SERVICIOS DE INTELIGENCIA:

¿FUERA DE LA LEY?

Fernando Rueda

1.ª edición: marzo, 2014

© 2014 by Fernando Rueda

© Ediciones B, S. A., 2014

Consell de Cent, 425-427 - 08009 Barcelona (España)

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Para mi padre, por su complicidad eterna.

Para la abuela Paquita,

a la que tanto queremos los Rueda Gil

Prólogo

SERVICIOS SECRETOS E INFORMACIÓN

La necesidad de la información

Los procesos de decisión dependen esencialmente de tres factores: de la información que tengamos, de los sentimientos y del contexto en el que se tienen que producir. Las llamadas decisiones científicas son aquellas que se basan exclusivamente en la información. Si las decisiones acertadas son las que conducen al éxito, es obvio que poseer la información determinante en cada momento es una necesidad tanto en el plano personal como institucional.

La adquisición de la información

La adquisición de la información ha sido, es y será una preocupación permanente del ser humano. Los estados no pueden ser ajenos a esta tendencia. A medida que el mundo va siendo más complejo las necesidades de información se han ido incrementando. Hoy se puede afirmar que los estados son organizaciones con una capacidad enorme de adquirir, procesar y utilizar información.

El sistema de recogida de información ha ido mejorando de tal manera que, para poner un ejemplo, la Hacienda Pública lleva mejor las cuentas de ingresos de los ciudadanos que ellos mismos.

A pesar de lo anterior, este sistema tiene carencias y por tanto se producen vacíos informativos. Hay información que no llega por los procedimientos habituales y es cuando surge la necesidad de arbitrar formas de adquisición no convencionales capaces de rellenar esas lagunas. Es así como surgen los llamados servicios secretos de información, hoy denominados servicios de inteligencia.

La necesidad de su existencia sólo se puede justificar desde este enfoque. Sin querer minusvalorar la información que adquieren, lo que realmente les da carácter es la forma de adquisición. Es desde esta perspectiva como hay que entender estos servicios, no como los responsables de suministrar la información que necesita el Gobierno para gobernar, sino sólo aquella que por las vías normales no se puede conseguir.

Una realidad incuestionable es que la información proporciona seguridad tanto militar, como económica y social, y también superioridad respecto a quienes no la poseen. Estas razones hacen que en una sociedad competitiva como en la que vivimos es importante, por un lado, tener toda la información de nuestros competidores, contrarios o enemigos y, por otro, tratar de impedirles toda información sobre nosotros. Es así como se genera la llamada «batalla informativa», que se libra con igual intensidad en épocas de paz, de conflicto o de guerra.

En la llamada «sociedad de la información» en la que vivimos esto es una enorme contradicción: por un lado defendemos la libre circulación de la información, la transparencia y la universalidad de conocimiento y por otro establecemos limitaciones protegiendo determinadas informaciones. Ante la imposibilidad de blindar tanto la información como el conocimiento, se busca la superioridad en el ritmo de desarrollo: quienes no generen conocimiento están condenados a ir detrás de aquellos que sí lo hacen. La superioridad de Estados Unidos o de Japón y Alemania reside, en gran parte, en su desarrollo científico-tecnológico. El mantener esa superioridad supone un esfuerzo permanente en materia de investigación, y será real mientras sean capaces de realizarlo. Eso de que «investiguen ellos» es resignarse a ocupar un segundo plano permanentemente.

Si hemos desarrollado este último punto es para poner de manifiesto la existencia de esa otra vía de adquirir información que es la investigación cuyos resultados los gobiernos van a proteger. El espionaje científico e industrial es una realidad que ha ido adquiriendo cada vez mayores dimensiones y que afecta no sólo a los gobiernos, sino también a las empresas.

La reserva de información

La Unión Europea establece que se puede restringir la información en las siguientes áreas: defensa nacional, relaciones con otros estados, relaciones con organismos internacionales, asuntos comerciales, financieros y fiscales, temas referidos a la persecución y prevención de delitos, en determinados aspectos de la administración de justicia y todo aquello que viole la intimidad de las personas y haga referencia a los archivos personales y clínicos. La legislación sobre la denominada información reservada de los diferentes países recoge estos puntos y establece limitaciones a la libre circulación de la información.

Algunos de estos puntos son claros, pero otros ofrecen no pocas dudas, y quien posee esa información, aun suponiéndole buena fe, puede pecar de exceso de celo y optar por la restricción antes que por la difusión. Así se puede privar a los ciudadanos de gran parte de la información que deberían poseer. Es evidente que esto es restringir el derecho a estar informado.

El uso correcto de la información

Cualquier proceso informativo puede sufrir una serie de perversiones tanto en la adquisición como en la difusión. Este riesgo se acentúa cuando se utilizan procedimientos no convencionales y se investigan aspectos que pueden estar dentro de lo que hemos denominado zonas reservadas. El problema es el de siempre: ¿quién vigila al vigilante?

Los problemas más grave que han tenido a lo largo de los tiempos todos los servicios de inteligencia han sido los derivados de la conducta de algunos de sus agentes. Basta que uno de ellos se desvíe para que el servicio se resienta. La tentación de utilizar la información en beneficio propio, la de venderla al mejor postor, la de utilizar procedimientos no admisibles en una sociedad democrática, la de querer demostrar su poder, el chantaje, etc., son tentaciones que en algunas ocasiones aparecen con consecuencias, no siempre conocidas pero otras veces muy notorias.

Pero no son sólo los agentes, también los gobiernos a veces hacen un uso indebido de los mismos asignándoles misiones que son de dudosa legalidad.

Los mecanismos de control de estos servicios, tanto jurídicos como políticos, son más formales que efectivos. Controlar a un agente cuando su actuación está amparada por la clandestinidad es tarea casi imposible. El mejor control es el que se basa en el sentido ético y la competencia profesional de los agentes, cualquier otro mecanismo presentará siempre lagunas de consecuencias imprevisibles.

El periodismo de investigación

Decía John Stuart Mill que «revelar al mundo algo que le interesa profundamente y que hasta entonces ignoraba, demostrarle que ha sido engañado en algún punto vital para sus intereses temporales o espirituales, es el mayor servicio que un ser humano puede prestar a sus semejantes». Si aceptamos este principio, el deber principal de todos los que participan en el proceso informativo es hacer llegar al ciudadano toda la información sin limitaciones de ningún tipo. No es una misión exclusiva del periodista, también lo es de las fuentes.

Pero la realidad es que las fuentes en algunas ocasiones no proporcionan toda la información que tienen y cuando la difunden no siempre lo hacen de manera clara, concisa y en el momento oportuno. Esto ha hecho que el periodista no pueda limitarse a ser un mero mediador entre los actores de la información y sus audiencias, necesita investigar cada noticia para poder ofrecer una información completa a sus lectores y no estar sometido a los intereses de las fuentes.

Informar sobre los servicios de inteligencia es algo que casi siempre han hecho algunos de sus agentes cuando por la razón que sea dejan el servicio. Esta información muchas veces viene marcada por el resentimiento, por las frustraciones que se han ido acumulando a lo largo de los años y en algunas ocasiones por un espíritu revanchista. Muy pocas veces, por no decir nunca, por la necesidad moral de informar a la sociedad, como algunos afirman. Cuando un periodista se acerca a este mundo tiene que ser capaz de hacer algo parecido a lo que hacen los agentes, es decir: HACER INTELIGENCIA, que consiste en elaborar toda la información que puede reunir para poder ofrecer a sus lectores una historia veraz, clara, interesante e ilustrativa de una tarea concreta de los servicios. En la medida que los servicios de inteligencia sean objeto de la información, el control de los mismos será más efectivo.

Fernando Rueda ha sido un pionero en este campo. Apenas terminada su licenciatura, inició su andadura periodística en el desaparecido diario madrileño Ya, donde era responsable de los temas militares. El intento de Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y la implicación en el mismo de agentes de los servicios secretos hizo que se interesase por aquello que hasta esos momentos era un tabú informativo. Es así como fue depurando por un lado las técnicas del llamado periodismo de investigación y por otro aprendiendo a «hacer INTELIGENCIA». Esto le permitió mostrar a la sociedad española cómo eran por aquel entonces sus servicios secretos. Sin alardes, con relatos bien fundamentados tanto en prensa diaria, revistas o libros, hoy es una referencia obligada cuando se habla de periodismo de investigación y de servicios secretos. Este trabajo que hoy presenta es fruto de la madurez y una aportación importante a la democracia, que podríamos resumir diciendo: la verdadera democracia sólo existe cuando los ciudadanos pueden informarse de todo cuanto sucede.

Fernando Ripoll Molines

Coronel del Ejército (R)

Profesor de Universidad

Introducción

¿Han amparado e impulsado los gobiernos de la democracia —UCD, PSOE, PP— las actuaciones fuera de la ley de sus servicios? ¿Por qué esos gobiernos nunca han reconocido que las diferencias entre la Policía y la Guardia Civil con los servicios de espionaje son los procedimientos especiales de obtención de la información de los espías? (Por cierto, ¿son legales o ilegales esos procedimientos que les diferencian?) ¿Los gobiernos, que siempre se niegan a desclasificar documentos del Cesid-CNI, los filtran en secreto, incluso a veces los hacen públicos, para defender sus intereses más egoístas? ¿Los servicios de inteligencia, tanto en España como en el extranjero, usan a los medios de comunicación para dar salida a informaciones absolutamente falsas e intoxicadoras? ¿Quiénes son las fuentes que facilitan información a los periodistas sobre los servicios secretos? (Por cierto, ¿las fuentes que violan la ley para informar a la prensa, hablarían con los periodistas si no existiera el secreto profesional?) ¿Por qué ahora llaman servicios de inteligencia a lo que toda la vida han sido servicios secretos? ¿Por qué los espías viven peor con la democracia que con la dictadura? ¿Ha obligado la opinión pública a sus dirigentes a establecer importantes controles sobre las actuaciones del servicio de inteligencia? ¿Gobiernos de otros países actúan también fuera de la ley para proteger las acciones de sus servicios de inteligencia? ¿Sirven para algo los controles que ejercen el Gobierno, el Parlamento y los jueces sobre los servicios? (Por cierto, ¿por qué el único control real sobre los espías es el de la prensa?) ¿Tiene sentido la defensa de la seguridad nacional que esgrimen los gobiernos para impedir que se difunda información de los servicios de inteligencia? ¿Ha sido alguna vez procesado un periodista que ha escrito sobre el Cesid-CNI por violar alguno de los numerosos principios limitativos de la Ley de Secretos Oficiales? ¿Qué mueve a los profesionales del espionaje a renunciar a su compromiso de silencio para denunciar ilegalidades y a jugar con la posibilidad de acabar en prisión? ¿Podría desclasificarse una gran parte de los documentos del CNI sin poner en riesgo la seguridad nacional? ¿Cómo manipulan los servicios de inteligencia a los periodistas? ¿El Estatuto de Personal del CNI es inconstitucional? ¿Los gobiernos de los últimos veinticinco años han coincidido en confundir el Estado y su seguridad con la seguridad de algunas personas relacionadas con ellos y sus eventuales responsabilidades políticas y penales? ¿Por qué habiéndose destapado tantas ilegalidades en España, han sido tan pocos los agentes condenados en los tribunales?

En 1977, hace ya más de un cuarto de siglo, por iniciativa del teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, se creó en España el Cesid. Desde esa fecha y hasta la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al palacio de la Moncloa, muchos de los avatares más importantes ocurridos en España han tenido que ver con el servicio de inteligencia, actualmente llamado CNI, y la inmensa mayoría ha contado con su participación.

Lo que van a leer es la investigación, descripción y análisis de las operaciones más destacadas de los servicios de inteligencia en España desde esa época y algunas otras ocurridas en diversos países occidentales. Verán claramente que no hay ninguna diferencia entre lo que acontece en nuestro país y lo que pasa en Alemania, Francia o Argentina.

Voy a tratar de poner sobre la mesa nuevos datos y estudiar esos hechos que han marcado la vida de España y de algunos otros países para intentar descubrir el comportamiento de sus más altas instituciones. Cuando se habla de servicios secretos muchos siguen sintiendo miedo; otros, desconfianza; y algunos, es verdad que cada día más, cariño y admiración.

Los servicios de inteligencia de todo el mundo actúan con una enorme libertad, traspasando con frecuencia las barreras que establecen las leyes vigentes. Los gobiernos amparan estas actuaciones porque se producen en beneficio de sus intereses, ya sean como dirección del país o como ciudadanos particulares. Los periodistas de investigación buscan ansiosamente las informaciones sobre comportamientos ilícitos para publicarlas, que la opinión pública las conozca y puedan corregirse las desviaciones. Los legisladores, con más o menos órganos de control en sus parlamentos, tienen una actuación preventiva inocua, que se convierte a posteriori de los escándalos en bastante activa. Los jueces están prestos a recibir las denuncias periodísticas, pero su trabajo suele concluir archivado ante la falta de colaboración de los gobernantes.

Servicios de inteligencia, gobiernos, legisladores, jueces y periodistas son cinco de los principales protagonistas de la historia que les voy a contar. No está de más que les anticipe algunas claves para entenderla.

ESCONDER EL TRABAJO DEL CNI

Tradicionalmente los espías trabajaban para servicios secretos, denominación que dejaba clara su principal característica: su ocultismo. Pero el avance de la democracia en Occidente llevó a sus gobernantes a buscar un término más amable que escondiera su verdadera dimensión, que no tenía mucho sentido en un sistema en el que teóricamente los ciudadanos tienen derecho a conocer todo lo que pasa. Así que recurren al término «Inteligencia», que es, según el Manual de Inteligencia¹ —uno de los libros del Cesid de circulación restringida y limitada para los agentes en formación—, «la información elaborada de interés para la toma de decisiones relativas a la defensa nacional».

El término «inteligencia» es un gran eufemismo. La necesidad de reconocer la existencia de estos servicios es lo que ha motivado la búsqueda de esa terminología amable (qué palabra puede ser más amable que «inteligencia»). Y también el deseo de marcar unos fines lo suficientemente ambiguos para no tener que encorsetar sus acciones.

Todas las definiciones que podemos encontrar en diccionarios y libros de espionaje hablan de los fines que tienen los espías, pero obvian los procedimientos que utilizan para conseguir la información. Sin embargo, los servicios están marcados, no por los fines, sino por los procedimientos, ya que en esencia lo que tratan es de obtener información secreta, que no va a ser divulgada y que sólo van a poseer determinadas personas. Esto explica su existencia y las enormes dificultades que encuentran en las democracias, en donde es necesario explicar muchas veces no sólo lo que se ha sabido, sino cómo ha podido uno saber aquello que dice. Así ocurrió con la información obtenida por el CNI sobre los contactos entre el dirigente de ERC, Josep Lluís Carod Rovira, y dos dirigentes de la cúpula de ETA. Tras la difusión de la historia, se pidieron explicaciones sobre la forma en que el servicio de inteligencia había tenido conocimiento de la información.²

La ilegalidad de sus actuaciones es algo intrínseco al servicio, a pesar de que sistemáticamente lo niegan. Según el citado Manual de Inteligencia, «agente es la persona especialmente adiestrada para realizar actividades secretas, legales o no, en beneficio y bajo la dirección de un servicio de inteligencia al que puede pertenecer o no. Normalmente recibe contraprestación económica».

Es importante aclarar que en el presente libro vamos a intentar desnudar al actual CNI, pero las mismas afirmaciones vertidas sirven para los servicios occidentales y una gran parte de ellas para los servicios de información integrados en los distintos cuerpos policiales españoles. La Policía, la Guardia Civil y la Policía Autónoma Vasca disponen de pequeños, pero muy operativos, servicios de información, especializados en diversas materias, principalmente relacionadas con el terrorismo, el narcotráfico y delitos organizados.

La evolución del Cesid desde su creación en 1977 hasta el actual CNI de 2005 podemos verla rápidamente estudiando las leyes que han marcado su actuación. Es el paso de un servicio nacido con una mentalidad casi de dictadura hasta otro plenamente integrado en la democracia. Ha sido, sin duda, un gran éxito, porque nada puede escapar al control en un régimen de libertades. Pero para los agentes esa transformación ha sido una verdadera pesadilla, no porque no quieran vivir en una democracia, sino porque su trabajo se ve dificultado con tanta transparencia y vigilancia.

Cuando Gutiérrez Mellado, vicepresidente para Asuntos de la Defensa, crea el Cesid en julio de 1977, lo hace con una norma de bajo rango legal y espera cuatro meses para establecer su composición y misiones, utilizando el Real Decreto 2723/77, de 2 de noviembre, que regula la estructura orgánica y funciones del Ministerio de Defensa. Es decir, crea un servicio secreto integrado en el Ministerio de Defensa, cuando en toda Europa la tendencia era hacerlo depender de la Presidencia del Gobierno. Gutiérrez Mellado se propuso crear un único servicio de inteligencia con carácter nacional y lo que levantó, leyendo el Real Decreto, fue un único servicio pero claramente militar. Al mes siguiente, mediante una orden se creó la estructura del servicio, que tendría tres divisiones: Inteligencia Interior, Inteligencia Exterior y Técnica. Su primera sede estuvo en el número 5 del céntrico Paseo de la Castellana, de Madrid, compartiendo paredes con el Ministerio del Interior. Eso sí, la mayor parte de sus agentes estaban distribuidos por pisos operativos repartidos por toda la capital.

Esto fue lo que se hizo en los gobiernos de Adolfo Suárez. Tras la intentona golpista del 23-F y la llegada a la Moncloa de Leopoldo Calvo Sotelo, las sospechas sobre la participación del Cesid y su inoperancia para prevenir el golpe, llevaron a la aprobación del Real Decreto 726/1981, de 27 de marzo, en el que se encargaba al Centro la misión de prevenir informativamente cualquier comportamiento de los militares que se saliera del marco constitucional. Además, tras los dos generales que lo habían dirigido desde su creación, se bajaba el rango exigible para permitir el nombramiento del teniente coronel Emilio Alonso Manglano.

La Orden Ministerial 135/1982, de 23 de octubre —cinco días antes de las elecciones que perdió la UCD y ganó el PSOE—, firmada por el ministro de Defensa, Alberto Oliart, finalmente hacía depender funcionalmente al Cesid del presidente del Gobierno, aunque orgánicamente lo siguiera haciendo del ministro de Defensa. Especificaba genéricamente las misiones —comenzaba a sacar a los espías de las catacumbas—, que ahora correspondían a cuatro departamentos: Inteligencia Exterior, Inteligencia Interior, Contrainteligencia y Economía y Tecnología. Otro importante avance fue referente a la figura del director, al que ya no se le exigía ser militar y se le concedía la categoría de director general. Emilio Alonso Manglano nunca más volvería a vestir el uniforme castrense.

Otro paso más en la «civilización» del Centro fue abrir las puertas no sólo a militares y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sino también a cualquier ciudadano civil.

Como todos los gobiernos de la democracia, el primero de Felipe González no tardó mucho en hacer sus cambios en el Cesid. El ministro de Defensa, Narcís Serra, impulsó el Real Decreto 2632/1985, de 27 de diciembre. Lo civilizaba un poco más al poner subdirectores generales al mando de cada división y crear diversos órganos, entre los que tendrían una especial relevancia posteriormente la Jefatura de Apoyo Operativo y el Servicio de Seguridad.

Durante la etapa socialista se produjeron cambios importantes: se levantó una sede propia en el kilómetro 8,8 de la Autovía A-6, se aumentó considerablemente el número de agentes y se creó una destacada red de espías en el extranjero.

Las leyes que vinieron posteriormente estuvieron marcadas por lo que el propio CNI en su página web especifica:³ «La etapa de expansión y consolidación del Cesid se vio temporalmente enturbiada a consecuencia de una sustracción de información clasificada con fines de utilización política que motivó justificadas críticas contra el Servicio.» Una acusación contra Juan Alberto Perote, jefe del Grupo de Apoyo Operativo, que había tenido en su poder unos documentos que posteriormente aparecieron publicados en diversos medios de comunicación.

El cese de Alonso Manglano el 7 de julio de 1995, a causa del escándalo producido por el conocimiento de las escuchas ilegales del Cesid a importantes personajes de la vida pública nacional, supuso nuevos cambios. El más importante fue la aprobación del Real Decreto 1324/1995, de 26 de julio, con el que se ponía en marcha el primer Estatuto de Personal. Esta norma pretendía que todos los trabajadores del Cesid, fuera cual fuese su procedencia, quedaran sometidos al mismo régimen de personal.

De ese Estatuto de Personal podemos destacar algunos aspectos especialmente controvertidos:

– El personal designado para ocupar un puesto del Centro podrá ser cesado libremente en el desempeño del mismo (art. 4.3).

– El personal que preste servicios en el Centro Superior de Información de la Defensa tendrá derecho a obtener la protección y el respaldo del Centro respecto a su actuación regular como miembro del mismo, asumiendo aquél la responsabilidad patrimonial en que pudiera haber incurrido por las acciones u omisiones que le hayan sido legítimamente ordenadas, haciéndose cargo de la oportuna asistencia letrada (art. 25.c.).

– El personal del Cesid estará obligado a:

[…] Cumplir estricta, leal, imparcial y diligentemente las obligaciones propias del servicio, acatando fielmente las órdenes emanadas de sus superiores jerárquicos.

[…] Evitar que su vida privada y pública ocasione vulnerabilidades para las funciones encomendadas al Centro.

– El Centro podrá exigir a su personal cuanta documentación considere oportuna y en concreto la relativa a los siguientes extremos:

• Las declaraciones tributarias correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y al Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio.

• Los bienes y derechos patrimoniales que posea.

• Los valores o activos financieros negociables.

• Las participaciones societarias.

• El objeto social de las sociedades de cualquier clase en las que tenga intereses (art. 41).

– El personal del Centro Superior de Información de la Defensa estará obligado a guardar el secreto profesional y estricta reserva sobre los asuntos que conozca sobre la organización, fuentes, medios, instalaciones y actividades del Centro, así como sobre la existencia y el contenido de documentos, identidades, objetos o elementos relacionados con los anteriores aspectos de los que tenga conocimiento. Tampoco podrá revelarlos ni comunicarlos a ninguna persona, ni tenerlos en su poder sin la previa autorización expresa del director. Esta obligación tiene carácter permanente y por lo tanto será de aplicación con carácter indefinido incluso cuando se haya cesado en el Centro.

El Estatuto de Personal, según mi opinión, es claramente inconstitucional. Las libertades establecidas en la Constitución en los artículos 10 al 30 son aquí pisoteadas reiteradas veces. Si la Constitución prevé que algunos de estos derechos pueden ser restringidos a las Fuerzas Armadas, al pasar el Cesid a ser un órgano civil sus componentes no tienen las limitaciones que antes se podían restringir en su calidad de militares.

Además, resultan chocantes asuntos como que el propio Cesid establezca que asumirá «la responsabilidad patrimonial en que pudiera haber incurrido por las acciones u omisiones que (al agente) le hayan sido legítimamente ordenadas», un asunto que recuerda al controvertido tema de «la obediencia debida», teóricamente superada tras el juicio contra los implicados en la intentona golpista del 23-F.

Durante la época del general de división Félix Miranda, que sustituyó a Emilio Alonso Manglano, además del Estatuto de Personal y de la creación de la figura del secretario general (Real Decreto 1169/1995, de 7 de julio), se aprobó el Real Decreto 266/1996, de 16 de febrero, que procedía de «la conveniencia de potenciar la seguridad del Centro y de sus controles internos» que habían sido puestos de manifiesto en los últimos tiempos. Además, para evitar la deriva que supuso tener catorce años a Alonso Manglano, se aprobó un tope de cinco para el puesto de director.

Un año más tarde, en mayo de 1996, poco después de la formación del Gobierno del Partido Popular, presidido por José María Aznar, se produjo un nuevo relevo en la dirección del Cesid, siendo nombrado para el cargo el teniente general Javier Calderón.

La última gran reforma todavía tardaría una legislatura en ser aprobada. Con la segunda victoria del PP en unas elecciones generales llegó una nueva vuelta de tuerca al espionaje. El Real Decreto 741/2001, de 29 de junio, aumentaba el rango del director general del Cesid a secretario de Estado y, al mismo tiempo, el Real Decreto 755/2001 de la misma fecha, nombraba para el puesto a un civil, el primero en la historia del espionaje español. Era el embajador Jorge Dezcallar.

Menos de un año después, el Gobierno procedía a una profunda modernización del espionaje, que incluía el nombramiento de una mujer, María Dolores Vilanova, como secretaria general.

La Ley 11/2002, de 6 de mayo —por primera vez se utiliza una disposición de ese rango— regula el nuevo Centro Nacional de Inteligencia, que sustituye al Cesid y que se configura como Organismo Público Especial. Sus intenciones son claras: «La sociedad española demanda unos servicios de inteligencia eficaces, especializados y modernos, capaces de afrontar los nuevos retos del actual escenario nacional e internacional, regidos por los principios de control y pleno sometimiento al ordenamiento jurídico.»

Como gran novedad, la Ley contempla el control parlamentario del CNI. Prevé que sea la Comisión que vigila los créditos destinados a gastos reservados la que efectúe la inspección de las actividades del Centro, conociendo los objetivos que hayan sido aprobados por el Gobierno y un informe anual sobre el grado de cumplimiento de los mismos y de sus actividades.

Otros puntos destacables son los siguientes:

– El Gobierno determinará y aprobará anualmente los objetivos del Centro Nacional de Inteligencia, mediante la Directiva de Inteligencia, que tendrá carácter secreto (art. 3).

– Las actividades del Centro Nacional de Inteligencia, así como su organización y estructura interna, medios y procedimientos, personal, instalaciones, bases y centros de datos, fuentes de información y las informaciones y datos que puedan conducir al conocimiento de las anteriores materias, constituyen información clasificada, con el grado de secreto, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación reguladora de los secretos oficiales y en los acuerdos internacionales o, en su caso, con el mayor nivel de clasificación que se contemple en dicha legislación y en los mencionados acuerdos (art. 5.1).

– El CNI podrá disponer y usar medios y actividades bajo cobertura, pudiendo recabar de las autoridades legalmente encargadas de su expedición las identidades, matrículas y permisos reservados que resulten precisos y adecuados a las necesidades de sus misiones (art. 5.3).

– Para el cumplimiento de sus funciones, el CNI podrá llevar a cabo investigaciones de seguridad sobre personas o entidades en la forma prevista en esta ley. Para la realización de estas investigaciones podrá recabar de organismos e instituciones públicas y privadas la colaboración precisa (art. 5.5).

Paralelamente a esta ley, en el mismo Boletín Oficial del Estado apareció publicada la Ley Orgánica 2/2002 que regula, también por primera vez, el control judicial previo del CNI. Según se establece, el secretario de Estado director del CNI deberá solicitar al magistrado del Tribunal Supremo competente autorización para la adopción de medidas que afecten a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones, siempre que tales medidas resulten necesarias para el cumplimiento de las funciones asignadas al Centro. Para evitar los problemas anteriores que desprestigiaron a su predecesor en el cargo en 1995, en el caso de las escuchas telefónicas, se especifica que el director deberá ordenar la inmediata destrucción del material relativo a todas aquellas informaciones que no guarden relación con el objeto o fines de la investigación.

Posteriormente, el Gobierno aprobó dos Reales Decretos sobre la estructura orgánica y el régimen económico presupuestario, y el 27 de febrero, el Real Decreto 327/2004, por el que se modificó el Estatuto de Personal.

El nuevo Estatuto mantiene todas las normas conflictivas señaladas anteriormente y añade al polémico artículo 25.c, que he relacionado con la obediencia debida, un nuevo párrafo que habla de que «en el curso de las diligencias judiciales que puedan derivarse a consecuencia de su actuación en el ejercicio de sus funciones, […] el Centro Nacional de Inteligencia asumirá la satisfacción de la responsabilidad civil en la que pudieran haber incurrido las autoridades y demás personal al servicio del Centro Nacional de Inteligencia a consecuencia de hechos derivados de su actuación en el servicio».

Este Estatuto pone punto y final, hasta el momento, a la base legal que sustenta al servicio secreto español y que nos ha servido para explicar qué es y cómo funcionan los espías españoles.

LOS INTERESES ESPURIOS DE LOS GOBIERNOS

Los servicios de inteligencia dependen de los gobiernos, que son los que les dictan los asuntos que son de su interés y deben investigar y, dentro de ellos, les marcan las prioridades, para que distribuyan adecuadamente sus energías. Después, los gobiernos son los receptores exclusivos de la información, que les debería permitir adoptar sus decisiones ejecutivas con la máxima ventaja posible.

El mando político directo sobre el Cesid-CNI ha ido cambiando en la democracia, algo al menos sospechoso. Tras su fundación, el vicepresidente del Gobierno para Asuntos de la Defensa, Manuel Gutiérrez Mellado, era el que mayor control ejercía sobre el Cesid, dejando en un segundo lugar al ministro de Defensa. Más tarde, con la salida del militar del Gobierno de la UCD, ese mando se lo quedó Alberto Oliart, aunque el presidente Leopoldo Calvo Sotelo impulsó personalmente el trabajo del servicio, para el que designó a un viejo conocido suyo, Emilio Alonso Manglano.

Con la llegada del gabinete socialista, la jefatura política del servicio secreto se la quedó el ministro Narcís Serra, que la mantuvo durante toda su etapa en Defensa, sin permitir ese control directo ni al vicepresidente Alfonso Guerra ni al presidente Felipe González. Incluso cuando González despachaba habitualmente con Alonso Manglano, encargándole y recibiendo información directa de él, la responsabilidad política seguía en Serra. Éste se la llevó a la Vicepresidencia cuando fue designado para el puesto, quitándosela al ministro de Defensa Julián García Vargas, a pesar de que las leyes vigentes se la daban a él. La dirección política poco clara provocó que al producirse el escándalo de las escuchas telefónicas a altos representantes del Estado, primero dimitiera el director del Cesid y después el ministro de Defensa y el vicepresidente del Gobierno.

Con el Partido Popular el presidente del Gobierno adquirió más responsabilidad, pero dejando que el primer responsable fuera el ministro de Defensa. Y así siguen las cosas. Siendo el CNI un organismo de información del Estado, lo lógico sería que dependiera directamente del presidente del Gobierno, quien para los asuntos diarios podría nombrar un responsable ejecutivo directo. Porque, de hecho, es al presidente al que sirve básicamente. No tiene sentido que siga dependiendo del Ministerio de Defensa, cuando ya no es militar, y la inteligencia que producen es casi exclusivamente de otro tipo de materias. El motivo de esa dependencia es evitar que en caso de que se produzca un escándalo —como ocurre periódicamente en España y en otros países occidentales— la responsabilidad política por los hechos ilegales alcance al presidente del Gobierno.

El inconveniente surge cuando algunas de las actuaciones ilegales del servicio de inteligencia son destapadas por la prensa. Un editorial del diario El País decía lo siguiente el 1 de febrero de 1994:⁴ «Las tareas que los Estados encomiendan a sus servicios secretos cuentan con una protección legal especial y con garantías sobreañadidas que, por lo general, nadie cuestiona. La sociedad suele mostrarse comprensiva con el hecho de que las reglas del juego para estos servicios no sean exactamente las mismas que las vigentes para el resto de los órganos del Estado. Pero ello no exime a los poderes públicos (Parlamento, Gobierno y jueces) y a la sociedad en su conjunto de vigilar atentamente para que tales protecciones y garantías sirvan para lo que están (la defensa de los legítimos intereses del Estado) y no sean cobertura y pretexto para actividades ilegales. Ni siquiera sería permisible que esas tareas dieran lugar a algún tipo de beneficio gubernamental en el sentido de que sirvieran a los fines propios del partido que controla el Gobierno y administra el Estado. Mucho menos que no se investiguen ni se sancionen cuando, por una u otra causa, surge a la luz algún indicio que hace sospechar de su distorsión.»

Los responsables políticos del espionaje tratan de evitar permanentemente los escándalos que acarrea en la sociedad el conocimiento de las actuaciones fuera de la ley de sus servicios de inteligencia, y se refugian detrás de la idílica idea de que el espionaje está para defender los intereses supremos del país, olvidándose de que la legalidad también forma parte de las normas de cualquier nación democrática. Este tipo de informaciones se produjo, por ejemplo, en Estados Unidos e Inglaterra, con el espionaje a los altos mandatarios de la ONU durante el conflicto de Iraq⁵ y, en España, cuando se descubrieron micrófonos en la sede de Batasuna, mientras todavía era un partido legal.⁶

La respuesta habitual de los gobiernos se basa en la negativa a comentar asuntos relacionados con el espionaje —«Yo nunca hablo de esas cosas», fue la respuesta del entonces presidente Aznar tras el espionaje del Cesid a Carod Rovira, similar a una anterior en otro caso del primer ministro Blair—, como si fueran temas que no afectaran a los intereses de la opinión pública.

En otras ocasiones, la osadía ha llegado a niveles inimaginables en una democracia. En 1998, el ministro Eduardo Serra aseguró sobre las escuchas ilegales a Herri Batasuna que «el servicio de información informa de lo que conoce, pero no de cómo lo ha conocido» y «no se establece ni se consignan los medios [de espionaje] a utilizar cuyo conocimiento está clasificado como secreto y de los que no tiene por qué tener conocimiento el Gobierno». Dicho con otras palabras: el Gobierno no quiere saber los métodos de los espías, por lo que si algo falla, no son responsables de nada. Obviamente, una aberración democrática que no se puede permitir.

Y es que los gobiernos, para proteger su buen nombre y honor, son capaces de mentir hasta el momento en que aparecen sobre la mesa las pruebas incriminatorias. Y aun en ese momento, siempre encuentran resquicios para repartir las responsabilidades y que no afecten al máximo representante del ejecutivo.

El poder político utiliza a veces ilegítimamente las informaciones facilitadas por los servicios de inteligencia. Los gobiernos reciben la información del espionaje con el fin de poder utilizarla para adoptar las decisiones políticas más convenientes para el Estado, pero la lucha entre partidos les lleva en ocasiones a lanzarla contra sus adversarios electorales. Esto fue lo que hizo el Gobierno de José María Aznar en el caso de la entrevista entre el dirigente de ERC, Carod Rovira, y dos miembros de la cúpula de ETA. O lo que hizo el Gobierno de Felipe González filtrando el dossier secreto elaborado por el Cesid sobre la vida pública y privada del agente Juan Alberto Perote, para desacreditarle y mostrar las felonías de los ataques que estaba recibiendo por parte de la oposición.⁷

La historia de la democracia española está plagada de ejemplos en los que los gobiernos han defendido con cualquier medio a su alcance el derecho —para ellos deber— a que no se conocieran oficialmente los documentos del servicio de inteligencia, lo que se ha llamado «desclasificación». Pero todas las razones alegadas de «seguridad nacional» o «razón de Estado», se vinieron al traste, como veremos, después de los atentados del 11-M. El Gobierno del PP, cuando ya había perdido las elecciones generales, desclasificó dos documentos del CNI con el único y «poderoso» argumento de «demostrar su inocencia, honorabilidad y transparencia».⁸ Argumentos casi ridículos si los comparamos con los esgrimidos por varios jueces en los últimos veinte años: la necesidad de imponer la ley. Uno de esos casos fue la muerte de la etarra Lucía Urigoitia en circunstancias no aclaradas. La publicación de una nota interna del Cesid en el diario El Mundo aportaba datos muy valiosos, y leyendo su contenido se comprobaba que no afectaba ni a la defensa nacional, ni a la seguridad de agentes o fuentes. Los únicos afectados habrían sido los que participaron en el delito, los que lo incitaron o los que conociéndolo, o les pareció bien o no lo impidieron. A pesar de todo, el Gobierno de Felipe González peleó para no desclasificarlo.⁹

Porque otra constante en nuestra democracia es la falta de respaldo de los gobiernos a la labor de los jueces en este tipo de procesos. Siempre han intentado torpedear los sumarios abiertos tras producirse denuncias periodísticas sobre irregularidades de los servicios de inteligencia.

Los gobiernos en muchas ocasiones se aprovechan del silencio que imponen a los responsables de los servicios de inteligencia para hacer caer sobre sus hombros la culpabilidad de algunos de sus fracasos o manipulaciones. Algo que quedará patente no en uno, sino en la mayor parte de los casos que relataré más adelante.

Con respecto a la prensa, es importante destacar que los cargos políticos se quejan ardientemente de las informaciones desveladas por los periodistas de investigación sobre los servicios de inteligencia siempre que su publicación les perjudica, pero guardan silencio o se aprovechan de los datos descubiertos cuando la difusión les beneficia.

Es conveniente echar una mirada fuera de nuestras fronteras. Los gobiernos de los países occidentales mantienen una actitud casi idéntica ante los conflictivos asuntos del espionaje. Pretenden que los servicios les faciliten el máximo de información, pero cuando son descubiertos en una ilegalidad niegan estar al tanto de la operación y aseguran desconocer los métodos empleados. Además, excepto que sea absolutamente imprescindible por una contundente y crítica presión de la opinión pública, evitan cesar a los responsables de su servicio de inteligencia. El hundimiento del buque de Greenpeace Rainbow Warrior por el espionaje francés y el montaje del plutonio por el espionaje alemán son dos buenos ejemplos que demostrarán lo dicho.¹⁰ No es muy gratificante, pero las actitudes evasivas de los gobiernos españoles en este tema son iguales a las de sus colegas occidentales.

DIPUTADOS FUERA DE JUEGO

Los legisladores, diputados y senadores han tenido poco que decir sobre los servicios de inteligencia en estos años de democracia. El gobierno se lo trajinaba todo pasando de ellos. Su papel ha sido de meros comparsas, a los que se les ha dejado fuera de juego.

En ocasiones, para disimular algo tan incomprensible como que los legítimos representantes del pueblo español no contaran para nada, los gobiernos aceptaban la comparecencia parlamentaria en comisión reducida, a veces a puerta cerrada, del director del Cesid-CNI o del ministro de Defensa, para informar sobre asuntos de especial controversia.

Esta situación carecía de sentido. En todos los países occidentales existen comisiones específicas en sus parlamentos para controlar las actividades de los servicios de inteligencia. Un control algo alejado de la realidad, pero control al fin y al cabo. En España, el Gobierno de Felipe González pasó ampliamente del Congreso, mientras continuamente los partidos de la oposición, encabezados por el PP, pedían reiteradamente su derecho a controlar las actividades de los espías. Cuando José María Aznar alcanzó el poder, se olvidó durante sus primeros cuatro años de mandato de todo lo que habían solicitado en la oposición. Finalmente, en la segunda legislatura, en la ley de creación del CNI quedó plasmado ese control parlamentario. Habían pasado veinticinco años, pero finalmente había llegado.

El control se establece a través de la reducida Comisión que inspecciona los créditos destinados a gastos reservados. Hasta el momento, el trabajo de ese grupo de diputados es bastante escaso y de poca utilidad práctica. Mientras no dispongan de la capacidad de controlar el resultado de su trabajo y de escuchar a cualquier jefe del CNI cuando se conozcan informaciones que produzcan preocupación en la opinión pública, su utilidad será prácticamente nula.

El mejor ejemplo de lo dicho es que las apariciones de diputados y senadores en los casos más importantes que se han producido en España durante la democracia son bastante escasas. Además, han sido muy pocos los parlamentarios españoles verdaderamente preocupados por los asuntos del espionaje, lo que les ha impedido ejercer un control relevante. Cuando el PP estaba en la oposición, varios de sus dirigentes se tomaron el tema con cierta preocupación, pero al pasar su partido al Gobierno desaparecieron esas ansias de fiscalizar. Diputados de Izquierda Unida como Antonio Romero o Willy Meyer, que sí se interesaron por controlar a los servicios de inteligencia, terminaron dedicándose a otras tareas políticas. Ahora mismo el panorama es desolador.

BARRERAS CONTRA LOS JUECES

A muchos les puede parecer una locura y posiblemente lo sea. Cuando se creó el Cesid a nadie se le habría ocurrido pensar que un servicio de inteligencia debiera pedir autorización a un juez para llevar a cabo sus misiones más arriesgadas. Algo así habría matado de risa a cualquier agente. Y más a los de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales, la elite entre la elite, cuyo lema es «las misiones difíciles ya están hechas, las imposibles son las que hay que hacer».

Nadie especulaba en los años posteriores a la muerte del general Franco con que pudieran existir unos servicios secretos que fueran controlados por alguien diferente al poder, entendiendo poder en un sentido bastante difuso, mezcla de Gobierno, Fuerzas Armadas, ultraderecha y fuerzas ocultas, cuyos hilos quizá fueran movidos por banqueros, terratenientes o mafias organizadas.

Eran ideas de una dictadura. El transcurrir de la democracia llevó aparejado el nacimiento del control de la prensa, y el consiguiente conocimiento por la opinión pública de los excesos e ilegalidades que cometían los servicios. Entradas en domicilios privados por motivos espurios, escuchas telefónicas a numerosas personalidades sin justificación aparente o compra de informes a cargo de los fondos reservados saltándose lo establecido en la ley fueron casos que se repitieron con demasiada frecuencia.

La sociedad empezó a pedir que esas acciones no se repitieran, que alguien controlara los excesos del servicio de inteligencia. Que una cosa era que debieran hacer determinadas operaciones y otra que utilizaran la confianza depositada por el pueblo para realizar trabajos fuera de la ley.

Finalmente, veinticinco años después de su creación, en 2002, el Gobierno de Aznar aprobó la Ley Orgánica 2/2002, al efecto de controlar las actividades del CNI que afecten a los derechos fundamentales recogidos en la Constitución: la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones.

Esta decisión, en contra de lo que pudiera parecer, no perjudicaba al CNI, sino que suponía un apoyo legal a sus actuaciones. Hasta ese momento, nada les amparaba, porque la ley establecía la posibilidad de investigar acciones cuando existía la presunción de un delito, mientras que la labor de espionaje es anterior en la mayor parte de los casos a ese momento.

Actualmente, un magistrado del Tribunal Supremo es el responsable de autorizar las entradas en domicilios y las escuchas telefónicas. Pero únicamente de aquellas que deseen sus directores. ¿Qué ocurriría si el servicio quisiera volver a colocar micrófonos ocultos en la sede de un partido legal, como cuando lo hizo con Batasuna, sospechoso de apoyar a grupos terroristas? Queda la duda sobre si el director del CNI le pediría autorización al magistrado del Supremo o si optaría por ocultárselo. Y, si se lo solicitara, ¿qué haría el magistrado?

La otra faceta de los jueces ha sido su intervención en procesos judiciales en los que han participado directa o indirectamente agentes del CNI. En los casos que contaremos sobre la muerte de la etarra Lucía Urigoitia y el descubrimiento de las escuchas a Batasuna en su sede de Vitoria, los jueces lucharon denodadamente por investigar lo que sabía el Cesid y cuál había sido su participación. Pero el Gobierno siempre colocó todas las barreras posibles y casi las imposibles para proteger a su servicio. Fueron dos casos de clara violación de la ley, pero los jueces tuvieron que rendirse a las trabas gubernamentales. En el caso de la «cintateca» del Cesid —espionaje indiscriminado a las más altas autoridades del Estado— hubo mayor colaboración, pero fue debido a que previamente tuvieron que dimitir por su responsabilidad política en el caso el director del Cesid, el ministro de Defensa y el vicepresidente del Gobierno. Las autoridades ayudaron, pero para tratar de garantizar el escarmiento a los que habían osado sacar a la luz los trapos sucios del servicio.

En otros países, los jueces son igual de activos, pero también con idénticos problemas. En Alemania, el montaje del plutonio —el espionaje germano se inventó una venta falsa de plutonio que llevó a la cárcel a tres empresarios, dos de ellos españoles—, se convirtió en un escándalo, pero los responsables de la treta no pudieron ser juzgados.

EL PAPEL DE LOS PERIODISTAS

«Estoy convencido de que el buen sentido del pueblo resultará ser, siempre, el mejor ejército. Se puede extraviar por un momento, pero muy pronto encontrará el camino. El pueblo es el único censor de quienes lo gobiernan; y aun sus errores tenderán a mantener a los gobernantes fieles a los principios de sus instituciones. Castigar estos errores con demasiada severidad, suprimiría la única salvaguardia de la libertad pública. La manera de evitar estas irregulares intromisiones populares es la de proporcionar información completa acerca de su gestión, por conducto de los periódicos, y procurar que éstos lleguen a la masa del pueblo. La base de nuestro Gobierno es la opinión pública: entonces el principal objetivo debería ser mantenerla en el camino recto; y si se me diera a elegir entre tener un Gobierno sin periódicos o periódicos sin Gobierno, no dudaría ni un momento en inclinarme por lo segundo.»¹¹ Esta cita, perteneciente al que fuera presidente de Estados Unidos Thomas Jefferson, es una muestra clara y rotunda de que el periodismo es absolutamente imprescindible para el desarrollo de las democracias.

Las dictaduras son regímenes en los que las corrientes de opinión están controladas férreamente por los seguidores más fieles al dictador y en los que se priva a los ciudadanos de su derecho a recibir información libre. Por el contrario, como señala claramente el periodista norteamericano Jack Anderson, uno de los investigadores más prestigiosos del periodismo de Estados Unidos, «en una democracia el pueblo tiene todos los derechos de conocer lo que afecta a sus intereses».

El periodismo de investigación es obvio que se desarrolla mucho mejor en las democracias que en las dictaduras, pero esto no significa que dentro de los regímenes autoritarios no tenga también una cierta presencia.

El problema esencial de cualquier régimen político son los mecanismos de control que se establecen para que los fines y objetivos del mismo se cumplan. La pregunta que nos debemos formular es en quién reside la soberanía.

En las dictaduras la soberanía reside en el dictador y es él quien establecerá los mecanismos de control para conseguir sus fines. La prensa puede ser controlada de dos maneras: mediante la censura o bien mediante la propiedad de los medios.

En la época franquista se activaron los dos mecanismos. Por un lado se estableció un sistema de censura previa y por otro el Estado se convirtió en el mayor propietario de medios de comunicación a través de la llamada Prensa del Movimiento, el monopolio de la televisión y su participación en la radio.

En la Unión Soviética no existió la censura: todos los medios de comunicación pertenecían al Estado, por lo que no hacía falta. Porque, aunque parezca paradójico, la existencia de la censura lleva implícito un cierto grado de libertad.

La columnista de El País Rosa Montero¹² considera que «no hay mejor defensa contra los abusos del poder que la información», que «la prensa es una de las mayores garantías de libertad democrática» y que «las dictaduras sí silencian a los periodistas, por supuesto: es lo primero que hacen. Nosotros hemos salido hace apenas veinte años de esa prensa callada del franquismo, y ahora, como para contrarrestar, estamos en pleno guirigay. Chillamos mucho ahora los periodistas, de eso no cabe duda. Pero gracias a los chillidos nos estamos enterando de quiénes somos y de qué hemos hecho; de las muertes, de los robos y de la proliferación de los canallas».

En las democracias, la soberanía reside en el pueblo y para poder ejercerla con responsabilidad debe estar informado. No se trata por tanto sólo de un derecho, sino de una necesidad para que esa soberanía tenga sentido.

Es de esta forma como hay que entender la cita de Jefferson. Los gobiernos son delegados del pueblo soberano y no pueden ni deben suplantar en ningún momento la voluntad popular.

Estados Unidos ha sido el país precursor en la defensa de este derecho. Como explica Montserrat Quesada,¹³ «los norteamericanos consideran que la supervivencia de su democracia solamente se puede garantizar si el pueblo participa en el sistema y para ello debe comprender perfectamente el funcionamiento de su sociedad. Ésta es la base de su sistema político, donde los ciudadanos —aquellos que no tienen de profesión la política— rinden servicio a su país desempeñando temporalmente funciones de jueces, comisarios, fiscales, etc. Y, por supuesto, este conocimiento del funcionamiento de su sociedad solamente es posible si la prensa se mantiene activa e imparcial, para lo cual es imprescindible que la prensa tenga credibilidad y esto sólo se consigue con muchos años de libre ejercicio del derecho a la información y, naturalmente, con una sólida tradición periodística en este sentido».

En el sistema político se establece una serie de mecanismos de control tanto en lo político como en lo jurídico: el Parlamento, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional son algunos de los previstos en la Constitución y en las leyes que lo desarrollan.

Pero hay algo en la Constitución de 1978 que es fundamental. En el artículo 20 se reconoce el derecho «a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y el secreto profesional en el ejercicio de estas libertades».

El reconocimiento del secreto profesional vinculado al derecho a comunicar y recibir información, aunque no haya sido desarrollado mediante una ley orgánica después de más de veinticinco años de estar vigente la Constitución, no puede más que atribuirse al secreto de las fuentes de información. Así lo han reconocido varias sentencias de jueces al ser preguntados los periodistas sobre la procedencia de ciertas informaciones, como ocurrió con el director del diario El Mundo, Pedro J. Ramírez, cuando le preguntaron el origen de algunas de sus informaciones sobre espionaje, dentro del conocido «caso Perote».

