POR QUÉ NOS DA MIEDO EL CNI-CESID

Créditos

Primera edición digital: abril de 2015

Por qué nos da miedo el CNI-Cesid

© Fernando Rueda, 2015
© BibliotecaOnline, 2015
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Elaboración del eBook: epubspain.com

ISBN: 978-84-15998-32-7

Índice de contenido

Portada

Portadilla

Créditos

Índice

Prólogo a la edición digital

Introducción

Capítulo 1: Las misiones importantes están siempre fuera de la ley

La limitada responsabilidad de los agentes

Métodos ilegales permanentemente

Capítulo 2: El tenderete de 1B

Luces y sombras de tres directores

La excepción: dos directores insumisos

Órdenes ilegítimas del director

Se acabaron los ideales en el espionaje

Capítulo 3: El juguete del gobierno

Nadie se libra de ser espiado

Chantajeador chantajeado

El peligro de depender de un solo servicio

Capítulo 4: Ni siquiera una democracia puede controlarles

Ellos dicen que sí tienen controles

Control y seguridad tienen que convivir

Aznar debe tomar el mando

Comisión especial para los servicios secretos

Un juez y cambios en las leyes

«Asuntos especialmente comprometidos»

Capítulo 5: La prensa, controlada despiadadamente

«Que no se hable de La Casa»

Esos peligrosos cotillas

La costumbre de declarar secretos los asuntos conflictivos

Post Scriptum Jávea (Alicante)

A todos los que durante el último año
me han achuchado sentimentalmente.

«Los principales damnificados por los medios de comunicación —políticos, financieros y estrellas del mundo de la cultura, el arte y el espectáculo— están convencidos de que los periodistas nos despertamos con la obsesión de encontrar nuestra dosis de basura diaria para, suministrar un buen titular de primera página. Tenemos una legión de detractores que nos acusan de excitar las bajas pasiones de los lectores, de alentar huelgas, suicidios, divorcios, corrupciones, crímenes, guerras y todos los males de este mundo. Entre nuestros enemigos más notables figura mi admirado Marcel Proust, que consideraba la tarea de leer el periódico todos los días un acto abominable y voluptuoso, porque en esas páginas aparecen cada veinticuatro horas las mayores miserias humanas.»

Nativel Preciado

Prólogo a la edición digital

“No me conviene que me vean contigo”. El hombre de la máxima confianza del director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz, me lanzaba el improperio una mañana del año 2014, cuando tras discutir por teléfono de una forma airada por el contenido de una de mis informaciones, le proponía limar nuestras diferencias quedando a desayunar.

Visto con la distancia que ofrece el paso del tiempo, el ex periodista metido a sucedáneo de espía, que pone en segundo lugar el derecho a la información para primar el deseo de cualquier agencia de espionaje de intentar controlar la información que sale en los medios de comunicación, cometió los mismos errores que algunos de sus antecesores y unos poquitos más. Para servir al espionaje, sus jefes le exigen juego duro y sucio, lo que le acerca a la figura del espía que siempre quiso ser, pero le aleja del papel de periodista. Quizás se equivocó al elegir profesión.

15 años después de la publicación del libro Por qué nos da miedo el Cesid, ahora llega a las librerías digitales Por qué nos da miedo el CNI-Cesid, que retoma la investigación que realicé en su momento y al que hemos añadido este prólogo especial.

Estudié en su momento el funcionamiento del servicio de inteligencia, llamado entonces Cesid, para tratar de esclarecer desde un punto de vista teórico sus aspectos más conflictivos. Para ello, llené cada una de sus páginas de operaciones, sucesos, anécdotas y vivencias personales, con el objetivo de explicar qué es lo que funcionaba bien de la agencia de espionaje y qué lo hacía mal o era un absoluto desastre.

He leído cada una de sus hojas y la foto fija publicada en su momento sigue sosteniéndose en su mayor parte. Casi diría que por desgracia, pero el paso de los años me ha enseñado que los servicios de inteligencia de todo el mundo tienen una forma de actuar connatural a su existencia y que no puede ser cambiada.

Si leemos los títulos de los cinco grandes capítulos, veremos que la conclusiones de entonces siguen siendo las conclusiones de hoy:

1. Las misiones importantes están siempre fuera de la ley.

2. El tenderete de RA.

3. El juguete del Gobierno.

4. Ni siquiera una democracia puede controlarles.

5. La prensa, controlada despiadadamente.

Los ejemplos con los que expliqué en su momento cada una de esas crudas afirmaciones, pertenecen a una época de nuestra historia que servirá para que el lector se haga una idea clara de cómo actúa el servicio secreto en las alcantarillas. Y el análisis de quien suscribe —al que mi querido amigo el periodista encubierto Antonio Salas se empeña en poner el calificativo de “Mayor espiólogo de España”—, sigue siendo válido, ha cambiado muy poco.

Digan lo que digan directores como Félix Sanz en defensa de la estricta legalidad de las actuaciones del CNI —por cierto, como han defendido todos y cada uno de sus antecesores—, el hecho es que La Ley de Secretos Oficiales les sigue sirviendo de parapeto para ocultar un trabajo sin duda necesario para una democracia, pero que con frecuencia requiere métodos ilegales, como explico en el capítulo 1.

Los directores del CNI —el dios “RA” o “1B” en la terminología en clave de hace años— que ha habido en los últimos años han aportado sin duda su granito de arena a la modernización. Jorge Dezcallar lavó la cara con dos decisiones importantes: cambió de Cesid a CNI y metió a un magistrado del Supremo en el trabajo diario del servicio. Salió como casi todos por la puerta de atrás por el fallo de no haber podido evitar los atentados del 11-M.

Alberto Saiz llegó con mucho entusiasmo, hizo un gran trabajo de potenciación del servicio contratando gente valiosa y adquiriendo medios materiales importantes, pero cesó a tantos mandos de cierto nivel que organizaron una revuelta silenciosa —como son todas las del servicio secreto— y filtraron todas las informaciones negativas que pudieron encontrar sobre él hasta conseguir su dimisión.

Félix Sanz fue un retroceso en la tan deseada en su momento llegada de civiles al cargo de director. Sabe maniobrar y conspirar, ha conseguido “enamorar” a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y ha tenido la suerte de que le han acompañado los éxitos de sus 3.500 agentes.

El Gobierno de Rajoy quería que frenara la independencia de Cataluña, pero no lo ha conseguido. Los mandos del CNI han obtenido mucha información perjudicial para los independentistas y han informado al Gobierno con anticipación de cada uno de los pasos que iban a dar. Igual que han llevado a cabo misiones secretas de espionaje que han facilitado, por ejemplo, el nombramiento con ciertas garantías de determinadas personas por el Gobierno.

Los controles democráticos que pedía en la primera edición de este libro se han llevado a cabo en dos terrenos: la comisión del Congreso que controla sus actividades y el juez que les autoriza los pinchazos telefónicos y las entradas en domicilios.

La realidad es que la Comisión de Fondos Reservados recibe información muy puntualmente por parte del director del CNI o de la Vicepresidenta, pero nadie se atrevería a sentenciar que el Congreso de los Diputados ejerce un control parlamentario sobre las actividades del CNI.

Y el magistrado del Tribunal Supremo autoriza montones de actividades del CNI, con lo cual da cobertura legal a los agentes que las ejecutan. Una cobertura que es imposible confirmar si se ajusta a lo establecido por la ley, porque no hay posibilidad de control externo. Solamente nos enteramos, por poner un ejemplo, de que el llamado “Pequeño Nicolás” tuvo sus conversaciones intervenidas por orden del magistrado adscrito al CNI, cuando a la Policía nunca se le habría ocurrido acudir a un juez porque se las habría negado.

El libro concluye con el tema con el que ha arrancado este prólogo: las presiones sobre los medios de comunicación para que no publiquen las informaciones que les perjudican o que difundan las que a ellos les interesa. Para conseguirlo no sirve cualquiera. La primera persona que el entonces director del Cesid, Emilio Alonso Manglano, envió para relacionarse conmigo cuando trabajaba en el semanario Tiempo, Manuel Rey, no era periodista y sí un profesional de la milicia y del espionaje. Fue honesto y sincero: nunca me pidió que mintiera, nos ayudamos cuando los intereses de ambas partes así lo aconsejaban y yo publiqué lo que consideraba que la opinión pública necesita saber, aunque a él le pareciera mal. Nunca telefoneó a mi director para pedirle mi cabeza cuando alguna de mis informaciones no le gustaba.

Pasen y lean. Así es como yo veo la necesidad de controlar a una institución que por su propia configuración tiende a ir a su aire y a actuar sin seguir algunas normas de los regímenes democráticos.

Madrid, abril de 2015.

Introducción

«Estimado Sr. Rueda:

«Desde la aparición de su libro titulado La Casa soy un asiduo seguidor suyo, teniendo los tres libros que sobre el Cesid ha publicado e incluso algunas entrevistas suyas en el programa Protagonistas de Luis del Olmo.

«Por supuesto que mi interés fundamental es todo lo que sobre el Cesid o Fuerzas de Seguridad del Estado se escriba, de ahí que adquiero todo el material que sobre estos temas se publica.

»Es por ello por lo que le escribo, para felicitarle por sus tres libros, los cuales me fascinaron en su día. Pero más ahora, cuando acabo de terminar un último libro que sobre el Cesid se ha publicado, es cuando te das cuenta de lo que disfrutaba con sus libros.

«Espero esté preparando una cuarta entrega, ya que los que amamos estos temas hemos sido timados estas Navidades, con mucho marketing pero poco más.

«No suelo escribir a los escritores o periodistas, y la verdad es que ésta es la primera vez, pero después de lo defraudado que me he sentido tenía que escribirle para transmitirle mi modesta opinión.

»Sin más por la presente, le reitero mi enhorabuena y le doy mi agradecimiento por las muchas buenas horas que leyendo sus libros me he pasado. Sinceramente. Ramón Torregrosa... Alcoy (Alicante).»

La carta me llegó a la redacción de Tiempo a mediados de enero de 1998. Personalmente estaba pasando un pésimo momento y el trabajo en el semanario era cada día más absorbente. Como guinda, tras escribir La Casa, Espías y KA: licencia para matar¹ estaba decidido a tomarme unas largas vacaciones literarias.

Los escritores y periodistas recibimos con cierta frecuencia cartas en las que se nos felicita por nuestro trabajo, aunque bien es cierto que también hay muchas más en las que se nos insulta. Sin embargo, ésta tuvo un efecto especial. Quizá fuera el complicado momento de mi vida en que llegó. Quizá el hecho de que alguien desconocido se molestara en ser amable conmigo cuando no había motivo. Quizá que, frente a la efervescente campaña que había emprendido el nuevo equipo del Cesid contra mí, y que más adelante detallaré, un hombre anónimo me animara a seguir luchando. Todavía hoy no lo sé.

El hecho fue que me emocioné. Pensé en llamar a Ramón para darle las gracias, pero nunca lo hice. Esa carta me transmitía una extraña magia que no quise destruir. Era como si, al escuchar su voz, el mensaje que me transmitía se pudiera desvanecer. Vino en el momento oportuno para asirme a ella y utilizarla como pretexto para hacer lo que más me apetecía. Mejor dicho: lo que me estaba apeteciendo desde hacía mucho tiempo.

Renuncié a cualquier otra aventura literaria y me enfrasqué en el presente libro. Desde el primer día, trabajé por puro placer íntimo y personal. Cuando llegaba a casa por las noches cenaba rápidamente y me enfrascaba en la redacción de mis ideas sobre los servicios secretos. Quería explicarle a Ramón por qué he dedicado doce años de mi vida al periodismo de investigación sobre el servicio secreto. Y al mismo tiempo que a Ramón (un nombre sin voz ni rostro), a las decenas de miles de personas que tienen mis libros en sus estanterías y a otras tantas que me han leído en prensa o me han escuchado en radio y televisión.

Pero también había un motivo personal. Quería frenar en mi carrera personal y, por una vez, no hacer lo que con tanta perfección retrata mi amiga Nativel Preciado al hablar de la profesión de periodista: «Lo peor de este oficio es que te impide vivir más allá del instante en el que suceden las cosas. La historia pasa de forma vertiginosa y apenas hay tiempo de asimilar lo vivido.”²

Este planteamiento hizo que por primera vez el título del libro no lo pusiera al final de su elaboración, sino antes de comenzar a escribirlo. Porque la historia —mi historia— de doce años investigando al Cesid, se podía resumir de una forma dramática (lo siento, pero soy periodista) con el título Por qué me da miedo el Cesid.

El primer guión que garabateé en un folio es el mismo que, matizado, sigue hoy el libro. El trabajo de los espías es por esencia ilegal, y no porque controlen al Rey o escuchen las conversaciones de las sedes de algunos partidos políticos. Lo es porque sus métodos de actuación están siempre fuera de la ley. Una parte de la documentación que sobre este aspecto aporto en el libro es demoledora y no deja lugar a dudas, no sólo por ser documentos internos del Cesid, sino por ser todos ellos recientes.

Sentado este punto, básico para apoyar las tesis que defiendo en el libro, había dos aspectos fundamentales que desarrollar. El primero es la actuación del director, el número uno, un hombre que siempre he pensado que tenía un poder excesivamente omnímodo y descontrolado. Como hasta ahora mis libros siempre habían sido informativos y en éste se mezcla la información con la opinión, puedo decir con más tranquilidad que, tras hablar con decenas de personas, la inmensa mayoría está de acuerdo en que es un peligro que un solo hombre goce de tanto poder, porque puede terminar creyendo —como así ha sucedido— que es un salvapatrias y ayudar a poner en marcha unos GAL.

El segundo aspecto que me preocupaba era el de unos gobernantes que descubrían el poder ilimitado que les podía conceder el hecho de disponer de un servicio secreto dispuesto a hacer cualquier cosa que le pidieran. Colocar ojos y oídos en cualquier casa del país para saber todo lo que pasa puede resultar duro al principio, pero una vez acostumbrados es una forma deliciosa de gobernar. Es como el marido que desea separarse de su mujer y contrata a un detective. Cuando el sabueso no encuentra nada, el marido contrata a un gigoló para que la enamore y el detective consiga las fotos y, finalmente, se la puede quitar de encima. Una vez resuelta la operación con éxito, se hace lo mismo con los empleados, y después con la empresa que compite en el mismo sector, y después... En España, por desgracia, los políticos bajo cuyo mando han estado los servicios secretos no han tenido el pudor necesario para no utilizar a los espías en misiones que nada tienen que ver con el servicio al Estado.

Como colofón a estas ideas me planteé los posibles controles que se deberían implantar en España para evitar nuevos desmanes por parte del Cesid. Analicé el tema personalmente en profundidad, leí centenares de recortes de prensa y busqué los escasos libros existentes sobre la materia escritos por personalidades acreditadas. Cuando concluí esa profunda reflexión, concerté citas con personas experimentadas más en la práctica que en la teoría. La conclusión fue desconcertante: ni siquiera una democracia es capaz de controlar a los servicios secretos. A este respecto recomiendo al lector que preste especial atención al capítulo cuatro y que no olvide que su contenido —como el del resto del libro— responde a ese criterio de contraste de todas mis ideas —fruto de muchos años de investigación— con las personas que más saben en la teoría y en la práctica.

Para que no quede duda de ello, en el texto están reproducidos los pensamientos de espías, miembros del Gobierno, políticos de la oposición, espiólogos, jefes de espionaje extranjeros, militares y personalidades en general. Sus planteamientos, como se podrá comprobar, están muchas veces en desacuerdo con los míos.

Sobre las personas consultadas quiero dar dos explicaciones necesarias para comprender la trastienda del libro. Ninguna de las ideas que me expresaron las más de veinte personas con las que hablé durante su elaboración aparece citada con sus nombres y apellidos en el texto. Con todas ellas pacté previamente ese condición. Pensé que si lo hacía así me expresarían libremente sus opiniones y no les preocuparía que algunas de sus irreverentes ideas les pudieran perjudicar en virtud de su cargo o posición. Muchos de estos personajes se expresan en el libro, pero citados a través de sus intervenciones públicas o sus escritos en la prensa.

La segunda explicación que quiero dar es que no he hablado oficialmente con miembros del Cesid para la elaboración del libro, aunque he usado profusamente las declaraciones que, desde que llegó al poder, ha hecho su director, Javier Calderón. Y deseo dejarlo claro, porque si bien la periodista Pilar Urbano publicó un libro titulado Yo entré en el Cesid en el que se pavoneaba de haberlo escrito con el apoyo de toda la dirección, yo he preferido continuar en mi línea no oficial y reconocer públicamente, después de doce años informando sobre el servicio secreto, que soy uno de los pocos periodistas españoles que hablan y escriben acerca del tema sin haber entrado jamás en el Cesid.

Ese estar en la trinchera no evitó que la propia Pilar Urbano considerara que el Cesid me había filtrado en septiembre de 1995 la exclusiva que publiqué en Tiempo de que Felipe González y Mario Conde estaban negociando.³ No era cierto, pero también es verdad que si en mi trabajo no utilizara frecuentemente estas fuentes nunca habría llegado a nada.

De los muchos libros que he leído para hacer frente a este reto, uno me impresionó íntimamente, a pesar de que su temática no estaba relacionada directamente con los servicios de información. En Cómo nos venden la moto⁴, Noam Chomsky expone unas ideas apasionantes sobre cómo intentan controlarnos los gobiernos. Estoy bastante de acuerdo con su contenido y me gustaría dejar testimonio de una de sus ideas, que explica citando a Lippmann.

Dice Chomsky que «en una democracia con un funcionamiento adecuado hay distintas clases de ciudadanos. En primer lugar, los ciudadanos que asumen algún papel activo en cuestiones generales relativas al Gobierno y a la Administración. Es la clase especializada, formada por personas que analizan, toman decisiones, ejecutan, controlan y dirigen los procesos que se dan en los sistemas ideológicos, económicos y políticos, y que constituyen, asimismo, un porcentaje pequeño de la población total. Por supuesto, todo aquel que ponga en circulación las ideas citadas es parte de este grupo selecto, en el cual se habla primordialmente acerca de qué hacer con aquellos otros, quienes, fuera del grupo pequeño y siendo la mayoría de la población, constituyen lo que Lippmann llama el rebaño desconcertado: hemos de protegernos de este rebaño desconcertado cuando brama y pisotea. Así pues, en una democracia se dan dos funciones: por un lado, la clase especializada, los hombres responsables, ejercen la función ejecutiva, lo que significa que piensan, entienden y planifican los intereses comunes; por otro, el rebaño desconcertado, también con una función en la democracia, que, según Lippmann, consiste en ser espectadores en vez de miembros participantes de forma activa».

Esto es exactamente lo que está pasando en España con muchos temas, entre ellos los relativos al Cesid. Partiendo del hecho cierto de que se dedican a solucionar asuntos especialmente delicados, los espías pretenden esconder sus desmanes al conocimiento de la sociedad, con la triste aquiescencia de muchos notables. Este libro quiere ser un aviso de lo que está pasando y de lo que puede pasar si el «rebaño desconcertado» no toma cartas en el asunto y hace frente a tanto descontrol.

Quiero terminar recordando a tres amigos de cuya valía profesional he aprendido especialmente en los últimos tiempos: Pedro Páramo, director de Tiempo; Juan Antonio Cebrián, director y presentador del programa de fin de semana de Onda Cero La rosa de los vientos, el más innovador de España; y Sergio de Otto, que, haga lo que haga, siempre termina estando presente en mi vida profesional.

Permítaseme acabar citando a Antonio Gala: «Lo que sí sé es que, sin una auténtica libertad de prensa, ni la justicia ni la legislación ni la administración ecuánime ni ninguno de los aspectos de la política serían medianamente posibles. El poder de la prensa hoy no proviene de sus abusos sino de su libertad de decir la verdad. Y así ha de ser.»⁵

__________

1   Los tres libros, los dos últimos escritos en colaboración con Elena Pradas, fueron publicados por Ediciones Temas de Hoy.

2   Nativel Preciado, Amigos íntimos, Ediciones Temas de Hoy, Madrid, 1998.

3   El texto de Pilar Urbano, publicado en El Mundo el 20 de septiembre de 1995 comenzaba así: «Es posible que del reportaje de Fernando Rueda en Tiempo no se pueda demostrar ni una sola línea. Es posible que el "garganta profunda" que se lo contó haya vuelto a sus despachitos con sus cesides, después de rendir un lacónico y desimaginativo "hecho jefe"».

4   Noam Chomsky e Ignacio Ramonet, Como nos venden la moto, Icaria, noviembre de 1997.

5   Antonio Gala, El Mundo, 3 de mayo de 1998.

Capítulo 1:
Las misiones importantes están siempre fuera de la ley

COMETEN TODO TIPO DE ILEGALIDADES ALEGANDO QUE SON POR EL BIEN COMÚN Y PARAPETÁNDOSE TRAS EL OPACO MANTO DE LA LEY DE SECRETOS OFICIALES. LA PRUEBA CONCLUYENTE: LAS INNUMERABLES Y ESCANDALOSAS VIOLACIONES DE LA LEY EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE JUAN PEROTE.

«Curioso destino el del espía y curiosa civilización la nuestra que los magnifica. Porque si observamos las cosas fríamente, los espías, por obligación profesional, por deber, pisotean todos los mandamientos y preceptos morales tradicionalmente aceptados y, si no son los únicos en realizar tales “proezas”, a ellos se los contrata, paga y admira para que roben, mientan, disimulen, engañen, traicionen, torturen o maten. Y aunque no deseen mujer ajena, se acuestan con ella, siempre por obligación profesional.»

(Carlos Semprún Maura, «Spy», ABC, 16 de julio de 1995).

«—¿Cuáles fueron las prioridades que le marcó el presidente Aznar en la primera entrevista?

»—Trabajar, trabajary trabajar. Dentro de la ley, con honradez y en silencio.

»—¿Es de aplicación al Cesid la tradicional frase de “los hombres más limpios para los trabajos más sucios ”?

»—No, por la sencilla razón de que en el Cesid sólo hay trabajo secreto o reservado y ello no es sinónimo de sucio. Lo “sucio” se puede encontrar más en la “mirada” que en lo que se “mira La “suciedad”, por desgracia, está en la imaginación, en el “morbo”, que a algunas personas les provoca lo “secreto”. Sería muy bueno acabar con esa idea falsa de que todo lo que es “secreto” lo es porque es “inconfesable”. Lo es simplemente porque no debe ser conocido más que por aquellos que deben conocerlo: las autoridades del Estado.

»—¿Hay ciudadanos españoles sometidos a escuchas ilegítimas del Cesid?

»—Rotundamente, no. Por lo que al Cesid respecta, ningún ciudadano español está sometido a escuchas ilegítimas.»¹

Javier Calderón, mirada bondadosa y tierna de abuelo preocupado por el futuro de sus nietos, concedió su primera entrevista como «1B» (nombre en clave con el que se conoce al director del Cesid tras la llegada de Calderón, mientras que a sus antecesores se les llamaba «RA») a ese periodista de raza y noblote asturiano que es el director del semanario Tiempo, Pedro Páramo. Sus palabras, meditadas y medidas, resultan esenciales al hablar de ilegalidades en «La Casa» y merecen toda la prioridad.

A este teniente general retirado, fraguista convencido de toda la vida, se le podrán poner muchas pegas, pero no que le falte claridad en la exposición de sus ideas. Cuando se le interroga por asuntos turbios dice «no, rotundamente, no», y jamás usa la expresión «algunas veces» o «en determinadas ocasiones».

En los doce años que llevo ejerciendo el periodismo de investigación sobre el Cesid he conocido y vivido innumerables casos que no concuerdan con las palabras de Calderón. Sin entrar —todavía— en interpretaciones legales o morales, es trascendental aclarar desde el primer momento, de la forma más objetiva posible, si el trabajo del espionaje es ilegal por naturaleza o si sus métodos de actuación diaria se enmarcan dentro de lo que la ley autoriza. Dicho de otra forma: si las actuaciones fuera de la ley son excepcionales o algo del día a día. La enumeración de posibles casos sería muy extensa (irán apareciendo a lo largo del libro). Para empezar, centrémonos en una investigación concreta, cuyo contenido es desconocido, llevada a cabo por el Cesid en los últimos años y de la que puedo ofrecer íntegramente soporte documental.

Utilizando a lo largo de todo el libro este sistema de narrar primero los hechos contrastados para luego extraer las conclusiones, intentaré impedir —aunque no lo consiga— que los responsables del servicio de inteligencia utilicen argumentos como los lanzados por Calderón tras un artículo crítico del periodista Darío Valcárcel:

«Dada la larga lista de inexactitudes, medias verdades, falsedades completas y calumnias de que se vale el autor del artículo para sostener sus opiniones, sólo cabría recordarle la vieja máxima del que, según él dice, es su oficio: “los hechos son sagrados, las opiniones libres”. Opínese lo que se quiera. Es legítimo. Pero no se pretenda sustentar la opinión sobre la mentira. Eso no es legítimo, es indigno.»²

En el mes de abril de 1991, el entonces RA, Emilio Alonso Manglano, ordenó abrir una «exploración» acerca de la vida y milagros de Juan Alberto Perote Pellón, hasta ese momento su máximo hombre de confianza. De esa investigación, que seguía abierta en febrero de 1998, una serie de documentos que abarcan hasta mediados de 1995 le fueron filtrados a Santiago Belloch.³

Cuando Santiago me dejó leer el dosier me quedé perplejo. Bueno, si nos atenemos al significado de la palabra perplejo en su acepción de «vacilante», «irresoluto», debo aclarar que más bien me sentí acojonado, con perdón. Nunca había tenido en las manos un informe tan exageradamente detallado y explícito de las actividades del Cesid. Los hombres de su Servicio de Seguridad habían husmeado en las actividades públicas de Perote, pero también había entrado a saco en su esfera íntima y privada. Pensé que si eso lo habían hecho con uno de sus agentes, ¿qué no serían capaces de hacer con cualquiera de nosotros? Además, demostraban una eficacia en la investigación que producía miedo: ningún obstáculo, por difícil que pareciera, les había impedido tener acceso hasta al más mínimo detalle de su «Pepe» (objetivo). Creo que cualquiera habría experimentado las mismas náuseas que yo.

Uno de los epígrafes más impresionantes del detallado dossier es la reproducción de un intercambio de opiniones entre Perote y RA relativo al epígrafe «INTIMIDAD», que hace referencia a la vida sexual del coronel expulsado del Cesid. Por una autocensura personal guiada por el imprescindible respeto a la vida privada de cualquier persona, sólo especificaremos que se define esa vida como «promiscua».

«Afirmaciones A.P.

»(Carta 01.92). Rechazo que se haya tenido acceso a mi intimidad. Durante años he defendido utilizar técnicas especiales sólo en caso de amenazas para el Estado. Juzgar el comportamiento íntimo de una persona es siempre arriesgado. Yo tengo conocimiento y pruebas de uno de sus más directos colaboradores; me he preocupado personalmente de que no llegase a usted ni la más mínima prueba de esto.

«Respuesta de RA.

»1. Yo no he juzgado tu comportamiento, simplemente me he limitado a constatarlo (promiscuidad sexual).

»2. No cabe duda de que constituye una grave vulnerabilidad teniendo en cuenta que era conocida tu posición en el Centro. Además, esa vulnerabilidad no ha sido declarada.

»3. ¿Has olvidado el compromiso asumido así como el consentimiento otorgado con la firma del compromiso de seguridad? (no se ha investigado a otras personas, sino a ti como miembro del Centro).

»4. Es increíble que un ex miembro de un Servicio de Inteligencia y ex jefe del Departamento de Acción Operativa rechace el acceso a la intimidad ¿es que tú tienes patente de corso?

»5. ¿Qué entiendes por amenazas para el Estado?.

»6. Como miembro de un servicio de inteligencia, tu deber es poner en mi conocimiento todos aquellos comportamientos que conozcas de personas del Servicio que puedan representar una seria vulnerabilidad para el Centro y por ende para el Estado...»

Pero el informe es más tremendo, mucho más. Dado que su elaboración tiene como fin informar exclusivamente al director de las actividades de un ex agente, se le informa, en lenguaje coloquial, en tono de confianza, no sólo de los descubrimientos realizados sobre la vida de Perote, sino también —y esto es lo más destacable— sobre los métodos utilizados para conseguir esa información. Sólo voy a destacar algunos párrafos, todos textuales:

«Carmen Regaliza, auxiliar de GA-4, le llama periódicamente al teléfono de su trabajo desde los teléfonos de su área.»

«Se están utilizando, por este Servicio [de Seguridad], procedimientos operativos y medios técnicos con el fin de detectar y poder controlar las relaciones de miembros del Centro con ALBERTO, o con personas de su entorno de trabajo.»

«Las pruebas que sobre sus conductas se disponen son de validez interna para el Centro pero no válidas en cualquier proceso externo al mismo, por los procedimientos empleados para la obtención.»

«Durante el desarrollo de un C.I. [Control Integral] a finales de junio del 94 sobre la sede de HB en San Sebastián (OAO-70-93-URBION-AMPERIO-ARZAK) se localizaron en un archivador del cajón inferior de la mesa correspondiente a José María Olarra Aguiriano unos documentos en 12 folios.»

«Como también es sabido que a Perote uno de los principios motores de su vida es el dinero, que trabaja en una empresa mayoritariamente de propiedad estatal y que es al Estado y a sus servidores a quien está haciendo un grave daño, conseguir que sea dado de baja inmediatamente en su puesto de trabajo. En una empresa de este tipo seguro que conocen y saben perfectamente cómo hacerlo sin que parezca un acto instigado por el Centro.»

«En los controles de actividades realizados, se ha observado también que a partir de la primera semana de marzo Perellón (Perote) entra con cierta asiduidad en...»

«Por las indagaciones realizadas en las cuentas bancarias que se han detectado en las que es titular Perellón...»

«Llama la atención los ingresos de Perellón, además de la nómina que percibe de Repsol...»

«Dentro del local de [la empresa] ZPA, hay registradas llamadas...»

«Con el ex miembro del Centro (KA), Francisco Hortal Sanz... junto con un individuo sin identificar que acompaña en ocasiones a Perellón, y a los que se les ha oído hablar de una instalación de cámaras en la calle Antonio Maura.»

«En el campo de sus actividades “empresariales y comerciales”, se le ha detectado un presupuesto, que da la impresión de ser un proyecto de material...»

«En las oficinas de ZPA se obtuvo propaganda diversa y abundante sobre...”.

«En un folio manuscrito con la letra de Perellón, figuran diversas anotaciones, que pudieran hacer referencia a posibles negocios en marcha o futuros proyectos.»

«Filtrar en determinados ámbitos donde Perellón y sus socios desarrollan sus actividades, aspectos que desprestigien su perfil profesional y humano, para intentar dificultarles el acceso a nuevos trabajos o actividades empresariales.»

«Perellón, a juzgar por los diversos fax que emitía y recibía, parece ser que manejaba desde allí los diversos negocios de la empresa.»

«Se registran unos gastos telefónicos de 316.662 pesetas, en dos meses de utilización.»

«Se ha tenido acceso al parte de incidencias de la Central Receptora de Alarmas desde julio a octubre de 1994.»

«En los documentos contables a los que se tuvo acceso...»

Hay muchos más ejemplos de actuaciones del Servicio de Seguridad en el dosier sobre Perote, que el Cesid tiene clasificado como «Operación Somosierra-Cilindro-Perellón». Lo que «justifica» la inclusión de las explicaciones sobre la forma en que fue obtenida la información es el hecho de que estos documentos son «Notas Interiores», elaboradas para ser conocidas únicamente por el llamado entonces RA y ahora 1B y por los altos jefes que él estime oportuno. Evidentemente, cuando estas pesquisas son reescritas para enviárselas al presidente del Gobierno o a alguno de sus ministros, una pluma diestra pule todas esas anotaciones para que nada delate su forma de obtención. Como veremos más adelante, el director no explica nunca cómo trabaja, pero tampoco ninguno de sus jefes políticos se lo pide, para así evitarse los problemas que produce el conocimiento de los métodos ilegales.

