«Al Estado también se le defiende desde las alcantarillas». Esta frase, del que fuera presidente del Gobierno, Felipe González, abre un libro apasionante y sorprendente que introduce al lector en los vericuetos del Estado desde el inicio de la Transición. El objetivo es hacer un retrato lo más fiel posible del comportamiento —agentes, operaciones secretas y actividades— de la empresa de fontaneros más potente que ha tenido la democracia: el Cesid, hoy llamado CNI, creado en 1977 por el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado.

Su autor, Fernando Rueda, periodista especializado en espionaje, nos relata las 100 operaciones de los servicios secretos españoles que marcaron sus últimos 35 años de Historia, muchas de las cuales fueron en su día investigadas precisamente por él. La CIA, espionajes ilegales, el 23-F, los GAL, Bárbara Rey, el Lobo, el Echelon español, asesinatos, chantajes y los atentados del 11-M se dan cita en las páginas de Las alcantarillas del poder, una obra para comprender cómo funciona la vida secreta de los servicios de inteligencia.

Fernando Rueda

Las alcantarillas del poder

Las 100 operaciones de los servicios secretos españoles que marcaron sus últimos 35 años de historia

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Etsai 18.3.2017

Título original: Las alcantarillas del poder. Las 100 operaciones de los servicios secretos españoles que marcaron sus últimos 35 años de historia

Fernando Rueda, 2011

Editor digital: Etsai

Corrección de erratas: Outsider

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Para Ladis, Juanma, Javier, Arturo, Antonio, Fausto, Jaime, Manuel,

Borja, Jorge, Alejandro, Carlos, Vicente, Álvaro, Pablo, Gonzalo,

Fructuoso, Miguel Ángel, Jesús, Martín…

Y a todos los espías que he conocido a lo largo de los últimos veinticinco años.

Introducción

«El Estado de derecho también se defiende en las alcantarillas». La frase pertenece al que fuera presidente del Gobierno, Felipe González, acusado —o alabado— reiteradamente durante sus catorce años de mandato de mover de forma sinuosa y con destreza a los fontaneros que arreglaban las cañerías del sistema. Alcantarillas y fontaneros, las dos palabras clave para definir a toda una pléyade de funcionarios gubernamentales de cuyo trabajo casi nada se conocía —ni se conoce— y entre los que destacaban los agentes secretos.

El objetivo de este libro es introducir al lector en las alcantarillas del Estado desde el inicio de la Transición española y guiarle por esos caminos oscuros lleno de ratas y desechos que ensucian inevitablemente las manos de todos los que circulan por allí. El fin es hacer un retrato lo más iluminado posible del comportamiento de la empresa de fontaneros más potente que ha tenido la democracia: en sus orígenes el Cesid, ahora llamado CNI.

Creado en 1977 por el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, el Cesid sustituyó al SECED que, al amparo del todopoderoso almirante Carrero Blanco, había asumido las principales tareas de espionaje en la recta final del franquismo. Es en ese momento cuando se inicia el retrato que van a leer. Unos servicios secretos —luego se les llamaría de inteligencia, para intentar encubrir su parte oscura— militares, con cierto autonomismo y con una opinión propia de lo que políticamente debía cambiar en España.

No se trata de realizar un ensayo teórico sobre los espías españoles, sino de retratar en cien fotos, con una cierta brevedad, los momentos que, a mi parecer, mejor pueden reflejar cómo ha actuado esa fontanería del Estado desde su creación y hasta el día de hoy.

Sin olvidar, como escribió Alberto Perote, ex jefe de los grupos operativos, refiriéndose a la Casa a finales de los años ochenta: «Quien controlara el Cesid podía determinar el curso de la historia, si ése era su deseo».

Hay operaciones de todo tipo, dentro del propio país, en el extranjero, protagonizadas por agentes españoles o en colaboración con los de otros países. Así descubriremos hechos importantes como la excesiva colonización a la que nos tenían sometidos servicios como la CIA y el Mossad, y la forma en que los espías españoles utilizaron acontecimientos sobrevenidos o generados por ellos para darles donde más les podía doler y demostrarles que España era un país libre e independiente. Éste fue uno de los éxitos indudables de la etapa de director de Emilio Alonso Manglano, que llegó tras el intento de golpe de Estado del 23-F y consiguió, entre otros éxitos, acabar con los movimientos involucionistas. Bien es cierto, como les ha pasado al resto de los directores, que se ensuciaron demasiado en temas como el GAL, el espionaje político o el secuestro de inocentes.

La llegada del PP de Aznar supuso un enterramiento discreto de las desviaciones de la etapa anterior y un intento de limpieza finalmente no ejecutado por el director de su confianza, Javier Calderón. Historias como el espionaje a Bárbara Rey o el efectuado con minuciosidad sobre una legal Herri Batasuna, muestran que, gobierne quien gobierne, nada cambia en el trabajo de los fontaneros.

El aterrizaje del primer civil, Dezcallar, supuso un cambio de imagen, un alejamiento necesario del militarismo, una modificación de nombre y el nombramiento de un magistrado del Supremo para controlar sus acciones más comprometidas. A pesar de ello, en esta etapa se escribieron algunas de las páginas más tristes del espionaje, con la muerte de ocho agentes en Irak y los atentados islamistas no evitados del en Madrid.

Otro civil, Saiz, fue el encargado de adaptar su estructura a las nuevas amenazas del mundo globalizado, con éxitos indudables en su labor de fontanería como la lucha contra la inmigración ilegal. Pero no supo navegar por aguas turbias y le montaron una sublevación interior en toda regla, de la que doy una explicación algo más intensa, y desconocida, que permitirá entender cómo funciona la vida secreta del CNI (véase la historia 98).

Para solucionar la crisis de autoridad y la sublevación ejecutada contra el capitán del barco, el Gobierno de Zapatero optó por sustituirle por un militar experto en poner orden, un paso atrás en los avances dados con anterioridad. Bien es cierto que Félix Sanz, el actual director, mostró su sensibilidad para enterrar conflictos y llevar a cabo algunas acciones de justicia histórica, como condecorar, después de treinta y cinco años, a Mikel Lejarza, el Lobo, el mejor topo que ha tenido el servicio de inteligencia en toda su historia.

Un par de explicaciones: las cien acciones que describo transcurren cronológicamente, no por el orden en que conocimos algunas de ellas. Ello permitirá entender con mucha mayor facilidad que el bien y el mal, por decirlo de alguna forma, van parejos en el servicio de inteligencia, sin que haya unas etapas limpias y otras sucias.

En segundo lugar, algunas de las historias las he contado desde el punto de vista del periodista que las investigó y las sacó a la luz, que fui yo. En esta ocasión he preferido utilizar la tercera persona para no romper el estilo del relato.

Una cosa más. Las primeras operaciones son anteriores al nacimiento del Cesid, pero su narración es imprescindible porque tuvieron una enorme trascendencia en graves hechos ocurridos posteriormente.

Este libro fue idea de Ymelda Navajo —siempre es un placer trabajar con ella—, directora de La Esfera de los Libros, que me resultó sorprendente, atrevida y muy novedosa: contar los cien principales hitos del espionaje español desde la creación del Cesid hasta la actualidad, utilizando menos de tres folios para cada historia. Les reconozco que ha sido un trabajo apasionante y divertido, que espero sea de su agrado.

Permítanme un agradecimiento final a mi mujer, Alicia Gil, que siempre está a mi lado insuflándome optimismo y convirtiendo mi vida en esa alegría constante que notan todos los que me rodean.

1. El chantaje que acaba con la carrera política de Areilza

La visita del agente del Servicio Central de Documentación (SECED) al palacio de La Zarzuela produjo su fruto. El entonces príncipe Juan Carlos —todavía no había muerto Franco— se quedó sorprendido cuando el joven y dispuesto capitán le informó de que había descubierto que sus conversaciones telefónicas estaban intervenidas. «¿Quién ha podido ser?», preguntó. La respuesta pareció obvia para el mando del espionaje: «Sin duda, la CIA, que son los que tienen los medios para hacerlo».

Sin embargo, seguro que el futuro monarca, que ya había utilizado al peluquero de la Academia General Militar de Zaragoza para evitar que alguien cercano al general Franco leyera sus cartas familiares, sabía que no sólo le espiaba la CIA, que consideraba España como su coto privado de caza. El propio SECED controlaba todos sus movimientos e informaba puntualmente al Gobierno.

José María de Areilza, mucho más monárquico que franquista, recogió en su libro autobiográfico Diario de un ministro de la monarquía algo que escribió el 27 de abril de 1975: «Viene Pérez de Bricio y me cuenta (…) que la única baza que tiene Arias Navarro para mantenerse y amenazar al Rey es la posesión de cintas magnetofónicas en que se registran conversaciones del monarca. Parece que hay comentarios y juicios tremendos. Sería un Watergate dinástico. Habrá que deshacer un día los servicios (secretos) si no queremos que nos desborden a todos en una absurda guerra de chantajes, denuncias y rivalidades».

Areilza, como el Rey, conocía sus métodos por propia experiencia. El conde de Motrico fue víctima del chantaje de los servicios de inteligencia, lo que le costó su sueño de llegar a la presidencia del Gobierno. El pódium lo alcanzó Adolfo Suárez que, sin mancharse las manos, consiguió apartar de la carrera a su más fuerte competidor.

No está claro quién fue el instigador. Algunos opinan que el Rey soltó en determinados círculos, como quien no quería la cosa, que no confiaba en Areilza y que era conveniente retirarle de la lista de candidatos al puesto de jefe del Gobierno. Otros se lo achacan al poder económico dominante, representado por algunos bancos. Pero no faltan los que, conociendo el funcionamiento del espionaje en la época, defienden que fue un trabajo por iniciativa de los espías que luego vendieron ladinamente al círculo de poder que apoyaba la candidatura de Adolfo Suárez.

El hecho es que agentes operativos le pincharon teléfonos y le colocaron cámaras ocultas: grabaron todas sus conversaciones y fotografiaron cada una de sus reuniones. Al final, gracias a las pocas precauciones que adoptaban los personajes de relevancia pública de la época, elaboraron un dossier con el que pretendían sustentar dos acusaciones fundamentales y un poco dislocadas: su cercanía al mundo de ETA y una relación extramatrimonial. Los dos grandes pecados de la época: el sexo y el terrorismo. El informe aportaba una foto de Areilza charlando con una persona del mundo abertzale y otra en la que aparecía muy amable con una secretaria. La realidad o no de las pruebas daba igual. Si esa información se filtraba, por mucho que el interesado la desmintiera, el daño a su reputación y credibilidad política estaba garantizado. ¿Es que alguien podía creerse la barbaridad de que flirteara con ETA? Areilza se retiró de la carrera a la presidencia, dejando el paso libre al tándem formado por el Rey y Adolfo Suárez.

Ésta no es una historia exclusivamente del SECED, el antecesor del Cesid —Centro Superior de Investigaciones de la Defensa— y el CNI —Centro Nacional de Inteligencia—. El chantaje contra Areilza no fue conocido más que en los ambientes conspirativos de la época, pero salió a relucir en los días posteriores al intento de golpe de Estado del 23-F. Algunos mandos del ya Cesid —creado en 1977 de la unión del SECED y la División de Exterior del Alto Estado Mayor— se reunieron con autoridades políticas para lanzarles una advertencia: si se extralimitaban en el juicio implicando a demasiados de sus agentes, filtrarían la maniobra contra Areilza. Casi todos se libraron.

2. El espía Ugarte, el primero en reunirse con ETA

En 1972 entró a trabajar en el SECED. Poco después, inició con solvencia una parte vital de la historia contraterrorista del espionaje, que marcó el camino seguido con posterioridad por el Cesid y el CNI. Su arriesgado trabajo fue recompensado con una vulgar metopa de madera, que no se molestó en guardar.

Ángel Ugarte —general muchos años después— fue el primer hombre, en representación del servicio secreto, que negoció de forma directa con ETA. Sucedió el 30 de noviembre de 1976, en Ginebra. En un hotel se reunió con Javier Garayalde, Erreka, miembro del comité ejecutivo de ETA político militar, y con José María Muñoa, Txaflis, que había protagonizado una fuga de la cárcel de Segovia. De ese encuentro histórico hay fotos y grabaciones, gracias a las artimañas de los grupos operativos del servicio, a los que llamaban Vencosa, que no sólo se preocuparon de su seguridad, sino también de dotarle de los mecanismos técnicos adecuados.

A esa reunión siguieron otras dos, también en Ginebra, a las que asistieron los etarras José Manuel Pagoaga, Peixoto, y José Luis Ansola Larrañaga, Pelo el Viejo. Por parte del servicio creado por San Martín, se sumaron Juan Jáudenes, responsable de Interior, y José Luis Esteban, jefe de la unidad operativa.

Ugarte, número uno del SECED en el País Vasco, informó de la falta de interés de los «milis» por abandonar las armas, aunque sus gestiones contribuirían años después al fin de los «polis milis». El espía escribió: «Peixoto, apoyado en los silencios de Pelo el Viejo, nos dejó clara la táctica que iban a seguir. La misma que siguieron en las décadas posteriores, la de la indefinición, la del ofrecimiento que nunca se concreta (…). Su juego era abrir constantemente frentes de lucha, de negociación, procesos en los que los gobiernos se desgastaran, fracasaran una y otra vez».[1]

Ugarte tuvo que informar en persona a las más destacadas figuras del Estado. Primero al rey Juan Carlos: «Me preguntó sobre todo por las futuras expectativas de aquel encuentro», después al presidente Adolfo Suárez y a continuación al vicepresidente Manuel Gutiérrez Mellado.

El fracaso de las primeras reuniones con la banda terrorista no hizo que Ugarte abandonara el País Vasco, donde siguió dirigiendo el servicio hasta 1979. Allí puso en contacto a Xabier Arzalluz —«su actuación fue un engaño continuo, constante y permanente»— y a otros dirigentes nacionalistas con el Gobierno de la nación. También se relacionó con el obispo José María Setién: «Un nacionalista radical que de incógnito llevaba dinero para los exiliados en el sur de Francia».

Su pesadilla apareció cuando ya había pasado a ser el hombre del Cesid en el País Vasco: la dirección de la banda le tenía perfectamente identificado y en dos ocasiones intentaron matarle. En ambos iba acompañado —en una por su mujer y en otra por su hija— y en las dos tuvo tiempo de sacar la pistola, lo que hizo huir a los asesinos. En aquellos años todavía no se habían inventado las bombas lapa, porque de lo contrario…

Cuando finalmente le sacaron del País Vasco y le llevaron destinado a Madrid, toda su experiencia fue tirada por la borda, algo que, por desgracia, ocurre con demasiada frecuencia en los servicios de inteligencia. Nadie conocía mejor que él a los dirigentes políticos y sociales del País Vasco y el entramado y funcionamiento de ETA. Pero sus jefes no quisieron contar con él. El primer hombre que había negociado con la cúpula de ETA tuvo que regresar a los cuarteles para continuar su carrera militar. Eso sí, le premiaron con una metopa de madera.

3. El archivo Jano y sus actualizaciones

De destruido nada. El más importante y enorme de los archivos montados durante la Transición no sólo está guardado a buen recaudo en la sede central del servicio de inteligencia —una copia está archivada en otro edificio seguro lejos de Madrid—, sino que fue actualizado al menos durante los años ochenta y hoy existen sospechas de que se mantiene la alimentación de información.

Su nombre refleja claramente sus intenciones: Jano es el dios de la mitología romana, que con sus dos caras mira al futuro y al pasado. En la época del SECED, sus agentes dedicaron un ingente trabajo a plasmar en informes personales la vida pública y privada de ocho mil personajes que en ese momento tenían o podían tener una proyección pública en el futuro. Eran personas jóvenes o maduras con aptitudes para desempeñar a lo largo de su vida destacados cargos en la Administración pública o privada. La investigación incluía de una manera destacada la búsqueda de vulnerabilidades personales relacionadas con su intimidad, como ocurrió en el caso ya citado de José María de Areilza.

El archivo perseguía también establecer relaciones con una parte de los investigados para ofrecerles la colaboración del servicio en su carrera y así tenerlos atados en el futuro cuando ellos necesitaran su ayuda. Eran personajes como Juan José Folchi, un catalán licenciado en Derecho y Economía, y abogado del Estado desde 1974. Miembro de la UCD catalana, en 1977 fue nombrado por Tarradellas Conseller de Economía y Finanzas del primer gobierno de la Generalitat. En 1984 fue diputado del PP en el Parlamento catalán y posteriormente trabajó con Javier de la Rosa en negocios como Kio, por el que terminó siendo procesado. El nombre de Folchi figuró desde los inicios en el Archivo Jano, pero se desconoce si mantuvo relaciones directas con el Cesid, que le permitieran conseguir su ayuda, aunque a cambio habría tenido que informarles detalladamente sobre sus actividades posteriores.

Jano fue actualizado durante la etapa de Felipe González en el Gobierno, siendo Manglano director. En aquel momento se pretendió bucear nuevamente en los dos aspectos de la vida de políticos, empresarios, jueces y periodistas que criticaron con dureza la época de corrupción y guerra sucia.

Manglano pidió el Archivo Jano antes de abandonar con precipitación su despacho en el Cesid, tras presentar su dimisión a raíz de la publicación de los papeles de Alberto Perote sobre la guerra sucia. Como es tan secreto y son escasas las personas que tienen acceso al mismo, la única explicación de su interés estaría en el intento de hacer desaparecer algunos documentos. Algo que nunca se podrá explicar.

En 1996, tras su designación como director del Cesid, Javier Calderón solicitó de nuevo el archivo, en lo que fue una de sus primeras decisiones. Otra vez el secreto y la constatación de que nadie podría saber si había diferencias entre los documentos entregados por el departamento de documentación y los recibidos posteriormente.

Desde aquellos años, muchas han sido las denuncias que han acreditado que el Archivo Jano está siendo actualizado de forma continua con las personas que adquieren proyección pública. La justificación es que la sociedad necesita saber que sus dirigentes son leales a España y no a intereses espurios.

Para obtener datos de esas personalidades relevantes, se han utilizado tácticas de lo más sorprendentes. Como cuando los medios tecnológicos más modernos entraron secretamente en los restaurantes de lujo.

4. Operación Tenedor, espionaje en restaurantes de lujo

Varios agentes de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales fueron a comer un día, a finales de la década de los setenta, a un reservado del restaurante El Bodegón, situado en las proximidades de la calle Serrano. Su sueldo no les daba para acudir a uno de los mejores locales de Madrid, pero ese día pagaba el Cesid. Trajeados adecuadamente, pidieron la comida con calma y esperaron a que el camarero desapareciera para empezar con su trabajo: uno de ellos se metió debajo de la mesa, tapado por el mantel, y se puso a cambiar uno de los listones de madera. Mientras, el resto de agentes hablaban todo lo alto que podían para que el ruido del carpintero al trabajar no se escuchara fuera del reservado. Desencajada la pieza, el especialista la sustituyó por otro listón idéntico, con un micrófono ubicado en su interior, preparado con anterioridad en el taller del servicio secreto.

El camarero regresó en un par de ocasiones antes del fin de la colocación del micro, pero pareció no dar importancia a la ausencia de un comensal, que en cuanto terminó con su trabajo ocupó su sitio en la mesa. Fue el turno del especialista encargado de probar la calidad de recepción de la señal. Todos comenzaron a charlar como si de una comida de negocios se tratara y esperaron a recibir la confirmación de que la conversación se grababa con cierta nitidez.

Varios agentes ubicados en un piso alquilado entre las calles de María de Molina y Serrano, cuyo trabajo era dar cobertura estable a los «canarios» situados en restaurantes alejados un máximo de cien metros —distancia límite de esos aparatos en aquel momento—, dieron el visto bueno antes de que les sirvieran el postre.

Desde ese día y al menos hasta inicios de 1981, la clientela distinguida que buscaba en El Bodegón ambientes recogidos y exclusivos que salvaguardaran sus comentarios para hacer negocios, cerrar tratos o debatir sobre política no supo que sus conversaciones eran grabadas por micrófonos ocultos del Cesid.

Estaba en marcha la Transición y el servicio secreto quería disponer de toda la información sobre las conspiraciones que estaban en marcha. También quería identificar a los que eran favorables a los nuevos rumbos que marcaban el Rey y Suárez y a los que apoyaban una intervención militar.

Pero, por encima de todo, lo que perseguía la Operación Tenedor era grabar las conversaciones que dirigentes del espionaje, como José Luis Cortina, mantenían con empresarios, banqueros, políticos y altas personalidades del Estado, para sondearles sobre su actitud ante lo que el 23 de febrero de 1981 se conocería como Solución Armada. Esos almuerzos se celebraban en El Bodegón pero había otros reservados pinchados en Madrid, como en el restaurante Zalacaín, y algunos en Barcelona.

Cuando una personalidad de la vida pública había sido «tocada» por el Cesid, las grabaciones de los «canarios» servían posteriormente para contrastar su sinceridad e, incluso, para obtener información delicada que pudiera ser utilizada, llegado el caso, como chantaje. Por eso, agentes operativos se emplazaban en los alrededores de los restaurantes para fotografiar a los objetivos a la entrada y salida y tomar nota de las matrículas de sus coches y de todos los detalles relativos a su intimidad. Entre ellos uno muy importante en aquellos años: si se escabullían a cenar con una mujer que no era su esposa.

Esta operación, controlada por el jefe de la AOME, José Luis Cortina, se ejecutó con el primer director, José María Bourgón López-Dóriga, con el segundo, Gerardo Mariñas, y con el tercero, Narciso Carreras. El poder político no se inmiscuyó en lo que hicieron, salvo que desobedecieran una orden explícita, como fue el caso de Bourgón.

5. Suárez grabado en secreto

Octubre de 1978, el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, visitó sin ningún tipo de alharacas un chalé de la avenida del Cardenal Herrera Orla, una de las sedes clandestinas todavía hoy activas de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME) del Cesid. Los altos mandos de la Casa querían explicarle los avances técnicos de la unidad de élite y conversar detenidamente con él y con su vicepresidente, Manuel Gutiérrez Mellado, de los graves problemas que padecía el país.

Lo que nunca pudo imaginarse el presidente, como reconoció años más tarde el propio José Luis Cortina, jefe de la AOME, es que «era una cosa habitual que se grabara este tipo de reuniones». Sentados en torno a una mesa, el director Bourgón; el subdirector Manuel Vallespín; los directivos de la División de Interior, Andrés Ollero y José Faura —posteriormente jefe del Estado Mayor del Ejército—; y los mandos de la unidad especial, José Luis Cortina y Francisco García Almenta, inquirieron a los dos máximos mandatarios del Gobierno por los mecanismos que se debían de utilizar para acabar con ETA, la principal plaga de las muchas que azotaban la Transición.

En aquellos primeros años tras su fundación, los escasos cientos de agentes del Cesid se dedicaban a los temas de lo que ocurría en España y muy poco a los asuntos internacionales. Por eso, a nadie le extrañó que el centro del encuentro fuera la búsqueda de la mejor forma de frenar al terrorismo.

Suárez entró de buen grado en la conversación y, para sorpresa de los mandos del espionaje, recomendó acciones agresivas como la infiltración de topos en la banda y negó la posibilidad de adoptar medidas que estuvieran fuera de la ley. Pero la dictadura estaba cercana y en los servicios había personas que no estaban de acuerdo con que España se encaminara a un Estado de derecho. En este sentido, uno de los mandos presentes llegó a afirmar que «si nosotros contamos con la colaboración de verdad del ministro del Interior, yo le garantizo que de aquí a cuatro meses estamos en condiciones de tener un grupo al otro lado de la frontera (Francia) que pueda hacer lo que fuera necesario». Suárez no lo aceptó.

Las dos horas de conversación fueron grabadas sin que el presidente lo supiera y la cinta fue entregada por los técnicos a Cortina, quien aseguró que mandó guardarla en los archivos de la agrupación, estando informado en todo momento el director de su paradero.

Ese día, Adolfo Suárez fue muy precavido, porque no se fiaba del todo de los hombres del Cesid, como demostraba un suceso desvelado por el propio presidente. Un día salió a altas horas de la madrugada de su despacho del palacio de La Moncloa cuando se cruzó con un hombre vestido con un mono azul: «Buenas noches, señor presidente. Soy el fontanero. He venido a reparar una gotera del cuarto de baño». Cansado del trabajo, Suárez no reparó en lo extraño de su presencia hasta el día siguiente, en que sus hombres de seguridad le dijeron que no existía la gotera ni conocían a aquel sujeto.

Tuvieron que pasar dieciocho años antes de que Adolfo Suárez descubriera que aquella visita al Cesid había sido grabada. Corría el año 1995, el mal olor de la guerra sucia contra ETA infectaba a diversas instituciones del Estado, y de repente la cinta apareció. El momento político sugería que el Gobierno de Felipe González podría utilizar pasajes sacados de contexto de Suárez para justificar a los españoles que todos los gobiernos habían usado mecanismos fuera de la ley para hacer frente a la banda. Incluso se apuntó que el propio Cesid, dirigido en ese momento por Emilio Alonso Manglano, había preparado un golpe de efecto con declaraciones amañadas de guardias civiles y espías, para repartir los trapos sucios con el anterior Gobierno de la UCD.

La revelación del caso en el diario «El Mundo»[2] lo frenó todo. Manglano fue acusado de tener en su poder la cinta y haber ordenado que se guardara. Siguiendo la tradicional costumbre del espionaje, el director negó conocer su paradero.

La larga historia de los servicios de inteligencia demuestra que nunca destruyen un documento que pueda ser de utilidad en el futuro y menos de personas relevantes de la sociedad española. La prueba: el Archivo Jano.

6. El director que se niega a delatar a otros militares

El 5 de enero de 1979 se celebró el funeral corpore insepulto por el general de división Constantino Ortín, gobernador militar de Madrid, que dos días antes había sido asesinado por un comando de ETA dirigido por el francés Henri Parot. Tuvo lugar en el patio del Cuartel General del Ejército, con la presencia de varios centenares de uniformados en el interior del recinto y otros cientos de civiles en las calles próximas.

El acto religioso estuvo presidido por el ministro de Defensa, teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, y transcurrió en un silencio sólo interrumpido por los lloros de familiares y amigos.

Eran años duros, en los que la banda terrorista ETA mataba sin cesar y muchos de los que perdían la vida eran militares. Eso acrecentaba un malestar profundo en las fuerzas armadas motivado por la llegada de la democracia y el retorno a la legalidad de socialistas y comunistas.

Terminado el funeral, la tensión aguantada hasta el momento se desbordó. Un teniente coronel gritó «Viva el honor», frase que fue coreada por una parte de los militares presentes, que tras cantar el himno de Infantería comenzaron a unirse al coro de voces que, procedentes del exterior, coreaban lemas como: «Gobierno, dimisión», «Gutiérrez Mellado, dimisión», «Mueran los traidores» y «Muera ETA».

La situación se desbocó por completo. La inmensa mayoría de los militares desobedeció la orden de no salir por la puerta que daba a la calle de Alcalá, y un grupo de ellos decidió sacar a hombros el féretro del general Ortín, lo que calentó aún más a civiles y militares, que brazo en alto no sólo insultaron de palabra al ministro de Defensa y a la cúpula militar que seguía al féretro, sino que llegaron a zarandear a Gutiérrez Mellado.

Era más de lo que un Gobierno permisivo con algunos excesos militares podía tolerar. Gutiérrez Mellado, un hombre tranquilo que había ejercido el espionaje durante la Guerra Civil, estaba enfurecido por aquel espectáculo de desobediencia y falta de respeto a la autoridad.

En cuanto llegó a su despacho, telefoneó al general Bourgón, director del Cesid, organismo que él había creado. Le conminó a que le pasara, lo más rápido posible, un informe con los nombres de todos los militares, especialmente los de alta graduación, que habían tomado parte en aquel suceso.

Ante su sorpresa, Bourgón se negó en redondo. Ni entró en si sus agentes habían estado presentes en el acto, algo que era evidente. Se limitó a explicar que él no estaba en el cargo para espiar a sus compañeros. Gutiérrez Mellado se enfureció, pero no consiguió hacerle cambiar de opinión. Ese día tomó la decisión de cesarle sin revuelo, en cuanto las condiciones se lo permitieran.

No tardó mucho en encontrar un motivo para sustituirle —alejado de la insubordinación— por el general Gerardo Mariñas, que poco tiempo después cedió el cargo al también general Narciso Carreras. Hombres con las cualidades requeridas para el puesto —era un servicio secreto militar y su director debía tener esa alta graduación—, su trabajo no fue tan destacado como para figurar en las páginas de la historia. Básicamente, porque ninguno de los tres fue capaz de evitar la intentona golpista del 23 de febrero de 1981, donde el malestar visualizado en el funeral de Constantino Ortín ya había adquirido tintes dramáticos.

7. 23-F: una institución sin control

El coronel Narciso Carreras fue designado director interino del Cesid en julio de 1980. En el poco más de medio año que permaneció en el cargo y hasta el 23 de febrero de 1981, se produjeron varios hechos en el servicio de inteligencia que se repetirían con el paso del tiempo: el grado militar supone autoridad, pero no da el control de una institución tan complicada; y un director puede pasar veinticuatro horas trabajando en su despacho sin ser capaz de enterarse de los movimientos de algunos sectores de sus agentes.

El secretario general era el número dos del Centro. Pero con Javier Calderón, el control real no lo tenía el director, ninguneado por el que debía ser su máximo colaborador (algo que se repitió de una forma bastante similar en la posterior época de Félix Miranda como director y jesús del Olmo como secretario general).

Narciso Carreras no se enteró de los movimientos de un sector de sus subordinados de cara al intento de golpe de Estado del 23-F Durante esos meses de interinidad, el entonces comandante José Luis Cortina, jefe de la AOME y mano derecha de Javier Calderón, controló y dirigió sibilinamente a los golpistas hacia una asonada que beneficiara la llamada «solución Armada».

Con ese objetivo, el inteligente y sagaz Cortina movilizó a un reducido número de hombres de la unidad operativa, seleccionados por su confianza y obediencia ciega. Nadie sabía a qué se dedicaban Miguel Sales, José Moya y Rafael Monge, pero todos sus compañeros de la AOME sospechaban que era a algún asunto especialmente reservado. Dotados de los medios técnicos adecuados, controlaban las reuniones de Cortina con los participantes en el complot para que no quedaran huellas y evitar seguimientos de los cuerpos de seguridad, que hubieran podido dar lugar a interferencias. Esa labor también la realizaron en el encuentro que celebró, el 20 de febrero, Cortina en su casa con el teniente coronel Antonio Tejero, que posteriormente asaltaría el Congreso de los Diputados.

Los agentes operativos, apartados de cualquier otra misión, se encargaron de coordinar la llegada al Congreso de los autobuses que transportaban a los guardias civiles captados por Tejero. Unos partieron de Valdemoro y otros del parque automovilístico de la Guardia Civil en la calle Príncipe de Vergara. Una misión delicada en la que se utilizaron los equipos de transmisiones del Cesid y vehículos con matrículas falsas en la que colaboraron, según las investigaciones periodísticas, que no judiciales, el número dos de la AOME Francisco García Almenta, y el hombre de confianza de Cortina, Vicente Gómez Iglesias.

El grupo que había ocultado cuidadosamente su participación se encontró con un enemigo insospechado dentro del propio Cesid, que puso en evidencia la postura que mantuvo Calderón, el hombre fuerte de la Casa. Algunos agentes, guiados por su propia iniciativa, sin sospechar altas implicaciones de sus jefes en la intentona, fueron a denunciar la actitud de sus compañeros.

Éste es el caso de los agentes Juan Rando y Diego Camacho. Quien lo descubre es Rando (procedente de Operaciones Especiales, como Camacho). El segundo informó en persona a Calderón de los comportamientos sospechosos de Cortina, García Almenta y de los agentes Sales, Moya y Monge. Sin embargo, el número dos del Cesid no movió un dedo e intentó quitarles de en medio con buenas promesas. Cuando ambos insistieron en sus denuncias, Calderón intentó comprar a Camacho con dádivas —un ascenso dentro de la unidad— y posteriormente Cortina le ofreció dinero a Rando en la cafetería del hotel Cuzco; tras no aceptar la presión, el agente operativo sufrió un accidente: le serraron la horquilla de su moto.

La participación coordinada de todos ellos dejó clara la implicación del servicio de inteligencia, que salvó la cara gracias a que supieron y pudieron borrar o distorsionar todas sus huellas, utilizando, en algunos casos, información procedente del Archivo Jano para acallar otras voces.

Inteligentemente, para dar sensación de responsabilidad, se encargó un informe interno sobre la conducta de algunos agentes. No se hizo hasta el 31 de marzo, más de un mes después del golpe.

Juan Jáudenes, jefe de la División de Inteligencia Interior, llamó a declarar a los que habían apoyado a los golpistas y a los que les habían denunciado y entregó su informe en menos de dos semanas. Como era del gusto de Calderón y de los intereses del Cesid, negó cualquier vinculación con los golpistas y defendió sin tapujos las actuaciones de Cortina y García Almenta.

Con ese informe, conocido por el instructor militar del caso del 23-F, no todos quedaron exculpados, pues Cortina fue cesado en el mando de la AOME, detenido unos días después y procesado en el juicio de Campamento, aunque quedara absuelto gracias a toda la información que conocía. Consiguieron, eso sí, que no fueran llamados a declarar en el juicio, que se celebró un año después en Campamento, los agentes que habían investigado la trama y que podían haber aportado datos incriminatorios.

Narciso Carreras, el director, se enteró de poco y trató de salvar los muebles, aunque fue una marioneta en manos del hábil Javier Calderón. Muchos agentes del Cesid colaboraron activamente en el intento de que el golpe triunfara con la intención de que Armada presidiera un Gobierno de concentración. Los pocos agentes que defendieron sin reservas la democracia sufrieron intentos de asesinato y muchos años después padecieron la cruel venganza de Calderón, que consiguió flotar en las turbulentas aguas políticas y sorprendentemente controlar el Cesid con el PP.

El ex agente Juan Alberto Perote, que ya estaba en la Casa en aquellos días y que posteriormente mandó la unidad operativa, opinando sobre si Javier Calderón encubrió a los miembros del Cesid que colaboraron años con los golpistas, diría: «Hay elementos objetivos que lo confirman. Primero, resistirse a hacer una información. No hacer públicas las implicaciones de la unidad operativa del Cesid y, sobre todo, tratar de conseguir el silencio de los testigos de cargo ofreciendo prebendas a cambio de silencio».

Muchos datos y testimonios apoyaron la implicación de agentes del servicio en el intento de golpe.[3] Un año después, se producirían unos atentados misteriosos.

8. La venganza de la Guardia Civil contra el Cesid

En la madrugada del 14 de junio de 1982, unos días después de que se conociera la sentencia del juicio contra los implicados en la intentona golpista, cuatro bombas de escasa potencia estallaron en cuatro pisos y chalés ubicados en distintas calles de Madrid. Ante el rumor de que los atentados se habían producido contra sedes del Cesid, una nota oficial del Ministerio de Defensa especificaba que habían tenido lugar contra instalaciones fuera de uso: laboratorios, aulas de enseñanza, almacén de mobiliario y cosas así.

Todo mentira. La realidad era muy distinta. Las atacadas eran las cuatro principales bases operativas de la AOME, llamadas en clave «Jaca», «París», «Roma» y «Berlín». Dejaba claro que los terroristas conocían el despliegue del servicio de inteligencia y habían medido perfectamente el ataque.

Investigaciones posteriores apuntaron a que los autores podían pertenecer al Grupo Vallehermoso de los servicios de información de la Guardia Civil, adonde habían ido a parar muchos de los agentes de los que había prescindido el Cesid, en una discreta limpieza, tras la llegada de Emilio Alonso Manglano a la jefatura pocos meses después del 23-F.

Inicialmente algunos pensaron que el motivo era que los amigos de los condenados por el golpe querían vengarse del Centro tras su negativa a asumir su participación en los acontecimientos. A eso habría que sumar que, de los dos acusados de la Casa, el capitán Gómez Iglesias sólo había sido condenado a tres años y el comandante Cortina había resultado absuelto por falta de pruebas.

Sin embargo, los más perspicaces interpretaron algo bien distinto. Los guardias civiles responsables de los ataques pretendían, sin provocar grandes daños, dar un toque de atención a la AOME que ahora dirigía Alberto Perote y que dedicaba casi el cien por cien de sus energías a perseguir a los golpistas. Fue un intento de neutralizar su trabajo, señalando sus principales sedes y dándolas a conocer a la opinión pública.

Perote escribió años después: «Supimos perfectamente qué coroneles habían ordenado la colocación de aquellas bombas y qué servicios secretos de la Guardia Civil obedecieron sus órdenes, pero decidimos dejarlo como una intrascendente rabieta. Afortunadamente para ellos y para nosotros, el cuádruple atentado sólo causó daños materiales».

En contra de lo previsto por los atacantes, las bases operativas no fueron cerradas y siguieron funcionando —todavía hoy varias lo siguen haciendo— y los espías españoles aumentaron sus medidas de seguridad para que hechos similares no se repitieran. Como así ha sido.

9. Espías rusos pillados con las manos en la masa

El Gobierno le concedió veinticuatro horas de plazo para abandonar España. Vladimir Illich Efremencov, agregado de la embajada soviética en Madrid, no se lo pensó dos veces, y el 7 de marzo de 1981 se subió a un vuelo de Aeroflot. Era la séptima orden de expulsión dictada contra ciudadanos rusos desde que en enero de 1977 se reanudaron las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Tras su creación, el Cesid había montado una División de Contrainteligencia, que se convirtió en una de las más atareadas, dado el enorme interés de las grandes y medianas potencias mundiales en conocer y controlar a la emergente España. Ese interés desbocado procedía de países amigos, como Estados Unidos, a los que se permitía hacer casi todo lo que quisieran. Y de otros, como la Unión Soviética, a los que desde el primer momento hubo un empeño especial en pararles los pies y ponerles límites. No obstante, hay que tener presente, aunque parezca increíble, que en 1979 el Área-3 (la contrainteligencia para el Este) estaba formada únicamente por tres agentes: Francisco Acín, Manuel Ortiz y Alberto Perote.

A pesar de las frecuentes expulsiones, que enturbiaban las relaciones bilaterales, no hubo dudas en el caso de Efremencov. Agentes de la contrainteligencia consiguieron amplias pruebas que demostraban sus intentos de captar a un técnico de la Empresa Nacional de óptica que trabajaba en un proyecto para la Armada. El diplomático ruso, metido también en otra operación para robar tecnología española procedente de Estados Unidos, trabajaba junto a Yuri Goloviatenko, delegado de la agencia de noticias soviética Novosti. Los jefes del servicio secreto ruso detectaron que la vigilancia por parte del Cesid del supuesto periodista le había quemado y decidieron sacarle del país antes de que actuaran contra él.

En aquellos años de la naciente democracia, el servicio secreto español estaba muy influenciado por la CIA, que les pasaba información que les beneficiaba a ellos sobre los ciudadanos rusos que llegaban a nuestro suelo y que estaban fichados por pertenecer a cualquiera de los servicios rusos. Los españoles les seguían, intentaban descubrir los buzones donde intercambiaban información y procedían a expulsarlos si les pillaban in fraganti captando a militares o científicos españoles.

Hasta aquella fecha ya habían salido de España precipitadamente, gracias a las investigaciones del espionaje, tres delegados comerciales, un secretario de la embajada, un funcionario de la sociedad mixta de pesca Intramar y el director en España de Aeroflot. Uno de ellos, Oleg Shurana, intentó comprar el casco de un Mirage a un piloto del Ejército del Aire.

Durante años, el asunto seguiría igual. En 1984 no se renovó de golpe el visado a tres funcionarios de la Unión Soviética por realizar espionaje industrial y al año siguiente se expulsó al agregado cultural adjunto de la embajada, Yuri Kolesnikov. En este caso, la operación fue más arriesgada y brillante. Seguido durante cuatro meses y ante la dificultad para obtener pruebas contra él, decidieron lanzarle un anzuelo. Se pusieron en contacto con un miembro del Centro Superior de Investigaciones Científicas y le propusieron que se acercara al ruso y le insinuara su predisposición a pasarle información a cambio de cientos de miles de pesetas. Cuando, semanas después, Kolesnikov le entregó el maletín con el dinero, la foto que inmortalizó el momento acabó con su carrera en España.

En todos los casos no fueron las autoridades españolas las que expulsaron a los espías rusos. El 21 de marzo de 1988, un teniente coronel de la KGB, Viatcheslav Khmara, iba con uno de sus agentes en un Renault 18 por las calles de Madrid cuando tuvieron un pequeño accidente. Con unas cuantas copas de más, no sólo la tomó contra los ocupantes del coche contrario, sino contra los policías que acudieron a levantar atestado del suceso. Encerrado en un calabozo, fue liberado por un miembro de la embajada que se encargó personalmente de llevarle al aeropuerto para repatriarlo a Moscú. Había desarrollado una gran labor en España, pero los espías, como el resto de los seres humanos, no son perfectos.

10. El robo de papeles en un coche evita otro golpe de Estado

Las ilegalidades son imprescindibles en el trabajo operativo de los servicios de inteligencia, aunque los propios directivos del espionaje lo nieguen. Sin ese comportamiento, no habrían podido evitar el golpe de Estado del 27-O, preparado para el día anterior en el que Felipe González ganó por primera vez unas elecciones generales.

El 1 de octubre de 1982 el Cesid había sufrido una profunda renovación. El director Manglano, demócrata y monárquico, había depurado a la mayor parte de los sospechosos de mantener simpatías con los golpistas y había aupado a puestos vitales como la lucha contra el golpismo a Santiago Bastos y a la unidad operativa a Alberto Perote, dos hombres cuyas simpatías por el nuevo régimen estaban fuera de toda duda.

Ese día, como todos los de la nueva etapa, los agentes operativos de la AOME dedicaron la mayor parte de su tiempo a perseguir a los militares sospechosos de querer repetir la intentona golpista del 23-F Uno de los grupos llevaba varias semanas controlando los movimientos del sospechoso coronel Luis Muñoz, que ese día fue a visitar al teniente general Jaime Milans del Bosch, encarcelado en el acuartelamiento de Fuencarral.

El Cesid creía que Muñoz estaba conspirando con los hermanos Juan y José Crespo Cuspinera para llevar adelante un nuevo golpe, pero carecía de pruebas concluyentes. Discretamente, esperaron a que acabara la reunión con uno de los cabecillas de la intentona golpista del 23-F y después le siguieron hasta el restaurante Biarritz, en el que se estaba celebrando un homenaje a Blas Piñar, líder de la extrema derecha.

Muñoz salió del coche con el maletín que había llevado a la entrevista con Milans. Dudó un momento si dejarlo o no. Era una comida multitudinaria y la pesadez de llevarlo encima le hizo desistir. Eso sí, lo escondió en el maletero del coche, a salvo de miradas intrusas.

En cuanto desapareció, seguido discretamente por dos agentes, el jefe del equipo notificó a la central que el maletín de los secretos estaba a unos metros de ellos y que iban a proceder a realizar un Control Integral de Relaciones, es decir, iban a abrir el maletero del coche y el maletín, para echar un vistazo rápido a los documentos.

La sorpresa que se llevaron fue total: el golpe era inminente, la orden de operaciones estaba firmada por Milans del Bosch de su puño y letra, había una declaración de estado de guerra, un listado de militares afines e, incluso, una lista con periodistas que apoyaban el golpe.

Transmitida la información verbalmente y de forma somera, el jefe de la unidad, Alberto Perote, ordenó llevarse los documentos a una sede cercana para fotocopiarlos y retornar los originales al maletín escondido en el coche.

Todo podía haber salido mal. Aunque vigilado permanentemente en el restaurante por una pareja de agentes, nadie sabía el momento en el que el coronel Muñoz decidiría regresar a su coche. Pero el riesgo era necesario: necesitaban disponer de una copia para que el director se la enseñara al ministro de Defensa, Alberto Oliart, y supiera sin duda la trascendencia del golpe que estaban preparando. Por suerte para ellos, nadie les descubrió.

Oliart informó ese mismo día al presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo, quien ordenó proceder de inmediato a las detenciones. Al coronel Muñoz se le interceptaron en su casa los documentos que probaban la preparación del golpe, esta vez legalmente, por lo que podían ser admitidos como prueba por un juez.

La operación supuso un descrédito enorme para los militares del Cesid en algunos sectores de las fuerzas armadas. Muchos compañeros consideraron que no había pruebas contra Muñoz y los hermanos Crespo Cuspinera y que el servicio secreto se había plegado a las exigencias políticas para dar un golpe de efecto durante la campaña electoral.

Los papeles, sin embargo, no decían eso. Y muchos militares lo descubrieron en privado, cuando fueron visitados por mandos del Cesid. Con suma discreción, pero con energía, les avisaron de que sus nombres estaban en la lista de conspiradores, que no iban a hacer nada contra ellos, pero que les iban a vigilar muy de cerca.

Así, en silencio, fueron desactivando uno a uno a los simpatizantes del golpismo. Aunque también es verdad que la promesa de no tomar represalias contra ellos sólo se cumplió en parte. Con la llegada del socialista Narcís Serra al Ministerio de Defensa, Manglano le proveía periódicamente de una lista de militares próximos a la extrema derecha, cuya carrera de ascensos se fue cercenando con cuidado.

11. Una empresa tapadera busca piso al ministro Serra

La victoria electoral del PSOE, el 28 de octubre de 1982, produjo importantes cambios en la sociedad española y también en el Ministerio de Defensa, del que dependía el Cesid. Narcís Serra, alcalde de Barcelona, abandonó a toda prisa su puesto y se vino a Madrid. Únicamente tuvo un fin de semana para aprenderse las graduaciones militares y poder diferenciar a un general de un sargento. En aquella época le pareció un escándalo a muchos altos mandos, pues el ministro que les iba a mandar ni siquiera había hecho la mili. Y, además, se trajo, para llevar las relaciones públicas y la prensa, a Luis Reverter, listo como el hambre, pero sin el pedigrí que algunos creían que necesitaba: era droguero… y a mucha honra.

Serra y Reverter no tardaron mucho tiempo en darse cuenta de que no se podían fiar de la mayor parte de los altos mandos militares, algunos de los cuales daban miedo tras el 23-F y el 27-O, y tenían en sus cabezas todavía la Guerra Civil que habían ganado a los «rojos», ancestros ideológicos del nuevo ministro de Defensa.

En esa situación, le solucionó la vida encontrar numerosos puntos de sintonía con el director Manglano y descubrir el saco de información sin fondo que podía ser el Cesid. En esos primeros años, rodeado de altos mandos militares en los que no confiaba, con mucha mano derecha fue desmontando la estructura existente, rodeándose de generales más leales a la democracia, que eran ascendidos tras haber leído los informes secretos que el servicio secreto le enviaba periódicamente sobre la vida pasada y presente de cada militar.

Tras su llegada a Madrid, el ministro se instaló en la residencia militar de El Alcázar, en el centro de la ciudad, pero terminó necesitando un hogar propio, que su mujer, Concha Villalba, se encargó de buscar. Manglano le recomendó que, una vez elegida la casa, dejara que fueran ellos los que se encargaran de su seguridad, algo que Serra aceptó encantado.

El chalé elegido estaba situado en la calle Ebro 5, en el exclusivo barrio de El Viso. Fue alquilado a los dueños por la empresa Uzcalar, una de las tapaderas que tenía el Cesid para adquirir vehículos, material de oficina, maquinaria y compra y alquiler de pisos, sin que el vendedor supiera con quien estaba haciendo realmente el negocio. De hecho, el responsable en aquel momento de la empresa era Vicente Lanz Muniaín, el asesor jurídico de la Casa, que luego llegaría a ser jefe de la División de Contrainteligencia.

El Cesid se encargó de la seguridad del piso. Incluso varios de sus agentes estaban permanentemente en una de sus habitaciones, alejada de los cuartos en los que la familia Serra hacía su vida normal. Y al mismo tiempo que protegían al ministro, tenían unos sofisticados equipos técnicos dirigidos a controlar a los vecinos más próximos de la vivienda: el embajador de Marruecos y las delegaciones diplomáticas de Israel, Cuba, Estados Unidos, Arabia Saudí y Angola.

Años después, cuando Serra fue nombrado vicepresidente del Gobierno, se descubrió todo lo relacionado con su chalé porque el jefe de seguridad del palacio de La Moncloa quiso hacerse cargo de la seguridad y los miembros del Cesid intentaron impedírselo con uñas y dientes, aunque al final tuvieron que ceder.

Nunca un ministro había sido tan protegido por el servicio secreto, pero tampoco se había utilizado su casa para espiar embajadas extranjeras. Fue el inicio de la participación del Cesid de Manglano en agresivas acciones que, con el paso del tiempo, les traerían considerables problemas legales.

12. Represalias contra los terroristas de ETA

En septiembre de 1983, el jefe de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales, Alberto Perote, mantuvo una reunión con el director, Emilio Alonso Manglano, a la que acudió, como era habitual, con una «nota de despacho» que reflejaba el contenido del tenia que deseaba tratar. El responsable de los operativos le informó de que había sabido «de fuente absolutamente segura, la inmediata iniciación de las actividades armadas contra ETA en el sur de Francia a cargo de las fuerzas de seguridad españolas y de mercenarios contratados por las mismas». Era el comienzo de la guerra sucia.

Una guerra en la que el Cesid tuvo su propio papel desde el primer momento. Según atestiguan los documentos conocidos y los testimonios de algunos de los agentes que participaron, en 1983 y hasta 1985 desarrollaron la Operación Sur de Francia, consistente en la infiltración de topos en las colonias etarras para conseguir información de la banda.

Lo que era una misión natural de un servicio de inteligencia se intentó recubrir de un manto distinto. El 6 de julio de 1983, Perote se reunió con Manglano y le entregó una «nota de despacho», fruto de las reflexiones de su agrupación y de la unidad de Antiterrorismo, en la que planteaba sacar de los cauces legales la lucha contra ETA. Planteaba las alternativas de «represalias» contra los terroristas, sus familiares o sus pertenencias, la «eliminación de líderes» y acciones de hostigamiento, inclinándose por el método de «desaparición de agentes de ETA por secuestro».

Este documento, considerado «el acta fundacional de los GAL», fue entregado doce años después por el ex dirigente socialista Ricardo García Damborenea al juez instructor de la causa de la guerra sucia, Baltasar Garzón, en la Audiencia Nacional.