El poder político se protege con una serie de medidas para hurtar información al ciudadano apelando a algo tan genérico como la salvaguarda de intereses nacionales. En estas circunstancias existe información que va a ser ocultada por un lado con argumentos legales y por otro estableciendo un muro opaco, que se materializa en la falta de accesibilidad a las fuentes o estableciendo un sistema tan complejo que haga desistir a quienes intenten conseguir información sobre hechos concretos.

Siguiendo esta línea, que está dentro del espíritu constitucional, que no puede ser otro que el de la salvaguarda de la soberanía popular, quienes asumen la responsabilidad de informar contraen la obligación de difundir no sólo la información que faciliten las fuentes abiertas, sino aquellas que se ocultan o se presentan de forma nebulosa y escondida entre montones de otras informaciones.

Es así como paulatinamente va desarrollándose el periodismo de investigación, que es, por lo tanto, un factor necesario en una sociedad democrática. Hay diferentes niveles de periodismo de investigación. Se puede afirmar que en mayor o menor medida se practica en todas las redacciones gran parte del día. Es la única manera de enfrentarse a un periodismo institucionalizado, el portavoz de los poderes constituidos.

Como afirmaba un editorial del desaparecido Diario-16, bajo el título de «Periodismo de investigación»:¹⁴ «El papel de la prensa en una sociedad democrática es muy claro —mecanismo de control social del poder e intermediario entre opinión pública y dirigentes públicos— y el periodismo de investigación no es más que una de las variantes a través de la cual se lleva a cabo este papel.»

José María Caminos Mercet,¹⁵ profesor titular de Estructura de la Información Periodística en la Universidad del País Vasco, considera que «el periodismo de investigación tiene un sello de identidad propio, caracterizado porque va más allá y busca esa información que no circula por cauces normales. Es un periodismo profundo, que exige tiempo y dedicación, búsqueda constante. Un camino diferente al de la información. La información bien hecha, bien trabajada, no tiene las exigencias ni la amplitud de horizontes del periodismo de investigación».

Y, desde esa perspectiva, considera que la definición más apropiada de periodismo de investigación es «un tipo de información que es más detallado, más analítico y que exige más tiempo que la mayoría de la cobertura periodística cotidiana. El periodismo de investigación tiene por objetivo alcanzar la información oculta, y su temario puede variar ampliamente con el ámbito de actividad humana».

Ahora bien, para que ese trabajo pueda considerarse periodismo de investigación, la profesora Petra Secanella¹⁶ defiende que deben cumplirse tres requisitos, que considero trascendentales y en los que estamos de acuerdo los estudiosos de todo el mundo:

1. Que la investigación sea el resultado del trabajo del periodista, no la información elaborada por otros profesionales (por ejemplo, informes de la Policía o dossieres elaborados por detectives privados).

2. Que el objeto de la investigación sea razonablemente importante para un gran sector de la población, no, por ejemplo, para los intereses del medio en cuestión o de un grupo con especial curiosidad.

3. Que los investigados intenten esconder esos datos al público. No es suficiente la recogida de filtraciones interesadas. Cuando hay ocultación es que la conciencia no está muy tranquila.

A veces los periodistas reciben la filtración de un dossier. En este caso, la investigación, larga y fatigosa, que podría haber realizado el periodista la han ejecutado personas ajenas a la profesión. Su publicación, algo que lógicamente haría cualquier periodista, puede provocar un gran escándalo. Pero eso no será periodismo de investigación, sino lo que podríamos llamar periodismo de filtración.

Lo contrario ocurre con excesiva frecuencia. Los afectados por las investigaciones suelen recurrir a denunciar que la información procede de investigaciones ajenas a la prensa llevadas a cabo por sus enemigos, para intentar demostrar que hay intereses espurios que se ocultan detrás de la denuncia periodística. Lo hizo en su día en Estados Unidos Roosevelt, lo repitió en Francia Mitterrand y lo calcó en España Felipe González. Es una forma de defenderse, pero en los tres casos lo que había detrás era periodismo de investigación.

El periodista de investigación considera que la corrupción es algo más que una preocupación moral. El que haya funcionarios corruptos es un problema que afecta a todos los ciudadanos. Por eso, la mayor parte de su trabajo consiste en sacar a la luz los malos comportamientos de esos funcionarios corruptos. El secreto está en penetrar en las conductas públicas que se presentan como opacas al periodismo corriente.

Pero ¿cómo penetrar en esas cuevas, si los afectados han tendido un manto de silencio, incluso presionando tácita o abiertamente a los que pudieran conocer algún aspecto de la corrupción?

Como comprobaremos a lo largo del presente libro, en el caso del espionaje que nos ocupa, las mejores y más usuales fuentes de información de los periodistas de investigación son los agentes y ex agentes del CNI. Precisamente, los funcionarios públicos que mayores limitaciones tienen para contar lo que conocen en virtud de su trabajo.

Las fuentes ocultas acuden a los periodistas sabedoras de que se pueden amparar en el secreto profesional, porque no quieren que les apliquen la ley y ese derecho del informador les permite denunciar lo que saben.

Las fuentes anónimas son motivo permanente de debate. El profesor de periodismo Clark Mollenhoff¹⁷ considera que «la utilización de “Garganta profunda” [que en el “caso Watergate” costó la presidencia de Estados Unidos a Richard Nixon] no fue muy correcta porque probablemente no era una prueba directa, sino de segunda o tercera mano. Sin embargo Woodward y Bernstein [los periodistas] compensaron ese defecto practicando una investigación sistemática».

Pero hay que reconocer que a veces los periodistas no tratan estas fuentes «no atribuibles» como es debido. El periodista Pepe Rodríguez¹⁸ considera que «el valor de sus comunicaciones es muy alto para el investigador, pero puede suponer un riesgo para el informador en el caso de que no contraste suficientemente sus datos».

Uno de los problemas con que se encuentra con frecuencia el investigador es la necesidad de proteger a sus fuentes, lo que para él es un deber. La mayor parte de ellas en los asuntos de espionaje podría sufrir todo tipo de represalias si se conociera su implicación en la historia. Según el diario El Mundo¹⁹ «uno de los dogmas sagrados del periodismo es el de la protección de las fuentes. Sin ese principio, la esencia de la profesión se desmoronaría».

Hay que aceptar que las fuentes actúan por los más variados intereses, a veces espurios. Peter Preston,²⁰ director de The Guardian, explicaba, sobre un conflictivo caso de periodismo de investigación que su medio había vivido, que «uno escucha y confirma lo que las fuentes le dicen. En nuestro caso, eso es lo que hemos hecho. No tomamos lo que nos dijo nuestra fuente y lo publicamos, sino que tratamos de confirmarlo. Estuvimos meses ratificándolo. A mí no me importa de dónde viene una historia o cuál es el asunto sobre el que trata, siempre que sea una buena historia y que esté basada en hechos puntuales y probados. En el fondo, todas las historias políticas, sea en Gran Bretaña o en España, vengan de un partido o de otro, responden a unos intereses concretos. Es igual en todo el mundo».

No obstante, para evitar algunos errores como los que contaré más adelante, aunque las fuentes que utilice el periodista sean de la máxima credibilidad y confianza, la investigación siempre impone la exigencia de contrastar los datos aportados, para evitar que de una forma consciente o inconsciente toda la información o una parte de ella termine resultando falsa.

Siempre habrá que tener presente las palabras de Petra Secanella:²¹ «Trabajar en una institución permite a los periodistas “dramatizar” sus noticias, ponerlas en el contexto exacto, pero al mismo tiempo deben escribir al gusto de sus fuentes, porque si éstas se molestan, pueden cerrar el grifo de la información y ya poco puede hacer allí el periodista […]. Sin quererlo, el periodista acaba identificándose con sus fuentes. Es el “síndrome de Estocolmo” de los periodistas. La corrupción periodística empieza cuando sólo se trabaja con una fuente, al servicio de ella.»

Finalmente, hay que mencionar dos conceptos del periodismo de investigación no relativos al contenido sino a la forma de publicación: la agresividad y la persistencia.

A Ben Bradlee,²² antiguo director de The Washington Post, le preguntaron una vez por las verdaderas consecuencias del escándalo «Watergate» para el periodismo y el tratamiento de la corrupción política por parte de los periódicos: «Tiene que ver con la velocidad a la que informamos. Estoy menos convencido de que la publicación inmediata de todo proporcione la verdad, más bien creo que se puede informar mejor de la verdad si se esperan unas horas hasta que uno se entera mejor de todo y la verdad está más clara. Creo que las lecciones del “Watergate” fueron que una información agresiva y persistente en momentos difíciles puede tener un éxito extraordinario. Ésa es la lección principal. Los propietarios de los periódicos aprendieron que practicar esa clase de periodismo les daba una sensación de éxito y prestigio. No creo que los políticos cambien y se vuelvan honestos de repente.»

La cuestión que se plantea es: ¿qué es más importante, la información en sí o la manera en que va a ser publicada? No hay que olvidar que la reiteración del mensaje es el factor principal de la persuasión. Como veremos, una denuncia periodística, después de una larga investigación, hecha una única vez puede pasar completamente desapercibida. Los afectados por el trabajo del periodista pueden aprovecharse de la falta de repercusión de la denuncia en otros medios, guardar silencio absoluto y dejar que escampe. Ni siquiera tienen que salir a defenderse, lo que podría avivar los efectos de la denuncia.

Sin embargo, cuando el medio publica el primer día una parte de la denuncia, continúa al día siguiente con otra parte y así en días sucesivos, el afectado no tiene más remedio que intervenir para poner freno a las críticas que se le formulan. Además, el investigado tiene un problema en este supuesto: conoce lo que el medio ha sacado ese día, pero desconoce lo que se puede haber guardado para el siguiente.

Si en este segundo caso el medio utiliza además de la reiteración la agresividad, destacando el tema con grandes titulares en portada, que no se limitan a informar sino también a interpretar, adjetivando la información, es más fácil que la opinión pública se sienta afectada por la denuncia.

En consecuencia, es el mismo tema, pero la repercusión será muy distinta. En el «caso Roldán», de corrupción financiera del director general de la Guardia Civil, las denuncias comenzaron a ser publicadas en Diario-16 sin que entrara el resto de los medios. Sólo cuando se produjo la persistencia y la agresividad, otros medios encargaron a sus periodistas que investigaran el asunto, lo que obligó finalmente a defenderse a Luis Roldán, que apareció en el semanario Tiempo en una foto tomada en su despacho, ofreciendo todas sus declaraciones de Hacienda, que estaban colocadas sobre su mesa, a quien quisiera revisarlas. Finalmente, fue detenido, juzgado y condenado por corrupción.

El 27 de octubre de 2004, defendí todas estas ideas en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, cuando presenté mi tesis doctoral «El periodismo de investigación sobre servicios de inteligencia», que obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad del tribunal.

Durante varios años había estado recopilando y clasificando la información que un reducido grupo de periodistas de investigación habíamos publicado en España y en algunos países occidentales sobre las operaciones de los espías. Después, durante dos años, dirigido, impulsado, tutelado y animado por Fernando Ripoll, profesor de esa facultad y coronel retirado del Ejército, estuve sistematizando y escribiendo el largo trabajo.

Tras más de veinte años de ejercicio del periodismo, era evidente que mi aportación a las Ciencias de la Información debería ser un estudio de la realidad, del que extraer conclusiones no sólo para la teoría de la información, sino para los estudiantes de Periodismo, los periodistas en ejercicio y la opinión pública en general. Según fue avanzando mi trabajo, descubrí, casi sin darme cuenta, que el análisis de los acontecimientos más importantes de estos años también aportaba conclusiones especialmente relevantes sobre la actuación de los distintos gobiernos democráticos, sobre los diputados y senadores, sobre los jueces y, cómo no, sobre los servicios de inteligencia. Conclusiones que por estar basadas en hechos objetivables —imprescindible para la elaboración de una tesis doctoral— aportaban una visión distinta a nuestra historia reciente.

Un trabajo universitario requiere el uso de unas técnicas propias de la enseñanza académica, que las hace complicadas para la lectura de un ciudadano medio. Por eso, el presente libro guarda fidelidad con el original, pero está escrito, distribuido y presentado de una forma completamente distinta, disminuyendo el acento sobre la teoría de la información y aumentándolo sobre su parte más política.

Cuando investigué los trece casos que siguen, muchas veces se me pusieron los pelos de punta al comprobar el mal funcionamiento general de las instituciones de este país, aunque en la mayor parte de ellos me reconfortaba comprobar la existencia de personas íntegras que creían en la verdad y la justicia y luchaban por ella.

Yo participé en muchas de las operaciones que van a leer. He intentado tratar mi propio comportamiento con la misma distancia y crítica con la que he analizado el del resto de los protagonistas. No he aportado ninguna información que el Fernando Rueda periodista deba guardar en virtud de su secreto profesional, aunque me he sometido disciplinadamente a la crítica objetiva que preside el presente trabajo como el resto de los intervinientes en todos los casos.

Además de a Fernando Ripoll, sin cuya dirección, trabajo y profunda amistad nunca habría publicado este libro, quiero agradecérselo a mi Yaya, que fue una de las pocas personas que me apoyó cuando en mi juventud decidí ser periodista, ofreciéndome un argumento de lo más peregrino: todavía había una profesión peor que la mía. La Yaya me dijo una vez que el trabajo de periodista tenía muchos riesgos morales, pero que me dedicara a escribir sobre temas serios y no tuviera trato con actrices. Cuando vi a su nieta Belén recoger el premio Goya a la mejor actriz revelación, me acordé de su frase. ¡Qué feliz sería hoy entre nosotros!

1 Tiempo publicó en dos entregas, el 3 y el 10 de julio de 1995, el Manual de Inteligencia del Cesid, un libro de difusión restringida que consiguió el autor del presente libro.

2 Ver el caso 1, «Carod Rovira-ETA: ¿quién filtró la reunión?».

3 La página web del CNI es www.cni.es.

4 El País, «Espías conocer», Madrid, 1 de febrero de 1994.

5 Ver el caso 6, «Espionaje en la guerra de Iraq: la ley del todo vale».

6 Ver el caso 10, «Escuchas a Herri Batasuna: el papel oscuro de políticos y espías».

7 Ver el caso 2, «La vida privada de un agente: los métodos ilegales del espionaje».

8 Ver el caso 3, «Los trenes de la muerte: el coste de la "honorabilidad"».

9 Ver el caso 8, «La extraña muerte de la etarra Lucía Urigoitia: jueces bloqueados».

10 Ver los casos 9 y 13, «El hundimiento del Rainbow Warrior: mentir hasta la evidencia» y «El montaje alemán del plutonio: cuando los espías intoxican».

11 Las palabras de Jefferson son importantísimas para el presente libro y han sido tomadas de Edwin Enmery y otros, Las comunicaciones en el mundo actual, Editorial Norma, Colombia, 1969, página 69.

12 Rosa Montero, «Periodistas», El País Semanal, Madrid, 13 de agosto de 1995.

13 Montserrat Quesada, Periodismo de investigación o el derecho a denunciar, CIMS, Barcelona, 1997.

14 «Periodismo de investigación», Diario-16, Madrid, 30 de mayo de 1999.

15 José María Caminos Mercet, Periodismo de investigación: teoría y práctica, Síntesis, Madrid, 1997.

16 Petra Secanella, Periodismo de investigación, Tecnos, Madrid, 1986.

17 Citado por Juan Manuel Fernández, «Garganta profunda, el misterio», El Mundo, Madrid, 12 de junio de 1992.

18 Pepe Rodríguez, Periodismo de investigación: técnicas y estrategias, Paidós, Barcelona, 1994.

19 Luis F. Hidalgo, «The Guardian bajo el fuego», El Mundo, Madrid, 4 de noviembre de 1994.

20 Luis F. Hidalgo, «No es fácil, pero volvería a hacerlo», El Mundo, Madrid, 4 de noviembre de 1994.

21 Petra Secanella, op. cit.

22 Aunque la mayor gloria del éxito de la investigación del «caso Watergate» se la llevaron Bob Woodward y Carl Bernstein, sin duda el papel de Bradlee fue trascendental. Así queda reflejado en la entrevista que Francisco G. Basterra le hizo en El País Dominical, bajo el título «Ben Bradlee y The Washington Post: la leyenda del Watergate».

PRIMERA PARTE

LOS CASOS

1

CAROD ROVIRA-ETA: ¿QUIÉN FILTRÓ LA REUNIÓN?

El lunes 26 de enero de 2004 el diario ABC publicaba en su portada una noticia inquietante: «Carod Rovira ultima un pacto con ETA para que no perpetre atentados en Cataluña. La banda no asesinaría en el Principado a cambio de cobertura política para la izquierda radical abertzale.» En el texto interior se explicaba: «El actual “conseller en cap” de la Generalitat de Cataluña recientemente logró reunirse con la dirección política de la banda terrorista en un lugar de Francia que las fuentes a las que ha tenido acceso ABC confirmaron, pero cuya localización exacta no quisieron desvelar. Según estas mismas fuentes, en el encuentro apareció, además de otros dirigentes etarras, Mikel Albizu, Mikel Antza, que pasa por ser el “cerebro” estratégico de la organización.»

La noticia produjo una enorme convulsión política. Carod Rovira había acudido a la cita con la dirección de la banda siendo ya conseller en cap, pero, para colmo, el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, estaba de viaje, por lo que su segundo era el máximo representante de la comunidad en ese momento. Además, hacía poco tiempo que se había constituido en Cataluña un gobierno tripartito, integrado por socialistas, republicanos y comunistas. Un gobierno que antes incluso de su creación había sido duramente criticado por el Gobierno de la Nación y por el Partido Popular que lo sostenía.

El mismo lunes que apareció la noticia, Carod mantuvo una comparecencia ante la prensa, en la que no admitió preguntas, para reconocer su encuentro con los dirigentes de la banda terrorista. Como no podía ser de otra forma, se mostró conforme con la existencia de la reunión, se excusó diciendo que la iniciativa había sido de ETA y que había acudido con la esperanza de conseguir que la banda anunciara una «tregua parcial o definitiva», que en ningún momento limitó a Cataluña. Eso sí, reconoció su culpa al afirmar que «siendo consejero jefe de la Generalitat no debería haber aceptado ese encuentro».

Ése fue un día políticamente intenso. La opinión pública asistió a una tensa disparidad de criterios Maragall-Zapatero, que concluyó con una declaración del segundo solicitando a su compañero de partido que aceptara la dimisión de Carod Rovira, en lugar de limitarse a quitarle competencias, como había hecho hasta ese momento. El presidente Maragall no admitió la dimisión de su conseller en cap que le había solicitado José Luis Rodríguez Zapatero, secretario general del PSOE, que veía cómo un escándalo de tales dimensiones podía viciar el inicio de la inminente campaña de las elecciones generales. El presidente Aznar, por su parte, exigió el cese de Carod y pidió a Zapatero que su partido rompiera el pacto con los independentistas.

El martes 27 de enero, ABC siguió aportando nuevos detalles al polémico encuentro del dirigente nacionalista con los terroristas. Aseguraron que «la reunión se celebró en el primer fin de semana de este mes (días 3 y 4)» y que «además del secretario general de ERC, estuvieron presentes Mikel Albizu, Mikel Antza, jefe del “aparato político” de la banda terrorista, y el fugitivo José Antonio Urruticoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, que tiene un sangriento historial a sus espaldas».

En el ámbito político, donde las informaciones estaban teniendo una repercusión inmediata, Maragall terminó adoptando una solución peculiar e imaginativa: no destituyó a Carod, pero pactó su salida del Gobierno catalán para presentarse a las elecciones generales y poder refrendar públicamente su actuación. Zapatero reaccionó muy positivamente ante el cierre de la crisis y comenzó a criticar al Gobierno por la utilización política de la reunión con ETA. El PP mantuvo la presión con declaraciones críticas para intentar demostrar que el PSOE negociaba con independentistas capaces de cualquier atrocidad. Palabras como las de Javier Arenas así lo explicaban: «La decisión de Maragall certifica que la autoridad de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del PSOE y de su proyecto en España es ninguna. El PSOE está sin consistencia, sin credibilidad y sin liderazgo.»

Hasta aquí se produjo un típico caso de denuncia periodística que remueve la arena política y obliga a los dirigentes del Gobierno y de los partidos a posicionarse y a solucionar un hecho que produce alarma entre la opinión pública. Sin embargo, el miércoles 28 de enero tuvo lugar un giro notable y muy interesante en el caso. El PSOE cambió de estrategia. Había estado defendiéndose frente a las acusaciones del Gobierno y ahora tomaba la iniciativa.

Rodríguez Zapatero denunció la «actitud lamentable del PP» en este asunto porque, a su juicio, lo había utilizado para ganar votos, y planteó dos interrogantes importantes al Gobierno: «¿Conocía la información de ABC antes de que éste la publicara?» y «¿sabía que el CNI grabó dos reuniones de Carod con Batasuna y ETA en Perpiñán?».

El líder del PSOE se apoyaba en una información publicada por El Mundo, en la que se hablaba de la grabación de las reuniones Carod-ETA y se aseguraba que el CNI había desplegado todos sus medios técnicos para controlarlas.

En apoyo de esta tesis surgieron las voces de dirigentes del PNV y de IU-EB, que reiteraron la pregunta sobre el conocimiento previo que el Gobierno tenía de la reunión y de por qué no se detuvo a los responsables de la banda una vez que habían sido localizados.

Las sospechas que acompañaban a esta denuncia procedían de varios medios de comunicación, que señalaban que «Aznar recibió días atrás un informe del CNI sobre el encuentro que Carod Rovira mantuvo a principios de enero con dos jefes de ETA en Perpiñán». Y seguían: «Es una práctica habitual del director del CNI, Jorge Dezcallar, elevar al jefe del Ejecutivo español las informaciones relevantes obtenidas por sus agentes, en especial las que atañen a la lucha antiterrorista y otras cuestiones políticas».

El propio protagonista de la entrevista con Antza y Josu Ternera, Carod Rovira, que no descartó que la banda terrorista filtrara la reunión, manifestó que le parecía «incomprensible que si realmente estas personas con quien yo me entrevisté eran dirigentes de ETA y la Policía seguía aquello, no fuera interceptada la reunión y detenidos los dirigentes de esa organización».

La respuesta inicial del presidente Aznar a las acusaciones fue del mismo estilo que otra que su amigo y colega inglés Tony Blair manifestaría en un caso similar: «Yo nunca hablo de esas cosas y, por lo tanto, me parece que lo importante y lo relevante es lo que se conoce. Y es de lo que hay que dar cuenta.»

Lo que era un debate sobre la reunión entre Carod y los dirigentes de ETA se había convertido, una vez decidida la salida del Gobierno catalán del líder independentista, en otro sobre el uso partidista de los informes del servicio de inteligencia por parte del Gobierno. Como resumió perfectamente Manuel Chaves, presidente del PSOE y de la Comunidad Autónoma de Andalucía: «El Gobierno debe aclarar el papel del CNI en la polémica de la Generalitat, ya que si no, muchos pueden sospechar que ha tenido una participación en la crisis.»

El jueves 29 de enero los editoriales de los periódicos mostraron la postura de los medios sobre el que ya era el tema de debate nacional: si el Gobierno hizo un uso partidista de la información del CNI. El País y El Periódico de Cataluña no tuvieron ninguna duda de que el Gobierno conocía el informe y se lo filtró intencionadamente al ABC. El Mundo se limitó a solicitar al Ejecutivo que informara de lo sucedido, mientras La Razón defendió abiertamente la postura del Gobierno.

Nadie critica el derecho del diario ABC a publicar una información de interés para la opinión pública. Lo que se denuncia es el uso partidista de la información facilitada por el CNI no para obtener réditos frente al terrorismo, lo que sería absolutamente legítimo, sino para sacar beneficios electorales del trabajo del servicio de inteligencia, que debe trabajar para el Estado, al margen de los intereses políticos.

El hecho de que el CNI consiguió la información de la reunión e informó de ella al Gobierno con anticipación a la publicación periodística es un hecho que quedó sobradamente probado. Fue una muestra del buen trabajo del servicio de inteligencia, entre cuyas misiones está la lucha contra el terrorismo y los grupos que le apoyan. Ahora bien, esa averiguación debe tener un uso exclusivo para la lucha contra los terroristas. No se puede criticar el trabajo de denuncia que realizan los periodistas de investigación sobre servicios secretos y la aportación que hacen con frecuencia de información procedente del CNI y luego utilizar esa información en beneficio político propio.

El Partido Popular, que sustentaba al Ejecutivo, había centrado su precampaña electoral en el tema de la lucha contra el terrorismo y en la eficacia demostrada en los ocho años anteriores de gobierno. Todo hace sospechar que la filtración de un documento del CNI perseguía sembrar dudas en los votantes sobre la capacidad del principal candidato opositor de mantener las espadas en alto siendo socio de gobierno en Cataluña de un partido amigo de ETA.

Si el Gobierno hace un uso partidista de los servicios de inteligencia es labor de los informadores denunciar su comportamiento y sacar todos los detalles precisos a la luz. Esa labor es una parte muy importante del periodismo de investigación, que no se debe limitar estrictamente al control de las acciones del servicio, sino también a los comportamientos denunciables de sus responsables políticos.

A veces se produce un lío en el debate sobre los servicios de inteligencia, que es manipulado intencionadamente por las partes que discuten un asunto de trascendencia política. El viernes 30 de enero, Eduardo Zaplana, portavoz del Gobierno, señalaba, supuestamente en defensa del CNI: «Han comentado que estos funcionarios no han ejercido su obligación, ni actuado correctamente, también que han tenido una intención de índole política y todo ello sin ningún dato o argumento, sólo para buscar una válvula de escape. Los funcionarios del CNI nunca pondrían en juego la lucha antiterrorista.»

Lo que decía el ministro era absolutamente correcto en el caso que nos ocupa, lo que quedó ampliamente demostrado en las investigaciones periodísticas, que posteriormente determinaron como falso que hubiera existido un seguimiento sobre Carod y una grabación de la reunión. Lo que hubiera resultado más correcto es que el ministro hubiera utilizado esas mismas palabras para defender a su Gobierno, que era el que lo necesitaba, porque la actuación incorrecta de índole política y la puesta en peligro de la lucha antiterrorista son debes a poner en la casilla de quien filtró interesadamente la información, no de quien la consiguió.

Atención a los datos

– El poder político utiliza a veces ilegítimamente las informaciones facilitadas por los servicios de inteligencia y es misión de los informadores denunciar a la opinión pública este comportamiento incorrecto.

– Los gobiernos reciben la información del espionaje con el fin de poder utilizarla para adoptar las decisiones políticas más convenientes para el Estado, pero la lucha entre partidos les lleva a lanzarla contra sus adversarios electorales.

– El presidente del Gobierno español, José María Aznar, se negó a defender al CNI de las acusaciones lanzadas sobre el uso de sus informaciones, alegando que «yo nunca hablo de esas cosas», algo incompatible con la actual democracia. Los métodos y las formas en los asuntos de los servicios de inteligencia son lo trascendental y lo que les diferencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

– La publicación de la noticia de una reunión entre Carod Rovira y varios dirigentes de ETA es indudablemente de interés para la opinión pública, pero no es periodismo de investigación. Es simplemente la filtración de un documento o de unos datos, pero no cumplen los principios imprescindibles para ser una investigación.

– Los gobiernos critican con frecuencia el uso que los periodistas de investigación hacen de la información que reciben de sus fuentes en el CNI. Es un comportamiento cínico, porque ellos son los que utilizan los datos a que tienen acceso como gobierno para sus propios fines partidistas.

– Es misión de los periodistas de investigación sobre servicios de inteligencia no sólo denunciar los comportamientos ilegales del CNI, sino las actuaciones fuera de la ley o la ética de sus dirigentes políticos.

– Los gobiernos se aprovechan del silencio que imponen a los responsables de los servicios de inteligencia para hacer caer sobre sus hombros la responsabilidad de algunos de sus fracasos o manipulaciones.

2

LA VIDA PRIVADA DE UN AGENTE: LOS MÉTODOS ILEGALES DEL ESPIONAJE

«En abril de 1991 se acumulaban sobre la mesa de Emilio Alonso Manglano las malas noticias sobre irregularidades de Juan Alberto Perote, jefe de la División Operativa de los servicios de inteligencia militar. Finalmente, RA —clave del director general del Cesid— ordenó la puesta en marcha de una completa investigación […] para determinar, por un lado, si A.P. (Perote) utiliza en beneficio propio fondos y medios del Centro, tales como la empresa de cobertura Codeyco, S.A. y confirmar si está recibiendo comisiones a cambio de ejercer acciones en beneficio de alguna empresa privada del ramo de la seguridad (Frades S.A.), aprovechándose del conocimiento, informaciones, datos y posibilidades que tiene en razón del nivel y puesto que ocupa en el Centro. No lo sabían, pero estaban abriendo la caja de Pandora.»

Éste era el arranque de la historia publicada en el semanario Tiempo el 7 de julio de 1995, bajo el título «La verdadera vida del agente Perote», y que en esencia sacaba a la luz el informe realizado por el Servicio de Seguridad del Cesid, iniciado en abril 1991 y concluido en 1994, después de un «control integral» de la vida del agente, primero en activo y después fuera de La Casa.

Habían empezado a destaparse asuntos turbios dentro del Cesid que les implicaban en acciones sucias relacionadas con el GAL y en otras muchas operaciones ilegales.

El conocimiento del citado informe aportó numerosos datos sobre las actividades públicas y privadas, relaciones personales e intimidad del que había sido el número dos del servicio. Pero también mostró en detalle cómo trabajan los servicios de inteligencia cuando tienen que investigar a un objetivo, las informaciones que les interesan y la reacción de sus jefes frente a la información recibida. ¿Respeta el Cesid la intimidad de sus objetivos, que ellos llaman en clave los «pepes»? ¿Qué destino final dan a sus informes? Y ¿tienen límite a la hora de controlarse a sí mismos?

Bajo el nombre en clave de «Somosierra-Cilindro-Perellón» se inició una operación incluida entre las habituales de seguimiento de ex agentes, para controlar la vida de Juan Alberto Perote. En el informe hay numerosos ejemplos de cómo actúa el Servicio de Seguridad, y por lo tanto el resto de los departamentos del servicio de inteligencia.

Uno de los epígrafes más detallados del impresionante dossier es la reproducción de un intercambio de opiniones entre Perote y Emilio Alonso Manglano relativo al epígrafe «Intimidad», que hace referencia a la supuesta vida privada del coronel, que tras ser investigado e interrogado, tuvo que abandonar «por las buenas» el Cesid unos meses después:

«Afirmaciones A.P. (Alberto Perote):

»(Carta 01.92). Rechazo que se haya tenido acceso a mi intimidad. Durante años he defendido utilizar técnicas especiales sólo en caso de amenazas para el Estado. Juzgar el comportamiento íntimo de una persona es siempre arriesgado. Yo tengo conocimiento y pruebas de uno de sus más directos colaboradores; me he preocupado personalmente de que no llegase a usted ni la más mínima prueba de esto.

»Respuesta de RA (Emilio Alonso Manglano):

»1. Yo no he juzgado tu comportamiento, simplemente me he limitado a constatarlo.

»2. No cabe duda de que constituye una grave vulnerabilidad teniendo en cuenta que era conocida tu posición en el Centro. Además, esa vulnerabilidad no ha sido declarada.

»3. ¿Has olvidado el compromiso asumido, así como el consentimiento otorgado con la firma del compromiso de seguridad? (no se ha investigado a otras personas, sino a ti como miembro del Centro).

»4. Es increíble que un ex miembro de un servicio de inteligencia y ex jefe del Departamento de Acción Operativa rechace el acceso a la intimidad, ¿es que tú tienes patente de corso?

»5. ¿Qué entiendes por amenazas para el Estado?

»6. Como miembro de un servicio de inteligencia, tu deber es poner en mi conocimiento todos aquellos comportamientos que conozcas de personas del servicio que puedan representar una seria vulnerabilidad para el Centro y por ende para el Estado…»

En el informe de control sobre la vida de Perote hay algunos párrafos escandalosos dignos de tener en cuenta:

– «Carmen Regaliza, auxiliar de GA-4, le llama periódicamente al teléfono de su trabajo desde los teléfonos de su área.»

– «Se están utilizando, por este servicio de seguridad, procedimientos operativos y medios técnicos con el fin de detectar y poder controlar las relaciones de miembros del Centro con ALBERTO, o con personas de su entorno de trabajo.»

– «Las pruebas que sobre sus conductas se disponen son de validez interna para el Centro pero no válidas en cualquier proceso externo al mismo, por los procedimientos empleados para la obtención.»

– «Durante el desarrollo de un C.I. (Control Integral) a finales de junio del 94 sobre la sede de HB en San Sebastián (OAO-70-93 URBIÓN-AMPERIO-ARZAK) se localizaron en un archivador del cajón inferior de la mesa correspondiente a José María Olarra Aguiriano unos documentos en 12 folios.»

– «Como también es sabido que para Perote uno de los principales motores de su vida es el dinero, que trabaja en una empresa mayoritariamente de propiedad estatal y que es al Estado y a sus servidores a quien está haciendo un grave daño, conseguir que sea dado de baja inmediatamente en su puesto de trabajo. En una empresa de este tipo seguro que saben perfectamente cómo hacerlo sin que parezca un acto instigado por el Centro.»

– «En los controles de actividades realizados, se ha observado también que a partir de la primera semana de marzo Perellón [Perote] entra con cierta asiduidad en…»

– «Por las indagaciones realizadas en las cuentas bancarias que se han detectado en las que es titular Perellón…»

– «Llama la atención los ingresos de Perellón, además de la nómina que percibe de Repsol…»

– «Dentro del local de (la empresa) ZPA, hay registradas llamadas…»

– «Con el ex miembro del Centro (KA), Francisco Hortal Sanz… junto con un individuo sin identificar que acompaña en ocasiones a Perellón, y a los que se les ha oído hablar de una instalación de cámaras en la calle Antonio Maura.»

– «En el campo de sus actividades “empresariales y comerciales”, se les ha detectado un presupuesto, que da la impresión de ser un proyecto de material…»

– «En las oficinas de ZPA se obtuvo propaganda diversa y abundante sobre…»

– «En un folio manuscrito con la letra de Perellón figuran diversas anotaciones que pudieran hacer referencia a posibles negocios en marcha o futuros proyectos.»

– «Filtrar en determinados ámbitos donde Perellón y sus socios desarrollan sus actividades, aspectos que desprestigien su perfil profesional y humano, para intentar dificultar el acceso a nuevos trabajos o actividades empresariales.»

– «Perellón, a juzgar por los diversos faxes que emitía y recibía, parece ser que manejaba desde allí los diversos negocios de la empresa.»

– «Se registran unos gastos telefónicos de 316.662 pesetas, en dos meses de utilización.»

– «Se ha tenido acceso al parte de incidencias de la Central Receptora de Alarmas desde julio a octubre de 1994.»

– «En los documentos contables a los que se tuvo acceso…»

Aunque la permanente ilegalidad de las acciones del Cesid queda sobradamente demostrada leyendo el informe sobre Juan Alberto Perote, conviene pararse a meditar algunos extremos:

– La vida sexual de las personas no es respetada, en general, en las investigaciones, pero en el caso de los propios agentes se les hace firmar un documento autorizando al servicio de seguridad a controlarla.

– Los propios agentes que realizan la investigación especifican que están usando procedimientos operativos y medios técnicos —lo que diferencia a los servicios de inteligencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado— que nunca podrían ser admitidos por un tribunal. Hay que recordar que los informes de inteligencia son de uso estricto del poder político y nunca son presentados como prueba, excepto en los casos en que mandamientos judiciales han obligado a la desclasificación de algunos documentos, siempre con la oposición gubernamental y del servicio.

– Existe un control sobre las llamadas que los agentes hacen desde sus teléfonos de trabajo en la sede central del Cesid y una intervención de las llamadas de los objetivos.

– De una forma más sibilina, también reconocen la colocación de micrófonos en viviendas relacionadas con Perote.

– Aceptan abiertamente la entrada en la sede de Herri Batasuna en San Sebastián, cuando todavía era un partido legal. También en una de las empresas vinculadas a Perote. En ambas robaron papeles que les parecía que contenían información interesante.

– Proponen la adopción de medidas que lleven a que el investigado pierda su puesto de trabajo, para hacer frente al supuesto daño que está cometiendo contra el «Estado y sus servidores». Lo que introduce la duda sobre si en realidad deberían haber escrito «contra el Gobierno y el Cesid». Porque hacen una interpretación del daño que producen las filtraciones de Perote utilizando conceptos carentes de su verdadero contenido y que en este caso son manipulados en beneficio propio.

– Todavía más intoxicadora es su intención de lanzar bulos contra el investigado para desprestigiarle y que no pueda encontrar nuevos trabajos.

– Han tenido acceso a cuentas bancarias y nóminas, violando el derecho a la intimidad que protege a sus poseedores.

El informe que nos ocupa, cuyos principales argumentos fueron publicados en Tiempo por Santiago Belloch, tiene una segunda parte muy interesante: el Cesid pretendía desprestigiar al hombre que supuestamente estaba filtrando información a la prensa sobre las actividades ilegales del Gobierno socialista y del propio servicio. Algunas de esas acusaciones contra el ex espía eran las siguientes:

– «Perote, junto con su amigo Javier Abasolo, entra en contacto con el cónsul de Libia, representante de los servicios de inteligencia de aquel país en España, y le ofrecen su ayuda para servicios especiales a cambio de 1.600 millones de pesetas. “Como prueba de buena voluntad —señala el informe— Alberto Perote Pellón informó al representante libio de la existencia de medios audiotécnicos instalados en la sede de la representación diplomática y de personal contratado por la Oficina Popular que colabora con los servicios españoles del Cesid.”»

– «El Cesid pudo comprobar que Perote y Abasolo se habían ofrecido antes a la CIA a través de Curtis, vinculado a los servicios de inteligencia de la embajada norteamericana.»

– «El 29 de abril de 1992, Melchor Miralles, del diario El Mundo, informa al abogado y miembro de la Mesa Nacional de HB, Txema Montero, que una fuente anónima le acaba de comunicar que en la librería que tiene fija, en la parte superior, en la repisa le han colocado un listón (transcripción de una grabación que parece obrar en poder del servicio de inteligencia). Txema Montero, como primera reacción, intenta buscar el listón, pero no encuentra nada porque no le entra la mano.»

El informe del Cesid sigue con detalle la búsqueda del autor de la filtración y llega a una conclusión:

«La autoría de esta gravísima filtración, más aún por tratarse de un objetivo de la lucha antiterrorista, es atribuible a Perote por las siguientes razones: a) El informador anónimo utiliza el mismo procedimiento y nombre en clave que con el periodista de la revista Tiempo Fernando Rueda; b) porque el detalle de la ubicación exacta del micro transmisor y la claridad de las maniobras a realizar para acceder al medio técnico únicamente son conocidas con esa precisión por las personas que están presentes durante su instalación. Perote estuvo presente, y c) por el interés que Perote demostró siempre por todo lo relacionado con los GAL, y Txema Montero, que como abogado de HB fue la persona encargada de llevar la acusación particular en el asesinato de Santiago Brouard.»

En el documento se llega a afirmar que Perote facilitó información a su amigo Abasolo, que a su vez se la hizo llegar a la propia ETA.

Todo lo dicho, de una gravedad extrema, lleva a los oficiales de inteligencia que escribieron el larguísimo informe a concluir: «Sus actuaciones tanto en los últimos años de su destino en el Cesid como una vez abandonado el mismo, y en la actualidad más inmediata, no hacen más que demostrar […] que este individuo carece de los más elementales principios de honor, lealtad y ética, ni personal ni profesional […] ¿Qué se puede decir de un personaje que ha colaborado con el enemigo más feroz que tiene España, como son los etarras y quienes les apoyan? ¿Qué calificativo tiene aquel que se pone a disposición de una potencia extranjera y le informa de acciones y planes del Estado…? ¿Qué lástima, apoyo o relación se puede mantener con quien actuando así, sin ningún escrúpulo, pone en grave peligro a las más altas instituciones del Estado y, sobre todo, la vida de las personas, antiguos subordinados suyos? […] Desconociendo las figuras jurídicas que podrían ser de aplicación, sí cabe preguntarse si esta conducta delictiva es o no traición, es o no colaboración con banda armada, fue o no abuso de poder.»

La lectura de estas acusaciones incluidas en el informe del servicio secreto provoca varias reflexiones. La primera es que si dentro del servicio hay un agente que intenta vender información sensible a un país amigo de terroristas como era en aquel momento Libia, ¿por qué no se le detiene? Más aún, si filtra información a ETA sobre la lucha terrorista, ¿por qué no se le detiene? Si avisa a un abogado de HB de que tiene un micrófono en su despacho, ¿por qué no se le detiene? Si pasa información a un país aliado como Estados Unidos, contraviniendo todas las normas, ¿por qué no se le detiene? La respuesta es muy sencilla: si todo lo dicho fuera realmente cierto (lo que no queda demostrado), como los métodos empleados para obtener esa información son absolutamente ilegales, ningún tribunal admitiría unas pruebas que se han conseguido violentando los principios básicos establecidos en la Constitución. Eso, si realmente existen pruebas, porque lo que realmente parece es un invento de los redactores del informe.

Por lo tanto, todas esas acusaciones únicamente pueden tener un impacto contra el investigado si son filtradas a un medio de comunicación.

El problema para el informador está en que al recibir un informe como el descrito tiene enormes dificultades para poder confirmar los datos. ¿Cómo comprobar una cita con un tal Curtis, vinculado a la CIA? ¿Cómo demostrar que Perote pidió 1.600 millones de pesetas a un espía libio para facilitarle informaciones que eran alto secreto?

La información reseñada se limitó a transcribir los aspectos más interesantes del informe, sin ofrecer al lector los datos contrastados. Incluso la información es presentada como absolutamente auténtica, sin dejar abierta en ningún momento la posibilidad de que una parte de los datos pudiera estar manipulada.

De lo dicho se deduce que el informe secreto fue filtrado al periodista por algún mando del Cesid para criticar los comportamientos de Perote y presentarlo a la opinión pública como un ser sin escrúpulos, traidor a su país y capaz de hacer cualquier cosa contra el Estado. Si esto fuera así, el filtrador contaría con la autorización expresa de los máximos mandatarios del servicio. Es decir, sería el servicio de inteligencia el que habría determinado que ese informe debía ser difundido para cumplir los fines que habían establecido.

A la hora de filtrar el informe no tuvieron en cuenta que contiene numerosas referencias a los procedimientos para obtener la información, o si lo tuvieron en cuenta, que parece lo más probable, no pareció importarles, previsiblemente porque aportaban una tremenda credibilidad a la información citada. Sin esa referencia a pinchazos telefónicos, acceso a cuentas corrientes o entradas sin autorización en domicilios, la información no habría pasado de meras habladurías y ningún medio serio habría dado crédito a la denuncia y la habría recogido en sus páginas.

De la publicación de la información se traduce que el afectado por la investigación no fue consultado antes de su publicación, dado que no aparece la más mínima mención a una llamada telefónica, algo que cualquier información requiere. Está probado que el informe pertenecía al Cesid, pero debería haberse comprobado la información y, sin duda, haber llamado al afectado.

La publicación de un documento íntegro del servicio de inteligencia despertó numerosas críticas hacia Perote, pero no fue motivo de debate el hecho de ser filtrado intencionadamente por el servicio de inteligencia ni los métodos operativos utilizados para conseguir la información.

Cada vez que se requiere por políticos o jueces la desclasificación de un documento del espionaje, se alegan generalmente motivos operativos para guardarlo bajo siete llaves. Este precedente de mucha importancia demuestra que tampoco pasa nada, que no afecta al servicio o al Gobierno del momento, que se conozca el documento, siempre que ellos puedan sacar beneficio del acto, como es el caso que nos ocupa.

Los métodos operativos utilizados son una constatación de lo que caracteriza a un servicio de inteligencia y la necesidad que tienen de guardarlos en secreto en los regímenes democráticos. En el año 2006, con las leyes vigentes que establecen un control judicial de sus acciones, es difícil saber si el CNI en una situación similar pediría una autorización al juez para realizar la investigación. Si así fuera, difícilmente se la daría.

Atención a los datos

– El informe del Cesid titulado «Somosierra-Cilindro-Perellón» explica «la verdadera vida del agente Perote» y tenía como objetivo desprestigiar ante la opinión pública al que fuera jefe del Departamento de Apoyo Operativo, la unidad de élite del servicio, aportando numerosos datos sobre su vida personal y sus actividades profesionales privadas. Este tipo de informes, así concebidos, no encajan dentro del Estado de Derecho.

– El informe fue filtrado por altos mandos del Cesid para acabar con el prestigio personal de Perote, que disponía de una información que podía hacerles mucho daño a ellos y al Gobierno de la Nación.

– Los procedimientos y las técnicas empleadas por los agentes del servicio de seguridad son los que habitualmente utiliza el servicio de inteligencia. Una gran parte de ellos son ilegales: investigación de la vida privada, intervenciones telefónicas sin autorización incluso dentro de la propia sede del servicio, entradas en domicilios también sin autorización, propuestas para presionar al objetivo y que le echen de su trabajo y acceso a cuentas bancarias.

– La filtración de un informe en el que se detallan todos esos procedimientos, especificando incluso que «las pruebas que sobre sus conductas se disponen son de validez interna para el Centro pero no válidas en cualquier proceso externo al mismo, por los procedimientos empleados para la obtención», demuestra que cuando los fines del servicio o del Gobierno así lo requieren, no les importa que se sepa el contenido de sus documentos. Como veremos a lo largo del presente libro, los gobernantes se niegan a desclasificar papeles del Cesid-CNI para evitar situaciones que puedan producir daño al Estado. Sin embargo, en este caso no tienen escrúpulos para hacerlo, dado que les beneficia.

– Los mandos del servicio de inteligencia actúan como fuente de información cuando no tienen otro medio de influir en la opinión pública, y cuando lo hacen utilizan todos los procedimientos a su alcance para conseguir sus fines.

– Las filtraciones a los periodistas de las autoridades del Cesid son difícilmente comprobables, por lo que se requiere del informador un especial celo en el proceso de confirmación de datos. El periodista de investigación no debe olvidar que no puede publicar ninguna información que no haya sido contrastada las veces que haga falta. En caso contrario, puede ser perfectamente engañado. Incluso, como en este caso, citar el documento en que se basa la información no es suficiente para publicarla en la forma como exige el respeto a la opinión pública.

– Es destacable que la publicación de una información tan controvertida como el presente informe del servicio de inteligencia no llevara acarreada una denuncia de la fiscalía por el uso de métodos ilegales en la obtención de información, de una demanda de Perote por ser investigado ilegalmente y de preguntas parlamentarias por la filtración de un papel del Cesid y de la violación de derechos fundamentales recogidos en la Constitución. La explicación puede estar en que no siempre se mira la legalidad de las actuaciones del servicio de inteligencia, que muchas veces es tapada por la importancia de la información descubierta.

– En este caso, el Gobierno no se quejó de la actuación del periodista y el medio, porque sólo critican a la prensa cuando las informaciones le son perjudiciales, nunca cuando les benefician.

– Los procedimientos habitualmente ilegales son los que definen la actuación y la razón de ser de los servicios de inteligencia y lo que les diferencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

3

LOS TRENES DE LA MUERTE: EL COSTE DE LA «HONORABILIDAD»

El jueves 11 de marzo de 2004, un grupo terrorista islámico hacía explotar cuatro trenes de cercanías con destino a Madrid. Fue una masacre indiscriminada, una locura incomprensible. Perdieron la vida 192 personas y más de 1.400 resultaron heridas. La capital, el país y el mundo entero se conmovieron por las consecuencias de un atentado tan cruel y sin sentido. Tres días después iba a celebrarse la votación de las elecciones generales, en las que los sondeos publicados ofrecían una pequeña ventaja al candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy, sobre el del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero.

En las Navidades anteriores, miembros de la banda terrorista ETA habían sido detenidos cuando preparaban un atentado similar al que ese día había tenido lugar. A pesar de la sangrienta carrera de la banda, una masacre de esas dimensiones, sin que se hubiese producido un aviso previo, resultaba una acción extraña y difícil de entender. No obstante, en un primer momento todo apuntó a los terroristas vascos como los autores de la masacre. El lehendakari Juan José Ibarretxe fue el primero en aparecer en televisión criticando ferozmente a ETA y distanciando su proyecto político del de los terroristas. Arnaldo Otegi, portavoz de la disuelta Batasuna, no tardaría mucho en aparecer manifestando que la banda podía no ser la autora de tanta crueldad y señalando a grupos terroristas islámicos.

