña— salió en esta ocasión por la culata. Ciertamente el candidato socialista no es partidario de la independencia y ni siquiera es «nacionalista» en el sentido más claustrofóbico y aislacionista del término, pero con su complicado mensaje daba a veces la impresión de ser un poco de ambas cosas. Y, puestos a asumir la perentoria bondad de la actitud nacionalista, los votantes han preferido decantarse por quienes representan ese mensaje de manera más franca e inequívoca… salvo aquellos que no desean más nacionalismo ni equívoco ni inequívoco, los cuales han entregado su papeleta al PP y han aumentado así claramente su cuota en votos y escaños.

Por supuesto, no hay resultado electoral por adverso que sea que con un poco de buena voluntad (lo que suele llamarse «hacer de tripas corazón») no pueda leerse en clave optimista. Sin embargo, no ha sido precisamente una victoria lo que ha obtenido Maragall y ni siquiera lo sería si mañana, por arte de la combinatoria de pactos, llegase a ser presidente de Cataluña con el apoyo de ERC (el de Iniciativa, que ya tuvo en su día, hay que darlo por descontado). Para que no cunda el desánimo, Maragall proclamó desde la misma noche electoral la victoria en las urnas de la izquierda sobre la derecha o, por decirlo en sus términos, que ganaron «las fuerzas progresistas». Pero incluso esa visión rosácea es bastante discutible. No está nada claro que Carod Rovira, con su nacionalismo aprovechado que pretende suprimir la tributación solidaria de la opulenta Cataluña al resto del Estado con cuya protección y apoyo se ha enriquecido (un poco al estilo de Umberto Bossi en Italia), represente una fuerza de izquierdas. Pero aunque fuese realmente de izquierdas, no tendría por qué ser obligatoriamente «progresista», porque no toda izquierda lo es: ni Ceausescu, ni Fidel Castro, ni Hugo Chávez, ni Madrazo representan progreso alguno. Si los socialistas no consideran «progreso» el excluyente y anticonstitucional plan de Ibarretxe, no veo por qué ha de serlo aliarse con Carod Rovira, simpatizante entusiasta de ese dislate e interlocutor de Otegi para solicitarle que mediase con ETA a fin de evitar atentados en Cataluña. Sostener a estas alturas del siglo XXI que cuanto más nacionalismo, más izquierda y más progreso resulta de una imbecilidad patética.

Pero es que además los resultados de Maragall en las elecciones catalanas le hacen a uno acordarse de aquellos otros tan denostados obtenidos por Nicolás Redondo y el PSE en los comicios vascos de mayo de 2001, cuando el criticadísimo apretón de manos entre el líder popular y el socialista. En aquella ocasión, subieron de votos y de porcentaje espectacularmente las fuerzas constitucionales y se planteó una alternativa lo suficientemente creíble al nacionalismo gobernante como para lograr que ochenta mil votantes de Batasuna trasladaran sus papeletas a opciones oficialmente más moderadas. Ahora se han perdido votos y actas de diputado mientras que se ha conseguido el dudoso éxito de que el trasvase de votos favorezca a los nacionalistas radicales. Si en aquella ocasión se leyeron los buenos resultados como una enorme derrota y un fracaso estratégico, al compararlos con las desmesuradas expectativas de los más optimistas… ¿cómo tendremos que interpretar lo que ha pasado ahora en Cataluña al utilizar la estrategia opuesta, coqueteando con el nacionalismo y achacando todos los males de este mundo y gran parte de los del otro a la maldad intrínseca del PP?

Lo único claro hoy es que nada está claro, que el futuro resulta inquietantemente incierto y que ya hay bastantes periódicos europeos preguntándose si no se estarán fraguando unos nuevos Balcanes peligrosos en el oeste de Europa, cuando aún no hemos resuelto los problemas planteados por el nacionalismo en los del este. Pero, como bien dijo Franco cuando volaron a Carrero Blanco, no hay mal que por bien no venga. Gracias a la traumática lección catalana, los socialistas ya pueden tener una idea más clara acerca de cómo NO se ganan las elecciones ni se obtienen más votos. Sólo falta que de aquí a marzo saquen las oportunas conclusiones para darnos por fin una alegría a quienes, ay, seguimos siendo sus votantes.

El gran fraude

«Fue una época en la que un presente oscuro sólo se atenuaba ante la perspectiva de un futuro negro…».

(Sebastian HAFFNER, Historia de un alemán)

Que una Constitución, como cualquier otro texto legal, está lejos de la perfección e incluso se parece más bien al mero apaño entre deseos contrapuestos y miedos que se cortocircuitan… es cosa sabida. Lo cual no la invalida ni poco ni mucho sino que, por el contrario, apunta el camino por el que llegará a ser válida. No es una máquina perfecta que funciona sola, a despecho de nuestras pasiones, sino que exige tracción animal, quiero decir humana: es un yugo para los que quieren abrir surcos y sembrar juntos, algo que pesa, reúne e incita. Completamente superflua, sin embargo, para quienes sólo sueñan con dormir en el establo o con arramplar al menor descuido y cada cual por su lado con la cosecha ajena. Tal es la paradoja del asunto: la Constitución es fragua de ciudadanos, pero también es la determinación de los ciudadanos lo único que puede fraguar y refrendar su eficacia. De Maurice Sachs, escritor bohemio y perdulario, cuentan que cuando no tenía dinero ni posibilidad de afanárselo a los amigos solía llenarse los bolsillos con abundantes tiras de papel higiénico; de vez en cuando metía la mano, lo sobaba y apretaba, haciéndolo crujir, y comentaba que ese rumor vagamente billetesco le devolvía la confianza en sí mismo… De semejante modo, a veces los españoles palpamos la Constitución para tranquilizarnos cuando suena a efectivo de curso legal, olvidando que hace falta algo más que picardía y ocasionales sablazos para respaldar su valor.

Veinticinco años después de su proclamación, lo que precisamente falta a la Constitución española es eso: un apoyo cívico decidido, político y argumentado. Que en algunos aspectos podría ser oportunamente reformada (el Senado, por ejemplo) es cosa evidente: pero lo más urgente no es ahora cambiar la Constitución para que se acomode a la realidad, sino corregir nuestra realidad para que se acerque de nuevo a los parámetros constitucionales. Porque es la realidad cotidiana la que se va haciendo inquietantemente anticonstitucional, mucho más de lo que pueda hacerse «irreal» la Constitución. Se pierde o atenúa en aspectos laborales, educativos, inmobiliarios, etcétera, la dimensión social que es desde el principio uno de los dos pilares de nuestro Estado de derecho (ya en el artículo primero de la Carta Magna se le reconoce como «social y democrático»), hasta el punto de que muchos ciudadanos —sobre todo jóvenes— se desvinculan con indiferencia de lo que sólo ven como una mentira piadosa en lugar de reivindicarlo como un solemne compromiso. Y sin duda está en grave crisis la propia idea de un país plural pero unido, radicalmente distinto de una yuxtaposición de guetos basados en etnias o ventajismos económicos, mientras la mayoría de los ciudadanos parecen haber olvidado que tienen derechos y deberes políticos respecto a todo su territorio y no sólo al lugar en el que ocasionalmente viven o han nacido. De las quiebras sociales del modelo constitucional en su aplicación cotidiana protestan, con mayor o menor acierto y contundencia, relevantes figuras de la intelectualidad progresista; por el contrario, en lo referente a la necesaria unidad nacional hace décadas que reina una gran confusión e incluso se consiente el mensaje de que es una noción sospechosa, represiva, ultraderechista, etcétera, lo que ha ido convirtiendo a los nacionalismos disgregadores, insolidarios y excluyentes en opciones simpáticas y hasta beatificadas por lo políticamente correcto. Este conformismo ideológico, que tanto ha beneficiado a las fuerzas más anticonstitucionalmente regresivas, me parece el gran fraude perpetrado durante los últimos veinticinco años contra nuestra ley de leyes.