Es cierto que el dosier transcrito parcialmente fue elaborado sobre Juan Perote, una persona que años después fue condenado por un tribunal militar por sustracción de documentos. También es cierto que antes del juicio ya había sido condenado por el tribunal de la opinión pública española por vender supuestamente esa información robada a Mario Conde para chantajear al Gobierno. En definitiva, que existe la opinión general de que es un malo y algunos otros adjetivos que están en la mente de todos. Pero antes de que se demostraran sus pecados en un juzgado era un ciudadano como otro cualquiera, con todos sus derechos constitucionales protegidos por las leyes españolas. Además, incluso después de ser condenado, por muy justa que pueda ser la pena las leyes le siguen amparando. Ésos son, por suerte para todos nosotros, los principios básicos del Estado de Derecho, y los ciudadanos confiamos en que nadie se los salte. Y cuando decimos nadie, estamos incluyendo a los propios representantes del Estado y a todos sus organismos. Porque el artículo 192 bis del Código Penal castiga a las autoridades, funcionarios o agentes que, sin autorización, intercepten cualquier telecomunicación o utilizaren artificios técnicos de escucha o reproducción de la imagen, a prisión menor, en grado medio, de dos años, cuatro meses y un día a cuatro años y dos meses, e inhabilitación especial de ocho años y un día a diez años.

Por eso es absolutamente ilegal que se investigara su vida privada y gravísimo que por escrito se criticara su comportamiento en el terreno sexual. Y todavía más delicado que se incluyera una supuesta lista de amistades con las que, según el órgano de seguridad de La Casa, había mantenido una estrecha relación personal. La existencia de esta hoja dentro del dosier, aparentemente poco importante, motivó posiblemente su filtración a la prensa, con el deseo espurio de acabar con el prestigio que le quedara aduciendo una vida disoluta. Es lo que se llama un golpe bajo o, mejor dicho, un golpe en los bajos.

El control de sus teléfonos, de las llamadas de sus antiguos colaboradores en La Casa, de los ex agentes con los que se veía y de las empresas en las que trabajaba o con las que tenía relación supone otra flagrante violación de la intimidad que jamás un juez habría autorizado sin la existencia de una sospecha fundada de delito.

Las entradas clandestinas en domicilios y empresas requieren una cuidada preparación técnica de los agentes que las realizan, pero también, y nuevamente hay que recordarlo, una orden judicial. La transcripción de notas personales, posiblemente fotografiadas, demuestran penetraciones encubiertas bien ejecutadas, aunque fuera de la ley.

Ninguna crítica se puede formular, por el contrario, sobre los seguimientos a personas realizados en la calle. Es una práctica muy común en todas las democracias y, siempre que se hagan en lugares públicos, no son ilegales, aunque respecto a este tema existan otras opiniones.

Tener acceso a cuentas bancarias, nóminas, fax y conversaciones telefónicas es, asimismo, una forma de violación de la intimidad, aunque demuestre que los agentes operativos del Cesid son muy buenos en su trabajo y cumplen su lema de que «lo difícil ya está hecho y lo imposible es lo que hay que hacer».

Pero, por si cabía alguna duda, es el propio «Triana», uno de los jefes del Servicio de Seguridad y redactor de una parte del dosier, el que reconoce la ilegalidad de las actuaciones cuando señala que las pruebas de que disponen «no son válidas en cualquier proceso externo al mismo» y especifica que el motivo es «por los procedimientos empleados para la obtención».

Se puede plantear una discusión moral, fuera de las leyes, sobre si se deben adoptar o no estos medios para hacer frente a enemigos del Estado, frente a personas contra las que, si no se actuara de este modo, conseguirían eludir el peso de la Justicia. A veces se defiende que, para luchar contra las acciones de potencias enemigas que tratan de perjudicar nuestros intereses o para hacer frente al terrorismo, se deben usar estos mecanismos. Amparándose en ese planteamiento moral, los agentes que trabajan en el Cesid y sus dirigentes políticos justifican muchas de sus actuaciones. Guiados, sin duda, por este principio, el servicio secreto elaboró un documento, posteriormente conocido como «acta fundacional de los GAL», que sirvió para que dirigentes políticos del Ministerio del Interior montaran una estructura destinada a la realización de secuestros y asesinatos. Porque ellos, en ese momento, estaban convencidos de que servían a los intereses del pueblo, sin que el pueblo lo supiera.

Esa idea de servir al pueblo —sin contar con su aquiescencia, porque deben pensar que no está preparado para asumir su propia seguridad— es lo que les lleva a utilizar métodos ilegales en una gran parte de sus actuaciones operativas diarias. Lo grave no es que se coloque un micrófono en la embajada de Libia para hacer frente al terrorismo islámico, algo de lo que pueden convencernos con cierta facilidad, sino el uso indiscriminado de estas técnicas sin un control político, parlamentario y judicial.⁴

La limitada responsabilidad de los agentes

Muchas veces equivocadamente se atribuye a los agentes del Cesid responsabilidades exclusivas sobre determinados excesos operativos cuando no hay que olvidar que “1B” lo controla todo y sin su autorización no se hace nada. En el caso del actual “1B”, Javier Calderón, su antigua experiencia en el servicio y sus continuos intentos de recuperar el poder durante la etapa socialista le permitieron adoptar, nada más aterrizar en su despacho, una serie de medidas sumamente inteligentes con el fin de dar unos golpes de impacto que dejaran claro a los mil ochocientos miembros del Cesid que todo iba a seguir funcionando igual y que nadie iba a ser perseguido por los «excesos cometidos en etapas pasadas».

Hubo dos medidas diestramente aplicadas y sobradamente clarificadoras. La primera era la respuesta al mayor problema judicial y, sobre todo, de imagen externa del Cesid con que se encontró «Colodrón», antiguo alias operativo de Calderón: la «Operación Mengele». Un grupo de agentes especiales, seleccionados entre los mejores de «KA» (el Departamento de Acción Operativa), había secuestrado a tres mendigos para someterles a unas pruebas con sedantes, como prueba para el posterior secuestro de un dirigente etarra. Fue un exceso imperdonable de Manglano, sin que me atreva a entrar en el hecho, no demostrado todavía, de que alguno de los indigentes muriera o no, lo que sin duda agravaría su supuesto delito. Ese tipo de acciones, típicas desgraciadamente de un servicio secreto (la CIA cuenta en su haber con operaciones similares), generan el rechazo popular y contribuyen a crear la imagen de servicio peligroso y descontrolado. Calderón sabía que debía proteger a los agentes que participaron en aquella operación y que en su mayoría seguían trabajando en la sede central de la carretera de La Coruña, en Madrid. Los miembros del Departamento de Acción Operativa (DAO)⁵, los «James Bond» españoles, podían negarse en su conjunto a hacer cualquier operación si el manto de inmunidad (que les permite hacer cualquier cosa con la certeza de que no serán perseguidos judicialmente por ello) no se restablecía inmediatamente. El golpe fue genial. Calderón englobó el DAO dentro de una división todavía más poderosa, para la que nombró como jefe a Antonio Lago Palomeque, libre de toda sospecha, y designó el mando directo del Departamento a Ignacio Estévez, uno de los integrantes del Ala 25, que realizó la «Operación Mengele». Ni el propio Ignacio, recien llegado de la «antena» en Cuba (donde, por cierto, realizó un estupendo trabajo no sólo de inteligencia, sino también diplomático) se lo podía creer. El DAO recuperó inmediatamente su vieja confianza y su inmunidad: Calderón se había cargado la investigación judicial y tenía a sus pies a la unidad de élite.⁶

El segundo golpe de efecto de “1B” fue dirigido a solventar el otro problema judicial del Cesid: su vinculación con los GAL. También aquí necesitaba dar un golpe de efecto de cara a ganarse la confianza de sus hombres. Nuevamente lo consiguió. Para ello recurrió a otro sorprendente nombramiento: designó jefe de Antiterrorismo a Agustín Cassinello, el hijo del teniente general Andrés Cassinello, destacado mando de la Guardia Civil al que se implicó en la guerra sucia. Lo de sorprendente tenía que ver además con que Agustín siempre había trabajado en la División de Inteligencia Exterior, ocupando puestos importantes en Bosnia y Egipto, pero su conocimiento del entramado terrorista era bastante flojo. Ponerlo al frente de la lucha contra ETA tuvo un impacto tremendo en el interior de La Casa.⁷

Fueron dos truenos que consiguieron garantizar que el Cesid seguiría funcionando con el Partido Popular como en la época socialista. Y no me refiero a su probada eficacia, sino a la libertad de actuación operativa que aparece consagrada en su «Manual de Inteligencia»: «Agente es la persona especialmente adiestrada para realizar actividades secretas, legales o no, en beneficio y bajo la dirección de un Servicio de Inteligencia al que puede pertenecer o no. Normalmente recibe contraprestación económica.»

Métodos ilegales permanentemente

Numerosos acontecimientos de la historia de los servicios de inteligencia españoles respaldan la tesis de que, esté quien esté al mando, siempre se utilizan métodos ilegales para obtener la información. Veamos algunos de ellos. Juan María Castro Tero, antiguo agente del Seced (central de espionaje que montó en época de Franco el almirante Carrero Blanco y que fue una de las patas en que se levantó La Casa) ha reconocido que «en el Seced hice cosas que no me gustó hacer, y que ahora no me gusta recordar». Pero explica lo que le hizo reventar:

«La gota que rebasa mi vaso es cuando un prestigioso militar me encarga que ponga unas bombitas en el sur de Francia. Era un preludio del “ir, pegar y volver” que luego recomendaría Rodríguez Galindo a sus guardias civiles de Intxaurrondo. Sin matar a nadie, me subrayaba mi jefe, pero causando destrozos en postes de telégrafos, en vías de trenes, en buzones de correos, junto a los escaparates de algunas tiendas, etc. Sin muertes, sin víctimas, pero sembrando incordio en la calle e inquietud en el Gobierno francés, “¡a ver si reaccionan de una vez!” Me encaré a ese jefe, mi jefe, y le dije: “Yo no voy a hacer eso que me pide. No se preocupe: esto queda entre ustedes y yo. Pero... yo me voy.”»⁸

Años después, con una democracia todavía joven e inmadura, tuvo lugar el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. La participación del Cesid fue clara no sólo por la condena recibida por el capitán Vicente Gómez Iglesias, sino por todos los datos que apuntaban al jefe de la Agrupación Operativa, el comandante José Luis Cortina, aunque posteriormente resultó absuelto. Pero también por el testimonio que prestó el agente del Cesid Juan Rando Parra, que testificó que un vehículo ligero conducido por el agente Monje (siguiendo órdenes del capitán García Almenta, número dos de Cortina) guió hasta el Congreso de los Diputados al autobús de los guardias civiles que dieron el golpe. También porque el entonces secretario general, Javier Calderón, paralizó todo lo que pudo la investigación interna. Y por otros motivos que sería interminable explicar, sin mencionar los tres intentos de acabar con la vida del agente Rando cuando se negó a cerrar la boca y ocultar lo que sabía, según el consejo de algunos de sus superiores. No cabe duda de que el Cesid participó en el golpe, aunque haya dudas sobre el fin que se perseguía.⁹

La Casa no es el único servicio de inteligencia mundial al que se ha vinculado con movimientos radicales. En Italia, por poner un ejemplo, se ha relacionado varios veces a su servicio secreto con turbias maniobras llevadas a cabo por la extrema derecha. En 1964 se descubrió en el país de la bota un intento de golpe organizado desde el espionaje, y en los años ochenta se produjo otro escándalo al descubrirse la vinculación de importantes agentes con la logia masónica P-2 de Licio Gelli.

Y es que los métodos ilegales son algo permanente entre los espías del mundo entero. En 1985, el Gobierno francés estaba harto de que los ecologistas de Greenpeace le estuvieran tocando las narices con todo tipo de reivindicaciones. En aquellas fechas, su barco Rainbow Warrior estaba en aguas de Nueva Zelanda intentando evitar un vertido de residuos nucleares que iba a hacer el Gobierno galo. La orden que recibió el servicio secreto francés fue acabar con la situación. ¡Y vaya si lo hizo! Les puso una bomba, con tan mala suerte que le costó la vida al fotógrafo Fernando Pereira. Lo que son las cosas: cuando Chirac indultó a los dos militares que fueron encarcelados, la opinión pública recibió la decisión con alborozo.

El Servicio Federal de Información alemán (BND) montó una operación en 1996 que terminó con el encarcelamiento de dos españoles. Oficialmente se pretendía dar un toque de atención a la opinión pública para avisar del peligro que el tráfico de plutonio procedente de la extinta Unión Soviética podría suponer para todo el mundo. Y lo hicieron: montaron una operación en la que simularon la venta de ese material. Mintieron, manipularon y todo habría salido según sus planes si no se hubiera descubierto su mano negra detrás de la acción encubierta.

Aunque se conocen otros lances internacionales, como la guerra sucia utilizada por los servicios secretos ingleses para intentar acabar con el IRA a mediados de los ochenta, hay un caso especialmente llamativo. François Mitterrand se creó su propio servicio secreto en el Elíseo, protegido de cualquier mirada curiosa, para espiar las llamadas telefónicas de más de mil personas con los únicos fines de evitar que los franceses descubrieran la existencia de su hija Mazarine (resultado de su relación con Anne Pingeot) y del cáncer que padecía.

Philip Agee, un agente de la CIA que abandonó su trabajo decepcionado por las sórdidas misiones que le encargaban, narra en uno de sus libros alguna de sus «peripecias»:

«En Ecuador, el Gobierno elegido en 1960 se negó a romper las relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba (nuestro principal objetivo en aquella época) y, por eso, dimos dinero e instrucciones a la oposición política conservadora para que sembrara el caos y, de esa forma, provocara una intervención militar. El presidente fue derrocado y el vicepresidente ocupó su puesto. También él se negó a romper las relaciones con Cuba, en vista de lo cual ampliamos e intensificamos las provocaciones. Por último, bajo la presión de los militares, rompió con Cuba. Pero su política tolerante en relación con lo que nosotros considerábamos una creciente amenaza de la izquierda resultaba inaceptable. Mantuvimos las presiones políticas y las provocaciones. Queríamos una represión sin paliativos de nuestros “enemigos”. La obtuvimos cuando, en otro golpe, el presidente fue derribado por otra junta militar. Detuvieron a cientos de personas, a menudo merced a informaciones facilitadas por nosotros, y muchas de ellas tuvieron que partir hacia el exilio.»¹⁰

El problema que se suscita en España, en los países citados de Occidente y en el resto de las democracias de nuestro entorno es que los servicios secretos necesitan un manto que impida a políticos de la oposición, jueces, periodistas y ciudadanos en general el conocimiento de este tipo de actividades ilegales. Para ello, nada más fácil que parapetarse detrás de la casi siempre invulnerable ley de secretos oficiales.

Cualquier país debe disponer de una ley de este tipo para garantizar la soberanía nacional y proteger a organismos como el Cesid de las miradas perniciosas que tratan de acabar con ellos. Pero jamás puede servir para ocultar la comisión de delitos, como si de un airbag se tratara, que siempre aparece una milésima de segundo después de que se produzca el choque para evitar cualquier tipo de percance al conductor.

Decir, tras ser pillados infraganti saltándose las leyes, que nada se puede decir sobre el tema porque es secreto de Estado es precisamento eso, una utilización del airbag distinta de aquella para la que ha sido concebido.

El Gobierno, y en particular su ministro de Defensa, siempre salen de oficio en defensa de las actuaciones del Cesid, sosteniendo en cualquier caso que no se ha hecho nada ilegal. Lo que sucede es que con frecuencia no desmienten la realización de las operaciones ilegales, sino que se limitan a negar que exista constancia de ellas. Parece ridículo, pero así es. Por ejemplo, cuando el ministro de Defensa, Eduardo Serra, dijo que del resultado de la investigaciones del propio Cesid sobre el secuestro de personas («Operación Mengele») «se concluyó la ausencia total de constancia de que, en el pasado, se hubieran producido los citados acontecimientos u otros de naturaleza similar»¹¹. Ben Bradlee, director del Washington Post durante la investigación del Watergate, solía decir, cuando le desmentían informaciones al estilo de Eduardo Serra, que eran negaciones que no negaban. Porque Serra no niega que existiera la «Operación Mengele», sólo que no hay «constancia» de ella en los archivos del Cesid. ¡Sólo faltaría eso! Los espías pueden ser muchas cosas, pero no tontos.

Igualmente, Eduardo Serra defendió en el Parlamento, con un lenguaje similar, lo que él considera la actuación legal del espionaje señalando que «las actividades del Centro están sujetas... al imperio de la ley y, en cualquier caso, existe una serie de mecanismos de control interno sobre su personal». Es cierto que el Gobierno aprueba las misiones que el Cesid debe cumplir. Ahora bien, en ningún papel figuró escrito que el Gobierno socialista encargara a La Casa la realización de informes sobre la guerra sucia contra ETA, y hay constancia de que se hicieron. Tampoco que se entrara en las empresas de Perote para saber a qué actividades se dedicaba, y hay constancia de que se hizo. Si reconocemos estos excesos y otros muchos demostrados durante los últimos años, estaremos de acuerdo en que existen mecanismos nada complicados para saltarse habitualmente lo que Serra denomina «el imperio de la ley».

Sobre lo que dice Serra de «mecanismo de control interno sobre su personal», el diputado de Izquierda Unida Willy Meyer le respondió claramente: «Mientras no estén homologados los servicios de inteligencia, las investigaciones que puedan realizar ellos mismos sobre ellos mismos las vamos a poner en cuarentena.»¹²

Porque el principal problema que emerge no radica en la capacidad de RA de investigar a sus agentes; ni siquiera en la habilidad del Gobierno para controlar a RA. El riesgo más grave es que la esencia misma de un servicio secreto es la utilización de cualquier método, del que sea, legal o no, para cumplir sus fines. Como ha quedado demostrado sobradamente con la investigación que ejecutó sobre Perote, el Cesid utiliza los métodos que le son propios para conseguir sus objetivos, y esos métodos que le son propios no están permitidos por la ley y no lo podrán estar nunca.

Para entender los problemas que padecen en España los espías es imprescindible partir del siguiente principio: un servicio secreto se fundamenta en la obtención de información por métodos especiales, la mayor parte de ellos fuera de la ley, porque para trabajar dentro del marco constitucional ya están la Guardia Civil y la Policía.

El socialista Luis Solana lo tiene muy claro:

«Todas, absolutamente todas las instituciones de este tipo cruzan alguna vez la línea que marca la legalidad. Se sabe, se castiga, pero nunca se corrige. Me explico: se acepta que estos servicios trabajan así; si se prueba que alguien de esos servicios hizo algo ilegal, se le castiga legalmente, pero no se monta un escándalo cínico sobre algo que todo el mundo sabe que tiene que ser así.»¹³

Evidentemente, otra cuestión distinta es la valoración moral de esos medios. A principios de 1995, una compañera me narraba el caso de un ex agente del Cesid que le había contado confidencialmente que había tenido que matar por razones de Estado. Espero que fueran dos copas lo que hizo que le brotara al ex agente ese pensamiento, pero si fuera cierto sólo podría decir que no existe en el mundo una razón de Estado que pueda justificar el asesinato de una persona. Ni tampoco puede existir una justificación personal para cumplir una orden como ésa. El militar Castro Tero dijo «no» cuando le propusieron colocar bombas en el sur de Francia, y siempre se puede decir «no».

Por esas mismas fechas, durante un almuerzo con testigo presencial, otro agente me comentó que había escuchado a un destacado cargo del Cesid proponerle al entonces director Emilio Alonso Manglano la posibilidad de acabar con la vida de una persona que estaba dando demasiado problemas. «Manglano respondió con un no rotundo, porque es un hombre creyente y no acepta esas cosas.»

De lo que no cabe duda es de que el Gobierno sabe que su servicio secreto es útil porque utiliza esos métodos indebidos que los demás cuerpos de seguridad no pueden sacarse de la manga. Si no lo sabe todo el Gobierno, al menos están enterados el presidente, José María Aznar, el vicepresidente, Francisco Álvarez Cascos, y el ministro de Defensa, Eduardo Serra. Puede que desconozcan los detalles —o que no quieran saberlos—, pero es un comportamiento que no les preocupa. El quid de la cuestión, una vez constatado el permanente uso de esos métodos ilegales, es si se utilizan con fines de Estado o con intereses bastardos. Para ello es importante que los jefes tengan claro cuáles misiones pueden realizar y cuáles no. Y la primera persona y la que más directamente controla ese poder sin límite es 1B, su jefe directo y el único que conoce no sólo el resultado de sus investigaciones, sino la forma en que se ejecutan.

__________

1   Pedro Páramo, director de la revista Tiempo publicó el 8 de diciembre de 1997 la primera entrevista que concedió Javier Calderón y que fue titulada en portada con la leyenda «El guardián de los secretos». Jamás antes un jefe de un servicio secreto español había concedido declaraciones a un medio escrito, si bien Emilio Alonso Manglano había hablado largamente en la Cadena Ser. Las tres preguntas no se pueden leer en el original una detrás de otra, sin que han sido entresacadas por el autor.

2   El 14 de mayo de 1998, el diario ABC publicó una carta de Javier Calderón en la que respondía a un artículo publicado dos días antes por Darío Valcárcel, titulado «La división del Cesid».

3   Esta exclusiva de Belloch, una de las muchas conseguidas en los últimos años, fue publicada en Tiempo.

4   De todo lo relativo a estos controles se habla en el capítulo cuatro

5   El DAO es el Departamento de Acción Operativa del Cesid. Está integrado por más de trescientos hombres y mujeres y realizan cualquier misión que requiera una preparación técnica especial y unos métodos especializados. Para más información, véase KA: licencia para matar, de Fernando Rueda y Elena Pradas. Ediciones Temas de Hoy, Madrid, 1997.

6   Dos años después del nombramiento de Ignacio Estévez, cuando el DAO había recuperado plenamente su operatividad, Calderón le trasladó de puesto para intentar frenar las denuncias que formulamos desde diversos medios de comunicación

7   Con Agustín Cassinello pasó lo mismo que con Ignacio Estévez. Cuando Calderón había sacado todo el provecho necesario a su nombramiento le trasladó de puesto en un intento de trasmitir la imagen de que estaba apartando a la gente vinculada a los trapos sucios de la etapa de Manglano

8   Esta cita pertenece al libro de Pilar Urbano Yo entré en el Cesid, editado por Plaza y Janés. Aunque la autora dedica bastantes comentarios en su libro a intentar desmentir afirmaciones que Elena Pradas y yo hacíamos en KA: licencia para matar, sin citarnos ni una sola vez para ocultar a sus lectores su verdadera intención, hay que reconocer que algunos de los testimonios que ofrece son de gran valía. Por algo la dirección del Cesid la ayudó a hacer su libro. ¡Ah!, como «agradecimiento» a algunos que la ayudaron señala a Andrés Cassinello, padre del actual agente Agustín Cassinello, como el culpable de ordenar colocar las bombas a Castro Tero.

9   Sobre el 23-F escribió sus desahogos postreros Ricardo Pardo Zancada en un libro llamado La pieza que falta, editado por Plaza y Janés. En su manuscrito intenta nuevamente implicar al Rey para justificar los injustificable. No obstante, me siento orgulloso de vivir en un régimen que permite que Pardo escriba lo que le dé la gana, aunque si hubiera triunfado su golpe de Estado yo jamás habría podido publicar ninguno de mis libros.

10   Philip Agee, Acoso y fuga: con la CIA en los talones, Plaza y Janés, Barcelona, 1988.

11   Intervención del ministro de Defensa, Eduardo Serra, el 7 de octubre de 1997, ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados.

12   Willy Meyer, portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, en la misma intervención reseñada anteriormente del ministro de Defensa.

13   Luis Solana, «Cesid y cinismo», El Mundo, 7 de abril de 1998.

Capítulo 2:
El tenderete de 1B

EL DIRECTOR DIRIGE LIBREMENTE EL SERVICIO SECRETO COMO UN ENTE AUTÓNOMO, Y NO INFORMA DE TODO LO QUE DEBERÍA A SUS SUPERIORES. EJERCE UNA TREMENDA PRESIÓN SOBRE SUS AGENTES CON EL FIN DE QUE CUMPLAN TODO LO QUE LES ORDENA.

«Sentíamos que se permitía casi todo, mientras de ese modo se sirviese a la causa... Sólo cuando nuestros planes amenazaban tener consecuencias en las esferas políticas informaba a mis superiores.»

(Markus Wolff, antiguo jefe de los servicios secretos de la Alemania oriental, en su libro El hombre sin rostro.)

No puedo recordar todas las ocasiones en que había escuchado articular esa frase a oficiales de inteligencia cuando la leí escrita por Wolff, el gran maestro del espionaje y uno de los mejores conocedores de los vericuetos de ese mundo, que durante tantos años aterrorizó a Occidente dirigiendo las acciones desasosegantes e insospechables de la temible Stasi. Agentes y ex agentes de servicios de información, tanto españoles como extranjeros, me han repetido la misma idea de «alta misión», «trabajo por la patria», «entrega por unos valores» o expresiones similares para explicar, tal vez justificar, las partes más lúgubres de su trabajo clandestino. Todos —mejor dicho, casi todos— eran sinceros. Sólo querían hacerme entender que la defensa de los ideales democráticos, el mantenimiento de la paz y la libertad individual exigían métodos «atípicos».

«No seas inocente, todos los países del mundo necesitan unos guardianes sin escrúpulos que les protejan frente a enemigos poderosos», me decía un agente, hace años, convencido de que seguía en el Cesid por amor a la patria. Yo les creo a él y a la mayor parte de los hombres y mujeres que sienten que están ahí, en ese «negocio», únicamente por un ideal de servicio. Pero también creo, como ellos y otros agentes me han manifestado, que amparándose en «la Causa», que diría Wolff, se cometen muchos excesos que nada tienen que ver con la patria y sí con el interés personal de unos pocos, que siempre son muy influyentes.

Pilar Urbano escribe en su libro sobre el Cesid lo que le contó un ex espía:

«El mínimo derecho de un agente, por respeto a su dignidad humana, es saber que está trabajando en algo quizá ilegal, pero no inmoral; que con tal actividad está sirviendo a los intereses legítimos del Estado, no de un gobernante, no de un grupo político o económico.»¹

La pregunta del millón es la siguiente: ¿cuál es el poder real del director? Aunque parezca atrevido afirmarlo, se puede decir que ejerce un control casi absoluto sobre la información más sensible del Estado, aunque oficialmente los gobernantes esgriman una serie de limitaciones.

Analicemos estas limitaciones. La primera y más importante es que los objetivos que debe cumplir el Cesid (aquellas decenas de misiones globales, aprobadas anualmente, destinadas a facilitar información de especial relevancia a las autoridades del Estado en temas como la conveniencia de conceder un crédito multimillonario a Marruecos o la detección de ataques ilegítimos al sistema económico en el parqué de nuestras bolsas), los marca el Gobierno, que es quien mejor conoce cuáles son sus propias necesidades de información. Sin embargo, en los veinte años de historia del servicio secreto nunca ha sido así, aunque pueda parecer alucinante.

Año tras año, es el propio Cesid el que le cuenta al Gobierno los temas que va a investigar. Los analistas (nivel bastante inferior en la cadena de mando, por debajo del director, del secretario general, del jefe de división, del jefe de departamento y del jefe de área) de cada una de las cuatro divisiones de La Casa (Inteligencia Exterior, Contrainteligencia, Economía y Tecnología e Inteligencia Interior) enumeran los temas que pueden ser más importantes en sus áreas de trabajo. Incluso, amparándose en su alta especialización, llegan a proponer los objetivos particulares en cada asunto. Después se los pasan a sus jefes, que juntan las propuestas de todos ellos, seleccionan las que consideran más oportunas y hacen un informe global sobre los objetivos en terrorismo, Hispanoamérica o cualquier otra área, en lo que técnicamente denominan «Núcleo Básico de Información». Posteriormente pasan estos objetivos al Gabinete del Director, que agrupa los de todas las divisiones para crear un nuevo documento, el llamado «Elemento Esencial de Información». Este expediente se lo entrega el director al Gobierno, que lo rubrica convirtiéndolo en el Plan Permanente de Información sin cambiar una sola coma.

En contra de la lógica política, la realidad, no lo que se nos cuenta, es que el director del Cesid goza del poder de establecer cuáles son los asuntos importantes para España y sobre los que sus hombres van a investigar. Y el Gobierno se limita a dar su visto bueno. Lo hizo Adolfo Suárez, lo hizo Leopoldo Calvo-Sotelo, lo hizo Felipe González y lo hace José María Aznar.

Es muy preocupante que el servicio secreto, en definitiva un organismo más del Estado, decida qué materias va a investigar, porque ello ataca las mismas bases de la democracia. Que se sienten los técnicos del Ministerio de Asuntos Exteriores y determinen qué tipo de información necesitan y de qué países para garantizar la acción exterior española. Que se sienten los técnicos del Ministerio del Interior y les digan a los espías en qué áreas de combate contra el terrorismo o la involución requieren su apoyo. Que se sienten los técnicos del Ministerio de Economía y los del Ministerio de Defensa, incluso si procede los de Agricultura o de cualquier otro ministerio, y les cuenten sus necesidades más acuciantes de información. Todas ellas, unidas por Presidencia del Gobierno y sumadas a las propuestas del propio Cesid, constituirían el verdadero Plan Permanente de Información en una democracia. La opinión del Cesid deberá ser tenida en cuenta, y mucho, pero sólo eso, porque los intereses de la política española sólo los puede marcar el Gobierno. En caso contrario (en el que estamos), nos encontramos con que los espías informan de lo que a ellos les da la gana, porque según su criterio particular es lo importante. Y no se trata de eso.

Esta libertad de acción de La Casa genera otro grave inconveniente, que se produce con demasiada frecuencia: la mayor parte de sus informes no sirven para nada o aportan muy poco, según acreditan muchos de sus receptores.

«Antes de salir del despacho —me contó un día el que fuera ministro de Defensa Julián García Vargas—, guardo todos los informes que me ha mandado el Cesid y me los llevo a casa. Cuando llego, veo los telediarios y luego tiro los informes, porque viéndolos ya me he enterado de todo lo que me contaban.»

Más agrio todavía fue el canciller alemán Helmut Schmidt cuando le dijo a Michael Kohl, embajador de la República Democrática Alemana en Bonn, que «gastar dinero en espiar es innecesario y sólo se consigue que los servicios de inteligencia se sientan tan importantes como para atreverse a defender sus presupuestos y a mantener el nivel de personal adecuado».

Este mecanismo de funcionamiento no sólo arroga a 1B el poder para decidir qué materias son importantes y cuáles no, sino que genera una segunda perversión del sistema: la posibilidad de no informar a las altas personalidades interesadas en obtener esa información y que podrían beneficiarse de ella para adoptar decisiones importantes con argumentos de mayor peso. Porque el destino de la información elaborada la controla 1B, que es quien decide el rumbo que sigue fuera de la sede del Cesid. Una información sobre Cuba puede dársela al presidente del Gobierno, pero no al ministro de Asuntos Exteriores, o puede no enviar al Ministerio del Interior datos trascendentales para la desarticulación de un grupo de extrema derecha. Esto, tristemente, se hace en España y en todo el mundo, como ratifica Markus Wolff: «Los resultados del trabajo de mis colegas directos y encubiertos se dejaban sobre un número muy limitado de escritorios, elegidos principalmente según el capricho de Mielke [su jefe].»

A los miembros del Gobierno con los que despacha es posible que RA les haya contado que en La Casa hay «actividades permanentes», que son aquellas que tienen un seguimiento a lo largo de los años porque son temas esenciales para la seguridad de España, por ejemplo Marruecos, los sectores estratégicos y la proliferación de armas. También les informa de que hay una actividad permanente que es el narcotráfico, pero lo hace con suma discreción, porque el Cesid no tiene legalmente competencia para ello.

Hasta este momento hemos estado hablando de las misiones que figuran recogidas con el sello de «secreto» en el Plan Permanente de Información. Ahora bien, no aparecen en ese Plan, ni en ninguna ley, actividades permanentes referidas a particulares o a partidos políticos legales, simplemente porque están prohibidas. Pero aquí es donde adquieren vida propia los asuntos turbios, a veces ideados por el propio Gobierno y a veces diseñados por el director, lo que en la mayor parte de los casos es difícil de discernir. Pero, si no puede haber actividades permanentes referidas a personas, ¿cómo se puede calificar el control que Emilio Alonso Manglano ordenó sobre Mario Conde y la obtención, por medios nada fáciles, de documentación privada sobre su persona, como la referida a sus propiedades o a su declaración de la renta?