El ministro del Interior, Ángel Acebes, tuvo una primera intervención en televisión pocas horas después del atentado, en la que señaló a ETA como la culpable de la barbarie y negó rotundamente las insinuaciones del dirigente de Batasuna. Manifestó que todavía no había pistas fiables, pero que informaría continuamente de los pasos de la investigación.

Ese mismo día y al siguiente, el presidente del Gobierno, José María Aznar, telefoneó personalmente a los directores de los principales medios de comunicación para comunicarles que no tuvieran dudas sobre la autoría del atentado, que la matanza llevaba impresa la firma de ETA. Incluso Jesús Ceberio, director de El País, tomó la decisión después de recibir la llamada de cambiar el titular de portada de la edición urgente que habían editado el mismo día del atentado para incluir la palabra ETA en el titular.

Por la tarde, los rumores no oficiales sobre la responsabilidad de grupos islamistas relacionados con la red Al-Qaeda, dirigida por Osama Bin Laden, fueron creciendo. Y más cuando en las siguientes horas personas y grupos cercanos a Bin Laden comenzaron a reclamar para sí la autoría de la matanza, ya de una manera oficial. En esas horas, por ejemplo, Sheij Omar al-Bakri, portavoz de AlQaeda en Europa, aseguró a Ahmad Rafat, corresponsal de Tiempo en Roma, que la reivindicación formulada por las Brigadas de Abu Hafs al-Masri era auténtica.

Esa misma noche, Acebes volvió a aparecer en televisión y explicó que la línea más importante de investigación seguía señalando a ETA como autora del atentado, pero desveló que había sido descubierta una camioneta con detonadores similares a los utilizados en el atentado y con una cinta en árabe para el estudio del Corán. Con estas pistas, habían abierto una nueva línea de investigación, paralela a la de ETA, que para ellos seguía siendo la prioritaria.

Las imágenes de los supervivientes del atentado fueron repetidas continuamente en todos los canales de televisión. Las emisoras de radio emitieron las palabras graves y duras de decenas de personas que ayudaron a los miles de afectados. Y los periódicos recogieron las imágenes dramáticas de los trenes destrozados. Las consecuencias del atentado lo llenaron todo y sustituyeron a lo que se suponía que iba a ser el tema protagonista del día, la campaña electoral, que de común acuerdo suspendieron todos los partidos políticos.

El viernes, los nuevos datos que se iban descubriendo apuntaban al terrorismo islámico como el causante de la masacre, pero el Gobierno continuó manteniendo la tesis de que había sido ETA, incluso a pesar de que por la noche se producía un desmentido de la propia banda y de que los grupos políticos y sindicales que habitualmente la apoyan se desmarcaron con demasiada rotundidad del atentado. No obstante, hechos como la condena expresa del atentado por el Consejo de Seguridad de la ONU —incitada por el Gobierno español—, del que hacía responsable a ETA, mantuvieron viva la creencia de que habían podido ser ellos los causantes de tanto daño.

Esa tarde, se produjo la mayor manifestación contra el terrorismo que se había visto en España. Por primera vez en la historia de la democracia acudió a la concentración una representación de la Familia Real, encabezada por el Príncipe de Asturias. Nada ni nadie impidió que un importante sector de los manifestantes se saliera del guión previo y comenzara a pedir que se aclarara quiénes eran los responsables de tal barbarie.

El sábado era el día de reflexión de las elecciones. El dilema sobre la autoría del atentado seguía creciendo entre la población. Emisoras de radio, alguna televisión y varios periódicos empezaron a hablar de la posibilidad de que el Gobierno estuviera ocultando información a los españoles y que siguiera manteniendo abierta la posibilidad de que hubiera sido ETA, cuando sabía ya a ciencia cierta que el responsable era un grupo seguidor de Bin Laden.

El dilema tenía un trasfondo político: si había sido ETA, los votantes podrían aumentar su apoyo al Gobierno de Aznar, que es el que había demostrado una mayor contundencia contra los terroristas; pero si había sido Bin Laden, los votantes podrían inclinarse por los socialistas de Rodríguez Zapatero, como castigo al presidente por haber apoyado la guerra contra Iraq.

Ese mismo día, la cadena SER contó en sus servicios informativos que fuentes del CNI les habían asegurado que tenían la certeza desde el día anterior de que los responsables del crimen habían sido terroristas islámicos.

Por primera vez apareció en la historia de «los trenes de la muerte» el nombre del servicio de inteligencia. Para proteger a la fuente informante, la emisora de radio no dio su identidad, sino que utilizó su lugar de trabajo, el CNI, un elemento de máxima credibilidad en un asunto tan oscuro.

En la jornada de reflexión, tuvo lugar un fenómeno novedoso en España. A la hora de la comida, empezó a circular por los móviles el siguiente mensaje de texto: «¿Aznar de rositas? ¿Lo llaman jornada de reflexión y Urdaci trabajando? Hoy 13M, a las 18h. Sede PP C/ Génova 13. Sin partidos. Silencio por la verdad. ¡Pásalo!»

El mensaje tuvo un eco sin precedentes, sobre todo cuando fue repetido por las emisoras de radio. En poco tiempo se organizaron en toda España manifestaciones frente a las sedes del PP que solicitaron al Gobierno que dijera la verdad sobre el grupo responsable del atentado. Las cámaras de televisión del mundo entero, que estaban situadas frente a la sede madrileña del PP para emitir al día siguiente los actos posteriores a las elecciones, enchufaron sus equipos y transmitieron las manifestaciones.

El candidato del PP, Mariano Rajoy, intervino en televisión, donde acusó al PSOE de haber lanzado una campaña contra ellos, que incluía el acoso a sus sedes, aprovechándose de las dudas sobre la autoría del atentado. Alfredo Pérez Rubalcaba respondió desde la sede del PSOE negando cualquier relación con los hechos y afirmando que «los españoles tienen derecho a un gobierno que no les engañe».

El debate que presidió el final de las elecciones del 14-M no fueron ya los temas económicos o la educación. La gente fue a votar pensando en si los responsables de la masacre eran los grupos integristas islámicos o ETA. Por la noche, se hicieron públicos los resultados: Zapatero ganó las elecciones. Aunque hay opiniones discrepantes, muchos apuntaron a que el ocultamiento de la responsabilidad del atentado había sido el determinante de que aumentara el índice de participación y que el PP perdiera. El Gobierno y el PP estaban quedando como unos mentirosos.

En los días posteriores continuó el debate, al que el Gobierno quiso hacer frente en su reunión del Consejo de Ministros del 18 de marzo de 2004. La rueda de prensa posterior la concedieron el ministro Portavoz, Eduardo Zaplana, y el ministro del Interior, Ángel Acebes.

Ante la sorpresa general de los periodistas asistentes a ese primer encuentro tras la derrota electoral, Zaplana anunció que el Consejo de Ministros había decidido desclasificar dos documentos del CNI, en una medida que carecía de precedentes. Justificó la decisión para «demostrar su inocencia y honorabilidad» y la «transparencia» con la que habían actuado frente a la acusación de ocultar información: «Se pueden perder las elecciones, pero el Gobierno no va a perder la honorabilidad.»

El portavoz del Gobierno explicó que los documentos «prueban y acreditan con rotundidad que ninguno de los miembros del Gobierno ha mentido, ni ha manipulado, ni ha retrasado la publicación de información que obrara en su poder y nadie podrá demostrar lo contrario».

Durante la rueda de prensa un periodista le preguntó al ministro Portavoz si el Ejecutivo, siguiendo la misma línea argumental, también tenía la intención de desclasificar los documentos secretos sobre las armas de destrucción masiva de Iraq o los que hacían referencia al accidente del avión Yak-42 que costó la vida a tantos militares españoles, para demostrar que tampoco mintió en esos asuntos. Zaplana, molesto, respondió: «Tomo buena nota; tomo buena nota de ello.»

Los dos informes del CNI desclasificados para demostrar la «inocencia, honorabilidad y transparencia» del Gobierno fueron «Notas informativas» enviadas al palacio de la Moncloa el 11 de marzo, día del atentado, y el 12 de marzo.

El primer documento desclasificado tiene dos folios y un párrafo tachado, que hacía referencia a un dato concreto sobre la obtención de la información en el entorno de la banda terrorista ETA. Se exponen «las primeras conclusiones sobre la autoría», «a la espera de que la investigación policial extraiga datos concretos y concluyentes». En la nota «se considera casi seguro que la organización terrorista ETA es la autora de estos atentados» y detalla diversos argumentos para apoyar su tesis.

Sobre la otra posibilidad, explican que «con los datos disponibles hasta el momento, no puede afirmarse que alguna organización ligada a la Yihad Internacional pudiera ser responsable de la ejecución de estos atentados».

De la lectura del informe del CNI se desprende la celeridad con que fue realizado, en un momento en el que todavía no había datos concretos sobre la investigación y los pocos que había no se los había pasado la Policía. Es un informe eminentemente teórico, en el que el único dato interesante y novedoso de inteligencia debía de estar incluido en el párrafo tachado.

El documento desclasificado del 12 de marzo hace referencia a la «valoración del presunto comunicado de Al-Qaeda reivindicando el atentado en Madrid». No habla de autorías, únicamente trata de explicar si la reivindicación al diario árabe editado en Londres Al-Quds es auténtica o no. La nota informativa tiene dos páginas y todo su texto se lee correctamente, sin ningún tipo de censura.

La conclusión es que «esta reivindicación pudiera haber sido efectuada utilizando textos de anteriores reivindicaciones, incluso falsas o no suficientemente contrastadas, pero en cualquier caso dudosas».

Ambas notas acaban con una referencia idéntica: «El contenido de esta Nota Informativa es para utilización exclusiva del ámbito de competencia de la autoridad u organismos a la que está destinada. La distribución a órganos subordinados, para su más eficaz explotación y de acuerdo con el principio de la necesidad de conocer, debe seguir garantizando la confidencialidad de la información.»

Lo primero que se desprende de la lectura de las dos notas es que su contenido carece de la mínima necesidad de secreto. No hay nada que pueda afectar a la seguridad nacional, ni a personas concretas, ni a fuentes o agentes del servicio. Además, el Consejo de Ministros tiene la competencia para desclasificar documentos del CNI. Es decir, la decisión es absolutamente legal y además no produce daños ni al país ni a sus ciudadanos.

Lo chocante es que los gobiernos que ha tenido España desde que terminó la dictadura del general Franco siempre se han negado radicalmente a cualquier tipo de desclasificación, alegando que se podía poner en riesgo la seguridad nacional o la vida de colaboradores y agentes del servicio de inteligencia.

Cuando los medios de comunicación y posteriormente los jueces solicitaron la desclasificación de la llamada Acta Fundacional de los GAL, documento elaborado por el Cesid, se alegaron esos pretextos, sin tener en cuenta otros datos como que el paso del tiempo suprime con frecuencia la necesidad de secreto. Frente a ese caso, en el de «los trenes de la muerte» el Gobierno se limita a aducir la necesidad de «demostrar su inocencia, honorabilidad y transparencia». Argumentos que pueden ser muy poderosos para el Consejo de Ministros, pero que parecen mucho menos importantes que la persecución de un delito aducida en el caso de los GAL y en otros similares.

Eso sin contar con el efecto de desprestigio que supuso exponer a la opinión pública dos informes posteriormente demostrados erróneos, carentes de información útil y que supuestamente condujeron al Gobierno a cometer errores de bulto que mantuvieron en vilo a los ciudadanos españoles. El poder político ha criticado tantas veces a los periodistas de investigación en servicios secretos de que con sus informaciones quitan prestigio a los espías y no valoran su trabajo, y ahora eran ellos los que les ponían a los pies de los caballos.

En los días posteriores a la desclasificación, «fuentes del CNI» y «fuentes solventes» opinaron críticamente sobre la decisión del Consejo de Ministros. El Mundo, utilizando argumentos similares a los de los principales diarios nacionales, aseguraba dos días después que «la maniobra del Gobierno» «desata la indignación en el CNI» y añadía que en el servicio de inteligencia «hay desconcierto e indefensión por la utilización política de una institución del Estado». También aseguraba que «el CNI se encuentra ahora en una fase de trabajo importante para esclarecer lo sucedido en el 11-M y necesitamos cooperación de otros servicios, que pueden cuestionar compartir información si piensan que se puede hacer un uso público de ella».

Otro de los motivos de ese malestar, citados por el diario, era que «no es cierto» que, como había dicho el ministro Portavoz Zaplana, esos dos fueran los únicos documentos enviados por el CNI al Gobierno desde el día del atentado y hasta la celebración de las elecciones.

El daño, se mire por donde se mire, fue muy alto para el CNI. Al Gobierno sólo le importó su «honorabilidad» y usó al servicio de inteligencia como al niño de los azotes. Quiso dirigir los golpes que les habían dado a ellos hacia los responsables de mantenerles informados. Una demostración más de la separación intencionada que los gobiernos establecen con respecto a sus servicios, a los que hacen garantes de equivocaciones que en gran medida o en su totalidad son exclusivamente suyas. En definitiva, una utilización política del servicio de inteligencia para los fines del Gobierno de turno. Un comportamiento demasiado repetido que los periodistas de investigación también tienen la obligación de sacar a la luz.

Atención a los datos

– En situaciones graves, las informaciones difundidas citando como fuentes al CNI tienen una máxima credibilidad entre la opinión pública.

– Los gobiernos se han negado reiteradamente desde hace veinte años a desclasificar papeles del espionaje solicitados por los jueces aduciendo razones de seguridad nacional, lo que habría dado soporte legal a denuncias realizadas por periodistas de investigación. Por el contrario, el Gobierno del PP desclasificó dos documentos del servicio con el único argumento de «demostrar su inocencia, honorabilidad y transparencia». Evidencias nada comparables a la necesidad de la Justicia de imponer la ley.

– Documentos similares a los de «los trenes de la muerte», como los de las armas de destrucción masiva o el accidente del Yak-42, una parte de los cuales fue adelantado por la prensa, no se desclasificaron porque no interesaba al Gobierno. Lo que muestra el carácter netamente político de ese tipo de decisiones.

– La mayoría de los documentos del CNI carece de la necesidad de secreto con el paso del tiempo y podrían ser difundidos por los periodistas —como ya ha ocurrido— sin que se ponga en riesgo la seguridad del Estado, únicamente correrían peligro los que han actuado ilegal o amoralmente.

– A los gobiernos, que reaccionan tan iracundamente en muchas ocasiones contra las denuncias de los periodistas de investigación en servicios de inteligencia, no les importa el daño que producen en el CNI si es para obtener ellos un beneficio político.

4

EL TRÁFICO DE ARMAS QUE LLEVÓ A MENEM A LA CÁRCEL

«Yo no metí preso a Carlos Menem en 2001. Fue un juez quien lo hizo. Tampoco me puso contento que un ex presidente de mi país fuera preso. Sólo me sentí profesionalmente satisfecho, porque en la causa judicial abierta en base a mi investigación se comprobó la mayoría de los datos que publiqué. Los periodistas no somos fiscales ni jueces; nuestro trabajo es revelar hechos irregulares comprobables. El caso de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia fue una investigación que realicé yo en el diario Clarín; no se trató de un trabajo encarado primero por la Justicia u otro organismo oficial que luego se filtró a la prensa. Respaldada con documentación secreta del Estado, la historia resultó además muy atractiva por los personajes que involucraba, por su trascendencia internacional y porque el tráfico de armas es el negocio ilegal más rentable después del tráfico de drogas.»¹

Daniel Santoro, miembro del equipo de investigación del diario argentino Clarín, un sabueso que comprueba hasta la mínima pista que le pasa por delante, no supo lo que ocurrió el 4 de febrero de 1995 hasta bastante tiempo después. El traficante de armas francés, muy conocido en el mundillo de los bajos fondos, Jean Bernard Lasnaud —con antecedentes judiciales por incitación de menores a la perversión, quiebra simple por impagos, estafa y abuso de confianza, contrabando de armas, falsificación y uso de documento falso y tentativa de estafa—, fue en persona a visitar la fábrica militar de armas portátiles Domingo Matheu de Fabricaciones Militares, que está situada cerca de la bonita localidad de Rosario. ¿Qué hacía un reconocido traficante recorriendo casi oficialmente una fábrica de armamento dependiente del Estado argentino? Obviamente, nada legal.

Ecuador le había encargado al traficante un pedido urgente de fusiles y munición. Y cuando en este círculo se menciona la palabra urgencia, los traficantes abandonan el resto de sus ocupaciones, porque saben que esa palabra es sinónimo de grandes beneficios en muy poco tiempo. Junto a él estuvieron en la visita un militar argentino retirado y otro ecuatoriano, a los que acompañó en todo momento, como no podía ser de otra forma, el director de la fábrica.

Después Lasnaud se reuniría en Buenos Aires con distintos y destacados representantes de los estamentos argentinos cuya autorización era imprescindible para autorizar una venta de armas oculta y silenciosa a Ecuador. En aquel momento, una venta abierta y limpia no era posible.

La cúpula militar ecuatoriana temía una amplia ofensiva peruana que extendiera la guerra de la cordillera del Cóndor a toda la frontera, por lo que necesitaba apremiantemente fusiles y munición para armar a seis mil reservistas. Era tal su urgencia que habían bautizado al tráfico ilegal como «operación gaviota», por la rapidez con que debía ejecutarse.

Sin embargo, Argentina era uno de los países que públicamente jamás podía venderles armas y ellos lo sabían perfectamente. La nación que en esos momentos dirigía Carlos Menem era, junto a Brasil, Chile y Estados Unidos, garante de la paz del Protocolo de Río de Janeiro de 1942 para buscar una salida diplomática a la guerra no declarada con Perú, desatada por un supuesto avance de tropas ecuatorianas sobre los límites provisionales del área en conflicto.

Para saltarse este gran problema, el único cauce alternativo era recurrir a los traficantes de armas. Oficialmente, Fabricaciones Militares de Argentina vendía las armas —a las que se les había borrado el escudo del Ejército argentino para que no fueran identificadas— a la empresa fantasma uruguaya Hayton Trade, que se las entregaría con un certificado de destino final a Venezuela. Pero, extraoficialmente, Hayton Trade se las traspasaría a la empresa Caribbean Group of Companies del traficante Lasnaud, que se las colocaría a la firma ecuatoriana Prodefensa, que se la vendería, ya finalmente, a las Fuerzas Armadas de Ecuador.

Uno de los principales obstáculos en el tráfico de armas es conseguir un certificado de destino final, que quite toda la responsabilidad al país vendedor en el caso de que se descubra que el armamento ha acabado en un país en conflicto, al que estaba vetado vendérselas por acuerdos internacionales. Así lo solicitó Guillermo Etchechourry, secretario de Planeamiento argentino, que especificó que debería estar firmado por «un funcionario con rango no inferior al de secretario de Estado o equivalente, requiriéndose que su firma sea legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Venezuela, con la posterior legalización del consulado argentino en ese país y, finalmente, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina». Exigencias aparentemente duras, pero bastante simples cuando se trata de una venta de armas legal. Sin duda, Etchechourry estaba algo mosqueado por experiencias negativas que había vivido en el pasado.

Sin embargo, algún tipo de presión o recomendación debió de recibir Etchechourry en las semanas posteriores que le hizo cambiar de opinión, porque sin esperar al certificado detalladamente exigido, dio el visto bueno a la autorización de la salida de las armas «con destino a Venezuela» y se la remitió a la comisión tripartita integrada por representantes de los ministerios de Defensa, Exteriores y Economía para que también lo autorizaran, lo que tardó poco tiempo en producirse, gracias a las oportunas llamadas realizadas desde la Casa Rosada, la residencia del presidente del Gobierno.

El siguiente trámite sí supuso un retraso, al aparecer otro hombre con los lógicos prejuicios. El subsecretario de Política Exterior, Rogelio Pfirter, recibió la documentación y se dio cuenta de que faltaba el certificado de destino final. Se mosqueó de que tanta gente hubiera aprobado la venta de armas a Venezuela sin contar con ese papel vital, por lo que envió una nota al Ministerio de Defensa en la que aseguraba que firmaría la exportación en cuanto tuviera en su poder el dichoso papel.

Todos los que estaban en el ajo se sintieron decepcionados, pero se lanzaron a conseguir un certificado falso, pero creíble, que pudiera engañar a Pfirter. Poco tiempo después se lo enviaron. Ni él ni nadie del Gobierno se dio cuenta, o no quisieron darse cuenta, de que la firma que lo rubricaba era falsa, que carecía del sello del Ejército de Venezuela, que no tenía el certificado consular, que se refería a la empresa Fabricaciones Militares como «DGFM» —denominación que sólo se usa entre los militares argentinos— y que hablaba de que las armas eran para las «Fuerzas Armadas y de Seguridad de la República de Venezuela» —cuando a sí mismos se llaman Fuerzas Armadas Nacionales—. Además, a nadie se le ocurrió algo tan simple como hablar con miembros del Gobierno venezolano para verificar la autenticidad del pedido. Finalmente, sumaron el resto de las firmas necesarias, la última de las cuales fue la del presidente argentino, Carlos Menem.

En este largo proceso de recolección de autorizaciones aparece el SIDE, el servicio secreto argentino. Una de las numerosas firmas exigidas fue la de Guillermo González, un diplomático de carrera intachable, que cuando mostró sus dudas sobre la operación recibió presiones para que firmara. Una de esas presiones fue la de un secretario de la Presidencia y hombre de la máxima confianza de Menem. Cuando las informaciones de Daniel Santoro en Clarín provocaron el escándalo, González recibió amenazas telefónicas de muerte que le advertían de los riesgos que podía correr si no «se callaba la boca» sobre las llamadas que había recibido. Sus teléfonos fueron intervenidos por el SIDE, oficialmente para tratar de detectar al autor de la intimidación, pero sin que se obtuvieran resultados. Es como si los malos ya supieran que no debían volver a llamar.

A mediados de febrero se efectuó el primer envío de armas a Ecuador. Para que las armas pudieran pasar los trámites de aduanas sin problemas, se utilizó «el decreto Presidencial 103», que Carlos Menem había firmado el 24 de enero de ese año, varios días antes de que estallara la guerra entre Perú y Ecuador, que autorizaba la venta de todas las existencias que le quedaban a Fabricaciones Militares.

El decreto secreto 103, al igual que otros anteriores, ordenaba a la aduana que permitiera la salida del material bélico verificando únicamente el peso, la cantidad de bultos —pero sin abrirlo— y el valor de la operación.

Otro de los problemas que surgió en esos momentos fue el malestar del Gobierno peruano cuando descubrió que Argentina, el país teóricamente neutral, iba a vender armas a sus enemigos de Ecuador. Los militares peruanos habían avisado con anterioridad a sus colegas argentinos de la información que habían recibido sobre el envío secreto de armamento a su enemigo, pero las autoridades argentinas lo negaron rotundamente.

El gran lío se produjo el 3 de marzo. El embajador de Perú en Buenos Aires, Alberto Ulloa, fue al Ministerio de Exteriores a manifestar oficialmente su preocupación por la supuesta venta de armas, que había sido desvelada unos días antes por el diario La República de Lima e inmediatamente desmentida por el Gobierno de Menem. A su salida del Ministerio, se encontró con un grupo de periodistas. Uno de ellos, Daniel Santoro, notó la cara de enojado que llevaba y decidió preguntar a sus fuentes en la Cancillería, que le reconocieron que se había abierto una investigación interna para responder con todos los datos a las quejas de Perú. Santoro contó lo que sabía el 6 de marzo, desconociendo en esos momentos que unos años después su investigación llevaría al presidente Menem a pasar seis meses en la cárcel.

La primera reacción del Gobierno ante las informaciones de Clarín fue un desmentido tajante del Ministerio de Exteriores, al que le seguirían respuestas similares a cada uno de los descubrimientos que el diario publicaría en los siguientes años. Según cuenta el propio Daniel Santoro: «A principios de 1995, Menem había sido reelegido con casi el 50 por ciento de los votos; también controlaba las dos cámaras del Congreso, la mayoría de la Corte Suprema de Justicia y a varios jueces federales, y había neutralizado además a organismos de control interno como la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. Por eso el diario donde trabajo careció, al principio, del acompañamiento de otros medios; puertas adentro, conté con todo el apoyo de mis jefes frente a las presiones del Menemismo.»

Los servicios de inteligencia no se quedaron quietos y fueron usados por el Gobierno para sus fines partidistas. De hecho, agentes del SIDE investigaron la vida privada de Daniel Santoro y le intervinieron los teléfonos con la intención de buscar algo sucio y utilizarlo para desprestigiarle. Por suerte, no lo consiguieron.

Poco a poco, Santoro y el equipo de investigación del diario Clarín fueron desgranando los datos más importantes del escándalo. Fuentes oficiales les facilitaron informalmente el certificado de destino final de las armas que Fabricaciones Militares había dado al Gobierno, para demostrar que era «una triangulación de Venezuela». Y es que la gente de Menem, ante las denuncias periodísticas, iba intentando echar la responsabilidad de los hechos a cualquiera que pasara por allí.

En cuanto Clarín publicó el certificado de destino final, que como hemos señalado era patentemente falso, estalló una crisis entre Argentina y Venezuela. Las autoridades venezolanas gritaron todo lo alto que pudieron que ellos no habían tenido nada que ver con la sucia operación y los ministros de Menem empezaron a enfrentarse entre ellos, al ver el gran lío que se les venía encima.

Como la coartada de echar la culpa a Venezuela no había dado resultado, desviaron la atención hacia la empresa intermediaria Hayton Trade, mientras Menem hacía declaraciones minimizando el caso, negando que las armas estuvieran en Ecuador y desmintiendo que contemplara la posibilidad de cesar a algún alto cargo.

El tremendo poder que atesoraba Menem hacía que nadie se atreviera a enfrentarse a él, ni siquiera los jueces y fiscales que de oficio podrían haber abierto un proceso para investigar la verosimilitud de las denuncias periodísticas.

El 16 de marzo, cuando el escándalo se había convertido en un tsunami extremadamente preocupante, el abogado Ricardo Monner, un prestigioso letrado comprometido con la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción, presentó ante la Justicia Federal una querella por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra el ministro de Defensa y otros altos funcionarios. A partir de ese momento, el juez Jorge Urso tramitó sin prisas pero sin pausas la causa 1577.

Muchos fueron los intentos de desprestigiar la investigación. Agentes de los servicios de inteligencia de Menem intentaron manipular a Santoro para que cometiera algún grave error, que les permitiera posteriormente desacreditarle a él y a su investigación. Un supuesto informante con el que se reunió el periodista en Montevideo, se presentó como espía ecuatoriano: «Me contó un traje a medida de mis hipótesis; me mostró documentos de una llamada “Operación Gaviota” en los que se decía que, además de fusiles, Menem le había vendido a Ecuador los misiles Condor II. Me pidió 100.000 dólares por esa y otras falsedades; le dije que no. Me di cuenta de que era falso porque ese misil había sido desmantelado y enviado a Estados Unidos cuatro años atrás. Creo que era una maniobra del Gobierno para que publicara eso y luego desprestigiarme.»

Después vino el descubrimiento de que los mismos autores del tráfico de armas a Ecuador lo habían hecho anteriormente con otra partida de armas a Croacia. Y los periodistas siguieron desenredando la madeja, mientras las personas implicadas, cuyos nombres iban apareciendo poco a poco, recurrían a la vieja artimaña de acusar al periodista Daniel Santoro y al diario Clarín de montar una campaña contra ellos. Un argumento demasiado habitual en todos los países del mundo.

Con la Justicia investigando sobre el tráfico de armas, los periodistas empezaron a no sentirse solos y el Gobierno argentino puso más empeño en organizar adecuadamente las coartadas que pudieran librarle de las consecuencias de esas investigaciones paralelas. Poco a poco, el Gobierno olvidó su disculpa inicial y empezó a admitir que las armas estaban en Ecuador, pero no por su intervención, sino por responsabilidad de los intermediarios, una forma de intentar llevar la discusión a otro terreno.

Pero Clarín aportó nuevos datos demostrando que las autoridades argentinas supieron con antelación que se iba a hacer la triangulación de las armas a Ecuador. Menem se enfadó mucho y calificó de «patraña» la investigación. En esos momentos, el Ministerio de Defensa inició un proceso contra Daniel Santoro acusándole de haber violado la Ley de Secretos de Estado al publicar el referido decreto 103 —«un juez tomó mis huellas dactilares, me hizo nombrar un defensor y aceptó abrir una causa en mi contra»—. Pero quien en realidad había usado fraudulentamente la Ley de Secretos de Estado era el propio Menem, porque la empleó para poner datos falsos (las armas oficialmente eran para Venezuela, cuando en realidad iban a Ecuador) y así no dejar constancia de su delito.

Al mismo tiempo, un abogado amigo de uno de los implicados le ofreció a Santoro 50.000 dólares si dejaba de investigar el asunto. Ante sus negativas, recibió intimidaciones y amenazas de muerte: «Hemos contratado un asesino brasileño para matarte.»

Pese a todo, Santoro siguió trabajando duramente en la investigación periodística y en diciembre de 1995 se le concedió el Premio Internacional de Periodismo Rey de España por un trabajo que permitió sacar a la luz el tráfico de armas y que facilitó a la Justicia los elementos necesarios para procesar a los implicados.

El proceso fue largo y la investigación duró siete años. En junio de 2001, el ex presidente Carlos Menem fue detenido durante seis meses —bajo el régimen de prisión domiciliaria, en una finca de la localidad de Don Torcuato, propiedad de su amigo Armando Gostanián— acusado por el juez Urso de ser el jefe de una asociación ilícita que manejó el tráfico de armas a Ecuador y Croacia. También su cuñado Emir Yoma cumplió arresto en el penal militar de Campo de Mayo por ser el organizador de la asociación ilícita.

La Justicia argentina sigue trabajando en el caso. Tras el encarcelamiento de Menem, lo que supuso llevar a la cárcel por primera vez en la historia de Argentina a un ex presidente, sigue la investigación. Pocos creen que una operación de tráfico de armas pudo realizarse sin el conocimiento de Menem, que sigue siendo investigado. Seis de sus antiguos colaboradores, entre ellos su ministro de Defensa Erman González, están siendo juzgados.

Como resultado de la investigación, Fabricaciones Militares, la empresa que organizó el tráfico de armas, pasó del Ministerio de Defensa al de Economía para su privatización.

Las fuentes que ayudaron a los periodistas siguen en el anonimato, pero en esta investigación, más que en la mayor parte, se contó con muchos documentos probatorios. El servicio de inteligencia argentino no sólo no ayudó en la investigación, ni mantuvo en ningún momento relaciones directas con los periodistas de Clarín, sino que su actuación se circunscribió a intentar paralizar el trabajo periodístico.

Atención a los datos

– El trabajo de los periodistas del diario Clarín llevó a que la Justicia tuviera que intervenir para investigar una operación de tráfico de armas, que en caso contrario habría permanecido oculta.

– El Gobierno argentino de Menem negó rotundamente desde el primer momento conocer la venta de armas ilegal a Ecuador. Incluso cuando la prensa fue aportando datos concluyentes, ellos mantuvieron la estrategia de seguir negando.

– El diario Clarín estuvo durante mucho tiempo casi sólo en la investigación del caso. Los otros medios no entraron por el temor a la reacción de Menem, que había ganado las elecciones con más de la mitad de los votos y controlaba los más importantes resortes del poder.

– Los servicios de inteligencia apoyaron al presidente durante toda la investigación periodística, llegando incluso a investigar la vida privada del periodista para intentar desprestigiarle. No sólo no ayudaron en la investigación, sino que su actuación se circunscribió a intentar paralizar el trabajo periodístico.

– Daniel Santoro fue acusado de violación de la Ley de Secretos Oficiales, al publicar un decreto presidencial. Por el contrario, su publicación no sólo no dañó al Estado, sino que permitió que la opinión pública conociera los trapicheos de su Gobierno. Además, la posible falta debería estar en el uso fraudulento que el presidente Menem hizo de esa ley, porque la usó para poner datos falsos y no dejar constancia de su delito.

– El periodista de investigación recibió continuas intimidaciones y amenazas de muerte, en un desesperado intento de los implicados por frenar su trabajo.

– La mayor parte de las fuentes informantes siguen en el anonimato, pero en esta ocasión los documentos conseguidos aportaron los mayores elementos de credibilidad a la historia.

1 La base de la información del presente capítulo procede de los dos libros escritos por Daniel Santoro. El primero Venta de armas. Hombres de Menem, editado por Planeta-Espejo de Argentina, en el año 2001, recoge la investigación periodística que reveló el escándalo del tráfico de armas a Ecuador y Croacia. Y el segundo Técnicas de investigación, editado por la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano en el año 2004, desvela los métodos de investigación periodística desarrollados en diarios y revistas de América Latina. Además, han sido especialmente útiles los detalles aportados por Daniel Santoro, prosecretario de redacción y miembro del equipo de investigación del prestigioso diario argentino Clarín, en conversaciones con el autor.

5

LAS ESCUCHAS ILEGALES DEL CESID: CÓMO ACABAR CON UN GOBIERNO

El 12 y el 13 de junio de 1995, los periodistas del diario El Mundo Manuel Cerdán y Antonio Rubio publicaron un amplísimo reportaje de investigación sobre el Cesid que provocaría uno de los mayores escándalos en la democracia española. El trabajo, ampliamente documentado y contrastado, demostraba que el servicio de inteligencia había estado durante varios años grabando y archivando las conversaciones de los personajes más importantes del país. Además, como prueba concluyente, reproducían el listado de las cintas grabadas ilegalmente elaborado en la sede central del espionaje.

En el texto se afirmaba que «en el estadillo al que ha tenido acceso El Mundo aparece una grabación realizada directamente al rey Juan Carlos, el 4 de octubre de 1990, cuando hablaba desde un teléfono móvil […]. La cinta del Rey figura en el listado de la “cintateca” dentro del apartado “Operación”, con el número “38” y las iniciales “S.M.”, que corresponden a “Su Majestad”».

También señalan que en «enero del 85, como fecha de grabación, aparece con el número “69” una intervención realizada a través de la “frecuencia 450”, que en el capítulo “Operación o personaje” sólo concreta “varios”. Más adelante, en “Asuntos”, incluye la siguiente relación: “Don Juan-Estoril, Zulueta de Miguel, Cebrián-SER, Pimentel” […] Junto a las grabaciones efectuadas al Rey y a, supuestamente, su padre, don Juan de Borbón, también figuran las realizadas a una serie de personas que tenían y tienen vínculos de amistad con don Juan Carlos […] El control de los amigos del Rey por parte del Cesid no se limitó a Tchokotua y a Prado y Colón de Carvajal. También llegó hasta Carlos Perdomo, un empresario argentino que tiene negocios con Prado y Colón de Carvajal y Tchokotua, que durante un tiempo cultivó la amistad de don Juan Carlos».

Otra de las menciones dice: «Alonso Manglano y sus “escuchas” también dedicaron parte de su tiempo a intervenir y grabar a sus superiores. El 16 de abril de 1986 el “Gabinete de Escuchas” interceptó una conversación telefónica del teniente general José María Sáenz de Tejada, jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME). Curiosamente, ese mismo año, a finales de octubre, el Gobierno renovó la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM) y uno de los candidatos a JEME era el propio Emilio Alonso Manglano.»

Además de la Familia Real, sus amigos y el jefe del Ejército, otras muchas personalidades fueron espiadas. Las más llamativas son las siguientes, según aparecían descritas en el texto de los periodistas Cerdán y Rubio:

– «5. Hassan rey: interceptación de conversaciones de la seguridad del rey de Marruecos en su visita a España (octubre del 88).

– »8. Los señoritos de Sevilla: conversaciones entre empresarios que el Cesid no identifica.

– »10. Koplo-Abelló: conversaciones grabadas en noviembre de 1989. Se refiere a Alicia Koplowitz y al empresario Juan Abelló. Por aquellas fechas, Alicia Koplowitz estaba negociando la separación patrimonial con su esposo, Alberto Cortina. Alicia Koplowitz y Abelló estaban “pinchados” por separado, ya que entre ellos no se produjo ninguna conversación.

– »12. Mújica: cuatro conversaciones de Enrique Múgica (en el listado con “j”) con su hermano Fernando. Hablan sobre la campaña electoral del 86.

– »15. Ruiz Mateos: no aparece ningún dato que pueda dar pistas sobre las razones de esta grabación (realizada el 28 de junio de 1990).

– »16. Empresarios: sobre el asunto “Tabacalera-Cuba”. Conversaciones grabadas el 26 de abril de 1990. Probablemente en ellas haya datos sobre negociaciones de Tabacalera con autoridades cubanas.

– »21. Ministro: José Barrionuevo conversa desde su despacho con su amiga Ana Tutor. La grabación se hizo el 25 de septiembre de 1990, cuando Barrionuevo era ministro de Transporte y Tutor, delegada del Gobierno en Madrid.

– »22. Periodistas: grabación de dos conversaciones de Antonio García Trevijano en septiembre del 90.

– »28. Periodistas: no los identifica, pero sí aclaran que hablan del Sindicato de la Guardia Civil, que en esas fechas (1989) era perseguido por la dirección del Cuerpo.

– »30. Directivos banca: en 1989 se grabó a directivos del BBV. En diciembre se produjo la muerte de Pedro de Toledo. También fueron grabados directivos de Cruz Roja (presidida por Carmen Mestre).

– »33. Miss Enders: conversaciones de la esposa del embajador de Estados Unidos en Madrid con Eduardo Serra, José María Segurado y el embajador de Cuba.

– »43. Ministro Ordóñez: el entonces ministro de Asuntos Exteriores conversa con uno de sus asesores sobre la crisis del Golfo, el 9 de octubre de 1990. Está marcada con un punto grueso.

– »45. Prado y Colón: grabación en la que aparecen conversaciones de Manuel Prado y Colón de Carvajal durante todo el año 1986.

– »48. Madariaga: esta cinta fue grabada a lo largo del año 85. Probablemente, la persona investigada fuera el fallecido Juan G. de Madariaga, hombre muy introducido en el mundo financiero. En la cinta se recoge información relacionada con un posible chantaje que tenía que ver con la vida privada del gobernador del Banco de España, Mariano Rubio.

– »51. Isabel Tocino-Sanchís: está grabada en 1988. La dirigente popular comenta asuntos políticos con Ángel Sanchís, que dimitió de sus cargos a raíz del escándalo Naseiro.

– »53. Vicente Zabala: el crítico taurino de ABC habla con el empresario Juan Alfonso Cardenal, que le pide una entrevista con Luis Roldán para ofrecerle un dispositivo para detectar explosivos en vías férreas. Esta cinta también incluye conversaciones con Adolfo Suárez y Jaime Campmany (director de Época). Grabada en 1985. También hay una anotación de las iniciales “S.M.”.

– »55. Ramón Mendoza: conversación con Nati Abascal en que el presidente del Real Madrid insulta a una “secretaria”. Fue grabada en octubre de 1990.

– »58 y 59. Liyo (Lillo): Ramón Lillo, que durante años fue jefe de la Policía de la Audiencia Nacional, conversa con un ciudadano extranjero, llamado Joseph. Hablan de Peñafiel, Hachuel y de la hija de Cassinello.

– »62. JOTSA: registros sin fecha de asuntos amorosos del propietario de Jotsa, Antonio García.

– »72 a 79: Dienética: conversaciones intervenidas a dirigentes de la secta Dienética, que más tarde fueron procesados por la Justicia española por varios delitos. El sumario fue instruido por el magistrado Vázquez Honrubia y el juicio se va a celebrar en las próximas semanas. El comandante Navarro Benavente siguió durante meses (desde noviembre de 1987 a marzo de 1988) las hazañas de los responsables de esta secta. Viendo que había detectado acciones delictivas consultó con sus superiores del Cesid el hacer llegar las cintas al juez del caso. La dirección del Cesid se lo prohibió y las cintas quedaron olvidadas en la “cintateca”.

– »83. Rafael Escudero (Escuredo): grabada el 20 de noviembre de 1985. Se refiere al ex presidente del Gobierno andaluz y hombre que compartió despacho con el presidente del Gobierno [Felipe González] en Sevilla a principios de los años 70, Rafael Escuredo. El que fuera alto cargo del PSOE es en la actualidad portavoz de la familia de la joven secuestrada, Anabel Segura.

– »86. José Cortina: hace referencia a una charla mantenida en 1978 en una sede del Cesid entre el entonces presidente Adolfo Suárez y el vicepresidente Manuel Gutiérrez Mellado con jefes de la Agrupación Operativa de los servicios de información militares. José Cortina era el jefe de esta unidad. Esta cinta fue la que El Mundo publicó en febrero pasado. En las anotaciones sobre la fecha de grabación hay un error. Figura el año 1980 cuando la reunión se celebró en 1978.

– »92. Estela y Mario: grabada el 17 de abril del año 1991. Hace referencia a un posible tráfico de drogas en el que participan un ciudadano italiano, que no identifica, y una sudamericana llamada Estela.»

Este resumen de las escuchas incluidas en el larguísimo listado desvelado en el periódico muestra que pocos sectores de la sociedad quedaban fuera de las pesquisas de los espías. Afectaban no sólo a la máxima autoridad del Estado, sino también a miembros del Gobierno, de los partidos políticos, del mundo empresarial e, incluso, del periodismo. Nadie parecía estar libre del interés del servicio de inteligencia.

Los periodistas de investigación sacaron a la luz un hecho jurídicamente ilegal, que había sido diseñado, preparado y ejecutado con la intención de que permaneciera oculto eternamente y cuya publicación era necesaria para que la sociedad supiera cuáles eran los procedimientos que de verdad utilizaba el servicio secreto y a qué tipo de asuntos no oficiales se dedicaban.

La noche que apareció la primera información el Cesid hizo pública una nota de prensa cuando quizá ya sabían que al día siguiente El Mundo iba a sacar una segunda entrega con la reproducción del listado completo con las 93 operaciones de interceptación telefónica. Evidentemente, no podían confirmar la veracidad de información, pero su contenido era muy revelador:

– «El Cesid tiene entre sus competencias obtener y evaluar información para prevenir cualquier amenaza exterior, para neutralizar acciones anticonstitucionales o para impedir actividades de los servicios de inteligencia extranjeros que atenten contra los intereses nacionales.

– »Uno de los campos de evaluación que permite obtener esta información es el espacio radioeléctrico utilizado por la telefonía móvil […] Estos sistemas son empleados por personas u organizaciones que persiguen fines no lícitos, como servicios de información hostiles, narcotraficantes o terroristas.

– »El control de este espacio radioeléctrico por el Cesid, que en fechas anteriores a la publicación de la Ley Orgánica 18/1994, de 23 de diciembre, no era ilegal, se realizaba mediante un Gabinete de Escuchas con instalaciones totalmente automáticas […] Nunca ha existido propósito de «espiar» a las personas que se citan en la información de prensa de hoy. Cuando se ha obtenido por azar una emisión por telefonía móvil de personas conocidas, incluidas altas autoridades del Estado, nunca ha existido utilización de las informaciones recogidas.

– »Cuando la información no era relevante para las competencias del Cesid, las grabaciones eran destruidas. No obstante, puede haberse producido una sustracción que tendría un carácter claramente ilegal.

– »Las captaciones realizadas en dicho espacio radioeléctrico permitieron desarticular operaciones de servicios de inteligencia extranjeros y de tráficos ilícitos. También sirvieron en su día para alertar a personalidades sobre la utilización del teléfono móvil sin precauciones, puesto que su uso podía ser interceptado.

– »Al entrar en vigor la Ley Orgánica 18/1994, de 23 de diciembre, que incorporó al ordenamiento jurídico español medidas que ya existían en tratados internacionales sobre el secreto de las comunicaciones, el Cesid ha replanteado su actividad de exploración del espacio radioeléctrico.»

Es lógico y habitual en todo el mundo occidental que cuando un servicio de inteligencia es descubierto actuando fuera de la ley, intente justificar las razones que le han movido a hacerlo. Indudablemente, la prevención de unas amenazas no identificadas nunca puede llevar a someter a todo el pueblo español a la violación de sus derechos fundamentales.

Tampoco es admisible intentar defender que no hubo delito dado que sólo utilizaron las cintas para fines relacionados con la seguridad del Estado, porque el mero hecho de grabarlas sin permiso judicial ya coloca al que lo hace fuera de la ley. Y porque la lista de escuchas guardadas en la cintateca demuestra que todas ellas habían sido archivadas y no destruidas como intentan argumentar que hicieron.

También pretenden aclarar que no había norma jurídica que les impidiera grabar de una forma aleatoria a quien les diera la gana, cuando el Código Penal que estaba en vigor dejaba claro en sus artículos 497 bis y 192 bis que sí era delito su actuación. El primero decía: «El que para descubrir los secretos o la intimidad de otros sin su consentimiento interceptare sus comunicaciones telefónicas, o utilizare instrumentos o artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido será castigado con las penas de arresto mayor y multa de 100.000 a 500.000 pesetas.»

Y el 192 bis señalaba: «La Autoridad, funcionario público o agente de éstos que sin la debida autorización judicial, salvo, en su caso, el previsto legalmente en el desarrollo del artículo 55.2 de la Constitución, interceptare las comunicaciones telefónicas o utilizare artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido incurrirá en la pena de arresto mayor en su grado máximo e inhabilitación absoluta.»

Creo que los argumentos esgrimidos por el Cesid no consiguen justificar la intervención telefónica indiscriminada y que la decisión del diario de publicarlo fue un acierto, porque probaban una conducta delictiva del servicio de inteligencia. Además, ofreció a la opinión pública una información necesaria para tratar de terminar con este tipo de actuaciones irregulares, que llevó en un primer momento a prohibir estas actividades y años después a la exigencia de que un juez las autorizara preventivamente.

UNA HISTORIA CON MÁS REPERCUSIÓN QUE OTRA SIMILAR ANTERIOR

La información publicada por los periodistas Cerdán y Rubio provocó un tremendo escándalo. El Cesid había grabado conversaciones particulares de personas de todos los ámbitos de la vida nacional, que charlaban mayoritariamente sobre asuntos carentes de toda trascendencia para la seguridad nacional, el escudo tantas veces esgrimido para justificar ese tipo de actuaciones ilegales. Líos amorosos, negocios privados y asuntos estrictamente políticos formaban la mayor parte de las grabaciones guardadas en la cintateca del Cesid. Bastaron las informaciones publicadas el 12 y el 13 de junio para que al día siguiente el Fiscal General del Estado, Carlos Granados, solicitara la apertura de un sumario y ordenara una exhaustiva investigación. Paralelamente, algunos de los afectados promovieron querellas particulares: Jaime Campmany, Pablo Castellanos, Antonio García Trevijano, José María Ruiz Mateos, Pedro J. Ramírez, Melchor Miralles, José Barrionuevo, la Asociación Civil Dianética y la Asociación Libre de Abogados.

Los periodistas de investigación limitan su trabajo a desvelar los hechos, pero muchas veces no consiguen que se produzca una reacción en la sociedad para acabar con los hechos denunciados. Es algo ajeno al informador y bastante incontrolable. En el caso de la cintateca, la gravedad social de la denuncia y el conflictivo momento político que se vivía por otros escándalos anteriores acarrearon que inmediatamente se produjeran denuncias. Pero en otro caso anterior, con puntos en común con el que nos ocupa, la denuncia periodística careció de la misma repercusión. De hecho, cuando Juan Perote Pellón (J.P.P. en la información que más adelante relatamos) está preparando su defensa por la acusación de grabar ilegalmente conversaciones telefónicas, estudia la posibilidad de utilizar una información anterior de Tiempo para demostrar que el asunto ya era conocido parcialmente y nadie del Gobierno socialista había actuado para impedirlo. Merece la pena pararnos un momento a analizarlo.

Cinco años antes, cuando estaba en pleno funcionamiento el Gabinete de Escuchas, el semanario Tiempo publicó una historia titulada «El Cesid escucha a diplomáticos y empresarios en Puerta de Hierro», en la que señalaban que «la aparente vida tranquila de empresarios, aristócratas y diplomáticos en la colonia residencial de Puerta de Hierro, de Madrid, no es tal. El Cesid tiene montado un centro operativo que le permite ejercer un férreo control sobre todos ellos».

En la información explicaban: «Fuentes del Cesid han manifestado que el chalet desde donde se controlan todas las operaciones relativas a los vecinos de Puerta de Hierro está situado en la avenida del Cardenal Herrera Oria. Su apariencia externa no es precisamente discreta, dado que una enorme antena colocada en el techo hace fijar la mirada al despistado transeúnte.»