Ahora, ante el auge de los nacionalismos asilvestrados que pueden llegar a convertirnos en algo así como los Balcanes del oeste europeo y cuyo exponente más alarmante es el plan Ibarretxe, han prosperado entre quienes colaboraron en tal fraude dos posturas no menos fraudulentas. Primero fue el «no será nada», «no llegará la sangre al río», «sólo es un órdago con vistas electorales», etcétera. Para no reconocer que no vieron lo que se venía encima y que descalificaron a quienes se lo anunciaban, cuando lo tuvieron delante de sus narices prefirieron quitarle importancia. Después, una vez aclarado que lo del País Vasco es muy grave y lo de Cataluña bastante serio, ha llegado el nuevo dogma para esconder otra vez la cabeza bajo el ala: la culpa es de Aznar, que con su españolismo rabioso ha encendido el polvorín nacionalista cuya dinamita dormía pacíficamente bajo nuestros pies. No sólo lo dicen analistas chapuceros como López Agudín en El Mundo (el cual se pasó toda la campaña catalana profetizando el triunfo abrumador de Maragall y que ahora se apunta a esta nueva genialidad para seguir sin dar una en el clavo), sino personalidades menos caricaturescas. Sin duda se le pueden reprochar a Aznar y a otros dirigentes del PP muchas faltas de tacto y extremismos verbales cara a la galería (así como un trato injusto a José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo comportamiento institucional en estas cuestiones ha sido siempre discreto y leal a pesar de dificultades internas en su partido) pero todas han sobrevenido después de los planteamientos cada vez más descaradamente sediciosos del nacionalismo vasco a partir de Lizarra, no antes. No olvidemos que Aznar comenzó entendiéndose muy bien con Arzalluz y que siempre se las ha arreglado aceptablemente con Pujol; ni tampoco que las medidas que ha favorecido frente a Batasuna y el entorno mafioso etarra han producido un patente cortocircuito en el terrorismo, disminuyendo seriamente su operatividad y sus víctimas, así como la kale borroka. No ha suspendido ninguna garantía autonómica pero ha aplicado todos los recursos legales para responder en la medida de lo posible a una deriva soberanista que los demás por lo visto recomendaban limitarse sólo a deplorar. Los reproches más serios que se le pueden hacer al actual Gobierno son de índole opuesta: por ejemplo, no haber impedido como era su obligación que culminase la supresión de hecho del modelo A (en castellano con el euskera como asignatura), una vergonzosa conculcación de los derechos civiles llevada a cabo por la Consejería de Educación vasca que indica de paso el clima de pluralismo que reinaría en el hipotético «estado asociado» que pretenden imponer.

Tampoco parece que sea Aznar el culpable de que toda la campaña electoral en Cataluña se haya dirimido en el campo de las ofertas más y más nacionalistas —con el resultado lógico esperable— ni de que la reforma del Estatuto, con el que es obvio que tan mal le va a la misérrima región, se haya convertido en la cucaña a la que compiten por trepar todos los mozos de la feria… rompiéndose uno que otro la crisma en el intento. Puede que ERC tenga la clave del próximo Gobierno de la Generalitat, aunque más bien parece que su única fuerza real proviene no de su reducido peso electoral sino de la discordia entre los más votados: en cualquier caso, lo que resulta a todas luces excesivo es llamar «progreso» a la alianza estratégica con un partidario de que rompa la solidaridad con el resto de España la región que más se ha beneficiado de la unión del país, mientras sin sentido del ridículo grita «Visca Catalunya llibre!» con un trémolo que él debe creer parecido al de Garibaldi pero que más bien recuerda a Umberto Bossi, otro aspirante a «liberar» a las regiones ricas del peso de su responsabilidad con los compatriotas que contribuyeron a enriquecerlas. No por casualidad tiene en tan alta estima los parabienes de Ibarretxe, otro progresista de tomo y lomo… Ambos se enorgullecen de luchar por «pueblos pequeños» cuando en realidad lo que pretenden es empequeñecer a un pueblo grande.

Desde el País Vasco es ya difícil no ver sin cierto asqueado desánimo el crecimiento del fraude anticonstitucional. Lo más doloroso para algunos de nosotros es constatar como aquellos a quienes tenemos por más lúcidos se han lucido en este campo. De una persona tan inteligente y críticamente comprometida como el llorado Vázquez Montalbán (que además era tan español como Carmen Sevilla pintada en un calendario de la Unión de Explosivos) sólo conseguimos que apoyase a Madrazo… y regañase a Aznar, por supuesto. En la presentación de su reciente libro sobre la guerra de Irak, José Luis Sampedro recordaba el valiente dictamen de Martin Luther King: «Cuando reflexionemos sobre nuestro siglo XX, no nos parecerá lo más grave las fechorías de los malvados sino el escandaloso silencio de las buenas personas». ¡Lástima que a él mismo no le hayamos escuchado durante estos años sobre el tema vasco más que variaciones sobre los más agujereados tópicos seudoprogresistas! ¿Cómo se puede tener tan buen criterio sobre lo que ocurre en el remoto Irak y tanto despiste sobre lo que pasa bastante más cerca? Por no mencionar la desoladora columna («Nacionalidades», El País, 21 de noviembre) de mi admirado Juanjo Millás, en la que tras repasar todas las advocaciones posibles de una España del PP como un espanto del que huir recomienda no negar el pan y la sal a las opciones políticas votadas libremente por los ciudadanos…

En fin, para qué seguir. Y sin embargo, tenemos que seguir: el próximo 13 de diciembre en San Sebastián, contra el chantaje político y el fraude anticonstitucional.

(El 13 de diciembre de 2003 tuvo finalmente lugar la manifestación convocada por Basta Ya. Muchos miles de personas recorrieron las principales calles de San Sebastián tras una pancarta en que se leía «Con violencia no es plan sino chantaje. Estatuto y Constitución»).

Nación y Constitución

Uno de los conceptos filosóficos más enigmáticos es el de causa sui, que Spinoza aplica a Dios (un Dios que también es Naturaleza o Sustancia) al comienzo de su Ética: Dios es causa de sí mismo, es decir, es la causa que se origina a sí misma antes de causar todo lo demás. En el terreno constitucional se produce a su vez un fenómeno parecido, puesto que en el preámbulo de la Carta Magna leemos que «la nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución…», etcétera. Y el artículo segundo establece: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas». Es decir, la nación española proclama la Constitución pero a su vez queda establecida en su unidad y en su pluralismo autonómico por el propio texto de ésta. La nación se constituye como Estado de derecho y a la par la Constitución revela y explicita lo que la nación española va a ser en cuanto nación, más allá de la tierra, de la genealogía, de la divergencia de intereses privados y de las rencillas ancestrales. Es decir, hay Constitución porque hay nación pero la nación misma ya no será sino lo que el acuerdo constitucional establece que sea. A partir de 1978, cuanto cuestione o se oponga a la Constitución en España será «nacionalismo», bien porque niegue el pluralismo autonómico y solidario o bien porque rechace la unidad. Y quienes no se sientan «nacionalistas» no pueden ser sino «constitucionalistas», por mucho que la primera calificación enorgullezca a bastantes románticos de buena fe y la segunda desagrade a varios profesores de colmillo retorcido.