Si nos atenemos, como debe ser, a la legalidad vigente, la misma crítica se podría formular respecto de la actividad permanente sobre Herri Batasuna. Nadie en este país duda de que sus miembros son el brazo político de ETA, pero la legislación prohíbe al Cesid investigar a un partido legal y ellos lo son. Claro que, para justificarse, los responsables de La Casa dan un rodeo y hablan de los movimientos sociales de apoyo a ETA, de los cuales el más representativo es HB. Se podrá pensar, y muchos españoles así lo hacen, que el pinchazo que se hizo en 1992 en el despacho del abogado Txema Montero o el intento de buscar documentación en el coche del miembro de la Mesa Nacional José María Olarra se explican como medios para evitar atentados. Sin duda tienen razón quienes así piensan, pero lo que debería hacer el Gobierno, si lo cree conveniente, es legalizar todas esas actuaciones de los espías o, en caso contrario, impedir que las hagan.

Otro de los hechos que arroga al director de La Casa un poder impresionante es la posibilidad de disponer de miles de millones de pesetas para gastos reservados, de los que no tiene que dar justificación absolutamente a nadie: fondos utilizados de manera principal para comprar voluntades, facilitar operaciones especialmente complicadas y pagar colaboradores. Pero estos fondos capacitan también una acción indiscriminada para invertir en cualquier asunto ilegal, como el pago del «Informe Crillon» sobre Mario Conde. Por desgracia, ni siquiera un juez puede tener acceso al control de tales fondos.

Luces y sombras de tres directores

Desde la llegada del primer Gobierno socialista al poder en 1982, los tres RA —1B desde la llegada de Calderón— han ejercido sus plenos poderes de una forma muy personal. Emilio Alonso Manglano aterrizó convencido de tener que afrontar una misión apasionante, sin duda un alto servicio para su patria: convertir La Casa en un servicio que respaldara y protegiera a la naciente democracia acosada por el terrorismo y el golpismo. Al principio lo hizo brillantemente, con inteligencia y discreción, designando para cada puesto a los profesionales que, a su juicio, mejor acometerían la tarea en el campo exterior, en el interior o en el control de sospechosos. En él encontraron Narcís Serra como ministro de Defensa y Felipe González como presidente del Gobierno a la persona que fielmente, durante veinticuatro horas al día, luchó con tenacidad para acabar con las lacras que amenazaban con dilapidar nuestras libertades recién conseguidas.

Su apertura al exterior, montando redes de agentes en decenas de países a mediados de la década de los ochenta, supuso la reconversión definitiva del Cesid en lo que es hoy, el principal servicio secreto del Estado, el que realiza las misiones más importantes para la seguridad de España.

Pero unos años después la situación dio un giro gravísimo y las tinieblas reemplazaron al sol. Manglano se olvidó de que el Cesid estaba al servicio del Estado y comenzó a aceptar encargos de sus jefes políticos que poco o nada tenían que ver con los fines que debería guiar la labor de un servicio secreto. Paralelamente, y esto es si cabe todavía más preocupante, el propio Manglano comenzó a utilizar a sus hombres no como servidores del Estado, sino como detectives de una agencia particular. Si no hubiera sido así, no tendría explicación el hecho de que ordenara a sus agentes investigar la vida pública y privada del empresario Enrique Ballester, la persona que tenía en mente Felipe González para sustituirle. Y claro, cuando digo «investigar» ya he explicado en el capítulo anterior a qué tipo de acciones me refiero.

La lista de operaciones de esta «agencia de detectives» incluyó el espionaje a Sabino Fernández Campo cuando era secretario general de la Casa del Rey, el control de las actividades de los mandatarios de la ONCE (Organización Naciónal de Ciegos Españoles), la persecución de diversas personalidades de partidos como CiU, de Jordi Pujol, o el seguimiento y grabación de algunos prohombres homosexuales.

Como dice en sus memorias Alexandre de Marenches, el que fuera director del servicio secreto francés, la DGSE, que entonces se llamaba SDECE:

«Si es usted jefe de los Servicios Especiales, con muchos poderes y medios considerables, como yo, no tendrá usted fronteras. Usted tiene tropas de choque a su disposición, falsas documentaciones, fondos especiales, etc. Si no tiene usted una disciplina personal absoluta, ¿por qué no comenzar por suprimir a un político porque no está de acuerdo con lo que dice o eventualmente al propio jefe del Estado? ¡La cosa puede llegar muy lejos! Puede usted llegar a ser jefe de la Gestapo, Himmler, Beria...»²

La misión del Cesid, y de su director, según opina un sector del espionaje al que yo denomino «los integristas», consiste en velar por la seguridad del Estado, que para ellos está por encima del Rey, el Gobierno y cualquiera de los españoles. Según ellos, todo vale para asegurar la supervivencia de ese Estado, porque todo lo que se hace es precisamente por el bien de todos.

Otro sector, «los liberales», son partidarios de todo lo contrario. Uno de los que mejor les interpreta es el general Alberto Piris:

«El Cesid es una de las transiciones inacabadas que arrastramos todavía. Como primera medida, debería desmilitarizarse, porque arrastra residuos del pasado, de cuando era un servicio de aquellos militares que decían lo que era y lo que no era la patria. Ahora es el pueblo el que establece qué es la patria [...] hay hábitos que se arrastran desde Carrero Blanco, cuando se vigilaba a obreros, curas y periodistas.»³

En la etapa de Alonso Manglano, 1B (entonces llamado RA) se convirtió en uno de los hombres más poderosos de España y, lo que fue peor, en uno de los más temidos. Nadie sabía lo que se cocía en el complejo que el Cesid se había montado en las afueras de Madrid. El hecho era que con cierta periodicidad aparecían en los medios de comunicación denuncias sobre espionajes a personalidades que no tenían absolutamente nada que ver con actividades subversivas o terroristas, como también fue el caso de Gregorio Peces-Barba, presidente del Congreso.

En muchas ocasiones, la iniciativa partía del propio 1B, ansioso de dar al Gobierno una información tan valiosa que no se sintiera capaz de prescindir de él. Ángel Maestro, uno de los más prestigiosos espiólogos españoles, explica que Manglano «sí supo conservar el puesto con los socialistas y hasta hacerse el imprescindible al venderles la idea de una involución, inexistente, con la que les facilitó la consecución de la actual situación militar, en la que no existe el militar ni lo militar. Su recompensa la ha tenido en esa carrera militar (llegó hasta teniente general), en modo alguno acorde con los méritos militares que tiene, y en el crecimiento del Cesid hasta unos extremos que agravan lo que ahora se sabe ha sido su mediocre y partidista actuación».⁴

También estaba el hecho, todavía más preocupante, de que el contenido de muchas de estas investigaciones ni siquiera era conocido por el Gobierno. Ahora, estas investigaciones permanecen «dormidas» en el archivo «Jano» del Cesid. Desde la época de Franco se ha seguido esta costumbre: disponer de un amplio dosier del mayor número de personalidades públicas y privadas, consolidadas o emergentes, que contuviera las dos facetas de su vida: la pública y la privada. Si algún día es necesario, se dispone de cada detalle de la vida de esa persona.

Martín Prieto, que conoce en sus propias carnes las consecuencias del espionaje de Manglano (y posteriormente las de Calderón), escribió en una de sus columnas:

«El departamento de contraespionaje de Manglano, caído el muro de Berlín, es una comidilla de rumores y chismes de alcoba recogidos en las recepciones diplomáticas, antes dignos de servir de pasto a la prensa del corazón que de abrevadero informativo del Estado [...] la división de Interior ha crecido como un cáncer y bien podríamos decir que Manglano se ha puesto a espiar precisamente a todos los españoles que levantan la cabeza y que no son un peligro para la seguridad nacional, por más que sus andanzas resulten controvertidas [...]. Manglano oculta con sus chanzas que, privado de serios enemigos exteriores, ha convertido su agencia en una gran portería tecnologizada capaz de saber con quién se acuesta cada cual pero inane o silenciosa ante las andanzas de la “roldanesca”. Parece llegada la hora de darle un merecido reposo al general Manglano y ver quién puede transformar ese tenderete chismoso o impune en algo serio que sirva para algo al país y pueda ser controlado por sus representantes. Claro: antes habrá que saber qué hacer con Serra, alias “la cotilla mayor del Reino”.»⁵

En el mismo sentido, Willy Meyer, portavoz de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, expresa su preocupación por el hecho de que el jefe del Cesid utilice los medios más potentes del Estado para sus propios intereses:

«Es posible que lo que esté ocurriendo es que el volumen de dosieres, de información acumulada, de grabaciones, etc., sea de tal envergadura que estos servicios de inteligencia y los anteriores han tenido la habilidad de neutralizar las más altas magistraturas del Estado y sus representantes.»⁶

Para colmo, cuando se convierte el servicio en un tenderete propio, el jefe necesita ser tan perfecto y útil de cara al Gobierno que prefiere ocultarle cualquier información valiosa acerca de sus fallos que pudiera perjudicar la imagen positiva que se tiene de él. Esto es lo que hizo Manglano cuando descubrió que uno de sus hombres de máxima confianza, Juan Perote, había arramplado con un montón de documentación secreta y se la había llevado sin autorización. El deber de Manglano era haber contado al Gobierno que había documentos sensibles incontrolados que afectaban a la seguridad del Estado, avisarle del peligro que eso podía suponer para la estabilidad política del país. Pero no lo hizo. Y no lo hizo porque prefirió salvaguardar su propia imagen, convenciéndose de que Perote jamás haría un uso indebido de la información que había acumulado durante meses. Y por su culpa pasó lo que pasó y el Gobierno de Felipe González fue presa del chantaje de Mario Conde.

El general Félix Miranda, sustituto de Alonso Manglano, no estuvo suficiente tiempo en el puesto como para enterarse de lo que estaba pasando. De su etapa sólo se sabe que muchos de los informes de sus archivos salieron descontroladamente, y meses e incluso años después algunos de ellos terminaron siendo publicados en diversos medios de comunicación, aunque tengo la seguridad de que él no fue quien fotocopió unos e hizo desaparecer otros. Su integridad moral a prueba de bombas le habría impedido traspasar la barrera de la legalidad.

Javier Calderón, actual jefe del Cesid, es como el mago Carrasclás, bondadoso por delante y malvado por detrás. Es capaz de hacer cualquier cosa que considere necesaria para cumplir sus fines. Sea cual sea el encargo que le hagan el presidente Aznar, el vicepresidente Alvarez Cascos o el ministro Eduardo Serra, será raudo en cumplirlo. Pero igualmente, si tiene que tomar la iniciativa y llevar sus propias investigaciones adelante, lo hará sin dudar.

Si el nombramiento de Manglano fue debido a que era uno de los pocos militares a los que conocía personalmente Leopoldo Calvo-Sotelo y de los que se podía fiar, la designación de Calderón fue mucho más enrevesada. Todo el sector «fraguista» del Partido Popular le respaldó para el cargo, vendiendo sus antiguos servicios a la democracia, su ideología conservadora y su lealtad al fundador del partido. Toda esa «mafia» no actúo de un modo altruista, sino con el empeño de colocar a uno del grupo en tan importante puesto.

Según el periodista Darío Valcárcel, con Calderón se siguen preparando dosieres y se continúa sometiendo a muchos españoles a coacción: «Hay agentes que continúan vigilando al ministro Serra, seguido por sus propios servicios. Todo esto es lamentable.» Pero también es muy claro el director de la revista Política Exterior cuando dice:

«Lo que no puede prolongarse es el desorden actual: un Cesid incompetente, en manos de un general septuagenario, que casi siempre se entera a posteriori de las jugadas sucias que le organizan algunos subordinados [...]. José María Aznar asegura que todo es distinto a lo que ocurría en la etapa anterior: todo salvo los servicios de inteligencia, donde, no se sabe por qué, ha prevalecido un vicioso principio de “continuidad del Estado”. Es extraña esa continuidad en lo peor.»⁷

En lo que entraña el término septuagenario referido a Calderón como militar criado en el franquismo, varios dirigentes socialistas han reconocido en privado que ése fue el motivo por el cual no le designaron para sustituir a Emilio Alonso Manglano, aunque su nombre aparecía incluido en todas las quinielas previas al nombramiento realizadas en los medios de comunicación, donde tiene bastantes amigos.

Pedro J. Ramírez mantiene la misma opinión que Valcárcel:

«Es evidente que ni por edad, ni por biografía, ni por temperamento era el hombre para dar la campanada que un gobierno regeneracionista necesitaba en relación a los servicios secretos.»⁸

La excepción: dos directores insumisos

Alexandre de Marenches, el ex jefe del servicio secreto francés, escribió que «no hay treinta y seis políticas. Existe la política de Estado, de Francia, que en mi opinión tiene que aplicar el director general [del SDECE]. Si no se está de acuerdo con esta política, que se diga, y si le quieren forzar la mano, tiene a su disposición el arma última de la dimisión»⁹. Son palabras llenas de integridad personal, amor al servicio y, sobre todo, decencia, mucha decencia.

En la historia del Cesid sólo se conocen dos casos de desobediencia patente de directores a órdenes directas de sus superiores políticos. En ambos casos sus carreras fueron muy breves. El primer director, Luis Bourgón López Dóriga, no era el jefe del espionaje que le hubiera gustado designar al Gobierno de la UCD. Suárez y Gutiérrez Mellado hubieran preferido a Andrés Cassinello, un hombre más hábil, listo y con menos escrúpulos. Pero no era todavía general y en aquellos momentos de la transición democrática no se podían saltar todavía determinadas leyes militares, enfrentándose a la poderosa e influyente cúpula castrense. Bourgón tenía un carácter fuerte y unos principios marcados por un hecho excepcional: fue fusilado durante la Guerra Civil por el bando republicano, pero se olvidaron de rematarle. Así que cuando el ministro de Defensa, Manuel Gutiérrez Mellado, le pidió algo que no encajaba entre sus obligaciones, se negó a cumplirlo.

Sucedió el 4 de enero de 1979, durante el funeral corpore in sepulto por el alma del general de división Constantino Ortín, gobernador militar de Madrid, asesinado por un comando de ETA dirigido por el francés Henri Parot. Al finalizar el acto religioso, un grupo de militares lanzó insultos al Gobierno en general y a Gutiérrez Mellado en particular. El entonces ministro de Defensa le pidió a Bourgón una lista de los profesionales del Ejército implicados en los desórdenes, pero Bourgón se la negó aduciendo que él no estaba para espiar a sus compañeros, como así establecía la legislación vigente en ese momento. No era la primera vez que Bourgón desobedecía. Ya antes se había negado a espiar a los dirigentes comunistas por el mismo motivo de que el Cesid no tenía asignada esa misión.

El otro caso de insumisión, bastante similar por la personalidad estricta del personaje, aunque muy distante en el tiempo y en las circustancias políticas, fue el del general Félix Miranda. Posiblemente ni él mismo llegó a entender nunca los motivos que condujeron a su nombramiento, pero lo acató con disciplina castrense. Eso sí, después de toda una vida cumpliendo a rajatabla los rígidos principios que le habían inculcado en la Academia General Militar de Zaragoza y estando a punto de pasar a la reserva, pudo más su ética que las presiones del ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra. Cuando le pidieron que se negara a entregar al juez Baltasar Garzón ciertos documentos del Cesid relacionados con la guerra sucia de los GAL, su conciencia se sublevó y no quiso ser el responsable de esa decisión. Le pidió al ministro que le diera esa orden por escrito y Suárez Pertierra, que hubiera preferido un jefe de La Casa más dócil, tuvo que hacerlo, aunque muy molesto por la postura de su subordinado. Eso sí, en cuanto pudo se lo quitó de en medio.

Los demás directores tuvieron algunos enfrentamientos de diversa índole, pero no por negarse a obedecer órdenes importantes de sus jefes. Tal vez muchos de los conflictos ocurridos en España en las décadas de 1980 y 1990 se habrían evitado si, cuando los socialistas le pidieron a Emilio Alonso Manglano trabajos que no eran de su competencia o los populares le requirieron cosas similares a Javier Calderón, los jefes del espionaje hubieran costestado como su colega francés Marenches: «Le presento mi dimisión, señor presidente, puesto que no actúo nunca contra mi conciencia.»

Cuando el Gobierno Aznar designó a Calderón para el puesto, sabía que en su hoja de servicios pesaba la sospecha de una actuación «difusa» durante el intento de golpe de Estado del 23-F. Si una situación como ésta se hubiera producido en los Estados Unidos, una comisión del Senado habría examinado el historial del candidato para determinar su competencia y optar entre dejar públicamente limpia su hoja de servicios o vetar su nombramiento. Pero en España es una decisión personal del presidente del Gobierno. Porque su misión no va a ser ejercer una vulgar labor de Gobierno, para la cual el presidente, si lo cree conveniente, puede nombrar al más inútil de sus colaboradores (allá él), sino que va a tener que ejercer una tarea de Estado manejando información ultrasensible. Es verdad que con este sistema a Clinton le echaron atrás tres candidatos y la CIA estuvo demasiado tiempo sin director, pero ese riesgo siempre es mejor que poner la seguridad del Estado y de sus ciudadanos en manos de una persona sobre la que recae cualquier tipo de sospecha que, a lo peor, puede ser cierta.¹⁰

A los candidatos veinteañeros que aspiran a conseguir una plaza de simples analistas en el Cesid no sólo se les somete a los habituales exámenes de cultura general, idiomas o pruebas psicotécnicas, sino que, además, durante semanas se viola su intimidad —sin que lo sepan— buscando en sus vidas el más mínimo resquicio de mancha que les pueda tachar de la lista de admitidos. Tienen que ser personas equilibradas, inteligentes y sensibles, pero sobre todo deben tener la idea de servicio en el sentido más altruista de la palabra. Partiendo de estos requisitos y para garantizar su plena lealtad, la División de Seguridad veta el acceso a los jóvenes que beban demasiado, tengan amistades sospechosas o sean promiscuos en el sexo. Si este comportamiento con los nuevos fichajes es generalmente aceptado, no entiendo por qué a la hora de nombrar al director, el cargo más importante y trascendental del organigrama, el que puede manipular y conducir por un camino pernicioso a todo el Centro, ni siquiera se investigan sus conexiones con la ultraderecha y los grupos de presión o su implicación en asuntos turbios; o en aspectos más banales, pero que servirán como ejemplo, aunque evidentemente no es el caso de Calderón: si fuma droga o le gustan los tríos (no en el tute, sino en la cama).

No olvidemos que, con mucha frecuencia, los servicios secretos tienen que montar operaciones que la moral reprueba y la ley prohíbe. Y las tienen que montar porque hay razones de Estado que las justifican. Los agentes que ejecutan estas operaciones se juegan sus normas éticas personales de comportamiento guiados por una idea: mientras todos los españoles estamos en paz, ellos forman parte de un ejército en guerra permanente contra enemigos que sus conciudadanos, la mayor parte de las veces, ni siquiera saben que existen. Estos agentes necesitan pensar que, cada vez que violan la cerradura de una casa o siguen a un desconocido, lo hacen realizando un servicio a España. Si alguna vez descubren que no es así, perderán su fe y se convertirán en vulgares mercenarios. Si esto pasa, el responsable será únicamente el director del Cesid. Por desgracia, casos como el de la «Operación Mengele», en el que un grupo de agentes secuestró a tres mendigos para probar en sus cuerpos un fármaco, hablan de las malas formas de un director, el general Manglano, y de la destrucción de la moral de su gente. Como dice Markus Wolff, «las relaciones en el sistema de espionaje se basan en la confianza absoluta. Una vez que se destruyen los vínculos, los agentes vulnerables temen y el mecanismo de la inteligencia rechina y se detiene»¹¹.

La persona encargada de garantizar a los agentes que no van a sufrir ese tipo de manipulaciones es el 1B Javier Calderón, quien disipó cualquier duda respecto a quién asume esa responsabilidad al afirmar que «en el Cesid manda su director, que soy yo»¹². Una aparente obviedad que algunos de sus colegas a veces rechazan cuando les pillan en misiones ilegales. Es el caso de Wolff, quien defiende ardientemente en sus memorias que nada supo del descarado apoyo de la Alemania comunista a los grupos terroristas de Europa. A estas alturas es escasamente creíble su legítima defensa postrera. Es cierto que un jefe del espionaje como Wolff o Calderón no puede evitar que alguno de sus agentes se comporte infielmente y copie un documento comprometedor para vendérselo a un enemigo del Estado, pero, por contra, no puede decir después que desconocía el contenido de ese documento o de cualquier otro que le incrimine en operaciones piojosas, porque todo lo que pase en el servicio es responsabilidad suya.

Aunque, más que confianza, lo que habitualmente desea un jefe del espionaje es que le teman. Cree que actuar con guante de hierro y transmitir temor dan mejores resultados para sacar el máximo partido de sus agentes y mantener alta la disciplina. Es lo que hizo Javier Calderón nada más ocupar el puesto con el fin de reinstaurar el orden que consideraba perdido entre sus agentes tras la época socialista. Con el pretexto de aplicar el nuevo Estatuto de Personal del Centro consideró no idóneos para el espionaje a veintiocho agentes. Es posible que algunos de ellos fueran manzanas podridas, pero la mayor parte de los despidos correspondían a la aplicación de un pretexto original: el jefe de personal de una empresa privada tiene el derecho de decidir con quién cuenta y con quién no.

Éste es su principio de mando, que se puede resumir gráficamente con la brillante frase de Alfonso Guerra: «El que se mueva, no sale en la foto.» Y lo aplicó tan drásticamente, para que sus casi dos mil agentes se enteraran, que el temor a perder el puesto de trabajo se metió por las venas de sus hombres y mujeres. Si había echado a Diego Camacho y a Juan Rando, dos brillantes agentes con unas hojas de servicio intachables y plagadas de felicitaciones, por el hecho de que le habían llevado la contraria quince años atrás al oponerse valerosamente al intento de golpe de Estado del 23-F, cualquiera podía ver rescindido su contrato por el simple hecho de rechistar a destiempo. Y si había expulsado a Manuel Rey, número uno de su promoción del curso de Inteligencia, que había realizado un brillante trabajo ganándose el afecto profesional y personal de Manglano, dejaba claro no sólo que exigía una adhesión plena, sino que bastaba con que él pensara que alguien no le profesaba una lealtad ciega para que saliera escopetado del Centro.

Órdenes ilegítimas del director

Aunque comprendo las limitaciones que imponía el momento político posterior al intento de golpe de Estado del 23-F y los motivos de la decisión, pienso que fue injusto considerar como eximente durante el consejo de guerra la obediencia debida para los guardias civiles de más baja graduación. Afortunadamente eso se corrigió después en las leyes y ahora, sea cual sea la graduación o el puesto del funcionario, nadie puede alegar en su defensa que hizo un acto ilegal porque se lo ordenaron, ya que le asiste el derecho y la protección judicial a negarse a cumplirlo.

Desde el punto de vista de un sistema democrático, hay que apoyar en este tipo de instituciones las garantías jurídicas necesarias para que un agente se niegue a realizar misiones que violen la ley e incluso para que denuncie ante el juez competente la comisión de un delito. Siendo pragmáticos, es importante tener presente que no es lo mismo colocar un micrófono en la casa de un traficante de armas que en el teléfono de Julio Anguita. Cualquier agente sabe que lo primero puede tener justificación, pero nunca lo segundo, al menos sin orden judicial.

Hablando claro: después de hablar con decenas de agentes puedo afirmar que ninguno de ellos es capaz de desobedecer una orden que le den, y mucho menos un agente operativo. Aquí no se fusila a los soldados que desobeden una orden, como en tiempos de guerra, pero se les expulsa o destituye inmediatamente. La doctrina que se les enseña es que las órdenes se cumplen y no se pregunta sobre si son legales o no. Cuando los miembros de un grupo operativo entraron en el domicilio privado del empresario Enrique Ballester y leyeron la dedicatoria que había en una foto de Felipe González, «A la única persona que nunca me ha pedido nada», pensaron que algo raro estaba pasando. Cuando hojearon en los medios de comunicación una serie de informaciones (las que ellos habían obtenido) que desprestigiaban a Ballester señalándolo como el candidato para sustituir a Manglano al frente del Cesid, todos se mosquearon, pero, ¿alguien se quejó o denunció algo? No. Todos aceptaron que ésa era una misión que tenían que realizar y, si se quejaban, se acabó su elevadísimo sueldo, sus prebendas y el hacer profesionalmente lo que más les gusta.

En noviembre de 1997, Calderón difundió una nota interna entre sus agentes que teóricamente pretendía defender a los funcionarios que trabajaban en el Gabinete de Escuchas y a los que la Justicia estaba investigando por haberse puesto ciegos grabando ilegalmente conversaciones de decenas de particulares, empresarios, numerosos políticos e incluso el Rey. En aquella nota se decía que esos funcionarios se habían limitado a «cumplir con su deber» y que se había «advertido al Gobierno sobre las repercusiones para la operatividad del Centro» que podían tener las resoluciones adoptadas por el juez que investigaba el caso. Pero todavía había algo más alucinante: «Ningún servicio del mundo puede funcionar si los agentes se arriesgan a sentarse en el banquillo por cumplir las órdenes de sus superiores»¹³

Directamente, Javier Calderón recalcó con orgullo esta obediencia ciega: «Todo el personal del Centro, desempeñe o no tareas operativas y conforme a su preparación específica, está siempre en disposición de realizar aquello que se le ordene.»¹⁴

En una proposición de ley de Izquierda Unida sobre reestructuración de los servicios de información, su portavoz solicitó algo que para muchos pudo haber resultado una obviedad:

«Que los funcionarios de los servicios tengan un estatuto de funcionamiento con todos sus derechos constitucionales reconocidos para, entre otros derechos, si reciben órdenes indebidas, poder denunciarlas ante los órganos jurisdiccionales competentes. En definitiva, dejar claro que el funcionario o contratado de los servicios es un trabajador/trabajadora que desarrolla su función para el Estado, no para el coordinador-director.»¹⁵

Por si la presión existente sobre los agentes no era suficiente, en los últimos años el Gobierno, por recomendación de sus directores, ha adoptado una serie de medidas que acentúan la vigilancia y los trata como a personas altamente peligrosas. Algunos opinan que se trata de un control positivo para evitar nuevos «perotes». Otros, sin embargo, creen que lo único que se persigue es tener atemorizados a los agentes.

La primera medida de control, que fue elaborada con la creación del Cesid, es un formulario que todos los nuevos agentes están obligados a rellenar. En él hay afirmaciones lógicas como que «declaro de manera expresa y formal que he sido advertido de que la organización, despliegue y medios de dicho Centro, así como las operaciones que desarrolla, tienen un carácter secreto». Pero otros puntos del documento atentan contra la jerarquía y los valores del Estado de Derecho: «En consecuencia, asumo la obligación de mantener en todo momento la más absoluta reserva sobre todo dato, documento u objeto de cualquier clase que tenga relación con los fines señalados, y del que tenga conocimiento por razón del servicio. Acepto dicho compromiso tanto durante mi permanencia en el Cesid. como una vez abandonado el mismo. Tal reserva se extiende incluso a los supuestos en que la información me sea solicitada en interrogatorio, formulado por cualquier autoridad, ya sea gubernativa o judicial, y ello a menos que sea relevado del deber de mantenerlo por mi superior jerárquico de manera expresa.»

Con la obligación de firmar este documento, cualquier agente que conozca un delito no podrá denunciarlo si no se lo autoriza su jefe, que puede tener intereses en la trama, por lo que evidentemente jamás llegará a conocimiento de un juez.

Analizando el derecho comparado, nos encontramos con que en Italia, durante las comparecencias de agentes secretos en el año 1990 tras el descubrimiento de una red clandestina de la OTAN para combatir a los comunistas que favoreció las actividades de la extrema derecha internacional, se produjeron importantes contradicciones. Y esto fue así porque, ante su Parlamento, los agentes no tienen un mandato jerárquico de sus servicios de información y cada uno es libre de decir lo que quiera. Hay que recordar que Italia no está tan lejos de la península Ibérica, y que el respeto a los valores constitucionales es algo aceptado en el mundo democrático.¹⁶

En cambio, en España debieron considerar que la firma de ese documento no era suficiente, de manera que el 28 de julio de 1995 se aprobó un Estatuto de Personal que consolidaba un control exagerado sobre la vida de los agentes y los convertía en seres maniatados y sospechosos. Lo primero que establecía era la potestad de Javier Calderón para expulsar a quien le diera la gana, sin necesidad de explicar las razones en que se fundamentara para ello. Como ya hemos relatado anteriormente, a todos los que le molestaban personalmente los puso de patitas en la calle al poco de llegar.

Distinto rasero aplicó a aquellos otros que en la época socialista participaron en actos que investigaron algunos jueces por poder ser constitutivos de delito. Willy Meyer, el diputado de IU, le preguntó al ministro de Defensa, Eduardo Serra, en el Parlamento si habían sido considerados idóneas por Calderón «las personas relacionadas con la operación Mengele [...] cuántas de esas personas han sido promocionadas [...] si puede asegurar que ni la División de Apoyo Operativo ni la de Apoyo Técnico han realizado ningún tipo de operación ilegal [...] ¿una de las personas vinculadas a esas operaciones no está en la actualidad al frente del Departamento de Dirección Operativa? [Ignacio Estévez] [...] las personas vinculadas con la guerra sucia siguen en el Centro, siguen en los servicios de información y, algunas de ellas, están siendo promocionadas [...] si ha causado baja el capitán Pedro Gómez Nieto, presuntamente implicado en diversas operaciones de guerra sucia, tal y como se relata en varios sumarios judiciales».¹⁷

Esta aplicación partidista de las leyes permite también que el director pueda «asignar la productividad y gratificaciones por servicios extraordinarios dentro de los créditos que se asignen específicamente para estas finalidades». Puerta abierta para favorecer a sus amigos y compromisos o para callar labios peligrosos.

La Casa, según el Estatuto de Personal, podrá exigir a todo el personal «cuanta documentación considere oportuna y en concreto la relativa a los siguientes extremos: a) las declaraciones tributarias correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y al Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio; b) los bienes y derechos patrimoniales que posean; c) los valores o activos financieros negociables; d) las participaciones societarias; e) el objeto social de las sociedades de cualquier clase en las que tengan intereses». Se acabó la intimidad. Están en sus manos.

Para colmo, un decreto de 16 de febrero de 1996 crea una división de seguridad de la que se dice que le corresponderá «velar por la protección de las personas del Centro y sus instalaciones. Será asimismo la encargada de la salvaguardia de su información y documentación, así como de la seguridad del funcionamiento del Centro». Ésa es la letra. El espíritu, y en lo que ahora se ha convertido, es actuar como un instrumento para controlar a todos los agentes, a los que trata como «perotes» en potencia, extremando la vigilancia hasta extremos increíbles. Lo que se olvida es que si Perote se llevó los papeles fue porque la disciplina era muy relajada no con los curritos, sino precisamente con los jefes. Es tal la presión que se aplica a los agentes que el temor a perder el puesto de trabajo genera en ellos un estado de intensa ansiedad.

Ya en 1987 hubo una buena muestra de lo que le puede pasar al agente que se sale de las normas. Ni derechos constitucionales ni nada que se le parezca, según denunció el abogado Antonio Tuero cuando le permitieron ejercer la defensa de José María Santos, un agente infiel. El propio Cesid detuvo al comandante Santos sin ninguna orden judicial, y nadie le notificó su privación de libertad; le obligaron a telefonear a su familia para decir que se iba de viaje a Málaga cuando en realidad iba a ser encerrado e interrogado en una base operativa; no se le leyeron sus derechos, fue sometido a torturas psicológicas y se le mantuvo privado de libertad durante dos días. Hasta grabaron en vídeo todos los interrogatorios, incluidas las promesas que le hicieron los jefes para que reconociera su culpabilidad, a cambio de un buen trato en algunas cuestiones, a sabiendas de que no lo iban a cumplir, como posteriormente pasó. Todo, como se puede comprobar, muy legítimo y democrático.¹⁸

Los agentes siempre están en manos de su director, que llegado el caso puede incluso venderlos si su interés personal es muy alto. Parece algo terrible, y yo nunca lo habría creído de no ser por las pruebas fehacientes que lo demuestran. El 4 de noviembre de 1997, el Diario de Avisos publicaba en su portada que el presidente de Canarias «Manuel Hermoso admite que un error del Cesid frustró el nombramiento de Tomás Van de Walle». Voy a contar la historia tal y como yo la viví. Miguel Ángel Daswani, periodista de ese diario y corresponsal de Tiempo, me llamó un domingo y consiguió despertarme de la siesta:

—Fernando, perdóname, pero es que necesito que me ayudes en una historia increíble que tengo entre manos.