Junto a la foto del chalet donde se hacían las escuchas —las mismas que posteriormente fueron denunciadas por El Mundo— se explicaba que «los citados medios de la Inteligencia española han asegurado que allí habita un grupo de apoyo operativo, que además de realizar misiones en Puerta de Hierro hace todo tipo de trabajos. Está mandado por el jefe de Apoyo Operativo del Cesid, el teniente coronel J.P.P., que también tiene a sus órdenes a todos los comandos clandestinos que realizan misiones que entrañan especial riesgo. La misión que realizan estos hombres no es indiscriminada. No ejecutan escuchas o hacen seguimiento a cualquiera. Cada acción o cada interceptación de una llamada telefónica está previamente justificada por la necesidad anterior de información».

La acusación formulada en esta información y en la de El Mundo tiene bastantes puntos en común. Las dos denuncian la existencia del mismo centro de escuchas, con el agravante de que Tiempo lo hace cuando todavía están teniendo lugar los graves hechos denunciados después por el diario.

Sin embargo, el semanario centra el texto en los datos de que dispone referentes a diplomáticos y empresarios de una zona de Madrid de gente pudiente. Posiblemente, a la opinión pública no le preocupa en exceso que unos extranjeros residentes en España sufran el control del servicio de inteligencia, pensando quizá que ellos pueden estar haciendo lo mismo con nuestros diplomáticos destinados en sus países. Lo de los empresarios sí que podía haber tenido repercusión, pero la información carecía de las pruebas sobre espionajes concretos.

El diario, por el contrario, habla de casos concretos, con nombres y apellidos, y no de unos pocos, sino de 93 operaciones distintas. Además, en el listado aparece el Rey, lo que transmite el mensaje a la sociedad que si el monarca no tiene garantizadas sus conversaciones, del resto de los españoles es mejor no hablar.

Las dos informaciones ofrecían pruebas significativas. Tiempo publicaba fotos detalladas del chalet desde donde el Gabinete de Escuchas interceptaba las conversaciones ilegalmente. Y El Mundo ofrecía el listado completo de las interceptaciones, escritas a mano por José Manuel Benavente, el agente responsable de ejecutarlas. Las dos eran muy claras, pero el listado era determinante del delito, mientras que el chalet únicamente aportaba credibilidad a la información, pero dejaba en cuestión el uso que el Cesid le daba.

Pero hay otro factor muy importante, casi determinante, en este tipo de casos, para entender la repercusión política y jurídica de las historias del periodismo de investigación: el momento político. En 1990, cuando Tiempo desvela su trabajo, la situación es relativamente tranquila, con un Gobierno socialista fuerte, no afectado por los escándalos de los servicios de inteligencia y sin un desgaste excesivo por su actuación gubernamental. Por el contrario, en 1995 los escándalos que ha destapado la prensa, y muy especialmente los periodistas de investigación, en temas como la guerra sucia de los GAL o la financiación ilegal del PSOE en el caso Filesa, han llevado a un gran deterioro del Gobierno. La oposición es durísima y las secuelas de las investigaciones mucho mayores.

LAS CONSECUENCIAS PARA LOS PROMOTORES DE LAS ESCUCHAS

Las acusaciones de El Mundo poseían todos los elementos de credibilidad cuando publicaron la información. Pero en los días posteriores un gran número de los afectados por las escuchas presentó denuncias en los juzgados, con lo que el reportaje pasó otro importante proceso de confirmación. Los espiados podían decir mejor que nadie si habían tenido esas conversaciones sobre temas muy concretos referidos en los listados.

El 20 de junio de 1995, ocho días después de iniciarse la difusión de la investigación, la jueza María Jesús Coronado, titular del Juzgado número 43 de Madrid, inició el proceso judicial tras admitir a trámite la primera querella presentada, la del periodista Jaime Campmany contra el director del Cesid, Emilio Alonso Manglano, por disponer y autorizar la interceptación de llamadas telefónicas sin autorización.

A partir de ese momento, se siguió un proceso judicial extraño, pero interesante, y unas medidas políticas bastante contrapuestas. Durante meses, la jueza Pérez Marugán, sustituta de Coronado, tomó declaración a espías y espiados. Manglano defendió la tesis oficial del Cesid ya expuesta en una nota de prensa referente a que las escuchas eran aleatorias, exploraban el espectro radioeléctrico, y grababan únicamente las conversaciones interesantes para la lucha contra el terrorismo, narcotráfico o contrainteligencia.

El 6 de febrero de 1996, ante el asombro de muchos, la nueva juez sustituta, Ana Mercedes del Molino, acordó archivar la investigación al estimar que las escuchas no constituyeron delito porque fueron aleatorias, casuales y necesarias para proteger intereses vitales del Estado. Al mes siguiente, tras su regreso al puesto, la jueza Pérez Marugán confirmó el archivo aceptando nuevamente la tesis del Cesid de que interceptar las llamadas de teléfonos móviles en aquella época no era delito.

Todo cambió el 10 de mayo, cuando la Audiencia Provincial reabrió el caso, admitiendo los recursos que había recibido, razonando que «si la Justicia aceptaba que se realizaran escuchas telefónicas sin autorización, no estaríamos en un Estado de Derecho, sino en un Estado policial».

En octubre de 1997, la jueza Pérez Marugán dictó finalmente acto de apertura de juicio oral contra el que fuera director del servicio de inteligencia, Emilio Alonso Manglano, su jefe del Departamento de Acción Operativa, Juan Alberto Perote, el jefe del Gabinete de Escuchas, José Manuel Benavente, y los técnicos del Gabinete Visitación Patiño, Francisco Vallejo León, José María Vidal Molina, Juan Miguel Nieto Rodríguez y Julio López Borrero.

Más de dos años habían tardado los tribunales en conseguir que se celebrara el juicio. La vía política, la que marca las responsabilidades de los altos cargos, había tardado poco más de dos semanas en dictar sus sentencias: Emilio Alonso Manglano, después de catorce años al frente del Cesid, había presentado su dimisión, a la que siguieron las del ministro de Defensa, Julián García Vargas, y la del vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra. Alonso Manglano lo había hecho como responsable ejecutivo del servicio, Narcís Serra como responsable político directo del mismo y García Vargas también como supuesto jefe político, aunque sus competencias sobre el Cesid eran bastante escasas y nada tenía que ver con el asunto.

Cuando los periodistas de investigación difunden una denuncia, siempre puede producir dos tipos de responsabilidades: la moral, que suele pagarse con las dimisiones políticas, y la legal, que se resuelve en los tribunales.

Este tipo de casos demuestra que a los ojos de la opinión pública, el hecho de haber estado espiando libremente y sin control a un elevado número de españoles no necesitaba una confirmación judicial para adjudicar responsabilidades morales. Esto suele ocurrir con las investigaciones sobre servicios de inteligencia que, a diferencia de este caso, con cierta frecuencia no llegan a los tribunales, porque ponen en evidencia comportamientos amorales, difíciles de condenar penalmente en una sala de justicia.

Cuando las juezas solicitaron el archivo del caso porque consideraban que lo denunciado por El Mundo no era delito, no querían decir en ningún momento que el trabajo de investigación no hubiera tenido validez, sino que, según su opinión, las leyes amparaban ese comportamiento. En realidad, las dimisiones políticas ya demostraban el mal proceder del servicio de inteligencia y la utilidad de la denuncia.

De hecho, otra de las aportaciones en España del periodismo de investigación en servicios de inteligencia ha sido obligar a los políticos a cambiar las leyes para ajustarlas a lo que debe ser un Estado democrático. En el caso de la cintateca, por ejemplo, una ley posterior todavía vigente consideró que era una exageración que un jefe del espionaje hubiera estado catorce años en el puesto y decidió limitar a sus sucesores su estancia máxima en el puesto a cinco años.

Pero es que la decisión de las juezas de archivar un caso que a la opinión pública le pareció tan escandaloso llevó a que otros jueces de una instancia superior invalidaran esa sentencia y ordenaran que se revisara, para evitar que en España se instauraran medidas típicas de un «Estado policial».

El 26 de mayo de 1999, la Sección Quince de la Audiencia Provincial de Madrid condenó a Alonso Manglano y a Perote a seis meses de arresto por un delito continuado de escuchas ilegales telefónicas, mientras que los cinco técnicos restantes —Benavente, el jefe directo de todo el tinglado, había fallecido en un accidente de coche— lo fueron a cuatro meses. Además, Alonso Manglano y Perote fueron condenados a inhabilitación absoluta durante ocho años y el resto a seis.

La sentencia justificaba plenamente la razón de la denuncia periodística: atribuyó a Alonso Manglano la responsabilidad máxima de los hechos «dentro de una política mal entendida de seguridad nacional» y consideró acreditado «con un rigor probatorio que pocas veces concurre» que se escucharon «durante años a una infinidad de ciudadanos», aun cuando el contenido de sus conversaciones fuera «totalmente ajeno a ese tópico, indefendible por anticonstitucional», que es «una seguridad nacional que implica inseguridad en el disfrute de derechos fundamentales».

Lo que pasó luego tiene poco que ver con el periodismo de investigación y todo con la aplicación de las leyes. El fiscal y los acusados recurrieron en casación ante el Tribunal Supremo por estimar que la sección de la Audiencia Provincial que los juzgó caía en una falta de imparcialidad objetiva. El Supremo confirmó la sentencia en marzo de 2001, pero los condenados volvieron a recurrir ante el Tribunal Constitucional. Tres años después, el más alto tribunal español la invalidó teniendo en cuenta las alegaciones y ordenando la celebración de un nuevo juicio. Del contenido de lo juzgado no dijo absolutamente nada. En febrero de 2005 se repitió el juicio en la Audiencia Provincial, aunque con Perote sentado en solitario en el banquillo de los acusados. Extraños manejos habían conseguido que todas las acusaciones particulares renunciaran a ejercerlas, como si el paso del tiempo hubiera quitado importancia al pecado cometido.

Pero el periodismo de investigación deberá seguir alerta, porque frente a las repercusiones en las leyes y en la política que tuvo aquella denuncia existieron otras en el Cesid bastante preocupantes.

Poco antes de comenzar el primer juicio, a principios de noviembre de 1997, El País desveló parte del contenido de una nota interna del entonces director del servicio de inteligencia, Javier Calderón, a todos sus agentes. En ella reconocía la «sorpresa» con que recibieron la decisión de abrir juicio oral y la «inquietud generalizada» que había provocado entre los miembros del Cesid. Para paliarla, el director anunciaba que los funcionarios juzgados contarían con «todo el respaldo» del servicio y expresaba su confianza en que finalmente serían exonerados de toda responsabilidad. Calderón también explicaba que había advertido al Gobierno sobre las «repercusiones para la operatividad del Centro» que podía tener una decisión como la adoptada por el juez. Además, concluía defendiendo a los agentes implicados en el caso de las escuchas porque se limitaron a «cumplir con su deber».

El mismo diario citaba a un alto cargo de Defensa que negaba que se tratara de defender la «obediencia ciega» y que los funcionarios no pueden escudarse en el cumplimiento del deber cuando reciben órdenes delictivas. Y matizaba: «No se puede pedir a una secretaria que sea capaz de dilucidar la legalidad de una orden que ofrece dudas incluso a los propios jueces. Ningún servicio del mundo puede funcionar si los agentes se arriesgan a sentarse en el banquillo por cumplir las órdenes de sus superiores.»

Aunque el alto cargo del Ministerio de Defensa no quiso aceptar estar hablando de «obediencia ciega», que es un concepto superado ampliamente, lo que hicieron él y Calderón fue defender precisamente eso. En un país democrático, no se puede aceptar que nadie se ampare en el cumplimiento del deber para cometer actos que están penados por la ley.

Gracias a la denuncia periodística y a la sentencia judicial, se introdujo en las leyes del servicio de inteligencia el deber, pero también el derecho, a que un juez autorice previamente esas acciones conflictivas. Es verdad que es una limitación a su trabajo, pero también es una garantía para los agentes que realizan esas misiones, que ahora cuentan con una cobertura legal que les protege en el desempeño de su trabajo y hace que sus jefes no puedan ordenarles acciones ilegales. Y si lo hacen, que puedan negarse a cumplirlas.

LAS CONSECUENCIAS PARA LAS FUENTES

El 18 de junio de 1995, seis días después de que el diario El Mundo desvelara la existencia de una cintateca en el servicio secreto, fue detenido el ex jefe del Departamento de Acción Operativa y en ese momento asesor de seguridad de la empresa Repsol, Juan Alberto Perote.

En la noche de ese domingo, agentes de la Guardia Civil, acompañados de militares pertenecientes al Cesid, utilizando una parafernalia propia de las grandes detenciones de peligrosos delincuentes, procedieron a detenerle en su casa de campo, en El Escorial, pueblo cercano a Madrid. Con ellos fueron unos invitados especiales: un periodista y un reportero gráfico del diario El País, algo poco frecuente en una operación como ésa. A Perote le detuvieron acusado de un delito de revelación de secretos o informaciones relativas a la seguridad o defensa nacional. El juez que ordenó su detención, lo hizo tras presentar Emilio Alonso Manglano, director del Cesid, una querella contra Perote, por haber robado una serie de documentos secretos del servicio y haber filtrado algunos de ellos a la prensa. Entre ellos estarían los de la cintateca que tanto escándalo estaban provocando en ese momento en la sociedad española.

En ese mismo momento, por la llamada que realiza en virtud de su derecho a la mejor defensa, se sabe que su abogado será Jesús Santaella, que en los últimos tiempos había sido uno de los defensores de mayor confianza del ex banquero Mario Conde, a quien una decisión del Gobierno de Felipe González le quitó la presidencia de Banesto.

Poco a poco comienzan a conocerse los detalles de lo que ha ocurrido y está ocurriendo. Cuando Perote abandonó el Cesid cuatro años antes, se llevó microfilmados más de 1.200 documentos, que recogían muchas de las operaciones presuntamente ilegales del servicio de inteligencia.

El responsable máximo de esas misiones, el propio Juan Alberto Perote, alegó que al abandonar su puesto se llevó inadvertidamente las microfichas mezcladas con el resto de sus pertenencias y que cuando su sustituto en el Departamento le comunicó que faltaban, buscó entre sus pertenencias y las devolvió inmediatamente.

Emilio Alonso Manglano no se creyó nunca la versión de su antiguo subordinado, con el que había mantenido una relación excelente durante años, pero que terminó en un abierto enfrentamiento. Posteriormente, Alonso Manglano aseguraría que la información sustraída estaba clasificada como secreto, que afectaba a la seguridad nacional, a la identificación de personas, medios, organización y actividades de los servicios de inteligencia españoles y extranjeros, y estaba protegida, además, por el reglamento interno del Cesid. Y que Perote conocía esos extremos perfectamente.

Posteriormente, el semanario Tiempo sacó a la luz una operación que explicaba con claridad lo que estaba ocurriendo. El abogado Santaella, en nombre de Mario Conde, estuvo recorriendo desde el mes de febrero diversos despachos de altas personalidades del Ejecutivo, para explicarles que si no se hacía justicia con su defendido, después de la intervención de Banesto por parte del Banco de España, era bastante probable que aparecieran en los medios de comunicación una serie de informaciones que podrían acabar con el Gobierno. Eran informaciones referidas a importantes ilegalidades producidas con conocimiento de varios ministros y otras que demostrarían la implicación del Ejecutivo socialista en las acciones de los GAL. En las conversaciones del mensajero de Mario Conde, entre otros con José Barrionuevo, inicialmente nadie hizo caso a lo que parecía una amenaza, más que un aviso.

Cuando Conde salió de prisión, mantuvo varias reuniones con Perote, que fueron interpretadas como el paso previo a un acuerdo estratégico entre ambos personajes. De hecho, cuando el mismo semanario Tiempo adelantó el 29 de mayo que «Juan Perote puede acabar con Serra», pocas personas hicieron caso a lo que se estaba gestando en la sombra y que ciertamente acabaría con la dimisión de Serra un mes después.

Volviendo a la operación desvelada por Tiempo bajo el título «Felipe y Conde negocian», se explicaba con claridad que el Gobierno había decidido no prestar atención a lo que consideraban presiones de Conde y se narraban los acontecimientos que habían ocurrido después de la publicación en El Mundo del listado de la cintateca.

Se interpretaba también una portada posterior de El País como un hecho relevante. Poco después de la noticia difundida por el diario dirigido por Pedro J. Ramírez, el periódico de PRISA publicaba las fotos de Mario Conde y Juan Perote saliendo de una reunión en casa de Fernando Garro, uno de los hombres de confianza del ex banquero. Las dos imágenes, filtradas por miembros del Gobierno y procedentes de la grabación que agentes operativos del Cesid habían realizado del encuentro, pretendían explicar a la opinión pública que la noticia sobre el espionaje ilegal al Rey y a otras personalidades había sido facilitada por Perote a su amigo Mario Conde, quien a su vez se la habría facilitado a El Mundo.

Éste es un tipo de acción agresiva que utiliza el Cesid para hacer llegar sus mensajes e influir en la sociedad. Defienden públicamente su no vinculación con la prensa y su deseo de no aparecer en los medios, pero la realidad es bien distinta. Cuando interesa a sus fines, siempre intervienen, aunque nunca reconocen la paternidad de su actuación como fuente de información. En este caso, sin embargo, es evidente que las fotos de dos personas saliendo de un domicilio únicamente pudieron ser obtenidas subrepticiamente por sus muy preparados agentes operativos.

Lo hicieron para influir en la opinión pública y dirigir la atención hacia lo que ellos consideraban importante: había una conspiración de un ex agente y un ex banquero para atacar al sistema y chantajear al Gobierno. Desvelar públicamente las escuchas ilegales que efectuaba el servicio de inteligencia era sólo un medio para obtener sus réditos. Con esta acción también pretendían quitar importancia a la denuncia periodística, algo en lo que erraron, a la vista de todo el largo, pero efectivo, proceso judicial que ya hemos referido.

Lo que ocurrió es que la publicación en El Mundo de la noticia de las escuchas telefónicas, después de los fracasados intentos de Santaella de encontrar una solución pactada para su jefe Mario Conde, tiene una clara interpretación para el Gobierno: es el primer aviso y si no hay un acuerdo favorable para Mario Conde, seguiremos contando todo lo que sabemos de vuestros trapos sucios. La respuesta del Gobierno, en esta partida de ajedrez diabólica, también es clara: querella contra Perote e ingreso en prisión.

En contra de lo que podía parecer, es en ese momento cuando el que podríamos llamar bando gubernamental se decide a abrir las negociaciones para cerrar el tema. El encargado es el ministro del Interior, Juan Alberto Belloch, que habla con el abogado Santaella y después les cuenta al presidente González y al vicepresidente Serra el resultado del contacto: no quieren hablar mientras Perote esté en la prisión militar de Alcalá de Henares.

Aparecen nuevos enviados del Gobierno y por primera vez un dirigente del Cesid, un general cuyo nombre no cita la información, que podría ser Santiago Bastos, un viejo amigo de Perote. El recado es más explícito: si no sale en libertad se defenderá respondiendo a las preguntas que le hagan los jueces sobre la relación del Gobierno socialista con los GAL, lo que implicaría a la cúpula socialista gobernante.

Desde ese momento, los contactos se repiten cada vez con mayor frecuencia. El sector Conde pide tres condiciones para no seguir filtrando a la prensa informaciones del servicio de inteligencia que perjudiquen al Gobierno: libertad total para Juan Perote, García Castellón debe dejar el caso Banesto en manos del juez Moreiras —mucho más manejable, según su opinión— y el Gobierno se debe encargar de pagar a Conde 14.000 millones de pesetas como indemnización por los daños que le han causado. La respuesta gubernamental es negativa, aunque dejan bien abierta la puerta de la negociación.

Nuevamente, los medios de comunicación, en este caso las televisiones, publicitan la siguiente jugada que se produce en el tablero de ajedrez. Ricardo García Damborenea acusa, por primera vez en todo el proceso GAL, a Felipe González de ser el creador de la banda armada. Poco después, Perote hace su primera declaración ante Garzón, en la que menciona que el Cesid conocía la creación de los GAL. Entre medias, Felipe González procede a aceptar las dimisiones ya contadas de Narcís Serra y Julián García Vargas por el escándalo de la cintateca.

La situación se va tensando. El 27 de julio el presidente del Gobierno decide acudir al Parlamento para hacer frente personalmente a la situación. El bando de Conde, en cuanto se entera, amenaza con publicar un documento que podría acabar con su carrera. González actúa rápidamente y acepta mantener una conversación privada con Jesús Santaella, el abogado de Conde, en el mismo palacio de la Moncloa y así frenar la nueva acción contra su persona.

Las conversaciones continúan. En todo momento, destacados agentes del Cesid han intervenido en ellas y uno lo ha hecho de una forma destacada: Jesús del Olmo, el recientemente nombrado secretario general, número dos oficial, pero uno para muchos asuntos.

Como la realidad imita con demasiada frecuencia a la ficción, no podía faltar en la conspiración la aparición de un intermediario, que posteriormente sería identificado como Francisco Paesa, que se entrevistó en persona con Perote: «Si lo olvidas todo y pierdes la memoria sobre el asunto GAL, yo me encargaré de hacerte llegar a la cuenta que tú quieras y en el país que desees 500 millones de pesetas.» Tras pedir 48 horas para simular que se lo estaba pensando, respondió negativamente. La partida siguió, con la aportación por goteo de nuevas pruebas que intentaban demostrar la implicación del Gobierno en las acciones terroristas de los GAL.

Pero ¿qué pasó con Juan Alberto Perote, la supuesta fuente filtradora de los papeles que probaban las escuchas ilegales y la existencia de una jugosa cintateca en el servicio de inteligencia?

Tras ser detenido rápidamente por haber sustraído las microfichas cuando se publicó la primera información en El Mundo, pasó un año siendo acusado en diversos medios de comunicación de ser el inspirador de las informaciones publicadas por El Mundo y otros medios, lo que encajaba perfectamente con la denuncia que le llevó a prisión, porque los papeles que aparecieron estaban siempre incluidos entre las microfichas desaparecidas o robadas.

En junio de 1997, comenzó el juicio militar contra el coronel Perote, en el que sus compañeros y jefes relataron con claridad cómo se había apoderado de las microfichas.

El 10 de julio de ese año, el tribunal notificó la sentencia en la que imponía al ex agente del Cesid una pena de siete años de prisión y pérdida de empleo por un delito de revelación de secretos o informaciones relativas a la seguridad o defensa nacional.

La sentencia explicaba que Perote no se llevó los papeles de forma inadvertida, sino en ejecución «de un designio preconcebido y deliberado», con el objetivo de utilizarlos «para su propio provecho individual». Consideraba también que «no se trataba de un móvil honroso o elevado, como pudiera ser evitar un mal o impedir la impunidad de hipotéticos delitos. No; el apoderamiento de aquella documentación revela un inequívoco interés personal de propio provecho individual que ni se desvela por el declarante y ni siquiera se apunta».

El diario El País dice, al referir la sentencia, «que asegura que Perote se apoderó de los documentos “con fines no esclarecidos”, omite cualquier alusión a su utilización por el banquero Mario Conde para chantajear al Gobierno del PSOE o su filtración a El Mundo».

La sentencia no deja lugar a la mínima duda. El jefe del Departamento de Acción Operativa del Cesid preparó con mucho tiempo la operación de llevarse 1.245 microfichas que incluían muchas de sus operaciones más conflictivas. No se llevó de forma «inadvertida» los papeles. Lo hizo con toda la constancia de quien está meses diseñando y ejecutando su acción.

De la supuesta conspiración con el ex banquero Mario Conde y otras personas de la Policía y la política, no se dice nada, entre otras cosas porque los afectados en el supuesto chantaje no presentaron ninguna denuncia. Por lo que el móvil delictivo nunca ha quedado demostrado.

El interrogante que se podría plantear es si el hecho de que el espía se llevara los papeles cometiendo un grave delito de «revelación de secretos» quita validez a la información ofrecida por el diario El Mundo o, incluso, si los periodistas deberían haber evitado su publicación.

Lo primero que hay que dejar claro es que no hubo denuncia contra los informadores por violación de la Ley de Secretos Oficiales. Algunos medios de la competencia les acusaron de estar en connivencia con la fuente, Juan Alberto Perote, pero no se llegó más allá. Es evidente que cualquier periodista de investigación mantiene una cierta connivencia con su fuente informante, pero eso no quiere decir que esté cometiendo un delito. En este caso, como en otros, la fuente que informa tiene sus propios motivos para querer que se conozca una información oculta, que sin su participación directa podría no llegar a ser conocida jamás por la opinión pública. Pero una cosa es lo que quiera la fuente y otra el deber de los periodistas. Lo único aceptable es, como hicieron los informadores, quitar a la información cualquier tinte de manipulación o intención, y publicarla una vez que se hayan seguido todos los pasos necesarios de consultar con otras fuentes y confirmar los datos. Finalmente, tuvieron que analizar si la publicación de la historia era de interés para la opinión pública. Y, sin duda, lo era. Porque gracias a su contenido se pudo acabar con una cadena sin límite de intervenciones telefónicas ilegales que afectaba a un número elevadísimo de españoles.

Además, se consiguió crear una sensibilidad en la opinión pública que llevó años después a la imposición mediante una ley de un juez especial al servicio de inteligencia para que les autorizara todas aquellas misiones que estén en conflicto con la Constitución.

La posibilidad tantas veces mencionada de que el diario estuviera en connivencia con las personas que supuestamente estarían utilizando los papeles del Cesid para conspirar contra el Gobierno, es algo que nunca se demostró. Si hubiera sido así, hay que tener claro que la información seguiría siendo igual de válida, y eso es lo que importa.

No obstante, cabe hacerse una pregunta: ¿si no hubiera habido un ex agente del Cesid deseoso, sean cuales sean sus motivos, de contar el mal funcionamiento del servicio, nos habríamos enterado de las escuchas ilegales? La respuesta es clara: no.

La conclusión entonces es que la colaboración de agentes disgustados con el servicio es, más que necesaria, casi imprescindible para entrar en un mundo tan sumamente opaco. En los servicios de inteligencia los funcionarios han firmado un juramento que les obliga a guardar secreto sobre todo lo que conocen, por lo que sin la colaboración de algunos que se saltan esa norma muchos secretos no los conoceríamos nunca. Eso lleva a que los agentes se jueguen su seguridad cuando hablan con los periodistas. En el caso protagonizado por Juan Alberto Perote, la conclusión fue la cárcel.

Atención a los datos

– La publicación de las escuchas ilegales del Cesid es un trabajo de investigación que los periodistas sacaron a la luz para demostrar que el servicio actuaba ilegalmente. Era una operación de espionaje diseñada para que nadie la conociera y cuya publicación era necesaria para que la opinión pública supiera los procedimientos ilegales que utilizaba habitualmente el Cesid.

– El servicio de inteligencia siempre considera, e intenta convencer a la sociedad, de que sus actuaciones son legales y, en caso de duda, pretenden argumentar que cumplen fines de defensa de los intereses nacionales. Como ha dejado claro una sentencia judicial, si hiciéramos caso a esos argumentos, estaríamos en un Estado policial, no en uno democrático.

– Las informaciones de los periodistas de investigación en servicios secretos no tienen la misma trascendencia. Siempre se trata de desvelar hechos ocultos, pero a veces el momento político en el que se produce influye en las consecuencias. Además, la existencia de documentos probatorios y la presencia de nombres concretos aumentan la importancia de la historia.

– El hecho de que los jueces puedan llegar a considerar que no hay delito en una denuncia periodística no le quita el más mínimo valor. El fin de los informadores no es meter a nadie en la cárcel, sino poner en conocimiento de la opinión pública aquellos temas que son de su interés y que son reprobables jurídica, pero también moralmente.

– Una denuncia tan escandalosa como la de las escuchas telefónicas indiscriminadas afectó no solamente al director del Cesid, sino que tuvo una trascendencia política: dimitieron el ministro de Defensa y el vicepresidente del Gobierno. Cuando el tema es muy grave, nunca se puede considerar a los jefes del servicio como los únicos responsables. El poder político, que los controla y dirige, también debe asumir su parte proporcional de responsabilidad.

– Los servicios de inteligencia se sienten muy molestos cuando sus agentes son condenados judicialmente por cumplir con su trabajo. Todavía defienden la idea de que los agentes «cumplen con su deber» cuando hacen misiones ilegales. El periodista de investigación debe estar muy atento a denunciar este tipo de comportamientos, que no tienen protección en las leyes españolas.

– Gracias al trabajo de investigación de los periodistas se incluyó años después la presencia de un juez especial para el servicio, encargado de autorizar las misiones conflictivas. Para los agentes es un deber seguir sus instrucciones, pero supone también para ellos un derecho que les protege y garantiza su seguridad jurídica.

– El servicio de inteligencia filtra información a los medios que consideran les puede ser de utilidad. No es verdad que no mantengan relación con la prensa.

– La fuente de la información —hecho más que probable, aunque no demostrado— fue el ex agente del Cesid Juan Alberto Perote. Este caso y otros muchos citados en el presente libro demuestran que la colaboración de agentes disgustados con el servicio de inteligencia es muy necesaria para poder penetrar en un mundo tan sumamente secreto. Hay que tener muy presente que los agentes al entrar en el servicio firman un juramento para no desvelar lo que conozcan en función de su trabajo, por lo que romperlo les puede suponer una pena de prisión. No obstante, desvelar asuntos tan graves como el de las escuchas telefónicas parece que únicamente puede llevarse a cabo con su colaboración, en la que siempre pondrán en juego su seguridad y el periodista deberá esgrimir su secreto profesional para darles la protección necesaria.

– La denuncia de que los documentos de Perote se estaban utilizando en una conspiración contra el Gobierno no les quita validez. Los motivos que puedan tener las fuentes para acceder a hablar con los informadores pueden ser más o menos espurios, pero para su publicación el periodista únicamente tendrá en cuenta los necesarios valores informativos. En esta materia, es casi imposible encontrar fuentes que permanezcan al margen de la información que manejan.

6

ESPIONAJE EN LA GUERRA DE IRAQ: LA LEY DEL TODO VALE

Los servicios de inteligencia pasan por muchas vicisitudes en relación con el secreto que protege sus actividades. Una de las más graves y determinantes aparece cuando son descubiertos practicando una acción ilegal —agentes pillados in fraganti en un domicilio o micrófonos discretamente colocados que son descubiertos— penada por las leyes nacionales o internacionales. Rápidamente, los directores de los servicios y especialmente sus responsables políticos salen en su defensa. Pero ¿cómo defender a un servicio que realiza una misión encargada por el poder político y que necesariamente exige el uso de métodos claramente ilegales, pero que son los propios de su trabajo? La respuesta la podemos encontrar en dos ejemplos de relieve internacional, con destacados protagonistas.

ESPIONAJE A LA ONU (I): TODOS CONTROLADOS

«Los servicios secretos británicos espiaron al secretario general de la ONU, Kofi Annan, antes del inicio de la guerra en Iraq.» La ex ministra británica de Desarrollo Internacional, Clare Short, que había dimitido de su cargo en mayo de 2003 por estar en desacuerdo con la política del Gobierno de Tony Blair sobre el conflicto de Iraq, sorprendió al mundo entero con unas declaraciones realizadas a principios de 2004, a la cadena de radio de la BBC. Con toda la autoridad que le otorgaba haber sido miembro del Gobierno británico y haber tenido, por lo tanto, acceso a información restringida, manifestó:

– «Este tipo de cosas suceden y durante algún tiempo se hizo con la oficina de Kofi Annan. Leí personalmente transcripciones de las conversaciones», lo que a su juicio demostraría la participación directa del espionaje británico.

– «De hecho, mantuve conversaciones con el secretario general de la ONU antes de la guerra: “Dios mío, va a haber una transcripción de esto y la gente sabrá lo que estoy diciendo.”»

– «No sé si eso era ilegal. Me imagino que sí. Es raro, pero yo no entiendo de asuntos legales.»

Las palabras de la ex ministra de Blair entran sin ningún tipo de dudas en las violaciones de las normas establecidas por la Ley de Secretos Oficiales del Reino Unido y también en las leyes de muchos otros países, entre ellos España. Pero en este caso la denuncia es especialmente grave porque se refiere a una interceptación de comunicaciones materializada en el interior de la sede de Naciones Unidas, una acción estrictamente prohibida en el artículo 2 de la Convención de Inmunidad de 1946.

Tras el escándalo producido en el Reino Unido, Short justificó sus palabras porque el asunto «me preocupaba y decidí que el público tenía que saberlo, éste es el viaje de mi conciencia».

A unas declaraciones concedidas a un medio tan potente como la BBC, contestó pocas horas después el primer ministro Blair, que —coincidencia— ese día ofrecía a los medios de comunicación su rueda de prensa mensual. Sus palabras son especialmente interesantes:

– «Quiero decir que nuestros servicios secretos existen para defender a este país. Su trabajo es ahora más importante que nunca.»

– Un periodista le preguntó después: «¿Está usted escudándose en la seguridad nacional para no hacer frente a su responsabilidad política?» «Ningún primer ministro en la historia de este país —contestó Blair— se ha visto obligado a comentar el trabajo de los servicios secretos. No seré yo el primero.»

– Los servicios secretos británicos «actúan siempre dentro de la legalidad doméstica e internacional. Yo no voy a comentar los pormenores de la actuación de nuestros servicios secretos. Y considero una irresponsabilidad que algunos lo hagan».

– El primer ministro acusó a Short de poner en riesgo «la seguridad del país y de los servicios secretos».

Las palabras de Blair dejaban traslucir un enorme malestar por las preguntas de los periodistas sobre los servicios de inteligencia. No hay que olvidar que en los países occidentales los avances en los mecanismos de control de la democracia tardaron mucho tiempo en aplicarse a los estamentos más secretos. Gran Bretaña es un ejemplo destacado: un país que mantuvo el manto de silencio sobre el espionaje hasta el extremo de seguir negando su existencia en la década de los 80, mientras la construcción de una nueva sede tenía atascado el centro de Londres. Blair, como la mayor parte de los jefes de Gobierno del mundo, confundía lo que debe ser secreto de Estado, y por lo tanto absolutamente respetado, con lo que muchas veces es simple y llanamente interés del gobierno de turno.

El primer ministro inglés repetía una frase que con frecuencia han pronunciado los mandatarios de todos los gobiernos españoles de la democracia: los servicios secretos actúan respetando escrupulosamente la legalidad doméstica. Pero ingleses y españoles se niegan a demostrar que ese acatamiento sea real.

Tony Blair habla también de respeto a la legalidad internacional, matiz necesario dado que el espionaje que estaba dando argumentos para que periodistas y partidos de la oposición le acosaran había tenido lugar en la sede de la ONU y estaba claramente tipificado como delito. (En España no se habla por ningún lado de la necesidad por parte del CNI de respetar las leyes internacionales. De hecho, el juez que controla las intervenciones telefónicas y las entradas en pisos tiene competencias para el territorio nacional.)

El término «seguridad del país» aparece citado en la declaración del primer ministro inglés para destacar que su antigua colega de Gobierno la había puesto en peligro con sus palabras. Pero, nuevamente, esa acusación tan grave no tuvo una respuesta a nivel legal, solicitando, como parecería lógico, que fuera procesada por haber violado la Ley de Secretos Oficiales. Igualmente, todavía estamos esperando a que demuestre los daños que produjeron las declaraciones de Short en la seguridad nacional británica.

Éste fue el inicio del escándalo, pero todavía se agravaría más posteriormente. Al caso denunciado de espionaje a Kofi Annan se sumaron los del ex secretario general Butros Butros-Ghali y los de los responsables de la búsqueda de armas de destrucción masiva en Iraq, Hans Blix y Richard Butler.

Butros-Ghali manifestó que «el primer día que llegué a la oficina me dijeron: su despacho, su residencia, el teléfono del coche, todo está pinchado. Es una tradición que los Estados miembros que disponen de la capacidad técnica para intervenir comunicaciones lo hagan sin dudarlo un instante».

Sobre Blix, el último inspector jefe de Naciones Unidas en Iraq, se supo que su teléfono móvil estaba pinchado. El propio Butler, su antecesor en el puesto, declaró que también su móvil estaba interceptado en Nueva York y que los únicos sitios donde podía hablar libremente eran «en la cafetería del sótano en el edificio de la ONU, que es muy ruidosa, o en Central Park». Añadió que «había pruebas abundantes de que estábamos siendo siempre controlados».

Por su parte Fred Eckhad, portavoz de Kofi Annan, se limitó a señalar que «en caso de que sean ciertos los informes que afirman que el servicio de espionaje británico ha espiado a Annan, nosotros estaríamos muy disgustados». En Washington, el secretario de Estado estadounidense, Colin Powell, aseguró que «nunca hablamos de materia de inteligencia en público».

Como conclusión del caso, todos los medios denunciaron el espionaje ilegal explicitado en los principios básicos de la ONU de 1946, que hablan de que las propiedades y bienes de la organización «son inmunes de ser investigados o expuestos a cualquier forma de interferencia», y en la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas, que insisten en los mismos supuestos. Oficialmente, los altos funcionarios de Naciones Unidas lamentaron lo sucedido, pero se negaron a pedir explicaciones al Gobierno de Blair.

Resulta curioso que todos los altos funcionarios de la ONU reconozcan que sus conversaciones son interceptadas por agencias de espionaje y que tienen que buscar lugares ruidosos o abiertos para mantener secretas algunas de sus entrevistas y, sin embargo, cuando se constata la irregularidad no hagan absolutamente nada.

Finalmente, se echó arena para tapar el asunto, como se hace habitualmente en todo el mundo en los casos en que los servicios de inteligencia son descubiertos con las manos en la masa. Nadie fue procesado y nadie hizo nada para que en el futuro no se volviera a repetir la situación.

ESPIONAJE A LA ONU (II): MOTIVOS DE CONCIENCIA

Casi un año antes del caso protagonizado por la ex ministra británica Clare Short, la página web Periodistadigital.com explicaba el miércoles 25 de febrero de 2004: «La agente de inteligencia Katharine Gun (29 años), traductora de mandarín en el Centro Gubernamental de Comunicaciones —especializado en la obtención de inteligencia de señales y ruptura de claves— filtró a primeros de marzo de 2003 al periódico The Observer una operación de espionaje en las embajadas de siete países ante Naciones Unidas en Nueva York. Estas naciones —México, Angola, Camerún, Chile, Bulgaria, Guinea y Pakistán— se resistían a apoyar una resolución del Consejo de Seguridad que promovía la guerra contra Iraq. La Agencia de Seguridad Nacional norteamericana pidió por memorando al Centro Gubernamental de Comunicaciones británico el montaje de escuchas en los teléfonos de las embajadas de esos países para saber cuál era su posición si se sometía a votación la nueva resolución. La traductora se confesó por iniciativa propia como la fuente de la información.»

Este hecho ocurrió cuando Estados Unidos, Reino Unido y España pidieron al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que respaldara la guerra de Iraq aprobando una segunda resolución que fuera más allá de las «graves consecuencias» con las que amenazaba la resolución 1441.

Éste es un caso muy habitual y lógico: una orden que parte de una agencia de espionaje norteamericana a otra británica. Sin intermediarios. Únicamente las personas que trabajan en las labores de espionaje pueden filtrar a un medio de comunicación un documento secreto o una operación clandestina. Los demás seres humanos ni nos enteramos. La única excepción posible sería que ese agente esperara a contar lo que sabe a haber abandonado la agencia de inteligencia, por lo que el informante sería ya un ex agente. Algo parecido al caso Short.

Entran en juego los motivos de las fuentes, aunque en esta ocasión son diametralmente opuestos a los espurios que veremos en algunos otros casos. Es una funcionaria —del espionaje, pero con una labor claramente de trabajo de mesa— que había actuado por motivos de conciencia «para evitar muertes de soldados y civiles en una guerra injusta». Se puede estar de acuerdo o no, pero no hay dudas de que la funcionaria carece de intenciones malévolas.

Lo que admite diversas interpretaciones es su decisión de reconocer que ella había sido la fuente de la información que había publicado The Observer. Puede que su objeción de conciencia a las actividades sucias del servicio de inteligencia inglés y una absoluta honestidad le llevaran a reconocer su responsabilidad, pero quizá —saberlo es imposible— alguien le aconsejó que era preferible que se entregara voluntariamente, porque la investigación dentro del servicio de inteligencia seguro que terminaría por descubrirla. Para el caso que nos ocupa, cualquiera de las dos opciones es igual de válida.

Katharine Gun fue detenida acusada de violar la Ley de Secretos Oficiales de 1989 y puesta posteriormente en libertad bajo fianza.

En las leyes que regulan el trabajo de los agentes de inteligencia no aparece por ningún lado que tengan derecho a oponerse a cualquier aspecto de su labor por motivos de conciencia. Un trabajo como el de Gun, que consistía en la traducción del mandarín al inglés de cintas y documentos intervenidos sin autorización judicial por la agencia británica responsable del espionaje de señales, no contempla ese motivo. Como tampoco se puede contemplar ese supuesto en la unidad de intervención telefónica del Centro Nacional de Inteligencia español o de cualquier otro país. Sin embargo, la traductora nunca puso reparos a su conflictivo trabajo habitual, pero sintió que con esas escuchas a los países que podían oponerse a un ataque a Iraq su Gobierno y el de Estados Unidos estaban cometiendo una acción inmoral que ella no debía permitir. Y lo denunció a quien podía hacer algo para evitarlo: la prensa.

Todavía es más llamativo lo que ocurrió posteriormente con el caso claramente tipificado como violación de la Ley de Secretos Oficiales. La fiscalía británica anunció en el Tribunal Penal Old Bailey de Londres que no presentaría cargos contra la agente de inteligencia.

Es cierto que la traductora siempre defendió que no sentía que hubiera cometido un delito, pero su reconocimiento de la filtración del documento y las investigaciones internas posteriores eran argumentos más que sobrados para haberla encerrado en prisión durante una larga temporada o, al menos, para haberlo intentado.

El primer ministro británico, Tony Blair, afirmó que «no tuve ningún papel en que cayera el caso Gun», desvinculándose de la decisión de la fiscalía de retirar los cargos. Para Blair, el motivo estuvo en que no se podía asegurar la condena en virtud de las pruebas legales y técnicas obtenidas.

Muchas fueron las opiniones contrarias: el Gobierno retiró los cargos para evitar tener que mostrar documentos secretos que habría solicitado la defensa de la agente y para no tener que dar explicaciones sobre las acciones que llevan a cabo los servicios de inteligencia. Precisamente, unas acciones sin ningún tipo de control, que violan sistemáticamente el derecho de los ciudadanos británicos y del resto de los países del mundo, a que sus conversaciones privadas por cualquier medio no sean interceptadas por nadie sin una previa autorización judicial.

Blair, máximo responsable político de los servicios de inteligencia británicos, prefirió dejar libre a la agente a tener que exponer a la luz pública las actuaciones de sus servicios de inteligencia.

Atención a los datos

– El hecho de que los gobiernos no apliquen a una fuente informante de los periodistas la Ley de Secretos Oficiales en casos flagrantes de violación de su articulado incitan a otras personas conocedoras de información sobre las maniobras ilegales de los servicios de inteligencia a denunciarlas ante los medios de comunicación.

– Los mejores y más creíbles informantes sobre los servicios de inteligencia son aquellos que en virtud de su trabajo en el espionaje o por razones de acceso a la inteligencia producida, relacionados con el cargo político o técnico que ocupan, están dispuestos a contar lo que saben.

– Los motivos que mueven a las fuentes en los temas de espionaje son con frecuencia espurios, aunque en algunas ocasiones los problemas de conciencia les llevan a denunciar a la prensa los manejos de sus gobiernos. En cualquier caso, lo que motiva a las fuentes es una cuestión al margen de la información, porque es responsabilidad del periodista de investigación la confirmación de todos los datos que vaya a difundir.

– Las fuentes siempre tienen el deseo de que se respete escrupulosamente su anonimato. En ocasiones muy excepcionales deciden dejarse identificar, sabedoras de que lo que han hecho es tipificado como delito en la Ley de Secretos Oficiales de cualquier país democrático del mundo. Eso sí, públicamente alegan desconocimiento o dudas sobre la materia.

– Los gobiernos en el Reino Unido, España y muchos otros países democráticos tienden a no presentar denuncias contra las personas que violan las leyes de secretos oficiales. El motivo principal es evitar juicios, que siempre terminarían siendo abiertos, en los que podrían ponerse en cuestión los métodos y el funcionamiento de los servicios de inteligencia.

– Las normas que regulan el estatus profesional de los agentes de inteligencia, sea cual sea su trabajo, no contemplan en ningún país el derecho a la objeción de conciencia. Como no lo puede contemplar un trabajo que va más allá de lo que establecen las leyes nacionales e internacionales.

– Los presidentes de Gobierno tratan de evitar los escándalos que acarrean las actuaciones de sus servicios de inteligencia y se refugian detrás del manto de que el espionaje está para defender los intereses del país, olvidándose de que la legalidad también forma parte de las normas de cualquier país democrático.

– Los servicios de inteligencia carecen de límites para sus actuaciones en el extranjero. En España, estas actuaciones ni siquiera se contemplan en los límites impuestos por las leyes a sus actuaciones.

– En organismos internacionales de la trascendencia de la ONU, sus altos funcionarios viven acostumbrados al espionaje y no denuncian estas actividades ilícitas.

– En cuanto los medios de comunicación dejan de hablar del asunto, el tema se considera cerrado. La trascendencia parece estar en el conocimiento que la opinión pública tiene del asunto, pero en cuanto nadie informa, los afectados echan tierra sobre el tema.

7

TOPOS ESPAÑOLES EN EL SALVADOR: EL TRABAJO MÁS SUCIO

—Yo preferiría que no lo publicaras.

—Me lo imagino, pero eso ya no es posible. Te he dado la oportunidad de que respondas al contenido de la acusación, pero ya no puedo hacer más.

—Pero es que lo que sucedió no es como tú lo cuentas.

—¡Cómo que no! Te he dado las fechas, los datos, los nombres de las personas.

—Pero lo que yo hacía era parte de mi trabajo en El Salvador, tenía que obtener información como fuera, en el Centro conocían al dedillo todos mis pasos.

—Yo no voy a juzgar tu comportamiento, únicamente voy a sacarlo a la luz. Lo juzgarán otros.

—¡Por favor!, si no puedo evitar que lo publiques, al menos no des mi nombre, ni el de mi mujer.

El agente del Cesid Vicente L.P. fue conmigo mucho más amable de lo habitual. Es cierto que le sorprendió que cumpliera con la obligación periodística de contarle lo que iba a publicar sobre él en mi nuevo libro para que respondiera todo lo que quisiera, incluido, si podía, desmentir mis posibles errores. Hacía años de la operación encubierta que había protagonizado en 1986 en El Salvador dominado por los escuadrones de la muerte y yo no quería cometer fallos.

Nunca he llegado a conocerle, aunque sí he hablado con él en varias ocasiones por teléfono. Le sentó bastante mal que investigara sus movimientos en esa época dura, intentó convencerme de que no lo contara, pero se quedó más tranquilo cuando decidí que publicaría mi investigación sin mencionar sus apellidos —el nombre sí, aunque él tampoco quería—. Ni en el libro ni durante su promoción desvelé la identidad completa del espía, indudablemente para proteger su necesario anonimato. Al final del capítulo aclaraba que había cambiado de destino, pero la denuncia del caso no hacía imprescindible dar su nombre completo. Y fastidiar por fastidiar nunca me ha gustado. Igualmente, su mujer aparecía como Blanca F.M., lo que puede interpretarse más como un gesto hacia él que como una necesidad de preservar su anonimato. Pero el periodista no tiene por qué perseguir a las personas. El fin era denunciar el pésimo funcionamiento del Cesid y la actuación irregular de uno de sus agentes. Lo que no sabía cuando tomé la decisión de ocultar su identidad era lo que ocurriría varios meses después de la publicación del libro.

En abril de 1997 salió a la venta KA: licencia para matar, subtitulado «Qué hacen y cómo son los espías más peligrosos del Cesid». Ejemplo claro del periodismo de investigación sobre servicios secretos, sacaba a la luz nueve operaciones del espionaje español y describía detalladamente el funcionamiento del Departamento de Acción Operativa —llamado en su primera época Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME)—, el que se encarga de ejecutar las misiones más difíciles, con frecuencia en el terreno de la ilegalidad.

El libro es la suma de algunas operaciones que había publicado en el semanario Tiempo y de otras que había investigado exclusivamente para el mismo. También hay una exhaustiva aportación de datos sobre la forma de trabajar de los agentes más secretos del Cesid. Relataba el funcionamiento de la unidad, el perfil humano de sus desconocidos agentes, la curiosa escuela en que son formados, el peculiar taller donde se fabrican los micrófonos para escuchas y otros artilugios especiales, las empresas tapadera de sus actividades y los pisos operativos.