En los dos años posteriores a ese 6 de julio de 1983, nuevos documentos volvieron a recomendar «acciones físicas» sobre objetivos en Burdeos y País Vasco francés y a solicitar acciones de «represalia y hostigamiento» sobre los miembros de la organización terrorista.

El servicio secreto tuvo infiltrados agentes en el cuartel de Intxaurrondo, donde estaba ubicada la comandancia de la Guardia Civil de San Sebastián. Era una tarea relativamente fácil, porque la AOME la integraban sobre todo guardias civiles, que por motivos laborales cada cierto tiempo debían regresar a sus unidades y que no perdían la vinculación con la Casa como medio de granjearse méritos para poder volver a un destino más atractivo y en el que ganaban más dinero.

Desde Intxaurrondo se acometieron y alentaron algunas acciones contra los GAL, como el asesinato de los etarras Lasa y Zabala. De hecho, estuvieron implicados en la guerra sucia dos de los agentes del Cesid, Pedro Gómez Nieto y Felipe Bayo.

Gómez Nieto, un agente de lo más hábil, informaba a sus mandos en la Casa de las acciones de los GAL antes de que tuvieran lugar, sin que en ningún momento el Cesid moviera un dedo para impedirlas. Nieto incluso llegó a grabar conversaciones que mantuvo con su jefe, Enrique Rodríguez Galindo, en la que se especificaban los detalles de las acciones.

La prueba definitiva de la participación del servicio en esas operaciones fue la solicitud formulada desde altos cargos de la Guardia Civil para que el departamento de Perote elaborara un sello con el emblema de los GAL para ser utilizado en la reivindicación de los asesinatos. Se diseñaron dos modelos acordes con el prototipo recibido, de los que uno fue entregado a los mandos del Ministerio del Interior.

Con el paso de los años se puede llegar a la conclusión de que algunos altos mandos de la Casa impulsaron y colaboraron en la guerra sucia de los GAL, aunque de una forma distante. Conocieron algunos de los atentados que se cometieron, pero no hicieron nada para evitarlos. Es bastante probable que la información obtenida por los agentes que tenían infiltrados en el sur de Francia sirviera para la comisión de algunos atentados, aunque sus agentes allí destinados en ningún momento tuvieron participación activa en ningún de los mismos.

13. Colocan micros a Obiang en la habitación que no es

La Oficina de Cooperación con Guinea del Ministerio de Asuntos Exteriores solicitó la ayuda del Cesid. El presidente guineano, Teodoro Obiang, iba a visitar España en julio de 1983 y deseaban saber lo que comentaba en la intimidad de su habitación. La solicitud fue transmitida a la División de Inteligencia Exterior, que por la especificidad de la misión pidió al director Manglano que le encargara el trabajo técnico a la Agrupación Operativa de Misiones Especiales.

Los principales miembros de la delegación guineana se iban a instalar durante la visita en el lujoso hotel Ritz. Los operativos requirieron a Exteriores que les facilitaran las habitaciones asignadas a cada guineano y que incluyeran entre el personal del Ministerio del Interior que iba a dar protección a Obiang a dos de sus agentes, que se encargarían de comprobar personalmente la seguridad de la habitaciones.

Exteriores informó que habían reservado la suite 505 para Obiang, la habitación 509 para su ministro de Asuntos Exteriores y la 503 para su ministro de Planificación, además de algunas próximas para el personal guineano de seguridad y otras personas de la delegación.

El Cesid reservó las habitaciones que estaban arriba y debajo de la de Obiang y una tercera para el control técnico de la operación. Ya sólo faltaba que llegara el 26 de julio, inicio de la visita oficial.

El primer paso fue que los dos agentes especialistas en la colocación de micrófonos, empotrados en la unidad de protección de Obiang, revisaran con minuciosidad todas y cada una de las habitaciones de la comitiva para garantizar su seguridad… supuestamente. En realidad, lo que hicieron fue colocar dispositivos de escuchas en los teléfonos de las habitaciones del presidente y sus ministros, además de instalar micrófonos de ambiente en los diversos cuartos de las suites. No hubo ninguna novedad, hasta ese momento.

El problema llegó cuando los dos agentes de la AOME vieron que los altos cargos guineanos se aposentaban en habitaciones distintas a las establecidas, sin que nadie del Ministerio de Asuntos Exteriores les hubiera avisado del cambio. Las horas de cintas grabadas sólo sirvieron para enterarse de la vida privada de los escoltas, que ocupaban las lujosas suites reservadas para los altos cargos.[4]

Los intentos de escuchar a los dignatarios extranjeros en sus visitas al exterior eran y son habituales en todo el mundo desde la guerra fría. En cualquier caso, demuestra la implicación, ya en aquellos años, del Ministerio de Asuntos Exteriores en los asuntos de espionaje. Y que el Cesid comenzaba a disponer de medios técnicos sofisticados.

14. Operación conjunta con la CIA contra la embajada libia

A mediados de enero de 1986, fue desarticulado un comando árabe procedente de Lisboa, con destino a París, que pretendía cometer un atentado en el aeropuerto de Barajas. La información que facilitó la acción policial la proporcionaron el Cesid y la CIA, los dos servicios de inteligencia que la habían obtenido gracias a una operación conjunta que habían puesto en marcha dos años antes, en cuya culminación intervinieron más de treinta hombres y que no se podría haber ejecutado sin la ayuda de dos mataharis.

En los inicios de los años ochenta, Gaddafi destacaba por mantener un enfrentamiento permanente con Estados Unidos, pero también con el resto de Occidente. Apoyaba a diversos grupos terroristas y les daba soporte desde sus embajadas en Europa. Se sospechaba que desde Madrid también se coordinaban acciones de ese tipo, pero no había certeza. Así que el Cesid y la CIA decidieron llevar a cabo una penetración clandestina en su delegación para revisar todos sus papeles y llenársela de micrófonos.

El primer problema fue cómo conseguir las llaves y echar un vistazo a la embajada, situada en la calle Pisuerga. Durante semanas, agentes del AOME, reconvertido en Departamento de Acción Operativa, siguieron cada minuto del día a todos los diplomáticos y personal de la delegación para conocer sus costumbres y descubrir sus vulnerabilidades. Sumaron información y encontraron un hecho insólito, pero tremendamente útil. Dos de los miembros de la embajada tenían la costumbre de irse a ligar por la zona de Capitán Haya, a un bar llamado Dos Copas, en el que incluso pagaban por conseguir compañía femenina.

Semanas después, dos «conejitas» contratadas por el Cesid —prostitutas que les hacían trabajos bien remunerados guardando un discreto silencio— acudieron al Dos Copas y no les costó mucho que los dos diplomáticos libios se les acercaran. Ligaron, convencidos de que hacerse pasar por empresarios árabes era un buen reclamo, aunque una hora después descubrieron que ser diplomáticos libios atraía mucho más a las chicas.

Pasadas las tres de la madrugada, con muchas copas en el cuerpo, las dos parejas se estaban magreando ardorosamente en el coche, cuando una de las «conejitas» propuso acabar la faena en la propia embajada. Los libios, altivos y seguros de sí mismos, también se sintieron atraídos por lo que consideraban una viera gamberrada.

Horas después, las chicas regresaron a sus casas en taxi. Los dos diplomáticos ni se enteraron de la copia de las llaves que se habían llevado gracias a una masa similar a la plastilina.

Otra madrugada, semanas después, más de treinta agentes de la CIA y mayoritariamente del Cesid penetraron en la delegación de la calle Pisuerga y estuvieron durante varias horas abriendo cajas fuertes, fotografiando papeles y colocando con discreción micros de última generación traídos expresamente desde Estados Unidos.

Fue tal el nerviosismo que sintió el director Manglano, ante lo que era una operación de una envergadura desconocida hasta el momento, que se presentó en el piso desde el que se controlarían las conversaciones intervenidas y anunció que se iba a dar una vuelta por la embajada. Y así ocurrió. El chófer le llevó en su Mercedes negro hasta las proximidades de la delegación para que confirmara que todo iba a la perfección.

Nadie sospechó nada en la embajada libia, cuyo sistema de seguridad exterior fue convenientemente manipulado para que no grabara lo que pasó allí durante tantas horas.

Estados Unidos y España colaborarían en muchas otras misiones, pero en menor número, según fueron pasando los años. El Cesid consiguió fabricar sus propios «canarios» de una tecnología similar a la americana, y prefirió conseguir su propia información y, si lo creían conveniente, compartirla con los americanos. Claro que, antes de llegar a esa situación, el Gobierno todavía debería darle a la CIA una buena lección para que comprendieran que España no era una de sus repúblicas bananeras.

15. El Mossad les enseña a utilizar la máquina de la verdad

La llegada de Manglano a la dirección supone un esfuerzo sin límite por colocarse al nivel de los servicios de inteligencia occidentales. Uno de los mayores inconvenientes era conseguir el acceso a las nuevas tecnologías, materia en la que era patente el subdesarrollo.

En los años 82, 83 y 84, la dependencia técnica de la CIA, ya explicada, limitó considerablemente la soberanía de la Casa. Incluso en algunas penetraciones se tuvo que hacer venir de Israel a un especialista en apertura de cerraduras, lo que implicaba compartir el resultado de la operación con el Mossad, el servicio que junto con la Compañía más les ayudaba, aunque siempre que sus fines coincidieran con los del Cesid.

Los judíos fueron los que les permitieron tener acceso a una de las máquinas que Manglano quiso comprar para aumentar el control sobre sus agentes y para someter a ella a determinados colaboradores: el detector de mentiras, popularmente conocido como la máquina de la verdad.

Con ese fin, se compró un aparato a los judíos, que muy amablemente se ofrecieron a impartir cursos en Israel a los agentes que lo fueran a utilizar. Hasta la escuela del Mossad y de la Policía de Israel se desplazaron dos agentes, que fueron instruidos en su manejo.

Desde 1984, el Cesid somete regularmente a una parte de sus agentes y colaboradores, siempre de una forma voluntaria —lo contrario es ilegal— a la máquina. Incluso muchos años después, cuando un grupo de oficiales de inteligencia filtraron a la prensa documentos incriminatorios contra el director Alberto Saiz, se «invitó» a una decena de sospechosos a pasar el examen.

Y es que, desde aquellos años, la Casa no ha renunciado a ningún sistema tecnológico para garantizar el cumplimiento de sus misiones.

16. Espionaje político a Peces-Barba, Pérez-Llorca, Sabino Fernández Campo…

Un agente del Cesid fue retenido en febrero de 1982 mientras sometía a vigilancia y seguimiento al secretario general de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo. Fue la primera vez que eran pillados in fraganti, pero no sería la última.

Unos meses después, los escoltas del ministro de Asuntos Exteriores, José Pedro Pérez-Llorca, descubrieron a dos individuos sospechosos en un automóvil aparcado cerca de la sede del departamento. Procedieron a identificarles y resultaron ser guardias civiles de paisano. Nadie dudó de para quién trabajaban.

Unos meses después, fue detenido en la acera de enfrente de la vivienda del ministro de Defensa, Alberto Oliart, un guardia civil que aseguró estar vigilando a una persona que no era el alto cargo del Gobierno. El guardia pertenecía a la unidad operativa del Cesid.

En 1986 se detectó durante varios días un seguimiento al magistrado del Tribunal Supremo Francisco Pera Verdaguer. Identificados por los escolta, resultaron ser dos comandantes del Ejército destinados en el servicio de inteligencia.

Son sólo unos cuantos ejemplos de las actuaciones del Cesid en los primeros años de la década de los ochenta, en los que fueron descubiertos sometiendo a control a los representantes de los poderes públicos. Cuando eran pillados, alegaban diversas justificaciones: estaban en la zona siguiendo a otro objetivo o estaban realizando una contravigilancia para detectar si había fallos en la seguridad.

Muy a su pesar, en algunas ocasiones, llegaron a conocerse los contenidos de los informes que elaboraban sobre esos políticos a los que negaban espiar. Uno de estos casos fue el de Gregorio Peces-Barba, presidente del Congreso de los Diputados en 1983, uno de los cargos más importantes del Estado.

El informe[5] abarcaba toda su vida: «Nacido el 13 de enero de 1938 en Madrid, es hijo del abogado, fiscal, capitán auditor del Ejército republicano y ex senador…». Seguía con sus antecedentes político-policiales: «Destacado defensor de acusados ante el Tribunal de Orden Público, defensor en el proceso de Burgos de 1970 (…) detenido en 1971 y suspendido durante tres meses en el ejercicio de la abogacía, en 1972 ingresó en el PSOE en la clandestinidad».

Aparecían reseñados todos sus problemas con la justicia —«en mayo de 1975 fue detenido nuevamente en Valladolid, acusado de asistir a una reunión ilegal»— y se especificaban todos los cargos que había ocupado en el Partido Socialista y cada uno de los artículos y libros que había escrito, mencionando incluso «su tesis doctoral sobre el pensamiento de Jacques Maritain».

Explicado hasta el más mínimo detalle de su vida pública, el informe recogía también su vida privada: dirección, personas con las que vivía y personal más próximo: «La secretaria oficial, Elisabet Levenes; el conserje de su domicilio, señor David Alonso; la empleada de hogar interna, Alejandra Romero Muñoz; y el guarda-garaje, Benito Ribera». A continuación, enumeraban todos los detalles del coche, su horario desde que se levantaba y hasta que se acostaba y cualquier otra particularidad imaginable.

Es fácil deducir que este informe se guardó dentro del ya referido Archivo Jano. Junto a él, estarán los que se elaboraron de los políticos citados al principio y de otros —por añadir algunos casos—, como Landelino Lavilla, Pablo Castellano, Jerónimo Arozamena —vicepresidente del Tribunal Constitucional— y Luis María Ansón —antes, durante y después de ser director de ABC.

El espionaje a los políticos no fue una característica exclusiva de los primeros años de la democracia, sino una constante repetida a lo largo de la historia del Cesid-CNI. Y, para ser justos, algo que llevan a cabo habitualmente los servicios de inteligencia de todo el mundo. Muchas veces, la gente cree que los espías están para robar información de otros países —como el siguiente caso de espionaje que relataremos a continuación, ocurrido en La Moncloa—, pero las mayores energías siempre se dedican al propio país.

17. Agentes de la CIA pillados espiando a Felipe González en La Moncloa

El 28 de enero de 1985, dos ciudadanos extranjeros, aparentemente turistas, paseaban por los alrededores del palacio de La Moncloa, con sendas cámaras fotográficas al hombro. Tomaban fotos distraídamente y charlaban de forma despreocupada, como si lo que estaban haciendo fuera de lo más habitual. Por sorpresa, fueron interceptados por unos policías que se identificaron como miembros del servicio de seguridad de Moncloa, que les preguntaron por su presencia en la zona y se los llevaron detenidos a la comisaría del palacio.

No tardaron mucho en ser identificados, y pese a la negativa inicial de la embajada de Estados Unidos a reconocerles, la evidencia terminó siendo aplastante: Denis MacMahan, segundo secretario de la sección política de la propia embajada, y John E Massey, integrante del servicio civil de la base de Torrejón. Revelados sus carretes, aparecieron diversas imágenes del palacio y de la situación de las antenas de comunicaciones.

Los dos agentes, pertenecientes a la estación de operaciones de la CIA en España, se negaron tranquilamente a contestar cualquier pregunta, conscientes de las buenas relaciones de su agencia con el Cesid y el peso de su embajada a la hora de conseguir su inmediata liberación.

Eran unos años preocupantes para la CIA, porque la llegada del PSOE al poder podía trastocar sus planes en España y necesitaban conocer la política del Gobierno en asuntos como la OTAN o la anunciada reducción de las bases norteamericanas. Pero ¿qué estaban haciendo los dos espías? Lo más probable es que estuvieran buscando la mejor vía para que uno de sus equipos penetrara en La Moncloa para colocar micrófonos que les permitieran grabar las conversaciones que el presidente Felipe González iba a mantener la siguiente semana con el ministro de Exteriores soviético, Andrei Gronryko.

Para preparar esa complicada misión en uno de los bastiones de la seguridad en España, la CIA había mandado a dos agentes muy especiales. MacMahan era un experimentado oficial de operaciones que se había curtido durante tres años en la Unión Soviética, especializado en preparar penetraciones en recintos oficiales e instalaciones secretas. Massey, por su parte, estaba especializado en criptografía y códigos, y nadie como él era capaz de neutralizar los sistemas de seguridad de cualquier edificio y permitir a sus compañeros operativos entrar y salir sin ser detectados ni grabados.

Los dos espías abandonaron España de inmediato, sin que la embajada norteamericana y los jefes de la CIA pusieran la más mínima pega, dado que habían sido pillados con las manos en la masa. No obstante, como «los ciáticos» —así les llaman sus colegas españoles— eran el servicio secreto más amigo del Cesid, no se produjo la expulsión oficial, sino la retirada voluntaria, y no se le dio publicidad. Tecnicismos legales distintos con los rusos que con los norteamericanos.

Pero el Gobierno y el propio Cesid estaban hartos de que los americanos se excedieran continuamente. Los espías españoles estaban tratando de quitarse la excesiva dependencia de la CIA, que muchos años atrás había llegado al extremo de pagar sobresueldos a agentes de la contrainteligencia española para que persiguieran con más entusiasmo a los rusos y a otros enemigos comunes de ambos países.

Con este fin, desde el palacio de La Moncloa, se filtró a la prensa la expulsión de los espías descubiertos. Noticia que Felipe González no tuvo problema en confirmar para enviar un mensaje claro a Estados Unidos: España estaba dejando de ser un territorio colonizado.

Manglano dio un toque de atención a su colega norteamericano: no iban a permitir que sus agentes se extralimitaran en España, por lo que el Gobierno estaba decidido a adoptar medidas drásticas si no ponían fin a esa excesiva libertad de actuación. La CIA pidió disculpas, prometieron que no volverían a hacerlo… y siguieron haciéndolo. Nuevamente pillados, la represalia española sería sorprendente.

18. Lobo Azul evita el asesinato del Rey

Francisco Lerena fue captado como colaborador del Cesid en 1983. Le pusieron el nombre de Alejandro y le encargaron infiltrarse en los grupos de extrema derecha militar que todavía estaban activos. Era amigo de Ricardo Sáenz de Ynestrillas, lo cual le daba acomodo en esos sectores, y había sido guardia civil, por lo que tenía un gran manejo de armas de fuego, técnicas de seguimiento y aparatos electrónicos de escuchas.

Le pusieron un sueldo y le dieron tiempo para granjearse nuevas amistades, lo que consiguió gracias a su enorme habilidad y simpatía. En unos meses, comenzó a participar en la preparación de atentados. Su prueba de fuego fue la colocación de una bomba contra un autocar de familiares de ETA, en la que se ofreció a ser el máximo responsable para demostrar su lealtad a la causa terrorista. Gracias a los manejos de agentes del Cesid, a los que previamente había informado, cuando Lerena accionó el mando a distancia, la bomba no estalló y salvaron la vida cincuenta familiares de presos de la banda.

Después vinieron otros intentos de atentados selectivos. Lerena siguió al periodista Pedro Rodríguez, que perdió la vida antes de que decidieran asesinarle. Al diputado Juan María Bandrés iban a matarle en un viaje a Madrid, pero cayó enfermo de forma repentina, tras ser avisado de lo que le podía pasar si iba a la capital. Después fue Santiago Bastos, jefe de Involución del servicio, que se salvó porque el día del atentado se había mudado de su casa y se había ido a vivir a la de su madre. «Pura casualidad».

En 1985 el trabajo de Lerena adquirió unos tintes más dramáticos y complicados. Su grupo de extrema derecha decidió dejarse de personajes de «segunda fila» y matar al Rey. A Lobo Azul, como se le conoce por paralelismo con Lobo, el mejor infiltrado de la historia de los servicios en ETA, aquello le pareció una locura.

Como siempre, se puso al frente de la preparación del magnicidio. Se fue con Sáenz de Ynestrillas a La Coruña[6], donde ese año se celebraba el día de las fuerzas armadas, con el desfile militar como acto principal, que retransmitiría la televisión. El grupo consiguió robar dinamita y encontraron una pequeña tienda desde la que cavar un túnel hasta el lugar donde se colocaría don Juan Carlos para presidir el acto castrense.

El atentado iba en serio. Ése fue el momento en el que el Cesid, tras informar a las autoridades políticas, decidió desbaratar aquel grupo que incluía al resto de la extrema derecha militar violenta. Pero lo hicieron con la máxima discreción. Mandos de la Casa fueron hablando uno a uno con los implicados y les anunciaron que conocían sus planes y que si no dejaban inmediatamente aquellas actividades serían detenidos. Según el propio Lobo Azul: «Al final lo paran por una motivación política, para dar la sensación de que en España el asunto golpista se ha cortado, todo está limpio y el Ejército bajo control, lo cual era falso».

Acabada su infiltración, Lobo Azul siguió realizando su trabajo de colaborador, que con el paso de los meses va disminuyendo. Cuatro años después, tras sufrir sucesivos recortes en su sueldo, le despiden: «Yo era un iluso, no un inocente. Me prometieron muchas cosas que no cumplieron. Cuando el “señor Robles” —su controlador— me dejó tirado, me sentí fatal. Sentí ganas de llorar: no tenían nada preparado para mí, para mi futuro. Lo he pasado muy mal en estos años, aunque ahora estoy estabilizado y centrado».

La falta de agradecimiento con el hombre que evitó el atentado del Rey tuvo bastante que ver con el silencio con el que se ejecutó el desmantelamiento de la operación. Sólo años después, el entonces presidente Felipe González desveló el suceso, y el que fuera jefe de la AOME, Alberto Perote, habló de él como un gran agente. Es frecuente entre los colaboradores del servicio de inteligencia sentirse defraudados por sus controladores cuando son descubiertos o cuando acaban su misión. Siempre por el mismo motivo: promesas incumplidas.

19. La extrema derecha pide dinero a Gaddafi

El Área de Involución, dirigida en 1986 por Santiago Bastos, había comenzado a elaborar, tras la intentona golpista del 23-F, un listado con los nombres de todos los militares con simpatías golpistas. Con el paso de los años, el número de los que sospechaban que podía mantener veleidades intervencionistas contra la democracia fue cayendo en picado. Tras el 27-O y el intento de atentado contra el Rey, la lista menguó de forma considerable. Pero algunos quedaban.

Uno de ellos era el coronel Carlos de Meer, abogado defensor del capitán Francisco Dusmet durante el juicio del «tejerazo». Había participado en reuniones sospechosas y se mantenía una vigilancia discreta sobre sus actividades. Fruto de este trabajo, en enero de 1986, se detectó la celebración de una extraña reunión entre De Meer y Saed Mohamed Alsalam Esmaiel, cónsul general de Libia en España.

Inmediatamente se dio prioridad al asunto, en colaboración con los servicios de información de la Policía. Nada bueno podían estar tramando un militar y un diplomático de ideologías ultras y antagónicas.

Una semana después, los operativos que controlaban a De Meer le vieron encontrarse en el aeropuerto de Barajas con el cónsul libio para tomar un vuelo con destino a París, desde donde se subieron a otro avión que los llevó a Trípoli. Allí, agentes españoles comprobaron que el coronel mantuvo varias entrevistas, la última con el presidente Muamar Gaddafi.

Las versiones del contenido del encuentro coinciden en que el militar le pidió una gran suma de dólares y difieren en que podía ser para fundar un gran periódico de extrema derecha o para apoyar a grupos ultras que seguían soñando con cambiar el régimen. En cualquiera de los casos, era evidente que el líder libio esperaba una compensación que supusiera ayudas a sus actividades nada legales en Europa.

Con todo el tesón que pudieron, los agentes de la Casa estuvieron durante varios meses controlando los movimientos y las conversaciones del coronel, intentando «tirar del ovillo» para descubrir el alcance real de la operación. Constataron que el ultraderechista José Antonio Assiego era la persona que había hecho de intermediario en la operación, pero sobre el resto de los posibles implicados no consiguieron ningún tipo de pista válida legalmente que les incriminara ante un juez.

Tampoco reunieron pruebas definitivas contra Carlos de Meer, a pesar de lo cual, el 9 de mayo de 1986, dos militares de más alta graduación le detuvieron. Le acusaron de conspiración para la rebelión militar y de abandono de destino, pues para viajar a Libia se había ido de Ceuta sin permiso por escrito. Al año siguiente todo quedó en nada: el tribunal consideró que no era culpable del delito de rebelión.

¿El coronel De Meer estaba preparando un golpe de Estado? ¿Quería montar un periódico con tintes antidemocráticos? ¿Gaddafi vio en él al hombre que podía dar cobertura a sus acciones en Europa? No hay respuestas claras a ninguna de las preguntas. Los resultados de las grabaciones ilegales o las penetraciones clandestinas en los domicilios tienen una validez interior para el Cesid, pero para ser útiles judicialmente necesitan pruebas conseguidas con autorizaciones previas. En este caso, la suerte no les acompañó.

Lo que hicieron, ante los movimientos del coronel, fue detenerle para quitarle de la circulación y expulsar de forma fulminante al cónsul general de Libia, para mandar un mensaje nítido a Gaddafi de que le habían pillado. Desactivaron el movimiento supuestamente favorable a la extrema derecha, pero judicialmente la causa fue un fracaso. Eso sí, consiguieron acabar con la extrema derecha militar.

20. Asalto a una base operativa… por un agente operativo

Pasadas las tres de la madruga del 21 de abril de 1986, el agente Luis Molinero se acercó a las proximidades de la base, llamada en clave «Roma», que el Departamento de Acción Operativa tenía en Madrid. Había estado destinado allí hasta hacía poco tiempo, por lo que no le fue excesivamente complicado burlar el sistema de seguridad.

Tras rebasar la valla exterior, se acercó a la casa y llamó a la ventana de la dependencia donde se encontraba la agente que estaba de guardia. La chica desconocía que el agente ya no pertenecía a la unidad y le abrió la puerta, mostrándole su extrañeza de que estuviera allí a esas horas.

Una vez dentro, Molinero se sirvió un cubalibre y se sentó a charlar con ella. Con la mayor naturalidad, le contó que ya no pertenecía a la unidad, ante lo cual la agente le instó a abandonar de inmediato el edificio, ruego que el agente desdeñó, especificándole que antes se quería acabar su consumición.

La agente prefirió evitar un conflicto. Molinero charló con ella con toda calma, se acabó su copa, se despidió y abandonó la base secreta. Tras salir por la puerta principal, se paró a conversar con los miembros de la seguridad exterior y después desapareció.

Al día siguiente, Molinero fue conminado a presentarse delante de su capitán de la Guardia Civil, cuerpo al que pertenecía y en el que estaba destinado en ese momento. Le preguntó por qué había actuado así la noche anterior y el cabo le contó que no tenía intención de provocar ningún daño y sólo había querido demostrar la vulnerabilidad de la sede del Cesid. El capitán le arrestó catorce días.

Molinero consideraba que el servicio secreto le había expulsado injustamente y había culminado su venganza. Conocía bien la Casa y sabía que preferirían echar tierra sobre el asunto antes de darle publicidad, tal y como ocurrió. Pasó dos semanas de castigo y luego volvió a su vida normal. Fue su despedida especial.

21. Espionaje a Alfonso Guerra: expulsada toda la estación de la CIA

Vicepresidente del Gobierno con Felipe González y vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra era, en 1986, uno de los hombres más poderosos e influyentes de España. Su mano dura azotaba sin dudar a los enemigos políticos de los socialistas y era la persona que más cerca estaba personalmente del presidente. Todo el mundo conocía la capacidad de trabajo de Guerra y que si se oponía a algún tema, había pocas posibilidades de que saliera adelante.

La estación de la CIA en España, cuya sede central estaba en la embajada en Madrid, había ejercido de amo del cafetal en la época de Franco. Con la llegada de la democracia y el ascenso al poder de la UCD de Suárez, nadie se había metido con su poder constituido y su libertad de acción se mantenía al máximo nivel, como lo probaba su amplio conocimiento e influencia en la intentona golpista del 23-F Con la llegada del PSOE habían informado a sus mandatarios de las dificultades que podían padecer los intereses de Estados Unidos: les preocupaba no sólo el despliegue de sus bases, sino que les pusieran límites a su capacidad para actuar.

La CIA creyó que con el advenimiento de la democracia, España podría seguir siendo su república bananera y no dio mucha importancia al disgusto español cuando pillaron a dos de sus agentes en los aledaños del palacio de La Moncloa planeando colocarle micrófonos a Felipe González. Así que siguieron con el mismo estilo de trabajo: los españoles no se atreverían con la gran superpotencia.

El siguiente objetivo fue Alfonso Guerra. Decidieron elaborar un amplio dossier sobre él, sometiéndole a una estrecha vigilancia. Querían descubrir no sólo sus encuentros públicos, sino todos los detalles de su vida privada. Había que encontrar temas con los que poder chantajearle y manipular sus actitudes a favor de los intereses norteamericanos.

Para ello, necesitaban información no sólo del vicepresidente, sino de su mujer, sus hermanos y de toda su familia, incluidas algunas mujeres con las que se veía en más ocasiones de lo habitual.

Para conseguirlo, un agente de la CIA, conocido por el alias de «Gino», hizo una aproximación a jesús, que había sido jefe de seguridad de La Moncloa en tiempos de Suárez. En cuanto fue «tocado», Jesús alertó al Cesid y se convirtió por un tiempo en doble agente, hasta conseguir las pruebas irrefutables contra la CIA. Esto provocó un enfrentamiento de una gravedad extrema, teniendo en cuenta que Estados Unidos era un aliado y ese tipo de comportamientos es impresentable para cualquier servicio. Muchos lo llevan a cabo, pero saben que si te pillan, hay represalias. Y la estación de la CIA lo supo: imaginó que varios de sus agentes deberían salir del país, aunque no tardarían mucho en sustituirles.

Esta vez se equivocaron. El presidente Felipe González, informado del caso por Emilio Alonso Manglano, no lo dudó ni un momento: había que darles un escarmiento a los americanos para que aprendieran de una vez.

Y se lo dieron: Manglano habló con Langley, la sede de la CIA, y le comunicó al director que el presidente había ordenado que abandonaran el país todos y cada uno de los ocho miembros de la delegación oficial de la Compañía. Los americanos simularon que les parecía un exceso, pero tuvieron que cambiar a toda su delegación.

Esta medida, unida a otras llevadas a cabo por el propio Cesid para no depender tecnológica ni operativamente de sus socios de toda la vida, acabó con la colonización española de la CIA. Según frase de un agente que vivió aquella época: «Siguieron a su bola, pero aprendieron que no éramos súbditos, sino aliados».

22. Matrículas falsas: agentes confundidos con terroristas

Los métodos operativos del Cesid cambiaron de una forma radical durante la década de los ochenta. Sistemas técnicos obsoletos y una preparación humana insuficiente fueron paulatinamente potenciados para cumplir sus misiones en las calles de las ciudades de toda España.

Uno de los asuntos más controvertidos fue el de los coches camuflados. La idea antigua, pero también actual, de cualquier servicio de inteligencia es que nadie conozca ni a sus hombres y mujeres ni los vehículos que utilizan. Y cuando dicen nadie están incluyendo a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Si no usan el camuflaje con la máxima destreza, ocurren sucesos como los siguientes.[7]

El 9 de julio de 1986, la Dirección General de la Policía transmitió una orden para localizar el vehículo Talbot Horizon GLS M-8755-EF, visto en Móstoles y sospechoso de ser utilizado por terroristas. Unos funcionarios habían sospechado del coche, tomaron sus datos y en la central descubrieron que algo raro ocurría. Había sido comprado por un tal Ignacio Rodríguez Jimeno, que vivía en la calle Ballesta 28, cuyo número de DNI no se correspondía con el de ese hombre, que además nunca había vivido en ese domicilio. Una vez dada la voz de alarma, alguien informó de que el falso Ignacio era un miembro del Cesid.

Unos meses después, en una investigación rutinaria para descubrir la presencia de miembros de ETA en la capital, se encendió la alarma con el Renault 5 M-2028-GP de Jorge Pérez Vargas, que vivía en la calle Sagasta 24. En esta ocasión, el número de DNI correspondía a un obrero que vivía en el pueblo de Pinto. Alguien de la Casa levantó el dedo para aclarar que era uno de ellos.

Cuando en el Cesid se enteraron de que la Policía había detectado más de doscientas matrículas con estas características, cambiaron el sistema de identificación de los vehículos. Así sus agentes no correrían el peligro de ser detenidos.

23. El auge de las mujeres: la brillante carrera de María Dolores Vilanova

Una de las grandes apuestas de futuro de Emilio Alonso Manglano al frente del Cesid fue ordenar que en las nuevas contrataciones se primara la presencia del personal civil, y dentro de éste, la de mujeres. Fue una decisión personal que acompañó con un gesto sorprendente en los años ochenta: desde que fue nombrado, nunca volvió a vestir el uniforme militar. Era como decir que al margen de su grado en el Ejército, era un civil el que mandaba un servicio de inteligencia civil.

Entre aquella hornada de principios de los ochenta, entró una abogada recién licenciada, guapa, simpática y soltera. María Dolores Vilanova tenía veinticuatro años cuando firmó su primer contrato y era sobrina de un militar, lo que en aquel momento calificaban como una familia de garantía.

Sus primeros años fueron bastante duros. El ambiente machista estaba muy arraigado, con una inmensa mayoría de puestos cubiertos por militares de la vieja escuela, que consideraban que las mujeres no tenían un hueco en el espionaje a excepción de trabajos secundarios o relacionados directamente con el sexo. Además, como todas las que entraron eran familiares de militares, existía el temor a que les pasara algo y apenas las sacaban a misiones operativas para adquirir información.

María Dolores no tardó mucho en demostrar su diplomacia y paciencia, pero sobre todo su mano derecha. Fue destinada como analista al Área del Magreb de la Contrainteligencia, cuya misión principal era controlar las actividades en nuestro territorio de los espías de Marruecos y Argelia. Trabajó intensamente y se casó con otro agente de la Casa, con el que tuvo tres hijos, sin que la calidad de su trabajo se viera mermada.

No había cumplido todavía los treinta años cuando Manglano cometió la gran osadía de nombrarla jefa del Área del Magreb de la «Contra». Con el paso de los años puede parecer ridículo, pero en aquel momento se montó una pequeña revolución en el Cesid. Nunca una mujer había ocupado ningún tipo de cargo y había un elevado número de jefes militares que consideraban que por el hecho de su graduación y experiencia se merecían el ascenso mucho más que «esa niña». Las nuevas generaciones que habían entrado con María Dolores pensaban de otra forma, pero todavía eran minoría.

El malestar se lo demostraron directamente a Vilanova dejándole patente que pensaban que era un ascenso por cupo femenino, porque una mujer, civil y joven no podía desempeñar un cargo de esa responsabilidad. Las críticas llegaron al propio Manglano, que no le resultaron ajenas, ya que es probable que llevase tiempo planeando el ascenso de una mujer, aunque estaba a la espera de la candidata idónea.

María Dolores siguió trabajando al margen de los comentarios, se supo parte de los nuevos tiempos que fluían por el servicio de inteligencia y se mantuvo en el puesto tras la salida de Manglano en 1995, durante los meses de la bicefalia Félix del Olmo.

Tras la llegada del PP al poder, el presidente Aznar designó director a Javier Calderón, quien fue el responsable de su siguiente ascenso: jefa de la División de Contrainteligencia. Tenía treinta y seis años, había acreditado un trabajo impresionante que reconocían los que habían trabajado con ella, pero muchos siguieron viendo el dedo del cupo femenino. Eso sí, esta vez los machistas guardaron silencio y la felicitaron acaloradamente.

La etapa de Calderón fue convulsa, pero Vilanova permaneció al margen, dedicada a realizar su trabajo con mucho éxito. Otras mujeres fueron promocionadas en esos años, aunque todas seguían en un nivel inferior.

Su siguiente ascenso, el que la llevaría a ocupar el puesto más alto que hasta el momento había desempeñado una mujer en el Cesid-CNI, tuvo lugar tras la llegada del primer civil a la dirección, el diplomático Jorge Dezcallar. Aurelio Madrigal, que había desempeñado el cargo de secretario general con su predecesor, confiaba en continuar en el puesto asesorando al «director novato», pero éste prefirió dar un golpe sorpresa: nombró a una mujer, María Dolores Vilanova, como su número dos.

La había conocido en los meses anteriores y le había parecido perfecta para el cargo. Además, tras su llegada, creyó que transmitiría una imagen adecuada para el cambio radical que pretendía dar en todos los terrenos. Por primera vez, las críticas por el nombramiento de Vilanova no fueron motivadas por el hecho de ser mujer, sino por el malestar de Madrigal y algunos de los miembros de su grupo que se sintieron desplazados. Dijeron que María Dolores no había hecho una oposición para entrar en la Casa y que nunca había estado destinada en el extranjero.

Vilanova abrió camino a muchas otras mujeres en los puestos directivos del servicio. De hecho, cuando en 2004 fue cesada en su puesto, tras la salida de Dezcallar, su sustituta fue otra mujer, Esperanza Casteleiro, hija de un coronel del Ejército del Aire, con una carrera tan complicada como la suya, aunque dedicada en sus inicios al terrorismo en la División de Inteligencia Interior. Esperanza sí que había estado destinada fuera, concretamente en Brasil, donde realizó una gran labor.

A Esperanza la sustituyó en el puesto de secretaria general del CNI Elena Sánchez, una mujer tan discreta como sus compañeras, con una férrea mano dura, que supo sobrevivir cuando el director Alberto Saiz tuvo que abandonar el cargo entre denuncias periodísticas filtradas por un núcleo de agentes. Su sustituto, Félix Sanz, no sólo la confirmó en el cargo, sino que hizo que las dos principales direcciones, la de Inteligencia y la de Operaciones, pasaran a depender directamente de ella. Ya había habido secretarias generales, pero en 2009 Elena Sánchez se convirtió en la mujer que más poder ha tenido en toda la historia de la inteligencia española. Tras una dura carrera que comenzó a principios de la década de los ochenta, ahora sólo falta que una mujer sea nombrada directora.

24. Infiltración en los Escuadrones de la Muerte en El Salvador

Un agente encubierto del Cesid ayudó en 1989 al grupo ultraderechista ARENA a ganar las elecciones en El Salvador, en contra de la política oficial más moderada del Gobierno de Felipe González, aplicada por el embajador Fernando Álvarez de Miranda. El mismo agente estableció una amistad personal en aquellos años con el mayor Roberto d'Aubuisson y otros mandos militares y policiales relacionados con los Escuadrones de la Muerte, que desarrollaron desde 1987 una actividad aterradora.

Uno de los grandes misterios de los servicios de inteligencia reside en discernir cuándo un espía se extralimita en su trabajo y cuándo es imprescindible que asuma su papel hasta límites insospechados para obtener la información e influencia que su país necesita. La duda sobre su comportamiento en muchos momentos es algo que los servicios deben aceptar, basándose en la lealtad de sus agentes. Bien es cierto, por el contrario, que esa vara de medir con laxitud las actitudes extrañas llevó al MI5 inglés a no descubrir durante más de treinta años que Kim Philby les había estado traicionando.

Los comportamientos que vamos a relatar de un agente del Cesid, ¿fueron más allá de lo que se debe permitir o actuó de una forma tan genial que cualquier condecoración hubiese sido escasa?

Vicente López Pascual llegó a El Salvador en 1986 como agente encubierto, por lo que debía desarrollar su misión al margen de la embajada española. Con la tapadera de periodista de la agencia Prensa y Ediciones Iberoamericanas, fundada por el Cesid para dar cobertura a sus espías, aterrizó en el país con la misión de conseguir información sobre los partidos políticos y abrir canales informativos tanto con el partido gubernamental, la Democracia Cristiana, como con toda la oposición, incluida la extrema derecha ARENA (Alianza Republicana Nacionalista).

No era la primera misión en el exterior de López Pascual, que se presentó en la embajada española para acreditarse, aunque no explicó el contenido real de su misión y la empresa que pagaba su sueldo. Como el resto de los españoles que trabajaban en el extranjero, mantuvo una cierta relación con el embajador, el democristiano Álvarez de Miranda, pero poco más.

Con celeridad, buscó una casa cerca de alguna de las fuentes que quería captar y empezó a frecuentar los ambientes militares y policiales que tenían una importante influencia en el devenir político del país. Según pasaron los meses, consiguió que le nombraran miembro de la junta directiva de la Cámara de Comercio y de la Casa de España y tuvo acceso a un economato militar muy restringido en el que sólo admitían a miembros del ejército y de las embajadas.

Al mismo tiempo, puso en marcha un discreto acercamiento a los grupos de extrema derecha bajo el pretexto de escribir un reportaje, en un momento en el que ARENA, cuya cúpula aparecía vinculada a los Escuadrones de la Muerte, estaba poniendo en marcha un proyecto político que le permitiría ganar las elecciones en 1989. Poco a poco, el periodista fue ganando amigos en este grupo, al convencerles de que su ideario político coincidía plenamente con el de ellos. A partir de 1987, estos grupos, relacionados con Roberto d'Aubuisson, su líder indiscutible, asesinaron, torturaron y fueron responsables de desapariciones con absoluta impunidad. Jueces, abogados, sindicalistas, religiosos, campesinos y estudiantes, cuyos cadáveres mutilados aparecían en las cunetas de cualquier carretera, fueron víctimas de estos grupos.

Mes a mes, López Pascual consiguió frecuentar a los miembros de las fuerzas armadas que apoyaban o participaban en las masacres. Incluso comenzó una íntima relación con el mayor D'Aubuisson.

Álvarez de Miranda comenzó a desconfiar de él. No tenía sentido que un periodista español actuara de aquella forma y empezó a sospechar que trabajaba para el Cesid, aunque no le veía sentido a que se relacionara con lo peor del país, cuando a él, Felipe González le había enviado a El Salvador, sin ser diplomático de carrera, para establecer unos cauces de comunicación más acordes con la política española.

Un día, el subsecretario de Asuntos Exteriores español, Fernando Perpiñá, acudió a la firma de un acuerdo comercial con El Salvador. En la rueda de prensa que ofreció, el «periodista» López Pascual le preguntó: «¿Por qué nuestro Gobierno ayuda al Gobierno de El Salvador, si todo el mundo sabe que el PSOE apoya descaradamente a la guerrilla? ¿A qué juegan?».

Era más de lo que podía permitir Álvarez de Miranda. Molesto por esta actuación y por otras anteriores, telefoneó al director del Cesid, Emilio Alonso Manglano, al que le contó que López Pascual estaba haciendo mucho daño a la embajada. Manglano le reconoció que era uno de sus agentes y que no tardaría mucho tiempo en sacarle, pues «ya estaba muy quemado».

No obstante, López Pascual todavía tuvo tiempo para dirigir la campaña electoral de ARENA, en marzo de 1989, que concluyó con el triunfo de su candidato Alfredo Cristiani. Una campaña llena de irregularidades que acabó con una cúpula del Gobierno vinculada a los comandos asesinos del Ejército.

Sin duda, los contactos que levantó López Pascual fueron de una valía indudable, aunque para Álvarez de Miranda la actuación del servicio secreto fue un desastre: «En el servicio de inteligencia hay muchos elementos que actúan con independencia de la propia organización, más en función de sus conexiones internacionales que de su propia estructura y finalidad. Muchas veces, su actuación va por un lado y los intereses del Gobierno y del Estado por otro».

¿López Pascual actuó con independencia de la propia organización o no tuvo más remedio que representar un papel para conseguir la valiosa información que le habían solicitado? Años después, todavía desconocemos la respuesta.

25. Manual de Inteligencia: instrucciones para operaciones ilegales

El periodista recibió el cuaderno de un ex miembro del Cesid. Tenía unas cubiertas azules y estaba encuadernado en canutillo, como tantos libros fotocopiados que pasan de mano en mano entre universitarios. Tenía un título simple: Manual de Inteligencia. «Te vendrá bien leerlo —le dijo el antiguo espía—, porque vienen muchos conceptos teóricos sobre los servicios de inteligencia. Es un libro muy simple, que estudiamos cuando ingresamos para dejar claras las ideas. Los libros hay que devolverlos cuando se acaban los cursos, pero no sé cómo pero éste me lo quedé sin darme cuenta».

El índice que leyó el periodista en cuanto llegó a la redacción prometía mucha teoría y poco más, así que lo dejó apartado durante varios días. La lectura, sin embargo, terminó siendo apasionante. Lo que era la normalidad dentro del Cesid resultaba sorprendente analizado desde la sociedad civil. Al poco de comenzar leyó: «Los procedimientos que utilizan los servicios de contrainteligencia deben ser secretos y, aunque la existencia del servicio es legal ya que se trata de defender a la propia nación de un tipo de agresión, determinados métodos para conseguirlo pueden ser ilegales y, al ser también secretos, son, por tanto, clandestinos».

Este reconocimiento inicial estaba formulado con total naturalidad. Pretendía enseñar a todos los nuevos agentes que entraban en el Cesid los conceptos en que se basa la inteligencia, sus objetivos, modos de actuación y, sobre todo, la forma en que deben actuar para conseguir la información secreta que les demanda el Gobierno.

Con esa misma simpleza, el Manual de Inteligencia explicaba que «el espionaje, actividad encaminada a la obtención de información mediante operaciones clandestinas, es la principal y originaria razón de ser de los servicios de inteligencia».

Igual de rotunda era la definición de agente: «Personas con adiestramiento especial que realizan alguna actividad secreta, legal o no, en beneficio y bajo la dirección de un servicio de inteligencia al que puede pertenecer o no, pero al que está ligado en cierta forma. Normalmente reciben una contraprestación económica».

Lo rotundo de algunas definiciones también llamó la atención del periodista: «Al atentar la agresión indirecta contra la seguridad de la nación, ésta deberá defenderse de aquélla, para lo cual ha de disponer de un medio capaz de detectar a los agentes de la agresión para que, neutralizándolos o destruyéndolos, neutralice o destruya la eficacia actual o potencial de sus actividades».

La definición de informador también le resultó llamativa: «Es la persona anónima o conocida, ajena al servicio, que proporciona información consciente o inconscientemente al Centro. El informador que mantiene una relación clandestina o secreta generalmente recibe por su actividad una contraprestación económica».

Finalmente, apasionado por las explicaciones del manual, leyó la visión del Cesid sobre la lucha contra ETA, que se plasmaría en la realidad en los años siguientes: «Para evitar interferencias, conviene que cada servicio dirija su atención hacia temas diferentes. Cuando ello no es posible, interesa que los servicios que actúan en el mismo tema tengan un punto de vista u objetivo diferente. Por ejemplo, varios servicios pueden trabajar en terrorismo interior, deteniendo comandos, otro puede ocuparse del abastecimiento exterior de armas y explosivos, un tercer servicio puede estudiar los apoyos de la población al grupo terrorista y las medidas para reducirlos y, por último, el servicio de nivel nacional —ellos— atenderá a la estrategia del grupo terrorista y a la forma de combatirlo».

El manual tenía una conclusión clara: «No cabe duda de que un servicio de inteligencia tiene una meta clara, a la vez que inalcanzable: saber todo de todas las amenazas».

26. La embajada de Argelia se queda con los «canarios» del Cesid

Entrar sin autorización en embajadas extranjeras para copiar sus papeles secretos y colocar micrófonos es un delito bastante grave que todos los servicios de inteligencia del mundo desarrollan de forma habitual. El Cesid no podía ser una excepción. Si a la hora de controlar a los ciudadanos españoles deberían existir determinadas limitaciones, nunca se ha pensado en pedir autorización a un juez para llevar a cabo estas misiones. Palabras como las del director Félix Sanz asegurando que se respetan los derechos de los ciudadanos extranjeros, pronunciadas en el año 2010, no guardan relación con estos trabajos.

En los años ochenta, el servicio secreto tuvo que ponerse al día en cuanto a la detección de las maniobras ilegales de países extranjeros en nuestro territorio y para conocer anticipadamente su política con respecto a España. Las penetraciones en delegaciones diplomáticas fueron muchas y en especial en las de países africanos sobre los que existían sospechas de actividades ilícitas. Ya hemos narrado la entrada en la embajada Libia, pero un caso curioso fue el de la delegación argelina.

La precipitación, los nervios de quien dirigía la operación, les llevó a cometer un error imperdonable. Después de muchas semanas preparando el asalto, la noche elegida para colocar los «canarios», los agentes especiales del Departamento de Acción Operativa traspasaron la puerta sin que nadie les descubriera y comenzaron a realizar su trabajo con el habitual máximo cuidado. Eso incluía fotografiar cada rincón del edificio antes de mover un objeto, para luego dejarlo todo en la posición originaria, mientras los encargados de copiar los documentos esperaban ansiosos a que los especialistas en cerraduras abrieran limpiamente las cajas fuertes.

Sin embargo, el tiempo dedicado a la operación comenzó a alargarse más de lo previsto y uno de los jefes del grupo se puso nervioso, empezó a meter prisa y terminó ordenando la salida. Uno de los agentes le advirtió que todavía estaban secando el yeso de los tres muros en los que habían introducido los micrófonos y que si no concluían la labor con el mayor de los cuidados podían ser descubiertos. Su súplica no surtió ningún efecto y todos fueron obligados a abandonar la escena de inmediato.

Al día siguiente, cuando llegó el personal argelino, vieron las sospechosas manchas húmedas en la pared y descubrieron el asalto a su embajada. A veces la precipitación acaba con un torpe lanzamiento por la borda del trabajo preparado durante largo tiempo.

Precipitación que en esta ocasión no sólo tiró por la borda el trabajo preparado durante muchos meses e impidió obtener información sobre las actividades ilícitas de la embajada argelina. Es que, además, se quedaron con los tres micrófonos de una tecnología muy avanzada, a la que no tenían acceso, a un coste cero. Y sin que el Cesid pudiera reclamar nada.

Esa misma precipitación en la actuación, combinada con un desconocimiento de las técnicas de los agentes especiales, llevó en aquellos años a una directiva, M. J. M., que quiso participar en otra penetración en una embajada, a echarse un perfume de olor tan intenso que al día siguiente todavía seguía flotando el aroma en la delegación extranjera.