—Si me llamas un domingo a estas horas es porque es de espías.

—Claro. Escucha. Manuel Hermoso quería nombrar consejero de Agricultura a un señor que se llama Tomás Van de Walle. Pero fíjate: alguien le dice que es amigo de Vicente López Pascual, ese ex agente que tuvo que dimitir como director de Comunicaciones e Informáticas del gobierno canario porque tu le denunciabas en tu último libro. Bueno, pues Hermoso se mosquea pensando que los del Partido Popular le quieren meter otro gol similar al de López Pascual y llama al director del Cesid y se lo pregunta directamente. ¿Y a que no sabes qué?

—Venga, sigue —le contesto impaciente.

—Que le dice que fue colaborador del Cesid hace tiempo.

—¡No me digas!

—Que sí, como te lo cuento.

—No puedo creérmelo —le contesto—. Mira, Miguel Ángel, tú verás lo que escribes, pero me parece difícil de creer. Hoy domingo no puedo hacer ninguna gestión, pero me parece demasiado que el director del Cesid facilite información sobre uno de sus agentes, aunque ya esté fuera.

—¡Pero me lo han asegurado aquí muy buenas fuentes!

Miguel Ángel, con la información contrastada, pero sin que yo se la hubiese podido corroborar, la publicó el lunes. Ese día llamé al Gabinete de Prensa del Cesid y les pregunté por la historia. El amable funcionario transmitió a quien fuera mi pregunta y diligentemente me devolvió la llamada.

—No te puedo decir nada, porque el director no comenta el contenido de sus entrevistas particulares.

—Pero al menos —le dije— me podrás confirmar si habló o no con Manuel Hermoso sobre el tema Van de Walle.

—Te puedo decir que habló con él, pero también con otras personas.

Telefoneo inmediatamente a Daswani:

—Me han confirmado en el Cesid que Calderón habló con Hermoso.

—Entonces está todo claro.

—Cuéntamelo —le pido acuciado por conocer una historia tan alucinante.

—Hermoso llamó a Calderón y, tras confirmar que Van de Walle había trabajado para el Cesid, se lo dijo al líder del PP de aquí, Bravo de Laguna, recriminándole que nuevamente hubiera elegido a un espía para un puesto importante, intentándole meter un gol. Entonces Bravo llamó a Calderón y le reptitió la pregunta, a la que obtuvo la misma contestación. Entonces, como acababa el plazo para nombrar consejero de Agricultura, fue designado para el puesto Mato. Horas después de la última llamada, cuando el nombramiento ya estaba en el Boletín Oficial, alguien del Cesid telefoneó para decir que se habían equivocado, que quien había trabajado para ellos era el tío de Van de Walle. La llamada llegó tarde.

—Pero ¿cómo pudo darles Calderón información clasificada? Porque no sé si sabes que la identidad de los colaboradores es secreta.

—Por algo muy sencillo. Tú, en Madrid, no sabes el escándalo que se produjo en Canarias cuando nombraron consejero a López Pascual y se descubrió que hasta el día de su nombramiento había estado trabajando para el Cesid. Calderón ha debido intentar quedar bien evitando un nuevo escándalo a Hermoso y ha metido la pata hasta el cuezo.

Duro, muy duro, que para evitar un escándalo a un presidente autonómico el director del Cesid esté dispuesto a violar un secreto tan íntimo como la identidad de un colaborador.

Se acabaron los ideales en el espionaje

En la Segunda Guerra Mundial hubo una red de espías que muchos han considerado la mejor de la historia. Se la conoce como «La Orquesta Roja» y estaba integrada por cientos de agentes que en su mayor parte carecían de una formación específica para ese trabajo tan especial. A cambio, disponían del mejor combustible que existía y que todavía hoy carece de recambio: la fe, el convencimiento de que todo lo que hacían era para librar al mundo de Hitler y del fascismo. Leopold Trepper, un judío soviético, la dirigió con tanto acierto que el almirante Canaris, jefe del espionaje alemán, la responsabilizó de la muerte de 200.000 soldados alemanes. Esta red de espías sólo puede ser comparada con la que durante muchos años tuvo el Mossad, amparada en el apoyo incondicional de miles de judíos de todo el mundo, dispuestos a prestar ciegamente cualquier tipo de cobertura y apoyo. La salvaje persecución a la que habían sido sometidos por los nazis convirtió a potentados y a pobres relojeros judíos en prestos colaboradores del Mossad.

Pero eso se ha acabado. Los ideales eternos en el espionaje han desaparecido. Ya pocas personas acceden a colaborar en los servicios secretos desinteresadamente con el único fin de servir a su patria o ayudar a su religión. Tras la caída del Telón de Acero desapareció la justificación ideológica y, con ella, el enemigo real que había prestado credibilidad a la necesidad de invertir miles de millones en espionaje. En todo el mundo cobró fuerza un movimiento partidario de reducir considerablemente los gastos de los servicios secretos, a excepción de países como Israel, donde su particular guerra con los países árabes seguía con todos los frentes abiertos. Sin embargo, la reacción fue unánime e inmediata. Los servicios secretos empezaron a buscar nuevos enemigos, todos muy reales, la mayor parte de los cuales habían sido investigados hasta ese momento por los servicios de información uniformados, como la DEA y el FBI en los Estados Unidos, o la Policía y la Guardia Civil en España.

En los últimos años de Gobierno socialista y al comienzo de la etapa popular, la tendencia política en España iba por ese camino: no se necesitaban tantos agentes y el presupuesto debía ser recortado. Sin embargo, finalmente ha sucedido todo lo contrario. Las palabras de Javier Calderón son suficientemente explicativas de los argumentos que ha conseguido imponer, no sólo para que no se redujera su dotación presupuestaria, sino para que incluso se elevara:

«Mientras el mundo se transforma en un escenario multipolar, más complejo y ya no entendible bajo el prisma de la amenaza soviética, la necesidad de la inteligencia se hace mayor y no menor. Tal y como manifestó un ministro inglés en la sesión de apertura del Comité de Seguridad de Inteligencia del Parlamento británico, es necesario, en este siempre turbulento e impredecible mundo, que los servicios de inteligencia puedan actuar con efectividad, siendo crucial el papel que desempeñan al hacer frente a los riesgos que amenazan la seguridad de los ciudadanos y la defensa de los intereses nacionales en todo el mundo.»¹⁹

Todavía más claro y directo fue meses después al defender la necesidad de invertir más en inteligencia porque «es mejor y más barato prevenir riesgos que enfrentarse a ellos cuando se han convertido en amenazas [...] por eso pediría más personal, más medios, más dinero»²⁰.

Ésa es una de las preocupaciones del director del Cesid de cara al futuro: garantizarse la mayor preponderancia posible. Aunque hay también otra, dirigida al día en que tenga que abandonar La Casa: que nada de lo que haya hecho se le recrimine o pueda llevarle, ya desprotegido, ante un juez.

Por eso, ante las autoridades judiciales que se lo piden o ante cualquiera que se interese por el tema, explica que se niega a investigar lo que hicieron sus antecesores en el cargo. Dice que él no está para eso. Que a él se le debe preguntar por lo que hace, no por lo que hicieron sus antecesores. Intenta crear una norma no escrita para que no se investigue lo que él ordena. Olvida, tan preocupado como está por regir el Cesid según los criterios de una empresa privada, que lo primero que hace un consejero delegado recién nombrado es encargar una auditoría para conocer exactamente el estado de las cuentas y saber con todo lujo de detalles todo aquello que sus antecesores hayan hecho. Precisamente para deslindar responsabilidades. A Calderón, igual que a todos sus antecesores, los ciudadanos de un país libre y democrático como España siempre tendrán el derecho a exigirle responsabilidades por cada uno de sus actos. Incluso cuando los políticos del Partido Popular no estén en el poder para protegerle. Y si no que se lo pregunte a Emilio Alonso Manglano.

Quizá algún día España encuentre un director del Cesid que pueda afirmar con la mano en el corazón lo que dice el conde de Marenches:

«Mi primera preocupación fue crear un estado de ánimo en el que el servicio del Estado fuera ante todo un servicio del Estado apolítico. No significaba esto que cada cual no pudiera tener su opinión, sino que los servicios especiales no están hechos para tener opiniones personales, estados de ánimo o trastornos cualesquiera. El servicio del Estado es la única razón de ser. Son esenciales el ejemplo dado por el mando y las cualidades personales. Las personas con las que se montan las operaciones no lo hacen por dinero y condecoraciones. Poseen una íntima motivación de servir y también la convicción de que están en guerra cuando el resto del país vive una paz confortable.»²¹

__________

1   En su libro Yo entré en el Cesid, Pilar Urbano cuenta las opiniones de antiguos agentes del Cesid.

2   Alexandre de Marenches y Christine Ockrent, Secretos de Estado, Editorial Planeta, Barcelona, 1987.

3   Rafael Torres fue el autor de una entrevista a Alberto Piris titulada «El Cesid arrastra residuos del pasado» y publicada en El Mundo el 25 de abril de 1998.

4   Ángel Maestro, «Los servicios secretos españoles", revista Militares, octubre de 1995.

5   José Luis Martín Prieto escribió estas cosas el 12 de octubre de 1994 en su columna de El Mundo «Bajo el volcán», en un artículo titulado «El tenderete del general Manglano».

6   Willy Meyer durante la comparecencia del ministro de Defensa, Eduardo Serra, en el Congreso de los Diputados, el 7 de octubre de 1997.

7   Darío Valcárcel, «La división del Cesid», ABC, 12 de mayo de 1998.

8   Pedro J. Ramírez, «Todavía el Cesid», El Muuclo, 12 de abril de 1998.

9   Alexandre de Marenches. Op. cit.

10   En la entrevista a Tiempo, Javier Calderón no se opone a esta medida, aunque deja intuir algunos límites: «Personalmente, no veo ningún inconveniente. En todo caso, ésa es una decisión que compete al Gobierno. Sí le quiero decir que esa intervención del Congreso no debería nunca dar lugar a situaciones como las que recientemente se han producido en los Estados Unidos y que le han costado a la CIA estar cerca de diez meses sin director.» Este tema se desarrolla más ampliamente en el capítulo cuatro.

11   Markus Wolff, El hombre sin rostro, Vergara, 1997.

12   Entrevista concedida a Tiempo por Javier Calderón.

13   Miguel González, «El director del Cesid intenta tranquilizar a los agentes secretos ante el juicio de las escuchas», El País, 5 de noviembre de 1977.

14   Declaraciones citadas de Calderón a Tiempo.

15   El 4 de noviembre de 1977, Willy Meyer presentó una proposición no de ley sobre reestructuración de los servicios de información e inicio de los cambios legislativos oportunos para homologarlos a servicios de información de un Estado democrático. La actividad de IU en los temas de los servicios secretos se ha mantenido activa siempre en la democracia, siendo iniciada por Antonio Romero, un verdadero tormento para los ministros socialistas. Una política similar de oposición a los gobiernos de Felipe González la hizo el Partido Popular, pero desde que éste llegó al poder la política de denuncia sólo la lleva IU y en menor grado algunos partidos del Grupo Mixto

16   Es muy interesante leer la interpelación parlamentaria sobre este tema que formuló el entonces diputado de Izquierda Unida Antonio Romero al ministro de Defensa Narcís Serra, el 12 de diciembre de 1990.

17   En mayo de 1998, como consecuencia del escándalo desatado tras ser descubierto el espionaje a la sede de Herri Batasuna en Vitoria, el director del Cesid realizó algunos cambios en el organigrama de La Casa para intentar limpiar la imagen de suciedad que había trasmitido a la sociedad los nombramientos que realizó nada más llegar al cargo. Entre los cesados se encontraban Ignacio Estévez y Agustín Carrinello.

18   Todas estas acusaciones y otras muchas se especifican en los escritos enviados por el abogado Manuel Tuero, incluidos en el sumario 319/87, al Juzgado Militar de Instrucción Número 1.

19   Conferencia ofrecida por el director del Cesid en los cursos de verano de Jaca en 1997.

20   Entrevista concedida a Ana Ramos, de la agencia Efe, el 21 de diciembre de 1997.

21   Alexandre de Marenches, op. cit.

Capítulo 3:
El juguete del gobierno

EL PODER POLÍTICO UTILIZA AL CESID PARA TRABAJOS QUE LA LEY NO CONTEMPLA, PERO CON ESE COMPORTAMIENTO SE PONE UNA SOGA AL CUELLO DE CUYO EXTREMO LOS ESPÍAS PUEDEN TIRAR EN CUALQUIER MOMENTO.

«Señor Aznar: es una desvergüenza política, es inmoral e indecente, comprobar que lo que usted criticaba en otros tiempos lo haga exactamente igual en estos momentos».

(Rosa Aguilar, dirigente de IU, al presidente José María Aznar, en relación con las escuchas descubiertas en la sede de Herri Batasuna en Vitoria.)

Un día de abril de 1997, Eduardo Serra, el primer ministro de Defensa nombrado por José María Aznar, visitó la sede central del Cesid, en el kilómetro 8,8 de la carretera de Madrid a La Coruña. De ese desconocido pero importante acto hay aspectos que he podido confirmar y otros que me ha sido imposible descifrar. Desconozco, por ejemplo, si esa mañana hacía sol o si una tormenta le obligaba a llevar a Serra un impermeable azul, color sobrio y elegante que viste con frecuencia. Lo que sí sé es que el acto del día no era nada anormal en la agenda del ministro: visitar oficialmente los organismos de su departamento para conocer de primera mano su funcionamiento. Antes que él ya habían recorrido las dependencias del Cesid presidentes de Gobierno, ministros de Defensa y muchos altos cargos gubernamentales, tanto de la UCD como del PSOE.

Me imagino que Javier Calderón le recibió con esa sonrisa que a muchos les parece franca pero que en otros produce una desagradable sensación de intranquilidad. Después es bastante probable que 1B le presentara a los altos directivos de La Casa. Uno a uno le estrecharían la mano, y Serra les saludaría con un gesto que, por propia experiencia (le conocí cuando era subsecretario de Defensa, en 1982), puedo asegurar que transmite confianza y serenidad. Entre los jefes estarían Aurelio Madrigal, el secretario general, quien, en la única ocasión en que he hablado con él, aprovechó para recriminarme lo que él consideraba desaciertos del libro KA: licencia para matar y los problemas que su publicación les había acarreado. Y también estaría presente Andrés Fuentes, uno de los espías que he conocido de personalidad más apasionante, socialista hasta la médula, conversador infatigable y listo hasta límites insospechables. Pocos meses después de ser nombrado jefe de la División de Seguridad, puesto de máxima confianza de Calderón, cortó radicalmente su relación conmigo. Mi torpeza me impidió comprender entonces que no era posible que el rey de los husmeadores pudiera mantener siquiera unas mínimas relaciones con una de las personas que aparecían con frecuencia en los informes que sus agentes le transmitían.

En el recorrido por las diversas dependencias de la sede del Cesid (similar al que puede hacer una ministra de Cultura por un museo inocuo, aunque inquietante), pararon en la División de Apoyo Operativo, donde fueron recibidos por su máximo responsable, Antonio Lago Palomeque, y por su segundo, Ignacio Estévez, entonces jefe del Departamento de Acción Operativa, unidad conocida en clave como «KA», la encargada de materializar las misiones clandestinas.

En la denominada Sala de Embajadores le ofrecieron un briefing y le demostraron algunos de los métodos clandestinos que utilizan los «James Bond» para llevar a buen puerto su trabajo. Al aproximarse a un estante, aparentemente un adorno sin más trascendencia, encendieron una luz interior que sacó de la oscuridad algunos de los «trofeos» de la unidad, entre ellos los micrófonos que hace años un grupo especializado en barridos descubrió en varias estancias de la Embajada de España en Polonia.

Desconozco cuál de las «travesuras» que suelen montar para visitantes ilustres le escenificaron. Cuentan que a Adolfo Suárez (y también a otros políticos) le pidieron el carnet de identidad antes de entrar en la sede del Cesid y después de una hora de visita se presentó ante él un agente con el carnet, disculpándose porque no se lo había devuelto. El presidente reaccionó amablemente, le dijo al hombre que no se preocupara y buscó la cartera en el bolsillo de la americana. En ese momento comprobó que el carnet estaba en su sitio: el que le habían traído era una copia idéntica que en ese escaso periodo de tiempo habían elaborado en la sección de falsificaciones.

Lo que sí sé es que en esa sala Antonio Lago Palomeque le hizo a Eduardo Serra una breve pero densa disertación sobre los métodos de trabajo de su unidad de élite y le contó algunas de las operaciones ilegales que estaban en marcha. Las fuentes con las que he hablado coinciden en la narración hasta este punto, pero discrepan en lo que pasó a continuación. Unos dicen que posteriormente le hicieron la «gracia» de demostrarle cómo, sin darse cuenta, habían grabado con cámaras y micrófonos ocultos todo lo que habían dicho y hecho en esa sala. Otros niegan esa «gracia» y achacan al propio Serra la preocupación postrera (cuando regresó a su despacho del ministerio) de que le hubieran grabado mientras escuchaba extasiado los trabajos que estaban realizando fuera de la ley, pero a partir de ese momento con su conocimiento y aprobación. Quizá le entró el ahogo al recordar que muchos años atrás, durante una visita similar del presidente Adolfo Suárez, cuando Javier Calderón era secretario general del Cesid y su amigo José Luis Cortina era el jefe de esta unidad, de élite, se grabó todo lo que allí se habló y tiempo después se intentó utilizar esa cinta para implicar al ex presidente en la guerra sucia.

La versión que de esta reunión ofrece el periodista Luis Diez es más tajante. Según sus datos, el ministro recibió información de cuatro misiones secretas que La Casa estaba cumpliendo al margen de la ley; Serra expresó su temor de que el servicio secreto hubiera grabado la reunión, y el conocimiento de esas operaciones ilegales obligó a Serra a unir eternamente su destino, para lo bueno y sobre todo para lo malo, al de Javier Calderón.¹

Lo hemos visto en varias películas de la factoría de Hollywood. El presidente de los Estados Unidos necesita que el jefe de la CIA realice una misión que excede ampliamente de sus competencias, básicamente porque no afecta a la seguridad del país y porque requiere la utilización de métodos ilegales. El jefe del espionaje le escucha atentamente, le formula detalladas preguntas y posteriormente abandona el despacho oval, no sin antes deletrearle que «sus órdenes» serán cumplidas. La siguiente escena ocurre en un coche oficial blindado de la CIA. Su director extrae una grabadora escondida en uno de sus bolsillos y comprueba que se escucha nítidamente la voz de su presidente ordenándole la operación. Se queda más tranquilo. Si algo sale mal, tiene un seguro impagable para seguir en su puesto y no abandonar el cargo como un corrupto.

Este tipo de relaciones entre el poder político y su servicio secreto tienen lugar en cualquier país del mundo y en todos los momentos históricos. Un demócrata y liberal acreditado como el teniente general Juan Cano Hevia lo define así:

«La política suele anteponer los resultados al comportamiento correcto (siempre confesable en última instancia) y tiende a mostrarse insatisfecha cada vez que un jefe militar se resiste a romper con él. De aquí que los sucesivos directores del Cesid hayan estado siempre bajo el influjo de dos demandas opuestas: la de la rectitud profesional y la de una política que predica la despolitización de los Ejércitos y cada dos por tres trata de implicar a los militares en sus problemas. Esta situación, que hay que ver desde la naturaleza humana, en la que la ambición personal está siempre en conflicto con la pureza, carece de solución definitiva y se replantea cada vez que cambia la dirección del Cesid.»³

Generalmente, la cualidad fundamental que se busca en el perfil de un director del servicio secreto es que sea leal y esté dispuesto a asumir las demandas del Gobierno. Da igual que para justificar sus acciones ante su propia moral o ante sus subordinados defienda la necesidad de salvaguardar intereses superiores, como el bien de la patria. La realidad es que tiene que hacer lo que le encarguen, sabiendo que muchos de esos trabajos no aparecen ni en el Plan Permanente de Información ni en ninguna de las leyes que rigen el funcionamiento del Cesid y delimitan lo que sus agentes pueden o no ejecutar.

Estamos hablando de gobiernos que necesitan disponer de información de primera mano sobre muchos temas y personas. Y estamos hablando de que en la mayor parte de los «trabajos» requeridos para obtener esa información se usan técnicas especiales únicamente permitidas tras la autorización de un juez. Pero como no quieren que se entere nadie (y menos que nadie un togado), no se los encargan ni a la Policía ni a la Guardia Civil, fuerzas de seguridad concebidas con un mayor respeto a los límites de la ley. Al final sólo queda el Cesid.

Muchos gobernantes están convencidos moralmente de que la supervivencia del Estado de Derecho exige utilizar métodos que traspasan la legalidad. No les cabe ninguna duda de que la opinión pública jamás les respaldaría, pero defienden que, si han sido elegidos en las urnas, deben asumir la responsabilidad de garantizar una vida tranquila a su pueblo. Además, así se hace en todos los países del mundo, y no se puede renunciar a un arma tan poderosa cuando los potenciales enemigos (exteriores, pero sobre todo interiores) están prestos a utilizarla contra nosotros. Obviamente, no estamos hablando de un caso de amenaza terrorista integrista en nuestro territorio, en el que la colocación de micrófonos y demás artes ilegales contaría más o menos con el apoyo generalizado de la población, sino del uso de esos mecanismos para conseguir información valiosa destinada a controlar a sectores sospechosos de la sociedad. Sectores que muchas veces son calificados de altamente peligrosos por decisión de altos cargos gubernamentales en aplicación de criterios meramente subjetivos. En realidad, nadie sabe si les preocupa la estabilidad de España, de su Gobierno, del partido en el poder o de la familia de algún dirigente.

Cuando el presidente del Gobierno, un vicepresidente o un ministro encargan al director del servicio secreto la realización de misiones que exceden sus competencias, nunca se sabe dónde se puede acabar. La historia está repleta de lances que demuestran que los dirigentes se emborrachan del poder que da la información y el control de los acontecimientos que les ofrecen los servicios de inteligencia. Siempre quieren que les descorchen una botella más. Quizá ya no para bebérsela, pero sí para colocarla en su bodega por si algún día les apetece degustarla o simplemente enseñársela a sus amigos o al propio fabricante que estaba convencido de que había ideado un tapón perfecto.

En los Estados Unidos, la CIA, con el conocimiento y la aprobación del presidente Kennedy, planificó algo tan poco democrático como un golpe de Estado contra Fidel Castro. Pero el servicio de inteligencia también realizó algo tan sibilino como un montaje fotográfico que presentara a Castro ante el mundo, rompiendo su imagen popular, rodeado de prostitutas. El asesinato del presidente en Dallas canceló estas y otras operaciones bastante salvajes.

En España, nuestra historia reciente está plagada de casos que siguen fielmente la estela de los que impulsó Kennedy a través de la CIA. La actividad operativa sobre Mario Conde quizá sea el más representativo de los últimos años. El Cesid le sometió a una vigilancia estrecha (le llegó a colocar un «topo» en Banesto a principios de la década de los noventa) por orden de Narcís Serra. El político catalán no se fiaba de él y quería saber hasta cuándo iba al cuarto de baño. Una práctica prohibida sin autorización judicial y a la que, como hemos visto, se negaron rotundamente algunos directores de La Casa, pero que Manglano acató y ejecutó a las mil maravillas. Un día, cuando todavía no se había relacionado públicamente a Conde con Juan Perote, el que fuera jefe de KA me aseguró que nunca había realizado un control operativo sobre el banquero. Desconozco si me mintió, pero estoy seguro de que me ocultó que otros agentes (quizá dependientes de él) sí lo habían hecho, como se demostró más tarde con las imágenes que el diario El País publicó del propio Perote y de Conde saliendo de una reunión poco después de que yo diera en tiempo las primeras noticias sobre las negociaciones que estaban manteniendo con Felipe González. Las fotos fueron captadas por cámaras ocultas de la unidad que años antes había mandado «Alberto K.». Para colmo, cuando la sibarita protección judía que se montó Conde aconsejó al Cesid abandonar su investigación para evitar que se le descubriera, Serra le encargó el trabajo a la agencia Kroll, con un coste de 77 millones de pesetas que desembolsó el Cesid apuntándolo en los opacos fondos reservados. Bonita manera de invertir ese presupuesto.

Nadie se libra de ser espiado

La lista de los espiados en la etapa socialista fue enorme, pero conviene dejar testimonio de algunos nombres. La rivalidad, política llevó al Gobierno de Felipe González al espionaje de personalidades (en algunos casos es posible que la iniciativa partiera de La Casa) como Xabier Arzalluz, presidente del PNV; Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, ex diputado popular; Josep López de Lerma, de CiU; Adolfo Suárez, ex presidente del Gobierno, e Isabel Tocino, actual ministra de Medio Ambiente. También se espió a personalidades socialistas que debían de ser un estorbo para los planes de Narcís Serra, como su compañero de gabinete José Barrionuevo, ministro del Interior, o Enrique Múgica, ex ministro de Justicia. Y, cómo no, a representantes del mundo judicial, como los destacados jueces Clemente Auger y José Antonio Martín Pallín.

Otra de las grandes preocupaciones de Narcís Serra fue el mundo de los negocios, donde pocos se libraron de ser seguidos o escuchados: el empresario José Antonio Segurado, Manuel Prado y Colón de Carvajal (hombre de confianza del Rey), el empresario Javier de la Rosa, los banqueros Alberto Cortina y Alberto Alcocer, varios directivos del BBV, Alicia Koplowitz y el hombre de la abeja, José María Ruiz-Mateos, entre otros.

En este contexto, sólo se puede calificar de burla al Parlamento la intervención de Emilio Alonso Manglano ante la comisión parlamentaria que investigaba los trapos sucios de Luis Roldán. Decir que lo único que sabía del director general de la Guardia Civil era su afición a tomar copas podría estar justificado por esa imposibilidad legal de controlar la vida de cualquier persona sin autorización judicial, pero en 1994, con una situación política enrarecida por los escándalos políticos, se interpretó que Narcís Serra le había recomendado silencio al jefe del Cesid. Así se protegían mejor los dos.³ Lorenzo Contreras escribió sobre lo que había pasado que «todo sería muy ejemplar si esa discreción protegiera altos secretos de Estado y no simples maniobras, presuntamente sucias, de miembros del Gobierno... Sencillamente [el Cesid] es una terminal informativa del Gobierno para sus específicos fines»⁴.

Tras el descubrimiento de una cintateca en el Cesid que contenía grabaciones de conversaciones privadas de decenas de españoles, algunos de los espiados dieron su opinión a la prensa. Juan Luis Cebrián, consejero delegado de Prisa, comentó respecto a los desmanes de esta época que «ya en 1979 y 1980 me acusaban de ser del KGB. Pensé que el Gobierno socialista pondría coto a estas actividades, pero hace mucho que me decepcioné al respecto». José Antonio Segurado dijo que «me produce asco saber que se graban conversaciones privadas [...] se supone que pago mis impuestos para que el Estado me proteja, pero si me espía la situación es dramática». Adolfo Suárez también explicó que «me parece intolerable que ocurran estas cosas, que no son propias de un Estado de Derecho». E Isabel Tocino señaló que «lo que se ha producido [con las escuchas ilegales] es la quiebra total de la confianza del pueblo español en el Estado de Derecho, en el sistema democrático del Gobierno socialista»⁵.

Las elecciones legislativas de 1996 trajeron un cambio de personas en el Gobierno y en el servicio secreto. Las palabras musicales enmarcadas en madera de árbol recién talado fueron conmovedoras:

«La inteligencia es pues, auxiliar imprescindible en cualquier tipo de decisión política. En razón a ello, resulta claro el papel que han de representar los Servicios de Inteligencia. Se trata de proporcionar al Ejecutivo las valoraciones precisas y oportunas sobre las situaciones en las que se exigirá decisión y actuación política, y primordialmente aquellas referidas a la seguridad nacional» (Calderón dixit)⁶

Con el trabajo serio, honesto y responsable de los Servicios de Inteligencia se puede conseguir que el desarrollo de los acontecimientos sea menos imprevisible y que los gobiernos estén en condiciones de tomar, con la máxima oportunidad, medidas adecuadas para proporcionar seguridad total y efectiva al Estado» (Calderón dixit).⁷

«En un sistema democrático, los servicios de inteligencia ni deben ni pueden ser utilizados al servicio de intereses partidistas» (nuevamente Calderón dixit).⁸

«Podemos estar más tranquilos porque tenemos servicios secretos que tienen la orden implícita general y explícita concreta de no vulnerar nunca los límites que marca el ordenamiento jurídico» (Eduardo Serra dixit).⁹

¡Bien por estas ideas geniales y tranquilizadoras! Pero añadamos otros planteamientos imprescindibles para comprender la situación en que vivimos. El Partido Popular fue activo, desbordantemente activo, en su política de oposición en este delicado tema mientras gobernaba Felipe González. En 1994 (menos de dos años antes de alcanzar el poder) organizó un seminario sobre la reforma de la inteligencia en España. Coordinado por Santiago López Valdivielso, posteriormente director general de la Guardia Civil y en aquel momento portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Defensa del Congreso, pretendía sentar las bases de la futura actuación de gobierno del PP en esta área.¹⁰

En el proyecto sobre la comunidad de inteligencia (que incluía al Cesid y al resto de los servicios de información del Estado, principalmente los de la Policía y la Guardia Civil), La Casa no resultaba demasiado favorecida, llegando incluso a perder importantes competencias. El estudio proponía cuatro medidas concretas que favorecerían la racionalización del espionaje en España: la creación de un Comité Coordinador de la Inteligencia, la creación de una inteligencia militar bajo la forma de una División de Análisis y Evaluación Estratégica, la creación de una comisión parlamentaria sobre inteligencia y el establecimiento de unos criterios de eficacia y control de calidad sobre los trabajos y operaciones de los servicios.

A estas propuestas se añadió una más tres meses antes de que Aznar ganara por primera vez unas elecciones: designar a un civil como responsable del Cesid.¹¹

Cualquier parecido entre los planes para reformar los servicios secretos elaborados por el PP antes de ganar las elecciones y lo que han hecho después es pura coincidencia. Quizá descubrieron, al llegar al Gobierno y conocer el funcionamiento de la maquinaria del poder, que se habían equivocado. Quizá. O tal vez sabían, no todos, pero sí algunos, que una cosa es trabajar en la oposición y otra bien diferente gobernar. Algo similar a lo que hicieron los socialistas destronados pidiendo que los insumisos al servicio militar no ingresaran en prisión cuando ellos los habían estado encerrando durante todos sus años de poder. Cosas de la política.

Lo comprendí un día, a principios de 1998, cuando mantuve una comida de trabajo con una diputada popular a la que asistieron otros dos periodistas. Tras hablar de temas intrascedentes para este libro, hubo un cambio de tercio propiciado por la diputada. En tono de confidencia me preguntó si yo creía que el Cesid actuaba dentro de la legalidad.

—Por supuesto que no —le contesté tajantemente.

—Es que esta misma pregunta se la hice un día a Paco Álvarez Cascos y me dijo que estar en el poder tiene ciertas obligaciones y un servicio secreto es imprescindible para que las cosas funcionen.

El vicepresidente del Gobierno es un hombre pragmático e inteligente, que manejaba diestramente los utensilios de la oposición. Las agrias críticas que manifestó siendo el más destacado polemista popular en la oposición supo reconvertirlas sin sufrimientos en labor de Estado cuando asumió competencias sobre los servicios secretos. Cinismo, posiblemente, pero imprescindible para acometer con garantías el control del espionaje en una sociedad en la que los gobernantes sienten la necesidad de saber lo más posible de cualquier cosa que sucede y acometer sus decisiones con las mayores garantías de éxito.