Pero ¿acaso asumir como paso previo a la Constitución misma que existe una nación española no es ya una muestra de extremo y cerril nacionalismo? ¿No podría existir un constitucionalismo sencillamente antinacional, del mismo modo que algunos han propugnado (o quizá aún propugnan, no estoy muy al día tampoco en este tema) una teología «de la muerte de Dios»? Esta última nos hablaría de Dios como causante o cómplice de la desaparición de Dios, mientras que el primero propugnaría una Constitución que certificase la abolición del basamento nacional y la transformación del patriotismo en adhesión a la Carta Magna y pare usted de contar. De momento, parece más factible que la teología renuncie a fundarse en la divinidad antes que las constituciones renuncien a constituir conjuntos nacionales. Borges resumía su anarquismo conservador diciendo que «quizá un día los hombres merezcan no tener gobiernos»; podemos también aspirar a otro plácido anarquismo intelectual, diciendo que «quizá un día los hombres merezcan o alcancen constituciones no nacionales y les baste como patria la ley y la humanidad»… pero es evidente que ninguno de esos días canceladores de la vieja historia alborea todavía.

Sin embargo, reconocerse como parte de una nación —siempre que sea mediante una Constitución pluralista— no equivale sin más a profesar en su integridad la exigente (y excluyente) fe nacionalista. Como ya hace mucho dijo Julián Marías con acertado gracejo, «no todo el que se sabe perteneciente a una nación padece nacionalismo, lo mismo que no todos los que tienen apéndice padecen apendicitis». Esta dolencia es una inflamación morbosa del apéndice, lo mismo que la otra es una hinchazón enfermiza y devastadora de la nación. Lo malo en ambos casos es que un elemento que debería funcionar en armonía útil con muchos otros adquiere una dolorosa primacía que amenaza letalmente la salud del conjunto. Tal como se entiende en nuestra Constitución, la nación española no es un monolito exclusivo y homogéneo sino un articulado de piezas autónomas con sus peculiaridades culturales y lingüísticas propias que se proponen convivir solidariamente. Se descentraliza la administración en importantes cuestiones educativas o fiscales, pero sobre todo se pluraliza el concepto mismo de identidad nacional, permitiendo diversas combinaciones de los elementos por medio de los cuales cada cual asume su pertenencia comunitaria. Hay diversas formas constitucionales de saberse ciudadano español y también este reino —como el de los cielos— acepta en su seno varias moradas diferentes, aunque no indiferentes unas a otras ni mucho menos enfrentadas. Sobre todo, ese pluralismo permite el reconocimiento pleno de los múltiples mestizajes ocurridos a lo largo de los siglos de historia compartida entre la variedad de orígenes que confluyen en la mayoría de los ciudadanos: quien se sabe heredero de varias casas ancestrales entenderá mejor que nadie la utilidad antidiscriminatoria de la casa común. Porque ésta no implica la homogeneidad ni tampoco la yuxtaposición localista de homogeneidades cerradas, sino una heterogeneidad integrada por diferencias (y abierta a incorporar otras venideras) pero no dispuesta a desintegrarse en ellas.

De aquí la importancia de la unidad como base constitucional del pluralismo autonómico que aligera y relativiza cualquier tentación nacionalista. Y también, pese a los aspectos evidentemente federales de nuestro ordenamiento territorial, la diferencia esencial respecto a otras formas clásicas de federalismo. Como bien ha señalado el profesor Roberto Blanco Valdés, «la autonomía existe porque existe la unidad, sin la cual resulta simple y sencillamente inconcebible: la unidad es el presupuesto, lógico y político, de una autonomía que ha sido en España el punto de llegada del proceso descentralizador y no, como ha ocurrido en la mayoría de los Estados federales, el punto de partida que ha conducido, tras el correspondiente proceso de vertebración territorial, a la construcción de una unidad política estatal formada por territorios previamente soberanos» (La Constitución de 1978, Alianza Editorial). El Estado de las autonomías es el intento de un reino construido como tal hace siglos por progresar hacia la flexibilidad administrativa y el reconocimiento de su pluralismo cultural, no la convención de sujetos políticos anteriores en una asamblea común. Y de aquí lo dudosamente apropiado de considerar la fórmula federal como la panacea para curar los trastornos nacionalistas que padecemos, pues el federalismo se inventó para dar cauce político al deseo de unirse de los que estaban separados y no —como sería en España el caso— para que pudieran irse separando los que amanecieron unidos.

Pero, a mi juicio, lo más importante de todo es lo siguiente: la nación de los nacionalistas —centralistas o separatistas— pretende legitimar la sociedad del presente merced a raíces que se hunden en el pasado; mientras que la nación constitucional apuesta por definirse y justificarse por las normas que encauzarán el futuro. No insistamos en la irreductible diversidad de nuestras procedencias, sino en los derechos que compartimos y en los proyectos que podemos seguir llevando a cabo juntos, como desde hace ya tanto tiempo venimos colaborando. El nacionalismo pretende un presente distinto para cada cual, no un porvenir mejor para todos. De aquí su índole profunda, inequívoca y radicalmente reaccionaria, aunque pretenda adornarse con galas «izquierdistas» o «antisistema» que sirven de embeleco a la candidez de los bobos y de uniforme de camuflaje a la ambición de los oportunistas.

APÉNDICE A «NACIÓN Y CONSTITUCIÓN»

En réplica al artículo precedente, el profesor Ramón Zallo publicó otro titulado «La “nación constitucional” de Savater» (Deia y Gara, 21-12-03). Se trata de un texto mucho más extenso que el mío, por lo que no intentaré aquí polemizar pormenorizadamente sobre cada uno de sus extremos. Sólo aclararé algún malentendido y señalaré las vías por las que una posible discusión en profundidad debería a mi juicio encaminarse.

A Zallo le parece absurda mi afirmación de que quienes se oponen al nacionalismo —consista éste en el rechazo del pluralismo autonómico o de la unidad nacional— deban ser «constitucionalistas». ¿Acaso lo son quienes cuestionaron hace veinticinco años el texto constitucional —entre ellos yo mismo— o los independentistas que no se consideran nacionalistas, como Carod Rovira, o quienes respetan a la vez el nacionalismo y la Constitución, como IU o Joseba Arregui? Aclaro mi punto de vista. En primer lugar, no por poner en cuestión determinados aspectos de la Carta Magna se deja de aceptarla en conjunto, dado que precisamente la fuerza de esa ley de leyes estriba en que no agrada plenamente a nadie y que está hecha de mutuas renuncias en busca de la concordia. En el texto hay concesiones a los conservadores y a los progresistas, porque —tras el final de la dictadura— todos comprendimos que teníamos que vivir juntos, salvo algunos obstinados antisistema que prefirieron —y siguen prefiriendo— viajar como «polizones» en el estado democrático. Esta cordura que acepta el texto hoy no obliga a renunciar para siempre a modificarlo, cuando se den las condiciones adecuadas y el consenso suficiente. Por lo demás, de algún modo habrá que distinguir entre quienes aceptamos juntamente las autonomías y la unidad de quienes niegan uno de ambos extremos, o mejor dicho: la complementariedad entre ellos. El «nacionalismo» autonomista que no cuestiona la unidad de España me parece plenamente constitucional, mientras que el independentismo que la rechaza o pone en entredicho lo hace claramente por razones de exacerbación identitaria nacionalista… digan lo que digan sus propugnadores (si no es por razones étnico-nacionales o de nacionalismo económico, ¿cómo van a fundar su reclamación separatista?).