27. Manglano ordenó espiar y hundir al candidato a sustituirle

«Que mi teléfono estuvo intervenido durante bastante tiempo y que estuve bajo control, no me cabe la menor duda. Se dijo que mis perros, dos pastores alemanes, aparecieron sacrificados, pero no es cierto, me los encontré dormidos. Les habían dado algo de comer para adormecerlos y que no ladrasen, con afán de hacer un registro para buscar papeles. No noté la falta de ningún documento, pues debieron de optar por fotocopiar o fotografiar. Lo que pasó habría que preguntárselo al señor Perote, que era el que se encargaba de esos temas, pero, vamos, que estuve controlado es cierto. Clarísimo».

Enrique Ballester era un empresario de éxito en los años ochenta. Sentado en su lujosa casa madrileña, impregnada de un estilo árabe en todos sus rincones, relataba al periodista algunos de los secretos de su vida. Su antigua amistad con Felipe González y Alfonso Guerra cimentada en la clandestinidad en los años setenta; su ayuda económica al PSOE cuando nadie quería prestarles dinero; los favores que en algún momento le habían pedido desde el Gobierno socialista en relación a Argelia, el país en el que se movía como pez en el agua; y su deseo de vivir más tiempo en España.

Ballester, de una amabilidad extrema, reconocía que asesoraba a González en numerosos temas internacionales hasta que llegó a la presidencia del Gobierno y que posteriormente lo siguió haciendo, de una forma más discreta, y en asuntos de especial relevancia en los que necesitaba una persona de la máxima confianza.

No contó que el presidente, inducido por el vicepresidente Guerra, le encargó un informe para reestructurar los servicios secretos y que él era el candidato idóneo para sustituir a Manglano al frente del Cesid. Prefería contar que, en los muchos años que había vivido en África, había tenido la oportunidad de conocer las actuaciones de los servicios de inteligencia de muchos países y que tenía amigos en todos los estamentos de la sociedad. No lo decía, pero dejaba entrever que sus «amistades peligrosas» fueron las que indujeron al Cesid a vigilarle, a intervenirle los teléfonos, a dormir a sus perros para que no molestaran mientras entraban en su casa, a copiar sus papeles y a colocarle «canarios».

El periodista guardó silencio sobre una parte de la historia que sabía que Ballester iba a negar. Alfonso Guerra, José Sainz de la Peña —un agente de la Casa, gran conocedor de Argelia— y Ballester tramaban cambiar la estructura del espionaje español y colocar al empresario al frente del Cesid. El presidente González estaba de acuerdo e incluso se lo comentó al ministro de Defensa, Narcís Serra, que prometió guardar un secreto que no tardaría en desvelar al propio Manglano.

Ra, como se le conocía en clave, encargó al jefe de los operativos, Alberto Perote, que montara un CIR —Control Integral de Relaciones— contra Enrique Ballester, del que aseguró disponer de información de que podía trabajar para el servicio secreto argelino y tener relaciones con traficantes de armas y cualquier otra calaña imaginable.

La información que obtuvieron los grupos operativos no pudo demostrar lo que era falso, pero daba igual. Varias revistas de prestigio publicaron historias basadas en un dossier manipulado. «Hombre, profesionalmente claro que me perjudicó —señaló Ballester, sentado en un mullido sillón de cuero—. Eso de ser empresario y andar de espía por la vida al mismo tiempo, sin serlo, es un poco complicado. Yo soy de nacimiento argelino (…). Creo que fue un montaje del Cesid. Debe de haber allí mentes calenturientas que empezaron a hacer cábalas: si sustituyen a Manglano (…), ¿quién podría? Y dijeron: ¡ojo con este tío! (…) Pumba, se le saca y se le quema (…) y yo sin enterarme».

Unos meses antes, uno de los agentes que penetró de forma ilegal en ese domicilio —o quizás se lo contó otro— explicó al periodista que le pareció extraña la investigación sobre aquel empresario argelino, porque no encontraron nada que le incriminara. Desconfió especialmente cuando leyó las noticias en prensa tergiversando las informaciones que su equipo había obtenido. «Te aseguro —dijo— que todo fue una manipulación. Si hasta vi una foto suya enmarcada con el presidente González, que por detrás llevaba una dedicatoria: “A mi amigo Enrique, la única persona que nunca me ha pedido nada”».

Antes de abandonar el chalé de Ballester, el periodista le preguntó por la foto. Orgulloso, el que podía haber sido director del Cesid, se la enseñó. Sonó el teléfono de la casa, Ballester se alejó y el periodista aprovechó para comprobar el texto de puño y letra de González. Los recelos del agente operativo tenían fundamento.

28. Detención ilegal de un agente por vender información

El 16 de septiembre de 1987 fue detenido «oficialmente» el comandante José María Santos, acusado de vender a la revista Interviú información secreta sobre las actividades mafiosas de varios traficantes de armas que operaban en Marbella. El asunto no era muy importante o el comandante no era demasiado listo, pues en una época en que el semanario era líder indiscutible del mercado y pagaba millones por los desnudos y la compra de información, a él sólo le dieron ciento cincuenta mil pesetas.

Fue el primer agente juzgado por vender informes, aunque no a países amigos o enemigos, sino a la prensa, lo cual hablaba más de motivos pecuniarios —tenía ocho hijos— que de pura traición. La legislación en aquel momento le era muy desfavorable. El asunto fue sentenciado por un juzgado militar, que, como se pudo comprobar en la instrucción y en el propio juicio, no tuvo reparos en defender más allá de lo permisible la postura del servicio de inteligencia. Un Cesid poco experimentado en estos casos, que actuó como si estuviera por encima de la ley. Para su desgracia, el comandante Santos contrató al abogado Manuel Tuero, dicharachero y amable, pero de aspecto robusto de coronel, que nunca tuvo miedo a nadie. No paró hasta que sacó a flote la verdad de lo que había sucedido.

No puso en duda que Santos había vendido la información. Intentó disminuir la importancia de lo filtrado, pero el error gravísimo de cobrar en cheque, que deja huella, y visitar en persona la sede de Interviú lo obligaba a aceptar una condena, por mínima que fuera.

Pero cuando Tuero habló con su defendido, le extrañó su indignación: Santos aseguraba que había reconocido sus delitos en su primera declaración porque el Cesid le había hecho una promesa: «Se me decía que el problema no tenía importancia, que colaborara, que no me pasaría nada ni a mí ni a mi familia y que si tenía que salir del Cesid, incluso tendría una ayuda económica. Estaba coaccionado continuamente. Además, en la base secreta donde estuve detenido una semana no podía estar solo en ningún momento. Tenía a dos guardias civiles vigilándome continuamente. Dormía con la puerta abierta y me observaban incluso en la ducha. Mi familia no sabía de mi paradero y dije a mi mujer por teléfono, porque así se me ordenó, que estaba en Málaga».

Ahí estaba el quid de la cuestión: para conseguir su autoinculpación, los responsables del Cesid tuvieron encerrado a Santos durante una semana, sometido a presión psicológica, hasta que consiguieron ablandarle. Eso sí, antes tuvieron que prometerle que el director Manglano les había transmitido el mensaje de que se encargarían del cuidado económico de su familia y que tendría que cumplir poca condena.

El coronel Vicente Lanz, el jurídico del servicio, negó que durante esos siete días Santos estuviera retenido o detenido y que no se fue a casa porque tenía temor a su familia. Puede parecer increíble, pero lo dijo: no le presionaron, sino que le protegieron de su mujer y de su nutrido grupo de hijos.

La justicia militar demostró su inutilidad para actuar al margen de los poderes establecidos. Santos había vendido información y le condenaron. Pero se taparon los oídos con cera ante la flagrante detención ilegal. Tampoco investigaron la promesa hecha en nombre del director del Cesid, que aparecía en las grabaciones realizadas a Santos en los siete días que estuvo encerrado. Aunque si hubieran entregado las cintas, un perito podría haber demostrado que habían sido manipuladas cortando un trozo.

Santos no tardó mucho tiempo en abandonar la prisión y volver a las sombras de donde nunca ha querido salir. Manglano se sintió muy satisfecho del caso. Desde el primer momento quiso actuar contra el comandante para mandar un mensaje claro a sus dos mil agentes: cuidado, porque el que se mueva no sale en la foto. Mensaje amenazador que pudo servir algunos años, pero que no tardaría en demostrarse inútil.

29. Tiro en la nuca a la etarra Urigoitia: el Cesid lo supo

El 22 de julio de 1987, una unidad especial de la Guardia Civil asaltó un piso del barrio de Trintxerpe, en San Sebastián. Como consecuencia del tiroteo que se produjo, resultó muerta la etarra Lucía Urigoitia, miembro del comando Donosti. Según la versión del Ministerio del Interior, hizo frente a los guardias en lugar de haberse quedado quieta.

Días después, el informe de la autopsia aclaraba que Urigoitia había recibido «dos disparos en dos momentos distintos» y que la bala que la mató fue disparada con el cañón de la metralleta «prácticamente tocando la piel». Lo que abrió la polémica sobre la cruel práctica del tiro en la nuca.

El abogado de la familia, el abertzale Iñaki Esnaola, consiguió que se abriera un sumario para determinar las circunstancias exactas en que había tenido lugar la muerte de la joven terrorista.

Aunque no figuraba en ningún documento, los guardias civiles que protagonizaron el arriesgado asalto sabían lo que había pasado y también lo conocieron sus mandos en el cuerpo y en el Ministerio del Interior. Como podía ser un descrédito para la lucha antiterrorista, alguien decidió que había que tapar los agujeros que podían llevar a demostrar una actuación irregular de los cuerpos de seguridad.

Unidades especiales de la Guardia Civil entraron en el domicilio del juez para sustituir un proyectil por otro. En el laboratorio de balística se cambió secretamente el cañón y se manipuló un chaleco antibalas. Sin que nadie se hubiera enterado, habían desaparecido todas las pruebas que podían apoyar la versión del tiro en la nuca. De hecho, en octubre de 1990, el juez instructor dictó el sobreseimiento provisional de la causa, sin que hubiera motivos para que el abogado de la familia Urigoitia presentara recurso.

En el Cesid sí que conocían lo que en realidad había pasado. El 3 de noviembre de 1987, el jefe del Departamento de Acción Operativa, Alberto Perote, escribió una «nota interior», en la que informaba al director Ra de todos los extremos de las actuaciones irregulares de la Guardia Civil, información que procedía de agentes del cuerpo destinados en el cuartel de Intxaurrondo.

¿Qué hizo el director o alguien del servicio secreto respecto al tema? Absolutamente nada. Según escribió Perote en el informe[8], «esta información parece ser que es conocida por el presidente del Gobierno, el ministro del Interior, Rafael Vera y alguna persona más». Si el Gobierno conocía la actuación irregular de guardias civiles, ¿para qué informaba el jefe de la unidad operativa al director? Evidentemente, para que estuviera en los secretos de lo que estaba ocurriendo. Como le informó de otras muchas acciones relacionadas con la guerra sucia contra ETA. El Cesid, tras unos años de sostenido crecimiento, de progresos destacables en sus principales áreas de actuación, con un director que le había dado la vuelta al servicio en sus casi siete años de mandato, comenzaba una deriva que en unos años le costaría todo su prestigio y unos cuantos ceses importantes.

30. La embajada en Polonia atestada de micros

El equipo técnico de la División de Apoyo Operativo especializado en barridos electrónicos llegó a Varsovia en julio de 1987. Guardias civiles y militares desembarcaron en la ciudad con el más absoluto sigilo, como exigía su trabajo. Nadie debía saber que el único motivo de su viaje era comprobar que los servicios secretos polacos no habían colocado «canarios» en la embajada española, y si lo habían hecho, proceder a descubrirlos y quitarlos.

No había ninguna sospecha previa. De hecho, antes de viajar al país presidido por el general Jaruzelski, habían estado en Budapest y no habían encontrado ningún indicio de que hubiera escuchas ilegales en la delegación diplomática.

Hacía unos años que en una reunión con el Ministerio de Asuntos Exteriores el tema de las escuchas había aparecido. No tenía sentido que en plena década de los ochenta hubiera delegaciones en el extranjero que nunca hubieran sido revisadas con los modernos equipos de los que ya disponía el Cesid. Era cierto que las más importantes ya estaban sometidas a control, pero había que prestar atención a todas. Así que el equipo anti escuchas de la Casa se lanzó a recorrer el mundo.

Antes de comenzar su trabajo, habían investigado el historial de la representación española en Varsovia. Estaba situada, desde que se establecieron relaciones, hacía ocho años y medio, en el primer piso de un edificio de la calle Staroscinska. No parecía la mejor ubicación, pero sabían que, en el momento de abrir embajadas durante la Transición, el Ministerio de Asuntos Exteriores no dispuso del presupuesto que le habría complacido para el despliegue territorial.

Con la libertad de actuación que acompañaba a su trabajo, los funcionarios de la delegación se retiraron de las oficinas para que el equipo actuara. Fue un trabajo complicado. Detectaron que algo extraño había y decidieron buscarlo pacientemente durante cinco días hasta que lo encontraron. Escondidos profundamente en las paredes había unos micrófonos enganchados a la red eléctrica, que no emitían ondas, por lo que su localización fue más complicada. Tuvieron que pedir autorización expresa al embajador Fernando Olivié antes de proceder a usar el pico y la pala para destruir paredes, mover radiadores…

El embajador accedió. Llevaba cierto tiempo inquieto, sintiendo que el Gobierno polaco conocía los asuntos que estudiaban entre las paredes de la embajada. No obstante, se quedó sorprendido cuando fue informado, según iban rompiéndole los muros, de la aparición de un micrófono tras otro. Así hasta… doce. No había rincón en la embajada en el que los servicios secretos polacos no pudieran escuchar las conversaciones.

Una investigación posterior sobre la historia de la embajada lo explicó todo. Cuando fue adquirida, cometieron un error imperdonable: no cambiaron la instalación eléctrica por falta de presupuesto. Si lo hubieran hecho, posiblemente habrían descubierto los micrófonos, pero, en cualquier caso, habrían dejado sin energía los «canarios» que les habían colocado. «Canarios» que los espías polacos habían colocado con cuidado en las paredes, con la ventaja de estar dentro del local sin prisas para actuar.

Exteriores cometió un error gravísimo, típico de las nuevas democracias. Olvidó que el robo de la información es algo connatural en cualquier país y que los rusos de la KGB sabían que la información que necesitaban de un país emergente como España, socio de la OTAN, era complicada de conseguir en Moscú, pero más fácil de obtener en países satélites como Polonia. El mismo equipo que descubrió la técnica de ocultamiento de los «canarios» procedió a investigar en las embajadas de Bulgaria, Alemania Oriental, Rusia… encontrando en todos ellos el mismo tipo de micrófonos.

Desde aquellos años, las embajadas españolas son más seguras, aunque es completamente imposible conseguir el 100 por cien de garantías. Algo que nunca han podido lograr países como Estados Unidos en Moscú, donde, desde hace ochenta años, los rusos han inventado medios insospechados para saber cuáles son los planes de sus enemigos. Eso sí, como hemos visto, en España el Cesid actuaba igual con las embajadas.

31. Policía-Cesid: el enfrentamiento de nunca acabar

«El Centro Superior de Información para la Defensa espió a los agentes del grupo antiinvolución de la Brigada de Interior de la Policía, e intentó destapar y desarticular su red de confidentes». «Agentes del Cesid fueron descubiertos hace cerca de un año (1988) filmando las dependencias de la Escuela de Policía de Canillas, convertidas desde el mes de agosto de 1988 en la sede central de las brigadas operativas policiales».[9]

Estas dos noticias son sólo pequeños ejemplos de uno de los más antiguos enfrentamientos desarrollado entre dos organismos dependientes del Estado y con tantas misiones en común, que la competencia los ha convertido en enemigos eternos.

En los años 1987 y siguientes, la lucha entre la Policía y el Cesid alcanzó unas cotas desenfrenadas, debido, en parte, a la pésima relación entre sus cabezas visibles, Rafael Vera y Emilio Alonso Manglano. El motivo básico fue la eterna discusión de competencias. Los dos servicios —a los que se sumaban en algunos campos la Guardia Civil y las Policías autonómicas vasca y catalana— tenían encomendadas muchas misiones similares: terrorismo etarra, terrorismo extranjero, antigolpismo, contrainteligencia…

La coordinación pareció en aquellos años algo imposible, pues los policías no querían ceder competencias y el Cesid campaba a sus anchas, espiando incluso a los propios uniformados. Estos enfrentamientos se habían agudizado en el inicio de los ochenta y la gente de Vera decidió filtrarlos con la pretensión de desacreditar el juego sibilino de Manglano y conseguir que el presidente González quitara competencias a los que llamaba «los espías militares».

Así, Interior empezó a contar que los servicios secretos no se coordinaban, que muchas misiones se estropeaban por esa falta de ayuda mutua, que se perdía mucho dinero por esa duplicidad y que todo iría mejor si en lugar de competir caminaran bajo una misma dirección.

El Cesid, por su parte, no entraba en la guerra en los medios de comunicación. Lanzaba su influencia en los despachos del poder para intentar arrebatar a la Policía las áreas claves de la información. En la lucha, llegaron a vetar el envío de policías expertos en terrorismo a algunos países para que pudieran hacer un mejor seguimiento de los miembros de ETA.

Los asesores más cercanos al presidente del Gobierno se inclinaron por recomendarle la unificación de los servicios de inteligencia, siguiendo el modelo inglés: un MI5 para los temas interiores —la Policía— y un MI6 para los exteriores —el Cesid—. La propuesta incluía que cada servicio tuviera su director, pero que por encima de ellos existiera un solo jefe —civil, por supuesto— que informara directamente a La Moncloa. Rápidamente aparecieron candidatos para tan codiciado puesto: en Interior apoyaban a Rafael Vera y en Moncloa gustaba la opción de Julio Feo, muy próximo a González.

Todos estos movimientos «civiles» llevaron a Manglano, y a su protector Narcís Serra, a desplegar su red de influencias hasta conseguir convencer al presidente de una idea que se ha mantenido hasta la fecha: es mejor tener varios servicios secretos, para disponer de información procedente de diversas fuentes, y no depender de un único servicio. Según esta teoría, el poder de la inteligencia cuanto menos concentrado, mejor.

El inconveniente está en que los servicios tienden a no compartir la información de que disponen con otros servicios hasta que lo consideran vital y a veces ni entonces. De esta forma, durante muchos años, la lucha contra ETA ha llevado a situaciones grotescas, como la presencia de policías, guardias civiles y agentes del Cesid-CNI controlando la misma operación. O durante la primera guerra contra Irak, policías y espías tratando de captar al mismo embajador iraquí en España, y cuando lo atrapan los primeros, espías filtrando a la prensa que el éxito era de ellos.

También hubo un problema a finales de los años ochenta: el Cesid necesitaba en sus investigaciones acceder a las bases de datos confidenciales de acceso exclusivo para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Finalmente, para evitar situaciones extrañas, se creó la Brigada Operativa de Apoyo, integrada por policías que trabajaban para el servicio secreto y que buscaban la información a disposición del Estado sobre las personas a las que el servicio de inteligencia estaba investigando.

El Centro de Coordinación Antiterrorista creado en el siglo XXI dio un paso importante en la distribución de los trabajos entre los servicios de información y la puesta en común de las informaciones.

El propio Estado a veces se ha visto en la obligación de utilizar al Cesid para espiar a la Policía. Es el caso de una manifestación de policías que tuvo lugar en 2008 y de la que se necesitaba información sobre las personas que acudieron. En este caso, fueron espías los que se dedicaron a hacer fotos, aunque con la mala pata de que fueron descubiertos por los manifestantes.

El enfrentamiento entre policías y espías ha disminuido en su percepción pública, pero se mantiene. De hecho, durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno, su ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, intentó meter en vereda al CNI y a su director, Alberto Saiz, que caminaban con demasiada libertad, según su perspectiva, en el tema de la lucha contra ETA. Así se lo hizo ver al presidente, que dio pequeños toques de atención, pero sin resultado. La lucha entre el Ministerio del Interior y el CNI continúa.

32. La trampa del Mossad

El 9 de marzo de 1987, quedó archivado momentáneamente, por falta de autor conocido, el sumario que se abrió tras el atentado terrorista contra el restaurante El Descanso. Tuvo lugar dos años antes, en la noche del 12 de abril de 1985, en la que una bomba acabó con la vida de dieciocho personas e hirió a otras ochenta y dos. Local frecuentado por militares estadounidenses de la base aérea de Torrejón de Ardoz, el acto fue reivindicado por la Yihad islámica, grupo que en aquellos años estaba actuando en diversos lugares del mundo.

Con el recuerdo de ese atentado y el miedo a la comisión de otros nuevos, en la sede del Cesid se recibió con enorme preocupación la filtración facilitada por el jefe de la delegación del Mossad en Madrid: había llegado a España un cargamento de armas con destino al grupo terrorista Septiembre Negro, que preparaba un atentado en suelo español.

El grupo palestino había sido el responsable de la matanza de los atletas judíos durante las olimpiadas de Múnich, y si alguien había puesto todos los medios para conocer sus pasos, ésos eran los hombres del Mossad. Los espías españoles habían empezado a mover todos sus peones para comprobar la información, cuando el mismo delegado del espionaje israelí en España volvió a alertar: las armas estaban escondidas en casa de Zarif Abdul Ghany Shabaneh, un miembro de la delegación de la OLP.

La única forma de desbaratar la operación era requisar las armas antes de que llegaran a manos de los terroristas, pues no se sabía si el atentado podía ser inminente. El comisario José Manuel Tornero, jefe de la Brigada Operativa de Apoyo, solicitó el 11 de junio una orden de registro a la Audiencia Nacional —los espías no podían hacerlo—, justificando su necesidad por «informaciones absolutamente confidenciales».

Unas horas después, policías y agentes del Cesid entraban en el domicilio de Zarif Shabaneh, a quien despertaron para que les abriera la puerta. El funcionario de la OLP no entendía nada, pero los intrusos que entraban en su domicilio no esperaban otra actitud. Con celeridad, preparados con los aparejos necesarios, llenaron su jardín de agujeros en cada uno de los puntos donde un detector de metales señalaba que había encontrado algo sospechoso. Unas horas después, con el césped hecho una porquería, consiguieron descubrir un gran arsenal de… latas de Coca-Cola.

Tras un primer fracaso, los agentes no se dieron por vencidos y decidieron buscar las armas en el interior del domicilio. Agujerearon paredes, movieron radiadores… No encontraron nada. Antes de irse, pidieron disculpas a Zarif y le dejaron la casa hecha unos zorros.

Cuando informaron del fracaso de la operación, el director Manglano se puso de los nervios. No le cabía duda de que el Mossad les había tendido una trampa y lo interpretó como un deseo de los servicios secretos israelíes de enfrentar a España con las autoridades de la OLP. Una maniobra planeada a la perfección, pues unas semanas después tenía previsto visitar España Karuk Kaddumi, jefe del Departamento Político del grupo de Yasser Arafat.

Manglano tuvo que pedir sinceras disculpas al diplomático palestino y enviarle con urgencia una cuadrilla de albañiles para reparar todos los desperfectos. Después escuchó al jefe de la delegación del Mossad explicarle que habían cometido un error incomprensible. Manglano no le creyó, pero ya sabía que debía dar a los judíos la severa lección que llevaba planeando desde hacía algún tiempo.

33. Verdes, inmigrantes, insumisos, militares críticos… Todos espiados

El periodista investigó personalmente en la calle algunos casos y sobre otros leyó y comprobó la veracidad de las denuncias. Fueron situaciones sorprendentes que duraron años y que a él le demostraron que nada ni nadie estaba libre de verse sometido a control si traspasaba determinadas líneas.

El caso del abogado madrileño M. L. V., cuyo nombre sus compañeros de partido siempre intentaron proteger, fue muy característico. Ingresó en Los Verdes y en la Alianza Verde Europea en los años ochenta y hasta la década de los noventa no paró de estar vinculado con ellos y con el Movimiento de Objetores de Conciencia y el Movimiento de Insumisión.

Los datos sobre él hablaban de una persona simpática, que murió en 1992, cuyo comportamiento levantó sospechas entre algunos de sus compañeros, ante los cuales negó con energía que colaborara con el Cesid. La confirmación llegó tras su muerte, cuando oficiales de inteligencia se acercaron a su amigo íntimo J. M. S. R., con el que convivía y que siempre le había defendido de esas acusaciones de ser un topo. Los espías le dijeron que la muerte de M. L. V. había dejado un hueco en la información que recibían sobre Los Verdes y le propusieron sustituirle en el puesto. No se supo bien si fue el escaso dinero que le ofrecieron, que le apabullaron llevándole a la sede central del Cesid o si le asustó meterse en un doble juego, pero finalmente se negó a colaborar con ellos y les denunció a sus compañeros de partido.

M. L. V. había sido durante muchos años un informante en esos pequeños grupos ecologistas y en otras organizaciones antimilitaristas, de las que sacaba informes y adelantaba las acciones de protesta que pensaban llevar a cabo. No se supo la razón por la que empezó a colaborar en esta red de «pequeños agentes» que el Cesid montó en todas las organizaciones calificadas como sospechosas que se movían por España, pero podía ser el mismo caso que el de Tarik Ouazzani, ocurrido en 1988.

Un agente que se hacía llamar Felipe se presentó en su casa. Juan José Pretel, de la Subdirección de Nacionalidad del Ministerio de justicia, les había señalado la presa. Tarik, un marroquí amable, educado, con estudios y de muy buenos modales, le abrió la puerta de su casa y le escuchó sorprendido cuando le habló de que para conseguir la nacionalidad que había solicitado necesitaba ser «un buen español».

Se alarmó. Hacía unos días, una amable funcionaria de justicia le había alertado de que «personas extrañas» le estaban investigando y que la concesión de la nacionalidad corría peligro. No le creyó. Su madre había nacido en Melilla y nada podía impedirle conseguir lo que era su derecho.

Después de un largo rato de charla, el que se había presentado como funcionario de justicia reconoció que trabajaba en el Cesid y le espetó con meridiana claridad que, si quería conseguir la nacionalidad, antes debía ayudarles a ellos en una misión concreta: «Usted conoce gente en Marruecos que se mueve en círculos influyentes y que son personas que nos interesan mucho».

La presión sobre Tarik no había hecho más que comenzar. Una semana después, Felipe le presentó a otros dos agentes, que serían los que se encargarían de su control. Con mucha más dureza, le dejaron claro que, para obtener la nacionalidad, debería hacerse amigo de una tal Leila, que acababa de ser designada secretaria del embajador de Marruecos.

Tarik captó rápidamente el chantaje. O colaboraba o le echaban del país. Aceptó y consiguió intimar con Leila, a la que unos meses después presentó a Felipe para que le ofreciera trabajar como traductora a cambio de un sueldo que complementaría sus ingresos como secretaria.

Cumplida la misión y cuando Tarik veía cerca la concesión de la nacionalidad, sus controladores le chafaron sus ilusiones. Le pidieron un servicio más antes de arreglarle los papeles, eso sí tras presionar a su madre para que convenciera a su hijo de que le convenía ayudarles.

Tarik se sintió molesto y acudió al Ministerio de justicia para intentar arreglar por su cuenta la situación. Allí se topó con Juan José Pretel, el colaborador del Cesid, que siguió con la estrategia: le habían denegado la solicitud. Estaba claro: o colaboraba o se largaba de España.

La siguiente misión fue mucho más complicada. Necesitaban averiguar el contenido de las conversaciones entre el rey Hassan II de Marruecos y el rey Juan Carlos. Tarik tenía algunos amigos en el círculo íntimo del monarca alauita y los espías querían saber a través de ellos de qué hablaban en sus frecuentes conversaciones telefónicas. Tendría que viajar a Marruecos y obtener la información.

Se negó en rotundo: no pensaba espiar las conversaciones del rey de España. Y no sólo eso, decidió no aceptar más el chantaje. Los del Cesid se quedaron sorprendidos y mucho más Pretel cuando recibió en su despacho la visita de Tarik, que le amenazó con contarlo todo de inmediato si no le daban la nacionalidad. Unos días después, el hombre era español.

En aquellos años, otros grupos también fueron espiados por el servicio de inteligencia. La Asociación de Militares Españoles, que dirigía el coronel José Conde, fue infiltrada para conocer todos sus movimientos de cara a las acciones jurídicas que montaron para conseguir que no les quitaran sus viviendas militares, como quería el Ministerio de Defensa.

Igualmente, el diputado de Izquierda Unida, Felipe Alcaraz, denunció que un informe del Cesid acusaba al oficial Consejo de la juventud de animar a los jóvenes no sólo a declararse objetores, sino insumisos.

Entre otros muchos, también espiaron a un grupo de pilotos militares que solicitaron la baja temporal en el Ejército aduciendo que se iban a dedicar a la política, cuando en realidad querían trabajar en líneas privadas de aviación, donde ganaban más dinero.

Son ejemplos de un comportamiento que se desarrolló en los años ochenta y que sigue siendo habitual actualmente. Si no, que se lo pregunten a los controladores que paralizaron el tráfico aéreo en diciembre de 2010.

34. Esconden micrófonos en la embajada rusa

El obrero español trabajaba en 1988 en la empresa Ferrovial, adjudicataria de las obras de construcción de la nueva embajada de la Unión Soviética en España. El viejo edificio se les había quedado pequeño y habían decidido levantar uno nuevo, para lo que inicialmente buscaron un terreno en Aravaca, que no gustó al Cesid por su proximidad al palacio de La Zarzuela. Al final, consiguieron el visto bueno sobre un terreno en la céntrica calle de Velázquez, eso sí, tras desbloquear previamente el deseo español de comprar el edificio de su embajada en Moscú y poder así vaciarlo por dentro para eliminar todos los micrófonos.

Nunca en su vida el obrero había tenido que pasar por una preselección llevada a cabo por ciudadanos extranjeros. Varios rusos escogieron en persona a los obreros de Ferrovial que trabajarían en las obras y se encargaron de informarles de las limitaciones y condiciones que tendría su labor.

En cuanto empezaron las obras, no paraban de conversar entre los trabajadores mostrando extrañeza por la situación. Además de los jefes de Ferrovial, varios rusos se ocupaban de controlarles cada día, incluso de cachearles si lo consideraban adecuado. Cuando llegaban los camiones con material, primero los revisaban y anotaban cuidadosamente cada detalle que les parecía llamativo.

Un día, algo extraño sucedió. Uno de los rusos recorrió con un extraño aparato el montón de ladrillos que acababa de descargar un camión. De repente, se encendió una luz roja. Al instante acudieron otros dos funcionarios rusos y, tras un rato, se llevaron uno de los ladrillos. Nadie les contó lo que había despertado la alarma.

Otro día, unos meses después, el ruso más importante de los que estaban por allí, que era Mijail Liakin, jefe de seguridad de la delegación diplomática soviética, anunció a uno de los arquitectos que las tuberías del sistema de protección contra incendios habían sido soldadas una a una y que ellos habían explicado con claridad que «en la nueva embajada no tiene que haber una sola soldadura». Tuvieron que quitarlas y poner otras nuevas engarzadas como les ordenaron.

El obrero no entendía la obsesiva manía de los rusos en controlar cada uno de sus movimientos y entendió menos aún cuando les informaron de que los trabajos en el interior de la futura embajada no los harían ellos, sino sesenta obreros que llegarían expresamente de la Unión Soviética. Incluso que el material que llevaría la delegación en su interior sería transportado en su totalidad desde Moscú. Pensó que los rusos eran unos tipos raros y se alegró cuando terminó su trabajo allí y le enviaron a una obra sin capataces tan maniáticos.

El obrero nunca supo que los miembros del servicio de seguridad de la embajada pertenecían a la KGB y habían descubierto un micrófono oculto en un ladrillo. También que no querían soldaduras, porque nunca se sabe lo que los espías enemigos pueden esconder dentro del plomo.

Los rusos suponían, desde el momento en que les autorizaron a construir la nueva embajada, que el Cesid, la CIA, el Mossad y posiblemente otros servicios de inteligencia occidentales, habían comprado pisos en las cercanías para instalar bases desde las que espiarles. Pero que esas bases perderían operatividad si no conseguían meter micrófonos en la estructura o las dependencias interiores de la embajada.

Por eso se trajeron obreros de Moscú. Una decisión muy cara que países como España no pueden permitirse, pero que les ofrece mayores garantías que dejar libres a obreros que fácilmente podían haber colaborado con el servicio secreto español.

Lo que no sabemos es si al final los servicios occidentales consiguieron su finalidad, pero sí que el CNI tiene una base cercana desde la que al menos controla las idas y venidas de los diplomáticos rusos. Ellos nos espían, como hemos relatado antes, en embajadas como la de Polonia, y los espías españoles intentan lo mismo en la suya de Madrid.

35. Una nueva sede al estilo de la CIA

Conseguirlo no fue tarea fácil. Emilio Alonso Manglano dejó pasar sus primeros dos años de mandato al frente del Cesid. Esperó a asentar un íntimo grado de confianza con el ministro de Defensa, Narcís Serra. Después, en 1983, se lo pidió: «Al igual que tú estás buscando una sede propia para el ministerio, nosotros necesitamos un edificio que nos permita unir a todas las unidades y agentes que están desperdigados por numerosos edificios de Madrid».

Manglano tenía su despacho en Castellana 5, pegado al Ministerio del Interior, donde las leyendas hablaban de cómo los unos y los otros se sometían a espionaje. Cada vez que un directivo necesitaba despachar con él, perdía mucho tiempo en atravesar la ciudad. Sin contar con que cualquier servicio podía identificar a los agentes con sólo disponer de una cámara fotográfica con zoom instalada en alguno de los edificios cercanos.

Serra esperó a disponer de su propia sede para Defensa para autorizar que los arquitectos de Manglano empezaran a buscar terreno. Corría el año 1985 cuando el director puso en marcha el proyecto, y unos meses después oficializó una decisión que había tomado hacía mucho tiempo sobre dónde quería instalar el complejo de edificios: en la carretera de A Coruña, lo más cerca posible de los dos principales centros de poder: los palacios de La Zarzuela y La Moncloa.

Serra aceptó la propuesta. Sabía que estaba dando un paso simbólico de gran trascendencia para convertir el Cesid en el más importante servicio de inteligencia del Estado, algo que trataba de evitar insistentemente el Ministerio del Interior.

La cantidad de terreno adquirida era claramente superior a las necesidades de ese momento. Los cerca de dos mil agentes —una parte de los trescientos del Departamento de Acción Operativa seguiría en sus bases clandestinas— estarían muy amplios en los cuatro edificios que planeaban construir, pero la visión de futuro de Manglano se demostró acertada. Ordenó al arquitecto que dibujara garajes subterráneos para muchos más coches de los que al principio se preveían e incluso que dejara preparada la estructura para poder levantar en el futuro al menos un edificio más.

En 2009, el entonces director Alberto Saiz inauguró ese edificio planificado por Manglano, que se había hecho imprescindible para albergar a los más de tres mil agentes —casi el doble que veinticinco años antes— con los que ya contaba el CNI. Sin contar que había firmado la adquisición de un edificio, antiguo cuartel del Ejército, como sede de la unidad operativa y que buscaba otro más.

Cuando en 1988 comenzaron a trasladarse los primeros miembros de la Casa al Langley —sede de la CIA— español, quedó patente para la opinión pública que el Cesid tenía un peso que todavía no habían visualizado. Fue una exitosa iniciativa de Manglano, acompañada de otras para cambiar la imagen del servicio: hasta ese momento, el personal estaba compuesto por un 47 por ciento de militares, 30 por ciento de policías y guardias civiles y 23 por ciento de civiles, de los que sólo uno de cada cuatro era directivo. Y había ese número de civiles —escasas mujeres— porque ya había comenzado a «desmilitarizar» el Centro.

En la actualidad, ese porcentaje ha variado muy considerablemente: 28,87 por ciento de militares —la mitad que antes—, 14,41 por ciento de policías y guardias civiles —la mitad— y 56,79 por ciento de civiles —bastante más del doble—. Las mujeres actualmente son una por cada tres hombres.

La macro sede ofreció la imagen de un cambio, que convirtió al Cesid en el más importante servicio de inteligencia del Estado, un servicio civil que en los años siguientes remarcaría su dependencia del presidente del Gobierno y no del Ministerio de Defensa. Pero para eso todavía habría que esperar unos cuantos años.

36. «Watergate» en el edificio del PP en Génova

Cuando se desvela una historia así, siempre hay detrás un espía que se salta la ley del silencio. Los motivos que les mueven son de lo más dispares: hacer justicia, quitarse remordimientos de encima, venganza… Se desconoce lo que indujo a este espía a relatar la penetración clandestina, pero tiene un valor especial porque fue confirmada, años después de llevarse a cabo, por el que era vicepresidente del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, y por el ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy.

El agente contó que, en diciembre de 1988, le citaron en la cafetería Santander, en la plaza de Alonso Martínez de Madrid, para llevar a cabo una misión: el asalto a la sede nacional de Alianza Popular —ahora PP—, en la cercana calle de Génova. En contra de la costumbre habitual de la Casa, el trabajo no se lo encargaron a los operativos del DAO, sino a un grupo de ocho agentes, que se desconocían entre sí. Una planificación que primaba la estrategia del silencio.

Lo más sorprendente del caso es enterarse de que en aquellos años el partido de Manuel Fraga carecía de las mínimas medidas de seguridad que se podrían esperar. No tenían guardas jurados, ni cámaras de televisión. En definitiva, el último que salía cerraba con llave la puerta que daba a la calle. ¡Increíble!

Los agentes del Cesid lo sabían perfectamente, pues disponían de un topo entre el personal que trabajaba en el partido, que quizás les había con seguido un duplicado de las llaves. Algo que no debió de ser especialmente difícil, al ver lo que les preocupaba la seguridad a los dirigentes de AP.

Por la noche citaron al agente en la misma cafetería cercana en la que le habían explicado el plan, donde ya esperaban tres espías más, todos militares. En la reunión de la mañana, le habían informado de que si ocurría cualquier cosa extraña o les descubrían durante la penetración, en las calles de los alrededores había otros cuatro agentes que se encargarían de cubrirles para que pudieran escapar.

Primero abandonaron la cafetería el jefe de la operación y otro agente y él salió a los cinco minutos. Cuando llegó a la puerta del partido, ya estaba abierta, pero no presentaba ningún signo de haber sido violentada. Siguiendo las instrucciones recibidas, subió por las escaleras al segundo piso. No debía moverse de allí hasta que alguno de los dos que estaban buscando documentos en la tercera planta —el Área Electoral del partido— se lo ordenara. Si le daban la alerta, su misión consistía en avisar al agente que esperaba cerca de la puerta. O al revés, si pasaba la Policía por la calle o había cualquier tipo de situación extraña, debería alertar a los que estaban robando la documentación.

Los minutos pasaron con lentitud, pero menos de media hora después aparecieron los dos agentes de la tercera planta con una caja llena de papeles. La salida de la sede de Génova fue tan rápida como había sido la entrada. Una misión tan arriesgada como fácil.

Es difícil imaginar que los agentes pudieran realizar el trabajo por su cuenta. Lo más probable es que el director Manglano, que había desarrollado una gran labor durante los primeros años de su mandato, hubiera comenzado a poner al Centro en manos de las peticiones espurias del ministro de Defensa o de algunos otros altos cargos. Nadie se enteró en ese momento de que la información electoral de la derecha —el PSOE ganó por mayoría absoluta— estaba en manos del Cesid.

Diez años después apareció un agente que lo contó todo. Las repercusiones políticas fueron nulas, pero el conocimiento de las actuaciones irregulares del espionaje no había hecho más que empezar.

37. Secuestro de mendigos para probar fármacos

El objetivo era secuestrar en Francia al dirigente de ETA José Antonio Urruticoetxea Bengoetxea, más conocido por su alias Josu Ternera. Para conseguirlo, el Cesid tuvo que escribir una de las páginas más negras de su historia, esas que convierten a un servicio de inteligencia en una institución sin ley capaz de cualquier salvajada con tal de cumplir sus fines.

Si la Policía y la Guardia Civil se habían salido de la ley para montar el GAL con la ayuda del Cesid, el servicio de inteligencia decidió en solitario conseguir información de la banda terrorista utilizando los mecanismos más escabrosos e ilegales. Se trataba de secuestrar al etarra en Francia, transportarle hasta una base operativa en España e interrogarle hasta que desembuchara todo lo que sabía. Después ya se vería lo que hacer con él, aunque la alternativa más apoyada era enviarle de nuevo a Francia y soltarle sin más. ¿Denunciaría un líder de ETA que había sido secuestrado por los servicios secretos españoles? ¿Alguien le creería? ¿Cómo reaccionarían el resto de etarras si les contaba esa historia?

El 8 de abril de 1988, la sección de Antiterrorismo de la División de Inteligencia Interior ponía en marcha la Operación Urbión-Bonibilla Mudo. Los encargados de ejecutarla fueron agentes del Departamento de Acción Operativa, que en aquellos momentos dirigía Alberto Perote.

Previamente, Antiterrorismo había estudiado todos los extremos del plan y se había encontrado con una única dificultad: cómo conseguir un anestésico cuyos efectos no fueran rápidos, sino fulminantes. Planteado el problema ante el director Manglano, éste afirmó conocer a un médico que quizás podría ayudarles a fabricar una droga de las que no existen en los hospitales, que inyectada en el momento del secuestro paralizara a la víctima de inmediato.

El médico aceptó, aunque con una exigencia. Había que probar el medicamento en algunas personas. El pero estaba en que no sabían los efectos secundarios que podía provocar, por lo que no era aconsejable inyectárselo a un agente. Así que decidieron ponérselo a una persona que, si lo denunciaba posteriormente, nadie le respaldara. Alguien cuya credibilidad fuera nula. Rápidamente pensaron en mendigos.

Los agentes de la unidad operativa diseñaron una operación perfecta. Lo primero fue robar tres coches, para que, en el caso de que fueran descubiertos, nadie pudiera vincular el secuestro de unos mendigos con ellos. Los seleccionados fueron dos Renault 21 y un Ford Sierra. Los dueños nunca supieron, hasta que la historia saltó a la prensa muchos años después[10], qué ocurrió con sus vehículos desaparecidos. Entre otras razones, porque las matrículas fueron cambiadas por el Gabinete de Técnicas Complementarias del DAO.

El secuestro —nunca reconocido por el Cesid, ni probado judicialmente— se llevó a cabo en las personas de un mendigo y dos heroinómanos. Con tan mala suerte que, supuestamente, uno murió y a otro le sentó fatal el anestésico. En vista de lo cual, decidieron archivar la operación.

El problema se suscitó entre los agentes que habían tomado parte en los secuestros. Alguno padeció una depresión por lo que había hecho y la mayor parte consideró que el trabajo estaba muy lejos de las misiones que ellos debían realizar. Muchos años después, la información apareció en los medios de comunicación, aunque la opacidad del Cesid les permitió aguantar el chaparrón. Entre otras cosas, porque todos los participantes cumplieron órdenes superiores.

Fue una operación desmedida. Es cierto que la CIA estuvo desarrollando durante años la Operación MK Ultra para intentar controlar la mente humana, lo que llevo aparejada la muerte inhumana de muchas personas. Pero nunca, hasta ese momento, el servicio secreto español había traspasado tanto la frontera de la legalidad. Ya corrían otros tiempos en el Cesid.

38. Íntimos de la OLP para dar en las narices al Mossad

Manglano lo tuvo claro desde el día de su llegada: no hay servicios amigos o enemigos, únicamente hay otros servicios. Sus decisiones más osadas en las relaciones internacionales siempre había que mirarlas desde esa óptica. Ra fue uno de los mayores impulsores del reconocimiento del Estado de Israel, que se oficializó en enero de 1986, cuando el resto de los países de la Europa Occidental ya lo habían protocolizado.

El director había autorizado años antes el establecimiento de una delegación del Mossad, a los que incluso les ayudaron a buscar un chalé donde residir. Semanalmente, un agente israelí se reunía con otro español para intercambiar información, lo que se repetía con otros muchos servicios de inteligencia. El principal interés español estribaba, en los años ochenta, en conseguir datos sobre los movimientos de la banda terrorista ETA por el mundo árabe: compras de armas, campos de entrenamiento, relaciones con grupos terroristas…

El delegado del Mossad en Madrid, al igual que sus jefes, que conversaban con frecuencia con el propio Manglano, siempre les repetían la misma cantinela: nos encantaría daros los datos que tenemos, que incluyen identidades y pasaportes falsos de los etarras, pero tenemos prohibido facilitar esa información a estados con los que no mantenemos relaciones formales. La cúpula del Cesid se lo creyó y empujó todo lo que pudo al Gobierno para hacerles ver las ventajas de acelerar lo máximo posible el establecimiento de las relaciones diplomáticas.

Pero cuando llegó el primer embajador judío, no tardaron mucho en darse cuenta de que no tenían intención de cumplir sus promesas y que todo había sido un burdo engaño. Así que, meses después, Manglano se hartó de ellos y decidió buscar la información en otra parte.

La OLP de Yasser Arafat era considerada uno de los grupos terroristas más peligrosos que había en el mundo árabe. Pocas naciones occidentales mantenían relaciones con ellos y España no era una de ellas. Manglano esperó a mover sus piezas y a que le diera el visto bueno a la operación el presidente Felipe González. Después, encargó a su delegado en Túnez, donde estaba el cuartel general palestino, que iniciara el acercamiento.

El coronel de la inteligencia palestina, Samir Eissa, narró con todo lujo de detalles[11] cómo se les acercó el espía, cómo el embajador español apoyó la aproximación y cómo el Cesid invitó a Abu Iyad, el mítico responsable de los servicios secretos de Arafat, a viajar a Madrid para reunirse con el propio Manglano.

Ra les dijo lo que quería: toda la información posible sobre los movimientos de los miembros de ETA en los países árabes, a lo que accedieron los palestinos. Eso sí, a cambio le pidieron dos cosas. La primera, bastante lógica, era controlar en España a los antiguos miembros de Al-Fatah —el partido de Arafat— que se habían pasado al grupo palestino de Abu Nidal.

Y la segunda, a la que nunca habrían contribuido sin la traición del Mossad, era que les ayudaran a establecer relaciones con la CIA norteamericana y el MI6 británico, servicios que no se acercaban a ellos para no molestar a Israel.

Manglano puso una pica en Flandes y consiguió su objetivo de controlar a los etarras, aunque para ello tuvo que aliarse con un grupo considerado entonces terrorista.

Los palestinos no fueron los únicos en la lista negra con los que se reunió el director del Cesid. También recibió en España al general Mohamed Al Jouli, jefe del servicio secreto de la fuerza aérea siria, al que Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania buscaban como terrorista y que tuvo que entrar en España con un pasaporte diplomático falsificado.

39. Apoyo a la desactivación de la huelga general del 14-D

Fue el primer gran pulso que los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, le lanzaron al Gobierno socialista de Felipe González. La reforma del mercado laboral, que incluía, entre otras medidas, el abaratamiento del despido, hizo que se produjera una ruptura entre ambos sectores y que los representantes de los trabajadores tornaran la complicada medida de convocar una huelga general. Se estableció que fuera el 14 de diciembre de 1988.

El ejecutivo socialista activó a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para intentar garantizar que todo el que deseara acudir a su puesto de trabajo lo pudiera hacer libremente. Y, en secreto, movilizó también al Cesid.

Se puso en marcha en la sede del servicio de inteligencia el gabinete de crisis, que sólo funciona en las situaciones límites para los intereses de España. Sus integrantes, con Emilio Alonso Manglano a la cabeza, prepararon una serie de acciones tendentes a minimizar la huelga.

Nadie debía saber que la Casa estaba trabajando a favor del Gobierno y en contra de los huelguistas. Para ello, suspendieron la mayor parte de las misiones que llevaban a cabo los agentes operativos y pusieron a trabajar en el tema a muchos oficiales de inteligencia que de forma habitual mantenían contactos con cualquiera de los sectores relacionados con la huelga.

Desde días antes, intentaron infiltrarse u obtener información de fuentes o conocidos en los sectores estratégicos, para conocer cuáles iban a ser las acciones tendentes a parar el país y poder hacerles frente.

El mismo 14-D, más de doscientos agentes operativos estuvieron distribuidos por las calles de la capital y de otras ciudades, para informar de lo que pasaba e intentar que la Policía actuara ante la presencia de agitadores y piquetes.

En esta ocasión, fracasaron. No pudieron evitar el corte de la señal de RTVE ni las acciones que posteriormente pararon el país. La huelga fue un éxito y el Gobierno tuvo que reconocerlo.

40. Escuchas a diplomáticos y empresarios de Puerta de Hierro

El periodista había estado pocas veces en el barrio de Puerta de Hierro, en las afueras de Madrid. La fuente, que te digo, pero no te digo, que te cuento, pero no te cuento. Al final no le quedó más remedio que ponerse unos vaqueros y un polo discretos y lanzarse en pleno verano a recorrer un montón de calles hasta encontrar el chalé operativo con la única pista aparente: disponía de unas antenas exageradamente altas colocadas en el tejado.

Corría el año 1990,y el espía informante era tan vago en sus pistas como para desesperar al periodista, que tardó una pesada mañana en encontrar la que debía ser una base secreta del Cesid. Sintió que estaba delante de ella cuando vislumbró una alambrada de espinos, medida de seguridad de la que carecían las casas de alrededor. Si no hubiera sido por ese detalle y por la alargada antena en el tejado, su armoniosa integración en el paisaje la habría hecho invisible a cualquier búsqueda.

El periodista sabía que en esa casa trabajaba el jefe de Apoyo Operativo, cuyo nombre completo desconocía y al que tenía fichado como Juan P. P. Pero poco más. Acudió a la fuente, que le felicitó por su hallazgo —nadie podría acusarle de haber violado ningún secreto—, y le facilitó una última pista: «Reciben información de todos los pájaros que se mueven alrededor». Claves, siempre las malditas claves. Miró los mapas, buscó en la guía telefónica…

En la colonia vivían los embajadores de Argelia, Marruecos, Unión Soviética, Gran Bretaña, Venezuela, Grecia, Polonia, Arabia Saudí, India, Emiratos Árabes Unidos, Islandia, Corea, Egipto e Irlanda. También residían españoles influyentes, como el empresario Enrique Sarasola, íntimo amigo del presidente del Gobierno.

Tuvo que recurrir a otras fuentes. ¿A quiénes de todos ellos espiaban? ¿Cuál era su verdadero objetivo? La respuesta fue sorprendente: a todos ellos y a muchos más. El periodista publicó la historia sobre el espionaje que llevaba a cabo el Cesid.