Cuando están en la oposición, los partidos sin relación con el Gobierno denuncian lo tenebroso e incontrolable de estos servicios, levantando sospechas, ciertas o creadas sobre arenas movedizas, respecto de la escasa confianza que merecen los espías.

Mientras el PSOE estuvo gobernando, sus socios catalanes de CiU no metieron el dedo en la llaga del Cesid, pero el resto de los partidos, con mayor o menor virulencia, sí lo hicieron. Tanto el centro-derecha del PP como la izquierda de IU azotaron al Gobierno sobre la ilegalidad. de sus actuaciones, la falta de control parlamentario y su transformación en una agencia de detectives de élite al servicio del partido gobernante.

Con la llegada de los populares al Gobierno, el panorama resultante fue curiosamente divertido. Los socialistas pasaron al ostracismo y al apoyo incondicional al Gobierno en esta materia. El PP y sus socios nacionalistas pasaron a respaldar la labor de La Casa de una manera también incondicional y sólo Izquierda Unida mantuvo una postura crítica. Sumando puntos, de repente, una mayoría amplísima de parlamentarios pasó a defender las actuaciones del servicio secreto.

Sin embargo, esta voluntad parlamentaria no se correspondía con la de la opinión pública, que atribuía una actitud espuria a los servicios de inteligencia. Un resultado lógico después de tantos desvíos y perversiones durante la etapa de Felipe González. Como más adelante señalaré, José María Aznar intentó solucionarlo con una campaña de imagen diseñada por el propio Cesid con la ayuda de algunos periodistas.

Chantajeador chantajeado

A pesar de todo, la situación sigue igual, sólo que la baraja ha cambiado de mano, como se puede comprobar con los espionajes realizados durante la investigación judicial del caso GAL. Primero el Cesid vigiló, controló e informó de la reunión que el entonces secretario general del PP, Francisco Álvarez Cascos, mantuvo en el despacho del director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, con Jorge Manrique, abogado de los ex policías de los GAL José Amedo y Michel Domínguez. Después fue Álvarez Cascos, ya vicepresidente del Gobierno, el que recibió puntual información del Cesid sobre las reuniones que mantenía el colaborador de Tiempo Santiago Belloch con diversas fuentes de los implicados en el caso, en su labor de desentrañar las acciones del Partido Popular para implicar al PSOE en la guerra sucia.

Y es que el papel del vicepresidente Álvarez Cascos siempre ha sido especial en asuntos de espionaje. Estaba convencido, cuando fue nombrado número dos del Gobierno, de que una de las competencias que caería en su red, quizá la que mayor poder le podía dar, sería el control directo sobre los servicios de información. No era un simple sueño: lo establecían los planes elaborados por el partido en la oposición, que dibujaban un perfil como el suyo ante el reto de exigir mano dura para llevar a cabo una reforma profunda del Cesid. No contaba, sin embargo, con que la cartera de Defensa la ocupara un independiente fuera de su control y que además se iba a llamar Eduardo Serra. Las artes sibilinas de hombre de Estado desplegadas pacientemente por el ministro de Defensa le granjearon el apoyo incondicional de Aznar frente a la política más de partido de Álvarez Cascos.

Lo dejó claro Pedro J. Ramírez:

«Sin pretender equipararle a personajes de tan siniestra catadura, lo cierto es que los mismos escollos con los que se ha encontrado ahora Álvarez Cascos frustraron los intentos primero de Julio Feo y después de Rafael Vera de desmilitarizar el Centro y convertirlo en un servicio civil dependiente de la Presidencia del Gobierno y sometido a claras normas de actuación.»¹²

Y así, este abogado del Estado se ha convertido en lo mismo que el otro Serra, don Narcís, en la persona que, por delegación del presidente del Gobierno, se encarga de mandar sobre los espías españoles. Como señala Pablo Sebastián:

«Serra y Serra: el mismo caso y posiblemente el mismo empeño por ocultar las acciones ilegales del Cesid, .que debe estar, ante todo, puesto al servicio de la democracia y la ley.»¹³

Porque muchas veces, y Serra lo sabe bien, los políticos hacen que los servicios secretos sirvan a intereses que no tienen nada que ver con los del Estado, aunque esa túnica sagrada se extienda excesivas veces para justificar lo injustificable. Como dice Markus Wolff, «por agudos que puedan ser los instintos de un servicio de inteligencia, siempre es el juguete del Gobierno al que sirve»¹⁴. Pero quien juega con fuego una y otra vez termina quemándose. Y Serra debería estudiar la historia reciente de España para convencerse de que todo lo que hagan los servicios secretos para cumplir los deseos perversos del Gobierno se terminará volviendo contra él. Estarán en sus manos, pero, llegado el momento, acabarán con él. Como ya lo hicieron durante la trasición con el fallecido José María de Areilza.

La historia la contó la revista El Siglo, de José García Abad, y es escalofriante.¹⁵ Curiosamente, pasó desapercibida, sin ninguna reacción política, una habitual táctica de silencio que me confirmó que los datos que con anterioridad obraban en mi poder sobre el tema tenían bastante fundamento. Lo que pasa es que hay veces que los hechos son tan duros que parecen una novela. Y creo que a Álvarez Cascos le conviene estudiarlos, porque en el momento en que ocurrieron estaban en el Cesid algunos cargos importantes que siguen estando ahora y despachan con frecuencia con el presidente Aznar y con él.

Tras la dimisión de Carlos Arias Navarro, el sucesor natural al frente del Gobierno, que no tenía por qué ser el mejor, era José María de Areilza. El Rey, sin embargo, prefería a un joven y aperturista Adolfo Suárez, una elección que el paso de los años confirmó como plenamente acertada. Pese a ello —así es la lucha política—, el conde de Motrico movió sus peones para intentar conseguir el nombramiento. ¿Se le podía negar ese derecho? Mientras se luche con pundonor, como en el fútbol, creo que está permitido incluso cometer alguna falta cuando el rival se acerca peligrosamente a la portería y puede meter un gol. Pero lo que no se admite es hacerle una entrada salvaje por detrás con la intención de lesionarle y conseguir su abandono de la competición liguera para el resto de la temporada. Esto fue lo que hizo el Cesid: consideró que la transición la haría mejor Adolfo Suárez y retiró del campeonato a José María de Areilza. Una supuesta razón de Estado, pero con juego sucio, que por cierto luego le pudieron cobrar a Suárez.

La operación consistió en que «los servicios secretos españoles habrían facilitado una serie de elementos comprometedores para Areilza. Entre estos elementos podría haber unas fotografías de José María de Areilza almorzando con un grupo de dirigentes del entorno radical abertzale. Por sí sólo eso no era comprometedor para Areilza [...] así que para aumentar el valor del chantaje se habría optado también por atacar la intimidad del político instalando micrófonos en su domicilio. Esta actuación llevó a registrar una conversación íntima del político con una de sus secretarias. Ambos elementos podrían haberle servido a Adolfo Suárez para quitarse de encima a su máximo rival dentro de UCD»¹⁶.

Areilza había mostrado varias veces su inquietud, ante la posibilidad de que los servicios secretos hubieran estado actuando al servicio de intereses chantajistas. En su libro Diario de un ministro de la Monarquía dice:

«Me sorprende cuando afirma que la única baza que tiene Arias para mantenerse y amenazar al Rey es la posesión de cintas magnetofónicas en que se registran conversaciones del Monarca cuando era Príncipe de España. Parece que hay comentarios y juicios tremendos. Sería un Watergate dinástico. Habrá que deshacer un día los servicios si no queremos que nos devoren a todos en una absurda guerra de chantajes, denuncias y rivalidades, como ocurre en todas las dictaduras.»

En el mismo libro, hablando de las maniobras de sectores bancarios para evitar su candidatura a la presidencia del Gobierno, señala que «ese búnker ha tomado parte personal y activa en otro bloqueo a mi candidatura como presidente, hace escasamente diez días, llevando un dosier repleto de calumnias e injurias contra mi persona a las manos del Rey».

Pero el que impulsa, o al menos acepta, que los espías le hagan este tipo de servicios, impagables en su momento, antes o después tiene que pasar por caja. Así, tras la intentona golpista del 23-F, algunas versiones consideran que, llegada la hora de depurar responsabilidades en la trama, «el Cesid forzó al Gobierno a pasar de puntillas sobre determinadas cuestiones: declaraciones que no se valoraron, pruebas que no fueron tomadas en cuenta, [...] los servicios secretos actuaron de freno a la investigación amenazando con desvelar la operación contra José María de Areilza», según la versión del citado semanario.

En 1998 se supo algo que recuerda a la operación bastarda contra Areilza. En tono críptico, un siempre bien informado Felipe González comentó durante la celebración de un mitin en Sevilla, con motivo de las elecciones primarias para elegir candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, que el Ejecutivo de Aznar había encargado y recibido del Cesid un informe secreto sobre políticos, empresarios y periodistas de la transición que estaban sobrando en el tercer milenio. «Sabemos que preparan algo para el 2000, pero les va a salir mal y se les volverá en contra», dijo González, que se refería a un informe bautizado con el nombre de «Purificación» en el que los espías recomiendan prescindir de determinadas personas que desempeñaron un papel muy importante en la transición.¹⁷

Porque, como dice Markus Wolff, «lo que me preocupa más es que si no se reducen los servicios secretos —antidemocráticos por su naturaleza misma— siempre persistirá la tentación que acecha a los gobiernos incluso en las naciones democráticas y que los lleva a espiar y controlar a su propia gente».

Eso fue lo que pasó con las informaciones periodísticas que sacaron a la luz en marzo de 1998 las conversaciones de Xabier Arzalluz con HB, con la intención de boicotear una conflictiva propuesta de paz para Euskadi por parte del lehendakari José Antonio Ardanza. El portavoz de los nacionalistas en Madrid, Iñaki Anasagasti, había anunciado semanas antes que el Cesid iba a filtrar papeles contra ellos, lo que corroboró el propio Arzalluz cuando los hechos confirmaron sus vaticinios. Un vocero oficial de La Casa respondió inmediatamente a las denuncias del PNV asegurando que organizar campañas de intoxicación contra partidos políticos no entraba dentro de sus objetivos informativos (no faltaba más) y que, además, tampoco estaban preparados para llevar a cabo ese tipo de tareas. Sobre esto último podría hacer algún comentario jocoso, pero sobran las palabras.

El peligro de depender de un solo servicio

Otro problema distinto es la excesiva dependencia del Gobierno con respecto a un único servicio a la hora de tomar decisiones importantes. Obviamente, algunos no lo ven así, como Javier Calderón:

«Sobre este tema se habla con excesiva frivolidad y desconocimiento. Allí donde existen dos o más servicios, existe también un reparto de competencias, misiones y funciones entre ellos que no quita ni añade nada en lo que a esa “dependencia” se refiere. El que un país disponga de varios servicios no significa que se dupliquen las informaciones sobre unos mismos contenidos. La dependencia informativa es exactamente igual en esos casos que en el caso español.»

Pongamos el ejemplo del Mossad, que por las características especiales de Israel ha tenido ese grave problema en los últimos años. Yehuda Gil, uno de sus agentes, pasó conscientemente a su Gobierno información falsa y estuvo a punto de provocar en 1996 una guerra con Siria. Gil fabricó informes confidenciales en los que se aseguraba que Siria estaba preparando un ataque contra Israel. La información, transmitida al Gobierno israelí sin ser cuestionada, provocó una escalada militar entre los dos países que a punto estuvo de terminar en enfrentamiento. Una investigación posterior demostró que Gil era simpatizante del ultraderechista partido Moledet y había trabajado para él. La información la había facilitado con fines ideológicos contrarios a los del Estado de Israel. Por suerte, en última instancia el informe fue a parar al general Uri Saguí, jefe del Departamento de Inteligencia Militar, que desmontó su tesis y demostró que no había motivo para la alarma.¹⁸

No hay nada como la experiencia ajena para aprender. El Gobierno de Israel pudo controlar esa información falsa del Mossad gracias a los mecanismos de diversificación y control de la información que había establecido años atrás. En 1973 a los dirigentes israelíes les sorprendió el ataque de dos países enemigos al mismo tiempo y, aunque ganaron la guerra, decidieron crear una comisión de investigación para saber qué había fallado en la previsión de ese ataque. En aquel momento sólo había un departamento de investigación y análisis, que pertenecía al servicio secreto del Ejército y que presentaba al Gobierno un único análisis de la situación. Se descubrió que ese departamento había entregado una valoración equivocada, porque, partiendo de su contrastada supremacía militar, sus analistas dedujeron que ningún país se atrevería a lanzar sus tanques y aviones contra ellos. Ese «somos los mejores» hizo que no analizaran seriamente las buenas pistas que habían recibido sobre el ataque. Tras la investigación, el Gobierno decidió que no podía depender únicamente de una fuente de análisis de la inteligencia; en definitiva, que era insuficiente para el Gobierno ese único análisis militar. En consecuencia, se crearon departamentos similares en el Mossad, en el Shabak (el servicio de seguridad interior y contraespionaje) y en el Ministerio de Exteriores. Cada uno tiene sus propias fuentes y a partir de ellas elabora sus análisis e informes para el Gobierno, que dispone de cuatro valoraciones distintas sobre los temas trascendentales. Después, un asesor militar hace la recopilación final e informa al primer ministro. Este asesor militar es el encargado de conducir los contactos con todos los servicios, que al menos se reúnen una vez a la semana.

En España el Cesid. es el órgano más importante de inteligencia de que dispone el presidente del Gobierno. Es casi el único que le informa de los asuntos más cruciales, a excepción del terrorismo. Esta excesiva preponderancia puede hacer que el Gobierno adopte decisiones equivocadas o que dichas decisiones se orienten en el sentido en que los jefes del servicio tienen puestos sus intereses espurios. El motivo de ello es que el director del Cesid siempre termina siendo un personaje tan importante para el Gobierno que sus miembros, inconscientemente, depositan en él una fe casi ciega. Sobre este tema ya advertía el informe que Santiago López Valdivieso realizó en 1994 para el Partido Popular, en el que destacaba «la marcada autonomía del Cesid» y que terminaba proponiendo quitarle algunas de las competencias de las que disfrutaba y de las que todavía hoy goza.

En una proposición no de ley fechada el 29 de abril de 1998 y firmada por los dirigentes de IU Willy Meyer y Rosa Aguilar se proponía «confiar la dirección de los servicios de información a un director-coordinador quien, nombrado por el Gobierno, le defina un mandato, es decir, un conjunto de instrucciones y normas que determinen los objetivos y modos de acción de los servicios de inteligencia, de modo tal que los funcionarios de esos servicios puedan conocer la definición de su mandato».

Y añadían más adelante:

«Que los funcionarios de los servicios de información tengan un estatuto de funcionamiento con todos sus derechos constitucionales reconocidos, para, entre otros derechos, sí reciben órdenes indebidas, poder denunciarlo ante los órganos jurisdiccionales competentes. En definitiva, dejar claro que el funcionario o contratado de los servicios es un trabajador/trabajadora que desarrolla su función para el Estado, no para el coordinador-director.»

Ésta es una de las propuestas mejor pensadas para solucionar el problema de la desconfianza y el temor que produce el Cesid en la sociedad española. Y sobre todo, sería una apuesta valiente y democrática que demostraría la decisión real del Gobierno que la respaldara para acabar con la permanente sospecha de utilización de los servicios secretos en su propio beneficio. Pero, claro, pondría cotos a la manipulación y pasaría toda la responsabilidad de los desaguisados que se descubrieran a los dirigentes políticos, no como ha ocurrido hasta ahora, que el culpable de todo lo malo es siempre el jefe del servicio.

Eduardo Serra, tras la crisis provocada por el descubrimiento de los sistemas de escucha en la sede de Herri Batasuna en Vitoria, inicialmente afirmaba que «en esta ocasión, el Cesid estaba haciendo lo que tenía que hacer. Entre el fin y los medios hay una diferencia». Pero después echaba balones fuera: «La legislación vigente determina que a las autoridades destinatarias de la información que obtiene el Cesid hay que darles los resultados, sin la más mínima referencia a los procedimientos. El responsable de los procedimientos es el director del Centro.» Nuevamente, un político defendiendo la necesidad de obtener buena información y no queriendo saber nada de los métodos que se utilizan. O dicho de otra forma más breve y contundente, aunque un poco licenciosa: el fin justifica los medios, pero yo no quiero saber cuáles son esos medios.

El diputado popular Alejandro Muñoz Alonso, posteriormente designado presidente de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, defendió en 1990 que «en ninguno de los casos denunciados en los que el Cesid ha realizado escuchas telefónicas ilegales aparece ningún tipo de implicación que justifique tales acciones. Por el contrario, se trata de injerencias inadmisibles en un servicio secreto militar en cuestiones de política interior o en la administración de la Justicia. A veces, incluso, podría sospecharse una intervención en beneficio del partido gobernante. Utilizar las Fuerzas Armadas o sus servicios, desviándolos de sus funciones constitucionales, en legítimas batallas políticas internas para obtener abusivamente información o para saltar por encima del secreto sumarial, es una actividad contra el orden constitucional ante la que no pueden permanecer impasibles los poderes del Estado»¹⁹.

En esta misma línea de denuncia de las violaciones de la ley por parte del Cesid, aunque ocho años después, Julio Anguita declaró lo siguiente:

«Aznar es cómplice, es culpable. El ha violado el artículo 18 de la Constitución, igual que lo hizo Felipe González. Aznar se ha puesto a su misma altura, pero además con el agravante de que él prometió algo que seguramente engatusó a muchos españoles y ahora los ha traicionado. Habló tanto de la transparencia, de la honestidad... ¿Razones? Pues hay una muy clara; que estamos en un país que necesita ultimar, y más que ultimar diría poner en marcha la democracia. La democracia en nuestro país está bajo mínimos, está que tirita de frío. Estamos en un proceso de involución democrática, pero es a cámara lenta, y por eso no se nota. Aquí hay que sanearlo todo, caiga quien caiga, pero cuando Aznar llega y se encuentra con lo que hay, no tiene valor, y empieza con las cataplasmas. Se ha ido formando una consigna de silencio en nombre de la gobemabiliclad; es decir, todo lo contrario de lo que deber ser el ejercicio de la democracia, [...] que no cuenten con nosotros para un Cesid que tape las cosas y que sea opaco.»²⁰

El secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, también criticó el comportamiento de Aznar con el Cesid, sobre todo a raíz de las escuchas a HB. Almunia, recordándole sus comentarios cuando González era presidente, le pidió que explicara «si se enteró por la prensa» de esas escuchas.

Pero la portavoz de IU, Rosa Aguilar, fue la más clara en el tema durante una intervención parlamentaria acerca del mismo caso de espionaje:

«Me podrá decir que había que investigar a HB y yo le digo que sí, pero dentro de la ley, de la Constitución y del Estado de Derecho, que es desde donde se defiende la seguridad del Estado, [...] es una desvergüenza política, es inmoral e indecente, comprobar que lo que usted criticaba en otros tiempos lo haga exactamente igual en estos momentos.»

El Cesid acabó con la carrera presidencial de José María de Areilza. Registraron lo que les contó el presidente Adolfo Suárez en su visita a una base operativa del Centro. Grabaron al ministro de Defensa, Eduardo Serra, mientras le explicaban algunas de sus operaciones fuera de la ley. Disponen del dosier de actividades que el Cesid realizó en épocas anteriores acerca del hoy vicepresidente Álvarez Cascos. ¿Cuál será su próxima acción?, o ¿quién será el siguiente?

Aparte de esto, hay otras preguntas igual o más preocupantes. ¿A quién ordenará el presidente Aznar que espíe cada detalle de la vida de algún español conocido alegando que es por la seguridad del Estado? ¿Qué dosier encargará Francisco Álvarez Cascos para disponer de datos que nadie más podría obtener? ¿Qué mueca pondrá Eduardo Serra cuando le encargue a Calderón que le busque información privilegiada que sólo puede obtener utilizando métodos ilegales?

__________

1   Luis Diez, «Serra conocía el espionaje ilegal del Cesid», El Periódico, 16 de abril de 1998.

2   Juan Cano Hevia, «Del Cesid y la transición», El Mundo, 8 de noviembre de 1995

3   Esta fue la interpretación defendida por el actual coordinador general de IU en Andalucía, Antonio Romero, cuando era diputado de IU en el Congreso de los Diputados y uno de los miembros de la «comisión Roldan».

4   Lorenzo Contreras, «El Cesid, pozo de ignorancia», ABC, 18 de mayo de 1994.

5   Todas estas declaraciones fueron recogidas en el semanario Cambio 16 en su número de 21 de junio de 1995.

6   Conferencia de Javier Calderón sobre «El Cesid y la seguridad nacional en España», dentro del seminario sobre Asuntos de Defensa

7   Javier Calderón, en la conferencia citada en Jaca.

8   Entrevista citada de Javier Calderón a Tiempo.

9   Eduardo Serra, ministro de Defensa, en el Congreso de los Diputados, el 7 de octubre de 1997.

10   Organizado por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, el seminario se llamó «La reforma de la inteligencia en España: objetivos, estructura y control». Fue coordinado por Santiago López Valdivieso y los ponentes fueron Rafael L. Bardají e Ignacio Cosido. La fecha que pone en sus conclusiones es el 8 de junio de 1994.

11   «Aznar quiere que Presidencia mande sobre todos los servicios secretos», La Vanguardia, 4 de enero de 1996.

12   Pedro J. Ramírez, «Todavía el Cesid», El Mundo, 12 de abril de 1998.

13   Pablo Sebastián, «Serra y Serra, las orejas del Cesid», El Mundo, 15 de abril de 1998.

14   Markus Wolff, Op. cit.

15   Francisco Javier Pomares, «Suárez chantajeó a Areilza», El Siglo, 9 de marzo de 1998

16   Este texto, como los párrafos posteriores entrecomillados, han sido entresacados del artículo citado de la revista El Siglo. Para hacer más tácil su lectura se han quitado las continuas referencias a sus fuentes informantes y algunos párrafos que el autor considera menos trascendentales.

17   Luis Diez, «El informe “Purificación” sobre el Cesid», Diario 16, 9 de abril de 1998

18   Toda la prensa española se hizo eco de esta noticia, pero han sido utilizadas como referencia las informaciones aparecidas en El País y El Mundo los días 6 y 8 de diciembre de 1997.

19   Alejandro Muñoz Alonso, «El Cesid, bajo sospecha», El Correo Español-El Pueblo Vasco, 6 de agosto de 1990.

20   Entrevista a Julio Anguita, «Aznar engatusó a muchos españoles con la honestidad, pero los ha traicionado», realizada por José Luis Lobo, en El Mundo, el 3 de mayo de 1998.

Capítulo 4:
Ni siquiera una democracia puede controlarles

LOS REGÍMENES OCCIDENTALES SÓLO SIMULAN UNA VIGILANCIA SOBRE LAS ACTIVIDADES DE SUS SERVICIOS. LOS QUE HAN INTENTADO METERLES EN CINTURA NUNCA LO HAN CONSEGUIDO. EN ESPAÑA SE HABLA MUCHO, PERO NADIE HA INTENTADO PONER COTO AL CESID.

«El único control ha venido de la mano de los responsables directos de los órganos de información y, muy especialmente; al concentrarse mucho del esfuerzo en el Cesid, por el teniente general Emilio Alonso Manglano. Lo que, a tenor de los recientes escándalos, no parece ser suficiente.»

(Santiago López Valdivielso, director general de la Guardia Civil, en 1994, cuando era portavoz del PP en la Comisión de Defensa del Congreso.)

24 de noviembre de 1990. Teletipo de la agencia Efe: «El diputado de IU Antonio Romero anunció hoy que su Grupo Parlamentario presentará la próxima semana una proposición de ley para que se cree un comité de control de los servicios secretos españoles, con el fin de velar por que sus actividades se desarrollen en el marco constitucional.»

22 de mayo de 1992. Noticia del diario El País: «El portavoz del Partido Popular (PP) en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, Javier Rupérez, pidió ayer al ministro de Defensa, Julián García Vargas, que rompa “la barrera psicológica” existente entre el Parlamento y el Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid), permitiendo al director del servicio secreto militar comparecer ante el órgano legislativo [...]. El PP había pedido la presencia de Emilio Alonso Manglano, director del Cesid, pero el teniente general no acudió —sólo ha intervenido en contadas ocasiones ante la comisión de presupuestos— y el portavoz popular se quejó de que García Vargas no hubiese accedido a ello. “No debería haber ninguna razón” para la negativa, afirmó Rupérez antes de solicitar al ministro que “se regularice la situación directa de la Cámara con el Cesid. en la forma y en el momento que el Gobierno considere Oportuno”.»

23 de marzo de 1993. El director del Cesid, Emilio Alonso Manglano, manifiesta en su primera entrevista pública, concedida a la cadena Ser, que él es partidario de que el Cesid se someta al control parlamentario.

25 de marzo de 1993. El diputado popular Javier Rupérez exigió en la Comisión de Exteriores del Congreso que las Cortes tengan «capacidad de control sobre esos servicios» y expresó su pesar porque las peticiones de comparecencia del director del Cesid no hayan sido atendidas.

27 de septiembre de 1993. Teletipo de la agencia Efe: «El servicio de inteligencia español, el Cesid, debería ser supervisado por el Parlamento, según el portavoz de IU en la Comisión de Defensa del Congreso, Antonio Romero, ya que, dijo, “todavía no controlamos a quienes nos controlan”. En la presentación del libro La Casa, escrito por el periodista Fernando Rueda sobre las actividades de los espías españoles, Romero recordó que las finanzas del Cesid, unos 2.000 millones anuales, no son controladas por las cámaras parlamentarias y ésta es la “asignatura pendiente de la democracia”.»

22 de octubre de 1993. «A la Mesa del Congreso de los Diputados. Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados se presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate en el Pleno de la Cámara. [...] El Congreso de los Diputados acuerda: 1. Constituir una Comisión especial parlamentaria, de carácter reducido, que se ocupe de manera permanente de controlar las actividades de los servicios de información del Estado. 2. Los trabajos de esta comisión se desarrollarán de acuerdo con la legislación relativa a materias clasificadas y como determine la Mesa, reglamentariamente, con el fin de desempeñar sus tareas en el marco de los valores constitucionales y con las garantías requeridas. Firmado: Antonio Romero Ruiz y Rosa Aguilar Rivero.»

8 de junio de 1994. Seminario del Partido Popular sobre «La reforma de la Inteligencia en España». En sus conclusiones defienden que en España «no hay forma alguna, si no es desde el mismo Ejecutivo, de ejercer algún tipo de revisión y control de los servicios de inteligencia, fundamentalmente del Cesid, tarea que queda exclusivamente en manos de sus responsables políticos directos: el ministro de Defensa y, en última instancia, el presidente del Gobierno. [...] En cualquier caso, parece políticamente deseable, a tenor de la voluntad popular de una mayor transparencia de las instituciones, instrumentar un sistema de control sobre los fines, medios y operaciones de los servicios de inteligencia de España.»

27 de junio de 1994. Noticia del diario El País. «El Grupo Popular intentó sin éxito, a finales del pasado año, que en el seno de la Comisión de Defensa del Congreso se constituyera una ponencia para realizar “un sosegado debate sobre los objetivos de inteligencia española a finales de los noventa, sus medios y su control por el Parlamento.»

7 de octubre de 1997. Intervención del ministro de Defensa, Eduardo Serra, en el Congreso de los Diputados: «Creemos que qué mejor prueba del control es, por un lado, que aquí está el ministro de Defensa compareciendo ante ustedes y contándoles lealmente cuál es el resultado de las investigaciones habidas y, en segundo lugar, que hay más de un procedimiento judicial para esclarecer las responsabilidades que, en su caso, se hubieran derivado de los hechos relatados.»

Sería interminable reproducir todos los hechos noticiosos acaecidos en la década de los noventa acerca de los intentos de conseguir un mayor control sobre las actividades del servicio secreto. En cualquier archivo podríamos encontrar centenares de recortes que abundarían en la misma conclusión a la que podemos llegar con los ejemplos reproducidos: los partidos sin responsabilidad de gobierno no se fían del Cesid y proponen continuamente medidas tendentes a ejercer la mayor vigilancia posible sobre él. Nadie pretende que se expliquen aspectos necesariamente secretos, como el desarrollo de una misión en marcha, pero sí que no se escapen del control parlamentario al que obligatoriamente están sometidos, sin excepción, el resto de los organismos del Estado. Si estuviéramos en una dictadura, yo no estaría escribiendo este libro, el Parlamento sería un conjunto de bufones bailando al son del dictador y los servicios secretos, con métodos crueles y sin pararse a respetar los derechos humanos, actuarían como los ojos y oídos de Lucifer para garantizar la continuidad del sistema.

Pero, gracias a Dios, no estamos en una dictadura, y nada, ni siquiera los servicios secretos, debe estar libre de cualquiera de los controles establecidos por la legislación. Y esto no es así porque yo lo diga: en los países de nuestro entorno con más tradición democrática ya existen esos mecanismos. No son controles suficientes, pero al menos sí han conseguido que esas centrales de espionaje no campen libremente por las llanuras de sus países.

En los Estados Unidos cambiaron el sistema de control de los servicios de inteligencia tras destaparse el caso Watergate y las graves acusaciones formuladas contra la CIA por realizar acciones ilegales en el Chile de Salvador Allende. La demanda pública condujo a la creación de dos comités parlamentarios permanentes en 1976 y 1977, que han venido funcionando sin problemas desde entonces. El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes se divide en tres subcomités: de Legislación, de Control y Evaluación y de Programas y Recursos. Por su parte, el Comité del Senado no cuenta con ningún subcomité.

Las competencias de ambos comités están reguladas estatutariamente por el Acta de Inteligencia Nacional de 1980. Teóricamente, el Ejecutivo debe presentar cualquier documento que se le pida y, en consecuencia, las reglas sobre la circulación de la información y su salida al público son muy estrictas. De hecho, en 1987 uno de los diputados se vio forzado a dimitir al haber filtrado partes de un borrador de informe.¹

El director de la CIA debe rendir cuentas ante las comisiones del Congreso y el Senado, y el presidente de los Estados Unidos tiene que pedir el aval del Senado para el nombramiento de su director y de su adjunto. Se persigue que los representantes del pueblo ejerzan una inspección política, pero éstos nunca piden detalles sobre operaciones en marcha o la identidad de sus agentes.

De lo que no existe ninguna duda en el país de la hamburguesa es de que todos sus servicios secretos, tanto los que miran al exterior como los que miran al interior, dependen del presidente. Los más importantes, la CIA y el FBI, tienen la obligación de explicar todos sus movimientos al presidente, que responde de esas acciones ante la Justicia.

En Alemania, el país que hace años albergó a la atroz y bestial Gestapo, que aunaba funciones policiales y de espionaje, existen actualmente tres servicios con unas competencias claramente delimitadas: el BND (Servicio de Información Federal), trabaja en el espionaje exterior y depende de la cancillería; el BFV (Oficina Federal y Oficinas Regionales para la Protección de la Constitución), se dedica al antiterrorismo y al contraespionaje y depende del Ministerio del Interior; y el MAD, Servicio de Protección Militar, vigila la seguridad de las Fuerzas Armadas y depende del Ministerio de Defensa.

Para organizar sus tareas, el Gobierno nombra a un ministro de Estado comisionado para coordinar las misiones de los tres servicios. EL BND, el BFV y el MAD están sometidos al control de otros tantos comités en el Bundestag, en el que están representados los cinco grandes partidos. El primero regula la financiación y recursos de los tres servicios; el segundo, de carácter jurídico, estudia los permisos para la interceptación de las comunicaciones, algo que, salvo en situaciones de emergencia, no se puede realizar sin aprobación expresa del comité; y el tercero examina las operaciones de los servicios. Los comités pueden conducir investigaciones, así como citar a testigos, si así lo estiman oportuno. Los agentes que dan su testimonio cuentan con plena libertad, de expresión.

La ley establece que el Gobierno debe informar con todo detalle sobre las actividades de los servicios secretos durante las reuniones que se celebran cada mes y medio, por iniciativa del Ejecutivo o por petición individual de alguno de los parlamentarios miembros de la comisión. Los diputados pueden estimar que ciertas acciones de espionaje deben ser investigadas públicamente, y pueden solicitar la creación de una comisión de investigación pública sobre un asunto concreto. Además, es importante reseñar que en Alemania existe un control judicial sobre estas actividades.