Pero mi discrepancia de fondo con Zallo radica en que él habla del Estado de derecho como «anulador» de las nacionalidades existentes en una sola y única nación. Yo creo más bien que constituye el único sujeto político históricamente aceptable capaz de integrar diversos orígenes étnicos en una armonía legal que agrega todos esos factores sin eliminar ninguno ni reducirse exclusivamente a ninguno de ellos. Porque las diferentes identidades culturales o tradicionales no son sujetos políticos… algunas porque no lo fueron nunca y otras porque dejaron de serlo por separado hace siglos. La ciudadanía constitucional no pretende imponer una etnia sino que impide precisamente que una —sea la que fuere— prevalezca homogéneamente en ninguna parte del Estado y sitúa su legitimidad institucional en los derechos reconocidos a todos y no en la genealogía de cada cual. Evidentemente es una apuesta política compleja y no carente de contradicciones en su formulación literal, pero que poco mejorará retrocediendo a premisas disgregadoras anteriores inspiradas en elementos atávicos aún más confusos y manipulables. La controvertida idea de un llamado «patriotismo constitucional» pretende avanzar en esta línea.

Finalmente (por el momento) una precisión: Ramón Zallo parece aceptar sin matices el supuesto y manoseado rechazo de los vascos a la Constitución, que el Estatuto intentó paliar por lo visto ahora sin lograrlo. Sobre esta cuestión, remito entre otros textos aclaratorios al artículo del profesor Francisco Llera «Los vascos y la Constitución» (originariamente titulado «El sí vasco a la Constitución»), aparecido en el suplemento que el diario El País publicó el pasado 6 de diciembre, con motivo de los 25 años de la Carta Magna.

El guión de la utopía

Por supuesto, creo que haremos bien concediendo al nuevo tripartito autonómico catalán un cierto plazo antes de comenzar a juzgar su estilo y propósitos de gobierno. Los celosos mandatarios estatales se pasan de truculentos con sus profecías apocalípticas. Es probable que la cosa no sea para tanto y que de los dichos a los hechos haya, a Dios gracias, mucho, pero que mucho trecho. Como se ha señalado con razón, Maragall no es precisamente Ibarretxe; tampoco Carod Rovira es Ibarretxe (ni siquiera es Begoña Errazti, porque lleva bigote); y puede que dentro de poco Ibarretxe tampoco sea Ibarretxe (a lo mejor es Egibar), de modo que todo el mundo merece su oportunidad.

Nada positivo debe ser a priori descartado. Es posible, por ejemplo, interpretar de modo inocente y risueño que cuando el nuevo presidente del Parlamento catalán —Ernest Benach— grita «Visca Catalunya lliure!» se refiere a que quiere ver a Cataluña libre de impuestos. Una aspiración perfectamente andorrana, aunque quizá no demasiado de izquierdas: si el noble anhelo de pagar menos impuestos es señal de izquierdismo, todos los ricos que conozco son zurdos convencidos. Pero sin duda el nuevo tripartito va a emplear ese plus ahorrado de tributos no tributados en cuestiones de interés social, lo cual es muy loable aunque no esté al alcance de todos… sobre todo por lo visto a partir de ahora. Lo malo de los pobres es que suelen emplear el dinero a tontas y a locas, por falta de costumbre: ya es hora de que eso se remedie. Además tampoco hay ninguna obligación de ser de izquierdas, por muy de esquerra que rece el rótulo del club al que se pertenece. Ya se sabe que el nacionalismo es ante todo un movimiento profundamente burgués, según la memorable descripción que ofreció en uno de sus escolios el pensador colombiano Nicolás Gómez Dávila: «Burguesía es todo conjunto de individuos inconformes con lo que tienen y satisfechos de lo que son». Tampoco puede excluirse que ERC haya decidido realmente luchar contra la corrupción en el Govern, aunque durante mucho tiempo en vez de denunciar los chanchullos de CiU haya puesto su mejor ímpetu en denunciar a quienes los denunciaban. Vivimos en una época de cambios y por tanto todo el mundo tiene derecho a cambiar.

A mí lo que me inquietó más del discurso del señor Benach es su propuesta entusiasta de escribir «el guión de la utopía». Eso de la utopía es una palabra tremenda y un concepto abismal, que a mí me gusta algo menos que a Ernst Bloch pero que de todas formas no me deja indiferente. De modo que sobre esto de la utopía creo que hay que decir algo, aunque desde luego en tono amable. Y como una cosa lleva a la otra, para acercarme a la utopía daré un rodeo por la unidad de España. Será una breve excursión, que nadie se asuste.

Comprendo que esté mal visto preocuparse por la unidad de España, tópico a menudo congestionado que suele aparecer como vociferante espantajo en periodos electorales, esgrimido sea por quienes lo denuestan o por los que se proclaman sus insobornables defensores. En mi criterio, hay un modo más minimalista y sosegado de referirse a la cuestión: no como quien se refiere a una jaula o a una fortaleza asediada, sino con la nostalgia que guardamos para las ocasiones perdidas, para los proyectos beneficiosos pero incomprendidos, para aquello que a fuerza de rencor o de adhesión igualmente torpes ni la educación propaga ni la ideología acierta a respaldar. En una palabra, debería ser posible referirse a la unidad de España precisamente como utopía. Una utopía por lo visto sin guión, porque el proporcionado constitucionalmente parece que no acaba de cuajar. Los que más saben de estas cosas se atarean en informarnos de que la pluralidad de España no termina de entenderse ni de aceptarse. Pero más bien se diría que, a estas alturas, veinticinco años después de proclamada la Constitución, a la pluralidad ya no la discute nadie: los unos por convicción de que expresa una riqueza compartida y los otros por defender lo que enriquece a los caciques de cada lugar. En cambio, la unidad… ésa sí que sigue resultando una gran incomprendida: la utopía desacreditada.

Cierto día de 1994 , apareció en los muros de Berlín un manifiesto antixenófobo que alcanzó bastante notoriedad. Decía así: «Tu Cristo es judío; tu coche es japonés; tu pizza es italiana; tu democracia es griega; tus vacaciones son turcas; tus números son árabes; tu alfabeto es latino… sólo tu vecino es extranjero». De modo semejante, no es imposible que dentro de poco en las calles de cualquier ciudad catalana o vasca podamos ver una pintada de este tenor: «Tus clientes son valencianos, tus vinos riojanos, tus socios madrileños, tus puros canarios, tu novia murciana, tu veraneo andaluz, tus trabajadores extremeños, tus subvenciones estatales… sólo el recaudador de impuestos y el guardia civil son españoles». No sé si ese día Maragall declarará que por fin «el drama está servido». Yo me temo que está servido desde mucho antes, desde hoy mismo, o mejor, desde ayer y desde anteayer. El drama de gran parte de la educación que padecemos y de las monsergas ideológicas que soportamos.