Años después, la denuncia de un escándalo de escuchas a personajes tan importantes como el Rey acabaría con Manglano y varios altos cargos políticos. El abogado de Juan P. P. —Juan Perote Pellón—, acusado de la filtración, estudió llamar a declarar al periodista para demostrar que el espionaje indiscriminado del que se hablaba ya se conocía años antes. No lo hizo.

41. Freno a los excesos del G-2 cubano en España

El 29 de noviembre de 1989, dos oficiales cubanos procedentes de Etiopía hicieron escala en el aeropuerto de Barajas. Su deseo oculto era dirigirse a la comisaría de Policía a pedir asilo político. Consiguieron hacerlo, eso sí, tras burlar la vigilancia de Ureña, un agente de la Dirección General de Inteligencia cubana, el servicio secreto de Fidel Castro, que se pasaba el día en Barajas vigilando que ninguno de sus conciudadanos desertara en España. Las autoridades españolas conocían su presencia, pero no hacían nada para impedirle su deleznable trabajo.

Unos meses antes, el cubano Ricardo Fernández había llegado también a Madrid. Su presencia despertó recelos entre la comunidad de su país residente en España, que no tardaron en confirmarse. El propio joven se presentó ante la Policía y les contó que le había enviado el espionaje cubano, conocido como G-2, para infiltrarse en la comunidad de su país, ponerse en contacto con un diplomático de su embajada y posteriormente asesinar al escritor Armando Valladares.

En enero de 1990, fue desarticulada en España una red del cártel de Medellín. Los detenidos y sus jefes mantenían relaciones con el espía Antonio de la Guardia, jefe del Departamento MC, el encargado por Castro de saltarse la prohibición internacional de adquirir determinados productos en el extranjero. De la Guardia, condenado más tarde a muerte por un tribunal cubano, visitaba con regularidad España para relacionarse con los traficantes.

En marzo de ese año, Ramón Aedo, agente del G-2, desertó en Madrid y ofreció una información muy valiosa a cambio de conseguir la protección española y de la CIA: una detallada lista con el nombre de sesenta colaboradores de ETA que en los últimos años se habían entrenado en la isla.

A todas estas acciones relacionadas con el espionaje cubano había que sumar un episodio que caía en el campo del Ministerio de Asuntos Exteriores y en el de Presidencia del Gobierno. En el verano de 1990, cuatro policías cubanos irrumpieron en la embajada española en La Habana y secuestraron a un joven que intentaba pedir asilo político. Después, tras una nueva entrada de nueve personas que deseaban abandonar Cuba, introdujeron en la delegación otros tantos topos que simulaban querer dejar el país con la intención de provocar altercados. Más tarde, el 26 de julio, Fidel Castro acusó a España de ser cómplice de Estados Unidos y amenazó con romper relaciones diplomáticas.

Con este campo lleno de chinas, el presidente González decidió pararle los pies a Cuba. Lo hizo de una forma discreta, pero sumamente efectiva. Habló con Manglano y le encargó poner coto a los excesos cubanos en nuestro país que habían permitido durante tanto tiempo. Había que aplicarles las mismas normas que al resto de los países.

José Baujasán, delegado del G-2, fue expulsado de España por realizar operaciones económicas ilegales con dólares. El Cesid disponía de la información varios meses antes, pero esperó a ejecutarla hasta contar con el beneplácito político.

Su sustituto, Pedro Vicente Gómez, un peso pesado en el servicio secreto cubano, no tardó muchos meses en imitarle. Desde su llegada, sus movimientos fueron controlados las veinticuatro horas del día, y al primer paso en falso lo largaron de España.

Exteriores, siguiendo la información del espionaje español, informó a la embajada cubana de que no podían tener ciento quince personas en su embajada y que tenían que adaptar el número a los diplomáticos españoles que estaban en Cuba. En un año salieron treinta.

Paralelamente, se puso coto a la libertad de movimiento del espía Ureña en el aeropuerto de Barajas. Dejaron de tragarse eso de que iba a esperar a sus conciudadanos para prestarles toda su ayuda.

Cuando en 1993 fue expulsado el cónsul de Cuba en Madrid por montar una red para adquirir tecnología punta, ya había acabado la situación privilegiada de la que habían gozado durante años los espías de Fidel Castro en suelo español.

42. Despliegue internacional: espías españoles hasta en el infierno

El 9 de noviembre de 1989 cayó el Muro de Berlín y el mundo entero celebró que la fortaleza de ladrillo que separaba Europa había sido hecha añicos. Era un severo impedimento fronterizo que no pudo evitar la presencia en los años anteriores de varios oficiales de inteligencia del Cesid, que clandestinamente habían aterrizado en los países del Este para obtener sobre el terreno la mejor información que su pericia les permitiera.

Ese día, la Casa había desplegado estaciones —agentes con tapadera clandestina que ocultan su pertenencia a un servicio secreto— en países como Rumana, Bulgaria o Yugoslavia. También en la Unión Soviética, aunque en este caso el estatus de estación y no de delegación —el agente está acreditado ante el servicio local— se debía a asuntos políticos.

Porque el Cesid, con su escasa relevancia durante los años ochenta en la política occidental, fue el primer país en establecer relaciones oficiales con la KGB, lo que despertó la ira de diversos servicios de inteligencia de la OTAN. Pero Manglano lo tenía claro: la misión de un servicio de inteligencia era mantener buenos contactos hasta con el diablo. Hubo protestas diplomáticas al Gobierno de Felipe González, quien previamente había dado el visto bueno a Manglano, pues compartía su política de despliegue internacional. Una curiosidad: el servicio español mandó un agente a Moscú, pero Rusia dio visibilidad al jefe de estación que ya estaba espiando en España.

El Cesid contaba con muy pocos delegados en el extranjero cuando Manglano fue nombrado director en 1981, y consiguió aumentar hasta cincuenta y dos la presencia de sus agentes antes de abandonar el puesto en 1995. Incluso en países como Taiwán se montó una delegación y nos mandaron un agente que, por cierto, cuando acabó su mandato decidió quedarse a vivir en Madrid tras montar un restaurante chino.

En el norte de África, donde siempre habían tenido presencia, se procedió a ampliar el número de agentes y a aumentar las ciudades marroquíes con presencia de delegados.

En la mayor parte de los países europeos democráticos había delegados españoles. Sin embargo, en uno de ellos, Francia, se multiplicó la presencia de agentes con residencia y la de otros muchos que iban y venían. El despliegue afectó básicamente al sur de Francia y tuvo como objetivo la lucha contra ETA. La «Red Hurón», que pretendía controlar a los miembros de la banda terrorista en los pueblos y ciudades francesas en donde se escondían, contó en los años ochenta con una gran presencia de infiltrados, que recopilaron toda la información que pudieron sobre los activistas.

El gran cambio, la enorme apuesta, fue paralela al deseo del Gobierno socialista de aumentar su presencia en América Latina. En los principios de los años ochenta y hasta 1985, no disponíamos más que de dos agentes: uno en Venezuela y otro en Costa Rica.

Poco a poco, se realizó un despliegue importantísimo, que escondía un objetivo político: imbuir a sus servicios secretos de la necesidad de trabajar para la democracia en lugar de hacerlo para los dictadores que aparecían de forma continua en muchos de esos países. La pedagogía ofreció resultados parciales.

Agentes españoles abrieron delegaciones en Nicaragua, Panamá, El Salvador, Honduras, Argentina, Chile… , y facilitaron toda la ayuda que estuvo en su mano para dotar de medios técnicos y humanos a sus colegas locales. Una manera de lo más eficaz para ganarse su aprecio.

Un caso excepcional fue Cuba. Siguiendo la teoría de su director, el Cesid estableció relaciones con el G-2 cubano, uno de los más golfos que había en esos momentos. Los servicios secretos occidentales, con la CIA norteamericana a la cabeza, montaron un gran revuelo por la decisión española, aunque no consiguieron su objetivo. Eso sí, como en el caso de la KGB, inicialmente la Casa no estableció una delegación oficial, sino una estación clandestina, aunque su máximo representante se reunía todas las semanas con un colega del servicio cubano.

43. Una fiesta en Rumanía: Perote al descubierto

El jefe del Departamento de Acción Operativa, Alberto Perote, nunca calculó que aquella noche de copas de 1990 en Bucarest supusiera el principio del fin de su carrera en el espionaje. El dictador Ceaucescu había caído y se abrían nuevos tiempos en Rumana. Un espía de la temible Securitate se había ofrecido para convertirse en doble agente y necesitaban garantizar que no era una trampa que les tendían los espías rumanos.

Viajó a Bucarest acompañado de un nutrido grupo de agentes de su unidad operativa. Una noche, cuando llevaban varios días allí, vio que el diplomático español Alonso Chinchilla estaba cenando en el mismo hotel que ellos con un grupo de periodistas españoles. Le pareció una buena ocasión, lejos de España, para intentar captar colaboradores entre expertos profesionales de la información que viajaban continuamente por todo el mundo.

Unas horas después, todo el grupo se fue a casa del diplomático a tomar unas copas. Al poco de empezar la fiesta, Ahmad Rafat, el enviado especial de la revista Tiempo, se percató de que algo extraño pasaba. El jefe de los operativos se presentó como Alberto K., dijo ser coronel de Estado Mayor y propuso a algunos periodistas que trabajaran para él: «Es un trabajo como el que estás haciendo para tu periódico. Yo te indicaré los temas y tú tendrás que investigar y escribir un artículo. La única diferencia es que no será publicado, pero puedo garantizarte que es un trabajo muy interesante y bastante bien pagado».

El periodista, bregado en cientos de batallas, no entró al trapo y decidió desvelar en su medio lo que había pasado. Pero de inmediato se percató de que necesitaba pruebas para que nadie negara lo ocurrido. Raudo, le pidió al fotógrafo de Tiempo, Carlos Naranjo, que tomara imágenes de la fiesta, captando a todos los agentes del Cesid, pero sin que éstos detectaran su intención.

Al día siguiente, Rafat telefoneó a la redacción de Tiempo. Contó que un grupo de cinco espías habían intentado montar una orgía con periodistas españoles. Que los agentes estaban en Rumanía intentando hacer desaparecer unas cintas de vídeo comprometedoras para altos cargos españoles, que habían viajado al país y se habían acostado con chicas, sin sospechar que la Securitate les estaba grabando.

Alberto K. nunca sospechó la maniobra de Rafat. Creyó que esparciendo su semilla, alguno de los periodistas caería en la red. Tan convencido estaba que les entregó su número de teléfono personal, para que le llamaran cuando lo desearan.

Ese número fue el que marcó unos días después, el 7 de junio, el redactor jefe de Tiempo. Alberto K. —en realidad Alberto Perote, A. K. en la nomenclatura interna— se quedó sorprendido y lo negó todo: «No conozco nada del tema del que me está hablando» y «A ese señor que me dice, que debe ser árabe o judío, no le conozco de nada».

El espía sólo cambio su actitud cuando el periodista le mencionó que «tenemos trece fotos de la noche en que su grupo montó la operación de acercamiento a los periodistas». En ese momento, aceptó una reunión, pero eligiendo el sitio: cafetería Ghirardelli, detrás de la iglesia del Buen Suceso, a las cuatro y media de la tarde.

La precaución llevó al espía a no dirigirse al periodista y a esperar que fuera él quien se acercara. Más tarde comentaría que fue solo al encuentro, en contra de lo que creyó el periodista, que vio en el restaurante a varios hombres que parecían guardias civiles.

Charlaron un rato, en el que reinó la desconfianza. Primero, negación y cuando vio las imágenes, malestar: «Bueno, me da igual, no tengo nada que temer, porque ya llevo muchos años en el servicio y no me queda mucho».

Perote podía haber desvelado en ese momento los motivos reales de su viaje a Rumanía, pero optó por guardar silencio. Allí había acudido por la Operación Andúval, el doblaje de un agente de la Securitate, que había ofrecido al Cesid una red de espías y confidentes en el Este. Tenían que confirmar la honestidad del rumano, llave para llegar a otros topos. La oferta era demasiado buena e inicialmente sólo pedía a cambio un Mercedes. Si Perote hubiera contado la verdad en ese momento, quizás las consecuencias habrían sido distintas.

El encuentro con el periodista podría haber sido desmentido por el Cesid, pero de nuevo dos fotógrafos de la revista, agazapados en sendos coches aparcados estratégicamente, les esperaban a la salida de la cafetería e inmortalizaron el encuentro.

Dos semanas consecutivas apareció su imagen en Tiempo, revista que en ese momento desconocía que Alberto K. se llamara Alberto Perote y que además era el jefe de los «James Bond» españoles.

Todavía tendrían que pasar varios meses antes de que lo identificaran. Mucho más tiempo transcurrió hasta conocer cuál era en ese momento la situación personal de un agente, cuya actuación, éxitos y buena relación con el director Manglano le había granjeado la enemistad de varios altos cargos, decididos furibundamente a acabar con él en cuanto tuvieran la ocasión. Y el momento había llegado.

Descubierta su imagen, esos enemigos empezaron a atacarle sin piedad ante el director. Perote, que había cumplido con éxito las misiones complicadas y conflictivas que le había encomendado Manglano, vio cómo perdía poco a poco el aprecio de su jefe. Sabía quiénes le estaban buscando las cosquillas y decidió luchar contra ellos. Sin embargo, los acontecimientos que siguieron demostraron que nada puede un hombre solo contra toda la maquinaria del Cesid.

44. Espías y embajadores enfrentados en Egipto y Marruecos

El jefe de estación del Cesid en Egipto, Agustín Cassinello, un hombre de acción sin miedo a nada ni a nadie, consiguió la entrevista que deseaba. Sin pensárselo dos veces, viajó a Jartum (Sudán) para reunirse con una delegación del movimiento palestino Hamás, presidida por Munir Said. Dos meses antes, los palestinos de ese grupo terrorista habían sido expulsados al sur del Líbano por el primer ministro israelí Isaac Rabin, y el agente español quería obtener información de primera mano sobre sus futuras actuaciones.

Con lo que no contaba Cassinello, cuando salió de la fructífera reunión el 21 de febrero de 1993, era que el portavoz de Hamás en Ammán iba a desvelar en una rueda de prensa el contacto que habían mantenido.

Javier Rupérez, diputado del PP, criticó con dureza en el Congreso de los Diputados al servicio secreto por entrevistarse «con una organización terrorista». El ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana, defendió la actuación del servicio basándose en la necesidad de estar informados sobre lo que pasaba en Oriente Medio. Eso lo declaró públicamente, aunque en privado manifestó su queja al Cesid, algo que había hecho con mucha más energía el embajador español en Egipto, que consideró impresentable que Cassinello, con cobertura diplomática, hubiera realizado esa misión sin informarle.

Éste fue uno de los frecuentes enfrentamientos que mantuvieron en la década de los noventa embajadores y espías a causa de la actuación de éstos últimos. La Casa había desplegado una potente red exterior, y poco a poco sus agentes fueron consiguiendo la información que se esperaba de ellos: la sensible que sólo se obtenía estando cerca no sólo de los buenos, sino especialmente de los malos.

Mucho más grave fue el enfrentamiento que se produjo unos años antes, en 1989, en la embajada española en Rabat. Un día entraron en la delegación tres saharauis para solicitar asilo político. Era la típica situación complicada para cualquier embajador, pues unos opositores al régimen de Hassan II querían abandonar el país. Suponía crear un conflicto diplomático entre dos estados que se sabía cuando comenzaba, pero nunca cuando acababa.

A Joaquín Ortega, el embajador, no le gustó nada el tema, pues España estaba intentando mejorar sus relaciones con el vecino del sur y la presencia de los tres hombres las enturbiaría. Así que decidió permitir a la Policía local entrar en la embajada para hablar con los refugiados.

El jefe de la estación del Cesid, Diego Camacho, no fue informado de la decisión de Ortega, con el que no mantenía buenas relaciones. Camacho, como el resto de los agentes destinados en el extranjero, informaba a sus jefes en Madrid y sólo en temas puntuales al embajador, lo que no gustaba al delegado de Asuntos Exteriores, cara visible de España en Marruecos.

Camacho habló disgustado con Ortega. Le exigió explicaciones sobre la presencia de policías secretos marroquíes en la embajada y le pidió que los echara de inmediato. La bronca fue descomunal. Camacho defendía el derecho de los saharauis a permanecer en la delegación y Ortega quería que salieran cuanto antes para no molestar al rey Hassan II.

Fueron días tensos que concluyeron con la promesa de los servicios alauitas de que si los rebeldes abandonaban de forma voluntaria la embajada española, no se tomarían represalias contra ellos. Camacho hizo todas las gestiones que pudo para impedirlo, consciente de que era un burdo engaño, pero la opinión del embajador era la que valía.

Los saharauis se fueron y nunca más se supo de ellos. El embajador exigió la salida de Camacho de la embajada, lo que se produjo dos meses después. En este caso, los defensores de los derechos humanos fueron los espías.

45. El espía que persigue a los agentes cubanos se lía con una «conejita» de Castro

El comandante L. C. había aparcado su carrera militar para ingresar en el Cesid. Después de varios años en distintos destinos en la División de Contrainteligencia, a finales de la década de los ochenta consiguió el ascenso a jefe de la sección que se encargaba de evitar el espionaje de los hombres de Fidel Castro en nuestro territorio.

Los cubanos, como ya hemos relatado, eran muy activos en diversas ciudades españolas y especialmente en Madrid. La labor de los hombres de L. C. estaba siendo tan buena, que el G-2 decidió hacer algo para evitar tanto desastre.

En 1990, el comandante conoció por casualidad a una chica preciosa. Seguramente ella le miró con intensidad a los ojos y luego se olvidó de él mientras bailaba contoneando su cuerpo como sólo lo hacen las cubanas. L. C. vio la posibilidad de ligar con una joven impresionante y se lanzó a la caza. Ella debió de mantener el desapego el tiempo justo para convertirse en una obsesión para él, que, sin darse cuenta, cayó en sus redes amorosas. Posiblemente creía que era una aventura de una noche, después de unos días y más tarde…

El comandante L. C., el hombre que había descubierto tantas operaciones encubiertas del servicio secreto cubano, había caído en la red de una «conejita» cubana enviada para captarle.

Al mismo tiempo, un civil que trabajaba en la misma división tuvo una experiencia similar con otra cubana, que debía de ser tan despampanante y sexual como la anterior. También creyó que su atractivo era irresistible y no pensó ni por un momento que esa chica podía ser una espía.

Por suerte para el Cesid y por desgracia para los dos, el servicio de seguridad descubrió sus nuevas relaciones y pudo probar la verdadera misión de las dos mujeres. El sexo nunca ha dejado de ser un arma poderosa. Los dos agentes abandonaron el servicio.

46. Descubren en Chile los micros que no la CIA, el Mossad y el BND

No siempre las relaciones entre diplomáticos y espías han sido malas. A veces eran los propios embajadores los que, para apuntarse un tanto ante el Gobierno local, solicitaban la ayuda del Cesid. Tal y como ocurrió en Chile en 1990.

Acababa de ser elegido presidente Patricio Aylwin. Era un político carente de cualquier sensibilidad frente al tema de la seguridad en las comunicaciones, pero sus asesores aterrizaron en el palacio de la Moneda, sede de la presidencia, dispuestos a hacer frente al espionaje viniera de donde viniera. Recordaban una declaración de su tan odiado dictador Pinochet, en la que manifestaba sus sospechas de que sus propios espías le grababan conversaciones.

Lo primero que hicieron fue quitar la centralita que garantizaba la inviolabilidad de las comunicaciones entre los altos cargos del Gobierno de la sede de la DINE —la Dirección de inteligencia Nacional del Ejército—. Espías controlando las comunicaciones… Era demasiado increíble.

Fue el inicio de una ardua tarea de limpieza comandada por el jefe de gabinete de Aylwin, Carlos Bascuñón, y el encargado de seguridad del presidente. Decidieron hacer barridos telefónicos en los principales edificios gubernamentales. Unos días después, mientras los especialistas buscaban micrófonos en el despacho del ministro de Defensa, entró un oficial al que nadie conocía, saludó a los presentes, lanzó educadamente un «permiso» y arrampló con el macetero. Nunca supieron quién era el militar y qué se escondía en la arena de la planta.

Situaciones como ésta y sospechas generalizadas de que en el palacio de la Moneda las conversaciones no eran seguras les llevó a encargar una «limpieza general» al Grupo de Operaciones Especiales. Unos días después, muchos se quedaron tranquilos: no encontraron micros.

Todos menos Bascuñón, que conservaba sus dudas y aceptó el ofrecimiento del embajador alemán, que le envió un equipo de especialistas. Tampoco descubrieron nada, pero le dejaron una tarjeta por si más adelante tenía algún reparo. Unas semanas después, quiso ponerse en contacto con el responsable del equipo y telefoneó al número del BND: en el servicio secreto alemán nadie conocía al tipo que les había hecho el barrido y el teléfono directo de contacto que le habían dado no existía desde hacía mucho tiempo.

Desconfiando, pidió ayuda al embajador de Israel, que les mandó un equipo del Mossad. Tras recorrer cada rincón del palacio coincidieron con chilenos y alemanes en que las comunicaciones eran seguras.

Dos meses después, fue la embajada de Estados Unidos la que se ofreció a enviar un equipo del FBI. Ratificó los informes anteriores: nadie escuchaba al presidente Aylwin ni a sus más estrechos colaboradores. Todos los técnicos opinaban lo mismo, pero los indicios de que algo extraño ocurría no paraban de llegar a los oídos de Bascuñón.

Ya hacía un año que el nuevo Gobierno estaba en el poder cuando el que ofreció su ayuda fue el embajador español, tras conocer las sospechas de los chilenos. Desde España, el jefe de la unidad operativa, Alberto Perote, envió a su equipo especializado en barridos electrónicos.

Su método fue distinto: nadie debería conocer que iban a hacer el trabajo, pues si había escuchas con control remoto, sería más fácil detectarlas cuando estuvieran activas.

En la sala de reuniones del ministro del Interior, la luz roja de la «escoba» que buscaba micros se encendió: en la pata de una antigua librería había un agujero de más de cuarenta centímetros que ocultaba una antena y un micrófono de alta sensibilidad. También descubrieron otra escucha similar en el despacho del subsecretario Velasco, escondida en la mesa de reuniones.

Nunca se supo quién los colocó y por qué no se descubrieron hasta que llegaron los agentes españoles. Podían estar desde antes o haber sido colocados por chilenos, alemanes, israelíes o norteamericanos. Esta vez, el embajador español quedó encantado con sus espías.

47. Investigaciones ilegales sobre la vida privada y pública: el caso Perote

En abril de 1991, Ra ordenó que se abriera una investigación interna sobre Alberto Perote. Tras quedar al descubierto su identidad en una misión en Rumanía, sus enemigos se habían lanzado a cazarle hasta conseguir convencer a Manglano de que era un corrupto. El servicio de seguridad estuvo controlando todos sus movimientos durante seis meses con «procedimientos operativos y medios técnicos», que al carecer de autorización judicial únicamente tenían validez para la Casa.

Manglano recibió un largo informe en el que le intentaron fundamentar una serie de desvíos de dinero y manipulaciones en empresas del Departamento de Acción Operativa y en otras externas ligadas a ellos, para llegar a la conclusión de que Perote había utilizado «en beneficio propio fondos y medios del Centro». Además, para intentar destrozar su imagen personal se le atribuyeron comportamientos promiscuos, algo que, cuando interesa al servicio secreto, es una grave debilidad.

Ra decidió cesarlo, recomendándole que pidiera la baja voluntaria, lo cual se llevó a efecto el 27 de noviembre de 1991. Hubo grandes alborozos entre muchos de los directivos cercanos a Manglano, que no podían imaginarse que esa decisión, esa supuesta victoria, acabaría con sus nombres arrastrados por los medios de comunicación social.

Las investigaciones del servicio de seguridad sobre las actividades de Perote no se frenarían en muchos años. Las personas que se relacionaban con él, sus lugares de trabajo, sus encuentros profesionales… todo era controlado, apuntado y grabado. El Cesid temía que el ex jefe de la unidad operativa les diera problemas, pero todavía no acertaban a saber cuáles.

Las primeras apariciones en prensa de filtraciones relacionadas con operaciones del servicio encendieron la luz de alarma. Estaban tras Perote y no dudaron de que fuese el instigador. El 3 de mayo de 1995, otro informe reservado lanzaba unas acusaciones dramáticamente graves: había vendido a Libia una operación contra ellos y había filtrado información a la propia ETA. El dossier concluía: «Este individuo carece de los más elementales principios de honor, lealtad y ética, ni personal ni profesional».

Nunca llegaron a demostrar esas acusaciones —imposibles de creer—, pero entregaron copias de sus informes a altos cargos del Gobierno socialista con la intención de promover las medidas necesarias para bloquear su vida profesional civil y que se pensara dos veces lo de filtrar información que perjudicara al servicio de inteligencia en el que había trabajado durante más de once años.

No consiguieron impedir el desastre. Perote se llevó a su casa, antes de abandonar el despacho oficial, mil doscientas cuarenta y cinco microfichas con muchas de las operaciones que demostraban la participación de la Casa en la guerra sucia contra ETA y algunas otras de extrema gravedad. Él afirmó que no se dio cuenta, pero pocos le creyeron. El hecho fue que esos documentos fueron publicándose poco a poco en los medios de comunicación, y el abogado de Mario Conde, Jesús Santaella, mostró una lista de las mismas a diversos altos cargos del Gobierno, con el aviso de que verían la luz si no restituían a su defendido el daño producido cuando le quitaron Banesto.

Chantaje o negociación, el hecho fue que Felipe González se negó a aceptar las condiciones de Conde y los papeles fueron publicados. Perote fue detenido de forma fulminante, pero el director Manglano, el ministro Julián García Vargas y el vicepresidente Narcís Serra tuvieron que dimitir.

La pelea no terminó ahí y duró varios años. En julio de 1997, el dossier sobre Perote bautizado como «Somosierra-Cilindro-Perellón» fue filtrado a la revista Tiempo. Era el último paso para desacreditar al antiguo espía y una muestra de lo que era capaz de hacer —y manipular— el servicio secreto para defenderse de un traidor: se le acusaba de connivencia con la CIA, de colaborar con ETA y de todo tipo de negocios sucios. Para acabar con Perote, no tuvieron escrúpulos en reconocer que usaban «procedimientos no válidos legalmente». Pero dentro de esta operación, también intentaron comprar a periodistas.

48. Intentan comprar a un periodista para tender una trampa a Perote

El 29 de abril de 1992, el abogado y miembro de la Mesa Nacional de HB, Txema Montero, recibió la llamada de un periodista amigo que le contó que había recibido una información de una fuente anónima, que le había dicho que «en la librería que tiene fija, en la parte superior, en la repisa le han colocado un listón». La frase es textual y procede de un informe de los agentes del Cesid que estaban grabando la conversación.

Montero se puso de inmediato a buscar el «listón», pero no encontró nada porque no le entraba la mano. Avisó con urgencia a una empresa de barridos que le anunció que acudirían al día siguiente por la mañana. Esa misma noche, la unidad operativa improvisó una entrada en su despacho y se llevó el micrófono oculto.

En su informe sobre el suceso, el servicio de seguridad le atribuyó a Perote la responsabilidad de la filtración, que consideraban «gravísima, por tratarse de un objetivo de la lucha contraterrorista».

Para llegar a esa conclusión, aseguraron que «el informador anónimo» que habló con el amigo de Montero «utiliza el mismo procedimiento y nombre en clave que con el periodista de la revista Tiempo, Fernando Rueda, es decir, A. Perote».

Nadie dudó de esa versión y decidieron jugar una carta arriesgada, pero que si tenía éxito les podía dar la solución al problema. Decidieron provocar un acercamiento a Rueda, contarle lo que estaba haciendo Perote y proponerle una colaboración.

Para esta misión seleccionaron a un antiguo amigo del periodista, que durante un escaso periodo de tiempo estuvo destinado en la Casa. Su amistad era tan grande que sabían que nada de lo que le dijera podría disgustarle.

Un día quedaron a comer y, cuando había pasado un rato, el militar le contó al periodista el hecho que consideraba especialmente preocupante. Le dijo que otro profesional de la información recibió de Perote el mensaje sobre el micrófono oculto y que éste llamó a Montero para avisarlo: «Esto ha producido un daño enorme para la seguridad nacional, un daño que se refiere a la lucha contra ETA, el mayor cáncer que tiene nuestra sociedad».

«¿Por qué ha tenido que ser Perote?», preguntó el periodista. Y el militar contestó que «la ubicación exacta del microtransmisor y cómo se accedía a su escondite, únicamente podían ser conocidos por las personas que estaban presentes durante su instalación, y Perote era una de ellas».

El periodista no entendía cuál era el objetivo de que su amigo le contara esos detalles: «En la Casa saben que Perote te está contando historias. Yo sé que tú nunca harías nada en los temas antiterroristas que perjudicara a tu país, y hay que poner freno a ese hombre para que no siga haciendo esas cosas».

Los dos discutieron con tranquilidad. El periodista se sorprendió de que él, que destapó a Perote en una fiesta en Rumanía, hubiera podido ser el elegido para sus filtraciones, pero su amigo no entró en la discusión y pasó a hacerle la oferta: si aceptaba ayudarles a cazar a Perote, estarían dispuesto a pagarle e incluso a que fuera testigo de su detención para poder contarlo después.

El periodista se quedó helado. No se alteró, ni se enfadó. Le dijo que no iba a participar en esa operación ni en ninguna otra similar. Que su trabajo era ser periodista y contar lo que sabía. Su amigo le pidió que se lo pensara, pero no aceptó.

49. Juegos Olímpicos de Barcelona: un topo del Lobo acaba con Terra Lliure

El 25 de julio de 1992 se inauguraron de forma oficial los juegos Olímpicos de Barcelona, uno de los acontecimientos internacionales más importantes que se han celebrado en nuestro país. En los años anteriores, el Gobierno estuvo muy preocupado por los temas de seguridad. El punto de mira no estaba dirigido especialmente a ETA, sino a la organización terrorista Terra Lliure, que luchaba por conseguir la independencia para Cataluña.

La orden prioritaria a todos los cuerpos de seguridad y a los servicios de inteligencia era tajante: hay que acabar con ellos antes de que se inicien los juegos, porque, de lo contrario, intentarán cometer algún atentado para que su causa adquiera renombre internacional. Todos dedicaron sus mayores esfuerzos a ese objetivo, pero fueron el Cesid y la Guardia Civil los que consiguieron el éxito. Eso sí, gracias a la labor inapagable de Mikel Lejarza, el Lobo, el topo que había desarticulado casi en su totalidad a ETA en los años setenta y que después de un complicado periplo había regresado a España para seguir a las órdenes del servicio secreto.

El Lobo estaba trabajando en Barcelona con una tapadera en una empresa de seguridad, cuando, desde Madrid, su controlador, el jefe de Antiterrorismo, Julio Leal, le pidió que buscara a alguien para infiltrarle en la banda catalana. Lejarza estuvo durante meses dándole vueltas hasta que encontró a C., una persona de su máxima confianza, que cumplía todos los requisitos para la misión.

Había colaborado con él en el descubrimiento y seguimiento de miembros de ETA en Barcelona como José Luis Urrusolo Sistiaga, al que habían encontrado durmiendo en una camioneta, o la Tigresa, Idoia López Riaño, que había sido detectada cuando paseaba cerca del diario La Vanguardia. Era piloto de helicópteros y había demostrado moverse con mucha soltura en la clandestinidad. El Lobo le propuso la complicada tarea y C. aceptó.

En la sede central del Cesid también lo consideraron el topo idóneo y estuvieron durante varias semanas dándole el cursillo de entrenamiento pertinente. Después regresó a Barcelona para comenzar su trabajo de acercamiento a la banda. Controlado por los espías y asesorado por Lejarza, con el cual se veía con asiduidad para recibir consejos que le tranquilizaran e impulsaran de cara a su misión, consiguió penetrar sin levantar la más mínima sospecha. Era el año 1991 y Terra Lliure había sido agujereada.

Pacientemente, como debe ser el trabajo de un topo, se fue introduciendo en la organización, transmitiendo nombres, viviendas, lugares de reunión y objetivos. Realizó una labor tan impresionante, que unos meses antes del inicio de los juegos Olímpicos, el Cesid consideró que disponían de tal cantidad de información que una acción policial podía llevar a su completa desarticulación.

Como es habitual en estos casos, eligieron a la Guardia Civil, a quien pasaron los datos para que procedieran a las detenciones y a las incautaciones de pisos y material. El mazazo fue tremendo. Terra Lliure se había acabado.

La Policía se quedó muy molesta al sentir que no había participado en el trabajo y que la Guardia Civil se había apuntado un tanto gracias al trabajo discreto del Cesid. Mikel Lejarza intentó pasar desapercibido, como siempre, y dejar los méritos para otros. Al fin y al cabo, él estaba desaparecido y así debía seguir el resto de su vida.

C. estuvo un tiempo en España y luego desapareció para siempre en el extranjero, por el mismo camino que habitualmente siguen los topos. Su identidad continúa siendo un misterio.

En la inauguración de los juegos Olímpicos nadie se acordó de que la tranquilidad con la que se iban a celebrar se debía al trabajo silencioso del servicio de inteligencia y de uno de sus hombres más valiosos, el Lobo.

50. Regalo conflictivo: un humidor de puros cubanos

Sucedió a raíz de la visita oficial a España —sin publicidad— del jefe del servicio secreto cubano, invitado por el director Manglano. Son momentos en los que se pretende agasajar y crear una relación personal con dirigentes de la inteligencia de otros países, cuyo contacto directo puede facilitar en muchas ocasiones la solución a una crisis internacional, en la que se cierran las vías diplomáticas y sólo queda recurrir a la fontanería para desatascar la situación.

El visitante era la primera vez que venía, y además de las reuniones de trabajo en la sede central del Cesid, se establecieron otros encuentros y visitas más relajadas, que permitieron hacerle degustar nuestra mejor cocina e incluso conocer algunos monumentos de la ciudad.

Como en todas las visitas oficiales, siempre hay un intercambio de regalos en los que se busca agradar al receptor descubriendo el tipo de productos que le gustan y añadiéndole alguna variante del país. Pero el invitado también trae su presente, que en este caso no podía ser otro que un humidor lleno de los mejores puros habanos de la isla. Manglano quedó encantado, pero el responsable de la División de Contrainteligencia no pudo dejar de albergar una cierta sospecha.

En cuanto el jefe del G-2 abandonó España, le solicitó al director que enviara el contenedor de puros a la unidad operativa para que investigaran si había recibido un regalo envenenado, que, traducido del lenguaje operativo, quería decir que los cubanos podían haber colocado un dispositivo de escucha en el humidor. A todos les pareció una barbaridad un montaje tan burdo, pero la insistencia del jefe de la Contra pudo más.

La caja de madera fue analizada con cuidado, pero no se encontró absolutamente nada. Lo que los rusos habían hecho con un regalo al embajador norteamericano en Moscú muchos años antes no se había repetido.

51. El Echelon español está en Castilla-La Mancha

La propuesta fue del BND, el servicio de inteligencia de Alemania, y el espionaje español firmó el acuerdo encantado. Ellos ponían la tecnología y nosotros el terreno. Después, compartíamos la información.

El centro de escuchas se levantó en Cádiz para interceptar las conversaciones telefónicas y de fax entre varios continentes. Hubo algunas sospechas de vecinos de pueblos cercanos sobre actividades extrañas, pero la discreción fue absoluta y nunca hubo problemas especiales.

En 1993 decidieron cerrar lo que había en Cádiz y concentrar las instalaciones, dotarlas de medios tecnológicos mucho más modernos y extender la vigilancia a otros soportes como el informático. Para ello, se instalaron en Castilla-La Mancha, cerca de los pueblos de Manzanares el Real, Bolaños y Daimiel.

Allí está el Centro de Estudios de Propagación Radioeléctrica, un nombre perfecto para encubrir una instalación dedicada exclusivamente al espionaje. Mediante el uso de palabras clave (descriptores en su jerga) se busca interceptar información de la máxima utilidad, generada en España y en muchos otros países que ofrecen interés para nuestra política internacional.

En sus inicios hubo que depurar bastante el tema de los descriptores, que resultó no ser tan sencillo como inicialmente parecía. Por ejemplo, la palabra ETA llenaba los discos de almacenamiento, pues era la sigla en inglés que utilizaban miles de pilotos para referirse al «estimado tiempo de llegada».

Como es lógico, las medidas de seguridad son extremas y no se permite a nadie acercarse a ellas. Los vecinos de la zona lo saben bien: cuando paran cerca de las alambradas situadas bastante alejadas de los edificios, siempre acude personal de seguridad para ordenarles que se alejen de inmediato.

Esas veinticinco hectáreas, en las que se levantan más de cien antenas de veinte metros de alto, contienen numerosos búnkeres subterráneos en los que trabajan personal alemán y español que no se deja ver en los pueblos de los alrededores. Ellos reciben la información procedente de sus propias antenas y de los satélites espías en los que España tiene participación.

La potencia y supuesta capacidad de estas escuchas, que pueden interceptar comunicaciones intercontinentales, es lo más parecido que existe en España a la red Echelon, que comandada por Estados Unidos e Inglaterra se dedica a grabar no sólo las conversaciones en cualquier lugar del mundo, sino a interceptar cualquier tipo de comunicaciones, incluidas por supuesto, la de los ordenadores.

Aunque el CNI nunca confirma ni desmiente estas informaciones, hace unos años caducó el acuerdo con los alemanes y parece ser que este Echelon se encuentra en estos momentos bajo el exclusivo control y explotación del servicio de inteligencia español.

52. Un topo en los Mossos d'Esquadra espía a Jordi Pujol

Josep Peris era comandante del Ejército del Aire cuando en 1988 le nombraron subinspector jefe de los Mossos d'Esquadra, puesto en el que continuaba en 1992 cuando su actitud comenzó a levantar sospechas.

El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, había acumulado un considerable poder político, asentado en las continuas elecciones que había ido ganando. Cerca de él habían surgido una serie de empresarios que habían hecho fortuna, aunque nada había contra ellos hasta ese momento.

En el Gobierno de la nación estaba Narcís Serra, que había sido alcalde de Barcelona, y era enemigo político encarnizado de los convergentes. Con él en la dirección política del Cesid, no era de extrañar que el servicio de inteligencia dedicara medios especiales a saber lo que pasaba en Cataluña y especialmente en la Generalitat. Y para ello nada mejor que contar con un topo en los Mossos.

Ése era Josep Peris. Comenzó a levantar sospechas cuando, amparándose en su cargo, dedicaba más tiempo del que debía a hablar con los escoltas del presidente para conocer sus reuniones diarias y anotar las del día siguiente. Lo malo era que él no tenía competencias sobre la seguridad personal de Pujol, por lo que, en octubre de 1992, sus escoltas terminaron mostrando su extrañeza al director general de Seguridad, Antoni Cruells.

Desconfiando, ordenó a una unidad especial de los Mossos que siguieran con discreción a su jefe. No tardaron mucho en descubrir algo extraño en su comportamiento. Un día se subió a un taxi y se bajó en la esquina de la calle Balmes con la Ronda Universitat de Barcelona. Sus perseguidores no tuvieron que esforzarse mucho para descubrir adónde iba: la sede del Cesid en la Ciudad Condal.

Pusieron vigilancia en la zona y en las siguientes semanas fotografiaron sin problemas a Josep Peris al acudir con carpetas debajo del brazo a hablar con Manuel Ortiz, el delegado del servicio en la Marca 01, que correspondía a Cataluña.

Durante el tiempo que estuvieron controlando sus movimientos y lo que preguntaba a sus subordinados de los Mossos, descubrieron que su interés se dirigía a buscar la relación que el presidente mantenía con personajes como Javier de la Rosa, que en mayo de ese año había roto con los kuwaitíes de Kio y en ese momento estaba montando su propio imperio con unos medios que le terminarían llevando a la cárcel. También quería averiguar con qué empresarios catalanes se reunía, en un claro intento de buscar comportamientos ilegales de Pujol.

La investigación no se limitaba a sus contactos. El Cesid, mediante Peris, quería conocer las actividades de los hijos del presidente, principalmente de Jordi Pujol Ferrusola.

El espionaje de los hombres de Manglano y de Serra en Cataluña fue más allá de Peris. Sus agentes operativos recibían de él la agenda del día siguiente del presidente catalán y se dedicaban a seguir todos sus movimientos, hasta el extremo de que los escoltas de Pujol sospecharon de algunos vehículos que resultaron pertenecer al servicio de inteligencia.

El director general de seguridad contrató a una empresa israelí para que revisara las dependencias públicas y privadas y los teléfonos del presidente y de su familia, pero no encontraron nada. O no se habían atrevido a instalarlos o dado el cariz que había tomado el tema los habían retirado.

Peris fue apartado de sus funciones pocas semanas después de confirmarse que era un topo del servicio secreto en los Mossos y se prescindió de sus servicios en 1993.

La noticia se llevó en secreto. El Cesid supo que su hombre había sido descubierto y la Generalitat mostró su malestar a sus jefes en Madrid, que lógicamente lo negarían todo.

El 22 de septiembre de 1995, durante una conferencia, Jordi Pujol lo comentó sin dar detalles: «Yo mismo he sido espiado por los servicios secretos españoles». Sabía lo que decía.

No dijo nada sobre los radiotransmisores ocultos en el despacho del director de TVE en Cataluña, Enric Sopena. Ni sobre la manipulación de las líneas telefónicas particulares del fiscal jefe del Tribunal Superior de justicia de Cataluña, Carlos Jiménez Villarejo. Ni sobre la colocación de micrófonos clandestinos en el juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona y en el palacete Albéniz, lugar habitual de recepciones oficiales y de reuniones de Pascual Maragall, alcalde de Barcelona. Ni siquiera sobre la instalación de dispositivos de escucha y grabación en las líneas telefónicas de Iniciativa por Cataluña, Unión Democrática de Cataluña, delegación en Barcelona del Partido Popular y en numerosos despachos profesionales. Quizás fue el Cesid, quizás no.

53. El chalé para reuniones y encuentros sexuales

El periodista que lleva veinticinco años informando sobre las actividades del Cesid-CNI relee las informaciones y diversas notas manuscritas relacionadas con un chalé situado en la calle Sextante, en las afueras de Madrid, destinado «para las actividades propias del Centro». Le llaman la atención unas palabras entrecomilladas, procedentes de un comunicado oficial del Ministerio de Defensa. Duda si al hablar de actividades propias se refieren a grabar reuniones y encuentros privados de altos cargos españoles, diplomáticos extranjeros y dirigentes de servicios de inteligencia que visitaban nuestro país. Quizá de todos ellos o simplemente de algunos.

Similares historias las ha leído y visto en libros y películas de espionaje numerosas veces. Un servicio de inteligencia compra —en este caso alquila— una casa apartada, pero cercana a una ciudad con centros de poder. Es muy importante que sea discreta y facilite el acceso directo a través de un garaje que permita a los eventuales inquilinos no ser identificados a su llegada. Además, debe ser amplia, distinguida y acogedora, con un salón de dimensiones apropiadas y unos dormitorios en los que apetezca descansar.

En el chalé de la calle Sextante pocos debían de ser los que participaran en su selección, menos los encargados del mantenimiento, y casi nadie debía conocer lo que allí sucedía. De hecho, la persona responsable del cuidado de la casa vigilaba personalmente la limpieza y detalles como que en el frigorífico siempre hubiera champán y frutas y en el dormitorio principal colonia de la marca Eternity.

Montado el dispositivo de seguridad por las diversas unidades de Apoyo Operativo del Cesid, el director Manglano dio una orden extraña: el chalé no debía disponer de controles de vigilancia para no llamar la atención.

Un amigo del periodista le cuenta que tanto misterio y alguna sospecha sobre la personalidad relevante que podía usarlo despertaron el interés de algunos agentes, que, por su cuenta, instalaron cámaras y micrófonos en dos dormitorios y en el salón. Nadie más que ellos se enteró de las intimidades que allí ocurrieron, porque las grabaciones nunca aparecieron.

En este terreno, las películas de espías lo dejan claro: en las amplias y acogedoras camas de estos chalés, consciente o inconscientemente, se intercambian no sólo besos, sino también información. Y si no se cuentan secretos, al menos se graban relaciones sexuales cuyo visionado puede ser después muy útil: infidelidades, perversiones…

La maraña de datos, afirmaciones y negaciones, tras la publicación de la existencia de ese chalé[12], muestran con claridad una de las constantes que persiguió al Cesid en los años noventa: la aparición de noticias en los medios de comunicación que desvelaban sus comportamientos irregulares o simplemente ilegales, y las contraacusaciones directas o indirectas del Ministerio de Defensa y del Gobierno tratando de dejar en evidencia que había «perotillos» —término acuñado por el director Javier Calderón, en referencia a Perote, para referirse a los espías filtradores de información— que contaban noticias con el único objetivo de hacer daño al servicio.

Sobrevolando esa pelea que lo empañaba todo en aquellos años, el periodista no encuentra ni un solo desmentido claro y rotundo sobre las actividades que se llevaron a cabo en el chalé. En el aire queda flotando que lo que tantas veces aparece reflejado en las películas se había montado en España. Nadie se atrevió a mencionar qué personas o personalidades se habían ocultado allí y qué habían estado haciendo para necesitar un despliegue de medidas de seguridad tan exageradas. Quienes fueran despertaban unas ansias generales de protección.

De identidades no se decía nada, precisamente cuando, para el periodista, ésa era la historia más interesante. Ahora, cada vez que leyera una novela o viera una película de espionaje, sabría que la realidad supera a la ficción.

54. Caso Mario Conde: se infiltran en una logia luciferina

El problema con Mario Conde no estuvo en su vertiginoso ascenso a los aledaños del poder con su nombramiento como presidente de Banesto, uno de los bancos más poderosos a principios de los años noventa. Ni siquiera que para mantenerse en el cargo y ampliar su influencia se rodeara de una corte de espías de élite que se dedicaran a facilitarle información confidencial sobre sus oponentes. La razón básica fue que intentó ampliar su influencia en determinados sectores estratégicos como los medios de comunicación, lo que chocaba con los intereses de algunos destacados miembros del Gobierno de Felipe González.

Narcís Serra, ministro de Defensa, se convirtió en el cazador encargado de cobrarse la pieza. Unos dicen que la iniciativa fue suya y otros que era un encargo del presidente, que había llegado a un acuerdo con algunos poderes fácticos que también querían quitárselo de en medio.

El hecho fue que el ministro decidió, en 1991, investigar hasta los granos que no le salían en la cara. Habló con su hombre en la fontanería, el director del Cesid, Emilio Alonso Manglano, y trazaron una estrategia para obtener toda la información posible de Conde. Oficialmente, el servicio de inteligencia no puede investigar la vida de un ciudadano español basándose únicamente en que sus negocios y pretensiones no gustan al Gobierno y más siendo éste el presidente de un gran banco. Por eso decidieron llevar a cabo la acción en dos frentes. Por un lado, encargar una investigación financiera a la prestigiosa agencia estadounidense Kroll, especializada en consultoría de riesgos y servicios de inteligencia empresarial e investigación. Se trataba de que, con la mayor discreción, descubrieran posibles triquiñuelas en las cuentas del banquero. Para no dejar huellas de la presencia del Gobierno español en el encargo, se decidió pagar con dinero procedente de los fondos reservados del Cesid, que, según declaró años después Luis Roldán, que era director general de la Guardia Civil, le entregó José Enrique Serrano, jefe de gabinete de Serra.

Al mismo tiempo, el Cesid comenzó una investigación, que siempre han negado y que dificilmente aparecerá en sus archivos. Con todos sus medios, iniciaron un exhaustivo seguimiento que duraría más de un año en el que indagaron en sus actividades económicas, sus declaraciones de la renta, sus relaciones sociales y políticas, sin poner límite a la inversión.

Decididos a buscar cualquier elemento que pudiera ser utilizado contra el entonces presidente de Banesto, incluso infiltraron a dos de sus agentes en la Orden Iluminat, con el fin de fundamentar su pertenencia a esta logia luciferina. Así lo reconoció posteriormente el gran maestre de la orden, Gabriel López de Rojas a la revista El Ojo Crítico, quien explicó que «uno de los espías infiltrados terminó convirtiéndose en informador de los satanistas y la otra acabó siendo amante del mismo gran maestre».[13]

Estas actuaciones del Cesid nunca fueron reconocidas, como es normal, pues habían traspasado la frontera de lo que la ley les permite desarrollar. Pero fueron de gran utilidad, junto con el Informe Crillón, para conseguir que el 28 de diciembre de 1993, el día de los Santos Inocentes, el Banco de España pudiera llevar a cabo la intervención de Banesto, el cese de Mario Conde y su posterior encarcelamiento.

Eso sí, Mario Conde se vengó del Gobierno, con la dimisión forzada de Serra, y del propio Cesid, cortando la cabeza de Manglano, cuando se publicaron los documentos de la guerra sucia.

55. Escándalo por los fondos reservados en Interior, pero no en el Cesid

Uno de los escándalos que azotó al Gobierno de Felipe González en sus últimos años de mandato fue el reparto de los fondos reservados. Oficialmente, son los gastos necesarios para la defensa y seguridad del Estado, cuya diferencia respecto al resto de los gastos públicos es la publicidad y justificación. En resumen, estos gastos son los únicos que los administradores no tienen que justificar documentalmente mediante facturas. Tampoco puede intervenir la inspección de Hacienda para investigar presuntos fraudes fiscales por tratarse de ingresos no declarados, que no suelen pasar por una oficina bancaria.

El Ministerio del Interior de los primeros años de la década de los noventa, tomó la decisión de conceder un sobresueldo a los altos cargos y funcionarios del departamento que participaran directa o indirectamente en la lucha contra el terrorismo. Estos funcionarios, seleccionados por el ministro y el secretario de Estado, recibían mensualmente un sobre con dinero en efectivo que no debían declarar a Hacienda. Unos más y otros menos, dependiendo de su responsabilidad y de la voluntad del ministro. Así se produjeron casos como el del entonces director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, que aseguró que parte de su enriquecimiento se debía al cobro de esos fondos reservados.