Italia cuenta con el Servicio para la Información y la Seguridad Militar (Sismi) y con el Servicio para las Informaciones y la Seguridad Democrática (Sisde). El primero, de carácter militar, depende del Ministerio de Defensa, mientras el segundo, que se ocupa de temas internos, depende del Ministerio del Interior. Los dos servicios son dirigidos políticamente por el CESIS (Comité Ejecutivo para los Servicios de Información y Seguridad), bajo el control directo del presidente del Gobierno.

Cada seis meses, el presidente rinde cuentas ante el Parlamento de forma general sobre las actividades del Sisde y el Sismi. Con más detalle, envía un informe a un comité parlamentario compuesto por cuatro diputados y cuatro senadores, que pueden pedir precisiones al propio presidente o al CESIS.

Incluso un país en guerra permanente como Israel, el Mossad, también conocido como «Oficina del Primer Ministro», tiene controles. Siempre que se produce algún suceso en relación con sus actividades, dependiendo de su envergadura se crea un comité de investigación departamental (del propio Mossad), parlamentario o gubernamental. En este último caso está compuesto por tres, cuatro o cinco miembros elegidos por el Primer Ministro entre personas de relevancia en cuestiones de información, las cuales tienen acceso a todos los papeles que necesiten y pueden pedir testimonio a quien quieran, aunque sus reuniones son a puerta cerrada. Al finalizar sus trabajos informan al Gobierno, que decide si da a conocer o no parte de sus investigaciones. Eso sí, como mínimo se hacen públicas las conclusiones (hay anexos secretos que jamás se publican porque en ellos donde se le explican al primer ministro muchos de los detalles operativos).

Además, dentro del Comité de Relaciones Exteriores y Seguridad, el más restringido y poderoso del Parlamento, hay un subcomité todavía más restringido que se llama Subcomité Parlamentario para Servicios Secretos —al que sólo tienen acceso diputados con la “garantía de seguridad”—, que investiga los temas financieros y éticos.

En Gran Bretaña existen tres servicios: el MI5 para temas de interior, el MI6 para el exterior y el GCHQ, que es el centro gubernamental de comunicaciones. El primero depende del Ministerio del Interior (Home Office) y los otros dos del de Exteriores (Foreign Office), pero todos deben responder legalmente ante el juez nombrado para vigilarles. Este magistrado recibe un listado de las operaciones en curso y puede intervenir por sorpresa en cualquiera de ellas. Además, una comisión del Parlamento los controla y debate sus actuaciones. Si alguna operación de los servicios trasciende a la opinión pública, el encargado de responder es el primer ministro.

Gran Bretaña tiene una peculiaridad muy especial. Si cualquier ciudadano, empresa o institución desea presentar una querella contra cualquiera de los servicios, ya sea porque se siente vigilado o porque ha detectado una escucha telefónica, puede hacerlo ante un tribunal no judicial creado a instancias de esta legislación específica.

Francia tiene diversos servicios secretos, que son bastante opacos: la Dirección Central de Informaciones Generales y la Dirección de Seguridad del Territorio, que dependen del Ministerio del Interior; la Dirección y Protección de la Seguridad del Territorio, encuadrada en el Ministerio de Defensa; y la Dirección General de la Seguridad Exterior y el Secretariado General de la Defensa Nacional, supeditados al presidente de la República. El Parlamento del país galo no dispone de mecanismos de control sobre estos servicios.

Basten estos ejemplos de países de nuestra órbita como referencia y comparación previa y necesaria para analizar la calidad y cantidad de los controles a los que está sometido el servicio secreto español.

Ellos dicen que sí tienen controles

Una de las perspectivas más importantes para analizar la realidad española es la del director de La Casa, que está convencido de que las inspecciones existen plenamente. Javier Calderón defiende que el servicio secreto está controlado por «el poder ejecutivo en cuanto le ordena lo que “debe” hacer; el poder legislativo, a través de las comparecencias de los representantes del Gobierno de los que depende el Centro y el control de sus fondos reservados; y finalmente, el poder judicial en la medida en que lo está cualquier otro órgano de la Administración. Este control real podría quedar más definido y depurado a través de una ley reguladora del servicio de inteligencia»².

Estudiemos las palabras de 1B. Decir que el Gobierno de Aznar les controla simplemente porque les ordena lo que deben hacer es un loable planteamiento de caballeros que parte del principio de que los espías no hacen nada que no se les ordene. Seguir su razonamiento nos llevaría a la conclusión de que el Gobierno de Felipe González estaba enterado de todas las acciones que impulsaba Manglano. De que mandó secuestrar mendigos para hacer pruebas reales de los efectos de unos narcóticos. De que sometió a escuchas telefónicas a centenares de españoles. De que apoyó en El Salvador a los Escuadrones de la Muerte. Y de eso nada, o casi nada. Ni Felipe González ni su Gobierno pudieron estar informados de esas y otras muchas operaciones. Son responsables políticamente de ellas, pero carecían de medios reales para haberlas impedido. Todo se fundamenta en la buena fe de un director. Ahora bien, si Felipe González hubiera sabido algunos detalles de la «buena fe» de Luis Roldán o de Mariano Rubio, por citar sólo dos ejemplos de la parte negra de su etapa de Gobierno, sin duda jamás los habría nombrado, pero cuando lo hizo fue porque creyó firmemente en su honestidad.

Después de leer las solicitudes de diversos diputados para establecer algún control sobre La Casa, reproducidas al principios de este capítulo, parece una burla defender que para un control parlamentario basta con la comparecencia del ministro de Defensa u ocasionalmente la del vicepresidente del Gobierno. Porque, como ha quedado demostrado en los capítulos anteriores, de lo que pasa en el Cesid sólo tiene un conocimiento veraz su director, y no siempre se lo cuenta todo a los responsables políticos.

Es significativo a este respecto el ejemplo que dio el primer ministro israelí cuando quiso conocer los motivos por los que cuatro de sus agentes habían sido pillados in fraganti penetrando clandestinamente en la casa de un árabe en Suiza en 1998. No le bastó la detallada argumentación del jefe del Mossad, sino que abrió una comisión de investigación independiente. Una comisión que le informara con objetividad de los motivos que habían originado el desastre y le habían creado serios problemas dentro y fuera del país.

Calderón debió de confundirse cuando dijo que el Parlamento tiene control sobre sus fondos reservados. Porque una cosa es aprobar que se gaste una cantidad concreta de millones sin justificar y otra ejercer una fiscalización sobre esos fondos. La afirmación de que el Parlamento controla los gastos ocultos ha provocado la hilaridad de algunos de los diputados a quienes se lo he comentado. Sólo digo hilaridad, pero podría haber utilizado términos peores.

El propio Manglano, hábil jugador de mus, dijo ante un grupo de diputados que visitaron la sede del Cesid en 1993 que no tenía inconveniente en que el Parlamento controlara las actividades de los espías.³ Entre esos diputados estaba el peneuvista Iñaki Anasagasti, que no fue capaz de morderse la lengua y le preguntó por su relación con los GAL. Manglano le aseguró que el Cesid no tuvo nada que ver con la guerra sucia ni disponía de información especial sobre esos grupos. Cuando años después aparecieron las pruebas que demostraron lo contrario, Anasagasti no pudo reprimir sus duras críticas y sólo le faltó trepar por las paredes.

Lo que no parece serio es decir que los jueces les controlan como a cualquier otro órgano de la Administración. De entrada, porque es comprensible que, cuando entran en la Embajada de Argelia a colocar micrófonos, no se lo cuenten a un juez para que firme su anuencia, habida cuenta que la legislación vigente impide este tipo de acción si no existe previamente una sospecha de delito fundada. Otra cosa sucedería si las leyes admitieran esgrimir la defensa de la seguridad del Estado para autorizar una penetración clandestina. Mientras este caso no se admita, personalmente no me rasgo las vestiduras ante esas operaciones, porque defiendo que en temas de seguridad exterior se debe mirar para otro lado en muchos casos, y más cuando en Argelia nadie se escandaliza porque se coloquen micrófonos en la Embajada de España.

Lo malo es que, cuando se ha solicitado autorización judicial para hacer registros en casas de extranjeros (en contadas ocasiones), tal petición no siempre se ha materializado con la honestidad necesaria. Así sucedió en en 1987, cuando agentes del Cesid engañaron a un juez para buscar un falso arsenal de armas en casa de un funcionario palestino basándose en una información manipulada de sus colegas del Mossad, que sólo pretendían crear un conflicto con la OLP.⁴

En cualquier caso, a veces más vale estarse callado para no quedar en evidencia. Preguntado Calderón, en su entrevista al semanario Tiempo, sobre si se imaginaría a un juez autorizando las acciones más delicadas del Cesid, contestó que «no es que lo imagine: es que ha sucedido antes y sucede ahora. Y además es bueno que sea así». Meses después se descubría que La Casa disponía de un piso en Vitoria desde el que varios agentes controlaban las reuniones que se celebraban en la sede de Herri Batasuna. Como es normal, aunque contradiga sus tranquilizadoras palabras, no contaban con la orden de un juez.

En definitiva, las operaciones del Cesid, al no tener el Centro la consideración de cuerpo y fuerza de Seguridad del Estado, no son misiones policiales, sino meramente informativas. Y como queda demostrado con todas las acciones ilegales que habitualmente realiza y que han quedado detalladas en el informe reproducido en el capítulo primero sobre la vigilancia al coronel Juan Perote, tales operaciones nunca contarán con un control judicial real. Porque un juez jamás puede autorizar una violación de los derechos individuales sin que existan pistas fiables que puedan conducir a la futura detención del sospechoso por la comisión de un delito. Como el paso de los años ha demostrado, Perote no fue procesado por el informe elaborado por el Cesid sobre su vida pública y privada.

Control y seguridad tienen que convivir

El debate no está en dilucidar si al Cesid. hay que controlarlo más, lo que parece evidente, sino en saber si es posible controlarlo más. Angel Maestro, uno de los especialistas en espionaje más respetados dentro y fuera de nuestras fronteras, es realista y dice con claridad lo que piensa:

«Termino comentando la insistente petición de un mayor control parlamentario de los servicios, que, sin hipócritas disimulos de sacrosanta fe democrática, puede conducir de hecho a su esterilidad casi absoluta. El periodo más azoroso de la CIA, en el que sus operaciones más secretas eran noticia cotidiana, coincidió con la época en que el senador Frank Church presidió el comité de control de la misma. La falta de operatividad de la agencia fue total. En plena “guerra fría” se frustraron intentos de deserción de agentes enemigos ante la inseguridad de trabajar con los yanquis. Incluso los eficaces, pero tantas veces penetrados, servicios británicos, aflojaron el intercambio de información con sus “primos” norteamericanos. Con la desaparición de la ex Unión Soviética (SIC), posiblemente entre los pocos organismos que funcionen bien en Rusia hoy estén los servicios de inteligencia rusos. Si en los Estados Unidos, donde los políticos se deben generalmente a sus electores y no son esclavos de la dictadura de la maquinaria partitocrática, el daño originado a algo que forzosamente debe permanecer secreto ha sido grande, imaginémosnos al señor Anasagasti, como ejemplo de hombre histriónico y parlanchín, en una comisión secreta donde se traten las futuras operaciones reservadas.»⁵

La opinión contraria la defendió, en pleno mandato socialista, el diario El País, tras descubrirse la existencia de una red de espionaje ilegal en el mundo empresarial de Barcelona en la que estaba implicado el infiltrado en ETA Mikel Lejarza, alias «El Lobo», y algunos agentes del Cesid:

«Las tareas que los estados encomiendan a sus servicios secretos cuentan con una protección legal especial y con garantías sobreañadidas que, por lo general, nadie cuestiona. La sociedad suele mostrarse comprensiva con el hecho de que las reglas de juego para estos servicios no sean exactamente las mismas que las vigentes para el resto de los órganos del Estado. Pero ello no exime a los poderes públicos (Parlamento, Gobierno y jueces) y a la sociedad en su conjunto de vigilar atentamente para que tales protección y garantías sirvan para lo que están (la defensa de los legítimos intereses de Estado) y no sean cobertura y pretexto para actividades ilegales. Ni siquiera sería permisible que esas tareas dieran lugar a algún tipo de beneficio gubernamental en el sentido de que sirvieran a los fines propios del partido que controla el Gobierno y administra el Estado. Mucho menos que no se investiguen ni se sancionen cuando, por una u otra causa, surge a la luz algún indicio que hace sospechar de su distorsión.»⁶

Mucho más pragmático, directo y claro es Markus Wolff:

«El control de los servicios secretos incluso por una legislatura democrática es difícil, si no imposible.»

Mi postura sobre el control del Cesid es que nadie puede en una democracia hacer lo que le da la gana alegando que actúa por el bien común. Porque quizá «todos» no estemos de acuerdo con los métodos y los fines y creamos que ya somos mayorcitos para decidir sobre determinados temas importantes. En un Estado policial, esgrimir la necesidad de la seguridad es un pretexto para justificarlo todo, pero en una democracia no. Incluso cuando se nos dice que se llevan a cabo determinadas acciones para salvar vidas humanas, antes hay que preguntar al pueblo o, en su caso, a sus legítimos representantes, si se quiere hacer. Muchos de los que participaron en el intento de golpe de Estado del 23-F y en algunas otras asonadas lo hicieron porque creían que así servían mejor a los españoles y evitaban muchas muertes a manos de ETA. Y estoy seguro de que también los integrantes de los GAL pensaban de igual forma. Sin embargo, los españoles se han mostrado mayoritariamente en contra de ambas acciones, aunque no tengan nada que ver entre sí.

Ahora bien, el funcionamiento de un servicio de inteligencia requiere el uso de unas técnicas especiales de obtención de información y de resolución de crisis de Estado que necesariamente deben permanecer en la penumbra. Partiendo de la aceptación de la necesidad de garantizar la seguridad en el trabajo de los agentes del Cesid y de la imprescindible protección del Estado frente a los ataques de cualquier tipo que intenten socavar su orden, hay que buscar mecanismos para hacer convivir los términos control y seguridad. La solución será una serie de medidas que nos acerquen a lo que ya está implantado en los países occidentales y que dejen a los españoles más tranquilos frente a los graves excesos como los cometidos por el Cesid en los últimos años. Excesos entendidos no solamente en el qué hacen sus agentes, sino en qué hace su director y qué hacen sus responsables políticos, extremos ya explicados en capítulos pasados.

Aznar debe tomar el mando

En lo que respecta al Ejecutivo, La Casa debe abandonar su dependencia del Ministerio de Defensa y pasar a hacerlo directamente del presidente del Gobierno. El Cesid fue desde su creación en 1978 un servicio plenamente militar, pero Manglano tuvo el acertado olfato de irlo «civilizando» con la contratación de hombres y mujeres que nunca habían vestido uniforme. El propio Manglano nunca se puso el atuendo caqui desde su nombramiento e impregnó progresivamente todas sus decisiones de una aureola civil opuesta a las costumbres castrenses. La medida más controvertida fue la de aceptar que algunos civiles o militares de menor graduación mandaran sobre un superior jerárquico, primando como en cualquier empresa al más apto para cada puesto.

Posteriormente, Félix Miranda, en su breve paso por La Casa, retomó los principios castrenses, con lo que únicamente corroboró lo que ya se sabía: su absoluta falta de preparación para la dirección del espionaje y su nula adaptación ante el «muerto» que el ministro Gustavo Suárez Pertierra le había obligado a aceptar. Javier Calderón ha regresado a la senda más civil de Manglano, aunque respetando el protagonismo militar.

No todos aceptan que se haya dado este proceso de «civilización». Xabier Arzalluz, líder del PNV, ve al Cesid empapado de militarismo:

«Es un servicio de información dirigido exclusivamente por militares, con unos cuantos civiles que, probablemente, son de familia militar [...]. Todo el control está en manos de ellos, de los militares.»⁷

De lo que se trata no es de echar a los militares, que son una buena cantera para este trabajo, sino de hacer que los que allí trabajen (guardias civiles, policías, militares y civiles) sepan que realizan un trabajo distinto, con características especiales y que, al margen de su procedencia, todos han pasado a ser profesionales del espionaje. El Estatuto del Cesid, aprobado al final de la época socialista, dio un paso importante en esta dirección.

Pero existen más motivos para trasladar al Cesid de Defensa a Presidencia del Gobierno. Exceptuando los temas de la OTAN y la seguridad industrial, sus trabajos apenas guardan relación con las Fuerzas Armadas. A principios de la década de los ochenta, tras la intentona golpista del 23-F, el Cesid se volcó en los asuntos de involución, pero actualmente son muy pocos los agentes que siguen dedicados a una amenaza prácticamente extinguida.

Ante este panorama, cada día más alejado de la milicia, ¿cómo se justifica, en qué se fundamenta que el ministro de Defensa siga ostentando el mando directo del Cesid? No existe ninguna explicación con base real. En relación con ello, sólo cabe hablar de que en los últimos años han tenido más preponderancia las personas que el cargo que ocupaban. Así, el ministro de Defensa Narcís Serra venció al vicepresidente Alfonso Guerra en la pelea por el control del Cesid; después, el vicepresidente Narcís Serra le ganó la batalla —con escasa resistencia— al ministro Julián García Vargas; y el ministro Eduardo Serra pudo con el vicepresidente Francisco Álvarez Cascos.

Pero ya es hora de que se afronte la situación priorizando lo que sea mejor para España y no dejando que sea el más fuerte, listo o hábil políticamente en cada momento quien dirija el Cesid. Debe ser el presidente del Gobierno quien se responsabilice del servicio secreto más importante del Estado, eliminando de él esa dependencia militar que no hace más que perjudicarlo. Una vez realizado este cambio, como es lógico que el presidente no pueda ocuparse directamente del día a día del servicio, deberá delegar ese trabajo en algún responsable, que podría ser el vicepresidente o un coordinador político —o como quiera llamársele— con despacho en el palacio de La Moncloa. Cualquiera de las figuras que se creara debería acometer un trabajo más: coordinar la labor del Cesid con la de los servicios de información de la Guardia Civil, la Policía y, cuando sea menester, la de las policías autonómicas. Existen diversos caminos para afrontar esta complicada tarea de coordinación, pero insisto en que el principal problema no está ahí: lo importante es sacar cuanto antes al Cesid del Ministerio de Defensa, un lugar en el que ya no tiene sentido que permanezca más tiempo.

Establecida la dependencia con respecto al presidente del Gobierno, se deberán crear los cauces necesarios para que la información que levante La Casa sea distribuida por todos los ministerios a los que pueda interesar. No como ocurre ahora, cuando la información, al depender de Defensa, tiende a permanecer guardada, por un negativo sentido de la competencia. La información es poder, y el que la posee no quiere compartirla, para tener así la posibilidad de conseguir prebendas de todo tipo con ella. Algo que inmediatamente desaparecería si fuera el presidente del Gobierno el que la manejara.

En los países occidentales, el presidente del Gobierno es, cada vez con más frecuencia, el que da la cara ante la sociedad cuando aparecen problemas. Si al presidente es al que va dirigida la mayor parte del material de inteligencia, si el presidente es el que en último extremo decide qué tipo de información necesita, si el presidente es el que marca los límites de actuación... es preferible que sea él quien asuma ante la opinión pública ese mando directo. Y no hay nada mejor que establecerlo por ley.

Comisión especial para los servicios secretos

El poder legislativo debería comenzar a desempeñar funciones de control de una manera activa y no como hasta ahora, que ni pincha ni corta. Lo más importante sería establecer una comisión especial de servicios secretos, integrada por un número reducido y cualificado de diputados. Si hemos aceptado que los temas de espionaje son muy delicados, pero también que nada puede escapar del control del pueblo, sus representantes, de una forma especial, deben tener la posibilidad de acceder a una gran parte de los detalles de su funcionamiento.

Todos los partidos políticos deberían tener un representante en tal comisión, excepto aquellos que no ofrezcan el nivel necesario de seguridad. El ejemplo claro es Herri Batasuna, una coalición legal que sin ninguna duda utilizaría la información que allí obtuviera para dañar la estructura del Estado. Por el contrario, rompiendo con antiguas taras que todavía hoy siguen arraigadas, debería incluirse a Izquierda Unida y al Partido Nacionalista Vasco. Estamos en una época en que nadie del servicio secreto (como sucedía hasta no hace muchos años) puede alegar públicamente con seriedad que los comunistas suponen un riesgo para el Estado. Igualmente, por muy duras que sean a veces las palabras de líderes como Xabier Arzalluz, no se pueden albergar dudas de que su partido sería plenamente respetuoso con la información allí obtenida. Además, y no hay que olvidarlo, los dos partidos tienen el mismo derecho que el resto a controlar las actividades del servicio secreto. Eso sí, siguiendo el ejemplo de países como los Estados Unidos, a los integrantes de la comisión se les debería aplicar todo el peso de la ley si violaran la norma de secreto de la comisión y repitieran en público lo que allí hubieran escuchado o leído.

Los integrantes de esta comisión deberían tener la capacidad de convocar al presidente del Gobierno, a su coordinador político, al director del Cesid o a cualquier jefe o agente, para conocer de primera mano los asuntos que trascendieran a la opinión pública. Incluso, si lo creyeran conveniente, podrían hacer que las sesiones siempre secretas pasaran a ser abiertas para que la sociedad conociera de primera mano sus investigaciones.

El Plan Permanente de Información, que recoge genéricamente los asuntos a los que se debe dedicar el Cesid, tendría que ser elaborado por el Gobierno y aprobado por esa comisión. Hay que tener presente que los selectos diputados que formarían parte de ella no estarán ahí para hacer política partidista y que carecería de sentido que hicieran unas intervenciones floreadas de cara a las cámaras de televisión, puesto que tales intervenciones casi nunca tendrían eco en la opinión pública. Su misión estaría presidida únicamente por la razón de Estado, por lo que nada impediría que fueran reuniones creativas en las que todos miraran sólo por el bien del conjunto de los españoles.

El director del Cesid debería comparecer al menos una vez al año para informar de la marcha de La Casa y particularmente de lo gastado en fondos reservados. Esta comparecencia también la podrá realizar el responsable político del Cesid (el presidente del Gobierno o el coordinador que designe), aunque no de una manera excluyente, porque las características de esta comisión permiten que Calderón o cualquiera de sus sustitutos pueda acudir a ella personalmente y hacen que ya no haga falta que actúe de paraguas, como hasta ahora, el ministro de Defensa.

No obstante, cuando se repitan situaciones del pasado como el descubrimiento de escuchas en la sede de Herri Batasuna en Vitoria, el espionaje ilegal a decenas de personalidades, incluido el Rey, o la presencia de un grupo de espías en Rumania para recuperar cintas de vídeo comprometedoras para políticos españoles, la comisión podrá convocarse inmediatamente y pedir al jefe del espionaje y a los agentes responsables que acudan a dar explicaciones, siempre guardando las debidas garantías. Si el asunto tiene una especial trascendencia y los diputados lo creen conveniente, las sesiones podrán convertirse en abiertas, aunque en este caso los agentes operativos del servicio no podrían ya comparecer, para evitar riesgos personales y no perder su necesaria clandestinidad.

La comisión especial para los servicios secretos debería tener una misión más, que considero trascendental. El puesto de director general del Cesid es imposible asimilarlo a cualquier otra dirección general de la Administración. Si bien los ministros son cargos que el presidente del Gobierno designa libremente y éstos a su vez actúan de igual forma con sus colaboradores directos, el puesto de jefe del espionaje, por la libertad de acción de que goza y las misiones especialmente sensibles que se le encargan, debería tener un refrendo de los representantes del pueblo. Si va a encargar el control de personas, la colocación de micrófonos en casas particulares, el seguimiento de posibles sospechosos y tantas otras misiones relativas a la vida privada de los españoles que nadie, ni sus jefes, van a conocer, al menos un órgano independiente debería decirnos a todos que esa persona tiene todas las garantías de integridad y que está fuera de toda sospecha. Ese órgano es la comisión especial para los servicios secretos.

Si esta norma hubiera estado implantada cuando el presidente Aznar quiso designar a Javier Calderón director del Cesid, habría tenido que pedir el plácet a la comisión. La Guardia Civil habría tenido que elaborar un exhaustivo informe sobre él y presentarlo ante el Congreso, que en sesión pública habría podido formularle cuantas preguntas considerara necesario, utilizando esa fuente policial o cualquier otra propia de los diputados, hasta alcanzar un veredicto. Allí le habrían preguntado acerca de su vinculación con el intento de golpe de Estado del 23-F, motivo de diversas críticas que se han lanzado contra él desde que ocupó el cargo; acerca de la supuesta amenaza de no ascender a general al coronel Arturo Vinuesa si no retiraba su demanda contra mandos del Ejército relacionados con la muerte de su hijo, o acerca de tantos otros asuntos que reflejan sus creencias y su forma de actuación y que todavía hoy siguen sin respuesta. Sólo si hubiera convencido a los diputados de su integridad personal podría haber sido nombrado director del Cesid, un cargo que exige la mayor limpieza y transparencia.

En lugar de crearse una comisión especial para los servicios secretos, en España existe la tendencia a debatir estos asuntos en la Comisión de Secretos Oficiales. Esta alternativa despoja al Cesid de un control real, porque no es lo mismo que haya cinco diputados que se especialicen en espionaje y que día a día sigan atentamente el tema que debatir en una comisión en la que el tema central es la protección de los secretos. Esta solución, en caso de aplicarse, sólo sería la demostración de la debilidad de un Gobierno y del deseo de que el control no sea real.

Un juez y cambios en las leyes

Finalmente, se debe producir un tercer control, el judicial, que es el más claro de todos. Consiste en que un juez, designado especialmente por el Consejo General del Poder Judicial con las máximas garantías, autorice las misiones más delicadas del Cesid. Hay que evitar que los agentes se sientan desprotegidos cuando participen en operaciones sin cobertura legal, al no contemplarse en la legislación la posibilidad de que los miembros del Cesid actúen como Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado.

Previamente, el Parlamento deberá aprobar cambios en la legislación que autoricen misiones que no tengan nada que ver con la persecución directa de un delito. Porque lo que el Cesid hace es buscar indicios de ataques a la seguridad del Estado basados, en la mayor parte de las ocasiones, en sospechas.

En el próximo capítulo argumentaré con la extensión que me parece necesaria un cuarto control, el periodístico, pero hasta aquí ha quedado reseñada la necesaria intervención activa del poder ejecutivo, el legislativo y el judicial para acabar con los excesos del Cesid en los últimos años. Estos controles deberán aplicarse con el mayor esfuerzo, como ya se aplican, en versiones distintas o similares, en la mayor parte de los países occidentales.

Ahora bien, el hecho de defender la necesidad de implantar esas inspecciones no me coloca una venda en los ojos sobre la triste realidad. Esos controles servirán para disminuir la opacidad del Cesid, pero no solucionarán un problema crónico en los servicios de inteligencia de todo el mundo: es imposible, incluso para una democracia, el control real sobre ellos.

La esencia de un servicio secreto es la investigación de asuntos especialmente embarazosos. Para ello utiliza cualquier método que le permita conseguir la información necesaria para realizar sus informes, sin olvidar que lo que descubran lo va a conocer únicamente un número limitado de altas personalidades del Estado, que jamás hablarán de ello en público.

En relación con los «asuntos especialmente comprometidos» existe tal sensibilidad que los responsables políticos no se atreven a preguntar por determinados aspectos de la obtención de la información o de la solución de las crisis, porque no quieren conocer las respuestas. Sólo desean que alguien —en este caso el Cesid—resuelva tales asuntos con el mayor sigilo y la máxima eficacia. En el libro que escribió Pilar Urbano hay una acción que narra un agente al que ella llama Efrén Puentes y que es el brazo derecho de Javier Calderón. Cuando la leí se me puso la piel de gallina. No podía creerme lo que estaba contando. Efrén, jefe de la División de Seguridad y por lo tanto un hombre que lo sabe todo, repite continuamente términos como «hipótesis de trabajo», «todo supuesto» o «todo es una hipótesis». Pero el hecho cierto es que describe con todo lujo de detalles cómo el Cesid realizó la operación de recuperación de los vídeos comprometedores que la actriz y presentadora Bárbara Rey había grabado a una alta personalidad del Estado. Controles, seguimientos, siete u ocho entradas clandestinas en su casa...

Un día, tomando una copa, le pregunté por este episodio a Andrés Fuentes, que es a quien Urbano llama Efrén Puentes.

—Me parece un error que contaras eso —le dije.

—¿Tú crees? —me contestó poniendo cara de pillín y de maestro de poker.

—Claro —comencé a entender—, a no ser que con ello le quisierais mandar un mensaje a Barbara Rey

Calló, al mismo tiempo que esbozaba esa sonrisa de hombre peligroso que, tras dos años como jefe de la Divisón de Seguridad, se parapeta tras una mirada intencionadamente provocadora.⁸

«Asuntos especialmente comprometidos»

En los «asuntos especialmente comprometidos» no hay ley, ni nada que se le parezca. Y no sólo en España, sino en todo el mundo. En Francia, la denominada «Célula del Elíseo» grabó ilegalmente cientos de llamadas para proteger a la amante y a la hija de Mitterrand. En Italia se interceptaron conversaciones, también ilegalmente, del líder de la Liga Norte, Umberto Bossi, a quien no se le ocurrió otra cosa que decir por teléfono: «Tendremos las ametralladoras y con gran satisfacción me llevaré al otro mundo gran parte de esta mierda.» En Alemania se montó un escándalo con la operación del plutonio, en la que se detuvo a delincuentes de tercera fila para tratar de dar un escarmiento mundial y evitar el tráfico internacional de ese material. En Gran Bretaña no hubo quien investigara la política de «disparar a matar» que durante un tiempo se aplicó en el Ulster.

En nuestro país, cuando se trata de salvar la seguridad del Estado o ayudar a personas que el Gobierno o el propio Cesid considera que merecen apoyo, nunca se respeta la Constitución. ¿Cuántos carnets de identidad falsos se han fabricado en el Cesid para ayudar a gente con problemas? ¿Cuántas penetraciones se han efectuado en domicilios de personas que luego no tenían ninguna relación con el asunto que se estaba investigando? Pero es que, para colmo, hasta el ministro de Defensa, Eduardo Serra, defendió en el Congreso la necesidad de colocar micrófonos a Herri Batasuna aunque no existiera orden judicial. Pase lo que pase en el futuro, se cambie lo que se cambie, se nos venda lo que se nos venda, siempre que haya un «asunto especialmente comprometido» los agentes de La Casa harán lo que sea necesario para cumplir su trabajo. Nuevamente nos repetirán la maldita frase: el fin justifica los medios.

En el libro KA: licencia para matar describíamos detalladamente el proceso de formación de los agentes de la unidad de élite del Cesid, que son los que realizan esas misiones que requieren unos sistemas técnicos especiales. Esos métodos fueron convertidos en doctrina en 1978 por el primer jefe de la unidad, José Luis Cortina, y todos los que le han seguido se han limitado a pulirlos y actualizarlos. En aquel libro hablábamos de que se les enseñaba a abrir cualquier tipo de puerta, a colocar micrófonos en los lugares más insospechados, a fotografiar sin ser vistos, a secuestrar a personas y tantas otras técnicas imprescindibles para su trabajo. Todas ellas conforman la doctrina operativa de los mejores agentes que existen en España. Si se les encarga espiar a cualquier persona aplicarán su sistema de trabajo mecánicamente, sin que nadie les paralice por una orden judicial de más o de menos.

Un topo que tienen trabajando para ellos en una empresa de armas, en un banco o en la redacción de un periódico y que cobra a cambio de facilitar datos secretos y fechas de reuniones o por fotocopiar la agenda de un compañero no va a dejar de hacerlo por el simple hecho de que no sea legal. ¿O es que le van a pedir autorización a un juez para que cada uno de sus cientos de colaboradores trabaje bajo amparo legal?