Entre las operaciones ya conocidas estaba la de Enrique Ballester, un empresario español que había estado afincado en Argelia y con muy buenos contactos en el espionaje africano. Era amigo del presidente del Gobierno, Felipe González, desde la época de la clandestinidad, y había ayudado desinteresadamente a financiar el PSOE. En 1987 fue espiado por estos grupos operativos, que le realizaron un exhaustivo control integral de actividades, por el único malsano deseo del entonces director del Cesid, Emilio Alonso Manglano, de conseguir cualquier tipo de dato que le desprestigiara y evitar que su amigo González le nombrara para el cargo que hasta ese momento ocupaba él. La desgracia de esta sucia, ilegal y condenable actividad fue que consiguió un éxito total, y la difusión de la información manipulada en varios medios, sumada a una campaña de intoxicación selectiva en varias agencias amigas, como el Mosad y la CIA, frustraron su nombramiento. En aquel momento no hubo ningún periodista que sacara a la luz la trama y la injusticia se consumó. Por desgracia, cuando yo la desvelé años después ya era tarde.

La acción protagonizada por Vicente L.P. reflejaba el mal funcionamiento del servicio de inteligencia y las causas que lo provocaban. Nunca pensé cuando estaba investigando la operación «El “efecto salamandra”: el Cesid apoyando a los escuadrones de la muerte», que sus consecuencias se prolongarían tanto en el tiempo, causarían una convulsión política en Canarias y darían lugar a unos hechos tan dramáticos.

En mi investigación describía con todo lujo de detalles —lo que nunca habría sido posible en un reportaje publicado en un diario o un semanal por los problemas de espacio— la situación dramática que vivía El Salvador a mediados de los años 80: un gobierno democristiano acosado por movimientos guerrilleros y paramilitares que campaban a sus anchas. En medio de esa perversa situación, el embajador español, Fernando Álvarez de Miranda, y su secretario de embajada, Diego Bermejo. Y como elemento novedoso, la presencia de un agente, que se hacía pasar por periodista, Vicente L.P.

Nada de lo que allí ocurrió en esos años habría traspasado las fronteras de las crónicas periodísticas internacionales si no fuera porque el agente enviado por el Cesid para obtener información e influir en los acontecimientos que allí se vivían lo hizo en la forma contraria a lo que contemplaban las leyes españolas, aunque no está claro que fuera en contra de lo que le había encargado el servicio de inteligencia.

Vicente L.P. se dedicó a hacerse amigo de los temibles partidarios de los escuadrones de la muerte, llegando incluso a apoyarles en la siguiente campaña electoral, al mismo tiempo que dificultaba la tarea del embajador, mantenía enfrentamientos que incluso llegaron a poner en peligro la vida del secretario de la Embajada y criticaba de una manera cruel y exagerada la postura de los españoles allí destinados y del Gobierno socialista de Felipe González.

Varias fueron las quejas que se transmitieron al director del Cesid por el comportamiento de su agente. El embajador Álvarez de Miranda —años después llegó a ser Defensor del Pueblo— le manifestó telefónicamente el comportamiento irregular que mantenía y el subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, Fernando Perpiñá, le explicó el encontronazo personal que tuvo con él durante un viaje oficial que hizo a El Salvador.

Para mayor drama, eran tales los recelos de los españoles que vivían en El Salvador que hasta el nada sospechoso sacerdote jesuita rector de la universidad UCA, Ignacio Ellacuría, comentó poco antes de ser asesinado por los escuadrones de la muerte: «No me fío de él ni un pelo, es muy sospechoso.»

La historia es una muestra del periodismo de investigación sobre servicios de inteligencia. Tras conseguir una pista sobre una operación ocurrida diez años antes, pero de una validez indudable para demostrar la mala labor del Cesid en ese tema, la investigué con la intención de sacar a la luz algo que la opinión pública tenía derecho a saber: un agente enviado a El Salvador para obtener información y trabajar a favor de las tesis conciliadoras y democráticas del Gobierno español lo que hizo fue apoyar a los «malos» y perjudicar la acción de la diplomacia. El conocimiento de esta denuncia serviría sin duda para evitar que en el futuro se repitieran situaciones similares —al menos ésa era la intención— y llamar la atención al Gobierno y a los responsables del servicio de inteligencia que en su momento no hicieron nada para solucionar el problema e, incluso, permitieron o apoyaron esa acción.

La investigación cumple la característica del esfuerzo largo y concienzudo, buscando diversas fuentes abiertas, fuentes escritas y, sin duda, fuentes que ocultan su identidad.

Sobre las abiertas, aunque siempre sin citarlas como conversaciones directas, aparecen datos posiblemente aportados por el entonces embajador y en ese momento Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda; entrevistas mantenidas con el secretario de Embajada, Diego Bermejo; el relato de Luis Santa Nieves, un canario afincado en aquella época en El Salvador; y algunas otras fuentes difíciles de identificar, aunque abiertas, que vivieron en ese país en aquel momento y que son imprescindibles para mantener la viveza y el lujo de detalles del relato.

Fuentes escritas son, entre otras, los datos del pasaporte de Vicente L.P. y su mujer Blanca F.M. con detalles como el día que entraron en El Salvador; las empresas periodísticas Iberia Press y Prensa y Ediciones Iberoamericanas, desconocidas en el mundo de la prensa, registradas legalmente y que son tapaderas del Cesid para dar cobertura a sus agentes en el exterior; y el libro de María Luisa Cruz titulado El país de Comono.

Las fuentes que ocultan su identidad no pueden ser obviamente identificadas, pero se detectan a lo largo de la investigación y es fácil afirmar que alguna o algunas están en el propio Cesid y otras fuera de él. De la lectura del relato se deduce que difícilmente se podría haber llegado a la publicación de la denuncia sin su participación activa en la investigación.

El libro fue publicado en abril de 1997 y los autores lo promocionaron abundantemente en medios escritos y especialmente en las emisoras de radio, donde hablaron con frecuencia del apoyo durante varios años de Vicente L.P., y por lo tanto del Cesid que él representaba, a los escuadrones de la muerte de El Salvador.

El fin de la investigación de denunciar ante la opinión pública lo que el servicio de inteligencia estaba ocultando y su mal funcionamiento estaba cumplido. El periodista de investigación no puede llegar más allá. Únicamente la intervención de la opinión pública puede solucionar el problema, moviendo a jueces o políticos a adoptar soluciones que castiguen los hechos, pongan fin a la situación irregular y traten de evitar que se produzca nuevamente. Las denuncias sirven siempre para concienciar a la población, pero con frecuencia los poderes públicos no se sienten afectados por ellas o si les toca directamente, prefieren mirar para otro lado.

Sin embargo, acontecimientos posteriores llevarían la investigación a servir como reprimenda para el servicio de inteligencia y la persona que había actuado de esa forma inapropiada, contraviniendo también las normas que debía mantener.

Tres meses después de salir a la venta KA: licencia para matar, el 5 de julio de 1997 el diario de Las Palmas de Gran Canaria La Provincia abría su portada a dos columnas con la noticia «El Gobierno canario nombró alto cargo a un agente del Cesid» y el sumario rezaba «López Pascual fue designado hace días director general de Telecomunicaciones».

La información arrancaba así: «Vicente Antonio López Pascual, nombrado hace pocos días nuevo director general de Telecomunicaciones e Informática del Ejecutivo regional, es un agente, ahora “dormido”, del Centro Superior de Investigaciones de la Defensa (Cesid), según revelan los periodistas Fernando Rueda y Elena Pradas en su trabajo KA: licencia para matar.

Los informadores canarios habían descubierto que las iniciales Vicente L.P. pertenecían a su nuevo director general, Vicente López Pascual, que al ocupar un cargo público dejaba de estar protegido por el anonimato que legalmente se exige para los agentes de un servicio secreto.

A partir de ahí, el periódico La Provincia, con su director al frente, Diego Talavera, utilizó la táctica de la reiteración y la agresividad, que es de muy alta utilidad y rentabilidad en el periodismo de investigación. Publicaron la primera información y según el protagonista fue defendiéndose de las acusaciones vertidas por ellos, sus protectores defendiéndole y la oposición criticándole, continuar desvelando poco a poco todos los datos aportados hacía meses en el libro de investigación.

Al día siguiente, nuevamente en portada contaban que «el director general López Pascual admite su pertenencia al Cesid» y «Bravo afirma que lo sabía y que se lo comunicó al presidente Hermoso».

Aquí se produjo un fenómeno habitual en las denuncias de investigación: las personas que salen a defenderse o a defender a otros no entran en el fondo de la cuestión, sino que tratan de quitar hierro al asunto para tratar de preservar la decisión política que se ha tomado.

El medio, como respuesta, sigue aportando datos de la investigación. Así, ese día dedicaron una página entera a glosar «los especialísimos servicios de Vicente L.P.», acompañado de una gran foto en la que aparecía Vicente como «el jefe de campaña de ARENA».

Poco a poco el caso va adquiriendo tintes de escándalo. Sobre todo cuando el periódico decide comenzar el 8 de julio la publicación por entregas —reiteración— del capítulo del libro que detalla las actuaciones irregulares del espía. Paralelamente, siguen dedicando al menos una página a describir el conflicto político que se mantiene en las islas Canarias por el caso. Ese día hace referencia a que Coalición Canaria «abre una investigación sobre el pasado y el nombramiento de López Pascual», con un acompañamiento en el que el presidente canario comienza a desmarcarse: «Hermoso advierte que López puede ser cesado según lo que descubra.»

Al día siguiente, se produce una coincidencia malévola para López Pascual. El Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, con el que tanto se había enfrentado en El Salvador cuando era embajador de España, visita las islas. En virtud de su cargo, guarda públicamente silencio, pero en ningún momento desmiente las informaciones, como no podría ser de otra forma. Reconoce que envió una «nota muy contundente» sobre las actuaciones de López Pascual, pero se negó a revelar el contenido, aunque se ofreció a testificar si se constituía una comisión de investigación en el Parlamento. La Provincia de ese día aprovecha su visita y en el segundo capítulo de la prepublicación del libro destaca «El finísimo olfato de Álvarez de Miranda».

Cinco días después de que el periódico canario identificara al espía Vicente L.P. con el recientemente nombrado director general de Telecomunicaciones del Gobierno regional, la noticia empezó a dar un giro: «El Gobierno podría cesar a López Pascual por su pasado en el Cesid, en el Consejo que mañana se celebrará en El Hierro.» El motivo tiene mucho que ver, según el diario, con el malestar expresado por varios miembros del Ejecutivo por habérseles omitido no sólo su condición de espía, sino «la discutida actividad del mismo durante los tres años que permaneció en El Salvador como jefe de estación del centro y sus conexiones con la extrema derecha de ese país».

Ese mismo día, la prensa publicaba las primeras declaraciones de López Pascual en un último intento de frenar las críticas ya generalizadas contra una persona que había actuado en el pasado de una forma tan irregular. Dijo que el libro de investigación KA: licencia para matar «es una novela y, desde luego, desmiento rotundamente las interpretaciones de carácter peyorativo que han surgido a partir del libro».

Después atribuyó su aparición en la prensa a «una campaña cuyos orígenes no tenemos delimitados» y no dio crédito «al testimonio recogido en KA…, en el sentido de que incitó a los militares de extrema derecha a actuar contra el rector de la Universidad Central Americana, el jesuita Ignacio Ellacuría (asesinado por los escuadrones de la muerte a finales de 1989, año que coincide con su salida de El Salvador), y dijo que se trataba de otro agente del Cesid (no él)».

Pascual explicó que «él recibía órdenes del Cesid» en el sentido de «estar cerca de las fuerzas armadas y de la oposición (ARENA) para ir coadyuvando en el final de la guerra» y que «yo era un fiel soldado, me dijeron lo que tenía que hacer y yo lo hacía». También admitió que se hizo pasar por periodista: «Es algo normal en este tipo de servicios porque son profesiones muy paralelas.»

Sus declaraciones merecen varios comentarios, porque representan fielmente la postura general de muchos de los denunciados en investigaciones periodísticas:

1. Catalogar el libro de investigación que denuncia sus actividades irregulares como «novela» es un intento de desprestigiar a los mensajeros como medio de quitar credibilidad a la historia. Ya lo intentó en 1906 el presidente de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt cuando los periodistas de investigación estaban publicando numerosas denuncias contra él y su partido. En un discurso, a Roosevelt no se le ocurrió otra cosa que tachar a los investigadores de «muckrakers» —poceros, los que bucean en las alcantarillas—. Tuvo tan mala pata que lo que comenzó en un insulto se terminó convirtiendo en una autodenominación de orgullo de los periodistas de investigación norteamericanos.

2. Atribuye los motivos de la aparición de la denuncia a «una campaña cuyos orígenes no tenemos delimitados». También es algo habitual. El denunciado pretende demostrar que detrás de la investigación hay intereses ocultos, siempre perversos y espurios, que han movido la difusión de la historia y a los cuales les da igual su veracidad o no, simplemente quieren desprestigiar a un ciudadano honrado. En este caso es patente que los informantes de la historia publicada originalmente cuatro meses antes no podían conocer el nombramiento de López Pascual en el Gobierno canario. Y, como ya hemos señalado, los intereses de las fuentes pueden ser más o menos maliciosos, pero da igual, porque es el periodista el que maneja la iniciativa en las historias de investigación, quitándoles siempre todos aquellos datos que no haya podido comprobar.

3. López Pascual se detiene especialmente en una pequeña parte de la historia —el asesinato del jesuita Ellacuría— porque es un tema humano que toca especialmente la sensibilidad de la opinión pública. Pero es importante reseñar que en la denuncia periodística se menciona textualmente una frase pronunciada por el sacerdote avisando que no se fía del agente del Cesid, algo que López Pascual ni siquiera menciona. Como en la mayor parte de las historias de investigación, los denunciados no mencionan aquellos aspectos que les pueden perjudicar y que pueden ser refrendados por testigos vivos.

4. En defensa propia, el agente recurre a la «obediencia debida» como argumento para justificar las posibles desviaciones que se hubieran podido producir en su comportamiento en El Salvador. Pero la ley fue cambiada tras el intento de golpe de Estado del 23-F y actualmente a ningún español se le puede exigir que actúe contra su conciencia o contra la legislación española.

5. El agente reconoce que se hizo pasar por periodista «porque es algo normal en este tipo de servicios» y porque «son profesiones muy paralelas». Ésta es la visión utilitarista que tienen los servicios de inteligencia de los periodistas, mostrando lo poco que les importa el desprestigio que puede sufrir nuestra profesión por el hecho de verse implicada en acciones tan sucias como las que el Cesid protagonizó.

Finalmente, el 11 de julio apareció en todos los diarios la foto de López Pascual anunciando su dimisión, que, según La Provincia, fue forzada por el presidente Hermoso, que admitió que su nombramiento «fue un error a la luz de las revelaciones periodísticas y aseguró desconocer su discutido pasado como agente en El Salvador».

Las palabras de despedida de López Pascual fueron muy sugestivas:

– Atribuyó las informaciones periodísticas a «una campaña ruin y despiadada» contra su persona, cuyos objetivos y promotores cree que «irán saliendo a la luz en las próximas semanas». Sin embargo, señaló que el objetivo de esta campaña era más amplio y buscaba erosionar al Partido Popular y obstaculizar su presencia en un área estratégica. «No les parecía bien que una persona correcta [él mismo] estuviera al frente de esta Dirección General porque querían a alguien más maleable.»

– Dijo que había tomado esta decisión de modo «absolutamente personal», indicó que había asumido este cargo «con el ánimo de ayudar; pero después de la contumaz y despiadada campaña que se ha abierto en mi contra, utilizando noticias absolutamente falsas, me he dado cuenta de que me convertí en un problema para el Gobierno de Canarias».

– Negó que en ningún momento hubiese ocultado su pertenencia al Cesid, donde, según señaló, «siempre emprendí una actuación totalmente diáfana, pero si alguien tiene pruebas, que las presente». Admitió, no obstante, que los miembros del Gobierno no tenían conocimiento pormenorizado de las actuaciones que desarrolló como miembro de los servicios de inteligencia porque es «difícil contar qué y cómo se realizan nuestras labores».

López Pascual dice que se han utilizado contra él «noticias absolutamente falsas», algo que siempre señalan en su defensa los denunciados en una investigación. Sin embargo, en este caso, si él hubiera probado su afirmación nunca tendría que haber dimitido. El problema fue que todas las personas conocidas vinculadas con el caso y los documentos aportados coincidieron en confirmar los hechos. Algo lógico porque todas ellas fueron consultadas previamente por el periodista. Un trabajo que no dejó ningún cabo suelto, y que limitó la defensa de López Pascual a la dialéctica, sin poder cargarse ninguno de los elementos probatorios aportados en el relato. En este mismo sentido, parece ridículo que diga «si alguien tiene pruebas, que las presente», porque varios meses antes de estallar el escándalo, el libro ya aportaba todas las pruebas, imprescindibles para poder publicar una denuncia tan grave.

El epílogo de esta historia es curioso. Al día siguiente de su dimisión, La Provincia publicó la entrega número cinco del capítulo del libro sobre López Pascual y un día después la sexta y última, en la que ya no reproducían textualmente el texto del libro, sino que hicieron un resumen de lo que les quedaba. Evidentemente, una vez que había dimitido el director general, carecía de sentido seguir con el tema.

El diario utilizó el periodismo de investigación sobre servicios secretos, formulado en un libro publicado unos meses antes, para ir desentrañando las actuaciones irregulares que, según su criterio, impedían que López Pascual debiera seguir al frente de tan importante cargo. Cuando su objetivo se consiguió con la dimisión del alto cargo, ya no tenía sentido seguir hurgando en la herida.

Como elemento final, es importante recordar, como ha quedado explicado al inicio, que Vicente López Pascual fue informado, antes de la publicación de KA: licencia para matar, del contenido del capítulo que hacía referencia a su persona y tuvo la posibilidad de decir lo que quisiera sobre él mismo. Esto prueba que todas las maledicencias lanzadas por el agente del Cesid sobre los fines ocultos no eran ciertas, ya que sabía más de un mes antes de publicarse el libro todo lo que se iba a contar sobre sus actividades en El Salvador.¹

Atención a los datos

– La denuncia periodística se produce porque un agente del servicio de inteligencia enviado a un país extranjero actúa en contra de los principios establecidos por el Gobierno español y en contra de la autoridad representada por el embajador en aquel país.

– El caso ocurrió diez años antes de su publicación, lo que no invalida para nada la investigación, dado que la gravedad del asunto hace que el paso del tiempo no le quite validez y sirva para demostrar un fallo en el funcionamiento del Cesid. Su difusión sirve para evitar que situaciones similares se reproduzcan en el futuro y pone en evidencia que los mandos del servicio de inteligencia aceptaron los hechos sin hacer nada para solucionarlos.

– Las fuentes utilizadas son numerosas y muestran la necesidad de dedicar un esfuerzo largo y concienzudo en las investigaciones. Los autores utilizan fuentes abiertas, otras que ocultan su identidad y numerosas fuentes escritas, de diversa procedencia.

– El agente responsable de las actuaciones ilegales es protegido por los autores de la investigación citando únicamente su nombre y ocultando sus apellidos.

– Las declaraciones de las fuentes abiertas aparecen citadas en varias ocasiones en el texto, pero sin mencionar en ningún momento las posibles conversaciones que los autores pudieron mantener con ellas, lo que las protegería en el caso de que se hubiera producido una denuncia judicial.

– Las fuentes que ocultan su identidad han tenido que existir, pero en ningún momento se puede detectar su presencia, un requisito imprescindible para que faciliten información.

– Vicente López Pascual, como todos los denunciados en el periodismo de investigación, fue consultado por los autores antes de la publicación del libro. Hecho que no se especifica por un deseo de protegerle. Posiblemente, algunos datos de su vida personal también fueron retirados para evitar su identificación actual, dado que dejar al descubierto a un agente en activo, con el peligro personal que eso podría suponer, no era el objetivo de la denuncia.

– La investigación periodística adquiere relevancia cuando el agente denunciado alcanza un puesto de alto rango en la política regional canaria. Un medio de comunicación descubre que esa personalidad ha tenido actuaciones que le pueden invalidar para el desempeño del puesto. Tras dejar el servicio activo en el Cesid, en la vida civil ya no tiene sentido guardar su identidad y el diario la saca a la luz.

– La reiteración y la agresividad como técnica para dar realce a la investigación periodística produce unos resultados claros para que la denuncia consiga producir efectos.

– Los denunciados por una investigación periodística lo primero que hacen es desprestigiar el trabajo del informador, para tratar de quitar credibilidad a la historia.

– Una de las defensas habituales de los acusados de actuación irregular en los temas de espionaje es atribuir lo que ocurre a una campaña secreta de desprestigio, cuyos hilos mueve alguien que quiere cercenar al servicio de inteligencia. Para ellos, siempre hay intereses ocultos, perversos y espurios.

– Cuando las investigaciones están bien hechas, los denunciados no suelen entrar en el fondo de la misma y buscan detalles más o menos confusos y colaterales para tratar de desprestigiarla.

– Los agentes secretos implicados en acciones ilegales o inmorales suelen utilizar el recurso a la «obediencia debida» para justificarse, cuando ya hace más de veinte años que nadie puede ser obligado a hacer nada prohibido por las leyes.

– Los servicios de inteligencia y sus agentes suelen negar la veracidad de las historias, aunque estén —como es el caso— sobradamente demostradas. El lema de «mentir hasta la evidencia» es muy frecuente.

– La investigación periodística sobre servicios secretos tiene como fin informar a la opinión pública de los comportamientos irregulares de los espías. Una vez conseguido el efecto de corrección, no tiene sentido seguir hurgando en la herida.

1 Para el presente capítulo han sido utilizados el libro de Fernando Rueda y Elena Pradas KA: licencia para matar. Qué hacen y cómo son los espías más peligrosos del Cesid y las numerosas informaciones publicadas del 5 al 13 de julio de 1997 por el diario La Provincia, de Las Palmas de Gran Canaria.

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LA EXTRAÑA MUERTE DE LA ETARRA LUCÍA URIGOITIA: JUECES BLOQUEADOS

En la noche del 22 de julio de 1987, la Guardia Civil realizó una importante acción antiterrorista en San Sebastián, en un piso del barrio de Trintxerpe, durante la cual murió por disparo de arma de fuego Lucía Urigoitia, miembro del comando Donosti de la banda ETA. El estudio forense del cadáver establecía que la etarra recibió «dos disparos en dos momentos distintos» y que la bala que la mató fue disparada con el cañón de la metralleta «prácticamente tocando la piel». Estos datos sobre las causas de su fallecimiento abrían la posibilidad —al menos argumentaban las dudas mostradas por algunos sectores— de que no fuera real la versión oficial del asalto al piso, facilitada públicamente por el Ministerio del Interior, que hablaba de que murió tras enfrentarse a los guardias civiles. Como consecuencia de ello, el abogado abertzale Iñaki Esnaola, en representación de la familia, pidió la apertura de un sumario que determinara con toda la claridad posible las circunstancias en que se había producido la muerte de la joven terrorista.

Las investigaciones fueron intensas y largas. Pero en octubre de 1990, cuando se habían analizado todas las pruebas y estudios posibles pedidos por la acusación particular y aceptados por el juez instructor, la Audiencia de San Sebastián dictó el sobreseimiento provisional de la causa, sin que llegara a producirse un nuevo recurso del abogado de la izquierda abertzale.

Todo cambió el 18 de julio de 1995. Según informaba un teletipo de Efe: «El fiscal jefe de la Audiencia de San Sebastián, Luis Navajas, ha solicitado hoy al Juzgado de Instrucción número 2 de la capital guipuzcoana que reabra la investigación sobre la muerte de la etarra Lucía Urigoitia, en cumplimiento de una orden del fiscal general del Estado. Navajas indicó a Efe que esta misma mañana ha recibido un escrito del fiscal general del Estado, Carlos Granados, en el que le ordena la reapertura de este sumario, después de conocerse un informe del Cesid en el que se asegura que agentes de la Guardia Civil manipularon algunas pruebas del caso para simular que la muerte de Lucía Urigoitia, en 1987, se produjo en un tiroteo.»

Pero ¿cómo se conoció ese documento del servicio de inteligencia? Fue reproducido en el diario El Mundo por los periodistas de investigación Manuel Cerdán y Antonio Rubio. En la «Nota interior» del Cesid que publicaban, con número de referencia «KA/5104/03-11-87», y bajo el asunto «Comando Donostia» se decía textualmente: «En relación con la muerte de Lucía Urigoitia del comando “Donostia”, se suscitó la célebre polémica del tiro en la nuca. Quedaba en entredicho la legalidad de la actuación de la Guardia Civil. Para evitar la actuación de los jueces se hicieron una serie de actividades que en esencia consistieron en CIR [Control Integral de Relaciones, en este caso se podría utilizar el término “penetración”] en casa del juez, sustituyendo el proyectil por otro, cambio de un cañón en el laboratorio de balística y manipulación de un chaleco antibalas. Estas actividades las hizo el capitán de la Guardia Civil José Pindado, destinado en los Grupos Especiales. Esta información, parece ser que es conocida por el presidente del Gobierno, ministro del Interior, Rafael Vera y alguna persona más.» El texto va firmado por «El jefe de KA» [KA es el Departamento de Acción Operativa, que en ese momento mandaba Juan Alberto Perote].

Éste es un documento del Cesid, con la consideración de secreto, cuya publicación suponía una violación de la Ley de Secretos Oficiales. Además, su reproducción en el diario agravaba la situación penal del supuesto delito al demostrar que los periodistas de investigación tenían en su poder el citado documento.

Sin embargo, la gravedad del asunto no dejaba dudas sobre la necesidad imperiosa de que la opinión pública lo conociera: unos servidores del Estado —guardias civiles— habían entrado ilegalmente en el domicilio de un juez y habían manipulado las pruebas de una investigación judicial para proteger a sus compañeros. Habían violado la ley, y después usaron todos los medios a su alcance para tratar de ocultar su comportamiento y los periodistas de investigación habían intervenido para sacar a la luz la materia delictiva ocultada.

Para cumplir con el deber de informar era trascendental la reproducción del documento, que aportaba a la noticia la credibilidad necesaria. No es que los informadores defendieran su versión sobre la existencia de una manipulación de pruebas, sino que había un documento interno del Cesid que lo contaba con toda claridad. Como ocurre reiteradamente en estos casos, las autoridades judiciales no pensaron en ningún momento en procesar a los periodistas por violar la Ley de Secretos Oficiales, algo que sin duda podrían haber planteado ateniéndose escrupulosamente a la letra de la ley.

Con los datos aportados por la prensa, el fiscal del caso, que reconoció no haber encontrado en sus años de investigación ninguna prueba que demostrara que les habían engañado, decidió reabrir el sumario.

Lo primero que hizo el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de San Sebastián, Justo Rodríguez, fue tomar declaración a los informadores Cerdán y Rubio. Los dos ratificaron el 5 de septiembre de 1995 la existencia del documento del servicio de inteligencia y declararon que no tuvieron acceso al documento original, sino a una copia del mismo que se limitaron a transcribir. Además, confirmaron el número de referencia del documento, lo que permitiría al juez poder solicitarlo al servicio de espionaje.

A la salida de su comparecencia ante el juez, en la que entregaron una copia del documento que anteriormente habían publicado, Rubio declaró que el juez le había preguntado si el papel en cuestión era realmente del Cesid, a lo que él había contestado afirmativamente, a tenor de la persona que se lo había facilitado.

La obligación de los periodistas de investigación acaba con la publicación de sus denuncias, pero siempre es necesaria la colaboración con los poderes públicos que legalmente lo pidan, como hicieron Cerdán y Rubio. En esta misma línea, el juez obvió preguntarles por las fuentes que les habían facilitado el documento secreto, lo que no impidió a Rubio responder a sus preguntas prestando la máxima ayuda que le era posible.

Posteriormente se produjeron diversas declaraciones de testigos. Juan Alberto Perote, autor del documento, que en ese momento estaba bajo arresto domiciliario acusado del delito de revelación de secretos de Estado, señaló, según su letrado Manuel Santaella, que «esa información no ofreció gran fiabilidad al Centro» y que no recuerda «que fuese el capitán Pindado el oficial de la Guardia Civil al que se refería esa información». Este testimonio desmarcándose del caso y otros de implicados no resolvían la cuestión principal: la validez o no del informe.

El juez, desde que tuvo conocimiento del documento a través de la prensa, solicitó a las autoridades del Cesid que se lo enviaran. Pero en varias ocasiones se negaron tajantemente a ello. El 9 de enero de 1996, el servicio de inteligencia mandó un oficio al Juzgado de Instrucción Número 2 de San Sebastián en el que se acogía a la Ley de Secretos Oficiales y a una reciente sentencia del Tribunal de Conflictos para justificar su negativa.

El oficio señalaba que «los documentos de este servicio y las informaciones, datos e identidades contenidas en los mismos se encuentran sometidas y amparadas por las disposiciones que regulan los secretos oficiales y, concretamente, por el acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986 adoptado en virtud del artículo cuarto de la Ley de Secretos Oficiales. En consecuencia, y como así ha establecido la sentencia del Tribunal de Conflictos y Jurisdicción de fecha 14 de diciembre de 1995, no resulta posible acceder a lo solicitado sin incumplir las citadas normas y acuerdos del Consejo de Ministros».

Pasada la pelota al Gobierno, el Consejo de Ministros en funciones del PSOE, cinco días después de perder las elecciones frente al PP, decidió el 8 de marzo de 1996 negar al juez el documento que ya había sido publicado en la prensa. Para argumentar su postura, el ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra, se apoyaba nuevamente en la Ley de Secretos Oficiales y en la sentencia del Tribunal de Conflictos de 14 de diciembre de 1995 a través de las cuales negaron al juez Garzón los papeles del Cesid sobre los GAL.

La justificación por parte del Gobierno de su postura es muy interesante: «Previa valoración de los intereses en juego, principalmente el de la seguridad del Estado, cuya exclusiva interpretación corresponde en esta materia, y con propuesta desfavorable a la desclasificación del documento que se trata, por considerar que afecta a la seguridad del Estado y a la defensa nacional, y al no existir obligación jurídica para acceder a ella.»

Y siguen explicando: «La desclasificación pondría en peligro las fuentes de información del Cesid, así como la seguridad personal de quienes son, o fueron, miembros del mismo, lo que afectaría de modo sensible y negativamente a la seguridad del Estado […], y a la estructura, organización, medios y procedimientos operativos específicos del Centro, con grave perjuicio de la defensa nacional.»

Resultan, como mínimo, sorprendentes los argumentos empleados por el Consejo de Ministros para negar la desclasificación, especialmente teniendo en cuenta que todos los españoles habían tenido la ocasión de leer en el diario El Mundo la copia del documento cuya desclasificación se solicitaba.

Hablar en este caso de seguridad nacional, como hace el Gobierno reiteradamente, no parece lo más apropiado, cuando la nota del servicio de inteligencia lo que hace es informar de que un grupo de guardias civiles han cometido un delito. Un delito que no puede amparar el Estado. Un delito que se materializó en el trucaje de unas pruebas para engañar a la Justicia.

Asimismo, la desclasificación era un acto meramente simbólico, imprescindible para la validación necesaria por la Justicia, pero simbólico porque todos conocíamos ya su contenido.

Alegar que afectaba a la defensa nacional era un intento de rizar el rizo y una mera obstrucción a la Justicia, que las leyes amparaban sin duda, pero que no parecía tener otro fin que esa obstrucción.

El resto de las explicaciones del Consejo de Ministros resulta casi ridículo después de leer la nota informativa del Cesid: ni se ponen en peligro las fuentes, ni a los agentes, ni la estructura, organización, medios y procedimientos. Únicamente «se pone es riesgo» la libertad de las personas que cometieron un gravísimo delito, porque en caso de desclasificarse el documento podrían acabar con sus huesos en la cárcel.

El cambio de signo político del Gobierno no varió un ápice la política general de no desclasificación de documentos. El 2 de agosto de 1996 —con frecuencia algunas decisiones conflictivas se toman en períodos vacacionales—, el Consejo de Ministros volvió a negarse a desclasificar el documento y a entregárselo al juez de San Sebastián Justo Fernández.

Finalmente, la larga carrera judicial y política concluyó el 10 de abril de 1997, cuando el Tribunal Supremo notificó que anulaba la decisión del Gobierno de clasificar como secreto el documento del Cesid, decisión que se fundamentaba en que el Ejecutivo debía hacer prevalecer el derecho constitucional de la tutela judicial frente al secreto de Estado.

Dos años tardó en producirse lo que la lógica empujaba en este caso: el descubrimiento por parte de dos periodistas de investigación de un delito, en el que aportaban pruebas concluyentes, y que debía ser investigado por el juez correspondiente con todas las garantías.

A partir de ese momento, la investigación judicial siguió su camino durante otros dos enturbiados años. El 10 de septiembre de 1999, el Juzgado de San Sebastián acordó sobreseer la causa, al no haber hallado en las diligencias practicadas indicios racionales de criminalidad contra ninguno de los implicados. La razón principal estuvo en que cuando finalmente el Cesid envió en abril de 1997 el documento del debate, explicó que «entre las microfichas que se llevó al cesar en su cargo el que fuera jefe del Departamento de Acción Operativa, Juan Alberto Perote, y que posteriormente devolvió, figura una que corresponde a la referencia facilitada».

El juez en su auto destaca que «no se ha podido acreditar la veracidad del contenido» de este documento, porque forma parte de las microfichas que Perote se llevó al cesar en el Cesid y luego devolvió, por lo que «pudo ser manipulado».

Los periodistas publicaron la información, como era su obligación, y luego el juez, siguiendo los criterios de legalidad, actuó en consonancia. Los periodistas de investigación no están para meter a nadie en la cárcel, sólo para denunciar los hechos. Otros son los responsables de hacer Justicia. Si pueden y los dejan.

Atención a los datos

– El trabajo de los periodistas de investigación es muy útil para los jueces. Durante los últimos veinticinco años han sido muy frecuentes los casos en que las informaciones desveladas por los medios de comunicación han servido para iniciar o desarrollar las investigaciones judiciales más complicadas y difíciles de la democracia.

– La publicación de «Notas informativas» del servicio de inteligencia estaría incluida dentro de lo que contempla la Ley de Secretos Oficiales como una de sus violaciones, pero nunca su reproducción ha producido problemas a los periodistas, lo que demuestra que el Gobierno tiene una ley que no le parece bien aplicar, porque sabe que esas acciones no son constitutivas de delito, sino que son un deber de los informadores.

– Denuncias como las del «caso Lucía Urigoitia» demuestran que las alegaciones de secretos de Estado son en muchos casos una pura falsedad de los gobiernos. Leyendo su contenido se comprueba que no afecta ni a la defensa nacional, ni a la seguridad de agentes o fuentes. Los únicos afectados serían los que participaron en el delito, los que lo incitaron y los que conociéndolo o les pareció bien o no lo impidieron.

– Los periodistas deben publicar siempre que puedan documentos del Cesid que apoyen y demuestren su historia, cuando en ellos verifique que no se pone en riesgo la seguridad de las personas o la seguridad nacional, que es lo más habitual.

– Los periodistas de investigación en servicios de inteligencia no desvelan por ningún motivo la identidad de sus fuentes, lo que no impide que ante un requerimiento judicial colaboren con documentos o indicaciones que faciliten la labor del juez. Eso sí, siempre que no perjudique a su fuente informante.

– Los gobiernos siempre han intentado evitar que los documentos de los servicios de inteligencia solicitados por los jueces salgan del archivo del Centro. Creen que es sentar un mal precedente.

– Los gobiernos amparan a sus servicios de inteligencia como garantía de futuro, para que sepan que cualquier acción, legal o no, que lleven a cabo para conseguir la información necesaria para gobernar contará siempre con su protección.

– Da igual el signo político del Gobierno. El caso de Lucía Urigoitia, que empezó con un Ejecutivo del PSOE y siguió con otro del PP, demuestra la solidaridad de los dos grandes partidos para proteger sus acciones y la de su servicio de inteligencia.

– El 10 de abril de 1997, el Tribunal Supremo dejó sentado que el Gobierno debe hacer prevalecer el derecho constitucional de la tutela judicial frente al secreto de Estado.

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EL HUNDIMIENTO DEL RAINBOW WARRIOR: MENTIR HASTA LA EVIDENCIA

En la medianoche del 10 de julio de 1985, el buque insignia de la organización Greenpeace estaba anclado en el puerto neozelandés de Auckland. Unas semanas después el Rainbow Warrior debía encabezar una flotilla de la paz, compuesta por siete embarcaciones, en contra de los ensayos nucleares en el Pacífico. La manifestación de protesta debería culminar el 6 de agosto —aniversario del lanzamiento de la bomba atómica por Estados Unidos sobre Hiroshima—, frente al atolón de Mururoa, en la Polinesia francesa, el lugar escogido por Francia para llevar a cabo unos controvertidos ensayos nucleares. Todavía no existía una concienciación general a nivel mundial sobre el daño que producían estas pruebas, pero Greenpeace ya llevaba un tiempo inmersa en la batalla.

Esa noche de julio la tripulación del barco ecologista estaba relajada, de fiesta, celebrando un cumpleaños. A medianoche sonó un estruendo ensordecedor, sin duda una bomba, y los tripulantes fueron despedidos por la fuerza de la onda expansiva hacia el muelle del puerto en el que estaban atracados. Todos resultaron con magulladuras sin excesiva importancia, menos uno, el fotógrafo portugués Fernando Pereira, que perdió la vida en ese instante. Se desató un escándalo en todo el mundo, que despertó muchas simpatías: un grupo de jóvenes que se oponían sin violencia, en nombre de la ecología, a las actividades incontroladas de una superpotencia, habían sido atacados incomprensiblemente mientras descansaban en un puerto.

La Policía de Nueva Zelanda, muy sorprendida con el atentado que había tenido lugar en su territorio, puso todos sus medios humanos a trabajar en la investigación del mismo. No tardaron en demostrar que alguien había colocado dos bombas bajo la línea de flotación del navío, lo que había provocado la muerte del fotógrafo y el hundimiento del barco. Nadie en aquel momento se podía imaginar que ese ataque sería el punto inicial de uno de los mayores escándalos políticos internacionales del siglo XX.

El Gobierno neozelandés se sintió especialmente molesto por el ataque contra el buque de la organización ecologista. Consideraban que al haberse producido en su territorio alguien había violado gravemente sus leyes y las normas internacionales. Sus primeras miradas escrutadoras y las de la opinión pública mundial se dirigieron hacia Francia, contra cuyas maniobras en Mururoa iba dirigida la acción del Rainbow Warrior y por lo tanto eran los grandes beneficiarios del atentado.

El consejero político de la Embajada francesa en Nueva Zelanda, Charles Montan, tardó pocas horas en hacer frente a las sospechas internacionales con unas declaraciones en las que manifestó que «el Gobierno francés no estaba inquieto por la campaña que Greenpeace pensaba llevar a cabo en Mururoa».

La actuación de la policía local, impulsada por el prioritario interés de su gobierno, fue rápida y eficiente. Dos días después del atentado detuvieron a una pareja, Alain y Sophie Turenge, como sospechosos de colocar la bomba en el barco. En los primeros interrogatorios ambos negaron tajantemente su participación en los hechos delictivos y justificaron su presencia en el país por su deseo de bucear, una de sus aficiones preferidas.

La Policía neozelandesa no se tragó su coartada, pero no consiguió hasta el 24 de julio confirmar sus sospechas: los detenidos se llamaban realmente Dominique Prieu y Alain Mafart y eran agentes de la DGSE, la Dirección General de la Seguridad Exterior, el servicio de inteligencia francés. A pesar de haber sido descubierta su identidad real, los dos espías mantuvieron su negativa rotunda a ser los autores de la voladura del barco de Greenpeace.

La siguiente pista que apareció en la investigación del caso fue la presencia del velero Owvea, que había zarpado del puerto de Auckland el día anterior al atentado. Todos los tripulantes fueron detenidos en Australia gracias a una orden internacional, cuando hicieron una escala de regreso a Francia. Los tripulantes eran: Xavier Maniguet, un oficial retirado de la Armada francesa, especialista en submarinismo; el subteniente Roland Verge y los brigadas Jean Michel Berthelot y Eric Audrenc, los tres integrantes de la escuadra de nadadores de combate. Tras ser interrogados, en ese momento no se les pudo probar su participación en los hechos, por lo que fueron puestos en libertad y pudieron regresar a Francia. Meses después, tranquilos en sus casas, se enteraron de que Nueva Zelanda había lanzado una orden internacional de busca y captura contra ellos por su implicación en el atentado.

La Policía neozelandesa encontró una tercera pista. Una tal Frédérique Bonlieu, que en realidad se llamaba Cristine Huguette Cabon, había estado colaborando voluntariamente con Greenpeace en los meses anteriores al atentado, pero diversos datos hacían sospechar que en realidad se había dedicado a obtener la información necesaria para disponer el golpe. Poco tiempo después, también se giró una orden de captura contra la infiltrada.

No tardarían mucho en descubrir que un tal Jean Claude Lesquer, también del servicio de inteligencia francés, había abandonado el país poco después del atentado y que era el responsable directo del especializado grupo terrorista.

Todas las pesquisas policiales eran rápidamente difundidas, no sólo en Nueva Zelanda, sino en el resto del mundo, con la ayuda del Gobierno del país donde tuvo lugar el atentado, que según se iban conociendo los detalles del ataque estaba cada vez más furioso por lo ocurrido.

En Francia las noticias que iban apareciendo sobre el ataque adquirieron poco a poco una creciente repercusión. El buque de Greenpeace fue hundido cuando preparaba una protesta que iba a perjudicar los intereses franceses y todo apuntaba al país galo como el que mayores beneficios podía sacar del hundimiento del barco. La implicación de tantos franceses no hacía más que ir confirmando las sospechas iniciales.

Laurent Fabius, el presidente del Gobierno francés, se vio obligado a interrumpir sus vacaciones de verano para encargar una investigación oficial sobre el tema al consejero de Estado, Bernar Tricot, un hombre conocido por su reputada independencia e integridad. Era una apuesta aparentemente seria por conocer la verdad que el Gobierno ofreció a su opinión pública, ansiosa por que se aclarara la participación gala en el atentado. Hasta ese momento, los periodistas de investigación franceses no habían aparecido en escena y lo único que se conocía era gracias a la información oficial facilitada por las fuentes neozelandesas.

La investigación pública intentaba demostrar que el Gobierno francés quería limpiar su buen nombre de toda sospecha de participación en los hechos, probando su desconocimiento sobre el atentado que había costado la vida al fotógrafo de Greenpeace.

Dos días después de adoptar esta decisión, un diario contaba una información aparentemente filtrada por el Gobierno: los dos detenidos en Nueva Zelanda pertenecían a su servicio de inteligencia, pero estaban únicamente en una labor de recogida de información, sin que hubieran tenido nada que ver con el atentado.

Poco tiempo después, el informe de los hechos investigados por Tricot confirmó lo que quería el Gobierno: «Francia no es en absoluto responsable del atentado.» El consejero de Estado explicaba que la DGSE no estaba implicada en el sabotaje y que el presidente de la República, Mitterrand, y el del Gobierno, Fabius, se enteraron de todo una semana después de los acontecimientos. Además daba dos argumentos para demostrar que los dos detenidos no pudieron colocar las bombas: «Prieu sufre de problemas en la columna vertebral que le dificultan hacer ciertos esfuerzos» y Mafart «es un oficial que abandonó la división de nadadores de combate en 1983». La experiencia política y pillería de Tricot le llevó a salvar su buen nombre dejando bien claro al final de su informe que cabía la posibilidad de haber sido engañado por sus interlocutores oficiales durante la elaboración de su trabajo.

El jefe del servicio de inteligencia, Pierre Lacoste, el ministro de Defensa, Charles Hernú, y el resto del Gobierno respiró tranquilo. Habían superado con sobresaliente la investigación oficial. Lo que no se esperaban era que el 17 de septiembre el diario Le Monde empezara a publicar los datos obtenidos por sus periodistas de investigación: Dominique Prieur y Alain Mafart habían colocado las dos bombas en el Rainbow Warrior y había al menos otros dos equipos de la DGSE apoyando la operación desde el exterior.

Al día siguiente, el semanario Le Canard Enchaîné, aportó nuevos datos que dejaron fuera de toda duda que el servicio de inteligencia francés fue el organizador de la operación.

El ministro de Defensa Hernú intentó reaccionar saliendo a la palestra y anunciando que iba a ordenar una investigación de los hechos y que estaba dispuesto a encontrar la verdad, fuese como fuese. Mitterrand también se vio obligado a intervenir: se había demostrado que la investigación oficial que habían montado era una cortina de humo y ordenó directamente al primer ministro Fabius que hiciera una limpieza en el servicio de inteligencia y depurara todas las responsabilidades que hiciera falta.

Pero el 20 de septiembre, esta vez L’Express siguió en la misma línea de investigación y corroboró las versiones de sus colegas y aportó nuevos nombres, fechas y acciones de los espías galos.

La opinión pública estaba escandalizada no sólo por lo que habían hecho sus servicios de inteligencia, sino por el cúmulo de falsedades que los responsables políticos habían montado para engañar al pueblo. Ese mismo día, el ministro de Defensa Hernú presentó su dimisión y Pierre Lacoste, el jefe del espionaje, fue cesado después de atreverse a defender ante sus superiores su derecho a no explicar algunas de las actuaciones que habían tenido lugar, para así proteger a sus hombres. Es decir, el antiguo concepto de que para cumplir lo que les encarga el Gobierno los espías tienen que hacer determinadas cosas de las que es mejor que nadie se entere.

El día 22, en mitad de un indescriptible escándalo político, Laurent Fabius hizo una declaración pública en la que reconoció que la DGSE colocó las minas que hundieron el buque de Greenpeace. Una declaración forzada porque el Gobierno había quedado como mentiroso y preferían quedar como ignorantes.

Al día siguiente, el nuevo ministro de Defensa, Paul Quiles, anunció que habían desaparecido importantes documentos del caso Greenpeace, entre ellos los que explicaban quiénes dieron la orden para el sabotaje y con qué dinero se pagó la operación. Descubiertos, sin posibilidad de defensa, después de haber mentido hasta la saciedad, lo único que les quedaba para evitar la cárcel tras las pruebas aportadas por los periodistas era que los documentos realmente incriminatorios desaparecieran.

Con la evaporación de esos papeles nunca se llegó a comprobar las denuncias periodísticas que señalaban que el presidente Mitterrand y su primer ministro Fabius fueron los que organizaron el golpe y mintieron reiteradamente para salvarse de los efectos del escándalo. Lo que quedó probado, y por lo tanto reconocido por el Gobierno francés, es que su servicio de inteligencia había realizado la operación. Según ellos, sin su conocimiento. Otro dato probado es que el jefe de la operación ilegal, Jean Claude Lesquer, diez años después fue ascendido a general.

Atención a los datos

– Los gobiernos, para proteger su buen nombre y honor, son capaces de mentir hasta el momento en que están sobre la mesa todas las pruebas que les incriminan. Sólo cuando el periodismo de investigación actúa y la opinión pública reacciona sienten que tienen que dar explicaciones y se ven obligados a reconocer los hechos.

– Los espías, como demostraron los dos agentes detenidos, son capaces de ocultar la verdad, convencidos de que de esa forma hacen un mejor servicio a su agencia de espionaje y a su país.

– La reiteración en la denuncia hizo inviables los intentos del Gobierno francés de seguir engañando a la opinión pública con la apariencia de que ellos no sabían nada.

– Algunos responsables de los servicios de inteligencia creen que la libertad de elección de métodos que el Gobierno les otorga para conseguir la complicada misión que les exigen es una carta blanca que les exime de hacer frente a su responsabilidad frente a la sociedad.

– Para evitar daños políticos y penas de cárcel para los responsables de muchas de las denuncias de los periodistas de investigación en servicios de inteligencia, la única vía es hacer desaparecer los papeles oficiales que probarían ante un tribunal o la opinión pública la comisión del delito.

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ESCUCHAS A HERRI BATASUNA: EL PAPEL OSCURO DE POLÍTICOS Y ESPÍAS

El 31 de marzo de 1998, un grupo de técnicos de Telefónica realizó una revisión en los equipos que la coalición todavía legal Herri Batasuna tenía en su sede en la calle de Ramiro de Maeztu de Vitoria. Después de una pequeña búsqueda, encontraron colocados, conveniente e inteligentemente escondidos, numerosos artilugios que permitían a alguien situado fuera del piso escuchar todas las conversaciones que se mantenían en las diversas habitaciones. Siguiendo las derivaciones descubiertas, llegaron a la conclusión de que en el piso superior estaban los equipos que grababan esas conversaciones privadas de los dirigentes del brazo político de ETA.

Inmediatamente estalló el escándalo en los medios de comunicación. En esta ocasión, el origen del conocimiento de la información no está en la labor de los periodistas de investigación, sino en la denuncia formulada por los dirigentes de la coalición abertzale. Pero es muy importante el análisis del caso para comprender las reacciones políticas, pero también judiciales, cuando el servicio de inteligencia es descubierto con las manos en la masa durante una de sus acciones ilegales.