No tengo claro a qué utopía se refiere el presidente Benach, pero en cualquier caso me inquieta oírle decir esa palabra. Me alarma que sea él precisamente quien hable de utopía, desde la opulenta Cataluña, tan desarrollada y próspera, tal culturalmente influyente, tan políticamente emancipada. Vivir como viven Benach y sus conciudadanos es precisamente la utopía en toda África, en la mayor parte de Iberoamérica, en tantos sitios de Asia y sin duda también en muchos lugares de Extremadura, Andalucía o Galicia. Pero ya ven, es precisamente él quien habla de utopía… antes de iniciar la reforma de la Agencia Tributaria. Ya digo, ojalá todo sea para bien. Ojalá el nuevo Govern se revele abierto y beneficioso para la mayoría… incluso si es posible para España entera, con perdón de la palabra. Pero sigo pensando que Benach debería enjuagarse bien la boca con clorato después de mencionar la «utopía». Y los socialistas, en el caso de que le secunden a coro, que se la laven con lejía.

Cuando el durmiente despierta

Los lectores de H. G. Wells (entre los cuales, con ingenua vanidad, me gustaría reclutar a los míos) recordarán sin duda el título que encabeza estas líneas y que le tomo prestado. En la novela de Wells el letargo del durmiente dura más de un siglo y despierta en un mundo gobernado dictatorialmente por los administradores de su cuenta bancaria, cuyos intereses acumulados le han convertido en la mayor potencia económica del mundo. Para efectos de esta breve nota, el durmiente soy yo, mi sopor —meramente ideológico, debo aclarar— ha durado menos de veinte años y he despertado (afortunadamente) en un régimen democrático y con la cuenta corriente, ay, más lejos de la plutocracia que de los números rojos. Pero de lo que quisiera hablar aquí es del acontecimiento o la suma de acontecimientos que me espabilaron: del estruendo histórico que puso fin a lo que, con resabida expresión kantiana, podría denominar «mi sueño dogmático».

No puedo alardear de una conciencia política precoz, pero desde que se me despertó ese incómodo gusanillo —allá por mis dieciocho años— me he considerado ufanamente una persona situada más bien a la izquierda. Era la época final de la dictadura franquista y entonces —al menos a mis ojos— el gran privilegio de ser de izquierdas consistía en no ser de derechas, es decir partidario o al menos cómplice pasivo de Franco. No digo que fuese ya inicialmente demócrata, porque en los últimos años sesenta del pasado siglo los jóvenes preferíamos tenernos por «revolucionarios», pero detestaba la autocracia clericaloide y rentista que padecíamos, mientras soñaba con libertades igualitarias y fraternas de las que sólo conocía la retórica, es decir casi nada. A partir de entonces se me fueron acumulando los desengaños respecto los regímenes supuestamente izquierdistas que gobernaban totalitariamente parte del mundo, pero eso sucedía en lugares remotos como el este de Europa, China o el Caribe. En mi casa, en España y en la Europa occidental, los partidos de izquierda seguían siendo mi hogar natural, por muchas críticas y objeciones que tuviese contra ellos ocasionalmente. Hubiera considerado una lacra moral simpatizar con planteamientos que no estuviesen a la izquierda y, si era posible, incluso a la izquierda de la izquierda establecida. En una palabra: prefería equivocarme con Sartre que acertar con Raymond Aron.

Este confortable adormecimiento duró mucho, hasta ayer mismo, como quien dice. Y fue necesaria una larga serie de horrores para despejarme de él. Lo que me abrió los ojos (de modo tan traumático que, en vez de abrírmelos, casi me los saca) fue la situación del País Vasco. Durante la dictadura franquista, el nacionalismo vasco fue perseguido como todas las ideologías políticas antaño legales en la derrotada República española. El grupo terrorista ETA, que entró en actividad unos ocho años antes de la muerte de Franco, parecía ser una respuesta exasperada a la proscripción de los símbolos nacionalistas y a su imposibilidad de expresarse políticamente de forma pacífica. Como durante tanto tiempo la dictadura se nos había antojado invulnerable, el espectacular atentado que costó la vida al vicepresidente Carrero Blanco fue saludado con entusiasmo por gran parte de la oposición al franquismo. No compartí ese júbilo (en aquel entonces condenaba con fervor inmaculado cualquier violencia militarista que pretendiese «civilizar» a una sociedad) pero pude comprenderlo. Acabó la dictadura, los presos políticos —incluso si habían cometido actos violentos— salieron de las cárceles y el nacionalismo vasco pasó de la clandestinidad a convertirse en rector de una amplísima autonomía, en la que se dio generosa cabida a todas sus reivindicaciones democráticas… e incluso a algunas otras que lo eran menos. ¡Todo fuese por la reconciliación del país en su nueva etapa! Pero ETA siguió asesinando, extorsionando y amenazando a los no nacionalistas en Euskadi. De hecho, durante los primeros quince años de la democracia multiplicó exponencialmente su actividad y ensanchó el campo de sus víctimas potenciales…

Como tantos otros que habíamos combatido el franquismo, aunque en mi caso fuese modestamente (lo que no me libró en su día de sufrir represión y cárcel por ello), procuré desde el comienzo defender y ahondar la incipiente democracia. Creo haber colaborado de un modo u otro con todos los sucesivos gobiernos democráticos de España y desde luego también con las autoridades autonómicas del País Vasco, con espíritu crítico pero con lealtad institucional. En un comienzo, pensé que las agresiones de ETA eran los últimos coletazos del pasado franquista, como la actividad de ciertos grupos fascistas que también cometieron desmanes en los primeros años de la democracia. Pero luego tuve que convencerme de que constituían algo mucho más duradero y peligroso: una amenaza totalitaria a la democracia, que pretendía sustituir la sociedad de los ciudadanos por una comunidad étnica. Y aún peor: comprendí cada vez con mayor claridad que ETA gozaba de una cierta complicidad simpatizante por parte de los nacionalistas en el Gobierno, que les reprochaban sus métodos pero ensalzaban sus fines y veían a los violentos como hijos descarriados, mientras que sus víctimas les resultaban evidentemente ajenas tanto si eran vascas como del resto de España. Sin embargo, la gente de izquierdas a la que yo comunicaba estos temores continuaba considerando a los nacionalistas con benevolencia, como luchadores por la buena causa a veces algo descarriados pero a fin de cuentas simpáticos. ¿Acaso no habían sido antifranquistas? ¿Y no era sana ahora su actitud antisistema que animaba una democracia ante cuyas rutinas y transacciones acomodaticias ya había muchos que se proclamaban «desencantados»?

Además, al comienzo ETA sólo mataba militares, policías y guardias civiles, con los cuales la izquierda aún no se sentía demasiado identificada, por demócratas que fuesen. Después ETA empezó a liquidar a políticos pero fundamentalmente de centro y de derechas, lo cual estaba mal, desde luego, pero… ¿acaso no confirmaba su carácter «izquierdista»? Secuestraba empresarios, lo cual tampoco es elogiable, pero todo el mundo sabe que los empresarios son gente reaccionaria por definición; también acribilló a un periodista navarro (que salvó milagrosamente la vida) pero como escribía en un medio conservador los progresistas no acabaron de preocuparse… Para cuando la banda terrorista empezó a liquidar socialistas y gente de izquierdas ya era demasiado tarde y el mal (el mal «ideológico», la coartada progresista para el nacionalismo) ya estaba hecho.