La opinión pública fue muy crítica con el asunto, pues la concepción de esos fondos tenía más que ver con el pago a confidentes, la compra de material, cambios de identidad o, por ejemplo, el pago de rescates.

Los comentarios fueron muy duros con el Ministerio del Interior, pero poco se comentó sobre el uso que, desde los años ochenta, había dado el Cesid a la cuantiosa partida de esos fondos que recibía anualmente.

Todos los agentes del servicio de inteligencia cobraban prácticamente desde su fundación un sobresueldo mensual con cargo a ese capítulo. Cuando a finales de mes los agentes, tanto civiles como militares, recibían el sobre con la explicación de su sueldo, se encontraban con dos nóminas. En la primera figuraba el dinero que cobraban oficialmente, mientras que en la segunda aparecía la denominada «gratificación de información».

Esta última suponía de forma aproximada un 15 por ciento de su sueldo neto (en aquel momento, entre veinte mil y sesenta mil pesetas, según fueran secretarios, ayudantes o directivos) y aparecía sin ningún tipo de retenciones, ya fuera de impuestos o de Seguridad Social. Esa cifra, multiplicada por los dos mil agentes que trabajaban en el Cesid en ese momento, daba un gasto anual cercano a los mil quinientos millones de pesetas.

La explicación que ofrecían en la Casa para pagar ese dinero negro era que todos sus trabajadores tenían encomendada la misión de conseguir información y había que pagarles los pequeños gastos injustificables que esa labor les podía generar.

La realidad era que el sueldo oficial que cobraban se correspondía exactamente con el que percibía cualquier funcionario en su puesto. Por ejemplo, los militares —que en ese momento todavía eran mayoría— recibían el mismo sueldo que si estuvieran destinados en una unidad militar. Y para animarles a desempeñar un trabajo más complicado y con mayor dedicación, había que estimularles con más dinero.

Cuando estalló la polémica por su uso abusivo en el Ministerio del Interior, Manglano decidió cortar por lo sano esa práctica. Oficializó ese sueldo extra que recibían de una forma poco ortodoxa y dejó los fondos reservados para lo que habían sido creados: gastos de difícil justificación, como el pago de colaboradores o la compra de un deportivo de lujo cuando era necesario para dar credibilidad a la tapadera de un agente infiltrado en un grupo mafioso. Por suerte para ellos, el escándalo de Interior no les afectó.

56. Nadie se creyó que no espiaran a Roldán

Ninguno de los diputados presentes creyó a Emilio Alonso Manglano. El 17 de mayo de 1994, el director del Cesid acudió a la comisión de investigación del caso Roldán en el Congreso de los Diputados. El que fuera director general de la Guardia Civil durante siete años y antes delegado del Gobierno en Navarra durante otros cuatro había sido cesado a finales de 1993, y el 29 de abril del año siguiente se fugó. En ese momento estaba en paradero desconocido y una comisión de investigación intentaba descifrar el conocimiento que podían haber tenido altos cargos del Gobierno de esos tejemanejes que le llevaron a apropiarse de cuatrocientos treinta y cinco millones de los fondos reservados y mil ochocientos millones en comisiones.

Entre los diputados presentes estaba Antonio Romero, el dirigente de Izquierda Unida que durante muchos años había estado controlando las actividades del servicio secreto. En su mente estaban casos de espionaje ilegal como los efectuados sobre las actividades públicas y privadas de Gregorio Peces-Barba, Jerónimo Arozamena, Sabino Fernández Campo y otros muchos. En todos ellos se investigaba a personas que la Casa consideraba que podían mantener un comportamiento dudoso, sin que previamente hubiera una sospecha seria sobre ellos.

Manglano, muy seguro de sí mismo, contó a los parlamentarios de la comisión que investigar a Roldán ni era competencia del Centro ni jamás nadie se lo ordenó. Además, ellos no investigaban a los altos cargos públicos, ni a políticos ni a periodistas. Eso sí, matizó que lo único que había llegado a sus oídos se refería a «su afición a las copas».

Sorprendido por el discurso, incrédulo ante tanto cinismo, Antonio Romero se limitó a comentar: «No es de recibo que en el Cesid no se encendiera ninguna voz de alarma». También lanzó una acusación directa: «Serra presionó a Manglano para que mintiera en el Congreso a la comisión Roldán y negara conocer sus actividades».

Documentos conocidos con posterioridad sobre otros casos y las declaraciones de ex agentes demuestran que todos los rumores e informaciones que llegaban al servicio secreto eran investigados. Esos datos eran muy abundantes sobre asuntos de la Guardia Civil, teniendo en cuenta la presencia de muchos agentes pertenecientes a ese cuerpo. Tantos cientos de españoles investigados por pistas que luego resultaban falsas y de Roldán no sabían nada. Imposible de creer.

Lo que sí aseguró Manglano es que «sólo nos han requerido en relación a la fuga para que el Cesid colabore en su búsqueda y localización». Este matiz se lo podía haber ahorrado, porque unos meses después la mala suerte dejó en evidencia su presencia en el caso. Roldán se entregó voluntariamente después de llegar a un pacto, pero una parte de los papeles procedentes de Laos parecían falsificaciones, por lo que el Cesid envió allí a cuatro agentes. Uno era miembro del departamento jurídico y al menos otra pertenecía a la División de Inteligencia Exterior.

No estaba previsto, pero coincidieron en el viaje con muchos periodistas que buscaban la misma información que ellos. Españoles en un país tan lejano y poco visitado hablaban entre ellos como hacen siempre los compatriotas cuando se encuentran en lugares perdidos. Sin embargo, los cuatro agentes se mostraron distantes, negaron ser españoles y aparentaban no conocerse. Mosqueados, los periodistas de un equipo de TV3, la televisión catalana, los grabaron secretamente en el aeropuerto de Vientián. Los tres hombres y la mujer que habían ido a investigar la falsificación de los documentos de Roldán habían sido pillados in fraganti. Cosas de la mala suerte.

57. Espiando al Rey, ministros, periodistas…

Un director del servicio de inteligencia español —Félix Sanz— expresó públicamente, quince años después del suceso, un pensamiento que pasó desapercibido, pero que refleja a la perfección el comportamiento de los espías: «Hay que tener medios materiales discretos y un sistema que no permita la indiscreción». Ésa es la existencia diaria del Cesid-CNI y de todos los servicios de secretos que operan en la democracia: actuar en la sombra y que nadie encienda la luz.

En 1995, el sistema se fracturó. Los medios materiales eran discretos, pero los errores en la seguridad permitieron que la opinión pública descubriera lo que se estaba cociendo en las alcantarillas del Cesid.

Perote había salido del servicio molesto por el mal comportamiento que Manglano y su camarilla habían tenido con él. «Sin darse cuenta», se había llevado unas microfichas con muchas de las operaciones injustificables en las que había colaborado la Casa. Una de ellas se demostró a posteriori mucho más dañina que todas las de la guerra sucia: la existencia de una cintateca con grabaciones realizadas ilegalmente sobre las altas personalidades del Estado.

El titular de portada del diario El Mundo del 12 de junio de 1985 era demoledor: «El Cesid grabó y archivó en su “cintateca” conversaciones del Rey y de sus amigos»[14]. Ahí estaban las pruebas de que cinco años antes una conversación de don Juan Carlos había sido interceptada por el llamado Gabinete de Escuchas y entregada al jefe del DAO, Alberto Perote. Pero también su entorno fue espiado: en el listado que publicaban aparecían conversaciones de amigos del monarca, como el príncipe Tchokotua, el embajador Prado y Colón de Carvajal y el argentino Carlos Perdomo.

El listado de las grabaciones ilegales incluía a la más variopinta representación de la sociedad influyente española: el ministro José Barrionuevo; el presidente del Real Madrid, Ramón Mendoza, o el ex presidente Adolfo Suárez.

La conmoción nacional fue total. Siempre que cualquier medio de comunicación lleva a cabo una denuncia sobre comportamientos ilegales del servicio, el director y su portavoz desmienten radicalmente la información, con la confianza de que los periodistas no puedan demostrar su veracidad. Pero, en este caso, la información iba acompañada de los listados originales que recogían de manera pormenorizada todos los detalles.

El gabinete de crisis se reunió urgentemente. Lo primero fue sacar una nota de prensa intentando defenderse de lo que era evidente: el Cesid tiene que proteger a los españoles de cualquier amenaza exterior, de las acciones anticonstitucionales y de las actividades de los servicios secretos extranjeros. Para ello, debe controlar el espacio radioeléctrico, como los teléfonos móviles, que son empleados por organizaciones o personas que persiguen fines no lícitos. Con este objetivo, habían montado un Gabinete de Escuchas con instalaciones automáticas —en un momento en que todavía era legal—, dirigidas únicamente contra personas que cometían delitos. Por lo tanto —concluían—, en ningún momento pretendían espiar al Rey o a otras personas, y cuando los grababan no se utilizaba esa información.

La estrategia de defensa fue acompañada de una medida disuasoria contra la persona que estaban convencidos había filtrado la información: Alberto Perote fue detenido en su casa de El Escorial con nocturnidad y la presencia de periodistas. Pero el escándalo no había hecho más que comenzar.

La oposición se aferró a la noticia con toda su fuerza y exigió que hubiera medidas que apaciguaran el malestar de la sociedad que había descubierto que su servicio de inteligencia se dedicaba a espiar indiscriminadamente a los españoles.

Emilio Alonso Manglano fue el primero en dimitir. Era el máximo responsable de las escuchas y nadie se creyó que éstas fueran aleatorias y no se utilizaran. Durante sus primeros años de mandato había levantado el servicio hasta ponerlo a nivel europeo, pero con el paso de los años había caído en la tentación de controlarlo todo sin ningún límite.

Después cayó el jefe directo de Manglano, el ministro de Defensa, Julián García Vargas. Fue un intento de frenar las responsabilidades políticas, a pesar de que carecía de participación clara, pues el control sobre el espionaje se lo había llevado a la vicepresidencia del Gobierno su antecesor, Narcís Serra.

Por último, fue el propio Serra, quien señalado por la oposición, tuvo que presentar su dimisión. Desde que llegó al cargo había descubierto, gracias a su amigo Manglano, todos los servicios que podía llevar a cabo el Cesid. Serra no tuvo escrúpulos en impulsar su acción y aprovecharse de ella y finalmente cayó al descubrirse que la buena información que recibía procedía de medios poco ortodoxos.

El proceso judicial duró muchos años, hasta un momento en el que la sociedad ya había asimilado el mal comportamiento del servicio de inteligencia. Los principales encausados fueron condenados a penas pequeñas en relación con el revuelo que despertó el conocimiento de sus acciones. La sanción moral fue mayor que la penal.

La Casa entró en un periodo extraño. Fue nombrado director Félix Miranda, un general de reputada carrera, y secretario general Jesús del Olmo, un militar de absoluta confianza del Gobierno. Los nuevos dirigentes capearon el temporal como pudieron y prometieron no volver a caer en los mismos pecados. Eso sí, como veremos más adelante, intentaron blindarse legalmente para que ningún agente rebotado pudiera poner en evidencia los difusos medios que utilizan para obtener la información. Como años después dijo Félix Sanz: «Que el sistema no permita la indiscreción».

58. El doble trabajo de un agente secreto: el Lobo espía en Cataluña

Nadie es más mítico en el espionaje español que Mikel Lejarza, el Lobo. De joven novato sacó las agallas necesarias para infiltrarse en la banda terrorista ETA y facilitar un zarpazo que acabó con muchos de sus generales. Al principio, el SECED que le dirigía quiso evitar la venganza de la organización y lo envió a México, pero las ganas de lucha del topo le hicieron regresar a la búsqueda de nuevos retos que afrontar.

El Cesid le acogió en su seno, pero la experiencia les demostró que la mejor forma de sacarle provecho no era teniéndole en nómina y encargándole misiones. Optaron por dejarle libre en la sociedad civil, manteniendo el vínculo que les unía y que les permitía pedirle trabajos concretos que llevaba a cabo sin que nadie conociera la vinculación. Durante varios años, Mikel Lejarza se convirtió en Miguel Ruiz, un especialista en misiones de seguridad, que informaba de sus pasos a sus controladores del servicio y que éstos a su vez le pedían información concreta cuando creían que les podía ser de utilidad. El Cesid y luego el CNI sabían que Mikel Miguel era un culo inquieto y creían que ésta era la mejor forma de sacarle rendimiento. Oficialmente volaba por su cuenta, pero en secreto seguía trabajando para ellos. Un doble trabajo que siempre les ha resultado de mucha utilidad.

A principios de los años noventa, el Lobo creó su propia empresa, Orión, dedicada a la investigación privada. El problema era encontrar clientes poderosos que llenaran sus arcas. Sus acercamientos personales al PP en conversaciones personales con Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos no dieron resultados, a pesar de que les elaboró un informe de seguridad. Tampoco consiguió nada en sus contactos con Alicia Koplowitz para entrar a trabajar en sus empresas.

Le preocupaba porque su sostenimiento económico dependía de ello, pero trabajo del que le gustaba ya tenía. Lejarza había ido a Barcelona con la misión encargada por el Cesid de buscar un topo para infiltrarse en Terra Lliure, como hemos contado anteriormente.

Su tapadera como investigador privado comenzó a dar resultado cuando el conde de Godó, editor de La Vanguardia, le contrató para detectar a los empleados que sospechaba le estaban traicionando y que podían llevarle a la bancarrota.

El Lobo comenzó a trabajar para él, al mismo tiempo que seguía preparando la infiltración en el grupo terrorista catalán. Durante muchos meses se vio impelido a hacer seguimientos, colocar micrófonos y elaborar informes sobre muchos de los directivos del grupo, hasta descubrir los trapos sucios que efectivamente estaban tiñendo la empresa.

Todas las cintas que grababa su grupo eran escuchadas por el personal de La Vanguardia que le había contratado. Pero, con el paso de los meses, el tema se complicó. Entró en juego Mario Conde, deseoso de hacerse con el control de un gran grupo de comunicación. Esto despertó la ira del vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, que se oponía a su iniciativa.

De hecho, cuando el conde de Godó se enteró de que Conde tenía un sistema por el que grababa todas las conversaciones que mantenía en su despacho, le pidió al grupo de Lejarza que le instalaran uno igual. Unos meses después, cuando se sumó al grupo Fernando Rodríguez, un ex directivo del Cesid, que luego resultó estar todavía en activo, descubrieron que podían escuchar sin problemas las conversaciones que se producían en el despacho del empresario.

El Lobo seguía desempeñando a rajatabla su doble trabajo. Cumplía las órdenes que le daba el conde de Godó y al mismo tiempo contaba a su controlador del Cesid en Madrid, Julio Leal, las informaciones que descubría y que consideraba que le podían ser de utilidad al servicio. Y el tema de Mario Conde lo era.

En mitad de la lucha por los grupos de comunicación, un día, Narcís Serra acudió al despacho del conde de Godó para tratar el asunto. Desde el Cesid alertaron a Lejarza de que no se molestara en grabar la conversación, porque un equipo de la Casa con inhibidores de frecuencia iba a acompañar al vicepresidente. El topo les dijo que, si él quería, podría grabarlo, a lo que le contestaron que no se pusiera chulo porque no podía hacer nada contra la tecnología del Cesid.

Se lo tomó como un reto y diseñó una estrategia peculiar. El despacho tenía una chimenea, por la que dejaron caer hilo de pescar del que colgaba un micrófono direccional. La cinta grabada está ahora en paradero desconocido.

El problema se suscitó cuando la Policía intervino. Muchas empresas de seguridad se dedicaban en esos años a grabar a altas personalidades catalanas, por lo que se enteraron de las actividades del grupo. Después de muchos meses de seguimiento, los detuvieron a todos. Además, algunos policías le tenían ganas al Lobo, cuyo topo había facilitado la desarticulación de Terra Lliure. La información se la había pasado el Cesid a la Guardia Civil, que se había llevado todos los méritos.

Lejarza estuvo más de dos meses en prisión, en los que los dirigentes de ETA se estuvieron frotando las manos. Durante ese tiempo, se descubrió por el listado de llamadas telefónicas que había mantenido contactos con sus controladores del servicio de inteligencia, lo que facilitó las acusaciones de que detrás de las escuchas estaba el Cesid.

El topo negó siempre la responsabilidad de sus jefes del servicio en la red de espionaje e incluso defendió la actuación del conde de Godó. Efectivamente, el servicio de inteligencia no había montado las escuchas, pero el fiel Lejarza les había ido informando paso a paso de lo que iba descubriendo.

Así trabaja con frecuencia el espionaje español. Utiliza a personas no vinculadas de forma oficial con ellos para obtener la información que necesitan. Si les pillan, pueden negar cualquier vinculación. El Lobo lo negó, pero antes, durante y después, siguió siendo el colaborador fiel y dispuesto a todo.

59. Chantaje al Gobierno con papeles del Cesid

El general Félix Miranda no supo dónde se metía. Su prestigio como militar y su demostrada capacidad para el mando fueron las principales cualidades que llevaron en 1995 al nuevo ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra, a nombrarle director del Cesid. Tras la constatación de la participación del servicio en numerosas ilegalidades conocidas públicamente, esas cualidades debían permitir que la Casa recuperara su solvencia externa y la tranquilidad interna.

El nombramiento del secretario general no iba a quedar a su discrecionalidad, como siempre ha pasado. El Gobierno quería tener en la cúpula a un hombre de su máxima confianza, imprescindible para enfrentarse a los diversos frentes judiciales abiertos. Y nadie mejor para el puesto que jesús del Olmo, un inteligente y perspicaz jurídico militar que había demostrado sobradamente sus cualidades y lealtad al Ministerio de Defensa y al Gobierno socialista.

Cada día los telediarios abrían con el escándalo de las escuchas que le había costado el puesto al director Manglano, al ministro García Vargas y al vicepresidente Serra. Pero en secreto, y ahí estaba la gravedad de la situación, estaban circulando los papeles de la guerra sucia sacados del servicio de inteligencia por Perote, que Mario Conde utilizaba como arma para negociar con el Gobierno.

Para hacer frente a la situación, el primer paso fue intentar convertir a Miranda en un mero objeto decorativo y dejar en manos de Del Olmo el día a día de la Casa y la resolución del chantaje que amenazaba en la yugular al Gobierno de Felipe González. Para ello, el abogado convenció a su jefe de que debía viajar por el mundo para explicar en las sedes de los servicios de inteligencia que el Cesid había pasado página, que había tapado sus boquetes y seguía siendo de absoluta confianza. Mientras el director iba de avión en avión, su número dos tenía tiempo para enfrentarse con total libertad a las maniobras de Perote y Conde.

La conspiración se había visualizado en el mes de febrero de ese año. José Barrionuevo había recibido a un mensajero del hombre que había sido desposeído a las bravas del poder en Banesto. Jesús Santaella le había enseñado una relación de documentos que probaban la participación del Gobierno en el caso GAL y le informó de que, si no restituían a su jefe lo que había perdido, los publicarían en la prensa.

Otras personas conocieron ese informe, del que pasaron los datos al palacio de La Moncloa. La mayor parte de los interlocutores de Santaella no se dieron por aludidos. Pero todo había dado un giro de ciento ochenta grados cuando se publicaron las escuchas ilegales al Rey, a ministros y a altas personalidades del Estado.

Serra, unido más que nunca a Manglano, decidió jugar duro y puso en marcha la detención de Perote, lo que aceleró todo el proceso de negociación, aunque no evitó que ambos y García Vargas tuvieran que dimitir. Nuevos intermediarios entraron en juego, pero ya de una forma más profesional. Los dos principales fueron José Enrique Serrano, un hombre de Serra asentado en Moncloa, y jesús del Olmo, el jefe del espionaje en la sombra. La fontanería de Moncloa y el servicio secreto habían pasado a controlar la trama.

Los dos se reunieron con Santaella en habitaciones de hoteles, lugares más típicos de una conspiración, con la estrategia del palo y la zanahoria. Ofrecían llegar a un acuerdo, pero al mismo tiempo lanzaban veladas amenazas sobre lo que les podría pasar si publicaban los papeles.

Paralelamente, intentaron separar a Perote de Conde. Hablaron con Francisco Paesa, el agente de los trapos sucios de Interior, para que ofreciera al antiguo espía quinientos millones de pesetas a cambio de que perdiera la memoria. Antes le habían formulado propuestas menos ambiciosas personas allegadas a él, como Santiago Bastos, uno de los históricos del servicio secreto, pero no habían cuajado. Ahora el mensaje tenía mucho más calado, y Perote lo supo: al traidor o se le paga o se le mata. No se amedrentó y decidió seguir jugando la partida, asumiendo los riesgos sobrevenidos.

Las reuniones se sucedieron. Santaella explicó las exigencias de Conde para olvidarse de la participación del Gobierno en el tema GAL. Los negociadores le ofrecieron buenas palabras, pero sólo consiguieron retrasar los acontecimientos durante unos meses. La partida se endureció. Las pruebas contra el Gobierno socialista fueron apareciendo en los medios de comunicación poco a poco y quedó claro que el Gobierno no iba a aceptar el chantaje. La tierra estaba abonada para que, al final, todos nos enteráramos de lo que había detrás de la guerra sucia contra ETA. Los escándalos no dejaron de azotar al ejecutivo y el Cesid no pudo impedir que se ventilaran sus trapos sucios.

60. Un estatuto (bastante inconstitucional) para impedir traidores

La página web del servicio de inteligencia lo especificaba con toda claridad años después: «La etapa de expansión y consolidación del Cesid se vio temporalmente enturbiada a consecuencia de una sustracción de información clasificada con fines de utilización política que motivó justificadas críticas contra el servicio». Una acusación que no mencionaba a Alberto Perote, pero que consideraba un drama la aparición en prensa de numerosos documentos internos sobre la guerra sucia y otros excesos injustificables.

A raíz de ello, el nuevo tándem Miranda-Del Olmo aceleró la puesta en marcha del primer Estatuto de Personal de la Casa, que limitaba los derechos de los agentes y trataba de evitar nuevos casos como el de Perote. En muchas ocasiones, los periodistas denunciaron la ilegalidad de la norma[15], idea que fue ratificada por un estudio jurídico publicado años después por Inés Mula[16].

El estatuto, modificado mínimamente en 2004, establece aspectos controvertidos, que van contra las libertades establecidas en la Constitución para todos los españoles:

El personal designado para ocupar un puesto del Centro podrá ser cesado libremente en el desempeño del mismo.

Los agentes tendrán derecho a obtener la protección y el respaldo del Centro respecto a su actuación regular, asumiendo la Casa la responsabilidad patrimonial en que pudiera haber incurrido por las acciones u omisiones que le hayan sido legítimamente ordenadas, haciéndose cargo de la oportuna asistencia letrada.

Los funcionarios estarán obligados a cumplir estricta, leal, imparcial y diligentemente las obligaciones propias del servicio, acatando fielmente las órdenes emanadas de sus superiores jerárquicos.

El personal evitará que su vida privada y pública ocasione vulnerabilidades para las funciones encomendadas al Centro.

La dirección podrá exigir a todo el personal cuanta documentación considere oportuna, y en concreto: las declaraciones tributarias correspondientes al IRPF y al impuesto sobre el patrimonio; los bienes y derechos patrimoniales que posea; los valores o activos financieros negociables; las participaciones societarias: el objeto social de las sociedades de cualquier clase en las que tenga intereses.

Los agentes estarán obligados a guardar el secreto profesional sobre la organización, fuentes, medios, instalaciones y actividades del Centro, así como sobre la existencia y el contenido de documentos, identidades, objetos o elementos relacionados con los anteriores aspectos de los que tenga conocimiento. Tampoco podrá revelarlos ni comunicarlos a ninguna persona. Esta obligación tiene carácter permanente y será de aplicación incluso cuando se haya cesado en el Centro.

En el estudio de la jurista Inés Mula se afirma que «ciertos preceptos propician un abuso de poder, pues suponen una desmesurada entrega de atribuciones al secretario de Estado y al secretario general». Y añade que «este abuso puede ser ejercido sobre los miembros del Centro, sin que éstos dispongan ni de medios de denuncia ni de medios de negociación adecuados».

La jurista también enumera los preceptos que considera «claramente inconstitucionales»: el libre cese del personal del Centro, la pérdida de las condiciones de idoneidad, la reincorporación al servicio activo, los deberes generales del personal de inteligencia, el deber de reserva, las incompatibilidades y los bienes y derechos patrimoniales del personal del Centro.

Miranda y Del Olmo también aprobaron una profunda potenciación del servicio de seguridad, que llevó aparejada el aumento de los controles internos para evitar que se volviera a repetir que alguno de sus agentes pudiera llevarse información. Sin duda, el servicio de seguridad mejoró su trabajo, pero no pudo impedir años después que el agente Roberto Flórez se apropiara de un montón de documentación clasificada y supuestamente se la intentara vender a la embajada rusa.

Al final, hubo un cambio importante no referido a Perote, sino a Manglano. El ex director había estado en el cargo catorce años y su cese demostró que no se debía permanecer tanto tiempo. Así que se limitó el tiempo máximo de permanencia a cinco años. Pero como quien hace la ley, hace la trampa, años después, el Gobierno de Rodríguez Zapatero interpretó la norma y prolongó los cinco años a Alberto Saiz, que no llegó a cumplir la mayor parte de su segundo mandato por las denuncias públicas sobre su comportamiento personal.

61. El director Miranda acepta colaborar con la justicia… y acaba mal

Ocho meses duró en el Cesid el general Félix Miranda. Un militar íntegro que en julio de 1995 abandonó el puesto de comandante general de Ceuta cuando le mencionaron que era necesario que prestara un último servicio a España. Se lo creyó y aceptó, a pesar de que siempre había estado en destinos guerreros y desconocía todo lo referente al funcionamiento del servicio de inteligencia.

Al llegar, se encontró con que el secretario general que le puso el Gobierno, Jesús del Olmo, se dedicó a puentearle. Mantenía el hilo directo con el ejecutivo e incluso aplicaba los cambios internos en la Casa tras hablar con el ex director Manglano, que a través de él seguía ejerciendo el poder.

Miranda era un militar de principios y siempre actuó —o, al menos, lo intentó— como lo que era: el director del servicio secreto. Un día le llegó un requerimiento del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, para que le mandara los llamados «papeles de los GAL», que Perote se había llevado al abandonar su puesto.

Enterado el ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra, habló con Miranda y le pidió que no aceptara entregárselos. El general se negó a asumir esa responsabilidad porque creía que siempre había que colaborar con la justicia y le pidió a su jefe que se lo ordenara por escrito. Molesto, al ministro no le quedó otra alternativa que implicarse personalmente.

El otro enfrentamiento abierto que mantuvo Miranda fue con jesús del Olmo. El hombre del Gobierno socialista intentó controlar el Cesid con el apoyo de la vieja guardia afecta a Manglano. El objetivo era limitar los daños que podía producir interna y externamente la implicación del servicio en diversos escándalos —en particular los GAL—, para lo que eran muy convenientes las artes jurídicas de Del Olmo.

Cuando la lucha entre los dos llegó a cuotas en las que Miranda se sentía a todas luces desautorizado, Del Olmo le dijo que él cumplía órdenes del Gobierno y que hablara con ellos. Al confirmar personalmente que no confiaban en él, decidió presentar la dimisión. Sin embargo, Suárez Pertierra no se la aceptó en ese momento, porque habría dejado en evidencia su enfrentamiento. Accedió a que se fuera coincidiendo con su pase a la reserva militar, algo bastante ridículo, pues el puesto de director no se ejercía en relación a la carrera castrense, sino como civil.

Al Gobierno socialista le venía bien ganar ese tiempo: Miranda abandonaría su destino unas semanas antes de que se produjera el traspaso de poderes al nuevo gabinete del PP, presidido por José María Aznar.

Se dijo que al Gobierno no le interesaba que estuviera en esos momentos en el cargo, porque había demostrado su despego del poder y podía permitirse el lujo de contar a su sucesor todas las interioridades que había descubierto durante sus meses de director. Ése no debió de ser el motivo, porque, sin duda, el nuevo director conversó en persona con él.

La sospecha es que Del Olmo quiso estar unos días solo en la sede central del Cesid para garantizar que algunos papeles que podían implicar al PSOE en actividades dudosas no estuvieran en su sitio cuando llegaran los hombres de confianza del PP. Del Olmo lo negó y puede que tuviera razón. En especial porque la actuación del nuevo Gobierno popular demostró que no tenían el más mínimo interés en seguir dando caña con el tema de los GAL y con la implicación del servicio de inteligencia en el mismo.

62. La «limpieza» injusta de Calderón: los de la «guerra sucia» siguen

El 24 de mayo de 1996, el Gobierno del Partido Popular, presidido por José María Aznar, nombró director del Cesid a Javier Calderón, un teniente general en la reserva, que ya había estado destinado en el organismo entre 1977 y 1982 como secretario general. Era el momento de enterrar el pasado a cualquier precio. Dejar atrás todos los escándalos que habían azotado al servicio de inteligencia en los años anteriores —escuchas telefónicas ilegales, «Caso GAL», «Caso Mengele»…— y comenzar una nueva etapa.

Aznar se reunió con Calderón —a quien había recomendado el Rey— y le encargó «evitar la controversia pública sobre el Cesid y su continua presencia en los medios de comunicación». El experimentado general se puso manos a la obra para ejecutar una ruptura con el pasado.

Sus primeras medidas no tardaron muchos meses en ocupar portadas en la prensa: «El general Calderón depura la cúpula del Cesid y destituye a cuarenta jefes del servicio secreto».[17] La noticia fue recibida con normalidad, hasta con aplausos: después de tanto escándalo interno era lógico dar un golpe de autoridad y cambiar a todos los responsables de la conflictiva etapa anterior. Poco a poco, la realidad ocultada tras un buen titular iría haciéndose visible a los ojos de la opinión pública.

Una parte de esos ceses eran lógicos: los antiguos jefes de las divisiones y otros altos cargos fueron sustituidos por gente de confianza del nuevo director. Lo que no encajaba fue el cese fulminante de decenas de agentes por ser considerados «no idóneos» —no válidos para el espionaje—, en aplicación del nuevo Estatuto de Personal aprobado en la etapa Miranda-Del Olmo.

La sorpresa surge cuando se conocen algunos de los agentes considerados no aptos para el servicio: Diego Camacho, con diecisiete años de experiencia y jefe en varias delegaciones importantes en el extranjero; Manuel Rey, con catorce años en la Casa, ex miembro del gabinete de Manglano y ex jefe del Área de Iberoamérica; Juan Rando, primer agente operativo que se infiltró en el País Vasco francés para perseguir a ETA; y B. P., la jefa del archivo durante siete años.

Había otros casos extraños, pero estos cuatro eran especialmente significativos por motivos ajenos a la calidad de su trabajo. Camacho y Rando habían sido los dos agentes que durante el intento de golpe de Estado del 23-F se opusieron a los compañeros del Cesid que estaban apoyando el golpe y se enfrentaron a Calderón por los impedimentos que les puso para sacar a la luz a los golpistas. Rey había sido el jefe de la hija de Calderón, con la que había mantenido fuertes discrepancias. Y B. P. era la «cuidadora» de los archivos que tanto ansiaba controlar Calderón personalmente; todo lo investigado sobre el 23-F.

La maniobra del equipo de Calderón de vender a la opinión pública que prescindían de los agentes que podían estar implicados en las ilegalidades de la etapa anterior le salió mal por culpa de estos cuatro agentes. No se quedaron callados y salieron públicamente en defensa de su honor: «Han querido vender que limpiaban el Cesid echándonos a nosotros».[18]

El primer escándalo del espionaje en la etapa del PP había surgido. Camacho y Rando empezaron a desenterrar, con todo lujo de detalles, los sucesos que habían protagonizado en febrero de 1981 y a describir cuál era el sospechoso papel que jugó Calderón. Rando contó cómo «intentaron acabar con mi vida por investigar la trama del Cesid en el 23-F» y Camacho explicó que se veían obligados a denunciar el papel cercano a los golpistas que jugó Calderón «únicamente para defender nuestro honor».

Mientras tanto, se fue conociendo que agentes que estaban implicados de forma directa en los sucesos que provocaron tantos problemas en la etapa socialista seguían ocupando sus puestos en la Casa. Se citaron los casos del comandante Emilio Jambrina y del teniente Pedro García Nieto, enlaces del Cesid con el general Rodríguez Galindo cuando mandaba el cuartel de Intxaurrondo. Los dos habían sido considerados «idóneos» para el servicio.

Sus declaraciones en los medios de comunicación, en defensa de su honor, para tratar de evitar que la opinión pública identificara a los cesados por Calderón con los responsables o implicados en los escándalos del Centro, llevó al ministro de Defensa, Eduardo Serra, a ordenar el arresto de Camacho y Rey.

Tampoco de esa forma consiguieron mitigar una bola de nieve que siguió creciendo en torno al pasado de Calderón y el apoyo del Cesid a los golpistas en 1981.

Un año después, Serra manifestó en el Parlamento que «el Gobierno del Partido Popular ha limpiado los servicios de inteligencia; no ha hecho purgas, pero ha limpiado, y se hace atribuyendo los puestos de responsabilidad a las personas que parecen más capaces, más competentes y más respetuosas con la ley». Había pasado mucho tiempo desde el inicio del escándalo y todavía siguió mucho más. Pero nadie reparó la injusticia.

De hecho, ninguno de los agentes implicados en los hechos que habían provocado la dimisión de Manglano al frente del Cesid (GAL, Mengele, escuchas…) fue expulsado del centro, sino que, una vez echados los anteriormente citados, éstos fueron promovidos a cargos de mayor responsabilidad y mejor sueldo.

63. Guerra sucia: el PP cambia de opinión sobre la desclasificación de papeles

La llegada del Partido Popular al Gobierno en 1996 tuvo bastante que ver con sus durísimas críticas a la implicación del Gobierno socialista en la guerra sucia contra ETA. Casos ya mencionados, como la elaboración del acta fundacional de los GAL o el informe que destapaba el tiro en la nuca a la etarra Lucía Urigoitia, fueron utilizados por Aznar y sus partidarios para derribar a Felipe González.

Desde que comenzaron a aparecer en la prensa los papeles que incriminaban al Cesid, los populares se unieron a las denuncias y enarbolaron la bandera de la limpieza. Cuando estaban en la oposición, pensaban que el servicio secreto debía ser depurado —lo que pretendieron lograr tras el nombramiento de Calderón— y que los responsables de colaborar en la guerra sucia tenían que rendir cuentas ante la justicia.

Ideas que se esfumaron cuando llegaron al poder. El Gobierno no tardó ni un minuto en comenzar a colocar trabas a las investigaciones judiciales. Lo primero fue nombrar ministro de Defensa a Eduardo Serra, ajeno al PP, recomendado por el Rey y que contaba con las simpatías del PSOE. Después llegó el donde dije digo, digo Diego: se negaron en rotundo a desclasificar «los papeles del Cesid» que probaban la guerra sucia contra ETA. De ser radicales en su política de partido, pasaron a serlo aún más en su política de Estado.

Lo llamativo del caso era que los documentos en debate habían sido publicados y su contenido era sobradamente conocido por la opinión pública. Además de la elaboración del sello de los GAL, había otros papeles que hablaban sobre el inicio de las acciones violentas en el sur de Francia en 1983; la creación de grupos especiales antiterroristas en la Guardia Civil y el Ministerio del Interior en 1984; y la adquisición de armas limpias sin legalizar en 1984.

Los jueces que llevaban un tiempo con las investigaciones en marcha se encontraron con la negativa rotunda del Gobierno a desclasificar. Uno de ellos, el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que había sido sometido a investigación por el servicio secreto durante meses, no cejó en su empeño hasta el final. El Consejo de Ministros, por voz de Eduardo Serra, argumentó motivos de seguridad nacional, de colaboración con otros servicios extranjeros, de necesidad de salvaguardar la identidad de personas e, incluso, de desaparición de alguno de los documentos perseguidos.

El recurso ante el Tribunal Supremo dio resultado positivo y el Gobierno tuvo que ceder. Fueron los propios magistrados del Alto Tribunal los que estudiaron los documentos, llevados en mano por el director Calderón, que ejerció de custodio de los mismos. Finalmente, algunos fueron desclasificados.

Da igual cuántos lo fueran; lo importante es que quedó claro que la aducida seguridad del Estado no podía estar por encima de la acción de la justicia. Una falacia que sólo se esgrimía como parapeto frente a los excesos cometidos por el servicio de inteligencia en la época socialista, que a todas luces eran ilegales y delictivos. Y que el PP los quería proteger para garantizar que el Cesid seguiría trabajando a pleno rendimiento… para ellos.

Ocho años después, el propio Gobierno de José María Aznar demostró que toda su estratagema con «los papeles del Cesid» había sido puro teatro. Tras los atentados del 11-M y perder las elecciones generales, acusado por un sector de la población de mentir a la opinión pública, en la última reunión del Consejo de Ministros decidió desclasificar por voluntad propia —sin que nadie se lo pidiera— y leer públicamente dos documentos del servicio. Con ello pretendía demostrar que no había mentido y que había defendido la autoría de ETA por culpa de la mala información que habían recibido. Se había olvidado de la seguridad del Estado.

64. Negocian con los GRAPO en prisión a las tres de la madrugada

El 17 de abril de 1996, a las tres y media de la madrugada, se abrieron las celdas de tres presos en el centro penitenciario de Acebuche, en Almería. Los tres esperaban la visita, pero no a horas tan intempestivas. Los trasladaron a una sala en la que les estaban esperando dos hombres de edad madura que se identificaron como Alberto y Enrique. Sabían que los dos hombres se habían hecho pasar por funcionarios de prisiones y que conocían a la perfección su identidad: Enrique Cuadra Echeandía, Fernando Hierro Chomón y Francisco Brotons Beneyto. Tras estrecharse las manos, se sentaron unos frente a otros. A un lado los tres miembros de los GRAPO, y al otro los dos agentes del Cesid.

España estaba en un proceso de cambio. Felipe González había perdido las elecciones generales y en unas semanas José María Aznar ocuparía el palacio de La Moncloa. No parecía el mejor momento para el inicio de unas negociaciones que pretendían conseguir que el GRAPO abandonara definitivamente las armas. Pero su gestación sí lo hacía recomendable: la iniciativa había partido de los socialistas, pero antes de mover una sola ficha lo habían consultado con los populares, que dieron su visto bueno. En ese acuerdo se estableció que los negociadores serían agentes del servicio secreto.

Alberto y Enrique eran dos especialistas en antiterrorismo de la División de Inteligencia Interior, en la que uno de ellos ocuparía en los años siguientes un puesto destacado. Hablaron con los presos para establecer los mecanismos de apertura del proceso y quedaron en volver a encontrarse el 2 de mayo, aunque ahora sí que los espías retrasarían el encuentro hasta el 12 de julio, con el Gobierno del PP ya en el poder.

Las reuniones en diversas prisiones sirvieron para descubrir que los terroristas mantenían muy alto el listón de sus exigencias. También para que los Grapos supieran que el Gobierno estaba dispuesto a excarcelarles de una forma progresiva a cambio de una renuncia definitiva a la lucha armada.

Los motivos de la ruptura de las negociaciones por parte de los representantes del Gobierno no quedaron claros. En algún momento surgió el tema de la desaparición de Publio Cordón. Los espías querían conocer los detalles de su supuesta liberación y, si le mataron, como estaban convencidos, dónde enterraron su cadáver. Ahí no encontraron respuestas y el tema se enfrió. Los contactos apenas habían durado un año.

En enero de 1998 volvieron los atentados del grupo terrorista, y otros dos agentes del Cesid —el jefe dijo llamarse Luis— se pusieron en contacto con Juan Manuel Olarieta, uno de los históricos abogados de los presos. Le propusieron retomar las negociaciones para el fin de la banda y Olarieta consiguió la autorización de los presos para negociar, siempre como mero intermediario.

Las conversaciones duraron seis meses, hasta la llegada del verano. En este caso, no hubo encuentros en cárceles, sino en lugares mucho más abiertos. Olarieta se reunió con los Malasombra, como les llamaban internamente, en su despacho de abogados de la calle Fuencarral 36; en el céntrico y popular café Comercial, en la glorieta de Bilbao; y en la cafetería Pérez Galdós, ya desaparecida, que estaba debajo de su despacho. Las reuniones negociadoras de los GRAPO no tenían nada que ver con las de ETA.

En esas reuniones, prolongadas en frecuentes conversaciones telefónicas, se fue avanzando de una forma progresiva, llegando incluso a redactar ambas partes el comunicado público que anunciaría el acuerdo en el que se hablaba de las causas que habían llevado a los GRAPO a estar en la cárcel y de la promesa del Gobierno de tomar en el futuro iniciativas legislativas como la desaparición de la Audiencia Nacional.

Acordaron la libertad de todos los presos con un margen de tiempo relativamente pequeño y los espías accedieron, en nombre del Gobierno, a que todos los excarcelados tuvieran concedida una pensión no contributiva para que pudieran reintegrarse en la sociedad sin necesidad de verse obligados a cometer nuevos delitos.

Todo extrañamente bonito. En la última fase de la negociación, los dos espías intentaron ponerse en contacto con Arenas, uno de sus dirigentes todavía en libertad. Le hacían a Olarieta comentarios como: «Aunque sea, tú le llamas y nos lo pasas por el móvil», a lo que el abogado se negó. Evidentemente, no era tonto y sabía que podían localizar la llamada con facilidad.

El asunto estaba prácticamente cerrado cuando volvieron a surgir problemas nunca explicados, que retrasaron la firma del acuerdo final. Era como si los espías les hubieran puesto el caramelo a dos centímetros de la boca y no quisieran dárselo. Y no querían porque antes deseaban que les dieran algo a cambio. ¿La detención del camarada Arenas? ¿El paradero de Publio Cordón?

Los GRAPO empezaron a ponerse nerviosos y anunciaron la ruptura de las negociaciones. En esa táctica dilatoria que tan bien habían manejado los espías, el día anterior a la rueda de prensa convocada para oficializar el fin de las conversaciones, Luis llamó a Olarieta pidiéndole que esperara un poco, que el tema se podía resolver. No le creyó.

En los dos procesos hubo un elemento muy importante. El secuestro y desaparición del empresario aragonés Publio Cordón llevó a su familia a utilizar todos los mecanismos a su alcance para dar con su paradero y descubrir si los terroristas le habían matado y qué había hecho con su cuerpo. Con ese objetivo, consiguieron que el ex agente de los servicios de inteligencia, Fernando San Agustín, les ayudara. Hombre con credibilidad, sensibilidad y dominio de las técnicas, San Agustín maniobró todo lo que estuvo en su mano para impulsar esas negociaciones, pero siempre que los terroristas respondieran a una pregunta: ¿dónde está Publio Cordón? No lo hicieron. Ahora, los GRAPO ya son una banda casi extinguida.

65. El director del Cesid no sabe dónde está el punto G

Las intervenciones de los directores del Cesid-CNI en los medios de comunicación han sido muy escasas. Cuando quieren tener una presencia pública, suelen recurrir a dar conferencias en instituciones de prestigio: lanzan su mensaje y evitan las preguntas comprometedoras que no deben o no quieren contestar.

El aterrizaje de Javier Calderón llevó aparejado una campaña dirigida a la opinión pública para intentar cambiar la pésima imagen del servicio que habían dejado los escándalos vividos durante la etapa felipista. Asesores externos recomendaron tres acciones: una entrevista en un medio nacional, la publicación de un libro y unas declaraciones a una televisión.

La entrevista fue concedida a Tiempo, un medio serio y respetado. El libro se le encargó a Pilar Urbano, una escritora con cercanía al gran público y a la que abrieron sus puertas de par en par. Y la entrevista en televisión, la primera que iba a conceder un director del espionaje, se debatió intensamente: en un informativo con un presentador de prestigio, en un programa especial con dos directores de diarios nacionales…

La propuesta que más gustó a Calderón y a sus asesores fue la más atrevida: ¿por qué no invitamos a la sede a un reportero del programa canalla Caiga quien caiga? Llegarían a la gente joven, demostrarían que no tenían miedo a nadie y desdramatizarían las misiones del espionaje.

Dicho y hecho. La única entrevista que ha concedido un director de la Casa a una televisión fue al reportero Tonino:

—Señor Calderón, voy a aprovechar que estoy aquí para ver si usted me puede resolver un misterio. Usted que es espía, ¿me puede decir dónde está escondido el punto G?

—Yo ya soy muy mayor para saber de esos temas.

Calderón nunca hizo caso del conde de Marenches, el histórico director del espionaje francés: «El jefe de los servicios secretos tiene el deber de ser secreto y no jugar a primera figura. No tiene que mostrarse en público. No debe tener ninguna especie de ambición política».

66. El mensaje-aviso del Cesid a Bárbara Rey

«El pasado día 25 del mes de mayo, denunció en estas dependencias un robo en su domicilio de documentación personal, la cual implica a personas importantes de este país por ser comprometedoras para ambos». La denuncia, firmada por María García García, verdadero nombre de la actriz Bárbara Rey, fue desvelada el 26 de junio de 1997 por el fallecido Antonio Herrero en su programa de la cadena Cope.

Se afirmaba también que «personas extrañas habían entrado en el domicilio sustrayendo del mismo carretes fotográficos sin revelar, cintas grabadas de varios autores, una agenda personal, todo esto propiedad de su hijo, tres cintas de casete, cinco de vídeo, veinte diapositivas, todas ellas comprometedoras para ambas partes y propiedad de la declarante, especialmente relevantes para esta persona importante, de la cual no desea decir su identidad».

Con la intención supuesta de «salvaguardar el nombre de la persona con quien mantuvo relaciones», Bárbara Rey aseguraba en la denuncia «que sospecha que las personas autores de este hecho han podido ser mandadas a su domicilio con el fin de retirar toda la documentación comprometedora para dicha persona por el señor Manuel Prado y Colón de Carvajal», la persona más próxima al Rey en aquellos momentos.

Al día siguiente, el diario El Mundo se hacía eco de la noticia y añadía al final de la información que «Bárbara Rey se entrevistó a finales de enero con Mario Conde para facilitar al ex banquero la información que la actriz califica de comprometedora».

En noviembre de ese año, la escritora Pilar Urbano publicó su libro Yo entré en el Cesid, en el que cuenta la historia del servicio secreto desde la perspectiva del propio Centro. En sus últimas páginas, narra una reunión con el jefe de la División de Seguridad, al que llama Efrén Puentes, pero que en realidad era Andrés Fuentes, un tipo simpático, dicharachero y exageradamente listo.

Efrén-Andrés le cuenta que ha leído la noticia de El Mundo y se ofrece a explicarle lo que llama una «hipótesis de trabajo» de lo que le ha podido ocurrir a Bárbara Rey en su casa.[19] Con datos que sólo puede conocer quien participó directamente en la operación, describe cómo antes de entrar clandestinamente en su casa hay que seguirla a ella, a sus hijos y al servicio.

Eso requiere un dispositivo largo, paciente, muy disimulado, muy bien camuflado en la zona, para la observación y las esperas. Los viajes de B. R., en este caso, son muy interesantes. Tú puedes saber que ha estado en París, en Zúrich, en Niza… O podéis haber coincidido al entrar o salir de un banco, o en el momento de abrir ella su caja fuerte. Tiene dinero en metálico, dinero negro, claro, en Bruselas, Luxemburgo y Zúrich.

Cuando se ha estudiado el exterior, se decide si entrar de día o de noche… Una operación como ésta te obliga a entrar seis o siete veces… Ah, y buscando unos objetos (vídeos, fotos, cintas magnetofónicas). Entras y es un chalé atiborrado de muebles, cuadros, lámparas, chismes, fotografías… Cuando una persona esconde algo, lo puede tener en sitios insospechados: dentro de un colchón, en los cojines de un sofá… Tú no puedes andar desgarrándolo todo. Al contrario, no se debe notar que has estado ahí.

Vamos a los lugares donde B. R. pudo haber escondido sus escabrosos tesoros… Se busca un vídeo y resulta que ella tiene muchísimos vídeos… Un buen escondite para un vídeo es una videoteca. Hay otra posible astucia de mujer: grabar esas escenas que a ella le interesan en un vídeo ya usado: un inocente vídeo de sus hijos, o de rocieras, o en una película erótica, o en medio de una larga entrevista de Ana Obregón… Ella ha grabado cosas de todo el mundo: de Colón de Carvajal…

Una de las condiciones, por tanto, será trabajar in situ. Llevar un magnetoscopio, un reproductor de vídeo que tiene una pequeña pantalla más o menos del tamaño de media postal. Habrá que ir viendo cinta por cinta, pasándolas a velocidad rápida; pero hay que verlas todas, porque un vídeo puede empezar con los niños jugando en la playa y al poco, zas, el vídeo escabroso. Ella seguramente pensó: «Unos detectives, unos policías o unos del Cesid, si ven el principio, lo dejarán de lado creyendo que es un vídeo infantil».

Otro punto importante: aunque a una mujer como B. R. alguien le diera, qué sé yo, mil millones de pesetas, no hay modo de tener la certeza, con prueba, de que no se haya quedado otra copia. Y sería el cuento de nunca acabar. Siempre hay servicios amigos: BND, CIA, Mossad… que pueden hacer el trabajo de búsqueda. Sobre todo si lo tiene escondido en una caja fuerte fuera de España.

Para una acción de esa clase te llevas varios reproductores de audio vídeo portátiles con pantalla diez por ocho. Van pasando rápido, sin sonido, para que no te oiga nadie. Cuando das con el videoclip de marras, a lo mejor te percatas de que la carátula tiene una pequeñísima marca: un triángulo, tres puntos… Entonces sacas el contenido. Dejas el continente y sustituyes un videoclip por otro tan inocente como… Independence's Day. Al menos, así salen ganando los niños.

El periodista conoció bastante bien a Andrés Fuentes. Sabía perfectamente que entre tantos detalles habría algunos falsos, pero era consciente de que Bárbara Rey entendería el mensaje de forma clara y no podría hacer nada, pues supuestamente todo era una «hipótesis de trabajo».

Durante años, todavía hoy, numerosos periodistas —también él— recibieron las filtraciones de que el Cesid estaba pagando a costa de los fondos reservados una elevada cantidad mensual a Bárbara Rey a cambio de su silencio, algo siempre desmentido.

De lo que no había ninguna duda es de que la actriz había acudido muchos años antes a La Tienda del Espía, que dirige Antonio Durán, y le había pedido que instalara en el dormitorio de su casa un equipo de grabación que pudiera activar con la mayor normalidad, sin que el hombre que la visitara se enterara. Lo que grabó ese equipo obligó al Cesid a actuar.