En el momento en el que los responsables de la sede de HB en Vitoria denunciaron la intrusión en sus teléfonos, las fuerzas policiales intervinieron y mandaron efectivos para que penetraran en el piso superior para comprobar si las sospechas de los técnicos de Telefónica eran reales y se podían encontrar nuevas pruebas que demostraran la existencia del delito. Cuando entraron en la vivienda, el agente del servicio de inteligencia responsable de escuchar las conversaciones y tener a punto las grabaciones, Mario Cantero, ya había volado. Pero la urgencia con que se produjeron los acontecimientos no le permitió «limpiar» el piso operativo del Cesid y los policías que entraron se encontraron con todos los equipos de grabación y las pruebas necesarias para imputar al servicio de inteligencia en la realización de las escuchas.

En la investigación policial posterior se acumularon nuevos datos. El piso estaba alquilado desde 1992 por una empresa tapadera del Cesid que dos años después lo compró, lo que hacía presumir que desde la primera fecha las conversaciones que se producían en la sede de HB en Vitoria eran grabadas por el servicio de inteligencia. También se pudo descubrir que en un edificio de la acera de enfrente los espías disponían de otro piso desde el que fotografiaban a todas las personas que entraban en la sede de la izquierda abertzale.

Posteriormente se supo que ningún juez había dado el visto bueno previamente a la realización de la operación. Al ser una intervención de las comunicaciones exigía ineludiblemente una autorización judicial, que se podría haber concedido tras una justificación previa del servicio. En definitiva, no había ninguna duda de que el Cesid había mantenido una actitud fuera de la ley.

En los medios de comunicación aparecieron en los días posteriores dos tipos de informaciones. Por un lado, unas facilitaban datos sobre los agentes responsables del despliegue, señalando que se habían olvidado nóminas, facturas de teléfono y revistas militares que recibían por suscripción a su nombre real en el domicilio. Eran datos que aportaban elementos probatorios de una supuesta acción chapucera del servicio. Por otro lado, se filtró información, previsiblemente procedente de fuentes oficiales, defendiendo que gracias a ese operativo clandestino se habían obtenido datos muy valiosos, como la apertura de conversaciones entre representantes del PNV y de la coalición radical, fruto de las cuales la organización terrorista ETA inició el 16 de septiembre de 1999 una tregua.

LAS CONSECUENCIAS POLÍTICAS

Los hechos descubiertos dejaron meridianamente claro lo que piensan los gobiernos sobre la necesidad de los servicios de inteligencia de utilizar cualquier procedimiento para conseguir sus fines: defendieron abiertamente su actuación.

El 21 de abril, el ministro de Defensa, Eduardo Serra, compareció en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados para explicar y amparar la actuación del Gobierno y su servicio de inteligencia en las escuchas. Entre otras cuestiones, el ministro señaló:

– «Existía en Vitoria una infraestructura técnica del Cesid con capacidad para ser activada en concordancia con la evaluación de la situación […] Se ha obtenido abundante información muy valiosa sobre las actividades del complejo de apoyo a la organización terrorista ETA.»

– «Es la voluntad del Gobierno defender con todos los medios legales —repito, legales— a su alcance la lucha contra el terrorismo.»

– «Si en lo que a los objetivos se refiere, parece fuera de toda duda que la legitimidad y la legalidad están plenamente garantizadas, debemos preguntarnos, sin embargo, si cabe hacer tal afirmación respecto de los procedimientos utilizados.»

– «No se establece ni se consignan los medios a utilizar cuyo conocimiento está clasificado como secreto y de los que no tiene por qué tener conocimiento el Gobierno.»

– «Explicitada la naturaleza de materia clasificada como secreto de los medios y procedimientos operativos del Centro, conviene ahora detenerse en el examen de los principios existentes en nuestro ordenamiento jurídico en materia de interceptación de comunicaciones. Como es sabido la regulación vigente en esta materia está contenida básicamente en el artículo 18.3 de la Constitución, que garantiza el secreto de las comunicaciones salvo resolución judicial. Señorías, estamos hablando de derechos fundamentales, entre los que, como hemos visto, figura la inviolabilidad de las comunicaciones. Nadie pone en duda que también es un derecho fundamental, el más importante de todos, el derecho a la vida de todos los ciudadanos.»

– «Todas las actuaciones realizadas han ido encaminadas a la consecución de objetivos fijados por el Gobierno e incardinados en el ámbito competencial del Cesid.»

– «Existe una apariencia de ilegalidad en los procedimientos utilizados, pero también una duda razonable en cuanto a los mismos.»

Lo que le preocupaba al ministro de Defensa no era en ningún caso que el servicio de espionaje hubiera actuado ilegalmente, sino que hubiese sido descubierto en una actuación de ese tipo. Además, se quitó cualquier tipo de responsabilidad de encima: el ministro de Defensa conocía la información, pero no tenía por qué saber los métodos utilizados para descubrirla. Algo que aparentemente otorga toda la responsabilidad al director del servicio de inteligencia, pero que únicamente pretende que cuando salgan a la luz los excesos del servicio de inteligencia, la posterior y lógica petición de responsabilidades políticas nunca alcance al Gobierno. Es una teoría que el ministro Serra defendía, en contradicción con la que el Partido Popular arguyó cuando unos años antes los periodistas de investigación destaparon los papeles de las grabaciones ilegales del Gabinete de Escuchas del servicio y solicitaron y consiguieron no sólo la dimisión del ministro de Defensa, Julián García Vargas, sino la del vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra.

Pero cuando los partidos llegan al poder y el periodismo de investigación sobre servicios secretos difunde sus denuncias siempre olvidan lo defendido con anterioridad y tratan de que las responsabilidades se limiten a los mandos del servicio y, si es posible, que ni siquiera afecten al director del mismo. De hecho, la investigación interna de los hechos solicitada por el ministro Serra al director Javier Calderón únicamente llevó al cese de un coronel y un capitán del Departamento de Inteligencia Interior.

Las contestaciones críticas a las palabras de Serra no vinieron, como siempre, ni del partido del Gobierno —en este caso el PP—, ni del principal partido de la oposición —en este caso el PSOE—, sino del resto de los grupos minoritarios. El portavoz de Izquierda Unida, Willy Meyer, señaló:

– «Otra vez nos vemos obligados a pedir responsabilidades por una acción ilegal, subrayo ilegal, de nuestros servicios de inteligencia en este caso, que vulnera el artículo 18 de la Constitución […] He estado esperando atentamente que dijera en su información que, efectivamente, estas escuchas tenían mandamiento judicial. No lo tienen, por lo tanto toda la justificación que ha dado, desde nuestro punto de vista, es injustificable.»

– «No hay nada más sucio en la sociedad democrática que usar métodos ilegales, delictivos, en este caso vulnerar el artículo 18 de la Constitución para alcanzar algún fin.»

– «Es obvio decir que con nosotros no cuenten ustedes para combatir a HB desde la ilegalidad con estos métodos.»

– «Los servicios de inteligencia españoles son la asignatura pendiente de la democracia; por su estructura, dependencia y falta de control no se pueden homologar a los servicios de un país democrático.»

Por el Grupo Parlamentario Vasco intervino González de Txabarri:

– «A la vista está que teniendo el Gobierno popular conocimiento de la existencia de estas escuchas ilegales, no ha tenido ningún empacho en mantenerlas y fomentarlas sin ninguna autorización judicial, como ha quedado claro, y sin poner a disposición judicial ninguna de las observaciones, notas o contenidos conseguidos a través de estos procedimientos.»

– «No hay leyes para los espías, ha venido a sostener, señor ministro. En menudas manos estamos. De la relación de hechos que ha relatado, se deriva la existencia de un Cesid autónomo, funcional y orgánicamente adscrito al Ministerio de Defensa.»

– «Exigimos que se depuren las responsabilidades penales y políticas que se deriven de estos hechos.»

Después habló por el Grupo Mixto Begoña Lasagabaster, de Eusko Alkartasuna:

– «Se ha violado un principio democrático clarísimamente establecido en el artículo 18.3 de la Constitución, independientemente de quien sea el sujeto al que se hayan efectuado las escuchas ilegales.»

– «¿A quiénes más se ha escuchado y dónde ha llegado su límite?, señor Serra, porque, ante la confluencia de ambos derechos, como usted quiere poner sobre la mesa, ¿quién establece el límite? ¿Lo establecen los servicios secretos? ¿Dónde llega el límite?»

Las palabras de Pilar Rahola, de Esquerra Republicana de Cataluña, también tuvieron una aportación interesante:

– «Es indiscutible que, o el marco legal no se vulnera y nos protege a todos, o cuando se abre la puerta de la ilegalidad, desde el Gobierno, desde el poder público, desde el dinero público, desde la decisión pública, desde el poder, ahí cabe todo. Se empieza por ahí y no se sabe dónde se acaba.»

Todos coincidieron en varios extremos tan simples y tan fáciles de explicar como que la acción era totalmente ilegal, porque no contaba con la autorización previa de un juez; que la información allí obtenida nunca fue utilizada por los jueces en sus investigaciones; y que se había violado uno de los principios primordiales de la Constitución.

Otra opinión bien distinta fue la mantenida por el Grupo Parlamentario Socialista. Moya Molines, entre otras cosas, dijo:

– «No nos escandaliza que, en un país con el nivel de terrorismo que tiene España, sus servicios de seguridad indaguen sobre una organización que nunca ha condenado la violencia ni los atentados, y que tiene a toda su dirección en la cárcel […] Lo que nos extraña es que todavía haya quien se escandalice por ello.»

– «Un Gobierno no se legitima por la moralidad de sus fines y objetivos, sino por la legalidad de sus procedimientos.»

Es una postura que se ubica en el lado del Gobierno, justificando sus actuaciones conflictivas, aunque marcando siempre una pequeña distancia. Fue la declaración del partido que sabe que actualmente está en la oposición pero que va a tener que gobernar y le conviene mantener una cierta coherencia entre lo que expresa ahora y lo que tendrá que defender en el futuro.

Un día después del debate, el 22 de abril, el ministro de Defensa, Eduardo Serra, realizó una declaración muy clara y tajante a la Cadena Ser en la que reiteró su posición y aclaró que «ha habido fallos y errores», pero explicó algo que para él era muy importante: «si hubo errores técnicos no estamos hablando de responsabilidades políticas».

Según el teletipo de la agencia Efe, que ese mismo día recogió sus declaraciones, «el desastre en el caso de las escuchas a Herri Batasuna es que se haya descubierto el operativo en Vitoria y naturalmente se han cometido errores y fallos técnicos y de eso nos tenemos que doler todos para que no vuelvan a suceder». No obstante especificó que «lo que estaba haciendo el Cesid era lo que debe hacer: tener la mayor información posible sobre lo que estaba haciendo ETA».

Especialmente interesante es lo que explicó a continuación: «El servicio de información informa de lo que conoce, pero no de cómo lo ha conocido.» Por lo tanto, para Eduardo Serra, «el Gobierno no tiene por qué conocer cuáles son los procedimientos del Cesid, de los que se responsabiliza el director del Centro, que es la doctrina que utilizan todos los servicios de información y es la doctrina eficaz».

Finalmente, intentó justificar la escucha telefónica en que «el Cesid no tiene autorizada ninguna investigación sobre partidos políticos, aunque tiene la obligación de obtener la mejor información que pueda sobre las terminales del terrorismo, esté donde esté».

En resumen, que los políticos no tienen responsabilidades sobre las actuaciones del servicio de inteligencia, que los métodos para obtener la información competen exclusivamente a los espías sin que el Gobierno los conozca y que se produce un gran fallo cuando se conoce una operación encubierta.

Si la tesis del ministro de Defensa, Eduardo Serra, fuera cierta, la misión del periodismo de investigación de control social del poder político quedaría convertida en la nada. Los servicios de inteligencia serían un poder autónomo, a quien nadie podría pedir responsabilidades porque, como dijo el propio Serra en el Parlamento, la defensa de la vida humana justificaría acciones prohibidas por la ley.

La realidad, explicada detenidamente en el inicio del libro, es que el periodismo de investigación sobre servicios de inteligencia busca sacar a la luz comportamientos ilegales que la opinión pública tiene derecho a conocer.

LAS CONSECUENCIAS JUDICIALES

Las escuchas en la sede de HB en Vitoria han tenido un largo camino judicial que todavía no está del todo concluido, pero cuyo desarrollo es bastante clarificador de lo que ocurre con numerosas denuncias periodísticas sobre la materia.

Carmen Lasanta, la primera juez titular del Juzgado número 2 de Vitoria, se encontró con que sus peticiones de desclasificación de papeles e identificación de los agentes y jefes del servicio de inteligencia que habían tenido relación con los hechos eran una tarea imposible. El Consejo de Ministros del 24 de julio de 1998 calificó el asunto como secreto y el Tribunal Supremo, a quien acudió la jueza en petición de ayuda, se negó a revisar esa decisión.

Posteriormente, Íñigo Iruin, el abogado en representación de Herri Batasuna, volvió a insistir en algunas de sus peticiones y el nuevo titular del Juzgado, Marino Herrero, rechazó nuevamente las diligencias solicitadas. Iruin reclamó algo aparentemente simple: la identificación de quienes fueron los directores del servicio de inteligencia y los jefes de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales a partir del año 1992 hasta 1998, período en el que se produjeron las escuchas telefónicas. Esos nombres eran de sobra conocidos. Los de los jefes del espionaje porque aparecen publicados sus nombramientos y ceses en el Boletín Oficial del Estado y los de los responsables de la AOME —en ese momento se llamaba Departamento de Acción Operativa— porque habían sido publicados en informaciones y libros reiteradamente.

El juez también se negó a citar como imputados a los responsables del Cesid Félix Miranda y Jesús del Olmo y a los ex jefes de la AOME Manuel López Fernández y Antonio Lago Palomeque, «pues no consta en las actuaciones indicios de su participación en los hechos». Nuevamente, estamos ante un curioso caso de evasión de responsabilidades, referencia permanente en las denuncias del periodismo de investigación. El Gobierno califica como secreto un asunto y evita que los jueces puedan investigarlo. El manto de secreto protege no sólo la información valiosa que pudieran haber obtenido los espías, sino datos que podrían permitir la imputación de responsabilidades penales o civiles como los nombres de los responsables de las actuaciones.

En el servicio secreto, como en cualquier organismo público, el responsable de cualquier acto es en primera instancia el ejecutor del mismo, pero también lo son en diferente medida sus jefes en el servicio, que lo han impulsado y autorizado, y los responsables políticos que se benefician de la información y tienen encomendada la tarea de control.

Antes de llegar al juicio, sorprendió que el fiscal en sus conclusiones únicamente imputara como responsables de las escuchas a los dos agentes que participaron directamente en el control técnico de las mismas, los que se limitaban a escuchar las conversaciones, a grabarlas y a enviarlas a la sede central en Madrid. A los dos les consideró responsables de un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Para sus jefes no pedía nada.

La acusación particular, ejercida a título personal por el ex parlamentario vasco de HB Santiago Hernando, amplió esas peticiones a un tercer agente que controlaba las escuchas y a los ex directores del Cesid Emilio Alonso Manglano y Javier Calderón.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Álava condenó a los dos agentes del servicio que controlaban las escuchas, Mario Cantero y Francisco Buján, a dos años y seis meses de prisión cada uno. Pero también condenó a los dos ex directores del Centro a penas de tres años de prisión. La sentencia de principios de abril de 2003 era un varapalo para la fiscalía y la abogacía del Estado, dependientes directamente del Gobierno, que no consideraron a los jefes del espionaje responsables de los actos llevados a cabo por dos de sus funcionarios. Todo un sofisticado sistema de escuchas que exigió la penetración clandestina de un elevado número de agentes operativos en el piso para colocarlas y un número importante de agentes para su mantenimiento diario, sin contar con todas las firmas de autorización que requieren estas operaciones. Sin embargo, fiscal y abogado del Estado únicamente pidieron responsabilidades para los agentes que «encendían la grabadora».

Un año después, el Tribunal Supremo, al que habían recurrido los condenados, decidió exculpar a los ex jefes del Cesid y a uno de los condenados. Solamente se quedó con su pena el agente Mario Cantero. El Supremo mencionaba algunas incoherencias en la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava, pero explicaba la carencia de pruebas para inculpar a los tres condenados ahora absueltos.

¿En qué quedaron al menos seis años de intervención ilegal de las conversaciones a un partido político legal? En la condena de un agente que «encendía la grabadora». Todos los demás responsables no pudieron ser condenados por la Justicia básicamente por los impedimentos puestos por el Consejo de Ministros al clasificar el asunto como secreto y también por la falta de colaboración del Ministerio Fiscal. Difícilmente se puede encontrar un asunto más evidente. Pero únicamente hubo una condena; como el tiempo ha demostrado, el agente Cantero tampoco ingresará en prisión, porque el Consejo de Ministros lo ha indultado parcialmente, ya que no puede permitir que un agente del servicio de inteligencia ingrese en prisión por «cumplir con su trabajo».

Atención a los datos

– Tras el estallido de un escándalo del servicio de inteligencia suelen aparecer dos tipos de informaciones: las que hablan de las actuaciones chapuceras de los espías y aquellas otras que ofrecen detalles sobre las bonanzas conseguidas para los españoles por los agentes o la red descubierta.

– Las responsabilidades de las denuncias del periodismo de investigación sobre servicios de inteligencia casi nunca llegan a los políticos, que siempre intentan demostrar que ellos no tienen nada que ver con los procedimientos utilizados por los espías, que como hemos visto es lo esencial de su trabajo. El ministro de Defensa, Eduardo Serra, llegó a defender la tesis de que el Gobierno no es responsable de las técnicas que utilizan los servicios de inteligencia, durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados.

– Cualquier pretexto es bueno para los políticos para evitar asumir responsabilidades en las denuncias periodísticas, incluso que el fin justifica los medios.

– El PP y el PSOE tienden a defender las actuaciones del servicio de inteligencia cuando traspasan la barrera de la legalidad. El resto de los partidos mantiene una actitud mucho más crítica e independiente. Uno de los motivos de estas actitudes es que los dos primeros o gobiernan o piensan en volver a gobernar y el resto mantiene una actitud más distante.

– Los gobiernos siempre intentan torpedear los sumarios judiciales abiertos tras producirse denuncias periodísticas sobre irregularidades de los servicios de inteligencia.

– Excepto que los agentes sean pillados in fraganti es muy difícil que una denuncia periodística lleve a la condena judicial de los agentes del espionaje responsables de un comportamiento ilegal.

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AGENTES CUBANOS EN ESPAÑA: ¿QUIÉN QUIERE ACABAR CON ELLOS?

«Las actividades del G-2 en España superan ampliamente lo que debería estar permitido, según coinciden en señalar diversas fuentes no oficiales de los servicios de información españoles. Las buenas relaciones de Felipe González con Fidel Castro obligan al Cesid de Emilio Alonso Manglano y a la Brigada de Información de Jesús Martínez Torres a controlar estrechamente a los agentes cubanos, pero sin impedirles su absoluta libertad de movimiento. El G-2 cubano estaba dirigido desde España, hasta hace un año, por el peligrosísimo Eduardo Araoz, cuya chulería dio numerosos problemas al ministro del Interior, José Luis Corcuera. Eduardo Araoz Agero hacía por las calles de Madrid lo que le daba la gana y montaba sus operaciones como si la capital de España fuera una ciudad tercermundista.»

Este texto está sacado de la información «Cómo actúa en España el servicio secreto cubano», publicada por en el semanario Tiempo, en su número del 11 de diciembre de 1989. Es el primer reportaje de investigación de una serie de cinco que sacaría la revista a lo largo de un año y medio sobre las actuaciones del G-2, el servicio de inteligencia de Fidel Castro, en España.

Es, por lo tanto, una investigación abierta, que se prolonga en el tiempo, en la que los periodistas van aportando diversa información sobre las actuaciones ilícitas de un servicio de espionaje extranjero en territorio español. Este caso permite analizar la actuación del Gobierno, el servicio de inteligencia, la Policía y otras entidades españolas frente a la amenaza permanente de organismos y servicios extranjeros que tratan de socavar la soberanía nacional.

Cuando estas informaciones comenzaron, el G-2 cubano actuaba con demasiada libertad en España, pero al final de las mismas esa libertad se les acabó. Lo más llamativo es la participación de la prensa en el proceso de control del servicio secreto extranjero, denunciando sus actividades ilegales y colaborando, consciente o inconscientemente, con diversas autoridades españolas interesadas en resolver el tema. Estudiando las fuentes citadas en las informaciones, podremos hacernos una idea sobre quién o quiénes se movieron activamente para acabar con las sibilinas actividades de los espías cubanos en España. Antes de nada, veamos el contenido de las denuncias.

En la primera historia se cuenta que los espías cubanos «disponen en España de más de cien agentes y veinte empresas pantalla. Tiempo desvela los nombres, las vinculaciones y las formas de actuar del G-2 en España». Para dar credibilidad a la investigación, el elemento gráfico es muy importante. Además de algunas imágenes genéricas —Fidel Castro, Emilio Alonso Manglano o Jesús Martínez Torres—, aportan la fotografía de un maletín lleno de dinero, cuyo pie de foto reza: «Maletín de espía. Un cubano fue detenido en Barajas con aparatos de escucha y pasaportes falsos»; otra foto de la delegación diplomática cubana, con el siguiente texto: «Embajada peligrosa. El G-2 cubano participó en el robo de seis máquinas IBM en Valencia»; y una infografía que identifica «la red castrista en Madrid», con diez fotos que señalan otros tantos edificios en los que hay intereses cubanos vinculados a su espionaje. En el texto también se dice:

– «Ricardo Fernández declaró que estaba en Madrid para matar a Armando Valladares. En su poder tenía el número de teléfono de un agente del G-2.»

– «Los secuestradores, dirigidos por el espionaje cubano, del disidente ex ministro Sánchez Pérez, intentaron meterle en pleno centro de Madrid en el Peugeot 205 M-0222-GB, pero no calcularon que todos no cabían.»

– «José Baujasán Marrani es el nuevo jefe de los servicios secretos cubanos, que tienen en España más de cien agentes y veinte empresas pantalla.»

– «Ureña es el agente de la Dirección General de Inteligencia, el servicio secreto cubano, encargado de vigilar permanentemente el aeropuerto de Barajas. Su trabajo consiste en evitar que todos los cubanos que pisan suelo español, con destino a su país o rumbo a una tercera nación —normalmente de África o Europa—, deserten en Madrid.»

Por primera vez, una investigación sobre servicios de inteligencia desvelaba no sólo los sucios manejos del espionaje de Fidel Castro en España, sino que aportaba minuciosos detalles de las personas encargadas de realizarlo y los métodos que empleaban.

Un mes después, una nueva información aportaba valiosos datos sobre la trama ilegal: «Hombres de confianza de Fidel Castro ayudaron al cártel de Medellín en España.» La información arrancaba señalando que «los narcotraficantes del cártel de Medellín recientemente desarticulado en España utilizaron la red de espionaje cubana en nuestro país. Esta conexión estaba formada por un grupo que, al mando del coronel Antonio de la Guardia, tenía la confianza de Fidel Castro».

Esta información, que ya en su primer párrafo especifica «según han manifestado al semanario Tiempo fuentes de la sección de Contrainteligencia del Cesid», cuenta que «la conexión cubana en España con la peligrosa organización colombiana, cuyos principales agentes fueron detenidos en Madrid el día 8 de enero, está siendo investigada por los espías militares y por sus colegas civiles». La información también dice:

– «El coronel Antonio de la Guardia almorzó en un Vip de Madrid tres meses antes de ser fusilado en La Habana por colaborar con el cártel de Medellín.»

– «El grupo colombiano desarticulado por la Policía española contacta con hombres de De la Guardia en el Centro Cubano de Madrid.»

– «La empresa española Cimex Ibérica, sucursal de la Corporación del mismo nombre, podía haber participado de alguna manera en ese tráfico de drogas. Los datos en su poder demostraban que el coronel Antonio de la Guardia, miembro de Cimex, había utilizado la sucursal española para obtener material tecnológico vetado por Estados Unidos y que ninguna empresa occidental habría accedido a darles, por temor a las represalias.»

La tercera noticia hablaba de que «el coronel ejecutado por Fidel Castro por narcotráfico montó una red en España», con una aclaración importante: «Los servicios de información vigilan a Cimex Ibérica, la principal conexión.» La denuncia periodística aportaba numerosos datos:

– «Para conseguir la infraestructura necesaria para sus fines decidieron utilizar todas las empresas vinculadas con Cuba y crear algunas implantadas en muchos países, que permitieran la circulación de mercancías. Entre ellas destacan la Corporación Cimex, con sede en Panamá, y UNECA, con sede en el Caribe.»

– «La celebración del juicio en La Habana despertó la curiosidad de los servicios de información españoles, que metieron un topo en la sala para poder tener acceso a las actas tipográficas de las sesiones.»

– «Estos contactos a alto nivel no sólo están en la concesión a González Valerio desde hace varios años del título de agente oficial en España del Palacio de las Convenciones de La Habana, sino que es el organizador de la representación cubana en la feria española Fitur.»

Una cuarta historia, de esta serie de reportajes de investigación sobre las actividades en España del espionaje cubano, fue publicada en febrero de 1991: «Expulsados dos jefes del servicio secreto cubano en cuatro meses. El Gobierno, decidido a liquidar el espionaje de Castro en España.» En la información también se afirma:

– «El Gobierno español decidió el pasado verano, tras los incidentes ocurridos en la Embajada en La Habana tras la petición de asilo político de varios ciudadanos cubanos, acabar con los privilegios que los hombres de Fidel Castro gozaban en España. La primera medida de represalia, adoptada el pasado mes de septiembre, a las pocas semanas de concluir el conflicto, fue la expulsión del jefe del G-2 en España, José Baujasán Marrani.»

– «El Cesid utilizó las operaciones económicas ilegales que realizaba en España José Baujasán, jefe del servicio secreto cubano, para expulsarle.»

– «Los servicios de información españoles siguieron al dirigente del G-2 las veinticuatro horas del día hasta hallar motivos para echarle.»

– «Para sustituir a este hombre ha sido designado hace un par de semanas Feliciano Díaz Pacheco, que es secretario de la Embajada cubana en Madrid. Según las fuentes informantes de los servicios de información, “es un hombre que lleva mucho tiempo en España, pero no sabe nada, por lo que tendremos una época tranquila”.»

– «Una de las misiones del G-2 cubano es la vigilancia de sus delegaciones en España. Para ello tiene montado un curioso sistema, que ningún otro país aplica. Todos los becados que hay en Madrid y todos los empleados que tienen en España las distintas empresas comerciales cubanas en ramos tan distintos como el tabaco, herramientas, barcos, café o azúcar tienen que hacer guardia en la Embajada.»

Poco tiempo después, en mayo de ese mismo año, llegó la quinta y última entrega de la serie: «Cuba da entrenamiento militar a etarras.» La historia se basaba en el testimonio ofrecido a la Policía española por Ramón Aedo, agente de los servicios secretos cubanos que había desertado dos meses antes. Aedo reveló las actividades y los entrenamientos de ETA en Cuba y una lista con setenta colaboradores de la banda que habían estado en la isla.

La información va acompañada de diversas fotos de terroristas que podrían haber estado entrenándose en Cuba y como aportación hay un retrato robot del desertor cubano. En la historia se dice:

– «Ramón Aedo se negó a hablar con Tiempo sobre la información dada a la Policía, tras no aceptar este semanario el pago de sus declaraciones.»

– «Jesús Abrisqueta Corta, deportado en Cuba, es el encargado de mantener los contactos con los 57 etarras que están fuera de Europa.»

– «Minutos después de ofrecer la lista con los nombres de etarras, varios agentes de los servicios de información trasladaron a Aedo al Hostal Cantábrico, en la madrileña calle de la Cruz, número 5. Los siguientes días los pasó el espía cubano en una pequeña habitación, escoltado permanentemente por varios policías. Únicamente abandonó el hotel para ir a declarar ante agentes de los servicios de información de la Policía, la Guardia Civil y el Cesid.»

– «Tras los interrogatorios de los servicios españoles, Aedo fue puesto en manos de la CIA, donde sigue todavía. El agente cubano manifestó desde el primer momento su voluntad de pedir asilo político en Estados Unidos, para poder vivir con sus familiares que residen en Miami.»

Para conocer los organismos interesados en desvelar las actividades cubanas y poner fin a su libertad de movimiento, es importante analizar las diversas fuentes citadas en las historias:

1. Fuentes de la Comisaría General de Información, que dirige Jesús Martínez Torres; medios no oficiales; fuentes bien informadas; fuentes de los servicios de información; fuentes informantes.

2. Fuentes de la sección de Contrainteligencia del Cesid; medios cercanos a los domicilios de los narcotraficantes; el camarero de un bar cercano al piso que habitaba Juan Carlos Betancourt; las investigaciones realizadas por los servicios de información; según las declaraciones obtenidas en el juicio en el que se decidió la pena capital para el coronel Antonio de la Guardia; según el documento mercantil.

3. Los servicios de información investigan si hubo conexiones con el tráfico de drogas; fuentes de los servicios de información de la Policía y del Cesid tienen en su poder informes detallados; medios cubanos en España afirman; según fuentes solventes; según las declaraciones obtenidas en el juicio; los datos en poder de fuentes policiales demuestran.

4. Los datos que obraban en poder del Centro Superior de Información de la Defensa; los servicios secretos españoles sabían que era peligrosísimo; según las fuentes informantes de los servicios de información; hay otras medidas que han disgustado a los residentes cubanos anticastristas; fuentes del Ministerio del Interior; los servicios españoles les devolverían la jugada que recibieron en la pasada década y que ahora Tiempo ha conocido.

5. Según las fuentes informantes; Tiempo, tras arduas gestiones, consiguió localizar el piso donde actualmente reside Ramón Aedo.

La única fuente que aparece continuamente mencionada en todas las informaciones —excepto en la quinta— hace referencia a los servicios de inteligencia, el Cesid, aunque su denominación varía. Es un tema de espionaje cubano en España y la fuente principal es lógico que sea el Cesid. Aunque como se trata de un tema de contrainteligencia, es citado con frecuencia el servicio de información de la Policía, que también tiene competencias en el tema.

Si bien estas fuentes son las que mejor conocen el tema, para que haya podido existir periodismo de investigación es necesario que las informaciones hayan sido ampliadas y contrastadas por otras vías. La mayor parte de las personas que conocen las historias que interesan a los informadores son personas vinculadas al asunto, ya les afecte directa o indirectamente.

Como se puede deducir, son dos tipos de fuentes: el grupo de anticastristas residentes en España, que estarían interesados en que se conocieran las actividades del espionaje cubano en España contra ellos y los espías o personas que desertan, cuyo testimonio resulta muy interesante para los opositores al régimen castrista y para los medios de comunicación.

Hay un tercer apartado de fuentes, que los periodistas de investigación utilizan para buscar detalles sobre las historias: son las personas que circunstancialmente pueden conocer extremos interesantes para la historia.

Existe un cuarto tipo de fuentes, que son las documentales. Aportan información muy valiosa sobre los acontecimientos y siempre son de mucha utilidad.

Todas las fuentes que aparecen citadas en la serie de reportajes, excepto en algún caso aislado, no salen identificadas con nombre y apellido, algo absolutamente habitual en el periodismo de investigación, por la necesidad de los informadores de proteger su identidad si están dispuestos a colaborar en asuntos, como éste, que pueden perjudicarles en su vida normal. De hecho, se utilizan a veces las fórmulas «medios no oficiales» o «fuentes bien informadas» para identificar a algunas de ellas, más necesitadas de protección.

Las cinco historias reseñadas fueron publicadas en un año y medio por el mismo medio y fueron el trabajo de varios periodistas, aunque únicamente uno se mantuvo en todas ellas, precisamente el especializado en servicios de inteligencia.

Por lo tanto, no es una casualidad que un medio y un periodista publiquen cinco temas de investigación sobre el espionaje cubano en un año y medio. Apunta a que sus fuentes encontraron una vía de escape para dar información, pero también que nuevas personas se sumaron al carro para denunciar los trapos sucios de espionaje cubano en España. Es decir, que la publicación de información de investigación genera con frecuencia más información.

También es importante destacar que los servicios de inteligencia, claramente identificados en la historia, aunque sin nombre y apellidos, están detrás de las historias. Tuvieron el deseo de poner freno a los excesos de sus colegas cubanos y consideraron necesario publicitar sus propias actuaciones, para que la opinión pública se enterara de la respuesta del Gobierno español a los ataques y excesos de Fidel Castro contra nuestro país. Sería una acción agresiva, nunca reconocida por los servicios de inteligencia, pero de la que se benefician indudablemente los informadores y la opinión pública.

La existencia de varios periodistas acompañando puntualmente a su compañero de investigación sobre servicios secretos se explica por la aportación de fuentes en otros terrenos, como el del Ministerio del Interior, que en ésta caso eran ajenos al informador. Lo acertado de compartir el trabajo de investigación se puede observar en que las informaciones están absolutamente contrastadas y no recibieron ni una sola denuncia judicial.

Atención a los datos

– El periodismo de investigación en servicios secretos no refleja únicamente los temas referidos al Cesid-CNI, sino en general los temas de inteligencia que ocurren en España o en el mundo, pero que tienen interés para la opinión pública española. Tal es el caso de las actividades del espionaje cubano, pero también del ruso o del estadounidense.

– Las investigaciones sobre un comportamiento ilícito —en este caso el que destapa las actuaciones irregulares del G-2 cubano— no tienen por qué darse por cerradas con una sola historia y pueden requerir una investigación continuada en el tiempo.

– El elemento gráfico es muy importante en las historias, aunque con frecuencia es difícil de utilizar para cumplir los fines de la investigación. Las imágenes de los protagonistas siempre aportan un elemento de credibilidad significativo y las infografías ayudan a entender historias complejas.

– La principal fuente de información en el periodismo de investigación sobre servicios secretos es la propia agencia de espionaje. Sin ella no es posible llevar el trabajo a buen término.

– La casi totalidad de las fuentes citadas en este periodismo de investigación no son identificadas con su nombre y apellido, por la necesidad de los informadores de proteger su identidad a cambio de conseguir su colaboración. Es trascendental que la información publicada no les perjudique en su vida habitual.

– El hecho de publicar información sobre un tema concreto lleva aparejado para el periodista de investigación la posibilidad de recibir informaciones de fuentes desconocidas. Personas que tras leer sus trabajos deciden aportar nuevos datos al informador.

– En las cinco historias se detecta un interés manifiesto del servicio de inteligencia español de utilizar a la prensa para sus propios fines. En este caso, para que la opinión pública —y quizás el propio servicio cubano o su presidente Fidel Castro— se entere de la contundente respuesta del Gobierno español a los ataques y excesos que han cometido contra España.

12

LIMPIEZA EN EL CESID: NACEN NUEVOS «JUGUETES ROTOS»

En pocas ocasiones, como la que vamos a relatar, se pueden discernir tan claramente las razones por las que un agente del CNI se convierte en una fuente de información para los periodistas. El proceso por el cual un agente que sirve escrupulosa, brillante y obedientemente durante años a sus mandos en el servicio de inteligencia llega a la conclusión de que debe contar algunos de los misterios que se esconden en el servicio es difícil de entender, pero en general está relacionado con la consideración particular de que ha sido maltratado por sus jefes y que no puede admitir por motivos éticos determinadas corruptelas que están ocurriendo.

Los hechos comienzan con la llegada al poder del Partido Popular en 1996. Atrás quedaba un Gobierno socialista inmerso en todo tipo de escándalos, pero con uno que seguía muy activo y que les había hecho mucho daño: la existencia de un «traidor» —como ellos le llamaban— en el seno del Cesid, que se había llevado 1.245 microfichas y que había conseguido dar credibilidad a las sospechas tantas veces manifestadas de que el Gobierno socialista había creado e impulsado el grupo terrorista GAL. Tras la salida del servicio del agente Juan Alberto Perote se habían conocido numerosas informaciones que sembraron en la sociedad la idea de que el servicio de inteligencia funcionaba autónomamente, apoyando los asuntos particulares del Gobierno, y no respetaba las leyes del juego democrático.

El nuevo presidente, José María Aznar, tuvo claro desde un primer momento que debía nombrar un director del Cesid que procediera inmediatamente a hacer una limpieza entre los agentes, para que la sociedad no tuviera la más mínima sospecha de que el servicio de inteligencia actuaba contra los españoles, en vez de hacerlo para defenderlos.

El cargo de director del Cesid fue ocupado por el teniente general Javier Calderón, un militar que había pasado muchos años de su vida en puestos destacados del servicio de inteligencia y que había mantenido fuertes vínculos con el Partido Popular en la época en que se llamaba Alianza Popular y lo dirigía Manuel Fraga.

Calderón sabía que además de conseguir la información vital para permitir la labor del Gobierno, su principal tarea era cambiar la mala imagen del servicio. Así que una de las decisiones clave que adoptó en sus primeros meses de mandato fue proceder a una «limpieza» de agentes. En septiembre de 1996 aplicó el recientemente aprobado Estatuto de Personal, que establecía que todos los agentes antes de ser considerados «profesionales» debían pasar un proceso de evaluación interior. Como era la primera vez que se llevaba a cabo, todos sus agentes, sin excepción, debieron pasar por el tribunal calificador. El resultado fue que 28 agentes con muchos años de antigüedad fueron declarados por la cúpula del Centro «no idóneos» para seguir trabajando en el espionaje.

Pero, según contaba el semanario El Siglo, «antes de la expulsión de los 28 miembros del Cesid, aparecieron en la prensa noticias, presuntamente filtradas por el Gobierno y por sectores relacionados con Defensa en el Partido Popular, que anunciaban que se iba a producir la prometida «limpieza del Cesid». Al poco, el diario El Mundo publicó un comentario alertando al Gobierno sobre el peligro de «nuevos Perotes sueltos». Y después se publicaron en el mismo medio papeles filtrados con referencias importantes sobre la OTAN. Una vez que Javier Calderón, director general del Cesid, enviara a los veintiocho expulsados la comunicación de su cese, pareció que esas expulsiones suponían la limpieza del Cesid que había prometido el PP para un organismo tristemente afectado por sucesivos escándalos en la anterior legislatura. De hecho, el propio presidente Aznar, entrevistado en El Mundo por Pilar Urbano, ratificó esa versión diciendo que la criba era conveniente para la operatividad, para la limpieza y para la credibilidad de nuestro servicio de inteligencia.

El coronel Diego Camacho, que llevaba diecisiete años en el servicio, fue uno de los veintiocho. Durante esa larga carrera, como se supo posteriormente, había estado destinado en el exterior en difíciles puestos. Trabajó en Marruecos, Guinea y Francia, donde desempeñó con criterio su complicado trabajo de antena del Cesid. Muchos destacaban que su trabajo estuvo lleno de éxitos y los menos creían que sus cambios de destino habían sido demasiado frecuentes. En cualquier caso, su hoja de servicio estaba impoluta y hasta ese momento a nadie se le había ocurrido criticar su largo y fructífero trabajo.

Pero Diego Camacho, un coronel listo de carácter fuerte, se sintió muy molesto con la decisión y la consideró una venganza personal del director Calderón contra él y alguno de sus antiguos hombres leales. Como respuesta a la injusticia de su expulsión, el 20 de noviembre de 1996 realizó unas duras declaraciones en Antena 3 Televisión contra el jefe máximo del servicio de inteligencia. Aseguró que «Calderón ha depurado los servicios secretos basándose en motivos políticos y personales, mientras mantiene en sus puestos a personas presuntamente implicadas en asuntos como la guerra sucia contra ETA o el denominado caso Mengele [el supuesto uso de mendigos como cobayas humanas para probar un analgésico, con el que secuestrar a un dirigente de la banda terrorista ETA]».

En febrero de 1997, en unas llamativas declaraciones a Tiempo señalaba: «Inicialmente, pese a la campaña de prensa que se venía desatando desde la llegada de Calderón al Centro, en la que se hablaba de purgas y depuraciones, nos mantuvimos en silencio. Y lo hicimos porque teníamos muy clara nuestra opción por la vía jurídica a través del recurso contencioso-administrativo. Sin embargo, aproximadamente un mes después de nuestro cese empezaron a aparecer noticias en los medios de comunicación sobre la existencia de posibles “Perotes” que podían haber estado acopiando documentos del centro para, una vez cesados, filtrarlos a la prensa y provocar escándalos. Después aparecen unas declaraciones del presidente del Gobierno en las que dice que había que limpiar el Centro para conseguir su credibilidad. Frente a todo esto, el hecho es que ninguno de los veintiocho cesados tenemos que ver con los escándalos que la prensa ha aireado. Mientras que a los integrantes de la cúpula anterior del Cesid, que si ha habido asuntos sucios, son los que han participado en su planeamiento y desarrollo, les pasan a unos a la situación privilegiada de la reserva del Centro y otros siguen en el servicio. Es evidente que la limpieza a la que alude el presidente han querido venderla con nuestros ceses. Y eso no lo vamos a permitir. Ya no se trata de volver a nuestros antiguos puestos, únicamente queremos defender nuestro honor.»

Es importante tener en cuenta el contenido íntegro de la declaración del coronel Camacho porque encierra una filosofía básica para comprender los motivos que llevan a un agente a convertirse en fuente de información. La decisión pública que adoptaron él y algunos de sus compañeros expulsados, de aparecer en los medios de comunicación para denunciar la injusticia a que estaban siendo sometidos y arremeter contra sus superiores del servicio de inteligencia, en casi todos los casos ocurridos en la democracia se realiza de una forma mucho más discreta y sin publicidad.

Cuando hablan públicamente sin autorización previa, todos los militares saben que pueden ser sancionados por criticar o simplemente comentar las decisiones del mando. Y todos ellos conocen claramente las duras represalias de todo tipo, no sólo laborales, que pueden padecer. Por eso, suelen optar por hablar con los periodistas solicitando que su identidad sea guardada en secreto. Pero en este caso, Diego Camacho y algunos de sus compañeros optaron por dar la cara, convencidos de que nada les podía pasar por decir una verdad que no estaba sujeta a ningún tipo de restricciones legales. Ninguno de ellos realizó declaraciones que pudieran suponer una violación de la Ley de Secretos Oficiales o trasgresión del compromiso de confidencialidad firmado en el momento de su ingreso en el Cesid.

Para evitarse problemas legales, sus declaraciones siempre fueron medidas para que no les pudieran acusar judicialmente de nada, al mismo tiempo que denunciaban o ponían sobre el tapete comportamientos más o menos ilegales de otros agentes. De las palabras de Camacho se pueden sacar las siguientes conclusiones:

– Habla porque siente que su honor ha sido mancillado. No ha hecho nada y le echan dentro de un grupo de agentes que supuestamente ha sido depurado por mal comportamiento.

– Nunca habría hablado si la vía jurídica hubiese funcionado.

– Tiene que explicarse porque hay una campaña del servicio contra él, en la que le acusan de ser un «Perote», es decir, un traidor.

– Hasta el propio presidente del Gobierno ha defendido públicamente que su expulsión es parte de un proceso de limpieza del Cesid, después de una larga etapa de corruptelas y desmanes, que ha sido conocida y debatida ampliamente por la opinión pública.

– A él y a otros los echan, pero a todos los causantes de la mala imagen del servicio, responsables de todo lo que ha ocurrido, les cuidan y miman hasta el extremo.

– Es tan escrupuloso con sus palabras que ni siquiera reconoce que haya habido escándalos. Sólo se atreve a decir «si ha habido asuntos sucios». Nadie podrá acusarle de traicionar a sus compañeros o desvelar información secreta.

– Lo único que desea lo dice con absoluta claridad: «Queremos defender nuestro honor.»

Camacho, que optó por la vía de aparecer como fuente identificada en todo lo que contaba, justificó su cese por su participación en la lucha contra el golpismo y, más concretamente, contra el intento de golpe de Estado del 23-F, acusando a Javier Calderón, en 1981 secretario general del Cesid, de proteger a los golpistas. Durante la intentona, Diego Camacho descubrió que agentes del Cesid estaban ayudando a los golpistas y cumpliendo con su deber se lo hizo saber al mando —Javier Calderón—, que intentó apartarle del caso, a lo que él se negó. Con ello consiguió granjearse la enemistad manifiesta de Calderón y su gente de confianza, alguno de los cuales eran objeto de sus denuncias.

La antigua buena relación entre Camacho y Calderón quedó destruida y cuando el segundo regresó a la Casa muchos años después como director, procedió a vengarse de él —Calderón nunca lo vio así— declarándole no idóneo para el espionaje.

El coronel explicó a varios medios de comunicación, que reprodujeron fielmente su denuncia, lo que había ocurrido durante los días posteriores al asalto del Congreso de los Diputados por un grupo de guardias civiles comandados por el teniente coronel Antonio Tejero: «Nosotros pusimos los acontecimientos en conocimiento de nuestros jefes y posteriormente en conocimiento de la autoridad judicial. Yo estoy dispuesto a aportarle los datos de mis afirmaciones al ministro de Defensa y a los representantes del pueblo español […] Yo descubro una serie de datos que pongo en conocimiento de la cúpula del Cesid a las 5 de la mañana del día 24 y unas informaciones que descubro al día siguiente […] Cuando se comunican las cosas a la cúpula del servicio y a la autoridad judicial pertinente, se reciben una serie de presiones fuertes para que no se declare […] Se amenazó la integridad personal de alguno de los suboficiales que ha participado en desactivar esa trama. Yo, en ese momento, desobedezco por primera vez en mi vida una orden, me voy a hablar con el jefe de involución y él consiguió con su esfuerzo que se abriera una investigación de carácter no judicial.»

En las semanas siguientes aparecen en los medios de comunicación las denuncias de Camacho que involucran al director del Cesid en la intentona golpista del 23-F y, paralelamente, algunos medios comienzan a desacreditar al agente expulsado del servicio.

En medio de la lucha dialéctica, el ministro de Defensa abrió un expediente contra el coronel Camacho por sus declaraciones a varios medios de comunicación, considerando que se había saltado la disciplina militar por criticar al mando. Varias semanas después, fue arrestado por una falta disciplinaria y tuvo que permanecer recluido dos meses en un establecimiento militar. Las denuncias concretas, claras y directas que había estado formulando sobre la cabeza visible del Cesid en 1996 no fueron motivo de la sanción.

Sin embargo, varios fueron los diarios que en esos momentos y en los meses posteriores hablaron de la existencia de «Perotes» del servicio de inteligencia que estaban filtrando información a los medios de comunicación. De hecho, cada vez que un periodista de investigación en servicios secretos difundía una información, el Cesid consideraba que Diego Camacho y algunos de sus amigos estaban detrás de la historia. Si tenían razón, es imposible de determinar, porque esas fuentes sí que actuaban protegiendo su identidad, aunque todo apuntaba a que era una forma de intentar desprestigiarle.

Atención a los datos

– Los agentes y ex agentes del CNI —antes Cesid— son las mejores fuentes y las más habituales en esta especialización periodística.

– Lo habitual es que los ex agentes no acepten que su nombre aparezca respaldando la información, pero hay algunos casos en que dan la cara, con el riesgo de ser procesados.

– Hablan en muchas ocasiones porque sienten que su honor ha sido mancillado y desean defenderlo. Otras, porque consideran que les están culpando de acciones que no han realizado. Siempre, sea cual sea el caso, no se sienten traidores.

– Están molestos por las irregularidades cometidas por el servicio, aunque posiblemente si les hubiera tocado a ellos, las habrían cometido.

– El Gobierno intenta castigar a los agentes y ex agentes que hablan con la prensa, porque consideran que va contra la disciplina que debe imperar en un servicio de inteligencia.

13

EL MONTAJE ALEMÁN DEL PLUTONIO: CUANDO LOS ESPÍAS INTOXICAN

En el año 1993 el BND, el servicio secreto alemán, ideó una operación encubierta absolutamente falsa de tráfico de plutonio para tratar de concienciar a su propia opinión pública y a la del resto de los países europeos de los peligros de la venta descontrolada en Rusia del material necesario para la fabricación de bombas atómicas.

Para dar verosimilitud al montaje, decidieron que el origen del tráfico ilícito tuviese lugar lejos de sus fronteras, donde si algo salía mal fuera más difícil que se les relacionara con la venta del material nuclear. Eligieron España como el país desde el cual iniciar la operación.