Hoy ya nadie justifica en España a ETA, ni en la izquierda ni en ninguna parte… salvo entre los nacionalistas más radicales, que siguen tributando homenajes a los asesinos. Pero los ex comunistas de Izquierda Unida brindan en el Gobierno autonómico del País Vasco su apoyo a los nacionalistas del lehendakari Ibarretxe. Y no faltan intelectuales progresistas y medios de comunicación de la misma ideología proclives a culpar al presidente Aznar de la radicalización nacionalista, resumida en un plan anticonstitucional destinado a organizar en Euskadi un régimen excluyente y homogéneo del que serán borrados o puestos en fuga los disidentes. Pues bien, según los progresistas antes mencionados, todo este atropello no sería más que una reacción ante la «intransigencia españolista» del Gobierno estatal… consistente en perseguir por todos los medios policiales y judiciales al terrorismo etarra, no sólo a sus comandos sino también su trama financiera, propagandística, educativa y política. Francamente, he ido de asombro en asombro al asistir a lo que no puedo dejar de considerar una traición a la democracia por parte de las personas que yo consideraba más ligadas tradicionalmente a ella. Y no consigo ya dejar de preguntarme si esta gente, tan equivocada y oportunista en una materia que desdichadamente conozco demasiado bien, no lo estará también en otros grandes temas mundiales de los que estoy menos informado…

Francamente, he perdido la cómoda inocencia de tantos años. Como tras una larga noche de juerga en la que la borrachera me hizo hermano de gente a la que no hubiera soportado sobrio, he despertado por fin a la dura e incómoda realidad. Pero con todo y pese a todo, prefiero tener los ojos abiertos.

La rentabilidad del terror: el caso vasco

«La domesticación es el proceso mediante el cual las especies depredadoras han conseguido que las especies presa acaten su voluntad dócilmente».

(Michael SWANWICK, Atrapados en la prehistoria)

La intimidación ha sido un procedimiento de control político a lo largo de toda la historia humana. Para influir sobre los colectivos sociales, quien aspire al poder debe prometer a los individuos lo que apetecen o amenazarles con lo que temen. El primer método presenta dos problemas básicos: uno, que dentro de los deseos hay una notable diversidad en cuanto se va más allá de las necesidades elementales de alimento, cobijo y seguridad (y pese a que la mayoría de las personas suele encapricharse de lo que ve querer a otros, según un mecanismo de mímesis volitiva señalado en primer lugar por Spinoza y estudiado luego por René Girard); dos, que incluso los más crédulos desconfían de que las autoridades sean capaces de satisfacer las apetencias multitudinarias sin serias contrapartidas… o de que vayan a seguir intentándolo pasado el periodo electoral. Estas objeciones no entorpecen, por el contrario, el segundo procedimiento, o sea, el basado en inspirar miedo. En el campo de lo terrorífico reina una confortable unanimidad. Todos los temores humanos se reducen fundamentalmente a uno, el de la muerte. Los sufrimientos y la falta de libertades alarman en mayor o menor grado, pero la privación de la vida concita acuerdo en el universal escalofrío. Quien se hace dueño verosímil de la administración de la muerte conseguirá así la obediencia más o menos renuente de la mayoría de la población. Pero además este tipo de amenaza resulta especialmente creíble: se duda de la eficacia o de la buena voluntad del benefactor pero rara vez de la capacidad ejecutiva del asesino. Cuando se tiene la fuerza, es mucho más fácil liquidar al prójimo que garantizar su contento… El tirano y el terrorista hablan un lenguaje que todos comprenden: diezmar, es decir ejecutar a uno de cada diez, significa en todas las lenguas someter a nueve.

En concreto el terrorismo es un fenómeno de la sociedad de masas, como los campos de exterminio. Ataca preferentemente a los miembros de la «muchedumbre solitaria» de Riesmann, a cualquiera de los que se afanan y difuminan en las rutinas del gran hormiguero. Ayer buscaba ante todo acabar con los grandes prebostes, con los dueños del poder y de la riqueza, como para demostrar a los amos del mundo que por alta que sea su posición siempre están al alcance de alguien desesperado por la ausencia real o supuesta de justicia: de un vengador temerario de la igualdad humana conculcada. Aunque no faltan hoy tampoco los magnicidas, en general la moda de los atentados prefiere la cantidad a la calidad. A las democracias consumistas, en las que todo el mundo tiene voto y la opinión pública es el partido político mayoritario, se las amedrenta mejor golpeando a ciegas en supermercados, discotecas o rascacielos de oficinas. La gente no culpa a la autoridad de que se asesine a reyes, papas o presidentes (por el contrario, a veces cierra filas en torno al orden establecido que se tambalea o asiste al drama con atemorizada curiosidad, como los atenienses a una tragedia de Sófocles) pero se rebela si los damnificados son ciudadanos comunes y corrientes, con cuyas cuitas pueden identificarse y temen compartir. En tales casos, según ha explicado García Márquez, la primera bomba que produce víctimas anónimas despierta universal indignación contra los asesinos y apoyo a quienes prometen castigarlos con mayor rigor; la segunda o quizá la tercera ya empiezan a suscitar quejas contra los que deberían garantizar la seguridad y no lo logran (primero se duda de su celo, luego de su competencia, después de su legitimidad); a la sexta o séptima gran número de voces exige tomar en consideración las reivindicaciones de los terroristas y acusa al gobierno de ciega intransigencia…

Por supuesto, esta deriva nada tiene que ver con que los criminales actúen por unos u otros motivos. El procedimiento de intimidación asesina siempre es abominable, pero las democracias sólo pueden defenderse eficazmente contra él estudiando las causas ideológicas y sociales que lo originan en cada caso: en el buen entendido de que explicar las raíces de un movimiento terrorista no implica la obligación de aceptarlo comprensivamente ni de excusarlo, mucho menos todavía comenzar a ceder frente a él. Lo que resulta absurdo es convertir el terrorismo en algo único e idéntico en todas partes, un rostro superlativo de Mal que se manifiesta agrediendo de formas múltiples contra el Bien representado por los diversos gobiernos y sistemas político-sociales establecidos. Esta perspectiva errónea, de corte teológico o meramente supersticioso, es la que parece haber adoptado la actual administración americana de George W. Bush a partir de los atentados del 11 de septiembre. Creer que sólo existe el Terrorismo es como creer que sólo hay que combatir contra la Enfermedad, sin discriminar si ésta procede de una infección o de un mal régimen higiénico, si afecta a los pulmones, al hígado o a la vista. Siempre es malo estar enfermo, pero nadie se cura si se aplica en todos los casos la misma terapia de choque. Por mucho que uno esté convencido de que el procedimiento criminal que toma a la población civil como rehén para atacar a sus gobernantes es invariablemente infausto, despreciable y agrava los defectos reales que pretende combatir, es imposible aceptar que el término «terrorismo» pueda aplicarse de modo explicativamente unívoco y sin mayores averiguaciones en Palestina y en Córcega, en Chechenia y en Colombia, en Nueva York, en Irak, en Bali y en el País Vasco. Hay terrorismos que se inspiran en la arrogancia fanática y otros que se aprovechan de la desesperación famélica; unos se rebelan contra leyes que los marginan y otros sacan partido oportunista de leyes que les conceden no sólo garantías sino incluso privilegios; en algunos lugares provienen de agravios históricos auténticos que algunos se niegan a olvidar mientras que los hay que aspiran a reeditar odios teológicos o étnicos atávicos para encubrir demasiado actuales ambiciones de poder. Etcétera.