67. Un militar marroquí se ofrece a colaborar

En la primavera de 1997, el teniente del ejército marroquí Abdelilah Issou telefoneó al consulado español en Tetuán. Habló con J. M. de L., el agente del Cesid allí destinado. Le dijo que era militar, que quería colaborar con ellos y que tenía información muy valiosa. El español le citó esa misma tarde en una gasolinera, a la entrada del pueblo de Rincón.

Por si era una trampa, L. estuvo mucho tiempo dando vueltas en el coche tras recoger a Issou. Después entraron en un bar y charlaron durante largo tiempo. El militar marroquí le ofreció toda la información que pudiera pasar por sus manos a cambio de que después lo sacaran del país y le concedieran la nacionalidad española. El espía aceptó la propuesta, pero le especificó que, para confiar en él, necesitaba contrastar la información a la que tenía acceso.

Issou primero tuvo que conseguirle datos del ejército marroquí, como la localización de unidades, nombre de sus jefes y militares que la integraban. Después, la cosa se complicó: debía informar sobre los mandos militares, desde tenientes a generales, contando sus tendencias sexuales, sus prácticas religiosas o su vinculación con las drogas. Cualquier hecho destacable que en el futuro pudiera servir al Cesid para chantajear a militares cuando llegaran a puestos de mayor responsabilidad.

Issou tuvo todo el cuidado del mundo para no ser descubierto. Su objetivo de marcharse de Marruecos no era un capricho. Desde que abandonó la academia militar de oficiales, había descubierto que el ejército marroquí era un nido de corrupción. En cada destino al que iba, los trapicheos y el chantaje a la población y grupos mafiosos era el pan nuestro de cada día. Él nunca quiso participar, por lo que despertó recelos en sus jefes y compañeros, que le tenían apartado y le daban los peores trabajos. Pero eso se iba a acabar: en cuanto colaborara un tiempo con el Cesid, le sacarían del país y empezaría una nueva vida en España.

En 1999 ya se había ganado la confianza del servicio secreto español y comenzó a montar su propia red con gente a la que pagaba con dinero procedente de los fondos reservados. Llegó a conseguir información sobre la familia real: «Supe que Hassan II flirteaba y hacía el amor con cualquier mujer que le gustase, sin importarle si era esposa de alguno de sus altos oficiales, que no tenían más remedio que callar. A los españoles les interesaba mucho con quién se acostaba el Rey».

En la primavera del año 2000, su enlace español le pidió un material especialmente sensible: el Orden Básico de Transmisiones del ejército, un código de encriptación para las comunicaciones entre unidades y sus mandos. Aquí comenzaron los problemas. Para conseguirlo tocó a quien no debía y levantó sospechas entre sus compañeros, lo que llevó a la Gendarmería a investigarle. Se enteró de que le seguían, abandonó a toda prisa el cuartel en El Aaiún en el que estaba destinado, se escapó a Ceuta y pidió a los del Cesid que le sacaran del país.

J. M. de L. le dijo que estaba paranoico y que debía regresar de inmediato al ejército. Después de cuatro años trabajando para ellos, no se anduvieron con chiquitas: no pensaban ayudarle a pasar a España.

Abandonado por el servicio español, que se negó a cumplir la palabra dada, estuvo escondido en Marruecos hasta enero de 2002, momento en el que, harto de tanta tensión, pasó nuevamente a Ceuta y de ahí, con un pasaporte falso, a Algeciras. En los meses siguientes malvivió en España, aunque no consiguió ninguna ayuda oficial.[20]

Una de las antiguas normas del espionaje es no abandonar jamás a un colaborador, pero la Casa no quiso reconocer su relación, pues habría supuesto un problema diplomático con Marruecos. No sería el único caso conocido de colaboradores dejados a su suerte cuando era descubierta su relación con el servicio.

68. El Cesid le identifica erróneamente como espía y no le nombran consejero en Canarias

La destitución de Rafael de León, consejero de Agricultura del Gobierno canario, produjo a principios de noviembre de 1997 una situación de sainete que dañó de forma considerable uno de los principios básicos de cualquier servicio de inteligencia: el silencio sobre la identidad de sus miembros.

La normalidad democrática en un Gobierno de coalición hizo que el presidente de Coalición Canaria, Manuel Hermoso, pidiera al dirigente del PP, José Miguel Bravo de Laguna, un nombre para la sustitución. Poco tiempo después, el popular le propuso a Tomás Van de Walle, quien fue aceptado sin problemas.

El lío no tardó en surgir. Alguien susurró al oído de Hermoso que Van de Walle había trabajado para el Cesid. En una situación normal, eso no habría supuesto ningún problema, pero había un antecedente que hacía poco recomendable nombrar a un ex espía. Unos meses antes, había designado a Vicente López Pascual director general de Telecomunicaciones y poco después se supo que había trabajado para el espionaje en El Salvador. Su estancia había provocado un enorme malestar en la embajada española, que consideró que no servía a los intereses del país. La conclusión fue un escándalo que obligó a López Pascual a abandonar el cargo. Hermoso no estaba dispuesto a tropezar dos veces en la misma piedra.

El presidente canario habló con Bravo de Laguna, le contó el rumor que le habían transmitido y quedaron en buscar confirmación cada uno por su cuenta. El primero en obtener respuesta fue el dirigente del PP, que confirmó la noticia, desconocida para él hasta ese momento. No obstante, Hermoso quiso hacer una gestión personal y telefoneó al director del Cesid, Javier Calderón.

Hablaron por teléfono y el jefe del espionaje, que antes de su nombramiento como Ra del servicio secreto ya había estado muchos años antes sirviendo como espía, no dudó en asegurarle que Van de Walle había trabajado para ellos hacía años.

Hermoso no lo dudó. Le pidió a Bravo de Laguna otro nombre para el puesto, en lo que no encontró ninguna oposición en sus aliados en el Gobierno. Poco después, firmaba el nombramiento de Gabriel Mato como nuevo consejero de Agricultura, tapando rápidamente el hueco dejado por su antecesor.

Una hora después, Hermoso recibió una llamada desde el Cesid. Era Javier Calderón. Se había equivocado, le había dado una información errónea. Cuando le habló de Van de Walle pensó en un pariente lejano de Tomás, que sí había trabajado para ellos. Le pidió disculpas, pues las quejas de Tomás negando que hubiera sido espía eran absolutamente ciertas.

La desgracia fue total. El nombramiento ya estaba hecho, no había tiempo para cambiarlo, y Van de Walle se quedó sin ser designado consejero del Gobierno canario.

Según fuentes jurídicas consultadas por el Diario de Avisos, que publicó la noticia, «se está ante un caso claro de quebrantamiento de la confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos de carácter personal». La violación de estos derechos «son especialmente graves si hubieran sido perpetrados —como parece— por el titular de un órgano de la seguridad del Estado, que debería velar en defensa de los derechos reconocidos en la Constitución española».[21]

69. Arzalluz y Anasagasti: el permanente espionaje

Dos de los más importante líderes históricos del PNV han mantenido siempre unas pésimas relaciones con el Cesid-CNI. Xabier Arzalluz e Iñaki Anasagasti sintieron de forma permanente la sombra del espionaje español tras ellos y no se cortaron lo más mínimo a la hora de denunciar lo que consideraban actividades en su contra. Esta relación fue especialmente virulenta durante el mandato de Javier Calderón al frente del espionaje español.

El motivo del control sobre los nacionalistas vascos fueron sus relaciones con Herri Batasuna. Arzalluz creía necesario mantener conversaciones con la izquierda abertzale para conseguir el fin de ETA, pero no quería que nadie del Gobierno central o del resto de los partidos conociera su aproximación y sus promesas al brazo político de los terroristas.

La ley era muy tajante en la prohibición de espiar a los partidos políticos, pero totalmente abierta a la hora de investigar los entramados terroristas. Por eso, cuando, a partir de 1996, enviados del PNV se reunieron en secreto con dirigentes de HB, en el Cesid se encendieron las luces de alarma y pusieron a todos sus hombres a investigar el contenido de lo que hablaban. Esta operación, como algunas otras, pertenece a las que el servicio secreto ejecuta y no existen de forma oficial.

Los del PNV nunca descubrieron cómo los espías conocían tan bien el contenido de sus encuentros, pero estaban seguros de que eran ellos los que informaban al Gobierno de Aznar y filtraban a la prensa informaciones que les perjudicaban.

Arzalluz aprovechaba cualquier ocasión para atacarles: «Nosotros (en referencia al PNV) siempre hemos creído que estábamos pinchados» por el Cesid, un servicio de información «dirigido exclusivamente por militares, con unos cuantos civiles que, probablemente, son de familia militar, y sin control». Ataque duro e ideológico que trataba de convertir al servicio en un poder autónomo arcaico dentro del Estado. Algo falso, pues toda la información que obtenían acababa en manos del Gobierno.

Como consecuencia de esas conversaciones PNV-HB, aparecieron informaciones en los periódicos a las que Anasagasti intentó contestar arremetiendo contra los espías. En la misma línea que su jefe, recomendó a Aznar que tuviera mucho cuidado porque «se empieza organizando dossiers y se acaba organizando una trama».

Para frenar esta serie de declaraciones críticas, a Javier Calderón se le ocurrió una genial idea: invitar a Arzalluz a pronunciar una conferencia en la sede central. Así, intentaba demostrarle que los espías eran gente normal y no bichos raros como él los retrataba.

El 13 de julio de 1999, el político vasco, acompañado por su fiel escudero Anasagasti, se sentó en la mesa presidencial del salón de actos del Centro. Calderón le presentó y le pidió permiso para grabar su intervención, a lo que Arzalluz contestó: «Estoy acostumbrado a que me graben». El líder del PNV criticó la Constitución, habló de la tregua de ETA, de la independencia vasca en Europa como solución al problema y de los problemas de relación con el PP tras la tregua.

Cuando acabaron, la sala abarrotada le aplaudió y Arzalluz regresó al País Vasco sin haber cambiado un ápice su opinión sobre el servicio de inteligencia.

Tiempo después, Anasagasti, el portavoz del PNV en el Congreso, montó un buen alboroto denunciando que sus teléfonos en el Parlamento estaban intervenidos. Sus sospechas habían comenzado cuando algunos de sus compañeros escucharon ruidos extraños en el aparato telefónico. Más tarde, oyeron sus propias conversaciones grabadas al descolgar el teléfono.

La Casa negó una y otra vez que investigaran a los partidos políticos, poniendo especial énfasis en el PNV. Pero ni un bando ni otro llegaron a crear un clima de confianza. Las escuchas descubiertas en la sede de HB en Vitoria dejaron claro de dónde procedían las principales fuentes de información del servicio secreto.

70. Pillados in fraganti espiando la sede de HB en Vitoria

El 31 de marzo de 1998, pasadas las ocho y media de la mañana, técnicos de Telefónica acudieron a revisar la centralita de la sede de Herri Batasuna en Vitoria, situada en la calle Ramiro de Maeztu, número 1. Pasada media hora, uno de los operadores explicó a una de las chicas que allí trabajaba que había anomalías en las líneas telefónicas tanto internas como externas, de fax y ordenadores, y que habían encontrado derivaciones que iban hacia el piso superior.

Pocas horas después, tres militantes de HB acudieron al juzgado de guardia de Vitoria para presentar una denuncia, fundamentada en el testimonio de los profesionales de Telefónica.

Al día siguiente, cerca de las seis de la tarde, una comisión judicial acudió a la vivienda a realizar una inspección ocular. El técnico de Telefónica les enseñó cómo por encima del falso techo había unos cables blancos dirigidos hacia el piso de arriba.

La jueza de instrucción, acompañada de la Policía judicial, decidió subir a la casa sospechosa, en la que nadie contestó a sus llamadas. Un cerrajero forzó la puerta y pudieron acceder a una vivienda aparentemente normal —dos dormitorios, baño y cocina—. Al realizar la investigación con más cuidado, se encontraron en una de las habitaciones un armario adosado a la pared y una caja fuerte de grandes dimensiones, en las que descubrieron: diez aparatos reproductores-grabadores, un monitor JVC, una impresora Canon, una caja de alimentación de micrófonos… Acababan de pillar el equipo de grabación con el que el Cesid intervenía todas las comunicaciones de la sede de Herri Batasuna.

La inspección del piso aportó numerosos datos que demostraban que los agentes que allí trabajaban habían huido precipitadamente del piso para evitar ser detenidos, por lo que lo habían dejado «sin limpiar». La jueza decretó el secreto del sumario, pero los nombres de los agentes involucrados no tardaron en aparecer, gracias a la información comprometedora olvidada: Mario Cantero, Francisco Buján, Víctor Casterán y Felipe Millán.

El escándalo fue mayúsculo. El Cesid intentó minimizar los daños. En cuanto se enteraron de que la Guardia Civil había sido designada Policía Judicial, un altísimo cargo del servicio secreto les solicitó que enviaran hombres camuflados a la casa para hacer desaparecer toda la documentación comprometedora. También les pidieron, si no veían factible la operación, que le prendieran fuego. El director general de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso, fue informado de la solicitud, e, indignado, se negó en rotundo a aceptarla.

Para colmo de despropósitos, un periodista de Egin, Pepe Rei, se coló en el piso operativo del Cesid y encontró un billete de avión olvidado a nombre de Felipe Millán. Rei, miembro de la izquierda abertzale, se lo llevó para fotocopiarlo y buscó el domicilio del agente, poniéndole a él y a su novia en el objetivo de la banda terrorista ETA. Sin embargo, esa sustracción momentánea de la prueba le serviría más tarde al agente para quedar libre de todo cargo.

Javier Calderón no tardó mucho en informar al ministro de Defensa, Eduardo Serra, de la hecatombe. Había tal rastro de pistas, que era imposible evitar que los nombres de los responsables directos del mantenimiento de las escuchas pudieran quedar al margen de la investigación. Se habían producido graves fallos humanos, pues se debía haber detectado el riesgo cuando desde la sede de HB se pidió a Telefónica que cambiaran la centralita. Si hubieran dado la alarma en ese momento, se habrían podido borrar todas las huellas.

La oposición se lanzó a la yugular del presidente Aznar. Le acusaron de haber criticado con dureza las desviaciones del espionaje con el Gobierno de González y de seguir actuando de la misma forma. No entendían que en una democracia se pudiera investigar a un partido legal, como era en aquel momento Herri Batasuna.

Eduardo Serra acudió al Congreso de los Diputados. Reconoció los hechos, defendió que no se espiaba a los partidos políticos e intentó explicar que no podían cerrar los ojos frente a las colaboraciones de distintas personas con el terrorismo de ETA.

El proceso judicial siguió su curso, como siempre torpedeado por el Gobierno cuando el magistrado solicitaba información. José María Aznar había declarado en el Parlamento que el Cesid «cumplía con su obligación» al espiar a HB y actuó en consecuencia.

Varios años después, en 2003, se celebró el juicio oral contra los cuatro agentes antes citados, que se encargaban del día a día de las escuchas. También fueron imputados los dos directores del Cesid en cuyo mandato había funcionado la base operativa: Emilio Alonso Manglano y Javier Calderón. Eso sí, el fiscal sólo acusó a Cantero y Buján, cuya documentación se encontró en el piso, mientras que al resto les inculpaba Íñigo Iruín, el representante legal de HB.

La sentencia de la Audiencia de Vitoria condenó a Cantero y Buján —dos años y medio de cárcel—, pero también a Calderón y Manglano —tres años de prisión—. El fallo fue recurrido con un éxito parcial. El Tribunal Supremo absolvió un año después a los dos ex directores y a uno de los agentes, manteniendo la pena para Mario Cantero, el agente que grabó las conversaciones. Una sentencia curiosa. Consideró que las condenas contra Calderón y Manglano se dictaron sobre conjeturas de carácter débil e indeterminado y no sobre verdaderos indicios delictivos.

Al año siguiente, el Gobierno dictó un indulto parcial para Cantero, que le quitaba seis meses de condena, por lo que no estaba obligado a ingresar en prisión. Por las escuchas a HB, en la que el Cesid fue pillado con toda claridad, sólo pagó el agente que cambiaba las cintas.

71. El Informe Purificación para depurar a los líderes de la Transición

El ex-presidente Felipe González intervino en 1998 en el mitin sevillano de arranque de las primarias socialistas para elegir candidato a la presidencia del Gobierno. La concurrencia se quedó sorprendida cuando de repente soltó: «Sabemos que preparan algo para el 2000, pero les va a salir mal y se les volverá en contra».

La gente no entendió qué quería decir y contra quién iba dirigido ese aviso. Unas semanas después, el periodista Luis Díez[22] lo explicó muy claro: «El ex presidente del Gobierno se refería, según han reconocido en privado las fuentes consultadas, a un informe bautizado con el eufemístico título de “Purificación”, por no llamarlo “depuración”, en el que los esmerados servicios secretos del Estado recomiendan prescindir de políticos y empresarios de medios de comunicación con un papel extraordinario en la Transición».

Este informe, que habría sido entregado al vicepresidente del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, habría sido elaborado por el espionaje con interioridades de la vida pública y privada de esas destacadas personas, a las que consideraban amortizadas. Pretendería poner en marcha acciones de descrédito y procedimientos judiciales, para invitarlas a salir de la primera línea de la vida nacional.

«Purificación» habría estado en línea con el ya explicado Informe Jano, iniciado en la Transición política, que pretendía almacenar la mayor cantidad de datos posibles sobre las personalidades de la vida pública española, por si en algún momento posterior era necesario utilizarlo.

Del Informe Purificación se habló muy poco. Quizás nunca existió, o fue una propuesta del Cesid que paralizó el Gobierno Aznar, o sólo se aplicó para determinadas personas. El misterio sobre si el servicio de inteligencia investiga masivamente la vida pública y privada de grupos de españoles influyentes o con capacidad de serlo sigue abierto.

72. Intentan negociar por su cuenta con HB

Se presentó como jesús Cano, pero sus interlocutores de Herri Batasuna no le creyeron. Había telefoneado a varias sedes de la izquierda abertzale solicitando hablar con algunos de sus dirigentes, y cuando le pedían que se identificara respondía que trabajaba para Presidencia del Gobierno.

1998 fue un año muy importante en el País Vasco. José María Aznar había decidido plantear una salida negociada al conflicto vasco y los contactos previos se sucedían. Quizás por eso, los movimientos de Cano terminaron dando resultado. Dos dirigentes de HB le recibieron en una de sus sedes y escucharon su mensaje: le mandaba el director del Cesid para intentar abrir una vía de negociación. Cuando concluyó, incluso les dio su tarjeta para que le llamaran cuando hubieran estudiado con detenimiento su oferta.

En HB no vieron el asunto claro: ¿qué hacía un agente del servicio secreto poniéndose directamente en contacto con ellos, cuando ya tenían conversaciones preliminares con dirigentes del PNV e incluso con personas próximas al Gobierno? Por si acaso, uno de ellos se personó en comisaría y presentó una denuncia: les había visitado un hombre que decía pertenecer al Cesid, aunque sospechaban que podría tener algo que ver con la guerra sucia.

Los de Batasuna también informaron a sus contactos del PNV, que se escandalizaron tanto como ellos. Los nacionalistas les explicaron que en una reciente visita a Moncloa —el 29 de septiembre— para hablar sobre la tregua anunciada por ETA, Arzalluz ya le advirtió a Aznar de su preocupación por las posibles interferencias del servicio de inteligencia. No obstante, ante la gravedad de los hechos, decidieron reiterar al Gobierno que ésa nunca sería la vía para establecer unas negociaciones.

Las elecciones autonómicas vascas se celebraron el 25 de octubre. Tras conocer los datos, José María Aznar telefoneó a Xabier Arzalluz para felicitarle, y el líder del PNV aprovechó la ocasión para avisarle de los extraños movimientos del espionaje. El presidente del Gobierno le aseguró que no sabía nada y le garantizó que a partir de ese momento los miembros del Cesid se mantendrían al margen de todo el proceso de negociación.

Aznar telefoneó muy enfadado a Eduardo Serra para informarle de su conversación con Arzalluz y para ordenarle que transmitiera al director del Cesid, Javier Calderón, que cesara en cualquier iniciativa de acercamiento que hubiera tomado en el entorno de ETA.

Eduardo Serra, que aseguró desconocer la intervención de los espías, transmitió a Calderón el malestar del presidente. Lo que no se sabe a ciencia cierta es si el jefe de los espías se limitó a confirmarle que cesaría en sus actividades o si también desmintió conocerlo, algo francamente imposible.

El servicio secreto recogió velas al darse cuenta de que su iniciativa, no consensuada con el Gobierno —como sí lo fue en el caso de los GRAPO—, había sido un fracaso. El Cesid siguió espiando a los abertzales y mandando sus informes al Gobierno. Pero el comportamiento chapuza de sus mandos quedó desautorizado.

73. ¿Dónde figura que sean el órgano de información del Rey?

Ninguno de los directores que ha tenido el Cesid-CNI ha podido resistirse a mantener una relación especial con el Rey. Antes de la llegada de la democracia, el jefe del Estado fue consciente del poder que se ejercía desde el servicio de inteligencia y de su capacidad para acceder a la información más reservada y más atractiva.

El Rey mantuvo con los tres primeros directores militares —entre su fundación en 1977 y el golpe de Estado en 1981— una relación fluida, típica de un capitán general que siempre ha controlado y cuidado los temas de la milicia. Adolfo Suárez le consultaba el nombre del militar elegido, quien no tardaba mucho en pasarse por el palacio de La Zarzuela para mantener una conversación a solas con el monarca. Después, las reuniones eran periódicas, cuando el director del Cesid deseaba informar personalmente al Rey de algún asunto de especial gravedad. En el día a día, desde la Casa se enviaban a Zarzuela aquellos informes de cualquier materia que se consideraba podían serle de utilidad.

Tras la llegada de Emilio Alonso Manglano, un donjuanista militante, se sentaron unas bases sólidas para las relaciones entre la monarquía y el servicio de inteligencia. De los dossiers especialmente secretos que periódicamente elaboraba el Cesid sobre temas como la actividad terrorista, se hacían quince ejemplares para las máximas autoridades y el número uno era siempre para el Rey.

Como máximo representante de la diplomacia española, el servicio le facilitaba sus informes sobre los países en los que La Zarzuela estaba interesada y especialmente sobre aquellos a los que tenía previsto viajar o en los que debía desplegar sus influencias en bien de la política española.

Manglano despachaba con frecuencia con el Rey, pero también hablaba con los altos representantes de la Casa Real, para informarles de aquellas situaciones de la vida diaria española que don Juan Carlos quería conocer. Situaciones como el descubrimiento de fallos en la seguridad de las comunicaciones de Zarzuela o los problemas de Mario Conde con el Gobierno fueron algunos de los motivos que llevaron al director a acudir personalmente a hablar con el monarca.

La relación con Calderón siguió el mismo buen tono. Mantuvo una relación directa y personal con el Rey, al margen del Gobierno, aunque siempre guardaba la precaución de informar de forma discreta a José María Aznar de algunos de los temas por los que se mostraba interés desde la jefatura del Estado.

También los mandos de la inteligencia pedían a veces al Rey que hiciera gestiones cerca del Gobierno para temas que a ellos les interesaban personal o profesionalmente, como su renovación en el cargo, sabedores de la mano derecha que siempre ha tenido don Juan Carlos.

Jorge Dezcallar, embajador en Marruecos hasta su nombramiento como director, contó con el apoyo del Rey para su llegada al puesto. Habían pasado muchos años desde la creación del Cesid, pero José María Aznar mantuvo la costumbre de consultarle algunos puestos trascendentales en el organigrama del Estado.

Dezcallar estableció una perfecta relación con el Rey, a quien siguió informando de todos los temas importantes, acudiendo en persona cuando la ocasión lo requería.

Con Alberto Saiz la relación llegó a un nivel especialmente curioso. Cazadores los dos, el monarca invitó en diversas ocasiones a Saiz a acudir a algunas selectas cacerías, que sirvieron al director del servicio de inteligencia para conocer a personalidades muy relevantes de la vida pública internacional. Esa buena relación, como en el caso de sus antecesores, le llevó a contar con el apoyo del Rey cuando los momentos de incertidumbre aparecieron en su gestión.

Si bien el servicio de inteligencia depende del palacio de La Moncloa, sin duda a lo largo de estos años las mejores relaciones que han mantenido sus directores han sido con el palacio de La Zarzuela. Una relación trabajada para conseguir que la persona mejor informada de España haya sido siempre el monarca, un mérito indudable de don Juan Carlos, pues en ninguna ley, orden o decreto figura que el Cesid-CNI sea el órgano de información de la jefatura del Estado. De hecho, en la página web oficial del servicio de inteligencia se reproduce el artículo 1 de la Ley 11/2002, que no deja lugar a dudas: son el «organismo público responsable de facilitar al presidente del Gobierno y al Gobierno de la nación las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones».

74. Muertos que recobran vida y espionaje a Leticia Sabater

María Isabel del Barrio llevaba dieciséis años como funcionaria de la Tesorería de la Seguridad Social cuando en 1989 un compañero le presentó a Juan Garrote, un tipo amable y simpático. Le dijo que trabajaba en el Ministerio de Defensa y que deseaba conocer el método para obtener datos del registro. La chica le contestó con absoluta naturalidad que debía hacer la solicitud de la información en un papel oficial del departamento, debidamente autorizado. Así lo hacía la Policía y de la misma forma lo debían formular ellos.

Garrote acudió periódicamente a pedirle datos a María Isabel, con la que siempre departía durante unos minutos sobre temas intrascendentes. Pasados unos meses, cuando la confianza entre ellos se había asentado, le invitó a tomar algo a un bar cercano. Allí, lejos de oídos indiscretos, le anunció que le iban a pagar veinticinco mil pesetas por sus servicios, cantidad que también percibían funcionarios de Hacienda o de algunos bancos. La funcionaria puso pegas, pero se dejó convencer porque estaba mal de dinero. No parecía nada peligroso y aparentemente era muy ventajoso: cobraría cada mes, al margen de que hubiera hecho algo o no, y sólo le pedían que respondiera con celeridad a sus solicitudes.

Durante los siguientes años el trato funcionó de la misma forma. El agente del Cesid le pedía por escrito los datos de la Seguridad Social de distintas personas y ella los sacaba del ordenador sin demasiados problemas. A veces, la llamaba a casa cuando era un caso urgente y ella le entregaba al día siguiente la información. Poco a poco, su sueldo extra fue subiendo, hasta llegar a las setenta mil pesetas doce años después, en 2001.

Cientos de personas fueron investigadas por el Cesid con la ayuda de María Isabel. De entre los conocidos, destacan dos nombres: Juan José Hidalgo, presidente en el año 2000 de Halcón Viajes y Air Europa, y la presentadora de televisión Leticia Sabater.

En 2001, la Policía inició una investigación sobre una red de detectives que pagaban a funcionarios de la Seguridad Social para obtener datos. Durante meses, controlaron sus movimientos y grabaron las conversaciones. Aparecieron varios sospechosos y uno fue María Isabel del Barrio. La funcionaria sólo cobraba del Cesid, pero sacaba datos para algunas personas que se lo solicitaban como favor.

Desarticulada la trama, Del Barrio se vio metida en prisión por vender información a personas privadas, sin que en ningún momento se mencionara lo que podría haber sido el delito real: la venta continua al Cesid de información protegida.

Los meses pasaron. Los detenidos fueron obteniendo la libertad condicional y ella fue la última en abandonar la cárcel. La tensión nerviosa y el sentimiento de ser tratada de forma injusta la llevaron a enfrentarse con el agente Juan Garrote y a echarle en cara lo que estaba sufriendo y el abandono al que la habían sometido. Garrote mantuvo la distancia, como si el tenla no fuera con ellos, según quedó demostrado con claridad gracias a las conversaciones entre los dos grabadas por la funcionaria.[23]

Harta de la situación, decidió tirar de la manta y contar toda la verdad, que parcialmente ya estaba recogida en el sumario judicial. Desveló sus doce años trabajando para el servicio secreto y reconoció el sueldo que percibía, que en los últimos meses le ingresaban directamente en su cuenta corriente, aunque sin especificar la entidad que lo hacía.

Su versión era fácil de creer, porque entre las conversaciones grabadas por la Policía había varias entre ella y Garrote que hablaban de ese intercambio que tenían montado.

Fue condenada a cuatro años y seis meses de prisión como autora de un delito de descubrimiento y revelación de secretos. El Tribunal Supremo vio los recursos en el año 2007 y mantuvo la resolución anterior, basándose en que ella misma había reconocido en el juicio que había suministrado a Garrote información reservada a cambio de setenta mil pesetas al mes. «Y consta —dice la sentencia—, por manifestación de aquél (no acusado en esta causa), que, en efecto, en su calidad de agente del Cesid, solicitó esa clase de datos a la que ahora recurre y los obtuvo a cambio de una compensación económica».

El magistrado Perfecto Andrés formuló un voto particular a la sentencia en el que afirmaba que «no hay noticia de que Juan Garrote (…) que captó a aquélla moviéndola a realizar la actividad criminal por la que ha sido condenada, a cambio de dinero, haya sido objeto de ésta u otra causa como posible autor de delito de cohecho».

Mientras estaba en la cárcel, María Isabel todavía recordaba aquel día de final del año 2000 en el que el agente del Cesid le ofreció «una buena cantidad» por dar de alta a fallecidos: «Me dio a buscar a una persona y me llamó la atención que al teclearla apareciera con la clave 56 de fallecido. Se lo comenté y me dijo que ya lo sabían. El lunes siguiente, cuando nos vimos me dijo: “Oye, ¿estas claves se pueden cambiar?”. Le dije que sí, y me preguntó si lo podía hacer con una serie de gente que me darían de un listado, que no corría prisa, que podía hacer dos un día, uno otro. Le dije que no, que era muy peligroso. Él me contestó que era para que pudieran tener actividad, darles de alta. Insistió varias veces, pero le dije que no me atrevía».

75. Dezcallar, por primare vez un civil al frente del Cesid

Veinticuatro años después de su creación, con los últimos directores militares del Cesid siempre vestidos de paisano, el presidente del Gobierno José María Aznar designó, el 29 de junio de 2001, para el cargo a un civil, Jorge Dezcallar.

El nombramiento suponía, al menos aparentemente, una de las más profundas reformas que nunca había sufrido el servicio de inteligencia. Un diplomático, que hasta ese momento había sido embajador en Marruecos y había desempeñado destacados cargos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, pasaba a ocupar el mando de la Casa.

La propuesta de Aznar suponía un cambio ambicioso. Los anteriores jefes habían sido directores generales y Dezcallar sería secretario de Estado, un rango que dejaba clara la apuesta por el Cesid como el máximo órgano de inteligencia del Estado, por encima de los servicios de información de la Policía y la Guardia Civil.

Su nombramiento fue consensuado con la oposición socialista, que le consideraba un hombre de Estado serio, duro y preparado, capaz de llevar a cabo la reforma del servicio tantas veces retrasada. Una reforma que debería de empezar por poner fin a sus males endémicos.

El primero sería acabar con la militarización que tantos años después continuaba vertebrando la Casa. Más de la mitad del personal seguía procediendo de las fuerzas armadas, y en esos tiempos resultaba increíble que la endogamia no hubiera sido sustituida por la captación de los mejores especialistas en las distintas materias, procedieran de donde procedieran. En este terreno, Dezcallar apostó con claridad por acelerar los mecanismos de «civilización».

El segundo objetivo era poner fin a los escándalos. Los cinco años de Calderón demostraron que el teniente general no fue capaz de lograrlo. Los medios de comunicación le identificaron con la intentona golpista del 23-F y la imagen del Centro no se recuperó. Con el diplomático al frente se consiguió que se hablara de sus éxitos y fracasos, pero dejando al margen otros problemas profesionales e ideológicos.

La presencia de un hombre especializado en el Magreb y Oriente Medio ayudó sobremanera al esfuerzo del Cesid en volcarse en el nuevo panorama internacional que tanto preocupaba y preocupa a los gobiernos. En esos años iniciales del siglo XXI quedó patente que España pertenecía a un mundo globalizado y que la información sobre países distantes, en zonas tradicionalmente de escaso interés, sería imprescindible para acometer los nuevos retos.

El primer gran cambio estético que llevó a cabo Dezcallar, unos meses después de su nombramiento, fue designar como número dos en la secretaría general a una mujer, María Dolores Vilanova, que hasta ese momento había estado mandando la División de Contrainteligencia. En su puesto había estado Aurelio Madrigal, un general que llegó al cargo con Calderón y que se vio sorprendido por su cese.

Dezcallar no tuvo destacados problemas de personal, pero acontecimientos como el 11-M pondrían un broche desagradable a su mandato. No obstante, llevó a cabo los cambios legales que tanto tiempo se habían demandado al servicio de inteligencia.

76. Nace el CNI y llega el control judicial

Jorge Dezcallar dejó pasar varios meses de maduración antes de ejecutar la mayor reforma legal vivida en el servicio de inteligencia. No lo conocía por dentro y sus experiencias con el Centro como diplomático habían sido negativas. Además de los diversos enfrentamientos que había tenido con los espías durante su larga carrera diplomática, no olvidaba el día que se enteró de que habían grabado una de sus conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordoñez. Y se enteró de la forma más dura: cuando El Mundo publicó en 1995 el listado de la cintateca que incluía el espionaje al Rey.

Desde su llegada, tuvo claro que el nombre de Cesid estaba quemado y que para convencer a la sociedad de la efectividad de sus reformas era imprescindible cambiarlo. Eligió rebautizarle como Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y les transmitió a sus agentes que más allá de la sustitución de siglas, debía haber una nueva forma de afrontar el trabajo.

Después procedió a «barrer» a la vieja guardia del servicio secreto que había copado la mayor parte de los altos cargos. Este comportamiento suponía un avance, pero no hay que olvidar que casi todos los directores que habían aterrizado solían actuar de idéntica forma. Cambiaban a los que estaban y colocaban a gente que les debiera el nombramiento. En un ambiente conspiratorio como el que se respira en los altos puestos, en los que muchos son incondicionales del director hasta una semana antes de su cese, ese cambio siempre ha sido garantía de mayor lealtad.

La otra modificación de mucho mayor calado fue la adscripción permanente por ley de un magistrado del Supremo que autorizaría o denegaría la interceptación de comunicaciones o la entrada en domicilios. Suponía una garantía para los ciudadanos y especialmente para los agentes especiales. Porque, en muchas de sus operaciones, el CNI sigue sin pedir autorización. Ése es el caso de las penetraciones en las embajadas, de las que nunca se informa al juez.

77. Bernal, el primer espía español asesinado

Las reglas del espionaje durante las batallas son especialmente duras con sus combatientes. Ocurría con frecuencia durante la guerra fría y se repite de forma habitual en cualquier conflicto armado. El CNI no ha sido una excepción.

José Antonio Bernal llegó a Irak en el año 2001 como ayudante del jefe de estación, Alberto Martínez. Era sargento primero y llevaba seis años destinado en el servicio. Su empeño en dominar el árabe y su carácter decidido le abrió un montón de puertas en el país, donde se entendía a las mil maravillas con su jefe. Estableció muchos contactos con la Mujabarat, el servicio secreto de Saddam Hussein, y en diversos grupos religiosos.

En febrero de 2003, cuando la invasión de Irak por parte de Estados Unidos y sus aliados no tenía marcha atrás, el director del CNI, Jorge Dezcallar, ordenó el repliegue a Jordania de sus dos agentes. En la anterior invasión, tras el ataque de Saddam a Kuwait, los agentes del entonces Cesid permanecieron en el país para mantener el vínculo con Irak que dejaba vacío después de la salida de los diplomáticos españoles.

Tras la toma del país por las tropas norteamericanas y aliadas, Martínez y Bernal fueron los primeros en regresar para preparar la llegada del resto del personal de la embajada y para informar de la situación que se vivía gracias a sus fuentes anteriormente establecidas. ¿Por qué regresaron ellos y no mandaron a nuevos agentes? La decisión del CNI estuvo basada en el conocimiento que ambos tenían de Irak, a pesar de que reconocían el riesgo que entrañaba la decisión, pues algunos de sus antiguos contactos habrían pasado a serles hostiles. Nunca pensaron que los dos pudieran ser objeto de un atentado directo.

Meses después, el Gobierno envió un contingente de mil trescientos soldados, por lo que de forma inmediata la misión prioritaria de los dos pasó a ser encargarse de la seguridad de las tropas españolas. Alberto Martínez dejó su destino en Bagdad junto a Bernal para irse a la zona adonde irían las tropas españolas.

Bernal pasó a dedicarse con más intensidad a negociar con los líderes chiíes radicales para conseguir un compromiso sobre la presencia militar española en la zona sur del país. Sabía que no podía jugar a una sola baza, así que, al mismo tiempo que negociaba con los religiosos chiíes del joven Muqtada Sadr, contactó con los ex espías de Mujabarat, el servicio secreto de Saddam. Por si los chiíes no cumplían el acuerdo, el objetivo era conseguir la colaboración de los antiguos espías de Saddam para que le informasen con regularidad sobre los movimientos de los chiíes en la zona de influencia de las tropas españolas.

La genial jugada de Bernal esta vez fue descubierta. A primera hora de la mañana del 9 de octubre de 2003, un religioso chií se presentó en la puerta de su casa acompañado de tres hombres. Bernal salió a hablar con él. Los dos mantuvieron una violenta discusión por el comportamiento del agente español. En un momento determinado, Bernal se dio cuenta de que habían ido a matarle y salió corriendo para intentar salvarse, aunque los disparos acabaron con su vida.

Ya por aquel entonces, los problemas de seguridad del personal español habían aconsejado al embajador disponer de guardias de seguridad iraquíes, que protegían la vivienda del espía e incluso a veces le acompañaban en su trabajo. Pero ese día, el guardia asignado a Bernal había pedido el día libre. Algo, evidentemente, extraño.

Al margen de decisiones erróneas como su regreso a Bagdad y la desastrosa protección personal, el hecho fue que Bernal cumplió destacadamente con su trabajo, lo que, por desgracia, le costó la vida.

78. La venganza de Saddam: siete agentes acribillados en Irak

—Necesitamos ayuda… ¡Van a matarnos…! Quiero hablar con mi madre… ¡Decidle que me llame!

El ruido de fondo de los disparos se escuchó con nitidez como sonido ambiente en la desesperada llamada de teléfono del agente secreto Carlos Baró. El 29 de noviembre de 2003 estaba siendo tiroteado en Latifiya, a pocos kilómetros de Bagdad, por un numeroso grupo de iraquíes que había tendido una trampa a ocho miembros del servicio secreto español, que se desplazaban en dos coches.

La situación era dramática. Baró, protegido momentáneamente del fuego enemigo detrás de un vehículo, había sacado su teléfono móvil por satélite y había llamado a la sede central del CNI, donde una cédula de crisis seguía de forma permanente sus movimientos en Irak.

Tras la derrota de Saddam Hussein, el CNI había aumentado la presencia de agentes españoles en el país, en especial con el objetivo de volcarse en la protección de las tropas españolas. Después de un duro e intenso trabajo durante varios años, finalmente los cuatro iban a ser relevados tras las fiestas navideñas. El problema, siempre que unos espías se van y otros llegan, es que el trabajo realizado con la captación de colaboradores y fuentes, y las relaciones con otros servicios no sea estéril y se produzca un relevo en condiciones que no mengüe la operatividad del servicio. Fue por eso por lo que los cuatro nuevos agentes habían viajado un par de meses antes a Irak para, en compañía de sus expertos compañeros, hacer el traspaso del trabajo en las mejores condiciones.

Alberto Martínez, Carlos Baró, Luis Ignacio Zenón y Alfonso Vega habían dejado todas sus ocupaciones los dos días anteriores para hacer una «visita de reconocimiento» con sus sustitutos José Merino Olivera, José Carlos Rodríguez, José Lucas Egea y José Manuel Sánchez Riera. Les presentaron a sus colegas de los servicios secretos de Estados Unidos y del resto de los países aliados y les llevaron a conocer a sus propios contactos iraquíes.

Ese día, los ocho hombres viajaban en dos todoterrenos camino de las bases españolas de Diwaniya y Nayaf. En Latifiya, a treinta kilómetros de Bagdad, un Cadillac blanco se les acercó desde atrás y sus ocupantes comenzaron a dispararles. Era el inicio de la trampa que llevó a Carlos Baró a telefonear a la sede central para pedir ayuda y solicitar hablar con su madre.

Alberto y Alfonso habían muerto en la primera refriega, tras la cual los dos vehículos habían quedado inmovilizados. Había varios heridos y ninguno pensó en abandonarles a su suerte. Decidieron resistir en espera de que llegara ayuda.

No pensaron que había podido ser un error viajar todos juntos, porque el procedimiento había sido puesto en marcha por sus jefes en Madrid. Tampoco analizaron que si hubieran dispuesto de coches blindados, el efecto del ataque habría sido mucho menor. Seguramente no sabían que el CNI ya había comprado vehículos equipados con mayores garantías de seguridad, pero que todavía no los habían enviado. Tampoco se plantearían que los coches no disponían de un sistema de localización vía satélite, que hubiera permitido que las tropas españolas o las estadounidenses hubieran acudido en su ayuda.

El director del CNI, Jorge Dezcallar, fue alertado de inmediato del ataque a sus agentes. Era sábado y estaba recorriendo con su esposa una exposición sobre la cultura nubla. Lo dejó todo y se fue a la sede central. Cuando iba de camino, le avisaron de una segunda llamada de Baró. No había podido dar las coordenadas necesarias para localizarles y los helicópteros de la base militar española que habían acudido en su ayuda no daban con ellos. No se sabe si el agente siguió reclamando que le llamara su madre.

Uno a uno, todos los espías fueron cayendo. Se quedaron sin munición y sin la posibilidad de defenderse. José Manuel Sánchez Riera cruzó la carretera en busca de ayuda, intentando alejarse del fuego enemigo. De repente, fue detectado por una muchedumbre que le rodeó con la intención de matarle a golpes. En ese cruel momento, un hombre respetado por los demás se acercó a él, le besó y le salvó la vida. Era un colaborador de los servicios secretos aliados.

En Madrid consiguieron localizar a la madre del agente Baró. Le telefonearon, la señal del teléfono sonó varias veces, pero nadie descolgó el móvil. Ana Ollero, la mujer que había dado la vida a Carlos, sólo pudo conocer los últimos momentos de la vida de su hijo gracias a las palabras de Sánchez Riera.

Las investigaciones posteriores demostraron que el ataque no fue aleatorio. Los españoles habían sido un objetivo elegido por la red de ex espías de Saddam, que se habían sentido traicionados por el comportamiento de los agentes españoles. En cumplimiento de su trabajo, durante mucho tiempo Alberto Martínez, el jefe de estación del CNI, había aparentado colaborar con el servicio secreto de Saddam y les había asegurado que el Gobierno español les ayudaría. Una mentira, como muchas de las que se cuentan en el espionaje, que le permitió conseguir información de alto valor que pasaba a sus jefes en Madrid y éstos a la CIA.

Destacados jefes del CNI han mantenido que Flayeh Abdul Zarha Anyur Al Mayali, un profesor de español que trabajaba como traductor de los agentes —sólo Martínez hablaba algo de árabe—, había sido el cooperador necesario para llevar a cabo el atentado. De hecho, le interrogaron y luego se lo entregaron a las autoridades militares de Estados Unidos. Él negó siempre cualquier participación y, de hecho, posteriormente fue puesto en libertad.

Cuando las tropas españolas abandonaron Irak por decisión del presidente Zapatero, ya nadie se preocupó de perseguir a los responsables de los siete asesinatos.

El 14 de julio de 2005, el ministro de Defensa, José Bono, inauguró en la sede del CNI un monumento levantado en memoria de los agente muertos en Irak. Una llama de bronce, sobre una pared de acero, recuerda a los caídos en la emboscada del 29 de noviembre y a José Antonio Bernal, asesinado el 9 de octubre anterior en Bagdad.

79. Espiaron la reunión de Carod con ETA

El control del servicio de inteligencia sobre las actividades de Josep Lluis Carod-Rovira se inició a comienzos de los años noventa por la proximidad de sus tesis independentistas a las del grupo terrorista Terra Lliure. La vigilancia fue con frecuencia directa y personal en esa década, pero también indirecta cuando iba dirigida a ERC como partido y a otros de sus dirigentes.

Acostumbrado a la clandestinidad, Carod-Rovira adoptaba las máximas medidas de precaución para evitar el control de sus acciones. No había notado problemas en el pasado y no tenía por qué haberlos precisamente en enero de 2004, cuando había alcanzado un pico importante en su carrera: era el conseller en cap del Gobierno de la Generalitat.

El 3 de enero, sábado, se desplazó a Perpiñán para mantener una reunión clandestina con dirigentes de la cúpula de ETA. Quizás no habría despertado sospechas en la División de Contraterrorismo del CNI si previamente no hubiera estado buscando de forma activa un acercamiento a dirigentes de Batasuna.

Durante el año 2003, mantuvo contactos con personas de la izquierda abertzale, que fueron descubiertos por agentes del CNI, lo que llevó a extremar el control de sus movimientos. Carod-Rovira pretendía reunirse con la cúpula de ETA para alcanzar un acuerdo que garantizara que la banda terrorista no perpetrara atentados en Cataluña.

En diciembre de ese año, con la discreción que caracteriza a los agentes operativos del CNI, siguieron al dirigente catalán hasta Perpiñán. Carod-Rovira creía que se iba a reunir con los responsables de ETA, pero se encontró con dos dirigentes de Batasuna, que acudieron a la cita en lugar de los terroristas por la prevención de que todo fuera una trampa. Ahí le explicaron que, si todo iba bien, los jefes de la banda se reunirían con él una vez que hubiera ocupado el puesto número dos en el Gobierno de la Generalitat.

Finalmente, investido como conseller en cap, el 3 de enero se reunió en Perpiñán con Mikel Albizu —Mikel Antza—, el jefe del aparato político de ETA, y el fugitivo José Antonio Urruticoetxea —Josu Ternera—. En esa reunión se habló de la no comisión de atentados en Cataluña, eso sí, a cambio de que ERC hiciera pública una declaración en la que abogara por el derecho de autodeterminación de los «pueblos del Estado».

La reunión fue grabada por equipos sofisticados del CNI, que actuaron como notarios de la iniciativa del alto cargo de la Generalitat. Curiosamente, el servicio de inteligencia tuvo la posibilidad de alertar a la Policía francesa de la presencia de los dirigentes de ETA para que los hubieran detenido, pero no lo hicieron. Sin duda, porque habría sido un escándalo que también hubieran capturado a un alto cargo del Gobierno catalán.

Con la información en sus manos, transmitida con detalle por el CNI, el Gobierno filtró la noticia al diario.[24] Las consecuencias políticas fueron tremendas. Carod-Rovira tuvo que abandonar su cargo y el pacto fue ampliamente criticado en toda España.

Como consecuencia de ello, ERC contrató servicios de seguridad privada para investigar en todas sus sedes si les habían colocado micrófonos y para garantizar que sus dirigentes no eran controlados. Guiados por la misma psicosis, otros partidos como CDC actuaron de la misma forma. Todos tenían claro que la vida catalana estaba muy controlada por el CNI. Como así era.

80. 11-M: el CNI perdió el tren

Ciento noventa y un muertos y mil setecientos setenta y cinco heridos fue el espeluznante coste humano de los atentados islamistas contra cuatro trenes en Madrid el 11 de marzo de 2004. La misma existencia del atentado es elemento suficiente para afirmar que el Centro Nacional de Inteligencia cometió graves errores. En caso contrario, lo habría evitado.

La Casa disponía en los años anteriores al atentado de un Área de Terrorismo Islamista encuadrada en la División de Contraterrorismo. Su peso era, al menos, cinco o seis veces inferior al de la lucha contra ETA.

En los dos años anteriores al atentado, el CNI estuvo controlando a varios de los presuntos autores e inductores de la matanza. El primero era Jamal Zougam, empleado de un locutorio. El segundo Amer el Azizi, un marroquí que no pudo ser detenido en una redada policial cuando captaba terroristas para desplazarse a entrenar a Afganistán. Y el tercero, Allekema Lamari, un antiguo militante del GIA argelino.

Lamari fue uno de los terroristas clave en los atentados, que se inmoló el 3 de abril en un piso de Leganés cuando la Policía iba a detenerle junto a otros compañeros. Había ingresado en prisión en 1997 y quedó en libertad por un error judicial en 2002, momento en el que comenzó a ser controlado por agentes del CNI. El 18 de julio de 2003, al no comparecer para cumplir la pena que le quedaba, la Audiencia Nacional dictó orden de búsqueda y captura por quebrantamiento de condena. Los espías habían controlado sus viajes por España para ponerse en contacto con militantes salafistas, pero tras la orden judicial le perdieron la pista.

Un informe del CNI del 6 de noviembre recogía que Lamari había asegurado a sus contactos que estaba poniendo en marcha un plan muy ambicioso para cometer un atentado en España. La gravedad del asunto llevó a los espías a compartir la información con la Policía y comenzar a buscarlo intensamente.

No hubo suerte, a pesar de que se convirtió en una obsesión del servicio de inteligencia. El 6 de marzo, cinco días antes de los atentados, un nuevo informe alertaba de que a su desaparición había que sumar la de cinco de sus acólitos, que habían abandonado sus puestos de trabajo. Además, comprobaron que Lamari se estaba desprendiendo de todas sus posesiones, como si fuera a irse a alguna parte. No dieron con él.

El año 2002, Abdelkader el Farssaoui, el imán marroquí de la mezquita de Takouma, en Villaverde (Madrid), fue captado por el CNI. En ese momento, ya era colaborador del servicio secreto marroquí en España, a quienes informaba sobre las actividades de las personas que acudían a orar.

Bautizado como Cartagena, estuvo desde entonces informando sobre las actividades de los fieles, algunos de los cuales participarían en la organización y ejecución de los atentados del 11-M.

Los datos conocidos sobre Lamari, Cartagena y otros muchos demuestran que el servicio de inteligencia disponía de las pistas necesarias para haber hecho frente a los atentados en trenes. Pero no pudieron hacerlo.