Los agentes del BND en Madrid buscaron a empresarios lo suficientemente ávidos de dinero y lo bastante inocentes para creerse una patraña como ésa. Los españoles Javier Bengoetxea y Julio Oroz y el colombiano Justiniano Torres creyeron que el hombre que les propuso el negocio de comprar plutonio en Rusia era un listo como ellos y no sospecharon que trabajara a sueldo del BND. Su ansia de dinero fácil y rápido les llevó a realizar todas las gestiones necesarias para conseguir el material siguiendo las indicaciones de su contacto y a desplazarse a Alemania para entregárselo a otro agente del servicio secreto alemán que se hizo pasar por traficante de armas. Todo se acabó cuando fueron detenidos en Alemania con el plutonio escondido en un maletín.

La existencia de un montaje del servicio de inteligencia germano no se descubrió hasta un tiempo después de que los dos empresarios españoles y el colombiano hubiesen sido detenidos. Y se conoció gracias al esfuerzo informativo de los periodistas de investigación alemanes y muy especialmente de los de la revista Der Spiegel, que publicaron un extenso reportaje de diez páginas titulado «La mentira de la bomba del espionaje alemán: cómo los espías inventaron el peligro del plutonio».

Cuando las autoridades políticas, policiales y de espionaje alemanas se felicitaban del éxito alcanzado, el semanario explicó que la operación de contrabando fue una gran escenificación del BND alemán, que utilizó a tres de sus agentes en España para conseguir engatusar a unos empresarios españoles en dificultades económicas, dispuestos a ganar dinero rápido como fuera. La conclusión de Der Spiegel fue que todo resultó ser un montaje de los servicios de inteligencia alemanes para justificar su labor tras el fin de la guerra fría y para presionar a Rusia para que aumentase los controles sobre la industria nuclear tras la disgregación de la URSS.

Pero hasta que se conoció la investigación de Der Spiegel, los acontecimientos fueron despiadados para los implicados. El BND no se limitó a montar una operación encubierta falsa, también utilizó a los medios de comunicación para impregnarla de la mayor dosis de autenticidad posible, al mismo tiempo que difundían y acrecentaban su aparente éxito.

Si gracias a la investigación periodística supimos que los dos empresarios españoles no tenían nada que ver con ese tipo de negocios y que entraron en el mismo exclusivamente para tratar de solucionar sus transitorios problemas económicos, tras su detención el servicio de inteligencia alemán filtró a diversos medios de comunicación preocupantes informes falsos y manipulados de los dos españoles y de la gravedad que podría tener el asunto.

Dada la implicación de dos vascos, los informes fueron recogidos con amplitud por la agencia oficial de noticias española Efe. El 17 de agosto de 1994, un teletipo fechado en Bonn decía: «El miércoles pasado, en el mayor golpe asestado por la Policía al tráfico ilegal de sustancias nucleares […] Vladimir Chernosenko, uno de los tres directores de la central nuclear de Chernobil, en unas declaraciones a la edición de esta semana del periódico alemán Die Woche, manifestó que este caso “es sólo la punta del iceberg”. Chernosenko dijo que hay más material radiactivo en Alemania “del que los funcionarios de seguridad alemanes piensan”. Agregó que, hasta ahora, el contrabando de material radiactivo ha pasado siempre por la mafia internacional nuclear, pero si la situación económica en la antigua Unión Soviética no mejora pronto, “algo que no creo que ocurra, en el futuro se utilizará en mi país como fuente de divisas y como negocio de intercambio”.»

Una semana después, el 24 de agosto, un nuevo teletipo de Efe, esta vez fechado en Hamburgo, decía: «El diario alemán Bild Zeitung difundió un comunicado en la tarde de hoy miércoles en el que insiste en la conexión entre la banda terrorista ETA con los detenidos españoles por tráfico de plutonio, apoyándose en atestados de la investigación y pese a los desmentidos en este sentido de la fiscal de Munich. El periódico asegura que dispone de informaciones del servicio secreto alemán (BND) en las que claramente se especifican detalles sobre Julio Oroz Egía y Javier Bengoetxea que los relacionan con ETA. Los dos españoles y un colombiano fueron apresados por la Policía el pasado 10 de agosto cuando llegaron al aeropuerto de Munich, procedentes de Moscú, con 350 gramos de plutonio y 300 gramos de litio-6 […].» Bild afirma que la información del BND sobre Oroz, que ellos poseen, dice textualmente: «Relación con ETA y contactos con una empresa transportista de Hamburgo que lleva fruta a Ucrania dos veces por semana, y en la que algunos de cuyos conductores suelen volver a Alemania con mercancías ilegales.» Además añade que «supuestamente vive en España y en Kiev, Ucrania, adonde viaja regularmente desde hace diecisiete años; posible profesión: arquitecto-constructor; estafa en España por construcción con materiales de baja calidad». Los mismos documentos oficiales aclaran sobre Bengoetxea: «Nacido el 9 de marzo de 1934 en España; residencia: San Sebastián. Vasco francés. Relaciones con ETA. Su socio comercial fue supuestamente asesinado por ETA por estar involucrado en el tráfico de drogas, que no permiten […]. La cadena de televisión RTL informó anoche de que las pistas de la investigación en este caso de contrabando nuclear en Munich conducen a Iraq, país que todavía sigue estando interesado en la construcción de una bomba atómica.»

Con los datos ahora disponibles, podemos afirmar sin lugar a dudas que el servicio de inteligencia alemán, tras montar la operación falsa de venta de plutonio, manipuló a la prensa filtrando información absolutamente falsa que intentaba apoyar la historia. El Bild Zeitung fue uno de sus portavoces. Sin duda fue engañado por fuentes que los periodistas consideraban de la máxima credibilidad. Tanto que en todo momento no ocultan que los datos provienen de informes del BND, lo que les hace deducir que todo lo que dicen tiene que ser necesariamente verdadero. ¡Qué grave error!

El servicio de inteligencia necesitaba crear una imagen de los empresarios españoles como delincuentes muy peligrosos, capaces de acometer cualquier proyecto. Para ello, siendo los dos vascos, nada mejor que relacionarlos con la banda terrorista ETA, algo que posteriormente se demostró radicalmente falso. El periódico, como hemos señalado que ocurre con frecuencia con las informaciones de los servicios de inteligencia, no contrastó los datos de una manera adecuada y se limitó a reproducir lo que para ellos era una información solvente. Fueron víctimas del engaño, uno de los riesgos permanentes en este tipo de periodismo especializado. Pero ese engaño no les hace menos culpables, porque su deber era haber contrastado la información antes de publicarla.

Lo mismo que les ocurrió a los periodistas de la cadena de televisión RTL cuando informaron de que las pistas del contrabando nuclear conducían a Iraq. Fue un dato tan falso como la propia operación, facilitado por fuentes desconocidas, probablemente de los propios servicios de inteligencia alemanes, que consiguieron hinchar su éxito y dar credibilidad a la operación. Los periodistas no tuvieron forma de contrastar esa información, prefirieron creer a su única fuente —nuevamente le otorgaron el máximo índice de solvencia— y fueron engañados.

Cuando las informaciones que demostraban el montaje del BND aparecieron publicadas, el daño ya estaba hecho. Los jueces alemanes se dieron cuenta de que los servicios de seguridad de su país habían manipulado a los tres empresarios y redujeron considerablemente las condenas. Un año después los dos españoles fueron expulsados del país, tras cumplir la mitad de la pena.

El Gobierno alemán, ante el escándalo desatado, hizo lo mismo que hemos visto en otras ocasiones en países como España: reconoció en un informe que su servicio de inteligencia conocía de antemano la operación de contrabando de plutonio, pero negaron rotundamente que ellos fueran informados de lo que estaba ocurriendo. Únicamente aceptaron que dos días después de las detenciones les contaron lo que habían hecho. Es decir, no tuvieron ninguna responsabilidad política. Se beneficiaron sin duda de la operación, pero nuevamente se hicieron los locos a la hora de conocer los métodos empleados por su servicio de inteligencia.

El BND nunca ha reconocido con claridad su participación en el montaje, a pesar de las pruebas concluyentes que aparecieron posteriormente. La teoría tantas veces vista en el espionaje del «mentir hasta la evidencia» se volvió a reproducir en este caso. Por otra parte, pocos hicieron caso a la acusación de montaje tras la detención de los empresarios, porque los periodistas en estos casos prefieren olvidarse y no rascar en los propios errores cometidos para que nadie se los eche en vergüenza.

Una parte de la profesión, los periodistas de investigación, buscó las claves ocultas de la operación y sacó a la luz la denuncia de un montaje, que acabó con tres empresarios en la cárcel. Otra parte de la profesión, algunos periodistas de información, se limitó a hablar con sus fuentes en los servicios de inteligencia y publicó las informaciones que le dieron sin preocuparse de contrastar los datos. Lo mejor y lo peor de la profesión apareció en el caso del montaje del plutonio.

Atención a los datos

– Es falso que los servicios de inteligencia prefieren no mantener relaciones con la prensa. Siempre que lo necesitan o les es de utilidad intoxican a los medios de comunicación para conseguir que informen favorablemente de sus manipulaciones y éxitos.

– Frente a las maniobras de los servicios de inteligencia, los medios de comunicación únicamente disponen de una herramienta que les puede hacer frente: el periodismo de investigación. Los métodos y técnicas empleados por estos informadores son las únicos que permiten evitar las sucias técnicas del espionaje.

– Para conseguir sus fines intoxicadores, los servicios de inteligencia utilizan montajes —entre otros, informes propios absolutamente falsos— que a los ojos de los periodistas gozan de la máxima credibilidad. Sin una oportuna investigación y contrastación de datos, la información nunca debería ser publicada.

– Cuando estallan los escándalos de un servicio de inteligencia, el Gobierno correspondiente niega estar al tanto de la operación y asegura desconocer los métodos que han empleado. Este tipo de posturas no conlleva en general el cese de los responsables de la inteligencia.

– Los servicios de inteligencia mienten hasta la evidencia cuando son descubiertos in fraganti realizando una operación que está fuera de la ley. Incluso, a partir de ese momento, filtran información falsa a medios que no han sacado a la luz su irregularidad, para intentar justificar su postura y negar la información de denuncia.

– Algunos periodistas no cumplen con su trabajo debidamente cuando publican informaciones facilitadas por fuentes de los servicios de inteligencia sin haberlas contrastado adecuadamente.

SEGUNDA PARTE

PRENSA Y ESPIONAJE

1

LA INFLUENCIA DECISIVA DEL PERIODISMO EN LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA

ASÍ MANIPULAN LOS ESPÍAS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El periodista es para los servicios de inteligencia un elemento más de la sociedad, aunque muy especial y cualificado, para cumplir su complicado trabajo. Su mirada sobre los profesionales de la información no tiene nada que ver con la simplista de personas que transmiten historias. Es una visión con frecuencia manipuladora e interesada.

José Antonio Sainz de la Peña, cuyos datos profesionales publicados en el libro Periodismo y servicios secretos¹ dicen que es «coronel de Infantería, diplomado de Estado Mayor, Facultad de Ciencias Políticas (UNISCI), Universidad Complutense de Madrid», fue un destacado jefe del Cesid durante muchos años. Él explica: «La relación entre los servicios de inteligencia y la prensa adopta, normalmente, dos formas. La primera es la de “cobertura”, donde el servicio utiliza a la prensa para proporcionar cobertura a un agente —bien sea éste un verdadero periodista reclutado por el servicio, bien un agente provisto de una acreditación de prensa— o como infraestructura operativa —caso de las delegaciones en el extranjero de las agencias de noticias nacionales—. (Se puede señalar, a este respecto, que, según un clásico de la literatura sobre temas de inteligencia, el libro de Sherman Kent Strategic Intelligence, los oficios de periodista y de agente de inteligencia tienen unos perfiles profesionales semejantes.) Esta forma de relación tiene lugar, preferentemente, en el campo de la inteligencia exterior. La segunda forma es la de la “manipulación”, cuando el servicio usa a la prensa para manipular la información, con una gama de actuaciones que van desde la censura hasta la difusión de noticias falsas. Esta segunda forma se da, fundamentalmente, en el campo de la inteligencia interior, aunque también puede darse en el de la exterior, a través de “operaciones de influencia”.»

La idea queda clara: los servicios secretos ven a los periodistas como una herramienta para conseguir sus fines. La libertad de movimiento de la que gozan los informadores, su derecho a preguntarlo todo y a husmear en los lugares donde ocurren los hechos noticiosos, producen en los espías una envidia nada disimulada, que les lleva a tratar de captar a periodistas o a utilizar acreditaciones para sus agentes, para que en lugar de trabajar para las empresas de comunicación, lo hagan para ellos.

Todavía más grave es el deseo de los servicios de manipular a los periodistas para sus propios fines, utilizando medios ilícitos. Aquí los agentes u oficiales de inteligencia actúan como fuentes de información deseosas de ayudar al periodista y ocultando los intereses espurios que con frecuencia les mueven. Si el periodista no actúa según los principios que exigen la confirmación de datos —la no publicación de la información mientras fuentes distintas, sin relación entre sí, aseguren los mismos extremos—, permitirá que la intoxicación llegue a la opinión pública, presentada de una forma absolutamente creíble.

La misma tesis del ex agente Sainz de la Peña sobre la manipulación de los periodistas como fin primordial de los servicios secretos la defiende el prestigioso profesor de Periodismo Leopoldo Seijas, que ha conocido directamente estos temas:² «La CIA es consciente de que no hay más remedio que convivir con los medios de comunicación, y si se puede, servirse de ellos. Pero ¿cómo hacerlo? Hay que crear un departamento que se ocupe de las “relaciones institucionales” y bajo esta denominación abstracta se encubre una serie de actividades y entre ellas las relaciones con los medios de comunicación. Pero esas relaciones hay que entenderlas como “en aras de los intereses nacionales”.» En una palabra, hay que captar periodistas que trabajen para la agencia de inteligencia y formar con ellos coberturas en todo el mundo sin levantar sospechas. Por lo tanto está claro que uno de los aspectos más delicados de las actividades gubernamentales es la utilización que hace la CIA de los medios de información y de los periodistas como espías «en aras de los intereses nacionales».

Palabras como «manipulación», «utilización», «encubrir», «captación», «reclutamiento», «uso» e «influencia» son repetidas continuamente por los especialistas cuando explican los objetivos de los servicios secretos de cara a los periodistas.

A veces el descubrimiento de sus actividades para manejar a la prensa es verdaderamente espeluznante. Leopoldo Seijas explica «el frente de las relaciones públicas» de la CIA, que dispone de una clasificación de los medios de comunicación según su colaboración, ya sea por personas o por instituciones: «En cuanto a los periodistas, se les clasifica en acreditados, que trabajan a plena dedicación o jornada parcial; corresponsales no fijos; empleados no periodistas en nómina; directores y personas que deciden la política a seguir por los medios de comunicación; y colaboradores que cobran por trabajo publicado. Según el tipo de vinculación, la relación se basa en una asociación voluntaria ya sea por patriotismo, por vínculos de amistad con otras personas, por deseos de hacer carrera (normalmente por obtener una exclusiva importante) y por supuesto la basada en un sueldo que puede ser por pago realizado con carácter regular, reembolso de gastos o por un obsequio.»

Seijas cuenta el caso de Jim Wilcott, un economista que durante nueve años trabajó como experto en finanzas al servicio de la CIA: «Wilcott, que veía normal, incluso necesario, que la CIA se dedicara a analizar y estudiar los medios de información, se quedó atónito cuando comprobó que todos esos análisis y estudios servían para influenciar o modificar los contenidos de las informaciones con el fin de que éstas reflejaran los puntos de vista de la agencia. Por sus manos pasaban artículos escritos por funcionarios de la CIA que luego serían publicados en periódicos del país en cuestión con el fin de conseguir los objetivos propuestos por la dirección de la CIA. Y así vemos cómo el Japan Times ha insertado artículos que han sido escritos por funcionarios de la estación de la CIA en Tokio, sobre cuestiones que afectaban a las bases norteamericanas en suelo japonés.»

«En aras de los intereses nacionales», como hemos señalado anteriormente, se mueven permanentemente las estrategias de los servicios secretos. De todos ellos, incluido el CNI español. Ese paraguas les da una justificación para realizar muchas actividades que desde otras ópticas serían muy cuestionables. Si el uso de la cobertura de periodista es denunciable, los intentos de manipulación y las intoxicaciones son asuntos muy graves. Pero, por el momento, destaquemos de lo expuesto la dura visión que tienen de la profesión los servicios secretos y la falta absoluta de respeto a la misión que cumplen los informadores.

Los reconocidos periodistas de investigación Manuel Cerdán y Antonio Rubio,³ preguntados sobre si algunos informadores colaboran con los servicios de información, contestaron: «Sospechamos de algunos y nos gustaría que alguna vez se supiera quiénes son. Ésos no son periodistas, son chotas.»

PERIODISTAS «A LA CAZA» DE LO QUE PASA EN EL CNI

Los ciudadanos tienen el derecho a conocer todo lo relacionado con el funcionamiento de la sociedad y especialmente aquellos comportamientos desviados de funcionarios y otras personas que no actúan según las normas legales y éticas que rigen en la sociedad. Nada ni nadie está libre de poner límites a ese derecho del pueblo, que adquiere una mayor importancia cuando sus intereses son dañados por aquellos que precisamente deberían protegerlos.

El Centro Nacional de Inteligencia es un organismo público, sufragado por los presupuestos generales del Estado y dependiente por ley del presidente del Gobierno. Aunque una parte de su organigrama y trabajo está protegido por la Ley de Secretos Oficiales, muchas de sus actuaciones son incluso filtradas por el propio servicio para explicar su comportamiento e incluso para defenderse de críticas políticas y periodísticas o para influir en la opinión pública.

Como hemos visto, es muy abundante la información publicada sobre las actuaciones del CNI —y su antecesor, el Cesid— en los últimos veinticinco años, sin que en ningún momento el Gobierno haya invocado contra los periodistas ante cualquier tribunal de Justicia la Ley de Secretos Oficiales. Algo, cuando menos, sorprendente.

Tras los primeros pasos en España del periodismo de investigación, las materias que se trataron de sacar a la luz abarcaban muchos campos de la actualidad, tanto política como económica. Y una de ellas fueron los servicios secretos. Como dice Leopoldo Seijas: «El mundo del periodismo de investigación lanza sus redes sobre las más variopintas áreas informativas, y sin duda una de las más apasionantes es todo lo relacionado con los servicios secretos, porque se suele entremezclar la política, las finanzas, la defensa, etc.»

Si las relaciones entre periodistas y espías han existido siempre, hasta la década de los 80 no se había producido un periodismo especializado en servicios secretos. El mutismo existente se debía en parte al absoluto e infranqueable silencio que el espionaje mantenía sobre sus actividades y a la falta de interés de los periodistas sobre esa materia. También por el hecho de que la dictadura estaba reciente y nadie había osado contar las actividades de los servicios secretos, muy vinculados a la persecución de los movimientos antifranquistas.

Pero el asentamiento de la democracia, la llegada de los socialistas al Gobierno, la desaparición del fenómeno conocido como «ruido de sables» y el inicio en España del periodismo de investigación, marcó un cambio considerable en la percepción de los medios de comunicación sobre el servicio secreto.

Poco a poco empezaron a publicarse informaciones aisladas que contaban los entresijos del Cesid, que eran muy bien recibidas por la opinión pública, ansiosa especialmente de conocer todos los detalles posibles de aquellas instituciones que tradicionalmente más se habían ocultado en la época de Franco.

En 1988 la revista Interviú publicó una información en la que denunciaba que el Cesid inducía a sus miembros a incumplir la Constitución.⁴ En los meses posteriores, el diputado de Izquierda Unida Antonio Romero preguntó en dos ocasiones al Gobierno sobre la existencia de un documento secreto que todos los nuevos agentes debían firmar antes de ser definitivamente admitidos. Aunque el semanario reproducía una copia del mismo, el ministro del Interior, José Luis Corcuera, contestó en el Congreso de los Diputados el 12 de diciembre de 1990 que «no existe, y si existe y es secreto, ¿cómo lo tiene usted en su poder?».

Con el paso de los años, algunos periodistas comenzaron a especializarse en el tema del espionaje. Era imprescindible dedicar mucho tiempo y esfuerzo a la materia para conseguir algún tipo de resultados. Cualquier asunto relacionado con el Cesid estaba tintado de secreto, las fuentes no eran accesibles y nadie conocía a qué se dedicaban.

Pronto empezó a quedar claro que «La Casa» ocultaba muchas cosas intencionadamente, porque sabía que estaba actuando no sólo irregularmente, sino también ilegalmente. Las primeras informaciones demostraron que los ciudadanos debían saber que los derechos fundamentales establecidos en la Constitución podían estar siendo violados por los espías. Además, en contra de lo que era la doctrina oficial, empezó a diferenciarse con claridad qué materias debían seguir estando protegidas por el secreto y qué otras nunca debían estar amparadas por una norma de ese rango.

Empezando por este último punto es importante recordar lo que ocurrió en The Washington Post mientras Ben Bradlee era su director. En sus memorias⁵ cuenta su diferente reacción ante la llegada al diario de papeles de los servicios de inteligencia clasificados como secreto. Cuando leyeron los conocidos como «Papeles del Pentágono» no dudaron en que se debían publicar por contener una información que no afectaba a la seguridad del Estado y sí a los intereses de algunos políticos. Finalmente, el Tribunal Supremo les dio la razón. Posteriormente, un agente de la CIA expulsado de malas maneras les ofreció un informe técnico sobre un barco supermoderno. No dudaron ni un momento en que esa información era secreta, carecía de interés para la opinión pública y ponía en riesgo la seguridad de Estados Unidos. Nunca llegaron a publicarla.

Los informadores españoles también se dieron cuenta de que para conseguir información sobre los servicios de inteligencia las herramientas habituales del periodismo no eran suficientes y que necesitaban utilizar las técnicas y estrategias propias del periodismo de investigación.

El periodismo de investigación sobre servicios secretos nace en España a mediados de la década de los 80, cuando en el resto de los países occidentales ya llevaba funcionando algunos años. Y nace con algunos periodistas de diarios —Carlos Yarnoz, de El País, Enrique Montánchez, de Diario-16, y Fernando Rueda, de Ya—, semanarios —Enrique Barrueco, de Interviú, y Manuel Cerdán y Antonio Rubio, primero de Interviú y después de Cambio 16— y agencias —Miguel Ángel Liso, de Europa Press y Juan José Vega, de Efe— procedentes del periodismo especializado en temas de Defensa y algunos en los temas de Interior. Algo que se justifica porque las principales fuentes de información están en el Ministerio de Defensa, del que depende el Cesid, en las Fuerzas Armadas, de donde procede el número más importante de agentes, y en el Ministerio del Interior, al que está adscrita la Guardia Civil, que aportaba y aporta numerosos agentes operativos.

Precisamente las fuentes y todo lo que conllevan, sumado a los problemas legales que supone informar sobre el Cesid, fueron y son los grandes problemas de este periodismo de investigación.

LOS LÍMITES LEGALES

Frente a los derechos de los periodistas claramente consagrados en la Constitución, están la Ley del Derecho al Honor, la Ley de Secretos Oficiales y las diversas normas sobre el acceso a archivos y registros, que restringen de una forma nítida y peligrosa el ejercicio de las investigaciones y, por lo tanto, el derecho de los ciudadanos a conocer todo lo que ocurre en la sociedad.

Si en general el periodismo de investigación tiene problemas con esas leyes, en particular el que trabaja sobre los servicios de inteligencia es posiblemente el que cuenta con mayores dificultades. Y es que siempre que se habla de servicios secretos, tanto en España como en el resto de los países democráticos, aparece un término grandilocuente, que actúa como límite y censor del trabajo del informador: la razón de Estado.

Según Rafael Fraguas⁶ «la razón de Estado es entendida como la autoconciencia de una comunidad política, que se articula como una sabiduría depositada por siglos en el camino de los pueblos hacia la historia. Se trata de un código exiguo pero crucial que contiene entre sus mandamientos, de cumplimiento obligado, aquellos principios sin cuya observación minuciosa el Estado no se garantiza su supervivencia como tal y no trasciende del hoy hacia el futuro». Explica también que «la razón de Estado es la pauta suprema para el prudente gobierno de una nación. Atenerse a sus designios garantiza al gobernante sortear los peores obstáculos con los que la rectoría de los asuntos públicos le desafía en cada momento […] La razón de Estado, que alcanzó en España algunos de sus primeros enunciados modernos, sigue rigiendo hoy las reglas del gran juego de la política interna española y el de su actuar en la arena internacional».

La razón de Estado es utilizada en las democracias como un paraguas para justificar el secreto de las actuaciones de los servicios de inteligencia y no tener que dar explicaciones sobre ellas. Es defender que el Estado tiene que hacer algunas cosas sin dar justificaciones a los ciudadanos, precisamente porque la supervivencia del país, del sistema político y de los propios ciudadanos así lo exige.

Sin embargo, un periodista de investigación no puede aceptar esas trabas. «Razón de Estado» o «intereses nacionales» son baúles en los que cabe todo. Lo mismo podríamos decir de la «seguridad nacional» o la «defensa nacional». En el caso ya citado de «Los papeles del Pentágono», en el que se desveló información clasificada sobre la guerra del Vietnam, cuando el Gobierno americano solicitó que su publicación fuera prohibida porque afectaba a la defensa nacional, el juez accedió a dicha petición y dictaminó una suspensión cautelar de su difusión mientras solicitaba al Pentágono que explicara en qué medida esos documentos afectaban a la defensa nacional. Al no recibir respuesta, se reanudó la publicación.

La utilización de calificativos como «razón de Estado» de manera arbitraria por los gobernantes afecta al derecho de los ciudadanos a recibir información sobre asuntos que puedan ser trascendentes. Por tanto, su utilización debe estar siempre justificada, no sólo en el sentido de que se trate de un tema de Estado, sino que su difusión pueda afectar negativamente a las acciones futuras que se puedan realizar.

La imprescindible justificación de que para el bien general es necesario ocultar alguna información a los ciudadanos haría que las acciones de Gobierno fueran mucho más transparentes. En España tenemos sobrados ejemplos suficientemente ilustrativos: las escuchas telefónicas a altos cargos y la utilización de los fondos reservados. Ya hemos dicho que los gobiernos de la democracia no han presentado ninguna demanda cuando se han publicado documentos clasificados y es que quizá la razón sea que esa clasificación era difícil de justificar ante un tribunal.

Como ya hemos contado, en marzo de 2004 asistimos a una nueva prueba de esa incoherencia gubernamental. Después de negarse en rotundo el Gobierno socialista a desclasificar documentos del Cesid sobre la guerra sucia de los GAL alegando esa «razón de Estado» y verse obligado el posterior Gobierno del PP a hacerlo por orden del Tribunal Supremo, el último Gobierno de José María Aznar, estando en funciones, desclasificó dos documentos del CNI sobre la información que les habían facilitado durante los días posteriores a los atentados contra varios trenes en Madrid por grupos radicales islamistas. Como les interesaba demostrar que ellos no habían dado información falsa sobre la autoría de los atentados a la opinión pública, no les importó esta vez desclasificar documentos del CNI. La «razón de Estado» nuevamente había sido utilizada a su antojo, en esta ocasión para decir que no existía.

Ese permanente secreto es el que rige todas las actividades del espionaje, y si fuera absolutamente respetado por los medios de comunicación no conoceríamos absolutamente nada de lo relativo al español CNI, a la CIA norteamericana o al Mosad israelí. Y, por supuesto, no existiría un campo de trabajo para el periodismo de investigación.

Hay que tener en cuenta que está considerado como materia clasificada, y por lo tanto no se puede saber nada de ello, la estructura, organización, medios, procedimientos operativos y, claro, el personal, del CNI. Dicho más claro: es secreto todo lo que tenga que ver con el servicio de inteligencia y con los informes que realizan para el Gobierno.

Inicialmente, todos los estudiosos y casi todos los periodistas coinciden en reconocer la necesidad de que existan los secretos oficiales o de Estado. Hay materias que deben ser guardadas y protegidas para garantizar la pervivencia del sistema democrático y la defensa nacional y dar seguridad a los hombres que desde la sombra luchan por ello.

Los nombres de las 2.500 personas que trabajan para el CNI deben silenciarse como teoría general. Actualmente, sólo aparecen en el Boletín Oficial del Estado la identidad de su director, el secretario de Estado Alberto Saiz, y el de su subdirectora, la subsecretaria Esperanza Cavaleiro. Sin embargo, estando protegidos por el secreto, presenta muchas dudas el hecho de que personal directivo que no realiza misiones clandestinas o de cierto riesgo no deba aparecer en ciertas historias dependiendo de su implicación.

Éste es el caso ocurrido durante el proceso al agente José María Santos, acusado de vender información sobre narcotraficantes en Marbella a la revista Interviú. Su abogado, Manuel Tuero, durante la tramitación del proceso,⁷ acusó a una serie de mandos de haber secuestrado a su defendido durante varios días y de no soltarle hasta que firmó una declaración autoinculpatoria. Para demostrar, concretar y probar la gravedad de su afirmación acusó de participar en la acción a Emilio Alonso Manglano, Manuel Guerrero, Juan del Río, Manuel López Fernández, José Enrique Peloche, Emilio Jambrina, Vicente Lanz, Ricardo Martínez y José Ignacio Laguna. Todos ellos jefes del Cesid, cuyos nombres eran desconocidos hasta ese momento. No ocurrió absolutamente nada.

La misma concepción de secreto tiene el organigrama del servicio de inteligencia y lo tenía en 1993 cuando apareció en las librerías el libro La Casa, que desvelaba la estructura, organigrama y funcionamiento del Cesid. Era la primera vez que se conocían esos datos, pero no hubo ni una sola querella contra el manuscrito… porque la información, tal y como estaba contada, no ponía en riesgo la seguridad del Estado.

Lo que se ha establecido es una lucha silenciosa entre los periodistas de investigación y el Gobierno sobre lo que se podía publicar y lo que no. Como se ha señalado, no ha existido ni una sola condena contra un periodista por violar la Ley de Secretos Oficiales. Y lo que es más importante, no se han producido ni siquiera denuncias al respecto.

Incluso cuando han aparecido citados o reproducidos en diversos medios de comunicación documentos procedentes del CNI o de su antecesor, el Cesid, tampoco se han derivado denuncias. A veces —en pocas ocasiones— se han producido declaraciones públicas criticando la publicación de esas informaciones, pero nunca se ha llegado a acusar ante los tribunales a un periodista de investigación en temas de servicios de inteligencia de haber violado la Ley de Secretos Oficiales. Algo que ateniéndonos estrictamente a la letra sí se ha producido.

El lío se ha montado posteriormente, cuando los jueces que investigaban un caso han pedido al Gobierno la desclasificación del documento publicado por la prensa, para poder añadirlo al sumario que estaban instruyendo.

La constatación de este hecho le hace afirmar al catedrático de Derecho Administrativo Manuel Sánchez Morón⁸ que «el Gobierno debe ejercer este cometido, como cualquier otro, de acuerdo con la ley. En este sentido es necesario mejorar el texto de la Ley de Secretos Oficiales, entre otras cosas para definir con más precisión qué tipos de documentos o informaciones pueden clasificarse como secretos, ya que hoy en día la discrecionalidad de que goza el Consejo de Ministros es demasiado amplia y sus límites muy indefinidos».

Esa amplitud de la que habla Sánchez Morón queda demostrada por el hecho de que muchas de las cuestiones catalogadas como secreto, cuando no son respetadas por los medios de comunicación no acarrean su persecución legal. Como consecuencia, habría que plantearse cuáles son los asuntos sobre los servicios de inteligencia de los que pueden informar los periodistas de investigación.

Es imprescindible que haya alguien que trate de ocultar una materia, pero no porque sea secreta puede entrar el periodista a intentar difundirla. Es por el hecho de que la ocultación implique un comportamiento delictivo, no acorde con las normas de convivencia. De este precepto no puede escaparse nada ni nadie, por mucho que se extienda el paraguas de la Ley de Secretos Oficiales.

Sánchez Morón considera que «es evidente que los servicios secretos y los fondos reservados pueden dedicarse a actividades ilícitas y, en cualquier caso, distintas de las que legitiman su existencia, y así lo ha demostrado sobradamente la experiencia reciente, es claro que deben someterse a algún tipo de control, frente al que la simple declaración de secreto oficial no puede constituir una barrera. Es más, la existencia de un control sobre los servicios secretos y los fondos reservados y sobre la dirección y disposición gubernativa de unos y otros distingue el régimen de los secretos oficiales de los estados democráticos de aquellos que no lo son».

No todo el mundo piensa así. Para el que fuera director del Cesid, Javier Calderón,⁹ «toda la organización, los medios, las personas, los procedimientos operativos y las fuentes de información de los servicios de inteligencia, que constituyen materia clasificada como secreto, están al servicio de la consecución de unos objetivos informativos que son asignados a los servicios de inteligencia por los gobiernos; y que se consideran por éstos de suma importancia para los fines de la seguridad nacional y la defensa de sus respectivos países. Se ha dicho, y se ha escrito, que la alegación de los secretos oficiales generalmente sólo tiene por objeto la ocultación de fallos o responsabilidades, y que es incompatible en muchas ocasiones con el respeto de los derechos individuales de los ciudadanos, fundamentalmente el de tutela judicial efectiva. Ni una cosa ni la otra pueden ser afirmadas con un mínimo rigor. Es cierto que cuando se produce la alegación de un secreto suele ocurrir que previamente se ha producido alguna incidencia que ha puesto de relieve alguna actividad del servicio. Pero ello no significa, ni mucho menos, que se pretenda ocultar fallos o responsabilidades».

Calderón se refiere al descubrimiento en abril de 1998 del espionaje por agentes del Cesid a la sede del entonces legal partido Herri Batasuna. El escándalo fue mayúsculo y el Gobierno declaró el asunto materia reservada. Por el contrario, el presidente del Tribunal Constitucional, Álvaro Rodríguez Bereijo,¹⁰ dijo que «cualquier injerencia en un derecho fundamental exige una intervención judicial» y que «la Constitución es clara en lo que se refiere a la tutela de algunos derechos fundamentales de libertad personal, inviolabilidad de domicilio y del derecho al secreto de las comunicaciones personales y telefónicas».

Javier Calderón ve el problema con otro prisma: «No cabe olvidar que cuando se alega que la no desclasificación de una materia clasificada vulnera un derecho, hay que tener en cuenta que la clasificación de la misma normalmente protege otros, tanto de carácter individual como colectivo, aunque siempre ocurre que tras la defensa de un bien colectivo se encuentra la de derechos individuales del máximo rango.»

Uno de los principales objetivos del periodismo de investigación es detectar y difundir esos comportamientos ilegales de los servicios de inteligencia, para lo que ¿debe olvidarse de la Ley de Secretos Oficiales? Fernando Reinares¹¹ considera: «Aunque las operaciones de los servicios de inteligencia en materia contraterrorista acarrean no pocos problemas al conjunto de derechos y libertades que caracterizan a un régimen democrático, distintas experiencias europeas y norteamericanas revelan que sus actividades encubiertas pueden llevarse a cabo con eficacia en el marco de los condicionamientos impuestos por el ordenamiento constitucional. Ello requiere, en primer lugar, que tales operaciones dispongan de un mandato claro y preciso, con indicación expresa de las prioridades asignadas y de los límites establecidos […]. Es necesario, por tanto, en segundo lugar, que las actividades de los servicios secretos dispongan de una base legal suficiente.»

Y concluye: «Pero conviene recordar que las situaciones de vacío legal, como la puesta de manifiesto en nuestro país el pasado mes de marzo al descubrirse las escuchas telefónicas que llevaba a cabo el Cesid en la sede de Herri Batasuna en Vitoria, son particularmente propensas a comportamientos no ya ilícitos, sino incluso desleales por parte de los servicios secretos.»

Los comportamientos denunciables por los periodistas de investigación van más allá de los propios espías. En una parte importante de las denuncias, la persona de más alta calificación que oculta un comportamiento ilícito es un cargo político. Los servicios secretos en Occidente cada vez con más frecuencia tienen al frente a un no militar. En el caso de España, en el año 2000 fue designado por primera vez director de «La Casa» el embajador Jorge Dezcallar. Pero desde su creación han sido responsables de sus actuaciones el ministro de Defensa, en una etapa el vicepresidente del Gobierno y ahora más directamente el presidente del ejecutivo. Cuando un periodista de investigación bucea en el CNI también está tratando de detectar responsabilidades políticas, algo habitual en este tipo de informaciones.

Es el caso explicado del Rainbow Warrior, que José Armada Sarriá¹² analiza: «Se está desarrollando en Francia una verdadera conmoción política debida al incidente en el que se produjo el hundimiento del buque Rainbow Warrior perteneciente a la organización Greenpeace, y la muerte de uno de sus tripulantes, el fotógrafo portugués Fernando Pereira […]. No era extraño que, dada la misión del buque, perturbar el desarrollo de los ensayos nucleares franceses en el Pacífico sur, inmediatamente las sospechas de la autoría recayeran sobre París […]. En Francia explota el escándalo y es de tal magnitud que el político gaullista Bernard Tricot recibe el encargo de elaborar un informe sobre lo sucedido. La opinión pública francesa e internacional no queda en absoluto satisfecha con las conclusiones del informe, “no se puede asegurar que los servicios de inteligencia franceses tengan responsabilidad en el asunto”. El 17 de septiembre, el periódico Le Monde ofrece una nueva versión de la organización del atentado y el 20 del mismo mes, L’Express adjudica la autoría material de la colocación de los explosivos en el buque a un capitán y a un sargento de las Fuerzas Armadas francesas, bajo la supervisión de un comandante perteneciente a la Dirección General de la Seguridad. A partir de este momento, se acelera el ritmo del conflicto con la intervención del presidente Mitterrand, que provoca la dimisión del ministro de Defensa francés y del almirante Lacoste, jefe de la DGSE, y la declaración del jefe del Gobierno francés, Laurent Fabius, reconociendo la autoría del atentado por parte de los agentes franceses.»

Como queda demostrado con este caso —y en otros muchos de los analizados anteriormente—, ante la negativa de las autoridades políticas, únicamente las denuncias periodísticas llevan a la verdad y a la asunción de responsabilidades por parte del Gobierno y de los mandos del espionaje.

LOS PROBLEMAS DE LOS QUE ROMPEN LA LEY DEL SILENCIO

Pedro Simoes,¹³ autor de un libro sobre los servicios secretos de Portugal, se pregunta si «¿los periodistas tienen un acceso claro, sin fronteras, a todos los acontecimientos que se relacionan con los servicios de información? La respuesta a esta duda está patente en la Ley de Secretos de Estado (Ley número 65/93)». Añade que «el acceso a las fuentes es esencial para una información correcta con vistas al derecho a informar y a ser informado […]. El Estatuto de la Prensa Regional habla, como derecho de los periodistas, al libre acceso a las fuentes de información dependientes de la Administración o indirectamente del Estado […]. A pesar de que el libre acceso a las fuentes de información es un derecho constitucional, existen áreas y fuentes con límites, teniendo en cuenta los intereses relacionados con la soberanía […]. Nunca debe un periodista forzar el acceso a esas fuentes, so pena de estar causando graves daños a los intereses de la nación. No deben los periodistas, ansiosos de lanzar nuevos asuntos, o consolidar sus posiciones a nivel social o laboral, publicar noticias no confirmadas o, simplemente presunciones no pensadas, con el riesgo de poder perjudicar seriamente los intereses de Portugal».

Simoes hace una justificada defensa de los intereses de los servicios secretos y del Estado en el tema de su relación con los medios de comunicación, aunque no se adentra profundamente en los intereses de los periodistas y de la ciudadanía de un país.

Las fuentes son las suministradoras de la información y sin ellas no puede haber periodismo de investigación. Una parte importante de los informadores son los agentes, oficiales de inteligencia, espías o como cada uno quiera llamarles. Todos ellos tienen que rubricar antes de ser admitidos en el servicio un compromiso de confidencialidad en el que asumen «la obligación de mantener en todo momento la más absoluta reserva sobre todo dato, documento u objeto de cualquier clase que tenga relación con los fines señalados y del que tenga conocimiento por razón del servicio. Acepto dicho compromiso tanto durante mi permanencia en el Cesid, como una vez abandonado el mismo».¹⁴ El documento es un compromiso que sumar a la amenaza permanente de la Ley de Secretos Oficiales, que se les aplicaría si incumplen alguno de sus extremos.

Pero ellos no son las únicas fuentes posibles en el periodismo de investigación sobre servicios secretos. Los informes del CNI son enviados al presidente del Gobierno, de quien dependen directamente, pero también a los ministros a los que puede interesar o convenir el conocimiento de algunos de ellos. Los más habituales son los de Exteriores, Defensa e Interior, pero algunos otros también los reciben en ocasiones.

Esos informes a veces por su contenido conllevan la necesidad del secreto, pero en otras ocasiones son análisis de situaciones, que incluyen información privilegiada, pero sin ningún secreto en su contenido. El ex ministro de Defensa, Julián García Vargas,¹⁵ llegó a comentar en privado que «muchos días me llevo a casa los informes del Cesid y no los leo porque me informo mejor con el telediario».

Otras fuentes del tema son los parlamentarios que forman parte de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados. Ellos están también sometidos a la obligación de guardar silencio sobre todo lo que oigan en las comparecencias de los miembros del Gobierno.

También existen fuentes distintas a las mencionadas, como pueden ser colaboradores o informantes del CNI, que no están sujetos al secreto, aunque el servicio de inteligencia confíe en su discrecionalidad.

Ésas son las fuentes personales no casuales que directa o indirectamente pueden tener conocimiento de los temas del servicio secreto. Pero también son muy importantes las fuentes materiales. Los documentos del CNI son considerados en general secretos, aunque por su contenido existe alguno de dudoso encaje en ese concepto. El Manual de Inteligencia, citado varias veces en el presente libro, trata de enseñar a los agentes los conceptos teóricos del trabajo del espía, pero no contiene nada de información susceptible de dañar la seguridad nacional.

Igualmente ocurre con el documento denominado «Curso “Xornalismo e Servicios Segredos” - Monasterio de Poio (Pontevedra)», en el que un agente enviado como alumno informó a sus superiores del contenido de todas y cada una de las conferencias y de las personas sospechosas que asistían al mismo.¹⁶

Las otras fuentes materiales habituales, principalmente los archivos públicos, tienen un uso muy interesante. Son fuentes abiertas y en ellas se puede encontrar empresas y pisos que son utilizados por el CNI para sus actividades clandestinas.

Las fuentes de los temas de espionaje son especialmente sensibles al necesario secreto profesional y al off the record. Únicamente estarán dispuestas a establecer una relación con el periodista si saben que tienen garantizado el anonimato, porque de lo contrario pondrían en juego su trabajo y hasta quizá su vida. El confidente debe saber que si la situación llega al extremo de que un juez cita al periodista y le pide que revele su identidad, el informador se negará a identificarlo, llegando incluso a preferir la cárcel antes de faltar a su deber profesional. Especialistas de gran prestigio en Derecho a la Información como Pilar Cousidó¹⁷ defienden apasionadamente la necesidad de respetar el secreto profesional y hacerlo compatible con la Ley de Secretos Oficiales.

Esa fuente puede llegar a desvelar al periodista informaciones que violen la Ley de Secretos Oficiales.¹⁸ En ese caso, como en todos los demás, el periodista deberá aplicar escrupulosamente los principios generales del periodismo de investigación, y valorar si la información es de interés para la opinión pública, si habla de un comportamiento ilegal que alguien trata de ocultar y conseguir que en todo momento la iniciativa de la investigación le pertenezca a él. Este proceso implica que los efectos que se produzcan —normales tras la difusión de una investigación— no dañen a los intereses de la Nación, que no tienen nada que ver con los intereses del Gobierno.

Desde la década de los 90, y en algunos países antes, los servicios de inteligencia crearon sus propios gabinetes de prensa y relaciones públicas para relacionarse con los medios de comunicación. Oficialmente pretendían hacer frente al oscurantismo que tanto se les criticaba en la sociedad. Y, de paso, también les sirvió para levantar un organismo que se relacionara directamente con los medios, facilitándoles informaciones abiertas —organigrama, porcentaje de civiles y militares…— y al mismo tiempo poder conocer con anterioridad cuáles eran los temas sobre los que iban a escribir.

Las campañas de imagen no son algo extraño en el servicio secreto. En 1997, el periodista Antonio Casado desvelaba en su columna de opinión en Tiempo la campaña prevista por el director del Cesid, Javier Calderón, y anunciada en una multitudinaria reunión con periodistas en el palacio de La Moncloa el 15 de abril. Constaba de tres fases: una entrevista en prensa, un libro y una intervención en televisión. Posteriormente, Calderón concedió una entrevista al semanario Tiempo, la periodista Pilar Urbano publicó el libro Yo entré en el Cesid y finalmente hizo unas declaraciones en el programa de humor «Caiga quien caiga». Paralelamente, llevaron a cabo una política de «puertas abiertas», invitando a visitar su sede a políticos, jueces y periodistas. La idea era demostrar que no tenían nada que ocultar.

Este deseo de relacionarse con los profesionales de la comunicación, de establecer vínculos de amistad y confianza, de influir sobre ellos, se ha producido en toda la historia del espionaje español y con mayor intensidad según han ido pasando los años.

El problema se suscita entre lo que los mandos del espionaje, y por tanto sus jefes políticos, querrían que se difundiera de sus actividades y lo que los periodistas consideran que la opinión pública debe saber.

1 Juan Maciá Mercader, Periodismo y servicios secretos, Universitas, Madrid, 2001.

2 Juan Maciá Mercader, op. cit.

3 Estas declaraciones las hicieron Manuel Cerdán y Antonio Rubio en «Encuentros digitales», que tuvieron lugar en la página web de El Mundo el 4 de junio de 2003.

4 Enrique Barrueco, «El Cesid induce a sus miembros a incumplir la Constitución», Interviú, Madrid, 16 de mayo de 1989.

5 Ben Bradlee, La vida de un periodista, El País Aguilar, Madrid, 1995.

6 Rafael Fraguas, Espías en la transición, Oberón, Madrid, 2003.

7 Alegaciones de Manuel Tuero, abogado defensor del agente del Cesid José María Santos, acusado de filtrar informaciones al semanario Interviú, en el sumario 319/87, ante el Juzgado de Instrucción número 1.

8 Manuel Sánchez Morón, «Los secretos oficiales y su control», El País, Madrid, 25 de agosto de 1996.

9 Esta información está tomada de las notas que el director del Cesid, Javier Calderón, utilizó para pronunciar una conferencia sobre «Inteligencia» en Cuenca, en 1998, que cedió posteriormente al autor del libro.

10 Efe, «Bereijo: injerencia en derechos exige intervención judicial», Madrid, 24 de abril de 1998.

11 Fernando Reinares, «Servicios secretos, terrorismo y democracia», El País, Madrid, 1 de junio de 1998.

12 José Armada Sarriá, El rigodón de los espías, Reconquista, Madrid, octubre de 1985.

13 Pedro Simoes, Os Serviços secretos em Portugal, Prefacio, Ediçao de Livros e Revistas, Lisboa, 2002.

14 Este texto lo debían firmar los agentes del Cesid y es previsible que actualmente lo tengan que hacer los del CNI.

15 Fernando Rueda, Por qué nos da miedo el Cesid, Foca, Madrid, 1999.

16 Fernando Rueda, op. cit.

17 Pilar Cousidó, «Libertad de información y seguridad nacional», Revista Española de Defensa, Madrid, junio de 1994.

18 «Espías a conocer», El País, Madrid, 1 de febrero de 1994.

2

TRES CONTROLES Y UNO MÁS SOBRE EL ESPIONAJE

Históricamente, los servicios secretos no estaban sometidos a ningún control, ni siquiera a los de los cargos políticos que las encargaban sus misiones. Los reyes o gobernantes les pedían y recibían el bien deseado de la información y poco o nada sabían de los métodos empleados para conseguirla. En la inmensa mayoría de las ocasiones, no preguntaban a su jefe del espionaje por esos detalles, que no parecían propios de sus manos limpias. Incluso preferían desconocer esos pormenores, muchas veces sucios, convencidos de que la ignorancia les eximía de cualquier responsabilidad.

Bien entrado el siglo XX, la llegada de los regímenes democráticos supuso el deseo de los pueblos de conocer el funcionamiento de todas las actividades de sus gobernantes. No obstante, los servicios secretos mantuvieron durante la primera mitad del siglo el privilegio de esconder cualquier asunto que les afectara. Mientras en otras parcelas de la administración sus actos iban siendo cada vez más vigilados por los representantes del pueblo y por los propios ciudadanos, se seguía viendo a los espías como hombres y mujeres que trabajaban en las alcantarillas por el bien y en defensa del Estado, y que cualquier cosa que hicieran, por sucia que pareciera, debía ser hurtada al conocimiento del vulgo.

Pero el avance en los sistemas democráticos terminó considerando que nada ni nadie podía escapar al control del pueblo. Y, cada vez con más intensidad, ese «nada ni nadie» fue acercándose a los organismos siempre intocables y ocultos: los servicios de inteligencia. Actualmente, las democracias reconocen tres tipos de control para sus servicios: el ejecutivo, el legislativo y el judicial.