Quizá la taxonomía más elemental pero no por ello la más desdeñable aconseje clasificar la violencia terrorista en dos grandes grupos: instrumental y expresiva. La primera responde a demandas más o menos concretas, a reivindicaciones políticas, incluso a exigencias económicas de corte mafioso; la segunda no utiliza el terror como medio sino como un fin en sí mismo, por el que aspira a demostrar de modo tan espectacular como sangriento la grandeza admirable de la propia causa: ¡que tiemblen quienes aún no les toman suficientemente en serio! La violencia instrumental admite en algunos casos transacciones y regateo entre lo que se concede y lo que se niega (si es que se considera prudente o posible pagar algún tipo de precio para recobrar la tranquilidad sobresaltada): a veces, a favor de alguna reforma política o social que no deja de ser razonable aunque fuese exigida por medios que lo eran poco, es posible incorporar a los propios terroristas a la vida legal y civilizada. Después de todo, los que recurren al terror como mera herramienta están por lo común deseosos de obtener lo buscado y poder renunciar a los riesgos de la clandestinidad. En cambio, quienes utilizan la violencia para expresarse y autoafirmarse se convierten en verdaderos adictos a ella: son, ay, insobornables. No hay peor criminal que el criminal desinteresado, el que mata para que advenga el Reino de los Justos que ya está próximo y que él no verá. Entre estos activistas se da con frecuencia el asesino suicida, el que se inmola gustoso con sus víctimas con tal de que éstas alcancen un número suficientemente alto. Es difícil combatir contra ellos porque quien no teme a la muerte se vuelve efectivamente invulnerable, el arma más perfecta y letal que cabe imaginar para amedrentar a la multitud dentro de la que se disimula. Por supuesto, entre uno y otro tipo de terroristas hay frecuentes transvases y complicidades; algunos comienzan en el primer grupo y acaban enquistándose en el segundo. También es cierto que en muchas ocasiones, tras el idealismo fanático del activista, se encuentran astutos burócratas que lo mueven como un peón para obtener ventajas que en principio no confiesan: el golpe terrorífico no es rentable para el suicida que lo lleva a cabo pero seguro que tras su barbaridad hay al acecho algún instigador que no piensa en inmolarse sino en cobrar. Lenin decía que el terrorismo nihilista de su época era «un puño sin brazo»; y no cabe duda de que él estaba dispuesto a dotarlo del brazo rector imprescindible para que resultase útil a sus intereses…

En el País Vasco, el terrorismo de ETA tiene características propias y bastante pintorescas. Para comenzar, nació bajo la dictadura franquista y gozó por ello de un cierto aura «democrática» (el malentendido que convertía todo lo antifranquista en democrático ha tardado décadas en disiparse, si es que se ha disipado plenamente) pero ha llevado a cabo la gran mayoría de sus atentados durante el período posterior a la dictadura: de hecho, su hostigamiento fue uno de los elementos desestabilizadores más serios a lo largo de toda la transición (llegó a haber más de cien víctimas anuales), abocó al país a un golpe de Estado, retrasando las reformas necesarias en la policía y el ejército heredados del franquismo. En una palabra, desempeñó el papel objetivamente más reaccionario que pueda imaginarse cara a la incipiente democracia: pese a ello, merced a los meandros intelectuales misteriosos de cierto izquierdismo hispánico y europeo, siguió siendo considerado un movimiento «progresista». Hay que ser imbécil para considerar «resistencia antifascista» lo mismo a quien se resiste a una dictadura que quien se resiste a la instauración de la democracia, pero de tales respetables imbéciles está el mundo lleno… a las pruebas me remito.

Pero ¿acaso es que la vacilante democracia española había excluido a los nacionalistas vascos en su nuevo diseño político o se había cebado vengativamente en los etarras que lucharon contra el franquismo? Todo lo contrario. Las exigencias políticas de los nacionalistas vascos —que, a diferencia de sus homólogos catalanes y en la más plena tradición antiliberal de su fundador Sabino Arana, se posicionaron contra el texto constitucional— fueron recogidas con generosidad (según algunas personas prudentes, excesiva) en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Vasca, a partir del cual los tres territorios históricos que la constituyen quedaban denominados «Euskadi» según criterio nacionalista, tenían como bandera la diseñada por Sabino Arana y como himno el buscado por el PNV, disfrutando de su propio parlamento autónomo y pleno control de su fiscalidad. Amén de dos cadenas de televisión y radio propias, competencias educativas amplísimas y por supuesto reconocimiento del euskera como lengua oficial, junto al castellano, de la comunidad. Desde las primeras elecciones autonómicas, en algún caso por cesión benévola de los socialistas, el PNV ha ocupado la lehendakaritza o presidencia del ejecutivo vasco, hasta el día de hoy. En lo tocante a los etarras, en el año 77 (es decir, el año antes de aprobarse la vigente Constitución) se proclamó una amnistía para todos los delitos de motivación política aunque incluyesen delitos de sangre (entre ellos, el asesinato del vicepresidente del gobierno franquista, almirante Carrero Blanco), lo que permitía la incorporación a la normalidad democrática de todos los antiguos terroristas. Muchos aprovecharon esta oportunidad, creo que única en la historia reciente europea, y abandonaron las armas, pasando a defender sus ideas políticas en el foro parlamentario. Y los demás… los demás reorganizaron ETA según pautas aún más estrictamente mafiosas y siguieron atentando, extorsionando e intimidando con mayor denuedo aún que en tiempos de Franco.

Para imponer su dominio de terror sobre la población, los etarras en un principio se centraron en atentar contra militares y fuerzas de seguridad, pero luego ampliaron su menú potencial de víctimas a parlamentarios no nacionalistas, concejales, profesores, periodistas, empresarios (cuando se negaron a pagar el «impuesto revolucionario» que les exigen constantemente), médicos, cocineros y cualquier otro tipo de personas que les resultaran fácilmente eliminables, sin excluir mujeres embarazadas, niños y jubilados. Y ello tanto en el País Vasco como en el resto de España. No retrocedieron ni siquiera ante poner una bomba en unos grandes almacenes de un distrito obrero de Barcelona o enviar un coche-bomba al patio de una casa cuartel de la Guardia Civil en el que estaban jugando los hijos pequeños de los agentes. Los únicos que hasta hoy no han sido agredidos son los curas (aunque últimamente alguno se ha visto amenazado por no compartir el habitual tono nacionalista de los pronunciamientos oficiales de la Iglesia vasca) y los propios políticos nacionalistas (aunque sí los miembros de la policía autónoma vasca, la Ertzaintza, y sus superiores).

Pero como resulta que desde hace un cuarto de siglo los que gobiernan Euskadi son los nacionalistas, se da la paradoja de que el terrorismo en el País Vasco debe de ser el único en un país democrático que atenta contra los gobernados y no contra los gobernantes. Son los ciudadanos y la oposición los que tienen mucho que temer, no los que efectivamente mandan: ocupar un puesto gubernamental no le convierte a uno en el País Vasco en blanco de los asesinos sino que más bien constituye un seguro de vida… En cuanto vemos por la calle de nuestras ciudades a alguien protegido por escolta policial, ya podemos estar seguros de que —a diferencia de en otros lugares— aquí no ostenta ningún cargo público. También se da otra diferencia relevante con situaciones de enfrentamiento armado entre comunidades diferentes, como por ejemplo es el caso de Irlanda (con el que ha sido frecuentemente comparado): en el País Vasco (salvo el episodio de terrorismo parapolicial de los GAL, por el que fueron juzgados y condenados varios funcionarios e incluso un ex ministro del Interior) aquí sólo mata uno de los supuestos «bandos» en litigio. Y es que en realidad los nacionalistas y quienes no lo son nunca han formado dos entidades sociales bien definidas y secularmente enfrentadas (como los católicos irlandeses y los protestantes británicos), sino todo lo más dos gajos de una naranja en la que hay también otras porciones que toman elementos de una y otra. Las posturas diversas frente a la identidad nacional han coexistido frecuentemente incluso dentro de una misma familia.