El 18 de octubre de 2003, en unas declaraciones, Bin Laden amenazó explícitamente a España, entre diversos enemigos del islam, por participar en el conflicto de Irak. Por esas fechas se empezó a detectar la llegada a España de «indeseables» que escapaban de Marruecos, tras la persecución policial generada después del atentado de Casablanca contra la Casa de España. Estas pistas reafirmaron al CNI en la creencia de que el terrorismo islamista no sólo iba a utilizar España como base logística, sino que también preparaban atentados en nuestro suelo.

Con todos los datos sobre terroristas y la constatación de que la amenaza era real, en enero de 2004 se incluyó por primera vez en la Directiva de Inteligencia, que aprueba el Gobierno, el terrorismo islamista como objetivo prioritario, junto a otros, como el terrorismo de ETA. En consecuencia, se aprobó una contratación importante de personal y un mayor presupuesto, pasando de ciento once a ciento sesenta millones de euros.

Pero la puesta en marcha de esa decisión, que incluía formar a un elevado número de espías para ese trabajo, llevaba su tiempo y cuando se produjeron los atentados del 11-M prácticamente ni se había puesto en marcha la potenciación.

El 11 de marzo de 2004, horas después del atentado, quedó patente que los mandos del CNI no sabían por dónde había venido la agresión. Dudaron de que ETA fuera la responsable, pero se dejaron llevar por la creencia generalizada. Luego, cuando se constató que era obra del terrorismo islamista, aportaron los datos obtenidos en los últimos años durante la persecución de los malhechores.

Quedó en evidencia que la reacción del CNI —también de los servicios de información de la Policía y la Guardia Civil— no se había correspondido con la magnitud de la amenaza. Dezcallar y sus hombres habían tardado demasiado tiempo en solicitar los medios para potenciar la unidad contra los islamistas, cuando llevaban muchos años sin ver más allá de la lucha contra ETA.

También quedó patente que los compartimentos estancos en que se mueven los diferentes servicios de información no son la estrategia más adecuada para hacer frente a amenazas tan complicadas y arriesgadas.

Lo que no se hizo antes del 11-M se llevó a cabo después. Más de quinientos nuevos agentes fueron contratados por el CNI. Se abrieron nuevas delegaciones en las provincias españolas con mayor inmigración árabe. Se contrataron más traductores. Se cambió de destino a agentes expertos. Se abrieron foros de cooperación con la Policía y la Guardia Civil. Y se adoptaron muchas otras medidas que pusieron la lucha contra el terrorismo islamista al nivel que debía haber estado. Pero ya no sería Jorge Dezcallar el que lo llevaría a cabo. Un nuevo Gobierno socialista decidió colocar en su puesto a un hombre de su confianza.

81. Letizia Ortiz investigada por el CNI (también un familiar de Felipe González)

Unos meses después del 11-M, tuvo lugar en Madrid uno de los acontecimientos históricos más importantes para el país. El 22 de mayo de 2004, en la catedral de la Almudena, contrajeron matrimonio el príncipe Felipe y Letizia Ortiz. Fue una relación guardada en el más absoluto secreto, hasta el momento en que La Zarzuela decidió anunciar oficialmente el compromiso. Pero en esos meses en los que salieron juntos y acrecentaron su amor, Letizia tuvo que pasar, sin saberlo, la prueba más dura antes de casarse con el heredero a la Corona: la investigación del CNI.

El servicio secreto ha llevado a cabo a lo largo de su historia algunas misiones que no dieron origen a la apertura de un expediente, porque la persona que lo encargaba y el trabajo a realizar hacían aconsejable no dejar rastro.

A lo largo de la historia, este tipo de trabajos han sido efectuados siempre por encargo de altas personalidades del Estado. Fue el caso de un familiar de Felipe González, que mantenía relaciones con una persona extranjera de la que lo desconocían todo. Manglano solicitó un informe detallado de su vida a agentes de su máxima confianza, que conocían la envergadura del caso y transmitieron verbalmente los resultados a su jefe, que lo rebotó al presidente del Gobierno.

En esa misma época y en años sucesivos, los altos cargos del palacio de La Zarzuela se acercaron a la sede central del Cesid-CNI para mantener conversaciones privadas con los directores y solicitarles información especial sobre temas de interés del Rey. Visitaron el edificio Sabino Fernández Campo y José Joaquín Puig de la Bellacasa. Como ya hemos señalado, también todos los directores acudían con frecuencia a conversar con don Juan Carlos a su despacho.

Entre esos encargos privados estuvo el de hacer una investigación sobre la vida de Letizia Ortiz, con la intención de detectar riesgos de cualquier clase. Se trataba de conocer cada detalle de su vida para prevenir futuros ataques que pudiera recibir procedentes tanto de grupos de presión de todo tipo como de los medios de comunicación. Había que identificar, por pequeña que fuera, cualquiera de sus debilidades, solucionarla en secreto y cerrarla antes de que se convirtiera en un personaje público. Sabían que la misma investigación la llevarían a cabo muchos enemigos de España y era esencial que no encontraran boquetes.

En estos casos lo que se hace es elaborar un listado con las amistades, investigar a fondo su biografía, analizar cualquier aspecto de su trayectoria económica y cualquier otro factor que alguien pudiera utilizar en su contra.

No se sabe si recurrieron al mismo sistema que en su día dispuso Manglano para el familiar de Felipe González, pero el encargo lo llevaron personalmente a cabo altos mandos del CNI que gozaban de la máxima confianza de la dirección y con una integridad moral a prueba de bomba. Integridad que garantizaba en ese momento y en el futuro que toda la información que obtuvieran moriría con ellos y nunca la desvelarían.

Unos meses después de la boda, en julio de 2004, el que fuera director Jorge Dezcallar, cuyo nombre luego sonó para dirigir la Casa Real, aseguró que sus hombres nunca espiaron a Letizia Ortiz. Sin duda, un hombre de la máxima confianza.

82. El espionaje invisible de SITEL, un arma increíble en manos del CNI

Los sistemas de escuchas legales siempre habían sido un lío. Un juez daba previamente la orden con la que la compañía telefónica derivaba una línea para que las fuerzas de seguridad o el CNI escucharan las conversaciones del sospechoso, con frecuencia con una pésima calidad de recepción, que en muchas ocasiones exigía acudir discretamente a la proximidad del domicilio del objetivo a pinchar la línea de su teléfono. Otro de los muchos problemas añadidos, lento y complicado de resolver, era conocer la identidad de las personas que charlaban con el sospechoso.

El Gobierno de José María Aznar encargó un estudio para la creación de un sistema que acabara con las interferencias y demás dificultades. La solución fue el Sistema de Interceptación Telefónica (SITEL), que incorporaba la tecnología más avanzada. Consta de tres servidores centrales (Policía, Guardia Civil y CNI) conectados al ordenador central de la Dirección General de Telecomunicaciones, que almacena la información que facilitan las compañías telefónicas y que al mismo tiempo la distribuyen a los ordenadores, fijos o portátiles, de las unidades que investigan a los sospechosos. Obviamente, ya no graban en analógico en una cinta, sino en digital en la memoria de un disco duro, con la misma calidad con la que se han escuchado los participantes en la charla. Además, el sistema permite conocer en el mismo momento de la llamada, la identidad y algunos datos de la persona con la que está hablando.

Con el sistema estudiado, el Gobierno popular decidió no ponerlo en marcha por los problemas legales que sus asesores les plantearon, pese a las presiones de los cuerpos de seguridad, que lo consideraban una herramienta imprescindible para hacer frente a los delitos.

La llegada de los socialistas, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente, cambió la perspectiva, y se apostó por la seguridad frente a los recortes legales. El sistema se desarrolló y en 2006 estuvo plenamente operativo. Durante los años siguientes, hubo numerosas denuncias de abogados que consideraban que ese tipo de grabaciones debían ser consideradas nulas, por la falta de garantías que ofrecían. Pero, una tras otra, en su casi totalidad no consiguieron el respaldo de la judicatura.

La Policía y la Guardia Civil lo consideraron un arma vital para su trabajo. Podían llevar a cabo las escuchas con una calidad técnica que había cercenado su trabajo en los años anteriores. Ninguno de los miembros de los dos cuerpos entendía las quejas, cuando ellos cumplían escrupulosamente la ley y utilizaban toda la información que obtenían para perseguir a supuestos delincuentes.

El problema se planteaba en especial en el CNI. Una parte de sus interceptaciones telefónicas son llevadas a cabo gracias a los mandamientos judiciales extendidos por el magistrado del Supremo que tienen adscrito. Pero otras muchas, como es normal en cualquier servicio de inteligencia, las realizan al margen.

Y es que el sistema, una vez instalado en la sede central del CNI, está fuera de todo control y la llamada «puerta de atrás» —que permite realizar cualquier trabajo— puede ser activada sin que nadie lo sepa. Es decir, la Casa tiene la posibilidad de que los agentes adscritos a SITEL puedan acceder directamente a los números telefónicos sin necesidad de una orden judicial. Esas investigaciones pueden no tener sentido con la Policía, porque necesitan que sus pruebas estén siempre amparadas por un juez. Pero en el caso del CNI, la información tiene una clara utilidad para sus informes al Gobierno, que nunca llevan añadidos las fuentes por las que han podido obtener los datos.

El servicio lleva a cabo investigaciones para controlar las redes sociales, entrar con total libertad en los ordenadores e, incluso, para detectar a través de una conversación previa las identidades de las voces. Todas en el más absoluto secreto.

Como dijo un policía que emplea el Sistema de Interceptación Telefónica en su trabajo: «Lo que pueda hacer el CNI con SITEL no lo sabemos».

83. Severo Moto: evitan que le envenenen y conspiran para expulsarle

Severo Moto es el eterno líder opositor de Guinea Ecuatorial y el personaje más odiado por Teodoro Obiang, su presidente. Incansable en la lucha para quitar al dictador y sucederle en el poder, Moto ha protagonizado graves y curiosos sucesos en España.

A principios de la década de los noventa, el presidente guineano intentó matarle de varias maneras. Una de ellas fue desarticulada por el Cesid. En 1992, la estación en Malabo informó de que la Policía política había puesto en marcha una operación para asesinarle en Madrid. El jefe de la División de Contrainteligencia, Vicente Lanz Muniaín, puso en marcha a sus hombres, que pronto descubrieron que los encargados no iban a ser peligrosos terroristas, sino dos chicas jóvenes que ejercían la prostitución en Malabo. Pensaban que su apariencia inofensiva las permitiría llegar a España, introducirse en la colonia guineana, ganarse la confianza del líder opositor aduciendo que habían huido de la cruel dictadura y envenenarle. Los agentes del Cesid se limitaron a abortar la intentona en origen impidiendo la llegada a España de las dos sutiles mataharis.

Moto fue durante esos años un protegido del Gobierno, que le había dado asilo político en la década de los ochenta. Obiang protestaba continuamente por sus acciones de oposición, pero el ejecutivo no le hacía ni caso. Pero todo cambió cuando subió al poder Zapatero y se descubrió petróleo en aguas de Guinea. El opositor protegido pasó a convertirse en la peste. Y, una vez más, el papel principal lo protagonizó el CNI.

El 30 de diciembre de 2005, el Consejo de Ministros tomó la decisión de retirarle la condición de asilado político, que conllevaba la expulsión a un tercer país muy alejado de Guinea, y la ratificó unos meses después tras el pertinente recurso de su abogado.

El 27 de marzo de 2008, el Tribunal Supremo anuló la decisión del Consejo de Ministros porque consideraba que Moto no ponía en riesgo la seguridad nacional ni estaba suficientemente acreditada su condición de golpista. Los magistrados no veían elementos probatorios en el informe del Cesid, que le acusaba de haber participado desde España en cuatro intentos golpistas. Es lo que ocurre con los métodos de trabajo de los servicios de inteligencia: son válidos para uso interno, pero poco prácticos ante un juez, porque utilizan unos sistemas habitualmente poco legales. Pudieron enterarse de conversaciones incriminatorias contra Moto, pero al no haber pedido una orden judicial previa, no podían hablar de ellas ante un juez so pena de cometer un delito.

De las intentonas, la más seria fue la llevada a cabo entre febrero y marzo de 2004, con Aznar en la presidencia del Gobierno, protagonizada por el mercenario Tomás Man, el hijo de Margaret Thatcher y un traficante de armas libanés. Hubo los suficientes indicios para implicar al Gobierno español —mandó dos buques de guerra a la zona—, pero no se pudieron probar las acusaciones.

A este respecto, el informe del CNI ofrecía un sinnúmero de datos, producto del seguimiento a Moto y a sus colaboradores: su alojamiento en Canarias, sus movimientos por las islas e incluso las fotos del avión que le transportó desde allí a Mali. Sin embargo, se limitaron a acumular información sobre sus actividades, pero nadie le detuvo.

Días después de la sentencia del Supremo, la Policía detuvo nuevamente a Moto, acusado de otro golpe de Estado, con información facilitada por el CNI. Un golpe que, de ser cierto, sería la mayor chapuza de la historia del golpismo. Un empresario arruinado adquirió un coche de segunda mano que transportó en una grúa hasta el puerto valenciano de Sagunto para su embarque a Guinea. Cuando intervino la Policía, se encontró en el maletero con un fusil Cetme, una escopeta Mauser, una pistola Colt y 33 cartuchos, que eran incompatibles con la antigüedad de las armas. El policía que escribió el informe debió de asesorarse por un enemigo cuando denominó al material incautado «arsenal de guerra».

Esa acción sirvió para encarcelar a Moto, en un momento en que se estaba llevando a cabo una campaña electoral en Guinea que trataba de vender al mundo la apertura democrática de Obiang.

La detención tampoco sirvió para expulsar a Moto de España, pero sí para asustarle lo suficiente como para que frenara en sus intentos de desestabilizar Guinea, siendo el convidado de piedra en cuantos golpes de Estado se promovían en el mundo. El CNI sigue controlando sus pasos.

84. Orgías, homosexualidad, cuentas bancarias y reclutamiento de agentes

Conseguir ingresar en el CNI es una tarea increíblemente complicada. El reclutamiento de los universitarios destinados a ser oficiales de inteligencia dura cerca de un año y es uno de los más duros.

La chica que se presentó a los exámenes estudió una carrera de letras y habla inglés y francés. Envió su currículum en una carta y un agente en activo la recomendó porque era amigo de sus padres. Las relaciones de amistad con personal de la Casa son una ventaja para cualquier candidato, pues ayudan a garantizar su honestidad.

La primera prueba se celebró en la sala de conferencias del CNI. Tuvo un carácter masivo y los candidatos aparecieron vestidos con una cierta elegancia. El cuestionario trató sobre derecho, economía y relaciones internacionales.

Un mes después, nuestra candidata recibió la llamada de su reclutador en la que la felicitaba por haber aprobado y la convocaba para la segunda prueba, en un piso de la calle Menéndez Pelayo. Un grupo más reducido de opositores acometieron una prueba bien distinta. Las cientos de preguntas en forma de test formaban un ejercicio psicotécnico, con cuestiones como: «¿Matarías por España?» que buscaba posibles contradicciones y analizar la personalidad de los candidatos.

De nuevo un mes después, el mismo reclutador telefoneó a la chica para convocarla a una tercera prueba. La avisó de que habría un examen sobre la Constitución, por lo que le recomendó que se la estudiara con detenimiento. También le pidió que acudiera a la reunión con una serie de documentos: el DNI, el carné de conducir, el Libro de Familia, el informe de Vida Laboral expedido por la Seguridad Social, la última declaración de la Renta, cartas de despidos de trabajos anteriores, contratos de alquiler, compra-venta o escrituras del domicilio habitual o segundas residencias, una Nota Simple y balance de cuentas expedido por el Registro Mercantil en el caso de que formara parte de sociedades de cualquier tipo, extractos de movimientos de los últimos seis meses de los productos que fuera titular en las entidades bancarias con las que trabajaba y extractos de los pagos realizados con todas sus tarjetas de crédito.

La chica se quedó sorprendida por la obligación de desnudar su intimidad, aunque el amigo del CNI de sus padres ya le había advertido que le pedirían las cosas más extrañas. No obstante, se sintió fatal cuando tuvo que pedir a su banco el extracto del último año de su cuenta corriente, que hasta ese momento presentaba escasos movimientos.

Al llegar al piso de Menéndez Pelayo, se encontró con que quedaban pocos candidatos. Su controlador le entregó un documento de varias hojas y le pidió que lo leyera detenidamente y lo firmara si estaba conforme. La chica rubricó con su firma su voluntad de aceptar a partir de ese momento que todo el proceso de selección estaba regido por la Ley de Secretos Oficiales y por las normas legales del CNI, por lo que no podía comentar su contenido con nadie. «Y nadie es nadie», le especificaron.

Entusiasmada por lo que consideraba un signo de su primer paso para conseguir su meta, realizó la prueba escrita sobre la Constitución y después esperó para mantener una entrevista personal. Una mujer de algo más de treinta años la recibió en un despacho y la preguntó por numerosos detalles de su vida, aunque de una manera genérica. Tuvo que contestar dónde había trabajado, si tenía pareja, de qué ideología política se declaraban sus familiares y aportar detalles sobre sus estudios. También revisaron conjuntamente los documentos que había presentado.

Nuevamente tuvo que pasar algo más de un mes para que volvieran a llamarla. Un mes lleno de tensión, pues la chica no tenía trabajo y había puesto todas sus ilusiones en convertirse en agente secreto. El siguiente examen, oral, fue de idiomas. Primero de inglés y luego de francés.

Tras el paréntesis obligado, se la convocó a un curso de una semana en la calle Príncipe de Vergara. De ocho de la mañana a diez de la noche, junto a otros 25 candidatos, se les sometió a todo tipo de pruebas. El primer día comenzaron saliendo al encerado y presentándose delante de la clase y de los cuatro agentes de la dirección de Recursos Humanos, que, sentados en la última fila, tomaban nota de todo. Cuando los jóvenes acabaron de hablar, les plantearon el primer ejercicio: debían redactar lo que habían visto cuando estaban hablando en el encerado. Al acabar el día, les entregaron a cada uno un libro distinto sobre diversas teorías políticas y religiosas, como los fundamentos del islamismo, del que les examinarían dos días después. Con pruebas continuas de observación y retentiva, los instructores pretendían valorar sus capacidades innatas para ser agentes.

Tras varias semanas, fue citada para una reunión en la sede central del CNI. Una mujer la entrevistó durante tantas horas que la parecieron una eternidad. En esta ocasión, las advertencias del amigo de su padre no la sirvieron para estar alerta ante las preguntas: quiénes habían sido sus novios hasta el momento, por qué había roto con ellos y hasta dónde llegó en sus relaciones; si había participado en orgías y si le apetecería hacerlo si supiera que nadie se iba a enterar; si bebía diariamente, cuánto, qué la gustaba y cuántas veces se había emborrachado; si se drogaba o al menos se había fumado algún porro; si había mantenido alguna relación homosexual y si la importaría hacer un trío con un hombre y una mujer.

Ya empezaba a pensar que no había pasado la prueba cuando el reclutador volvió a telefonearla. Tenía que regresar a la sede del CNI para otra entrevista. El sudor frío se apoderó de ella. En esta ocasión, fueron dos las mujeres que la interrogaron todavía con más crudeza. Nuevamente las mismas preguntas, pero formuladas buscando la contradicción en las respuestas. Se sintió fatal y salió convencida de que no la aceptarían.

El tiempo pasó y la carta que confirmaba sus sospechas terminó de quemar las escasas ilusiones que la quedaban. Nunca supo las razones por las que no la aceptaron. Quizá sus respuestas a preguntas extrañas o quizá que en los seguimientos a los que fue sometida encontraron algo que no les gustó. El amigo de sus padres se limitó a decir: «Es que los de reclutamiento son muy raros».

85. Detenido cuando espiaba en el Metro

«Tienes que montar un atasco en la plaza de Colón, en el centro de Madrid, en sólo quince minutos». «Si quieres seguir en el curso, debes traerme antes de dos horas un gramo de cocaína». «¿Ves esa chica solitaria de la mesa de la esquina? Pues quiero que consigas su teléfono y dirección antes de que abandone el bar».

Son pruebas de los instructores a alumnos de los cursos de inteligencia que continuamente se imparten en el Cesid-CNI a todo el personal que acaba de ingresar. En esos cursos hay una importante parte teórica, pero lo fundamental es que los agentes demuestren sus habilidades para moverse en ambiente hostiles y para hacer frente a cualquier situación incómoda que se les presente. Este curso no es para la unidad operativa. Se imparte para los agentes que van a estar en la calle tratando con fuentes a las que van a tener que dirigir y manipular y que en muchos momentos se verán en situaciones conflictivas que requerirán grandes dosis de improvisación e imaginación.

Las pruebas son muy complicadas, pero se dan pocas situaciones en las que los «estudiantes» cometan algún estropicio. Como fue el caso que ocurrió en el Metro de Madrid en mayo de 2005. El ejercicio consistía en entrar en un lugar público, de acceso restringido, con seguridad personal, sin identificarse en ningún momento como espía. A Víctor G. S. le encargaron hacer un informe sobre las instalaciones del Metro en Canillas, donde se realizan el mantenimiento y las revisiones de los trenes.

El agente llegó sobre las seis de la tarde y una hora después fue detectado por un guardia jurado, que le pidió que se identificara. Siguiendo el plan establecido, le contó que era un periodista de Telemadrid que iba a llevar a cabo un reportaje sobre las instalaciones. Lo dijo con seguridad, pero el vigilante sospechó cuando notó que, además de ir solo, no llevaba ninguna cámara encima.

Víctor tuvo que presentarse ante el jefe del depósito, que le hizo preguntas más incisivas; el espía matizó su coartada: en realidad, trabajaba para una productora privada que quería vender el reportaje a Telemadrid. El engaño no resultó efectivo. Llamaron a las dos empresas citadas, donde evidentemente no le conocían, y lo siguiente fue la aparición de la Policía.

El miembro del CNI aguantó lo que pudo el interrogatorio, hasta que vio que la situación se ponía fea. No le quedó más remedio que identificarse como brigada del Ejército que estaba haciendo una misión de información. El follón estaba montado. Los policías telefonearon a la jefatura Superior de Policía de Madrid, desde donde se pusieron en contacto con el Ministerio de Defensa. Tras las comprobaciones pertinentes, el CNI reconoció que era agente suyo y la Policía trasladó a Víctor hasta comisaría, donde le tomaron declaración y le dejaron en libertad.[25]

Es bastante previsible que el agente no esté ya en el servicio de inteligencia. Otros muchos compañeros suyos, esos días, entraron en otras instalaciones oficiales y privadas a descubrir el horario de las señoras de limpieza o la situación de las cámaras de seguridad, y no fueron descubiertos.

86. Controlar a un millón de musulmanes

La llegada de Alberto Saiz a la dirección del CNI, nombrado por José Luis Rodríguez Zapatero, supuso la mayor potenciación histórica del servicio de inteligencia. El proyecto inicial de más dinero y más agentes fue elaborado por Jorge Dezcallar en la última etapa del Gobierno Aznar, tras los atentados del 11-M y la detección de las nuevas amenazas y la constatación de la escasez de medios. El cambio de Gobierno en 2004 no permitió llevar adelante esos planes, y el nuevo director de la Casa se encontró con que los atentados de Madrid allanaban el camino para concederle lo que pidiera, siempre que fuera para luchar contra el terrorismo islamista.

Saiz llegó al cargo sin saber nada de inteligencia, materia que su antecesor, el primer civil en el puesto, sí que conocía un poco gracias a su dilatada experiencia diplomática. Pero aprendió pronto. El pesimismo entre el personal del CNI no era, como antiguamente, por chapuzas o traiciones. Ahora habían padecido dos experiencias traumáticas: el asesinato de ocho agentes en Irak y la imposibilidad de alertar sobre los atentados islamistas en los trenes de Madrid.

Mientras se reestructuraba el personal para dedicar agentes expertos a la División de Terrorismo Islamista, se comenzó la contratación de algo más de quinientos agentes, eso sí, racionalizándolo a lo largo de varios años. Porque, entre otros problemas, para darles acomodo se necesitaba levantar un nuevo edificio en la sede central, que la previsión de Manglano estableció junto a los otros ya existentes.

Una gran parte de esos agentes tendrían como misión controlar al millón de musulmanes instalados en España. El trabajo de los nuevos adquisidores de colaboradores sería acercarse al mayor número de emigrantes posibles, para detectar a sus compañeros radicales. Los datos establecían que habría que vigilar a unas mil personas que en potencia podrían participar en un atentado, pero el problema complicado era identificarles. No interesaban los musulmanes que vivían en España, porque la inmensa mayoría no eran integristas. Ni siquiera preocupaban los integristas, porque la mayor parte no eran terroristas. Ellos querían encontrar a los que estaban en un proceso de radicalización.

Poco a poco, desde el año 2004 y en los siguientes, el CNI procedió a aumentar su despliegue en varias ciudades y a abrir delegaciones en otras. Donde hubiera una colonia musulmana, debía haber agentes adquisidores. En un primer momento se aumentó la presencia en Barcelona, Girona, Murcia y Almería. A la división propia de Madrid se la dotó de mucho más personal. Y pasaron a adquirir más importancia comunidades como Valencia, Baleares y Canarias.

Cada una de las cuatrocientas mezquitas instaladas en suelo español se convirtió en objetivo prioritario, una tarea en la que también participó, con numerosos medios, la Policía.

Hay que tener en cuenta que las normas de contratación del CNI impiden que los españoles hijos de árabe puedan ingresar, por lo que la labor se centró en la búsqueda de confidentes bien situados en la comunidad musulmana. Confidentes que colaboraran tras haber cometido alguna falta o con el objetivo de conseguir la nacionalidad española y no tener que regresar a su país.

Paralelamente, la Casa se dedicó a mejorar el intercambio de información sobre terrorismo islamista con otros servicios secretos. Poco a poco, los resultados se fueron produciendo, aunque con la lentitud que exigía la presencia de tanta gente nueva, que en el espionaje tarda varios años en comenzar a dar sus réditos.

La nueva amenaza terrorista no les hizo olvidar a ETA. Esa potenciación sirvió también para aumentar el número de agentes dedicados a perseguir a la banda terrorista. De forma significativa, se incrementó su presencia en el País Vasco, a pesar de que la tregua concedida por ETA en la etapa de Rodríguez Zapatero podría haber invitado a lo contrario. Exactamente lo que les aconsejó el MI5 tras su experiencia con el IRA: «Cuanto más débiles parecen, más medios hay que dedicar».

87. Arnaldo Otegi: el más espiado

Un día de julio de 2004, dos de los trabajadores de Euskaltel que estaban realizando labores de ampliación de sus redes de fibra óptica y de captación de clientes en la comarca del Bajo Deba, acudieron al domicilio particular de Elgoibar del dirigente abertzale Arnaldo Otegi. Les abrió la puerta su esposa, María Julia Arregui, a la que pidieron el favor de que les dejara tomar imágenes del cableado de la fachada del inmueble, que no podían captar desde el exterior. La mujer no les puso ningún impedimento para entrar y les acompañó a la esquina de la casa desde la que debían sacar las imágenes.

Algo llamó la atención de María Julia: las cámaras de los operarios de Euskaltel permanecieron encendidas cuando, una vez finalizado el trabajo, se dirigieron de nuevo a la puerta. Incluso creyó ver que a su paso grababan discretamente las habitaciones de la casa. Quizás lo que pasó fue que al principio no sospechó de dos funcionarios de una empresa que estaba trabajando en el barrio y de repente desconfió al notar que no tenían acento vasco y que su marido le había alertado muchas veces de que no se fiara de nadie.

El hecho fue que apuntó el número de matrícula del coche. Después telefoneó a la empresa Euskaltel para confirmar el trabajo encargado a los dos hombres. La respuesta fue la que se temía: no habían ordenado a ningún operario un trabajo de ese tipo. Acudió a presentar denuncia ante comisaría, en la que aportó el número de matrícula del vehículo. Las placas carecían de dueño, eran de «identidad reservada».

Ésta es una de las diversas ocasiones en que Arnaldo Otegi ha descubierto el espionaje al que le sometía el CNI. Pero en la inmensa mayoría de los controles, no tuvo ni idea de que le seguían los pasos o grababan sus conversaciones. Se puede afirmar que el dirigente de la izquierda abertzale es una de las personas con más abultado expediente en los archivos del servicio de inteligencia.

En los años ochenta, la delegación en el País Vasco comenzó a controlar sus movimientos y a informar de la progresiva influencia que iba ganando en el mundo abertzale. Pusieron el punto de mira en él y empezaron a elaborar un Informe Jano, en el que recogieron cualquier dato al que tuvieron acceso sobre su vida pública y privada.

Cuando en 1990 fue designado portavoz de Herri Batasuna, ya había sobre él un control permanente. Fue la primera vez, aunque no la última, que distribuyeron entre altos cargos de la Administración un perfil de su familia —abuelos, padres, mujer, hijos—, de su ideología —evolución política desde sus orígenes terroristas— y de sus influencias dentro del partido. El CNI ya le veía como el hombre del futuro y por eso consideró prioritario conocer cada extremo de su vida. Como, por ejemplo, que dada la escasez de su sueldo, tenía la costumbre de prolongar las comidas que pagaba el partido, mientras bebía una copa tras otra.

El control permanente de Otegi se les reveló como un rotundo acierto. Con el paso de los años, siguiéndole a él, tenían acceso a toda la información de los temas interesantes sobre el mundo abertzale y sus contactos con el resto de los partidos vascos.

Esa actividad les permitió conseguir información de primera mano sobre los acontecimientos que siguieron a los atentados del 11-M. Sin duda, tenía el teléfono intervenido, por lo que se enteraron de la llamada de su contacto cerca de ETA, que le anunciaba que ellos no habían colocado las bombas. Pero también de sus conversaciones con el lendakari Ibarretxe o el dirigente de ERC, Josep Lluis Carod-Rovira. Datos que llevaron al CNI a olvidarse de la pista etarra en los atentados y volcarse en los islamistas.

La llegada de Zapatero al palacio de La Moncloa y la puesta en marcha de las negociaciones para conseguir la paz en el País Vasco no redujeron lo más mínimo el permanente control. Antes, a partir de 2002, el servicio había informado de los encuentros secretos que mantenían el dirigente abertzale con jesús Eguiguren, presidente del Partido Socialista de Euskadi.

Tras la oficialización de la tregua con el discurso del presidente Zapatero en el Congreso de los Diputados, el CNI tampoco bajó la guardia. Rubalcaba dejó su puesto de portavoz socialista en la Cámara Baja para asumir el Ministerio del Interior. El objetivo era controlar las acciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, volcando todas las competencias en la Policía y dejando al margen en lo posible a la Guardia Civil y al CNI.

El malestar en el servicio fue inenarrable, pero tuvieron que acatar las órdenes. Eso sí, siguieron manteniendo activas las vías de espionaje en el mundo abertzale y sobre Otegi. Gracias a ello, pudieron elaborar informes sobre lo que pensaban sus dirigentes sobre cada paso que se iba dando en la negociación.

Otegi pidió que el CNI no interfiriera en las conversaciones políticas que tenían lugar en Loyola con el Partido Socialista y el PNV, pero los espías no renunciaron a esos sistemas de escuchas y seguimiento que tanto martirizaban al dirigente cercano a ETA.

El 8 de junio de 2007, Arnaldo Otegi ingresó en prisión. Podría parecer que desde ese momento el CNI abandonó a su presa, pero nada más alejado de la realidad. El servicio de inteligencia sigue controlando sus pasos, las personas con las que habla y el contenido de sus conversaciones. Otegi lleva más de veinte años con unos ojos y oídos persiguiéndole, que no están dispuestos a soltarle.

88. Maltrato a la sobrina de Perote que se cambió el apellido

En febrero de 2005, la agente Maricruz Suárez-Rivero recibió con alborozo la noticia de que la dirección del CNI la había concedido el destino en Alemania que había solicitado dos meses antes. En mayo, el Ministerio de Asuntos Exteriores comunicó su nombramiento como agregada a la embajada de España en Alemania, proporcionándole pasaporte diplomático. Debía presentarse en su nuevo destino el 17 de julio.

Maricruz Suárez-Rivero aprovechó el año y medio que había pasado desde su solicitud para darse de baja de la sociedad limitada que había fundado con su marido con el objetivo de dedicar los ingresos de él a comprar una casa en Galicia. Antes de montarla, había consultado con uno de los asesores internos de la Casa, el que tenía el número de carné profesional 7084, para asegurarse de que su decisión era legal. Cuando le comunicó que si no tenía un sueldo en la sociedad no había problemas, decidió seguir adelante en su proyecto. En ese momento, cuando iba a residir en el extranjero, la sociedad carecía de sentido.

En 2004, Maricruz se había casado en segundas nupcias con un alemán, a cuya boda asistieron muchos de sus compañeros y algunos de sus jefes. Todos ellos compartieron ceremonia y banquete con la nutrida familia Perote, encabezada por su padre, Javier, y por su tío Alberto. Los asistentes sabían que ese día se iban a encontrar al antiguo jefe del Departamento de Acción Operativa, que al abandonar el cargo se llevó las microfichas cuyo conocimiento público acabó con las dimisiones del vicepresidente Serra, el ministro García Vargas y el director Manglano. Tras esos acontecimientos, Maricruz decidió cambiarse el orden de los apellidos para garantizar su clandestinidad como espía.

Hasta ese momento, todo fue una historia normal. Pero algo ocurrió precisamente el día anterior a que se presentara en su nuevo destino en Berlín. Se le comunicó que se personara el mismo día 17 de julio en la sede central en Madrid. Allí, el director de Inteligencia, Miguel Sánchez, le informó que la secretaria general había ordenado una investigación sobre todas las personas que fueran a destinos en el extranjero y que habían descubierto que tenía una empresa con su marido, lo cual era incompatible con su trabajo en el CNI. Además, le explicó que estar casada con un alemán era incompatible con el destino, pues le crearía una situación de conflicto en sus lealtades y no sabría defender los intereses de España.

Fue sometida a interminables sesiones de interrogatorios por parte de miembros de los servicios de seguridad, que intentaron demostrar faltas de lealtad y engaño. Maricruz no entendía nada, pero contestó una a una a todas las preguntas. No tenía nada que ocultar, porque llevaba veintitrés años trabajando allí y creía que, si era transparente y decía la verdad, no tendría que preocuparse de nada. Incluso aceptó acudir acompañada por agentes de seguridad a bancos, Hacienda… para pedir justificantes de todos sus movimientos económicos durante los últimos cinco años.

No entendió las preguntas sobre su marido. Muchísimos compañeros le conocían y sabían su origen alemán y que se dedicaba a pequeños negocios industriales. Además, ¿qué importancia tenía su nacionalidad? El embajador español en Alemania estaba casado con una nativa del país, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, estaba unido a una francesa, varios agentes de los que habían estado destinados en Alemania estaban casados con alemanes e, incluso, Andrés Fuentes, que fue el jefe de la delegación allí durante muchos años, también estuvo casado con una alemana.

La evidencia de este último hecho y la transparencia de su economía provocaron que se centrara la investigación en la sociedad limitada que había montado. Les explicó una y otra vez que el compañero con carné 7084 le había asegurado, antes de constituir la empresa para uso familiar, que todo era legal. Pero aquí se encontró con un grave problema: el citado agente aseguró no recordar la entrevista. Maricruz no dio crédito.

Le quitaron el destino que se había ganado año y medio antes —¿por qué tardaron tanto en llevar a cabo la investigación?— y la secretaria general, María Esperanza Casteleiro, le comunicó en persona que le iba a abrir un expediente por falta grave.

El expediente, como la mayor parte de los que lleva a cabo el CNI, adolecía de faltas de garantías para el investigado. Sobre todo cuando la solución final se basaba en dos testimonios enfrentados: el de Maricruz y el del agente 7084. Además, este último había sido destinado al extranjero, por lo que se le remitió el cuestionario de preguntas vía email y habló personalmente por teléfono con el instructor. Eso sí, la defensa de Maricruz no pudo meter ninguna de las preguntas que le hubiera interesado formular. Tampoco se permitió un careo, algo normal en cualquier procedimiento judicial. La resolución creyó al agente 7084 y condenó a la sobrina de Alberto Perote.

Cumplida la pena, Maricruz Suárez-Rivero pidió la excedencia. En ese tiempo, su padre comenzó a bucear en lo que le había pasado a su hija, convencido de que había detrás una extraña venganza personal contra ella. Se encontró, entre otras cosas, con que el agente 7084 había sido destinado a Alemania. Al puesto de Maricruz.

89. El control del poder económico: espían a Pizarro, presidente de Endesa

El 13 de junio de 2007, pasadas las ocho y media de la noche, Manuel Pizarro regresó a su domicilio, tras abandonar un rato antes su despacho en la sede de Endesa, cuya presidencia ostentaba. Al llegar en su coche, se bajó y sus escoltas esperaron hasta verle entrar en casa. Fue en ese momento cuando les llamó la atención un hombre que estaba al volante de un vehículo estacionado allí mismo.

Sospecharon inmediatamente de él y para poder demostrar su presencia sacaron un teléfono móvil y le hicieron una foto en la que quedó reflejada el número de la matrícula del coche y el lugar donde estaba aparcado. Después entraron en su vehículo y se alejaron. No tardaron mucho en darse cuenta de que el sospechoso había comenzado a perseguirles, situación extraña que duró hasta que apareció otro vehículo que se colocó delante del de los escoltas, impidiéndoles el paso. En ese momento, el hombre que estaba delante del domicilio de Pizarro salió del vehículo acompañado de otros dos sujetos y les espetó: «Bajen del coche, somos del CNI».

Inmediatamente después, pidió al escolta del presidente de Endesa que le enseñara las imágenes captadas por su teléfono móvil, a lo que éste se negó, procediendo a llamar a Pizarro para pedirle consejo sobre cómo actuar ante la situación. Pizarro le ordenó que llamara a la Policía, lo que llevó a una tensa espera durante unos minutos. Se personaron cuatro policías, que al detectar la presencia de agentes del CNI quisieron ahuecar el ala. El escolta les pidió, tras conversar otra vez con Pizarro, que hablaran con un superior, pues consideraba que el asunto era sumamente grave. El jefe con el que hablaron les manifestó que debían levantar un atestado, pues se podía haber producido un delito de detención ilegal, otro de intento de hurto —al tratar de quitarle el teléfono móvil con el que había captado la matrícula— y otro de coacciones. Finalmente, policías, escoltas y agentes del CNI acabaron prestando declaración en la Brigada Provincial de Información.

Allí, el escolta de Pizarro explicó que en los últimos meses se habían producido robos de material informático perteneciente a Endesa, que desde hacía tiempo estaba negociando la entrada en el capital de la empresa de grupos extranjeros y nacionales.

Además, en febrero de ese mismo año, habían descubierto el seguimiento por parte de dos guardias civiles, uno de ellos de baja y otro supuestamente fuera de servicio, que también controlaban los movimientos de Pizarro. Los dos, por cierto, reconocieron que habían estado destinados en el CNI. Había tantos intereses económicos y estratégicos en juego, que los responsables podían ser las empresas inaplicadas, pero también otros países y el propio Gobierno español, todos interesados en conseguir información privilegiada sobre un negocio de tantos millones. Por ese motivo y por el temor a un atentado o secuestro por parte de ETA, estaban en alerta y no dudaron en tratar de identificar a quien parecía que vigilaba a su presidente.

Los agentes del CNI negaron estar controlando a Pizarro y afirmaron que su misión secreta iba por otros derroteros. Una nota oficial del CNI habló al día siguiente de «una actividad informativa en el ámbito de contrainteligencia sobre un objetivo perteneciente a un servicio de inteligencia extranjero». La misma excusa de siempre.

Pizarro no tardó en recibir una llamada telefónica de Alberto Saiz, el director del CNI, en la que le ratificaba esa versión y lo achacaba todo a una «mera coincidencia». Más adelante, Saiz llegó a declarar que «es inconcebible que el CNI pueda dedicarse a seguir al presidente de una empresa privada». Olvidaba que, si hay intereses estratégicos españoles en juego, es habitual que lleven a cabo un seguimiento del asunto.

El conflicto terminó judicializándose y los tres agentes del CNI fueron condenados por una falta de coacciones. Quizás si en la operación de compra de Endesa no hubieran intervenido intereses alemanes e italianos y, sobre todo, el interés del propio Gobierno, el CNI no se habría implicado.

90. El mayor traficante de armas al servicio del CNI

El 7 de junio de 2008, el sirio Monzer Al Kassar, uno de los más conocidos traficantes de armas, y de muchas otras cosas, del mundo, fue detenido en el aeropuerto de Barajas, en cumplimiento de una orden internacional cursada desde Estados Unidos. Se le acusaba de vender armas ilegalmente a la guerrilla colombiana de las FARC.

Un año después, el Consejo de Ministros autorizó su extradición a Estados Unidos, tras una resolución del Pleno de la Audiencia Nacional, que contó con votos discrepantes de tres magistrados.

El 24 de febrero de 2009, un juez federal de Nueva York le condenaba a treinta años de cárcel, lo que en teoría suponía que las cuatro paredes de su celda serían la casa en la que pasaría el resto de su vida.

Éste podría ser un caso más de los cientos que ocurren en España cada año. Pero no tenía que ver con ninguno. De entrada, el delito de intentar vender armas a la guerrilla colombiana «para atacar Estados Unidos» fue provocado en Marbella, lugar de residencia de Al Kassar, por dos agentes encubiertos de la DEA, acción que no está permitida en España. Segundo, los agentes americanos actuaron al margen de las autoridades españolas. Y tercero, el traficante informó de la operación que le ofrecían a sus contactos de la Policía y el CNI. Porque el mayor traficante de armas del pasado siglo era un colaborador activo y especialmente valioso de los servicios de inteligencia españoles.

Cuantos más amigos tenga el CNI entre los habitantes del infierno, mejor desarrollarán su trabajo. Una labor que debe permitir solucionar los conflictos de España, sin que nadie se entere de la forma en la que lo han conseguido. Y Monzer Al Kassar era una vía increíblemente buena. Hasta la fiscalía de Estados Unidos negó en el juicio que el sirio trabajara para el CNI, ante lo que los espías españoles callaron, como hacen siempre.

Fue en 1985, cuando Fernando de la Malla, jefe de la División de Economía y Tecnología, y julio Garulo, jefe del Área de Tráfico de Armas, alcanzaron un acuerdo con Al Kassar. A cambio de la protección del entonces Cesid, de garantizarle una estancia sin problemas en Marbella y otras ayudas que pudieran surgir, el traficante accedía a facilitarles información sobre narcotráfico, tráfico de armas y terrorismo en cualquier parte del mundo.

También les propuso hacer de intermediario para que el Cesid pudiera establecer relaciones con el servicio secreto sirio, mandado en aquel momento por Ali Duba, cuyo largo brazo apoyaba a diversos grupos terroristas y tenía una destacada presencia en muchos países árabes. El entonces director, Emilio Alonso Manglano, estableció una muy buena colaboración, a pesar de que, en una de sus primeras visitas, el espía sirio descubrió que le habían colocado tres micrófonos en su habitación del hotel Miguel Ángel.

Lo llamativo de esta colaboración era que Al Kassar se movía con absoluta libertad por España, siempre acompañado por agentes del Cesid que más que vigilarle le protegían. Además, para malestar general, el traficante tenía vetado el acceso a varios países de Europa y a Estados Unidos.

El 6 de noviembre de 1986 se localizó el importantísimo arsenal de armas de ETA en la cooperativa Sokoa. Se tardó un tiempo en saber que la identificación se debió a una trampa urdida por los servicios de seguridad españoles. La banda terrorista compró unos misiles Sam-7 tierra aire que acabaron en ese almacén y que llevaban incorporado un mini transmisor facilitado por la CIA. Esos misiles habían sido puestos en el mercado por Al Kassar, siguiendo instrucciones españolas, conocedoras de que la presencia del traficante de armas daría credibilidad a la operación.

En 1993, Al Kassar fue procesado en España como presunto suministrador de armas a los palestinos que secuestraron en 1985 el buque Achille Lauro y que costó la vida a un norteamericano. En mitad del proceso, en enero de 1994, el Cesid consiguió que la Audiencia Nacional le autorizara a salir de España con el pretexto de visitar a un hermano enfermo en Siria. Los motivos reales de la visita se desconocen, pero sí que, a cambio de poder viajar, el servicio secreto le pidió que hiciera una gestión cerca de un grupo terrorista para evitar que un atentado interfiriera en el proceso de paz árabe-israelí.

Incluso cuando en España se produjo el escándalo de la huida del ex director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, las autoridades españolas le pidieron que moviera todas sus influencias para intentar dar con el paradero del prófugo.

Estas acciones son sólo ejemplos de las relaciones que mantenían cuando Al Kassar fue detenido y extraditado a Estados Unidos. En el espionaje no hay nada gratis, todo se cobra, por lo que no existe duda de que algo muy gordo le debieron ofrecer sus colegas norteamericanos a cambio de que renunciaran a tan buen colaborador. Ni la presión extrema de las autoridades sirias evitó el viaje a Estados Unidos.

Si algún día Al Kassar hablara, no podemos imaginarnos lo que podría contar sobre la forma de actuar de la fontanería española.

91. Un agente en la red de pederastas

La Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía llevaba desde principios de 2008 intentando desentrañar una red de pederastas. A mediados de año habían investigado mil seiscientas conexiones e identificado doscientos cincuenta domicilios en España desde los que se habían descargado y distribuido en Internet imágenes duras, muy duras, de sexo con menores.

Los policías de la brigada sabían que cada ordenador tiene un IP, una especie de carné de identidad, que conduce diligentemente a la persona que lo utiliza. En una de esas identificaciones, se encontraron con que ese IP estaba protegido, era reservado. Sin duda, el que lo descubrió debió de informar a su superior del hallazgo: una de las supuestas personas que poseía pornografía infantil de extrema dureza era… un agente del CNI.

Los policías se pusieron en contacto con los mandos del servicio de inteligencia, que les conectaron con el servicio de seguridad. Los datos aportados por los investigadores permitieron identificar a un cabo primero del Ejército destinado en Transmisiones.

Los agentes del CNI les pidieron a sus colegas de la Policía que les dieran algo de tiempo para realizar una investigación sobre el sospechoso, para descubrir si esa debilidad que ellos no habían detectado podía haber sido utilizada por otros servicios para chantajearle o si el afectado había llevado a cabo actividades ilícitas dentro de la Casa. Los policías accedieron.

A finales de noviembre de 2008, ciento veintiuna personas fueron detenidas, noventa y seis fueron imputadas y millones de archivos fueron intervenidos. Una de esas personas fue detenida fuera de su lugar de trabajo, en su casa de Galapagar. En su ordenador tenía una gran cantidad de material sexual de niños. Era un agente del CNI. Una manzana podrida.

92. Espía cesada por tener un hijo y pedir reducción de jornada

Quiso mantener en la sombra su nombre, pero sacó a la luz la humillación por la que había pasado. Estuvo poco más de dos años y medio en el CNI, aunque cuando ingresó no era una jovencita soñadora ansiosa de cumplir un sueño, sino una mujer en la treintena a la que habían acudido a fichar dadas las cualidades que habían descubierto en ella.

Titulada en derecho y administración de empresas, capaz de mantener una conversación fluida en cuatro idiomas y con una sólida experiencia internacional adquirida en una multinacional, sintió que el nuevo reto que le planteaban en el servicio de inteligencia le ofrecía apasionantes posibilidades. Realizó el preceptivo examen y en septiembre de 2005 hizo el obligatorio curso de ingreso, tras lo cual fue destinada a la Oficina Nacional de Seguridad.

En enero de 2006 tomó posesión junto al resto de los nuevos compañeros. Al final del acto, el jefe del departamento se acercó una a una a las nuevas agentes femeninas y las preguntó si tenían intención de tener más hijos. Ella, que ya tenía uno, contestó afirmativamente.

No tardó muchos meses en quedarse embarazada y además con algunos problemas. En agosto de ese año, el médico del CNI la envió a un especialista, que le dio la baja laboral. No se reincorporaría hasta marzo de 2007. Ese mismo mes, pidió la reducción de un tercio de jornada laboral, acogiéndose al Plan Concilia de la Administración Pública. Quería seguir trabajando, pero también estar un poco más de tiempo con su hijo recién nacido. Sus compañeros le aconsejaron que no lo hiciera, que a los jefes les sentaría fatal, pero no atendió a razones. De hecho, su jefe de departamento se opuso, pero la ley estaba con ella y la secretaria general, Esperanza Casteleiro, se lo autorizó por espacio de un año.

En septiembre de 2007, coincidiendo con los dos años que llevaba en el puesto, recibió un segundo informe de idoneidad, condición previa imprescindible para que los nuevos agentes asienten su trabajo en el CNI. Ese mismo día, su jefe le preguntó si tenía la intención de volver a solicitar la reducción de jornada cuando acabara el año que tenía concedido. Ella sabía lo molesto que estaba con su deseo de dedicar más tiempo a su bebé, pero tenía presente que su trabajo era básicamente de análisis, por lo que el perjuicio que les produciría sería mínimo. Nada la hizo modificar su actitud: le contestó afirmativamente.

El 13 de diciembre de 2007 se dirigía a una reunión, con su ordenador portátil en la mano, cuando la llamaron para anunciarle que había sido cesada por bajo rendimiento y falta de iniciativa laboral. Su baja fue inmediata, le requisaron todas sus pertenencias, fue registrada de forma humillante en el garaje del Centro y acompañada hasta la puerta.

Nadie atendió sus reclamaciones. La secretaria general no la recibió y ningún agente en el CNI descolgó el teléfono para atender sus llamadas. Esa tesitura la impulsó a actuar. Sabía perfectamente por qué la habían echado: no querían una agente que no viviera por y para el trabajo. Lo de acogerse al Plan Concilia lo interpretaban como una osadía, especialmente porque ni una sola mujer más se había apuntado.

Presentó un recurso ante el CNI alegando que no la podían expulsar, pues había superado los dos años del periodo de valoración de idoneidad. Se lo negaron: no le computaron el periodo de baja maternal.

El caso acabó en la Audiencia Nacional, con un recurso contencioso administrativo.[26] Era el punto final de una prometedora carrera en el espionaje. Ella aprendió la lección: conciliar la vida laboral y personal no es posible en el CNI.