En los países occidentales también se presentan, con fórmulas diversas, esos tres controles. Sin embargo, nadie habla de un destacado control, quizás el que se ha destapado como el más importante en todos los países occidentales: el de los medios de comunicación, a través de los periodistas especializados en asuntos de espionaje.

EL CONTROL DEL EJECUTIVO: EL CAOS EMPIEZA A SOLUCIONARSE

Los gobiernos tienen la obligación no sólo de encomendar a sus servicios de inteligencia las misiones necesarias para llevar a cabo sus tareas de gobierno, sino también la de vigilar que cumplan su trabajo ateniéndose a las leyes vigentes. Éste es el primer y más importante control. Sin él es fácil que los servicios se conviertan en poderes autónomos.

El periodista Carlos E. Rodríguez¹ se preguntaba «¿Quién controla al Cesid?», y avisaba que si el Gobierno —socialista, presidido por Felipe González, en ese momento— no lo hacía podíamos ir al desastre: «La inteligencia es uno de los sistemas clave del Estado moderno. No hace falta ser lector de Le Carré para intuir cómo el acierto o el error, en este momento, pueden condicionar el futuro de la democracia española.»

Veamos cómo funciona el control del poder ejecutivo en otros países con similar cultura a la española. En Estados Unidos existe un marco legislativo y reglamentario preciso desde la creación de la CIA en 1947, que fue reforzado con la Ley sobre Vigilancia de los Servicios de Información de 1980. Los controles del Ejecutivo comienzan con el Consejo Nacional de Seguridad, creado al mismo tiempo que la CIA, y del que forman parte el presidente, el vicepresidente, el secretario de Estado, el secretario de Defensa y el director de la CIA.

Además existe un consejo consultivo integrado por personas que no pertenecen a la administración y que están capacitadas por su experiencia pasada para supervisar el trabajo de los servicios secretos y hacer recomendaciones en caso de que lo crean conveniente. Como nota curiosa, los integrantes del consejo consultivo no cobran por su trabajo.

También existe, esta vez dentro del Ejecutivo, el llamado Consejo de Vigilancia de los Servicios de Información, que se reúne en la Casa Blanca, con la misión de determinar que las actividades de la CIA se ajusten a las leyes vigentes.

Tras los graves fallos detectados tras el atentado a las Torres Gemelas en el año 2001 y en la investigación sobre las armas de destrucción masiva en Iraq, se llevó a cabo un largo debate parlamentario que aprobó importantes cambios, entre los que destacó la creación de un «superjefe» de todas las agencias de espionaje que controlara sus actividades.

En Italia el máximo responsable de los servicios secretos es el jefe del Gobierno, que es ayudado por un Comité Ejecutivo para los Servicios de Información y de Seguridad y por un Comité Interministerial para la Información, compuesto por los ministros de Justicia, Interior, Defensa, Hacienda e Industria.

En Alemania la dependencia del presidente también es directa, aunque para organizar sus tareas el Gobierno designa a un ministro de Estado comisionado para coordinar las misiones de los tres servicios.

En Israel, el Gobierno ha puesto al Mosad un control distinto a los habituales. Cuando se produce algún suceso en relación con sus actividades, puede crear un comité de investigación formado por entre tres y cinco miembros designados personalmente por el primer ministro entre personas de relevancia en cuestiones de Inteligencia, las cuales tienen acceso a todos los papeles del caso que necesiten y pueden pedir testimonio a quien quieran, aunque sus reuniones son a puerta cerrada. Al finalizar sus trabajos informan al Gobierno, que decide si da a conocer o no parte de sus investigaciones. Eso sí, como mínimo se hacen públicas sus conclusiones.

En cuanto al servicio de inteligencia español, en sus 28 años de historia únicamente han quedado claros y por escrito esos controles tras la aprobación de la Ley 11/2002 Reguladora del Centro Nacional de Inteligencia. Hasta ese momento, los controles eran discrecionales del Gobierno. No estaban previstos en una ley de ningún rango, ni siquiera aparecía mencionado en las propias leyes del entonces Cesid.

Javier Calderón declaró siendo director del Cesid que estaban controlados por «el poder ejecutivo, en cuanto le ordena lo que debe hacer; el poder legislativo, a través de las comparecencias de los representantes del Gobierno de los que depende el Centro y el control de sus fondos reservados; y, finalmente, el poder judicial, en la medida en que lo está cualquier otro órgano de la Administración».

Estas palabras apuntan el caos de control político en el que se movió el Cesid hasta su conversión en el CNI. El propio director del servicio con el PP limita el control del poder ejecutivo «en cuanto le ordena lo que debe hacer». No dice nada del control trascendental y posterior de lo que ha hecho.

Después de la ley de creación del CNI, queda el asunto algo más claro, al señalar en su artículo primero: «El Centro Nacional de Inteligencia es el organismo público responsable de facilitar al presidente del Gobierno y al Gobierno de la Nación las informaciones, análisis, estudios o propuestas…» Es algo más parecido a un control, pero bastante distante de lo que ocurre en Estados Unidos con el Consejo de Vigilancia de los Servicios de Información o del Consejo Consultivo.

EL CONTROL DEL LEGISLATIVO: DEMASIADAS LIMITACIONES

Éste es el camino de fiscalización de las actividades de los servicios secretos más seguido, más útil y más público de todos los existentes. En mayor o menor medida es aplicado en la mayor parte de los países occidentales.

Hasta el descubrimiento del «caso Watergate», en el que la investigación periodística demostró la participación directa de la CIA, no existía una obligación legal en Estados Unidos por la que el servicio de espionaje tuviese que dar explicaciones de sus actividades y muchísimo menos anunciar las operaciones secretas que tenía en perspectiva. El texto que institucionalizó el control del Legislativo en 1980 fue la Ley sobre Vigilancia de los Servicios de Información.

Desde esa fecha, el director de la CIA debe rendir cuentas a dos comisiones especiales creadas en el Congreso y el Senado, compuestas por un número equivalente de miembros de los dos partidos. La citada ley establece que el Ejecutivo debe informar al Congreso de antemano o con el tiempo suficiente de las operaciones secretas que van a realizar los servicios de información y que los miembros de esas comisiones pueden solicitar en cualquier momento explicaciones concretas.

En la práctica, la cooperación entre la CIA y el Congreso depende en gran medida de la personalidad de su director y es bastante frecuente que los diputados se quejen de no ser informados de muchas de las misiones clandestinas que lleva a cabo la CIA.

En Alemania, en 1978, bajo el Gobierno de Helmut Schmidt, el ministro de Defensa, George Leber, tuvo que dimitir a consecuencia de un asunto de escuchas telefónicas de los servicios secretos. Un mes más tarde, el Bundestag adoptaba una ley que creaba una comisión de control parlamentario constituida por siete miembros escogidos entre los principales partidos representados en el Parlamento para poder vigilar las actividades de los responsables de los servicios de información.

Las comisiones de Defensa e Interior del Parlamento tienen la posibilidad de crear comisiones de investigación sobre asuntos concretos y, además, el Gobierno tiene el deber de informarles sobre las actividades de los servicios secretos y sobre los casos especialmente importantes. Los detalles del informe quedan en manos del Gobierno, que sí tiene la obligación de convocar esas reuniones al menos cada tres meses.

Las reuniones habitualmente comienzan con el informe del responsable del Gobierno, que siempre va acompañado por el jefe del espionaje. Una gran parte de las reuniones se celebra cuando el asunto importante ya ha empezado a conocerse, lo que provoca frecuentes enfrentamientos. El Gobierno puede negarse a que los responsables del servicio de información acudan a la comisión parlamentaria.

En Italia, cada seis meses, el presidente debe acudir al Parlamento a informar sobre asuntos generales de los servicios de información. Paralelamente, un informe bastante más detallado es enviado a un comité parlamentario compuesto por cuatro diputados y cuatro senadores que pueden pedir precisiones al Gobierno.

El control del Legislativo sobre el servicio secreto español ha llegado mucho más tarde que en el resto de los países occidentales. En la pasada década, con la democracia plenamente asentada, comenzaron en aluvión las solicitudes de los grupos políticos de la oposición. A finales de 1990, el diputado de Izquierda Unida Antonio Romero presentó una proposición de ley para la creación de un comité de control de los servicios secretos, con el fin de velar por que sus actividades se desarrollaran en el marco constitucional.

Dos años después, Javier Rupérez, portavoz del Partido Popular en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, reaccionó airadamente cuando el ministro de Defensa, Julián García Vargas, se negó a que el director del Cesid, Emilio Alonso Manglano, compareciera en el Congreso. «No debería haber ninguna razón para la negativa», afirmó Rupérez antes de solicitar al ministro que «se regularice la relación directa de la Cámara con el Cesid en la forma y en el momento que el Gobierno considere oportuno».

Al año siguiente, en 1993, nuevamente se produjeron las quejas de los mismos partidos y portavoces solicitando la capacidad de control del servicio secreto. En 1994, el que posteriormente sería director general de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso, denunció que «el único control ha venido de la mano de los responsables directos de los órganos de información y, muy especialmente, al concentrarse mucho del esfuerzo en el Cesid, por el teniente general Emilio Alonso Manglano. Lo que, a tenor de los reciente escándalos, no parece ser suficiente».

Después de que el Partido Popular e Izquierda Unida intentaran sin éxito establecer un control legislativo sobre el servicio secreto, en 1996 se produjo un cambio de papeles Gobierno-oposición entre el PP y el PSOE. Sin embargo, olvidando lo que habían solicitado en la oposición, durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados, el primer ministro de Defensa popular, Eduardo Serra, espetó: «Creemos que qué mejor prueba del control es, por un lado, que aquí está el ministro de Defensa compareciendo ante ustedes y contándoles lealmente cuál es el resultado de las investigaciones habidas y, en segundo lugar, que hay más de un procedimiento judicial para esclarecer las responsabilidades que, en su caso, se hubieran derivado de los hechos relatados.»²

El 8 de junio de 1994, el PP sentó su doctrina sobre los servicios secretos en un seminario coordinado por Santiago López Valdivielso, en el que Rafael Bardají e Ignacio Cosidó fueron los ponentes. Ellos afirmaban: «En España, no hay forma alguna, si no es desde el mismo ejecutivo, de ejercer algún tipo de revisión y control del servicio de inteligencia, tarea que queda exclusivamente en manos de sus responsables políticos directos: el ministro de Defensa y, en última instancia, el presidente del Gobierno. Esta situación ha favorecido un halo de misterio y opacidad en torno al Cesid, del que, cuando se sabe algo, es por verse involucrado en alguna investigación judicial, como ha sido el caso de las escuchas ilegales en Barcelona.»

En el informe se justificaba la necesidad de controles porque «la información y la inteligencia son funciones esenciales de la seguridad del Estado y de la Nación. Pero también es importante, precisamente por ello, garantizar que sus acciones son eficaces y sujetas a derecho. Y que, además, sus realizaciones conlleven una clara responsabilidad política».

Y concluían los ponentes del PP: «Para nosotros es de vital importancia el establecimiento de un control permanente y externo al ejecutivo. La institución depositaria de esa tarea no puede ser otra que el Parlamento.»

Durante la primera legislatura de Gobierno del PP, los planes que habían establecido en la oposición fueron papel mojado. Pero con la llegada de su segunda legislatura, se produjo finalmente el gran cambio. En la ley de creación del CNI, en su artículo segundo, se establece: «Sin perjuicio de la protección de sus actividades, la actuación del Centro Nacional de Inteligencia será sometida a control parlamentario y judicial en los términos que esta Ley y la Ley Orgánica reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia determinen.»

Veinticinco años tuvieron que pasar desde la creación del Cesid, pero finalmente reconocieron la capacidad de los representantes del pueblo de controlar sus actividades. Eso sí, lo hacían a través de la Comisión que controla los créditos destinados a gastos reservados y se comprometían a facilitar «la información apropiada sobre su funcionamiento y actividades», en reuniones obviamente secretas.

Dicho esto, inmediatamente pasaron a poner las limitaciones: «Tendrán acceso al conocimiento de las materias clasificadas, con excepción de las relativas a las fuentes y medios del CNI y a aquellas que procedan de servicios extranjeros u organizaciones internacionales en los términos establecidos en los correspondientes acuerdos y convenios de intercambio de información clasificada».

En definitiva, aunque el secreto domina las actuaciones de los intervinientes y de los receptores de la información, España comenzó el siglo XXI con el tan ansiado control parlamentario. Con muchas limitaciones, pero control al fin.

EL CONTROL JUDICIAL: PROGRESO, PERO CON LAGUNAS

Si recuperamos la definición de agente anteriormente citada en el Manual de Inteligencia del servicio secreto español, como el que «realiza misiones legales o no», es fácil deducir que con esa mentalidad el control judicial parecía totalmente una locura. ¿Cómo hacer que un juez autorice las acciones del espionaje, cuando son habitualmente anteriores a la comisión de delitos? O ¿cómo hacer que un juez autorice las acciones del espionaje, que a diferencia de los cuerpos policiales, habitualmente utilizan métodos más allá de lo admisible? Las respuestas son diferentes en cada país, aunque en todos hay coincidencia en avanzar en ese control.

En Alemania existe un organismo, no dependiente del Gobierno sino del Parlamento, cuya misión es controlar las escuchas telefónicas que realizan sus tres servicios secretos. Este órgano se creó cuando se produjeron denuncias que demostraron que los espías germanos utilizaban a su antojo y sin límite esta prerrogativa.

En España, los escándalos ya descritos en la década de los 90 que destaparon los medios de comunicación, llevaron al Gobierno del Partido Popular a aprobar en 2002 un control judicial previo, que quedó recogido en la Ley Orgánica 2/2002, a los efectos de las actividades del CNI que afecten a unos derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Esos derechos son la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones.

Anteriormente a esa fecha, el servicio de inteligencia pedía en ocasiones permiso a la Audiencia Nacional para realizar escuchas telefónicas, pero normalmente era para asuntos que posteriormente podían acabar en delito perseguible por la Guardia Civil o la Policía Nacional.

Sin embargo, el descubrimiento de numerosos micrófonos en la sede en Vitoria del entonces partido legal Herri Batasuna y de una base de escuchas del Cesid a comienzos de 1998 dejó patente que para las misiones especiales, ya fuera en la lucha contra el terrorismo o en otros trabajos, no existía autorización judicial.

El control lo ejerce un magistrado del Tribunal Supremo, al que el director del CNI debe solicitar autorización. Además de especificar el tiempo máximo de duración, la necesidad de motivarlas y el nombre de los afectados, se dice con toda claridad que «el secretario de Estado director del Centro Nacional de Inteligencia ordenará la inmediata destrucción del material relativo a todas aquellas informaciones que, obtenidas mediante la autorización prevista en este artículo, no guarden relación con el objeto o fines de la misma». Es un artículo expresamente introducido para hacer frente a lo ocurrido en un escándalo anterior, el de las escuchas telefónicas a altas personalidades del Estado, una gran parte de ellas carecía de interés para cualquier investigación, pero fueron guardadas, sin motivo aparente, aunque con la sospecha de que pudieron servir para disponer de información sensible de personajes públicos.

Este control tiene una aportación interesante. No sólo sirve para vigilar, sino también para dar garantías jurídicas a los agentes. Si cuando entran en una casa ajena son descubiertos, ahora ya no les pasará nada, porque disponen del respaldo de un juez. Hecho que antes suponía el inmediato ingreso en prisión, del que únicamente les podía librar la diplomacia subterránea.

Tras establecer un amplio control político, otro legislativo y un último judicial, la pregunta que nos planteamos es si esos indudables avances han supuesto algún progreso respecto a la tradicional opacidad de los servicios secretos.

CONTROLES POCO ÚTILES

Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial intervienen directamente en la vida del servicio secreto español. Les dan las órdenes para que trabajen, reciben información sobre el uso de sus fondos reservados y de una manera genérica de sus misiones y tienen que darles autorización para que puedan entrar en un edificio sin permiso del propietario y para intervenir una conversación telefónica sin conocimiento de los usuarios.

Todos esos controles, en mayor o menor medida, no consiguieron evitar que el servicio secreto francés colocara una bomba contra el buque de Greenpeace Rainbow Warrior y que un fotógrafo portugués perdiera la vida a consecuencia del atentado;³ que exista desde hace cincuenta años una red de escuchas por satélite denominada Echelon, que espía todo tipo de conversaciones sin ningún tipo de control, entre ellas las que mantuvo la princesa Diana de Gales los días anteriores a que perdiera la vida;⁴ que un agente del Mosad de Israel, fiel a su conciencia, denunciara que su país estaba construyendo armas atómicas y fuera secuestrado en Inglaterra y encarcelado posteriormente en Israel, donde hoy permanece;⁵ que el servicio secreto alemán montara una operación absolutamente falsa sobre venta de plutonio procedente de Rusia y fueran detenidos tres empresarios engañados, entre ellos dos españoles, que tardaron mucho tiempo en conseguir la libertad, a pesar de que se demostrara el fiasco de la operación; y que la CIA norteamericana desarrollara durante más de veinte años una operación denominada MK-Ultra, tendente a buscar los mecanismos físicos y psicológicos capaces de controlar la mente humana, que costó la vida a centenares de personas.

En unos casos, la libertad de acción de los servicios secretos permite ocultar incluso a sus gobiernos las acciones que llevan a cabo. Otras veces, son los gobiernos los que utilizan a sus servicios de inteligencia para obtener información, hacer chantajes…

En la mayor parte de los casos, las cámaras de representantes no se enteran de nada y cuando entran en acción es a posteriori, con el asunto ya desvelado por algún medio de comunicación.

Los jueces son informados en las ocasiones en que las operaciones de los servicios pueden ser justificadas según las exigencias de las leyes. Pero nunca cuando el permiso puede ser denegado.

En el caso de la bomba contra el barco de Greenpeace, la opinión pública la conoció gracias a la denuncia del diario Le Monde; la existencia de Echelon se produjo gracias a un joven inglés extrañado por la existencia de antenas sin sentido y a posteriores trabajos de investigación como el de Philippe Rivière en Le Monde Diplomatique;⁶ la historia del espía pacifista Mordejai Vanunu que denunció al Mosad fue conocida en detalle gracias a aportaciones como las de Edgardo Krawiecki, del Sunday Times, que encontró en un lugar perdido de Estados Unidos a la mujer que le hizo creer que se había enamorado de él y facilitó su secuestro por el propio Mosad;⁷ el engaño del plutonio procedente de Rusia fue conocido gracias a una larga investigación de Der Spiegel y de los diarios españoles El País y Diario-16; y los horrores de las torturas inflingidos por médicos contratados por la CIA y sufridos por centenares de personas, muchos de ellos prisioneros o enfermos, fueron descubierto gracias a la intervención de diversos periódicos americanos, que dieron voz a los primeros agraviados que se atrevieron a denunciar el caso.

En estos cinco casos y en otros muchos ya citados, la intervención de los medios de comunicación ha sido imprescindible y determinante para conocer las malas actuaciones de los servicios de inteligencia. La prensa ha ejercido con sus denuncias el papel de controlador de las actividades de los servicios secretos que no han ejercido los tres poderes que tienen reconocida esa potestad. Y, como ya hemos visto en el caso del español CNI, esas denuncias periodísticas han ido acompañadas de cambios legislativos tendentes a acrecentar esos controles. ¿Quizá podríamos hablar de la existencia de un cuarto control?

EL PERIODISMO COMO CUARTO CONTROL

Antes de nada, es conveniente ver la postura de tres especialistas en la materia de diversos países, que aparentemente no coinciden en su visión sobre el trabajo de los periodistas de investigación sobre los servicios secretos, los objetivos que debe perseguir su ejercicio y la defensa o ataque frente a los asuntos o denuncias por parte de las autoridades políticas.

El conde de Marenches,⁸ antiguo director del SDECE francés, afirma que «no tenía relaciones con la prensa. Así estaba seguro de no tener problemas. Cierto número de periodistas (periodistas responsables que no cuentan cualquier cosa) tratan de informarse. Hacen su trabajo y lo hacen bien. La prensa sensacionalista no puede impedirse a sí misma ofrecer una exclusiva más o menos sensacionalista porque por procedimientos más o menos honrados ha encontrado, no sabemos dónde, pongamos que los llamados papeles del Pentágono. Cuentan cosas que no ayudan más que al adversario y perjudican a Estados Unidos. Encuentro eso totalmente irresponsable».

De otra forma opina Hansjörg Beiges,⁹ presidente del BND, el Servicio Federal de Información de Alemania: «En una democracia el ciudadano emancipado tiene el derecho de información verídica también de las actividades de los servicios de inteligencia. Más esto solamente funciona si los servicios de inteligencia no se ocultan de la opinión pública. Mientras los servicios de inteligencia sean presentados al público de forma negativa es más lógico que surja la mística, se generen informaciones falsas y de ahí nazca la desconfianza. Como además los servicios de inteligencia trabajan de forma encubierta, la sociedad liberal los considera residuos de tiempos pasados, algo extraño. En mi opinión, sería un grave error ver en los medios de comunicación social los únicos culpables de la falta de comprensión para los servicios de inteligencia. También tienen cierta culpa los propios servicios por no abrirse al público lo suficiente como para corregir esta imagen.»

El jefe del BND puede llegar a sorprender cuando afirma: «El público tiene el derecho a ser informado en la medida de lo posible sobre las actividades de cualquier organismo estatal. Cuando la imagen de un servicio es negativa, incluso a un gobierno convencido de la eficacia del mismo le resultará difícil protegerlo de ataques y recortes. Los servicios de inteligencia siempre serán objeto del interés público. Cualquier intento de escaparse de la atención solamente despertará más curiosidad y mantendrá elevado el interés de los periodistas por los servicios.»

Es importante tener en cuenta una tercera opinión. La de un español, el político Francisco Álvarez Cascos.¹⁰ Siendo secretario general del Partido Popular, el 28 de septiembre de 1995, durante la presentación del libro Espías, definió la Ley de Secretos Oficiales como «un refugio de delincuentes» y añadió de forma inequívoca: «No es posible que la Justicia de un Estado de Derecho vea paralizadas sus investigaciones por la decisión de un Gobierno de ocultar presuntos delitos bajo el manto del secreto oficial.» Menos de un año después, siendo ya vicepresidente del Gobierno, impulsó un proyecto de Ley Orgánica Reguladora de Secretos Oficiales en el que pretendía imponer multas de hasta cien millones de pesetas a los medios de comunicación que difundieran un secreto a sabiendas. Además, establecía un plazo de cincuenta años para que los documentos secretos dejaran de serlo oficialmente.

Tres opiniones que pueden parecer distintas, pero que tienen conclusiones similares. Marenches, un viejo espía tradicional, no quiere ni hablar con los periodistas porque carecen de responsabilidad para discernir lo que deben publicar y lo que deben callar. Ni siquiera se fía de los jueces, porque carecen de su visión de Estado, típica de un agente del espionaje.

Beiges puede representar una postura antitética, pero sólo lo parece. Es más moderno, ya ha perdido los viejos conceptos del espionaje, defiende la apertura de los servicios secretos, pero lo hace con el sentido de utilidad que caracteriza a los directores de las agencias de espionaje. Quieren seguir haciendo su trabajo, pero sin que los periodistas molesten. En lugar de mantenerse en la sombra, defiende —como lo hacen actualmente la mayor parte de sus colegas de otros servicios— la necesidad de mantener relaciones con la prensa, ser más simpáticos, para conseguir mayor libertad para sus actuaciones.

Álvarez Cascos es la muestra de lo que ocurre con frecuencia en política en España y en el resto de los países occidentales: se piensa una cosa en la oposición y se cambia de idea cuando se alcanza el Gobierno. Se defiende la necesidad de que las leyes no oculten delitos cuando sirve para dañar al Gobierno y se intenta cercenar la actuación de los periodistas cuando se dispone de la capacidad de promover leyes.

Ahora bien, en las democracias las mayorías políticas instrumentalizan los órganos de control y consiguen que sus trabajos sean favorables a los planes que establecen. El partido o partidos que apoyan al Gobierno, habitualmente tienen una mayoría en las cámaras parlamentarias que les permiten sacar adelante leyes y nombramientos. Además, son magistrados y juristas de prestigio designados por las autoridades políticas los que seleccionan y nombran a los jueces para ocupar las diversas vacantes.

Si aplicamos los anteriores principios al control de los servicios de inteligencia en España, nos encontramos con que el presidente del Gobierno que designa libremente al director del CNI, que le encarga las misiones que debe realizar y que recibe puntual información de los resultados, es el primer encargado de su control.

La Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados, integrada por un reducido número de diputados y controlada por el partido o partidos que sustentan al Gobierno y cuyo líder es habitualmente el mismo, es el segundo encargado de su control.

El magistrado del Tribunal Supremo responsable de autorizar las misiones más conflictivas del CNI que se salen de lo previsto en la Constitución no es designado por méritos estrictamente objetivos. Según la Ley Orgánica 27/2002, de 6 de mayo, compete al presidente del Consejo General del Poder Judicial —órgano compuesto por juristas designados por los partidos políticos y cuyo presidente normalmente pertenece al que tiene mayor peso específico en cada momento—, «la propuesta de nombramiento del Magistrado de la Sala Segunda de lo Penal o Tercera de lo Contencioso-administrativo, del Tribunal Supremo, competente para conocer de la autorización de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia».

Los tres controles están claramente instrumentalizados por el poder de turno, por lo que ahora convendría hablar de un cuarto: el control de los medios de comunicación. Thomas Jefferson —«si se me diera a elegir entre tener un gobierno sin periódicos, o periódicos sin gobierno, no dudaría ni un momento por inclinarme por lo segundo»— otorga la función trascendental de control del poder a la prensa. Es obvio que es una función que ennoblece a los medios de comunicación y que le concede un papel social tan importante y equiparable al que tienen los tres poderes citados. Este enfoque es el que legitima esa denominación de «cuarto poder» tan extendida en el mundo sajón.

Las funciones clásicas del periodismo han sido informar, formar y entretener, a las que posteriormente se añadió la de interpretar. Con la llegada de especializaciones como el periodismo de investigación, a las anteriores se sumó un objetivo de vital importancia en las sociedades democráticas: descubrir las situaciones que funcionen mal, con la intención de que los ciudadanos puedan reaccionar y poner soluciones. En definitiva, lo que podemos llamar el control de las actuaciones del poder, que sería en el caso de los servicios secretos el cuarto control, pero el más eficaz de todos.

Para que se produzca ese control, el único totalmente al margen del Gobierno y su servicio de inteligencia, no es necesario que el país disponga de una prensa absolutamente independiente, basta con que esa prensa sea plural. Con esa característica, en la España democrática ha funcionado plenamente el control del periodismo de investigación sobre el CNI y su antecesor del Cesid.

La historia democrática de España está llena de ejemplos en los que los casos denunciados por los periodistas de investigación han llevado a la búsqueda de soluciones. A los numerosos casos ya citados, podemos añadir la denuncia del conocido como «caso Filesa», que llevó a un estudio y debate sobre la financiación de los partidos políticos y a conseguir una mayor transparencia. El objetivo de los periodistas era únicamente sacar a la luz los delitos que se estaban cometiendo, pero la sociedad reaccionó y los políticos tuvieron que hacer frente a los problemas.

Por poner un ejemplo más, la investigación periodística sobre el «caso GAL» permitió a jueces y fiscales obtener los datos necesarios para procesar y condenar a una serie de policías, guardias civiles y políticos que se habían tomado la justicia por su mano en la lucha contra ETA. La misión del periodista investigador no es meter a nadie en la cárcel, pero en este caso la sociedad nuevamente reaccionó para poner fin a esos delitos.

Con el tema del servicio de inteligencia ha ocurrido algo similar. El trabajo de los periodistas de investigación ha llevado a una serie de cambios en la legislación y a una llamada de atención a la sociedad, que espantada ha exigido adoptar medidas para que se respeten las leyes comunes a todos. En este sentido, el control del servicio secreto que mejor ha funcionado en la sociedad española en estos años de democracia ha sido indudablemente el del periodismo de investigación. Sin su existencia, nunca se habría conseguido poner coto a sus desmanes.

1 Carlos E. Rodríguez, ¿Quién controla al Cesid?, Dinero, Madrid, 25 de noviembre de 1986.

2 Comparecencia del ministro de Defensa Eduardo Serra ante la Comisión de Defensa del Congreso el 7 de octubre de 1997.

3 Roberto Montoya, «El hundimiento del Rainbow Warrior, una bomba contra Mitterrand», Tiempo, Madrid, 9 de septiembre de 1985.

4 Guillem Balagué, «Los servicios de inteligencia espiaron a Lady Di», El Mundo, Madrid, 13 de diciembre de 1998.

5 Thomas Gordon, Mossad, la historia secreta, Vergara, Buenos Aires, 1998.

6 Philippe Rivière, «El sistema Echelon, un esquema de vigilancia planetaria», Le Monde Diplomatique, París, 11 de marzo de 2001.

7 Edgardo Krawiecki, «La espía que yo amé», Sunday Times, Londres, 6 de abril de 1997.

8 Alexandre Marenches y Christine Ockrent, Secretos de Estado, Planeta, Barcelona, 1987.

9 El jefe del servicio secreto alemán, Hansjörg Beiges, pronunció la conferencia «Seguridad, ejércitos y secretos de Estado» en el Seminario Internacional sobre Asuntos de Defensa, celebrado en Jaca, en septiembre de 1997.

10 Fernando Rueda, Por qué nos da miedo el Cesid, Foca, Madrid, 1999.

TERCERA PARTE

CONCLUSIONES: GOBIERNO Y SERVICIO SECRETO CONTRA PERIODISTAS Y JUECES

Conclusiones

De los trece casos descritos en el libro y del análisis de sus cinco principales protagonistas —gobiernos, servicios de inteligencia, prensa, jueces y parlamentarios—, podemos sacar algunas importantes deducciones y veinte conclusiones determinantes.

LA BUENA INFLUENCIA DE LA PRENSA EN PONER LÍMITES AL ESPIONAJE

El maridaje entre el periodismo y los servicios de inteligencia es uno de los más complicados que se puede encontrar. Mientras los primeros tratan de enterarse de cualquier pequeña noticia que pueda interesar y ser de utilidad a la opinión pública para difundirla inmediatamente, los segundos buscan el máximo conocimiento de la realidad española e internacional que le pueda interesar a su Gobierno, pero poniendo todos los medios a su alcance para que nadie más se entere. Excepto, claro está, que la difusión de la información que guardan como secreta pueda beneficiar a sus intereses o a los de políticos que les mandan.

No obstante, los servicios de inteligencia viven desde hace dos décadas inmersos en un complicado proceso de cambio, en el que las informaciones publicadas han sido uno de sus principales motores. Siempre se ha hablado, y de hecho la mayor parte de los ciudadanos siguen haciéndolo, de servicios secretos o servicios de espionaje. Y al que trabaja en los mismos se le conoce, simplemente, como espía. Pero en cuanto los gobiernos son conscientes del temor y la desconfianza que despiertan entre sus propios conciudadanos el poder y los manejos ocultos del espionaje, utilizan las posibilidades que ofrece el lenguaje para iniciar la transformación radical de su imagen. Así pasan a ser conocidos como servicios de inteligencia y sus agentes como oficiales de inteligencia. Una nueva palabra, «inteligencia», que es un eufemismo amable que habla más de la trascendencia para el espionaje del análisis de la información y oculta aquello que realmente les define y caracteriza: los procedimientos secretos, con frecuencia ilegales, de obtención de la información.

LOS PROCEDIMIENTOS QUE USAN LOS ESPÍAS ES LO IMPORTANTE

Esos procedimientos explican y justifican la existencia del servicio, y es lo que les diferencia de la Policía o la Guardia Civil. Ahí radica el mayor de todos sus problemas: las democracias exigen contar no sólo lo que se descubre, sino algunas veces la forma en que se ha tenido acceso a la información. Eso ocurrió cuando el diario ABC destapó la cita secreta del líder de ERC, Josep Lluís Carod Rovira, con dirigentes de ETA.

LA DEMOCRACIA ACABA CON EL EXCESO DE LIBERTAD DE LOS SERVICIOS

Durante la dictadura del general Franco, este tipo de situaciones no se daba. Pocos osaban hablar o escribir sobre las actividades de los servicios secretos, que para eso se llamaban precisamente «secretos». Hasta que no llega la democracia a España, los espías actúan con absoluta libertad, ajenos a cualquier tipo de control. Pero el problema les invade con el fin de la tiranía, que concede a los medios de comunicación el derecho y el deber de informar con mayor libertad sobre los problemas de la sociedad, incluso de las actividades ilícitas de los servicios.

De lo que no hay ninguna duda es que los servicios de inteligencia utilizan en su trabajo procedimientos no acordes con la legislación vigente. El Manual de Inteligencia del Cesid, varias veces citado, define con toda claridad a los agentes como los que realizan «misiones legales o no». Algo que jamás ha reconocido en los últimos 25 años ni un solo director del servicio y mucho menos alguno de los muchos cargos políticos que los han mandado.

Esa ilegalidad en sus procedimientos ha hecho que desde la llegada de la democracia a España, al principio con mucho temor y cuidado, y luego más abierta y decididamente, los periodistas hayan denunciado cada vez con más intensidad y frecuencia las operaciones sucias del servicio de inteligencia.

LA UTILIDAD DE LAS DENUNCIAS PERIODÍSTICAS

Esas imputaciones periodísticas han impulsado importantes reformas legislativas que han ofrecido soluciones a las actuaciones ilegales. Todo porque las denuncias de los informadores fueron una llamada de atención a la sociedad, que exigió cambios a sus gobernantes, que respondieron introduciendo esas modificaciones legales.

CAMBIO DE IMAGEN… Y ALGO MÁS

Dentro de los cambios producidos, hay algunos que han contribuido a perfilar lo que es actualmente el moderno Centro Nacional de Inteligencia. Su misión prioritaria ya no es la lucha contra el golpismo que caracterizó sus primeros años de vida en la transición democrática, sino la búsqueda de información que permita al Gobierno hacer frente a los problemas internacionales, entre los que tienen preferencia asuntos como la lucha contra el terrorismo islámico.

Paralelamente a ese cambio, se ha producido otro de imagen: el Cesid, un servicio de «Defensa» e «Información», se ha convertido en el CNI, «Nacional» y de «Inteligencia». Una terminología más moderna y menos militar, que trata de «vender» un centro más actual y abierto a la sociedad, en lo cual hay mucho de verdad.

En 1981 se produjo uno de los hitos más importantes de la transformación que estamos reseñando. El golpe de Estado del 23-F llevó al Gobierno a introducir modificaciones en su servicio de inteligencia, legislando abiertamente por primera vez mediante leyes publicadas en el Boletín Oficial del Estado. Fue una decisión clara y meditada de sacarlo de las catacumbas en que siempre había vivido, que se materializó seis años después, cuando se les edificó una inmensa sede en las afueras de Madrid, presidida por un rótulo en la puerta que les identificaba como el Cesid.

EL ESTATUTO QUE PONE LÍMITES A ESPÍAS Y PERIODISTAS

Otro hito importante ocurrió a finales de la década de los 80 y en la primera mitad de los 90. En esos momentos, la prensa denuncia numerosas irregularidades y actividades delictivas del servicio, absolutamente contrastadas y de una gravedad insospechada. Todos podían sospechar de sus actividades ilegales, pero conocer gracias a la prensa que el servicio secreto espiaba hasta al mismísimo Rey produjo una verdadera conmoción. Los españoles sabían ya que su servicio de inteligencia actuaba fuera de la ley y sin control.

Una de las reformas que se aprueba para convencer a la opinión pública de que se va a poner coto a la situación es el Estatuto de Personal, que rige la vida de los 2.500 agentes y limita de una forma preocupante sus derechos, aunque también establece como secretas todas sus actividades, organización y estructura interna, medios y procedimientos, personal, instalaciones, bases y centros de datos y fuentes. Es decir, no dejan sin contemplar ni una mínima parcela para que los periodistas informen sobre ellos y pueda ser conocido por la opinión pública. Es un Estatuto que restringe tanto la capacidad de movimiento de los agentes como la de los informadores.

LA IMPORTANCIA DE LOS INFORMANTES OCULTOS

Si el pueblo para poder ejercer su soberanía tiene que estar informado, los periodistas, que llevan sobre sus hombros esa responsabilidad, contraen la obligación de difundir las informaciones procedentes de fuentes abiertas, pero también de aquellas otras que se ocultan. Como hemos visto, el periodismo de investigación en general y el especializado en servicios de inteligencia en particular, pueden hacer frente a esa necesidad de la opinión pública gracias en buena medida a que utilizan fuentes de un alto valor informativo, aunque necesitadas de la máxima protección, para que su colaboración con el periodista no revierta en problemas personales o laborales.

Los numerosos casos expuestos demuestran que la colaboración con los periodistas de agentes disgustados con el servicio de inteligencia, sigan dentro o estén ya fuera, es lo más habitual en las denuncias publicadas. Posiblemente, sin su colaboración una gran parte de las denuncias nunca habría visto la luz.

La actividad de estos agentes y ex agentes despierta un enorme malestar en el CNI y el Gobierno. Para ellos son traidores que van contra su patria, que tratan de dañar al servicio y a los intereses de su país. Que un agente hable con la prensa sin autorización es uno de los mayores pecados que puede cometer. Porque la doctrina oficial del CNI y de su antecesor el Cesid ha sido durante los últimos veinticinco años que el servicio no debía mantener ninguna relación con la prensa o si la mantenía, debía ser más bien escasa.

DEJAR EN EVIDENCIA EL COMPORTAMIENTO DEL GOBIERNO

La obligación de los periodistas es denunciar las actuaciones irregulares de los servicios de inteligencia pero, teniendo en cuenta su dependencia del Gobierno, también lo es poner en evidencia el comportamiento de los dirigentes políticos.

Los asuntos de controversia entre los periodistas de investigación en servicios secretos y los gobiernos son dos fundamentalmente: el uso de la información secreta y la responsabilidad de los actos del espionaje.

Los gobiernos son muy críticos con el hecho de que los informadores difundan informaciones clasificadas. Consideran que hacerlo es una irresponsabilidad. Piensan que los servicios de inteligencia están para defender los intereses del país de los enemigos más ocultos y peligrosos, y que no se les debe dañar.

Frente a esta postura, el análisis reseñado de los hechos más importantes de los últimos 25 años demuestra que los gobiernos españoles han utilizado con frecuencia al servicio de inteligencia encargándoles misiones para sus propios fines. Además han hecho un uso, también ilegítimo, de las informaciones facilitadas por los servicios de inteligencia, no teniendo escrúpulos en utilizarlas para montar campañas de desprestigio contra sus adversarios políticos. Esto demuestra que para conseguir beneficios en la contienda electoral no les importa hacer un uso fraudulento del CNI.

También se han producido casos en los que los gobiernos han difundido informaciones secretas del servicio para contrarrestar las críticas de los medios de comunicación. Tanto en este caso como en el anterior han respondido con dureza y agresividad cuando el informador ha puesto en evidencia estos comportamientos irresponsables.

CUANDO LOS GOBIERNOS CULPAN INJUSTAMENTE A LOS SERVICIOS

La obligación de los miembros del CNI de guardar silencio sobre su trabajo ha sido utilizada por el Gobierno en diversos momentos para intentar desviar hacia los responsables del espionaje las denuncias de los periodistas de investigación contra ellos por comportamientos irregulares. El que fuera ministro de Defensa con el Partido Popular, Eduardo Serra, se atrevió a no asumir responsabilidades tras el descubrimiento de unas escuchas telefónicas a la todavía legal Herri Batasuna, porque ellos no podían ser responsables de los procedimientos utilizados por el servicio. Como si el CNI, entonces Cesid, fuera un poder autónomo que en una democracia no debiera dar explicaciones de sus actuaciones.

DESCLASIFICAR DOCUMENTOS ES POSIBLE

Pero, sin duda, uno de los temas de mayor controversia entre los gobiernos, los partidos políticos y los periodistas de investigación es la desclasificación de los papeles del servicio de inteligencia. La experiencia del periodismo de investigación demuestra que con el paso del tiempo una gran parte de los documentos del CNI pueden ser difundidos sin poner en riesgo la seguridad nacional y con objetivos más importantes que los alegados —Honorabilidad— por el Consejo de Ministros del PP: permitir que la opinión pública conozca algunas de las ilegalidades que ocurren en España y meter en la cárcel a delincuentes. Porque la única seguridad que se pondría en el tapete sería la de aquellos que han cometido un delito penado por las leyes.

PP Y PSOE, POSTURAS SIMILARES

Tanto el PSOE como el PP, los dos partidos que actualmente tienen posibilidad de gobernar en España, tienden a defender a capa y espada las actuaciones del CNI cuando traspasan la barrera de la legalidad y a evitar que sus documentos sean conocidos. Una actitud diametralmente opuesta a la de la mayor parte de los partidos de la oposición, que son más intransigentes con las ilegalidades y tienden a facilitar el trabajo de los periodistas y de los jueces en la denuncia y persecución de los delitos que cometen o encubren.

LOS PERIODISTAS SON FÁCILMENTE MANIPULABLES

Además, los medios de comunicación que no ejercen el periodismo de investigación tienen el inconveniente de que son fácilmente manipulables. La experiencia demuestra que las informaciones procedentes de los servicios de inteligencia o de otros medios relacionados con la materia tienen una enorme dificultad para ser contrastadas, dada la dificultad de encontrar fuentes que confirmen los datos o informes que facilitan. Dar a un documento procedente del CNI o de cualquier otro servicio de inteligencia, una credibilidad tan alta como para publicarlo inmediatamente puede llevar al medio a cometer un gravísimo error, que se acrecienta por el hecho de que la opinión pública tiende a creérselo. Así le ocurrió al Bild Zeitung cuando defendió ardientemente una información relativa a los dos empresarios españoles implicados en el montaje del tráfico de plutonio. Ellos se la creyeron y pretendían que los alemanes hicieran lo mismo por el simple hecho de que era un documento del BND. Luego se demostró que era absolutamente falso.

Contar el contenido de un documento del CNI o publicar una información de un agente o ex agente sin más comprobaciones no garantiza, por muy fiable e informada que pueda parecer la fuente, la veracidad de los hechos. Siempre hay que partir de la premisa de que no se puede publicar nada que no haya podido ser contrastado con otras fuentes.

EL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN, UN ARMA CONTRA LOS EXCESOS

Porque si los medios no utilizan el periodismo de investigación para controlar las actuaciones del Gobierno y su servicio de inteligencia, éstos se sienten libres y poderosos para violar las leyes establecidas, sabiendo que una opinión pública desinformada no les va a presionar para que pongan límites a su actuación.

La tarea para el periodista de investigación y su medio es ardua y complicada. Desentrañar comportamientos irregulares de los servicios de inteligencia como los referidos en el presente trabajo, requiere una investigación continuada en la materia.

LA GRAN AYUDA DE LOS JUECES

El paso de los años no ha impedido que muchas de las investigaciones de los periodistas de investigación hayan sido de enorme utilidad para los jueces. En diversos casos de los referidos, la Justicia ha reabierto sumarios ya cerrados, gracias a la aparición de nuevas pruebas. No obstante, en los últimos veinticinco años, excepto que los jefes y agentes sean pillados in fraganti, es muy difícil que una denuncia periodística acarree una condena judicial.

Todo lo dicho muestra una ineludible necesidad del periodismo de investigación en general, pero muy especialmente en los temas vinculados con el espionaje, para hacer frente a los excesos de los servicios de inteligencia y de los políticos que los dirigen.

VEINTE CONCLUSIONES

De los resultados de la presente investigación se pueden extrapolar algunas conclusiones y deducir algunos hechos que tienen una gran relevancia:

– El tipo de procedimientos empleados por los servicios de inteligencia es lo que les diferencia de los cuerpos de seguridad como la Policía y la Guardia Civil. Esos procedimientos incluyen el uso de métodos contrarios a la ley, como la intervención telefónica, la entrada en domicilios, el acceso a información reservada en bancos y la investigación de la vida sexual.

– El Estatuto de Personal del Centro Nacional de Inteligencia limita de una forma preocupante los derechos fundamentales de sus 2.500 agentes. Su aprobación inicial se hizo tras los escándalos producidos en el Cesid a mediados de los 90, lo que llevó a una mayor dureza en su contenido.

– Los gobiernos de los últimos veinticinco años han coincidido en confundir el Estado y su seguridad con la seguridad de algunas personas relacionadas con ellos y sus eventuales responsabilidades políticas y penales.

– Todavía existe una corriente de opinión generalizada en los servicios de inteligencia españoles y occidentales que defiende la necesidad de no condenar en los tribunales a los agentes descubiertos cuando realizan misiones ilegales, basándose en el hecho de que cumplen un trabajo en defensa de la patria, ordenado por sus superiores, a los que siempre deben obedecer. Creen que si este planteamiento no se respeta, los servicios de inteligencia dejarán de ser operativos. Es una defensa clara de la ilegalidad en la que tradicionalmente se han movido los servicios en su historia.

– El análisis de la actuación en temas de inteligencia de los gobiernos democráticos permite constatar el uso fraudulento que han hecho del CNI-Cesid para sus propios fines. Además, han hecho un uso ilegítimo de las informaciones facilitadas por el servicio, no mostrando escrúpulos en utilizarlas para montar campañas de desprestigio contra sus adversarios políticos.

– Los gobiernos mantienen un cinismo absoluto en el controvertido tema de la desclasificación de los documentos del CNI. Se han negado a aceptar su entrega a los jueces, cuando previamente los habían publicado los periodistas de investigación, para resolver asesinatos o trucajes ilegales de pruebas, pero luego han aceptado hacerlo, como se alegó tras un Consejo de Ministros del Partido Popular, para «demostrar su inocencia, honorabilidad y transparencia».

– Tanto el PSOE como el PP, los dos partidos mayoritarios, tienden a defender las actuaciones del CNI cuando traspasan la barrera de la legalidad y son denunciados en los medios de comunicación. Su postura comprensiva choca con la de los partidos con pocas perspectivas de gobernar, los más pequeños, que son más intransigentes con ese tipo de actuaciones y que apoyan más el trabajo de los periodistas y los jueces en la persecución de irregularidades y delitos.

– Existe una ineludible necesidad del periodismo de investigación en general, pero muy especialmente en los temas vinculados con el espionaje, para hacer frente a los excesos de los servicios de inteligencia y de los políticos que los dirigen.

– Sin las técnicas y estrategias propias del periodismo de investigación, los medios de comunicación son fácilmente manipulables y propicios a ser intoxicados.

– Las denuncias del periodismo han impulsado y acelerado las reformas del CNI-Cesid aprobadas por los gobiernos de España en los últimos veinticinco años. Eso se ha producido gracias a la importante repercusión que han tenido las informaciones en la opinión pública.

– El periodismo es el mejor mecanismo de control social del poder y más ante la demostrada inoperancia en los casos de espionaje de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

– Los gobiernos de la democracia no han presentado denuncias contra los periodistas de investigación cuando frecuentemente en sus investigaciones han violado la Ley de Secretos Oficiales y otras normas que limitan la información que se puede publicar sobre el CNI.

– Las mejores y más usuales fuentes de información de los periodistas de investigación son los agentes y ex agentes del CNI. Precisamente, los funcionarios públicos que mayores limitaciones tienen para contar lo que conocen en virtud de su trabajo.

– Las fuentes ocultas acuden al periodista de investigación sabedoras de que se pueden amparar en el secreto profesional. No quieren que les apliquen la ley y ese derecho del informador les permite denunciar lo que saben.

– La mayor parte de los documentos del CNI puede ser difundida sin poner en riesgo la seguridad nacional, con el objetivo de que la opinión pública conozca las ilegalidades que se producen en España.

– No es verdad que el CNI no mantenga relaciones con los medios de comunicación. Los encuentros entre ambas partes son frecuentes, como es lógico que sean.

– Los responsables del CNI ven a los periodistas como una herramienta para cumplir sus fines. Los utilizan siempre que lo necesitan para que se difunda su punto de vista sobre los temas o para hacer frente a las críticas. Cuando lo precisan, tanto ellos como sus colegas occidentales filtran información falsa con la intención de manipular a la opinión pública.

– Muchos de los trabajos publicados por los periodistas de investigación han sido de una utilidad destacable para los jueces en la elaboración de sus sumarios.

– Los hechos denunciados por los informadores a veces han tenido lugar tiempo atrás, lo que no invalida el trabajo y ha demostrado ser de mucho beneficio para la sociedad.

– Los afectados por las investigaciones periodísticas utilizan todos los medios a su alcance para intentar evitar que se conozcan los detalles que les implican. Incluso las amenazas y los intentos de comprar el silencio del informador.