Tal es precisamente el mayor delito de la violencia terrorista: haber contribuido perversamente a «fabricar» dos comunidades opuestas no tanto por sus ideas sino por su seguridad civil en lo cotidiano. La de los amenazados de muerte y la de quienes son aceptados como «vascos viables» siempre que no colaboren ni apoyen a los otros, los apestados. Por eso la situación vasca no se parece realmente a la irlandesa sino más bien a la de la Alemania nazi. Según la fórmula acuñada por Ulrich Beck, podemos decir que la violencia del nacionalismo radical ha convertido «a los vecinos en judíos». El terrorismo se dedica a perseguir «extranjeros» e «invasores», sí, pero extranjeros e invasores que han nacido, crecido, jugado y trabajado junto a los declarados «nativos». La violencia no es la lucha entre facciones diferentes y opuestas, sino el modo más cruelmente inevitable de inventarlas. Lo ha formulado con agudeza Zygmunt Bauman (Intervista sull’identità, ed. Laterza): «Los aspirantes a víctimas no son temidos y odiados porque son diferentes, sino por no ser lo bastante diferentes, por el hecho de poder accesiblemente mezclarse entre la multitud. Es necesaria la violencia para convertirlos en espectacularmente, indudablemente, vistosamente diferentes». Es la amenaza del terror la que zanja y separa diacríticamente dentro del rebaño a las ovejas sanas de las que padecen la sarna ideológica, y se recomienda a las demás no acercárseles ni social, ni política ni culturalmente para evitar el contagio. Los nazis hablaron de un «problema judío» (para el que instrumentaron una atroz «solución final») pero la verdad es que los judíos no eran un problema y el único problema para los judíos resultaba ser la ideología nazi, empeñada en «problematizarlos» persecutoriamente. Del mismo modo, el mayor problema vasco y lo que dificulta cualquier solución para él que no sea la criminal es que no hay tal «problema vasco» salvo en el planteamiento nacionalista radical.

Tras cada atentado terrorista, siempre hay buenas almas que hablan de la «inutilidad» de la violencia. Pues bien, de la violencia puede decirse cualquier cosa menos que resulte inútil. Es por el contrario tan útil que no hay más remedio que prohibirla a los particulares (y conceder bajo estricta regulación su monopolio al Estado), porque si no todo el mundo estaría tentado de recurrir a ella. En el País Vasco, el terror sanguinario promovido por ETA y la parte de la sociedad civil que comparte su ideología totalitaria ha sido muy rentable: ha logrado, al menos en parte, domesticar a la sociedad, acallando las voces disidentes y convirtiendo en murmullo lo que debería ser un clamor de rebelión contra el régimen excluyente que pretenden imponer. Lo más vergonzoso de todo es que se ha llegado a convertir la rebelión de las víctimas en «provocación» y «crispación social», aprovechando la manipulación de los medios por ciertos informadores e intelectuales supuestamente «progresistas». Con la colaboración directa o indirecta, la pasividad al menos, del gobierno nacionalista (que siempre ha condenado la violencia pero ha procurado distinguir a los violentos como parte de los «suyos» y nunca ha renunciado a aprovechar las ventajas que la intimidación de la sociedad ofrece a sus ideas), el terrorismo etarra ha resultado rentable a muchos en el País Vasco. Merced a él han podido florecer plantas carnívoras como el llamado «plan Ibarretxe» y fenómenos de teratología política adyacentes, destinados a establecer quiénes son vascos óptimo iure y quiénes son españoles o, aún peor, «españolistas». Pero gracias precisamente a que en España existe un Estado de Derecho que protege a los ciudadanos vascos no nacionalistas y no permite que sean plenamente «judaizados», gracias a medidas políticas como el pacto Antiterrorista entre PSOE y PP, gracias a la Ley de Partidos que impide el amparo de corporaciones políticas a la violencia (¡con financiamiento público!), gracias a la energía judicial de algunos magistrados que se niegan a dejarse atemorizar o sobornar con halagos o amenazas, gracias a la cada vez mayor eficacia policial y a la colaboración entre las fuerzas de seguridad españolas y francesas, la violencia predatoria y domesticadora está siendo finalmente contrarrestada. A muy alto precio y tras demasiado largo plazo.

Esperemos que la reacción de la sociedad vasca y española en defensa de los principios constitucionales y los derechos humanos en ellos inscritos acabe en las urnas de derrotar al terror y a sus rentabilizadores oportunistas. Pero no se puede bajar demasiado pronto la guardia, porque aún falta mucho para que caiga felizmente el telón y comience en el País Vasco la auténtica normalidad democrática.

El Día de la Paz

Para acompañar un dibujo infantil así titulado

Es el día perfecto, cuyo elogio escribió hace años Peter Handke. El día en que el sol se alce para iluminar a todos por igual y nadie tiemble: el día sin odio, el día sin crimen, las milagrosas horas en las que veremos acercarse al prójimo sin aprensión ni resentimiento. El tiempo sin asesinos, el de la jubilación de las enemistades y el júbilo de la amistad. La primera jornada verdaderamente humana de los humanos, de quienes sólo quieren ser humanos pero nada menos que humanos. Entonces todos seremos padres e hijos, hermanos sin cainismo, buenos vecinos. La niña reclama ese día perfecto, nos lo exige: no piensa conformarse con menos. Pero, dentro de su utopía, no pierde el realismo: ha pintado un alba y un crepúsculo. ¡Si al menos hubiera un día como ése…! ¡Un solo día! Ahora anochece. ¿Qué sol se levantará mañana? ¿Esperamos o desesperamos?

Despedida

«Los lobos de los cuentos, porque otros no he conocido. Voy a salir a desafiarlos.

Salí. Los desafié. No vinieron. Nunca atacan de frente».

(Jonuel BRIGUE, Diario de Saorge)

FERNANDO SAVATER nació en San Sebastián y se ha dedicado a la filosofia y la literatura. Ha formado parte del Movimiento por la Paz y la No Violencia, Gesto por la Paz, el Foro Ermua y actualmente milita en la iniciativa ciudadana ¡Basta Ya!, galardonada por el Parlamento europeo con el Premio Sajarov a los Derechos Humanos.

Sus obras más conocidas, traducidas a varias lenguas, incluyen La infancia recuperada, Ética para Amador, El jardín de las dudas y Las preguntas de la vida. En 2001 publicó en Aguilar Perdonen las molestias y A caballo entre milenios.

Notas

[1] Descifrando cenizas, de Beatriz Martínez de Murguía, ed. Paidós, México 2001. 125 págs. <<

[2] Este artículo fue publicado con vistas a las elecciones municipales del 25 de mayo de 2003. <<

[3] Este artículo fue publicado antes de las elecciones municipales del 25 de mayo de 2003. <<

[4] Tras aparecer este artículo publicado en El País (octubre de 2003) recibí una carta aclaratoria de un lector. El grito contra las patatas lo recoge Galdós en sus Episodios nacionales. La inquina de los carlistas contra el tubérculo provenía de que lo consideraban un alimento "blanco", es decir, incapaz de producir la roja sangre que necesitaban para combatir esos belicosos rebeldes. <<

[5] Este artículo fue escrito después de las elecciones autonómicas catalanas de noviembre de 2003. <<