93. Marruecos les echa del norte del país

2009 fue un año especialmente complicado para los agentes del CNI desplegados en Marruecos, el país que siempre ha contado con el mayor número de oficiales de inteligencia españoles —por cierto, algo recíproco—. El servicio secreto contaba con una nutrida representación en la capital Rabat y con dos agentes en cada uno de los consulados, que en la mayor parte de los casos disponían de cobertura diplomática.

Su presencia era interesante para los intereses españoles sobre todo en Tetuán y Nador, las dos ciudades cercanas a Ceuta y Melilla, que servían de punto de observación de todos los asuntos bilaterales conflictivos. No sólo sobre los movimientos políticos marroquíes para intentar ocupar las dos plazas españolas, sino por los grupos radicales islamistas, la emigración clandestina y el tráfico de drogas. Lo que ocurría es que esos tenlas no recibían una dedicación similar por parte del rey de Marruecos, Mohamed VI.

El mejor ejemplo se produjo en marzo en Nador. El servicio secreto marroquí ordenó la inmediata expulsión del único miembro destacado allí por el CNI, un aguerrido suboficial del Ejército, al que acusaron de entregar dinero a los grupos que denunciaban la bonanza del Gobierno con el tráfico de drogas. Tras producirse denuncias internacionales de la libertad con que actuaban en la zona los traficantes de hachís —cuya fundamentación había sido facilitada por el espionaje español, según los marroquíes—, se produjo la mayor redada en el país con la detención de ciento nueve personas, la mayor parte de ellos militares y policías.

Sin embargo, Chakib al Khayari, que dirigía una asociación por los derechos humanos, dejó en evidencia a las autoridades de su país al denunciar que entre los detenidos no aparecían los jefes máximos del negocio, que estaban en lo más alto del poder marroquí. Al Khayari fue detenido y el representante del CNI expulsado aparentemente sin motivo alguno. La sospecha de que había entregado dinero a la asociación denunciante nunca la pudieron probar. Evidentemente, a los intereses españoles les beneficiaba ese tipo de denuncias, porque ayudaba a limitar la llegada de droga a la península.

Tres meses después, el CNI cerró la delegación en Tetuán, otra de las ciudades clave del despliegue en Marruecos por su proximidad a Ceuta. Hay que recordar que una gran parte de los terroristas del 11-M procedían de Tetuán y que desde esa zona sale una gran parte de la inmigración clandestina a nuestro país.

El motivo podía estar en el malestar marroquí por los movimientos llevados a cabo por el CNI en Ceuta apoyando a la rama del islam tablig, de origen indio, que estaba mermando la presencia del rito malekita, los musulmanes más cercanos a Mohamed VI. Algo creíble, sin duda, y que es uno de los trabajos de influencia de cualquier servicio secreto.

También se comentó que la iniciativa de cerrar la delegación partía de las autoridades del CNI, que habían decidido reestructurar su presencia, algo absolutamente inverosímil, pues nadie en su sano juicio retiraría a sus agentes de una zona de tanto interés para España.

Los golpes tuvieron una difícil respuesta durante la etapa de Alberto Saiz, que estaba inmerso en la solución de sus propios problemas personales. Un año después, ya con Félix Sanz en la dirección, trataron de cambiar el rumbo de su relación con sus colegas marroquíes colocando al frente de la delegación a Raquel Gutiérrez, que había mandado la Dirección de Inteligencia y había desarrollado su carrera en la División de Inteligencia Exterior, incluido un destino en Francia. No obstante, mantener buenas relaciones en materia de espionaje con Marruecos es tan difícil como que un camello entre por el ojo de una aguja.

94. Los hackers contra el CNI

Alberto Saiz lo tuvo claro desde el primer día que se sentó con sus colaboradores en 2004 y hablaron sobre los principales retos que debía afrontar el CNI y los mejores modos para hacerlo. El terrorismo islamista, que tan duramente sacudió España el 11-M, se unía a la persecución de ETA como las máximas prioridades a las que hacer frente. Sin olvidar que había una tercera amenaza, menos evidente para la población, escurridiza y silenciosa, que desde hacía años se había convertido en el más valioso instrumento de vigilancia y en la herramienta más preciada para el ataque: las tecnologías de la información. Esta amenaza requería el esfuerzo de aumentar de forma considerable los medios de protección ante un ciberataque y al mismo tiempo desplegar la más potente red de ciberespionaje.

Una parte de los más de quinientos nuevos agentes contratados en la etapa Saiz fueron destinados al Área Informática. Eran «cerebritos» de las nuevas tecnologías, de lo mejor que había en el país, capaces de cualquier osadía con un ordenador delante.

Lo primero que hicieron fue darle la vuelta por completo al sistema de seguridad informática de la Casa. Las claves, los sistemas de entrada… Todo fue actualizado para evitar ataques externos. Por si acaso, la información más sensible se dejó fuera del sistema diario de trabajo, guardada en memorias externas a las que no se podía acceder desde los terminales.

Poco tiempo después, el Gobierno socialista puso en marcha el Sistema de Interceptación Telefónica (SITEL), dirigido a que las grabaciones realizadas por orden judicial por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pudieran realizarse con las mayores garantías. Un terminal del sistema se instaló en el CNI para ejecutar las escuchas telefónicas autorizadas por el magistrado del Tribunal Supremo adscrito al servicio. Según técnicos informáticos, un sistema tan avanzado, sin controles externos, ha podido ser desarrollado internamente para ser utilizado más allá de su función originaria.

Paralelamente, los especialistas del CNI navegan las veinticuatro horas del día por Internet buscando a potenciales delincuentes extranjeros y españoles. Se trata de entrar en ordenadores sin que el usuario los detecte, poder leer sus correos electrónicos e, incluso, lo que está escribiendo en cada momento. No dejan huellas, y si llegaran a ser descubiertos, lo que es harto difícil, sería casi imposible demostrar su presencia.

También disponen de acceso a las más importantes bases de datos policiales sobre el acontecer diario de los españoles y elaboran las suyas propias sobre los tenias que les interesan. Cada nombre que aparece en una escucha telefónica o en una investigación cibernética es almacenado para el futuro, aunque en un primer momento nada tenga que ver con cualquier investigación en marcha.

Como están encargados de la protección de todos los ordenadores de este país, tienen la posibilidad de acceder a los equipos de cualquier institución o ministerio para vigilar la información que manejan. Si quisieran, podrían entrar en los equipos del propio palacio de La Moncloa o en los del Ministerio de Asuntos Exteriores.

De esa misión de protección de la información se encarga el Centro Criptográfico Nacional, dependiente del CNI, que protege la seguridad de toda la Administración. Hasta el momento lo ha hecho con nota de sobresaliente. Según reconocieron personas del propio Centro[27], durante el año 2009 se recibieron en España más de cuarenta ciberataques graves. Todos ellos fueron contra organismos de la Administración, dos directamente contra el CNI y otros dos contra el Centro Criptográfico Nacional.

Aunque negaron daños destacables y no quisieron especificar la procedencia de las agresiones, la realidad es que los atacantes vienen de países como China que buscan información de todo tipo, principalmente tecnológica, y de hackers profesionales que persiguen puertas por donde violar los sistemas de seguridad para vendérselas a terceros, en algunos casos a otros servicios de inteligencia. También, y esto lo sabe el CNI, los servicios amigos buscan información secreta para conocer los movimientos de sus aliados.

El CNI, que multiplicó por quince su esfuerzo financiero en esta parcela durante la etapa de Saiz, se ha convertido en una arma poderosísima para hacer frente a los delincuentes del ciberespacio y han contrastado positivamente su valía en los últimos años. Frente a este gran esfuerzo para garantizar la seguridad nacional, queda la preocupación de los desvíos que puedan llevar a cabo con esa poderosa arma, amparados en esa misma seguridad nacional.

95. Expulsada toda la red en Cuba

El vicepresidente cubano, Carlos Lage, y el ministro de Asuntos Exteriores, Felipe Pérez Roque, se acercaron a cenar a principios de febrero de 2009 a una casa del departamento de Matanzas, a una hora de La Habana, propiedad de Conrado Hernández, un cubano, poseedor también de nacionalidad española, que dirigía la delegación en la isla de la empresa Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, dependiente del Gobierno vasco.

Lage y Pérez Roque eran pesos pesados del Gobierno de Raúl Castro, aunque en los últimos nombramientos —entre ellos el del número dos del régimen— no se les habían reconocido el papel que ellos esperaban desempeñar. Eran dos ambiciosos delfines que llevaban tiempo en los aledaños del poder y que confiaban que, con el retiro de Fidel Castro y la llegada de su hermano, las nuevas generaciones revolucionarias representadas por ellos tomaran las riendas del país de una vez por todas.

Conrado Hernández era amigo personal de los dos, por lo que la invitación a su casa no debía de extrañar a nadie. Como tampoco que se viera con diplomáticos de la embajada española, pues era el responsable de las actividades de una empresa vasca. Ahora bien, si lo hacían agentes acreditados del CNI, eso ya era harina de otro costal.

Se desconoce exactamente cómo y cuándo fue captado como colaborador de los españoles, pero sí se sabe que en 2006 despertó las sospechas del G-2 cubano, que comenzó a controlarle. Y también se conocen las palabras del propio Hernández (después de ser detenido): «Ellos (el CNI) conocen tus debilidades y se te van metiendo. Cuando te has dado cuenta, trabajas para ellos».

En una ocasión, el seguimiento del G-2 ofreció sus frutos. Se reunió con dos agentes españoles que, según el vídeo grabado, le pedían informes sobre la salud de Fidel Castro y de otros dirigentes cubanos, sobre el programa energético de Cuba y sobre las relaciones con Estados Unidos, Rusia y China.

El G-2 ya le tenía atrapado. Aunque tuviera la doble nacionalidad, para ellos sólo era un cubano, un cubano traidor. Le dieron carrete, convencidos de que no sospechaba que le habían descubierto. Como así fue. El día de la distendida reunión en su casa de campo, Lage y Pérez Roque soltaron la lengua. Estaban molestos con el rumbo nada renovador que estaba tomando Raúl Castro. Se rieron de su escasa capacidad política e incluso bromearon con la avanzada edad de Fidel.

Sus palabras no se las llevó el viento, como esperaban. Cada una de ellas fue grabada por un sofisticado sistema de micrófonos direccionales que agentes del servicio de inteligencia español habían entregado a Hernández. Desde ese momento, se conocen las decisiones públicas que siguieron, pero no cómo llegaron a tomarse.

La grabación debía ser entregada exclusivamente a los espías españoles, pero su contenido fue conocido por las autoridades cubanas, que ordenaron poner fin a la trama y dar un escarmiento a los participantes. ¿Cómo llegaron las cintas a su poder? Existen dos posibilidades: se las requisaron a Conrado o el servicio secreto cubano instaló sus propios dispositivos de escucha en la casa.

El 14 de febrero, Conrado Hernández y su mujer fueron detenidos en el aeropuerto de La Habana cuando se disponían a viajar a Bilbao por motivos de negocios. El 2 de marzo fueron destituidos Lage y Pérez Roque, con todo el escarnio y la vergüenza exigida a los grandes traidores. Fidel Castro les acusó de jugar un papel indigno: «El enemigo se llenó de ilusiones con ellos».

Después vino la venganza contra el espionaje español. Hubo una queja formal al Ministerio de Asuntos Exteriores: les anunciaron que retiraban a todos los agentes el estatus diplomático y que debían abandonar de inmediato la isla.

Miguel Ángel Moratinos tragó sin rechistar. Estos casos tan dramáticos, sin pruebas concluyentes, por muchas certezas que haya, suelen conllevar medidas de represalia por parte del país afectado. Y eso a pesar de que la jefa de la delegación del CNI en Cuba, Esperanza Casteleiro, había sido enviada por el deseo expreso del Gobierno de que la Casa contribuyera a la maniobra diplomática para conseguir ayudar en el tránsito de Cuba hacia un régimen más abierto.

Los contactos de Casteleiro con el Gobierno cubano, sus viajes a Miami para reunirse con la oposición castrista y muchas otras gestiones estaban bendecidos por el ministro Moratinos, que ahora se lavaba las manos ante el golpe cubano.

El CNI se quedó sin representantes oficiales en la isla. Exteriores se limitó a culpabilizarlos por haber hecho mal su trabajo y aceptó con las orejas gachas las críticas cubanas porque consideraban que un enfrentamiento abierto podría enturbiar los planes diplomáticos que estaban montando para que durante la presidencia española de la UE se llegaran a acuerdos que rebajaran las sanciones europeas contra Cuba.

Los requerimientos del director Alberto Saiz no fueron atendidos. Lo más que aceptó Moratinos fue, en posteriores viajes a Cuba, mencionar, en sus conversaciones con sus altos dirigentes, la necesidad de que regresaran los agentes del CNI, pero sin poner un especial empeño.

Ni siquiera cuando el Gobierno español, años antes, expulsó a los representantes de la CIA por espiar la vida privada de Alfonso Guerra, se impidió que llegaran otros representantes a continuar con su trabajo.

El CNI estuvo más de un año sin un agente destinado oficialmente en Cuba. Al final, tuvo que ser el nuevo director, Félix Sanz, el que viajara a la isla para conseguir el regreso de sus hombres. En este caso, como en otros muchos, no hay que olvidar que los espías españoles fueron expulsados por cumplir con su trabajo. Para eso están los agentes.

96. No siempre el CNI pagó en metálico el secuestro de pesqueros

En los últimos años de la primera década del siglo XXI, diversos barcos de pesca españoles fueron víctimas de secuestros por parte de piratas somalíes. También cooperantes en varios puntos de África fueron retenidos por grupos terroristas o por delincuentes. Aunque puntualmente se persiguió la liberación de presos de la organización que habían llevado a cabo el secuestro, en todos los casos el principal objetivo era obtener dinero a cambio de devolver a los marineros con vida.

La participación del CNI fue siempre muy activa y ofreció muy buenos resultados, aunque el mutismo protagonizó todas las acciones. Acudían con la máxima discreción a la zona del conflicto, establecían contacto con los servicios secretos influyentes en la zona, intentaban ponerse en relación con los intermediarios de los secuestradores y, llegado el caso, se hacían cargo de la entrega del rescate. Incluso, en algunas ocasiones, ante la insolvencia económica de los afectados, tiraban de fondos reservados para solventar la situación. De esta forma, ayudaron a resolver los secuestros de los pesqueros Playa de Bakio —del 20 al 26 de abril de 2008— y Alakrana —del 2 de octubre al 17 de noviembre de 2009.

Sin embargo, no siempre fue así. La primera vez que el servicio de inteligencia participó en una operación de este tipo fue con el secuestro del remolcador gallego Cauderán, que se produjo el 10 de noviembre de 1989. En aquel momento, la noticia no alcanzó excesiva trascendencia pública.

Pronto se vio que la diplomacia desplegada por el Ministerio de Asuntos Exteriores no alcanzaba para conseguir su liberación. Entonces, el presidente del Gobierno, Felipe González, le encargó al Cesid que iniciara gestiones para intentar solucionar el secuestro.

El espionaje, que tiene especialistas que conocen todos los países del mundo, estudió el caso. Los secuestradores pertenecían al movimiento Renamo, que había surgido como reacción al partido único en el poder en Mozambique, que era marxista-leninista. Los espías españoles pidieron ayuda a sus colegas de Portugal, que les buscaron los contactos necesarios para que agentes españoles se desplazaran a la zona y negociaran con los representantes de Renamo.

Les preguntaron qué deseaban para liberar a los pescadores: dinero, armas… Y se encontraron con una respuesta sorprendente: querían que la televisión española emitiera un reportaje sobre su movimiento, en horario de máxima audiencia.[28]

Los agentes españoles pidieron unos días para consultar con sus jefes, y desde España les dijeron que el propio González se encargaría de que Televisión Española emitiera el reportaje. Cuando se volvieron a sentar a negociar, los espías dieron su palabra de que cumplirían el pacto, aunque especificaron que los periodistas serían libres de contar lo que quisieran, que ellos no podían controlarles en un país democrático como España.

Los representantes de Renamo accedieron: estaban seguros de que los periodistas sabrían reflejar la situación del país. Además, aceptaron que el reportaje se grabara y emitiera una vez que los pescadores españoles fueran liberados.

En marzo de 1990, los tripulantes del remolcador Cauderán regresaron a sus casas, y unas semanas después, un equipo del programa En portada acudió a Mozambique para hacer el reportaje, que se emitió el 6 de mayo de 1990, en prime time. Los españoles conocieron ese día la existencia del grupo rebelde. Las gestiones del espionaje resultaron un éxito y España no pagó los millones de euros que en 2008 y 2009 tuvo que desembolsar. El coste entonces fue cero.

97. Récord de Saiz: treinta y cinco altos jefes cesados en cinco años

El 21 de abril de 2004, Alberto Saiz tomaba posesión en el Ministerio de Defensa de su cargo de secretario de Estado-director del CNI. El ministro José Bono le presentaba: «Va a ser director del CNI una buena persona, que viene de una buena familia… Por cierto, no es militante del PSOE (…) ¿Por qué poner en duda su capacidad, por qué puede tener capacidad un militar o un diplomático y no un ingeniero de montes?».

Alberto Saiz tenía la ventaja de que, tras los atentados del 11-M que habían empañado la labor de su antecesor, se encontraba con más presupuesto que nunca y con una línea ascendente de contrataciones que al final de sus cinco años llegaría a los tres mil cien agentes. Eso sí, tenía en contra, aunque su mentor y amigo de Castilla-La Mancha quisiera sobrevalorarlo, que los militares y el diplomático que le habían precedido habían tenido por su formación y experiencia una relación directa con el análisis de información y los temas estratégicos, pero él no.

Acompañado únicamente por Mercedes Pérez, la que había sido su jefa de prensa en la Consejería de Industria de la junta de Castilla-La Mancha, aterrizó decidido a hacer una buena labor. Estuvo unos pocos meses estudiando el terreno, conociendo a las personas y enterándose de los asuntos, para luego llevar a cabo algunas reformas. La más importante fue quitar a la anterior secretaria general, María Dolores Vilanova, de una gran valía como oficial de inteligencia, pero debilitada por los errores anteriores, y colocar a otra mujer, Esperanza Casteleiro, que ya estaba en la cúpula del CNI, pero en asuntos de personal.

El resto de los cambios, en niveles altos e intermedios, fueron considerados normales al principio. A Mercedes, su única acompañante, primero la colocó dirigiendo las relaciones con la prensa y después como jefa de gabinete.

Saiz no tardó mucho en darse cuenta de que aquella casa, por su propia esencia, está llena de conspiradores profesionales: militares y civiles muy preparados, pero que pasan mucho tiempo intentando que su visión de los temas sea asumida por el director.

Al final, siempre hay que elegir en quién se confía y optar por unas líneas de trabajo u otras. Es lo que hizo Saiz y lo que llevó a un caos a la Casa. Primero quiso dejar claro quién mandaba. No dudó en cesar a quien él consideraba que no trabajaba bien, no daba resultados o no quería seguir estrictamente sus órdenes. En los poco más de cinco años que estuvo al mando, destituyó a treinta y cinco altos cargos. De entre los puestos más próximos a él, tuvo tres secretarias generales, cuatro directores de Inteligencia y cuatro directores de Recursos.

Una de sus grandes innovaciones la llevó a cabo en 2006, cuando cambió la estructura del CNI creando la Dirección de Operaciones. Hasta ese momento, el número tres del organigrama era el director de Inteligencia, el responsable técnico de la información, mientras que los grupos operativos que estaban en la calle obteniendo la información aparecían un escalón por debajo. Ese decreto ponía en la misma línea al responsable de recibir toda la información procedente de muchas fuentes, con el jefe de los «James Bond» que conseguían la información más delicada.

Algo similar, sin nombramiento, ocurrió en la etapa de Manglano. Alberto Perote, jefe del Departamento de Acción Operativa, consiguió la atención máxima del director, lo que provocó la envidia sin límites de diversos jefes, que hicieron todo lo que pudieron hasta que consiguieron acabar con su carrera en el espionaje.

Saiz puso en Operaciones a Francisco Montes, la persona con quien mejor había conectado en el CNI y cuyos consejos más valoraba. Eso llevó, poco tiempo después, a que el responsable de Inteligencia, Miguel Sánchez, presentara la dimisión por desacuerdo en la gestión de la lucha contra ETA. Comportamiento que no tardó mucho en seguir su sucesor, Felipe Carrera, que tampoco entendía la preponderancia que habían cogido los hombres de calle sobre los de inteligencia. Después vino Agustín Cassinello —véase el capítulo siguiente—, que duró menos todavía en el cargo, para acabar con la designación de Raquel Gutiérrez.

El director manchego, a pesar del guirigay de nombramientos, cosechó durante su etapa una serie de éxitos destacables. Colaboró activamente en algunos de los logros más importantes en la lucha contra ETA, desactivó diversos grupos islamistas, potenció la División de Economía para hacer frente a las guerras de guante blanco, apostó por las nuevas tecnologías dotando al servicio de unos medios increíbles y potenció divisiones como la de Madrid y Barcelona.

Pero, sin duda, donde más éxitos cosechó fue con la creación de la División de Inmigración. Era una obsesión del palacio de La Moncloa en general y de la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, en particular. Había que limitar al máximo la llegada de cayucos y demás embarcaciones a nuestras costas, y Saiz lo consiguió. No sólo reforzó la presencia del Centro en diversos países africanos, sino que, cuando fue necesario, acudió en persona a rematar gestiones. Los fondos reservados del CNI pasaron a dedicar un capítulo importante a la compra de ayudas en los países implicados en la inmigración clandestina.

Al final, sin embargo, sus éxitos quedaron oscurecidos. Y tuvo que salir de la Casa por la puerta de atrás.

98. Historia desconocida de una filtración: Saiz, Cassinello y el servicio de seguridad

A principios de noviembre de 2008, el periodista recibe un correo en Onda Cero. Silvia Casasola, la directora del programa La rosa de los vientos en el que colabora, le entrega varias hojas con preguntas de los oyentes. Una, sin embargo, tiene un interés distinto: «Me gustaría ponerme en contacto con Fernando Rueda. ¿Me podéis dar su email?». Lo firma María Ángeles… Al día siguiente contesta toda la correspondencia y le envía su correo electrónico a la chica o señora.

Al siguiente sábado, lee una noticia sorprendente en la prensa: «Destituyen al jefe contraterrorista del CNI por un “fallo” de información en el ataque talibán». La información explica que el director de Inteligencia, Agustín Cassinello, ha sido destituido por el director Alberto Saiz al detectarse un «déficit continuado» de información en la zona de Afganistán.

El periodista se cree la noticia, pero duda seriamente del motivo. Después de veinticinco años dedicado al periodismo de investigación sobre servicios de inteligencia, hay muchos nombres que conoce, hechos que no le son desconocidos y controla el funcionamiento de la Casa. Por la noche, en el programa de radio explica su versión: «Desconozco los motivos por los que Cassinello ha sido cesado, pero puedo asegurar que es imposible la razón que se ha esgrimido: fue nombrado hace tres o cuatro meses y no puede ser responsable de los errores que se hayan producido en Afganistán».

Tres días después, el 18 de noviembre recibe un correo electrónico de María Ángeles. Tras mostrarle su aprecio por el trabajo que realiza en la radio, escribe: «Has hablado recientemente sobre Agustín. Éste es uno más de los nombres que han sufrido en sus propias carnes la destitución y el caos que se está viviendo ya desde hace tiempo. La situación está rozando la sublevación. Han rodado muchas más cabezas de igual o mayor nivel que él, y van a rodar más».

Muy interesado, sigue leyendo: «Todo esto viene de la poca estabilidad mental y de los afanes de protagonismo de una sola persona (se refiere a Saiz)… El diario El Mundo, en su publicación del día 16 de este mes, está bastante acertado (“batallas de poder internas en el CNI provocan el cese”)». Y se despide con un «estoy en tierra extraña». El periodista contesta al mensaje pidiendo más información sobre lo que está pasando dentro del servicio de inteligencia. Después, busca datos sobre la informadora y se encuentra con lo que ya esperaba: no existe ninguna española con ese nombre y apellidos. Alguien ha creado una cuenta de Hotmail que oculta su identidad.

Unos días después, un colaborador del CNI se pone en contacto con él. Le pregunta sobre la filtración de la noticia del cese de Cassinello por incapacidad profesional. El CNI ha abierto una investigación que lleva el servicio de seguridad interna y están buscando la identidad del informante. El periodista no tiene ningún dato que aportar, pero ofrece su opinión: «La filtración procede de alguien que quiere hacerle daño. Lo han cesado por algún motivo que desconozco, pero de cara a la opinión pública le han desprestigiado totalmente». Quedan en volver a hablar.

Unos días después, es un ex agente el que le vuelve a formular la misma pregunta. Repite su interpretación. Esta vez el interés no es motivado por la investigación del CNI, sino por el de personas que se sienten cercanas a Cassinello. Lógico, ese sábado el diario que ofreció la primera noticia recoge un desmentido del propio coronel que afirma que fue relevado por «razones de organización interna». Sale a defender su honor, pero no quiere dar el motivo real del cese.

Una vez más, el colaborador del CNI vuelve a telefonearle. Asegura que tiene un sospechoso de la filtración: Mercedes Pérez, la jefa de gabinete de Saiz, que supuestamente fue vista comiendo con un directivo del medio que destapó la noticia. El periodista guarda silencio ante su desconocimiento absoluto del tema.

Unos días después, llega otro correo de María Ángeles, que sigue usando palabras clave: «Como veo que de la situación actual ya tienes buena y fiable información, creo que el presente está en buenas manos. Como ya te dije, estoy lejos. Ya te hablaré sobre el jefe del cortijo, que vive como un verdadero marajá a pesar de lo gravoso que esto resulta. Sólo pedirte un favor: no le preguntes a nadie por mí. Enseguida tendría consecuencias terribles para mí».

Por supuesto que no dice nada de ella, no porque vayan a descubrirla por los emails, sino porque sepan que hay una persona contándole cosas.

En el mes de diciembre, el periodista en Onda Cero y algunos diarios comienzan a hablar sobre el posible cambio de director del CNI. Cumple los cinco años de mandato el 19 de abril de 2009 y el espíritu de la ley establece que debería de ser sustituido. Sin embargo, el Gobierno está estudiando una interpretación que permitiría renovarle en su puesto. Las opiniones son de lo más variopintas.

El periodista defiende en antena que el Gobierno pretende renovar a Saiz y explica que la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, es su más fervorosa defensora.

Unos días después reaparece María Ángeles:

Te he escuchado y decías que no iba a cambiar el entrenador (habla del director Saiz). He llegado a pensar que ibas de broma o que estabas pinchando para probar la veracidad de tus diversos informadores… Puedes dar por hecho que no se le va a renovar. Ha metido demasiado la pata en lugares que no le corresponden y por fin se sabe cómo es y cómo actúa. También, por fin, se sabe que se ha dejado llevar por el afán de protagonismo de uno de sus hombres E M. (se refiere a Francisco Montes, alias Murúa, el director de Operaciones), el cual, afortunadamente está totalmente identificado. Esperemos que el nuevo entrenador haga limpieza en las alturas, porque menos su número dos (habla de Elena Sánchez, la secretaria general), todos están a sus pies. Agustín no admitió determinadas órdenes. Pero su antecesor estuvo evitando el caos durante dos años hasta que se lo quitaron de encima, ya que era el único que frenaba las aspiraciones y las malas formas de E M. Ahora, afortunadamente, está disfrutando de su nuevo destino yanqui y, casualidades de la vida, al lado de su antiguo entrenador (el ex director Jorge Dezcallar)… Muchas gracias por tu atención. Esperemos que esta situación acabe cuanto antes. Qué callados están todos. No convienen los escándalos.

Poco a poco, la fuente secreta va soltando información, que el periodista corroboraba con otras fuentes. Palabra por palabra, todos los datos son ciertos, aunque no oculta su intención de apoyar el cese de Saiz, lo que no coincide con lo manifestado por el Gobierno.

El 6 de enero de 2009 llega otro mensaje de correo electrónico. Por primera vez, la supuesta mujer explica con claridad el detonante de lo que está pasando en el CNI:

Como ya sabrás, se llevaba mucho tiempo detrás del número uno (de ETA). Ha sido, con diferencia, el que ha costado más trabajo de conseguir. En esto se han empleado años de mucho esfuerzo y muchos contactos con el país vecino. Siempre todos unidos, trabajando codo con codo con los verdes (la Guardia Civil). El entrenador, no se sabe por qué, ha ido cediendo a los caprichos y ambiciones de Paco (Montes), concediéndole más poder del que le corresponde. Él debía trabajar para informar y nada más, pero parece que eso no le era suficiente y necesitaba ponerse él todas las medallas, por lo que se dejó de pasar la información a la gente del Centro que la debía recibir. Esto no lo admitió el antecesor de Agustín y por ello fue cesado. Posteriormente sucedió exactamente lo mismo con Agustín.

Una vez que ya tenía el campo libre, y coincidiendo con la inminente detención, Paco viajó al país vecino (Francia), algo que no está dentro de su cometido, ordenando a sus hombres que dejaran totalmente al margen a los verdes. Esto es lo que no consintieron de ninguna manera los del país vecino (…). La cosa fue muy seria y se estuvo a punto de fracasar sólo por esta barbaridad. Por todo esto, tanto el entrenador como Paco tienen las horas contadas, pero sin armar escándalo. Todo coincidirá con la fecha de caducidad del cargo, para no llamar la atención.

Respecto a la suciedad (del director Saiz), todo se refiere a gastos exagerados destinados a asuntos propios. Tengo entendido que ya está en manos de un compañero tuyo de profesión.

Ya estaba absolutamente claro el motivo que había desencadenado en los últimos años el distanciamiento de un grupo destacado de directivos del CNI respecto a Saiz. Y también que consideraban que, además de ser un mal director, se había lucrado de forma injusta. Todo ello les hacía pensar que, sabiéndolo el Gobierno, no le renovarían en el cargo. No obstante, ya habían filtrado a la prensa las pruebas que demostraban el supuesto enriquecimiento de Saiz. En el siguiente mensaje, María Ángeles aclaró que «las suciedades se refieren a gastos desmesurados en su casa y en asuntos propios. Además de la utilización de la seguridad para menesteres que no corresponden».

El sábado siguiente el periodista narra pormenorizadamente en La rosa de los vientos la información de la que dispone. Sabe que en el CNI están recelosos con lo que desvela y unos días después recibe un nuevo correo: «Hola. Como te puedes imaginar, ya están al loro. Así que vigila tus cositas como antaño, o mejor, faja. Siempre sin paranoias, pero con lógica. Me vuelvo ya a tierra extraña. Gracias por escuchar y a ver si esto da buenos frutos, ya que, pienso yo, que esto irá en beneficio de todos. Un saludo». María Ángeles había pasado a mejor vida antes de que la descubrieran. Seguro que había cerrado su cuenta falsa. El periodista cree que ya nunca más volverá a tener noticias de ella.

Los siguientes meses son de un debate continuo sobre si Saiz debe seguir o no en el puesto. La información que anunció la fuente termina apareciendo meses después, el 14 de abril, en el diario El Mundo: «Agentes del CNI dicen que el director utiliza el Centro en su propio beneficio». Faltan pocos días para lo que parece una ratificación en el cargo, cuando denuncian que «el director cazó en Mali en 2008 con el apoyo de los agentes de esa antena» y que «según una denuncia, Saiz utilizó expertos del Centro en la reforma de su casa».[29]

Cuando las noticias comienzan a aparecer, la ministra de Defensa, Carme Chacón, ya conoce algunos de los detalles del comportamiento de Saiz y es plenamente consciente de que muchos directivos se han posicionado en su contra. Se lo ha explicado de una forma discreta Elena Sánchez, la número dos del CNI, que la ha visitado en su despacho.

A pesar de todo, el Gobierno decide ratificar a Saiz. Como han pensado otros muchos gobernantes, la presión de los medios de comunicación no debe dictar la política de ceses y nombramientos. Desde ese momento, píldora a píldora, empiezan a salir publicadas en El Mundo las pruebas que demuestran los excesos de Saiz. Lo de menos, en ese momento, es su forma de dirigir la Casa. Ahora es si se ha podido beneficiar del dinero del CNI y asuntos como que colocó a familiares o que pinchó el teléfono a la asistenta de unos amigos.

Saiz decide que debe acabar con los filtradores y ejerce toda la presión posible sobre el servicio de seguridad, que llega a someter a diez agentes sospechosos a la máquina de la verdad, algo nunca visto. En ese momento, María Ángeles vuelve a aparecer por sorpresa:

Hola, Fernando. Espero que estés igual de bien que siempre. Por aquí andarlos bien, ya que afortunadamente todo nos pilla muy lejos, no congo a nuestros amigos de España. Ante el resultado del último partido, no ha habido champán; en otro momento será, todo llega. Sigo atenta a tus comentarios y quería decirte que para que no te entren virus, efectivamente, más vale pasarse que quedarse corto, pero, aparte de lo que todos hacemos, que es no abrir correos que no sean totalmente conocidos, basta con no actualizar… Sé que tú eres listo y todo esto ya lo suponías, pero a veces, cuando te escucho, pienso que eres demasiado timorato. «De momento» no es tan fácil acceder como a veces dices. A lo mejor algún día nos vemos y podemos hablar muchísimo y relajadamente. Bueno, un saludo, como siempre y hasta siempre.

El periodista leyó el mensaje varias veces: estaba claro que alguien había suplantado la identidad de María Ángeles. Sin duda, en la investigación que había puesto en marcha Saiz, le habían investigado a él y había descubierto a la fuente. Pero resultaba evidente que no sabían quién era y habían lanzado el anzuelo por si picaba algún pez.

El periodista estaba prevenido. Semanas antes, un colaborador del CNI le había preguntado con suma discreción por sus fuentes y le habían lanzado otros dos anzuelos: su supuesta amistad con dos agentes operativos y su relación con una tal María Ángeles. Respondió al email con brevedad: «¿Quién eres? ¿Te conozco?».

El mes de junio fue el de los últimos estertores de Saiz como director. Denuncia una venganza de antiguos agentes del Cesid reacios a los cambios; ni niega ni admite haber espiado a periodistas; desmiente haber desviado dinero del Centro en su propio beneficio y acepta lo que ya no puede negar: las profundas tensiones en el seno del CNI.

El 2 de julio, Saiz arrojó la toalla ante la constatación de que sus detractores en el Gobierno superan ampliamente a los que le apoyan. Para sustituirle fue designado Félix Sanz, un experto general, que contaba con el apoyo del presidente del Gobierno. El periodista José Luis Lobo escribió que Zapatero le pidió al nuevo director la cabeza del coronel que había filtrado las corruptelas de Saiz. Sin embargo, el nuevo jefe del espionaje señaló que iba a pasar página.

El 18 de septiembre, el periodista vuelve a recibir un correo de María Ángeles: «Me vuelvo a poner en contacto contigo (ahora que ya no tienes que contestarme: “¿Te conozco?”) para agradecer tu aportación al saneamiento del Centro. Quiero que sepas que, aunque todavía hay que seguir en ello (Paco y Raquel), está todo el mundo encantado con el cambio de director. Nunca habrían esperado tan buena elección. Ha vuelto la esperanza en la eficacia del trabajo diario y el compañerismo. Desde xxx (una ciudad en el extranjero) un saludo y un agradecimiento enorme por tu atención».

Los hombres de Félix Sanz seguían buscando a los responsables de la filtración. Cometían un error (un cebo más para ver si el periodista picaba) que la fuente jamás habría tenido, como identificar su lugar de residencia. La ciudad en la que estaba destinado uno de los cesados por Saiz. El que debía de ser el principal sospechoso.[30]

99. Agujero en el CNI: el primer espía condenado por traición

Los agentes operativos que entraron clandestinamente durante el verano de 2007 en la casa de Tenerife del ex agente Roberto Flórez no podían creerse el contenido de los documentos que estaban copiando: «Plan de seguridad documental y material cripto», «División de Contrainteligencia», «Listado personal por orden alfabético», «Quince hojas relativas al organigrama completo del CNI» y «Agentes dobles en la delegación del GRU y del SVR en España».[31]

Todos eran papeles secretos y, a falta de estudiar el contenido con más detenimiento, apuntaban a que una gran parte de la identidad de los funcionarios del servicio de inteligencia podía estar en manos desconocidas.

Los asaltantes, como en muchas ocasiones, habían sido trasladados a Canarias para llevar a cabo la búsqueda de documentos del servicio en casa del agente que había abandonado la Casa, oficialmente por propia voluntad, en marzo de 2004.

Estaba calificado como un buen agente, aguerrido, decidido, capaz de hacer frente a las situaciones más complicadas, aunque pecaba de exceso de confianza y de cometer algunas irregularidades. Había estado destinado en el País Vasco, donde se infiltró con éxito en los ambientes cercanos a ETA, aunque luego descuidaba las mínimas medidas de precaución. Después fue destinado a Perú, donde consiguió acercarse al líder opositor a Fujimori, Alejandro Toledo, hasta que fue descubierto y se montó un buen alboroto. Su regreso a España le llevó a un puesto burocrático en la escuela de nuevos agentes, lo que no gustó mucho a un hombre de acción como él, que vio mermados sus ingresos, al perder los pluses que le daban en los anteriores destinos. Flórez se sintió maltratado, y de ahí a convertirse en un juguete roto hubo un paso.

Un suboficial de la Guardia Civil con experiencias tan extremas como las que él había pasado dedicó todas sus energías a pensar en el modo en que podía traicionar al servicio y hacerse con una buena cantidad de dinero que le permitiera rehacer su vida lejos del espionaje y la Guardia Civil.

No se sabe cómo, pero demostró que los sistemas de seguridad de la Casa funcionaban bajo mínimos. Desde 2001 y hasta 2004 consiguió copias de documentos que nunca debieron caer en sus manos. Papeles que sacó de la sede central sin que nadie se apercibiera de ello. Después, esos documentos debieron de ir a parar a manos del SVR —el servicio exterior ruso—, aunque nunca se pudo demostrar que Flórez se los vendiera.

Las sospechas de que algo extraño ocurría se materializaron en 2005, cuando diversas operaciones en marcha de la División de Contrainteligencia contra el SVR fueron desbaratadas sin motivo aparente. Además, coincidió con que agentes destinados en Rusia veían cómo sus acercamientos a posibles informantes eran frustrados en sus inicios. La primera ocasión puede ser una casualidad, la segunda un error, pero la tercera encendió las alarmas.

Alberto Saiz decidió poner en marcha una operación para buscar al topo que estaba provocando una fuga de información. Como en un primer momento cualquiera podía ser el responsable, no recurrió al servicio de seguridad, sino que montó un grupo de fieles para que buscaran al traidor.

No encontraron ni la más mínima prueba entre los agentes del CNI, por lo que decidieron ampliar el abanico y buscar entre los ex agentes. En 2007, cuando llevaban dos años detrás de la persona que podía haberles infiltrado el SVR, llegaron a la conclusión de que uno de los sospechosos era Roberto Flórez. Era probable que no tuvieran ninguna certeza, sino únicamente una posibilidad lejana.

En el verano de 2007 los agentes operativos entraron en su casa —supuestamente, pues no se pudo demostrar— y descubrieron la documentación escondida. Flórez había cometido un fallo imperdonable, nada propio de un buen espía. A nadie se le ocurre guardar unos papeles sustraídos al CNI en su propio domicilio.

Unos días después de la penetración, se presentó en su casa la Policía con una orden de registro firmada por un juez. Encontraron los papeles sin problemas y detuvieron al antiguo suboficial de la Guardia Civil.

Alberto Saiz, feliz por el descubrimiento, rompió con la tradición de cualquier servicio de inteligencia y convocó a los medios de comunicación en la sede del CNI. Les comunicó la noticia, echó la culpa a su antecesor en la etapa del PP, aseguró que habían delimitado los daños causados y se negó a mencionar de forma directa al SVR. Posteriormente se dieron a conocer las copias de las cartas en las que Flórez ofrecía sus servicios a cambio de doscientos mil dólares al número tres de la embajada rusa en Madrid, Pietr Melnikov, que era el delegado del servicio exterior ruso en España.

Dos años y medio más tarde, la Audiencia Provincial de Madrid juzgó al doble agente. Allí aparecieron autentificados los documentos que se había llevado y que habían servido para poner al descubierto a muchos agentes españoles, que ya nunca más podrían ser destinados al extranjero cuando necesitaran que su identidad fuera clandestina.

Pero la constatación de la prueba correspondía al CNI y se puso en evidencia que, más allá de esos documentos, no disponían de elementos que demostraran la venta de los papeles a los rusos o que hubiera cobrado por la venta. El abogado de Flórez, Manuel Ollé, sabía cuáles eran sus bazas y las jugó a la perfección: preguntó varias veces a los agentes que se subieron al estrado si antes del registro policial se había producido una penetración en su domicilio por parte del CNI. Ninguno pudo contestar. Era secreto.

La vía para el recurso estaba abierta. Flórez podía ser culpable, aunque sólo de haber sustraído documentación secreta. Sin embargo, se había utilizado una investigación del CNI probablemente con la autorización del juez de la Casa para detener a un sospechoso, algo que podía ser inconstitucional y llevar el caso a ser sobreseído por otro tribunal más alto.

En diciembre de 2010, el Tribunal Supremo relajó de doce a nueve años la condena.

100. Medalla para el Lobo (treinta y cinco años después) y otras condecoraciones curiosas

La caída de Alberto Saiz, acosado por las reiteradas denuncias sobre aprovechamiento de los recursos del CNI en beneficio propio, de las que no supo defenderse con contundencia, llevó aparejada la llegada de Félix Sanz, un teniente general muy próximo a Zapatero.

Tantos años defendiendo la necesidad de que fuera un civil el que mandara el espionaje y, al final, cuando Jorge Dezcallar por el 11-M y Alberto Saiz por sus gastos incontrolados salieron de malas formas, la única solución que encontró el ejecutivo fue la de volver al mando militar. Como había problemas claros de desobediencia a la autoridad, no se les ocurrió otra cosa que decidir que el que mejor podía restablecerla era un teniente general.

Félix Sanz había ascendido al grado máximo de las fuerzas armadas por una orden del Gobierno socialista, que le designó jefe del Estado Mayor de la Defensa y posteriormente alto representante para la Presidencia Española de la UE, con dependencia directa del presidente del Gobierno. Es decir, era un hombre de Zapatero. Una vez más, se olvidó de consensuar con la oposición el nombramiento de un cargo tan relevante en el organigrama del Estado.

Sanz llegó al CNI para pacificarlo y recuperar su operatividad. Pero también aterrizó con la voluntad de no salir, como sus antecesores, escaldado del puesto. Para ello tomó una decisión única y sorprendente: abandonó el control directo sobre las Direcciones de Inteligencia y Operaciones —el día a día de la Casa— y se lo pasó a Elena Sánchez, la secretaria general.

Después, retiró de su puesto a Francisco Montes, el jefe de las Operaciones, cuyo enfrentamiento con varios compañeros encendió la llama de la rebeldía en la época Saiz. También cesó a Raquel Gutiérrez, que aceptó sustituir a Agustín Cassinello en Inteligencia, alineándose con el anterior director.

Pero lo hizo con la suavidad y seducción que dominaron desde el principio todos sus comportamientos. Les aseguró que estaba muy orgulloso de todos ellos y que sabría demostrárselo. Unos meses después, en junio de 2010, les metió a todos en una lista de condecoraciones firmada por la ministra de Defensa, Carme Chacón. Una lista de lo más curiosa.

Aparecían con la Gran Cruz al Mérito Militar Agustín Cassinello e inmediatamente después Francisco Montes. Los dos coroneles que tanto odio se profesaron, juntos a la hora de ser premiados. Raquel, por el contrario, fue premiada con la Gran Cruz del Mérito Naval, en una lista distinta a la de sus compañeros.

Más curiosa —sospechosa para algunos— fue otra de las condecoraciones de Sanz. Concedió la Gran Cruz al Mérito Militar a Ramón Trillo, el magistrado del Tribunal Supremo que otorgaba las autorizaciones judiciales a las operaciones del CNI.

La primera condecoración de su época, publicada en el BOE seis meses antes, fue un acto de justicia que le honró. Sin ninguna publicidad, concedió la Cruz del Mérito Militar con Distintivo Blanco a Mikel Lejarza, el Lobo. Treinta y cinco años después de que asestara a ETA el mayor golpe de su existencia, el topo más famoso de la historia del servicio secreto español recibía una distinción. Era escasa para sus méritos, pero después de tanto tiempo sabía a gloria.

Como no podía ser de otra manera, unos meses después, le fue impuesta en un acto privado celebrado en la sede central del CNI, presidido por el director Félix Sanz y con la presencia de la secretaria general, Elena Sánchez, y algunos altos mandos de la Casa. Su mujer y sus hijos, que le acompañaron al acto, pudieron ver cómo, por primera vez, el Estado reconocía la labor que había llevado a cabo uno de los muchos topos que se infiltró en ETA. Sin duda, el símbolo de la lucha del SECED-Cesid-CNI contra la banda terrorista.

Se abría la puerta a que los hombres y mujeres que han luchado en defensa de España contra los enemigos que la han acechado, puedan tener el reconocimiento merecido. ¡Ojalá así sea!

Notas

[1] Tuve la suerte de conocer personalmente a Ángel Ugarte tras la publicación de su libro Espía en el País Vasco, que escribió con la inestimable ayuda y maestría del periodista Francisco Medina, en la editorial Plaza y Janés, en 2005. Hombre de animada conversación y leal a su vida pasada, fue sin duda un gran espía en tiempos difíciles. <<

[2] Antonio Rubio y Manuel Cerdán, «El Cesid grabó con micrófonos ocultos a Suárez mientras hablaba sobre ETA», El Mundo, 27 de febrero de 1996. <<

[3] Muchos han sido los que han aportado pruebas para acreditar la colaboración de miembros del Cesid en el golpe. De entre ellos, me gustaría destacar el libro de Juan Alberto Perote, Ni Mihus, ni Tejero. El informe que se ocultó (Foca, Madrid, 2001), y el de Jesús Palacios, 23-E El golpe del Cesid (Planeta, Barcelona, 2001).También la investigación publicada por Manuel Cerdán y Antonio Rubio, «El Cesid creó un grupo especial para ayudar a Tejero», El Mundo, 22 de febrero de 2001. <<

[4] Manuel Cerdán y Antonio Rubio, «El Cesid quiso espiar a Obiang, pero colocó los micrófonos en una habitación equivocada», El Mundo, 24 de septiembre de 1996. <<

[5] El artículo sobre este informe, «El presidente de las Cortes ha sido espiado por el Rey», firmado por Santiago Aroca, fue publicado en la revista Tiempo el 15 de octubre de 1984. <<

[6] Véase el libro Confesiones de Perote, RBA, Barcelona, 1999, pág. 148. <<

[7] Carlos Bello, «Los militares no quieren que un civil dirija el espionaje español», Tiempo, 23 de noviembre de 1987. <<

[8] Manuel Cerdán y Antonio Rubio publicaron en 1995 el documento en El Mundo, que se puede leer en su integridad en la portada del diario del 3 de abril de 1996. <<

[9] Las dos noticias fueron publicadas por Javier García en el diario El País el 8 de diciembre de 1987 —«El Cesid espió al grupo antiinvolución de la Policía»— y el 16 de marzo de 1989 —«El Cesid espió la actual sede central de la Policía». <<

[10] La historia fue destapada por Manuel Cerdán y Antonio Rubio en El Mundo. <<

[11] Mi vida contra el Mossad, publicado por Espasa Calpe, es una autobiografía del espía Samir Eissa, que el periodista Francisco Medina convirtió en un libro apasionante. <<

[12] Manuel Cerdán y Antonio Rubio publicaron el 30 de septiembre de 1996 en El Mundo la investigación: «El Cesid utilizó un chalé para grabar y filmar reuniones y encuentros privados de altos cargos». <<

[13] Desvelado en el número 32 de El Ojo Crítico, una publicación que dirige el reconocido periodista español Manuel Carballal. <<

[14] La amplísima información de ese día y del 11 de junio fue una investigación de Manuel Cerdán y Antonio Rubio. <<

[15] Fernando Rueda, Servicios de inteligencia ¿fuera de la ley?, Ediciones B, Barcelona, 2006. <<

[16] Inés Mula Garrido, «El Estatuto de Personal del CNI: breve estudio sobre su inconstitucionalidad», junio de 2008. <<

[17] José Luis Lobo publicó en El Mundo una amplia información con ese título el 5 de agosto de 1996. <<

[18] Fernando Rueda, Tiempo, 17 de febrero de 1997. <<

[19] Pilar Urbano, Yo entré en el Cesid, Plaza y Janés, Barcelona, 1997. <<

[20] Juan Luis Álvarez destapó esta historia en Interviú, en los números del 31 de mayo y 7 de junio de 2004: «Yo espié para España» y «El Cesid me dejó tirado». <<

[21] «La Casa no sabe o no contesta», Diario de Avisos, 4 de noviembre de 1997. <<

[22] Luis Díez, «El Informe Purificación sobre el Cesid», Diario 16, 9 de abril de 1998. <<

[23] Carlos Fonseca publicó sus investigaciones sobre el tema en varias entregas en el semanario Tiempo, en junio del año 2002. <<

[24] «Carod-Rovira ultima un pacto con ETA para que no perpetre atentados en Cataluña», ABC, 26 de enero de 2004. <<

[25] Fernando Lázaro, «Historia de un torpe aprendiz de espía», El Mundo, 2 de junio de 2005. <<

[26] Antonio Rubio, «Una espía acusa al CNI de despedirla por solicitar la conciliación familiar», El Mundo, 18 de febrero de 2008. <<

[27] Joseba Elola, «España, blanco de más de cuarenta ciberataques», El País, 24 de enero de 2010. <<

[28] José Luis Lobo, «Felipe González amañó un reportaje en TVE para liberara un barco secuestrado», El Confidencial, 30 de noviembre de 2009. <<

[29] Antonio Rubio, «Agentes del CNI dicen que el director utiliza el Centro en su propio beneficio», El Mundo, 14 de abril de 2009. <<

[30] Tengo la certeza de que el CNI me pirateó los correos de María Ángeles, motivo por el cual he decidido reproducirlos. Ni ellos ni yo identificamos a la fuente tan bien informada. <<

[31] Juan Luis Galiacho publicó el 17 de febrero de 2010 una parte de la lista de documentos sustraídos. <<