En lo que respecta al poder ejecutivo, hay otro mal endémico. El presidente del gobierno, el ministro de Defensa o el de Interior reciben diariamente muchos informes, una parte de los cuales contiene información valiosísima. Aznar, o antes González, o antes Calvo-Sotelo, o antes Suárez, jamás han preguntado cómo se han conseguido esos datos tan secretos, y no me cabe duda de que todos ellos se habrán sorprendido muchas veces del contenido de tales informaciones. Pero ni ellos ni sus ministros implicados en el asunto son tontos. Saben que la esencia del funcionamiento de un sistema democrático consiste en la asunción de responsabilidades cuando te pillan con el carrito del helado. Y siempre les cabe la posibilidad —como ha quedado demostrado en los últimos años— de decir que el Cesid ha actuado contraviniendo sus órdenes, a espaldas de lo que ellos le habían ordenado. Por eso, ni en España ni en ningún país del mundo los presidentes quieren que sus servicios secretos les expliquen cómo obtienen la información. Piden el mayor número de datos sobre los asuntos graves del país y exigen a sus espías que se los traigan. O les ordenan que solucionen chantajes o amenazas al Gobierno o a altos cargos, pero sin que les cuenten cómo lo van a hacer.

Mientras este cáncer siga afectando a zonas vitales y, sobre todo, mientras su existencia permita a los gobernantes ejercer mejor el poder, el Cesid seguirá violando la ley para poder conseguir esa información y solucionando esos problemas que con el Código Penal en la mano no podrían afrontar en muchos casos.

La situación política en España hará que en los próximos años asistamos a una alternancia en el poder de socialistas y populares, apoyados por la bisagra permanente de CiU. Al asentarse este panorama, los tres partidos han aceptado la necesidad de no hacer sangre en los asuntos del Cesid. Porque los tres partidos han llegado al convencimiento de que, en materia de espionaje, gobernar obliga a saltarse la ley «por el bien de todos». El compadreo de los socialistas tras el descubrimiento de las escuchas en la sede de HB en Vitoria en 1998 obligará en el futuro a los populares a jugar con las mismas cartas marcadas cuando el PSOE esté en el Gobierno y el Cesid sea descubierto en otras operaciones ilegales.

Con este equilibrio parlamentario, el resto de los partidos no podrá hacer nada por poner coto al espionaje. Se aceptará casi todo y se impedirán las iniciativas de investigación que intenten poner en marcha Izquierda Unida o cualquier otro grupo pequeño. Cuando la sociedad presione mucho, se escenificará un control, pero sólo será eso, una obra de teatro. Si el asunto es grave y llega a producir alarma social, como fue el caso de la cintateca que contenía conversaciones grabadas de todos los españoles importantes de la época, primero se intentará centrar la culpabilidad en el filtrador, después en el mensajero periodístico y finalmente se echará a los leones a algunos responsables políticos hasta que las fieras vean calmado su apetito. Quedará una apariencia de justicia, pero nada habrá cambiado, como nada cambió tras el asunto de la cintateca.

Pero hay otro control, el judicial, que es el más atractivo para forzar un cambio de imagen sobre el Cesid. He defendido su utilidad, creo que contribuiría a la necesaria vigilancia, pero no nos engañemos: la asignación de un juez para autorizar misiones especiales del Cesid no pondría coto a sus ilegalidades. Suponiendo el hecho —que yo desconozco— de que Bárbara Rey pudiera estar chantajeando a una personalidad, e incluso aceptando la necesidad de acabar con ese chantaje, ¿cómo un juez iba a autorizar que se entrara en su casa para robarle unas cintas? ¿O cómo iba a autorizar que se violara la puerta de la oficina de Perote para buscar datos que sacasen de duda a los jefes del Cesid sobre si trabajaba legalmente o no?

Es verdad que un cambio en las leyes podría permitir a un juez autorizar las escuchas a Herri Batasuna, aunque a este respecto no las tengo todas conmigo. Pero es que la mayor parte de las misiones que realiza el Cesid van mucho más allá. ¿Autorizará también ese juez el pinchazo de los teléfonos de los ex agentes que salen del Cesid y a los que periódicamente investiga La Casa? ¿Dará luz verde a que se escuchen las conversaciones de periodistas, como lo ocurrió con las de Pilar Cernuda y Pepe Oneto durante el juicio del 23-F?

La presencia de un juez permitirá legalizar una parte del trabajo de los espías, sobre todo las misiones antiterroristas, pero la esencia de su trabajo jamás, porque el Cesid nunca le pedirá autorización para ellas. De hecho, cuando los jueces intentaron desclasificar los papeles del Cesid sobre la guerra sucia, el Gobierno se negó, igual que hizo cuando pretendieron aclarar el caso de las escuchas a HB. En definitiva, como campaña de imagen está bien, y como un paso adelante en el control, también, pero sin hacernos excesivas ilusiones.

El presidente Aznar lo explicó tras las escuchas al partido batasuno: el Cesid «cumplía con su obligación» al espiar telefónicamente a HB sin previa autorización judicial. O cuando en una entrevista a ABC matizó que «la regulación de determinadas acciones de los servicios de inteligencia siempre es problemática en todas las democracias, siempre»⁹.

La opinión de Aznar fue ampliamente criticada, incluso por personalidades relevantes en el tema. El presidente del Tribunal Constitucional, Alvaro Rodríguez Bereijo, se unió a lo expresado por el presidente del Supremo, Javier Delgado, en el sentido de que era imprescindible la autorización judicial para la interceptación de un teléfono, ya que estaba en juego el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, garantizado por el artículo 18.3 de la Constitución.¹⁰

El profesor Alejandro Muñoz Alonso, diputado del PP y presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, realizó una importante matización aceptando primero que «nuestra legislación se ha quedado bastante retrasada», para luego especificar:

«Lo que está claro es que no puede darse por buena la idea de que, por principio, la seguridad del Estado tenga que ceder siempre ante la pretendida invasión de la intimidad.»¹¹

En este tema hay opiniones interesantes. El profesor Fernando Reinares¹² sostiene la tesis de que «aunque las operaciones de los servicios de inteligencia en materia contraterrorista acarrean no pocos problemas al conjunto de derechos y libertades que caracterizan a un régimen democrático, distintas experiencias europeas y norteamericanas revelan que sus actividades encubiertas pueden llevarse a cabo con eficacia en el marco de los condicionamientos impuestos por el ordenamiento constitucional». Ello requiere, en su opinión, «en primer lugar que tales operaciones dispongan de un mandato claro y preciso, con indicación expresa de las prioridades asignadas y de los límites establecidos [...]. En segundo lugar, que las actividades de los servicios secretos dispongan de una base legal suficiente [...] pero conviene recordar que las situaciones de vacío legal, como la puesta de manifiesto en nuestro país al descubrirse las escuchas telefónicas que llevaba a cabo el Cesid en la sede de Herri Batasuna en Vitoria, son particularmente propensas a comportamientos no ya ilícitos, sino incluso desleales por parte de los servicios secretos».

Reinares es claro cuando dice: «El peligro reside en que, si no existen los controles políticos apropiados y las autoridades competentes se inhiben, una única agencia adquiera, por su magnitud y el volumen de datos recopilados, excesiva capacidad para influir de manera indebida sobre los procesos democráticos.»

La aplicación de sistemas de control es un éxito de cualquier democracia. Ése es el camino por el que hay que avanzar. Se trata de poner trabas a una libertad de acción que permite al servicio secreto y al Gobierno de turno hacer lo que quieran amparándose en la seguridad del Estado.

Los diarios La Vanguardia y El Mundo realizaron en mayo de 1998 sendos sondeos sobre el Cesid cuyos resultados muestran bastante bien lo que opinan los españoles sobre el espionaje. En el primero, un 60 por ciento de los escuestados considera lógico espiar al entramado de ETA, incluyendo HB. Pero una amplia mayoría se muestra partidaria de condicionar las escuchas a la existencia de una autorización judicial previa, como requiere la Constitución. En el sondeo del diario de Pedro J. Ramírez, un 60 por ciento de los españoles considera necesaria una profunda renovación en La Casa, y un 41 por ciento rechaza que los espías actúen al margen de los jueces.

Acabar con la lacra del terrorismo es algo necesario que en las mentes de muchos españoles puede justificar lo que sea. Pero, aún aceptando ese punto de vista —que no lo acepto—, detrás de ese telón se esconden métodos y acciones que dan miedo porque pueden ser utilizados contra cualquier español, por muy inocente que pueda ser. Teniendo como tenemos unos agentes del Cesid extraordinariamente preparados y con un espíritu de entrega digno de encomio, debemos apoyarles en su trabajo, pero evitar que sus jefes les conviertan en peones de una mafia privada organizada y defendida por el propio Estado. Además, es inaceptable que, en defensa propia y para mantenernos adormilados frente a sus excesos, intenten evitar cualquier tipo de denuncia o crítica utilizando cualquier arma a su alcance, incluidos los todopoderosos medios de comunicación.

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1   La información sobre el control que se ejerce en otros países procede, en algunos casos hasta textualmente, de informes elaborados por el Partido Popular cuando estaba en la oposición, de la Oficina de Información del Palacio de La Moncloa cuando estaba el PSOE en el poder y de diversas fuentes propias del autor.

2   Entrevista citada de Javier Calderón a Tiempo

3   Miguel González, El País, «Manglano, a favor de que una comisión del Congreso vigile la actividad del Cesid», 18 de diciembre de 1993.

4   Carlos Bello publicó esta información en Tiempo el 22 de julio de 1987.

5   Angel Maestro, «Los servicios secretos españoles», revista Militares, octubre de 1995.

6   «Espías a conocer», El País, 1 de febrero de 1994

7   «Arzalluz dice que el Cesid les espía porque “somos peligrosos”», Diario 16, 6 de abril de 1998.

8   Pilar Urbano, op. cit., págs. 355-361.

9   El director de ABC, Francisco Giménez-Alemán, realizó una extensa entrevista al presidente del Gobierno, José María Aznar, una parte de la cual fue publicada el 3 de mayo de 1998.

10   «El Gobierno estudia declarar materia reservada las escuchas del Cesid a HB», El País, 25 de abril de 1998.

11   Alejandro Muñoz Alonso, «Escuchas a HB», ABC, 6 de abril de 1998.

12   Fernando Reinares ocupa la cátedra Joan Monnet de Estudios Europeos en la UNED y es profesor en el Instituto Universitario Ortega y Gasset. El 1 de junio de 1998 escribió en el diario El País el artículo «Servicios secretos, terrorismo y democracia».

Capítulo 5:
La prensa, controlada despiadadamente

LOS PERIODISTAS TENEMOS EL DEBER Y EL DERECHO DE INFORMAR SOBRE EL CESID, AUNQUE TRATEN DE IMPEDÍRNOSLO CON GUERRAS SUCIAS. LA HISTORIA DE UN FRACASADO CAMBIO DE IMAGEN.

«—Señor Calderón, voy a aprovechar que estoy aquí para ver si usted me puede resolver un misterio. Usted que es espía, ¿me puede decir dónde está el punto G.

«— Yo ya soy muy mayor para saber de esos temas.»

(Primera y única entrevista en profundidad concedida a una televisión por el director general del Cesid, Javier Calderón. El autor fue Tonino y el programa Caiga quien caiga.)

«Ya que hablamos del Cesid, Jáuregui y Cernuda siempre habían tratado de estar informados, en la medida de lo posible, que tampoco era demasiado, acerca de lo que ocurría con los servicios secretos españoles. Los contactos con el director general de La Casa fueron más fáciles ahora, con el general Javier Calderón al frente, que antes. En un determinado momento, los responsables de prensa de La Moncloa llegaron incluso a organizar un “desayuno de trabajo” de varios periodistas con el director del Cesid, algo que pareció “excesivo” a agentes del centro. No es que Calderón revelase grandes secretos, algo que hubiese sido un proceder contra natura, pero sí es cierto que no se mostraba, al menos, reacio a tratar con periodistas. Su talante abierto y dialogante, su inequívoco sello de demócrata (pese a que algún colega, como José Luis Martín Prieto o como el especialista en el Cesid Fernando Rueda, cargase las tintas contra él), le granjearon grandes simpatías entre los profesionales de la información.»¹

Pilar Cernuda y Fernando Jáuregui son dos periodistas a los que aprecio personal y profesionalmente. A los dos, por separado, les comenté mi inquietud por este comentario a favor de Calderón y en contra de Manglano. Jáuregui consideró que Calderón era mejor que Manglano en su estrategia con los medios, aunque Cernuda era de la opinión contraria. En su libro nos acusan a Martín Prieto y a mí de cargar las tintas desmedidamente contra Calderón y no explican por qué, aunque es un detalle menor carente de importancia en un libro político centrado en José María Aznar. Otra vez será.

Pero lo que me pareció muy divertido fue una coincidencia que ellos desconocen. Pilar y Fernando mezclan en el mismo saco la crítica a mis informaciones sobre Calderón, su tesis de que despierta grandes simpatías en la prensa y la novedosa comparecencia del jefe de los espías en el «desayuno de trabajo» celebrado en Moncloa... exactamente un día antes de que saliera a la venta el libro KA: licencia para matar que Elena Pradas y yo habíamos escrito sobre los grupos operativos del Cesid. Lo que pasó en ese encuentro es especialmente revelador de las nuevas relaciones de La Casa con los medios de comunicación y una prueba irrefutable del talante de Javier Calderón.

En esa reunión, en la que estuvieron presentes más de veinte periodistas-notarios, Antonio Casado, uno de los mejores cronistas políticos de este país, le mostró nuestro libro (como representante de los medios de comunicación lo había recibido excepcionalmente tres días antes) y le pidió su opinión. Calderón le contó que sólo había leído veinte páginas y que le molestaba especialmente que hubiéramos destapado los antiguos problemas de su hijo con la droga. Después de someter a un tercer grado a Antonio sobre el contenido de esa reunión, hablé con otros tres periodistas que habían estado presentes en el desayuno y todos corroboraron el relato inicial. Incluso conseguí una fotocopia de las notas originales de la reunión de uno de ellos y leí preocupado: «Acusó a Fernando Rueda de haber comprado información sobre la muerte de su hijo.»

A mi cabeza vino en ese momento un suceso que casi tenía olvidado. Algunos meses antes, al regresar de la familiar comida de Año Nuevo que tanto me gusta, Elena y yo nos encontramos con que algo le había pasado al ordenador. Tenía todos los síntomas de haber sido manipulado, como así nos lo confirmaron dos técnicos en informática que le midieron sus constantes vitales. Elena, bastante más sagaz y malpensada que yo en estos asuntos, me dijo que los del Cesid habían entrado en casa a por una copia de KA (como llamábamos en clave a nuestro libro, que luego sería su título). Nos abstuvimos de hacer nada al respecto, salvo comentar lo que había pasado con muy pocos amigos, y varias semanas después entregamos el original en la editorial, no sin antes proceder a lo que nosotros denominábamos «el barrido de última hora». Me explico: en la primera redacción de cualquier libro contábamos todo lo que habíamos investigado, sin plantearnos lo que debíamos sacar y lo que era preferible guardarnos. Cuando estaba terminado, debatíamos con más calma los aspectos conflictivos y si los publicábamos o no. Entre lo que desapareció estuvieron precisamente los detalles sobre la vida de los hijos de Calderón. Cuando supe lo que 1B contó en el «desayuno de trabajo» de Moncloa, me pregunté: ¿qué libro ha leído, el que tenía que salir a la venta al día siguiente, y que por lo tanto él no podía o no debía tener en su poder, o el original que teníamos escrito cuando Elena detectó sagazmente que habían entrado agentes del Cesid en casa?

Meses después, mi director, Pedro Páramo, intentó que Calderón y yo limáramos asperezas y nos reunió para comer en un reservado del restaurante La Nicolasa. Fue una reunión en la que los dos hablamos con claridad de lo que nos preocupaba. Yo le recriminé lo que acabo de narrar y él, muy nervioso, se defendió jurándome por sus hijos que «yo no ordené que entraran en tu casa» (no confundir con otra frase más rotunda como «nadie del Cesid ha entrado en tu casa») y diciendo que en aquella contestación en Moncloa no se estaba refiriendo a mi último libro KA..., ni siquiera al segundo, Espías, sino a La Casa, el primero, publicado nada más y nada menos que cuatro años antes.

Dos años después, Fernando Muniesa, nada sospechoso de ser mi amigo, contaba en un libro llamado Espías de madera que “Javier Calderón, a la sazón director general del Cesid, deseó, en un arrebato profesional, algo extemporáneo manifestado off the record ante periodistas el 15 de abril de 1997, que el autor del libro KA: licencia para matar sufriera algún accidente desgraciado, después de acusarle de haber robado la historia clínica de un hijo suyo muerto por sobredosis de heroína”.

Cuento todo esto porque el lector tiene todo el derecho del mundo a conocer el máximo número de datos que le permitan entender la realidad, que frecuentemente aparece oculta, sobre la relación entre los periodistas —en este caso el autor de este libro— y los jefes del espionaje. Llevo más de diez años informando sobre el Cesid y nunca había tenido una prueba tan concluyente y aseverada públicamente sobre la vigilancia a la que he sido sometido por informar sobre el Cesid, un control que otros periodistas tan dispares como Juan Luis Cebrián o José Luis Martín Prieto denunciaron ya hace tiempo.

Poco después de ese primer acto público del teniente general Calderón con la prensa, uno de mis despistes nos permitió recabar una nueva prueba, bastante similar a otras que numerosos colegas me han contado en estos años, sobre el seguimiento de las actividades de los periodistas. Este hecho atestigua además que el Ministerio de Defensa no decía la verdad cuando, en un comunicado hecho público el 24 de enero de 1994, desmentía «rotundamente» que los servicios secretos «hayan efectuado seguimientos a miembros del diario El Mundo, como no lo han hecho nunca con ningún otro periodista». Este desmentido se producía al día siguiente de que el citado medio aportara incluso el número de las matrículas de los vehículos que habían estado realizando un Control General de Actividades sobre su director adjunto, Melchor Miralles. Una vigilancia del mismo estilo de la que habían realizado sobre él en 1988, cuando estuvo destapando importantes pruebas sobre la trama de los GAL.

El seguimiento sobre nosotros fue muy similar al de Miralles. Nos había invitado a cenar a su casa el coronel Diego Camacho, uno de los veintiocho agentes del Cesid. expulsados al poco de llegar Calderón y que junto con Manuel Rey y Juan Rando se negaron a aceptar en silencio una destitución a todas luces injustificada, habida cuenta de sus numerosos méritos y felicitaciones, que aparecen detallados por escrito en sus hojas de servicio, aunque plenamente comprensible por la ojeriza que les tenía 1B. Todos mis amigos saben que me oriento tan mal que, durante la mili, en el curso de un ejercicio nocturno en el que tenía que llegar a un punto situado a una distancia de tres kilómetros, opté directamente por esconderme bajo las ramas de un árbol cercano y decir al final que no había llegado al objetivo. Pues bien, al llegar a la zona donde vivía el coronel cogí —como es normal en mí— la desviación equivocada y al rato Elena me «sugirió» que girara a la izquierda, me metiera en una raqueta y parara un momento para preguntar a algún alma caritativa dónde narices estaba la calle que buscábamos. Inmediatamente vimos cómo pasaba un coche conducido por un hombre que nos miró sorprendidos y que, con gesto demudado, estacionó de un frenazo en el estrecho arcén, donde no había sitio para parar. Su extraña maniobra hizo que Elena comentara:

—¿Será posible? Acércate a ese tío y, ya que nos está siguiendo, que nos indique el camino.

—Pero ¿qué dices?

—Haz lo que te digo. Lo menos que puede hacer es marcarnos el camino. Además, así le hacemos más fácil su trabajo.

Y así lo hicimos, expresándole nuestro más profundo agradecimiento al alucinado agente, que sin duda pertenecía a la División de Seguridad que manda Andrés Fuentes.

En los tres libros anteriores que he escrito sobre el Cesid narraba otros casos propios o ajenos en los que el servicio secreto había espiado la vida de periodistas. La mayor parte de esas persecuciones pertenecen a la etapa en la que Emilio Alonso Manglano era director del Centro. Su actuación frente a la prensa era idéntica a la de Calderón, e incluso muchos de los topos e informantes de que dispone ahora el Cesid en los medios de comunicación siguen siendo los mismos.

A principios de 1998 almorcé con un importante ex agente del Cesid. en presencia de un antiguo colega suyo. Durante la comida, ese ex agente reconoció que a principios de la década de los noventa había ordenado una penetración en la madrileña sede del Grupo Zeta en la calle O’Donnell, donde tiene su sede el semanario Tiempo, cuyo resultado fue la copia de muchos de mis disquetes y documentos. Curiosamente resoplé de alegría: no era un paranoico. En el libro La Casa había denunciado ese robo y ahora sabía quién lo había encargado. Sus justificaciones, tantos años después, sobre la necesidad que tenía el Centro de conocer mis actividades en ese momento me sonaron a esa canción que cada uno escucha infinitamente en momentos de depresión.

En los últimos años, la lista de los nombres de periodistas cuya actividad diaria está bajo control tampoco ha variado mucho. Manuel Cerdán, Antonio Rubio, José Luis Martín Prieto, Melchor Miralles, José María Zuloaga, Carlos Yarnoz, Miguel González y yo mismo somos sólo algunos de ellos, posiblemente los que más tiempo hemos permanecido ininterrumpidamente en la lista negra. Da igual quién mande el Cesid: el control de los informadores es algo habitual. Y el hecho de que podamos demostrarlo y lo denunciemos no reduce en absoluto nuestra voluntad de informar de una manera objetiva. Todo lo contrario. Necesitamos dar el aviso para que la sociedad esté alerta y sepa que, al igual que políticos, sindicalistas, ex agentes, banqueros y un largo etcétera de personas, los periodistas también estamos sometidos al imperio de su ley. O mejor, de esa falta de ley que domina la mayor parte de sus actuaciones.

Porque, como ha reconocido Aurelio Madrigal, secretario general del Cesid, «nosotros tenemos un problema fundamental de legitimación. Es inútil ocultar que los servicios en nuestra sociedad occidental no están suficientemente legitimados, en el sentido de que nuestros gobiernos deben estar satisfechos de nuestro producto y deben estar convencidos de tener esa necesidad [...] tenemos necesidad de legitimación política, en el sentido de que nuestra acción no esté continuamente obstaculizada por la ley, que es el patrimonio fundamental de nuestra sociedad [...] el periodista trabaja para comunicar de una forma abierta y generalizada; en cambio, nosotros tenemos que comunicar en forma reservada y selectiva, de tal modo que favorezcamos una más precisa definición política»².

Para Madrigal, lo importante parece ser la falta de legitimación de su labor de espionaje, en contraposición con el amparo que las leyes nos prestan a los periodistas. Olvida, quizá, que los agentes del Cesid ejecutan tareas que jamás podrá apoyar en público un presidente de Gobierno elegido en las urnas. Porque está mal que en el cumplimiento de nuestro trabajo los periodistas seamos vigilados, pero es impresentable para un espía que le pillemos con las manos en la masa mientras desarrolla una misión. Habitualmente son tan buenos que sus acciones pasan desapercibidas, pero si yo me sentí alucinado con la confirmación de que los hombres de Calderón habían entrado en mi casa fue porque el director del Cesid largó más de la cuenta ante veinte periodistas.

En el dosier que elaboró La Casa sobre Perote se asegura que «durante el año 92 dentro de los distintos documentos entregados por A. Perote al periodista de la revista Tiempo, Fernando Rueda, figura el contenido de la nota interna de difusión confeccionada por IC4 relativa a la participación del Centro en la investigación sobre el comando Nafarroa de ETA, que fue desarticulado por la Guardia Civil». Más adelante se afirma que Perote es el autor de una gravísima filtración a Melchor Miralles, director adjunto de El Mundo, entre otras razones porque «el informador anónimo utiliza el mismo procedimiento y nombre en clave que con el periodista de la revista Tiempo, Fernando Rueda, es decir, A. Perote».

Lo de menos aquí es que todo lo anterior sea rotundamente falso, como podrían atestiguar los periodistas Pepe Oneto, Julio Trujillo e incluso el propio Emilio Alonso Manglano, que conocen perfectamente el origen de la citada filtración. Lo importante es que para llegar a esas conclusiones el Cesid tuvo que realizar escuchas al menos en mi teléfono profesional y en el de Melchor Miralles. Ilegales, claro está.

Otras veces, el espionaje es tan ridículo que casi da risa. Uno de los tics que tengo cuando imparto conferencias sobre los servicios secretos es saludar al comienzo de mi intervención «a los agentes del Cesid, que sin identificarse, han venido a informar de lo que voy a decir». Los asistentes suelen tomárselo a broma, aunque yo siempre he creído que era cierto. Pues bien, durante el verano de 1997, el brillante profesor de periodismo de la Universidad San Pablo CEU Juan Maciá me invitó a impartir una conferencia en el Monasterio de Poio, dentro de un curso sobre «Xornalismo e Servicios Segredos» en el que también iba a participar Aurelio Madrigal, secretario general de La Casa. Allí repetí mi gracia habitual. Meses después, «alguien» me hizo llegar un documento interno del Cesid elaborado por un agente en el que, a lo largo de cuatro hojas, se informaba de lo que yo había dicho. Una de sus apreciaciones era la siguiente:

«Él dijo que se metió en este tema porque “me apasionaban los temas de espías para invesigar sus excesos, desviaciones de poder, etc.” (Hizo el comentario humorístico de que “tomen buena nota los que enviarán el informa a Madrigal”).»

Todavía recuerdo el día en que un diputado del Partido Popular perteneciente a la Comisión de Defensa me comentó, tras participar en una visita a la sede del Cesid, que le había preguntado a Manglano si había leído el libro La Casa:

—Yo no tengo tiempo para esas cosas —respondió—, pero aquí lo están leyendo todos.

Zanjó el asunto con una tajante negativa y hasta resultó divertido y nada agresivo. No me cabe duda de que sí lo había leído, pero no quiso entrar en polémicas con los diputados sobre lo que de él o sus agentes se narraba en el libro. Acreditó ser muy listo y a la vez diplomático.

Por el contrario, Calderón no pudo morderse la lengua y eso le perdió. Algunos que le conocen bien le atribuyen la siguiente frase: «En la retaguardia, ni heridos ni malheridos, sino muertos y bien muertos.»³

«Que no se hable de La Casa»

Meteduras de pata al margen, la reunión de Calderón con varias decenas de periodistas en el palacio de La Moncloa fue realmente un hito histórico: la primera vez que un director de un servicio secreto español se reunía en abierto con representantes de los medios de comunicación. Se trataba del banderazo de salida de una carrera lenta y trabajosamente diseñada por un nutrido grupo de asesores con el fin de cambiar la pésima imagen de La Casa tras la etapa socialista.

Cuentan que, durante el primer encuentro Aznar-Calderón en Moncloa, el presidente le dio una serie de instrucciones muy claras. Una de ellas era que en España se dejara de hablar del Cesid, pero que especialmente se dejara de hablar mal. Que La Casa no podía estar apareciendo todos los días en los medios de comunicación.

Calderón apuntó la orden mentalmente y se puso en marcha sin prisa, pero sin pausa. Sabía que durante su primer año de mandato el objetivo era irrealizable porque estaban coleando varios asuntos judiciales protagonizados por agentes o ex agentes que echarían en saco roto cualquier intento de blanqueo de imagen. El «caso Mengele» y el «caso Perote» eran las dos ampollas más gordas que dañaban la imagen del Centro, aunque había otros asuntos, como el de las escuchas a altos cargos del Estado o los juicios de los GAL, en los que las siglas Cesid aparecían continuamente citadas. «Mengele» (secuestro de mendigos para probar en ellos fármacos) y «Perote» (robo de documentos secretos) fueron dos problemas que Calderón se quitó de encima con brillantez. Cuando pudo controlar estos asuntos, sus asesores de imagen habían elaborado ya una estrategia ante los medios de comunicación que sólo estaba pendiente de la orden del director de escena para levantar el telón.

Durante ese primer año ya había alcanzado un curioso récord: convertirse en uno de los jefes del espionaje mundial que se habían reunido con más periodistas en tan poco tiempo. Sus acreditadas artes persuasivas, su amplia y bonachona sonrisa de abuelete, su antigua amistad con personajes muy apreciados y ya fallecidos como el padre Llanos y el capitán general Manuel Gutiérrez Mellado y su tajante negativa a hablar mal de las corruptelas de la etapa anterior, poniendo un gesto de «con estos burros hay que arar, aunque no se volverán a hacer ese tipo de salvajadas», le convertían en irresistible a los ojos de sus contertulios. Calderón conoce bien sus virtudes y sabe sacar partido de ellas. Sólo sus enemigos han catado cuán peligroso y temible puede llegar a ser. La diferencia estriba en que hay mucha gente que no se da cuenta de que un abuelete bonachón podrá cuidar de maravilla a sus nietos en el parque, pero jamás podrá mandar una red tan activa, complicada, dura y peligrosa como la integrada por más de mil ochocientos agentes. Y Calderón la dirige precisamente porque de abuelete no tiene un pelo.

El plan de cambio de imagen, anunciado oficialmente en el desayuno de Moncloa, lo explicó el propio Calderón:

«Es cierto que el Cesid —al igual que la mayoría de nuestros colegas occidentales— está haciendo un esfuerzo para despejar muchas de las ideas preconcebidas y erróneas que hasta ahora han circulado sobre el servicio. Y créame que no es fácil. Por eso estamos centrando todo nuestro empeño en explicar qué hacemos y para qué lo hacemos y en dejar claro que nuestro trabajo no tiene nada que ver con esa idea estereotipada del espionaje.»⁴

El proyecto contenía una estrategia para convencer a la opinión pública de que el Cesid no era un poder oculto y que, por el contrario, realizaba importantes servicios a la sociedad. Para ello, la primera parte del plan (al que vamos a referirnos) comenzaba con una amplia entrevista, seguía con la publicación de un libro que tratara el tema en profundidad y concluía con una aparición de Javier Calderón en televisión. Éste era el primer y más poderoso golpe de efecto, al que luego le seguirían otras entrevistas, conferencias y presencia en actos públicos.

La entrevista escrita fue publicada en el semanario Tiempo y realizada por su director, Pedro Páramo. Fue una exclusiva memorable, porque por primera vez en la historia de España el jefe de un servicio secreto se prestaba a conversar largamente con un periodista que, además, le hizo todas las preguntas necesarias y otras bastantes comprometedoras. Como periodista de Tiempo me sentí encantado de la exclusiva, aunque algún compañero y sincero amigo, como Pepe Apezarena, director de los servicios informativos de la cadena COPE, no pensara igual: «No me ha gustado, esperaba mucho más.» Tal vez guiado por su espíritu irrefrenablemente combativo, Pepe pensaba —y quizá tenga razón— que si un director del Cesid concede una entrevista debe decir algo más que vaguedades y buenas palabras. Sin embargo, lo cierto es que no puede ir más allá, no puede explicar determinadas cosas, no puede desvelar nada. Es algo normal en ese tipo de trabajo. No obstante, Tiempo publicó algunas interesantes respuestas cuyos matices eran difíciles de captar sin una oportuna interpretación. Por eso a lo largo del presente libro las citas de esa entrevista han sido continuas, como medio para poder comprender el pensamiento de Calderón.

El segundo paso en la campaña de imagen para romper la idea negativa que del Cesid tenía la sociedad tras el final negro de la etapa de Manglano fue la publicación de un libro. Eligieron a Pilar Urbano, una periodista acreditada en la crónica política y con tirón popular que acababa de arrasar en ventas con la biografía de la reina Sofía. Los asesores de imagen del Cesid apreciaron estos detalles, así como el hecho de que el éxito comercial de un libro acarrea un anticipo muy elevado para el siguiente y, en consecuencia, la necesidad de la editorial de volcarse en la promoción. Por lo tanto, tenían garantizado un apoyo publicitario muy amplio, una elevada venta de ejemplares y una presencia importante de la autora en los medios de comunicación. Y todo ello envuelto en el manto del apoyo pleno del libro a las tesis del actual Cesid.

Sin ninguna duda, Javier Calderón gozaba y goza de todo el derecho del mundo a respaldar la publicación de un libro que le favorezca. Es algo similar a las biografías autorizadas que importantes personajes de la vida rosa, cultural o política promueven o impulsan —dependiendo de que la iniciativa sea suya o del escritor— para apoyar su imagen o para que su versión de los hechos —muchas veces de su propia vida— sea conocida por el gran público. A estas versiones se les acepta un marcado sesgo en favor del protagonista, pero es que los lectores participan conscientemente de ese juego. Es normal, y además en este tipo de libros hay que reconocer un alto valor informativo, aunque sea sectario. Todo sería al revés de lo dicho si al lector se le ocultara que el manuscrito que lee responde solamente a una visión parcial e interesada de la realidad. La necesidad de mantener esta ética me hizo especificar ya en mi primer libro, La Casa, que las fuentes oficiales del Cesid no habían sido consultadas durante su elaboración. Temíamos que, si conocían el contenido del proyecto, pudieran impedir su publicación. Lo dijimos, lo explicamos y cada lector pudo sacar sus propias conclusiones.

En todo caso, la publicación del libro en favor del Cesid fue un revés en su estrategia de cambio de imagen. Pilar Urbano, la encargada de escribir a su aire el manuscrito, recibió una información tan antigua para mejorar la mala imagen del Cesid que apenas aparecen referencias al actual servicio. Sólo se habla de sus predecesores, los cuales se remontan a 1978: el Servicio Central de Documentación del almirante Carrero Blanco y el Servicio de Información del Alto Estado Mayor.

Pero no fue la senectud, de la información lo más grave del libro y lo que hizo fracasar el proyecto de los espías de Aznar. El problema es que Calderón lo utilizó para vengarse de todos sus enemigos personales y de los enemigos de sus amigos. Y además, para reivindicar el buen nombre de los hombres y las mujeres a los que aprecia y que considera que no gozan del reconocimiento que se merecen.

Me di cuenta de este detalle una noche, mientras veía la televisión. Entonces todavía no había abierto el libro. Lo que contemplé fue una entrevista que el ex agente Fernando San Agustín concedía a la autora en el programa de televisión Crónicas marcianas, de Javier Sardá. San Agustín es un hombre leal con sus amigos, entre los que me encuentro, pero entre los que también está Javier Calderón. En la entrevista, San Agustín fue durísimo con la periodista, utilizando argumentos tan aplastantes y contundentes que su oponente careció de toda réplica. Y el principal fue que no entendía por qué mostraba tanto aprecio por espías como José Luis Cortina (inicialmente acusado por el golpe de Estado del 23-F) y ponía a parir a otros que él consideraba con brillantes carreras.

Rápidamente comencé a leer el libro y comprobé lo que decía San Agustín. Sin ningún argumento se descalificaba a Emilio Alonso Manglano, a Félix Miranda, a Jesús del Olmo, a Juan Perote, a Santiago Bastos⁵ y a otros, al tiempo que adjetivos cuidadosa y brillantemente elegidos alababan a Javier Calderón, a su íntimo amigo José Luis Cortina y a casi todo el equipo actual. Y una curiosidad: entre las escasas referencias a agentes en activo estaba una glosa romántica, feminista al estilo conservador de la autora, de una joven llamada Marta Yñiguez. ¡Qué casualidad! Resulta que es un alias que se inventó para la hija del director del Cesid, una buena agente sin duda, pero a quien meses antes yo había incluido en una información en la que explicaba que su padre la había ascendido al poco de hacerse cargo de La Casa, al igual que a un sobrino.

En resumen, el efecto perseguido con la publicación del libro fue un fracaso. Es legítimo intentar blanquear la imagen del Cesid, pero no que sus jefes utilicen una supuesta campaña institucional para intentar blanquearse a sí mismos y a sus amigos.

La tercera fase consistía en una intervención en televisión. Mis informadores me contaron que el plan era participar en el programa de entrevistas serias y en profundidad que la periodista Isabel Sansebastián tenía en Televisión Española. Pero mi sorpresa, y estoy seguro que la de millones de españoles, fue que Calderón abrió las puertas del Cesid a un periodista más sensato y riguroso y un espacio con mayor dosis de investigación: Tonino y Caiga quien caiga. No conozco una sola persona —y he preguntado a decenas— que no considerara un espanto esa decisión. Porque Tonino lo hizo genial y los de Caiga quien caiga montaron un reportaje desternillante. Sólo reproduciré una pregunta, la más importante e impresionante, la que refleja el cambio de imagen que deseaban en el servicio secreto y que es con la que comienza este capítulo:

—Señor Calderón. Voy a aprovechar que estoy aquí —dijo Tonino—, para ver si usted me puede resolver un misterio. Usted que es espía, ¿me puede decir dónde está el punto G?

—Yo ya soy muy mayor —contestó el director de La Casa— para saber de esos temas.

Al mismo tiempo que se ponían en marcha estas acciones directas en la prensa, diversos grupos de representantes del Parlamento, la Justicia y la prensa giraron visitas oficiales a la sede central, en lo que el lenguaje castrense conoce como «jornadas de puertas abiertas». En ellas les enseñaron despachos vacíos de folios, con teléfonos blancos como único elemento decorativo sobre las mesas, y archivadores cerrados pegados a la pared. Les mostraron el salón de actos, una sala de reuniones, la cafetería y algunas dependencias inocuas más. No vieron absolutamente nada de lo que realmente es secreto, pero también los norteamericanos organizan visitas a sus portaaviones de varias horas de duración sin que el invitado pase ni una sola vez por una sala que contenga material sensible. Lo de menos es lo que muestren. Lo de más es el rato de charla y el poso psicológico que deja pasear por unas dependencias y charlar con unos agentes que perfectamente podrían formar parte de cualquier otro organismo oficial. Es la misma ensalada, con un poco más de pimienta y sal. Estas «jornadas de puertas abiertas» se repiten periódicamente y son, sin ninguna duda, un gran acierto.⁶

No obstante, decir que se ha promovido el establecimiento de relaciones con los principales estamentos de la sociedad, y especialmente con la prensa, como hace el equipo actual, es arrogarse un mérito que dista mucho de la realidad. En mi archivo he buscado informes antiguos que atestigüen la existencia de estas relaciones en el pasado y he encontrado uno (seguro que los hay anteriores, pero no puedo probarlo como en este caso) fechado el 28 de diciembre de 1981 (inicio de la época Manglano), acerca de una reunión del teniente coronel Urquijo, del Cesid, con los periodistas Juan Tomás de Salas, José Oneto y José Díaz Herrera. En su informe de cuatro folios, el agente hace algunos comentarios sobre el contenido del almuerzo e incluso plasma unas conclusiones, entre las que destaco dos:

«Se ha logrado un acercamiento y mejor comprensión. No creo que respeten nada de lo que prometen si la noticia les interesa de verdad (puede que en algún caso nos consulten antes de publicar un tema que no dominen).»

Antes de la llegada del Partido Popular al poder, los contactos con la prensa y el Parlamento fueron más discretos y selectivos, pero existieron muchísimos. Luis María Anson, Pilar Cernuda, José Oneto y tantos otros periodistas han reconocido públicamente sus múltiples contactos con Manglano. Incluso yo mismo, solo o en compañía, tuve interesantes reuniones a nivel oficial. Es una falacia intentar convencer a la sociedad de que la política de «puertas abiertas» es un descubrimiento de la época popular, cuando era algo frecuente, aunque mucho menos formal, en la etapa socialista.

Esos peligrosos cotillas

Calderón enfoca los problemas del Cesid con la prensa desde una óptica desenfocada. Según sus propias palabras, «el gran reto está en lograr un punto de equilibrio. En lograr un punto de encuentro entre el derecho de conocer de los ciudadanos, el deseo de saber de los profesionales de los medios y la necesidad, de reserva que se deriva de las especiales responsabilidades y misiones de la inteligencia»⁷.

Al jefe del espionaje le convendría darse un paseo por cualquier facultad de Ciencias de la Información del país para que le explicaran lo errático de su idea. Allí, hasta un alumno de primero le contaría que los periodistas no trabajamos porque tengamos un deseo personal de saber, sino que lo hacemos porque somos intermediarios, para que los ciudadanos puedan cumplir su derecho a conocer todo lo que les atañe. Calderón pinta a los periodistas como cotillas ansiosos y nos disgrega del fin que necesariamente debe tener la información, que no es otro que el de servir a la sociedad. Ben Bradlee, director durante décadas del Washington Post, relata en su autobiografía diversos casos que corroboran la honestidad de la prensa. Como director, de acuerdo con su periodista Bob Woodward, se negó a publicar escandalosas historias, que habrían duplicado la venta de su diario, porque dañaban la seguridad norteamericana y carecían de interés para la sociedad.⁸

Frente a la opinión manifestada por el espía número uno del país existen dos posturas. Una es la del conde de Marenches, antiguo director del SDECE francés, que dice que «no tenía relaciones con la prensa. Así estaba seguro de no tener “problemas”. Cierto número de periodistas (periodistas responsables que no cuentan cualquier cosa) tratan de informarse. Hacen su trabajo y lo hacen bien. La prensa sensacionalista no puede impedirse a sí misma ofrecer una exclusiva más o menos sensacionalista porque por procedimientos más o menos honrados ha encontrado, no sabemos dónde, pongamos que los llamados papeles del Pentágono. Cuentan cosas que no ayudan más que al adversario y perjudican a los Estados Unidos. Encuentro eso totalmente irresponsable»⁹.

El caso diametralmente opuesto es el de Hansjórg Geiger, presidente del BND, el Servicio Federal de Información alemán. Durante una conferencia que pronunció en Jaca el 25 de septiembre de 1997 explicó las relaciones que un servicio secreto debe mantener con los medios de comunicación social. Entresaco algunos de sus comentarios:

«En una democracia el ciudadano emancipado tiene el derecho a la información verídica también de las actividades de los servicios de inteligencia. Mas esto solamente funciona si los servicios de inteligencia no se ocultan de la opinión pública.»

«Mientras los servicios de inteligencia sean presentados al público de tal forma [negativa] es más lógico que surja la mística, se generen informaciones falsas y de ahí nazca la desconfianza. Como además los servicios de inteligencia trabajan de forma encubierta, la sociedad liberal los considera residuos de tiempos pasados, algo extraño. Por algo se mantiene el tópico de “la potencia oscura dentro del Estado”. Muchos ciudadanos simplemente sienten un malestar general cuando oyen hablar de los servicios de inteligencia.»

«En mi opinión, sería un grave error ver en los medios de comunicación social los únicos culpables de la falta de comprensión para los servicios de inteligencia. También tienen cierta culpa los propios servicios por no abrirse al público lo suficiente como para corregir esta imagen.»

«Hay que hacer uso de unas relaciones públicas selectivas para establecer un diálogo con los medios de comunicación social y a través de ellos con la sociedad, procurando al mismo tiempo facilitar más información sobre sí mismos para así lograr la aceptación necesaria.»

«El público tiene el derecho a ser informado en la medida de lo posible sobre las actividades de cualquier organismo estatal.»

«Cuando la imagen de un servicio es negativa, incluso a un gobierno convencido de la eficacia del mismo le resultará difícil protegerlo de ataques y recortes.»

«Los servicios de inteligencia siempre serán objeto del interés público. Cualquier intento de escaparse de la atención solamente despertará más curiosidad y mantendrá elevado el interés de los periodistas por los servicios.»

«Las relaciones públicas y con la prensa tienen que planearse y organizarse a largo plazo para que resulten en confianza. La confianza es el mejor remedio para prevenir situaciones críticas, porque incrementa la probabilidad de que los medios informen objetivamente.»¹⁰

En su planteamiento acerca de las relaciones públicas, el director del BND, frente a lo que ahora hace el Cesid, aparece mucho más preocupado por buscar vías de acercamiento entre su servicio y la sociedad, persiguiendo una mayor comprensión de sus actividades por parte de la prensa. Es, al menos teóricamente, más sincero, abierto y directo y mucho más distante de manipulaciones y ataques indiscriminados.

Aunque también existen otros casos de persecuciones más virulentas. La «Dama de Hierro», más conocida como Margaret Thatcher, emprendió una cruzada de terror contra Peter Wright, un técnico del MI5 y profundo conocedor del MI6 que reunió sus memorias en un libro publicado en numerosos países bajo el título de Cazador de espías¹¹. Wright describía en el libro tácticas y actividades del servicio secreto inglés y Thatcher intentó evitar su publicación, pero no pudo evitarlo e inicialmente salió a la luz en Australia.

La especial idiosincracia de un país como Israel hace que exista un Departamento de Censura Militar, dentro del servicio de inteligencia militar, al mando de un general de brigada. Su trabajo consiste en autorizar los temas que vayan a sacar los medios de comunicación cuyo contenido pueda afectar a la seguridad del Estado. En un país en permanente conflicto bélico, los periodistas no osan saltarse esta norma, porque saben que pueden ser castigados.

A veces, lo que hacen los medios israelíes es contar los hechos que conocen, pero ocultando los nombres o los datos comprometedores. Las peleas continuas con el órgano censor han despertado la imaginación de los periodistas de Israel, que han descubierto un truco para saltarse la norma: filtran la información a la prensa extranjera y luego, como la noticia ha salido en otro país, pueden contarla citando el medio. El Mossad ha sospechado en diversas ocasiones que algunos periodistas isrealíes que trabajan como colaboradores de revistas extranjeras firman con pseudónimo en esos medios, lo que les permite seguir el camino descrito.

La cuadragésimo quinta asamblea general del Instituto Internacional de Prensa (IPI), celebrada en marzo de 1996, adoptó una resolución por la que se urgía al Gobierno israelí a que eliminara cualquier tipo de censura en prensa. Esta denuncia se producía con motivo de la censura de noticias bajo el pretexto de que se trataba de materias reservadas «cuando no era cierto».

En la misma reunión, el IPI condenó la utilización de periodistas «para cualquier actividad relacionada con el espionaje», así como que los propios agentes «puedan pasar por periodistas». Contra esta postura, el director de la CIA, John Deutsch, señaló que «se reserva el derecho a emplear periodistas para las actividades de “La Compañía” [la CIA] o permitir que cualquiera de sus agentes pueda pasar por un reportero para realizar su actividad profesional»¹².

Juan José Vega, que fue durante muchos años mi mejor amigo y que destacó por ser uno de los mejores periodistas especializados en temas de defensa que ha tenido este país, perdió la vida cuando era director de la Revista Española de Defensa, editada por el ministerio que en ese momento dirigía Julián García Vargas. Un día del año 1993, en una de nuestras habituales comidas, me hizo una confidencia y me entregó la prueba que demostraba lo que me había dicho. Me contó algo sorprendente que afectaba a su amiga Elena, mi compañera en ese momento, y me pidió que no lo publicara. Ahora, pasados los años, desde donde está seguro que no le importa que me salte su recomendación.

A. V. Ustinov, secretario del Departamento de Desarme del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, le había mandado un fax con el siguiente texto:

«Estimado señor Vega Echevarría: el 4 de junio de 1993 yo le he mandado un fax a su nombre y para la atención de la señora Elena Pradas Linares (colaboradora de la sección internacional), con quien he tenido una conversación oficial, en el Estado Mayor de la Defensa, el 29 de mayo de 1993. Yo quiero averiguar si usted o ella han recibido el primer fax “Reforma de las Fuerzas Armadas de Rusia: resultados de primera etapa”. También quisiera saber qué son los temas de mayor interés para la revista en cuanto a las Fuerzas Armadas (armamentos de la Federación Rusa, conceptos de reforma, problemas de reducción, devocación de las tropas estacionadas en países de Europa Oriental). Puede contactarme por fax o teléfono antes del 14 de junio 1993, porque después me voy al extranjero. Con gran placer, su fiel servidor, A. Ustinov.»

Aparentemente, nada anormal, si nos limitamos a recordar que Elena ha colaborado en diversases ocasiones en esa revista. Pero, ¡qué curioso! No solamente no conoce de nada al señor Ustinov, sino que no estuvo en el Estado Mayor de la Defensa el 29 de mayo de 1993, ni ningún otro día en toda su vida. ¿Quién suplantó su personalidad para conseguir que el alto cargo ruso le enviara su visión de los problemas de defensa? ¿Y a qué organismo oficial podía pertenecer la mujer que adoptó la identidad de Elena?

La costumbre de declarar secretos los asuntos conflictivos

Muchos de los asuntos que molestan a los gobernantes son clasificados como secretos para impedir que los periodistas podamos denunciarlos a la opinión pública. Esta costumbre no es sólo de Aznar. Ya Francisco Franco impidió que se conocieran hechos como la guerra de Ifni de 1957, algunos de cuyos aspectos todavía hoy permanecen sin contar. Otro gran misterio es la ya descrita «Operación Jano», montada por el Seced antes de la llegada de la democracia, consistente en investigar la vida privada y pública (las dos caras) de varios miles de ciudadanos que algún día pudieran ocupar un cargo relevante. No se sabe dónde está ese archivo, aunque diversos especialistas aseguran que está en poder del Cesid y que lo ha seguido actualizando hasta nuestros días.

En los Estados Unidos¹³, los periodistas pueden acceder a los papeles secretos una vez pasados treinta años. En 1971 se estableció que el «secreto en la tarea de gobierno es fundamentalmente antidemocrático». Ese año, The New York Times se hizo con 7.000 páginas clasificadas como «top secret sensitive» en las que se resumía la verdadera implicación del Gobierno en la guerra del Vietnam. De nada sirvieron los intentos de la Administración por impedir el serial periodístico. «Los papeles del Pentágono» siguieron publicándose gracias a la sentencia favorable del Tribunal Supremo. En los Estados Unidos todo lo secreto tiene fecha de caducidad y existe un Acta de Libertad Informativa a la que se agarran los periodistas cuando quieren que el Ejecutivo les proporcione información clasificada.

En España, los documentos del servicio de inteligencia clasificados como secretos nunca llegan a conocerse, porque necesitarían una autorización expresa del Consejo de Ministros. Esto hace que se abuse permanentemente de la pintura protectora que ofrece la Ley de Secretos Oficiales. Un caso curioso es el de Francisco Álvarez Cascos. Siendo secretario general del PP, el 28 de septiembre de 1995 nos presentó el libro Espías. En su intervención definió esta ley como «un refugio de delincuentes» y añadió de forma inequívoca: «No es posible que la Justicia de un Estado de Derecho vea paralizada sus investigaciones por la decisión de un gobierno de ocultar presuntos delitos bajo el manto del secreto oficial.»

Menos de un año después, siendo ya vicepresidente del Gobierno, impulsó un proyecto de Ley Orgánica Reguladora de Secretos Oficiales en el que pretendía imponer multas de hasta 100 millones de pesetas a los medios de comunicación que difundieran un secreto a sabiendas. Pero es que, para colmo, establecía un plazo de cincuenta años para que los documentos secretos dejaran de serlo oficialmente. Esto se llama un cambio de opinión por modificación de coyuntura.

Eso sí, para que no digan que el Cesid no es transparente, siguiendo la moda implantada por otros servicios secretos en julio de 1997 abrió una página web en Internet y dio toda la publicidad que pudo a tan trascendental evento. Dado que Calderón y su equipo, Jesús del Olmo y su equipo y Emilio Alonso Manglano y su equipo nunca me han invitado al Cesid, un día de 1998 decidí entrar por mi cuenta gracias a Internet. Entre los vítores de mis compañeros de redacción, que seguían divertidos mi recorrido «clandestino» por las dependencias de La Casa que tantas veces he descrito sin haberlas pisado siquiera, viví una aventura curiosa, pero decepcionante. La foto del gimnasio o la historia del servicio de inteligencia es todo lo que se puede conseguir.

Después de tantos años investigando las actividades del Cesid, de tantas reuniones clandestinas, de llamadas en las que me comunicaban claves pactadas para establecer encuentros en lugares predeterminados, de sobres sin remite con documentación apasionante o de confidentes que tardaron meses en confiar en mí y aceptar identificarse, uno a veces se molesta cuando escucha al ministro de Defensa, Eduardo Serra, diciéndole públicamente a un diputado: «No sé qué es más de admirar en su señoría, si la ingenuidad con que se cree cualquier texto publicado o la facilidad para repartir patentes de culpabilidad o inocencia.»¹⁴

O cuando el jefe de los espías, Javier Calderón, preguntado sobre si todo lo relacionado con el Cesid es secreto o la prensa puede publicar algo, dice: «Ni la ubicación del centro, en la carretera de La Coruña (y con su emblema en la puerta), ni mi nombramiento, publicado en el BOE, pueden ser secreto... Además, ahora mismo estamos hablando del Cesid ¿no? Y me imagino que esto se va a publicar. Ahora, si su pregunta se refiere a los objetivos informativos concretos, a los procedimientos, a las personas, a las fuentes... Todo eso y quizá algunos aspectos más deben y deberán ser siempre secretos.»¹⁵

A lo largo de este libro he mencionado diversas operaciones cuya denuncia por los medios de comunicación facilitó que la Justicia pudiera cumplir con su deber. Pero hay una más que me gustaría relatar, porque en ella se comprueba la relación directa entre una denuncia periodística contra el Cesid y la actuación consiguiente de los poderes políticos. No es un caso que me guste recordar especialmente, porque su protagonista siempre me atendió con cortesía. Creo que si él fue responsable de sus actos y años después pagó por ellos, lo mismo se les debería haber exigido a sus jefes del Cesid e incluso a los responsables políticos de éste. Pero el lado más débil es siempre el único que paga los platos rotos en España, y especialmente en los asuntos del Cesid, como pudimos comprobar con los ceses de dos jefes intermedios, apenas sin responsabilidad, tras el descubrimiento de las escuchas ilegales a la sede de HB en Vitoria.

En KA: licencia para matar denunciábamos cómo La Casa había tenido peligrosas relaciones con los sanguinarios Escuadrones de la Muerte de El Salvador, que dirigió el terrorífico mayor Dabuison. Nuestra denuncia quedó ampliamente probada y desarrollada en el libro e inmediatamente fue difundida por Luis Diez en El Periódico de Catalunya, a quien le pareció un tema espeluznante. Meses después, Diego Talavera, director del periódico canario La Provincia, me llamó para pedirme autorización para reproducir por entregas en su diario el capítulo que protagonizaba un agente del Cesid llamado Vicente López Pascual. La «casualidad» había hecho que el Gobierno canario de Manuel Hermoso le nombrara director general de Telecomunicaciones e Informática y que, gracias a su pericia, los redactores de La Provincia pusieran nombre al agente que nosotros identificábamos parcialmente en el libro como Vicente L. P.

Días después se produjo la coincidencia de que el Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, giró una visita oficial al archipiélago. El que fuera embajador de España en El Salvador durante los acontecimientos que nosotros relatábamos ofreció una rueda de prensa en el Parlamento canario en la que lo único que interesaba a los periodistas de todos los medios era si en su época de embajador había conocido a López Pascual y si era cierta la historia que se denunciaba en el libro.

Su confirmación, junto con la de varios diputados del PSOE en Madrid, entre ellos Juan José Laborda (que en su día habían visitado el país de habla hispana), puso al gobierno canario entre las cuerdas: ¿cómo podía mantener a un agente del Cesid que había participado en misiones tan espeluznantes en un puesto especialmente importante? Una semana después de su nombramiento, López Pascual dimitió, no sin antes defenderse calificando de novela nuestro libro de investigación.

El caso de López Pascual es una muestra de que, en contra de lo que a veces se pretende hacer creer a la sociedad, el periodismo de investigación sobre el Cesid no es algo que forzosamente tenga que ir contra la seguridad del Estado. Es más. Nuestro deber como periodistas es denunciar las irregularidades que los poderes públicos cometen, porque la sociedad tiene derecho a conocerlas. No es un deseo de cotillear donde no debemos. Es nuestra obligación.

Afirmo que los servicios de inteligencia siguen siendo necesarios en un mundo en movimiento en el que continuamente surgen conflictos de media y baja intensidad, pero no me hice periodista para apoyar incondicionalmente a los gobernantes de turno, sean del color que sean. Soy periodista porque creo en la libertad. ¡Ah!, y también creo en el derecho a que ningún poder público utilice el apoyo popular que ha obtenido en las urnas y el dinero de todos los ciudadanos para convertir un servicio secreto en una mafia al servicio de intereses espurios. Por eso, a pesar de las presiones, seguiré investigando al Cesid. Y por eso he querido explicar por qué nos da miedo el servicio secreto. Al menos, por qué me lo da a mí.

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1   Pilar Cernuda y Fernando Jáuregui, Alarma nía. Crónicas de un país que dicen que va bien, Ediciones Temas de Hoy, Madrid, 1997, págs. 15

2   La revista italiana Limes publicó en marzo de 1997, en su sección Mesa Redonda, un amplio informe llamado «A che servono i servizi», en el que participaron varios responsables de servicios secretos occidentales, entre los que se contaba Aurelio Madrigal, número dos del Cesid con Javier Calderón.

3   Elena Pradas e Ildefonso Olmedo, «El espía que surgió del pozo», suplemento Crónica de El Mundo, 19 de abril de 1998.

4   Ana Ramos Madrid, «Calderón: es más barato prevenir riesgos que afrontar amenazas», agencia Efe, 21 de diciembre de 1997.

5   Santiago Bastos fue jefe de Involución y posteriormente jefe de la División de Inteligencia Interior.

6   Más curiosa es la filtración a los medios de comunicación de la realización de un ciclo de conferencias cjue tuvo lugar durante el verano de 1988 en la sede central del Cesid y que se prolongó durante el resto del año, en el que impartieron clase personalidades de la vida pública española. En el teletipo de la agencia Efe que comunicaba la apertura del ciclo por el presidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto del Alba, se especificaba que «consiguió llenar ampliamente el recinto», algo nada extraño entre militares.

7   Declaraciones ya citadas a la agencia Efe.

8   Ben Bradlee, La vida de un periodista, El País-Aguilar, Madrid, 1995.

9   Alexandre de Marenches, Op. cit.

10   Las referencias son textuales y están extraídas del texto de la conferencia repartido a los asistentes al ciclo sobre «Seguridad, ejércitos y secretos de Estado» celebrado en Jaca del 22 al 26 de septiembre de 1997.

11   Peter Wright y Paul Greengrass, Calador He espías, Ediciones B, Barcelona, noviembre de 1987.

12   Estos datos aparecieron recogidos en el diario ABC el 27 de marzo de 1996.

13   Estas informaciones aparecen perfectamente recogidas por Agustín Pery en «Top sccret», suplemento Crónica del diario El Mundo, del 18 de agosto de 1996.

14   Eduardo Serra a Willy Meyer, durante su comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso, el 7 de octubre de 1997.

15   Entrevista concedida por Javier Calderón a Tiempo.

Post Scriptum
Jávea (Alicante)

Acabo de rematar mi cuarto libro sobre el Cesid. Para celebrar el acontecimiento como se merece, me acerco con Queca y Sandra al restaurante La Pachanca, para que devoremos entre mis dos mujercitas y yo una paella cocinada por Rosita, el maná más delicioso con que uno puede atracarse en Levante. Salvador, el patriarca y alma pater del restaurante, y sus hijos Rosita y Pepe, me preguntan si para el próximo invierno podrán tener en sus manos un nuevo libro. Les respondo que ya veremos. Me he acostumbrado a mentir, o mejor, a ocultar la realidad y no desvelar jamás un proyecto relacionado con el servicio secreto. En eso creo que nunca cambiaré. Tengo tan metido en los poros de la piel el espíritu secretista que me moriré actuando como lo hago con ellos.

Terminada la paella, y tras un largo rato de silencio motivado por los tres polos de cinco sabores que nos hemos metido los Rueda, regresamos al hotel Miramar para que las niñas se echen la siesta. En una cama grande de matrimonio duermen los amores de mi vida y las contemplo largamente convencido de que no hay mayor placer en el mundo que disfrutar de ellas. Viéndolas así, angelicales y tan necesitadas de alguien que las avise de que vayan con cuidado para que no se caigan rodando por las escaleras, que las advierta de que estar tanto tiempo en el agua del mar no es bueno, de que no crucen la calle sin antes darme la mano... me viene a la cabeza otra niña que nunca he conocido. Ni ahora, cuando puede tener cerca de veinte años, ni antes, cuando sucedió algo trágico en su vida y debía de tener los mismos siete años de Queca. Tampoco consigo acordarme de su nombre, aunque conozco perfectamente su primer apellido.

Hace unos meses, mientras desayunábamos un café, su padre me estuvo contando algunas confidencias. De esas que se dicen bajito y al oído y en las que rápidamente olvidamos los nombres propios y los datos concretos. Y los he olvidado porque, si bien es cierto que fueron confidencias de un espía a un periodista, yo las recibí como si lo fueran de un amigo a otro.

El antiguo agente evocaba el tiempo que había pasado en el sur de Francia infiltrado en ETA, su temor a ser descubierto, los riesgos terribles que corrió en solitario, los terroristas a los que consiguió convencer de que era uno de ellos y algunas anécdotas más que me obnubilaron. Recuerdo que le pregunté algo muy simple, nada original. Un aspecto de su historia por el que cualquier ser humano se habría interesado en ese momento especial.

—¿Cuál fue el peor momento que pasaste en toda esa odisea?

—Lo tengo clarísimo. Cuando mi oficial de enlace me dijo que mi hija estaba muy enferma y la habían tenido que ingresar en un hospital. Me quedé destrozado porque, ¿sabes?, lo que no conocía mi enlace en ese momento es que estaba en medio de una operación importantísima y que por nada del mundo podía irme a España. Si lo hacía, no sólo caería el garrote sobre mi cabeza, sino que fracasaría una operación que permitiría evitar algunos atentados terroristas. Imagínate cómo lo pasé durante varios días, rodeado de etarras, sin poder dejar de pensar en que mi hija podía morirse sin que su papá estuviera a su lado.

No pude imaginarme lo que sintió en esa situación. Creo que nadie que no lo haya vivido puede saber el profundo sufrimiento de un padre, de un ser humano, cuando tiene que anteponer su patria a su hija. Yo he tratado a decenas de espías y a casi todos ellos les incluiría en la categoría de seres humanos.

Contemplando extasiado cómo duermen Queca y Sandra pienso en mi amigo y en otros muchos agentes que he conocido personalmente y a los que he visto achuchar tiernamente a sus hijos, llamarme preocupados cuando sabían que yo estaba pasando por un mal momento personal o acometer acciones increíbles para denunciar los trapos sucios del Cesid, negándose a admitir que se hicieran determinadas cosas usando el nombre de España.

Creo que si tuviera que explicarles a mis gordas cómo son la mayoría de los espías, les diría que son gente mayor (todo el que tiene más de siete años lo es para ellas) y que actúan discretamente, convencidos de que sus horas de trabajo nos permiten al resto de nosotros vivir tranquilamente.

Un día, el que fuera secretario general de La Casa, Jesús del Olmo, me dijo que yo tenía muchos enemigos en el Cesid. Es posible que tenga razón y que después de este libro tenga más. Sin embargo, estoy seguro de que todos ellos saben perfectamente que con mi trabajo he contribuido, aunque sea humildemente, a facilitar que las cosas cambien dentro de La Casa.

Sé perfectamente que la mayor parte de la gente que trabaja en el servicio de inteligencia son hombres y mujeres buenos, lo he dicho siempre y lo repetiré cuantas veces haga falta. El problema está en el resto —una pequeña parte— y en el excesivo poder que almacenan para ejecutar acciones como las narradas en este libro.

Me gustaría que los hijos e hijas de los agentes del Cesid sepan que sus padres acometen grandes acciones por España y que si a veces, cuando están enfermos, no van a verles, es porque alguna tarea importante se lo impide. Pero también quiero que cuando crezcan mis hijas, y todos los niños españoles, vivan en un país en el que nada ni nadie se escape al control del pueblo. Que nadie pueda aducir que se ha saltado la ley por nuestro bien. Que nadie secuestre o mate alegando que así cree que evita males mayores. Es posible que me tachen de muchas cosas por defender la transparencia y el control del Cesid, pero lo seguiré haciendo. Y en este libro están mis razones.

Me asomo al balcón de ese sueño que es el hotel Miramar y contemplo cómo las olas del mar rompen contra las pequeñas piedras de la costa, con la misma bravura con que lo hacían hace veinte años, cuando lleno de ilusiones y amor enloquecido visité por primera vez este acogedor pueblo alicantino.

Dentro de veinte años espero que el relajante sonido del mar siga adormeciéndome a la hora de la siesta. Que el hotel Miramar continúe sabiamente conducido por Alfredo, José María y Damián, que Rosita siga cocinando esas paellas inigualables y que las niñas y yo podamos seguir discutiendo sobre quién se pone más arroz en el plato. Y espero que el Cesid haya abandonado la oscuridad de la noche y su actividad resplandezca claramente durante las veinticuatro horas del día. Si hace falta, pediremos la ayuda del caliente sol de Jávea.